CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2019 XII LEGISLATURA Núm. 726

JUSTICIA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA

Sesión núm. 52 (extraordinaria)

celebrada el miércoles,

30 de enero de 2019

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. (Número de expediente 121/000038):


- Del señor secretario de Estado de Justicia (Dolz Lago). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/002292); Socialista (número de expediente 212/001951); Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea (número de expediente 212/002099); Ciudadanos (número de expediente 212/002190) y Mixto (número de expediente 212/001938 y 212/002237) ... (Página2)


- De la señora subsecretaria de Justicia (Latorre Sancho). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (números de expediente 212/002293 y 212/002295); Socialista (número de expediente 212/001952); Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea (números de expediente 212/002100 y 212/002102) y Ciudadanos (número de expediente 212/002192) ... (Página17)


- Del señor secretario general de la Administración de Justicia (Viejo Llorente). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/002294); Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (número
de expediente 212/002098); Ciudadanos (número de expediente 212/002191) y Mixto (número de expediente 212/001937) ... (Página32)

Página 2

Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.


COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2019. (Número de expediente 121/000038):


- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (DOLZ LAGO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/002292); SOCIALISTA (número de expediente 212/001951); CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ
PODEM-EN MAREA (número de expediente 212/002099); CIUDADANOS (número de expediente 212/002190) Y MIXTO (número de expediente 212/001938 y 212/002237).


La señora PRESIDENTA: Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia, que tiene como objeto informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019.
Nos acompañan -y así ha sido solicitado- los siguientes comparecientes: el secretario de Estado de Justicia, que se encuentra a mi lado en la mesa, y seguidamente doña Cristina Latorre, subsecretaria de Justicia, y don Antonio Viejo, secretario
general de Administración de Justicia.


Tal y como he podido compartir con los portavoces, vamos a hacer una primera intervención por parte del compareciente y después cada grupo parlamentario contará con siete minutos para su intervención. El orden de las mismas será de menor a
mayor.


Por una cuestión de orden, en el caso del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que pretendieron formular preguntas al director general para la Memoria Histórica, no cabe
su comparecencia en esta sesión y, por tanto, si quisieran plantear sus preguntas, deberán hacerlo en la comparecencia de la subsecretaria de Justicia.


Sin más preámbulos, doy la bienvenida a todo el conjunto del ministerio que acompaña a los comparecientes y la palabra en primer lugar al secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Dolz Lago): Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.


Para mí es un honor comparecer ante esta Comisión de Justicia por primera vez. Lo hice en noviembre del año pasado en la Comisión de Justicia del Senado, pero no he tenido ocasión en la Comisión del Congreso. Por tanto, es un gran honor
poder comparecer en esta sede de la soberanía popular ante sus representantes y someterme a la acción de control de actividad del Gobierno, que en este caso más que control de acción política realizada es de acción política proyectada, en función de
lo que también ya estamos realizando. Por tanto, se trata de exponerles brevemente las previsiones presupuestarias que tiene la partida del Ministerio de Justicia en los Presupuestos Generales del Estado para 2019. Como ustedes saben, para los que
tienen algún prejuicio el número 13 puede indicar mala suerte, pero a nosotros en el Ministerio de Justicia el número 13 no nos ofrece ningún problema, porque lo importante es el contenido de la sección. Por tanto, no somos supersticiosos, pero,
efectivamente, es la sección presupuestaria 13 de los Presupuestos Generales del Estado.


Como ustedes han pedido la comparecencia de dos altos cargos más del ministerio, voy a indicar, a título informativo, lo que va a abordar la subsecretaria del Ministerio de Justicia, doña Cristina Latorre, y el secretario general de la
Administración de Justicia, don Antonio Viejo, un poco para organizar la mañana, de manera que no se agoten los tiempos o no se cansen ustedes excesivamente en las exposiciones o en las preguntas que pueden hacerme sobre esas materias que van a ser
desarrolladas por ellos, lógicamente sin perjuicio de que estoy a su plena disposición para abordar las mismas materias en la medida en que ustedes lo consideren oportuno. Por eso, diré que la subsecretaria va a abordar temas relativos a dirección
y servicios generales de Justicia, más los aspectos internos del Ministerio de Justicia, comprendiendo los medios humanos y materiales -nosotros en la secretaria de Estado abordamos más Administración de Justicia-, obras, equipamientos e
infraestructuras de juzgados y tribunales, memoria histórica, registros vinculados con la fe pública, Abogacía General del Estado y Agencia Española de Protección de Datos, y el secretario general se centrará en la modernización y plan de calidad en
la justicia, nuevas tecnologías, Oficina Judicial y Fiscal y Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

Página 3

La apuesta por la modernización de la justicia saben que forma parte del trabajo que venimos desarrollando en este ministerio con la finalidad de mejorar la Administración de Justicia, de transformar la realidad, la mejora de esos derechos
de los ciudadanos que supone la mejora de la Administración de Justicia, y ello en dos vertientes que a título inicial nos parecen esenciales: en primer lugar, la necesidad de recomponer las instituciones, velando por una justicia más eficaz, una
mayor transparencia y un marco de colaboración y diálogo con el conjunto de actores jurídicos y colectivos implicados en el funcionamiento de la Administración de Justicia -el término actores jurídicos lo utilizamos adrede, es decir, consideramos
que hay una corresponsabilidad en la Administración de Justicia, lo que no quiere decir que nosotros eludamos cualquier tipo de responsabilidad, de modo que no solo al ministerio corresponde el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia,
ya que nosotros colaboramos y ponemos los medios necesarios para que, efectivamente, los demás actores puedan desarrollar esa corresponsabilidad en la mejora de la Administración de Justicia-; y otro de los aspectos importantes es no perder de
vista la finalidad de nuestra Administración de Justicia, que es el servicio público que presta a los ciudadanos para recuperar la confianza, cuestión que creo que es muy importante destacar y que constituye una de las finalidades de este
ministerio, recuperar la confianza de los ciudadanos en su Administración de Justicia, porque, al fin y al cabo, nosotros velamos por que el derecho fundamental a la tutela judicial, cuyos titulares son los ciudadanos, pueda ser efectiva.


¿Cuáles son los principales objetivos del presupuesto de justicia para 2019 en este proyecto de ley que ya ha empezado su andadura parlamentaria? Principalmente, en la orientación general de los Presupuestos Generales del Estado para 2019
se apuesta por una política social más intensa, y proteger a los más vulnerables es uno de los objetivos prioritarios. Son unos presupuestos con una clara orientación social; me refiero a los Presupuestos Generales del Estado para 2019, en los que
se enmarca el presupuesto de justicia. Sus señorías conocen que el gasto social representa el 57,35 % del gasto total, representando el mayor incremento de gasto social desde el año 2009 en unos Presupuestos Generales del Estado. Esa voluntad de
proteger y atender a las necesidades de los ciudadanos más vulnerables también forma parte de nuestras prioridades, como he dicho. Nosotros pretendemos avanzar en una justicia que potencie esas políticas sociales y atienda aspectos en los que se
reflejan políticas relativas a asistencia jurídica gratuita -ya saben que por mandato constitucional, artículo 119 de la Constitución, se determina el establecimiento de esta justicia gratuita para aquellos que carezcan de recursos-, el esfuerzo en
medidas sobre atención a las víctimas de violencia de género y el avance en el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como la incorporación de la perspectiva de género -como luego veremos, esto se refleja principalmente
en formación y modificaciones legislativas-, a la vista de las iniciativas de reformas que he indicado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero resultaría realmente vano que, junto a todos estos esfuerzos programáticos que he resumido muy
brevemente para no cansar la atención de sus señorías, no fueran impulsadas al mismo tiempo actuaciones de un amplio alcance orientadas a mejorar la organización y el funcionamiento de los órganos judiciales, los medios personales y materiales de la
Administración de Justicia, así como las infraestructuras y medios tecnológicos. Estas infraestructuras son las que dan soporte a las pretensiones políticas de prestar un mejor servicio a la ciudadanía, de modo que el uso de las nuevas tecnologías,
la digitalización es un objetivo que se ha venido implantando progresivamente desde el año 2011, cuando se aprueba la Ley de implantación de las TIC en la Administración de Justicia, y, lógicamente, nosotros queremos consolidarlo y afianzar. Por
tanto, se pretende modernizar el sistema de justicia y la digitalización del expediente judicial, con garantías de integridad, seguridad y eficacia, e incorporar la perspectiva de género, así como un aspecto importante que se recoge en estos
presupuestos por la ausencia de dotación presupuestaria en el capítulo de memoria histórica desde el año 2012, que podrá ser objeto de comentario más concreto.


¿Cuál es el presupuesto de justicia, en grandes cifras? El gasto del Estado en materia de justicia para 2019 asciende a 2020,8 millones de euros, lo que representa un incremento -esto es importante- del 4,9 % con respecto al año anterior.
El 91 % de esta cantidad corresponde a créditos asignados al Ministerio de Justicia, y la cifra son 1838,2 millones de euros, que en este ejercicio presupuestario aumenta en un 4,8 %. Son presupuestos en alza, son los presupuestos más elevados en
materia de justicia de toda la democracia, es decir, son presupuestos que se incrementan notablemente. Y dentro de esta cantidad que hemos indicado que corresponde al Ministerio de Justicia, el 9 % se reparte entre el Consejo General del Poder
Judicial, los organismos autónomos adscritos al ministerio, el Centro de Estudios Jurídicos y Mugeju, Mutualidad General Judicial. Todos ellos, tanto los gastos del ministerio, como los del consejo y estos organismos, experimentan un incremento,
como he dicho. Vamos a verlo por

Página 4

capítulos, que sería el aspecto más estructural de los presupuestos, para los comentarios que puedan ser suscitados.


Todas sus señorías son conscientes de que el Ministerio de Justicia es un ministerio de capítulo 1, porque las máximas inversiones se hacen precisamente para abonar lo que se llama inteligencia judicial, es decir, las retribuciones de los
jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia y otros funcionarios. Por tanto, este ministerio es conocido en el ámbito de la organización ministerial como ministerio de capítulo 1 porque ahí es donde va todo. Y acerca de su
dotación, por lo que respecta a las cantidades que he expresado anteriormente, su total se eleva a 1451 millones de euros, es decir, el 78,3 % del presupuesto del ministerio llega directamente a este capítulo 1, lo que supone un incremento de 68
millones, un 5 % más de la cuantía de 2018. Por tanto, estamos en incrementos porcentuales con relación a lo que estamos indicando. Este presupuesto del ministerio asignado al capítulo 1 nos permite dar cobertura a gastos retributivos de la
carrera judicial, fiscal y de letrados del Ministerio de Justicia, como he indicado, que, en concreto, se actualizan para 2019 en un 2,5 %, con arreglo al acuerdo de la Administración General del Estado en materia de función pública que se firmó
entre el Gobierno y los sindicatos en 2018. Es un aspecto parcial del acuerdo de la Administración General del Estado, porque los incrementos ya se produjeron en 2018 y terminarán en 2020, con una subida salarial del 8,5 % en total. Este año
corresponde un 2,5 %, además de consolidarse el incremento del 1,75%. Por tanto, el citado incremento implica la totalidad del programa 112.A, de tribunales de justicia y Ministerio Fiscal. Pero este incremento de créditos en el capítulo 1
permitirá, además de estas retribuciones -es el gran capítulo del Ministerio de Justicia-, cubrir el coste de medidas como la creación de nuevas plazas de personal en las oficinas de asistencia a víctimas y en las unidades forenses de valoración
integral, en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en una concreción de esa política social a la que me refería al inicio. Se trata de treinta y cinco nuevas plazas en las oficinas de asistencia a las víctimas y de
veintinueve plazas en las unidades forenses de valoración integral, que servirán para reforzar el trabajo de estas unidades. Además, permitirá asumir los gastos del personal derivados de la implantación del modelo de oficina judicial en nuevas
localidades.


Quisiera destacar que hay un capítulo muy concreto de aumento de retribuciones para los colectivos de jueces y fiscales de menor categoría, los que están dotados de menores retribuciones, un incremento de sueldo que se consolida en el
proyecto de presupuestos. Nos referimos a que se destinarán 1,3 millones de euros que beneficiarán a 1697 profesionales: 908 fiscales y 789 jueces, que recibirán una subida salarial de 777 euros en una sola paga en el ejercicio de 2019 y se
consolidará en ejercicios siguientes. Somos conscientes de que es necesario seguir trabajando para mejorar la situación económica de estos colectivos y somos sensibles a todas esas medidas, pero también tenemos que destacar acciones importantes que
han mejorado la situación de los colectivos no solo en el ámbito económico, sino también en el de su estatuto profesional, como es en referencia a la recuperación de los derechos laborales y permisos de jueces y fiscales, incapacidades temporales y
equiparación del permiso de paternidad al resto de los funcionarios operada en la reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder judicial.


Con relación a esta cuestión, ya indiqué anteriormente que queremos disminuir la desafección que socialmente tienen los ciudadanos con relación a la justicia. Sabemos que la justicia lenta e ineficaz -frase ya acuñada- no es justicia, y que
es necesario atribuirla más medios personales. Por eso, quisiera destacar que la oferta de empleo público que se recoge en los Presupuestos Generales del Estado implica la convocatoria de 3115 plazas en el ámbito de Justicia, de las cuales 1087
corresponden a la tasa de reposición y 2030 a la estabilización para consolidar a los interinos. Y a estas previsiones debemos añadir lo relativo a algo que ha sido problemático y que explicaré muy brevemente. La oferta de empleo público de jueces
y fiscales asciende a 500 plazas. Es una cuestión que ha causado alguna sorpresa, porque, por error, en el proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado se recoge el número de 100 plazas, pero les aseguro que con una enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista se va a modificar dicha disposición adicional y serán 500 plazas, es decir, será la oferta más alta en cuanto a convocatoria de plazas para jueces y fiscales en los últimos veinticinco años de democracia. Y en cuanto a
nuevos órganos judiciales, prevemos la creación de 75 nuevas unidades judiciales, con una dotación de 5,5 millones de euros, así como una ampliación de la plantilla del Ministerio Fiscal con la creación de 80 nuevas plazas, para las que se incluye
una dotación presupuestaria de 2,6 millones de euros. En este punto hay que destacar que ya se publicó la creación de cinco unidades judiciales en el plan integral del Gobierno en el Campo de Gibraltar, de modo que queda pendiente, con relación al
incremento de la plantilla de fiscales, la aprobación de esas plazas que indiqué anteriormente.

Página 5

Pero no basta con crear nuevas unidades judiciales, no basta con incrementar las retribuciones de los jueces y fiscales y del resto de los funcionarios, tener más oferta de empleo público o mejorar situaciones profesionales, también hay que
dar apoyos y refuerzos a los órganos existentes. Para ello, para evitar retrasos y poder responder a las necesidades de los órganos que tienen más carga de trabajo, el Ministerio de Justicia ha firmado un protocolo de colaboración con el Consejo
General del Poder Judicial en este mismo mes, el día 17 de enero, por el que se establece un sistema de autorización de estos refuerzos más ágil y dinámico que el que se venía siguiendo. Y un aspecto importante es el relativo a la apuesta por la
profesionalización y la consiguiente reducción de la temporalidad. Saben ustedes que la Administración de Justicia ha registrado altas tasas de temporalidad, que en la actualidad se sitúan en el 18 %. Las previsiones presupuestarias de este
capítulo 1 contribuyen de forma importante a combatir esta situación, recogiendo el esfuerzo por avanzar en un objetivo estratégico como es la reducción de la temporalidad. Dicho esfuerzo se enmarca en el proceso de estabilización de empleo para el
periodo 2017-2019, fruto del acuerdo de la Administración General del Estado para la mejora del empleo público de 29 de marzo de 2017, que fijó el objetivo suscrito por el Ministerio de Justicia en el ámbito de la Administración de Justicia de
reducir la tasa de interinidad por debajo del 8 % al finalizar el periodo de vigencia del acuerdo, es decir, en este año. El pasado mes de julio se dictó el real decreto por el que se aprobaba la oferta de empleo público de estabilización para el
personal de la Administración de Justicia para 2018, en el que se prevé la convocatoria de 2672 plazas, correspondientes a la oferta de empleo público de 2018. Para el ejercicio de 2019 continuaremos con este esfuerzo de estabilización del empleo
público, previendo que la dotación alcance el número de 2030 plazas, hasta ahora ocupadas por personal interino. De este modo, al final de todo el proceso de estabilización, habremos convocado un total de 7467 plazas en el ámbito de la
Administración de Justicia: 2765 correspondientes a la oferta de empleo público de 2017, 2672 a la de 2018 y 2030 a la de 2019.


Pasamos al capítulo 2, gastos corrientes, capítulo puramente de gestión. A la vista de que finalizó el pago de deudas en años anteriores con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por el suministro de libros de registros, hay un
decrecimiento del 0,86 %, con una dotación de 134,1 millones de euros, debido a la gestión positiva que se ha realizado. Asimismo, hay que tener en cuenta que hay una dotación para salarios de tramitación por importe de 20 millones de euros, lo que
permitirá que en el año 2019 ya podamos satisfacer totalmente la deuda pendiente al respecto. Ello implicará que la carga presupuestaria para hacer frente a estos salarios derivados de los juicios de despido cuando la improcedencia se dicta
transcurridos más de noventa días hábiles desde la presentación de la demanda por el trabajador deje de suponer un gasto para el ministerio, y lo gestionaremos en 2019.


Los gastos financieros son irrelevantes, solo son 25 770 euros, y no merecen mayor comentario. No ocurre así en transferencias corrientes, capítulo 4, apartado en el que voy a abordar brevemente la asistencia jurídica gratuita, las
aportaciones a violencia de género, apoyo a víctimas de delitos, juzgados de paz, memoria histórica, Fundación Pluralismo y Convivencia y aportaciones a organismos internacionales, e iré por capítulos. En este capítulo nos encontramos con una
dotación de 77,6 millones de euros, lo que representa un incremento respecto al ejercicio de 2018 del 28,9 %, una cantidad importante, porque son 17,4 millones de euros más. Este aumento nos servirá precisamente para atender a ese objetivo de
satisfacer políticas sociales de este Gobierno en el ámbito judicial, por tanto, gasto social. En asistencia jurídica gratuita, recordemos que ya en el presupuesto de 2018 se incrementó en un 24%. La dotación prevista para este año 2019 es de 48,7
millones de euros. Por tanto, nos permitirá continuar con el empeño de mejorar la calidad de esta asistencia jurídica y satisfacer los emolumentos que corresponden a los profesionales del turno de oficio. Hay que recordar que el pasado mes de
noviembre del 2018, se aprobó la revalorización de los baremos y módulos por los que se retribuyen las actuaciones realizadas por los abogados y procuradores en el territorio del Ministerio de Justicia. Desde hacía quince años no se revalorizaban,
es decir, desde el año 2003, y aunque saben que la justicia gratuita en territorios donde hay competencias transferidas corresponde a las comunidades autónomas, ha supuesto el mayor incremento o revalorización realizada por cualquier Administración
Pública.


En este ámbito también es muy importante destacar lo enunciado al inicio, que las actuaciones de asesoramiento y asistencia inmediata a las mujeres víctimas de violencia de género suponen un incremento general del 35 %, muy superior al
incremento global que hemos indicado anteriormente, con lo cual se extiende la atención a ese eje prioritario no ya solo del ministerio y del Gobierno, sino de toda la sociedad porque es un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un aspecto
que afecta a toda la sociedad y en el que existe solidaridad por parte de todos los grupos sociales y partidos políticos. Estas

Página 6

previsiones presupuestarias en concreto aumentan en 5,8 millones de euros, que se destinarán específicamente a esta asistencia jurídica especializada para asistir a las víctimas de violencia de género.


El apartado de violencia de género, ya no solo la asistencia jurídica, está comprendido en distintos capítulos de los presupuestos, concretamente en los capítulos 1, 4 y 6 principalmente. Como digo, esto deriva de ese pacto de Estado donde
hay un consenso no solo político, sino también social para atajar esa lacra. En relación con la dotación prevista para el año 2019, en el ámbito del Ministerio de Justicia se contempla una cuantía de 64 millones de euros para medidas de apoyo a las
víctimas de violencia de género, lo que se traduce en un incremento del 8,75 % con respecto a 2018. Este incremento se refleja en importantes medidas de esta lucha, como el refuerzo de las unidades forenses de valoración integral a las que se
destinarán más de 9,6 millones, un 57,48 % más que en el 2018; unidades de valoración integradas en los institutos de medicina legal y ciencias forenses y que juegan un papel esencial, señorías, para esta protección de las víctimas. Estamos
trabajando en un plan de mejora de estas unidades forenses que abordará su regulación, la formación de profesionales, y la mejora de la coordinación con otras instituciones, entre otros aspectos. Entre las actuaciones incluidas en las previsiones
presupuestarias de 2019, tenemos el aumento de medidas de refuerzo de los juzgados de violencia sobre la mujer que recibirán un 2,08 % más que el pasado año, la partida presupuestaria más importante de la dotación relativa a medidas en materia de
violencia de género en el ámbito de justicia con 39 millones de un total de 64 millones, es decir, un 61 % de ese total al que me he referido con anterioridad con el que contamos en estas partidas de violencia de género esparcidas en los capítulos
1, 4 y 6.


En relación con los juzgados de violencia sobre la mujer, hay que mencionar que estamos desarrollando un trabajo para adecuar la planta judicial a esas necesidades en materia de violencia de género. Hemos establecido el inicio de la
comarcalización de estos juzgados que supone atender a esas necesidades prioritarias de las mujeres víctimas de esta violencia. Lo hemos iniciado con el Real Decreto 1460/2018, aprobado el 21 de diciembre, por el que se determina la extensión de la
jurisdicción de violencia sobre la mujer de Vila-real a los partidos judiciales de Nules y Segorbe en la provincia de Castellón. Es el inicio de unas actuaciones que pueden dar una protección más efectiva a estas mujeres a través de estos juzgados
especializados.


Siguiendo con el capítulo 4 quisiera detenerme en las partidas relativas a apoyo a las víctimas de delito. Aquí debemos enmarcar la situación porque en el ámbito legislativo hay que recordar que estamos en la tramitación de un anteproyecto
de protección integral de la infancia y de la adolescencia frente a la violencia, que lógicamente queremos sacar adelante con los grupos parlamentarios cuando pase a sede parlamentaria, y también un anteproyecto sobre ley integral de protección de
víctimas de trata con fines de explotación sexual. Esto supondrá un nuevo marco legislativo para una más eficaz protección a las víctimas, que hay que coordinar con el incremento que hemos mencionado antes de plazas en las oficinas de asistencia a
las víctimas. Recordarán que he hablado de treinta y cinco plazas para oficinas de asistencia a las víctimas y veintinueve plazas para unidades forenses de valoración integral. También hay que destacar que en el ejercicio de 2019 continuamos con
una subvención otorgada al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para una prestación de asistencia psicológica especializada a las víctimas de delito en general, no solo a las de violencia de género, con una cuantía de un millón de
euros. Otra partida de este capítulo 4 son los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz. Se mantiene la cuantía prevista en los años anteriores de las aportaciones destinadas a los ayuntamientos para contribuir a estos gastos, 1,9 millones
de euros.


En cuanto a la memoria histórica, la dotación presupuestaria es de 15 millones de euros -lo explicará con más detalle la subsecretaria- por cuanto se dota a esta dirección general de nueva creación de presupuesto para el desarrollo de la Ley
de memoria histórica de 2007, que se había cercenado desde el año 2012 con cero dotaciones presupuestarias. Nosotros hemos dado esta dotación de 15 millones de euros en un ejercicio de recuperación prácticamente de aquello con lo que tendría que
haber sido dotado este desarrollo y aplicación de la Ley de memoria histórica desde el año 2007, que empezó con 6 millones de euros y fue decayendo hasta tener cero presupuesto, pero no me quiero extender más en ello porque es un elemento
informativo y un apartado que podrá desarrollar mejor la subsecretaria.


También en este capítulo 4 quisiera destacar la Fundación Pluralismo y Convivencia porque está en el seno de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos. Lo mismo que la
memoria histórica es una cuestión de derechos humanos, la Fundación Pluralismo y Convivencia se enmarca también en los derechos humanos porque tiene como misión precisamente fundamentar la convivencia democrática en el pluralismo religioso. En el
presupuesto

Página 7

de 2019 se prevé una dotación de 2 200 000 euros para esta fundación, que supone un incremento de 450 000 euros con respecto a 2018, ya que supone un aspecto muy importante para esa convivencia social. En las aportaciones a organismos
internacionales mantenemos los compromisos del Estado español con el Grupo Greco, concretamente las cuotas correspondientes a dicho grupo del Consejo de Europa son 83 030 euros; luego está la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países
Iberoamericanos, el Comjib, que tiene una cuota de 71 359 euros; y el Ilanud, el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente con una cuota de 20 000 dólares americanos, equivalente a 16
300 euros. Por tanto, los compromisos internacionales con estas organizaciones que tienen un gran reflejo en materia de derechos humanos se mantienen, como es lógico.


Pasamos al capítulo 6, que se desarrollará más ampliamente por el secretario general, pero quiero ofrecer algunas de las grandes cifras. Concretamente es el capítulo relativo a la modernización de la tecnología, infraestructuras y
equipamientos. La modernización de nuestro sistema de justicia, como saben, señorías, es uno de los ejes principales. En inversiones se recogen las previsiones presupuestarias para este capítulo. La dotación presupuestaria de este capítulo para
el ejercicio 2019 en el proyecto de ley se cifra en 174,6 millones de euros, de los cuales el 72 % se dedicará a actuaciones relacionadas con la digitalización de la justicia, en total 126 millones de euros que es una cantidad importante porque
permite afianzar y apuntalar de forma más sólida el proceso de digitalización, que nosotros concebimos como un proceso de diálogo con los operadores en el sistema, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios en
formación. Como saben, señorías, en este nuevo Gobierno se creó la Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos. Antes tenía categoría de subdirección general, de ahí la importancia
que le hemos dado.


Para concretar cifras quiero destacar las siguientes: la digitalización de los órganos judiciales tiene una partida de 72,4 millones de euros que incluye actuaciones para la mejora de las aplicaciones informáticas que conforman el
expediente judicial electrónico con 18,5 millones de euros; la finalización de la implantación de la justicia digital en la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo con 1,2 millones de euros, así como el refuerzo en la formación de usuarios, entre
otras medidas. Esto está enmarcado en un plan de calidad de la justicia que se está desarrollando por el ministerio a través de la directora general de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos. Esta
partida también comprende la digitalización de las fiscalías con 15 millones de euros. Estos créditos se dedicarán a completar la implantación de la fiscalía digital en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la Fiscalía ante el Tribunal Supremo,
Fiscalías de Menores, Fiscalía ante el Tribunal de Cuentas y Fiscalías especializadas. Y además, un desarrollo del Plan de Seguridad de la Información y Plan de Acción de Transformación Digital del propio Ministerio de Justicia, con una partida de
7,5 millones de euros.


El capítulo 7, relativo a transferencias de capital, mantiene una dotación presupuestaria pequeña, que no merece mayor comentario, son transferencias internas. Entre las dotaciones de los organismos públicos sí quisiera destacar las del
Centro de Estudios Jurídicos, el Mugeju y la Agencia Española de Protección de Datos. El Centro de Estudios Jurídicos tiene un presupuesto que asciende a 12 millones de euros, lo cual supone un incremento del 19,26 %; un incremento notable porque
tiene que abordar dos programas presupuestarios, el 111.Q Formación del personal de la Administración de Justicia, cuya cuantía total para 2019 asciende a 8,4 millones de euros, y el programa 111.R Formación de la carrera fiscal, cuya cuantía total
para 2019 asciende a 3,6 millones. La suma de ambos programas son los 12 millones ya mencionados. Por tanto, es un presupuesto con un incremento importante para cubrir las nóminas de los 364 funcionarios en prácticas que se formarán en el CEJ a lo
largo de 2019. Son cursos que corresponden a fiscales, letrados, médicos forenses, facultativos, según las ofertas de empleo público que se están desarrollando desde los años 2017-2018. Este incremento de la dotación lo vamos a destinar también a
una mejor formación en los cursos selectivos, sobre todo a una formación de más calidad, a una formación en materia de nuevas tecnologías, en materia de violencia de género y a formación internacional a través de la cooperación jurídica
internacional.


La Mugeju es una mutualidad de gran importancia dentro de la Administración de Justicia porque da cobertura a las necesidades, a las prestaciones y contingencias sociales de todos los funcionarios de la Administración de Justicia. Su
presupuesto también es notable, son 106,2 millones de euros, lo que supone un porcentaje de incremento del 1,56 en relación con el presupuesto de 2018. Se aplica para programas de prestaciones económicas de mutualismo administrativo con una cuantía
total de 21,5 millones y un Programa de Asistencia Sanitaria al Mutualismo Administrativo con un presupuesto de 84,7 millones. Tengo que indicar que en relación con la asistencia sanitaria, la Mugeju es la mutualidad de

Página 8

funcionarios que más oferta da a sus mutualistas en entidades sanitarias, concretamente siete entidades sanitarias frente a las cuatro de Muface y las dos del Isfas. En lo que se refiere a prestaciones sociales, se registra un incremento
del 2,58 % con respecto a 2018, que se reparte en prestaciones de incapacidad, gran invalidez, ayuda por hijo a cargo con discapacidad o gastos derivados del subsidio de jubilación. Los incrementos vienen detallados, no quisiera cansarles porque ya
me estoy excediendo en el tiempo que me había programado y voy cerrando. La Agencia Española de Protección de Datos, como saben, es un organismo autónomo, pero depende del Ministerio de Justicia y tiene una dotación de 15,27 millones de euros, lo
que supone también un incremento importante del 9,44 %.


Concluyo, señorías, muchas gracias por su atención, quedo a su disposición. Como ven, el proyecto de ley de presupuesto del Ministerio de Justicia enmarcado en los Presupuestos Generales del Estado es el de mayor dotación en los últimos
diez años, podemos decir de la democracia sin ser triunfalistas. Y esperamos que con este presupuesto podamos aplicar todas las medidas necesarias para la mejora de ese servicio público que prestamos a los ciudadanos en un diálogo abierto y
cooperación con todos los actores de la justicia. Quedo a su disposición para cualquier intervención que quieran hacer en relación con esta comparecencia, sin perjuicio lógicamente de que los otros altos cargos puedan desarrollar con más detalle
aspectos que sean de su interés.


Muchas gracias a todos.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor secretario de Estado.


A continuación, corresponde el turno de palabra a los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes Prendes.


El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, señora presidenta.


Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su comparecencia y sus explicaciones. Lo primero que tenemos que decir respecto a esta sección 13 referida al Ministerio de Justicia, es que está afectada por un mal que también afecta al
conjunto del presupuesto; es un presupuesto increíble, que carece de credibilidad, y no porque lo digamos nosotros, sino porque en los últimos días llegan en cascada todas las impugnaciones de aquellas entidades que tienen que pronunciarse sobre
este presupuesto. Primero fue la Comisión Europea, después vino el Banco de España, y todavía en el día de ayer conocimos ese dato sobre la incredulidad del presupuesto por parte de la AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Por lo tanto, ese mal que aqueja al conjunto del presupuesto, evidentemente también aqueja al Ministerio de Justicia y a su sección.


Pero más allá de eso, cuando uno analiza este presupuesto casi podría llegar a una conclusión que tampoco es mía; la justicia no solo no es una prioridad, sino que parece ser un estorbo. Esa es la contundente conclusión que firman todas
las asociaciones judiciales y todas las asociaciones de fiscales en un comunicado muy reciente, del pasado 15 de enero, cuando ya se conocía este presupuesto y tras hacer un análisis de estos Presupuestos Generales del Estado por los que usted
comparece hoy aquí. Que la justicia es la eterna olvidada es evidente que no debe sorprender a nadie, se ha convertido en un lugar común. El Ministerio de Justicia es uno de los ministerios que menos dinero recibe dentro del presupuesto. Y
sabiendo esto, cuando el Partido Socialista llegó al Gobierno de España a través de la moción de censura, prometió cambios sustanciales en todos los aspectos de la vida política, también en este. Sin embargo, creo que han bastado muy pocos meses
para advertir que todas esas bonitas palabras han vuelto a quedarse en nada. En este tiempo, en apenas ocho meses, hemos visto cómo en el mes de noviembre los letrados de la Administración de Justicia organizaban una huelga para pedir unas
retribuciones dignas. También hemos visto en noviembre cómo los jueces y fiscales organizaban otra huelga ante el incumplimiento y la falta de atención a las demandas de las carreras fiscal y judicial. Y mientras todo esto ocurría hay que decir
que la ministra parecía estar demasiado ocupada gestionando problemas de índole personal por sus diversas crisis también de credibilidad.


Hemos de decirle que nosotros hemos seguido muy de cerca la trayectoria durante estos ocho meses del Ministerio de Justicia y también, porque esa es nuestra tarea, las reivindicaciones de los principales colectivos afectados por sus
políticas. Sabemos que el ministerio se ha reunido en diversas ocasiones con dichos colectivos; concretamente con las asociaciones de jueces y fiscales de manera casi mensual: el 27 de septiembre, el 8 de noviembre, el 12 de noviembre, el 19 de
diciembre y el 10 de enero. Pues bien, según la declaración de los propios colectivos en un comunicado conjunto, de todas esas reuniones extraen tres conclusiones: primera, que el ministerio no ofrece nada concreto, pese a lo que difunde en las
notas de prensa oficiales y pese a la situación crítica que atraviesa la justicia que, hay

Página 9

que decirlo, es salvada por el esfuerzo diario de quienes trabajan en su servicio. Segunda, que todo ello produce una creciente desafección en la carrera judicial y una imagen de crisis de la justicia sin precedentes. Y tercera, todo lo
anterior deviene aún más desesperante por cuanto, según manifiestan, hay partidos políticos que no parecen mostrar ningún interés por lograr acuerdos y alcanzar pactos sólidos para mejorar las condiciones de los trabajadores de la justicia, pero sí
que alcanzan acuerdos, aunque luego se deshacen como un azucarillo, para controlar el Poder Judicial y, en particular, para repartirse los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, me gustaría algún pronunciamiento del señor
secretario de Estado sobre la situación del consejo, no digo sobre la situación económica que, evidentemente, aumenta su dotación, pero sí sobre la situación de parálisis sin precedentes provocada -yo creo- por la negativa del Partido Socialista a
reformar el sistema de elección de los vocales de extracción judicial, que está absolutamente en cuestión no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito europeo. Como le digo, estas preocupaciones son compartidas, no descubrimos nada, se
han hecho públicas por parte de todos los colectivos o los operadores de la justicia, según los términos que usted ha utilizado. Y al leer las partidas destinadas a la justicia en estos presupuestos, permítame que le diga que nosotros nos
ratificamos en estas preocupaciones y las compartimos. Tendrán que abordar lo que ya se anuncia como una nueva huelga de jueces y fiscales, y no sé cómo piensan hacerlo. Me gustaría que hiciese alguna referencia a esto en su comparecencia de hoy
como responsable político máximo del ministerio.


Usted ha iniciado y ha cerrado su intervención con la manifestación de que la cuantía total del presupuesto, esos 1832 millones que suponen un 4,8 % de aumento en el Ministerio de Justicia, es la mayor del presupuesto en nuestra democracia,
pero también tengo que decirle que se quiebra una tendencia, y ello porque el aumento que habían registrado los Presupuestos Generales del Estado en la sección del Ministerio de Justicia el año pasado era de un 7 %, pues entendimos que este servicio
público necesitaba un esfuerzo inversor continuado y mantenido con carácter plurianual, que es lo que nosotros habíamos impulsado en el pacto que en su momento acordamos con el Partido Popular. Esa tendencia se quiebra, el aumento del 7 % del año
pasado, hoy en estos Presupuestos Generales del Estado es simplemente un 4,8 %. He de decir que en aquel pacto de gobernabilidad que alcanzamos con el Partido Popular, con el expresidente, señor Rajoy, nosotros contemplábamos una partida plurianual
para el total de la legislatura, estoy hablando de un desarrollo de cuatro años, pero es evidente que aquel plan se ha quebrado porque se ha quebrado el Gobierno y hay uno nuevo que asume las tareas de gobernar. Nosotros habíamos pactado una
partida total extraordinaria de 500 millones y continuada durante cuatro años para abordar el necesario, urgente e imprescindible proceso de modernización de la justicia, 500 millones en cuatro años. Habíamos iniciado ese proceso con el presupuesto
del año pasado que tuvo el mayor aumento de la democracia con ese 7 %, esto sí, y como le digo, esa senda de aumento se ve quebrada con un incremento de exclusivamente un 4,8 % para este año.


Y todo ello a pesar, hay que decirlo también, de que los escenarios de recaudación impositiva y por todos los conceptos que ustedes recogen en estos presupuestos también son los más grandes de la historia de la democracia, seguramente
también los más increíbles. La partida de gastos tiene que ir acomodada con la partida de ingresos y, desde luego, ustedes plantean una recaudación absolutamente récord; es decir, va a ser el presupuesto en el que el Ejecutivo va a disponer de una
mayor capacidad de gasto porque también va a haber una mayor capacidad por esa recaudación. Sin embargo, como decía, se quiebra la tendencia al alza que nosotros habíamos pedido, más allá de cuestiones de carácter partidista, precisamente porque
nos parecía que el compromiso con el servicio público de la justicia y con esa necesaria modernización necesitaba de un pacto plurianual, pero se quiebra con estos presupuestos.


La señora PRESIDENTA: Tiene que ir acabando, señor Prendes, ha superado ya en un minuto y medio su tiempo.


El señor PRENDES PRENDES: Pues nada más, dejaré para los demás intervinientes el resto de preguntas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Moya Matas.

Página 10

El señor MOYA MATAS: Gracias, señora presidenta.


Buenos días, señor secretario de Estado de Justicia. En líneas generales, sobre todo cuando usted ha empezado su intervención, no podemos más que manifestar que compartimos sus objetivos. Usted ha expuesto unos objetivos básicamente de
cambio de paradigma, unos objetivos rompedores en justicia. Por un lado, ha hablado de recomponer la justicia en el Estado español, de recuperar los objetivos de eficacia, transparencia, la colaboración entre los actores o los diferentes operadores
en el mundo jurídico. Evidentemente, nosotros compartimos esa filosofía, esa corresponsabilidad de todos los actores en el mundo judicial y jurídico; también la concepción de la justicia como un servicio público con el objetivo de recuperar la
confianza de los ciudadanos, nos va a encontrar en este objetivo, y además profundizar en los objetivos de política social y en la aportación a los más vulnerables. Estos tres objetivos definen un marco del que nos alegramos, al que nos sumamos en
este cambio de paradigma. Sin embargo, cuando concretamos los números, cuando bajamos a la letra pequeña, pues francamente de entrada le transmitimos la decepción porque vemos que en realidad la orientación de la política de gasto es básicamente
una línea de continuidad con los anteriores Gobiernos.


Usted en una expresión sincera nos ha dicho que son los presupuestos para la justicia con mayor dotación en la historia de la democracia, pero ha añadido sin ser triunfalistas. Pues ciertamente no podemos ser triunfalistas porque, si bien
es cierto este incremento del 5 % que llega a estas cotas históricas de dotación para la justicia, en realidad vemos que dicho incremento del 5 %, ya no el 7 % del ejercicio pasado, básicamente se traduce en la creación de una nueva Dirección
General para la Memoria Histórica, cuya existencia nosotros celebramos y nos sumamos, y también en un incremento salarial que ya fue pactado en el año 2018 con el Gobierno anterior. Es decir, estos son los dos factores que se traducen en el
incremento del 5 %, por lo tanto, básicamente vemos una línea de continuidad en el gasto.


Como decía el anterior interviniente, si estamos en una línea de continuidad y hay que recordar que el anterior Gobierno se encontró hace menos de un año con dos huelgas consecutivas de jueces y fiscales -a la que, por cierto, se sumó la
actual ministra, que era un miembro muy activo del Consejo Fiscal-, cómo vamos a evitar una nueva convocatoria de huelga. De hecho, creo que hoy ya aparece en los medios y tiene fecha para la primera semana de marzo. En la misma línea están las
reivindicaciones de los letrados y letradas de la Administración de Justicia, que han asumido nuevas funciones con la implantación de la nueva oficina judicial y que no se ha traducido, al menos desde el año 2009, en ninguna mejora salarial. De
manera que, a ver cómo se hace frente al problema para evitar estas confrontaciones, precisamente en la línea que usted marcaba de colaboración entre todos los operadores jurídicos.


Por otra parte, evidentemente, existe un error en la convocatoria de plazas de jueces y fiscales, puesto que el anteproyecto establece una convocatoria de 100 plazas nuevas, y ya dijo la ministra en los medios de comunicación, y ha insistido
hoy, que en realidad es un error de transcripción; van a ser 500 plazas y se subsanará mediante una enmienda a la que, evidentemente, vamos a dar apoyo en la línea de avanzar -aunque todavía estamos lejos de homologar al Estado español- hacia los
ratios europeos en el número de jueces y juezas por habitante.


Por otro lado, en cuanto al Plan de la Calidad de la Justicia, también contiene una inversión de 127 millones para la mejora de las aplicaciones informáticas, la modernización tecnológica y la digitalización del expediente judicial. Una vez
más insistimos, en este caso, ante ustedes, en la necesaria transformación del sistema LexNET, en la imprescindible defensa de que el sistema LexNET se desarrolle de acuerdo con los principios de separación de poderes. Esta es una insistencia que
en su momento le hicimos al anterior Gobierno, y la volvemos a hacer en este caso ante usted. También hay que hacer un necesario esfuerzo en la protección de datos para evitar aquellas fugas de datos que tuvimos con el anterior Gobierno, que
tuvieron una gran trascendencia en cuanto al tratamiento de datos personales.


Evidentemente, todo ello debe ir en la línea de la no injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Recuerde y tenga presente que una de las reivindicaciones, por las cuales jueces y fiscales convocan esta huelga para la primera
semana de marzo, es precisamente la paralización de la justicia digital hasta que se replantee su implantación y se solucionen los problemas informáticos. A ver cómo este plan de choque, esta gran inversión se hace realidad y se consigue hacer
realidad la solución de estos problemas informáticos. De esta forma, no nos encontraríamos con este paro que están reivindicando colectivos de jueces y fiscales.


Hablaba usted también con profusión respecto a las partidas de gasto social. Por ejemplo, en la financiación de la justicia gratuita es constatable que se hizo un gran esfuerzo en los presupuestos del año pasado en el incremento de partidas
de justicia gratuita. Ahora vemos que ese esfuerzo sencillamente

Página 11

viene a consolidarse, pero no se incrementa, ya que la partida es exactamente la misma en este ejercicio que en el ejercicio pasado. Cuando usted en su intervención hablaba literalmente del empeño en mejorar la calidad del servicio, pues
tal vez este empeño también debería traducirse en un incremento de esas partidas en cuanto a la justicia gratuita.


En cuanto al Pacto de Estado contra la Violencia de Género celebramos el incremento de recursos y la creación de nuevas plazas en la asistencia a la víctima. Celebramos también las nuevas plazas en la unidad de forenses y los nuevos
recursos para los juzgados de violencia machista, ya que entendemos que es una correcta aplicación de lo comprendido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Sin embargo, también debemos trasladarle nuestra disconformidad respecto a los
planes de comarcalización. Esos planes de comarcalización, que en su momento también fueron apoyados por el anterior ministro de Justicia, pueden acabar resultando de facto un auténtico alejamiento físico de las sedes judiciales de muchas de las
víctimas, y estamos pensando especialmente en las mujeres víctimas de violencia machista en el mundo rural. Ese plan de comarcalización, ese distanciamiento en muchos kilómetros respecto a la mujer rural que es víctima también de esas violencias,
en realidad también puede suponer una falta de atención a estas víctimas.


Además, cuando se nos habla de unificar los juzgados, de tener juzgados especializados, no podemos sacarnos de la cabeza el desastre de los juzgados de cláusula suelo. Esos juzgados desde el primer día ya nacieron saturados y esa creación
de juzgados especializados en cláusulas suelo ha supuesto un enorme retraso en la justicia. Esperamos y deseamos que esa comarcalización tampoco lleve a esta saturación.


Por último, ha hablado también de un incremento de partidas en formación del personal de la Administración de Justicia, en formación del personal de la carrera fiscal, sobre todo con inversiones en el Centro de Estudios Jurídicos, con
incrementos de formación en nuevas tecnologías, en Derecho internacional. Sin embargo, nos interesaría que algunas partidas se concretaran también -creemos que eso cubriría un grave déficit en esta formación- en la formación respecto al lenguaje
inclusivo, que tan a menudo se echa a faltar en resoluciones judiciales. Creemos que es fundamental la formación en lenguaje inclusivo. Asimismo, la formación en derechos lingüísticos es imprescindible, ese derecho de opción lingüística que sigue
sin ser respetado en las sedes judiciales del Estado español, así como la formación en derechos humanos, en memoria histórica y en sensibilidad en cuanto a la cuestión de género.


Tenemos también otras observaciones en cuanto a memoria histórica, pero lo vamos a dejar para la siguiente intervención.


La señora PRESIDENTA: Estaba agotando también su tiempo, señor Moya, muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Muñoz González.


El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Buenos días. Gracias, señor secretario de Estado, bienvenido a esta Comisión de Justicia, en la cual puede usted escuchar algunas intervenciones, como la del portavoz del Grupo de Ciudadanos, que dice que el
proyecto de presupuesto del año 2019 es increíble, y al mismo tiempo, va a escuchar que dice que la subida del presupuesto que ellos aprobaron junto con el Gobierno del Partido Popular del año pasado, del 3,2 %, era mucho mejor que la subida de este
año del 4,8 %. Eso sí que es increíble, que diga que el 4,8 % es menor que el 3,2 %. Pero no solamente es que se lo diga yo, es que se lo dijo la propia secretaria de Estado en la comparecencia el año pasado. Se lo podía haber contado el señor
Gómez Balsera al señor Prendes, ya que asistió a la misma. Hoy como no ha asistido, a lo mejor no la escuchó cuando daba expresamente esas cifras y hablaba de ese incremento del 3,2 %.


Entonces la señora secretaria de Estado, su antecesora, dijo en esa Comisión que se trataba de unos presupuestos que evidenciaban clarísimamente el compromiso del Gobierno con la justicia y la voluntad política de avanzar en la modernización
de su funcionamiento en la gestión de nuestro sistema judicial. Pues si ya se decía eso en unos presupuestos cuyo incremento era del 3,2 % para el Ministerio de Justicia, ¿qué no tendría que decir hoy por su parte? Además, en este presupuesto
vemos cómo está reflejado ese compromiso fundamental con aquello que usted ha dicho, porque sustancialmente se ha referido a que en ese capítulo 1 estamos hablando de unas cifras muy interesantes.


Decía también la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión celebrada el día 19 de abril de 2018 -y que hoy también nos acompaña- que estaban por el buen camino. No sé, imagino que hoy dirá, por la coherencia que acompaña
siempre a las intervenciones del Grupo Parlamentario Popular, que seguimos por un mejor camino, con un presupuesto que aumenta más que el que ellos aprobaron con el apoyo del Grupo de Ciudadanos.

Página 12

Señor secretario de Estado, la justicia -como ha explicado perfectamente- tiene que avanzar con un paso firme, en relación con los déficits históricos que ha venido presentando en nuestro país. También se ha criticado el número de reuniones
que ha tenido con las asociaciones, cuando eso será un déficit anterior de que no se produjeron. Pero, bueno, en definitiva, creo que estas son simplemente argucias en relación con un presupuesto que es bueno dentro de una situación complicada
económicamente como la que todavía vivimos. En todo caso, creo que es un presupuesto que va a venir a resolver los déficits que se han puesto sobre la mesa, que en su intervención ha hecho un diagnóstico perfectamente orientado, y que están además
en la literatura de la sección 13 del proyecto de presupuestos, donde se especifican efectivamente las líneas de actuación del Ministerio de Justicia.


No voy a incidir en aquello que usted ya ha dicho. Reservaré algunas cuestiones para exponerlas a los altos cargos del ministerio que van a intervenir a continuación. Pero sí quiero desde el principio dejar claras algunas cosas. Que el
Partido Popular incumpliese flagrantemente una ley, como la Ley de la Memoria Histórica, es una actuación que no dignifica la acción del Gobierno. Si no se quiere cumplir una ley, se aplica su mayoría y se deroga, pero hay que cumplir las normas
porque a eso precisamente es a lo que los Gobiernos están en primer término obligados. Hablar de la memoria es que no se olvide lo que ocurrió, pero no para una actuación revanchista, sino para una actuación simplemente de conocimiento, y
precisamente en relación con gente que durante mucho tiempo tuvo olvidado su pasado por imperio de una ley surgida de un régimen autoritario. Poner en valor la justicia universal, a través incluso de la designación o la denominación de una de las
direcciones generales, a nosotros nos parece que es una herramienta que contribuye a evitar indeseables espacios de impunidad y tiene ese valor reparador para las víctimas que no encuentran la justicia en el lugar de donde provienen. Por tanto,
todas esas actuaciones lo que hacen es dignificar la actuación de un Ministerio de Justicia, al cual nosotros desde aquí queremos felicitar por ello.


Entrando ya en el contenido del programa 112.A, excepto en la parte que tiene que ver con las infraestructuras que corresponde a la subsecretaría del ministerio, lo ha definido usted perfectamente. Se ha referido a esa creación de 75
unidades judiciales y 80 fiscales, cinco de ellas en relación con el Campo de Gibraltar, a esa mayor convocatoria en veinticinco años de la oferta de empleo. Por cierto, haría un llamamiento a los grupos de la oposición que dicen que no van a
apoyar el presupuesto para que apoyen al menos la enmienda para que podamos llegar a esas 500 plazas en cuanto a fiscales y jueces. Desde luego, ese cumplimiento del acuerdo para la mejora del empleo público es fundamental. Ahí se avanza en ese
plan de estabilización: 2030 nuevas plazas para la reducción de la temporalidad y 1087 plazas en la tasa de reposición de los cuerpos de la Administración de Justicia, algo que es fundamental.


En definitiva, el capítulo 1 viene a significar más empleados públicos sirviendo a la justicia, mejor remunerados y mejor formados, por virtud de lo establecido en los programas 111.Q y 111.R y porque se incrementa la dotación del Centro de
Estudios Judiciales en un 19,3 %. Más servidores públicos, mejor retribuidos y mejor formados, eso es lo que lleva consigo este presupuesto.


A su vez, el otro eje que a nosotros nos enorgullece de este presupuesto como miembros del Partido Socialista es ese 57,5 % relacionado con el gasto social en el Ministerio de Justicia. Nos parece que esta potenciación es fundamental porque
la lucha contra la violencia de género, derivada del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, tiene que ser una política transversal y tiene que afectar sobre todo a aquellos que tienen la obligación de hacer valer el ejercicio de los
derechos, que es lo que viene a hacer el sistema público de justicia. Esa dotación de 35 plazas en oficinas de atención y de 29 en unidades forenses, creo que es avanzar en el buen camino, como lo es desde luego el aumento sustancial de los módulos
producido a final de año en relación con los que aplicaban en justicia gratuita, porque esa es la condición para que puedan acceder al servicio de justicia aquellos que no tienen medios para ejercerlo. Por tanto, todo aquello que tiene que ver con
el aumento y la dignificación de los profesionales que llevan a cabo esa acción en relación con la justicia gratuita nos parece fundamental, porque eso tiene un ejemplo multiplicador del acceso a la justicia por parte de los ciudadanos más
desfavorecidos. Como lo es también esa potenciación de la Oficina de Asistencia a las Víctimas, con ese convenio que se mantiene con el Colegio de Psicólogos.


En definitiva, señor secretario de Estado, esas líneas generales de su departamento nosotros las compartimos como grupo parlamentario, como no podía ser de otra manera, pero además lo hacemos con convicción, porque queremos que se trabaje en
función de una justicia que es un servicio público al servicio de los ciudadanos, que es un poder del Estado, que es la condición de garantía para el ejercicio de los derechos. En este sentido, ha comparecido defendiendo el mejor presupuesto de la
democracia y

Página 13

era difícil superar al presupuesto de la democracia que realizó quien está hoy a mi izquierda, el antiguo secretario de Estado, señor Campo, hoy portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Logró usted este reto y, desde luego, nosotros por
ello le felicitamos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Para finalizar esta primera comparecencia tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, señora Moro.


La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenos días, señor secretario de Estado. Bienvenido, especialmente porque esta es la primera ocasión que comparece en esta Cámara y en la Comisión de Justicia desde que fue nombrado.


Los presupuestos de Justicia reflejan, a nuestro modo de ver, la ausencia de proyecto para la justicia de este ministerio, de la ministra Delgado y de su equipo, así como la paralización del ministerio en estos siete meses. Voy a intentar
demostrar esta afirmación. Como usted bien sabe, la Ley de Presupuestos Generales del Estado viene considerándose la ley más relevante que se tramita en el Parlamento, no solo porque articula el soporte económico del funcionamiento de las
instituciones del Estado y de los servicios del ciudadano, sino porque en ella se plasma el proyecto político que quiere desarrollar el Gobierno que los diseña. Nosotros hoy pasamos revista, como usted bien ha dicho, a la sección 13, de Justicia, y
esta sección presenta unas peculiaridades propias que imprime el trabajo, o la falta del mismo, del departamento que ustedes representan, pero que además participa de las características generales de este presupuesto, como ya se ha dicho por el
portavoz de Ciudadanos.


Voy a reforzar esa idea de que participa de esas características generales porque no lo dice mi grupo ni lo digo yo ni lo dice el portavoz de Ciudadanos, sino que lo dicen el Banco de España y la AIReF, entre otros. Ambos señalan que hay
que poner en duda estos presupuestos. Ellos dicen que ponen en duda estos presupuestos porque presentan unos riesgos significativos y mucha incertidumbre. Ellos creen que estos presupuestos están inflados en 7000 millones, que el desfase fiscal
entre ingresos y gastos ascenderá al 2,2 %, y no al 1,3 % como anuncia el Gobierno, y se prevé que eso rebajará la previsión de crecimiento de la economía española, porque esta se verá afectada por los nuevos impuestos que planifican también estas
cuentas públicas. Muy malas noticias, por tanto, señor secretario de Estado, que nos ponen sobre aviso, y lo hacen las autoridades cualificadas, pero este grupo parlamentario ya lo había advertido. Además, lo había advertido porque tiene un
conocimiento privilegiado, desgraciadamente privilegiado, ya que el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que sufrir las consecuencias del maquillaje de las cuentas públicas, de desfases no declarados muy importantes. Ese fue el escenario con el que
tuvimos que gobernar, y lo más grave, ese fue el escenario que los españoles padecieron gravemente en su economía familiar y en las perspectivas de futuro para sus hijos. Nuestra obligación es advertirlo y adoptar las medidas necesarias para que
esto no vuelva a ocurrir.


Pero ¿cuáles son las particularidades de esta cuenta de la justicia? Como ha dicho, los presupuestos definen políticas y prioridades de gobierno y determinan la planificación de su acción para el ejercicio. Esta que ya hemos visto, y que
usted nos ha detallado en su intervención, es la planificación para 2019, así como las previsiones en determinados capítulos para ejercicios venideros, si se mantuvieran en el Gobierno. Pues bien, eso pone de manifiesto esa ausencia de proyecto
para la justicia española a la que yo me refería al comenzar. Reflejan lo que nos han mostrado gestionando el presupuesto de 2018 y las políticas de justicia en el semestre largo que les ha correspondido dirigir.


Es verdad, y con esto también enlazo con lo que decía el portavoz socialista, que con los números continuistas, afortunadamente son continuistas, nos dan la razón, hacen bueno el ejercicio pasado que criticaba el Grupo Socialista. Pero,
claro, no se puede quedar en esos números, porque en realidad lo que estarían haciendo -vamos a demostrarlo también- es ejecutar lo que hizo el Gobierno anterior. Eso no es malo, a mi modo de ver adolece la última parte de la democracia española el
que se pretenda por los grupos políticos deconstruir lo construido. Eso no es malo pero hay que tener proyecto, hay que saber que antes se criticaba y ahora se pone de manifiesto que se ejecuta lo que ya se hizo, pero hay que seguir.


¿Dónde cree nuestro grupo que denotan estas cuentas públicas esa ausencia de correcta gestión y de proyecto? En el capítulo 1 usted nos ha hecho una serie de cuentas -conocemos cómo se hacen estas-, pero en realidad no hay nada para las
reivindicaciones de los colectivos de la justicia. No hay ninguna previsión para la subida de sueldos, salvo algo puntual; no hay nada para mejorar las retribuciones de las guardias, como ya se había avanzado en la negociación previa a su entrada
en el Gobierno; nada para las retribuciones de fiscales de tercera y cuarta categoría, salvo que sea aquello que ha apuntado y

Página 14

que de alguna manera se acordó en las reuniones desesperanzadas por parte de las asociaciones porque no encontraban otra respuesta por parte del ministerio. Tampoco tiene dotación para atender reivindicaciones de los letrados de la
Administración de Justicia, para sus sustituciones.


Señor secretario de Estado, ¿qué ha pasado con los 7 millones de euros con los que incrementamos el presupuesto de Justicia para 2018 en el debate parlamentario? Se incorporaron 5 millones más, en el acuerdo con Ciudadanos en el dictamen y
2 más que yo personalmente negocié en la aprobación en el Pleno, y que irían destinados a las reivindicaciones profesionales del personal de la Administración de Justicia. Había que trabajar por incorporarlos formalmente al capítulo 1, pero estaba
comprometido por Hacienda y, por tanto, era un compromiso político que tenía destino y destinatarios. ¿Nos puede decir qué ha pasado con ellos, cuáles han sido sus gestiones para ejecutarlos de inmediato? ¿Nos puede decir dónde fueron a parar las
partidas presupuestarias que no se han ejecutado en el presupuesto de 2018? Ahora me referiré también a algunos conceptos en particular.


En el capítulo 1, usted nos lo ha dicho, baja el gasto corriente y también aquí parece que la gestión anterior no fue mala. No hay un euro más respecto al incremento de 2018 para mejorar el baremo de justicia gratuita, también lo ha dicho
alguno de mis compañeros. Tampoco hay nada para dignificar el turno de oficio, abandonando las previsiones hechas, cerradas por el ministro Catalá. Eso se hace después de que se enredaran en la gestión suspendiendo pagos, cuando un nuevo sistema
de gestión ya hecho también y puesto en marcha agilizaba los mismos.


Además, hacen esto con unas excusas peregrinas que no se corresponden con la realidad, ejecutando tarde y mal el acuerdo que estaba cerrado para la actualización de los baremos de justicia gratuita. Sonroja leer la contestación -permítame
que se lo diga- que han hecho a la pregunta que les formuló esta diputada al respecto. Ya sabemos que se caracterizan por poco respeto a esta Cámara y a este grupo parlamentario que es mayoritario. Pero ante evidencias, no caben esas respuestas de
que no había pasado nada, es evidente que había pasado. Nosotros hemos venido haciendo nuestro trabajo, sabemos lo que dejó el Gobierno anterior, estamos en contacto permanente con los colectivos y, por tanto, sonroja que no respeten la ley de
transparencia.


Respecto a las inversiones no van a hacer nada nuevo distinto a lo ya planificado y, además, van a terminar más tarde de lo previsto lo planificado porque no han cumplido con la ejecución de 2018. Este era el momento de incorporar nuevos
proyectos. Usted debe saber qué significa no incorporar ningún nuevo proyecto en un presupuesto, aunque sea uno o dos con algunas partidas para el informe, para el proyecto, porque los tiempos perdidos en las inversiones, en las obras, no se
recuperan; es más, determinan retrasos muy amplios en necesidades reales, que es verdad que deben planificarse porque no hay dinero para hacer todo, pero deben planificarse.


No apuestan por las nuevas tecnologías. No sabemos qué han hecho con los 132 millones de los presupuestos de 2018. Lo ampliará después en otras intervenciones mi compañero y, por tanto, no me voy a detener ahí. Pero sí quiero poner de
manifiesto que quizás en lo único que han cumplido con las reivindicaciones de las asociaciones de jueces y fiscales es en paralizar la digitalización; no tenemos noticia de que hayan hecho nada nuevo. Sin embargo, paralizar la digitalización es
un volver a empezar, es letal para la agilización de la justicia, saca del mapa a la Administración de Justicia, la atomiza más y la aísla. No están en condiciones de ponerse en coordinación con las comunidades autónomas, han abandonado ese
liderazgo y esto es muy preocupante.


Respecto a los recursos humanos, 100 plazas. Claro, me iba a remitir a la nota, pero usted ya ha explicado lo de las 500 plazas. Yo le iba a preguntar por ese tema pero usted ya ha contestado -le dije antes que somos muy previsibles los
portavoces de esta Comisión-. Usted necesita una enmienda del Grupo Socialista, porque no nos creemos lo del error. Todo el documento del presupuesto alude a 100 plazas, y están presupuestadas 100. Por tanto, nos gustaría saber por qué 500, y no
300 o 600 plazas. ¿Hay algún estudio para que sean 500 plazas? ¿De dónde van a sacar el dinero para esas 500 plazas? Por eso necesitan la enmienda del Partido Socialista. Respecto a la estabilización y la convocatoria de plazas, todo esto son
actuaciones que ya venían haciéndose.


¿Cuál es su proyecto -y termino enseguida, señora presidenta- de la justicia española? ¿La memoria histórica, los 15 millones? ¿Por qué 15 millones? Después también hablaremos, si cabe, con la subsecretaria sobre este tema. ¿Para qué?
¿A ustedes les parece prioritario que se creen menos juzgados de violencia de género, menos juzgados de lo social, de lo mercantil, que no se avance deprisa en tener justicia ágil e interconectada? No lo sé, cuando uno no tiene para todo hay que
marcar estas prioridades, que pueden estar muy bien, pero, por favor, no nos las vistan con el tema de los derechos humanos.

Página 15

Estamos hablando de prioridades y tenemos derechos humanos en este momento que no se pueden atender porque una justicia necesita inversiones.


Me gustaría repetir aquí lo que nos decía -está recogido en el Diario de Sesiones- el Grupo Socialista el año pasado: presupuestos que causan malestar a los profesionales, incrementos insuficientes, es necesario más dinero para personal,
son insuficientes las 300 plazas, tampoco les parecía reseñable el incremento en justicia gratuita. Ahora, sin embargo, lo paramos. Ante estas cuentas nos llama la atención, por ejemplo, que la ministra haya sacado -si me permite la expresión-
pecho con la violencia de género, con el incremento del 8,75 %. Usted lo ha dicho muy bien, le honra la exposición que ha hecho, porque siempre ha citado el Pacto de Violencia de Género. Ahí estamos todos, todo lo que venga para ello, bienvenido,
en formación, en juzgados, etcétera. Para eso hemos trabajado juntos, seguimos trabajando juntos y también en reformas legislativas.


Finalmente, ¿dónde está el plan normativo de 2018? No se ha cumplido. ¿Dónde está el plan normativo, obligatorio por ley, para 2019? No lo conocemos. ¿Dónde están algunos proyectos que estaban concluidos en el ministerio como la Lecrim,
el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal o la reforma del Código Civil en materia de discapacidad? Ahora conocemos el de mediación. Nos gustaría que siguieran teniendo como punto de vista el que usted ha desarrollado aquí, la parte constructiva.
Ejecutamos cosas que estaban bien hechas, que estaban pendientes, pero por favor, sáquenlas ya. Es imprescindible que sigamos con reformas que son tan esenciales como la modificación de la Lecrim. No puede pasar más tiempo y el trabajo ya estaba
hecho. Ustedes lo podían haber puesto aquí perfectamente.


Termino como empecé, diciendo que estas cuentas no son creíbles y auguran lo peor para la justicia por esa ausencia de proyecto. Estamos muy preocupados por la parálisis de estos meses y por la ausencia de rumbo que reflejan estas cuentas,
eso es lo que nos preocupa. Luego está la parte que es continuista, la parte que reconoce que son los mayores presupuestos de la historia. Eso es reconocer algo que el año pasado no reconocían porque hasta el año pasado eran los mayores. Ustedes
este año solo incrementan las partidas que son imprescindibles y después hacen alguna desviación en el proyecto de memoria histórica.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora portavoz.


Para responder a las intervenciones de los grupos parlamentarios tiene de nuevo la palabra el secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (Dolz Lago): Muchas gracias, presidenta.


En primer lugar, quería agradecer sus intervenciones porque han sido muy ilustrativas y constructivas para este ministerio, en cuanto que han aportado elementos que son objeto, evidentemente, de valoración y que merecen una contestación más
monográfica en algunos aspectos que no tienen una repercusión presupuestaria concreta. Por eso, voy a hacer una contestación global a la vista de que los altos cargos que están pendientes de comparecer también podrán desarrollar algunas de las
cuestiones que han planteado, pero estas cuestiones tienen un carácter más monográfico en la comparecencia del secretario de Estado. Estaré encantado de explicarles el Plan Normativo del Ministerio de Justicia de 2019, que ya lo tenemos y se elevó
a la Presidencia del Gobierno, así como todo lo que se ha hecho del Plan Normativo de 2018. Además, este plan ha tenido una clara repercusión en algunos aspectos como el anteproyecto de ley de modificación del Código Civil, en materia de la
adaptación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está ya en marcha, entre otros temas. Sin embargo, no creo que en este momento tenga que agotar el turno para explicar el plan normativo, aunque sí haré dos
puntualizaciones en relación con alguna de las cuestiones.


Los datos objetivos son objetivos y son tozudos. Es decir, las cifras son tozudas y estamos ante los presupuestos más altos en materia de justicia de toda la democracia. Esto es así y es irrebatible, por las mismas cifras. Según los
datos, el incremento en el año 2018 fue del 3,1 %; es decir, el 4,8 % es superior al 3,1 %, como aquí se ha dicho, y están los datos objetivados. El que hubiera un plan plurianual en relación con toda una legislatura es lógico, ya que si tienes
una legislatura de cuatro años, haces un plan, pero el tiempo que llevamos en el ministerio ha sido un tiempo muy breve. Evidentemente, en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 se pueden abordar cuestiones que han quedado pendientes. Sin
embargo, estos presupuestos han tenido una dificultad -ya que se habla de los Presupuestos Generales del Estado, no de los del Ministerio de Justicia-, que es el bloqueo de grupos parlamentarios que han impedido la aprobación de la senda del déficit
de estabilización presupuestaria que la Unión

Página 16

Europea, la Comisión Europea, había autorizado. A partir de ahí, empecemos a hablar de cuestiones políticas. Evidentemente, si existe la imposibilidad de contar con 6000 millones de euros más en unos Presupuestos Generales del Estado que
benefician a la ciudadanía, por este bloqueo político que existe en las reformas legislativas necesarias para poder desarrollar estos presupuestos, resultará increíble el proyecto de ley de presupuestos que ha presentado el Gobierno socialista.
Pero, evidentemente, lo que es increíble es que se esté impidiendo una aprobación de una senda de déficit que permite la incorporación de unas cuantías, como 6000 millones de euros, que benefician al conjunto de la ciudadanía y especialmente también
a las comunidades autónomas. Por tanto, todo son responsabilidades compartidas. Ciertamente habrá que hacer un juicio de valor en relación con esas posiciones políticas que impiden que los Presupuestos Generales del Estado gocen de lo que por
parte de la Unión Europea había tenido ese beneplácito de aumentar la senda del déficit.


En relación con las reivindicaciones de los colectivos, llama la atención que a este Gobierno, que ha apostado siempre por el diálogo político, parlamentario y en todos los sectores, precisamente con la frecuencia de reuniones que hemos
celebrado con todos los colectivos afectados desde el primer día que iniciamos nuestra andadura de Gobierno, se le acuse de tener bloqueadas prácticamente las reivindicaciones de los jueces, de los fiscales y de los letrados de la Administración de
Justicia. No quiero entrar en detalles de cuestiones muy concretas, pero, entre otras cosas, se nos demandan por estos colectivos aspectos que exceden de la competencia del Ministerio de Justicia y que están en manos de sus señorías, como reformas
legislativas que están bloqueadas también en el Parlamento que suponen una punta de lanza en sus reivindicaciones. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo con el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, señores del Grupo Popular y de
Ciudadanos? Continuamente tenemos enmiendas bloqueando una reforma tan necesaria y tan reclamada por todos los colectivos profesionales, además de otras reformas legislativas que acaban de producirse en la Ley Orgánica del Poder Judicial y de las
que ya se pide por estos colectivos una derogación. Por tanto, el diálogo está abierto, pero los diálogos no pueden ser monólogos ni pueden ser imposiciones de una de las partes.


El encorsetamiento de las reivindicaciones salariales de los colectivos de jueces y fiscales viene dado por un acuerdo de la Administración General del Estado, no firmado por este Gobierno, sino por el Gobierno del Partido Popular; un
acuerdo que abarca el incremento de estas retribuciones de todos los funcionarios de la Administración General del Estado donde se incluye a unos colectivos que tenían una ley específica, que es la Ley de retribuciones de 2003, que aunque no se
contó con ellos para su negociación se les extiende el acuerdo. Ahora estamos encorsetados en ese marco y en ese acuerdo hasta 2020. Por tanto nosotros, por responsabilidad, precisamente por responsabilidad estatal de considerar que este acuerdo
general abarca a estos sectores, mantenemos esos incrementos en función de ese acuerdo.


¿Qué ha ocurrido con los 7 millones de euros? Pues, hombre, hubiera sido más fácil meterlos en el capítulo 1, ¿no? ¿Por qué no se metieron en el capítulo 1? El problema está en que precisamente reconducirlos a un capítulo que no
corresponde al de retribuciones supone una serie de inconvenientes, de autorizaciones del Ministerio de Hacienda, para poder trasladar estas partidas al capítulo 1, que es donde tendrían que haber estado desde el principio, porque se negocia un
incremento de las retribuciones de los jueces y fiscales, y la intención de los grupos políticos que consiguieron esa partida presupuestaria era dirigirla precisamente al capítulo de los Presupuestos Generales del Estado donde tiene efectividad, no
a otros capítulos, para evitar lo que ha estado ocurriendo, con independencia de que nosotros seguimos trabajando, evidentemente, para que eso repercuta en el capítulo 1, con las modificaciones necesarias.


En relación con otras materias que se han planteado por el Grupo de Podemos, vemos que compartimos muchas de las cosas. Hay cuestiones que exceden del ámbito de esta comparecencia en cuanto a su reflejo presupuestario, pero lo que sí es
cierto es que la digitalización, que también es común para todos los grupos, es una prioridad, ya no digo de este ministerio, que lo es, y de este Gobierno, sino de todos los Gobiernos de la democracia a partir de 2011 -cuando se aprobó esta ley de
incorporación de las TIC a la Administración de Justicia- y de todos los Gobiernos europeos, de la Comisión Europea. La digitalización es irrenunciable, eso es evidente, y estamos trabajando para que esa digitalización no continúe por la senda de
la imposición, como se hizo en otras épocas, sin contar con la opinión de los que van a utilizar esos nuevos mecanismos tecnológicos vía conocimiento de sus necesidades, que nosotros queremos realizar a través de ese plan de calidad para lo que la
directora general de Modernización de la Administración de Justicia ya ha desarrollado, de las veintinueve visitas, dieciséis en territorio ministerio para implementar ese plan. Se ha tenido en cuenta lo que debería haberse tenido en cuenta antes
de

Página 17

implantar el sistema, es decir, la opinión de los jueces, de los fiscales, de los letrados de la Administración de Justicia y de los funcionarios. No estamos en un plan de paralización, sino de adaptación, para poder detectar cuáles han
sido los inconvenientes que ha supuesto ese proceso de implantación unilateral de la digitalización y de la transformación digital en la Administración de Justicia, que tiene un componente de formación inexcusable, de perfeccionamiento de los
sistemas y de formación, como estamos diseñando a demanda, incluso individual, de aquellos que tienen que usar estos mecanismos. Por tanto, las partidas presupuestarias que se prevén en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado van en
esa línea. En relación con el lenguaje inclusivo y otras medidas, evidentemente sí; o sea, la formación en materia de violencia de género implica una formación integral. Los derechos lingüísticos, por supuesto que sí; el respeto a la lengua
cooficial en las comunidades autónomas, el conocimiento, ahí estamos de acuerdo.


En relación con otras cuestiones que se han ido planteando sobre aspectos que tendrían que desarrollar los otros cargos del ministerio que tienen que comparecer, me gustaría no agotar las materias y el tiempo que se me ha dado en esta
contestación. Podría hacerlo, pero creo que sería más conveniente que ellos pudieran exponer los planteamientos comunes del ministerio y dar más oportunidad a los propios portavoces de los grupos parlamentarios aquí presentes, para que ellos puedan
explicar estas cuestiones en una especie de réplica que encajara mejor allí que en el diseño o en la arquitectura de esta comparecencia mía. Por tanto, permítanme que no insista o no desarrolle más alguna de las cuestiones que merecen,
evidentemente, una respuesta concreta, para que sean tanto la subsecretaria como el secretario general quienes puedan abordar estos aspectos y ustedes mismos puedan plantearles en el turno de preguntas las concreciones que sean precisas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario de Estado. Vamos a dar la bienvenida ya a la subsecretaria y le despedimos a usted.


- DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (LATORRE SANCHO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (números de expediente 212/002293 Y 212/002295); SOCIALISTA (Número de expediente 212/001952); CONFEDERAL DE UNIDOS
PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (números de expediente 212/002100 y 212/002102) Y CIUDADANOS (Número de expediente 212/002192).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con la comparecencia de la subsecretaria de Justicia, doña Cristina Latorre.


Sin más preámbulo, tiene la palabra para exponer esta primera parte a los portavoces, que después tendrán de nuevo su turno de intervención.


La señora SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (Latorre Sancho): Muchas gracias, señora presidenta, señorías. Es un honor para mí comparecer por primera vez ante ustedes en esta Cámara para informarles acerca de las previsiones presupuestarias de la
sección 13 correspondiente al Ministerio de Justicia. Además, es una satisfacción poder hacerlo en el marco de un proyecto de presupuestos que tiene como objetivo fundamental contribuir al Estado de bienestar potenciando las políticas sociales para
prestar un mejor servicio a la ciudadanía.


Como ya les ha dicho el secretario de Estado, el Estado tiene previsto invertir en 2019 en Justicia 2020,8 millones de euros, incluyendo aquí los créditos del ministerio, del Consejo General del Poder Judicial, de la Mutualidad General
Judicial y del Centro de Estudios Jurídicos.


Refiriéndonos concretamente ya al Ministerio de Justicia, que representa el 91 % de este sector justicia que acabamos de referir, disponemos de un crédito total de 1838,2 millones de euros, lo que supone 84,3 millones de euros más que en
2018, representando el incremento mencionado del 4,9 %. Es preciso resaltar que con estos presupuestos, de ser aprobados, se volvería a niveles de dotación presupuestaria similares a los del año 2010, superando a los de dicho año en más de 33
millones de euros, y eso teniendo en cuenta que en los últimos diez años se ha producido un incremento del 13,5 % en el presupuesto del Ministerio de Justicia.


Para nosotros, el proyecto, en cifras globales, es el mejor presupuesto de este ministerio de los últimos dieciocho años, y pretende avanzar en el cumplimiento de los objetivos en materia de justicia de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, incidiendo en políticas de igualdad, transparencia y acceso

Página 18

a la justicia para todos. Me voy a centrar en la intervención en los créditos que gestionamos desde la subsecretaría, y que son: el 111N, dirección y servicios generales; 113M, registros vinculados con la fe pública, Registro Civil y
nacionalidad; y respecto a la secretaría de Estado en el ámbito de la Administración de Justicia, el programa 112A, en lo que se refiere a obras, infraestructuras, arrendamientos, equipamientos y mobiliario de la Administración de Justicia y
ministerio fiscal. Voy a hacer también una breve referencia a los programas de la Abogacía del Estado, que son el 921S, asesoramiento y defensa de los intereses del Estado, y el 135M, de la Agencia de Protección de Datos, protección de datos de
carácter personal.


En relación con el programa 111N, dirección y servicios generales de justicia del ministerio. Lo primero que me gustaría resaltar es el esfuerzo que se ha hecho en la gestión de recursos humanos de la Administración General del Estado y que
pretenden reforzarse en el año 2019 dentro del ministerio. La cantidad establecida en el capítulo 1 de este programa son 29,5 millones de euros para el ministerio, a los que hay que añadir los 20,8 millones del capítulo de la secretaría de Estado,
más 0,38 millones de euros de la Unidad de Apoyo Fiscal y 3,59 millones del programa 113M. En definitiva, el total de gastos de personal de la Administración General del Estado en el ministerio asciende a 53,55 millones de euros. En esta cantidad
se incluye el incremento de retribuciones aprobado para los empleados públicos, del 2,25 %, más el 0,25 % que se aprobó en el segundo semestre, y que servirá -muy importante- para recuperar el poder adquisitivo previo a la crisis y para las nuevas
incorporaciones que tenemos previstas para el año 2019.


¿Por qué es importante el capítulo 1 y los trabajadores del ministerio? Porque son la fuerza y el apoyo en el que se puede basar la realización de políticas. Y una vez más me refiero a una frase que es: No se puede hacer política sin
administración, y eso parece que a veces algunos políticos lo olvidan.


En este sentido, me gustaría significar que la plantilla del ministerio ahora tiene unos efectivos que ascienden a 1833, incluyendo Abogacía del Estado, Mugeju y CEJ. Durante el último semestre de 2018 se han incorporado 33 efectivos más, y
las previsiones que tenemos son incorporar de forma inminente a 62 funcionarios, y a lo largo del año 2019 incorporar 100 efectivos más adicionales. ¿Adónde vamos a mandar estos efectivos? Después de haber hecho un balance de la situación de
cuáles son las unidades que tienen más déficit, encontramos cuatro puntos más débiles en nuestra organización, que son: la Dirección General de Registros y Notariado, con la gestión de expedientes por nacionalidad absolutamente saturada; la
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, que también tiene bastante déficit de personal; Atención al público, que creemos que hay que potenciar como uno de los principales ejes de nuestra intervención presupuestaria, que
es la atención al ciudadano; por último, para fortalecer las unidades TIC del ministerio, que saben que es deficitario, que tenemos siempre problemas para cubrir vacantes, incluso ahora en las últimas oposiciones generales en la Administración han
sacado 80 plazas TIC y se han cubierto 35; es decir, hay un déficit en toda la Administración y también en el ministerio. Vamos a intentar potenciar esas cuatro áreas.


Luego tenemos dos unidades que han focalizado este incremento de efectivos. En primer lugar, se ha creado la Dirección General para la Memoria Histórica, para dar impulso a las iniciativas relacionadas con la Ley de Memoria Histórica, para
la que se han creado 9 puestos de trabajo. En segundo lugar, con el objetivo de reducir el incremento del crimen organizado en Gibraltar, hemos dotado a la oficina de recuperación y gestión de activos de 10 puestos para una oficina que se va a
abrir in situ en la propia zona de Algeciras, ya que como saben están saturados todos los servicios judiciales por el aumento de la delincuencia organizada en esa zona.


En el capítulo 1 no solo se trata de una mayor dotación de efectivos, sino de unos efectivos mejor formados. Por eso también tenemos en este programa 111 un aspecto de formación, de acuerdo con un plan de formación que hemos puesto en
revisión este año. Incidiendo también en los aspectos que había el año pasado, este año también vamos a incluir algunas novedades, estamos revisando el tema de habilidades personales y profesionales, incluyendo algunas técnicas más modernas como el
coaching, mindfulness, la resiliencia, para permitir la mejor distribución de efectivos dentro de la Administración, de nuestro propio ministerio. También tenemos el eje de la igualdad, para poner en valor el Plan de igualdad entre mujeres y
hombres que hizo la Administración General del Estado y sus organismos públicos, conocidos por Piage. Ya hay previstos dos seminarios y estamos haciendo más cursos de formación incidiendo en temas de conciliación y no discriminación. También se
han puesto en marcha -y eso ya se hizo el año anterior- todos los protocolos de acoso sexual, acoso laboral. Todo esto lo vamos a mantener y a impulsar.

Página 19

Memoria histórica. También nos parece muy importante hacer jornadas de sensibilización en todos los temas de memoria histórica. Asimismo, quiero incidir en el tema de datos personales. Estamos poniendo en marcha todos los protocolos de
confidencialidad, de tratamiento de los e-mails, de los correos, de la documentación del ministerio, y también estamos estudiando ahora la puesta en funcionamiento de un sistema de gestión documental para todo el tema de filtraciones, utilización de
documentos por parte de las personas interesadas. Está en estudio y lo queremos poner en marcha a partir de este año 2019.


Siguiendo con el programa 111, tenemos el capítulo 4, con una propuesta de una dotación de 15 millones de euros destinada a impulsar las iniciativas relacionadas con la Ley de la Memoria Histórica y proporcionar el apoyo institucional al
cumplimiento de sus objetivos en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Como saben, desde la aprobación de la Ley 52/2007, de la Memoria Histórica, y hasta el año 2012, las partidas
presupuestarias aumentaron año tras año, en 2005 eran de un millón de euros y en 2011 eran 6,2 millones de euros. En total, en ese periodo hubo una inversión de 26,2 millones. Esta tendencia se invierte a partir del año 2012, se reduce y
desaparece por completo en el año 2013. Esta falta de dotación para cumplir la Ley de la Memoria Histórica pretende ahora ser superada implementando las medidas de cumplimiento de la ley. En concreto, los 15 millones de euros con los que se dota a
la Ley de la Memoria Histórica en el capítulo 4 se van a realizar para atender una serie de prioridades que han sido definidas por la propia dirección general, y seguro que el director puede atender sus preguntas y sus dudas al respecto en otro
momento que no sea el marco de una comparecencia de presupuestos. Decía que las prioridades establecidas son el plan de exhumación de víctimas de la guerra civil y de la dictadura; la apertura de la oficina de víctimas de la guerra civil y del
franquismo; la elaboración de un censo de víctimas -un censo nacional de carácter público, que no hay-; la elaboración del plan estatal cuatrienal de memoria histórica; la elaboración del censo de edificios realizados con mano de obra forzada;
la conmemoración del 80.º aniversario del exilio republicano español; la promoción y declaración de lugares de memoria histórica; acciones dirigidas en general a conocer la verdad, divulgación e información sobre memoria histórica; elaboración
del censo y retirada de simbología de exaltación franquista; por último el Consejo Nacional de la Memoria Histórica, que está previsto apoyar su funcionamiento a través de organización de congresos, jornadas, etcétera. Esto es por lo que respecta
al capítulo 4. Todo esto está en el capítulo 4 porque permite la colaboración tanto con entidades locales como con comunidades autónomas, asociaciones, entidades privadas, universidades, que pueden colaborar, porque esto no es un proyecto solo del
Ministerio de Justicia, sino que tiene ser un proyecto de la sociedad, por eso está situado en el capítulo 4, para permitir esa participación.


Respecto al capítulo 6 del programa 111, son actuaciones de reforma y adecuación en los edificios de los servicios centrales del departamento. Las inversiones aquí tienen como objetivo esencial dotar a la justicia de medios tecnológicos
actuales y herramientas del siglo XXI. En este sentido, ya ha explicado el secretario de Estado las líneas de todas las nuevas tecnologías aplicadas al sector de justicia, pero en el ámbito de la subsecretaría, además del gran proyecto de
transformación tecnológica del Registro Civil Digital, al que luego puedo hacer una referencia, vamos a dedicar también a la mejora de medios tecnológicos del ministerio 6,5 millones de euros.


Hay un plan de acción para la transformación digital del Ministerio de Justicia que se vertebró en 12 bloques y 76 acciones. Este plan lo estamos revisando, lleva un año en funcionamiento, ha habido algunas cuestiones que estamos
examinando, y las acciones van dirigidas a tres tipos de objetivos. El primero, sería aquel grupo de acciones que van destinadas a mejorar los procedimientos internos del funcionamiento de la justicia, por ejemplo el tramitador de expedientes. Una
de las cargas que tiene el ministerio es la gestión de expedientes, y eso está sin resolver. Por tanto, uno de los proyectos es tener un buen tramitador de expedientes y gestor documental. El segundo tiene incidencia en colectivos concretos, por
ejemplo, la informatización del Registro de Entidades Religiosas, o aquellos proyectos que van dirigidos a conexiones automatizadas con el Consejo General del Notariado, como digitalización de escrituras, etcétera. También están todos aquellos
proyectos que busquen establecer mecanismos de transparencia y participación ciudadana en el sistema, por ejemplo, el rediseño de portales del ministerio, que permitan una mayor interacción del ciudadano con el propio ministerio, que ahora todavía
están un poco retrasados y hay nuevas herramientas que pueden facilitar esa participación.


Continuando con otras acciones que tengan trascendencia directa, por ejemplo tenemos una barrera que hemos identificado en los certificados electrónicos, en todo el tema de identificación, y también en el uso de la firma criptográfica.
Estamos poniendo medios para ver cómo eso puede facilitarse al ciudadano.

Página 20

Otra de las cosas, que es un poco un empeño mío, y estoy un poco pesada en este sentido, pero insisto en ello, es el pago de las tasas por Internet con tarjeta de crédito. Actualmente hay que usar una plataforma bancaria, que tienes que
tener la cuenta en la misma entidad bancaria que está en la plataforma, etcétera; en fin, es una pena que no podamos pagar las tasas con tarjeta de crédito. Entonces, estamos en contacto con Hacienda, que son ellos los que tienen que promover esta
modificación, y ya han hecho la modificación legislativa y ahora es tecnológica, pero el día que se pueda pagar la tasa de unos antecedentes penales con una tarjeta de crédito, pues realmente habremos avanzado. Espero que lo podamos hacer a lo
largo del año 2019.


Hay otro proyecto de informatización: la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, la ORGA. También estamos incidiendo mucho en todo lo que es el plan de seguridad de información. Ya conocen ustedes todas las amenazas informáticas que
tiene la Administración, no solo el Ministerio de Justicia sino todas las administraciones. Hay una serie de controles a nivel central, ahí está la colaboración con el Centro Criptológico Nacional, que presta asistencia a toda la Administración del
Estado para establecer las salvaguardas contra estas amenazas, y queremos seguir en este plan de fortalecimiento de las medidas técnicas, no solo de inclusión, sino también, como he indicado, a nivel de gestión documental. En eso nos vamos a poner
en marcha. Todas estas inversiones en seguridad las hemos calculado en torno al millón de euros, con la adquisición de estos nuevos productos que les menciono.


Pasamos al programa 113M, que son los registros vinculados con la fe pública y el notariado, Registro Civil y nacionalidad. La gran importancia es el importe de la inversión que se va a realizar en este campo, que son 16,7 millones de
euros. Uno de los grandes proyectos es el proyecto tecnológico de Registro Civil. Como saben, en junio de 2020 está prevista la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de Registro Civil, que modifica totalmente el sistema, de ser cuatro libros de
registro, nacimiento, defunciones, matrimonios y representaciones y tutelas, va a pasar a ser un registro individual basado en asientos electrónicos y expedientes digitales, con todo lo que conlleva de un nuevo sistema de información, que se está
construyendo, se llama Digireg, y para el que este año hay previstos 5,1 millones de euros. No solo se está centrando en esto, sino que también es verdad que no descuidamos otras aplicaciones, por ejemplo, la que se estableció para la comunicación
con centros sanitarios de nacimientos y defunciones con el Registro Civil. Esto ha sido muy importante y estamos incidiendo en el reforzamiento de este sistema. También la relación con otros colectivos profesionales, como notarios, registradores
de la propiedad y registradores mercantiles. Todos estos, a efectos de la dirección general y de nuestro sistema informático, son usuarios, con lo cual también hay que poner un sistema de atención al usuario que se está estableciendo y que se
quiere reforzar este año.


Por otro lado -a veces cuesta hacerlo entender a nuestros propios servicios técnicos-, también debe mantenerse el sistema actual de Registro Civil informático, que es Inforeg. No podemos dedicar solo esfuerzo al nuevo sistema que se pondrá
en marcha, si la ley y todo entra en vigor, en junio de 2020, sino que tenemos que seguir manteniendo vigente este sistema Inforeg. Hay que empezar a impulsar todo lo que es el entorno de calidad de pruebas.


Uno de los proyectos que estamos ahora también empezando a definir y que esperamos poder hacer en el año 2019, si estos presupuestos al final ven la luz, es la digitalización e informatización del Registro Civil Central. En el Registro
Civil Central, situado en las calles Montera y Benavente, está todo en papel. Toda la documentación que llega a los consulados llega en papel, sin digitalizar. Es francamente increíble. Mañana a las ocho y media, antes de que se abra al público,
vamos a mantener una reunión con todo el equipo responsable de informática, contratación, registros, con todos los funcionarios, porque estamos estudiando qué medidas podemos tomar para tener una solución en unos meses, si hay que sacar un concurso
o hacer lo que sea. Desde luego, vamos a poner los medios que hagan falta para digitalizar el Registro Civil Central.


En lo que se refiere al área de nacionalidad, que también depende de este programa, seguimos con las medidas ya establecidas. Las cifras sobre concesiones de nacionalidad en el periodo 2010-2016 indican que España es el segundo país de
Eurostat, por debajo de Reino Unido, con 1029 430 concesiones, pero el bloqueo que tenemos en cuanto a solicitud de nacionalidad por residencia, con perdón, es imperdonable. Por tanto, hay que adoptar medidas, y lo vamos a hacer; yo ando
comprometida personalmente en este tema. Continuando con la línea de trabajo para potenciar la presentación electrónica de solicitudes, hemos cambiado todo el sistema de cita previa y vamos a establecer la digitalización y el metadatado de los
expedientes. Saben que estos se reciben en el sistema de digitalización de la Administración, llamado Geiser, pero que no es suficiente, porque luego hay que

Página 21

meterlos en la aplicación de nacionalidad, de modo que hay que resolver esa relación, y estamos en ello. Finalmente, vamos a ver qué nuevos contratos se sacan para metadatar y subir a la aplicación de nacionalidad, que se llama Genares. Y
lo mismo sucede respecto a otros procedimientos regulados con anterioridad. Hemos calculado que, de las solicitudes de nacionalidad por residencia desde 2012, están parados 360 000 expedientes, metidos en armarios digitales o en papel sin tratar,
además de unos 100 000 pendientes de informes policiales necesarios. Según los cálculos, el Estado ha ingresado unos 37 millones de euros por tasas, aunque no tengo la cifra exacta. Por tanto, vale la pena que nos pongamos serios con esto, y, con
los medios de que disponemos, creo que a lo largo de 2019 podremos conseguir una actualización y terminar, por lo menos, con estas resoluciones de nacionalidad por residencia.


Asimismo, hemos conseguido informatizar todo el Registro de Fundaciones. Saben que antes el registro y el patronato estaban en el Ministerio de Educación y que luego este se separó en Cultura -yo viví aquello y ahora me encuentro otra vez
aquí-. Por tanto, sobre el Registro de Fundaciones -ya no tenemos el patronato, que lo lleva Cultura-, se ha informatizado, y queda desarrollar la página web e intentar fomentar que se generen los certificados de inscripción electrónica a instancia
de representantes legales que ya estén reconocidos y a través de la sede electrónica del ministerio, es decir, hacerla más operativa y fácil, más transparente al ciudadano.


En cuanto al Registro de Última Voluntad, ya les he explicado antes lo referente al pago de tasas mediante tarjeta de crédito. Para mí sería un gran logro, porque las plataformas bancarias no funcionan del todo bien.


El Registro de Contratos de Cobertura de Fallecimiento hay que renovarlo entero, porque la tecnología que usan está obsoleta, de modo que es uno de los proyectos que va a comenzar con cargo a este presupuesto 2019, esperemos.


Por último, el Registro de mediadores es importante porque ya existe, está bien, pero, según el nuevo proyecto de ley de apoyo e impulso a la mediación presentado por el Gobierno, pasaría a ser obligatorio, y no ya voluntario, con lo que
tendríamos que hacer un cálculo sobre lo que podría suponer el incremento de peticiones y dar servicio mediante el sistema previsto en la nueva legislación.


Respecto al programa 112.A -no quiero extenderme mucho más-, obras en edificios de tribunales de justicia y ministerio fiscal, el plan de infraestructuras de este año asciende a 48,7 millones de euros, y tenemos cuatro grupos de inversiones:
las ya comprometidas, que continúan ejecutándose a lo largo de este año 2019, con su anualidad establecida, etcétera; las relativas a la puesta en marcha de la construcción de nuevas sedes; las de rehabilitación de sedes de órganos judiciales y
fiscalías, y las de aquellos edificios del ministerio que necesitan un uso eficiente.


En cuanto a arrendamientos, se determina la misma cifra que el año anterior, 9,5 millones de euros, lo que permite un margen que siempre nos va bien para contratar nuevos arrendamientos si fueran necesarios. Por ejemplo, recientemente se
han quemado dos plantas del juzgado de Ibiza y todavía no tenemos entregado el nuevo edificio, por lo que hemos buscado uno para alquilar; gracias a que tenemos esta partida, podremos solucionar el problema de Ibiza, espero. Luego hace falta que
Patrimonio nos lo autorice, según sus parámetros. Y, desde luego, las nuevas obras también permitirán reducir esta partida de arrendamientos.


Respecto a nuevos edificios judiciales, la cuantía es de 15,41 millones de euros, y en algunos tenemos problemas, y en otros, no. En Albacete la finalización estaba prevista en noviembre y la hemos adelantado a julio de 2019, con una buena
gestión por parte del servicio técnico de arquitectos del ministerio. En el nuevo edificio en Badajoz hemos tenido un problema porque la empresa adjudicataria declaró suspensión de pagos, de modo que hemos resuelto el contrato y estamos a la espera
de poder adjudicar otro nuevo, y la obra está terminada en un 95 %, es decir, queda muy poco, por lo que creemos que lo vamos a resolver de una manera rápida. En fase de finalización están Guadalajara y el nuevo edificio judicial de Ibiza, que
estaba prevista para octubre de 2020, pero la hemos adelantado a abril de 2019; estamos viendo si se puede adelantar, aunque sea con algunos medios más, en referencia al edificio que les digo que se quemó. En ejecución tenemos dos edificios
judiciales: Lorca y Segovia, los dos con problemas. En Lorca ha habido una suspensión de las obras por las condiciones del terreno y dificultades en las labores de apeos y apuntalamiento para conservación de la fachada. Parece ser que ha habido
unos movimientos sísmicos de nuevo, y el edificio ha tenido que ser reapuntalado. La constructora es San José y estamos hablando para poder proceder de forma inmediata a reanudar las obras. Y en Segovia nos ha vuelto a pasar lo mismo, Isolux
Corsán ha entrado en concurso de acreedores, y estamos esperando para poder resolver el contrato lo antes posible e iniciar una nueva licitación. Todo esto influye respecto a nuestras

Página 22

previsiones sobre este presupuesto para edificios judiciales en ejecución. En cuanto a nuevas obras, tenemos Casas-Ibáñez en Albacete, Navalmoral de la Mata y Vitigudino en Salamanca. Respecto a nuevos edificios judiciales, tenemos en
Toledo, Ocaña, Manzanares... Tienen ustedes la lista en el plan de inversiones. ¿Cuál ha sido el criterio? Por una parte, hubo proyectos que se cortaron en 2010, pero esos proyectos existen, y se está procediendo a una revisión por parte de las
unidades técnicas del ministerio, y, por otro lado, muy importante, además teníamos suelo afectado al ministerio. Por este motivo se ha empezado una revisión con todas las gerencias para ver dónde están las necesidades más urgentes en materia de
inversiones en inmuebles, pero es verdad que el hecho de tener suelo afectado al ministerio facilita esta selección de nuevos edificios judiciales.


También esta partida es referida a equipamientos para servicios judiciales, que en este caso asciende a 5 millones de euros, puesto que hay que hacer el edificio y luego ponerlo en funcionamiento. Cuando llegué en agosto este verano, una de
las primeras cosas que me dijeron es que hacían falta muebles para el nuevo juzgado que iba a entrar en funcionamiento en Ibiza. Yo contesté: Bueno, no hay problema, se compran los muebles. Pero no, no se podían comprar los muebles, era todo un
problema; y cuando empecé a investigar, no había muebles, no había local, no había jueces ni había letrados, es decir, no había nada. La orden ministerial que se había aprobado con la entrada en funcionamiento de una serie de juzgados estaba a
cero, sin nada. Entonces, la ministra tuvo que elaborar una orden ministerial, paralizando su entrada en vigor, porque, si no, habría entrado en vigor el reparto y el 30 de junio habrían tenido todos los asuntos sin haber nada, y después nos
pusimos en marcha, de modo que el 30 de diciembre todos esos juzgados que estaban previstos en la ley entraron en funcionamiento, por lo que estoy muy agradecida a los servicios técnicos del ministerio, que han sabido responder a lo que realmente
era un reto.


En cuanto al programa 921, asesoramiento y defensa de los intereses del Estado, el presupuesto de la Abogacía del Estado asciende a 36,4 millones de euros, de los que 30,5 millones de euros van al capítulo 1, incluyendo el incremento
retributivo del 2,5 % y la incorporación de la nueva promoción de abogados del Estado: en 2018 fueron 19 y, si se aprueba, para este año hay previstos 20 nuevos abogados del Estado. Además, la Abogacía del Estado gestiona sus propios créditos del
capítulo 2, 5,3 millones de euros, referidos también a las delegaciones en el territorio, las entidades territoriales. Respecto al capítulo 6, 2,3 millones se van a dedicar a rehabilitar el edificio de la Abogacía del Estado en la calle Ayala.
Asimismo, hay plan de innovación digital de las abogacías del Estado, porque el programa informático Reges se ha quedado muy obsoleto y les impide entrar en conexión con los programas de los juzgados. Por tanto, si se aprueba este presupuesto
podrán actualizar su programa informático. Por último, la entrada en vigor del nuevo reglamento de la Agencia de Protección de Datos implica nuevas funciones para ella, el establecimiento de delegados en todos los ministerios con los que tiene
relación, evaluaciones de impacto y sobre violaciones de seguridad, por lo que se realizó un gran esfuerzo en 2018, ya que el presupuesto no se incrementó más que en un 0,9 %, y dicha cantidad fue absorbida por el capítulo 1, retribución de
funcionarios, al tiempo que en 2019 se ha previsto en capítulo 1 1,27 millones para gastos en adecuación de la nueva estructura de la agencia. Además, en capítulo 2, han pedido un incremento para el contrato del alquiler de un edificio, porque
tienen que renovarlo. Y en el capítulo 3, los gastos financieros devienen de la necesidad de hacer frente a las consecuencias económicas derivadas del aumento del número de sentencias estimatorias contra las resoluciones sancionadoras de la
agencia. Esperemos que la propia agencia corrija su rumbo y sepa disminuir estas sanciones y, por lo tanto, el gasto en capítulo financiero.


Señorías, les agradezco muchísimo su atención. Si nos aprueban estos presupuestos, lo que nosotros buscamos es dar una mayor participación al ciudadano, hacer una justicia más igual y lo que consideramos que es un valor primordial para
nuestro ordenamiento jurídico, una justicia real y, sobre todo, efectiva, como derecho adquirido de la ciudadanía, no solo en papel, porque nosotros, los funcionarios, somos los que trasladamos a la vida real lo que ustedes aprueban aquí. Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Latorre.


A continuación tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes.


El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, señora presidenta.


Muchas gracias, señora subsecretaria, por su comparecencia y explicaciones.

Página 23

Por aclarar una cuestión que quedó pendiente de la comparecencia anterior, me refería a que este presupuesto no iguala, no es el mayor esfuerzo que se ha hecho en los últimos años en aumento del presupuesto de justicia. Y me refería al 7 %,
pero no es el 7 %, sino el 7,6 %. Ese fue el incremento que experimentó el presupuesto del Ministerio de Justicia en el ejercicio de 2017, que fue el primero que pactó Ciudadanos. En concreto, las dotaciones presupuestarias destinadas a la
política de justicia en el ejercicio 2017 ascendieron a 1726 millones, lo que suponía un incremento respecto al de 2016 del 7,6 %. Lo digo porque se ha tratado de rebatirme el tema de las cifras. Es verdad que con posterioridad el presupuesto para
el año 2018 tiene un incremento del 3,2 %, pero hay que recordar que fue aprobado el 28 de junio de 2018. Por lo tanto, esos son los datos, que se pueden valorar, pero no discutir. Por eso, acerca de cuando se ha hecho referencia a que este era el
mayor incremento que había experimentado el presupuesto, realmente el mayor incremento fue el de 2017, que además revertía la situación. Es cierto que en el anterior del año 2016 se produjo una quiebra en la tendencia bajista que llevaba sufriendo
el presupuesto de este ministerio desde el año 2011 y manifestó un incremento del 6,4 %, pero en aquel momento ya explicamos que necesitábamos un incremento sostenido y continuado durante más de un ejercicio presupuestario porque los males que
aquejan a la justicia, y que vienen de antiguo -creo que la comparecencia de la señora subsecretaria así lo pone de manifiesto-, lo requieren. Por eso hice referencia a un acuerdo que había en el pacto de legislatura con el anterior presidente del
Gobierno para hacer un esfuerzo extraordinario, al margen de las dotaciones presupuestarias ordinarias, del orden de 500 millones en cuatro años. Pero vuelvo a decir que el mayor incremento se produjo en 2017 y que el presupuesto de esta área, en
concreto, lo impulsó Ciudadanos, y fue del 7,6 %.


Dicho esto, la subsecretaria, que es la responsable de los servicios comunes del ministerio, ha dado una explicación sobre la situación, y es verdad que hay cuestiones que gozan de un atraso y de un estado realmente lamentable. Usted ha
hecho referencia a algunas, como, por ejemplo, a la situación de los expedientes de nacionalidad, y en este aspecto quiero preguntarle por unas manifestaciones de la propia ministra hace poco tiempo en las que hacía referencia a un plan de choque
para poner al día los expedientes de nacionalidad y anunciaba que una de las posibles salidas urgentes para solucionar este problema era la contratación de más de cien empleados; de ese modo consideraba que se podía abordar y solucionar la
situación de más de 300 000 personas que se encontraban a la espera de obtener la nacionalidad. Al mismo tiempo, hay otras manifestaciones de la subdirectora general de Nacionalidad y Registro Civil diciendo que, si la daban 30 funcionarios, lo
solucionaba en seis meses. No sé si en este presupuesto se contempla es plan de choque y esa puesta al día, y por eso pido a la subsecretaria que me diga si figura o no en este presupuesto, porque no lo hemos visto, ni la contratación de esas 30
personas ni cuál es la solución que se piensa dar para este asunto.


En lo que hace referencia a la Agencia Española de Protección de Datos, el presupuesto aumenta de 13,9 a 15,2 millones. Nos llama la atención que se dediquen 752 000 euros a estudios y trabajos técnicos, mientras que no vemos que se aumente
ni un solo céntimo en lo que hace referencia a formación de personal, precisamente en un año en que se ha reformado la Ley Orgánica de Protección de Datos y, a resulta de ello, la agencia tiene que asumir nuevas competencias, incluso algunas de
carácter transfronterizo, y solamente hay un ligero aumento. No sé si con esta dotación presupuestaria entiende que es suficiente para las nuevas competencias que dimanan no solo de la nueva ley orgánica, sino también del reglamento europeo, y, en
concreto, quisiera saber a qué estudios y trabajos técnicos hace referencia con esa partida de 752 000 euros.


Otro asunto, desgraciadamente también antiguo, es el relativo al impulso del Registro Civil. No es necesario que recordemos la bochornosa peripecia de este Registro Civil y su implementación mediante la Ley del año 2011 que hemos sido
incapaces de llevar a cabo. Esa Ley de Registro Civil no está todavía en vigor y, respecto a su falta de desarrollo, se hacía referencia permanentemente a la falta de una aplicación informática que propiciara que contásemos con un Registro Civil
público gratuito, electrónico, más seguro y operativo en todos los aspectos de gestión. En la comparecencia del año pasado por parte de los responsables del ministerio se hacía referencia a que ya se había licitado o estaba en curso de licitación
dicha aplicación que iba a permitir poner en marcha de una vez ese Registro Civil. Me gustaría saber en qué situación y en qué plazos se encuentra esta medida, porque cuando se votó la ampliación del plazo de entrada en vigor de la ley éramos
partidarios de dar un tiempo menor, porque nos parecía que era una auténtica vergüenza que en tantos años no fuéramos capaces de ponerlo en marcha. Ahora incluso estamos empezando a temer que quizás sea insuficiente el plazo que dimos hasta junio
del año 2020. En todo caso, ya no sería bochornoso, y no sé qué adjetivo podríamos encontrar si en esa

Página 24

fecha no pudiésemos ponerlo en marcha. Por eso, me gustaría que me explicase con más detalle en qué situación se encuentra.


En cuanto a la Ley de la Memoria Histórica, ya le digo que nuestro partido no va a hacer cuestión del esfuerzo que se hace en esta área y la creación de una dirección general para la memoria histórica, pero nos gustaría conocer en detalle,
de esos 15 millones, cuánto va a destinarse directamente a las víctimas del franquismo, a las personas que tienen todo el derecho del mundo a recuperar la memoria de quienes lo merecen después de tantos años, cuánto se va a destinar directamente a
las víctimas y cuánto a crear estructuras de carácter burocrático o administrativo, más allá -vuelvo a decir- de que, efectivamente, nos parece una ley que necesita dotase presupuestariamente y nosotros no vamos a hacer cuestión de ello.


Con respecto a la transformación digital -no sé si es más correcto planteárselo a usted o al siguiente compareciente-, para nosotros hay una contradicción manifiesta entre lo que se recoge en el presupuesto mediante distintos planes y
actuaciones para el Minerva, las diferentes plataformas digitales y sistemas operativos y lo que en su día anunció la ministra, un poco en la línea de lo que vienen pidiendo las asociaciones judiciales en referencia a la paralización del proceso de
transformación digital. Entonces, no sé si se paraliza, se replantea o si lo único que se recoge en el presupuesto es la mejora de los distintos sistemas informáticos que ya están en marcha. Me gustaría que se aclarase si hay una contradicción.


Finalmente, la partida que hace referencia a inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios se reduce en casi 10 millones de euros. No sé si esta disminución va asociada precisamente a la paralización de ese proceso
de transformación digital, pero en todo caso querríamos saber a qué se debe.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, van a compartir su turno el señor Carracedo y el señor Moya. Tienen la palabra.


El señor CARRACEDO VERDE: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por comparecer, señora subsecretaria.


Nos ha llamado la atención la falta de concreción en estos presupuestos de medidas sobre la temática de bebés robados. El pasado 20 de noviembre se aprobó la tramitación de una ley para abordar las tramas de bebés robados, de las que
tenemos casos hasta 2001, y fue una propuesta aprobada por varios grupos de la Cámara, incluido el PSOE. Asimismo, el pasado sábado 26 de enero dos diputados del PSOE también participaron en Madrid en una manifestación que conmemora la presentación
de una querella conjunta ante la Fiscalía General en 2011. Por cierto, todas esas querellas fueron archivadas. Una de ellas -la de Inés Madrigal, que ha sido muy famosa-, cuando contrató un abogado particular con su dinero, prosperó. Y ayer mismo
en el Ayuntamiento de Madrid se votó el apoyo a esta ley que se tramita en el Congreso y la solidaridad con las víctimas de las tramas de bebés robados en una moción que presentó el PSOE conjuntamente con Ahora Madrid. Nos llama la atención este
apoyo del PSOE a las víctimas en pronunciamientos públicos y la falta de fondos en estos Presupuestos Generales del Estado para implementar las medidas que estas mismas víctimas llevan años pidiendo. Por eso, desde este Grupo Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea vamos a presentar enmiendas para atender estas demandas en estos presupuestos, y paso a enunciarlas. Vamos a solicitar dinero suficiente para la realización de, al menos, 12 000 pruebas de ADN gratuitas y fiables para
las personas afectadas por este drama y que se están buscando. Vamos a pedir la contratación de un equipo de psicólogas y psicólogos específico para atender a estas personas afectadas, personas que sobreviven como pueden y que realmente necesitan
ayuda para poder tener una vida normal después de que les robaran un bebé o de que fueran robadas; esto es parte de lo que Naciones Unidas llama reparación. Vamos a solicitar un fondo para la creación de un equipo de abogadas y abogados para
asistir a las familias que están detrás de las más de 4000 denuncias presentadas o de quienes quisieran presentar una denuncia, porque actualmente por falta de información, dinero o desmoralización muchas personas no saben cómo actuar y otras muchas
ven cómo sus casos son archivados sin que puedan recurrir. Vamos a pedir dinero para la contratación de un equipo de investigadoras e investigadores sociales con la tarea de establecer las circunstancias históricas del funcionamiento de las
distintas tramas de desapariciones forzosas infantiles, de forma que se pueda conocer la verdad de cada una de estas desapariciones, adopciones ilegales o falsos biológicos, utilizando una prospectiva multidisciplinar: antropológica, sociológica e
histórica. Y sustentamos estas

Página 25

enmiendas invocando el principio de Naciones Unidas de debida diligencia ante el Estado español. El ejercicio de la debida diligencia obliga a los Estados y comporta la adopción de medidas eficaces para impedir los abusos, investigarlos
cuando sucedan y entablar acciones judiciales contra los presuntos autores en juicios justos, y también supone el suministro concreto a las víctimas de reparaciones adecuadas en forma de indemnización, rehabilitación o resarcimiento. Invocamos,
pues, en estos Presupuestos Generales del Estado la debida diligencia para respetar, proteger, promover y hacer realidad los derechos humanos que debe consagrar la responsabilidad del Estado con sus ciudadanos y ciudadanas. Reclamamos la atención
necesaria a las víctimas que han sufrido esta tragedia. Este Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea negoció con el PP de 137 diputados partidas presupuestarias en los presupuestos de 2017 y 2018 y consiguió que se aprobaran.
Confiamos en que con el PSOE de 85 diputados no tengamos ningún problema y confiamos en que las muestras públicas de apoyo a las víctimas que ha hecho el PSOE se traduzcan en recursos, en dinero sobre la mesa para dar soluciones de verdad. Si apoya
la ley, pongamos en marcha ya algunas de las medidas concretas que contiene y que se pueden poner en marcha con dinero. Hechos, y no palabras, decían las sufragistas, y la reparación realmente no puede esperar mucho más.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Moya.


El señor MOYA MATAS: Muy brevemente, para no agotar el tiempo, porque ya vamos más que sobrados. Tres breves apuntes, puesto que la mayor parte de las observaciones que teníamos que hacer, también en líneas generales, las hemos expuesto ya
al secretario de Estado.


Por un lado, queremos denunciar un año más lo que echamos en falta, una partida presupuestaria para la creación del esperado registro oficial de traductores e intérpretes en el ámbito de lo penal. Saben que desde que en septiembre de 2014
se aprobó la Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial ya se establecía una disposición adicional en la que se preveía que en el plazo máximo de un año se debería crear este registro
oficial, también en cumplimiento de directivas europeas, pero un año más encontramos el vacío en esta partida, o, sencillamente, su absoluta inexistencia.


En segundo lugar, respecto a la digitalización, nos ha gustado especialmente la última intervención del secretario de Estado cuando ha reafirmado que todos los proyectos de digitalización no han de ir por la senda de la imposición, en esa
filosofía de colaboración con todos los operadores jurídicos y en la línea del plan de calidad. Sí, esa ha de ser la línea, no la imposición unilateral, sino el diálogo con los agentes operadores. Tampoco estaría de más atender reivindicaciones de
actores en el mundo jurídico y judicial, especialmente de abogados y procuradores, por ejemplo, ante la exigencia de la ley procesal cuando se presenta digitalmente un escrito en sede judicial, de presentarlo preceptivamente en papel a las
veinticuatro horas. Consideramos que por el principio de economía procesal y por la consecución de una justicia del siglo XXI con cero papel, este precepto tendría que ser eliminado y sencillamente la presentación de escritos por el formato digital
tendría que ser más que válido.


Por último, en cuanto a las partidas de asesoramiento y defensa de los intereses del Estado, quisiéramos saber si se prevé mantener una política, que ya vimos con el Gobierno del Partido Popular, de establecer convenios con bufetes privados
especializados en pleitos que afectan al Estado español, por desgracia cada vez más a menudo, ante los tribunales arbitrales. Son los famosos pleitos que tantos millones de pérdidas están causando al Estado español por normativas en contra de la
competencia, o por todas aquellas normativas del antiguo Gobierno del Partido Popular que causaron un perjuicio a los inversores internacionales, como sucedió, por ejemplo, con el recorte en energías renovables, es decir, todas esas indemnizaciones
que estamos pagando continuamente. De hecho, el Gobierno anterior del Partido Popular llegó a un convenio con el bufete Herbert Smith Freehills, que defendía al Estado español en el asunto de las demandas por el recorte de las energías renovables.
Quisiéramos saber si se van a mantener ese tipo de convenios, y concretamente con el bufete Herbert Smith, al que precisamente el anterior ministro de Justicia, hoy todavía diputado, se ha incorporado dentro del comité asesor; ahí tenemos al señor
Rafael Catalá al lado también del exministro Josep Piqué. Por tanto, quisiéramos saber si este tipo de convenios se van a mantener y, en concreto, con el bufete Herbert Smith Freehills.


Gracias.

Página 26

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Muñoz González.


El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Latorre, por la amplia exposición que ha realizado en la parte que del Ministerio de Justicia le corresponde a la subsecretaría. Pero permítame también que no me resista
a efectuar dos precisiones: una al portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en relación con la que ya le hice en mi anterior intervención, y otra a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular porque me parece que conviene aclararlo.


Señor Prendes, bienvenida la rectificación, por lo tanto, no hablaba usted del último presupuesto, sino que se refería al penúltimo presupuesto, pero le diré que la verdad es que ahí tampoco ustedes pueden decir nada favorable. Lo que no se
entiende es por qué aprobaron el último presupuesto, con lo mal que el PP ejecutó el penúltimo presupuesto. Tenga en cuenta que de esa cifra que ha señalado usted tan rimbombante en relación con el primero de los presupuestos que el Grupo de
Ciudadanos aprobó al Partido Popular, dejó sin ejecutar 32,5 millones de euros; dejó sin ejecutar 4,5 millones de euros del capítulo 1 de gastos de personal; dejó sin ejecutar 10 millones de euros del capítulo 2; y dejó sin ejecutar el 10 % de
las inversiones. Por lo tanto, eso debería haberles animado a no apoyarles en el segundo porque, como se darán cuenta, lo único que estaban haciendo era una simple ficción.


Y a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, cuando ha dicho que este presupuesto se presenta sin un plan normativo para el año 2019, le diré que nada está más lejos de la realidad; y para ver el plan normativo que corresponde a la
subsecretaría a través de dos de los programas, el 113 por razón de especialidad y el 111 en relación con las cuestiones generales de la subsecretaría, le animo a que consulte el presupuesto por programas y memoria de objetivos, tomo 2, sección 13,
páginas 60 y 61 en relación con el programa 111.N, y páginas 133 y 134 en relación con el programa 113.N que es el de fe pública. Ahí tendrá usted un listado de los planes normativos que se avanzan en este proyecto de presupuestos del año 2019.


Hechas estas dos precisiones, me gustaría formularle algunas cuestiones concretas a los efectos de darnos algunas respuestas. ¿Qué medidas va a adoptar para equilibrar la presencia de mujeres en los distintos órganos colegiados del
Ministerio de Justicia? ¿Por qué se produce la disminución de 1,7 millones de euros en el capítulo 2 del Ministerio de Justicia? ¿Y qué medidas tiene previsto tomar el ministerio para agilizar el considerable retraso en los expedientes de
solicitud de nacionalidad por residencia? Quisiera que lo ampliara porque, ciertamente, usted ya se ha referido a esto en su primera intervención.


En términos generales, por intentar ser breve, la subsecretaría tiene como responsabilidad la gestión del presupuesto. En este sentido hay que decir que la subida del 4,9 % del capítulo 1, que supone el 79 % del global del presupuesto de la
sección 13, no se ha hecho a costa de los capítulos siguientes, del 2 al 8, porque estos también han subido; si el capítulo 1 subía un 4,9 %, el resto de los capítulos no se han resentido, sino que han subido el 4,23 %. En definitiva, hay un
incremento de 16,3 millones de euros en el resto de los capítulos. Por lo tanto, creo que se salvaguarda esa facultad que tiene desde la subsecretaría de una correcta ejecución.


También se nos ha dicho -hago aquí otra puntualización a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular-: Afrontan ustedes este proyecto de presupuestos sin nuevos proyectos de inversión. Bueno, pues le animo a que lea el programa 112 y
encontrará usted que los nuevos proyectos de inversión están enumerados: proyectos de nuevos edificios de juzgados y tribunales en Torrijos, Lerma, Manacor, Ciudadela; rehabilitación de la Audiencia Provincial de Salamanca; nueva sede del
Instituto de Medicina Legal de Toledo. Y dijo usted nuevos proyectos. ¿Nuevas obras que se inician? La señora subsecretaria ha cortado en Manzanares, pero en pos de que la presidenta de esta Comisión es de un municipio de Castilla-La Mancha,
seguiríamos diciendo Motilla del Palancar, Puertollano, Ceuta -segunda fase- y Burgo de Osma. Lo menciono a efectos de conocimiento de algo que podrían haber sabido los portavoces simplemente con haberse leído el proyecto de presupuestos en la
sección 13.


En definitiva, creo que este proyecto en la parte que nos importa resaltar tiene que ver con todo lo que usted y yo hemos dicho, pero quisiéramos perfilar algunas cuestiones. Nos parece fundamental el incremento de los medios de la
Fundación Pluralismo y Convivencia porque es necesaria su participación activa en la implementación del Plan estratégico nacional de lucha contra la radicalización violenta. Creo que es fundamental seguir trabajando en esta cuestión. En materia de
memoria histórica, yo diría al Partido Popular que no es homogéneo, sino heterogéneo. No me referiré a las afirmaciones que ha hecho

Página 27

la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, pero sí a las que hizo en otoño del año pasado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León del Partido Popular cuando afirmó: Es indigno que un país como este tenga muertos en las cunetas.
Y dio un paso más, pues entre las acciones que se contemplan en relación con este programa hablan ustedes de la creación de un organismo y, por cierto, ya hay un consejo asesor en Castilla y León en esta materia, que curiosamente siendo un Gobierno
del Partido Popular, preside un exsecretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León. Por lo tanto, afortunadamente el Partido Popular no es homogéneo, sino heterogéneo, y hay gente del Partido Popular que sí entiende que es indigno que en
este país haya gente todavía en las cunetas.


Nos parece que lo que usted ha manifestado en relación con el programa 113.M, Registros vinculados con la Fe Pública, ha descrito una situación tremendamente insoportable para los ciudadanos. Bienvenidos sean estos actos, incluso el
madrugar para poner remedio a una situación indigna para los ciudadanos, especialmente para aquellos que demandan esos actos de inscripción y que esa formalización se traslade a expedientes digitales de forma inmediata, porque esos registros están
al servicio de las personas. Esa modernización de los servicios del Registro General de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento y del Registro General de Actos de Última Voluntad abintestato también me parece interesante resaltarla, como
también el incremento de los medios de la Agencia Española de Protección de Datos. Tenemos a un expresidente responsable de esa agencia en esta Mesa, y desde luego la aprobación del Real Decreto 1720/2007, en este caso del nuevo reglamento de
desarrollo de la Ley orgánica de protección de datos no es baladí, es un cambio sustancial, y por tanto tiene que venir acompañado de un plan especial que ya se está poniendo en marcha por parte del ministerio.


Muchas gracias, señora subsecretaria. Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Para terminar este turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moro.


La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenos días y bienvenida, señora subsecretaria. Casi la metodología de la comparecencia nos la ha señalado el secretario de Estado y, por tanto, encadena algunas cuestiones que tenemos que comentar porque él mismo lo ha planteado así. Y me
parece bien, pero le pido disculpas porque voy a comenzar con una referencia a algunas cuestiones que no ha dejado contestadas o que ha contestado de aquella manera, si me permite la expresión vulgar. Y como parece que yo ahora soy contragobierno o
Gobierno, no sé muy bien, también tendré que decir a don Pedro Muñoz alguna cuestión. Seré muy breve e iré directa al grano porque no quiero, en absoluto, faltarle al respeto a usted que es la verdadera compareciente.


En primer lugar, el señor secretario de Estado ha aludido a bloqueo del déficit: Aprueben ustedes los presupuestos, si ustedes hubieran aprobado más dinero no tendríamos problemas... Señor secretario de Estado, desde aquí le digo que no se
meta en este charco porque yo he comenzado diciendo algo muy claro, y es que nosotros, pero no solo nosotros, sino el Banco de España, la Unión Europea y otros organismos reguladores, han llamado la atención sobre los problemas técnicos y de
desconfianza que tiene este presupuesto. Pero, además, yo he aludido a los problemas que tuvimos porque el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero hizo unos presupuestos que nos llevaron a maquillar sendas de déficit y a incrementarlos
tremendamente. Señor secretario de Estado, nosotros no queremos seguir incrementando el déficit; nosotros no queremos que, a costa de un incremento feroz de impuestos, podamos distribuir los gastos y las inversiones del Estado. Somos conscientes
porque hemos gobernado -y hemos gobernado en la peor situación posible, acrecentada por la crisis, pero también por la mala gestión del Gobierno socialista- de lo que supone elaborar unos presupuestos, y de esos que a nadie le gusta presentar, pero
nosotros los hemos ido incrementando cuando la situación económica lo permitía. No queremos volver a lo que ya hemos vivido todos, por esa razón no se puede decir: Esto se haría si tuviéramos más dinero para gastar. Claro, si tuviéramos más
dinero, todos haríamos más cosas. Eso lo comprendemos, ahí no les vamos a decir nada porque hemos sido y queremos seguir siendo un grupo de Gobierno. Hay que recordar que el PSOE dijo 'no es no'; pero siempre, en todo caso, para cualquier cosa,
incluso para las dotaciones presupuestarias relativas a las acciones o las leyes en materia de prestaciones para quienes no tenían desempleo. Aquí estamos dando unas razones de por qué no estamos de acuerdo con aquello que supone más impuestos, más
impuestos para la clase media, más impuestos directos e indirectos para quienes menos tienen. Por ahí no y, por tanto, esa no es la cuestión.

Página 28

Y segundo tema, el señor secretario de Estado nos dice que hay un bloqueo a la reforma del artículo 324. No, señor secretario de Estado, hay un trámite parlamentario de numerosas normas, y en este momento en relación con el artículo 324 ha
concluido el trámite de enmiendas a la totalidad, y se ha presentado una enmienda a la totalidad que está pendiente del trámite ordinario para debatirla. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que modificar cosas, lo primero, en que debería haber
ya una Ley de Enjuiciamiento Criminal que modifique de una vez por todas y sin cuñas todo el modelo de investigación penal. Lo que no puede ser es que se abandonen absolutamente los plazos con una derogación rápida, pero el Gobierno tiene sus
instrumentos. Y dice que no puede haber monólogos; no, si lo que nosotros queremos tener es diálogo; el problema es que a esta portavoz, en nombre de mi grupo parlamentario, no se le ha llamado nunca desde la secretaría de Estado, no se le ha
llamado nunca para ir al ministerio y trabajar sobre estos proyectos. Tenemos el teléfono abierto, el correo electrónico abierto y las vías abiertas para trabajar en todo lo que sea necesario.


Respecto a lo que señalaba el portavoz, don Pedro Muñoz, yo tengo por costumbre leer más de la cuenta y me refiero a una obligación del Gobierno de España que no ha cumplido este Gobierno, y es el plan normativo anual obligatorio desde el
año 2015. El plan de 2019 que tenía que haber sido aprobado antes de concluir 2018, no está; no me refiero a otras cosas. He preguntado qué ocurre con algunas normas que quedaron prerredactadas o muy avanzadas en el ministerio porque no se han
agilizado y estaban ya prácticamente terminadas. Y mejor no hablar sobre la no ejecución de los presupuestos para los años 2010 y 2011, porque ahí la ejecución del Gobierno socialista sabe que fue muy pobre. Y si usted se refería a la ejecución de
2018, no nos corresponde a nosotros, sino al Gobierno socialista. Y si se refiere a 2017, la ejecución es del 98 %, teniendo en cuenta que el presupuesto fue aprobado a mitad de ejercicio, con lo cual eso complica extraordinariamente las cosas.


Por lo que se refiere a las inversiones -ahora ya entro en su intervención-, yo he preguntado al secretario de Estado y ahora le pregunto a usted, aunque es verdad que usted ha hecho un desarrollo detenido que yo le agradezco. No puedo
estar de acuerdo con el señor Muñoz sobre todo cuando cita Vitigudino. Claro, como si no conociera yo Vitigudino, como si yo y mis compañeros diputados de Salamanca no hubiéramos peleado por Vitigudino; y no es un nuevo proyecto en el sentido que
yo he planteado aquí. Esos proyectos estaban, estaban establecidas cuáles eran las dotaciones presupuestarias para cada ejercicio, y la obra tenía que haber comenzado ya en el año 2018. Por tanto, no es un nuevo proyecto, como no lo son tampoco
los otros proyectos que ha citado el señor Muñoz, que conozco muy bien, aunque no sean de mi provincia, y que son proyectos que ya estaban. Nosotros decimos que, además de esos proyectos que ya estaban y que se pueden haber retrasado -aunque no nos
gusta que se hayan retrasado y preguntamos qué ha pasado, por qué se han retrasado, y esto se lo traslado a usted-, también hay otras necesidades que conviene que se vayan planteando en una planificación ininterrumpida, para que después no haya
demoras tremendas en las que todos hemos tenido que incurrir, fíjese si soy autocrítica también.


En cuanto a la memoria histórica, entiéndaseme bien, no se me interprete; desde luego usted sabe que yo no voy a estar en contra de las medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León, absolutamente. Lo que yo he dicho es que cuando nos
encontramos con un presupuesto con este incremento, y en el resto es seguir con unas políticas que estaban abiertas, llama la atención que se les diga a los colectivos profesionales que no hay dinero para ciertas cosas que son esenciales para la
carrera profesional y, sin embargo, se incorporen 15 millones de dotación para una nueva dirección, una nueva unidad administrativa con más empleados o trabajadores públicos. En todo caso, nos gustaría que nos detallara para qué son estos 15
millones; algo ha dicho la subsecretaria, pero me gustaría tener más detalles sobre la cuestión. Además, quisiera hacerle una precisión, si esto es el cumplimiento de la Ley de la memoria histórica, que es lo que debe ser, tanto en el libro
amarillo de los presupuestos como en algunas otras menciones se habla de las víctimas del franquismo, pero la Ley de memoria histórica no dice eso, habla de las víctimas de la guerra civil. Por tanto, nosotros esperamos, primero, que nos lo detalle
y, segundo, que nos diga si efectivamente va a tener en cuenta a todas las víctimas, que es lo que dice la Ley de la memoria histórica.


Y muy rápido comentaré algunas cuestiones que he dejado antes pendientes. Me ha alegrado ver que la ORGA tiene sentido para ustedes, y que haya señalado algunas de las aportaciones que se podrían hacer con este presupuesto y que son
imprescindibles. Nos extraña, y hemos planteado una pregunta, que sin embargo no se haya llevado a cabo el preceptivo informe de la ORGA y, por tanto, desconocemos muchas de las cuestiones que han sucedido. Desde aquí le pedimos, por favor, que si
no puede informar hoy, se acelere ese informe de la ORGA, que ya está muy retrasado y no ha llegado a esta Cámara. De

Página 29

la misma manera que no se han elaborado los informes semestrales en materia de indultos, también en el ámbito de sus competencias. Esta cuestión ya la hemos planteado, y es verdad que coincidimos seguramente porque por la mañana ya lo
estábamos comentando en unas comparecencias sobre indultos, pero da igual, el caso es que hay dos semestres retrasados respecto a estos informes sobre indultos, y cuando se está tramitando una modificación aquí convendría tenerlo en cuenta.


En relación con el Registro Civil, las intervenciones anteriores me hacen reducir lo que quería comentar y termino enseguida, señora presidenta. El problema que tenemos aquí es una modificación legal sobre la que teníamos un acuerdo cuando
lo presentamos, pactada con los sindicatos, que es necesaria para completar la ley y que pueda entrar en vigor, pero a la que el PSOE dijo no, a la que Ciudadanos dijo no y, por tanto, nos abocó a colocarnos en una situación normativa que después
tuvo que volver a prorrogarse, es verdad que con la colaboración de los mismos grupos que he mencionado. Nuestra preocupación es que el ministerio no está informando -espero que ahora lo haga- en relación con lo planteado por el Grupo Ciudadanos, y
que ahora yo le pido también. ¿Cuándo vamos a presentar la modificación legal? Porque, indudablemente, si la modificación legal no se hace a tiempo, será imposible llegar a junio de 2020. Y lo que habíamos acordado, cuando hicimos la presentación
de una enmienda in voce para la prórroga al 2020, es que íbamos a trabajar sobre ese texto de enlace, si me permite la expresión.


Concluyo. El Consejo General del Poder Judicial tiene un incremento en las partidas, sin embargo, nos gustaría saber para qué. Nosotros queremos que el consejo general esté bien dotado para que haga las cosas que tiene que hacer y algunas
que no hace. La cuestión es que no parece que haya déficit en los ejercicios anteriores, por tanto, nos gustaría saber cuál es la finalidad de este incremento. De la misma manera que nos gustaría dejar constancia de que el incremento del 19 % para
el presupuesto del CEJ es muy bueno, pero, por favor, no es un centro solo para fiscales; sabemos que la dirección se ha dado de forma no muy regular administrativamente para otro fiscal; sin embargo, es un centro formativo que no es
exclusivamente para fiscales.


Muchas gracias, señora subsecretaria, pretendíamos obtener explicaciones, y se lleve a cabo este presupuesto o se prorrogue el anterior, nuestro objetivo es seguir preocupándonos por las verdaderas prioridades de la justicia.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Para responder a los grupos parlamentarios, tiene de nuevo la palabra la señora subsecretaria.


La señora SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (Latorre Sancho): Tengo tanto papel que me pierdo. Tengo aquí las cifras, yo cursé en IESE el programa de alta dirección de empresas, y el profesor siempre nos decía: Lo que no se mide, no se gestiona,
what is not measured is not managed; pues aquí igual, tengo las cifras de variaciones de presupuesto, no vamos a entrar en discusión. El año que más subió el presupuesto del Ministerio de Justicia fue en 2006 con un 12,78 %, y en 2010 con un 11,49
%. Lo que pasa es que es verdad que había mucho campo de mejora porque eran unos presupuestos de 1294 millones, en 2010 ya eran 1805 millones. Luego hay unos años en negativo, un 0 % en 2015, y efectivamente en 2016 y 2017 se incrementó -y si eso
fue por Ciudadanos, pues chapó-, es verdad y es estupendo todo lo que sea incrementar el presupuesto y también gastarlo bien, porque tampoco vale tener grandes cifras si luego no se ejecutan, como ha dicho su señoría, o si se ejecutan y se destinan
a sitios con poco rendimiento, pues tampoco llevan a nada. En fin, nosotros con esta propuesta del 4,81 %, de 1878 millones, estamos contentos y consideramos que puede ser una buena forma de arrancar un presupuesto que nos hemos encontrado en 2018
y que ha entrado en vigor a mitad de año, nos ha pasado lo mismo.


Y dejando ya las cifras, respecto al plan de choque para tramitar las solicitudes de nacionalidad, no lo he comentado, pero tenemos una previsión de incremento de efectivos de 69 personas en la nueva oferta de empleo, 33 que se han
incorporado y 62 que vienen ahora, y luego unos 100 efectivos a lo largo del año. Esas personas desde luego serán destinadas a las áreas prioritarias, y una de las áreas prioritarias es la de nacionalidad. Además, yo quiero empezar el día 1 de
febrero -o sea, que me queda poco tiempo, en cuanto salga de aquí- a trabajar en algo que ya hemos iniciado, y es sacar la gestión de los expedientes del área de nacionalidad y abrirla al resto de los funcionarios del Ministerio de Justicia.
Entonces, les estamos introduciendo en sus ordenadores la aplicación Genares de expedientes de nacionalidad, y les estamos dando una productividad para que en su tiempo extra, si quieren, puedan venir y realizar esa gestión de expedientes. Y
resulta que tenemos hecha una proyección, según la cual

Página 30

en un año, solo con las personas que se han apuntado, por supuesto, voluntarias en el mes de diciembre, que ha sido cuando hemos iniciado la prueba, tenemos una prospección de resolver en un año 60 000 expedientes, ya digo que solo con las
personas que se han apuntado y que han sido muy pocas porque hemos hecho una especie de programa pequeño. La otra de las grandes medidas que tenemos aquí expuestas es, por supuesto, la externalización. Yo soy muy partidaria del servicio público y
de que lo que puedan hacer los funcionarios, lo hagamos; sobre todo de al menos darnos esa posibilidad de poder gestionar nosotros con ese refuerzo de productividad extraordinaria. Yo lo voy a negociar con costes de personal, espero que sean
sensibles a mi petición y vamos a ver. Creo que en año y medio podemos tener esto resuelto. Si se contrata una buena empresa, la empresa cumple, porque aquí ha habido también un problema de contratación, ya que nos encontramos un contrato hecho
con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que no han cumplido. Era un contrato que tenía una partida plurianual de 4,5 millones y lo han dejado al 50 %. Esto no puede ser. Por tanto, está previsto en efectivos dentro del capítulo 1, aparte hay
capítulo para contratar esas empresas externas, y además, nosotros queremos hacer un plan de choque especial que va a comenzar, si podemos, el 1 de febrero y, si no, como muy tarde el día 10, pero quiero empezar contando con los propios recursos del
ministerio puesto que la gente está dispuesta a hacerlo.


Me han preguntado dos de sus señorías sobre el Registro Civil. La verdad es que tendríamos que hacer una sesión monotemática sobre cuál es el estado en que se encuentra este proyecto porque es enorme. Yo tengo los datos desde el punto de
vista informático y desde el punto de vista de la gestión del departamento de nacionalidad. Desde el punto de vista informático, hay una comisión de todas las unidades del ministerio que se reúnen también con responsables consulares del Ministerio
de Asuntos Exteriores para hacer la revisión con unos planes de acción. Y nos está ayudando desde el punto de vista de asesoría externa y para la gestión del proyecto, Ineco que, como saben, es una consultoría de ingeniería que son medios propios
de la Administración. Así que se está produciendo toda esta evolución y seguimiento muy cercano del proyecto.


En cuanto a las medidas que se han tomado, entre las que está impulsar informáticamente Digireg, ayer me decía la subdirectora de Informática que ellos calculan que en diciembre puede estar ya en marcha. Empezarían a probar en unos
diecisiete registros civiles, aunque iban a plantear en la próxima reunión de la comisión la sustitución de los inicialmente elegidos. En julio de 2018 se pusieron ya en marcha dos medidas tecnológicas. Tengo una descripción detallada, pero no sé
si merece la pena entrar. El contrato para el desarrollo informático se adjudicó el 15 de febrero de 2018, por un importe de 4 288 000 euros, a una empresa que se llama Vector Software Factory, y el lote 2 a Capgemini. Ahora se están elaborando
todos los sistemas de aplicación, Acceda para el sistema de nacimientos y defunciones y la aplicación Andes, y a su vez se mantiene el anterior sistema para ver cómo convive con el nuevo porque el sistema Digireg permitir la convivencia del anterior
sistema Inforeg con el nuevo. Precisamente para esta convivencia hay un presupuesto asociado este año al mantenimiento y adaptación del actual sistema de 400 000 euros.


En definitiva, hay un proyecto, hay un plan, hay una auditoría externa o una oficina que ayuda a seguir el proyecto. Es verdad que ahora nos queda el establecimiento; si esto no va a tener más moratoria, si esto se va a poner en marcha,
tendremos que establecer todas las oficinas de Registro Civil en todo el territorio nacional, dotarlas de funcionarios y extender nuestra red informática, que no la tenemos. La red informática del ministerio está solo en Madrid, no está extendida a
todo el territorio nacional, porque eso es la red de los juzgados, pero no la nuestra. Entonces, desde luego hay que sentarse y seguir trabajando en esta Comisión. Ya les digo que es un tema tan importante y con tantas implicaciones, que merece
casi una comparecencia independiente dedicada al Registro Civil.


Respecto a los bebés robados, sí tenemos un presupuesto previsto en el programa 112.A. Hay un proyecto que afecta a mi área, que es el tema tecnológico, informático e inversiones. Tenemos un proyecto de inversión de 200 000 euros para
desarrollar una plataforma tecnológica que pueda atender a los afectados y al desarrollo e investigación de perfiles genéticos relacionados con la sustracción de bebés robados. Eso es lo que me corresponde a mí en el área de tecnología. El área de
Administración de Justicia quizá tenga más información sobre otro tipo de medidas, pero nosotros sí lo tenemos contemplado en ese desarrollo. Yo creo que será un punto importante porque la tecnología ayuda mucho y al menos da una visión a los
afectados de que efectivamente se toma en serio este tema, que absolutamente pone los pelos de punta, de verdad.


Respecto al registro de traductores, yo creo que esto corresponde perfectamente al área de la secretaría de Estado, como los peritos y los traductores. Nosotros nos hemos dedicado hace poco a

Página 31

organizarles una ubicación a los de la Audiencia Nacional, informatización, etcétera, pero en lo que se refiere al tema de un registro, la secretaría de Estado es quien puede facilitarles información al respecto. Lo mismo ocurre con todo el
tema de procuradores y abogados, digitalización, etcétera. Es más fácil que se conteste desde la secretaría de Estado. Si no lo hacen, siempre pueden hacer una pregunta parlamentaria escrita y podemos buscar la información.


Respecto a Vitigudino, tengo una estupenda ficha por aquí. El problema que hubo en Vitigudino es que con los recortes se paralizó el expediente, y el expediente estaba sin tocar. Ahora nosotros, a la hora de plantearnos qué proyectos
sacábamos, si se hacían nuevos completamente, o si no, una de las cosas que hemos hecho en la selección para ser más eficaces es buscar aquellos donde teníamos ya suelo afectado al ministerio porque además tiene un coste al año, ya que tenemos que
pagar los IBI y en algunos edificios hay que hacer mantenimientos e incluso apuntalar. Vitigudino fue adjudicado en 2010 y suspendido por motivos presupuestarios. Entonces, lo que se ha hecho ahora en este segundo semestre de 2018 ha sido revisar
todo el proyecto, terminarlo y ahora lo hemos sacado a licitación. Están previstas las obras en 2019 con un plazo inicial de 18 meses y hemos sacado un presupuesto de licitación de 1 532 000 euros. La inversión total será 1 891 000 euros, que
incluye también la redacción del proyecto ya supervisado, dirección de obras y los trabajos vinculados. Para 2019 la anualidad es de 1 040 000 euros, que corresponden al inicio y desarrollo de las obras. Así que allí iremos, a ver qué tal. Según
los datos que yo tengo, estaba parado, suspendido. Se terminó la supervisión en 2018 pero se suspendió por motivos presupuestarios. (La señora Moro Almaraz: En 2018 ya estaban reanudados).


La señora PRESIDENTA: No entren en debate.


La señora SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (Latorre Sancho): Eso es lo que a mí me dicen. Yo tengo que ir a visitarlo. (La señora Moro Almaraz: La esperamos). Exacto, allí iré.


Respecto a memoria histórica, no puedo estar más de acuerdo con lo que se ha dicho, tanto por el representante del Grupo Socialista como por el representante de Ciudadanos. Yo creo que era un déficit que había en el cumplimiento de la ley.
Lo que tenemos que hacer es ponernos a ejecutar este presupuesto, si definitivamente se aprueba. Las líneas de actuación, ya les he indicado cuáles eran. Es verdad que el tema de las fosas es tremendo. España es el único país que tiene enterrados
en fosas comunes, junto con Camboya. Esto nos lo saca la Comisión de Derechos Humanos -y yo, como diplomática, lo sé- y la verdad es que se te cae un poco la cara de vergüenza. La última vez que sucedió fue en septiembre de 2017, cuando el informe
del relator de la Comisión de Derechos Humanos ha vuelto a sacar los temas de memoria.


Realmente el tema de fosas es importante, tienen un plan de exhumación de víctimas de la Guerra Civil. Están documentadas 2470 fosas y el número de cadáveres que calculan los expertos, porque no hay un registro público, es superior a los
100 000. Esto no se puede hacer solo por parte del Estado ni del Ejecutivo, esto tiene que hacerse a través de convenios con los ayuntamientos, con las diputaciones, con las comunidades autónomas, asociaciones de víctimas, familiares, etcétera.
Quieren hacer un plan de fosas para el año 2019, que incluya actualizaciones del mapa actual, investigaciones históricas documentadas, incluso con medios técnicos y puesta en marcha de un banco estatal de datos de ADN. También está la apertura de
la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil, algo que ya estaba. Se trataría de reabrirla, sobre todo a través también de página web. Asimismo, se recoge la elaboración de un censo de víctimas que se concretará en un censo, igualmente de carácter
público, porque los censos que hay ahora son de carácter privado o de asociaciones.


En los planes de la dirección general se contempla elaborar un plan estatal cuatrianual de memoria histórica, todo en colaboración con las administraciones públicas autonómicas, locales, universidades y asociaciones. Asimismo, está previsto
realizar un censo de edificios realizados con mano de obra forzada, obras realizadas por miembros de los batallones disciplinarios de soldados, trabajadores y prisioneros en colonias penitenciarias militarizadas. Estamos también trabajando en la
conmemoración del 80.º aniversario del exilio republicano con un programa de trabajo para realzar, no solo la tragedia de los que se fueron, que es una tragedia porque una guerra civil es un gran fracaso histórico para un país, sino para resaltar la
aportación que esos exiliados hicieron en sus países de destino. Estamos trabajando con Francia, con México, con Estados Unidos y con Chile para poner en valor todo lo que significó el exilio español en esos países. Luego están los lugares de
memoria histórica, la declaración de los lugares de memoria. Saben que en la Unesco hay todo un departamento y grandes expertos de lugares de memoria.

Página 32

Se quiere aquí trabajar en la misma línea que han trabajado otros países, en colaboración siempre con las comunidades autónomas.


La retirada de símbolos de exaltación franquista, queremos seguir en ese programa. En cuanto a la creación del Consejo Nacional de la Memoria Histórica, está un poco para desarrollar estas acciones de información y divulgación. Esa es la
línea en memoria histórica.


Efectivamente, solicité la comparecencia para hablar de indultos. Recién llegados en julio no teníamos tampoco información, el subdirector que entonces estaba terminaba su comisión de servicio y hubo un cambio de equipos. Al final hemos
hecho un resumen, pero estoy a su disposición y en cuanto pongan fecha les daré una información. También nos hemos encontrado un gran problema de gestión documental, había indultos sin resolver desde hace tiempo, había un enorme paquete de
documentación que estamos poniendo al día. Vamos sacando sobre todo denegatorios en Consejo de Ministros, de 450 en 450, que es lo que da el programa informático para poder gestionar. No da para más, pero en eso estamos.


No sé si me dejo alguna contestación a alguna otra pregunta. Respecto a las mujeres, efectivamente, en los órganos colectivos siempre se dice 'en las empresas públicas, en las empresas privadas, la participación de la mujer'. Realmente, yo
he estado en una empresa pública con otra mujer y cuando hicieron una remodelación las dos que salimos fuimos las dos mujeres. Así que, en fin, soy muy consciente de todo lo que es la presencia de la mujer. En la Comisión General de Codificación,
que depende de la Secretaría General Técnica, que depende de mí, allí sí que nos hemos puesto a hacer las modificaciones para por lo menos llegar a la paridad en el tema de composición de las mujeres de la Comisión General de Codificación.


Esta reducción que hablábamos en el capítulo 2 de 2,7 millones de euros se debe a que ya no es necesario incluirla, porque se ha puesto al día la deuda y los pagos pendientes que había en ejercicios anteriores con la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre. Por tanto, menos mal, se ha pagado todo y se acabó.


Respecto a la nacionalidad, ya le he explicado los planes de choque. Esperamos empezar a la brevedad posible, porque eso no puede ser. La gestión documental es un problema en este ministerio, pero estamos dispuestos a poner las medidas que
sean necesarias.


Con todo esto termino, un poco así, en resumen. Les agradezco muchísimo la atención que me han prestado.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Despedimos a la subsecretaria de Justicia, doña Cristina Latorre. Vamos a interrumpir la sesión durante un par de minutos y después continuaremos con la última comparecencia, con el señor Antonio Viejo, que es el secretario general de la
Administración de Justicia. (Pausa).


- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (VIEJO LLORENTE). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/002294); CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (Número
de expediente 212/002098); CIUDADANOS (número de expediente 212/002191) Y MIXTO (número de expediente 212/001937).


La señora PRESIDENTA: Vamos a continuar con la última de las comparecencias, la del secretario general de la Administración de Justicia, don Antonio Viejo, a quien doy la bienvenida también a esta Comisión y cedo inmediatamente la palabra
para que pueda hacer su primera exposición.


El señor SECRETARIO GENERAL ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Viejo Llorente): Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, para mí en primer lugar es un honor comparecer en esta Cámara, en este salón concretamente con el nombre de Ernest Lluch, para poder informarles en la medida de mis posibilidades y en lo que pueda suplir las insuficiencias o las
dudas que se hayan generado por quienes me han antecedido en el uso de la palabra.


El presupuesto, desde la perspectiva de la Secretaría General de la Administración de Justicia, tiene una finalidad primordial, que es la de dotar a los órganos que integran el Poder Judicial de los medios personales y materiales,
tecnológicos y financieros que son necesarios para el cumplimiento de los mandatos que están establecidos en los artículos 117.3 y 124.1 de la Constitución. En estos preceptos se residencia en jueces, magistrados y fiscales el ejercicio de la
potestad jurisdiccional para la tutela de los

Página 33

derechos de los ciudadanos, en el caso de los primeros, y el cumplimiento de esa misión constitucional de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y también de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado
por la ley. Todo ello se hace en el marco, como no puede ser de otra manera, de la obligación que afecta a todos los poderes públicos, de dar efectividad a los derechos fundamentales. En el caso del Ministerio de Justicia, lo que se pretende con
el presupuesto, que permite el desarrollo de la actividad de juzgados, tribunales y Fiscalía, es dar efectividad a ese derecho fundamental, que no puede ser otro que el de la tutela judicial a que se hace referencia en el artículo 24 de la
Constitución.


Se ha hecho una restructuración orgánica del Ministerio de Justicia con el Real Decreto 1044/2018, que ha hecho una notable significación de cuáles son los intereses del ministerio en materia de Administración de Justicia. En la partida
presupuestaria 112.A, tribunales de justicia y Fiscalía, se ha subido el grado de una de las direcciones generales, considerando que el tema de modernización y tecnología merecía elevarse de rango. Así pues, tenemos junto a la antigua y tradicional
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, una Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, la antigua ORGA. Además, dentro de esta dirección general se
incluye el tema de los registros administrativos de la justicia, el sistema Siraj de apoyo a la Administración de Justicia.


Las funciones que tiene la secretaría general son de un amplio espectro: impulso, dirección y seguimiento en materia de ordenación, modernización y distribución de recursos en el ámbito de la Administración de Justicia, tanto material como
financiero y humanos. Además, tiene una faceta muy importante, que es la relación con los distintos órganos y la dirección e impulso de los procesos de traspaso materiales en los casos de transferencias de comunidades autónomas.


En el ámbito de estas relaciones se le atribuyen a esta secretaría general las relaciones con el Consejo General del Poder Judicial, con el Ministerio Fiscal, con el Centro de Estudios Jurídicos, con los profesionales de la justicia a través
de los consejos generales de la Abogacía y de los Procuradores, o del Consejo General de Graduados Sociales, los medios materiales y personales de los tribunales de justicia y los recursos económicos, así como el impulso de determinados expedientes
que están dentro del ámbito, como son los relacionados con la responsabilidad patrimonial, a la asistencia jurídica gratuita o los relativos a la programación en materia de letrados de la Administración de Justicia o, en cooperación con la Fiscalía
General del Estado, la programación del ámbito de la planta fiscal y de la planta judicial.


Las líneas maestras de la secretaría general, aunque luego yo me referiré a algunas de ellas, pueden ser básicamente las siguientes, y tratándoles de dar el orden de importancia. En primer lugar, está el tema del factor humano. Los medios
personales con los que cuenta la Administración de Justicia son lo primordial a lo que tiene que atender y esta es la política del Ministerio de Justicia. En este sentido, ya se ha hecho referencia por parte del secretario de Estado en su
comparecencia a la convocatoria de oposiciones a la carrera judicial y fiscal y como consecuencia de la oferta de empleo público, la provisión de plazas para letrados de la Administración de Justicia, para los cuerpos de gestión, tramitación y
auxilio, y también para los cuerpos especiales, tanto para forenses como para técnicos de laboratorio de los institutos nacionales de toxicología. Se trata, por una parte, de tratar de profesionalizar al máximo la Administración de Justicia, y por
otra, de reducir las tasas de interinidad que se exigen cuando las plazas no están debidamente cubiertas.


Yo diría que una de las segundas líneas maestras de la secretaría general en el desarrollo de su función y de las competencias que tiene atribuidas es el haber impulsado tareas de carácter colaborativo o de coordinación con los entornos con
los que se relaciona por las competencias que tiene atribuida la secretaría general técnica. Es difícil que podamos llegar a buen fin en un proceso de modernización, tanto en el ámbito organizativo como en el ámbito tecnológico, si no contamos con
la aquiescencia, apoyo, formación e información de los profesionales de la justicia. Cuando me refiero a los profesionales de la justicia estoy hablando, obviamente, tanto de jueces, fiscales, letrados y funcionarios al servicio de la
Administración de Justicia, como también de abogados, procuradores y graduados sociales, que deben ser escuchados y tenidos en cuenta a la hora de realizar aquellos desarrollos que puedan afectar a la gestión y organización de la justicia, tanto en
lo organizativo como en lo tecnológico, porque todos se ven afectados.


En este entorno colaborativo quiero poner de manifiesto que el ministerio ha tratado de impulsar una de las patas de banco en el desarrollo de la justicia, que es la colaboración con la Fiscalía General del Estado y con el Consejo General
del Poder Judicial, con los que se ha llegado a determinado tipo de convenios para facilitar las funciones de apoyo y refuerzo respecto de órganos traspasándole unas

Página 34

competencias presupuestarias, de tal manera que la burocracia se pudiese aligerar y tratar de atender las necesidades de refuerzo en aquellos órganos, tanto judiciales como de la Fiscalía, que requerían de una atención específica para poder
seguir funcionando adecuadamente. Este aspecto colaborativo también se ha tenido en cuenta en desarrollos a los que luego aludiré de forma muy sucinta, como son el ya mencionado en varias ocasiones plan que trata de avalar la eficiencia de los
cambios que se han venido realizando, un plan de evaluación de la calidad.


Un tercer punto, que no podemos dejar de tener como muy significativo, es el tema de la tecnología, de la modernización tecnológica. Tengo la sensación de que casi ya desde antes de la guerra de Cuba se hablaba de la tecnología en la
Administración de Justicia, porque lo vengo oyendo de forma repetida durante mucho tiempo. Lo que sí considera el ministerio es que la tecnología es un instrumento que tiene que servir para facilitar, para agilizar, y no para entorpecer; que la
tecnología ha venido para quedarse y efectivamente en aquellos sitios donde los instrumentos tecnológicos puestos a disposición de los profesionales de justicia no funcionen adecuadamente habrá que pararlos y revisarlos. Lo que no podemos hacer es
dar una vuelta atrás. Lo que pretendemos es que lo que ya se ha andado no suponga un freno de cómo se deben seguir dando los pasos, de corregir los errores. Yo he tenido, por razón de mi anterior actividad profesional, una amplia experiencia en
que no hay tecnología que se imponga sin buenos medios, sin buena formación y sin la adecuada participación de aquellos a los que va dirigida.


En todo caso, desde el ministerio se cree que este es un camino sin retorno y que hay que seguir adelante, pero no por las mismas vías, sino en el ámbito colaborativo haciendo implantaciones que estemos seguros de que funcionan
adecuadamente. La partida presupuestaria que en este punto se dedica a la Subdirección General de Nuevas Tecnologías, en el ámbito concreto de los desarrollos tecnológicos, es un poco menor que la del año anterior, aproximadamente un millón de
euros menos, y alcanza a los 109 197 000 euros. Sobre este tema simplemente quiero decir que en la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2018 se ha llegado a ejecutar prácticamente el 91 % del presupuesto, lo cual ha tenido ciertas
dificultades en la medida en que la Ley de Presupuestos de 2018 se aprobó en el mes de junio.


En las anteriores comparecencias se ha hecho referencia a otra de las cuestiones, y yo quiero tocarla muy brevemente, que es la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos ahora ya no es una
dirección general sino que está integrada en la Dirección General de Modernización y Tecnología, pero se sigue manteniendo con el mismo rango. Lo que hay que decir es que el ministerio tiene la firme creencia de que es necesario el impulso desde un
órgano administrativo de la averiguación patrimonial porque no afecta a lo jurisdiccional. Es un hecho patente que la gestión de bienes en muchos supuestos es muy compleja y que los propios órganos que están realizando la investigación en el ámbito
delictivo, los órganos judiciales, no tienen los medios adecuados para llevar a cabo una gestión eficiente de patrimonios intervenidos, y no hay otro remedio que delegarla. Esto repercute positivamente en la gestión de esos patrimonios
intervenidos, embargados o decomisados a aquellas personas que han obtenido beneficios como consecuencia de las actividades delictivas a las que se hace referencia en el Código Penal, artículo 127 bis, creo recordar; además, es preciso racionalizar
desde el primer momento la gestión de aquellos bienes decomisados que se deprecian por el mero transcurso temporal y la gestión de aquellos que se tienen que conservar en tanto se tramitan y sustancian las instrucciones y se llega a obtener una
sentencia firme donde se declare el decomiso de los bienes. En primer lugar, los bienes que se deterioran, porque es preferible realizarlos anticipadamente e ingresar en la cuenta de consignación o en la caja del Tesoro el dinero que se obtiene con
ellos, que no perder el valor económico hasta que se obtiene una resolución definitiva.


En segundo lugar, porque la experiencia nos ha demostrado que en la mayoría de las ocasiones en las que se produce una intervención judicial en un procedimiento penal de una empresa que es susceptible de ser viable, la gestión de la misma
por regla general nos lleva a situaciones de inviabilidad. Entonces, es preferible esa profesionalización en un órgano o una unidad administrativa como es la ORGA que nos permitirá, efectivamente, no tener responsabilidad patrimonial por lo que se
nos deteriore y sí tener unos beneficios por lo adecuadamente gestionado, aparte de la indudable dificultad que hay en la localización de bienes cuando estos proceden del delito y se enmascaran adecuadamente.


Sobre este tema simplemente quiero decir que a finales del mes de enero había del orden de 22 000 euros en la cuenta de consignaciones de la ORGA de procedimientos que no estaban todavía finalizados, y que aproximadamente los 100
procedimientos ya finalizados han generado unos ingresos, como consecuencia de la ORGA, de unos 2 millones de euros, y que está pendiente en este momento la

Página 35

determinación de las adjudicaciones a las entidades a las que se hace referencia en la disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hay ya un proyecto normativo para que el Consejo de Ministros pueda aprobarlo.


Otra de las líneas maestras del ministerio y de la secretaría general es el tema de las víctimas. Aquí el ministerio no ha hecho sino seguir la senda tomada por la Unión Europea a través de la Directiva 2012/29, donde se establecen las
normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección a la víctima de los delitos, y que se traspone en la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima. Sobre este punto he de decir que en el presupuesto hay una referencia, que es la posibilidad de
una expansión de las oficinas de atención a las víctimas -que además está directamente ligado con los acuerdos adoptados en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género- y luego que se puedan crear unidades forenses de valoración integral, y un
desarrollo tecnológico en los registros administrativos al servicio de la Administración de Justicia.


Otro de los pilares o líneas maestras es el de la formación. Es interés del ministerio, a través del Centro de Estudios Jurídicos, llegar a acuerdos y convenios con la Escuela Judicial para que se forme en aquellas materias que se señalaban
en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que es en materia de género capacitando o dando una posibilidad de formación conjunta, o similar en sus contenidos, a jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, así como a otros
implicados en este ámbito, en cooperación con el ministerio, como pudieran ser abogados en ejercicio.


Estas serían las líneas maestras. Voy a referirme ya de forma muy sucinta, dado lo avanzado de la hora, a las cuestiones que a través de estas líneas maestras se van a desarrollar por el ministerio de acuerdo con lo que dice el proyecto de
presupuestos. Antes he dicho que el primero era el factor humano, que es fundamental para que haya un funcionamiento de calidad del servicio público de la justicia. Los profesionales que intervienen en la misma tienen que tener la adecuada
capacitación, formación, profesionalización y reconocimiento. Las dotaciones de recursos humanos en este caso se siguen incrementando, o se pretenden incrementar, y ya han tratado ustedes el tema de las plazas que aparecen recogidas en el proyecto
de presupuestos, que son 100. Ha habido un error, hay una enmienda para que se diga que son 500 plazas, de las cuales 300 serían de jueces y 200 de fiscales.


Y en cuanto a los distintos cuerpos de la Administración de justicia, el total serían 3115, y me estoy refiriendo a la suma del año 2019. En concreto serían 74 de letrados, 770 de gestores, 1324 de tramitadores, 889 de auxilio judicial, 46
médicos forenses, 4 facultativos del Instituto Nacional de Toxicología, y 8 ayudantes de laboratorio. Sumando la totalidad de las plazas a las del año 2018, serían 6928.


En el desarrollo de unidades judiciales, lo excepcional es que no se creasen unidades judiciales, ya que la regla tradicional, prácticamente desde 2003 o 2004 hasta 2013, que no hubo creación de órganos, ha sido siempre estar en torno a la
creación de 100 órganos judiciales, que es consecuencia de que es necesario ampliar la planta, no solo para la tasa de reposición sino para irnos acercando a un número de órganos judiciales por número de habitantes más próximo a la media del entorno
europeo. En el programa del año 2017 estábamos en 105 nuevas unidades judiciales, de las cuales, a día de hoy, falta poner en marcha 5 unidades judiciales por razones de infraestructura en alguna de las comunidades autónomas con traspasos en
materia de Administración de Justicia. En cuanto a la elaboración del programa correspondiente a 2019, ya ha dicho el secretario de Estado que eran 75 nuevas unidades, que podrán ser tanto órganos unipersonales como, en su caso, órganos colegiados,
dependerá. Para esto ya se ha consultado tanto a las comunidades autónomas con competencias en materia de medios materiales y personales de la Administración de Justicia como al Consejo General del Poder Judicial. Las doce comunidades autónomas ya
han contestado y falta que el consejo nos dé su evaluación, su informe. Se tienen en cuenta también las peticiones que constan en las distintas memorias de los tribunales superiores de justicia. En todo caso lo que va a determinar los lugares
donde se crean estas unidades judiciales son criterios de carácter técnico. En el presupuesto de 2019, tal como aparece proyectado, hay una cantidad económica suficiente para atender el coste económico de esas unidades judiciales. En todo caso, ya
he referido que la creación se hará en atención a la carga de trabajo real y a la posibilidad de entrada en funcionamiento porque estén disponibles las infraestructuras que permitan su inmediata puesta en marcha.


En cuanto a las necesidades de carácter coyuntural, obviamente no se tienen en cuenta, pero estas necesidades de carácter coyuntural se están atendiendo a través de los sistemas de apoyo y refuerzo que están previstos en el artículo 216 bis
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Página 36

Abrevio. Antes había hecho una mención al plan de calidad. Esto es parte del entorno colaborativo que tiene el Ministerio de Justicia como una de las formas de actuación. Lo que se ha querido hacer con este plan, y se ha llevado a cabo
desde la Dirección General de Modernización, Tecnología, Gestión y Recuperación de Activos, ha sido ver cómo han sido las implantaciones de Oficina Judicial antes y después de realizarlas, así como ver en qué medida las modificaciones de los
sistemas tecnológicos, informáticos y de gestión han ido afectando a la actividad de los órganos judiciales y fiscalías. Para ello se han creado grupos de trabajo en los que se analizan estas cuestiones. Entre los principales intervinientes en el
ámbito de la Oficina Judicial se han hecho visitas a sedes y se han organizado jornadas que pretenden hacer una valoración de la optimización de los servicios comunes de las oficinas judiciales. Sobre esto último todavía no tengo información del
resultado que ha ido dando.


En cuanto al tema de la implantación de la Oficina Judicial, efectivamente nos encontramos con una norma orgánica del año 2003, con una reforma que la pone en marcha varios años después, y en estos momentos seguimos teniendo una parte
importante de desarrollo de Oficina Judicial, parte importante tanto en el territorio del Ministerio de Justicia como en los territorios en los que la justicia ha sido transferida a las comunidades autónomas. Durante el año 2018 en el territorio
del Ministerio de Justicia se ha implantado la Oficina Judicial en Tarancón, San Clemente, Motilla del Palancar, Cervera de Pisuerga, Carrión de los Condes y Palencia, y ha habido una ampliación en Cuenca. Lo que se pretende durante el año 2019 es
que la Oficina Judicial se implante en todos los partidos judiciales del modelo I de organización, es decir, que son partidos judiciales de un órgano judicial, y que se pueda implantar el modelo de Oficina Judicial en Soria, donde ya está hecha la
relación de puestos de trabajo, aunque está pendiente de negociación final con las organizaciones sindicales, así como en Guadalajara y Albacete.


En cuanto a la Oficina Fiscal, de acuerdo con el plan estratégico que ya se hizo en octubre del año 2011 entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado para definir los conceptos y los parámetros de la Oficina Fiscal, en
los territorios con competencias transferidas se van a poner en marcha todas las oficinas fiscales del territorio del ministerio; la fecha de finalización de esta implantación está en el último día del mes de febrero, lo que no tengo es el dato
concreto de la fecha de implantación de cada una de ellas -en todo caso queda pendiente de concretar esas fechas-, que son las de Badajoz, Zamora, Toledo, Salamanca, Soria, Baleares, Ávila, Burgos, así como las de Ibiza, Manacor, Inca y Mérida.


Por último, y muy brevemente, incidiré un poco en el tema de la Subdirección General de Tecnología y el desarrollo de lo que está haciendo. Ya he anticipado que creo que no se puede parar la tecnología, que es una de las peticiones que se
hacen por parte de las asociaciones profesionales, pero sí se puede revisar. El tema de la tecnología y de la modernización de lo tecnológico se lo ha tomado muy en serio el equipo del ministerio, tanto que lo primero que considera es que de
ninguna de las maneras se puede abrumar a los titulares de los órganos judiciales o a las fiscalías y a los profesionales con decenas de aplicaciones informáticas que cuando se ponen en marcha unas con otras resulta que dan un resultado que retiene
frente a la pantalla al profesional jurídico más tiempo del que debía estar esperando. Eso es algo que tenemos que revisar de forma clara y contundente para utilizar las nuevas tecnologías con el máximo rendimiento.


Ahora bien, como antes he dicho, no es posible que en el ámbito de la modernización, de la tecnología y de la informatización se orille la opinión de quienes son sus destinatarios. La concepción es que la tecnología es un medio, no es un
fin en sí mismo, y que el fin es la prestación de la tutela o de la actividad. Si a mí me dan un bolígrafo y no puedo escribir con él, lo más lógico es que coja otro bolígrafo que me permita escribir y realizar los objetivos que se desarrollan al
escribir. Es decir, no pueden convertirse en un obstáculo, sino que tienen que ser un medio que facilite, y para ello tienen que estar adecuadamente desarrolladas y planificadas. Los jurídicos tienen que trasladar a los técnicos cuáles son las
necesidades que tiene cada uno de ellos. No son lo mismo las necesidades que tiene el puesto de juez que las que tiene el puesto de fiscal, que las que pueda tener el puesto de letrado, o las del puesto del abogado. Es absolutamente necesario que
dentro del mismo sistema pueda convivir todo eso sin generar problemas a ninguno de los usuarios. Esta es una de las tareas en las que el compromiso por parte de la secretaría general es tratar de reconducir todo a un correcto funcionamiento.


Para esto hay algunos desarrollos en el ámbito del sistema audiovisual o los medios audiovisuales que se han puesto a disposición de la Administración de Justicia. Se va a producir una sustitución de todos los medios audiovisuales -que es
algo que ya conocerán, me imagino- por otros de carácter digital. Habrán oído los problemas que se han generado cuando, como consecuencia de un incorrecto funcionamiento de los sistemas, no ha habido una grabación de un acto de un juicio. El
siguiente paso, por defecto y ausencia

Página 37

de un acta, ha sido la nulidad. Se trata de corregir esto con este sistema, que se llama e-Fidelius, y son cámaras digitales, aparatos digitales de grabación del sonido, y luego un sistema que permita saber a las personas que tienen que
controlar la actividad correcta de la informática que está en el desarrollo de la sala de vista que efectivamente está funcionando. Porque es cierto que en algunos de los casos en los que se ha producido esa no grabación de la vista, que no tenía
un acta al mismo tiempo, el aparato daba la señal errónea de que se estaba produciendo la grabación.


Un segundo paso, que ha sido muy exigido por quienes son usuarios de los procedimientos penales, es que haya transcripciones. Se ha modificado el artículo 260.3 de la ley orgánica, y por lo menos se dice ahora que en el momento que lo
permita la ley. Pero la tecnología la tenemos que aprovechar; tenemos ya sistemas tecnológicos que, al mismo tiempo que grabar la intervención de un juicio, la celebración de un juicio, la vista de todos los que intervienen en el mismo o, en su
caso, de una declaración, nos van a permitir la transcripción de lo que se dice. La Subdirección de Tecnología está estudiando el desarrollo de un programa que permita esa transcripción, que no será la documentación del juicio, sino un documento
adicional que permita al usuario del procedimiento, sea juez o fiscal o letrado, tener una lectura, con independencia de la garantía y la fidelidad, que es la grabación.


Una de las quejas principales que se están produciendo es la inadecuada atención por parte de la subdirección a los usuarios de los sistemas de gestión e información y tecnológicos puestos a su disposición. Esta falta de atención a los
usuarios ha dado lugar a que a finales del año 2018 haya habido una implementación en los contratos de atención a los usuarios, el CAU, donde se penaliza la defectuosa obtención, y se pretende tener en determinados centros con más de un número de
órganos que haya una atención presencial. Ya he dicho antes que en el ámbito tecnológico la formación es algo fundamental, y en esta formación también se va a invertir parte del presupuesto.


Se ha puesto en marcha, está prácticamente ultimado, un sistema de visor que permita tener un control de la integridad del expediente judicial electrónico. Este visor se llama Horus y se sigue trabajando en su desarrollo; se sigue
trabajando en una forma de incorporación de la firma de quienes intervienen en un acto judicial y son particulares o ciudadanos que acuden a la justicia y tienen que dejar un signo de su presencia, para que no sea la fe pública del secretario, que
sería la firma manuscrita con tinta digital, en definitiva algo tan sencillo como lo que se firma en cualquier comercio electrónico en una pantallita.


En cuanto a las aplicaciones del ministerio fiscal, se han hecho una serie de mejoras para que la funcionalidad del expediente judicial electrónico no limite la actividad de los fiscales a la hora de elaborar los dictámenes, que son -ya me
he referido a ello-: el acceso rápido y directo a través del visor del expediente, la posibilidad de que tengan en consideración que determinados expedientes puedan antecederse a otros que se sitúan en su bandeja, a través de un tratamiento de las
notificaciones urgentes, o la recepción directa en el servicio de guardia de los atestados que se remiten por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al juzgado de guardia, para que se remitan al mismo tiempo y no tengan que derivarse
desde el juzgado de guardia a la fiscalía.


Hay unas partidas presupuestarias dedicadas a la implantación de colectivos que están pendientes, como pueden ser peritos, comisión de justicia gratuita, registradores de la propiedad, notarios, policías autonómicos, centros sociosanitarios
-ahí entra un proyecto que se llama Hermes-, hospitales o policías locales, así como para la mejora y consolidación de las comunicaciones electrónicas, en lo que se van a invertir 6,3 millones de este presupuesto.


Creo que casi es preferible ya poner fin a esta intervención y quedar a disposición de todos ustedes para aclarar las oscuridades que haya podido producir mi discurso.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Tienen la palabra ahora los portavoces. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el señor Prendes.


El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario general, por sus explicaciones.


Como la comparecencia a lo largo de toda la mañana ha sido muy prolija, creo que en su caso interesa centrarse en aquellas cuestiones que efectivamente están más relacionadas con las funciones de la secretaría general, que además son las que
más relación directa tienen con el funcionamiento de los órganos judiciales, con la prestación directa del servicio público de la justicia al ciudadano.

Página 38

Estamos de acuerdo con usted en una cuestión que ha dicho, y es en la importancia del factor humano. Si hay un servicio público que tiene relación con la situación de las personas que prestan este servicio, es precisamente el servicio de la
justicia, fundamentalmente prestado a través de personas, de jueces, de magistrados, de fiscales, de letrados, del resto de personal y de operadores al servicio de la justicia. Por eso es muy importante la situación de ese material humano, es la
herramienta con la que ustedes van a trabajar y con la que van a tratar de mejorar esta maltrecha justicia nuestra. Por tanto, es muy importante atender a qué es lo que manifiesta ese material humano al servicio de la justicia.


Ya comenté cuando compareció el secretario de Estado toda la situación de conflictividad que se vive en el ámbito judicial, que lleva arrastrándose desde hace tiempo. No quiero decir que esto haya surgido con este nuevo equipo ministerial,
pero en todo caso no se le ha dado solución, sino que se ha agudizado. Yo hacía referencia a las reiteradas reuniones que se han mantenido con el ministerio y que no han servido para desatascar una situación muy conflictiva, muy problemática, que
es la de queja permanente de nuestros jueces, de nuestros fiscales y del personal al servicio de la Administración de Justicia. Todo esto ha desembocado en el último comunicado conjunto que tenemos de hace escasamente dos días, en el que se
anuncian dos jornadas de huelga y se plantean una serie de reivindicaciones profesionales muy antiguas. O sea, no es nada que usted no conozca directamente, no es nada que no se lleve reclamando desde hace mucho tiempo.


Pero en concreto, y en relación con estos Presupuestos Generales del Estado, que es el objeto de esta comparecencia, el 15 de enero de 2019, al conocer cuáles eran las partidas presupuestarias en materia de Justicia que se recogían en este
presupuesto, las siete asociaciones profesionales de jueces y fiscales firmaron un comunicado conjunto, que estoy seguro de que usted conoce, pero que conviene recordar, en el que resumidamente y en cinco puntos venían a decir, primero, que para el
actual Gobierno -en su valoración, vuelvo a decir- la justicia no es una prioridad, sino que parece un estorbo; segundo, que el poder judicial parece que un año más sigue controlado por otros poderes con criterios de austeridad presupuestaria;
tercero, que parece que una justicia independiente dotada de medios no interesa; cuarto, que el actual equipo ministerial, lejos de diferenciarse de equipos anteriores, ha hecho lo mismo que sus predecesores, creación de falsas expectativas sin un
verdadero compromiso e interés por acoger las demandas de los colectivos de la Administración de Justicia; quinto, que es la conclusión, que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno es un retroceso respecto al
presupuesto vigente.


En honor a la verdad hay que decir que esto estaba muy relacionado con lo que ustedes han denominado error tipográfico, de esas 100 plazas, que ahora han convertido hipotéticamente en 500. Pero la valoración en conjunto que hacen las siete
asociaciones profesionales, además de forma unánime, es esta que yo le acabo de resumir. Lo del error tipográfico, si somos indulgentes podemos entender que sí, que lo es. Pero realmente este ministerio ha tenido oportunidades reiteradas para dar
salida a algunas de esas reivindicaciones y no lo ha hecho. Por tanto, la credibilidad para nosotros está en duda respecto a este equipo ministerial. Es muy extraño ese error tipográfico, que pasemos de 100 a 500. Con una manifestación de la
propia ministra, una vez que se conoce este comunicado conjunto, de pronto aparecen 400 plazas de una tacada. Ya le digo que, en todo caso, es poco riguroso y poco serio.


Creemos que es necesario invertir en el capital humano de la Administración de Justicia, no hay otra solución. Usted mencionaba nuestra ratio de jueces por habitante. Estamos muy lejos todavía de la media de los países de la Unión Europea
y creemos que hay que ir en esa dirección. También le digo, relacionado con algo que se dijo antes, que nos preocupa, no solo lo presupuestado, sino lo ejecutado, porque cuando miramos -y estos son los datos que se recogen en la memoria- cuál es la
planta judicial, el número de jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia que tenemos cada año al finalizar el ejercicio, vemos siempre que es inferior. Por mucho que presupuestemos una cantidad muy alta de plazas, si
no se ejecuta, si no se sacan las oposiciones, si no hay capacidad para la incorporación de nuevas plazas, finalizamos todos los años con un número de plazas inferior y no somos capaces de acortar ese gap con los países de nuestro entorno europeo.
En el año 2017 -estoy haciendo referencia a presupuestos que mi fuerza política, Ciudadanos, apoyó- estaban presupuestadas 5569 plazas de jueces y magistrados, y se finalizó con 5513. Para 2018 había presupuestadas 5642 plazas, y la ejecución
prevista, según los datos que recoge la memoria, es de 5497 plazas. Ahora ustedes hablan de 5667 -no sé si van a ser 200 o 300 más-, en función de lo previsto, pero lo que queremos es que cuando lleguemos a la ejecución presupuestaria el 1 de enero
de 2020 veamos que eso es real y que se ha aumentado la planta judicial. Podría dar los datos de las plazas de fiscales, que son muy parecidos, o sobre las plazas

Página 39

de letrados de la Administración de Justicia. Seguimos perdiendo capital humano año tras año, somos incapaces de aumentar esa planta, y así va a ser muy difícil que acabemos con el atasco judicial o acordemos esos procesos de modernización
que son absolutamente necesarios.


Otro apartado al que usted se ha referido y sobre el que ha hecho una extensa disertación es el de la transformación digital, su modernización, y le voy a hacer la misma pregunta que antes a la señora subsecretaria, porque veo una
discordancia sobre las manifestaciones de la ministra en su comparecencia allá por el mes de julio, en concreto el 11 de julio, en esta Comisión de Justicia, donde explicó cuáles eran las orientaciones de su ministerio y, en particular, respecto a
este proceso de modernización y digitalización de la justicia, cuando literalmente dijo: El camino recorrido hasta ahora ha sido caótico y no se puede consentir que por problemas de funcionamiento, desarrollo o concepción del sistema informático un
ciudadano pueda pasar ni un solo día privado de libertad. Hacía referencia con ello a que se revisaría todo el proceso de digitalización, lo que está en funcionamiento, para solucionar las carencias y poder implementar un sistema racional, de
calidad y con eficacia. Y más adelante añadía: Pero lejos de las prisas y el empecinamiento con que lo ha abordado el anterior equipo ministerial. Sin embargo, cuando uno va a la memoria de este presupuesto que ustedes presentan, no hay ninguna
novedad. Leo párrafos completos de la memoria, y, por ejemplo, dice: Las actuaciones previstas en el ámbito de las nuevas tecnologías continúan el camino para la transformación digital de la Administración de Justicia. También dice: En
ejercicios anteriores se ha conseguido una comunicación segura y por medios electrónicos entre la Administración de Justicia y los colectivos profesionales. Me imagino que hace referencia a LexNET, que ha sido una herramienta absolutamente
criticada y ha tenido un funcionamiento caótico pero respecto a la que ustedes no plantean ningún cambio significativo. Durante 2018 se ha culminado la implantación de la solución Justicia Digital en los órganos judiciales, a excepción de en la
Audiencia Nacional, y a lo largo de 2019 se completará la implantación y se continuará el proceso de modernización tecnológica. Es continuismo en ese proceso de modernización tecnológica, pero ese continuismo choca con lo que fue una manifestación
tajante, taxativa, asertiva, muy clara de la ministra acerca de que se iba a revisar todo ese proceso y se iba a abordar sin prisas y sin empecinamiento. Ya le digo que para nosotros este es un elemento fundamental, muy importante. Nosotros
incorporamos una partida en las negociaciones presupuestarias precisamente para abordar este proceso, una cuantía no menor, que ahora se mantiene con un pequeño aumento, pero en este proceso siempre hemos reclamado un saber hacia dónde ir, que se
planificase con una orientación y que se mantuviese más allá de un ejercicio presupuestario, en un lapso de tiempo importante, porque no vamos a poder hacerlo si vamos a bandazos o actuamos desandando el camino. En todo caso, insisto en que para mí
hay una discordancia entre las manifestaciones de la ministra, lo que fuera el plan del ministerio y lo que ahora se plantea en este presupuesto, porque nos parece que es continuar por la senda que se estaba siguiendo con anterioridad.


Respecto a las reclamaciones profesionales de jueces, magistrados y letrados -voy terminando, señora presidenta, muy brevemente, porque esto me parece importante, una cuestión que salió en la primera comparecencia pero que se me pasó
comentar con la señora subsecretaria-, en las negociaciones del presupuesto del año pasado presentamos una enmienda de cinco millones, pactada con el Partido Popular, que luego el Partido Socialista aumentó en dos millones más, hasta llegar a siete,
de modo que respecto a esa partida había un acuerdo por parte de los tres partidos -los tres, incluido el Partido Socialista-, más allá de los avatares concretos, para que se incorporase en la estructura presupuestaria a fin de poder atender
aquellas reclamaciones profesionales, que eran de absoluta justicia y siguen siéndolo ahora. Insisto en que había un compromiso político para atender esas reclamaciones y que en ese compromiso político estaba el anterior Gobierno del Partido
Popular, el Partido Popular, Ciudadanos, que lo había exigido desde el principio, y que durante el debate en Pleno se incorporó el Partido Socialista. Pues bien, esos siete millones no se han destinado a atender esas reclamaciones profesionales,
creo que solo se ha destinado la cantidad de 1,2 millones. ¿Sabe cuánto supone siete millones de euros en el conjunto del presupuesto del Ministerio de Justicia? El 0,4 %, pero a estos colectivos profesionales se les ha dicho que no era posible
movilizar esa cuantía presupuestaria, que había cuestiones de burocracia presupuestaria. Las modificaciones de crédito y los cambios en las partidas presupuestarias es una técnica posible, pero, si el Ministerio de Hacienda no les deja, díganlo,
porque el compromiso político que había y que en todo caso nosotros íbamos a reclamar al anterior Gobierno era el de destinar esa partida a cubrir aquellas reclamaciones profesionales. Como le digo, supone el 0,4 % del conjunto del presupuesto del
Ministerio de Justicia, para atender unas reivindicaciones antiguas, para atender unas reivindicaciones que son absolutamente justas y que precisamente inciden

Página 40

en la implicación, en el ánimo y en cuidar ese material humano que resulta absolutamente imprescindible para el correcto desarrollo del servicio público de la justicia.


Hay alguna cosa más de la que me gustaría hablar, como del turno de oficio, que no sufre ningún incremento...


La señora PRESIDENTA: Señor Prendes, estamos ya en el final de la sesión y está abusando mucho de su tiempo. Prácticamente, ha duplicado el que estaba previsto.


El señor PRENDES PRENDES: Creo que le he dicho lo más importante y que de lo demás podemos seguir hablando en otras sesiones. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias. Sobre todo es por respeto a los tiempos que acordamos y al resto de compañeros y grupos políticos.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Moya.


El señor MOYA MATAS: Muchas gracias, señora presidenta.


Llegados a estas alturas de la sesión, cuando prácticamente está todo dicho y tampoco vamos a reiterar lo que ya dijimos al secretario de Estado y a la subsecretaria, básicamente quiero confirmar lo que ya anunciamos en la primera
intervención, y es que, vistos los números, visto el proyecto que se nos presenta, consideramos que la orientación política del gasto sigue una línea continuista respecto de los Gobiernos anteriores, aunque, sin embargo, sí vemos al menos en la
forma, en el talante que en su momento subrayó el señor secretario de Estado la voluntad de avanzar en un entorno colaborativo, como ha dicho el señor compareciente, con los profesionales de justicia. El secretario de Estado hablaba de
corresponsabilidad, de colaboración, y entendemos que ese es el camino, más allá -insisto- de que veamos en los números prácticamente una continuidad. Es este talante, esta manera de plantear la acción como entendemos que puede conseguirse acabar
con la conflictividad, con las huelgas anunciadas para el mes de marzo por parte de estos colectivos de jueces y juezas, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, que consideran que sus justas reivindicaciones no están atendidas. Va a
ser a través de este entorno colaborativo que tal vez se puedan alcanzar las necesarias alianzas o ententes para al menos conseguir focalizar la acción de la justicia en el ciudadano, es decir, en esta concepción de la justicia como un auténtico
servicio público, garante del Estado de derecho. Por tanto, no vamos a seguir insistiendo en esta idea, pero sí vamos a estar profundamente atentos a esta manera de hacer y a la ejecución de estos presupuestos, vamos a estar profundamente atentos a
su ejecución, para que no quede solo en números, deseosos también de que en un futuro próximo se pueda romper con esta continuidad y abordar decididamente el plan de choque que entendemos que necesita la justicia del Estado español para de una vez
por todas entrar con decisión en el siglo XXI.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Muñoz.


El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


Procuraré ser breve, no solo porque ya está dicho todo, sino porque por parte de algunos intervinientes ha sido reiterado incluso por tres veces.


Señor secretario general, no estoy en su lugar, pero, si lo estuviese, para mí sería relativamente fácil decir a aquellos grupos que han impedido que se aprobase la senda de déficit que lo hubiesen permitido y así no habría que pasar el
tiempo buscando dinero, porque eso es precisamente lo que hizo nuestro grupo en ese presupuesto del que tanto habla Ciudadanos, ya que con la abstención del Grupo Socialista se pudo fijar una senda de déficit que permitió hacer aquello de lo que
tanto pecho sacan ahora. Cuando ya no lo necesitaron en el siguiente ejercicio, no pasó nada, pero todo lo que se viene señalando fue precisamente en referencia a la senda de déficit y la abstención del Partido Socialista, que es lo que se les
pide. Aunque ya no se les pide solo eso; me refiero a esa extravagancia de la Ley de estabilidad que dice que el Senado está al mismo nivel que el Congreso, cuando eso no es lo que dice nuestra Constitución, que establece que la última palabra
-casi inaudito, en esa ley solo- la tiene el Congreso en ese tipo de actuaciones. Durante muchos meses no han permitido ni tan siquiera la tramitación de una iniciativa parlamentaria de la mayoría de las Cortes, y somos ni más ni menos que los
representantes de los ciudadanos. Segunda precisión y al hilo de lo que acabo de decir: las asociaciones están bien, tienen

Página 41

su función, tienen su labor, defienden los intereses de sus asociados, pero los presupuestos los presenta el Gobierno y los aprueban las Cortes, y cada uno tiene su función y nosotros la de representar a los ciudadanos en su conjunto, a los
que pertenecen y a los que no pertenecen a las asociaciones de jueces, fiscales o letrados de la Administración de Justicia.


Respecto al área transversal de prestación de servicios que tiene esta Secretaría General de la Administración de Justicia, nos parece que en esta intervención es importante dedicarnos fundamentalmente y ya con brevedad a aquello que tiene
que ver con la modernización. Como también ha indicado el portavoz de Podemos, vuelvo a insistir en que es sustancial que haya consenso. No se puede implementar programa sobre programa, porque al final lo que conseguimos es la inoperancia del
sistema. Aquellas actuaciones encaminadas a ir superponiendo programas, sin resolver los problemas derivados de la interacción de los mismos y sin que los usuarios se sientan cómodos en ellos, no merecen la pena, y a eso es a lo que me refiero
cuando digo que conviene que haya una implicación de la comunidad jurídica, de los actores de la justicia, como ha dicho el secretario de Estado. Y en segundo término, tampoco merece la pena avanzar si no hay seguridad, porque su falta, la salida
de datos de un sistema como el LexNET, todas esas cosas hacen muchísimo daño al conjunto, porque la garantía de la digitalización debe ir unida a la seguridad en la prestación del servicio.


Nos han parecido muy interesantes las dos cuestiones que ha destacado: la digitalización de los órganos judiciales, con 72,4 millones, y la digitalización de las fiscalías, con 15 millones. Ha hablado usted de que ya se está a punto de
terminar esa solución tecnológica de la fiscalía digital en el ámbito territorial, y este proyecto de presupuestos contempla como objetivo hacerlo en las fiscalías especializadas. Efectivamente, nos parece que hay que avanzar en ello. Asimismo,
nos ha parecido absolutamente determinante, máxime para los que ejercen la abogacía, ese sistema de trascripción automática de vistas, así como la transmisión de las vistas judiciales por medios digitales. Hay que sustituir esa tecnología ya
absolutamente anticuada que existía en la mayoría de las salas.


Nada más. Le felicitamos por su actuación y muchas gracias por su comparecencia.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Para finalizar la ronda de los portavoces, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor De Barrionuevo.


El señor DE BARRIONUEVO GENER: Muchísimas gracias, señora presidenta.


Don Antonio, en nombre de mi grupo parlamentario quiero darle la bienvenida a esta Cámara, sé que es la primera vez que comparece, y deseo agradecerle las explicaciones en relación con los datos de la sección 13 de los Presupuestos Generales
del Estado que nos acaba de dar y, más concretamente, del programa A.112. Pero permítame que le diga que creo que los presupuestos de esta sección son decepcionantes. Son unos presupuestos en los que no se apuesta por una transformación real de la
digitalización de la justicia. Habría que escuchar al señor Campos y a la señora Margarita Robles sobre ese decrecimiento que se ha producido en la inversión en este apartado de la transformación real, en la digitalización de los procedimientos
judiciales con respecto al presupuesto del año anterior.


También nos sorprende que en estos presupuestos se haya congelado la partida destinada al turno de oficio con respecto al año pasado. Hay 49 millones de euros, mientras que el Gobierno del Partido Popular aumentó en más de 12 millones la
partida presupuestaria para el turno de oficio en los años 2017 y 2018; en este nuevo presupuesto ustedes la congelan. Y quiero aprovechar mi doble condición, porque también soy operador jurídico, soy procurador, para agradecer la labor que los
abogados y los procuradores del turno de oficio prestan durante las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año. En este país ha subido el IPC, han subido las pensiones, el salario mínimo. ¿Por qué no se sube la
retribución de los abogados y procuradores que prestan el turno de oficio?


Con relación a las infraestructuras judiciales, creo que ha quedado perfectamente claro con la intervención de la señora subsecretaria: estas partidas están estancadas y, sobre todo, como bien ha apuntado la portavoz del Grupo Popular que
me ha precedido en el uso de la palabra, no hay proyectos nuevos. Acerca de los que se están ejecutando -puedo decirle que llevo tres años en el debate de los presupuestos de esta sección- y la creación de los juzgados que ustedes aquí presentan,
ya estaban programados en 2017 y 2018. La inversión en este campo se mantiene en 50 millones de euros, 6 millones para la modernización del Instituto de Medicina Legal de Toledo.


Me voy a centrar en los problemas reales de la gente, en preguntar por la modernización de la justicia y, principalmente, por su transformación digital, y no me voy a desviar hacia viejas heridas del pasado. En la página 101 -y en esto le
tengo que dar la razón a mi compañero Nacho Prendes-, presupuesto por programas, memoria de objetivos, tomo III, sección 13-, leo textualmente: En ejecuciones anteriores se

Página 42

ha conseguido una comunicación segura y por medios electrónicos entre la Administración de Justicia y los colaboradores profesionales de la Administración pública y los ciudadanos. Se indica que se ha avanzado notablemente en el proceso de
implantación de la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales. Se ha implantado -sigo leyendo, textualmente- la solución Justicia Digital en el 98 % del ámbito del Ministerio de Justicia, quedando pendiente tan solo la digitalización
del orden penal de la Audiencia Nacional. Según dice en su informe, se encuentra implantada la solución de la fiscalía digital en un cien por cien en las treinta y nueve fiscalías del territorio competencia del Ministerio de Justicia. No lo digo
yo, lo dice su informe, y creo que es de buen nacido ser agradecido y poner en valor, a tenor literal de la información que usted nos ha facilitado, el esfuerzo y el trabajo realizado por el anterior equipo ministerial, dirigido por el ministro
Rafael Catalá.


Con relación a la fiscalía, sabemos que se utiliza el sistema Fortuny. No sé si usted sabe que hay una moratoria por parte de esta Cámara en la aplicación de un precepto legal con respecto al cómputo de los plazos en la fiscalía hasta que
haya una implantación total del sistema LexNET y, por tanto, no se reduzca esa actual demora de diez días. Hay fiscalías, como las del País Vasco, Cataluña, Cantabria y Galicia, donde aún no está implantado, razón por la que quería preguntarle si
en estos presupuestos hay prevista alguna partida al respecto.


Dice usted que el sistema Minerva ha quedado obsoleto y hace falta la sustitución del actual sistema de gestión procesal por otro. ¿Me podría informar sobre qué medidas se van a tomar o qué sistema se va aplicar?


Con relación a la interoperatividad de los sistemas de gestión procesal, nos ha dicho que se está desarrollando un módulo entre el Minerva, el programa de gestión procesal del ministerio, y el Adriano, que conozco bien, el sistema de gestión
procesal de Andalucía. Usted ha sido juez decano y yo vicedecano de un colegio de procuradores y posiblemente he asistido con su homólogo en Málaga a esa comisión de seguimiento de la implantación del LexNET, donde están representados todos los
operadores jurídicos, y se ha dicho que no ha habido comunicación con los operadores jurídicos. Creo -usted es profesional de la justicia y lo tomo por una persona de ley, como no puede ser de otra forma- que el mayor problema que tiene la
digitalización de la justicia es la interoperatividad, porque las comunidades autónomas que tienen asumida la competencia de justicia no tienen un sistema procesal común, y eso es lo que dificulta e imposibilita la conexión, es decir, no hay un
sistema único; no es que haya diecisiete, pero sí ocho o nueve.


En relación con la capacidad de remitir archivos vía LexNET, la capacidad original era de diez megas, después se pasó a quince megas, y mi pregunta es si se tiene pensado en el ministerio aumentar esa capacidad a fin de que cuando los
profesionales presenten las demandas no dé un exceso de cabida y, por tanto, tengan que presentar anexos a las mismas.


Con respecto a la Orga, ya ha explicado usted el cambio que ha habido y que ahora pertenece a otro departamento.


Finalmente, en los presupuestos se contemplan 100 plazas para jueces y fiscales, y ahora nos dicen que ha sido una errata y que son 500 plazas. Ayer tuve la oportunidad de debatir sobre los presupuestos de Interior -también estaba el
portavoz de Justicia- en la comparecencia de la presidenta de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, y el Consejo de Ministros posterior a la presentación de los presupuestos aprobó una partida de 600 millones para la
creación de infraestructuras de comisarías y cuarteles de la Guardia Civil. Ya es mucha casualidad que haya una errata por parte de su ministerio con respecto a este aumento de plazas y que por parte del Ministerio del Interior no se hubiese
concretado algo sobre las obras que va a desarrollar Siepse. Pero más aún, ¿de qué partida presupuestaria piensan ustedes detraer ese aumento que, lógicamente, habría en el presupuesto con respecto a las otras 400 plazas que se prevé convocar?


Por último, respecto a la carga de trabajo y la creación de nuevos juzgados, igual que siempre me toca tratar la sección A.112 de los presupuestos, también en mi condición de portavoz adjunto me toca llevar la memoria del Consejo General del
Poder Judicial y esas recomendaciones que los grupos políticos hacemos, como que se termine de una vez de elaborar ese estudio sobre las cargas de trabajo, cuestión sobre la que habitualmente observamos que cuando hace falta hacer frente a una mayor
carga de trabajo siempre vamos a la creación de nuevos órganos judiciales. En ese estudio sobre las cargas de trabajo también puede considerarse que algunos juzgados tengan una carga de trabajo mínima o menor de lo habitual, y quisiera saber si por
parte del ministerio se ha pensado que en el caso de que eso sea así se supriman o se fusionen juzgados.


Muchas gracias.

Página 43

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Para concluir con esta sesión de comparecencias, tiene la palabra de nuevo el secretario general de la Administración de Justicia.


El señor SECRETARIO GENERAL ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Viejo Llorente): Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señorías. Trataré de dar contestación a la mayor parte de los temas que han planteado. He de decirles que
la cuestión de fondo básicamente es que si hay un pacto de Estado sobre la justicia podremos hacer una modificación de la justicia. Pero ahí hace falta consenso para determinar y hacer un diseño no en un plan plurianual, sino para más de un año. Y
tenemos mucho que definir y hace falta que por parte de los grupos políticos haya un acuerdo mayoritario donde el diseño nos permita ya no digo que para cien años pero sí para unos cuantos años salir adelante en un servicio de calidad en el
ejercicio de las potestades jurisdiccionales que se atribuyen a los jueces para la tutela de los derechos de los ciudadanos. Simplemente, este es un deseo que no puedo resistirme a dejar sin expresar.


Con relación a la carga de trabajo que el portavoz del Grupo Popular me manifestaba, en efecto, normalmente las cargas de trabajo suelen conllevar creación de órganos, pero tanto el ministerio como, en su caso, el consejo podrían prever la
supresión o la transformación, como ya se ha hecho con anterioridad. Con relación al nuevo reglamento de cargas de trabajo o el acuerdo que se ha llevado a cabo entre el ministerio y el consejo, obviamente en la aplicación y en el descendimiento al
mundo real sobre cada una de las cargas de trabajo que puedan tener los órganos de distintos partidos, habrá que valorar si efectivamente es necesario suprimir, reconvertir o aumentar y crear.


En cuanto a lo que usted me decía sobre las erratas, lo único que sé es lo que he manifestado, no puedo dar más datos sobre la cuestión. Efectivamente, en cuanto al número de plazas, en ningún caso desde el ministerio y la secretaría
general se consideraba que fueran suficientes cien. Pero también cuestiona cómo se van a retribuir esas plazas, y lo que le puedo decir es que en este ejercicio no van a tener coste presupuestario alguno, sino en ejercicios futuros, con lo que
habrá que presupuestarlas en su momento. Los primeros que puedan ingresar en el Centro de Estudios Jurídicos o en la Escuela Judicial lo harán en 2020 o 2021, de modo que el único coste y presupuesto real que puede haber es el de los tribunales que
sean convocados para la realización de la oposición.


En cuanto a los archivos vía LexNET y si se va aumentar la capacidad, parece que sí se va a aumentar, y hay un proyecto al respecto, y ello está directamente ligado no solo con la aplicación, sino con las redes que nos unen a los distintos
órganos que utilizamos como vía de comunicación LexNET. Y usted lo ha explicado, el principal problema que tenemos es la interoperabilidad, y no podemos permitirnos que los juzgados de Zaragoza no hablen con los de Andalucía. Tienen que hablar, y
no solamente en el ámbito territorial propio, en el vértice jerárquico, sino fuera de su territorio también, en el ámbito horizontal. Por tanto, no es que sea un defecto de diseño, es así como ha surgido la informatización judicial, que ha pasado
por distintas fases, y la primera de ellas a principios de los años ochenta hizo que se utilizara un sistema que permitiera unir a cada uno de los juzgados, sustituyendo en cierta medida a las máquinas de escribir, cuando no se comunicaban con el
juzgado de al lado y no había un registro general de asuntos. Por tanto, no hubo planificación en su momento, y estamos hablando de hace muchos años, y, efectivamente, cada comunidad autónoma con transferencias en esta materia ha ido desarrollando
su sistema, porque no ha habido uno común.


Entonces, creo que ahora lo que tiene que hacer el ministerio es acrecentar los estudios de interoperabilidad y, a través de la Comisión Técnica Estatal de la Administración Judicial Electrónica, crear y fijar los estándares adecuados para
que eso sea así. Y hace falta un compromiso de todas las administraciones prestacionales para ir desarrollando el sistema de interoperabilidad con un liderazgo en esta materia por parte del Ministerio de Justicia.


Me hablaba usted de Minerva, que es un desarrollo informático que está agotado porque va siendo construido y se va poniendo una pieza a medida que se añade alguna de las funcionalidades, es un poco un Frankenstein. Entonces, lo que se va a
hacer es un desarrollo que tiene que ser barato y bueno y, obviamente, no debe tener una planificación para tres años, sino una planificación más cercana. Ahí los técnicos de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías del ministerio están en
ello. En cuanto a la implantación de oficinas fiscales en el territorio del ministerio y territorios autonómicos, sería deseable que pudiésemos impulsarlo, pero las que podemos impulsar son las del territorio ministerio, para las otras hay que
impulsar a las comunidades autónomas donde no se han puesto en marcha estas oficinas a que lo

Página 44

hagan. Por otro lado, sí se ha hecho ese desarrollo del sistema Fortuny y sí tiene esa moratoria, en la medida en que funcione adecuadamente y esté bien comprobado, pues esas moratorias ya no serán necesarias, pero ello exige una
comprobación clara de la funcionalidad de la fiscalía digital y del sistema Fortuny.


También se ha referido usted a las comunicaciones seguras de LexNET, si hay o no comunicaciones seguras, lo cierto es que el ministerio, no este equipo, a raíz de determinados problemas críticos de seguridad ha mantenido una actuación desde
esa subdirección y se ha hecho una auditoría y comprobación por parte del Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Criptológico Nacional para asegurar la red. Es cierto que una de las quejas es de un grupo importante porque el hecho de que toda
la tecnología esté en manos de una Administración, efectivamente supone que la Administración tenga conocimiento de lo que hace la jurisdicción. Hay una demanda presentada ante Europa por el que era decano del Colegio de Abogados de Cartagena, el
señor Muelas. Este es un tema discutible y no quiero entretenerme.


Por último, me ha dicho que los órganos o las unidades judiciales que se van a crear este año ya estaban planificadas el anterior año, es posible; lo cierto es que nos hubiera gustado planificar un mayor número de órganos. No tengo claro
si eso era así o no, lo cierto es que se ha hecho un estudio adecuado por parte de los órganos técnicos de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia para ver cuáles son los que requieren una creación urgente y más
necesaria.


Creo que las preguntas del portavoz socialista ya quedan contestadas con lo que he dicho anteriormente. Y al portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos sí le puedo decir que, efectivamente, es necesario un plan de choque.
Vuelvo a decir lo mismo, sería conveniente que pudiese haber un gran pacto de Estado que nos permitiese abordar de una vez por todas y para un cierto tiempo los problemas que tiene la justicia en cuanto a sobrecarga, dilaciones, retrasos, etcétera.


Finalmente, al señor Prendes le diré que aparte de las modificaciones que sí suponen una aceptación o una adaptación de las peticiones que habían hecho en su momento las asociaciones de jueces y fiscales, claro que me hubiese gustado una
mayor comprensión en el ámbito económico. Ahora bien, lo cierto es -y lo digo con dolor porque es verdad- que no es lo mismo predicar que dar trigo. Lamentablemente yo me he encontrado con cosas en la Administración que desconocía, pero comprendo
perfectamente que esas pretensiones que tienen los colectivos de la justicia, que me parecen absolutamente razonables, se tengan que atemperar a la realidad de lo que hay. Es verdad que algunas de ellas en el ámbito de la recuperación de derechos
sociales se han conseguido; ha habido una recuperación de días de permiso, el tema de los primeros días de descuento en el ámbito de la incapacidad, los días de vacaciones adicionales por tiempo de prestación de servicio; y hay otras que no, lo
que no quiere decir que, efectivamente, no se deba considerar que puede haber una posibilidad de hacerlo en otro momento presupuestario. En las reuniones que han tenido los responsables del ministerio con las asociaciones han tratado de explicar la
situación que había, de concertar esa mesa a la que se hace referencia en la disposición adicional de la Ley 15/2003 de retribuciones, pero la cuestión es complicada y no depende solo del Ministerio de Justicia.


Por otra parte, usted hacía referencia a una discordancia entre lo que había dicho la ministra de Justicia y lo que está haciendo el ministerio, vuelvo a decir lo mismo sin necesidad de reiterarlo; la tecnología tiene que ser algo que
funcione y que permita agilizar procesos y servir de instrumento útil para quienes la utilizan y para quienes en el ámbito del servicio público tienen la finalidad de dar una prestación a los ciudadanos. Es cierto que no puede convertirse en un
inconveniente y, sin que esto sea una crítica hacia otros partidos o ministerios anteriores, era necesario reflexionar si las implantaciones pudieran llevarnos de repente a la intercomunicación cero. La intercomunicación cero es que si el sistema
informático no estaba adaptado, el 1 de enero de 2016 no podían ponerse en marcha las comunicaciones LexNET en algunos sitios, porque a todo esto, cada territorio es su territorio y, entonces, no tienen nada ver, ni siquiera dentro de los mismos
territorios funcionan igual porque, a lo mejor, las redes ADSL de un partido judicial y otro son diferentes. Entonces, la firma electrónica funciona bien en un sitio y en el de al lado con el mismo sistema no funciona bien, todo eso es lo que se
pretende adaptar con las aplicaciones.


En cuanto al turno de oficio, efectivamente la subida ha quedado consolidada en el ámbito del territorio del ministerio, una revalorización que no se había hecho desde el año 2003. Quizás era necesario revisar todos los módulos del baremo,
pero la manera de beneficiar de la forma más adecuada a la inmensa mayoría de los abogados que prestan su actividad en el turno de oficio y a los procuradores eran los módulos para los que se hizo la revisión.

Página 45

Creo que no he olvidado nada, pero si me he dejado alguna pregunta, estoy a su disposición para poder contestar en cualquier momento.


Muchas gracias a todos.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Creo que podemos dar por concluida esta comparecencia. Se levanta la sesión.


Eran las tres y diez minutos de la tarde.