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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 379, de 22/12/2021
cve: BOCG-14-D-379 PDF



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XIV LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


22 de diciembre de 2021


Núm. 379



ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Comisión de Asuntos Exteriores


161/003458 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa a la consecución de un acuerdo de paz y estabilidad que ponga fin al conflicto armado en Nagorno-Karabaj... (Página7)


161/003487 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la defensa de la voluntad popular y la institucionalidad democrática en Perú... href='#(Página8)'>(Página8)


Comisión de Justicia


161/003476 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la adecuación salarial del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia... (Página9)


Comisión de Defensa


161/003488 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la industria de defensa, seguridad, aeronáutica y espacio en España... (Página11)


161/003503 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre el cese de la financiación a la militarización a las rutas comerciales de combustibles fósiles... (Página12)


Comisión de Hacienda y Función Pública


161/003459 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a rebajar el IVA de prótesis de cabello, pelucas y postizos cuando sean prescritos por facultativos médicos... href='#(Página15)'>(Página15)


161/003462 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el Plan de Reactivación Fiscal de la economía y la creación de empleo... (Página15)


161/003498 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la reducción temporal al tipo impositivo del 0 % en el impuesto sobre el valor añadido, a los productos sanitarios que sean hoy de uso obligatorio en la
prevención del contagio por coronavirus, como las mascarillas... (Página17)



Página 2





Comisión de Interior


161/003473 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que instale en la isla de Formentera un radar SIVE... (Página18)


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


161/003465 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el tren transfronterizo Bayona-San Sebastián... (Página19)


Comisión de Educación y Formación Profesional


161/003485 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar la formación profesional específica destinada a alumnos con necesidades educativas especiales... (Página20)


161/003495 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la igualdad de oportunidades de los solicitantes de becas miembros de las familias de acogida... href='#(Página21)'>(Página21)


161/003496 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a establecer los módulos profesionales del título de Técnico en seguridad privada... href='#(Página22)'>(Página22)


161/003499 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el fomento de las competencias digitales para nuestro tejido productivo... (Página24)


Comisión de Industria, Comercio y Turismo


161/003466 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre un Plan de blindaje para la hostelería... (Página26)


Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad


161/003486 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar la formación profesional específica destinada a alumnos con necesidades educativas especiales... (Página27)


161/003491 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la elaboración de un informe sobre el impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la desigualdad social de los españoles... href='#(Página29)'>(Página29)


161/003492 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a garantizar los derechos de las personas de la tercera edad en su relación con la Administración en la era de las nuevas tecnologías... href='#(Página34)'>(Página34)


161/003497 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación del Anexo IV del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores para
permitir acceder a las personas con hipoacusia con pérdida combinada de más del 35 por 100 (con o sin audífono) a la obtención de los permisos de circulación encuadrados en el Grupo 2... (Página37)


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/003460 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a modificar las reglas de inclusión en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de todos los titulares de
explotaciones agrarias... (Página39)



Página 3





161/003469 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la defensa de la soberanía alimentaria y de la producción agraria europea y española... (Página40)


Comisión de Cultura y Deporte


161/003461 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo del Gobierno al yacimiento de Asta Regia en Jerez de la Frontera (Cádiz)... (Página45)


161/003479 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la inscripción de la iglesia de San Antolín de Bedón en el Inventario general de bienes y derechos
del Estado... (Página46)


161/003480 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre el fomento de la lectura... (Página48)


161/003501 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la instalación de un rocódromo en el Centro de Alto Rendimiento de León... (Página49)


161/003504 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la protección del Palacio de Bellas Artes de San Sebastián... (Página51)


Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital


161/003500 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el fomento de las competencias digitales para nuestro tejido productivo... (Página54)


Comisión de Sanidad y Consumo


161/003478 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa al reconocimiento de la especialidad de Enfermedades Infecciosas... (Página55)


161/003481 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la modernización de la legislación relativa a los servicios de atención al cliente... href='#(Página56)'>(Página56)


161/003482 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la eliminación de la exención total del IVA que actualmente disfrutan las loterías, juegos de azar y juegos de apuestas y la prohibición de las tarjetas de
crédito de toda actividad de azar y dinero... (Página57)


161/003489 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre rebaja del IVA de todas las mascarillas al 4 % mientras sea obligatoria en 2022... (Página59)


Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades


161/003463 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la desigualdad de género en el sistema de ciencia... (Página60)


161/003502 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa al acceso al derecho a indemnización por finalización de contratos predoctorales...
(Página62)


Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


161/003467 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa al apoyo internacional a la defensa y protección de los derechos fundamentales de las mujeres en Afganistán... href='#(Página63)'>(Página63)



Página 4





161/003483 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la protección de los derechos humanos en el Sáhara Occidental... (Página64)


Comisión de Igualdad


161/003454 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la realización de un estudio para la posible implantación de la píldora anticonceptiva masculina... href='#(Página66)'>(Página66)


161/003456 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la trata de seres humanos con especial atención sobre las mujeres y niñas desde un enfoque integral...
(Página67)


161/003464 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la desigualdad de género en el sistema de ciencia... (Página68)


161/003472 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de la memoria histórica del feminismo en España... (Página70)


161/003477 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a impulsar la presencia de la mujer en el currículo... (Página71)


Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género


161/003455 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre la trata de seres humanos con especial atención sobre las mujeres y niñas desde un enfoque integral...
(Página73)


161/003494 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la violencia filo-parental... (Página74)


Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia


161/003490 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a prevenir los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes... (Página78)


161/003493 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la erradicación de los matrimonios forzados... (Página81)


Comisión sobre Seguridad Vial


161/003475 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación del Anexo IV del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores para
permitir acceder a las personas con hipoacusia con pérdida combinada de más del 35 por 100 (con o sin audífono) a la obtención de los permisos de circulación encuadrados en el Grupo 2... (Página84)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


Comisión de Asuntos Exteriores


181/001597 Pregunta formulada por los Diputados Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX); Olona Choclán, Macarena (GVOX); Asarta Cuevas, Alberto (GVOX); González Coello de Portugal, Víctor (GVOX); Sánchez del Real, Víctor Manuel
(GVOX); Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX) y Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX), sobre medidas para promover los derechos humanos y la democracia en Cuba y Venezuela... (Página86)



Página 5





181/001598 Pregunta formulada por los Diputados Iván Espinosa de los Monteros de Simón (GVOX); Olona Choclán, Macarena (GVOX); Asarta Cuevas, Alberto (GVOX); González Coello de Portugal, Víctor (GVOX); Sánchez del Real, Víctor Manuel
(GVOX); Rosety Fernández de Castro, Agustín (GVOX) y Del Valle Rodríguez, Emilio Jesús (GVOX), sobre razones por las que se ha destinado una partida de gasto público para financiar la acción 'Mujeres, Café y Clima: empoderamiento femenino para la
resiliencia socioecológica de la cadena de valor del café frente al cambio climático en Etiopía'... (Página86)


Comisión de Justicia


181/001587 Pregunta formulada por los Diputados Francisco Javier Ortega Smith-Molina (GVOX); Sánchez García, José María (GVOX); Ruiz Navarro, Eduardo Luis (GVOX); Zambrano García-Raez, Carlos José (GVOX) y De las Heras Fernández, Patricia
(GVOX), sobre circunstancias concretas y razones de 'justicia y equidad' que ha valorado la Ministra de Justicia para otorgar el indulto a doña Juana Rivas Gómez... (Página87)


Comisión de Interior


181/001594 Pregunta formulada por los Diputados Macarena Olona Choclán (GVOX); Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX); Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX); Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) y Gil Lázaro, Ignacio (GVOX), sobre motivos
que justifican que la Dirección General de la Policía utilizara Blindado Medio sobre Ruedas (BMR 6x6) en las protestas de los trabajadores del metal en Cádiz y no lo hiciera en los disturbios provocados en Barcelona con motivo del referéndum ilegal
y contra la sentencia dictada en el proceso soberanista... (Página87)


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


181/001595 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Navarro Lacoba (GP), sobre razón por la que el Gobierno no presta la dotación presupuestaria para licitar las obras de la A-32 a su paso por Albacete, eje estratégico de la Red Global
Transeuropea... (Página88)


181/001596 Pregunta formulada por la Diputada Carmen Navarro Lacoba (GP), sobre fecha prevista para hacer realidad la dotación presupuestaria necesaria para la A-32 a su paso por Albacete y a retomar las obras de ejecución a su paso por la
provincia de Jaén... (Página88)


Comisión de Industria, Comercio y Turismo


181/001589 Pregunta formulada por los Diputados Guillermo Mariscal Anaya (GP) y Moraleja Gómez, Tristana María (GP), sobre medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para dar cumplimiento a la Proposición no de Ley sobre fortalecimiento y
sostenibilidad de la cadena y la red de valor asociada a la movilidad eléctrica... (Página88)


181/001590 Pregunta formulada por los Diputados Guillermo Mariscal Anaya (GP); Cortés Carballo, Mario (GP) y Moraleja Gómez, Tristana María (GP), sobre razones que tuvo en cuenta el Gobierno para, en pleno mes vacacional de agosto,
establecer un plazo de tan solo 12 días naturales para presentar solicitudes a la convocatoria de ayudas públicas relativas a proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la Industria Conectada 4.0 (ACTIVA_Financiacón)... href='#(Página89)'>(Página89)



Página 6





181/001591 Pregunta formulada por los Diputados Guillermo Mariscal Anaya (GP); Cortés Carballo, Mario (GP) y Moraleja Gómez, Tristana María (GP), sobre razones que tuvo en cuenta el Gobierno para, en pleno mes vacacional de agosto,
establecer un plazo de tan solo 10 días naturales para presentar solicitudes a la convocatoria de ayudas públicas relativas a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera... (Página89)


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


181/001593 Pregunta formulada por los Diputados Guillermo Mariscal Anaya (GP) y Requena Ruiz, Juan Diego (GP), sobre implicaciones que tendrá en el funcionamiento del mercado eléctrico la vulneración de la Ley de Protección de Datos por
parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia enviando datos confidenciales sobre al menos 8.000 puntos de suministro a destinatarios no autorizados... (Página89)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión... (Página90)


184/069311 Autor: Rego Candamil, Néstor.


Planta de recogida y tratamiento de residuos de la 'Mancomunidad Serra do Barbanza'... (Página91)


184/069765 Autor: Aizpurua Arzallus, Mertxe. Iñarritu García, Jon.


Reuniones mantenidas por el Ministerio de Defensa y la Consejería de Educación del Gobierno Vasco para facilitar la salida educativa y laboral de los miembros de las Fuerzas Armadas licenciados... (Página93)



Página 7





CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión de Asuntos Exteriores


161/003458


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada doña Norma Pujol i Farré, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
consecución de un acuerdo de paz y estabilidad que ponga fin al conflicto armado en Nagorno-Karabaj, para su debate en instancia en la Comisión de Asuntos Exteriores.


Exposición de motivos


El tiempo parece no haber pasado en la frontera y en las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán. Después de que estallara el conflicto en la región de Nagorno-Karabaj entre el 27 de septiembre y el 10 de noviembre de 2020, teniendo sus
orígenes en el siglo pasado, el acuerdo de paz entre la República de Armenia y la República de Azerbaiyán, a través de una Declaración Trilateral firmada junto con la Federación Rusa, puso un supuesto fin a las intenciones de Azerbaiyán de hacerse
con el control de territorio armenio. Pero desde el 12 de mayo de este año 2021, la República de Armenia ha vuelto a denunciar la penetración en su territorio de las Fuerzas Armadas azeríes.


Estas injerencias en territorio armenio, iniciadas como decíamos el 12 de mayo de este mismo año, pero agudizadas este mes de noviembre, se han cobrado ya varias víctimas en los territorios fronterizos, destacando la muerte, pese al alto al
fuego mediado por Rusia y anunciado el pasado 16 de noviembre, de un militar armenio cerca de la aldea de Norabak, en la provincia de Gegharnurik.


La comunidad internacional no puede estar de brazos cruzados ante esta nueva ofensiva de Azerbaiyán sobre territorio soberano armenio que, además, supondría una violación de la Declaración Trilateral del 9 de noviembre que puso fin al
conflicto que duró seis semanas y dejó miles de muertos. No puede recaer la responsabilidad solo sobre la Federación Rusa, y ahí reside la importancia de la reunión que se celebrará en Bruselas el próximo 15 de diciembre entre el primer ministro de
Armenia, Nikol Pashinán, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en aras de estabilizar y pacificar la región del Cáucaso Sur.


La comunidad armenia tiene una gran presencia en el Estado, representada a través de asociaciones como la Asociación de Armenios en Alicante 'Hayastan', la Asociación Armenia 'Arat' de Valencia, la Asociación de Armenios de las Islas
Canarias, la Comunidad Armenia de Málaga, la Asociación Cultural Armenia de Barcelona (ACAB), la Asociación de Médicos Armenios de España ('Amadea' ), la Asociación Cultural Armenia de Lloret de Mar, la Asociación 'Hayq' de Barcelona, la Asociación
Armenia en Catalunya 'Ararat' o la Casa Armenia de Madrid. Desde las instituciones no podemos desoír sus demandas.



Página 8





Por todo ello se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:


1. Exigir la retirada inmediata de las fuerzas armadas azerbaiyanas del territorio soberano de la República de Armenia.


2. Instar a la República de Azerbaiyán a devolver a los prisioneros de guerra armenios y civiles detenidos sin precondiciones, tal como figura en la Declaración Trilateral firmada el 9 de noviembre de 2020 por el presidente de Azerbaiyán y
el Primer Ministro de Armenia e intermediada por el presidente de la Federación Rusa.


3. Instar al Grupo Minsk de la OSCE, especialmente a sus Copresidentes, a trabajar por una solución pacífica, definitiva y duradera para el conflicto de Nagorno-Karabaj.


4. Apoyar el papel de la Unión Europea como intermediadora y garante del diálogo entre la República de Armenia y la República de Azerbaiyán para llegar a una solución pacífica y duradera para el conflicto de Nagorno-Karabaj.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2021.-Marta Rosique i Saltor, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.


161/003487


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley
relativa a la defensa de la voluntad popular y la institucionalidad democrática en Perú, para su debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores.


Exposición de motivos


Desde que el presidente Pedro Castillo ganara las elecciones el pasado 6 de junio, el ambiente político en Perú ha permanecido en alta tensión debido a una oposición que, desde el primer momento, puso en duda la legitimidad de los resultados
expresados en las urnas. Desde entonces, y pese a la opinión de los distintos organismos internacionales que participaron de la observación electoral, la oposición trató de instalar una narrativa de fraude electoral que ha acompañado a todas sus
acciones para obstaculizar al gobierno electo en el ejercicio de sus funciones.


En el plano institucional, una de estas acciones tiene que ver con la conformación de una Comisión Parlamentaria en el Congreso de la República del Perú con el fin de investigar este supuesto fraude electoral e impulsar la vacancia para
destituir al presidente Castillo. La naturaleza de esta Comisión, a la luz de los datos oficiales de organismos independientes e internacionales que desmienten el fraude, representa un intento de deslegitimar al gobierno democráticamente elegido y
supone, además, un daño gravísimo para la democracia peruana.


Desde el plano mediático, los portavoces del bloque opositor continúan apelando a este falso fraude y lo hacen también internacionalmente, a través de los foros habilitados por organizaciones como la Fundación para la libertad, encabezada
por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien apoyó públicamente a Keiko Fujimori en la segunda vuelta y ha sostenido esa narrativa de falso fraude en más de una ocasión. El mismo que en la Convención nacional del principal partido de
oposición español, el Partido Popular, sostuvo que 'lo importante de unas elecciones no es que haya libertad, sino votar bien'. Este tipo de discursos, además de ser contrarios a la democracia, tienen su correlato en el aumento de los niveles de
tensión social y en la aparición de grupos de ultraderecha que ejercen e instigan la violencia hacia ciudadanos y ciudadanas, autoridades y colectivos sociales que identifican como 'contrarios a su ideología'.


Los principales poderes mediáticos peruanos, que tomaron partido durante la segunda vuelta electoral, constituyen ahora ventanas para ese bloque opositor peruano que, con una actitud alejada de los cauces



Página 9





democráticos, sostiene sus discursos sobre el falso fraude con la intención de obstruir a un Gobierno que acaba de cumplir los cuatro meses desde su constitución. A ello hay que sumar las revelaciones de chats donde participan empresarios
de la Sociedad Nacional de Industrias o vinculados a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, en los que se señala la intención de evitar que este Gobierno continúe, para lo cual es necesario 'sacar' a Pedro Castillo del
puesto a través del mecanismo de la vacancia presidencial o realizando variaciones legislativas para encontrar una forma de hacerlo.


Estos indicios no son aislados. En la misma línea, desde la sede de soberanía popular peruana como es el Congreso de la República del Perú, el bloque opositor viene realizando una serie de modificaciones a la Constitución con la finalidad
de recortar facultades al Poder Ejecutivo y, en la práctica, también derechos de expresión democrática y toma de decisión a la ciudadanía. Tal es el caso de la modificación que han realizado para limitar las circunstancias en las cuales el Gobierno
puede hacer 'cuestión de confianza', lo que en la práctica supone limitar esta facultad al Ejecutivo y quiebra el equilibrio de poderes entre el poder Ejecutivo y el Legislativo.


Sin embargo, lo que más alarma genera, tratándose de un país democrático, es el intento por parte de este bloque opositor de modificación de la Constitución a través de un dictamen para que, en la práctica, se recorte el derecho de los y las
ciudadanas peruanas a participar a través de un referéndum. El proyecto de Ley presentado por este bloque sugiere que toda reforma constitucional debe ser aprobada primero por el Congreso de la República antes de ser sometida a referéndum. Con
ello, el poder de decisión de la ciudadanía peruana, así como su intrínseco poder constituyente, se ve mermado y limitado a que este poder para elaborar su propia Carta Magna se vea reducido a los canales del Legislativo y ya no ciudadano.


Nos encontramos, pues, ante una arremetida evidente del bloque opositor peruano que, en lugar de ejercer una oposición democrática legítima y respetuosa de la institucionalidad, ha optado por institucionalizar un bloqueo antidemocrático
contra el Gobierno presidido por Pedro Castillo. La evidencia más palpable y peligrosa de ello es la reciente moción de vacancia presentada por la congresista Patricia Chirinos, que cuenta con las firmas de este bloque opositor. Institucionalizar
la vacancia presidencial como fórmula de ejercicio de oposición no solo atenta contra la estabilidad política y social del país en un momento de crisis mundial debido a la pandemia que ha golpeado en Perú mucho más que en otros países del mundo,
sino que merma el poder popular surgido de las urnas en las últimas elecciones presidenciales.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'Por la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Emprender todas las acciones políticas y diplomáticas a su alcance para apoyar la institucionalidad democrática en Perú, y promover públicamente el respeto a la voluntad popular expresada democráticamente en las urnas.


2. Mostrar el apoyo al Gobierno de la República del Perú, así como mostrar la firme voluntad de seguir impulsando las relaciones bilaterales y de cooperación con el fin de promover el respeto por la democracia, la paz y la justicia.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2021.-Gerardo Pisarello Prados y Lucía Muñoz Dalda, Diputados.-Txema Guijarro García y Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Común.


Comisión de Justicia


161/003476


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la adecuación salarial del Cuerpo
de Letrados de la Administración de Justicia, para su debate en la Comisión de Justicia.



Página 10





Exposición de motivos


La Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, encomendó en todos los juzgados y tribunales, y oficinas judiciales, la dirección de las mismas a los Letrados,
incrementando con ello las competencias y responsabilidades de ese cuerpo en su conjunto.


Del mismo modo, la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal, y la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina
judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, incluía como uno de sus prioritarios objetivos lograr 'que los jueces y magistrados dediquen todos sus esfuerzos a las funciones que les vienen encomendadas
por la Constitución: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado'. De este modo se encomendó a los Letrados competencias procesales y de calado previamente asumidas por jueces y magistrados, con la idea de consolidar el proyecto orgánico de 2003 y
posibilitar la dedicación de estos a la exclusiva función de juzgar. Y en el mismo sentido, el incremento competencial también se recoge en otros textos como la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, y la Ley 6/2021, de 28 de
abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.


Asume con ello, el Letrado de la Administración de Justicia, junto a sus anteriores funciones, otras muchas, antes propias del Juez o Magistrado, que, sin ser estrictamente jurisdiccionales, le descargaban de trabajo procesal, incrementando
el del Letrado, y de los datos que se extraen de los análisis de la Estadística Judicial se puede concluir que la gestión procesal, sobre el 61 % de los asuntos que penden en los actuales Juzgados, Tribunales y Oficinas Judiciales -de todo el
territorio nacional y en todas la jurisdicciones- están atribuidos a la responsabilidad directa de los Letrados de la Administración de Justicia.


Atendiendo a toda esta sobrecarga competencial se aprobó la disposición adicional centésima quincuagésima séptima de la Ley 11/2020, de 3 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, que establecía una 'adecuación
salarial del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en relación con las nuevas funciones asumidas por este Cuerpo en las últimas reformas procesales y organizativas'. Y la disposición mencionada se cierra con la siguiente formulación:
'Para ello, el Gobierno adoptará los acuerdos que correspondan en orden a la dotación presupuestaria adecuada a la presente disposición'.


En consecuencia, lo que el último párrafo determina es una obligación de aportación de recursos económicos para la ejecución de la adecuación salarial que supera los previstos en el capítulo I de la ley presupuestaria. La obligación del
Gobierno consiste en incrementar el capítulo I con nuevos fondos que den virtualidad a ese incremento salarial. Sin embargo, esta adecuación salarial no se ha producido, ni se debate, en los términos previstos en la disposición, pues solo se ha
pretendido afectar al complemento específico y circunscribiéndolo a los fondos de capítulo I del Ministerio de Justicia, redistribuyéndolos, sin hacer una dotación presupuestaria adecuada ni valorar realmente todo el cúmulo funcional que ex novo se
ha encomendado a los Letrados de la Administración de Justicia.


Esa adecuación debe pasar por ajustar el salario de los Letrados al de distintos cuerpos del grupo A 1 y otros cuerpos superiores que trabajan en la Administración de Justicia, posibilitando su adecuación y acercamiento salarial a jueces y
magistrados de quienes se han asumido parte de funciones y competencias antes a ellos encomendadas, para racionalizar su carga de trabajo, agilizar el procedimiento y dar cumplimiento al mandato constitucional. No resulta de justicia que el
Ministerio de Justicia pretenda promover esa adecuación salarial a otros grupos distintos al A 1 reduciendo diferencias salariales. La adecuación salarial de los Letrados debe referirse a otros cuerpos del Grupo A 1 y carrera judicial existentes en
el ámbito de la Administración de Justicia.


No puede olvidarse, además, que los Letrados de la Administración de Justicia tienen establecido por imperativo legal (Art. 445.2 LOPJ) el mismo régimen de incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones previsto para los miembros de la
Carrera Judicial (con excepción de la posibilidad de pertenencia a partidos políticos o sindicatos). La STC 172/1996 establece que 'las incompatibilidades de los funcionarios públicos tienden a garantizar su objetividad de actuación, en evitación
de relaciones de dependencia perturbadoras, así como su eficacia, procurando la máxima dedicación a las funciones propias de su empleo o cargo, características aquella y esta predicables constitucionalmente de la actividad de las Administraciones
Públicas, y por tanto exigible también de sus servidores (Art. 103 CE). Por ello, los Letrados de la Administración de Justicia en ningún caso tendrían la posibilidad de solicitar reducción de haberes a efectos de instar la compatibilidad a que
alude la disposición adicional quinta del Real Decreto 20/2012, de 20 de julio. Además, en ninguno de sus conceptos retributivos se integra el factor de incompatibilidad impuesto por ley, y debería así instaurarse dicho concepto como compensatorio
de la máxima incompatibilidad de la que son acreedores.



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Por otro lado, la Ley Orgánica del Poder Judicial en su redacción dada por la reforma operada por la Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ('BOE' 29 diciembre),
establece en el artículo 447.3.e) que se debe incluir en las retribuciones de los Letrados de la Administración de Justicia 'el complemento de carrera profesional, destinado a retribuir la progresión alcanzada por la persona funcionaria dentro del
sistema de carrera horizontal'. Complemento que otros cuerpos funcionariales disfrutan y para los Letrados aún no se ha negociado.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Convocar la Mesa de Retribuciones y Empleo de la Administración de Justicia y actuar también en el marco establecido en el artículo 444.2.d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial con las asociaciones de Letrados de la Administración de
Justicia, a fin de abordar la adecuación de retribuciones del Cuerpo de Letrados a sus nuevas funciones y responsabilidades asumidas desde el 2003.


2. Que, en el marco de la Mesa de Retribuciones y Empleo de la Administración de Justicia y también en el marco establecido en el artículo 444.2.d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, acuerde ajustar el salario de los Letrados al de
distintos cuerpos del grupo A 1 y a los miembros de la Carrera Judicial, de cara a alcanzar, al menos, en retribuciones complementarias por complemento de destino o general del puesto, del 80 % de la suma de las equivalentes retribuciones
complementarias de la carrera judicial y fiscal, sin perjuicio de las que corresponden a complementos específicos establecidas y cuantificadas en sus correspondientes normas reguladoras.


3. En los mismos términos y marco del artículo 444.2.d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se insta al Gobierno de España a que se establezca ex novo el correspondiente complemento de incompatibilidad, y el de carrera profesional del
Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de Justicia.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2021.-Miguel Ángel Jerez Juan, Luis Santamaría Ruiz, Carlos Rojas García, María Teresa Angulo Romero, Javier Merino Martínez, Vicente Betoret Coll, Isabel María Borrego Cortés, Jaime
Eduardo de Olano Vela y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Defensa


161/003488


A la Mesa de la Comisión de Defensa


Don Isidro Martínez Oblanca, Diputado de Foro, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, al amparo del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en la Comisión de Defensa, la siguiente Proposición no de Ley referente a
la industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio en España.


Exposición de motivos


La consolidación y el crecimiento de la industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio en España ha supuesto en el año 2020 un importante impacto que ha generado del orden de 1.900 millones de euros en I+D+I y ha aportado al PIB de
España 16.500 millones de euros en 2020, un 1,5 % del total. Es decir, que cuando se habla de esta industria hay que hacerlo desde la perspectiva de un sector estratégico para nuestra economía, que es cabecera de la innovación y que, en todo caso,
precisa de un permanente impulso por sus efectos positivos inducidos sobre otros sectores. También es relevante la aportación en términos de empleo, ya que se calcula que hay más de 200.000 puestos de trabajo en las empresas vinculadas a la
industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, muchos de los cuales son de alta cualificación.



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A mediados de 2021 se aprobó el Reglamento del Fondo Europeo de Defensa (EDF) por la Comisión Europea que prevé destinar 7.953 millones de euros en el periodo 2021-2027 para promover la colaboración europea en la investigación y el
desarrollo de productos y tecnologías de aplicación a defensa. Es, sin duda, una oportunidad para aprovechar en un campo en el que España está bien posicionada, pero tiene grandes posibilidades de mejora si presta especial atención a las pequeñas y
medianas empresas que participan en los procesos de producción de la industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio.


El Fondo Europeo de Defensa (EDF), tal y como viene recogido en el 'Diario Oficial de la Unión Europea', financiará dos tipos de acciones:


Acciones de investigación: dispondrán de una tercera parte del presupuesto total del EDF (2.651 millones de euros), y estarán orientadas a maximizar la innovación e introducir nuevas tecnologías y productos que permitan mejorar de manera
significativa las prestaciones de las futuras capacidades militares, incluyendo las tecnologías disruptivas para defensa. Estas acciones podrán contar con hasta el 100 % de financiación por parte de la Comisión Europea.


Acciones de desarrollo: contarán con dos terceras partes del presupuesto total del EDF (5.302 millones de euros) y contribuirán a una mayor eficiencia del gasto en defensa dentro de la Unión, logrando mayores economías de escala, reduciendo
las duplicidades en la UE y facilitando una mayor estandarización e interoperabilidad entre las capacidades militares de los Estados miembros. Estas acciones estarán en general cofinanciadas por parte de la Comisión Europea.


Por lo expuesto, el diputado de Foro, don Isidro Martínez Oblanca, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso formula ante la Comisión de Defensa la siguiente:


Proposición no de Ley


'La Comisión de Defensa insta al Gobierno a:


1. Impulsar la industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio al objeto de que a lo largo de la XIV Legislatura su contribución al PIB nacional alcance el 3 % y se aproxime paulatinamente al de otros países europeos homólogos a
España.


2. Estimular la cooperación público-privada al objeto de lograr un efecto multiplicador de los potenciales de la industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio en nuestro país.


3. Aprovechar los instrumentos financieros y legislativos de la Unión Europea contemplados en el Fondo Europeo de Defensa con el fin de que la industria española de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio se sume en las mejores
condiciones al objetivo comunitario de promover la competitividad, la eficacia y la capacidad de innovación de su base tecnológica e industrial de defensa.


4. Fomentar el empleo en la industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de diciembre de 2021.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Sergio Sayas López, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/003503


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado don Gerard Álvarez i Garcia, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el cese de
la financiación a la militarización a las rutas comerciales de combustibles fósiles, para su debate en instancia en la Comisión de Defensa.


Exposición de motivos


La opacidad que rodea al sector de la Defensa español es un defecto endémico, una carencia fomentada por todos los gobiernos que han ocupado el poder ejecutivo del Estado español. Uno de los pocos ámbitos que ha permanecido inmune al
bipartidismo característico de Moncloa, a las renovaciones de los cargos ejecutivos del Estado y que ha gozado de una protección estructural que le ha facilitado



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engrandecer su poder. Sin embargo, cuanto más condominio se abarca, más difícil es controlar la confidencialidad y, en consecuencia, las fugas de información son cada vez más frecuentes.


Cierto es que la ciudadanía es cada vez más consciente del militarismo que sustenta el supuesto estado de bienestar español en el que tributa, en cambio, no es consciente del alcance de dicho militarismo y de cómo sus contribuciones
financian operaciones que tanto el Estado español como el resto de Estados miembros de la Unión Europea, se esfuerzan en ocultar.


Una de estas tantas operaciones militares ocultas hasta la fecha es la misión de que países políticamente inestables no detengan la producción y envío de los combustibles de los que España y Europa son dependientes. Esto es, diversos medios
de comunicación se han hecho eco del refuerzo de puntos clave de las rutas de abastecimiento de petróleo y gas hacia Europa. Un nuevo informe de Greenpeace señala que los soldados españoles desplegados en las aguas del cuerno de África, en Malí o
en Somalia, no ejecutan únicamente misiones contra el terrorismo o la piratería, si no que aseguran el suministro de los combustibles fósiles de los que son dependientes.


El informe de la organización ecologista expone que desde 2018 Italia, España y Alemania han invertido más de 4.000 millones de euros en este tipo de operaciones en el exterior. Del total, 1.022 millones de euros pertenecen a dinero
proveniente de los contribuyentes residentes en el Estado español. Esto es debido a la gran dependencia energética de Europa con países terceros. Y es que, todavía cabe señalar, que casi el 90 % del petróleo y el 70 % del gas natural utilizado en
Europa se importan del extranjero.


Imagen 1. Misiones militares de la UE que Greenpeace vincula directamente a la protección de la producción y transporte de combustibles fósiles en países inestables


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Fuente: Eldiario.es, España gasta 274 millones al año en militarizar las rutas de petróleo y gas, según denuncia Greenpeace Disponible en:
https://www.eldiario.es/economia/espana-gasta-274-millones-ano-militarizar-rutas-petroleo-gas-denuncia-greenpeace_1_8559268.html



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El informe de Greenpeace no deja margen a la duda, en los presupuestos generales del Estado de este año se destinan mil millones de euros para la actual participación de España en 16 misiones militares internacionales, todas ellas en los
ámbitos de los compromisos adquiridos con la Unión Europea y la OTAN. Del total de la cifra, 'el 26 %, unos 274 millones, están vinculados a proteger las rutas de llegada de los combustibles fósiles desde países inestables o ayudar a formar a sus
militares para que lo hagan' (Castillo, 2021).


Con todo, la gravedad de la situación radica en la incongruencia e hipocresía que supone el despliegue de todos estos recursos en misiones militares, motivadas por la necesidad de asegurar el suministro de combustibles fósiles, a la vez que
en paralelo se predica una supuesta agenda de objetivos de desarrollo sostenible y se promulga una serie de leyes e iniciativas legislativas que pretenden combatir el cambio climático y asegurar la transformación energética. Se debe agregar que, en
ocasiones, los mismos soldados que son enviados a dichas operaciones militares, posteriormente operan en misiones para paliar los efectos de catástrofes naturales asociadas al cambio climático.


'Este mismo año, los gobiernos de la UE han desplegado soldados y equipos militares en respuesta a emergencias tales como las duras inundaciones en Alemania, la borrasca Filomena en España o los grandes incendios en el sur de Italia [...] Al
mismo tiempo, se enviaron más soldados y se invirtieron millones de euros para proporcionar seguridad a los barcos cargados de combustibles fósiles que continuarán agravando la crisis climática que ya ha causado tanta devastación' (G.ª Raboso, 2021
como se citó en Castillo, 2021).


A pesar de que los medios de comunicación han recogido las declaraciones, que aparecen en el informe de Greenpeace, de oficiales y altos mandos militares, como por ejemplo las de José Luis Calvo, director de la División de Seguridad y
Estudios del Ministerio de Defensa o las del Capitán de Corbeta Santiago Santamaría, que testifican y confirman las misiones antipiratería para defender a los buques petroleros o gaseros, el Ministerio de Defensa no ha dado respuesta a los medios de
comunicación que han dirigido cuestiones al respecto.


A pesar de que los combustibles fósiles están destruyendo el clima, son un eje clave en los conflictos armados vigentes y son un elemento de tensión geopolítica, casi dos tercios de todas las misiones militares de la Unión Europea vigilan y
aseguran la producción y el transporte de petróleo y gas. El informe de Greenpeace arroja a la opinión pública la codicia europea por el petróleo y como esta ha promovido todo un sistema armamentístico para la protección de los combustibles
fósiles, a expensas del dinero de los contribuyentes y del medio ambiente.


Por último, el informe formula nuevas alternativas para destinar el gasto europeo de militarizar las rutas de suministro de combustibles fósiles a favorecer la economía circular y a la investigación de nuevas formas de energía limpia.


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


1. Iniciar los trabajos correspondientes para que cese la financiación de la militarización de las rutas de suministro de combustibles fósiles.


2. Emitir, en el plazo de tres meses, un informe donde se detallen todas las operaciones militares para asegurar el suministro de combustibles fósiles, ejecutadas hasta la fecha, en el cual se refleje el total de recursos desplegados en las
mismas.


3. Iniciar los trabajos correspondientes para que se destinen los recursos económicos empleados en la militarización de las rutas de suministro de combustibles fósiles a favorecer la economía circular y a la investigación de nuevas formas
de energía limpia.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2021.-Gerard Álvarez i Garcia, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.



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Comisión de Hacienda y Función Pública


161/003459


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para rebajar el IVA de prótesis de
cabello, pelucas y postizos cuando sean prescritos por facultativos médicos, para su debate en Comisión de Hacienda y Función Pública.


Exposición de motivos


Según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en España había 2.265.152 personas diagnosticadas con cáncer en el año 2020, y en el año 2021 se estima que se diagnosticarán 276.239 nuevos casos.


Afortunadamente llevamos años de mejora de la tasa de supervivencia de esta enfermedad; entre otras cosas, gracias a la mejora de los tratamientos oncológicos, tanto de quimioterapia como de radioterapia.


Uno de los efectos secundarios más frecuentes de los tratamientos oncológicos es la caída del cabello, la alopecia, que para los miles de personas que viven esta situación les plantea serios problemas emocionales y psicológicos que afectan a
su autoestima, cayendo muchas de ellas en problemas depresivos que agravan su salud. Para paliarlos acuden con frecuencia a la compra de prótesis de cabello, pelucas y postizos que les ayudan a llevar mejor la penosidad de su enfermedad
cancerígena.


Estas prótesis capilares tienen un coste importante que, además, está gravado con un tipo del IVA del 21 %. En la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, el Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda para rebajar el IVA
de estas compras hasta el 10 % exclusivamente para los casos en los que hay prescripción médica, haciendo así más asequible su adquisición por parte de quienes realmente necesitan estas prótesis para llevar mejor una enfermedad que ya es
suficientemente complicada de por sí.


El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, en una muestra de total insensibilidad, vetó esta enmienda cuyo coste estimado es de dos millones de euros, mientras daba un millón de euros a Bildu para una pista ciclable en el País Vasco o 10,5
millones a ERC para cinematografía en lenguas cooficiales, entre otras muchas cesiones a nacionalistas e independentistas, por un importe total de 300 millones de euros.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Apartado Uno.punto 2 del artículo 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, añadiendo un nuevo número, con el siguiente contenido:


XXX. Las prótesis de cabello, pelucas y postizos, cuando sean prescritos por facultativos médicos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2021.-Carolina España Reina, Javier Bas Corugeira, Eloy Suárez Lamata y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.


161/003462


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Plan de Reactivación Fiscal
de la economía y la creación de empleo, para su debate en Comisión de Hacienda y Función Pública.



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Exposición de motivos


Por mucho que se empeñe la propaganda gubernamental, la realidad es tozuda y ni 'salimos más fuertes' ni 'tenemos un crecimiento robusto' y, lo peor de todo, estamos dejando a muchos atrás. Exactamente a 12,5 millones de personas que se
encuentran en riesgo de exclusión o pobreza, incluyendo a 3,3 millones de personas en Carencia Material Severa, según la última Encuesta de Condiciones de Vida que recoge solo parcialmente las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.


Y siendo esto así, el Gobierno pierde la oportunidad de utilizar la principal herramienta de política económica que tiene para corregirlo y utiliza los Presupuestos Generales del Estado para apuntalar la legislatura a base de concesiones de
todo tipo a nacionalistas, independentistas y Bildu, concesiones de dudosa legalidad -como una ley de vivienda que pisotea la propiedad privada, la seguridad jurídica y la economía libre de mercado- y clara inmoralidad -el cambio de presos por
presupuestos que reconoció Otegui-.


Junto a esas hipotecas externas, se repiten las erróneas recetas que nos han llevado a ser el país europeo más rezagado en la recuperación: frente al 9,8 % de crecimiento recogido en los presupuestos vigentes, la realidad es que el PIB no
va a crecer ni la mitad de lo previsto, estaremos en torno al 4,6 %.


Mientras que los países de nuestro entorno (Alemania, Francia o Italia) están bajando impuestos a las familias, autónomos y pymes para consolidar la recuperación económica y la creación de empleo, el Gobierno social-comunista lleva dos años
consecutivos subiéndolos, más de 9.000 en plena pandemia. A ello hay que añadir el impuesto invisible que supone la escalada de precios y que Funcas cuantificó en más de 19.000 millones de euros a familias y empresas con la inflación del 4 % que
teníamos en septiembre, en octubre volvió a subir hasta el 5,4 %.


Se asfixia a familias, autónomos y pymes para mantener el nivel de gasto en máximos históricos, sustituyendo gasto coyuntural asociado a la pandemia (sanitario, educativo y de protección del empleo) por gasto que amenaza con ser estructural
y que se tiene que financiar no solo con nuevas subidas de impuestos, sino también con un aumento desorbitado de deuda pública (en términos de PIB, el doble que la media europea), factores ambos que lastran la recuperación y nos sitúan a la cola de
Europa.


Frente a la subida de impuestos en el Partido Popular proponemos una revisión y reducción del gasto público político, con cargo exclusivamente a capítulo 2, Gastos corrientes, y capítulo 4, Transferencias corrientes, y excepcionalmente a
capítulo 1, Gastos de personal, en aquellos casos de estructuras redundantes e injustificadas, puestos de confianza vacíos de contenido o sueldos injustificados al margen del propio estatuto del empleado público, con el objetivo de reducir la brecha
de eficiencia en el sector público entre España y la media de la OCDE, actualmente en torno al 14 % según el Instituto de Estudios Económicos.


Esta liberación de recursos, sin perjudicar la calidad de los bienes y servicios públicos prestados por el Estado, permitiría afrontar un Plan de Estímulo Fiscal para la reactivación económica y la creación de empleo, que devolvería más de
10.000 millones de euros al bolsillo de los españoles contribuyendo al ciclo virtuoso del crecimiento.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Elaborar, en el plazo máximo de dos meses, un Plan de Racionalización del gasto público que se encuadre dentro del marco del Plan de Reequilibrio que exige el artículo 11.3 de la LOEPSF, apoyado en los trabajos elaborados por la AIReF en
los diferentes 'spending reviews'.


2. Devolver el ahorro generado a las familias y autónomos a través de un Plan de Reactivación Fiscal de la economía y la creación de empleo, que contemple, entre otras medidas:


- Una rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que permita a las familias recuperar el poder adquisitivo perdido este año, especialmente concentrada en los tramos medios y bajos.


- La supresión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para la compra de vivienda habitual para ayudar al acceso a la primera vivienda a la población en general y a los jóvenes en particular.


- La revisión y supresión de todas aquellas tasas y otros ingresos tributarios que suponen trabas administrativas, pero cuyo poder recaudatorio es mínimo.



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- Reducción de las cotizaciones sociales para jóvenes y parados de larga duración, para incentivar la contratación de dos colectivos cuya tasa de paro es realmente inaceptable.


- Una bonificación del 50 % en el Impuesto de Sociedades a aquellas empresas que se establezcan en municipios de menos de 5.000 habitantes.


- La supresión definitiva tanto del Impuesto sobre Patrimonio como del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2021.-Carolina España Reina, Javier Bas Corugeira, Eloy Suárez Lamata y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.


161/003498


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la reducción temporal al tipo impositivo del 0 %
en el Impuesto sobre el Valor Añadido, a los productos sanitarios que sean hoy de uso obligatorio en la prevención del contagio por coronavirus, como las mascarillas, para su posterior debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.


Exposición de motivos


Nuestro país sigue sumergido en la crisis sanitaria provocada por el coronavirus desde el mes de marzo de 2020. Aunque durante este tiempo se ha ido avanzando en la vuelta a la normalidad tras las drásticas medidas que hubieron de tomarse
en un principio, lo cierto es que muchas de las soluciones preventivas de contención del contagio siguen siendo obligatorias, como el uso de mascarillas en espacios cerrados de uso público, espacios al aire libre en los que no sea posible mantener
la distancia de seguridad, o medios de transporte, según establece el Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, entre otras. Además de su uso obligatorio en estos supuestos, la utilización de mascarillas es altamente recomendable en todo caso, como uno de los medios más eficaces de prevención del contagio.


A pesar de la obligación de su uso, impuesta a todas las personas a partir de los 6 años de edad y para multitud de situaciones de su vida cotidiana, el Gobierno no ha previsto que este producto esencial sea provisto de manera gratuita a los
ciudadanos, por lo que debe ser adquirido bajo precio. Siendo esto así, resulta ineludible la necesidad de regular los impuestos que son de aplicación a un producto sanitario que es, hoy, no solo de uso obligado por ley, sino básico para la
protección de la salud pública e individual de las personas.


Actualmente, las mascarillas quirúrgicas desechables están gravadas a un tipo del 4 % en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), tras aprobarse la reducción del tipo impositivo, finalmente y tras las reiteradas reticencias iniciales del
Gobierno, el pasado noviembre de 2020. Este tipo superreducido, sin embargo, no sólo no aplica a otros muchos productos eficaces contra el contagio, como mascarillas FFP2, barreras faciales, o geles hidroalcohólicos, sino que solo se mantedrá en
vigor hasta finales de este año. A partir del próximo día 1 de enero, por tanto, volverá a resultar de aplicación el tipo impositivo más alto, del 21 %, a todos los productos sanitarios eficaces de protección contra la expansión de la pandemia y
que debe satisfacer prácticamente toda la población con contadas excepciones.


Por otro lado, la Unión Europea acaba de aprobar una reforma de este impuesto que otorgará mayor libertad a los gobiernos para fijar los tipos reducidos y el tipo cero en determinados productos. Así, el pasado día 7 de diciembre, el Ecofin
aprobó por unanimidad una directiva que, entre otras cosas, permitirá gravar al tipo cero los productos sanitarios de primera necesidad en la contención del virus, como las mascarillas, sin mayor y ulterior autorización por parte de Bruselas.


Vistos estos antecedentes, se hace necesario instar al Gobierno a impulsar las reformas necesarias que garanticen la ausencia de impuestos indirectos en la compra de productos que resultan hoy absolutamente necesarios e insustituibles para
los ciudadanos, como los elementos farmacéuticos de



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barrera, protección y prevención contra el contagio del coronavirus. Con ello, se evitaría la carga económica que la obligación de su uso, hoy por hoy ilimitada en el tiempo, supone para los bolsillos de una sociedad muy castigada por una
crisis económica cuyo fin no se anticipa cercano.


Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reducir el tipo impositivo aplicable en el Impuesto sobre el Valor Añadido, al 0 %, a los productos farmacéuticos que sean hoy de uso obligatorio en la prevención del contagio por
coronavirus, como mascarillas, caretas de protección y otros elementos de barrera, al menos, mientras permanezca esta obligación y el país se encuentre en situación de alerta sanitaria.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2021.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comisión de Interior


161/003473


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno que instale en
la isla de Formentera un radar SIVE, para su debate en la Comisión de Interior.


Exposición de motivos


Más de 2.000 inmigrantes en condiciones de irregularidad han alcanzado las costas del archipiélago balear a lo largo del presente año, siendo las islas de Ibiza y Formentera las que en mayor medida han recibido la llegada de pateras.


Las cifras ya no dejan lugar a dudas, sino que confirman por sí mismas la existencia de una ruta permanente y en creciente evolución entre Argelia y las Islas Baleares gestionada por mafias que trafican con las ilusiones de la población
local y de una presunta vida más próspera en Europa.


El año 2019 llegaron a través de esta ruta un total de 507 personas. En el año 2020, en plena pandemia, llegaron un total de 1.464. A mediados del mes de octubre del presente año 2021 ya se han superado las cifras del año anterior, pues se
registraron 1.472 entradas irregulares, según últimos datos publicados por la Delegación de Gobierno balear a los que hay que sumar las últimas embarcaciones llegadas de forma masiva en los últimos días.


Se da la circunstancia de que la mayoría de embarcaciones llegan a alcanzar la costa sin que sean interceptadas en el mar. Tanto es así que los cuerpos de seguridad y emergencias activan sus protocolos cuando son alertados de la llegada de
un particular o por la tripulación de otra embarcación que previamente las ha avistado.


No cabe duda que resulta del todo necesario e imprescindible no sólo tener un control seguro sobre nuestras fronteras en el litoral sino también, y más importante todavía, avistar la llegada de personas para evitar que sus vidas corran
peligro en el mar o bien socorrerlas en caso de producirse una situación de emergencia. Cabe recordar que recientemente una embarcación de este tipo naufragó con 17 personas a bordo en el entorno marítimo de la isla de Cabrera. Los servicios de
emergencia consiguieron rescatar con vida a 14 de sus tripulantes.


Para evitar situaciones de riesgo en las que existe un peligro evidente para la vida de las personas resulta imprescindible que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad dispongan de medios adecuados para interceptar estas embarcaciones en nuestro
entorno marítimo y así también poder atender y gestionar adecuadamente la llegada de estos flujos migratorios.



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Los radares incorporados al sistema SIVE, Servicio Integral de Vigilancia Exterior, han constituido una herramienta útil para lograr interceptar estas embarcaciones en el mar.


La isla de Formentera ha recibido incesantemente un elevado número de personas procedente de estos flujos migratorios, entre otras circunstancias, por encontrarse localizada geográficamente en el punto más cercano de la costa argelina. A
pesar de ello, esta isla sigue sin contar con un dispositivo que permita avistar embarcaciones procedentes de la inmigración irregular. En consecuencia, y por todo lo anterior, se hace necesario la instalación de un radar en la isla de Formentera
en el marco del sistema SIVE, Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, capaz de detectar a larga distancia las embarcaciones que se aproximen a nuestro litoral, de identificar el tipo de embarcación y a sus tripulantes a fin de coordinar el
seguimiento, en su caso, de la embarcación, utilizando para ello los medios marítimos, aéreos y terrestres con que cuenta la Guardia Civil.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a instalar en la isla de Formentera un radar SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Interior), con el fin de detectar las embarcaciones que se aproximen al litoral susceptibles de proceder de la
inmigración irregular para así activar y coordinar los servicios de emergencia necesarios, evitando situaciones de riesgo para sus tripulantes.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2021.-Miguel Ángel Jerez Juan, Margarita Prohens Rigo y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


161/003465


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el tren transfronterizo Bayona-San Sebastián, para su debate en la Comisión
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.


Exposición de motivos


La ausencia de una conexión ferroviaria sin transbordo entre San Sebastián y Bayona pone de manifiesto la necesidad de ofrecer un sistema de transporte público que cumpla los criterios de movilidad sostenible y eficiencia en el ámbito de la
'Eurociudad Vasca'. Asistimos a una situación anormal en pleno siglo XXI, desaparecidas las viejas fronteras entre Francia y España y tras los compromisos para frenar el cambio climático.


Es tiempo de actuar para que ambas ciudades, ejes de una conturbación europea muy activa en diferentes planos, situadas a una distancia de 54 km y junto a otras localidades en un corredor que agrupa a 600.000 personas, se comuniquen por tren
sin los problemas de saturación del tráfico por la autopista en la antigua frontera de lrún-Behobia.


El gran número de personas que cruzan con frecuencia de un Estado a otro en vehículos, por razones comerciales, laborales, culturales o turísticas, justifica la necesidad de articular un tren transfronterizo que sea competitivo, con
frecuencias diferentes según la época del año, sin transbordos, con 6-7 paradas y con espacio reservado para llevar bicis.


Las anteriores son razones de peso para que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ponga especial interés en gestionar el desarrollo de una propuesta cuya realización es de muy bajo coste económico y que puede contar con
ayudas europeas.


La importancia de la movilidad ciudadana en la zona, especialmente en fines de semana y verano, sin olvidar otros movimientos diarios de carácter laboral o escolar, hoy solo puede realizarse mediante el uso de vehículos. Lo que lleva a
recordar las problemas de saturación de la autopista por el gran volumen de



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camiones que transitan, así como las dificultades de acceso, aparcamiento y circulación en las ciudades de Biarritz, lrún, San Sebastián y Bayona.


El tren transfronterizo de la EuroCiudad Vasca Bayona-San Sebastián es una propuesta planteada a los diferentes gobiernos desde 2013. Se trata de una alternativa de movilidad sostenible, coherente con el objetivo de combatir el cambio
climático reduciendo las emisiones de gases contaminantes de los vehículos. La opción existente exige hacer transbordo en la Estación de Hendaya y, con mucha suerte, emplear más de dos horas para hacer el viaje.


Esta actuación será posible con el final de unas largas obras que realiza ADIF para contar con doble ancho de vía en el tramo Astigarraga-San Sebastián-lrún. La obra incluye la colocación en las nuevas traviesas de un tercer raíl o hilo
para salvar así el diferente ancho de vía existente entre Francia y España, así como mejoras del gálibo en túneles como el de Gaintxurizketa, suavizar curvas y mejoras de seguridad. Además, la llegada de la línea del AVE a lrún y su continuidad
hasta París carece de previsiones.


No obstante, quedaría por solucionar el problema de la red de electrificación que es diferente en ambos países pero que se puede solventar adaptando y homologando las locomotoras con sistema bitensión. Así mismo, habría que resolver
aspectos de las instalaciones de seguridad de la circulación y de tratamiento de andenes.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Analizar con el Gobierno francés las alternativas y actuaciones necesarias para la puesta en servicio de un tren transfronterizo que conecte las localidades situadas en el territorio de la Eurociudad Vasca, Sayona-San Sebastián,
impulsando la interoperabilidad ferroviaria y la superación de las barreras existentes.


2. Explorar la posibilidad de que este proyecto pueda obtener ayuda de los Fondos Europeos, al tratarse de una operación de movilidad sostenible con la mejora del transporte ferroviario en el corredor transfronterizo hispano-francés de la
Europa Atlántica.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2021.-Odón Elorza González y César Joaquín Ramos Esteban, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Educación y Formación Profesional


161/003485


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar la formación profesional específica destinada a alumnos con
necesidades educativas especiales, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.


Exposición de motivos


'Como comenzaba afirmando la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar
individual como el colectivo. Mientras que para cualquier persona la educación es el medio más adecuado para desarrollar al máximo sus capacidades, construir su personalidad, conformar su propia identidad y configurar su comprensión de la realidad,
integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica, para la sociedad es el medio más idóneo para transmitir y, al mismo tiempo, renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, extraer las máximas
posibilidades de sus fuentes de riqueza, fomentar la convivencia democrática y el respeto a las



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diferencias individuales, promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social.'


'Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la presente Ley'.
(LOMLOE).


'En los estudios de Formación Profesional se prestará especial atención a los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo manteniendo como uno de los principios de estas enseñanzas la inclusión educativa. A estos efectos
se establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de atención a la diversidad precisas para facilitar el acceso al currículo de este alumnado'. (LOMLOE).


'La Declaración de Salamanca y Marco de acción para las necesidades educativas especiales de la Unesco de 1994 proclama que cada niña y niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios y que
los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades.'


En el curso 2019-2020 del total de alumnos de los 223.805 alumnos con necesidades asociadas a discapacidad o trastorno grave, el 17 % (38.068) estudiaba en centros de educación especial, dedicados exclusivamente a alumnado con discapacidad.


Los Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta, ofrecen ofertas formativas adaptadas al alumnado de Educación Especial y permiten la adquisición de competencias profesionales para las posteriores etapas educativas, formativas
o laborales.


La cualificación profesional en todos sus niveles contribuye a la elevación y mejora en la calidad de vida de las personas y al fomento del empleo y que cuánta mayor y mejor sea la cualificación de una persona más posibilidades tiene de
desenvolverse con cierto éxito en su entorno y de, como mínimo, valerse por sí mismo/a. Con esta finalidad existen los programas de cualificación profesional, conocidos a menudo como 'programa de transición a la vida adulta', que están pensados
para ayudar al alumnado a salir adelante solos cuando cumplan 21 años, aunque no hayan superado la educación básica obligatoria.


Es por ello relevante, que en dichos programas se incorpore una oferta de formación profesional específica al entorno productivo y adaptado al alumnado que los cursa en los Centros de Educación Especial.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la formación profesional específica destinada a alumnos con necesidades educativas especiales, impartiendo los módulos específicos en
los Centros de Educación Especial, para la obtención de los títulos de cualificación profesional en los programas de transición a la vida adulta, que se desarrollan en los Centros de Educación Especial.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2021.-Cristina López Zamora, Alfredo Sancho Guardia, Luis Carlos Sahuquillo García y María Luz Martínez Seijo, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafaela Crespín Rubio,
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


161/003495


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la igualdad de
oportunidades de los solicitantes de becas miembros de las familias de acogida, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.



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Exposición de motivos


Para calcular la renta familiar de cada solicitante de una beca o ayuda debe determinarse quién tiene la consideración de miembro computable de la familia, ya que en virtud de las normas que regulan esta materia, el cálculo no solo debe
realizarse agregando las rentas percibidas por cada uno de los miembros computables, sino también en función del número de estos, de conformidad con la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.


Del resultado obtenido en este cálculo se deriva el derecho del solicitante a percibir distintos componentes de beca de acuerdo al umbral de renta que le ha correspondido o, en su caso, la denegación de la beca.


Los menores acogidos, en acogimiento permanente familiar y algún caso en familia extensa, como solicitantes de becas están afectos del patrimonio de la unidad familiar que les acoge sólo para el caso de beca, pero no en caso de reparto y o
de herencia.


Es también una traba importante la que, una vez llegada la mayoría de edad de estos niños, si permanecen en la familia acogedora, la aportación por manutención también desaparece, y les sigue afectando igual el patrimonio de la familia
acogedora para poder acceder a las becas.


Las Asociaciones de Familias acogedoras reclaman a los poderes públicos la posibilidad de que los menores en acogida puedan contar con todos los recursos a su disposición para el desarrollo, evolución y progreso personal y académico para una
integración social plena de personas adultas cualificadas con proyecto de emancipación profesional de la mano de la familia acogedora.


Pero también se da la paradoja de que se excluye del cómputo de miembros computables a efectos del cálculo de la renta familiar al menor que convive con la familia por razón de tutela o acogimiento cuando no es el mismo menor en acogida
quien solicita la beca.


La normativa actual de becas y ayudas al estudio recoge el supuesto para los que 'el solicitante de la beca sea un menor en situación de acogimiento, a los que será de aplicación a la familia de acogida lo dispuesto en los párrafos
anteriores ...', de lo que se desprende que se le considera miembro computable solo cuando es el propio menor en acogimiento quien solicita la beca.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar la consideración de miembro computable de la familia así como el cálculo de la renta familiar de cada solicitante de aquellas unidades familiares con menores en acogimiento familiar y
en familia extensa, y de mayores que continúan tutelados o en familias acogedoras, con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de diciembre de 2021.-María Sandra Moneo Díez, Óscar Clavell López y María Jesús Moro Almaraz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003496


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno establezca los
módulos profesionales del título de Técnico en seguridad privada, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.


Exposición de motivos


El número de empresas de seguridad privada distribuidas por todo el territorio nacional asciende a 1.581, de las cuales 1.360 han sido habilitadas por el Ministerio del Interior, 196 por la Generalitat de Catalunya y 25 por el Gobierno
Vasco, que dan trabajo a más 100.000 trabajadores y que facturan más de 4.000 millones de euros al año.



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Un dato continuado en el tiempo que revela la situación de atomización del sector, es la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el cual señala que un 84,7 % de las empresas tienen menos de 50 trabajadores.


El número de vigilantes de seguridad privada en activo se ha incrementado en un 1,63 %, alcanzando los 84.125 profesionales, de los cuales el 80 % disfruta de una modalidad de contratación de carácter indefinido.


Cerca de 11.000 vigilantes, el 13 %, son mujeres y la edad media se mantiene en 46 años. En cuanto a la formación de este colectivo, un 8 % del personal ha cursado estudios universitarios (licenciatura/diplomatura) mientras que el 92 %
restante tiene formación en FP, Bachillerato y Enseñanza Obligatoria.


En los últimos años se han producido notables avances en la consideración ciudadana y en el replanteamiento del papel del sector privado de la seguridad, reconociéndose la importancia, eficacia y eficiencia de las alianzas público-privadas
como medio para hacer frente y resolver los problemas acuciantes y variados de seguridad que se producen en la sociedad.


Cada vez más, la seguridad privada se considera una parte indispensable del conjunto de medidas destinadas a la protección de la sociedad y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos.


La seguridad, entendida como pilar básico de la convivencia ejercida en régimen de monopolio por el poder público del Estado, tanto en su vertiente preventiva como investigadora, encuentra en la realización de actividades de seguridad por
otras instancias sociales o agentes privados una oportunidad para verse reforzada, y una forma de articular el reconocimiento de la facultad que tienen los ciudadanos de crear o utilizar los servicios privados de seguridad con las razones profundas
sobre las que se asienta el servicio público de la seguridad.


La proyección de la Administración General del Estado sobre la prestación de servicios de seguridad por entidades privadas y sobre su personal se basa en el hecho de que los servicios que prestan forman parte del núcleo esencial de la
competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, y en la misión que, según el artículo 104 del propio texto fundamental, incumbe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la
dependencia del Gobierno, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.


A partir de ahí, se establece un conjunto de controles e intervenciones administrativas que condicionan el ejercicio de las actividades de seguridad por los particulares. Ello significa que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han de estar
permanentemente presentes en el desarrollo de las actividades privadas de seguridad, conociendo la información trascendente para la seguridad pública que en las mismas se genera y actuando con protagonismo indiscutible, siempre que tales actividades
detecten el acaecimiento de hechos delictivos o que puedan afectar a la seguridad ciudadana.


Es en definitiva el actual modelo español de seguridad privada (complementaria, subordinada, colaboradora y controlada por la seguridad pública}, apostando por su papel preventivo en beneficio de la seguridad general, sobre la base
irrenunciable de la preeminencia de la seguridad pública sobre la seguridad privada.


La Ley de Seguridad Privada prevé, asimismo que, junto con la vía habitual de acceso a la profesión, vinculada a la habilitación profesional de los profesionales tras superar una formación inicial de 180 horas en un centro de formación
habilitado y un examen posterior por la Policía, se acceda a la condición de vigilante de seguridad tras superar un ciclo de formación profesional. Esta vía de acceso está condicionada a la elaboración de un título por parte del Ministerio de
Educación, en su condición de organismo competente para ello, proceso todavía no se ha desarrollado aun habiendo transcurrido ya cinco años desde la aprobación de la norma.


Se hace obligado reconocer la importante contribución de los profesionales de la seguridad privada durante la pandemia, habiendo ejercido un papel esencial en la garantía del control del distanciamiento social, especialmente en espacios de
alta concurrencia entre los que se encuadran los centros sanitarios y de vacunación.


Un reciente estudio llevado a cabo por Canal Sondeo apunta que nueve de cada diez españoles consultados se sienten más seguros en los lugares con presencia de vigilantes de seguridad privada y casi dos tercios señalan que los profesionales
de la seguridad privada complementan adecuadamente las funciones de las FF.CC., desde el papel subordinado y especialmente colaborador que le atribuye la Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada.



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Uno de los aspectos destacados unánimemente en relación con esta norma, cuya entrada en vigor se produjo ya hace más de siete años, fue la adopción del artículo 29.1 a) en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, que establecía
como vía de acceso adicional a las profesiones reguladas de seguridad privada el título de formación profesional que estableciese el Gobierno.


'Artículo 29. Formación.


1. La formación requerida para el personal de seguridad privada consistirá:


a) Para los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas privados, guardas rurales, guardas de caza y guardapescas marítimos, en la obtención de la certificación acreditativa correspondiente, expedida por un centro de
formación de personal de seguridad privada que haya presentado la declaración responsable ante el Ministerio del Interior o el órgano autonómico competente, o de los correspondientes certificados de profesionalidad de vigilancia y seguridad privada
y guardería rural y marítimo, que establezca el Gobierno a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o del título de formación profesional que establezca el Gobierno a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En estos
dos últimos casos no se exigirá la prueba de comprobación de conocimientos y capacidad a que se refiere el artículo 28.1.i).'


Este punto se consideró de especial relevancia de cara a una mayor profesionalidad del sector, una mayor valoración positiva por la ciudadanía y una mayor contribución indirecta a la función complementaria de la seguridad privada para la
seguridad de los ciudadanos.


Tras los trabajos previos iniciados durante el año 2017 en el seno del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no se aprobó todavía el Real Decreto que estableciese el título de técnico en seguridad privada.


También, y al ser uno de los objetivos de la Ley 5/0214 la mejora de la colaboración de la seguridad privada con la pública, desde la especial mayor cualificación que los alumnos obtendrán tras la superación de esta formación, debería
estudiarse la posibilidad de que, sin interferir en los procesos de selección de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autonómicos o policías locales, este título pueda ser valorado en el acceso a dichos cuerpos, como ocurre en
otros países de nuestro entorno y han solicitado tanto las organizaciones empresariales como sindicales representativas del sector.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Aprobar un Real Decreto por el que se establezcan los módulos profesionales del título de Técnico en seguridad privada.


2. Estudiar la posibilidad de que, sin interferir en los procesos de selección de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autonómicos o policías locales, y previo acuerdo con los representantes policiales, este título pueda
ser valorado en el acceso a dichos cuerpos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2021.-Ana Belén Vázquez Blanco, Elena Castillo López y Beatriz Jiménez Linuesa, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003499


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el fomento de las competencias digitales nuestro tejido
productivo para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.



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Exposición de motivos


La transformación digital es una de las grandes oportunidades para la recuperación económica posterior a la crisis del COVID-19. Pese a que la digitalización de la economía y la sociedad era una tendencia ya en boga con anterioridad a la
emergencia sanitaria, el impacto de la misma ha impulsado aún más la penetración de herramientas digitales en el día a día de la ciudadanía y de las organizaciones. El teletrabajo se convirtió en la norma para muchas empresas, mientras que la
necesidad de disponer de servidores en la nube para el almacenamiento de información y su acceso remoto se convirtió en un punto esencial de casi cualquier actividad.


Nuestro tejido empresarial está formado casi en su totalidad por pequeñas y medianas empresas (PYMES), que pueden aprovechar esta tendencia de digitalización para abrir nuevos horizontes para sus modelos de negocio y para crecer y crear más
empleo de calidad. Sin embargo, la digitalización también implica importantes retos, puesto que existen numerosas brechas digitales que pueden dificultar el aprovechamiento de esta situación por parte de las empresas, especialmente las más
pequeñas. Según el informe 'Digital Skills Research' elaborado por la consultora 'RAND Europe' para la empresa Salesforce, el 87 % de los directivos o bien está experimentando o prevé experimentar problemas para obtener perfiles con las
competencias digitales adecuadas.


En particular, el 56 % de las PYMES europeas afirman estar teniendo problemas para cubrir sus necesidades tecnológicas. En España, entre julio y octubre de 2021 se publicaron en torno a 230.000 ofertas de empleo, de las cuales más de 62.600
eran relacionadas con el sector de las tecnologías, el desarrollo de software o la programación. Pese a ello, muchas de estas ofertas no consiguen cubrirse por las diferentes brechas digitales, o bien de carácter socioeconómico por los costes del
acceso a la digitalización o bien por la falta de adecuación del sistema educativo y formativo a las necesidades de la digitalización. En España en torno al 37 % de la población no utiliza nunca el correo electrónico y en torno a un 17 % manifiesta
no ser capaz de hacer ninguna actividad relacionada con la informática. Es más, nuestro país se sitúa en torno a dos puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea en capacitación básica de competencias digitales.


De acuerdo a la última edición del informe 'Digital Economy and Society Index (DESI)' de la Comisión Europea sobre digitalización de los Estados miembros, España se sitúa en el noveno puesto de los 27 Estados miembros si consideramos su
puntuación global, pero cae hasta el puesto 12.º en competencias digitales y capital humano. De hecho, según los datos de este informe, el 36 % de la población española aún no tiene competencias digitales básicas, y la escasez de especialistas en
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 'sigue siendo un factor que limita la productividad, en particular de las pymes'. En definitiva, la escasez de competencias digitales lastra la posibilidad de que la digitalización permita a
nuestras pequeñas y medianas empresas crecer aprovechando los fondos europeos de recuperación.


Por ello, desde Ciudadanos planteamos la necesidad de invertir en competencias digitales para PYMES, presentando una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 en este sentido. En ella pedíamos una inversión de, al
menos, 16 millones de euros en el próximo año para fomentar la capacitación de profesionales en PYMES y para mejorar la formación de personas en situación de desempleo, especialmente de jóvenes, para que puedan cubrir esos puestos que necesitan
nuestras pequeñas y medianas empresas.


Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Crear un programa específico dentro del Plan Nacional de Competencias Digitales para la capacitación de profesionales actualmente empleados en PYMES en competencias digitales, dotándolo presupuestariamente de forma acorde.


2. Impulsar un programa específico dentro del Plan Nacional de Competencias Digitales para la formación de jóvenes en situación de desempleo en competencias digitales, especialmente en materia de desarrollo de software y programación,
dotándolo presupuestariamente de forma acorde.


3. Establecer una serie de indicadores medibles para poder realizar un seguimiento del progreso de los programas de los apartados anteriores, pudiendo así evaluar las mejoras realizadas en materia de competencias digitales en los colectivos
diana.



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4. Asegurar la existencia de un mecanismo de mejora continua que permita identificar errores o deficiencias en la formación en competencias digitales de los programas referidos en los apartados 1 y 2, facilitando así la corrección de
errores en los próximos Planes Nacionales de Competencias Digitales.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2021.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comisión de Industria, Comercio y Turismo


161/003466


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para un Plan de Blindaje para la Hostelería, para su debate en la
Comisión de Industria, Comercio y Turismo.


Exposición de motivos


La pandemia de COVID-19 se cebó especialmente con nuestro país, tanto en términos humanos como en términos económicos. En particular, además, las restricciones impuestas para poder contener la expansión de la enfermedad fueron especialmente
duras con los sectores económicos más dependientes del libre movimiento y de la atención al público, como el turismo o la hostelería. A su vez, estos son sectores de gran importancia para nuestro tejido económico y que generan en torno a 2,7 y 1,7
millones de empleos, respectivamente.


Como ya ocurrió en el pasado con las variantes preocupantes del nuevo coronavirus, en los últimos días hemos visto cómo la variante ómicron se expande por el mundo, y algunos países ya han comenzado a recurrir de nuevo a restricciones al
movimiento como forma de intentar contener su expansión.


Sin embargo, la gran diferencia con respecto a variantes anteriores es que ahora la gran mayoría de la población está inmunizada contra la enfermedad del COVID-19. La situación actual de la pandemia no es por tanto comparable, puesto que
los españoles han respondido de forma ejemplar y han acudido de forma masiva a vacunarse. Gracias a eso, hoy España es uno de los países del mundo con mayor tasa de vacunación y menos fallecimientos por cada millón de habitantes. Por ello, además,
la introducción de nuevas restricciones que tienen un gran impacto negativo sobre la salud mental de la ciudadanía y sobre nuestro tejido productivo debe ser la última opción, no la primera.


No obstante, mientras la ciudadanía ha cumplido con su deber, el Gobierno debe aún cumplir con el suyo. Las ayudas directas a empresas que se prometieron, y que muchísimos negocios necesitan, se estancan por la excesiva burocracia, dejando
miles de negocios en toda España en la estacada en el momento en que más apoyo necesitan. Así, de los 7.000 millones que se anunciaron para bares, restaurantes y autónomos, las Comunidades Autónomas van a devolver 2.500 que no han repartido. Uno
de cada tres euros se queda finalmente sin repartir. La complejidad burocrática de esas ayudas ha sido tal que ni siquiera la prórroga de los plazos ha servido para que sean concedidas. Varias CCAA dicen que el diseño de los trámites fue tan
desastroso que parecen ayudas diseñadas más para un titular que para un balance contable. Por otro lado, los trabajadores reprochan al Gobierno que no se les ha escuchado; la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) dice que los
autónomos ni siquiera fueron escuchados cuando se fijaron las bases de concurrencia.


Por todo ello, Ciudadanos propone un Plan de Blindaje para la Hostelería, evitando restricciones arbitrarias de cara a la Navidad y permitiendo a este sector esencial en la economía española recuperarse tras casi dos años de crisis. Como ya
hicimos en su momento, cuando en 2020 propusimos un plan de rescate para el sector turístico y de la hostelería, en Ciudadanos seguimos comprometidos con el sector hostelero y con el papel que juega no sólo en nuestra economía sino también en
nuestra forma de vivir. Frente a quienes apuestan por las restricciones como única forma de contener la pandemia, nosotros apostamos por acelerar la administración de dosis de refuerzo de acuerdo a las directrices de los reguladores, principalmente
la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española de Medicamentos



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y Productos Sanitarios (AEMPS), así como reforzar las campañas de concienciación para que quienes aún no se hayan vacunado acudan a hacerlo.


Mientras tanto, apostamos por evitar nuevas restricciones que perjudiquen la recuperación de la hostelería y fomentar, en cambio, el impulso a las terrazas, como ya venimos haciendo desde el Ayuntamiento de Madrid y otros lugares en los que
gobernamos. El riesgo de contagio al aire libre es mínimo, por lo que incentivar aún más este modelo es clave para el sector. De este modo evitaremos restricciones innecesarias que tienen un efecto muy negativo sobre nuestra economía y sobre la
salud mental de los ciudadanos al tiempo que ofrecemos un salvavidas para la hostelería ahora que se acercan las fiestas navideñas.


Este plan deberá, además, acabar con la excesiva burocracia a la que se están enfrentando los más de 300.000 establecimientos de hostelería de nuestro país en el momento en el que tienen que solicitar ayudas del Gobierno para capear la
situación tan crítica que han vivido en los últimos meses. Es inaceptable que los interminables trámites administrativos hagan que muchos negocios hayan tenido que cerrar, asfixiados por la crisis, antes de poder recibir siquiera un euro.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Aprobar un Plan de Blindaje de la Hostelería, que evite recurrir a restricciones de horario o aforo en la hostelería como primera opción para contener la expansión de la pandemia de COVID-19, puesto que la prioridad debe ser la
aceleración de la administración de dosis de refuerzo a la población diana y la sensibilización de quienes aún no se hayan vacunado para que lo hagan cuanto antes.


2. Instar a las entidades locales y a la Federación Española de Municipios y Provincias a que se prolonguen los permisos para terrazas en aparcamientos en vía pública, al menos hasta 2023, de forma que se dé un apoyo adicional a los
hosteleros.


3. Incluir, aprovechando la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, las ventas de electricidad y gas propano destinadas a climatización de terrazas,
entre las exenciones previstas en el artículo 5, liberando a los hosteleros de la obligación de contribuir al futuro Fondo por las compras de energía para calentar sus terrazas.


4. Suprimir, a la mayor brevedad posible, las restricciones que, por la naturaleza del establecimiento o negocio, dificultan desproporcionadamente su actividad, como son los casos de la prohibición del consumo en barra.


5. Incorporar un enfoque 'Burocracia Cero', para eliminar obstáculos en el acceso a las ayudas directas a empresas, invirtiendo la carga de la prueba para que sea la Administración la que se encargue de entregar las ayudas en cuanto sean
solicitadas y luego refuerce la inspección para asegurar que esas ayudas fueron bien utilizadas, pudiendo solicitar su reembolso si ha habido fraude.


6. Aclarar cómo se recuperarán los fondos devueltos por las Comunidades Autónomas que no se han podido ejecutar para ayudas directas a bares, restaurantes y autónomos, así como el proceso para eliminar trámites administrativos para
facilitar su ejecución definitiva y su contribución a la recuperación económica del sector de la hostelería.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2021.-María Carmen Martínez Granados, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad


161/003486


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar la formación profesional específica destinada a alumnos con
necesidades educativas especiales, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.



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Exposición de motivos


'Como comenzaba afirmando la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar
individual como el colectivo. Mientras que para cualquier persona la educación es el medio más adecuado para desarrollar al máximo sus capacidades, construir su personalidad, conformar su propia identidad y configurar su comprensión de la realidad,
integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica, para la sociedad es el medio más idóneo para transmitir y, al mismo tiempo, renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, extraer las máximas
posibilidades de sus fuentes de riqueza, fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social.'


'Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la presente Ley'.
(LOMLOE).


'En los estudios de Formación Profesional se prestará especial atención a los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo manteniendo como uno de los principios de estas enseñanzas la inclusión educativa. A estos efectos
se establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de atención a la diversidad precisas para facilitar el acceso al currículo de este alumnado'. (LOMLOE).


'La Declaración de Salamanca y Marco de acción para las necesidades educativas especiales de la Unesco de 1994 proclama que cada niña y niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios y que
los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades.'


En el curso 2019-2020 del total de alumnos de los 223.805 alumnos con necesidades asociadas a discapacidad o trastorno grave, el 17 % (38.068) estudiaba en centros de educación especial, dedicados exclusivamente a alumnado con discapacidad.


Los Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta, ofrecen ofertas formativas adaptadas al alumnado de Educación Especial y permiten la adquisición de competencias profesionales para las posteriores etapas educativas, formativas
o laborales.


La cualificación profesional en todos sus niveles contribuye a la elevación y mejora en la calidad de vida de las personas y al fomento del empleo y que cuánta mayor y mejor sea la cualificación de una persona más posibilidades tiene de
desenvolverse con cierto éxito en su entorno y de, como mínimo, valerse por sí mismo/a. Con esta finalidad existen los programas de cualificación profesional, conocidos a menudo como 'programa de transición a la vida adulta', que están pensados
para ayudar al alumnado a salir adelante solos cuando cumplan 21 años, aunque no hayan superado la educación básica obligatoria.


Es por ello relevante, que en dichos programas se incorpore una oferta de formación profesional específica al entorno productivo y adaptado al alumnado que los cursa en los Centros de Educación Especial.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la formación profesional específica destinada a alumnos con necesidades educativas especiales, impartiendo los módulos específicos en
los Centros de Educación Especial, para la obtención de los títulos de cualificación profesional en los programas de transición a la vida adulta, que se desarrollan en los Centros de Educación Especial.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2021.-Cristina López Zamora, María Luz Martínez Seijo y Luis Carlos Sahuquillo García, Diputados.-Susana Ros Martínez y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Rocío de Meer Méndez, D.ª María de los Reyes Romero Vilches, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D.ª Lourdes Méndez Monasterio y D.ª Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un informe sobre el impacto del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia en la desigualdad social de los españoles, para su discusión en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas integrales de la Discapacidad.


Exposición de motivos


Primero. Principio de igualdad.


La igualdad natural y esencial de toda persona encuentra su reflejo y proyección en la igualdad civil o isonomía. Así, la Constitución Española reconoce la igualdad como un valor superior del ordenamiento jurídico en su artículo primero.
Dentro del mismo título preliminar, nuestra Carta Magna establece que 'corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas' y 'remover
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud'. De igual modo, en la sección segunda, referida a los derechos y deberes del ciudadano, se predica, en relación con la contribución de este al sostenimiento de los gastos públicos, 'un sistema
tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio'.


Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 invoca en su artículo primero el principio de igualdad de todos los seres humanos, que 'nacen libres e iguales en dignidad y derechos'.


Las políticas públicas, pues, han de estar ordenadas a que el principio de igualdad se encarne verdaderamente en el orden social. Garantizarlo es una exigencia del bien común.


Segundo. Igualitarismo.


Ahora bien, el efectivo reconocimiento de la igual dignidad de toda persona -matriz, como decimos, de la igualdad jurídica- no puede degenerar en igualitarismo, esto es, en uniformidad 1 o nivelación, habida cuenta de las diversidades y
desigualdades existentes en la realidad, como, por ejemplo, la variedad de capacidades, cualidades, talentos o circunstancias personales.


De lo inmediatamente referido se desprende que existen desigualdades injustas y desigualdades por naturaleza, las cuales obedecen a la realidad de las cosas, y cuya abolición, en palabras de Wilhelm Ropke, tiene por motivo dominante no la
compasión sino la envidia 2, y supone el avance de la socialización y estatalización de los individuos. En suma, como señala Dalmacio Negro, 'la igualdad natural movida por los deseos miméticos (R. Girard) puede devenir una pasión antisocial, al
inclinar a los hombres a olvidarse de la libertad, que implica responsabilidad, o a posponer la libertad a cambio de ser iguales en todo' 3. Y concluye: 'La fe religiosa en la democracia cuyo resorte es la envidia igualitaria, es la máxima
degradación de la democracia política' 4.


Por tanto, hablar de igualdad exige hacerlo en relación con la justicia -que es proporción- y la solidaridad, toda vez que la igualdad fundamental de toda persona no puede omitir las desigualdades


1 En el segundo volumen de la célebre obra de Alexis de Tocqueville, La democracia en América, donde el tema de la igualdad es central, el autor señala que 'todo gobierno central adora la uniformidad, pues le evita el examen de una multitud
de detalles de que debiera ocuparse si tuviese que dar reglas á los hombres en lugar de sujetarlos á todos indistintamente bajo una misma'. Asimismo, advierte que 'el odio que los hombres conciben por los privilegios se aumenta á medida que éstos
se hacen más raros y menos grandes, de modo que se diría que las pasiones democráticas se encienden más, cuando encuentran menos alimento. (...) Por grande que sea la desigualdad, jamás se hace notar cuando todas las condiciones son desiguales,
mientras que la más pequeña desemejanza choca en el seno de la uniformidad general y su vista es más insoportable á medida que la uniformidad es más completa'. http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000037642&page=1


2 RÓPKE, W., Estado Benefactor e inflación crónica: https://www.eumed.net/cursecon/textos/ropke-benefactor.pdf


3 REFLEXIONES SOBRE LA DEMOCRACIA. Aportaciones del Catedrático D. Dalmacio Negro Pavón al Aula Política. Ciclo 2013-2015: https://institutodemocracia.ceu.es/wp-content/themes/ceu/docs/aula-politica/
201456172021904Dalmacionegroconferencia2014.pdf


4 Ibidem.



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existentes en el plano de lo concreto, lo que exige, precisamente, dar a cada uno lo que le corresponde. En definitiva, justicia social,que no es más que la justa y equitativa distribución y participación de las riquezas y los bienes de la
Nación en orden al bien común.


Tercero. Desigualdad social.


Los cambios y transformaciones promovidos en los últimos tiempos por el bipartidismo han contribuido a la erosión de la clase media y a generar más desigualdad social, no solo de forma generalizada; también, en particular, entre regiones y
especialmente entre el mundo rural y los entornos urbanos, así como dentro de las grandes ciudades 5. En este sentido, el Estado de las Autonomías ha sido operativo para la desigualdad.


La aceleración de esta desigualdad se ha visto incrementada por la desastrosa gestión de la COVID-19 6 que ha llevado a cabo el Gobierno socialcomunista. Así lo atestigua el informe Análisis y Perspectivas 2021 de la Fundación FOESSA
(Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), cuyo balance general es que 'la exclusión social se ensancha, especialmente en su manifestación más severa, generando más desigualdad' 7.


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5 Tal y como describía de forma mordaz el escritor Juan Manuel de Prada: 'el empobrecimiento de los salarios, la subida salvaje de los impuestos, el peaje en las autovías, la expectativa de una jubilación cada vez más tardía, los precios
prohibitivos para los bienes de primera necesidad. La democracia era desmantelar nuestra industria y nuestra agricultura, para depender de materias primas controladas por especuladores transnacionales que ahora, cuando nos saben genuflexos, deciden
disparar los precios o desaprovisionarnos. La democracia era convertir, con la excusa del cambio climático, la carne en un artículo de lujo para élites e imponer una dieta de gusanos a la plebe (que, además, habrá que cocinar durante el conticinio,
para que no se dispare la factura de la luz). La democracia era volver al subdesarrollo y al empobrecimiento, pero con garantía ecológica'. https://www.abe.es/opinion/abcijuan-manuel-prada-democracia-esto-202110300211_noticia.html


6 Así lo pone de relieve el propio Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que señala: 'En efecto, España sigue teniendo un déficit público y una ratio de deuda pública/PIB demasiado elevados. Tiene también una tasa de
desempleo muy superior a la media europea y un mercado laboral muy dual con una altísima tasa de temporalidad que reduce la calidad y estabilidad del empleo, con impacto negativo sobre las posibilidades de consumo, inversión y ahorro de las
familias. Finalmente, los indicadores de desigualdad arrastran todavía el deterioro sufrido por la crisis financiera, al que se unirá el impacto del COVID-19'.


7 No obstante, como se advierte en el propio informe, la fundación ya llevaba tiempo 'hablando del carácter estructural de la exclusión y de la creciente desigualdad y fragmentación de la sociedad española y así, en la edición de 2018 de
este mismo documento, se advertía del hecho de que había seis millones de personas que, si bien se encontraban en el espacio de la integración, se situaban 'en una posición de gran debilidad, viviendo tan al día, que un ligero empeoramiento en la
situación socioeconómica haría que sus posibilidades de transitar a la exclusión sean muy elevadas'. Pues bien, en el mes de marzo de 2020 ese 'empeoramiento en la situación socioeconómica' llegó en forma de pandemia y el resultado es que 2,5
millones de personas nuevas han caído al espacio de la exclusión, muchas de ellas, a buen seguro, formaban parte de esta sociedad insegura'. https://www.caritas.es/main-files/uploads/2021/10/analisis-y-persectivas-2021.pdf



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De igual modo, el Informe España 2021 se hace eco de la desigualdad a la que nos venimos refiriendo y alerta: 'con respecto a la pobreza y la desigualdad social, esta crisis no ha hecho más que ahondar en problemas y debilidades
estructurales preexistentes' 8. Así, indica cinco claves para definir la situación:


- La pobreza se intensifica. Las personas y hogares más pobres ven agravada su situación, mientras que otros que estaban en los umbrales de la pobreza antes de la pandemia pasan a empeorar su situación.


- El desempleo aumenta y la precarización laboral se acusa aún más, sobre todo entre la población juvenil y entre las mujeres. La pobreza se feminiza y se hace más patente entre los jóvenes.


- La pobreza afecta más a los niños y a los hogares monoparentales con mujeres al frente.


Estos hogares se encuentran entre los más vulnerables al impacto de la pobreza.


- Las desigualdades en el acceso al ámbito digital se hacen más patentes para los adultos, debido a la necesidad de utilizar estos medios en el ámbito laboral y para emplearlos en la solicitud de ayudas y subvenciones públicas (como el
ingreso mínimo vital, las ayudas y subvenciones sociales, etc.), y para los menores y jóvenes por el acceso a las actividades educativas en todos los niveles de enseñanza.


- Finalmente, la comparación de España en el contexto europeo sitúa al país entre los que encabezan las mayores cifras de desempleo, de hogares bajo el umbral de la pobreza y de infantilización y feminización de la pobreza' 9.


Cuarto. Las transformaciones y el plan de recuperación, transformación y resiliencia.


No obstante, el Gobierno pretende llevar a cabo una serie de profundas transformaciones que entrañan el riesgo de acrecentar más si cabe la desigualdad social existente en nuestro país 10. En concreto, la llamada transición verde, uno de
los ejes que configuran el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, 'PRTR'), tiene por objeto lo siguiente: 'inversión pública y privada para reorientar el modelo productivo, impulsando la transición verde, la
descarbonización, la eficiencia energética, el despliegue de las energías renovables, la electrificación de la economía, el desarrollo del almacenamiento de energía, la economía circular, las soluciones basadas en la naturaleza y la mejora de la
resiliencia de todos los sectores económicos' 11. Representa el 39,7 % del PRTR 12.


Los españoles ya están sufriendo los primeros efectos de esta transición, como los precios desorbitados de la energía. El incremento desmesurado de la deuda pública y la amenaza de la inflación no auguran un futuro halagüeño para nuestra
Patria 13. Cabe preguntarse si estas transformaciones se encuentran al servicio del globalismo y su agenda, que 'se vale de una gran farsa igualitaria para implantar el socialismo entre la población mientras refuerza al gran capital'. Así lo
apunta Mateo Requesens, que advierte: 'por ejemplo, el Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo y el Mecanismo para una Transición Justa, supondrá la movilización de un mínimo de 100.000 millones de euros durante el período 2021-2027, dinero que
saldrá del contribuyente europeo, pero que los políticos pondrán en manos de las corporaciones que dirigirán económicamente la transición verde' 14.


Otro de los ejes del mencionado PRTR es la transición digital, que se realizará 'a través de inversiones y reformas que potencien las infraestructuras, competencias y tecnologías necesarias para una economía


8 INFORME España 2021/Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro; [coordinación y edición Agustín Blanco, Antonio Chueca, José Antonio López-Ruiz y Sebastián Mora]. - Madrid: Universidad Pontificia Comillas, Cátedra J.
M. Martín Patino, 2021.


9 Ibídem.


10 https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2021/11/28/61a0d5f221efa0d0668b45de.html


11 https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recu peracion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf


12 https://planderecuperacion.gob.es/


13 Lo advertía Rubén Manso Olivar: 'de lo que no se habla es del incremento en la desigualdad de riqueza que provocan los bajos tipos de interés, consecuencia del incremento de valor de los activos que no entran en la cesta de la compra (ya
saben, inmobiliario, bursátil), en favor de aquellos que reciben primero el dinero nuevo en los canales de distribución del mismo. Así compran barato y, si no les supera la codicia, venden a tiempo antes del estallido de la burbuja. Tampoco se
habla de la redistribución de renta desde los ahorradores a los endeudados (y al primer endeudado), que ha supuesto la caída de los tipos de interés de las últimas décadas. Por ejemplo, nuestros mayores no rentabilizan sus ahorros y lo que sus
hijos ahorran en tipos de interés, lo gastan en amortizar el principal del préstamo con el que pagan la casa. Por último, y más difícil de ver, los tipos bajos favorecen el alargamiento de los procesos productivos y la inversión en bienes de
capital (al fin y al cabo, su coste está relacionado con el tipo de interés), que se abaratan en términos relativos respecto de la mano de obra, con los consiguientes efectos sobre los salarios'.
https://www.eleconomista.es/opinionblogs/noticias/11327467/07/21/El-sueno-del-gobernador-y-la-inflacion.html


14 https://posmodernia.com/sustitucion-del-estado-nacion-por-el-estado-corporacion/



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y una sociedad digital' 15. Así, se pretende llevar a cabo esta transformación 'garantizando la accesibilidad del conjunto de la sociedad, impulsando la digitalización de la empresa -especialmente pymes y startups- y la industria, la I+D+i,
y la capacitación digital de la población. Aprovechando las sinergias existentes con la transición verde, el Plan de Recuperación tiene como objetivo acelerar la transición digital de España para alcanzar, de forma estructural, una transformación y
modernización real de la economía' 16. Representa el 28,2 % del total del PRTR 17.


El Informe Sociedad Digital en España 2019 señala, en relación con la digitalización, que una 'parte importante de los debates se centra, actualmente, en los retos que el proceso acelerado de digitalización supone para las políticas públicas
a la hora de reducir o compensar los efectos no deseados de la misma como resultado de la tendencia a la concentración de poder de mercado o al aumento de la desigualdad'. Es decir, existe el riesgo de que, como consecuencia de lo que se ha
convenido en denominar brecha digital, aumente el riesgo de desigualdad entre grupos sociales 18.


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El PRTR es consciente de todo lo expuesto, pues en el mismo se contienen múltiples alusiones a la desigualdad social a la que nos venimos refiriendo. Así, encontramos referencias como las siguientes:


- La puesta en marcha de 'numerosas medidas para proteger a los colectivos más vulnerables y evitar un nuevo aumento de las desigualdades'.


15 https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf


16 Ibidem.


17 28,2 %


18 http://www.ces.es/ documents/10180/5250220/Inf0121.pdf



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- El reconocimiento de que el PRTR tiene como fin 'reducir la desigualdad y las brechas sociales y territoriales, protegiendo a los más vulnerables desde un enfoque de igualdad de derechos y reforzando el Estado de bienestar, frenando la
despoblación y proporcionando oportunidades de desarrollo en todo el territorio, sin dejar a nadie atrás'.


- Una descripción estructural que habla de 'intensas fluctuaciones cíclicas, intensos procesos de destrucción de empleo, pobres aumentos de productividad y salarios, y un agravamiento casi crónico de la desigualdad'.


- Una estimación de la reducción de 'la desigualdad en la distribución de la renta, acortando en dos terceras partes la distancia con la media de la Unión Europea e impulsando la cohesión territorial a través de actuaciones en diversas áreas
como la movilidad, la prestación de servicios básicos, la rehabilitación de edificios, la conectividad, la capacitación digital, la innovación y el apoyo al emprendimiento, la inteligencia territorial, la conservación del patrimonio natural y
cultural o la transición justa, que promoverán la vertebración del territorio nacional y harán frente al reto demográfico'.


- Se habla de un 'doble objetivo transversal: que la digitalización contribuya de forma importante a cerrar las diferentes brechas sociales, territoriales y de género y contribuya a apoyar la transición ecológica. En efecto, es preciso que
el proceso de digitalización sirva para luchar contra las desigualdades y brechas que se han agrandado en los últimos diez años, garantizando los derechos en el nuevo entorno digital y, en particular, los derechos laborales, de todos los
consumidores, ciudadanos y empresas'.


- Según el PRTR, 'A 10 años vista, el Plan se traduce en un desplazamiento de la curva de Lorenz hacia arriba, lo que significa una reducción de la desigualdad entre las rentas salariales de los hogares [...]. En términos del índice de
Gini, el Plan permitiría reducir el índice un 5,7 %'. Sin embargo, el propio PRTR advierte que 'la experiencia reciente, nacional e internacional demuestra que la desigualdad no es un fenómeno simple y apunta a un aumento global de la desigualdad
que no es correctamente recogida por medidas agregadas tradicionales como el índice de Gini' (índice que ha subido 1,61 puntos en el último año y medio 19).


Cuarto. Conclusión.


En coherencia con lo manifestado, el Grupo Parlamentario VOX aboga por elaborar un informe con periodicidad anual para analizar el impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en lo que a desigualdad social se refiere, y de
forma específica entre las distintas regiones del territorio nacional, con el objeto de promover políticas públicas al servicio de la igualdad de los españoles, en orden al bien común.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Que la Administración General del Estado elabore con sus propios medios un informe anual sobre el impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la desigualdad social de los españoles, con especial énfasis en los
aspectos expuestos a continuación:


- El coste de la transición verde y digital y su repercusión en la economía de los españoles, así como su incidencia en la desigualdad social.


- La desigualdad entre las distintas regiones de España, y en particular entre el mundo rural y urbano.


- Remitir dicho informe a la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad para su conocimiento y debate en el plazo más breve posible.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2021.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban Calonje, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil, Diputadas.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


19 https://www.libremercado.com/2021-11-28/desigualdad-pobreza-pedro-sanchez-socialismo-comunismo-psoe-podemos-gini-6840576/.El índice Gini, por otra parte,



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Rocío de Meer Méndez, D.ª María de los Reyes Romero Vilches, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D.ª Lourdes Méndez Monasterio y D.ª Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar los derechos de las personas de la tercera edad
en su relación con la Administración en la era de las nuevas tecnologías, para su discusión en la Comisión de Derechos sociales y Políticas integrales de la Discapacidad.


Exposición de motivos


Primero. Las adaptación de la administración a las nuevas tecnologías.


El artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, 'Ley 39/2015') regula la
relación entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas.


Así, su apartado primero establece que 'las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que
estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas'.


No obstante, tal y como señala su apartado segundo, están obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración, como mínimo, los siguientes sujetos:


a) Las personas jurídicas.


b) Las entidades sin personalidad jurídica.


c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro
de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.


d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.


e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.


Así mismo, se prevé la potestad de las Administraciones de establecer reglamentariamente 'la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas
que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios'.


Con la entrada en vigor de la Ley 39/2015 quedaron derogadas, entre otras, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.


La primera se abría 'decididamente a la tecnificación y modernización de la actuación administrativa en su vertiente de producción jurídica y a la adaptación permanente al ritmo de las innovaciones tecnológicas' y reconocía en su artículo 45
la incorporación de medios técnicos a la Administración.


La segunda buscaba garantizar de un modo efectivo 'un tratamiento común de los ciudadanos antes todas las Administraciones: que garantice, para empezar y sobre todo, el derecho a establecer relaciones electrónicas con todas las
Administraciones Públicas'. Esta norma reconocía el principio de accesibilidad de los ciudadanos a la información y a los servicios por medios electrónicos, concretado de la siguiente manera:


- A través de sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y comprensible.


- Garantizando especialmente la accesibilidad universal y el diseño para todos de los soportes, canales y entornos con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.


- Incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieran.



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Por esta razón, la Ley 11/2007 contenía una disposición final séptima ordenada a 'garantizar que todos los ciudadanos, con especial atención a las personas con algún tipo de discapacidad y mayores que se relacionan con la Administración
General del Estado puedan acceder a los servicios electrónicos en igualdad de condiciones con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos'.


Sin embargo, las consideraciones que las antedichas normas llevaban a cabo en materia de accesibilidad de las personas mayores o con discapacidad en sus relaciones con la Administración no han sido adecuadamente plasmadas en la legislación
vigente. La única mención que la Ley 39/2015 hace en este sentido es la del artículo 13.b, que reza:


'Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus
relaciones con las Administraciones Públicas.'


Empero, este deber de las Administraciones de prestar 'asistencia en el uso de medios electrónicos' no ha sido objeto de regulación reglamentaria ni de ulterior concreción. Por su parte, el Plan de Digitalización de las Administraciones
Públicas 2021-2025, pese a prever como uno de sus objetivos 'mejorar la accesibilidad de los servicios públicos digitales' 20, nada menciona acerca de la dificultad que pueden tener las personas mayores de edad en este sentido, ni de las
herramientas que la Administración debe brindar para remediarlas. Resulta indubitado que, sobre estas consideraciones, lo que prevalece en el Plan es fomentar las relaciones digitales entre la ciudadanía y la Administración Pública 21.


Segundo. Las personas de la tercera edad y su relación por medios electrónicos con la administración.


Con todos los beneficios evidentes que implica la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la Administración y a la relación de esta con los ciudadanos, esta adaptación no puede olvidarse de aquellos que,
por razón de su edad, no cuentan con los conocimientos ni con los medios necesarios para desenvolverse en un entorno digital. Este proceso, empero, afecta de manera dispar en función de distintas variables, como el territorio, la formación o su
particular realidad familiar, y se ha impuesto y acelerado a raíz de la pandemia de la COVID-19.


Por esta razón, el Grupo Parlamentario VOX aboga por llevar a cabo las actuaciones necesarias para proteger a las personas de la tercera edad de posibles situaciones de exclusión social como consecuencia de su relación particular con la
Administración a través de las tecnologías de la información y la comunicación.


Acerca de las personas mayores como usuarios de tecnología, el Libro Blanco del Envejecimiento Activo (2011) señala que existen diferencias en esta relación en función de distintas variables, como la edad o el entorno (rural o urbano), y
reconoce diferencias entre Comunidad Autónomas 22.


Como señala el Informe eEspaña (2014), 'las personas mayores siguen siendo el colectivo donde las dificultades se tornan más visibles, especialmente en lo que respecta al acceso'. 'Las razones por las que los individuos de mayor edad tienen
dificultades en el acceso a las nuevas tecnologías' -señala el informe- 'suelen asociarse tanto a una combinación de intereses personales, no alineados con las funcionalidades digitales ni con el contenido disponible en Internet, como a una mayor
limitación de las habilidades físicas y cognitivas necesarias para poder tener una experiencia de usuario satisfactoria en relación a estas tecnologías' 23.


No obstante, 'en el uso de la eAdministración no existe retraso de los usuarios de Internet mayores de 55 años. De hecho, este segmento de población internauta es en el que hay una mayor proporción de internautas que presenta sus impuestos
a través de Internet y, por detrás de los internautas menores de 24 años, es el segundo grupo de ciudadanía que más utiliza los servicios online de las bibliotecas públicas' 24.


20 https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:ae43f87a-9cdb-4ed9-9d78-d665a5d8491a/20210127_Plan_Digitalizacion_AP_2021-2025.pdf, página 11.


21 Ídem.


22 https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/8088_80891ibroblancoenv.pdf


23 http://www.proyectosfundacionorange.es/docs/eE2014/lnforme_eE2014.pdf?_ga=2.9483441.541297580.1631606156-251404834.1631606156


24 Op. Cit., p. 104.



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Sin embargo, si bien es cierto que el dominio básico de las nuevas tecnologías en las personas mayores es cada vez más frecuente, este grupo poblacional es heterogéneo, en función de su edad o grado de dependencia. Naturalmente, las
circunstancias que rodean a una persona próxima a la jubilación o a una persona mayor de 75 años o con mayor grado de dependencia pueden ser muy dispares. Además, 'deben tenerse en cuenta diferencias significativas en las personas mayores en
función de su situación económica, lazos sociales, intereses personales o entorno vital', como señala el artículo Administración electrónica y e-inclusión de las personas 25.


'Una Administración pública electrónica' -señala el referido artículo- 'es una institución más transparente y abierta. Sin embargo, no hay que olvidar que su principal función es estar al servicio del ciudadano, y que el objetivo último es
prestar un servicio de la manera más eficiente y eficaz. Así, el ciudadano debe encontrar la Administración electrónica como una ayuda y no como un freno o una barrera que le impida acceder a estos recursos'.


Atendiendo a los datos que se ofrecen, 'de media el 26,3 % de los mayores de 60 años no disponen ni de ordenador, ni de teléfono inteligente, ni de tableta; porcentaje que alcanza un 29,25 % en edades de 71 a 75 años y del 42 % para 75 años
o más. En cambio, los que disponen de los tres equipos son el 55,6 % y el 23 % de las personas menores y mayores de 60 años, respectivamente'. Según concluyen, 'estos datos llevan a pensar que al llegar a cierta edad el uso de Internet y las
tecnologías decae, o bien, que las personas que en la actualidad se encuentran en este tramo de edad no han tenido el tiempo y la capacidad suficiente para adaptarse a este avance' 26.


Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística indican que la población total mayor de 75 años asciende a 4.243.822 personas (2.889.305 de 75 a 84 años y 1.354.517 de 85 y más años), de las cuales 992.416 fueron usuarios de Internet
en los últimos 3 meses (842.405 de 75 a 84 años y 150.011 de 85 y más años). Es decir, cerca del 70 % de los mayores cuyas edades están comprendidas entre los 75 y los 84 años no son usuarios de Internet y alrededor del 90 % de los mayores de 85
años tampoco.


25 M Viñarás-Abad, L Abad-Alcalá, C Llorente-Barroso, M Sánchez-Valle, M Pretel Jiménez (2017): 'Administración electrónica y e-inclusión de las personas mayores'. Revista Latina de Comunicación Social, 72, pp. 197 a 218.
http://www.revistalatinacs.org/072paper/1161/11es.html 7 Ibídem.


26 Íbidem.



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Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:


1. Promover las medidas legislativas necesarias para garantizar que las personas mayores de 65 años que, por razón de sus condiciones personales, no puedan desenvolverse en un entorno digital, no se vean excluidas en sus relaciones con la
Administración Pública:


- Facilitando la presencialidad y la atención personalizada.


- Evitando la atención automatizada y otras dificultades en la relación de la persona mayor con la Administración.


- Promoviendo la formación en materia de tecnologías de la información y la comunicación.


2. Realizar un estudio estadístico acerca de las dificultades a las que se enfrentan las personas mayores de 65 años en sus relaciones por medios electrónicos con la Administración, en orden a conocer con rigor esa realidad, así como las
posibles situaciones de exclusión social. Este estudio deberá incluir un apartado dedicado a las implicaciones que ha tenido la pandemia en dicho grupo poblacional en esta materia. El Informe será remitido en el plazo más breve posible a la
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de Discapacidad del Congreso de los Diputados. Las conclusiones que se alcancen serán tomadas en consideración en el próximo Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2021.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban Calonje, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil, Diputadas.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


161/003497


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la modificación del Anexo
IV del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores para permitir acceder a las personas con hipoacusia con pérdida combinada de más del 35 por 100 (con o sin audífono) a la obtención de los
permisos de circulación encuadrados en el Grupo 2, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de Discapacidad.


Exposición de motivos


La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006 ratificada por España el 23 noviembre de 2007, establece una serie de mandatos para los Estados partes como son la promoción del diseño universal
(artículo 9) con la obligación de la puesta a disposición de sistemas y tecnologías accesibles que aseguren el acceso al transporte que, de esta forma, faciliten la vida independiente de las personas con discapacidad y su participación plena en
todos los aspectos de la vida.


El Anexo IV del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba del Reglamento General de Conductores, sobre aptitudes psicofísicas para obtener o renovar el permiso de conducir, establece dos niveles de índice de pérdida auditiva
combinada (IPC) para los dos grupos de permisos (normales y profesionales).


En el caso del Grupo 1 (AM, A1, A, B, B+E y LCC), la normativa dictamina que para conducir sin restricciones, es decir, sin modificar las características del coche, no debe existir una pérdida de audición entre los dos oídos, con o sin
audífono, de más del 45 %. Para el Grupo 2 (BTP, C1, C1+E, C+E, D1, D1+E, D, D+E), el índice mínimo es del 35 %.



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Si los resultados presentan déficit sensorial, el conductor deberá, como única restricción, utilizar de forma obligatoria espejos retrovisores exteriores y uno panorámico en el interior del coche, de forma que se potencie el área sensorial
visual en pro de la auditiva. El tiempo de vigencia del carnet de conducir no se modificará en absoluto.


En el caso de los conductores con carnets profesionales, si éstos presentan un déficit superior al 35 %, no se les permitirá la obtención o la renovación del carnet de conducir.


Todo ello implica que en España, una persona con hipoacusia (con o sin audífono) de más del 35 % de pérdida combinada entre los dos oídos (obtenido el índice de esta pérdida realizando audiometría tonal) no puede obtener el carnet de
conducir Grupo 2 aun cuando tengan las adaptaciones pertinentes.


Si bien, debe recordarse en este punto, que el Anexo III del Real Decreto 2822/1998, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, dice que los vehículos de las clases M2, M3, N2, N3 (autobuses y camiones) entre sus requisitos
obligatorios, deben llevar espejos que por sus características y emplazamiento cumplen con esta función.


No hay estudios que evidencien que las personas sordas tengan un mayor riesgo de accidente que el resto, por lo que la imposibilidad de acceder a la obtención de los permisos de conducir del Grupo 2, sin admitir ningún tipo de adaptación en
el vehículo, puede suponer una discriminación indirecta, definida en el artículo 35.4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social, ya que se trata de una disposición reglamentaria que ocasiona una desventaja particular a las personas con discapacidad respecto de otras personas, sin responder, objetivamente a una finalidad legítima que les puede limitar
el acceso a un puesto de trabajo.


El derecho al trabajo en igualdad de condiciones está también reconocido en el artículo 27 de la Convención, e implica el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un
entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad.


Con base en este objetivo, resulta ineludible la modificación del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, para incorporar medidas concretas que garanticen este derecho al trabajo así como la libertad de circulación reconocida en el artículo 19
de la Constitución Española. Todo ello conectado con la imposibilidad de poner obstáculos a la libre circulación recogida en el artículo 139.2 de la Carta Magna.


Es más, debe tenerse en cuenta que el estado y los avances de la Tecnologías de la Información y la Comunicación en 1998, cuando se aprobó el Reglamento General de Conductores no es el actual, por lo que las adaptaciones que pueden
implementarse hoy en día en los vehículos no son las mismas de hace 23 años.


Esta petición, es una reivindicación constante del movimiento asociativo de la Confederación Estatal de Personas Sordas, puesto que suponen una barrera insalvable para este colectivo en su libertad de desplazamiento y en el acceso al empleo,
respectivamente.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Anexo IV del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, en lo relativo a las 'Aptitudes psicofísicas requeridas para obtener
o prorrogar la vigencia del permiso o de la licencia de conducción', con el objetivo de que las personas con hipoacusia con pérdida combinada de más del 35 por 100 (con o sin audífono) se les admitan adaptaciones en vehículos y personas, con el fin
de que puedan acceder a la obtención de los permisos de circulación encuadrados en el Grupo 2. Todo ello con el Informe favorable de la autoridad médica competente, con la debida evaluación y siguiendo el Protocolo establecido por la Jefatura
Central de Tráfico.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de diciembre de 2021.-María del Carmen González Guinda y Margarita Prohens Rigo, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación


161/003460


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para modificar las reglas de inclusión
en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de todos los titulares de explotaciones agrarias, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


El RDL 15/2020 de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, en su disposición final sexta, introdujo las modificaciones de los apartados 1 y 2 del artículo 324 del Real Decreto Legislativo 8/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y, posteriormente, el RDL 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo
y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19, en su disposición final sexta, introdujo modificaciones en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 324 del RDL 8/2015, de 30 de octubre. Ambas medidas supusieron un
cambio sustancial en las reglas de inclusión en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA), que en síntesis consiste en que estarán incluidos en el SETA aquellos trabajadores que sean titulares de explotaciones agrarias
y realicen en ellas labores agrarias de forma personal y directa, eliminando el resto de requisitos que la normativa preveía respecto al porcentaje de renta total, de rendimientos en la explotación o de otras actividades complementarias.


Esta modificación normativa tiene consecuencias letales sobre el pequeño propietario y el pequeño agricultor que tradicionalmente podía dedicarse a otras actividades y obtenía de la actividad agraria un complemento, sin que fuese preciso
cotizar por su actividad agraria.


La modificación normativa introducida obliga a cualquier tipo de profesional en un sector distinto a la agricultura, que tenga una pequeña explotación agraria, por el mero hecho de participar de ella de forma directa y personal, a cotizar en
el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios y a abonar las cotizaciones.


Es especialmente paradójico que trabajadores del campo que estén cotizando en el sistema especial agrario por cuenta ajena, pero que además sean propietarios de una pequeña explotación, aun cuando la mayor parte de su renta provenga de
trabajos por cuenta ajena, si realizan trabajos de forma directa y personal en su explotación agrícola, deben también cotizar en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia, independientemente de su nivel de renta total y de la
dedicación o tiempo empleado en su explotación agraria.


Esta modificación normativa ataca directamente a los trabajadores del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, que, por el mero hecho de ser además titulares de una pequeña explotación, deben soportar una doble
tributación al trabajar por cuenta ajena y al trabajar por cuenta propia.


Además, esta modificación normativa no reconoce la realidad productiva de miles de trabajadores del campo, ni la estructura de propiedad, ni la rentabilidad de pequeñas explotaciones agrícolas en el agro español, puesto que esta doble
tributación con total probabilidad llevará al abandono de pequeñas explotaciones agrícolas que en la actualidad eran gestionadas por sus titulares, ya que su rentabilidad es menor que la tributación. Se añade además una problemática respecto a la
inspección y consiguientes sanciones a aquellos trabajadores del campo que realicen sus trabajos en su propia explotación sin cotizar en el sistema por cuenta propia.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, al Ministerio de la Seguridad Social y al Ministerio de Agricultura a que, de forma inmediata, procedan a derogar la Disposición final sexta del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril,
mediante la que se incluye en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia



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Agrarios a todos los titulares de explotaciones agrarias que desarrollen alguna labor en ellas de forma personal y directa, manteniendo la redacción original del artículo 324 del RDL 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2021.-Juan Diego Requena Ruiz, Diputado.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003469


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D.ª Magdalena Nevado del Campo, D. Rubén Darío Vega Arias, D. Manuel Mariscal Zabala y D. Luis Gestoso de Miguel, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de la soberanía alimentaria y de la
producción agraria europea y española, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Exposición de motivos


Primero. La dependencia europea en materia energética y alimentaria.


Tras el brote del SARS-CoV-2 (COVID-19), originado en la provincia de Wuhan(China), y durante los sucesivos Estados de Alarma inconstitucionales el sector primario mostró su compromiso con la sociedad, asegurando el abastecimiento de
alimentos durante los momentos más duros de la crisis sanitaria, incluso soportando gastos adicionales como los destinados a la prevención frente a la COVID-19 27 o la disminución de la demanda en las exportaciones 28.


A todo ello se suma el aumento descontrolado de los costes de producción en el sector agrario español, que desde hace meses se viene produciendo en nuestro país. Este fenómeno está produciendo un encarecimiento de las materias primas y de
las industrias auxiliares necesarias para la producción 29. Por ejemplo, el precio de los fertilizantes ha aumentado un 300 %, la energía eléctrica un 270 %, el gasóleo un 73 % y los piensos un 23 %. Por estos motivos la campaña del presente año
se ha convertido en 'la campaña agrícola más cara de la historia' 30, con un sector primario al límite y con miles de explotaciones agrarias que están hoy al borde de la desaparición.


Al mismo tiempo se está produciendo una alerta generalizada a nivel europeo respecto de la posibilidad de producirse un 'gran apagón' eléctrico 31 o, en todo caso, de problemas respecto del suministro eléctrico. Todo ello debido a la
dependencia energética europea de países terceros en el suministro de gas o carbón 32. Países como Austria 33 o Alemania 34 ya han empezado a preparar a sus ciudadanos con vídeos, consejos y boletines informativos. Incluso, la Comisión Europea
también ha alertado sobre este posible acontecimiento 35.


En cualquier caso, esta situación pone de relieve, una vez más, la dependencia de la Unión Europea en materia energética y alimentaria de terceros países, lo que irremediablemente consiste en una entrega


27 https://www.laverdad.es/economia-region-murcia/empresa/incremento-costes-produccion-20211006220146-ntvo.html


28 https://www.funcas.es/artículos/dos-desplomes-de-las-exportaciones-espanolas-crisis-sanitaria-vs-crisis-financiera/#: ~:text=Entre%20marzo%20y%20junio%20de%202020%2C%20durante%20el%20confinamiento%2C%201as,un%2018%2C3%25%20interanual.


29 https://www.laverdad.es/economia-region-murcia/empresa/incremento-costes-produccion-20211006220146-ntvo.html


30 https://www.elmundo.es/economía/ahorro-y-consumo/2021/11/06/6186b3fdfdddff51348b45f9.html


31 https://www.newtral.es/apagon-europa-austraia-gran-apaeon/20211027/


32 https://es.euronews.com/2021709/24/por-que-sube-el-precio-de-la-energia-en-toda-europa-y-podria-empeorar-en-los-proximos-mese


33 https://www.20minutos.es/noticia/4868012/0/se-acerca-el-gran-apagon-austria-alerta-de-un-posible-corte-electrico-en-toda-europa-que-podria-durar-dias/


34 https://www.farodevigo.es/economía 72021/11708/calefaccion-cocina-preparan-alemania-sobrevivir-59285628.html


35 https://www.elboletin.com/la-comision-europea-alerta-de-posibles-riesgos-con-el-gas-en-el-invierno/



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de la soberanía nacional y europea y en la creación de una situación de vulnerabilidad respecto de estos países.


No obstante, no se trata de un problema nuevo, ya que, desde hace más de una década, se viene alertando de la enorme dependencia alimentaria de la Unión Europea de las importaciones de Asia, América o África 36 a través de los Tratados de
libre comercio.


Segundo. El concepto de soberanía alimentaria y su importancia.


Por todos estos motivos la Unión Europea y España tienen que recuperar su soberanía alimentaria y apostar por su sector primario, es decir, por la independencia de nuestro sistema alimentario de terceros países.


La alimentación no puede depender de países terceros, pues si llega una crisis política o un conflicto bélico o cualquier catástrofe imaginable, y no se dispone de un sector primario suficiente, se alcanzan situaciones de desabastecimiento y
hambre en la población; tal y como está ocurriendo en muchos países africanos o americanos, como en la otrora rica Venezuela, hoy en crisis política y sin agricultura propia suficiente.


El sector agroganadero y pesquero ha sido el único, junto a nuestro personal sanitario y nuestras fuerzas de seguridad, que no falló: nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestro campo sigue vivo, late y se resiste al error del
globalismo. Ellos mantienen nuestra soberanía alimentaria a pesar de los políticos, y gracias a ellos se ha conseguido que esta crisis sanitaria no lo sea también alimentaria, pues gracias a ellos, a su firmeza, a su lealtad para con nosotros y a
su generosidad tuvimos problemas de salud, pero con la nevera llena y con productos de calidad.


Como concepto, la soberanía alimentaria no es autarquía porque no hay una búsqueda de la autosuficiencia total que excluya el comercio y las relaciones comerciales, pero tampoco es librecomercio anárquico porque se busca reforzar el sistema
productivo de España que evite su dependencia. En definitiva, consiste en reforzar los valores propios de nuestros alimentos, en apostar por nuestro sector agropesquero y por fortalecer nuestro sistema de producción frente a crisis económicas o
catástrofes medioambientales.


Para garantizar dicha soberanía es necesario optar por los principios de preferencia comunitaria y reciprocidad en las importaciones, pero también asegurar el suministro de materias primas para el sector primario, consolidar el relevo
generacional o garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias que asegure su continuidad en el tiempo.


Tercero. La situación del sector primario español.


En 2019 la renta agraria española -el valor generado por la actividad de la producción agraria en nuestro país- experimentó un descenso del 8,6 % respecto del año anterior 37. Según las últimas estimaciones, en 2018, el sector
hortofrutícola representó el 55 % de la producción vegetal con diecisiete mil setecientos veintitrés millones (17.723.000) de euros 38.


Además, la importación de frutas y hortalizas de países terceros extracomunitarios creció entre los meses de enero y septiembre, y al mismo tiempo que descendía la producción española, un 18 % 39. El principal país proveedor fue Marruecos
con 507 millones de euros 40 (un 15 % más que en 2018), siendo España uno de los principales mercados de destino de las exportaciones marroquíes, a pesar incluso de que el cultivo y los calendarios de producción coinciden entre los dos países. Hoy
en día, los productos marroquíes se han consolidado en el mercado español, y representan el 36 % del total comprado a países no comunitarios y el 25 % del total de la importación española: sólo en frutas y hortalizas, España importó más de
cuatrocientas treinta mil (430.000) toneladas de frutas y hortalizas marroquíes 41.


Asimismo, esta tendencia de dependencia de los productos marroquíes también se está consolidando a nivel europeo. Por ejemplo, la importación en la Unión Europea de tomate de Marruecos ha crecido


36 https://fundacion-antama.org/dependencia-alimentaria-union-europea/


37 https://sevilla.abc.es/agrónoma/noticias/agricultura/union-uniones-caida-renta-agraria-media-ue/


38 https://www.fepex.es/datos-del-sector/produccion-frutas-hortalizas


39 https://fmanciaIfood.es/la-importacion-espanola-de-frutas-y-verduras-crece-un-8-hasta-agosto/


40 https://www.fepex.es/noticias/detalle/importacion-espa%C3%Blola-marruecos


41 https://www.fepex.es/noticias/detalle/UE-importo-frutas-hortalizas-procedentes-Marruecos



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un 26 % en los últimos cinco años, con más de cuatrocientas ochenta y un mil setecientas seis (481.706) toneladas 42, mientras que la exportación española de tomate retrocedió un 20 %.


Cuarto. La falta de igualdad en los requisitos europeos y la competencia desleal.


Al mismo tiempo que crece esta dependencia europea de productos agroalimentarios extracomunitarios, se da una situación paradójica. La situación actual de la estructura de la cadena agroalimentaria en Europa permite tener alimentos y
productos de calidad, saludables y con numerosos controles sanitarios y de trazabilidad. Por estos motivos, la Unión Europea decidió prohibir una serie de pesticidas debido a sus efectos perjudiciales tanto para el ecosistema (contaminación de
aguas o la alteración de las poblaciones de insectos polinizadores, de aves y peces) como para la salud de las personas (aumentar el riesgo de padecer enfermedades como el párkinson o el cáncer y afectar los sistemas endocrino y reproductivo del ser
humano).


No obstante, en 2018, la Unión Europea vendió más de ochenta y un mil seiscientas (81.600) toneladas de algunos pesticidas prohibidos en territorio de la UE 43 a ochenta y cinco países de América, África y Asia.


Los principales países receptores de estos pesticidas son Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador, Sudáfrica, Marruecos en África, India e Indonesia. El objetivo de estas zonas en vías de desarrollo es luchar contra las plagas, las malas
hierbas, los insectos y los microorganismos que ponen en riesgo el monocultivo, pese a que algunas sean claramente nocivas para la salud. Sin embargo, su uso en la producción agroalimentaria tiene un efecto rebote en el consumidor europeo dado que
los alimentos tratados con estos pesticidas son exportados a la Unión Europea, por lo que la prohibición comunitaria no funciona.


De esta forma, se da una contradicción en la Unión Europea, pues se abren las fronteras a productos agrarios de terceros países que compiten de manera desleal al utilizar sustancias activas que han sido prohibidas a los agricultores
europeos. En definitiva, las políticas agrarias de la Unión Europea requieren un cambio de rumbo.


Hasta su salida, el Reino Unido lideraba la exportación de estas sustancias químicas nocivas con más de treinta y dos mil (32.000) toneladas, seguido por Alemania (ocho mil toneladas) y Francia (siete mil toneladas y media) 44. Así pues, se
da un comportamiento inadmisible en la Unión Europea, debido a que estos mismos países lideran la prohibición de todo tipo de sustancias fitosanitarias y pesticidas, y, al mismo tiempo, los producen, los exportan, causando que importemos o
consumamos alimentos tratados con ellos, como ocurrió con el plaguicida DDT (Dicloro difenil tricloroetano).


Además, algunos países europeos como Francia ya se han comprometido en prohibir la exportación de plaguicidas prohibidos en la Unión Europea.


Quinto. El principio de reciprocidad y el principio de preferencia comunitaria.


Por todo lo expuesto, es urgente promover la modificación de la legislación europea a fin de incorporar el principio de reciprocidad y prohibir la importación de alimentos que hayan sido tratados con sustancias fitosanitarias y pesticidas
prohibidos en territorio de la Unión.


En relación con dicho principio de reciprocidad, la importación en la Unión Europea de los productos de países terceros extracomunitarios viene amparada por unos instrumentos jurídicos conocidos como 'Tratados de Libre Comercio
Internacional'. En dichos textos normativos se afirma que mediante el establecimiento entre sí de una unión aduanera los Estados miembros se proponen contribuir, conforme el interés común, al desarrollo armonioso del comercio en el que se les
exijan los mismos requisitos a ambas partes.


42 https://www.aenverde.es/marruecos-sube-un-26-su-exportacion-de-tomate-a-la-ue-en-cinco-anos/#:~:text=29% 20octubre% 2C%202021-,Marruecos% 20sube%20un%2026%25%20su%20exportaci%C3%B3n%20de%20tomate>la%20UE%20en%
20cineo%20a%C3%B1os&text=Las%20exportaciones%20de%20tomate%20de,toneladas%2C%20un%205%25%20menos.


43 Reglamento (CE) n.º 1272/2008 de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.º
1907/2006. Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo (CFP) aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional
(10-09-1998).


44 https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/agricultura/las-empresas-europeas-exportan-pesticidas-prohibidos-en-la-ue/



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No obstante, nos encontramos con que la mayor parte de los Tratados que firma la Unión Europea se están firmando con países que perjudican a la agricultura mediterránea ya que son países eminentemente agrícolas y especialmente citrícolas,
con monedas devaluadas (Marruecos, Egipto, Sudáfrica...), con salarios mínimos interprofesionales muy bajos y con mano de obra que en numerosas ocasiones roza la esclavitud.


En este sentido, encontramos acuerdos como la Unión para el Mediterráneo (2008) que genera una zona de libre comercio entre la Unión Europea y otros países de Mediterráneo; el Proyecto Toshka en Egipto o el Plan Verde en Marruecos para
transformar enormes extensiones de desierto en regadíos; los Acuerdos de Adhesión entre la Unión Europea y otros países en materia de librecambio comercial con países como Turquía, Sudáfrica, Namibia o Lesoto, grandes competidores agroalimentarios
y hortofrutícolas con España; el Acuerdo MERCOSUR con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay; el Acuerdo Agrícola entre Marruecos y la Unión Europea; o el Acuerdo Todo Menos Armas (TMA) con Birmania y que perjudica al sector arrocero español.


Así pues, se debe promover la incorporación del principio de preferencia comunitaria en la legislación de la Unión Europea ya que los productos agroalimentarios europeos gozan de los más estrictos requisitos fitosanitarios y requisitos
laborales y son de mejor calidad. Además, incrementar los controles de los productos que entran en suelo europeo para evitar fraudes legales respecto al origen en el etiquetado, control de plagas y terminar con la competencia desleal de terceros
países.


También, el Gobierno debe promover el reforzamiento de los Puestos de Inspección Fronterizos (PIF), para intentar proteger a los productores españoles, extremando los controles y las inspecciones fitosanitarias de productos de terceros
países que fundamentalmente tienen su entrada en nuestro país por los diferentes Puertos del Estado. Se debe extremar la vigilancia del volumen de las importaciones y denunciar ante la Unión Europea aquellos casos en los que se superen las
cantidades acordadas y aquellos países, como los Países Bajos, que suelen tener manga ancha con los productos importados en la Unión Europea.


Sexto. La necesidad de impulso por parte de los poderes públicos para fomentar la soberanía alimentaria.


A pesar de esta dramática situación que vive el sector primario, desde los poderes públicos no se observa un impulso de la soberanía alimentaria, sino todo lo contrario. Por ejemplo, a nivel europeo se han adoptado las Estrategias europeas
Biodiversidad y De la granja a la mesa pese a los informes desfavorables que tenían para la agricultura europea.


Según el Joint Research Center (JRC), el centro de estudios de la Comisión Europea, la Estrategia De la granja a la mesa (Farm To Fork, en inglés) tendrá un impacto negativo con una reducción del 10 % del suministro de la Unión Europea para
productos agrícolas y del 15 % para las carnes, entre otras consecuencias 45. Un informe que la propia Comisión conocía y que ocultó durante seis meses antes de publicarlo para no influir en las negociaciones que se estaban llevando a cabo.


A nivel nacional, por su parte, no se entienden algunas decisiones del Gobierno español que ha adoptado frente al sector agroganadero. Por ejemplo, que en septiembre de 2020 comprase leche a ganaderos de Portugal 46, dentro del Programa
operativo de ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (2014-2020) en España 47 -un programa nacional dirigido a promover la cohesión social y favorecer la inclusión de las personas más desfavorecidas
destinatarias mediante el suministro de alimentos adquiridos en el mercado-. Esta leche podría haber sido adquirida en España dado que la situación del sector lácteo lleva tiempo siendo crítica.


Así pues, se trata de una política contraria a la promoción de los alimentos de origen España, y tremendamente dañina para un sector cuyo futuro es incierto.


Séptimo. Relaciones con Rusia y el Reino Unido.


Por último, debemos tener presente que este sector se enfrenta a dos problemas adicionales como son los países de Rusia y Reino Unido. El primero impulsó en 2014 un embargo (veto ruso) en respuesta a las sanciones de la Unión Europea por el
conflicto ucraniano y el segundo supone un problema como


45 https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-sat-on-farm-to-fork-report-for-months-published-quietly-in-august/


46 https://www.agrodigttal.com/2020/09/14/espana-compra-en-portugal-la-leche-destinada-a-personas-desfavorecidas/


47 https://www.fega.es/es/ayuda-alimentaria



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consecuencia de su salida de la Unión. Es por tanto necesario que se adopten medidas que ayuden a revertir esta situación.


Octavo. Conclusiones: la necesidad de recuperar nuestra soberanía alimentaria.


En la actualidad, y así lo viene denunciando en las últimas semanas el sindicato Solidaridad 48, España han perdido su soberanía alimentaria y no son capaces de proteger a nuestro sector primario de la competencia desleal que provocan
terceros países, con costes inasumibles para nuestros productores. Además, vemos cómo los consumidores sufren una total desprotección sanitaria por el uso de fitosanitarios prohibidos en Europa y aplicados en esos países extracomunitarios cuyos
productos importamos.


De la misma forma, nuestros hijos en los colegios, los pacientes de la sanidad pública o los trabajadores de cualquier organismo público y, en general, los ciudadanos que utilicen comedores públicos o concertados tienen derecho a alimentarse
con productos que cumplan la normativa fitosanitaria europea y española y unas condiciones laborales y sanitarias mínimas que les garanticen seguridad alimentaria y una mejora en la calidad que sólo proporcionan los productos de nuestra tierra. Los
poderes públicos deben proteger y priorizar los alimentos producidos en nuestro país, España, y valorar realmente el esfuerzo que hay detrás de su producción.


Estas medidas asegurarán que las frutas, legumbres, hortalizas, pescados, carnes y demás alimentos producidos y generados en territorio europeo y nacional reciban el reconocimiento que precisan, al mismo tiempo que vean asegurado que su
trabajo y sacrificio es valorado y protegido.


Nuestra soberanía alimentaria no puede estar en manos de otros países. Los poderes públicos no pueden hacer una dejación de funciones, sino que deben adoptar las medidas que sean necesarias para proteger el producto agroalimentario y
hortofrutícola español y europeo (que es de gran calidad y respetuoso con el medioambiente), proteger a nuestros agricultores que han demostrado ser un pilar esencial digno de mayor reconocimiento y defender la soberanía alimentaria europea y
española.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:


1. Impulsar y promover una reorientación de las políticas y prácticas agrícolas en el seno de la Unión Europea que asegure la soberanía alimentaria de los Estados Miembros.


2. Impulsar en el seno de la Unión Europea un cambio de la normativa europea para prohibir la entrada e importación de productos agroalimentarios que hayan sido tratados con fitosanitarios prohibidos en territorio de la Unión por ser
considerados cancerígenos. Para ello se deberá exigir a la misma la aplicación de unos protocolos de control sanitario en frontera que garanticen que el producto importado está libre de patógenos y plagas, al mismo tiempo que se establezca el
principio de reciprocidad y no se permitan residuos de principios activos prohibidos en territorio europeo. Igualmente, deberá exigirse la existencia de un control exhaustivo del cumplimiento de la cadena de frío.


3. Denunciar ante los Organismos Competentes de la Unión Europea aquellos casos en que las importaciones no respeten la normativa española y europea en cuanto a las cantidades acordadas y el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios.
Asimismo, deberá establecerse sanciones disuasorias para aquellos que, poniendo en riesgo la salud, no cumplan aquellas medidas que tienen por objeto asegurar la seguridad alimentaria.


4. Terminar con la competencia desleal de terceros países a través de mecanismos de control de las importaciones extracomunitarias con la restauración de los certificados de importación, cupos, control de tasas arancelarias, aranceles
compensatorios lógicos que igualen los costes de producción y revisión de los precios mínimos de entrada de producto extracomunitario, a fin de garantizar la preferencia comunitaria y la soberanía alimentaria.


48 'En la actualidad España haya perdido su soberanía alimentaria y no es capaz de proteger al sector primario de la competencia desleal. Una competencia desleal que viene provocada por países extracomunitarios que producen con mano de obra
esclava y costes inasumibles para nuestros productores'. https://gaceta.es/actualidad/el-sindicato-solidaridad-reclama-que-todos-los-productos-en-los-comedores-publicos-sean-de-origen-espanol-20211116-1720/



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5. Aumentar la dotación de personal y material de los Puestos de Inspección Fronterizos en los Puertos del Estado, principalmente, en aquellos puntos que habitualmente reciben importaciones agropecuarias de terceros países.


6. Vigilar el volumen de las importancias agrícolas sujetas a contingentes y precios de entrada.


7. Establecer, entre otros, un mecanismo de información actualizada y continua con las administraciones y los agentes sociales de los contingentes de importación de productos agrícolas establecidos en los acuerdos entre la Unión Europea y
terceros países y que hayan entrado en la Unión Europea en los últimos años.


8. Seguimiento independiente del impacto en el mercado de las importaciones de países terceros para la aplicación, en tiempo, de la salvaguardia prevista en los Tratados que se deberán solicitar con tiempo suficiente a la producción de
daños.


9. Exigir en las instancias europeas la recuperación y aplicación del principio de preferencia comunitaria como principio jurídico de alcance general y absoluto en todos aquellos acuerdos comerciales que nos afecten. La Unión Europea debe
aplicar las defensas comerciales apropiadas que defiendan su agricultura, de modo que los precios en el campo tengan una rentabilidad digna, estableciendo a los países extracomunitarios cupos de volumen que eviten la sobreoferta, aranceles
compensatorios lógicos que igualen costes de producción y ventanas que respeten las campañas agrícolas europeas.


10. Incrementar los controles sobre las importaciones para evitar que se comercialice como 'origen España' productos que, aunque se envasen en nuestro país, no son de origen español. Además, garantizar el correcto etiquetado del origen y
variedad del producto, mejorando la transparencia entre los componentes de la cadena alimentaria, para asegurar un exhaustivo control de trazabilidad. Se deberán establecer sanciones contundentes para aquellos que re-etiqueten productos que rompan
con la trazabilidad real de los productos.


11. Fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales ante la salida del Reino Unido, en especial con Rusia, con el fin de diseñar una nueva política arancelaria.


12. Promover la presencia y compra de leche nacional y productos lácteos por parte de las Administraciones Públicas (nacional, autonómicas y locales) para su consumo en establecimientos públicos de la restauración colectiva como hospitales,
residencias, prisiones, comedores sociales o cuarteles, entre otros.


13. Que para optar al concurso público de adjudicación de servicios de restauración sea un requisito que el 100 % de la utilización de productos sea de origen español o procedente de la Unión Europea.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, María Magdalena Nevado del Campo, Rubén Darío Vega Arias, Manuel Mariscal Zabala, Ángel López Maraver y Luis Gestoso de Miguel, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Cultura y Deporte


161/003461


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo del Gobierno al
yacimiento de Asta Regia en Jerez de la Frontera (Cádiz), para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.


Exposición de motivos


El yacimiento de Asta Regia está situado en la Barriada Rural de Mesas de Asta, perteneciente al término municipal de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, entre las desembocaduras de los ríos



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Guadalquivir y Guadalete, y tiene una extensión de 25 hectáreas aproximadamente. Este yacimiento fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) bajo la categoría de Zona Arqueológica en el año 2000.


Las investigaciones relativas al yacimiento, actualmente lideradas por la Universidad de Cádiz, se vienen realizando desde el siglo XIX y han llegado a constatar que podríamos encontrarnos ante restos de una ciudad de entre los años 1250 y
850 AC que, en época romana, llegó a tener mayor importancia que Baelo Claudia o Itálica, si bien a los vestigios de una ciudad romana se unen restos de una ciudad islámica, así como restos de una medieval.


Desde hace unos años, la sociedad civil jerezana, a través de la Plataforma Ciudadana por Asta Regia, viene reclamando la participación de las distintas administraciones para posibilitar, entre todas, que los terrenos sobre los que se
localiza el yacimiento pasen a ser de titularidad pública a través de la adquisición de los mismos y la puesta en valor del yacimiento.


El cumplimiento de estos objetivos implicaría su estudio y recuperación arqueológica pero también posibilitaría un profundo conocimiento de nuestra historia y de la historia de la ciudad y convertirían al yacimiento en un motor de riqueza y
generación de empleo para la zona a través de la potenciación del turismo cultural.


En este sentido, el Parlamento de Andalucía aprobó recientemente, con el apoyo de todos los grupos políticos, instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a 'iniciar los trámites necesarios con los titulares de los terrenos sobre
los que se asienta el yacimiento arqueológico de Asta Regia, para avanzar en la consecución de su titularidad pública, así como a incluir, tal y como se ha hecho en los Presupuestos de 2021, sucesivas partidas presupuestarias en los Presupuestos de
la Junta de Andalucía para la investigación y puesta en valor del yacimiento, incluyendo partidas específicas de financiación de fondos para el desarrollo de trabajos de excavación arqueológica que saquen a la luz este yacimiento de Asta Regia'.


Por último, el Parlamento andaluz también acordó por unanimidad requerir a la Junta de Andalucía que 'invierta en Mesas de Asta para garantizar el desarrollo y puesta en marcha de servicios e infraestructuras que potencien la imagen acorde
con el patrimonio y desarrollo del valor arqueológico y potencial turístico del yacimiento y de la zona'.


Consideramos, tal y como se indicaba más arriba, que para que un proyecto de tal envergadura pueda ser gestionado con garantías de éxito, es necesaria la colaboración no solo institucional sino también económica de todas las
administraciones. En esta misma línea, la comisión de Cultura del Parlamento de Andalucía aprobó también instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que 'a su vez instara al gobierno de la Nación a impulsar una plan de ayudas para
la recuperación del yacimiento de Asta Regia, destinando a tal efecto una partida presupuestaria'.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un plan de ayudas para la recuperación del yacimiento de Asta Regia situado en la barriada rural de Mesas de Asta de Jerez de la Frontera (Cádiz), destinando a tal efecto una partida
en los Presupuestos Generales del Estado.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2021.-María José García-Pelayo Jurado, Diputada.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003479


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Cultura y Deporte, relativa a la inscripción de la iglesia de San Antolín de Bedón en el Inventario general de bienes y derechos del Estado.



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Exposición de motivos


La iglesia de San Antolín de Bedón o Beón es un templo románico del siglo XIII y la parte que queda del monasterio que se ubicó en este emplazamiento de la parroquia de Naves, en el concejo asturiano de Llanes, y en pleno recorrido del
Camino de Santiago del Norte. El 4 de junio de 1931 obtuvo la catalogación como Monumento Histórico-Artístico, lo que la convirtió automáticamente en Bien de Interés Cultural con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Histórico Español de
1985. El Decreto 54/2019 del Gobiernu del Principáu d'Asturies ahondó en la custodia oficial de la iglesia delimitando su entorno de protección, de acuerdo con el mandato de la Ley asturiana 1/2001, del Patrimonio Cultural.


No obstante, la propiedad del templo ha venido siendo objeto de polémica y confusión a lo largo de las últimas décadas, lo que indudablemente ha entorpecido los esfuerzos para su adecuada conservación. El origen del problema se encuentra en
la desamortización efectuada en 1823 sobre los terrenos en los que se erige. Si bien fue vendida a particulares la superficie circundante, nunca llegó a venderse el propio edificio de la iglesia. De hecho, en un acta de compraventa de 1870 se
recoge específicamente que la iglesia queda exenta por ser un bien de propiedad estatal.


Desde aquella fecha no consta ningún otro movimiento registral que contradiga la titularidad estatal del templo. Además, incluso aunque se pusiera en duda la validez de la misma, la iglesia habría de considerarse como un inmueble vacante,
de modo que su propiedad correspondería al Estado por ministerio de la ley en función de lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.


De igual modo, cabría entender como actos de dominio las distintas actuaciones acometidas por las Administraciones Públicas para la restauración y consolidación del templo a lo largo de las últimas décadas, como recogía un expediente de
investigación de la Dirección General de Patrimonio del Estado fechado en diciembre de 2012. Incluso tan recientemente como en 2019, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que no llegó a ser aprobado, se destinaba una partida de 60.000
euros explícitamente a la elaboración de un proyecto de rehabilitación de los monasterios de San Antolín de Bedón y Santa María de Obona.


Un expediente firmado por el Subdirector General de Patrimonio en 1996 parece ser el principal obstáculo para que el reconocimiento de la titularidad pública de la iglesia no se haya hecho efectivo a pesar de los múltiples procedimientos
administrativos iniciados a tal fin. Aquel documento aseguraba que 'consultados los organismos oportunos, se ha llegado a la conclusión de que no hay prueba o indicio alguno que permita atribuir al Estado la titularidad de la finca' y aparentemente
fue suficiente para la desinscripción del inmueble del Inventario general de bienes y derechos del Estado. No obstante, el informe parece contravenir todos los precedentes constatados, y el hecho de que se tomase esta determinación mediante un
expediente de defensa patrimonial y no de investigación podría suponer una irregularidad.


La conservación de este notable ejemplo del románico en Asturies y su puesta en valor para la ciudadanía han quedado en entredicho ante las dificultades y las contradicciones que ocasiona la incertidumbre sobre su titularidad. Por ejemplo,
en el mismo 2019 el Ministerio de Cultura manifestaba, en respuesta a una pregunta parlamentaria escrita, que 'se trata de una propiedad privada y el Estado no puede asignar fondos públicos para su restauración', y esto pese a que el Estado sí había
asignado fondos públicos para la restauración de 1999.


Mientras tanto, el templo sufre un deterioro cada vez más alarmante, con vegetación creciendo sobre sus muros y las edificaciones anexas, del siglo XVIII, en estado de ruina. La asociación Hispania Nostra tiene la iglesia incluida en su
'Lista Roja' de monumentos en peligro de desaparición. Y el acceso a la misma se encuentra, desde hace años, cerrado al público por los propietarios de la finca y sujeto a un régimen de visitas muy limitado, lo que resulta impropio de un Bien de
Interés Cultural como este, que siempre gozó, hasta el cierre de la finca, de acceso libre para visitantes y peregrinos. Los colectivos vecinales y de defensa del patrimonio no han dejado de expresar su preocupación tanto por el estado del inmueble
como por la posible intención de los propietarios de la finca de terminar por arrogarse la propiedad de la iglesia ante la dejadez de las Administraciones.



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Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar los trámites necesarios para dilucidar la titularidad estatal de la iglesia de San Antolín de Bedón, o Beón, y así llevar a cabo su inscripción en el Inventario general de bienes y
derechos del Estado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2021.-Sofía Fernández Castañón, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


161/003480


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el fomento de la lectura,
para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.


Exposición de motivos


Según el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros del año 2020, realizado por la Federación del Gremio de Editores de España (FGEE) en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte, el 68,8 % de la población española lee
libros, lo que ha supuesto un aumento del 0,3 % respecto al año pasado. Podría parecer un aumento poco significativo, pero no lo es: el 64 % de ese porcentaje son lectores que leen en tiempo libre y no por trabajo, es decir, hacen de la lectura
una práctica habitual en tiempo de ocio. Esto ha supuesto, en la última década, un incremento del 12,3 % de lectores de libros en tiempo de ocio.


De hecho, una de las principales conclusiones del barómetro es que el porcentaje de lectores y lectoras de libros que leen al menos una vez a la semana ha alcanzado su máximo histórico con un 57 %, un 7 % más que en 2019. Es innegable que
la lectura supuso, especialmente en el periodo de confinamiento del 2020, una válvula de escape para muchas personas: el 81 % de los lectores y lectoras reveló que la lectura los ayudó a llevar mejor la situación durante el confinamiento.
Explorando más detalladamente, el incremento afectó principalmente a la población joven: entre 14 y 17 años, y entre 2019 y el confinamiento, la lectura de libros aumentó en 9 puntos, y la diferencia entre 2019 y 2020 -después del confinamiento-
fue de 3 puntos. En cuanto a las personas de 18 a 24 años, entre 2019 y 2020 también aumentó en 3 puntos, y entre 25 y 34 años la diferencia supone un aumento de 4 puntos. Con todo ello, se hace evidente que el confinamiento supuso una oportunidad
que, si bien no ha mantenido el ritmo de subida, sí ha consolidado algunos hábitos por lo menos en la mitad del colectivo joven que se hizo habitual en la lectura.


Son datos esperanzadores y que invitan a la reflexión sobre cómo aprovechar el buen momento de aumento de lectores para consolidar esta tendencia, pero también es cierto que la otra cara de la moneda nos indica que un 36 % de la población no
lee nunca o casi nunca, según datos del mismo barómetro.


En definitiva, tanto para la consolidación de la tendencia al alza como para la disminución del porcentaje de personas que no leen nunca o casi nunca, hacen falta medidas inmediatas y a largo plazo, apostando por la cultura y con el objetivo
de lograr ser una sociedad democrática que siga desarrollando el pensamiento crítico. De hecho, la misma FGEE ha manifestado recientemente la necesidad de trabajar conjuntamente en la consecución de un gran pacto social por la lectura, porque se
trata de 'una herramienta imprescindible de promoción', ya que 'las personas más leídas son las mejores preparadas' para afrontar el futuro, según señaló su presidente el pasado octubre. Ello conlleva, tal y como apunta la FGEE, que se desarrolle
un plan estructurado con fechas y que implique al Gobierno, las autonomías, los ayuntamientos, la comunidad educativa, los agentes sociales, las librerías, bibliotecas y la industria editorial con el fin de concretar inversiones que permitan avanzar
en la mejora de los indicadores de



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número de lectores y comprensión lectora. España es uno de los países donde menos se desarrolla este último aspecto, según datos del informe Skills Outlook 2021 de la OCDE.


Es competencia del Gobierno, y así lo establece la Ley 10/2007 de lectura, del libro y de las bibliotecas, aprobar y desarrollar 'planes de fomento de la lectura, que serán elaborados, evaluados y actualizados periódicamente por el
Ministerio de Cultura y que irán acompañados de la dotación presupuestaria adecuada' (art. 3.1). La misma ley estipula en su artículo 4 que 'los planes de fomento de la lectura considerarán la lectura como una herramienta básica para el ejercicio
del derecho a la educación y a la cultura, en el marco de la sociedad de la información y subrayarán el interés general de la lectura en la vida cotidiana de la sociedad, mediante el fomento del hábito lector'. Cabe recordar que el último Plan de
Fomento de la Lectura abarcaba el período entre 2017 y 2020, un hecho a considerar teniendo en cuenta que estamos a las puertas ya de 2022.


Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Poner en marcha la elaboración de un nuevo Plan de Fomento de la Lectura conjuntamente con otras Administraciones, el colectivo educativo, el sector del libro y los agentes sociales.


2. Impulsar el pacto de Estado por el libro y la cultura, reclamado por el sector del libro y al que se comprometió el Ministerio de Cultura y Deporte en septiembre del 2020.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2021.-María del Mar García Puig, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


161/003501


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D. Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, D. Pablo Juan Calvo Liste y D.ª Mireia Borrás Pabón, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GP VOX), al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la instalación de un rocódromo en el Centro de Alto Rendimiento de León, para su debate en la Comisión de Cultura y
Deporte.


Exposición de motivos


Primero. En el pasado verano, se ha llevado a cabo la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, que se tuvieron que posponer un año debido a la crisis sanitaria mundial generada por la COVID-19.


En estos, España ha conseguido 17 medallas en la categoría olímpica, tres de oro, ocho de plata y seis de bronce 49, y 36 medallas en la paralímpica, nueve oros, quince platas y doce bronces 50.


Cabe destacar que han sido los primeros Juegos Olímpicos en los que se ha incluido la modalidad de Escalada como Deporte olímpico, en donde España, en concreto el cacereño Alberto Ginés López, ganó el Oro, batiendo al estadounidense
Nathaniel Coleman y al austriaco Jakob Schubert.


Segundo. Aunque se trata de una disciplina poco frecuente entre los deportistas y muy reciente en la historia del olimpismo, no debe restarse valor a la gesta conseguida por el deportista español, quien acudía con tan solo 18 años a su
primera gran cita deportiva.


Tras su logro, concedió una entrevista a la Agencia EFE 51, en la cual aseguró que el objetivo que se debía marcar la delegación española de cara a la próxima convocatoria olímpica era el Oro, 'aunque de momento tenemos que pensar en
clasificarnos. Seguiremos compitiendo en los Campeonatos y Copas del Mundo'.


49 https://www.rtve.es/deportes/20210808/medallas-espana-iueeos-tokio-2021/2145580.shtml


50 https://www.elconfidencial.com/deportes/iuegos-olimpicos/2021-09-06/clasificacion-medallero-paralimpico-tokio 3249926/


51 https://www.lavozdeealicia.es/noticia/deportes/2021/08/09/alberto-gines-obietivo-paris-oro/00031628523042480571967.htm



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Dado que el deporte de élite implica una dedicación casi exclusiva, Alberto Ginés tuvo que mudarse de su Extremadura natal a Cataluña para poder entrenar a un nivel aceptable para los JJOO por la falta de instalaciones deportivas cercanas a
su domicilio habitual que permitan la práctica de su disciplina.


De hecho, esta ha sido una de las reivindicaciones del propio medallista, quien aprovechando el altavoz mediático que supone haberse alzado con el primer puesto en los pasados Juegos Olímpicos, ha reclamado que las instituciones redoblen
esfuerzos para que todas las disciplinas deportivas puedan ser entrenadas en condiciones de calidad dentro de nuestro territorio.


En este sentido, el pasado 6 de agosto, durante su rueda de prensa con el Comité Olímpico Español (COE) 52, relató las dificultades a las que se enfrentan los deportistas de élite en disciplinas menos reconocidas como la suya para entrenarse
en condiciones idóneas. Según sus propias palabras, 'el hecho de que no tengamos suficientes infraestructuras con calidad en España condiciona bastante poder clasificarnos para París'.


La carencia de instalaciones públicas de primer nivel en nuestro país hace que muchos de los deportistas que se están preparando para fases mundiales y olímpicas representando a nuestra nación se vean obligados a utilizar instalaciones
comerciales, en muchos casos pagadas de su propio bolsillo.


Tercero. En los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, la disciplina de escalada se desdoblará en prueba de velocidad y prueba combinada de bloque y dificultad, lo que sin duda hará más complicada la consecución de medalla para el equipo
español. Sin embargo, a la vez permitirá a nuestros deportistas exprimir sus aptitudes y lograr nuevas proezas.


Para conseguir este objetivo, tal y como hemos comentado anteriormente, es fundamental que los deportistas cuenten con instalaciones de calidad, acordes a las pruebas deportivas que en este tipo de competiciones se realizan. Por ello, la
instalación de un Rocódromo en uno de los Centros de Alto Rendimiento (CAR) de nuestra patria, va a suponer un hecho diferenciador que promoverá sin duda un aumento de practicantes en esta disciplina.


Los CAR son instalaciones deportivas que buscan permitir la especificación y formación y la potenciación de los deportistas en sus disciplinas 53. La misión principal de estos es la de brindar a los deportistas toda la infraestructura que
demanda su preparación para las competiciones, incluyendo el equipamiento y los espacios de trabajo y el apoyo de los profesionales de diferentes áreas (alimentación, fisioterapia, tecnificación...). También cuentan con un módulo de hospedaje para
que las personas que residen en otras regiones puedan desplazarse y contar con este servicio.


Según el tipo de soporte que ofrecen a los deportistas, existen tres categorías diferentes: Centros de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), Centros de Tecnificación Deportiva y Centros Especializados (por disciplina deportiva) 54. Todos
ellos dependen de la Secretaría de Estado para el Deporte y del Consejo Superior de Deportes, aunque los más amplios y con mayores servicios están ubicados en Madrid, San Cugat del Vallés (Barcelona), León y Sierra Nevada (Granada).


Cuarto. A efectos de esta Proposición no de Ley, nos centraremos en los denominados rocódromos, estructuras artificiales de escalada que presentan 'diversas características de construcción, que están diseñadas para diversos usuarios de
actividades de escalada deportiva, y que no están reservadas a ningún grupo de edad en particular' 55. Estos pueden ser construidos en diferentes materiales y formas, pero usualmente son desarrollados por acero o madera, recubiertos por paneles de
madera anclados a la estructura principal. A estos paneles se atornillan las presas (generalmente fabricadas en poliuretano), 'elementos de escalada extraíbles utilizados por el avance por un muro de escalada' 56.


En estas superficies, no existe una altura mínima ni máxima. De hecho, la mayoría de las instalaciones privadas que ofrecen este servicio cuentan con diferentes itinerarios a realizar con alturas que van desde los 3 hasta los 15 metros de
altitud. En este sentido cabe destacar que la prueba olímpica de escalada en los pasados Juegos Olímpicos 57 se desarrolló en una plancha de 15 metros de altura con un ángulo de 95 grados.


52 https://www.voutube.com/watch?v=LQG04P 3z5Y&t=931s


53 https://unvcos.com/blog/que-es-un-centro-de-alto-rendimiento-v-cual-es-la-rutina-de-los-nadadores-profesionales/


54 https://www.csd.eob.es/es/csd/instalaciones/centros-de-alto-rendimiento-v-tecnificacion-deportiva


55 UNE-EN 12572-1 Estructuras artificiales de escalada. Parte 1: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo para SAE con puntos de protección. Septiembre de 2007.


56 UNE-EN 12572-3 Estructuras artificiales de escalada. Parte 3: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo para presas de escalada. Julio de 2009.


57 https://as.com/iuegosolimpicos/2021/08/05/noticias/1628154736818648.html



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Una vez analizadas las necesidades específicas para la instalación de un rocódromo, y vistos los espacios disponibles en cada uno de los centros dependientes del Estado, consideramos que esta construcción podría llevarse a cabo en el CAR de
León.


En este sentido, el CAR de León cuenta con dos instalaciones actualmente. Una de ellas, cubierta, cuenta con 12 metros de altura y con espacio suficiente para la instalación de un rocódromo. Por otro lado, al aire libre, existe una
instalación que actualmente no se encuentra destinada a ninguna disciplina deportiva y que, según nos han informado, va a desarrollarse en los próximos años un edificio anexo en el que ampliar las disciplinas deportivas.


El Grupo Parlamentario VOX considera que las instituciones públicas deben promocionar la actividad física y deportiva y fomentar que los deportistas que representan a nuestra nación en las diferentes competiciones internacionales puedan
seguir practicando su disciplina con infraestructuras de calidad, sin que esto suponga un sobrecoste, inasumible en algunos casos. Por ello, consideramos fundamental destinar recursos económicos a la creación de instalaciones que permitan seguir
cosechando logros deportivos para España en aras de consagrarla como una potencia mundial deportiva.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:


1. Promover la instalación de un Rocódromo en el Centro de Alto Rendimiento de León, dependiente del Consejo Superior de Deportes, con el objetivo de permitir el crecimiento deportivo de los futuros deportistas que practiquen esta
disciplina.


2. Promover la elaboración por parte del Consejo Superior de Deportes de un informe que analice las instalaciones deportivas de alto rendimiento nacionales y autonómicas, con el objetivo de conocer qué disciplinas deportivas (especialmente
las olímpicas y paralímpicas) no disponen de instalaciones acordes a las necesidades de estas. Para ello se contará con la participación de las federaciones deportivas nacionales.


3. Promover la ejecución de las inversiones necesarias que permitan que todas las disciplinas olímpicas y paralímpicas cuenten con centros en los que los futuros deportistas olímpicos puedan desarrollar su actividad.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2021.-Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, Mireia Borrás Pabón y Pablo Juan Liste, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


161/003504


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. José Ramírez del Río, D. Francisco José Contreras Peláez y D. Pedro Requejo Novoa, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente Proposición no de Ley relativa la protección del Palacio de Bellas Artes de San Sebastián, para su debate en la
Comisión de Cultura y Deporte.


Exposición de motivos


Primero. El Teatro Bellas Artes es un cinematógrafo histórico ubicado en las calles Urbieta y Prim de la ciudad de San Sebastián, Guipúzcoa (concretamente, en el ensanche Cortázar en el centro de San Sebastián). Fue diseñado por Ramón
Cortázar, autor de todo el ensanche urbanístico de la capital guipuzcoana, y construido durante el año 1913 e inaugurado el 13 de septiembre de 1914. Está considerado como uno de los edificios más antiguos proyectados en la Comunidad Autónoma
Vasca, y el cine más antiguo que se conserva en España.


A lo largo de los años, ha sido sala de cine, sede del Orfeón Donostiarra y escenario de los ensayos de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Desde el año 1989 el edificio ha permanecido cerrado, sirviendo como simple depósito o almacén. No
obstante, en el año 2013 la empresa propietaria del edificio presentó



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un plan para la demolición del inmueble y la recalificación de la parcela para edificar viviendas, alegando el mal estado de conservación del edificio. Sin embargo, es necesario remarcar que se trata de un edificio perfectamente recuperable
y no se encuentra en situación de ruina física 58.


Segundo. Según la descripción de la Asociación Hispania Nostra, el Teatro Bellas Artes de San Sebastián tiene 'forma de triángulo-vértice achaflanado, cuya base es una línea ligeramente quebrada. Las diferentes plantas que constituyen el
edificio en su interior se reflejan al exterior mediante un tratamiento distinto del muro.


Consta de una planta baja, piso de palcos y piso anfiteatro o de galerías. Además de un pequeño sótano en el vértice del solar. En la fachada, el cuerpo en chaflán tiene un desarrollo distinto al resto del edificio, por lo que no comparten
una misma cubierta. El vértice del chaflán es un muro plano cuyos únicos salientes son las líneas de cornisa y el antepecho del balcón, además de un elemento volado: la marquesina que cobija la entrada, dando una imagen más comercial, en vez del
estilo monumental hasta ahora utilizado en otros edificios. Esta misma idea fue reproducida en Madrid en los cines Real Cinema (1920) y Pavón (1925), por el arquitecto Teodoro de Anasagasti. El edificio de Bellas Artes es uno de los mejores
ejemplos de la arquitectura ecléctica de San Sebastián 59'.


[**********página con cuadro**********]


Tercero. Pese a lo anteriormente expuesto, resulta perentorio destacar que el Ayuntamiento de San Sebastián ha ido rebajando la protección del edificio de forma progresiva. De hecho, en septiembre de 2021, la Concejalía de Urbanismo
Sostenible ha concedido la licencia de derribo completo de su interior, conservándose solo las fachadas -con sustanciales modificaciones- para construir apartamentos turísticos (es decir, satisfaciendo las pretensiones de la empresa propietaria).
Esto ha provocado una fuerte reacción ciudadana que defiende la conservación del cine más antiguo de España para rehabilitarlo y convertirlo en Museo del Festival de Cine de San Sebastián, así como por ICOMOS 60 (Consejo Internacional de Monumentos
y sitios), organismo dependiente de la ONU, que solicitaban a las autoridades responsables que declararan el sitio como Bien Cultural Calificado como Monumento (BCC) y ordenaran su restauración y la reconstrucción de la cúpula que lo remataba,
derribada por los propietarios.


Así pues, lo más destacable de este abandono paulatino por parte de las autoridades vascas del teatro ha sido (i) su exclusión como Bien de Interés Cultural ('BIC') en el año 2017 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma
Vasca, retirándose su condición legal de monumento 61 y que el Gobierno Vasco decidió no recurrir; así como (ii) en marzo de 2021, con el último Plan Especial de


58 https://listaroiapatrimonio.org/ficha/teatro-bellas-artes/


59 https://listarojapatrimonio.org/ficha/teatro-bellas-artes/


60 Dicho organismo proporciona asistencia técnica a la UNESCO en todo lo referente a edificios históricos, a su conservación y al mantenimiento del patrimonio histórico-artístico, ha lanzado una alarma internacional para proteger dicho
monumento, la primera de esta naturaleza, para exigir que se evite la destrucción de un edificio histórico en España.


61 A raíz de la interposición de recurso de la empresa propietaria, el TSJPV emitió la sentencia 196/2017 que reconocía la situación de hecho de ruina del edificio, lo que llevó a la Consejería de Cultura a declarar que 'no concurren valores
suficientemente relevantes que justifiquen el manteni­miento a ultranza del edificio'.



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Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (PEPPUC), esa protección se rebajó aún más hasta el grado C. Es decir, desde la consideración de edificio permanente en 1977, la empresa logró ir reduciendo su protección hasta dejarla
prácticamente en nada.


Sin perjuicio de lo anterior, el Teatro Bellas Artes merece ser protegido tanto por su importancia arquitectónica como por su importancia histórica en el patrimonio cultural de San Sebastián, llevándose a cabo para ello todas las acciones
que sean necesarias por parte del Gobierno de la Nación, del Gobierno Vasco y del ayuntamiento de la ciudad para ultimar y hacer efectiva dicha protección.


Cuarto. En virtud del art. 148.1 CE, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en 'ordenación del territorio, urbanismo y vivienda' (art. 148.1. 3.ª CE) y 'patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma' (art.
148.1. 16a CE).


En este sentido, en desarrollo de dicho mandato constitucional, el apartado 19 del artículo 10 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco señala lo siguiente:


'La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: 19. Patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico, asumiendo la Comunidad Autónoma el cumplimiento de las normas y
obligaciones que establezca el Estado para la defensa de dicho patrimonio contra la exportación y la expoliación.'


Por su parte, la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco señala en su artículo 6 lo siguiente:


'1. El Gobierno Vasco promoverá, de manera preferente, la colaboración y cooperación en materia de patrimonio cultural vasco con las comunidades y territorios, pertenecientes o no al Estado español, que tengan vínculos históricos,
lingüísticos y culturales con la CAPV. A tal fin, podrá formalizar, según proceda, acuerdos de colaboración y cooperación con las instituciones públicas y privadas de dichas comunidades y territorios, así como con la diáspora articulada en las
colectividades vascas en el exterior.


2. Asimismo, el Gobierno Vasco promoverá acuerdos y relaciones de colaboración con otras comunidades autónomas, la Administración General del Estado, las instituciones europeas y organismos internacionales.'


Tampoco cabe olvidar que, en virtud del artículo 4, letra i) del Reglamento de organización y funcionamiento de la Conferencia Sectorial de Cultura, la Conferencia Sectorial de Cultura 'puede ejercer funciones consultivas, decisorias o de
coordinación, orientadas a alcanzar acuerdos sobre materias comunes. En particular, las funciones a desarrollar por la Conferencia Sectorial para el cumplimiento de sus fines serán, entre otras, las siguientes:


'i) Cualesquiera otras que contribuyan a asegurar la necesaria cooperación, y en su caso, coordinación de los poderes públicos en la promoción, defensa y difusión de la cultura, siempre que sus integrantes así lo consideren.'


En base a lo anterior, resulta preceptiva la participación del Estado, en cooperación con la administración autonómica vasca, en la salvaguarda de Palacio de Bellas Artes de San Sebastián, instando a su inclusión en la lista de Bienes de
Interés Cultural de la citada Comunidad Autónoma.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la nación a promover, en el seno de la Conferencia Sectorial de Cultura, la incoación de un expediente administrativo de declaración de Bien de Interés Cultural por parte del departamento
del Gobierno Vasco competente en materia de patrimonio cultural, al objeto de declarar el Teatro Bellas Artes de San Sebastián como Bien Cultural de Protección Especial, con la categoría de Monumento, protegiendo, a su vez, el patrimonio cultural,
artístico y monumental español.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2021.-Francisco José Contreras Peláez, José Ramírez del Río, Mireia Borrás Pabón y Pedro Requejo Novoa, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.



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Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital


161/003500


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el fomento de las competencias digitales nuestro tejido
productivo para su debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.


Exposición de motivos


La transformación digital es una de las grandes oportunidades para la recuperación económica posterior a la crisis del COVID-19. Pese a que la digitalización de la economía y la sociedad era una tendencia ya en boga con anterioridad a la
emergencia sanitaria, el impacto de la misma ha impulsado aún más la penetración de herramientas digitales en el día a día de la ciudadanía y de las organizaciones. El teletrabajo se convirtió en la norma para muchas empresas, mientras que la
necesidad de disponer de servidores en la nube para el almacenamiento de información y su acceso remoto se convirtió en un punto esencial de casi cualquier actividad.


Nuestro tejido empresarial está formado casi en su totalidad por pequeñas y medianas empresas (PYMES), que pueden aprovechar esta tendencia de digitalización para abrir nuevos horizontes para sus modelos de negocio y para crecer y crear más
empleo de calidad. Sin embargo, la digitalización también implica importantes retos, puesto que existen numerosas brechas digitales que pueden dificultar el aprovechamiento de esta situación por parte de las empresas, especialmente las más
pequeñas. Según el informe Digital Skills Research elaborado por la consultora RAND Europe para la empresa Salesforce, el 87 % de los directivos o bien está experimentando o prevé experimentar problemas para obtener perfiles con las competencias
digitales adecuadas.


En particular, el 56 % de las PYMES europeas afirman estar teniendo problemas para cubrir sus necesidades tecnológicas. En España, entre julio y octubre de 2021 se publicaron en torno a 230.000 ofertas de empleo, de las cuales más de 62.600
eran relacionadas con el sector de las tecnologías, el desarrollo de software o la programación. Pese a ello, muchas de estas ofertas no consiguen cubrirse por las diferentes brechas digitales, o bien de carácter socioeconómico por los costes del
acceso a la digitalización o bien por la falta de adecuación del sistema educativo y formativo a las necesidades de la digitalización. En España en torno al 37 % de la población no utiliza nunca el correo electrónico y en torno a un 17 % manifiesta
no ser capaz de hacer ninguna actividad relacionada con la informática. Es más, nuestro país se sitúa en torno a dos puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea en capacitación básica de competencias digitales.


De acuerdo a la última edición del informe Digital Economy and Society Index (DESI) de la Comisión Europea sobre digitalización de los Estados miembros, España se sitúa en el noveno puesto de los 27 Estados miembros si consideramos su
puntuación global, pero cae hasta el puesto 12.º en competencias digitales y capital humano. De hecho, según los datos de este informe, el 36 % de la población española aún no tiene competencias digitales básicas, y la escasez de especialistas en
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 'sigue siendo un factor que limita la productividad, en particular de las pymes'. En definitiva, la escasez de competencias digitales lastra la posibilidad de que la digitalización permita a
nuestras pequeñas y medianas empresas crecer aprovechando los fondos europeos de recuperación.


Por ello, desde Ciudadanos planteamos la necesidad de invertir en competencias digitales para PYMES, presentando una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 en este sentido. En ella pedíamos una inversión de, al
menos, 16 millones de euros en el próximo año para fomentar la capacitación de profesionales en PYMES y para mejorar la formación de personas en situación de desempleo, especialmente de jóvenes, para que puedan cubrir esos puestos que necesitan
nuestras pequeñas y medianas empresas.



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Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Crear un programa específico dentro del Plan Nacional de Competencias Digitales para la capacitación de profesionales actualmente empleados en PYMES en competencias digitales, dotándolo presupuestariamente de forma acorde.


2. Impulsar un programa específico dentro del Plan Nacional de Competencias Digitales para la formación de jóvenes en situación de desempleo en competencias digitales, especialmente en materia de desarrollo de software y programación,
dotándolo presupuestariamente de forma acorde.


3. Establecer una serie de indicadores medibles para poder realizar un seguimiento del progreso de los programas de los apartados anteriores, pudiendo así evaluar las mejoras realizadas en materia de competencias digitales en los colectivos
diana.


4. Asegurar la existencia de un mecanismo de mejora continua que permita identificar errores o deficiencias en la formación en competencias digitales de los programas referidos en los apartados 1 y 2, facilitando así la corrección de
errores en los próximos Planes Nacionales de Competencias Digitales.


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2021.-María Muñoz Vidal, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comisión de Sanidad y Consumo


161/003478


A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Consumo


El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de la especialidad de
Enfermedades Infecciosas, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.


Exposición de motivos


Las enfermedades infecciosas afectan a una proporción elevada de la población. Lo cambiante de su epidemiología y la creciente complejidad de su manejo hace imprescindible contar con profesionales altamente cualificados para garantizar el
abordaje óptimo de las infecciones más complicadas. El papel de estas personas expertas en la gestión de crisis sanitarias causadas por infecciones emergentes es fundamental. Ante las amenazas de infecciones emergentes, unidades especializadas y
médicos especialistas permitirán minimizar el riesgo para la población. El reconocimiento de esta especialidad contribuiría a afrontar futuras crisis sanitarias en una mejor situación.


Estas enfermedades han generado numerosas y variadas demandas asistenciales a lo largo de los últimos cuarenta años, sobran argumentos cuando a día de hoy redactamos esta Proposición No de Ley usando mascarilla facial para protegernos de
posibles infecciones provocados por la pandemia de la COVID-19, pero ya anteriormente, la trascendencia social de las enfermedades infecciosas era de tal magnitud, que seis de ellas, la infección por VIH, la gripe, las enfermedades prevenibles por
vacunas, las infecciones por los virus Dengue y Ébola y las infecciones por bacterias multirresistentes están entre las mayores amenazas para la Salud Global.


El artículo 12 de la ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, al regular los principios rectores de la actuación formativa y docente de las profesiones sanitarias, establece como uno de dichos principios
la revisión permanente de las enseñanzas en el campo sanitario, actualizando y adecuando los conocimientos de los profesionales a la evolución científica y técnica y a las necesidades sanitarias de la población.



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Proposición no de Ley


'Por todo ello, se insta al Gobierno a que, con carácter de urgencia, proceda a reconocer la especialidad médica de Enfermedades Infecciosas con su itinerario formativo correspondiente por la vía MIR.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2021.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


161/003481


A la Mesa del Congreso de los diputados


El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para
su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad y Consumo, sobre la modernización de la legislación relativa a los servicios de atención al cliente.


Exposición de motivos


El incremento del volumen de las transacciones en línea ha planteado nuevos retos derivados del propio funcionamiento de los mercados digitales. Aunque en términos generales esta tendencia ha resultado beneficiosa, también se ha traducido
en un incremento de las problemáticas entre consumidores y empresarios donde los principales problemas detectados hasta el momento son la falta de armonización en los criterios de información, el desconocimiento de los derechos por parte de los
consumidores y la falta de gestión de las garantías de los productos comercializados en la web. Los servicios de atención al cliente de las empresas online no siempre gozan de la misma calidad, no solo porque los operadores tienen sus bases en
distintos países, sino también porque los canales de comunicación entre clientes y empresas son ineficientes y/o el tipo de información brindada no cuenta con los datos necesarios para realizar compras seguras.


Desde la Unión Europea se ha propuesto una solución por medio de la Nueva Agenda del Consumidor. Esta Agenda da respuesta a las necesidades de los consumidores que han tenido problemas en sus compras online sobre todo durante y después de
la pandemia. Dadas las restricciones de movilidad, los consumidores del sector turístico y del sector viajes han sido los más perjudicados, asumiendo en muchas ocasiones las cancelaciones de viajes motivadas por el coronavirus. La OCU ha tramitado
más de 10.000 mediaciones de usuarios afectados por las cancelaciones de los vuelos, quienes no han obtenido un reembolso o que han recibido un bono que no han podido utilizar.


La diversidad de criterios informativos ha supuesto grandes problemas también en el sector bancario, donde la falta de información y el desconocimiento manifiesto de los clientes sobre los productos contratados han dado pie a miles de
reclamaciones y juicios. En este sentido, FACUA ha asegurado que en 2018 alrededor de un 16 % de las quejas recibidas estuvieron destinadas a las entidades bancarias. Sin embargo, el sector bancario no es el único que afronta este tipo de
problemáticas. Los servicios de telecomunicaciones también han tenido un gran volumen de reclamaciones. Según un informe de El Reclamador de 2019, empresas de telefonía, internet y televisión han registrado alrededor del 67 % del total de las
contabilizadas.


Las consecuencias de la falta de armonización de criterios en los servicios de atención al cliente muestran que existe una necesidad de homogeneización de criterios para que la información proporcionada por las empresas sea clara,
armonizada, fiable y fácil de entender. Este marco dispar ha afectado particularmente a los consumidores vulnerables. Los problemas más comunes que han afectado a este colectivo se han registrado por la variabilidad en la información sobre los
productos dirigidos a niños, personas mayores y personas con discapacidad. Varias asociaciones de consumidores a nivel europeo coinciden en que establecer criterios informativos uniformes garantizaría un entorno digital más fiable, seguro y justo a
la vez que favorecería un consumo más sostenible.


Otros grandes retos a afrontar desde la perspectiva del consumidor en el escenario postpandémico son los relativos a la transición ecológica desde el mercado digital. La información medioambiental de los productos es una cuenta pendiente en
estos mercados. Existe una falta generalizada de información



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respecto a la huella ecológica que conllevan, su sostenibilidad medioambiental o la reparabilidad de los mismos. Aunque durante la última década la Unión Europea ha hecho un intenso trabajo en cuanto al fomento de la economía circular y el
impulso de medidas medioambientales, el comercio virtual ha quedado de alguna forma excluido de muchas de estas iniciativas dada la deslocalización y el carácter transnacional de las compras por internet. En este sentido, la nueva agenda europea
marca el camino apostando por establecer planes de capacitación en cuestiones relativas a transición ecológica y digital para que los propios consumidores actúen como agentes centrales de una recuperación sostenible.


Por otro lado, cabe destacar que dada la dinámica transnacional de las compras en línea, durante los últimos años se han multiplicado los casos de faltas en el cumplimiento de la garantía de los productos, sobre todo fuera de las fronteras
comerciales de la Unión Europea. Varios países de la UE ya están articulando mecanismos para asistir a consumidores en litigios transfronterizos no solo con empresas dentro de la Unión, sino también en Noruega, Islandia y Reino Unido. Sin embargo,
no podemos obviar que China es hoy un actor cardinal en el comercio digital, por lo que necesariamente debemos establecer un marco en materia de seguridad para los consumidores también para con el gigante asiático.


En el ámbito de cumplimiento de las garantías y los servicios de atención al cliente, se ha de trabajar en una regulación horizontal a nivel nacional, con especial énfasis en aquellos sectores económicos de interés general. Según datos
publicados recientemente, se han registrado varios abusos por parte de grandes empresas que vienen basando sus servicios de atención al cliente en principios de autorregulación. No es de reparo que las propias empresas establezcan criterios de
atención al cliente individualmente ya que, como se ha indicado anteriormente, esto produce un desequilibrio entre empresas proveedoras y clientes. En este sentido, y dada la falta de armonización de criterios en los servicios de atención al
cliente, es cada vez más frecuente el uso de sistemas automáticos para la presentación de quejas o reclamaciones, lo que deteriora la capacidad del consumidor para solicitar soluciones derivadas del intercambio comercial, y por tanto le supone una
desventaja.


Al no existir una obligación para la estandarización de los niveles de calidad de la información y valoración de los productos en línea, los consumidores tienden a elegir contando con las valoraciones realizadas directamente sobre la página
de venta, sin contar con unas líneas horizontales básicas sobre la información concerniente al producto en cuestión. Esto supone una gran diferencia de información entre productos, distorsionando la elección del consumidor, ya que la información no
facilita una comparabilidad con otros productos similares.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar iniciativas en relación con los servicios de atención al cliente, entre las cuales se contemplen medidas horizontales de calado para la defensa de consumidores y usuarios, y en
concreto:


1. Establecer estándares mínimos como la gratuidad y la accesibilidad de los servicios de atención al cliente.


2. Emprender las acciones necesarias para que los servicios de atención al cliente sean evaluables, y para que estos estén sujetos a auditorías obligatorias y regulares.'


Palacio Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2021.-Laura López Domínguez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


161/003482


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
eliminación de la exención total del IVA que actualmente disfrutan las loterías, juegos de azar y juegos de apuestas y la prohibición de las tarjetas de crédito de toda actividad de azar y dinero, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.



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Exposición de motivos


El endeudamiento es una de las consecuencias de adicción al juego que afecta a personas ludópatas y a su entorno familiar, y que supone un hándicap añadido para su rehabilitación, ya que en muchos casos se generan situaciones de
vulnerabilidad socioeconómica que se arrastran durante años.


Según el Análisis del Perfil del Jugador Online 2020, elaborado por la Dirección General del Juego del Ministerio de Consumo, más del 72 % de las cantidades jugadas se han abonado empleando tarjetas bancarias como medio de pago. Aunque los
datos oficiales no discriminan entre tarjetas de pago de crédito y débito, resulta evidente que las personas que se encuentran en situación de juego problemático o afectadas por el trastorno del juego patológico presentan un elevado riesgo de
utilizar tarjetas de crédito para realizar sus apuestas, aumentando su riesgo de endeudamiento. De hecho, asociaciones en defensa de los derechos de las personas consumidoras (como la FACUA) trasladaron esta petición al ministro de Consumo a
principios de 2020. Además, países como Reino Unido, han prohibido el uso de tarjetas de crédito para la participación en juegos por dinero, como medida de protección de las personas consumidoras.


Por otro lado, la actividad del juego (incluyendo las apuestas) se encuentran exentas de tributar el IVA, a diferencia de otros productos que también están afectadas por los impuestos especiales -como son el tabaco, el alcohol o la
electricidad- y la totalidad de productos y servicios disponibles en el mercado (desde alimentación o productos de higiene femenina hasta servicios culturales).


En 2014, la Comisión de Expertos para la reforma del Sistema Tributario Español recomendó en la propuesta número 72 de su informe, publicado por el entonces Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que habría que reducir el ámbito
de exención contenido en el punto 19 del apartado 1 del Artículo 20 de la Ley del IVA, estableciendo condiciones y límites para que las loterías y otros juegos de azar y/o dinero disfruten de dicha exención. Desde entonces, el volumen del negocio
de este sector -público y privado, online y presencial- en España no ha dejado de crecer, llegando en 2019 hasta los 49 millones de euros, según los datos facilitados por la Dirección General del Juego del Ministerio, en una presentación realizada
el 13 de mayo de 2021 en el marco de la jornada de 'Juego patológico en tiempos del COVID-19. Propuestas profesionales de intervención', organizada por la Fundación Atenea.


En abril de 2021, la actual Ministra de Hacienda presentó la composición del Comité de Expertos que habrán de diseñar la Reforma Fiscal Española, a la que se ha comprometido el gobierno central, vinculada al plan de ayudas procedentes de la
Unión Europea para la recuperación de la economía de la crisis derivada de la COVID-19.


Por todo ello, presento la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso insta al Gobierno a:


1. Prohibir el pago con tarjeta de crédito de toda actividad de juego de azar y dinero, incluyendo las apuestas, tanto online como presencial en la reserva estatal.


2. Abordar la eliminación de la exención total del IVA que actualmente disfrutan las loterías, juegos de azar y juegos de dinero (incluyendo las apuestas) en el marco de trabajos del Comité de Expertos para la Reforma Fiscal creado por el
Ministerio de Hacienda, con la finalidad de llevar a cabo los cambios normativos necesarios para establecer las condiciones y límites de aplicación de la exención del IVA contemplada en la normativa europea, teniendo en cuenta la evidencia
científica y socio-sanitaria relativa a la capacidad adictiva de estas actividades y su impacto en la salud mental y calidad de vida de las personas.


3. Defender en las instituciones europeas, desde el punto de vista de la protección del interés general como al favorecimiento del equilibrio fiscal, la conveniencia de la eliminación de las actividades de juegos de azar y apuestas de las
actividades exentas de tributación del IVA, reguladas por la Directiva 2006/112/CEE.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2021.-Joan Baldoví Roda, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.



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161/003489


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de rebaja del IVA de todas las
mascarillas al 4 % mientras sea obligatoria en 2022, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.


Exposición de motivos


Desde el 14 de marzo en que se declaró el Estado de Alarma por la pandemia de COVID-19 en España, se han contagiado en España 5.202.958 personas y han fallecido según datos oficiales 88.159 personas, aunque las estimaciones sitúan en más de
130.000 las personas muertas por coronavirus. La aparición a finales de noviembre de una nueva variante de COVID-19, la Ómicron, la 'sexta ola' en fase de crecimiento en todas las comunidades Autónomas y el aumento de contagios ha obligado a las
autoridades sanitarias a mantener las recomendaciones de prevención y protección individual, como el uso de mascarillas, durante 2022.


Las medidas recomendadas por científicos, expertos y autoridades para prevenir la cadena de contagios son la higiene personal, el uso de mascarillas y el distanciamiento interpersonal. Consideramos probado que fue un grave error del
Gobierno no establecer como obligatorio del uso de las mascarillas desde el 14 de marzo. Su incapacidad y falta de previsión en adquisición y puesta a disposición de los ciudadanos de las mismas lo que generó desprotección a millones de personas.


Durante la primera ola de la pandemia las afirmaciones acientíficas y las recomendaciones temerarias del Gobierno sobre el uso de mascarillas han sido erráticas y tardías, siempre por detrás del virus, y su uso sólo fue obligatorio desde el
20 de mayo de 2020.


El uso obligatorio de las mascarillas para 45 millones de españoles ha supuesto un notable incremento en el gasto de las familias que se ha estimado entre 75 y 150 euros al mes. Aunque se reguló el precio de las mascarillas quirúrgicas en
0,96 euros unidad, se mantuvo el IVA de estas al 21 % hasta noviembre de 2020, con el argumento falaz de que no era posible bajarlo por imposición de la Unión Europea, argumento invalidado ya que en algunos países tienen mascarillas exentas de IVA,
como Italia, Alemania, Bélgica y Países Bajos o por los precios reducidos de IVA en la mayoría de los países de la Unión Europea como Francia, Portugal y Grecia.


El Partido Popular viene reclamando desde el 16 de abril de 2020, a través de varias Proposiciones no de Ley, la reducción del precio de las mascarillas y la bajada del IVA al tipo super reducido el 4 %, así como que fueran gratuitas para
colectivos vulnerables. Ante el clamor ciudadano y el elevado gasto de las familias en la adquisición de mascarillas, en noviembre de 2020, el Gobierno redujo al 4 % el IVA, pero solo de las mascarillas quirúrgicas y hasta el 31 de diciembre de
2021, dejando fuera de la reducción del IVA a las mascarillas higiénicas y a las FFP2 y FFP3, de máxima protección para los colectivos más vulnerables desde el punto de vista sanitario.


Tras los errores, bandazos y engaños del Gobierno y considerando que el uso de las mascarillas es vital para salvar vidas y prevenir los contagios por COVID-19 y puesto que su uso será necesario y obligatorio durante el año 2022, el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a las Presupuestos Generales del Estado para reducir el IVA a todos las de mascarillas quirúrgicas, higiénicas y FFP2 y FFP3 durante el año 2022, enmienda que ha sido incomprensiblemente vetada por el
Gobierno.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que 'excepcionalmente, por la situación actual provocada por el COVID-19, la aparición de la nueva variante Ómicron, la sexta ola en crecimiento y hasta que dure la obligatoriedad de uso
durante el año 2022, el IVA aplicable a las mascarillas será del 4 %; dado que se considera un producto sanitario de uso obligatorio para la prevención del contagio por coronavirus'.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de diciembre de 2021.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades


161/003463


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la desigualdad de género en el sistema de ciencia, para su debate en la
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.


Exposición de motivos


Tal y como muestra el informe publicado por el Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación sobre la 'Situación de las jóvenes investigadoras en España' el pasado 11 de febrero y el informe 'Científicas en Cifras 2021' de la Unidad de Mujeres
y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, el pasado 8 de marzo, las desigualdades de género persisten en el sistema de ciencia de nuestro país.


España cada vez incorpora a más mujeres a la carrera investigadora, situando a nuestro país en los lugares altos de la tabla europea. Nuestro país cuenta con 95.000 investigadoras, el 41 % del personal investigador, respecto del 38 % de
media de la UE, y con un crecimiento del 3 % en el caso de las investigadoras y 0,7 % para los investigadores. Sin embargo, los datos muestran avances lentos en las brechas de género ya detectadas desde hace años en el sistema de CTI.


Atraer a más mujeres a vocaciones científicas, es fundamental para el progreso de nuestro país, donde el conocimiento ha de ser uno de nuestros principales activos, y, especialmente, especialmente ingenierías y tecnologías, donde sabemos que
están los puestos de trabajo de calidad del futuro.


No podemos prescindir de su talento, aunque la mayoría de quienes estudian en la universidad son mujeres, también es cierto que optan menos a las áreas STEM. Mientras que, en los estudios de grado, el 56 % son mujeres, en ingenierías y
arquitectura solo representan un 25 %, porcentajes similares para estudios de master. En los estudios de doctorado, las matriculadas son un 50 % del total y el 30 % para ingeniería y arquitectura. Estos porcentajes descienden drásticamente entre
el personal investigador, donde sólo son el 6 % en ingeniería y tecnología.


Los motivos detrás de esta realidad están en los estereotipos de género y de ciencia y también, como muestran diferentes estudios, en que ellas no se perciben capaces o no se sienten atraídas por estas áreas. Es necesario contar con más
científicas referentes en todas las etapas educativas, y en libros de texto -en libros de secundaria solo el 7,5 % de referentes son mujeres. Acercar la ciencia al alumnado, mostrando que estamos rodeados de ciencia y de innovación y su utilidad e
impacto social.


Retener y apoyar a las investigadoras, para evitar la pérdida de talento femenino según avanza la carrera investigadora (leaking pipeline). A pesar del incremento de mujeres en ciencia, no todas continúan en la carrera investigadora y
tampoco progresan a igual ritmo que sus compañeros. Por ejemplo, en el salto a la estabilización que representa el grado 13, aparecen diferencias porcentuales de 11 puntos en universidades y 19 puntos en los OPIs.


Hay un inmenso trabajo que todavía queda por realizar en cuanto a la conciliación, la precariedad, la movilidad, los sesgos de género y los entornos sexistas que siguen sufriendo las mujeres. Tal y como muestra la encuesta realizada para el
estudio de situación de jóvenes investigadoras, entre los principales obstáculos en la carrera investigadora destaca: la inestabilidad laboral (para el 85,3 % de ellas y 83,3 % de ellos) donde ellos además consiguen contratos estables antes que
ellas; dedicación horaria excesiva (para el 63,4 % de ellas y el 55,7 % de ellos); las dificultades financiación, con una preocupante diferencia por sexo de 5 puntos porcentuales en la tasa de éxito en convocatorias proyectos I+D; la conciliación
(para el 32,3 % de ellas y el 23,5 % de ellos, si bien el 76 % de encuestados/as no tiene personas a cargo); las exigencias de movilidad (para el 33,5 % de ellas y el 25,3 % de ellos).


Además, en este estudio se pone de manifiesto que siguen existiendo conductas sexistas (para el 42,7 % de ellas y el 24 % de ellos), situaciones de discriminación por razón de sexo (para el 26,8 % de ellas y el 6 % de ellos) e incluso de
acoso sexual (para un 8,6 % de ellas) que afectan a su carrera investigadora. Es necesario fomentar y garantizar entornos libres de sexismo y de sesgos y discriminaciones por razón de género.


Para abordar estos obstáculos es necesario estudiar e impulsar medidas de acción positiva que tengan en cuenta el desigual impacto de circunstancias derivadas de roles y estereotipos de género que



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persisten en nuestra sociedad y que ayuden a que las investigadoras puedan competir en condiciones de igualdad y libres de sesgos de género.


Igual contribución a la ciencia, reconocimiento y financiación. Existe brecha de género en las solicitudes de sexenios que evalúan y reconocen la actividad investigadora del personal docente e investigador donde hay, además, tasas de éxito
inferiores para las mujeres en diversas áreas, o incluso en todas, como es el caso del sexenio de transferencia (alcanzando hasta 22 puntos porcentuales de diferencia en las ciencias empresariales). Aunque la proporción de investigadoras
solicitantes en convocatorias de proyectos de I+D+I va en aumento, ellas tienen menores tasas de éxito (43 % ellas y 48 % ellos, en 2019) y reciben proporcionalmente menos financiación que sus homólogos.


Romper techos de cristal para una plena participación en el diseño del presente y del futuro de nuestra ciencia. Aunque hay una ligera mejora en la participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones, con 23 % de rectoras y 50 %
como responsables de OPIs, las mujeres no participan de forma plena e igualaría en la toma de decisiones en el sistema de ciencia (por debajo del 40 % en rectorados y vicerrectorados y con una de cada cuatro directoras de institutos de
investigación).


Los planes de igualdad de género como vehículo de transformación en los centros de investigación y universidades. El 75 % de los OPIs, 93 % de universidades públicas y 70 % de universidades privadas cuentan ya con planes de igualdad.
Siendo éste un criterio de elegibilidad en el programa marco de Horizonte Europa a partir de 2022, es fundamentar reforzar la implementación y evaluación de estos planes.


Por tanto, apoyar, atraer y retener el talento femenino en I+D+i es clave para una ciencia diversa y de calidad. Mejorar la realidad de las científicas es una responsabilidad del gobierno y de todos los agentes relevantes. Solo con
políticas de igualdad integradas en el sistema de ciencia, tecnología e investigación se podrán acelerar los cambios necesarios para eliminar estos obstáculos.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Estudiar e impulsar las medidas necesarias para abordar las desigualdades de género que persisten en el sistema de ciencia, con especial atención en frenar los obstáculos detrás de dichas desigualdades, y que se han puesto de manifiesto a
través de los informes arriba referidos.


- Realizar un estudio de impacto de género para analizar los motivos detrás de las diferentes tasas de éxito por sexo en las convocatorias de proyectos de l+D.


- Establecer un sistema de indicadores de igualdad de género en I+D+i que permita, de manera periódica y continua, conocer la situación y evolución en materia de igualdad de género en el sistema de ciencia, tecnología e innovación.


- Implementar el programa de trabajo aprobado por el OMCI el pasado mes de noviembre para el periodo 2021-2022.


- Tomar las medidas adecuadas para la adecuada implementación y evaluación de los planes de igualdad de género en todos los centros de investigación y universidades, en línea con las exigencias del nuevo programa marco Horizonte Europa.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2021.-Javier Alfonso Cendón, Patricia Blanquer Alcaraz, Helena Caballero Gutiérrez, Roberto García Morís, Miguel Ángel González Caballero, Ariagona González Pérez, Sandra Guaita
Esteruelas, María Ángeles Marra Domínguez, María Luz Martínez Seijo, Guillermo Antonio Meijón Couselo, Arnau Ramírez Carner, Germán Renau Martínez, Juan Francisco Serrano Martínez y Laura Berja Vega, Diputados. José Zaragoza Alonso y Rafaela
Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.



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161/003502


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Los Grupos Parlamentarios firmantes se dirigen a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley de acceso al
derecho a indemnización por finalización de contratos predoctorales, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.


Exposición de motivos


La figura del contrato predoctoral se recoge actualmente en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Esta modalidad contractual del personal investigador tiene como objetivo el poder
realizar tareas de investigación en el ámbito de un proyecto específico y novedoso por quienes están admitidos en un programa de doctorado. De este modo se permite, además, la realización simultánea de la tesis doctoral con acciones de formación
dentro de un grupo de investigación mientras se realiza la carrera académica hasta la consecución del título de doctorado.


Dicha modalidad incurre en la circunstancia de su duración determinada puesto que, tal y como se encuentra regulada actualmente, esta no puede ser inferior a un año ni superior a cuatro y finaliza cuando concluye la etapa académica. Esta
determinación del contrato predoctoral implica terminar con una relación contractual con ausencia de indemnización.


El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 49.1.c), reconoce el derecho de las personas trabajadoras a percibir una indemnización
con carácter general, exceptuando aquellos contratos de interinidad o formativos. El contrato predoctoral, pese a tener un carácter formativo, no se encuentra dentro de las excepciones mencionadas por el Estatuto. No obstante, al tratarse de una
figura no recogida en el propio Estatuto de los Trabajadores, tampoco parece reconocer el derecho a percibir resarcimiento derivado del cese o finalización de su contrato.


Dicha circunstancia ha sido objeto de litigios -llegando incluso al Tribunal Supremo- donde parecen existir motivos fundados para determinar que la solución a esta situación de diferenciación de trato requiere de una regulación expresa en la
ley.


La administración ha de adaptar el marco contractual y garantizar los derechos laborales en nuestra legislación. De este modo, también se adaptaría a los principios generales del Derecho de la Unión Europea.


La ausencia de indemnización de nuestros investigadores, sumado a la inseguridad laboral y precarización de los contratos como consecuencia de los recortes y limitaciones de las tasas de reposición de los años del Partido Popular, han
evidenciado una década de pérdida de talento, precariedad y de inseguridad laboral.


Alcanzar altas cotas de investigación, innovación y transferencia del conocimiento en nuestro país requiere de un fortalecimiento del sistema público de I+D+i que garantice la estabilidad de la financiación y la mejora de las condiciones
laborales de nuestro personal investigador. Adaptar el marco normativo vigente permitiría lograr que la I+D+i sea un verdadero motor de crecimiento económico y de generación de empleo de calidad.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presentan la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para que el personal investigador predoctoral acceda al derecho a indemnización por finalización de
contratos en los contratos predoctorales.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2021.-Javier Alfonso Cendón, Juan Francisco Serrano Martínez, Roberto García Morís, Sandra Guaita Esteruelas, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del
Grupo Parlamentario Socialista.-Javier Sánchez Serna. Diputado-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.



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Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


161/003467


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Jon Iñarritu García, Diputado del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo internacional a
la Defensa y Protección de los Derechos Fundamentales de las Mujeres en Afganistán, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo


Exposición de motivos


Las conquistas en Derechos Humanos que las mujeres habían conseguido durante los últimos 20 años en Afganistán están a punto de perderse.


La toma de poder por parte de los talibanes el 15 de agosto de 2021 ha traído profundos cambios a la vida de toda la población afgana, pero las mujeres y niñas afganas soportan restricciones especialmente graves en su vida diaria. Los
líderes talibanes implicados en negociaciones internacionales afirman que su visión de los derechos de la mujer ha cambiado; sin embargo, los hechos en el terreno contradicen sus declaraciones.


El hecho de prohibir a las mujeres trabajar, excepto para trabajadoras sanitarias y algún otro caso aislado, ha agravado los problemas económicos de muchas familias, que antes recibían sueldos profesionales constantes, y la supresión de la
mujer de los puestos de gobierno ha socavado enormemente la capacidad de gobierno efectivo del Estado.


Las niñas mayores de 12 años no pueden asistir a la escuela y la segregación por género en las universidades impide que muchas mujeres puedan aprovechar las ventajas de una educación superior en condiciones.


La situación en Afganistán es grave, y la comunidad internacional debe apoyar a las mujeres afganas y presionar para que los talibanes respeten los derechos de mujeres y niñas.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'La Comisión de Cooperación Internacional para el desarrollo del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Atender a las defensoras y activistas de los Derechos Humanos de Afganistán e interactuar con ellas para comprender las realidades sobre el terreno y sus recomendaciones prácticas, y trabajar con ellas para apoyar los derechos de las
mujeres en Afganistán.


2. Utilizar la influencia disponible en las conversaciones, dialogo y negociaciones que se entablen directa o indirectamente con las autoridades talibanas para abordar los derechos de las mujeres y las niñas como cuestión no negociable; y
garantizar que las mujeres forman parte de todas las delegaciones que se reúnan con los talibanes, y manifestar su preocupación por la ausencia de mujeres en el Gobierno de facto de Afganistán.


3. Asignar fondos específicos suficientes e implementar programas y proyectos de derechos de las mujeres como parte de un compromiso integral y a largo plazo de apoyo a los derechos humanos y de las mujeres en Afganistán.


4. Garantizar que la financiación humanitaria resulta accesible a través de un sistema bancario funcional y se proporciona de manera flexible a ONG Internacionales y nacionales y organizaciones de base fiables que trabajan en Afganistán,
incluidas las organizaciones locales de mujeres; y proporcionar ayuda económica internacional -si fuera necesario- para impedir el colapso del sistema bancario, a fin de evitar un mayor deterioro de los derechos económicos, sociales y culturales de
la población afgana, especialmente las mujeres.


5. Disponer y apoyar activamente el paso seguro y las evacuaciones desde Afganistán de las mujeres y niñas que corren mayor peligro de sufrir violencia y abusos por parte de las fuerzas talibanas, los grupos armados no estatales o sus
familiares o miembros de la comunidad, y que desean abandonar el país.



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6. Garantizar el reconocimiento de la condición de refugiadas a todas las mujeres y niñas afganas, basándose en el elevado peligro de persecución por motivos de género que corren si son devueltas a Afganistán;


7. Apoyar que la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) cuente con los recursos, la dotación de personal y el respaldo diplomático necesarios para llevar a cabo una vigilancia eficaz de los Derechos Humanos sobre
el terreno en todo el país, lo que incluye personal adicional con dominio de los idiomas locales; la UNAMA debe entablar debates frecuentes con los talibanes sobre el cumplimiento de las obligaciones contraídas por Afganistán en virtud del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, incluido el deber de garantizar la plena igualdad de género, e informar periódicamente al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos.


8. Dar apoyo en el ámbito de las Naciones Unidas a que la función de relatoría especial de la ONU sobre Afganistán cuente con todos los recursos y el apoyo necesarios para cumplir de manera efectiva su mandato, lo que incluye dotarla de
personal experto en derechos de las mujeres y género.


9. Considerar la posibilidad de adoptar otras medidas en el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU -incluida la creación según proceda de mecanismos y procesos más sólidos- para garantizar el
control adecuado de la situación de los Derechos Humanos a la que se enfrentan las mujeres en Afganistán.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2021.-Jon Iñarritu García, Diputado.-Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.


161/003483


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Maria Carvalho Dantas, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la protección de
los derechos humanos en el Sáhara Occidental para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.


'Pedimos que se emprendan nuevas acciones y medidas eficaces, de conformidad con el derecho internacional, para eliminar los obstáculos que impiden la plena realización del derecho a la libre determinación de los pueblos que viven bajo
ocupación colonial y extranjera y que siguen afectando negativamente a su desarrollo económico y social y a su medio ambiente.'


Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, punto 35.


Exposición de motivos


En el último año, Marruecos ha intensificado todas sus actuaciones para reafirmar su más que cuestionada soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental.


Avalado por un pacto del silencio con los Estados Unidos de Donald Trump, y por una ruptura del alto al fuego con el Frente Polisario hace ya más de un año, el Reino de Marruecos ha aprovechado todas sus armas de Estado para someter a la
población saharaui a su voluntad a través del miedo y la violencia. Y la comunidad internacional se queda en silencio, sin intervenir, no siendo ninguna excepción el Estado español quien, según la Organización de las Naciones Unidas, es aún
potencia administradora de dicho territorio. ¿Hasta cuándo va a seguir el Estado rehuyendo su responsabilidad?


Del Sáhara Occidental nos llegan los gritos de socorro de la población y de los y las defensoras de Derechos Humanos. El mejor ejemplo es el de la activista Sultana Khaya, que hace ya más de un año que vive en arresto domiciliario con su
familia (su hermana y su madre) y que durante este año ha tenido que padecer violencia física, violencia sexual, allanamientos de morada, negación de asistencia médica, privación de acceso a suministros básicos (como agua, luz e Internet) y miedo
por las constantes actuaciones de los paramilitares que, armados, vigilan y allanan su casa a su antojo. De hecho, en marzo de 2021, Amnistía Internacional instó a Marruecos a que pusiera fin a estas torturas y arresto domiciliario. Las
autoridades no han presentado aún cargos contra ella, pero, como decíamos, hay agentes de los



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servicios de seguridad apostados habitualmente frente a su casa, que no dejan salir de ella a la familia ni que entre nadie, ni siquiera parientes.


También encontramos el caso del periodista Mohamed Lamin Haddi, que el 1 de marzo cumplió 48 días en huelga de hambre por las condiciones de su encarcelamiento, y del cual su familia no ha tenido comunicación desde el pasado 7 de octubre.
53 días de incomunicación, incertidumbre y abusos.


Esta situación de violación constante de los derechos humanos, que tendría que indignar y centrar cualquier relación que se pueda establecer con Marruecos es silenciada y olvidada. Y cualquier pregunta que se dirija al Gobierno es
contestada con tres líneas de vaguedades y generalidades, con una respuesta en Pleno del Congreso equidistante y medida, o con una prohibición a periodistas de RTVE de visitar los campamentos de los refugiados saharauis.


El silencio cómplice europeo choca con las acciones de dos estados clave en el contexto mundial: las de los Estados Unidos, que pese al cambio de presidencia, siguen avalando la intensificación de la ocupación del territorio saharaui por
parte de Marruecos; e Israel, con quien Rabat está impulsando las relaciones militares y que podría significar una posible escalada militar en la región. Mientras la Unión Europea se quiere erigir en la garante y mediadora por los Derechos Humanos
en el mundo, no es capaz de levantar la voz en un caso tan claro como es este de su frontera suroeste.


Lo decía el propio ministro: 'Las relaciones de vecindad jamás se anteponen a la defensa de los derechos humanos'. Si es esto cierto, el Gobierno, así como la Unión Europea y la comunidad internacional, no pueden seguir haciendo oídos
sordos de las múltiples denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos que se hacen desde el Sáhara Occidental. Por responsabilidad histórica y por dignidad.


Por todo ello se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


1. Ejercer de potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental, tal y como queda recogido en un informe jurídico de Naciones Unidas y posteriormente ratificado en 2014 por un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional,
y dar protección a los y las ciudadanas que, como Sultana Khaya o Mohamed Lamin Haddi, están sufriendo los abusos de las fuerzas militares, paramilitares y penitenciarias marroquíes.


2. Exigir a las autoridades marroquíes el escrupuloso cumplimiento de los derechos humanos de los y las activistas saharauis.


3. Exigir a las autoridades marroquíes que brinden a Sultana Khaya, su madre y su hermana la atención médica que precisan, y a poner fin a las torturas y al arresto domiciliario impuestos a la activista saharaui y su familia.


4. Exigir a las autoridades marroquíes poner fin a los abusos en el sistema penitenciario, como es el caso del periodista Mohamed Lamin Haddi.


5. Condenar el veto que las autoridades marroquíes ejercen sistemáticamente sobre la entrada de delegaciones institucionales a territorio saharaui, como las que tuvieron lugar el 28 de febrero de 2020 con parlamentarios catalanes o el 3 de
octubre de 2021 con dos abogadas y una médico, que contaba con el aval de Naciones Unidas.


6. Revisar, de forma conjunta con las cámaras legislativas autonómicas, la forma mediante la cual el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación comunica los viajes de las delegaciones institucionales a otros Estados.


7. Liderar en el seno de las Naciones Unidas la búsqueda de una salida negociada y justa para una descolonización real del territorio del Sáhara Occidental.


8. Reafirmar el Sáhara Occidental como lugar de especial interés para la cooperación internacional y asegurar una partida presupuestaria suficiente para asegurar una correcta atención a las actuaciones en dicho territorio.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2021.-Maria Carvalho Dantas, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.



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Comisión de Igualdad


161/003454


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la realización de un estudio
para la posible implantación de la píldora anticonceptiva masculina, para su debate en la Comisión de Igualdad.


Exposición de motivos


El artículo 14 de la Constitución afirma el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, quedando recogida en el artículo 9.2 la obligación de los poderes públicos en la promoción de las condiciones necesarias para que
dicha igualdad sea real y efectiva. Sin embargo, la desigualdad de género en los ámbitos sexual y reproductivo discrimina a las mujeres como responsables de todo el proceso reproductivo, como sucede en lo relativo a la planificación reproductiva.


Estas desigualdades en los derechos sexuales y reproductivos, manifestadas en el abordaje de la planificación familiar como una cuestión exclusiva de las mujeres, contravienen la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por España, que establece en su artículo 12 que 'Los Estados Parles adoptarán todas fas medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención
médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, incluidos los que se refieren a la planificación familiar'. De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, es una obligación del estado garantizar el acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción, mediante la incorporación de anticonceptivos de
última generación cuya eficacia haya sido avalada por la evidencia científica (art. 7).


Una de las estrategias necesarias para reducir la brecha de género en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es el impulso de la investigación sobre métodos anticonceptivos hormonales masculinos de última generación. Existen
diversos estudios recientes, como por ejemplo 'Continuing the search for a hormonal male contraceptive', publicado en la 'Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology por Yuen y cols'. (2020). En él se recoge una baja incidencia de
efectos adversos y se afirma la buena acogida de estos anticonceptivos tanto por parte de las mujeres como de los hombres. Por tanto, los varones (a nivel transcultural) tendrían una mayor implicación en la planificación familiar si se sintieran
apoyados con la disponibilidad de métodos anticonceptivos masculinos. De esta forma, estos nuevos métodos anticonceptivos que son seguros, efectivos, reversibles, fáciles de usar e independientes del coito son necesarios para satisfacer de manera
equitativa las diversas necesidades y limitaciones de una población cada vez más diversa (Martin y cols. 2000) y sobre todo más concienciada con la necesidad de erradicar la brecha de género en todas las esferas de la vida.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la investigación relativa al desarrollo e implantación de anticonceptivos hormonales masculinos en España.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2021.-Sofía Fernández Castañón, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.



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161/003456


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Trata de Seres Humanos con
especial atención sobre las mujeres y niñas desde un enfoque integral, para su debate en la Comisión de Igualdad.


Exposición de motivos


La Trata de Seres humanos es una vulneración grave de derechos humanos que generalmente ocurre en el marco de la delincuencia organizada a nivel trasnacional. Esta vulneración de derechos es influida por el género y la edad hasta tal punto
que mujeres y hombres son a menudo objeto de trata con diferentes fines. Por tanto, todas las medidas dirigidas a erradicar la Trata de Seres Humanos deben incluir un enfoque integral de derechos humanos, un enfoque de género interseccional e
incluir a las niñas y niños, con especial atención sobre quienes carecen de acompañamiento.


Actualmente la trasposición de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la
Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, se aplica en nuestro país de manera deficiente. De hecho, no existe una regulación vinculante o legislación cuyo objeto sea la erradicación de la trata desde una perspectiva integral de derechos humanos y de
género.


En España, la política pública destinada a implementar la Directiva 2011/36/UE es el Plan Integral de Lucha contra la Trata de mujeres y niñas con Fines de Explotación Sexual. Sin embargo, este plan sólo contempla la Trata con Fines de
Explotación Sexual, excluyendo otras formas de trata como la trata con fines de explotación laboral presente en el sector de la construcción, la agricultura o el trabajo doméstico, la mendicidad forzosa, el matrimonio forzoso, los matrimonios
simulados, o el tráfico de órganos. Esta aproximación sesgada invisibiliza otras formas de Trata lo que impide el desarrollo de investigaciones, regulaciones, leyes y políticas públicas destinadas a la erradicación integral de la Trata de Seres
Humanos.


España necesita un marco legislativo que aborde esta vulneración de los derechos de las mujeres y niñas, y que trascienda el enfoque criminal para poner en el centro la importancia de la identificación, protección y apoyo a las víctimas.
Como ejemplo, a día de hoy diferentes organizaciones de la sociedad civil denuncian la presencia de obstáculos que interfieren una identificación correcta de las víctimas, como por ejemplo la falta de personal traductor o la influencia de
estereotipos de género e interseccionales en las identificaciones, lo cual es en sí mismo una vulneración de sus derechos que impide la protección adecuada de las víctimas y fortalece la impunidad de los tratantes.


Dicha situación central de los enfoques criminales en el tratamiento de esta vulneración de derechos humanos relega a los márgenes la protección, apoyo, asistencia y reparación de las víctimas a través de los siguientes mecanismos. En
primer lugar, las víctimas que no pueden o son reacias a participar en los procedimientos penales son excluidas de los programas de protección porque España tiende a ofrecer protección sólo a las que ayudan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado a identificar y perseguir a los tratantes. Esto implica que, aun cuando las víctimas son correctamente identificadas, se conviertan en 'víctimas de segunda', porque a ninguna otra víctima de delitos se le pide elegir entre colaborar con la
policía o acceder al estatuto de víctima. Esta dicotomía entre colaborar o el acceso al estatuto de víctima se materializa a través de un periodo de reflexión otorgado a las víctimas para que piensen si quieren ayudar a la investigación policial
mientras reciben una asistencia básica. Sin embargo, aun cuando las víctimas están dispuestas a apoyar el procedimiento penal, estas corren el riesgo de estar desprotegidas. Tal es el caso de las mujeres envueltas en procedimientos que no se
terminan resolviendo por motivos ajenos a las víctimas. En dichos casos, su protección es retirada y niega la posibilidad de reparación establecida por la directiva europea.


A la presión para colaborar en dichos procedimientos penales se suma el hecho de que las víctimas suelen ser informadas inadecuadamente de sus derechos, y para muchas es imposible entender las consecuencias de su identificación como
víctimas.


Además de este enfoque centrado en la persecución penal del delito que relega a los márgenes los derechos de las víctimas, existe también una serie de riesgos derivados del enfoque erróneo de la trata como un problema de control migratorio.
Desde esta perspectiva, las víctimas o potenciales víctimas



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corren el peligro de ser deportadas o bien son internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) a pesar de que la Directiva Europea dedica un artículo expresamente a impedir que esto ocurra.


Finalmente, el tratamiento actual de las víctimas de trata con fines de explotación sexual dificulta el establecimiento de las medidas necesarias para la reparación de las víctimas teniendo en cuenta sus circunstancias, contexto cultural y
necesidades. Tampoco se está garantizando el derecho a no devolución de las víctimas; ni el diseño de medidas específicas para menores, con especial atención sobre los menores no acompañados; ni la formación integral del personal funcionario a
todos los niveles, así como de cualquier personal que entre en contacto con las víctimas o potenciales víctimas; ni el establecimiento de mecanismos oficiales para estudiar las tendencias de la trata.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos que incluya todas las formas de trata con especial atención sobre las mujeres y niñas, contando con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género interseccional.


2. Desglosar los datos recopilados sobre las víctimas y los autores de la trata en función de todos los parámetros que se consideren pertinentes, entre ellos el sexo, la edad, la discapacidad, la etnia, la nacionalidad, el estatus de
inmigración, la ubicación, la situación socioeconómica y el tipo de explotación, de conformidad con el indicador 16.2.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2021.-Sofía Fernández Castañón, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


161/003464


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la desigualdad de género en el sistema de ciencia, para su debate en la
Comisión de Igualdad.


Exposición de motivos


Tal y como muestra el informe publicado por el Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación sobre la 'Situación de las jóvenes investigadoras en España' el pasado 11 de febrero y el informe 'Científicas en Cifras 2021' de la Unidad de Mujeres
y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, el pasado 8 de marzo, las desigualdades de género persisten en el sistema de ciencia de nuestro país.


España cada vez incorpora a más mujeres a la carrera investigadora, situando a nuestro país en los lugares altos de la tabla europea. Nuestro país cuenta con 95.000 investigadoras, el 41 % del personal investigador, respecto del 38 % de
media de la UE, y con un crecimiento del 3 % en el caso de las investigadoras y 0,7 % para los investigadores. Sin embargo, los datos muestran avances lentos en las brechas de género ya detectadas desde hace años en el sistema de CTI.


Atraer a más mujeres a vocaciones científicas, es fundamental para el progreso de nuestro país, donde el conocimiento ha de ser uno de nuestros principales activos, y, especialmente ingenierías y tecnologías, donde sabemos que están los
puestos de trabajo de calidad del futuro.


No podemos prescindir de su talento, aunque la mayoría de quienes estudian en la universidad son mujeres, también es cierto que optan menos a las áreas STEM. Mientras que, en los estudios de grado, el 56 % son mujeres, en ingenierías y
arquitectura solo representan un 25 %, porcentajes similares para estudios de master. En los estudios de doctorado, las matriculadas son un 50 % del total y el 30 % para ingeniería y arquitectura. Estos porcentajes descienden drásticamente entre
el personal investigador, donde sólo son el 6 % en ingeniería y tecnología.



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Los motivos detrás de esta realidad están en los estereotipos de género y de ciencia y también, como muestran diferentes estudios, en que ellas no se perciben capaces o no se sienten atraídas por estas áreas. Es necesario contar con más
científicas referentes en todas las etapas educativas, y en libros de texto -en libros de secundaria solo el 7,5 % de referentes son mujeres. Acercar la ciencia al alumnado, mostrando que estamos rodeados de ciencia y de innovación y su utilidad e
impacto social.


Retener y apoyar a las investigadoras, para evitar la pérdida de talento femenino según avanza la carrera investigadora (leaking pipeline). A pesar del incremento de mujeres en ciencia, no todas continúan en la carrera investigadora y
tampoco progresan a igual ritmo que sus compañeros. Por ejemplo, en el salto a la estabilización que representa el grado B, aparecen diferencias porcentuales de 11 puntos en universidades y 19 puntos en los OPIs.


Hay un inmenso trabajo que todavía queda por realizar en cuanto a la conciliación, la precariedad, la movilidad, los sesgos de género y los entornos sexistas que siguen sufriendo las mujeres. Tal y como muestra la encuesta realizada para el
estudio de situación de jóvenes investigadoras, entre los principales obstáculos en la carrera investigadora destaca: la inestabilidad laboral (para el 85,3 % de ellas y 83,3 % de ellos) donde ellos además consiguen contratos estables antes que
ellas; dedicación horaria excesiva (para el 63,4 % de ellas y el 55,7 % de ellos); las dificultades financiación, con una preocupante diferencia por sexo de 5 puntos porcentuales en la tasa de éxito en convocatorias proyectos I+D; la conciliación
(para el 32,3 % de ellas y el 23,5 % de ellos, si bien el 76 % de encuestados/as no tiene personas a cargo); las exigencias de movilidad (para el 33,5 % de ellas y el 25,3 % de ellos).


Además, en este estudio se pone de manifiesto que siguen existiendo conductas sexistas (para el 42,7 % de ellas y el 24 % de ellos), situaciones de discriminación por razón de sexo (para el 26,8 % de ellas y el 6 % de ellos) e incluso de
acoso sexual (para un 8,6 % de ellas) que afectan a su carrera investigadora. Es necesario fomentar y garantizar entornos libres de sexismo y de sesgos y discriminaciones por razón de género.


Para abordar estos obstáculos es necesario estudiar e impulsar medidas de acción positiva que tengan en cuenta el desigual impacto de circunstancias derivadas de roles y estereotipos de género que persisten en nuestra sociedad y que ayuden a
que las investigadoras puedan competir en condiciones de igualdad y libres de sesgos de género.


Igual contribución a la ciencia, reconocimiento y financiación. Existe brecha de género en las solicitudes de sexenios que evalúan y reconocen la actividad investigadora del personal docente e investigador donde hay, además, tasas de éxito
inferiores para las mujeres en diversas áreas, o incluso en todas, como es el caso del sexenio de transferencia (alcanzando hasta 22 puntos porcentuales de diferencia en las ciencias empresariales). Aunque la proporción de investigadoras
solicitantes en convocatorias de proyectos de I+D+I va en aumento, ellas tienen menores tasas de éxito (43 % ellas y 48 % ellos, en 2019) y reciben proporcionalmente menos financiación que sus homólogos.


Romper techos de cristal para una plena participación en el diseño del presente y del futuro de nuestra ciencia. Aunque hay una ligera mejora en la participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones, con 23 % de rectoras y 50 %
como responsables de OPis, las mujeres no participan de forma plena e igualitaria en la toma de decisiones en el sistema de ciencia (por debajo del 40 % en rectorados y vicerrectorados y con una de cada cuatro directoras de institutos de
investigación).


Los planes de igualdad de género como vehículo de transformación en los centros de investigación y universidades. El 75 % de los OPis, 93 % de universidades públicas y 70 % de universidades privadas cuentan ya con planes de igualdad.
Siendo éste un criterio de elegibilidad en el programa marco de Horizonte Europa a partir de 2022, es fundamentar reforzar la implementación y evaluación de estos planes.


Por tanto, apoyar, atraer y retener el talento femenino en I+D+i es clave para una ciencia diversa y de calidad. Mejorar la realidad de las científicas es una responsabilidad del gobierno y de todos los agentes relevantes. Solo con
políticas de igualdad integradas en el sistema de ciencia, tecnología e investigación se podrán acelerar los cambios necesarios para eliminar estos obstáculos.



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Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Estudiar e impulsar las medidas necesarias para abordar las desigualdades de género que persisten en el sistema de ciencia, con especial atención en frenar los obstáculos detrás de dichas desigualdades, y que se han puesto de manifiesto a
través de los informes arriba referidos.


- Realizar un estudio de impacto de género para analizar los motivos detrás de las diferentes tasas de éxito por sexo en las convocatorias de proyectos de I+D.


- Establecer un sistema de indicadores de igualdad de género en l+D+i que permita, de manera periódica y continua, conocer la situación y evolución en materia de igualdad de género en el sistema de ciencia, tecnología e innovación.


- Implementar el programa de trabajo aprobado por el OMCI el pasado mes de noviembre para el periodo 2021-2022.


- Tomar las medidas adecuadas para la adecuada implementación y evaluación de los planes de igualdad de género en todos los centros de investigación y universidades, en línea con las exigencias del nuevo programa marco Horizonte Europa.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2021.-Javier Alfonso Cendón, Patricia Blanquer Alcaraz, Helena Caballero Gutiérrez, Roberto García Morís, Miguel Ángel González Caballero, Ariagona González Pérez, Sandra Guaita
Esteruelas, María Ángeles Marra Domínguez, María Luz Martínez Seijo, Guillermo Antonio Meijón Couselo, Arnau Ramírez Carner, Germán Renau Martínez, Juan Francisco Serrano Martínez y Laura Berja Vega, Diputados.-Susana Ros Martínez y Rafaela Crespín
Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la Proposición no de Ley sobre el
impulso de la memoria histórica del feminismo en España, para su debate en la Comisión de Igualdad.


Exposición de motivos


Las discriminaciones por cuestión de sexo suelen darse, de manera frecuente, a la vez que las discriminaciones por cuestión de edad. Las discriminaciones por sexo se dan a lo largo de toda la vida y se agudizan y hasta se multiplican a
partir de los 50 o 60 años. La causa de esa doble discriminación radica en la hipersexualización y la cosificación del cuerpo al que se somete a todas las mujeres, a la alta cotización de la belleza femenina sujeta a cánones estrictos y a la
desigual consideración del envejecimiento en hombres y mujeres. Muy lejos de valorar la experiencia acumulada en la actividad profesional, en el activismo social o en el transcurso vital, la sociedad margina e invisibiliza a todas las mujeres a
partir de esas edades.


La lucha feminista en España ha transcurrido en buena parte a la par que la que se ha registrado históricamente en todo el mundo, aunque suma su peripecia a la de la Transición hacia la democracia y el tardo franquismo. La clandestinidad y
la actividad camuflada bajo la apariencia de asociaciones cristianas -entre otras que le proporcionaban legalidad en momentos de falta de libertad asociativa para las mujeres- marcaron el día a día de las primeras asociaciones feministas en España.
Muchas de las mujeres que, muy jóvenes, empezaron su activismo en ese contexto, consiguieron con sus reivindicaciones que gobiernos progresistas se hicieran eco de ellas y las convirtieran en leyes. Y continúan hoy en día luchando por la
consecución de la igualdad real, por nuevos derechos y mejoras en los adquiridos. Pero no reciben a cambio reconocimiento social ni por su trayectoria ni por su continuidad en esa lucha.



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Por eso, reivindicamos la memoria histórica del feminismo y, con ella, la visibilidad de las mujeres que fueron pioneras en la reivindicación por la igualdad y contra la violencia de género en España, muchas de las cuales continúan en ese
empeño una vez alcanzada ya una edad en la que se tornan invisibles, como mujeres y como activistas, ante la sociedad.


Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar la memoria histórica del feminismo en España, con acciones de reconocimiento y visibilización de las mujeres que fueron pioneras y que en buena parte continúan en el activismo feminista.


2. Realizar estudios específicos sobre el papel del feminismo en España, con perspectiva histórica.


3. Trasladar la memoria histórica del feminismo a la sociedad y a las aulas, mediante acciones en las que se implique a las que fueron y son sus protagonistas.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2021.-Lidia Guinart Moreno, María Guijarro Ceballos, Laura Berja Vega, Lázaro Azorín Salar, Carmen Baños Ruiz, Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes, Sonia Guerra López, Marisol
Sánchez Jódar, Mariano Sánchez Escobar, María Luisa Vilches Ruiz y Mariana de García Canales Duque, Diputados.-Susana Ros Martínez y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.


161/003477


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para instar al Gobierno a impulsar la presencia de la mujer en el currículo, para su debate en la Comisión de Igualdad.


Exposición de motivos


La educación es un acto y un proceso, mediante el cual las generaciones adultas proporcionan a las generaciones futuras la oportunidad de conocer y apropiarse de los ideales, la identidad, los valores, las costumbres, los conocimientos y las
creencias (toda la cultura) de la sociedad en que viven (Bazdresch, 1998) y para que este proceso sea efectivo y auténtico es absolutamente necesario que haya referentes válidos tanto femeninos como masculinos.


No debemos pensar que ya está todo hecho, desde los modelos educativos actuales se transmiten modelos antiguos muchas veces sin que nadie sea consciente de ello (Marina Subirats, 2017). Educar en igualdad desde las edades más tempranas
repercute en la manera que tendrán las niñas y niños de ver, entender y posicionarse en la vida en este momento y en el futuro.


Nuestro país ha dado muchos pasos en materia de igualdad, pero hay que fortalecer la educación con perspectiva de género. El Currículo clásico no toma en consideración las aportaciones de las mujeres a la historia del pensamiento, de la
cultura o de la ciencia occidental. Cuesta encontrar referentes femeninos en todas y cada una de las disciplinas curriculares y se omite la historia del feminismo en los currículos.


Un estudio realizado por la Universidad de Valencia indica que apenas hay un 7,6 % de presencia femenina en los libros de texto, constituyendo uno de los mecanismos más activos de deslegitimación social de las mujeres.


La plataforma por una filosofía coeducativa pone de manifiesto, que no es posible transmitir los ideales de la ilustración, los pilares de la democracia o del movimiento por los derechos humanos sin nombrar la lucha de las mujeres por la
igualdad de derechos o el movimiento sufragista.


Si como sociedad no somos capaces de reconocer las contribuciones culturales, y no le concedemos el valor social que hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia, estamos negando nuestro papel de sujeto protagonista de la cultura, de
la ciencia y de la historia, perpetuando una sociedad androcéntrica



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transmitida de generación en generación dentro del sistema educativo como base estructural de las desigualdades sociales de género.


El Proyecto 'El Legado de las mujeres: nuestro patrimonio cultural para la igualdad' de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana es claro en este sentido, cuando omitimos a las mujeres a lo largo del
currículo, omitimos sus aportaciones culturales y evitamos concederle valor social y esto favorece y alimenta discriminaciones que van desde la violencia de género, al techo de cristal o la brecha de género digital y educativa, porque hay una
transmisión cultural fallida y dejamos de educar en igualdad de oportunidades.


Por otro lado, un estudio de las universidades de New York, Illinois y Princeton, publicado en la revista científica Science en 2017 concluye, que a partir de los seis años las niñas se perciben menos inteligentes que sus compañeros niños.
Y entre otras razones ocurre porque las niñas no tienen referentes reales constantes y cercanos en los libros de texto y en el currículo implantado en las aulas, dejando a generaciones enteras de mujeres, sin referentes válidos que las ayuden a
empoderarse, a definir su 'identidad, a decidir qué quieren hacer y ser en el futuro.


El compromiso de las y los socialistas con la igualdad es histórico y con esta iniciativa queremos recuperar el patrimonio cultural y científico de las mujeres en la educación española, es así como podemos corregir las desigualdades sociales
de género en esta generación y en las futuras. El legado cultura que transmitimos nunca será válido si omitimos al 55 % de la población y nuestras niñas y niños seguirán educándose en desigualdad.


La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres señala la importancia del sistema educativo para erradicar la discriminación por sexo y para consolidar una sociedad justa donde mujeres y hombres tengan
las mismas oportunidades. Además, establece diferentes acciones a nivel educativo para la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres. Art. 23: 'El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos
y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres'. El Art. 24 en lo referente al ámbito educativo plantea: 'c) La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y
programas para la formación inicial y permanente del profesorado. f) El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la Historia'.


La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) Entre los fines de la educación y en todas las etapas educativas, se resaltan el pleno desarrollo de la
personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual,
así como la valoración crítica de las desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas.


Con los cambios curriculares que se están llevando a cabo por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional a raíz de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación (LOMLOE) estamos ante una oportunidad única de conseguir que, ahora más que nunca, la educación sea el principal pilar de nuestra sociedad para garantizar la igualdad de oportunidades de toda la población, la libertad
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen la base de la vida en común.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas a impulsar la presencia de la mujer en el currículo, garantizando una
educación con perspectiva de género, a través de las modificaciones que actualmente se están llevando a cabo en los distintos reales decretos de enseñanzas mínimas de todos los niveles educativos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2021.-Laura Berja Vega y Maribel García López, Diputadas.-Susana Ros Martínez y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.



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Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género


161/003455


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Trata de Seres Humanos con
especial atención sobre las mujeres y niñas desde un enfoque integral, para su debate en la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.


Exposición de motivos


La Trata de Seres humanos es una vulneración grave de derechos humanos que generalmente ocurre en el marco de la delincuencia organizada a nivel trasnacional. Esta vulneración de derechos es influida por el género y la edad hasta tal punto
que mujeres y hombres son a menudo objeto de trata con diferentes fines. Por tanto, todas las medidas dirigidas a erradicar la Trata de Seres Humanos deben incluir un enfoque integral de derechos humanos, un enfoque de género interseccional e
incluir a las niñas y niños, con especial atención sobre quienes carecen de acompañamiento.


Actualmente la trasposición de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la
Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, se aplica en nuestro país de manera deficiente. De hecho, no existe una regulación vinculante o legislación cuyo objeto sea la erradicación de la trata desde una perspectiva integral de derechos humanos y de
género.


En España, la política pública destinada a implementar la Directiva 2011/36/UE es el Plan Integral de Lucha contra la Trata de mujeres y niñas con Fines de Explotación Sexual. Sin embargo, este plan sólo contempla la Trata con Fines de
Explotación Sexual, excluyendo otras formas de trata como la trata con fines de explotación laboral presente en el sector de la construcción, la agricultura o el trabajo doméstico, la mendicidad forzosa, el matrimonio forzoso, los matrimonios
simulados, o el tráfico de órganos. Esta aproximación sesgada invisibiliza otras formas de Trata lo que impide el desarrollo de investigaciones, regulaciones, leyes y políticas públicas destinadas a la erradicación integral de la Trata de Seres
Humanos.


España necesita un marco legislativo que aborde esta vulneración de los derechos de las mujeres y niñas, y que trascienda el enfoque criminal para poner en el centro la importancia de la identificación, protección y apoyo a las víctimas.
Como ejemplo, a día de hoy diferentes organizaciones de la sociedad civil denuncian la presencia de obstáculos que interfieren una identificación correcta de las víctimas, como por ejemplo la falta de personal traductor o la influencia de
estereotipos de género e interseccionales en las identificaciones, lo cual es en si mismo una vulneración de sus derechos que impide la protección adecuada de las víctimas y fortalece la impunidad de los tratantes.


Dicha situación central de los enfoques criminales en el tratamiento de esta vulneración de derechos humanos relega a los márgenes la protección, apoyo, asistencia y reparación de las víctimas a través de los siguientes mecanismos. En
primer lugar, las víctimas que no pueden o son reacias a participar en los procedimientos penales son excluidas de los programas de protección porque España tiende a ofrecer protección sólo a las que ayudan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado a identificar y perseguir a los tratantes. Esto implica que, aun cuando las víctimas son correctamente identificadas, se conviertan en 'víctimas de segunda', porque a ninguna otra víctima de delitos se le pide elegir entre colaborar con la
policía o acceder al estatuto de víctima. Esta dicotomía entre colaborar o el acceso al estatuto de víctima se materializa a través de un periodo de reflexión otorgado a las víctimas para que piensen si quieren ayudar a la investigación policial
mientras reciben una asistencia básica. Sin embargo, aun cuando las víctimas están dispuestas a apoyar el procedimiento penal, estas corren el riesgo de estar desprotegidas. Tal es el caso de las mujeres envueltas en procedimientos que no se
terminan resolviendo por motivos ajenos a las víctimas. En dichos casos, su protección es retirada y niega la posibilidad de reparación establecida por la directiva europea.



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A la presión para colaborar en dichos procedimientos penales se suma el hecho de que las víctimas suelen ser informadas inadecuadamente de sus derechos, y para muchas es imposible entender las consecuencias de su identificación como
víctimas.


Además de este enfoque centrado en la persecución penal del delito que relega a los márgenes los derechos de las víctimas, existe también una serie de riesgos derivados del enfoque erróneo de la trata como un problema de control migratorio.
Desde esta perspectiva, las víctimas o potenciales víctimas corren el peligro de ser deportadas o bien son internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) a pesar de que la Directiva Europea dedica un artículo expresamente a impedir
que esto ocurra.


Finalmente, el tratamiento actual de las víctimas de trata con fines de explotación sexual dificulta el establecimiento de las medidas necesarias para la reparación de las víctimas teniendo en cuenta sus circunstancias, contexto cultural y
necesidades. Tampoco se está garantizando el derecho a no devolución de las víctimas; ni el diseño de medidas específicas para menores, con especial atención sobre los menores no acompañados; ni la formación integral del personal funcionario a
todos los niveles, así como de cualquier personal que entre en contacto con las víctimas o potenciales víctimas; ni el establecimiento de mecanismos oficiales para estudiar las tendencias de la trata.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos que incluya todas las formas de trata con especial atención sobre las mujeres y niñas, contando con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género interseccional.


2. Desglosar los datos recopilados sobre las víctimas y los autores de la trata en función de todos los parámetros que se consideren pertinentes, entre ellos el sexo, la edad, la discapacidad, la etnia, la nacionalidad, el estatus de
inmigración, la ubicación, la situación socioeconómica y el tipo de explotación, de conformidad con el indicador 16.2.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2021.-Sofía Fernández Castañón, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.


161/003494


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Carla Toscano de Balbín, D.ª María Magdalena Nevado del Campo, D.ª Patricia de las Heras Fernández, D.ª María Teresa López Álvarez, D.ª María de los Reyes Romero Vilches y D.ª Rocío de Meer Méndez, en sus
respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la violencia
filo-parental, para su discusión en la Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de género.


Exposición de motivos


Primero. Violencia de los hijos sobre los padres.


La violencia que ejercen los hijos sobre sus padres (violencia filo-parental) es un fenómeno que está adquiriendo especial relevancia en los últimos años, pese a no ser algo nuevo dentro de nuestra realidad social.


Se trata de una variante de la violencia intrafamiliar. La diferencia entre estos dos tipos de violencia radica en que, 'mientras que la violencia intrafamiliar puede ser ejercida por cualquiera de los integrantes de un núcleo familiar
hacía otro, la violencia filo-parental es aquella a través de la cual un hijo exhibe



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conductas de maltrato contra sus progenitores, de forma consciente e intencionada, a lo largo de un tiempo y en repetidas ocasiones que viene a causar daño y sufrimiento en los mismos' 62.


La violencia filo-parental se puede definir como 'el conjunto de conductas reiteradas de agresiones físicas (golpes, empujones, arrojar objetos), verbales (insultos repetidos, amenazas) o no verbales (gestos amenazadores, ruptura de objetos
apreciados), dirigida a los padres que ocupan su lugar (Pereira, 2011)' 63. O, más sintéticamente, como 'cualquier acto que realiza el menor con la intención de controlar a los padres y/o causarles daño psicológico, físico o financiero' 64.


Esta clase de violencia, que es más común en adolescentes que en niños 65, puede manifestarse a través de tres tipos de abusos:


- Físico: golpes, empujones, inmovilizaciones, actitudes agresivas ante cualquier objeto de la casa o, incluso, gestos amenazantes para intimidar y asustar a los padres.


- Psicológico: se traduce en humillaciones, desprecios o incluso degradaciones verbales. No existen consecuencias físicas y visibles, pero no por ello son menos graves.


- Económico: la violencia derivada del abuso económico se traduce en robos, venta de objetivos familiares sin consentimiento de los padres o el uso de tarjetas de crédito para su propio beneficio y sin permiso 66.


La violencia filo-parental tiende a ser progresiva, ya que 'habitualmente comienza con insultos, juramentos y amenazas, luego evoluciona hacia conductas como robos, romper algo sentimentalmente valioso para los padres, y finalmente se
concreta en agresiones físicas, empujar, pegar, morderles y atacarles. Cuando los hijos pegan a los padres, es probable que también agredan a otros miembros de la familia, como los hermanos o abuelos' 67.


Los datos existentes en cuanto a este tipo de violencia son escasos debido a la falta de denuncias interpuestas por los padres, dificultando así su control y cuantificación. Esto no implica, por supuesto, que merezca una menor atención por
parte de los poderes públicos.


Atendiendo a la memoria de la Fiscalía General del Estado, 'cada año se abren en España más de 4.000 expedientes a jóvenes por violencia filo-paren tal. Una cifra que no dejó de crecer hasta el año pasado, cuando fueron 4.699 frente a los
5.055 de los doce meses anteriores' 68. El aumento que ha experimentado este tipo de violencia es de un 4,59 %, ya que en el año 2018 se produjeron en total 4.833 casos 69.


Como bien se puede apreciar, y en la línea expuesta en anteriores ocasiones por este Grupo Parlamentario, la violencia intrafamiliar no solo engloba la que ejerce el varón sobre la mujer, sino que existen otros tipos de violencias en el seno
de la familia, las cuales son igual de graves. La especial protección contra la violencia dentro de la familia tiene una doble justificación: en primer lugar, la familia es una institución fundamental para la sociedad; en segundo lugar, la
familia se basa -y debe basarse- en el afecto y la comunidad de vida. La familia es el lugar donde el ser humano crece, se desarrolla, aprende virtudes, hábitos, costumbres, así como su primera y fundamental socialización. En ella se perfila la
personalidad y los rasgos fundamentales del carácter de cada persona, especialmente de los hijos.


El Grupo Parlamentario VOX defiende la igualdad de todos los españoles en dignidad y ante la ley, en plena consonancia con nuestro texto constitucional. Con arreglo a tal consideración de la igualdad en el ámbito jurídico, se concluye que
la legislación en materia de 'violencia de género' tiene graves visos de


62 GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, M, y OO. AA, 'Violencia de hijos a padres: revisión teórica de las variables clínicas descriptoras de los menores agresores', Psicopatología Clínica Legal y Forense, Vol. 11, 2011, p. 102. Acceso en línea:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6383210


63 GARCÍA RUIZ-ZORRILLA, J. 'La violencia de los hijos contra los padres: más preguntas que respuestas', Revista Digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, 2014, vol. 4, n.º 4, p. 3. Acceso en línea:
https://www.psicociencias.org/pdf_noticias/Violencia filioparental.pdf


64 GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, M, y OO. AA, 'Violencia de hijos a padres: revisión teórica de las variables clínicas descriptoras de los menores agresores', Psicopatología Clínica Legal y Forense, Vol. 11, 2011, p. 102. Acceso en línea:
https://dialnet.unirioja.esiservlet/articulo?codigo=6383210


65 https://www.fundacioncadah.org/web/printPDF.?idweb=1&account=j289ehfd7511986&contenido=violencia-y-agresividad-en-la-familia


66 https://www.hacerfamilia.com/familia/maltrato-hijos-padres-cifras-mas-feo-20190528151042.html


67 CAGIGAL DE GREGORIO, V, y OO. AA, 'La violencia de los hijos hacia los padres', Miscelánea Comillas, 2008, vol. 66, na 129, p. 446. Acceso en línea: https://revistas.comillas.edu/index.php/rni5celaneacornillas/article/view/7377


68 https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-violencia-hijos-a-padres-enf-202111022057_noticia.html


69 https://fundacionamigo.org/wp-content/uploads/2020/11/informe_vfp_2020.pdf



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inconstitucionalidad, pues no fomenta la igualdad entre los españoles, sean hombres o mujeres, sino que incide y agrava las diferencias entre ambos sexos, al atribuir consecuencias jurídicas diferentes a idénticos supuestos de hecho, en
función del sexo de la persona autora o víctima de la acción punible.


La reflexión antedicha fue apuntada ya en 2008 por cinco magistrados del Tribunal Constitucional, en sendos votos particulares emitidos respecto de la Sentencia 59/2008, de 14 de mayo, los cuales pueden sintetizarse en la siguiente
afirmación:


'Toda la sentencia se apoya en una base conceptual que, a mi juicio, resulta inadmisiblemente apodíctica: que las conductas previstas en el apartado 1 del art. 153 CP tienen mayor desvalor y consecuentemente mayor gravedad que las del
apartado 2; (...) en otros términos: que la agresión producida en el ámbito de las relaciones de pareja del varón a la mujer tienen mayor desvalor que las producidas en esa misma relación por la mujer al varón' (Voto particular del magistrado don
Vicente Conde Martín de Hijas).


La violencia es, sin duda, una grave lacra social que ha de ser condenada con contundencia, lo cual no obsta para reconocer que el desvalor de la acción violenta lo es con independencia de quién sea su autor y quién su víctima.


La única forma de reinstaurar la igualdad, que no solo es un principio jurídico sino también un derecho objetivo y una garantía del acceso a los demás derechos, es derogar las leyes injustas y, a todas luces, inconstitucionales, en materia
de 'violencia de género', y asegurar en cambio un cumplimiento tajante de la normativa penal vigente, que persiga con justicia y contundencia toda forma de violencia.


La Ley de Violencia Intrafamiliar que propone VOX pretende luchar contra todo tipo de violencia dentro del seno de la familia, incluyendo la específica del hombre contra la mujer, de forma integral, sin particularismos ni unilateralismos
ideológicos, aprendiendo de la experiencia habida en la aplicación de la legislación anterior y de acuerdo con el mandato constitucional de protección a la familia. El objetivo no es mermar la protección de la mujer, sino aumentar su protección al
contemplar también otras formas de violencia que puede padecer.


Segundo. Causas de la violencia filo-parental.


Existe una gran variedad de posibles causas que provocan este tipo de violencias, las cuales están relacionadas con aspectos tanto cognitivos como emocionales o conductuales. A continuación, procederemos a analizar algunos de los factores
que provocan un incremento en la aparición de este tipo de violencias.


Uno de los principales detonantes de la aparición de conductas agresivas en los menores es el consumo de alcohol y drogas. De hecho, 'Pagani et al., (2004) encontraron que el abuso de sustancias entre los adolescentes generaba un aumento
del riesgo en sus madres de recibir agresiones verbales en un 60 %. Por su parte, Evans y Warren-Sholberg (1998) encontraron que el consumo de sustancias conducía a la presencia de incidentes entre padres e hijos en casi el 20 % de los casos' 70.
Los datos así lo reflejan, existiendo además un alto porcentaje de consumo de algún tipo de droga en las edades comprendidas entre los 12 y los 18 años: 'El 11,8 % de los menores agresores consumían alcohol de manera regular y el 64,7 % lo hacían
los fines de semana frente al 0 % y al 17,6 % de menores no agresores que informaban de dichas variables. En cuanto al consumo de otro tipo de drogas, las diferencias fueron aún mayores puesto que en el grupo de agresores el 29,4 % informó de
consumo regular y el 35,4 % de consumo de fin de semana frente al 0 % en ambas variables del grupo de no agresores. Respecto al tipo de sustancia, el 58,8 % de los menores agresores informó de haber consumido porros frente al 5,9 % que refirieron
haber consumido porros y cocaína (Rechea y Cuervo, 2010)' 71.


Por otro lado, autores como Cottrell y Monk (2004) afirman que 'los comportamientos agresivos de los iguales influyen en el desarrollo de la violencia de hijos a padres ya que dicha variable cumple la función de modelo que los menores
imitarían en el contexto familiar como método eficaz para ejercer poder y control' 72. Uno de los datos que sostienen esta afirmación lo proporciona un estudio realizado por


70 GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, M, y OO. AA, 'Violencia de hijos a padres: revisión teórica de las variables clínicas descriptoras de los menores agresores', Psicopatología Clínica Legal y Forense, Vol. 11, 2011, p. 105. Acceso en línea:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6383210


71 Op. Cit., p. 107.


72 Op. Cit., p. 109.



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Kennedy et al., (2010), afirmando que 'el 64,9 % de los menores que agredían a sus padres se asociaban a su vez con grupos de compañeros que cometían delitos' 73.


Por último, el perfil de los menores agresores guarda una estrecha relación con el ámbito académico y formativo. Un estudio reciente concluye que el 57 % de los casos de violencia de hijos a los padres se vincula a problemas en la escuela y
absentismo por parte de los menores 74. Centrándonos en el contexto académico español, 'se ha encontrado que, de los menores escolarizados que han manifestado conductas agresivas dirigidas a sus padres, un 67,2 % mostró un rendimiento escolar
regular o malo (Romero et al., 2005)' 75. Más detalladamente, otro estudio realizado por Rechea y Cuervo (2010) 'refleja cómo el porcentaje de menores agresores que cuenta con el título de Graduado Escolar es de 17,6 % frente al 47,1 % de menores
no agresores que cuentan con dicho título. De hecho, la mayoría de los menores que emitían comportamientos violentos en el contexto familiar (82,4 %) no habían finalizado los estudios correspondientes para la obtención del certificado' 76.


Tercero. Consecuencias de la violencia filo-parental.


La violencia intrafamiliar es un mal que afecta a las sociedades de todo el mundo, cuya consecuencia principal es la destrucción de la familia, fragmentando las relaciones entre sus miembros y rompiendo la comunión de amor que impera, y debe
imperar, en ella. La violencia dentro de las familias tiene graves consecuencias en la salud mental y física de sus miembros, predisponiéndolos además a la violencia social. En este sentido es preciso remarcar que la 'familia en la que se da la
violencia es semillero de una sociedad en la que prevalece el abuso, la falta de democracia y la impunidad, porque en ella se reproduce un patrón de relaciones en el cual las personas intentan conseguir sus objetivos mediante la imposición de la
fuerza' 77.


A la luz de lo expuesto hasta el momento, merecen una especial atención las consecuencias que sufren los padres a raíz de la violencia ejercida por sus propios hijos. Como no podía ser de otra manera, las situaciones que experimentan
aquellos padres que sufren este tipo de maltratos por parte de sus hijos tienen implicaciones muy negativas; así, 'los padres se ven expuestos a un elevado nivel de estrés dando lugar a la aparición de depresión, ansiedad u otros problemas
psicológicos debido a la sensación de indefensión ante esta situación' 78. Estas situaciones llegan a despertar en los padres sentimientos de vergüenza, pretendiendo ocultar lo vivido por miedo a ser juzgados por el resto de las personas que les
rodean. A su vez, llega un momento en el que los padres comienzan a sentirse culpables y justifican la actitud adoptada por sus hijos, distorsionando la gravedad de los hechos.


Cuarto. Conclusión.


La sociedad y el Gobierno deben afrontar de forma activa esta situación, y es por ello por lo que desde este Grupo Parlamentario siempre hemos defendido que es preciso condenar todo tipo de violencia, con independencia de quién la ejerza y
sobre quién se ejerza. La violencia de un hijo contra sus padres es un hecho triste y dramático, que nunca debiera producirse.


Ante esta situación es preciso seguir remarcando que no se deben hacer distinciones en el tratamiento jurídico de la violencia, ya sea por razón de sexo o por cualesquiera otros motivos, sino que ha de brindarse ante ella una respuesta
pública justa, contundente y efectiva.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


73 Ídem.


74 GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, M, y OO. AA, 'Violencia de hijos a padres: revisión teórica de las variables clínicas descriptoras de los menores agresores', Psicopatología Clínica Legal y Forense, vol. 11, 2011, p. 108. Acceso en línea:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6383210


75 Ídem.


76 Ídem.


77 GORJÓN GÓMEZ, G, y SALDAÑA RAMÍREZ, H, 'Causas y consecuencias de la violencia familiar: caso Nuevo León', Justicia, 2020, vol. 25, n.º 38, p. 206. Acceso en línea:
http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/justicia/article/view/4002/4935


78 https://www.miconsulta.es/maltrato-hijos-padres/



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Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Promover la derogación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como sus disposiciones de desarrollo, y la aprobación de una ley de violencia intrafamiliar que
regule con contundencia toda forma de violencia (entre la que se cuenta la que ejercen los hijos contra sus padres), con independencia de la identidad de los sujetos activos o pasivos de la misma.


2. Promover la concienciación social acerca de la gravedad de las conductas violentas que ocurren en el seno de las familias, así como las consecuencias negativas que tienen para el correcto desarrollo de cada uno de sus miembros y para la
entera sociedad.


3. Promover un plan de acción en los colegios que tenga por objeto prevenir todo tipo de violencia que pueda producirse entre pares, evitando que ese tipo de conductas se replique con posterioridad en las familias.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2021.-Carla Toscano de Balbín, María Magdalena Nevado del Campo, Patricia de las Heras Fernández, María Teresa López Álvarez, María de los Reyes Romero Vilches y Rocío de Meer Méndez,
Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.


Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia


161/003490


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª María Teresa López Álvarez, D. Pablo Juan Calvo Liste, D.ª Rocío de Meer Méndez, D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás y D.ª Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a prevenir los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes, para
su discusión en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.


Exposición de motivos


Primero. Trastornos de conducta alimentaria.


Los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) se definen como 'un grupo de trastornos mentales caracterizados por una conducta alterada ante la ingesta alimentaria y/o la aparición de comportamientos encaminados a controlar el peso. Los TCA
son enfermedades que tienen como características principales un comportamiento distorsionado de la alimentación y una extrema preocupación por la autoimagen y el peso corporal' 79.


Dentro de los TCA, y atendiendo al Manual Diagnóstico y estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V) de la American Psychiatric Association (APA) 80, los dos principales TCA son la anorexia y la bulimia nerviosa. Sin embargo, existe
también una tercera categoría que recibe el nombre de 'TCA no especificado', donde se incluyen, entre otros, el trastorno por atracón, la vigorexia o la ortorexia.


La anorexia nerviosa es definida por el DSM-V como 'un trastorno en el que la persona se niega a mantener un peso mínimo dentro de la normalidad, tiene un miedo intenso a ganar peso y una significativa mala interpretación de su cuerpo y su
forma' 81.


79 VARGAS BALDARES, M. J., 'Trastornos de la conducta alimentaria', Revista médica de Costa Rica y Centroamérica, LXX, Costa Rica, 2013, p. 476. Acceso en línea: https://www.medigraphic.com/pdfs/revmedcoscen/rmc-2013/rmc133q.pdf


80 https://dsm.psychiatryonline.org/pb-assets/dsm/update/Spanish_DSM5Update2016.pdf


81 VARGAS BALDARES, M. J., Op. Cit., p. 478.



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La bulimia nerviosa, por su parte, se define como 'episodios recurrentes de atracones (ingesta voraz, incontrolada), en los cuales se ingiere una gran cantidad de alimento en un corto espacio de tiempo, generalmente en secreto, seguidos de
conductas compensatorias inapropiadas (vómitos autoinducidos, abuso de laxantes, uso de diuréticos, hiperactividad física,) junto con alteración de la percepción de la forma y del peso corporal' 82.


Por último, los TCA no especificados se consideran 'cuadros incompletos de anorexia o bulimia nerviosas, tanto porque se encuentran en su inicio o porque están en proceso de recuperación. Por lo tanto, encontramos síntomas similares a la
anorexia o bulimia nerviosas, pero sin llegar a configurar un cuadro completo, no por ello menos grave' 83. Dentro de estos trastornos destacaremos, como hemos comentado con anterioridad, el trastorno por atracón, vigorexia y ortorexia. El
trastorno por atracón se caracteriza por 'la aparición de episodios de ingesta compulsiva (atracones) que se definen por dos características esenciales, la ingesta en poco tiempo de una cantidad de comida excesiva y la pérdida de control sobre esa
ingesta. El trastorno por atracón está asociado con obesidad y con una elevada comorbilidad psiquiátrica y médica' 84. La vigorexia se define, según el doctor en psicología y derecho José Ignacio Baile, como 'una alteración de la salud
caracterizada por una preocupación patológica de ser débil y no tener suficiente desarrollo muscular del cuerpo -aun teniéndolo- y que se manifiesta en la incapacidad de ver con exactitud el tamaño del propio cuerpo, con comportamientos obsesivos y
negativos relacionados con la apariencia' 85. A la vigorexia se la conoce comúnmente como la obsesión que experimenta una persona por su estado físico y la constante necesidad de hacer deporte para sentirse mejor con su cuerpo. Por último, la
ortorexia es 'un cuadro obsesivo-compulsivo caracterizado por una extremada apetencia y selección de alimentos considerados saludables. Este ritual conduce con frecuencia a una dieta restrictiva y un aislamiento social compensatorio' 86. En el
caso de la ortorexia, es conocida como la obsesión por mantener una dieta saludable.


La realidad de los TCA es que su causante no es un único factor, sino que son trastornos de origen multifactorial, procedente de causas internas, tales como 'la ansiedad-rasgo, dificultad para identificar y expresar las emociones, baja
autoestima, actitud negativa hacia la expresión emocional, percepción negativa de las emociones, influencia de la alimentación, peso y figura corporal en el estado de ánimo, necesidad de control y determinadas formas de regular las emociones' 87, o
de circunstancias sociales y familiares, como un ambiente familiar desestructurado, la presión social respecto a la imagen o el establecimiento de un modelo de belleza imperante en nuestras sociedades 88.


La detección de los TCA es compleja ya que la persona que lo padece no siempre es consciente de su enfermedad. Incluso siéndolo, la actitud que adopta el enfermo es la de no llamar la atención y no pedir ayuda para que sus familiares y
amigos no lo detecten, hecho que agrava la dificultad de la detección temprana.


Segundo. Trastornos de conducta alimentaria en adolescentes.


Los TCA constituyen hoy un problema de salud pública muy frecuente, por su creciente incidencia, la gravedad de la sintomatología asociada, su dificultad para ser tratados y su aparición a edades cada vez más tempranas. Este tipo de
trastornos afectan principalmente a adolescentes y a mujeres jóvenes, y su diagnóstico más frecuente durante la adolescencia es el de TCA no especificado, seguido por el de anorexia y bulimia nerviosas 89. Los TCA afectan principalmente a la
adolescencia debido a que en ella acontecen toda una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales de gran magnitud para el joven.


82 Op. Cit., p. 479.


83 http://www.f-ima.org/es/trastornos-relacionados/trastorno-de-la-conducta-alimentaria-no-especificado-tcane#:~:text=Los%20Trastornos%20de%201a%20Conducta%20Alimentaria%20No%20Especificados%20(TCANE)%20son,
est%C3%A1n%20en%20proceso%20de%20recuperaci%C3%B3n.


84 GARCÍA PALACIOS, A., 'El trastorno por atracón en el DSM-5', Revista Iberoamericana de Psicosomática, 2014, p. 70. Acceso en línea: file:///C:/Users/diego/Downloads/Dialnet-ElTrastornoPorAtraconEnElDSM5-4803021.pdf


85 RODRÍGUEZ MOLINA, J. M., Rabito Alcón, M.F., 'Vigorexia: de la adicción al ejercicio a entidad nosológica independiente', Salud y drogas, Alicante, 2011, vol. 11, p. 97. Acceso en línea: https://www.redalyc.org/pdf/839/83918877006.pdf


86 ARANCETA BARTRINA, J., 'Ortorexia o la obsesión por la dieta saludable', Archivos Latinoamericanos de Nutrición (ALAN), Caracas, 2007, vol. 57, p. 1. Acceso en línea:
http://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S0004-06222007000400002&script=sci_arttext


87 VARGAS BALDARES, MJ., 'Trastornos de la conducta alimentaria', Revista médica de Costa Rica y Centroamérica LXX, Costa Rica, 2013, p. 481. Acceso en línea: https://www.medigraphic.com/pdfs/revmedcoscen/rmc-2013/rmc133q.pdf


88 https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/enfermedades/trastornos-de-la-conducta-alimentaria/factores-de-riesgo


89 LÓPEZ. C y TREASURE, J., 'Trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes: descripción y manejo', Revista Médica Clínica Las Condes, Chile, 2011, vol. 22, p. 86. Acceso en línea:
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0716864011703960?token=E9E22691FEBE4EA9F875E150 BO4B3F45A7F50265B087D632518855858BEBF34722136122D1D426AEDOEA8D5631F79B10D&originReg ion=eu-wes t-1&originCreation=20211111075151



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Atendiendo a los datos aportados por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), 'el 70 % de las adolescentes no se siente a gusto con su cuerpo, 6 de cada diez creen que serían más felices si estuvieran más delgadas y
alrededor del 30 % revela conductas patológicas' 90. Por otro lado, según datos de la Fundación Fita y de la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Comunidad Alimentaria (AETCA), se estima que 'alrededor de 400.000 personas
padecen en España algún trastorno de la conducta alimentaria (TCA), de los que 300.000 son chicos y chicas de entre 12 y 24 años, siendo la tercera causa de enfermedad crónica en la adolescencia' 91.


Es un hecho demostrado que los TCA reflejan una mayor incidencia en adolescentes entre los 12 y 18 años, pero lo cierto es que ya se empiezan a detectar casos que se diagnostican en la franja de edad de 8 y 9 años. En cuanto a la tasa de
prevalencia, 'los últimos estudios realizados coinciden en señalar una tasa de prevalencia de TCA en población adolescente alrededor del 4,1-4,5 % entre los 12 y los 21 años. En concreto, la anorexia se sitúa en torno al 0,3 %, la bulimia en el 0,8
% y el TCA no especificado alrededor del 3,1 % de la población femenina de entre 12 y 21 años' 92.


Los efectos que tienen los TCA en los adolescentes son muchos y muy preocupantes, pudiendo afectar a la mayoría de los órganos del cuerpo y, por ende, llegar a causar la muerte. Las complicaciones más frecuentes se suelen producir en los
casos de anorexia nerviosa, convirtiéndose en una causa de incapacidad laboral 93 en mujeres jóvenes. Sin embargo, la bulimia también provoca importantes estragos físicos como por ejemplo problemas gastrointestinales y del sistema reproductivo, así
como hinchazón de las glándulas parótidas 94.


La realidad es que los TCA no solo tienen consecuencias físicas, sino que también afectan al plano psicológico y social de los adolescentes que los sufren. Entre los problemas psicológicos encontramos 'el aislamiento social y conflictos
familiares, dificultades para fortalecer el autoconcepto, autoestima, autonomía y capacidad para intimidad. En otras palabras, la aparición de un TCA durante la adolescencia puede interferir en el logro de las tareas propias de esta etapa' 95. En
relación con los efectos psicológicos, cabe señalar los trastornos psiquiátricos entre los que destacan la ansiedad, depresión, conductas impulsivas como autoagresiones o abuso de sustancias estupefacientes 96.


El crecimiento exponencial durante los últimos años de este tipo de enfermedades ha provocado que 'los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), ahora llamados trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos, como la anorexia, la
bulimia o el trastorno de atracón suponen la tercera causa de enfermedad crónica en adolescentes, afectando especialmente a las mujeres, y lo que es más grave, es la enfermedad mental con mayor mortalidad en la adolescencia, en muchos casos por
suicidio' 97. Empero, no se conocen las cifras oficiales de dicha realidad (la incidencia de los TCA en el suicidio), toda vez que no existen informes emitidos por el Ministerio de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad ni por
el Ministerio de Sanidad.


Tercero. Conclusión.


El exponencial crecimiento de los TCA guarda una estrecha relación con la existencia de una sociedad de consumo en la que concurre un claro conflicto de intereses entre la belleza y la salud. Por este motivo, se debe educar a nuestros hijos
en un consumo consciente y responsable. Los jóvenes que desarrollan


90 https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2019-08-02/trastornos-alimentarios-anorexia-bulimia-dieta 2157491/


91 https://www.lavanguardia.com/vida/20190110/454064488085/400000-personas-la-mayoria-jovenes-sufren-un-trastorno-de-alimentacion.html#:~:text=%2D%20Alrededor%20de%20400.000%2Opersonas%20padecen, para%20el%20estudio%20de%20estos


92 https://www.acab.org/es/los-trastornos-de-conducta-alimentaria/que-son-los-tca/


93 VV.AA., 'Anorexia nerviosa en una trabajadora', Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, Barcelona, vol. 18, no.1, ISSN 1578-2549. Acceso en línea: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=51578-25492015000100004


94 LÓPEZ. C y TREASURE, J., 'Trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes: descripción y manejo', Revista Médica Clínica Las Condes, Chile, 2011, vol. 22, p. 90. Acceso en línea:
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0716864011703960?token=E9E22691FEBE4EA9F875E150?BO4B3F45A7F50265B087D632518855858BEBF34722B6122D1D426AEDOEA8D5631F79B10D&originRegion=eu-west-18roriginCreation=20211111075151


95 Op. Cit., p. 91.


96 Ídem.


97 https://isanidad.com/131321/trastornos-de-la-conducta-alimentaria-primera-causa-de-mortalidad-por-enfermedad-mental-en-la-adolescencia/



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este tipo de trastornos están motivados por un claro afán de imitar patrones estéticos que imperan en nuestra sociedad, promovidos principalmente en ciertas redes sociales cuyo uso queda limitado a personas mayores de edad, pero a las cuales
los menores también tienen acceso fácilmente.


No podemos negar la realidad de los TCA y de su incidencia y prevalencia en nuestros jóvenes, y por ello es importante la detección precoz de este tipo de trastornos, siendo su prevención y concienciación un pilar fundamental para abordar
esta situación.


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Promover campañas de concienciación y formación dirigidas a familias y adolescentes acerca de las consecuencias físicas y psicosociales que provocan los TCA, así como potenciar un uso responsable de las redes sociales.


2. Promover un plan integral que aborde, como mínimo, una mejora de los métodos de detección y prevención de los TCA, con el fin de reducir la irreversibilidad de sus consecuencias y efectos.


3. Potenciar las investigaciones en materia de TCA que permitan mejorar los programas de prevención, la calidad asistencial y la reducción de las recidivas.


4. Que se elabore por la Administración General del Estado con sus propios medios un Informe sobre el suicidio de los niños y adolescentes en España a causa de los TCA, para conocer en profundidad esta realidad y abordarla con rigor desde
los poderes públicos. De dicho informe se dará traslado a la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia en el más breve plazo de tiempo posible.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2021.-María Teresa López Álvarez, Pablo Juan Calvo Liste, Rocío de Meer Méndez, María de la Cabeza Ruiz Solás y Georgina Trías Gil, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.


161/003493


A la Mesa del Congreso de los Diputados


D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª María Teresa López Álvarez, D. Pablo Juan Calvo Liste, D.ª Rocío de Meer Méndez, D.ª María de la Cabeza Ruiz Solas y D.ª Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la erradicación de los matrimonios forzados, para su discusión en la
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.


Exposición de motivos


Primero. El matrimonio infantil forzado.


El matrimonio forzado es aquel que se celebra sin el consentimiento ni la voluntad de uno de los contrayentes y, por tanto, sin la concurrencia de su libre y plena aceptación. El matrimonio forzado, además de ser nulo según la legislación
civil, se encuentra tipificado en el artículo 172 bis del Código Penal ('CP'), que recoge, precisamente, esa conducta típica por la cual se compele a la referida celebración por la vía de la intimidación o la violencia; un delito agravado cuando la
víctima es menor de edad. De igual modo, el artículo 177 bis CP recoge dicha conducta dentro de las finalidades de la trata de seres humanos. Asimismo, las 'promesas o acuerdos de matrimonio forzado' son considerados indicadores de riesgo según la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil 98.


98 Según esta norma, una situación de riesgo es 'aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, la persona menor de edad se vea perjudicada en su desarrollo personal, familiar, social
o educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentarían su declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la
intervención de la administración publica competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar' (artículo 17).



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El preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal señalaba respecto a la introducción del matrimonio forzado que obedecía al cumplimiento de 'los
compromisos internacionales suscritos por España en lo relativo a la persecución de los delitos que atentan contra los derechos humanos', invocando en este sentido la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 abril de 2011,
relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer de Naciones Unidas.


Las personas más castigadas por este delito son las mujeres menores de edad, víctimas de lo que se suele enunciar como matrimonio infantil forzado. Según UNICEF, 'en todo el mundo, alrededor de un 21 % de mujeres adolescentes se han casado
antes de cumplir los 18 años', '650 millones de niñas y mujeres que viven en el Inundo se casaron siendo niñas' y '12 millones de niñas menores de 18 años se casan cada año' 99. Este es un fenómeno que se da especialmente en el África subsahariana,
donde el '37 % de las niñas se han casado durante su infancia' 100. La COVID-19 no habría hecho sino aumentar el riesgo de que se produzcan matrimonios infantiles en todo el mundo, según declara Save The Children 101.


Según los datos de un estudio de la Revista Española de Investigación Criminológica 102, 'por comunidades-etnias, la mayoría de las víctimas identificadas [para la investigación] proceden del Magreb (42.9 %), África Subsahariana (25 %) y
Asia Central (8.9 %), aunque el 7,1 % eran gitanas'. Por otro lado, revela que cerca de un tercio de los matrimonios forzados manejados por el estudio se celebraron o estaban previsto celebrarse en España 103.


[**********página con cuadro**********]


Lugar dónde se celebró o estaba previsto celebrar el matrimonio.


Fuente: Revista Española de Investigación Criminológica.


Segundo. El matrimonio forzado en España.


Desgraciadamente, el matrimonio forzado es un fenómeno que se da en España. Entre sus causas, una de ellas es el hecho de que 'la globalización y las migraciones pueden haber contribuido a la reproducción en Europa y en otros territorios
del mundo occidental de patrones de conducta importados desde las comunidades de origen (Philipps & Dustin, 2004; Martínez & Lee, 2004; Chantler, Gargoli & Hester, 2009)' 104.


En este mismo sentido, se señala que 'en un contexto de globalización, multiculturalidad y migraciones, los matrimonios forzados también aparecen en Europa'. Además, 'a diferencia de otros


99 unicef.org/es/historias/el-matrimonio-infantil-en-el-mundo.


100 Ibidem.


101 https://www.savethechildren.es/sites/default/Mes/2020-09/Global_GirIhood_Report%202020.pdf


102 Revista Española de Investigación Criminológica, Artículo 4, Número 17 (2019), www.criminologia.net, ISSN: 1696-9219.


103 Como advierte el propio estudio, 'la metodología empleada muestra dos limitaciones fundamentales a las que debe atenderse a la hora de valorar los resultados de esta investigación. De un lado, la dificultad de acceder directamente a
víctimas de matrimonio forzado, derivada de la dificultad de contacto con cualquier tipo de víctima, a lo que en el caso de los matrimonios forzados se añade el escaso conocimiento que existe todavía sobre esta realidad en España (...). De otro
lado, el porcentaje de respuesta de los cuestionarios electrónicos no ha sido elevado, como acostumbra a suceder con otras investigaciones que emplean dicha metodología.(...) Con todo, la muestra real asciende a 150 entidades, con lo que resulta de
dimensiones reducidas para efectuar inferencias'.


104 Revista Española de Investigación Criminológica, Artículo 4, Número 17 (2019), www.criminologia.net, ISSN: 1696-9219.



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países europeos, donde se han realizado investigaciones sobre la existencia de los matrimonios forzados en sus sociedades, en España se sigue percibiendo como un fenómeno muy aislado que sólo tiene lugar de manera esporádica en algunas
comunidades. Sin embargo, si analizamos la población que hay en España según datos del INE 2018, vemos que se trata de una realidad que no es lejana. Los datos nos dicen que en España hay importantes comunidades que proceden de países en donde los
matrimonios forzados se llevan a cabo' 105.


[**********página con cuadro**********]


Fuente: 'NO ACEPTO' Estudio y visibilización de los matrimonios forzados en España


Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Fomentar y reforzar el conocimiento del Protocolo para la prevención y abordaje del matrimonio forzado en España entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como entre todos los operadores en el ámbito de la justicia, la sanidad
y la educación, en coordinación con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.


2. Incluir en el Protocolo para la prevención y abordaje del matrimonio forzado una mención específica al islamismo radical, pues en la actualidad la interpretación salafista del islam es la principal causa de matrimonios forzosos de
mujeres menores de edad en el mundo.


3. Promover en las Comunidades Autónomas un especial seguimiento y control de los expedientes de reagrupación familiar donde la mujer es menor de edad para verificar si ha prestado su consentimiento libremente en su país de origen.


4. Crear un plan de información y prevención para combatir las organizaciones, asociaciones y centros socio-culturales islámicos que aceptan la práctica de matrimonios forzosos.


5. Eliminar la convocatoria de subvenciones a organizaciones, asociaciones y centros socio-culturales islámicos que no participen y apliquen las sesiones de prevención de matrimonios forzosos, con especial énfasis en la comunidad y
organizaciones de corriente salafista donde las menores y jóvenes están más expuestas a tal riesgo.


6. Impulsar la creación de centros de asesoramiento para jóvenes en riesgo de contraer matrimonio forzoso.


7. Impulsar la creación de centros donde se proporcione ayuda legal a las víctimas de matrimonio forzoso y se colabore con ellos en la tramitación de la nulidad matrimonial si el matrimonio ha sido inscrito en España.


105 https://fmujeresprogresistas.org/ wp-content/uploads/2018/03/NO-ACEPTO.-Aproximad% C3%B3n-a-los-matrimonios-forzados-en-Espa%C3%Bla-INFORME.pdf



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8. Llevar a cabo una campaña institucional a fin de que las jóvenes pertenecientes a comunidades donde existe el riesgo de que se les obligue a contraer matrimonio forzoso conozcan que en España dicha conducta constituye un delito y que
existen centros de asesoramiento y ayuda a los que pueden acudir.


9. Promover en las Comunidades Autónomas el impulso de campañas de formación a los educadores y profesores de todos los colegios públicos y concertados, al personal de los centros de salud de atención primaria y a los asistentes sociales de
los servicios sociales, a fin de que puedan detectar y denunciar cualquier sospecha de matrimonio forzoso de mujeres mayores y menores de edad.


10. Promover en las Comunidades Autónomas la ampliación de las plazas en pisos de acogida para atender a las víctimas de matrimonios forzosos.


11. Promover el endurecimiento de las penas previstas en los artículos 172 bis y 177 bis del Código penal.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de diciembre de 2021.-María Teresa López Álvarez, Pablo Juan Calvo Liste, Rocío de Meer Méndez, María de la Cabeza Ruiz Solás y Georgina Trías Gil, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.


Comisión sobre Seguridad Vial


161/003475


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la modificación del Anexo
IV del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores para permitir acceder a las personas con hipoacusia con pérdida combinada de más del 35 por 100 (con o sin audífono) a la obtención de los
permisos de circulación encuadrados en el Grupo 2 para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial.


Exposición de motivos


La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006 ratificada por España el 23 noviembre de 2007, establece una serie de mandatos para los Estados partes como son la promoción del diseño universal
(artículo 9) con la obligación de la puesta a disposición de sistemas y tecnologías accesibles que aseguren el acceso al transporte que, de esta forma, faciliten la vida independiente de las personas con discapacidad y su participación plena en
todos los aspectos de la vida.


El Anexo IV del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba del Reglamento General de Conductores, sobre aptitudes psicofísicas para obtener o renovar el permiso de conducir, establece dos niveles de índice de pérdida auditiva
combinada (IPC) para los dos grupos de permisos (normales y profesionales).


En el caso del Grupo 1 (AM, A1, A, B, B+E y LCC), la normativa dictamina que para conducir sin restricciones, es decir, sin modificar las características del coche, no debe existir una pérdida de audición entre los dos oídos, con o sin
audífono, de más del 45 %. Para el Grupo 2 (BTP, C1, C1 +E, C+E, D1, D1+E, D, D+E), el índice mínimo es del 35 %.


Si los resultados presentan déficit sensorial, el conductor deberá, como única restricción, utilizar de forma obligatoria espejos retrovisores exteriores y uno panorámico en el interior del coche, de forma que se potencie el área sensorial
visual en pro de la auditiva. El tiempo de vigencia del carnet de conducir no se modificará en absoluto.


En el caso de los conductores con carnets profesionales, si éstos presentan un déficit superior al 35 %, no se les permitirá la obtención o la renovación del carnet de conducir.


Todo ello implica que en España, una persona con hipoacusia (con o sin audífono) de más del 35 % de pérdida combinada entre los dos oídos (obtenido el índice de esta pérdida realizando audiometría tonal) no puede obtener el carnet de
conducir Grupo 2 aun cuando tengan las adaptaciones pertinentes.



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Si bien, debe recordarse en este punto, que el Anexo III del Real Decreto 2822/1998, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, dice que los vehículos de las clases M2, M3, N2, N3 (autobuses y camiones) entre sus requisitos
obligatorios, deben llevar espejos que por sus características y emplazamiento cumplen con esta función.


No hay estudios que evidencien que las personas sordas tengan un mayor riesgo de accidente que el resto, por lo que la imposibilidad de acceder a la obtención de los permisos de conducir del Grupo 2, sin admitir ningún tipo de adaptación en
el vehículo, puede suponer una discriminación indirecta, definida en el artículo 35.4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social, ya que se trata de una disposición reglamentaria que ocasiona una desventaja particular a las personas con discapacidad respecto de otras personas, sin responder, objetivamente a una finalidad legítima que les puede limitar
el acceso a un puesto de trabajo.


El derecho al trabajo en igualdad de condiciones está también reconocido en el artículo 27 de la Convención, e implica el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un
entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad.


Con base en este objetivo, resulta ineludible la modificación del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, para incorporar medidas concretas que garanticen este derecho al trabajo así como la libertad de circulación reconocida en el artículo 19
de la Constitución Española. Todo ello conectado con la imposibilidad de poner obstáculos a la libre circulación recogida en el artículo 139.2 de la Carta Magna.


Es más, debe tenerse en cuenta que el estado y los avances de la Tecnologías de la Información y la Comunicación en 1998, cuando se aprobó el Reglamento General de Conductores no es el actual, por lo que las adaptaciones que pueden
implementarse hoy en día en los vehículos no son las mismas de hace 23 años.


Esta petición, es una reivindicación constante del movimiento asociativo de la Confederación Estatal de Personas Sordas, puesto que suponen una barrera insalvable para este colectivo en su libertad de desplazamiento y en el acceso al empleo,
respectivamente.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Anexo IV del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, en lo relativo a las 'Aptitudes psicofísicas requeridas para obtener
o prorrogar la vigencia del permiso o de la licencia de conducción', con el objetivo de que las personas con hipoacusia con pérdida combinada de más del 35 por 100 (con o sin audífono) se les admitan adaptaciones en vehículos y personas, con el fin
de que puedan acceder a la obtención de los permisos de circulación encuadrados en el Grupo 2. Todo ello con el Informe favorable de la autoridad médica competente, con la debida evaluación y siguiendo el Protocolo establecido por la Jefatura
Central de Tráfico.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2021.-María del Carmen González Guinda, Margarita Prohens Rigo y Oscar Gamazo Micó, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión de Asuntos Exteriores


181/001597


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, doña Macarena Olona Choclán, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Víctor Sánchez del Real, don Agustín Rosety Fernández de Castro y don Emilio Jesús del
Valle Rodríguez, del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.


Texto:


Según informaciones publicadas, el presidente de la Comisión de Exteriores del Senado de Estados Unidos, el senador Robert Menéndez, en una conversación mantenida con el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha
reclamado un 'mayor compromiso' de España con la defensa de los Derechos Humanos y la democracia en Cuba y Venezuela. Atendiendo a estas informaciones, ¿qué medidas va a adoptar el Gobierno para promover los derechos humanos y la democracia en Cuba
y Venezuela?


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2021.-Macarena Olona Choclán, Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Víctor González Coello de Portugal, Alberto Asarta Cuevas, Víctor Manuel Sánchez del Real, Agustín Rosety
Fernández de Castro y Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Diputados.


181/001598


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados don Iván Espinosa de Los Monteros de Simón, doña Macarena Olona Choclán, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello De Portugal, don Víctor Sánchez Del Real, don Agustín Rosety Fernández De Castro y don Emilio Jesús del
Valle Rodríguez, del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.



Página 87





Texto:


¿Cuáles han sido las razones por las que se ha destinado una partida de gasto público de 1.118.000 euros para financiar la acción 'Mujeres, Café y Clima: empoderamiento femenino para la resiliencia socioecológica de la cadena de valor del
café frente al cambio climático en Etiopía'?


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de diciembre de 2021.-Macarena Olona Choclán, Iván Espinosa de los Monteros de Simón, Víctor González Coello de Portugal, Alberto Asarta Cuevas, Víctor Manuel Sánchez del Real, Agustín Rosety
Fernández de Castro y Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Diputados.


Comisión de Justicia


181/001587


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Diputados don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, don José María Sánchez García, don Eduardo Luis Ruíz Navarro, don Carlos Zambrano Garcia-Raez y doña Patricia de las Heras Fernández, del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida a la Ministra de Justicia.


Texto:


¿Cuáles son las circunstancias concretas y las razones de 'justicia y equidad' que ha valorado la Ministra de Justicia para otorgar el indulto a doña Juana Rivas Gómez?


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2021.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, José María Sánchez García, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Patricia de las Heras Fernández y Carlos José Zambrano García-Raez, Diputados.


Comisión de Interior


181/001594


A la Mesa de la Comisión de Interior


Diputados doña Macarena Olona Choclán y don Francisco Javier Ortega Smith-Molina y don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario VOX.


Dirigida al Director General de la Policía.


Texto:


¿Qué motivos justifican que su Dirección General de la Policía utilizara Blindado Medio sobre Ruedas (BMR 6x6) en las protestas de los trabajadores del metal en Cádiz y no lo hiciera en los disturbios provocados en Barcelona con motivo del
referéndum ilegal y contra la sentencia dictada en el proceso soberanista?


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2021.-Macarena Olona Choclán Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.



Página 88





Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


181/001595


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputada doña Carmen Navarro Lacoba.


Texto:


¿Cuál es la razón por la que el Gobierno no presta la dotación presupuestaria para licitar las obras de la A-32 a su paso por Albacete, eje estratégico de la Red Global Transeuropea?


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2021.-Carmen Navarro Lacoba, Diputada.


181/001596


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputada doña Carmen Navarro Lacoba.


Texto:


¿Cuándo va el Gobierno a hacer realidad la dotación presupuestaria necesaria para la A-32 a su paso por Albacete y a retomar e impulsar de manera definitiva y hasta su finalización las obras de ejecución de la A-32 a su paso por la provincia
de Jaén?


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2021.-Carmen Navarro Lacoba, Diputada.


Comisión de Industria, Comercio y Turismo


181/001589


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputados don Guillermo Mariscal Anaya y doña Tristana María Moraleja Gómez.


Texto:


¿Qué medidas ha puesto en marcha el Gobierno para dar cumplimiento a la Proposición no de Ley 161/1649, sobre fortalecimiento y sostenibilidad de la cadena y la red de valor asociada a la movilidad eléctrica, aprobada a iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, con fecha 15 de diciembre de 2020?


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2021.-Guillermo Mariscal Anaya y Tristana María Moraleja Gómez, Diputados.


181/001590


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputados don Guillermo Mariscal Anaya, don Mario Cortés Carballo y doña Tristana Moraleja Gómez.



Página 89





Texto:


¿Qué razones tuvo en cuenta el Gobierno para, en pleno mes vacacional de agosto, establecer un plazo de tan sólo 12 días naturales para presentar solicitudes a la convocatoria de ayudas públicas relativas a proyectos de investigación,
desarrollo e innovación en el ámbito de la Industria Conectada 4.0. (ACTIVA_Financiación), convocadas en el BOE de 5 de agosto de 2021 con la publicación del Extracto de la Orden de 31 de julio de 2021 y pese a que el artículo 21.1 de las Bases
reguladoras contenidas en la Orden ICT171312021, de 29 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de I+D+i en el ámbito de la industria conectada 4.0. (Activa_Financiación), publicada en el BOE
con fecha de 6 de julio de 2021, preveía un plazo de hasta 60 días hábiles desde la fecha de publicación de la convocatoria?


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2021.-Guillermo Mariscal Anaya, Mario Cortés Carballo y Tristana María Moraleja Gómez, Diputados.


181/001591


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputados don Guillermo Mariscal Anaya, don Mario Cortés Carballo y doña Tristana Moraleja Gómez.


Texto:


¿Qué razones tuvo en cuenta el Gobierno para, en pleno mes vacacional de agosto, establecer un plazo de tan sólo 10 días naturales para presentar solicitudes a la convocatoria de ayudas públicas relativas planes de innovación y
sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera, convocadas en el BOE de 16 agosto de 2021 con la publicación del Extracto de la Orden de 11 de agosto de 2021 y pese a que el artículo 21.1 de las Bases reguladoras contenidas en la Orden
ICT/789/2021, de 16 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera, publicada en el BOE el 23 de julio de 2021, se preveía un
plazo de hasta 60 días hábiles desde la fecha de publicación de la convocatoria?


Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2021.-Guillermo Mariscal Anaya, Mario Cortés Carballo y Tristana María Moraleja Gómez, Diputados.


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


181/001593


Grupo Parlamentario Popular en el Congreso


Diputados don Guillermo Mariscal Anaya y don Juan Diego Requena Ruiz.


Texto:


¿Qué implicaciones tendrá en el funcionamiento del mercado eléctrico la vulneración de la Ley de Protección de Datos por parte de la CNMC enviando datos confidenciales sobre al menos 8.000 puntos de suministro a destinatarios no autorizados?


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2021.-Guillermo Mariscal Anaya y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.



Página 90





PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a las Comisiones que se indican, las
preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a las Comisiones correspondientes, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión de Defensa


Núm. expte.: 184/066044.


Núm. registro: 163259.


Autor iniciativa: Lorite Lorite, Andrés (GP).


Objeto iniciativa: Cuantía económica que se destina en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba (COLCE).


Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 354, de 2 de noviembre de 2021.


Nuevo número asignado a la tras la conversión: 181/001608.


Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


Núm. expte.: 184/066045.


Núm. registro: 163260.


Autor iniciativa: Lorite Lorite, Andrés (GP).


Objeto iniciativa: Ayuntamientos, proyectos e importe de la financiación solicitada al concurrir en la convocatoria para el ejercicio 2021 de la Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para el
Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.


Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 354, de 2 de noviembre de 2021.


Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001607.


Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico


Núm. expte.: 184/064924.


Núm. registro: 159426.


Autor iniciativa: Ruiz de Pinedo Undiano, Iñaki (GEH Bildu).


Objeto iniciativa: Paralización de los proyectos de parques eólicos de Montes de Iturrieta y Sierra de Arkamo de la empresa AIXEINDAR.


Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 345, de 18 de octubre de 2021, pág. 1.


Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001606.


Núm. expte.: 184/054400.


Núm. registro: 134349.


Autor iniciativa: Sabanés Nadal, Inés (GPlu).


Objeto iniciativa: Incumplimiento de la normativa de depuración de aguas.


Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 296, de 21 de junio de 2021.


Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001609.



Página 91





184/069311


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Rego Candamil, Néstor (GPlu).


Reformulación de su pregunta sobre planta de recogida y tratamiento de residuos de la 'Mancomunidad Sena do Barbanza'.


Acuerdo:


Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, adscrito al Grupo Plural, formula las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita, sobre la planta de recogida y tratamiento de residuos de la 'Mancomunidade Serra do Barbanza'.


Desde el momento actual y hasta el 2023, los municipios integrados en la 'Mancomunidade Serra do Barbariza' deberán afrontar decisiones muy importantes para el futuro laboral y ambiental de la planta de recogida y tratamiento de residuos
mancomunada, ya que el contrato con la empresa adjudicataria termina y se necesita renovar la concesión de la planta de reciclaje que les da servicio.


La mancomunidad se creó en 1997 con la finalidad de prestar el servicio público de recogida y tratamiento de residuos municipales. En el año 2001 se adjudicó a la empresa FCC el contrato de construcción del complejo de tratamiento de
residuos situado en Servia, en el término municipal de Lousame (A Coruña), y en el año 2003 se inauguraron y comenzaron a funcionar las instalaciones, que hoy prestan servicio a un área de más de 80.000 habitantes y un total de 9 ayuntamientos de la
provincia: Lousame, Brión, Ames, Noia, Porto do Son, Muros, Rois, Carnota e Ponte Cesures.


Todos los municipios que pertenecen a esta mancomunidad como miembros de pleno derecho, los seis citados en primer lugar de los nueve a los que se les presta el servicio, han aprobado en sus plenos mociones en las que acordaban 'solicitar
formalmente el inicio de los expedientes administrativos pertinentes para efectuar la dotación presupuestaria específica para elaborar un plan de viabilidad para el 'Complexo Medioambiental Serra do Barbanza' donde se analice la problemática actual
y se propongan diferentes alternativas (...) para la continuación de su modelo de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos'. En dichas mociones, también acordaron la 'necesidad de tomar medidas para adaptarse a los objetivos marcados por
la Unión Europea en cuanto a las tasas de reciclaje y recuperación'.


Para que este modelo pueda funcionar a pleno rendimiento y obtener unos resultados aún más satisfactorios se hace necesario el establecimiento de cooperación económica con los diferentes niveles de la administración, con el objetivo de
acometer la mejora cualitativa del complejo ambiental.


Además de la cuestión ambiental, se debe tener en cuenta que la planta proporciona trabajo de forma directa a más de 160 personas de una comarca, mayoritariamente rural, que no se puede permitir la pérdida de dichos puestos de trabajo. Cabe
resaltar también que la planta realiza el tratamiento de residuos sólidos urbanos de forma sostenible, atendiendo a los principios de reciclaje y proximidad.



Página 92





Muestra de la idoneidad de este sistema son los buenos resultados cosechados a pesar del abandono al que se ha visto sometida desde la Administración autonómica.


Mientras que el modelo SOGAMA por el que ha optado el Gobierno gallego no pasa de la recuperación de 13,1 kilogramos por habitante al año, en el caso de la planta de Lousame este dato aumenta hasta los 51,1 kilogramos, contribuyendo a
mejorar así las pésimas cifras del conjunto del sistema de reciclaje gallego. Por otro lado, mientras que la incineración de residuos en el modelo defendido por la Xunta de Galiza, SOGAMA, alcanza cifras de hasta el 60 %, el sistema de separación
en origen por el que apuesta la planta de Lousame desde el año 2003 no realiza esta práctica antiecológica.


Si bien es cierto que la nueva directiva europea de residuos contempla que 'los residuos se recogerán por separado y no se mezclarán con otros residuos u otros materiales con propiedades diferentes' en su artículo 20.2, no se puede obviar
que inmediatamente después, en su artículo 20.3, se establece que 'los Estados miembros podrán autorizar excepciones a lo dispuesto en el apartado 2, siempre que se cumpla' con una serie de supuestos. Uno de los supuestos que permite autorizar
excepciones es para los casos en que 'la recogida conjunta de determinados tipos de residuos no afecta a su aptitud para la reutilización, de reciclado o de otras operaciones de valorización (...) y su resultado tras dichas operaciones es de una
calidad comparable a la alcanzada mediante la recogida separada'. Se incluye por lo tanto en la directiva una excepción que recoge la posibilidad de que los Estados miembros permitan la separación de estos envases en planta, siempre y cuando esto
se haga de forma efectiva, validando en consecuencia la idoneidad del sistema húmedo-seco que se realiza en la planta de Lousame.


Establece también la nueva directiva europea de residuos la necesidad de que los biorresiduos sean tratados en un radio de 50 kilómetros de su área de recogida, una apuesta por el compostaje y por los modelos de proximidad del que la planta
de Lousame fue pionera en el Estado español desde el año 2003. Por el contrario, la gran mayoría de municipios gallegos que forman parte del modelo SOGAMA todavía no tienen resuelto como hacer frente a esta obligación, debido a la inexistencia de
plantas descentralizadas para el compostaje. El modelo de compostaje de proximidad en Lousame supone un motivo añadido de la idoneidad de su mantenimiento y por lo tanto clarifica la necesidad de que las administraciones lleven a cabo inversiones
para la modernización de una planta que cumple con el modelo establecido en las normas europeas y supone un ejemplo de vanguardia en el ámbito del reciclaje desde su establecimiento hace dos décadas.


El Gobierno gallego, en su obcecación por no considerar los modelos de reciclaje alternativos, cae en una verdadera contradicción al contraponer un modelo como el de SOGAMA, que lleva a Galiza a estar en la cola del Estado en cuanto a la
gestión de residuos, a un modelo exitoso como el que representa Lousame, hecho que avalan los propios datos que la propia Xunta de Galiza proporciona al Estado.


Esta contradicción se intenta sostener a partir de una lectura parcial de la directiva europea de residuos y de una supuesta comunicación del Ministerio para la Transición Ecológica, que además se utiliza para legitimar la ausencia de
inversiones en el mantenimiento, la modernización y la mejora de la planta de recogida y tratamiento situada en el Concello de Lousame.


Unas inversiones que es necesario acometer con premura no sólo para paliar la huella que el paso del tiempo ha ido dejando en el que fue un modelo pionero sino también para su adaptación a la directiva europea de residuos y para continuar
obteniendo unos resultados que, cualitativa y cuantitativamente, están por encima de los de la media gallega y estatal.


Son estas las razones en las que avalamos nuestra demanda de inversiones también por parte del Estado, en el marco de sus competencias y para colaborar en la mejora que la planta de Lousame necesita.


Por los motivos expuestos, el BNG formula las siguientes preguntas al Gobierno:


1. ¿Cuáles son las características exigidas al llamado sistema húmedo-seco que marca el Ministerio para que este quede amparado por la normativa actual?


2. ¿Está dispuesto el Gobierno español, en el marco de sus competencias, a cooperar económicamente en la mejora cualitativa y en la adaptación del modelo de reciclaje de Lousarne a la nueva directiva europea de residuos?


3. ¿Entra dentro de los criterios y prioridades del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el mantenimiento y fomento de la incineración para el tratamiento de los residuos (mecanismo que supone el 60 % en el caso de
SOGAMA)?


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado.



Página 93





184/069765


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: Aizpurua Arzallus, Mertxe (GEH Bildu). Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).


Reuniones mantenidas por el Ministerio de Defensa y la Consejería de Educación del Gobierno Vasco para facilitar la salida educativa y laboral de los miembros de las Fuerzas Armadas licenciados.


Acuerdo:


1. En cuanto a la solicitud de documentación contenida en el punto 5, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública
correspondiente (nuevo número de expediente 186/004454).


2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y Jon Iñarritu García, Diputado del mismo Grupo Parlamentario de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas al Gobierno con solicitud de respuesta por escrito.


Según se han informado en diferentes medios, el Ministerio de Defensa y la Consejería de Educación del Gobierno Vasco han mantenido reuniones para facilitar la salida educativa y laboral de los miembros de las FFAA licenciados.


Por ello, deseo conocer:


1. ¿Cuándo se han producido dichas reuniones? ¿Entre quiénes? ¿En qué lugar y en qué fechas?


2. ¿Cuál ha sido el objetivo de estas?


3. ¿Qué se ha tratado en las mismas?


4. ¿Se han llegado a algún acuerdo? De ser así, ¿cuáles?


5. ¿Se recogió acta de las reuniones? [...]


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 2021.-Jon Iñarritu García, Diputado.-Mertxe Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.