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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 274, de 18/05/2021
cve: BOCG-14-D-274
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
18 de mayo de 2021
Núm. 274
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002533 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la condena a los discursos del odio y en defensa de la convivencia democrática que garantiza la Constitución ... (Página6)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002540 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano, Vasco (EAJ-PNV) y Plural, sobre solidaridad con el HDP y contra la criminalización de la
resistencia de Kobane ... (Página7)
161/002551 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre el apoyo al proceso de paz en Colombia ... (Página8)
Comisión de Hacienda
161/002550 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas en relación con la tributación de las pensiones procedentes del extranjero ... (Página11)
Comisión de Interior
161/002530 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a que se adopten todas las medidas necesarias y a procurar todos los medios humanos y materiales precisos para que las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado puedan actuar de manera eficaz contra la proliferación de instalaciones de plantaciones ilegales de marihuana ... (Página12)
161/002538 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a garantizar el principio de neutralidad de la Guardia Civil ... (Página14)
161/002548 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad y los del artículo 25 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la
Policía Nacional en las pruebas de promoción interna del Cuerpo Nacional de Policía ... (Página18)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/002543 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a impedir que se establezca un sistema de pago para todas las carreteras de alta capacidad de nuestro país ... (Página23)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/002536 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a proponer un acuerdo entre las Administraciones educativas para recomendar la exclusión del lenguaje inclusivo de los libros de texto escolares asumiendo
las sugerencias de la Real Academia Española de la Lengua ... (Página25)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002527 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la reapertura del Centro de Atención e Información del Instituto Nacional de la Seguridad Social (CAISS) de Móra d'Ebre ...
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/002518 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la necesidad de acelerar la recuperación de la movilidad y el aseguramiento de corredores de tránsito seguros ...
161/002525 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a impulsar el comercio ambulante ... (Página36)
161/002535 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a los controles a las importaciones de productos agroalimentarios ... (Página40)
161/002547 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el suministro de materias primas críticas ... (Página41)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002221 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista, sobre un Plan de medidas y acciones políticas del Gobierno para combatir la situación de precariedad de la juventud. Retirada ... (Página42)
161/002515 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a territorializar los fondos destinados a subvenciones a entidades del tercer sector de acción social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del
Impuesto sobre Sociedades ... (Página43)
161/002517 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas destinadas a familias monoparentales ... (Página44)
161/002519 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas destinadas a familias numerosas ... (Página46)
161/002520 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a incluir al sector de cuidados a personas mayores y personas con discapacidad en el listado de actividades susceptibles de recibir
ayudas directas en respuesta a la pandemia ... (Página49)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000683 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los Seguros Agrarios. Retirada ... (Página51)
161/002491 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre apoyo al sector vitivinícola español frente a la crisis de COVID-19. Retirada ... (Página51)
161/002526 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre apoyo al sector vitivinícola español frente a la crisis de COVID-19 ... (Página51)
161/002531 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a los controles a las importaciones de productos agroalimentarios ... (Página53)
161/002534 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la apuesta por una política de regadíos modernos y sostenibles ... (Página54)
161/002545 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a incluir a los trabajadores del sector primario entre los grupos prioritarios de la Estrategia de vacunación contra la COVID-19 en España ...
161/002549 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre inclusión de Cataluña dentro de los ámbitos donde se da cobertura a los daños provocados por el Mildiu a la uva de vinificación ...
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/002521 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a cubrir los puestos vacantes en la Administración General del Estado en Cataluña y a crear un incentivo económico
que favorezca su cobertura ... (Página60)
161/002523 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a reducir la temporalidad del empleo público ... (Página61)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002546 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el suministro de materias primas críticas ... (Página63)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/002528 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a priorizar dentro de la Estrategia de vacunación frente a COVID-19 la especial situación de riesgo y especificidad de las personas con enfermedades
raras y sin diagnóstico ... (Página64)
161/002541 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la compra y liberación de las patentes de vacunas anti-COVID-19 ...
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002496 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a promovor las modificaciones legales oportunas para incluir al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en la Estrategia en Cáncer del Sistema
Nacional de Salud. Retirada ... (Página67)
161/002516 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reconocer las competencias del Grado en Biotecnología para su inclusión en las convocatorias públicas de empleo y becas de formación y
posgrado del ámbito científico, sanitario, educativo, universitario, de investigación etc. de las Administraciones Públicas ... (Página68)
161/002537 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a promover las modificaciones legales oportunas para incluir al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en la Estrategia en Cáncer del Sistema
Nacional de Salud ... (Página70)
Comisión de Igualdad
161/002529 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a que todos los poderes públicos incidan en la necesidad de ofrecer todos los datos desagregados por sexo ... (Página72)
161/002532 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la visibilización y no discriminación de las mujeres lesbianas ... (Página74)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/001042 Pregunta formulada por la Diputada doña Alicia García Rodríguez (GP), sobre previsiones acerca de garantizar la exclusividad de la formación del futuro Centro Universitario de la Policía Nacional en la sede de la Escuela de la
Policía Nacional en Ávila ... (Página75)
181/001047 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Olona Choclán (GVOX), sobre conocimiento por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad de la detención de dos miembros de la seguridad privada del partido político Unidas
Podemos por su participación en los graves altercados acaecidos en Vallecas el pasado 07/04/2021 ... (Página75)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001046 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia de las Heras Fernández (GVOX), sobre estado en el que se encuentra el plan del Gobierno para la implantación del mecanismo de pago por uso de las carreteras de alta intensidad ...
(Página76)
Comisión de Sanidad y Consumo
181/001043 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre proyectos, inversión y plazos de ejecución incluidos en materia de consumo y protección de los consumidores en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia ... (Página76)
181/001044 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre IVA que tiene previsto aplicar el Gobierno a los test de autodiagnóstico 'in vitro' cuando se autorice su dispensación en farmacias ...
181/001045 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Riolobos Regadera (GP), sobre impacto que tendrá en los consumidores el nuevo recibo de la luz que se pondrá en marcha a partir de junio de 2021. ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión.
184/047551 Autor : Trías Gil, Georgina. Robles López, Joaquín. Ramírez del Río, José. Romero Vilches, María de los Reyes. Borrás Pabón, Mireia. López Álvarez, María Teresa.
Forma en la que afectará el despido masivo a la capacidad de la Formación Profesional para dar formación a la demanda real de técnicos cualificados. Retirada ... (Página78)
Secretaría General
292/000018 Convocatoria interna para la provisión de una plaza vacante de Enfermero/a (ATS/DUE) con destino en el Gabinete Médico del Congreso de los Diputados. Designación de los miembros de la Comisión de Selección ...
292/000019 Convocatoria pública para la provisión de una plaza vacante de Enfermero/a (ATS/DUE) con destino en el Gabinete Médico del Congreso de los Diputados. Designación de los miembros de la Comisión de Selección ...
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/002533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la condena a los discursos del odio y en defensa de la convivencia democrática
que garantiza la Constitución, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
La dignidad de la persona (art. 10 CE), el principio de no discriminación (art. 14 CE) y el derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15 CE) son derechos fundamentales protegidos por la Constitución y su cumplimento es una
de los garantías del orden político democrático y de la paz social.
Una de las mayores amenazas contra estos derechos y valores protegidos en la Constitución es el llamado 'discurso del odio', es decir, los discursos dirigidos contra los que pertenecen a colectivos protegidos por cláusulas específicas de no
discriminación. Se trata de los discursos dirigidos contra minorías étnicas, sexuales, religiosas, personas con discapacidad e inmigrantes.
Una manifestación especialmente execrable del 'discurso del odio' son los denominados 'delitos de odio', que en nuestra legislación están recogidos en el art. 510.1.a) del Código Penal, que sanciona a 'quienes públicamente fomenten,
promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros
referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad'.
El Código Penal no sanciona las meras ideas u opiniones, sino las manifestaciones de odio que denotan un desprecio hacia otro ser humano por el simple hecho de ser diferente. Por lo tanto, el discurso del odio no está amparado por la
libertad de expresión, que debe ser ponderado con el respeto a la dignidad de la persona y el derecho a la no discriminación.
En este contexto, el delito de odio supone un ataque al diferente, una manifestación de intolerancia incompatible con los elementos que vertebran el orden constitucional y, en definitiva, un ataque frontal al sistema de derechos y libertades
propio de una sociedad democrática.
El discurso y las conductas de odio están orientadas a fomentar la violencia, la discriminación y el desprecio a un determinado colectivo de la sociedad, grupo político o a sus integrantes por diferentes razones. Por ello, el discurso de
odio no puede tener el más mínimo resquicio en nuestra sociedad, ya que vivimos en un Estado Social y Democrático de Derecho. Y no solamente porque atenta contra la legislación propia y contra Declaraciones y Convenios internacionales relacionados
con la protección de los derechos humanos, sino porque pone en peligro la dignidad de las personas y el derecho a vivir en igualdad tanto material como formal.
En palabras del Tribunal Constitucional, hay que distinguir entre un discurso 'que pudiera estimular el debate tendente a transformar el sistema político', del que 'persigue desencadenar un reflejo emocional de hostilidad, incitando y
promoviendo el odio y la intolerancia incompatibles con el sistema de valores de la democracia' (STC 177/2015, FJ4). Dentro del discurso del odio no cabe solo el que promueve la discriminación de determinadas minorías por sus características
étnicas, religiosas, culturales o sexuales; hay que incluir también, según el TC, el que 'fomenta el rechazo y la exclusión de la vida política, y aún la eliminación física, de quienes no comparten el ideario de los intolerantes' (STC 112/2016,
FJ4).
En la vida institucional, las palabras, campañas y gestos que forman parte del discurso de odio practicado por un partido político ni son gratuitos ni pasan desapercibidos a la sociedad. Al contrario, se proyectan hacia la sociedad,
degradan los valores democráticos, extienden la intolerancia y el miedo, atacan el pluralismo y la diversidad y van calando peligrosamente de manera continuada en sectores de la ciudadanía. Hasta que un día estallan -ejemplos hay sobrados en la
historia reciente- y sus consecuencias pueden ser demoledoras para el sistema de convivencia democrática; esto es, para la cohesión e integración de nuestra sociedad.
En medio de una pandemia y del ingente esfuerzo que hay que desarrollar en favor de la recuperación social y económica, en una etapa histórica plagada de incertidumbres y retos, la defensa de los principios democráticos y los valores
constitucionales debe ser una actitud compartida, taxativa e incondicional por parte de todas las fuerzas democráticas del Congreso.
Por contra, sufrimos una exaltación de posiciones extremistas y de estrategias de división y polarización de la sociedad que fomentan el odio y la confrontación y atacan el clima de convivencia en nuestra democracia. Sin embargo, persiste
el discurso del odio y la exaltación de la intolerancia creando el caldo de cultivo para que un grupo extremista o un exaltado lobo solitario puedan cometer un atentado.
En base a estas consideraciones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso condena las amenazas de muerte que han recibido diferentes cargos públicos, así como los discursos de odio que promueven la violencia, el racismo, la xenofobia, y el desprecio y la intolerancia hacia el adversario político, por
atacar el Estado social y democrático de Derecho, principal pilar de la Constitución, y los principios de la democracia. Así mismo, se reafirma en la defensa de los valores y preceptos constitucionales que hacen posible la convivencia democrática y
el respeto a la dignidad de las personas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2021.-Odón Elorza González, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley de solaridad con el HDP y contra la criminalización de la resistencia de
Kobane, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Los acontecimientos recientes en Turquía que involucran la represión sistemática contra políticos electos y casos motivados políticamente contra el HDP, que es la tercera fuerza del Parlamento turco, acentúan nuestra preocupación y
consternación por la situación en la que se encuentra la población dentro del Estado Turco.
El fiscal general turco ordenó la detención de 108 personas, entre ellas importantes representantes del HDP, para pedir a la gente, en octubre de 2014, que apoyara las protestas populares legítimas en defensa de Kobani. Ahora, años después,
se les responsabiliza de los violentos enfrentamientos que estallaron durante las protestas y, por ello, se les acusa de terrorismo.
En ese momento, la gente en todas partes se manifestaba contra el ataque de ISIS a la ciudad de Kobani y contra el apoyo continuo a ISIS que mostraba el régimen turco. Durante años, el HDP ha estado pidiendo una investigación parlamentaria
para arrojar luz sobre lo que llevó a la violencia, pero el gobernante AKP del presidente Erdogan siempre ha rechazado esta propuesta.
El juicio a estas 108 personas empezó el 26 de abril de 2021 en Ankara. Los observadores internacionales presentes en el juicio denunciaron la falta de garantías de ese juicio, donde se violó el derecho a la defensa, se negó el derecho a
recusación, no se envió el dictamen final de la Fiscalía a los abogados y no se tuvo en cuenta ni la inmunidad de los parlamentarios imputados ni la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre Demirtas.
Cabe destacar que, por razones sanitarias, el juicio ha sido momentáneamente interrumpido. También conviene subrayar que hay otro juicio en paralelo, que todavía no ha empezado, sobre la ilegalización del partido HDP.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Oponerse firmemente y públicamente a esta violación del estado de derecho. Se considera inaceptable en una democracia responsabilizar a los representantes electos (diputadas/os, alcaldesas/alcaldes, concejalas/es) y representantes de la
sociedad civil por lo que sucedió en un evento cuya investigación se ve obstaculizada activamente.
2. Solidarizarse públicamente con el HDP que se enfrenta a una represión sistemática por parte del Estado turco.
3. Rechazar públicamente la criminalización de la resistencia en apoyo de Kobani. Millones de personas en todo el mundo se han opuesto a ISIS por motivos morales, y el Gobierno debe oponerse a la política de Erdogan de criminalizar la
resistencia de Kobani. Como declaró el ex Copresidente del HDP, Selahattin Demirtas, 'lo que realmente devasta a Erdogan no es nuestra gente que ha sido brutalmente asesinada, sino la derrota de ISIS en Kobani'.
4. Instar al Gobierno turco a que obedezca el veredicto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre Selahattin Demirtas.
5. Trasladar al Gobierno turco, en sus relaciones diplomáticas, su rechazo al juicio del caso Kobane y a las medidas provisionales adoptadas hacia esas 108 personas e instarle a que realice investigaciones pertinentes, con todas las
garantías, tal y como ha solicitado reiteradas veces el propio HDP.
6. Promover observaciones internacionales en el juicio del caso Kobane.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2021.-Antonio Gómez-Reino Valera, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Poden-Galicia en Común.-Marta Rosique i Saltor, Diputada.-Gabriel Rufián Romero,
Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Néstor Rego Candamil y Miriam Nogueras i Camero, Portavoces del Grupo Parlamentario Plural.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).-Jon Iñarritu García, Diputado del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.-Albert Botran Patrissa, Diputado del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, para su
debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El 24 de noviembre de 2020 se cumplieron 4 años de la firma del Acuerdo de Paz para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia; la implementación integral de dicho Acuerdo es crucial para
transitar hacia un país más igualitario y democrático que supere la situación
estructural de violencia y la crisis humanitaria y de derechos humanos, algo que se ha puesto más en evidencia en las recientes movilizaciones y la respuesta que han recibido.
Sin embargo, además de otras instancias nacionales e internacionales, la Misión de Verificación de las NNUU ha elevado un Informe al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que se ha insistido en la relevancia de un compromiso firme
del Gobierno de Colombia con la implementación integral del Acuerdo, así como la preocupación por la desaceleración en la aplicación del mismo, sobre todo en lo relativo a la reforma rural integral, la sustitución de cultivos ilícitos, la protección
a personas defensoras de DDHH y las medidas de género la mayor parte de las cuales no han sido aplicadas.
Ello está contribuyendo generar un nuevo escenario generalizado de violencia socio-política y a una profundización de la crisis de derechos humanos en el país que toma nuevas dimensiones. Además, preocupa la gestión gubernamental de la
situación provocada por la pandemia del COVID-19, que ha puesto aún más en evidencia las profundas desigualdades sociales existentes y el riesgo de establecer un marco jurídico regresivo y limitador del respeto a los derechos humanos.
Importa señalar que uno de los pilares básicos del Acuerdo de Paz, el Sistema Integral de Justicia Transicional, ha sufrido injustificables ataques y señalamientos que atentan contra su independencia: efectivamente tanto la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP), como la Comisión de la Verdad (CEV), y la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), han sido objeto de un cuestionamiento por parte de algunos funcionarios del actual Gobierno. Así mismo se
constata una manifiesta insuficiencia de financiación para el adecuado desarrollo de sus funciones. Todo ello puede afectar negativamente la legitimidad de dicho sistema de justicia -piedra angular del Acuerdo de Paz- e impedir avances sustanciales
del mismo, lo que además de aumentar los riesgos para las víctimas -y para las organizaciones que las representan- podría defraudar las expectativas de quienes son y deben continuar siendo el centro del Acuerdo.
Las masacres contra la población civil y los asesinatos de personas defensoras, líderes y lideresas sociales, desafortunadamente, han ido en aumento, mientras que, al mismo tiempo, no existen avances significativos en materia de garantías
para la defensa de los derechos humanos. Diferentes fuentes dan cuenta de ello: entre ellas la organización INDEPAZ que en el periodo de 2020 ha contabilizado 310 asesinatos de líderes y lideresas sociales y 91 masacres, que han supuesto un total
de 381 personas asesinadas.
Por su parte la Defensoría del Pueblo, de Colombia, cifra en 28.509 las personas desplazadas y confinadas a causa del conflicto armado en el año 2020, mientras que la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH), en Colombia, informa sobre el asesinato de 292 personas en 76 masacres. Así mismo la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia registró en el año 2020 el homicidio de 73 personas excombatientes de las FARC-EP, en
proceso de reincorporación, así como un total de 278 excombatientes desde la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016.
Por otro lado, hay evidencia de una presencia cada vez más activa y violenta de grupos armados ilegales, algunos de ellos fuertemente vinculados al narcotráfico y a otras economías ilegales, que con su actuar agudizan las múltiples
violencias y vulneraciones de derechos humanos. Ello ocurre especialmente en zonas rurales habitadas por comunidades indígenas, afrodescendientes y/o campesinas, cuyos territorios fueron abandonados, tras las firma del Acuerdo de Paz, por la
ex-guerrilla de las FARC-EP, y en los que actualmente no hay presencia integral del Estado. Se constata un riesgo de militarización creciente de la vida social que podría contribuir a aumentar la espiral de violencia que se vive en muchas regiones
del país.
Así mismo medios de comunicación nacionales e internacionales, Relatores Especiales de la ONU y del Sistema Interamericano y colectivos de abogados y abogadas internacionales, han denunciado operaciones ilegales de vigilancia en contra de
personas defensoras, opositores políticos e incluso magistrados de las altas Cortes, lo que ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a reiterar que la vigilancia ilegal en Colombia es una práctica sistemática.
Además, la movilización social que se ha producido en el país en respuesta a las políticas aplicadas por el Gobierno se ha visto fuertemente reprimida por la Fuerza Pública. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ordenó a las
autoridades adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Así, en enero se expidió por parte del Gobierno de Colombia, el Decreto 003/2021 que, aunque supone un avance, no subsana todos los problemas evidenciados
en la orden emitida por la Corte Suprema, tal y como se ha evidenciado en las protestas ciudadanas más recientes.
Destacamos también la importancia del mantenimiento de los espacios de trabajo para las organizaciones internacionales de la sociedad civil, cuyo principal objetivo es la observación y monitoreo
de la situación de derechos humanos en el país, lo que hacemos extensivo a los diferentes mecanismos del Sistema de Naciones Unidas.
Proposición no de Ley
'Por la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Manifiesta su total apoyo al Acuerdo de Paz para la terminación del conflicto en Colombia y exhorta al Gobierno de Colombia a acelerar y garantizar la implementación integral del Acuerdo de Paz, cumpliendo cabalmente el compromiso del
Estado con el mismo. Insta a que esta implementación se realice con la participación activa de las comunidades y de las organizaciones sociales colombianas de manera concertada, eficaz e integral, cumpliendo con los enfoques de género, étnico y
territorial.
2. Manifiesta su apoyo al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SVJRNR), llama a garantizar su funcionamiento e independencia, e insta al Gobierno de España a dar un apoyo político y financiero
decidido a dicho Sistema, confiando en que ello permita avanzar, con la mayor celeridad posible, en el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia, la Reparación y a las Garantías de no Repetición.
3. Alienta al Gobierno español para que traslade al conjunto de las instituciones públicas de Colombia, y en particular al SVJRNR, la necesidad de avanzar en el reconocimiento efectivo de los derechos de las víctimas de violencia sexual
asociada al conflicto armado, específicamente posibilitando a las mismas su acceso a la justicia.
4. Manifiesta su apoyo a la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales en Colombia, e insta al Gobierno español para que traslade al Gobierno de Colombia la importancia de diseñar y aplicar
una política pública integral y eficaz en materia de garantías, prevención y protección en todas las regiones del país, según lo establecido en el Acuerdo de Paz, y a fortalecer las medidas colectivas de prevención y protección teniendo en cuenta
los enfoques diferenciales étnico, territorial, de género, edad, etc.
5. Insta al Gobierno español para que traslade al Gobierno de Colombia la importancia del respeto a la independencia de la Justicia, pilar del Estado de Derecho, y que este aliente a las instituciones judiciales del país a realizar las
investigaciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y excombatientes de las FARC-EP,
incluyendo la identificación de sus estructuras y el esclarecimiento de sus vínculos con élites políticas, económicas y militares. Es fundamental, en este sentido, el trabajo de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para el
Desmantelamiento de Organizaciones Criminales en los términos aprobada en el Acuerdo de Paz, por lo que llama al Gobierno de España a contribuir a fortalecer su capacidad brindando apoyo financiero y técnico a dicha instancia.
6. Insta al Gobierno español para que dé el apoyo necesario al Gobierno de Colombia para garantizar la presencia de las instituciones civiles del Estado en todo el territorio del país, de modo que se asegure una adecuada provisión de bienes
y servicios públicos y un efectivo ejercicio de derechos.
7. Insta al Gobierno español para que solicite y apoye al Gobierno de Colombia en la aplicación integral de las medidas acordadas en el punto 3.4 del Acuerdo de Paz, relativas a diseñar una política pública efectiva de desmantelamiento de
los grupos herederos del paramilitarismo a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
8. Exhorta al Gobierno español para que se comprometa y apoye al Gobierno de Colombia en la reanudación de las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional.
9. Insta al Gobierno español para que solicite al Gobierno de Colombia el cumplimiento íntegro de la sentencia 7641 de 22 de septiembre de 2020 dictada por la Corte Suprema de Justicia que protege el derecho a la protesta, y se puedan
adoptar regulaciones del uso de la fuerza acordes con los estándares internacionales, subsanando vacíos legales del Decreto 003/2021, con participación de la sociedad civil y los organismos de derechos humanos expertos en materia.
10. Insta al Gobierno español para que solicite a las autoridades colombianas el esclarecimiento de las actividades de inteligencia ilegal denunciadas en 2020 y años anteriores, y a proceder a la consecuente sanción de los responsables de
las mismas, fortaleciendo un sistema institucional de controles civiles, incluyendo una rendición de cuentas, que evite episodios de abusos.
11. Exhorta al Gobierno español para que contribuya a que el Gobierno de Colombia mantenga un diálogo abierto y constructivo con los diferentes mecanismos del Sistema de las Naciones Unidas y demás organizaciones internacionales
no-gubernamentales, facilitando su presencia y permanencia en el país en aras de una mejora de la grave situación de derechos humanos, como las visitas oficiales de los Mecanismos especiales de la ONU (Relatores/as y Grupos de Trabajo).
12. Insta al Gobierno de España para que su compromiso con la Resolución 1325 y otras de NNUU relativas al importante papel de las mujeres en los procesos de paz se concrete en términos de apoyo financiero y político a las organizaciones de
mujeres de Colombia y a las diferentes entidades públicas responsables de la implementación del Acuerdo en materia de género.
13. Manifiesta su preocupación por los graves hechos de violencia acontecidos en días recientes derivados por la Reforma Tributaria que impulsó el Gobierno y que han provocado numerosas víctimas, desde el reconocimiento al derecho a la
protesta pacífica y la necesidad de investigar las graves violaciones a los derechos humanos que se hayan cometido en la represión de su libre ejercicio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2021.-Joan Mena Arca, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Hacienda
161/002550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con el artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas en relación con la tributación de las pensiones procedentes del
extranjero, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
En 2013, decenas de miles de emigrantes retornados comenzaron a recibir requerimientos por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los que se les notificaba liquidación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas por las pensiones devengadas en el extranjero no declaradas.
Casi todos los afectados eran personas mayores que emigraron al extranjero durante las décadas de los años 50, 60 y 70. Personas con escasos conocimientos fiscales, pero que se preocuparon por aclarar su situación ante la Administración.
Los emigrantes retornados no comprendieron el perjuicio que les provocaba tener que regularizar los años no prescritos, puesto que nunca había habido por su parte voluntad de defraudar. No existió culpa, ni siquiera mera negligencia, en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales por cuanto que, hasta entonces, la administración tributaria nunca les había exigido que tributasen por esas pensiones.
Ante tal situación, la disposición adicional única de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias, estableció un procedimiento de regularización de las deudas tributarias correspondientes a pensiones procedentes
del extranjero y condonación de las sanciones, recargos e intereses liquidados por este concepto, a cuyo efecto se otorgó un plazo de seis meses, hasta el 30 de junio de 2015.
No obstante lo anterior, y en la actualidad, subsisten dificultades que afectan a la tributación de las pensiones procedentes del extranjero, en especial en relación con las percibidas por los emigrantes retornados.
En primer lugar, debe destacarse una cuestión que atañe al hecho de que en determinados supuestos los países que abonan la pensión descuentan, con carácter obligatorio, cantidades en concepto de seguro de enfermedad y cobertura de
dependencia. El caso paradigmático sería el de Alemania que prevé la aportación de determinadas cantidades a la seguridad social germana, al objeto de la cobertura de las contingencias señaladas. En tales supuestos, se ha venido discutiendo desde
hace tiempo, el carácter de gasto deducible de tales aportaciones, lo que ha producido una grave inseguridad jurídica a los perceptores
de tales prestaciones, máxime cuando ya existían pronunciamientos judiciales que habían reconocido la deducibilidad de dichas aportaciones.
Con fecha 23 de marzo del presente año, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha acabado reconociendo, en unificación de doctrina, que deben ser considerados como gastos deducibles las cantidades que de dichas pensiones haya
detraído el correspondiente Organismo para sufragar las contingencias del Seguro de Enfermedad Obligatorio y del Seguro de Asistencia Social o Dependencia.
En segundo lugar, también se están planteando problemas respecto de la determinación de las pensiones exentas en España, tanto en relación con las percibidas por nacionales retornados, como por las que corresponden a los nacionales de otros
países que trasladan su residencia fiscal a nuestro territorio, incluidas aquellas prestaciones derivadas de seguros de dependencia.
A lo anterior, y por último, se suma un problema específico, cual es la aplicación en la práctica de la exención que corresponde a los contribuyentes por pensiones procedentes del extranjero en supuestos de incapacidad absoluta o gran
invalidez.
La presente Proposición no de Ley persigue así la adopción por parte del Gobierno de un conjunto de medidas para abordar las disfunciones que se han detectado en la aplicación del sistema tributario a las pensiones procedentes del
extranjero.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. De conformidad con la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, de 23 de marzo de 2021, que declara la deducibilidad de las cantidades detraídas de las pensiones procedentes del extranjero en concepto de seguro de
enfermedad y cobertura de dependencia, prestar cuanta asistencia e información requieran los contribuyentes para la corrección, por el procedimiento que corresponda, de los excesos de tributación que hayan podido producirse, incluidos, en su caso,
los intereses, recargos y sanciones aplicados.
2. Prestar la asistencia necesaria para que los contribuyentes que perciben pensiones procedentes del extranjero puedan cumplir de manera correcta sus obligaciones fiscales, poniendo a su disposición, a estos efectos, la información con la
que cuente la administración tributaria.
3. Adoptar las medidas necesarias para agilizar el procedimiento de reconocimiento de la exención correspondiente a las pensiones procedentes del extranjero en supuestos de incapacidad absoluta o gran invalidez.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2021.-Patricia Blanquer Alcaraz, José Luis Ramos Rodríguez, María Luisa Vilches Ruiz, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Beatriz Carrillo de los Reyes, Juan Cuatrecasas Asua, Odón Elorza
González, Valentín García Gómez, Antonio Hurtado Zurera, Ángeles Marra Domínguez, Montse Mínguez García y Ana Prieto Nieto, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Interior
161/002530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que se adopten todas las medidas
necesarias y a procurar todos los medios humanos y materiales precisos para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan actuar de manera eficaz contra la proliferación de instalaciones de plantaciones ilegales de marihuana, para su
debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Desde hace meses en distintas zonas de la ciudad de Almería y en otros municipios de la provincia como Roquetas y El Ejido, se vienen produciendo con reiteración cortes de suministro eléctrico que sufren los vecinos a pesar de que la
infraestructura energética donde se producen estas incidencias está en principio bien dimensionada para el abastecimiento eléctrico de calidad, siempre y cuando se trate de consumos adecuados.
Es conocido que el requerimiento desmesurado de potencia que provoca estas deficiencias en el servicio y estos cortes de luz, en viviendas ocupadas por vecinos que pagan puntual y religiosamente sus recibos, es debido a las plantaciones de
marihuana en viviendas que precisan una potencia y consumo industrial.
La insuficiente actuación policial hasta la fecha hace que estas plantaciones se vayan extendiendo y ampliando de forma continuada, llegando incluso a darse el caso de viviendas totalmente dedicadas a esta actividad.
El incremento de esta actividad ilegal y la demanda irregular con acometidas conectadas de manera fraudulenta a la red, sin mediar contrato alguno, se encuentran sin protecciones y esto implica lógicamente un alto riesgo de seguridad en
primer lugar para las personas y también para las propias instalaciones.
Para resolver eficazmente los problemas que se están produciendo en estas zonas de distintos municipios de la provincia de Almería y de otras provincias de Andalucía, es decisivo el papel de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, tal
y como ha señalado el propio Defensor del Pueblo Andaluz. Su actuación es imprescindible para el desmantelamiento de los enganches ilegales vinculados al cultivo de marihuana y al mismo tiempo el desmantelamiento de las propias plantaciones y de
todo el material necesario para su funcionamiento porque se viene demostrando que solo después de una intervención por parte de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado se reduce significativamente las incidencias en las zonas donde se ha
actuado y además se disuade a las mafias que actúan en estas zonas.
Sin embargo, no se están produciendo las actuaciones necesarias que tienen que ordenarse y organizarse por el Ministerio del Interior y la Subdelegación del Gobierno de España en Almería, para conseguir el desmantelamiento masivo de las
plantaciones de marihuana y con ello conseguir que desaparezcan las mafias y las plantaciones ilegales en estas zonas de la provincia de Almería.
La pasividad de la que está haciendo gala la Subdelegación del Gobierno de España en Almería, está provocando un efecto llamada en las mafias de la droga y con ello el incremento de plantaciones que hace insoportable y dramática la situación
para muchos vecinos que el no disponer de suministro eléctrico supone avocarlos a la marginalidad y la exclusión, como también indica el Defensor del Pueblo Andaluz.
Además esta inacción por parte de la Subdelegación del Gobierno está provocando el riesgo de que la provincia de Almería pueda convertirse en corto periodo de tiempo en un centro de producción y narcotráfico de España, por lo que se hace
necesarios medios y actuaciones urgentes y eficaces para poner freno a esta deriva que tanto perjudica a la provincia de Almería.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias y a procurar todos los medios humanos y materiales precisos para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan actuar de manera eficaz contra
la proliferación de instalaciones de plantaciones ilegales de marihuana y así evitar que los vecinos sigan sufriendo las consecuencias de esta actividad ilegal y al mismo tiempo evitar el riesgo cierto de que la provincia de Almería se pueda
convertir en un centro de producción y narcotráfico por el efecto llamada que se está produciendo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2021.-Juan José Matarí Sáez y Carlos Rojas García, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán y D. Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en su condición de Portavoces adjuntos, y don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en su condición de Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar el principio de neutralidad de la Guardia
Civil, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. Historia y origen de la Guardia Civil.
La Guardia Civil fue fundada en el año 1844 durante el reinado de Isabel II con el impulso del Gobierno moderado de González Bravo y el consenso de las demás fuerzas políticas. Su creación fue debida a la necesidad del Estado liberal
español de contar con una fuerza de seguridad pública que abarcara todo el territorio peninsular e hiciera frente a la situación de inseguridad generada por los bandoleros que azotaban sin piedad los campos y caminos del país tras la guerra de la
independencia. Se tomó como ejemplo el modelo implantado en Francia con la Gendarmería.
La idiosincrasia del guardia civil se instauró en la tradicional cuartilla del guardia civil, cuyas principales características son las siguientes: fuerte disciplina, capacidad de sacrificio y espíritu benemérito. Unas características que
definirían la condición del guardia civil como militar de profesión y servidor público de vocación. Fue la primera fuerza de seguridad pública creada en España con ámbito nacional 1.
Segundo. Naturaleza y dependencia de la Guardia Civil.
El artículo 9.b) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (en adelante, 'Ley Orgánica 2/1986'), dispone que 'La Guardia Civil, que es un Instituto Armado de naturaleza militar, dependiente del
Ministro del Interior, en el desempeño de las funciones que esta Ley le atribuye, y del Ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que este o el Gobierno le encomienden. En tiempo de guerra y durante el estado de
sitio, dependerá exclusivamente del Ministro de Defensa'.
En el mismo sentido, el artículo 23 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, establece que 'la Guardia Civil es un Instituto armado de naturaleza militar, dependiente del Ministro del Interior en el desempeño de
las funciones que se le atribuyen por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y del Ministro de Defensa y en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se le encomienden'.
Por lo tanto, las funciones y cometidos que corresponden a la Guardia Civil como Cuerpo de Seguridad del Estado, en cuyo ejercicio centra su actuación y para las que se encuentra especialmente organizada, equipada e instruida, son objeto de
regulación en la ya citada Ley Orgánica 2/1986 en atención a su dependencia orgánica del Ministerio del Interior, y del Ministerio de Defensa en cuanto ascensos y cumplimiento de misiones de carácter militar que el Gobierno le encomiende.
Así, el punto III de la Exposición de motivos de la misma Ley Orgánica 2/1986 señala expresamente que 'De la necesidad de dar cumplimiento al artículo 104.2 de la Constitución, se deduce que el régimen estatutario de la Guardia Civil debe
ser regulado en la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ello significa que la Guardia Civil, como Cuerpo de Seguridad, sin perjuicio de realizar en determinadas circunstancias misiones de carácter militar, centra su actuación en el
ejercicio de funciones propiamente policiales, ya sea en el ámbito judicial o en el administrativo. En consecuencia, sin perjuicio del estatuto personal atribuíble a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil -por razones de fuero, disciplina,
formación y mando-, debe considerarse normal su actuación en el mantenimiento del orden y la seguridad pública, función en la que deben concentrarse, en su mayor parte, las misiones y servicios asumibles por la Guardia Civil. Con todo ello, se
pretende centrar a la Guardia Civil en la que es su auténtica misión en la sociedad actual: garantía del libre ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución y la protección de la seguridad ciudadana, dentro del colectivo de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad'.
1 .Vídeo corporativo de la Guardia Civil: https://www.youtube.com/watch?v=szOWUEQs0DQ.
Tercero. Regulación y jurisprudencia del principio de neutralidad política que rige entre los miembros del Instituto Armado.
El artículo 18 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil ('LO 11/2007'), bajo la rúbrica de 'Neutralidad e imparcialidad', establece lo siguiente:
'1. Los miembros de la Guardia Civil no podrán fundar ni afiliarse a partidos políticos o sindicatos ni realizar actividades políticas o sindicales.
2. En el cumplimiento de sus funciones, los Guardias Civiles deberán actuar con absoluta neutralidad política y sindical, respetando los principios de imparcialidad y no discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social'.
Asimismo, y reiterando el principio de neutralidad e imparcialidad que deben regir la actuación de los agentes pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Civil, el artículo 7 de la Ley Orgánica 11/2007 dispone expresamente lo siguiente:
'1. Los Guardias Civiles tienen derecho a la libertad de expresión y a comunicar y recibir libremente información en los términos establecidos por la Constitución, con los límites que establece su régimen disciplinario, el secreto
profesional y el respeto a la dignidad de las personas, las instituciones y los poderes públicos.
2. En asuntos de servicio o relacionados con la Institución el ejercicio de estos derechos se encontrará sujeto a los límites derivados de la observancia de la disciplina, así como a los deberes de neutralidad política y sindical, y de
reserva.'
Por su parte, el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil ('LO 12/2007'), tipifica como falta muy grave 'la violación de la neutralidad o independencia política o sindical en el
desarrollo de la actuación profesional'.
Junto a esta falta muy grave, el artículo 8.21 bis de la Ley Orgánica 12/2007 señala como falta grave 'efectuar con publicidad manifestaciones o expresar opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad política o sindical,
pronunciándose o efectuando propaganda a favor o en contra de partidos políticos o sindicatos o de sus candidatos'.
Desde el punto de vista jurisprudencial, es de suma importancia la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ('TEDH'), de 20 de mayo de 1999, caso Rekvényi contra Hungría. Esta sentencia permite determinar el alcance y significado
del principio de neutralidad política impuesta a los miembros de la Guardia Civil, pues el TEDH justifica la finalidad legítima de la obligación que se impone a ciertas categorías de funcionarios, concretamente a los policías, de abstenerse de
actividades políticas, por cuanto dicha obligación se dirige a despolitizar los servicios afectados y de este modo contribuir a la consolidación y al mantenimiento de la democracia en el país. En este sentido, y según el tenor literal de la
sentencia, 'los ciudadanos pueden esperar legítimamente que, con ocasión de sus relaciones personales con la policía, serán aconsejados por funcionarios políticamente neutros y totalmente distanciados de la lucha política. Según el Tribunal, el
deseo de controlar que el papel crucial de la policía en la sociedad no quede comprometido por la erosión de la neutralidad política de sus funcionarios puede conciliar se con los principios democráticos'.
En el ámbito del derecho interno, la Sentencia de la Sección Quinta, Sala de lo Militar, del Tribunal Supremo núm. 36/2018, de 10 de abril de 2018, determina los elementos que integran el tipo de la infracción muy grave prevista en el
artículo 7.2 de la Ley Orgánica 12/2007, disponiendo lo siguiente:
'El segundo elemento del tipo disciplinario se centra en que tal infracción del deber se produzca en el desarrollo de su actuación profesional. Este elemento no ha de ser entendido en el sentido del desempeño de un servicio, ni en el
ejercicio de las funciones propias del cargo o destino, sino que se trata de un deber que debe ser observado en cuanto profesional de la Guardia Civil, por lo tanto, mientras que una persona forme parte del Cuerpo de la guardia Civil y se encuentre
sometido a las leyes y reglamentos que conformase dicho Instituto armado y, por consiguiente, debiendo cumplir con los deberes que le incumben, está en el desarrollo de actividad profesional.
No hay duda de que el bien jurídico que protege el tipo disciplinario es la neutralidad política en cuanto profesional, esto es, como miembro de la Guardia Civil, por lo que es indiferente que el guardia civil se encuentre o no fuera de
servicio cuando su conducta afecta a la neutralidad política.'
Por su parte, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 5.a, Sección 1.a), núm. 493/2020, de 25 de febrero de 2020, establece, en relación al tipo disciplinario del art. 8.21 bis, que 'para la integración del subtipo disciplinario
de que se trata [...] ha de concurrir el tipo subjetivo o elemento intencional -en realidad, un elemento tendencial- consistente en que los comportamientos -efectuar manifestaciones o expresar opiniones con publicidad que supongan infracción del
deber de neutralidad política o sindical- cuya comisión se amenaza se lleven a cabo con el propósito o la intención deliberados de pronunciarse o efectuar propaganda a favor o en contra de partidos políticos o sindicatos o de sus candidatos,
exigiéndose, pues, un ánimo tendencial o doloso dirigido a la realización de dicha propaganda a favor o en contra de partidos políticos o sindicatos o de sus candidatos, sin que pueda estimarse integrada la falta disciplinaria en la modalidad o
subtipo de que se trata si no se aprecia la concurrencia de dicho elemento intencional o dolo genérico, de manera que sin dicho dolo no hay falta disciplinaria, ya que resulta difícilmente concebible que estos hechos se cometan por culpa,
imprudencia o negligencia 2'.
Cuarto. Asistencia de la Directora General de la Guardia Civil a un mitin electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
La Directora General de la Guardia Civil, la Sra. Gaméz Gaméz, acudió el pasado 25 de abril de 2021 a un mitin organizado por el PSOE con ocasión de las elecciones a la Comunidad de Madrid, y dedicó unas palabras al público, participando,
en consecuencia, de forma activa. Las palabras de la Directora General de la Guardia Civil fueron las siguientes:
'Hoy tenemos que rechazar más que nunca los discursos de odio, hoy más que nunca tenemos que decir que el que siembra vientos recoge tempestades, así que mucho cuidado con jugar con esto. Mucho cuidado con no denunciarlo, con no
recriminarlo. Ángel [Gabilondo 3], presidente, necesitamos palabras y no balas. Necesitamos tu palabra. Tu ejemplo, presidente. Ánimo.'
Quinto. Denuncias de las asociaciones de la Guardia Civil.
Varias asociaciones de la Guardia Civil han denunciado duramente este hecho por 'vulnerar el principio de neutralidad' exigible al Instituto Armado.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles ('AUGC') ha criticado la presencia de la Directora General de la Guardia Civil en el mitin del PSOE, manifestando lo siguiente: 'Los guardias civiles se deben a la neutralidad política y la
directora debe hacer gala a esta neutralidad'.
Por su parte, la asociación Justicia para la Guardia Civil ('JUCIL'), ha afirmado en un comunicado que este hecho supone 'un escaso respeto a la imagen de la institución que representa' y que 'han sido numerosos los mensajes que hemos
recibido por los cauces internos de asociados y compañeros mostrando su disgusto por la actitud y el error cometido'.
El sindicato JUSAPOL también ha manifestado su indignación: 'Es chocante que María Gámez participe en un mitin político de su partido y exija, como Directora General, el cumplimiento de la Ley Orgánica que regula a la Guardia Civil'.
El pasado 26 de abril en un programa de televisión, JEICIL, a través de uno de sus portavoces y secretario general de comunicaciones, hizo una valoración sobre la participación activa de la Directora General de la Guardia Civil en el mitin
del PSOE, denunciando lo siguiente:
'La verdad es que hemos recibido llamadas de guardias civiles, de muchos de nuestros afiliados. La Guardia Civil es una institución de las más valoradas por los españoles, año tras año, ya no sólo por nuestra labor diaria, sino también por
nuestra neutralidad política, que está regulada en una orden, en su artículo 18, que nos exige esa neutralidad política. Entendemos que la Directora General es una civil, es un cargo político nombrado por el Ministerio del Interior, pero no nos ha
gustado nada que haya dado un mitin político, sobre todo por razones de ética, de moral, de respeto y de solidaridad con sus subordinados. Al fin y al cabo es nuestra líder, es la que manda en la Guardia Civil y entendemos que debe comportarse
2 htps://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/9034615/infracciones%20disciplinarias/20200227.
3 Candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el PSOE.
de idéntica manera que sus subordinados. Nos hubiera gustado que cogiese un micrófono y que nos dijese que, por fin, está conseguida la equiparación salarial; que, por fin, todos y cada uno de nosotros tenemos un chaleco antibalas y no
tenemos que compartirlo; que tenemos los medios adecuados para salir a la calle y realizar nuestra labor de seguridad ciudadana de proteger y servir al ciudadano; que tenemos unos vehículos oficiales acordes con la delincuencia a la que nos
tenemos que enfrentar, básicamente como los que han regalado por valor de 100 millones de euros a Marruecos. No los queremos ni mejores ni peores, los queremos iguales. Nos hubiera gustado que saliera a la palestra defendiendo a los guardias
civiles y policías nacionales que, destinados en Cataluña se les ha negado la vacuna, hasta ahora. Esa es la Directora que queríamos ver y no la que toma partido de un mitin político'. (...) Yo le pediría [a la Directora General de la Guardia
Civil] que tome ejemplo de sus subordinados, hombres y mujeres de uniforme que el honor es una de nuestras principales divisas y que lo haga suyo y que esto que no vuelva a ocurrir. Y que si tiene que tomar un micrófono sea para darnos buenas
noticias a nosotros de nuestras reclamaciones salariales y profesionales y se deje de entrar en estos debates políticos. Ella [la Directora General de la Guardia Civil] es la representante de las instituciones más valoradas por los españoles, año
tras año'.
Sexto. Conclusión.
No existe precedente en la historia del Instituto Armado que el cargo más representativo de la misma se haya utilizado con fines puramente electorales y partidistas. Además, cabe recordar que la Directora General de la Guardia Civil tiene
la potestad de sancionar a los guardias civiles, entre otras cuestiones, por hacer manifestaciones políticas, como así lo recoge el artículo 4 del Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior. Sin embargo, este cargo no está sujeto a este régimen disciplinario, pues es un cargo meramente político, nombrado por el Gobierno a propuesta de los Ministros de Interior y de Defensa 4. Pero es de justicia que sea
aplicación analógica los mismos límites que se imponen a todo agente del Cuerpo de la Guardia Civil a los altos cargos que dirigen el Instituto Armado y, especialmente, a la Dirección General de la Guardia Civil, al ser esta la cabeza jerárquica de
esta institución. Tradicionalmente ha sido costumbre por parte de los máximos dirigentes de este Cuerpo mantener una posición política neutral, para no entorpecer y degradar la imagen de la Guardia Civil.
La participación política y electoralista de la Sra. Gaméz Gaméz en un mitin de campaña del PSOE ha supuesto una auténtica falta de respeto y decoro hacia el cuerpo de la Guardia Civil que representa, así como a sus más de 78.000
subordinados. La directora de la Guardia Civil debe dar ejemplo, manteniendo y respetando una de los principios básicos y estandarte del Instituto Armado, como es el principio de neutralidad política. Este hecho, horas después de conocer que había
recibido una carta amenazante con munición en su interior y haciendo un uso electoralista de tal circunstancia, compromete la neutralidad política del Cuerpo de la Guardia Civil y constituye una prueba más de la politización por parte del Gobierno
de todas las instituciones del Estado. En definitiva, este mal uso de su cargo inhabilita a la Directora de la Guardia Civil para continuar al frente de tan noble institución.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario de VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el principio de neutralidad política del Cuerpo de la Guardia Civil y de todos sus miembros, especialmente de los altos cargos que dirigen
el Instituto Armado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.-Macarena Olona Choclán y Francisco Ortega Smith-Molina, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
4 Artículo 14.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, señala expresamente que 'Conjuntamente, los Ministros de Defensa e Interior dispondrán todo lo referente a la selección, formación,
perfeccionamiento, armamento y despliegue territorial, y propondrán al Gobierno el nombramiento del titular de la Dirección General de la Guardia Civil, así como la normativa reguladora del voluntariado especial para la prestación del servicio
militar en la misma'.
161/002548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Dª Macarena Olona Choclán y D. Francisco Javier Ortega Smith-Molina, en su condición de Portavoces Adjuntos y D. Francisco José Alcaraz Martos, D. Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro en su condición de Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar los principios de igualdad, mérito y
capacidad y los del artículo 25 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional en las pruebas de promoción interna del Cuerpo Nacional de Policía, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Primero. De los principios en el acceso al Cuerpo Nacional de Policía.
1. El artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ('EBEP'), establece los principios rectores en el acceso al empleo público,
señalando lo siguiente:
'1. Todos ¡os ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad 5, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento
jurídico.
2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales
antes expresados, así como los establecidos a continuación:
a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.'
2. Respecto al ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía ('CNP'), estos principios rectores se encuentran recogidos expresamente en el artículo 25 Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional ('L.O.
9/2015'). Dicho artículo señala expresamente lo siguiente:
'1. El ingreso en la Policía Nacional se llevará a cabo conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, mediante la superación sucesiva por los aspirantes de las distintas fases que integren el proceso de
selección.
Dicho ingreso podrá efectuarse mediante el acceso a las categorías de Inspector y Policía, por el procedimiento de oposición libre, en los términos en que se determine reglamentariamente.
2. El proceso de selección responderá, además de a los principios constitucionales anteriormente señalados, a los establecidos a continuación:
a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
c) Objetividad.
d) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
e) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
f) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar'.
3. En relación con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, García García dispone que estos han de ser dotados de contenido en relación con cada cargo o puesto de la función
5 El artículo 103.3 de la CE señala que 'La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a
sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.'
pública a desarrollar 6, siendo la convocatoria del puesto la que establezca el contenido de los principios. Asimismo, recuerda la referida autora que conforme a reiterada jurisprudencia se han establecido diversas pautas que impliquen que
los méritos y capacidades requeridas han de estar íntimamente relacionadas con la función a desempeñar 7.
Segundo. Promoción profesional de los funcionarios del CNP.
4. En relación con la organización y promoción profesional de los Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ('FCSE'), en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
('L.O. 2/1986'), se recoge la voluntad de alcanzar una 'organización policial, basada en criterios de profesionalidad y eficacia, atribuyendo una especial importancia a la formación permanente de los funcionarios y a la promoción profesional de los
mismos'.
5. De acuerdo con el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/1986, 'los Poderes Públicos promoverán las condiciones más favorables para una adecuada promoción profesional, social y humana de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de
acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad' 8. Asimismo, se reconoce a los Agentes del CNP, en el artículo 7.1 h) de la Ley Orgánica 9/2015, 'la progresión en la carrera profesional y ala promoción
interna conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y antigüedad, y de acuerdo con los requisitos establecidos en esta Ley Orgánica'; por otro lado, en su calidad de empleados públicos, el artículo 14.c) del EBEP, se recoge el mismo
derecho individual de progresión en la carrera profesional y promoción interna.
6. Como se puede observar, los principios constitucionales rectores en el acceso al CNP y al servicio público vuelven a estar presentes en la promoción profesional de los Agentes.
Tercero. Carrera profesional del CNP.
7. La carrera profesional de los funcionarios del CNP, tal y como dispone en el artículo 40 de la Ley Orgánica 9/2015, se 'configura como el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional, conforme a
los principios de objetividad, igualdad, mérito, capacidad y, en su caso, antigüedad.
La carrera profesional consistirá en la aplicación, de manera aislada y simultánea, de alguna de las siguientes modalidades:
- La carrera vertical, que consiste en el acceso, mediante la promoción interna, a las categorías inmediatamente superiores y que conforman las diferentes Escalas de la Policía Nacional, en los términos establecidos en esta Ley Orgánica 9
- La carrera horizontal, que supone el reconocimiento individualizado del desarrollo profesional alcanzado por los funcionarios de la Policía Nacional, mediante la progresión en la estructura de los diferentes puestos de trabajo y la
consolidación del grado personal 10.
8. A través del sistema de promoción interna del CNP se pretende garantizar la carrera profesional de los funcionarios del mismo, estableciendo distintas oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional 11.
Cuarto. Promoción interna del Cuerpo Nacional de Policía.
9. Tomando como propia la definición expuesta por López Pérez, la promoción interna es 'un procedimiento formal de reclasificación profesional destinado a satisfacer con una parte de los trabajadores propios y de forma estable o permanente
la demanda de una prestación de trabajo cualitativamente distinta de la que éstos ofrecían. La estabilidad o permanencia en la satisfacción de la demanda es una cualidad esencial que dota a los procedimientos de promoción interna de un mayor
empaque y formalismo,
6 GARCÍA GARCÍA, M. J. (2008). 'Los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad: su plasmación en el Estatuto del Empleado Público'. Rev. Jurídica Castilla & León, 15, 129.
7 V.gr. STC 42/1981, de 22 de diciembre o 47/1990, de 20 de marzo, que establecen que 'no se produzcan acepciones o pretericiones ad personam en el acceso a las funciones públicas'
8 Principios recogidos del mismo modo en el artículo 1.3.b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
9 Artículo 40.2 de la LO 9/2015.
10 Artículo 40.3 de la LO 9/2015.
11 Artículo 40 de la LO 9/2015.
distinguiéndolos respecto de los procedimientos de movilidad funcional habituales, como pueda ser por ejemplo, la realización de funciones superiores, limitados por el ordenamiento en su justificación y duración temporal 12'.
10. De acuerdo con lo señalado en el artículo 41 de la Ley Orgánica. 9/2015, el acceso a la promoción interna de la carrera vertical se da a través de las modalidades de concurso-oposición y antigüedad selectiva.
11. La modalidad de Concurso-Oposición 13 constará, según el artículo 20 del Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de los procesos selectivos y de formación del Cuerpo Nacional de Policía ('R.D.
614/1.995'), de las siguientes fases, de carácter selectivo:
'1. Concurso, en la que el Tribunal, previos los informes oportunos, aprobará la relación de quienes reúnan los requisitos citados anteriormente y determinará la puntuación que corresponda a cada aspirante, de conformidad con el baremo que
se fije.
2. Pruebas de aptitud profesional, que comprenderán dos ejercicios eliminatorias: El primero destinado a medir la aptitud del funcionario para el desempeño de las funciones de la categoría a que se aspira, y el segundo de carácter
teórico-práctico, sobre conocimientos profesionales. La puntuación de estas pruebas determinará quienes concurrirán a la fase siguiente, a la que no podrán acceder más aspirantes que plazas convocadas.
3. Curso de formación profesional específica de la categoría, que será común cuando coincidan ambas modalidades con el que realicen los aspirantes aprobados por la de antigüedad selectiva, completado con un módulo de formación en el puesto
de trabajo, en los términos establecidos en el artículo 3.4 de este Reglamento' 14.
12. La modalidad de Antigüedad selectiva 15, por su parte, está reconocida para los funcionarios del CNP que se encuentren en el 'primer tercio del escalafón de la categoría inmediatamente inferior de aquella a la que se aspire en cada
caso'. Según el artículo 17 del Real Decreto 614/1995, esta modalidad implica la superación de las siguientes fases:
'1. Calificación previa, que consistirá en la aplicación del correspondiente baremo.
2. Pruebas de aptitud, de carácter selectivo, que consistirán en la realización de los ejercicios que se determinen, dirigidos a comprobar la idoneidad del funcionario para el desempeño de las funciones correspondientes a la categoría a que
se aspira. De esta fase no podrán ser seleccionados más aspirantes que el número de vacantes convocadas.
3. Curso de formación profesional específica de la categoría, de carácter selectivo, que podrá desarrollarse en ciclos de formación presencial o a distancia de acuerdo con la naturaleza de las enseñanzas a impartir, completado con un módulo
deformación en el puesto de trabajo, en los términos establecidos en el artículo 3.4 de este Reglamento.'
13. Además de lo señalado, el artículo 18 Real Decreto. 614/1995 señala que 'en los ascensos que se lleven a cabo por la modalidad de antigüedad selectiva, los aspirantes deberán haber realizado con anterioridad al proceso de promoción un
curso que será programado por el órgano encargado de la formación en la Dirección General de la Policía, en colaboración con las instituciones pertinentes, que se podrá desarrollar, indistintamente, a distancia o de presencia en el centro docente'.
12 PÉREZ, J. F. L. (2021). ¿Qué hacer con el trabajador indefinido no fijo de las administraciones públicas? ¿Movilidad con su plaza a otro puesto? Diario La Ley, (9773), 1.
13 Artículos 20 ss. del R.D. 614/1995 y 42 de L.O. 9/2015.
14 Adicionalmente se establecen otros requisitos, en función de la categoría a la que se pretenda promocionar para poder concurrir a las pruebas de acceso, referidas al tiempo mínimo de prestación de servicios: 'a)Para Oficial de Policía,
dos años, b)Para Subinspector e Inspector, tres años. c)Para Inspector jefe, diez años, excepto para quienes accedieron a la categoría de Inspector por el procedimiento de promoción interna, a los que se les exigirán cinco años. d)Para Comisario,
chico años. e)Para Comisario Principal, siete años.' Artículo 19 R.D. 614/1995.
15 Artículos 16 ss. del R.D. 614/1995 y 43 de L.O. 9/2015.
Quinto. Incumplimiento de los principios rectores de la promoción interna.
14. A pesar de lo expuesto en los puntos anteriores, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y los principios reconocidos en los artículos 25 y 6.1 de la Ley Orgánica 9/2015 y Ley Orgánica 2/1986, respectivamente, y
que deben regir el procedimiento de acceso y promoción interna de los funcionarios del CNP, se están incumpliendo. Este hecho está siendo objeto de denuncias ante los tribunales, bien por los propios opositores, bien por las distintas
organizaciones sindicales.
15. A este respecto, en septiembre del 2020 se denunciaba que en relación con los procesos selectivos de promoción interna para la Escala Ejecutiva -categorías de Inspector e Inspector Jefe-, entre otros, no se publicaron las convocatorias
correspondientes en el BOE 16. Esta circunstancia atenta por completo contra los principios que deben regir el acceso y promoción interna en el CNP, concretamente contra el principio de publicidad de las convocatorias y de sus bases que ha de
concurrir en las convocatorias de los procesos selectivos. Es necesario garantizar que esta situación no vuelva a repetirse, adoptando, por tanto, las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los mismos en la carrera profesional y
promoción interna de los funcionarios de la Policía Nacional, de conformidad con el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/1986.
16. Asimismo, desde el sindicato policial Justicia Policial ('JUPOL') indican que, en relación al temario exigido para las pruebas selectivas de promoción interna, se han recibido 'peticiones [...] para solicitar a la División de Formación
y Perfeccionamiento-de la Dirección General de la Policía- la elaboración de un temario cerrado para la promoción profesional entre las distintas categorías, deforma que se ayude a preparar las pruebas de la forma más objetiva posible; condiciones
de hecho que consideramos más que razonables, de forma que se ofrezca un halo de transparencia y garantía en los procesos selectivos', pues en otros, como en la Antigüedad selectiva, se les facilita el temario concreto. Se trata de una solicitud de
JUPOL remitida directamente al Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía ('DGP').
17. Otro ejemplo a destacar es la polémica surgida con la prueba ortográfica incluida en la última prueba de acceso al CNP. Este hecho se produjo en diciembre de 2019, cuando después de realizar la segunda prueba de la convocatoria del
mismo año -examen de conocimientos y ortografía- , se estableció una nota de corte superior a 5 puntos, concretamente, 6,2. Según las bases de la convocatoria, la calificación en esta prueba ortográfica podía ser apto o no apto, por lo que se
entendía, según lo publicado, que tendría la calificación de apto todos aquellos aspirantes con una nota igual o superior a 5 puntos. Este hecho, que afectó a 1000 aspirantes, ha sido recurrido judicialmente, pues la base de la convocatoria no fijó
la puntuación numérica que determina el apto, ni facultaba al Tribunal calificador para fijarla. En definitiva, el cambio de los criterios de calificación no tenía base legal, lo que supuso un nuevo incumplimiento de los principios que deben regir
una adecuada promoción profesional, social y humana de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Parte de estos recursos, pendientes de resolución judicial, ya han sido admitidos por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 17.
18. La STC 175/2011, de 8 de noviembre, en relación con el objeto de la presente iniciativa, señala que 'la promoción interna de los funcionarios no puede confundirse con una patente para excluir la vigencia de estos preceptos
constitucionales ni siquiera temporal ni excepcionalmente, pues nada permite al legislador estatal o autonómico transgredir los límites que la Constitución impone a su libertad de configuración normativa y menos cuando está en juego un derecho de
rango fundamental, como es la igualdad de acceso de todos los ciudadanos a las funciones públicas'.
19. Por otro lado, el Defensor del Pueblo, en su resolución de la queja 18019942, respecto del ingreso tanto 'por el sistema general de acceso libre como mediante promoción interna en distintas categorías del Cuerpo Nacional de Policía,
expresan ante esta institución su inquietud ante la escasa motivación, por parte de los tribunales calificadores de estos procesos selectivos, de las declaraciones de los aspirantes como 'no apto' en la prueba que consiste en una entrevista personal
y que posee carácter eliminatorio, por lo que ¡a no superación de la misma implica la exclusión del proceso selectivo', recomienda 'adecuar la actuación de los tribunales calificadores de la prueba de la entrevista personal en
16 https://confilegal.eom/20200901-cientos-de-opositores-a-polida-acudiran-a-los-tribunales-al- quedar-fuera-de-la-convocatoria-tras-la-prueba-ortografica/
17 El TSJM admite los recursos de los opositores a policía 'suspendidos' en ortografía; El Confidencial. https://www.elconfidencial.com/espana/2020-10~ll/tsjm-admite-recursos- opositores-policia-cayeron-ortografia_2783407/ y
https://confilegal.com/20200901-cientos-de-opositores-a-policia-acudiran-a-los-tribunales-al-quedar-fuera-de-la-convocatoria-tras-la-prueba-ortografica/
los procesos selectivos del Cuerpo Nacional de Policía, a los parámetros fijados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el sentido de fundamentar de manera rigurosa los criterios cualitativos seguidos, para aplicar cada uno de los
factores de la personalidad y las razones por las que la aplicación de esos criterios conducen a una concreta calificación de los aspirantes'.
20. Entre las medidas que se hacen necesarias en aras de la transparencia y objetividad en las distintas pruebas convocadas, se podrían encontrar las siguientes:
- El establecimiento conciso de la forma de celebración de cada prueba en la propia convocatoria, evitando subjetividades e interpretaciones distintas entre los miembros del Tribunal examinador. Dando cumplimiento de este modo al mandato
jurisprudencial de que sea la propia convocatoria la que dote de contenido a los principios rectores de acceso y promoción interna. -Utilización de medios electrónicos homologados (foto células) para el tipo de prueba que se establezca, que
permitan la medición correcta de dichas pruebas, evitando el error humano o la puesta en duda de la objetividad del examinador 18.
- Fijación de criterios claros y objetivos de calificación de cada prueba, que aseguren la transparencia en la selección de los funcionarios del CNP intervinientes en la prueba de promoción interna de la carrera profesional.
- Inclusión, en las convocatorias de acceso y promoción interna, de pruebas con características propias de los puestos a los que se pretende acceder, sin que en ningún caso se incluyan pruebas alejadas con el carácter propio de las
convocatorias y el puesto al que se pretende promocionar.
- Asegurar el cumplimiento de unos plazos objetivos en la celebración de las pruebas y en la resolución de las convocatorias de acceso y promoción interna del CNP.
Sexto. Conclusiones.
21. En definitiva, es fundamental que, con independencia de la modalidad de promoción interna a través de la que se pretenda acceder a una mejora en la carrera profesional del CNP, en todo proceso selectivo se garantice la igualdad de
condiciones de todos los aspirantes, de conformidad con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los contenidos expresamente en el artículo 25 la Ley Orgánica 9/2015.
22 A tal efecto, es necesario adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de estos principios que deben regir el acceso y promoción interna del CNP, propio de un auténtico Estado de Derecho como es el nuestro.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario de VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y los principios consagrados en el artículo 25 de la
Ley Orgánica 9/2015 y en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/1986, en la carrera profesional y promoción interna de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.-Macarena Olona Choclán y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoces del Grupo
Parlamentario VOX.
18 V.gr. STSJM 796/2018, de 19 de noviembre.
Comisión de transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/002543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Francisco José Alcaraz Martos, D.ª Patricia Rueda Perelló, D.ª Patricia de las Heras Fernández, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D José María Figaredo Álvarez-Sala, D. Rubén Darío Vega Arias, D Juan Carlos
Segura Just, D. Pedro Requejo Novoa, D. Julio Utrilla Cano, D Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, D. Luis Gestoso de Miguel y D. Víctor Manuel Sánchez del Real en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley dirigida a impedir que se establezca un sistema de pago para todas las carreteras
de alta capacidad de nuestro país, para su discusión en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. Plan de recuperación, transformación y resiliencia: nuevo mecanismo de pago para las carreteras de alta capacidad.
1. El 13 de abril de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Residencia de la Economía Española que fue finalmente enviado a Bruselas para su evaluación el 30 de abril 19.
2. Este plan, entre otras cuestiones, recoge la necesidad de establecer un mecanismo de pago por el uso de carreteras de alta capacidad (autovías y autopistas), al tiempo que asume ante la Comisión Europea el compromiso de implantar este
sistema:
'Asimismo, se revisará la financiación de las vías de alta capacidad y se establecerá un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal' (pág. 87).
'La Estrategia de movilidad sostenible y la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, (sic) el desarrollo de un mecanismo de pago por uso de las carreteras de alta intensidad y la culminación de los corredores ferroviarios pendientes
(Mediterráneo, Atlántico, conexión con Portugal, conexión del puerto de Algeciras), el desarrollo de nodos de transporte intermodal, la modernización y sostenibilidad de las infraestructuras, suponen un factor clave para la cohesión territorial de
un país grande y complejo como es España' (pág. 134).
'Finalmente, es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de
infraestructuras' (pág. 127).
3. La implantación de este sistema de pago sería llevada a cabo a partir del año 2024, previéndose su extensión a todas las carreteras de gran capacidad de España, tanto nacionales como regionales, y aplicándose para todos los usuarios sin
distinción (particulares y profesionales).
4. Según el Ejecutivo, esto sería consecuencia de los altos costes de mantenimiento de carreteras que tiene que sufragar el Estado con motivo de la supresión progresiva de peajes. De hecho, actualmente existiría un déficit acumulado en la
conservación de carreteras de casi 8.000 millones de euros 20.
5. Todo parece indicar que esta decisión será materializada a través de la futura Ley de Movilidad Sostenible, para la que la fase de consulta pública finalizó el pasado 15 de noviembre de 2020. En su anteproyecto ya se reflejaba como uno
de los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma [...] La necesidad de garantizar adecuados mecanismos de financiación para la conservación y mantenimiento del stock de infraestructuras con el que está dotado nuestro país.
19 https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Paginas/2021/300421-plan_recuperacion.aspx [fecha de consulta: 6 de mayo de 2021].
20 https://www.eleconomista.es/infraestructuras/noticias/11153350/04/21/El-debate-del-pago-por-uso-para-financiar-autopistas.html [fecha de consulta: 6 de mayo de 2021].
Segundo. Decisión unilateral del ejecutivo.
6. Ante esta decisión del Gobierno han mostrado su disconformidad desde distintos sectores, y todos han coincidido en la falta de diálogo a la hora de adoptar una medida de esta índole. Entre otros, la Confederación Española de Transporte
de Mercancías ha advertido que esta decisión de imponer peajes en todas las carreteras de alta capacidad españolas puede suponer un perjuicio a las exportaciones españolas, al reducir su competitividad. Así, afirmaban que 'El transporte por
carretera ya contribuye a las arcas del Estado con más de 11.000 millones de euros anuales procedentes del pago del impuesto especial de hidrocarburos. La implantación de nuevos peajes tendría efectos negativos inmediatos en la competitividad de
toda la economía española, encareciendo el precio de nuestros productos, dificultando su exportación como consecuencia de nuestra situación periférica y lastrando la producción y el consumo' 21.
7. Desde la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España se ha manifestado que no se puede imponer pagar dos veces por lo mismo, primero con impuestos y después con peajes, al tiempo que aseveraban que 'aumentar la
recaudación a base de propuestas como esta, que supondrá un importante coste para los profesionales del transporte, es tremendamente inoportuno [...] En una época de crisis como la que atravesamos, lo único que conseguirá el Gobierno será frenar la
competitividad y el crecimiento económico del sector' 22.
8. Asociaciones del sector en comunidades autónomas en las que el transporte por carreteras también tiene un gran impacto económico han mostrado su malestar ante esta propuesta. Por ejemplo, la Asociación de Empresarios del Transporte de
Asturias señalaba que no solo no se había tenido en cuenta por el Gobierno las propuestas realizadas por ellos durante la pandemia, sino que ahora se pretende implantar un sistema de pago en todas las carreteras cuando '11.000 millones en fiscalidad
a las arcas del estado, nos parece suficiente para el mantenimiento del estado de las vías que, por cierto, últimamente es alarmante' 23.
9. Aunque, como se adelantaba, no solo sería el sector del transporte el que se verá afectado por esta medida, sino que también los particulares se verán perjudicados. Así, el Real Automóvil Club de España ha afirmado que implantar este
sistema de pago 'volvería a cargar de problemas las espaldas y bolsillos de los conductores y, sobre todo, los pondría en serio peligro al obligar a muchos de ellos a buscar vías alternativas y mucho más peligrosas' 24.
10. Igualmente, se ha empezado a calcular las implicaciones que puede tener establecer nuevos mecanismos de pago en carreteras de alta intensidad. Por ejemplo, el tramo Madrid-Valencia se calcula que podría alcanzar los 14 euros 25, y en
Zamora se estima que los 75 kilómetros que separan Zamora de Benavente por la A-66 tendrían un precio de 6,75 euros. En el caso del viaje a Salamanca, por la misma vía, el importe a pagar ascendería a 5,94 euros; y para llegar hasta Valladolid
habría que abonar 8,37 euros 26. La consecuencia ha sido que se haya iniciado una recogida de firmas virtual contra el peaje en las autovías de Zamora, que ha pasado de 15.000 a 35.000 apoyos en solo unas horas 27.
En conclusión, debido al significativo esfuerzo fiscal que hacen los españoles los impuestos que ya se abonan en nuestro país, a la pésima situación económica que está viviendo el sector del transporte y particulares como consecuencia de la
pandemia por la COVID-19 y las implicaciones que puede traer esta medida para la seguridad vial, el Gobierno debe retirar la propuesta de implantar un sistema de pago general en todas las carreteras de alta capacidad españolas.
21 https://www.transportealdia.es/cetm-alerta-nuevos-peajes-uso-autovias-afectara-competitividad-sector-transporte/ [fecha de consulta: 6 de mayo de 2021].
22 https://www.transporte3.com/noticia/16562/la-implantacion-de-peajes-supondra-el-cierre-de-muchas-empresas-de-transporte [fecha de consulta: 6 de mayo de 2021].
23 https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2021/04/20/transporte-rebela-ante-peajes-ministro-sector-importa-pito /00031618936453461345588.htm [fecha de consulta: 6 de mayo de 2021],
24 https://www.toptruck.es/noticia/puede-ser-un-peligro-para-la-seguridad-vial-el-pago-por-uso-de-autopistas-y-autovias [fecha de consulta: 6 de mayo de 2021].
25 https://www.marca.com/coches-y-motos/industria/2021/05/05/6092eb7f46163fe3a18b460d.html.
26 https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/04/28/zamora-salamanca-seis-euros-viaie-49818517.html [fecha de consulta: 6 de mayo de 2021],
27 https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/05/05/conductores-claman-peaje-autovias-zamora-51312145.html [fecha de consulta: 6 de mayo de 2021].
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a retirar la propuesta realizada ante la Comisión Europea de creación de un sistema de pago en todas las carreteras de alta capacidad españolas y, en todo caso, a abstenerse de implantar un
mecanismo de ingresos de esta índole en futuras normas jurídicas'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2021.-Francisco José Alcaraz Martos, Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández, Cristina Alicia Esteban Calonje, José María Figaredo Álvarez-Sala, Rubén Darío Vega Arias, Juan
Carlos Segura Just, Pedro Requejo Novoa, Julio Utrilla Cano, Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez, Luis Gestoso de Miguel y Víctor Manuel Sánchez del Real, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/002536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Emilio Jesús del Valle Rodríguez, D. Eduardo Luis Ruiz Navarro, D.Juan Carlos Segura Just, D. Pablo Juan Calvo Liste, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.ª Rocío de Meer Méndez, D.ª Georgina Trias Gil y D.
Joaquín Robles López, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no
de Ley relativa a proponer un acuerdo entre las Administraciones educativas para recomendar la exclusión del lenguaje inclusivo de los libros de texto escolares asumiendo las sugerencias de la Real Academia Española de la Lengua, para su discusión
en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
Primero. Antecedentes normativos.
La Constitución Española de 1978 ('CE') regula en su artículo 27 el derecho a la educación:
'1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
7. Los -profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca'. Asimismo, conviene mencionar el artículo 149.1.1a del texto constitucional:
'1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.'
Este derecho fundamental encuentra su regulación y desarrollo en varias normas de nuestro ordenamiento jurídico. La principal de ellas es la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. En su articulado
destaca, entre otros preceptos, el artículo 27 cuyo tenor literal es el siguiente:
'1. Los Poderes públicos garantizarán el ejercicio efectivo del derecho a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con la participación efectiva de todos los sectores afectados, que atienda adecuadamente las
necesidades educativas y la creación de centros docentes.
2. A tales efectos, el Estado y las Comunidades Autónomas definirán las necesidades prioritarias en materia educativa, fijarán los objetivos de actuación del período que se considere y determinarán los recursos necesarios, de acuerdo con la
planificación económica general del Estado.
3. La programación general de la enseñanza que corresponda a las Comunidades Autónomas en su ámbito territorial comprenderá en todo caso una programación específica de los puestos escolares en la que se determinarán las comarcas, municipios
y zonas donde dichos puestos hayan de crearse.
La programación específica de puestos escolares de nueva creación en los niveles gratuitos deberá tener en cuenta, en todo caso, la oferta existente de centros públicos y concertados.'
Por otra parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación ('LOE'), recientemente modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, es también una
norma imprescindible para entender el sistema educativo español. Concretamente, el Gobierno de la Nación ostenta una serie de competencias conforme al artículo 6 bis:
'1. Corresponde al Gobierno:
a) La ordenación general del sistema educativo.
b) La programación general de la enseñanza, en los términos establecidos en los artículos 27 y siguientes de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
c) La fijación de las enseñanzas mínimas a que se refiere el artículo anterior.
d) La regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y de las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
e) La alta inspección y demás facultades que, conforme al artículo 149.1.30.a de la Constitución, le corresponden para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos.
2. Asimismo corresponden al Gobierno aquellas materias que le encomienda la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y esta Ley.
3. Corresponde a las comunidades autónomas el ejercicio de sus competencias estatutarias en materia de educación y el desarrollo de las disposiciones de la presente Ley Orgánica.'
Inmediatamente después, el artículo 7 de la LOE da la posibilidad de concertar políticas educativas comunes entre las diferentes Administraciones educativas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación:
'Las Administraciones educativas podrán concertar el establecimiento de criterios y objetivos comunes con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo y garantizar la equidad. La Conferencia Sectorial de Educación promoverá este tipo
de acuerdos y será informada de todos los que se adopten.'
Segundo. Los libros de texto y demás materiales curriculares.
Una de las pocas menciones de la LOE a los libros de texto se encuentra en su disposición adicional cuarta:
'1. En el ejercicio de la autonomía pedagógica, corresponde a los órganos de coordinación didáctica de los centros públicos adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas.
2. La edición y adopción de los libros de texto y demás materiales no requerirán la previa autorización de la Administración educativa. En todo caso, éstos deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las edades de los alumnos y al
currículo aprobado por cada Administración educativa. Asimismo, deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales, así como a los principios y valores recogidos en la presente Ley y en
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a los que ha de ajustarse toda la actividad educativa.
3. La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares es competencia de las administraciones educativas y constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de
elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, que debe velar por el respeto a los principios y valores contenidos en la Constitución y alo dispuesto en la presente ley.'
La disposición contiene aspectos clave respecto a la selección de los libros de texto y demás materiales curriculares de los centros docentes. Como cuestión previa, conviene recordar que desde el Real Decreto 1744/1998, de 31 de julio,
sobre uso y supervisión de libros de texto y demás material curricular correspondientes a las enseñanzas de Régimen General no es necesaria la autorización administrativa o supervisión previa de los libros de texto, reconociéndose a los centros, en
el ejercicio de la autonomía pedagógica, la adopción de los libros de texto y demás material didáctico que hayan de utilizarse en el desarrollo de los diversos cursos escolares. De esta manera, la edición y adopción de los libros de texto y demás
materiales no requerirán la previa autorización de la Administración educativa. Esta normativa se confirmó con la citada disposición adicional cuarta de la LOE.
Dicho ejercicio de autonomía pedagógica se ve sujeto al rigor científico adecuado a las edades de los estudiantes y al currículo aprobado por cada Administración educativa.
Las buenas intenciones de la LOE de promover una, a priori, sana autonomía pedagógica degeneró, en cambio, en un descalabro educativo donde cada Comunidad Autónoma maneja a su antojo la educación de los estudiantes hasta el punto de llegar a
ejercer presiones sobre el sector editorial para particularizar los contenidos de los libros de texto según los intereses de los Gobierno regionales, don Antonio María Avila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España
('FGEE') denunció la situación en el año 2019:
''No es serio que cada año haya ciento y pico normativas nuevas relacionadas con los libros de texto. Lo normal es que si cada año cambias la regulación curricular, digas tonterías. Es imposible no hacerlo', afirmó Avila. 'En los últimos
10 años ha habido 1.700 normas jurídicas. Hay cientos de decretos, órdenes, circulares... Hemos entrado en un delirium tremens. Y como además las ayudas a los libros de texto son distintas entre comunidades, hay una desigualdad entre alumnos',
abundó' 28.
La diversidad y diferencias entre las Comunidades Autónomas en materia de libros de texto de los cursos escolares de enseñanza no universitaria es resultado de la casi total transferencia de la competencia educativa a cada una de las
Administraciones educativas. Esta situación es un dislate, habitualmente comentado entre los principales miembros del sector educativo (padres, profesores y alumnos).
Frecuentemente se escuchan las críticas a un sistema educativo donde, en función de la región española en la que se resida, el programa curricular y los libros de texto experimentan diferencias por diversos motivos. Entre ellos, el más
conocido es la deriva nacionalista en los libros de centros docentes
28 htps://www.elpais.com/sociedad/2019/09/05/actualidad/156786108_242953.html.
sitos en Cataluña 29, Vascongadas 30, Islas Baleares 31, Galicia 32 y la Comunidad Valenciana 33, por citar algunos. De esta manera, el escenario nacional parece mostrar, más que una búsqueda de la excelencia académica mediante el ejercicio
de la autonomía pedagógica, una práctica despótica de nuestro sistema autonómico.
Una de las últimas manipulaciones en los libros de texto y demás materiales curriculares, motivada por razones ideológicas y sin atender al debido rigor científico exigido por la LOE en su apartado segundo de la disposición adicional cuarta,
es el empleo del lenguaje inclusivo 34, según han denunciado fuentes de información pública.
Tercero. El lenguaje inclusivo en el sector educativo.
El lenguaje inclusivo supone la inobservancia de las normas y reglas ortográficas y gramaticales en el uso del lenguaje, 'evitando el empleo de ciertas expresiones o palabras que podrían considerarse que excluyen a grupos particulares de
personas, especialmente palabras específicas de género, como 'hombre', 'humanidad' y pronombres masculinos, cuyo uso podría considerarse excluyente' 35. Este uso suele revelarse artificioso, expresado comúnmente con desdoblamientos que incluyen a
ambos sexos al margen de situaciones de ambigüedad o justificadas por razón de énfasis, llegando a generar un uso manifiestamente tautológico e incluso cacofónico del lenguaje.
En el sector educativo comienza a introducirse esta clase de lenguaje en los libros de texto bajo el pretexto de evitar 'prejuicios sexistas o discriminatorios' y visibilizar 'de forma equitativa a hombres y a mujeres, evitando la
utilización del masculino genérico para incluir al hombre y ala mujer', tal y como puede leerse en las Instrucciones de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Participación y Equidad y de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre
los criterios para la selección de los libros de texto y para la elaboración de materiales curriculares sin prejuicios sexistas o discriminatorio 36.
Esto es sólo un ejemplo de cómo las Comunidades Autónomas desnaturalizan el concepto de autonomía pedagógica al imponer unos criterios para la selección de los libros de texto ajenos a la realidad y necesidades educativas.
Tal es así que los propios maestros y profesores denuncian el lenguaje inclusivo por inútil e innecesario:
'En la comunidad educativa, no parece que tenga muchos partidarios.'De momento, el uso de las expresiones desdobladas es minoritario entre los profesores, por incómodo, inútil, innecesario... Pero es cierto que hay un sector reducido que,
sobre todo en el lenguaje escrito, recurre a estos artificios', describió ayer Alvaro Mellado, portavoz de la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística y profesor de Filosofía.
Una opinión coincidente con la del presidente de ANPE-Sindicato Independiente de Enseñanza en la Comunidad Valenciana, Lauren Bárcena: 'El docente tiene que enseñarle al alumno métodos como, por ejemplo, aprender a aprender, y simplificar,
por lo que todo lo que sea dificultar ese principio por la complejidad que pueda tener la extensión de un texto o la redundancia, me parecen temas de polémica innecesaria, como pedagogo.'' 37
A las críticas de los profesores se suman las de escritores y ensayistas. Así, a raíz del debate generado por el lenguaje inclusivo en los libros de texto, el diplomático, ensayista, escritor y articulista político don Juan Claudio de Ramón
Jacob-Ernst sostiene que resulta encorsetado y, paradójicamente, excluyente:
29 https://www.elconfidencial.com/espana/2Q19-09-07/un-pais-mas-de-la-ue-simbolos-propios-la-peculiaridad-de-los-libros-de-texto-catalanes 2214539 /
30 https://www.abc.es/historia/abci-manipulan-nacionalistas-historia-ensena-ninos-espana-estado-atrasado-202101191720 noticia.html
31 https:/ /www.elmundo.es/baleares/2018/11/27/5bfc64d922601d4d718b456e.html
32 https://confilegal.com/20190923-gloria-lago-que-no-hay-adoctrinamiento-en-los-libros-de-texto-lo-hay-en-los-de-lengua-v-literatura-de-las-cinco-comunidades-bilingues/
33 https: / / www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2019/02/04/5c574717fc6c834b5b8b45ab.html
34 https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-espanoles-y-espanolas-vecinos-y-vecinas-doctrina-lenguaie-inclusivo-libro-texto-primaria-202104201842 noticia.html
35 https://www.collinsdictionary.com/es /diccionario/ingles/inclusive-language
36 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/aa4c24d3-0b6a~40fb-8cc6-980eb4a9b267/ Instrucciones % 20selecci % C3 % B3n % 201ibros % 20texto
37 https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-espanoles-y-espanolas-vecinos-y-vecinas-doctrina-lenguaje-inclusivo-libro-texto-primaria-202104201842 noticia.html
'Que en la lengua perviven usos sexistas es algo cierto. También racistas o clasistas. La sociedad, en su progreso moral, los deja atrás. Pero la idea de que formas gramaticales neutras para comprender ambos sexos invisibiliza a las
mujeres es falsa. Como pensar que si digo 'Fui cinco días a Londres', estoy dejando fuera las noches. Ningún español que haya leído la frase 'Los judíos fueron expulsados en 1492' ha sacado nunca la conclusión de que el decreto de expulsión afectó
solo a varones. Tampoco María Zambrano, cuando escribió 'El hombre y lo divino', creía estar dejando fuera a la mujer.
El lenguaje es naturalmente inclusivo, o tiende a serlo. Si no, no podría ser lenguaje. También abunda en recursos elegantes para evitar los términos marcados con género. Decir 'alumnado' me parece preferible a decir 'alumnos'. Pero eso
forma parte del acervo del lenguaje, de su riqueza. El llamado 'lenguaje inclusivo' en realidad separa, no incluye. Más que lenguaje, es un tipo de lenguaje muy particular, un código, por el cual el emisor cifra señales extralinguísticas, en este
acaso de conformidad con una moda ideológica. Pero el uso de la grafía arroba (@) no tiene ninguna función comunicativa o informativa. De hecho, no sabríamos como leerla. Luego hay situaciones en las que los desdoblamientos generan situaciones
ilógicas. Por ejemplo, el sintagma 'nosotros y nosotras', que se autodestruye literalmente' 38.
Por otra parte, el periodista y escritor don Alex Grijelmo García, referente en materia del uso adecuado de la lengua española, publicó en 2019 un libro sobre el recorrido histórico del uso del género en la lengua. En 'Propuesta de acuerdo
sobre el lenguaje inclusivo' sugiere dar un paso atrás para tener una mayor perspectiva del debate y reflexionar mejor sobre la supuesta problemática. Sobre los cada vez más habituales desdoblamientos de género, aunque prácticamente utilizados sólo
por algunos personajes de relevancia pública, el autor sostiene que han existido desde siempre en la lengua española. No obstante, su uso no obedece necesariamente a una defensa de la igualdad entre hombres y mujeres.
Así, don Emilio del Río Sanz, doctor en Filología Latina por la Universidad Complutense de Madrid y profesor titular de Filología Clásica en la Universidad de La Rioja, analiza en una reseña sobre su libro lo siguiente:
'Señala Grijelmo que si se cumpliera la relación entre el predominio social masculino y el idioma, 'las sociedades que hablan lenguas notoriamente inclusivas deberían ser menos machistas'. Por ejemplo el magiar (lo hablan nueve millones de
personas) no tiene género en los nombres, ni en los adjetivos ni en los pronombres y usa un artículo invariable ante el nombre. ¿Es por eso la sociedad húngara más igualitaria que la española, cuyos idiomas -el español, el catalán, el gallego y el
euskera- tienen género en los nombres, pronombres, artículos y en muchos adjetivos? Está claro que no' 39.
Sobre el masculino genérico, don Emilio del Río Sanz añade una interesante reflexión del escritor llena de cordura y sentido común:
'Recuerda [D. Alex Grijelmo García] que el genérico es masculino en el significante pero no en el significado, y que el contexto es fundamental [...] 'lo que no se nombra sí existe, y además se deduce del enunciado'. Hay que tener muy en
cuenta que no hay que identificar ausencia del género femenino en el significante con invisibilidad de las mujeres en el significado, como señala Grijelmo. Por ejemplo, en 'los compradores de esta cocina recibirán gratis una caja de vino de Rioja'
está claro que se considera también a las mujeres compradoras, no solamente a los hombres.
Reivindica el autor algo fundamental, que 'no se debe censurar ningún uso del pasado a la luz de los criterios de hoy', censura que es uno de los males de nuestro tiempo' 40.
Finalmente, el autor advierte sobre los intentos de imponer unas formas lingüísticas no nacidas de forma natural en la calle sino, más bien, impulsadas artificialmente por grupos y organizaciones. El resultado, paradójicamente, puede ser
contraproducente:
'Una cosa es el uso moderado y otra muy distinta muchas de las duplicaciones que se proponen en las guías de uso no sexista del lenguaje, que las hacen sencillamente inaplicables en la realidad. Estas duplicaciones obsesivas 'pueden desatar
un efecto opuesto a lo pretendido por sus impulsores'. Y es que
38 https://www.abe.es/sociedad/abci-judios-y-judias-esperpento-lenguaie-inclusivo-líbro-texto-202104180101 noticia.html#ancla comentarios
39 https://www.nuevarevista.net/el-poder-de-la-palabra/propuesta-de-acuerdo-sobre-el-lenguaie-inclusivo/.
40 Ibíd.
utilizarlo todo el rato sería agotador para quienes escuchan y haría que se desconectaran de lo que se dice. De la misma manera desaconseja la utilización del signo de la @ para escribir 'ciudadan@s' o de la 'x', 'ciudadanxs' (entre otras
razones porque no se pueden pronunciar), o el morfema -e para el genérico- para indicar duplicación. Y es que las lenguas -y este es un principio fundamental- 'no se modifican ni construyen desde arriba (ya se trate de los medios de comunicación,
la administración pública, la enseñanza o la política), sino por abajo: entre la gente'' 41.
Cuarto. El informe de la real academia española sobre el lenguaje inclusivo.
Para este debate es imprescindible acudir a las reflexiones de la más alta institución y autoridad cultural dedicada a la regularización lingüística entre el mundo hispanohablante: la Real Academia de la Lengua Española ('RAE').
La RAE interpreta el término lenguaje inclusivo desde dos posibles prismas. Por una parte, como un uso del lenguaje donde se incluya de forma expresa a la población femenina, rechazando el ya omnicomprensivo género masculino cuando se
quiere hacer referencia tanto a hombres como mujeres:
'Se entiende a veces por lenguaje inclusivo aquel en el que las referencias expresas a las mujeres se llevan a cabo únicamente a través de palabras de género femenino, como sucede en los grupos nominales coordinados con sustantivos de uno y
otro género. Desde este punto de vista, sería inclusiva la expresión los españoles y las españolas, y no lo sería, en cambio, la expresión los españoles, aun cuando el contexto dejara suficientemente claro que abarca también la referencia a las
mujeres españolas. También se considera 'inclusiva', en esta misma interpretación del término, la estrategia de emplear sustantivos colectivos de persona, sean femeninos (la población española), sean masculinos (el pueblo español), así como la de
usar términos nominales que abarquen en su designación a los dos sexos (como en toda persona española, en lugar de todo español)' 42.
Por otra parte, la institución contempla una segunda interpretación, la tradicional y comúnmente aceptada por los hispanohablantes: el uso del masculino genérico para referirse a todos, tanto hombres como mujeres, cuando el contexto indica
incontestablemente eso. Así, la ilustre academia señala:
'En la segunda interpretación, la expresión lenguaje inclusivo se aplica también a los términos en masculino que incluyen claramente en su referencia a hombres y mujeres cuando el contexto deja suficientemente claro que ello es así, de
acuerdo con la conciencia lingüística de los hispanohablantes y con la estructura gramatical y léxica de las lenguas románicas. Es lo que sucede, por ejemplo, en expresiones como el nivel de vida de los españoles o Todos los españoles son iguales
ante la ley' 43.
De esta manera, puede sostenerse la idea de que el lenguaje inclusivo nació para superar presuntas barreras discriminatorias para las mujeres. No obstante, como se verá a continuación, la construcción del lenguaje inclusivo atiende a
razones que esconden un cierto desconocimiento de las reglas de la lengua española.
El pasado 10 de julio de 2018, los medios de comunicación se hicieron eco de una solicitud a la RAE de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. La señora Calvo Poyato encargó a la
academia un estudio sobre 'la adecuación de la Constitución española a un lenguaje inclusivo, correcto y verdadero a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres' 44.
La RAE presentó el informe el pasado 20 de enero de 2020. En un prolijo texto de más de 150 páginas, la Academia repasó la polémica suscitada a raíz del uso del lenguaje del lenguaje inclusivo.
En términos generales y a la luz de los argumentos expuestos, la RAE parece decantarse por el sentido común y la evolución natural de la lengua española sin necesidad de recurrir a imposiciones ni recomendaciones maniqueas con base en
razones ideológicas. Así, sobre el denostado uso del masculino
41 Ibíd.
42 https://www.rae.es/sites/defau.lt/files/Informe lenguaje inclusivo.pdf.
43 Ibíd.
44 https://www.lavanguardia.com/politica/20180710/45813756416/gobierno-rae-informe-adecuar-constitucion-lenguaie-inclusivo.html.
genérico por parte de ciertos sectores de la clase política alega su necesidad conceptual, indicando lo siguiente:
'Un tratamiento equilibrado del problema pasa por reconocer al masculino genérico el gran servicio que aporta a la organización semántica de los contenidos. Anularlo en el uso implicaría borrar una casilla de enorme utilidad en el sistema
de la lengua. Hacerlo desaparecer sería una empresa difícil y casi imposible, pues el género es un arquetipo conceptual, lógico, necesario en todas las estructuras mentales. La causa de tal condena, su relación directa con el androcentrismo
cultural, no es cierta' 45.
De igual modo, invoca el principio de economía lingüística, expresándose en los siguientes términos:
'Los desdoblamientos de género son gramaticales, e incluso corteses; pero, aplicados sin control, generan monstruos discursivos. A la velocidad de la luz circulan por Internet textos como algunos capítulos de la Constitución bolivariana de
Venezuela o circulares de algunas asociaciones escolares. La aplicación rígida de las duplicidades llevaría a extremos que harían extraña una sola frase y, mucho más, un discurso. Basta comparar estas secuencias:
- Asistieron todos los vecinos afectados. Asistieron todos los vecinos y todas las vecinas afectados o afectadas.
- Los profesores premiados están convocados. Los profesores y las profesoras premiados y premiadas están convocados y convocadas.
[...] Por el contrario, un uso no controlado por la prudencia estilística aboca a discursos artificiales, indigestos y negativos para la causa que persiguen' 46.
Por último, cabe destacar lo que refiere en su apartado 'Ni condenar ni exigir':
'Negar que el masculino genérico incluye en su significado y en su referencia a ambos sexos es chocar contra una evidencia secular, constatada por una abrumadora presencia en los corpus textuales. Vetar su uso es criminalizar una estructura
gramatical inocua que ha representado todo un hallazgo de las lenguas romances y que ha venido funcionando como expresión aséptica durante siglos en su aplicación a personas y a animales. [...] Pero eliminar por decreto el masculino genérico e
imponer su sustitución obligatoria por dobletes es una empresa de 'despotismo cultural' (en su sentido dieciochesco) y seguramente abocada a la frustración.'
Por tanto, la RAE se opone a la imposición arbitraria del lenguaje inclusivo dirigida desde instancias alejadas del hablante común cuyas motivaciones son de tipo, más bien, ideológico: grupos de presión, instituciones públicas, partidos
políticos, organizaciones de la sociedad civil, etc. Transformar los usos y costumbres lingüísticos habituales de los hispanohablantes, asentados tras centurias de crecimiento, desarrollo y consolidación natural del idioma, está fuera de los fines
de la RAE:
'Entre las tareas de la Academia relativas al buen uso del español está la de recomendar y desestimar opciones existentes en virtud de su prestigio o su desprestigio entre los hablantes escolarizados' 47.
Por otra parte, merece la pena citar las advertencias de la Academia francesa, homologa de la RAE, respecto al lenguaje inclusivo. El pasado 26 de octubre de 2017 previno de la ilegibilidad del lenguaje inclusivo y la consecuente y lógica
complejidad para utilizarlo de modo habitual en el día a día. Igualmente, declaró el riesgo de obtener como resultado una especie de lengua 'deconstruida', es decir, un sistema de reglas ortográficas y gramaticales carente de firmeza y solidez,
fruto de una subversión por motivos ideológicos. Para esta alta institución, de triunfar el lenguaje inclusivo, peligraría el futuro de la lengua francesa, la francophonie y la herencia cultural de las generaciones futuras, incluso la posición
geopolítica del francés en las relaciones internacionales:
'[...] la Academia Francesa lanza unánimemente una advertencia solemne. La multiplicación de marcas ortográficas y sintácticas que induce (el lenguaje inclusivo) da como resultado un lenguaje desunido, dispar en su expresión, creando una
confusión que raya en la ilegibilidad. Es difícil ver cuál es el objetivo y cómo se pueden superar los obstáculos prácticos de la expresión escrita, la lectura,
45 https://www.rae.es/sites/default/files /informe 190320.pdf.
46 Ibíd.
47 Ibíd.
visual o en voz alta, y la pronunciación. Esto incrementaría la tarea de los educadores. El lenguaje inclusivo complicaría aún más a los lectores [...] En esta ocasión, menos como guardián de la norma que como garante del futuro (la
Academia francesa) lanza un grito de alarma: ante esta aberración 'inclusiva', la lengua francesa se encuentra ahora en peligro de muerte [...] Ya es difícil adquirir un idioma, ¿qué pasará si el uso le agrega formas segundas y alteradas? ¿ Cómo
pueden las generaciones futuras crecer en intimidad con nuestra herencia escrita? En cuanto a las promesas de la Francofonía, serán destruidas si la lengua francesa se lo impide por este redoblamiento de la complejidad, en beneficio de otras
lenguas que la aprovecharán para imponerse en el planeta' 48.
Quinto. Las administraciones educativas deben abstenerse de promover el lenguaje inclusivo en los libros de texto.
Como se ha visto, el uso del lenguaje inclusivo en el día a día, en general, y en los libros de texto y demás materiales curriculares, en particular, presenta más perjuicios que beneficios. Su empleo en los libros de texto y en el resto de
materiales y actividades curriculares entorpece y dificulta innecesariamente la labor docente y el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
La LOE prevé en su artículo 7 la posibilidad de acordar entre las Administraciones educativas '(...) el establecimiento de criterios y objetivos comunes con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo y garantizar la equidad.
La Conferencia Sectorial de Educación (CSE) es el órgano apropiado para este caso. Conforme al artículo 3 del Reglamento de la Conferencia Sectorial de Educación 49 ('Reglamento') la CSE 'es un órgano de encuentro y deliberación que tiene
como finalidad primordial conseguir la máxima coherencia e integración en cuanto a la aplicación de las decisiones que en el ámbito de la política educativa dicten, en el ámbito de sus respectivas competencias, la Administración del Estado y las
Comunidades Autónomas, mediante el intercambio de puntos de vista y el examen en común de los problemas que puedan plantearse y de las actuaciones proyectadas para afrontarlos y resolverlos'. A tenor de ese mismo artículo, entre sus funciones
destaca la elaboración de 'planes y programas conjuntos de actuación'.
El Gobierno, a propuesta de la Ministra de Educación y Formación Profesional, quien convoca y preside la CSE, debe promover en el seno de este órgano un acuerdo entre las Administraciones educativas para impulsar el abandono de la promoción
del lenguaje inclusivo en las aulas, fenómeno obstructivo a favor de tendencias de cariz ideológico que estorba, molesta e incómoda la fluidez de la interlocución, escrita o verbal, entre emisor y receptor, y atender a las motivos expuestos por la
RAE y demás conocedores de la materia. El lenguaje inclusivo responde a propósitos exclusivamente partidistas ajenos al idioma empleado por la mayoría de los ciudadanos y a sus usos y costumbres como hispanohablantes.
En el mismo sentido, el artículo 9 del Reglamento, bajo la rúbrica 'órganos de cooperación', establece que:
La Conferencia podrá acordar la creación de Comisiones, Grupos de trabajo y Ponencias para el estudio de cuestiones concretas.
La Composición y régimen de funcionamiento de cada órgano de cooperación, así como los cometidos que correspondan a su finalidad, deberán especificarse en el acuerdo de la Conferencia que disponga su creación.
De esta manera, el Gobierno tiene herramientas legales suficientes para proponer someter a debate, estudio y/o acuerdo que las Administraciones educativas se abstengan de promover el uso del lenguaje inclusivo en los libros de texto y demás
materiales curriculares. Para ello es necesario contar con voluntad política, ánimo resolutivo y conciencia de servicio a los españoles.
AI amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, el debate y toma en consideración de un acuerdo conjunto entre las Administraciones educativas con el fin de concertar la abstención de las
48 Traducción de: http://www.academie-francaise.fr / actualites / declaration-de-lacademie-francaise- sur-lecriture-dite-inclusive
49 https://www.educacionvfp.gob.es/dam/icr:04152b8a-0b38-414c-a46a-7bc685620dd3/reglamento-conferencia.pdf
mismas en materia de promoción del uso del lenguaje inclusivo en los libros de texto escolares y demás materiales curriculares de los centros docentes.
2. Asimismo, promoverá a través de la Conferencia Sectorial de Educación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de su Reglamento, el acuerdo para la creación de una comisión, a la que asistirán expertos en la materia, a efectos de
garantizar por la vía normativa que corresponda, la necesaria abstención de las Administraciones educativas en materia de uso del lenguaje inclusivo en los libros de texto escolares y demás materiales curriculares de los centros docentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2021.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Juan Carlos Segura Just, Pablo Juan Calvo Liste, Rocío de Meer Méndez, Georgina Trias
Gil y Joaquín Robles López, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de la Diputada Norma Pujol i Farré y del Diputado Jordi Salvador i Duch, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa por la reapertura del Centro de Atención e Información del Instituto Nacional de la Seguridad Social (CAISS) de Móra d'Ebre, para su debate en instancia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.
Exposición de motivos
La Dirección general del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) confirmaba el pasado mes de abril de 2021 el cierre definitivo del Centro de Atención e Información del Instituto Nacional de la Seguridad Social (CAISS) de Móra
d'Ebre. El centro prestaba atención a los habitantes de las comarcas de la Terra Alta, el Priorat Y la Ribera d'Ebre. Ante la supresión de este servicio los vecinos de los diferentes municipios se verán obligados a desplazarse hasta los municipios
de Tortosa o Reus para realizar las gestiones y trámites que hasta la fecha ofrecía dicha oficina.
El cierre inicial del CAISS se produjo en el mes de marzo de 2020 ante la declaración del primer estado de alarma. Durante el período de confinamiento uno de los dos trabajadores que prestaban servicio en dicho centro se jubiló. Superado
este periodo todos los CAISS de la provincia reanudaron la atención al público, excepto la oficina de Móra d'Ebre que se mantuvo cerrada; a la vez que reubicaba el único trabajador asignado a otra oficina.
Ante la permanencia del cierre de la oficina, los presidentes de los Consells Comarcáis de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta y el Priorat dirigieron una carta a la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), María
Carme Armestro, expresándole su queja y solicitando la reapertura del Centro.
La directora, en su respuesta, justificó el cierre definitivo de la oficina por 'la falta de efectivos y la imposibilidad manifiesta de dotar al CAISS de Móra d'Ebre de personal suficiente que garantice su funcionamiento a medio y largo
plazo'. Además añadió que la 'prestación del servicio es más eficiente con el incremento de la plantilla laboral de otros centros', en clara referencia a los de Reus y Tortosa; y acabó afirmando que 'el cierre del CAISS también supondría un menor
coste económico para el Instituto'.
Armestro en su explicación detalló que los Centros de Atención e Información más cercanos, son los de 'Reus, situado a 48,2 Km y comunicado con Móra d'Ebre por carretera, autobús y ferrocarril'; y el de 'Tortosa, situado a 47,9 Km y
comunicado por carretera y autobús'. Hecho que demuestra el desconocimiento de una zona rural, conformada por las tres comarcas, afectada por el despoblamiento y la carencia de las comunicaciones con Tortosa y Reus, así como por uno de los
servicios ferroviarios más pésimos de Catalunya.
La respuesta de la directora general del INSS ha indignado a la población, ayuntamientos y Consells Comarcáis de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta y el Priorat; los cuales han considerado un menosprecio tanto la decisión del cierre como la
justificación.
Cabe destacar que desde el cierre del CAISS de Móra d'Ebre han sido los Consells Comarcals quienes han atendido la población, mediante los servicios sociales básicos, para facilitar y ayudar en trámites propios de la Seguridad Social como
son la gestión de prestaciones, ayudas, el ingreso mínimo vital, o consultas sobre expedientes de jubilación, orfandad o invalidez.
Por todo lo manifestado, el Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el gobierno español a reabrir el Centro de Atención e Información del Instituto Nacional de la Seguridad Social (CAISS) de Móra d'Ebre, asegurando personal suficiente que garantice su funcionamiento a
medio y largo plazo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2021.-Jordi Salvador i Duch y Norma Pujol i Farré, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/002518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de acelerar la
recuperación de la movilidad y el aseguramiento de corredores de tránsito seguros para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Tras estar conviviendo con los efectos más perversos de la pandemia COVID-19 durante más de un año y a las puertas de la finalización de la vigencia del Estado de Alarma, descontada ya la pérdida casi en su práctica totalidad de la campaña
de Semana Santa de 2021, la cadena de valor turística española afronta una coyuntura de inicio de los meses de su temporada alta con un elevado grado de inquietud e incertidumbre sobre cómo se comportará el desarrollo de la misma y tras haber
experimentado desgraciadamente durante el verano del pasado año la mayor caída de negocio turístico de toda la serie histórica.
Tradicionalmente, uno de los rasgos más característicos del modelo turístico español radica precisamente en su fuerte componente estacional (cabe destacar que el 47 % del gasto anual en el sector turístico español se genera entre junio y
septiembre), de ahí la enorme necesidad de asegurar para el próximo periodo estival una sólida restauración del funcionamiento de los flujos a fin de contrarrestar las pérdidas ocasionadas al conjunto de una industria por el momento terriblemente
penalizada.
En este contexto especialmente crítico, no podemos obviar aquí el componente básico que representa la demanda internacional en la industria española de viajes y turismo, dependencia extranjera sin la cual resultaría materialmente imposible
mantener nuestra condición de potencia turística de referencia mundial, de ahí por ello la obligación de ser capaces de reactivar cuanto antes la conectividad global perdida, a fin de hacer revivir a una economía turística que se ha visto acompañada
de cero o una muy ínfima generación de ingresos durante un periodo especialmente prolongado.
A la espera de que las autoridades comunitarias y nacionales logren la implementación efectiva del llamado Certificado Verde Digital o Digital Green Pass, cuyo reglamento no se encuentra previsto ser aprobado para antes de mediados de junio
según las últimas estimaciones dadas a conocer y sin incluir retrasos, constituye en este momento una prioridad absoluta lograr una restauración de actividad lo suficientemente fuerte a lo largo de los próximos meses sin contemplar opciones de
posibilidad real de riesgo o pérdida, razón determinante por la cual el Gobierno de España debería acelerar con todos los instrumentos a su alcance la implementación de una estrategia global que resulte capaz de garantizar el funcionamiento del
negocio de nuestra principal industria a un rendimiento óptimo durante el tercer trimestre. En este sentido, cabe apuntar que las últimas previsiones de la Asociación de Líneas Aéreas señalan que provisionalmente para el mercado español las
aerolíneas tendrían programado operar menos de un 60 % de los vuelos realizados en la temporada estival de 2019. Al propio tiempo, dentro de uno de
los sectores más castigados por la pandemia, el de las agencias de viaje, a día de hoy tan sólo una tercera parte del colectivo de los agentes confía en que se pueda producir una reactivación de sus negocios esta temporada de verano,
mientras que los mayores grupos de los mismos pronostican unos ingresos que rondarían alrededor del 40 % de los de 2019. Por último, el sector hotelero estima a día de hoy que en esta misma temporada se podría alcanzar un porcentaje de actividad
del 50 % en comparación con las cifras registradas en el mismo periodo de 2019.
Asimismo y dada la elevada e histórica dependencia y exposición del PIB español al mundo turístico, en un sector por definición altamente competitivo no podemos ignorar aquí la estrategia de los destinos rivales de España que a la espera de
hacer realidad el relanzamiento de la actividad turística y conscientes de la existencia de una alta demanda contenida, Portugal, Italia, Grecia, Turquía, Túnez, -muchos de ellos más competitivos en términos de costes y rentabilidad-, en la carrera
por salvar el verano turístico vienen desplegando sus particulares estrategias de recuperación, otorgando prioridad en sus procesos de vacunación a los profesionales del sector y a los residentes en sus zonas turísticas consolidadas, en disposición
de asumir los costes derivados de las hospitalizaciones u otras medidas que fuesen necesarias para proteger la salud de sus viajeros, negociando corredores seguros, etc.
De otra parte, cabe recordar que ya desde el pasado mes de mayo de 2020 el Grupo Popular de esta Cámara planteó e instó al Gobierno a que estableciera corredores seguros entre países con situaciones epidemiológicas similares trabajando
conjuntamente con la Unión Europea, prestando para ello especial atención a los mercados turísticos especialmente importantes para España y facilitando a todos los operadores los instrumentos que fuesen necesarios para garantizar el libre movimiento
entre países dentro de parámetros de seguridad adecuados, sin que desgraciadamente dicho planteamiento tuviese la más mínima receptividad o valoración por parte del Gobierno socialista con el consabido desplome turístico en el conjunto de 2020
equivalente a más de 100.000 millones de euros en nuestro país, hasta el extremo de reducir el peso y la participación del sector turístico a un modesto 4,3 % del PIB español, versus el 12,4 % que representó en el conjunto de la economía española
sólo un año antes, en 2019.
En la misma dirección, este mismo Grupo Parlamentario demandó también sin éxito desde el pasado año la implantación urgente de medidas de prevención y control sanitario homogéneas y eficientes en los puertos, aeropuertos y estaciones
ferroviarias mediante tésteos y sistemas de rastreos masivos, a fin de favorecer cuanto antes la restauración de la conectividad y la movilidad internacional y el restablecimiento de la confianza y la seguridad de los viajeros, sin que tampoco en
este último caso tal propuesta fuese mínimamente estudiada y atendida por parte del Ejecutivo central.
Es por ello que a fin de no reproducir errores irreparables como supuso la pérdida de la temporada de verano del año 2020 con fuertes restricciones y barreras a la movilidad con respecto a España por parte de más de 160 países, de
posibilitar una ansiada reactivación turística del todo viable y competitiva y en definitiva, de salvaguardar la mayor actividad económica y de creación y mantenimiento de empleo posible en España durante la próxima temporada alta y hasta la
superación de la crisis sanitaria, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción y aplicación urgente de las siguientes medidas:
- Instar a la Unión Europea a acelerar la implementación real y efectiva de instrumentos y herramientas digitales de información sanitaria interoperable entre los Estados como el certificado de vacunación para recuperar la movilidad y el
reinicio de los viajes seguros de forma no discriminatoria dentro del mercado interior de la UE e igualmente con terceros países, y asegurando en todo caso, una plena coordinación con las Comunidades Autónomas.
- Alternativamente y bajo un enfoque regional en el supuesto de producirse imposibilidad o retraso en la puesta en práctica del certificado verde digital que hiciese peligrar la temporada alta turística, encabezar proactivamente por parte
del Gobierno de España una estrategia coherente de negociaciones bilaterales a nivel comunitario encaminada a la consecución de corredores seguros regionales, de manera preferente con aquellos mercados emisores consolidados que presentan mayores
niveles de inmunización a día de hoy a fin de posibilitar una normalización del funcionamiento de los flujos y de la actividad turística española a partir del inicio de la próxima temporada alta.
- Singularizar esfuerzos diplomáticos para el reconocimiento mutuo con el Reino Unido -nuestro primer mercado con 18 millones de turistas y una cuota del 26,1 % del total de turistas recibidos en el último año prepandemia-, dada nuestra
condición de destino vacacional de sol y playa preferido por el cliente británico.
- Intensificar esfuerzos en el logro de acuerdos ágiles mediante mecanismos de reciprocidad aplicable a otros terceros países.
- Apremiar una reapertura inmediata y segura de fronteras, asumiendo con cargo de los Presupuestos Generales del Estado el coste de las pruebas diagnósticas, si estas se establecieran como obligatorias en algún caso.
- Coordinación con todas las CCAA para implementación efectiva de protocolos homogéneos que garanticen la seguridad de la de viajes del turismo nacional e internacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2021.-Agustín Almodóbar Barceló, Isabel María Borrego Cortés y Sebastián Jesús Ledesma Martín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.ª Mirela Borrás Pabón, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar el comercio
ambulante, para que se debata en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Primero. El comercio ambulante: historia, composición y beneficios económico-sociales.
1. Una de las formas más antiguas de comercio es la venta ambulante. El comercio ambulante fue el principal motor económico de la antigüedad, ya que los vendedores se acercaban a puntos estratégicos donde ofrecer sus productos. Estos
puntos precisamente se convirtieron en núcleos permanentes dando lugar a pueblos y ciudades, y ello en parte gracias a ese movimiento comercial que traía nuevos conocimientos y cultura.
2. El propio devenir de la civilización ha ido imprimiendo un carácter propio a este tipo de comercio, cuya característica común es la falta de un establecimiento permanente donde ofrecer sus mercancías. Hoy en día, a pesar de la
globalización y de la existencia de otros tipos de comercios más o menos estables, los mercados de venta ambulante no solo siguen teniendo una gran importancia para la sociedad, sino que además se trata de un sector pujante, que incluso estaba en
crecimiento antes de la epidemia.
3. Efectivamente, lejos de ser un sector en decadencia, durante los últimos años se aprecia un aumento de profesionales de la venta no sedentaria.
4. En España, antes de la llegada del virus de Wuhan, según se informa desde la Fundación Secretariado Gitano, existían aproximadamente 3.500 mercadillos que albergan unos 172.500 puestos de venta. Asimismo, la cifra de negocio que se
estima es de 2.101 millones de euros, lo que representa el 8 % del comercio minorista 50. Estas cifras quedaron corroboradas por el propio Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Dirección
General de Política Comercial, por la que se publica el Convenio con la Asociación para la Gestión y Modernización del Comercio Urbano y Mercadillos, para la colaboración en la publicación y presentación de la primera edición del referencial de
calidad para el comercio 51.
5. Igualmente, según el Instituto Nacional de Estadística ('INE'), en su Directorio Central de Empresas ('DIRCE') 52, a 1 de enero de 2020 había 42.949 empresas y autónomos dedicados a este
50 https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/ 131348.html [fecha de consulta: 26 de abril de 2021]
51 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE~A~2020-10815
52 https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=DIR186915
sector (CNAE-2009, epígrafe 478 'Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos'), cifra creciente respecto a los últimos años: 53 54 55 56
;A 1 de enero de 2018;A 1 de enero de 2019;A 1 de enero de 2020
Personas Físicas 4.;37.281;38.782;39.989
Sociedades Anónimas 5.;19;11;13
Sociedades de Responsabilidad Limitada 6.;2.421;2.190;2.083
Otras formas jurídicas 7.;920;894;864
6. De la tabla anterior, elaborada a partir de datos del INE, también se puede observar que la mayoría de este segmento económico está compuesto por profesionales autónomos, cuyo número se va incrementando año tras año en detrimento de
otras formas jurídicas.
7. Y, en cuanto a la estructura laboral, se aprecia cómo en su mayoría no tienen empleados contratados: 57 58 59 60
;A 1 de enero de 2018;A 1 de enero de 2019;A 1 de enero de 2020
Sin asalariados 8.;33.569;34.384;35.819
De 1 a 2 asalariados 9.;5.775;6.174;5.900
De 3 a 5 asalariados 10.;957;970;920
De 6 a 9 asalariados 11.;205;210;197
8. De lo expuesto, se extrae que la gran mayoría de comerciantes ambulantes o no sedentarios son autónomos con muy pocos trabajadores y que, según diversos estudios, serían casi en su totalidad familiares 61. Este sector, en definitiva, da
sustento a un gran número de personas, dato confirmado en un estudio realizado al respecto por el entonces Ministerio de Sanidad y Política Social en 2009 'La situación y perspectivas del trabajo autónomo, especialmente la venta ambulante de la
población gitana' 62 (página 43), donde se afirmaba que 115.000 personas de este colectivo se dedicaban a la venta ambulante, entre autónomos, asalariados y colaboradores familiares, número que, por el crecimiento de este gremio, habrá aumentado.
9. Por último, conviene señalar algunos de los beneficios que aporta este sector como son, por ejemplo, la promoción de la artesanía o el abastecimiento de zonas escasamente pobladas. Asimismo, la venta ambulante en mercadillos tiene un
claro interés turístico con las repercusiones económicas que ello conlleva para las distintas regiones. Algunos ejemplos de gran reclamo turístico son el Rastro de Madrid, el del 'Jueves' de Sevilla, los mercadillos de Marbella y Fuengirola en la
Costa del Sol, o Els Encants en Barcelona. De hecho, dentro del portal de Turespaña, se encuentran varias propuestas de mercadillos, como los de la Costa del Sol 63 o los de Ibiza 64.
Segundo. Crisis del comercio ambulante por la COVID-19.
10. Con carácter previo a la situación de pandemia por la COVID-19, este subsector del comercio ya venía sufriendo determinados problemas que le impedían desarrollar su actividad. Entre otros, las tasas
53 https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=DIR191608
54 https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=DIR196301
55 https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=DIR200994
56 https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=DIR205687
57 https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=DIR186916
58 https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=DIR186917
59 https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=DIR186918
60 https://www.ine.es/consul/serie.do?d=true&s=DIR186919
61 https://www.larazon.es/economia/20210314/wzgy5v435fdabhrwffmssmo5g4.html
62 https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/PoblacionGitana/docs/venta_ambu-lante.pdf [Consultado el 12/04/2021]
63 https://www.spain.info/es/descubrir-espana/costa-sol-mercadillos-compras/
64 https://www.spain.info/es/descubrir-espana/ibiza-mercadillos-compras/
impuestas por los ayuntamientos, que el sector considera abusivas 65 el traslado de los mercadillos a zonas menos pobladas, o la falta de competitividad, en parte causada por la dificultad para la digitalización que tiene este sector.
11. A lo anterior se suma la propia fragilidad empresarial de este colectivo, ya que se trata de un grupo modesto en cuanto a su asociacionismo, y de ello se deriva que sus posibilidades de hacerse notar ante las administraciones sean
escasas.
12. Por lo expuesto, este gremio ha sido especialmente vulnerable ante la crisis provocada por el virus de Wuhan y la nefasta gestión del Gobierno para combatirla, gobierno que en muchos casos ha dejado a parte de este sector fuera de las
ayudas concedidas a autónomos y empresarios.
13. Con la publicación del Real Decreto 463/2020 66, por el que se declaró el estado de alarma, los mercadillos se vieron forzados al cierre, si bien posteriormente fue flexibilizado por la Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, que ya incluía
al comercio ambulante, aunque limitando a un 25 % el número de puestos permitidos y a un tercio el aforo.
14. A comienzos de junio de 2020, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicó el protocolo y guía de buenas prácticas 67 para los comercios no sedentarios, que se debería aplicar para poder reabrir en cuanto el Gobierno así lo
estimara. Entre otras cuestiones, se establecía la obligatoriedad de acotar la zona de un mercadillo, limitar el aforo al 50 % o cumplir la distancia de seguridad entre los clientes.
15. A pesar de lo difícil de aplicar estas medidas, el sector las acogió de buen grado con la esperanza de retomar su actividad y poder obtener unos ingresos con los que sostener a las familias que viven de este comercio.
16. Sin embargo, las nuevas oleadas del virus chino, así como el nuevo estado de alarma decretado por el Gobierno, donde cada Comunidad Autónoma estableció medidas en muchos casos divergentes sobre los mercadillos, hicieron que el sector se
sumiera en una terrible crisis.
Por ejemplo, la Junta de Andalucía prohibió la apertura de los mercadillos el 14 de octubre de 2020 68, rectificando el siguiente 30 de octubre 69 para dejarlos a expensas de una previa autorización del ayuntamiento.
17. La consecuencia de lo anterior ha sido una caída del consumo que afecta al comercio minorista en general, y a la que no ha sido ajena el comercio no sedentario, máxime cuando han sufrido restricciones siquiera mayores. Ya durante el
primer mes de epidemia se calculaban pérdidas millonarias 70.
18. Así, el índice de Confianza del Consumidor del mes de marzo de 2021 que publica el CIS 71, apunta a una mejoría en la confianza del consumidor. Sin embargo, respecto al año anterior, supone un -17,5 % en tasa trimestral interanual. De
igual forma, los índices de Comercio al por Menor (ICM) del INE correspondientes a febrero de 2021 72, reflejan una caída en las ventas de este comercio del 5,9 % respecto al mismo mes de 2020. Según esta misma estadística, el empleo del comercio
minorista cayó un 3,4 % respecto al mismo mes de 2020.
19. Según la Confederación Española de Comercio (CEC) 73, los datos de los que disponen para el comercio minorista 'indican una pérdida de facturación de 82.000 millones de euros, que ya ha provocado el cierre de 148.000 establecimientos y
la destrucción de alrededor de medio millón de puestos de trabajo', por lo que, si el comercio ambulante representa el 8 % del comercio minorista, no es difícil hacerse una idea de lo que ha perdido el sector.
20. Pese a lo expuesto, durante los primeros meses de estado de alarma, los comerciantes ambulantes no recibieron ningún tipo de ayuda por el Gobierno más allá de poder endeudarse con los conocidos créditos ICO.
65 https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-negocio/dura-vida-vendedor-ambulante/20171124133243013344.html
66
67 https://cornercio.gob.es/ComercioInterior/novedades/Paginas/Nuevo-Protocolo-y-gu%C3% ADa-de-buenas-pr%C3 % Alcticas-dirigida-a-la-actividad-de-los-mercados-de-venta- no-sedentaria.aspx
68 Orden de 14 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud y Familias, artículo 4.º g) (https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/565/BOJA20-565-00005-11991-01_00179283.pdf [Consultado el 14/04/2021])
69 https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/573/BOJA20-573-00032-13086- 01_00180355.pdf [Consultado el 14/04/2021]
70 https://www.publico.es/economia/coronavirus-venta-ambulante-cierre-mercadillos-hara- perder-100-millones-euros-vendedores-reclaman-ayudas.html
71 http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/ICC/2021/ICC_03-21_3315.pdf [Consultado el 14/04/2021]
72 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadis tica_C&cid=1254736176900&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
73 CEC Informa n.º 71 de febrero 2021 (https://cec-comercio.org/wp-content/uploads/2021/02/CEC-Informa-no71 vl.pdf [Consultado el 13 de marzo de 2021])
21. Y no solo eso, sino que el Ejecutivo tampoco ha establecido ninguna ayuda concreta para este colectivo de comerciantes que compense las medidas de cierre que se les han impuesto. De hecho, el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 74, excluyó al Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de venta y en mercadillos (CNAE-2009 código 4781).
Tercero. Medidas de apoyo al comercio ambulante.
22. Como primera medida para afrontar la crisis derivada de la COVID, se hace imperativo que este sector sea indemnizado por el periodo en el que se ha visto impedido el ejercicio del derecho al trabajo. Asimismo, deben concederse más
ayudas en materia de ERTEs, financiaciones y suspensión de abono de impuestos y cuotas a la seguridad social.
23. Pero, además, lejos de la cuestión coyuntural que supone la presente crisis, el comercio minorista no sedentario necesita de un apoyo firme que le permita ganar en estabilidad y calidad para afrontar los retos futuros en condiciones
óptimas de competitividad.
24. Así, una de las cuestiones que más afectan a este sector es la disparidad entre las normas que regulan su actividad. A nivel estatal, la regulación sobre la venta ambulante se rige por la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista y por el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero por el que se regula reglamentariamente el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria.
25. Ahora bien, las comunidades autónomas pueden regular en virtud de sus estatutos de autonomía y, dentro de éstas, los ayuntamientos tienen libertad para establecer sus propias prerrogativas en la materia. Por tanto, las normativas
superiores, europeas, nacionales y autonómicas regulan en cuanto a la higiene, la calidad, la sanidad y la seguridad alimentaria de los productos a la venta. Por su parte, los ayuntamientos determinan, entre otras cuestiones, los requisitos para
ejercer la actividad, la ubicación y el tipo de productos que pueden comercializarse 75.
26. En definitiva, 17 legislaciones diferentes, más aproximadamente 8.100 ordenanzas de ayuntamientos. De esta forma, lo que está permitido en una localidad puede estar prohibido en otra, dificultando la movilidad entre municipios de este
sector 76. Por ejemplo, en cuanto a la exigencia de seguro de responsabilidad civil es un requisito para su actividad en ciudades como Benalmádena 77, pero no es obligatorio en otras como Denia 78.
27. Por eso se requiere un trabajo de coordinación entre todas las administraciones con competencias para regular en esta materia y miembros del sector para unificar normativa y eliminar las trabas burocráticas existentes.
28. Como complemento a lo anterior se hace necesario crear un plan que incluya medidas tendentes a la mejora de la competitividad, tales como la digitalización, la formación o la cooperación entre diversos sectores. Todo ello teniendo
presente las peculiaridades de este tipo de comercio.
29. En definitiva, este histórico sector que tanto ha contribuido al desarrollo de las ciudades, dinamizador de la economía social y sustento de tantas familias, debe ser protegido y mantenido en el tiempo. Para ello se debe contar con los
que lo integran a la hora de adoptar medidas y se debe tener una especial sensibilidad a sus requerimientos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer un Plan General de apoyo e impulso al comercio ambulante o no sedentario que contenga las siguientes medidas:
1. Promover, en coordinación con las administraciones autonómicas y locales competentes, la armonización normativa de las normas que rigen el comercio ambulante de forma que se eliminen las barreras existentes entre territorios.
74 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-3946
75 https://manipulador-de~aIimentos.com/venta-ambulante-de-comida/ [fecha de consulta: 27 de abril de 2021]
76 Idem.
77 https://www.benalmadena.es/docs/legislación/ordenanza-comercio-ambulante-texto.pdf?[fecha de consulta: 27 de abril de 2021]
78 http://www.denia.es/adjuntos/normativa/mercadillos.pdf [fecha de consulta: 27 de abril de 2021]
2. Promover la simplificación de los trámites y requisitos para el ejercicio del comercio no sedentario, de forma que se impulse la creación de un carné profesional único para toda España.
3. Impulsar campañas que incentiven las compras en mercadillos y en puntos de venta ambulante y que incorporen a estos comercios en los circuitos turísticos.
4. Promover la creación de planes adaptados a las propias características de este comercio para la formación de trabajadores y el impulso de su digitalización.
5. Promover la revisión de los sellos de calidad y protocolos anti-covid con el fin de unificarlos y mejorarlos, adaptándolos a las especiales necesidades del sector y como elemento que proporcione confianza al consumidor.
6. Mientras dure la presente crisis sanitaria y hasta su finalización, es necesario adoptar medidas tendentes a mitigar su impacto y mantener el comercio ambulante, tanto por la función social que cumple en las zonas despobladas como por
los colectivos vulnerables que se dedican a la venta ambulante:
a) Promover la creación de un plan nacional de ayudas directas en favor de todos los autónomos y empresarios con sede en España afectados por la crisis económica derivada de las restricciones puestas en marcha por los poderes públicos, cuya
concesión se condicione únicamente a la caída de la facturación de su actividad. De esta forma, podrán optar a estas ayudas sectores como el comercio ambulante, excluido en parte hasta ahora por el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
b) Suspensión, sin ningún coste, del abono de las cuotas de autónomo y de las cotizaciones a la Seguridad Social de empleados en ERTE mientras no se recuperen los niveles de actividad anteriores a la presente crisis y, como mínimo, hasta
septiembre de 2021. Esta fecha será revisable en función de la evolución de la pandemia.
c) Promover, a través de los instrumentos de cooperación territorial existentes, la conclusión de acuerdos entre las distintas Administraciones territoriales y, en particular, con los Ayuntamientos, para que se reduzcan o eliminen, durante
la presente crisis, las tasas municipales para el comercio ambulante, así como para que se promueva la flexibilización del pago de estos tributos, tasas y arbitrios durante la vigencia de las restricciones.
d) Prorrogar y flexibilizar los ERTE de suspensión de contrato o reducción de jornada hasta la finalización de la vigencia del estado de alarma o, al menos, hasta septiembre de 2021, fecha que será revisable en función de la evolución del
COVID-19. Asimismo, eliminar la obligación de mantenimiento del empleo durante los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2021.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los controles a las importaciones de productos
agroalimentarios para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Desde el año 2010 la Unión Europea ha firmado cerca de una veintena de acuerdos comerciales de distinta índole y profundidad. Algunos de estos ya llevan tiempo en pleno funcionamiento (Reino Unido, Canadá, Japón, Corea del Sur, Ucrania,
Argelia...), mientras que otros (como el acuerdo con Mercosur) aún están pendientes. Además de estos acuerdos ya firmados, la UE se encuentra también negociando nuevos acuerdos con países tan variados como Australia, Nueva Zelanda, Indonesia o
Marruecos.
La conclusión de acuerdos comerciales ambiciosos supone una significante apertura del mercado europeo a otros mercados mundiales, lo que redunda en un aumento de la oferta disponible para los consumidores, así como un impulso a la actividad
económica de miles de empresas y, en definitiva, un mayor bienestar social.
En los últimos años se ha ido haciendo más palpable la necesidad de que los acuerdos comerciales no se limiten al mero levantamiento de barreras arancelarias y no arancelarias, sino que deben ir
acompañados de compromisos regulatorios para la existencia de unos estándares mínimos de calidad, sostenibilidad, respeto a los derechos laborales y protección del medio ambiente.
Una apertura comercial que no esté acompañada de un terreno de juego competitivo equilibrado lejos de traer consigo una mejora de bienestar llevaría a una situación de inaceptable competencia desleal contra nuestros productores. El comercio
para ser verdaderamente libre debe ser, ante todo, justo.
Los ambiciosos objetivos climáticos que nos hemos marcado añaden aún más responsabilidad a la Unión Europea en el ejercicio de su competencia comercial. Como señala la Comisión Europea en el Libro Blanco de revisión de su política comercial
('Una política comercial abierta, sostenible y asertiva'), se deberá reforzar la capacidad del comercio para apoyar las transiciones digital y climática para contribuir a la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo. Aspira 'a
desarrollar estándares de desarrollo sostenible y dar forma a los estándares internacionales en línea con el Pacto Verde Europeo, todo ello colaborando con sus socios para desarrollar e implementar reglas similarmente ambiciosas'.
Sin embargo, de nada sirve fijar unos estándares ambiciosos en seguridad alimentaria o sostenibilidad si luego no se toman las medidas necesarias para controlar que los compromisos y obligaciones se están cumpliendo de forma efectiva. Un
control más efectivo de las importaciones podría haber evitado, por ejemplo, la importación de plagas como la Xylella fastidiosa o el Cotonet de les Valles.
Dada la naturaleza del mercado común europeo, no basta con que España haga correctamente su labor de control, porque cualquier punto de acceso a la UE que no controle de forma efectiva supone un riesgo para la totalidad de los Estados
miembros. La UE será tan vulnerable como su punto más débil, por lo que se vuelve imprescindible una aplicación rigurosa en toda la UE de las normas sanitarias y fitosanitarias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Defender, en el seno de la Unión Europea, una ejecución rigurosa y homogénea de los controles sanitarios y fitosanitarios de importaciones en todos los Estados miembros.
2. Reforzar, en el ámbito de sus propias competencias, los controles sanitarios y fitosanitarios en frontera para la importación de productos agroalimentarios, de manera que se evite la competencia desleal y la entrada de nuevas
enfermedades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002547
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el suministro de materias primas críticas, para su debate
en la Comisión de Industria, Comercio Turismo.
Exposición de motivos
En septiembre de 2020 la Comisión Europea publicó la Comunicación sobre Materias Primas Fundamentales. En ella se pone de relieve la alta vulnerabilidad de la Unión Europea respecto del suministro de materias primas de carácter esencial. A
modo de ejemplo, el 98 % de las tierras raras que importa la UE proviene de China, el 98 % del borato de Turquía o los numerosos metales del grupo del platino de los que dependemos de Sudáfrica. Una nota positiva es la condición de España como
principal productor mundial de estroncio, lo que garantiza la seguridad de suministro para toda la UE.
Los ambiciosos objetivos climáticos del Pacto Verde Europeo y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética suponen un reto adicional en la gestión de materias primas. La progresiva electrificación del sistema energético y el parque
móvil conlleva un notable incremento tanto de la demanda de las materias primas necesarias para la elaboración de baterías y otros componentes, como de la dependencia de las mismas.
El caso del litio resulta paradigmático. Se trata de un componente indispensable en la gran mayoría de las baterías que dominan actualmente el mercado, pero el 78 % es importado de un único país: Chile. La buena relación con el país
transandino no reduce en absoluto la necesidad de diversificar en la medida de lo posible la importación de litio y otras materias primas y reducir, así, los riesgos.
En la misma línea se expresa la Revisión de la Política Comercial de la Unión Europea culminada en febrero de 2021: 'Para que la UE refuerce su resiliencia y apoye la competitividad de sus variados sectores económicos, necesitamos asegurar
un acceso abierto y sin distorsiones a los mercados internacionales, incluyendo acceso a nuevos mercados y flujos comerciales abiertos para el beneficio de tanto nuestra industria como nuestros trabajadores y ciudadanos'. En este contexto, cobran
especial importancia los esfuerzos por poner en marcha proyectos de extracción de materias primas fundamentales en territorio comunitario no dependientes de los vaivenes de la política exterior.
La ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, en particular, de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE), corre el riesgo de no lograr la resiliencia buscada de nuestra
economía si no se asegura también un suministro de las materias primas más importantes. Más al contrario, potenciar industrias estratégicas de alto valor añadido (baterías, placas fotovoltaicas, componentes electrónicos...) sin la correspondiente
potenciación de la obtención segura de las materias primas necesarias puede tener el efecto indeseado de aumentar nuestra dependencia y, en consecuencia, volver nuestra economía menos resistente a shocks externos de lo que es ahora.
Finalmente, la transición de la economía a un modelo descarbonizado requiere el fomento, en la medida de lo posible y razonable, de una producción de mayor proximidad que reduzca la importación innecesaria de materias primas de otros
continentes cuando existe una alternativa más cercana igual de eficiente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la diversificación en la importación de materias primas críticas.
2. Facilitar la exploración y explotación de yacimientos nacionales de materias primas críticas como medida para reducir la elevada huella de carbono, así como el riesgo geopolítico que supone su importación.
3. Con el fin de crear sinergias, garantizar su resiliencia y dar la máxima viabilidad a largo plazo de los PERTE, priorizar la aprobación combinada de proyectos de producción industrial con el correspondiente proyecto de obtención de
materias primas en territorio nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002221
Mediante escrito de fecha 4 de mayo de 2021 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Socialista la Proposición no de Ley sobre un Plan de medidas y acciones políticas del Gobierno para combatir la situación de precariedad de la juventud,
publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 240, de 16 de marzo de 2021.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/002515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a Instancias del diputado del PDeCAT Ferran Bel i Accensi, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales
y Políticas Integrales de la Discapacidad, una Proposición no de Ley para territorializar los fondos destinados a subvenciones a entidades del tercer sector de acción social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre
sociedades.
Exposición de motivos
El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó en noviembre de 2020 el Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal,
declinando a su vez tramitarlo como proyecto de ley por la vía de urgencia.
El objeto principal del Real Decreto era disponer la concesión directa de subvenciones a determinadas entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, con la finalidad de contribuir a la realización de proyectos de interés
general considerados de interés social desarrollados por las entidades beneficiarías, así como sufragar los gastos de funcionamiento de las mismas, que desarrollan su labor en favor de diversos colectivos especialmente afectados por el COVID-19 como
son, entre otros, las personas mayores, la infancia y la adolescencia, las personas con discapacidad, las víctimas de violencia de género y de trata, las personas migrantes, las personas drogodependientes, así como otros colectivos en riesgo de
exclusión social.
La cuantía de estas ayudas decretadas ascendía a un total de 26.404.089,44 euros, procedentes del 0,7 % de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los contribuyentes cuyo período impositivo hubiese finalizado a
partir de la entrada en vigor de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en cuya Disposición adicional centésima tercera se declaraba que el Estado destinará el 0,7 % de la cuota íntegra del Impuesto de
Sociedades, de aquellas sociedades que hubieran manifestado expresamente su voluntad en tal sentido, a subvencionar actividades de interés general consideradas de interés social, que serán desarrolladas por entidades de ámbito estatal. Estos fondos
se destinarán a abordar los gastos de actuación y funcionamiento de las 297 entidades beneficiarias con el fin de que puedan seguir contribuyendo a atenuar el impacto económico y social que la situación de pandemia ha tenido en el conjunto de la
sociedad y, especialmente, en los sectores más vulnerables de la población.
A diferencia de lo que acaece con las subvenciones sociales con cargo al 0,7 % del IRPF, el Estado decidió unilateralmente el destino del 100 % de los fondos correspondientes al 0,7 % del IS, al establecer como sujetos receptores de las
subvenciones únicamente entidades de ámbito estatal, sin asignar tramo autonómico y sin consultar a las comunidades autónomas sobre el destino y oportunidad de estas.
En contraposición, más del 85 % de los fondos obtenidos a través de la recaudación del 0,7 % del IRPF en la declaración de la renta de 2019 se repartieron entre las comunidades autónomas en el marco del tramo autonómico en función de los
criterios acordados entre éstas y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, para financiar programas de interés social dentro de sus competencias. El casi 15 % restante
corresponde a la parte que el Estado reparte en forma de subvenciones a entidades de ámbito estatal para desarrollar actividades sociales.
Desde la propia Secretaría de Estado de Derechos Sociales justificaron en su momento la decisión de aumentar el peso del tramo autonómico, en detrimento del estatal, respecto el total de los fondos obtenidos a través de la recaudación del
0,7 % del IRPF, desde el 81,14 % de 2018 al 85,14 % de 2019, en que son las CCAA 'las que pueden derivarlo a acciones para paliar los efectos del COVID-19', es decir, a proyectos de 'intervención social directa', mientras que, los fondos que irían a
parar a las ONG estatales 'se emplearían en la realización de estudios o proyectos de I+D+i, entre otros'.
Por otro lado, en el plano jurídico, el Tribunal Constitucional (TC) viene dictaminando reiteradamente que las funciones ejecutivas de convocar, gestionar y otorgar subvenciones sociales corresponden a la Generalitat de Catalunya, que tiene
que poder desarrollar la regulación de las condiciones.
En su Sentencia 9/2017, de 19 de enero de 2017, relativa al conflicto de competencias que la Generalitat le planteó por la convocatoria de subvenciones estatales a programas de interés general con
cargo al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el TC reprocha al Estado que su doctrina ya había establecido en anteriores sentencias que la gestión de las subvenciones sociales no puede estar centralizada y, por tanto, no
se puede pretender que sea una competencia estatal. Es lo que pedía la Generalitat en su recurso. La sentencia pide asimismo que se evite la persistencia de situaciones anómalas en las que el Estado continúe ejerciendo competencias que no le
corresponden, remarcando que la lealtad constitucional es obligatoria para todos. El alto tribunal ha resuelto en más de diez ocasiones a favor de los litigios presentados por el Ejecutivo catalán por invasión competencial en esta materia,
señalando al Estado su deber de modificar el marco normativo de las subvenciones en materia de servicios sociales a cargo de la asignación del IRPF.
Los fondos procedentes del 0,7 % de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades se destinarán a la realización de proyectos de interés social por parte de entidades del Tercer Sector, con lo que nos encontramos ante objetos y
destinatarios análogos al de las subvenciones sociales con cargo al 0,7 % del IRPF.
Asimismo, en el PDeCAT somos firmes defensores de que los servicios a los ciudadanos deben prestarse respetando el principio de subsidiariedad, esto es, desde las administraciones más cercanas a los ciudadanos, que son, en definitiva, las
que mejor conocen las necesidades y problemáticas de cada territorio y que más eficazmente pueden resolverlas.
Por todo ello, los diputados del PDeCAT presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, con la mayor celeridad posible, las disposiciones normativas oportunas para:
a) Territorializar íntegramente por Comunidades Autónomas, y a partir de la próxima convocatoria, los recursos recaudados en la asignación tributaria del Impuesto sobre Sociedades destinados a subvencionar la realización de proyectos de
interés general considerados de interés social, mediante la cesión a cada comunidad de la recaudación que se haya obtenido de las declaraciones efectuadas en su territorio en concepto de la citada asignación.
b) Garantizar que los recursos sean gestionados íntegramente por los respectivos gobiernos autonómicos y destinados, efectivamente, al Tercer Sector.
c) Distribuir de igual modo, territorialmente por comunidades autónomas, otros recursos en materia de concesión de subvenciones destinadas al área de servicios sociales, familias, discapacidad y otros fines de interés social, incluidos los
de carácter medioambiental.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2021.-Ferran Bel i Accensi, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/002517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas destinadas a Familias
monoparentales, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La familia es uno de los pilares sobre los que pivota nuestra sociedad y en momentos tan complejos como los está viviendo nuestro país, son el refugio de muchos españoles ante la incertidumbre, desasosiego y preocupación que están sufriendo
como consecuencia de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la COVID-19. Por eso y por mucho más, el Gobierno central deben velar y apostar por ella, en sus múltiples manifestaciones, si de verdad quieren no dejar a nadie atrás.
En consecuencia, deben establecerse medidas que la favorezcan, sea cual sea el tipo de familia, sobre todo cuando en las mismas existen menores de edad.
En estos supuestos, el interés superior del menor, como principio, como derecho, o como norma de procedimiento debe prevalecer en cualquier iniciativa que se ponga en funcionamiento al respecto. Por este motivo, los hijos e hijas deben
tener los mismos derechos y oportunidades pertenezcan al tipo de familia al que pertenezcan.
La tipología de la familia, y su propia estructura ha experimentado numerosos cambios a lo largo de estos últimos años. En España, durante el año 2019, según la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del INE que publica los datos de 2019, hay
1.887.500 hogares monoparentales (un adulto con hijos/as), que representan el 10,1 % del total de hogares existentes.
Los hogares monoparentales están mayoritariamente integrados por una madre con sus hijos/as. En concreto, estos representan el 81,1 % del total (1.530.600 de hogares monomarentales frente a los 356.900 encabezados por un padre con
hijos/as).
Por sexo, edad y estado civil, la mayor parte de los hogares monoparentales están compuestos por personas cuyo estado civil es la viudedad, el 40 % (762.400 hogares). De estos, nuevamente los encabezados por mujeres son una gran mayoría (el
81 %), siendo predominante en estos hogares una edad de más de 65 años (el 73 %). Los otros estados civiles que predominan en los hogares monoparentales son los de las personas divorciadas (el 29 % del total), las personas solteras (14 %), las
separadas (10 %) y, por último, las casadas (8 %).
La franja de edad predominante en los hogares monoparentales es la de las personas mayores de 65 años (28 % del total). Es necesario resaltar que el estado civil predominante en las edades más jóvenes, entre los 15 y 35 años, es el de
soltera/o, el 17 % del total, con una abrumadora presencia de mujeres.
El pasado 12 de marzo se presentaron los resultados del Estudio 'Las Familias monoparentales en España: Una retrospectiva', realizado por la Federación de Asociaciones de Madres Solteras. Entre las principales conclusiones del Informe
destaca que, en 2019, la tasa de riesgo de pobreza en las familias monoparentales es del 46,8 %, frente al 25,3 % en el total de familias. También llama la atención sobre la carencia material severa que afecta en mayor medida a este tipo de
hogares, que es casi el doble (9,5 %) que en el resto de las familias (4,6 %).
El Estudio se refiere también al agravamiento de la vulnerabilidad que están sufriendo las familias monoparentales por la pandemia de la COVID-19, al no tener estos hogares la posibilidad de repartir las tareas domésticas y con la dificultad
de no poder acogerse a las medidas de conciliación empresarial como el resto de las familias. En este punto, el Estudio recoge y analiza los datos ofrecidos por diversos informes, como el noveno Informe de Monoparentalidad y Empleo de la Fundación
Adecco (2020) que señala que el 80 % de las mujeres que encabezan familias monoparentales ha visto empeorar su situación económica y laboral durante la pandemia, y que el 24 % afirma que la crisis económica de la COVID-19 ha afectado a la cobertura
de sus necesidades básicas: alquiler, alimentación o ropa.
Las mujeres han tenido un 20 % más de fatiga mental y un 16 % más de estrés que los hombres durante las jornadas de teletrabajo, debido a la mayor dedicación a las tareas de cuidados. En el caso de las madres solteras, estos datos ascienden
hasta el 33 % y el 18 %, respectivamente.
Avanzar hacia una verdadera igualdad de oportunidades en el empleo, en los salarios, en la conciliación de la vida personal, social y familiar significa también apostar por eliminar las desventajas que tienen a las familias formadas por un
único progenitor.
Sin embargo, el marco normativo estatal, no ha evolucionado en ese sentido; en concreto, la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección de las familias numerosas sigue siendo objeto de recursos ante los Tribunales de Justicia, con muy
variadas pretensiones, que están siendo estimados y cuyas Sentencias deben ser ejecutadas. La situación de determinadas unidades familiares, donde hay progenitores divorciados o parejas de hecho, van más allá de la obligación de tener un vínculo
conyugal como prevé la Ley estatal, fundamentando la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que 'la protección social, económica y jurídica de la familia y la asistencia de todo orden que los padres deben prestar a los hijos[...] contempladas desde la
composición de la unidad familiar hoy generalizada... demandan una interpretación del ordenamiento jurídico en el que se intensifique[...] que la actuación de los poderes públicos informe el reconocimiento, el respeto y la protección de los
principios rectores de la política social y económica'.
Estas familias han de hacer frente a numerosas dificultades y, en muchos casos, esta realidad está asociada a situaciones de vulnerabilidad económica, por lo que esta situación familiar ha de ser objeto de atención en la elaboración de las
políticas sociales, comenzando por la propia conceptuación de familia monoparental y continuando por la ampliación de sus beneficios.
Con Gobiernos del Partido Popular se reguló por primera vez el teletrabajo, se amplió la reducción de la jornada para padres y madres con hijos hasta 12 años frente a los 8 años de antes, se permitió que el permiso de lactancia lo pudieran
disfrutar también los padres y se aumentó el permiso de paternidad hasta llegar las 16 semanas, en igualdad de condiciones que el de maternidad que se ha hecho realidad este año 2021.
Pero se debe seguir mejorando en esta materia, especialmente pensando en las familias que lo tienen más complicado como las monoparentales, por lo que se deben regular medidas que las protejan en los distintos ámbitos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Modificar el artículo 2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las familias numerosas, para incluir en el concepto de familia numerosa a todas las familias integradas por un ascendiente con dos hijos, con independencia de
la causa que haya provocado la monoparentalidad, para así hacer extensible a estas todos los beneficios de las familias numerosas.
- Impulsar una Ley de familias monoparentales, que otorgue reconocimiento, seguridad y medidas que ofrezcan cobertura social a este tipo de familias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2021.-Margarita Prohens Rigo y Alicia García Rodríguez, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas destinadas a Familias
numerosas, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La familia es uno de los pilares sobre los que pivota nuestra sociedad y en momentos tan complejos como los está viviendo nuestro país, son el refugio de muchos españoles ante la incertidumbre, desasosiego y preocupación que están sufriendo
como consecuencia de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la COVID-19. Por eso y por mucho más, el Gobierno central deben velar y apostar por ella, en sus múltiples manifestaciones, si de verdad quieren no dejar a nadie atrás.
El pasado año 2019, en España, según los datos del Ministerio competente, el número de Títulos de familia numerosa en vigor era de 735.583, de los cuales, de categoría general eran 652.943 mientras que la especial eran 82.640.
De los 735.583 en vigor, 630.031 eran de familias sin hijos con discapacidad mientras que el resto, 105.552 eran de hijos con discapacidad.
Actualmente, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 40/2003 la condición principal para ser familia numerosa es tener tres o más hijos con dependencia económica de los padres, pero no la única. Según la Ley, los hogares con dos hijos y
alguno de estos o sus progenitores tengan cierto grado de discapacidad, también podrán acceder al título.
El título de familia numerosa ha crecido, sorprendentemente en un país inmerso en pleno 'invierno demográfico', en la última década, al pasar de 402.562 en 2005 a 518.519 en 2011 y a 735.583 en el año 2019.
Según el VI Estudio sobre las Familias Numerosas en España, realizado por la Federación Española de Familias Numerosas de España (FEFN) presentado en octubre de 2019, la familia numerosa tipo está formada por una pareja, mayoritariamente
casada o viviendo juntos (89,7 %), con 3 hijos (67,7 %) en edad
escolar (la edad media del primogénito es de 14 años y la del pequeño, de 7) y en la que suelen trabajar fuera de casa el padre y la madre (85 % de los padres y 65,9 % de las madres).
En lo económico, el Estudio confirma que las familias numerosas cuentan con unos ingresos más ajustados con los que cuesta cubrir todas las necesidades. Más de la mitad (el 54,2 %) de las familias numerosas -hogares compuestos por un mínimo
de 5 personas- no supera los 2.500 euros al mes y un 16,6 % ingresa mensualmente menos de 1.200 euros. Con ello, casi 1 de cada 4 familias (38,4 %) asegura que llega justa a fin de mes y casi el mismo porcentaje (36 %) afirma que sus ingresos no
alcanzar a cubrir las necesidades familiares, por lo que tiene que recurrir a ahorros (15,5 %) o a pedir un préstamo puntual (20,5 %).
Un estudio publicado en septiembre de 2020 por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señalaba que el coste del primer año de vida de un hijo ascendía a 7.706 euros. Se trata de una cifra muy elevada y que tiene un fuerte impacto
en la economía de las familias. Casi 1 de cada 10 familias invierte más de la mitad de sus ingresos en gastos relacionados con el nuevo hijo y a un 37 % de las familias le resultó muy difícil afrontar los gastos que implican la llegada de un hijo.
Una cantidad que en el caso de las familias numerosas se incrementa considerablemente dejando muy mermada la capacidad contributiva efectiva que tienen estos hogares.
No debemos obviar que son las familias numerosas las que aportan el capital humano necesario para superar la crisis demográfica de nuestro país. Por este motivo, las familias numerosas merecen una especial protección por lo que se debiera
ampliar los incentivos fiscales de la Ley 26/2015, de 28 de julio, entre otras medidas de apoyo al respecto.
Según la Encuesta sobre la situación de las familias ante la 'nueva normalidad' elaborada por la Fundación The Family Watch y publicada el pasado mes de octubre de 2020, las familias empiezan a ver con incertidumbre la situación económica y
la gestión de los rebrotes. Así, el 95 % cree que la situación de España irá a peor, y la de su Familia también, casi el 70 %.
Además, el 80 % considera que las clases online son una buena solución, si bien, para el 65 % de los hogares, la administración debería proveer a las familias de los medios necesarios para su correcta implementación. Sobre la cuestión
educativa, y la decisión del Gobierno de suprimir las ayudas a los colegios concertados, con independencia de a qué tipo de educación lleven a sus hijos (pública, privada o concertada), 9 de cada 10 hogares consideran que excluir a la Educación
Concertada de las ayudas por la pandemia es 'una decisión errónea'.
En las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, el Partido Popular presentó una batería de medidas destinadas específicamente a las familias, máxime cuando el Gobierno había reducido la partida correspondiente a protección familiar
en 183 millones de euros con respecto al presupuesto de 2018. Además, con la eliminación de la prestación por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 % ha dejado desasistidas a muchas familias que se encuentran en situación
de pobreza moderada por sus ingresos anuales, pero que no pueden percibir el Ingreso Mínimo Vital por no cumplir los requisitos.
Estas medidas incluían el incremento de la cuantía de la prestación por nacimiento o adopción de hijo establecida en el artículo 358.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres o padres con discapacidad a 2.000,00 euros. Así mismo, aumentar los límites de ingresos para tener derecho a esta prestación de conformidad
con lo previsto en el artículo 357.3 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, quedando fijados en 12.536,00 euros anuales y, si se trata de familias
numerosas, en 18.867,00 euros anuales, incrementándose en 4.056,00 euros anuales por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido.
También, modificar la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para que la adquisición de pañales para bebés y personas mayores sea al superreducido del 4 % o implementar ayudas para la gratuidad de las
mascarillas para las familias vulnerables. Todas fueron rechazadas o vetadas.
Por otro lado, las declaraciones del ex vicepresidente Segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, respecto a tener en cuenta la renta y no solo el número de hijos para obtener el título de familia numerosa provocó preocupación
y malestar entre los diferentes colectivos de familias numerosas de nuestro país, con la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), a la cabeza.
Lo mismo ha ocurrido con las declaraciones de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, sobre la posibilidad de excluir a las familias numerosas del Bono social, sin embargo, debe
destacarse que las familias numerosas son un colectivo vulnerable por su alto consumo, que incluso les llega a penalizar, y que según un Estudio realizado por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), el 39 % de estas familias tiene
dificultades para llegar a fin de mes, y un 36 % afirma que sus ingresos no alcanzan a cubrir las necesidades familiares.
En este sentido, la FEFN indica que el acceso al Bono social está limitado por potencia, que debe ser inferior a 10 kw y solo se bonifica hasta un máximo de 4.140 kwh/año, por lo que las familias numerosas con poder adquisitivo alto no se
van a poder beneficiar del mismo.
Y lo último ha sido el recorte del complemento de maternidad, dado que las limita a un máximo de cuatro hijos, dejando fuera a 21.000 familias españolas.
A lo que se suma, según declaraciones de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), a la 'discriminación' para muchas familias numerosas que también han experimentado la limitación en otras ayudas, como en la prestación por
desempleo, donde cuenta lo mismo tener dos hijos que cuatro, o en los ERTE, donde el máximo a cobrar es de 1.412 euros con dos o más hijos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. lmplementar medidas de apoyo a las familias numerosas, modificando la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, y ampliando los incentivos fiscales de la Ley 26/2015, de 28 de julio, en los siguientes aspectos:
- Mantener la condición de familia numerosa sin límite de renta para el acceso a las ayudas públicas.
- Otorgar la condición de familia numerosa de categoría especial a partir del cuarto hijo, que según los datos de 2019 serían 24.721 familias más.
- Ampliar la duración del periodo de excedencia por cuidado de hijos en el caso de familias numerosas.
- Permitir que el título lo ostenten tanto el padre como la madre en los casos de separación o divorcio con custodia compartida o con convenio regulador para el acuerdo de concesión de la pensión alimenticia.
- Permitir que uno de los progenitores pueda solicitar el título de familia numerosa sin el consentimiento expreso del otro progenitor que ostente la guarda y custodia, para que el progenitor que no la tiene, pueda solicitar el título de
familia numerosa incluyendo a los hijos comunes, en supuestos de separaciones o divorcios con custodia compartida o que cumplan con el Convenio regulador.
- Mantenimiento del título hasta que el hijo cumpla los 26 años, independientemente de si está cursando estudios o se encuentra en situación de desempleo.
- Permitir la renovación del título de familia numerosa por 4 años, cuando el menor continúe sus estudios.
2. Garantizar que la condición de familia numerosa dependa únicamente del número de hijos como requisito para la obtención del Título de Familia Numerosa y los beneficios a los que da derecho, tal y como reivindican todos los colectivos de
familias numerosas en nuestro país.
3. Mantener el Bono social destinado a las familias numerosas con los mismos criterios que en la actualidad.
4. Modificar la regulación del complemento de maternidad eliminando la limitación del número de hijos para su cálculo.
5. Equiparar el trato fiscal a las familias numerosas en la adquisición de la vivienda habitual nueva a la adquisición de la vivienda habitual de segunda mano mediante la reducción del gravamen del IVA de forma semejante a la que ya se
contempla en el Impuesto de transmisiones patrimoniales.
6. Incluir en la normativa y legislación que se apruebe, de forma preceptiva, la perspectiva de familia como ocurre con la de género, etc.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Alicia García Rodríguez, María de la O Redondo Calvillo, Ana Belén Vázquez Blanco y Carmen Riolobos Regadera, Diputadas.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para incluir al sector de cuidados a
personas mayores y personas con discapacidad en el listado de actividades susceptibles de recibir ayudas directas en respuesta a la pandemia, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de Discapacidad.
Exposición de motivos
Que la crisis económica es global es tan cierto como que la nefasta gestión del gobierno de coalición social-comunista nos ha situado a la cabeza de todos los ránkings económicos negativos: hemos sufrido la mayor caída del PIB desde la
guerra civil -un 11 %, 125.000 millones de euros perdidos-, y la mayor destrucción de empleo de todos los países europeos -tenemos 6 millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo-.
A la cabeza de esa gestión está una ministra que, en marzo del año pasado, afirmó que el impacto económico del coronavirus 'iba a ser transitorio y poco significativo', empatando en incompetencia con Fernando Simón. Desde entonces todo han
sido despropósitos, incluyendo su afirmación de que 'el Gobierno no quiere que España se pare' tan solo 5 días antes de que se obligara a cerrar toda actividad económica no esencial. Un cierre que se llevó por delante a 107.000 empresas, mandó al
ERTE a más de 3,5 millones de trabajadores y directamente al paro a otras 725.000 personas.
Un año después de esto, con una actividad económica que sigue restringida en muchos sectores que no atisban la recuperación antes del segundo semestre de este año, y después de un informe del Banco Central Europeo que situaba a España como
el país europeo que menos recursos fiscales ha destinado a combatir la pandemia de toda Europa (1,3 % del PIB vs 4 % de media europea), por fin el Gobierno ha reconocido que ya no tenemos solo un problema de liquidez, sino que tenemos además un
problema de solvencia, y que no basta con dar créditos, sino que hacen falta ayudas directas para salvar a empresas que son viables pero tienen un problema de solvencia.
Y con ese objetivo aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Un Real Decreto que llega tarde, ya han
quebrado 102.000 empresas y hay 300.000 autónomos que -según ATA- prevén cerrar antes de final de año; es insuficiente, las ayudas directas de 7.000 millones no resuelven los problemas de un sector que ha perdido 72.000 millones de euros; y peor
aún, es arbitrario porque ha dejado fuera a sectores muy importantes de nuestro tejido productivo que han sufrido caídas tan grandes como otros sectores que sí se han incluido en el listado de actividades CNAE incluido en el Anexo I del citado Real
Decreto que pueden beneficiarse de esas ayudas directas.
Uno de estos sectores 'olvidados' es el que atiende a las personas mayores y personas con discapacidad; que tanta importancia está teniendo en estos duros meses de pandemia en el cuidado de los más vulnerables, a los que se les ha
ninguneado, criminalizado, y excluido en los Presupuestos Generales del Estado, del Fondo COVID-19 y ahora, de este Real Decreto-ley.
Según los datos facilitados por la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) las diferentes actividades de atención a la dependencia asisten a 1,8 millones de personas, de las cuales 880.000 son atendidas en sus domicilios mediante
teleasistencia, 430.000 mediante ayuda presencial, 380.000 en residencias y 110.000 en centros de día. Esto es, según la FED, su contribución económica y laboral, que emplea de forma directa a casi un 1 % de la población ocupada en España.
Las residencias tienen un peso económico muy importante: Existen alrededor de 5.542 centros (1.435 centros son centros públicos y 4.107 son privados) con una oferta de casi 381.000 plazas residenciales (frente a las 112.000 camas
hospitalarias, por ejemplo), que generan una actividad económica de 4.500 millones de euros. Además, la dependencia tiene un importante efecto arrastre: por cada 1 ingresado en el sector, se generan 0,7 adicionales en el resto de la economía.
Las residencias emplean de forma directa alrededor de 155.000 trabajadores. Además, las residencias permiten descargar de trabajo no remunerado a los cuidadores informales, generalmente mujeres, permitiendo su incorporación al mercado
laboral y su mejora socioeconómica, y contribuyendo a reducir la brecha de género.
La actividad económica generada, de forma directa e indirecta, por el sector de las residencias revierte al Estado en forma mayor recaudación por IVA, Impuesto de Sociedades, IRPF y cotizaciones sociales. De acuerdo con los cálculos
realizados por la FED, 'por cada 1 pagado en una residencia, el Estado recibe 0,41 en tributos y cotizaciones. Si tenemos en cuenta que el estado financia solo una parte del precio, por cada 1 de gasto público, recibe de vuelta 0,64 .'
Por otro lado, contratan a personas de baja cualificación y por tanto con menor empleabilidad, reduciendo el gasto en prestaciones por desempleo: por cada 1 pagado por una plaza, el Estado se ahorra 0,31 en prestaciones (0,47 por cada
1 de gasto público), tal y como se recoge en los informes de la FED.
Por eso no entendemos que haya quedado fuera del listado de actividades susceptible de recibir ayudas directas, cuando ha sido un sector afectado directamente por la pandemia. Las residencias para personas mayores han sido duramente
castigadas por la COVID-19.
La situación ha tenido un enorme impacto en las personas más vulnerables, personas mayores y personas dependientes, la letalidad de COVID-19 ha sido mayor en personas de edad con patologías previas. La falta de previsión del Gobierno hizo
que los centros asistenciales no tuvieron acceso a los medios de protección necesarios, la ausencia de protocolo marco de actuación, y la ausencia de una respuesta responsable por parte del Gobierno convirtió a las residencias en una trampa mortal.
Fueron los centros residenciales quienes con sus propios recursos han realizado importantes inversiones para proteger a los profesionales y por ende a las personas mayores; en muchos casos no se autorizaron nuevos ingresos en los centros
residenciales provocando problemas de sostenibilidad; los centros de estancias diurnas cerraron durante varios meses, así como otros servicios sociales complementarios. Y todo ello unido a la campaña de desprestigio llevada a cabo por algunos
miembros del Gobierno cuestionando permanentemente la profesionalidad de los centros residenciales.
Por todo ello, el Partido Popular presenta la siguiente
Proposición de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir al sector de asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios, en establecimientos residenciales para personas mayores; al sector otras actividades de asistencia
en establecimientos residenciales; al sector de actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores; así como al sector de otras actividades de servicios sociales sin alojamiento en el listado de Actividades Económicas de la
CNAE, incluidas en el Anexo I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, para que las empresas de este sector que cumplan el resto de
requisitos sean susceptibles de recibir ayudas directas para garantizar su supervivencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2021.-Margarita Prohens Rigo, Mario Garcés Sanagustín, Alicia García Rodríguez y Miguel Ángel Castellón Rubio, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000683
Mediante escrito de fecha 30 de abril de 2021 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Socialista la Proposición no de Ley sobre los Seguros Agrarios, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 79, de 6 de mayo de
2020.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2021.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/002491
Mediante escrito de fecha 5 de mayo de 2021 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Popular la Proposición no de Ley sobre apoyo al sector vitivinícola español frente a la crisis de COVID-19, publicada en el 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, núm. 270, de 12 de mayo de 2021.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/002526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo al sector vitivinícola
español frente a la crisis de COVID-19, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La industria vitivinícola no ha sido ajena al impacto de la crisis de la COVID-19 y los efectos sobre el mundo del vino han sido considerables. España, con 969.000 hectáreas, repartidas por toda la geografía, es el país con más superficie
de viñedo en el mundo. Es el cuarto país del mundo en producción de uva y el tercero en vino, con 6,0 millones de toneladas y 44,4 millones de hectolitros respectivamente. El conjunto del sector representa el 1 % del PIB, con cerca de 4.300
bodegas, de las que 3.075 realizan actividad exportadora, con algo más de 21 millones de hectolitros exportados en 2019.
Inicialmente, China lideraba el crecimiento de las exportaciones de vino español de los últimos años, según datos del ICEX, concentrándose las ventas durante la celebración del Año Nuevo Chino. Las importaciones de vino para su celebración,
en diciembre de 2019, coincidiendo con el inicio de la pandemia y la suspensión por parte del gobierno chino de todas las grandes celebraciones, repercutieron negativamente en las exportaciones hacia este país.
La tónica general era la ausencia de nuevos pedidos y la paralización de los existentes en ese momento. Casi la totalidad de las bodegas se han visto afectadas negativamente por la situación y casi la mitad consideran que les ha afectado
grave o muy gravemente, según una encuesta realizada por la Federación Española del Vino (FEV).
Posteriormente, a la sombra de los acontecimientos y de las noticias procedentes de China, se inició la cancelación de ferias internacionales y otras actividades de promoción, unos escaparates comerciales donde se realizan presentaciones y
se negocia la venta de una cantidad considerable de la producción.
Con el inicio del estado de alarma y el cierre del canal de la hostelería y restauraciones (HORECA) a nivel nacional, se han reducido considerablemente las ventas de vino y sus derivados, ya que el canal HORECA representa alrededor de dos
tercios de los ingresos de las bodegas españolas. Por el mismo motivo, se empezó a resentir la exportación a países de nuestro entorno, como Alemania o Reino Unido.
Aunque se han incrementado las ventas de vino en el canal de alimentación o las iniciativas por comercializar a través de internet, estos volúmenes no pueden compensar el descenso por el cierre de la
hostelería y restauración. Así, las bodegas españolas han estimado una pérdida de ventas de entre el 20 % y el 40 % en 2020 por el efecto de la crisis del coronavirus.
En este sentido, durante los últimos años, han proliferado las actividades del ecoturismo que servían de soporte económico adicional a bodegas y comarcas, y que se han visto igualmente afectadas por el cierre de la actividad turística, con
un futuro incierto.
Al parón en la hostelería y la inestabilidad en los mercados internacionales se unen otras dificultades con las que ya venía atravesando el sector, como el aumento de los aranceles establecidos por Estados Unidos, desde octubre de 2019 hasta
hace un mes o la incertidumbre generada por lo que pasará en un futuro próximo con los cambios administrativos que rodean al Brexit.
Pero, más allá de la comercialización, las bodegas y el sector vitivinícola en general se empiezan a mostrar preocupados por la próxima vendimia. Por una parte, se desconoce en qué condiciones laborales se podrá realizar y, por otra, el
descenso de las ventas y la acumulación de existencias en bodega va a afectar a la demanda de uva y vino.
En consecuencia, se podría dejar gran parte de superficie sin vendimiar y la bajada del precio podría descompensar el mercado. Organizaciones del sector exigen el avance y previsión en las medidas, incluyendo la reducción de rendimientos en
campo y en bodega, apostando por la calidad.
Aunque la Comisión Europea permitió la adopción de medidas adicionales para apoyar a los sectores más afectados por la crisis del coronavirus, incluido el del vino, estas fueron claramente insuficientes, fundamentalmente para los vinos de
calidad, dado que el Gobierno de España no acompañó las medidas europeas con financiación alguna, como sí hizo el resto de países con los que competimos, como el caso del gobierno francés.
No se trata de modificar el objeto de los programas de apoyo específicos contemplados en la OCM de productos agrarios de la PAC, ya existente y que en el caso del vino se canaliza en el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) y cuya
cuantía, además se ha reducido, pasando de 210 M a 202 M, sino de poner en marcha medidas nuevas que supongan un revulsivo a la actual situación del sector.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incluir al sector del vino como prioritario en los fondos europeos NGEU de cara a las posibles inversiones en modernización, digitalización, comercialización o eficiencia energética, entre otros.
2. Incluir los ámbitos relacionados con la elaboración del vino y el cultivo de la vid entre los beneficiarios de las medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, en respuesta a la pandemia de la COVID-19 e incluidas en el
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo
3. Instar a la Comisión Europea a destinar fondos, más allá de los Programas Nacionales de Apoyo, dado que el PASVE 2021 no cubrirá las necesidades mínimas del sector, como no lo hizo en el año 2020.
4. Demandar de la Comisión Europea el apoyo para la recuperación de las exportaciones existentes y para la apertura de nuevos mercados, tanto de terceros países como comunitarios, y la autorización de la promoción en el mercado interior en
el marco de la OCM, incluyendo el apoyo al ecoturismo.
5. Tomar medidas para asegurar el equilibrio del mercado en el futuro, como la vendimia en verde subvencionada por Europa o la aprobación de reducción de rendimientos para 2021, especialmente para zonas con Denominación de Origen Protegidas
(DOP) o Indicación Geográfica Protegida (IGP).
6. Facilitar el acceso al crédito para dotar de liquidez a las bodegas, con el objeto de que puedan soportar la disminución de ingresos y el futuro pago de la vendimia de 2021.
7. Apoyar la destilación de crisis, con cargo a fondos europeos adicionales, para que las bodegas puedan sacar la mayor parte del vino del 2021, y con clara diferenciación en precio entre los vinos protegidos por DO o IGP y los que no lo
están, a fin de no perjudicar precisamente a quienes más calidad tienen.
8. Negociar ayudas a la uva no destinada a la vinificación (zumos, etc.) para diversificar las salidas a la producción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2021.-Milagros Marcos Ortega, Marta González Vázquez y Javier Merino Martínez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los controles a las importaciones de productos
agroalimentarios, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Desde el año 2010 la Unión Europea ha firmado cerca de una veintena de acuerdos comerciales de distinta índole y profundidad. Algunos de estos ya llevan tiempo en pleno funcionamiento (Reino Unido, Canadá, Japón, Corea del Sur, Ucrania,
Argelia...), mientras que otros (como el acuerdo con Mercosur) aún están pendientes. Además de estos acuerdos ya firmados, la UE se encuentra también negociando nuevos acuerdos con países tan variados como Australia, Nueva Zelanda, Indonesia o
Marruecos.
La conclusión de acuerdos comerciales ambiciosos supone una significante apertura del mercado europeo a otros mercados mundiales, lo que redunda en un aumento de la oferta disponible para los consumidores, así como un impulso a la actividad
económica de miles de empresas y, en definitiva, un mayor bienestar social.
En los últimos años se ha ido haciendo más palpable la necesidad de que los acuerdos comerciales no se limiten al mero levantamiento de barreras arancelarias y no arancelarias, sino que deben ir acompañados de compromisos regulatorios para
la existencia de unos estándares mínimos de calidad, sostenibilidad, respeto a los derechos laborales y protección del medio ambiente.
Una apertura comercial que no esté acompañada de un terreno de juego competitivo equilibrado lejos de traer consigo una mejora de bienestar llevaría a una situación de inaceptable competencia desleal contra nuestros productores. El comercio
para ser verdaderamente libre debe ser, ante todo, justo.
Los ambiciosos objetivos climáticos que nos hemos marcado añaden aún más responsabilidad a la Unión Europea en el ejercicio de su competencia comercial. Como señala la Comisión Europea en el Libro Blanco de revisión de su política comercial
('Una política comercial abierta, sostenible y asertiva'), se deberá reforzar la capacidad del comercio para apoyar las transiciones digital y climática para contribuir a la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo. Aspira 'a
desarrollar estándares de desarrollo sostenible y dar forma a los estándares internacionales en línea con el Pacto Verde Europeo, todo ello colaborando con sus socios para desarrollar e implementar reglas similarmente ambiciosas'.
Sin embargo, de nada sirve fijar unos estándares ambiciosos en seguridad alimentaria o sostenibilidad si luego no se toman las medidas necesarias para controlar que los compromisos y obligaciones se están cumpliendo de forma efectiva. Un
control más efectivo de las importaciones podría haber evitado, por ejemplo, la importación de plagas como la Xylella fastidiosa o el Cotonet de les Valles.
Dada la naturaleza del mercado común europeo, no basta con que España haga correctamente su labor de control, porque cualquier punto de acceso a la UE que no controle de forma efectiva supone un riesgo para la totalidad de los Estados
miembros. La UE será tan vulnerable como su punto más débil, por lo que se vuelve imprescindible una aplicación rigurosa en toda la UE de las normas sanitarias y fitosanitarias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Defender, en el seno de la Unión Europea, una ejecución rigurosa y homogénea de los controles sanitarios y fitosanitarios de importaciones en todos los Estados miembros.
2. Reforzar, en el ámbito de sus propias competencias, los controles sanitarios y fitosanitarios en frontera para la importación de productos agroalimentarios, de manera que se evite la competencia desleal y la entrada de nuevas
enfermedades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la apuesta por una política de regadíos modernos y sostenibles, para su
debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La política de regadíos planifica y ejecuta las actuaciones relacionadas con la transformación y modernización de regadíos. De manera adicional, la política de regadíos se orienta a la innovación y transferencia de conocimientos, la
sostenibilidad ambiental, la eficiencia en el uso del agua y la energía y a la formación entre otras...
El objetivo de la política de regadíos debe ser el aumento de: los rendimientos de los cultivos, la productividad con respecto al secano, la rentabilidad, la diversificación de las producciones y prolongación de los períodos de cultivo, la
actividad económica en la zona (industrias asociadas, empleo, indirecto), etc.
La política de regadíos tiene un efecto multiplicador en la economía (1 ha de regadío produce seis veces más que 1 ha de secano), generando una renta 4 veces superior. Contribuye, asimismo, a la vertebración social y territorial de las
zonas rurales. Mejora la calidad de vida en el medio rural. Tiene una gran capacidad para generar empleo directo, triplicando al que genera el secano por término medio. Establece fijación de la población al medio rural reduciendo procesos de
despoblamiento. Hay que destacar, además, que tiene un efecto en la prevención de la erosión y desertización.
Los regadíos eficientes y sostenibles son un instrumento clave para el medio rural por su capacidad de generar valor añadido, ya que un riego sostenible dinamiza las producciones agrícolas, permite una mayor diversificación de cultivos e
impulsa el desarrollo de una agricultura moderna y competitiva.
Gracias al regadío, la agricultura es más moderna y competitiva y ofrece mayores oportunidades para los jóvenes, cuya incorporación a la actividad agraria contribuye a mantener un tejido productivo asociado a un medio rural vivo.
España es el primer país en superficie regada de la Unión Europea, con más de 3,7 millones de hectáreas, lo que supone el 22 % de la superficie cultivada y el 67 % de la producción vegetal. Cerca del 53 % de esta superficie es de riego
localizado, lo que sitúa a nuestro país como líder mundial en la implantación de este sistema y, en la última década, se ha logrado reducir el uso del agua para riego en un 15 %.
La modernización de regadíos es una cuestión clave para la sostenibilidad y el futuro de nuestra agricultura. Es necesario apostar por las nuevas tecnologías, la digitalización y la innovación, como elementos fundamentales para garantizar
la viabilidad de futuro del medio rural. El objetivo de la modernización de regadíos es optimizar el uso del agua y energía disponible, modernizar los sistemas de riego, reforzar la competitividad de las producciones y empresas agrarias, así como
la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las áreas regadas.
Recientemente, la Comisión Europea [SWD(2020)374] ha recomendado a España continuar con los esfuerzos por garantizar un uso sostenible del riego, mediante la modernización de las infraestructuras hidráulicas y los sistemas de riego
existentes.
Por todo ello, se debe trabajar en una política de regadíos que apueste por la mejora de la gobernanza, contribuyendo así a la coordinación y cooperación entre todas las administraciones y sectores implicados y diseñando las actuaciones a
realizar en el territorio nacional en base a criterios objetivos y que respondan a una planificación equilibrada y sostenible, que genere una mayor cohesión económica, social y territorial.
El Gobierno de España debe apostar por un regadío eficiente como elemento de desarrollo sostenible de la agricultura y elemento dinamizador del medio rural.
Dado que el agua es un bien escaso y que el cambio climático amenaza la ya de por sí irregular distribución en España, es necesario continuar con el proceso de planificación estratégica para contar con un moderno sistema de regadío en
España.
El fomento del uso de aguas no convencionales en la agricultura resulta de especial interés para España, ya que contribuye a varias de las políticas estratégicas del país: apoyo a la transición ecológica, contribución a la economía
circular, lucha contra el cambio climático, reto demográfico, política agroalimentaria y desarrollo rural sostenible.
También debe tenerse en cuenta que nuestro país es el que más superficie de regadío tiene en la Unión Europea y la necesidad de contar con fuentes de agua no convencionales resulta cada vez mayor. Se debe garantizar que las aguas
regeneradas sean seguras para el riego agrícola, de manera que se mantenga un alto nivel de protección de la salud humana y animal y del medioambiente.
Si bien es cierto que el uso de estas aguas no convencionales en la actualidad se encuentra más extendido en aquellas zonas donde el recurso es más limitado, se debe tender en todo el territorio hacia una gestión sostenible que implique no
solo atender las demandas de agua, sino también proteger las aguas superficiales y subterráneas, de modo que se mantengan en buen estado.
España cuenta con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que constituye un proyecto de inversión complementario en el sector agrario a la de la Política Agraria Común para el impulso de nuestro sector agrario. Incluye una
reforma y un plan de inversiones en materia de regadíos orientados a fomentar el ahorro del agua y la mejora y sostenibilidad de la eficiencia energética en los regadíos españoles. Este plan va a contar con una dotación económica de 563 millones de
euros, consignados ya los primeros 260 millones en los Presupuestos Generales del Estado 2021. Todo ello supondrá la mayor inversión en regadíos en lo que va de siglo por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Así mismo se debe
garantizar una correcta inversión de fondos de la Administración General del Estado para dar continuidad ahora y en el futuro a la política de regadíos de nuestro país.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a seguir apostando por una política de regadíos modernos y sostenibles que contribuyan a la adecuada gestión del agua como prioridad para garantizar nuestra producción alimentaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2021.-Manuel Gabriel González Ramos, Diputado.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002545
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D.ª. Magdalena Nevado del Campo, D. Rubén Darío Vega Arias, D. Luis Gestoso de Miguel y D. Manuel Mariscal Zabala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del
Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para incluir a los trabajadores del sector primario entre
los grupos prioritarios de la Estrategia de Vacunación contra la COVID-19 en España, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. El sector primario y agroalimentario es uno de los sectores estratégicos de la producción nacional española. En datos, España es el país con mayor proporción de PIB agrario de la Unión Europea. La agricultura, la ganadería y la
pesca desarrollan un papel fundamental en la economía de nuestro país y es una de nuestras principales fuentes de riqueza, pero además la contribución de estos sectores no es solo económica, sino también social, como actividades de fuerte presencia
y arraigo en el mundo rural, que pone de relieve su importancia para toda la sociedad española. Además, el sector agroalimentario español tiene una potencia y una proyección nacional e internacional que se debe fomentar.
Es más, desde que comenzó la epidemia de virus SARS-CoV-2 (COVID-19) originado en Wuhan (China), el sector primario ha mostrado su compromiso con la sociedad española, abasteciendo sin descanso a todos los españoles e incluso saliendo a la
calle con sus máquinas de tratamiento en fumigaciones de desinfección. Ante el nuevo paradigma de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, tenemos la obligación de fortalecer la soberanía alimentaria y de proteger a quienes nos dan de comer.
Segundo. Durante mucho tiempo la principal preocupación sanitaria, al margen de contener la expansión del virus, fue impulsar la investigación y encontrar una vacuna frente al virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
Hasta la fecha la Unión Europea ha autorizado, basándose en los estudios de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), el uso de cuatro vacunas contra la COVID-19. La primera de ellas fue la que desarrollaron BioNTech/Pfizer (21 de diciembre
de 2020), la segunda la de Moderna (6 de enero de 2021) y después la de Vaxzevria/AstraZeneca (29 de enero de 2021) y Johnson & Johnson/Janssen Pharmaceuticals (11 de marzo de 2021) 79. Además, la Unión Europea ha celebrado dos contratos
(Sanofi-GSK y CureVac) y dos conversaciones exploratorias (Novavax y Valneva) que permitirán la adquisición de sus vacunas cuando se haya demostrado que son seguras y eficaces.
Tercero. El 26 de diciembre de 2020 llegó a España la primera remesa de vacunas contra la COVID-19 aprobadas por la Unión Europea (BioNTech y Pfizer), y al día siguiente se comenzó con la primera de las tres etapas de la Estrategia de
vacunación frente a COVID-19 en España 80.
Tal y como recuerda el Ministerio de Sanidad, esta Estrategia es 'un documento vivo', por lo que se irán realizando actualizaciones como, por ejemplo, ha ocurrido con la reestructuración de los grupos 5-C (personas vulnerables por su edad,
no residentes de centros de mayores, entre 66 y 69 años), 7 (personas con condiciones de muy alto riesgo) y 8 (personas entre 60 y 65 años) en función de la evolución sanitaria y el número de dosis disponibles.
La Etapa 1, dirigida a grupos prioritarios, distribuye las primeras dosis disponibles priorizando ordenadamente los siguientes grupos de población: los residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y
con discapacidad; el personal sanitario de primera línea; otro personal sanitario y sociosanitario; y grandes dependientes no institucionalizados 81.
La Etapa 2, orientada a otros grupos prioritarios, prioriza a las personas entre 46 y 79 años (en varias horquillas) y a los mayores de 80 años, además de a otro personal sanitario y sociosanitario, trabajadores con una función social
esencial 82.
Finalmente, la Etapa 3, enfocada al segmento resto de grupos prioritarios, está pendiente de anunciar por parte del Gobierno de España 83.
79 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavims-response/safe-covid-19-vaccines-europeans es
80 Estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad. Actualización 6 [20 de abril de 2021]. Recuperado de:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covidl9/docs/COVlD-19 Actualizacionó EstrategiaVacunacion.pdf
81 https://www.vacunacovid.gob.es/
82 https://www.vacunacovid.gob.es/
83 https://www.vacunacovid.gob.es/
Fuente: Ministerio de Sanidad 84
Por ese motivo, estima necesario que en la campaña de vacunación frente a la COVID-19 se incluya en la Etapa 2 como grupo prioritario a los agricultores, ganaderos, pescadores y otros trabajadores del sector alimentario que deseen vacunarse
con base en los siguientes motivos:
- Estratégico: Debemos ofrecer a nuestro sector primario, tan castigado en los últimos años, soluciones que les permitan continuar con su trabajo en las condiciones sanitarias adecuadas. Procediendo a su vacunación prioritaria se disminuye
el riesgo de contagio y se garantiza que la cadena agroalimentaria no se paralice.
- Laboral: Las propias condiciones de trabajo en los invernaderos, en un entorno cerrado con condiciones termohigrométricas particulares favorecen la generación de aerosoles. Las altas temperaturas alcanzadas en estas estructuras
dificultan el uso de mascarilla. Además, carecen en numerosos casos de servicios higiénicos tales como duchas o lavabos, por lo que se hace aún más necesario extremar las medidas para minimizar el riesgo de transmisión de la COVID-19. El sector
pesquero no atraviesa menos dificultades, desde olas que salpican constantemente las mascarillas a la convivencia de los tripulantes durante jornadas de trabajo en embarcaciones pequeñas, imposibilitándose el mantenimiento de las correctas medidas
de seguridad.
- Poblacional: La mayor parte de las explotaciones agrarias en España se ubican en zonas rurales cuya población está notablemente envejecida, es decir, existe un mayor riesgo sanitario en dichos territorios que en otros.
Cuarto. El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reconocido el trabajo conjunto del sector durante la crisis sanitaria, recalcando que constituye ''uno de los tres pilares básicos del funcionamiento de España', y ha animado a la
sociedad civil a apoyar a agricultores, ganaderos, pescadores y al conjunto de la cadena alimentaria (...) ya que 'con su trabajo y sacrificio diario abastecen de alimentos y bebidas al conjunto de la población'. Iniciativa, ha apuntado, que
contará con el apoyo del Gobierno.
84 https://www.vacunacovid.gob.es/
Este sector es considerado estratégico conforme al artículo 15 del Real Decreto 463/2020, que declara el estado de alarma, y que establece que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento alimentario'
85.
Además, actualmente el sector primario está contemplado en la Ley 4/2021, de 12 de abril, por la que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin
de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra la COVID-19 86 como sector esencial.
Por tanto, debido a la importancia del sector primario como sector estratégico nacional, y como 'garante de la cadena de abastecimiento alimentario', han de cumplirse los compromisos asumidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que éste continúe con su esencial labor.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incluir a los trabajadores del sector primario que deseen vacunarse como grupo prioritario con preferencia sobre otros subgrupos de la misma etapa en la Estrategia de Vacunación contra la COVID-19 en España.
2. Agilizar en la medida de lo posible las vacunaciones para que éstas lleguen al sector agroalimentario antes de las campañas de recolección.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
161/002549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Xavier Eritja Ciuró y la Diputada Inés Granollers Cunillera, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre Inclusión de Catalunya dentro de los ámbitos donde se da cobertura a los daños provocados por el Mildiu a la uva de vinificación, para su debate en instancia en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El Mildiu es una enfermedad peligrosa que ataca a la viña, causada por el hongo Plasmopara vitícola, y actúa tanto en las hojas como en la uva. La infección primaria suele producirse en la primavera, con temperaturas superiores a 10-12 °C,
lluvias superiores a 10 mm y, cuando los brotes de la viña tienen entre 10 y 15 cm. Posteriormente, durante todo el periodo vegetativo, en la medida que la temperatura, la humedad relativa, la humedad de las hojas y las lluvias son favorables,
nuevas esporas propagan la enfermedad (contaminaciones secundarias).
Los Viticultores hacen tratamientos preventivos para combatir esta y otras enfermedades a las que se expone el cultivo de la Uva. Aun así, durante la temporada 2020, las condiciones meteorológicas aumentaron el riesgo de infección y
propagación hasta niveles no habituales en algunos territorios, como el de Catalunya. Las afectaciones han sido heterogéneas según los territorios, zonas y variedades. Más aún, hay Viticultores que han perdido toda la cosecha. Sin tener todavía
datos oficiales de la afectación total de superficie, se prevé una pérdida media de uva entre el 20 y el 35 % de la cosecha.
Especialmente graves han sido las consecuencias, que ha tenido el ataque de Mildiu, en las explotaciones destinadas a la viticultura ecológica. Esto es, la limitación de la empleabilidad de productos fitosanitarios ha provocado que la
afectación en la cosecha sea mayor, con porcentajes mucho más altos
85 Nota de prensa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 19 de marzo de 2020. Recuperado de: https://www.mapa.gob.es/es/prensa/2003191planasvideoconferenciacoronavirus tcm30-536553.pdf
86 https:/www,boe.es/buscai7doc.php?id=BOE-A-2Q21-5772
en cuanto a pérdida de recolección. Esto representa un grave problema, especialmente en un momento donde se está haciendo un esfuerzo importante al implementar la agricultura ecológica en las explotaciones agrarias del Estado español.
Todavía cabe señalar, las ayudas extraordinarias que, desde la Generalitat de Catalunya y a través del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, se han puesto a disposición de los agricultores afectados por el Mildiu, a las
que se han podido acoger colectivos de viticultores que han tenido una reducción de la producción de un mínimo del 35 %, respecto de la campaña anterior.
Una de las herramientas que tiene el sector agrícola, para protegerse de las pérdidas causadas a sus diferentes explotaciones, es acceder a la contratación de un seguro que otorgue cobertura a las pérdidas causadas por diferentes motivos.
En el Estado español existe una estructura de seguros agrarios formado por el Estado a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) y el Consorcio de Compensación de Seguros
(CCS). Así mismo, participan también los diferentes territorios del Estado, las Organizaciones Profesionales Agrarias y las Entidades de Seguros privadas.
Es evidente que el Estado tiene un rol esencial y principal en los seguros a través de ENESA, DGSFP y CCS. Los seguros se contratan a través de la empresa Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados S.A
(AGROSEGURO), que está formada por un pool de compañías de seguros. Y uno de los seguros que ofrece es por 'Uva de vino en Península y Baleares'.
El pasado 18 de septiembre de 2020 se publicó en el BOE N.º 249, la Orden APA/858/2020, de 9 de septiembre, por la que se 'definen los bienes y rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación,
los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro base con garantías adicionales para uva de vinificación en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el cuadragésimo primer
Plan de Seguros Agrarios Combinados'. Además, en esta Orden se establecen las condiciones del seguro por el próximo año 2021. En el Anexo I aparecen los daños cubiertos por cada uno de los riesgos según ámbitos y variedades. Como puede observarse
en la imagen 1, en el apartado donde aparece el Mildiu aparecen los ámbitos donde se da cobertura en caso de dicha plaga:
Imagen 1. Anexo I. Daños cubiertos para cada riesgo según ámbitos y variedades
ANEXO I
Daños cubiertos para cada riesgo según ámbitos y variedades 87
Riesgos cubiertos;;Daños cubiertos;Ámbitos;Variedades
Pedrisco y helada.;;Cantidad.;La totalidad del ámbito de aplicación definido en el artículo 1.;Todas.
;;Calidad.;Parcelas inscritas en Denominaciones de Origen reconocidas y Vinos de Pago.1;Las permitidas para cada Denominación de Origen y vino de Pago correspondiente, así como las parcelas de viñedo de características específicas.
Marchitez fisiológica.;;Cantidad.;La totalidad del ámbito de aplicación definido en el artículo 1.;Bobal.
Riesgos excepcionales.;Mildiu.;Cantidad.;Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Illes Balears, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunitat Valéncia/Valenciana.;Todas.
;Resto.;Cantidad.;La totalidad del ámbito de aplicación definido en el artículo 1.;Todas
Resto adversidades climáticas.;;Cantidad.;La totalidad del ámbito de aplicación definido en el artículo 1.;Todas
Fuente: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Orden APA/858/2020, de 9 de septiembre, por la que se definen los bienes y rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro base con garantías adicionales para uva de vinificación en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros
Agrarios Combinados.
87 En las parcelas de viñedo de características específicas se deberán cumplir las condiciones que figuran en el anexo VI.
Catalunya ha sido excluida en el 'Ámbito', por el cual se cubren los daños provocados por el Mildiu, a pesar de que el daño que han sufrido las cosechas por la plaga durante el 2020 es un perjuicio que debería contemplarse como un riesgo
excepcional. Esto es, si bien hay ataques de Mildiu anuales, la capacidad de respuesta del sector, a través de las ADV's, ha permitido controlarlo. No obstante, la incapacidad de respuesta y control de la plaga durante el período de cosechas del
2020 lo convierte en un daño excepcional. Por consiguiente, se infiere necesario la inclusión en el seguro de Catalunya, puesto que lo contrario representa un agravio hacia los viticultores de Catalunya, quienes ven que no pueden asegurar sus
explotaciones ante pérdidas debidas al hongo del Mildiu.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a modificar el Anexo 1 del Orden APA/858/2020, de 9 de septiembre de este año, a fin de incluir Catalunya dentro de los ámbitos donde se da cobertura a los daños provocados por el
Mildiu.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2021.-Xavier Eritja Ciuró e Inés Granollers Cunillera, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/002521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a cubrir los
puestos vacantes en la Administración General del Estado en Cataluña y a crear un incentivo económico que favorezca su cobertura para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
A lo largo de los años la presencia institucional del Estado en Cataluña ha ido disminuyendo paulatinamente. Disminución que ha ido en paralelo con el aumento competencial y representativo de la Generalitat.
Poco a poco se está 'dejando morir' la Administración del Estado por falta de personal.
A la escasez de funcionarios se suma también en envejecimiento de la plantilla. Al igual que en el resto de España, el 50 % de los empleados públicos se encuentran en una horquilla entre los 50 y 59 años de edad, siendo la edad media en la
Seguridad Social de 58 años.
Cataluña se ha convertido en una Comunidad Autónoma de difícil cobertura de las vacantes debido a varias circunstancias como la carestía de la vida, el idioma y el hostigamiento producido por el entorno separatista hacia todo lo que sea
representativo del Estado.
Todo ello provoca que casi nadie pida un traslado a Cataluña y que los pocos funcionarios de nuevo ingreso que llegan concursen en cuanto puedan a plazas de otros lugares de España.
La carestía de la vida se traduce, entre otras facetas de la vida cotidiana, en la incomodidad y falta de intimidad de tener que compartir un piso varios funcionarios por los altos precios de los alquileres.
Por otra parte, los empleados que tienen hijos en edad escolar no quieren trasladarse a Cataluña por la dificultad que supone estudiar exclusivamente en catalán, ya que no se respeta el bilingüismo en la enseñanza por parte de las
autoridades educativas.
El entorno separatista hostil, amparado y fomentado por la Generalitat, tampoco favorece que se cubran las vacantes en la Administración del Estado.
En Cataluña nunca ha habido tradición de opositar a la Administración General del Estado porque es más rentable hacerlo para la Generalitat en donde los salarios son hasta un 30 % más elevados (ejemplos de salarios medios: un nivel 28-A1 en
en la AGE 40.800, en la Generalitat 61.642; un nivel 26-A2 en la AGE 33.931, Generalitat 46.805; nivel 22-C1 en la AGE 21.356, Generalitat 25.692; un nivel 18-C2 en la AGE 17.630, en la Generalitat 20.678).
Es habitual que en las convocatorias de los concursos para las coberturas de las vacantes haya puestos de trabajo que queden desiertos, al resultar poco atractivos por lo explicado.
La falta de funcionarios tiene como consecuencia inmediata una acumulación excesiva de trabajo que hace que no se presten los servicios públicos con la diligencia debida. Esto tiene unas repercusiones negativas tanto para los ciudadanos,
como para los funcionarios por el estrés que supone esta sobrecarga y porque suelen ser los que sufren en primera persona las quejas de la gente.
Existen organismos en los que solo cuentan con un funcionario (por ejemplo ,el abogado del FOGASA de Gerona tiene que cerrar la oficina cuando asiste a un juicio), las oficinas de Extranjería, las oficinas de Registro, el Área de Educación y
resto de Áreas Funcionales de la Delegaciones del Gobierno, los Puestos de Inspección Fronteriza (PIF), las oficinas de la DGT, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el SEPE, etc., son ejemplos de
Organismos que prestan y gestionan servicios públicos de primer orden y que se encuentran absolutamente colapsados por el incremento de trabajo y por la escasez y envejecimiento de sus plantillas.
Ante estos graves problemas se ponen parches a través de las contrataciones de interinos, lo que favorece la precariedad laboral y la falta de continuidad en el funcionamiento de los servicios públicos. No se adoptan medidas que den
estabilidad y permanencia en las plantillas de la AGE en Cataluña.
Cada vez que existe una deficiencia en un servicio público del Estado debido a la tardanza en la prestación, es casi inmediato el ofrecimiento de la Generalitat en asumir la competencia, por tanto es del todo necesario potenciar la AGE ya
que de esta forma se potencia la presencia institucional del Estado.
En Cataluña de forma paulatina está despareciendo en una parte de la población el sentimiento de 'pertenencia' a España, debido al carácter residual del Estado, alimentando la ficción de que la ubicación 'natural' de Administración del
Estado es Madrid cuando la administración estatal es una administración tan catalana como la autonómica o la local.
En nuestro Grupo Parlamentario creemos necesario que se establezca un incentivo económico para los puestos de la AGE en Cataluña, como ya existe para otras zonas de España de difícil cobertura, como en la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares y en las ciudades de Ceuta o Melilla. Es necesario favorecer la presencia de los empleados públicos en los territorios en los que se detecta una mayor dificultad para la cobertura de vacantes de tal forma que con esos incentivos se consiga
mantener un mayor grado de ocupación y una mejor prestación de los servicios públicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Cubrir las plazas vacantes en la Administración General del Estado en Cataluña por la grave escasez de funcionarios para evitar la sobrecarga actual de los organismos públicos estatales en esa Comunidad y para favorecer una prestación
eficaz, ágil y eficiente de los servicios públicos encomendados.
- Crear un incentivo económico para los puestos de trabajo de la AGE en Cataluña para conseguir mantener un mayor grado de ocupación y favorecer la permanencia de los empleados públicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2021.-Llanos de Luna Tobarra, Carlos Rojas García y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a reducir la
temporalidad del empleo público para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
En la comparecencia del pasado mes de noviembre, con motivo de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, el ex Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública afirmó que existía una gran temporalidad en el
empleo público, con mayor incidencia en las Comunidades Autónomas y en las Entidades Locales.
Por lo que respecta a las CC.AA., los niveles alcanzan a un 36,6 %, siendo los sectores más afectados: Educación con un 36 %, Sanidad con un 45 % y Justicia con un 22 %.
En cuanto a los EELL la temporalidad está en cifras del 12,48 %.
En el ámbito de las Universidades también nos encontramos con cifras escandalosas, siendo el empleo temporal en este sector de un 40,68 %.
En el II Acuerdo de Estabilización y Consolidación del Empleo Público alcanzado en marzo de 2018 por el Gobierno del Partido Popular con los Sindicatos mayoritarios de la función Pública (CSIF, CCOO y UGT) se estableció que la tasa de
temporalidad no debía sobrepasar el límite del 8 % del total de las plazas públicas y que durante los tres años siguientes se llevaría a cabo el proceso para dotar de estabilidad los puestos ocupados de forma interina o temporal.
También se acordó que la manera de llevarlo a cabo sería mediante las convocatorias del procedimiento del 'Concurso-oposición'.
Con este proceso selectivo se garantiza el cumplimiento de los principios constitucionales de la libre concurrencia, igualdad , mérito, capacidad y publicidad al tiempo que permite que en cada una de las Administraciones Públicas convocantes
pueda ser objeto de negociación colectiva la valoración, en la fase de 'concurso', de los méritos que se establezcan y, entre ellos, el poder puntuar el tiempo de servicio prestados a la Administración, para de esa forma llegar a consolidar el
empleo que se ocupa de forma temporal y precaria.
Establecer en las administraciones procesos selectivos conforme a los principios constitucionales que eviten la temporalidad, establecer criterios objetivos, que cumplan los citados principios en los procesos de estabilización del empleo
temporal existente, permitirán un mayor control de las corruptelas en materia de personal.
En ningún caso la estabilización y consolidación del empleo temporal supone aumento del gasto público de las administraciones, dado que los puestos ocupados de forma temporal o interina ya están dotados presupuestariamente. No aumenta el
gasto y tampoco el personal al servicio de las administraciones.
Entendemos que este proceso destinado a conseguir que miles de empleados públicos obtengan finalmente un empleo estable y evitar que su ejecución se siga demorando debe de ser promovido y controlado por una única autoridad, el Ministerio de
Política Territorial y Función Pública, al que debe de atribuírsele la responsabilidad de impulsarlo.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública debe, por tanto, impulsar activamente este proceso para garantizar la consolidación del empleo público debiendo requerirá las distintas Administraciones la remisión de la información
sobre las plazas que ya han sido estabilizadas y las que quedan por estabilizar, así como solicitarles un cronograma de la realización de los procesos selectivos para que se lleven a cabo como máximo antes de 31 de diciembre de 2022.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que a través del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, promueva e impulse el proceso de estabilización y consolidación del empleo público temporal, requiriendo del resto de Administraciones Públicas, Autonómica y Local,
la convocatoria de los puestos ocupados de forma temporal o interina.
2. Que a través del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, garantice que las convocatorias de los correspondientes procesos selectivos de los 'concurso-oposición', por parte de las administraciones autonómicas y locales,
estén ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2021.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2021.-Llanos de Luna Tobarra y Carlos Rojas García, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el suministro de materias primas críticas para su debate en
la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
En septiembre de 2020 la Comisión Europea publicó la Comunicación sobre Materias Primas Fundamentales. En ella se pone de relieve la alta vulnerabilidad de la Unión Europea respecto del suministro de materias primas de carácter esencial. A
modo de ejemplo, el 98 % de las tierras raras que importa la UE proviene de China, el 98 % del borato de Turquía o los numerosos metales del grupo del platino de los que dependemos de Sudáfrica. Una nota positiva es la condición de España como
principal productor mundial de estroncio, lo que garantiza la seguridad de suministro para toda la UE.
Los ambiciosos objetivos climáticos del Pacto Verde Europeo y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética suponen un reto adicional en la gestión de materias primas. La progresiva electrificación del sistema energético y el parque
móvil conlleva un notable incremento tanto de la demanda de las materias primas necesarias para la elaboración de baterías y otros componentes, como de la dependencia de las mismas.
El caso del litio resulta paradigmático. Se trata de un componente indispensable en la gran mayoría de las baterías que dominan actualmente el mercado, pero el 78 % es importado de un único país: Chile. La buena relación con el país
transandino no reduce en absoluto la necesidad de diversificar en la medida de lo posible la importación de litio y otras materias primas y reducir, así, los riesgos.
En la misma línea se expresa la Revisión de la Política Comercial de la Unión Europea culminada en febrero de 2021: 'Para que la UE refuerce su resiliencia y apoye la competitividad de sus variados sectores económicos, necesitamos asegurar
un acceso abierto y sin distorsiones a los mercados internacionales, incluyendo acceso a nuevos mercados y flujos comerciales abiertos para el beneficio de tanto nuestra industria como nuestros trabajadores y ciudadanos'. En este contexto, cobran
especial importancia los esfuerzos por poner en marcha proyectos de extracción de materias primas fundamentales en territorio comunitario no dependientes de los vaivenes de la política exterior.
La ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, en particular, de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE), corre el riesgo de no lograr la resiliencia buscada de nuestra
economía si no se asegura también un suministro de las materias primas más importantes. Más al contrario, potenciar industrias estratégicas de alto valor añadido (baterías, placas fotovoltaicas, componentes electrónicos...) sin la correspondiente
potenciación de la obtención segura de las materias primas necesarias puede tener el efecto indeseado de aumentar nuestra dependencia y, en consecuencia, volver nuestra economía menos resistente a shocks externos de lo que es ahora.
Finalmente, la transición de la economía a un modelo descarbonizado requiere el fomento, en la medida de lo posible y razonable, de una producción de mayor proximidad que reduzca la importación innecesaria de materias primas de otros
continentes cuando existe una alternativa más cercana igual de eficiente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la diversificación en la importación de materias primas críticas.
2. Facilitar la exploración y explotación de yacimientos nacionales de materias primas críticas como medida para reducir la elevada huella de carbono, así como el riesgo geopolítico que supone su importación.
3. Con el fin de crear sinergias, garantizar su resiliencia y dar la máxima viabilidad a largo plazo de los PERTE, priorizar la aprobación combinada de proyectos de producción industrial con el correspondiente proyecto de obtención de
materias primas en territorio nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/002528
A la Mesa del Congreso
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para priorizar
dentro de la Estrategia de vacunación frente a COVID-19 la especial situación de riesgo y especificidad de las personas con enfermedades raras y sin diagnóstico, para su debate en la Comisión de Sanidad.
Exposición de motivos
La Estrategia de vacunación frente a la Covid-19 en el Estado español, desarrollada a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, determina un proceso de administración de la vacuna contra el SARS-CoV-2 dividida en
diferentes criterios de edad y exposición.
La Covid-19 ha llevado a tres millones de personas con enfermedades raras o sin diagnóstico en España a una situación de mayor vulnerabilidad. Según la Federación Española de Enfermedades Raras esta situación se debe a que las personas con
enfermedades raras han constituido siempre un colectivo de alto riesgo al convivir con patologías genéticas, crónicas, multisistémicas y degenerativas en gran parte de los casos.
A esta realidad se suman ahora las consecuencias de la pandemia, lo cual ha agravado aún más su situación. Solo en la primera ola, el 91 % del cuidado de las enfermedades raras se vio interrumpido; esto incluye pruebas de diagnóstico,
tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas.
Un año después, muchas familias continúan confinadas por miedo al contagio y al desconocimiento de las posibles interacciones del virus o de la propia vacuna con la patología con la que conviven, que preocupan al 73 % del colectivo. El
proceso de vacunación supone una esperanza de futuro, pero los problemas del colectivo se han perpetuado y han generado situaciones de desconcierto.
Es por ello, que es urgente determinar en qué casos la vacunación puede ser un alivio a la angustia que padecen estas personas y/o sus cuidadores, a pesar de que todas las personas debemos mantener las medidas de precaución. También se debe
considerar a las personas con enfermedades raras y sin diagnóstico que comporten especial vulnerabilidad frente a la Covid-19, especialmente aquellas que conlleven alteraciones significativas de la función cardiaca y respiratoria, dentro de los
grupos de personas especialmente vulnerables. Garantizar y acelerar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que precisan estas personas y que se están viendo afectados por la emergencia sanitaria.
Actualmente, varios Estados miembros de la Unión Europea están estableciendo prioridades en los programas de vacunación para grupos específicos de pacientes, incluidos los que tienen enfermedades raras. Es el caso de Francia, que ha
incluido específicamente las enfermedades asociadas a malformaciones en la caja torácica como grupo prioritario de vacunación.
Sin duda alguna, cabe celebrar la priorización aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado 3 de marzo en el que se confirmó la priorización en la vacunación a personas trasplantadas, personas con
enfermedad renal crónica que tienen que realizar diálisis, pacientes oncológicos en tratamiento o pacientes con inmunodepresión.
Ahora, instamos a dar continuidad a este paso, estudiando con la Federación Española de Enfermedades Raras qué patologías dentro de las consideradas enfermedades raras, suponen un riesgo añadido, ya sea por razones de salud o de aislamiento
social e iniciar la vacunación prioritaria de estos colectivos más vulnerables, así como de sus cuidadores.
Desde la Federación Española de Enfermedades Raras, haciéndose eco de las preocupaciones de las 385 organizaciones que la conforman, han instado al Gobierno de España a tomar en consideración la especial vulnerabilidad de gran parte de las
personas con diversas enfermedades raras en la administración de la vacuna frente a la Covid-19 del grupo 4 de grandes dependientes.
Si bien los grandes dependientes y sus cuidadores profesionales están contemplados en este grupo, aún queda pendiente definir qué ocurre con aquellos cuidadores de menores de 16 años con enfermedades graves, pero no certificados como grandes
dependientes o que no son profesionales; una realidad que afecta especialmente a las personas con enfermedades raras donde existe una gran heterogeneidad de síntomas. Y es que la acción de los cuidadores de personas con enfermedades raras, en
muchos casos, es insustituible y debe ser tenida en consideración.
Por todos los motivos expuestos, proponemos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Priorizar dentro de la Estrategia de vacunación frente a la COVID-19 del Ministerio de Sanidad a las personas con enfermedades raras y sin diagnóstico que comporten especial vulnerabilidad frente a la COVID-19, especialmente aquellas que
conlleven alteraciones significativas de la función cardiaca y respiratoria.
2. Realizar un estudio en sintonía con la Federación Española de Enfermedades Raras con el fin de determinar qué patologías dentro de las consideradas enfermedades raras, suponen un riesgo añadido, ya sea por razones salud o de aislamiento
social.
3. Establecer los canales de comunicación e información necesarios para reducir la incertidumbre de las familias, que ya viven en una situación de aislamiento y desinformación derivado de la propia enfermedad con la que conviven.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2021.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/002541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para
su debate y aprobación en Comisión de Sanidad y Consumo, relativa a la compra y liberación de las patentes de vacunas anti-Covid-19.
Exposición de motivos
La pandemia pone de relieve que las cosas esenciales para la vida no pueden tratarse como un bien de mercado. Aunque tenemos la posibilidad de crear vacunas, el principal problema con el que nos encontramos es referente al volumen de
producción y a la opaca distribución por países. Esto establece una clara relación de incompatibilidad entre la dinámica lucrativa de la realidad empresarial y la apremiante necesidad de vacunar a la población mundial.
Para entender cómo hemos llegado a este impasse político en la gestión de una problemática que debería generar consensos, hay que señalar la tendencia que el proyecto europeo ha tenido hasta el momento. En este sentido, pese a que la base
de investigación necesaria para crear la vacuna ha corrido a cargo de fondos públicos, la Unión Europea decidió financiar con dinero público a la industria farmacéutica privada para que pudiera efectuar la producción de vacunas. Se han negociado y
se están negociando contratos multimillonarios y secreto; sin embargo, pese a toda esta inversión, por el momento la industria está siendo incapaz de producir a la velocidad necesaria, sin mencionar la opacidad en las negociaciones y trasiegos de
vacunas de unos países a otros.
La dinámica de libre mercado y de la libre competencia con la que opera la UE ha prevalecido sobre su función como espacio social unificado. Europa ha sido capaz de generar 'atractivos' mercados de inversión, sin embargo, no ha resultado
funcional cuando se trata de afrontar crisis económicas, sociales,
políticas o sanitarias como la actual. La condición identitaria de ser un gigante económico hace difícil la colaboración comunitaria interna para afrontar problemáticas de gran envergadura, porque la cooperación por el interés general no
está en su diseño estructural, ni en sus prioridades.
En este contexto, se están enfrentando por una parte los intereses de la gran industria farmacéutica y empresas de tecnología y, por otra parte, el interés de la ciudadanía europea.
Los dirigentes de la UE han decidido financiar con dinero público a la Big Pharma y, al mismo tiempo, permiten a determinadas empresas farmacéuticas mantener la exclusividad de las patentes, es decir, la propiedad intelectual, lo que impide
la producción masiva de vacunas por parte de los Estados. Se antepone así el beneficio multimillonario de las empresas al interés general y la producción masiva de un medicamento esencial.
La defensa de la industria privada frente al bienestar de los ciudadanos es un comportamiento que casa con la tendencia neoliberal que ha dominado la forma de gestionar diferentes crisis. La Comisión Europea, en épocas no muy lejanas,
defendió la reducción del gasto público y lo recomendaba así a todos los países. En cambio, también se han escuchado voces contrarias a este planteamiento como la del eurodiputado Marc Botenga, quien denunciaba que, a pesar de que Europa ha
financiado con dinero público las vacunas, la propiedad intelectual es 100 % propiedad de la empresa privada, lo que permite que la farmacéutica controle y decida sobre la producción y el número de dosis. A este eurodiputado se le permitió
consultar durante cincuenta minutos de reloj, bajo supervisión, y tan solo con lápiz y papel, el contrato de la Unión Europea con la farmacéutica alemana Curevac. Este comportamiento poco transparente y excesivamente protector con la industria
farmacéutica explica en gran medida porque el contenido de los contratos es secreto.
El Parlamento Europeo ha visibilizado esta problemática, ya que 115 eurodiputados han propuesto a la Comisión Europea y a los miembros del ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio), de la OMC (Organización mundial del comercio), que todos los países puedan producir vacunas.
Entre los criterios de 'patentabilidad' del Acuerdo sobre los ADPIC, se establece en el artículo 27 que los Gobiernos pueden excluir de patentabilidad 'los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o
animales'. Asimismo, algo que no aparece en los acuerdos de la ADPIC pero que se incluye en el artículo 31 con la expresión 'otros usos sin autorización del titular de los derechos', es que los gobiernos también pueden dar 'Licencias Obligatorias',
un permiso que da un gobierno para producir un producto patentado sin el consentimiento del titular de la patente. Así pues, vemos que ADPIC contempla la situación de liberar patentes en las circunstancias que los gobiernos consideren que deben
hacerlo.
Existen además varias iniciativas en el seno de la UE, como la Right2Cure, que están recogiendo un millón de firmas solicitar la apertura de las patentes. También la OMS y Médicos sin Fronteras lo piden, así como países como la India o
Sudáfrica. En este sentido, el director general de la OMS afirmó que 'es el momento de usar todas las herramientas para aumentar la producción, lo que incluye la transferencia de licencias y la exención de los derechos de propiedad intelectual'.
El director general dio este apoyo a tres días de que se debatiera nuevamente en el Consejo General de la OMC la iniciativa lanzada por India y Sudáfrica, a la que se opusieron EEUU, Australia, Noruega, Suiza, Brasil, Canadá, Japón, GB y la propia
UE.
La OMS también ha pedido que no se hagan compras unilaterales mediante acuerdos con las farmacéuticas (como ha sido el conocido caso de Israel). En este sentido y siguiendo con una actitud estrictamente contraria a cualquier medida adoptada
por el Gobierno de España y la UE, la Comunidad de Madrid procura adquirir vacunas rusas en solitario en el mercado internacional. La vacuna rusa Sputnik V es conocida por no haber sido aprobada por la Agencia Española del Medicamento, lo que
podría poner en juego la salud de miles de madrileños y madrileñas y desestabilizar los planes de compra masiva. Sin embargo esta remesa de vacunas para Madrid, negociada a espaldas del Gobierno y de la UE, ha sido tratada por el compromisario de
la candidatura de Pablo Casado en las primarias del Partido Popular, Pedro Mouriño, poniendo una vez más intereses particulares por encima de intereses comunes.
Por su parte, el Gobierno madrileño ha señalado que no llegan suficientes vacunas, aunque ha abierto un nuevo centro de vacunación en el WiZink Center de Madrid, incurriendo en otra abierta contradicción. Sin embargo, la vacunación en la
Comunidad de Madrid está teniendo serios problemas no solo por la falta de contratación de personal, sino también por las lamentables medidas tomadas (como cerrar los centros de salud durante festivos), que alejan a la Comunidad de Madrid del
objetivo de vacunación a la población mayor de 80, situándose a 11 y 38 puntos por debajo de los objetivos de primera y segunda vacunación para el mes de marzo respectivamente.
Para estar a la altura del momento, se requiere una verdadera cooperación europea, y eso pasa por tener una estrategia conjunta, dirigida por los Estados. No podemos volver a incurrir en los errores cometidos durante el último año, cuando
cada Comunidad Autónoma o región europea fracasaron al salir a buscar soluciones individuales en el mercado internacional.
El proyecto europeo tiene que virar en su trayectoria, de forma que tenga capacidad para responder las cuestiones que la pandemia ha puesto encima de la mesa y que requieren de respuesta conjunta. Nos hemos enfrentado a un problema global
que ha causado un gran número de muertes. Esto nos obliga a replantearnos nuestras prioridades y a modificar nuestra forma de interactuar con nuestro entorno.
Por tanto, debemos evitar la dispersión en la compra de vacunas y asumir, como parte del bloque comunitario, que tenemos capacidad para pedir la suspensión de la exclusividad de las patentes y facilitar la producción de vacunas por parte de
los diferentes Estados europeos, porque nuestra capacidad para vencer al virus depende de ello.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Instar a la Unión Europea, a unirse a la solicitud de apertura de patentes llevada a cabo por India y Sudáfrica en el seno de la OMC, con miras a la liberalización de las patentes de las vacunas anti-Covid-19 mientras dure la pandemia,
con el objetivo de facilitar la producción de estas vacunas por parte de los Estados.
2. Exigir, en el seno de la Unión Europea, a que se inste a la Agencia Europea del Medicamento a tomar una decisión de forma inmediata sobre la autorización de todas las vacunas contra la Covid-19 disponibles, con el objetivo de salvar el
mayor número de vidas posible y, de esta manera, evitar que la enfermedad se convierta en endémica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2021.-Rosa María Medel Pérez y María Márquez Guerrero, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002496
Mediante escrito de fecha 5 de mayo de 2021 se ha retirado por el Grupo Parlamentario VOX la Proposición no de Ley relativa a promover las modificaciones legales oportunas para incluir al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
en la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 270, de 12 de mayo de 2021.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/002516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reconocer las competencias del
Grado en Biotecnología para su inclusión en las convocatorias públicas de empleo y becas de formación y posgrado del ámbito científico, sanitario, educativo, universitario, de investigación, etc., de las administraciones públicas, para su debate en
la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define la Biotecnología como la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos así como a partes, productos y modelos de los mismos, para alterar
materiales vivos o no, con el fin de producir conocimientos, bienes o servicios. Así pues, la Biotecnología está presente en multitud de actividades, públicas y privadas, como la industria farmacéutica, agroalimentaria, médica, etc. Es evidente
que, en la actual crisis sanitaria, cobra especial relevancia en el desarrollo de vacunas, terapias y métodos diagnósticos para la lucha contra el COVID-19.
En España, según el informe de la Asociación de Bioempresas (ASEBIO), las empresas que desarrollan actividad biotecnológica constituyen ya el 8,6 % del PIB, alcanzando más de 930.000 empleos.
A partir del Real Decreto 1285/2002, de 5 de diciembre, se creó el título oficial de Licenciatura en Biotecnología (más tarde Grado en Biotecnología). A pesar de la transdisciplinaridad del perfil del biotecnólogo y de la importancia del
sector en la economía española, el colectivo se encuentra en una falta de reconocimiento profesional. En los últimos años, se ha ido avanzando en la implantación de su perfil profesional, como lo demuestra la inclusión del biotecnólogo en las
convocatorias públicas de Biólogo Interno Residente (BIR) o de Químico Interno Residente (QIR). Un hito remarcable fue la inclusión de la profesión de biotecnólogo en el Servicio Estatal Público de Empleo, en junio de 2018, gracias a la Proposición
no de Ley (expediente 161/003250) presentada por el Partido Popular y aprobada por unanimidad en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
A pesar de ello, aún son muchas las ofertas públicas de empleo en las que no se incluye a biotecnólogos, aunque sean competentes para ello. A continuación, se citan algunos ejemplos de esta evidente carencia:
- Resolución de 2 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Función Pública para la que se convocan plazas públicas de Empleo a Técnico Superior de la Generalitat en el Institut Valencia d'lnvestigacions Agráries.
- Orden 19/2020 de 27 de febrero de 2020, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración pública por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al cuerpo superior técnico de laboratorio de la Administración de la Generalitat.
- Resolución, de fecha de 21 de octubre de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad, por la que se efectúa convocatoria para cubrir, mediante nombramiento de personal sanitario interino, vacantes de Técnicos Facultativos
adscritas al Laboratorio de Salud Pública de los Servicios Territoriales de Sanidad de Soria (BOCyL n.º 228, de 3 de noviembre de 2020, páginas 42442 y siguientes).
- Orden de 25 de marzo de 2020 por la que se establecen las titulaciones exigidas para formar parte de las listas de espera de personal docente no universitario de la Comunidad Autónoma de Extremadura (2020050046).
Del mismo modo, los titulados universitarios en Biotecnología habilitados para el ejercicio de la enseñanza secundaria y de formación profesional en centros públicos y concertados, en ocasiones no pueden impartir asignaturas para las que
están capacitados. Por ejemplo, un profesor con un Grado en Biotecnología no puede impartir Biología y Geología en Islas Canarias, Física y Química en Navarra o La Rioja y Matemáticas en doce Comunidades Autónomas. En el caso de Formación
Profesional, esta exclusión es también evidente en asignaturas como Laboratorio, Procesos en la Industria Alimentaria, Procesos Sanitarios o Análisis y Química Industrial en varias comunidades autónomas.
Asimismo, aunque muchas universidades han ido reconociendo la figura del biotecnólogo en sus convocatorias y proyectos de investigación, en muchos estudios de posgrado no se incluye la titulación en
Biotecnología como requisito de acceso, de tal forma que se introduce un criterio excluyente como lo demuestran los siguientes ejemplos:
- Máster Universitario en Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid.
- Máster Universitario en Investigación en Neurociencias de la Universidad de Oviedo.
- Máster de Bioinformática y Bioestadística de la Universidad de Barcelona.
- Máster en Neurociencias de la Universidad del País Vasco.
Algunas entidades como la Federación Española de Biotecnólogos, que agrupa a más de un millar de estudiantes y profesionales del sector de la Biotecnología, llevan desde su creación, en 2008, luchando contra esta situación injusta que
perjudica gravemente tanto a los profesionales como a las empresas. A través de varios recursos administrativos estimatorios contra Administraciones Públicas, se ha conseguido que biotecnólogos puedan presentarse a varias plazas para las que
poseían competencias. Se citan a continuación algunas resoluciones de las Administraciones Públicas que han estimado positivamente recursos de FEBiotec y han acabado incluyendo a biotecnólogos:
- Resolución de 27 de noviembre de 2020 del Rector de la Universidad de Córdoba por la que se aprueba la convocatoria para la contratación de personal laboral técnico de apoyo y de gestión de la l+D+i, en el marco del sistema nacional de
garantía juvenil y del programa operativo de empleo juvenil (n.º 2020/00820).
- Resolución de 1 de diciembre de 2020 del Rector de la Universidad de Jaén por la que se aprueba la convocatoria para la contratación de jóvenes investigadores y personal técnico en el Marco del Sistema de Garantía Juvenil, POEJ 2014-2020
(n.º de registro 6471).
- Resolución de 22 enero de 2021, de la Universidad de Almería por la que se convocan plazas para la contratación de personal para la realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica.
- Resolución de 20 de enero de 2021, de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) por la que se convoca un proceso de selección para la contratación temporal de dos Biólogos,
Bioquímicos, y/o Titulados en Biología Molecular Especialista en Secuenciación Masiva en régimen de concurrencia competitiva (Ref. FISABIO 2021/13).
- Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se convocan becas de formación de la Agencia. (BDNS: 527398).
Sin embargo, la reclamación por vía administrativa no debe ser el procedimiento para que prevalezca el principio de igualdad, por lo que es necesario establecer como norma que las propias Administraciones Públicas, tanto la Administración
General del Estado como las Comunidades Autónomas y Locales, reconozcan la figura del biotecnólogo en sus convocatorias de empleo y promoción interna.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para:
1. Incluir las competencias del Grado en Biotecnología en las convocatorias públicas de empleo y becas de formación de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.
2. Incluir las competencias del Grado en Biotecnología en las convocatorias públicas de empleo y becas de formación y posgrado del ámbito científico, sanitario, educativo, universitario, de investigación, etc., de las administraciones
públicas.
3. Promover la habilitación del profesorado de secundaria en posesión del título de Grado en Biotecnología para impartir las asignaturas del ámbito científico y sanitario para las que poseen competencias como son Biología y Geología, Física
y Química, etc. en Educación Secundaria y Laboratorio o asignaturas del ámbito científico y sanitario en Formación Profesional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2021.-Pedro Navarro López, María del Carmen González Guinda y Sandra Moneo Díaz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Julio Utrilla Cano, D. Víctor González Coello de Portugal y D. Juan Luis Steegmann Olmedillas en sus condiciones de diputados del Grupo Parlamentario VOX (GP VOX), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a promover las modificaciones legales oportunas para incluir al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en la
Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Primero. El cáncer en España constituye una de las principales causas de morbi-mortalidad del mundo, con aproximadamente 18,1 millones de casos nuevos, según los últimos datos disponibles a nivel global 88.
Los cánceres más frecuentemente diagnosticados en España son los de colon y recto (44.231 nuevos casos), seguidos de próstata (35.126), mama (32.953), pulmón (29.638) y vejiga urinaria (22.350). A continuación, se encuentran los siguientes:
los linfomas no hodgkinianos (9.188), y los cánceres de cavidad oral y faringe (8.604), páncreas (8.338), estómago (7.577), riñón (7.300) y cuerpo uterino (6.804) 89.
El impacto de la crisis sanitaria de la COVID-19, concretamente durante la primera ola de la pandemia, ha generado que en cuanto a la detección en los nuevos diagnósticos (biopsias con diagnóstico de cáncer/primeras consultas), 1 de cada 5
pacientes con cáncer no hayan podido ser diagnosticados o se hayan diagnosticado tarde. A día de hoy, se estima que hay hasta 50.000 personas que tienen cáncer actualmente y no lo saben 90. Asimismo, el reclutamiento de pacientes con cáncer en
ensayos clínicos disminuyó un 30 % y, por consiguiente, el acceso a la innovación y a los potenciales beneficios de nuevos fármacos.
Los datos referenciados anteriormente se desprenden del estudio liderado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que cuenta con el aval de destacadas sociedades científicas de España de las especialidades implicadas en la
atención del cáncer, entre las que se encuentran, Anatomía patológica, Enfermería Oncológica, Hematología y Hemoterapia, Oncología Médica y Oncología Radioterápica 91.
Segundo. La penúltima actualización de la Estrategia en Cáncer aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) se realizó en octubre de 2009. Tras diez años sin actualizarse, el pasado 23 de febrero el Consejo
Interterritorial del SNS aprobó la última actualización de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud (en adelante, 'Estrategia en Cáncer') 92.
Esta actualización ha contado con la participación de comunidades y sociedades científicas, así como asociaciones de pacientes y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). La AECC, como miembro de la Estrategia en Cáncer del SNS, ha
mostrado su satisfacción con la aprobación.
Sin embargo, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (en adelante, CNIO) no ha participado directamente en la elaboración de esta Estrategia, en la que sí han participado otros entes e instituciones públicas y privadas 93.
88 https://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/Cifras_del_cancer_2020.pdf
89 https://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/Cifras_del_cancer_2020.pdf
90 https://wwvv.saludvmedicina.org/post/50-000-personas-sin-diagnostico-de-cancer-en-espana-por-el-paron-asistencial-que-ha-originado-la-pandemia-covid-H
91 http://observatorio.aecc.es/sites/default/files/informes/Impacto-COVID19_Personas_Cancer_0.pdf
92 https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/Estrategia_en_cancer_del_Sistema_Nacional_de_Salud_Actualizacion_2021.pdf
93 Pág. 7 de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, Vid: https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/Estrategia_en_cancer_del_Sistema_Nacional_de_Salud_Actualizacion_2021.pdf
Es importante destacar que los objetivos y acciones de la Estrategia en Cáncer del SNS están alineados con los del Plan Europeo aprobado el 3 de febrero 94. Dicho documento recoge 40 objetivos, 52 acciones para alcanzarlos y 99 indicadores
de evaluación de la consecución de estos objetivos y acciones. En cuanto a los aspectos claves que contempla cabe mencionar los siguientes:
i. La prevención mediante un estilo de vida saludable.
ii. El diagnóstico y detección precoz del cáncer.
iii. La progresiva extensión del modelo de atención multidisciplinario mediante la creación de canales de diagnóstico rápido entre atención primaria y hospitalaria ante sospecha de patología oncológica.
iv. Avances en la medicina de precisión y los retos de atención psicológica y evaluación de las necesidades de los pacientes que han sobrevivido al cáncer.
En definitiva, esta estrategia tiene como objetivo mejorar la calidad de la atención que reciben las personas enfermas de cáncer y sus familias.
Por último, en el ámbito europeo, la Estrategia desarrolla el Código Europeo contra el Cáncer que define 12 recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para prevenir el cáncer. Entre ellas, las ya conocidas como la dieta, el ejercicio, el
tabaquismo y alguna nueva como la exposición al radón. Además, se incorporan nuevos aspectos en la prevención del cáncer asociado al ámbito laboral y a la exposición al radón.
Tercero. La Fundación del Sector Público Estatal Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (F.S.P. CNIO) 95 es una fundación de ámbito y competencia estatal, que fue creada en el año 1998 por el Instituto de Salud Carlos
III. Es una entidad sin ánimo de lucro, persigue fines de interés general y su objeto social y demás circunstancias son los que constan en su escritura de constitución y en sus Estatutos. Actualmente, está adscrita al Ministerio de Ciencia e
Innovación.
El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), acreditado como Centro de Excelencia Severo Ochoa, cuenta con más de 400 personas con un alto grado de especialización que trabajan para lograr que el cáncer deje de ser una de las
principales causas de muerte en nuestra sociedad.
Además de la investigación básica, enfocada a la comprensión del cómo y el porqué del cáncer a nivel fundamental, en el CNIO se lleva a cabo investigación orientada a pacientes e investigación de innovación con el objetivo de trasladar estos
descubrimientos en beneficios tangibles para los pacientes (kits diagnósticos, fármacos, terapias...). El CNIO es de los pocos Centros de Investigación en España que combina investigación básica, con investigación traslacional y, que colabora
estrechamente con numerosos hospitales y compañías farmacéuticas.
Por lo tanto, uno de los objetivos prioritarios en el CNIO es hacer llegar cuanto antes a los pacientes los beneficios derivados de la investigación oncológica. Mediante un programa de desarrollo de nuevos compuestos candidatos a
convertirse en fármacos, que se patentan y se licencian a la industria. Mediante la participación del CNIO en ensayos clínicos, así como haciendo diagnóstico y asesoramiento genético a miles de familias.
Y fruto de la estrategia combinada de investigación básica-investigación traslacional del CNIO han surgido nuevas empresas biotecnológicas que han creado puestos de trabajo y que han conseguido también llegar a los pacientes.
Se trata de uno de los mejores centros de investigación en cáncer a escala mundial, según los 'rankings' que evalúan la productividad científica de las instituciones de investigación. Además, cuenta con una posición de privilegio entre los
centros de investigación en biomedicina y también en número y calidad de publicaciones científicas, así como en desarrollos innovadores que pueden dar lugar a nuevos fármacos y terapias.
En este sentido, cabe mencionar como ejemplo, el último ranking generado por SCImago Institutions Ranking World Report 96, en el cual se comparaba la productividad científica de más de 5.000 instituciones a nivel mundial con datos generados
en el periodo 2010-2014, y donde el CNIO aparece como la única institución de España entre los diez mejores centros de investigación en cáncer a escala global, y entre los cinco primeros a nivel europeo.
94 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-vour-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan
95 https://www.cnio.es
96 https://www.cnio.es/wp-content/uploads/2018/06/plan-estrategico-2018_2020.pdf
Además de ser el CNIO un Centro de Referencia en cáncer a nivel mundial, disponen de la mejor tecnología en investigación en su área, lo que atrae el talento mundial, contando así entre su personal tanto con investigadores internacionales de
alto nivel, como con más del 20 % de los jóvenes contratados postdoctorales procedentes de universidades no españolas.
Son muchas las investigaciones y estrategias 97 llevadas a cabo por el CNIO en los últimos años que han tenido un alto impacto entre la comunidad científica y por lo tanto un alto beneficio para la sociedad, cabe mencionar a modo de ejemplo
las siguientes:
(i) Por un lado, los proyectos Shelterins y Metalert-Stop, destinados a bloquear la división infinita de los tumores y su diseminación a otros órganos. Dichos proyectos se encuentran financiados con las ayudas de ERC Advanced Grant por
importe de 2,5 millones de euros cada uno de ellos. Estas ayudas se conceden a grandes proyectos que tengan la capacidad de contribuir a la resolución de retos científicos y son llevados a cabo por investigadores europeos líderes en sus respectivos
campos con una gran trayectoria e importantes hallazgos durante los últimos 10 años.
(ii) Por otro lado, CNIO ha logrado una estrategia eficaz para inducir regresión en tumores de pulmón causados por el oncogén KRAS en ratones. Mediante esta investigación han conseguido la remisión completa en un 25 % de los tumores de
pulmón causados por el oncogén KRAS en ratones. Esta combinación terapéutica frena el crecimiento tumoral en el 100 % de los casos.
No cabe duda de que el CNIO es el centro de investigación oncológicas más importante de nuestro país, con una gran presencia a nivel internacional. Por ello, consideramos necesario propulsar el liderazgo internacional de CNIO a través de la
participación e incorporación del mismo en la Estrategia en Cáncer aprobada recientemente por el Gobierno de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las modificaciones legales oportunas para incluir al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2021.-Julio Utrilla Cano, Mireia Borrás Pabón, Víctor González Coello de Portugal y Juan Luis Steegmann Olmedillas, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Igualdad
161/002529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley para que todos los poderes públicos incidan en la necesidad de ofrecer todos los datos desagregados por sexo, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Desde la Constitución Española de 1978, en sus artículos 1.1, 14 y 9.2 hasta la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, se plasma en el estado español las obligaciones que los poderes públicos
tienen para lograr la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. La participación social, política, económica y cultural de las mujeres es un elemento fundamental en la democracia, y la naturaleza y el grado de esta participación
es un indicador clave de la calidad de la cultura democrática.
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Para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres a través de las políticas públicas, la principal herramienta con la que contamos es la aplicación del principio de transversalidad. Dicho principio a reconocer las desigualdades entre
mujeres y hombres como un déficit democrático cuya responsabilidad corresponde al conjunto de las instituciones públicas. Incorporar la perspectiva de género no supone un trabajo extra en el diseño, implementación y evaluación de dichas políticas,
sino que por el contrario es una forma de gestionar lo público asumiendo que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un factor determinante que impacta de manera diferenciada en hombres y mujeres.
La Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-15, en el Eje 6.3 de Cuestiones horizontales, señala como elemento clave para el avance de la igualdad los aspectos vinculados a la gobernanza y las herramientas de la igualdad
entre las que destaca la necesidad de realizar evaluaciones en general y de impacto de género en particular que, además, deben incluir indicadores que muestren las desigualdades.
De la misma manera, la Carta Europea de las mujeres refiere la necesidad de realizar investigaciones y evaluaciones para conocer la situación de mujeres y hombres y para valorar el efecto de las políticas en la igualdad.
Nuestra legislación señala que los poderes públicos están obligados a desagregar los datos por sexo. El artículo 20 sobre estadísticas y estudios de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece la
obligatoriedad de incorporar la variable sexo en todas las estadísticas referidas a personas, en todas las investigaciones y estudios que se realicen, ampliando las muestras si fuese necesario para conocer la situación de las mujeres y de los
hombres. Obliga asimismo a explotar los datos de forma que se conozca las necesidades, condiciones y aspiraciones de mujeres y hombres y a concebir los estudios e interpretar los resultados aplicando la perspectiva de género. Este artículo dispone
que para hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta Ley y que se garantice la integración de modo efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas,
deberán:
a) Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo.
b) Estableceré incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su
manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar.
c) Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta generadora de situaciones de discriminación múltiple en los diferentes ámbitos de
intervención.
d) Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable de sexo.
e) Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de intervención.
f) Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres.
Por lo tanto, la importancia de los datos desagregados por sexo para que los análisis y la construcción de la realidad social no sean parciales, nos deben hacer reflexionar sobre las dimensiones de género que deberán tenerse en cuenta en el
análisis y comprobar cómo operan cada una de ellas, de modo que permitan identificar las situaciones de desigualdad existentes y aproximarse a algunas de sus causas, orientando con ello hacia intervenciones más certeras y estructurales de cara a una
posible reducción de las mismas.
Los indicadores son instrumentos para el análisis social. Permiten conocer de forma sistemática cómo se producen los hechos sociales para interpretarlos desde un punto de vista analítico. En el ámbito de las políticas públicas, los
indicadores son útiles para elaborar un diagnóstico, hacer el seguimiento y evaluar las políticas, etc. y en relación con el tema que nos ocupa, identificar las necesidades de mujeres y hombres, las desigualdades y señalar los logros y avances
producidos en materia de igualdad tras las intervenciones.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en colaboración con Comunidades Autónomas, Diputaciones y Entidades Locales, garantizar que toda la información de estadísticas, encuestas y cualquier otro dato se ofrezca desagregada por
sexo y, de manera especial, en toda la información orientada a la divulgación y comunicación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2021.-Mariano Sánchez Escobar y Laura Berja Vega, Diputados.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley para la visibilización y no discriminación de las mujeres lesbianas, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
A pesar de los avances sociales y en derechos que se han producido en los últimos años en el colectivo LGTBI, las lesbianas siguen siendo invisibilizadas en nuestra sociedad. Los estudios específicos sobre las discriminaciones que sufren
las mujeres lesbianas todavía son muy escasos. Recientemente, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha publicado el resultado de una encuesta con motivo del Día de la Visibilidad Lésbica. La encuesta ha revelado que
una de cada 10 mujeres lesbianas ha dejado su empleo por problemas derivados de su orientación sexual. Asimismo, los datos que ha ofrecido la FELGTB indican que las lesbianas temen manifestar su orientación sexual en el trabajo en el 70 % de los
casos por miedo a las bromas, el 56 % por miedo al aislamiento y el 46 % por miedo a represalias.
Todavía, muchas lesbianas, especialmente las más jóvenes, siguen viviendo en armarios en sus casas, sus centros de trabajo o en el ámbito social y público. Muchas lesbianas sufren discriminación, lesbofobia y machismo: agresiones,
insultos, bromas y otras formas de acoso. También sufren discriminación los hijos e hijas de madres lesbianas y las mismas madres que observan como muchas veces sus modelos de familia son cuestionados.
Desde el 2008, cada 26 de abril se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, un día que tiene como objetivos: vindicar una sociedad igualitaria en derechos y oportunidades para las mujeres lesbianas, condenar la lesbofobia y
potenciar la visibilidad de las mujeres lesbianas. Ser lesbiana está perseguido en muchos lugares del mundo. En ciertos países, las relaciones entre personas del mismo sexo están penalizadas con cárcel e incluso con la pena de muerte. En 68 de
los 193 estados miembros de la ONU existen leyes que criminalizan los actos sexuales entre persona del mismo sexo, según el Informe de Homofobia de Estado 2019, elaborado por la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas.
España es un país a la vanguardia de legislación igualitaria entre mujeres y hombres y líder en la defensa de los derechos humanos, sin embargo, hemos de seguir trabajando en reducir las brechas de la desigualdad y en garantizar vidas
seguras para las mujeres.
Por, ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a:
1. Suprimir en el Registro Civil el requisito por el que las parejas de mujeres que deben estar casadas para poder inscribir a los/as nacidos/as como hijos/as de ambas madres.
2. Poner en marcha campañas institucionales específicas de visibilidad lésbica y contra el machismo que sufren las mujeres que tienen relaciones sexo-afectivas con mujeres.
3. Impulsar la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva desde la perspectiva de género incluyendo la realidad de las mujeres lesbianas.
4. Impulsar políticas coeducativas de educación sexual feminista que visibilice las relaciones sexuales entre mujeres.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2021.-Laura Berja Vega, María Guijarro Ceballos, Pilar Cancela Rodríguez, Lázaro Azorín Salar, Carmen Baños Ruiz, Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes, Sonia Guerra López, Lidia Guinart
Moreno, Marisol Sánchez Jódar, María Luisa Vilches Ruiz, Mariano Sánchez Escobar y Mariana de Gracia Canales Duque, Diputados.- Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
181/001042
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Alicia García Rodríguez.
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno garantizar la exclusividad de la formación del futuro Centro Universitario de la Policía Nacional en la sede de la Escuela de la Policía Nacional en Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2021.-Alicia García Rodríguez, Diputada.
181/001047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Macarena Olona Choclán, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.
Texto:
¿Desde cuándo tenía conocimiento la Secretaría de Estado de Seguridad de la detención de dos miembros de la seguridad privada del partido político Unidas Podemos por su participación en los graves altercados acaecidos en Vallecas el pasado 7
de abril en un acto de precampaña de VOX y por qué motivo ocultó tal circunstancia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2021.-Macarena Olona Choclán, Diputada.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputada doña Patricia De las Heras Fernández, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
Tras la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por el Gobierno en el que se asume ante la Comisión Europea la necesidad de desarrollo de un mecanismo de pago por uso de las carreteras de alta intensidad (pág.
122) al objeto de financiar estas infraestructuras, ¿en qué estado se encuentra el plan del Gobierno para la implantación de este mecanismo de pago?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2021.-Patricia de las Heras Fernández, Diputada.
Comisión de Sanidad y Consumo
181/001043
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué proyectos, con qué inversión y plazos de ejecución se han incluido en materia de consumo y protección de los consumidores en el plan de recuperación, transformación y resiliencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
181/001044
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué IVA tiene previsto aplicar el Gobierno a los test de autodiagnóstico 'in vitro' cuando se autorice su dispensación en farmacias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
181/001045
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputada doña Carmen Riolobos Regadera.
Texto:
¿Qué impacto tendrá en los consumidores el nuevo recibo de la luz que se pondrá en marcha a partir de junio de 2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2021.-Carmen Riolobos Regadera, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Interior, las preguntas al
Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/036794.
Núm. registro: 92494.
Autor iniciativa: Olona Choclán, Macarena (GVOX) Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX) Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) Gil Lázaro, Ignacio (GVOX) Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX).
Objeto iniciativa: Motivo por el que dos agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) adscritos a la Unidad de Valladolid tuvieron que realizar las pruebas PCR por sus propios medios.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 235, de 8 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001037.
Núm. expte.: 184/036796.
Núm. registro: 92496.
Autor iniciativa: Olona Choclán, Macarena (GVOX) Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX) Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) Gil Lázaro, Ignacio (GVOX) Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX).
Objeto iniciativa: Medidas que garanticen plenamente la seguridad de los agentes de la Policía Nacional ante la COVID-19.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 235, de 8 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001038.
Núm. expte.: 184/036795.
Núm. registro: 92495.
Autor iniciativa: Olona Choclán, Macarena (GVOX) Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX) Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) Gil Lázaro, Ignacio (GVOX) Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de cambiar el criterio para que a los agentes que regresan como agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) destinados al archipiélago canario para el control de la entrada de inmigrantes.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 235, de 8 de marzo de 2021
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001039.
Núm. expte.: 184/036783.
Núm. registro: 92483.
Autor iniciativa: Olona Choclán, Macarena (GVOX) Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX) Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) Gil Lázaro, Ignacio (GVOX) Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX).
Objeto iniciativa: Previsiones acerca de asegurar la seguridad ciudadana ante la imposibilidad de desplazamientos de los agentes de la Policía Nacional por no poder cumplimentarse sus dietas.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 235, de 8 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001040.
Núm. expte.: 184/036782.
Núm. registro: 92482.
Autor iniciativa: Olona Choclán, Macarena (GVOX) Alcaraz Martos, Francisco José (GVOX) Gestoso de Miguel, Luis (GVOX) Gil Lázaro, Ignacio (GVOX) Ortega Smith-Molina, Francisco Javier (GVOX).
Objeto iniciativa: Protocolo de actuación para la protección de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente a la COVID-19, así como para la protección de los que regresan de una comisión de servicio.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 235, de 8 de marzo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001041.
184/047551
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Trías Gil, Georgina (GVOX). Robles López, Joaquín (GVOX). Ramírez del Río, José (GVOX). Romero Vilches, María de los Reyes (GVOX). Borrás Pabón, Mireia (GVOX). López Álvarez, María Teresa (GVOX).
Retirada de su pregunta sobre forma en la que afectará el despido masivo a la capacidad de la Formación Profesional para dar formación a la demanda real de técnicos cualificados.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 269, de 11 de mayo de 2021.
SECRETARÍA GENERAL
292/000018 y 292/000019
RESOLUCIÓN DE 11 DE MAYO DE 2021, DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE ENFERMERO/A (ATS/DUE) CON DESTINO
EN EL GABINETE MÉDICO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (CONVOCATORIAS INTERNA Y PÚBLICA DE 16 DE MARZO DE 2021)
En virtud de lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados, en sus reuniones de los días 16 de marzo y 5 de mayo de 2021, la Comisión de Selección para la provisión de una plaza vacante de Enfermero/a (ATS/DUE) con destino en el
Gabinete Médico del Congreso de los Diputados (convocatorias interna y pública de 16 de marzo de 2021), estará integrada por los siguientes miembros:
Presidenta:
- Excma. Sra. D.ª Ana María Pastor Julián, Vicepresidenta Segunda del Congreso de los Diputados.
Vocales:
- Ilma. Sra. D.ª Mercedes Araújo Díaz de Terán, Secretaria General Adjunta para Asuntos Administrativos del Congreso de los Diputados.
- Ilma. Sra. D.ª Mónica Moreno Fernández-Santa Cruz, Directora de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados.
- D.ª Eva María García Perea, Directora del Departamento de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.
Secretario:
- D. Pedro Górgolas Hernández-Mora, Médico del Congreso de los Diputados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2021.-El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.