El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto de orden del día, que
es la elección para cubrir la vacante existente en la Vicepresidencia
Segunda de la comisión. Es práctica habitual en la Cámara que, si hay una
única candidatura, la elección se pueda llevar a cabo por
asentimiento.

El Grupo Socialista propone a doña Matilde Valentín Navarro como
vicepresidenta segunda. Si no me corrige el señor letrado, no hay ninguna
otra candidatura.

¿Se puede elegir a doña Matilde Valentín Navarro por asentimiento?
(Asentimiento).

Señora Valentín Navarro, puede usted tomar posesión de su cargo.
Bienvenida y enhorabuena. (Pausa).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día:
Dictamen del Proyecto de Ley de contratos del sector público, por la que
se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23 y 2014/24, de 26 de febrero
de 2014.

A este proyecto de ley se han presentado 255 enmiendas, de las
cuales las números 72 y 73, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, y la número 246, del Grupo Parlamentario
Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición
Canaria, han sido inadmitidas a trámite por falta de congruencia material
con el proyecto de ley, como informó en su momento la Mesa del
Senado.

Las enmiendas presentadas han sido las siguientes: enmiendas 1
a 4, de los senadores Mulet García y Navarrete Pla, del Grupo Mixto;
enmienda 5, de la senadora García Díaz, del Grupo Mixto; enmiendas 6 a 9,
del Grupo Esquerra Republicana; enmiendas 10 a 77, del Grupo Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea; enmiendas 78 a 80, del Grupo Vasco en el
Senado; enmiendas 81 a 228, del Grupo Socialista; enmiendas 229 a 252,
del Grupo Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña
Independiente-Coalición Canaria; y enmiendas 253 a 255, del Grupo Popular
en el Senado.

A continuación, procedemos a debatir las enmiendas. Habrá un turno
de defensa de diez minutos por cada grupo, un turno en contra de cinco
minutos y un turno de portavoces de cinco minutos.

Para defender las enmiendas 1 a 4 que presenta el Grupo Mixto,
tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Los senadores Mulet y Navarrete y la senadora Elvira García Díaz
no pueden asistir a la comisión y, por tanto, como portavoz del Grupo
Mixto, doy por defendidas sus enmiendas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de
Posada.

Por el Grupo Nacionalista, tiene la palabra la senadora Abad, para
defender las enmiendas 229 a 245 y 247 a 252.

La señora ABAD GIRALT: Buenos días.

Doy por defendidas las enmiendas del Grupo Nacionalista.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Abad.

Para defender las enmiendas 78 a 80, del Grupo Vasco en el Senado,
tiene la palabra la senadora Etxano.

La señora ETXANO VARELA: El Grupo Vasco ha presentado tres
enmiendas. La primera añade un nuevo apartado al artículo 39.2 de la ley,
porque consideramos necesario añadir una nueva causa de nulidad
administrativa en contratos en los que se produzcan modificaciones
esenciales que hagan necesaria una nueva adjudicación.

Una segunda enmienda propone añadir un capítulo nuevo al libro
primero, titulo I, de forma que la Ley de contratos quede sujeta al
control de trasparencia como control de legalidad y eficiencia. Creemos
que a pesar de haber avanzado en el proyecto de ley que el objetivo de
las licitaciones sea más trasparente, es necesario que la propia ley
quede sujeta al control de la trasparencia, de forma que pueda ser
aplicable de oficio por tribunales y jueces y que determinadas cláusulas
puedan ser declaradas nulas por falta de trasparencia, y, de la misma
forma, la propuesta incorporaría que el control de la trasparencia
obligue a las administraciones a elaborar protocolos que faciliten la
comprensión de las cláusulas que por su complejidad o novedad puedan
resultar no trasparentes. Lo que pretendemos es la trasparencia como
valor instrumental y que se incorpore en esta Ley de contratos, ya que
contribuye al crecimiento económico, a la calidad regulatoria y reduce la
corrupción.

Por último, la tercera enmienda, que es la que plantea modificar
la redacción del primer párrafo del artículo 130 del proyecto de ley,
pretende que en las informaciones sobre las condiciones de subrogación se
incluya la posibilidad —no hablamos de ninguna obligación— de
que también el propio pliego incluya las cláusulas que puedan indicar. De
esta forma, con el texto que proponemos, la información sobre la
subrogación que resulte necesaria permite la exacta evaluación de los
costes laborales en una licitación y se facilita por los servicios
dependientes del órgano. Nuestra enmienda volvería a recuperar la frase
que se pierde en la tramitación del Congreso, y es que esta información
fuera también en la documentación complementaria.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Etxano Varela.

Para defensa de las enmiendas que presenta el Grupo de Esquerra
Republicana, números 6 a 9, tiene la palabra la senadora Castel.

La señora CASTEL FORT: Gracias.

Las damos por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Castel.

Para defender las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador
Martínez Ruiz.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Gracias, señor presidente.

Nosotros hemos presentado un total de sesenta y siete enmiendas;
algunas de ellas ya fueron rechazadas en el Congreso y otras las hemos
presentado ex novo en el Senado. Me gustaría resaltar cinco aspectos
especialmente relevantes de nuestras enmiendas.

En primer lugar, reducir los márgenes de discrecionalidad, evitar
los dedazos, aumentar los controles y reducir el número de excepciones
contenidas en la ley, así como evitar que el Estado tenga que hacerse
cargo de indemnizaciones no debidas a empresas, como ha ocurrido en el
caso de las concesiones a las autopistas.

En segundo lugar, que se sustituya el concepto de oferta
económicamente más ventajosa por la calidad-precio, evitando que se
produzca una competición a la baja entre las empresas, lo cual redunda en
una disminución de la calidad de los servicios y en un aumento de los
sobrecostes.

En tercer lugar, garantizar la independencia en la adjudicación de
los contratos públicos, evitando que los miembros pertenecientes a las
comisiones de expertos se mezclen con quienes participan en la mesa de
contratación, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de los escándalos
de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid.

En cuarto lugar, la inclusión de criterios sociales,
medioambientales y de innovación y un correcto desarrollo de la
evaluación del impacto en cuanto al retorno social, económico y
medioambiental.

Y, en quinto lugar, consideramos que deben regularse los
procedimientos de retorno a la gestión pública de los servicios públicos,
especialmente las remunicipalizaciones, en los cuales hay lagunas que
provocan cierta inseguridad jurídica.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martínez.

Para defender las enmiendas que presenta el Grupo Socialista,
números 81 a 228, tiene la palabra la senadora Valentín Navarro.

La señora VALENTÍN NAVARRO: Gracias, señor presidente.

El Grupo Socialista, aparte de incorporar las enmiendas que pasan
vivas del Congreso, ha añadido ex novo algunas que nos parecen de vital
importancia para completar este texto legal que tiene tanta
trascendencia.

Nosotros habríamos deseado un mayor esfuerzo simplificador de la
ley, que consideramos que es excesivamente reglamentaria, extensa y
farragosa, sobre todo para aquellos técnicos que luego tienen que velar
por su aplicación. Estoy pensando en este momento en pequeños
ayuntamientos con escaso personal a los que vincula la Ley de contratos
del sector público exactamente lo mismo que a la Administración General
del Estado. Tanto el Observatorio de Contratación Pública como el
dictamen del Consejo de Estado así lo sugerían.

Hemos presentado una serie de enmiendas y voy a hacer una breve
referencia a los bloques. Unas están referidas al Servicio Público de
Comunicación Audiovisual, que, según su regulación, está considerado como
un servicio esencial de interés económico general. Las sucesivas
directivas europeas, incluyendo las que estamos trasponiendo, contemplan
este tipo de servicios tanto como servicios culturales como económicos, y
algunas reconocen expresamente su importancia, cada vez mayor, para las
sociedades y la democracia. Este carácter específico sectorial ha sido
tradicionalmente tenido en cuenta por las sucesivas directivas europeas
de contratos, que han venido excluyendo de su ámbito de aplicación a los
contratos públicos para servicios audiovisuales, incluso la
Directiva 2014/24 de la Unión Europea ha mantenido inalterado el criterio
de excluir de su ámbito de aplicación este tipo de contratos. Por lo
tanto, no consideramos justificado un cambio de criterio por parte del
legislador nacional.

Otro grupo de enmiendas va destinado a unificar el régimen
jurídico de los contratos públicos. Es una de las demandas más fuertes
del Grupo Parlamentario Socialista. Son demasiadas las excepciones al
régimen general, lo que hace difícil el principio de transparencia,
publicidad y concurrencia, en especial el sistema tolerante para entes
públicos reconocidos como poderes adjudicadores que no son Administración
pública. Todos los contratos del sector público, sea cual sea la forma
que utilice la Administración, deben estar sometidos al mismo régimen
jurídico en la medida que emplean dinero público porque están sirviendo
al interés general.

Otro grupo de enmiendas va destinado a ser más beligerante contra
la corrupción. Aparte de las numerosas enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso, algunas de ellas incluidas en el texto, es
necesario reforzar la lucha contra la corrupción con medidas de carácter
transversal, tanto para valorar la participación de condenados en
procesos de contratación como para vigilar y controlar posibles brotes.
No es de recibo que cuando la corrupción es uno de los mayores problemas
en España —considerada por los ciudadanos como el segundo mayor
problema— se mencione de manera casi testimonial en esta ley.

Unido a esto, otro de los bloques está referido a los paraísos
fiscales. Presentamos una serie de enmiendas que regulan las
prohibiciones de contratación a las personas físicas o jurídicas que por
sí o a través de filiales o sociedades participadas directa o
indirectamente en más del 30 % estén domiciliadas o tributen en países y
territorios considerados paraísos fiscales. De no ser así, las haciendas
de los Estados miembros de la Unión verían burladas sus normas fiscales y
reducida su recaudación en perjuicio de los ciudadanos más
indefensos.

Otro bloque de enmiendas presentado por el Grupo Parlamentario
Socialista apuesta por la paridad entre el hombre y la mujer en la
contratación, por la reducción de los contratos temporales en favor de
los fijos, por la reducción de la siniestralidad laboral y por la
formación. Consideramos que valorar en las adjudicaciones como criterios
de solvencia estos conceptos es fundamental y priorizar las buenas
prácticas que lleven a la mayor presencia de mujeres en puestos
directivos o a un porcentaje mayor de puestos fijos, así como la
disminución de la siniestralidad laboral.

Otra de las enmiendas va dirigida a mantener o ampliar los
contratos menores, que, por supuesto, en general estamos a favor de su
disminución económica tanto de obras como de servicios, pero
estableciendo una excepción para los contratos menores, de valor estimado
inferior a 20 000 euros, cuando se trate de suministro de servicios para
las instituciones relacionadas con la investigación, ya que es una
reclamación importante precisamente de los investigadores.

Otro grupo de enmiendas está destinado a la concesión de obras, de
servicios y de explotación de obras. Hasta ahora se ha dado el fenómeno
curioso de que en el caso del fracaso y liquidación de estas obras o
concesiones, el último en recuperar —es decir, casi nunca—
sus aportaciones ha sido el Estado o las administraciones públicas. Por
ello se propugna un máximo del 40 % de financiación en general y la
prohibición de los préstamos participativos, donde el prestamista se
sitúa en una posición más negativa que los propios accionistas.

Hay dos grupos más de enmiendas. Uno pretende favorecer la
remunicipalización en beneficio de la autonomía municipal y en beneficio
de la mejor calidad de la prestación de aquellos servicios públicos que
previamente han sido adjudicados para su prestación privada. Consideramos
que lo que se hace en el proyecto de ley es penalizar la
remunicipalización de estos servicios.

Y otro grupo se refiere al contrato de gestión de servicios
públicos. Nos parece que su desaparición no tiene absolutamente ningún
sentido, sobre todo en el ámbito local, por lo que este grupo
numerosísimo de enmiendas va destinado a reponer este contrato
emblemático e irrenunciable para nosotros.

Hay otras tres enmiendas dirigidas a reducir la morosidad, que se
ha convertido en un lastre de la contratación y que obliga a muchos
empresarios a incluir los futuros costes financieros en la propia
licitación.

Por último, se establecen condiciones más estrictas y más
objetivas para la revisión de precios. Esto en cuanto a las
enmiendas.

Para terminar, me gustaría hacer solamente una puntualización, y
es que aunque ahí no hemos entrado, alguien se debería dedicar a leer el
proyecto de ley con el fin de corregir errores, porque hay discordancias
que son muy palpables y que nos llevan a situaciones tan absolutamente
contradictorias como —y es la que nos parece más imprescindible
corregir— la supresión mecánica de la referencia al anteproyecto y
su sustitución en todo caso por el proyecto en los
artículos 30.1.f), 234.2, 248, 247.6, 248.5, 249.2, porque especialmente
en lo referido a las concesiones desvirtúa el procedimiento. No puede ser
que en el texto del proyecto de ley se diga: correspondiente proyecto o
proyecto o, cuando no exista proyecto, la Administración concedente
someterá el proyecto. Si no existe proyecto, la Administración concedente
no puede someter el proyecto; es decir, hay discordancias tan importantes
en determinados proyectos que alguien se debería dedicar a corregirlas,
al menos desde el punto de vista de técnica parlamentaria.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Valentín.

Para defender las enmiendas 253 a 255, que presenta el Grupo
Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Martínez Arcas.

El señor MARTÍNEZ ARCAS: Muchas gracias, señor presidente.

Las enmiendas que proponía el Grupo Parlamentario Popular se han
incorporado a la ponencia. No obstante, aprovecho el turno para
justificar brevemente el motivo de las enmiendas, que no es otro que el
de la mera legalidad, puesto que el grupo parlamentario y el Gobierno
consideran que los tres artículos que se pretenden modificar, incluyendo
la referencia al convenio colectivo vigente y no al convenio sectorial,
como se establece en el proyecto de ley aprobado en el Congreso, es
meramente el cumplimiento de lo establecido en los artículos 84 y 85 del
Estatuto de los Trabajadores, que dispone la prevalencia del convenio
colectivo de empresas sobre el convenio colectivo sectorial en algunos
factores y en algunos aspectos concretos de su regulación.

Luego al margen del debate sobre la oportunidad política o no de
las enmiendas que propone el Grupo Parlamentario Popular, nos estamos
refiriendo, única y exclusivamente, a cuestiones de mera legalidad, y es
que se debe exigir a los contratistas el cumplimiento de los convenios
colectivos legalmente vigentes y no cualquier otro convenio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martínez Arcas.

Turno en contra por tiempo de cinco minutos. ¿Alguien quiere hacer
uso de la palabra? (El señor Fernández González pide la palabra).

El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

El Grupo Popular se opone a todas las enmiendas presentadas a este
Proyecto de Ley de contratos del sector público, con excepción de las
presentadas por el Grupo Popular.

Para explicar esta posición debo empezar señalando el enorme
esfuerzo que realizaron todos los grupos en el Congreso de los Diputados
para conseguir que la Ley de contratos del sector público se aprobase con
el máximo consenso, objetivo que se cumplió en buena medida y que dio
lugar al compromiso de mantener la redacción aprobada y con ella el
consenso general. Esta circunstancia es la que explica la postura de mi
grupo en relación con las enmiendas presentadas en el Senado por el resto
de los grupos. Obviamente, se desestiman todas las enmiendas que
pretenden modificar ahora redacciones de preceptos que fueron objeto de
transacciones y, por tanto, de consensos en el Congreso de los Diputados.
Se desestiman también todas las enmiendas que ya fueron desestimadas en
el Congreso y que ahora se reiteran. Igualmente, se desestiman todas las
enmiendas que no mejoran el texto que fue objeto de un alto grado de
consenso en el Congreso y, en definitiva, consideramos que no procede una
nueva redacción de los artículos del proyecto de ley cuando la nueva
redacción propuesta a través de estas enmiendas responde a cuestiones de
oportunidad que no compartimos.

Únicamente, y por razones de legalidad, se admite una modificación
propuesta por el Grupo Popular, que se plasma en tres enmiendas
presentadas por mi grupo. Tal y como consta en la justificación de las
enmiendas y tal y como acaba de explicar el senador Martínez Arcas, éstas
responden a la necesidad de dotar de seguridad jurídica al texto de la
ley para que no entre en contradicción con la legislación laboral,
concretamente, con el valor y la jerarquía de los convenios colectivos
que se recogen en el Estatuto de los Trabajadores. Por eso entendemos que
la Ley de contratos del sector público debe remitir al convenio colectivo
que sea de aplicación conforme a la legislación laboral y no a un
convenio determinado, como sería el convenio sectorial. Y es que la Ley
de contratos del sector público precisa, entre otras muchas cosas, de
certeza a la hora de llevar a cabo su aplicación, de modo que no se puede
mantener en la ley una redacción que en este punto daría lugar a
incertidumbres derivadas de una posible contradicción entre la Ley de
contratos del sector público y el Estatuto de los Trabajadores.

Como consecuencia de todo ello, proponemos que se apruebe una
ponencia en la que se mantenga un texto de la Ley de contratos del sector
público que recoja el consenso alcanzado en el Congreso tras amplios
debates en los que el Grupo Popular aceptó un amplísimo número de
enmiendas para poder alcanzar el objetivo de contar con una Ley de
contratos del sector público que tuviese un apoyo mayoritario de los
grupos políticos, objetivo que al final se consiguió, hasta el punto de
no contar el texto con el voto en contra de ninguno de ellos.

Queremos, por tanto, mantener un texto que sea fruto del consenso
y únicamente proponemos que se modifique una cuestión muy puntual por los
motivos de legalidad que ya se han explicado. De ahí se deriva a sensu
contrario nuestra postura consistente en desestimar el resto de las
enmiendas, es decir, todas las presentadas por los demás grupos.

Entendemos que la posición del Grupo Popular es coherente, tanto
con los antecedentes parlamentarios del proyecto de ley y con el arduo
esfuerzo que se realizó para alcanzar un texto asumible por todos los
grupos políticos tras la aceptación de un amplísimo número de enmiendas,
como con el propio sentido y significado que tiene el Proyecto de Ley de
contratos del sector público, y es que, como es bien sabido, este
proyecto de ley persigue la armonización dentro de la Unión Europea de la
legislación de contratos del sector público y su finalidad es trasponer
al ordenamiento español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo, 23 y 24, de 26 de febrero de 2014, de modo que el contenido del
proyecto de ley ha de servir a esa finalidad que se persigue
estableciendo en España una legislación de contratación pública
armonizada con la normativa comunitaria. Pues bien, consideramos que este
objetivo armonizador fue alcanzado con éxito mediante el texto aprobado
en el Congreso, y de ahí que en este trámite parlamentario en el Senado
intentaremos que ese texto sea el que finalmente se apruebe como Ley de
contratos del sector público, introduciendo en él únicamente una pequeña
reforma que responde a motivos de legalidad, tal y como se ha explicado,
y desestimando todas aquellas enmiendas que supongan modificar un texto
al que se ha llegado tras un amplio debate, tras un importante consenso y
en el que, a nuestro juicio, sí se plasma una adecuada armonización de la
legislación española de contratos del sector público con la de la Unión
Europea.

En consecuencia, y como resumen, tal y como he señalado al
principio de mi intervención, el Grupo Popular se opone a todas las
enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de contratos del sector público,
con excepción de las presentadas por el propio Grupo Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández.

A continuación, pasamos al turno de portavoces, por un tiempo
también de cinco minutos.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora Domínguez de
Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, señor
presidente.

El texto que nos ha remitido el Congreso de los Diputados recoge
la regulación y supervisión de la contratación pública con mejores
instrumentos para luchar contra las irregularidades administrativas y la
corrupción, como bien dijo en el Congreso el senador del Grupo Popular,
señor Marí.

Se introduce por primera vez la posibilidad de que la
Administración pague directamente a los subcontratistas. Se recoge un
mayor control al eliminar las instrucciones internas de contratación,
mejorando y potenciando el acceso de las pymes a la contratación pública,
con lo que se logra una mayor transparencia de los procesos
administrativos.

En definitiva, consideramos que es un proyecto de ley técnico, con
una trascendencia política importantísima en la línea de las reformas
estructurales de la actividad económica española, que se verá mejorado si
finalmente en el Congreso se admiten las enmiendas que apruebe este
Senado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Domínguez.

Por el Grupo Nacionalista, tiene la palabra la senadora Abad.

La señora ABAD GIRALT: Gracias, presidente.

Como portavoz de mi grupo, quiero constatar únicamente nuestra
abstención al texto del proyecto de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Abad.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la
senadora Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, señor presidente.

La Ley de contratos del sector público es una de las leyes de
mayor relevancia que se está tramitando en esta legislatura
—probablemente que se tramite—, una ley transversal que
afecta a toda la ciudadanía, a muchas empresas y a toda la Administración
del Estado; una ley que ha sufrido un retraso importante en cuanto a la
trasposición de las directivas que le afectan y un retraso achacable al
Gobierno, que presentó fuera de todo plazo el anteproyecto de ley para su
debate.

El grupo vasco no presentó enmienda a la totalidad, ya que
preferimos optar por la presentación de enmiendas parciales para poder
acordar y consensuar una ley que, como ya he comentado, la consideramos
tan transversal y relevante y que marca una parte importante de la
actividad económica.

Del proyecto presentado por el Gobierno en noviembre al texto que
se ha remitido a esta Cámara, al Senado, para su segunda lectura hay una
gran diferencia. Desde nuestra perspectiva, ha mejorado sustancialmente
el anteproyecto presentado, con una ley prácticamente consensuada
al 90 %, después de una ponencia inusualmente larga en el Congreso.

Nuestro grupo cree en la filosofía del acuerdo, estamos
acostumbrados y acostumbradas a negociar y al acuerdo, porque así lo
venimos haciendo en Euskadi, donde no existe, salvo en algunas entidades
locales, una mayoría absoluta y donde entendemos que la necesidad de
negociar viene del propio mandato de las urnas. Además, en todo caso, no
sería creíble intentar llegar a acuerdos tan solo por necesidades de
aritmética parlamentaria; serían más creíbles las voluntades de acuerdo
si se continuara la labor que se ha comenzado en la Cámara baja, también
en esta Cámara, a pesar de la mayoría absoluta.

En la ponencia del Congreso creemos que se ha conseguido este
objetivo y ello ha dado lugar a una ley adaptada a los objetivos de
directivas comunitarias, con flexibilidad, simplificación y seguridad
jurídica, para garantizar un uso eficiente de los recursos públicos y
fomentar, además, una mayor participación de las pequeñas y medianas
empresas. La ley mejora el acceso a las entidades del tercer sector,
incorporando cláusulas sociales, medioambientales, laborales, de igualdad
entre mujeres y hombres, de gobernanza, desde el entendimiento de que la
contratación pública es una actividad económica de gran trascendencia,
que ofrece a los poderes públicos la posibilidad de llevar a cabo
políticas transversales e incidir en la consecución de fines públicos de
interés general distintos del propio objetivo de cada contrato
considerado individualmente, pero con la virtualidad de mejorar su
calidad y sin exceder los límites que impone el obligado respeto a los
principios generales que rigen la contratación.

En el caso del Grupo Vasco se han aprobado y transaccionado en el
Congreso la mayoría de las enmiendas —aquí, se va a votar en
contra—, que para nosotros han sido fundamentales no solo para la
salvaguarda foral, sino también porque hemos conseguido solventar
problemas plasmados en la anterior ley, así como introducir criterios
sociales, laborales y medioambientales, criterios que, a pesar de que
nuestras diputaciones han venido recogiéndolos, no tenían encaje en la
anterior ley y fueron objeto de recurso —de hecho, algunos
artículos habían sido anulados en las cláusulas sociales de estas
diputaciones—.

Llegamos ahora al trámite de segunda lectura del proyecto de ley
de contratos en el Senado, con una tramitación urgente, en el que
nuevamente los distintos grupos hemos incorporado las enmiendas que hemos
considerado, pero en este caso no dispondremos de mucho tiempo para el
debate, a pesar de que el artículo 135.2 del Reglamento sí lo permitiría.
Tras una ponencia de cinco minutos, tenemos una sensación agridulce,
sobre todo cuando se exprimen los plazos de tal manera que se pierde el
espíritu de consenso que había impregnado la primera fase de negociación
de la ley en el Congreso. En la Cámara baja se han felicitado todos los
grupos por la capacidad y por el trabajo realizado, cosa que se agradece.
Por nuestra parte, he de decir que igual no estamos tan contentos.

En todo caso, viendo que la labor de esta Cámara en esta segunda
lectura no va a consistir en recuperar el espíritu de la negociación,
nuestro grupo votará en contra de aquellas enmiendas que van en contra de
los acuerdos aprobados y transaccionados y votaremos el resto de las
enmiendas de los partidos en la misma línea que votamos en el Congreso,
pero insistiendo en que las prisas no son buenas para el acuerdo y la
negociación, y que la necesidad de una segunda lectura de las leyes que
entran en esta Cámara es necesaria y entendemos que puede servir para
mejorarlas.

Nos vamos a abstener en la votación del dictamen de la ponencia,
que incorpora las enmiendas números 253, 254 y 255, del Grupo
Parlamentario Popular, ya que entendemos que hay tiempo hasta el Pleno
para rectificar y volver al espíritu de la negociación, y mantendremos
vivas nuestras enmiendas para el Pleno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Etxano.

Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora
Castel.

La señora CASTEL FORT: Gracias, presidente.

Esquerra Republicana lamenta no haber tenido la oportunidad de
mejorar el texto en esta Cámara, que se supone que es de segunda lectura,
ya que no es una Cámara realmente territorial. Resulta que tampoco tiene
esas cualidades de estudio y reposo y, por lo tanto, lamentamos no haber
podido mejorar el texto aquí.

Quiero dejar claro que mantenemos nuestras enmiendas, de la 6 a
la 9, y que nos remitimos al Pleno para defenderlas. Nuestro voto será de
abstención en cuanto al dictamen de la ponencia y en contra de las
enmiendas del Grupo Popular.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Castel.

Por Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra
el senador Martínez.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Mi grupo no hace uso del turno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martínez.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Rubio.

El señor RUBIO RUIZ: Gracias, presidente.

Después de dieciocho meses de retraso vemos el texto remitido por
el Congreso del proyecto de ley que traspone las directivas europeas.
Sobre ellas querría hacer una mínima referencia porque creo que es
fundamental, puesto que están dictadas en el escenario de la Estrategia
Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador,
reforzando el mercado interior en un escenario de globalización. Suponen
un cambio sustancial a la anterior y fría concepción de la contratación
pública y cambian de ser una simple y burocrática tramitación de
proyectos a un instrumento de políticas públicas, tanto económicas como
sociales, al prevenir la participación más importante de la pequeña y
mediana empresa, al prevenir la inclusión de cláusulas con carácter
general de tipo social y de tipo medioambiental y, sobre todo, buscando
la trasparencia. Todo ello entendiendo que la mayor licitación supone una
mejora de los precios, una mayor información a los posibles participantes
y, en definitiva, un nuevo concepto de la contratación, de la cual el
Gobierno del Partido Popular pareció no enterarse e hizo una trasposición
cicatera, como de mala gana, donde las novedades de las directivas
aparecían difuminadas, sustituyendo el «se deberá» por el «se podrá»,
convirtiendo en optativas opciones que las directivas daban por
obligatorias.

El primer dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto
calificaba de estructura artificiosa y de difícil comprensión incluso
para los técnicos de la materia. En el Congreso todo esto provocó la
lluvia de enmiendas. De todos modos, España había tenido suficientes
avisos de la Unión Europea y del Parlamento Europeo en el sentido de la
incidencia de una mala trasparencia en la economía. La recomendación de
la decisión del Consejo de la Unión Europea hablaba de la falta de
mecanismos a priori y a posteriori, que obstaculiza la correcta
aplicación de la legislación de contratos y la ausencia efectiva de
publicación. Según el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, la falta de presión concurrencial le podía ocasionar
desviaciones medias al alza del 25 % del presupuesto de contratación
pública y en España, a nivel agregado, podría implicar hasta un 4,6 % del
PIB, aproximadamente 47 000 millones de euros al año. Este coste de
ineficiencia y de corrupción tiene un índice de referencia que nos debe
hacer pensar. Casi el 50 % de los contratos publicados tiene un solo
licitador: esto es falta de trasparencia.

La labor de la ponencia del Congreso ha sido absolutamente loable,
absolutamente dialogada y transaccionada, pero no todos los
planteamientos del Grupo Socialista se corrigieron. Por lo tanto, hemos
presentado las correspondientes enmiendas, que mi compañera ha defendido,
sobre todo insistiendo en la desaparición del contrato de gestión de
servicios públicos, ya que en el propio informe que hemos citado del
Consejo de Estado, de 10 de marzo de 2016, sobre el anteproyecto de ley,
se apuntaba que la supresión del contrato de gestión de servicios
públicos y su absorción por el de concesión de servicios no asegura un
régimen adecuado para garantizar los principios de igualdad,
universalidad, continuidad de los servicios públicos y del interés
general.

La ley no garantiza totalmente la transparencia ni el conocimiento
de todos los contratos del sector público desde el momento que mantiene
una pluralidad de plataformas de contratación sin conexión entre sí.
Asimismo, dificulta el control de la contratación pública puesto que al
crear la posibilidad de que en las grandes ciudades y en las diputaciones
provinciales se creen tribunales de contratación, no hay posibilidad de
obtener una doctrina jurisprudencial sobre contratación pública de una
manera uniforme, aparte de que la creación de esos tribunales, como
estarán dotados de personal interno de las corporaciones, puede caer en
la sospecha de tutela administrativa, según decía el profesor Gimeno
Feliu.

En cuanto a nuestro posicionamiento, nos ha sorprendido la
presentación de esas tres enmiendas del Grupo Popular, que pone el
proyecto en riesgo mediante el regreso del texto al Congreso de los
Diputados si no tienen garantizado el suficiente apoyo, aparte de suponer
un retraso en el plazo de tramitación legal, invitando a la Unión Europea
a que, efectivamente, sancione este retraso. Nosotros no vamos a apoyar
esas enmiendas; evidentemente, mantendremos nuestra postura de abstención
respecto de las demás, de las que vienen del Congreso. Pero la
presentación de estas enmiendas supone poner una pica en Flandes de los
contratos, una pica de carácter laboral, de su reforma laboral y
concretamente la destrucción de la estructura de los convenios, por lo
que es posible que mi grupo en el Congreso opte en su momento por el voto
negativo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Rubio.

Por el Grupo Popular en el Senado, tiene la palabra el senador
Martínez Arcas.

El señor MARTÍNEZ ARCAS: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer en términos generales el tono
que han utilizado las señorías que me han precedido en el uso de la
palabra, que surge del esfuerzo que se ha llevado a cabo en el Congreso
por alcanzar el consenso en una ley tan importante como la que hoy
estamos sometiendo al criterio de esta comisión.

La ley que hoy debatimos es fruto, indudablemente, de la
aportación de todos los grupos que forman parte de esta Cámara, como lo
fue de los grupos del Congreso. Como muestra de ello, se aprobaron, se
transaccionaron o se tuvieron en cuenta 975 de las 1081 enmiendas que se
presentaron a un texto de una ley que tiene 347 artículos; es decir, que
se han admitido una media de más de tres enmiendas por cada uno de los
artículos de los que consta esta ley. Por tanto, es una ley que surge de
una amplia mayoría, de un amplio consenso y de lo que los ciudadanos
esperan de nosotros, que no es otra cosa que el diálogo, la negociación y
el acuerdo. Y en esa negociación y en ese acuerdo apelo al resto de
formaciones política en el escaso margen de tiempo que nos queda hasta su
aprobación definitiva en el Pleno del Congreso, Dios mediante, la próxima
semana y en particular recojo el guante de la senadora Etxano en relación
con la posible negociación. Insistimos en que también nos dirigimos a los
parlamentarios del Grupo Socialista y reiteramos que la propuesta de
enmiendas que hace el Grupo Popular y que se ha incorporado al dictamen
de la comisión es exclusivamente de mera legalidad. No es un criterio de
oportunidad política el que sometemos a sus señorías, sino que es
exclusivamente para evitar, por seguridad jurídica, posibles
discrepancias en la aplicación efectiva de la Ley de contratos.

Como he dicho, partimos de un amplísimo consenso —y yo creo
que nos debemos felicitar todos los miembros de las Cortes
Generales— en una ley que es especialmente relevante —como
también se ha puesto en valor por alguno de los ponentes previos—,
especialmente relevante por lo que supone en términos económicos, ya que
cerca de un 20 % del producto interior bruto de España es el que se
regula a través de esta Ley de contratos del sector público, y lo que es
más importante: por la repercusión que va a tener en la calidad de vida
de los ciudadanos que se ven afectados, indudablemente, por esos
servicios públicos que prestan las administraciones.

Me van a permitir humildemente que destaque algunos principios y
algunos puntos que suponen un avance respecto a las leyes que teníamos
anteriormente vigentes en esta materia. En concreto, hay un factor que
los que hemos gestionado en alguna ocasión —que somos una amplia
mayoría de los parlamentarios— fondos públicos en el conjunto de
las administraciones públicas lo agradecemos, y es que se mejora en la
eficiencia y en la eficacia en cuanto a la adjudicación de los contratos.
Ya no será un requisito único y exclusivo, como ocurre en buena parte de
los contratos actualmente vigentes, para su adjudicación el precio, sino
que también se incorpora la valoración de la calidad/precio y de manera
muy especial en aquellos contratos vinculados a la consultoría, a la
ingeniería y a la arquitectura.

También debemos destacar el marcado carácter social que se imprime
en la norma, indudablemente con la aportación de todas las formaciones
políticas, pero también del Gobierno y del grupo parlamentario popular,
que supone un especial acento en las entidades del tercer sector, un
especial acento en fomentar la inserción sociolaboral de las personas con
discapacidad, y ello se determina tanto en los criterios de selección
como en las condiciones especiales de ejecución o en los criterios de
desempate que, como ustedes bien saben, señorías, anteriormente en caso
de desempate en un proceso de licitación se resolvía por sorteo y hoy la
nueva ley permitirá que se pueda hacer en función de criterios
sociales.

Igualmente, el carácter medioambiental de esta ley, que se enfoca
a los objetivos de la Comisión Europea en el ámbito del crecimiento
sostenible 2020. Como muestra de ello, la exigencia como criterio de
solvencia de los certificados de gestión medioambiental.

También se ha puesto en valor por alguno de los portavoces el
impulso que se pretende dar a la participación de las pequeñas y medianas
empresas en los procedimientos de contratación pública del conjunto de
las administraciones españolas. Ello se lleva a cabo por distintas vías,
por ejemplo la simplificación administrativa; por ejemplo, la puesta en
marcha de un nuevo procedimiento de adjudicación denominado procedimiento
de contratación abierto simplificado, que prevé que no dure más de un mes
la adjudicación de esos contratos; por ejemplo, la obligatoriedad de
justificar en determinadas obras el que se tenga que hacer por lotes.
Como ustedes saben, a contrario sensu, la ley vigente exige que se
justifique cuando un proyecto de determinada magnitud se quiere contratar
por lotes; ahora va a ser lo contrario, se va a exigir a las
administraciones públicas que justifiquen por qué no hacen por lotes
determinada contratación y esos lotes, indudablemente, permitirán un
mayor acceso de las pequeñas empresas a esta contratación.

También se pone el acento sobre la protección a la subcontratación
y a las empresas subcontratadas, hasta el punto de que, como bien ha
puesto en valor la senadora Domínguez de Posada, se permite por primera
vez en una legislación de contratos del ámbito comunitario la posibilidad
de que la administración pague directamente al subcontratista en caso de
que en contratista principal deje de hacer frente a sus
obligaciones.

También hay un importante esfuerzo —consenso de todos—
en el ámbito de la trasparencia y la lucha contra la corrupción. Se han
bajado los umbrales para poder llevar a cabo un contrato menor o de
adjudicación directa: hasta 40 000 euros en el caso de obras o
hasta 15 000 euros en el caso de los servicios y suministros. Se han
incrementado las previsiones de contratar para evitar el favoritismo. Se
ha bajado el umbral respecto al cual es preceptivo o posible, mejor
dicho, la interposición de un recurso especial en materia de
contratación. Se ha creado una oficina de supervisión de la contratación
como órgano independiente, que va a controlar y que va a fiscalizar el
sistema de contratación en el conjunto de las administraciones públicas,
manteniendo, por otro lado —y aquí quiero contestar al Partido
Socialista— el resto de infraestructuras ya vigentes en la actual
Ley de contratos, como la Junta Consultiva de Contratación y otros
órganos de control, o el Tribunal de Cuentas de la Contratación Pública.
También se incide en el fomento de la innovación, como en el nuevo
contrato de asociación para la innovación para aquellos casos en los que
sea preceptivo llevar a cabo algún tipo de investigación y desarrollo en
proyectos y obras y servicios que ejecute la administración pública.

En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular entiende que es una
buena ley, que surge del consenso, que da cumplimiento a las directivas
comunitarias, que da cumplimiento a los objetivos de nuestros socios
comunitarios en materia de desarrollo sostenible económico, la Estrategia
de Crecimiento 2020, y que, por tanto —y concluyo con ello—
pedimos que se mantenga ese espíritu de consenso que ha habido en el
debate de la ley a lo largo de la ponencia en el Congreso y emplazamos al
resto de formaciones políticas a que de aquí a su votación definitiva en
el Pleno de la Cámara podamos llegar a acuerdos que mantengan el consenso
del Congreso de los Diputados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martínez Arcas.

De conformidad con el artículo 116, pasamos a votar el texto
propuesto por la ponencia, con la incorporación de las tres enmiendas del
Grupo Parlamentario Popular; aunque, como establece el artículo 117, las
enmiendas desestimadas pueden mantenerse como votos particulares para su
defensa y votación en el Pleno.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 15; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda dictaminado por la Comisión de Hacienda
y Función Pública el Proyecto de la Ley de contratos del sector público
por la que trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 y 2014/24, de 26 de febrero
de 2014.

Por último, ¿puede entender el presidente que delegan en él para
llevar el dictamen al Pleno? (Asentimiento). Pues así será.

Muchas gracias a todos.

Se levanta la sesión.

Eran las catorce horas treinta minutos.