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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 454, de 20/11/2018
cve: BOCG-12-D-454
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parte 1
parte 2
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
20 de noviembre de 2018
Núm. 454
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003883 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la protección y defensa de las activistas pro-derechos humanos ... (Página11)
Comisión de Justicia
161/003887 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la recuperación de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica durante el periodo comprendido al menos
desde 1979 hasta 2015 ... (Página13)
161/003921 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la construcción e impulso de la Ciudad de la Justicia en Cartagena ...
161/003931 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que inicie las obras del Palacio de Justicia de Lorca y a la creación de nuevos órganos judiciales en dicho
partido judicial ... (Página16)
Comisión de Defensa
161/003890 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la cesión al municipio de Baiona (Pontevedra) de la batería de Cabo Silleiro para recuperar dicho espacio
natural ... (Página17)
161/003935 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a ubicar el patrimonio aeronáutico de la Fundación Infante de Orleans en el aeropuerto Murcia-San Javier ...
161/003942 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la petición de una unidad de intervención permanente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Baleares ...
(Página20)
Comisión de Hacienda
161/003929 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a que no se demore la licitación del proyecto y obras de urgencia previstas en la primera fase del Plan Director del Castillo de
Monteagudo en el municipio de Murcia ... (Página21)
Comisión de Interior
161/003898 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de la Unidad de Prevención y Reacción en la Comisaría de Pontevedra ... (Página23)
161/003911 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la justificación de las categorías de centros penitenciarios y el deterioro de las condiciones laborales
por la situación de discriminación y la brecha salarial que soportan las trabajadoras y los trabajadores de las prisiones de Fontcalent y Villena en la provincia de Alicante ... (Página24)
161/003925 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el apoyo de la Guardia Civil en Navarra ... (Página29)
161/003930 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la derogación de la Instrucción 13/2018, de 17 de octubre, sobre la práctica de los registros corporales externos, la interpretación de
determinadas infracciones y cuestiones procedimentales en relación con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana ... (Página30)
161/003933 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al acceso laboral de las mujeres en el Cuerpo Nacional de la Policía y la Guardia Civil ... (Página32)
161/003941 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la realización de la prueba teórica del permiso de conducción en Calahorra mediante la dotación de un espacio con medios telemáticos en
dicha localidad antes de finalizar el año ... (Página34)
Comisión de Fomento
161/003885 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la naturaleza de Cercanías de los billetes de tren entre Castelló y Vinaròs cuya ampliación de frecuencias
se prevé efectiva a partir del mes de noviembre de 2018 ... (Página35)
161/003888 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la adopción de medidas destinadas a revertir la decisión de aumentar por segunda vez en el año 2018 las
tarifas de los peajes de la AP-9 ... (Página36)
161/003899 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre prevención de riesgos por inundaciones ... (Página37)
161/003909 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la negociación de una prórroga a los contratos de alquiler social de sus viviendas de los vecinos del
edificio de A Patiña, en Cambre (A Coruña), y a la solución habitacional estable y digna para estos vecinos ... (Página39)
161/003912 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al archivo inmediato de la solicitud de modificación sustancial de la concesión portuaria que permitiría la
instalación de la macroplanta ... (Página40)
161/003934 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las obras de la 'Ronda Sur de Logroño' ... (Página42)
161/003939 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Teatro Cervantes de Segovia ... (Página43)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003905 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la toma de medidas para asegurar el cumplimiento del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad ... (Página44)
Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
161/003922 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cumplimiento, por parte del Gobierno, de la disposición adicional vigésima de la Ley 27/2011, de 1 de
agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social ... (Página46)
161/003923 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cumplimiento, por parte del Gobierno, de la disposición adicional octava de la Ley 27/2011, de 1 de
agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social ... (Página48)
161/003924 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cumplimiento, por parte del Gobierno, de la disposición adicional cuarta de la Ley 27/2011, de 1 de
agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social ... (Página49)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003915 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para el impulso de la industria española ... (Página50)
161/003948 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo y solidaridad hacia los trabajadores y trabajadoras de COOPBOX Hispania, empresa con sede en Lorca, Región de Murcia y Madrid ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003894 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la protección de los suelos de alto valor agrológico ... (Página53)
161/003895 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por las intensas tormentas de principios de julio en Valencia ... (Página55)
161/003896 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aplicación de la Agroecología para alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible ... (Página57)
161/003897 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al proyecto de creación de la Escuela Nacional de Industrias Lácteas en Zamora ... (Página58)
161/003901 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los daños producidos por el temporal de lluvias en las provincias de Málaga y Sevilla ... (Página59)
161/003906 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre las medidas de control a la importación de chufa ... (Página61)
161/003928 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la vigilancia, diagnóstico y control de la peste porcina africana procedente de otros países y evitar su propagación ...
161/003936 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la defensa del sector melocotonero del municipio de Cieza, Región de Murcia, y su protección por medio del indicador geográfico del producto (IGP) ...
(Página64)
161/003950 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la limitación del cultivo y otras formas de liberación y uso confinado de transgénicos en las Comunidades
Autónomas en función de sus opciones de política agraria ... (Página65)
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/003881 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre modificación del funcionamiento del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) ...
161/003886 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el desarrollo de un Proyecto de Ley para gestionar la configuración de las listas de empleo interino ... (Página70)
Comisión de Transición Ecológica
161/003900 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre prevención de riesgos por inundaciones ... (Página70)
161/003916 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para el impulso de la industria española ... (Página72)
Comisión de Cultura y Deporte
161/003920 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la construcción de un Museo de la Memoria de las víctimas del campo de concentración de Albatera ... (Página74)
161/003945 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a que se retire la llamada 'Cruz de los Caídos' del Parque Ribalta de Castellón en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica ...
Comisión de Economía y Empresa
161/003902 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a medidas para facilitar el acceso a internet de alta velocidad en los núcleos rurales de menor población ...
161/003937 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la elaboración de una Estrategia de despliegue online del comercio minorista ...
Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
161/003907 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la prevención y el abordaje de la soledad no deseada ... (Página79)
161/003914 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la adopción de medidas para restringir los números de tarificación especial 901 y 902 ... (Página80)
161/003917 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la regulación de la promoción y publicidad de alimentos y bebidas dirigida a niños, niñas y adolescentes
... (Página81)
161/003932 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la donación y el trasplante de médula ósea ... (Página82)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003884 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la Encuesta Social Europea ... (Página84)
161/003908 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las titulaciones de Ingeniero de Organización Industrial (Grado, Máster y segundo ciclo) ... (Página85)
161/003927 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la creación y el impulso de la figura del agregado científico y tecnológico en las embajadas de España ... (Página87)
161/003938 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a promover la internacionalización y la especialización de la universidad española ... (Página88)
161/003940 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la igualdad de las personas con discapacidad en el Programa Erasmus ... (Página90)
161/003943 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso del Campus Científico-Tecnológico de Linares ... (Página90)
161/003946 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar medidas que favorezcan la transferencia del conocimiento y la innovación en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación ...
161/003947 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Estatuto del Personal Docente e Investigador Universitario... (Página94)
161/003949 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre apoyo a los distintivos de Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia María de Maeztu ...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003889 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la conmemoración de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos ... (Página97)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003882 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la esterilización de las mujeres y niñas con diversidad funcional como vulneración de derechos humanos ...
(Página99)
161/003904 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la toma de medidas para asegurar el cumplimiento del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad... (Página101)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/003903 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la toma de medidas para asegurar el cumplimiento del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad ... (Página103)
161/003910 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la toma de medidas de protección especial en los casos de desahucios de viviendas con menores de edad ...
(Página106)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión Constitucional
181/001403 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de proceder a la retirada de la Orden del Mérito Constitucional concedida a Francisco José Vázquez Vázquez, tras las declaraciones
hechas en la Cadena Cope el día 31/10/2018, en las que atentaba contra la libertad de las mujeres y contra los valores democráticos en nuestro país ... (Página109)
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001401 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de proceder a la retirada de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil concedida a Francisco José Vázquez Vázquez, tras las
declaraciones hechas en la Cadena Cope el día 31/10/2018, en las que atentaba contra la libertad de las mujeres y contra los valores democráticos en nuestro país ... (Página110)
181/001402 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de proceder a la retirada de la Caballero Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica concedida a Francisco José Vázquez Vázquez,
tras las declaraciones hechas en la Cadena Cope el día 31/10/2018, en las que atentaba contra la libertad de las mujeres y contra los valores democráticos en nuestro país ... (Página110)
Comisión de Defensa
181/001399 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de proceder a la retirada de la Cruz del Mérito Naval concedida a Francisco José Vázquez Vázquez, tras las declaraciones hechas en
la Cadena Cope el día 31/10/2018, en las que atentaba contra la libertad de las mujeres y contra los valores democráticos en nuestro país ... (Página110)
181/001400 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de proceder a la retirada de la Cruz del Mérito Militar concedida a Francisco José Vázquez Vázquez, tras las declaraciones hechas en
la Cadena Cope el día 31/10/2018, en las que atentaba contra la libertad de las mujeres y contra los valores democráticos en nuestro país ... (Página111)
Comisión de Fomento
181/001392 Pregunta formulada por el Diputado don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de la reconversión de la plataforma de Alta Velocidad entre Sevilla y Antequera para impulsar un verdadero Eje Transversal
Ferroviario de Andalucía ... (Página111)
181/001394 Pregunta formulada por la Diputada doña Pilar Rojo Noguera (GP), sobre previsiones acerca de llevar a término las obras de 'Mejora de trazado y remodelación de intersecciones N-541. Tramo: P.K. 66+500-P.K.90+700' en la
provincia de Pontevedra, a su paso por la parroquia de Viascón en el Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade ... (Página112)
181/001395 Pregunta formulada por la Diputada doña Isabel Cabezas Regaño (GP), sobre fecha y empresa que resultó adjudicataria de los estudios informativos para la conversión de la carretera N-432 en la futura autovía A-81 ...
181/001397 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM), sobre previsiones del Ministerio de Fomento y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea acerca de suspender el cobro del suplemento de equipaje de mano al
ser un sobrecoste que debería estar incluido en la tarifa estándar ... (Página112)
181/001404 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM), sobre número de estudios elaborados por el Ministerio de Fomento sobre el acceso norte al puerto de Valencia, así como resultados que han arrojado y coste
de dichos estudios ... (Página113)
181/001405 Pregunta formulada por el Diputado don Marcial Gómez Balsera (GCs), sobre plan presupuestado para el Corredor Atlántico, prioritario para la Unión Europea
113
181/001406 Pregunta formulada por la Diputada doña María Virginia Millán Salmerón (GCs), sobre estado de ejecución de la partida presupuestaria contenida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 para la realización de la
conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo de Sevilla ... (Página113)
181/001407 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de asumir la totalidad de la deuda de la Autoridad Portuaria de A Coruña o hacer algún tipo de aportación equivalente, como
demanda el Ayuntamiento de A Coruña ... (Página114)
181/001409 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre fórmulas que se buscarán para sacar las viviendas vacías al mercado del alquiler según anunció el Ministro Ábalos en la Comisión de Fomento y en
diversos medios de comunicación ... (Página114)
181/001410 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre manera en la que piensa hacer efectivo el anuncio efectuado por el Ministro Ábalos en la Comisión de Fomento, acerca de la construcción de 20.000
viviendas para resolver el problema de los precios de alquiler ... (Página114)
181/001411 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre medidas de penalización a los propietarios de viviendas desocupadas, así como las de 'seducción' a los mismos propietarios, para incentivar el alquiler,
anunciadas por el Ministro de Fomento en los medios de comunicación ... (Página115)
181/001440 Pregunta formulada por el Diputado don Íñigo Barandiaran Benito (GV-EAJ-PNV), sobre consecuencias que puedan tener en la ejecución de la 'Y' vasca los retrasos habidos en la licitación y/o adjudicación de las distintas fases del
proyecto ... (Página115)
Comisión de Educación y Formación Profesional
181/001398 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de proceder a la retirada de la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio concedida a Francisco José Vázquez Vázquez, tras las
declaraciones hechas en la Cadena Cope el día 31/10/2018, en las que atentaba contra la libertad de las mujeres y contra los valores democráticos en nuestro país ... (Página115)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001412 Pregunta formulada por la Diputada doña María Ascensión Carreño Fernández (GP), sobre consideraciones acerca de si el sector agroalimentario es un sector estratégico para nuestra economía y motivo por el que está tardando en poner
en orden la Planificación del sector con un Plan Estratégico Global del Sistema Agroalimentario, Horizonte 2030, ya elaborado ... (Página116)
181/001413 Pregunta formulada por la Diputada doña María Ascensión Carreño Fernández (GP), sobre consideraciones acerca de la necesidad de fomentar las condiciones de vida en el medio rural e invertir en la viabilidad y vitalidad de estos
territorios
116
181/001414 Pregunta formulada por la Diputada doña María Ascensión Carreño Fernández (GP), sobre opinión del Gobierno sobre la agenda para la digitalización del sector agroalimentario y forestal del medio rural ...
181/001415 Pregunta formulada por la Diputada doña María Ascensión Carreño Fernández (GP), sobre optimismo en relación con la negociación de la PAC post 2020, pensando que se puede aplazar si no hay presupuestos europeos y se termina la
Legislatura ... (Página117)
181/001416 Pregunta formulada por la Diputada doña María Ascensión Carreño Fernández (GP), sobre opinión acerca de si es suficientemente ambicioso incorporar en torno a 20.000 jóvenes a la actividad agraria antes de diciembre del año 2020,
tal y como establece la Estrategia de Modernización y Desarrollo Rural ... (Página117)
181/001417 Pregunta formulada por la Diputada doña María Ascensión Carreño Fernández (GP), sobre aspecto más importante de la agenda para la digitalización del sector agroalimentario y forestal del medio rural, así como intención de ponerla
en marcha ... (Página117)
181/001418 Pregunta formulada por la Diputada doña María Ascensión Carreño Fernández (GP), sobre medidas llevadas a cabo para evitar que la infección de peste porcina africana entre en España ... (Página118)
181/001419 Pregunta formulada por la Diputada doña María Ascensión Carreño Fernández (GP), sobre situación en la que se encuentra la negociación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) Europea post 2020 ...
181/001420 Pregunta formulada por la Diputada doña María Ascensión Carreño Fernández (GP), sobre iniciativas previstas para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural, dentro de la elaboración del Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades 2018-2021 ... (Página118)
181/001421 Pregunta formulada por la Diputada doña María Ascensión Carreño Fernández (GP), sobre retos de la digitalización en relación con la propuesta de agenda para la digitalización del sector agroalimentario y forestal del medio rural
... (Página118)
181/001422 Pregunta formulada por la Diputada doña María Ascensión Carreño Fernández (GP), sobre seguimiento que está realizando el Gobierno sobre la repercusión de la subida de los precios del carburante agrícola y el impacto sobre el
precio de los alimentos ... (Página119)
181/001423 Pregunta formulada por la Diputada doña María Ascensión Carreño Fernández (GP), sobre establecimiento de una postura común y de consenso en la negociación de la futura PAC post 2020 ... (Página119)
Comisión de Transición Ecológica
181/001393 Pregunta formulada por la Diputada doña Sara Carreño Valero (GCUP-EC-EM), sobre valoración del coste medioambiental y concretamente de la destrucción de viñedo que provocará la ejecución del proyecto de AVE Miranda-Castejón en la
Comunidad Autónoma de La Rioja ... (Página119)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
181/001424 Pregunta formulada por la Diputada doña María Torres Tejada (GP), sobre modelo de becas universitarias, dotación, cuantía de la beca y número de beneficiarios, que han acordado el Gobierno con el Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ... (Página120)
181/001425 Pregunta formulada por la Diputada doña María Jesús Moro Almaraz (GP), sobre previsiones acerca de someter la tesis doctoral de Pedro Sánchez al Comité Español de Ética ... (Página120)
181/001426 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Viso Diéguez (GP), sobre contenido de la declaración firmada el 17 de octubre entre la Ministra de Educación y Formación Profesional y el Ministro de Ciencia, Innovación y
Universidades relativa a iniciar los estudios orientados a la reforma del sistema de becas y ayudas al estudio ... (Página120)
181/001428 Pregunta formulada por el Diputado don Rubén Moreno Palanques (GP), sobre medidas propuestas para romper la brecha de género en la Universidad española ... (Página121)
181/001429 Pregunta formulada por la Diputada doña María Sandra Moneo Díez (GP), sobre explicación de los motivos por los que se ha ausentado de las sesiones de control el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades ...
181/001430 Pregunta formulada por la Diputada doña María Valentina Martínez Ferro (GP), sobre fórmulas de financiación que propone el Gobierno para garantizar la función de transferencia del conocimiento de la universidad española ...
181/001431 Pregunta formulada por la Diputada doña Loreto Cascales Martínez (GP), sobre compromisos adquiridos por el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades con la Asociación de Afectados por los Préstamos Renta Universidad ...
181/001432 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Bravo Baena (GP), sobre composición de cada una de las mesas de trabajo que ha creado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, relativas al Estatuto del Personal Docente e
Investigador, a la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y a la internacionalización de la Universidad española, así como criterios de selección y calendario de cada una de las mesas ... (Página122)
181/001433 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana Isabel Alós López (GP), sobre medidas previstas para garantizar la prueba de acceso a la universidad de todos los estudiantes en igualdad de condiciones ...
181/001434 Pregunta formulada por la Diputada doña Raquel Alonso Hernández (GP), sobre medidas de carácter urgente que se van a adoptar para la reforma de la figura del profesor asociado ... (Página123)
181/001435 Pregunta formulada por la Diputada doña Celia Alberto Pérez (GP), sobre dotación que se va a destinar para compensar a las Comunidades Autónomas por la eliminación de las horquillas en los precios universitarios ...
181/001436 Pregunta formulada por el Diputado don José Jaime Alonso Díaz-Guerra (GP), sobre actuaciones de carácter inmediato que se van a adoptar para el retorno del talento investigador ... (Página123)
181/001437 Pregunta formulada por el Diputado don José Jaime Alonso Díaz-Guerra (GP), sobre medidas previstas para impulsar los acuerdos de las universidades públicas para la realización de las prácticas universitarias en aras a alcanzar una
mayor competitividad ... (Página124)
181/001438 Pregunta formulada por la Diputada doña Silvia Valmaña Ochaíta (GP), sobre modificaciones que propone el Gobierno sobre los criterios de evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones que lleva
a cabo la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ... (Página124)
181/001439 Pregunta formulada por la Diputada doña Silvia Valmaña Ochaíta (GP), sobre propuestas para la reforma de la gobernanza de las universidades españolas ... (Página124)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/039609 Autor: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian
Fallecimiento en prisión del preso vasco Kepa del Hoyo el 31/07/2017 ... (Página125)
184/040504 Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Anteproyecto de Estación Intermodal de Lugo ... (Página126)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/003883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la Protección y Defensa de las Activistas Pro-Derechos
Humanos en Irán, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Desde diciembre de 2017, Irán ha sido escenario de una nueva protesta por los derechos humanos y las libertades fundamentales protagonizada por las mujeres. Vida Movahed, una madre de 31 años, se subió a una caja en la Calle Enghelab de
Teherán y se quitó el hijab. Mostrando su cabello, ató su velo a un palo y lo agitó durante alrededor de una hora, en silencio. Hubo numerosos vídeos y fotos de esta protesta pacífica contra una ley religiosa que obliga a todas las iraníes a
llevar velo. Pronto, muchas otras jóvenes se sumaron a estas protestas, llamándose 'las chicas de la Calle Enghelab'. Enghelab significa 'revolución' en farsi.
Durante las últimas décadas de gobierno de los ayatolás en Irán, todas las mujeres han sido obligadas a cubrir sus cabezas con el hijab. Desde 1979, las mujeres iraníes han tenido diferentes episodios de movilización cívica para protestar
contra esta obligación, como la manifestación de mujeres en la misma Calle Enghelab de 2007, que resultó en la detención de 33 activistas. Estas últimas protestas se han saldado con 29 mujeres arrestadas por retirar sus velos, según el propio
Gobierno de Irán. Movahed misma fue retenida durante un mes y luego liberada bajo fianza la primera semana de marzo de 2018. La sanción media a una mujer que muestra su cabello en público es de hasta dos meses de detención y una multa mínima del
equivalente a 25 dólares.
La segunda semana de marzo de 2018, el Fiscal General Abbas Jafari Dolatabadi anunció que una de las detenidas en estas protestas había sido sentenciada a dos años de prisión por 'fomentar la corrupción a través de la retirada del hijab en
público'. Asimismo, y pese a que se anunció que la mujer tenía intención de recurrir la sentencia, Dolatabadi afirmó que estaba comprometido a que la mujer cumpliera íntegramente la pena. Además, afirmó que pese a que la ley de obligatoriedad del
velo podía ser interpretada con flexibilidad, debía 'actuarse con fuerza contra quienes cuestionan deliberadamente las reglas del velo islámico'.
El 8 de marzo de 2018, con motivo del Día Internacional de la Mujer, las iraníes convocaron también manifestaciones en Teherán, pero el gran despliegue policial y el bloqueo de algunas de las calles principales de la ciudad no permitieron a
las mujeres de Irán defender una vez más sus libertades fundamentales de forma pacífica.
En julio de 2018, la policía iraní detuvo a Maedeh Hojabri, una gimnasta de 18 años, por publicar vídeos en Instagram bailando. Después de las presiones, Hojabri declaró en la televisión pública iraní que no era su intención y que solo
intentaba ganar seguidores en su cuenta. Sin embargo, según informa la cadena ABC, no está claro si esa afirmación se hizo bajo coerción.
Hojabri había publicado en torno a 300 vídeos en los que bailaba tanto al estilo occidental como al iraní. En estos vídeos, Hojabri no vestía el velo obligatorio. La policía afirmó que planeaban cerrar todas las cuentas de Instagram que
fueran similares a ésa, y que el poder judicial estaba considerando bloquear acceso a la aplicación. De hecho, Irán ya ha cortado el acceso a numerosas redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube y Telegram. Sin embargo, los iraníes continúan
utilizando estas redes a través de proxies y VPNs.
Masidh Alineyad es una de las activistas iraníes más conocidas. Exiliada en EEUU desde 2009, creó en 2014 la página de Facebook My Stealthy Freedom Urni libertad clandestina, según su traducción al castellano) oponiéndose al código de
vestimenta obligatoria. Allí invitaba a que las mujeres iraníes enviaran fotografías sin velo o hijab. Después emprendió la campaña #WhiteWednesday, mediante la cual los miércoles decenas de mujeres visten de blanco para denunciar la imposición de
vestimenta. Y hace poco emprendió la campaña #MyPhoneMyWeapon, mediante la cual las mujeres graban las reacciones de las chadoríes (defensoras de llevar el chador) cuando las ven sin velo y las conversaciones, gritos e insultos que reciben.
Las mujeres iraníes, que estaban empezando a conquistar algunos derechos humanos brutalmente recortados desde la Revolución Islámica de 1979, vuelven a correr serio peligro tras el proceso de involución que vive el país. Al hecho de que el
fiscal general de Irán, Mohammad Jafar Montazeri, haya avisado de que planea prohibir la entrada de mujeres en los estadios de fútbol se une una aplicación cada vez más dura y estricta de los artículos del Código Penal Islámico, que trata de velar
por el cumplimiento de la moralidad. La ley islámica se está aplicando a fondo contra las mujeres que incumplen el Código Penal. Así, todo acto que se considere ofensivo para la moral pública es sancionado con penas de entre 10 días y 2 meses de
prisión o 74 latigazos, un castigo que recuerda a la época medieval que, pese a que cada vez se aplica menos, continúa vigente en Irán.
Además, en octubre de 2018, la activista y abogada pro-derechos humanos iraní, Nasrin Sotoudeh, comenzó una huelga de hambre como protesta por esta represión a las jóvenes que han decidido alzar la voz por sus derechos y libertades
fundamentales. Sotoudeh fue arrestada por primera vez, de forma arbitraria, en 2010 por 'repartir propaganda y conspirar contra la seguridad del Estado'. Realmente, lo que hacía era proteger a los activistas del Movimiento Verde, una serie de
protestas que ocurrieron entre 2009 y 2010 como resultado de las elecciones legislativas de 2009. En 2013 fue liberada por la presión internacional, pero tiene prohibido salir de Irán hasta 2022. En junio de 2018, tras las protestas contra el
velo, se le comunicó que había sido condenada, in absentia, por cargos contra la seguridad nacional, aunque no había pruebas en su contra que reforzaran estos cargos.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Asuntos Exteriores insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, la toma de medidas conjuntas para instar a las autoridades iraníes a que aseguren el respeto a la libertad de expresión, asociación y asamblea, así como el tratamiento justo,
equitativo y respetuoso con los derechos humanos de las personas en custodia y detenidas.
2. Defender, en el seno del Consejo de la Unión Europea, el mantenimiento y ampliación de las sanciones específicas contra altos cargos del régimen iraní por violaciones de los derechos humanos, así como el embargo de material que pudiera
utilizarse en la represión de protestas y de monitoreo de comunicaciones.
3. Elevar, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la situación en la que se encuentran las activistas pro-derechos humanos en Irán para llevar a cabo una investigación de los aspectos que deberían reformarse para
su protección.
4. De forma conjunta con las empresas con intereses en Irán, trabajar para que sus inversiones contribuyan, en la medida de lo posible, a la mejora de la participación y el liderazgo de las mujeres en la vida pública del país y al
desarrollo de su independencia económica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Justicia
161/003887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Justicia relativa a recuperación de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica durante el periodo comprendido al menos desde 1979 hasta 2015.
Exposición de motivos
La inmatriculación de fincas es la inscripción de una finca en el Registro de la propiedad por primera vez. Para llevar a cabo una inmatriculación por parte de cualquier persona física o jurídica se necesitan: un expediente de dominio para
inmatriculación de fincas no inscritas a favor de persona alguna, la presentación de un título público de adquisición (escritura pública) y/o la presentación de una sentencia que declare el dominio que se quiere inmatricular.
No existe un inventario de los bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia Católica desde la firma del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede el 3 de enero de 1979, mediante el que se regulan las relaciones económicas entre ambas
partes, y que fue ratificado en Cortes Generales el 4 de diciembre de 1979. Dicho acuerdo implicaba la exención de impuestos en determinadas actividades (culto, actividad pastoral, sacralización, apostolado, etc.) de la Iglesia Católica, siendo
'total y permanente' en la exención de impuestos 'sobre la renta y el patrimonio'. El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), es un impuesto de carácter municipal y, por tanto, fundamental para la hacienda local. Es necesario conocer el número de
bienes inmuebles de la Iglesia Católica que se acogen a la exención de este impuesto y determinar si su uso se ajusta a actividades propiamente religiosas o a aquellas reconocidas por los acuerdos.
Por otro lado, respecto a la capacidad de inmatriculación, tenemos que retrotraernos hasta la dictadura franquista: La Ley Hipotecaria que se aprobó el 8 de febrero de 1946 (arrastrando causa de su homólogo anterior en el Reglamento
Hipotecario de 1915) estableció la posibilidad de inmatricular los bienes de la Iglesia Católica a través de un certificado de dominio emitido por un diocesano que podía inscribir los bienes eclesiásticos (entendidos en el derecho canónico como los
bienes que usa la Iglesia Católica para sus fines) que quedaban circunscritos a inmuebles no destinados al culto católico, tal como establecía el artículo 5.º Cuarto del Reglamento Hipotecario, según su redacción de 1959.
En 1998 el Gobierno del Partido Popular presidido por José María Aznar modificó el Reglamento Hipotecario para permitir la inscripción de templos de culto en el registro de la propiedad, recuperando los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y
304 del Reglamento Hipotecario. El primero equipara a la Iglesia con la Administración Pública, otorgándole el privilegio de acceder al registro de la propiedad sin aportar título. El segundo artículo equipara a los diocesanos con notarios, de
forma que un obispo puede certificarse a sí mismo que es el propietario de un inmueble, atendiendo a los argumentos que él mismo exponga.
La presión ciudadana y política, arropada por colectivos de cristianos de base, desveló numerosos escándalos, llegando incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, provocando así la aprobación de la Ley 13/2015, que modificó la Ley
Hipotecaria para eliminar el privilegio registral mencionado. Pero lo hizo sin efectos retroactivos, por lo que se produjo una amnistía registral sobre los miles de bienes inscritos por la Iglesia Católica sin presentar título de propiedad. Ambos
artículos fueron incluso reprobados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A día de hoy se desconoce qué inmuebles accedieron al registro de la propiedad por la vía de estos artículos hoy derogados.
La historia de cooperación entre el Estado y la Iglesia no puede suponer el menoscabo de la capacidad del Estado para censar y tributar las actividades de determinadas instituciones. Carecer de un registro de bienes de la Iglesia Católica
impide determinar el uso dado al inmueble registrado y, por consiguiente, evaluar la pertinencia de tributar cada inmueble, así como las actividades y obras realizadas en dichos espacios. La Justicia Europea ha fallado contra la Iglesia Católica
por el uso indiscriminado de las exenciones de impuestos (sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 27 de junio de 2017),
que conlleva una desigualdad de trato con otras organizaciones sociales o empresariales. En este sentido, se constata que puede haber irregularidades en la aplicación de exenciones a la Iglesia Católica en el Impuesto de Bienes e Inmuebles
(IBI) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (IC10). Es necesario resaltar que el IBI es la principal fuente de financiación de los municipios y representa más de la mitad de sus ingresos. Finalmente, es necesario recordar que
las exenciones impositivas aplicadas a espacios inmatriculados por la Iglesia Católica y que no son destinados a uso religioso supone vulnerar el principio constitucional que establece que 'todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos
de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio' (artículo 31 de la Constitución Española).
Para garantizar el cumplimiento de la Constitución y el principio de igualdad tributaria es necesario un registro de bienes de la Iglesia Católica para su efectiva catalogación. Debe quedar claro que el posible uso litúrgico no condiciona
en absoluto la propiedad, que muchos de ellos han sido construidos y restaurados con dinero público o del pueblo y que sobre la inmensa mayoría de los mismos pesa la responsabilidad pública de su tutela cultural y patrimonial.
Este registro podrá comprobar, al igual que se ha hecho en iniciativas similares promovidas ya por algunos ayuntamientos, si la inmatriculación de miles de bienes de culto supone un manifiesto abuso de derecho y fraude de ley, tanto por la
fecha de su inmatriculación (antes de la reforma de 1998), como por no haber sido poseídos nunca por la jerarquía católica (solares, viviendas, caminos, cementerios, jardines, frontones, locales comerciales o plazas públicas), ni, en todo caso,
haber documentado de forma acreditada su propiedad.
Organizaciones como la Coordinadora RECUPERANDO, que trabaja en la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia, han pedido la nulidad de las inmatriculaciones realizadas hasta el momento, debido a que 'sin ser de dominio
público, fueron inscritos sin garantías, de forma arbitraria y prevaliéndose de un subterfugio jurídico que atribuía al obispo funciones de fedatario público'. Por otro lado, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó en 2016 al Estado
español a indemnizar a la empresa afectada (Sociedad Anónima del Ucieza c. España, n.º 38963/08, del 4 de noviembre de 2014) como 'víctima del ejercicio del derecho de inmatriculación reconocido a la Iglesia Católica por la legislación interna sin
justificación aparente', por la inmatriculación por parte del Obispo de Palencia de terrenos de su propiedad.
Hasta hoy día, en los inventarios de los bienes de dominio público han quedado fuera los más evidentes y es una de las causas de la inmatriculación ilícita. Por ello, se hace necesario incluir una categoría de bien común a partir del
concepto jurídico de 'bien de dominio público eminente' en relación a los inmuebles de extraordinario valor histórico y cultural vinculados al uso religioso.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Instar al Gobierno a:
1. Dictar una orden ministerial del Ministerio de Justicia, dirigida al Colegio de Registradores de la Propiedad para que cancelen las inmatriculaciones realizadas por la iglesia Católica desde 1979, bajo la fórmula del artículo 206 LH y el
304 del RH, que son nulas de pleno derecho por inconstitucionalidad sobrevenida y porque la Sentencia del TEDH de Estrasburgo de 20/12/2016, declara esta forma de inmatriculación contraria a la Convención Europea de los Derechos Humanos.
2. Reforma de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, para incluir la categoría de 'bien de dominio público eminente' en relación a los inmuebles de extraordinario valor histórico y cultural vinculados al uso religioso, sobre los
que jamás se cuestionó su naturaleza inembargable, inalienable e imprescriptible, y poner en marcha su respectiva catalogación.
3. Que el Vaticano reconozca que los bienes de dominio público eminente pertenecen al Estado, del mismo modo que lo hizo en Portugal mediante convenio en 1940.
4. Una vez sean declaradas nulas todas las inmatriculaciones desde 1978 realizadas con la fórmula del artículo 206 de la Ley Hipotecaria y el artículo 304 del Reglamento Hipotecario, la Iglesia Católica podrá, si se diera el caso,
inmatricular aquellas propiedades que acreditadamente le pertenezcan y pagar
los impuestos correspondientes en el caso de inmuebles y actividades no sujetas a las exenciones que marca la ley.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2018.-María Gloria Elizo Serrano, Eduardo Santos Itoiz, Eduardo Javier Maura Zorita y Manuel Monereo Pérez, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003921
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa del Diputado don Javier Sánchez Serna, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Justicia, relativa a la construcción e impulso de la Ciudad de la Justicia en Cartagena.
Exposición de motivos
Desde hace bastantes años la ciudad de Cartagena, su comarca y el partido judicial al que pertenece vienen sufriendo una serie de carencias en materia de espacio para la ubicación de los actuales juzgados, y de otros nuevos que la ciudadanía
está demandando. Ya en mayo de 2016 fue llevada a instancias del PP y aprobada por todos los grupos de la Asamblea Regional una iniciativa para paliar esta situación. Es imperiosa la unanimidad de todos los sectores sociales, políticos y jurídicos
para encontrar una ubicación definitiva a la tan necesitada Ciudad de la Justicia.
Del mismo modo, y con el fin de evitar el colapso y encapsulamiento de las reclamaciones hipotecarias que están unificadas en un solo juzgado de la capital murciana, debieran repartirse estos asuntos entre los 54 juzgados de 1.ª instancia ya
existentes en la región, siendo esta una petición muy demandada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entre otros colectivos sociales. En diciembre 2018 se revisará, tras 6 meses, la Orden que emanó del CGPJ y sería el momento
idóneo para que no se prorrogue más esta medida que ha demostrado ser un fracaso.
También es urgente la creación en Cartagena de un Juzgado de lo Mercantil, otro de Menores, la apertura inmediata del ya concedido Juzgado de Familia n.º 2 y un Primer Instancia n.º 8 dado que el nuevo Familia lo sustrae. Por último,
empieza a ser urgente la creación de una nueva Sección de la Audiencia Provincial que hay desplazada a Cartagena, actualmente está la Sección 5.ª y habría de crearse la n.º 6. Todo ello es necesario por el aumento de la población y de los asuntos
judiciales surgidos en dichas materias. Ponerlos solo en la ciudad de Murcia para toda la región no hace más que colapsar sus juzgados además de alejar la justicia de los ciudadanos de la comarca de Cartagena.
En consecuencia, debe aplicarse por parte del Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia el criterio poblacional y no el de capitalidad, para evitar que los más de 260.000 habitantes del Partido Judicial de Cartagena
tengan que estar desplazándose a Murcia cada vez que tengan que reclamar por las cláusulas suelo, por cuestiones mercantiles o infracciones penales de los menores de edad.
En cuanto al Juzgado de Violencia de Género, es preciso mejorar sus instalaciones, pues sus dependencias se quedan escasas al verse hacinadas las usuarias con sus hijos cruzándose en los pasillos con los denunciados, según han advertido en
numerosas ocasiones los colectivos feministas de Cartagena.
El partido judicial de Cartagena también está falto de más medios y personal, como es el caso de la incorporación de nuevos psicólogos y trabajadores sociales que atiendan el brutal incremento de procedimientos en los Juzgados de Familia,
como divorcios, custodias, alimentos, modificaciones de medidas, etc.; por no hablar del colapso que se produce en la emisión de informes cuando uno de ellos causa baja médica o maternal.
Con más medios se podrá acabar también con los señalamientos a 2 años vista, desde la interposición de las demandas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar acciones a fin de empezar a solucionar de inmediato las deficiencias anteriormente descritas y por ende impulsar para el partido judicial de Cartagena, las siguientes acciones:
1. La construcción de una nueva Ciudad de la Justicia, previa participación de todos los sectores sociales, políticos y jurídicos implicados, a fin de definir la localización y ubicación más idóneas, siendo la que más acogida está teniendo
hasta ahora la manzana perteneciente al Ministerio de Defensa sita entre las calles Ángel Bruna y Avda. Reina Victoria, para lo que habrá de convenir dicha cesión entre dicho Ministerio y el de Justicia.
2. La implantación y desarrollo de los Juzgados: de lo Mercantil n.º 1, de Menores n.º 1, un nuevo Instancia n.º 8 y la Sección n.º 6 de la Audiencia Provincial desplazada a Cartagena, dada su falta de refuerzo.
3. La desaparición del colapsado Juzgado Hipotecario único sito en la capital murciana para proceder al reparto de las reclamaciones hipotecarias entre los 54 juzgados de 1.ª instancia de la región, aliviando de esa manera el tremendo
colapso existente.
4. La inminente apertura del Juzgado de Familia n.º 2 en los términos expuestos.
5. La adecuación y mejora de las instalaciones del Juzgado de Violencia de Género.
6. La incorporación de nuevos psicólogos y trabajadores sociales que atiendan los crecientes asuntos y los ya colapsados de los Juzgados de Familia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2018.-Javier Sánchez Serna y Eduardo Santos Itoiz, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a que inicie
las obras del Palacio de Justicia de Lorca y a la creación de nuevos órganos judiciales en dicho partido judicial, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El partido judicial de Lorca está compuesto por los municipios de Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras, que engloban en su conjunto una población próxima a las 150.000 personas, lo que viene a suponer el 10 % de la población total de la Región
de Murcia, si bien dicho ámbito territorial se ha constituido como uno de los polos de desarrollo económico más señeros de dicha Comunidad Autónoma, con una contribución al PIB regional muy por encima de dicho porcentaje.
En la actualidad, la planta judicial en servicio en Lorca está compuesta por siete juzgados mixtos de primera instancia e instrucción (uno con competencias en violencia de género) y dos juzgados de lo penal.
Sin embargo, la imposibilidad del actual Palacio de Justicia para acoger nuevos órganos, tanto por la ausencia de espacio físico como por sus limitaciones arquitectónicas y de accesibilidad (al tratarse de un inmueble con varios siglos de
antigüedad y valores históricos protegidos), ha hecho que los nuevos juzgados que se han creado a lo largo de los últimos años hayan sido ubicados en otras dependencias fuera del mismo, lo que al momento presente ha ocasionado que las sedes
judiciales se encuentren repartidas en inmuebles sitos en cuatro emplazamientos distintos de la ciudad, con los consiguientes perjuicios e incomodidades que para funcionarios, profesionales y justiciables ocasiona tal dispersión.
A ello sumémosle la necesidad de acometer con prontitud la segregación de los órdenes jurisdiccionales civil y penal, suprimiendo los actuales órganos mixtos y creando otros nuevos juzgados estrictamente de primera instancia o de
instrucción, respectivamente, que deberían reforzarse con un nuevo juzgado de primera instancia para atender en las debidas condiciones la litigiosidad y pendencia hoy existentes. Además, reivindicaciones históricas de la comarca son también el
poder disponer de un
juzgado de lo social, de un juzgado de lo contencioso administrativo y de una sección de la Audiencia Provincial, tal y como ya existe en Cartagena.
Por todo ello, con la finalidad de que este partido judicial pudiera disponer de la infraestructura que necesita a nivel de medios materiales y humanos, se asumió como propio, por parte del Gobierno de España del Partido Popular, el reto de
abordar la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Lorca, al objeto de prestar este esencial servicio de un Estado de Derecho en las debidas condiciones y con los recursos necesarios inherentes al mismo.
De este modo, desde el Ministerio de Justicia del Gobierno de Mariano Rajoy se licitó en 2017 la construcción de esta infraestructura, que a comienzos de este año fue adjudicada por importe de ocho millones de euros y plazo de ejecución de
dos años a la mercantil Constructora San José, S.A., con la que a continuación se firmó el preceptivo contrato, teniendo la previsión de iniciar las obras durante la pasada primavera, habida cuenta que se disponía tanto del solar como de la licencia
municipal para acometer los trabajos de inmediato.
El inmueble tendrá una superficie de 10.000 metros cuadrados construidos, con capacidad para albergar todos los órganos judiciales hoy existentes en la ciudad y que deja aún liberados un total de 2.500 metros cuadrados de su superficie, que
quedan inicialmente sin ocupar para acoger en el futuro los juzgados que se vayan creando en este partido judicial. Además, al ubicarse en el centro del casco histórico, realizará asimismo una potente labor de revitalización social de este espacio,
especialmente importante dentro del proceso de reconstrucción integral que aún vive la ciudad para recuperarse de los terribles terremotos que la asolaron en mayo de 2011.
Pues bien, no obstante todo ello, lo cierto es que han pasado ya cinco meses desde la llegada de Pedro Sánchez al poder y nada más se ha sabido al respecto de este proyecto, que sigue sin arrancar y además sin darse ninguna noticia por parte
del Ejecutivo Socialista sobre las causas de este retraso, generando la lógica alarma e inquietud en la sociedad lorquina en general y en el colectivo de profesionales y funcionarios vinculados a la administración de Justicia en particular, muy en
especial a la vista del reciente acuerdo presupuestario entre PSOE y Podemos, del que desconocemos si incluirá esta vital inversión para atender las necesidades judiciales presentes y futuras de toda la comarca.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A que inicie de inmediato y sin más dilaciones las obras de construcción del Palacio de Justicia de Lorca.
2. A que proceda con prontitud a segregar los actuales juzgados mixtos en juzgados específicos de los órdenes de primera instancia y de instrucción, respectivamente, creando además un nuevo juzgado de primera instancia para atender las
necesidades presentes del partido judicial.
3. A dar celeridad a la creación de un nuevo juzgado de lo social, de un nuevo juzgado de lo contencioso y de una sección de la Audiencia Provincial con sede en la ciudad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2018.-Isabel María Borrego Cortés, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Defensa
161/003890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias del Diputado don Miguel Anxo Fernández Bello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Defensa relativa a la cesión al municipio de Baiona (Pontevedra) de la batería de Cabo Silleiro para recuperar dicho espacio natural.
Exposición de motivos
El Ministerio de Defensa mantiene bajo su propiedad la batería militar de Cabo Silleiro en Baiona (Pontevedra), ubicada en un espacio natural privilegiado y de gran valor medioambiental.
Sin embargo, pasan los años y nunca cuajan los proyectos de recuperación y de rehabilitación de este entorno dado que Defensa mantiene en estado de total abandono y dejación esta batería, que está desafectada de uso militar. Lo pertinente,
como han pedido en distintas ocasiones desde el consistorio, sería que el Ministerio cediese dichas propiedades al ámbito municipal para poder emprender un proyecto de recuperación del entorno. Esta propiedad fue desafectada en mayo de 1994.
Transcurren los años mientras el grado de deterioro avanza sin que se haya efectuado ningún tipo de actuaciones de mantenimiento en la antigua base militar de Cabo Silleiro. Las edificaciones militares están en estado de ruina con el
consiguiente impacto negativo sobre esta área. La zona fortificada ha quedado relegada a una especie de vertedero.
Al mismo tiempo y a pesar de esta degradación, es un lugar que recibe numerosas visitas dado el hermoso paisaje que se puede observar desde este punto: se ve la Ría de Vigo y las Islas Cíes al fondo.
En el año 2014 se procedió a una regularización registral por un exceso de cabida. Es decir, por la diferencia entre la superficie publicada por el registro de la propiedad como superficie de una finca y lo que existe en realidad, calculada
mediante un levantamiento topográfico. La calificación urbanística de los terrenos, según la última certificación, es que parte de ellos se encuentran catalogados como suelo rústico de protección especial de costas y otra parte como suelo rústico
de especial protección de interés paisajístico, por lo que no podrían hacerse proyectos urbanísticos en esta zona. Razón añadida a favor de su mantenimiento en manos públicas.
Desde finales del año pasado, está presentada en el registro de la propiedad un borrador de certificación administrativa para registral una parcela catastral que se encuentra a nombre del Ministerio de Defensa de 19.302 metros cuadrados. El
anterior Gobierno del PP tenía intención de llevar a subasta estos terrenos, algo que desde En Marea no compartimos puesto que se trata de un área natural que debería ser protegida por administraciones públicas. Lo idóneo sería que pasase a ser de
gestión municipal para poder ponerla en valor y rehabilitarla.
Es preciso recordar que el Ministerio de Defensa quiso sacarla a subasta en el año 2013. Hubo incluso un proyecto en 2008 para crear un parque y zona de esparcimiento que se frustró. Han sido numerosos los intentos sin que prosperen.
Resulta inútil, ineficaz y un sinsentido que esta área continúe pasto del abandono. El Ministerio de Defensa nada hace ya con unos terrenos desafectados. La puesta en valor medioambiental está paralizada sine die cuando se avanzaría
traspasándolo al municipio para rehabilitarlo.
Desde En Marea estamos en desacuerdo con operaciones de venta en subasta de patrimonio o terrenos públicos, máxime si están situados en ámbitos naturales, cuando pueden estar gestionados por administraciones públicas para revertirlo en la
ciudadanía. Así lo consideramos con la batería de Cabo Silleiro.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Defensa a:
Proceder a la cesión gratuita al ayuntamiento de Baiona (Pontevedra) del espacio de la Batería de Cabo Silleiro, cuyos terrenos son propiedad del Ministerio de Defensa y están desafectados de uso militar desde 1994, para recuperar este
espacio natural y ponerlo en valor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2018.-Miguel Anxo Fernández Bello, Diputado.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley para ubicar el patrimonio aeronáutico de la Fundación Infante de Orleans en el aeropuerto Murcia-San Javier, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La historia del Aeropuerto de Murcia San Javier comienza a principios de la década de 1920. En 1927 se inicia la redacción de los proyectos para la construcción de la base aeronaval y, al año siguiente, comienzan las obras. Se construyen
hangares, edificaciones para aulas, alojamientos, pabellones, una central eléctrica y almacenes. También se perforan pozos para el suministro de agua potable, se erigen depósitos, un hangar para albergar un dirigible de tipo SCA en un extremo del
campo, una fábrica de hidrógeno y un pequeño puerto.
En 1929, las instrucciones que organizan los servicios de navegación en aérea comercial en los aeródromos militares y navales abren al tráfico civil las instalaciones de los aeródromos de San Javier y de Los Alcázares -aeródromo militar
marino y terrestre establecido en mayo de 1915 al sur de esta población-. La actividad aérea de Los Alcázares se centra en esos momentos en la reconversión de pilotos para tripulación de hidroaviones. En 1920, se estableció ahí, durante un curso,
la Escuela Elemental de Pilotos y, en 1921, la Escuela de Combate y Bombardeo Aéreo.
Sin embargo, la apertura al tráfico aéreo comercial no comienza hasta muchos años después. El primer paso para conseguirlo se inicia con una solicitud, en 1963, al Ministerio del Aire para la apertura al tráfico comercial de las bases
aéreas de San Javier y Alcantarilla. La apertura al tráfico aéreo comercial obliga a mejorar también las instalaciones del área de maniobras y, el 6 de mayo de 1965, un Decreto autoriza la ampliación de la pista 05-23 hasta los 2.300 metros de
longitud. Meses más tarde, se realizan la restauración y acondicionamiento de la calle de rodadura paralela y, en el mes de mayo de 1966, se inician las obras del estacionamiento de aeronaves, del edificio terminal y de una carretera de acceso
desde la carretera de Santiago de la Ribera a Los Alcázares. Concluidas las obras, el 17 de mayo de 1967, se abre el aeropuerto de San Javier al tráfico aéreo nacional e internacional de pasajeros.
A principios de la década de 1990, se llevaron a cabo diferentes obras en el aeropuerto tras las que se le dotó de un edificio terminal de pasajeros, con una superficie de 3.500 metros cuadrados, suficiente para atender cuatro vuelos
simultáneamente. En junio de 2004 se amplió el edificio terminal, que pasó a disponer así de 1.100 metros cuadrados más por su zona de llegadas. En 2006 se ampliaron la zona de salidas, que pasó a contar con más mostradores de facturación y una
renovada sala de embarque, y la plataforma de estacionamiento de aeronaves, a la que se dotó de una capacidad para 11 aeronaves comerciales y 10 de aviación general. En 2008 comenzaron las obras del aeropuerto que finalizaron a principios de 2012.
En 2011 se inauguró la segunda pista del aeropuerto, que se destinó a uso militar.
En 1989 surge la Fundación Infante de Orleans, un organismo sin ánimo de lucro en el Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos con el objetivo de contemplar la más amplia colección posible de aviones con un papel prominente en el desarrollo de la
aeronáutica española. Un grupo de profesionales de la aviación creó en aquel año la Sección de Aviones Históricos del Aeroclub José Luis Aresti.
En la actualidad, la colección de aviones de la Fundación cuenta con más de 40 ejemplares de 32 modelos diferentes -que representan un periodo muy importante de nuestra historia aeronáutica- que siguen en perfectas condiciones. Se trata del
museo de aviones históricos en vuelo más importante de Europa y casi del mundo.
Así pues, las necesidades de la Región de Murcia en materia turística, de exportación y de conexión directa con otros territorios ha hecho necesario la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.
La apertura del aeropuerto internacional de la Región de Murcia por parte de AENA, tendrá como consecuencia el traslado de los vuelos civiles desde San Javier hasta el aeropuerto de Corvera. Esta circunstancia, dejaría a San Javier sin
vuelos civiles, pero abriría una gran oportunidad para atraer nuevas actividades asociadas, no solo a la Academia General del Aire, sino también a la historia de la aviación española.
En los últimos meses, el Ayuntamiento de San Javier y el Gobierno de la Región de Murcia han realizado diversas actuaciones para conseguir que la Fundación Infante de Orleans mantenga vivo su legado por muchos más años asociándose al
municipio de San Javier en las instalaciones que AENA dejará libres tras su traslado desde San Javier hasta Corvera.
Por tanto, esta iniciativa se traduciría en un beneficio para el municipio, de la comarca del Mar Menor, de la historia de la aviación española y de todos los españoles. Además, aseguraría la transmisión de un legado vivo de los aviones
históricos en vuelo, que actualmente mantiene la Fundación Infante de Orleans.
Hace más de ochenta años, uno de los pioneros de la aviación, el murciano Juan de la Cierva, volaba con su famoso autogiro sobre las aguas del Mar Menor. Las mismas aguas que hoy reflejan nuestra internacional Patrulla Acrobática Águila con
base en San Javier y orgullo de la aviación española. Las aguas que esperamos, a través de esta iniciativa, sean el escenario para los vuelos de la importante colección histórica que mantiene la Fundación Infante de Orleans y que deseamos que tenga
al Aeropuerto de San Javier como base.
Ello supone la posible creación de un museo de titularidad estatal, que goce de la publicidad y difusión suficiente para que los turistas, nacionales e internacionales, conozcan y reconozcan la aportación de la aviación española a la
aviación internacional en la historia.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar las medidas necesarias para ubicar el patrimonio aeronáutico de la Fundación Infante de Orleans en las instalaciones que dejará vacías AENA en el aeropuerto de Murcia San Javier tras su traslado definitivo.
2. Aprobar mediante Real Decreto la creación de un museo de titularidad estatal con sede en Murcia y preferentemente en las mencionadas instalaciones, sobre la historia viva de la aviación española, que permita reconocer la aportación de
nuestro país a la aviación internacional.
3. Apoyar a los municipios ribereños del Mar Menor en sus planes para convertir la zona en una referencia asociada a la historia viva de la aviación española, manteniendo, conservando y divulgando el legado de la Fundación Infante de
Orleans.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a la petición
de una unidad de intervención permanente de la UME en Baleares, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La Unidad Militar de Emergencias (UME) es un cuerpo que forma parte de las Fuerzas Armadas Españolas, creado por acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2005. Posteriormente, mediante el Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, se
establece su organización y despliegue. La UME se implanta como una fuerza militar conjunta de carácter permanente en las Fuerzas Armadas con la finalidad de intervenir de forma rápida en cualquier zona del territorio español en casos de grave
riesgo u otras necesidades públicas que requieran su actuación.
El Real Decreto 1097/2011, de 11 de julio, aprobó el Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias estableciendo que su actuación podrá ser ordenada cuando se produzca alguna de las siguientes situaciones de emergencia con
carácter grave, con independencia de que se trate de una emergencia de interés nacional o no.
- Las que tengan su origen en riesgos naturales, como inundaciones, terremotos, desprendimientos de terrenos, grandes nevadas y otros fenómenos meteorológicos adversos de gran magnitud.
- Los incendios forestales.
- Las derivadas de riesgos tecnológicos, entre ellos el riesgo químico, el nuclear, el radiológico y el biológico.
- Las que sean consecuencia de atentados terroristas o actos ilícitos y violentos, incluyendo aquellos contra infraestructuras críticas, instalaciones peligrosas o realizados con agentes nucleares, biológicos, radiológicos o químicos.
- La contaminación del medio ambiente.
- Cualquiera que decida el Presidente del Gobierno en nombre del Rey.
Los profesionales que forman la Unidad Militar de Emergencias cuentan con una preparación específica que básicamente comprende una formación sanitaria y de actuación frente a las emergencias. Todos los integrantes de la UME son instruidos
para desarrollar acciones para combatir sucesos que suponen riesgos materiales o para la vida como incendios forestales, inundaciones, grandes nevadas o riesgos químicos y tecnológicos.
Desde su fundación, la UME ha actuado en casi 500 ocasiones (de las cuales en torno al 70 % fueron actuaciones en incendios forestales, siento el resto sucesos diversos como inundaciones, terremotos, tormentas invernales, riesgos
tecnológicos, etc.) y lo ha hecho tanto en España como en el exterior.
En Baleares se ha intervenido en 13 situaciones, 11 de las cuales fueron incendios forestales y las otras 2 fueron inundaciones con graves repercusiones. Todos recordamos la más reciente, la vivida a principios de octubre de 2018 en Sant
Llorenc en Mallorca, cuya eficaz intervención fue sin duda clave para reducir los daños y salvar muchas vidas en tan peligrosas y delicadas circunstancias.
Lo cierto es que en situaciones de emergencias, en escenarios graves para la vida, resulta fundamental la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La coordinación de los diversos cuerpos para afrontar, gestionar y
solucionar las emergencias y asegurar rapidez en la actuación deviene imprescindible y en ese objetivo adquiere enorme importancia contar con la participación de la Unidad Militar de Emergencias por su preparación, experiencia y capacidad de
respuesta.
Las comunidades autónomas canarias y baleares, por su carácter insular, soportan una dificultad añadida para los integrantes de esta Unidad Militar para poder llegar con la mayor celeridad posible a la zona donde se ha producido el siniestro
o emergencia que requiere su intervención.
Y en ese sentido, cabe destacar que Canarias cuenta en la actualidad con dos destacamentos permanentes de la UME, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife, que garantizan esta inmediatez en la acción.
Sin embargo, Baleares, el otro archipiélago español, no cuenta hoy con ningún destacamento permanente de la UME, y aunque es evidente que la distancia con la península no es la misma que la del archipiélago atlántico, el hecho geográfico
insular supone una traba para garantizar una intervención inmediata.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:
1. Dotar urgentemente de las infraestructuras, recursos y medios necesarios que permitan el despliegue rápido y efectivo de la Unidad Militar de Emergencias en las islas Baleares.
2. Dotar de una unidad de intervención de la UME en las islas Baleares de forma permanente para facilitar su intervención y reducir el tiempo de reacción en casos de riesgo grave para la población.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.-Teresa Palmer Tous, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Hacienda
161/003929
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que no se demore la licitación
del proyecto y obras de urgencia previstas en la primera fase del Plan Director del Castillo de Monteagudo en el municipio de Murcia, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
El castillo de Monteagudo es una fortificación que se encuentra situada a unos 5 kilómetros al noreste de la ciudad de Murcia. El castillo está enclavado en un impresionante puntal rocoso que se eleva 149 m sobre el nivel del mar, por lo
que domina toda la Huerta de Murcia, regada por el río Segura. Su estratégica situación y su singular disposición convierten a esta fortaleza en un hito fundamental de la depresión prelitoral murciana. A los pies del cerro se sitúa, actualmente,
el núcleo urbano de la pedanía de Monteagudo, situada en el borde septentrional de la Huerta. El rey Ibn Mardanish, más conocido como El Rey Lobo, eligió esta zona para establecerse, gobernando desde 1147 hasta 1172, y construyendo una línea
estratégica defensiva y militar formada por el Castillo de Monteagudo, el Castillejo y el Castillo de Larache.
En las inmediaciones de dichos baluartes construyó albercas para el regadío, son los restos arqueológicos más relevantes del Islam medieval de Murcia, que también se conocerán en el municipio de San Cayetano. El Castillo de Monteagudo no
solo es un emblema cultural y paisajístico del municipio de Murcia, es la esencia de Murcia y la cuna de nuestra historia. Por tanto es necesaria una coordinación urgente entre las tres administraciones involucradas (Estatal, autonómica y local) y
soluciones rápidas a esta situación. La rehabilitación integral y puesta en uso del Castillo de Monteagudo y su entorno debe ser una prioridad a la que dar una pronta solución.
En el presupuesto general del Estado del año 2016 se introdujo una enmienda del grupo popular, dotando con 800.000 una partida para restaurar el castillo, que dio lugar a la licitación del plan director de Monteagudo, el cual se presentó
el pasado 23 de mayo de 2018. En su interior arroja, como es sabido, datos importantes como que la tan necesaria restauración del entorno histórico de Monteagudo necesitará, según establecen los expertos, diez millones de euros y doce años de
trabajo.
Este documento, además, atesora datos preocupantes como aquellos que indican la ruina del conjunto tras el paso de tantos siglos sin acometerse una rehabilitación integral. El plan establece en la sección de sustentaciones la existencia de
rocas sueltas con riesgo de desprendimiento y pérdida de rocas donde se apoyan muros por efecto del agua y escombros. Pérdidas de materiales de fábrica, de mortero y de secciones de la estructura que comprometen la estabilidad. Bóvedas agrietadas,
filtraciones de agua y retenciones de la misma en salas. Los expertos han detectado también butrones o agujeros en la fábrica por robo de piezas de remate de huecos u otras causas, con la posterior degradación por los agentes meteorológicos.
El castillo, por tanto, presenta problemas estructurales graves en casi todo su perímetro, con zonas cuyo riesgo afecta al exterior del monumento y zonas cuyo riesgo afecta al interior. Las patologías son diversas y afectan también al suelo
donde se alza el edificio. Así, se han descubierto rocas fragmentadas de forma natural por las vetas propias de las rocas con ayuda de los agentes meteorológicos durante siglos y eso provoca que algunas piedras estén sueltas. Algunos de los
descalces de los muros del castillo, como señalan también los expertos, solo son explicables porque haya desaparecido la roca debajo de ellos. Una degradación producida por la acción del agua que se filtra desde las partes superiores o por los
rellenos, que va a parar a la zona inferior de los muros lavando las juntas y descomponiendo la fábrica.
El pasado mes de marzo se llevó a cabo una reunión entre el Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de Murcia para tratar las acciones urgentes que se deben de realizar en el Castillo de Monteagudo y su entorno acordando: Actuación
urgente por parte de Hacienda para frenar el desprendimiento y evitar el acceso de la gente al lugar afectado, estudiar la primera actuación de urgencia por parte de Hacienda para consolidar el monumento en sus partes más dañadas y presentación del
Plan Director después de Semana Santa y Fiestas de Primavera. La primera intervención, comprometida por el entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del IPCE se centra en la adecuación de los accesos y en la consolidación y
restauración de la zona de mayor riesgo: el frente sur del castillo.
El objetivo de dicha intervención -en la que se prevé invertir 1.079.925 euros en concepto de obra y 103.092 en horarios de redacción y dirección del proyecto- es garantizar la estabilidad estructural del sector sur, procediéndose a la
consolidación y restauración de las fábricas de tapial y piedra. En un primer momento se llevará a cabo el acondicionamiento de nuevos accesos y la mejora de los existentes. A continuación se desescombrarán los materiales procedentes de
desprendimientos y se eliminará la vegetación, pintadas y residuos. Se efectuará la consolidación estructural de la zona y de los lienzos de la muralla sur, así como del frente rocoso sobre el que se asienta.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que no se demore más la licitación del proyecto y las obras de urgencia previstas en la primera fase del Plan Director del Castillo de Monteagudo en el municipio de Murcia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2018.-Javier Ruano García, Diputado.-Dolors Monserrat Monserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Interior
161/003898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la creación de la Unidad de Prevención y
Reacción en la Comisaria de Pontevedra, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Las Unidades de Prevención y Reacción se conciben como Unidades destinadas a la prevención, mantenimiento y, en su caso, restablecimiento del orden público y la seguridad ciudadana, dotadas de una estructura prefijada y medios suficientes
para acometer con solvencia las funciones específicas que le son propias.
Estas Unidades se emplearán prioritariamente cuando sea precisa la intervención de Unidades de sus características, adecuadamente estructuradas y dotadas de una notable capacidad operativa.
Sus funciones se concretan, en líneas generales, en las siguientes:
1. Dispositivos especiales de prevención de la delincuencia.
2. Mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana.
3. Apoyo a otras Unidades, Servicios o Instituciones, en dispositivos puntuales.
4. Reacción e intervención ante cualquier situación que requiera una actuación inmediata.
Estimamos necesaria una U.P.R. en Pontevedra por los siguientes motivos:
- Es una Ciudad donde es necesario y urgente establecer las actuaciones a que se refieren muchas de las funciones enumeradas.
- En Pontevedra no se establecen controles habituales por carecer de este tipo de Unidades. Y los que se están haciendo lo realizan unos pocos funcionarios y sin los medios necesarios para ello.
- No existe en Pontevedra una Unidad que pueda hacer frente, con la dotación de medios humanos y materiales, y con la preparación técnica adecuada, a grandes concentraciones o manifestaciones. Por lo que hay que utilizar unidades de otras
plantillas.
- Lo mismo ocurre con los dispositivos de seguridad en espectáculos públicos, deportivos, eventos sociales o concentraciones de masas en general.
Es de destacar la utilidad de las UPR para colaborar con Unidades de lucha contra la droga y el crimen organizado, ya implantadas en Pontevedra, como el GRECO Galicia y la UDYCO, o la Brigada de Extranjería en relación con la inmigración
ilegal.
De suma importancia resultaría la implantación de la UPR en Pontevedra como refuerzo, en determinados momentos, a otras Comisarías de la zona norte de la provincia de Pontevedra, como Marín y Vilagarcía, ya por sí muy disminuidas de
personal. Ni que decir tiene su reacción e intervención ante hechos imprevistos de suma gravedad, atentados o amenazas terroristas o ante catástrofes públicas.
No se puede obviar la utilidad de este tipo de Unidades en la labor preventiva ante determinadas actividades delictivas y actuación en puntos negros, como el tráfico de drogas (trapicheo), armas blancas,
identificación de sospechosos o reclamados por la justicia, vehículos robados, intervenciones en inmediaciones colegios, etc.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la creación de una Unidad de Prevención y Reacción en la Comisaría de Policía de Pontevedra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2018.-Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Interior, relativa a la justificación de las categorías de centros penitenciarios y el deterioro de las condiciones laborales por la situación de discriminación y la brecha salarial que soportan las trabajadoras
y los trabajadores de las prisiones de Fontcalent y Villena en la provincia de Alicante.
Exposición de motivos
El pasado 12 de abril de 2018, la Administración Penitenciaria envió la Memoria justificativa de la existencia de las actuales categorías de centros penitenciarios. Según esta memoria, la Administración Penitenciaria viene justificando,
desde el año 1989, una ordenación de los Centros Penitenciarios en función de las mayores o menores cargas de trabajo que existen, conforme a dos parámetros: el primero de ellos disponer de 350 celdas de capacidad y el segundo albergar o no a
internos clasificados en primer grado o sometidos al artículo 10 LOGP. También distingue entre dos grados de peligrosidad: la sobrepoblación interna y el albergar de manera constante un número superior a 35 internos considerados peligrosos.
Conforme a estos parámetros, la Administración Penitenciaria establece las diferentes cuantías de Complemento Específico/Singular el puesto.
Para CC. OO. estos parámetros han quedado superados por la nueva realidad penitenciaria, por los continuos cambios legislativos que ha habido desde 1989 -como la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que estableció la estructura retributiva, la
normativa de prevención de riesgos laborales, que introdujo nuevos indicadores de penosidad y peligrosidad- que no están siendo valorados ni tienen su reflejo en los salarios del personal penitenciario.
Estos parámetros no sirven para valorar la carga de trabajo en Oficinas, Área Mixta y Vigilancia 2 (puestos que se crearon después de 1989), ni la del personal laboral y, lo que es más importante, ocultan la carga real de trabajo que se
genera en el Medio Abierto, lo que conlleva brechas salariales difíciles de justificar, siendo el personal que trabaja en Medio Abierto el más castigado salarialmente. Las categorías de centros sirven para rebajar los costes de ejecución de las
condenas, a costa de los salarios del personal penitenciario y generar discriminación salarial.
Las retribuciones fijas del personal no pueden depender de parámetros como 'número de celdas', porque la Administración incumple sistemáticamente el principio de un interno por celda, lo que supone que centros con mayor ratio de
internos/funcionario, pero menos celdas, tengan asignada una inferior categoría y cobren menos, enmascarando la carga real de trabajo.
Cuando a la Administración Penitenciaria le interesa incumple sus propios criterios de clasificación para disminuir los salarios. Al nuevo centro penitenciario de Ceuta, con 1.008 celdas, e internos de primer grado, se le mantiene la
categoría 2.2, con lo que no se incrementan los C. Específicos/Singular de puesto.
Lo mismo sucede cuando se realizan ampliaciones de centros penitenciarios, como el C.P. de Lanzarote (Tahiche), que ha supuesto un aumento del número de celdas y de internos/as. Se modificó la RPT original sin que llevara aparejado el
incremento del Complemento Específico/Singular de puesto, ni la reclasificación del centro.
La clasificación actual genera 9 salarios distintos para el personal de oficinas, Área mixta, Vigilancia 2 y personal laboral, realizando las mismas funciones en todos los centros. Con los parámetros de 1989 no se puede valorar la ratio de
n.º de expedientes por funcionario.
No es cierto que las categorías sirvan para retribuir con mayor Complemento Específico la intervención con internos de primer grado o en artículo 10 LOGP, ni se cobra más en los centros que tengan un 'número superior a 35 peligrosos'. La
realidad es que en los centros tipo el personal que trabaja con primeros grados, o en módulos de régimen ordinario, o módulos de respeto o en las UTE, cobra el mismo Complemento Específico. No hay ninguna diferencia retributiva, a excepción del
personal de vigilancia que trabaja en los Departamentos cerrados, que cobra una cantidad 'simbólica' en concepto de productividad especial. El/la jurista, psicólogo/a, maestro/a, educador/a, trabajador/a social etc., que trabajan en los
Departamentos Especiales o de régimen cerrado, cobran exactamente lo mismo que el resto de profesionales que trabajan en los módulos de régimen ordinario.
Estos parámetros de clasificación permiten albergar internos de primer grado en los centros penitenciarios de inferior categoría, como en el C.P. de Albacete o Ceuta, con categoría 2.2, cobrando menos Complemento Específico, y excluidos del
programa de productividad módulos especiales. La política de dispersión de presos terroristas supuso que cualquier persona, condenada por delito de terrorismo, pudiese acabar cumpliendo su condena en cualquier centro penitenciario del territorio
nacional, con costes de ejecuciones diferentes y a costa de los salarios del personal penitenciario, solo por la existencia de las categorías.
En la fijación actual de las cuantías de Complemento Específico/Singular de puesto no se valoran los indicadores de penosidad, por lo que no tiene reflejo salarial. Estos indicadores son más altos en los centros de inferior categoría, en
los que menos se cobra. Al contar con menos dotación de efectivos en sus RPTS, el problema de falta de personal y de envejecimiento de la plantilla provoca que el servicio público se preste por debajo de los servicios mínimos, realizando un mayor
número de jornadas acumuladas, más noches, y continuos cambios del turno de trabajo por necesidades de servicio. Tienen muchos más problemas para gestionar el servicio diario y hacer uso de los días de vacaciones, asuntos propios, etc.
Especialmente grave es la situación que sucede en los centros más pequeños, que no pueden contar con un número suficiente de efectivos (4 o 5 personas) que acudan a ayudar cuando se produce un incidente regimental violento.
Estos parámetros invisibilizan el trabajo que se desarrolla en los Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios, debido a su condición asistencial, más que regimental. La intervención con personas que padecen una enfermedad mental crónica grave
no está valorada ni reconocida salarialmente.
La actual clasificación de categorías infravalora el trabajo que se realiza en el medio abierto penitenciario y genera discriminación salarial. Las últimas reformas operadas en el Código Penal introdujeron las penas y medidas alternativas a
la prisión, lo que ha venido a incrementar, considerablemente, la carga de trabajo de las secciones abiertas y CIS, sin que puedan ser valoradas y reconocidas salarialmente. Los parámetros que viene utilizando la Administración Penitenciaria para
ordenar sus centros penitenciarios como 'número de celdas', 'primeros grados' o 'sobreocupación' han quedado desfasados ante esta nueva realidad penitenciaria, y ocultan datos como que, en el 2016, se han tenido que ejecutar 140.284 mandamientos
judiciales de penas y medidas alternativas, que actualmente no conllevan ningún reconocimiento salarial.
El régimen abierto, como su propio nombre indica, no requiere del mismo número de celdas que los centros penitenciarios, pero eso no significa que la carga de trabajo sea menor. De hecho tenemos 3 Centros de Inserción Social -Málaga,
Valencia y Victoria Kent-, con cerca de 500 internas/os y que gestionan buena parte de la mayoría de expedientes que se generan a nivel nacional, cobrando el Complemento Específico más bajo de IIPP, y a los que no se les puede asignar ninguna
productividad especial por su categoría de clasificación.
Igualmente el personal de vigilancia de los CIS realiza un mayor número de movimientos, de entradas y salidas, de cacheos y registros, con respecto a los que se vienen realizando de forma ordinaria en los módulos de los centros
penitenciarios. Los CIS tienen indicadores de penosidad que no tienen su reflejo en el Complemento Específico, como la mayor nocturnidad o la falta de personal.
Si a lo anterior le añadimos la brecha salarial que existe entre el personal que trabaja en un CIS independiente y el que lo hace en un CIS dependiente, concluimos que no solo se han estado generando situaciones discriminatorias y que
vulneran el principio de igualdad de trato, sino que la Administración Penitenciaria se ha estado enriqueciendo injustamente a costa de su personal.
Los Complementos Específicos de los puestos de promoción se fijan también siguiendo los criterios regimentales de clasificación del año 1989, que nada tienen que ver con las funciones reales de los puestos de trabajo, lo que supone retribuir
con salarios distintos puestos de promoción que son iguales, situación que no se da en la Administración General del Estado.
Según los informes de CCOO las categorías de centros penalizan la experiencia profesional. La diferencia retributiva entre el personal de nuevo ingreso y alguien que lleve prestando servicio muchos años, está en los trienios. Actualmente,
y después de llevar 30 años prestando un servicio en la Institución, se puede dar la situación de cobrar mucho menos que el personal de nuevo ingreso, desempeñando el mismo puesto de trabajo, por la existencia de las categorías, lo que implica
además penalizar la experiencia profesional, situación que no se da en la Administración General del Estado, porque se consolidan los complementos retributivos del puesto a lo largo de la vida laboral.
También hay que tener en cuenta que los complementos de puesto tampoco se consolidan a efectos de clases pasivas. Porque el Complemento Específico/Singular de puesto retribuye las condiciones 'objetivas' de los puestos de trabajo como la
especial dificultad técnica, la responsabilidad, la dedicación, la peligrosidad, penosidad, la incompatibilidad, etc. Por condiciones objetivas debemos entender las que son comunes a todos los centros penitenciarios.
Para CC. OO., el rendimiento superior que conlleva la intervención con primeros grados, artículo 10 de LOGP o la existencia de otros indicadores más altos de penosidad, en unos centros que en otros (elevada tasa de envejecimiento, falta de
personal, absentismo laboral, mayor nocturnidad, masificación, elevado número de gestión de expedientes, alta participación en programas de tratamiento, etc.) deben retribuirse con un complemento temporal, no fijo y no consolidable, como es la
productividad, por tratarse de situaciones variables, excepcionales y transitorias. El Complemento de productividad viene a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria, el interés o iniciativa con que el funcionario desempeña su
trabajo, etc.
Igualmente, las especificidades territoriales de los centros penitenciarios de Ceuta y Melilla, centros insulares y ultraperiféricos así como las especiales de los centros del País Vasco y Navarra, deben valorarse con complementos
salariales, de carácter no fijo y no consolidable, tales como Indemnizaciones por Residencia o Complemento de productividad especial.
Hay razones para la eliminación. La superación de los diferentes procesos selectivos en IIPP nos faculta para desarrollar el trabajo penitenciario en cualquier centro penitenciario. Tenemos las mismas Relaciones de Puestos de Trabajo. La
única diferencia entre las RPT's de los centros penitenciarios y CIS está el mayor o menor número de dotaciones de efectivos que se necesitan para cumplir el servicio público penitenciario, y que se calcula en función de unas ratios.
Las funciones de los distintos puestos de trabajo penitenciario vienen reguladas y especificadas en la Legislación Penitenciaria, el III Convenio Único para el personal laboral, así como en diferentes instrucciones y Circulares que la
complementan, de aplicación general en todos los centros penitenciarios y CIS, sin distinción de categorías por centros. Un ejemplo reciente es la instrucción 2/2018 sobre Trabajo Social, por la que se ha aprobado el nuevo Manual de Trabajo Social
en IIPP, que regula funciones y competencias en función de los diferentes grados de intervención tratamental (primero, segundo y tercer grado), pero no en función de la categoría de clasificación de centro, sin que tenga su reflejo en la nómina a
fin de mes.
Las Evaluaciones de riesgos de los diferentes puestos con la misma denominación prácticamente son iguales en todos los centros penitenciarios y CIS. Tenemos el mismo Plan de Prevención de la SGIP, y los mismos procedimientos en materia
preventiva, de aplicación general y sin distinción por categorías, todo lo que viene a homogeneizar el parámetro de 'peligrosidad'. Otro ejemplo más es el Protocolo específico de actuación frente a las agresiones (PEAFA) y la instrucción 6/2017 de
medidas de implementación, que no distinguen diferentes grados de peligrosidad en función de las diferentes categorías de centros penitenciarios y centros de inserción social, siendo de aplicación universal en todos y cada uno de ellos. Se reconoce
el riesgo de sufrir agresión por el hecho de trabajar en contacto directo con personas privadas de libertad.
El último Acuerdo que se firmó entre la Administración y los sindicatos con la finalidad de reclasificar los centros fue en el 2002-2003, sin la firma de CCOO. No se modificaron los criterios de clasificación reduciéndose a una subida
salarial en el Complemento Específico/Singular de puesto, que no se distribuyó por igual entre centros ni entre el personal funcionario y laboral, contribuyendo a consolidar la brecha salarial entre centros y entre categorías de trabajadoras y
trabajadores iguales.
Esta brecha salarial en España está integrada por muchos más elementos que una diferencia retributiva entre compañeros de trabajo de distinto sexo. Porque aparte de la situación generalizada que
estamos describiendo, hay un claro sesgo de género en estas situaciones. Si solo se tratase de esa diferencia, se podría catalogar como una discriminación salarial directa perseguida por ley, pero la realidad es más compleja, aparte de la
situación que se está describiendo, existe la brecha de género y está formada por una serie de factores que hacen que al final de año, el conjunto de las trabajadoras del país esté cobrando un 14,9 % menos por hora bruta (según Eurostat) que los
trabajadores. Lo que subsiste de fondo es desigualdad, falta de corresponsabilidad y machismo, realidad reflejada en prácticamente todas las administraciones públicas y privadas.
'Teniendo en cuenta lo descrito, resulta actualmente indiscutible que, pese a la corrección formal de nuestro ordenamiento entorno a la cuestión de la retribución que corresponde a hombres y mujeres, existe una gran diferencia retributiva
por género como hemos descrito y que se advierte a partir de instrumentos tales como el concepto varias veces nombrado de brecha salarial.'
En relación a los hechos expuestos, en distintos centros penitenciarios se ha venido viviendo situaciones de protesta por parte de los colectivos de trabajadores y trabajadoras. El pasado 18 de mayo se recogió en algunos diarios de la
Comunidad Valenciana la noticia sobre 'el desalojo con fuertes tensiones a decenas de funcionarios y funcionarias en una protesta en la cárcel de Villena (provincia de Alicante).
La protesta frente al penitenciario de Alicante II, la cárcel de Villena, es fruto de una larga lucha de los trabajadores y trabajadoras para demandar la equiparación salarial y eliminar esa brecha que les separa de otros compañeros en
distintos territorios, así como obtener el refuerzo de la plantilla. La Secretaria General de CCOO en Instituciones Penitenciarias, Silvia Fernández, relató que la concentración tenía carácter pacífico en el momento que los efectivos de la Guardia
Civil desalojaron de los accesos a los funcionarios y empleadas que estaban sentadas frente a la cárcel. Las intervenciones policiales, se saldaron con contusiones en algunas personas según relata la Secretaria de CCOO. Esta concentración tenía el
objetivo de llamar la atención acerca de la situación de deterioro laboral que sufren los trabajadores y trabajadoras desde hace tiempo.
Las organizaciones sindicales estiman que hay 3.393 plazas sin cubrir en todo el país, de ellas 160 pertenecen a los centros alicantinos de Fontcalent, Villena y el psiquiátrico penitenciario, aunque la situación más grave se produce en este
último recinto, donde hay por cubrir 79 puestos. Existe un deterioro evidente en el funcionamiento de estas dependencias, sin que el Ministerio del Interior haya sido capaz de solventar un mínimo paquete de las demandas.
La equiparación salarial es una reivindicación laboral de funcionarios públicos desatendidos sucesivamente por los distintos Gobiernos. Los funcionarios han visto disminuido su poder adquisitivo por la falta de ajustes interanuales en sus
salarios e incluso por la congelación de los mismos en varios casos.
Los trabajadores y sindicatos de prisiones, exigen de igual modo, la adecuación de los complementos específicos eliminando las categorías diferenciadas de los centros penitenciarios e integrándolas en una sola. Además, solicitan la
adscripción al grupo B de los empleados y empleadas del C1 y la subida de niveles de los complementos de destino y el equivalente en el personal laboral.
Proponen además, la revisión y eliminación de la clasificación actual de centros. Las disparidades existentes en la actualidad, permiten que funcionarios de vigilancia que custodian al mismo número de internos, o de oficinas que asuman el
mismo número de expedientes cobren complementos específicos distintos según el centro donde estén destinados. También denuncian que centros como los Psiquiátricos penitenciarios de Alicante y Sevilla, con más agresiones y con condiciones más
gravosas, tienen una clasificación menor (2.1) que algunos CIS dependientes de un centro tipo 1.1, y que por ello cobran un complemento específico menor.
'Existe jurisprudencia acerca de la eliminación de las categorías de centros, y hay argumentos suficientes que refuerzan la revisión urgente de la clasificación de los centros penitenciarios, el reparto de forma lineal de la bolsa de
productividad entre los mandos de las prisiones, solo puede entenderse desde la discriminación y falta de sentido de equidad porque no se tiene en cuenta el tamaño y clasificación de los propios centros penitenciarios y CIS. Estos funcionarios
proponen la adscripción del grupo C1 al grupo B.'
'Los profesionales penitenciarios del grupo C-1, han sido y son los grandes olvidados por la Administración Penitenciaria, habiéndoles condenado al ostracismo y manteniéndoles en una constante degradación de sus condiciones laborales y
sociales que conllevan la apatía generalizada y la desmotivación. Es necesario poner en valor el impulso y reconocimiento que se tiene que producir sobre las esenciales tareas realizadas para la recuperación de las personas en las prisiones de este
país, teniendo presente el mandato constitucional de reeducación y reinserción social, y que pasa por apostar
por la cualificación profesional y con ello modernizar el servicio público penitenciario, reconociendo y respetando los derechos de los trabajadores y trabajadoras.'
Las reivindicaciones de estos colectivos pasan por la recuperación salarial y de poder adquisitivo, así como adecuar el marco salarial a sus funciones y responsabilidades. Exigen, además, que cualquier mejora salarial debe distribuirse
entre la totalidad de los conceptos retributivos fijos que existen: redistribuciones básicas (sueldos y trienios) y redistribuciones complementarias (C. Destino y C. Específico/C. Singular de Puesto).
Por otra parte, la Formación y Perfeccionamiento del Personal Laboral Penitenciario debe orientarse de manera significativa a que todo el personal adquiera competencias en mediación penitenciaria y resolución de conflictos, de manera que sus
intervenciones frente a las personas privadas de libertad reduzcan su enfoque tradicionalmente punitivo y que se abran a una visión restaurativa de la justicia y a la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad. Por ello, es
necesario incrementar los recursos a la atención y dotarlos también para que se invierta en formación para la mediación penitenciaria y resolución de conflictos.
En el caso de la cárcel de Fontcalent, cuenta con las Unidades Externas de Madres de nueva creación y son un valioso recurso socio-educativo puesto al servicio de las mujeres que deben hacer frente a una responsabilidad penal, y tienen hijos
menores de tres años a su cargo, como así lo establece el artículo 38.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, para que puedan permanecer con ellas en un entorno estimulante y seguro.
Es fundamental tener una perspectiva de género en el cumplimiento de las penas. Hay que recordar que el número de mujeres en prisión a finales del 2015 era más de 700.000, habiendo aumentado un 50 % desde el año 2000. El 50 % de las
mujeres se encuentran en EE.UU., China y Rusia. En el Informe del Instituto para las Políticas de Investigaciones Criminales del Reino Unido se explica que España estaba a la cabeza de la UE en porcentaje femenino de población reclusa.
A pesar de situarse España dentro de los primeros puestos en la UE respecto al número de mujeres reclusas, solo existen tres Centros exclusivos para mujeres. La situación se agrava cuando se trata de mujeres con hijos, según la legislación
vigente estas pueden tener a sus hijos con ellas, sin embargo, son muy escasas las unidades de madres que son las que tienen que cumplir con las condiciones idóneas para la convivencia madres hijas/os.
Por otro lado, también nos encontramos con la situación agravada de mujeres cumpliendo medidas de seguridad, generalmente, por enfermedad psiquiátrica. En vez de tener unidades preparadas para la situación de dichas mujeres, estás son
encerradas en cárceles que no cumplen con las condiciones necesarias. Solo hay un módulo en toda España, que se encuentra en el Psiquiátrico Penitenciario de Alicante, sin ningún tipo de clasificación.
Hay que recordar que las mujeres en la prisión de Alicante no tienen ninguna separación interior y que comparten el mismo espacio físico con independencia de su situación personal, penal o penitenciaria. Los centros penitenciarios solo
tienen un departamento para mujeres. No son los mejores espacios para que puedan cumplir sus condenas las embarazadas ni los menores de tres años, y no están libres de enfermedades. Hay un alto porcentaje de internas que padecen algún trastorno
mental y las tasas de VIH y sobre todo de hepatitis son alarmantes, multiplicando por 10 las del conjunto de la población.
Debido a su enfermedad psiquiátrica, muchas de estas mujeres no están condenadas, son por tanto inimputables, están únicamente por sus patologías. Tanto en Tenerife como en Alicante estas unidades permanecen cerradas por falta de recursos
de manera general y de personal de manera específica.
Los estereotipos de género e interseccionales obstaculizan la correcta prevención, detección, lucha y protección de las mujeres que se enfrentan en estos espacios, por las penas que cumplen a la violencia estructural por motivos de género.
Dichos obstáculos son aún mayores en aquellas mujeres que enfrentan violencias múltiples que interseccionan por su pertenencia a grupos históricamente vulnerabilizados. Por ello es necesario este tipo de dependencias y dotación de programas que
provea de formación certificada sobre estereotipos de género con perspectiva interseccional a personal de Instituciones penitenciarias con suficientes recursos.
La infraestructura de Alicante, está totalmente terminada en el mismo Complejo penitenciario de Foncalet con 32 plazas, dos de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida, y que ocupa una superficie de 1.460 metros cuadrados con un
área construida de 2.832 metros cuadrados. Sin embargo,
vemos como esta infraestructura permanece cerrada, sin dotarla de medios, personal y recursos económicos, que permitan su apertura.
La puesta en marcha de la Unidad de Madres, sería fundamental para atender a la población penitenciaria femenina de la provincia. Además, podría dar servicio, por ejemplo, a las poblaciones cercanas de la Región de Murcia, por su cercanía y
buena comunicación por transporte público, lo que facilitaría el desplazamiento para realizar visitas de los familiares.
Las Unidades Externas de Madres de nueva creación son un valioso recurso socio-educativo puesto al servicio de las mujeres que deben hacer frente a una responsabilidad penal, y tienen hijos menores de tres años a su cargo, como así lo
establece el artículo 38.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, para que puedan permanecer con ellas en un entorno estimulante y seguro.
Con la creación de estas nuevas estructuras se pretende separar definitivamente las Unidades de Madres de los centros penitenciarios, independizarlas de los mismos y dotarlas de completa autonomía.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores de las prisiones de Fontcalent y Villena en la provincia de Alicante, de manera que la recuperación de su poder adquisitivo sea equiparable al grupo y labor
desempeñada.
2. Adecuar el marco salarial a las funciones de responsabilidad que desempeñan las trabajadoras y los trabajadores de las prisiones de Fontcalent y Villena en la provincia de Alicante.
3. Distribuir la mejora salarial entre la totalidad de los conceptos retributivos fijos que existen (sueldos y trienios) y redistribuciones complementarias, tales como Complemento de Destino, Complemento Específico y Complemento Singular de
puesto. A estos efectos se insta al Gobierno a llevar a cabo la adecuación de los complementos específicos eliminando las categorías diferenciadas de los centros penitenciarios e integrándolas en una sola.
4. Tener en cuenta el concepto de brecha salarial a la hora de implementar mejoras en la retribución que corresponde a hombres y mujeres porque existe una gran diferencia retributiva por género y está formada por una serie de factores que
hacen que al final de año, el conjunto de las trabajadoras del país esté cobrando entre un 14,9 % y un 16 % menos por hora bruta (según Eurostat) que los trabajadores.
5. Conseguir la adscripción al grupo B de los empleados y empleadas del C1 y la subida de niveles de los complementos de destino y el equivalente en personal laboral.
6. Implementar los cambios necesarios para llevar a cabo la revisión y eliminación de la clasificación actual de centros penitenciarios para acabar con situaciones como las que se viven en centros psiquiátricos penitenciarios como los de
Alicante y Sevilla, con un índice muy alto de agresiones y con condiciones difíciles para el desarrollo de sus actividades, tengan una clasificación menor (2.1) que algunos CIS dependientes de un centro tipo 1.1, y que por ello es necesaria la
equidad y equiparación salarial.
7. Impulsar medidas de formación para que los centros penitenciarios incluyan el enfoque interseccional y fomento de la diversidad de manera que no se vean vulnerados los derechos de las reclusas con discapacidad, pertenecientes a minorías
étnicas o nacionales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2018.-Rita Gertrudis Bosaho Gori, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003925
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre el apoyo de la Guardia Civil en Navarra, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El pasado 31 de octubre, y tras una reunión celebrada en el Palacio de la Moncloa con la actual Presidenta de Navarra, Uxue Barkos, el presidente Pedro Sánchez anunciaba la transferencia definitiva de competencias de tráfico y seguridad vial
en Navarra que, en definitiva, se traduce en una retirada de competencias de la Guardia Civil en la comunidad foral.
A través de este acuerdo, el Gobierno del Presidente Pedro Sánchez daba así un paso más en la maniobra anunciada por varios medios de comunicación, consistente en ir retirando paulatinamente a la Guardia Civil de aquellas comunidades
autónomas gobernadas por los socios nacionalistas del Presidente Sánchez, a quienes la presencia de instituciones que representan el Estado español puede resultar incómoda.
Se trata así de una retirada de competencias que supone una reducción del 15 % de la actual plantilla en Navarra, y que está siendo interpretada por algunas asociaciones de la Guardia Civil como moneda de cambio del actual Presidente de
Gobierno para mantenerse en el Gobierno gracias al apoyo de sus socios nacionalistas.
Dicha cesión de competencias contradice además lo que semanas atrás confirmaba la Secretaria de Seguridad en la Comisión de Interior del Congreso, cuando al ser preguntada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre las informaciones que
anunciaban una retirada paulatina de la Guardia Civil en comunidades como Cataluña, País Vasco o Navarra, esta desmentía las informaciones, asegurando la actual plantilla de la Guardia Civil en estos territorios.
A este vaciamiento de competencias se une además, la falta de apoyo que ha mostrado últimamente el Gobierno del Presidente Sánchez a los actos de homenaje a la Guardia Civil en Navarra, como el que se celebró en Alsasua el pasado 4 de
noviembre, el cual fue considerado por miembros del Gobierno del Presidente Sánchez como un acto de provocación susceptible de generar crispación entre los miembros de la Kale Borroka.
Lo cierto es, que en una región tan golpeada por el terrorismo de ETA y la Kale Borroka, y en la que los agentes de la Guardia Civil allí destinados son permanentemente escracheados y agredidos por el terrorismo callejero aún presente, toda
retirada de competencias al Instituto Armado, además de ir en detrimento de la seguridad de los navarros, está siendo interpretada por sus agentes como un abandono y desprecio por parte del actual Gobierno de España.
Por todo ello, consideramos imprescindible y urgente que el Gobierno replantee su estrategia política dependiente de los partidos nacionalistas encaminada a vaciar de competencias a las Instituciones del Estado, y ratifique, a su vez, su
apoyo a los miembros del Instituto Armado que con profesionalidad, sirven cada día para preservar la seguridad y libertad en Navarra.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mantener las competencias de tráfico y seguridad vial y no transferirlas a la Comunidad Foral de Navarra.
2. Apoyar de forma explícita e incondicional al conjunto de la Guardia Civil destinada en Navarra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003930
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la derogación de la
Instrucción 13/2018, de 17 de octubre, sobre la práctica de los registros corporales externos, la interpretación de determinadas infracciones y cuestiones procedimentales
en relación con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Secretaría de Estado de Seguridad dictó el pasado 17 de octubre la Instrucción 13/2018 sobre la práctica de los registros corporales externos, la interpretación de determinadas infracciones y cuestiones procedimentales en relación con la
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Compareciendo en la Comisión de Interior, la secretaria de Estado de Seguridad sostuvo la procedencia de la Instrucción amparándose en una supuesta necesidad de racionalizar la aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, y
con el fin de evitar las situaciones de 'desproporción' y de 'extrema aplicación' de esta norma que, a juicio del Gobierno, se estarían produciendo.
El objetivo último perseguido por la Instrucción sería, por tanto, unificar criterios en la práctica de determinadas diligencias por parte de los agentes, como los cacheos, y en la interpretación de algunas infracciones tipificadas en la
ley, como la desobediencia a los policías, las faltas de respeto o la grabación y difusión de sus imágenes o datos personales.
Sin embargo, de la lectura de la propia Instrucción, y de las reacciones que ha suscitado, se deduce un propósito distinto al que enuncia el Ministerio. En efecto, si bien algunas de las instrucciones son simplemente reiterativas, haciendo
referencia a consideraciones recogidas en la propia Ley, o en instrucciones anteriores, en otros casos se crean confusiones graves o interpretaciones dudosamente conformes con la Ley.
Es el caso del párrafo segundo de la instrucción tercera, cuando dice: 'debe entenderse que una leve o primera negativa al cumplimiento de las órdenes o instrucciones dadas por los agentes no puede constituir una infracción del artículo
36.6'. Y continúa diciendo que para que haya una infracción al artículo 36.6 será necesario que se quiebre la acción u omisión ordenada por los agentes actuantes o que se les impida el desarrollo de sus funciones. Pero si la desobediencia o
resistencia llegara al punto de impedir a los agentes el cumplimiento de sus funciones, estaríamos no ante una infracción sancionada por la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, sino ante una desobediencia constitutiva de delito.
Otra instrucción confusa es la que versa sobre el uso no autorizado de imágenes o datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Dice el párrafo tercero de la instrucción cuarta: 'la mera toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los
agentes no constituye infracción si no representa un riesgo o peligro para ellos, su familia, las instalaciones o las operaciones policiales'. Tal criterio puede llegar a suponer la neutralización de una medida esencial contemplada en la Ley
precisamente como garantía de la seguridad de los agentes y sus familias frente al acoso y las amenazas. Este es un punto especialmente delicado, habida cuenta de episodios de los que se tiene noticia. En ocasiones se ha desvelado la identidad de
funcionarios policiales mediante la difusión en redes sociales de fotografías suyas, llegando incluso a publicarse los datos del domicilio particular. Antes de dictar instrucciones que debilitan la posición de los agentes debe tenerse muy presente
que en España, y en el resto de países de nuestro entorno, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son uno de los principales objetivos de organizaciones terroristas y grupos radicales.
La confusión generada por la publicación de la Instrucción ha tenido su plasmación más visible en la reacción del colectivo policial. Una amplía representación de sindicatos policiales ha publicado un comunicado conjunto en el que se
cuestiona la mencionada instrucción cuarta, sobre el uso no autorizado de imágenes o datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 36.23 de la Ley).
Las atenuaciones introducidas ahora por la Secretaría de Estado de Seguridad son, potencialmente, un subterfugio para derogar 'de facto' el artículo 36.23 de la Ley dificultando la sanción de comportamientos que amenazan la seguridad de los
agentes.
La introducción en la Ley de protección de la Seguridad Ciudadana del mencionado artículo 36.23 no fue un capricho ni una imposición. La universalización de los dispositivos móviles, y la proliferación e inmediatez de las redes sociales,
han hecho a la policía y su trabajo más visibles que nunca. Con la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana se ha querido regular el uso que los ciudadanos hacen de las imágenes de policías. Los matices introducidos en este
punto por la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad menoscaban la posición de los agentes y pueden llegar a comprometer su propia seguridad.
La afectación a los derechos fundamentales y la idoneidad normativa de la Ley no son materias competencia de la Secretaría de Estado de Seguridad. No caben aquí interpretaciones creativas, más allá de lo que en su día dictamine el Tribunal
Constitucional. Ni caben atajos para intentar una derogación 'de facto' y al margen del procedimiento legislativo.
Una Instrucción que, lejos de clarificar, entorpece el trabajo de policías y guardias civiles a la hora de aplicar la Ley, lejos de ser una herramienta útil, se convierte en un obstáculo para su tarea. No se comprende que, tal y como
denuncian policías y guardias civiles, el Ministerio haya elaborado esta Instrucción a sus espaldas, sin contar para nada con el criterio profesional de sus representantes. Justo el procedimiento contrario al que se siguió en la elaboración de la
Ley Orgánica 4/2015. Entonces se tuvo muy en cuenta el criterio y las necesidades de los mismos servidores públicos de los que ahora se prescinde.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Derogar, de forma inmediata, la Instrucción 13/2018, de 17 de octubre, sobre la práctica de los registros corporales externos, la interpretación de determinadas infracciones y cuestiones procedimentales en relación con la Ley Orgánica
4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, habida cuenta de la confusión generada con su publicación.
2. Respetar la vigencia normativa de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, absteniéndose de desvirtuar sus contenidos mediante el uso de disposiciones de rango inferior, teniendo en cuenta el principio de jerarquía y la naturaleza de las
instrucciones frente a una Ley.
3. Tomar en consideración las aportaciones de los representantes de los sindicatos y asociaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuando quieran plantearse criterios de interpretación y clarificación de cualquier extremo
contenido en la mencionada Ley Orgánica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2018.-Rafael Catalá Polo, Diputado.-Dolors Montserrat Monserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al acceso laboral de las
mujeres en el Cuerpo Nacional de la Policía y la Guardia Civil, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
En la actualidad, de los 64.448 agentes que tiene la Policía Nacional, 55.731 son hombres y 8.757 son mujeres; estas representan solamente el 12 % del total de los agentes de este Cuerpo. En la Guardia Civil los datos sobre la paridad
deseada quedan aún más lejos: de 74.395 efectivos de la Benemérita, 69.334 son hombres y 5.061 mujeres, lo que representa alrededor de un 7 % de mujeres. Además, este porcentaje baja a medida que aumenta la responsabilidad en la Benemérita: así,
tenemos una participación femenina que representa un 2,7 % de la escala de oficiales, un 2 % de la escala de suboficiales y un 7,6 % de la escala de cabos y guardias.
En España, entre los requisitos exigidos para ingresar tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil se incluye una estatura mínima de 1,65 metros para los hombres y de 1,60 metros para las mujeres, mientras que en el Ejército, la
altura mínima se reduce a 1,55 metros para todos los aspirantes. Los requisitos exigidos en el ámbito de la Policía Nacional y la Guardia Civil resultan perjudiciales para las mujeres, ya que según el Instituto Nacional de Estadística, el 50 % de
las mujeres no llega a la altura de 1,60 metros, mientras que un 20 % de los hombres no llega a la altura de 1,65 metros. El porcentaje en el que se encuentran la mayoría de las mujeres es el que corresponde a los 151-160 cm, con un 42,1 % de la
muestra. Por tanto, la
altura establecida para las mujeres deja fuera a un porcentaje mucho mayor de mujeres que de hombres, pues su coeficiente sobre la media es más favorecedor.
Si se compara la media de estatura de los hombres y el requisito establecido en las pruebas de ingreso con la media de estatura de las mujeres y su propio requisito, se puede apreciar nuevamente que las mujeres resultan desfavorecidas. En
el caso masculino, siendo 176,60 cm la media de estatura y la altura requerida de 165, el cociente es de 1,0703, mientras que entre la media de estatura femenina, 161,26 cm y la altura requerida, 160, la media es menor, 1,01, es decir el coeficiente
aplicado para la determinación del estándar de estatura es diferente y beneficia en unas centésimas a los varones.
Para que ambos coeficientes se igualasen, tomando el masculino como estándar -1,0703 cm.- y aplicándolo a la estatura media de las mujeres -1,6126 cm.- la estatura que habría que requerir a las mujeres sería de 1,50668 cm, muy lejos del 1,60
exigido actualmente.
Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado ante el caso de una ciudadana griega, a la que le fue denegado el ingreso en la Escuela de Policía helena debido a que no alcanzaba la estatura mínima de 1,70
metros exigida tanto para hombres como para mujeres (Asunto Kalliri, C-409/16, STJUE de 18 de octubre de 2017).
El Tribunal considera que no existe discriminación directa pero considera que se dan los tres argumentos que pueden dar lugar a una discriminación indirecta, tal y como recoge el artículo 2.1 b) de la Directiva 2006/54/CEE, de 5 de julio,
para la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, transpuesto al ordenamiento jurídico español en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esos tres argumentos son la existencia de una norma aparentemente neutra, sin ánimo discriminatorio; que provoque una desventaja para una persona de un sexo determinado con respecto a las personas
del otro sexo, y que no esté objetivamente justificada por un objetivo legítimo, mediante medios adecuados y necesarios.
El Tribunal sentencia que la fijación de una estatura física mínima idéntica para todos los candidatos -que no es el caso de España, donde este hecho se solucionó en 2007 modificando la normativa y estableciendo un mínimo diferenciado por
sexo- constituye una discriminación indirecta, dado que perjudica a un número muy superior de personas de sexo femenino que de personas de sexo masculino. El Tribunal se alinea así con las sentencias dictadas por tribunales norteamericanos, como el
famoso caso Rawlinson, constatando la existencia de discriminación indirecta hacia las mujeres que, por sus características físicas, difícilmente pueden cumplir determinados requisitos físicos que los hombres, en cambio, cumplen más fácilmente, como
es la altura, la envergadura o el peso.
Pero además, el Tribunal europeo incorpora una serie de observaciones que matizan la consideración de la altura como un elemento definitivo para la pertenencia a cuerpos como los de la policía. Así, recoge referencias a la regulación del
tráfico o el auxilio ciudadano, por ejemplo, tareas ambas de gran importancia en el desempeño de los agentes de policía, para las que el Tribunal entiende que no se necesita especial altura o fortaleza, mientras que sí se necesita para la detención
o custodia de los autores de hechos delictivos, o para el desempeño de actividades antidisturbios. Por tanto, si bien es cierto que el ejercicio de determinadas funciones de policía podría requerir el empleo de la fuerza física e implicar unas
condiciones y características físicas particulares, no lo es menos que otras, como el auxilio e información al ciudadano o la regulación del tráfico, no precisan aparentemente de un esfuerzo físico elevado o de una determinada envergadura vinculada
a la altura y/o al peso.
Así, podemos plantearnos si la fijación de esa altura mínima para las mujeres, que como vemos, limita de manera desigual y quizá discriminatoria a mujeres y hombres en su acceso a los Cuerpos de Policía Nacional o Guardia Civil, es adecuada
para garantizar el objetivo perseguido -el óptimo desempeño del servicio a prestar en lo que se refiere a sus requisitos físicos- o va más allá de lo imprescindible, limitando en exceso la posibilidad de acceso de muchas mujeres y suponiendo en la
práctica una limitación en la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. Podríamos plantearnos también, al igual que lo hace la sentencia europea, si para garantizar el carácter operativo y el buen funcionamiento de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, podrían realizarse otras pruebas o establecerse otros requisitos de carácter físico que no perjudiquen de manera genérica a las mujeres, como, por ejemplo, 'pruebas específicas que permitan verificar sus capacidades
físicas', limitando de esta manera el carácter desigualitario de la norma relativa a la estatura mínima. De hecho, todos los candidatos, mujeres y hombres, tienen que pasar las correspondientes pruebas físicas que evalúan sus aptitudes y
rendimiento al margen de su estatura mínima.
Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos fundamental facilitar el acceso laboral de aquellas mujeres que tienen vocación por entrar en los Cuerpos de la Policía Nacional o la Guardia Civil y remover cualquier barrera que pudiera ser
perjudicial o discriminatoria, tal y como establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en sus artículos 67 y 68, referidos al respeto al principio de la igualdad en las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, y a la aplicación de las normas relativas al personal de las administraciones públicas. En ellos se insta a impedir cualquier situación de discriminación profesional, especialmente en el sistema de acceso, formación, ascensos,
destinos y situaciones administrativas.
En pleno siglo XXI, consideramos que los requisitos de altura que se exigen a las mujeres para entrar tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil deben ser rebajados y que solamente se podrían justificar para aquellos puestos de
trabajo donde la estatura, la complexión física o la fuerza sean requisitos necesarios para realizar unas funciones determinadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a rebajar los requisitos de altura exigidos para el acceso de las mujeres en el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, estableciendo las excepciones que se consideren imprescindibles
solo para aquellas funciones que requieran una aptitud física particular o el empleo de la fuerza física, y valorando la posibilidad de incorporar pruebas o requisitos más vinculados a las tareas concretas a desempeñar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2018.-Marta González Vázquez, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003941
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la realización de la
prueba teórica del permiso de conducción en Calahorra mediante la dotación de un espacio con medios telemáticos en dicha localidad antes de finalizar el año, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
En mayo de 2018 la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista que instaba al Gobierno de España a que en Calahorra se habilitase un local donde los
aspirantes a conductores de la zona pudiesen examinarse de las pruebas teórica y práctica para obtener el permiso de conducción, evitando así tener que desplazarse bien a Logroño, bien a Pamplona. Desde 1978 los alumnos venían examinándose de la
prueba teórica en Calahorra; esta práctica se interrumpió por la huelga de los examinadores de tráfico.
Defendiendo su iniciativa, el Grupo Socialista alegaba que la posibilidad de continuar celebrando las pruebas en Calahorra 'ayudaría a la vertebración del territorio' y precisaba que en Calahorra hay instalaciones de Hacienda o de la
Seguridad Social, en las que podrían tener lugar, lo que 'sería una solución definitiva y actual'. Además explicaba que la eliminación de las pruebas teóricas perjudicaba a cientos de alumnos, que se veían en la necesidad de desplazarse a Logroño
para examinarse.
El Gobierno de España se comprometió entonces públicamente a revertir esa situación y adoptar las medidas necesarias para realizar aquello a lo que le instaba la Comisión de Interior antes de finales de año. De hecho, se estaban realizando
las gestiones conducentes a tal fin.
Con el actual Gobierno socialista se han paralizado completamente las actuaciones al respecto, sin mayor explicación, desatendiendo así el acuerdo alcanzado por unanimidad en la Comisión de Interior.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar que, a través de la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja, los alumnos que se examinen de la prueba teórica del permiso de conducción, puedan efectuar la misma en Calahorra sin coste alguno, como viene sucediendo desde
1978.
2. Garantizar que las condiciones de realización de dicha prueba no sean gravosas para las autoescuelas en ningún caso y en cantidad alguna.
3. Habilitar en Calahorra, antes de la finalización del año en curso, tal y como estaba comprometido ya por el Gobierno de España, la dotación de un espacio que posibilite la realización de la prueba teórica a través de medios telemáticos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2018.-Emilio del Río Sanz, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Fomento
161/003885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta a iniciativa de la Diputada doña Àngela Ballester Muñoz, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Fomento, relativa a la naturaleza de Cercanías de los billetes de tren entre Castelló y Vinarós cuya ampliación de frecuencias se prevé efectiva a partir del próximo
mes de noviembre.
Exposición de motivos
El 15 diciembre de 2017 el Consejo de Ministros anunció un nuevo Plan de Cercanías que ampliaba los trenes entre Castelló y Vinarós de 4 a 12 en su modalidad de cercanías. Esta ampliación atendía una reivindicación histórica de la sociedad
civil sobre las conexiones del norte de la provincia de Castelló con Castelló de la Plana y con València. Dentro de ese Plan de Mejora de Cercanías, se contemplaba la implantación de tarifas especiales para viajeros recurrentes equivalentes a las
de Cercanías. Además, dentro de ese Plan de Cercanías se planteaba la ampliación de las frecuencias a Vinarós como una aimpliación de la línea C6 de Cercanías de la Comunitat Valenciana.
A pesar de ese compromiso, a unas pocas semanas de esa ampliación de frecuencias anunciada por el Ministerio de Fomento para el próximo 12 de noviembre, Renfe no ha incorporado los billetes de los trenes entre Castelló y Vinarós a la
naturaleza de Cercanías, caracterizada:
- Equilibrio de precios a los trenes de Cercanías del resto de líneas de corta distancia de la Comunitat Valenciana.
- Posibilidad de viajar en cualquier tren de Cercanías con un billete único diario sin especificar horario.
- Bonos de transporte específicos para trabajadores y estudiantes.
- Posibilidad de viajar en los trenes Regionales Exprés con billete de Cercanías.
Por todo esto, y con el objetivo de favorecer el uso del nuevo servicio de Cercanías entre Vinarós y Castelló con la nueva oferta de frecuencias, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Coordinar con Renfe y Adif la implementación de la naturaleza de Cercanías en los billetes de tren entre Castelló y Vinarós en cuanto a precio de billetes, flexibilidad de uso, bonos de transporte y posibilidad de viajar en Regional Exprés
con billete de Cercanías.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2018.-Àngela Ballester Muñoz y Sergio Pascual Peña, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento para que adopte medidas destinadas a revertir la decisión de aumentar por segunda vez en este año 2018 las tarifas de los peajes de la AP-9.
Exposición de motivos
El Consejo de Ministros del día 26 de octubre aprobó el Real Decreto por el que se aprueba la adenda al Convenio entre la Administración General del Estado y Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad Anónima Unipersonal,
aprobado por el Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifican determinados términos de la concesión para la construcción, conservación y explotación de la Autopista AP-9, para la ampliación de capacidad de diversos tramos de
dicha autopista. Una medida que recoge en dicha adenda un incremento de las tarifas de los peajes bajo la denominación de 'actualización de tarifas'.
El resumen del Consejo de Ministros indica que una vez que la adenda aprobada se aplique, 'se procederá a la aplicación de forma conjunta, de la siguiente actualización de tarifas, ya establecidas con anterioridad en los Real Decreto
1733/2011, de 18 de noviembre y Real Decreto 104/2013, de 8 de febrero, respectivamente.'
Unos aumentos que supondrán un incremento porcentual total de un 2 % que se une al 1,9 % aprobado en enero de 2018. En total, en este año se contemplan incrementos de los costes de los peajes cercano al porcentaje del 4 %, un 3,9 %.
La adenda aprobada por el Consejo de Ministro establece que:
- Del 1 % anual acumulativo durante veinte años, en los recorridos con pago directo por los usuarios de la autopista AP-9. Esta subida compensa la inversión realizada en las obras para la ampliación de capacidad de diversos tramos de dicha
autopista y otras actuaciones contempladas en el Real Decreto 1733/2011, de 18 de noviembre, y también la inversión realizada en las actuaciones recogidas en la adenda al Convenio aprobada mediante el Real Decreto.
- Del 1 % en 2018, un 0,8 % en 2019 y de un 0,8 % en 2020, en los recorridos con pago directo por los usuarios de la autopista AP-9, para compensar el establecimiento de bonificaciones en el peaje de vehículos ligeros en los tramos de
Pontevedra-Vigo, Pontevedra-Morrazo, Pontevedra-Vilaboa y Rande-Vigo, de acuerdo con el Real Decreto 104/2013, de 8 de febrero.
Se trata del segundo incremento tarifaria en el mismo ejercicio para compensar a la concesionaria de la Autopista, AUDASA, por las obras que tenía que haber terminado en enero. Una compensación que una vez más repercute sobre los bolsillos
de los gallegos y de las gallegas, sobre el sector del transporte, de los pequeños y medianos autónomos y de miles de personas que utilizan esta vía para el desarrollo de su actividad socio-económica diaria.
La AP-9 se ha convertido en un artículo de lujo que no pueden permitirse la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas en sus traslados diarios. Para colmo, no cuenta con ningún programa de descuentos para usuarios frecuentes como si tienen
otras autopistas del grupo Itínere.
Sabe el Gobierno que desde el ámbito político (Parlamento gallego), el ámbito social y el ámbito económico, existe unanimidad en la petición de transferencia de la AP-9 a la Xunta. Igual que sabe que la prórroga de la concesión firmada en
el año 2000 por el Gobierno del PP de Aznar, quien extendió la concesión hasta agosto de 2048, es una pesada losa para la economía gallega que limita sus potencialidades y su desarrollo futuro. Al igual que sucede con otras autopistas de la misma
generación, de los años 70, debería estar en una situación muy distinta en la actualidad, próxima a finalizar el régimen de concesión y pasar a ser gratuita. Ese debería ser el estado de la AP-9 en un breve plazo de tiempo: estar libre de peajes y
transferida su gestión al Gobierno gallego.
En cambio, la vía que vertebra Galicia de norte a sur sigue rehén de una empresa privada que aumenta sustancialmente sus beneficios cada año gracias a su explotación. La autopista AP-9 va a ser la más longeva en el pago de peajes. Sin ir
más lejos, la AP-1, Burgos-Armiñón, será gratuita a partir del 30 de noviembre y también está en manos de Itínere. La AP-4, Sevilla-Cádiz, finalizará su explotación privada en diciembre de 2019, por poner algunos ejemplos. Tras 45 años y 51 de
explotación, quedarán libres. La AP-9 tendrá 75 años de concesión.
Además, la Autopista del Atlántico es la más rentable del grupo Itínere, ingresó en 2017 a la cartera de negocio del grupo nada más y nada menos que 140,8 millones de euros.
La aprobación de esta subida de peajes en la AP-9, que raya el 4 %, es un abuso que ha provocado la indignación de la ciudadanía gallega, así como del sector económico y del transporte. Un suma y sigue que se añade a la falta de
cumplimiento del compromiso adquirido por Fomento este año de eliminar el peaje de Redondela-Vigo. A las puertas de terminar el año 2018, no hay noticias de que se vaya a cumplir. La cadena de despropósitos se alarga en contra de los intereses de
la población de Galicia que es siempre el eslabón perjudicado, a la vez que la empresa privada, Audasa, es el actor privilegiado por todos los Gobiernos de turno en la Moncloa.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Adoptar las medidas normativas oportunas para revertir la decisión de aumentar las tarifas de los peajes de la AP-9 en un 2 %, dado que constituye la segunda subida de los costes en este año 2018 y que se suma al 1,9 % de incremento
aplicado en el mes de enero.
- No repercutir en ningún caso sobre los usuarios y usuarias de la Autopista del Atlántico, AP-9, las compensaciones a la concesionaria AUDASA, que ostenta el régimen de concesión hasta el año 2048.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2018.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre prevención de riesgos por inundaciones, para su debate en
la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Los expertos en cambio climático prevén que en España, más que un descenso de las precipitaciones medias, con el aumento de las temperaturas, las lluvias se concentren en episodios menos frecuentes y más intensos, de forma que las sequías y
las inundaciones serán más comunes.
Si bien es cierto que los distintos modelos coinciden respecto al aumento de las temperaturas, en pluviometría las previsiones están menos ajustadas. La tendencia recesiva se hace más consistente en el escenario pesimista de emisiones y
cuando se consideran plazos más largos, llegando (en el escenario más desfavorable) a una expectativa de recesión media del 24 %, que se agrava en las cuencas mediterráneas más sensibles. Se reduce en niveles similares la infiltración a los
acuíferos.
Aunque la precipitación media puede no variar, los veranos serían más cálidos y las precipitaciones en otoño y primavera se reducirían. Por tanto, debemos esperar lluvias menos frecuentes pero más violentas.
Estas precipitaciones extremas son más susceptibles de provocar el desbordamiento de ríos y torrentes con graves perjuicios personales y materiales. A esto hay que añadir que la vulnerabilidad ante inundaciones ha aumentado por la ocupación
urbanística de zonas de riesgo ante una precipitación súbita que cause crecidas repentinas.
La herramienta clave en la prevención de estas tragedias es la elaboración, aprobación e implantación de los planes de gestión del riesgo de inundación regulados por los capítulos 4 y 5 del Real Decreto 903/2010, en transposición de la
Directiva 2007/60 relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
Los planes de gestión tienen como objetivo lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones, basándose en los programas de medidas que cada una
de las administraciones debe aplicar en el ámbito de sus competencias para alcanzar el objetivo previsto.
La mayor parte de los planes de gestión del riesgo de inundación (16 demarcaciones hidrográficas) fueron aprobados por el Gobierno, en reunión del Consejo de Ministros del 15 de enero de 2016, y publicados en el 'BOE' núm. 19, de 22 de
enero de 2016. Posteriormente, en reunión del Consejo de Ministros de 15 de abril de 2016, se aprobó el plan de gestión del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica de Illes Balears, publicado en el 'BOE' núm. 92, de 16 de abril de
2016.
Desgraciadamente esto no ha evitado que este año fuésemos testigos de días trágicos en el litoral mediterráneo. En Mallorca una tormenta provocó la crecida del torrente Ses Planes a través de la localidad de Sant Llorenç des Cardassar
causando al menos trece muertos.
Sant Llorenç des Cardassar está catalogado como 'área de riesgo potencial significativo' dentro del plan de prevención de riesgos de inundación del Gobierno de las Islas Baleares. Los informes del gobierno balear tienen identificados 30
tramos de torrente con riesgo de avenida, entre ellos el de Ses Planes.
Por tanto, aunque nuestra legislación vigente prevé elaborar planes de inundaciones, el control y seguimiento es claramente insuficiente. Tenemos las leyes, pero falta su cumplimiento. Es necesario planificar y preparar las
infraestructuras hidráulicas frente a fenómenos extremos.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Planificar y preparar las obras públicas, desarrollos urbanísticos e infraestructuras hidráulicas, en vista de los escenarios de cambio climático, y teniendo en cuenta los crecientes riesgos de fenómenos extremos.
2. Revisar los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación y, en colaboración con CC.AA. y EE.LL., estableciendo un protocolo de las condiciones de seguridad mínimas para zonas habitadas que estén identificadas como de alto riesgo de
inundaciones.
3. Elaborar la Estrategia Nacional de restauración de ríos, barrancos y costas en consonancia con la Directiva marco del agua y la Directiva de evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
4. Revisar la Estrategia Forestal Española de 1999 y el Plan Forestal Español de 2002. Precisamos masas forestales maduras y poco densas. Los bosques facilitan la infiltración de la lluvia a los acuíferos, evitan erosión, colmatación de
embalses y los riesgos de crecida. Debe prestarse especial atención a la función de frenado de avenidas y de filtro verde de los bosques de ribera debiendo integrarse en la planificación, clarificando deslindes e incentivando la explotación de
choperas en zonas inundables.
5. Dar una mayor difusión pública al mapa de riesgo de inundación del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) de libre consulta a través de Internet.
6. Estudiar que la Dirección General del Catastro incorporé a la ficha catastral de cada propiedad una advertencia con el riesgo de inundación según el SNCZI.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2018.-Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputado.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de sus Diputados Yolanda Díaz Pérez y Rafael Mayoral Perales, a través de su portavoz Antón Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 193 del
Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento, relativa a la negociación de una prórroga a los contratos de alquiler social de sus viviendas de los vecinos del edificio de A Patiña, en
Cambre (A Coruña), y a la solución habitacional estable y digna para estos vecinos.
Exposición de motivos
El edificio de A Patiña, en el municipio coruñés de Cambre, aloja a medio centenar de familias en situación de severa vulnerabilidad social y económica; familias cuyos escasos ingresos económicos las sitúa en el perfil de familias pobres, o
en riesgo de pobreza en el mejor de los casos: familias con hijos y rentas por debajo del salario mínimo, mujeres víctimas de malos tratos, parados de larga duración, personas con graves problemas de movilidad, invidentes o ancianos solos y
enfermos con una pensión no contributiva, entre otros casos. Muchas de estas familias sobreviven gracias a las ayudas de los servicios sociales o de organizaciones benéficas. Las rentas que pagan por el uso de las viviendas en régimen de alquiler
oscilan entre los 200 y los 310 euros mensuales.
Estas rentas se han mantenido estables durante los últimos años gracias al compromiso que adquirió la constructora Fadesa de destinar estos pisos al alquiler a personas desfavorecidas por un plazo de 20 años. Además de mantener un precio
equilibrado de los alquileres, el compromiso se extendía a la contratación de un seguro para cubrir las reparaciones y renovaciones necesarias en el edificio y sus equipamientos. Ante la inminente quiebra de Fadesa, hace algunos años, esta entidad
traspasó el edificio a Altamira, la consultora que gestiona los activos inmobiliarios del Grupo Santander.
Por parte de Altamira se han mantenido los compromisos iniciales de manera decreciente, hasta que el plazo de 20 años expiró en 2017. Desde entonces, la agencia subcontratada por Altamira para administrar el edificio dejó de atender sus
obligaciones básicas de mantenimiento de pisos e instalaciones.
Además, se ha iniciado el procedimiento para expulsar de sus casas a estas familias. Desde hace unos meses los inquilinos empezaron a recibir cartas advirtiéndoles de que sus contratos estaban a punto de expirar. A algunos se les informaba
de que la renovación de los contratos quedaba sujeta a una elevación de las rentas, mientras que a otros se les exigía directamente que abandonaran los inmuebles. Estas cartas siguen llegando a los inquilinos a medida que sus contratos están
cercanos a su expiración, lo que afecta a la totalidad de inquilinos del edificio.
Por otra parte, existen informaciones acerca de la presunta venta del edificio a un Fondo de inversión, que estaría planteando acciones similares en otros pisos protegidos de toda España. Independientemente de que el propietario del
inmueble sea el Grupo Santander o un Fondo de inversión, se puede verificar que la práctica de elevación abusiva de precios de alquiler y la expulsión de inquilinos con bajos niveles de renta de sus viviendas habituales está constituyéndose como una
práctica habitual y generalizada en toda España, lo que se constituye como una mala práctica con importantes repercusiones sociales.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar la negociación de la prórroga de los contratos de alquiler social de los vecinos del edificio de A Patiña (Cambre-A Coruña) para que se mantengan las condiciones previas en cuanto a precios accesibles y obligaciones en el
mantenimiento de instalaciones y equipamientos.
2. Adoptar todas las medidas necesarias en coordinación con la Comunidad Autónoma competente para garantizar que no se produzca ningún desalojo sin alternativa habitacional estable y digna a los
vecinos de este inmueble, con garantías de mantenimiento de unas condiciones adecuadas en cuanto a precios, accesibilidad, movilidad y habitabilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2018.-Rafael Mayoral Perales y Yolanda Díaz Pérez, Diputados.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa al archivo inmediato de la solicitud de modificación sustancial de la concesión portuaria que permitiría la instalación de la macroplanta.
Exposición de motivos
El pasado 11 de octubre el 'Boletín Oficial de la Provincia de Alicante' sometió a información pública la solicitud de modificación sustancial de la concesión administrativa otorgada a Terminales Marítimas del Sureste S.A. con el objeto de
autorizar la cesión de uso de una parcela a favor de XC Business 90 S.L. para construir y explotar una instalación destinada al almacenamiento y distribución de combustibles en el Muelle 19 del Puerto de Alicante.
Desde el conocimiento de esta información han sido varias las asociaciones de vecinos, organizaciones ciudadanas y representantes de partidos políticos los que han manifestado su posición contraria a la modificación de la concesión por
suponer un grave riesgo medioambiental y social para la ciudadanía de Alicante.
En un ejercicio de transparencia es necesario señalar que la información que desde la Autoridad Portuaria se facilitó a los medios de comunicación a finales del pasado mes de septiembre en relación a la modificación sustancial solicitada por
Terminales Marítimas del Sureste (TMS) a la Autoridad Portuaria para modificar su concesión al objeto de albergar seis depósitos de carburante no concuerda con la verdadera magnitud del proyecto, como señaló el concejal Miguel Ángel Pavón.
Sin embargo, antes de ampliar la información acerca del proyecto, debemos echar la vista atrás para poner en antecedente la mala praxis que supondría la aprobación de la modificación citada. En el 'Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana' (DOGV) se publicaba en 1995 el convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ministerio de Industria y Energía, la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), el Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria de Alicante
para el traslado de la planta de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos situada en el Puerto de Alicante.
En dicho convenio se expone que 'las instituciones públicas intervinientes consideran que en el futuro no debe haber instalaciones de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos en el Puerto de Alicante, por lo que las que
actualmente posee CLH han de ser trasladadas a otra ubicación'.
A finales de los años 90 se efectuó un traslado que ubica en la actualidad estas instalaciones en la partida del Bacarot, zona de Els Reiets, instalaciones que, según información publicada por el grupo CLH, tienen una capacidad nominal total
de 115.934 metros cúbicos para almacenar gasolinas, gasóleos, queroseno de aviación y biocarburantes. Instalaciones de este tipo multiplicadas en sus dimensiones y capacidad de almacenamiento quieren implantarse de nuevo en el Puerto de Alicante, a
pesar de ir contra el convenio previo.
Lo que no terminamos de entender es cómo nadie en la Autoridad Portuaria ni nadie de su consejo de administración ha reparado en el texto del convenio, firmado por la propia Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno
Central en 1995, ya que simplemente aludiéndose a ese convenio ni tan siquiera debería haberse aceptado a trámite la solicitud presentada por TMS.
La lectura realizada por el concejal Miguel Ángel Pavón del expediente de la modificación sustancial de la concesión administrativa otorgada a Terminales Marítimas del Sureste para autorizar la cesión de uso de una parcela a favor de la
mercantil XC Business 90 SL para construir y explotar una instalación
destinada al almacenamiento y distribución de combustible en el muelle 19 del Puerto de Alicante, puso al descubierto que simplemente se había informado de una parte, encontrándonos con un proyecto de inusitadas dimensiones que supondría un
retroceso inaceptable en la necesaria integración entre puerto y ciudad.
La modificación sustancial de la concesión afecta a una parcela de unos 14.000 metros cuadrados en los que construir seis macrodepósitos (el mayor de 50 metros de diámetro y una altura de casi 30 metros) con una capacidad total de más de
110.000 m3 para almacenar gasolinas y gasóleos, equivalente a la totalidad de la capacidad de la planta de CLH en Bacarot -el presupuesto de ejecución material, PEM, de esos seis depósitos es de 5,78 millones de euros-. La consulta de la
documentación del expediente reveló que se trata de la primera fase de un proyecto mayor, ya que se apela a una segunda fase en la que construir sobre otra parcela de 40.000 m2 hasta 12 macrodepósitos, más de 50.000 metros cúbicos para almacenar
gasóleos y biocarburantes, pudiéndose incorporar incluso depósitos de GLP (gas licuado del petróleo) con esferas de hasta 20.000 m3 para su comercialización a granel o envasado, con un PEM de 30 millones de euros. Esta segunda fase supondría
ampliar las más de 110.000 toneladas de la primera fase con 600.000 toneladas adicionales, es decir, estamos frente a un macrocomplejo de almacenamiento de combustible con una capacidad de más de 700.000 toneladas, ampliables además con esferas de
almacenamiento de GLP y un PEM de casi 36 millones de euros. La empresa hace constar en la documentación que ha aportado al expediente que pretende poder llegar a mover hasta 1 millón de toneladas de combustibles al año, con más de 500 buques
cargados de combustible que se descargaría en los depósitos, lo que supondría a su vez miles de camiones cisterna trasladando el combustible de los depósitos a estaciones de servicio de la ciudad, de la provincia e incluso de otras provincias,
camiones que van a recorrer también las calles de la ciudad, con el impacto negativo que ello supondría para la movilidad, el turismo y la seguridad.
Las instalaciones se situarían a menos de un kilómetro de barrios de la ciudad como Gran Vía Sur (800 metros), Benalúa (800 metros), San Gabriel (1.000 metros) o Ensanche-Autobuses (850 metros), de centros escolares como el CEIP Benalúa (780
metros) o de la sede de instituciones como Casa Mediterráneo (730 metros), pese a su evidente peligrosidad en caso de fuga o accidente.
El descubrimiento de esas dos fases constituye un fraccionamiento tramposo del proyecto global, ya que la evaluación del proyecto total no equivale a la evaluación de las fases desde cualquier punto de vista (ambiental, paisajístico,
seguridad ante accidente grave). Esto no hace sino facilitar la tramitación de la segunda fase a caballo de la primera. Consideramos esto, pues, un fraude a los procedimientos aplicables, revelándose que se puede estar actuando con cierta mala fe
por parte de la empresa promotora del proyecto.
En función de la legislación aplicable en materia de contaminación, seguridad y evaluación ambiental, un proyecto de este tipo requiere para su aprobación licencia ambiental municipal, una evaluación ambiental simplificada y un informe de
seguridad del órgano competente de la Generalitat en materia de accidentes graves. Unas autorizaciones que, en cualquier caso, deberían contemplar siempre la totalidad del proyecto, no solamente la primera fase para la que ahora se solicita una
modificación sustancial de una concesión portuaria.
Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Alicante se han posicionado en contra de la modificación sustancial solicitada esgrimiendo tanto el convenio de 1995 como la absoluta incompatibilidad de este proyecto con el objetivo
estratégico de integrar el puerto con la ciudad, además de por la situación de riesgo a la que se sometería a la población y al medio ambiente del entorno (barrios como San Gabriel, Gran Vía Sur, Benalúa, Ensanche-Autobuses, LIC y ZEPA de Tabarca)
en caso de accidente grave por fuga o explosión. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también se ha mostrado contrario a la modificación.
Por tanto, tras lo expresado, esperamos que se comprenda que la puesta en marcha de este proyecto estaría en contra de lo firmado por las diferentes autoridades (Ayuntamiento, Autoridad Portuaria, Generalitat y Gobierno Central) en el
Convenio de 1995 y a lo expresado en el 2013 por el Tribunal Supremo (TS) en la ratificación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) referida al rechazo de la implantación en uno de los muelles del Puerto
de Alicante de una planta biodiésel.
A su vez, iría en contra de la lucha vecinal que concluyó con el traslado al Bacarot de los depósitos que la antigua Campsa tenía en el Puerto. En la actualidad, las asociaciones de vecinos Gran Vía Sur, La Florida, San Gabriel, Benalúa-el
Templete, Distrito Playas, La Condomina, Confederación de Vecinos de
la Comunidad, la plataforma Controversia y Marea Blanca son las principales organizaciones que ya han manifestado su rechazo a la implementación de este proyecto que no integra adecuadamente el puerto con la ciudad.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se dirija a la Autoridad Portuaria de Alicante para que proceda a denegar y archivar la solicitud de modificación sustancial de la concesión administrativa otorgada a Terminales Marítimas
del Sureste, S.A. con el objeto de autorizar la cesión de uso de una parcela a favor de XC Business 90, S.L. para construir y explotar una instalación destinada al almacenamiento y distribución de combustibles en el Muelle 19 del Puerto de
Alicante, modificación sometida a información pública mediante anuncio insertado en el 'Boletín Oficial de la Provincia de Alicante' de fecha 11 de octubre de 2018.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2018.-Rita Gertrudis Bosaho Gori y Ricardo Sixto Iglesias, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en relación a las obras de la 'Ronda
Sur de Logroño', para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La denominada 'Ronda Sur de Logroño', que supone la conversión de la autopista AP-68 entre Arrúbal y Navarrete en autovía con un mayor número de puntos de conexión con la capital riojana, ha sido una obra demandada hace años por todos los
riojanos para satisfacer las necesidades de movilidad en torno a esta ciudad, tanto a la hora de circunvalarla como a la hora de acceder o salir de la misma.
Los trámites administrativos efectivos comenzaron con el anterior Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy. De esta forma, se han venido dando pasos importantes para cumplir ese gran objetivo en materia de infraestructuras.
En diciembre de 2012 se aprueba el Estudio Informativo para la conversión de la autopista AP-68 en 'Ronda Sur de Logroño', y el 3 de septiembre de 2013 se licita el contrato para la redacción del proyecto de la 'Ronda Sur de Logroño'.
El 9 de agosto de 2017, el 'Boletín Oficial de Estado' publica la aprobación del expediente de información pública y definitiva del proyecto de trazado 'Autovía A-68. Tramo Arrúbal Navarrete', con un presupuesto de licitación estimado de
146 millones de euros. El 27 de noviembre de 2017 se aprueba el proyecto y el 1 de diciembre se inicia el proceso de expropiaciones encargado a la empresa de ingeniería Ineco.
El 13 de diciembre de 2017 el Ministro de Fomento anuncia la aprobación del proyecto, la negociación con la empresa concesionaria AVASA y el comienzo de expropiaciones. En estos momentos, el inicio de la obra queda pendiente de licitación
para el presente año 2018. Los Presupuestos del Estado recogen esta actuación con una inversión de 12 millones.
Como se ve, este tipo de actuaciones, importantísimas para el futuro de una región y de la movilidad en el norte de España, pueden avanzar con decisión si hay un compromiso firme por parte del Gobierno. Sin embargo, recientemente el
Delegado del Gobierno de La Rioja ha afirmado que no se pueden licitar las obras de la Ronda Sur de Logroño, alegando que se tienen que realizar nuevas expropiaciones y que no está cerrado el acuerdo con la concesionaria de la Autopista.
Ninguna de estas dos cuestiones impide técnicamente que se pueda licitar la obra y, por lo tanto, estaríamos hablando de excusas del nuevo Gobierno socialista para paralizar las obras de la Ronda Sur
de Logroño perjudicando claramente con ello a la ciudad de Logroño, a la Comunidad Autónoma de La Rioja y a toda la circulación de personas o mercancías que necesite transitar por la misma.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a licitar inmediatamente las obras de la 'Ronda Sur de Logroño', a fin de que se pueda comenzar en 2018 con esta fase de este gran proyecto de futuro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2018.-Emilio del Río Sanz, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al Teatro Cervantes de
Segovia, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En el año 1996, con un Gobierno municipal del Partido Popular, el Ayuntamiento de Segovia adquirió la propiedad del edificio que albergaba el antiguo Teatro Cervantes con la finalidad de su rehabilitación y convertirlo en un Centro de
reanimación de la actividad cultural de la ciudad. Dos años después, tras la elaboración del correspondiente proyecto, la Junta de Castilla y León autorizó las obras de rehabilitación para destinarlo a un salón multiusos, con una superficie de
3.000 metros cuadrados útiles y un aforo de 600/700 personas.
Durante los años 2003 a 2007, gobernando el Partido Socialista, se cometen sobre el edificio verdaderas barbaridades de imposible reparación. Desde un punto de vista arquitectónico, llegan a demoler la cubierta del mismo aumentando el
volumen de la edificación mediante la colocación de unas cerchas que, años después, en cumplimiento de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia, tuvieron que retirar, y, desde un punto de vista cultural, hicieron
desaparecer las valiosas pinturas del autor segoviano Lope Tablada, que también fueron destruidas, concluyendo este expolio con una fuerte sanción económica al Ayuntamiento de Segovia.
Tras diversos compromisos de financiación del proyecto, en el año 2008 se firma un convenio entre el Ayuntamiento de Segovia y el entonces Ministerio de la Vivienda, comprometiéndose el entonces alcalde socialista a que el Teatro Cervantes
estuviera operativo y a disposición de los ciudadanos antes de terminar el año 2010.
En el mes de noviembre de 2011, en plena precampaña para elecciones generales, el Partido Socialista anuncia la próxima licitación de las obras, publicándose en el BOE con una inversión total de 8.303.380,26 euros, sin tener la partida
presupuestaria necesaria aprobada en los PGE. Finalmente, el contrato no se adjudicó.
Superados los años críticos para la economía española, el día 31 de enero de este año 2018, el ministro de Fomento anunció en su visita a Segovia la licitación de proyecto adaptado para la rehabilitación del Teatro Cervantes. En los PGE
aprobados para el presente año 2018 se consigna y existe, por tanto, consignación presupuestaria para ese fin, dotada con 1.010.000,00 sobre un coste total de 9,4 millones.
Así mismo, en la Comisión de Fomento de fecha 21 de febrero de 2018, se debate y aprueba instar al Gobierno para que en el plazo de 6 meses máximo se licite Proyecto de ejecución de las obras de ejecución del citado Teatro Cervantes de
Segovia.
Tras el cambio de Gobierno en España, a mediados del mes de septiembre la alcaldesa socialista de Segovia ha manifestado, públicamente, que el proyecto de reforma del Teatro Cervantes 'verá la luz a partir del año 2019', cuando la licitación
del mismo estaba prevista para agosto de 2018.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que licite, inmediatamente y con carácter de urgencia, el Proyecto de ejecución de las obras del Teatro Cervantes de Segovia, en base a la partida presupuestaria consignada para este año 2018
en los Presupuestos Generales del Estado, así como al cumplimiento del acuerdo aprobado por la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados de fecha 21 de febrero de 2018.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.-Beatriz Marta Escudero Berzal y Jesús Postigo Quintana, Diputados.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/003905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Educación, relativa a la toma de medidas para asegurar el cumplimiento del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Exposición de motivos
Siguiendo la Convención sobre los Derechos de personas con discapacidad, firmado por España, la segregación y exclusión de estudiantes con diversidad funcional de la educación pública supone una violación de derechos a la educación, definido
en el artículo 24.
La Convención establece el compromiso de garantizar que 'las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema de educación general por discapacidad, y que los niños con discapacidad no queden excluidos de la educación primaria
gratuita u obligatoria, o de la educación secundaria, por discapacidad.'
Además, el derecho a la educación de toda persona se aborda en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 13, reafirmando el
derecho a la educación y agregando que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, y favorecer la comprensión y la tolerancia. La Convención sobre los Derechos del Niño establece, en su
artículo 23, el derecho del niño con discapacidad a tener acceso efectivo a la educación y la capacitación con el objeto de lograr su desarrollo individual y su inclusión social. En su artículo 28, establece el derecho del niño a la educación,
derecho que debe ejercerse en condiciones de igualdad y, en su artículo 29, estipula que la educación del niño debe estar encaminada a desarrollar su personalidad, sus aptitudes y su capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades.
Los Estados parte, al adherirse a las Convenciones y Pactos Internacionales adquieren la obligación de adaptar sus legislaciones y reglamentos para dar respuesta adecuada, en este caso se concreta en la obligación del Estado de respetar,
proteger y garantizar la educación inclusiva y de calidad para todas las personas sin distinción.
Se debe por tanto:
- Garantizar el derecho a la educación para las personas con discapacidad en un sistema inclusivo a todos los niveles, incluyendo el nivel preescolar y la educación terciaria, las escuelas vocacionales y de educación continua, así como las
actividades extraescolares y sociales.
- Diseñar un sistema teniendo en cuenta las necesidades de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, en donde todos los centros educativos acogen a todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones físicas,
intelectuales, sociales, lingüísticas u otras.
- Cambiar las actitudes de discriminación y los sistemas discriminadores, para crear sociedades inclusivas, que respeten y valoren las diferencias y la dignidad de todas las personas por igual.
En el marco estatal contamos con la referencia del artículo 14 de la Constitución en el que se establece que 'Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social'. El artículo 27 de la Constitución reconoce el derecho de todos a la educación, incluidas las personas con discapacidad.
A pesar de estas obligaciones, en septiembre de 2014 el Comité recibió información de la organización de personas con discapacidad, que alegaba violaciones graves y sistemáticas del artículo 24 de la Convención y que solicitaba al Comité
llevar a cabo una investigación sobre el tema. El Comité consideró que la información recibida era fiable e indicativa de posibles violaciones graves o sistemáticas del derecho a la educación y decidió registrar la solicitud y un equipo de expertos
y expertas realizó una investigación que llevó a la publicación de un informe en el mes de mayo de 2018.
Los expertos y expertas de Naciones Unidas señalaban en su Informe que España no estaba cumpliendo con su deber de garantizar la educación inclusiva para las personas con diversidad funcional. El Informe denuncia que España mantiene un
sistema discriminatorio y que utiliza disposiciones legales vigentes para mantener dos sistemas educativos y desviar a los estudiantes con diversidad funcional fuera de la educación general.
En el Informe se resaltan unos hallazgos preocupantes:
'En vista de la amplitud, continuidad y diversidad de las violaciones encontradas, las cuales se interrelacionan entre sí de forma permanente y continua, pero también tomando en cuenta que dichas violaciones resultan en gran parte del
sistema instaurado a través de la legislación, de las políticas adoptadas y de las prácticas de las instituciones involucradas, el Comité concluye que los hallazgos encontrados en la presente investigación alcanzan el nivel de gravedad y
sistematicidad establecido por el artículo 6 del Protocolo Facultativo y del artículo 83 del reglamento. En este sentido el Comité destaca que la denegación de la igualdad de derechos para las personas con discapacidad puede producirse
deliberadamente, es decir, con la intención del Estado parte de cometer tales actos, o como resultado de leyes o políticas discriminatorias, con dicho propósito o sin él.'
'De conformidad con su jurisprudencia y su observación general núm. 4 (2016), el Comité recuerda que un sistema inclusivo basado en el derecho a la no discriminación e igualdad de oportunidades requiere la abolición del sistema separado de
educación para estudiantes con discapacidad. El sistema de educación inclusiva debe proveer la educación a todos los estudiantes y estar basado en una educación de calidad proporcionando a cada estudiante el apoyo que requiera. Para lograr de
manera práctica la educación inclusiva, es necesaria una transferencia de recursos de los centros educativos especiales hacia el sistema educativo general, permitiendo el acceso del alumnado con discapacidad en condiciones de igualdad con el resto
de estudiantes, recordando que la no discriminación incluye el derecho a no ser segregado y a ser proporcionado con ajuste razonable, y debe entenderse como el deber de proporcionar ambientes de enseñanza accesibles y ajustes razonables. El Comité,
recordando sus anteriores observaciones finales (CRPD/C/ESP/CO/1), formula una serie de recomendaciones al Estado parte a ser leídas conjuntamente con su observación general núm. 4 (2016).'
Por todo ello, nuestro Grupo Parlamentario Confederal formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo las reformas legislativas necesarias para recoger las siguientes recomendaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en concreto a 1:
a) Definir claramente la inclusión y sus objetivos específicos en cada nivel de enseñanza.
b) Contemplar la educación inclusiva como un derecho y no solo como un principio y que todos los estudiantes con discapacidad tengan el derecho de acceso a las oportunidades de aprendizaje inclusivo
1 'Informe de la investigación relacionada con España bajo el artículo 6 del Protocolo Facultativo', Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, junio 2017.
en el sistema educativo general, sin importar sus características personales, con acceso a los servicios de apoyo que se requieran.
c) Eliminar la excepción de la educación segregada en la legislación educativa, incluyendo la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización.
d) Incluir una cláusula de no rechazo para estudiantes por razones de discapacidad, estableciendo claramente que la denegación del ajuste razonable constituye discriminación.
e) Eliminar la segregación educativa de estudiantes con discapacidad, tanto en una unidad dentro de la misma escuela o en centros especiales.
f) Garantizar a las personas con discapacidad el derecho a ser oídas y tomar en cuenta sus opiniones a través de consultas efectivas con organizaciones que las representan, así como una perspectiva de edad y de género.
g) Aprobar el marco regulatorio necesario para la implementación efectiva de la legislación y la armonización del sistema educativo con la Convención en todos sus niveles, incluyendo en áreas como la elaboración de nuevos programas de
formación para todo el personal docente, la disponibilidad de materiales escolares accesibles para todos, la transformación de los entornos educativos existentes en entornos incluyentes y accesibles, el fomento del traslado de los recursos de los
entornos segregados a los inclusivos y la provisión de apoyo adecuado a los estudiantes que lo requieran.
2. Poner en marcha las siguientes medidas, en colaboración con las comunidades autónomas, teniendo en cuenta la distribución de competencias en materia educativa:
a) Establecer mecanismos eficaces de monitoreo y revisión para garantizar que la legislación, las estrategias y las políticas relativas a la aplicación del artículo 24 cumplan con las obligaciones del Estado parte en todo su territorio.
b) Velar por que las administraciones educativas autonómicas estén informadas de sus responsabilidades con respecto a los derechos de las personas con discapacidad.
c) Incrementar la toma de conciencia y las medidas para combatir la discriminación, los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas, incluidos el acoso escolar, contra las personas con discapacidad, y desarrollar respuestas
acertadas que fomenten una actitud de respeto de sus derechos.
d) Fomentar la celeridad y accesibilidad en los procesos de denuncia y recursos legales en casos de discriminación con base en la discapacidad, incrementando el conocimiento de los estándares de la Convención entre los miembros del sistema
judicial.
e) Vigilar que no se pueda perseguir penalmente a los padres de alumnos con discapacidad por el delito de abandono familiar por exigir el derecho de sus hijos a una educación inclusiva en igualdad de condiciones.
f) Desarrollar sistemas de evaluación y seguimiento de los progresos individualizados y con ajustes razonables.
g) Mejorar la recopilación de información y datos desglosados, incluyendo la elaboración de indicadores en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, en colaboración con organizaciones representativas de personas con
discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2018.-Rosa Ana Alonso Clusa, Diputada.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
161/003922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, y a través de su portavoz, don Antón Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del
Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, relativa al cumplimiento,
por parte del Gobierno, de la disposición adicional vigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
Exposición de motivos
La Recomendación 4 de los Acuerdos del Pacto de Toledo de 2011, relativa a la financiación, simplificación e integración de regímenes especiales, determinaba que la Comisión consideraba necesario culminar el proceso de simplificación en
orden a la existencia de dos grandes regímenes en los que queden encuadrados, por un lado, los trabajadores por cuenta ajena y, por otro lado, los trabajadores por cuenta propia. Dentro de este contexto sería oportuno alcanzar una protección social
equiparable entre estos dos regímenes.
En la línea anteriormente descrita, la Comisión recomendaba continuar avanzando en la plena equiparación de los derechos de los trabajadores autónomos con los derechos de los trabajadores del Régimen General; en especial, en materia de
incentivos para promover la continuidad de su actividad profesional, en materia de jubilación anticipada y en materia de trabajo a tiempo parcial.
Asimismo, a juicio de la Comisión, deberían promoverse, de manera gradual, las medidas necesarias para aproximar las bases de cotización de los trabajadores autónomos a los ingresos percibidos por los mismos. Además, la Comisión estimó
pertinente que todas las medidas que desarrollen los acuerdos del Pacto de Toledo tengan en cuenta la realidad específica del trabajo autónomo, articulando para ello los mecanismos necesarios que permitan que los trabajadores autónomos participen en
los procesos que les afecten.
La Comisión entendía que han de incrementarse los niveles de transparencia e información a los trabajadores autónomos para permitir una elección responsable y adecuada de sus bases de cotización, con el objetivo de mejorar la suficiencia de
sus pensiones futuras. Y estimaba necesario adoptar las medidas oportunas para ampliar la cotización al sistema de Seguridad Social por cualquiera de los trabajos realizados en todos los sectores de actividad económica.
Esto supondría extender la posibilidad de cotizar al conjunto del colectivo de becarios de postgrado, así como la inclusión, a través de un sistema ágil y sencillo, de todas las personas sujetas al Régimen Especial de trabajadores al
servicio del hogar familiar, a partir de cualquier trabajo periódico.
En particular sería conveniente, según el dictamen de la Comisión, terminar la integración definitiva de los siguientes regímenes especiales: Agrario por cuenta ajena, de los trabajadores del Mar y de los trabajadores al servicio del hogar
familiar. Para conseguirlo deberán respetarse periodos graduales de integración, atendiendo a las especialidades de los sectores de población acogidos a ellos.
De igual modo, la Comisión consideraba oportuno que se procediese a un análisis de la regulación actual de los sistemas especiales de la Seguridad Social, en orden a verificar si siguen manteniéndose las razones y circunstancias que
motivaron su establecimiento para, en caso de ser necesario, proceder a su paulatina reordenación y simplificación.
En base a esta Recomendación 4 de los Acuerdos del Pacto de Toledo de 2011, la disposición adicional vigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, estableció que
el Gobierno debía remitir a la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, en el plazo de un año desde la aprobación de la misma, un estudio sobre las actuales cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos en relación a los ingresos del
sistema percibidos por los mismos, en relación al desarrollo de la recomendación número 4 del Pacto de Toledo. Sin embargo, en la fecha de registro de esta iniciativa el Congreso de los Diputados no ha recibido, por parte del Gobierno, ningún
estudio en este sentido. De este modo se desconoce si se siguen manteniendo las razones y circunstancias que motivaron la regulación actual de los sistemas especiales de la Seguridad Social o si es necesario proceder a su paulatina reordenación y
simplificación.
Es por ello por lo que el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir, en el plazo de tres meses, a la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, un estudio sobre las actuales cotizaciones sociales de los
trabajadores autónomos en relación a los ingresos del sistema
percibidos por los mismos, en relación al desarrollo de la recomendación número 4 del Pacto de Toledo de 2011.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003923
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, y a través de su portavoz, don Antón Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del
Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, relativa al cumplimiento, por parte del Gobierno, de la disposición adicional octava de la Ley 27/2011, de 1 de agosto,
sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
Exposición de motivos
El artículo 4 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, para los supuestos en que, dentro del periodo de tiempo considerado para el calcule) de la base reguladora
aparecieran lagunas de cotización correspondientes a periodos durante los que no hubiera existido obligación de cotizar, previó nuevas reglas respecto del mecanismo denominado 'relleno de lagunas'.
Así se modificó el sistema de cobertura de lagunas de cotización que se integran con la base mínima de entre todas las existentes en cada momento para personas trabajadoras mayores de dieciocho años, pero con una salvedad ya que si en el
periodo que haya de tomarse para el cálculo de la base reguladora aparecieran periodos durante los cuales no hubiese existido la obligación de cotizar, dichas lagunas se integrarán de acuerdo con las siguientes reglas:
1. Si durante los treinta y seis meses previos al periodo que ha de tomarse para el cálculo de la base reguladora existieran mensualidades con cotizaciones, cada una de las correspondientes bases de cotización dará derecho, en su cuantía
actualizada, a la integración de una mensualidad con laguna de cotización y hasta un máximo de 24, a partir de la mensualidad más cercana al hecho causante de la pensión, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente. En
ningún caso, la integración podrá ser inferior al 100 por 100 de la base mínima vigente en la fecha correspondiente a la mensualidad que es objeto de integración.
2. Las veinticuatro mensualidades con lagunas más próximas al período que se refiere la regla anterior se integrarán con el 100 por 100 de la base mínima vigente en la fecha correspondiente a la mensualidad que es objeto de integración.
El resto de mensualidades con lagunas de cotización se integrarán con el 50 por ciento de la base mínima vigente en la fecha correspondiente a la mensualidad que es objeto de integración.
En los supuestos en que en alguno de los meses a tener en cuenta para la determinación de la base reguladora la obligación de cotizar existe solo durante una parte del mismo, procederá la integración señalada en los párrafos anteriores, por
la parte del mes en que no exista obligación de cotizar, siempre que la base de cotización relativa al primer periodo no alcance la cuantía mensual que corresponda según la regla de integración que resulte aplicable en cada caso. En tal supuesto,
la integración alcanzará hasta esta última cuantía.
Ante lo novedoso de esta fórmula de cálculo de integración de lagunas, se estableció en la Disposición adicional octava de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social,
relativa a la Evaluación de la Ley sobre el cálculo de las pensiones que 'el Gobierno evaluará en el plazo de un año los efectos y el impacto que sobre las variables que para determinar el cálculo de las pensiones tendrá lo dispuesto en los
artículos 3 y 4.Tres de la misma, referidos
ambos a la fórmula de la integración de lagunas. En función de los resultados de dicha evaluación se llevarán a cabo las adaptaciones, modificaciones y cambios que resulten precisos para corregir las distorsiones que tal evaluación haya
evidenciado, y que permitan la incorporación de cotizaciones anteriores al periodo de cómputo como elemento de integración de lagunas'.
Sin embargo, han transcurrido 7 años desde la entrada en vigor de la mencionada Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social y ningún Gobierno ha evaluado los efectos y el
impacto que sobre las variables para determinar el cálculo de las pensiones tuvo la fórmula de integración de lagunas dispuesto en la normativa. Y, por consiguiente, no se han llevado a cabo las adaptaciones, modificaciones y cambios necesarios
para corregir las distorsiones que sí se han producido, además del efecto gravoso que tiene el tomar solo el 50 % de la base mínima, ya que teniendo en cuenta que al aumentar a 25 los años el tiempo para determinar la base reguladora, aun cuando se
aplique gradualmente, el número de lagunas puede aumentar. Además, y al igual que el antiguo, el nuevo régimen de integración de lagunas sigue sin ser de aplicación a los trabajadores autónomos y por cuenta propia.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a evaluar, en el plazo de tres meses, los efectos y el impacto que sobre las variables que para determinar el cálculo de las pensiones tendrá lo dispuesto en los artículos 3 y 4.Tres de la
misma, referidos ambos a la fórmula de la integración de lagunas. En función de los resultados de dicha evaluación se llevarán a cabo las adaptaciones, modificaciones y cambios que resulten precisos para corregir las distorsiones que tal evaluación
haya evidenciado, y que permitan la incorporación de cotizaciones anteriores al periodo de cómputo como elemento de integración de lagunas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, y a través de su portavoz, don Antón Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del
Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, relativa al cumplimiento, por parte del Gobierno, de la disposición adicional cuarta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto,
sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
Exposición de motivos
La Recomendación 5 del Informe de Evaluación e Impacto del Pacto del Toledo de 2011, relativa a Adecuación de las bases y períodos de cotización disponía que la Comisión considera necesario ajustar, con más precisión, la relación entre el
salario real y las bases de cotización así como, paralelamente, mejorar las prestaciones que se recibirán. A los efectos indicados, resultaría pertinente elevar el tope máximo de cotización y la pensión máxima que se regulan en la Ley para
garantizar la adecuada correlación en la evolución de salarios, cotizaciones y prestaciones. Por Ley se establecerán los requisitos para que esa correlación entre salarios, cotizaciones y prestaciones se efectúe automáticamente. La Comisión estima
que el cálculo de la pensión debe realizarse sobre los periodos de cotización real. Por Ley -previo estudio de las consecuencias financieras para la Seguridad Social- se podrán reconocer o favorecer determinadas situaciones y supuestos en el
procedimiento de cálculo de la pensión, en orden a añadir o minorar periodos o bases de cálculo. También debe establecerse una única fórmula para la
determinación de la base reguladora que se utiliza al calcular cada una de las prestaciones del Sistema, que utilice mecanismos homogéneos para configurar la media de las bases de cotización que la conforman. Todas estas medidas se pondrán
en funcionamiento de manera gradual.
En base a esto la disposición adicional cuarta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, ordena al Gobierno que, en el plazo de un año, presente ante la Comisión no
Permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo un estudio, con la correspondiente valoración económica, en relación con el contenido a que se refiere la Recomendación 52 del Pacto de Toledo relativa a la adecuación de las
bases y periodos de cotización.
Sin embargo, desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, ningún Gobierno ha realizado dicho estudio.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar ante la Comisión no Permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo un estudio con la correspondiente valoración económica, en el plazo máximo de 3 meses,
en relación con el contenido a que se refiere la Recomendación Quinta del Pacto de Toledo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/003915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Melisa Rodríguez Hernández, don José Ignacio Prendes Prendes, don Rodrigo Gómez García y don Sergio Del Campo Estaún Diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para el impulso de la industria española, para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Exposición de motivos
El pasado mes de octubre, la multinacional Alcoa dio a conocer su intención de clausurar sus plantas de fabricación de aluminio primario ubicadas en A Coruña y Avilés desatando la alarma social y económica dada la importancia que tienen para
la actividad económica y el empleo las plantas referidas.
La empresa ha argumentado a los representantes sindicales que el cierre obedece a 'problemas estructurales y tecnológicos' de las factorías, entre los que hay que destacar el alza exponencial de los precios de la energía eléctrica, de vital
importancia para este tipo de empresas electrointensivas que además abundan en el sector industrial asturiano.
No en vano, según datos del propio Ministerio de Industria, más del 70 % de la energía eléctrica consumida en regiones donde la actividad electrointensiva es destacada, corresponde al sector industrial.
Sin embargo, el Gobierno de España ha optado por una actitud de confrontación descartando las razones aducidas por el sector. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, consideró una 'excusa y una cortina de humo' que la
multinacional del aluminio alegue el alto precio de la electricidad.
Estas declaraciones chocan con una realidad evidente: el precio de la electricidad en el mercado de generación español se ha incrementado desde los 50 euros/MWh de enero hasta superar los 80 euros en el mes de septiembre. Asimismo este mes
de octubre, a pesar de experimentar una leve disminución, se ha constituido como el segundo más caro de 2018 y el octubre más caro en una década.
Por contraste, conviene recordar que los países nórdicos (que también son objeto de inversión por parte de la compañía) apenas han superado la barrera de los 45 euros, casi la mitad de precio en generación eléctrica.
De hecho, empresa y trabajadores ya han declarado que sin el coste eléctrico, las plantas susceptibles de cierre son más competitivas que las de Noruega e Islandia, un dato verosímil a la vista de precios de generación señalados.
Asimismo, los representantes de los trabajadores de la empresa han lamentado la escasa sensibilidad del Gobierno de España en esta materia, así como lo contraproducente de sus medidas en materia energética e industrial que dificultan la
continuidad del sector industrial y en particular, el sector electrointensivo.
No son los únicos. La Alianza del Noroeste y las Cámaras de Comercio ya han alertado del alto coste de la electricidad frente al resto de Europa, y afirman que se trata de un 'problema que se está agravando' con los cambios legales y los
'anuncios' del Gobierno que ahonda en la pérdida de competitividad de las fábricas.
No en vano, y contradiciendo la idea de la Ministra de que Alcoa es un caso aislado, CEMEX y Vestas ya han anunciado el cierre de varias de sus plantas en España, con escaso éxito por parte del Gobierno a la hora de evitar sus consecuencias.
Asimismo, se teme por el futuro de empresas como Acelormittal, Asturiana de Zinc, etc.
Hay que recordar el gran déficit de España en materia industrial, un sector cuyo peso relativo ha venido disminuyendo en los últimos años y sin embargo tiene una importancia capital a la hora de promover empleo indefinido y bien retribuido,
contribuir al equilibrio de la balanza comercial y favorecer el desarrollo de la innovación en nuestro país, máxime en un marco de crecimiento global donde los productos industriales son ampliamente demandados.
Por estas razones, existe motivación suficiente para el Gobierno de España tome medidas claras y contundentes con el fin de revertir la situación industrial de nuestro país.
En la presente iniciativa se plantean las siguientes medidas:
Aumentar de manera sustantiva la cuantía de los mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero que las empresas industriales tanto necesitan en un contexto de competencia global como el actual.
Este instrumento ha sido considerado por la Comisión Europea como 'compatible con el mercado interior', según decisión adoptada por la misma con fecha 14 de noviembre de 2013, frente a otras alternativas de mayor contestación. Además este Grupo
Parlamentario ya advirtió en 2017 que España apenas ha aportado para sus propias industrias el 12,9 % de la cantidad que Francia ha transferido a sus industriales, el 5,8 % de lo que ha otorgado Holanda, el 5,3 % de lo que ha hecho Reino Unido o el
1,2 % de la ayuda concedida por Alemania.
Fomentar los contratos bilaterales de entrega de energía eléctrica (conocidos como PPA) eximiendo a los generadores de energía eléctrica del impuesto de generación de manera permanente (y no transitoria) y a los compradores del impuesto
sobre la electricidad para este tipo de transacciones. De este modo, se da un impulso a una nueva forma de contratación y suministro de electricidad que permite dotar de certidumbre a los actores implicados, estimando de manera confiable los costes
de producción para los compradores, y fomentando las inversiones en el sector eléctrico.
Impulsar el marco legislativo que permita la implantación de redes energéticas cerradas, tal como prevé la Directiva Europea 2009/72/CE y como ya instó esta misma cámara el 16 de mayo de 2017 durante la sesión de la Comisión de Energía,
Turismo y Agenda Digital. Así como la figura del agregador de demanda con el fin de operar la red interior con criterios de flexibilidad, incluyendo la producción de energía con fuentes descentralizadas, mecanismos de gestión de la demanda,
almacenamiento, entre otros, y asumiendo las responsabilidades técnicas y financieras delante del operador del sistema y los suministros. Esta medida permitiría un ahorro sustancial en determinados casos como aquellos polígonos industriales donde
se pueden dar las circunstancias técnicas para operar como un único consumidor a efectos de la red del sistema, aliviando sus costes de producción.
Finalmente, no por ello menos importante, se insta a desarrollar la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética con el objetivo de consolidar un mix energético que responda de manera integral a los objetivos de sostenibilidad
medioambiental, seguridad de suministro y competitividad de costes.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aumentar de manera sustantiva la cuantía de los mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero.
2. Fomentar los contratos bilaterales de entrega de energía eléctrica (conocidos como PPA) eximiendo a los generadores de energía eléctrica del impuesto de generación de manera permanente (y no transitoria) y a los compradores del impuesto
sobre la electricidad para este tipo de transacciones.
3. Desarrollar el marco legislativo que permita la implantación de redes energéticas cerradas, tal como prevé la Directiva Europea 2009/72/CE y como ya instó esta misma Cámara el 16 de mayo de 2017 durante la sesión de la Comisión de
Energía, Turismo y Agenda Digital. Así como la figura del agregador de demanda con el fin de operar la red interior con criterios de flexibilidad, incluyendo la producción de energía con fuentes descentralizadas, mecanismos de gestión de la
demanda, almacenamiento, entre otros, y asumiendo las responsabilidades técnicas y financieras delante del operador del sistema y los suministros.
4. Impulsar en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética un mix energético que responda de manera integral a los objetivos de sostenibilidad medioambiental, seguridad de suministro y competitividad de costes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2018.-José Ignacio Prendes Prendes, Sergio Del Campo Estaún y Rodrigo Gómez García, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003948
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley en apoyo y
solidaridad hacia los trabajadores y trabajadoras de Coopbox Hispania, empresa con sede en Lorca, Región de Murcia, y Madrid, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
La empresa Coopbox Hispania tiene ubicada una de sus fábricas en el polígono industrial Saprelorca, en el municipio de Lorca, Región de Murcia, y la otra en Alcalá de Henares, Madrid. Esta empresa da empleo directo a un total de 230
trabajadores y trabajadoras en las dos plantas, además de empleos indirectos a un número similar de pequeños empresarios y trabajadores y trabajadoras.
La mercantil multinacional de la que dependen ha anunciado tanto el inicio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) como la entrada de la empresa en la fase de concurso de acreedores lo que ha generado gran inquietud, preocupación y
desasosiego entre los empleados y empleadas de la empresa.
Esta situación no hace sino ahondar en la desindustrialización y deslocalización de empresas, ya no solo en la comarca del Guadalentín, sino en toda la Región de Murcia y en todo el país, lo que hace necesario que las instituciones públicas
trabajen conjuntamente para evitar la pérdida de las instalaciones industriales y, por tanto, de los puestos de trabajo, así como, el valor añadido que éstas generan.
En el caso de la planta de Alcalá de Henares, el ERE en Coopbox supone un varapalo a los esfuerzos realizados por el municipio que los últimos años ha atraído a la localidad a varias empresas con una importante reducción del desempleo.
Este reto de trabajar juntos por evitar la destrucción del sector industrial es una cuestión que debe incluir a todas las Administraciones Públicas, así como a todas las formaciones políticas que forman el arco parlamentario, para dar una
imagen de unidad, fortaleza y apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Coopbox Hispania, así como de cualquier otra mercantil que se encuentre en las mismas condiciones.
Además de lo anterior, esta imagen de unidad política sin duda favorecerá que futuros inversores despejen parte de las dudas e incógnitas que pudieran tener para acometer inversiones que puedan suponer una solución a la situación de Coopbox
Hispania y otras que estuvieran en dicha encrucijada.
Se trata de una problemática que trasciende el ámbito local, ya que por sus características y envergadura debe tener un tratamiento regional y nacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo y solidaridad hacia los trabajadores y trabajadoras de Coopbox Hispania e insta al Gobierno a que las distintas Administraciones Públicas locales, regionales y estatales, a través de sus
órganos competentes, trabajen de forma conjunta y coordinada para la búsqueda de soluciones y alternativas que supongan el mantenimiento de los puestos de trabajo y de la actividad industrial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.-María González Veracruz, Carlota Merchán Mesón y Carmen Baños Ruiz, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/003894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la protección de los suelos de alto
valor agrológico, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
España ha perdido en los últimos 10 años el 9,2 % de Superficie Agraria Útil (SAU), lo que equivale a una disminución de 2,4 millones de hectáreas. Es decir, se han perdido 659 ha por día. Las razones están en el abandono de la actividad
productiva sobre estas tierras y la competencia por los usos del suelo en favor de otras actividades. Las dos causas hay que enfrentarlas. La primera tiene que ver con la viabilidad de las explotaciones sobre todo en aquellas zonas que enfrentan
mayores dificultades, y la segunda con la protección frente a la artificialización y la presión económica sobre un espacio rural caracterizado hoy por la fragilidad social y económica.
No estamos ante un proceso extraordinario en el contexto de Europa. Entre el año 2007 y 2012 las explotaciones familiares europeas perdieron el 17 % de la tierra agrícola. El acaparamiento de tierras en Europa es una realidad; de hecho,
las grandes corporaciones se apropiaron en los últimos cinco años de 800.000 ha en Rumania, lo que equivale al 18 % de todas las tierras de cultivo, y en Hungría, de 1.000.000 de ha, lo que equivale al 17 % de las tierras de cultivo. Pero, además,
la tierra agraria se pierde frente a otros usos, en la mayoría de los casos especulativos. En Francia, por ejemplo, se perdieron 227.200 ha, lo equivalente a todo el territorio de Luxemburgo.
La preservación y mantenimiento de los espacios agrarios, su agricultura y sus paisajes se ven hoy amenazados como consecuencia de la confluencia de diferentes procesos; expansión de la superficie artificial, fragmentación de la superficie
agraria como consecuencia del paso de infraestructuras viarias, contaminación, abandono de la actividad agraria profesional, y la pérdida del patrimonio material e inmaterial vinculado con la agricultura. Estos impactos negativos actúan como
principales impulsores de la degradación ambiental del territorio, deterioran las relaciones entre campo y ciudad, y suponen una pérdida de la identidad territorial de muchos lugares.
Pero además de la gravedad que supone por la pérdida de la actividad agraria. El suelo es un elemento clave del sistema climático. Es la segunda fuente de almacenamiento de carbono después de
los océanos. La protección de los suelos, la restauración y el uso sostenible que recupere su fertilidad son cruciales tanto para mitigar como para adaptarse al cambio climático. Por el contrario, el uso insostenible del suelo, el laboreo
excesivo, el cambio de uso del suelo, el sellado de los suelos fértiles y otras acciones liberan una cantidad de CO2 a la atmósfera muy superior a la de ciertos sectores productivos. De ahí que el paso de suelo considerado rural a suelo artificial
es uno de los problemas ecológicos más graves a los que nos enfrentamos. Su vinculación con la ordenación territorial es clave, y su inclusión en las estrategias de lucha contra el cambio climático ocuparán un papel central en el desarrollo y
aplicación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
En el periodo que abarca la burbuja inmobiliaria entre 2005 y 2016, el incremento de la superficie artificial avanzó hasta las 109 hectáreas por día. Del total de hectáreas de suelo rural consumidas, el 56 % se destinó a urbanización,
mientras que el 25 % fue a parar a zonas industriales y comerciales, y el resto a infraestructuras de transporte. Por el contrario, el origen de la superficie artificial transformada corresponde a un 74,4 % agrícola, un 25 % forestal, un 0,2 %
zonas húmedas y un 0,4 % a masas de agua. En este contexto, se calcula que las emisiones de GEI difusas de superficies urbanas, industriales y comerciales procedentes del sellado de los suelos son de 0,27 k. Ton GEl/ha.
En este sentido, la preocupación por los suelos y el mantenimiento de su fertilidad se ha convertido en un tema emergente en los debates agrarios y ambientales desde la perspectiva del cambio climático en todos los foros internacionales. La
FAO aprobó la 'Carta Mundial del Suelo' -revisada por la Conferencia de la FAO en su 39.º período de sesiones, celebrado en junio de 2015-, coincidiendo con la declaración del año 2015 como 'Año Internacional de los Suelos'. La carta establece que
la meta general de todos los actores consiste en asegurar una gestión sostenible de los suelos, así como la rehabilitación o restauración de los suelos degradados. A los pocos meses, la Asamblea General de la ONU adoptó, el 25 de septiembre de
2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que expresa que no pueden considerarse por separado alimentación, medios de vida y gestión de los recursos naturales, situando a la alimentación y la agricultura en el centro de la misma, ya
sea para garantizar la seguridad alimentaria de todas las personas, para hacer frente al cambio climático o para avanzar hacia un desarrollo sostenible, basado en una relación equilibrada entre las necesidades sociales, económicas y el medio
ambiente. Asimismo, el Parlamento Europeo aprobó en noviembre de 2017 la 'Resolución sobre la situación de la concentración de tierras agrícolas en Europa', constituyendo un primer paso en el objetivo de aprobación de una Directiva Marco, y el
Consejo Económico y Social Europeo ya han reconocido en varios instrumentos estas cuestiones. Pero el valor ecológico y su función social y productiva básica para la agricultura y la alimentación, de los suelos fértiles, están intrínsecamente
unidos a los Territorios Agrarios Históricos, y a muchos de los paisajes agrarios de alto valor reconocidos en el Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España el 26 de noviembre de 2007. El Convenio reconoce el importante papel que
desempeñan los paisajes para el interés general en los campos cultural, ecológico, medioambiental y social, y que constituyen -como en el caso de los paisajes de la agricultura- un recurso favorable para la actividad económica y la creación de
empleo.
En nuestro país el avance se está produciendo en el ámbito local y autonómico. Han surgido diferentes iniciativas sociales que se han traducido en figuras de protección como los 'Parques Agrarios'. En España son notables los casos del Baix
Llobregat, L'Horta, Fuenlabrada y otros. Estos espacios agrarios protegidos vienen a coincidir con los 'Territorios Agrarios Históricos', espacios de agricultura periurbana en sus diversas modalidades, y espacios que gozan de valores intrínsecos y
culturales para entrar en esta iniciativa de protección y dinamización. Sin embargo, estas figuras no están extendidas a todas las aglomeraciones urbanas, ni son iniciativas apropiadas para múltiples situaciones de convivencia entre la ciudad y la
vega. Por otra parte, tampoco los parques agrarios están protegidos frente a la tentación de grandes operaciones de transformación urbana que consideren que el interés general cae del lado de la oportunidad de la generación de riqueza y empleo que
pueda traer alguna actividad emergente. De entre todas estas iniciativas, merece la pena destacar la recientemente aprobada Ley de la Huerta Valenciana (Ley 5/2018, de 6 de marzo, de la Huerta de Valencia).
Finalmente, la protección de los suelos más productivos, como la de cualquier otro rasgo territorial, exige su delimitación cartográfica precisa. Solo así podrán adquirir rango legal, para ser considerados después en los diferentes
instrumentos de ordenación territorial o protección existentes. España no cuenta con un mapa de suelos que permita abordar una planificación acorde con los retos que tenemos planteados. La Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS), entidad
que reúne a más de 500 especialistas en la materia, así lo corrobora; y tan solo algunas Comunidades Autónomas como Navarra, Cataluña y Galicia,
cuentan con instrumentos que permitan identificar aquellos suelos de mayor valor. Contar con unos adecuados mapas de suelos resulta imprescindible para cualquier estrategia efectiva de lucha contra la desertización o la erosión.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que diseñe, planifique, presupueste y ejecute, en coordinación con las Comunidades Autónomas, un Mapa de Suelos sobre la base cartográfica del Mapa Geológico del IGME a escala 1:50.000, único disponible para todo el territorio español,
que permita la identificación clara a nivel general de los Suelos de Alto Valor Agrológico, de acuerdo a la clasificación internacional aceptada por FAO y el estado español.
2. Que elabore una Ley básica del estado para la protección de los Suelos de Alto Valor Agrológico, que respetando las competencias de las Comunidades Autónomas en esta materia, incluya: la categorización jurídica de estos suelos, su
estatuto de protección, los elementos asociados a los sistemas y paisajes agrarios en los que se ubican, la promoción de la agricultura y la ganadería en estos suelos, porque son estas actividades las que permiten mantenerlos en su funcionalidad, y
finalmente, que desarrolle de manera general las figuras de protección adecuadas para tales fines, en las cuales el conjunto de las existentes en el estado se vean reconocidas.
3. Que impulse en el Parlamento Europeo la elaboración de una Directiva Marco de la Tierra, que incluya como elemento, la protección de los suelos fértiles y los de alto valor agrológico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2018.-Pedro Arrojo Agudo, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por
las intensas tormentas de inicio de principio de julio en Valencia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El pasado 1 de julio una intensa tormenta de pedrisco y viento provocó daños de extraordinaria gravedad en los cultivos de la comarca de La Ribera, en la Comunitat Valenciana, afectando a una amplia franja de territorio de los términos
municipales de Tous, Massalavés, Alberic, Benimuslem, L'Alcúdia, Carlet, Benimodo, Guadassuar, Alzira, Algemesí, Benicull, Albalat de la Ribera y Sueca, hasta llegar al mar.
La tormenta, breve pero muy fuerte, ha dañado las cosechas de explotaciones de caqui, cítricos y otras producciones hortofrutícolas. Las organizaciones agrarias calculan que la superficie afectada oscila entre las 11.000 y las 15.000
hectáreas y que las pérdidas económicas oscilan entre 47 y 80 millones de euros.
El caqui es el cultivo que se ha llevado la peor parte en cuanto al nivel de afección en el propio fruto. Daños acumulados a las heladas del mes de febrero y marzo.
Los grados de afección a la mandarina y la naranja son muy variables, teniendo que realizar un seguimiento de cómo ha afectado al fruto, que se encuentra en un estado de crecimiento muy inicial.
Respecto a la producción hortofrutícola, la superficie afectada ha sido menor, pero no menos significativa, dañando 350 hectáreas de hortalizas y unas 100 hectáreas de frutales, sobre todo melón, sandía, tomates, aguacates y explotaciones de
melocotón y nectarina que restaban por recolectar.
Los daños, que en algunas fincas de caqui alcanzan el 100 % de la producción, no solo han afectado al fruto, sino incluso a la madera de los árboles, lo que urge a cicatrizar las heridas para evitar la introducción de hongos en la madera.
Los cuantiosos daños económicos van a sufrirlos los titulares de las explotaciones, pero también las cooperativas comercializadoras, con gran implantación en la comarca, cuya cuenta de resultados se va a ver reducida por la disminución de la
producción, lo que provocará una mayor incidencia de los costes fijos en los resultados del ejercicio y afectará a los puestos de trabajo.
En el caso del caqui, afectará también de manera muy negativa al empleo, ya que la recolección constituye una fuente de trabajo importante para la comarca.
Por otra parte, cabe destacar que la tormenta se ha cebado con especial virulencia en la Finca Sinyent de ensayos agrarios de AVA-ASAJA, edificio referente de la agricultura en la comarca y declarado BIC. La fuerza del aire y del pedrisco
no solo ha destrozado buena parte de los cultivos con los que la organización agraria efectúa sus experiencias, sino que ha causado daños muy cuantiosos en el patrimonio e infraestructuras del centro investigador.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Determinar y cuantificar, a la mayor brevedad posible, el alcance real de los daños causados por los tornados que han afectado, durante el mes de julio de 2018, la zona de la Ribera de la Comunidad Valenciana, así como los producidos
desde entonces por diversos fenómenos meteorológicos de especial intensidad en otras Comarcas de la Comunitat Valenciana, especialmente en las provincias de Valencia y Castellón.
2. Realizar un seguimiento de las indemnizaciones, del 100 % del daño real, por el sistema de seguros agrarios, agilizando su pago.
3. Analizar la posibilidad de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, que incluya medidas para:
- Condonar del pago del Impuestos de Bienes Inmuebles del presente ejercicio 2018 de las parcelas afectadas y de sus instalaciones, estableciendo la correspondiente compensación a los Ayuntamientos respectivos.
- Bonificar las cuotas a la Seguridad Social de los agricultores afectados durante un año.
- Establecer líneas de ayuda de hasta 15.000 en tres años, por cada empresa agraria, para cubrir daños no cubiertos por seguro y pérdidas de cosecha del próximo año y otras ayudas para cubrir daños en instalaciones.
- Establecer préstamos con interés subvencionado para los productores y las cooperativas afectados.
- La exención del pago de las cuotas empresariales a la Seguridad Social de las cooperativas afectadas.
- Que el Fondo de Garantía Salarial asuma el pago de las indemnizaciones en caso de que procedan por extinción de contratos de trabajo por causa de la disminución de las cosechas y reducción de las campañas.
- Permitir la percepción de las prestaciones por desempleo para los trabajadores que vean extinguido su contrato de trabajo, aun cuando no reúnan los períodos previos de cotización exigibles.
4. Comunicar a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestadas municipales para el próximo ejercicio.
5. Activar, en cualquier caso, cualquier ayuda para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.
6. Que el Gobierno, a través de ICO, promueva líneas de financiación que permitan que los afectados tengan una moratoria de 3 años en los créditos . ya concedidos que afecten a su actividad agropecuaria y otras líneas, a interés 0 %, para
la recuperación y puesta en marcha de las explotaciones afectadas.
7. Reconocer los daños provocados, con pérdidas de producción bruta en los cultivos o en los aprovechamientos ganaderos de, al menos, un 20 por ciento de la producción normal, en una zona que
cuenta con declaración de sequía, como beneficiarios de la exención de las exacciones relativas a la disponibilidad de agua respecto a la cuota de la tarifa de utilización del agua y del canon de regulación establecidos en el artículo 114
del texto refundido de la Ley de Aguas.
8. Cuantificar los impactos sobre cada tipo de cultivo y superficie, para considerar la implantación de una reducción de los módulos del IRPF, para la declaración del próximo ejercicio fiscal, realizada en atención a la incidencia de
circunstancias excepcionales que afecta a la rentabilidad de las explotaciones agrarias.
9. Contemplar ayudas de emergencia para la rehabilitación del Edificio del Gótico Civil de la Finca Sinyent afectado en su estructura por el temporal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2018.-Juan Vicente Pérez Aras, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aplicación de la
Agroecología para alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Hablar de Agroecología es hacerlo de grandes metas políticas, ambientales y de seguridad alimentaria, desde los objetivos relacionados con la sostenibilidad, la erradicación de la pobreza y la malnutrición, establecidos por la Agenda de
Desarrollo Sostenible 2030, firmada por España, abordando los derechos colectivos más vulnerables y promoviendo medidas para la conservación de la naturaleza y el uso equilibrado de los recursos naturales.
El cumplimiento de la Agenda 2030 y la reforma de la Política Agraria Común condicionarán el futuro de la agricultura mediterránea y estatal, siendo el papel de la agroecología y de la mujer, en particular, de gran relevancia para su
conservación y desarrollo. Actualmente, según las estimaciones manejadas, el 41 por ciento de los proyectos de agroecología están liderados por mujeres emprendedoras, que se han establecido en el medio rural para llevar a cabo sus proyectos
empresariales, frenando las migraciones de nuestros pueblos, que de no recibir proyectos con talento, quedarán abocados a la desaparición.
De las empresas agroecológicas, tan solo un 30 por ciento tienen arraigo en una explotación familiar. El resto de ellas son nuevos proyectos que apuestan por el campo, ofreciendo numerosos beneficios desde un punto de vista medioambiental,
que dada la necesidad de introducir innovaciones que son costosas, inciden en el cierre prematuro de muchas de ellas.
El modelo agroecológico pone en valor el conocimiento y el trabajo del agricultor y empodera a las personas para ser agentes del cambio, permitiendo su desarrollo en el entorno rural, que muchas veces es abandonado por no ser un lugar donde
hacer valer el talento personal, ni para encontrar opciones que hagan germinar raíces familiares.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) exige una transformación de los sistemas agrícolas. Actualmente el sistema alimentario produce suficientes
alimentos para toda la población mundial, pero más de 800 millones de personas siguen pasando hambre en el mundo.
Tenemos que repensar el presente modelo agroindustrial que en el vigente marco se presenta como insostenible, ya que sigue siendo muy dependiente de los combustibles fósiles, cuyo cambio lógico debe tender a la agroecología. Se debe cambiar
el actual modelo para ir hacia otro más sostenible social, económica y medioambientalmente. En el último año, la superficie eco creció en España un 3 %, hasta las 2.082.172 hectáreas dedicadas a la producción ecológica.
El cuarto punto de la Carta Europea del Suelo insta a los agricultores y silvicultores a 'aplicar métodos que preserven la calidad del suelo' y el duodécimo invita al gobierno y a las autoridades a 'impulsar la planificación y administración
racional de los recursos del suelo'.
También se enfrentan a las cuentas, que generalmente desembocan en balances negativos. Otra de las dificultades ante las que se encuentra el sector es el acceso a la tierra o a los insumos porque no existen políticas locales y de desarrollo
rural en este sentido, ante la paradoja de un medio rural vacío.
El modelo de agricultura y ganadería industrial provoca efectos adversos en el medioambiente. Sin ir más lejos, el 2,9 % de las emisiones de CO2 emitidas en 2017 provienen del sector agrícola y ese, precisamente, es otro de los retos que se
plantean por delante en nuestros campos y que, al tiempo, dificultan la catalogación de los productos 100 % ecológicos.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Sensibilizar sobre la importancia de la Agroecología y promover acciones para su inserción en nuestros campos, para alcanzar los objetivos marcados sobre Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
2. Establecer los parámetros para la consideración agroecológica de los productores e impulsar el crecimiento y la aparición de nuevas empresas agroecológicas.
3. Establecer apoyos institucionales para los emprendedores agroecológicos, para acompañarlos durante los primeros cinco años de estabilización de las nuevas empresas, obligando al cumplimiento de objetivos viables para su justificación.
4. Coordinar las labores agrícolas para generar un sistema estatal, que dé información, establezca políticas comunitarias en nuestro país y lleve a cabo medidas para la implementación de la agroecología en nuestros campos.
5. Realizar una comisión de seguimiento para analizar las posibilidades de nuestro campo, sus debilidades, amenazas y nuevas oportunidades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2018.-María del Carmen Quintanilla Barba, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003897
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al proyecto de creación de la
Escuela Nacional de Industrias Lácteas en Zamora, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector lácteo en España es un pilar estratégico de la industria agroalimentaria española, tanto por volumen de facturación como de empleos. Supone el 2 % de la producción industrial de todo el país y emplea a más de 30.000 personas, el
8,5 % del empleo del conjunto del sector agroalimentario.
Es un sector importante para España. Según datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) las entregas totales de leche realizadas en 2017 superan los 8.000.000 de toneladas de leche al año. Es el 7.º país productor de leche de vaca en
Europa con el 5 % de la producción total comunitaria.
En cuanto a la producción de leche de oveja, España ocupa el primer puesto, entre el 15 % y 17 % del total los últimos años, y el segundo de leche de cabra, oscilando entre el 20 % y el 22 % del total producido anualmente.
Sin embargo, aunque existe una tendencia de descenso del consumo de leche y de productos lácteos y se aumenta la producción, el consumo interno en España es mayor que la producción, lo que nos convierte en un país importador de lácteos.
Castilla y León produce el 64,4 % de leche de oveja española. Y dentro de la comunidad autónoma, Zamora es la provincia líder del ovino español, con aproximadamente 365.000 ovejas censadas como
productoras de leche, y 89.263 de litros producidos en el 2016. Esto supone un 31 % de la producción de Castilla y León, y un 16 % de toda la producción de España.
Castilla y León también es la segunda región en número de vacas lecheras y por producción lechera de vaca, después de Galicia. Además tiene una importancia estratégica para esta Comunidad Autónoma, dadas sus excelentes condiciones
agroclimáticas para la producción de leche, tanto de vaca como de oveja, que la convierten en una de las regiones donde más subió la producción de leche de vaca en 2017 y la comunidad con mayor número de industrias lácteas.
También destaca en la producción industrial de todo tipo de productos lácteos: leche líquida, yogures y leche fermentada, quesos, nata, mantequilla y otros productos lácteos, diversifica las posibilidades de negocio y le proporciona un
valor añadido.
Desde finales de los años cincuenta, y hasta su desaparición hace unos años, existió en la Casa de Campo de Madrid una Escuela de Industrias Lácteas, la única escuela de esta materia a nivel nacional. Esta institución se nutría de
estudiantes ordinarios y de trabajadores procedentes de las industrias lácteas, y su objetivo era ser un instrumento de cualificación para los trabajadores en activo de este sector.
Desde la desaparición de la escuela de Madrid, la industria láctea española carece de un instrumento útil y práctico de formación específica para trabajadores en activo que sirva para su recualificación y formación complementaria sobre la
especificidad de la leche y sus industrias, así como la de los mandos intermedios y directivos.
Diferentes instituciones de Zamora, incluso la iniciativa privada articulada a través de Zamora 10, están desarrollando un proyecto cuyo objetivo final es la creación de una escuela en la que se imparta una formación de calidad, con
titulación homologada y reconocida a todos los efectos educativos y legales, y que englobe todos los niveles formativos, abierta a todo tipo de alumnos, tanto profesionales que deseen mejorar su formación en el sector, o alumnos que busquen un
proyecto profesional en el sector lácteo, quesero, ovino y caprino. Todo esto con el apoyo expreso de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Apoyar la creación de la Escuela Nacional de Industrias Lácteas, con sede en Zamora, que sea referente a nivel nacional e internacional y sirva al impulso de calidad y la innovación del sector lácteo español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2018.-Fernando Martínez-Maíllo Toribio, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003901
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre los
daños producidos por el temporal de lluvias en las provincias de Málaga y Sevilla, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Las fuertes lluvias caídas en Andalucía durante los días 20 y 21 de octubre provocaron graves inundaciones en las provincias de Málaga y Sevilla. Con casi 400 litros en apenas 24 horas, estas lluvias han sido calificadas como la mayor
tromba de la historia en la provincia de Málaga.
Estas lluvias torrenciales dejaron un muerto -un bombero del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga que trabajaba en el dispositivo especial desplegado en la comarca de Antequera-, municipios incomunicados, carreteras cortadas y
decenas de personas desalojadas de sus viviendas, así como numerosas pérdidas materiales.
Emergencias Andalucía gestionó solo en la provincia de Málaga 656 avisos desde el inicio del episodio de fuertes lluvias registrado durante ese fin de semana y hasta las 6.00 del lunes, lo que situó a la provincia como la más afectada de
Andalucía, donde el 112 atendió un total de 978 incidencias.
Destacar la gran labor realizada por los servicios de emergencias de la Junta de Andalucía, el Consorcio de Bomberos de la Diputación Provincial de Málaga y la UME del Estado.
En lo que se refiere a la provincia de Sevilla, las inundaciones fueron especialmente graves en los municipios de la Sierra Sur y la campiña, con importantes daños también en infraestructuras ferroviarias, puentes, carreteras y caminos
agrícolas que han dejado parcialmente incomunicados a varios municipios, así como cuantiosos daños en infraestructuras municipales.
Además de los importantes y considerables daños en viviendas, infraestructuras viarias y ferroviarias que se incluirán en el Decreto de Declaración de Zona Catastrófica, hay otra cuestión que preocupa, como son los daños para el sector
agrícola, que afecta a miles de hectáreas y también para el sector ganadero, donde las pérdidas son muy considerables.
Es misión de las administraciones velar por un buen desarrollo de la actividad económica en general y de la agrícola en particular. Los cultivos al aire libre están sometidos a las inclemencias meteorológicas que, en ocasiones como esta,
pueden ser nefastos y causar graves daños.
Cada administración, en la medida de sus competencias, ha de intentar auxiliar a los afectados por situaciones dramáticas que viven los agricultores.
Tanto por la magnitud de los daños como por las negativas consecuencias para la agricultura de zona se hace necesario actuar de manera inmediata.
En este marco y dado que para miles de trabajadores eventuales de la zona será absolutamente imposible reunir las 35 peonadas para poder percibir el subsidio de desempleo agrícola, es fundamental que al menos durante el presente año se
eliminen totalmente dichas peonadas en aquellos municipios afectados por el temporal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, ante los importantes y considerables daños producidos como consecuencia del temporal que azotó Andalucía los pasados días 20 y 21 de octubre y fundamentalmente a numerosos municipios de Málaga y Sevilla, insta
al Gobierno a:
1. Manifestar su total apoyo a los agricultores, ganaderos y municipios afectados en las comarcas de Málaga y Sevilla; así como aquellos otros municipios de otras provincias andaluzas que hayan podido verse afectados por episodios
climatológicos similares.
2. Poner en marcha las medidas y actuaciones que permitan mejorar la capacidad de respuesta de los agricultores y ganaderos ante las adversidades climáticas, tales como: el ajuste de los índices de rendimiento neto del régimen de
estimación objetiva agraria del IRPF de las actividades afectadas; las líneas de financiación para mejorar el acceso al crédito del sector agrario, mediante subvenciones destinadas a la obtención de avales por titulares de explotaciones.
3. La bonificación del IBI a aquellas fincas agrícolas afectadas y a las explotaciones ganaderas, así como las cuotas patronales de la seguridad social.
4. Agilizar al máximo la tramitación de solicitudes que presenten los productores afectados, relacionados con la prestación de avales y fianzas a dichos productores, así como de la formalización de créditos en condiciones preferentes, tal y
como está previsto en el marco de los convenios firmados por SAECA (Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria) con la práctica totalidad de las entidades financieras que operan en el sector.
5. Suprimir las 35 peonadas para percibir el subsidio de desempleo agrícola para aquellos trabajadores del campo que lo perciben actualmente en todos y cada uno de los municipios afectados por el citado temporal mediante un Real
Decreto-ley.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz y Antonio Pradas Torres, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de la Diputada doña Rosana Pastor, y de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre las medidas de control a la importación de chufa.
Exposición de motivos
La chufa de Valencia se cultiva en 19 términos municipales de la comarca valenciana de l'Horta Nord. Está amparada por la Denominación de Origen Protegida 'Chufa de Valencia', reconocida desde el año 1997. En el año 1997 se tramitó el
reconocimiento como Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) ante las autoridades comunitarias y desde entonces, su producción está protegida por el Reglamento (CEE) n.o 2081/92 del Consejo, relativo a la protección de las indicaciones geográficas
y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. En la zona delimitada se dan unas condiciones climáticas y edafológicas que la convierten en la única zona de producción de este tubérculo en la Unión Europea. El
Reglamento de la D.O.P. establece que las fases que deben llevarse a cabo en la zona geográfica definida deben ser plantación, lavado, secado, limpieza, selección y clasificación. El hecho de estar amparada por una denominación de origen ha
permitido diferenciar la chufa valenciana de la foránea, evitar fraudes y competencias desleales, así como la creación y consolidación de un mercado en que se demanda Chufa de Valencia para la elaboración de horchata. Este hecho, unido a la
estabilidad de precios, ha contribuido de manera decisiva al mantenimiento de su cultivo, de la agricultura de la comarca, configurándose como una de las pocas alternativas viables en la zona. Actualmente se cultivan en la zona de influencia de la
D.O.P. un total de 476 Has, con una producción de en torno a los 5.000 kg. Es evidente que esta producción no cubre toda la demanda agroalimentaria de este producto, pero no se corresponde tampoco con todo el producto elaborado que sale con
Denominación de Origen 'Chufa de Valencia'.
Pero esta no es la única zona del mundo donde se cultiva. Se compite con chufa procedente principalmente de Nigeria, Níger, Malí, Costa de Marfil y China, con una calidad muy inferior a la nuestra, dado que su cultivo y, particularmente, su
secado es diferente al de la chufa de Valencia. El precio de la chufa procedente del Sahel es mucho más barato que la que se produce en la zona amparada por la D.O.P. debido sobre todo a las condiciones en las que se contrata con los campesinos de
estos países, y a las condiciones de semiesclavitud en la que se encuentran, sobre todo, las mujeres que trabajan en la recolección y limpieza de la chufa.
En el marco del cumplimiento del Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, aprobado en el 2017, en el que se remarca, 'el Estado espera de las empresas españolas, en España y en el extranjero, un comportamiento conforme con su
responsabilidad de respetar los derechos humanos', nuestro Gobierno tiene el deber de realizar un seguimiento de lo apuntado en dicho pacto con el fin de terminar con la explotación de familias africanas por parte de empresas que buscan importar
chufa a precios muy bajos, creando una competencia desleal con el producto valenciano, en definitiva, el Gobierno debe velar porque las empresas españolas cumplan con la protección de los derechos humanos, en este caso, de los agricultores
africanos, de esta manera, se estaría luchando con el dumping social que afecta a los agricultores valencianos.
Sin embargo, la importación de chufa continúa. Su calificación como 'Superalimento' significa el incremento exponencial de la demanda a nivel mundial extendiéndose su consumo a regiones del mundo que hasta ahora eran impensables. En este
contexto, el volumen de exportación de la chufa actualmente multiplica por 20 los cálculos más optimistas de producción, aunque no existen datos consolidados. Tampoco se tienen datos estadísticos específicos de los volúmenes de importación, dado
que está incluida en una partida arancelaria residual [071414909000] y en la subpartida (0714.90.20.90) en la que se incluye una variedad de productos increíble que va desde la yuca, arrurruz, aguaturmas, batatas, y otros tubérculos similares, ricos
en fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso en pellets. Esto hace imposible su identificación a ojos del propio sector que ve preocupado cómo los datos de exportación y comercio no coinciden con los de producción que
ellos controlan.
Los datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, nos informa por los despachos a libre práctica de chufa de origen país tercero, que entre el año 2013 y 2017, han entrado a nuestro país, un total de 17.884 Tn. Los despachos a
libre práctica que amparan las cifras anteriores fueron realizados de forma casi exclusiva en el marco del sistema de Preferencias Generalizadas. Por tanto, salvo alguna excepción, el tipo de derechos de importación aplicado ha sido de cero euros.
Es conocida la existencia de empresas concretas que se dedican a la firma de contratos de producción de chufa en países del Sahel y que al mismo tiempo la importan para luego situarla en el mercado como chufa con D.O.P. 'Chufa de Valencia'.
Por último, y en varios momentos, la chufa importada fue declarada en alerta después de detectarse en algunos envíos un nivel de aflatoxinas que superaban anchamente los límites establecidos por la legislación. El problema es que la
Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la
Comunidad, que establece la normativa que deben cumplir las importaciones en materia fitosanitaria, no incluye la chufa como producto que deba ser inspeccionado de forma obligatoria ni que deba acompañarse de un certificado fitosanitario para su
importación en la Unión Europea.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer un sistema de control específico, o en su caso pedir ante las autoridades comunitarias que así lo establezcan. Tanto sobre los volúmenes de importación de la chufa, como de los lugares de procedencia de la misma, a los
efectos del mayor seguimiento tanto del mercado y su impacto sobre la producción, como de los controles fitosanitarios que es necesario hacer.
2. Estudiar y en su caso plantear una excepción particular al sistema de preferencias generalizadas que rige en el acuerdo con los países ACP (África, Caribe y Pacífico), con el establecimiento de un arancel específico para las
importaciones de chufa en atención a criterios sociales y económicos de la producción.
3. En el marco de la futura reforma de la PAC, estudiar y definir la aplicación de un pago asociado a la producción de chufa dentro de las ayudas del primer pilar, que permita la protección de la producción tradicional de chufa en la
Comarca L'Horta de Valencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2018.-Rosana Pastor Muñoz, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003928
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la vigilancia,
diagnóstico y control de la peste porcina africana procedente de otros países y evitar su propagación, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad de gran morbilidad que afecta a los cerdos y jabalíes, causando una alta mortalidad, pero inofensiva para humanos y otros animales. No existe tratamiento ni, de momento, vacuna por lo que la
lucha contra esta enfermedad se basa en la vigilancia, un rápido diagnóstico y la puesta en marcha de estrictas medidas sanitarias y de control.
Tras la entrada del agente en Portugal en 1960, la PPA se detectó en España, convirtiendo en enzootia en la península Ibérica. Esto provocó elevadas pérdidas económicas, derivadas tanto de los cerdos enfermos, la necesidad de sacrificar los
cerdos en las zonas afectadas por brotes de la infección y la prohibición de exportar cerdos o productos derivados. Tras 35 años, el Comité Veterinario Permanente de la Unión Europea declaró, en 1995, que España estaba libre de PPA.
Hoy, con una producción final que ronda los 7.000 millones de euros al año que representa el 36,8 % de la producción final ganadera y el 14,4 % de la producción final agraria, España es uno de los primeros países productores de porcino de la
Unión Europea y el cuarto productor mundial, con un importante volumen exportador.
España tiene, como Estado miembro de la UE y de la Organización Mundial de Sanidad Animal, instaurada la declaración obligatoria de la enfermedad, sujeta a restricciones intracomunitarias o internacionales. Igualmente, el Ministerio
competente tiene la obligación de comunicar en la forma y plazos establecidos tal incidencia a las autoridades sanitarias de la Unión Europea, así como a terceros países y organismos internacionales con quienes se hubiera concertado tal
eventualidad.
Desde que en 2014, se detectó de nuevo la enfermedad en la Unión Europea (UE), se ha propagado rápidamente, especialmente en animales salvajes, por varios países de la UE; Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Bulgaria,
República Checa y el pasado 13 de septiembre se detectaban casos en fauna silvestre en Bélgica.
Recientemente, la Comisión, ha modificado las medidas de control zoosanitaria de PPA, que contemplaban restricciones al movimiento de animales, productos animales, material genético y subproductos en función de la situación epidemiológica de
la enfermedad en esa zona concreta, con el objetivo de impedir la expansión de la enfermedad, con la aprobación de Decisión de Ejecución (UE) 2018/834 de la Comisión Europea, de 4 de junio de 2018, que actualizaba la delimitación de las zonas
afectadas y se especificaba medidas relativas a los cerdos salvajes vivos, la carne fresca de cerdos salvajes y los preparados de carne y productos cárnicos hechos de esa carne, ya que uno de los problema que tenemos en Europa, en general, es el
aumento extraordinario de la población de jabalíes, que actúa de propagador y reservorio de la infección.
A nivel Nacional, en el año 2014 se decidió reforzar el programa de vigilancia en relación a la PPA debido a la situación de aumento de riesgo generado en nuestro entorno. Así, el año 2018 se publica el programa de vigilancia, complementado
con un programa de vigilancia en poblaciones de jabalíes.
La rapidez con la que se propaga la enfermedad por Europa, Ucrania, Bielorrusia, los casos que desde 2007 se detectaron en la zona del Cáucaso, en cerdos domésticos, en el sur y centro de Rusia y los brotes en varias zonas de China, incluso
en Japón, hace pensar una rápida expansión y el riesgo de que se convierta en una epidemia global y de ser uno de los problema de salud animal que más preocupa a nivel mundial y, especialmente, para la Unión Europea.
El Gobierno ha tomado alguna medida, pero el sector está intranquilo dada la trascendencia económica. Hay que evitar la entrada de la enfermedad y, en su defecto, la propagación.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incrementar la coordinación con las Comunidades Autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.
2. Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, las medidas de vigilancia pasiva y activa contempladas en los planes de vigilancia para porcino y jabalíes, intensificando los controles, en función de la propagación de la
enfermedad.
3. Aumentar el control en fronteras de las importaciones e implantar un sistema de control de las condiciones de limpieza y desinfección de los vehículos de transporte de animales vivos procedentes de los países de mayor riesgo en relación
a la posibilidad de entrada del virus de la PPA.
4. Pedir a la Comisión Europea que aplique medidas para el seguimiento y control de las rutas realizadas por vehículos de transportes de animales vivos o productos susceptibles de transmitir la PPA.
5. Establecer, en coordinación con los ganaderos y buscando acuerdos con el sector, un mayor control en la importación, especialmente de lechones.
6. Intensificar los programas de seguimiento de la fauna silvestre, aplicar la prohibición de importación de jabalíes e implantar un programa de reducción selectiva de la población de jabalíes y un control de los pasos naturales por donde
se desplaza la fauna silvestre.
7. Realizar campaña de información sobre la sintomatología en la enfermedad a fin de facilitar la vigilancia pasiva.
8. Tener preparado el plan de contingencia y actuación inmediata, dentro del Plan Coordinado Estatal de Alerta Sanitaria Veterinaria, en caso de que se detecte la enfermedad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.-María Ascensión Carreño Fernández, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003936
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley en defensa
del sector melocotonero del municipio de Cieza, Región de Murcia y su protección por medio del Indicador Geográfico del Producto (IGP), para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El municipio de Cieza, Región de Murcia, de un tiempo a esta parte, promociona con orgullo la floración, polinización y cuaje de los árboles frutales, una estampa colorida de contrastes que inunda los campos ciezanos y anuncia cada año la
llegada de la primavera, así como, el inicio de la temporada de recolección de sus frutales que abarcan una gran variedad de frutas de hueso. Un atractivo turístico que año tras año, sobrepasa previsiones de visitantes, dando muestras de la íntima
relación que existe entre el municipio de Cieza y las producciones de árboles frutales donde predominan los melocotoneros.
Una de las principales zonas productoras de fruta de hueso es la Vega Alta del Segura, siendo Cieza el primer municipio de España en extensión dedicada a fruta de hueso, con 13.000 hectáreas y una producción de 200.000 toneladas de
melocotón.
En los últimos años, se observa que la tendencia es un aumento progresivo de las producciones debido en gran medida tanto a la mejora tecnológica como a la innovación varietal que han propiciado un incremento mayor de las producciones
permitiendo el incremento y la diversificación de la oferta.
Históricamente, el árbol frutal melocotonero está ligado a Cieza desde la ocupación romana, pasando por la dominación musulmana de la península Ibérica hasta nuestros días, siendo actualmente, este municipio el mayor productor de melocotón
de Europa.
Además, la Región de Murcia es la segunda provincia española exportadora del país, un hecho que pone de relieve que la agricultura murciana es de las más avanzadas del mundo, en cuanto a producción agrícola de alto valor añadido con un
amplio y variado muestrario de cítricos, frutales de hueso, hortalizas al aire libre, hortalizas bajo invernaderos y flores, capaz de competir con todas las garantías en los mercados más exigentes; gracias al intenso proceso de modernización y
tecnificación nuestros productos se han posicionado entre los más destacados de Europa.
El melocotón del municipio de Cieza es una muestra de ello, ya que es garantía de calidad histórica, siendo en sí mismo un indicador de confianza que hace esta fruta de hueso de mayor sabor y jugosidad.
Una calidad implícita que por condiciones climatológicas y geográficas hacen de este producto que sea único, siendo característico su color, aroma y sabor; apreciado, valorado y demandado por el consumidor, constituyendo, hoy día, una marca
en sí mismo.
Por ello, el Ayuntamiento de Cieza está trabajando con ahínco en coordinación con el sector del melocotón y con la colaboración de la Universidad Politécnica de Cartagena, a través del trabajo de investigación sobre estudio post cosecha de
variedades locales para que el Diario Oficial de la Unión Europea publique el reglamento de ejecución para inscribir el 'melocotón ciezano' en el Registro de Denominaciones de Origen y de Indicaciones Geográficas Protegidas. Este reconocimiento
permitirá que contemos con una identificación específica que garantiza la singularidad por el origen y por tanto, la garantía de calidad del melocotón ciezano.
La designación geográfica protegida (IGP) para el melocotón ciezano tiene justificación por sus cualidades concretas que han creado a lo largo de los años una reputación con características singulares sobrepasando las fronteras nacionales.
La obtención de la citada denominación para el melocotón ciezano favorecería la diferenciación en los mercados nacionales e internacionales, siendo una oportunidad,
también, para el municipio distinguir este producto de gran calidad sensorial ya que supone un salto de calidad que permitirá competir con garantías en los mercados cada vez más exigentes.
La inclusión por parte de la Unión Europea en el registro de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, con la concesión de Indicación Geográfica Protegida (IGP) al melocotón producido en la localidad de Cieza, va encaminado a
proporcionar a los productores instrumentos adecuados para identificar y promover el producto con características específicas además de protegerlo de prácticas desleales.
De tal manera que la indicación geográfica aseguraría a los agricultores y productores unos ingresos equitativos por sus cualidades y características del producto, ofrecer información clara sobre las características vinculadas al origen
geográfico para que los consumidores hagan una elección con mayor conocimiento. También garantizamos una competencia leal entre agricultores y productores del producto con características y atributos con valor añadido, accesibilidad a información
fiable relativa al producto y el respeto a los derechos de propiedad intelectual, que hablar de Cieza siempre viene a la mente una fruta: el melocotón.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo al sector del melocotón del municipio de Cieza, Región de Murcia, que a lo largo de la última década ha sabido producir un producto de calidad con innovaciones agrícolas de alta tecnología e
insta al Gobierno a impulsar y agilizar la realización de cuantos trámites y medidas sean necesarias, en el ámbito de sus competencias, para apoyar la tramitación del expediente de obtención de la IGP (Indicación Geográfica Protegida) para el
melocotón del municipio de Cieza, Región de Murcia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.-María González Veracruz y Carmen Baños Ruiz, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003950
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la limitación del cultivo y otras
formas de liberación y uso confinado de transgénicos en las CC.AA. en función de sus opciones de política agraria, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
España es uno de los únicos cinco países de la Unión Europea que permiten el cultivo de organismos genéticamente modificados (conocidos como cultivos transgénicos); tanto para investigación, como para usos comerciales. De hecho, es el país
con más hectáreas declaradas, y el único en el que los cultivos transgénicos han alcanzado una superficie agrícola relativamente significativa. De hecho, en el año 2016 prácticamente el 95 % de los transgénicos de Europa tenían su origen en campos
de nuestro país. Tras España, los únicos países europeos con transgénicos son Portugal (7.069 hectáreas en 2016), Eslovaquia (138 hectáreas) y la República Checa (75). Rumanía y Polonia, que en años anteriores tenían pequeños cultivos
transgénicos, no registraron ninguna extensión con esta variedad en 2016, y Alemania, que hasta el año 2009 declaraba el cultivo de transgénicos, hace ya ocho años que no autoriza plantaciones.
La Unión Europea, con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente, regula las actividades con organismos modificados genéticamente mediante dos Directivas básicas: la Directiva 2009/41, relativa a la utilización confinada de
microorganismos modificados genéticamente (que deroga a la Directiva 90/219/CEE), y la Directiva 2001/18/CE, sobre liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE.
Estas normas han sido objeto de posteriores desarrollos y adaptaciones. Cabe destacar el Reglamento 1830/2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados genéticamente
y a la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de estos, y por el que se modifica la Directiva 2001/18/CE.
Los preceptos sustantivos contenidos en las Directivas de la Unión Europea sobre organismos modificados genéticamente han sido incorporados a legislación española mediante la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen
jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente. Los contenidos de las Directivas y decisiones de la Comisión que no fueron incluidas en la citada Ley, fueron incorporados en el
Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General para el Desarrollo y Ejecución de la ley. Dicho Decreto desarrolla los aspectos necesarios para la realización de actividades de utilización confinada, liberación
voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente; normas sobre información, vigilancia y control de estas actividades; responsabilidades; infracciones y sanciones, así como composición y competencias del Consejo
Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente y de la Comisión Nacional de Bioseguridad.
Esto se traduce en el hecho de que, en Europa, actualmente, solo es posible el cultivo de una variedad vegetal transgénica el maíz MON-810 creado por la multinacional Monsanto. La autorización de nuevas variedades debe pasar por los filtros
de la Comisión y el Parlamento, y hasta ahora, a pesar de las propuestas sometidas en ocasiones desde la Comisión, no se han autorizado. La razón está en el fuerte rechazo de la sociedad europea a este tipo de cultivos, que en más de un 80 % se
declara en contra. Este rechazo de la ciudadanía europea es el que permite mantener una legislación garantista apoyada en el principio de precaución, y lo que nos debería llevar a ser más exigentes para conseguir su prohibición.
Los artículos 3 y 4 de la Ley 9/2003 establecen la distribución de competencias entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, siendo la Administración General del Estado competente en:
- La concesión de autorizaciones de comercialización de organismos modificados genéticamente o de productos que los contengan.
- La concesión de autorizaciones de utilización confinada y de liberación voluntaria de estos organismos en los casos de incorporación a medicamentos de uso humano o veterinario, a productos y artículos sanitarios y a aquellos que por
afectar al ser humano pueden suponer un riesgo para la salud de las personas, conforme a la Ley 14/1986, General de Sanidad, y la actual Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.
- Los supuestos derivados de la actual la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Cuando los programas de investigación sean ejecutados por las instituciones, entes u órganos del propio Estado, también es
competente para la vigilancia y el control de dichas actividades.
- Los ensayos en campo relacionados con el examen técnico para la inscripción en el Registro de Variedades Comerciales. Siendo en este caso la Administración General del Estado, además, competente para la vigilancia, control y sanción.
Por lo tanto, la Ley 9/2003 reserva al Estado la competencia en el ámbito supraautonómico de las autorizaciones para la comercialización, importación y exportación de OMG y productos que los contengan. Se reserva también, en base a otros
títulos competenciales (medicamentos y productos farmacéuticos, investigación científica y técnica y propiedad intelectual) algunas autorizaciones y las funciones derivadas de vigilancia, control y sanción sobre las actividades de su competencia.
Por su parte, el artículo 4 de la Ley 9/2003 establece que es competencia de las Comunidades Autónomas 'las autorizaciones de liberación voluntaria de dichos organismos para cualquier otro propósito distinto del de su comercialización'.
Hasta el momento, la mayoría de las Comunidades Autónomas se limitan a aplicar la legislación básica estatal y han desarrollado muy escasamente normativas propias.
Recientemente se abrió la posibilidad de una mayor autonomía y control en la aplicación del principio de precaución por parte de las autoridades competentes sobre el cultivo de transgénicos. La Directiva (UE) 2015/412 aprueba un nuevo marco
regulador en el cultivo de OMG en la Unión Europea más abierto y flexible, ofreciendo a los Estados miembros la posibilidad de adaptación del ámbito geográfico de las autorizaciones de cultivo de OMG concedidas por la UE, a fin de prohibir o
restringir el cultivo de OMG en todo o parte del territorio de sus Estados. Así como la posibilidad de adoptar medidas con vinculación jurídica orientadas en el mismo sentido.
Anteriormente, los Estados miembros solamente podían prohibir o restringir el cultivo de OMG en su territorio mediante cláusulas de salvaguardia o medidas de emergencia, alegando disponer de información
nueva o adicional o una nueva valoración, con relación a la evaluación del riesgo para el medio ambiente, posterior a la autorización ya concedida.
Pero la Directiva inserta un nuevo artículo 26 ter), referido a las autorizaciones de cultivos transgénicos en el que establece un marco de posibilidades mucho más amplio '... durante el procedimiento de autorización de un determinado OMG,
o durante la renovación de la autorización escrita o de la decisión de autorización, los Estados miembros podrán pedir que se adapte el ámbito geográfico de aplicación de la autorización escrita o de la decisión de autorización a efectos de que el
territorio del Estado miembro de que se trate quede excluido en su totalidad o en parte'. Esta facultad, se ejercitará mediante una comunicación a la Comisión Europea en la que se indican las razones, que el artículo tasa en: objetivos de política
ambiental, ordenación del territorio, uso del suelo, repercusiones económicas, evitar la presencia de OGM en otros productos, y de política agraria.
La interpretación autorizada de la Directiva de acuerdo a la distribución de competencias entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas permite pensar que son las Comunidades Autónomas las que deben opinar y finalmente
tramitar la comunicación ante la Comisión Europea, siempre a través del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, el Ministerio en el Gobierno anterior del Partido Popular, decidió ejercer este derecho de oficio desde el Estado, sin dar la
posibilidad a las Comunidades Autónomas.
La trasposición de esta Directiva se hizo a través de Real Decreto 364/2017, de 17 de abril, por el que se modifica el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril. Sin embargo, y como era previsible,
tan solo ha recogido la obligación referida a la contaminación transfronteriza, no recogiendo la posibilidad de que las Comunidades Autónomas ejerzan el derecho a limitar el cultivo de transgénicos con cualquier finalidad, ejerciendo ellas en
función de sus competencias la decisión ante la Comisión Europea.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar la Ley 9/2003, de 25 de abril, para incorporar lo recogido en el nuevo artículo 26 ter) de la Directiva 215/412, de 11 de marzo de 2015, para establecer el procedimiento por el cual el Estado, o una Comunidad Autónoma, en el
ejercicio de sus responsabilidades sobre agricultura, desarrollo rural, protección del medio ambiente y ordenación del territorio, pueda excluir a su territorio de la autorización de nuevos cultivos transgénicos o bien modificar o limitar las
autorizaciones en vigor.
2. Aprobar una moratoria de las autorizaciones para la comercialización de organismos modificados genéticamente o de productos que los contengan, y de la autorización de los ensayos de liberaciones voluntarias complementarios.
3. Instar a la Unión Europea a incluir una cautela sobre los productos que contengan organismos genéticamente modificados en la negociación de los acuerdos comerciales con Norte América y Mercosur, en coherencia con el espíritu de las
políticas y normas existentes en la materia en el ámbito de la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/003881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la modificación del funcionamiento del Fondo de
Inversiones de Teruel (FITE), para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
El Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón, en el ejercicio de la función fiscalizadora que le atribuyen el artículo 112 del Estatuto de Autonomía de Aragón y el artículo 6.1 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas
de Aragón, aprobó, en sesión celebrada el día 19 de septiembre de 2018, el informe de fiscalización del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) del ejercicio 2016 y un análisis de la evolución de los recursos de dicho fondo desde su constitución en
1993 y de los proyectos financiados en el período 1993-2016, afectando a un total de 981 millones de euros de presupuesto total.
El FITE es un mecanismo para hacer efectivo el principio de solidaridad interterritorial, posibilitando el desarrollo de proyectos de inversión que promuevan directa o indirectamente la generación de renta y de riqueza en la provincia de
Teruel, que sean generadores de empleo y que contribuyan a la fijación de la población en el territorio.
La constitución de este fondo para Teruel se fundamentó en la existencia de desigualdades interterritoriales significativas en Aragón que afectaban en especial a esta provincia y que exigían un impulso adicional para ser corregidas una vez
que Aragón, siguiendo los criterios de renta que rigen el Fondo de Compensación Interterritorial se queda fuera del mismo.
Este fondo se articula desde 1993 mediante convenios de colaboración suscritos entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Aragón por períodos de cuatro o cinco años, en los que ambas administraciones cofinancian a partes
iguales las actuaciones aprobadas por una comisión mixta de las entidades firmantes.
A lo largo de los años, las críticas a la gestión realizada con estos fondos públicos han ido en aumento. Obras sin ninguna utilidad o gastos de promoción o ampliaciones de capital para cubrir pérdidas han sido denunciados a lo largo de los
años reiteradamente, a la par que se hacían fuertes críticas al sistema de regulación para el acceso a este fondo, carente en todo momento de criterios objetivos y mecanismos rigurosos que permitiesen una correcta trazabilidad del proceso desde la
adjudicación hasta la justificación de la ayuda. Las adjudicaciones directas han caracterizado una lógica de funcionamiento basada en la arbitrariedad y la discrecionalidad, pasto de prácticas clientelares nocivas en toda democracia sana.
Hoy podemos afirmar, tras el informe elaborado por la cámara de cuentas y a la vista de sus conclusiones, que todas esas denuncias públicas estaban más que fundadas. Y no solo eso, también podemos afirmar que las cuestiones que han
caracterizado la gestión del FITE relativas a las imprecisiones que se advierten en los términos del convenio, la ausencia de normativa clara para la gestión, el marco regulatorio insuficiente, y la falta de motivación y transparencia en la
concesión de subvenciones directas y en la selección de proyectos, así como en la dificultad para gestionar un convenio con los plazos y con las limitaciones presupuestarias que se exigen tanto en el propio convenio como en la normativa
presupuestaria, ya se habían puesto de manifiesto por parte de la Intervención General de manera reiterada en los últimos años, tanto en el informe de fiscalización del Convenio de Colaboración regulador del FITE como en los informes de
fiscalización de los expedientes derivados del mismo, tal y como se puede leer en la página 71 del informe, en la alegación 4 elevada por la Interventora General del Gobierno de Aragón al anteproyecto del informe de fiscalización.
En el terreno de lo político siempre es cuestionable el objeto último de las ayudas, que no obstante deberían incardinarse en la Estrategia de Ordenación del Territorio y en las políticas aprobadas en materia de lucha contra la desigualdad y
la despoblación o la mejora de rentas, pero lo que no es opinable es la obligación de garantizar una correcta gestión de los fondos públicos de acuerdo con las garantías oportunas, cuestión está última que queda en entredicho en este caso y que
afecta de forma directa a las administraciones implicadas, especialmente a la Administración General del Estado y al Gobierno de Aragón.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dar continuidad al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) en atención a las necesidades de convergencia económica y social de la provincia de Teruel con el resto de provincias de Aragón y del conjunto del Estado.
2. Realizar una reforma en profundidad del FITE que implique la mejora de la coordinación entre la administración estatal y la aragonesa para conseguir una gestión eficaz de los proyectos financiados por
el fondo y que, recogiendo las cuestiones contenidas en el 'Informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón del Fondo de Inversiones de Teruel. Ejercicio 2016', suponga:
A) Formalizar los convenios al inicio de cada ejercicio, momento en el que también deberán aprobarse las actuaciones financiadas por el FITE y los correspondientes proyectos.
B) Redefinir el marco normativo a fin de:
- Articular los mecanismos necesarios para que el FITE no sirva para financiar las inversiones de carácter ordinario cuya ejecución y financiación corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o Entidades Locales de la
provincia a través de sus presupuestos anuales.
- Concretar con claridad las condiciones exigibles para determinar qué se entiende como 'proyecto de inversión', incluyendo indicadores que permitan determinar su impacto directo o indirecto sobre la generación de renta y riqueza.
- Establecer criterios para la elección de proyectos auxiliables que respondan a la Estrategia de Ordenación del Territorio de la provincia de Teruel, especialmente para los proyectos de interés estratégico o singulares.
- Concretar y precisar con absoluta claridad el papel de los órganos responsables y de los órganos ejecutores de los proyectos.
- Definir un procedimiento claro y transparente para la presentación de proyectos a la comisión de seguimiento.
- Establecer mecanismos transparentes para la adjudicación de ayudas: procedimientos públicos de libre concurrencia (subvenciones o contratos) sujetos a su vez a plazos tasados (publicación de convocatorias y licitaciones, valoración de
ofertas y de proyectos, notificación de la concesión, etc.).
- Acreditar las especiales razones de interés público, social, económico o humanitario que justifican la concesión de subvenciones directas.
- Contemplar la posibilidad de ampliar el marco temporal mediante convenios de carácter plurianual solo en el caso de inversiones en materia de infraestructuras básicas, servicios públicos básicos y mejora de sus dotaciones de capital
productivo, siempre y cuando sean estas adicionales a las inversiones ordinarias que la Administración de la Comunidad Autónoma está obligada a realizar en Teruel. En este caso, especialmente se garantizará una participación más activa de los
departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma que cuentan con las competencias y medios oportunos.
- Precisar cuándo se considera ejecutado un proyecto, especialmente si se aparta del criterio general del artículo 31.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y establecer mecanismos efectivos para la recuperación de
los fondos no dispuestos y adelantados.
- Garantizar un sistema contable que asegure el seguimiento efectivo de los proyectos ejecutados a través del FITE.
C) Reformar en profundidad la forma jurídica de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo Empresarial de Teruel, S.A. (SUMA), para dotarla de controles y garantías mínimas para un funcionamiento adecuado de su actividad financiera,
reforzar los controles que realiza sobre la viabilidad de los proyectos que financia y concretar en el correspondiente convenio el control financiero al que debe someterse la entidad y el órgano de control al que corresponde realizarlo.
D) Coordinar las políticas desarrolladas mediante los recursos del FITE con otras de similar finalidad a fin de aprovechar las sinergias y evitar duplicidades y pérdida de recursos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Roldán, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Marta Martín, Diputada del mismo grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo de un Proyecto de Ley para gestionar la configuración de las listas de empleo interino.
Exposición de motivos
La oposición o concurso-oposición es un procedimiento selectivo en la que las personas concurren para conseguir una plaza laboral dentro de las Administraciones Públicas. La igualdad, el mérito y la capacidad son los principios que rigen el
desarrollo del proceso.
Para garantizar el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad recogidos en el artículo 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Gobierno desarrolló, en
el caso del cuerpo docente, el Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos
docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Sin embargo una vez las personas aprueban la oposición sin llegar a obtener plaza, las condiciones para la configuración de las listas de interinos que podrán acceder a las bolsas de empleo no se encuentran reguladas a nivel nacional. Esta
ausencia de legislación nacional ha permitido la existencia de numerosas diferencias entre CC.AA. en el procedimiento de asignación, más allá de los criterios de baremación de la experiencia como interino.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta a Gobierno a desarrollar una legislación que establezca un marco para que las Comunidades Autónomas desarrollen normativa que regule las listas de empleo de interinos y, en particular, los procedimientos
para la configuración del listado y los criterios de ordenación de los mismos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
Comisión de Transición Ecológica
161/003900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre prevención de riesgos por inundaciones, para su debate en
la Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
Los expertos en cambio climático prevén que en España, más que un descenso de las precipitaciones medias, con el aumento de las temperaturas, las lluvias se concentren en episodios menos frecuentes y más intensos, de forma que las sequías y
las inundaciones, serán más comunes.
Si bien es cierto que los distintos modelos coinciden respecto al aumento de las temperaturas, en pluviometría las previsiones están menos ajustadas. La tendencia recesiva se hace más consistente en el escenario pesimista de emisiones y
cuando se consideran plazos más largos, llegando (en el escenario más desfavorable) a una expectativa de recesión media del 24 %, que se agrava en las cuencas mediterráneas más sensibles. Se reduce en niveles similares la infiltración a los
acuíferos.
Aunque la precipitación media puede no variar, los veranos serían más cálidos y las precipitaciones en otoño y primavera se reducirían. Por tanto, debemos esperar lluvias menos frecuentes pero más violentas.
Estas precipitaciones extremas son más susceptibles de provocar el desbordamiento de ríos y torrentes con graves perjuicios personales y materiales. A esto hay que añadir que la vulnerabilidad ante inundaciones ha aumentado por la ocupación
urbanística de zonas de riesgo ante una precipitación súbita que cause crecidas repentinas.
La herramienta clave en la prevención de estas tragedias es la elaboración, aprobación e implantación de los planes de gestión del riesgo de inundación regulados por los capítulos 4 y 5 del Real Decreto 903/2010, en transposición de la
Directiva 2007/60 relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
Los planes de gestión tienen como objetivo lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones, basándose en los programas de medidas que cada una
de las administraciones debe aplicar en el ámbito de sus competencias para alcanzar el objetivo previsto.
La mayor parte de los planes de gestión del riesgo de inundación (16 demarcaciones hidrográficas), fueron aprobados por el Gobierno, en reunión del Consejo de Ministros del 15 de enero de 2016 y publicados en el BOE n.o 19, de 22 de enero de
2016. Posteriormente, en reunión del Consejo de Ministros de 15 de abril de 2016, se aprobó el plan de gestión del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica de Illes Balears, publicado en el BOE n.o 92, de 16 de abril de 2016.
Desgraciadamente esto no ha evitado que este año fuésemos testigos de días trágicos en el litoral mediterráneo. En Mallorca una tormenta provocó la crecida del torrente Ses Planes a través de la localidad de Sant Llorenç des Cardassar
causando al menos trece muertos.
Sant Llorenç des Cardassar está catalogado como 'área de riesgo potencial significativo' dentro del plan de prevención de riesgos de inundación del Gobierno de las islas Baleares. Los informes del gobierno balear tienen identificado treinta
tramos de torrente con riesgo de avenida, entre ellos el de Ses Planes.
Por tanto, aunque nuestra legislación vigente prevé elaborar planes de inundaciones, el control y seguimiento es claramente insuficiente. Tenemos las leyes pero falta su cumplimiento. Es necesario planificar y preparar las infraestructuras
hidráulicas frente a fenómenos extremos.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Planificar y preparar las obras públicas, desarrollos urbanísticos e infraestructuras hidráulicas, en vista de los escenarios de cambio climático, y teniendo en cuenta los crecientes riesgos de fenómenos extremos.
2. Revisar los Planes de Gestión del Riesgo de inundación y, en colaboración con CC.AA. y EE.LL., estableciendo un protocolo de las condiciones de seguridad mínimas para zonas habitadas que estén identificados como de alto riesgo de
inundaciones.
3. Elaborar la Estrategia Nacional de restauración de ríos, barrancos y costas en consonancia con la Directiva marco del agua y la Directiva de evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
4. Revisar la Estrategia Forestal Española de 1999 y el Plan Forestal Español de 2002. Precisamos masas forestales maduras y poco densas. Los bosques facilitan la infiltración de la lluvia a los acuíferos, evitan erosión, colmatación de
embalses y los riesgos de crecida. Debe prestarse especial atención a la función de frenado de avenidas y de filtro verde de los bosques de ribera debe integrarse en la planificación, clarificando deslindes e incentivando la explotación de choperas
en zonas inundables.
5. Dar una mayor difusión pública al mapa de riesgo de inundación del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) de libre consulta a través de internet.
6. Estudiar que la Dirección General del Catastro incorporé a la ficha catastral de cada propiedad una advertencia con el riesgo de inundación según el SNCZI.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2018.-Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputado.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
161/003916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Melisa Rodríguez Hernández, don José Ignacio Prendes Prendes, don Rodrigo Gómez García y don Sergio Del Campo Estaún, Diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para el impulso de la industria española, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.
Exposición de motivos
El pasado mes de octubre, la multinacional Alcoa dio a conocer su intención de clausurar sus plantas de fabricación de aluminio primario ubicadas en A Coruña y Avilés desatando la alarma social y económica dada la importancia que tiene para
la actividad económica y el empleo las plantas referidas.
La empresa ha argumentado a los representantes sindicales que el cierre obedece a 'problemas estructurales y tecnológicos' de las factorías, entre los que hay que destacar el alza exponencial de los precios de la energía eléctrica, de vital
importancia para este tipo de empresas electrointensivas que además abundan en el sector industrial asturiano.
No en vano, según datos del propio Ministerio de Industria, más del 70 % de la energía eléctrica consumida en regiones donde la actividad electrointensiva es destacada, corresponde al sector industrial.
Sin embargo, el Gobierno de España ha optado por una actitud de confrontación descartando las razones aducidas por el sector. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, consideró una 'excusa y una cortina de humo' que la
multinacional del aluminio alegue el alto precio de la electricidad.
Estas declaraciones chocan con una realidad evidente: el precio de la electricidad en el mercado de generación español se han incrementado desde los 50 /MWh de enero hasta superar los 80 en el mes de septiembre. Asimismo este mes de
octubre, a pesar de experimentar una leve disminución, se ha constituido como el segundo más caro de 2018 y el octubre más caro en una década.
Por contraste, conviene recordar que los países nórdicos (que también son objeto de inversión por parte de la compañía) apenas han superado la barrera de los 45 , casi la mitad de precio en generación eléctrica.
De hecho, empresa y trabajadores ya han declarado que sin el coste eléctrico, las plantas susceptibles de cierre son más competitivas que las de Noruega e Islandia, un dato verosímil a la vista de precios de generación señalados.
Asimismo, los representantes de los trabajadores de la empresa han lamentado la escasa sensibilidad del Gobierno de España en esta materia, así como lo contraproducente de sus medidas en materia energética e industrial que dificultan la
continuidad del sector industrial y, en particular, el sector electrointensivo.
No son los únicos. La Alianza del Noroeste y las Cámaras de Comercio ya han alertado del alto coste de la electricidad frente al resto de Europa, y afirman que se trata de un 'problema que se está agravando' con los cambios legales y los
'anuncios' del Gobierno que ahonda en la pérdida de competitividad de las fábricas.
No en vano, y contradiciendo la idea de la Ministra de que Alcoa es un caso aislado, CEMEX y Vestas ya han anunciado el cierre de varias de sus plantas en España, con escaso éxito por parte del Gobierno a la hora de evitar sus consecuencias.
Asimismo, se teme por el futuro de empresas como Acelormittal, Asturiana de Zinc, etcétera.
Hay que recordar el gran déficit de España en materia industrial, un sector cuyo peso relativo ha venido disminuyendo en los últimos años y sin embargo tiene una importancia capital a la hora de promover empleo indefinido y bien retribuido,
contribuir al equilibrio de la balanza comercial y favorecer el desarrollo de la innovación en nuestro país, máxime en un marco de crecimiento global donde los productos industriales son ampliamente demandados.
Por estas razones, existe motivación suficiente para el Gobierno de España tome medidas claras y contundentes con el fin de revertir la situación industrial de nuestro país.
En la presente iniciativa se plantean las siguientes medidas:
Aumentar de manera sustantiva la cuantía de los mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero que las empresas industriales tanto necesitan en un contexto de competencia global como el actual.
Este instrumento ha sido considerado por la Comisión Europea como 'compatible con el mercado interior', según decisión adoptada por la misma con fecha 14 de noviembre de 2013, frente a otras alternativas de mayor contestación. Además este Grupo
Parlamentario ya advirtió en 2017 que España apenas ha aportado para sus propias industrias el 12,9 % de la cantidad que Francia ha transferido a sus industriales, el 5,8 % de lo que ha otorgado Holanda, el 5,3 % de lo que ha hecho Reino Unido o el
1,2 % de la ayuda concedida por Alemania.
Fomentar los contratos bilaterales de entrega de energía eléctrica (conocidos como PPA) eximiendo a los generadores de energía eléctrica del impuesto de generación de manera permanente (y no transitoria) y a los compradores del impuesto
sobre la electricidad para este tipo de transacciones. De este modo, se da un impulso a una nueva forma de contratación y suministro de electricidad que permite dotar de certidumbre a los actores implicados, estimando de manera confiable los costes
de producción para los compradores, y fomentando las inversiones en el sector eléctrico.
Impulsar el marco legislativo que permita la implantación de redes energéticas cerradas, tal como prevé la Directiva Europea 2009/72/CE y como ya instó esta misma cámara el 16 de mayo de 2017 durante la sesión de la Comisión de Energía,
Turismo y Agenda Digital. Así como la figura del agregador de demanda con el fin de operar la red interior con criterios de flexibilidad, incluyendo la producción de energía con fuentes descentralizadas, mecanismos de gestión de la demanda,
almacenamiento, entre otros, y asumiendo las responsabilidades técnicas y financieras delante del operador del sistema y los suministros. Esta medida permitiría un ahorro sustancial en determinados casos como aquellos polígonos industriales donde
se pueden dar las circunstancias técnicas para operar como un único consumidor a efectos de la red del sistema, aliviando sus costes de producción.
Finalmente, no por ello menos importante, se insta a desarrollar la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética con el objetivo de consolidar un mix energético que responda de manera integral a los objetivos de sostenibilidad
medioambiental, seguridad de suministro y competitividad de costes.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aumentar de manera sustantiva la cuantía de los mecanismo de compensación de costes emisiones indirectas de gases de efecto invernadero.
2. Fomentar los contratos bilaterales de entrega de energía eléctrica (conocidos como PP) eximiendo a los generadores de energía eléctrica del impuesto de generación de mane permanente (y no transitoria) y a los compradores del impuesto
sobre la electricidad para es tipo de transacciones.
3. Desarrollar el marco legislativo que permita la implantación de redes energéticas cerradas, tal como prevé la Directiva Europea 2009/72/CE y como ya instó esta misma Cámara el 16 de mayo de 2017 durante la sesión de la Comisión de
Energía, Turismo y Agenda Digital. Así como la figura del agregador de demanda con el fin de operar la red interior con criterios de flexibilidad incluyendo la producción de energía con fuentes descentralizadas, mecanismos de gestión de demanda,
almacenamiento, entre otros, y asumiendo las responsabilidades técnicas y financieras delante del operador del sistema y los suministros.
4. Impulsar en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética un mix energético que responda de manera integral a los objetivos de sostenibilidad medioambiental, seguridad de suministro y competitividad de costes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2018.-José Ignacio Prendes Prendes, Sergio Del Campo Estaún y Rodrigo Gómez García, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
Comisión de Cultura y Deporte
161/003920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para la construcción de un
Museo de la Memoria de las víctimas del campo de concentración de Albatera, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El campo de concentración de Albatera fue uno de los más importantes instaurados por la dictadura franquista en la España de posguerra. Según varios estudios realizados por el investigador Felipe Mejías para la Cátedra Interuniversitaria de
Memoria democrática de la Comunidad Valenciana, el campo de concentración llegó a retener hasta 16.000 presos políticos. Allí fueron a parar muchos republicanos que no pudieron huir al exilio en el último buque que salió de Alicante: el Stanbrook.
En este campo de concentración, según Juan Caba -un republicano preso en este campo- las 'torturas y vejaciones' fueron una constante y el hambre, el problema principal. Según relató este preso, la comida diaria consistía en 'una lata de
sardinas de 125 gramos y un chusco de 200 g para cada 5 personas'.
Gracias al trabajo de la Cátedra Interuniversitaria en la que participa la Consellería de Justicia, así como la Universidad de Alicante, la Universitat de Valencia y la Universitat Jaume I de Castelló, se ha podido dar con la ubicación de
una fosa común, o 'pequeñas fosas' del campo de Albatera, situado actualmente en el término municipal de San Isidro.
Por todo lo expuesto, Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Colaborar con la Cátedra Interuniversitaria de Memoria democrática de la Comunidad Valenciana.
2. Financiar un Museo de la Memoria de las víctimas del campo de concentración de Albatera, con el objetivo de recuperar la memoria, dignidad y honor de los defensores de la democracia que fueron asesinados en el campo de concentración de
Albatera, así como, de todos los demócratas que fueron presos del mismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2018.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Marta Sorlí Fresquet, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de le Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para que se
retire la llamada 'Cruz de los caídos' del Parque Ribalta de Castelló en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de Memoria Histórica es muy clara cuando ordena, en su artículo 15, que 'las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos,
insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o
ayudas públicas'.
En el caso de la localidad de Castelló de la Plana, el Parque Ribalta alberga el monumento de la Cruz de los Caídos. Este monumento se alzó en el parque en 1944 'A los caídos por Dios y por España. Presente!' tras la Guerra Civil, símbolo
de exaltación de la dictadura franquista y del terror. La Corporación municipal, a través de la Concejalía de Cultura, solicitó un informe el pasado año al Comité Técnico de Expertos para la valoración de la retirada de los vestigios relativos a la
Guerra Civil y la dictadura en la Comunitat Valenciana, órgano adscrito y dependiente de la Consellería de Justicia y de Reformas Democráticas de la Generalitat Valenciana, constituido el 14 de marzo de 2016, para estudiar si procede la eliminación
de dicho monumento, a fin de dar cumplimiento a la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de Memoria Histórica.
En contestación a la consulta enviada, el informe del Director General de Reformas Democráticas de la Generalitat Valenciana, José García Añón, firmado el 31 de julio de 2017, respondía así:
'En la reunión de la Comisión Técnica de Coordinación para la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura en el ámbito de la Comunidad Valenciana, celebrada el 27 de julio de 2017, se acordó, después de
considerar el parecer del Comité Técnico de Expertos para la valoración de la retirada de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura a la Comunidad Valenciana y la de los supuestos determinantes de excepcionalidad, les trasladamos las
siguientes consideraciones:
1. Esta cruz se erigió por acuerdo del Ayuntamiento en 1944, dedicándose a los 'Caídos por Dios y por España'. Por tanto, en su origen claramente fue un monumento de exaltación de la Guerra Civil y de la dictadura.
2. En 1979 el símbolo fue rectificado, eliminándose los elementos de exaltación y dedicándose 'a las víctimas de la violencia'.
3. No obstante lo anterior, según el informe del Comité Técnico de Expertos en su sesión del 27 de junio de 2017, el monumento seguiría siendo en la actualidad un signo de exaltación de la Guerra Civil y de la dictadura, por ser punto de
concentración para la exaltación del franquismo en fechas concretas.
4. Así mismo, el Comité Técnico de Expertos considera que la cruz no constituye un lugar de historia y que tampoco tiene un valor artístico.
5. El elemento en cuestión es un añadido artificial a un parque con una clara estructura y disposición de mediados del siglo XIX (M.a Teresa Santamaría, 'El parque de Ribalta'), declarado Bien de Interés Cultural, por lo que cualquier
actuación a realizar en ese ámbito tendrá que ser autorizada por la materia competente en materia de patrimonio cultural.
Visto lo anterior, se considera que no concurre ninguna de las causas de excepcionalidad del artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la cual se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de los que sufrieron
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
Por tanto, en el caso que por parte del Ayuntamiento (de Castelló) se constata fehacientemente que perviven manifestaciones y concentraciones de exaltación del régimen franquista, se recomienda su retirada.'
En vista de que en dicho informe se hace referencia a una reunión celebrada el 27 de junio de 2017 por el Comité Técnico de Expertos, la Concejalía de Cultura solicitó el acta de dicha reunión, donde literalmente expone en su punto número 2:
'1. Esta cruz se erigió por acuerdo del Ayuntamiento en 1944, dedicándose a los 'caídos por Dios y por España'. Por tanto, en su origen claramente fue un monumento de exaltación de la Guerra Civil y de la dictadura.
2. En 1979 el símbolo fue rectificado, eliminándose los elementos de exaltación y dedicándose 'a las víctimas de la violencia'.
3. No obstante lo anterior, según el informe del Comité Técnico de Expertos en su sesión del 27 de junio de 2017, el monumento seguiría siendo en la actualidad un signo de exaltación de la Guerra Civil y de la dictadura, por ser punto de
concentración para la exaltación del franquismo en fechas concretas.
4. Así mismo, el Comité Técnico de Expertos considera que la cruz no constituye un lugar de historia y que tampoco tiene un valor artístico.
5. El elemento en cuestión es un añadido artificial a un parque con una clara estructura y disposición de mediados del siglo XIX (M.a Teresa Santamaría, 'El parque de Ribalta'), declarado Bien de Interés
Cultural, por lo que cualquier actuación a realizar en ese ámbito tendrá que ser autorizada por la materia competente en materia de patrimonio cultural.
Visto lo anterior, se concluye que no concurre ninguna de las causas de excepcionalidad del artículo 15 de la Ley 52/2007, pudiendo actuar el Ayuntamiento en consecuencia'.
Manifestándose en este momento una discrepancia en el seno del equipo de gobierno sobre la aplicación de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica sobre la retirada de la Cruz de los Caídos en el Parque Ribalta de Castelló.
El Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Ordenar al Ayuntamiento de Castelló de la Plana retirar la llamada 'Cruz de los Caídos' del Parque de Ribalta, en cumplimento de la Ley de Memoria Histórica 52/2007, de 26 de diciembre, por ser un símbolo de exaltación de la Guerra Civil
y de la dictadura franquista, como así lo señala el informe del Comité Técnico de Expertos para la valoración de la retirada de los vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura en la Comunitat Valenciana, dado que no incurre en ninguna de
las excepciones que plantea dicha Ley.
2. Trasladar al Ayuntamiento de Castelló de la Plana el obligatorio cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, pues el cumplimiento de la legalidad no es una cuestión de arbritariedad individual.
3. Comunicar este acuerdo a la Conselleria de Justicia i de Reformes Democrátiques de la Generalitat Valenciana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Economía y Empresa
161/003902
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a facilitar el acceso a
internet de alta velocidad en los núcleos rurales de menor población, para su debate en la Comisión de Economía y Empresa.
Exposición de motivos
España sufre un serio problema de despoblación en el mundo rural; de los 8124 municipios españoles, 6825 tienen menos de 5000 habitantes, el 84? % del total. Es más, el 61 % de nuestros municipios tienen menos de 1.000 habitantes y son
precisamente estos pequeños municipios los que presentan una despoblación más acusada.
El riesgo de despoblación es especialmente grave en algunas provincias que tienen más del 95 % de municipios con menos de 5000 habitantes y/o con un alto ritmo de envejecimiento que los condena a su desaparición a largo plazo. Ya perdieron
población en los éxodos rurales de finales de los sesenta hacia las grandes ciudades; y en la actualidad se repiten esos patrones: los escasos jóvenes emigran a las grandes ciudades en busca de oportunidades y la baja natalidad provoca que la
población no se reponga.
En numerosos municipios pequeños la población menor de edad es mínima, alimentándose un círculo vicioso asociado a la falta de servicios, de oportunidades y de expectativas, que provoca la salida de capital humano de las áreas rurales hacia
otras zonas que ofrecen mayor atractivo para residir, mayores posibilidades de formación y un ambiente más favorable para los negocios.
El anterior Gobierno estaba preparando una estrategia para romper este círculo y combatir la despoblación, que afecta al 53 % de nuestro país. El desafío de la despoblación pasa por afrontar medidas concretas para asegurar la sostenibilidad
del medio rural; medidas de carácter transversal que deben ir desde la gestión sostenible de los recursos naturales generando facilidades en la agricultura, la ganadería o el agronegocio en general, hasta el fomento del turismo rural en todas sus
modalidades (ecoturismo, enoturismo, turismo gastronómico...). Sin olvidar el papel clave que deben jugar la educación y la formación para ofrecer alternativas en igualdad a nuestros jóvenes del ámbito rural, ni la importancia de garantizar
cuestiones tan básicas como el acceso rápido y asequible a toda la información y contenidos de la red en cualquier punto de nuestra geografía.
En todos los ámbitos anteriores hay una variable común que puede y debe contribuir a dar el salto cualitativo: la aplicación de las nuevas tecnologías que, a su vez, depende en gran medida de que la conectividad en estas zonas rurales sea
de calidad para explotar todos los beneficios que estas aportan. Como ejemplos:
- la 'agricultura digital' requiere conexiones que permitan el control remoto y la acumulación de una gran cantidad de datos para la toma de decisiones -Big Data agronómico-, la activación de mecanismos de riego o de alimentación de
animales, y otras aplicaciones que harán más cómoda y eficiente las explotaciones agro-ganaderas;
- en el ámbito turístico es inconcebible una casa rural en la que sus propietarios no tengan acceso a las múltiples plataformas de reserva por internet o que no pueda ofrecer a sus huéspedes una conexión rápida a la red;
- hoy una escuela que no tenga acceso a las nuevas tecnologías está condenando a sus estudiantes a quedar fuera de una educación en igualdad de oportunidades;
- las TIC permiten una mayor flexibilidad en las empresas, favoreciendo la localización de pequeñas empresas tecnológicas en el ámbito rural, donde los costes fijos son inferiores. Todo lo cual puede redundar en una mejora competitiva que
hará más atractivo el medio rural.
La Ley General de Telecomunicaciones ya establece que cualquier usuario final, con independencia de su localización geográfica, tiene derecho a obtener una conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas desde una ubicación fija en
un inmueble urbano o en su vivienda habitual, que permita realizar comunicaciones de voz, fax y datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet. El objetivo de este servicio universal es evitar el riesgo de exclusión de los
usuarios finales a unos servicios básicos de telecomunicaciones que se consideran esenciales para los ciudadanos, y que en el acceso a Internet de banda ancha quedó fijado en 1 Mbps.
El Grupo Parlamentario Popular quiere dar un paso más porque considera que este mínimo -que en su momento pudo ser suficiente- hoy supone una limitación a las oportunidades de crecimiento y desarrollo de los municipios rurales, que se ven
penalizados por estar ubicados en zonas alejadas de las grandes concentraciones de personas, ya que las empresas de telefonía no tienen incentivo a ofertar mayores velocidades que requerirían elevadas inversiones en infraestructuras.
Un aumento de esas velocidades en las comunicaciones por internet, ayudaría a todos los sectores críticos para el desarrollo de esas zonas rurales: desde el educativo al turístico o al agroalimentario, ofreciendo nuevas posibilidades de
futuro a nuestros jóvenes que facilitarían la fijación de población a estos municipios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha cuantas medidas sean necesarias para posibilitar el acceso al servicio de internet de alta velocidad en los núcleos rurales de menor población para romper la brecha digital
que, a pesar de las mejoras de los últimos años, siguen sufriendo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2018.-Susana López Ares, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al gobierno a la
elaboración de una estrategia de despliegue online del comercio minorista, para su debate en la Comisión de Economía y Empresa.
Exposición de motivos
Según la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia la cifra de negocio en las ventas por internet aumentó más de un 25 % en 2017, superando los 30000 millones de euros. Esta cifra contrasta con las recientes estadísticas del
comercio minorista en España que han decrecido el - 0,2, - 0,1 y - 0,4 entre mayo y julio de 2018, cifras que hacía varios años que no se producían.
Esto marca una tendencia clara, según la cual, el crecimiento del comercio online se está haciendo principalmente a costa de los pequeños autónomos y empresarios de los pueblos y ciudades de España que mantienen su comercio tradicional o
analógico.
El comercio de proximidad, el comercio tradicional, pasa por un momento de transformación y reorientación. Estos establecimientos tienen que ser capaces de sobrevivir en un entorno absolutamente diferente al de hace años en el que el
consumidor tiene, a golpe de click y en pocas horas en su casa, cualquier tipo de producto o servicio.
Este comercio minorista se está reestructurando, reorientando muchos de estos establecimientos su actividad a mejorar los servicios de asesoramiento y atención para hacer más atractivo su establecimiento físico, y otros muchos buscando en la
proximidad al consumidor su factor determinante que les diferencia de su competencia en internet.
No obstante, es importante que este comercio minorista en todos las tipologías, desde agencias de viaje a tiendas especializadas o establecimientos turísticos, comience a trasladar su experiencia de años al entorno digital, que utilicen su
fortaleza que les da el conocimiento directo del consumidor, sus gustos, sus preferencias, sus criterios de compra, para generar en un entorno virtual, un espacio competitivo que les pueda hacer, con los mismos recursos, ampliar su base de clientes
a todo el mundo.
La digitalización, el tránsito al comercio electrónico, de estas empresas de comercio minorista debe ir acompañada por el apoyo y la orientación de las administraciones públicas que tienen la obligación de fortalecer a las empresas de su
país frente a competidores mundiales, grandes corporaciones, que están llegando en condiciones de ventajas competitivas por tamaño y por cuestiones fiscales a los mismos clientes a los que hasta hace poco solo llegaba el comercio minorista.
Cualquier establecimiento, desde cualquier pequeña tienda en cualquier pueblo de cualquier provincia, debe poder ser capaz de vender esos productos o servicios que le diferencian y que le hacen único. Para ayudar a este comercio se hace
necesaria una estrategia específica de digitalización y tránsito de este comercio tradicional hacia el comercio 2.0. Para ello, las diferentes administraciones públicas deben impulsar, promover y establecer medidas de apoyo a estas empresas de
forma inmediata, porque en este ámbito digital la inmediatez es básica dado que el crecimiento del 25 % anual del comercio electrónico hace prever el cierre de muchos comercios tradicionales si no se actúa de forma rápida y coordinada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer, en el plazo de dos meses, una estrategia de despliegue online del comercio minorista en España a fin de garantizar su sostenibilidad y a fin de establecer medidas de apoyo,
acompañamiento y financiación de esta digitalización de la actividad del comercio minorista español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
161/003907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la prevención y el abordaje de la soledad no deseada, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
En España según la Encuesta Continua de Hogares del INE, casi cinco millones de personas viven solas, y de entre ellas, aproximadamente un millón y medio sufren soledad no deseada.
La soledad no deseada se caracteriza porque las personas que la padecen presentan una falta o déficit de relaciones interpersonales y sienten la soledad como algo obligado, que les produce un sufrimiento profundo. Se trata tanto de un
fenómeno social, como de una experiencia fundamentalmente personal, por lo que su abordaje se vuelve muy complejo.
La soledad aumenta con la edad y depende de las expectativas de vida. Por tanto, aunque la soledad la puede experimentar cualquier persona y existen otros colectivos en riesgo de padecerla, son las personas mayores las que representan los
porcentajes más elevados de soledad, y también son las que manifiestan esta dolencia como una de sus principales preocupaciones. Así lo reflejan los datos, el 41,8 % de las personas que viven solas en España tienen 65 o más años y, de ellas, un
71,9 % son mujeres. Por lo que podemos afirmar que la soledad en personas mayores, es fundamentalmente femenina.
La soledad no deseada en las personas mayores tiene como causas principales: 1) dificultades de adaptación a la jubilación; 2) desvinculación social; 3) circunstancias familiares adversas (viudez, falta de contacto y dispersión de los
hijos e hijas); 4) pérdida de redes familiares y comunitarias, 5) y problemas de salud (depresión continuada, enfermedades cardíacas, suicidio, mayor tasa de mortalidad, estrés, etcétera).
Para la OMS, la soledad no deseada es uno de los mayores riesgos para el deterioro de la salud, y un factor determinante que favorece que las personas que la padecen, acaben en situación de dependencia. Alrededor de un 40 % de las personas
que viven solas son dependientes o se consideran socialmente aisladas y abandonadas.
Los socialistas entendemos que el envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de salud pública y del desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para nuestra sociedad, que debe adaptarse a ello
para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación social y su seguridad.
Por tanto, el Grupo Socialista considera que el problema de la soledad no deseada en nuestro país debe de ser abordado de forma global por nuestras administraciones. Consideramos necesario y prioritario concienciar a la sociedad sobre este
grave problema y tomar medidas para prevenirlo y abordarlo, a través de un conocimiento científico y estadístico más profundo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un informe que nos permita diagnosticar con precisión el impacto del fenómeno de la soledad en nuestro país, especialmente de las personas ancianas.
2. Elaborar, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y las entidades locales y con la participación del tercer sector, una estrategia de prevención y atención a la soledad no deseada, que aborde de forma integral este fenómeno.
3. Desarrollar campañas de sensibilización y concienciación para la prevención de la soledad no deseada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2018.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enric Bataller i Ruiz, Diputado de Compromís, del G.P. Mixto, al amparo de los dispuesto en el artículo 193 del Reglamento del Congreso y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
la adopción de medidas para restringir los números de tarificación especial 901 y 902, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
El actual Plan Nacional de Numeración, aprobado mediante Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, señala en su Guía Práctica para el Usuario de abril de 2018 las especificidades de los números de pago compartido (901) y pago por el
Ilamante sin retribución para el llamado (902).
En relación con las líneas 901 aunque el pago de la llamada es compartida entre el llamante y el llamado, bien es cierto que si se efectúa desde un teléfono móvil el precio es 7 veces superior al de una llamada estándar y se encuentra de
media en los 0,28 euros/minuto -casi 0,24 euros más por minuto que el de una llamada convencional- y las operadoras no las incluyen dentro de los planes de tarifas planas o bonos de minutos. Los servicios de atención al ciudadano de diferentes
Administraciones Públicas utilizan estas líneas 901: tal es el caso de diferentes trámites telefónicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de la solicitud de cita previa para la declaración de la renta o de la Oficina de
Información y Atención al Ciudadano del Ministerio de Sanidad.
El precio de una llamada a una línea 902, donde todo el coste recae en el Ilamante, se dispara hasta el triple del coste de una llamada convencional desde la red fija, y 10 veces mayor si utilizamos un dispositivo móvil (0,12 y 0,40 euros
por minuto respectivamente). Al igual que ocurre con los 901 estas llamadas no entran en los paquetes de tarifa plana de las operadoras de telefonía y también son empleadas por algunas Administraciones como el teléfono de Atención al Ciudadano del
Ministerio de Justicia.
El pasado 10 de octubre, el Ministerio de Sanidad aseguró que estaba trabajando en la regulación de los prefijos 901 y 902 en servicios de atención al cliente 'en los que existe el compromiso de garantizar su gratuidad', aunque a preguntas
parlamentarias sobre el asunto el Gobierno se refería solamente a la regulación del prefijo 902, por parte de diferentes grupos técnicos de trabajo y de la Comisión de Cooperación de Consumo.
En marzo de 2017, el Tribunal de Justicia Europeo ya declaró ilegal el uso de números de teléfono 902 y otras líneas con sobrecoste en los servicios posventa, y estableció que el precio de estos servicios no debe exceder el de una llamada
estándar. El fallo europeo coincide con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias que reconoce en su artículo 21: 'En caso de que el empresario ponga a
disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el contrato celebrado, el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica...'.
Pese a ello son numerosos los servicios de atención ciudadana o al usuario que, aunque cuentan con la preceptiva línea convencional de tarifa básica, tienen otra línea 901 o 902 que promocionan y anuncian como número principal para hacer
caer a los Ilamantes en el sobrecoste, más de un centenar según las denuncias de FACUA-Consumidores en Acción. Esta situación abusiva es todavía más sangrante en el caso público donde encontramos este tipo de líneas incluso en los servicios
dirigidos a pensionistas y parados como los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social.
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Tomar las medidas necesarias para retirar las líneas 901 de los servicios proporcionados por la Administración Pública.
2. Impedir, y penalizar en su caso, que las empresas cuenten con algún número 901 o 902 como línea de contacto con el usuario.
3. Adoptar las reformas legislativas necesarias para obligar a las empresas a poner a disposición de los usuarios un número de atención al cliente y de servicio postventa gratuito.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2018.-Enric Bataller i Ruiz, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, relativa a la regulación de la promoción y publicidad de alimentos y bebidas dirigida a niños, niñas y adolescentes.
Exposición de motivos
La protección de la salud se configura en nuestro ordenamiento jurídico como una obligación de carácter estatal que toma especial relevancia al tratarse de niños, niñas y adolescentes.
La publicidad alimentaria influye en las preferencias alimentarias, los hábitos de compra, peticiones a sus familiares incluidas y los patrones de consumo alimentario de la población infantil.
La inmensa mayoría de la publicidad alimentaria es de productos no saludables, contribuyendo al desarrollo de obesidad y sus complicaciones en la infancia, con el consiguiente aumento del riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y
cáncer en el futuro. Los estudios señalan inequívocamente que el efecto perjudicial de la publicidad alimentaria depende del nivel de exposición de niñas y niños, independientemente de público diana, el horario y el medio de emisión de la misma.
Durante la infancia no somos capaces de identificar la publicidad y no son conscientes de sus objetivos comerciales ni de su intención persuasiva. Hasta los doce años carecemos de la madurez cognitiva necesaria para ser escépticos en
relación con los mensajes comerciales y las alegaciones contenidas en ellos, que consideran ciertas, justas, precisas y equilibradas cuando no siempre lo son. A esa edad, tenemos todavía dificultades para identificar los anuncios por internet.
Además, niñas y niños siguen eligiendo con preferencia los productos anunciados, incluso cuando reciben consejo de personas adultas para elegir productos más saludables. En consecuencia, toda la publicidad dirigida a la infancia es engañosa por
naturaleza. Además, la publicidad alimentaria es con frecuencia engañosa también para las personas adultas, que tienden a elegir de forma inconsciente productos energéticos y pobres en nutrientes cuando los promocionan deportistas o hacen uso de
técnicas de marketing nutricional, pues perciben erróneamente esos productos como saludables cuando en realidad no lo son. Gracias a los estudios realizados por la Campaña por la eliminación de la publicidad de alimentos malos para la salud de la
población infantil, 'Defiéndeme', sabemos que los niños y niñas españoles están expuestas a una media de 25 anuncios de televisión de alimentos y bebidas al día. Además, conocemos que más del 80 % de los anuncios de alimentación procesada
destinados a niños y niñas publicita productos con un contenido elevado de sal, grasas o azúcares refinados, frente al 33 % de la publicidad dirigida a la población adulta.
Estos datos alarmantes hay que ponerlos en relación con los ofrecidos por la Sociedad Española de Salud Pública y contenidos en el llamado Informe Aladino del año 2015 según los cuales la tasa de sobrepeso y obesidad infantil en España
supera el 41 %, situándonos en una de las más altas del mundo.
En España contamos con una regulación de la publicidad del todo insuficiente a la vista de los datos ofrecidos. De hecho, en la actualidad tan solo existe un código voluntario llamado PAOS (Código de Corregulación de la publicidad de
alimentos y bebidas dirigida a menores, prevención de la obesidad y la salud, 2012) que, según denuncian los colectivos organizados, parece escrito por las grandes empresas de alimentación y que, lo que es realmente importante, ha demostrado su
absoluta ineficacia.
Este código, por su propia naturaleza, es incapaz de proteger a la infancia del efecto pernicioso de la publicidad alimentaria, ya que no regula el perfil nutricional de los productos anunciados ni la frecuencia de exposición en contra de
las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los grupos de expertos y las organizaciones de consumidores. Además, multitud de estudios muestran la
ausencia de efectividad de esta autorregulación y corregulación de este código que también contraviene lo estipulado en la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición al restringir su aplicación a menores de doce años en medios audiovisuales e
impresos, en lugar de los quince años que marca la ley.
En consecuencia, al objeto de proteger los derechos de la infancia a la salud y al libre desarrollo de la personalidad, evitando el efecto pernicioso de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables, demandamos un sistema de regulación,
con rango legal apropiado, que garantice que la población infantil únicamente pueda verse expuesta a publicidad de alimentos y bebidas saludables, con un perfil nutricional acorde con las recomendaciones de los expertos. Para seleccionar los
productos saludables, cuya publicidad sería permisible, se propone aplicar el perfil nutricional de la región europea de la Organización Mundial de la Salud, diseñado para este fin.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover la comercialización responsable de alimentos y bebidas dirigidas a niños, niñas y adolescentes para disminuir el consumo de alimentos altos en grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcares libres o sal.
2. Recabar la información precisa sobre magnitud, naturaleza y efectos de la promoción y publicidad de alimentos y bebidas insanas dirigida a niños, niñas y adolescentes en televisión durante el horario infantil (de 6 h a 22 h).
3. Elaborar en colaboración con las partes interesadas y afectadas mecanismos para promover la comercialización responsable de alimentos y bebidas dirigidas a niños, niñas y adolescentes.
4. Estudiar y establecer mecanismos de seguimiento, cumplimiento y evaluación de los objetivos planteados así como del impacto y eficacia de las políticas públicas diseñadas al efecto.
5. Estudiar y establecer procedimiento de presentación de quejas de particulares y organismos.
6. Estudiar y establecer el sistema de sanciones más eficaz para evitar el fraude.
7. Promover que el ámbito de regulación de la publicidad alimentaria abarque todos los medios publicitarios y en particular televisión, cine y radio. También para su emisión a través de internet y para todas sus formas de publicidad
(vallas, carteles, publirreportajes, teletienda o medios impresos y resto de publicidad estática, así como las publicaciones escritas especialmente dirigidas al público infantil o internet en todos sus ámbitos).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2018.-María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño y Rita Gertrudis Bosaho Gori, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la donación y el trasplante
de médula ósea, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Exposición de motivos
De acuerdo con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), dependiente del Ministerio de Sanidad, el trasplante de células madre sanguíneas, también conocido como trasplante de médula ósea, comenzó a realizarse en 1957 y hoy día es
considerada una opción terapéutica especialmente útil y efectiva para el abordaje de gran diversidad de patologías, en mayor medida las relacionadas con la sangre, caso de la leucemia, los linfomas, la aplasia medular y, entre otros ejemplos, los
mielomas.
Algunas de estas enfermedades pueden ser tratadas mediante el trasplante de células madre sanguíneas del propio paciente, escenario en el que la importancia del trasplante de sangre de cordón
umbilical es cada vez mayor, pero en otros supuestos es necesario un trasplante con médula procedente de un donante sano que tenga entre 18 y 60 años (la ONT fija la edad idónea entre los 18 y los 40) y no padezca ninguna enfermedad
susceptible de ser trasmitida al receptor ni patologías que puedan poner en peligro su vida por el proceso de la donación.
Según los datos de la ONT, la probabilidad de encontrar el donante idóneo en el círculo familiar del paciente asciende al 25-30 por ciento, lo que indica que en el 70-75 por ciento de las situaciones restantes es preciso recurrir a la
donación más allá del contexto de la familia.
Comunes al conjunto del sistema español de donación y trasplante, los valores del altruismo y la generosidad están especialmente presentes en el ámbito de la donación de médula ósea, cuya estimulación ha sido una cuestión prioritaria para la
ONT en los últimos años.
El ejemplo más representativo en este sentido es el Plan Nacional de Médula Ósea impulsado por el Gobierno, mediante la ONT, en noviembre de 2012. Se trata de una propuesta sustentada en la puesta a disposición de la sociedad y de los
profesionales sanitarios de una información comprensible y veraz sobre la donación y el trasplante de médula ósea, así como en la colaboración permanente con las asociaciones de pacientes y las sociedades científicas, y en la coordinación constante
con los centros de transfusión y las Comunidades Autónomas.
De esta manera, desde el año 1994, el Plan Nacional fue impulsado y ha sido desarrollado con la pretensión de mejorar los procesos de localización de donantes, así como incrementar la cuantía de donaciones y de trasplantes.
En este sentido, y de acuerdo con el balance de actividad de la ONT de 2017, el pasado año se registró una cifra récord en el número de nuevos donantes de médula ósea, que ascendieron hasta los 78.291, es decir, un 196 por ciento más de lo
previsto.
Además, el ritmo de incorporación de nuevos donantes alcanzó una media de 220 adhesiones diarias, cadencia que ha permitido que en los primeros meses del año, tal y como la ONT hizo público en septiembre, el número de donantes de médula ósea
haya ascendido hasta los 377.763 donantes, es decir, 20.271 más que a 1 de enero y 40.128 más que el año anterior por las mismas fechas.
De esta forma, la probabilidad de encontrar un donante de médula ósea en nuestro país se encuentra actualmente en torno a un 90 por ciento y el objetivo de alcanzar los 400.000 donantes antes de que concluya el año 2020 fijado en el Plan
Nacional podría ser cumplido este mismo año.
Por todo ello, y en total consonancia con los llamamientos a la donación de médula ósea liderados y realizados por la ONT, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trabajar, desde la Organización Nacional de Trasplantes, en el contexto del Plan Nacional de Médula Ósea y en constante coordinación con las Comunidades Autónomas, las asociaciones de
pacientes y las sociedades científicas para:
- Impulsar periódicamente nuevas campañas de sensibilización para estimular la donación de médula ósea en hospitales y centros de salud.
- Involucrar en dichas campañas a personal capacitado para informar a los ciudadanos sobre la donación de médula ósea, haciendo posible que los equipos móviles de donación de sangre puedan informar así como realizar inscripciones de donantes
de médula ósea.
- Desarrollar campañas específicas para promover la donación de cordón umbilical y favorecer las condiciones necesarias para que sea posible todos los días del año y a cualquier hora del día.
- Realizar una revisión periódica de la limitación de edad establecida para donar médula ósea conforme a la evidencia científica existente.
- Dotar a la Organización Nacional de Trasplantes de los recursos humanos y materiales necesarios para que pueda llevar a la práctica los puntos anteriores y agilizar el análisis de muestras para reducir la demora existente en la
actualidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.-María Teresa Angulo Romero, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/003884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Encuesta Social Europea, para su debate en la Comisión
de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La Encuesta Social Europea (ESE) es una encuesta científica internacional que recoge información sobre las opiniones y actitudes de los ciudadanos europeos que se realiza cada dos años desde 2002. Se trata de un estudio comparado, en el que
participan alrededor de 30 países europeos, que tiene como principal objetivo analizar el cambio y la continuidad de las actitudes, atributos y comportamientos sociales y políticos de los ciudadanos europeos. Tiene el respaldo de la Comisión
Europea, en tanto que Infraestructura Europea de Investigación (ERIC), y en España figura en el Plan Estadístico Nacional.
La ESE mide las actitudes, creencias y patrones de comportamiento de la población en Europa. El cuestionario consiste en un módulo central, que permanece constante en cada edición, y de módulos rotatorios dedicados a temas específicos. Los
temas del módulo central son los siguientes: seguimiento de medios de comunicación, política, confianza en las instituciones, inmigración, percepciones sobre la seguridad ciudadana, salud, religión, bienestar, valores humanos y datos
sociodemográficos. Además, la última ronda (la 82 ronda, del año 2016) incluía módulos sobre 'actitudes sobre el cambio climático y la energía' y 'actitudes hacia el estado del bienestar'.
De este modo, la ESE permite trazar un mapa de los patrones de estabilidad y cambio en la estructura social, las condiciones de vida y las actitudes en Europa, e interpretar la evolución de su tejido social y político, así como proporcionar
indicadores sobre el progreso de los diferentes países basados en las percepciones de los ciudadanos acerca de los aspectos clave de sus sociedades, lo que permite fomentar la formación de las personas dedicadas a la investigación social en la
medición y análisis de datos cuantitativos de naturaleza comparada, mejorando la visibilidad y la difusión de los datos sobre el cambio social en el mundo académico, entre los policy-makers y el público interesado en general.
España ha participado en todas las ediciones de la ESE realizadas hasta el momento. Desde la séptima edición, España está representada en la ESE por el Centro de Investigaciones Sociológicas, que ha financiado la realización de la encuesta
y se ha encargado de la coordinación nacional y de la recogida de datos. Sin embargo, hace unos días teníamos noticia de que, entre los 28 países que participarán en la 92 ronda de la ESE (el mayor número desde la 62 ronda), no se encontrará
España, pese a que, aparentemente, el CIS tendría presupuesto suficiente para participar.
A este respecto, han sido numerosos los científicos sociales que se han hecho eco de esta noticia, reclamando que España continúe participando en la ESE: así, se ha señalado que la encuesta es ampliamente utilizada por la comunidad
científica, constituyendo uno de los instrumentos más importantes de que disponen los académicos y quienes elaboran las políticas públicas para entender la sociedad y, además, poder hacerlo con perspectiva comparada; además, se ha apuntado al hecho
de que, de no participar, España pierde una herramienta importante que permite a la comunidad científica identificar problemas y plantear soluciones; también se ha considerado que la no participación de España en la ESE es un gravísimo error que
debe ser revertido urgentemente, máxime cuando esta ronda incluye, por primera vez, un módulo de preguntas sobre justicia y equidad y otro sobre usos del tiempo; finalmente, se ha defendido la ESE como una herramienta fundamental para conocer los
cambios de comportamiento y la percepción social y económica de los ciudadanos españoles, en una comparativa europea, por lo que, de no participar, la comunidad científica, en especial en los campos de la ciencia política y la sociología, corre el
riesgo de carecer de esa información a partir de ahora.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar que España continúa participando en la Encuesta Social Europea, instrumento imprescindible para el conocimiento y el estudio de las Ciencias Sociales, tal y como lleva haciendo
desde su primera edición.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2018.-Irene Rivera Andrés, Rodrigo Gómez García y Marta Martín Llaguno, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
161/003908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Marta Martín Llaguno, Diputada del mismo grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley relativa a las titulaciones de Ingeniero de Organización Industrial (Grado, Máster y segundo ciclo), para su debate en la Comisión de Investigación, Ciencia y Universidades.
Exposición de motivos
A comienzos de los años ochenta se emprende la reforma de la ingeniería en España, tanto en el ámbito académico como profesional, y con las miras en el desarrollo industrial del país y la integración en la entonces Comunidad Europea.
De hecho, la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, comienza su exposición de motivos citando: 'La incorporación de España a las sociedades industriales avanzadas pasa necesariamente por la plena incorporación al mundo de
la ciencia moderna, de la que diversos avatares históricos la separaron casi desde sus comienzos'. Con el fin de dinamizar los itinerarios curriculares, se dispusieron los planes de estudio por ciclos. El primer ciclo correspondería a primero,
segundo y tercer curso, y el segundo ciclo sería cuarto y quinto Curso.
En el ámbito de la ingeniería industrial, la reforma universitaria se llevó a cabo transformado las especialidades del título de Ingeniero Industrial, todas ellas con acceso a la profesión regulada de ingeniero industrial, en títulos de
segundo ciclo. El desarrollo de esta Ley de Reforma Universitaria da lugar al Real Decreto 1401/1992, de 20 de noviembre, que estableció el título universitario oficial de Ingeniero de Organización Industrial. Con esta titulación de segundo ciclo
desaparece la especialidad de organización industrial de la titulación de Ingeniero Industrial.
La reforma universitaria llevaba aparejada la reforma de la profesión, de hecho, el legislador, en la disposición final tercera de la Ley 12/1996, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e
Ingenieros Técnicos, los técnicos de primer ciclo que definió la ley 11/1983, dispone: 'El Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley por el que se regularán las atribuciones profesionales de los Técnicos titulados de segundo
ciclo'. Esta disposición no se llevó a cabo. Por lo tanto, la nueva titulación que viene a sustituir a los ingenieros industriales especialistas en organización industrial perdió el acceso a la profesión regulada que, como hasta entonces, tenían.
Los ingenieros de organización industrial quedaron en un limbo legal. Son ingenieros, con las cualificaciones profesionales de un ingeniero, pero no pueden ejercer como tales: no pueden redactar y firmar proyectos.
La Ingeniería de Organización Industrial es una rama de la ingeniería que se ocupa de la optimización de procesos, sistemas u organizaciones complejas. Los ingenieros de organización industriales trabajan para eliminar la pérdida de tiempo,
dinero, materiales, horas-persona, tiempo de máquina, energía y otros recursos que no generan valor. Según el Instituto de Ingenieros Industriales y de Sistemas, crean procesos y sistemas de ingeniería que mejoran la calidad y la productividad.
Las principales competencias del título de ingeniero de organización industrial, conforme al Suplemento Europeo al Título que establecido en el Real Decreto 22/2015, de 15 de julio, son:
'Esta titulación capacita para desempeñar múltiples actividades relacionadas con la organización industrial; organización y gestión de la producción y de los recursos humanos, la logística y los sistemas
de información, la planificación y el desarrollo de la innovación tecnológica, la estrategia y la política industrial de la empresa; pueden realizar estudios y proyectos de ingeniería y consultoría, así como la gestión de calidad, de
riesgos laborales y medioambiente. Pueden desarrollar sus actividades tanto en la Administración y Organismos Públicos como en empresas privadas, así como la docencia.'
Pese a las competencias citadas, los ingenieros de organización industrial no pueden ejercerlas plenamente. No pueden redactar y suscribir proyectos de ingeniería. Esto conlleva una discriminación en el ejercicio de la profesión de
ingeniero y una restricción al mercado de servicios profesionales. Esta restricción no se ajusta a los principios de necesidad, no discriminación y proporcionalidad, marcados por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio.
Según la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), informe IPN/CNMC/021/16, 'La regulación vigente es especialmente confusa, no tiene en cuenta la existencia de múltiples espacios comunes entre diferentes especialidades y
compartimenta de forma poco fundamentada el mercado'. Para la CNMC, provoca, entre otros, los siguientes riesgos: precios finales ineficientes para los consumidores, reduce los incentivos a los operadores contribuyendo a la ineficiencia, reduce la
variedad y la elección para los usuarios, dificulta la economía de escala y por tanto la productividad, reducen la movilidad del mercado con ineficiencia para los clientes, genera conflictividad en sede jurisdiccional y constituye un obstáculo a la
libre circulación de los profesionales entre los Estado miembros. Aumentar el número de agentes, reduce las restricciones a la competencia en el sector de los servicios profesionales para mejorar la productividad de otros sectores que los utilizan
como insumo.
Como se ha comentado, el origen del título de Ingeniero de Organización Industrial en España está en la ingeniería industrial. La titulación de Ingeniero Industrial da acceso a la profesión regulada de ingeniero industrial a través del
Decreto de 18 de septiembre de 1935. La Orden de 28 de julio de 1967 estableció las especialidades a la titulación de Ingeniero Industrial: Eléctrica, Mecánica, Metalúrgica, Organización Industrial, Química, Técnicas Energéticas y Textil. Por
ello, entre 1968 y 1996 la ingeniería de organización industrial era una especialidad (cursos cuarto y quinto, después equivalía al segundo ciclo, ahora máster) de la titulación de Ingeniero Industrial con acceso a profesión regulada de ingeniero
industrial.
Por su origen, los ingenieros de organización industrial y los ingenieros industriales comparten cualificaciones profesionales (conjunto de competencias profesionales, esto es, según la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional: conocimientos y capacidades), aunque solo los ingenieros industriales pueden ejercerlas por disponer del citado Decreto preconstitucional de 1935 que regula sus atribuciones.
El título de Ingeniero de Organización Industrial tiene correspondencia al nivel 3 (máster) del MECES, según recoge la Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria. El informe de evaluación de la
ANECA para determinar la correspondencia, de 21 de abril de 2015, le reconoce 370 créditos ECTS y acceso a los estudios de doctorado.
Actualmente la ingeniería de organización industrial se imparte en las universidades españolas como titulaciones de Grado en Ingeniería de Organización Industrial (240 créditos ECTS) y Máster en Ingeniería de Organización Industrial (60 o
más créditos ECTS), esta última da acceso a los estudios de doctorado. Todas las titulaciones son oficiales y con competencia descritas en los correspondientes planes de estudio que, a su vez, han sido verificados por la ANECA.
Además, el Grado en Ingeniería de Organización Industrial es la formación de referencia para los oficiales en los Centros Universitarios de la Defensa de Zaragoza y San Javier. Por todo ello, podemos decir que el Estado invierte en la
formación de universitarios a los que no les permite el ejercicio profesional de un ingeniero y por tanto no revierte la inversión realizada a la sociedad.
En el plano internacional, cuando se habla de las competencias o cualificaciones profesionales de un Industrial Engineer, en el ámbito anglosajón, Wirtschaftsingenieurwesen alemán o el Ingénieur Génie Industriel francés, se esta haciendo
referencia al ingeniero de organización industrial de España. Nuestro país esta dificultando el reconocimiento de cualificaciones profesionales a ciudadanos de otros Estados Miembros de la Unión Europea al no estar regulada la ingeniería de
organización industrial y tratar de equiparar las titulaciones de otros estados a la ingeniería industrial. Recordemos que la ingeniería industrial esta regulada solo en cuatro países de la Unión Europea: Portugal, España, Italia y Grecia.
Para mayor abundamiento, en Cataluña, los ingenieros de organización industrial pueden colegiarse en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, redactar y suscribir proyectos, visarlos en el Colegio y presentarlos ante las
administraciones competentes.
La profesión de ingeniero de organización industrial pertenece al grupo 2141 'Industrial and Production Engineers' de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO), de la Oficina Internacional de Trabajo (OIT). En España, la
actual Clasificación Nacional de Ocupaciones (CON-11), Real Decreto 1591/2010, la profesión de ingeniero de organización industrial corresponde al grupo 2431 'ingenieros industriales y de producción'.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir un Proyecto de Ley en el que:
- Se regule la Ingeniería de Organización Industrial, se incluya la profesión de Ingeniero de Organización Industrial en el anexo VIII y anexo X del Real Decreto 1837/2008, y en el anexo I del Real Decreto 967/2014, o en la nueva lista que
elaboré la Comisión interministerial que debe revisar el listado de profesiones reguladas.
- Se establezca las condiciones para la adaptación de los planes de estudio conducentes a las titulaciones de Ingeniero de Organización Industrial conforme al artículo 12.9 del Real Decreto 1393/2007.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación y el impulso de la figura del agregado
científico y tecnológico en las embajadas de España, para su debate en la Comisión de Ciencia innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El interés estratégico de las relaciones científicas y tecnológicas con ciertos países es hoy, más que nunca, fundamental. Los asuntos científicos y tecnológicos están en la frontera de los nuevos escenarios asociados a la innovación y a
las inversiones en general (económicas, comerciales, empresariales, etcétera).
El apoyo a la internacionalización de la ciencia y tecnología españolas es una necesidad de primer orden, ya que constituye un elemento básico a nivel científico y académico que, además, tiene una repercusión evidente en la
internacionalización de las empresas españolas. El objetivo de la llamada 'diplomacia científica' es el de facilitar el intercambio mutuo de información entre instituciones científicas de los distintos países, a la vez que se promueve la
participación conjunta en proyectos de investigación y de movilidad, la generación de sinergias y el fomento de la cooperación en ciencia y tecnología.
Dada la evolución reciente de la política científica, la necesidad de la 'diplomacia científica' se ha vuelto hoy, si cabe, aún más importante. La ciencia es cada vez más parte integrante de la política internacional: se encuentra cada vez
más interconectada a nivel mundial (unida a la competitividad tecnológica y económica y al desarrollo social en general), los centros de investigación y desarrollo internacionales han ganado importancia, la proporción de la investigación que se
genera a través de pequeños acuerdos de colaboración en lugar de a través de grandes organizaciones de investigación centralizadas ha ido en aumento y hay una necesidad de una mano de obra bien formada internacionalmente. Además, ha habido un
aumento de las amenazas ambientales y tecnológicas mundiales: con la creciente importancia de temas científicos como el calentamiento global, las enfermedades infecciosas globales y el bioterrorismo para la formulación de políticas y la diplomacia
en el extranjero, la gestión internacional de la ciencia y la tecnología cobra una especial relevancia.
Sin embargo, en la mayoría de embajadas de nuestro país no se atienden los temas científicos ni tecnológicos de un modo integral. Si bien es cierto que algunas embajadas disponen de oficinas que se ocupan de temas científicos, como sucede
por ejemplo con la 'Office for Cultural and Scientific Affairs' de la embajada española en Reino Unido, no se trata de una práctica extendida y mucho menos mayoritaria.
Para solventar esta situación, se propone la creación y el impulso de la figura del agregado científico y tecnológico en las embajadas de España, tal y como existe en países de nuestro entorno como Italia o Francia. La labor del agregado
científico y tecnológico abarcaría, aunque no exclusivamente, la organización de actividades y eventos que refuercen la excelencia científica y tecnológica, así como el apoyo a proyectos desarrollados por universidades y empresas, participando
activamente en colaboración con el Instituto Cervantes o las oficinas comerciales españolas. También incluiría el apoyo y el desarrollo de la cooperación bilateral, la negociación y la aplicación de acuerdos específicos, la promoción de la ciencia
y la tecnología españolas, la provisión de información acerca del sistema y las políticas científicas aplicadas por los distintos países y la promoción y la gestión de contactos entre investigadores españoles residentes en el extranjero e
investigadores extranjeros.
Por otra parte, esta figura se encargaría de realizar las tareas de asesoramiento al embajador sobre cuestiones científicas y técnicas, informando sobre desarrollos científicos en el exterior, a la vez que actuaría como un portavoz en
asuntos científicos en el extranjero, asistiendo con este a eventos relacionados con la ciencia y la tecnología en colaboración con las academias de ciencia y tecnología, la industria y las autoridades gubernamentales de su país de residencia.
Además, el apoyo decidido de las embajadas a la ciencia y la tecnología abriría las puertas a poder participar en proyectos de dimensión internacional, proyectos que suponen una fuente potencial de ingresos, prestigio y capacidad de
influencia en los mercados internacionales.
Con el fin de poner en valor y capitalizar los sectores de excelencia en la investigación científica y tecnológica y apoyar el avance de las empresas españolas que operan en sectores de tecnología avanzada, se hace necesario contar con una
figura como la del agregado científico y tecnológico. La administración cuenta con un amplio sector de personal ya formado en este contexto que procede de los distintos centros y organismos de investigación y las universidades.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear e impulsar la figura del agregado científico y tecnológico en las embajadas de España, con el objetivo de llevar a cabo tareas de asesoramiento y promoción de la ciencia y la tecnología
españolas, así como fortalecer y profundizar en las relaciones de cooperación científica y tecnológica internacionales, apoyando la internacionalización de nuestros investigadores y empresas y las participación de estos en proyectos de dimensión
internacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.- Marta Martín Llaguno, Irene Rivera Andrés y Rodrigo Gómez García, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
161/003938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a promover la
internacionalización y la especialización de la universidad española, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Después de diez años desde la implantación del Plan Bolonia en España, la incorporación de España al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto para el sistema universitario español una mejora del rendimiento del alumnado, una
mayor adaptación de la oferta educativa a la demanda del mercado laboral y un cambio en la metodología docente.
Con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales se dotó a la Universidad del marco normativo para modernizar el sistema de educación superior y lograr una
mayor autonomía a la hora de diseñar una oferta de
titulaciones, homologable a la del resto de instituciones europeas para facilitar el intercambio de estudiantes.
Los grados sustituyeron a las licenciaturas y diplomaturas, se impulsaron los másteres y doctorado y se adoptaron un sistema universitario más flexible, en un proceso creciente de especialización y reorganización de la oferta académica, de
acuerdo con criterios de empleabilidad o de los resultados de los investigadores.
Otro de los logros ha sido la el aumento del número de prácticas que desarrollan los estudiantes en empresas y otras instituciones o la movilidad y el intercambio de alumnos mediante el Programa Erasmus, que ha convertido a España en el
primer país que más alumnos recibe y envía.
En diciembre de 2016, la Comisión de Educación y Deporte aprobó una iniciativa relativa a la Estrategia Española para la Educación Superior potenciando los esfuerzos de los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas, las
universidades y todas las instituciones y agentes partícipes de la consecución de los objetivos de formación, generación y transferencia de conocimiento en beneficio de la ciudadanía y del desarrollo y mejora económica en nuestro país, para entre
otros objetivos promover en las universidades la internacionalización y la especialización que las mejore y fortalezca, facilitando su calidad, su capacidad para competir y la atracción y recuperación de talentos y recursos.
La internacionalización de las enseñanzas de grado y máster resulta en gran parte condicionada a que la oferta de la misma se imparta en lenguas extranjeras o, al menos, en condiciones de bilingüismo, según señala la CROE. Y resulta que
solo el 6,2 % de la oferta de grados de las universidades públicas y el 10,2 % de la oferta de grados en las universidades privadas se ofrece en estas condiciones.
Dichos valores se amplían en el caso de los másteres, al 10,2 % en el caso de las universidades públicas y se amplían hasta el 18,6 % en el caso de las universidades privadas. Solo superan el 30 % de su oferta de grado en lengua extranjera
o en modalidad bilingüe algunas universidades.
Además, según el informe COTEC en España, únicamente el 2,9 % de los estudiantes universitarios tienen procedencia internacional, frente al 8,6 % de la media de los países de la OCDE. Por niveles, hay un 16,2 % de estudiantes
internacionales matriculados en programas de Doctorado. En Máster el porcentaje desciende hasta el 4,9 % y en Grado tan solo representan un 0,8 % del total de matriculaciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas y las universidades, a promover la internacionalización y la especialización que mejore y fortalezca las universidades, facilitando su calidad, su
capacidad para competir y la atracción y recuperación de talentos y recursos. A tal efecto, se propone entre otras actuaciones:
- Promover una mayor incorporación de estudiantes y PDI de otros países.
- Impulsar una mayor oferta de títulos bilingües.
- Avanzar en la cooperación académica con las universidades de Europa, América Latina y el Caribe.
- Apoyar el establecimiento de convenios internacionales.
- Fomentar la cooperación interuniversitaria para actuaciones internacionales.
- Flexibilizar los procesos administrativos para atraer a alumnos de otros países.
- Establecer un crédito extraordinario y suficiente para financiar los nuevos programas que favorezcan la internacionalización de la universidad, especialmente los que se refieren a la incorporación de PDI de otros países y la mejora de los
títulos bilingües.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.-Silvia Valmaña Ochaíta, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la igualdad de
las personas con discapacidad en el Programa Erasmus, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El programa Erasmus+ simboliza lo mejor de Europa y lo mejor de la educación española, un programa que nació hace más de treinta años con la intención de cambiar el futuro de Europa.
Han sido más de nueve millones de europeos los que han participado en el programa Erasmus+ desde su puesta en marcha en 1987, para estudiar, formarse, realizar un voluntariado u obtener experiencia profesional en el extranjero.
El programa Erasmus+ tiene por objetivo también promover la equidad y la inclusión, facilitando el acceso a todo tipo de participantes y evitando que existan causas, como la discapacidad, por ejemplo, que limiten o impidan la participación
en estas actividades transnacionales.
El programa Erasmus+ destaca la importancia de asegurar oportunidades justas y equitativas a todos los participantes potenciales, incluyendo a aquellos que pertenezcan a grupos que suelen estar poco representados en los programas de
movilidad. Para desarrollar este aspecto, incluye, entre sus características más destacadas, la 'equidad y la inclusión' de personas con discapacidad, participantes con necesidades especiales: personas con discapacidades mentales (intelectuales,
cognitivas, de aprendizaje), físicas, sensoriales o de otros tipos.
Estas personas se encuentran entre los objetivos y prioridades de las actividades de movilidad. Y en concreto, para los participantes en proyectos de movilidad de Educación Superior, se financia el denominado 'apoyo a necesidades
especiales'.
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, avanzan en la consagración del enfoque de derechos de las personas con discapacidad, de modo que se considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos, estableciendo la obligación de los poderes públicos
de garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo.
En este sentido, se considera necesario también el esfuerzo adicional del Gobierno para coadyuvar a la movilidad de las personas con discapacidad, de igual manera que se hace para los becarios del Ministerio de Educación y Formación
Profesional con una dotación adicional de cien euros.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a conceder unas ayudas adicionales dotadas con fondos propios, cuya cuantía sea superior a las ayudas concedidas con cargo a los fondos europeos, gestionados por el Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE), para estudiantes de instituciones de educación superior que acrediten un nivel superior al 33 % de discapacidad, y sean seleccionados por el Programa Erasmus+.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.-Silvia Valmaña Ochaíta, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003943
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso del Campus
Científico-Tecnológico de Linares, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
El Campus Científico-Tecnológico de Linares, fruto de la colaboración entre diferentes ámbitos de la Administración Pública, la Universidad de Jaén, la Cámara de Comercio de Linares y el Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte
(Cetemet), empezó a funcionar en 2015 como un espacio innovador que integra el trinomio Ciencia-Tecnología-Empresa.
Se trata de un proyecto pionero en nuestro país, una alianza estratégica para explorar y aprovechar al máximo las sinergias en torno al conocimiento, implicando para ello a todos los actores y agentes que intervienen en el mismo: docentes,
investigadores, empresas y administración.
Así, en el Campus Científico-Tecnológico comparten recursos, servicios, medios, tecnología y conocimiento la propia Escuela Universitaria Superior de Linares con un Complejo de laboratorios y de I+D que, en sus más de 13.000 metros
cuadrados, alberga diferentes laboratorios de investigación -innovadores en áreas como nuevos materiales, robótica o telecomunicaciones- y áreas destinadas a ser vivero de empresas de base tecnológica.
En dichos viveros se encuentran:
- el Centro de Innovación promovido por la Cámara de Comercio de Linares, que recibió un reconocimiento internacional en el 8° Congreso Mundial de Cámaras de Comercio,
- la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica y Vivero financiado por INCYDE con un presupuesto de ejecución de 4 millones de euros,
- y el espacio Coworking Linares, financiado por la Escuela de Organización Industrial (EOl) y coordinado por la Cámara de Comercio, para apoyar iniciativas emprendedoras innovadoras.
Ejemplos de empresas incubadas y desarrolladas en estos viveros son Sicnova3D, pionera en nuevas técnicas de impresión en 3D, e Indesat, que centra su actividad en las tecnologías de la información y la comunicación.
En el Campus también tiene su sede principal el Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte, Cetemet, que está homologado como Centro Tecnológico Nacional por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, con el número 108,
según el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre. Dicho centro, además, está homologado por el Ministerio como Estación Oficial de Ensayo para vehículos de Transporte de Mercancías Perecederas (ATP), siendo la única estación de este tipo en
Andalucía. La estación de ensayo de Cetemet está reconocida igualmente a nivel Europeo por la UNECE (United Nations Economic Commission for Europe ).
El objetivo último de este Ecosistema es impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y el emprendimiento en el ámbito territorial de la comarca de Linares. Para alcanzarlo se establecieron seis líneas estratégicas:
1. La Universidad de Jaén debe potenciar la I+D vinculada al entorno geográfico del Campus Científico-Tecnológico y su aplicación a los sectores consolidados y emergentes.
2. Fomentar la investigación universitaria orientada a satisfacer las necesidades científicas, tecnológicas, industriales y empresariales de los distintos sectores, especialmente los emergentes en el entorno de Linares.
3. Fortalecer la transferencia de conocimiento al entorno industrial y empresarial de Linares, para lo cual es fundamental el Centro Tecnológico Cetemet, que colabora activamente con la Cámara de Comercio de la ciudad para desarrollar
instrumentos y servicios que faciliten la transferencia de tecnología al sistema productivo.
4. Fomentar la interconexión con otros Centros de Innovación Tecnológica autonómicos, nacionales e internacionales, para lo que ya se están lanzando diversos proyectos que contemplan la colaboración con centros tecnológicos y organizaciones
a nivel nacional y europeo.
5. Favorecer la creación de empresas auxiliares de los sectores consolidados y emergentes en el entorno industrial de Linares que, además de atender las demandas específicas de la comarca, compitan en un mercado globalizado con los niveles
de cualificación y garantía exigibles.
6. Integrarse en redes que fomenten la cultura emprendedora, objetivo que está cumpliendo la Cámara de Comercio e Industria de Linares, en estrecha colaboración con los demás agentes del Ecosistema de Innovación y Empresa de Linares y
socios nacionales e internacionales, para asegurar una orientación de la actividad emprendedora en línea con las tendencias globales del mercado y nuevas oportunidades tecnológicas.
Como resultado de la coordinación y colaboración de las organizaciones presentes en el Campus Científico Tecnológico y de los servicios y actividades desarrollados hasta ahora, este conglomerado de agentes y entidades ha sido reconocido y
homologado como Digital Innovation Hub (DIH) en la Plataforma Europea de Especialización Inteligente Europea RIS3, existiendo solo tres de este tipo en Andalucía. El DIH de Linares ha sido nombrado como ejemplo inspirador a nivel europeo por el
Joint Research Centre de la Comisión Europea.
Como Digital Innovation Hub, el ecosistema de innovación y empresa de Linares asume funciones específicas para facilitar la digitalización del tejido productivo, fomentando la transferencia de tecnología a pymes y micropymes e impulsando la
creación de start-ups de base tecnológica. Para ello, se están poniendo en marcha una serie de proyectos que pretenden convertir el Campus Científico Tecnológico de Linares en un Ecosistema de Innovación Abierta 2.0 para la transferencia de
tecnología, capaz de atraer nuevos agentes del conocimiento, empresas innovadoras, emprendedores e inversores que sostengan la reactivación económica de la comarca.
Como vemos, desde su nacimiento y por los objetivos estratégicos que persigue, este ecosistema es un candidato idóneo para formar parte de la Red de Centros e Institutos Tecnológicos de Excelencia 'Cervera' ya que, como recoge el 'Plan
Estatal de Investigación Científica y Tecnológica y de Innovación 2017-2020', dentro del Subprograma Estatal de Fortaleza Institucional, 'los centros e institutos tecnológicos que lideren la Red Cervera han de destacar tanto por la calidad de sus
actividades de investigación científico-técnica como por la fortaleza e impacto de sus colaboraciones con el tejido productivo, lo que les confiere el carácter de socios tecnológicos y de innovación estratégicos, y con un impacto destacado en la
inversión empresarial en I+D+i'.
Junto a estos objetivos específicos relevantes para esta comarca andaluza, el Campus Científico-Tecnológico de Linares ofrece un interés adicional para todos aquellos que, como el Partido Popular, creen que la formación, la tecnología y la
innovación pueden romper cualquier barrera, ya que son las verdaderas palancas de cambio, de crecimiento económico y de bienestar social.
Linares, que parte como el mayor exponente del fracaso de las políticas de subsidios extendidas por el PSOE para perpetuarse en Andalucía (recordemos que Linares es la localidad con la tasa de paro más elevada de nuestro país, que ha sufrido
un éxodo masivo de jóvenes ante la falta de futuro y que apenas subsiste gracias a los ingresos de las prejubilaciones de los trabajadores de la antigua fábrica de Santana) se convierte en el laboratorio ideal para demostrar que una acertada
política en Ciencia y Tecnología, como la recientemente aprobada en el 'Plan Estatal de Investigación Científica y Tecnológica y de Innovación 2017-2020', puede revertir la realidad económico-social de la comarca más deprimida de Andalucía.
Un laboratorio para enfrentar el fracasado modelo de subsidios de la Junta de Andalucía, incapaz en las dos últimas décadas de dar una solución al desempleo récord de esta ciudad, con el modelo de innovación, crecimiento y creación de empleo
defendido por el Gobierno del Partido Popular que ha permitido crear 2 765 000 empleos desde el peor momento de la crisis.
Tomamos así el testigo lanzado por 30.000 linarenses que salieron a la calle promovidos por una plataforma ciudadana que reclama el cumplimiento de los compromisos que la Junta de Andalucía no atiende desde el cierre de Santana y su
desindustrialización (Plan Linares Futuro).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo una acción especial de impulso y financiación del Campus Científico-Tecnológico de Linares, en el ámbito del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, apoyando así la implantación de empresas innovadoras con un
alto potencial de crecimiento en sectores estratégicos para la economía española, así como el crecimiento e internacionalización de las que ya están asentadas.
2. Dentro del Subprograma Estatal de Fortaleza Institucional, incluido en el Plan estatal de Investigación Científica y Tecnológica y de Innovación 2017-2020, utilizar el Campus Científico-Tecnológico de Linares, liderado por este
ecosistema, como prueba piloto para el desarrollo e implantación de la Red Cervera a nivel nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2018.-Javier Calvente Gallego, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003946
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
impulsar medidas que favorezcan la transferencia del conocimiento y la innovación en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada con un amplio consenso parlamentario, preveía tanto en la configuración del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, como en algunas de sus
disposiciones, la necesidad de favorecer e impulsar que la investigación y el conocimiento científico y tecnológico penetren en la sociedad y transformen la economía productiva con innovación.
En el preámbulo de la Ley de la Ciencia se explicita la urgencia de la 'valorización del conocimiento' para impulsar 'la transferencia de los resultados de investigación hacia el tejido productivo' y se explicita que para impulsar 'el
crecimiento y competitividad de nuestro sistema productivo' y 'lograr el objetivo de una economía más innovadora' 'la apuesta por la innovación es estrictamente necesaria'.
Tras más de siete años de la Ley en vigor, la evolución de la transferencia del conocimiento y la innovación en nuestro país no ha sido la esperada.
Según el cuadro de indicadores de la innovación de 2018 que publica anualmente la Comisión Europea, y que analiza 27 indicadores sobre el sistema de innovación de cada Estado miembro, España está entre el grupo de países clasificados como
'moderados en innovación', con un índice de innovación muy por debajo de la media europea. El sistema de innovación de nuestro país se sitúa en el puesto 17, por debajo de países como Eslovenia, República Checa, o Portugal. A diferencia de la
tendencia de toda la UF, que ha mejorado el rendimiento en innovación en dos puntos porcentuales desde 2011, España ha descendido en el índice 2,1 puntos.
Si ampliamos la comparativa internacional, los resultados también son desalentadores. España ocupa el puesto 28 de 122 países en el ranking del Índice Global de Innovación de 2018. Si profundizamos en los diferentes indicadores analizados,
nuestro país desciende hasta el puesto 43 en transferencia del conocimiento y si nos fijarnos en el ratio de eficiencia en innovación, España ocupa el puesto 36 del ranking. Este índice no solo contempla el volumen de la innovación sino también la
calidad de esta, medida por los resultados de las universidades, el alcance de los artículos académicos o la dimensión internacional de las solicitudes de patentes.
Los países que lideran el ranking son Suiza, Países Bajos, Singapur y Estados Unidos, con ecosistemas de innovación bien conectados, en los que las inversiones en capital humano, combinadas con fuertes infraestructuras de innovación
contribuyen a altos niveles de creatividad. Destacan en áreas como en el uso de las tecnologías digitales y la sofisticación en los negocios, que incluye trabajadores del conocimiento, fuertes vínculos y redes de innovación, así como de
transferencia del conocimiento.
La ausencia de una estrategia decidida en materia de transferencia de conocimiento, se refleja en el bajo porcentaje de investigadores en el personal total empleado en empresas privadas (2 % frente a una media del 3,6 % en la UE). La
proporción de empresas innovadoras de elevado crecimiento en la economía española sigue siendo muy baja. Durante los últimos años ha disminuido de forma alarmante el número de empresas activas en innovación, que según los datos del INE ha pasado de
27203 en 2011 (16,57 % del total de empresas) a solo 18.475 en 2016 (12,75 %).
Todos los datos e indicadores nos muestran que el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación adolece de falta de sinergias y cooperación público-privada para que exista una transferencia real y efectiva del conocimiento científico
al tejido productivo.
La reciente creación por parte del gobierno socialista de un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con el objetivo de implementar políticas en los tres ámbitos de actuación para, como dijo el propio ministro en su primera
comparecencia en el Congreso, 'cerrar el círculo virtuoso entre la universidad pública de calidad y de iguales oportunidades, la investigación científica y la innovación en las empresas españolas', así como los diferentes anuncios de las líneas de
acción del ministerio, demuestran que la situación de la transferencia del conocimiento y la innovación va a cambiar. Para esto, el Gobierno debería implementar políticas que impulsen y movilicen los recursos necesarios con el objetivo de conseguir
una cooperación permanente entre el sistema público de ciencia y tecnología y los diferentes sectores de la economía y 'lograr una sociedad y una economía del conocimiento plenamente cohesionadas', tal y como dice la Ley de la Ciencia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a apostar decididamente por la innovación e impulsar dentro del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, el proceso de transferencia de los resultados de investigación hacia la economía productiva.
Para esto se proponen las siguientes medidas:
1. Establecer un sistema de incentivos mediante el 'sexenio transferencia del conocimiento' que reconozcan e impulsen las actividades de transferencia del conocimiento desde los organismos de investigación al sector productivo.
2. Realizar las reformas legales necesarias para reforzar, impulsar y potenciar el funcionamiento de las Oficinas de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI), y de las Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT), para
convertirlas en verdaderos catalizadores locales de la transformación de los resultados de la investigación científica y técnica en desarrollo económico.
3. Impulsar la movilidad temporal de investigadores a la economía productiva, como un medio para reforzar la transferencia del conocimiento científico y diversificar el desarrollo profesional del personal investigador.
4. Potenciar y reforzar la compra pública de innovación tanto desde la Administración General del Estado, como de forma coordinada y descentralizada incrementando su capacidad de uso por parte de las administraciones locales y regionales.
5. Establecer nuevos y eficaces instrumentos de capital riesgo público para la cofinanciación de pequeñas y medianas empresas tecnológicas e innovadoras.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2018.-María González Veracruz, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003947
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el Estatuto del Personal Docente e Investigador Universitario, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Si bien en términos generales puede afirmarse la buena formación universitaria de los españoles y la notable evolución de nuestras universidades desde el comienzo de la democracia, y de acuerdo con sucesivos informes de la Federación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), las universidades (así como los profesionales que en ellas trabajan) son una de las instituciones en las que los ciudadanos depositan mayor nivel de confianza, los últimos tiempos no han sido
precisamente fáciles para la
comunidad universitaria. Esta ha tenido que hacer frente a intensas transformaciones -derivadas sobre todo de su integración en el Espacio Europeo de Educación Superior- mientras padecía los fuertes recortes presupuestarios aprobados por el
Gobierno del Partido Popular. Unos recortes que, entre otros problemas, comportaron una notable reducción en la plantilla del personal docente e investigador (PDI), perdiéndose cerca de 5500 docentes de 2011 a 2016, su consiguiente envejecimiento,
y el incremento de la carga de trabajo de dicho personal. Estas circunstancias, unidas al endurecimiento de los requisitos de acceso y promoción a la Universidad establecidos por la ANECA, conllevaron una significativa precarización de las
condiciones laborales del personal docente e investigador. Por si fuera poco, se les ha responsabilizado también de un bajo rendimiento en investigación, lo que ha provocado a su vez fuertes aumentos de la carga docente para un alto porcentaje de
profesoras y profesores. Es obvio que este círculo vicioso no contribuye, como puso de manifiesto nuestro Grupo en su momento, a la excelencia de la universidad, ni tampoco al prestigio social del personal docente e investigador que dicha
excelencia requiere.
El actual Gobierno socialista ha demostrado desde el primer momento su compromiso con la Universidad y la clara voluntad de afrontar los retos existentes. La creación de un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades fue toda una
declaración de intenciones en este sentido, y una muestra de la concepción de Universidad que abraza, como elemento de transformación social basado en la integración fluida de la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento a la
sociedad. Otra muestra patente de dicho compromiso del Gobierno es el anuncio de un nuevo marco legal donde se pueda desarrollar el mencionado modelo universitario. Con el objetivo de fondo de dicha reforma legislativa, pero siendo consciente de
la urgencia de adoptar algunas de las medidas, dicho Ministerio ha constituido tres mesas de trabajo en las que se prevé que participen todos los actores de la comunidad universitaria, la administración estatal y las administraciones autonómicas:
a) Mesa 1: Estatuto del Personal Docente e Investigador. Pretende elaborar un Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) que garantice las condiciones de estabilidad y promoción del profesorado universitario.
b) Mesa 2: Cuyo principal objeto de estudio será el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
c) Mesa 3: Que abordará la internacionalización de las universidades españolas y su participación en el proyecto de universidades europeas.
La primera mesa, que es la que la presente Proposición no de Ley insta a poner en funcionamiento, retorna un mandato que la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de reforma de la Ley Orgánica de Universidades, encomendó al Gobierno, cual es
la aprobación del estatuto del personal docente e investigador universitario que incluyera 'la regulación de una estructura de carrera funcionarial que esté basada en la obtención de méritos docentes o investigadores, así como las condiciones en las
que los profesores o investigadores funcionarios universitarios podrán participar en la gestión y explotación de los resultados de su investigación' (disposición adicional sexta).
En cumplimiento de este mandato, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero logró redactar, después de una intensa búsqueda de consenso entre los distintos actores del sistema universitario español, el borrador del estatuto del
PDI, cuya última versión es del año 2011. No obstante, el terna quedó totalmente paralizado durante los años de gobierno del Partido Popular, sin producirse avance ninguno en esta materia.
Es necesario, por tanto, retomar el objetivo y cumplir con el mandato legal pendiente.
Dada la compleja distribución de competencias en materia de universidades, que involucra tanto al Estado (de acuerdo a lo establecido en los artículos 149.1.1.a, 149.1.15.a, 149.1.18.a y 149.1.30.a CE), como a las Comunidades Autónomas y a
las propias universidades (en virtud del principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 27.10 CE), la definición del estatuto del personal docente e investigador deberá concertar y coordinar las actuaciones de dichos actores. Si
bien el mandato legal al Gobierno plasmado en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 4/2007 a priori atañe únicamente al PDI de carrera funcionarial, lo dispuesto en el estatuto regiría también, en lo que fuera de aplicación (de acuerdo
con la regulación del Estatuto Básico del Empleado Público), para el PDI contratado de las universidades, cuyo régimen, de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de Universidades (artículo 48) es competencia de las Comunidades Autónomas.
Ello sin perjuicio de los acuerdos adicionales a los que, con el consenso de estas últimas como entes competentes, se pudiera llegar con respecto a dicho personal contratado.
La negociación del Estatuto en la mesa correspondiente debe hacerse, por ende, tal y como ha previsto el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, contando con todos los actores de la comunidad universitaria y las administraciones
estatal y autonómicas.
Asimismo, además del consenso entre los diferentes actores implicados en la política universitaria, el Partido Socialista quiere alcanzar un pacto entre las diferentes fuerzas políticas. Un pacto que transcienda la negociación sobre el
Estatuto del PDI y que permita la consolidación de la legislación básica del sistema universitario español, para evitar que esta legislación esté sometida, innecesariamente, a los diferentes cambios de Gobierno.
En concreto, y con respecto a la aprobación del Estatuto del PDI, el Partido Socialista considera que es necesario avanzar en al menos en dos aspectos:
En primer lugar, es necesaria la definición de una carrera estable y permanente del profesorado universitario, una carrera docente e investigadora con derechos y condiciones laborales dignas.
En segundo lugar, es necesario fomentar una carrera docente, de investigación y transferencia del conocimiento que esté alineada con las funciones que la Ley Orgánica de Universidades encomienda al Sistema Universitario Español. En este
sentido, sería conveniente que el futuro Estatuto plasmara las funciones del PDI (docencia, investigación, transferencia e innovación y gestión) para visibilizar la diversidad de las mismas y su complejidad.
Es necesario que el Estatuto del PDI sea coherente con las funciones esenciales de la Universidad pública, así como que se dote de medios económicos y financiación estable a las universidades con el nuevo Estatuto del PDI. Asimismo, el
sistema universitario tiene que avanzar, de forma progresiva, en la reducción de la temporalidad y en la definición de una política pública que apueste por la vinculación permanente del profesorado universitario. Por último, el nuevo Estatuto del
PDI tiene que determinar, con precisión, cuáles son los mecanismos de acceso, consolidación y formación del PDI. Estos mecanismos tienen que ser transparentes y tienen que permitir conocer la trazabilidad de la decisión que adopta la Universidad
pública, dentro del máximo respeto a la autonomía universitaria. De este modo se conseguirá una estandarización de los mecanismos de acceso, consolidación y formación que permitirán al PDI conocer cuáles son sus derechos y obligaciones en la
carrera profesional universitaria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la puesta en marcha de los trabajos de la Mesa 1: Estatuto del Personal Docente e Investigador, con la finalidad de iniciar el camino para la aprobación del Estatuto del PDI que garantice
las condiciones de estabilidad y promoción del profesorado universitario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2018.-Manuel Cruz Rodríguez, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003949
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado don Joan Olòriz Serra, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre apoyo
a los distintivos de Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia María de Maeztu, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
En el abril de 2011, el Ministerio de Ciencia e Innovación aprobó la orden por la que se establecieron las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas y de la acreditación de 'Centros y Unidades de Excelencia Severo Ochoa' y se
aprobó la convocatoria correspondiente al año 2011. Desde esa primera convocatoria, en la que ocho centros obtuvieron la distinción de excelencia, el ministerio con la
competencia correspondiente ha mantenido anualmente esta convocatoria, que en 2014 se amplió con la convocatoria 'María de Maeztu' para reconocer unidades de excelencia. Unos comités internacionales, formados por investigadores de
reconocido prestigio llevan a cabo los procesos de evaluación y de selección de estas convocatorias competitivas para obtener la correspondiente distinción por un período de cuatro años.
El objetivo de ambos programas es fortalecer el desarrollo de capacidades estratégicas de investigación de centros y unidades ya existentes que acrediten altos niveles de excelencia, por evaluación de resultados, incidiendo no solo en la
capacidad de ejecución y organización de la investigación, sino también en la estrategia de formación, selección y atracción de recursos humanos, en la proyección y colaboración internacional del centro/unidad, y en la divulgación del conocimiento
generado a la sociedad. Unos objetivos que se alinean con las directrices internacionales, y en particular con las de la Comisión Europea, para establecer programas de apoyo público destinados a la promoción y creación de focos de excelencia en I+D
capaces de competir a escala mundial.
Actualmente 25 centros y 16 unidades gozan de dicho sello de calidad. Estas 41 instituciones cubren un amplio espectro de disciplinas científicas, que van de las ciencias de la vida a las humanidades.
Ambos programas deben considerarse casos de éxito no solo por su contribución al impulso de la investigación de excelencia de las instituciones reconocidas, sino también por su contribución para hacer visible a nivel internacional la
investigación de excelencia que se lleva a cabo en el Estado español, un hecho que se ha visto potenciado por el hecho que las 41 instituciones reconocidas hayan decidido mostrarse conjuntamente a través de la plataforma SOMMa (Severo Ochoa and
María de Maeztu Alliance).
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Mantener las convocatorias de apoyo a los centros de excelencia 'Severo Ochoa' y a las unidades de excelencia 'María de Maeztu' de acuerdo con los criterios de fomento de la excelencia científica con los que fue diseñado, y los que los
comités internacionales evalúan y seleccionan a las instituciones candidatas.
2. Incrementar un mínimo del 20 % la contribución financiera directa que el Gobierno Español destina en apoyo a los distintivos de Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia María de Maeztu.
3. Modificar el límite de costes indirectos hasta el 21 % para las convocatorias de las distinciones a fin de flexibilizar los requisitos y que vuelva a situarse en los niveles iniciales (después de que los últimos años el límite de costes
indirectos era del 15 %).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2018.-Joan Olòriz Serra, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/003889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la conmemoración de la Declaración sobre el derecho y el
deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para Desarrollo.
Exposición de motivos
Los defensores y defensoras de los derechos humanos (DDHH) son personas que, a título individual o colectivo, trabajan para hacer realidad los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y en las
diversas normas que la desarrollan. Actúan pacíficamente, sin recurrir a la violencia, para promover y proteger la universalidad e indivisibilidad de los derechos de pueblos e individuos. Ese compromiso se ha demostrado fundamental para
visibilizar situaciones de injusticia social, combatir la impunidad e impulsar los procesos democráticos en todo el mundo.
En la Declaración de Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1998, las Naciones Unidas no solo reconocieron su legitimidad al considerar la defensa de los derechos
humanos como un derecho en sí mismo, sino también en el papel decisivo que desempeñan y la necesidad de garantizar su protección.
Los defensores y defensoras denuncian y ponen en evidencia a quienes abusan de su posición de poder y autoridad. También destapan violaciones de derechos humanos, los someten a escrutinio público y presionan para que los responsables rindan
cuentas. Pueden empoderar a particulares y comunidades para que reivindiquen sus derechos básicos, o también negarse a aceptar como natural o inamovible cualquier orden político, social o económico que condene a sectores enteros de población a
vivir en la miseria, el temor y la indignidad. Respecto al ámbito de los derechos que defienden, este es diverso: civiles y políticos, como el derecho a no sufrir tortura o a tener un juicio justo; económicos y sociales, como el derecho al mejor
nivel de salud posible o a la educación; y culturales, como el derecho de los pueblos indígenas a tener el control de sus tierras y sus recursos, o los derechos sexuales o reproductivos.
Sin embargo, su tarea se ve en numerosas ocasiones puesta en riesgo debido a las amenazas o directamente a las agresiones que sufren. Según datos procedentes de organizaciones como Amnistía Internacional, se vienen documentando ataques
contra estas personas en la mayoría de países del mundo, y también tácticas represivas para silenciar el colectivo por parte de gobiernos de todas las tendencias políticas o de otros agentes económicos. Tales ataques adoptan formas y grados
diversos: amenaza continua, intentos de desacreditar su labor, cierres de medios de comunicación, disolución de sindicatos, encarcelamientos injustos, tortura e incluso asesinato. De acuerdo a los casos documentados por Amnistía Internacional, en
2016 fueron asesinadas 281 personas en todo el mundo, frente a los 156 que murieron en 2015.
Sin olvidar que en todas las regiones del mundo, las defensoras de los derechos humanos hacen frente a formas de violencia por motivos de género, además de los ataques que otros defensores pueden sufrir, como violencia sexual y amenazas,
hostigamiento y campañas de difamación vinculadas a su condición de mujeres. Es habitual que las defensoras de los derechos humanos sean atacadas no solo por su activismo sino también a causa de su género u orientación sexual, y sus actividades son
deslegitimadas y menospreciadas de forma reiterada. Muchas de ellas actúan en un entorno de ostensible hostilidad hacia los intereses que promueven. Las que cuestionan los estereotipos de género y las que trabajan sobre cuestiones como el medio
ambiente, la salud y los derechos sexuales y reproductivos o defienden en términos más generales los derechos humanos de las mujeres y las niñas, son a menudo especialmente vulnerables a ataques y amenazas por motivos de género.
Situación parecida padecen los defensores y defensoras de los derechos de los colectivos LGBTI. Estos hacen frente a múltiples estrategias de gobierno y de agentes no estatales para obstaculizar su trabajo, en muchos casos como resultado de
una discriminación y una marginación profundamente arraigadas. Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado numerosas violaciones del derecho de reunión pacífica cuando las autoridades, por ejemplo, han prohibido marchas del Orgullo
LGTBI o la policía ha actuado de manera inadecuada en este tipo de eventos, así como casos de ataques, incluso homicidios, contra personas LGTBI, muchas de ellas defensoras de los derechos humanos. Según el proyecto Observatorio de Personas Trans
Asesinadas de Transgender Europe (TGEU), 2.343 personas transgénero y de género diverso fueron asesinadas en 69 países desde 2008 hasta 2016.
Más recientemente, un informe de la organización no gubernamental Global Witness ha hallado que al menos 207 personas fueron asesinadas en 2017 en 22 países por razones vinculadas a la defensa de los derechos humanos o de la tierra y del
medio ambiente, y que la agroindustria fue el sector más peligroso, superando a la minería, con 46 personas defensoras asesinadas por manifestarse contra la forma en que se producen los bienes que consumimos. De acuerdo con los datos de Global
Witness,
en 2017 ocurrieron más masacres que nunca: en siete casos se produjeron asesinatos de cuatro o más personas al mismo tiempo. La investigación de Global Witness muestra también que, a menudo, son las fuerzas de seguridad del gobierno las
que cometen los crímenes o son cómplices de ellos. Estas fuerzas de seguridad estuvieron vinculadas a alrededor de una cuarta parte de los asesinatos del año pasado: 30 con el ejército y 23 con la policía. Se sospecha que las bandas criminales,
los guardias de seguridad, los terratenientes, los cazadores ilegales y otros actores no estatales cometieron, al menos, 90 asesinatos.
En este contexto, son los estados los que a través de sus gobiernos tienen la obligación de garantizar que todas las personas defensoras de derechos humanos puedan llevar a cabo su activismo de forma segura. Porque la obligación legal recae
principalmente en el Estado, que debe guiarse por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, la cual establece cómo la legislación existente sobre derechos humanos debe aplicarse para apoyar y proteger a las
personas defensoras de derechos humanos. La Declaración pone de relieve los derechos que los Estados deben proteger para que las personas defensoras puedan llevar a cabo su activismo de manera segura.
También existe un cuerpo creciente de jurisprudencia que establece el deber extraterritorial de los gobiernos de proteger los derechos de los ciudadanos en otros países donde operan sus empresas. Esto implica que no solo los gobiernos de
aquellos países donde las personas defensoras enfrentan los mayores riesgos tienen el deber de proteger a las y los activistas, sino que también tienen este deber los socios comerciales y de acuerdos bilaterales, que operan en estos países. Por lo
tanto, las políticas gubernamentales en materia de empresas y derechos humanos deben impulsar acciones positivas para apoyar a las personas defensoras en su territorio, pero también en el extranjero. Legisladores, líderes empresariales, autoridades
del gobierno y otras personas influyentes deben comprometerse públicamente a defender a los y las defensoras de los derechos humanos en todo el mundo. Su reconocimiento permitirá su labor y su protección ante nuevos ataques.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar cuantas medidas legislativas sean necesarias para apoyar a las personas defensoras de los derechos humanos, especialmente a las que actúan en países en los que operan empresas españolas.
2. Proporcionar recursos eficaces en forma de apoyo y protección a todas las personas que denuncien haber sido víctimas de una violación de los derechos humanos.
3. Establecer, en coordinación con las embajadas españolas, mecanismos para favorecer el asilo de aquellas personas defensoras de los derechos humanos cuya integridad física esté en riesgo por culpa de las amenazas que reciben en su país de
origen.
4. Promover la celebración del vigésimo aniversario de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998 impulsando una declaración institucional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2018.-Aina Vidal Sáez, Diputada.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/003882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, relativa a la esterilización de las mujeres y niñas con diversidad funcional como vulneración de derechos humanos.
Exposición de motivos
La esterilización forzosa se refiere a la realización de cualquier procedimiento que produzca en una persona la incapacidad permanente de reproducción sexual sin el conocimiento, el consentimiento o la autorización de la persona que se ve
sometida a esta práctica, y cuando se realiza sin que exista una amenaza o riesgo serio para la salud o para la vida. En este sentido, los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos que se complementan con el derecho a la vida, la
libertad, la seguridad, la planificación familiar o el derecho a estar libre de violencia sexual. Por lo tanto, las esterilizaciones forzosas a mujeres con diversidad funcional son una vulneración de derechos humanos que incluye la exclusión de los
servicios de atención a la salud reproductiva y sexual, restricciones en la elección de métodos anticonceptivos voluntarios, una focalización en la supresión menstrual, una atención deficitaria durante el embarazo y en el parto, abortos
involuntarios y la denegación del derecho a ser madre.
Los factores sociales influyen en el estado de salud de las mujeres e incluso pueden variar entre las propias mujeres. Por ello, el Comité CEDAW, en su Recomendación General 24 sobre las mujeres y su salud, establece que debe prestarse
especial atención a las necesidades y los derechos en materia de salud de las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos, entre las que se encuentran las mujeres con discapacidad física o mental.
Así mismo, el Convenio de Estambul en su artículo 39 establece que las Partes 'adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito, cuando se corneta de modo intencionado el hecho de practicar una
intervención quirúrgica que tenga por objeto o por resultado poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de modo natural sin su consentimiento previo e informado o sin su entendimiento del procedimiento'.
Por otra parte, el CERMI manifiesta en su informe que este tipo de procedimientos se focalizan esencialmente sobre las mujeres jóvenes, lo que les genera un gran estigma asociado a la esterilización y la pérdida de la fertilidad además de
traumatizar o volver a traumatizar a la víctima. CERMI establece por tanto, que dicha práctica acarrea consecuencias irreversibles para su salud, tales como la aparición temprana de la menopausia, osteoporosis y enfermedades cardiovasculares, si se
lleva a cabo antes de que la niña haya tenido la menstruación o durante la pubertad, e incluso puede aumentar la vulnerabilidad de la niña, adolescente o mujer joven con discapacidad ante abusos sexuales. Dicho informe establece también con
independencia de que una decisión judicial autorice la esterilización, si esta no cuenta con el consentimiento informado de quien la va a sufrir, será siempre sin consentimiento.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Derogar el segundo párrafo del artículo 156 del Código Penal y de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con el
objeto de dar cumplimiento a los compromisos que España ha adquirido en la esfera internacional para la protección de las personas con diversidad funcional.
2. Adoptar medidas en materia de concienciación, información y formación que vayan dirigidas a:
- Las propias personas con diversidad funcional que deben tener acceso a una educación sexual que sea accesible y tenga en cuenta sus necesidades comunicativas, incluidas las de las personas con autismo.
- Las familias de las niñas y mujeres con diversidad funcional más vulnerables y con mayor riesgo de sufrir la esterilización forzosa, en relación con los derechos y las necesidades de sus hijas.
- Profesionales, y en particular los profesionales de atención sanitaria y los del ámbito legal, para garantizar que escuchen las voces de las niñas y mujeres con diversidad funcional durante las investigaciones y los procedimientos
judiciales.
3. Garantizar el acceso a métodos anticonceptivos reversibles a las personas con diversidad funcional.
4. Implementar medidas de apoyo, tanto de índole económica como de asistencia personal, para las mujeres con diversidad funcional embarazadas.
5. Adoptar medidas para reparar a las personas, mayoritariamente mujeres y niñas, que hayan sido víctimas de esterilización forzosa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2018.-María Teresa Arévalo Caraballo y Ángela Rodríguez Martínez, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003904
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Discapacidad, relativa a la toma de medidas para asegurar el cumplimiento del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Exposición de motivos
Siguiendo la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, firmada por España, la segregación y exclusión de estudiantes con diversidad funcional de la educación pública supone una violación de derechos a la educación, definido
en el artículo 24.
La Convención establece el compromiso de garantizar que 'las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema de educación general por discapacidad, y que los niños con discapacidad no queden excluidos de la educación primaria
gratuita u obligatoria, o de la educación secundaria, por discapacidad'.
Además, el derecho a la educación de toda persona se aborda en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 13 reafirmando el
derecho a la educación y agregando que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, y favorecer la comprensión y la tolerancia. La Convención sobre los Derechos del Niño establece, en su
artículo 23, el derecho del niño con discapacidad a tener acceso efectivo a la educación y la capacitación con el objeto de lograr su desarrollo individual y su inclusión social. En su artículo 28 establece el derecho del niño a la educación,
derecho que debe ejercerse en condiciones de igualdad, y en su artículo 29 estipula que la educación del niño debe estar encaminada a desarrollar su personalidad, sus aptitudes y su capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades.
Los Estados parte, al adherirse a las convenciones y pactos internacionales, adquieren la obligación de adaptar sus legislaciones y reglamentos para dar respuesta adecuada, en este caso se concreta en la obligación del Estado de respetar,
proteger y garantizar la educación inclusiva y de calidad para todas las personas sin distinción.
Se debe por tanto:
- Garantizar el derecho a la educación para las personas con discapacidad en un sistema inclusivo a todos los niveles, incluyendo el nivel preescolar y la educación terciaria, las escuelas vocacionales y de educación continua, así como las
actividades extraescolares y sociales.
- Diseñar un sistema teniendo en cuenta las necesidades de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, en donde todos los centros educativos acogen a todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones físicas,
intelectuales, sociales, lingüísticas u otras.
- Cambiar las actitudes de discriminación y los sistemas discriminadores, para crear sociedades inclusivas, que respeten y valoren las diferencias y la dignidad de todas las personas por igual.
En el marco estatal contamos con la referencia del artículo 14 de la Constitución en el que se establece que 'Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social'. El artículo 27 de la Constitución reconoce el derecho de todos a la educación, incluidas las personas con discapacidad.
A pesar de estas obligaciones, en septiembre de 2014 el Comité recibió información de la organización de personas con discapacidad que alegaba violaciones graves y sistemáticas del artículo 24 de la Convención y que solicitaba al Comité
llevar a cabo una investigación sobre el tema. El Comité consideró que la información recibida era fiable e indicativa de posibles violaciones graves o sistemáticas del derecho a la educación y decidió registrar la solicitud, y un equipo de
expertos y expertas realizó una investigación que llevó a la publicación de un informe en el mes de mayo de 2018.
Los expertos y expertas de Naciones Unidas señalaban en su informe que España no estaba cumpliendo con su deber de garantizar la educación inclusiva para las personas con diversidad funcional. El informe denuncia que España mantiene un
sistema discriminatorio y que utiliza disposiciones legales vigentes para mantener dos sistemas educativos y desviar a los estudiantes con diversidad funcional fuera de la educación general.
En el informe se resaltan unos hallazgos preocupantes:
'En vista de la amplitud, continuidad y diversidad de las violaciones encontradas, las cuales se interrelacionan entre sí de forma permanente y continua, pero también tomando en cuenta que dichas violaciones resultan en gran parte del
sistema instaurado a través de la legislación, de las políticas adoptadas, y de las prácticas de las instituciones involucradas, el Comité concluye que los hallazgos encontrados en la presente investigación alcanzan el nivel de gravedad y
sistematicidad establecido por el artículo 6 del Protocolo Facultativo y del artículo 83 del Reglamento. En este sentido el Comité destaca que la denegación de la igualdad de derechos para las personas con discapacidad puede producirse
deliberadamente, es decir, con la intención del Estado parte de cometer tales actos, o como resultado de leyes o políticas discriminatorias, con dicho propósito o sin él.'
'De conformidad con su jurisprudencia y su observación general núm. 4 (2016), el Comité recuerda que un sistema inclusivo basado en el derecho a la no discriminación e igualdad de oportunidades, requiere la abolición del sistema separado de
educación para estudiantes con discapacidad. El sistema de educación inclusiva debe proveer la educación a todos los estudiantes y estar basado en una educación de calidad proporcionando a cada estudiante el apoyo que requiera. Para lograr de
manera práctica la educación inclusiva, es necesaria una transferencia de recursos de los centros educativos especiales hacia el sistema educativo general, permitiendo el acceso del alumnado con discapacidad en condiciones de igualdad con el resto
de estudiantes, recordando que la no discriminación incluye el derecho a no ser segregado y a ser proporcionado con ajuste razonable y debe entenderse como el deber de proporcionar ambientes de enseñanza accesibles y ajustes razonables. El Comité,
recordando sus anteriores observaciones finales (CRPD/C/ESP/CO/1), formula una serie de recomendaciones al Estado parte a ser leídas conjuntamente con su observación general núm. 4 (2016).'
Por todo ello, nuestro Grupo Parlamentario Confederal formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo las reformas legislativas necesarias para recoger las siguientes recomendaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en concreto a 2:
a) Definir claramente la inclusión y sus objetivos específicos en cada nivel de enseñanza.
b) Contemplar la educación inclusiva como un derecho y no solo como un principio y que todos los estudiantes con discapacidad tengan el derecho de acceso a las oportunidades de aprendizaje inclusivo en el sistema educativo general, sin
importar sus características personales, con acceso a los servicios de apoyo que se requieran.
c) Eliminar la excepción de la educación segregada en la legislación educativa, incluyendo la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización.
d) incluir una cláusula de no rechazo para estudiantes por razones de discapacidad, estableciendo claramente que la denegación del ajuste razonable constituye discriminación.
2 'Informe de la investigación relacionada con España bajo el artículo 6 del Protocolo Facultativo', Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, junio 2017.
e) Eliminar la segregación educativa de estudiantes con discapacidad, tanto en una unidad dentro de la misma escuela o en centros especiales.
f) Garantizar a las personas con discapacidad el derecho a ser oídas y tomar en cuenta sus opiniones a través de consultas efectivas con organizaciones que las representan, así como una perspectiva de edad y de género.
g) Aprobar el marco regulatorio necesario para la implementación efectiva de la legislación y la armonización del sistema educativo con la Convención en todos sus niveles, incluyendo en áreas como la elaboración de nuevos programas de
formación para todo el personal docente, la disponibilidad de materiales escolares accesibles para todos, la transformación de los entornos educativos existentes en entornos incluyentes y accesibles, el fomento del traslado de los recursos de los
entornos segregados a los inclusivos, y la provisión de apoyo adecuado a los estudiantes que lo requieran.
2. Poner en marcha las siguientes medidas en colaboración con las Comunidades Autónomas teniendo en cuenta la distribución de competencias en materia educativa:
a) Establecer mecanismos eficaces de monitoreo y revisión para garantizar que la legislación, las estrategias y las políticas relativas a la aplicación del artículo 24 cumplan con las obligaciones del Estado parte en todo su territorio.
b) Velar por que las administraciones educativas autonómicas estén informadas de sus responsabilidades con respecto a los derechos de las personas con discapacidad.
c) Incrementar la toma de conciencia y las medidas para combatir la discriminación, los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas, incluido el acoso escolar contra las personas con discapacidad, y desarrollar respuestas acertadas
que fomenten una actitud de respeto de sus derechos.
d) Fomentar la celeridad y accesibilidad en los procesos de denuncia y recursos legales en casos de discriminación con base en la discapacidad, incrementando el conocimiento de los estándares de la Convención entre los miembros del sistema
judicial.
e) Vigilar que no se pueda perseguir penalmente a los padres de alumnos con discapacidad por el delito de abandono familiar por exigir el derecho de sus hijos a una educación inclusiva en igualdad de condiciones.
f) Desarrollar sistemas de evaluación y seguimiento de los progresos individualizados y con ajustes razonables.
g) Mejorar la recopilación de información y datos desglosados, incluyendo la elaboración de indicadores en consonancia con el objetivo de desarrollo sostenible, en colaboración con organizaciones representativas de personas con
discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2018.-Rosa Ana Alonso Clusa, Diputada.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/003903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, relativa a la toma de medidas para asegurar el cumplimiento del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Exposición de motivos
Siguiendo la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, firmada por España, la segregación y exclusión de estudiantes con diversidad funcional de la educación pública supone una violación de derechos a la educación, definido
en el artículo 24.
La Convención establece el compromiso de garantizar que 'las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema de educación general por discapacidad, y que los niños con discapacidad no queden excluidos de la educación primaria
gratuita u obligatoria, o de la educación secundaria, por discapacidad'.
Además el derecho a la educación de toda persona se aborda en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 13 reafirmando el
derecho a la educación y agregando que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, y favorecer la comprensión y la tolerancia. La Convención sobre los Derechos del Niño establece, en su
artículo 23, el derecho del niño con discapacidad a tener acceso efectivo a la educación y la capacitación con el objeto de lograr su desarrollo individual y su inclusión social. En su artículo 28 establece el derecho del niño a la educación,
derecho que debe ejercerse en condiciones de igualdad, y en su artículo 29 estipula que la educación del niño debe estar encaminada a desarrollar su personalidad, sus aptitudes y su capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades.
Los Estados parte, al adherirse a las convenciones y pactos internacionales adquieren la obligación de adaptar sus legislaciones y reglamentos para dar respuesta adecuada, en este caso se concreta en la obligación del Estado de respetar,
proteger y garantizar la educación inclusiva y de calidad para todas las personas sin distinción.
Se debe por tanto:
- Garantizar el derecho a la educación para las personas con discapacidad en un sistema inclusivo a todos los niveles, incluyendo el nivel preescolar y la educación terciaria, las escuelas vocacionales y de educación continua, así como las
actividades extraescolares y sociales.
- Diseñar un sistema teniendo en cuenta las necesidades de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, en donde todos los centros educativos acogen a todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones físicas,
intelectuales, sociales, lingüísticas u otras.
- Cambiar las actitudes de discriminación y los sistemas discriminadores, para crear sociedades inclusivas, que respeten y valoren las diferencias y la dignidad de todas las personas por igual.
En el marco estatal contamos con la referencia del artículo 14 de la Constitución en el que se establece que 'Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social'. El artículo 27 de la Constitución reconoce el derecho de todos a la educación, incluidas las personas con discapacidad.
A pesar de estas obligaciones, en septiembre de 2014 el Comité recibió información de la organización de personas con discapacidad, que alegaba violaciones graves y sistemáticas del artículo 24 de la Convención y que solicitaba al Comité
llevar a cabo una investigación sobre el tema. El Comité consideró que la información recibida era fiable e indicativa de posibles violaciones graves o sistemáticas del derecho a la educación y decidió registrar la solicitud, y un equipo de
expertos y expertas realizó una investigación que llevó a la publicación de un informe en el mes de mayo de 2018.
Los expertos y expertas de Naciones Unidas señalaban en su informe que España no estaba cumpliendo con su deber de garantizar la educación inclusiva para las personas con diversidad funcional. El informe denuncia que España mantiene un
sistema discriminatorio y que utiliza disposiciones legales vigentes para mantener dos sistemas educativos y desviar a los estudiantes con diversidad funcional fuera de la educación general.
En el Informe se resaltan unos hallazgos preocupantes:
'En vista de la amplitud, continuidad y diversidad de las violaciones encontradas, las cuales se interrelacionan entre sí de forma permanente y continua, pero también tomando en cuenta que dichas violaciones resultan en gran parte del
sistema instaurado a través de la legislación, de las políticas adoptadas, y de las prácticas de las instituciones involucradas, el Comité concluye que los hallazgos encontrados en la presente investigación alcanzan el nivel de gravedad y
sistematicidad establecido por
el artículo 6 del Protocolo Facultativo y del artículo 83 del Reglamento. En este sentido el Comité destaca que la denegación de la igualdad de derechos para las personas con discapacidad puede producirse deliberadamente, es decir, con la
intención del Estado parte de cometer tales actos, o como resultado de leyes o políticas discriminatorias, con dicho propósito o sin él.'
'De conformidad con su jurisprudencia y su observación general núm. 4 (2016), el Comité recuerda que un sistema inclusivo basado en el derecho a la no discriminación e igualdad de oportunidades, requiere la abolición del sistema separado de
educación para estudiantes con discapacidad. El sistema de educación inclusiva debe proveer la educación a todos los estudiantes y estar basado en una educación de calidad proporcionando a cada estudiante el apoyo que requiera. Para lograr de
manera práctica la educación inclusiva, es necesaria una transferencia de recursos de los centros educativos especiales hacia el sistema educativo general, permitiendo el acceso del alumnado con discapacidad en condiciones de igualdad con el resto
de estudiantes, recordando que la no discriminación incluye el derecho a no ser segregado y a ser proporcionado con ajuste razonable y debe entenderse como el deber de proporcionar ambientes de enseñanza accesibles y ajustes razonables. El Comité,
recordando sus anteriores observaciones finales (CRPD/C/ESP/CO/1), formula una serie de recomendaciones al Estado parte a ser leídas conjuntamente con su observación general núm. 4 (2016).'
Por todo ello, nuestro Grupo Parlamentario Confederal formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo las reformas legislativas necesarias para recoger las siguientes recomendaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en concreto a 3:
a) Definir claramente la inclusión y sus objetivos específicos en cada nivel de enseñanza.
b) Contemplar la educación inclusiva como un derecho y no solo como un principio y que todos los estudiantes con discapacidad tengan el derecho de acceso a las oportunidades de aprendizaje inclusivo en el sistema educativo general, sin
importar sus características personales, con acceso a los servicios de apoyo que se requieran.
c) Eliminar la excepción de la educación segregada en la legislación educativa, incluyendo la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización.
d) Incluir una cláusula de no rechazo para estudiantes por razones de discapacidad, estableciendo claramente que la denegación del ajuste razonable constituye discriminación.
e) Eliminar la segregación educativa de estudiantes con discapacidad, tanto en una unidad dentro de la misma escuela o en centros especiales.
f) Garantizar a las personas con discapacidad el derecho a ser oídas y tomar en cuenta sus opiniones a través de consultas efectivas con organizaciones que las representan, así como una perspectiva de edad y de género.
g) Aprobar el marco regulatorio necesario para la implementación efectiva de la legislación y la armonización del sistema educativo con la Convención en todos sus niveles, incluyendo en áreas como la elaboración de nuevos programas de
formación para todo el personal docente, la disponibilidad de materiales escolares accesibles para todos, la transformación de los entornos educativos existentes en entornos incluyentes y accesibles, el fomento del traslado de los recursos de los
entornos segregados a los inclusivos, y la provisión de apoyo adecuado a los estudiantes que lo requieran.
2. Poner en marcha las siguientes medidas en colaboración con las Comunidades Autónomas teniendo en cuenta la distribución de competencias en materia educativa:
a) Establecer mecanismos eficaces de monitoreo y revisión para garantizar que la legislación, las estrategias y las políticas relativas a la aplicación del artículo 24 cumplan con las obligaciones del Estado parte en todo su territorio.
b) Velar por que las administraciones educativas autonómicas estén informadas de sus responsabilidades con respecto a los derechos de las personas con discapacidad.
3 'Informe de la investigación relacionada con España bajo el artículo 6 del Protocolo Facultativo', Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, junio 2017.
c) Incrementar la toma de conciencia y las medidas para combatir la discriminación, los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas, incluido el acoso escolar contra las personas con discapacidad, y desarrollar respuestas acertadas
que fomenten una actitud de respeto de sus derechos.
d) Fomentar la celeridad y accesibilidad en los procesos de denuncia y recursos legales en casos de discriminación con base en la discapacidad, incrementando el conocimiento de los estándares de la Convención entre los miembros del sistema
judicial.
e) Vigilar que no se pueda perseguir penalmente a los padres de alumnos con discapacidad por el delito de abandono familiar por exigir el derecho de sus hijos a una educación inclusiva en igualdad de condiciones.
f) Desarrollar sistemas de evaluación y seguimiento de los progresos individualizados y con ajustes razonables.
g) Mejorar la recopilación de información y datos desglosados, incluyendo la elaboración de indicadores en consonancia con el objetivo de desarrollo sostenible, en colaboración con organizaciones representativas de personas con
discapacidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2018.-Rosa Ana Alonso Clusa, Diputada.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, presenta la presente Proposición no de Ley relativa a la toma de
medidas de protección especial en los casos de desahucios de viviendas con menores de edad, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
Exposición de motivos
El problema del acceso a la vivienda se ha agravado en una primera etapa con la crisis financiera e inmobiliaria y la imposibilidad de miles de familias de poder pagar los créditos hipotecarios y posteriormente con la desproporcionada subida
de los alquileres, generando cientos de miles de desalojos forzosos, muchos de ellos sin una alternativa habitacional. Un desahucio, además de poder suponer una clara vulneración de los derechos humanos, supone una vivencia que puede resultar
traumática, dando lugar a episodios de miedo, tristeza, exclusión, que se ven agravados entre las personas menores de edad.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde el 2007, año en que estalló la crisis, hasta el 2016, el número de ejecuciones hipotecarias se ha situado en 721.000 y el número de desahucios se sitúa en más de 515.000.
Y siguiendo estimaciones de UNICEF podemos señalar que entre un 70 % y un 80 % de los hogares desahuciados eran de familias con menores de edad a su cargo. Sin embargo, no contamos con cifras oficiales de niños, niñas y adolescentes afectados, un
déficit estadístico que contribuye a que se oculte este problema y no se sitúe por tanto en el centro de la agenda política. De forma general el Instituto Nacional de Estadística (INE) no recoge ningún aspecto socioeconómico de las personas a la
hora de recoger las estadísticas en materia de ejecuciones presupuestarias, por lo tanto no contamos con datos para conocer la presencia (o no) de menores de edad a cargo, sus edades y la estructura de convivencia.
Además, España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea, con un 1,1 %, muy lejos de otros países como Holanda (32 %), Austria (23 %), Reino Unido (18 %) o Francia (17 %).
El derecho a la vivienda viene recogido en la Constitución Española, por lo tanto la falta de políticas públicas adecuadas vulnera el artículo 47 que establece que 'Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación'.
Asimismo el artículo 39.1 CE introduce
un mandato a los poderes públicos para que aseguren la protección social, económica y jurídica de la familia y se respeten los derechos de los niños previstos por los acuerdos internacionales (39.4 CE). Los desahucios de familias con
menores, ejecutados sin alternativa habitacional vulneran de manera grave los derechos arriba citados.
Si nos fijamos en el marco europeo, vemos cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se ha pronunciado al respecto a favor de las familias estableciendo que los desahucios sin alternativa de alojamiento constituyen violaciones de
los derechos humanos. Por lo tanto las Administraciones Públicas podrían estar cometiendo violaciones de derechos humanos, e incumpliendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En este sentido el TEDH en algunos casos ha llegado a imponer la
suspensión de la ejecución del lanzamiento de las viviendas hasta tanto no conozca de forma fehaciente y detallada las medidas relacionadas con la alternativa habitacional y la asistencia social que se van a prestar a las personas que van a sufrir
un desalojo forzoso, con especial énfasis en la situación en que pueden quedar los niños que sufren el referido desalojo forzoso.
Con relación al marco de las Naciones Unidas encontramos el referente de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), aprobada el 20 de noviembre de 1989, a la cual se adhiere España, adquiriendo así el compromiso de dar cumplimiento a
su contenido.
Respecto a las situaciones en las que se dan desahucios sin alternativa habitacional en hogares con menores de edad algunos de los derechos recogidos en la CDN vulnerados según la PAH serían:
1. Nivel de vida. Según el artículo 27.3 de la CDN, los Estados Partes 'adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán
asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda'.
2. Familia. Los niños y niñas tiene derecho a ser cuidados por sus padres. Sin embargo, muchos casos de desahucios llevan aparejadas situaciones de desestructuración familiar, al tener que repartirse los miembros de una misma familia en
hogares diferentes, dificultando la preservación de las relaciones familiares (arts. 7.1 y 8.1).
3. Protección sin distinción. La actual 'Ley Guindos' no protege a todos los niños y niñas por igual, permitiendo la moratoria sólo bajo determinados supuestos como cuando haya presencia de menores de 3 años, vulnerando el artículo 2.1 de
protección de todos/as sin distinción alguna.
4. Interés superior. La ausencia de la Fiscalía de menores en los procedimientos de ejecución hipotecaria vulnera el artículo 3.1 que refiere al interés superior del niño, primando de esta forma los intereses de la banca versus intereses
de las familias y de los niños y niñas.
5. Supervivencia y desarrollo. Los desahucios están marcando problemas en el normal desarrollo de los niños y niñas, vulnerando el artículo 6.2 en el que se establece que 'Los Estados garantizarán la supervivencia y desarrollo del niño'.
6. Educación. Según el artículo 28.1 se establece que los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y deberán, en particular, adoptar todas las medidas, al más alto nivel, para fomentar la asistencia regular a las
escuelas y reducir las tasas de deserción escolar, especialmente en los casos de re-escolarizaciones que han de producirse cuando una familia se ve en la obligación de cambiar a sus hijos e hijas de escuela.
7. Protección de la vida privada. La actuación policial en muchas ejecuciones hipotecarias se está realizando con dimensiones desmedidas de presencia policial. Estas situaciones atentan contra el artículo 16 de Protección de la vida
privada, según el cual 'ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia y su domicilio'.
8. Disponibilidad de datos oficiales. En relación a la falta de información estadística oficial señalamos que supone una dejación del Estado español en cuanto a su obligación de recoger datos relativos a desahucios, lo cual está impidiendo
conocer la situación real en la que se encuentran los niños, las niñas y sus familias sometidas a desahucios.
9. Efectividad de los derechos. Las sucesivas leyes, reformas hipotecarias y medidas legislativas adoptadas por el Estado son aún insuficientes para asegurar al niño, niña y adolescente la protección y cuidado para su bienestar, tal y como
señala el artículo 3.2 así como el artículo 4, que dice que 'Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en esta Convención [...].'
En el marco de las Naciones Unidas encontramos también la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en el que se establece el derecho a una vivienda adecuada como un derecho humano, y
declara:
'Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.
Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.'
El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que realiza un seguimiento del cumplimiento de los derechos recogidos en el PIDESC por parte de los Estados firmantes, desarrolla una serie de observaciones y
recomendaciones sobre los aspectos concretos que se deben tener en cuenta para cumplir con el derecho a una vivienda adecuada, entre otros:
- Adoptar medidas legislativas y/o administrativas pertinentes para garantizar que en los procesos judiciales de desalojos de inquilinos, los demandados puedan oponerse o presentar un recurso con el fin de que el juez considere las
consecuencias del desalojo y la compatibilidad de esta medida con el Pacto.
- Asegurar que el desalojo cumple con la valoración de su proporcionalidad.
- Adoptar medidas necesarias para asegurar que en los desalojos que afecten a personas sin recursos se procura una vivienda alternativa, y que solo se ejecuten después de que haya habido una consulta genuina y efectiva con estas personas y
de que el Estado parte haya realizado todos los pasos indispensables, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para que las personas desalojadas tengan una vivienda alternativa, en especial en aquellos casos que involucran a familias, personas
mayores, niños/as y/o otras personas en situación de vulnerabilidad.
- Adoptar las medidas necesarias para superar los problemas de falta de coordinación entre las decisiones judiciales y las acciones de los servicios sociales que pueden conducir a que una persona desalojada pueda quedar sin vivienda
adecuada.
- Formular e implementar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y hasta el máximo de los recursos disponibles, un plan comprensivo e integral para garantizar el derecho a la vivienda adecuada de personas con bajos ingresos. Este
plan deberá incluir los recursos, las medidas, los plazos y los criterios de evaluación, que permitirán en forma razonable y verificable garantizar el derecho a la vivienda de esas personas.
A pesar de las recomendaciones vinculantes de organismos internacionales, el Gobierno de España sigue incumpliendo el derecho a la vivienda digna en nuestro país y los últimos Relatores Especiales sobre la vivienda adecuada de las Naciones
Unidas denunciaron la situación del acceso a la vivienda en España.
La Sociedad Civil lleva muchos años denunciando la esta situación, y desde la Plataforma de Afectado por la Hipoteca (PAH) se apuesta por el empoderamiento y el protagonismo de la infancia y desde este enfoque plantean una serie de
exigencias, que en parte se recogen en esta Proposición no de Ley.
Es por todo ello que se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Asegurar que se tornen todas las medidas para garantizar una recogida sistemática de datos sobre los niños, las niñas y adolescentes y que se creen mecanismos que permitan determinar y reunir los indicadores, estadísticas,
investigaciones y demás información pertinente que pueda servir de base para la elaboración de políticas en el ámbito de los derechos del niño en materia de vivienda.
2. Conocer el impacto en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes pan promover la recuperación física y psicológica, y la reintegración social de todo niño, niña o adolescente víctima de desahucio.
3. Asegurar que se toman las medidas necesarias para asegurar la atención sanitaria y psicológica pública, gratuita y universal para todos los niños, niñas y adolescentes ante el impacto que genera en sus vidas cotidianas y las secuelas que
quedan.
4. Cumplir con sus obligaciones internacionales para garantizar el derecho a una vivienda adecuada, llevando a cabo el desarrollo legislativo y aumentando las partidas presupuestarias necesarias para hacer efectivas las recomendaciones
vinculantes del Comité DESC.
5. Adoptar medidas legislativas y/o administrativas pertinentes para garantizar que en los procesos judiciales de desalojos de personas inquilinas puedan oponerse o presentar un recurso con el fin de que el juez pueda evaluar las
situaciones de vulnerabilidad y acceso a la vivienda de las familias demandadas, incluyendo el protagonismo de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos, asegurando que están adaptados a la infancia y adolescencia.
6. Establecer protocolos de coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de toda España, con el fin de definir acciones de operación conjunta entre jueces y unidades de servicios
sociales competentes para que, en casos de desalojos, las Administraciones Públicas competentes otorguen a las familias y personas en situación de vulnerabilidad una alternativa habitacional adecuada.
7. Estos protocolos deberán incluir medidas que garanticen que los desalojos que afecten a personas sin recursos para procurarse una vivienda alternativa, solo se ejecuten después de que haya habido una consulta genuina y efectiva con estas
personas y de que las Comunidades Autónomas y/o los Ayuntamientos hayan realizado todos los pasos indispensables, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para que las personas desalojadas tengan una vivienda alternativa, en especial en aquellos
casos que involucran a familias, personas mayores, niños/as y/o otras personas en situación de vulnerabilidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2018.-José David Carracedo Verde, Diputado.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
181/001403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, conforme recoge el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su respuesta en la
Comisión Constitucional.
¿Tiene previsto el Gobierno proceder a la retirada de la Orden del Mérito Constitucional concedida a Francisco José Vázquez Vázquez, tras las declaraciones hechas en la Cadena Cope el pasado 31 de octubre de 2018, en las que atentaba contra
la libertad de las mujeres y contra los valores democráticos en nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, conforme recoge el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su respuesta en la
Comisión de Asuntos Exteriores.
¿Tiene previsto el Gobierno proceder a la retirada de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores a Francisco José Vázquez Vázquez, tras las declaraciones hechas en la Cadena Cope, el pasado 31
de octubre de 2018, en las que atentaba contra la libertad de las mujeres y contra los valores democráticos en nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.
181/001402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, conforme recoge el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su respuesta en la
Comisión de Asuntos Exteriores.
¿Tiene previsto el Gobierno proceder a la retirada de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores a Francisco José Vázquez Vázquez, tras las declaraciones hechas en la Cadena Cope el
pasado 31 de octubre de 2018, en las que atentaba contra la libertad de las mujeres y contra los valores democráticos en nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.
Comisión de Defensa
181/001399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, conforme recoge el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su respuesta en la
Comisión de Defensa.
¿Tiene previsto el Gobierno proceder a la retirada de la Cruz del Mérito Naval concedida por el Ministerio de Defensa a Francisco José Vázquez Vázquez, tras las declaraciones hechas en la Cadena Cope, el pasado 31 de octubre de 2018, en las
que atentaba contra la libertad de las mujeres y contra los valores democráticos en nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.
181/001400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su diputada doña Yolanda Díaz Pérez, conforme recoge el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su respuesta en la
Comisión de Defensa.
¿Tiene previsto el Gobierno proceder a la retirada de la Cruz del Mérito Militar concedida por el Ministerio de Defensa a Francisco José Vázquez Vázquez, tras las declaraciones hechas en la Cadena Cope el pasado 31 de octubre de 2018, en las
que atentaba contra la libertad de las mujeres y contra los valores democráticos en nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.
Comisión de Fomento
181/001392
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Sergio Pascual Peña
Dirigida al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
Texto:
En el año 2013, debido a la coyuntura económica, la Junta de Andalucía abandonó la finalización del trazado ferroviario entre Sevilla y Antequera en altas prestaciones. Este tramo es parte del eje transversal ferroviario de Andalucía, que
busca vertebrar la Comunidad uniendo Huelva con Almería. Algunos tramos del trazado estaban finalizados, en particular 77 kilómetros de la explanación entre Marchena y Antequera, que supuso un coste de 280 millones de euros, pero nunca llegaron a
aprovecharse, lo que supone un vergonzante derroche de recursos económicos, energéticos y ambientales.
El Gobierno del PP lejos de un uso razonado de los recursos, planteó una alternativa en forma de 'by-pass' por Almodóvar como opción para reducir el tiempo de trayecto en unos escasos veinte minutos, rompiendo la cohesión territorial al
aumentar las distancias entre el occidente y el oriente de Andalucía, con un gasto a todas luces innecesario.
Una política sensata al servicio de la gran mayoría social, del interés de vertebrar Andalucía, del desarrollo endógeno del interior de la región, de acercar pueblos, economía y cultura pasa indiscutiblemente por retomar y reorientar el
proyecto del eje trasversal de Andalucía, buscando maximizar la movilidad cotidiana intrarregional de los andaluces y andaluzas.
La reconversión pasaría por mejorar el trazado actual de la línea en su tramo próximo a Sevilla, conectándolo con las obras ya terminadas a la altura de Marchena, maximizando la conexión de los municipios de la zona, en un formato
convencional de altas prestaciones. Además, el tramo entre Sevilla y Antequera está incluido en el corredor mediterráneo europeo, por lo que podría contar con la financiación de la Unión Europea para su construcción hasta el año 2020.
Por todo ello se pregunta:
¿Tiene previsto el Gobierno la reconversión de la plataforma de alta velocidad entre Sevilla y Antequera, recuperando los tramos finalizados entre Marchena y Antequera integrándola con la actual línea convencional mejorada, de forma que
permita impulsar un verdadero eje transversal ferroviario de
Andalucía que impulse la movilidad sostenible y la conectividad entre núcleos de población intermedios (Marchena, Arahal, Utrera, Osuna, Antequera y Bobadilla)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2018.-Sergio Pascual Peña, Diputado.
181/001394
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Pilar Rojo Noguera
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno llevar a término las obras de 'Mejora de trazado y remodelación de intersecciones N-541. Tramo: P.K. 66+500-P.K 90+700' en la provincia de Pontevedra, a su paso por la parroquia de Viascón en el Ayuntamiento de
Cerdedo-Cotobade?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2018.-Pilar Rojo Noguera, Diputada.
181/001395
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Isabel Cabezas Regaño
Texto:
¿En qué fecha y qué empresa resultó adjudicataria de los estudios informativos para la conversión de la N-432 en la futura autovía A-81?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2018.-Isabel Cabezas Regaño, Diputada.
181/001397
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Félix Alonso Cantorné
Dirigida al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
Texto:
Desde el 1 de noviembre, las aerolíneas Ryanair y Wizz Air cobran por el equipaje de mano que los viajeros y viajeras lleven consigo.
Consecuencia de ello, el Gobierno italiano ha ordenado provisionalmente la suspensión de la nueva política de equipaje de mano de estas compañías al considerar que debería estar incluido en la tarifa estándar.
Por nuestra parte, el artículo 97 de la Ley 48/1960, de Navegación Aérea, estipula textualmente que:
'El transportista estará obligado a transportar juntamente con los viajeros, y dentro del precio del billete, el equipaje con los límites de peso, independientemente del número de bultos, y volumen que fijen los Reglamentos.
El exceso será objeto de estipulación especial.
No se considerará equipaje a este efecto los objetos y bultos de mano que el viajero lleve consigo. El transportista estará obligado a transportar de forma gratuita en cabina, como equipaje de mano, los objetos y bultos que el viajero lleve
consigo, incluidos los artículos adquiridos en las tiendas situadas en los aeropuertos. Únicamente podrá denegarse el embarque de estos objetos y bultos en atención a razones de seguridad, vinculadas al peso o al tamaño del objeto, en relación con
las características de la aeronave.'
Por ello se pregunta:
¿Contempla el Ministerio de Fomento y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, tal y como ha hecho el ejecutivo italiano, y en base a la normativa estatal vigente, suspender el cobro del suplemento de equipaje de mano al ser un sobrecoste que
debería estar incluido en la tarifa estándar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.
181/001404
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Ricardo Sixto Iglesias
Texto:
¿Cuántos estudios ha elaborado el Ministerio de Fomento sobre el acceso norte al puerto de Valencia, qué resultados han arrojado y cuál ha sido el coste de dichos estudios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2018.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.
181/001405
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Marcial Gómez Balsera
Texto:
¿Tiene el Gobierno un plan presupuestado para el Corredor Atlántico, prioritario para la Unión Europea, que comprometa fechas, inversión y plazos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.-Marcial Gómez Balsera, Diputado.
181/001406
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña María Virginia Millán Salmerón
Texto:
¿Cuál es el estado de ejecución de la partida presupuestaria contenida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 para la realización de la conexión ferroviaria entre la Estación de Santa Justa y el Aeropuerto de San Pablo de
Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.-María Virginia Millán Salmerón, Diputada.
181/001407
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Antonio Gómez-Reino Varela
Dirigida a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
Pregunta:
¿Tiene previsto el Gobierno asumir la totalidad de la deuda de la Autoridad Portuaria de A Coruña o hacer algún tipo de aportación equivalente, tal como viene demandando el Ayuntamiento de A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.
181/001409
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Ana María Zurita Expósito
Texto:
¿Podría especificar el Gobierno qué fórmulas buscará para sacar las viviendas vacías al mercado del alquiler, según anunció el ministro Ábalos en la Comisión de Fomento y en diversos medios de comunicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2018.-Ana María Zurita Expósito, Diputada.
181/001410
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Ana María Zurita Expósito
Texto:
¿Podría especificar el Gobierno de qué manera piensa hacer efectivo el anuncio efectuado por el ministro Ábalos en la Comisión de Fomento, acerca de la construcción de 20.000 viviendas para resolver el problema de los precios de alquiler?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2018.-Ana María Zurita Expósito, Diputada.
181/001411
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Ana María Zurita Expósito
Texto:
¿Podría especificar el Gobierno en qué consisten las medidas de penalización a los propietarios de viviendas desocupadas, así como las de 'seducción' a los mismos propietarios para incentivar el alquiler, anunciadas por el ministro de
Fomento en los medios de comunicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2018.-Ana María Zurita Expósito, Diputada.
181/001440
A la Mesa de la Comisión de Fomento
Don Íñigo Barandiaran Benito, Diputado por Gipuzkoa perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, al amparo de lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de
la que desea obtener respuesta oral en la Comisión de Fomento.
¿Qué consecuencias prevé el Gobierno que puedan tener en la ejecución de la 'Y' vasca los retrasos habidos en la licitación y/o adjudicación de las distintas fases del proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2018.-Íñigo Barandiaran Benito, Diputado.
Comisión de Educación y Formación Profesional
181/001398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, conforme recoge el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su respuesta en la
Comisión de Educación y Formación Profesional.
¿Tiene previsto el Gobierno proceder a la retirada de la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a Francisco José Vázquez Vázquez, tras las
declaraciones hechas en la Cadena Cope el pasado 31 de octubre de 2018, en las que atentaba contra la libertad de las mujeres y contra los valores democráticos en nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001412
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputada doña María Ascensión Carreño Fernández
Texto:
¿Considera el ministro al sector agroalimentario como un sector estratégico para nuestra economía, ya que garantiza el suministro de alimentos, y por qué está tardando tanto en poner en orden la planificación del sector, cuando se encontró
elaborado un Plan Estratégico Global del Sistema Agroalimentario, Horizonte 2030?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.-María Ascensión Carreño Fernández, Diputada.
181/001413
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputada doña María Ascensión Carreño Fernández
Texto:
¿Considera el ministro que es necesario fomentar las condiciones de vida en el medio rural e invertir en la viabilidad y vitalidad de estos territorios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.-María Ascensión Carreño Fernández, Diputada.
181/001414
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputada doña María Ascensión Carreño Fernández
Texto:
¿Qué opinión tiene este Gobierno sobre la agenda para la digitalización del sector agroalimentario y forestal del medio rural que dejó preparada el Gobierno del Partido Popular?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.-María Ascensión Carreño Fernández, Diputada.
181/001415
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputada doña María Ascensión Carreño Fernández
Texto:
¿Es optimista el ministro con la negociación de la PAC post 2020, porque piensa que se puede aplazar si no hay presupuestos europeos y se termina la legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.-María Ascensión Carreño Fernández, Diputada.
181/001416
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputada doña María Ascensión Carreño Fernández
Texto:
¿Le parece al ministro suficientemente ambicioso incorporar en torno a 20.000 jóvenes a la actividad agraria antes de diciembre de 2020, tal y como establece la Estrategia de Modernización y Desarrollo Rural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.-María Ascensión Carreño Fernández, Diputada.
181/001417
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputada doña María Ascensión Carreño Fernández
Texto:
¿Qué aspectos considera el Ministerio más importantes de la agenda para la digitalización del sector agroalimentario y forestal del medio rural, y cuándo tiene la intención de ponerla en marcha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.-María Ascensión Carreño Fernández, Diputada.
181/001418
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputada doña María Ascensión Carreño Fernández
Texto:
¿Qué medidas está tomando este Gobierno para evitar que la infección de peste porcina africana entre en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.-María Ascensión Carreño Fernández, Diputada.
181/001419
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputada doña María Ascensión Carreño Fernández
Texto:
¿En qué situación se encuentra la negociación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) Europea post 2020?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.-María Ascensión Carreño Fernández, Diputada.
181/001420
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputada doña María Ascensión Carreño Fernández
Texto:
¿Qué iniciativas está planteando el Ministerio para la promoción de las mujeres del medio rural, dentro de la elaboración del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2018-2021?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.-María Ascensión Carreño Fernández, Diputada.
181/001421
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputada doña María Ascensión Carreño Fernández
Texto:
¿Cuando el ministro habla de los retos de la digitalización, es porque se ha leído la propuesta de agenda para la digitalización del sector agroalimentario y forestal del medio rural?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.-María Ascensión Carreño Fernández, Diputada.
181/001422
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputada doña María Ascensión Carreño Fernández
Texto:
¿Qué seguimiento está realizando el Gobierno sobre la repercusión de la subida de los precios del carburante agrícola y el impacto sobre el precio de los alimentos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.-María Ascensión Carreño Fernández, Diputada.
181/001423
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputada doña María Ascensión Carreño Fernández
Texto:
¿Cómo está estableciendo, este Gobierno, una postura común y de consenso en la negociación de la futura PAC post 2020?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2018.-María Ascensión Carreño Fernández, Diputada.
Comisión de Transición Ecológica
181/001393
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Diputada doña Sara Carreño Valero
Dirigida al Secretario de Estado de Agricultura
Texto:
¿Cómo valora el Ministerio de Agricultura el coste medioambiental, y en concreto la destrucción de viñedo estimada en 30 millones de euros en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que provocará la ejecución del proyecto de AVE Miranda-Castejón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2018.-Sara Carreño Valero, Diputada.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
181/001424
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
Diputada doña María Torres Tejada
Texto:
¿Cuál va a ser el modelo de becas universitarias, la dotación, cuantía de la beca y número de beneficiarios que ha acordado el Gobierno con el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2018.-María Torres Tejada, Diputada.
181/001425
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
Diputada doña María Jesús Moro Almaraz
Texto:
¿Va a someter el Gobierno la tesis doctoral de Pedro Sánchez al Comité Español de Ética?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2018.-María Jesús Moro Almaraz, Diputada.
181/001426
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
Diputado don Miguel Ángel Viso Diéguez
Texto:
¿Cuál es el contenido de la declaración firmada el 17 de octubre entre la Ministra de Educación y Formación Profesional y el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades relativa a iniciar los estudios orientados a la reforma del sistema
de becas y ayudas al estudio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2018.-Miguel Ángel Viso Diéguez, Diputado.
181/001428
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
Diputado don Rubén Moreno Palanques
Texto:
¿Qué medidas propone el Gobierno para romper la brecha de género en la universidad española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2018.-Rubén Moreno Palanques, Diputado.
181/001429
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
Diputada doña María Sandra Moneo Díez
Texto:
¿Puede el Gobierno explicar los motivos por los que se ha ausentado de las sesiones de control el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2018.-María Sandra Moneo Díez, Diputada.
181/001430
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
Diputada doña María Valentina Martínez Ferro
Texto:
¿Qué fórmulas de financiación propone el Gobierno para garantizar la función de transferencia del conocimiento de la universidad española?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2018.-María Valentina Martínez Ferro, Diputada.
181/001431
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
Diputada doña Loreto Cascales Martínez
Texto:
¿Qué compromisos ha adquirido el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades con la Asociación de Afectados por los Préstamos Renta Universidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2018.-Loreto Cascales Martínez, Diputada.
181/001432
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
Diputado don Juan Bravo Baena
Texto:
¿Quiénes componen cada una de las mesas de trabajo que ha creado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, relativas al Estatuto del Personal Docente e Investigador, a la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y a
la internacionalización de la universidad española, y cuáles han sido los criterios de selección y calendario de cada una de las mesas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2018.-Juan Bravo Baena, Diputado.
181/001433
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
Diputada doña Ana Isabel Alós López
Texto:
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para garantizar la prueba de acceso a la universidad de todos los estudiantes en igualdad de condiciones?
parte 1
parte 2