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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 355, de 23/05/2018
cve: BOCG-12-D-355 PDF



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


XII LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


23 de mayo de 2018


Núm. 355



ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Comisión de Justicia


161/003257 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a impulsar la creación de una Comisión de expertos, ad-hoc, paritaria para proponer una reforma del Código Penal en relación a la tipificación de los
delitos de agresión sexual ... (Página6)


Comisión de Interior


161/003243 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil de la parroquia de Castrelo,
en el Ayuntamiento de Cambados (Pontevedra), afectada por la ciclogénesis explosiva producida el día 23/03/2018 ... (Página7)


161/003245 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la adopción de medidas que permitan reducir la tasa de suicidio policial entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ... href='#(Página8)'>(Página8)


161/003254 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la necesidad de equipamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ceuta ... (Página10)


161/003258 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la condena absoluta de la violencia y las cargas policiales realizadas el 1 de octubre en Cataluña ... (Página11)


Comisión de Defensa


161/003275 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a ensalzar la aportación de la mujer a las Fuerzas Armadas ... (Página13)


Comisión de Hacienda y Función Pública


161/003260 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de incrementar la plantilla en el Centro de Atención a Personas con Discapacidades Físicas de
Ferrol ... (Página14)



Página 2





161/003261 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo para incrementar la plantilla en el Centro de Atención a
Personas con Discapacidades Físicas de Ferrol ... (Página16)


161/003267 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la suficiencia de los ingresos públicos y el incremento de la progresividad del sistema tributario ... href='#(Página18)'>(Página18)


Comisión de Fomento


161/003248 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la aprobación de un Plan Especial de Infraestructuras para Andalucía ... href='#(Página21)'>(Página21)


161/003256 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los recortes en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos ... (Página25)


161/003262 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reparación del firme de la autovía A-4 a su paso por las provincias andaluzas de Córdoba, Jaén, Sevilla y Cádiz ... href='#(Página25)'>(Página25)


161/003268 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a incluir, a través de ADIF, en el proyecto estratégico para favorecer el desarrollo tecnológico de la industria ferroviaria española, el tramo del
trazado ferroviario Soria-Castejón que transita por Cervera del Río Alhama (La Rioja), y especialmente a la estación situada en Valverde, conocida como Portazguillo ... (Página26)


161/003270 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cumplimiento del protocolo por parte del Ministerio de Fomento, del desarrollo y ejecución de las actuaciones relacionadas con la carretera de
titularidad estatal SE-20 ... (Página27)


161/003279 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la rehabilitación y reparación de las carreteras nacionales 621 y 625 ... (Página28)


Comisión de Educación y Deporte


161/003246 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la integración voluntaria de centros educativos concertados en la red pública ... href='#(Página30)'>(Página30)


161/003247 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al uso abusivo de la figura del Profesor Asociado ... (Página31)


161/003253 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre la Ley 4/2018, de 21 de febrero, de la Generalitat, por la que se regula y promueve el
plurilingüismo en el sistema educativo valenciano ... (Página33)


161/003273 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a facilitar el acceso de las instituciones educativas a la plataforma Enclave RAE ... (Página35)


Comisión de Empleo y Seguridad Social


161/003250 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a estudiar la inclusión del biotecnólogo como profesión reglada en el Servicio Público de Empleo ... href='#(Página35)'>(Página35)



Página 3





Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital


161/003280 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora del sistema de certificación de eficiencia energética de edificios en nuestro país ... (Página37)


Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


161/003237 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas para evitar la electrocución de aves en torres eléctricas ... (Página38)


161/003238 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Agrícola Espino y Baena Franco ... href='#(Página40)'>(Página40)


161/003242 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a seguir en la línea de apoyo y defensa al sector citrícola español y europeo ante la entrada de cítricos
procedentes de terceros países ... (Página41)


161/003277 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la construcción de la presa de 'La Cerrada de la Puerta' en Pozo Alcón ... (Página42)


161/003278 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la gestión eficiente en la explotación del servicio de abastecimiento de agua en alta del sistema Víboras-Quiebrajano ... href='#(Página44)'>(Página44)


Comisión de Sanidad y Servicios Sociales


161/003239 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de regulación de las funciones de los técnicos y técnicas en cuidados de Enfermería, así como
su correcta clasificación ... (Página45)


161/003244 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitar un informe de análisis y propuestas para una gestión de profesionales acorde a los retos actuales y futuros del Sistema Nacional de Salud
... (Página51)


161/003264 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a que los consumidores vulnerables gocen de una especial protección ... (Página55)


161/003269 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas a adoptar de refuerzo, estructural y organizativo en el Puesto de Inspección Fronteriza del puerto de Algeciras ... href='#(Página57)'>(Página57)


161/003274 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a mejorar la detección temprana del Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) y su posterior tratamiento ... (Página58)


Comisión de Cultura


161/003251 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO ... (Página59)


161/003265 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al retrasado proyecto de reforma y rehabilitación de la Biblioteca Pública del Estado 'Azorín' de la ciudad
de Alicante ... (Página60)



Página 4





161/003281 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo a la declaración del Cementerio Civil-Memorial 'La Barranca', La Rioja, como Bien de Interés Cultural (BIC) ... href='#(Página61)'>(Página61)


Comisión de Igualdad


161/003249 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al fomento de la igualdad en el ámbito científico y tecnológico ... (Página62)


161/003252 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la Comisión General de Codificación ... (Página63)


161/003255 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la paridad en la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, así como en el resto de
órganos de la Administración General del Estado ... (Página67)


161/003271 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a acelerar la incorporación de las mujeres a los órganos colegiados, comités de personas expertas o comités consultivos, nacionales o
internacionales, vinculados a cada uno de los Ministerios ... (Página70)


161/003276 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a combatir la brecha salarial ... (Página72)


Comisión para el Estudio del Cambio Climático


161/003263 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la puesta en marcha de las medidas necesarias y efectivas para la protección de las aguas españolas del
Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos ... (Página73)


Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad


161/003272 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a mejorar la detección temprana del Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) y su posterior tratamiento ... (Página74)


Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible


161/003241 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la flexibilización de la normativa de conducción y descanso de los conductores profesionales del transporte de mercancías en aras a la
seguridad vial y la conciliación laboral y familiar ... (Página76)


161/003259 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al atropello de lobos en el paso de la A-1 por Somosierra ... (Página77)


Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia


161/003266 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la protección de la infancia y la adolescencia en eventos taurinos ... href='#(Página78)'>(Página78)



Página 5





PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


Comisión de Educación y Deporte


181/001021 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Antonio García Mira (GS), sobre razones que justifican el retraso de seis años en el desarrollo de la Orden que debería regular el Grado de Psicología y dar así cumplimiento a lo
dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, relativa a la regulación de la titulación de Grado en Psicología ... (Página79)


Comisión de Empleo y Seguridad Social


181/001023 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre motivos por los que el Gobierno no ha ratificado todavía la Carta Social Europea revisada en el año 1996, firmada por España en el año 2000, ni ha
firmado y ratificado el Protocolo de Reclamaciones Colectivas de 1995 ... (Página79)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


184/030924 Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia Campos Arteseros, Herick Manuel


Solicitud de los beneficios fiscales contemplados en la disposición adicional sexagésima sexta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, aplicables al evento de salida de la vuelta al mundo a
vela 'Alicante 2017' ... (Página80)



Página 6





CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión de Justicia


161/003257


A la Mesa de la Comisión de Justicia


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Lourdes Ciuró i Buldó y Carles Campuzano i Canadés, Diputados del Partit Demòcrata, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan, para su
debate ante la Comisión de Justicia, una Proposición no de Ley para impulsar la creación de una Comisión de Expertos, ad-hoc, paritaria para proponer una reforma del Código Penal en relación a la tipificación de los delitos de agresión sexual.


Exposición de motivos


El pasado 26 de abril, se hizo pública la sentencia del juicio de 'La Manada', relativa a unos hechos ocurridos durante el San Fermín de 2016 cuando cinco jóvenes violaron y abusaron sexualmente de una chica. La sentencia causó mucho
revuelo ya que cualifica los hechos como 'abuso sexual', en lugar de violación grupal. El contenido de la sentencia, ha producido un amplio rechazo dentro y fuera de las fronteras del estado. Han sido muchos los sectores y personas que, de manera
colectiva o a título personal, así lo han expresado, miles de personas salieron a protestar en apoyo a la víctima y en contra de la decisión judicial por las calles de ciudades en todo el Estado.


La sentencia no solo ha provocado reacción en la calle. En un comunicado de la coordinadora ejecutiva y portavoz de Naciones Unidas sobre acoso sexual, Purna Sen, critica que la sentencia 'subestime la gravedad de la violación y socava la
clara obligación de defender los derechos de las mujeres'.


El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el Ministro de Educación, Cultura y Deporte y Portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, anunciaron inmediatamente su intención de valorar la posibilidad de modificar el Código Penal en relación a
la tipificación de los delitos de agresión sexual. Para ello, el Ministro de Justicia ha encargado, a través de la sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación, el estudio de la reforma del Código Penal centrada en cómo se
regulan las agresiones sexuales.


Ninguna objeción a este planteamiento, excepto en una cuestión clave: la totalidad de los 20 miembros de dicha sección son hombres, ninguna mujer. ¿Tiene algún sentido que la opinión 'experta' sobre visión de los cambios a incorporar en la
tipificación penal de los delitos sexuales sea 100% masculina?


La Comisión General de Codificación, se organiza en secciones: Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Público, Derecho Penal y Derecho Procesal. De acuerdo con los Estatutos, el Ministro de Justicia tiene atribuida su Presidencia y le
corresponde encargar, al Presidente de la Sección que corresponda, la elaboración de propuestas normativas, dictámenes o informes, dirimir con su voto los empates que se produjeren en las reuniones que presida, dar posesión a los miembros de la
Comisión, o asignar los vocales a las distintas Secciones, por ejemplo. Paradójicamente, de la totalidad de los 120 vocales permanentes solo diecisiete son mujeres y ninguna de ellas forma parte de la sección de Derecho Penal a la que el Ministro
ha encargado el informe.



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Que el órgano encargado de estudiar la modificación de la tipificación de los delitos de agresión sexual esté formado por veinte hombres y ninguna mujer no es admisible en una democracia del siglo XXI, más aún cuando hay paridad de género en
la abogacía y en las instituciones judiciales o incluso mayor representación femenina. Actualmente hay 2.858 juezas y magistradas en activo y suponen el 53,2% de la Carrera Judicial, (datos del 'Informe sobre la Estructura de la Carrera Judicial'
publicado el pasado 28 de marzo por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial).


Por todo ello, las Diputadas y Diputados del Partit Demòcrata (PDeCAT) presentamos la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear, en el plazo máximo de un mes, una Comisión de expertos, ad-hoc, paritaria entre hombres y mujeres, con miembros de la Comisión General de Codificación y profesionales externos, que
tenga por objetivo elaborar un informe sobre la reforma del Código Penal en relación a la tipificación de los delitos de agresión sexual.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2018.-Lourdes Ciuró i Buldó, Diputada.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Interior


161/003243


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada doña Ángela Rodríguez Martínez, al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil de la parroquia de Castrelo, en el Concello de Cambados (Pontevedra), afectada por la ciclogénesis explosiva producida el día 23 de marzo de 2018, para su
debate en la Comisión de Interior.


Exposición de motivos


El paso de la ciclogénesis explosiva 'Hugo', con vientos que superaron los 110 kilómetros por hora, provocó numerosas incidencias en la comarca del Salnés y en el Concello de Cambados, concretamente en la parroquia de Castrelo, donde un
tornado sorprendió a los vecinos la tarde del 23 de marzo. Fueron apenas unos segundos, pero la virulenta fuerza del viento afectó directamente a una docena de viviendas y a varios negocios de la zona, que vieron como volaban los tejados, se
rompían los cristales de muchas ventanas e incluso se derrumbaban balados (muros divisorios de fincas), así como afectaba a muchas zonas agrícolas de la parroquia.


Esto, en una parroquia como Castrelo, ocasiona un grave perjuicio económico a todos los afectados, en particular, a los agricultores y viticultores de la zona y, como consecuencia, al resto de sectores económicos, que dependen en gran medida
de que el sector primario tenga vitalidad e genere beneficios.


La gestión de estas emergencias y la minimización de los daños requieren el esfuerzo y la colaboración de todas las Administraciones Públicas implicadas mediante su actuación coordinada.


En este sentido, el pasado 10 de abril de 2018, el grupo municipal 'Somos Cambados' presentó una moción ante el Concello de Cambados para que se declare zona catastrófica la parroquia de Castrelo.


En dicha moción se expresaba la necesidad de que las distintas administraciones acometan actuaciones dirigidas a tratar de paliar las pérdidas que la primera ciclogénesis explosiva de esta primavera, 'Hugo', causó al sector agrícola, las
empresas y tos vecinos de la parroquia de Castrelo.


El artículo 2.5 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil define la 'emergencia de protección civil' como la 'situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o
bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes



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públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe' y el artículo 5 de la misma Ley reconoce el derecho de todos los residentes en el territorio español a ser atendidos por las Administraciones
públicas en caso de catástrofe.


Concurren, pues, todos los requisitos legales para la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para la parroquia de Castrelo, afectada por la ciclogénesis explosiva 'Hugo' del pasado 23 de marzo y la
adopción de la totalidad de las medidas que procedan de las establecidas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, así como, en su caso, la concesión de las subvenciones contempladas en Real
Decreto 307/2005, de 18 de marzo y demás disposiciones de aplicación, con carácter urgente, al objeto de restablecer la normalidad en el área afectada y paliar los daños producidos a la mayor brevedad.


Por todo ello, la Diputada firmante, recogiendo y reconociendo la solicitud formulada por el grupo municipal del Concello de Cambados, 'Somos Cambados', formula la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con carácter urgente:


1. Declare zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil la parroquia de Castrelo en el Concello de Cambados (Pontevedra), afectada por la ciclogénesis explosiva 'Hugo' del día 23 de marzo de 2018.


2. Adopte la totalidad de las medidas que procedan de las establecidas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y


3. Conceda las subvenciones contempladas en Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo y demás disposiciones de aplicación que se soliciten, entre otras:


- Ayudas directas que compensen los daños en los cultivos afectados.


- Exención de las cuotas a la Seguridad Social del Régimen Especial Agrario.


- Reducción de los índices de rendimiento neto en el método de estimación objetiva del IRPF y del Régimen Simplificado del IVA.


- Créditos con subvención de amortizaciones e intereses.


- Adelanto de los pagos correspondientes a subvenciones por superficie.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2018.-Ángela Rodríguez Martínez, Diputada.-


161/003245


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre la adopción de medidas que permitan reducir la tasa de suicidio policial entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para su debate en la Comisión de Interior.


Exposición de motivos


Según numerosos informes, el suicidio policial se ha convertido en una de las actuales lacras de los cuerpos policiales, con una dimensión internacional además, dada la universalidad de la profesión. A niveles de Unión Europea, España se
situaría por detrás de Francia como uno de los países con mayor tasa de suicidio policial. Sin embargo, esta elevada tasa contrasta con la opacidad con la que se ha abordado esta problemática por parte de las autoridades españolas competentes,
hasta el punto de haber sido considerada como un 'tabú' sobre el que poco se ha podido debatir públicamente.



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Conviene recordar el desgaste psicofisiológico que supone la profesión de policía, una profesión puramente vocacional en la que - paradójicamente- está presente una 'mochila emocional' ante la que no todos los agentes saben reaccionar
adecuadamente principalmente por la falta de medios y asistencia que se detallarán a continuación.


Así pues, nos encontramos ante un problema que afecta a todos los niveles de la escala policial, y a la totalidad de fuerzas policiales existentes en España: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fundamentalmente, pero también a las
policías autonómicas y locales existentes en nuestro país. Teniendo en cuenta que la Administración General del Estado es competente para dar solución al suicidio policial únicamente en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, centraremos
esta iniciativa en este colectivo.


La profesión policial constituye una profesión de riesgo extremo en la que llama sumamente la atención el número de suicidios policiales registrados. Especialmente trágico fue el pasado año 2017 en cuanto a número de suicidios registrados.
En lo que respecta a la Guardia Civil, según datos del Ministerio del Interior, el número de suicidios registrados en el año 2017 ascendió a quince casos (siendo los meses de julio y agosto los meses en los que más casos se registraron) y; según
las asociaciones representativas de la Guardia Civil, el número de casos registrados ascendió a veintidós casos en la Benemérita.


Al margen de esta disparidad en cuanto al número de casos de suicidio registrados, el escenario sigue resultando alarmante y no difiere mucho del escenario que presenta la Policía Nacional, donde el pasado año 2017 se registraron en torno a
quince casos de suicidio -según fuentes oficiales-, siendo también los meses de julio y agosto el periodo en el que más casos de suicidio se registraron.


2017 se convirtió así en el año más trágico para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en términos de suicidios cometidos (con una media de más de un caso al mes), y el escenario de este año 2018 no parece mejorar, pues sólo en
Guardia Civil se han registrado ya 8 casos de suicidio en lo que llevamos de año.


Observando los datos de la tasa de suicidios del INE, se puede comprobar que los cuerpos policiales presentan una tasa de suicidios superior a la del resto de la población; y esto es así a pesar incluso de que sus agentes deban superar una
serie pruebas psicológicas para ingresar en sus respectivos cuerpos policiales, y pese a contar -algunos de ellos- con un grupo de trabajo sobre 'Conductas Anómalas' que, como se ha podido constatar hasta el momento, adolece de eficacia.


Este alto índice de suicidios coincide además con la reducción del servicio de psicología con el que cuentan estos cuerpos policiales. Por ejemplo, en el caso de la Guardia Civil y según datos del Gobierno, para atender a los más de 77.000
agentes, el Instituto Armado cuenta únicamente con 62 psicólogos cuyas plazas no se están renovando una vez dejan de prestar su servicio en el Instituto Armado. De acuerdo con estas cifras, se extrae así una media de un psicólogo por cada 1.242
agentes; una cifra tremendamente alarmante si tenemos en cuenta además el incremento de bajas psiquiátricas que se han estado registrando en los dos últimos años.


Sin embargo, a pesar de estas preocupantes cifras, el Gobierno de la nación sigue de brazos cruzados y no adopta medidas reales y efectivas que permitan reducir este dramático escenario. A esto se suma además, la escasa información que el
Ministerio del Interior facilita al respecto, especialmente a nivel de tentativas de suicidio que no siempre son tratadas oficialmente como tal.


Hasta el momento, el Gobierno está achacando como causa principal de este alto índice, a las situaciones personales de los agentes así como a la tenencia de armas. No tiene en cuenta así, cuestiones tan relevantes como son: el mal clima
laboral que existe ocasionalmente en algunas unidades; la falta de externalización de los servicios psicológicos; la inadecuada utilización de la escala de mando (especialmente en el Instituto Armado); la reiterada aplicación del Código Penal
Militar en el caso de la Guardia Civil; o la falta de evaluación de los riesgos laborales a los que están expuestos los agentes.


Es importante recordar también que ante esta falta de reacción y transparencia por parte de un Gobierno que parece más preocupado por preservar su imagen pública que por dar soluciones a este problema de salud pública, distintos sindicatos y
asociaciones representativas de la Guardia Civil y Policía Nacional llevan meses reclamando la necesidad de abordar este problema de forma prioritaria.


Para ello, sindicatos y asociaciones representativas han planteado la necesidad de crear una comisión de estudio multidisciplinar en la que -además de los propios miembros de la Guardia Civil y Policía Nacional- participen asociaciones,
técnicos especializados ajenos a estos dos cuerpos policiales, la Dirección General de la Guardia Civil y la Dirección General de Policía, así como representantes



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parlamentarios. Precisamente, desde este grupo parlamentario hemos reivindicado en numerosas ocasiones la necesidad de externalizar e incrementar los servicios de psicología si queremos acabar con esta lacra.


Desde su creación, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional han demostrado profesionalidad y respeto por las instituciones, y los ciudadanos españoles así se lo reconocen año tras año en las encuestas del CIS. Es precisamente por
este reconocimiento y profesionalidad que las fuerzas políticas debemos instar al Gobierno a que encuentre soluciones a este acuciante problema de salud pública.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Actualizar el Protocolo Anti-Suicidios del que dispone la Guardia Civil y aprobar otro Protocolo para la Policía Nacional, de forma a acrecentar su eficacia a la hora de detectar posibles casos de suicidio, con el objeto de conseguir una
mayor democratización de las políticas de recursos humanos de nuestros cuerpos policiales y promoviendo la mejora de la salud mental, así como la conciliación personal y laboral de los agentes.


2. Crear un Organismo Independiente formado por miembros ajenos a la Administración General del Estado que analice urgentemente las causas objetivas del alto índice de suicidios y los riesgos psicosociales en los puestos de trabajo, que
establezca una metodología de trabajo que permita reducir los casos de suicidio, y que prevea unas herramientas de trabajo eficaces para reducir en el futuro las tasas de suicidio policial.


3. Incrementar la asistencia psicológica de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de grupos de profesionales independientes y a través de un sistema sanitario público y de calidad.


4. Incrementar la periodicidad de las revisiones psicológicas a través de una planificación de protocolos de ayuda y de seguimiento, así como de la evaluación de salud mental de los agentes, sin que estos mecanismos puedan desatar
consecuencias de carácter punitivo.


5. Realizar un estudio sobre clima laboral en el que trabajan los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que sea elaborado por un organismo independiente, y en el que puedan participar además las distintas asociaciones
representativas y sindicatos de estos dos cuerpos policiales.


6. Aplicar de forma efectiva la correspondiente normativa de riesgos laborales de Guardia Civil y Policía Nacional.


7. Reforzar el estudio y seguimiento de casos de tentativa de suicidio.


8. Incorporar contenidos formativos sobre gestión del estrés y mecanismos de detección de conductas potencialmente suicidas en la formación académica que reciben las FCSE.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


161/003254


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Diputado don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre la necesidad de equipamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ceuta, para su debate en la Comisión de Interior.


Exposición de motivos


Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan sus servicios en Ceuta, más allá de cumplir con sus obligaciones, tales como el cumplimiento de la legalidad, así como el mantenimiento del orden y la seguridad, arriesgan su vida
casi a diario al enfrentarse a situaciones límite durante el desarrollo de operaciones de rescate en el mar.



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La Ciudad Autónoma recibe casi a diario embarcaciones llenas de mujeres, en diversas ocasiones embarazadas, hombres y niños, que muchas veces se encuentran en condiciones poco saludables, tras el largo camino que han tenido que recorrer
desde sus países de origen en lanchas a motor, botes o embarcaciones sin ningún tipo de seguridad.


Tras la travesía desde sus países de origen, cuando llegan a la costa ceutí, se lanzan desde las lanchas con la intención de alcanzar suelo español, intentando sobrevivir al oleaje, que unido a las deplorables condiciones en las que viajan,
así como que muchos de ellos son bebés o niños de edad tempranas que no saben nadar, se exponen a perecer ahogados.


Por ello, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan sus servicios en la Ciudad Autónoma se ven implicados de forma habitual en la realización de este tipo de operaciones de rescate que ponen en riesgo su vida y su integridad
física de forma repetida.


Para que los efectivos puedan realizar estas operaciones de forma eficaz y segura, es necesario que se les dote del equipamiento básico necesario para la realización de sus labores, como chalecos salvavidas, boyas torpedo o latas de rescate
acuático, cuyo uso reduzca los riesgos para la vida de los efectivos que se disponen a salvar vidas, y así mismo la de las personas que necesitan auxilio, así como asegurar el éxito de este tipo de operaciones de rescate.


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan sus servicios en la Ciudad Autónoma de Ceuta del equipamiento básico necesario para la realización de las operaciones de rescate, que incluyan chalecos salvavidas, boyas
torpedo y latas de rescate acuático, con la finalidad de reducir el riesgo que supone para los efectivos la realización de este tipo de operativos así como para asegurar el éxito de las labores de rescate.'


Palacio del Congreso de los Diputados,10 de mayo de 2018.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


161/003258


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit Demòcrata don Feliu Guillaumes i Ràfols, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de
Interior, una Proposición no de Ley para la condena absoluta de la violencia y las cargas policiales realizadas el 1 de octubre en Catalunya.


Antecedentes


El pasado 20 de septiembre llegan al puerto de Barcelona y Tarragona tres embarcaciones por orden del Gobierno español para alojar efectivos policiales para el 1 de octubre y evitar el referéndum. Finalmente, estas embarcaciones sirvieron
para alojar un gran efectivo de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, unos agentes que llegaron con las aclamaciones de diferentes ciudades del Estado al grito de '¡a por ellos!'. Esta estancia se iba ampliando semana tras semana hasta que la
misión encomendada finalizó el día 30 de diciembre de 2017.


El 1 de octubre, Guardia Civil y Policía Nacional salieron del puerto de Barcelona y Tarragona y de otras dependencias en los que se estaban alojados para impedir el referéndum. Lo hicieron a través de numerosas cargas policiales, con
violencia, fuerza y sin mesura. La primera de las cargas policiales fue en Sant Julià de Ramis, en el colegio electoral donde tenía que votar el President de la Generalitat, Caries Puigdemont. Una cincuentena de efectivos se presentó a las 09:00
de la mañana y empezaron a empujar a personas que hacían cola frente a la escuela, rompieron cristales para poder acceder dentro del colegio. En Barcelona, el primer colegio donde hacen la primera carga policial es en el Col.legi Ramon Llull donde
se presentaron agentes antidisturbios de la Policía Nacional y empezaron una carga brutal contra la gente



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que esperaba fuera. Y así se puede ampliar la lista y pasar por Lleida, Girona, Tarragona, Sant Carles de la Ràpita, Sabadell, Alguaviva, Alcarràs, Dosrius, hasta llegar a 92 colegios electorales. El mapa de las cargas policiales llena
toda Catalunya.


Duras cargas policiales que se iniciaron a primera hora de la mañana contra gente de todas las edades que quería votar. El Departamento de Salud de la Generalitat confirmó el día 20 de octubre que hay 1.066 heridos a consecuencia de las
heridas de las acciones policiales. Imágenes que han dado la vuelta al mundo. Muchos medios de comunicación se hicieron eco de las imágenes, vídeos, fotografías y testimonios que dan la vuelta al mundo. Noticias y portadas de diarios con
titulares como 'The shame of Europe' (CNN), 'Hundreds hurt as Catalonia poll descends into violence' (The Guardian), 'Spain torn apart as 850 hurt in referendum riots' (The Times), 'EU crisis over Catalan poll violence' (The Daily Telegraph),
Spain's day of shame (The National), Hundreds hurt as police storm polling stations in Catalan vote (Financial Times) o 'Le coup de force' (Libération) y todos acompañados por imágenes de las cargas policiales.


Ese mismo día, miembros del Gobierno del Estado hicieron declaraciones a la prensa donde se valoró la actuación de las cargas policiales, entre ellas destacamos: Soraya Sáenz de Santamaría, Vicepresidenta, ministra de la Presidencia y para
las Administraciones Territoriales: 'La absoluta irresponsabilidad de la Generalitat ha tenido que ser suplida por la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ellos han cumplido las órdenes de la justicia, han actuado con
profesionalidad y de modo proporcional y proporcionado. El objeto de sus actuaciones nunca han sido las personas sino el material electoral. Han buscado siempre proteger los derechos y las libertades'. Enric Millo, Delegado del Gobierno en
Catalunya: 'Nos vemos obligados a hacer lo que no queríamos hacer'. Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno: 'Quiero dar desde aquí las gracias a los partidos políticos, que han mostrado su lealtad con el Estado en esta difícil circunstancia; a
los jueces y fiscales, que han aplicado la Ley sin temor a los acosos antidemocráticos de que han sido objeto en las últimas fechas; de manera muy especial a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.
Han cumplido con su obligación y con el mandato que tenían de la Justicia. Hubiera sido más fácil para todos mirar hacia otro lado mientras se perpetraba un ataque tan grave a nuestra legalidad, pero no lo han hecho. Todos han respondido, con
lealtad, a su compromiso con la democracia y con el Estado de Derecho'.


En un país que siempre se ha destacado por condenar la violencia, no se puede aceptar ese tipo de declaraciones de justificación de la violencia, teniendo en cuenta la brutalidad de las cargas policiales y el no respeto a los derechos
fundamentales recogidos en la Constitución, y en el derecho internacional y comunitario como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos.


En este sentido, se han pronunciado diversos organismos e instituciones internacionales condenando dichas actuaciones policiales: el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, el comisario de
los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Todos condenan las cargas policiales y piden que se abra una investigación sobre los hechos.


En enero de 2018, el Ministro del Interior, en una comparecencia en el Senado confirmó que el coste de la operación Copérnico hasta aquel momento era de 87 millones de euros y fueron destinados hasta 6.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.


Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata, presentan la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados manifiesta:


1. La condena absoluta a la violencia y a las cargas policiales realizadas el 1 de octubre en Catalunya por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplazados a Catalunya.


2. El rechazo del ascenso del comandante de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable del dispositivo policial que coordinó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por la actuación con violencia de la Policía Nacional
y Guardia Civil contra ciudadanos pacíficos el 1 de octubre.


Además, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


3. Iniciar una investigación independiente sobre la violencia y las cargas policiales del 1 de octubre como piden el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el comisario de los Derechos Humanos del Consejo de
Europa, Amnistía Internacional o Human Rights Watch.



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4. Presentar un informe en la Comisión de Interior, en el plazo de un mes desde la aprobación de la presente Proposición no de Ley, que detalle los costes de desplazamiento, manutención compensaciones económicas extras y otros gastos
relacionados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desplazadas a Catalunya en relación al 1 de octubre, incluyendo los costes de las tres embarcaciones que estaban en los puertos de Barcelona y Tarragona, los hoteles y otras instalaciones en las
que se han alojado.


5. Presentar un informe en la Comisión de Interior, en el plazo de un mes desde la aprobación de la presente proposición no de ley, sobre las funciones encomendadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplazadas en Catalunya en
relación al 1 de octubre.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2018.-Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Defensa


161/003275


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para ensalzar la aportación de la
mujer a las Fuerzas Armadas, para su debate en la Comisión de Defensa.


Exposición de motivos


El 23 de febrero se han cumplido treinta años de la publicación del Real Decreto-ley 1/1988 que abría la incorporación de la mujer a determinados cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas.


Este proceso de incorporación progresiva se inició con la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar, que abrió la puerta a la participación de la mujer en
la Defensa Nacional, incluyendo en su artículo treinta y seis expresamente esta posibilidad.


El 23 de febrero de 1988 publicó en el 'Boletín Oficial del Estado' el Real Decreto-ley 1/1988, de 22 de febrero, por el que se regula la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas.


No fue hasta la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas cuando, como dice la Ley en su Exposición de motivos: 'el principio de igualdad se aplica con todas sus consecuencias al suspenderse la prestación
del servicio militar que sólo obligaba a los hombres y eliminarse cualquier discriminación a la mujer al no hacer distinciones en los destinos que puedan ocupar en el desarrollo de su ejercicio profesional'.


En estos años la mujer ha llegado a un nivel de excelencia igual al de sus compañeros masculinos, compartiendo las mismas misiones, en las mismas condiciones y corriendo los mismos riesgos.


El modelo de integración de la mujer en nuestras Fuerzas Armadas tras la Ley 17/1999, se distingue porque: no existe una cuota máximas de presencia de mujeres en ningún estamento; la mujer puede acceder a todos los Cuerpos y Escalas
militares; la mujer puede alcanzar todos los empleos militares; la mujer puede ocupar todos los puestos, incluidos los denominados puestos de combate.


Para entender la importancia de esta medida expresada en la Ley 17/1999, hay que destacar que, por ejemplo, en los Estados Unidos de América no es hasta finales de 2015, cuando se permitió acceder a las mujeres, a través de un proyecto
piloto, a las unidades de operaciones especiales; en el Reino Unido hasta 2016, no se les permitió prestar servicio en unidades combatientes y en los Países Bajos la mujer no puede acceder a unidades de Infantería de Marina y Submarinos.


En este momento la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas de España es mayor que el promedio de los países de la OTAN, un 12,7% en España frente al 11% en la OTAN. El porcentaje reclutamiento de mujeres en las Academias Generales
Militares de los tres ejércitos en España en 2016 ha sido del 14,3% y el de solicitudes de acceso a las mismas ha sido del 22,8%, por lo que es previsible un aumento de mujeres oficiales en un corto plazo, especialmente teniendo en cuenta que sólo
hace 18 años que las mujeres pueden acceder a todos los destinos.



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El proceso de apertura de las Fuerzas Armadas a la mujer ha sido tan exitoso que es reconocido internacionalmente como un referente en cuanto al modelo de integración de la mujer en las Fuerzas Armadas, siendo España frecuentemente requerida
por países que desean trasladar este modelo a sus propias Fuerzas Armadas realizando labores de asesoramiento y consulta.


Asimismo, la labor ejecutada por el Ministerio de Asuntos Exteriores liderando e impulsando acciones sobre protección de las mujeres en conflictos armados y la participación de las mujeres en paz y seguridad ha permitido la realización del
buen quehacer de las mujeres de nuestras Fuerzas Armadas en la formación en materia de género dentro de las misiones internacionales. No en vano, las Fuerzas Armadas españolas elaboraron en 2011 el Primer Curso Internacional de Asesoría de Género
en Operaciones Internacionales, siendo pioneras en el cuanto a aplicación de protocolos de género en zonas de conflicto, con iniciativas en Kenia, Somalia, Bosnia o Afganistán.


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Realizar estudios comparativos sobre los procesos de integración de la mujer en las Fuerzas Armadas, y la implementación de la perspectiva de género en operaciones internacionales con otros aliados de la OTAN.


2. Impulsar la divulgación de la participación de la mujer en nuestras FAS, remarcando que esta participación se realiza con el mismo nivel de excelencia que el exigido a sus compañeros.


3. Impulsar la participación de mujeres militares en operaciones internacionales y en los equipos de mediación con especial énfasis en aquellas regiones en las que la mujer sufre mayor discriminación.


4. Difundir la insustituible labor realizada por las mujeres de las Fuerzas Armadas en las misiones internacionales como promotoras de los valores de igualdad y respeto a la mujer.


5. Proporcionar orientación y capacitación en cuanto a la integración de la perspectiva de género en operaciones internacionales, especialmente para el personal que va a ser desplegado.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Hacienda y Función Pública


161/003260


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz, Miguel Anxo Fernández Bello, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del
Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública, relativa a la necesidad de incrementar la plantilla en el Centro de Atención a Personas con Discapacidades Físicas de Ferrol.


Exposición de motivos


El Centro de Atención a Personas con Discapacidades Físicas de Ferrol (CAMF), presta una atención directa, de carácter especializado e integral, a las personas con discapacidad física y dependencia, con servicios en régimen de internado o de
atención diurna, desde un enfoque socio-sanitario y de asistencia, contando para ello con un amplio equipo multidisciplinar con experiencia demostrada en las distintas áreas de intervención. En la actualidad este centro tiene aproximadamente 100
residentes y cinco usuarios en régimen de media pensión, personas que necesitan una atención muy especializada y continua. Sin embargo, solo trabajan en el CAMF Ferrol, dependiente del IMSERSO, alrededor de 150 personas y existen numerosas plazas
vacantes.



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El pasado 15 de febrero de 2018 la plantilla inició una serie de movilizaciones para denunciar la precaria situación en la que se encuentra su plantilla debido a la falta de personal, y a las irregularidades en la contratación desde 2014.
La tipología de contratación que se ha llevado a cabo en el CAMF Ferrol puede suponer un posible fraude de ley, y ante las sospechas de irregularidades el Comité de Empresa interpuso denuncias en la Inspección de Trabajo de A Coruña.


En la primera de ellas, con fecha 6 de marzo de 2017, se ponía de manifiesto la regularidad y periodicidad de la contratación temporal por circunstancias de producción, motivada por la existencia de un endémico y estructural desajuste del
cuadro de personal del centro, de forma que desde el año 2013, se habían estado cubriendo necesidades permanentes con este tipo de contratación, modalidad declarada como irregular por el Tribunal Supremo. Debido a esta forma de proceder se han
superado los 2.000 contratos desde el año 2014, contratos con duraciones inferiores a los 15 quince días, que carecían de justificación de las causas de temporalidad y en ningún contrato se identificaba con precisión y claridad las causas que
motivan 12 contratación por circunstancias de producción, tal y como exige el artículo 3.2.a) del Real Decreto 2720/1998, Por el contrario, el Gobierno ha negado la posibilidad de cubrir las interinidades en la plantilla de este centro.


En respuesta a esta denuncia, en octubre de 2017, la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de A Coruña emite un requerimiento de obligado y urgente cumplimiento, en el que insta al IMSERSO a ajustarse a la legalidad en lo
referente a la contratación temporal, y en el que se insta al organismo estatal a que identifique con precisión y claridad las causas o circunstancias que justifiquen los contratos. Además, el citado requerimiento le recuerda al CAMF Ferrol que
para cubrir plazas vacantes debería acudir al contrato de interinidad. En relación con el uso del contrato eventual para la cobertura de las vacaciones, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social incide en que se exige la concurrencia real de la
causa, no siendo válido al respecto la mera mención de la concurrencia con las vacaciones de otras personas de la plantilla, por lo que se hace necesario hacer constar el nombre de las personas trabajadoras para las que es necesario cubrir sus
vacaciones. Finalmente, también recomienda que para la sustitución de las personas en vacaciones, las reglas de la lógica darían lugar a considerar que el contrato debería extenderse durante todo el periodo de vacaciones de la persona trabajadora
sustituida.


A pesar de este requerimiento, en el CAMF Ferrol se han seguido utilizando, de forma indiscriminada, los contratos de producción para cubrir necesidades estructurales de la empresa, necesidades que siguen incumpliendo los Criterios Técnicos
en Materia de Contratación Temporal (CT 95/2015), de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Así mismo, se han seguido realizando contratos eventuales por circunstancias de la producción para cubrir vacantes, tal y como
se determina de forma genérica en los propios contratos, sin identificar con claridad y precisión las causas que motivan el uso de esta modalidad de contratación, haciendo únicamente mención a la acumulación de tareas en periodos vacacionales sin
identificar a la persona trabajadora sustituida. Como novedad, también se han empezado a usar contratos eventuales para cubrir permisos y reducciones de jornada del personal del centro, cuando para estos casos se deberían emplear contratos de
interinidad.


Así que tras el caso omiso que había hecho el IMSERSO a este primer requerimiento de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de A Coruña, el Comité de Empresa del CAMF Ferrol ha presentado una nueva denuncia, en la que se
solicita un nuevo informe sobre posibles irregularidades así como el posible fraude de ley en la realización de estos contratos y que se inste, de nuevo, al IMSERSO, al cumplimiento de la normativa en esta materia.


Tras esta segunda denuncia el IMSERSO ha suspendido unilateralmente toda contratación temporal. Eso ha generado un profundo malestar en el centro y en su plantilla, preocupada por la prestación del servicio y por cómo puede afectar esta
situación a las personas residentes.


Este grupo parlamentario, haciéndose eco de las reivindicaciones de la plantilla del CAMF Ferrol reclama, con esta iniciativa, la cobertura definitiva de las numerosas plazas vacantes que existen, y que son imprescindibles para atender a las
personas con discapacidad que residen en este centro, y solicitan que en los casos excepcionales en los que sea necesario elegir la contratación temporal, esta tenga ajuste a la legislación vigente, cumpliendo los requerimientos de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de A Coruña, poniendo fin a la precariedad laboral que supone el hecho de que en estos últimos cuatro años se hayan firmado más de 2.000 contratos de producción con una duración inferior a quince días.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente



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Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Cumplir con el obligado y urgente requerimiento hecho por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de A Coruña, de fecha 17 de octubre de 2017, en el que insta al Centro de Atención a Personas con Discapacidades Físicas de
Ferrol a ajustarse a la legalidad vigente en lo referente a la contratación temporal, cumpliendo con los Criterios Técnicos en Materia de Contratación Temporal (CT 95/2015) de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para
la realización de contratos de personal, limitando el uso de los contratos de producción para casos puntuales..


2. Utilizar contratos de interinidad para realizar sustituciones, que son los que mejor se ajustan a las necesidades de la empresa, del personal y de las personas usuarias del Centro de Atención a Personas con Discapacidades Físicas de
Ferrol.


3. Cubrir, de forma definitiva, las numerosas plazas vacantes que existen en el CAMF Ferrol y que son necesarias para atender a las personas residentes y usuarias del mismo.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.- Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-Comú Podem-En Marea.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz, Miguel Anxo Fernández Bello, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del
Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública relativa a la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo para incrementar la plantilla en el Centro de Atención a Personas con
Discapacidades Físicas de Ferrol.


Exposición de motivos


El Centro de Atención a Personas con Discapacidades Físicas de Ferrol (CAMF) presta una atención directa, de carácter especializado e integral, a las personas con discapacidad física y dependencia, con servicios en régimen de internado o de
atención diurna, desde un enfoque socio-sanitario y de asistencia, contando para ello con un amplio equipo multidisciplinar con experiencia demostrada en las distintas áreas de intervención. En la actualidad este centro tiene aproximadamente 100
residentes y cinco usuarios en régimen de media pensión, personas que necesitan una atención muy especializada y continua. Sin embargo, sólo trabajan en el CAMF Ferrol, dependiente del IMSERSO, alrededor de 150 personas y existen numerosas plazas
vacantes.


El pasado mes de febrero de 2018, las personas trabajadoras de este centro iniciaron una serie de movilizaciones para denunciar la precaria situación en la que se encuentra su plantilla debido a la falta de personal, y a las irregularidades
que se vienen sucediendo en la contratación de personal desde 2014, así como el caso omiso que ha hecho hasta ahora el IMSERSO a los requerimientos de la Inspección Provincial de Trabajo de A Coruña, en la que se le ha instado a ajustarse a la
legalidad vigente en lo referente a la contratación temporal de personal.


A este respecto hay que señalar que en los últimos cuatro años se han realizado en el CAMF Ferrol más de 2.000 contratos por circunstancias de producción, la mayoría de menos de 15 días de duración, y en los que no se ha identificado con
claridad y precisión las causas o circunstancias que justificaban dichos contratos. La tipología de contratación empleada para cubrir permisos, vacaciones, vacantes, plazas no ocupadas, con picos muy elevados de contratación coincidentes siempre
con los periodos vacacionales de verano y navidad, puede suponer un posible fraude de ley, y ante las sospechas de irregularidades, el Comité de Empresa ha interpuesto varias denuncias en la Inspección de Trabajo de A



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Coruña, ya que queda patente la situación de precariedad laboral generada por el IMSERSO para las personas de su bolsa de trabajo.


Señalar que previo a la presentación de estas denuncias, el Comité de Empresa del CAMF Ferrol ya le había reclamado por escrito al IMSERSO la regularización de esta situación, una petición que no ha recibido respuesta como tampoco la ha
recibido el requerimiento de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de A Coruña.


La propia Inspección de Trabajo tiene publicados unos Criterios Técnicos en materia de contratación temporal (CT 95/2015), que determinan que solamente se podrá utilizar la contratación por circunstancias de producción cuando los incrementos
de actividad sean imprevisibles, no sean cíclicos y no pueden servir para paliar déficits de personal permanentes, todo lo contrato a lo que sucede en el CAMF, que desde hace cinco años usa de forma cíclica e indiscriminada esta modalidad
contractual para cubrir déficits permanentes de plantilla.


Esta forma de proceder, además, supone un aumento de la precariedad laboral, ya que se realizan muchos contratos, pero de muy corta duración y las personas trabajadoras llegan a realizar contratos de hasta catorce días sin ningún descanso,
lo que además supone una discriminación con respecto al resto del personal. Además, los llamamientos son muy esporádicos y existe una rotación de personal muy alta, por lo que las personas que trabajan con esta modalidad de contratos, lo hacen muy
pocos días en espacios muy largos de tiempo. Esto contribuye a incrementar la temporalidad de una forma alarmante. Este personal al trabajar tan pocos días, no genera días de asuntos propios, menos vacaciones...


Además, supone una pérdida de calidad asistencial, ya que dada la gran rotación y el poco tiempo trabajado este personal no tienen tiempo para adaptarse a determinadas funciones y ritmos de trabajo para prestar un servicio tan especializado
como el de este centro y estas situaciones generan insatisfacción tanto entre las personas usuarias como en el resto del personal que tiene que estar formando continuamente a nuevas personas trabajadoras. Para sustituir las vacaciones de una sola
persona se han llegado a realizar más de tres contrataciones, en muchas ocasiones se agota la bolsa de trabajo y hay que recurrir a los servicios públicos de empleo.


Esta forma de contratación también incrementa el trabajo administrativo, ya que la elaboración de tantos contratos, en ocasiones múltiples contratos para una sola sustitución, supone un gran incremento del trabajo administrativo y un aumento
de los costes de contratación.


Finalmente, eleva los riesgos laborales, ya que el hecho de trabajar hasta catorce días consecutivos sin realizar ningún descanso aumenta de forma clara los riegos de accidentes y/o enfermedades profesionales. La falta de formación, ya que
no existe tiempo para ello, supone otro riesgo tanto para las personas empleadas como para las usuarias. Y para el personal que tiene que formar a estas personas de nueva incorporación supone un aumento en la carga de trabajo, el estar
constantemente formando a nuevos trabajadores, un riesgo añadido para unas tareas ya de por si peligrosas.


Este Grupo Parlamentario, haciéndose eco de la situación laboral de la plantilla del CAMF Ferrol reclama, con esta iniciativa, la cobertura definitiva de las numerosas plazas vacantes que existen, y que son imprescindibles para atender a las
personas con discapacidad que residen en este centro, poniendo fin a la precariedad laboral que supone el hecho de que en estos últimos cuatro años se hayan firmado más de 2.000 contratos de producción con una duración inferior a quince días.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a convocar, de forma urgente, la Oferta de Empleo Público (OEP) de personal laboral fijo para el CAMF Ferrol de los años 2016 y 2017, que aún están sin publicar, así como la de este año 2018,
en el ámbito del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).'


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.- Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-Comú Podem-En Marea.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, a amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Hacienda y Función Pública, relativa a la suficiencia de los ingresos públicos y el incremento de la progresividad del sistema tributario.


Exposición de motivos


Disponer de un Estado del Bienestar al nivel de los estándares europeos requiere de una fiscalidad que tenga capacidad de suministrar los recursos necesarios y que cumpla con el principio de progresividad fiscal. Sin embargo, en España el
sistema tributario tiene un importante problema de capacidad recaudatoria sumado a uno de falta de justicia, que se plasma en el grado de cumplimiento de la equidad horizontal (que rentas iguales paguen igual) y de la equidad vertical o
progresividad (que se pague proporcionalmente más cuando la renta es más elevada, posibilitando así un cierto grado de redistribución de la renta vía gasto público). Ello hace necesario abordar una reforma fiscal que asegure más ingresos y una
distribución más justa de la carga tributaria, donde se grave en una proporción adecuada a la capacidad económica de los contribuyentes la riqueza, las rentas elevadas, las provenientes del capital, y se luche decididamente contra el fraude fiscal.
Se trata, en definitiva, de recuperar la capacidad recaudatoria y de gasto necesaria para financiar y consolidar los principales pilares del Estado del Bienestar, hoy en día amenazados por los recortes y los procesos de privatización.


España recauda poco por impuestos y lo hace de forma mal repartida. Además, dispone de un sistema tributario lleno de exenciones, deducciones y bonificaciones, de agujeros que facilitan la elusión fiscal y acaban vaciando de contenido el
principio de progresividad que enuncia el artículo 31.1 de la Constitución, mermando, de esta manera, su recaudación potencial y quebrando la equidad más elemental. En la actualidad, los ingresos públicos equivalen al 37,7% del PIB, 8,4 puntos
menos que la media de la Eurozona, superando únicamente a Letonia, Lituania e Irlanda. Por lo que se refiere al IRPF, los últimos datos de Eurostat muestran que, en 2015, España recaudó 79.189 millones por IRPF, el 7,4% del PIB. De media, los
países de la Unión Europea recaudan el 9,4% del PIB por este tributo. En el Impuesto de Sociedades, la diferencia entre el tipo efectivo medio sobre base imponible y el tipo efectivo sobre resultado contable positivo por los grupos consolidados de
empresas se reduce a menos de la mitad, pasando, en el año 2016, del 19,8% al 7,3%, gracias todos los ajustes respecto al resultado contable que la ley del impuesto permite realizar. Además, en comparación, esos mismos porcentajes para las empresas
no integradas en grupos, en su mayoría PYMES, pasan, en el año 2016, del 24,2% al 12,2%, debido a su menor capacidad de aprovecharse de las múltiples deducciones que posibilita el Impuesto. Del mismo modo, la reciente falta de prórroga por parte
del Gobierno del Impuesto de Patrimonio para el año 2018 ha dejado en una situación de aún mayor déficit de tributación sobre la riqueza. Además, las Comunidades Autónomas han comenzado una competencia fiscal a la baja en el caso del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones, cuestionando uno de los principales mecanismo para tratar de asegurar la igualdad de oportunidades en nuestra economía, ya que, no en vano, recientes estudios muestran que los principales contribuyentes al mismo son los
familiares más lejanos y quienes se encuentran en los tramos más altos de las tarifas del impuesto. Por último, hay que resaltar que gracias a los cambios normativos emprendidos durante los últimos años, el peso de los impuestos indirectos,
regresivos por naturaleza, no ha parado de crecer, pasando de representar el 42,5% de los ingresos tributarios en 2012 al 46,1% en 2016.


Todo ello se produce en un contexto en el que España aparece en la estadística con un nivel de deuda pública situado en torno al 100% del PIB. Con un volumen de deuda pública semejante, y a expensas de una política monetaria ajena al
gobierno, la economía española se encuentra en una posición de fragilidad ante la futura aparición de nuevas tensiones financieras, como las derivadas de la posible subida de tipos de interés a la que previsiblemente va a dar lugar la reorientación
de las políticas monetarias del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal de los EEUU.


Por ello, los objetivos centrales de una reforma fiscal deben pasar, en primer lugar, por la mejora de la suficiencia de los ingresos tributarios y, en segundo lugar, por asegurar la justicia del sistema, aumentando la progresividad del
sistema tributario Si España quiere ensanchar los cimientos de su Estado del Bienestar



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y dotarse de un sector público con capacidad para desarrollar políticas clave de gasto es imprescindible reducir paulatinamente la brecha de recaudación que la separa de los Estados con mejores resultados de la Unión Europea. El gasto
público total está por debajo del promedio del de la UE (42,2% frente al 47,9%); el gasto social per cápita en España es un 4% menor que el de la Eurozona; la capacidad de reducción de la desigualdad y la pobreza monetaria del Estado de Bienestar
español se encuentra más de 10 puntos por debajo de la media europea; la tasa de menores de 16 años en riesgo de pobreza o exclusión social es ocho puntos más alta que en la Eurozona; la desigualdad, medida por el índice de Gini, es casi tres
puntos superior a la anterior a la crisis; y existen más de 640.000 familias en las que ningún miembro percibe ingresos. En la actualidad, las distancias respecto a Europa son muy superiores a las que existían antes del estallido de la crisis
económica.


Si se quieren reducir estos elevados niveles de desigualdad y pobreza que soporta España es preciso que aumente el grado de equidad y progresividad del sistema tributario. Para empezar existe la necesidad de suprimir la diferente
tributación de las denominadas rentas del ahorro (intereses, dividendos, etc.) en el IRPF para que tributen como las demás rentas (del trabajo y actividades económicas, principalmente). En el Impuesto de Sociedades sería necesario establecer un
tipo mínimo de tributación efectiva y eliminar muchas de las deducciones fiscales que se encuentran detrás del hecho de que la mayoría de empresas paguen un tipo efectivo muy por debajo del gravamen nominal, y en especial aquellas deducciones que
hacen que las PYMES paguen de media más que las grandes empresas. Este tipo de deducciones también se encuentran en el IRPF y el IVA, por lo que deberían igualmente ser revisadas para eliminar aquellas con efectos regresivos en términos
redistributivos. Hay que resaltar que según el Informe de Fiscalización de los Beneficios Fiscales de 2015 elaborado por el Tribunal de Cuentas, la suma de todos los beneficios fiscales (sólo tomando en consideración los tributos estatales)
ascendió a 40.719 millones de euros, a pesar de lo cual su eficacia no está siendo evaluada, como la propia Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda ha reconocido en su respuesta al Tribunal de Cuentas.


Con los niveles de desigualdad mencionados, y dado que el sistema fiscal español es homologable en su estructura y figuras al de la mayoría de Estados de su entorno, es preciso buscar las causas de los desequilibrios en la concreción legal
de esas figuras y en su utilización discrecional, y eliminarlos en caso de que no sean justificables. Además, sería necesario actuar sobre los impuestos que gravan la riqueza, como el impuesto de Patrimonio; y sobre los que contribuyen a la
igualdad de oportunidades, como el Impuesto de Sucesiones. No sólo eso, sino que habría que asegurar la suficiencia, al mismo tiempo que se incrementa la progresividad de los ingresos de la Seguridad Social para así garantizar la financiación de
las principales prestaciones sociales y, en concreto de las pensiones.


Por otro lado, es imprescindible reducir los niveles de fraude fiscal, que amén de suponer un perjuicio para las arcas públicas, es un claro elemento de injusticia e inequidad del sistema y una fuente de competencia desleal. En este
sentido, la exigencia de una política de lucha contra el fraude fiscal es palmaria, por lo que es necesario aumentar la dotación de medios tanto humanos, como materiales para la Agencia Tributaria y hacer efectivo el principio de tolerancia cero con
el fraude.


Por último, no hay que olvidar que la política fiscal debería ser contra-cíclica, esto es, debe aprovecharse el ciclo expansivo para introducir las reformas fiscales necesarias que permitan incrementar, de manera progresiva, la recaudación,
con el objetivo de disponer de ingresos públicos suficientes para, por un lado, poner en marcha las necesarias políticas productivas y sociales y, por el otro, disponer de recursos suficientes para promover políticas expansivas en caso de una caída
de la actividad económica. Un error habitual de la política económica española ha consistido en actuar con un marcado carácter pro-cíclico. En lugar de evitar el recalentamiento en las fases expansivas, existe la tendencia a sobrealimentar los
desequilibrios macroeconómicos cuando las cosas van bien, lo que acentúa la factura de salida cuando la economía funciona mal.


En definitiva, estamos ante la necesidad de garantizar, respetando el principio de progresividad, una recaudación suficiente para incrementar la capacidad redistributiva del gasto público reduciendo el actual grado de distorsión de nuestro
sistema impositivo. El problema actual del sistema tributario estatal no es de excesiva imposición sino de creciente regresividad en la recaudación tributaria y de escasez de recursos en relación al gasto social necesario para hacer frente a la
extensión de desigualdad, pobreza y exclusión en nuestra sociedad.


Por todo ello se presenta la siguiente



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Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar la reforma del sistema y la administración tributaria con el objetivo de asegurar la suficiencia financiera de las administraciones públicas, y llegar a una fiscalidad más justa, igualitaria y auténticamente progresiva,
recuperando la tributación sobre la riqueza, evitando la competencia fiscal a la baja entre Comunidades Autónomas, suprimiendo la diferente tributación de las denominadas rentas del ahorro en el IRPF, asegurando una tributación efectiva mínima en el
Impuesto de Sociedades, aumentando en conjunto el peso de los impuestos directos, reduciendo el de los indirectos, luchando de forma efectiva contra el fraude y la evasión fiscales, y modernizando el sistema tributario en su conjunto dentro del
marco europeo y estatal debidamente armonizado.


2. Crear un Impuesto sobre la Riqueza que sustituya al de Patrimonio y que contribuya a la financiación de las Comunidades Autónomas.


3. Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, una reforma del impuesto de Sucesiones y Donaciones que establezca un suelo mínimo de tributación no bonificable, evitando así la competencia fiscal a la baja entre comunidades,
incremente su progresividad y elimine, de esta manera, el denominado 'error de salto'.


4. Garantizar un trato igualitario en el Impuesto de Sociedades para las sociedades productivas y las de inversión, y que éstas tributen al mismo tipo que las productivas. Para ello, se eliminarán los privilegios fiscales de las SICAV.
Asimismo, se impondrá un recargo de solidaridad, de carácter extraordinario, sobre el tipo de gravamen para las entidades de crédito en el Impuesto.


5. Eliminar los beneficios fiscales de todo el sistema tributario español que no correspondan a finalidades de carácter exclusivamente de interés y contenidos sociales o ambientales.


6. Promover el incremento de los ingresos de la Seguridad Social para asegurar la suficiencia de las prestaciones sociales, tanto contributivas, como no contributivas, muy especialmente de las pensiones de jubilación, al mismo tiempo que se
mejora su progresividad mediante el destope de las cotizaciones, la eliminación de todas las bonificaciones que se hayan demostrado ineficaces para los fines para los que se aprobaron y el establecimiento de una escala progresiva en las cotizaciones
de los trabajadores por cuenta propia, en función de sus ingresos reales.


7. Impulsar medidas legislativas de fiscalidad ambiental que promuevan cambios en el comportamiento de las personas y las empresas hacia un consumo más responsable, que facilite la transición hacia una sociedad sostenible así como la
reducción de la huella ecológica.


8. Impulsar las reformas legales necesarias para poder investigar el fraude fiscal internacional, sea cual sea el origen de la información que lo denuncia, estableciendo los mecanismos necesarios para que los bancos que operen en España
faciliten la información relativa a las cuentas y operaciones realizadas por sus clientes españoles en sus matrices, filiales o sucursales en el extranjero; impulsando la modificación del artículo 51 del Reglamento de 5 mayo de 2014 de la Ley de
prevención del blanqueo de capitales para incluir en el Fichero de Titularidades Financieras las cuentas abiertas en filiales o sucursales del extranjero; y promoviendo la revisión de todos los Acuerdos de Intercambio de Información firmados para
implantar el nuevo estándar internacional de intercambio automático de información tributaria, entre otras medidas.


9. Aprobar un Plan Integral de Lucha contra el Fraude que incluya, entre otros, un nuevo estatuto orgánico para la AEAT de modo que se convierta en una administración tributaria al servicio del Estado, garantizando su independencia y
neutralidad -bajo los principios generales administrativos y de la Administración General del Estado en la que está integrada- una dirección consensuada con el Congreso de los Diputados y un plan específico con indicadores verificables para la
reducción del fraude fiscal.


10. Impulsar las reformas legales necesarias para establecer la prohibición legal de cualquier tipo de amnistía fiscal.


11. Impulsar las reformas legales necesarias para impedir la ingeniería y la efusión fiscales.


12. Incrementar los efectivos humanos y los recursos técnicos y legales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de los órganos autonómicos equivalentes.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes y Segundo González García, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa y Txema Guijarro García, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.



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Comisión de Fomento


161/003248


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Proposición no de Ley relativa a la aprobación de un Plan Especial de Infraestructuras para Andalucía.


Acuerdo:


Teniendo en cuenta la incorporación de firmas contenida en el escrito número de registro 88049 y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del
Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de los Diputados Sergio Pascual Peña, Alberto Montero, Ana Terrón, Noelia Vera, Eva García, Miguel Ángel Bustamante, Auxiliadora Honorato, Diego
Cañamero, Juan Antonio Delgado, Manuel Monereo e Isabel Franco, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa
a la aprobación de un Plan Especial de Infraestructuras para Andalucía.


Exposición de motivos


Atendiendo a las especiales necesidades de empleabilidad de Andalucía, su potencial primario exportador, la competitiva infraestructura portuaria de la Comunidad y su evidente rezago en materia de infraestructuras el Gobierno elaborará un
plan específico de inversiones en infraestructuras atendiendo a los siguientes ejes:


- Cohesión: La red andaluza de transportes debe priorizar la cohesión territorial de nuestra tierra. La vertebración de un territorio en el que persisten enormes inequidades entre el ámbito rural y el urbano, entre oriente y occidente y
entre capitales. En este sentido se priorizará:


1. La conservación, mantenimiento y mejora de la red secundaria de carreteras.


2. En el ámbito ferroviario apostamos por la ampliación de servicios entre entornos urbanos de más de 20.000 habitantes, capitales y cercanías en los conurbanos, construyendo una red mallada que coadyuve a fijar la población al ámbito rural
y que multiplique las posibilidades de desarrollo endógeno de Andalucía. Apostarnos por una red tupida en forma de malla versus el crecimiento de la red de alta velocidad.


- Diversificación de las interconexiones. Frente al modelo de conexión radial propugnado hasta la fecha propugnamos un modelo de conexión ferroviaria diversificado:


1. Se estudiará la conexión ferroviaria con el sur de Portugal.


2. Se estudiará la reconexión ferroviaria del Almanzora, el Baza-Almendricos.


3. Se priorizará la conexión Murcia-Almería y la convencional Granada-Almería en un horizonte 2020. Se trata de mantener la continuidad del Corredor Mediterráneo hasta Andalucía.



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4. Se estudiará la vía directa Sevilla-Antequera, para finalizar la A92-Ferroviaria o eje transversal.


- Algeciras podría ser no solo el gran puerto de tránsito del Mediterráneo sino también un enorme puerto de import-export si nuestras infraestructuras posibilitaran que nos convirtiéramos en la verdadera puerta de mercancías entre Europa y
África. El horizonte para el Algeciras-Bobadilla debe reducirse al 2020.


- Infraestructuras para la gente: movilidad versus conectividad. La red de cercanías y media distancia.


Es el momento de adaptar las infraestructuras existentes en nuestro país a las necesidades de la gente. Los traslados cotidianos de los ciudadanos a sus puestos de trabajo, a los centros de estudio o a la prestación de servicios como el
sanitario son parte fundamental de su día a día, 187 horas al año y un coste out of the pocket de 800 euros. Los servicios públicos de transporte están masificados, sus horarios no se encuentran cadenciados ni coordinados con otros servicios y la
intermodalidad brilla por su ausencia casi tanto como la accesibilidad. Si un sector de la población resulta especialmente perjudicado por estos déficits es sin duda aquellos y sobre todo aquellas que se dedican a los cuidados. La coordinación
entre servicios de esenciales como el educativo y el sanitario y la red de movilidad debe constituirse en objetivo prioritario. En este sentido proponemos diseñar y financiar una red ferroviaria:


1. Intermodal, que permita la conectividad de servicios de bicicleta, coche, autobús y ferrocarril.


2. Accesible: que mejore la usabilidad para las personas con movilidad reducida.


3. Cadenciada: al objeto de facilitar la usabilidad del servicio y propiciar un aumento de su empleabilidad.


4. Coordinada: propiciando el encadenamiento virtuoso de servicios tanto de transporte como educativos y sanitarios, estudiando las rutas y horarios de ambos para generar sinergias y facilitar su usabilidad.


- Aeropuerto de Málaga: Los aeropuertos son un sector fundamental de la nueva economía y el aeropuerto 1 de Málaga tiene todas las características para convertirse en un hub aeroportuario de primer orden mundial. Es preciso apostar por la
distribución de tráfico de tránsito que actualmente monopoliza Barajas redirigiendo parte del mismo al aeropuerto de Málaga.


- Se retomará la Comisión Mixta para la transferencia de competencias para avanzar en el trasvase efectivo de las competencias de gestión hacia la gestión propia efectiva de los servicios ferroviarios que transcurren en territorio andaluz
conforme a la Ley de Servicios Ferroviarios de Andalucía.


- Se reformará la Ley de Puertos para posibilitar mecanismos de gestión colegiada de los puertos andaluces que eviten la competitividad inter-puertos.


- Se comprometerá a RENFE en la financiación corresponsable para la integración tarifaria de los Consorcios Metropolitanos Andaluces. El modelo de billete único con transbordo de la Comunidad de Madrid será la referencia para estos.


En particular se acelerarán las inversiones en las siguientes obras estratégicas:


- Red de Velocidad Alta:


• Conexión urgente de Granada vía Moreda y dotación extraordinaria para la finalización de las obras de integración.


• Financiación extraordinaria para la modernización de la conexión Almería-Granada, que requiere de electrificación.


• Reimpulso del abandonado trazado transversal ferroviario en Andalucía, un trazado que conectaría algunas de las principales agrociudades andaluzas y acortaría la conexión entre las distintas capitales de nuestra tierra, el
Sevilla-Antequera.


• Las inversiones en el corredor Algeciras-Bobadilla son muy inferiores a fas comprometidas con la Red Transeuropea de Transportes, lo que induce a pensar en la despriorización de esta línea. Es imprescindible finalizar esta obra en un
horizonte 2020.


1 Constituyen un 6% del PIB nacional y solo el aeropuerto de Madrid representa un 10% de la economía de esa comunidad. http://www.aerotendencias.com/aeropuertos/31352- aeropuerto-madrid-barajas-genera-10-por-ciento-pib-region/



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- Red de cercanías. Se precisan ampliaciones al menos en los distintos núcleos:


• Sevilla:


• C1 hasta Osuna.


• Metro-tren Alcalá.


• Metro superficie línea 3.


• Málaga: ampliación hasta Marbella


• Córdoba: conversión de la línea MD Palma-Villa del Río.


• Almería: línea del bajo Andarax y Poniente.


• Jaén: recuperación del metro-tren.


• Huelva: recuperación de la desmantelada línea de cercanías de la costa.


• Déficit de material rodante: los servicios se encuentran pertinazmente masificados en las horas punta. Este déficit se ha agravado con la permuta de 18 composiciones de 5 vagones por otras de 4 con las Rodalies de Cataluña.


• Red no cadenciada: los horarios de servicio no se corresponden con horas fijas y no conectan con otros servicios.


- Déficit de intermodalidad:


• No existe material rodante preparado para el traslado de bicicletas en horas punta (laborales y/o educativas).


• No existen instalaciones para el almacenamiento securizado de bicicletas en las estaciones.


• Las estaciones alejadas de centros urbanos carecen de lanzaderas de acceso.


• Déficit de integración: sólo existe tarjeta monedero en el caso del consorcio metropolitano de Sevilla y éste no ejerce la función de un abono de transporte integrado (que permita transbordo y abonos mensuales y o por grupos
poblacionales).


- Déficit de accesibilidad:


• Los escasos servicios accesibles para personas can movilidad reducida no están programados.


• Una mayoría de estaciones de la red no está adaptada.


- Red de media distancia. Es una red claramente abandonada, en proceso de sustitución por la Alta Velocidad:


• Déficit de inversión y mantenimiento histórico: redes como la Huelva-Zafra, la Almería-Granada, la Algeciras-Bobadilla, la Utrera-Bobadilla o la Jaén Madrid están en situación claramente deficitaria y francamente mejorable y se deberá
invertir prioritariamente en ellas.


• Déficit de infraestructuras. En el medio plazo Andalucía debería aspirar a conectar sus ciudades principales entre si en un formato de malla, propiciando sinergias e intercambios ahora mismo imposibles. En particular se requeriría
estudiar las siguientes líneas:


• Cádiz/Jerez-Algeciras.


• Algeciras-Fuengirola.


• Almería-Motril.


• Motril-Granada


• Motril-Málaga.


• Eje transversal:


- Marchena-Antequera (terminarla)


- Sevilla-Osuna 2-Puente Genii-Lucena-Baena-Martos-Jaén


• Baza-Almendricos.


• Granada-Baza.


• Huelva-Ayarnonte.


2 El tramo Sevilla-Osuna requeriría de rectificación y modernización.



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• Ruta de la Plata: se priorizará la conexión de Andalucía con el norte de España por la vía de la ruta de la plata, para lo que se estudiará la viabilidad de la recuperación de esta línea y se frenarán los desmatelamientos de vías.


• Déficit de material rodante: los servicios se encuentran pertinazmente masificados en las horas punta. Este déficit se ha agravado con la permuta de 18 composiciones de 5 vagones por otras de 4 con las Rodalies de Cataluña, Se devolverá
todo el material rodante.


• Red no cadenciada: los horarios de servicio no se corresponden con horas fijas y no conectan con otros servicios. Se estudiará un nuevo plan de horarios con este criterio.


- Déficit de intermodalidad:


• No existe material rodante preparado para el traslado de bicicletas en horas punta (laborales y/o educativas). Se adquirirán vehículos con estas características.


• No existen instalaciones para el almacenamiento securizado de bicicletas en las estaciones. Se habilitarán en las estaciones principales.


• Las estaciones alejadas de centros urbanos carecen de lanzaderas de acceso.


- Déficit de integración: solo existe tarjeta monedero en el caso del consorcio metropolitano de Sevilla y éste no ejerce la función de un abono de transporte integrado (que permita transbordo y abonos mensuales y o por grupos
poblacionales).


- Déficit de accesibilidad:


• Los escasos servicios accesibles para personas con movilidad reducida no están programados.


• Una mayoría de estaciones de la red no está adaptada.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. En el plazo de dos meses se reunirán los responsables competentes en materia de infraestructuras del Gobierno, Comunidad Autónoma, Diputaciones y municipios de más de 100.000 habitantes de Andalucía y constituirán la Comisión para un
Plan Especial de Infraestructuras para Andalucía.


2. En el plazo de seis meses dicha Comisión, o en su defecto el Gobierno, aprobarán un Plan Especial de Infraestructuras para Andalucía que en cualquier caso atenderá:


- El desarrollo de la red convencional ferroviaria andaluza y sus posibilidades de ampliación de servicio y conexión con Portugal y el levante español.


- La finalización de la conexión ferroviaria del Puerto de Algeciras.


- El desarrollo del aeropuerto de Málaga como hub aeroportuario.


- El desarrollo conforme a las demandas ciudadanas de las obras y tareas destinadas a finalizar la A92 ferroviaria y en particular para reconectar Granada a la RFIG con carácter inmediato.


- Estudiar, conforme a lo recogido en el artículo 35.4 de la Ley 27/1992 de Puertos del Estado, la creación de una autoridad única para la armonización de los puertos andaluces.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2018.-Sergio Pascual Peña, Alberto Montero Soler, Ana Belén Terrón Berbel, Noelia Vera Ruíz-Herrera, Eva García Sempere, Miguel Ángel Bustamante Martín, María Auxiliadora Honorato Chulián,
Diego Cañamero Valle, Juan Antonio Delgado Ramos, Manuel Monereo Pérez e Isabel Franco Carmona, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
los recortes en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos


La empresa pública Correos juega un indudable papel para contribuir a la cohesión social, territorial y económica del país, tanto a nivel estatal como autonómico, prestando un servicio público a la ciudadanía, empresas y administraciones en
la totalidad de los núcleos de población, al margen de su rentabilidad económica.


En este sentido, el empleo y la calidad del mismo juegan un papel fundamental para hacer posible la prestación de un servicio público, como el postal, que llega hasta el último núcleo de población. Motivo por el que este Grupo ha venido
observando con enorme preocupación el continuo recorte de presupuesto y de empleo que Correos ha venido aplicando a lo largo de los últimos años y el inevitable deterioro del servicio público prestado por Correos.


Resulta evidente el impacto negativo que estos recortes implican en el servicio que los ciudadanos y ciudadanas reciben de Correos: la imposibilidad de su prestación en amplias zonas, especialmente las rurales, el incumplimiento de hacerlo
cinco días a la semana, de lunes a viernes, tal como obliga la normativa postal, o la reducción de horarios de atención al público en las oficinas postales.


La situación es preocupante en aquellas comarcas con menos población y más núcleos rurales dispersos, donde se están produciendo cierre de oficinas. Esto obliga a vecinos/as de pedanías o aldeas a desplazarse hasta municipios más grandes,
con las molestias que esto puede generar, principalmente a personas mayores sin posibilidades de transporte o movilidad. En definitiva, esto, unido a otros factores, está conllevando un inevitable despoblamiento del mundo rural.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Poner fin de forma inmediata al constante recorte presupuestario en Correos.


2. Asegurar que los ciudadanos y ciudadanas reciban el reparto de correspondencia 5 días a la semana como mandata la Directiva Postal europea y la regulación postal de nuestro país, independientemente de donde vivan.


3. Crear grupos de trabajos autonómicos que estudien y analicen la situación de Correos, con el fin de evitar el cierre de oficinas.


4. Trasladar estos acuerdos a la FEMP y al Gobierno de España.


5. Defender y reforzar la viabilidad de Correos, la mayor empresa pública del país, como operador postal de referencia, prestador del Servicio Postal Universal y empresa estratégica en el ámbito de los servicios públicos prestados a la
ciudadanía.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2018.-María Jesús Serrano Jiménez y Óscar Galeano Gracia, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre la reparación del firme de la autovía A-4 a su paso por las provincias andaluzas de Córdoba, Jaén, Sevilla y Cádiz, para su debate en la Comisión de Fomento.



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Exposición de motivos


La autovía A4, es una de las seis autovías radiales de España, parte de la ruta europea E-05 y la principal vía de comunicación entre el centro y el sur del país. Además, es uno de los principales ejes de comunicación por carretera que
articula la geografía andaluza y la vía de comunicación terrestre de entrada y salida que comunica Andalucía con el resto de España.


La importancia de esta autovía A-4, que exigiría un nivel de mantenimiento óptimo no parece corresponderse con la realidad. A su paso por las provincias de Córdoba, Jaén, Sevilla y Cádiz, la autovía A-4 se encuentra en un lamentable estado
de conservación. Los 'parcheos' puntuales que ha tenido esta autovía son, a todas luces, insuficientes para garantizarla seguridad de los miles de vehículos que diariamente transcurren por la misma, tanto automóviles como motos.


El nefasto estado en el que se encuentra esta vía, requiere una reparación integral del firme de todo el trazado que pasa por dichas provincias; y más cuando desde los diferentes ejercicios presupuestarios se contemplaban partidas para ello
que no han llegado a ejecutarse.


Esta autovía de primera generación, soporta un tráfico muy intenso y son muchos los accidentes de tráfico provocados por la mala conservación de la vía. Se hace urgente la necesidad de acometer actuaciones de mejora y acondicionamiento para
su adecuación a las nuevas exigencias de seguridad y a las diversas normas y recomendaciones en materia de carreteras publicadas después de su construcción.


Esta demanda se traduce, fundamentalmente, en ofrecer en todo su recorrido unos niveles de seguridad y servicio asimilables a los que prestan las autovías y autopistas de reciente construcción. Entre las reformas más urgentes está, sin
duda, el reasfaltado del firme de todo el trayecto que tiene esta autovía, así como la contención de los tramos deslizados y la reconstrucción integral del paquete de firme en los mismos.


Asimismo, las vías de servicio existentes en esta autovía se encuentran en un deplorable estado de conservación. No debemos olvidar, que estas vías de servicio sirven, en gran medida, para que muchos agricultores accedan a sus
explotaciones, cuestión de una gran importancia en unas provincias donde la agricultura tiene un gran peso económico.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Reparar de manera urgente el firme de la autovía A-4 en todo el trayecto que discurre por Andalucía en ambas direcciones, así como el arreglo y contención de los tramos deslizados, la reconstrucción integral del paquete de firme en los
mismos y nuevas medidas de seguridad, como pueden ser los quitamiedos, más seguros para motoristas.


2. Reparar el firme en las vías de servicio de la autovía A-4 por encontrarse en un estado de conservación excesivamente deteriorado.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2018.-Antonio Hurtado Zurera, María Jesús Serrano Jiménez, Antonio Pradas Torres, Carmen Rocío Cuello Pérez, Antonio Gutiérrez Limones, Juana Amalia Rodríguez Hernández, Felipe Jesús
Sicilia Alférez, Micaela Navarro Garzón, Salvador Antonio de la Encina Ortega, Miriam Alconchel Gonzaga y Juan Carlos Campo Moreno, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/003268


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley,
a través de ADIF, a incluir en el proyecto estratégico para



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favorecer el desarrollo tecnológico de la industria ferroviaria española, el tramo del trazado ferroviario Soria Castejón que transita por Cervera del Río Alhama (La Rioja), y especialmente a la estación situada en Valverde, conocida como
Portazguillo, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos


Recientemente, el consejo de administración de ADIF ha aprobado un concurso público para proceder a la concesión administrativa de un proyecto con el objetivo estratégico de favorecer el desarrollo tecnológico de la industria ferroviaria
española y ser uno de los centros de referencia europea a través de la creación en Corella de un tramo ferroviario destinado al desarrollo de pruebas y ensayos para unidades de tren y metro, material rodante y sistemas ferroviarios asociados,
pruebas de carga de estructuras, deformación, suspensiones, acoplamientos y resistencias de todo tipo de componentes y equipos.


Dicha instalación, ocuparía una superficie de 36.000 metros cuadrados en el entorno de la antigua estación de RENFE, aprovechando el antiguo trazado de la línea Soria-Castejón entre los kilómetros 91,8 y 95,8.


Teniendo en cuenta el trazado del tramo Soria Castejón, y que este se cerró al tráfico de pasajeros en 1996, y considerando la importancia estratégica de este proyecto en relación con el desarrollo socioeconómico de la zona.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a través de ADIF, a incluir en el proyecto estratégico para favorecer el desarrollo tecnológico de la industria ferroviaria española, el tramo del trazado ferroviario Soria Castejón que
transita por Cervera del Río Alhama (La Rioja), y especialmente a la estación situada en Valverde, conocida como Portazguillo.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2018.-César Luena López, Diputado.- Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/003270


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
el cumplimiento del protocolo por parte del Ministerio de Fomento, del desarrollo y ejecución de las actuaciones relacionadas con la carretera de titularidad estatal SE-20, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos


Con fecha 20 de mayo de 2015, la entonces Ministra de Fomento Ana Pastor y el ex-alcalde de la ciudad de Sevilla Juan Ignacio Zoido, firmaron un protocolo para el desarrollo y ejecución de dos actuaciones de infraestructura relacionadas con
la carretera de titularidad estatal SE-20 (Ronda Supernorte) por un importe total de 13,38 millones de euros.


La primera actuación, estimada en cerca de 10 millones de euros, consistente en la remodelación del enlace entre la autovía A-4 y la SE-20 para dotarla de un carácter más urbano y además facilitar una solución de accesos al sector San
Nicolás Oeste del PGOU de Sevilla, cuyo desarrollo urbanístico es de interés estratégico para la ciudad.


La segunda de ellas, de un importe cercano a los 3 millones de euros, consistente en el acondicionamiento y mejora superficial de la propia Ronda SE-20, preparatoria para la posterior entrega de esta vía al Ayuntamiento, ya que no goza de
interés para permanecer en la Red del Estado y está previsto en el PGOU que se incorpore al viario municipal.



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Pues bien, transcurridos casi tres años desde la firma de este acuerdo, por el Ministerio de Fomento no se ha aprobado ninguno de los proyectos indicados y en consecuencia no se ha iniciado la licitación de ninguna de las actuaciones. En
concreto, la primera actuación se encuentra a día de hoy aún en fase de redacción del proyecto de trazado (previo a la información pública) y la segunda se encuentra sin desarrollo técnico alguno.


En definitiva, casi tres años después de la firma del convenio el nivel de inversión materializado es de cero euros.


Además de esta inejecución de las previsiones presupuestarias comprometidas por el Ministerio, la falta de avance de estas actuaciones está penalizando y retrasando incomprensiblemente varios desarrollos urbanísticos previstos en la zona
norte de la ciudad (San Nicolás Oeste, Buenaire e Higuerón Norte entre otros) ya que la Dirección General de Carreteras viene informando desfavorablemente todos los instrumentos de planeamiento de estos sectores precisamente por las limitaciones
derivadas de que la Ronda SE-20 no se haya incorporado aún al viario municipal.


De hecho, varios sectores han presentado ya cuantiosas reclamaciones económicas al Ayuntamiento de Sevilla por la imposibilidad de su desarrollo que podrían hacerse extensivas a otras administraciones.


Es por tanto del todo punto necesario exigir al Ministerio de Fomento que cumpla con sus compromisos de inversión en materia de infraestructuras en la ciudad de Sevilla.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Instar al Ministerio de Fomento a que impulse y finalice de una vez el desarrollo técnico que permita la licitación de las obras de la primera actuación prevista en el Convenio de Mayo de 2015 (remodelación del enlace A-4-SE20, valorada
en cerca de diez millones de euros).


2. A la vista del retraso en la ejecución de las actuaciones descritas y en especial debido a las dificultades existentes para la tramitación de los instrumentos de planeamiento previstos en el PGOU de Sevilla por la titularidad estatal de
la SE-20, proponer al Ministerio de Fomento la suscripción de una Adenda al Convenio de Mayo de 2015 con los siguientes objetivos:


- Garantizar el desarrollo y comprometer los plazos de ejecución por el Ministerio de Fomento de la actuación de remodelación del enlace de la SE-20 y la A-4.


- Que el Ministerio de Fomento transfiera al Ayuntamiento de Sevilla el presupuesto correspondiente a la segunda actuación prevista en el Convenio de Mayo de 2015 (proyecto y obra de acondicionamiento de la SE-20) para que dicha actuación
sea redactada y licitada por el propio Ayuntamiento de Sevilla.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2018.-Antonio Gutiérrez Limones, Antonio Pradas Torres, Juana Amalia Rodríguez Hernández y Carmen Rocío Cuello Pérez, Diputados.- Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.


161/003279


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la rehabilitación y reparación de las carreteras nacionales 621 y 625, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos


Las carreteras nacionales que comunican la provincia de León, el oriente Asturiano y la comunidad autónoma de Cantabria, se encuentran en un estado lamentable, lo que, además de dificultar la comunicación entre las comarcas afectadas, supone
un peligro para la seguridad vial de todas las personas que circulan por las mismas. Nos referimos, en concreto, a las nacionales 621 y 625.



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La primera, con un recorrido de 200 km, cruza la cordillera Cantábrica, atravesando parte del Parque Nacional de los Picos de Europa. Esta vía, en León, pasa por localidades tan importantes como Boñar, Riaño y Portilla de la Reina,
introduciéndose en Cantabria, a través del puerto de San Glorio, comunidad en la que atraviesa toda la comarca de Liébana hasta llegar a Potes, para adentrarse en el Principado de Asturias a través del desfiladero de la Hermida, pasando por Panes, y
volviendo a transcurrir por Cantabria hasta llegar a su punto final en Unquera, siendo la tradicional vía de comunicación entre León y la costa cántabra.


Así mismo, por la cordillera cantábrica transcurre la carretera nacional 625, cuyos 155 kilómetros de longitud comunican las poblaciones de Mansilla de las Mulas, en la provincia de León, con Arriondas, en el Principado de Asturias. Esta
vía atraviesa gran parte del Parque Nacional de los Picos de Europa, por el puerto del Pontón y parte del Parque Natural de Ponga, pasando por el desfiladero de los Beyos que transcurre entre ambas provincias. Así, atraviesa las localidades
leonesas de Cistierna, Cémenes, Riaño y Oseja de Sajambre, pasando en Asturias por los concejos de Ponga, Amieva, Cangas de Onís y Parres, hasta finalizar pocos kilómetros más allá de la localidad de Arriondas, donde enlaza con la carretera nacional
634.


Desde hace años, los vecinos y vecinas de los municipios por los que discurren ambas nacionales que se cruzan en la provincia de León, compartiendo el mismo trazado durante algunos kilómetros, padecen las consecuencias del mal estado,
abandono y peligro de ambas vías de comunicación. A sus trazados estrechos que, en algunos puntos, imposibilitan el cruce de dos vehículos, y llenos de curvas, algunas de ellas muy peligrosas, hay que añadir, un pavimento muy deteriorado, con gran
presencia de baches, constantes hundimientos (especialmente en la Nacional 625) y con taludes que, día tras día, provocan desprendimientos de rocas sobre la calzada. Así mismo, cuentan con elementos de señalización y seguridad en precario, con
mampostas derribadas y gravillas sueltas.


Esta situación se ha ido agravando, especialmente en los últimos años, debido, por una parte, a las escasas o nulas actuaciones de mantenimiento y conservación, y por otra, a las inclemencias meteorológicas ya que las fuertes nevadas y
lluvias de los inviernos, perjudican, aún más, el estado del firme, con baches que, en algunos casos superan los diez centímetros de profundidad; y la llegada del verano supone el crecimiento de la vegetación que dificulta la visibilidad de las
señalizaciones precisamente en la época en la que suele haber mayor circulación.


De forma constante y reiterada, esta situación viene siendo denunciada por las corporaciones locales de los diferentes ayuntamientos afectados que han llevado a cabo diversas acciones, exponiendo la situación y reclamando al Gobierno central
una actuación integral en ambas carreteras, ya que esta situación condiciona, fuertemente, el desarrollo industrial, turístico y demográfico de las comarcas por las que transcurren estas vías de comunicación. Además, como ya expusimos, afecta a la
seguridad y a la integridad física de las personas en todos sus ámbitos de desplazamientos, laboral, comercial, de ocio, sanitario, turístico, público y privado.


Si bien es cierto, que se ha llevado a cabo 'actuaciones de reparación' en algunos tramos, en ambas carreteras estas intervenciones han sido insuficientes, convirtiéndose en simples parches que, lejos de resolver el problema, en algunos
casos, incluso lo han acrecentado, siendo precisa una intervención integral en las dos carreteras.


El avanzado estado de deterioro que, a modo de resumen, y a día de hoy, se salda con cientos de baches, grietas, charcos y partes de la calzada levantadas, reduce considerablemente, los desplazamientos de visitantes y turistas hacia estas
zonas, decantándose por otras con mejores comunicaciones viales. Esto supone, un importante perjuicio para el desarrollo del elevado potencial turístico de unas zonas privilegiadas por la belleza y singularidad de sus paisajes, lo que afecta de
forma negativa, a la hostelería, al comercio y al desarrollo de alojamientos turísticos, favoreciendo la despoblación de nuestros pueblos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Que de manera urgente, se lleven a cabo las licitaciones, redacciones de proyectos y obras necesarias para la rehabilitación y reparación integral de las nacionales 621 y 625, incluyendo el arreglo de la capa de rodadura de todo el
trazado y la mejora de la señalización.



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2. Que se lleven a cabo de forma periódica, labores de conservación y mantenimiento de ambas vías de comunicación.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2018.-Natalia González Peláez, Ricardo Cortés Lastra, María Aurora Flórez Rodríguez y Adriana Lastra Fernández, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.


Comisión de Educación y Deporte


161/003246


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa del Diputado Javier Sánchez Serna, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Educación y Deporte, relativa a la integración voluntaria de centros educativos concertados en la red pública.


Exposición de motivos


La escuela pública ha sido el mecanismo generalmente utilizado por los diferentes gobiernos europeos como elemento de cohesión social en una sociedad libre y tolerante, comprendiendo por lo tanto la educación como un derecho y una
herramienta para la construcción social. En ese sentido, no se entienden los avances del último siglo en materia de integración, tolerancia y equidad sin el papel que ha desarrollado la escuela pública en toda Europa, especialmente en España. Las
últimas leyes educativas españolas han blindado el objetivo común de que 'en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social'.


Queda claro, pues, que los poderes públicos no se pueden desentender de la obligación que tienen de garantizar el derecho de todas las personas a la educación pública mediante la creación de centros docentes públicos, según el artículo 27.5
de la Constitución. En ese mismo artículo, el 27, la Constitución Española reconoce que la enseñanza básica debe ser gratuita y obligatoria, así como mandata, en su punto número 7, que son el profesorado, las familias y el alumnado los agentes que
deben intervenir en el control y la gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.


A partir de los años 80 del siglo XX, y gracias al proceso de universalización del derecho a la Educación por el que apostó el Estado español a través de la Constitución de 1978, el sistema educativo español requirió de más plazas educativas
de las que en ese momento se disponía. Bajo los principios de la transitoriedad y la subsidiariedad respecto a la Red Educativa pública, nació la figura del concierto educativo.


Actualmente, la actividad educativa puede ser llevada a cabo según lo recogido en el ordenamiento jurídico español por centros docentes de distinto tipo, que se clasifican según su titularidad jurídica y según el origen y el carácter de los
recursos que aseguran su sostenimiento. En este sentido, se distinguen los centros privados, titularidad de una persona física o jurídica privada, que funcionan en régimen de libre mercado; los centros públicos, cuyo titular es un poder público y
se sostiene con fondos públicos; y los centros privados concertados, de titularidad privada pero mantenidos con fondos públicos.


Según los últimos datos ofrecidos en 2014 por la agencia europea de datos, EUROSTAT, España es, por detrás de Bélgica, el país de la Unión Europea con menos alumnos escolarizados en la escuela pública, con 22 puntos por debajo de la media
europea. Así pues, en España, en la Educación Primaria, el 68% del alumnado está escolarizado en la escuela pública y el 32% lo está en la privada o privada concertada. Sin embargo, la media de los países de la Europa 21 (aquellos países miembros
de la Unión Europea y de la OCDE) arroja que el 90% del alumnado se escolariza en la escuela pública mientras que el 10% lo hace en la privada o en la privada concertada, esta última prácticamente inexistente en numerosos países de la Unión Europea.
En ese sentido, Francia matricula al 85% de sus alumnos en las



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escuelas públicas y el 15% en la privada o privada concertada; Portugal el 88% en la pública y el 12% en la privada o la privada concertada; Suecia el 91% en la pública y el 9% en la concertada; Grecia o Italia el 93% en la pública y el
7% en la privada; Reino Unido el 95% en la escuela pública y el 5% en la privada; Finlandia el 98% en la pública y el 2% en la privada o privada concertada; o los casos de Holanda y Eslovenia donde el 100% del alumnado está escolarizado en
escuelas públicas.


Han de ser los poderes públicos, según queda recogido en el ordenamiento jurídico español, los encargados de garantizar la suficiencia de plazas de escolarización pública. Así pues, la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de educación, debe priorizar
la red pública como mecanismo de cohesión social e instar a la transición de los centros concertados a la integración en el sistema público. En este sentido, la presente Ley establece que la red pública deberá cubrir las plazas suficientes para
hacer frente a la demanda educativa, así como introduce por primera vez en una Ley orgánica de educación la promoción de la transición de centros educativos concertados a la red de centros públicos, de acuerdo con la regulación autonómica en la
materia.


Existe un exitoso precedente a este respecto. Se trata de la Llei 14/1983 del Parlament de Catalunya, reguladora del proceso de integración a la red pública de centros docentes públicos de diversas escuelas privadas aprobada a instancias
del Grupo Socialista en el Parlament de Catalunya, y que supuso la integración de 71 escuelas privadas catalanas en la red de escuelas públicas. Se trata de las llamadas escuelas del CEPEPC (Col.lectiu d'Escoles per l'Escola Pública Catalana), unas
cooperativas educativas que a partir de 1978 iniciaron una gran movilización social para reclamar su integración en la red pública.


La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se modifica para dar cumplimiento al artículo 9.2 de la Constitución, en virtud del cual 'Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social'. El ámbito
educativo es el primer espacio de socialización en el que debe garantizarse la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía y esto solo puede llevarse a cabo priorizando el sistema educativo público como mecanismo de cohesión social.


Por todo ello se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar y desarrollar el marco normativo necesario, respetando las competencias actualmente establecidas en este ámbito, para facilitar la integración voluntaria de los centros concertados que así lo solicitasen en la red educativa de
titularidad y gestión pública.


2. A través de los mecanismos presupuestarios que considere, destinar partidas económicas específicas para ayudar a la transición voluntaria de centros educativos concertados a la red pública, garantizando su plena incorporación.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2018.-Javier Sánchez Serna y Joan Mena Arca, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


161/003247


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Educación y Deporte, relativa al uso abusivo de la figura del Profesor Asociado.



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Exposición de motivos


Se ha orquestado, en estos últimos días, una campaña de desprestigio contra la Universidad Pública por parte de aquellos interesados en diluir el escándalo del falso máster de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Los argumentos empleados por los perseguidores son de sobra conocidos, por manidos y comunes: la endogamia universitaria, la politización de las universidades públicas, el corporativismo de la institución... todos estos argumentos, y muchos otros
que se han utilizado, tienen, sin duda, el riesgo de acabar convirtiéndose en verdad.


La Universidad Pública es otra de las tantas instituciones, como la judicatura, en cuya transición desde el Franquismo a la Democracia se dieron menos avances de los deseados. Se conservaron gran parte de los mecanismos de promoción
interna, perpetuándose dinámicas de facciones y la a veces necesaria alineación con un grupo si se quería hacer carrera. La transformación automática de los profesores no numerarios (PNNs), bajo el gobierno de Felipe González, simboliza a la
perfección ese fracaso de los primeros gobiernos de la Democracia por cambiar lo peor de la universidad franquista.


Cierto es que desde la aprobación de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 1983 y la Ley Orgánica de Universidades, así como la aprobación de los Reales Decretos que adaptaron el plan Bolonia, la Universidad ha visto cómo se producían
diversos cambios en su organización, fines y alcances. Pero ninguna de esas reformas ha llegado a cambiar las estructuras profundas del sistema, basado demasiadas veces en el clientelismo y en la búsqueda de arreglos sottovoce de temas que deberían
ser parte de la discusión pública. Además, como ha sido el caso con la adaptación a Bolonia, han traído sus propias problemáticas añadidas, en forma de mercantilización de la universidad, exceso de burocracia y la gobernanza por indicadores. Los
últimos debates en torno a la universidad sólo se entienden a partir de estas sinergias entre lo viejo y lo nuevo.


Somos conscientes de estos fallos y de la necesidad de introducir cambios profundos en la universidad que garanticen, por un lado, el desarrollo de una carrera científica independiente, y para ello es imprescindible abordar la cuestión de la
precariedad; en segundo lugar, unos procesos de selección abiertos, homologables internacionalmente y totalmente transparentes; en tercer lugar, una simplificación de los procesos administrativos que faciliten su transparencia; en cuarto lugar,
un mayor control sobre Institutos Universitarios, Centros adscritos y, en general, sobre la 'marca' de la universidad.


No podemos compartir, sin embargo, afirmaciones que califican a la universidad pública como una institución corrupta, y otras que se refieren a sus trabajadores y trabajadoras como cómplices o cobardes para denunciar esta situación. La
universidad pública ha cumplido y cumple una labor fundamental para garantizar la movilidad social y el acceso de las clases populares a una formación de calidad. Cuando se habla de la generación mejor formada de la historia no nos referimos tanto
al nivel cultural o formativo del individuo, sino a que nunca en la historia de España tantas personas han estado tan bien formadas. El esfuerzo de nuestra sociedad, en ese sentido, ha sido ejemplar. Basta recordar que hace exactamente un siglo,
el 35% de la población española era analfabeta. Hoy, el 32% tiene estudios superiores.


La universidad pública ha sido, y es, una de las grandes protagonistas de este gran cambio en nuestro país. Y todo ello, pese a sus problemas y pese a las trabas puestas por una gestión política que muchas veces, y sobre todo en los últimos
años, ha jugado en su contra.


Así, la universidad pública ha sido una de las 'pagadoras' de la crisis económica y de los recortes presupuestarios en educación, que para la universidad española supusieron una pérdida de más de 1.500 millones de euros en el periodo
2010-2014, iniciándose un proceso de envejecimiento y reducción de las plantillas que ha significado la pérdida de 2018 puestos de Profesional Docente e Investigador y 4923 de Personal Administrativo en el transcurso de los años 2008-2015 según
datos del informe 'La universidad española en cifras' de la Conferencia de Rectores. Además, según el citado informe, la presencia de profesorado joven (menor de 40 años) se ha reducido en 11,8 puntos (del 28,5% al 16,7%) en el mismo periodo.


La disminución de las plantillas universitarias de Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios (PDI y PAS) y su envejecimiento no han venido acompañadas de un descenso en las matriculaciones, sino que estas se
han mantenido más o menos estables, con una media, para el periodo 2008-2015, de 1.244.791 alumnos y alumnas matriculados en las universidades públicas, aumentando así la ratio y la carga docente del profesorado. Además, a raíz de la entrada en
vigor de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y sobre todo tras el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, para adoptar medidas urgentes para la racionalización



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del gasto público en el ámbito de la educación, se instaura una tendencia clara a la reducción de la financiación pública a las universidades públicas, situando a España muy por debajo de la media de la UE y la OCDE en la aportación pública
a sus universidades, y produciendo un encarecimiento de los precios que debe asumir el alumnado con grandes diferencias entre comunidades autónomas.


A pesar de todo ello, la Universidad Pública ha sabido mantener sus niveles de calidad científica y docente. Sin ir más lejos, más de la mitad de las universidades públicas españolas, exactamente 27 de 50, están entre las 800 mejores según
el ranking de Shangai. Y esto ha sido gracias a gran parte de sus trabajadores y trabajadoras, profesorado, alumnado han asumido con responsabilidad el hacer dignamente su tarea compensando las dificultades que las políticas del Gobierno les
ponían.


Y es que, el Gobierno no solo ha puesto continuas trabas a nuestra universidad pública a través de sus recortes y políticas de austeridad. También lo ha hecho renunciando a romper con dinámicas e inercias del pasado que desgraciadamente
siguen operando en la actualidad, dinámicas contra las que muchos miembros de la comunidad universitaria llevan años luchando sin que sus demandas se vean atendidas.


Es precisamente esta comunidad universitaria, conformada por profesorado y alumnado honrados, la que está siendo dañada por los últimos escándalos e irregularidades presuntamente detectadas en nuestra universidad pública, que están teniendo
como consecuencia la estigmatización de sus títulos y de su labor profesional y de una universidad en riesgo de quedar cada día más desprestigiada.


Por ello hoy se hace más necesario que nunca recuperar el prestigio de nuestras instituciones universitarias.


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Promover los cambios necesarios, de forma coordinada con las Comunidades Autónomas y las instituciones implicadas, para la adaptación de los procesos de selección de las universidades y organismos públicos de investigación (OPIs) para
cumplir las recomendaciones recogidas en la Europea Chartes for Researchers de la Comisión Europea y que estos sean abiertos, homologables internacionalmente y totalmente transparentes.


- Facilitar, de forma coordinada con las Comunidades Autónomas y las instituciones competentes, la simplificación de los procesos administrativos para proporcionar su transparencia en universidades públicas y organismos de investigación
superior.


- Promover las medidas necesarias, en colaboración con las instituciones implicadas, para el estudio, prevención e intervención en casos de conductas no éticas y/o ilegales o ante la sospecha de la existencia de estas.


- Promover las medidas necesarias para revertir, de forma coordinada con las Comunidades Autónomas, los recortes a la universidad pública y centros investigadores, aumentando la financiación hasta los niveles medios de los países de la UE y
la OCDE, y acabar con la precariedad de su personal.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2018.-Nayua Miriam Alba Goveli y Joan Mena Arca, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


161/003253


A la mesa del Congreso de los Diputados


Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Marta Martín Llaguno, Antonio Cantó García del Moral y María Sandra Julià Julià, Diputados del mismo Grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para interponer recurso ante el Tribunal Constitucional sobre Ley 4/2018, de 21 de febrero, de la Generalitat, por la que se regula y
promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano.



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Exposición de motivos


A fecha 6 de febrero de 2017, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Estado de Formación Profesional y Universidades y de su Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, recibió de la Alta
Inspección Educativa del Estado un Informe sobre el Decreto 9/2017, de 27 de enero, del Consell, por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano y se regula su aplicación en las enseñanzas no universitarias de la Comunitat
Valenciana.


En sus conclusiones el informe afirma que 'dada la reserva competencial que el legislador establece en lo relativo al deber de todos los españoles de 'conocer el castellano' (artículo 3 de la Constitución española) y a la necesidad de que el
conocimiento de otras lenguas, dentro del territorio nacional, 'no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación', el Decreto 'podría no ajustarse al orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y la
Comunidad Valenciana y constituir fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación para el alumnado y las familias'.


Dada la evidente segregación de la iniciativa, en junio el Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJCV) suspendió cautelarmente la aplicación del decreto impulsado por la Generalitat.


A pesar de este auto, el pasado 1 de septiembre el Consell de la Comunidad Valenciana aprobó el Decreto-ley 3/2017 por el que se adoptan medidas urgentes para la aplicación, durante el curso 2017-2018, de los proyectos lingüísticos de
centro. Este Decreto-ley, como se aprecia en la exposición de motivos del documento, pretende evitar la suspensión cautelar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana impuso sobre el Decreto 9/2017, de 24 de enero, por el que
se establece el modelo lingüístico valenciano, vulnerando así el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitución Española). Por su parte, el Tribunal Constitucional (TC), en su sentencia del Tribunal
Constitucional 129/2013, de 4 de junio de 2013, ha entendido que es contrarío a la Constitución que un poder público (incluso, un Parlamento) apruebe una Ley o un Decreto-ley con el objetivo de privar a un ciudadano de su derecho a la tutela
judicial.


Por último, el 21 de febrero de 2018, Les Corts aprobaron la Ley 4/2018, de 21 de febrero, de la Generalitat, por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano, cuyo objeto 'es regular la enseñanza y el uso
vehicular de las lenguas curriculares, asegurar el dominio de las competencias plurilingües e interculturales del alumnado valenciano y promover la presencia en el itinerario educativo de lenguas no curriculares existentes en los centros
educativos.'


Esta Ley deroga el Decreto-ley 3/2017, de 1 de septiembre. No obstante en su fondo, pretende regular la política lingüística educativa de la Comunidad Valenciana bajo los mismos principios de discriminación lingüística, que ya fueron
puestos en tela de juicio en el pasado por parte de la Alta Inspección educativa, del Defensor del Pueblo y del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en las iniciativas legislativas previamente registradas mencionadas en este texto.


La sombra de la utilización fraudulenta del poder legislativo para evadir las resoluciones judiciales, unida a un modelo lingüístico que a todas luces relega el castellano frente al valenciano a través de una mayor oferta de competencias
lingüísticas, constituyen un agravio comparativo que contraviene derechos fundamentales como son el derecho a la igualdad y a la educación. Por si esto no fuese suficiente, la constante inestabilidad legislativa en cuanto al modelo educativo están
generando muchísima incertidumbre de padres y madres acerca del modelo educativo de sus hijos y, con ello, generando una tremenda inseguridad jurídica y una discriminación evidente del castellano, cuya enseñanza debe quedar garantizada y protegida
por los poderes públicos.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 4/2018, de 21 de febrero, de la Generalitat, por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2018.-Marta Martín Llaguno, Antonio Cantó García del Moral y María Sandra Julià Julià, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.



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161/003273


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley instando al Gobierno a facilitar el acceso de las instituciones educativas a la plataforma Enclave RAE, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.


Exposición de motivos


El lenguaje no es solo el medio fundamental por el que nos comunicamos y nos relacionamos con los demás, es también una pieza básica para la adquisición de cualquier otro conocimiento. El adecuado aprendizaje del español es una de las
herramientas clave de las que podemos y debemos dotar a todo estudiante en nuestro país.


La Real Academia Española tiene como uno de sus objetivos fundamentales facilitar y promover el conocimiento, difusión y buen uso de la lengua española, así como el estudio de las transformaciones que esta ha ido experimentando a lo largo
del tiempo.


Durante más de trescientos años, la Real Academia ha atesorado una enorme cantidad de información en los archivos y bancos de datos de la institución que ahora la RAE pone a disposición de la sociedad a través de una serie de herramientas de
fácil manejo y acceso reunidas en la plataforma Enclave RAE.


Enclave RAE ha sido especialmente concebida para quienes a diario utilizan el idioma como herramienta de trabajo y consta de varios módulos, desde diccionarios hasta herramientas de análisis de gramática o sintaxis, incluyendo cada uno de
ellos diversas utilidades que son accesibles a través de un acceso web privado, con registro de usuario y clave personal.


Destaca entre ellos Aula RAE, un espacio de contenidos especialmente diseñado para profesionales de la docencia donde se organizan, recogen y ordenan todos aquellos contenidos útiles para la enseñanza, el aprendizaje y el perfeccionamiento
de la lengua española.


También merece especial mención Taller RAE, una sección que incluye herramientas de tratamiento y procesamiento lingüístico de distinta naturaleza, entre ellas un Verificador ortográfico, gramatical y de estilo que supervisa (en los ámbitos
ortográfico, gramatical, léxico y de estilo del texto) textos escritos y detecta potenciales errores en su escritura, sugiriendo además posibles correcciones.


La combinación de estas herramientas con el servicio de consultas de la RAE, incorporado en la propia plataforma, puede constituir un instrumento extraordinario en la mejora de la enseñanza del español y facilitar la labor de los docentes de
forma considerable.


Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas y acuerdos necesarios para poner a disposición de los centros de educación primaria, secundaria y de educación postobligatoria que así lo soliciten, acceso a la
utilización de la plataforma 'Enclave RAE' en los términos que se consideren oportunos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2018.-Marta Martín Llaguno, Marta María Rivera de la Cruz y Rodrigo Gómez García, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comisión de Empleo y Seguridad Social


161/003250


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no



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de Ley para instar al Gobierno a estudiar la inclusión del biotecnólogo como profesión reglada en el Servicio Público de Empleo, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.


Exposición de motivos


La biotecnología es definida como el conjunto de técnicas, procesos y métodos que utilizan organismos vivos o sus partes para producir una amplia variedad de bienes, productos, conocimientos o servicios.


La biotecnología conforma un sector muy amplio. Desde la fabricación de un yogur o el diseño de cosméticos, pasando por la salud humana, hasta la generación de energía mediante cultivos modificados genéticamente. La profesión de
biotecnólogo propiamente dicha es relativamente nueva, fue en virtud del Real Decreto 1285/2002 que se creó el título oficial de licenciatura en biotecnología, hoy grado en biotecnología tras las reforma del sistema universitario español. En la
actualidad, y en un contexto de continua evolución de nuestro mercado de trabajo, esta profesión se encuentra entre las que más futuro tienen. Además, por sus amplios conocimientos en otros campos, los biotecnólogos tienen un amplio abanico de
posibilidades laborales ya que en un modelo productivo donde prima el producto con valor añadido, el biotecnólogo tiene un papel fundamental.


Según el último informe de la Asociación de Bioempresas (ASEBIO), en España, las empresas que desarrollan actividad biotecnológica constituyen el 8,6% del PIB, sumando más de 930.000 empleos. En los últimos años la profesión de biotecnólogo
ha ido prosperando, como así lo demuestra por ejemplo, su inclusión en las convocatorias públicas de Biólogo Interno Residente o de Químico Interno Residente, sin embargo, no pueden acceder a otras muchas convocatorias.


Desde el año 2008, este colectivo, a través de la Federación Española de Biotecnólogos, viene solicitando la inclusión del biotecnólogo como profesión reglada en el SEPE. Todas las ocupaciones dadas de alta en el SEPE están codificadas en
un catálogo oficial, organizado por temáticas. Actualmente, si un biotecnólogo pierde su empleo o busca trabajo, no puede inscribirse en el SEPE con un perfil adecuado a los estudios cursados, sino que debe elegir entre otros muchos que no se
adecúan a las competencias que posee. De igual manera, las empresas que requieren de un profesional en el campo de la biotecnología, no pueden realizar la búsqueda de este perfil puesto que no existe y se ven obligados a abrir la oferta a otros
profesionales cuyas aptitudes quizás no se adecúan con exactitud al trabajo ofertado.


Para que este colectivo obtenga su merecido reconocimiento profesional, sería conveniente incluir su profesión en el Catálogo Nacional de Ocupaciones utilizado por SEPE como listado oficial. Así, lo que la Federación Española de
Biotecnólogos reclama, siguiendo la estructura actual de codificación del SEPE, es incluir esta profesión dentro del código 242 correspondiente a profesionales en ciencias naturales, incluyéndose un nuevo epígrafe exclusivo para biotecnólogos.


En definitiva, dado el auge de esta profesión con cada vez más futuro y más presencia en nuestro mercado laboral, resulta necesario estudiar la posibilidad de incluir la profesión de biotecnólogo en el Catálogo Nacional de Ocupaciones
utilizado como listado oficial del SEPE a fin de reconocer profesionalmente a este colectivos a todos los efectos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la inclusión de la profesión de biotecnólogo en el Catálogo Nacional de Ocupaciones.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



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Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital


161/003280


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora del sistema de certificación de
eficiencia energética de edificios en nuestro país, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.


Exposición de motivos


El 40% del consumo total de energía en la Unión Europea corresponde a los edificios. El sector se encuentra en fase de expansión, lo que hará aumentar el consumo de energía. Por ello, la reducción del consumo de energía y el uso de energía
procedente de fuentes renovables en el sector de la edificación constituyen una parte importante de las medidas necesarias para reducir la dependencia energética de la Unión y las emisiones de gases de efecto invernadero.


La Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, trata la eficiencia energética de los edificios. En ella, se determina que es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros establecer requisitos
mínimos de eficiencia energética de los edificios y de sus elementos. Esos requisitos deben establecerse de forma que alcancen un equilibrio óptimo entre las inversiones realizadas y los costes energéticos ahorrados a lo largo del ciclo de vida del
edificio, sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de establecer unos requisitos mínimos que sean más eficientes energéticamente que los niveles óptimos de eficiencia energética.


Parte de esta importante Directiva fue traspuesta en España a través del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.


Transcurridos cinco años desde la entrada en vigor del Real Decreto 235/2013 se detectan las siguientes debilidades en la aplicación del sistema de certificación de la eficiencia energética de los edificios:


- Los técnicos designados como competentes para la realización del proceso de certificación, por el amplio abanico que abarca, no está implícito que se tengan los conocimientos necesarios sobre eficiencia energética en la edificación que se
debe tener para una buena certificación, lo que deriva en una mala praxis en la elaboración de los informes.


- El certificado de eficiencia energética no obliga a realizar una comprobación e inspección in situ, por lo que han proliferado plataformas que lo realizan de manera remota sin previa comprobación de los datos por el técnico firmante,
muchas veces sin ajustarse el certificado a la realidad del inmueble auditado.


- Las operaciones de alquiler y/o compraventa están obligadas a entregar al nuevo comprador o arrendatario el certificado de eficiencia energética, en los términos que se establecen en el Procedimiento básico, hecho que no se produce en la
mayoría de los casos.


- Respecto a las recomendaciones de mejora no se valida que las medidas planteadas sean técnicamente viables, o estén adaptadas para la tipología edificatoria del inmueble, sino que se realizan medidas que hagan mejorar la calificación sin
criterio, como la utilización de caldera de biomasa para obtener como resultado una calificación A, independientemente de la viabilidad de ejecución.


- No se está realizando, como debería por parte de las Comunidades de una parte significativa de los certificados, de la comprobación completa de los datos de base del edificio utilizados para expedir el certificado de eficiencia energética,
comprobación completa de los resultados consignados en el certificado, incluidas las recomendaciones formuladas, y visita in situ del edificio, con el fin de comprobar la correspondencia entre las especificaciones que constan en el certificado de
eficiencia energética y el edificio certificado.


- No se realizan las inspecciones necesarias con el fin de comprobar y vigilar el cumplimiento de la obligación de certificación de eficiencia energética en edificios.



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Debido a las debilidades que presenta el actual procedimiento de certificado de eficiencia energética de los edificios, del que uno de los fines entre otros, es el de poder auditar el parque inmobiliario edificado actual, no podrá arrojarnos
datos del todo fidedignos sobre el consumo energético actual de las edificaciones y su estado de conservación, para poder seguir avanzando en el desarrollo de los compromisos medioambientales adquiridos.


Por eso desde Cs consideramos que es necesario una reforma en profundidad que saque el máximo provecho y nos permita cumplir con los objetivos planteados.


Por ello, presentamos la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Regular de nuevo el contenido mínimo para incluir una auditoría presencial obligatoria por parte del técnico, siendo vinculante el certificado energético resultante con el técnico firmante.


2. Concretar y especificar que los técnicos competentes de los certificados de eficiencia energética, además de estar en posesión de titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y
dirección de ejecución de obras de edificación, tengan conocimientos específicos sobre eficiencia energética acreditada.


3. Establecer que los edificios en régimen de alquiler, bien sea vivienda o terciario, exhiban en el interior del mismo su etiqueta de eficiencia energética para el conocimiento de sus inquilinos, de manera que no sea sólo anexo al
contrato.


4. Para los edificios existentes, garantizar que las medidas que mejora que se plateen sean técnicamente viables y que sean aplicables en futuras rehabilitaciones o mejoras del inmueble, bien sea en mejoras de envolvente o en cambio de
instalaciones.


5. Promover junto con las Comunidades Autónomas sistemas de control e inspecciones periódicas a un alto número de inmuebles para comprobar la validez de los datos tanto administrativos como técnicos presentes en los certificados de
eficiencia energética.


6. Obligar a la Comisión asesora para la certificación de eficiencia energética de edificios a presentar informes con los resultados obtenidos sobre los edificios certificados y su impacto en las emisiones globales de CO2.


7. Exigir a todos los edificios que estén obligados a exhibir la etiqueta de eficiencia energética, según el artículo 13 de dicho Real Decreto, a que lo expongan a la mayor brevedad posible, dando ejemplo con los edificios ocupados por las
autoridades públicas.


8. Crear las herramientas necesarias para la elaboración de un visor energético de los edificios, donde se puedan comprobar los datos de consumo y de demanda energética de los mismos, con los que poder auditar el parque construido y aplicar
después políticas de rehabilitación y mejora.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, Jaume Moya i Matas, Diputado del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para evitar la
electrocución de aves en torres eléctricas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



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Exposición de motivos


El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha emitido una sentencia que, por primera vez, corrobora la responsabilidad de las compañías eléctricas frente a los daños que ocasionan a las aves los tendidos eléctricos de
alta tensión, dando la razón a Sociedad Albacetense de Ornitología, SEO/BirdLife y la Plataforma SOS-Tendidos Eléctricos. La Sentencia establece que la empresa tenía la obligación de presentar un proyecto de adaptación de las líneas eléctricas.
Asimismo, deja clara la obligación de adoptar medidas de corrección de aquellas instalaciones que causen electrocuciones a la fauna.


El Tribunal ratifica una sanción a lberdrola, titular del tendido, por una infracción muy grave y establece el pago de una indemnización por importe de 42.920 euros por la electrocución de un águila imperial ibérica, especie protegida, en
unos hechos que ocurrieron en el término municipal de La Herrera (Albacete).


Según un reciente informe del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), los tendidos eléctricos ocasionan la muerte de al menos 33.000 rapaces cada año en España. Entre ellas el águila imperial ibérica.
Otra de las especies que se encuentra gravemente amenazada y cuyas poblaciones se están viendo seriamente afectadas por la elevada mortalidad en tendidos eléctricos es el águila perdicera o águila de Bonelli. Un reciente estudio de la Universitat
de Barcelona ha puesto de manifiesto que el 61% de esta última especie fallecidas en Catalunya entre 1990 y 2014 murieron electrocutadas en tendidos eléctricos. Ello se debe a que el tamaño de su cuerpo, cuando se posan en un tendido y abren sus
alas, les provoca el contacto con dos cables o estructuras de las torres, cerrando el arco eléctrico y muriendo electrocutadas. Es éste un problema común no sólo en el águila perdicera, sino también en todas las aves de tamaño medio o grande
(águilas, buitres, ratoneros, azores, búhos reales, cuervos, cigüeñas, etc,).


La responsabilidad de estos accidentes debe imputarse a los titulares de los tendidos eléctricos, pero hasta la presente Sentencia, el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, había sido interpretado en el sentido de que la adopción de las medidas de protección de las aves quedaba supeditada a que el Ministerio estableciera una ayuda
financiera.


Por primera vez, una Sentencia hace responsable a una compañía eléctrica del daño producido por un tendido de su propiedad, recordándole las obligaciones recogidas en el Real Decreto 1432/2008 en favor de la protección de las aves. Debido a
que resulta imprescindible que esta sea esa la posición que prevalezca a partir de ahora, es necesaria una reforma del Real Decreto 1432/2008 (en concreto, de la disposición adicional primera, en relación con la disposición transitoria única), para
que las administraciones públicas competentes puedan actuar con la seguridad de que la adopción de las medidas preceptivas contra la electrocución no quedara condicionada a la financiación por parte del MAPAMA, asumiendo así los propietarios de los
tendidos su responsabilidad en la mortalidad de avifauna causada y la necesidad de proceder, sin dilaciones, a la evitación del daño.


Deben ser los titulares de los tendidos, fundamentalmente las compañías eléctricas, pero también las entidades públicas y los particulares y pequeñas y medianas empresas (éstas con la posibilidad de obtener ayudas del poder público), quienes
adapten las infraestructuras de su propiedad en cumplimiento de la normativa ambiental y de protección de las aves.


Además, tras casi diez años desde la promulgación del Real Decreto 1432/2008, nos encontramos con que no se aprecia una reducción significativa de la mortalidad de las especies de aves más sensibles. La normativa básica para la protección
de la avifauna en relación con la instalación de nuevos tendidos eléctricos tenía que suponer un antes y después en la protección de la avifauna, pero se observan carencias en su contenido que dificultan la aplicación de la normativa o bien
disminuyen su eficacia, y que deben modificarle en todo caso.


Por último, junto a las obligaciones recogidas en el Real Decreto citado hay que recordar que la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental exige a los operadores económicos, entre las que debemos considerar a las empresas
de transporte y distribución de energía eléctrica, a aplicar medidas de prevención y evitación de los daños ambientales. La Ley incorpora un régimen administrativo de responsabilidad ambiental con carácter objetivo e ilimitado que se apoya en el
principio de prevención y de que 'quien electrocuta paga' para lo cual dota a la Administración pública de un conjunto de potestades administrativas al servicio de la conservación de la fauna y del medio ambiente.



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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión, para la consecución de los fines siguientes:


1. Que la adopción de las medidas de protección de la avifauna de las líneas eléctricas de alta tensión no pueda entenderse supeditada a la existencia de un programa de financiación pública. El Gobierno desarrollará un plan de ayudas para
PYMES y pequeños/as propietarios/as.


2. Que las medidas de protección de la avifauna sean de aplicación a todos los tendidos de nueva construcción, a las modificaciones de las instalaciones existentes y a los tendidos eléctricos instalados con anterioridad a la entrada en
vigor, que discurran por suelo no urbanizable de todo el territorio del Estado, y no solo en las denominadas 'zonas de protección' dictaminadas por cada Comunidad Autónoma.


3. Mejorar las prescripciones técnicas de los nuevos tendidos para reducir el riesgo de electrocución y colisión. Definir un proyecto tipo consensuado que contemple las exigencias del funcionamiento de las redes eléctricas y la seguridad
de las aves.


4. Detallar y dotar de conceptos técnicos más precisos fas definiciones y las medidas preceptivas, que impidan una interpretación equívoca de las obligaciones concretas de adaptación de los tendidos eléctricos.


5. Incluir un régimen sancionador para las demoras y/o incumplimientos de las medidas de protección.


6. Facilitar la adecuación de tendidos obsoletos irregulares de particulares o inhabilitarlos.


7. Asegurar el cumplimiento y aplicación de la legislación de responsabilidad ambiental en relación a las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica y en cuanto a la prevención y reparación del daño causado por las
electrocuciones de avifauna.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2018.-Jaume Moya Matas, Diputado.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


161/003238


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para el apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Agrícola
Espino y Baena Franco, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


Exposición de motivos


Los trabajadores y trabajadoras de la empresa Agrícola Espino afectados por las sanciones del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) están reclamando soluciones ante unas sanciones cautelares impuestas por SEPE cuya cuantía variaba entre
2.500 y 3.000 euros.


Dichas sanciones tienen su origen en el incumplimiento de la empresa Agrícola Espino del ingreso de las cotizaciones sociales de estos trabajadores y trabajadoras. Además de las sanciones, también se les reclama la devolución de las
prestaciones del subsidio agrario cobradas, y que en algunos casos llegaban a los 14.000 euros.


Hoy, la situación se ha complicado y empeorado. A las cerca de 1.000 personas afectadas en la empresa Agrícola Espino se suman ahora unas 200 de la empresa Baena Franco que también se encuentran afectadas por el no ingreso de las
cotizaciones sociales.


Se trata en su inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras pertenecientes a municipios de la provincia de Sevilla y Córdoba, y a un grupo de ellos se les abre además la vía penal al amparo de la reforma del artículo 307 del Código Penal,
con peticiones de prisión de seis meses a tres años. Cuesta



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creer que en vez de arremeter contra los empresarios responsables del fraude se cargue contra las víctimas, en este caso trabajadores y trabajadoras de ambas empresas.


Después de dos años y medio, y de interponer más de 250 demandas, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se pronunció sobre las sanciones impuestas a los jornaleros de Agrícola Espino, planteando que 'no es posible extraer de
los hechos probados de la sentencia ni, por prueba directa ni por presunciones, no solo el fraude; ni siquiera el mínimo animus defraudatorio en la conducta de la actora que, no solo formalmente ha sido contratada, sino que realmente llevó a cabo
la prestación de servicios, lo que se recoge expresamente en la Fundamentación Jurídica de la sentencia que, a propósito razona que las conclusiones de la Inspección de Trabajo, no tienen base en datos ciertos y aluden a conjeturas y suposiciones,
referidos a una pluralidad de trabajadores sin mención concreta de la actora y sus circunstancias específicas'. (Sentencia 1575/17).


Este pronunciamiento judicial, reiterado en otras resoluciones del mismo Tribunal, incide en la falta de medios de prueba con que en su día se impusieron a los trabajadores y trabajadoras las sanciones administrativas por parte de SEPE,
asentadas tan solo sobre la base de indicios que en modo alguno pueden resultar concluyentes para determinar su culpabilidad, como finalmente se ha reconocido.


Si lo anterior viene determinando la nulidad legal de los procedimientos administrativos de carácter sancionador iniciados por esta causa, parece sensato pensar que debería conllevar la retirada de las acusaciones ejercidas por el Estado en
el ámbito de lo penal contra esos trabajadores, por el doble motivo que se sustentan sobre dichos procedimientos sancionadores y, en consecuencia, se apoyan exclusivamente en la misma ausencia de pruebas, directas o indirectas, aludiendo en
definitiva, y como ya ha dicho el TSJA, a 'conjeturas y suposiciones'.


Las garantías propias del proceso penal, presidido por la presunción de inocencia y en el que ha de operar con la mayor intensidad el principio probatorio, obligan a que en las presentes circunstancias los órganos del Estado que han
formulado y sostienen las acusaciones penales, Fiscalía, Abogacía del Estado y servicios jurídicos de la Seguridad Social, desistan de proseguir con un calvario judicial contra cientos de trabajadores y trabajadoras cuyos fundamentos formales, tras
la anulación de las sanciones administrativas, y materiales, al haberse declarado en sede judicial la ausencia de pruebas suficientes para imponerlas, han quedado completamente desvirtuados y anuncian el necesario fracaso de la ofensiva penal.


Por todo lo expuesto se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'1. El Congreso de los Diputados manifiesta su solidaridad y apoyo a los trabajadores y trabajadoras de las empresas Agrícola Espino y Baena Franco.


2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la retirada de las acusaciones penales por parte de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los servicios jurídicos de la Seguridad Social contra los jornaleros de Agrícola Espino y
Baena Franco, y el levantamiento de las sanciones.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2018.-Miguel Ángel Bustamante Martín y Eva García Sempere, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a seguir en la
línea de apoyo y defensa al sector citrícola español y europeo ante la entrada de cítricos procedentes de terceros países, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



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Exposición de motivos


Durante la campaña de importaciones por parte de la Unión Europea (UE) de cítricos procedentes de terceros países, y correspondiente al año 2017, se detectaron en los puertos comunitarios un total de 24 cargamentos de cítricos originarios de
Sudáfrica contaminados con mancha negra, Citrus Black Spot (CBS). Se trata de una enfermedad de cuarentena que causa graves manchas en la piel de los frutos, hasta el punto de imposibilitar su comercialización.


Es preciso subrayar que esta enfermedad no está presente en la citricultura europea y que la llegada, en las inquietantes proporciones actuales, de cítricos sudafricanos infectados entraña el grave riesgo de que pueda introducirse en el
territorio comunitario con consecuencias desastrosas para su citricultura. Este problema viene de lejos y no sólo no se ha atenuado, sino que se ha recrudecido en los últimos tiempos, ya que las interceptaciones de mancha negra en los envíos
sudafricanos se multiplicaron por seis durante 2017 respecto al año anterior. Sin embargo, la Comisión Europea mantiene una posición de clara pasividad con respecto a los incumplimientos de Sudáfrica.


En primer lugar, Bruselas ha venido incumpliendo sistemáticamente la disposición en virtud de la cual se comprometió a paralizar las importaciones de Sudáfrica si superaba las cinco detecciones. Además, en 2016 la Comisión volvió más laxos
los controles sobre plagas y enfermedades del país africano, puesto que decidió permitir que sus cítricos pudiesen entrar en Europa a través del llamado canal de la industria sin rechazos por detecciones, y sin necesidad de un tratamiento en frío.
Este trato privilegiado por parte de la UE culminó con la firma en 2016 de un acuerdo comercial con Sudáfrica que favorece la importación de sus cítricos a pesar de que este país ha incumplido sistemáticamente el control sobre la sanidad vegetal de
sus envíos de cítricos.


A la vista de esta situación, el sector citrícola europeo exige un cambio radical en la actitud de la Comisión Europea con respecto a Sudáfrica para conseguir que este país sea capaz de garantizar la completa seguridad fitosanitaria de sus
envíos de cítricos.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, propone para su debate y votación, la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:


1. Perseverar en las gestiones oportunas ante las Instituciones Comunitarias, en defensa de los intereses de los citricultores españoles y europeos ante la entrada de cítricos procedentes de países terceros, en especial desde Sudáfrica, que
son susceptibles de introducir alguna plaga o enfermedad que hoy en día no está en el territorio europeo y que pueden traer graves consecuencias.


2. Así mismo, insistir en que se mejoren las inspecciones en los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) en el ámbito europeo y que todos los puertos de entrada realicen los mismos controles de inspección y con el rigor necesario para
garantizar la sanidad vegetal de los cítricos españoles y europeos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003277


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la construcción de la presa de 'La Cerrada de la Puerta' en Pozo Alcón, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


Exposición de motivos


La desertificación constituye una amenaza patente en el paisaje estepario que se emplaza en el territorio suroriental de la provincia de Jaén, entre los municipios de Pozo Alcón, Huesa, Hinojares y Larva, que avanza en dirección norte, hacia
el curso del río Guadalquivir. Así lo indican diversos estudios, que culpan de este deterioro a la erosión, la pérdida de fertilidad del suelo, los incendios y el cambio.



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Una acción positiva que pudiera paliar este avance, vendría de la mano de la construcción de la presa de La Cerrada de la Puerta, en el término municipal de Pozo Alcón, con una capacidad de almacenamiento de 289 hectómetros cúbicos. Una
actuación prevista inicialmente en la prórroga para los años 2010-2013 de las medidas del Plan Activa Jaén, aprobada en el Consejo de Ministros el 26 de marzo de 2010, por un importe de 51 millones de euros.


La construcción de esta presa obedece además a distintos parámetros de sostenibilidad medioambiental: su construcción buscaría la regulación del caudal del Guadalquivir y la capacidad de almacenamiento en una de últimas quebradas o uno de
los pocos vasos naturales de tierra caliza que quedarían aguas arriba de la cuenca, con poco impacto a la población y su paisaje lunar a base de yesos, en este caso para tener abastecimiento del Guadiana Menor y del Fardes y Guadahortuna. También
favorecería la regeneración ambiental, el regadío para cultivos y por ello el sostenimiento de la población en el territorio. Por ende, mejoraría la capacidad de abastecimiento humano para esa población y la actividad productiva y de servicios en
la comarca.


El proyecto de construcción de la presa de La Cerrada de la Puerta redundaría en esos parámetros de sostenibilidad y austeridad, pues se configuraba como alternativa a la presa de Úlpeda La Vieja, que hubiese tenido mayor impacto y
presupuesto; y como alternativa de regulación más eficaz -pues se situaba más cerca del nacimiento del río- y con una necesidad de inversión que se reduciría casi a la imitad, al ser planteada como sustitución a las tres balsas que acompañarían a
la presa del Cadimo, las de Mancebo, Campillo y Venta la Chica, desechadas también por su alto coste y menor capacidad de regulación.


Gracias a la decisión política de 2010 que le dio carta de naturaleza, la presa de La Cerrada de la Puerta se contempla en las inversiones a realizar, en concreto en el Punto 4.13 del Anejo 12 del Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir
2015-2021 de diciembre de 2015 sobre Programa de Medidas; y Tabla 9 del Apéndice 2 del mismo Anejo 12 sobre Incremento de los Recursos Disponibles. De manera equivalente, se contempla la modernización de regadíos en el Guadiana Menor (citados en
la Tabla 1 del Apéndice 3. Medidas para alcanzar los objetivos medioambientales en las masas de agua superficiales, también del Anejo 12 del Programa de Medidas del Plan de diciembre del 2015).


El Plan Hidrológico del Guadalquivir contempla una inversión para la presa de 5 millones de 2016 a 2021 y otros 40 de 2022 a 2027; a la vez que concreta los fondos necesarios para la modernización de regadíos en el Guadiana Menor. Creemos
que esta programación se debe de adelantar por las perspectivas de sequía que se está ciñendo por la escasez de precipitaciones de los últimos años y por la evidencia, cada vez más clara, de los efectos del cambio climático. Entendemos que esta
obra de infraestructura ayudará a paliar estos efectos, a la vez que es un revulsivo para la regeneración forestal y agraria de una de las zonas más afectadas por la desertificación.


Sin embargo ni el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ni la Confederación Hidrográfica, han fijado el inicio de estos proyectos y trabajos presupuestados en el Plan Hidrológico del Guadalquivir.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Considerar prioritaria la construcción de la presa de La Cerrada de la Puerta, dándole carácter de urgencia, que permita paliar las sequías cíclicas que tiene la cuenca del Guadalquivir.


2. Instar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a que incluya la construcción de esta presa en los Presupuestos Generales del Estado próximos, anunciando además una cronología para su ejecución que permita
paliar los efectos de la escasez de precipitaciones y sirva de apoyo al desarrollo de una de las comarcas más castigadas por la desertificación.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2018.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Micaela Navarro Garzón, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la gestión eficiente en la explotación del servicio de abastecimiento de agua en alta del sistema Víboras-Quiebrajano, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


Exposición de motivos


El sistema de abastecimiento de agua del 'Víboras-Quiebrajano', integrado por los municipios de Jaén, Arjona, Arjonilla, Cañete de las Torres, Escañuela, Fuerte del Rey, Lahiguera, Higuera de Calatrava, Lopera, Porcuna, Santiago de
Calatrava, Valenzuela, Villardompardo, Martos, Torredelcampo, Torredonjimeno y Jamilena atienden en total a unos 200.000 habitantes, ello supone aproximadamente el 31% de la población de la provincia de Jaén.


Desde el año 1987, la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable en alta está en manos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en virtud de los convenios suscritos por todos los ayuntamientos y la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.


Esta situación única en España, en la que el Estado todavía es titular y gestor de sistemas de abastecimiento de agua potable en alta, es mantenida en la actualidad, puesto que por parte de Confederación no se han finalizado las obras
necesarias para entregar a los ayuntamientos las instalaciones en condiciones óptimas.


Todas las infraestructuras hidráulicas que configuran este sistema de abastecimiento de agua en alta, son de titularidad del Estado y por tanto como propietario de las mismas y actual gestor del servicio, corresponde al Gobierno, a través de
sus organismos dependientes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, como a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, velar por su correcto estado de conservación y mejora, de forma que se garantice el suministro
de agua a estas poblaciones.


Gran parte de estas infraestructuras hidráulicas, que se remontan al año 1976, año en el que se construyeron el embalse del Quiebrajano y la ETAP de Jaén, han superado su vida útil y se hace imprescindible acometer determinadas actuaciones
que garanticen el suministro de agua potable y optimice los elevados costes energéticos que están soportando los ayuntamientos, especialmente cuando el nivel de agua del embalse del Quiebrajano desciende del 40% de su capacidad, nivel en el que la
CHG determina el arranque de los sondeos de La Merced.


Conscientes de esta problemática, han sido múltiples las reivindicaciones trasladadas a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, tanto desde la Diputación de Jaén, como de los ayuntamientos y del Consorcio de Aguas
Víboras-Quiebrajano, en el sentido de asumir la gestión de estos sistemas, pero para ello resulta imprescindible que el Gobierno de respuesta a las necesidades en materia de infraestructura hidráulica planteadas.


Tenemos la convicción que de haberse ejecutado las obras contenidas en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir a instancias de la Diputación provincial de Jaén, aprobado por el Consejo de Ministros, y que entró en vigor
mediante el Real Decreto 1/2016 publicado en el 'BOE' de 16 de enero de 2016, concretamente la ejecución de las obras de: reparación del canal de Quiebrajano, telecontrol de todo el sistema, remodelación e impermeabilización del depósito ETAP Jaén,
adecuación de los sondeos de La Merced y la reparación de la galería entre azud Susana y la cámara de carga; se podrían haber gestionado los recursos de una forma mucho más eficiente y eficaz. La consecución de estas obras habría supuesto un gran
ahorro de agua pues se habrían disminuido las grandes pérdidas de agua del canal, de la propia planta potabilizadora y los depósitos de regulación.


Y porque un sistema de telecontrol adecuado y con los equipamientos correspondientes se hubiese podido implantar un modelo de explotación, tanto de los sondeos como de la estación de bombeo, que aprovechara las franjas horarias de menor
coste eléctrico.


Han sido varios los requerimientos hechos tanto al Gobierno de España como a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por parte de la Diputación provincial, como por los ayuntamientos afectados que conforman el Consorcio Víboras
Quiebrajano; requerimientos en los que se ponen de



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manifiesto los graves problemas de abastecimiento de agua potable existentes en los municipios del sistema Víboras-Quiebrajano.


Pese a estos requerimientos, las obras necesarias siguen sin realizarse por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, quedando patente la despreocupación y falta de consideración hacia la Diputación provincial y los
ayuntamientos afectados, ante un problema tan importante como es el abastecimiento de agua.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Que se ejecuten urgentemente, las obras contenidas en el proyecto de 'Adecuación, rehabilitación y mejora del sistema del Víboras-Quiebrajano', cuyo presupuesto global asciende aproximadamente a 3,6 millones de euros. Proyecto redactado
por la Diputación provincial y contenido en el Plan Hidrográfico de la Demarcación del Guadalquivir, aprobado por el Consejo de Ministros y contemplado en el Real Decreto 1/2016, publicado en el 'Boletín Oficial del Estado' de 16 de enero de 2016.


2. La creación de una comisión técnica con la Diputación provincial de Jaén que establezca una programación y calendario del resto de obras incluidas en el Plan Hidrológico a ejecutar en ambos subsistemas, así como el procedimiento a seguir
para la efectiva cesión de la explotación.


3. Ceder a la Diputación Provincial de Jaén, la gestión de la explotación del sistema Víboras- Quiebrajano, una vez que se ejecuten las obras contenidas en el punto primero y se planifiquen las actuaciones referidas en el acuerdo segundo.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2018.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Micaela Navarro Garzón, Diputados.- Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Sanidad y Servicios Sociales


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Palamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de las Diputadas Rita Bosaho y Marta Sibina, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de
los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de regulación de las funciones de los técnicos y técnicas en cuidados de Enfermería, así como su correcta clasificación, para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales.


Exposición de motivos


Cualquier debate en torno a las profesiones sanitarias no debería obviar un enfoque adecuado a la realidad sociodemográfica de nuestro país porque nos ayuda aceptar los distintos patrones de salud y enfermedad que progresivamente se harán
mayoritarios en las próximas décadas, y que a los cuales, los recursos del Sistema Nacional de Salud (SNS), tanto a nivel humano como a nivel material, deberán adaptarse.


Son numerables los informes publicados que detallan y analizan las ventajas e inconvenientes de posibles medidas a medio y largo plazo que deberán adoptar los Servicios de Salud de las comunidades autónomas para reorientar el modelo
sanitario, sobre todo a la hora de fortalecer el Sistema Público de Salud como bien para la mayoría social.


Para evitar desajustes en el Sistema Nacional de Salud entre las comunidades autónomas, circunstancia que agravaría aún más la situación de los profesionales sanitarios de unas zonas a otras, sería importante recuperar la dimensión nacional
del mercado laboral de los profesionales sanitarios para fomentar la movilidad interior, la flexibilidad y la cooperación entre las distintas comunidades autónomas, así como la recuperación de aspectos de igualdad y equidad en el acceso a la
asistencia sanitaria, siendo



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atendida la población por profesionales de distinta categoría equiparable a sus rangos. Como mínimo, el SNS debería establecer una coordinación entre comunidades autónomas y una definición común de estándares de necesidades actuales y,
sobre todo, futuras, relativa al número y formación de las y los profesionales sanitarios dedicados a los cuidados.


Nuestro modelo sanitario pivota en la actualidad entorno a la resolución de procesos agudos y patologías de alta complejidad, por lo que predomina un patrón claramente especializado y resolutivo. El SNS que ineludiblemente persigue la
calidad y la excelencia requiere de profesionales con el nivel de formación adecuada al servicio de la demanda de la mayoría social, para atender a las múltiples patologías que aquejan en distintos niveles a los usuarios y usuarias.


Los vertiginosos cambios sociales, culturales, demográficos, tecnológicos y científicos acaecidos en las últimas décadas, sin duda favorecidos todos ellos por el proceso de la globalización, previsiblemente generarán una nueva contingencia
social a la que se deberá adaptar el modelo de gestión social, tanto en sus aspectos económicos, como sociales y sanitarios, primando la atención integral en beneficio de la ciudadanía. Por tanto, el modelo sanitario actual se deberá reconfigurar
inevitablemente, orientándose a la atención de una población envejecida y a la protección de colectivos en riesgo, que progresivamente será posible identificar con mayor facilidad y con intensidad en los cuidados de los profesionales de Enfermería.


Uno de los elementos fundamentales que propiciará ese cambio de paradigma en la asistencia sanitaria, centrada en la actualidad en los procesos agudos, ha sido la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia. Su puesta en marcha de forma gradual ha alcanzado en la actualidad su umbral completo de desarrollo y hemos de asumir que, sin perjuicio de su grado mejorable de suficiencia, la cobertura, en abstracto, alcanzará todos los
beneficiarios. En este sentido ha de tenerse presente nuestras instituciones hospitalarias actuales, deberán adaptarse a las necesidades reales derivadas de dichos cambios. La construcción de un modelo de Atención Sociosanitaria coordinado debe
ser un instrumento idóneo para contribuir a resolver de manera eficiente, con dignidad y calidad, algunos de [os problemas sociales y sanitarios de una parte de importante de la población en la que hay que valorar los problemas desde un aspecto
multisectorial. Por una parte, un sistema fundamentalmente de enfermos crónicos y mayores con pluripatologías, con alrededor de un millón de personas, tributarias en los ámbitos de financiación, carteras de servicios, eficiencia de procesos, con el
objetivo de lograr una adecuada atención, contribuyendo además a la viabilidad y sostenibilidad del Sistema.


Además, el abordaje de la salud, definitorio del Estado de Bienestar, ha alcanzado un mayor grado de complejidad debido, entre otras cosas, al envejecimiento de la población y a la necesidad de atender otros factores de carácter social más
allá de la estricta patología. Por tanto, un escenario centrado en la persona, más humano y satisfactorio, menos costoso, que consiente de la compleja realidad en la que se encuentra el SNS, puede ser un generador de oportunidades, si valora con
justicia e igualdad la labor de sus profesionales en base a los criterios de exigencia y responsabilidad que pudieran derivarse de la propia actividad que realizan y que a su vez son ajustadas a derecho, sin olvidarnos de nuevos nichos de empleo y
nuevas oportunidades para los profesionales sanitarios.


El análisis de la profesión de Técnico y/o Técnica en Cuidados de Enfermería, nos demuestra que su eje más importante son las funciones sociosanitarias dentro de equipos multidisciplinares. Las funciones de estos colectivos, se desarrollan
de conformidad en el marco de la asistencia hospitalaria especializada, en ámbitos de atención social y sanitaria dirigidos a cuidados de larga duración que tienen un fuerte impacto sobre políticas de Recursos Humanos, tanto en las estructuras de
plantillas como en perfiles profesionales, para dar respuesta a los nuevos retos que plantea el SNS y en general el entorno de los cuidados.


Por otra parte, los desarrollos normativos en el ámbito profesional sanitario han tenido un camino escaso y desigual. Transcurrido más de treinta años desde que se aprobó la Ley 14/1986, General de Sanidad, donde había un escasísimo
contenido regulador en cuanto a los profesionales de la sanidad, la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud vino a incorporar algún aspecto adicional.


Queda patente que resta bastante por hacer en cuanto al desarrollo de la Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias y en aplicación efectiva de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de
Salud, norma que pretende cohesionar desde el punto de vista laboral, al personal al Servicio del Sistema Nacional de Salud. El desarrollo tecnológico, la oferta formativa, y las



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diferentes condiciones de trabajo, obligan a revisar con seriedad y con detalle la situación actual y analizar cuál debería ser el camino a seguir para lograr una calidad asistencial basada en derechos y la satisfacción de pacientes, así
como el reconocimiento de los y las profesionales sanitarias.


Los distintos estudios realizados en España respecto al cálculo de profesionales de la Sanidad se necesitan para dar respuesta a los nuevos retos de salud, han puesto el énfasis en el análisis de los cambios sociodemográficos y el desarrollo
tecnológico experimentado. Asimismo, darán lugar a un nuevo modelo de asistencia que requiere cada vez más una mayor participación multidiciplinar, superando los nichos de actividad fruto de planteamientos corporativistas hasta ahora existentes.


El empoderamiento experimentado por las profesionales sanitarias en los últimos 30 años en nuestro país, ha tenido su reflejo en mejoras de la cualificación profesional y ha venido acompañada igualmente de una mejora de ciclos y programas
formativos, tanto universitarios como de formación profesional de la rama sanitaria. Sin embargo, dicha mejora no ha sido universal ni generalizada para todas las profesiones sanitarias, por tanto, es necesario obtener ese reconocimiento
profesional y académico de algunos sanitarios.


El Informe de Salud Mundial del año 2000 avanzaba que la adecuada distribución de tareas entre profesionales sanitarios, era uno de los grandes retos para la mayor parte de estas organizaciones y del propio Sistema Nacional de Salud. La
Organización Mundial de la Salud señalaba que, en el marco de las prioridades nacionales, era necesario que 'los trabajadores apropiados, con las destrezas apropiadas ocupasen los puestos apropiados para realizar las tareas apropiadas.'


Desde hace varias décadas la profesión de enfermera (actual titulación de grado Universitario en Enfermería) se considera una disciplina científica más de Ciencias de la Salud, y ha sido el resultado de una larga historia profesional
marcada, en primer lugar por la dependencia de otros profesionales. En nuestro país, a lo largo de la historia más reciente, la profesión de enfermería ha recibido distintas denominaciones, transitando hasta la actualidad por un crecimiento y
reconocimiento profesional, al que no ha sido ajena la función de los Colegios Profesionales.


En la primera fase histórica, se les denominaba como practicantes. Posteriormente, tras la creación de Escuelas para la formación de Ayudantes Técnicos Sanitarios, que serviría de titulación más adelante con la creación de las Escuelas
Universitarias de Enfermería que darían lugar al título de Diplomada y Diplomado en Enfermería. En la actualidad, como consecuencia de la adaptación de los Estudios Universitarios al denominado Plan Bolonia, y la creación del Espacio Europeo de
Educación Superior, se comienza a hablar de Graduados Universitarios en Enfermería, con una duración de estudios de cuatro años, así como la existencia de especialidades de Enfermería.


A pesar de esta evolución en la profesión sanitaria, hay profesionales sanitarios que no ven compensada el desempeño de su profesión con su nivel de capacitación. En el momento actual algunas profesiones, en el marco de la sanidad, parecen
estar estancadas si las comparamos con otras titulaciones de Formación Profesional de la rama sanitaria, que aún sin la relevancia en número y consecuencias en la atención sanitaria, han visto incrementado su nivel formativo.


Si se ha adecuado que, la definición de Enfermería es la ciencia de cuidar, los Técnicos y Técnicas en cuidados de Enfermería, como el propio nombre de su titulación indica, son profesionales sanitarios y sanitarias cuyo objetivo son los
cuidados de enfermería, no en un nivel auxiliar, sino en un nivel complementario y fundamental y en equipo junto a las profesionales enfermeras y enfermeros.


La profesión de Técnico en Cuidados de Enfermería tiene, a su vez, en nuestro país un desarrollo histórico que, en un principio, comenzó dotándose de profesionales sin titulación académica, al igual que ocurrió en la actual profesión de
Graduados y Graduadas Universitarias de Enfermería. En 1947, se les comenzó a denominar cuidadoras y cuidadores en las distintas normas de funcionamiento de los centros asistenciales. En 1948, fueron incluidas en la categoría profesional de
personal subalterno. En 1960, se pretendía dar respuesta a la masiva apertura de distintos dispositivos de atención sanitaria, con la proliferación de centros privados, diputaciones, hospitales provinciales aparte de los públicos; en ese contexto
se inició la incorporación del personal técnico no titulado, dando la entrada a este tipo de profesionales, surgiendo así las primeras Auxiliares de Clínica, sin formación académica alguna exigida, que bajo la dependencia funcional y supervisión de
las Ayudantes Técnicas Sanitarias (ATS) se dedicaban a atender las necesidades más básicas de los pacientes.



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En el año 1973, se aprobó el Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de la Seguridad Social, mediante Orden del Ministerio de Trabajo de 26 de abril de 1973, en el que por primera vez, legislativamente, se recogía la figura del
Auxiliar de Clínica, así como sus funciones, aunque sin exigencia de titulación determinada. En 1975, se estableció oficialmente la enseñanza a través de los estudios de Formación Profesional (FP I) del título de Auxiliar de Clínica. En el año
1984, se incluyó la exigencia del título de FP, Rama Sanitaria (FP I) a todos los trabajadores y trabajadoras con categoría profesional de Auxiliar de Clínica que ejercían en las entonces denominadas Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.


En el año 1986, la Orden de 26 de diciembre de 1986 del Ministerio de Sanidad y Consumo, creó la categoría profesional del Auxiliar de Enfermería, sustituyendo a la Auxiliar de Clínica, y produciéndose así la plena integración en los equipos
de enfermería. En 1990, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), introduce cambios importantes en la enseñanza reglada de la FP en España. Mediante los Decretos 546/1995, de 7 de abril y 558/1965, de 7 de abril, se
establece el título de técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y su currículo formativo, enmarcado en el ciclo formativo de Formación Profesional, Rama Sanitaria, de Grado Medio.


En el año 2005, el Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales, cataloga al Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, antes Nivel 2, (perteneciente a los ciclos formativos de Grado Medio), como Nivel 3 (perteneciente a
los ciclos formativos de Grado Superior) de Cualificación Profesional, titulación hasta ahora en Contraste Externo, según el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales Familia Profesional de Sanidad, editado por el Ministerio de Educación y
Ciencia. El Nivel 3 de Cualificación Profesional refiere a la 'competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de diversas técnicas y puede ser ejecutado de forma autónoma. Comporta responsabilidad de coordinación
y supervisión de trabajo técnico y especializado. Exige la comprensión de fundamentos técnicos y científicos de las actividades y la evaluación de los factores del proceso y de sus repercusiones económicas.'


Como hemos constatado, sobre la actualización, inaplazable ya, de la regulación funcional del cometido o cometidos concretos que corresponden a los Técnicos en Cuidados de Enfermería en cada uno de los servicios o áreas de actividad, queda
asimismo pendiente una necesaria revisión de la cualificación profesional de los Técnicos de Enfermería al Nivel 3 y debe consecuentemente llevar aparejada una nueva titulación de Formación Profesional y, correlativo cambio de grupo profesional en
el ámbito de la función pública de los servicios de salud, que debería proponer su encuadramiento en el grupo B del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).


Lo anterior, sobre la base de los referentes normativos que, a continuación, se enumeran:


1. La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de Cualificaciones y Formación Profesional, determina en su artículo 7.2 que '... El Gobierno, previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 5.2 de esta Ley, determinará la estructura y el contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y aprobará las que procedan incluir en el mismo, ordenadas por niveles de cualificación, teniendo en cuenta en todo caso los
criterios de la Unión Europea...'.


2. El Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, en su Anexo II define los niveles de cualificación y respecto del Nivel III indica que ha de contar con
'competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de diversas técnicas y pueda ser ejecutado de forma autónoma, comporta responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y especializado. Exige la
comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y la evaluación de los factores del proceso y de sus repercusiones económicas'.


3. Por su parte en el Anexo I del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio se determinan -atendiendo a la competencia profesional requerida por las actividades productivas con arreglo a criterios de conocimientos, iniciativa, autonomía,
responsabilidad y complejidad, entre otros, de la actividad a desarrolla (artículo 4.4)- las competencias propias de los diferentes niveles de Formación Profesional, de modo que una lectura del apdo. correspondiente parece sugerir que el
encuadramiento del título que habilita la actividad profesional de los Técnicos en Cuidados de Enfermería, resultaría de mejor adecuación en el Nivel III, habida cuenta de la naturaleza de conocimientos exigidos, las cargas docentes, la absoluta
autonomía y responsabilidad que implica su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales.



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Como puede comprobarse, se ha modificado la denominación de los grupos pero ni ha cambiado la cualificación profesional del Técnico en Enfermería, ni el Título de Grado Medio de la Formación Profesional, a pesar del informe favorable del
Instituto Nacional de Cualificaciones.


Por otro lado, tras la el análisis de diversas encuestas realizadas, la información obtenida dentro del área organizativa de Enfermería, buena parte de las funciones asignadas nominalmente a la enfermería universitaria, vienen siendo
realizadas por otros profesionales incluidos transitoriamente en el grupo C2 1 (en el ámbito del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud) y denominadas tradicionalmente como Auxiliares de Enfermería, ahora con la titulación de Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería, se solventa la exigencia de la correspondiente capacitación para no incurrir en intrusismo por concepto de la supervisión de enfermería.


Sin embargo, esta situación es contradictoria cuando se plantea el análisis concreto de la realidad de los centros sanitarios, ya que la supervisión del personal de enfermería es más teórica que real y no siempre se realiza por distintos
motivos: escasez de personal, falta de tiempo, delegación del responsable etc. De esta manera, y en la medida que estas funciones de enfermería sean realizadas por Técnicos y Técnicas de enfermería se disminuirá la carga de trabajo del personal
enfermero y enfermera, que podrán dedicarse a funciones emergentes o consolidadas también, en relación a los médicos y médicas, y que podría suponer, además, una modificación, a la baja en el gasto total del área de Enfermería.


Finalmente señalaremos cómo, tras más de 10 años de la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público, que, según su Exposición de Motivos, constituía '... un paso importante y necesario en un proceso de reforma, previsiblemente
largo y complejo, que debe adaptar la articulación y la gestión del empleo público en España a las necesidades de nuestro tiempo, en línea con las reformas que se vienen emprendiendo últimamente en los demás países de la Unión Europea y en la propia
Administración comunitaria ...'; en la propia norma se dejaba constancia de cómo ' Por lo que se refiere a los funcionarios, se hace preciso modificar su clasificación actual, teniendo en cuenta la evolución que ha experimentado en los últimos años
nuestro sistema educativo y en previsión, particularmente, del proceso abierto de reordenación de los títulos universitarios ...'.


En cuanto a esa nueva clasificación profesional que establece el EBEP para el personal funcionario de carrera el artículo 76 dispone que:


Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:


- Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2.


Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título universitario será este el que se tenga en cuenta.


La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso.


- Grupo B.


Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior.


- Grupo C.


Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso.


C1: título de bachiller o técnico.


C2: título de graduado en educación secundaria obligatoria.


Esta norma substantiva resulta, sin embargo, derogada materialmente, a costa de una indeseable extrapolación de una norma de derecho intertemporal, que, como suele ser habitual, deviene en definitiva -casi once años de transitoriedad nominal
desnaturalizan la esencia transitoria de la disposición-.


1 C1, cuando concluya el periodo transitorio consignado en el EBEP, sin causa real alguna que lo justifique y al que después nos referiremos.



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De cualquier modo, la expresión textual de la Disposición Transitoria Tercera del EBEP, encierra en sí misma un verdadero fraude conceptual:


Entrada en vigor de la nueva clasificación profesional.


1. Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a que se refiere el artículo 76, para el acceso a la función pública seguirán siendo válidos los títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en
vigor de este Estatuto.


2. Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor del presente Estatuto se integrarán en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el artículo 76, de acuerdo con las siguientes
equivalencias:


Grupo A: Subgrupo A1


Grupo B: Subgrupo A2


Grupo C: Subgrupo C1


Grupo D: Subgrupo C2


Grupo E: Agrupaciones Profesionales a la que hace referencia la disposición adicional séptima.


Como se advierte en el tenor literal de la norma sedicente transitoria, los antiguos Grupos de clasificación del artículo 25 de la Ley 30/1984 se integran de manera automática en los nuevos Grupos de clasificación del artículo 76 del
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), aunque degradando a algunos de ellos, precisamente los que albergan titulaciones no universitarias.


Se ha argumentado que el sistema transitorio reflejado en el EBEP es consecuencia de la incorporación de España al espacio europeo de educación superior, lo que comporta que se fijen unos grupos de clasificación transitoriamente para el
acceso a la función pública hasta tanto se generalice la implantación de las nuevas titulaciones, otorgando validez a los títulos universitarios oficiales y a las titulaciones no universitarias vigentes a su entrada en vigor. Ese criterio de
aplicación de la disposición transitoria 39 se ha seguido en las Leyes de Presupuestos, tanto estatales como autonómicas, que se han dictado en los años 2007 y posteriores para la regulación de las retribuciones de los funcionarios públicos.


Sin embargo, estamos, como anticipábamos, ante lo que, en la consideración más amable, supondría una verdadera falta de correlación lógica. Si la razón de ser de la disposición transitoria ya repetida deriva de la nueva regulación de los
títulos universitarios, cabe preguntarse ¿cómo puede admitirse que sean precisamente los grupos de clasificación no afectados por tales cambios universitarios, al no situarse en este ámbito de los grados universitarios, los omitidos en la aplicación
directa del artículo 76? Recordemos, precepto de naturaleza substantiva y no provisional o transitoria.


Como ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en Sentencia de 28 de abril de 2010, '... Ante todo conviene precisar que lo decisivo para la integración en cada grupo de clasificación funcionarial es la titulación exigida para
el ingreso, tal como se desprende del anterior artículo 25 de la Ley 30/1984 y del vigente artículo 76 de la Ley 7/2007, constituyendo dichos grupos un mecanismo de ponderación del mérito y capacidad en la función pública, al diversificar a sus
componentes según el mayor o menor nivel de la titulación exigida para el acceso...', y es lo cierto que no puede haber nada que justifique cómo algunos grupos de empleados públicos reciben un reconocimiento inmediato, a todos los efectos, de esos
méritos y capacidades asociados a su nivel de titulación, mientras que otros ven aplazado 'sine die', ese reconocimiento.


Decimos 'sine die' porque, aunque, generalmente se asocia el vocablo 'transitoriamente' del apdo. 2 a la Disposición Transitoria 32 al apdo. 1 de la propia disposición, ningún fundamento encontramos para ese vínculo, por lo que la
transitoriedad en la integración de los grupos lo es a perpetuidad. Pero es que, aunque se admitiese la agregación descrita, la perífrasis 'Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios' carece de toda precisión,
por lo que, si así se decide, podrían, ¿por qué no?, dejarse pasar dos o más generaciones. Y es lo cierto que no otra cosa cabe esperar, cuando la implantación del régimen ordinario no transitorio, se ha venido demorando precisamente para los
grupos de clasificación ajenos a los títulos universitarios, mientras a los concernidos por la novedad en la titulación se les reconocía desde el primer momento la adscripción a los grupos A-1 y A-2 que no deberían haber entrado entonces en vigor.



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Esta rotunda falta de diligencia en el cumplimiento de las normas, contraria al principio de confianza legítima ha sido, censurada en algunas resoluciones judiciales, que estiman rechazable la tesis de que bastaría el incumplimiento por
parte de la Administración de la obligación de adaptación normativa para soslayar 'sine die' el claro contenido que recoge el artículo 76 del actual del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público1.


En definitiva, la postergación de los precedentes Grupos C y D es injustificada y arbitraria, no ajustándose a los principios recogidos en los arts. 9. 3 y 103 de la Constitución Española, disposiciones generales del ordenamiento jurídico
español sobre interpretación, aplicación y eficacia general de las normas jurídicas; vulneración por la Administración de los arts. 14, 23 y 35 de la CE y arts. 16, 72, 75, 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se
aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.


Por todo ello, presentamos la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Promover ante el Consejo Interterritorial del SNS, la regulación coordinada de funciones de los Técnicos de Enfermería en los diversos Servicios de Salud conforme a las bases generales de adaptación de funciones, de 1973 a 2015.


2. Fomentar medidas de cambio relativas a la formación de los Técnicos de Enfermería, que supongan la configuración de una nueva estrategia que tenga en cuenta el incremento de sus competencias y por tanto el incremento en el grado de su
Formación Profesional al Nivel III, acompañada de una formación continua y evaluación de las competencias profesionales, así como el cambio en la denominación de la profesión acorde con su realidad profesional y formativa, adaptándose a la
denominación que utiliza la normativa vigente. (EM y EBE).


3. Declarar concluida la vigencia de la disposición transitoria 3.a del actual del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, tras casi 11 años de
haberse mantenido indebidamente en vigor, y disponer, en consecuencia, la inmediata aplicación a todos los efectos de lo dispuesto en el artículo 76 del propio texto legal.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2018.-Rita Gertrudis Bosaho Gori y Marta Sibina Camps, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


1 Sentencias Sala de lo Contencioso-Administrativo (sede Sevilla), sec. 4.ª, del TSJ de Andalucía en muy reciente sentencia de 15-7-2012, [TOL2.657.534] y Sala de lo Contencioso-Administrativo (sede Granada), sec. 3.ª, del TSJ de Andalucía
en sentencia de 12-5-2008, [EDJ 2008/217943].


161/003244


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


Autor: Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición no de Ley relativa a solicitar un informe de análisis y propuestas para una gestión de profesionales acorde a los retos actuales y futuros del Sistema Nacional de Salud.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que las medidas recogidas en los puntos II y V procedería adoptarlas, en su caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su



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conocimiento por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Asimismo, dar traslado del acuerdo aI Gobierno, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para solicitar un Informe de Análisis y Propuestas para una gestión de profesionales acorde a los retos actuales y futuros del Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.


Exposición de motivos


El Sistema Nacional de Salud (SNS) español goza de excelentes evaluaciones internacionales en cuanto a calidad, acceso y resultados, y no cabe duda que, más allá de cuestiones organizativas, como es el caso de su cobertura cuasi-universal,
su financiación pública y solidaria, descentralización política y el fuerte desarrollo de la atención primaria, dichos resultados tienen mucho que ver con el extraordinario nivel de formación y preparación de sus profesionales sanitarios.


A ello contribuye el reputado sistema MIR de formación de especialistas sanitarios basado en el progresivo aprendizaje de competencias en entornos supervisados, unos centros sanitarios con fuerte vocación, en su mayoría, hacia la docencia y
la investigación, y una cultura profesional que propicia el desarrollo del conocimiento, fortalecida desde los centros, las sociedades científico-sanitarias y los colegios profesionales.


Cuantitativamente, la sanidad española ha superado en el último trimestre del año 2017 la cifra de un millón de empleos directos (1 076 000, o el 5,7% del total de población activa), de los que cerca del 70% son empleados del sector público,
cuya remuneración asciende a 29 000 millones de euros en 2015, un 44% del gasto sanitario público.


Este importante acervo o capital intangible que son los recursos profesionales del SNS no está exento de desafíos. Muchos de ellos han estado presentes desde los orígenes del SNS. Entre estos desafíos podemos citar, sin querer ser
exhaustivos, seis grandes grupos: (1) el modelo de empleo actual, entre los que destacan el sistema actual de acceso al puesto de trabajo (oferta pública de empleo), por su uniformidad para todas las categorías profesionales, y para la atención
primaria y los hospitales, y mantener por largos periodos de tiempo como temporales las plazas que quedan vacantes; (2) los derivados de las crisis económicas con sus secuelas de pérdida de puestos de trabajo y poder adquisitivo, con la
consiguiente desmotivación de los profesionales; (3) los retos de la demografía profesional, especialmente la médica, el envejecimiento de las plantillas y los intensos procesos de sustitución de profesionales; (4) la formación continua, la
actualización y recertificación de competencias, y el desarrollo y reconocimiento profesional; (5) los que tienen que ver con la organización del trabajo, el desarrollo e incorporación de nuevas especialidades y nuevas profesiones, la coordinación
entre especialistas y profesiones, y las oportunidades que brinda la digitalización de la salud; y (6) la interacción de clínicos y gestores, y la participación y corresponsabilidad de los profesionales clínicos en la gestión de los servicios y
recursos.


Una buena política de recursos humanos en la sanidad ha de estar orientada a: (i) producir los profesionales de todas las categorías en el volumen que precisa el sistema, hoy y a medio plazo; (ii) diseñar una gobernanza de la organización
y gestión del personal que haga posible niveles óptimos de eficiencia y calidad, buscando para ello el equilibrio entre los intereses profesionales-clínicos y los de la ciudadanía; (iii) mantener y desarrollar el capital motivacional profesional,
impulsando los valores de la profesionalidad (profesionalismo) y del servicio público sanitario en instancias efectivas de participación y asesoramiento profesional, y en crear un clima de respeto y confianza social hacia la organización sanitaria
en su conjunto, y sus profesionales; (iv) prevenir y resolver los conflictos de interés en la convivencia del ejercicio público y privado de los profesionales; (v) promover el conocimiento y la competencia en los servicios sanitarios,



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para lo que resulta imprescindible buscar mecanismos de formación continua adecuados e independientes, la evaluación y recertificación periódica, y la promoción de la investigación y la innovación.


Junto a ello, en un sector plenamente dinámico como es el sanitario donde el desarrollo del conocimiento es aceleradísimo, han venido apareciendo nuevos desafíos científicos, sociales y tecnológicos que afectan de manera decisiva al
desarrollo y ejercicio profesional. También, y sin afán exhaustivo, podemos citar como elementos de este contexto: (i) la innovación tecnológica en las áreas de la genómica, la digitalización y robotización, la medicina de la imagen; (ii) la
diversificación y especialización de nuevas profesiones de grado universitarias que desarrollan espacios de actuación sanitaria; (iii) la superespecialización del conocimiento médico y la concurrente fragmentación de las especialidades y la
interprofesionalización de los equipos asistenciales; (iv) los usos y necesidades sociales asociados al envejecimiento y la sociedad del conocimiento, y (v) la globalización y los flujos internacionales de profesionales cada vez más numerosos.


Cuando se realiza una comparativa con los países con sistemas sanitarios similares de nuestro entorno podemos apreciar algunas diferencias importantes en cuanto a la función profesional. Así, el sistema sanitario español se caracteriza por:


- Una menor ratio de enfermería respecto de profesionales de medicina.


- Menor presencia de otras profesiones sanitarias no tradicionales (como son la medicina y enfermería).


- Fuerte temporalidad de los contratos.


- Menores niveles retributivos.


- Mayor asimilación del sistema de empleo al modelo funcionarial.


- Excelente formación profesional y de especialidad a la entrada, pero ausencia de sistemas de recertificación de competencias.


- Mejor distribución de los profesionales funcional (atención primaria versus hospitalaria) y geográfica que en muchos países vecinos.


- Importante producción científica e investigadora, a pesar del fuerte impacto que la crisis ha tenido sobre los fondos dedicados a I+D sanitarias.


En la actualidad, además, el Sistema Nacional de Salud español se enfrenta a un importante desafío determinado por la próxima jubilación de un importantísimo número de profesionales, consecuencia de la fuerte expansión que tuvo el sistema en
los años setenta y ochenta. Un 28% de los empleados actuales del SNS tienen más de cincuenta y cinco años, y más del 10% son mayores de sesenta años. Ello quiere decir que sólo en los próximos cinco años se jubilarán cerca de 60 000 trabajadores.
Envejecimiento de plantilla y jubilación que solo se anticiparán unos años a la fuerte aceleración del envejecimiento de la población española que se va a producir a partir de 2023, como consecuencia de la jubilación de la generación del 'baby-boom'
español. Esta circunstancia se agrava por la opción que tienen las generaciones jóvenes -bien preparadas en idiomas- de trabajar en otros países de la UE con mercados profesionales públicos mucho más atractivos y amigables que el que ofrece el SNS
español.


El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, Ley 55/2003, puso fin a diecisiete años de incertidumbre desde la aprobación de la Ley General de Sanidad que así lo demandaba en su artículo 84. Lo cierto es que, si
bien ha cumplido la función de ordenar el empleo público sanitario, hoy muestra ciertas insuficiencias. El Estatuto marco no ha sido eficaz para resolver cuestiones tan importantes como la acumulación de una alta tasa de temporalidad sin causa; la
utilización de contratos precarios en la cobertura de puestos estructurales y su repercusión en la falta de continuidad en la atención al paciente; la dificultad para perfilar y proveer plazas adaptadas a necesidades específicas de cada centro o
servicio; la regulación de la compatibilidad del ejercicio público y privado; la configuración de puestos de dirección clínica evaluables; la flexibilización de los procesos de jubilación; la capacidad de reorganización de funciones o plantillas
y de colaboración entre centros o áreas de gestión; la separación y compatibilización de diferentes carreras dentro de la función sanitaria (clínica, investigadora, docente, gestión y dirección), entre otras cuestiones.


Estos problemas se agravan por las dificultades de todo tipo para revisar periódicamente el Estatuto Marco, adaptándolo a las necesidades del SNS y poniéndolo al día, para responder satisfactoriamente a las necesidades de los Servicios
Autonómicos de Salud en materia de gestión y ordenación de su personal sanitario.


Más tarde, el Estatuto Básico del empleado público, cuyo texto refundido fue aprobado por la Ley 7/2007, de 30 de octubre, con amplio respaldo sindical, territorial y político (con la única excepción del



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Partido Popular que votó en contra), estableció un marco de relaciones laborales respetuoso con los derechos de los empleados, pero al mismo tiempo más abierto, moderno y adaptado a las necesidades actuales de la función pública, entre las
que la sanidad destaca por su dinamismo y complejidad.


El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordó en su Pleno de noviembre de 2017, a instancia de las Comunidades Autónomas, solicitar del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la constitución de un grupo de
trabajo con el fin de abordar el déficit de profesionales y recomendar medidas de corto y medio plazo. Pero, con ser necesario acometer dicha planificación, no se trata solo del déficit cuantitativo de profesionales. Es necesario abordar de una
manera amplia la problemática de la gestión de profesionales en la sanidad.


En relación con la planificación de los recursos profesionales, se cuenta con el estudio 'Oferta y necesidad de especialistas médicos en España 2010-2025' elaborado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a instancia del Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad de diciembre de 2011, que se centra exclusivamente en un planeamiento cuantitativo y solo de los especialistas médicos.


El único antecedente conocido de un abordaje más amplio, aunque sin éxito, es el 'Libro Blanco de los Recursos Humanos en el Sistema Sanitario' que elaboró la Universidad Rey Juan Carlos y el Consejo Asesor para el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad en 2013, que se presentó ante el Pleno del Consejo Interterritorial en diciembre de 2013. El libro contenía 60 medidas o 'ideas fuerza' organizadas en cinco bloques: Política Sanitaria, Sostenibilidad y Equidad,
Recursos Humanos, Eficiencia y Formación. Si bien se abordan diversos asuntos relacionados con la gestión de recursos humanos, el libro no profundiza en las recomendaciones, y sobre todo, ha carecido totalmente de seguimiento por parte del
Gobierno, como se observa al recorrer buena parte de sus recomendaciones que permanecen hoy incumplidas. Seguramente este incumplimiento tiene que ver con la falta de participación de las CCAA en su preparación, su sesgo profesional y político, y
el desinterés manifiesto del Ministerio por llevarlo adelante.


Previamente, una Ponencia dentro de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del Senado había elaborado y aprobado por unanimidad en junio de 2010 un 'Estudio de las necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud'
que incluía 11 conclusiones y 27 recomendaciones, fundamentalmente centradas en la planificación de las necesidades de recursos humanos, el rol de las profesiones y especialidades, y también algunas referencias más genéricas a las condiciones y
fórmulas de contratación y empleo. Puede decirse que, si bien se han cumplido parcialmente estas recomendaciones, el periodo ya transcurrido hace conveniente una puesta al día, y con mayor alcance, de la reflexión que hizo esta ponencia.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


I. Encargar un informe titulado: ''Análisis y Propuestas para una gestión de profesionales acorde a los retos actuales y futuros del Sistema Nacional de Salud'' cuyos Términos de Referencia serían los siguientes:


Análisis de los problemas existentes y las recomendaciones relacionadas con los siguientes temas:


a) Organización y gestión.


- Cambios necesarios en la organización del trabajo asistencial. Nuevos procesos, roles profesionales, competencias e interacciones en la perspectiva de la continuidad e integración de una atención eficaz, oportuna y eficiente.


- Implicaciones de la robotización, digitalización y la innovación tecnológica y biomédica en las necesidades de profesionales.


- Gobierno y gestión de los servicios clínicos en las instituciones; funciones de dirección y coordinación.


b) Planificación, ordenación y formación de profesionales.


- Demografía: alumnado de grado necesario, necesidades y formación de especialistas.



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- Grados, profesiones y especialidades necesarios para el cambio organizativo. Oferta y contenidos de los grados y especialidades sanitarias actuales.


- Acreditación y validación de competencias.


- Formación continuada y recertificación de competencias.


- Los sistemas de información de la función profesional. Los registros profesionales y el historial profesional único del SNS.


- Flujos, intercambio y colaboración público-privado.


- Prevención del intrusismo y malas prácticas.


c) Regulación jurídico-laboral del personal: Selección, retención, adaptación y motivación.


- Estructura, organización y modalidades de contrato.


- Sistemas de provisión, promoción, movilidad y jubilación.


- Progreso, evaluación y desarrollo profesional.


- Opciones para puestos de especial dificultad en el desempeño o disponibilidad de oferta de profesionales.


- Organización del tiempo de trabajo y guardias médicas.


- Conexión entre la carrera clínica, investigadora y docente.


d) Condiciones de empleo.


- Criterios y prioridades para una progresión y mejora en las condiciones de empleo que busquen una retribución más justa, motivadora y acorde con los objetivos del servicio público.


- Homologación entre territorios.


II. El informe será encargado a tres expertos de reconocido prestigio acordado en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados por mayoría, los cuales contarán con la libertad para conformar un comité
de asesores con experiencia en la gestión de profesionales de la salud y/o publicaciones académicas al respecto.


III. Para la elaboración del informe se habilitará un proceso de consulta con organizaciones profesionales, académicas, sindicales y científicas, tanto de la gestión y administración como de las distintas profesiones y especialidades.


IV. Antes de su remisión a las Cortes, el informe será debatido en los órganos de gobierno y participación del Sistema Nacional de Salud (Comisión de Recursos Humanos, Comité Consultivo del Consejo Interterritorial) y Pleno del Consejo
Interterritorial.


V. El Gobierno enviará el informe final en el plazo máximo de diez meses al Congreso para su debate y dictamen en una sesión monográfica de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2018.-Jesús María Fernández Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/003264


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para que
los consumidores vulnerables gocen de una especial protección, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.


Exposición de motivos


El reconocimiento del consumidor vulnerable en el ordenamiento jurídico español se ha circunscrito hasta el momento a determinados ámbitos, siendo ejemplo de ello el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen
directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las



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desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista. Sin embargo, la normativa europea obliga a proteger a los consumidores vulnerables en todos aquellos sectores en los que, por una merma en sus
capacidades físicas, mentales, psicológicas, económicas, socioculturales o de cualquier otra naturaleza, pueden ver menoscabados sus derechos y padecer los abusos de determinados oferentes. Así, la Resolución del Parlamento Europeo de 22 de mayo de
2012 sobre una estrategia de refuerzo de los derechos de los consumidores vulnerables y el Reglamento 254/2014, de 26 de febrero de 2014, sobre el Programa plurianual de Consumidores para el período 2014-2020 apuestan claramente por la protección de
los consumidores vulnerables a través de la inclusión de previsiones legislativas especiales.


España tiene una de las tasas más altas de consumidores vulnerables de Europa. Según el estudio de la Comisión Europea 'Consumer vulnerability across key markets in the European Union', de 2017, la tasa de consumidores vulnerables en España
se sitúa en un 39% de la población, similar a la que presentan los países de Europa del Este. Con menores tasas de vulnerabilidad que España se sitúan países como Portugal, Eslovenia, Italia, Irlanda o Malta.


Las personas mayores son uno de los grupos más numerosos de consumidores en España. Según los últimos datos, en nuestro país hay más de 8 650 000 personas mayores (de 65 años, en adelante), que suponen el 18,4% del total de la población.


Aunque no todos los mayores están condicionados por la edad, en muchas ocasiones, su estado de salud, el desfase generacional o el nivel sociocultural, influyen en su capacidad para desenvolverse como consumidores, pudiéndose encontrar en
una situación de inferioridad respecto al consumidor medio.


A menudo, las personas mayores son víctimas de engaños y abusos, por ejemplo, en la contratación de servicios generales, en asuntos financieros o en cuestiones relacionadas con su salud. Casos como el del fraude de las preferentes o el de
Afinsa Fórum Filatélico son sólo algunos ejemplos, pero existen otros muchos que, aunque menos mediáticos, son igualmente frecuentes y perjudican gravemente a nuestros mayores.


Según organizaciones de consumidores y usuarios como OCU, esta situación mejoraría en nuestro país si los consumidores vulnerables, y entre ellos los mayores, estuvieran especialmente protegidos en nuestra normativa.


Es por ello necesario que los mayores, y otros colectivos especialmente vulnerables, gocen de una especial protección como consumidores que permita contrarrestar la situación de inferioridad en la que puedan encontrarse.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Regular y definir la figura del consumidor vulnerable siguiendo en la elaboración de este concepto el criterio y los indicadores definidos en Eurostat para la clasificación estadística en la Unión Europea, e incorporando, entre otros, al
colectivo de personas mayores, a las personas con discapacidad, a los menores de edad y a otros colectivos merecedores de una especial protección.


2. Evitar engaños y situaciones de abuso contra estos consumidores vulnerables en las comunicaciones comerciales, estableciendo requisitos adiciónales de información cuando los mayores, las personas con discapacidad o los menores de edad
sean los destinatarios de bienes y servicios.


3. Incrementar el tamaño mínimo de la letra en el etiquetado de los productos que por sus características, diseño, finalidad o forma de comercialización, estén principalmente destinados a alguno de los colectivos considerados vulnerables, a
3 mm como mínimo; así como el color y el contraste de fondo de la misma y, en su caso, el tiempo mínimo en el que esta información debe de aparecer en pantalla.


4. Acomodar la regulación de los servicios de atención al cliente a su prestación en condiciones adecuadas a las necesidades específicas de los mayores y personas con discapacidad.


5. Calificar como infracciones graves los abusos contra los consumidores vulnerables, incluyendo a las personas mayores, personas con discapacidad y menores de edad.


6. Mejorar la protección de los mayores en la contratación financiera, de forma que se establezcan especiales garantías en el ofrecimiento de determinados productos para que puedan ser acordes con su formación y sus capacidades cognitivas y
volitivas.



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7. Mejorar la protección de los consumidores y usuarios, especialmente de los más mayores, en la comercialización puerta a puerta, por ser una fuente de abuso constante, especialmente en el ámbito de los seguros y suministros.


8. Garantizar el acceso de los consumidores vulnerables a unos servicios mínimos (agua, gas, electricidad, sanidad, cuidados) que les permitan tener una calidad de vida mínimamente digna.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2018.-Victoria Begoña Tundidor Moreno, Jesús María Fernández Díaz, Miriam Alconchel Gonzaga, Lídia Guinart Moreno, María Guadalupe Martín González, Patxi López Álvarez, Esther Peña
Camarero, Elvira Ramón Utrabo, Luis Carlos Sahuquillo García y Pere Joan Pons Sampietro, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
medidas a adoptar de refuerzo, estructural y organizativo en el P.I.F. del puerto de Algeciras, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.


Exposición de motivos


El Puesto de Inspección Fronteriza (P.I.F.) del puerto de Algeciras es el único de España autorizado por la Unión Europea para inspeccionar todos los tipos de mercancías y animales vivos.


Según respuesta parlamentaria del Gobierno, desde 2014 a 2017 el volumen de trabajo se ha visto incrementado en un 20% y este año sigue la línea ascendente. Cada Inspector viene a despachar, aproximadamente, el 30% de las partidas que
entran por España.


La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Pública y Calidad de los Servicios (AEVAL) auditó, hace unos años, el trabajo de los P.I.F. y situó la carga de trabajo en periodo de guardia en Algeciras en un 25% del total de los P.I.F.,
estando en el aeropuerto de Madrid en un 2% de su total.


Todos los organismos, empresas y profesionales del transporte de mercancías coinciden en señalar la importancia del P.I.F. de Algeciras como 'instrumento fundamental' para que los lazos comerciales se establezcan de la mejor manera posible.


Sin embargo, en los últimos años todas esas partes vienen denunciando públicamente el malestar profundo por el deficiente funcionamiento y remitiéndose las quejas a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y a la Delegación del Gobierno en
Andalucía, así como a los distintos Ministerios involucrados en el servicio, solicitando apoyo gubernamental para solucionar el problema.


Tras la Semana Santa, de nuevo, públicamente tanto el Colegio de Agentes de Aduana como la Asociación de Transitarios Expedidores Internacionales (A.T.E.I.A.) de Algeciras han denunciado la falta de personal y mostrado su malestar por el
cuello de botella que se registra en servicios esenciales para el transporte de mercancías como el escáner, y el Puesto de Inspección Fronteriza del Puerto de Algeciras, dependientes de la Agencia Tributaria y de varios ministerios, entre ellos el
de Sanidad.


Los dos organismos que representan a 54 empresas, denuncian que los retrasos de hasta setenta y dos horas que se han producido en el despacho de expedientes por Agencia Tributaria y Sanidad, están provocando un grave perjuicio a los
operadores que ven 'secuestradas' sus mercancías, por lo que reclaman al Gobierno que incrementen las plantillas.


Además, los operadores, ante las pérdidas producidas empiezan a buscar otras opciones en otros puertos por donde transitar y donde no se produzcan estas esperas, ya que no es razonable que un puerto como el de Algeciras, que despacha 4,5
millones de contenedores tiene un único escáner y escaso personal para operar en él.


Tanto A.T.E.I.A. como el Colegio de Agentes de Aduanas denuncian, también, que las demoras están agravadas tanto en los días laborales como festivos y fines de semana, a pesar del esfuerzo sobrehumano que están realizando los veterinarios
de Sanidad Exterior y todos y cada uno del personal del P.I.F. del puerto de Algeciras.



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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Que se aprueben medidas de refuerzo inmediato en el Puesto de Inspección Fronteriza del puerto de Algeciras, con el fin de reforzar las unidades para solucionar los retrasos producidos en el tratamiento de los expedientes y mantener el
refuerzo hasta que se materialicen las medidas estructurales.


2. Que se aprueben medidas de carácter estructural, dotándose de las necesarias plazas de veterinarios, ingenieros agrónomos, inspectores de sanidad exterior y aquel personal que sea preciso para el buen funcionamiento del Puesto de
Inspección Fronteriza del Puerto de Algeciras.


3. Que se aprueben medidas de carácter organizativo que mejoren los tiempos de tránsito de mercancías en el Puesto de Inspección Fronteriza de Algeciras.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2018.-Salvador Antonio de la Encina Ortega y Miriam Alconchel Gonzaga, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/003274


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentarios Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a mejorar la detección temprana del
Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) y su posterior tratamiento, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.


Exposición de motivos


Se denomina Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) a las dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades, debido a deficiencias de comprensión o producción. Las capacidades de lenguaje están
sensiblemente por debajo de lo esperado para la edad, lo que produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, los logros académicos o el desempeño laboral de quienes lo tienen.


Es un trastorno duradero que se prolonga durante la infancia y la adolescencia, pudiendo dejar secuelas significativas en la edad adulta. El perfil de dificultades y habilidades de las personas afectadas evoluciona con el tiempo. Suelen
superarse unos problemas y aparecer otros nuevos a medida que los niños avanzan en sus entornos sociales y escolares, por lo que es necesario evaluar continuamente sus problemas y ajustar la ayuda que reciben a sus necesidades concretas de cada
momento.


Pese a su elevada prevalencia entre la población escolar es un trastorno muy desconocido, incluso en los ámbitos sanitario y educativo, por lo que los diagnósticos son inferiores a los casos reales. La Ley Orgánica de Educación encuadra al
alumnado con trastorno del lenguaje dentro del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE).


Es un trastorno que evoluciona favorablemente, pero requiere tiempo y trabajo. Es fundamental una terapia logopédica precoz, intensiva y de larga duración, con total implicación de la familia y de la escuela. Alcanzar la normalidad social
en la edad adulta dependerá de la gravedad del trastorno, de la ayuda recibida y de la inteligencia de los niños. La situación a día de hoy es que el diagnóstico está resultando tardío, o inexistente en muchos casos. No son pocos los alumnos que
llegan a Primaria, o incluso a Secundaria, sin haber sido detectados y tratados. En las estadísticas publicadas por el Ministerio de Educación y Ciencia, en el curso 2015-2016, vemos que hay unos 64 000 alumnos que reciben apoyo educativo. Lo
curioso es que el número aumenta en Primaria, lo cual es señal de que se trata de alumnos que no han sido detectados durante Educación Infantil. En el caso del TEL, la actuación temprana reduce notablemente la posibilidad de fracaso escolar.


También se observa un gran desconocimiento sobre el tema, incluso entre los profesionales docentes. En este sentido, es menos conocido que otros trastornos que inciden en el rendimiento en el aula, como



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el TEA o el TDAH. Entre los cursos que se ofrecen al profesorado para su formación continua, hay pocos relacionados con las dificultades de aprendizaje y, entre ellos, casi ninguno se ocupa del TEL.


Tampoco se tiene debidamente en cuenta este factor entre los criterios para promocionar curso y titular al final de la etapa. En algunos casos, con la intención de que el alumno esté más tiempo en el centro, se le hace repetir sin tener en
cuenta su desempeño y esfuerzo a lo largo del mismo. Esto suele dar lugar a una fuerte desmotivación, ya que intuyen de manera correcta que hagan lo que hagan no van a promocionar. Además, en estos casos, el cambio de compañeros no es positivo
para el desarrollo de sus habilidades sociales.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:


1. Mejorar la detección temprana del Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) así como su posterior tratamiento educativo, mediante una mejor formación de los profesionales de la salud y la educación que tratan con los niños durante la
adquisición del lenguaje, que les proporcione conocimientos y herramientas para posibilitar esta detección temprana.


2. Mejorar la formación específica del profesorado en lo relativo a la adaptación curricular al alumnado con TEL, promoviendo el uso de los medios técnicos para transmitir el currículum por medios alternativos o complementarios al lenguaje,
por ejemplo de manera más audiovisual. En muchos casos el material existe, pero el docente no lo usa por desconocimiento, o bien porque el alumno no ha sido diagnosticado.


3. Realizar campañas institucionales para dar visibilidad al TEL, ya que si este trastorno fuera más conocido para el público en general, se tendría más éxito en la detección temprana y en su posterior tratamiento.


4. Continuar promoviendo la accesibilidad cognitiva de todos los entornos, edificios, procesos, bienes, productos, servicios, herramientas y dispositivos, como parte indisoluble de la accesibilidad universal, recogida en la Convención
Internacional de Derechos de las personas con discapacidad.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2018.-Diego Clemente Giménez, Marcial Gómez Balsera y Francisco Igea Arisqueta, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comisión de Cultura


161/003251


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la declaración de
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, para su debate en la Comisión de Cultura.


Exposición de motivos


Durante los días 3 y 6 de mayo se celebraron en la ciudad de Tabarka (Túnez) las Jornadas Culturales 'La Herencia Cultural de la Aventura Histórica de las Tabarcas, un Patrimonio Mediterráneo compartido' con motivo de la candidatura de la
herencia cultural inmaterial de la Epopeya Histórica Tabarquina a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.


Para la Comunidad Valenciana, que cuenta con una de las islas que componen las Ciudades Tabarquinas (la Illa Nova de Tabarca), disponer del reconocimiento de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO supondría un reconocimiento a la
singularidad de esta ciudad, así como, el reconocimiento a la historia y al origen de la isla de Tabarca y de sus habitantes.



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Además, sería un impulso económico a la propia ciudad, así como al resto de la provincia de Alicante y Comunidad Valenciana.


Por todo lo expuesto, lgnasi Candela, diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Iniciar todos los trámites necesarios para apoyar la candidatura de Epopeya Histórica Tabarquina a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2018.-Ignasi Candela Serna, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


161/003265


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al retrasado proyecto de Reforma y rehabilitación de
la Biblioteca Pública del Estado 'Azorín' de la Ciudad de Alicante, para su debate en la Comisión de Cultura.


Exposición de motivos


La Biblioteca Pública del Estado José Martínez Ruiz 'Azorín', cogestionada junto a la Generalitat Valenciana, es un centro cultural de gran potencial de más de 5.400 metros cuadrados que en la actualidad se encuentra obsoleto y
desaprovechado. Constituye, además, un edificio emblemático, con el que varias generaciones de la ciudadanía local tiene una conexión emocional, con salas de pública concurrencia que tienen vistas a la playa del Postiguet y que sin embargo tiene la
mayor parte de sus instalaciones vacías y sin uso. El Ministerio de Cultura lleva anunciando desde el año 2008 que acometerá una necesaria y urgente reforma del edificio, un proyecto que incluso se llegó a licitar. Diez años después la ciudad de
Alicante sigue sin contar con esta necesaria inversión del Gobierno central.


Al hablar de desaprovechamiento y obsolescencia del edificio, circunstancias las cuales se encuentran íntimamente relacionadas, podemos citar los siguientes ejemplos que ilustran la situación: una superficie de más de 5.400 metros cuadrados
que concentra en apenas 400 los servicios de sala de préstamo, sala de publicaciones periódicas y la sala de audiovisuales; existencia de un gran salón de actos, prácticamente olvidado por estar cerrado y no haberse podido utilizar en décadas al
incumplir la actual normativa de accesos y seguridad, obligando a la celebración de la programación de actos culturales en halls y pasillos; un edificio del año 1975 que sigue contando con el mismo mobiliario de estanterías, revisteros, mesas y
sillas del día de su inauguración; unas salas con unas dimensiones diminutas que obligan a hacinar a las personas usuarias en espacios ridículos; ascensores exageradamente pequeños y otras deficiencias que impiden la accesibilidad para personas
con movilidad reducida; unas tuberías e instalaciones sanitarias que generan unos infames olores bien conocidos por las personas usuarias y por la ciudadanía de Alicante en general.


Esta es la cronología de una promesa incumplida del Gobierno para con la ciudad de Alicante en particular y otro ejemplo de la injusta infrafinanciación con la que se dota a esta provincia en general:


- Enero 2008: Aprovechando que buena parte del edificio se ha vaciado por la creación del nuevo Archivo Provincial (cuyos fondos ocupaban parte de la Azorín), el Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura,
Rogelio Blanco, anunció a bombo y platillo una gran inversión del gobierno central para actualizar el edificio y optimizar su uso.


- Septiembre 2008: El Ministerio anunció la licitación del proyecto del arquitecto Javier García Alcázar por valor de 400 000 €. Se anunció entonces una inversión para la obra de 7 millones de euros (más tarde se elevaría a 9) y un plazo
de ejecución de veinticinco meses.



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- Abril 2010: La obra obtiene la perceptiva licencia del Ayuntamiento de Alicante después de que el Gobierno municipal del PP la paralizara durante casi dos años.


- Mayo 2010: La prensa local se hace eco de que, pese a haber expedido ya la licencia, las obras no han comenzado. Estamos en las fechas en las que según el anuncio original ya debería estar terminada la obra.


- Julio 2011: El Ministerio de Cultura comunica al Ayuntamiento que desiste en la ejecución de las obras. No es la única inversión para Alicante del Gobierno central que con la excusa de la crisis se mete en un cajón.


- Octubre 2014: El Ministerio vuelve a anunciar el desbloqueo del proyecto, según se hace saber a través de un comunicado que recoge la prensa local el día 5 de este mes. Se anuncia incluso un calendario de inversiones: Los presupuestos
generales del Estado en 2015 incluirían ya 10 000 para actualizar el proyecto (que entonces tenía seis años de antigüedad). En 2016 comenzarían las primeras actuaciones con 300 000 € de presupuesto. El grueso para ejecutar la obra llegaría, se nos
decía, en 2017 (4,1 millones) y 2018 (4 millones). No nos consta que ninguna de estas partidas se haya ejecutado.


- Mayo 2017: La Directora General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana, Carmen Amoraga, se reúne con el Secretario Técnico de Infraestructuras del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Amoraga le transmite que el
Gobierno valenciano considera una prioridad que se inicien las obras de remodelación por la manifiesta obsolescencia del edificio. Un año después, la reunión no parece haber tenido ningún efecto sobre la cuestión.


Llegamos al momento actual, mayo de 2018. Han pasado diez años desde el anuncio original y la licitación de un proyecto que, hasta donde nos consta, está ya pagado con dinero público. Las obras ya deberían estar terminando según el segundo
anuncio de 2014. Ni siquiera han comenzado.


Para acabar de contextualizar la situación, debemos recordar la situación de infrafinanciación de la provincia de Alicante en el Borrador de Presupuestos Generales del Estado. A nivel general, el borrador pretende recortar un 35% en
cultura. A nivel particular, rebajan la inversión por habitante en la provincia de Alicante de 96 € a 58,4 €. Además, el Ayuntamiento de Alicante aprobó por unanimidad en su sesión plenaria de 26 de abril de 2018 una Declaración Institucional, a
propuesta del Grupo Municipal Guanyar Alacant, por la cual se comprometía a instar al Gobierno central a incluir en los próximos presupuestos generales del Estado la dotación suficiente para la ejecución del anunciado proyecto de Rehabilitación y
Reforma del Edificio de la Biblioteca Pública 'Azorín', de acuerdo con sus propios anuncios y actuaciones que vienen retrasándose desde el año 2008, y a las previsiones anunciadas en octubre de 2014, así como la inmediata y urgente ejecución de
dicho proyecto. Esta unanimidad es ilustrativa de la preocupación que suscita la cuestión entre toda la ciudadanía y todos los grupos políticos.


Por todo ello se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Llevar a cabo las actuaciones que tiene previsto realizar el Gobierno para el desbloqueo y ejecución del proyecto de reforma y rehabilitación de la Biblioteca Pública del Estado 'Azorín' de Alicante.


2. Emprender todas las actuaciones necesarias anunciadas en el calendario de ejecución de 2014 para comenzar y finalizar esta necesaria obra para la ciudad de Alicante.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2018.-Rita Gertrudis Bosaho Gori, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar



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la siguiente Proposición no de Ley sobre apoyo a la declaración del Cementerio Civil-Memorial 'La Barranca', La Rioja, como Bien de Interés Cultural (BIC), para su debate en la Comisión de Cultura.


Exposición de motivos


Durante la sesión celebrada el día 19 de abril de 2018, el Parlamento de La Rioja aprobó, por asentimiento, y en una Proposición no de Ley lo siguiente:


'El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:


1. Que en la próxima reunión del Consejo Asesor de la Memoria Histórica de La Rioja se aborde la declaración del Cementerio Civil-Memorial 'La Barranca' como Bien de Interés Cultural (BIC).


2. Que en el marco del Plan de Acción del Consejo Asesor se cumplan las medidas propuestas y se incorporen otras acciones concretas, relativas a la difusión del Cementerio Civil-Memorial ''La Barranca'' como espacio común de los valores
democráticos y de memoria, especialmente entre los escolares de nuestra región.


3. Que se acometan las medidas de seguridad necesarias, mediante la realización de un plan de protección y seguridad del Cementerio Civil 'La Barranca' para proteger el memorial de actos antidemocráticos y vandálicos.'


Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados, considerando el importante valor histórico, democrático y de memoria del Cementerio Civil-Memorial ''La Barranca'', en La Rioja, acuerda:


1. Apoyar la declaración del Cementerio Civil-Memorial 'La Barranca' como Bien de Interés Cultural (BIC), así como el resto de los puntos que se incluyen en la resolución aprobada por el Parlamento de La Rioja el pasado 19 de abril de 2018.


2. Instar al Gobierno a realizar cuantas actuaciones y gestiones le correspondan para facilitar y colaborar en el cumplimiento de la mencionada resolución.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2018.-César Luena López, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Igualdad


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al fomento de la igualdad
en el ámbito científico y tecnológico, para su debate en la Comisión de Igualdad.


Exposición de motivos


El techo de cristal es una metáfora que apareció por primera vez en un artículo del Wall Street Journal en 1986 y alude a las barreras invisibles que encuentran las mujeres a la hora de abrirse paso en su carrera e ir progresando hacia
puestos de mayor responsabilidad.


En los estudios de género, se denomina techo de cristal a la limitación del ascenso laboral de las mujeres en el interior de las organizaciones, sobre todo en las científicas y tecnológicas. Es invisible porque no existen leyes que lo
impongan explícitamente, pero subyace y se manifiesta ahí donde hay una mujer; en la ciencia y la tecnología más que en ningún otro ámbito profesional.



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El informe 'Científicas en Cifras' publicado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, pone de manifiesto que, pese a que en España ya se doctoran el mismo número de mujeres que de hombres y que el porcentaje de
mujeres investigadoras en nuestro país es del 39%, superando en seis puntos a la media de la UE, éste solo ha variado unas pocas décimas en la última década, y además la desigualdad de género se hace más patente a medida que se avanza en la carrera
científica y la participación de las mujeres en los órganos de gobierno.


Los expertos señalan que ideas sobre el género y la inteligencia, que aparecen en una fase temprana de la infancia, pueden alejar a las niñas de carreras de ciencias o ingenierías y, en general, el entorno social, educativo o familiar, y la
ausencia de roles científicos femeninos derivada de la falta de visibilidad de sus logros, no incentiva de la misma manera a ambos sexos a la hora de elegir estudios universitarios. Según el informe PISA, en España solo el 7% de las menores de
quince años quiere dedicarse a profesiones técnicas, lo que da lugar a que, por cada dos ingenieras, haya ocho ingenieros en España.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Estudiar las posibles causas que dificultan tanto el ingreso como la carrera de las mujeres en el ámbito científico y tecnológico.


- Con los resultados obtenidos, impulsar acciones destinadas a conseguir la igualdad entre mujeres y hombres, en concreto elaborando directrices y fomentando buenas prácticas con el fin de mejorar la implementación, seguimiento y evaluación
de las políticas de igualdad de género en centros públicos de investigación y agencias de financiación de la I+D+i, y adecuando los procedimientos y criterios utilizados en las convocatorias públicas de ayudas a la I+D+i para fortalecer la dimensión
de género en la investigación.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la Comisión General de Codificación, para su debate en la Comisión de Igualdad.


Exposición de motivos


La Comisión General de Codificación es 'el órgano superior colegiado de asesoramiento al Ministro de Justicia al que corresponde, en el ámbito de las competencias propias del departamento ministerial al que está adscrito, la preparación de
los textos prelegislativos y de carácter reglamentario y cuantas otras tareas se le encomienden para la mejor orientación, preservación y tutela del ordenamiento jurídico'.


Es evidente que las funciones que tiene encomendadas no son despreciables y que hablamos de un grupo de personas con tareas importantes en el proceso de elaboración de las iniciativas legislativas.


El libro 'Historia de la Comisión', de Juan Francisco Lasso Gaite, recuerda que fueron las Cortes, en septiembre de 1820, quienes 'pidieron al Gobierno que se eligiese un número de Letrados competentes para la formación de los Cuerpos
legales'. Por Real Decreto de 19 de agosto de 1843 fue creada la Comisión General de Codificación.


Hoy esa Comisión es el órgano colegiado asesor del Ministro de Justicia y tiene estatutos de funcionamiento aprobados por el Real Decreto 845/2015, de 28 de septiembre.


Dicho Real Decreto indica que integran la Comisión General de Codificación, su Presidente, el Vicepresidente, los Presidentes de Sección (miembros natos), los vocales (miembros no natos) y el Secretario General.



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Pues bien, los datos que figuran en la web informativa de dicha Comisión indican que las personas a las que el Ministro ha encargado ese trabajo, a fecha 3 de mayo de 2018, son en un 100% varones si hablamos de los miembros natos, y un 86%
de los vocales también son varones.


Tanto a los Presidentes de Sección como a los vocales permanentes los elige el Ministro de Justicia y los selecciona entre juristas de reconocido prestigio 'que acrediten, al menos, quince años de dedicación científica al Derecho o ejercicio
profesional en el ámbito jurídico'.


El último 'Informe sobre la Estructura de la Carrera Judicial' detalla que las 2.858 juezas y magistradas en activo suponen el 53,2% de la carrera judicial. La presencia de mujeres en los órganos centrales de la carrera judicial supone el
27,4%. Son mujeres el 14,5% de los magistrados que forman parte del Tribunal Supremo y el 38,5% de la Audiencia Nacional.


El informe refleja que el 71,4% de los titulares de Juzgados de Violencia sobre la Mujer son mujeres, que también son amplia mayoría en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción (66,3%), los Juzgados de Menores (63%) y los Juzgados de
lo Penal (61,8%).


El artículo 16 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres sobre nombramientos realizados por los Poderes Públicos, indica que 'los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia
equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan'.


También el artículo 54 se refiere a la designación de representantes de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella y obliga a designar 'a sus representantes en órganos colegiados, comités
de personas expertas o comités consultivos, nacionales o internacionales, de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. Asimismo, la Administración General
del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella observarán el principio de presencia equilibrada en los nombramientos que le corresponda efectuar en los consejos de administración de las empresas en cuyo capital participe'.


A través del Real Decreto 845/2015, de 28 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Comisión General de Codificación se decretan los Estatutos de dicha Comisión para regular su funcionamiento para el cumplimiento más eficaz
de sus cometidos.


Las tablas adjuntas muestran el número de miembros de dicha Comisión a la fecha citada.


Comisión General de Codificación. Ministerio de Justicia;


Miembros Natos;Total


Rafael Catalá, Ministro;


José Amérigo Alonso, Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia;


Presidentes de las Secciones;Subtotal


D. Antonio Pau Pedrón, Presidente de la Sección Primera de la Comisión General de Codificación, de Derecho Civil.;


D. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, Presidente de la Sección Segunda de la Comisión General de Codificación, de lo Mercantil.;


D. José Luis Piñar Mañas, Presidente de la Sección Tercera de la Comisión General de Codificación, de Derecho Público.;


D. Esteban Mestre Delgado, Presidente de la Sección Cuarta de la Comisión General de Codificación, de Derecho Penal.;


D. Julio Banacloche Palao, Presidente de la Sección Quinta de la Comisión General de Codificación, de Derecho Procesal.;


Miembros no Natos;Total


Los vocales permanentes son nombrados libremente por el Ministro de Justicia entre juristas de reconocido prestigio;


Sección 1.a Derecho Civil;29


Pau Pedrán, Antonio (Presidente);1


Ángel Yágüez, Ricardo de;1


Bello Janeiro, Domingo;1



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Borrás Rodríguez, Alegría;1


Caffarena Laporta, Jorge;1


Calvo Caravaca, Alfonso Luis;1


Díaz Alabart, Silvia;1


Escartín Ipiéns, José Antonio;1


García García, José Manuel;1


García Rubio, María Paz;1


Gómez Gálligo, Francisco Javier;1


Grado Sanz, Carmen de;1


Lasarte Álvarez, Carlos;1


López Burniol, Juan José;1


López López, Ángel Manuel;1


López Vilas, Ramón;1


Magariños Blanco, Victorio;1


Martínez Gil, José Luis;1


Martínez-Calcerrada y Gómez, Luis;1


Merino Hernández, José Luis;1


Miguel González, José María;1


Morales Moreno, Antonio Manuel;1


Munar Bernat, Pedro Antonio;1


Pantaleón Prieto, Ángel Fernando;1


Rueda Pérez, Manuel Ángel;1


Sancho Mendizábal, Luis;1


Sarmiento Ramos, Juan;1


Solís Villa, Ignacio;1


Torres García, Teodora;1


Sección 2.a Derecho Mercantil;26


Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto (Presidente);1


Alonso Ledesma, Carmen;1


Alonso Soto, Ricardo;1


Alonso Ureba, Alberto;1


De Gispert Pastor, M.a Teresa;1


Esteban Velasco, Gaudencio;1


Fernández Cabaleiro, Eugenio;1


Gallego Sánchez, Esperanza;1


Gómez Segade, José A.;1


Illescas Ortiz, Rafael;1


León Sanz, Francisco José;1


Lucini Casales, Ángel;1


Marti Mingarro, Luis;1


Paz-Ares Rodríguez, José Cándido;1


Piñel López, Enrique;1


Prada González, José María de;1


Pulgar Ezquerra, Juana;1


Quijano González, Jesús;1


Rodríguez Artigas, Fernando;1


Rojo Fernández-Río, Ángel José;1


Roldán Fernández, Juan Jesús;1


Ruano Borrella, Juan Pablo;1


Verdera Tuells, Evelio;1



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Vérgez Sánchez, Mercedes;1


Villagómez Rodil, Alfonso;1


Virgos Soriano, Miguel;1


Sección 3.a Derecho Público;26


Piñar Mañas, José Luis (Presidente);1


Bauza Martorell, Felio José;1


Cabreros Mendazona, Edorta;1


De la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo, Tomás;1


Dorrego de Carlos, Alberto;1


Fernández Polanco, Silverio;1


Fuertes López, Mercedes;1


García Manzano, Pablo;1


García Roca, Javier;1


García Torres, Jesús;1


González Pérez, Jesús;1


Herrero de Miñón, Miguel;1


López-Orozco Rodríguez-Rivas, Fernando;1


Mangas Martín, Araceli;1


Martín Rebollo, Luis;1


Martín Retortillo, Lorenzo;1


Martínez-Cardós Ruiz, Leandro;1


Meilán Gil, José Luis;1


Mendizabal Allende, Rafael;1


Pabón Acuña José María;1


Parada Vázquez, José Ramón;1


Pérez-Serrano y Jáuregui, Nicolás;1


Sala Sánchez, Pascual;1


Santamaría Pastor, Juan A.;1


Santillán Cabeza, Sergio Ernesto;1


Tornos Más, Joaquín;1


Sección 5.a Derecho Procesal;19


Banacloche Palao, Julio (Presidente);1


Almagro Nosete, José;1


Armenta Deu, Teresa;1


Asencio Mellado, José M.ª;1


Calderón Cuadrado, M.ª Pía Cristina;1


Castrillo Aladro, Jesús;1


Díez-Picazo Giménez, Ignacio;1


García-Romanillos Valverde, Joaquín;1


Garcimartín Alférez, Francisco;1


Gascón Inchausti, Fernando;1


Gimeno Sendra, José Vicente;1


González-Cuéllar Serrano, Nicolás;1


Moreno Catena, Víctor;1


Muerza Esparza, Julio;1


Remón Peñalver, Jesús;1


Senés Motilla, Carmen;1


Tena Aragón, María Félix;1


Vegas Torres, Jaime;1


Zarzalejos Nieto, Jesús;1



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Sección de Penal;19


Javier Boix;1


Enrique Gimbernat;1


Francisco Muñoz Conde;1


Gonzalo Rodríguez Mourullo;1


Carlos García Valdés;1


Juan Carlos Carbonell;1


Juan Córdoba Roda;1


Luis Arroyo Zapatero;1


José Luis González Cussac;1


Manuel Cancio;1


Borja Mapelli;1


Jesús María Sánchez Silva;1


Gonzalo Quintero;1


Enrique Peñaranda;1


Miguel Polaino;1


Francisco Hernández Gil;1


Gustavo Lescure;1


Javier Moscoso;1


Ricardo Pellón;1


Como puede observarse en dicha tabla, el porcentaje de mujeres en la Comisión es del 8,33% y en la Sección Penal, la presencia de mujeres es del 0%.


Es evidente que el Ministerio no ha cumplido con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y que por tanto la práctica ha puesto, de nuevo, en evidencia la necesidad de adaptar las normas de rango
inferior, como puede ser el Real Decreto 845/2015.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la Comisión General de Codificación, modificando a tal efecto el Capítulo II del Real Decreto 845/2015, de 28 de septiembre, por el
que se aprueban los Estatutos de dicha Comisión.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2018.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-Margarita Robles Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de sus Diputadas Sofía Fernández Castañón y Ángela Rodríguez Martínez, y a través de su Portavoz, Irene Montero, conforme recoge el artículo 193 del
Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Igualdad, relativa a la paridad en la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia así como en el resto de órganos de la
Administración General del Estado.


Exposición de motivos


El pasado 26 de abril conocíamos la sentencia del famoso caso conocido como la Manada, una violación grupal a una chica en los San Fermines en el año 2016. Una sentencia que a pesar de los hechos probados, habla de abusos sexuales y no de
agresiones sexuales; presuponiendo la falta de



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intimidación o violencia que es necesaria según el art. 178 del Código Penal para poder hablar de agresión. Una sentencia que no sorprende y nos recuerda a otras decisiones del poder judicial en nuestro país. Por desgracia, la violencia
sexual es habitual, y las consideraciones tibias de la justicia sobre la misma también lo son.


Ante el fallo, y el voto particular, el movimiento feminista, las mujeres, y también los hombres, de todo el Estado han salido a la calle a decir que estamos ante una vulneración de derechos y pone de manifiesto de nuevo la necesaria
modificación del Código Penal en el Estado español, como ya se ha hecho en otros países. Según un estudio publicado por Amnistía Internacional el 26 de abril de 2018:


'De 33 países europeos, sólo 9 reconocen la simple verdad de que el sexo sin consentimiento es violación. [...] La ausencia de reconocimiento legal de que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación fomenta la idea de
que recae en nosotras como mujeres la responsabilidad de protegernos de la violación. Estas actitudes son peligrosas y tienen que cambiar. En Inglaterra y Gales, Escocia, Irlanda del Norte y la República de Irlanda, así como Bélgica, Chipre,
Luxemburgo y Alemania tienen definiciones basadas en el consentimiento. Pero los restantes países europeos están muy rezagados, pues sus leyes penales siguen definiendo la violación en función de la fuerza física o la amenaza de la fuerza, la
coacción o la incapacidad para defenderse. De los países nórdicos, a los que generalmente se considera modelos de igualdad de género, Islandia es el primero y único hasta ahora que ha introducido una definición basada en el consentimiento.'


La comprensión actual de las violencias sexuales como una expresión básica del machismo de nuestra sociedad hacia las mujeres es muy reciente y todavía dista mucho de ser asumida ampliamente a nivel social e institucional. Durante siglos,
las violencias machistas hacia las mujeres -incluidas las sexuales- han sido justificadas por el Estado o, incluso, reguladas por el sistema jurídico como un 'derecho' que podían ejercer ciertos hombres sobre ciertas mujeres, dentro de un marco
normativo que aseguraba la subordinación de las mujeres a los hombres. En efecto, en este ámbito el marco conceptual no puede quedar limitado, por ejemplo, por el marco normativo vigente, puesto que incluso cuando en la actualidad se han conseguido
importantes avances en el reconocimiento jurídico de los derechos de las mujeres en gran parte de los países del mundo, incluyendo el nuestro, la comprensión jurídica de las violencias, y en particular las violencias sexuales, todavía está
severamente marcada por el pensamiento y el contexto patriarcal todavía vigente.


Nuestro país ha ratificado el Convenio de Estambul, donde se reconocen como formas de violencias machistas las violencias sexuales. Dicho reconocimiento ha sido recogido en el Informe de la Subcomisión para el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género donde se acuerda realizar las modificaciones legislativas necesarias. Sin embargo, no hubo consenso por parte de los grupos políticos para transponer todas las directivas y recomendaciones de los organismos internacionales para
cada una de las formas de violencia machista que recogen tanto el Convenio de Estambul como nuestro Pacto. En este sentido podemos afirmar que existe un agravio comparativo en materia de legislación. Para la Violencia de Género en el ámbito de la
pareja o expareja, España cuenta con una extensa legislación, sin embargo no podemos asumir lo mismo para el resto de violencias.


Nombrar una forma de violencia no es en absoluto garante de su erradicación, ni tampoco del despliegue de las políticas públicas necesarias para la protección y la reparación de sus víctimas. Ninguna ley, ni estatal ni autonómica en España
ofrece ese despliegue de políticas públicas para las violencias sexuales. Esto se traduce en importantes carencias en la tutela institucional y judicial de las víctimas, como pudimos ver en el caso de la Manada, en el que en ningún caso la víctima
pudo acreditarse como víctima de violencia de género según lo que recoge la Ley 1/2004, y por tanto no tuvo acompañamiento, ni se priorizó su domicilio como lugar para el juicio en el proceso judicial, ni su caso se desarrolló en un juzgado
especializado de violencia sobre la mujer, ni podrá tener acceso a las distintas prestaciones correspondientes a la tutela institucional propia del proceso de reparación de una víctima de violencia de género, tal y como lo estipula la ley 1/2004.
En este sentido es fundamental tener presente la recomendación número 22 que la CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) hace a los Estados parte sobre las distintas formas de Violencia contra la Mujer:


'22. En virtud de la Convención y el derecho internacional general, el Estado parte es responsable de los actos u omisiones de sus órganos y agentes que constituyan violencia por razón de género contra la mujer, lo que incluye los actos u
omisiones de los funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y



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judicial. [...] Estados partes deben contar con un marco jurídico y de servicios jurídicos efectivo y accesible para hacer frente a todas las formas de violencia por razón de género contra la mujer cometidas por agentes estatales, ya sea en
su territorio o extra-territorialmente.'


Así como lo recogido en su punto 29.e.:


'Garantizar que las agresiones sexuales, en particular la violación, estén tipificadas como un delito que afecta al derecho a la seguridad personal y a la integridad física, sexual y psicológica y que la definición de los delitos sexuales,
en particular la violación conyugal y por parte de un conocido o la violación en una cita, se base en la falta de libre consentimiento y tenga en cuenta circunstancias coercitivas. Las limitaciones de tiempo, en caso de que existan, deberían dar
prioridad a los intereses de las víctimas y supervivientes y tener en cuenta las circunstancias que obstaculizan su capacidad para denunciar la violencia sufrida ante los servicios o autoridades competentes.'


El resto de la recomendación 35 profundiza en la necesidad de desplegar toda una serie de medidas para garantizar esos objetivos con los que los Estados parte se han comprometido. En este sentido, la ONU en el marco de la CEDAW insta a
España y al resto de países a legislar para cada forma de violencia en materia de: Protección, Enjuiciamiento y Castigo, Reparaciones, Coordinación, Vigilancia y Recopilación de Datos, y Cooperación Internacional.


Está claro que es necesaria una reforma del Código Penal que atienda a esa recomendación 29.e que profundice en erradicar esa ideología machista también presente en el derecho que se traduce en la distinción entre agresiones y abusos y en
base a la existencia, o no, de violencia o intimidación. Pero además es necesario tener presente que ninguna sentencia habría resuelto la falta de políticas públicas para erradicar las violencias sexuales así como tampoco el necesario despliegue de
medidas para la prevención, protección, detección, asistencia, acompañamiento y reparación para las víctimas de estas violencias, medidas que deben ser garantizadas por ley.


Con todo esto presente, es más preocupante si cabe, la decisión que hemos conocido en las últimas horas por parte del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, de encargarle un estudio para las reformas legales pertinentes en el ámbito penal
sobre los delitos contra la libertad sexual; encargo que ha sido hecho a la Comisión General de Codificación, organismo que pertenece al Ministerio de Justicia y que está conformado prácticamente en su totalidad por hombres. Concretamente, y según
cuelga en la página web del Ministerio de Justicia, todos los miembros natos de este órgano son hombres indicador de que hay una infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de responsabilidad de la Administración del Estado y que urge que se
cumplan con los criterios de paridad y equilibrio de género que inspiran nuestra legislación, y de los 100 vocales que también están adscritos, solamente 14 son mujeres. Ante esta situación consideramos igualmente insuficiente y un insulto la
decisión de aumentar el número de mujeres vocales de dicha comisión solo con carácter temporal.


Es preocupante que el Gobierno del Partido Popular a pesar de lo aprobado en el informe de la Subcomisión del Pacto de Estado, haya elegido de nuevo políticas que inciden en la reforma del tipo penal, antes que un tratamiento integral de la
violencia sexual como los organismos internacionales recomiendan a este país. Pero más preocupante es si cabe que habiendo elegido esta segunda vía, tengamos tan pocas garantías de que se vean cumplidos los preceptos mínimos que se recogen en
nuestro ordenamiento jurídico; no solo el espíritu del Pacto de Estado en relación a la necesaria formación en género de todos los operadores jurídicos y de las administraciones públicas; sino lo recogido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.


Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la


Proposición no de Ley


'1. Que, con carácter inmediato, modifique la composición de la Comisión General de Codificación para poder cumplir con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de
responsabilidad establecido en el art.16 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Para ello instamos al Gobierno a que:


a) El Ministerio de Justicia nombre, en base a méritos científicos y profesionales, a una mujer como Presidenta de Sección Penal.



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b) El Ministerio de Justicia nombre, entre juristas de reconocido prestigio, a 10 mujeres para que ocupen los puestos vacantes de vocales permanentes de la Comisión General de Codificación.


c) Nombre a tantas vocales adscritas como sean necesarias para acercarnos a la paridad en dicha comisión.


2. Modificación del Real Decreto 845/2015, de 28 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Comisión General de Codificación, de forma que contenga lenguaje inclusivo.


3. Modificación del art. 10 del Real Decreto 845/2015, de 28 de septiembre, para que incorpore el criterio de paridad en el nombramiento de las y los vocales permanentes, así como de las presidencias de secciones, en la composición de la
Comisión General de Codificación.


4. Establezca los plazos y procedimientos necesarios para que se haga efectivo el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad establecido en el art. 16 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.


5. Fije las medidas necesarias para implementar la perspectiva de género, en el ámbito de sus competencias, en todas las administraciones que trabajen con violencias sexuales. Para ello se fijará qué tipo de formación específica será
requerida a los distintos operadores públicos que trabajen con víctimas de violencias sexuales a través de lo establecido en las recomendaciones del Informe de la Subcomisión del Pacto de Estado contra la violencia de género y si fuese necesario, a
través de los trabajos en el marco de la comisión de seguimiento del mismo.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2018.-Sofía Fernández Castañón, Ángela Rodríguez Martínez y Alicia Ramos Jordán, Diputadas.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para acelerar la incorporación de las mujeres a los órganos colegiados, comités de personas expertas o comités consultivos, nacionales o internacionales, vinculados a cada uno de los ministerios, para su debate en la Comisión de Igualdad.


Exposición de motivos


La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece en el Título Segundo, Capítulo Primero, las pautas generales de actuación de los poderes públicos en relación con la igualdad, se define el
principio de transversalidad y los instrumentos para su integración en la elaboración, ejecución y aplicación de las normas. También se consagra el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en las listas electorales y en los
nombramientos realizados por los poderes públicos, con las consiguientes modificaciones en las disposiciones adicionales de la Ley Electoral, regulándose, asimismo, los informes de impacto de género y la planificación pública de las acciones en
favor de la igualdad, que en la Administración General del Estado se plasmarán en un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades.


En su artículo 16, indica que los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan. Y en el artículo
54, que 'la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella designarán a sus representantes en órganos colegiados, comités de personas expertas o comités consultivos, nacionales o internacionales, de
acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. Asimismo, la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella
observarán el principio de presencia equilibrada en los nombramientos que le corresponda efectuar en los consejos de administración de las empresas en cuyo capital participe.



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La disposición transitoria primera, relativa al régimen transitorio de nombramientos, indica que 'las normas sobre composición y representación equilibrada contenidas en la Ley serán de aplicación a los nombramientos que se produzcan con
posterioridad a su entrada en vigor, sin afectar a los ya realizados'.


La paridad es una línea estratégica y destacada para la igualdad entre los sexos. La filósofa Alicia Millares, indica que no es posible identificarse con una plena ciudadanía si los fallos de representatividad de las mujeres son tan
notables.


También indica que, para poder hablar de una democracia plena, no solo han de cumplirse los criterios de voto individualizado, diversidad de partidos y periodos electorales, sino corregir también los fallos de representatividad y que la
paridad garantiza el derecho civil de las mujeres a ser electas y también a representar políticamente a la ciudadanía.


La paridad no es una concesión a la representatividad de las mujeres que dependa del voluntarismo, es un derecho que no puede ser alterado dependiendo de las circunstancias políticas exactamente igual que el derecho al voto y por ello debe
ser registrado como derecho constitucional de las mujeres.


En estos días, el Grupo Socialista denunció ante los medios de comunicación la composición de la Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia, y presentó una iniciativa urgente para los nombramientos de dicha Comisión. Pero más allá
de esto, el impacto social de esa denuncia de los socialistas ha puesto de manifiesto la necesidad de vigilar el cumplimiento de la Ley de Igualdad en relación a los nombramientos de todos los órganos colegiados, comités de personas expertas o
comités consultivos, nacionales o internacionales, vinculados a cada uno de los ministerios.


Los socialistas ya registramos una Proposición que instó a la modificación del Reglamento del Congreso para cumplir con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la elección, tanto de los miembros de la Mesa como del resto de sus
órganos, de forma que la representación de un género no sea nunca superior al 60 por ciento y, por tanto, el otro quede relegado a una cifra inferior al 40 por ciento.


La falta de mujeres en inequidad e infrarrepresentación provocan menor capacidad de decisión, carencia de visibilidad de las mujeres, brecha salarial y un evidente desperdicio de talento.


No deja de resultar sorprendente que la Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se
aprueba el II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos tan solo se refiera a que el Instituto de Salud Carlos III considere la necesidad de que el órgano competente para que
los nombramientos de los miembros de las comisiones técnicas de evaluación y presidencia de la AES cumplan la normativa sobre paridad y que otros órganos de la administración General del estado no hayan sido incluidos en dicho Plan.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Ampliar la Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas relativa al II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos a
fin de incluir a todos los estamentos de la administración General del Estado en la estrategia de cumplimiento de la normativa sobre paridad.


2. Encargar al Ministerio de Administraciones Públicas un informe sobre los órganos colegiados, comités de personas expertas o comités consultivos, nacionales o internacionales, vinculados a cada uno de los ministerios que recoja la
relación de miembros que componen dichos organismos y la fecha en que se produjeron dichos nombramientos a fin de identificar si estos cumplen con la Ley de Igualdad.


3. Publicar y remitir anualmente dicho informe a la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Dicho informe deberá recoger las altas y bajas anuales de cara a conocer la tendencia y grado de cumplimiento de la Ley de Igualdad en
los órganos colegiados, comités de personas expertas o comités consultivos, nacionales o internacionales, vinculados a cada uno de los ministerios.


4. Elaborar una instrucción general que será remitida a todos los ministerios en la que se den pautas claras para el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en lo relativo a la
presencia equilibrada en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan. Dicha instrucción deberá marcar las pautas y establecer



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medidas compensatorias o de acción positiva con el fin de acelerar la incorporación de las mujeres a dichos organismos.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2018.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-Margarita Robles Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para combatir la brecha salarial, para
su debate en la Comisión de Igualdad.


Exposición de motivos


Las variables que influyen y determinan la brecha salarial de género muestran una realidad compleja que deriva de las diferencias existentes por razón de sexo en el ámbito formativo, de un menor acceso de las mujeres al mercado de trabajo y
de la diferente posición entre hombres y mujeres en el seno de las empresas.


En este sentido, la desigualdad salarial no sólo afecta al periodo de tiempo en el que las mujeres permanecen activas laboralmente, sino que, además, se prolonga el resto de sus vidas al dar lugar, como consecuencia de esas carreras de
cotización más cortas y, a menudo, bases de cotización más bajas, a una brecha de género también en pensiones.


Por eso, en nuestro país se han impulsado medidas como el Plan Estratégico de Igualdad 2014-2016; el Plan de Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres en la Sociedad de la Información, o el Plan Integral de Apoyo a la Familia, entre
otros. El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades presentó en 2015 una herramienta de autodiagnóstico de brecha salarial de género, que permite a las empresas detectar las desigualdades retributivas entre mujeres y hombres.


Asimismo, y debido al cambio social que requiere la igualdad también en materia de conciliación y corresponsabilidad, se ha regulado por primera vez el teletrabajo; se ha ampliado el derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos de
ocho a doce años; se ha ampliado el permiso de paternidad por segundo año consecutivo y se ha mejorado la protección social de los trabajadores a tiempo parcial.


Sin embargo, según Eurostat, el 14% de las mujeres españolas cobra menos que los hombres, lo que contraviene el derecho a la igualdad salarial y a la no discriminación retributiva reconocido en el artículo 35 de la Constitución Española; en
el artículo 5 la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el Estatuto de los Trabajadores, cuyo artículo 28 dispone lo siguiente:


'El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse
discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella.'


En este sentido, se ha reforzado la aplicación de la Ley a través de la labor de la Inspección del Trabajo y la Seguridad Social, que es la garantía última de la calidad en el empleo y también de la igualdad, haciendo posible que la brecha
salarial se haya situado en mínimos históricos.


Gracias a las medidas puestas en marcha y al esfuerzo de toda la sociedad española, hoy hay más mujeres que nunca trabajando en nuestro país, con 8 499 533 afiliadas a la Seguridad Social; la diferencia retributiva se ha reducido 4,5 puntos
desde 2012, siendo el país de la Eurozona en el que más ha descendido, y, con el complemento de maternidad, la mitad de las mujeres que ha accedido a la jubilación ha visto aumentar su pensión hasta un 15%.


No obstante, y aunque los últimos datos revelan que la brecha salarial en nuestro país se encuentra medio punto por debajo de Francia, seis puntos por debajo del Reino Unido y hasta siete por debajo de Alemania, erradicar las diferencias
salariales entre hombres y mujeres es un imperativo moral, social y económico. Es lo justo, y además es una oportunidad para mejorar el impulso de nuestras economías y



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de nuestro tejido productivo. Todo ello en un contexto de cambio permanente en el que nos enfrentamos no solo a una rápida transformación digital y a una intensificación de la competencia, sino también a un importante reto demográfico.


Por eso, tenemos que tomar nuevas medidas para reducir las brechas a cero, acercarnos a los países pioneros en esta materia y poner fin a las desigualdades sociales y económicas que afectan a las mujeres, dando más pasos hacia la igualdad
real y efectiva en el ámbito laboral y apostando con firmeza por contar con todo el talento, nuestro principal activo estratégico.


Y, por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acordar, en el marco del diálogo social, acciones para reducir la brecha salarial, en particular:


- Incorporar medidas de transparencia salarial para evitar situaciones de discriminación retributiva.


- Definir en el marco de nuestro ordenamiento jurídico el concepto de trabajo de igual valor, en la línea de lo establecido en la Recomendación de la Comisión de 7 de marzo de 2014.


- Establecer el contenido mínimo de los planes de igualdad, incluyendo dentro de los mismos una auditoría salarial cuando la empresa tenga más de 250 trabajadores.


- Ampliar la obligación de inscripción y depósito de los planes de igualdad, como garantía de su efectivo cumplimiento y de su eficacia jurídica.


- Seguir dinamizando y fortaleciendo la negociación colectiva, por su papel esencial para superar aquellos complementos salariales que pueden favorecer a los hombres y tener un impacto negativo en las trabajadoras.


- Estudiar el establecimiento de sanciones adecuadas y disuasorias para el caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión para el Estudio del Cambio Climático


161/003263


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático, relativa a la puesta en marcha de las medidas necesarias y efectivas para la protección de las aguas españolas del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos.


Exposición de motivos


El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) ha vuelto a reactivar la tramitación del proyecto MEDSALT-2 de sondeos acústicos con la peligrosa técnica de cañones de aire comprimido de alta presión, promovido por el Instituto
Nazionale di Oceanografía e di Geofisica Sperimentale (INOGS) di Trieste (Italia) en el área marina comprendida entre las islas de Ibiza y Mallorca y al sureste de Ibiza y Formentera.


El 'Boletín Oficial del Estado' publicó el pasado sábado 21 de abril el Anuncio de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del MAEC con el que se da inicio a los trámites de información pública y de consulta a las
Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.


Con fecha 14 de julio de 2017 fue notificado por parte de la Mesa del Parlament de les Illes Balears a los grupos parlamentarios de la Cámara autonómica la decisión e la Mesa del Congreso de los Diputados de no admisión a trámite de la
Proposición de Ley sobre la Protección del Mar Mediterráneo bajo jurisdicción



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española de los daños que pueda producir la exploración, investigación y explotación de los hidrocarburos y otras sustancias minerales (exp. 125/12).


La citada Proposición de Ley había sido aprobada por unanimidad en el Parlamento autonómico y elevada al Congreso de los Diputados. El acuerdo de no admisión a trámite de la Proposición de Ley fue adoptado por la Mesa del Congreso el 27 de
junio de 2017.


El Gobierno ha vetado la tramitación en el Congreso de la proposición de Ley contra las prospecciones en el Mediterráneo alegando que implicaría una reducción de ingresos por importe de 4,7 millones de euros, así como un aumento del gasto
por encima de los 160 millones de euros para compensar a las empresas. Sin embargo, la propia Mesa del Parlament Balear solicita la reconsideración de dicho veto, indicando que ninguno de los argumentos que se expresan en el informe del Gobierno
afecta al presupuesto corriente [...] y, por ello, no se ajusta al requisito reglamentario.


Además, la plataforma contra las prospecciones petrolíferas Aliana Mar Blava alertó, el 23 de abril de 2018, de la reactivación, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, de los trámites para llevar a cabo el proyecto MEDSALT-2 de
sondeos acústicos mediante la técnica de cañones de aire comprimido de alta presión en el área marina comprendida entre Eivissa y Mallorca, y al sureste de Eivissa y Formentera.


El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ya reconoció en una Resolución de 29 de julio de 2016 que el proyecto MEDSALT-2 podría producir impactos adversos significativos en el medio ambiente. Ese fue el motivo por el cual
no otorgó al INOGS la declaración de impacto ambiental simplificada que este había solicitado en marzo de 2016.


Por ello se presenta el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso insta al Gobierno a:


1. Aprobar una moratoria de los proyectos de sondeos acústicos con cañones de aire comprimido, después de que se haya reactivado el proyecto de investigación italiano MEDSALT-2, que prevé utilizar esta técnica -cuyo ruido afecta de forma
negativa a la fauna, especialmente a los cetáceos- en las aguas entre Formentera, Ibiza, Mallorca y Cabrera.


2. Ampliar la moratoria al resto de posibles proyectos de prospecciones de hidrocarburos que se puedan presentar en el Mediterráneo español y que afecten a las costas de les Illes Balears.


3. Reconsiderar el veto a la Proposición de Ley para declarar las aguas jurisdiccionales españolas zona libre de prospecciones de hidrocarburos, después de que el Tribunal Constitucional dictaminase el 17 de abril que lo puede hacer.


4. Tomar las medidas necesarias para la aplicación efectiva de la Proposición no de Ley relativa a la declaración del Corredor de Migración de Cetáceos del área marina localizada entre las costas de las Islas Baleares, Cataluña y la
Comunidad Valenciana, como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), mediante la Orden Ministerial correspondiente.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2018.-María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño y Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad


161/003272


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a mejorar la detección temprana del
Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) y su posterior tratamiento, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.



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Exposición de motivos


Se denomina Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) a las dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades, debido a deficiencias de comprensión o producción. Las capacidades de lenguaje están
sensiblemente por debajo de lo esperado para la edad, lo que produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, los logros académicos o el desempeño laboral de quienes lo tienen.


Es un trastorno duradero que se prolonga durante la infancia y la adolescencia, pudiendo dejar secuelas significativas en la edad adulta. El perfil de dificultades y habilidades de las personas afectadas evoluciona con el tiempo. Suelen
superarse unos problemas y aparecer otros nuevos a medida que los niños avanzan en sus entornos sociales y escolares, por lo que es necesario evaluar continuamente sus problemas y ajustar la ayuda que reciben a sus necesidades concretas de cada
momento.


Pese a su elevada prevalencia entre la población escolar es un trastorno muy desconocido, incluso en los ámbitos sanitario y educativo, por lo que los diagnósticos son inferiores a los casos reales. La Ley Orgánica de Educación encuadra al
alumnado con trastorno del lenguaje dentro del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE).


Es un trastorno que evoluciona favorablemente, pero requiere tiempo y trabajo. Es fundamental una terapia logopédica precoz, intensiva y de larga duración, con total implicación de la familia y de la escuela. Alcanzar la normalidad social
en la edad adulta dependerá de la gravedad del trastorno, de la ayuda recibida y de la inteligencia de los niños. La situación a día de hoy es que el diagnóstico está resultando tardío, o inexistente en muchos casos. No son pocos los alumnos que
llegan a Primaria, o incluso a Secundaria, sin haber sido detectados y tratados. En las estadísticas publicadas por el Ministerio de Educación y Ciencia, en el curso 2015-16, vemos que hay unos 64.000 alumnos que reciben apoyo educativo. Lo
curioso es que el número aumenta en Primaria, lo cual es señal de que se trata de alumnos que no han sido detectados durante Educación Infantil. En el caso del TEL, la actuación temprana reduce notablemente la posibilidad de fracaso escolar.


También se observa un gran desconocimiento sobre el tema, incluso entre los profesionales docentes. En este sentido, es menos conocido que otros trastornos que inciden en el rendimiento en el aula, como el TEA o el TDAH. Entre los cursos
que se ofrecen al profesorado para su formación continua, hay pocos relacionados con las dificultades de aprendizaje y, entre ellos, casi ninguno se ocupa del TEL.


Tampoco se tiene debidamente en cuenta este factor entre los criterios para promocionar curso y titular al final de la etapa. En algunos casos, con la intención de que el alumno esté más tiempo en el centro, se le hace repetir sin tener en
cuenta su desempeño y esfuerzo a lo largo del mismo. Esto suele dar lugar a una fuerte desmotivación, ya que intuyen de manera correcta que hagan lo que hagan no van a promocionar. Además, en estos casos, el cambio de compañeros no es positivo
para el desarrollo de sus habilidades sociales.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Mejorar la detección temprana del Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) así como su posterior tratamiento educativo, mediante una mejor formación de los profesionales de la salud y la educación que tratan con los niños durante la
adquisición del lenguaje, que les proporcione conocimientos y herramientas para posibilitar esta detección temprana.


2. Mejorar la formación específica del profesorado en lo relativo a la adaptación curricular al alumnado con TEL, promoviendo el uso de los medios técnicos para transmitir el currículum por medios alternativos o complementarios al lenguaje,
por ejemplo de manera más audiovisual. En muchos casos el material existe, pero el docente no lo usa por desconocimiento, o bien porque el alumno no ha sido diagnosticado.


3. Realizar campañas institucionales para dar visibilidad al TEL, ya que si este trastorno fuera más conocido para el público en general, se tendría más éxito en la detección temprana y en su posterior tratamiento.



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4. Continuar promoviendo la accesibilidad cognitiva de todos los entornos, edificios, procesos, bienes, productos, servicios, herramientas y dispositivos, como parte indisoluble de la accesibilidad universal, recogida en la Convención
internacional de Derechos de las personas con discapacidad.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2018.-Diego Clemente Giménez, Marcial Gómez Balsera y Francisco Igea Arisqueta, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible


161/003241


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la flexibilización de la
normativa de conducción y descanso de los conductores profesionales del transporte de mercancías en aras a la seguridad vial y la conciliación laboral y familiar, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.


Exposición de motivos


En el campo del transporte por carretera, la normativa europea regula las normas básicas relativas a los tiempos de conducción y descanso de los transportistas mediante el Reglamento CEE 3821/85 del Consejo, modificado en diferente
ocasiones, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera que estable, entre otras cuestiones, las condiciones de fabricación, ensayo, instalación y control del tacógrafo digital, y el Reglamento (CE) 561/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera por el que se deroga el Reglamento CEE n.º 3820/85 del Consejo,
publicado con fecha de 11 de abril de 2006 en el Diario Oficial de la Unión Europea.


Ambos Reglamentos son de aplicación a todos los conductores que realicen algún tipo de transporte por carretera, ya sea público o privado, de mercancías o de viajeros, sean españoles o extranjeros, realicen el transporte por el interior de
España o por el territorio de la Comunidad Europea, lleven el vehículo en carga o circulen en vacío, pero siempre y cuando el vehículo que conduzcan tenga un PMA superior a 3.5 Tm o en el caso de vehículos para viajeros, estos tengan más de 9 plazas
incluido el conductor.


Recientemente, el 20 de diciembre de 2017, el Tribunal de Justicia Unión Europea en el Asunto C-102/16 (Vaditrans BVBA/Belgische Staat) realizó una nueva interpretación del Reglamento Europeo 561/2006 declarando que 'debe interpretarse en el
sentido de que un conductor no puede tomar en su vehículo los períodos de descanso semanales normales a los que se refiere el artículo 8, apartado 6, de este Reglamento'.


En la inmensa mayoría de ocasiones los periodos de descansos semanales de los profesionales del transporte de mercancías que cubren las rutas internacionales se producen fuera de su hogar debido a la normativa europea anteriormente citada
que establece que cada seis jornadas de trabajo a la séptima pare aunque se encuentre a escasos kilómetros de SU hogar, extremo que dificulta la conciliación entre la vida la vida laboral y familiar y empeora la calidad del descanso y bienestar del
conductor.


En aras de mejorar las condiciones socio-laborales de los conductores españoles y la seguridad vial en la red viaria, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a solicitar a las instituciones europeas correspondientes el estudio de una posible revisión del Reglamento n. 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 15 de marzo de 2006, relativo a
la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 3821/85 y (CE) n.º 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 3820/85 del
Consejo para fomentar la flexibilidad en los periodos de conducción y descanso que deben cumplir los profesionales del transporte



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de mercancías por carretera que circulan por la red viaria europea, primando siempre la seguridad vial, en aras de mejorar el bienestar y condiciones sociales de los conductores, para facilitar la conciliación laboral y familiar al
permitirles realizar el descanso semanal ordinario en sus respectivos hogares.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/003259


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, relativa al atropello de lobos en el paso de la A-1 por Somosierra.


Exposición de motivos


Entre 2006 y 2012 se produjeron en España 74.600 colisiones de vehículos contra animales salvajes, lo que representa un 8,9% del total de accidentes de tráfico registrados en ese período. Esto supuso un coste de 105 millones de euros al
año, según un estudio realizado en 2015 por el departamento de Zoología y Antropología Física de la Universidad Complutense. La cifra engloba los costes relativos a víctimas, como el gasto de ambulancias, hospitalización, pérdida productiva o
adaptaciones de viviendas. También los costes materiales, con daños de vehículos, pavimentos, gastos de policía y bomberos, y los costes de valor social calculados para cada animal muerto.


El pasado 20 de febrero de 2018, el Congreso aprobó una Proposición no de Ley en la que se instaba al Gobierno a elaborar un listado de puntos negros de atropello de fauna salvaje y la instalación de infraestructuras que eviten este tipo de
accidentes de tráfico. Comoquiera que hay puntos concretos perfectamente identificados que requieren de acción urgente, presentamos esta iniciativa.


En los últimos tres años han muerto atropellados seis lobos en la Comunidad de Madrid, cuatro de ellos en la misma carretera, la autovía de Burgos (A-1), en un tramo de menos de 15 kilómetros entre La Serna del Monte y Somosierra. El último
lobo atropellado en la A-1 fue recogido a las 6:30 de la madrugada del viernes 23 de marzo por agentes del Seprona en el punto kilométrico 84,600 de la citada autovía, en sentido Burgos.


Todos los atropellos de lobos se han producido al norte de la región de Madrid, En la A-1 el primer arrollamiento fue en enero de 2016, en el kilómetro 93, en el término de Somosierra. En 2017 hubo dos más, ambos en la autovía de Burgos
(A-1), uno el 3 de agosto en el kilómetro 80 y el otro el 27 de octubre en el kilómetro 79.


Desde el primer atropello en la A-1 son varios los colectivos, organizaciones y partidos que reclaman la construcción de pasos para la fauna en la zona de Somosierra de la autovía de Burgos que permita al lobo, en su avance hacia el sur de
la península, saltar a la provincia de Guadalajara sin morir en la red de carreteras madrileñas.


Por todo ello se presenta el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Congreso a:


Implementar las medidas que sean precisas para evitar los atropellos de fauna salvaje en el tramo de la A-1 comprendido entre la Serna del Monte y el túnel de Somosierra, en la Comunidad de Madrid, construyendo al menos un paso de fauna
adecuado para el cruce de ungulados y carnívoros en dicho tramo en el punto que técnicamente se considere más adecuado, con el objetivo de evitar nuevos atropellos de fauna salvaje en ese punto, y que constituyen un grave peligro para la seguridad
vial.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



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Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia


161/003266


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, los Grupos Parlamentarios abajo firmantes presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre la protección de la infancia y la adolescencia en eventos taurinos, para
su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.


Exposición de motivos


La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20/11/1989, es el Tratado de obligado cumplimiento para España que reconoce los derechos humanos de las personas menores de dieciocho años (que
dicha Convención adopta como 'niño/a/s'). La importancia de esta Convención reside en que instaura el principio del interés superior del niño, en virtud del cual los derechos del niño prevalecen sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera
concurrir o entrar en conflicto. España, mediante el Instrumento de ratificación de dicha Convención ('BOE' núm. 313, de 31/12/1990), se compromete a llevar a cabo todas las medidas y políticas necesarias para proteger el interés superior del niño
y en concreto a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, así como a no ser objeto de ninguna forma de violencia, garantizando su desarrollo físico, mental, moral y social, debiendo adoptar para ello todas
las medidas administrativas, legislativas, sociales y educativas apropiadas.


La Organización para las Naciones Unidas (ONU), a través del Comité de los Derechos del Niño, integrado por 18 expertos en el campo de los derechos de la infancia procedentes de distintos países del mundo, se ha pronunciado de forma expresa
en contra de que los niños participen y asistan a eventos taurinos, al señalar, en el Informe de las Observaciones Finales de 2 de febrero de 2018 dirigidas a España, que a fin de prevenir los efectos nocivos del espectáculo de los toros para los
niños, el Estado Parte prohíba la participación de niños menores de dieciocho años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia. Dicha instancia se encuentra en el apartado de 'Violencia en contra de los niños' y en el subapartado
'Prácticas nocivas'.


Los derechos del niño también es fruto de los compromisos de carácter estatal, incluso de la misma Constitución, que concibe la protección de la infancia y la juventud en su artículo 20 como un límite a otros derechos, como el derecho a la
libertad de cátedra, libertad de expresión y a la producción artística. El fundamento de la doctrina establecida en la Convención internacional y en desarrollo del mandato constitucional, España dictó la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, cuyo artículo 3 11 enuncia como principio rector de las Administraciones Públicas, el de tener en cuenta las necesidades del menor al ejercer sus competencias sobre educación, cultura y espectáculos. Esta Ley, así
como las demás disposiciones legales españolas relativas a las personas menores de edad, han de interpretarse de conformidad con la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, por expreso mandato de su artículo 3, cuestión que obliga a
los poderes públicos en todos sus niveles a reconducir sus actuaciones sobre actividades taurinas, que afectan a dichas materias, en aras a proteger a las personas menores de dieciocho años. De hecho, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, del
Código Penal, ya ha incorporado en el artículo 337.2 d) la agravación de la pena si el maltrato a los animales se ejecuta en presencia de un menor de edad, constatando así legalmente y por la vía penal el impacto negativo que produce sobre los niños
presenciar maltrato hacia los animales.


Por todo ello, para llevar a cabo las Observaciones Finales dirigidas a asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva las reformas legales y los mecanismos necesarios para impedir la participación y asistencia de personas menores de edad en espectáculos de tauromaquia, incluyendo las escuelas
taurinas, elevando la edad mínima de participación y acceso como espectadores a los dieciocho años.'


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2018.-Esther Capella i Farré y Jorge Luis Bail, Diputados.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.



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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión de Educación y Deporte


181/001021


Grupo Parlamentario Socialista


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte


Diputado don Ricardo Antonio García Mira.


Texto:


¿Qué razones justifican el retraso de seis años en el desarrollo de la Orden que debería regular el Grado de Psicología y dar así cumplimiento a la dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de
Salud Pública relativa a la regulación de la Titulación de Grado en Psicología?


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2018.-Ricardo Antonio García Mira, Diputado.


Comisión de Empleo y Seguridad Social


181/001023


Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social


Diputada doña Yolanda Díaz Pérez


Dirigida al Secretario de Estado de Empleo


Pregunta:


¿Por qué no ha ratificado todavía el Gobierno la Carta Social Europea revisada en 1996, firmada por España en el año 2000, que consolida las 19 disposiciones de la Carta de 1961 y las 4 del Protocolo de 1988 y amplía el catálogo de derechos
con otras ocho disposiciones, reafirmando de ese modo el compromiso de España con los derechos sociales fundantes de la Unión Europea y la naturaleza social del Estado, contemplado en el título I de la Constitución Española, ni ha firmado y
ratificado el Protocolo de Reclamaciones Colectivas de 1995, que permite a los sindicatos de trabajadores o sus organizaciones internacionales presentar reclamaciones colectivas al Comité Europeo de Derechos Sociales en relación al no cumplimiento
de la Carta Social Europea, en particular después de haber sido instado a ello por unanimidad por el pleno del Congreso, que el 23/11/2017 aprobó, con 328 a favor y ninguna abstención ni voto en contra, la Moción derivada de interpelación urgente
formulada en ese sentido por el Grupo



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Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y cuándo tiene previsto el Gobierno hacerlo?


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA


184/030924


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.


Autor: BIanquer Alcaraz, Patricia (GS).


Campos Arteseros, Herick Manuel (GS).


Reformulación de su pregunta sobre solicitud de los beneficios fiscales contemplados en la disposición adicional sexagésima sexta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, aplicables al
evento de salida de la vuelta al mundo a vela 'Alicante 2017'.


Acuerdo:


Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Doña Patricia Blanquer Alcaraz y don Herick Campos Arteseros, Diputados por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 115 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.


Motivación


La disposición adicional sexagésima sexta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 establece los beneficios fiscales aplicables al evento de salida de la vuelta al mundo a vela 'Alicante
2017'. De acuerdo con la misma:


'Uno. El evento de la salida desde la ciudad de Alicante de la vuelta al mundo a vela 'Alicante 2017' tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.


Dos. La duración del programa de apoyo será desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018.


Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002.



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Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades específicas se realizarán por el órgano competente de conformidad con lo
dispuesto en la citada Ley 49/2002.


Cinco. Los beneficios de este programa serán los máximos previstos en el artículo 27.3 de la citada Ley 49/2002.'


En el 'Diario Oficial de la Generalitat Valenciana' el trece de octubre de 2016, se publicó que: 'El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Generalitat, a través de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, el Consejo
Superior de Deportes, el Ayuntamiento de Alicante, la Autoridad Portuaria de Alicante, la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU, y la Fundación de la Comunitat Valenciana Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela
han suscrito, previa tramitación reglamentaria, el día 13 de julio de 2016, la novación modificativa del convenio suscrito el 11 de marzo de 2011, posteriormente novado en fecha 7 de julio de 2014, para la creación del Consorcio 'Alicante 2011, 2014
y 2017. Vuelta al Mundo a Vela'.


Y es a este Consorcio a quien las entidades deben presentar la documentación oportuna para acreditar las condiciones por las cuales pueden obtener las deducciones fiscales.


Por lo expuesto se realizan las siguientes preguntas:


¿Cuantas entidades han solicitado hasta la fecha los beneficios fiscales contemplados en la disposición adicional sexagésima sexta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016?


¿Cuáles son las condiciones establecidas por el Consorcio para tener derecho a estos beneficios fiscales?


¿A cuánto asciende el importe por tipo de beneficio fiscal solicitado por parte de las entidades?


¿A cuántas entidades se les ha denegado o rechazado parte o la totalidad de los beneficios fiscales solicitados, especificando tipo de beneficio fiscal, importe y causa del rechazo?


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2018.-Patricia Blanquer Alcaraz y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.