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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 11, de 21/12/2016
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 11
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA
Sesión núm. 2
celebrada el miércoles,
21 de diciembre de 2016
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas para informar sobre los siguientes extremos:
Presentación de
- Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2013, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 23 de julio de 2015 (se corresponde con el número de expediente 770/000001 de la XI
Legislatura). (Número de expediente del Senado 770/000001 y número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000001).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página7)
Presentación del
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada durante los ejercicios 2006 a 2009 por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 29 de noviembre de 2012
(se corresponde con el número de expediente 771/000009 de la XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000009 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000010).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página20)
- Informe de fiscalización de la contratación realizada por los Ministerios del área político-administrativa del Estado y sus organismos dependientes durante el ejercicio 2013, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del
día 22 de diciembre de 2015 (se corresponde con el número de expediente 771/000123 de la
XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000123 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000124).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página25)
- Informe de fiscalización de la contratación celebrada en 2013 por los Ministerios, Organismos y otros Entes dependientes del Área de la Administración Económica del Estado, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día
22 de julio de 2016. (Número de expediente del Senado 771/000158 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000158).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página25)
- Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas, ejercicio 2012, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día
26 de junio de 2014 (se corresponde con el número de expediente 771/000051 de la XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000051 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000048).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página31)
- Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas, ejercicio 2013, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día
23 de julio de 2015 (se corresponde con el número de expediente 771/000093 de la XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000093 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000093).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página31)
- Informe de fiscalización para el análisis de la adecuación de los procedimientos de contratación aplicados por las empresas estatales no financieras al marco legal establecido a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Pleno de este Tribunal en su sesión del día 27 de marzo de 2014 (se corresponde con el número de expediente 771/000042 de
la XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000042 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000043).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página43)
- Informe de fiscalización de la contratación de determinadas fundaciones estatales durante el ejercicio 2012, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 29 de mayo de 2014 (se corresponde con el número de expediente
771/000045 de la XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000045 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000047).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página43)
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
I. AUTÓNOMOS:
Debate y votación de las propuestas de resolución
- Informe de fiscalización del organismo autónomo Agencia para el Aceite de Oliva, ejercicio 2011, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 28 de noviembre de 2013 (se corresponde con el número de expediente
771/000033 de la XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000033 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000033).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página50)
- Informe de fiscalización del organismo autónomo Confederación Hidrográfica del Tajo, ejercicios 2008-2010, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 23 de diciembre de 2013 (se corresponde con el número de
expediente 771/000038 de la XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000038 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000039).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página51)
- Informe de fiscalización del Instituto Nacional del Consumo, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 28 de febrero de 2013 (se corresponde con el número de expediente 771/000019 de la XI Legislatura). (Número de
expediente del Senado 771/000019 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000020).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página51)
- Informe de fiscalización del Centro de Estudios Jurídicos, ejercicios 2010 y 2011, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 23 de diciembre de 2013 (se corresponde con el número de expediente 771/000039 de la XI
Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000039 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000038).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página52)
- Informe de fiscalización de la actividad de la Biblioteca Nacional, ejercicios 2011 y 2012, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 26 de febrero de 2015 (se corresponde con el número de expediente 771/000074 de
la XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000074 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000074).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página52)
II. ORGANISMOS PÚBLICOS CON INDEPENDENCIA O AUTONOMÍA:
Debate y votación de las propuestas de resolución
- Informe de fiscalización de la Comisión Nacional de la Competencia, ejercicio 2008, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 26 de abril de 2012 (se corresponde con el número de expediente 771/000002 de la XI
Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000002 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000003).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página52)
- Informe de fiscalización de la actividad de la Agencia Española de Protección de Datos, ejercicio 2009, referida, en especial, al seguimiento de las recomendaciones del Tribunal y Resoluciones de la Comisión Mixta correspondiente al
Informe de fiscalización de la Agencia relativo al ejercicio 2001, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 28 de febrero de 2013 (se corresponde con el número de expediente 771/000017 de la XI Legislatura). (Número de
expediente del Senado 771/000017 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000017).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página53)
- Informe de fiscalización del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ejercicio 2010, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 26 de septiembre de 2013 (se corresponde con el número de expediente 771/000029 de la XI
Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000029 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000030).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página54)
III. CONSORCIOS Y AGENCIAS ESTATALES:
Debate y votación de las propuestas de resolución
- Informe de fiscalización del Consorcio Centro Sefarad-Israel, ejercicios 2011 y 2012, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 26 de junio de 2014 (se corresponde con el número de expediente 771/000048 de la XI
Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000048 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000051).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página55)
- Informe de fiscalización del Consorcio Casa Árabe y su Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán, ejercicios 2011 y 2012, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 26 de junio de 2014 (se
corresponde con el número de expediente 771/000047 de la XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000047 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000053).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página55)
- Informe de fiscalización del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, ejercicio 2011, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 26 de junio de 2014 (se corresponde con el número de expediente
771/000049 de la XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000049 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000050).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página56)
- Informe de fiscalización de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, anteriormente Agencia Estatal Antidopaje, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 30 de octubre de 2014 (se corresponde con
el número de expediente 771/000058 de la XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000058 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000059).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página56)
- Informe de fiscalización de la actividad realizada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para el cobro efectivo de las deudas tributarias, durante los ejercicios 2012 y 2013, aprobado por el Pleno del Tribunal de
Cuentas en su sesión del día 26 de marzo de 2015 (se corresponde con el número de expediente 771/000076 de la XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000076 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000077).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página57)
IV. FUNDACIONES:
Debate y votación de las propuestas de resolución
- Informe de fiscalización de la Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón (FUNDESFOR), ejercicio 2010, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 28 de junio de 2012 (se corresponde
con el número de expediente 771/000004 de la XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000004 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000006).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página57)
- Informe de fiscalización de la Fundación Residencia de Estudiantes, ejercicios 2005 a 2009, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 31 de enero de 2013 (se corresponde con el número de expediente 771/000012 de la
XI
Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000012 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000013).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página58)
- Informe de fiscalización de la Fundación Escuela de Organización Industrial, ejercicio 2010, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 28 de febrero de 2013 (se corresponde con el número de expediente 771/000016 de
la XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000016 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000019).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página58)
- Informe de fiscalización sobre la gestión de la Fundación tripartita para la formación en el empleo en relación con el subsistema de formación profesional para el empleo en materia de formación de oferta, aprobado por el Pleno del Tribunal
de Cuentas en su sesión del día 30 de octubre de 2014 (se corresponde con el número de expediente 771/000057 de la XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000057 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000064).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página59)
- Informe de fiscalización de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III, ejercicios 2012 y 2013, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 30 de abril de 2015 (se corresponde con el
número de expediente 771/000078 de la XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000078 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000079).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página59)
- Informe de fiscalización de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), ejercicios 2012 y 2013, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 28 de mayo de 2015 (se corresponde con el número de
expediente 771/000081 de la XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000081 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000083).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página60)
V. ADMINISTRACIÓN LOCAL:
Debate y votación de las propuestas de resolución
- Informe de fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Teruel, período 2006-2009, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 31 de enero de 2013 (se corresponde con el número de expediente
771/000015 de la XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000015 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000016).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página60)
- Informe de fiscalización sobre los gastos ejecutados por las entidades locales sin crédito presupuestario, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 23 de diciembre de 2013 (se corresponde con el número de
expediente 771/000037 de la XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000037 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000037).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página61)
- Informe de fiscalización de los consorcios de ámbito local, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 23 de diciembre de 2013 (se corresponde con el número de expediente 771/000036 de la XI Legislatura). (Número
de expediente del Senado 771/000036 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000040).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página61)
- Informe de fiscalización de las incidencias producidas durante el año 2012 en la ejecución de los contratos celebrados por las entidades locales de las Comunidades Autónomas sin Órgano de Control Externo propio, aprobado por el Pleno del
Tribunal de Cuentas en su sesión del día 30 de enero de 2014 (se corresponde con el número de expediente 771/000040 de la XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000040 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000041).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página61)
- Informe de fiscalización de las retribuciones y de la gestión de los sistemas de provisión y promoción de los puestos de la intervención de las entidades locales, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 24 de
abril de 2014 (se corresponde con el número de expediente 771/000043 de la XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000043 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000044).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página62)
- Informe sobre las actuaciones del Tribunal de Cuentas para promover en el ámbito local la rendición de cuentas, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 20 de diciembre de 2014 (se corresponde con el número de
expediente 771/000068 de la XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000068 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000068).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página62)
- Informe de fiscalización de la gestión recaudatoria de los ayuntamientos de municipios con población superior a 100.000 habitantes de las Comunidades Autónomas sin Órgano de Control externo propio, Ayuntamiento de Logroño (La Rioja),
aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 26 de febrero de 2015 (se corresponde con el número de expediente 771/000072 de la XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000072 y número de expediente del Congreso
de los Diputados 251/000073).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página62)
- Informe de fiscalización de la gestión recaudatoria en ayuntamientos de municipios con población superior a cien mil habitantes de las Comunidades Autónomas sin Órgano de Control externo propio, Ayuntamiento de Murcia, aprobado por el
Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 26 de marzo de 2015 (se corresponde con el número de expediente 771/000077 de la XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000077 y número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000078).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página63)
- Informe de fiscalización de los servicios prestados en materia de mataderos y mercados en el Sector Público Local, en coordinación con los Órganos de Control Externo, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 28 de
mayo de 2015 (se corresponde con el número de expediente 771/000082 de la XI Legislatura). (Número de expediente del Senado 771/000082 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000082).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página63)
- Informe de fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2013, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 28 de mayo de 2015 (se corresponde con el número de expediente 771/000083 de la XI Legislatura). (Número
de expediente del Senado 771/000083 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000084).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS... (Página64)
Se abre la sesión a las dieciséis horas.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Buenas tardes.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas y agradecerle su presencia porque esta es una sesión que casi calificaría como titánica.
COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
PRESENTACIÓN DE
- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013, APROBADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2015 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 770/000001 DE LA XI
LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 770/000001 y número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000001).
AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS.
El señor PRESIDENTE: Quiero recordarles a sus señorías que en la sesión celebraba el 13 de diciembre de este año se determinó que, para la presentación de la Cuenta General, el señor presidente del Tribunal dispusiera de quince minutos para
la exposición; a continuación, cada portavoz de los grupos tendrá siete para manifestar lo que estime oportuno y formular las preguntas pertinentes. El presidente no tendrá tiempo en el turno de contestación, aunque le pido brevedad dado lo
extensa que va a ser la sesión. Después habrá un turno de dos minutos para hacer alguna puntualización. En el resto del orden del día, el presidente tendrá diez minutos para la exposición y sus señorías tendrán cinco minutos para formular las
preguntas que estimen oportunas. Dada la intensidad, que a nadie se le escapa, de esta sesión, quiero pedirles que se ciñan al tiempo porque si no, se puede hacer interminable. Quiero recordarles a todos que la votación va a ser larga, por lo que
les anticipo que, salvo alguna cuestión excepcional, voy a ser riguroso con el tiempo.
Sin más dilación, tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas para realizar la exposición de la declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2013.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, señor presidente.
Sin entrar en ninguna cuestión más formal o protocolaria, quiero presentarles el informe sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2013.
El Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136.1 de la Constitución, en el artículo 10 de la Ley Orgánica 2/1982 y en el artículo 33 de su Ley de Funcionamiento, ha efectuado, por delegación de las Cortes Generales,
el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2013.
El Pleno del Tribunal, una vez analizadas las alegaciones del Gobierno y oído el fiscal, dictó, en su sesión de 23 de julio de 2015, la declaración sobre la citada Cuenta General del Estado, así como su fundamentación y desarrollo, y acordó
su elevación a las Cortes Generales, dando traslado de la misma al Gobierno. La declaración propiamente dicha indica de forma literal lo siguiente: 'La Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2013 se recibió en el Tribunal el 31 de
octubre de 2014, dentro del plazo legalmente establecido, presenta la estructura y contenido previstos en las disposiciones que le son de aplicación y, con algunas excepciones que se indican posteriormente, es coherente internamente y con las
cuentas y documentación complementaria que le sirven de fundamento.
En opinión del Tribunal, el cumplimiento de la legislación aplicable y el fiel reflejo en la Cuenta General del Estado de la actividad económico-financiera del sector público estatal y de sus resultados en 2013, así como de la situación
patrimonial al cierre del ejercicio y de la ejecución del presupuesto, están afectados por las excepciones, limitaciones y salvedades que, junto con otras informaciones relevantes derivadas de determinados análisis de la Cuenta General del Estado,
se exponen a continuación'.
Cabe destacar que el Tribunal ha continuado en la senda de reducción del plazo para dictar su declaración, que ha mejorado incluso con la emisión de la correspondiente al ejercicio 2014 y que se encuentra pendiente de presentación ante esta
comisión.
En primer lugar, en cuanto a la Cuenta General del sector público administrativo, cabe destacar que, de las 159 entidades que integraban dicho subsector, no figuran integradas en la Cuenta General del Estado las cuentas de un total de 27
entidades.
La suma de los presupuestos de gastos de las entidades no integradas con presupuesto limitativo representa el 0,45% de los créditos autorizados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, superior al 0,26% del ejercicio
2012.
Todas las entidades que formaban parte del sector público administrativo cumplieron su obligación de rendir cuentas. El 66,2% rindieron en plazo sus cuentas anuales del ejercicio 2013, lo que supone un porcentaje inferior al 80,8% del
ejercicio precedente.
Respecto a su consistencia interna, la Cuenta General de la Seguridad Social presenta diferencias con la agregación de las cuentas individuales debido a que estas últimas no recogen ciertas modificaciones por cambio de criterio y corrección
de errores.
Por lo que hace referencia a las modificaciones de los créditos iniciales, incluidas las de las entidades cuyas cuentas no habían sido integradas en la Cuenta General del sector público administrativo, ascendieron en términos netos a 59 349
millones de euros, cifra que supone cerca de la mitad de los 105 204 millones de euros del ejercicio 2012. Se han observado deficiencias poco significativas en la tramitación de los expedientes analizados.
En cuanto a la ejecución del presupuesto de gastos, las obligaciones reconocidas netas consolidadas ascendieron a 424 604 millones de euros. Se dejaron de reconocer obligaciones por un importe agregado de 3849 millones, posponiéndose en su
mayor parte a ejercicios posteriores. Por el contrario, se han imputado gastos en 2013 por un importe agregado de 8774 millones de euros, que corresponden a ejercicios anteriores.
Respecto a la ejecución del presupuesto de ingresos, los derechos reconocidos netos se elevaron a un total de 420 847 millones de euros. Se han aplicado en el ejercicio 382 millones, que corresponden al exceso de derechos de ejercicios
posteriores imputados a 2013 sobre los derechos no imputados del propio ejercicio. Además, se ha producido un exceso neto de imputación al presupuesto inicial por importe de 1905 millones como consecuencia de los defectos y excesos de imputación de
derechos en los presupuestos de ejercicios anteriores.
Los hechos puestos de manifiesto en la declaración afectan a la representatividad de la Cuenta General del sector público administrativo, de modo que el resultado presupuestario consolidado por operaciones no financieras imputable al
ejercicio 2013 pasaría del saldo negativo de 41 345 millones que figura en la cuenta a otro también negativo de 38 747 millones, lo que representa un menor déficit por importe de 2598 millones.
Considerando las partidas que eran determinables en el ejercicio y que debieron regularizarse en cumplimiento de los principios de la contabilidad pública, cabe señalar la existencia de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, a
finales del ejercicio 2013, cuantificadas en 6502 millones de euros, por lo que se refiere a los gastos, y en 538 millones respecto a los ingresos, que deberán ser imputadas a los presupuestos de ejercicios posteriores.
Entrando en el análisis de los estados financieros, destaca la ausencia de inventarios completos de los bienes y derechos que constituyen el inmovilizado no financiero de la Administración General del Estado y de la Tesorería General de la
Seguridad Social, lo que afecta a las amortizaciones, al cálculo del deterioro del valor y a la información a incluir en la memoria.
Respecto a las entidades de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y el Instituto Social de la Marina, seguían incluyendo en sus balances incorrectamente el valor de los
inmuebles transferidos a las comunidades autónomas y el de los edificios adscritos a las fundaciones hospital por un saldo de 3835 millones de euros.
La materialización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social ascendía a 52 539 millones de euros. En 2013 se realizaron dos disposiciones, por importe de 11 648 millones, destinadas a financiar las pensiones de naturaleza contributiva y
gastos para su gestión.
Por otra parte, los importes pendientes de cancelar a largo plazo de los créditos concedidos a las administraciones territoriales por la liquidación negativa de los recursos del sistema de financiación de los años 2008 y 2009 ascendían a 13
392 millones de euros, en el caso de las comunidades autónomas, y a 3536 millones de euros en el de las entidades locales, considerando el tribunal aconsejable que se aplicase un criterio uniforme para todas las entregas.
El pasivo exigible registrado en el balance consolidado de la Cuenta General del sector público administrativo ascendía a 854 460 millones de euros. El endeudamiento del Estado mantiene la tendencia al alza iniciada a partir del ejercicio
2008, habiéndose incrementado un 8,9% en 2013. El 94,2% del importe total del endeudamiento del Estado corresponde a la deuda pública, no habiendo excedido el incremento de deuda el límite fijado en la normativa presupuestaria.
Por lo que se refiere al endeudamiento de las entidades gestoras de la Seguridad Social, que asciende a 41 051 millones de euros, continuaban sin amortización alguna los 11 préstamos de la Administración General del Estado por importe de 17
169 millones. La cuenta del resultado económico patrimonial consolidada del ejercicio presenta un desahorro neto de 86 838 millones de euros. No obstante, se han observado operaciones incorrectamente registradas o pendientes de contabilizar
correspondientes a gastos e ingresos del ejercicio cuyo adecuado registro implicaría que el desahorro neto pasaría a ser de 80 436 millones.
Por otra parte, las partidas de gastos e ingresos de ejercicios anteriores pendientes de contabilizar o incorrectamente aplicadas hasta el 31 de diciembre de 2013 habrán de imputarse en ejercicios posteriores directamente al patrimonio neto
y tendrán un efecto neto negativo sobre el mismo por importe de 4401 millones de euros.
A pesar de las mejoras producidas en el ejercicio la memoria que incluye la Cuenta General del sector público administrativo no aporta, en algunos aspectos, suficiente información para completar y ampliar el contenido de los estados de la
misma. Considerando el efecto de los errores y deficiencias que se recogen en la declaración se ha elaborado un balance y una cuenta de resultados económico-patrimonial consolidados ajustados. Como síntesis de los ajustes realizados, el efecto de
estos implica un aumento neto en el activo del balance de 2612 millones de euros y un aumento neto del pasivo de 93 millones, lo que supondría un incremento del patrimonio neto por la diferencia de 2519 millones. Por lo que se refiere a la cuenta
de resultados económico-patrimonial consolidada los ajustes determinarían una disminución del desahorro por un importe neto de 6401 millones.
La Cuenta General del sector público empresarial del ejercicio 2013 es internamente consistente y acorde con las cuentas anuales individuales y consolidadas integradas en ella. Su representatividad se ha visto afectada negativamente por la
falta de agregación de las entidades cuyas cuentas anuales fueron recibidas por la IGAE con posterioridad al momento de la elaboración de la cuenta y por la reformulación de cuentas efectuadas por dos entidades. Así, no fueron agregadas las cuentas
de 18 entidades, 3 de ellas por haber dejado de pertenecer al sector público, y las restantes debido principalmente a que la Intervención General de la Administración General del Estado recibió sus cuentas después de la elaboración de la propia
cuenta.
La cuenta general integra las cuentas del Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria, que no estaban consolidadas, con las de las entidades de crédito, en cuyo capital participaba en 2013 por haberse acogido a la excepción prevista en
la normativa mercantil, circunstancia que se explica en la memoria.
El balance agregado del ejercicio 2013 presenta un importe total de 233 046 millones de euros y la cuenta de pérdidas y ganancias agregadas ofrece un resultado negativo atribuido al Estado de 9 millones de euros, originado fundamentalmente
por las elevadas pérdidas del FROB. Sin contar con este fondo, el resultado positivo atribuido al Estado por el resto de entidades habría ascendido a 2778 millones de euros.
Respecto al informe previsto en el artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria que deben rendir las entidades como consecuencia de su pertenencia al sector público, en numerosos casos seguía sin contener toda la información preceptiva,
especialmente en materia de ejecución presupuestaria y sobre garantías recibidas o concedidas a otras entidades del sector público. Asimismo, la memoria del ejercicio de 2013 incluye unos estados financieros parcialmente consolidados, elaborados
por la IGAE con la información recibida de las entidades integradas en los que se recogen los importes correspondientes a 2013, tras la eliminación en los estados financieros agregados de algunas operaciones internas realizadas. Dicha eliminación
supone una reducción total del balance agregado por importe de 1791 millones de euros y un aumento del resultado consolidado del ejercicio de 17 millones.
Ambos estados parcialmente consolidados ofrecen una información más representativa de la situación económica y financiera y de los resultados del sector público empresarial estatal.
La memoria recoge las cuentas agregadas de las entidades de crédito y de seguros, si bien a partir de sus cuentas consolidadas se han incluido también las de las entidades filiales de otra naturaleza.
Por lo que se refiere al endeudamiento con entidades de crédito, a 31 de diciembre de 2013 ascendía a 37 127 millones de euros, de los que el 32,5% corresponde a ADIF-Alta Velocidad y el 31,9% a AENA.
En el ejercicio 2013 se han respetado los límites para concertar nuevas operaciones de crédito establecidas para determinadas entidades públicas y empresariales y organismos públicos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En la cuenta del sector público fundacional se indica que la misma es internamente coherente, acorde con las cuentas individuales que la conforman y su estructura se ajusta a lo dispuesto en su normativa reguladora. No obstante, al igual
que en ejercicio anteriores, su representatividad se ve afectada negativamente por la falta de integración de 7 fundaciones de un total de 47 existentes. La Fundación Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y Ciencias del Mar no ha rendido
cuentas que fueron reclamadas por conducto de la IGAE.
Al igual que en ejercicios anteriores existen discrepancias entre los datos de los presupuestos de explotación y de capital que figuran en los estados que acompañan a la Ley de Presupuestos Generales del Estado y los que figuran en las
cuentas de cada fundación y en la propia Cuenta General del sector público fundacional.
Por otra parte, varias fundaciones no tenían valorado el derecho de uso sobre los inmuebles o bienes cedidos por sus patronos para la realización de su actividad propia ni, por lo tanto, lo registrado como inmovilizado intangible. Tres
fundaciones presentaban fondos propios negativos y, en el caso de otras 8 entidades, sus fondos propios eran inferiores a la dotación fundacional.
En la fundamentación y desarrollo figura toda la información de detalle incluido el seguimiento de las resoluciones de los Plenos de las Cámaras en relación con las tres declaraciones anteriores que les he presentado. Como consecuencia de
lo indicado en la declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2013 el Tribunal de Cuentas propone a las Cortes Generales que insten al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que la Cuenta General del Estado
se ajuste a la legislación aplicable y refleje adecuadamente la actividad económico-financiera del sector público estatal llevada a cabo en el ejercicio, sus resultado y la situación patrimonial al cierre del mismo, subsanando las deficiencias que
se incluyen en esta declaración y se desarrollan en su fundamentación; se fomenten las medidas legislativas tendentes a la reducción con carácter general de los plazos establecidos en la actualidad para todos los trámites referentes a la Cuenta
General del Estado, con objeto de que el plazo de la emisión por el Tribunal de Cuentas de la declaración se acorte en relación con las previsiones establecidas en la actual legislación y se dote a las Cortes Generales del correspondiente
pronunciamiento en un plazo más breve y no alejado en exceso en el tiempo del ejercicio económico al que la Cuenta General del Estado se refiera.
Por último, cabe señalar que con fecha de 31 de julio de 2015 se aprobó la orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la que se regula la elaboración de la Cuenta General del Estado según el modelo de una única cuenta
consolidada. Se cumple así con lo manifestado reiteradamente por el Tribunal de Cuentas siendo de aplicación a partir del ejercicio de 2014 cuya Cuenta General consolidada ya ha sido examinada por el tribunal. Dicha orden ministerial también
recoge la recomendación señalada por el Tribunal de Cuentas relativa a la integración en la Cuenta General de las entidades con informe de auditoría con opinión desfavorable o denegada, siempre que dicha incorporación no afecte a la coherencia
interna y representatividad de la misma.
En todo caso, subsiste la propuesta contenida en la moción sobre los procedimientos de formación, alcance y contenido de la Cuenta General aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas de 27 de julio de 1996, dirigida a abordar la necesidad
de reducción de los plazos establecidos en la actualidad para todos los trámites referentes a la Cuenta General del Estado, en especial de su plazo de remisión al tribunal y de los plazos de rendición de las cuentas de las entidades del sector
público.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, para fijar posiciones y formular las preguntas que estimen convenientes, abrimos un turno de portavoces.
Por el Grupo Mixto, por un tiempo de siete minutos, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero dar la bienvenida a esta comisión al presidente del Tribunal de Cuentas.
Ha habido un largo paréntesis sin reunirnos que ha supuesto que esta comisión haya acumulado mucho trabajo porque el Tribunal de Cuentas, obviamente, ha continuado haciendo el suyo. Ahora va a
recaer sobre nosotros intentar recuperar una parte de esta distancia que nos han sacado. En todo caso, lo sabe el presidente de la comisión, vamos a intentarlo, aunque no sé si lo vamos a conseguir.
Dicho esto, en primer lugar, en nombre de mi grupo, de la formación que represento, quiero agradecer el ingente trabajo de elaboración de todas las personas que han intervenido desde Tribunal de Cuentas.
Esta Cuenta General es el reflejo de un presupuesto que se aprobó en unas determinadas circunstancias, a diferencia de otras cuentas generales, yo creo que esta es plenamente imputable al Partido del Gobierno de aquel momento, y podemos
apreciar que, si bien se han hecho ciertas mejoras -no voy a ser yo quien las niegue- en la presentación de la Cuenta General, todavía hay deficiencias que se mantienen. Y cuando uno analiza las resoluciones que se aprueban con relación a
ejercicios anteriores, todavía se toma más conciencia de que hay muchos elementos que mejorar.
A mí me gusta analizar todas aquellas entidades que no figuran integradas, por diferentes motivos, ya sea en la Cuenta General del sector público administrativo como en la del sector público empresarial y el fundacional, y no por el importe
de presupuesto que queda al margen de la cuenta, sino por lo que representan. Porque, en todo caso, la Administración General del Estado es la que tendría que dar ejemplo al resto de administraciones, especialmente a la Administración local, con la
cual se es muy exigente, y entendemos que no queda avalada esta exigencia por su propio comportamiento. Veintisiete entidades quedan fuera de la elaboración de la Cuenta General del sector público administrativo; del sector público empresarial son
28, con lo cual se empeora la situación en relación a ejercicios anteriores y continuamos teniendo un problema importante en el sector público fundacional.
Estos problemas también se van repitiendo en situaciones no resueltas. La Tesorería General de la Seguridad Social, que llegará un momento en el que tendrá que poner orden, sigue sin un inventario general de bienes y derechos después de
muchísimo tiempo y de haberlo reclamado de forma reiterada.
En todo caso, la Cuenta General también nos pone de relieve algunas cuestiones que no se han resuelto y, yo diría, que en algún caso todavía se han agravado. La diferencia entre el presupuesto aprobado inicialmente y el ejecutado realmente
es significativa en algunos aspectos, especialmente -y quisiera ponerlo de relieve hoy- en algún ministerio: concretamente las modificaciones presupuestarias imputables al Ministerio de Defensa en el 2013 son importantes, tanto que prácticamente
alcanzan un tercio del conjunto de créditos iniciales aprobados, y las modificaciones presupuestarias son del 32%. Eso no indica nada en cuanto a la Cuenta General. Sí indica algo sobre la mala praxis a la hora de elaborar los presupuestos.
En todo caso, reconociendo que ha habido alguna mejora en la gestión y en la presentación de las cuentas públicas por parte de la Administración General del Estado, encontramos que se repiten prácticamente las mismas deficiencias y
entendemos que no se está evolucionando a un buen ritmo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel, sobre todo por su capacidad de síntesis.
Por el Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Etxano. (Denegaciones). Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Picornell.
El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias señor presidente.
Señor presidente del Tribunal de Cuentas, para empezar quiero agradecerle su comparecencia para presentar la declaración sobre la Cuenta General del Estado del 2013. Es la primera vez que podemos debatirla en esta legislatura, teniendo
presente que la anterior -la breve, como decía mi compañero Ferran Bel- no llegamos a hacerlo y, por lo tanto, se han acumulado un sinfín de informes.
Teniendo presente que en la reunión del 20 de junio pasado el Tribunal de Cuentas aprobó la declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio del 2014, nosotros también nos planteábamos si no podríamos en otras
ocasiones unir informes. De hecho, analizando los distintos informes nos encontramos con una línea temporal amplia que va más allá de un solo año y, por lo tanto, tenemos la posibilidad de comparar y comprobar en qué empeoramos y en qué mejoramos.
No se le escapa a nadie que la primera preocupación, al menos de nuestro grupo, son los plazos de tiempo. Como decía, nos preguntamos si no sería mejor analizar conjuntamente las dos declaraciones, porque muchas de las preocupaciones se
expresan en los dos informes y, además, hay muchos aspectos que tienen una continuidad temporal que no se pueden separar. La valoración la haremos a lo largo de esta tarde en los distintos informes, y muchas de las conclusiones se referirán al
cumplimiento de los plazos de entrega de las distintas administraciones auditadas. Esto es una cosa que nos preocupa enormemente y, además, como decía, se va repitiendo a lo largo de los distintos informes que hace el
Tribunal de Cuentas. Expresamos nuestra seria preocupación porque el trabajo de esta comisión mixta pueda debatir los asuntos cuando toque y no cuando ya no tiene, según nuestro parecer, ningún sentido.
En la Cuenta General del Estado encontramos distintos aspectos que no mejoran y que se van repitiendo y, también, algunos que mejoran y por eso queremos felicitar a los responsables de que sea así, pero, repito, nos preocupa esta reiteración
a lo largo de los distintos informes.
Entrando directamente en el informe de la Cuenta General del Estado, déjenme decirles que hoy en día creemos que no debería haber ninguna entidad del sector público empresarial cuya contabilidad no estuviese integrada en la Cuenta General
del Estado, y en este sentido sí encontramos una mejora porcentual, pero no entendemos por qué aún hay empresas que no están integradas.
Por otra parte, no se presentan las cuentas en el plazo y en la forma indicada, como se explica a lo largo del informe, y también hay muchas cuestiones ligadas a la disciplina, a los hábitos de gestión de las distintas administraciones,
instituciones, fundaciones, etcétera. En este sentido, es conocida la imagen del Estado ante la Comisión Europea, por ejemplo, en cuanto a la presentación de las cuentas y, cómo nos han fiscalizado -digamos- mucho en los últimos años y van a seguir
haciéndolo. Parece ser que el punto de partida entre la presentación de la Cuenta General del Estado de las distintas administraciones y fundaciones sigue una línea que, a lo mejor, tendríamos que intentar mejorarla. De hecho, nuestra mayor
preocupación es cómo podemos ayudar al Tribunal de Cuentas y cómo podemos ser útiles para que estas anomalías no sucedan. Además, nos encontramos con 6 cuentas que han sido denegadas por parte del Tribunal de Cuentas y otras 47 que tienen un
informe favorable, pero con salvedades, y esto nos preocupa.
La Cuenta General del Estado es una fotografía en un momento concreto de un año concreto y no lo podemos abstraer del momento económico que pasa el Estado. De hecho, en esta cuenta ya se cita el Fondo de Reserva de las pensiones, el
incremento de la deuda del Estado y otras deficiencias que no entraremos a valorar porque ya están en el informe.
Nos sorprende que se diga que la Tesorería General de la Seguridad Social sigue sin disponer del inventario general de bienes y derechos completo y actualizado. Nosotros preguntamos qué quiere decir completo y actualizado. Ya sabemos que
existen los anexos pero, ¿hasta cuándo vamos a prorrogar esta situación de que no esté completo y actualizado? Porque es algo que, entre comillas, nos hace un poco de gracia.
Después entraremos a valorar los otros informes, pero queremos preguntar cómo conseguimos que el Gobierno haga caso a las distintas recomendaciones del Tribunal de Cuentas. En este sentido, si me dejan avanzar un poco en el tiempo, les voy
a leer las recomendaciones que hace el propio Tribunal de Cuentas de la Cuenta General del Estado del 2014, que salió el 30 de junio de este mismo año. El Tribunal de Cuentas insta al Gobierno a que se adopten las medidas necesarias -como decía el
presidente antes en el caso de 2013-; que se subsanen las salvedades y deficiencias; que se apliquen las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, y que se pongan en práctica las resoluciones del Pleno del Congreso, un poco en la
misma dirección que las conclusiones del informe del 2013.
Nosotros podemos leernos todos los informes, miles de páginas, un poco de cada informe cada día antes de ir a dormir, pero si las conclusiones siguen siendo las mismas año tras año, creo que el Gobierno se tendría que preguntar qué dirección
toma en este sentido: si aplica las resoluciones que aprobamos todos en esta comisión Congreso-Senado o no las aplica, y si aplica las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. En este sentido, yo le pediría al Gobierno, que es amante de hacer
mucho caso al TC, que hiciera caso al TC, en este caso al Tribunal de Cuentas, no al Tribunal Constitucional. Si el Gobierno no hace caso a las recomendaciones que trabajamos nosotros aquí, nuestro objetivo está siendo en vano. Por lo tanto,
tendríamos que plantearnos en qué dirección hacemos nuestro trabajo. Si en la Cuenta General del Estado de 2015 -y termino, presidente- vuelven a salir las mismas recomendaciones que en el 2013 y el 2014 y así hasta el infinito, tendremos un
problema porque simplemente -y déjenme decirlo así-, estaríamos perdiendo el tiempo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picornell.
Por el Grupo de Ciudadanos, el señor Ten tiene la palabra.
El señor TEN OLIVER: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Primero quería dar la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas en esta su primera comparecencia en la XII Legislatura. En la anterior ya tuvimos el placer de conocerle, y aunque la verdad
es que fue muy breve, vimos numerosos informes y ahora haremos unas propuestas de resolución sobre ellos que espero que se aprueben para intentar corregir esta situación y que no se produzca el día de la marmota, como alguien nos comentaba.
Además, nuestra obligación como representantes de los ciudadanos es intentar solucionar todos estos temas.
Lo cierto es que Ciudadanos lo intentó con el PSOE y no lo consiguió, ahora lo hemos intentado con el Partido Popular y tenemos un pacto de investidura con lo que hemos evitado otras elecciones. Reconocemos la calidad de los informes del
Tribunal de Cuentas y el papel clave de la regeneración en nuestra democracia que reclaman los ciudadanos. Sin embargo, vemos actitudes y comportamientos de las distintas instituciones que se repiten y vamos a intentar dar solución a todos estos
problemas.
La aprobación en el Pleno del Tribunal de Cuentas, una vez realizado el examen y la aprobación de la Cuenta General del Estado correspondiente a este ejercicio que estamos estudiando, 2013, el pasado 27 de julio, supone adelantar
significativamente su tramitación, por lo que en el Grupo de Ciudadanos nos preguntamos si además de esa adaptación normativa que usted propone es posible acortar esos plazos con la ayuda de nuevas tecnologías para que la rendición de cuentas pueda
hacerse, ojalá, en un año.
Me gustaría recalcar tres ideas fundamentales de este informe. En primer lugar, el retraso en las cuentas generales, esa burbuja de la crisis del sistema que se ha creado; debemos depurar la responsabilidad respecto al incumplimiento de
las obligaciones de información que señala el Tribunal de Cuentas, y la carencia más importante que encontramos para completar esas cuentas para que sean realmente útiles como fiscalización de la Administración.
Como comentaba en primer lugar, las cuentas generales del Estado representan un retrato del inicio de la crisis del sistema financiero y autonómico. El gasto total del Estado aumentó en más de un 19% entre 2011 y 2013, debido,
fundamentalmente, a ese rescate bancario y financiero y a la insuficiente financiación autonómica que siempre hemos reclamado en nuestro grupo parlamentario.
Las partidas del FLA, del FROB y del pago a proveedores representaron un desfase de 42 130 millones de euros. El Estado, además, avalaba 182 520 millones de euros para rescatar el sistema financiero mediante avales directos. Ustedes
reconocen, además, en el informe de la cuentas generales del Estado de 2013 que hay defectos de financiación ya en la Seguridad Social, pues el Fondo de Reserva ascendía a 52 539 millones. En dicho ejercicio se realizaron dos disposiciones, más de
11 600 millones de euros. La cosa, desde luego, no ha hecho más que empeorar durante estos años y ya lo hemos visto con el saldo que tenemos. Es más, acabamos de conocer la disposición de otros 936 millones de euros del Fondo de Reserva para hacer
frente a la liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente a la paga ordinaria y extraordinaria de pensiones de diciembre, con lo que este año se han sacado ya casi 20 000 millones, dejando la hucha de las pensiones
en 15 000 millones de euros, insuficiente, desde luego, para hacer frente al pago del próximo año 2017, lo que nos preocupa.
En segundo lugar, nos llama la atención esos retrasos que nos ha comentado y que hemos podido leer y constatar, esas importantes obligaciones legales que deberían conllevar alguna asunción de responsabilidad. Porque nos ha comentado que de
las 159 entidades que integran el sector público administrativo faltan esas 27 entidades que no están integradas en la Cuenta General del sector público administrativo. Esto representa casi 2000 millones de euros y, además, fue superior a 2012. Si
nos vamos al sector público empresarial, estas entidades son 28; es decir, nos preocupa. Luego hay 52 entidades que lo han presentado fuera de plazo legal, con lo cual solo el 62% de las entidades han cumplido. Además, se incrementa con respecto
al año 2012. Hay 5 entidades que no han cumplido con la obligación de publicar el resumen de las cuentas anuales en el Boletín Oficial del Estado y 54 entidades que lo han publicado fuera de plazo. Además, el informe de auditoría de la
Intervención General de la Administración del Estado es favorable para 95 entidades y favorable con salvedades para 47. Señala que hay entidades y organismos que deben recibir un toque de atención y ser controladas.
Por último, quisiera subrayar el hecho de que las modificaciones de crédito asciendan en términos netos a 59 349 millones de euros, representando el 14% de la ejecución del presupuesto de gastos. Sin embargo, no he encontrado en la Cuenta
General del Estado explicaciones al respecto. Me gustaría que incidiéramos en este tema. Por eso, en nuestro grupo parlamentario creemos que hay que proponer como mejora de la Cuenta General del Estado que se recolecte la explicación de las
principales causas que han motivado las desviaciones entre los resultados presupuestarios obtenidos y los inicialmente previstos, así como las variaciones de estos en relación con el ejercicio anterior, sin las cuales la información resulta
insuficiente.
Por último, y para terminar, como no puede ser de otra manera, estamos de acuerdo con su recomendación. Hay que instar al Gobierno, que realmente es el que tiene que tomar las medidas necesarias, para que la Cuenta General del Estado se
ajuste a la legislación aplicable y, además, se tienen que fomentar medidas legislativas tendentes a la reducción de los plazos en los trámites para seguir acortando este pronunciamiento del Tribunal de Cuentas. Por eso, me cuestiono yo si
realmente es necesario que legislemos sobre un procedimiento sancionador, sobre un procedimiento en el cual el Tribunal de Cuentas pueda acceder a la información mucho más rápido de lo que lo está haciendo ahora. Evidentemente, estamos con usted.
Sé que el Tribunal recomienda avanzar en esa rigurosa presupuestación y el uso de remanente de tesorería en una ajustada política de transferencias del Estado y los organismos autónomos y, además, en la subsanación de las deficiencias que usted
mismo ha mencionado.
Muchísimas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Martínez Ruiz.
El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias.
Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas por comparecer. Voy a intentar destacar algunos de los elementos y datos más destacados del informe. Quiero empezar por la liquidación de presupuestos. En ella aparece el aplazamiento de
obligaciones que debieron reconocerse en el mismo ejercicio por valor de 3849 millones y la imputación de gastos provenientes de ejercicios anteriores por valor de 8774 millones de euros. Por otra parte, más adelante, observamos que se afrontan
gastos mediante aportaciones de capital a sociedades instrumentales. Respecto a esto, quiero hacer dos consideraciones. La primera, que derivar hacia el futuro algunas obligaciones reconocidas no suprime ningún problema contable. Esto se va
arrastrando ejercicio tras ejercicio y no llegan a solucionarse nunca. En segundo lugar, nos preocupa cambiar partidas y el uso de sociedades instrumentales para que los gastos no incidan en el presupuesto, como una forma de maquillar las cuentas
públicas.
Más adelante, en el informe se dice que el 83% de los gastos totales corresponden a las políticas de gasto: en pensiones, el 28,8%; deuda pública, 23,9%; transferencias a otras administraciones públicas, 11,2%; desempleo, 7,1%;
servicios de carácter general, 6,2% y Administración financiera y tributaria, 5,9. De aquí quisiera resaltar el dato de deuda pública, porque nos parece sorprendentemente elevado -quizás, no tan sorprendente, pero, desde luego, sí elevado-.
El aumento del gasto entre 2011 y 2013 se sitúa en el 19,1%. Se debe, básicamente al incremento producido en las obligaciones de activos imputables al FLA -Fondo de liquidez autonómico-, al Fondo de restructuración y ordenación bancaria y
al Fondo de financiación de pago a proveedores. Es decir, es aumento del gasto que no se debe a partidas funcionales.
Por lo que respecta a los activos no corrientes de la Administración General del Estado, nos sorprende que el inmovilizado no financiero carezca de inventarios completos de los bienes y derechos, lo que origina deficiencias en su valoración.
Nos preguntamos si se ha solucionado este problema o si hay propuestas pendientes de valorar en este sentido.
En segundo lugar, las aportaciones realizadas al FROB, que a 31 de diciembre de 2013 sumaban 39 920 millones, y el préstamo concedido al FROB se convertía parcialmente en una dotación patrimonial. Nos preguntamos si esto supone asumir las
pérdidas del rescate bancario y, si no, a qué se debe.
En tercer lugar, queríamos remarcar los créditos pendientes de cancelar que, en el caso del FROB, son de casi 14 000 millones y en el Fondo de pago a proveedores y en el caso de la Seguridad Social de más de 17 000 millones. Y algunos de
los préstamos están destinados a cubrir desfases de tesorería. Nos preguntamos a qué se debe esto y cuáles son estos desfases.
Por lo que respecta a los activos no corrientes referidos a la Seguridad Social, para nosotros destaca el dato de que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en 2013 ascendía a 52 439 millones, mientras que el 1 de diciembre de este mismo
año, la cifra se situaba en 16 000 millones. El descenso del Fondo de Reserva nos parece muy significativo y peligroso.
En cuanto a los activos corrientes, nos ha llamado la atención el Fogasa. A 31 de diciembre de 2013, había más de 200 000 expedientes en trámite de resolución, por lo que se debería haber registrado una previsión de 1856 millones de euros
para proveer obligaciones de pago a futuro, cosa que, por lo visto, no se hizo.
Respecto al saldo pendiente de cancelar de los avales, ese año se situaba en más de 180 000 millones de euros: 50 000 millones, correspondientes a las entidades de crédito; más de 50 000, correspondientes a la Sareb; casi 40 000 millones,
al Fondo europeo de estabilización financiera y 28 000 millones a los autorizados por la Ley 54/1997, del sector eléctrico; 9500 millones al FROB y 2000 millones a los fondos de titularización de activos. Son cifras que nos parecen muy
significativas.
Por otra parte, respecto a la Cuenta General del sector público empresarial, queremos hacer constar que la cuenta de pérdidas y ganancias agregada ofrece un resultado negativo atribuido al Estado de 9 millones de euros y está originado
fundamentalmente por las elevadas pérdidas sufridas por el FROB, puesto que sin contar con este fondo, el resultado positivo atribuido al Estado por el resto de entidades en 2013 habría ascendido a más de 2700 millones de euros.
Para acabar, quiero remarcar tres elementos del informe que para nosotros son muy significativos. El primero, el uso de prácticas contables que, en nuestra opinión, están mediadas por las necesidades políticas del partido del Gobierno, como
el uso de reasignación de partidas y el uso de sociedades instrumentales para imputar gasto; en segundo lugar, la elevada deuda pública y, en tercer lugar, las consecuencias del rescate bancario que se hacen notar en los Presupuestos de 2013.
Eso es todo, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias.
En primer lugar, me van a permitir hacer una primera mención a algo que ha ocurrido hoy y que considero muy importante. Quiero que conste, porque yo creo que es de una enorme satisfacción para todos. El Tribunal de Luxemburgo ha dado la
razón a la demanda de los consumidores y usuarios de este país mediante la cual se les va a tener que devolver el dinero pagado de más a los bancos por las cláusulas suelo. Yo creo que es un día para felicitarnos todos y para que aquí, en esta
comisión, consten palabras de satisfacción al respecto.
Voy a entrar en la cuestión. En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas en esta nueva legislatura. Respecto a la Cuenta General de 2013, no cabe duda de que viene tarde pero no es algo
imputable al tribunal sino a nuestras legislaturas, unas fallidas y otras, prácticamente conclusas; por ello, no ha podido venir antes el expediente a esta comisión.
Independientemente de eso, no cabe duda de que los plazos, como bien dice el tribunal, hay que acortarlos, porque esto no solamente ocurre con la Cuenta General del Estado; cuando hablamos de las cuentas generales de las comunidades
autónomas, ocurre tres cuartos de lo mismo; cuando hablamos de las cuentas generales de los ayuntamientos, exactamente igual. Los plazos para las cuentas generales están definidos en una época más que pasada, cuando no había sistemas telemáticos y
cuando se necesitaba una recopilación de expedientes, pero hoy en día ya no tiene sentido. Es necesario agilizar las formulaciones de las cuentas generales y todo el trámite que deriva de ellas. La propia Cuenta General y el propio informe hablan
de que es una declaración muy similar a la de años anteriores. No hace falta que se lea la de 2014 porque las de 2009, 2010, 2011 y 2012 eran prácticamente similares a las de 2013.
La primera pregunta que le quiero hacer se refiere a las responsabilidades contables que se detectan. La Abogacía del Estado no detecta ningún tipo de responsabilidad contable pero sí el Ministerio Fiscal, que habla de dos responsabilidades
contables imputables a la UNED: una de ellas, por una serie de transferencias a centros de extranjeros y otra, en concreto, por la cesión y por no haber solicitado la compensación económica correspondiente a la Organización Internacional de Estados
Iberoamericanos. Me gustaría saber en qué situación están estos expedientes de responsabilidad contable que se mencionan en el informe.
En segundo lugar, algo que me preocupa mucho: se pone de manifiesto que son hasta 52 las entidades que no aportan documentación; de ellas, 27 son del sector público-administrativo, 18 son del empresarial y 7 del fundacional. Me preocupa
mucho porque esto ocurría en los ayuntamientos y se ha solucionado. Ahora, en los ayuntamientos, si quieres que te paguen la PIE, tienes que haber rendido las cuentas y haber aportado la documentación correspondiente al propio Ministerio de
Hacienda. En mi opinión, la solución está perfectamente marcada y es fácil de imponer. Si se requiere dinero de los correspondientes ministerios, tendrá que exigirse la rendición de las cuentas y, evidentemente, la aportación al Tribunal de
Cuentas. Es inconcebible que entidades públicas se nieguen, a pesar de los requerimientos que se hagan por el Tribunal de Cuentas, a aportar la documentación y que la cuenta sea
rendida como corresponde en tiempo y forma. Y, por otra parte, es incomprensible que los propios ministerios no exijan que cumplan con esos requerimientos. Por tanto, si no hay fórmulas establecidas, que se establezcan, y que no tengan
posibilidad de ningún tipo de aportación económica de los ministerios si no se han rendido las cuentas correspondientes y si no se han remitido al Tribunal de Cuentas. Me preocupa mucho que 52 entidades en total no hayan ofrecido las cuentas
anuales.
Por otra parte, otro problema que se repite de forma reiterada es la falta de fiabilidad de los inventarios existentes en las administraciones, porque esto deriva no solamente en la poca fiabilidad de los inventarios, sino también en los
fondos de amortización que se constituyen, porque si no es correcta la valoración del inventario, tampoco pueden ser correctas las dotaciones a la amortización anual que se llevan a cabo. Por tanto, en ese sentido, sería conveniente reglar,
establecer sistemas o fórmulas de actualización de los inventarios para que sean más veraces, y quiero hacer mención a uno en especial, y es el de la Seguridad Social. La Seguridad Social tiene déficits, que han llegado a ser históricos, de hasta
17 000 millones de euros, y una de las cuestiones que ponen de manifiesto los empleados de la Seguridad Social es que existen muchos inmovilizados, muchos inmuebles cedidos a las comunidades autónomas sin ningún tipo de compensación, incluso sin
ningún tipo de registro inventarial; es decir, que no solamente no están inventariadas las cesiones, sino que tampoco están recibiendo compensación económica alguna. Probablemente, esta sea una forma de aliviar las cuentas de la Seguridad Social
porque, al parecer, el inmovilizado cedido es muy cuantioso, muy numeroso y de una compensación económica que podría ser suculenta.
Con relación al Fondo de Reserva, quiero poner de manifiesto que no está actualizado. Se ha hablado de que quedaban 52 000 millones de euros; ya quisiéramos. Nos acaban de anunciar que el próximo bocado es de 936 millones para pagar la
paga extraordinaria y se va a quedar en 15 100 millones de euros. Quiero hacerle una pregunta al respecto porque también hay serias dudas con relación a ello. ¿Considera el Tribunal de Cuentas que se puede hacer el uso que se está haciendo del
Fondo de Reserva? ¿O considera el Tribunal de Cuentas que las limitaciones que se impusieron en su día para hacer uso de este fondo son más razonables que el uso a discreción que se está haciendo en estos momentos?
Con relación al Fondo de garantía salarial, ya se ha dicho aquí que no se aprovisiona algo que está cuantificado en, aproximadamente, 1856 millones, según el Tribunal de Cuentas. La ventaja que tiene que lleguen tan tarde es que podemos
tener ya información al respecto. Si no se ha aprovisionado, ¿qué se ha hecho para pagar esos 222 000 expedientes que había pendientes? ¿El Tribunal de Cuentas tiene constancia de qué forma se ha podido hacer frente al pago derivado de estos
expedientes con cargo al Fondo de garantía salarial?
La última cuestión que quiero plantear es la relativa al nivel de endeudamiento. No están actualizados; se habla de que el nivel de endeudamiento aumentó en 2013 hasta 67 000 millones más pero, desde luego, se queda cortísimo. Pasa igual
que con el Fondo de Reserva, el endeudamiento del Estado, del sector público, ya está en más de un billón de euros. Independientemente de las limitaciones establecidas por la Comisión Europea con relación al déficit público y al endeudamiento,
¿considera que, por cuestiones de solvencia, debiera haber algún tipo de limitaciones a este nivel de endeudamiento? ¿O considera el Tribunal de Cuentas que el nivel de endeudamiento es una cuestión que se puede fijar por criterios meramente
políticos?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el señor Juncal.
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Doy también la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas. Intentaré no mezclar dos cosas. Una cosa es el trabajo realizado por el Tribunal, que se expone en un amplio informe, como viene siendo habitual; y, otra cosa son las
consecuencias de la actividad económica y la situación de la propia estructura del Estado, de todos sus entes, etcétera,
Todos estamos de acuerdo -creo que en eso coincidiremos- en que sería deseable que los plazos se acortaran y que el trabajo se pudiera hacer cada vez más rápidamente. Como ya se ha dicho, hay unos plazos motivados por el hecho de que la
presentación del informe coincidiera con el final de la pasada legislatura -la corta-; y arrancamos con esta. Eso, indudablemente, los ha dilatado, dentro del retraso habitual de este tipo de informes. Pensemos que estamos hablando, y así lo
recoge el informe, de una
liquidación del presupuesto en torno a 440 000 millones de euros, que es la suma de muchos miles y millones de partidas en cada uno de los cientos de organismos que tiene esta Administración. Por tanto, auditar, que es el trabajo
-permítaseme la expresión- del Tribunal de Cuentas, es complejo y lleva tiempo. Para acortar plazos probablemente habría que incrementar medios, tanto de la Administración general -a través de la Intervención General de la Administración del
Estado, que seguramente requeriría más medios para poder trabajar, dado que ella es la encargada de llevar la contabilidad de todo el sistema-, como del tribunal, para acometer con mayor rapidez el control que ejerce sobre las cuentas, tanto de la
general en este caso, como de las de los otros entes.
Desde el punto de vista del Partido Popular -es una opinión; obviamente, no voy a pedir al presidente que la comparta-, las salvedades que se ponen de manifiesto no son significativas dada la magnitud de lo que estamos hablando. Pero creo
que puedo pedir al presidente que me responda a una pregunta. Con este informe nadie que se tuviese que hacer cargo de la Administración se llevaría una sorpresa, es decir, la situación de la actividad presupuestaria del ejercicio 2013 y la
situación patrimonial del Estado están bien reflejadas. Otra cosa es la situación patrimonial. Podemos decir que en el 2013 estábamos en una economía de guerra -hay que retrotraerse al 2013-, en una situación en la que había apuestas para ver si
nos rescataban o no, y de ahí se derivan situaciones que se reflejan, indudablemente, en la contabilidad, como en cualquier empresa que tiene ejercicios malos, cuya cuenta de resultados y su balance también reflejan una situación complicada.
Aquí se habló del FROB y del rescate, pero no podíamos dejar a los miles y miles de ciudadanos que tenían depositado su dinero en las cajas de ahorro quebradas que asumieran solos las pérdidas. Se tomó la decisión de salvar el sistema
financiero y salvar -muchas veces no se insiste en eso, pero para mí es fundamental- el ahorro de las personas que tenían allí depositados su dinero.
En cuanto al Fondo de reserva de las pensiones, tengo que decir que en una situación en la que se genera un número importante de parados hay que tirar de la hucha. Los ahorros y las reservas se constituyen con ese objetivo, precisamente
para que en los tiempos duros se disponga de un colchón y que no se interrumpa el pago de las pensiones.
En relación con el FLA, El Fondo de Liquidez Autonómico, otro tanto de lo mismo. Nos encontrábamos con entidades de las comunidades autónomas que no podían hacer frente al pago de sus obligaciones y no se podían financiar; por tanto, había
que hacer algo con ellas para que no se dejaran de prestar los servicios básicos, como sanidad, educación, etcétera. Y lo mismo ocurría con el pago a proveedores.
Se incrementa la deuda pública. Bien, tenemos que saber que el déficit de un año matemática y prácticamente va a ser igual a la deuda pública del ejercicio siguiente. Si yo tengo 100 y me gasto 120, con esos 20, una de dos: o se los
apunto a los proveedores a pufo, o pido un crédito -en este caso, deuda pública- para financiarme y hacer los pagos que corresponden. No nos podemos asustar. Otra cosa es que no estemos preocupados. El Partido Popular claro que está preocupado
por el nivel de endeudamiento, y por eso todas las políticas van dirigidas a generar empleo y riqueza y así ir disminuyendo la deuda pública del Estado. Pero en la situación en que estábamos, repito, prácticamente de economía de guerra -permítaseme
la expresión-, los datos eran los que eran. Vuelvo a insistir: en general, salvo las salvedades que hace el Tribunal de Cuentas, las cifras no son especialmente significativas y la foto que se refleja en este informe representa fielmente la
situación económica contable del país. El Gobierno, en la medida que pudo -el presidente así lo ha dicho; por lo menos yo así lo he entendido-, cambió el criterio para que la Cuenta General de 2014 esté presentada de acuerdo con los criterios que
había establecido el Tribunal de Cuentas en ejercicios anteriores.
También quiero preguntar al señor presidente si, aparte de los dos casos de responsabilidad contable que ha señalado el diputado del Partido Socialista, el señor Hurtado -UNED y la Organización de Estados Iberoamericanos-, hay alguno más.
Creo que hay que tener en cuenta la magnitud, porque no es lo mismo auditar un organismo con un presupuesto anual de 1 o 2 millones de euros que hacer una auditoría o gestionar 440 000 millones de euros más su correspondiente patrimonio, etcétera.
Nada más. Le agradezco nuevamente, señor presidente, las explicaciones dadas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Juncal.
A continuación, tiene la palabra el señor presidente del tribunal para dar cumplida cuenta de las cuestiones que le han planteado los portavoces de los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, presidente.
Intentaré hacerlo de la manera más breve posible, dando contestación a las materias que han sido planteadas, intentando sintetizar las preguntas y las observaciones que se han hecho y también respondiendo individualmente a algunas de las
cuestiones que me han formulado, en las que creo que merece la pena detenerse más.
Empezando por estas últimas, el señor Bel me pregunta por las diferencias entre el presupuesto inicial y el ejecutado del Ministerio de Defensa. Usted sabe perfectamente que las diferencias entre estas dos magnitudes corresponden a las
modificaciones de crédito derivadas del programa de inversiones militares y al régimen de financiación de estos programas. Quiero indicarles que ustedes tienen en el inventario de informes pendientes de tramitar en esta comisión precisamente un
informe de fiscalización sobre esos programas de inversiones militares, que creo que puede ser muy ilustrativo de la situación de esa materia y que en su día podremos ver.
El señor Picornell preguntaba por qué no hemos visto la Cuenta General del Estado de los años 2013 y 1024. Ese es un tema que, lógicamente, deciden ustedes. El tribunal no participa en esa cuestión. Pero creo que es muy posible que
quienes lo hayan decidido hayan tenido en cuenta una cuestión importante, y es que la del 2014 es la primera Cuenta General que se formula en términos consolidados y precisamente por esa razón quizá tenga sentido que se aborde de manera especial.
Además, representa un hito importantísimo en la Hacienda pública española el hecho de que el Estado haya sido capaz de formular, con todas sus limitaciones, una Cuenta General consolidada del conjunto del sector público. Entiendo que eso sitúa a
nuestro país en un altísimo nivel de desarrollo contable de nuestro sistema público. Creo que esa será la razón. Y espero que veamos la Cuenta General consolidada lo antes posible, teniendo en cuenta, además, el esfuerzo tan grande que ha hecho el
tribunal para reducir el plazo de emisión. En este caso nosotros hemos reducido nuestro plazo de trabajo de manera muy notable en el desarrollo de la labor de fiscalización.
Y con esto también le quiero decir al señor Ten, que me planteaba la utilización de nuevas tecnologías, que estas se están aplicando. Es decir, la rendición de la Cuenta General del Estado está siendo realizada con la utilización,
lógicamente, de los medios avanzados de las tecnologías de la información. El tribunal está haciendo un grandísimo esfuerzo en todos los ámbitos, tanto en el de la rendición de cuentas como en el de la rendición de contratos y, por supuesto, mucho
más en la Cuenta General, para que nuestra información se pueda analizar lo más rápidamente posible por los habilitados para ello.
También el señor Ten me plantea diferentes cuestiones que afectan a lo que es la gestión pública en el ejercicio de 2013 y me hace una serie de preguntas, entendiendo que quizá yo pueda tener la explicación. Dese cuenta de que yo vengo aquí
como auditor; en definitiva, vengo a dar las explicaciones del proceso de revisión que he hecho. El informe de gestión de los administradores, que sería el equivalente, le corresponde a quien ha administrado. Indudablemente, aunque aquí no
tengamos a un representante del Gobierno, sí que se ha dicho, es decir, los administradores han utilizado una expresión que es la de estar en una verdadera situación de guerra financiera en el año 2013, que fue un año muy complicado. Y eso
justifica todas aquellas cuestiones que, por otra parte, aparecen también en las peticiones de información que ha formulado el señor Martínez Ruiz, cuando de una manera muy acertada, porque ha estudiado muy a fondo el desarrollo de la cuenta, se
refiere a aquella parte que pueda deberse al Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria, al FLA, al pago de proveedores o a las diferentes cuestiones que verdaderamente, de una manera excepcional, han tenido un reflejo en el ejercicio 2013 con
los datos concretos que usted ha manejado.
En relación con este tema, ustedes también me han preguntado varias cuestiones. En cuanto a Fogasa, a la que se han referido dos de ustedes, he de decirles que el análisis de la gestión y del control de las prestaciones que se abonaron en
2013 relativas a Fogasa se aborda en el informe aprobado el 20 de diciembre de 2014. Y entiendo que será una oportunidad para ver con todo detalle el asunto que ustedes me plantean.
El señor Hurtado, y en general la mayor parte de los responsables que han intervenido, me plantean la cuestión relativa a los plazos de rendición y al acortamiento de los plazos que plantea el tribunal. Esta es una cuestión recurrente; lo
hemos dicho muchas veces y cada vez lo decimos elevando un poquito más el tono. ¿Por qué razón? Creo que también hay que poner encima de la mesa razones importantes que justifican el actual sistema. En nuestro país tenemos un sistema singular,
derivado de la rendición de la Cuenta General, porque tenemos una Intervención General de la Administración del Estado que no es
equiparable a ningún organismo de control interno que pueda existir en países parecidos al nuestro. Nuestro control interno es muy potente y lleva a cabo un trabajo muy bien hecho; y, siendo Tribunal de Cuentas, no me duelen prendas
elogiar el trabajo que realiza la intervención. La intervención forma la cuenta en el periodo que va hasta octubre de cada año, pero en realidad la forma auditándola, revisándola y analizándola. Esto quiere decir que la documentación que llega al
tribunal verdaderamente tiene un elevado grado de revisión efectuada por la propia Intervención General de la Administración del Estado. Sobre eso, el tribunal también efectúa su trabajo de revisión. Como saben ustedes, tenemos un plazo de seis
meses para emitir nuestro dictamen y, por otra parte, están los plazos de alegaciones al Gobierno y de definitiva aprobación de la Cuenta General. Esto nos lleva a que el sistema de rendición de cuentas español acabe produciendo un informe sobre
las cuentas de un determinado ejercicio con un retraso de año y medio o año y ocho meses, que no es comparable al que pueda existir en cualquier país, pero es indudable que eso se deriva de la superposición de dos tipos de controles, el control
interno y el control externo; y desde mi punto de vista produce un resultado altamente positivo del control que se ejerce sobre las cuentas públicas.
¿Cuál es nuestra demanda? Nuestra demanda es que es y debería ser independiente que la intervención forme la cuenta en el plazo que estime conveniente para que los administradores formulen las cuentas y, en paralelo, el Tribunal de Cuentas
pueda iniciar su trabajo al mismo tiempo que lo hace la intervención, como cualquier auditor del sector privado, que trabaja antes de que se aprueben definitivamente las cuentas. Además, el señor Hurtado ha dicho algo importante: esto es algo que
afecta, no a la Cuenta General del Estado, afecta al conjunto del sector público español, a las cuentas generales de las administraciones autonómicas, a las cuentas correspondientes a los ayuntamientos. Es decir, habría un principio general de
buena gestión financiera que recomendaría que todas las entidades del sector público tuvieran formuladas sus cuentas el 30 de junio o a lo sumo a lo largo del mes de julio del ejercicio correspondiente, de tal manera que la labor de control, la
labor de revisión y la emisión de los correspondientes dictámenes fueran conocidos por los ciudadanos y, por supuesto, por las Cortes Generales antes de que finalice el año. Este es un objetivo que hay que plantearse, hay que hacer una reforma
legislativa importante porque hay que modificar un conjunto de normas que regulan la gestión financiera del sector público para hacerlo posible, tanto la Ley de haciendas locales, como las normativas reguladoras de las comunidades autónomas en el
ámbito financiero, o la Ley general presupuestaria. Es decir, esta es una modificación que no se hace en un día, pero que hay que abordar -así lo creo-, porque es bueno que el sector público pueda presentar a los ciudadanos resultados de la gestión
del ejercicio anterior con un periodo de tiempo mucho más amplio, cuando además existe una demanda creciente de participación en este tipo de actividades por parte de los ciudadanos.
Hay una cuestión adicional a la que también debería dar contestación. Me refiero a las responsabilidades contables. Pues bien, las dos que usted ha señalado fueron archivadas por auto de 12 de enero de 2016, por no revestir los hechos
caracteres de alcance. No hay otros expedientes abiertos derivados de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2016.
Y, por último, contesto al señor Juncal, que me pregunta si la cuenta está bien reflejada. Yo creo que el informe del Tribunal es como los informes de los años anteriores, en el sentido de que la información que presenta la cuenta
generalmente el tribunal la ve bien reflejada. Cuestión diferente es lo que usted ha dicho: la Cuenta General del Estado del año 2013 -creo que usted lo ha expresado mejor que nadie- responde a la situación de verdadera dificultad económica que
vivió este país cuando tuvo que atender a un conjunto importantísimo de cuestiones sobre las que el Tribunal de Cuentas, como auditor, no se pronuncia porque no es su función. Es función del mundo de la política saber si lo que se ha hecho en el
ámbito financiero o del rescate de entidades o de financiación de proveedores es lo adecuado o no. Creo que eso está en el ámbito de su responsabilidad. Lo que les quiere hacer llegar el tribunal es cómo ustedes pueden ayudar al trabajo por él
desarrollado, y creo que es apoyando esas medidas de reforma de los plazos de rendición de cuentas, que serían muy necesarias para el conjunto del sector público.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Sus señorías saben que ahora habría un turno de dos minutos. Les pediría que, para avanzar, renunciaran a él salvo que alguien lo considere imprescindible.
¿Alguien desea hacer alguna pregunta concreta? (Denegaciones).
PRESENTACIÓN DEL
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE LOS EJERCICIOS 2006 A 2009 POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO), APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2012
(SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000009 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000009 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000010)
AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el informe de fiscalización de la contratación celebraba durante los ejercicios 2006 a 2009 por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias.
Como quizá me haya extendido demasiado -y tiene su razón- en la presentación de la Cuenta General, voy a intentar hacer un resumen de la presentación que tengo para intentar ganar un poquito de tiempo porque, si no, va a ser muy complicado
que ustedes cumplan con los objetivos de esta comisión mixta.
El señor PRESIDENTE: Perfecto, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Este informe fue aprobado el 29 de noviembre de 2012 por el Tribunal de Cuentas y se refiere a los ejercicios 2006 a 2009. La actividad contractual del Imserso
fiscalizada lo ha sido también por dos informes relativos a la contratación del sector público estatal correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2012.
La contratación celebrada por el Imserso durante el periodo fiscalizado ascendió a un importe de adjudicación global de 461 millones de euros, correspondientes a 908 contratos. Cabe destacar especialmente la contratación realizada durante
el ejercicio 2007, por 267 millones, muy superior a la de los restantes ejercicios. Ello se explica porque en dicho ejercicio se adjudicó por 207 millones de euros el contrato de servicios para la organización, gestión y ejecución del programa de
vacaciones de carácter social para los periodos 2007-2008 y 2008-2009.
Los resultados de la fiscalización están contenidos en el informe que ustedes conocen. Entre las cuestiones más importantes a las que me voy a referir está que el Imserso, con carácter general, no justificó adecuadamente la elección del
procedimiento ni de los criterios que se tuvieron en consideración para adjudicar los contratos previstos en el artículo 134.1 de la Ley de contratos del sector público. Esta falta de justificación adquiere particular relevancia en los contratos de
obras, adjudicados en todos los casos mediante concurso o por su equivalente mediante procedimiento abierto con más de un criterio de adjudicación, sin que el Imserso justificase en el expediente previamente la concurrencia de alguno de los
supuestos previstos a tal efecto en la normativa.
Asimismo, el Imserso justificó la utilización de la tramitación urgente en el expediente para la contratación de las obras del centro de referencia estatal Ciudad del Mayor de León por razones de cumplimiento de los objetivos presupuestarios
del gasto y para anticipar la entrada en funcionamiento del centro. Esta justificación resulta insuficiente, porque la consecución de un determinado objetivo de ejecución presupuestaria no se considera motivo bastante para justificar la
excepcionalidad de la tramitación urgente dado su carácter restrictivo de la concurrencia por la reducción plazos que conlleva, más aún cuando existieron demoras previas en la tramitación del expediente.
Por lo que se refiere al programa de termalismo social, su contratación fue llevada a cabo por el Imserso, como ya ocurrió en los ejercicios precedentes, sin que conste la autorización específica del Consejo de Ministros, y ello a pesar de
que el importe total del programa en todos y cada uno de los ejercicios superó ampliamente el umbral de 12 millones de euros. Esta situación fue solventada para las temporadas 2012 y 2013. Asimismo, se ha podido constatar que en seis contratos
correspondientes al referido programa su ejecución se inició con anterioridad a su fecha de formalización.
Por otra parte, como ya se ha indicado, el Tribunal de Cuentas ha continuado con el análisis de la actividad contractual del Imserso a través de sendas fiscalizaciones de carácter horizontal sobre la
contratación celebrada por las entidades del sector público estatal a las que he hecho referencia y que corresponden a los años 2010, 2011 y 2012.
Finalmente, en relación con las recomendaciones del informe que hoy se presenta, es preciso señalar que el informe de fiscalización sobre la gestión y control de los servicios sociales prestados con medios ajenos por el Instituto de Mayores
y Servicios Sociales en el ejercicio 2014, aprobado por el Tribunal el 29 de septiembre de 2016 y que aún no ha sido presentado ante esta comisión mixta, incluye entre sus objetivos el seguimiento de las recomendaciones relativas a los contratos
formalizados por el Imserso.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, presidente.
Comenzamos el turno de portavoces.
Por el Grupo Vasco, señora Etxano, ¿va a intervenir? (Denegaciones). Muchas gracias.
Por el Grupo Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Picornell.
El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias. Intervendré muy brevemente, señor presidente.
Como contábamos antes, aquí estamos examinando algunos informes que estaban pendientes de análisis en la comisión, lo que no ha sido por causa, evidentemente, del Tribunal de Cuentas ni de los actuales integrantes de esta comisión. Se ha
producido un retraso y tenemos que sacar adelante el trabajo. En cualquier caso, si hablamos de los ejercicios de los años 2006 a 2009 es posible que dicha entidad, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ya haya avanzado en la dirección de
las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. En fin, vamos a analizar brevemente algunas de las cosas que dice el informe, pero he querido dejar constancia de este punto.
Ocurre otra vez, en este caso es el Imserso, que no se remite la documentación que pide el Tribunal de Cuentas, necesaria para auditar su funcionamiento, sus cuentas. En este sentido, con la reiteración de no remitir toda la información que
se pide -en este caso, porque en otros se manda información que no es necesaria- no sé cómo podemos incrementar la credibilidad, entre comillas, del Tribunal de Cuentas a la hora de pedir la información. Si el Tribunal de Cuentas pide una
información y la entidad equis no la manda en reiteradas ocasiones, creo que tenemos un problema.
En el informe se habla de deficiencias, de falta de revisión de algunos contratos, etcétera, pero por lo que se refiere a la ejecución de las obras, se dice en el informe que el tribunal ha constatado nuevamente y con mayor gravedad la
deficiencia tantas veces reiterada en anteriores informes de fiscalización de contratación. Y cuando aparecen en una misma frase las expresiones 'mayor gravedad' y 'tantas veces reiterada' no sabemos, si al analizar el informe debemos pensar mal de
la gestión de esa entidad, si es por un mal hacer o proceder o si es intencionadamente, por desidia o simplemente por incompetencia. Entiendo que estamos en un nivel de fiscalización muy pequeño en el que estamos hablando de contratos no
mayoritarios en algunos casos, pero nos preocupa la reiteración de las conclusiones que hace el Tribunal de Cuentas respecto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Más adelante se habla de la evidencia de la nula eficacia en algunas
adjudicaciones llevadas a cabo por el Imserso.
Y para terminar, si nos fijamos en las recomendaciones, en primer lugar, el Imserso debería adoptar las medidas necesarias para que el envío al Tribunal de Cuentas de la información a la que me refería antes se efectúe en los términos y
plazos que se piden. Asimismo, se plasma en el informe que el Imserso debería extremar el rigor. Si debe extremarlo es que no lo ha extremado todo lo que debería. En reiteradas ocasiones vuelve a expresarse en los mismos términos: debería
extremar el rigor en la redacción, en la comprobación, etcétera, de los distintos proyectos. Nuestra pregunta es: ¿Por qué pasa esto? ¿Qué nos lleva a reflexionar? Entiendo que la tarea del Tribunal de Cuentas se realiza de forma impecable,
porque el informe y la fiscalización están seguramente en la línea correcta, pero el fiscalizado no responde a lo que pide el tribunal. Por lo tanto, invito otra vez a reflexionar, no solo al Tribunal de Cuentas, que también, sino a los miembros de
esta comisión.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picornell.
Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente. Seré breve.
En primer lugar, al revisar el informe que nos ha traído el Tribunal de Cuentas sobre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales en los años 2006 y 2009, apreciamos en sus conclusiones, que coinciden totalmente con las nuestras, que han
hecho un trabajo concreto y óptimo.
Quiero plantearle tres o cuatro preguntas. La primera es si usted cree que la nueva Ley de contratos del sector público, que traspone la directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, y la 2014/24/UE, solucionará lo que ustedes
detallan como utilización del modelo de pliego de cláusulas administrativas de carácter genérico y la falta de motivación en todos los expedientes de contratación, en particular de los contratos de obras; si solucionará la falta de precisión de los
pliegos de cláusulas y, sobre todo, si eliminará una figura que es una rareza en la Unión Europea pero que en España, por desgracia, se utiliza con bastante asiduidad: el contrato menor, habida cuenta de que en su informe detallan que más de 31
millones de euros utilizaron esta fórmula. Me gustaría saber igualmente si en algún momento analizaron la lista de proveedores para comprobar, como auditores que son, que en los contratos no había ningún trato de favor hacia alguno de ellos. Y,
por último, me gustaría saber por qué no se remitieron esos 24 expedientes que sí fueron solicitados por el Tribunal de Cuentas y que, al parecer, el Instituto de Mayores decidió no enviar al tribunal.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
Por el Grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Palencia tiene la palabra.
La señora PALENCIA GARCÍA: Buenas tardes y bienvenido. Quiero agradecerle la labor que viene realizando el Tribunal de Cuentas en materia de fiscalización del sector público.
Antes de empezar, me gustaría contestar al diputado del PSOE -me perdonará porque no sé su nombre- que ha comentado que hoy es un día para felicitarnos por la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. Me gustaría decir que no solo no es
un día para felicitarnos, sino justo todo lo contrario, porque una vez más es la justicia europea la que tiene que decirle a nuestro Tribunal Supremo que no protege lo suficiente a nuestros consumidores y consumidoras y viene a enmendarle la plana a
nuestra justicia y a nuestro Gobierno. Además, en una cuestión de cláusulas abusivas, resultado de la lucha de la sociedad civil organizada y de la plataforma de la hipoteca, que también tuvo que llegar a Europa para que se declarara cláusula
abusiva. Y viene a poner de manifiesto que una vez más en nuestro Tribunal Supremo y en el Gobierno priman los intereses de los bancos por encima de los ciudadanos y las ciudadanas.
Dicho esto, voy a ser breve también y no voy a hacer una valoración extensa de un informe que de por sí es lo suficientemente contundente a la hora de señalar los incumplimientos de las distintas leyes de aplicación durante el periodo de
fiscalización 2006-2009 al Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Imserso. Nos preocupan especialmente dos cuestiones. Por un lado, la falta de justificación de los criterios objetivos de la adjudicación de los contratos, práctica que, por
otro lado, ya ha sido reflejada en fiscalizaciones anteriores de este Tribunal de Cuentas y que no ha sido corregida. Dicha cuestión no es baladí, pues no solo puede afectar a la objetividad y control de los criterios de adjudicación de las
licitaciones, sino que también y, como en determinados pasajes del informe se recoge, puede afectar a los principios de eficiencia y economía que deben regir en la contratación pública.
Por otro lado, nos preocupa el hecho de que, lejos de fijar sistemas de bajas temerarias o desproporcionadas que están establecidas en las leyes de aplicación correspondientes al período que este informe fiscaliza, que son el texto refundido
de la Ley de contratos de las administraciones públicas y la Ley de contratos del sector público, se venga a establecer un sistema de umbrales de saciedad, alejando así la contratación de ofertas no temerarias que pudieran ser más convenientes por
resultar más económicas al erario público.
Asimismo, nos preocupa como representantes públicos, pero también como ciudadanos y ciudadanas, la falta de cumplimiento de este organismo de sus deberes de comunicación al propio Tribunal de Cuentas y de publicación de determinadas
licitaciones; la excesiva generalidad de los pliegos de cláusulas administrativas particulares; la deficiente justificación de la elección de procedimiento y de los criterios de adjudicación y la constatación de que en la práctica totalidad de las
adjudicaciones se vengan realizando procedimientos abiertos sometidos a varios criterios de adjudicación o procedimientos negociados sin publicidad y sin que se acredite la necesidad de urgencia en la contratación. Esto levanta razonables
dudas sobre que la contratación pública del Imserso responda exclusivamente a criterios de objetividad, publicidad, economía y eficacia, que, vuelvo a recordar, deben regir en la contratación pública.
Nuestro grupo entiende que en el caso del Imserso se están incumpliendo las dos leyes sobre contratación de las administraciones públicas y del sector público citadas anteriormente. Y viendo que estas cuestiones son recurrentes y reiteradas
en los distintos informes -en este y en los anteriores- de fiscalización sobre este organismo realizados por el Tribunal de Cuentas, me gustaría preguntar si el tribunal valora que el Imserso viene cumpliendo con la legalidad sobre contratación en
el sector público y si valora la conveniencia de impulsar un posible procedimiento sancionador.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Palencia.
A continuación, por el Grupo Socialista, el señor Hurtado tiene la palabra.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.
Yo, por lo extemporáneo de este expediente, solamente me voy a interesar por los indicios de responsabilidad penal en relación con tres contratos: uno que se adjudica a una empresa que no figura justamente en el certificado de ofertas y dos
que en concreto se hacen mediante negociación sin publicidad sin estar suficientemente justificada la urgencia. Me gustaría saber lo que ha ocurrido con estas responsabilidades penales y en qué circunstancias se encuentran.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Le agradezco su brevedad, señor Hurtado.
Por el Grupo Popular, la señora Antoñanzas tiene la palabra.
La señora ANTOÑANZAS GARRO: Gracias, presidente.
Señorías, me gustaría hacer una consideración previa, porque por el amplio periodo temporal que abarca este informe -son cuatro ejercicios completos-, presenta la peculiaridad de estar sujeta a dos regímenes jurídicos distintos: el
establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2000, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, y el recogido en la Ley 30/2007, de contratos del sector público, vigente a partir del 30 de abril
de 2008.
El régimen transitorio no ha sido aplicado correctamente por el Imserso, ya que los pliegos de cláusulas administrativas aprobados fueron redactados conforme a la norma jurídica que estaba vigente en el momento de su redacción y aprobación,
por lo que no ha sido aplicada la nueva ley en lo que se refiere a aspectos tan importantes como las modificaciones, las revisiones de precios, las prórrogas, el régimen de pagos o las causas de extinción.
El Tribunal de Cuentas ha recibido oportunamente las relaciones certificadas acreditativas de la contratación, aunque no se incluyeron la totalidad de los contratos celebrados, omitiendo 6 de los 141 contratos publicados en el BOE. Tampoco
se han remitido a este tribunal los extractos de 24 contratos, ni de otros 6 contratos que se produjeron pero tras el requerimiento de este tribunal y fuera de plazo.
También ha habido una omisión de la perceptiva comunicación de oficio al Tribunal Constitucional de las vicisitudes de la ejecución de los contratos, así como de las prórrogas, las modificaciones y las extinciones normales o anormales de
dichos contratos.
Los modelos de los pliegos de cláusulas administrativas particulares son excesivamente genéricos, con lo que se desvirtúa la finalidad que la ley atribuye a este tipo de documentos consistente en utilizarlos como una guía que permita
agilizar la tramitación sin merma de la garantía de legalidad.
Este tribunal también ha encontrado deficiencias que hacen referencia a la falta de justificación en la elección y utilización de los criterios de adjudicación, ya que no se establece en el sistema la adjudicación de bajas temerarias o
desproporcionadas.
Hay que decir que en la mayoría de los casos los pagos se efectuaron en un tiempo inferior al máximo de sesenta días estipulado entonces por la ley, en concreto, en un promedio de cuarenta y tres días, algo que valoramos positivamente, y
solo en 6 de los 44 pagos verificados se sobrepasó el citado plazo.
Una vez expuestas estas conclusiones, las recomendaciones para la mejora de la gestión están orientadas a lo siguiente: el cumplimiento de la normativa vigente y el máximo respeto a la transparencia y objetividad en la contratación pública;
un mayor rigor en la comunicación de todas las modificaciones, prórrogas y variaciones de precio o plazo; el informe final, nulidad y extinciones y siempre dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que se hayan producido; evitar la
utilización de modelos de pliego
de carácter genérico, ya que se debería motivar la elección del procedimiento y de los criterios de adjudicación; la conveniencia de adjudicar los contratos de obras al precio como criterio de adjudicación, justificando suficientemente el
procedimiento abierto con más de un criterio de adjudicación para la contratación de obras, y a extremar el rigor en la redacción y supervisión de las obras. Asimismo, deberían explicarse y aplicarse separadamente la fórmula de valoración de cada
criterio de adjudicación y la fórmula de ponderación conjunta de criterios para elegir con la máxima precisión el sistema de determinación del precio del contrato, particularmente en los contratos de servicios continuados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Antoñanzas, por su brevedad.
A continuación, tiene la palabra el señor presidente del tribunal para dar respuesta a las cuestiones que han planteado sus señorías.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
Empiezo por una de las preguntas formuladas por el señor Picornell, sobre la falta de documentación que se ha aportado, y sobre algo que también podría haber dicho en relación con el punto anterior del orden del día: la regulación del deber
de colaboración con el Tribunal de Cuentas. Ustedes saben que tienen una moción aprobada por el tribunal sobre este deber de colaboración. Ha sido noticias en estos últimos días precisamente, y parece que se está valorando positivamente la
posibilidad de incrementar el importe de las multas coercitivas que puede imponer el Tribunal de Cuentas por falta de cumplimiento del deber de colaboración. Es una cuestión que está pendiente de resolverse en el futuro. Parece que los
incumplimientos del deber de colaboración solo se predican respecto de las entidades locales y de los alcaldes, cuando en realidad el incumplimiento del deber de colaboración aparece en todos los informes del Tribunal de Cuentas y cuando, como en
este caso, los 24 expedientes no han sido enviados o determinada documentación no ha sido aportada en el momento correspondiente. Nosotros también estamos a la espera de la eventual modificación de estas situaciones para proceder en consecuencia.
Me pregunta el señor Ramírez si la nueva Ley de contratos va a suponer soluciones para la situación que plantea este informe. Creo que está previsto que se recoja gran parte de las recomendaciones que sistemáticamente ha formulado el
tribunal en materia de contratación, es decir: los procedimientos negociados, los contratos menores, los modificados y sus complementarios. Creo que es una preocupación que al abordar esta nueva legislación, posiblemente encuentre, no diría yo una
solución definitiva, porque en esta cuestión cualquier avance que se produzca también produce, lógicamente, modificaciones en la conducta de las personas que tienen que aplicar las leyes, y quizá la mejor manera de resolver este problema no sea con
una ley perfecta, sino con el convencimiento de los gestores públicos de que la Ley de contratos del Estado no es una ley que se debe evitar en su cumplimiento estricto, sino todo lo contrario, es una ley cuya rigurosa aplicación es cada día más
necesaria.
En relación con lo que formula la señora Palencia, he de decirle que, efectivamente, usted indica una serie de deficiencias que el Tribunal ya ha señalado. Especialmente se detiene usted en los umbrales de saciedad, que han sido criticados
por el Tribunal de Cuentas por ser contrarios al principio de economía. Es indudable que debemos potenciar que las personas que licitan tengan, de alguna manera, un aliciente para que sus propuestas no estén desincentivadas por un comportamiento en
la formulación de las propuestas que no tenga en cuenta el esfuerzo que un determinado contratista pueda hacer para aportar al sector público un ahorro, que en estos tiempos de crisis cada día es más necesario.
El señor Hurtado me plantea cuestiones respecto a la responsabilidad penal. La responsabilidad penal ha sido presentada, indudablemente, como usted señala, por la deficiencia de adjudicación de determinados contratos. Se ha tramitado, pero
no le puedo aportar información sobre cómo se ha desarrollado esta eventual petición de responsabilidad penal, porque usted sabe que el fiscal del Tribunal de Cuentas es quien remite a la fiscalía correspondiente el testimonio de particulares, que
ha sido elaborado por cada uno de los consejeros de los que se encuentran en situación de incumplimiento señalado por el fiscal. A partir de ahí el procedimiento está en manos de la propia fiscalía, que tendría que dar, en su caso, información
sobre esa eventualidad.
Y en relación con el planteamiento de la señora Antoñanzas, es indudable que este informe es muy largo porque recoge cuatro ejercicios y creo que la fiscalización es muy diversa. He de decirle -creo que es importante porque también lo han
señalado otros intervinientes- que la figura de los contratos menores en el Imserso tiene su importancia. De hecho, mañana se debate en el Pleno del tribunal un proyecto de
informe sobre la contratación menor del Imserso que afecta a los ejercicios 2014-2015, pero no les puedo adelantar los resultados porque, lógicamente, se verá en el Pleno del Tribunal de Cuentas de mañana.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Alguien quiere formular alguna cuestión concreta? (Denegaciones).
Si no hay cuestiones pasamos a los siguientes puntos del orden del día.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN REALIZADA POR LOS MINISTERIOS DEL ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS DEPENDIENTES DURANTE EL EJERCICIO 2013, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL
DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2015. (Número de expediente del Senado 771/000123 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000124).
AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA EN 2013 POR LOS MINISTERIOS, ORGANISMOS Y OTROS ENTES DEPENDIENTES DEL ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA
22 DE JULIO DE 2016. (Número de expediente del Senado 771/000158 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000158).
AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó este informe en su sesión de 22 de diciembre de 2015. Todos los órganos de contratación fiscalizados del área de la Administración Económica del Estado han remitido relaciones certificadas de
contratos celebrados en el ejercicio 2013, que incluyen un total de 5423 contratos, por un importe de 1370 millones de euros. A su vez han enviado 508 extractos de los expedientes de contratación, por un importe total de 684 millones de euros, con
la distribución por tipos de contrato y por procedimientos de adjudicación que se expresan incluidos a este respecto en el informe. De ellos ha sido analizada una muestra de 138 expedientes, 27% del total remitido, por un importe de 290 millones de
euros, un 42% del total remitido. Adicionalmente se han seleccionado para su fiscalización 30 expedientes de modificaciones de contratos por un importe de 7,7 millones de euros y 63 prórrogas de contratos por un importe de 65 millones de euros.
Por su parte, los ministerios y los organismos dependientes del área político-administrativa del Estado, la otra fiscalización, han remitido al Tribunal de Cuentas las relaciones certificadas de contratos, que incluyen un total de 3066 contratos,
por un importe de 1736 millones. A su vez, han comunicado 779 extractos de expedientes por un importe total de 1186 millones y la distribución por tipos de contratos y por procedimientos de adjudicación. De ellos, se ha seleccionado para su
fiscalización una muestra de 144 expedientes, cuyo importe asciende a 639 millones de euros.
En relación con el cumplimiento de las obligaciones legales de remisión de documentación, se ha advertido la existencia de algunas omisiones documentales y retrasos temporales en dicha remisión.
Respecto al análisis de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, en un número significativo de expedientes no se concretaron los medios de acreditación de la solvencia para las empresas no españolas de Estados miembros de la
Unión Europea, a las que nos les resultaba exigible disponer de clasificación. Con frecuencia, los pliegos de prescripciones técnicas incluían de manera indebida condiciones propias de los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
En un número relevante de contratos adjudicados mediante el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación se han incluido indebidamente las características de las empresas como criterios de adjudicación, no se ha distinguido
adecuadamente entre los criterios susceptibles de ser valorados mediante aplicación de fórmulas y los criterios de valoración de ofertas dependientes de un juicio de valor, y se han incluido límites máximos en la valoración del criterios de precio,
es decir, umbrales de saciedad, que pueden desincentivar a los licitadores a ofrecer bajas razonables en sus ofertas.
En algunos contratos de servicios los pliegos de cláusulas administrativas particulares no incluyeron garantías suficientes para evitar posibles supuestos de cesión de trabajadores, o preveían la realización por el contratista de actividades
que pueden comportar el ejercicio de potestades administrativas.
En relación con el análisis de las fases de preparación, adjudicación y formalización de los contratos, en numerosos expedientes no se justificó adecuadamente la necesidad del objeto de la contratación. En un elevado número de expedientes
se detectaron deficiencias en el cálculo y determinación de los presupuestos de licitación bien por tomarse como referencia el precio de adjudicación de contratos anteriores sin que conste haber tenido en cuenta la posible variación de los precios
de mercado, bien por referirse a una sola anualidad, no habiendo podido comprobarse en ciertos casos si resultaron adecuados a las prestaciones contratadas.
Para algunos contratos se utilizó el sistema de valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas, dando preponderancia a la empresa que venía prestando el servicio con anterioridad. La experiencia puede ser utilizada como
criterio de solvencia técnica, pero en ningún caso valorarse como criterio de adjudicación, práctica que puede ser contraria al principio de libre competencia.
En los contratos adjudicados mediante el procedimiento negociado sin publicidad, en general no se negociaban las condiciones del contrato con las empresas invitadas a presentar ofertas. Además, la invocación de las causas habilitantes para
recurrir a esta forma de adjudicación resultaba excesivamente genérica, incluso se ha limitado a la mera cita del precepto pertinente.
En las ocasiones en las que se había tramitado un procedimiento negociado, invocando una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, frecuentemente se constata que, en realidad, ello
derivaba de imprevisiones o defectos de tramitación achacables a dicho órgano, y tampoco ha quedado acreditado que la cobertura del servicio no hubiera sido posible mediante la tramitación de urgencia.
En relación con el análisis de la ejecución de los contratos y las incidencias producidas durante la misma, la mayoría de los contratos de obras celebrados se vieron afectados por retrasos y modificaciones contractuales, que han alterado los
costes y los plazos de terminación inicialmente previstos.
Un número significativo de modificaciones incluyeron mejoras, adaptaciones a la normativa o reformas que eran perfectamente previsibles en el momento de redactarse los proyectos iniciales y, sin embargo, no fueron incluidas en ellos. En
este sentido, los proyectos incompletos o poco exhaustivos exigieron, en general, la aprobación posterior de sucesivas modificaciones, que acarrearon incrementos en los costes, circunstancia que pudo desvirtuar las bajas inicialmente conseguidas en
la licitación.
En numerosos expedientes no consta la acreditación de la realización total del contrato a satisfacción de la Administración. En algunos casos faltaba la información relativa a los contratos adicionales modificados o complementarios
tramitados durante la ejecución del contrato principal, así como sobre sus prórrogas, declaraciones de suspensión, cesión o resolución del contrato.
Por lo que se refiere al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, si bien se observa un incremento en su utilización, sigue siendo frecuente en los pliegos la omisión de
cláusulas que contemplen la preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones presentadas por empresas que incluyan medidas tendentes a promover la igualdad entre hombres y mujeres, siempre que igualen en sus términos a
las ofertas más ventajosas.
En relación con el cumplimiento de las recomendaciones del tribunal efectuadas en informes anteriores y de las resoluciones de esta comisión mixta, aunque se ha observado un ligero avance, en particular respecto al cumplimiento de las
obligaciones de remisión de documentación al tribunal, lo cierto es que la mayor parte de dichas recomendaciones y resoluciones en materia de contratación siguen plenamente vigentes.
Por otra parte, en la fiscalización de la contratación celebrada por los ministerios, organismos y otros entes dependientes del área de la Administración Económica del Estado, se ha comprobado que no se han cumplido las recomendaciones que
el tribunal efectuó en su día en su informe de fiscalización del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), ejercicio 1998, en relación con determinados problemas y deficiencias en la gestión y administración de
los fondos para la financiación de determinados convenios.
También se han observado algunos incumplimientos de las propuestas incluidas en la moción a las Cortes Generales sobre la necesidad de evitar los riesgos de que los trabajadores de las empresas de servicios contratados por la Administración,
por las condiciones en las que se desarrolla la actividad
contratada, se conviertan en personal laboral de la Administración contratante en virtud de sentencias judiciales, aprobada el 26 de febrero de 2009 y que dio lugar a la resolución de 27 de octubre de 2010.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, para formular preguntas y fijar posiciones, en primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo de Esquerra Republicana. (Denegaciones). Renuncia. Gracias.
Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.
En los informes que nos ha hecho llegar sobre la contratación por los ministerios del área político-administrativa y por los ministerios, organismos y otros entes dependientes del área de la Administración económica del Estado vemos que se
han remitido una serie de contratos que cumplen, según dicen sus conclusiones, de manera general el mandato legal de remisión de contratos. Sin embargo, lo que nos preocupa es que al menos en 11 importantes entidades públicas, como la Casa Árabe,
la Casa del Mediterráneo y la Casa África, esos informes no se han entregado al Tribunal de Cuentas. Son casas en las que en anteriores informes ya se contemplaban ciertas irregularidades en su gestión, por lo que esto nos produce cierta
intranquilidad, como si hubiera ciertos gastos que no se quiere que sean controlados. Es cierto que la voluntad de control del cumplimiento de la Ley de contratos del sector público es fundamental, sobre todo porque la contratación pública en este
país representa prácticamente el 20% del producto interior bruto. Además, estamos un poco cansados a nivel social de este capitalismo de amiguetes en donde realmente se sigue viendo que no son las empresas más competitivas, sino las que están mejor
relacionadas y las que tienen los mejores contactos las que obtienen esos contratos. Esto me hace volver a la pregunta que le formulé antes. En esa labor de monitorización, de fiscalización, ¿han hecho realmente una inspección de a quién se están
entregando, a quién se está contratando en este sector?
Por otro lado, y por ser breve, contemplamos la recomendación, que el tribunal deja claro en su informe, de la necesidad de una evaluación ex ante que, de alguna forma, explique la necesidad del objeto de la ejecución de la contratación para
evitar precisamente esas incidencias que dan lugar a que haya contratos cuya necesidad y naturaleza no entendemos bien.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias. Trataré de ser breve también para agilizar la sesión.
Nos gustaría destacar 4 cuestiones principales planteadas por el Tribunal de Cuentas en este informe: la primera es la falta de una correcta justificación de los contratos, que, en nuestra opinión, abre un amplio espacio para el uso
inadecuado de los recursos públicos. La segunda son las dificultades mostradas en el informe para que la contratación por parte de los ministerios del área político-administrativa y sus organismos dependientes realicen un cálculo eficiente de los
presupuestos de licitación. Usar los contratos anteriores como referencia para el precio de adjudicación puede, como afirman las conclusiones del informe, generar deficiencias por no incorporar las variaciones de los precios de mercado. La tercera
es que nos parecen igualmente preocupantes las desviaciones económicas constantes en la ejecución de las obras públicas. Y la cuarta es que consideramos que también es negativa -como afirman las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas- la
no inclusión en la contratación de cláusulas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, tal como establecen los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 3/2007. Creemos que quizá esto prueba la insuficiencia de las medidas de carácter
potestativo y que se deberían complementar con medidas adicionales de carácter obligatorio, para promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral.
Solo quiero añadir que en mi grupo parlamentario planteamos que los recursos públicos, que son de todos, deben usarse con la mayor diligencia, transparencia y garantizando los derechos de todas y todos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Moreno.
La señora MORENO RUIZ: Muchas gracias, presidente.
Me sumo a la felicitación al presidente del Tribunal de Cuentas por el buen trabajo que realiza su entidad y también por el esfuerzo que supone, sin duda, enfrentarse a estas sesiones maratonianas que, evidentemente, suponen un esfuerzo que
resuelve a la total satisfacción de esa comisión.
En aras de la brevedad, y ya que el señor presidente del Tribunal de Cuentas ha destacado las demasiadas deficiencias del área de contratación, tanto del área político-administrativa como del área económica del Estado, no voy a poner el
énfasis en ellas, y simplemente voy a reseñar que, desde mi punto de vista, como ya han dicho prácticamente todas las personas que han intervenido antes que yo, lo más importante es lo que se recoge en las páginas 56 y 109 de ambos informes. En
este sentido, como dice el informe referido al área político-administrativa el grado de cumplimiento de las recomendaciones de informes anteriores es absolutamente deficitario, y leo literalmente que no han sido cumplidas ni la justificación de la
necesidad de contrato ni el procedimiento de adjudicación de contratos ni las que afectan a la conveniencia de la aplicación de los medios propios a los contratos de servicios. En fin, toda una larga serie de apuntes y de irregularidades que no se
han cumplido.
Lo mismo sucede con respecto a la parte económica del Estado, donde se dice literalmente que las recomendaciones siguen en la mayor parte de los casos plenamente vigentes; es decir, incumplidas.
Me sumo a otras voces con la misma inexperiencia previa en esta comisión porque todo esto me conduce a la melancolía. No sé bien para qué sirve el Tribunal de Cuentas, para qué sirve esta comisión o si los gobiernos son conscientes de la
relevancia de estas recomendaciones para una gestión limpia, para una gestión eficiente y legal, precisamente en un área como la de contratación, que es de las más sensibles. En este sentido, cuando se incumple la normativa en el área de
contratación se está incumpliendo la igualdad de todas las empresas proveedoras de servicios, de suministros y de bienes al Estado -para eso están las normas de contratación, para garantizar su igualdad-, y se conculca la protección de los intereses
del Estado puesto que este tipo de arbitrariedades puede ponerlos en peligro. Por otro lado, desde luego, el incumplimiento exhaustivo de la legislación en materia de contratación es un caldo de cultivo que solamente se puede prestar a abusos y a
corrupción. Por lo tanto, nos parece que el Gobierno debe tomar cartas en el asunto.
Desde luego, mi grupo planteará propuestas de resolución y otras iniciativas al respecto porque hay que respetar, cada vez más, al Tribunal de Cuentas y a las Cortes Generales -que están reunidas en esta comisión mixta- en asuntos que son
tan sensibles. Soy plenamente consciente de la resistencia al cambio en los órganos administrativos, a la adopción de procesos, a las discusiones incluso técnicas entre los criterios de la Intervención General de la Administración del Estado y el
Tribunal de Cuentas, pero lo que no puede ser es que año tras año veamos que se desoyen las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y las propuestas de resolución de esta Cámara.
Por último, quiero destacar, como ya se ha hecho, que se está perdiendo una magnífica oportunidad para incentivar las buenas prácticas en materia de género y que resulta preocupante, y debe también corregirse, aunque sea simplemente a título
de recomendación. En este sentido, deberían aceptarse las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, que está poniendo el énfasis en ello -y a mí me parece muy positivo-, la introducción en los pliegos de cláusulas administrativas particulares que
permitan primar y beneficiar a las empresas que promuevan planes de igualdad.
Reitero mi gratitud y, de paso, les deseo a todos los miembros de esta comisión felices fiestas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moreno.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bravo.
El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en este caso quizá me corresponde ser la parte positiva de todo lo que estamos viendo.
Creo que todos los grupos compartimos la necesidad de dotar de mejores medios al Tribunal de Cuentas para que sus recomendaciones tengan mayores efectos: una parte sancionadora con mayor potencia y con consecuencias. Sin embargo, propongo
que lo hagamos al revés, que busquemos la parte positiva. Así, la parte positiva empezaría señalando que estamos hablando del año 2013, y no hace falta recordar a nadie en qué situación estaba España en el año 2013: la dificultad de medios desde
el ámbito presupuestario y la dificultad de personal derivada de la congelación del número de empleados públicos. ¿Por qué digo eso? Porque muchas instituciones hacen referencia a la situación del personal y a la comunicación del Ministerio de
Economía y Hacienda, de modo que, por nuestra parte, deberíamos mostrar un poquito de sensibilidad y un poquito más de margen.
Hablamos también de la Ley de contratos, porque los dos informes son muy amplios y creo tenemos una oportunidad fenomenal que todos tenemos que aprovechar. Por ello, aunque sé que no es su función y que me pueda responder que es imposible,
invito al Tribunal de Cuentas a que nos ayude, porque vamos a llevar a cabo la trasposición de directiva, un proyecto en el que se va a trabajar mucho, y no debemos obviar que se aprovechara para retocar algunas cuestiones. Seguro que ustedes,
desde su experiencia, nos podrán aportar numerosos planteamientos que después podamos reflejar. Además, creo que viniendo de ustedes conseguiremos lo que quiere la ciudadanía: que se realice por consenso y que todas las formaciones políticas
estemos de acuerdo, porque nadie pone en tela en juicio su imparcialidad.
¿Por qué hablaba de propuesta en positivo? Porque al igual que ocurre en el ámbito tributario, parece que solamente hablamos de los defraudadores. Permítame que le pida al tribunal, si me acepta la petición, que igual que hace alguna
referencia a medidas y actuaciones o comportamientos que son de destacar, actúe del mismo modo en relación con algún organismo o algún ministerio por su comportamiento ejemplar, desde el punto de vista del control del Tribunal de Cuentas. Seguro
que lo hay, pero echamos en falta su mención porque, como digo, sí hay cuestiones concretas, pero ministerios no.
Voy a mencionar lo que ustedes reflejan en sus informes, pero sin entrar en cuestiones muy concretas. Hay un mayor grado de cumplimiento en la remisión; ustedes lo exigen, y todos estamos de acuerdo en conseguirlo. En cualquier caso dicen
que se ha mejorado con respecto a los tres años anteriores, de modo que algo bueno han hecho las administraciones.
Una segunda cuestión a la que hacen referencia es la cesión de trabajadores. Señor presidente, usted ha hecho referencia hace muy poco tiempo al artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores. Existen pliegos ministeriales de 13 de enero de
2013 y de 4 de agosto de 2013, para corregir esta medida, de modo que el ministerio, atendiendo a sus recomendaciones, lo ha reflejado. Posiblemente en 2013 no se vea tanto, pero sí en 2014.
Hacen referencia a las bajas del 25% y del 50% de los umbrales de saciedad. Seguro que su propuesta será recogida por los ministerios en 2014, 2015 y 2016, pero estamos hablando de rebajas del 25% al 50%, en una situación económica muy
complicada. Podríamos verlo en positivo. Entiendo su crítica, pero también podríamos pensar que hemos conseguido ahorrar dinero a las arcas del Estado y después de ver la situación en 2016, creo que el resultado no ha sido tan malo. Es verdad que
ha habido modificaciones, prórrogas, etcétera, pero atendiendo a la expresión que utilizaba mi compañero de economía de guerra, quizá pudiésemos entender que estaba algo justificada por las necesidades, por la restricción presupuestaria de 2013, de
modo que lo podríamos ver de nuevo en positivo.
También en su informe hacen referencia a la mejora del cumplimiento de las recomendaciones formuladas. Comparto plenamente lo expuesto por el diputado Ten cuando hacía alusión a que entre todos tenemos que conseguir dotarle de mejores
medios. Van a poder contar para ello con el Partido Popular, pero no debemos olvidar que ustedes están reconociendo que se ha mejorado en la asunción de las recomendaciones. Por tanto, pongamos una pequeña medallita -pequeña, para que no se
confíen-, a los ministerios que están cumpliendo.
Por último, por no extenderme más en una tarde tan larga como esta, en relación con la Ley Orgánica 3/2007, de igualdad entre hombres y mujeres, el Partido Popular tiene una ruta social que para nosotros es fundamental. Pero es que en el
documento ustedes reflejan que se observa un incremento en la incorporación de este criterio, que es potestativo, como criterio de resolución para casos de empates o situaciones en las que deba ir determinado por un tercer elemento. Con lo cual,
permítanme que ya que han dicho todo lo malo, yo simplemente me quede con lo bueno. Por ello, agradezco -y mucho- el trabajo del Tribunal de Cuentas y reitero que estamos abiertos a cualquier proposición que puedan ofrecer en el ámbito de la Ley de
contratos del sector público.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bravo.
A continuación, tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas, para responder a las cuestiones que han planteado sus señorías.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
Seré también breve.
Normalmente los informes del tribunal se realizan por excepción, que es lo habitual en el ámbito de la auditoría pública o la fiscalización. Muchas veces acaba resaltado aquello que constituye la excepción o la irregularidad, y no lo que
pueda ser una práctica más positiva. Eso es algo que generalmente se le aplica a todo el mundo por igual; es decir, que cualquier fiscalización corriente de una administración concreta, en un momento determinado, a lo mejor lleva reflejados
elementos fundamentalmente críticos o más bien críticos.
Usted hace referencia también a un aspecto que me gustaría señalar, el del incremento de la capacidad sancionadora del tribunal. Nosotros no reclamamos, ni mucho menos, esa capacidad sancionadora. Desde mi punto de vista no es adecuado que
el Tribunal de Cuentas imponga sanciones; no debería ser nuestro cometido. Es diferente en el terreno coercitivo; es decir, aquellos aspectos centrados en conseguir que se rindan las cuentas que hayan de rendirse al Tribunal de Cuentas. Por lo
tanto, hablo de medidas coercitivas, de multas con ese carácter, que es lo que creo que se corresponde con la labor que desarrolla el tribunal y que no debería traspasar, según nuestro criterio, a lo que sería el ejercicio de una capacidad
sancionadora.
El señor Ramírez me pregunta cómo podemos modificar y mejorar el trabajo ex ante que lleva al planteamiento del objeto de la contratación; es decir, cómo puede mejorar el conjunto del sector público en ese terreno. Creo que al utilizar la
expresión ex ante ha puesto el acento en lo que debe hacerse; es decir, el control interno, que es el que actúa ex ante en relación con las intervenciones de cada uno de los organismos y es el medio adecuado para poner remedio, en el ámbito de la
contratación, a prácticas que puedan excederse por no plantear adecuadamente su objeto o, incluso, diseñarla de una manera inadecuada. En este sentido, creo que la labor que desarrolla la Intervención General de la Administración del Estado es
verdaderamente muy positiva y cualquier reforzamiento de esa labor del control ex ante en el terreno de la contratación produciría resultados muy notables.
Antes me ha planteado, y no lo he recordado, si el Tribunal de Cuentas hace un seguimiento de proveedores en el ámbito de la contratación. Lo hace, pero usted tiene que darse cuenta de que cada expediente ha de analizarse conforme al objeto
propio de la contratación y comprobar, efectivamente, si se sigue el diseño y está de acuerdo con las necesidades del sector público. En cualquier caso, es cierto que se realiza un control de los proveedores de los diferentes servicios públicos y,
además, en todos los ámbitos del sector público en los que el tribunal desarrolla su labor.
El señor Martínez plantea también algo parecido a lo que formulaba el señor Ramírez: la preocupación por la justificación de los contratos; que la justificación de los contratos sea una labor que el conjunto del sector público pueda
efectivamente incrementar. Como usted sabe bien -y así se reconoce en el propio informe-, estamos en la realización de esta labor.
La señora Moreno señala las páginas 56 y 109, en las que creo que queda reflejada de manera muy clara la opinión del tribunal. En este sentido, no tengo más cuestiones que añadir a su planteamiento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
¿Queda alguna cuestión puntual que plantear con respecto a este informe? (El señor Bravo Baena pide la palabra).
Sí, señor Bravo, tiene la palabra, pero sea breve.
El señor BRAVO BAENA: Solo intervendré dos segundos.
Simplemente, y en positivo, quiero mencionar que anteriormente se ha dicho que el Consorcio Casa Árabe, el Consorcio de la Casa Sefarad-Israel, el Consorcio Casa Mediterráneo y Casa África no habían aportado la documentación y que, además,
había antecedentes. Creo recordar, y según dice su informe, que de la relación certificada de contratos celebrados en el ejercicio 2013 remitida por el consorcio no consta que adjudicasen ningún contrato de remisión obligatoria a este tribunal.
Con lo que yo entiendo que no ha habido incumplimiento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LAS APORTACIONES PERCIBIDAS POR LAS FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS, EJERCICIO 2012, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA
26 DE JUNIO DE 2014 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000051 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente 771/000051).
AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LAS APORTACIONES PERCIBIDAS POR LAS FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS, EJERCICIO 2013, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA
23 DE JULIO DE 2015 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000093 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente 771/000093).
AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día que es el informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas al
ejercicio 2012 y el informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas al ejercicio 2013.
Tiene la palabra el señor presidente del tribunal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.
Voy a presentar ambos informes de manera conjunta indicando que el de 2012 fue aprobado el 26 de junio de 2014 y, el de 2013, el 23 de julio de 2015.
Con la aprobación de ambos informes se produjo un avance para superar el retraso que presentaban las fiscalizaciones sobre la contabilidad ordinaria de las formaciones políticas y que este retraso no existía o no existe en la fiscalización
de los procesos electorales, siendo un propósito del tribunal acercar la fecha de aprobación de los informes a los plazos establecidos en la normativa vigente.
Desde el punto de vista del régimen jurídico aplicable, en el periodo fiscalizado se promulgó la Ley Orgánica 5/2012, que modificaba la Ley Orgánica sobre financiación de partidos políticos, que también se ha visto afectada posteriormente
por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marco, de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos.
El ámbito subjetivo de la fiscalización se ha circunscrito a las formaciones políticas que, durante los ejercicios 2012 y 2013, han percibido algún tipo de subvención pública de las reguladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4
de julio, sobre financiación de los partidos políticos. También se han focalizado las aportaciones y donaciones recibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas orgánicamente a las formaciones políticas con representación en las Cortes
Generales.
Cabe mencionar que durante el periodo fiscalizado se celebraron las elecciones al Parlamento de Andalucía, a la Junta General del Principado de Asturias, al Parlamento de Galicia, al Parlamento Vasco y al Parlamento de Cataluña, que tuvieron
lugar todas ellas a lo largo del ejercicio 2012.
El número de formaciones que han sido objeto de fiscalización por haber sido perceptoras, directa o indirectamente, de subvenciones, ascienden a 36 en el ejercicio 2012 y, a 32, en 2013, incluidas las coaliciones con representación en las
Cortes Generales. Por lo que se refiere a las fundaciones y asociaciones vinculadas, ascendieron a un total de 37, en 2012 y 41, en 2013.
Respecto a los resultados de fiscalización sobre los partidos políticos, todas las formaciones fiscalizadas presentaron al tribunal sus cuentas, si bien cuatro de las correspondientes al ejercicio 2012, y otras cuatro del ejercicio 2013, las
presentaron con posterioridad al plazo estipulado en la normativa vigente. Son las formaciones Alternatiba Eraikitzen, Ezker Batua Berdeak, Eusko Alkartasuna y Partido Aragonés, para el ejercicio 2012; y Alternatiba Eraikitzen, Convergència i
Unió, Izquierda Unida y Partido Aragonés para 2013.
La formación Izquierda Unida incluyó en las cuentas de 2012, por primera vez, los estados consolidados con sus federaciones sin personalidad jurídica, y en 2013 también las federaciones con personalidad jurídica. Sin embargo, la
consolidación debería extenderse, además, a la totalidad de los partidos que integran la federación; es decir, Partido Comunista de España, Izquierda Abierta, Izquierda
Republicana y Colectivo de Unidad de los Trabajadores, así como a diversas corrientes o foros con recursos económicos.
Respecto a la memoria que forma parte de las cuentas anuales, la formación política Alternatiba Eraikitzen no presentó la correspondiente al ejercicio 2012. Además, se ha observado la existencia de formaciones que, en la referida memoria,
bien no recogen información alguna respecto a las subvenciones públicas, las donaciones privadas y las condiciones de sus préstamos con entidades de crédito o bien la información incluida es incompleta.
Por lo que se refiere al informe relativo a la revisión del sistema de control interno que cada partido político debe tener establecido para garantizar la adecuada intervención y contabilización de los actos y documentos de los que se
deriven derechos y obligaciones de contenido económico, diecisiete formaciones en 2012 y, veintiuna, en 2013 -un 67% del total- no ha presentado documento alguno que acredite el resultado de la revisión del referido sistema de control interno
exigido por la Ley.
La mayor parte de los informes sobre el control interno presentados se limitan a certificar que las cuentas reflejan la imagen fiel de la situación financiera de la formación, sin especificar el alcance de la revisión efectuada ni las
conclusiones y recomendaciones que se deriven, por lo que se considera insuficiente.
Por otra parte, los procedimientos fiscalizadores han quedado delimitados por la falta de integración, en las cuentas consolidadas de las formaciones políticas, de la actividad económico-financiera de la totalidad o parte de su organización
institucional y local. Esta carencia adquiere una especial relevancia en cuanto a las cuotas de los afiliados recaudadas en dicho ámbito local, a la actividad económica desarrollada en los municipios con una población importante y a las operaciones
derivadas de la adquisición de inmuebles para las sedes locales y su financiación.
Con carácter general, las cuentas consolidadas de la mayoría de las formaciones políticas no incluyen la totalidad de la actividad económico-financiera de su organización local.
Respecto a la contabilidad de los grupos institucionales, en general, se han integrado las cuentas de los grupos parlamentarios en las Cortes Generales y en las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, pero no así en todos los
casos las cuentas de los grupos políticos de las entidades locales.
Entrando en el análisis de la contabilidad, las cuentas anuales del ejercicio 2012 de las formaciones Eusko Alkartasuna y Nueva Canarias presentan deficiencias que limitan significativamente su representatividad y, además, las cuentas
anuales del ejercicio 2013 de veinticuatro formaciones políticas presentan salvedades que afectan, en mayor o menor medida, a su representatividad.
Otro aspecto relevante es la existencia de un total de nueve formaciones en 2012 y seis formaciones en 2013 con patrimonio neto negativo. Entre las que presentaban un mayor desequilibrio patrimonial se encuentran Izquierda Unida, Unió
Democrática de Catalunya y Convergència i Unió.
De acuerdo con la información suministrada por la totalidad de las instituciones a las que fue solicitada, entre las que no se incluyen los ayuntamientos con población inferior a 20 000 habitantes, la financiación pública de las formaciones
fiscalizadas ha supuesto un total de 273 millones de euros en 2012 y, 216 millones de euros, en 2013.
Dentro de la referida financiación pública se incluyen las subvenciones otorgadas por el Estado destinadas a sufragar los gastos de seguridad que han supuesto un total de 3,38 millones de euros en el ejercicio 2012 y 2,7 millones en 2013.
Al cierre del ejercicio 2012, resultaron remanentes pendientes de aplicación de estas subvenciones, por un total de 60 432 euros, en las siguientes siete formaciones: Amaiur, Coalición Canaria, Compromís-Q, Geroa Bai, Partido Aragonés,
Unión del Pueblo Navarro y Unión Progreso y Democracia.
Al término del ejercido 2013, han resultado remanentes pendientes de aplicación de estas subvenciones para gastos de seguridad, por importe de 25 910 euros en cinco formaciones: Amaiur, Bloque Nacionalista Galego, Geroa Bai, Nueva Canarias
y Unión Progreso y Democracia. Tales remanentes, que debían ser objeto de reintegro, han sido comunicados al Ministerio del Interior.
Respecto a las subvenciones públicas obtenidas por los grupos institucionales vinculados a los partidos políticos, estas se elevaron a un total de 133 millones de euros en 2012 y, 134,9 millones de euros, en 2013. La distribución entre las
instituciones otorgantes no presenta un carácter homogéneo ni entre las cuantías otorgadas por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas ni entre las de las entidades locales.
Por lo que se refiere a los recursos privados, de acuerdo con las cuentas anuales presentadas por las formaciones políticas, los ingresos de esta naturaleza se elevaron en 2012 a un total de 70,9 millones de euros y, en 2013, a 70,4
millones.
Dentro de los ingresos anteriores destaca el saldo de las cuotas y aportaciones de afiliados, adheridos y simpatizantes por un importe global de 39,4 millones de euros en 2012 y, en 2013, de 42, 8 millones.
Además de lo anterior, las formaciones recibieron donaciones privadas no finalistas que ascendieron a un total de 6,4 millones de euros en el ejercicio 2012, y a 5,9 millones de euros en 2013. En relación con estas donaciones se ha
verificado la existencia de donantes no identificados correspondientes al Partido Aragonés, por un importe de 6600 euros en 2012; a Izquierda Unida, por 600 euros, y al Partido Socialista Obrero Español, por 958,67 en 2013.
Se han detectado otros incumplimientos que, conforme a la legislación aplicable, no eran constitutivos de infracción: cuotas y aportaciones no ingresadas en cuentas bancarias específicas o bien en tales cuentas y en las que figuraban,
además, otros ingresos; donaciones no ingresadas en cuentas destinadas exclusivamente a ingresos de esta naturaleza; y donaciones de personas jurídicas de las que no se ha facilitado el acuerdo del órgano social competente.
En 2013, las formaciones Esquerra Republicana de Catalunya, Izquierda Unida, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español realizaron pagos en efectivo superiores a 2500 euros en uno, tres, uno y un caso, respectivamente.
Por lo que respecta a las deudas contabilizadas con entidades de crédito, al cierre del ejercicio 2012 ascendieron a un importe de 237 millones de euros, de los que 141,9 contaban con garantía hipotecaria. La deuda vencida se elevaba 1,4
millones de euros, correspondiendo a las formaciones Eusko Alkartasuna y Unió Democrática de Catalunya.
En el ejercicio 2013, la deuda con entidades de crédito al cierre de este ascendía a 205,7 millones de euros, de los que 127 millones correspondían a deudas con garantía hipotecaria. La deuda vencida se elevaba hasta 1,7 millones de euros,
distribuyéndose entre las formaciones: Eusko Alkartasuna, 0,8 millones; Izquierda Unida, 0,4 millones; y Unió Democrática de Cataluña, 0,5 millones.
El otro apartado de los informes se refiere a la fiscalización de las donaciones y aportaciones recibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos con representación en las Cortes Generales o que han percibido
algún tipo de subvención pública de acuerdo con la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica sobre financiación de partidos políticos.
Para determinar la existencia de vinculación con respecto a un partido político, debido a la falta de regulación legal expresa al respecto hasta la promulgación de la Ley Orgánica 3/2015, se han aplicado los mismos criterios que en informes
anteriores. La Fundación privada per l'Estudi i la Formació Política, Col-labora, disuelta en 2013, se ha considerado vinculada a la formación Partido Popular de Cataluña, según la información obtenida de las cuentas del partido, así como de los
estatutos de la fundación.
La Fundación Catorce de Abril no remitió sus estados financieros del ejercicio 2012 ni respondió a los requerimientos efectuados por el tribunal a este respecto, lo que constituye un incumplimiento del deber de colaboración con el Tribunal
de Cuentas. Tampoco presentaron cuentas aprobadas por falta de actividad, manifestando no haber recibido donaciones, las siguientes fundaciones: Canarias 7 Islas, Horacio Fernández Iguanzo, Idi Ezquerra, Rey Corral de Investigaciones Marxistas y
Zabaldiak.
Nueve de las fundaciones fiscalizadas presentaban patrimonio neto negativo en 2013, destacando por su relevancia cuantitativa la Fundación Ideas para el Progreso y la Fundación Pablo Iglesias, ambas vinculadas al Partido Socialista Obrero
Español.
El tribunal considera que debería plantearse, asimismo, la posible extinción de las fundaciones que llevan varios años inactivas.
El importe total de las donaciones informadas por las funciones que fueron objeto de fiscalización se elevó a 7,8 millones de euros en el ejercicio 2012, y a 4,5 millones en 2013. Los incumplimientos legales en esta materia se refieren a
los siguientes aspectos: donaciones que fueron ingresadas en cuentas bancarias que no son específicas para tal fin o que existiendo tales cuentas no fueron ingresadas en la misma por un importe de 291 043 euros, en 2012, y 130 750 euros, en 2013;
donaciones procedentes de personas jurídicas sin haberse aportado el preceptivo acuerdo del órgano social competente, 155 300 euros, en 2012, y 25 000 euros, en 2013; donaciones de personas jurídicas que no han sido notificadas al Tribunal de
Cuentas en el plazo legal de tres meses por un importe de 90 000 euros en 2013.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, para fijar su posición, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Brevemente. De los informes se desprende que, seguramente, queda mucho por desarrollar, pero los que llevamos muchos años en esta comisión hemos visto que estos informes han ido produciendo ciertas mejoras a lo largo del tiempo.
Seguramente, la modificación de la Ley Orgánica 8/2007, a través de la Ley Orgánica 3/2015, también ayudará a que estos informes mejoren en tanto en cuanto las formaciones políticas puedan mejorar también la presentación de sus cuentas.
En todo caso, hago dos o tres observaciones. Se vuelve a reiterar el inconveniente que implica que algunas formaciones políticas no incorporen los ingresos de sus grupos políticos, especialmente, grupos municipales o de diferentes entidades
locales. Como bien se refleja en el informe, más allá de las recomendaciones del mismo Tribunal de Cuentas, esto no era una obligación legalmente establecida como tal para incluir en las cuentas anuales y no deja de generar una cierta dificultad y
no es ninguna excusa, es más, en algunas de las intervenciones se entiende que no es una aportación a ninguna formación política. Se les hace tramitar un NIF independiente y es el interventor municipal el que quiere fiscalizar este tipo de gastos.
En todo caso, esperemos que, con las modificaciones antes mencionadas, esto pueda ser mejorado.
La segunda cuestión hace referencia a la tercera de sus recomendaciones, que ya les avanzamos que nosotros esencialmente compartimos, es aquella que hace referencia a que hay determinadas formaciones que presentan una situación patrimonial
negativa, como es el caso que también ha nombrado de Convergència i Unió, en tanto que como federación de partidos y coalición electoral -lo hemos explicado en otras comparecencias- es una coalición que no tiene afiliados, que no tiene más ingresos
que los que provienen de las subvenciones de cada uno de los grupos, a nivel autonómico o de las mismas Cortes Generales, y se endeuda en el momento de las diferentes campañas electorales, hay fondos propios negativos y como los únicos ingresos que
tiene son las diferentes subvenciones, estas subvenciones a lo largo de los diferentes años van reduciendo estos fondos negativos. Evidentemente, esto no se puede dar como explicación en el caso de una formación política que tenga sus afiliados y
un desarrollo más allá de simplemente presentarse a las campañas electorales. En todo caso, esto, como ustedes habrán podido comprobar, es una situación que se ha ido perpetuando y cuando hay campañas electorales se acentúa y en el último ejercicio
anterior a las campañas electorales estos fondos negativos se van reduciendo. En cualquier caso, en tanto en cuanto esta federación ya está disuelta tenderá, en su momento final, que si yo no entiendo mal será en 2019, a unos fondos propios
equilibrados para proceder a su liquidación.
En todo caso, sí que sería bueno -y lo decimos cada año- que en el ámbito estrictamente de la incorporación de estas aportaciones a los grupos municipales se estableciera un criterio único, homogéneo y que no dejase ninguna duda a la
interpretación, porque me consta que todavía hoy hay interventores en el ámbito municipal que lo perciben de forma diferente.
Ya les avanzamos que nosotros, obviamente, vamos a apoyar estas recomendaciones.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bel.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Etxano.
La señora ETXANO VARELA: Gracias, señor presidente.
Quiero agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas sus aportaciones y reflexiones. En referencia a las auditorías, resulta importante -yo creo que lo ha comentado también el anterior portavoz- que los avances que se han hecho en la
legislación en los últimos años ha mejorado la transparencia y la manera en que la ciudadanía tiene conocimiento de la forma en que se están financiando los partidos políticos. Trataremos de que se siga avanzando. Creemos que ya se ha perfilado y
mejorado mucho todo lo que tiene que ver con la transparencia, con la concreción de los elementos, también sancionadores, en concreto, con aquellos de imposición de sanciones del Tribunal de Cuentas.
Respecto al partido que más conozco, que es al que represento, en relación con la auditoría, con el control interno -aunque todo sistema es mejorable- en este momento contamos -como creo que todos las formaciones en continuo proceso de
mejora- con nuestros censores de cuentas.
En cuanto a las rendiciones de las corporaciones locales -lo comenta el diputado Bel-, nosotros también estamos de acuerdo con que debería ser la Ley de base de régimen local la que, a nuestro
entender, regulara estos ingresos locales y estaría bajo la jurisdicción del Pleno municipal y de la intervención municipal.
En cuanto a la inclusión del ámbito local dentro de la rendición de cuentas, aunque se haga por el Tribunal de Cuentas, a nuestro entender, ni la Ley 8/2007 ni la Ley 8/2012 hablaban de que hubiera que incorporar el ámbito local en las
rendiciones de cuentas.La redacción exacta del artículo se refiere a los ámbitos estatal, autonómico, comarcal y provincial. No obstante, creo que esta redacción -estamos hablando de informes de 2012 y 2013- es antigua, porque la Ley Orgánica
3/2015 modifica eso y nos dice claramente que deberíamos incluir el ámbito local dentro del ámbito provincial y entraría en vigor el 1 de enero. O sea, ya deberíamos estar consolidando las cuentas a 1 de enero de 2017 para los partidos que tengan
reconocido un nivel estatutario local, que en el caso del Partido Nacionalista Vasco sería así. Por tanto, entendemos que estaremos consolidando para esa fecha. De este tema ya han hablado en otras ocasiones los anteriores portavoces del Partido
Nacionalista Vasco. Para nosotros está suponiendo un esfuerzo, incluso, lo estamos haciendo de forma conjunta con el Tribunal de Cuentas para ver cómo se puede enfocar esto. El Partido Nacionalista Vasco tiene una estructura no centralizada,
funciona en niveles municipales, regionales y territoriales, con organizaciones municipales muy relacionadas con sedes sociales, con una forma de trabajar descentralizada, con una implantación social y con una militancia que genera mucha actividad.
Incorporar todo esto a la Cuenta General nos ha llevado tiempo y trabajo porque, aunque no queremos perder el plazo -y no lo vamos a perder- y consolidemos la contabilidad, cuesta cambiar nuestra esencia porque no es lo que nosotros veníamos
haciendo. Tenemos una trayectoria histórica muy importante. Como dice el informe, no todos los partidos tienen incidencia respecto a la incautación de sus bienes, algo que se refleja en el balance.
En cuanto a la prohibición de realización de actividades mercantiles que sigue figurando en el informe, he de señalar que el artículo 6.1, de la Ley 8/2007, plantea que no podemos realizar actividades pero sí en las propias y en los
rendimientos procedentes del propio partido. En las sociedades de las que se habla en el informe, siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, se han revisado los objetivos, lo que ocurre es que no figuran en los años 2012 y 2013 sino en
2015, como conoce el presidente del Tribunal.
Para terminar, quiero destacar que, en lo relativo a las fundaciones, quitando un pequeño incidente de 2012 por un tema de criterio, que se subsanó, el informe del Tribunal emite una opinión favorable.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Etxano.
Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Picornell.
El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias, de nuevo, señor presidente.
Antes me quejaba de la falta de temporalidad a la hora de analizar estos informes, pero, en este momento, podemos comparar los de 2012 con los de 2013 y ver la evolución que se ha producido en los distintos partidos políticos; seguramente,
estas instituciones son las que más conocemos los que participamos en esta comisión y, por tanto, más padecemos a lo largo de nuestro día a día, con nuestras finanzas, etcétera. Además, hay un plus de importancia solo en un sentido, y es que los
partidos políticos estamos expuestos a la opinión pública y sometidos al juicio de la ciudadanía como debe ser, por otro lado. Pero, en ese sentido, a lo mejor estamos más fiscalizados no por el Tribunal de Cuentas sino, posiblemente, por la
sociedad. Por tanto, en estos informes que estamos analizando se pueden observar algunas modificaciones o mejoras respecto a otros años. En un informe de una entidad menor se pueden hacer algunas observaciones, algo que puede tener mayor o menor
trascendencia, pero es evidente que esto no sucede en los partidos políticos. Por tanto, en este sentido, observamos una evolución.
En el caso de los partidos políticos, el objetivo final es que el Tribunal de Cuentas haga unos informes en los que no haya recomendaciones. Esto quiere decir que los partidos políticos haremos bien nuestro trabajo y además seremos
perfectamente transparentes. Pero es evidente que en esta evolución surgen nuevas necesidades, nuevos paradigmas, nuevos partidos políticos, o nuevas maneras de funcionar, que están directamente vinculados al momento político en que nos
encontramos. Por consiguiente, esta evolución nos lleva a comprobar que algunas consideraciones de los años 2012 y 2013 se vean ahora superadas por otras leyes, por ejemplo, la Ley 3/2015, o, simplemente, nos encontremos en otro momento político
que haga que las consideraciones sean de otra índole, ya no en los informes de los ejercicios 2012, 2013 sino en los siguientes de 2014, 2015, 2016.
Como digo, estamos expuestos a la opinión pública. Déjenme que me refiera a un informe del que ya hemos hablado pero que quiero poner en valor, y en el que se habla de la falta de juicio de valor en algunas contrataciones. Es evidente que
en los partidos políticos esto no está bien visto por la sociedad y, por tanto, debemos mejorar.
Voy terminando. En lo referente a las recomendaciones, considero que la Ley 3/2015 tiene un recorrido que no hemos terminado de llevar a cabo; de hecho, una habla de la necesidad de evaluar la conveniencia de aplicar a las fundaciones los
mismos requisitos respecto a las donaciones y, evidentemente, desde nuestro punto de vista, debemos caminar en esa dirección.
Por último, quiero manifestar que algunas de las recomendaciones se ven superadas por el día a día como, por ejemplo, el procedimiento de envío de las cuentas de las fundaciones por medios telemáticos. Cuando analicemos los próximos
informes, esperemos que el Tribunal de Cuentas haya hecho una valoración positiva de su evolución.
Y en relación estrictamente a los recursos financieros, quiero manifestar que Esquerra Republicana, a 31 de diciembre de este año, tendrá una deuda cero con las entidades bancarias y, por tanto, quería ponerlo en valor en esta comisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, señor presidente.
Le agradecemos el detalle exhaustivo y preciso de su informe, y más cuando en Ciudadanos estamos realmente preocupados por la transparencia de los partidos políticos y el correcto destino del dinero público de todos los ciudadanos, pues solo
en 2012 -según un cuadro que presentan-, figuran 209 904 000 euros, más lo que habría que sumar de las cantidades abonadas en 2012 debido a los procesos electorales celebrados en el ejercicio.
Evidentemente, cuando habla de fundaciones, de partidos políticos que tienen un patrimonio neto negativo y de incumplimiento de suministros de información, estamos con usted en dar de baja a estas entidades porque están haciendo un grave
daño a las arcas públicas.
Las leyes orgánicas que regulan el sistema de financiación de los partidos políticos establecen un doble control: por un lado, el control interno que deberá realizar el propio partido político y, evidentemente, remitirlo al Tribunal de
Cuentas, y, por otro, un control externo que corresponde exclusivamente al Tribunal de Cuentas, sin perjuicio, por supuesto, de los órganos fiscalizadores de las comunidades autónomas, facultado por un régimen sancionador que, en teoría, entró en
vigor hace unos años.
Su ámbito de aplicación es el de las formaciones políticas que hayan percibido subvenciones públicas. El informe advierte que son 36 las fundaciones y asociaciones vinculadas orgánicamente, obligándose estas a remitir las cuentas anuales
consolidadas, es decir, el balance, la cuenta de resultados y la memoria, según establece el Plan General de Contabilidad.
Pues bien, me quiero detener en el artículo 17, en el cual se tipifica, entre otras, como infracciones, aceptar donaciones que contravengan, por ejemplo, esas limitaciones que establecen con esos requisitos; no presentar sin causa
justificada las cuentas correspondientes al último ejercicio anual; los partidos políticos que haya superado los límites de gastos electorales previstos en dicha ley, etcétera. El punto 2 establece que el Tribunal de Cuentas vigilará que las
sanciones se hagan efectivas en el libramiento de la correspondiente subvención. A lo mejor estoy equivocado o no lo he encontrado, pero no he visto que se haga mención alguna a un inicio de procedimiento sancionador, ninguna incoación de
expediente; por tanto, señor presidente le pregunto si realmente esto es así.
En cuanto a las fiscalizaciones llevadas a cabo que hemos visto en el informe, podemos detallar alguna, como la de Izquierda Unida, en la que existen donaciones no identificadas en el ejercicio 2013. Esa prohibición está prevista en el
artículo 5.1, o como la del Partido Socialista, que se han detectado donaciones recibidas en 2013 que no se hallaban identificadas en el momento de su aceptación. En la mayoría de los casos, de las fiscalizaciones efectuadas en las cuentas anuales,
no se deducen incumplimientos susceptibles de aplicar sanciones.
No obstante, hemos observado varias irregularidades y entre las más comunes están no disponer de cuenta abierta específica para el cobro de las cuotas de los afiliados o quedarse el remanente no aplicado de la subvención estatal para
sufragar gastos de seguridad. Hay casos mucho más graves de incumplimientos, sobre todo en relación con la Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Esquerra
Republicana de Cataluña, indica aquí el informe, fraccionó el pago en efectivo por 3000 euros para un mismo servicio. Esto contradice la Ley 7/2012, de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
Finalmente, en el caso del Partido Popular, tiene un descontrol en el uso de cuentas diferenciadas; en cinco de sus sedes territoriales ha detectado que las cuentas específicas incluyeron otros ingresos correspondientes al funcionamiento
ordinario de dichas sedes, con lo cual está en un supuesto incumplimiento del artículo 8.1; el partido ha excedido el límite de los 2500 euros en pago en efectivo.
Por lo tanto, Ciudadanos se pregunta si se ha incoado algún expediente sancionador y si realmente es efectivo para cambiar la actitud de los partidos. Yo me sumo a las palabras de mi compañero, el señor Bravo, diputado del Grupo Popular,
que indicaba esa parte positiva. Vamos a ver la parte positiva, no me quedo en todos esos incumplimientos, sino en qué vamos a hacer a partir de ahora para que esto no vuelva a suceder.
Por último, no puedo evitar, señor presidente, preguntar sobre qué papel diría el Tribunal de Cuentas ha podido desempeñar en la ayuda de esclarecimientos en casos de corrupción como los de Gürtel o Bárcenas. Recordemos que en enero se
reanuda el caso del Partido Popular y aparece escrita la acusación de la Fiscalía anticorrupción: beneficiario a título lucrativo. A mí me preocupan estos casos, no por incidir especialmente en el Partido Popular, pero sí me importa, señor
presidente del Tribunal de Cuentas, conocer su opinión sobre qué utilidad podría tener, por ejemplo, una ley que protegiera al delator, una ley que protegiera a esas personas que pueden ser colaboradoras para que le trasmitan esa información.
Nosotros hemos recogido en nuestro pacto de investidura número 119 esa protección al denunciante. ¿Usted cree que le ayudaría al Tribunal de Cuentas esa mejor fiscalización en defensa del interés general?
Finalmente, la contabilidad rendida no recoge la actividad desarrollada por la mayor parte de la organización local ni de los grupos políticos de las entidades locales. ¿Usted ve conveniente, por ejemplo, ampliar ese ámbito de
fiscalización?
Para despedirme, no tengo más que agradecerle su intervención y desearles unas felices navidades y unas felices fiestas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ten.
Por el Grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Gracias, presidente.
Esta es la primera vez que intervenimos para evaluar un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre partidos políticos y lo cierto es que lo esperábamos con avidez, ya que creemos que una regulación y supervisión adecuada de la
financiación de los partidos políticos puede ser muy útil para prevenir casos que hemos vivido en este país de corrupción en los partidos y creemos que ahora mismo una correcta regulación para evitar estos casos es uno de los principales déficits
que tenemos en nuestra democracia.
En 2012 y 2015 se avanzó en una regulación un poco más exigente en materia de financiación de partidos, incluyendo la responsabilidad jurídica de los mismos que el PP estrenó, por cierto. Aunque esta ley sigue siendo insuficiente en materia
de regulación, creemos que es un paso adelante y que en estos momentos también hay ciertos déficits de funcionamiento en el Tribunal de Cuentas que le impiden ir más allá para prevenir este tipo de prácticas como las que señalé anteriormente y
señalaré a continuación. Si no, no se explica por qué el Tribunal de Cuentas fue incapaz de detectar la contabilidad B del Partido Popular, acreditada por el juez Ruz o algo tan evidente como la reforma de la sede de Génova entre 2005 y 2011,
pagada con 1,61 millones de euros en dinero negro. Según el Tribunal de Cuentas,¿ a qué se debió que no detectaran estas irregularidades y qué habría que hacer para que un organismo de supervisión y fiscalización como el Tribunal de Cuentas pudiera
detectar y anticipar este tipo de cuestiones?
Otra muestra de la falta de diligencia o los problemas que tiene el Tribunal de Cuentas, quizás también por falta de recursos en esta materia, es el incumplimiento sistemático de los plazos de publicación de los informes. El artículo 16.3
de la Ley Orgánica 8/2007 establece un plazo de seis meses para la elaboración de los informes de fiscalización. Sin embargo, los informes relativos a 2012 y 2013 que vemos hoy aquí fueron publicados en 2015, con dos o tres años de retraso
respectivamente. Ahora mismo, a punto de entrar en 2017, aún estamos a la espera del informe de 2014. Estos retrasos no son tolerables. Por lo
tanto, ¿qué medidas ha emprendido el Tribunal de Cuentas para evitar que se produzcan estos retrasos y ser más diligentes?
En el informe de fiscalización de 2011, el fiscal jefe apercibe al Tribunal de Cuentas por esta extemporaneidad y señala otras cuestiones de más gravedad. La cuestión más importante que hemos visto quizá sea la reiteración del tribunal en
la no publicación de la calificación de las actuaciones irregulares detectadas y de la descripción de los procedimientos sancionadores, pese a la resolución de esta misma comisión del 11 de marzo de 2014, en la que insta al Tribunal de Cuentas a
publicar esta información. Ya que no incluye este tipo de información en el informe de fiscalización, no sé si podría desglosar aquí estas irregularidades cometidas, especialmente aquellas calificadas como muy graves por la Ley 8/2007, las
formaciones políticas que las cometieron y los procedimientos sancionadores incoados contra estas formaciones si es que existieron.
En relación con lo anterior, creemos que ha ocurrido un hecho bastante bochornoso en los últimos meses en el Parlamento de Canarias, cuando se evaluaba el informe de fiscalización de la contabilidad electoral de la campaña autonómica. En
dicho informe de fiscalización el PP declaró una donación de 186 000 euros sin identificar, la Audiencia de Cuentas de Canarias solicitó justificar la procedencia de dicha donación al Partido Popular, pero el Partido Popular se negó a justificarla,
exponiéndose a la infracción. La Audiencia de Cuentas, en su comparecencia en el Parlamento canario confirmó que se trataba de una infracción, pero que solo el Tribunal de Cuentas tenía facultad para sancionar. ¿Ha iniciado el Tribunal de Cuentas
algún procedimiento sancionador contra el PP canario? ¿O, en general, ha iniciado el Tribunal de Cuentas algún procedimiento sancionador contra los partidos políticos que finalmente se haya materializado en una sanción efectiva?
El fiscal jefe en el informe de 2011 también señala la falta de rigor a la hora de analizar las fundaciones, al no fiscalizar de forma diferente aportaciones y donaciones, según lo estipulado en la Ley Orgánica 5/2012, o no señalando, por
ejemplo, en dicho informe, como ya se ha comentado anteriormente, algunas fundaciones, como alguna del Partido Popular o del Partido Socialista. Tras la reforma de 2012 empezaron a regularse de forma más severa donaciones a los partidos políticos,
pero se dejó mucho margen para cometer irregularidades en las donaciones a las fundaciones y nos gustaría saber si en las fiscalizaciones que está realizando actualmente de los siguientes informes, de los siguientes años, de los siguientes
ejercicios contables, el Tribunal de Cuentas está siendo más riguroso a la hora de fiscalizar y controlar la información contable de las fundaciones de partidos políticos.
Por último, queremos tratar un asunto más preocupante aún respecto a la financiación de partidos, que es la elevada deuda y las condonaciones de deuda que se producen por parte de las entidades bancarias a los partidos. Según el informe de
2013 se acumulaba un total de 205 millones de euros de deuda, 60 millones del Partido Socialista y 40 del Partido Popular. Nosotros creemos que estos niveles de endeudamiento por parte de los partidos ponen en peligro su independencia y la
independencia de los partidos a la hora de tomar sus decisiones condiciona, por lo tanto, la democracia en general y relacionado con esto, y más preocupante todavía que el elevado endeudamiento de los partidos políticos que puede condicionar su
actividad -no se rían, señores del Partido Popular-, tenemos conocimiento, por información publicada en diversos informes, que se produjo antes de su prohibición en 2015 durante sucesivos años la condonación de deuda por parte de las entidades
bancarias.
La organización Civio le transmitió al Tribunal de Cuentas en el año 2012 de forma reiterada varias cuestiones relativas a la condonación de deuda por parte de entidades bancarias. Se las voy a manifestar aquí, ya que en su momento no
contestó a la organización Civio. ¿A qué cantidad ascienden las condonaciones de deuda de los bancos a los partidos políticos con representación en el Congreso entre los años 2000 y 2012? ¿Qué entidades son las que han condonado la deuda? Y ya
que no les ha respondido a ellos, esperemos poder tener esa información aquí o que nos la remita posteriormente por escrito si aquí no la tiene a disposición.
En general sospechamos que la falta de rigor y de eficacia manifestada en los aspectos señalados anteriormente se deben en gran medida a una falta, por un lado, de recursos, pero también en gran medida a la independencia y politización del
Tribunal de Cuentas actual, que es un órgano que fue elegido por un acuerdo del Partido Popular y del Partido Socialista. Nosotros creemos que una agencia de supervisión externa y de fiscalización como es el Tribunal de Cuentas debería funcionar de
forma totalmente independiente y el sistema de nombramientos actual no garantiza esa independencia...
El señor PRESIDENTE: Señor González, rebasa con mucho el tiempo.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Ya estoy terminando.
El sistema de nombramiento actual, como decía, no garantiza esta independencia, especialmente con la cultura política y económica del amiguismo que caracteriza a las élites de este país. En este caso, está claro quién controla al que
controla y son los mismos que tienen que ser controlados. Por lo tanto, vamos a trabajar durante esta legislatura para darle una vuelta y garantizar la independencia del Tribunal de Cuentas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
Por el Grupo Socialista, el señor Mato tiene la palabra.
El señor MATO ESCALONA: Muchas gracias, señor presidente.
Yo no me voy a extender y tampoco voy a hablar de la teoría de la conspiración (Risas), simplemente voy a remitirme a los informes.
En primer lugar, quiero agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas su presencia en esta Cámara y saludar esa iniciativa, que nos ha comentado, de acercar los informes a los periodos de fiscalización. También saludamos la evolución que
han tenido las recomendaciones de los últimos años, se ve claramente en estos dos informes que, a pesar de que se han detectado una serie de irregularidades importantes, si uno se va a la cuantía económica B, respecto al total global no son de gran
relevancia, especialmente si tenemos en cuenta que en concreto en el año 2013 han tenido lugar una serie de procesos electorales que también están fiscalizados. Ello habla de dos cosas: del rigor con el que se hace el informe del Tribunal de
Cuentas y de que progresivamente las organizaciones políticas van teniendo en cuenta las recomendaciones que hace el tribunal, y eso es algo positivo.
Por último, de acuerdo con lo que han dicho el resto de portavoces, podremos ver que muchas de las recomendaciones que vienen recogidas en estos dos informes son realmente eficaces cuando veamos cómo se comparta la Ley 3/2015 en los
siguientes periodos de fiscalización.
Les deseo felices fiestas a todos. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mato.
Finalmente, por el Grupo Popular, el señor Fernández tiene la palabra.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Quisiera empezar agradeciendo la labor del Tribunal de Cuentas en general y en particular en una cuestión como esta, en la que la fiscalización del tribunal debe servirnos a los partidos políticos para mejorar la presentación de nuestras
cuentas y de nuestros estados contables.
Considero oportuno, en primer lugar, destacar la utilidad y la conveniencia de estos informes para alcanzar la necesaria transparencia y el respeto a la legalidad en lo que se refiere a la cuenta de los partidos políticos, y también
considero oportuno destacar aquí el hecho de que la mejora de los instrumentos jurídicos para alcanzar estos objetivos compartidos por todos es fruto del esfuerzo que en este sentido se llevó a cabo en anteriores legislaturas. Y, en este punto,
quisiera hacer referencia y valorar las reformas y los avances que tuvieron lugar en la anterior legislatura ordinaria, por una lado, la aprobación de la Ley Orgánica de 22 de octubre de 2012, que reformó la Ley Orgánica de financiación de partidos,
y por otro lado, la aprobación de la Ley Orgánica de 30 de marzo de 2015, de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos.
Entrando en el contenido de los informes y comparando los correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013, se aprecia, por un lado, que las observaciones que realiza el Tribunal de Cuentas han servido para que se vaya mejorado la presentación
de la contabilidad de los partidos, y por otro, es de destacar el esfuerzo de las distintas fuerzas políticas para dar cumplimiento a los requerimientos del Tribunal de Cuentas. A título de ejemplo, quisiera destacar la actuación del Partido
Popular, que ha ido dando cumplimiento a las observaciones y requerimientos formulados por el Tribunal de Cuentas en relación con su estado contable en cuestiones como las que voy a citar a título meramente de ejemplo. Respecto a la rendición de
cuentas correspondiente al ámbito territorial, en el informe del año 2012, el Tribunal de Cuentas señala que las cuentas consolidadas están integradas por la organización territorial hasta el nivel provincial y que permanece pendiente de incluir en
el ámbito de la consolidación la actividad económico-financiera del resto de la organización a nivel local. Sin embargo, ya en el 2013 el Tribunal de
Cuentas señala que la formación, el Partido Popular, ha continuado con el proceso de incorporación progresiva de la actividad a nivel local, incorporando 192 juntas locales más que en el ejercicio 2012. Respecto al registro contable de
inmuebles, en el año 2013, se indica que, respecto al inmovilizado material, los informes de ejercicios anteriores como el de 2012 ponían de manifiesto que salvo en 5 sedes en el registro contable de los inmuebles no se diferenciaba la parte
imputada al valor del suelo y la de la construcción. Sin embargo, ya en el 2013, la formación del Partido Popular ha procedido a desagregar el valor correspondiente a los terrenos en 26 sedes territoriales en las que no estaba diferenciada.
Respecto a los saldos de la caja y bancos e instituciones de crédito, en el informe del 2012 queda constancia de que el Partido Popular, atendiendo a la solicitud de información formulada por el Tribunal de Cuentas, ha circularizado a todas las
entidades financieras en las que mantuvo cuentas de tesorería e inversión durante el 2012, y todos los saldos contabilizados han sido confirmados por las entidades financieras o han sido comprobados por los correspondientes extractos bancarios
facilitados por el Partido Popular.
A lo largo de los informes se puede apreciar que existen múltiples cuestiones en las que queda patente la voluntad del Partido Popular por cumplir y atender los requerimientos formulados por el Tribunal de Cuentas. No obstante, todavía
queda un largo camino por recorrer y es necesario profundizar en la labor de dar cumplimiento a los requerimientos del Tribunal de Cuentas, lo que permitirá avanzar en el camino de la transparencia en la actividad de los partidos políticos. De
hecho, el informe del año 2013 termina señalando cuál es el resultado de la fiscalización e indica algunas irregularidades en la mayor parte de los partidos políticos, si bien considera que únicamente existen incumplimientos susceptibles de aplicar
sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley Orgánica de 2007 en los casos de Izquierda Unida y del Partido Socialista Obrero Español, en ambos casos porque se han detectado donaciones recibidas que no se hallaban identificadas en el momento de
su aceptación. Eso me lleva a hacer un comentario breve acerca de la necesidad señalada en los informes de que se regule el crowdfunding, porque en realidad esta es una cuestión que ya está regulada en la ley, dado que la Ley de financiación de los
partidos políticos exige, como acabamos de ver, que en las donaciones a los partidos el donante esté perfectamente identificado y considera ilegales las donaciones aceptadas sin esa previa identificación del donante en el momento de la aceptación.
Con carácter general, y tras haber escuchado las intervenciones precedentes, algunas fuerzas políticas corren el riesgo de dirigir su mirada únicamente a las deficiencias de otros partidos políticos, incluso a veces para referirse a
cuestiones que nada tienen que ver con el objeto del informe -como ha ocurrido fundamentalmente en el caso de la intervención del señor González, el portavoz de Podemos-, cuando en realidad de lo que se trataría sería de analizar las observaciones
que a cada partido nos formula el Tribunal de Cuentas para presentar de la mejor forma posible el estado contable de los partidos y para que todos los partidos cumplamos con los requisitos exigidos en la legislación vigente y que el Tribunal de
Cuentas se encarga de señalar.
El análisis que algunas fuerzas políticas pretenden hacer de estos informes por desgracia me recuerda -y permítaseme el símil o la licencia- a cuando los padres van a ver a sus hijos jugar al fútbol o a cualquier otro deporte. En estos
casos, al igual que ocurre por aquí con algunos portavoces, juzgan con benevolencia los errores propios -les parece que los suyos todo lo hacen bien- y, sin embargo, critican con dureza y con una absoluta falta de objetividad los errores ajenos, y
cuando los resultados no les gustan, o miran para otro lado o le echan la culpa al árbitro, que es el encargado de enjuiciar.
Creo que haríamos bien si utilizáramos estos informes con una mayor dosis de objetividad y con un espíritu constructivo; ciertamente haríamos bien si analizáramos estos informes con la finalidad que realmente tienen, que es la de corregir
las posibles deficiencias que pueden tener los estados contables de los partidos políticos, en lugar de utilizarlos como armas arrojadizas hacia los adversarios, olvidándose de las críticas y recomendaciones que hace el tribunal a la propia fuerza
política que esgrime únicamente la parte del informe que le interesa.
Yo entiendo que a algunos partidos les pueda resultar decepcionante este informe que, como señalaba el portavoz de Podemos, esperaban con ansiedad, y les debe resultar decepcionante porque el Tribunal de Cuentas constata el rigor con que las
cuentas del Partido Popular se llevan a cabo y el saneamiento de estas. Sin embargo, el saneamiento de las cuentas del Partido Popular contrasta con otras fuerzas políticas que parece que se dedican únicamente a destruir el país, el Partido Popular
se dedica fundamentalmente a construir, otros parecen que se dedican únicamente a destruir, pero deberían empezar a sanear sus propias cuentas, tan depauperadas en algunos casos como las de Izquierda Unida, uno de los pocos partidos, por cierto, que
según el Tribunal de Cuentas merece ser sancionado según el informe.
De todas maneras, si todos hiciéramos una labor de autocrítica y de corrección de los errores propios, en lugar de utilizar el informe para criticar los errores de los adversarios, seguramente conseguiríamos entre todos que los informes
alcanzasen el objetivo y la finalidad que realmente tienen, y es lograr la transparencia en las cuentas de las formaciones políticas.
Finalmente, reitero mi agradecimiento y mi felicitación por la labor del Tribunal de Cuentas en esta materia y les deseo a todos una feliz Navidad. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación, tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas para resolver las cuestiones planteadas por sus señorías.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, presidente.
En relación con las intervenciones del señor Bel, la señora Etxano y el señor Picornell, que hacen referencia a los aspectos de inclusión en la contabilidad del partido de la actividad en el ámbito local e institucional, creo que esto
requiere una explicación detallada porque es indudable que en el informe del 2013 se reconoce expresamente que los partidos no estaban obligados a incluir en sus cuentas anuales la actividad de la organización local.
El Tribunal de Cuentas, con la inclusión de esta recomendación, está recogiendo lo que se formuló en el año 2001 en la moción sobre la contabilidad de los partidos políticos: el principio de que un partido político debe ser visto en todos
sus aspectos como una unidad económica e intentar recoger esa realidad económica en el mayor grado posible. Por lo tanto, se formula la recomendación de que en la medida de lo posible queden perfectamente recogidos los gastos e ingresos de esa
organización local.
Sabemos perfectamente que la realidad de un partido político es lo suficientemente compleja como para que sea imposible la formulación de 6000 o 7000 balances individuales de cada una de las agrupaciones locales que funcionan en este país.
Lo que ocurre es que la solución dada por la modificación de la legislación en el año 2015 establece que esta contabilidad de la organización local deberá integrarse en la realidad provincial. A partir de ese momento, la fiscalización del tribunal
podrá o deberá detectar si hay parte de esa contabilidad o cuentas del ámbito local suficientemente significativa que ha dejado de integrarse en el ámbito provincial. Luego, estamos reconociendo que en el año 2013 no era obligatorio, pero sí lo
recomendaba el tribunal.
También quiero indicar, respecto de aquellas cuestiones que se han ido repitiendo en informes anteriores, que hay algunas que efectivamente llevan una evolución positiva. Así se ha reconocido en relación con las sociedades mercantiles, y se
está en contacto con aquellos partidos políticos que se encuentran afectados por estas cuestiones.
El señor Ten ha planteado una crítica sobre la actuación del tribunal respecto del inicio de los procedimientos sancionadores. Yo les cuento exactamente lo que ha ocurrido, y les recuerdo lo que en su momento les plantee respecto del
régimen sancionador y su eventual aplicación, dadas las debilidades de formulación originarias que tenía la Ley del 2007.
En el ejercicio 2012 -no en el 2011 como ha señalado el responsable de Unidos-Podemos- el fiscal hace una petición de responsabilidad extensa que tiene la siguiente tramitación: Se formularon peticiones de responsabilidad por incumplimiento
de legislación reguladora de la financiación respecto a un total de 24 formaciones en relación con el informe correspondiente al ejercicio 2012; se tramitaron internamente en el Tribunal los correspondientes expedientes sancionadores, y únicamente
se entendió que cabía dictar resolución sancionadora respecto a una formación política, el Partido Aragonés, porque entendíamos que la aplicación de la institución de la prescripción hacía difícilmente sancionables los expedientes de los otros 24.
Esta resolución sancionadora que aprobó el Pleno del Tribunal se comunica al Partido Aragonés, el cual la recurrió ante el Tribunal Supremo, y este la dejó sin efecto, fue anulada precisamente aplicando el criterio de considerar que la institución
de la prescripción era aplicable también para ese caso y, por lo tanto, no cabía sancionar, porque, de acuerdo con cómo estaba regulado el procedimiento sancionador, debería aplicarse el plazo de prescripción de seis meses. Creo que en su momento,
cuando hablamos de este tema, yo manifesté serias dudas de que no nos encontráramos ante una situación parecida. Es decir, era algo que conocíamos porque sabíamos de las debilidades del procedimiento sancionador. Lo formulamos en su momento y ha
sido resuelto por la Ley del 2015, pero los procedimientos sancionadores no se pueden aplicar con carácter retroactivo. Será a partir del ejercicio 2015 cuando los procedimientos sancionadores podrán ser efectivos si no lo fueron con anterioridad.
Sí se formularon y tramitaron a la
Agencia Tributaria peticiones de responsabilidad tributaria para un total de 14 formaciones políticas. Eso es lo que yo les puedo indicar respecto del procedimiento sancionador en el ejercicio 2012.
Respecto del 2013, nos encontramos en una situación parecida. En el inicio de los procedimientos sancionadores nos encontramos con las mismas deficiencias y, por lo tanto, se realizó un estudio muy detallado para no aprobar procedimientos
sancionadores que posteriormente pudieran ser anulados por el Tribunal Supremo en invocación de las mismas razones que en el expediente del ejercicio 2012. Con eso creo dar contestación a lo que ha planteado el señor Ten. Entiendo que no es una
buena noticia, pero era la legislación que afectaba a esta materia y la que podía ser aplicada.
El señor González ha planteado en su intervención déficits de funcionamiento en el Tribunal de Cuentas al no detectar la contabilidad B del Partido Popular en procesos como el caso Gürtel o el caso Bárcenas.
Señor González, el Tribunal de Cuentas tiene el ámbito de competencias que tiene. Si usted no echa en cara al Tribunal de Cuentas casos de corrupción que pueden afectar a la Administración General del Estado si algo no está en las cuentas
-que no sabemos si está o no- y que se detectan por procedimientos que no tiene el Tribunal de Cuentas a su alcance, o si usted no exige al Tribunal de Cuentas responsabilidad por no haber detectado un caso de eventual corrupción en un organismo
administrativo, no creo que pueda utilizar ese argumento en el ámbito de los partidos políticos.
El Tribunal de Cuentas verifica la contabilidad de los partidos políticos, la verifica con profundidad, hace todas las revisiones que tiene que hacer y llega hasta dónde puede llegar. Por otra parte, los tribunales ordinarios tienen su
ámbito concreto de actuación y persiguen los eventuales delitos que puedan existir, que se han conocido por medio de una serie de potestades que el Tribunal de Cuentas no tiene.
Lo que sí tiene el Tribunal de Cuentas -y en eso se equivoca usted- es capacidad e independencia para haber denunciado desde el año 2001 todos los supuestos de condonación de deuda que se han producido, cuando no existían plataformas cívicas
que reclamaban este tipo de situaciones. Repase usted todos los informes del año 2001 hasta el año 2010 y verá que en todos ellos el Tribunal de Cuentas ha detectado casos de condonación y ha formulado respecto de ellos que no son supuestos
contemplados en la Ley de financiación de partidos políticos. Y gracias a la labor del tribunal y a su independencia en la formulación de este tipo de criterios, que han sido dirigidos tanto respecto del Partido Popular, como del Partido
Socialista, como de partidos nacionalistas y como respecto, también, de Izquierda Unida, gracias a la actividad desarrollada por el Tribunal de Cuentas, finalmente, en la Ley del año 2015 se ha llegado a la prohibición de las condonaciones de
créditos. Esto es algo que usted debería tener muy presente, porque ha sido precisamente la independencia del Tribunal de Cuentas la que ha permitido ese tipo de pronunciamientos y lo ha hecho con absoluta rotundidad.
Y para terminar, le diré: ¿Quién controla al Tribunal de Cuentas? El tribunal es supremo órgano fiscalizador y en este sentido no tiene un órgano por encima de él que le pueda controlar en el ámbito de funcionamiento y en el ejercicio de
la fiscalización. Sin embargo, los tribunales de cuentas tenemos procedimientos para efectuar nuestros propios sistemas de revisión. Es lo que internacionalmente, y de acuerdo con normas internacionales, como las ISSAI, que aprueban los tribunales
de cuentas a nivel internacional, se conoce como procedimientos de revisión entre pares. Nosotros hemos tenido procedimientos de revisión entre pares, llevado a efecto por el Tribunal de Cuentas portugués y por el Tribunal de Cuentas europeo
trabajando al alimón, que han emitido un informe de revisión de nuestra actividad en el que se han valorado aspectos tales como la independencia, la función fiscalizadora, la función jurisdiccional o la contratación. No ha habido ni un solo ámbito
de actuación del Tribunal de Cuentas que no haya sido objeto de fiscalización y de revisión. La aprobación del informe de revisión entre pares está publicada en nuestra página web. Usted puede acceder a este informe y podrá comprobar que nuestros
revisores han reconocido que han tenido acceso absolutamente a todos los documentos de gestión y a todos los documentos de realización de nuestros trabajos en estos últimos años. Le recomiendo que lea especialmente aquel que hace referencia a la
independencia, porque, reconociendo que ha existido y que existe un clima social que ha cuestionado la independencia del Tribunal de Cuentas, nuestros revisores manifiestan que en la revisión profunda y extensa de los procedimientos del tribunal no
se han encontrado con ni un solo caso ni un solo antecedente que desacredite o ponga en cuestión la realización de nuestros trabajos desde el punto de vista de la independencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
¿Alguna cuestión puntual? (Pausa).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN APLICADOS POR LAS EMPRESAS ESTATALES NO FINANCIERAS AL MARCO LEGAL ESTABLECIDO A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO
3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, APROBADO POR EL PLENO DE ESTE TRIBUNAL EN SU SESIÓN DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2014 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000042 DE
LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000042 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000043).
AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE DETERMINADAS FUNDACIONES ESTATALES DURANTE EL EJERCICIO 2012, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 29 DE MAYO DE 2014 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
771/000045 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000045 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000047).
AUTOR: TRIBUNAL DE CUENTAS.
El señor PRESIDENTE: Seguimos avanzando en el extenso orden del día.
Para finalizar el debate del cuarto bloque, pasamos al informe de fiscalización para el análisis de la adecuación de los procedimientos de contratación aplicados por las empresas estatales no financieras al marco legal establecido a partir
de la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público y el informe de fiscalización de la contratación de determinadas fundaciones estatales
durante el ejercicio 2012.
Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.
Los dos últimos informes se refieren a sendos ámbitos relativos a la contratación pública que ha dominado las presentaciones que les he realizado, y, en este caso, hacen referencia a determinadas fundaciones estatales en el año 2012.
El informe de fiscalización sobre el análisis de la adecuación de procedimientos de contratación, aprobado el 27 de marzo de 2014, ha tenido como objetivo general el análisis de la adecuación de los procedimientos incluidos en los documentos
internos e instrucciones internas de contratación, aplicados por las entidades que conforman el sector público empresarial estatal no financiero, a lo previsto en la normativa de contratación vigente desde 2011.
Se ha verificado, en especial, su calificación, bien como poderes adjudicadores, bien como medios propios y servicios técnicos. Para las entidades que ostentan la condición de poder adjudicador, se ha comprobado, además, la adecuación de
sus procedimientos de contratación a las normas establecidas en el Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público para la preparación y adjudicación de los contratos.
Respecto a las entidades que tienen la consideración de medio propio o servicio técnico, se ha analizado el cumplimiento de los requisitos legales para ostentar tal condición. Del análisis particular de los procedimientos de contratación
que aplicaban las 149 entidades integrantes del sector público empresarial estatal no financiero analizadas, el tribunal considera que 6 consorcios cumplían las condiciones para tener el carácter de administraciones públicas. Para el 74% de las
restantes 143 entidades, la calificación más ajustada al ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia, habría sido la de poder adjudicador. No obstante, el 39% de estas empresas no se declaraban como tales en el periodo fiscalizado, si bien, en las
alegaciones se ha manifestado expresamente la disconformidad de tal consideración para algo más de la mitad de ellas.
Por otra parte, se ha constatado que 18 de las entidades integrantes del sector público empresarial estatal no financiero actuaban como medio propio o servicio técnico. Conforme a la doctrina in house providing, tanto el artículo 24.6 del
Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público, como la jurisprudencia comunitaria, establecen como requisito para ser medio propio o servicio técnico que el poder adjudicador ostente sobre la entidad en cuestión un control análogo al que
puedan ejercer sobre sus propios servicios.
No obstante, existen determinados aspectos que afectan a la unidad de decisión que debe existir entre el poder adjudicador y su medio propio, pudiéndose citar, entre ellos, los siguientes. La mayoría de los medios propios analizados
dependen de un elevado número de poderes adjudicadores, lo que puede dificultar la coordinación entre ellos y vulnerar la mencionada unidad de decisión. En los estatutos y en el régimen jurídico de los medios propios analizados, a excepción de la
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no se preveían mecanismos para que los poderes adjudicadores respectivos pudieran delimitar o condicionar de manera significativa la capacidad de decisión de sus
órganos de gobierno, más allá de las facultades ordinarias de la junta general de accionistas, lo que no resulta suficiente de acuerdo con la jurisprudencia comunitaria.
Asimismo, el artículo 24.6 del Texto Refundido, establece como condición para ser medio propio que este realice la parte esencial de su actividad con los poderes adjudicadores a los que sirve como tal. Sin embargo, aunque ni la normativa ni
la jurisprudencia cuantifican lo que se entiende como esencial, según la referida jurisprudencia comunitaria, la actividad que no se considere esencial debe tener carácter marginal. A este respecto, aplicando los criterios de la Ley 31/2007, se
estima como marginal una actividad que realice el medio propio que no supere el 20% del total de su actividad. De ello se desprende que el medio propio debe mantener un volumen de actividad con el poder adjudicador o con el conjunto de poderes
adjudicadores a los que sirve, como mínimo, igual o superior al 80% con respecto al volumen total de su actividad.
Los medios propios analizados que han mantenido con sus poderes adjudicadores un volumen de actividad inferior al citado 80% son: Mercados Centrales de Abastecimiento, Mercasa; SEPI Desarrollo Empresarial; Servicios y Estudios para la
Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica; Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio; y, Minas de Almadén y Arrayanes. Adicionalmente, las entidades públicas que no tienen carácter de
administraciones públicas deben aprobar unas instrucciones internas, de obligado cumplimiento, que regulen la adjudicación de sus contratos incluidos en el ámbito objetivo del texto refundido. Tales procedimientos han de garantizar, por una parte,
la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, y, por otra parte, que el contrato se adjudique a la oferta económica más ventajosa.
De las 143 entidades analizadas de modo particular, que no tenían el carácter de administraciones públicas, diez empresas públicas no habían aprobado instrucciones internas de contratación.
En las instrucciones de contratación analizadas se han detectado carencias relativas a la actualización de la legalidad vigente, la composición de los órganos que tramitan los procedimientos, la adecuada segregación de funciones, la
motivación de las decisiones, los plazos de presentación de ofertas y los plazos y criterios de subsanación de errores de las ofertas presentadas.
Finalmente, solo 68 entidades tenían su perfil de contratante en la plataforma de contratación del Estado, 17 de las cuales no incluían en él información alguna, y de las 81 restantes, 63 incluían en sus páginas web información acerca de
aspectos de su actividad contractual relacionados con la adjudicación.
En relación con el informe de contratación de determinadas fundaciones estatales del ejercicio 2012, este informe fue aprobado el 29 de mayo de 2014, supone la primera fiscalización horizontal sobre la contratación de las fundaciones cuyo
objeto está relacionado con la ciencia y la tecnología. Se fiscalizaron siete entidades, que no son administraciones públicas pero participan del carácter de poderes adjudicadores.
Los resultados de la fiscalización se dividen en función de las diferentes fundaciones, pero en el caso de ENRESA hay que tener en consideración sus especiales circunstancias. Esta fundación calificaba como contratos adjudicados por el
procedimiento negociado con publicidad, en la relación que envió a este Tribunal, lo que en sus archivos y en su documentación interna había considerado como convenios de colaboración. Además, la calificación como convenios de las relaciones de la
fundación ENRESA con otras entidades públicas, generalmente entidades locales, tampoco se acomodaba a la figura jurídica a la que deben responder los convenios de colaboración. En realidad, se trataba de entregas dinerarias de la fundación no
acompañadas de aportación alguna por parte de las restantes entidades, lo que convirtió dichas entregas en meras subvenciones. Y el resto de fundaciones fiscalizadas se han recogido en el informe con diferentes incumplimientos, que ustedes pueden
comprobar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra el señor Bel para fijar la posición del Grupo Mixto.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias. Intervengo rápidamente, señor presidente.
Quiero referirme a un aspecto que también habíamos constatado en la cuenta general. Resulta paradójico que el Ministerio de Hacienda sea muy duro en el ámbito de la contratación con la Administración Local, algo con lo que en principio
todos podemos estar de acuerdo, pero a la vista de estos informes vemos cómo, de forma absolutamente incomprensible, hay empresas estatales que no han aprobado las normas internas de contratación, no tienen el perfil del contratante, etcétera. En
todo caso, quiero poner de relieve esta paradoja. Creo que el Ministerio de Hacienda tendría que hacer un esfuerzo en este sentido a efectos de ser ejemplares.
En todo caso, le avanzo que nuestra formación política va a estudiar con detalle alguno de estos informes porque, como todos ustedes saben, se está tramitando, a efecto de trasponer tres directivas europeas, un proyecto de ley de contratos
del sector público. Entiendo que esta es una buena oportunidad para todos, no solo para transponer estas directivas comunitarias, sino también para aprender de los errores del pasado y de aquellas indefiniciones que, seguramente, también recogía la
normativa.
En cualquier caso, como en ocasiones anteriores, agradecemos el trabajo del Tribunal de Cuentas. Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Picornell.
El señor PICORNELL GRENZNER: También intervengo de manera muy rápida. Supongo que los miembros de esta comisión iremos aprendiendo poco a poco el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. En este sentido y si no he entendido mal,
agradecemos que el tribunal haya hecho un primer informe de estas características; es decir, no ha elaborado un informe individual por cada fundación, sino que ha trabajado en horizontal para auditar y fiscalizar un sector en concreto. Supongo que
iremos aprendiendo y, por lo tanto, propondremos otras medidas en este sentido.
Simplemente, voy a citar algunas de las cosas que nos han sorprendido. Por ejemplo, se ha comentado que en la fundación Enresa algunos contratos adjudicados no tuvieron la naturaleza que se predicaba en ellos, o se ha afirmado que la
fundación había perdido en algunas ocasiones el control de las actividades que financiaba, cosa que a nosotros nos sorprende y preocupa.
Entre otras consideraciones que ha citado el presidente, es que hay una mejora sustancial en los criterios de publicidad e imparcialidad. Conviene poner de relieve el hecho de que una empresa o fundación pública quizá no garantice la
imparcialidad, los criterios de publicidad, etcétera, y, por lo tanto, esté recortando las posibilidades de concurrir en este contrato. Otro hecho relevante es el que tiene que ver con la separación de las fundaciones y una empresa.
Y termino como empecé, diciendo que seguramente vayamos aprendiendo mecanismos para ayudar al tribunal, como he dicho en alguna de mis intervenciones. Con el tiempo conoceremos cuál es la naturaleza de algunas de las auditorías y, por
consiguiente, mejoraremos en este sentido.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente.
Agradezco al presidente del Tribunal de Cuentas su comparecencia de hoy y la claridad con la que ha intentado responder a las preguntas formuladas por los oradores en sus intervenciones.
Me quiero centrar en el segundo informe, que trata sobre las fundaciones, sobre todo las que se desarrollan dentro de la investigación y el desarrollo. Sabemos todos que entre 2009 y 2016 se ha reducido en más de 20 000 millones la
inversión en investigación y desarrollo, y para Ciudadanos esto es un drama porque las sociedades que no invierten en investigación y desarrollo están condenadas a la obsolescencia. Está claro que invertir en I+D+i es una forma de transformar
nuestra sociedad y, por supuesto, de cambiar nuestro marco productivo.
Tengo un ruego y una pregunta para el presidente. El ruego es que amplíe un poco las deficiencias que encontró en los convenios de colaboración pública en materia de elementos municipales, tal y como ha indicado. Y la pregunta tiene que
ver con el tamaño de estas fundaciones. ¿Cree que son demasiado
pequeñas para soportar y desarrollar el nivel de administración y gestión exigido por la ley con todo el rigor y la complejidad que conlleva?
Sin otro particular, les deseo a todos unas felices fiestas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
Por el Grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, entiendo que solo interviene el señor Mena porque no veo al señor Sixto. Tiene usted la palabra.
El señor MENA ARCA: Gracias. Entiende usted bien, presidente.
Voy a dividir un poco la intervención y, primero, le preguntaré y plantearé algunas reflexiones sobre el primer informe. Entendemos que la descripción del sector público empresarial no se hace en relación con los sectores de actividad
económica, por lo que no se sabe su verdadera dimensión ni la influencia específica que tiene en la actividad económica. Tampoco se relaciona en el informe el volumen de la actividad contractual de cada empresa. Por otro lado, el informe analiza
los estatutos y procedimientos establecidos en las empresas estatales con una visión jurídica sin fiscalizar la aplicación práctica, por lo que más que un informe de fiscalización, en algunos aspectos, pudiera parecer una moción.
Si no hemos analizado mal este informe, señor presidente, vemos que se ha excluido la contratación de las sociedades estatales financieras. Por ello le preguntamos cuál ha sido la causa de excluir la contratación de estas sociedades
estatales financieras, que seguramente nos hubieran podido dar una visión bastante más global. La segunda pregunta, derivada de esta, es si entiende usted que la actual organización del Tribunal de Cuentas es la adecuada para poder realizar una
auditoría global de un determinado sector, como en este caso.
En cuanto al informe de fiscalización de la contratación de determinadas fundaciones estatales durante el ejercicio de 2012, sabemos que las fundaciones, por desgracia, se han convertido en un elemento de opacidad en el que algunas entidades
esconden algunos elementos poco rigurosos en sus prácticas contables. Del informe se desprende un comportamiento sistémico de estas fundaciones, lo que es preocupante. Los elementos sistémicos que se desprenden de este informe, y de los que ya
anunciamos que estaremos muy atentos, son los siguientes -tres fundamentales-: las infracciones de falta de comprobación de si se produce el servicio o se respeta la función por la cual se han otorgado estas subvenciones, las infracciones del tipo
de contratos menores, más allá de un año, y las infracciones relacionadas con la falta de publicidad, en algunos casos preceptiva en nuestro ordenamiento jurídico. No sé si el Tribunal de Cuentas considera que haría falta alguna modificación
normativa o, específicamente, alguna modificación del régimen sancionador.
Queremos centrar la atención en la fundación Enresa, de residuos radioactivos, empresa que calificó inicialmente en la relación que envió al Tribunal de Cuentas como contratos adjudicados por un procedimiento negociado con publicidad, una
serie de negocios jurídicos que no tuvieron la naturaleza que se predicaba en dicha relación. Esto parece ser que no ocurre solamente en dicha fundación. En algunos de los expedientes de contratación tramitados mediante procedimiento negociado por
las entidades, por ejemplo, CNIC, CNIO o CIEN no se muestran pruebas de que los contratistas cumplieran las circunstancias que permitían acudir a dichos procedimientos. Por lo tanto, me gustaría saber si interpretan ustedes que puede haber un
incumplimiento de las prescripciones de los pliegos de cláusulas y de qué manera se podría poner veto a estas prácticas que, repito, parece que son sistémicas por parte de algunas de estas entidades.
En definitiva, se trata de unos comportamientos sistémicos de infracciones de diferentes tipos que entiendo que tenemos la obligación de analizar en esta comisión mixta para intentar ponerles fin. En esa línea irán las propuestas de
resolución de nuestro grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mena.
Por el Grupo Socialista, intervendrá en primer lugar señor Galeano, ya que se ha dividido el tiempo con el señor Hurtado.
Señor Galeano, tiene la palabra.
El señor GALEANO GRACIA: Sí, señor presidente.
Me uno a los agradecimientos por la presencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas en esta comisión. Como bien decía el señor presidente, vamos a repartirnos el tiempo, por lo que voy a intentar ser breve.
Como ya ha manifestado algún portavoz, yo también voy a dividir mi intervención entre ambos informes. Quiero hacer referencia a algo que en algunas recomendaciones del Tribunal de Cuentas nace ya con un grado de incumplimiento, como es la
urgente adopción de este nuevo texto refundido de la Ley de contratos del sector público. Ya llevamos retraso pero, como bien ha dicho algún que otro portavoz, en las próximas semanas los grupos políticos intentaremos ponernos de acuerdo para
redactar un texto que venga a subsanar algunas de las deficiencias que encontraba el tribunal respecto a la división y clasificación de ese tipo de empresas estatales. Es un esfuerzo considerable el que ha hecho el tribunal con este tipo de
informe, analizando prácticamente el 80% del sector de empresas estatales no financieras. Por tanto, agradecemos el esfuerzo del tribunal.
Alguna de las conclusiones a las que hemos llegado nos preocupa. Por ejemplo, nos preocupa profundamente que un 28% de las entidades analizadas se consideraran situadas en un nivel de menor exigencia en cuanto a su vinculación a los
procedimientos de contratación que establece el texto refundido del que realmente les correspondería en virtud de esta normativa. Decía el señor presidente, y lo ratificamos, que, de las seis entidades que deberían ser consideradas como
Administración pública, una de ellas no se atribuía ni tan siquiera ese carácter.
Hay otros asuntos que son clave, como la transparencia, de la que también ha hablado el señor presidente, de la Administración pública, algo que consideramos fundamental en estos casos y que va unido, por ejemplo, a la problemática de la
utilización de medios propios y la subcontratación de actividades. En estos casos esa subcontratación, de alguna manera generalizada, podría incurrir en determinados tipos de fraude de ley, al estar el medio propio sujeto a un nivel menos estricto
de contratación que la entidad encomendante.
Se ha puesto también de manifiesto que hay entidades que no incluyen información sobre sus licitaciones y adjudicaciones en la plataforma, como ha dicho el señor presidente, de los contratos del Estado. Se hace mención a ello en las páginas
web institucionales o del grupo, pero, en ese afán de conseguir una mayor transparencia en la Administración, sería interesante que se cumpliera lo establecido en el actual artículo 334 del texto refundido. El objetivo es simplificar el acceso a
los posibles interesados en licitar con el fin de conseguir una mayor concurrencia en ese tipo de contratos.
También se hace mención a las instrucciones internas, como ha mencionado el señor presidente. Advierte de que las instrucciones de contratación de las entidades analizadas han adolecido de determinadas carencias, desactualización,
composición de los órganos, segregación de funciones, etcétera. No sé si se han llegado a corregir esas prácticas en ese tipo de instrucciones de contratación.
En cuanto al segundo informe, agradecemos que en esta fiscalización el tribunal haya intentado, en la media de lo posible, seguir los principios de eficacia y eficiencia en la actividad contractual. Incluso llega a hablar de la referencia
que se ha hecho a la observancia de la Ley Orgánica sobre la igualdad de hombres y mujeres. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Galeano.
Señorías, todavía queda un rato de sesión, por lo que les ruego silencio.
Continúe, señor Galeano.
El señor GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente.
En ese sentido, valoramos positivamente el esfuerzo del tribunal.
Ya han señalado otros portavoces la existencia de supuestos indicios de responsabilidad contable en ciertas fundaciones; han afectado, por ejemplo, a empresas como ENRESA, Genoma, CNIC, CIEN. No sé si esas diligencias han sido ya
archivadas o no. Entre las consideraciones más relevantes, cabe apuntar lo que dice el tribunal sobre que no se han producido limitaciones generales al alcance de los trabajos desarrollados. Por ejemplo, ha habido casos que creo que son fácilmente
subsanables, como el de la fundación CETAL, donde no se han podido verificar una serie de facturas que nos acredita la propia fundación que se enviaron a la Agencia Española de Administración Tributaria, pero no acreditan ningún tipo de copia o
justificante de estas facturas, ni nada por el estilo. En la fundación Enresa -usted lo ha dicho, señor presidente- estos convenios de colaboración que constituyen de facto subvenciones públicas son auténticas subvenciones que estarían fuera del
ámbito objeto de esta normativa. Cabe señalar también la problemática de la selección de los ayuntamientos y mancomunidades que no se realiza con criterios de publicidad, imparcialidad y no discriminación; criterios que consideramos también que
deben ser exigibles.
Hay otro asunto que queda pendiente, y es la formalización contractual de la relación entre la fundación ENRESA y la mercantil del mismo nombre, por ejemplo. Hay que tener en cuenta otra serie de cuestiones, como las instrucciones internas
de contratación que no estaban adaptadas, y algo que hemos comentado anteriormente y que nos parece fundamental: la publicación del perfil del contratante en los casos de fundaciones como CIEN o CETAL, que no existe en esa plataforma de
contratación del Estado o al menos no existía en el momento de su fiscalización.
Muchas gracias. Como han dicho otros compañeros, ya que no he intervenido antes, les deseo que pasen unos felices días.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Galeano.
Señor Hurtado, tiene la palabra. Sea breve.
El señor HURTADO ZURERA: Le sugiero que en la próxima convocatoria se incluyera un punto de ruegos y preguntas. Se lo agradecería porque hay que aprovechar que comparece el presidente del tribunal para hablar de estos temas.
Señor presidente, en mayo de este año hubo una sentencia del Tribunal de Cuentas que imputó una infracción, en concreto responsabilidad contable, a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria. Esta sentencia fue recurrida...
El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, perdone. ¿Tiene algo que ver la intervención que está usted haciendo con el informe?
El señor HURTADO ZURERA: ¿Entonces me deja intervenir al final, en ruegos y preguntas?
El señor PRESIDENTE: No hay ruegos y preguntas.
El señor HURTADO ZURERA: Por eso se lo digo.
El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, yo le estoy preguntando si su intervención tiene algo que ver con el informe que acabamos de ver.
El señor HURTADO ZURERA: Con el informe, no.
El señor PRESIDENTE: No tiene usted la palabra, señor Hurtado.
A continuación, tiene la palabra el señor de las Heras, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor DE LAS HERAS MUELA: Gracias, señor Suárez.
Señor presidente, bienvenido a esta Casa, al Senado, y a esta Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas en la XII Legislatura. Gracias por el ingente trabajo que tanto usted como su equipo hacen en pos de obtener una imagen fiel y verídica de
todo el sector público local.
Concretamente, en el primero de los informes, sobre las empresas estatales no financieras, el tema fundamental -lo preguntaba un compañero- ya no es tanto la contratación como los procedimientos y su adecuación a la Ley de contratos del
sector público. El tema clave, el caballo de batalla en este primer informe, es el poder adjudicador y el medio propio. En este informe sobre las empresas estatales no financieras lo realmente importante es la distinción, como ha puesto de
manifiesto el presidente del tribunal y consta en el propio informe, la distinción entre conceptos básicos como el poder adjudicador, el medio propio, el servicio técnico o la empresa asociada. Porque ello es fundamental para abordar con garantías
el cumplimiento del marco legal que a cada uno le compete y le ampara y que, además, deben respetar, sean o no entidades públicas no financieras.
Deben igualmente cumplir y garantizar algo fundamental para la Ley de contratos del sector público -y nos ocurre en todas las administraciones-, que es el principio de trasparencia, contraten o no a través de medios propios o empresas
asociadas, y en todos los casos han de cumplir el requisito de esencial que exige el texto refundido de la Ley de contratos del sector público. Igualmente ocurre en algunos casos con los elementos esenciales del régimen de encomienda de gestión,
porque el Grupo Parlamentario Popular entiende que el escrupuloso cumplimiento, por ejemplo, de los artículos 189 a 192 de la Ley de contratos del sector público y, fundamentalmente, aquello que habla de las instrucciones internas de contratación, a
estas alturas de la película y desde la entrada en vigor de la Ley de contratos debe ser algo imprescindible a implementar en las empresas estatales no financieras. El Grupo
Parlamentario Popular entiende que es fundamental que en la contratación pública se respeten los principios de publicidad, de libre concurrencia, de transparencia, de confidencialidad, de igualdad, de no discriminación y -fundamental- la
adjudicación a la mercantil más ventajosa para los intereses públicos.
No es de recibo, señorías, que diez entidades no tuvieran a estas alturas de la entrada en vigor de la Ley de contratos unas instrucciones internas de contratación, aunque fuera incluso por no tener actividad; la tengan o no la tengan.
Estas entidades deben igualmente corregir carencias en aspectos tan relevantes como la composición de sus órganos de contratación, la segregación de funciones, la motivación en las decisiones de las mesas de contratación, los plazos de las ofertas,
la subsanación debida de los errores o -también lo ha comentado el portavoz socialista- que todos ellos tengan en la plataforma de contratación del Estado el perfil del contratante.
El segundo informe del que nos ha dado cuenta el presidente del Tribunal de Cuentas, este sí, es un informe de fiscalización que ha afectado bajo muestreo a 163 contratos, de ellos 126 de más de 18 000 euros y 37 de menos de 18 000 euros, a
los que el Tribunal de Cuentas y sus técnicos han sometido a fiscalización. Quiero destacar que, además, no ha habido limitaciones significativas respecto del alcance de la fiscalización realizada en ninguna fundación. Conviene significar
igualmente que, salvo el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, con un balance superior a los 130 millones de euros, el resto de fundaciones apenas llegan en su balance a los 20
millones de euros; y otra, la fundación ENRESA, apenas llega a los 2 millones de euros.
Voy terminando, señor presidente. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular está completamente de acuerdo con las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas a las citadas fundaciones, sobre todo en lo referente al
cumplimiento estricto de los procedimientos de contratación pública. En especial, coincidimos en cuatro aspectos, señor presidente. Garantizar la solvencia económica, financiera y técnica de los licitadores que concurran en estas fundaciones es
fundamental, porque, además, con ello se garantiza un contrato seguro; exigir a las fundaciones públicas que en sus procedimientos de contratación prime la libre concurrencia, la publicidad y la transparencia porque, además, es obligatorio por ley;
estas fundaciones deben exigir escrupulosamente a los licitadores estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, cuestión que en las corporaciones locales y comunidades autónomas venimos haciendo desde hace muchísimos
años; finalmente, deben actualizar y homogeneizar sus instrucciones internas de contratación a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, así como adaptar los perfiles del contratante a la plataforma estatal.
Hacemos como propias, señor presidente, las recomendaciones contenidas en ambos informes e igualmente, en mi nombre, les deseo a todos, como decimos en mi tierra, felices Pascuas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De las Heras.
Tiene la palabra el señor presidente para responder a las cuestiones que han planteado sus señorías.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, presidente.
Ustedes me tienen que disculpar pero quizá el cansancio me ha hecho no presentar de manera conveniente el informe correspondiente a fundaciones y quiero dejar claro que se trata, no de un primer informe horizontal sobre las fundaciones, sino
exclusivamente sobre la contratación de un conjunto de fundaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología.
Subsanado este pequeño error que he cometido, quiero referirme a las cuestiones más llamativas de lo que ustedes han dicho. En ese sentido, me refiero a la intervención del señor Mena, que ha echado en la falta de fiscalización del sector
público financiero. Las entidades financieras públicas, como usted conoce perfectamente, son el ICO, las entidades de seguros CESCE y el Consorcio de Compensación de Seguros; esas son las principales entidades financieras públicas y, como formaban
un elemento excesivamente heterogéneo respecto al resto de entidades que se querían abordar, nos ha parecido más conveniente dejarlo reducido a lo que el informe contiene. Creo que no afecta a los resultados de fiscalización porque tanto el ICO
como las entidades de seguros CESCE y el Consorcio de Compensación de Seguros han sido repetidamente fiscalizados por el Tribunal, y lo seguirán siendo en la medida en que el volumen de activos y de operaciones que realizan requiere su efectiva
fiscalización.
Por lo tanto, no creo necesario hacer referencia a eventuales modificaciones de la organización del tribunal derivadas de un aspecto como este de la fiscalización, con independencia de que cualquier organización del tribunal pueda ser
mejorable; siempre puede haber elementos de discusión sobre cómo organizar el trabajo. Usted sabe que a lo largo de los años el sector público varía en su composición, varía
en el volumen de operaciones que realiza y pueden producirse modificaciones en la organización de los departamentos del tribunal, pero también es un valor positivo la existencia de equipos sólidos que ya tienen acreditado la realización de
su labor en cada uno de los departamentos del tribunal.
Usted me plantea que son dos informes muy diferentes, uno tiene un contenido de fiscalización concreto y un contenido de fiscalización de revisión de contratos y el otro una visión más jurídica, más global y no tanto la fiscalización de
contratos concretos. Son dos maneras perfectamente legítimas de abordar la realización de una fiscalización en este ámbito. No excluye, ni mucho menos, que en el ámbito del sector público empresarial el tribunal pueda realizar fiscalizaciones
concretas de su contratación. De hecho, usted tiene que darse cuenta de que buena parte del trabajo que el tribunal realiza en el sector público empresarial está directamente vinculado con su actividad contractual y, en ese sentido, así lo podrá
comprobar en los informes que se han realizado respecto de la gestión de los trenes de alta velocidad, los aeropuertos nacionales y, en definitiva, las diferentes entidades sobre las que el tribunal ha dicho cosas importantes en relación con la
actividad contractual que desarrollan. En este caso, de lo que se trataba era precisamente de esa visión global respecto de lo que se entendía como poder adjudicador y como medio propio. Además, el señor De las Heras lo ha expresado mucho mejor
que yo y le felicito por ello, porque he aprendido mucho de lo que él ha dicho. En la medida en que usted se une al planteamiento de las fiscalizaciones en sus resultados, no tengo más que decir a ese respecto.
El señor Galeano ha indicado que, efectivamente, en el informe de las entidades empresariales no financieras hay determinados aspectos que deberían ser rectificados, como la no inclusión de informaciones de licitación y contrataciones y la
carencia de las instrucciones de contratación. Coincido con lo que usted formula.
Y el señor Ramírez me ha preguntado si el tamaño de estas fundaciones es un elemento importante a la hora de abordar la fiscalización y si podría explicar las deficiencias precisamente derivadas de ese aspecto. Indudablemente, tienen su
efecto, tienen la posibilidad de verse afectadas en este terreno. No querría ir más allá de lo que dice el informe, porque mi obligación es sujetarme a lo que el propio informe contiene, y cualquier precisión que el tribunal pueda realizar sobre
estas cuestiones tendrá que ser abordado en fiscalizaciones sucesivas.
Con esto, termino. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas.
¿Alguna de sus señorías quiere plantear alguna cuestión puntual? (Denegaciones).
Entonces, vamos a interrumpir la sesión para despedir al señor presidente del Tribunal de Cuentas, y en cinco minutos la retomaremos con la votación.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Señor presidente, yo también me sumo a lo que han dicho los diferentes intervinientes, y les felicito las Pascuas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (Pausa).
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
I. AUTÓNOMOS:
Debate y votación de las propuestas de resolución
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA, EJERCICIO 2011, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
771/000033 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000033 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000033).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de resolución del punto 9 del orden del día, que hace mención al Informe de fiscalización del organismo autónomo Agencia para el Aceite de Oliva, ejercicio
2011.
Propuestas de resolución 1 a 8, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 15;
El señor PRESIDENTE: Al producirse empate se hace una proporcionalidad en función de la representación, por lo que las propuestas de resolución 1 a 8 serían aprobadas por 287 a favor y 282 en contra.
Propuesta de resolución número 9, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO, EJERCICIOS 2008-2010, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2013 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE 771/000038 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000038 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000039).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización número 10, que hace mención al organismo autónomo Confederación Hidrográfica del Tajo, ejercicios 2008 a 2010.
Propuesta de resolución número 1, del Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 2, del Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas 3 a 9, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 16; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 10, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2013 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000019 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de
expediente del Senado 771/000019 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000020).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe número 11, de Fiscalización del Instituto Nacional del Consumo.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Socialista 1 a 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Informe de Fiscalización del Instituto Nacional del Consumo.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Socialista 1 a 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 6, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS, EJERCICIOS 2010 Y 2011, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2013 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000039 DE LA XI
LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000039 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000038).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del Centro de Estudios Jurídicos, ejercicios 2010 y 2011.
Propuestas de resolución números 1 a 9, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución números 10 a 15, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, EJERCICIOS 2011 Y 2012, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2015 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000074 DE
LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000074 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000074).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la actividad de la Biblioteca Nacional, ejercicios 2011 y 2012.
Propuestas de resolución números 1 a 3, del Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución números 4 a 10, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 11, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
II. ORGANISMOS PÚBLICOS CON INDEPENDENCIA O AUTONOMÍA:
Debate y votación de las propuestas de resolución
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA, EJERCICIO 2008, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2012 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000002 DE LA XI
LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000002 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000003).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Comisión Nacional de la Competencia, ejercicio 2008.
Propuesta número 1, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 2, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, EJERCICIO 2009, REFERIDA, EN ESPECIAL, AL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL Y RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN MIXTA CORRESPONDIENTE AL
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA AGENCIA RELATIVO AL EJERCICIO 2001, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2013 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000017 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de
expediente del Senado 771/000017 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000017).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la actividad de la Agencia Española de Protección de Datos, ejercicio 2009, referida, en especial, al seguimiento de las recomendaciones del Tribunal y Resoluciones de la Comisión Mixta
correspondiente al Informe de fiscalización de la Agencia relativo al ejercicio 2001.
Quiero hacer la advertencia a sus señorías de que el señor Rallo Lombarte ha solicitado no votar por ser una cuestión que le afecta. Y así constará en acta.
Propuestas de resolución números 1 a 3, del Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 4, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuestas números 5 a 7, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
El señor DE LAS HERAS MUELA: Presidente, para una cuestión de orden. Estamos contando todo el rato 16 votos a favor de las propuestas del Grupo Parlamentario Popular en esta comisión mixta, y somos 17. Incluso en la primera votación
éramos 16, cuando se ha incorporado el señor vicepresidente. Es decir, se ha contado mal.
La señora LETRADA: Hemos contado a los que están presentes. (Un señor senador: Hemos pasado lista y somos 17.-Rumores).
La señora LETRADA: Esa votación está hecha y no se puede modificar. Lo siento. ¿Ahora están todos entonces?
El señor PRESIDENTE: ¿Cómo se resuelve? (Un señor senador: Que conste en acta, por favor).
La señora LETRADA: Eso está hecho y no se puede modificar. Si lo hubieran dicho entonces, en ese momento se hubiera vuelto a contar. (Un señor senador: Eso se hace notar en su momento. Ahora hay una votación que tiene verificados unos
resultados. No tiene sentido volver a hacerla).
El señor PRESIDENTE: ¿El resto no se puede corregir?
La señora LETRADA: Lo que está votado ya no se puede corregir.
El señor PRESIDENTE: Vamos a seguir, entonces, con la votación.
Propuestas de resolución números 1 a 3, del Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 4, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuestas números 5 a 7, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (CSN), EJERCICIO 2010, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000029 DE LA XI
LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000029 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000030).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del Consejo de Seguridad Nuclear, ejercicio 2010.
Propuestas de resolución números 1 y 2, del Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas números 3 y 4, del Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 5, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 6 y 7, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 8, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
III. CONSORCIOS Y AGENCIAS ESTATALES:
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CONSORCIO CENTRO SEFARAD-ISRAEL, EJERCICIOS 2011 Y 2012, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2014 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000048 DE LA XI
LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000048 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000051).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del Consorcio Centro Sefarad-Israel, ejercicios 2011 y 2012.
Propuestas números 1 a 4, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 5, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 6 a 9, del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CONSORCIO CASA ÁRABE Y SU INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ÁRABES Y DEL MUNDO MUSULMÁN, EJERCICIOS 2011 Y 2012, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2014 (SE
CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000047 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000047 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000053).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del Consorcio Casa Árabe y su Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán.
Propuestas de resolución 1 y 2, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 3, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 4 a 7, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES, EJERCICIO 2011, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2014 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
771/000049 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000049 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000050).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
Propuesta de resolución número 1, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 2 a 5, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 6, del Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 7 y 8, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE, ANTERIORMENTE AGENCIA ESTATAL ANTIDOPAJE, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2014 (SE CORRESPONDE CON
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000058 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000058 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000059).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, anteriormente, Agencia Estatal Antidopaje.
Propuestas números 1 y 2, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número, 3 del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 4 a 7, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT) PARA EL COBRO EFECTIVO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS, DURANTE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE
CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2015 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000076 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000076 y número del Congreso de los Diputados exp. 251/000077).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la actividad realizada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para el cobro efectivo de las deudas tributarias durante los ejercicios 2012 y 2013.
Propuesta de resolución número 1, del Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 2, del Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 3, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuestas números 4 a 8, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 9, del Grupo Confederal Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
IV. FUNDACIONES:
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN EN LAS ZONAS MINERAS DEL CARBÓN (FUNDESFOR), EJERCICIO 2010, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2012 (SE CORRESPONDE
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000004 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000004 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000006).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Fundación para el desarrollo de la formación en las zonas mineras del carbón, ejercicio 2010.
Propuesta número 1, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 2, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES, EJERCICIOS 2005 A 2009, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2013 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000012 DE LA
XI LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000012 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000013).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Fundación Residencia de Estudiantes, ejercicios 2005 a 2009.
Propuestas números 1 y 2, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 3, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Y propuestas números 4 a 8, del Grupo Confederal Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, EJERCICIO 2010, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2013 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000016 DE
LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000016 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000019).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Fundación Escuela de Organización Industrial, ejercicio 2010.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Socialista, números 1 y 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 3, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 4 a 5, del Grupo Confederal Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO EN RELACIÓN CON EL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN MATERIA DE FORMACIÓN DE OFERTA, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL
DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2014 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000057 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000057 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000064).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización sobre la gestión de la Fundación tripartita para la formación en el empleo, en relación con el subsistema de formación profesional para el empleo en materia de formación de ofertas.
Propuesta número 1, del Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 2, del Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 30.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuestas números 3 y 4, del Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas números 5 a 9, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 10, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 1 a 13, del Grupo Confederal Unidos Podemos.
Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III, EJERCICIOS 2012 Y 2013, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2015 (SE CORRESPONDE CON EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000078 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000078 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000079).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III.
Propuesta número 1, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 2, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas números 3 a 5, del Grupo Confederal Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FECYT), EJERCICIOS 2012 Y 2013, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 28 DE MAYO DE 2015 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE 771/000081 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000081 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000083).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, ejercicios 2012 y 2013.
Propuestas números 1 a 3, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 4, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Y propuestas números 5 a 8, del Grupo Confederal Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
V. ADMINISTRACIÓN LOCAL:
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL, PERÍODO 2006-2009, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2013 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
771/000015 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000015 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000016).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Teruel, período 2006 a 2009.
Propuestas números 1 a 9, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; abstención, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 10, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS GASTOS EJECUTADOS POR LAS ENTIDADES LOCALES SIN CRÉDITO PRESUPUESTARIO, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2013 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE 771/000037 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000037 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000037).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización sobre los gastos ejecutados por las entidades locales sin crédito presupuestario.
Propuestas números 1 a 6, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas números 7 a 10, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSORCIOS DE ÁMBITO LOCAL, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2013 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000036 DE LA XI LEGISLATURA). (Número
de expediente del Senado 771/000036 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000040).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de los consorcios de ámbito local.
Propuestas números 1 a 4, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 5, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS INCIDENCIAS PRODUCIDAS DURANTE EL AÑO 2012 EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LAS ENTIDADES LOCALES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO, APROBADO POR EL PLENO DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2014 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000040 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000040 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000041).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de las incidencias producidas durante el año 2012 en la ejecución de contratos celebrados por las entidades locales de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio.
Propuestas números 1 a 6, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 7, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES Y DE LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROVISIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PUESTOS DE LA INTERVENCIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 24 DE
ABRIL DE 2014 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000043 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000043 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000044).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de las retribuciones y de la gestión de los sistemas de provisión y promoción de los puestos de intervención de las entidades locales.
Propuestas números 1 a 3, del Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas números 4 a 16, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 17, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME SOBRE LAS ACTUACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA PROMOVER EN EL ÁMBITO LOCAL LA RENDICIÓN DE CUENTAS, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2014 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE 771/000068 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000068 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000068).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Propuesta de resolución del informe sobre actuaciones del Tribunal de Cuentas para promover en el ámbito local la rendición de cuentas.
Propuestas números 1 a 8, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas números 9 a 11, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 100.000 HABITANTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO, AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO (LA RIOJA),
APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2015 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000072 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000072 y número de expediente del Congreso
de los Diputados 251/000073).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la gestión recaudatoria en ayuntamientos de municipios con población superior a 100 000 habitantes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio. Ayuntamiento de Logroño.
Propuestas números 1 a 9, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 10, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA EN AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A CIEN MIL HABITANTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SIN ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO PROPIO, AYUNTAMIENTO DE MURCIA, APROBADO POR EL
PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2015 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000077 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000077 y número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000078).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la gestión recaudatoria en ayuntamientos de municipios con población superior a 100 000 habitantes de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio. Ayuntamiento de Murcia.
Propuestas números 1 a 11, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 12, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE MATADEROS Y MERCADOS EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 28 DE
MAYO DE 2015 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000082 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente del Senado 771/000082 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000082).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de los servicios prestados en materia de mataderos y mercados en el sector público local, en coordinación con los órganos de control externos.
Propuestas de resolución presentadas números 1 a 6, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la propuesta número 7, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, EJERCICIO 2013, APROBADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SU SESIÓN DEL DÍA 28 DE MAYO DE 2015 (SE CORRESPONDE CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 771/000083 DE LA XI LEGISLATURA). (Número
de expediente del Senado 771/000083 y número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000084).
Autor: TRIBUNAL DE CUENTAS
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2013.
Propuestas números 1 a 12, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Propuestas números 13 a 17, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Señorías, llegados a este punto, también les deseo que pasen feliz Navidad y les agradezco su infinita paciencia en esta comisión, que ha sido mucha.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Un segundo solamente, señor presidente.
El Grupo Popular quiere solicitar que se revise el video de la grabación para el caso de la primera votación por si hubiese un error material. Porque si realmente la voluntad de los senadores presentes es que hay 16 presentes, que se
visualice, y si en el momento de la votación se advierte que realmente había 16 votos a favor, que se trate como un error material y se plasme.
El señor PRESIDENTE: Lo único que tengo que decirle al portavoz del Partido Popular es que se analizará la situación y, en función de lo que proceda de acuerdo con el reglamento, se actuará.
Se levanta la sesión.
Eran las veinte horas y cuarenta y cinco minutos.