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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 125, de 30/05/2018
cve: DSCD-12-PL-125
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 125
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 120
celebrada el miércoles,
30 de mayo de 2018
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas ... (Página5)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación sobre el Instituto Cervantes. (Número de expediente 172/000125) ... (Página32)
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las condiciones de vida y trabajo de los temporeros y temporeras de las campañas agrícolas en España. (Número de expediente 172/000123) ...
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2017:
- Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2017. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 191, de 9 de abril de 2018. (Número de expediente 260/000002) ...
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Preguntas ... (Página5)
De la diputada doña Margarita Robles Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué responsabilidad política cree que debe asumir a la vista de la sentencia del caso Gürtel? (Número de
expediente 180/000638) ... (Página5)
Del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Va a dimitir el presidente del Gobierno? (Número de expediente 180/000631) ...
De la diputada doña Carlota Merchán Mesón, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los criterios que utiliza el Gobierno para el nombramiento de los delegados del Gobierno? (Número de expediente 180/000619)
... (Página8)
Del diputado don Josep Vendrell Gardeñes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales:
¿Cuándo piensa el Gobierno levantar la intervención del autogobierno de Cataluña? (Número de expediente 180/000632) ... (Página9)
De la diputada doña María Teresa Angulo Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Cómo valora el Gobierno los resultados del barómetro sanitario
2017? (Número de expediente 180/000646) ... (Página11)
De la diputada doña Irene María Montero Gil, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales: ¿Cómo valora la vicepresidenta la sentencia que condena a dirigentes de su partido, y a su propio partido, por corrupción? (Número de expediente 180/000636) ... (Página12)
De la diputada doña Beatriz Marta Escudero Berzal, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Cómo valora el Gobierno las Propuestas para la mejora de la Justicia que han aprobado las
diferentes Asociaciones de Jueces y Fiscales? (Número de expediente 180/000647)... (Página14)
Del diputado don Felipe Jesús Sicilia Alférez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Función Pública: ¿Considera el Gobierno que la imputación del secretario de Estado de Hacienda afecta al
ejercicio de sus responsabilidades? (Número de expediente 180/000639) ... (Página15)
De la diputada doña Patricia Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Función Pública: ¿Cómo piensa el Gobierno afrontar los desequilibrios de su política fiscal? (Número de
expediente 180/000640) ... (Página16)
De la diputada doña Melisa Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que formula al señor ministro de Hacienda y Función Pública: ¿Piensa seguir el ministro manteniendo en su puesto al secretario de Estado de Hacienda,
Enrique Fernández de Moya, imputado por posibles delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos continuado y cohecho y tráfico de influencias? (Número de expediente 180/000644)
... (Página18)
Del diputado don Salvador Antonio de la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro del Interior: ¿Va a incrementar el Ministerio del Interior los medios humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en el Campo de Gibraltar para combatir más eficazmente el narcotráfico? (Número de expediente 180/000643) ... (Página19)
Del diputado don Pablo Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor ministro del Interior: ¿Ha valorado el Gobierno retirar al torturador Pacheco la condecoración al
mérito policial que le concedió Martín Villa? (Número de expediente 180/000634) ... (Página21)
Del diputado don Juan Carlos Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales: ¿Qué medidas piensa adoptar el
Gobierno para garantizar la convivencia, la legalidad y el uso público de los espacios comunes en Cataluña? (Número de expediente 180/000645) ... (Página22)
De la diputada doña María José García-Pelayo Jurado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro del Interior: ¿Qué valoración hace el Gobierno de las recientes operaciones desarrolladas por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, contra el tráfico de estupefacientes en la zona del Estrecho? (Número de expediente 180/000648) ... (Página24)
De la diputada doña Ana María Surra Spadea en sustitución del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno español cesar a la Secretaria de Estado de
Comunicación? (Número de expediente 180/000629) ... (Página25)
De la diputada doña Esther Peña Camarero, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de la pobreza laboral? (Número de expediente 180/000641)
... (Página26)
De la diputada doña Margarita Pérez Herraiz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Hasta cuándo va a seguir considerando el Gobierno a las personas que prestan servicios en el
ámbito del hogar familiar como trabajadoras de segunda categoría? (Número de expediente 180/000642) ... (Página28)
Del diputado don Rafael Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor ministro de Hacienda y Función Pública: ¿Qué medidas de control piensa adoptar el Gobierno para
evitar que productos financieros tóxicos y de alto riesgo, como las preferentes, sean comercializados por las instituciones financieras para impedir que se produzcan más abusos? (Número de expediente 180/000635) ...
Del diputado don Isidro Manuel Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Gobierno: ¿Qué cambios en las previsiones de tiempos de los itinerarios ferroviarios desde Madrid a León, Oviedo y Gijón ha realizado el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) tras las modificaciones aprobadas en la tramitación del Proyecto de Ley de PGE 2018? (Número de expediente 180/000633) ... (Página31)
Interpelaciones urgentes ... (Página32)
Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación sobre el Instituto Cervantes ... (Página32)
Formula la interpelación urgente la señora Rivera de la Cruz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Dastis Quecedo).
Replica la señora Rivera de la Cruz y duplica el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las condiciones de vida y trabajo de los temporeros y temporeras de las campañas agrícolas en España ... (Página39)
Formula la interpelación urgente el señor Cañamero Valle, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García).
Replica el señor Cañamero Valle y duplica la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2017 ... (Página46)
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2017 .... (Página46)
El señor defensor del pueblo en funciones (Fernández Marugán) expone a la Cámara el resumen del informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2017.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y
Gómez García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; las señoras Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Galovart Carrera, del Grupo Parlamentario Socialista; y el señor Bermúdez de Castro
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se levanta la sesión a las dos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
PREGUNTAS:
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ RESPONSABILIDAD POLÍTICA CREE QUE DEBE ASUMIR A LA VISTA DE LA SENTENCIA DEL CASO GÜRTEL? (Número de
expediente 180/000638).
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. En primer lugar, preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta de la diputada doña Margarita Robles Fernández, del Grupo
Parlamentario Socialista. Adelante, señoría.
La señora ROBLES FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor Rajoy, ¿tiene usted pensado asumir alguna responsabilidad política como consecuencia de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el caso Gürtel?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señoría.
La sentencia no condena a nadie de mi Gobierno, no condena a nadie que sea hoy día militante del Partido Popular, no condena al Partido Popular, como algunos se empeñan; establece una responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo
por un hecho ocurrido hace quince años en dos ayuntamientos y además aclara que el Partido Popular no conocía esos hechos por los que se establece esa responsabilidad, que es la condición para ser partícipe a título lucrativo, tal y como ha
reiterado en numerosas ocasiones -y supongo que usted lo sabe- el Tribunal Supremo y dice la propia sentencia a la que usted se refiere.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Robles.
La señora ROBLES FERNÁNDEZ: Señor Rajoy, ya veo que a usted le resulta irrelevante que un tribunal de Justicia haya condenado al tesorero de su partido -al que usted le enviaba SMS- a más de treinta años de prisión; que un tribunal haya
dicho que su partido, del que es presidente, tenía una caja B. Se diría que le parece irrelevante. (Rumores). Usted no ha hecho nada, no ha asumido responsabilidades políticas, no ha dimitido. Sí, bueno, ha hecho una cosa: cancelar el viaje a
Kiev. Pero, mire, le voy a decir una cosa respecto a eso que usted hace de distinguir entre ser presidente del partido y ser presidente del Gobierno. Nosotros le vamos a exigir responsabilidades políticas por lo que usted ha hecho como presidente
del Gobierno. Además, ¿sabe cómo lo va a hacer este partido? Lo va a hacer haciéndole caso a usted. Usted vino aquí el día 30 de agosto y nos dio lecciones de derecho constitucional y nos decía que fuéramos a la moción de censura. Pues ya vamos
a la moción de censura. ¡No se enfade usted tanto cuando vayamos a la moción de censura! (Aplausos).
¿Sabe por qué vamos a ir a la moción de censura? Porque usted, no como presidente del partido sino como presidente del Gobierno, ha hecho lo siguiente. ¿Recuerda el calvario al que sometió al juez Pablo Ruz cuando instruyó el caso Gürtel?
Su ministro de Hacienda lo puede decir, que no le daba ningún tipo de documentación al señor Ruz y tuvo que intervenir el ministerio fiscal. (Aplausos). Pero le diré más, un tribunal de Justicia y el ministerio fiscal han dicho en sus conclusiones
definitivas que usted como presidente del Gobierno no tiene credibilidad, o lo que es lo mismo: ha faltado a la verdad en la declaración ante los tribunales. Y lo ha hecho para tapar la corrupción de su partido. (Aplausos). Esto son hechos
probados, es una valoración de una prueba que hace un tribunal, contra eso no cabe casación. Y ¿sabe que? Un presidente del Gobierno que no tiene credibilidad ante los tribunales de Justicia no tiene credibilidad para la estabilidad que necesita
este país.
Así que, señor Rajoy, haga el favor de hacer caso al ministerio fiscal y a los tribunales de Justicia. Usted no tiene credibilidad y, por tanto, España necesita un presidente del Gobierno que sea creíble, que dé confianza y que dé
estabilidad. (Un señor diputado: ¡Ahí, ahí, ahí!-Rumores.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Sobre responsabilidades políticas, señora Robles, le diré lo siguiente. Me he sometido al control de este Parlamento en infinidad de ocasiones, por ejemplo, hoy; me he sometido a una moción
de censura, pero la mayoría de la Cámara no me censuró; desde que se conocen los hechos a los que usted se refiere, me he presentado en tres ocasiones a las elecciones generales: 2011 -las gané-, 2015 -las gané- y 2016 -las gané-, y recibí en las
tres una confianza muchísimo mayor que la que recibieron ustedes. Quizá sea que su inquisitorial planteamiento no lo comparten el resto de los mortales.
Mire usted, hace no muchas fechas se discutía aquí si debía dimitir el imputado, el investigado, el citado en un juicio oral o el condenado. Ahora ya no, ahora aquella persona que no es ni investigada ni imputada ni sometida a un juicio
oral ni condenada parece que también tiene que dimitir. Ha regresado Torquemada. (Rumores). No me refiero a usted, que también. (Risas y aplausos).
En cualquier caso, señora Robles, responsabilidades políticas deberían pedírselas a aquel que quiere ser presidente del Gobierno de cualquier manera siempre que no tenga que pasar por las urnas, porque cuando pasa por las urnas lo que
consigue es obtener en 2015 el peor resultado de la historia de su partido y en 2016 el peor resultado de la historia de su partido. Si va a las urnas -por eso huye de ellas
y plantea la moción de censura- es imposible, como ustedes saben mejor que yo, que sea capaz de llegar a la Presidencia del Gobierno. Tiene que utilizar atajos y sistemas torticeros.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON GABRIEL RUFIÁN ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿VA A DIMITIR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO? (Número de expediente 180/000631).
La señora PRESIDENTA: Pregunta ahora del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Adelante, señoría. (Rumores). Silencio, señorías.
El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidenta.
Señor Rajoy, señor presidente, seguramente le haré la pregunta más sencilla que le han hecho en sus treinta y cinco años de actividad parlamentaria. Se la hago con una sentencia sobre la mesa que califica a su partido como una enorme
maquinaría de corrupción. La pregunta es la siguiente: ¿va a dimitir el presidente del Gobierno?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor presidente, adelante.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Ya veo que se refiere usted a una sentencia distinta de la que yo creía que nos ocupaba esta mañana, pero le voy a responder a su pregunta de manera directa. Tengo un mandato de los
ciudadanos, que le dieron a mi partido más de cincuenta escaños más que al segundo. Tengo un mandato de esta Cámara, que me eligió presidente en su día y que, al menos de momento, no me lo ha retirado y, como sabe, los mandatos son para cuatro
años. Eso da estabilidad, da seguridad y da certidumbre, que creo que es fundamental para continuar con el proceso de recuperación económica que iniciamos en su día. Por tanto, mi intención es cumplir el mandato de los españoles y el mandato de
esta Cámara, máxime después de haber aprobado los presupuestos la semana pasada.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Rufián.
El señor RUFÍAN ROMERO: Señor presidente, igual los españoles que le votaron cuando le votaron no sabían que su partido robaba, o al menos no lo sabían por una sentencia judicial.
Dos mensajes muy sencillos. El primero es para usted, y se lo digo en nombre de los precarios, de los exiliados, de los preferentistas, de los pensionistas, de los encarcelados, de los apaleados, de las feministas, de todos aquellos que son
decentes en este país: dimita, váyase. El segundo mensaje es para el Grupo Parlamentario Socialista, para el PSOE: guárdense de aquellos barones, de aquellos que les dicen que mejor con ladrones que con republicanos. (Rumores). A nosotros nos
hace la misma gracia, la misma poca gracia votar con ustedes que seguramente a ustedes votar con nosotros, pero es que echar a [ladrones] 1 y a [carceleros] * de Moncloa no es una opción, es una obligación. (Protestas.-El señor Martínez-Maíllo
Toribio: ¿Pero esto qué es?-Aplausos).
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Silencio.
Señor presidente, adelante.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
No voy a competir con usted, señor Rufián, en buen gusto, en mesura y en moderación, que son fiel reflejo de las palabras que acabamos de escucharle. Simplemente quiero recordar lo que he señalado
1 Palabras retiradas del Diario de Sesiones de conformidad con los artículos 103.1 y 104.3 del Reglamento de la Cámara. Ver página 32.
antes: la sentencia no condena al Gobierno de España, la sentencia no condena al Partido Popular y la sentencia no condena a nadie que en este momento sea militante del Partido Popular.
Señoría, lo que está sucediendo en este momento en España se entiende muy bien. Aquí se ha presentado una moción de censura y esa moción de censura tiene un acompañante para cualquier situación, que es Podemos, y tiene luego dos opciones:
un nuevo acompañante, que sería Ciudadanos, o unos nuevos acompañantes, donde estarían ustedes, que es el conocido como Gobierno Frankenstein. La posición que está manteniendo el Partido Socialista es decirles a todos ustedes, a los del Gobierno
Frankenstein: ¡cuidado, que si no me votáis tengo que pactar con Ciudadanos y adelantar las elecciones! Y a Ciudadanos les está diciendo: ¡cuidado, que como me sigas exigiendo el adelanto de elecciones, en ese caso me voy con el Gobierno
Frankenstein! Es decir, les están chantajeando a todos ustedes. Vamos a ver quién acepta el chantaje.
Muchas gracias. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARLOTA MERCHÁN MESÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS QUE UTILIZA EL GOBIERNO PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS DELEGADOS DEL GOBIERNO? (Número de expediente
180/000619).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Pregunta de la diputada doña Carlota Merchán Mesón, del Grupo Parlamentario
Socialista. Adelante, señoría.
La señora MERCHÁN MESÓN: Gracias, presidenta.
Señora vicepresidenta, esta pregunta se ha quedado antigua; se ha quedado antigua porque usted tendría que haberla respondido el 9 de mayo y no lo hizo. No lo hizo no porque estuviera defendiendo los intereses de España en una cumbre
internacional, sino que usted eligió asistir al foro de un grupo financiero, a treinta minutos de esta Cámara, en lugar de cumplir con su obligación y someterse al control parlamentario. Desatendió su responsabilidad como vicepresidenta y como
responsable de las relaciones con las Cortes, despreció a esta Cámara, la sede de la soberanía nacional, que es ante la que debe rendir responsabilidades, no ante un banco. Este desprecio no nos sorprende porque estamos habituados a él cada vez que
usted veta iniciativas que no encajan con su ideología, aunque cuenten con el respaldo de la mayoría de los grupos de esta Cámara. Tienen el mismo respeto por el Parlamento que por lo público en general, y prueba de ello es el destino y el final de
buena parte de los cargos públicos que nombran, aunque ahora parece que nadie conoce a nadie. La pregunta quedó antigua pero la respuesta, de alguna manera, la tenemos cada día. ¿Con qué criterios se rige, vicepresidenta? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta, adelante.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Muchísimas gracias, señora presidenta.
Este Gobierno lleva a cabo los nombramientos de acuerdo con los criterios que marca la ley, que, por cierto, es una ley del año 2015 que exige por primera vez en la historia de nuestro país un certificado de idoneidad de esos altos cargos,
en el que además se establecen obligaciones de transparencia, obligaciones de publicación de salarios y obligaciones de publicación de incompatibilidades. ¿Sabe lo que votó su grupo, que tanto defiende las relaciones con las Cortes en esta Cámara?
Que no, porque ni les gusta la transparencia ni les gusta la idoneidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Merchán.
La señora MERCHÁN MESÓN: Señora vicepresidenta, definitivamente su reino no es de este mundo. (Rumores). Los ciudadanos esperan de sus representantes públicos un comportamiento ejemplar y 351 años de condena es una sentencia ejemplar, no
un comportamiento ejemplar. Los ciudadanos esperan de las instituciones confianza y seguridad y ustedes han roto esa confianza colocando nuestra democracia
en una situación inimaginable en países de nuestro entorno, donde presidentes dimiten por copiar párrafos de una tesis.
España es un país decente, de trabajadores y trabajadoras que lo sacan adelante a diario con su sacrificio por sus políticas antisociales, mientras ven pasar ante sus ojos Gürtel, Lezo, Púnica y compañía. (Varias señoras y señores
diputados: ¡Muy bien!-Aplausos). Ni ejemplaridad ni confianza ni seguridad; nada de esto ofrece su Gobierno. Cuando un tribunal dice que el testimonio del presidente del Gobierno no tiene credibilidad, solo hay una alternativa: que deje de ser
presidente. Y como no lo hace por iniciativa propia, habrá que ayudarle a que se vaya.
Gracias, señora presidenta. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta, adelante.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señora presidenta.
En mi casa suelen decir que quien ha de reprender no puede tener falta, y esa bancada no puede decirle al Partido Popular cómo se lucha contra la corrupción en este país. (Rumores). Sí, señora Carlota Merchán, recordaremos sus palabras,
las recordaremos porque están sentados en el banquillo de los ERE de Andalucía dos presidentes del Partido Socialista. (Rumores.-Aplausos). Sí, señora Merchán, sencillamente porque han tenido lo que usted llamaría decencia de utilizar 800 millones
de euros de los parados de Andalucía para hacer favores a los que votan al sistema del Partido Socialista en Andalucía. Todas esas lecciones que da aquí y que justifican lo que usted llama una moción de censura, que es sencillamente ambición por
hacerse con un poder que no ganan en las urnas, dentro de unos días se las da a la señora Susana Díaz, al señor Chaves y al señor Griñán, que estaban informados puntual y detalladamente de cómo se llevaban el dinero de los parados para el sistema
imperialista de su partido en Andalucía.
Señora Merchán, las elecciones se ganan en las urnas. El dinero se gasta en lo que marcan los presupuestos, no en hacer favores a los que votan a su partido, que, por cierto, no son muchos, porque si les votaran más no estaríamos hablando
de lo que estamos hablando, que ya está costando a España más de 36 000 millones de euros.
Muchas gracias. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON JOSEP VENDRELL GARDEÑES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES
TERRITORIALES: ¿CUÁNDO PIENSA EL GOBIERNO LEVANTAR LA INTERVENCIÓN DEL AUTOGOBIERNO DE CATALUÑA? (Número de expediente 180/000632).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Josep Vendrell Gardeñes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Adelante.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Vicepresidenta, hoy estamos ante la que podría ser, la que debe ser, su última sesión de control como Gobierno. Ustedes, incluso más allá de lo que pase el viernes, ya son pasado. Su Gobierno parece que por fin
va a caer a causa de la corrupción, pero podría haber caído por muchas más cosas: por habernos llevado a la peor regresión en derechos y libertades desde la transición, por no haber atendido las demandas que por millones le ha hecho la ciudadanía,
especialmente las mujeres y los pensionistas, y en lo que aquí nos atañe, por haber gestionado de la peor manera posible el conflicto de Cataluña, un desastre en el que también tiene responsabilidad el Gobierno de la Generalitat. Más de seis años
de oídos sordos, de autoritarismo, más de seis años sin hacer política, más de seis años de degradación de las instituciones. Su problema es que no tiene credibilidad para gestionar la situación de Cataluña. Ustedes exigen el cumplimiento de la
ley cuando han sido condenados por incumplirla, cuando han sido condenados por robar. Ustedes piden que se acaten las resoluciones judiciales cuando la señora De Cospedal en sede parlamentaria ha puesto en cuestión el trabajo de los jueces que
investigan la corrupción.
Hace no mucho el señor Rajoy preguntaba: ¿quién tiene la potestad de dar carnés de credibilidad? Y decía que solo los puede dar la ciudadanía. Pues sí, la misma ciudadanía que les dio a ustedes solo cuatro diputados en el Parlament de
Catalunya. En este conflicto los hay que quieren echar más leña al
fuego y dividir a la sociedad catalana y los hay que queremos escuchar a toda la sociedad, buscar soluciones y abrir nuevos escenarios de diálogo. Ustedes y el señor Rivera están entre los primeros y creo que también el señor Puigdemont.
Veremos dónde se sitúa el señor Puigdemont, si en abrir nuevos escenarios o en el cuanto peor, mejor.
La ciudadanía quiere soluciones. Si escucharan menos al señor Rivera y más a la gente, sabrían que hoy en España, según las encuestas, dos tercios de la ciudadanía creen que debe apaciguarse la tensión mediante el diálogo y empezar a
derruir trincheras. Estamos hartos de Gobiernos irresponsables y corruptos. España se merece poner fin a esta etapa negra. Los catalanes debemos recuperar el autogobierno; y recuperar el autogobierno no es solo poner fin al 155, sino también
acabar con la intervención económica, porque no hay autonomía real sin autonomía financiera. Ustedes ya son el pasado. Ahora nos toca ganar el presente y el futuro. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta, adelante.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señora presidenta.
En ese retrato de la España negra que usted hace, señor Vendrell, se le olvidan unas cuantas cosas. Se le olvida que este Gobierno en estos seis años evitó el rescate. Se olvida de que este Gobierno cogió un país con más de 6 millones de
parados y hoy se crean al año 500 000 puestos de trabajo. En esa defensa que hace usted de los desahuciados y de los proletarios se les olvida que las conductas más burguesas -que dirían ustedes- son las que en este momento adornan a su bancada.
Por tanto, evite hablar de quienes sencillamente ustedes han abandonado hace tanto tiempo.
En segundo lugar, señor Vendrell, les pasa a ustedes que viven siempre en la preadolescencia política -sí, sí- y se suman a cualquier foco de inestabilidad. Señor Vendrell, no se puede ser independentista en Cataluña y venir aquí a dar
lecciones contra Puigdemont cuando usted, la señora Colau y el señor Domènech han sido los grandes adalides del independentista y los que muchas veces han sentado su propia doctrina.
Señor Vendrell, se levantará el artículo 155 porque nosotros, a diferencia de ustedes, cumplimos la ley y los mandatos de esta Cámara, pero eso no significa que ese Gobierno pueda hacer -también de la mano de ustedes- lo que tenga por
conveniente. Debe cumplir la ley y debe cumplir las resoluciones judiciales. No hagan ustedes de abogados defensores. Que las palabras del señor Torra no son tranquilizadoras ya se lo digo yo, cuando no son supremacistas son abiertamente
xenófobas, pero este Gobierno estará muy pendiente, como siempre ha estado, de los hechos. Y en esos hechos, señor Vendrell, no se sumen ustedes a cualquiera que quiera desestabilizar, porque perjudican a España y, lo que es más importante -al
menos para su bancada-, acaban ustedes perjudicándose a sí mismos. ¿O están ustedes también orgullosos de los resultados del señor Domènech? Señor Vendrell, ¿están ustedes orgullosos de haber estado absolutamente desdibujados en Cataluña, de no
haber defendido la ley ni a los catalanes que no piensan como los independentistas? ¿Los han defendido ustedes? Ustedes no, pero este Gobierno desde luego que sí y lo seguirá haciendo esté donde esté, señor Vendrell.
Muchas gracias. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Vendrell, adelante.
El señor VENDRELL GARDEÑES: El problema es que carecen de mínima vergüenza y dignidad democrática. (Protestas). ¡Váyanse de una vez! (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta, adelante.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Señor Vendrell, nuestra dignidad es coger un país al borde del rescate y en la ruina y convertirlo en
el país que más crece del conjunto de la Unión Europea. Nuestra dignidad democrática es haber cogido este país en el que cada día se iban al paro 1500 personas y hacer que ahora cada día se creen 1500 puestos de trabajo. Nuestra dignidad
democrática es que ahora ustedes toman hábitos de los que ya tienen un empleo y pueden pensar en una mejor vida. Pero sobre todo... (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA TERESA ANGULO ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LOS RESULTADOS DEL BARÓMETRO SANITARIO
2017? (Número de expediente 180/000646).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida ahora a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pregunta de la diputada doña María Teresa Angulo Romero, del Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señoría.
La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidenta.
Señora ministra, hace unos días conocíamos los resultados del barómetro sanitario 2017, encuesta que se realiza directamente a los ciudadanos que utilizan los servicios sanitarios y que refleja la valoración que estos hacen de nuestro
Sistema Nacional de Salud. Estos han mostrado este año el grado más alto de satisfacción con el sistema de los últimos diez, por encima del mostrado en el periodo 2008-2011 con Gobiernos socialistas. Esto, junto con la alta valoración que los
ciudadanos hacen de los distintos servicios -atención primaria, especializada, ingresos hospitalarios, urgencias-, así como la diferencia existente a favor de los partidarios de utilizar el sistema público frente al privado, desmonta las
descalificaciones que sobre nuestro sistema con frecuencia oímos a ciertas formaciones políticas alejadas -en esto también- del sentir general de los españoles, de esa marea silenciosa de millones de españoles que no solo no reprueba su gestión,
sino que reconoce las bonanzas de nuestra sanidad.
Esta es una valoración altamente positiva que viene a reflejar lo acertado de las reformas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy para la salvaguarda y mejora de nuestro Estado del bienestar y, en consecuencia, el peligro que para estos
supondría paralizar la recuperación económica y social y volver a las políticas que quebraron nuestro sistema sanitario público. Como ejemplo sirva que es precisamente en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, como Andalucía,
donde los ciudadanos muestran un grado de satisfacción con el sistema por debajo de la media nacional, o consideran por encima de la media que el sistema no funciona adecuadamente y necesita rehacerse 'ERE que ERE' de la corrupta gestión socialista.
Por ello, en el Grupo Popular entendemos que el más alto grado de satisfacción ciudadana con nuestra sanidad pública de los últimos diez años es otra buena muestra del buen trabajo realizado por este Gobierno, que por ello obtuvo en las tres últimas
elecciones el respaldo mayoritario de los ciudadanos en las urnas, que es donde debe obtenerse.
No obstante, señora ministra, como responsable del Ministerio de Sanidad le pregunto: ¿Qué valoración hace su Gobierno del resultado del barómetro sanitario 2017? (Aplausos.-Un señor diputado: Muy bien).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Gracias, presidenta.
Señoría, así es; en España tenemos uno de los mejores sistemas nacionales de salud del mundo. España es líder en Europa por nuestra esperanza de vida y, después tras Japón, los segundos del mundo. En España tenemos una de las mejores y
más amplias carteras de servicios de Europa. España es líder en el modelo de donación y transplante de órganos, y España tiene uno de los mejores sistemas de formación de sus profesionales sanitarios. Por lo tanto, el Sistema Nacional de Salud es
uno de los principales pilares de nuestro Estado del bienestar y es uno de los primeros pilares de nuestra marca España. No solo nos lo dicen numerosas organizaciones internacionales de prestigio internacional, que tenemos uno de los mejores
sistemas nacionales del mundo a imitar, sino que nos lo dicen los españoles. Desde el Ministerio de Sanidad cada año hacemos una encuesta a los pacientes españoles de todos los rincones de España, y en el año 2017 nos han dado la nota más alta en
la valoración, un notable, de los últimos diez años.
Algunos ven a España en blanco y negro, pero muchísimos españoles, los pacientes españoles, que somos todos, dan al Sistema Nacional de Salud un notable. Esto lo hemos confirmado porque el 78 % de los españoles evalúan positivamente
urgencias; el 83 % de los españoles evalúan positivamente las consultas de los especialistas; el 86 % de los españoles evalúan positivamente los ingresos hospitalarios; y el 87 % de los españoles evalúan positivamente los centros de primaria.
Esta nota tan alta es gracias a
los esfuerzos, al liderazgo del Gobierno de España del Partido Popular, juntamente con las comunidades autónomas, coordinados con las comunidades autónomas, pero gracias a estos siete años de Gobierno del Partido Popular hemos liderado este
Sistema Nacional de Salud; y lo hemos hecho desde la promoción de la salud con medidas como la actualización de la Ley del tabaco o el Plan de mejora de la composición de los alimentos; también desde la digitalización, llegando a un 90 % de la
digitalización de la receta electrónica, así como desde la investigación, porque España continúa siendo líder mundial en ensayos clínicos y en terapias avanzadas y, sobre todo, desde la protección de los profesionales, donde desde los Presupuestos
Generales del Estado vamos a incrementarles el sueldo un 8,8 % en los próximos tres años. Por tanto, el Gobierno de España comprometido. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DE LA DIPUTADA DOÑA IRENE MARÍA MONTERO GIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES
TERRITORIALES: ¿CÓMO VALORA LA VICEPRESIDENTA LA SENTENCIA QUE CONDENA A DIRIGENTES DE SU PARTIDO Y A SU PROPIO PARTIDO POR CORRUPCIÓN? (Número de expediente 180/000636).
La señora PRESIDENTA: Pregunta ahora dirigida al señor ministro de Justicia. Pregunta de la diputada doña Irene María Montero Gil, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Adelante, señoría.
La señora MONTERO GIL: Gracias, presidenta.
Le hago dos preguntas, ministro: ¿Cómo valora la vicepresidenta la sentencia que condena a dirigentes de su partido y a su propio partido por corrupción? Y, ¿qué le pasa a la vicepresidenta que elige no contestarme y le pasa a usted el
tomate de responder a la pregunta?
La señora PRESIDENTA: Adelante, señoría.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta. Buenos días, señoría.
Creo que las decisiones se pueden tomar de muy diversas maneras: mediante plebiscitos, preguntándole a la gente o cumpliendo el Reglamento de esta Cámara. El Reglamento de esta Cámara permite que el Gobierno, quien es objeto de control,
decida quién y, por tanto, modestamente, señoría, trataré de contestarla. Parto inicialmente de lo que creo que es un error por su parte, porque usted me pregunta cómo valoramos una condena a dirigentes del partido y al partido por corrupción, y yo
creo que no es cierto. No hay ninguna condena a ningún dirigente de este partido y ninguna condena al partido. Si no me cree usted, pregúntele al señor Guijarro, que ayer dijo en una Comisión de esta Cámara que es cierto que no ha habido ninguna
condena por corrupción al Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Montero, adelante.
La señora MONTERO GIL: La verdad, señor ministro, es que no me gustaría estar hoy en su pellejo teniendo que defender al partido en el que milita, que ya es, oficialmente, un partido corrupto. Por lo menos, no me ha dicho lo que su colega
Cospedal, que ayer decía que no había existido caja B. Como ustedes decían de la señora Cifuentes, no he visto mentir a nadie con tanta sinceridad. (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben). Lo bueno de la sentencia del caso
Gürtel es que le contestan los jueces, no yo. Cito literalmente: Se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central -estatal-, autonómica y local a través de
su estrecha y continua relación con influyentes militantes del Partido Popular. También otras cantidades sirvieron para, directamente, pagar gastos electorales del Partido Popular o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada caja B del
partido, existente, al menos, desde 1989. En este sistema, lo que se ha acreditado en este juicio es ¡este modo de vida, no es un hecho aislado, no es una actuación puntual, es una actividad duradera de una organización constituida para
delinquir! Eso dicen los jueces de su partido, que no es un partido, que es una organización para delinquir, señor ministro. (Aplausos).
Lo peor, lo peor, no es que la sentencia diga que son ustedes un partido corrupto, no es que se hayan presentado a todas las elecciones desde su fundación haciendo trampas, no es que los jueces consideren que nada menos que el presidente del
Gobierno mintió cuando declaró en la Audiencia Nacional: es que ustedes siguen sentados en esos escaños, como la señora Cospedal o como el señor Rajoy, que aparecen ambos en los papeles de Bárcenas y que estaban al frente de su partido mientras
esta trama de corrupción existía.
En cualquier otro país democrático ustedes ya habrían dimitido, por decencia, por usar las cloacas del Estado para destruir a sus adversarios políticos, por entregar el dinero de los españoles a los poderosos a cambio de mordidas, por
destrozar lo público y por robar mientras dicen que no hay dinero para las pensiones. Todo esto les convierte a ustedes en los más grandes enemigos de España, señor ministro. (Aplausos). Si ustedes fuesen un partido y no una organización para
delinquir, el señor M. Rajoy ya habría dimitido y ustedes estarían ahora devolviendo hasta el último euro robado.
Termino haciéndole una pregunta que se publica hoy, señor ministro. ¿Es verdad que estuvo usted reunido días antes de que saliese la sentencia del caso Gürtel con el abogado del Partido Popular en un club de golf? ¿Es verdad eso, señor
ministro?
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores y protestas).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
Adelante, señor ministro..
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.
Señoría, lo bueno que tienen las sentencias es que están escritas y, por tanto, se pueden leer. Entiendo que usted la semana pasada no haya tenido quizá la mejor semana para dedicarle tiempo a la lectura de la sentencia. Estaba ocupada en
otros problemas internos. (Rumores y protestas). En todo caso, como digo, no sé si es un error, que reconoce su propio compañero o es una mentira que ustedes tratan de hacer que se consolide, porque -fíjese- en esa sentencia, pese al cambio que
hubo de magistrados en la sala, pese al cambio que hubo de ponentes, pese a que la sentencia entra en materias que no eran objeto del juicio, pese a que se declara que no tiene credibilidad un testigo -que no sé para qué lo querían si luego no le
van a dar credibilidad-, pese a todo eso, no hay condena, no hay condena por corrupción al Partido Popular; hay, simplemente, una declaración de responsabilidad civil. (Rumores.-La señora Montero Gil: ¡Por robar!-Protestas). Usted sabe,
seguramente, y si no lo sabe se lo habrán dicho algunos de sus asesores, que una declaración de partícipe a título lucrativo significa que alguien no ha conocido que se ha cometido un delito y que alguien, evidentemente, si no ha conocido, no ha
podido participar en él.
Lo que dice la sentencia... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): ... es que determinadas personas, que ni son militantes, ni son dirigentes, ni son del Partido Popular, han podido cometer delitos. Señorías, alcaldes de hace quince años. Tengan ustedes
cuidado hoy, ya que están todos tan contentos, no vaya a ser que, algún día, algún alcalde de alguno de sus partidos cometa algún delito y sean todos ustedes responsables. ¿Sería eso razonable? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no es razonable?
(Rumores y protestas.-La señora Montero Gil: ¡A devolver lo robado!-El señor Iglesias Turrión: ¡Delincuente!). Pues ni del Partido Popular ni de ningún otro partido. (El señor Iglesias Turrión: ¡Delincuente!). En todo caso, lo que ustedes han
conseguido es organizar este aquelarre, juntándose con lo mejor de cada casa, con el PSOE de los ERE, con el PDeCAT del 3 per cent o con ustedes y su financiación, supuestamente, de Venezuela, de Irán o de hipotecas chollo... (Protestas).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): ... o de hipotecas chollo a las que estamos ya acostumbrados, porque ustedes y el señor Pedro Sánchez tienen hipotecas chollo, qué suerte... (Aplausos.-Protestas.-El señor Iglesias Turrión:
¡Delincuentes!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. (Rumores).
Silencio, señorías. (El señor Iglesias Turrión: ¡Delincuentes!-Rumores y protestas). ¡Silencio, señorías! Les ruego silencio. (Rumores.-El señor Mayoral Perales: Si ellos insultan nosotros, también). Les ruego silencio. (Rumores).
Les ruego silencio.
- DE LA DIPUTADA DOÑA BEATRIZ MARTA ESCUDERO BERZAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LAS PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA JUSTICIA QUE HAN APROBADO LAS
DIFERENTES ASOCIACIONES DE JUECES Y FISCALES? (Número de expediente 180/000647).
La señora PRESIDENTA: Pregunta ahora de la diputada doña Beatriz Marta Escudero Berzal, del Grupo Parlamentario Popular.
Adelante, señoría.
La señora ESCUDERO BERZAL: Gracias, señora presidenta.
No hay legislatura en la que no se trabaje por mejorar la justicia. En el seno la Comisión de Justicia se creó una subcomisión de estudio para abordar, entre todas las formaciones políticas, propuestas para integrar un pacto de Estado para
mejorar la justicia. Tras casi un año de trabajo y 103 propuestas, esta Cámara vivió no un momento, señorías, sino tres momentos indignos e impropios de los que representamos.
Señorías, en esta legislatura se ha puesto de moda abandonar el puesto de trabajo, abandonar todas las responsabilidades. Cuando a uno no le gusta o no quiere pronunciarse sobre algo, lo abandona. Total, da igual, como se sigue cobrando...
En vez de comprometernos y trabajar por llegar a acuerdos para mejorar la vida de los ciudadanos, abandonamos nuestro puesto de trabajo.
El primer momentazo fue en noviembre, cuando Podemos abandonó la subcomisión de Justicia porque decía que solo se estaban tratando propuestas estéticas. Nadie puede olvidar, ni los jueces ni fiscales, cuáles eran sus propuestas de justicia:
que los jueces y fiscales aplicaran la justicia de acuerdo con el ideario programático del Gobierno. El Gobierno del cambio -hablaban-, cambio lo que se dice cambio en Podemos ha habido poco, salvo el casoplón, que eso sí que ha sido cambio.
(Rumores). El segundo momentazo fue de Ciudadanos, cuando en febrero abandonaron por la puerta de atrás también la subcomisión de estudio. Dijeron que ellos querían despolitizar la política y los demás no. Se trata de que dejan, abandonan mejorar
la justicia porque como no quieren hacer propuestas, no quieren comprometerse, es mejor estar calladitos y no comprometerse con nada, no sea que se equivoquen y las encuestas empiecen a bajar. Y el tercer momentazo fue del Grupo Parlamentario
Socialista, que abandona el barco el último día; el día en que se iban a aprobar en la subcomisión de estudio las 103 propuestas, la abandonan. ¿Saben por qué, señorías? Porque dicen que habría sido imposible llegar a un mínimo de acuerdo.
Repito, 103 propuestas. ¿Un mínimo, eh? Mínimo, lo que se dice mínimo, nada.
¿Qué hizo el Grupo Parlamentario Popular? Pues con toda su responsabilidad registró las 103 propuestas. Primero, porque son propuestas buenas para mejorar la justicia; segundo, porque habían sido acordadas por la mayoría de las
formaciones políticas; y tercero, porque respetamos nuestro trabajo. Si nosotros no respetamos nuestro trabajo, ¿cómo vamos a exigir a los demás que nos lo respeten? Hace más o menos un mes, asociaciones de fiscales y jueces han planteado 14
propuestas básicas para mejorar la justicia.
Señor ministro de Justicia, ante el abandono y la irresponsabilidad de algunas formaciones políticas que no quieren trabajar por mejorar la justicia, ¿cómo valora el Gobierno de España estas propuestas? (Aplausos.-Varios señores diputados:
¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.
Gracias, señoría, por traer a la Cámara una reflexión -yo creo que objetiva- de lo que ha sucedido en la Comisión de Justicia en los últimos tiempos (rumores.-Risas) y la voluntad manifestada por los grupos para abordar los problemas reales
que tiene nuestra justicia. Los profesionales de la justicia, que son los verdaderamente importantes, junto con el ciudadano, están planteando la necesidad de reformas legislativas, de reformas en cuanto a la dotación de más medios materiales, más
medios personales y mejores tecnologías, y el Gobierno y este grupo parlamentario sigue estando comprometido con estas
reformas, con estas propuestas. Por eso el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que esta Cámara aprobó -ojalá el Senado también lo haga en breve- va a dotarnos de muchos más recursos, por ejemplo, para aprobar 309 plazas de
oferta de empleo público de jueces y de fiscales y 3700 plazas de los cuerpos de funcionarios, de tal manera que tengamos más y mejores profesionales en nuestra justicia. También para llevar a cabo, por ejemplo, con más de 50 millones de euros, las
reformas de las sedes judiciales para que los profesionales de la justicia y además los abogados, los procuradores y los ciudadanos vayan a sedes con la calidad que requiere hoy en día una oficina administrativa. Igualmente, señoría, es importante
contar con medios tecnológicos. Está siendo un debate intenso en la justicia la incorporación de las nuevas tecnologías, la utilización de esa justicia digital para agilizar el funcionamiento de la justicia, y para ello volveremos a tener, si los
presupuestos se aprueban, 131 millones de euros que permitirán avanzar en todos los procesos de modernización de nuestra justicia.
No solamente hacen falta medios, también nuevas reglas de organización, nuevas reglas de procedimiento y, por eso, en esta Cámara se están abordando -ojalá se apruebe definitivamente la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial- algunas
de las cuestiones que nos han planteado los profesionales -los jueces, los fiscales y también los letrados de la Administración de Justicia- y todos los funcionarios para mejorar nuestra justicia. Por ejemplo, fortalecer la independencia del Poder
Judicial ciertamente es bien importante; de ahí la supresión de la designación de un magistrado por parte de las asambleas autonómicas en los TSJ, de ahí la transparencia en los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, en la que
estamos todos comprometidos; de ahí la regulación del tránsito entre la política y la justicia. Por lo tanto, con la Ley de Presupuestos y con las reformas de la ley orgánica y otras medidas que están en esta Cámara podremos dar sin duda
respuesta...
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON FELIPE JESÚS SICILIA ALFÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LA IMPUTACIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA AFECTA AL
EJERCICIO DE SUS RESPONSABILIDADES? (Número de expediente 180/000639).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida ahora al señor ministro de Hacienda y Función Pública. Pregunta del diputado don Felipe Jesús Sicilia Alférez, del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señoría.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señor Montoro, ¿sabe que su secretario de Estado de Hacienda, el señor Fernández de Moya, está imputado por prevaricación continuada y por falsedad en documento mercantil? ¿Sabe que su número dos en el ministerio, el señor Fernández de
Moya, está imputado por malversación de caudales públicos, es decir, por malversar el dinero de todos, por cohecho y por tráfico de influencias? Señor Montoro, si lo sabe, ¿a qué espera para cesarlo? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señor Sicilia, la causa en la que se investiga al señor Fernández de Moya no tiene nada que ver con sus responsabilidades en la Secretaría de Estado de Hacienda, donde, junto a otros altos cargos del Ministerio de Hacienda y Función Pública,
está contribuyendo a la recuperación de la economía española y a la creación de empleo, al fortalecimiento de los servicios públicos y a la mejora día a día de la vida de los ciudadanos de este país.
Lo que su señoría conoce sobre el estado de esta cuestión es que el señor Fernández de Moya está siendo investigado en fase de diligencias previas, es decir, al comienzo de la investigación, tras una querella interpuesta por el Partido
Socialista. A estas alturas es muy aventurado decir cuál será el resultado, pero lo que sí sabemos es que ya el Partido Socialista presentó la misma querella anteriormente y que fue archivada por la Fiscalía provincial, en abril de 2014, porque no
encontró fundamento para la misma. Ya
presentan la querella aquí, con lo que está claro el interés político por el que la presentan, como ha quedado claro en el planteamiento de su pregunta.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Sicilia, adelante.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señor Montoro, se lo voy a aclarar: esa querella se resolvió; ahora el señor Fernández de Moya tiene que ir al juzgado por un informe de la Guardia Civil en el que lo acusan presuntamente de haber cometido cinco delitos. Señor Montoro,
¿qué legitimidad, qué autoridad puede tener un secretario de Estado que dentro de unos días tiene que ir al juzgado a dar cuenta presuntamente de cinco delitos? ¿Qué pueden pensar los alcaldes y alcaldesas de nuestro país cuando ven que el que
ahora está controlando la gestión de los ayuntamientos es un secretario de Estado imputado por su gestión como alcalde? ¿Qué pueden pensar los millones de ciudadanos que hoy están pagando sus impuestos, haciendo la declaración de la renta, cuando
ven que el número dos de su ministerio, el que se encarga de recaudar los impuestos, está imputado por pagar facturas infladas y por pagar servicios que no se prestaron, señor Montoro?
Por decencia política y por el buen nombre de nuestra Hacienda pública, el señor Fernández de Moya ya debería haber sido cesado y, si usted no lo ha hecho, es porque usted ya no tiene credibilidad ni legitimidad para hacerlo. Y no la tiene
desde el mismo día en que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional su vergonzosa amnistía fiscal. Ese día perdió usted toda la legitimidad y toda la credibilidad. (Aplausos). Y ese mismo día, señor Montoro, tenía que haberle cesado el
presidente del Gobierno, pero claro, ¿qué legitimidad tiene el presidente del Gobierno, qué autoridad tiene el presidente del Gobierno cuando ha mentido ante un tribunal, qué credibilidad puede tener un presidente del Gobierno que ha cobrado
sobresueldos de una caja B que se nutría de mordidas, qué legitimidad le queda al presidente del Gobierno que dirige un partido -el suyo, el Partido Popular- condenado por beneficiarse de la corrupción, señor Montoro?
La semana pasada vimos a Zaplana detenido, a su secretario de Estado imputado y una condena en la que ponían en tela de juicio al señor presidente del Gobierno. Por decencia política, por eso presentamos esta moción de censura, para que se
vayan del Gobierno. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
O sea, que por eso pregunta por el señor Fernández de Moya, para que nos vayamos del Gobierno. (Rumores.-El señor Sicilia Alférez: Es uno más). Está clara la intención de por qué presentan la denuncia, para que nos vayamos del Gobierno.
Aquí no tiene credibilidad nadie nada más que ustedes; ustedes que han arruinado a España cada vez que han gobernado (Aplausos); ustedes que han dejado Andalucía en el año 1996 con el 30 % de la tasa de paro y, en el año 2011, con otro 30 % de la
tasa de paro (El señor Sicilia Alférez: ¡Bárcenas, Bárcenas!); ustedes que han dejado todas las facturas en el cajón, del Ayuntamiento de Jaén y de todos los ayuntamientos de España donde han gobernado (Aplausos). Ustedes tienen tanta
credibilidad que han presentado esa moción de censura y ya nos ha costado a los españoles en la subida de prima de riesgo más del triple de lo que hemos subido las pensiones en España. Enhorabuena por sus iniciativas políticas, porque ¿saben
ustedes lo que dan? Miedo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DE LA DIPUTADA DOÑA PATRICIA BLANQUER ALCARAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO AFRONTAR LOS DESEQUILIBRIOS DE SU POLÍTICA FISCAL? (Número de
expediente 180/000640).
La señora PRESIDENTA: Pregunta ahora de la diputada doña Patricia Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señoría.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la Airef y la Comisión Europea ya han confirmado que con su política fiscal España no cumplirá con los objetivos de déficit previstos. Díganos cómo pensaba corregir esta desviación.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señora Blanquer, la semana pasada tuvimos un completo debate de los Presupuesto Generales del Estado, que precisamente programan los ingresos y los gastos para que podamos alcanzar los objetivos de déficit. Ayer ya supimos que el déficit
del Estado se ha reducido en España hasta abril un 28 % en relación con la misma fecha del año anterior. Gracias a la evolución de la economía, gracias a la recaudación que procede de esa evolución de la economía, gracias a la política que tanto
les gusta a ustedes, -la izquierda de este país, de la austeridad-, la moderación, la moderación en el gasto, gracias a que gastamos más en gastos sociales, gracias a eso estamos corrigiendo los déficit públicos y pagando las facturas para que los
proveedores cobren en todas las administraciones públicas cumpliendo la Ley de morosidad de esas administraciones públicas. En ese sentido, ustedes fueron derrotados la semana pasada porque se opusieron a los presupuestos que subían el sueldo de
los funcionarios públicos, que subían las pensiones públicas de nuestro país y que subían los gastos sociales hasta niveles que hasta entonces no habíamos alcanzado. Ahora que usted se levante y me pregunte por su preocupación por el déficit
público me resulta..., no sé cómo definirlo. Me quedo ahí. ¿Será enternecedor?
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Blanquer, adelante.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Señor Montoro, no es cierto, no es cierto que hayan resuelto los problemas de este país. En 2011, veinticuatro de los veintisiete Estados miembros estaban en situación de déficit excesivo como consecuencia de
una crisis económica internacional. España no era un caso aislado. Y ahora nos confirman que vamos a ser el único país en este procedimiento correctivo. Hicieron recortes indiscriminados sin importarles no atender a las necesidades sociales y no
han conseguido cuadrar las cuentas por su política irresponsable y partidista. A pesar de crecer por encima de la media europea, no han conseguido que la recuperación económica llegue a las personas, así que, si baja de su pedestal ya de una vez y
sale a la calle, entenderá de lo que hablo. Porque el paro continúa siendo el principal problema; España es campeona en empleo precario; los pensionistas han tomado la calle; hay mayor confrontación territorial y social y, ahora, sus promesas no
son creíbles porque la Airef califica su plan presupuestario de improbable y la Comisión Europea nos da la razón y dice que con su política no fortalece las finanzas públicas. Así que, con sus antecedentes, la moción de censura es la solución y no
el problema; es por dignidad. Además, lo hemos visto después de su última intervención. Dice que son creíbles, pero ¿cómo van a ser creíbles? ¿Quién hay que les crea? ¿Qué credibilidad pueden tener cuando han deteriorado la conciencia fiscal de
este país poniendo en jaque a las instituciones? No tienen ninguna credibilidad.
El exministro Soria tuvo que dimitir por los papeles de Panamá, hechos probados; su amnistía fiscal declarada nula y no constitucional, perdonando impuestos a los defraudadores; Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana, del
Partido Popular, en prisión. -Hechos probados, hechos probados-. Su número dos, secretario de Estado de Hacienda, presidente de la Agencia Tributaria, cuestionado por la justicia por posible delito de malversación de caudales públicos y una
sentencia, la Gürtel, que condena al Partido Popular por beneficiarse económicamente de manera irregular y que duda de la credibilidad del presidente del Gobierno. -Página 1078 de la sentencia-. Así que con estos antecedentes, ¿cómo no vamos a
presentar una moción de censura? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señoría.
Cuando ustedes gobernaban el déficit público en el año 2009 llegó al 11 % del producto interior bruto. Durante su tiempo de Gobierno se destruyeron más de 3 millones de puestos de trabajo en España, por segunda vez, porque no era la primera
vez que gobernaba el Partido Socialista en nuestro país. ¿Dónde está la credibilidad? Es que me hace gracia, señoría. De verdad que me ha llenado de contenido su intervención. ¿Pero hemos reducido el déficit público que heredamos del 9 al 3 %,
sí o no? (Varios señores diputados: Sí.-La señora Blanquer Alcaraz pronuncia palabras que no se
perciben). ¿Ha subido la protección social en España más de 50 000 millones de euros, sí o no? (Varios señores diputados: Sí). ¿Estamos alcanzando el récord de recaudación tributaria y, por tanto, recuperando la capacidad de financiar
los servicios públicos de nuestro país, sí o no? (Varios señores diputados: Sí).
Ustedes presentan la moción de censura porque van contra la recuperación económica, la creación de empleo y... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Perdón.
Señora Blanquer, de tanto escucharla a usted cuando no tenía el uso de la palabra, se han pasado unos segundos de tiempo. Muchísimas gracias. (Rumores).
Les ruego, señorías, que utilicen la palabra cuando la tienen concedida, pero no cuando no la tienen concedida.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MELISA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿PIENSA SEGUIR EL MINISTRO MANTENIENDO EN SU PUESTO AL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA,
ENRIQUE FERNÁNDEZ DE MOYA, IMPUTADO POR POSIBLES DELITOS DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA CONTINUADA, FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS CONTINUADO Y COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS? (Número de expediente
180/000644).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida ahora también al señor ministro de Hacienda, de doña Melisa Rodríguez Fernández, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Señor Montoro, la cosa va de corrupción. Fíjese, cuando planteamos la pregunta queríamos preguntarle por qué seguía manteniendo a su secretario de Estado imputado por prevaricación, etcétera, el
señor Fernández de Moya. Pero, claro, tuve que olvidar esa pregunta porque dije que mejor no le voy a preguntar por qué se va su secretario de Estado, sino por qué no se van todos ustedes (rumores), teniendo en cuenta que la actualidad y las
distintas sentencias por corrupción no solo le han deslegitimado, no solamente han retirado la confianza, sino que además han sido responsables de romper esta legislatura.
Mi pregunta, señor Montoro, no solo es por qué no se van ya, sino también: ¿cuándo van a convocar elecciones? Porque si, tal y como ha dicho el señor Rajoy, cada Gobierno tiene que salir de las urnas, ¿por qué no quieren que los españoles
decidan sobre esto? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
En un Estado de derecho existe la presunción de inocencia y cuando una persona es investigada por hechos acaecidos hace quince años y además está citada en una diligencia para la semana próxima, lo coherente y lo lógico es respetar ese
plazo, que se produzca esa declaración y que sea en sede judicial donde se realice la investigación y por supuesto la defensa de los hechos acaecidos, que fueron hechos extraordinarios acaecidos en un año muy difícil para todos y también para los
que tenían responsabilidades públicas de Gobierno.
Pero no me resisto a responderle a lo último que ha dicho al final de su pregunta porque, evidentemente, está claro que no era la intención de su señoría referirse a la situación judicial del actual secretario de Estado de Hacienda sino que
pretendía referirse a la situación política que está viviendo España. ¿Sabe por qué no le convienen a España las elecciones? Porque tenemos que confirmar la recuperación económica y la recuperación de empleo. Si se pone en riesgo esto en unas
elecciones, si se pone en riesgo en una moción de censura -que es lo que están percibiendo actualmente los agentes económicos y los mercados-, vamos a tener todos los presentes en esta Cámara una gravísima responsabilidad. Eso es lo que nos está
ocurriendo. Nuestra obligación es confirmar que, día a día, se creen más puestos de trabajo y en ese sentido la estabilidad política, como sabemos todos, es la primera de las garantías para afianzar la confianza económica dentro y fuera de España.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez, adelante.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Nosotros, cuando llegamos a acuerdo, hablamos de imputación por casos de corrupción. Primero, va la imputación -como usted dice-, el juicio oral, luego tenemos la sentencia... Pero ustedes
están mandando un mensaje muy preocupante y es que cuando la sentencia les gusta, los jueces son buenos, pero que cuando la sentencia no les gusta, entonces son malos. Eso es lo que vino a decir ayer la señora De Cospedal en la Comisión. Y no.
Tenemos un Poder Judicial que hay que reformar en muchas cosas pero no en lo que a ustedes les convenga.
Ustedes son responsables íntegros de lo que pase esta semana. Pueden ser responsables y decirles a los ciudadanos de este país: vamos a dimitir, vamos a convocar elecciones, decidan ustedes qué va a pasar, en vez de dejar en manos de los
egos del señor Sánchez la posibilidad de crear un Gobierno con los que quieren romper este país. El señor presidente lo decía en este momento. Ustedes decidan. Quien tiene la oportunidad de liderar por primera vez en los últimos tiempos lo que
pase en este país son ustedes, siendo decentes, siendo responsables y sobre todo siendo honestos para con la ciudadanía. La política no solamente es de hacer, también es de parecer. ¿Qué mensaje les están mandando ustedes a los ciudadanos? Hablan
de respeto y de ego. Tienen la oportunidad de liderar pero siguen enrocados pensando en su ombligo. Al final, todos sabemos que en la política lo más difícil de gestionar son los egos, tanto los del señor Sánchez como los del señor Rajoy.
(Rumores). Pero que hoy no se convoquen elecciones...
La señora PRESIDENTA: Silencio.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): ... lo que no tienen ninguna posibilidad de explicar es que el ego del señor Rajoy y el ego del señor Sánchez estén por encima de los intereses de este país, por encima de convocar elecciones. Y
sobre todo qué miedo tienen a que sean los ciudadanos de este país quienes decidan quién lo va a gobernar, después de la vergüenza que nos están haciendo...
La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señoría. Cada día se aprende algo en la vida y en el Parlamento. Desde luego, la definición que ha hecho su señoría esta mañana: 'la política es la gestión de los
egos', va a quedar en los anales de este Parlamento y, sin duda alguna, en los análisis de lo que es la política. Sobre todo quien le habla está caracterizado por el ego, está poseído por el ego. (La señora Rodríguez Hernández, doña Melisa,
pronuncia palabras que no se perciben).
Señoría, la responsabilidad de un Gobierno, del Poder Ejecutivo, es preservar lo mejor que tiene un país. Lo mejor que tiene un país en este momento es su crecimiento económico y su creación de empleo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON SALVADOR ANTONIO DE LA ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿VA A INCREMENTAR EL MINISTERIO DEL INTERIOR LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES DE LAS FUERZAS Y CUERPOS
DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN EL CAMPO DE GIBRALTAR PARA COMBATIR MÁS EFICAZMENTE EL NARCOTRÁFICO? (Número de expediente 180/000643).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas ahora al señor ministro del Interior.
En primer lugar, pregunta del diputado don Salvador Antonio de la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías.
Como saben ustedes, el estrecho de Gibraltar, es un cruce de culturas, de razas, de civilizaciones... (Varios señores diputados: ¡No se oye!). Perdón, decía que el estrecho de Gibraltar es un cruce de civilizaciones, de razas, de
culturas, un lugar geoestratégicamente de primera magnitud. Allí se encuentra, señor ministro, mi zona: el Campo de Gibraltar, un lugar bellísimo para los que lo conocen, con una
riqueza natural impresionante que forma parte del Parque Natural del Estrecho, junto con el de los Alcornocales.
Es el primer puerto de España, primer complejo petroquímico de Andalucía y sobre todo tiene unos ciudadanos honrados, trabajadores y tan dignos como el último de los españoles. Sin embargo, día tras día se ven sometidos en los medios de
comunicación, desgraciadamente, a las noticias donde aparece esa comarca tan bella de primera magnitud y orden ligada al narcotráfico. Sabemos que es un problema complejo, estructural, que no viene de ahora y que requiere del apoyo de todas las
administraciones. Usted, así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tiene el apoyo del Partido Socialista y de la Junta de Andalucía pero hacen falta más medios, señor ministro. Esta tarde comparece la plataforma que integra a
veinticinco colectivos sociales en la Comisión de Interior para pedirle un plan integral. La zona no puede esperar más, sabe usted que está sufriendo la caída de medios humanos y materiales producida en los seis últimos años. Se han perdido 350
agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Se ha desmantelado el Greco, que era fundamental para el control del blanqueo de capitales en Algeciras por razones económicas. No se ha modernizado el SIVE, el Sistema Integrado de Vigilancia
Exterior, no solo de la inmigración sino del narcotráfico, hasta que el otro día el señor presidente anunció en Cádiz que se va a modernizar. No se han creado las suficientes figuras que usted lleva anunciando un año como la limitación de la
navegación de las narcolanchas para parar de raíz el problema como hizo Gibraltar en el año 1995 y llevamos un año esperando esa aprobación. Faltan medios humanos y materiales como le van a decir esta tarde.
¿Cuándo va a poner usted esos medios humanos y materiales para que esa zona importantísima en la que se pueden crear puestos de trabajo -que es el principal problema que tiene-, bienestar y riqueza salga de la situación en la que se
encuentra...? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Muchas gracias, presidenta.
Permítame que le diga, señor De la Encina, que no es que se vayan a aumentar los medios tanto de la Policía como de la Guardia Civil, es que ya se han aumentado y sabe usted perfectamente que en los últimos meses se ha dotado de muchos más
medios personales y materiales a la Policía Nacional y a la Guardia Civil (el señor De la Encina Ortega muestra un recorte de prensa), para que puedan realizar más eficazmente su trabajo y al mismo tiempo para que lo puedan hacer con más seguridad.
Me va a permitir que simplemente le dé algunas cifras que son indicadoras y reveladoras del esfuerzo que se está haciendo.
En primer lugar, en lo que va de año, en menos de cinco meses se ha incautado más del 75 % de todo el hachís que se había intervenido en el pasado año, que además había sido también el récord en cuanto a cantidad de hachís intervenido. Es
más, fíjese, en menos de cinco meses se ha intervenido una tonelada más de cocaína de lo que se había intervenido anteriormente. (El señor De la Encina Ortega hace gestos negativos). Se ha detenido en menos de cinco meses a 328 personas, más de
dos personas detenidas al día por tema de narcotráfico. Se ha reforzado el número de efectivos, se han reorganizado las patrullas incorporándose también la Policía Local a los dispositivos y se han incorporado muchos y mejores medios materiales.
Pero esto no es un problema solo -y usted lo esbozaba simplemente- de seguridad, es un problema también social. A usted se la ha olvidado decir que es el lugar donde hay una mayor tasa de desempleo y también es el lugar donde hay una mayor
tasa de fracaso escolar. Por eso, estamos colaborando desde el Gobierno de España en la medida de nuestras posibilidades y garantizando la seguridad. Y sabe usted que se están incrementando las plantillas de Policía y Guardia Civil en el último
año y medio. Se han incrementado las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en 5200 plazas en el año 2017 y en el año 2018 en 5572. (El señor De la Encina Ortega muestra un recorte de prensa y hace un gesto uniendo el dedo índice y
el pulgar simulando un cero). Todo ello, para que seamos capaces de dotar no solo en el Campo de Gibraltar sino en otros sitios. Mire usted, la tasa de ocupación de las plantillas es superior a la media nacional, también le quiero recordar que mi
obligación es dotar de personal y la definición de los sistemas y de todos los distintos recursos los establece la propia Guardia Civil. No hay que contar los dispositivos para no dar pistas a los demás pero lo que sí le puedo decir es que el
Gobierno de España le ha declarado la guerra al narcotráfico, que la Junta de Andalucía se lo declare también al fracaso escolar y sobre todo a la tasa de desempleo que hay en aquel lugar. (Aplausos.-Protestas).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON PABLO IGLESIAS TURRIÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿HA VALORADO EL GOBIERNO RETIRAR AL TORTURADOR PACHECO LA CONDECORACIÓN AL
MÉRITO POLICIAL QUE LE CONCEDIÓ MARTÍN VILLA? (Número de expediente 180/000634).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Pablo Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Adelante, señoría.
El señor IGLESIAS TURRIÓN: Gracias, presidenta.
Señor ministro, ¿ha valorado usted retirar la condecoración policial a González Pacheco, al torturador González Pacheco, alias Billy el Niño?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Señoría, este Gobierno no ha valorado la retirada de esa condecoración. Le voy a decir por qué. Es una condecoración que no ha concedido este Gobierno, es una condecoración que se otorgó
hace más de cuarenta años. Nadie ha solicitado oficialmente que se retire esa condecoración; nadie lo ha solicitado oficialmente. No parece tampoco que haya justificación legal, señoría. Pero también le voy a decir que no se tiene constancia de
que esa condecoración se le haya retirado a nadie. Cumplamos con la ley y seamos serios. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Iglesias, adelante.
El señor IGLESIAS TURRIÓN: Acaban ustedes de aplaudir que se condecore a un torturador. (Rumores). Su Gobierno tiene competencias para retirar esa medalla, que es una ignominia para la democracia española. Me voy a limitar a leerle
algunos de los testimonios de las víctimas de Billy el Niño, algunos de ellos están sentados en la tribuna de invitados. Chato Galante: Me abrieron la cabeza y me dieron golpes en todo el cuerpo, estaba desnudo. Cuando no podía moverme, me tenían
como un fardo esposado a un radiador en un pasillo, y cuando pasaba un policía, me volvían a golpear o me apagaban un cigarrillo en la cabeza. González Pacheco era de los que más estaban presentes. Era un torturador compulsivo, disfrutaba y
presumía de ello. Te miraba y te decía: He sido yo, Billy el Niño. Willy Meyer: González Pacheco apretó la pistola contra mi pecho mientras gritaba que me iba a matar, que en esa misma habitación habían matado a Julián Grimau, y que él iba a
hacer lo mismo conmigo. Yo me quedé quieto, con la boca bien cerrada y sintiendo la boca del cañón en las costillas. Gatilló, oí el chasquido del disparo: la pistola no estaba cargada. Luis Miguel Urbán: Billy el Niño me dijo que me iba a
llevar a un descampado de Pan Bendito y que me iba a pegar un tiro, y que después matarían a mi compañera. A continuación me aplicaron la toalla mojada, una técnica que consiste en simular un ahogamiento. Lidia Falcón: Me golpeaban en el estómago
y en el hígado, y me tiraban de los brazos, que parecía que se me salían. Mientras me golpeaba en el estómago, Billy el Niño me dijo: Ahora ya no parirás más, puta.
Probablemente, usted no siga en este ministerio mucho tiempo, pero ojalá el ministro o la ministra del Interior que nombre el Partido Socialista retiren la medalla a ese malnacido.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie, dirigiéndose a la tribuna de invitados).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Muchas gracias, presidenta.
Señoría, si todo lo que usted acaba de relatar aquí estuviese reconocido en una sentencia, sepa usted que ningún diputado... (Protestas.-Los señores Mayoral Perales y Errejón Galván pronuncian palabras que no se perciben).
La señora PRESIDENTA: Silencio, silencio.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): ... de esta Cámara podría pensar que no solo no era merecedor de la condecoración, sino de que hubiese recaído sobre él todo el peso de la ley. (Rumores).
Y le voy a decir, han pasado Gobiernos socialistas y tampoco se la han retirado. (El señor Mayoral Perales: ¡Es un criminal, entréguenlo!).
Creo que usted está acostumbrado a resolver cuestiones de su partido y cuestiones personales mediante consulta o referéndum... (Protestas.-El señor Mayoral Pereales: ¡Entréguenlo!).
La señora PRESIDENTA: ¡Señor Mayoral!
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Velázquez): Pero en una Administración...
La señora PRESIDENTA: Un momento. Señor ministro, un segundo, por favor.
Señor Mayoral, le llamo al orden.
Continúe, señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Velázquez): En una Administración hay que ser serio y hay que resolver conforme a la ley. Me va a permitir que le diga que ustedes no saben muy bien lo que quieren, un día se les ocurre pedir cinco
ministerios, la Radiotelevisión Española y también el CNI. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Velázquez): Al día siguiente piensan ustedes otra cosa y están dispuestos a firmarle un cheque en blanco... (El señor mayoral Perales pronuncia palabras que no se perciben).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. ¡Silencio! Señor Mayoral, le llamo al orden por segunda vez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Velázquez): Lo que le puedo asegurar, señoría, es que usted no me va a dar a mí lecciones de seriedad y de defender a un torturador porque no lo he hecho en mi vida y no lo pienso hacer. (El señor
Iglesias Turrión: Mírele a los ojos a él). Pero también es verdad que hay que cumplir con la ley y la ley es la que hay que aplicar.
Pero qué me van a decir ustedes si un día defienden que los escraches es una libertad de expresión y al día siguiente dicen lo contrario, que los están intimidando para que no puedan... (El señor Mayoral Perales: Un poco de vergüenza. ¡Un
crimen de lesa humanidad! Un poco de vergüenza, un poco de vergüenza.-Protestas).
La señora PRESIDENTA: ¡Señor Mayoral! ¡Señor Mayoral!
(El señor Mayoral Perales: Vergüenza. Es un criminal que está huido de la justicia. Entre Martín Villa...). Silencio, ¡silencio!
Señor Mayoral, conforme al Reglamento le he llamado al orden por segunda vez; le recuerdo que la Presidencia le llamará de nuevo al orden si usted sigue insistiendo en su actitud.
Continúe, señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Velázquez): Ya han demostrado ustedes qué es lo que quieren hacer. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Rumores.-El señor Iglesias Turrión: ¡Qué vergüenza! -Protegiendo a fascistas y calumniadores. ¡Qué vergüenza!-El señor Floriano Corrales: Pablo, muy mal. Creía que eras otra cosa. Así
no.-Continúan los rumores).
Señorías, guarden silencio. Señorías, guarden silencio, por favor.
- DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS GIRAUTA VIDAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA CONVIVENCIA, LA LEGALIDAD Y EL USO PÚBLICO DE LOS ESPACIOS COMUNES EN CATALUÑA? (Número de expediente 180/000645).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Juan Carlos Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor GIRAUTA VIDAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, hoy tendría que estar aquí para contestarme la vicepresidenta del Gobierno, que se ha zafado, y yo tendría que estar preguntándole por lo que realmente nos preocupa a todos, pero al Partido Socialista no le pareció una buena
idea. Así que, más allá de lo que usted me conteste, que será la respuesta a la pregunta que consta y que no voy a repetir, y sobre la que no tengo grandes esperanzas -trataba de las medidas que piensan adoptar para garantizar la convivencia en
Cataluña-, dado que el señor Rajoy considera que el Gobierno catalán es un Gobierno en condiciones, la esperanza queda eliminada de la ecuación.
Vamos a lo que interesa, porque el espectáculo -no me refiero a este último, me refiero al anterior- del bipartidismo empieza a ser verdaderamente deprimente. Si su Gobierno no ha entendido que la legislatura ha terminado porque hay una
sentencia cuya literalidad -ya se ha hecho constar aquí, y yo no lo voy a hacer- determina que su partido organizó una trama de corrupción incrustada en el sistema que encareció sistemáticamente la contratación pública, si su partido no entiende que
los términos de esta sentencia son la gota que colma el vaso de la paciencia del pueblo español, y que su Gobierno está terminado, si su partido decide enrocarse es algo que es lamentable, pero es su decisión. Ustedes pueden hundirse si así lo
desean, lo que no pueden hacer es hundir a España. Lo que no pueden hacer, porque además no lo permitiremos, es que toda España pague el precio del encastillamiento del señor Rajoy. Decir que los jueces no pueden deslegitimar a un Gobierno como ha
dicho, y que solo lo puede hacer el pueblo, tiene en parte razón y en parte no. Los jueces sí pueden deslegitimar a un Gobierno pero desde luego el pueblo también puede. Y este es el momento idóneo para que el pueblo español hable y el momento
menos idóneo para transmitir un mensaje de inestabilidad a nuestra clase media, a nuestra juventud y a Europa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Muchas gracias, señora presidenta.
Habida cuenta de que nada tienen que ver las reflexiones que acaba de hacer usted con el tema de la pregunta que nos ocupa, me va a permitir, señora presidenta, después de las interrupciones que he tenido en mi anterior respuesta, que le
diga al señor Iglesias que, sin haber tenido una base legal suficiente (Protestas), no puede tildar a este grupo ni al resto de la Cámara, a ninguno, de nada ni darnos lecciones de ningún tipo. (Fuertes rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio. Silencio.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Señor Girauta, usted ha venido hoy a hacer una reflexiones y lo entiendo porque es el escenario en el que todos ustedes se han instalado en la última semana. Le puedo asegurar que el Gobierno
ha adoptado las medidas previstas tanto en la Constitución como en el ordenamiento jurídico para velar no solo por la legalidad, sino también por la convivencia pacífica en Cataluña -así se ha venido demostrando- y por la neutralidad institucional
que hay que tener en aquella comunidad autónoma. Las medidas las conoce sin duda, pues su partido las apoyó en el Senado, y si no han cambiado de opinión, que creo que en eso no, las siguen apoyando.
Han hecho alusiones reiteradamente a que en Cataluña ni se ha preservado la convivencia ni se ha observado la legalidad. Hoy ha venido a hacer unas reflexiones de carácter genérico y he de decirle que estamos satisfechos de la aplicación
del artículo 155. Ha sido una aplicación con prudencia, una prudencia que sin duda alguna nos ha llevado a ser capaces de mantener allí la normalidad y la neutralidad institucional. Lo que no me parece bien es que vuelvan a hacer reflexiones y
pretendan confundir a la opinión pública en relación con el contenido de una sentencia. Esta mañana el ministro de Justicia lo ha explicado y yo no voy a agotar el breve tiempo que tengo para volver a dar una justificación. Nada de lo que están
diciendo se ha producido; es mentira lo que están apreciando y es mentira lo que están argumentando. Lo que sí le puedo decir es que en un momento determinado, cuando ha habido una situación complicada en Cataluña, el Gobierno del Partido Popular,
el Gobierno de Mariano Rajoy, consiguiendo un consenso mínimo, ha sido capaz de devolver la neutralidad institucional y al mismo tiempo una estabilidad institucional, administrativa y política en Cataluña, que era lo que quería en general la
sociedad catalana. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ GARCÍA-PELAYO JURADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LAS RECIENTES OPERACIONES DESARROLLADAS POR LAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, CONTRA EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES EN LA ZONA DEL ESTRECHO? (Número de expediente 180/000648).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña María José García-Pelayo Jurado, del Grupo Parlamentario Popular.
La señora GARCÍA-PELAYO JURADO: Señora presidenta, señor ministro del Interior, señor Zoido, hoy, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tengo la oportunidad de interpelarle en relación con una realidad que sabemos que le preocupa. Le
preocupa al Gobierno, a nosotros y sobre todo a los vecinos del Campo de Gibraltar, que exigen respuestas. El tráfico de drogas no es algo nuevo, como bien decía el señor De la Encina, en la comarca del Campo de Gibraltar. Aún recordamos como en
los años ochenta y principios de los noventa, José Chamizo, Paco Mena, Micaela Pérez y otras madres y por supuesto pensionistas y jóvenes, pero también políticas, como Teófila Martínez, lucharon por la consideración del toxicómano como un enfermo y
con valentía y compromiso se enfrentaron a los clanes de la droga. En aquellos tiempos, señor De la Encina, el apoyo institucional fue escaso o nulo; hoy, sobre todo tras la trágica muerte del niño de nueve años en aguas de Getares, las
conciencias han vuelto a despertar y la lucha cívica ha vuelto a tomar la calle, una lucha cívica que con una única voz reclama vivir en paz en la mayor frontera en la lucha contra la droga: el Campo de Gibraltar.
El Campo de Gibraltar no es droga; el Campo de Gibraltar es buena gente, es gente solidaria y trabajadora, que reclama a las administraciones que trabajen juntos porque saben que cuando lo hacen así es bueno para los ciudadanos. Por parte
del Gobierno de España hay un compromiso claro. El ministro del Interior, el señor Zoido, constantemente está físicamente en el Campo de Gibraltar y también el delegado y el subdelegado del Gobierno. Ha mantenido reuniones importantes al más alto
nivel que él mismo explicará, pero sobre todo ha adoptado medidas, como antes nunca se hizo, que están significando un antes y un después, señor De la Encina, en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar.
El pulso que los narcotraficantes están echando al Estado, a los ciudadanos del Campo de Gibraltar y a toda la provincia de Cádiz no lo van a ganar, porque aquí hay un Gobierno fuerte y comprometido que les está plantando cara y les va a
seguir plantando cara. Hoy, señor Zoido, estoy segura de que nos va a informar de todas las actuaciones que se han realizado. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por el compromiso tan
sólido que están manteniendo con la comarca, pero sobre todo para lanzar un mensaje positivo y de optimismo a los vecinos. No están solos, el Gobierno de España... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Muchas gracias, presidenta.
Señora García-Pelayo, el Gobierno de la nación está satisfecho y la valoración es positiva, pero queda mucho camino por recorrer. Como bien decía, se trata de una actuación integral la que se tiene que realizar en aquella zona. No hay solo
problemas de seguridad; cuando hay problemas de seguridad es porque han fallado otros muchos sistemas que se tenían que haber venido aplicando anteriormente. La conclusión es que después tienen que actuar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y es lo que han venido haciendo.
Como bien decía, lo primero que hemos hecho es propiciar un encuentro al más alto nivel de todas las administraciones para que todos nos comprometamos con ese plan integral que debe tener como consecuencia que aquella zona sea lo que siempre
ha sido y tiene que seguir siendo: un lugar donde hay buena gente que quiere convivir. Son muchas las operaciones que se han venido realizando en los últimos meses. Antes le he dado una cifra y ahora le quiero dar otra. En el año 2017, como ya
apuntaba antes, se incrementaron en más de un 300 % las incautaciones de cocaína y en un 45 % las incautaciones de hachís. Se batió un récord de destrucción de droga el año pasado: 477 toneladas de droga destruidas. Esto es lo que hemos venido
haciendo. Los magníficos resultados que están teniendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los últimos meses han dado lugar a que se produzca un incremento
muy notable de las incautaciones; no solo eso, sino que también se ha incautado un número importantísimo de narcolanchas -lo que antes nunca se había hecho-, que están siendo objeto de regulación. Ya se está tramitando y se han mandado
circulares a todos los ministerios del real decreto por el que Hacienda y el Ministerio del Interior van a declarar las narcolanchas como objetos prohibidos. Vamos a seguir trabajando en la misma línea, porque se han producido más detenciones que
nunca, mayores incautaciones que nunca y se han intervenido por primera vez muchos litros de combustible. Esa es la tarea que estamos haciendo para combatir desde el punto de vista logístico todo de lo que los narcotraficantes se aprovechan.
Señorías, el Gobierno de España le ha declarado la guerra a los narcotraficantes. Ellos saben que no va haber tregua, porque tenemos que recuperar la pública y pacífica convivencia, pero es verdad que todas las administraciones tienen que
poner de su parte. Hoy estamos hablando aquí de seguridad, pero no podemos olvidar... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA SURRA SPADEA, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON GABRIEL RUFIÁN ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO ESPAÑOL CESAR A LA SECRETARIA DE ESTADO DE
COMUNICACIÓN? (Número de expediente 180/000629).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida ahora al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. Pregunta de la diputada doña Ana María Surra Spadea del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Adelante, señoría.
La señora SURRA SPADEA: ¿Piensa el Gobierno español cesar a la secretaria de Estado de Comunicación?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Señora presidenta, buenos días.
Señoría, cuando yo era jovencito -hace ya mucho tiempo- y estudiaba gramática, cesar era un verbo intransitivo y, por tanto, nadie podía cesar a otro, sino que cesaba uno cuando le destituían. Pero luego la Real Academia Española cambió de
opinión y ahora se puede cesar a alguien. Por lo tanto, yo le respondo que el Gobierno no cesará a la secretaria de Estado de Comunicación.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Adelante, señoría.
La señora SURRA SPADEA: Ustedes deberían cesarla, porque le ha faltado al respeto a nueve millones de pensionistas que con su trabajo han construido este país y que están reivindicando sus justas demandas. Además, sepa que el Gobierno no
es el dueño de las pensiones. Las pensiones son un salario diferido de los trabajadores y son los trabajadores los que tienen que hablar sobre ellas, no son un regalo del Gobierno. Además, le preguntaría, ¿tiene el Gobierno algún plan para subir
las pensiones sin aumentar los impuestos de todos los demás? Nosotros le proponemos como plan de choque un ejemplo, la modificación temporal de un precepto de la normativa de la Ley de Extranjería. La inmigración está y se queda, por lo tanto hay
que tomar una decisión sobre este aspecto, y si la podemos combinar con las pensiones, mejor. Hoy en día para la autorización primera de trabajo se necesitan tres años de residencia ininterrumpida o empadronamiento, un contrato laboral de un año y
un informe de arraigo. Se podría optar por una reglamentación excepcional en la que podrían bajarse los tres años de residencia a uno y el contrato de trabajo de un año a tres o seis meses. Le pongo el ejemplo de Cataluña, donde en estos tres
últimos años se han regularizado por el antiguo régimen 20 000 personas. Haciendo un cálculo al mínimo, si hacemos esta regularización excepcional se tendrían que regularizar 20 000 más, lo que significa un mínimo de ingresos para la Seguridad
Social de 9 millones de euros, y para Hacienda, señor Montoro, de 20 millones de euros, o sea, 29 millones de euros que se podrían concentrar en las arcas del Estado y pagar las jubilaciones sin necesidad de crear otro impuesto como el de Google,
que es difícil de...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Surra.
No ha terminado su tiempo. Solo quiero decirle que tiene usted que dirigirse al señor ministro en los términos y en el contenido de su pregunta. Lleva minuto y medio hablando de otros temas distintos. Tiene libertad de expresión, pero lo
que no puede hacer es estar todo el tiempo hablando de otro asunto. (Rumores).
La señora SURRA SPADEA: Perdone, no es otro asunto ya que el problema de los pensionistas es porque no hay dinero y yo estoy diciendo cómo sacar dinero solucionando otro problema. En todo caso, no soy la primera que hablaría de otro punto.
(Aplausos). Lo que quiero decir...
La señora PRESIDENTA: Terminó su tiempo, señoría.
La señora SURRA SPADEA: ¿Por qué me corta?
La señora PRESIDENTA: No le corto, señoría, lo que pasa es que han pasado ya veinticinco segundos de su tiempo, que era el tiempo que tenía usted pendiente.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Permítame, señora presidenta, agradecer el tono de la señora Surra, que es un contraste bárbaro con lo que ha pasado esta mañana aquí, aunque la verdad es que me
ha preguntado por una cosa y luego nos ha dado la teoría general de las pensiones. La ministra de Empleo o el ministro de Hacienda seguro que saben mucho más que yo de eso. (Rumores). ¿Me dejan ustedes hablar? Es que murmullan ustedes mucho.
Señoría, si usted quiere -estoy seguro que sí- que en España se garanticen las pensiones y que los pensionistas tengan cada vez más dinero, les voy a decir lo que tienen ustedes que hacer, aparte de escuchar su teoría de las pensiones, que
es no votar la moción de censura del Gobierno Frankenstein del señor Sánchez. (Rumores). ¿Sabe usted por qué? Porque los responsables de que España haya estado en la bancarrota son esos señores. (Rumores-La señora Surra Spadea pronuncia palabras
que no se perciben). ¿Sabe por qué van a votar ustedes al señor Frankenstein y su Gobierno? Oiga, no me señale con el dedo, señoría. (La señora Surra Spadea pronuncia palabras que no se perciben). ¿Sabe por qué van a votar ustedes al señor
Frankenstein? Porque a ustedes el señor Sánchez les resulta más cómodo que este Gobierno del Partido Popular, porque a ustedes las pensiones les importan un bledo, señoría. (Aplausos). ¿Sabe por qué les importan un bledo? Porque ustedes han
votado contra el alza de las pensiones contenida en los Presupuestos Generales del Estado (Aplausos), el alza más importante de los últimos tiempos, y han votado ustedes en contra, señoría, está en el Diario de Sesiones. Ustedes van a votar a favor
del Gobierno Frankenstein porque les resulta más cómodo a los independentistas el señor Sánchez que un Gobierno del Partido Popular. ¿Y sabe una cosa? Que tiene usted razón, porque el señor Rajoy jamás permitiría a los independentistas llevar
adelante sus intenciones. Por tanto, entiendo muy bien lo que van a...
La señora PRESIDENTA: Señor ministro, a la cuestión. (Rumores.-Aplausos). Continúe.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Señoría, no, no vamos a cesar a la secretaria de Estado de Comunicación porque no ha faltado al respeto a nadie, señoría, y porque inmediatamente después pidió
disculpas a aquellos que pitaron al presidente del Gobierno. Nosotros, señoría, a los hechos, ahí nos tiene usted, habiendo salvado a España del rescate y habiendo hecho... (Rumores.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ESTHER PEÑA CAMARERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿QUÉ PLANES TIENE EL GOBIERNO RESPECTO DE LA POBREZA LABORAL? (Número de expediente 180/000641).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Pregunta de la diputada doña Esther Peña Camarero, del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señoría.
La señora PEÑA CAMARERO: Gracias, presidenta. Buenos días.
Señora ministra, ¿qué planes tiene el Gobierno respecto a la pobreza laboral que sufrimos en nuestro país?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señora presidenta.
Seguir creando todos los días más y mejores empleos en España.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Adelante, señora Peña.
La señora PEÑA CAMARERO: Señora ministra, esto no es una broma. La situación económica y laboral de miles de familias en nuestro país es dramática. Quizá en su despacho ni lo ve ni lo siente, pero en este país se levantan cientos de
personas todos los días con la angustia de no saber si mañana les van a renovar, si les reducirán las horas o si podrán mantener a su familia, porque, aun trabajando, el 15 % de los hogares españoles vive bajo el umbral de la pobreza. Esa realidad
se refleja en el liderazgo europeo que el Partido Popular ha dado a España. La OCDE nos acaba de señalar como líderes europeos en pobreza laboral, como líderes en recuperación de beneficios para millonarios pero no de salarios, como líderes en paro
juvenil y como líderes también en temporalidad, doblando la media europea. Señora ministra, ¿esto es amor a los colores, ganar la Champions para España en desigualdad, en temporalidad y en precariedad? Esta es su herencia, el fracaso de su
política laboral, porque ¿qué país estamos construyendo para nuestros hijos con contratos de corta duración y salarios que apenas cubren las necesidades básicas? ¿Qué servicios públicos y sistema de pensiones vamos a recibir tras su paso por el
Gobierno? Todo esto sucede mientras ustedes hablan de estabilidad, pero digan la verdad, díganla por última vez. Ustedes hablan de su estabilidad, no de la de los jóvenes que suman contratos de formación estando sobrecualificados. Hablan de la
estabilidad de los suyos, no de la de los desempleados mayores de cuarenta y cinco años sin oportunidades. Hablan de la estabilidad de la gente que más tiene, no de la de miles de mujeres que sufren contratos temporales y parciales involuntarios.
Ni siquiera es la Gürtel, que también, son ustedes, es su Gobierno, por eso nadie podrá pensar, tras conocer estos datos, que deban tener ni un minuto más de gloria. Así que, señora ministra de Empleo, no queda otra, vamos a firmar su finiquito.
Con esta moción, los españoles y españolas vamos a firmar la finalización de su contrato por incompetencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señora presidenta.
Es surrealista que el Partido Socialista venga a dar lecciones de empleo a esta Cámara cuando se destruían 1500 empleos cada día cuando gobernaban; más de tres millones de puestos de trabajo perdidos, señoría. (Aplausos). La mayor pérdida
para una persona es perder su fuente de ingresos, que es su empleo. ¿Sabe usted qué dice la OCDE y la OIT? Que no hay mayor instrumento para luchar contra la pobreza laboral y contra la desigualdad que tener un puesto de trabajo, señoría. En eso
es en lo que hemos empeñado desde el primer momento nuestra acción de Gobierno. Los datos son contundentes. El riesgo de pobreza es cuatro veces menor entre aquellos que tienen un puesto de trabajo que entre los que están en el paro. Por tanto,
sigue siendo la prioridad en España seguir creando empleo. Señoría, los datos no se tienen que comentar, se leen. De 2008 a 2011, con un Gobierno socialista, la mitad de los nuevos parados en Europa, desgraciadamente, eran españoles, y el 45 % de
los europeos que entraban en riesgo de pobreza eran españoles. ¿Sabe lo que pasó desde que gobernamos, desde la recuperación? Que España crea 500 000 empleos al año gracias a la sociedad española y que tres de cada cuatro que abandonan la pobreza
en la Unión Europea son españoles porque encuentran empleo todos los días en España, señoría. Esa es la gran diferencia. Año tras año mejoran los indicadores sociales y también los
de pobreza laboral en nuestro país, como ocurrió el año pasado, señoría. Esa España del crecimiento, del empleo y de las oportunidades la quieren poner ustedes hoy en riesgo presentando una moción de censura irresponsable que solo tiene un
objetivo: dar un contrato de trabajo en esta Cámara al señor Sánchez, que hoy no lo tiene. Es una vergüenza poner en riesgo la estabilidad de España, el empleo y las oportunidades de muchos españoles. Nosotros seguiremos trabajando por ello y
ustedes, como siempre, en la política partidista y en la política oportunista. Es una vergüenza, siendo usted, como es, un miembro más del Partido Socialista que tanto hizo en el pasado por nuestro país.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA PÉREZ HERRAIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿HASTA CUÁNDO VA A SEGUIR CONSIDERANDO EL GOBIERNO A LAS PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL
ÁMBITO DEL HOGAR FAMILIAR COMO TRABAJADORAS DE SEGUNDA CATEGORÍA? (Número de expediente 180/000642).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Margarita Pérez Herraiz, del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señoría.
La señora PÉREZ HERRAIZ: Gracias, presidenta.
Señora ministra, ¿hasta cuándo va a considerar el Gobierno a las empleadas del hogar trabajadoras de segunda categoría?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señora presidenta.
Todos los españoles para nosotros son la prioridad, y también las empleadas del hogar y las familias que las contratan, señoría.
Muchas gracias, señor presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Pérez Herraiz.
La señora PÉREZ HERRAIZ: Según la EPA del primer trimestre trabajan en el servicio del hogar familiar 637 700 personas; el 53,2 % a tiempo parcial, que es el porcentaje más alto de todas las ramas de actividad, y solo están de alta en la
Seguridad Social 418 408 personas, de las cuales el 95,4 % son mujeres, con un salario medio de 343,2 euros. Por tanto, trabajan en este sector mujeres con pocos salarios y poca protección social. En 1985 se reguló el régimen especial de
trabajadores domésticos y en 2011 se aprobó su integración en el Régimen General de la Seguridad Social, que establecía que a partir del año 2019 las bases de cotización se homologarían con el resto del régimen general, pero acaban de aprobar
ustedes que esa homologación se retrase hasta el año 2024, cinco años más. En primer lugar, carecen ustedes totalmente de planificación. No tiene sentido que necesiten presentar una enmienda a sus presupuestos para modificar una previsión que se
conoce desde 2011. Una vez más, con sus decisiones, perjudican a las mujeres que trabajan con más dificultades, menos protección y menos salarios. Su justificación es que el cumplimiento de las obligaciones para los empleadores podría suponer una
carga administrativa excesiva, en cuyo caso podrían facilitar esas obligaciones de los empleadores en lugar de limitar los derechos de las trabajadoras. También quedan al margen estas trabajadoras de una protección eficaz de la salud, ya que la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales no es de aplicación para ellas. Todo esto a pesar de que en 2011 la Organización Internacional del Trabajo aprobó el Convenio 189 sobre el trabajo decente en el hogar, pero España no lo ratifica.
Un Gobierno socialista incluyó el trabajo doméstico en la Seguridad Social y otro Gobierno socialista reguló la equiparación del sistema especial con el régimen general. Pero el Gobierno del Partido Popular limita y reduce derechos. Como
ustedes aplazan la equiparación del sistema especial para empleadas del hogar, no ratifican el Convenio 189 y no regulan la adecuada protección de la salud de las empleadas del hogar, es necesario otro Gobierno. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, un dato para empezar, hoy más afiliadas en el régimen del hogar en España que en el año 2011 cuando nosotros llegamos al Gobierno. Señoría, usted sabe igual que yo que la calidad en el empleo empieza por un contrato. ¿Quiénes
firman ese contrato? Las familias, que son trabajadores y trabajadoras españolas que necesitan una ayuda en casa para poder conciliar la vida laboral y familiar, por tanto, no estamos ante un empresario al uso. ¿Qué es lo que ha hecho este
Gobierno? Mejorar las normas para favorecer a las familias y también a las trabajadoras y trabajadores empleados en el hogar. ¿Qué hemos hecho en estos presupuestos? Extender la bonificación del 20 % en la base de cotización que se estableció con
anterioridad por el Gobierno socialista pero que terminaban en el año 2014; lo hemos extendido a 2018 para favorecer a las familias. Sabe también que la bonificación es de un 45 % para las familias numerosas en España. ¿Y eso qué supone? Por una
parte, un menor coste para las familias y, por otra parte, una mejor cotización para las empleadas del hogar. ¿Por qué, señoría? Porque tendrán mejores prestaciones sociales en el futuro y pensiones gracias a una mayor cotización como hoy tienen y
evitamos juntos la economía sumergida y el fraude. En segundo lugar, ¿qué hemos hecho? Simplificar administrativamente y disminuir los costes para las familias, señoría, claro que sí. Hemos hecho una nueva escala de cotización que disminuye los
costes de cotización de las familias, también de las trabajadoras. ¿Y qué hacemos? Que las empleadas del hogar puedan darse de alta como afiliadas para evitar esa burocracia que hacía que muchas trabajaran en negro, señoría. ¿Y con todo qué
queremos? Garantizar el empleo de calidad de ellas y disminuir los costes de la familia. ¿Qué tenemos hoy claro en la Seguridad Social? Que si equiparamos hoy esa situación, bajarán las bases de cotización del 62 % de las trabajadoras, con lo que
disminuiría su futura pensión y aumentaremos los costes de la familia. Por eso, queremos hacer esa equiparación de regímenes sin que nadie pierda y vamos a encargar un informe al Consejo Económico y Social para que vea cómo podemos hacerlo lo antes
posible.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL MAYORAL PERALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿QUÉ MEDIDAS DE CONTROL PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA
EVITAR QUE PRODUCTOS FINANCIEROS TÓXICOS Y DE ALTO RIESGO, COMO LAS PREFERENTES, SEAN COMERCIALIZADOS POR LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA IMPEDIR QUE SE PRODUZCAN MÁS ABUSOS? (Número de expediente 180/000635).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Economía, Industria y Competitividad. Pregunta del diputado don Rafael Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal del Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Adelante,
señoría.
El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, hemos conocido recientemente un auto de archivo acerca de la pieza separada de Bankia sobre preferentes y le queríamos preguntar qué medidas legislativas y de control piensa adoptar el Gobierno para evitar que productos
financieros tóxicos y de alto riesgo, como las preferentes, sean comercializados por las instituciones financieras y garantizar que no se produzcan más abusos.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (Escolano Olivares): Muchas gracias, presidenta.
Señoría, el Gobierno ya modificó en 2012 la normativa para limitar el acceso a los inversores minoristas de este tipo de productos que prioritariamente desde entonces tienen que estar dirigidos a inversores profesionales. Igualmente, se
obligó a incrementar la transparencia de las cláusulas bancarias y a evitar prácticas abusivas, pero queremos ir más allá y en este momento está en discusión en las Cámaras y en
tramitación un proyecto de ley de crédito inmobiliario que precisamente tiende a favorecer la transparencia para los consumidores minoristas y, por otra parte, estamos tramitando -se va a presentar en las Cámaras próximamente- una nueva Ley
de mercado de valores que traspone al derecho español la llamada Directiva Mifid II, que precisamente incluye como filosofía fundamental la protección de los inversores minoristas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Mayoral, adelante.
El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, las participaciones preferentes son la crónica de dos estafas financieras, la crónica del sufrimiento de los sectores populares durante la crisis. Las participaciones preferentes nacieron en paraíso fiscal. Entre 1998 y
2003 las entidades financieras crearon sociedades en las islas Caimán para emitir preferentes. Ya en 2001 una investigación de la Fiscalía Anticorrupción apuntaba a que este producto financiero podría ser una herramienta de elusión fiscal; algunos
cálculos apuntaban a que esa elusión fiscal podría calcularse entre los 3000 y los 6000 millones de euros. En 2003 se decidió darle carpetazo y, lejos de perseguir este fenómeno, se autorizó la emisión en España. Las preferentes fueron pensadas
para inversores institucionales con altos conocimientos profesionales, pero la realidad fue bien distinta, fueron colocadas a jubilados, a personas trabajadoras, a pequeños ahorristas. En 2009 se dejan de emitir preferentes en nuestro país, pero,
como todo el mundo sabe, se siguieron colocando a nuestros jubilados, a nuestros mayores, en lo que vino a denominarse una auténtica estafa piramidal porque ya no se emitía, porque el mercado era ficticio y lo único que se hacía era buscar liquidez
para los grandes inversores a costa de la gente trabajadora de nuestro país. El Estado incumplió su obligación de proteger a los más débiles; aplicó un sistema de quitas sin cobertura siquiera.
Señores del Gobierno, lo que hace falta cuanto antes es reconocer el daño causado, un daño que no solo es un perjuicio económico sino también un perjuicio a la salud; ya existen estudios de cómo se atentó contra el derecho a la salud de las
personas afectadas por estos casos, de cómo afectó al conjunto de sus familias y de cómo, además, no ha existido un reproche a las entidades financieras ya que las multas son irrisorias, apenas de 45 millones de euros, cuando hablamos de miles de
millones de euros defraudados. Necesitamos medidas para que esto no se repita y para decir a los consejos de administración de los bancos que nadie está por encima de la ley. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (Escolano Olivares): Gracias.
Señoría, creo que ya le he explicado que en el año 2012 se cambió la normativa precisamente para hacer que este tipo de participaciones preferentes se dirigieran de forma prioritaria al mercado profesional o al mercado mayorista. Se cambió
también la regulación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para favorecer el control de los productos financieros llamados complejos y se obligó a los consumidores a presentar una expresión manuscrita de consentimiento. Si estas normas
hubieran estado en vigor en el periodo anterior, no se habrían producido muchas de las circunstancias que usted menciona, y precisamente el Gobierno hace ya unos cuantos años hizo los cambios necesarios. Si usted tiene alguna de estas quejas o
alguna de estas cuestiones, diríjalas en prioridad al partido que gobernaba en aquel momento, con el cual ustedes están en estos momentos poniendo en tela de juicio la estabilidad económica de España, la estabilidad de los mercados financieros,
porque hablar estos días de protección al consumidor, de protección a las familias, de protección a las inversiones, es una gran paradoja cuando ustedes esta misma semana, desde el viernes pasado, están poniendo en tela de juicio con los acuerdos a
los que quieren llegar la estabilidad de una de las economías que estaban siendo una de las anclas fundamentales del crecimiento de la Unión Europea, y en este momento, vista la crisis financiera que se está provocando en la zona euro y los
acontecimientos que estamos viendo en Italia, la gran irresponsabilidad de ver sometida a España a una inestabilidad política es verdaderamente la principal amenaza a la evolución de los ahorros y las inversiones de las familias españolas.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ CAMBIOS EN LAS PREVISIONES DE TIEMPOS DE LOS ITINERARIOS FERROVIARIOS DESDE MADRID A LEÓN, OVIEDO Y GIJÓN HA REALIZADO EL
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) TRAS LAS MODIFICACIONES APROBADAS EN LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE PGE 2018? (Número de expediente 180/000633).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Fomento. Pregunta del diputado don Isidro Manuel Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto. Adelante, señoría.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Fomento, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la pasada semana el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, en cuyo trámite se incorporaron varias enmiendas de Foro para que la línea ferroviaria
Madrid-Valladolid-León-Asturias se homologue a los demás corredores de alta velocidad. De ahí que me parezca necesario conocer las nuevas previsiones de tiempos de los itinerarios ferroviarios desde Madrid a León, Oviedo y Gijón realizados por Adif
tras los cambios en la naturaleza y programación de las obras que atañen a estas modificaciones presupuestarias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Muchas gracias, presidenta.
Gracias, señor Martínez Oblanca. Como usted conoce, el tiempo de viaje previsto en el AVE a Asturias será de dos horas treinta minutos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: El acuerdo de legislatura Partido Popular-Foro que soporta nuestro apoyo al Gobierno no busca privilegio alguno para Asturias, sino la equiparación con el resto del territorio español en el disfrute de la alta
velocidad. Tomando como referencia las velocidades y los tiempos de recorrido de las demás líneas ferroviarias españolas ya en servicio, las previsiones iniciales de Adif que usted mismo hizo públicas a finales del pasado año no corresponden a una
línea de alta velocidad, discriminaban a Asturias y estaban lejos de los objetivos planteados cuando se afrontaron los grandes proyectos de esta línea con las emblemáticas variantes de Guadarrama y Pajares y sus kilométricos túneles. Una vez
ejecutadas todas las obras, incluidas las de duplicación de vía, electrificación a 25 000 voltios, sistema de comunicaciones y seguridad ERTMS, el tiempo de viaje desde Madrid a Oviedo tiene que ser, como usted acaba de confirmar, de dos horas
treinta minutos, porque para eso se acometió en el año 2000 el Plan de Infraestructuras de Transporte y se han realizado avances colosales gracias a enormes inversiones económicas de las que hay que obtener la mayor rentabilidad social al servicio
de todos los ciudadanos.
Los presupuestos para 2018 son el gran instrumento para cumplir en esta legislatura el acuerdo de Gobierno Partido Popular-Foro, efectuando diligentemente las licitaciones y acometiendo las obras pendientes para que la línea
Madrid-Valladolid-Palencia-León-Asturias entre en servicio cuanto antes, señor ministro, de acuerdo con las especificaciones europeas de interoperabilidad establecidas para que una línea ferroviaria sea considerada de alta velocidad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Muchas gracias, presidenta.
Gracias, señor Martínez Oblanca. Estamos trabajando intensamente para la llegada de la alta velocidad a Asturias a través de distintos proyectos. Uno de ellos es la duplicación de la vía y el acondicionamiento de la electrificación y
sistemas de seguridad en el tramo río Duero-Valladolid. Estamos finalizando el ERTMS, que conseguirá una reducción de diez minutos hasta León. Estamos eliminando el
fondo de saco de León, que va a conseguir también una reducción de quince o veinte minutos, con una inversión de 25 millones de euros. Hemos sacado a licitación el tramo León-La Robla, que en su conjunto supone una inversión de 100 millones
de euros y vamos a adjudicar próximamente las obras. Estamos también en licitación a punto de adjudicar las actuaciones en la variante de Pajares, a la que le restan todavía unos 200 millones de euros. Vamos a sacar ahora en junio el cambiador de
ancho de Campomanes. Tenemos prevista una inversión entre Pola de Lena y las ciudades asturianas de 90 millones de euros en nuestro plan de Cercanías y tenemos otras actuaciones contempladas para seguir avanzando en el nuevo estudio informativo del
tramo Pola de Lena-Oviedo-Gijón-Avilés y en la ampliación a doble vía de los distintos tramos entre Valladolid y Palencia. Esto es lo que va a ocurrir, con una inversión global de 3670 millones de euros para la llegada de la alta velocidad,
consiguiendo al final del año 2019 poner en marcha uno de los tubos de la variante de Pajares y en el verano del año 2020 el otro tubo. Insisto, esto es lo que va a suceder, a no ser que saliera adelante la moción de censura prevista, puesto que,
como todo el mundo conoce, y los cántabros lo vivimos en primera persona, lo primero que hizo el PSOE cuando llegó a gobernar fue retirar del Boletín Oficial del Estado el AVE a Cantabria y, como todo el mundo sabe, la posición de Podemos es muy
clara. Leo textualmente: No entiende los motivos que llevaron al Gobierno de España a apostar por la alta velocidad en España y lamenta el empeño del ministro de Fomento De la Serna en una línea de alta velocidad hacia la región. Imagínese usted
lo que le podría pasar a Asturias si se produjera ese Gobierno que el señor Sánchez prevé. (Aplausos.-El señor Bermúdez de Castro Fernández pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Señora presidenta, por una cuestión de orden, por el artículo 71 del Reglamento.
La señora PRESIDENTA: Adelante, señoría.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: A lo largo de esta sesión de control, olvidando que esta ese la casa de la palabra como expresión de la voluntad popular, algunos intervinientes, especialmente el señor Rufián, que en este momento no
está, han lanzado acusaciones muy graves contra los diputados del Grupo Parlamentario Popular; acusaciones que ofenden la dignidad de mi grupo. Por ello, le pediría, por el buen orden de esta institución y en uso de sus prerrogativas, señora
presidenta, que retire esas acusaciones y esas expresiones del Diario de Sesiones. (Aplausos.-El señor Olòriz Serra pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: Adelante.
El señor OLÒRIZ SERRA: De ninguna manera las retiramos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: La Presidencia, en virtud de las facultades que le atribuye el Reglamento, tomará la decisión que le parezca más acorde al decoro de la Cámara. 2
Continúa la sesión.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, AL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN SOBRE EL INSTITUTO CERVANTES. (Número de expediente 172/000125).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación sobre el Instituto Cervantes.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Rivera de la Cruz.
La señora RIVERA DE LA CRUZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, en los acuerdos firmados en 2016, Ciudadanos insistió en incluir un punto dedicado exclusivamente al Instituto Cervantes. Se pedía la apuesta por su expansión y su consolidación
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como referente en la enseñanza y la acreditación del español, así como el papel que debe jugar como promotor de la cultura en español. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora RIVERA DE LA CRUZ: Pese a que esta legislatura está agotada por corrupción, debemos recordar que el Gobierno de Mariano Rajoy nunca manifestó el menor interés por cumplir su compromiso no ya con nosotros, sino con una institución
que merecía mucho más respeto y mucho más cariño que el que ustedes en estos meses le han demostrado.
El Instituto Cervantes nació en 1991 como el más ambicioso proyecto cultural español en muchas décadas. En estos años ha conocido tiempos más y menos prósperos, épocas de mayor o menor brillantez, varias crisis y descalabros
presupuestarios. El Instituto Cervantes es una gran idea que, sin embargo, nunca ha estado a la altura de las inmensas posibilidades que tiene, especialmente ahora, en un momento de enorme expansión global del idioma español. Lamentablemente,
parece que no existe un interés real por hacer evolucionar la institución.
Es cierto que produce una cierta melancolía interpelar a quien ya no va a poder hacer nada por mejorar la situación del Cervantes, pero creo que tenemos la posibilidad y la responsabilidad de hacer constar nuestro punto de vista para empezar
a mirar hacia el futuro, que es lo que necesita no ya el Cervantes sino el país entero. Para este Gobierno ya ha empezado el pasado, pero como en estos meses ha sido usted, señor Dastis, el máximo responsable de la red de centros Cervantes, quiero
interpelarle sobre el trabajo que se ha hecho.
Hablemos de la expansión de los Cervantes. Están presentes en cuarenta y cuatro países, con ochenta y siete centros. La política de apertura es realmente difícil de entender, mientras Marruecos cuenta con seis centros y en Brasil hay ocho,
sin embargo no hay ninguno en Suiza, y en Japón y en China solamente hay uno. ¿Qué ha pasado por ejemplo con los institutos Cervantes en Zurich y en Seúl? Su apertura fue anunciada. ¿También en Luxemburbo? Su apertura era inminente en 2015. El
propio ministro García-Margallo anunció en sede parlamentaria la apertura de un Instituto Cervantes en Singapur, que sin embargo cuenta ahora solamente con un pequeñísimo centro asociado. En 2015 se anunció a bombo y platillo la inauguración del de
Washington con esta declaración, y leo: La apertura en Washington se considera de especial interés dado que esa ciudad no solo es sede del Gobierno Federal de Estados Unidos, sino también de importantes organismos internacionales. Con esta
iniciativa el Instituto Cervantes impulsará la coordinación de actividades con diversos países de Hispanoamérica con presencia cultural en Washington. Evidentemente, era una interesante declaración de intenciones, pero tres años después sigue sin
haber Instituto Cervantes en Washington.
Señor Dastis, la política del Gobierno del PP en lo tocante a la expansión del Cervantes en Estados Unidos es incomprensible. Después de México, Colombia y España, Estados Unidos es el cuarto país en número de hispanohablantes. El
crecimiento del español es tan pujante que se dice que en 2050 podría ser el segundo país e incluso el primero en número de hablantes de español. California y Texas son territorios bilingües. Es un territorio bilingüe la ciudad de Nueva York. En
nuevo México o en Miami prevalece el español. Estudian español en Estados Unidos 8 millones de personas. ¿Sabe cuántas de todas estas personas pasan por los centros Cervantes? Apenas 8000. Es una gota de agua en el océano. ¿Y sabe por qué pasa
eso? Porque nuestra red de centros Cervantes en Estados Unidos es claramente insuficiente. Tenemos solamente un gran centro en Nueva York y, aparte de eso, hay un centro que funciona bien en Chicago; uno modestísimo en Alburquerque; un aula en
Seattle, con unos objetivos lógicamente muy limitados, y un observatorio de la lengua en Harvard. Eso es todo lo que hay. La estructura del Cervantes en Estados Unidos es menos consistente que en Brasil, en Alemania, en Marruecos, en Francia o en
Italia. En Estados Unidos el Cervantes no es un agente activo en el proceso de crecimiento del español pero, si nos situamos de tal modo que la ola del idioma también nos empuje a nosotros, sí podemos aspirar a ser importantes. Si no hallamos
nuestro sitio, estamos condenados a ser insignificantes y, por eso, hay que atender a dos ejes fundamentales: la extensión de la red Cervantes y la acreditación como marca. La apertura en Washington es irrenunciable, estar en la capital tiene que
ser una prioridad. Pero tampoco es la única, en Miami hay un centro cultural que depende de Aecid, que no entiendo muy bien por qué tiene esa función. Debe pasar a convertirse de inmediato en un Instituto Cervantes, no es difícil, hay precedentes.
Hubo ese traspaso, por ejemplo, con varios centros culturales en Brasil. En Houston y en San Francisco debemos abrir centros funcionales al estilo de Chicago, porque en ambos
territorios existe una sólida comunidad de hispanohablantes, así que contamos con un territorio que está más que bien abonado.
El Cervantes debería nadar a favor de las distintas corrientes que conforman la América hispana en Estados Unidos y trabajar en esa identidad común basada fundamentalmente en el idioma. Escribió el gran Carlos Fuentes: 'Creo profundamente
que es la lengua española la que, con mayor elocuencia y belleza, nos da el repertorio más amplio del alma humana, de la personalidad individual y de su proyección social. No hay lengua más constante y más vocal: escribimos como decimos y decimos
como escribimos. ¿Y qué decimos? ¿Qué hablamos? ¿Qué escribimos? Nada menos que el diccionario universal de las pasiones, las dudas, las aspiraciones que nos comunican con nosotros mismos, con los otros hombres y mujeres, con nuestras
comunidades, con el mundo'. Así es, señor Dastis, compartimos la herencia fértil de un idioma caudaloso e inabarcable, que crece incontenible y que se enriquece cada día con el impulso de quienes lo hablamos. El Cervantes es una institución
española que debe tener la voluntad de trascender nuestras fronteras para convertirse en el gran referente de promoción de la cultura de la América hispana. España tiene la oportunidad y también el deber de utilizar sus redes culturales en el
exterior para reclamar el peso del español en el mundo y también una herencia común que va mucho más allá de nuestro idioma. El Cervantes puede convertirse en el gran embajador de una cultura común y, aún más, debería ser uno de los pilares de
nuestra política exterior.
Tenemos ante nosotros un reto importante, que el español sea una lengua usada en los negocios, en las universidades, en instituciones, en los congresos, en la ciencia, un idioma que juegue un papel esencial en la transformación digital. Se
supone que para eso nació el proyecto 'El español, lengua global'. Es un proyecto, señor ministro, en el que el Instituto Cervantes no está jugando el papel que debería desde el momento en que se ha puesto bajo el paraguas de marca España. Creo
que eso es un error, señor Dastis. No podemos pretender colonizar el idioma, el español no es nuestro, no podemos patrimonializarlo. Marca España no puede integrar un sueño que va mucho más allá de nuestra marca país. (Aplausos). Por eso, el
Cervantes debería haber liderado este proyecto y, sin embargo, su ministerio ha permitido que se le orille. España es la puerta de entrada a Europa del gran legado de toda América Latina. ¿No cree usted que tenemos que unir esfuerzos? Y recuerdo
aquel verso de la Oda a Roosvelt de Rubén Darío: 'Tened cuidado. ¡Vive la América española!'. Juntos vamos a ser siempre mucho más fuertes.
Pero dejemos la poesía y hablemos de cosas prácticas, las sedes del Cervantes. Su ubicación no es una cuestión menor. Por eso, llama la atención alguna de las operaciones inmobiliarias que se han hecho en los últimos años, entre las que
destaca la de Londres, que ha llevado el Instituto Cervantes de un edificio emblemático en Belgravia a un callejón en la zona de Temple con nula visibilidad. Hablemos de dinero. El Cervantes cuenta este año con un presupuesto de 124 millones de
euros. ¿A usted le parece una cantidad aceptable? ¿Cómo es ese presupuesto en comparación con otros centros homologables al Cervantes? Hablemos de objetivos. La enseñanza del español no puede ser el único fin del Cervantes, hay que apostar por
la acreditación. El Cervantes tiene que ser el gran referente a la hora de demostrar capacitación en español. Resulta que se han diseñado muy bien dos pruebas: el DELE, el diploma de español como lengua extranjera, y el Siele, Servicio
Internacional de Evaluación de Lengua Española. Este en colaboración con el Instituto Caro y Cuervo, con la UNAM, con la Universidad de Salamanca y con la de Buenos Aires. El DELE tiene grandísimas posibilidades de expansión en la enseñanza en
universidades, pero el otro examen, el Siele -que es un ejercicio en Internet-, es mucho más sencillo y tiene un objetivo claro: valorar el grado de conocimiento del español de quien accede a la prueba. Es un producto muy bueno, se obtiene un
resultado inmediato y es especialmente útil para aquellos que han aprendido español pero no lo han estudiado, cosa muy habitual en Estados Unidos. Lamentablemente, el acuerdo para su comercialización y extensión en Estados Unidos no ha dado buenos
resultados, a pesar de que es un producto que tiene un gran potencial de crecimiento. Le hago una pregunta muy concreta, señor Dastis, ¿cuántos puntos de examen Siele hay en Estados Unidos, en Japón o en China? He buscado el dato, pero no lo he
podido encontrar. Le voy a pedir otra cifra que, a pesar de haberla buscado, tampoco he encontrado: ¿Cuántas pruebas del Siele se han hecho desde su implantación hace ahora dos años? En China el español vive un momento extraordinario, el Gobierno
chino planea considerarlo segundo idioma de aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, lo único que tiene el Cervantes en China es un centro en Pekín y un centro en Shangai coordinado desde Pekín que ni siquiera tiene un director propio. Entre
Pekín y Shangai hay más de dos horas de avión. El centro de Shangai no está operativo porque la gestión con las autoridades chinas no se hizo en su momento adecuadamente. Es posible que hayamos perdido en ese país la oportunidad de enseñar
español, hay muchísimas academias, las universidades
ofrecen el español en todos los planes de estudios, pero me pregunto por qué no se trabaja en la promoción del Siele en China y yo misma lo contesto: porque hasta que el Siele no arranque en Estados Unidos es imposible introducirlo en Asia
con unas mínimas oportunidades de éxito.
Hablemos de profesionalización. Señor ministro, le puedo decir que entre los trabajadores del Cervantes está cundiendo el desánimo. La política de nombramientos se rige por criterios muy difíciles de entender, sobre todo en lo que se
refiere a la dirección de los centros. Tenemos que avanzar hacia una carrera del Cervantes con una progresión basada en criterios de excelencia y experiencia. No es lo mismo dirigir el Cervantes de Orán, que es un centro pequeño, que el de Nueva
York. Creemos que debe ser reconocida la trayectoria de aquellos que han desempeñado con éxito su labor en los diferentes centros. Ahora, señor Dastis, eso no se está haciendo y cuando pasan esas cosas lo primero que sucede es que baja la moral de
los trabajadores. La dirección y gestión de los Cervantes es algo primordial y creo que no se lo están tomando demasiado en serio. A veces me parece que los Cervantes han sido utilizados también para formar parte de eso que podríamos llamar la
diplomacia de amiguetes. Estamos totalmente en contra de eso. Espero ahora su respuesta a mis preguntas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno, el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis Quecedo): Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señora Rivera de la Cruz. Muchas gracias por su interpelación. Como usted bien sabe, la lengua y la cultura españolas se cuentan entre los principales activos que tenemos en política exterior. Lo que parece ignorar, sin
embargo, es que este Gobierno es plenamente consciente de ello y actúa en consecuencia. El Cervantes es un instrumento del Estado, de la nación, y también está al servicio de la amplia y creciente comunidad global de mujeres y hombres que hablamos
en español y compartimos una forma de ser y estar en el mundo. Es también un instrumento al servicio de la proyección de las lenguas de España, que nos enriquecen a todos y que forman parte de nuestro patrimonio común. El Cervantes nació gracias
al consenso de todos los partidos y básicamente ha conseguido mantenerse al margen de la legítima confrontación partidista. (La señora vicepresidenta, Romero Sánchez, ocupa la Presidencia). Esto es algo que nosotros hemos preservado y reforzado,
porque sabemos que el concurso del Parlamento es esencial para que esa institución despliegue plenamente su potencial. De igual forma, seguimos respetando el principio de autonomía y es también nuestra voluntad reforzar el carácter inclusivo del
Instituto Cervantes, adaptándolo al marco normativo y a la realidad social conforme ambos van evolucionando. De ello son clara muestra la adaptación en marcha del instituto a la nueva Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, o la
composición de su patronato, en el que están representadas desde las letras y la cultura españolas e hispanoamericanas, la universidad o las reales academias, hasta las instituciones sociales de carácter cultural.
El Instituto Cervantes está, por tanto, avanzando por buen camino y justo es reconocer la labor que está realizando su actual dirección; un reconocimiento que es, asimismo, manifestado de forma prácticamente unánime por los grupos
parlamentarios. Al respecto, y por esa misma razón, rechazo las críticas que a veces se realizan a la política de nombramientos del instituto y que usted ha reiterado hoy aquí. El personal del instituto está profesionalizado al máximo, pues se
exigen en los procedimientos de selección requisitos y méritos específicos que hacen que cuente con especialistas reconocidos en cada una de las materias o áreas de su competencia. El Instituto Cervantes sigue siempre y escrupulosamente en sus
procesos de selección los principios de concurrencia y publicidad, garantizándose que los candidatos seleccionados reúnen méritos, capacidad e idoneidad. Por lo que se refiere a los nombramientos de los directores de centros, el Reglamento del
Instituto Cervantes, en su artículo 21, dispone que los directores de los centros serán designados y cesados por el director del instituto, a propuesta del secretario general, con la conformidad del secretario de Estado de Cooperación Internacional
y para Iberoamérica -y el Caribe ahora- y oído el consejo de administración. Estos puestos directivos se cubren en régimen laboral mediante contratos de alta dirección. De esta forma, los nombramientos se están publicando en el BOE, resolviendo
conforme a los citados procedimientos y principios y a plena satisfacción. En cuanto al control interno y la evaluación, el instituto se toma ambas funciones muy en serio. El trabajo del instituto a través de la dirección de análisis y estrategia
es constante. Las auditorías en el exterior, divididas en una
auditoría operativa y otra financiera, son exámenes rigurosos, críticos y sistemáticos. Además, el instituto está en estos momentos en proceso de diseño e implantación de un sistema de contabilidad analítica que hará, si cabe, más riguroso
todo el proceso de control.
Quiero centrarme ahora en una cuestión en la que se insiste mucho, que es la de la expansión del instituto. Pues bien, el Cervantes, como usted ha recordado, está presente en ochenta y siete ciudades de cuarenta y cuatro países, cuenta con
sesenta y tres centros, once aulas, once extensiones y dos antenas. Son cifras considerables, pero es cierto que ante la creciente demanda de nuestra lengua y cultura, se nos antojan insuficientes. Esta disyuntiva entre una demanda siempre en
ascenso y unos recursos que, aunque intentamos que aumenten, son limitados, constituye, sin duda, el principal dilema al que se enfrenta el Instituto Cervantes. Peor sería que fuera a la inversa, es decir, que nuestra lengua y cultura resultaran
tan poco atractivas que fuera posible responder a su demanda con recursos iguales o decrecientes. Afortunadamente, no es el caso ni tiene visos de llegar a serlo. Algunos podrán pensar o incluso pretender lo contrario, pero España, nuestra lengua
y nuestra cultura compartidas atraen cada vez más, están cada vez más presentes en el exterior y cada vez con mayor prestigio en todos los ámbitos, incluyendo en la economía, en la ciencia, en la tecnología, donde aún así queda camino por recorrer.
Conscientes de esta realidad dinámica y pujante, llevamos aumentando el presupuesto del instituto desde 2014. El Plan estratégico 2018-2020 recientemente aprobado por el consejo de administración del Cervantes, que en breve se presentará a sus
señorías y a los medios de comunicación, contempla áreas geográficas prioritarias para la expansión del instituto y nuevas formas de presencia distintas y más flexibles que los centros tradicionales. Obviamente, es fácil mencionar sitios donde
podría haber Instituto Cervantes y no los hay, como es fácil mencionar sitios donde no hay embajadas o consulados y podría desde luego haberlos. Pero tampoco hay que pecar de idealismo sin base, sino gestionar con realismo los recursos, prioridades
y estrategias que tiene el ministerio. Sabemos perfectamente, por ejemplo, que en Estados Unidos es donde más que nunca se juega el futuro del español, por eso tenemos ya cuatro centros en Nueva York, Chicago, Alburquerque y Harvard, y una aula
Cervantes en Seattle. Sin embargo, en la medida en que las disponibilidades presupuestarias lo permitan a medio plazo, es nuestra intención reforzar y ampliar la presencia del Instituto en Estados Unidos y, en concreto, como usted ha recordado, en
la ciudad de Washington. A la disponibilidad de algunas instalaciones propiedad del Estado español, se une el interés de diversas administraciones españolas en el proyecto. Entre tanto, el Instituto Cervantes ha concluido acuerdos de cooperación
con países hermanos y que comparten nuestra lengua como México, para utilizar sus consulados para potenciar la enseñanza del español. Aprovecho para responder a una observación que usted ha hecho y que no responde a la realidad, y es que se ha
colocado al Cervantes bajo el paraguas de marca España patrimonializando el idioma nosotros mismos. La verdad es que se ha encargado a marca España una labor de potenciación del español que es perfectamente compatible y coordinable con lo que hace
el Instituto Cervantes.
También estamos al tanto -como ya tuve ocasión de exponer recientemente ante esta Cámara- de la creciente pujanza del continente africano. A ello responde que en el presupuesto para 2018 por primera vez en los últimos años se considera la
apertura de un nuevo centro en Dakar, Senegal. Ahí colaboramos actualmente con la Universidad Cheihk Anta Diop, mediante un aula Cervantes. El acreditado interés del público senegalés por la lengua y cultura españolas y las grandes necesidades de
las actividades de certificación en el país justifican esta nueva apertura. No olvidemos que Senegal es el tercer país de África tras, Benin y Costa de Marfil, con más estudiantes en español y que el español se estudia como primera o segunda lengua
en la decena de universidades públicas y privadas del país. El nuevo centro, que será el primero en África subsahariana, nos permitirá realizar actividades en una zona inmensa y prometedora para la expansión del español, pero donde el Cervantes
solo lleva actualmente con actuaciones limitadas.
Además de la gradual expansión territorial del Instituto Cervantes, otro ámbito en el que seguimos trabajando es reforzar su valor como referente de calidad en la enseñanza del español y en la propagación de nuestra cultura. Ahí tenemos
para demostrarlo la intensa actividad de certificación mediante el Sicele o también el servicio Siele, el más ambicioso proyecto cultural iberoamericano en la actualidad. El Siele empezó a funcionar en 2017 y en él intervienen más de setenta y
cinco instituciones asociadas en veintidós países y trescientos centros de examen en setenta países. No olvidemos tampoco el DELE, que verifica el conocimiento de español para la obtención de los diplomas oficiales expedidos por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Si en 2013 se inscribieron para obtener el DELE 64 000 personas, en 2016 fueron más de 104 000, lo cual demuestra el éxito de la iniciativa. En la misma línea le pudo mencionar la labor del Instituto Cervantes
acreditando la calidad de la docencia en las instituciones que enseñan
español mediante el sistema de acreditación de centros, Sacic, en el que participan casi doscientos centros en tres continentes.
Señoría, una prueba de la capacidad del Instituto Cervantes para asumir nuevas responsabilidades y dar respuesta a la demanda de sus servicios en nuevos ámbitos, es su papel en la certificación de los conocimientos del español y de la
realidad social y constitucional de España para los aspirantes a adquirir la nacionalidad española. Como sabe, desde 2015 esos aspirantes deben superar una prueba para acreditar su integración en la sociedad. (El señor vicepresidente, Prendes
Prendes, ocupa la Presidencia). Pues bien, entre octubre de 2016 y agosto de 2017 la eficaz respuesta del Cervantes ha permitido que un total de 141 978 candidatos realicen la prueba en las nueve convocatorias a dicho examen que han tenido lugar en
264 centros examinadores. El Instituto Cervantes, por tanto, no es solo un esencial instrumento de proyección de nuestra lengua y cultura hacia el exterior, sino que también está demostrando ser un eficaz instrumento para la integración razonable y
ordenada de quienes legalmente quieren convertirse en nuestros compatriotas, porque, señorías, lejos de ser una lengua y cultura en exclusión, es un vehículo de inclusión, y España se enriquece constantemente con la aportación de quienes desde la
diversidad forman parte de nuestra comunidad cultural, una comunidad viva y en expansión, de la que cada vez más personas quieren formar parte.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor ministro.
A continuación, tiene la palabra la señora Rivera de la Cruz.
La señora RIVERA DE LA CRUZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, le he hecho varias preguntas y no ha contestado a ninguna. Me sorprende realmente porque eran preguntas muy concretas que usted podía haber consultado inmediatamente o alguno de sus colaboradores podía haberle facilitado los
datos, datos que le dije que yo no podía encontrar, pero, bueno, me surge otra pregunta. Cuando vuelva a contestarme me gustaría que me dijese cuántos institutos Cervantes ha visitado oficialmente durante estos años como ministro de Asuntos
Exteriores.
Le parece que el presupuesto del Instituto Cervantes es mejorable. En eso coincidimos. Hay dos instituciones con vocación homóloga, el British Council y el Goethe, que cuentan con recursos muchísimos más elevados que el Cervantes. El
British tiene un presupuesto de 1077 millones de libras, unos 1232 millones de euros. Recibe del Gobierno inglés más de 170 millones, y gracias a su estructura genera cada año 700 millones de euros que revierten en la institución. El Goethe tiene
un presupuesto de 386 millones de euros, casi el triple que el Cervantes, de los cuales 229 provienen del Gobierno alemán. Es decir, el Gobierno alemán dedica casi el doble que nosotros a promocionar su idioma, cuando el nuestro es hablado por más
de 500 millones de personas y el alemán lo hablan alrededor de 90 millones. Sé que son modelos de gestión distintos, pero, cuando se creó el Cervantes, en el BOE se decía: 'A semejanza de prestigiosas instituciones de países de nuestro entorno, el
Cervantes asumirá como objetivo primordial la difusión del español...' Hace veintisiete años el objetivo era parecerse al Goethe o al British, pero sucesivos Gobiernos, entre ellos el suyo, han ido abdicando de la ambición de hacer del Cervantes el
verdadero referente de la acción cultural exterior.
Le hablo de expansión del Cervantes, en concreto de Estados Unidos, y me menciona usted el idealismo. Pues yo le voy a hablar de otra cosa, de viabilidad. En Washington, donde tendría que estar el Cervantes, hay un edificio que es
propiedad de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. Está infrautilizado, se usa solamente por la Consejería de Cultura de la embajada. Es un edificio de 4000 metros cuadrados, situado inmejorablemente y con un esfuerzo mínimo
podría convertirse en sede de un Instituto Cervantes, sobre el que además pivotase la política cultural en la capital de Estados Unidos. No podemos renunciar a contar en Washington con una embajada del español y le aseguro que en cuanto tengamos un
nuevo Gobierno mi grupo instará a esta apertura, que solo está en suspenso por una falta de interés político.
Le he pedido también que nos explicase dónde se puede someter uno al proceso de evaluación de Siele, y le voy a repetir la pregunta concretando: ¿Cuántos puntos de examen Siele hay ahora mismo en el mundo? ¿Cuántos hay en Estados Unidos?
Le voy a dar un dato. El examen TOEFL, que es un modelo bastante parecido pero para el inglés, tiene solo en España treinta y siete puntos de examen. A una pregunta que hicimos a su Gobierno en el mes de octubre del pasado año, respondieron que
había treinta puntos de examen en todo Estados Unidos. Es un dato que nos da su ministerio. Compare usted, señor ministro. El Siele es excelente como idea, pero lo han aplicado tan mal que lo han convertido en un
proyecto fallido; fallido, pero recuperable si se tiene verdadera voluntad. Ustedes tuvieron la ocasión pero la han perdido, como han perdido la oportunidad de hacer de esta una legislatura fructífera.
No me ha contestado usted a la petición de datos del cambio de sede en Londres. Entiendo que no tenga las cifras, pero le emplazo a que en un futuro próximo -inmediato, diría yo, dadas las circunstancias- nos diga cuánto se pagaba por el
alquiler de la sede anterior y cuánto estamos pagando por la sede que tenemos ahora. A mí me han dado ese dato de forma oficiosa y me parece tan abracadabrante y tan escandaloso, que no me atrevo a traerlo a sede parlamentaria porque no me lo
quiero creer. Por tanto, le pido que nos dé usted las cifras reales y que las explique. ¿Cuánto pagábamos antes de alquiler y cuánto pagamos ahora?
Voy a ahondar un poco más en la política de nombramientos de la que usted está tan satisfecho y le voy a poner también dos casos muy concretos. Los directores actuales de dos de los centros de máxima importancia estratégica, que son Londres
y París, no tenían experiencia previa de gestión en el Cervantes. Son dos centros importantísimos dirigidos por dos personas de cuya valía no dudo -sé que son dos prestigiosos intelectuales-, pero que nunca hasta ahora habían tenido vinculación
alguna con el Cervantes ni ninguna responsabilidad; eso sí, compensaban esa falta de experiencia con labores desempeñadas al servicio del anterior Gobierno del Partido Popular. (Aplausos). ¿Usted cómo se cree que sienta eso a personas que llevan
diez o doce años prestando ejemplar servicio en la institución? El Cervantes no puede servir para hacer agendas políticas, para pagar favores o, como le digo, para practicar la diplomacia de amiguetes. Hay que crear escalas de promoción
transparentes. Y hay otra cosa que quiero señalar. Estamos ante el crepúsculo de un Gobierno. Espero que no utilicen los Cervantes para colocar a altos cargos cesados. (Aplausos). También, señor ministro, espero que su Gobierno no tenga la
tentación de empezar a hacer nombramientos exprés en las cuarenta embajadas que quedan todavía pendientes de titularidad. (Aplausos).
Yo creo que antes no me ha entendido usted cuando le he dicho que habían colocado el proyecto 'El español, lengua global' bajo el paraguas de marca España; lo que le estaba echando en cara es que se haya quedado el Cervantes fuera de ese
proyecto. ¿Cómo se cree que ha sentado esto en los países latinos? Ya le digo yo que no muy bien. Lo que han hecho es un error, pero también creemos que tiene la oportunidad de enmendarlo el siguiente Gobierno. Aunque su Gobierno haya perdido la
oportunidad, ya habrá quien recoja el guante. La ambición de Ciudadanos es integrar el proyecto de expansión del idioma en una red de colaboración con los países de América Latina y hacerlo a través del Cervantes, que para eso se creó. Es nuestro
propósito integrar la red de institutos Cervantes, los centros culturales de España en América Latina, lo cual serviría para consolidar la institución como referente en la enseñanza, acreditación y promoción del español.
En su discurso de apertura del Congreso Internacional de la Lengua Española en Zacatecas, Gabriel García Márquez dijo: 'La lengua española tiene que prepararse para un oficio grande en ese porvenir sin fronteras. Es un derecho histórico.
No por su prepotencia económica, como otras lenguas hasta hoy, sino por su vitalidad, su dinámica creativa, su vasta experiencia cultural, su rapidez y su fuerza...'. En un ámbito propio de 19 millones de kilómetros cuadrados sería absurdo no dejar
que el Cervantes liderase esa misión.
Termino ya. Confieso que he realizado esta interpelación sabiendo que de nada vale hacérsela a usted. Por eso, acabo con la frase terrible de aquel cuento de Juan Rulfo: 'Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos
agarrarnos para enraizar está muerta'.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Rivera.
Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis Quecedo): Señoría, voy a tratar de demostrar con datos que este Gobierno está totalmente comprometido con el Cervantes y con la función del español como vector esencial de
nuestra política exterior. Comienzo con el presupuesto de la institución. En 2014, después de unos años de duras restricciones, el Cervantes tuvo un presupuesto de 110 millones de euros; en 2015, 114; al año siguiente, 115; en 2017, 120; y
este año están previstos 124 millones, como anuncié en la presentación de la sección correspondiente al Ministerio de Asuntos Exteriores. Es decir, en los últimos cuatro años el presupuesto del instituto ha aumentado básicamente el 13 %, lo cual
creo que es una clara muestra de nuestro compromiso. Además, como le
decía, en este presupuesto se contempla la apertura del Instituto Cervantes en Dakar, para la que se destina la correspondiente asignación. Antes de hacer larga lista de sitios donde el Cervantes podría abrir, conviene reflexionar en que el
coste no está tanto en abrir un centro sino en su mantenimiento. Me estoy refiriendo a los efectos materiales y los recursos humanos a largo plazo para garantizar una actividad de calidad, que es lo que todos pretendemos.
Sigo con cifras. Señorías, estamos hablando de 139 544 matrículas en el último curso académico, de las cuales 116 000 fueron de alumnos presenciales. Cada año más de 16 000 profesores de español y de otras lenguas de todo el mundo eligen
los centros del Cervantes para iniciar o perfeccionar su formación en la enseñanza del español como segunda lengua o como lengua extranjera. En el curso 2016-2017 celebramos también 5142 actos culturales en nuestros centros, a los que asistieron
más de un millón de personas solo contando los actos más relevantes. En la organización de estos actos colaboraron más de 2400 entidades. Además tenemos una extensísima red de sesenta bibliotecas que reúnen más de 1 375 000 volúmenes, a los que se
suman una creciente biblioteca electrónica. No se puede decir que el Cervantes carece de presencia o de atractivo, más bien de todo lo contrario. Por otro lado, les reitero la importancia de la colaboración y el consenso de los grupos
parlamentarios para reforzar la autonomía y el buen funcionamiento de la institución. No solo depende de este Gobierno sino que ustedes tienen también un papel fundamental en la materia.
Quiero concluir por último haciendo referencia a la convergencia de intereses y esfuerzos realizados por el Instituto Cervantes con sus homólogos y otras instituciones culturales de los demás países hispanohablantes. Somos los primeros en
reconocer que la lengua y la cultura española no son de nuestra exclusiva propiedad. Al contrario, desde el momento en que el español comenzó a expandirse, fue su nota más característica el ser asumido por las poblaciones locales y el mezclarse y
enriquecerse con los elementos autónomos. Vargas Llosa nos recuerda a menudo la figura del primer gran americano surgido de un encuentro trasatlántico, el Inca Garcilaso, con quien una lengua surgida en los confines de la península ibérica se tornó
por primera vez en europea, americana y cosmopolita. Este es el espíritu en el que nos reconocemos, y por ello el 65 % de las actividades culturales que programa el Instituto Cervantes tienen un elemento iberoamericano. Es clara prueba de ello la
organización de los congresos internacionales de lengua española que se celebran cada tres años, y ahora estamos trabajando en la organización del VIII congreso, que tendrá lugar en marzo de 2019 en Córdoba, Argentina. También es demostración del
éxito de la institución la apertura en la sede de Madrid de delegaciones de las principales instituciones iberoamericanas, como la UNAM mexicana, el Instituto Caro y Cuervo de Colombia o la delegación del Centro Cultural Inca Garcilaso, de Perú. Lo
mismo ocurre con el servicio Siele que he mencionado -por cierto, le he dicho que hay más de trescientos centros en setenta países que han realizado exámenes de ese tipo-, que es el resultado del acuerdo de colaboración suscrito por el Instituto
Cervantes, la UNAM, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires.
Termino ya. Como puede ver, este Gobierno se toma muy en serio el Instituto Cervantes y no dejamos ni un momento de potenciarlo; seguimos llevando el español y con ello a nuestro país hacia nuevas fronteras. Me alegra saber que su grupo
tiene el mismo interés y la misma pasión por ampliar el radio de acción de nuestra lengua y cultura. Ha terminado usted, señoría, con una cita sobre una especie de muerte anunciada. Yo le contesto que quizás podamos hacer referencia a otro gran
literato, que dijo que los rumores sobre la muerte de un personaje están muy exagerados. Por tanto, esperemos a ver cuándo se produce esa muerte.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LAS CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO DE LOS TEMPOREROS Y TEMPORERAS DE LAS CAMPAÑAS AGRÍCOLAS EN ESPAÑA. (Número de expediente 172/000123).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las condiciones de vida y trabajo de los
temporeros y temporarios de las campañas agrícolas en España. Para su defensa, tiene la palabra el señor Cañamero Valle.
El señor CAÑAMERO VALLE: Buenos días, presidente, señorías.
Antes de empezar, quiero mostrar mis condolencias por la muerte de tres jornaleros búlgaros que murieron el día 27 al atravesar un paso a nivel en un pueblo de Guadalajara. (Aplausos).
También quiero mostrar también mi solidaridad con otro jornalero, Francisco Molero, que ahora mismo va a entrar en la cárcel de Archidona, Málaga, con una condena de cinco años. Es un hombre joven, no llega ni a treinta años, que se atrevió
a rodear el Congreso de los Diputados, por lo que lo han condenado a cinco años. Eran catorce y han salido todos absueltos, menos este compañero por llevar a cuestas la bandera del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Es andaluz y vino aquí, al
Congreso de los Diputados, y lo han condenado a cinco años de cárcel.
Señorías, tenemos en España, en el Estado español, cerca de 1,2 millones de jornaleros y jornaleras que, de manera eventual, trabajan en las distintas recolecciones que hay a lo largo y ancho del Estado: en Murcia, en todo el tema
hortícola; en Valencia, en la naranja; en Lérida, en la manzana; en Sevilla y Córdoba, también en la naranja; en Almería, en los invernaderos; en Navarra, en los espárragos; en Castilla-La Mancha, en la viña; en Jaén, en la aceituna; en
Huelva, en el llamado fruto rojo. Y en Francia, en la vendimia, en la manzana y el melón. Son 1,2 millones de personas que deambulan de un lugar para otro buscándose un trozo de pan, buscándose un derecho. Tengo que decir, señora ministra, que el
14 de noviembre en esta Cámara aprobamos la eliminación del requisito de las peonadas para Andalucía y Extremadura y que también se acordó en esta Cámara, por mayoría, que los trabajadores acogidos al Profea, antiguo PER -en ocho comunidades existe
este derecho-, pudieran trabajar treinta días este año con la subvención de ese programa. Lo que ha llegado a estas ocho comunidades son solo cuatro días de trabajo y, respecto a la eliminación de las peonadas, solamente han quedado veinte de las
treinta y cinco. No se cumplen los acuerdos de esta Cámara cuando había una orientación clara para que el Gobierno pudiera cumplirlos.
El día 3 de mayo visité Huelva, el día 13 de mayo fui a Navarra, estuve en La Rioja y he estado también en Almería. He visitado los distintos lugares donde trabajan los temporeros y tengo que decir que su trabajo es inhumano, totalmente
injusto y, además, de maltrato permanente. En Navarra estuve trabajando con los jornaleros durante toda una noche, con una linterna, porque así al espárrago no le da el sol y no tiene otro color distinto del blanco. No saben cuando llueve; si
hace frío, pasan frío; si hay una tormenta, la sufren. Los vi trabajando con botas de goma en aquellas lagunas e incluso algunos tuvieron que regresar para Andalucía porque con las aguas se anegaba la cosecha y, por tanto, se tuvieron que volver.
Con la luz de la linterna acuden todos los mosquitos; no pueden trabajar con tantos mosquitos. Incluso a algunos trabajadores los picotazos se les infectan y tienen que ir al médico. Cuando llegaban los trabajadores hace veinte años tenían el
derecho a una vivienda; se les daba el 50 % del valor de los espárragos; no tenían que poner ellos el gasóleo; no tenían que poner el coche; no tenían que poner el carro; no tenían que llevar los espárragos al sitio de recogida. Hoy, esos
trabajadores ya no trabajan como hace veinte años. Trabajan con la ley que les impone el empresario, que es la ley de la selva. No hay ningún derecho, no hay ningún convenio, trabajan por lo que quieren. Ellos antes trabajaban con el 50 % del
beneficio y ahora trabajan con un 40 %, con un 45 % o; dependiendo del valor final de la cosecha, el empresario les dice lo que tienen que ganar. Los trabajadores tienen que poner los plásticos en el muro de los espárragos; los tienen que quitar
y poner gratis; la casa la tienen que pagar; el coche lo tienen que poner; el carro lo tienen que poner. Es una situación totalmente de injusticia social. No hay ningún convenio colectivo que realmente mejore esa situación.
Si hablamos de Almería es exactamente igual. Los trabajadores trabajan fundamentalmente casi diez meses en los invernaderos, 40 000 hectáreas y 80 000 trabajadores; más o menos 30 000 no están documentados y trabajan en los invernaderos de
Almería en unas condiciones infrahumanas, porque cuando empiezan las altas temperaturas, 40 grados, 50 grados o 60 grados tienen que trabajar debajo de los plásticos. ¿A qué precio? A lo que quieren, porque no se respeta ningún convenio porque,
aunque hay el convenio de Almería y el convenio de Huelva, como están los inmigrantes fundamentalmente, se abusa de ellos.
Me voy a centrar de Huelva, ministra, que creo que es una zona que conocemos. Yo conozco toda esa zona, porque no conozco Huelva de ahora sino que vengo visitando Huelva desde hace treinta años. Además, hablo con conocimiento de causa
porque mis dos hijos trabajan en la fresa en Huelva. No estoy hablando con nada que me hayan escrito en ningún despacho. Estoy hablando de cosas que vivo y veo porque soy jornalero, vivo como jornalero y, por lo tanto, sé de lo que estoy hablando.
En Huelva hay 11 000 hectáreas entre fresa, frambuesa, arándano y mora; 5900 de fresa; 2800 de arándanos; 2100 de
frambuesa; y unas 200 de mora. Como unas 11 000 hectáreas. Se necesitan 70 000 jornaleros y jornaleras para cubrir la campaña del llamado fruto rojo, que está desde febrero hasta junio, una media de 100 días; 100 días por 70 000
jornaleros significa 7 millones de jornales. Eso da unos ingresos de 280 000 millones en jornales para los jornaleros y también una venta en los mercados de aproximadamente 1000 millones de euros para los empresarios. Esta es la realidad.
Está bien, porque Huelva ha pasado a tener un nivel económico en la agricultura importante, genera un montón de jornales, hay un montón de trabajadores manipulando la fresa, la frambuesa, los arándanos, en todos los sitios, pero para que
vengan a trabajar esas 70 000 personas han tenido que ir fuera a buscarlas; 30 000 rumanas, todo mujeres. Yo estuve en Rumania, en Bucarest, viendo los contratos, no hablo por hablar, estuve en Rumania; y de la parte de Marruecos son 15 000
contratos en origen. En Rumania ya no hacen falta los contratos en origen porque está en la Comunidad Económica Europea. Antes venían de Polonia, que está desarrollándose un poco, y ya no vienen. Pero 30 000 son de Rumania; 15 000 de Marruecos y
otros tantos que vienen de Bielorrusia, Bulgaria, Ucrania y también de la parte del Magreb, Argelia, Senegal, Malí, Gambia; de todos esos lugares viene esa gente. Esa es la composición que hay de la fresa en Huelva.
El convenio de la fresa en Huelva está en 40 euros, pero no pagan eso en absoluto. Incluso les descuentan el IRPF, pero nadie hace la declaración de la renta. El Gobierno ingresa en las arcas de Hacienda aproximadamente 6 millones de euros
sin tener por qué ingresarlos porque los jornaleros no tienen que hacer la declaración de la renta; no habría que aplicarles la retención del IRPF porque no llegan nunca a esas cantidades. Pero, si a los inmigrantes también les descuentan eso,
fíjense ustedes.
Hay otra cosa más grave que está sucediendo en Huelva. Ministra, tú vives en San Juan del Puerto y a 10 kilómetros sabes que está Lucena del Puerto y un poco más allá Bonares; si vas más adelante, nos encontramos con Moguer, de Juan Ramón
Jiménez, y más adelante con Palos. No sé si está aquí ahora mismo el alcalde de Palos, Carmelo Romero, a quien conozco perfectamente y con el que he tenido reuniones cuando se han hecho los contratos. En Palos, en esta comarca de la fresa, en
Huelva, vive la ministra y vive un diputado. ¿Qué tenemos allí, ministra? Y esto te lo digo mirándote a los ojos. La realidad de Huelva es alarmante, es humillante, es de esclavitud moderna. Es de esclavitud. Hace quinientos años Cristóbal
Colón salió de allí intentando buscar un nuevo mundo y aquello se convirtió también en un tráfico de esclavos. Hoy te digo, con conocimiento de causa, que el esclavismo sigue existiendo en Huelva. He estado visitando los asentamientos de
inmigrantes; en el mismo Palos, donde el diputado es alcalde, hay un asentamiento, en el corazón de Palos, en el pueblo de Palos. Están viviendo allí 250 inmigrantes sin luz, sin agua, sin documentación, sin nada, pero trabajan. Cuando trabajan,
a esos trabajadores inmigrantes no se les paga nada o se les paga lo que se quiere porque no pueden exigir absolutamente nada. Me decía un inmigrante: No 'venís más por aquí', ¡llevo tres meses sin lavarme! Me lo decían también en otro
asentamiento, en Las Madres, que también sabrás dónde están Las Madres. Pasando Moguer, a la izquierda. En aquella zona está Las Madres, donde hay quinientas personas viviendo en chozas, en casas de plástico, sin nada, sin agua, sin luz. Además,
el ayuntamiento les recoge la basura. El ayuntamiento es consciente de lo que hay allí; la Administración local, la autonómica -la Junta de Andalucía- y la central saben lo que está ocurriendo allí.
Esta es una realidad y esa realidad hace falta abolirla -termino pronto, señor presidente- por el bien de todos, por honestidad, por ética. No estoy hablando de África, estoy hablando de aquí. Las fresas no se pueden vender en los mercados
internacionales llenas de indignidad, de explotación, de injusticia y de llanto. (Aplausos). No se pueden vender los productos agrarios en los mercados internacionales con la humillación de miles de jornaleros y jornaleras inmigrantes de los que
realmente se abusa. Eso es una cuestión moral que nos afecta a todos. Ministra, usted está viviendo allí, tan cerca de aquella comarca. Hay que abolir eso, hay que erradicar eso por honestidad, por dignidad y por la defensa de los derechos
humanos. No estoy hablando de que no pagan los convenios o del maltrato. Usted conoce, ministra -y con esto termino-, las denuncias de acoso sexual de una revista alemana. Yo te digo que eso es cierto porque mis hijos me lo han confirmado. Hay
abusos, maltrato, de lo cual habla a voces la gente que no quiere denunciar. Hay una serie de acosos, de abusos y de maltrato, a mujeres sobre todo, en toda esa zona. Yo le pido que haga todo lo posible por eliminar esta situación.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Cañamero.
A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno la ministra de Empleo y Seguridad Social.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.
También por parte del Gobierno queremos mostrar nuestra solidaridad y afecto por el fallecimiento de esos temporeros que murieron este fin de semana en un accidente en Castilla-La Mancha. Sentimos mucho también esa gran pérdida.
Señoría, su intervención me causa tristeza. Sabe bien que le tengo afecto y sabemos hablar con tranquilidad, desde la distancia muchas veces ideológica entre usted y yo, pero con gran honestidad, desde el corazón y desde la cabeza, de los
graves problemas que hay todavía en nuestra tierra, en Andalucía, cómo mejorarlos y cómo contribuir todos los días a la prosperidad y al bienestar de nuestra tierra. Créame que así lo he sentido yo desde el minuto uno en que tuvimos la oportunidad
de hablar sobre muchos temas en esta Cámara.
Empezaré por el principio. El sector agroalimentario español es un sector muy importante para el crecimiento económico y la creación de oportunidades en nuestro país. Es un sector que es orgullo de la marca España, que crea riqueza, que
innova, que crea empleo de calidad y que además se está convirtiendo también en un gran sector exportador en los últimos años, que contribuye al crecimiento económico y a las oportunidades en todos los territorios de España. Usted me habla de
Andalucía y de Huelva de manera particular, aunque es verdad que ha hecho una exposición de otras comunidades autónomas. Yo soy de Huelva, quiero profundamente a mi tierra y quiero que haya prosperidad y empleo en Huelva en condiciones dignas y de
calidad. Téngalo siempre presente. Pero tenga en cuenta que esa provincia tiene una agricultura de primera, una agricultura que es primor para Huelva, para Andalucía y para España, porque se empeñan todos los días los autónomos, los empresarios,
los trabajadores, los interlocutores sociales y todas las administraciones públicas sin excepción, la diputación provincial con los ayuntamientos, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, porque vamos de la mano para crear prosperidad y empleo
en nuestra tierra.
Solo en Huelva hay casi cien mil puestos de trabajo entre puestos directos e indirectos y más de seis millones de peonadas en el sector agrícola, especialmente de los frutos rojos. Huelva es la primera provincia española en producción de
frutos rojos de toda España, con el 97 % del total nacional y el 30 % del total europeo. Es el mayor productor de fresa de Europa y el segundo del mundo, después de Estados Unidos. En el año 2018 -decía usted bien- se plantaron 11 200 hectáreas de
frutos rojos, un 11 % más que el año anterior, que tuvo como resultado una producción superior a las 302 500 toneladas, con un valor de 450 millones de euros para la fresa y de 360 millones de euros para los berries, para el resto de los frutos
rojos. Nueve de cada diez euros de la balanza comercial española por la venta de frutos rojos -nueve de cada diez- proceden de Huelva y la mitad del superávit de la balanza comercial con el exterior de Andalucía en frutos rojos lo presenta Huelva.
Además hay una industria innovadora y auxiliar que la protege y la hace competitiva y una amplia red de servicios.
Y Huelva, señoría, ha sido vanguardia en Europa por poner en marcha lo que llamamos contratación en origen en el año 2001 y ha sido ejemplo de buena práctica de contratación para terceros países para traer temporeros durante la campaña,
tanto que es una buena práctica europea y hemos ido a foros internacionales como el Foro Global sobre Migración y Desarrollo para presentarlo en la comunidad internacional. Porque conseguimos con los terceros países dos grandes cosas: ingresos
para esa gente que viene a trabajar y a mejorar su calidad de vida cuando retorna a su país y también el propio aprendizaje de esa gente que viene a nuestra tierra, experiencia que le sirve para desarrollarla en sus países. Por tanto, un sistema de
contratación, insisto, que es bueno para Huelva y para Andalucía y también para esos países de origen.
Señoría, fíjese, este año -lo hemos comentado usted y yo aquí, no esta mañana en la Cámara- hay entre enero y junio en Huelva una demanda, una oferta de empleo, según los empresarios, para trabajar en el sector de frutos rojos de 11 900
personas. La Junta de Andalucía hace públicas esas ofertas en su panel del Servicio Andaluz de Empleo y se apuntan solo 800 parados de toda Andalucía. Si no vinieran esos temporeros a Huelva, habría frutos rojos sin recoger y peonadas sin cubrir,
algo que no nos podemos permitir en una situación todavía de recuperación económica que no ha concluido. Por tanto, ese sistema de contratación en origen que tenemos en Huelva responde a una necesidad de dar empleo y de atender las demandas del
sector en la producción. Además, el sector se está modernizando y está innovando para
mejorar la calidad de los productos, la seguridad alimentaria, la comercialización y extender las campañas para que la gente se quede más tiempo también a trabajar en Huelva porque alargamos esa campaña para que haya recolección en todos los
tiempos. Incluso se está tramitando por el sector la indicación geográfica protegida para redundar en mayor competitividad de Huelva.
Sabemos claramente, señoría, usted y yo, porque yo soy de San Juan del Puerto y mi abuelo era agricultor y, por tanto, no me tiene usted que decir lo que es la agricultura en Huelva, la que es de los temporeros y la que no lo es y la dureza
de lo que es el campo, que se trabaja de día con dureza y también de noche, pero también se trabaja de noche en otras actividades económicas en todo el territorio nacional. A esa gente se le debe pagar lo que se merece, con dignidad siempre, y para
eso están los convenios colectivos, también los del campo, donde los sindicatos y la patronal mejoran cada año las condiciones de trabajo. De eso también nos ocupamos todas las administraciones públicas, créame, el Gobierno de España, la Junta de
Andalucía, los ayuntamientos y las corporaciones locales para vigilar que eso sea así en todo momento. Pero no hagamos una generalización y una exposición torticera de un sector que crea mucha riqueza en este país y que es una gran industria para
España y para tantos trabajadores del campo andaluz y onubense.
Usted me hablaba también del Profea, que es un programa específico para Andalucía, para los trabajadores del campo en el que hemos invertido mucho desde el ministerio y lo hemos mejorado todos los años, también ahora, que ha generado casi un
millón de contratos desde el año 2012. Además, hemos sabido adaptarnos a las circunstancias. Cuando las circunstancias meteorológicas eran adversas, como la sequía del año pasado, se han reducido las peonadas de treinta y cinco a veinte para que
ningún trabajador del campo andaluz pierda ningún derecho al subsidio o a la renta agraria por falta de peonadas y se están cubriendo todos sus derechos con normalidad, señoría. Lo bajamos porque la bajada de la producción en Andalucía fue de un 20
% y en Extremadura de un 10 % y se hace en relación con la producción real que se pierde. Si elimináramos las peonadas, estaríamos ante una renta social de la Junta de Andalucía, no sería un subsidio o una renta derivada del empleo. (Aplausos).
Señor diputado, se lo he explicado por activa o por pasiva, es la gran conquista del campo andaluz y extremeño desde hace décadas. ¡Por Dios! No rompamos las cadenas de solidaridad que tiene nuestro modelo de protección.
Señoría, cada año vienen a nuestra tierra temporeros extracomunitarios y de terceros países a trabajar con nosotros, pero vienen con un marco normativo claro. De acuerdo con la Directiva 2014/36/UE del Parlamento Europeo, que se traspuso en
2015 en España, se les aplican las mismas condiciones en las que trabajan los temporeros, por lo menos en mi provincia, señoría, que es lo que conozco mejor de toda Andalucía. Regula las condiciones de entrada y también las condiciones de estancia.
Ese modelo onubense de contratación en origen les da derecho a unas condiciones contractuales ajustadas al convenio colectivo de Huelva, a un acceso a unos servicios de asesoramiento en las oficinas de empleo, a una asistencia sanitaria en el
Sistema Nacional de Salud y a un alojamiento adecuado que reúna las condiciones previstas en la normativa y que garantice -¡cómo no!- la dignidad y la higiene de esas personas en los alojamientos. Además, garantiza la igualdad de trato, como el
resto de los ciudadanos españoles trabajadores, en los derechos sociales a los que les da cobertura ese contrato de trabajo. Fíjese, muchos, la mayoría de esos temporeros de Huelva, repiten cada año precisamente porque encuentran empleo en buenas
condiciones, alojamiento y buen trato por parte de los empresarios de Huelva y de Andalucía. Por eso no le permito que usted me haga esa descripción del campo andaluz y de Huelva, porque no es verdad y es una gran injusticia con los empresarios,
los trabajadores, las administraciones y los sindicatos y la patronal, que trabajamos en eso. (Aplausos). No se lo permito. Es más, le digo: si hay una situación irregular, denúnciela, estaré yo al lado para acompañarle porque nos perjudica a
todos y por ello se perseguirá.
¿Sabe lo que ha hecho este ministerio? Que la inspección trabaje todos los días para mantener la garantía de los derechos de todos los trabajadores, sean temporeros o no temporeros, sean extracomunitarios o sean españoles (Aplausos). Se
han hecho más de 105 000 actuaciones, hay 27 000 infracciones y expedientes liquidatorios abiertos por un valor de 86 millones de euros.
No siembre sospechas, no empañe la marca Huelva de los frutos rojos de España, que es un orgullo para Huelva y para toda España. No lo haga, se lo pido por favor. Si tiene que denunciar alguna situación particular -y se ha referido además
a una muy específica-, estaremos con usted y con la persona afectada todas las administraciones de la mano, los sindicatos, la patronal, la Junta de Andalucía, la diputación provincial, los ayuntamientos y el Gobierno de España y, por supuesto, la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Por cierto, si sus hijos han detectado alguna irregularidad trabajando, ¿por qué no han
ido a denunciarla a la Guardia Civil o al juzgado de guardia? (Aplausos). Eso es lo que tenían que haber hecho, señor diputado. No frivolice con eso. Yo le digo que nuestra tolerancia es cero con el abuso, pero no generalice y no muestre
en el campo andaluz y en el campo de Huelva algo que no es verdad, porque estamos siempre en el mismo lado, señoría, en el lado de un sector puntero, innovador, creador de riqueza, de empleo, de oportunidades y que además es bueno para Andalucía y
para España.
Estamos también al lado de la legalidad. Los mismos derechos que tienen los nacionales españoles que trabajan en el campo los tienen los nacionales de terceros países, que vienen con mucho esfuerzo y con orgullo a trabajar a España para
sacar adelante a sus familias en los países de origen. Los consideramos, señoría, como nuestros y, como tales, los cuidamos y vigilamos sus condiciones de trabajo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.
A continuación, tiene la palabra el señor Cañamero Valle.
El señor CAÑAMERO VALLE: Señorías, ministra, sabe que mi conducta como persona no es pelearme con nadie porque tengo un comportamiento bastante cristiano en ese aspecto de la vida y así me he educado. Por lo tanto, no utilizo nunca ni la
política ni esto para enfrentarme a nadie ni para pelearme con nadie, simplemente para describir realidades concretas que hay que solucionar. Y no creo que te debiera molestar que te diga la verdad. La verdad es cruda, pero es la pura realidad.
Perdona que te tutee, pero la verdad es que así estamos mucho más cercanos.
Has dicho aquí, por ejemplo, algunas cosas que creo que no es justo que las digas. Vamos a ver, los jornales de los jornaleros, las peonadas. Hay mucha gente -repito aquí- que tiene que humillarse ante un empresario para que le vendan
peonadas. (Aplausos). Y como he dicho muchas veces, he sido alcalde de un pueblo diez años y sé de lo que hablo y, como soy jornalero, también sé de lo que hablo. Tienen que comprar peonadas para poder subsistir, para poder cobrar esos 430 euros,
que son 7 euros al día. ¡7 euros al día, ese es el PER de los jornaleros! 7 euros al día, aquellos que tienen derecho. No crean que el PER es un salario o una subvención; son 7 euros al día, ¿vale? Y el Profea no es solamente para Andalucía y
Extremadura, ministra, el Profea es para ocho comunidades autónomas, ocho.
Cuando habla aquí de que viene la gente con viviendas dignas en los contratos en origen... Ministra, tuvimos que denunciar una casa en El Rocío. ¿Sabes cuántas mujeres había en la casa de El Rocío? ¿Os podéis imaginar? Ochenta. Se
lavaban cada tres semanas, cuando les tocaba. Había tres cuartos de baño; es verdad que había siete habitaciones, pero había ochenta polacas metidas en la casa, en literas, en la cocina, en el comedor, en toda la casa. Presentamos la denuncia,
como corresponde. ¿Es verdad que los inspectores visitan el campo donde viven los contratados en origen? Yo sí los he visitado, ¿eh? Perfectamente. ¿Por qué vienen los inmigrantes? Porque en sus países hay miseria, hay hambre, por eso vienen.
¿Por qué en Huelva y en Almería los convenios son los más bajos de España? ¿Me lo quiere decir? ¿Por qué los convenios colectivos de Almería y Huelva son los más bajos de toda España? Porque se abusa de los inmigrantes, se abusa de la necesidad
de las personas.
Creo que hace falta tomar medidas. Le voy a plantear algunas medidas, pero antes le voy a decir una cosa. Estuve visitando este campamento. (Muestra una fotografía). No sé si desde allí puede verlo. No me ha hablando de estos
asentamientos, no me ha hablado. ¿Sabe cuántas personas hay en estos asentamientos? Unas 3000 personas, aproximadamente. En Lepe y en las tres comarcas freseras de Huelva. Hay seis comarcas en Huelva, tenemos 520 000 habitantes, hay 79
municipios, el 60 % son pueblos muy pequeños de la comarca. Esto son asentamientos. Este asentamiento es el de Las Madres. Mire usted, ministra, yo no tendría que enseñar esto pero lo tengo que enseñar hoy porque se me cayó el alma y el corazón.
¿Veis esta foto? (Muestra otra fotografía). Es un inmigrante de Gambia que se colgó de un pino el día 27 de abril. Venía de Libia a través de Italia y llegó aquí. Y como las mafias le piden un dinero para venir y también les debe más dinero, le
amenazan con su familia y como llevaba cuatro meses en este campamento sin trabajo y sin posibilidades de realizar una faena, para que no le hicieran daño a su familia se quitó la vida. Esta es la realidad en Huelva. No en toda Huelva, también
quiero hacer una defensa de los agricultores, ¡ojo! Hay agricultores muy honestos, agricultores cumplidores, agricultores que cumplen con todo. Pero una gran parte no cumple con esto, no cumple con ningún derecho y además el Gobierno es cómplice de
lo que está ocurriendo. Porque, claro, ministra, estoy hablando de que este asentamiento está solo a 10 kilómetros de San Juan del Puerto, y el alcalde de Palos tiene un asentamiento en su mismo pueblo y le recogen la basura, es consciente de lo
que está pasando allí. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Termino, señora presidenta, me va a permitir que diga tres cosillas rápidas en un segundo. Hacen falta, ministra, inspectores especiales de Trabajo que salgan diariamente como el Seprona. ¿Sabe lo que es el Seprona, verdad? La Guardia
Civil que sale motorizada o en coche 4×4 visitando los incendios o visitando si hay algún vertido, etcétera. Hacen falta inspectores especiales que salgan todos los días. También hacen falta elecciones sindicales en el campo. Los eventuales no
tienen representatividad en el campo porque para ser delegado tienes que tener seis meses de antigüedad y para poder votar un mes de antigüedad. No hay delegados en el campo. ¿Sabe, ministra, que yo fui hace poco tiempo a repartir octavillas y me
quisieron pegar? ¿Sabe, ministra, que estábamos hablando en una asamblea en un pueblo y utilizando tambores no me dejaron hablar? ¿Sabe, ministra, que volcaron el coche de la megafonía por anunciar en aquella zona?
En aquella zona todo el mundo sabe lo que hay y hace falta eliminar eso. Tiene que haber elecciones sindicales. Hace falta que los inspectores visiten. Hace falta también que los incumplidores en el campo, en todo el Estado, estén
vinculados a las ayudas de la política agraria comunitaria, de forma que si no cumplen con la legalidad, no haya ayuda de la política agraria comunitaria. Hace falta que se investiguen las empresas, las ETT y las empresas de servicios, que se han
convertido empresas corruptas, que cogen a los inmigrantes y los trasladan de Valencia a Murcia, de Murcia a Andalucía, por todos los lugares. Las ETT y las empresas de servicios son empresas de dudosa legalidad. Hace falta que el Gobierno y la
Administración pongan medios, porque si no ponen medios, ministra, estaremos haciendo daño a la fresa en Huelva. Y le están haciendo daño, porque en Alemania, en Francia, en todos los países europeos y en otros lugares la gente sabe lo que está
ocurriendo, y vosotros, el Gobierno y la Administración pública, seréis culpable de que en Europa algún día corten las ayudas a la fresa, los arándanos, las frambuesas y las moras por esa situación de explotación en el siglo XXI. Por eso le pido
que pongan solución a este problema.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputados: ¡Bravo!).
La señora PRESIDENTA: Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Señor diputado, lo primero: efectivamente el Profea es preferentemente para Andalucía y Extremadura y para otras zonas despobladas o desprotegidas de España. Pero
preferentemente, más de un 95 % de los fondos se los llevan Andalucía y Extremadura, y lo sabe usted igual que yo. Segundo, no es verdad lo que usted ha dicho porque unas situaciones particulares e irregulares que hay que perseguir, investigar y
lograr que tengan una sanción o una condena ejemplar no son la generalidad del campo onubense y andaluz. Y es bastante injusto que usted haga de uno, dos o tres casos particulares el tono general de cómo trabaja el sector, de sus trabajadores, de
sus empresas, de sus interlocutores sociales. Creo que debe ser usted un poco más respetuoso y prudente en sus afirmaciones y ayudar a las administraciones, desde su responsabilidad, a perseguir cualquier situación irregular porque en ese camino,
en el de la ley, le acompañamos todos. Por otro lado, señoría, está bien que usted le pida cosas al Gobierno, pero, hombre, no le pida al Gobierno que renueve el convenio colectivo del campo, algo que corresponde a los sindicatos y a la patronal
del campo andaluz. Podemos hacer muchas cosas desde la Administración, mejorar el bienestar de los trabajadores y sus condiciones de trabajo, pero el convenio colectivo corresponde al ámbito de negociación bipartita de sindicatos y patronal. En
ese punto créame que yo deseo como usted que se renueven con normalidad los convenios y que se mejoren los salarios y las condiciones de los trabajadores, lo digo todos los días, en el ámbito del campo andaluz y a nivel general, porque tenemos que
ir incorporando a la recuperación a los trabajadores españoles en todos los rincones de España. Pero, señoría, no describa esa imagen de Huelva que no es la realidad. Y desde luego no le permito que diga que el Gobierno es cómplice de esa
situación, porque es una grave acusación. El Gobierno es cómplice de la legalidad, de la lucha por la competitividad de las empresas y el bienestar y la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores, de todos los trabajadores, también de
los temporeros. Así que, señoría, le pido que en eso sea un poco más reflexivo y prudente.
Para terminar, como siempre que hago con usted que me plantea cualquier tema, si tiene usted cualquier aportación que hacer hablemos de eso porque será en beneficio de los trabajadores españoles y de los extranjeros que vienen a trabajar con
nosotros, que es el gran objetivo de todos los que estamos sentados en esta Cámara. Pero, señoría, no haga lo que ha hecho esta mañana, que es, desde las irregularidades de unas situaciones particulares, acusar generalizando a todo un sector que es
motor de
crecimiento, de desarrollo, de innovación, de empleo de calidad y de prosperidad para Huelva y también para España.
Yo desde aquí quiero dar las gracias a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores del campo, a los sindicatos, a la patronal, a todas las administraciones públicas de Huelva, porque están haciendo de Huelva en el ámbito
agroalimentario un ejemplo y un orgullo para la marca España en el mundo. Es un agricultura innovadora y también fuente de oportunidades y la industria agroalimentaria de los frutos rojos, de los berries, que son la fresa y el resto de los frutos
rojos de Huelva, está en todas los mercados internacionales por su calidad, no solo como producto agrícola, sino también por cómo se ha hecho ese producto en el campo, con buenas condiciones de trabajo y también siguiendo el modelo europeo de
contratación en el campo que es el que aplica este Gobierno de España.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2017.
- INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2017. (Número de expediente 260/000002).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo al informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2017. Como saben sus señorías, con arreglo a las normas de procedimiento,
las deliberaciones comenzarán una vez que el Defensor del Pueblo en funciones haya terminado la presentación de su informe.
Para la exposición de un resumen del informe, tiene la palabra el Defensor del Pueblo en funciones, don Francisco Fernández Marugán.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES (Fernández Marugán): Señora presidenta, señoras y señores diputados.
Tras casi treinta años de vida parlamentaria, volver a estar en esta tribuna resulta para mí una situación en la cual se conjugan a la vez el agradecimiento y la satisfacción. Nunca creí que pudiera dirigirme al Congreso a dirigirles la
palabra en un tema que tiene, como veremos a lo largo de mi intervención, muchos elementos importantes. Además han transcurrido seis años desde que Concepciò Ferrer i Casals y yo tuvimos el honor de ser elegidos por ustedes para el desempeño de la
función de adjuntos del defensor.
Comparezco, como bien ha dicho la presidenta, para dar cuenta de la gestión realizada a lo largo del año 2017 en mi condición de Defensor interino, sustituyendo a doña Soledad Becerril, que fue la Defensora del Pueblo hasta el mes de julio
del año 2017. Todos sabemos que la función del Defensor del Pueblo es la defensa de los derechos fundamentales y que para esa defensa tiene amplísimas competencias, que ejerce con autonomía y según su criterio. En esa labor queremos ser algo más
que un simple buzón de quejas. Tenemos que atender a aquellas cuestiones que nos plantean los ciudadanos, analizarlas y hacer un diagnóstico que nos lleve a la raíz y a averiguar qué hay detrás de ellas. En eso consiste, desde mi punto de vista,
nuestra función constitucional. Pero permítanme que les diga que las quejas tienen una lógica intrínseca. Hablan de lo que los poderes públicos hacen mal o no hacen. No conozco a nadie que acuda al defensor para contarle lo bien que le va en la
vida. A los que les va bien en la vida, cuando tienen que ir a algún lugar, van a expresar su satisfacción y a dar las gracias. A nosotros no nos corresponde ese cometido. Nuestros informes suelen ser incómodos y en ellos, en ocasiones, se
arrojan jarros de agua fría a algunas actuaciones y para determinadas políticas. Soy plenamente consciente de que, en el tipo de encomiendas que se asumen en este momento, cuando te vas tienen menos amigos que cuando llegaste, pero, bueno, la cosa
es así y debemos entenderlo. ¿Por qué ocurren estas cosas? Ocurren, desgraciadamente, porque en las sociedades modernas cada día hay más gente que se cae del carro y se ve marginada. Hace unos días tuve la oportunidad de escuchar y después de
leer la intervención de un escritor nicaragüense, el señor Ramírez, que decía que cerrar los ojos, apagar la luz y bajar las persianas supone ignorar la realidad social del momento. Yo tengo que decir que comparto ese criterio, pero también que ni
quiero ni puedo tratar de ignorar la realidad social de este momento.
A partir de este momento quisiera poner de relieve las estadísticas básicas de lo que hemos hecho. Hemos tramitado 25 776 expedientes, de los cuales muy cerca de 20 000 son quejas de ciudadanos, 760
son actuaciones de oficio y 40 son peticiones de recursos de inconstitucionalidad. Hemos adoptado además 2338 resoluciones, 567 más que en el año 2016. Hecha esta consideración de tipo cuantitativo, me pregunto y les pregunto -les voy a
responder- de qué se quejan los ciudadanos. Los ciudadanos se quejan del mal funcionamiento de los servicios públicos, ya sean los prestados directamente por la Administración, ya sean los prestados por otro tipo de instituciones de forma
indirecta, y hay algunos servicios públicos que en España tienen fallos con demasiada frecuencia. Pero también se quejan de la existencia de una crisis económica que les ha ocasionado problemas en el ejercicio de los derechos relacionados con la
sanidad, con la educación o con la política social, por citar algunos de ellos.
Cuando traté de pensar de qué les iba a hablar esta mañana, deseché de inmediato volver a repetir las cosas que había planteado en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. ¿Por qué? Porque me parece que tenía que hacer
realidad esa concepción en virtud de la cual se analizan las cuestiones y se formula un diagnóstico. Ahora bien, quisiera poder resaltar algunos hechos que me parecen significativos. Voy a destacar tres grandes problemas que me parecen relevantes
y que deberíamos ser capaces entre todos de resolver: en primer lugar, los relacionados con la violencia de género y con la brecha salarial; en segundo lugar, los problemas que se plantean en la Administración de Justicia, y en tercer lugar, los
que ocurren en el Registro Civil. ¿Por qué he diferenciado estos tres bloques? Primero, porque este tipo de problemas persisten en el tiempo; segundo, porque generan muchas quejas, y tercero, porque afectan a cientos de miles de ciudadanos.
Hablemos, en primer lugar, de la violencia de género. Desgraciadamente es una realidad presente en España; es una realidad que ha hecho que más de 1000 mujeres hayan sido asesinadas en nuestra sociedad desde el año 2003, que el año pasado
27 niñas y niños perdieran a su madre y 8 menores fueran asesinados por su padre. Por tanto, se justifica una de las cosas que hemos dicho con reiteración: un maltratador nunca puede ser un buen padre y un huérfano de violencia de género debe
encontrar en la sociedad española algunos mecanismos de protección. En el Defensor del Pueblo vimos con bastante satisfacción que se llegara a un acuerdo, a un pacto de Estado contra la violencia de género, y también que en los presupuestos de 2018
se dote de una cantidad importante para hacer frente a este tipo de problemas y conjurar algunas urgencias. Efectuadas estas iniciativas, nos parece que es fundamental que toda la sociedad esté unida contra la violencia machista, que plantee frente
a ella un rechazo contundente y que haga los esfuerzos necesarios para que se acabe con esta locura. Por eso, consideramos que los niños y las niñas tienen que aprender desde pequeños que las relaciones entre los hombres y las mujeres han de
basarse siempre en el respeto y en la libertad. Aquí la educación juega un papel muy importante. Lo decía Kant: El ser humano es lo que la educación hace de él. Además, en el siglo XXI no es aceptable que exista una discriminación laboral y que
se dé una brecha salarial como la que vive nuestra sociedad. Todos somos conscientes de que las tasas de empleo femeninas son más bajas que las masculinas, lo que quiere decir que el paro es más importante entre las mujeres. Acaban de publicarse
en la mañana de hoy algunos hechos que son significativos y que nos preocupan. La concentración de sueldos bajos en las mujeres es muy frecuente. Los sueldos son más bajos, el 22 % más bajos respecto al sueldo de los hombres, pero tendría que
decir que un registro similar al que hoy traigo aquí delante de sus señorías ya ocurrió hace ocho años. Se avanza, pero se avanza con lentitud. En España las mujeres tienen dificultades para encontrar una ocupación, pero también, una vez que la
encuentran, tienen dificultades para seguir luchando y poder romper el techo de cristal. Por tanto, hay que actuar contra la brecha salarial y hay que poner en marcha sistemas de conciliación.
En el mundo de la justicia tenemos nosotros muy tasadas nuestras competencias. En realidad, nos ocupamos y nos preocupamos por la operatividad de la Oficina Judicial, por que tenga medios personales y materiales y por que la disposición de
los mismos pueda llegar a quienes tienen la responsabilidad de juzgar y a quienes tienen la responsabilidad de ejecutar lo juzgado. Una de las cosas que ocurren es que nos encontramos con que la justicia sigue siendo lenta, que no es tan rápida
como quieren los ciudadanos. Este es un problema estructural para el que parece que todavía no hemos encontrado vías de solución. En el informe podrán encontrar ustedes referencias muy concretas a problemas habidos en los juzgados de lo Mercantil,
de lo Penal y de lo Social. Estas disfunciones han originado que un hecho insólito haya ocurrido hace pocos días, una huelga de jueces y fiscales.
El tercer grupo de problemas se plantea en torno al Registro Civil, donde hay aprobada una ley cuya aplicación se pospone sistemáticamente. Nos encontramos en una situación de provisionalidad que afecta a todos los ciudadanos que se acercan
a los servicios del Registro Civil para inscribirse por razón de nacimiento, de defunción o de matrimonio, pero también afecta a miles de ciudadanos extranjeros que
solicitan la adquisición de la nacionalidad en España. Según nuestros datos, hay pendientes de resolución en torno a cuatrocientos mil expedientes de nacionalidad. Por lo tanto, sí quiero decir en la Cámara, como lo dijeron otros
defensores anteriores a mí, que el Registro Civil no funciona. Me atrevería a decir que estamos delante de un caso de desidia.
El otro tipo de problemas que preocupan a los ciudadanos en España están relacionados con los derechos humanos, en concreto con aquella parte de los derechos humanos que podríamos denominar derechos económicos, sociales y culturales, que
tienen que ver con el trabajo, con la Seguridad Social, con la salud, con la adecuación, con la vivienda, con una serie de factores que contribuyen a que la vida sea más digna. Este tipo de derechos, señorías, no son una declaración de buenas
intenciones, no; son obligaciones que se contraen por parte de los Estados y que la Constitución española de 1978 proclama cuando dice que los ciudadanos tienen, por el mero hecho de serlo, unos derechos sociales reconocidos, que el Estado y las
administraciones tiene la responsabilidad de llevar a cabo y el Defensor del Pueblo tiene la responsabilidad de velar por su cumplimiento. Este es un problema que se plantea en este momento, donde una gran recesión y una fuerte crisis han generado
un conjunto de efectos nocivos que afectaron a políticas públicas y, por tanto, a un grupo amplio de la sociedad, a las mujeres, los niños, a los discapacitados, a los refugiados, a los inmigrantes -de esas cosas nosotros nos preocupamos-, y eso ha
sido muy evidente a partir del año 2007, cuando el ritmo de la actividad económica se contrajo y cuando un reguero de dificultades se extendió por el conjunto de la sociedad española. El nivel de vida disminuyó de forma drástica en los hogares
situados en los estratos medios y bajos del sistema y la desigualdad adquirió una notoriedad máxima; hubo un proceso de empobrecimiento que estuvo motivado por una transferencia de renta de la parte inferior de la sociedad a la parte alta de la
sociedad. Por lo tanto, vivimos un fenómeno de contracción de los recursos disponibles y de lucha por el reparto de esos recursos disponibles, que eran escasos, pero que además se vieron convulsionados por algunos cambios que se habían producido en
las clases medias españolas.
Estos han sido años en los que se ha dicho adiós a los tiempos normales, a aquellos tiempos en los que la renta disponible de todos los hogares mejoraba y se dio entrada a otro periodo en el que muchos hogares vieron cómo sus condiciones
económicas empeoraban. Después de una larga, muy larga etapa de aproximación a los ritmos y a las realidades de la Unión Europea, vimos que la recesión nos condujo a una fase de divergencia que para muchos continúa existiendo en este momento. La
que primero lo dijo fue la OCDE, que puso de relieve que el crecimiento de la desigualdad en España estaba generado por el aumento de la pobreza, y lo fija en el tiempo. Los pobres severos pasaron de ser el 2 % de la población en 2007 a ser el 5 %
en 2009 y el 5 % de la población en 2013. Se puede definir hasta un perímetro de la desigualdad. En esa desigualdad estaban la clase obrera consciente -permítanme que utilice un lenguaje clásico en este sentido-, los trabajadores de siempre que,
de alguna manera, se sintieron amenazados y creyeron que podían ser castigados por una crisis que era relativamente difícil de dominar.
Había un segundo circuito también, el de las clases medias. En España, las clases medias han soportado menos coste que los trabajadores, pero no es menos cierto que se sintieron amenazadas, y con razón, y que pensaron que tendrían que
soportar dificultades que antes no conocían. Unos y otros se encontraron con que los estabilizadores sociales, con que los amortiguadores eran poco potentes y, como eran poco potentes, tenían poco poder redistributivo y, como tenían poco poder
redistributivo, no podían impedir el aumento de la desigualdad.
Los ciudadanos se dirigieron a nosotros y manifestaron sus quejas, y dijeron que estaban inquietos por que las respuestas ofrecidas por los Gobiernos -los Gobiernos- no eran lo suficientemente satisfactorias. Además, esta inquietud pronto
se manifestó en malestar y ha venido aflorando de distinta manera. No quisiera tener que recurrir, aunque lo voy a hacer, a decir que, recientemente, esos ciudadanos, ya sean procedentes de los asalariados tradicionales, ya sean de las clases
medias, han saltado a la calle y han hecho una demostración evidente de su preocupación.
Querría aportar una visión más optimista de la que he aportado hasta ahora. La etapa más dura del crecimiento se ha superado. El INE acaba de decirnos que los datos del año 2017 son similares a los que se vivieron en el año 2008, es decir,
que el PIB nominal tiene ahora el nivel que tuvo hace diez años. Ahora bien, este periodo se caracteriza por la poca atención que se ha sentido en muchos poderes públicos por el reparto equitativo de los costes generados por la gran recesión.
Como creo que se le ha prestado poca atención, voy a dedicar una parte importante de mi intervención a hablar del reparto. Trataré de ver cuáles son las características esenciales de este momento. Me parece
pertinente hablar del crecimiento, pero creo que está bien correlacionarlo con el empleo. El último dato que conozco del empleo en España es el de los cotizantes a la Seguridad Social. Tendría que decir que aquí se ha producido una doble
circunstancia: hay un periodo de caída de los cotizantes de la Seguridad Social y hay un periodo de recuperación de los cotizantes de la Seguridad Social. La caída se produce entre 2007 y 2012 y la recuperación se produce entre 2013 y lo que va de
2018. En la caída desaparecen más de 3 millones de puestos de trabajo y en la recuperación se generan 2,2 millones puestos de trabajo, un saldo negativo todavía de 800 000 puestos de trabajo. Me eduqué en el pensamiento económico clásico, y nos
enseñaban que, a la hora de analizar los datos y los hechos, teníamos que contemplar la oferta y la demanda. Teníamos que trabajar con dos manos y, trabajando con dos manos, uno llega a la conclusión de que, de alguna manera, es excesivamente
simple quedarse en el análisis de la fase de recuperación y que no conduce a nada quedarse en la fase de estancamiento. Por lo tanto, creo que tenemos un crecimiento económico alto. Y en torno a la recuperación, los economistas especulan; y no
solamente en torno a la recuperación, sino también a más cosas, pero lo que vienen a decir es que la recuperación es frágil y que, siendo frágil, debemos tener en cuenta algunas perturbaciones exteriores que se pueden producir en ella.
En cualquier caso, la recuperación no ha sido neutral. La recuperación nos ha hecho pagar un alto coste y voy a enunciar los elementos y las circunstancias donde creo que ha habido un alto coste. Ha habido un alto coste en la desaparición
de miles, de algunos millones, de puestos de trabajo. Ha habido un alto coste en el innumerable número de desahucios; se han suprimido múltiples y numerosas prestaciones sociales; han desaparecido los derechos ganados a pulso por el esfuerzo y
por el tesón de muchas generaciones anteriores -eso forma parte de los costes de la recuperación-, y también hemos asistido al saneamiento y a la recapitalización del sector financiero en España. Es una larga, muy larga, etapa de crisis; un alto
precio para superarla; un esfuerzo considerable con un elevado coste social y, como siempre en la vida, ganadores y perdedores.
Este tipo de diagnóstico, que lo puedo hacer aquí rápidamente para identificar el problema con el que nos encontramos, también lo ha hecho el FMI, que ha dicho y ha sostenido que estamos ante una recuperación no inclusiva, en la que no han
funcionado los mecanismos de reparto de los beneficios del crecimiento. Semejante dureza ha producido desconfianza, y amplias capas de la sociedad nos hacen llegar a nosotros un importante número de quejas. Donde más se han notado las quejas -este
es el diagnóstico de esta situación que hace el Defensor del Pueblo- es en el mercado de trabajo, donde un número importante de personas tropiezan con dificultades para encontrar un empleo, y donde el empleo se concreta, en la mayor parte de las
ocasiones, después de largos periodos de desempleo, y después de que las ocupaciones a las que tienen acceso en muchos casos son de poca calidad.
Eurostat, que no es precisamente un organismo que no conozca este tipo de cuestiones, acaba de certificar que salimos de la crisis sin haber resuelto el principal problema laboral que tiene esta sociedad desde los ochenta, la temporalidad.
Fíjense, hemos hecho doce reformas del Estatuto de los Trabajadores, y las más cercanas se hicieron en 2010, 2011 y 2012, y están ahí. La de 2012 está mal valorada porque hay quien cree que contribuyó a debilitar el poder sindical. Yo no creo que
todos los problemas de desigualdad, de precariedad y de devaluación salarial sean imputados o puedan ser imputadas a la reforma de 2012, no lo creo. Ahora bien, digo esto porque estos problemas de desigualdad, de precariedad y de baja productividad
ya estaban en la sociedad española cuando fueron aprobadas estas reformas. Pero sí tengo que decir que no se corrigió, sino que los agudizó, acentuando el carácter desrregulador de la negociación colectiva. Y, como consecuencia de ello, hoy nos
encontramos con un hecho que algunas personas consideran discutible -algunas personas y algunas instituciones-. Los empresarios están consiguiendo más poder para fijar los salarios, para fijar los horarios y para poner todo tipo de limitaciones en
las condiciones de trabajo. Esto, que yo lo creo y lo digo en esta tribuna porque afecta a miles de personas, lo acaba de decir el Banco de España, quien literalmente ha dicho que las ganancias de competitividad frente a la zona euro han recaído
más en los costes laborales que en los márgenes empresariales. Es consecuencia de algunas decisiones que hemos tomado en el conjunto de la sociedad. Tenemos un binomio donde la rebaja salarial se esgrime como estandarte, pero donde la contratación
se mueve en un abanico extraordinario de precariedad. Aquí los contratos se hacen por meses, por semanas, por días y hasta por horas, y esto es un mecanismo bastante injusto que afecta de una manera muy importante a determinados colectivos: a los
jóvenes, sin lugar a dudas, y a las personas que tienen escasa cualificación. Entre estos últimos lo que existe son niveles elevados de desempleo con salarios muy reducidos. Por lo tanto, una injusticia se nota en el desenvolvimiento de las
relaciones industriales, que
además no solamente es injusta, sino ineficiente porque se ha venido abusando de la contratación temporal y de la contratación a tiempo parcial.
El segundo problema que se pone de relieve por parte de los ciudadanos a la hora de dirigirse a nuestras instituciones es el que tiene que ver con la realidad presupuestaria y con la realidad fiscal, y la una y la otra han sido cuadernas
fundamentales del Estado del bienestar. Hace años que los ciudadanos se dirigen al Defensor del Pueblo diciendo en sus quejas que el sistema tributario es menos progresivo ahora que antes, y también dicen que el gasto público es igualmente menos
equitativo ahora que antes. Ustedes han estado viendo y analizando los presupuestos la semana pasada y han tenido oportunidad de aproximarse al programa de estabilidad presupuestaria para el periodo 2018-2021. Pues bien, si uno se toma la molestia
de ver cómo han ido evolucionando algunos gastos públicos en este periodo, verá que hay series históricas que nos dicen que se ha producido una reducción del gasto social desde el año 2013 para acá. Lo voy a señalizar en tres funciones que son muy
importantes para el nivel de vida de los ciudadanos: en educación, donde estamos en mínimos históricos -estamos en el 3,8 cuando habíamos estado en el 4,5-; en un momento donde sorprendentemente la inversión en capitalización humana adquiere una
especial relevancia, nos encontramos con que en España, en lugar de avanzar, retrocedemos. También se produce esta modificación de retroceso en el gasto en salud y en el gasto de protección social, que en el año 2013 era el 18 % del PIB y ahora es
el 15,88 del PIB. Por tanto, han faltado fondos para inversiones en colegios, para inversiones en hospitales, para viviendas y para servicios sociales.
Yo les decía antes que concibo la función del Defensor del Pueblo combinando análisis y diagnósticos. Las quejas que se producen por la ausencia de inversiones en algunos servicios tan importantes como la educación me llevaron a preocuparme
por otro tipo de inversiones que afectan además a muchos servicios públicos. La inversión pública entre el año 2007 y 2017 ha caído en 32 000 millones de euros y está en este momento en el 1,9 % del PIB. Hemos pasado de ser uno de los países más
inversores de Europa a formar parte del conjunto de países de la Unión Europea que menos invierte: estamos en la cola de la Unión. Desde mi punto de vista -me atrevo a decirlo porque lo creo-, ustedes todos, como dirían en algunas zonas de España,
tienen la posibilidad de hacer alguna reflexión sobre la importancia de la reforma laboral y de la reforma presupuestaria. Hemos actuado en ambas cosas con exceso de debilidad, y hechos como el paro de larga duración, la temporalidad y las
precarias condiciones de la contratación han dejado una huella en los hogares españoles que habría que corregir, y que han limitado la capacidad de crecimiento del momento presente y quién sabe si de la articulación del futuro.
Vuelvo a repetir lo señalado por el Banco de España, que creo que es una institución respetable, al menos para mí como profesional y como ciudadano. El Banco de España ha dicho que la desigualdad por renta se ha agravado con la crisis,
debido sobre todo a las condiciones del mercado de trabajo, que ha sido el principal catalizador de tales desigualdades, y lo ha dicho situándolo correctamente en el tiempo. En los años duros del ajuste la desigualdad per capita era alta, pero en
los años de la recuperación la desigualdad se ha reducido tan solo moderadamente. Aquí hay un desequilibrio que de alguna manera deberíamos ser capaces de corregir. La desigualdad existe en la renta, pero también existe en la riqueza, y lo dice
también literalmente el Banco de España. Los españoles más ricos, aquellos que se encuentran entre el 10 % más alto de la renta, acumulan el 44 % de la riqueza de todos los hogares; lo acumulaban en el año 2008, y en el año 2014 acumulan el 53 %,
un 9 % más. Por tanto, quédense con una idea, se lo digo sinceramente, quédense con la idea de que las entidades públicas en España gastan menos de lo conveniente en educación, en sanidad, en vivienda, en servicios sociales y en ayudas a las
familias en situación de pobreza.
Se lo digo yo, y alguien podrá decir: Si no lo dice el Defensor del Pueblo, ¿quien lo va a decir? Lo dice más gente. El Defensor del Pueblo lo dice, lo dice porque lo cree. Aquí ha habido una circunstancia donde desde las políticas que
avalamos los diferentes poderes públicos se ha hecho una política relativamente severa. Soy perfectamente consciente de que mi intervención no es enternecedora. No esperaba que fuera enternecedora. Yo me he preguntado: si estas cosas son así,
¿merece la pena mantener algunas de las cosas que he venido yo exponiendo? Sinceramente, estando la economía como está, en un claro proceso de recuperación, creo que ha llegado el momento de curar las heridas que la crisis abrió y que todavía no
están cerradas. Tenemos una oportunidad para mejorar las condiciones sociales, las condiciones de unos niveles de renta y de consumo en aquellos colectivos que todavía no han alcanzado una situación de dignidad y que tienen fuertes necesidades.
Los beneficios del crecimiento no llegan a todos, y creo que es necesario afrontar un proceso de reparto que ayude a
quienes están en situación de desprotección. Eso lo digo yo, es verdad, el Defensor del Pueblo lo dice, pero también lo dicen la OCDE, la ONU, la OIT, la Comisión Europea, el FMI, Eurostat y el Banco de España, y lo van a decir pronto el
Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y Cáritas, y el IVIE, que si alguien no sabe quién es el IVIE es un centro de investigación económica excelente que existe en la comunidad valenciana. Yo me alegro de que todos ellos
digan lo que nosotros desde el Defensor del Pueblo venimos diciendo.
Me voy a acercar al mundo de la desprotección, a las situaciones que padecen colectivos y ante las cuales nosotros, en el Defensor del Pueblo, no estamos dispuestos a resignarnos. Son los casos de los parados de larga duración, que por
cierto son mayoritariamente mujeres, los trabajadores pobres, las familias en las que todos sus miembros están en paro, los jóvenes sin trabajo y sin derecho a la prestación de desempleo y también los jubilados, las personas dependientes, los niños
y las niñas en situación de pobreza infantil y aquellas personas que no tienen recursos para llegar a fin de mes. La situación de estos colectivos es una situación grave, y yo tengo que prevenir y decir que no se puede suponer que por el mero hecho
de que se ha recuperado el nivel de actividad económica que tenía el PIB en el año 2008 los problemas de este conjunto de compatriotas nuestros se van a resolver. Yo no creo en el goteo, yo no comparto la creencia de que a través del goteo lento de
la actividad económica que produce el mercado, contra el cual no tengo ningún criterio ni ninguna animadversión, estas personas van a resolver sus problemas. Si nosotros queremos hacer frente a la desigualdad que existe en la sociedad española,
tenemos que llevar a cabo una política activa, decidida y mantenida en el tiempo de redistribución de la renta.
Tengo la convicción profunda de que hoy en España muchos ciudadanos viven pendientes de las ayudas del Estado y que necesitan esa ayuda y esa acción protectora de los poderes públicos, y lo dicen en sus quejas. Tuve dudas sobre cómo abordar
este tema a la hora de preparar mi intervención. Tuve dudas porque busqué en las actuaciones que se desplegaron en los años de la crisis para cubrir este tipo de carencias, y lamentablemente no las encontré. En los años duros de reajuste no
encontré ni el más mínimo deseo de recalibrar el Estado del bienestar ni de poner en marcha nuevas políticas sociales con mejoras o sin mejoras de las existentes. El Estado social se ha estado reconvirtiendo y en esa reconversión al ascensor social
se le hizo cambiar de sentido y, en lugar de subir como había subido, se le dejó caer, y con él cayeron muchos derechos civiles y muchos derechos sociales se vieron reducidos; se vieron reducidos a la vez que arreciaba la desigualdad.
Sostengo que ese Estado tiene que responder y tiene que llevar a cabo un compromiso que, qué duda cabe, se tiene que realizar en torno a la actividad económica y financiera, pero también ha de proteger a los ciudadanos que corren el peligro
de quedarse en el camino en estos tiempos de dificultad. No creo en las posiciones de quienes sostienen que para un correcto desempeño de las tareas públicas hay que reducir, hay que empequeñecer y hay que jibarizar el contenido de la actividad
económica, ya sea privada o sea pública. Un Estado enclenque difícilmente puede resolver los problemas de esta sociedad, por lo que necesitamos un Estado más comprometido que favorezca la creación de empleo, que dote de suficiencia a las
principales políticas públicas de carácter social y que se plantee con honestidad y con transparencia el papel y la conveniencia que han de desempeñar los impuestos. Creo que, pese a la antipatía que muchos profesan hacia los impuestos, son el
instrumento más sólido, más consistente y más ortodoxo que puede hallarse para financiar el gasto en escuelas, en infraestructuras y en protección social dirigida a los segmentos de una sociedad envejecida y, en buena medida, empobrecida.
Termino recordando a Martin Luther King, que en un momento de su vida dijo que ni la desigualdad ni la pobreza eran nada nuevo; ni la desigualdad ni la pobreza eran nada nuevo; que lo que es nuevo es que ahora tenemos recursos para
remediarlas y ahora tenemos recursos para remediarlas y, por tanto, para hacer que la brecha no se agrande. Evitemos en España que la brecha se agrande y para conseguirlo pongamos en marcha un programa de recuperación social.
Señoras diputadas, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señora presidenta, por haberme permitido el privilegio de volver a subir a esta tribuna donde tantas y tantas veces vine y donde fui dichoso y
feliz.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias al Defensor del pueblo.
En el turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Guillaumes i Ràfols.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gracias, presidenta, señorías. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia).
Empecemos por las cifras: 24 976 quejas, lo cual quiere decir 8491 más que el año pasado. ¿De dónde han salido? Pues resulta que en Cataluña el año pasado hubo 1425 y este año ha habido 4284, un aumento exponencial prácticamente. Y,
aunque una de las quejas que voy a transmitir al defensor es que no podemos conocer su materialidad, curiosamente este exponencial crecimiento de quejas en Cataluña van, en materia de Interior, concretamente dirigidas al Estado. Con lo cual, blanco
es y en botella lo venden. Se han cuadriplicado las quejas en Cataluña y van dirigidas al Estado, concretamente al Ministerio del Interior. No he accedido -porque no se puede- a la materialidad de las quejas pero creo que está bastante claro lo
que ha pasado, una vez más -esta vez a través del filtro ciudadano- se puede deducir el escándalo, el malestar que en Cataluña ha generado la represión después del 1 de octubre. Pero aquí lo dejaré porque quiero repasar todo el informe del
defensor.
Refugiados. Para toda Europa la cifra era de 160 000. El cupo español eran 17 337. ¿Cuántos se han acogido realmente? 1980, el 11,4 % de lo comprometido. Esto es lo que podríamos llamar una vergüenza. Hay más de 70 000 solicitudes de
refugio en el Estado español pendientes. Indignante. Voy a poner el ejemplo de la Generalitat pero podríamos poner el ejemplo de muchos ayuntamientos. La Generalitat ofrece -a partir del artículo 138 del estatuto, que le da competencias de
acogida e integración- 4500 sitios donde instalar una parte significativa de estos 17 337 refugiados que nos tocan. ¿A ustedes les han contestado? Pues a ellos tampoco. Parece que incluso con aquello que llaman: Solución busca problema, o sea
teniendo la solución que va a buscar el problema, ni así se acepta que vengan estos refugiados. (Rumores). Repito, la Generalitat ofrece 4500 sitios...
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señor diputado, un segundo, por favor.
Señorías, les pediría silencio en este momento puesto que el señor defensor del pueblo tiene que escuchar desde arriba a los diputados y diputadas que intervengan. No es que estén haciendo mucho ruido pero quiero que sean especialmente
silenciosos para que él les pueda escuchar desde arriba.
Adelante.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Presidenta, perdone, pero ha ido corriendo el tiempo.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): No se preocupe por eso, que yo sabré recompensarle.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Muy agradecido.
Como decía, ni más ni menos, se ofrecen 4500 plazas para refugiados. Resulta que el Estado español tiene que cubrir 17 337, solo cubre 1980 y aún así esta oferta es denegada. Igual que lo es la de la Generalitat de Cataluña, también lo es
la de muchos ayuntamientos y otras comunidades autónomas. La conclusión es obvia: el Gobierno del Estado no quiere refugiados. Así de claro, no los quiere. Es una decisión política por la cual el Estado español no quiere refugiados.
Otras situaciones escandalosas que se deducen del informe del defensor en funciones son el voto extranjero. Resulta que los ciudadanos que están en el extranjero, debido al sistema de votos rogados, están impedidos en la práctica de poder
votar. Se tiene que cambiar la Ley Electoral porque solo se consiguen porcentajes de votación alrededor del 4 o el 5 % porque las papeletas no llegan, porque las respuestas no llegan, porque llegan fuera de plazo, etcétera. Estamos privando de un
derecho fundamental a un volumen de ciudadanos importante a tener también en cuenta. Finalmente, el mal funcionamiento de determinados servicios públicos, como es el caso de la emisión del DNI donde cada verano es una auténtica odisea. No es solo
una cuestión de que mucha gente seguramente pierde sus vacaciones sino que mucha gente que va a hacer negocios y que va a contribuir al crecimiento de la actividad económica, seguramente también por este mal funcionamiento del servicio público de
emisión del documento nacional de identidad no pueden hacerlo.
Creo que he hecho un pequeño resumen de lo que ha sido el informe del defensor. Creo que todos deberíamos tomar en cuenta que han crecido las quejas, que en lugar de a Servicios Sociales por primera vez van a Interior y que hay una serie de
mal funcionamiento en los servicios públicos que son absolutamente intolerables y lo es también la política de acogida o más bien la absoluta ausencia de política de acogida que tiene el Gobierno del Estado.
Gràcies, presidenta, per la seva paciència. Al final no ha sido necesaria la compensación. Y gràcies, senyorias, també per la seva paciència.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Guillaumes i Ràfols, por ajustarse además al tiempo y disculpe por no haberle parado antes el reloj.
Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor defensor del pueblo, bienvenido. La comparecencia que usted tuvo en Comisión, evidentemente, era una especie de preámbulo a lo que usted hoy iba a decir aquí. Y si hay algo que reconocerle tanto en su
informe como en su discurso -se lo dije en Comisión y lo vuelvo a reiterar- es que ha tenido en cuenta y ha cumplido aquello que dijo de que usted mientras fuera defensor no iba a mirar para otro lado. Me quedé con esa frase y la verdad es que le
tengo que reconocer que no ha mirado para otro lado. No ha sido neutral y me parece bien que no lo haya sido porque con la injusticia no se puede ser neutral. Creo que confundir la neutralidad con la objetividad es algo que nos lleva a veces a
ciertos caminos peligrosos. Usted ha hecho hoy aquí un discurso, evidentemente, socialdemócrata. Nadie va a negar lo que usted es ni el pasado que tiene, sin duda alguna. Un discurso socialdemócrata con retazos de, llamémosle, ¿marxismo amable?
Bueno, dejémoslo así. En cualquier caso, no estoy en contra de lo que usted ha dicho. Me parece muy bien porque todo lo que usted ha denunciado es realidad social de lo que está pasando en el Estado español. Por lo tanto, cuando digo que usted no
ha mirado para otro lado, reconozco que en el lado que ha mirado se ha fijado muy bien, quizá hecho en falta que no haya mirado a más lados también, porque creo que en su informe -que está muy detallado, muy trabajado y que profundamente ha recogido
las quejas y sin duda alguna le ha dado una vuelta al avispero- le falta implicación. De la misma manera que usted se ha implicado en algunas cuestiones con tanta profundidad, en otras también debía. Me parece muy importante la definición que ha
hecho de los problemas, del tema de la violencia de género, de las quejas a las administraciones públicas, a las instituciones penitenciarias, y de los derechos humanos en su globalidad.
En el tiempo que me queda voy a hablar de lo que usted no ha hablado, porque comparto bastante de lo que sí ha hablado. Usted sabe perfectamente que mi grupo se quejó de algunas cuestiones relativas al funcionamiento de las instituciones
penitenciarias, y sabe que teníamos cierto interés en saber qué es lo que estaba pasando en algunas prisiones, como en Albolote, por ejemplo, en relación con la que habíamos recibido quejas porque se estaba discriminando a las mujeres frente a los
hombres porque se estaba pidiendo a las mujeres que hicieran trabajos que no se pide a los hombres, etcétera, y le pedimos que lo investigara. Usted sabe que nosotros hemos tenido una postura crítica con el alejamiento a propósito que el Gobierno
está ejerciendo. Usted sabe perfectamente que el acercamiento de presos a las cárceles más cercanas a donde viven sus familias no es ninguna concesión a quien ha cometido un delito, sino que es algo que está en la ley, que es cumplir la ley, y que
las familias no tienen que pagar ningún doble castigo porque sus parientes estén en la cárcel. Usted sabe que nosotros hemos incidido muchas veces en eso.
También nos hubiera gustado que hablara de educación porque usted -y lo dijo en la comparecencia- se alegraba de la existencia de un pacto de Estado, aunque sabe que al final no ha llegado a ningún lado. Y yo le dije que, de la misma manera
que usted estaba cumpliendo eso, también el defensor del pueblo se tenía que preocupar por si el Estado estaba cumpliendo lo que le corresponde en educación en cuanto al mantenimiento de su competencia y a no inmiscuirse donde no le corresponde, y
ver si verdaderamente usted, como defensor del pueblo, tiene que defender los derechos que tienen las comunidades autónomas y las transferencias que les corresponden. También estuvo usted muy acertado -y se lo agradecí- cuando no se metió en
atender esa petición que le hicieron para que recurriera la Ley del cupo. Me parece que estuvo muy acertado porque, sobre lo que le corresponde a la Comunidad Autónoma de Euskadi por derecho, usted debe decir cuándo se cumple la ley y cuándo no se
cumple, pero también cuándo le corresponde a uno hacer que otros cumplan la ley.
En ese sentido -y voy terminando porque veo que se me va agotando el tiempo-, sí voy a incidir en un tema que usted ha enfocado, el déficit democrático desde un lado, pero me gustaría que también pudiera incidir en el déficit democrático que
se está viviendo en el Estado español desde todos los ámbitos. Coincido plenamente con algunas cuestiones de las que usted ha hablado, y creo que el Estado español está bajando enteros en cultura democrática. Creo que se está interpretando la ley,
y que la legalidad se impone cuando no se tienen criterios de defensa de la democracia. Y es un resorte de clavo ardiendo cuando no se es capaz de defender la democracia en su estado puro. Sería importante también que usted en su informe hiciera
un comentario en torno a la actitud que tuvieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el 1 de octubre en Cataluña. La imagen que se dio al exterior fue bochornosa, se lo dije en la
Comisión, pero lo bochornoso no fue tanto la imagen; lo bochornoso fue el hecho de que se tuviera que actuar de esa manera ante gente que lo único que quería era votar. Los problemas políticos se solucionan políticamente, y lo que ocurrió
en Cataluña fue un hecho bastante lamentable que deja al Estado español bastante mal parado.
Su informe responde a su visión de lo que entiende usted que debe ser la labor del Defensor del Pueblo, y me parece bien que siga el criterio de 'no voy a mirar hacia otro lado'. Nosotros siempre estaremos acompañándole en la denuncia de
aquello que el Estado y las administraciones públicas no cumplen y deben hacer. También deseo decirle sobre esa visión que tiene, que no es posible que nadie se despoje de su personalidad, de su pasado, y de su ideología; lo único que se le pide
es que cumpla bien su cometido, y creo que hasta ahora, en el informe que nos ha presentado, lo ha hecho bien. Espero, si sigue usted, que siga cumpliendo de la misma manera, pero no mire hacia un lado, mire también a otros lados que no ha mirado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Agirretxea Urresti.
Por el grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, señora presidenta.
Señor defensor del pueblo, señorías, a simple vista este informe no debería presentar más incógnita que la de constatar la obviedad de que se siguen vulnerando derechos y libertades fundamentales en el Estado, pero nuestro grupo va más allá
de su valoración sobre cuáles son los déficits democráticos del Estado español. No creemos que se trate solo de casos puntuales de vulneración de libertades, nosotros hablamos más bien de cronificación, incluso de institucionalización de la
vulneración de derechos. La Ley mordaza, por ejemplo, que usted ni tan siquiera recurrió al Tribunal Constitucional, sería un claro ejemplo de vulneración de derechos. Evidentemente todo ello acaba afectando a la calidad democrática del Estado
español y no lo decimos nosotros, según el influyente think tank británico The Economist, España está en riesgo de ser degradada a democracia imperfecta. En el índice de democracia que cada año elabora el mismo The Economist, la calificación de
España en 2017 se ha rebajado de 8,30 a 8,08 juntos, al límite entre democracia plena e imperfecta. Es un indicativo de la valoración que a nivel exterior nos tienen sobre lo que realmente está pasando.
En todo caso lo significativo de este informe no son tanto las quejas y valoraciones recogidas en él, con las que realmente estaríamos de acuerdo con muchas de las que ha ido comentando, sino con lo que serían las omisiones. Nosotros damos
especial relevancia a lo que son las omisiones de algunos aspectos. Nos sorprende cómo este informe obvia casos flagrantes de transgresión de derechos y libertades fundamentales. Una vez más el informe no incluye vulneraciones de derechos que ya
hemos venido indicando en informes anteriores sin ningún resultado. De hecho, constatamos la vulneración de derechos lingüísticos en el País Valencià y les Balears por parte de Fuerzas de Seguridad del Estado, un agravio que hemos han venido
anunciando año tras año y a lo que todavía hoy no hemos recibido respuesta. O la corroboración o incremento de las agresiones por parte de grupos de extrema derecha que han venido actuando con total impunidad en distintos puntos del Estado durante
2017, pero especialmente en Cataluña a partir de este otoño. De hecho piensen que entre el 8 de septiembre y el 11 diciembre de 2017 se han documentado en Cataluña al menos 139 incidentes violentos que tendrían una motivación política en defensa de
la unidad de España, sin incluir la acción de las Fuerzas de Seguridad del Estado en torno al 1 de octubre.
Pero lo que más nos sorprende -ya se ha indicado aquí- es cómo en este informe se omite cualquier referencia sobre la flagrante vulneración de derechos y libertades civiles y políticas en Cataluña por parte del Estado entre los meses de
septiembre y diciembre de 2017. La única referencia es en el capítulo sobre el derecho a voto y régimen electoral, en que se constatan las trabas burocráticas y las dificultades para ejercer el voto por correo durante las elecciones en Cataluña del
21 diciembre. Fuera de este pequeño inconveniente burocrático, en Cataluña resulta que no ha pasado nada. Tenga presente una cosa, señor defensor del pueblo: en otoño en Cataluña no le vimos y probablemente no tiene la visión de lo que pasó
realmente en ese sitio.
Suponemos que usted ya está al cabo de los informes presentados por el Síndic de Greuges de Cataluña -su homólogo en Cataluña- sobre los hechos acaecidos este otoño, si no, le pongo al corriente. El Síndic en sus informes denuncia
contundentemente las agresiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el 1 de octubre y la mala gestión del Gobierno español. Lo recoge el informe
Servei Català de la Salut, que da cuenta de un número de 1066 personas atendidas por los servicios sanitarios. Yo fui testigo en un municipio como Alcarraz de veinte heridos por las cargas policiales sin que realmente hubiese ningún motivo.
Por lo tanto, puedo dar la certeza de que realmente pasó esto.
Critica también la desproporción penal con los líderes soberanistas y cuestiona que se les pueda procesar por un delito de rebelión. Por todo ello el Síndic incluso alerta de los límites democráticos traspasados por el Estado, advierte
sobre normalizar la regresión democrática y reclama diálogo de todas las partes. Pero no solo el Síndic, otros organismos internacionales no gubernamentales de derechos humanos como el Human Rights Watch o Amnistía Internacional, respecto a lo
sucedido en esos meses en Cataluña, alertan sobre la vulneración clara de derechos y libertades civiles y políticas. En ambos casos se insiste en que es necesario realizar investigaciones efectivas e independientes sobre el uso de la violencia
durante la jornada del referéndum.
Ya ve, señor defensor del pueblo, sus funciones no se limitan solamente a informar de las quejas de los ciudadanos sobre las eficiencias del sistema, sino que incluso puede actuar de oficio. De hecho, aprovecho para felicitarle por su
intervención, que ha evitado la extradición a Turquía de dos periodistas detenidos en España por la vulneración de los derechos humanos en aquel país, aunque en Cataluña el recuerdo que tenemos es otro. Precisamente, en 2006 el entonces defensor
del pueblo interpuso ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el entonces nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Si quiere, puede intervenir.
Concluyo. No entendemos la omisión en el informe de los hechos acaecidos en Cataluña en otoño de 2017. No intente blanquear esos meses de represión y vergüenza, por favor. No intente blanquearlos. ¿O es que ha renunciado a representar a
la ciudadanía catalana? En todo caso, para el próximo informe, el de 2018, le emplazamos a que tome en consideración las valoraciones que hoy sí están planteando otros organismos internacionales.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Gracias, señor Eritja Ciuró.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez García.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Bienvenido, señor Fernández Marugán. Señor Eritja, tiene usted razón, en el informe no se nombra la vulneración de los derechos de la oposición por parte de la presidenta del Parlament durante todos esos meses. Es verdad, es un fallo.
(Aplausos). Y pasando al informe, quiero felicitarle a usted y a todo su equipo por el informe del año 2017. Como ya le dijimos en Comisión, es un mejor informe, más fácil de comprender y refleja en mejor medida la situación que vivió el país en
2017. Y también quiero agradecerle su contestación a las preguntas que le formulé en Comisión.
Lo primero que quiero señalar es que ya deberíamos haber llegado a un consenso para renovar la institución del Defensor del Pueblo. El actual, como ha señalado, se encuentra en funciones por la expiración del mandato de la defensora. El
defensor del pueblo tendría que ser una persona independiente, sin relación con los partidos políticos y de reconocido prestigio y valía. La institución del Defensor del Pueblo no tiene que ser un reparto de puestos, un reparto de cromos para ver
dónde ponemos a los nuestros, dónde nos repartimos entre el Defensor del Pueblo y sus adjuntos para mostrar gratitud a esas personas del partido que han estado prestando sus servicios durante muchos años. Tenemos que prestigiar la institución del
Defensor del Pueblo y eso pasa por tener uno independiente, pero esta renovación del defensor del pueblo ya no va a ser posible en esta legislatura porque se ha acabado. Está finiquitada, la ha terminado el Partido Popular por sus casos de
corrupción, y tendremos que esperar a que el señor Rajoy se decida de una vez a convocar elecciones para que el nuevo Parlamento que salga de ellas sea capaz de elegir a un nuevo defensor del pueblo, como digo, independiente y de reconocido
prestigio y valía.
En cuanto al informe, quiero señalar varias cosas. La primera es el tiempo medio de respuesta de las administraciones. Aunque es verdad que ha mejorado desde 2014 -no para las universidades y para otras entidades públicas-, el tiempo medio
de respuesta, que es de sesenta y ocho días, es totalmente inadmisible. No podemos admitir una espera de más de dos meses en las respuestas de las administraciones al Defensor del Pueblo en los tiempos que corren, pero, bueno, tampoco nos sorprende
mucho viendo lo que el Gobierno tarda en responder a las preguntas que le hace la oposición.
En cuanto a una de las prerrogativas más importantes que tiene el defensor del pueblo, que es la presentación de recursos de inconstitucionalidad, ya le dijimos en Comisión que creemos que se aplica un
criterio demasiado restrictivo y se presentan pocos recursos de inconstitucionalidad para todas las solicitudes que le llegan. Se atienden muy pocas solicitudes y, además, en el informe no se señala por qué el defensor del pueblo no atiende
esas solicitudes.
Entrando ya a las áreas concretas del informe, estamos de acuerdo con usted en que el principal problema que tiene este país es el empleo. Tenemos una tasa de paro totalmente desproporcionada, la segunda tasa de paro más alta de Europa;
solamente nos gana Grecia. Además de la tasa de paro alta, tenemos un problema de precariedad y un problema de temporalidad. Nueve de cada diez contratos que se firman en España son temporales y los sueldos son muy bajos. Esta alta tasa de paro,
junto a la elevada precariedad, hace que la gente y sobre todo los jóvenes, que son los más afectados por la alta tasa de paro y la alta precariedad, no se puedan emancipar y no puedan desarrollar su proyecto de vida.
Otra preocupación que también señalaba en su informe es la educación. Para Ciudadanos la educación ha sido una prioridad. Así, tuvimos la iniciativa de formar esa subcomisión junto con el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo
Parlamentario Socialista. La pena es que los intereses partidistas se hayan puesto aquí por encima de los intereses generales del Estado y la subcomisión por un pacto de Estado por la educación no haya podido salir adelante. Es una pena, porque la
educación es el futuro de nuestros hijos y, al final, es el futuro de España como país.
También nos preocupa un tema que refleja en su informe, que es el de la vivienda. Los altos precios del alquiler -sobre todo, en ciudades como Madrid y Barcelona- son una cuestión de oferta y demanda. Se tiene que ampliar la oferta de
pisos de alquiler para bajar esos precios. Creemos que la solución no es limitar los precios del alquiler por ley, como proponen algunos, con una medida de épocas franquistas. Debe ser que algunos, de tanto mencionar a Franco, también van copiando
sus medidas. Otro problema relativo a la vivienda es la ocupación, que afecta al derecho del propietario a tener su vivienda disponible y al derecho de los vecinos a vivir en paz y con tranquilidad. Ciudadanos ha presentado unas iniciativas que
ahora ya no saldrán adelante porque, como decimos, esto está acabado. Esperemos que salgan en la próxima legislatura.
Para acabar quiero señalar un tema importantísimo. La verdad es que es descorazonador el número de quejas que tiene la Administración de Justicia. Es la tercera área con más quejas por parte de los ciudadanos. Esto demuestra la falta de
medios que tiene nuestra justicia. A pesar de la voluntad de todo el personal -los jueces, los fiscales y el resto del personal de la Administración de Justicia, que hacen un trabajo encomiable-, faltan medios y también hace falta que sea una
justicia independiente. Tanto es así que hemos llegado a algo insólito en nuestro país. El pasado 22 de mayo hubo una huelga de jueces y fiscales secundada por las siete asociaciones de jueces y fiscales de España reclamando mejoras laborales e
independencia. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Como decimos, la legislatura está acabada. Esperemos que el próximo Gobierno que salga de las nuevas elecciones atienda más a las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Belarra Urteaga.
La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, presidenta.
Señor defensor del pueblo, equipo de la defensoría del pueblo, señorías, el año pasado tuve la suerte de representar también al Grupo Confederal de Unidos Podemos en la presentación del informe del Defensor del Pueblo del año 2016, que fue
el último informe de la señora Becerril. Como sabe toda la Cámara, antes de ser defensora del pueblo, la señora Becerril había sido diputada, vicepresidenta de este Congreso y alcaldesa de Sevilla por el Partido Popular, y yo le pregunté una cosa
que creo que era bastante evidente, y era si no pensaba que ser un ex alto cargo del Partido Popular ponía en entredicho su capacidad de ser independiente para ser la defensora del pueblo, una institución que, como bien saben, se creó expresamente
para defender a los ciudadanos y a las ciudadanas de los abusos de las administraciones. Ella nunca me respondió ni tampoco me ha respondido el Partido Popular, pero es verdad que con los hechos se demuestran las cosas y este año, con el señor
Marugán al frente de la defensoría del pueblo, se ha demostrado hasta qué punto es importante que la defensoría del pueblo sea independiente del partido en el Gobierno y hasta qué punto es importante que el Partido Popular no pueda parasitar y
patrimonializar las instituciones que son de todos los españoles y las españolas. (Aplausos). Quizá porque usted no es sospechoso de favorecer al Partido Popular, este año se han presentado 25 000
expedientes frente a los 17 000 del año anterior. Podemos decir que el señor Marugán ha hecho un buen trabajo. La señora Becerril tardó una semana en enviar a su equipo al CIE de Aluche, a pocos kilómetros de aquí, después de las protestas
del 17 de octubre de 2016, y usted en apenas tres días envió a la cárcel CIE de Archidona un equipo para hacer un informe muy crítico que las organizaciones de derechos humanos han agradecido mucho, uno de los episodios más truculentos del ausente
Zoido, que se saldó con la muerte de Mohamed Bouderbala. Tampoco escuchamos ni una sola palabra por parte de la defensora del pueblo, por parte de la señora Becerril, de que se pidiera hasta un año de cárcel para Cassandra Vera por poner un tuit
con un chiste sobre Carrero Blanco; sin embargo, sí le hemos escuchado a usted ser bastante duro en sus críticas por que se trate de encarcelar al rapero Valtonyc por una canción en la que llamaba ladrones a los Borbones. Tibia es lo mínimo que
podemos decir de la actitud que mostró la señora Becerril con el caso del almacén de gas de Doñana; sin embargo, sí hemos visto cómo usted decía con firmeza que a veces las administraciones hacen un análisis superficial de los riesgos sin entrar a
la concreción y al detalle, y eso se lo agradecemos todos los que queremos dejar un país y una tierra mejor a nuestros hijos y a nuestras hijas. Así que, sí, podemos decir que el señor Marugán ha hecho un mejor trabajo, pero seguimos pensando que
la ciudadanía en nuestro país no necesita ningún tutelaje y que sería mucho mejor que pudiera haber una elección directa de la defensoría del pueblo, porque los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país saben perfectamente quién defiende mejor sus
intereses y eso garantizaría en cualquier caso la independencia de la defensoría del pueblo.
El informe de este año -como han dicho los portavoces que me han precedido- pone por primera vez en el centro del debate las brutales consecuencias que han tenido los recortes en sanidad, en educación, en vivienda o en servicios sociales, el
impacto que eso ha tenido en nuestra gente, y eso nos parece un avance. Miles de personas se han dirigido a usted por los insoportables retrasos que se están produciendo en materia de dependencia; personas dependientes y sus familias que tienen la
ayuda concedida y que sin embargo no la están cobrando, están en un auténtico limbo para la dependencia. En la misma línea, usted ha dicho que es posible que la congelación de las pensiones sea inconstitucional. Mi grupo está convencido de que es
inconstitucional y que congelar las pensiones o subirlas una cifra ridícula, como ha hecho el Partido Popular, rompe uno de los consensos fundamentales de la democracia. Por eso nos alegra que usted sí haya escuchado a los miles de pensionistas que
han salido a las calles en los últimos meses. Además, este informe destaca una cuestión que hemos denunciado aquí muchas veces, y es que la justicia que no tiene medios suficientes genera una justicia para ricos y una justicia para pobres. Y no se
ha olvidado usted de esas 13 000 personas que solicitaron la nacionalidad entre 2010 y 2013, hace cinco u ocho años, y que todavía no tienen respuesta, no les han dicho ni que sí ni que no, no tienen respuesta, uno de los motivos por los que hay
decenas de personas migradas que llevan encerradas en Barcelona más de un mes. Les animamos a que se reúnan con ellos, porque van a conocer bien los mecanismos que las administraciones están usando para vulnerar sus derechos.
Usted ha criticado también el sistema de asilo, un sistema descoordinado, desigual, que bloquea la vida de miles de personas en forma de expedientes. Compartimos su preocupación. Es verdad que hay que hacer un reglamento para la Ley de
asilo, pero lo que más necesitamos, señor defensor del pueblo, es voluntad para acoger, y para eso hace falta más que reglamentos, hace falta tener un poco más de corazón y un poco más de compromiso con los derechos humanos que este Gobierno del
Partido Popular.
Lo dicho, creo que han hecho ustedes un buen trabajo y le voy a hacer algunos comentarios con un ánimo constructivo. Este año, millones de personas, millones de mujeres hemos salido a las calles de nuestro país para exigir de una vez por
todas igualdad salarial, para decir que nos queremos vivas, para decir que, de vuelta a casa, queremos ser libres y no queremos ser valientes. Eso ha tenido como consecuencia que usted haya pedido el cumplimiento del Pacto de Estado contra la
violencia de género, es cierto, pero para estar a la altura de las mujeres de nuestro país su institución tiene que ser mucho más contundente. Es hora ya de que nuestro país incorpore el Convenio de Estambul a su legislación y es urgente que todo
el sexo sin consentimiento se considere violación (aplausos), da igual si eres la víctima de La Manada, da igual si tienes pareja o da igual si estás ejerciendo la prostitución.
Dos años después de su entrada en vigor nos parece que ya es hora de saber cómo está mermando la calidad democrática de nuestro país a causa de la Ley mordaza. Sé que usted ha pedido más información a las delegaciones del Gobierno, porque
estoy segura de que es consciente, como nosotros, de que esta ley está mermando la calidad democrática de nuestro país. Le pedimos que nos informe con detalle, a la mayor brevedad, sobre este asunto.
A mi grupo le preocupan enormemente las vulneraciones de derechos humanos que se están produciendo en los centros de internamiento de extranjeros, pero también en esos centros de acogida en la frontera sur, que se han convertido por la vía
de los hechos en centros de internamiento de extranjeros, así como la situación de los niños que migran solos, que siguen sin ver protegidos sus derechos como niños que son y a los que se les sigue haciendo la infame prueba de la muñeca y no se les
está documentando adecuadamente. Es intolerable también, y nos parece que hay que poner más énfasis en esto, que España, que está condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siga realizando devoluciones ilegales terrestres y marítimas.
Yo misma me tuve que desplazar a Melilla para comprobar, en unas cámaras de seguridad, que en un naufragio en el que murieron siete mujeres, estas habían sido víctimas de una devolución marítima en caliente. Este Gobierno está incumpliendo los
derechos humanos en España y es hora de que se tomen medidas urgentes. (Aplausos).
Por último, no quiero dejar de mostrar mi preocupación por la situación de las personas presas. No solo se está vulnerando el derecho a la salud de las personas presas sino que, además, estamos viviendo unas situaciones de aislamiento
descontroladas tanto en las detenciones como después en las cárceles. Esas situaciones han provocado tragedias, como la de Raquel, que en Brians I se quitó la vida después de prácticamente nueve meses encadenados de aislamiento. Confiamos en tener
pronto el informe del mecanismo para la prevención de la tortura y no tener que escuchar nunca más en esta tribuna, como dijo la señora Becerril, que en un Estado democrático no puede haber tortura. Sí puede haber tortura. Estoy segura de que a
usted, como a nosotros, le preocupa que no tengamos buenos mecanismos de prevención y de investigación de la tortura, algo por lo que ya nos ha condenado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esperamos tener ese informe lo antes posible.
Termino ya, presidenta, gracias. Le agradezco de nuevo sus esfuerzos y le voy a hacer una última sugerencia. Creo que este informe se podría titular Mil y una razones para echar al Partido Popular.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Galovart Carrera.
La señora GALOVART CARRERA: Buenos días. Saludamos al defensor del pueblo, a la adjunta y a su equipo técnico.
Hace pocos meses no tuvimos reparo en resaltar la labor de la defensora María Luisa Cava por haber denunciado la inhumana situación de los presos españoles en el extranjero. Hoy, en esta intervención, he de poner de manifiesto el desempeño
del defensor Fernández Marugán, que por encima de las convenciones y de las conveniencias, se está tomando la molestia de ser útil a los demás. Útil, porque su informe es claro al utilizar un lenguaje preciso y no alambicado. Útil, porque al
mejorar su sistemática los temas se encuentran y no hay que buscarlos entre líneas. Útil, porque hace un relato coherente y su toma de posición está fundamentada y contextualizada, con independencia de que se esté de acuerdo o no con ella. Útil,
porque no se contenta con que la defensoría sea un mero registro de quejas y de actuaciones de oficio y va al fondo de las cuestiones, buscando la verdadera voz de los ciudadanos y de las ciudadanas. Útil, porque lo injusto no le es indiferente,
por eso no es neutral y sí independiente en su función constitucional. Y útil, porque pretende ser un agente eficaz para la solución de los problemas de nuestro país.
Señorías, dejando a un lado, por falta del tiempo, algunos temas ya tratados en Comisión, paso a detenerme en un tema nuclear, que es el informe sobre la crisis económica y la desigualdad agregado al informe anual que nos ocupa. Se trata de
un documento que formula recomendaciones para que no se vuelva a caer en los mismos errores cometidos durante la crisis de aplicar políticas de austeridad no compensadas por adecuadas políticas sociales, ya que han sido causa de una desigualdad sin
precedentes y de un fuerte empobrecimiento que ha hecho que la exclusión amplíe su perímetro más allá de los tradicionales marginados. Todo ello sobre la base de que la recuperación económica no ha corregido la inequidad existente. Léanse, por
ejemplo, los informes de Cáritas, de la CEOE, etcétera. El objetivo de las recomendaciones es hacer oscilar el péndulo de la política económica desde la concentración de la riqueza hacia la redistribución de la misma. Para ello, el informe nos
explica por qué las cosas van tan mal para seiscientos mil hogares sin ingresos, sin protección al desempleo y sin prestación contributiva alguna, y por qué -también nos explica- después de algunos años de recuperación, el 70 % de los hogares no
percibe sus efectos.
Señorías, en otro orden de cosas, me voy a referir brevemente a la intervención del portavoz del Partido Popular en la Comisión mixta, pues nos ha causado perplejidad y nos preocupa que su contenido se vuelva a repetir en este Pleno, y es
que al cuestionar la competencia general y las amplias capacidades del defensor en la defensa y garantía de los derechos previstos en el Título I de la Constitución, artículos 1, 6, 28.2 y 30 de su Ley Orgánica, se puso en entredicho el modelo
español de Ombudsman, remontándose al Ombudsman sueco del siglo pasado. Este cuestionamiento competencial tiene por objeto que el defensor sea solo un procurador de parte, que haga poco ruido y que controle lo menos posible a las administraciones
y, además, que sea condescendiente con ellas. Esta concepción reduccionista omite que desde siempre las defensorías han realizado numerosos informes enfrentados al poder. Así, por ejemplo, con gobiernos socialistas, Ruiz Jiménez cuestionó la
política penitenciaria; Gil Robles el sistema de salud mental y Cava, con gobiernos populares y socialistas, cuestionó la situación de los MENA y de las víctimas de la violencia de trata. Podríamos citar un largo ejemplo de informes críticos y no
cómodos con el poder, como lo es, indudablemente, el informe que ahora nos ocupa. Ante este informe, por el bien de los ciudadanos y de las ciudadanas y porque es su obligación, lo primero que tendría que hacer el Gobierno, a nuestro entender, es
asistir a este Pleno para escuchar las razones y las soluciones del defensor, para después, en su caso, empezar a trabajar en las mismas. (Aplausos). Pero no, nada de esto ha ocurrido y el Gobierno, que no está ni se le espera, olvida por ello que
peor que ver la realidad oscura es no verla, y, señoras y señores diputados, así nos va.
Por elegir el tema de los servicios públicos básicos, decimos que nos va mal porque estos servicios están bajo mínimos, a pesar de ser esenciales para una vida digna y para el ejercicio de los derechos fundamentales; seis mil quejas al
respecto, ¡que me dicen ustedes! Señala el defensor que la causa principal del mal funcionamiento de estos servicios se encuentra en un alarmante abandono de las inversiones económicas. Recuerden que el gasto social en España está por debajo de la
media europea, 24 % de su PIB, frente al 29 % europeo. Así ocurre en dependencia; la infradotación impide que más de trescientos mil dependientes reconocidos reciban las ayudas, provocando que el año pasado cuarenta mil dependientes fallecieran
sin haber recibido las prestaciones a las que tenían derecho. En justicia, la falta de medios materiales y humanos hace que esta sea lenta e ineficaz, no en vano la reciente huelga de jueces y fiscales. Señor ministro de Justicia ausente, ¿qué
justicia es esta que se ve obligada a citar a juicio con dos o tres años de demora? ¿Qué justicia es esta que dicta sentencia con tanto retraso que ya no hay objeto que resolver? Es evidente que son insuficientes los 1774 millones de euros
destinados a justicia en los Presupuestos Generales del Estado.
Señorías, el gasto social, repetimos, es escaso: existen 4 600 000 personas que no pueden mantener la casa caliente. La lista de espera es interminable, el copago farmacéutico se basa en la atención al proceso y no a la atención integral
al paciente, y en educación la inversión pública alcanza mínimos históricos; persisten los desahucios y las dificultades en el acceso y en el trabajo temporal. Además, siguen sin cumplirse los compromisos del Pacto contra la violencia machista,
siendo una vergüenza el retraso en la tramitación de expedientes de nacionalidad: 400 000 afectados.
Señorías, no puedo seguir. Gracias, pero les repito que la realidad oscura que el partido del Gobierno no quiere ver ni escuchar está ahí, en la calle, y todos la conocemos. Por eso, por muchas cuestiones y porque la corrupción está
saliendo hasta por las alcantarillas, mañana presentaremos una moción de censura al Gobierno del Partido Popular.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro Fernández.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero comenzar agradeciendo al defensor del pueblo en funciones su comparecencia para presentarnos el informe del pasado año. Ya sabe, señor Fernández-Marugán, que usted es siempre bienvenido a esta Cámara. De este informe yo querría
destacar dos datos que a mi juicio son muy significativos. En primer lugar, el número de escritos de quejas fue de 24 976, es verdad, superior al de 2016, pero muy lejos, señora Galovart, de los 35 000 escritos de queja que se recibieron en el año
2010 cuando el desastre (aplausos) estaba asomando a las puertas de España. ¿Eso qué significa? Significa que o ahora las administraciones funcionan mejor o España va mejor o las dos cosas a la vez. Lo que no se puede decir con rigor es que las
cosas están peor. Bueno, ya hemos visto que se puede decir; ahora, eso sí, con nula credibilidad. (Aplausos). En segundo lugar, que se está mejorando la eficacia del defensor;
por ejemplo, se han incrementado las recomendaciones aceptadas por las administraciones en un 125 % o se ha reducido en casi veinte días el tiempo medio de espera de las mismas. En cuanto al contenido de las quejas, no hay mucha novedad:
vienen referidas al ámbito de justicia; al ámbito económico; al ámbito medioambiental; a la Función pública; al funcionamiento de los servicios públicos; o a cuestiones de asilo, donde por cierto resulta revelador -hablando de derechos humanos-
que una tercera parte de la solicitudes de asilo del año pasado correspondan a ciudadanos venezolanos, lo que demuestra la grave situación que vive ese país bajo el yugo del régimen chavista. (Aplausos).
Se ha hablado de represión y déficit democrático en Cataluña. Señores de Esquerra, ni déficit democrático ni presos políticos ni políticos presos. Hay personas encarceladas por decisión de los tribunales por haber cometido hechos
delictivos; por cierto, con tipos penales del Código Penal de 1995 que fue aprobado, sin reservas y con entusiasmo, por los señores de Convergència i Unió, así que, si quiere pedir a alguien cuentas, ya sabe a quién dirigirse. (Aplausos). Y una
cosa más. Han afirmado en esta tribuna que estamos imponiendo la ley por encima de la democracia. Pero ¿qué entienden ustedes por democracia? Una democracia funciona cuando se aplica la ley, no cuando se renuncia a ella. Si alguien ha cometido
un hecho ilegal, siempre tendrá que asumir las consecuencias que se derivan de ese incumplimiento, siempre. Eso es la democracia y el Estado de derecho. (Aplausos).
Volviendo al informe, señorías, uno de los apartados más controvertidos es el anexo titulado Crisis económica y desigualdad. Usted mismo, señor Fernández Marugán, lo ha reconocido. Es verdad que el Defensor del Pueblo, por sus funciones,
no puede ser nunca una institución ni cómoda ni amable ni para el Gobierno ni para las administraciones públicas y debe funcionar siempre con plena autonomía, pero lo que no debe hacer nunca, a pesar de ser esa conciencia crítica de la sociedad, es
corregir las decisiones o las leyes que se aprueban por estas Cortes Generales, y eso es lo que en buena medida se ha hecho a través de ese informe de crisis económica y desigualdad. Si piensa que algunas de las decisiones de este Parlamento,
algunas de estas leyes que se aprueban en estas Cortes Generales, lesionan algún derecho fundamental, tiene usted la prerrogativa de acudir al Tribunal Constitucional, pero lo que no se debe hacer es subir a esta tribuna ni para presentar unos
presupuestos alternativos ni para criticar al Gobierno. Para eso no está la figura del defensor del pueblo, con todo respeto. (Aplausos).
En este informe se pretende asentar la idea de que hubo una grave crisis económica que vino de fuera y que las políticas del Partido Popular lo que han hecho ha sido aumentar la desigualdad y la pobreza en España, y eso no es así. Hubo una
crisis económica, sí, pero agravada por las políticas socialistas, que convirtieron una crisis financiera internacional en una crisis de gasto y en una crisis de empleo que colocaron a España al borde de la ruina y del rescate y mandaron al paro a
3,5 millones de españoles. Esa es la realidad. (Aplausos). Por eso España fue el país de la OCDE que más creció en desigualdad entre los años 2007 y 2011 en la última legislatura que ustedes gobernaron. ¿Saben por qué? Porque el desempleo es la
mayor fuente de desigualdad y explica el 80 % ciento de la misma. Por eso, lecciones en este ámbito, señorías, las justas. ¿Que se puede reducir la brecha salarial, que se puede mejorar la calidad del empleo o se puede reducir la temporalidad?
Claro, y eso es precisamente lo que estamos haciendo, porque no olviden que desde el año 2007 la tasa de temporalidad se ha reducido en cinco puntos, del 32 % de entonces a menos del 27 %, y hay que seguir en esa línea.
Yo le agradezco, señor Fernández Marugán, que en su informe al menos reconozca que hemos salido de la recesión y de la crisis. No todos lo dicen, ya ha oído algunos discursos esta mañana. Eso se ha conseguido con mucho esfuerzo por parte
de los españoles, pero también se ha conseguido no a pesar de las políticas de austeridad, de reducción del déficit o de equilibrio presupuestario, como usted dice, sino por el contrario, gracias a ellas, porque han sido un factor decisivo para
generar confianza, crecimiento y empleo, y a los resultados me remito. Ahí están las cifras de crecimiento y ahí están las cifras de empleo, 500 000 empleos creados cada año, y no lo olviden, que suelen olvidarlo, para repartir la riqueza primero
hay que crearla, y eso es lo que hace siempre el Gobierno del Partido Popular. (Aplausos). Por eso sorprende -voy terminando- que algunos acusen al Gobierno de hacer una política antisocial. Pero ¿dónde estaban ustedes la semana pasada en el
debate de presupuestos? ¿Dónde estaban? Porque en los presupuestos precisamente eso es lo que se hace, repartir la riqueza, devolver el esfuerzo que han hecho los españoles en los últimos años, devolver a los españoles en medidas sociales los
beneficios de la recuperación; en los presupuestos se suben las pensiones -algunas muy por encima del IPC-, se suben las becas, se sube el salario mínimo interprofesional, se suben los salarios a los funcionarios, se suben las ayudas a las
familias, se suben las ayudas a la dependencia. Hay 4230 millones de euros más en transferencias a las comunidades autónomas para
mejorar la sanidad, la educación y las políticas sociales, para recuperar y luchar contra la violencia de género, contra esa lacra de nuestra sociedad, y lo que bajan son precisamente los impuestos para las rentas medias y bajas. Eso es lo
que hacen estos presupuestos. Ya sabemos que a ustedes no les gusta que hayamos aprobado los presupuestos más sociales de la historia de la democracia, pero lo que no pueden decir a este Gobierno es que con esas políticas aumenta la desigualdad y
la pobreza. Todo lo contrario, porque en España no hay más desigualdades, lo que hay es más oportunidades, que son las que está ofreciendo a los españoles, les guste o no les guste, el Gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular. (Prolongados
aplausos.-Una señora diputada: ¡Bravo!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a todos. Muchas gracias al defensor.
Se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.