7.1.3. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 32/2007,
de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación,
transporte, experimentación y sacrificio.

Comisión: Agricultura, Pesca y Alimentación

(Núm. exp. 621/000033)

Página
5794

6.3. Moción por la que se insta al Gobierno a presentar una
propuesta relativa a la reforma de la financiación local para su estudio
en la Comisión de Entidades Locales del Senado.

(Núm. exp. 662/000087)

Autor: GPS

5838

El señor Belloch Julbe defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, a iniciativa de este senador y el señor Mariscal
Cifuentes.

El señor Belloch Julbe expone la posición de su grupo
respecto de la enmienda.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Sanz
Cabello.

En turno de portavoces intervienen los señores Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Mixto; Sabaté Borràs, por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Belloch Julbe,
por el Grupo Parlamentario Socialista, y Sanz Cabello, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción con el siguiente resultado: presentes,
240; votos emitidos, 237; a favor, 93; en contra, 144.

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.1. Proyecto de Ley Orgánica de protección de la salud
del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Educación y Deporte

5853

(Núm. exp. 621/000037)

La señora Sáinz García, presidenta de la comisión, presenta
el dictamen.

Comienza el debate del articulado.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas números
1 a 15, presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del
Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Martínez Muñoz defiende las enmiendas números 31
a 34 y 36 a 43, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 16
a 30, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Maldonado i Gili defiende las enmiendas números 61
a 64 y 67 a 78, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència
i Unió.

El señor Gil García defiende las enmiendas números 44 a 55
y 57, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Fernández Pérez.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Martínez Muñoz,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y Sequera
García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; los
señores Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, y Álvarez Villazán, por el Grupo Parlamentario
Socialista, así como la señora Mendiola Olarte, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación.

Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
con el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos, 233; a favor,
72; en contra, 146; abstenciones, 15.

Se rechazan las enmiendas números 3, 4, 5, 9 y 12, de los
señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario
Mixto, con el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos, 234; a
favor, 87; en contra, 147.

Se rechazan las enmiendas números 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 y
15, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto, con el siguiente resultado: presentes, 236; votos
emitidos, 234; a favor, 72; en contra, 160; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 31, 32 y 33, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), con el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 234; a favor, 88; en contra, 146.

Se rechaza la enmienda número 42, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), con el siguiente resultado: presentes, 235;
votos emitidos, 233; a favor, 30; en contra, 202; abstenciones, 1.

Se rechazan las enmiendas números 36 a 41 y 43, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), con el siguiente resultado:
presentes, 235; votos emitidos, 233; a favor, 22; en contra, 210;
abstenciones, 1.

Se rechazan las enmiendas números 16 y 17, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, con el siguiente
resultado: presentes, 236; votos emitidos, 232; a favor, 72; en contra,
145; abstenciones, 15.

Se rechazan las enmiendas números 18 a 20, 24 y 27, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, con el siguiente
resultado: presentes, 235; votos emitidos, 233; a favor, 87; en contra,
145; abstenciones, 1.

Se rechazan las enmiendas números 21 a 23, 25, 26 y 28 a
30, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, con el
siguiente resultado: presentes, 235; emitidos, 233; a favor, 72; en
contra, 159; abstenciones, 2.

Se rechazan las enmiendas números 62 y 64, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, con el siguiente
resultado: presentes, 236; votos emitidos, 234; a favor, 29; en contra,
203; abstenciones, 2.

Se rechaza la enmienda número 63, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, con el siguiente resultado:
presentes, 235; votos emitidos, 233; a favor, 19; en contra, 210;
abstenciones, 4.

Se rechaza la enmienda número 61, 68, 69, 73 y 74, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, con el
siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 234; a favor, 86; en
contra, 147; abstenciones, 1.

Se rechazan las enmiendas números 71 y 72, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, con el siguiente
resultado: presentes, 236; votos emitidos, 234; a favor, 20; en contra,
211; abstenciones, 3.

Se rechazan las enmiendas números 67 y 77, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, con el siguiente
resultado: presentes, 236; votos emitidos, 234; a favor, 21; en contra,
146; abstenciones, 67.

Se rechazan las enmiendas números 70 y 76, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, con el siguiente
resultado: presentes, 236; votos emitidos, 234; a favor, 19; en contra,
212; abstenciones, 3.

Se rechazan las enmiendas números 75 y 78, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, con el siguiente
resultado: presentes, 236; votos emitidos, 234; a favor, 86; en contra,
147; abstenciones, 1.

Se rechazan las enmiendas números 44, 53 y 54, del Grupo
Parlamentario Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 236;
votos emitidos, 234; a favor, 69; en contra, 147; abstenciones, 18.

Se rechaza la enmienda número 45, del Grupo Parlamentario
Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 236; votos emitidos,
234; a favor, 66; en contra, 160; abstenciones, 8.

Se rechazan las enmiendas números 46, 48 a 52 y 55 a 57,
del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 234; a favor, 82; en contra, 146;
abstenciones, 6.

Se rechaza la enmienda número 47, del Grupo Parlamentario
Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos,
232; a favor, 67; en contra, 158; abstenciones, 7.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de
registro 42825, sobre la enmienda número 34 del Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado (EAJ-PNV), con el siguiente resultado: presentes, 236; votos
emitidos, 234; a favor, 232; en contra, 2.

Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas
en comisión y no comprendidas en la votación anterior con el siguiente
resultado: presentes, 236; votos emitidos, 236; a favor, 217; en contra,
4; abstenciones, 15.

Se aprueba el resto del proyecto de ley con el siguiente
resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 215; en contra,
2; abstenciones, 18.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el
artículo 90 de la Constitución se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.

7.1.2. Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama.

Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático

5873

(Núm. exp. 621/000030)

La señora Ruiz Ruiz, presidenta de la comisión, presenta el
dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto al proyecto
de ley.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto
número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada originariamente por
este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
número 2, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Cascallana Gallastegui defiende la propuesta de
veto número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Granados
Lerena.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto, Guillot Miravet, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Maluquer Ferrer, por
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió;
Cascallana Gallastegui, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Aparici
Moya, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las quince horas y cincuenta
minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

Se procede a la votación de las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada originariamente por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, con el siguiente resultado: presentes,
210; votos emitidos, 208; a favor, 61; en contra, 129; abstenciones,
18.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, con el siguiente
resultado: presentes, 210; votos emitidos, 209; a favor, 67; en contra,
129; abstenciones, 13.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo
Parlamentario Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 211;
votos emitidos, 210; a favor, 67; en contra, 130; abstenciones, 13.

Comienza el debate el articulado.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas números
1 a 20, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por
este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Maluquer Ferrer defiende la enmienda número 21,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor presidente informa de la presentación de una
propuesta de modificación, sobre la base de la enmienda número 38, del
Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Montes Jort defiende las enmiendas números 22 a 37
y 39 a 43, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Sanz
Jerónimo.

En turno de portavoces intervienen los señores Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Guillot
Miravet, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; Montes Jort, por el Grupo Parlamentario Socialista,
y Aparici Moya, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación.

Se rechazan las enmiendas números 1 a 7, 9, 12, 15, 16, 18
y 20, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los
señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, con el siguiente
resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 66; en contra,
155; abstenciones, 19.

Se rechaza la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, con el siguiente resultado: presentes, 242; votos
emitidos, 240; a favor, 79; en contra, 156; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 8 y 13, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, con el siguiente resultado: presentes,
241; votos emitidos, 239; a favor, 2; en contra, 217; abstenciones,
20.

Se rechazan las enmiendas números 11, 14, 17 y 19, del
Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, con el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 3; en contra, 155;
abstenciones, 82.

Se rechaza la enmienda número 21, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, con el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 239; a favor, 28; en contra, 154;
abstenciones, 57.

Se rechazan las enmiendas números 22, 23, 25 a 27, 30 a 37,
39, 40 y 43, del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente
resultado: presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 65; en contra,
154; abstenciones, 19.

Se rechazan las enmiendas números 24, 28 y 29, del Grupo
Parlamentario Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 241;
votos emitidos, 239; a favor, 64; en contra, 154; abstenciones, 21.

Se rechaza la enmienda número 41, del Grupo Parlamentario
Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos,
240; a favor, 79; en contra, 155; abstenciones, 6.

Se rechaza la enmienda número 42, del Grupo Parlamentario
Socialista con el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos,
240; a favor, 79; en contra, 159; abstenciones, 2.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de
registro 42983, sobre la enmienda número 38, del Grupo Parlamentario
Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos,
240; a favor, 234; abstenciones, 6.

Se aprueba el resto del proyecto de ley con el siguiente
resultado: presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 155; en contra,
1; abstenciones, 84.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de la enmienda aprobada
por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie
sobre la misma en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M.
el Rey.

7.1.3. Proyecto de Ley de modificación de la Ley 32/2007,
de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación,
transporte, experimentación y sacrificio.

Comisión: Agricultura, Pesca y Alimentación

5901

(Núm. exp. 621/000033)

El señor Torres Colomer, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.

Comienza el debate de la propuesta de veto al proyecto de
ley.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende la propuesta de veto número 1.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Sánchez
Duque.

En turno de portavoces intervienen la señora Capella i
Farré, por el Grupo Parlamentario Mixto, así como los señores Boya Alós,
por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Maldonado i
Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; Arrufat Gastón, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Sánchez
Duque, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación de la propuesta de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, de la señora
Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, con el siguiente
resultado: presentes, 239; votos emitidos, 238; a favor, 1; en contra,
217; abstenciones, 20.

Comienza el debate del articulado.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas números
1 a 4, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por
este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 5 a
8, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Boya Alós defiende las enmiendas números 9 a 13,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Maldonado i Gili defiende las enmiendas números 14
a 16, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.

El señor Arrufat Gascón defiende las enmiendas números 17 a
21, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor López
Veiga.

En turno de portavoces intervienen los señores Boya Alós,
por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Maldonado i
Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; Arrufat Gascón, por el Grupo Parlamentario Socialista, y López
Veiga, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a la votación.

Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, con el siguiente resultado: presentes, 233; votos
emitidos, 233; a favor, 78; en contra, 150; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, con el siguiente resultado: presentes, 234; votos
emitidos, 234; a favor, 4; en contra, 224; abstenciones, 6.

Se rechazan las enmiendas números 3 y 4, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, con el siguiente resultado: presentes,
233; votos emitidos, 233; a favor, 16; en contra, 212; abstenciones,
5.

Se rechaza la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, con el siguiente resultado: presentes,
234; emitidos, 234; a favor, 79; en contra, 150, abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 6, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, con el siguiente resultado: presentes,
234; emitidos, 234; a favor, 3; en contra, 226; abstenciones, 5.

Se rechazan las enmiendas números 7 y 8, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, con el siguiente
resultado: presentes, 234; emitidos, 234; a favor, 16; en contra, 212;
abstenciones, 6.

Se rechazan las enmiendas números 9 y 11, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, con el siguiente
resultado: presentes, 234; emitidos, 234; a favor, 78; en contra, 149;
abstenciones, 7.

Se rechazan las enmiendas números 10 y 12, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, con el siguiente
resultado: presentes, 234; emitidos, 234; a favor, 79; en contra, 150;
abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 13, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, con el siguiente resultado: presentes,
233; votos emitidos, 233; a favor, 63; en contra, 164; abstenciones,
6.

Se rechazan las enmiendas números 14 y 15, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, con el siguiente
resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 84; en contra,
150.

Se rechaza la enmienda número 16, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, con el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 23; en contra, 210.

Se rechazan las enmiendas números 17 y 18, del Grupo
Parlamentario Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 234;
votos emitidos, 234; a favor, 78; en contra, 150; abstenciones, 6.

Se rechazan las enmiendas números 19 y 20, del Grupo
Parlamentario Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 234;
votos emitidos, 234; a favor, 79; en contra, 150; abstenciones, 5.

Se rechaza la enmienda número 21, del Grupo Parlamentario
Socialista, con el siguiente resultado: presentes, 234; votos emitidos,
234; a favor, 64; en contra, 163; abstenciones, 7.

Se aprueba el proyecto de ley con el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos 234; a favor, 217; en contra, 1;
abstenciones, 16.

El señor presidente informa de que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cincuenta
minutos.

Página
5802

En un marco de crisis económica, financiera y alimentaria
como la actual, los jóvenes son los que tienen autoridad moral para poner
cordura en un mundo globalizado. Somos los jóvenes los que tenemos que
empujar a los poderes públicos hacia políticas que devuelvan a la
agricultura su papel de sector estratégico para la economía de nuestro
país, políticas que fomenten el relevo generacional, ya que más del 90%
de los jóvenes que se incorporan lo hacen en la explotación de sus
padres. En muchas explotaciones en las que no hay posibilidad de crecer
en tamaño, la incorporación no es posible si no cesa la actividad del
progenitor. Por ello es importante la continuidad de políticas y de
medidas como el cese anticipado en la actividad agraria. El
envejecimiento de la población activa y la falta de relevo generacional
constituyen hoy en día uno de los problemas más graves del campo español
y europeo. Si además los que se incorporan no encuentran un respaldo
suficiente y una política agraria que garantice la continuidad de esta
actividad, en pocos años el campo estará despoblado.

El envejecimiento de la población activa agraria y la caída
en paralelo del número de agricultores no es solo un reflejo de la
situación económica que vive el país, también es consecuencia de una
nefasta gestión en los últimos años que ha llevado al sector a una
situación desesperada en la que muchos agricultores y ganaderos han
tenido que optar por el abandono de sus explotaciones debido al
hundimiento de los precios y a la falta de transparencia en la cadena
alimentaria. Por lo tanto, es importante atajar de raíz el problema del
envejecimiento y el relevo generacional con ayudas a la incorporación de
jóvenes al campo. Es evidente que existe un déficit de jóvenes en el
campo y que el sector está envejecido, lo que justifica las medidas y
apoyos públicos que fomenten el relevo generacional en las
explotaciones.

En muchas explotaciones, por la edad del titular y la falta
de relevo generacional, ya no se invierte en modernización, no se piensa
en alternativas. Tiende a reducirse su tamaño y a orientarse a cultivos
más sencillos, y dejan, por lo tanto, de tener menor valor añadido. Las
políticas agrarias del Gobierno han de seguir contemplando líneas
específicas de apoyo a los jóvenes que se incorporan al campo, ayudas a
la primera instalación y ayudas a planes de mejora de la explotaciones,
acompañadas de créditos a bajo interés con largos plazos de amortización,
ya que la agricultura es una actividad que requiere de elevadas
inversiones, y su rentabilidad no es inmediata, los ciclos productivos
son largos.

El Gobierno del Partido Popular está adoptando medidas de
apoyo a la agricultura en esta línea y en otra dirección importante como
son las ventajas fiscales. Un buen ejemplo de ello ha sido la reducción
de los módulos agrarios del IRPF para el año 2012 para agricultores y
ganaderos que han sufrido daños en sus explotaciones. También es
importante, en segundo lugar, fomentar y facilitar el uso de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación entre los jóvenes
agricultores del medio rural para garantizar su permanencia en él.

Si queremos que los jóvenes puedan competir en un mundo
globalizado tenemos que darles las mismas armas y herramientas con las
que ya se trabaja en otros territorios. España no puede perder el tren de
las nuevas tecnologías, del progreso, de la ciencia y la técnica al
servicio de la producción. La tecnología de los cultivos transgénicos es
imprescindible para ser competitivos en los mercados de hoy y de mañana y
resulta absurdo estar sujeto a unas normas que no nos permiten producir
con esta tecnología pero sí importar y consumir lo que se ha producido en
otras partes del mundo.

Nuevas tecnologías son también las que tienen que ver con
la comunicación, con el acceso a Internet de manera universal en igualdad
de condiciones para poder gestionar mejor las explotaciones en cualquier
parte del territorio. El acceso a estas tecnologías es imprescindible
para gestionar la explotación, pero también para el uso doméstico y
cotidiano. Las nuevas tecnologías son un elemento fundamental para animar
a los jóvenes a vivir en los pueblos, para ocupar el territorio
rural.

Los jóvenes agricultores no son ajenos al fenómeno social
más arraigado en la juventud, el estar conectados a las redes sociales.
Es muy importante el fomento del uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en el medio rural. También es importante
para la incorporación de jóvenes agricultores la apuesta por la
cualificación y la profesionalización, ya que la formación de los
recursos humanos y el rejuvenecimiento de la población rural son dos
procesos simultáneos. Si la formación prende, muchos jóvenes buscarán su
empleo y su medio de vida en

aquello que saben hacer. Si se generan expectativas de
empleo, los más jóvenes buscarán aquella formación que les permita
acceder a tales trabajos en mejores condiciones comparativas.

Está claro que los mayores consumidores de formación y
quienes mejor la aprovechan somos los propios jóvenes. Por ello, la
cualificación es un vector estratégico del empleo y del desarrollo. Como
se afirma en el dictamen del Consejo Económico y Social europeo de 22 de
septiembre del 2011, la formación y las nuevas tecnologías al servicio de
los jóvenes agricultores constituyen la base para el desarrollo de una
mentalidad empresarial. No basta con una formación teórica y poco
actualizada. Los jóvenes merecen un asesoramiento constante y
profesional, adaptado a las necesidades reales de su actividad. El
Consejo Económico y Social europeo propone la creación de un nuevo
programa de intercambio de jóvenes agricultores, el denominado Erasmus
farmer, y la adaptación del programa Leonardo, y reclama, ante el
envejecimiento del sector, nuevas líneas de participación de los jóvenes
en el seno de cooperativas y organizaciones agrícolas. Hay que fomentar,
asimismo, la educación y la formación específicamente destinadas a niños
procedentes del medio rural, por ejemplo, con campamentos de verano y
actividades diversas.

En tercer lugar, es fundamental impulsar la innovación y su
implementación en las explotaciones agrarias, buscando hacer más
atractiva la actividad agraria a los jóvenes con explotaciones adaptadas
a las nuevas exigencias de los mercados.

Debido a los altos niveles de paro entre la juventud
española, es necesario apoyar a aquellos jóvenes agricultores
emprendedores del medio rural para que a su vez ellos sean fuente de
desarrollo económico y social en nuestros pueblos. Para ello, es vital la
adopción de políticas que apoyen el relevo generacional. Para impulsar la
innovación en el sector agrario español es primordial la participación de
los jóvenes agricultores, que, cada vez más, son jóvenes formados, con un
buen nivel cultural, con amplios conocimientos en la materia agroganadera
y en la maquinaria altamente tecnificada, con formación en la gestión de
empresas y, además, ampliamente familiarizados con el uso de las nuevas
tecnologías. Para ello es importante el apoyo de las administraciones
públicas impulsando planes de formación, una formación que se ha de
adaptar al medio rural, a los horarios laborales de los agricultores y
ganaderos y a sus épocas de menos trabajo para que sea compatible con la
continuidad de la actividad, pues en la mayoría de las ocasiones el
receptor de la formación es una persona en activo que no puede cerrar su
explotación para asistir a una clase. Es importante tener mecanismos que
permitan ofrecer constante y puntual información, a la vez que
asesoramiento y orientación, a los jóvenes que se incorporan, en todos
los temas que puedan ser de su interés.

La agricultura española necesita a los jóvenes para
renovarse e introducir innovaciones, necesita sus ideas, su entusiasmo,
sus propuestas, su dinamismo, su preparación y su capacidad. Para que
nuestra agricultura sea competitiva, más atractiva para los jóvenes y con
una mayor productividad es fundamental la modernización y la adaptación a
los nuevos tiempos de nuestro sistema agrario. La agricultura productiva
pasa por la construcción de regadíos, la modernización de los ya
existentes, las infraestructuras en caminos y desagües, las
concentraciones y reconcentraciones parcelarias, la creación de polígonos
ganaderos en las zonas de montaña y sobre todo por apoyos para llevar los
servicios necesarios a las explotaciones que necesariamente han de estar
lejos del casco urbano. Las infraestructuras son imprescindibles para
competir con la agricultura del norte de Europa, para contrarrestar su
clara ventaja, para tener un terreno más productivo y un clima más
favorable para las producciones continentales.

Está demostrado que los jóvenes intensifican la producción
de la tierra mediante la mecanización, la aplicación de la tecnología, la
puesta en regadío y la dedicación a la actividad agroganadera. La
investigación y la innovación hacen más rentable las explotaciones
agrarias. La ciencia es hoy la mejor herramienta y una gran aliada para
construir el futuro del sector agrario español. Los avances técnicos que
se han introducido en nuestro sector agrícola están haciendo que nuestra
producción agraria sea cada vez más competitiva, y así debemos
seguir.

Por último, instamos también al Gobierno a defender en el
marco de las políticas y fondos de la Unión Europea medidas que apoyen la
incorporación de los jóvenes agricultores al medio rural y que les
permitan hacer de la agricultura y la ganadería su medio de vida. Es muy
necesario que las ayudas de la PAC, la Política Agraria Común, lleguen a
nuestros jóvenes agricultores, es un apoyo primordial para incentivar la
agricultura española y garantizar la continuidad de esta actividad.

Es importante que la Unión Europea, a través de la PAC,
estimule la incorporación de jóvenes agricultores con ayudas que estén
vinculadas a la agricultura activa, es decir, no con subsidios, que
reactiven el sector. La agricultura que interesa a los jóvenes es una
agricultura competitiva, productiva, pensada para el mercado y que sea
rentable en sí misma, al margen de las ayudas y los subsidios
públicos.

Por todo ello, la nueva PAC deberá potenciar una Europa que
defienda su papel de primera potencia mundial en la producción estable de
alimentos ricos por su variedad, por su calidad y por su producción y
compatibles con el medio ambiente y los valores territoriales
rurales.

El pago de ayudas para jóvenes agricultores podrá contar
con hasta el 2% del límite, o techo máximo anual de cada Estado miembro.
El techo para España en 2014 serán 4935 millones de euros. Se trata de un
apoyo específico para los jóvenes agricultores menores de cuarenta años
al comienzo de sus actividades agrarias. Se concederá por agricultor y
con carácter anual durante un máximo de cinco años.

La futura PAC persigue el reto de la cohesión territorial
para evitar el despoblamiento, para lo que es muy importante que los
jóvenes permanezcan en el medio rural y que la agricultura sea una
profesión de futuro. La futura PAC incluirá medios importantes de apoyo,
como las ayudas directas a los agricultores y al desarrollo rural, para
mantener el medio rural con gente joven.

España ha defendido en las negociaciones sobre la futura
política agraria común que las ayudas directas a los jóvenes sean
mayores. Los jóvenes que se incorporen al campo contarán con una ayuda
anual de unos 1430 euros durante cinco años, según una de las novedades
que incorpora la reforma de la PAC. Este pago directo para la
incorporación al sector agrario y los gastos estructurales que conlleva
es una de las novedades de la reforma de la PAC que se negocia en
Bruselas para el periodo 2014-2020.

España contará con 11 millones de euros más para la
incorporación de jóvenes, ya que pasaría de 89 a 100 millones de euros
anuales en este apartado, después de duras negociaciones en las que el
Gobierno de España ha defendido ante la Unión Europea que las ayudas
directas para los jóvenes sean mayores; un gran éxito del Gobierno
—más aún, si cabe—, teniendo en cuenta la actual crisis
económica que estamos viviendo en la Unión Europea. La reforma de la PAC
debe posibilitar la entrada de jóvenes agricultores, facilitando el
relevo generacional, y eso es lo que ha reivindicado el Gobierno en todo
momento en las negociaciones.

Estas son las líneas de actuación a seguir en la política
agraria española para favorecer la entrada y el acceso de los jóvenes
agricultores a este sector y de esta manera fomentar el relevo
generacional. La agricultura española necesita a los jóvenes para
dinamizarla y hacerla más competitiva, y nosotros debemos apoyar a esos
jóvenes.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Osés.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

La moción hace referencia a las ayudas procedentes de la
Unión Europea, las que tienen como marco regulador la política agraria
común, la PAC, y nuestra enmienda pretende que en ella se refleje de
forma expresa algo que el portavoz popular mencionó en su defensa pero
que no aparece expresamente en la moción, la necesidad de que las ayudas
de la PAC en esta nueva etapa vayan dirigidas al agricultor activo y que,
por tanto, se haga una definición del concepto agricultor activo como
elemento condicionante de la percepción de esas ayudas; me imagino que en
su momento entraremos en un debate sobre cuáles deben ser esas
características o peculiaridades que delimiten o definan la figura del
agricultor activo; en nuestra opinión, uno de los condicionantes debiera
ser que, como mínimo, el 20% de los ingresos que perciba proceda
directamente de la actividad agraria.

Por otra parte, y sin alejarme del contenido de la
enmienda, quiero hacer referencia expresa a que la necesidad de
incorporación de jóvenes agricultores —que es cierto que es general
en todo el sector— resulta mucho más relevante en aquellas zonas o
áreas en las que concurren

especiales dificultades por las limitaciones naturales y,
en consecuencia, el mantenimiento de la actividad conlleva un mayor
esfuerzo. Precisamente por ese esfuerzo, el relevo generacional resulta
más difícil, y es imprescindible que en ese mismo marco de la PAC se
sostengan otras ayudas complementarias para estas zonas con limitaciones
naturales, que garanticen el mantenimiento de la actividad y, en
consecuencia, la posibilidad del relevo generacional. La Comisión Europea
en esta propuesta de reforma de la PAC deja a criterio de los Estados
miembros el pago adicional a los agricultores que desarrollan la
actividad en estas zonas. Nosotros defenderemos que España mantenga ese
pago adicional.

Por otro lado, y hablando también de sectores agroganaderos
que presentan especiales dificultades, la filosofía de la reforma de la
PAC es la aplicación del principio general de acoplamiento, sin embargo
contempla la posibilidad de que se permitan ayudas acopladas para
producciones o sectores sensibles que necesitan esas ayudas acopladas. En
nuestra opinión entre estos sectores debe estar el de la leche, si no,
tras la desaparición del sistema de cuotas en 2015, va a ser imposible su
mantenimiento y supervivencia, y también el de producción de carne.

Sostener las ayudas a la producción de la nodriza es la
única forma de mantener una ganadería extensiva y, en consecuencia,
sostener un sistema de praderías que garantiza una producción ecológica
prácticamente al cien por cien, y en el caso de no ser así, tendría como
única alternativa el despoblamiento y la conversión a monte de estas
praderías.

Concluyo. No se dice nada en la moción —y por ello,
en principio, con la asunción, espero, de esta enmienda no habría mayores
dificultades para su apoyo— de algo que sí mencionó en su
intervención el portavoz del Grupo Popular y con lo que no estamos en
absoluto de acuerdo: los transgénicos. Nosotros no compartimos que el
futuro de nuestra agricultura pase por los transgénicos, no solo por el
principio de precaución, sino también por los condicionantes de
dependencia que el sistema de transgénicos genera. Hay ya comunidades
autónomas que en el ejercicio de sus competencias se han declarado zonas
libres del transgénico, y yo creo que hay que ser respetuoso con ese
planteamiento de determinadas comunidades autónomas.

Y por otra parte hay que incorporar en esta materia una
exigencia mínima, que en el etiquetado de aquellos productos que utilicen
como materia prima transgénicos figure de forma expresa esta realidad,
para que los consumidores a la hora de adoptar sus decisiones de consumo
tengan la información imprescindible.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el senador Arrufat.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Señor Osés, ustedes plantean impulsar y reforzar medidas
que faciliten la incorporación de jóvenes agricultores a la actividad
agraria con el objetivo de ayudar a resolver el problema del relevo
generacional e impulsar nuevas incorporaciones. Permítame que en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista le diga que esto es una declaración de
intenciones, un brindis al sol, es vender un santo sin vestir, porque sin
recursos económicos, sin mimbres, no se puede hacer la cesta. No nos
vendan lo que no tienen. Tengan primero los mimbres, y luego vendan la
cesta.

Para nosotros lo importante es crear riqueza. Si no hay
riqueza, no hay empleo. Así pues lo primero es, como digo, crear riqueza,
y, como consecuencia de ella vendrá el empleo, y no solo para los
jóvenes, sino también para las mujeres, para las parejas que están en el
campo. ¿Y ello por qué? Porque difícilmente vamos a hacer una cosa a
medias. O hacemos algo global o esto no tiene ningún sentido, y estoy
seguro de que esto es algo que compartirán muchos de ustedes, pues
provienen de territorios rurales.

El futuro no solo pasa por el relevo generacional. Usted
tiene razón en lo que dice sobre la formación, estoy de acuerdo con ello,
y con que la innovación es muy importante, pero tenemos que ir más lejos,
tenemos que pensar en diversificaciones económicas porque si no hay
puestos de trabajo y no hay ocupación para las mujeres, difícilmente
podremos llegar a término.

Por ello nosotros planteamos una enmienda de sustitución
que no solamente vaya a la creación de riqueza y empleo, sino también a
adaptar el proyecto de reforma de la Administración

local. Algunos dirán: Esto no tiene nada que ver con la
moción. Pues sí que tiene que ver y muchísimo: si no tenemos
ayuntamientos democráticos, si no tenemos ayuntamientos con servicios, si
nos estamos preocupando de desmantelar los ayuntamientos en el medio
rural, difícilmente una pareja o una familia que se vaya a establecer en
zonas rurales va a tener un futuro en este sentido.

Por ese motivo las enmiendas de sustitución que planteamos
van dirigidas a cuatro puntos. Primero, dotarlo presupuestariamente con
el equivalente a 2010. Dense ustedes cuenta de que el presupuesto de 2013
tiene un 35% menos, o sea 500 millones menos de euros, que el de 2010, y
¡ojo!, aviso para navegantes, el número de solicitudes de 2013 es el
doble de la que había en 2011. Luego, menos dinero y más solicitudes, con
lo cual no nos vendan los mimbres si no van a comprar la cesta.

Segundo, potenciar oportunidades de trabajo para jóvenes y,
sobre todo, para las —en femenino— mujeres en el medio rural.
Teníamos un instrumento clave en este país, que era la Ley de desarrollo
sostenible en el medio rural, pero se pasó de un presupuesto de 200
millones de euros a 20 millones en el último ejercicio.

Como decía antes, un tercer punto es adaptar el
anteproyecto de la ley entendida por todos como la reforma local, a la
autonomía municipal, que es imprescindible, teniendo en cuenta todos los
servicios que debemos tener los ayuntamientos. Y quiero aprovechar la
ocasión para decir que en España somos, no cientos, miles de alcaldes, y
muchos —también del Partido Popular, me lo dicen los de mi
provincia— intentamos frenar el famoso anteproyecto de ley de
reforma local, y les quiero agradecer la actitud que están teniendo al
respecto. Así que, gracias, alcaldes del Partido Popular, porque
—repito— son muchos en mi provincia, muchas decenas de
alcaldes los que me lo dicen continuamente; yo les digo que no me
insistan, que insistan al Gobierno para que sea consciente de esta
situación.

Y el último punto —y termino con las enmiendas—
es incentivar en la nueva PAC nuevos puestos de trabajo, que con los
recursos que tengamos seamos capaces de impulsar nuevos puestos trabajo.
Por ejemplo, la posibilidad de establecer e implantar ganadería extensiva
sin base territorial. Ustedes saben que tenemos que reflexionar sobre el
acoplamiento o no acoplamiento, sobre los derechos y sobre todos los
temas que están en el aire estos años. Igualmente, el pago destinado a
jóvenes agricultores —2% del sobre nacional— debe ser
obligatorio. Y coincidimos con el tema del envejecimiento de la población
y el relevo generacional, y desde luego coincidimos en que la
despoblación es una de las cuestiones más preocupantes del medio
rural.

Para terminar esta parte de la intervención voy a hacerle
una reflexión: con un ministro como el de ustedes no llegamos lejos. ¿Por
qué? Porque solo está pensando en una gestión desde su despacho del
ministerio, no está pensando con las autonomías y con el territorio.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrufat.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
para defender su enmienda tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyor president.

Senyors i senyores senadors. Per a la defensa de les
esmenes de l’Entesa jo voldria fer en primer lloc una referència a
l’exposició que ha fet el portaveu del Grup Popular —el
senyor Arrufat ho acaba de plantejar—, una moció que, com ja ens
tenen acostumats, ve a ser una moció genèrica, comencen dient aquelles
mesures que facilitin, però és clar, a nosaltres ens agradaria saber
quines són aquestes mesures. Vostè ha fet una explicació detallada. Jo
amb bona part del que vostè ha dit hi estic d’acord, però el que no
veiem és que això estigui reflectit en la part resolutiva d’aquesta
moció.

Efectivament, nosaltres per tant en aquestes esmenes que
presentem hem intentat fer un exercici de concreció en la mesura del
possible. Concreció per què? Perquè s’ha de saber de quina manera
implementem la formació dels joves agricultors, que ens sembla
fonamental. De fet, a altres països sense la formació no hi ha accés a
les ajudes, perquè és la garantia de donar viabilitat en aquestes
explotacions.

Els problemes de base de l’agricultura saben vostès
quin són en aquest moment. Són l’accés al crèdit també i
l’accés a la terra, també. Per tant, no això es resol. Impulsar la
innovació està bé,

però és veritat que hem de veure de quina manera i com
creem aquests pols de coneixement al territori perquè es faci possible
aquesta innovació.

La situació de la PAC semblaria que les últimes notícies
que tenim en aquest moment de les declaracions del ministre és que tota
l’eufòria en aquest moment s’ha quedat absolutament
aigualida, perquè avui ja no sabem tan sols ni si votarem aquesta PAC.
Allò que en un moment donat va ser un esclat d’èxit avui sembla que
ja no ho és tant.

Per tant, nosaltres pensem que, efectivament, s’ha de
crear un marc de formació, s’ha de fer amb mesures concretes. El
senyor Arrufat ho ha dit molt clarament i ha parlat també dels recursos
—jo en parlaré després—, però és cert que a les retallades de
l’Estat hi cal sumar les retallades de les autonomies. En aquest
moment, ja no sabem si els fons de desenvolupament rural serem capaços en
aquelles parts que són cofinançades d’accedir-hi o no, perquè les
autonomies en aquest moment ja tenim molts exemples de diners que es
perden per no poder anar al cofinançament. Aquesta és la realitat.

Nosaltres tenim una esmena que parla justament
d’aquesta implementació de les ajudes i, especialment, per a
aquelles zones més deprimides i les zones de muntanya, que són les que
han patit d’una forma més clara el desballestament del sector
agrari.

Nosaltres demanem també de fer una aposta per
l’agricultura ecològica. Pensem que l’agricultura ecològica
en aquest moment és dels pocs sectors de l’agricultura que està
creixent d’una forma clara i, per tant, si som capaços de treballar
en allò que en diem el radi curt, el mercat de proximitat, aquí hi ha un
nínxol important perquè els joves agricultors hi trobin també un àmbit
—m’hi referiré després— que els faci esquivar els
problemes que té en aquest moment en el context globalitzat, que són
molts. La portaveu del Grup Popular ho ha apuntat: nosaltres hem de
produir en unes condicions que moltes vegades són poc competitives perquè
hi ha altres zones on les fan sense la cura per les qüestions sanitàries
i les condicions que nosaltres exigim a les produccions agràries. Per
tant, això ens sembla absolutament important i pensem que en aquest
sentit estimular el consum dels productes ecològics i, sobretot, com
deia, que aquí és pràcticament desconegut, el radi curt és un pas
important.

Per altra banda, ens sembla que incorporar la dona és
fonamental. Ho ha dit el senyor Arrufat també, nosaltres ho diem també
molt específicament a l’última esmena, perquè ens sembla que el
camp sense la dona no tindrà cap oportunitat i no tindrà possibilitat de
reeixir. En aquest sentit, hem de dir que no és només la dona, no és
només l’activitat agrària, el món rural necessita i requereix que
hi hagi un entorn que faci possible una vida digna per a la gent que
s’hi vol quedar, per a la gent que ha de gestionar tot aquest
territori, que és molt, i que cada dia són menys les persones que viuen
als pobles petits, a les zones de muntanya i a les zones amb dificultat.
La crisi farà una segona escombrada important i ens sembla imprescindible
posar-hi remei.

Gràcies, senyor president. (Aplaudiments.)

Gracias, señor presidente.

Señores y señoras senadoras, para la defensa de las
enmiendas de Entesa, en primer lugar me gustaría hacer referencia a la
exposición realizada por el portavoz del Grupo Popular —el señor
Arrufat también lo acaba de plantear—, una moción que, como ya nos
tienen acostumbrados, es una moción de cariz genérico. Ha empezado
afirmando aquellas medidas que faciliten, pero a nosotros nos gustaría
saber cuáles son esas medidas. Usted nos ha dado una explicación
pormenorizada y estoy de acuerdo en gran parte con lo que usted ha dicho,
pero lo que no vemos es que esto quede reflejado en la parte resolutiva
de esta moción.

En efecto, en estas enmiendas que presentamos nosotros,
hemos intentado realizar un ejercicio de concreción en la medida de lo
posible. ¿Y por qué concreción? Porque es importante saber de qué forma
implementamos la formación de los jóvenes agricultores, que nos parece
fundamental. En otros países no hay acceso a las ayudas porque es la
garantía de dar viabilidad a estas explotaciones.

Los problemas de base de la agricultura, como saben
ustedes, son el acceso al crédito y el acceso al suelo, a la tierra, y
esto no se resuelve impulsando la innovación, que es positivo, sino que
debemos ver exactamente cómo se generan estos polos de conocimiento en el
territorio para que esta innovación pueda hacerse realidad.

La situación de la PAC, según las últimas noticias que
tenemos por las declaraciones del ministro, es que toda la euforia, hoy
por hoy, ha quedado totalmente aguada porque en la actualidad ya no
sabemos siquiera si vamos a votar esa PAC; lo que en su día fue un
estallido de éxito, hoy parece que ya no lo es tanto.

Así pues, pensamos que es importante crear un marco de
formación y hacerlo con medidas concretas. El señor Arrufat lo ha dicho a
todas luces. Ha hablado de recursos —yo hablaré de eso
luego—, pero es verdad que a los recortes del Estado tenemos que
sumar los recortes de las autonomías y ahora ya no sabemos si en esas
zonas que son cofinanciadas vamos a ser capaces de acceder a esos fondos
de desarrollo rural, porque en las autonomías en este momento ya contamos
con muchos ejemplos de dinero que se pierde por no poder acceder a esa
cofinanciación. Esta es la realidad.

Nosotros hemos presentado una enmienda que aborda
precisamente esa implementación de las ayudas, en concreto para las zonas
más deprimidas y las zonas de montaña, que son las que han padecido el
desmantelamiento del sector agrario de forma más patente.

También pedimos una apuesta por la agricultura ecológica.
La agricultura ecológica, hoy por hoy, es uno de los pocos sectores de la
agricultura que está creciendo, y lo está haciendo de forma clara. Por lo
tanto, si somos capaces de trabajar en lo que llamamos el radio corto, es
decir, el mercado de proximidad, aquí tenemos un nicho importante para
que los jóvenes agricultores también puedan encontrar un ámbito
—luego me referiré a ello— que les permita esquivar los
problemas que presenta la agricultura en el contexto globalizado actual,
que son muchísimos. El portavoz del Grupo Popular también lo ha apuntado.
Nosotros tenemos que producir en unas condiciones que muchas veces son
poco competitivas, porque existen otras zonas en las que no se tiene
cuidado por las cuestiones sanitarias que nosotros exigimos a las
producciones agrarias. Para nosotros eso es de suma importancia y
pensamos que, en este sentido, estimular el consumo de productos
ecológicos y en especial, como decía, el radio corto que aquí es casi
desconocido, es muy importante.

Asimismo nos parece que incorporar a la mujer es
fundamental; lo ha dicho también el señor Arrufat y nosotros lo afirmamos
de forma muy específica en la última enmienda, porque creemos que el
campo sin la mujer no va a tener ninguna oportunidad ni posibilidad de
lograr el éxito. En este sentido, debemos decir que no es tan solo la
mujer, no es tan solo la actividad agraria, el mundo rural necesita y
exige un entorno que haga posible una vida digna para aquellos que
quieren quedarse, personas que gestionen todo este territorio, que es muy
amplio, ya que cada vez son menos las personas que viven en los pueblos
pequeños y en las zonas de montaña, en las zonas con dificultad. La
crisis va a darnos este segundo barrido importante y hay que poner
remedio.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

Des del Grup de Convergència i Unió el que volem fer en
principi és agrair que hi hagi hagut aquesta sensibilitat per part del
Partit Popular en el que fa referència a la possibilitat
d’incorporació o les mesures que puguin ser adaptades a la
possibilitat d’incorporació de gent jove a l’entorn rural,
perquè en altres coses hi ha diferents estudis i informes, ja no tan sols
a nivell català, sinó també estatal i europeu, que diuen que un dels
reptes essencials és el traspàs a les noves generacions i la seva
incorporació al camp. A més a més d’altres reptes que en el dia a
dia es troben la gent que està treballant a l’agricultura i la
ramaderia.

Ara bé, em sobta que no s’hagi presentat cap tipus
d’esmena amb el que vaig a dir. És una qüestió competencial, qui fa
la distribució per a l’ajuda de la incorporació de joves al món de
l’agricultura i la ramaderia són les comunitats autònomes, que
apliquen els plans de desenvolupament rural i les ajudes que creuen
convenients en funció de les necessitats de cada territori. És a dir,
aquí s’ha explicat, hi ha diferents realitats, dins dels nostres
entorns pot haver-hi casos d’agricultura intensiva i
d’agricultura extensiva, així com ramaderia en aquest cas. Pel que
veig, sembla que aquesta moció, que és genèrica, de principis, que no és
programàtica, sí que amaga en el fons una qüestió que hem denunciat des
d’aquesta estrada, des d’aquest faristol.

S’està preparant un pla de desenvolupament rural a
nivell estatal per part del Govern del Partit Popular —ho ha dit de
forma expressa algunes vegades el ministre corresponent, el ministre
Arias Cañete— i ens trobarem en una situació que, tot i que el fons
pot tenir la seva part de bondat —no l’hi nego—, sí que
és una qüestió que a nivell competencial nosaltres defensarem de totes
les maneres possibles dins de l’àmbit de la legalitat. Per tant,
sembla que estiguin preparant el terreny perquè hi hagi una incursió fins
a la cuina de les diferents competències atribuïdes a les comunitats
autònomes, en aquest cas unes competències exclusives, que són en
agricultura. No ho posa aquí, no ho ha dit pas vostè, senador Osés, però
sí que sempre es traspua que aquelles competències que s’estan
portant a terme i les actuacions que estan duent a terme les comunitats
autònomes no es gestionen de la millor manera possible. Després, durant
el port de portaveus li donaré unes dades que segur que li rebatran tot
això que, de forma una mica per damunt, però amb una certa continuïtat en
la clau argumental s’està dient, que les comunitats autònomes no
gestionen les seves competències de la manera més correcta.

Per tant, aquest punt essencial és una de les propostes que
fem a l’esmena de l’articulat. I un altre, que és una qüestió
ben real, que és la modificació dels límits de l’impost sobre béns
immobles, que possibiliti l’accés a convocatòries de beques
d’estudis, perquè entre molts aspectes el que passa és que, com que
l’IBI dels béns rústics té una valoració prou elevada, la majoria
de les persones o dels joves que volen optar a unes beques es troben en
una situació d’exclusió i, per tant, no parteixen d’un
principi d’igualtat.

Per tant, vostè que ha argumentat que la formació —i
per part de totes les formacions polítiques s’ha dit— és un
element clau i que fins i tot és un requisit essencial, si no hi ha
formació no hi ha accés a les ajudes, li demanaria que ho tingués a bé,
que ho tingués en compte, i que es poguessin fer aquestes modificacions:
primer, que no hi hagués una invasió de competències, que aquí no hi és,
però ja s’està albirant en el fons que hi ha aquesta voluntat de
rebatre o de recuperar —i dic recuperar entre cometes—
algunes competències exclusives que tenim les comunitats autònomes, i
després la possibilitat que hi hagi una modificació alhora d’una
qüestió clara, perquè aquí com que és una declaració de principis li dono
una qüestió clara que pot tenir un efecte immediat en la possibilitat de
tenir ajudes les persones, els joves, que estan en el món rural i que
volen unes beques per poder continuar els seus estudis i per poder
complementar aquesta vida al camp i la formació integral de la persona en
si mateixa.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

El Grupo de Convergència i Unió quiere agradecer desde el
principio que el Grupo Popular haya mostrado esta sensibilidad en cuanto
a las medidas que se puedan adoptar para lograr la incorporación de gente
joven en el entorno rural, porque, entre otros motivos, existen distintos
estudios e informes, no solo en el ámbito catalán, sino estatal y
europeo, que sostienen que uno de los retos esenciales es la
incorporación de las nuevas generaciones al campo, amén de otros desafíos
que se encuentran en el día a día las personas que trabajan en la
agricultura y la ganadería.

Me sorprende que no se haya presentado ninguna enmienda
respecto a lo que voy a afirmar. Es una cuestión competencial, es decir,
quienes realizan la distribución de ayudas para la incorporación de
jóvenes al mundo de la agricultura y la ganadería son las comunidades
autónomas, que son las que aplican los planes de desarrollo rural y las
ayudas que consideran convenientes a partir de las necesidades de cada
territorio. Aquí se ha explicado que existen distintas realidades; en
nuestro entorno puede haber casos de agricultura intensiva y agricultura
extensiva o ganadería, en este caso, y parece que esta moción es
genérica, es una moción de principios, no es programática, en el fondo
oculta algo que venimos denunciando desde este lugar desde hace
tiempo.

El Gobierno del Partido Popular está preparando un plan de
desarrollo rural a nivel estatal —lo ha dicho de forma expresa en
varias ocasiones el ministro correspondiente, el señor Arias
Cañete—, y nos vamos a encontrar con una situación en la que aunque
en el fondo puede entrañar parte de bondad —no se lo niego—,
a nivel competencial nosotros vamos a defenderla por todas las vías
posibles dentro de la legalidad. Parece que estuvieran preparando o
allanando el terreno para que luego se realice esta incursión y que
llegue digamos que a la cocina de las competencias atribuidas a las
comunidades autónomas y, en este caso, a las competencias exclusivas, que
son

las de la agricultura. Aquí no lo pone, y usted no lo ha
dicho, senador Osés, pero se trasluce. Es como si aquellas competencias y
actuaciones que se están llevando a cabo por parte de las comunidades
autónomas no se gestionaran de la mejor forma posible. Posteriormente, en
el turno de portavoces le daré algunos datos que seguro van a rebatir
todo lo que se está afirmando con una cierta continuidad en sus
argumentos, y es que las comunidades autónomas no gestionan sus
competencias de la forma más correcta.

Así pues, este es un punto esencial, una de las propuestas
que nosotros incluimos en la enmienda del articulado. Y hay otro punto
que es algo muy real, que es la modificación de los límites del impuesto
sobre bienes inmuebles que permita el acceso a las convocatorias de becas
de estudios porque, entre muchos aspectos, lo que sucede es que como el
IBI de los bienes rústicos tiene una valoración bastante elevada, la
mayoría de las personas, en este caso los jóvenes que desean acceder a
unas becas, se encuentran en una situación de exclusión y no parten de un
principio de igualdad.

Por lo tanto, a usted, que ha argumentado —y también
lo han hecho todas las fuerzas políticas— que la formación es un
elemento clave e incluso un requisito esencial, pues si no hay formación
no hay acceso a las ayudas, le pediría que lo tuviera en cuenta, que lo
considerara y que estas modificaciones fueran posibles; es decir, que no
se diera una invasión de competencias. Aquí no lo pone pero, como digo,
en el fondo se trasluce que existe esa voluntad de rebatir o de recuperar
—y digo recuperar entre comillas— algunas competencias
exclusivas que ostentamos las comunidades autónomas, así como esa segunda
posibilidad de que se realice una modificación por un aspecto claro,
porque esta es una declaración de principios, y yo le traslado esta
cuestión más clara y que puede tener un efecto inmediato con la
incorporación o la posibilidad de obtener ayudas para las personas, los
jóvenes que viven en el mundo rural y que desean tener acceso a estas
becas para proseguir sus estudios y poder complementar la vida en el
campo y la formación integral de la persona en sí misma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

Tiene la palabra el senador Osés para manifestar si acepta
o no las enmiendas defendidas.

El señor OSÉS RAMÍREZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, voy a expresar la posición de mi grupo respecto
de las cuestiones planteadas. No podemos aceptar las enmiendas, aunque
estamos de acuerdo con algunas de ellas; en parte de lo expuesto creo que
todos los grupos de la Cámara estamos de acuerdo. Pero voy a profundizar
en lo que sus señorías han planteado.

En cuanto a la enmienda del Grupo Mixto, no hay una
relación directa entre el apoyo a la incorporación de jóvenes
agricultores que nosotros defendemos y la inclusión que ustedes solicitan
de la figura del agricultor activo. Por tanto, estando de acuerdo en
muchos de sus planteamientos, no podemos aceptar esa inclusión porque no
viene a relación.

La Entesa nos propone en los puntos 5 y 6 de su enmienda de
adición la creación de un marco de formación para jóvenes, la mejora en
la competitividad y la aplicación de la I+D+i, pero son aspectos que
nosotros ya hemos recogido en nuestra moción. Por tanto, creo que redunda
en lo que ya hemos tratado. En los puntos primero y segundo de nuestra
moción se incluyen estas medidas. Y respecto al punto 7, sobre la
incorporación de los jóvenes, va más allá de medidas sectoriales y
requiere que se aborde de una manera transversal.

Finalmente, también plantean el problema de las mujeres.
Creo que es importante la aplicación de políticas de apoyo a la mujer y
su inclusión en el medio rural, pero en este caso nos hemos referido
siempre a jóvenes, y jóvenes son mujeres y hombres. Creo que no hay mejor
política de igualdad que igualar a todos, hombres y mujeres: jóvenes. Por
tanto, estando de acuerdo en la importancia de la mujer en el medio rural
y en la necesidad de apoyarla, se trataría de otro tipo de políticas que
no se incluyen en esta moción, porque, como digo, apoyamos a los
jóvenes.

El Grupo de Convergència i Unió nos solicita en el punto 1
el incremento de las partidas gestionadas por las comunidades autónomas.
Esta medida no se puede admitir porque el reparto y la programación de la
política agraria común se acuerda en la conferencia sectorial y esta
moción propone reforzar todas las medidas que faciliten la incorporación
de jóvenes, sea cual sea la Administración.

Respecto al punto 2, en el que se solicita la modificación
del impuesto sobre bienes inmuebles, la competencia recae en el
Ministerio de Hacienda, por lo que tampoco puede considerarse este
aspecto en una iniciativa dirigida al Ministerio de Agricultura. Por
tanto, tratándose de un debate muy interesante, le emplazo a presentar
otra moción, señoría.

El Grupo Parlamentario Socialista nos propone una enmienda
que supone un incremento de gasto en todos sus puntos. El punto 3 no
tiene relación directa con los objetivos de la moción, puesto que
hablamos de la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Y
respecto al punto 4, sobre el problema de la incorporación de jóvenes al
sector agrario, va más allá también de medidas sectoriales y requiere un
debate transversal. Luego lo especificaré un poco más en mi siguiente
intervención pero el ministerio ya hace un importante esfuerzo inversor y
las políticas deben ir orientadas hacia otros aspectos que luego
referiré.

Por todo lo expuesto, anuncio el rechazo del Grupo
Parlamentario Popular a las enmiendas presentadas y el voto favorable a
esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Osés.

¿Turno en contra? (Pausa.) No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Si
me lo permite, intervendré brevemente desde el escaño.

Miren que venía yo predispuesto hoy a votar esta moción a
favor, que incluso lo había comentado con quienes nos asesoran en materia
de agricultura, que me habían dicho que se podía votar a favor, pero es
que ustedes no quieren que les votemos.

Ustedes tienen la mayoría que tienen —nadie se la
niega—, pero no pueden pretender convertir el Senado en el
microondas: ustedes vienen con el plato precocinado y, aunque estén de
acuerdo en los ingredientes que los demás proponemos, no los incorporan
al plato. Si esa es su actitud, si esa es su filosofía, con su pan se lo
coman, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna.

Intervendré yo también desde el escaño para ir ahorrando
tiempos, que creo que nos van a hacer falta hoy.

Mi grupo ha planteado este tema que trae hoy el Grupo
Popular a esta Cámara varias veces y en esta misma línea, no solamente
para la agricultura, también para la pesca, porque nos parece que es
esencial, y no podemos estar en contra de lo que se dice y se recoge en
la parte dispositiva. Es obvio que tiene que ser así y es obvio que, si
no es así, la agricultura y la ganadería no van a tener futuro. Ahora
bien, la propuesta es muy general, es demasiado general, y entendemos que
podría ser incluso adecuada tratándose de una moción. Evidentemente, es
una declaración de intenciones; luego habrá que ver cómo se articula todo
esto en el Estado, ya que la agricultura no es la misma en todas partes.
Esta es una cuestión importante. Podemos estar de acuerdo en las líneas
generales, pero estoy seguro de que nos encontraremos en los matices, y
nos encontraremos para colaborar y trabajar siempre que se pueda hacer
desde la racionalidad, desde el respeto a la realidad y desde la lealtad.
Creo que ese es uno de los puntos que están esperando la agricultura y la
sociedad de todos nosotros.

Lo que ocurre es que en esta moción hay una gran carencia,
y es que una vez más se obvia, creo que conscientemente —como ha
dicho también el senador Planas—, la realidad
político-administrativa del Estado. No es que se haya olvidado y sea tan
solo una casualidad, es que esto es una constante en la obra del Grupo
Popular en esta Cámara, y esta moción no es una excepción. Quiero
recordarles que el artículo 10 del Estatuto de Autonomía vasco, ese que
tanto defienden el Partido Popular y el Partido Socialista, define como
competencia exclusiva la agricultura y la ganadería de acuerdo con la
ordenación general de la economía, pero yo no creo que esta iniciativa
sea ordenación general de la economía, no solo porque se trate de un tema
competencial,

sino porque el fomento de la incorporación de los jóvenes
al mundo de la agricultura y la ganadería sería simplemente impensable de
regular sin tener en cuenta la realidad de cada territorio. Porque, como
ya hemos dicho, es claro y evidente que la agricultura y la ganadería
vascas, o la agricultura y la ganadería de montaña en general, no tienen
nada que ver con la agricultura y la ganadería en otras zonas del Estado.
Nada que ver tiene la agricultura en Euskadi con la de Murcia o
Andalucía; eso no es mejor ni peor sino una realidad, una evidencia. Como
también es una evidencia que el mundo rural tampoco tiene nada que ver,
ni la sociedad probablemente en muchos casos, en Euskadi y en otras
partes del Estado. Por tanto, las medidas a aplicar tendrán que ser
diseñadas desde la cercanía, y en ese sentido esta moción ni tan siquiera
hace mención, pero yo creo que no hubiera estado de más; por el
contrario, creo que es absolutamente necesario. Todo eso hay que hacerlo
partiendo del conocimiento del sector y de la sociedad en que éste está
inmerso. Se podría regular desde Bruselas, desde Madrid, desde Nueva York
o podría no regularse, pero no tiene mucho sentido. Si queremos que las
cosas funcionen habrá que hacerlo de manera racional, pero, vuelvo a
repetir, eso es lo que falta en esta moción.

En principio a mí también me habría gustado que se hubiese
concretado más, pero podríamos incluso sacrificar un poco esa concreción
para poder trabajar a futuro. Lo que no podemos aceptar de ninguna manera
es que no se tenga en cuenta la realidad porque es evidente, y en eso el
senador Plana tiene razón. En el tema de la PAC tenemos muchos puntos
para discutir, entre ellos el cheque agrario, cómo se divide, cómo se
reparte, etcétera. Me parece que esto es la antesala de lo que podemos
esperar en este asunto, y debo decir que a nosotros no nos gusta
mucho.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, mirant de ser breu també,
senyor president.

Senyories, hi ha algunes coses que jo he reiterat en les
meves intervencions quan hem parlat d’agricultura i avui ho vull
tornar a fer, perquè em sembla que és una qüestió que no podem deixar per
menys que reiterar de forma continuada.

Mirin, el context de l’agricultura en aquest àmbit,
en aquest moment global en què l’agricultura té una transcendència
enorme, és veritat que és un context molt difícil i molt complicat. Hi ha
una gran preocupació en tots els debats agraris, especialment al
Parlament Europeu, per entendre i garantir allò que en diem la sobirania
i la seguritat alimentària, que no està garantida. Sabem que hem de
produir en aquests propers anys, fins al 2025, gairebé més del 60 al 70%
de les nostres produccions agrícoles, que s’han d’incrementar
d’una forma notable. Al mateix temps recordaran que fa poc vam
debatre, hem debatut ja en diverses ocasions com solucionem el
malbaratament del menjar, és a dir, un 40% dels nostres aliments es fan
malbé i, per tant, aquest és un context complicat.

Veiem, i ara vaig al debat que estem mantenint avui sobre
aquesta qüestió, que a més la incorporació dels joves, a pesar de
l’optimisme amb què el ponent del Partit Popular s’ha
ventilat les esmenes que hem presentat, no és en absolut evident. Els
joves no s’estan incorporant a l’agricultura. L’altre
dia deia un dirigent sindical a Catalunya: hem perdut 18 000
professionals de l’agricultura i se n’han incorporat 49. És
que les estadístiques ho diuen tot. Vostès saben perfectament que en
aquest moment les solucions que està aportant el Govern són absolutament
insuficients quan el Ministeri d’Agricultura que més ha retallat de
tot el conjunt de l’Estat, però també ho estan fent les autonomies.
Per tant, la nostra aposta per l’agricultura no és una aposta
certa. Això crec que ha quedat perfectament acreditat. Però a més a més
hi hem de sumar que la pèrdua de la renda dels agricultors en aquests
últims anys ha estat de gairebé més del 40%. Per tant, quina és la
situació del nostre camp? És una situació crítica i l’hem de
reconèixer com a tal. Les estadístiques no ens ajuden de cap manera. Hi
ha països com Polònia, Àustria o Alemanya que incorporen un jove
agricultor per cada tres agricultors de 55 anys. En el nostre cas,
n’incorporem un per cada vint agricultors majors de 55 anys.
Fixin-se en la diferència que va de tres a vint.

Per tant, francament, ens sembla que, tot i estan
d’acord amb les seves exposicions de motius i tot el que vostè ha
explicat per fonamentar la seva moció, necessitem un debat rigorós i un
govern que aporti mesures clares, i el partit que dóna suport al Govern
que aporti mesures clares i concretes per aturar la sagnia que està
patint el nostre camp.

És veritat que l’agricultura té oportunitats. I tant
que sí. L’agricultura té oportunitats i podria ser un dels sectors
que ens ajudi d’una forma veritable a combatre el 27% d’atur,
però això no ho aconseguirem només amb una retòrica que no tingui
aquelles mesures que tenen capacitats de transformar la realitat. La
realitat és la que és, que avui hi ha agricultors joves que encara no han
cobrat les ajudes que tenen compromeses de diverses anualitats enrere i
que hi ha unes llistes importantíssimes de joves que han sol·licitat, que
estan en el seu dret de cobrar les ajudes, i que no les cobren perquè ni
les comunitats autònomes ni l’Estat tenen el pressupost adequat per
fer-hi front. Aquesta és la realitat. Hem parlat del 37% de retallades en
el que toca a l’Estat, però és que hi hem de sumar les retallades
de les comunitats autònomes i, per tant, la suma és una realitat que
pinta negra per al camp espanyol.

Per tant, jo crec que hem de fer, i acabo amb el que deia
al començament de la meva intervenció, una reflexió profunda sobre el
camp i el món rural. Els agricultors són una part fonamental
d’aquesta concepció de la societat rural del nostre país. No podem
fer-ho només en termes econòmics, no podem reivindicar la figura dels
agricultors només des d’una perspectiva econòmica. Ho hem de fer
també —i això ho diu, vostè ho ha citat, el Consell Econòmic i
Social de la Unió Europea—, també com un element fonamental per
garantir els equilibris, el medi ambient i la seguretat alimentària del
futur.

Per tant, avui és veritat que els joves estan millor
formats, que tenen més capacitats, però també que en aquest moment el
mercat està establint unes normes de joc que no els permeten sobreviure
amb la seva activitat agrària, i vostès ho saben, els preus són els més
baixos que mai s’han pagat pels productes agraris. Estem en un
espai de contradiccions que ens portaran al desastre si no hi ha un
govern capaç de reaccionar. La reacció ha de ser buscar la transparència
dels mercats, portant les dotacions econòmiques adequades perquè, malgrat
que estem en un moment de dificultat econòmica, el retorn que poden tenir
la dedicació pressupostària a aquest objectiu pot tenir molts profits per
al país, però també per a la capacitat tributària de l’Estat.

A nosaltres ens sembla que hem de superar la fase que ahir,
penso que era el senador Anasagasti que deia això no pot ser un teatre,
doncs hem de superar la fase del teatre, de venir a interpretar un paper
per fer un debat rigorós sobre els problemes del país, i els problemes
agraris són un problema molt important per a aquest país. Sense el món
rural, sense els pagesos, sense la incorporació de joves, sense la
presència de la dona al camp espanyol, aquest és un fracàs anunciat.

Per tant, jo els demano que rectifiquin, que deixem de fer
teatre, que fem política de veritat i el debat que toca per treure els
agricultors d’aquest país del problema que tenen, que és molt
greu.

Gràcies, senyor president. (Aplaudiments.)

Gracias. Voy a intentar ser breve, señor presidente.

Señorías, hay algunas cosas que yo he reiterado en mis
intervenciones cuando hemos hablado de agricultura y me gustaría volver a
reiterar hoy porque me parece que se trata de una cuestión que no podemos
sino subrayar de forma continuada.

En el ámbito de la agricultura, en este momento global en
que la agricultura tiene una enorme trascendencia, es verdad que el
contexto es muy difícil, muy complicado. Se observa una gran preocupación
en todos los debates agrarios, sobre todo en el Parlamento Europeo, para
entender y garantizar lo que llamamos la soberanía y la seguridad
alimentaria, lo cual no está garantizado. Sabemos que en los próximos
años, hasta 2025, tenemos que producir más del 60 o 70%; nuestras
producciones agrícolas deben incrementarse de forma notable. Pero
recordarán que hace poco debatimos —de hecho lo hemos debatido ya
en múltiples ocasiones— cómo resolver el despilfarro de los
alimentos, pues un 40% de nuestros alimentos se desperdician, se
estropean. Por lo tanto, es un contexto complicado.

Paso a continuación al debate de hoy sobre esta cuestión.
Observamos, a pesar del optimismo que ha mostrado el proponente del Grupo
Popular a la hora de ventilar nuestras enmiendas, que los jóvenes no se
están incorporando a la agricultura. El otro día, un dirigente sindical
decía en Cataluña que hemos perdido 18 000 profesionales de la
agricultura y se han incorporado 49. Las estadísticas son muy elocuentes.
Ustedes saben que, hoy por hoy, las soluciones que está aportando el
Gobierno son absolutamente insuficientes. El Ministerio de Agricultura ha
sido el que más ha recortado del conjunto del Estado. Pero también lo
están haciendo las autonomías. Por tanto, nuestra apuesta por la
agricultura no es cierta, no está garantizada. Esto ya ha quedado

acreditado. Además, hay que añadir que la pérdida de renta
de los agricultores en estos últimos años ha sido de más del 40%. ¿Cuál
es la situación de nuestro campo? Pues es una situación crítica y debemos
reconocerlo así. Las estadísticas no nos ayudan en ningún sentido. Hay
países como Polonia, Austria o Alemania, que incorporan un joven
agricultor por cada tres agricultores de 55 años. En nuestro caso,
incorporamos uno por cada veinte agricultores mayores de 55 años. Fíjense
ustedes en la diferencia: de tres a veinte.

Francamente, aunque estemos de acuerdo con su exposición de
motivos y con todo lo que usted ha explicado para fundamentar su moción,
necesitamos un debate que sea riguroso, un Gobierno que aporte medidas
claras y que el partido que le dé apoyo aporte también medidas claras y
concretas para poner fin a la sangría que está padeciendo nuestro
campo.

Es verdad que la agricultura tiene oportunidades. Claro que
sí. Existen muchas, y podría ser uno de los sectores que nos ayude de
verdad a revertir el 27% de desempleo. Pero esto no lo vamos a lograr tan
solo con una retórica que no cuente con medidas capaces de transformar la
realidad. Porque la realidad es la que es. En la actualidad tenemos
jóvenes agricultores que aún no han cobrado las ayudas de varias
anualidades que ya tienen comprometidas; existen unas listas engrosadas
de jóvenes que han solicitado las ayudas, que tienen derecho a cobrarlas
y que no las cobran porque ni las comunidades autónomas ni el Estado
disponen del presupuesto necesario para hacer frente. Hemos hablado del
37% de recortes por lo que respecta al Estado, pero aquí debemos sumar
los recortes de las comunidades autónomas. Y esta suma supone una
realidad muy negra para el campo español.

Termino diciendo lo que ya había anunciado al principio de
mi intervención, con una reflexión profunda sobre el campo y sobre el
mundo rural. Los agricultores son parte fundamental de esta concepción de
la sociedad rural en nuestro país. Así pues, no podemos abordarlo tan
solo en términos económicos y reivindicar la figura de los agricultores
únicamente desde el aspecto económico. Tenemos que hacerlo también
—y usted ha citado el Consejo Económico y Social de la Unión
Europea— como elemento fundamental para garantizar los equilibrios,
el medio ambiente y la seguridad alimentaria del futuro.

Por lo tanto, es verdad que hoy los jóvenes están más
formados, que cuentan con mayores capacidades, pero también es verdad
que, hoy por hoy, el mercado está fijando unas reglas del juego que no
les permiten sobrevivir con su actividad agraria. Ustedes lo saben. Los
precios son los más bajos que jamás se hayan pagado por los productos
agrarios. Nos encontramos en un espacio lleno de contradicciones que nos
van a conducir al desastre si no hay un Gobierno que sea capaz de
reaccionar. La reacción debe ser buscar la transparencia de los mercados
y llevar las dotaciones económicas adecuadas a su destinatario, porque
aunque estemos en un momento de estrecheces económicas, el retorno que
puede dar esa dedicación presupuestaria a este objetivo puede suponer
grandes beneficios para el país y también para la capacidad tributaria
del Estado.

Nosotros consideramos que debemos superar una fase. Me
parece que fue ayer cuando el senador Anasagasti dijo que esto no puede
ser un teatro. Pues bien, también creo que ya debemos superar la fase del
teatro, hemos de dejar de venir aquí a interpretar un papel. En lugar de
eso, hemos de llevar a cabo un debate riguroso sobre los problemas del
país. Los problemas agrarios son un problema de suma importancia para
este país. Sin el mundo rural, sin los campesinos, sin la incorporación
de los jóvenes o la presencia de la mujer en el campo español esto es un
fracaso anunciado.

Por lo tanto, les pido, por favor, que rectifiquen, que
dejemos de hacer teatro y hagamos política de verdad y el debate que es
necesario para poder sacar a los campesinos de este país del problema en
el que se encuentran, que es muy grave.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

Senyories, s’ha esmentat de forma directa per part
del senador Osés que algunes de les propostes que estàvem fent es
decidirien a la Conferència Sectorial de consellers d’Agricultura i
després l’altra proposta que li feia em deia que era una qüestió
del Ministeri d’Hisenda.

Això no em corrobora res més que aquella por —i
alguna de les vegades li ho dit directament al ministre corresponent, el
senyor Arias Cañete— que el seu pes dins del que és
l’estructura del

Govern de l’Estat espanyol és reduït, perquè ara ens
tornarem a trobar amb qüestions dins de la Llei de millora de la cadena
alimentària que hi ha algunes qüestions que haurien d’estar molt
més ben tractades i no s’hi tracten perquè hi ha ministeris que
tenen més pes a l’hora de fixar no únicament la política agrària
sinó la política pressupostària.

Després, per certes referències a la disminució de les
aportacions de les comunitats autònomes a les polítiques agràries,
voldria fer esment d’algunes dades, en aquest cas de la Conselleria
d’Agricultura de Catalunya, que diuen que l’any 2012 es van
rebre 154 sol·licituds per incorporar-se al camp joves agricultors,
incorporant el pressupost des de l’any 2009 fins al 2012, passant
de 5,5 milions a 11,5 milions d’euros. Això, tenint en compte
l’informe demolidor de la Sindicatura de Comptes respecte a, no
vull dir barbaritats, però sí la manca de rigor a nivell pressupostari en
aquest cas del Govern del Tripartit, que va precedir el Govern de
Convergència i Unió, sí que demanaria certa cura quan es diu que les
comunitats autònomes no estan per la tasca. S’intenta fer dins de
les limitacions pressupostàries el màxim que es pugui.

Però seguint amb el senador Osés —que en aquest cas
no és un diàleg directe entre el senador Boya i jo mateix—, hi ha
diferències informes que ens diuen la realitat. Per exemple,
l’horitzó 2020 de la Unió Europea ens diu que dins del programa
d’investigació i innovació una de les potes essencials és
l’agricultura i la ramaderia com un nivell de sostenibilitat i de
fixació de gent al camp i al territori. Per tant, hi ha una certa
prioritat des de la Unió Europea perquè hi hagi un desenvolupament al més
acurat possible a nivell territorial. Però després també hi ha informes,
com poden ser el de COAG, on es diu que hi ha un 5,3% dins de
l’Estat espanyol que es troba per sota dels 35 anys d’edat.
Per tant, tenim una realitat demogràfica, social, certament important,
amb un envelliment del camp. Això ho hauríem de tenir en compte.

Però, a part de les mesures que li he proposat, també li
voldria proposar d’altres que, com vostè ha dit, potser tindrien
lloc en una altra sessió de ple, però li dic que potser estaria bé que
SAECA, la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària, un cop tingués
l’acceptació de l’expedient d’incorporació de joves al
camp, que això servís com a aval per poder tenir accés al crèdit, perquè
un dels problemes també principals que es tenen en aquest cas és que, tot
i que tinguis la idea, la voluntat, aquesta sapiència i habilitat per
tirar endavant, moltes vegades hi ha problemes de finançament. Ara em
dirà, no vull que em respongui, però no em digui que és una qüestió del
Ministeri d’Economia, perquè això ens afecta a tots. Si no saben
trobar un punt d’equilibri en què hi hagi una lligassa entre els
diferents ministeris perquè arribi aquest crèdit als joves el que fa és
no facilitar la incorporació de les persones, dels joves, a
l’activitat agrària i ramadera.

I una última dada, si m’ho permet, perquè tots hi
reflexionem: hi ha un estudi —torno a reiterar la qüestió dels
estudis— fet pel Banc Mundial, que es diu Doing Business, que
estableix que l’Estat espanyol, de 185 països, ocupa el 136è lloc a
l’hora de facilitar l’obertura d’un negoci. Per tant,
mirem-nos-ho tots amb calma.

Volem la incorporació de joves? Sí. Volem que hi hagi un
equilibri territorial? Evidentment. Volem que es faci un producte, que ja
es fa, amb la major qualitat i que es pugui parlar de la qüestió de la
seguritat alimentària i poder tenir la sobirania alimentària que molts
demanem? Evidentment. Però també volem que hi hagi per part de les
administracions la incorporació dels pressupostos corresponents perquè es
puguin incorporar aquests joves, perquè un jove que s’incorpora
genera, segons diferents estudis, la celebració o la incorporació de tres
o quatre treballs indirectes respecte a això.

I després, que respecti el marc normatiu establert en
l’actualitat. Quin és aquest marc normatiu? Únicament el que és les
competències de les comunitats autònomes. Vostè m’ha dit que en les
conferències sectorials després es repartirà. No parli del principi
d’igualtat, ja el tenim assumit dins de la Constitució espanyola, a
l’article 14, que és un principi d’igualtat i un dret
fonamental, però en aquest cas les responsabilitats que tenen les
comunitats autònomes i les administracions a l’hora de
distribuir-ho no vulguin xuclar-ho, reduir-ho i dir que serà
l’Administració de l’Estat espanyol qui farà una distribució
més equitativa. Cadascú se sap les seves realitats. Cada comunitat
autònoma sap les diferents versions o, si més no, les diferents
característiques del seu entorn agroindustrial i, per tant, li demanaria
que en qüestions de competències no xafin allò que no s’ha de
xafar, perquè sempre ens trobem amb el mateix. El que hem de fer entre
totes les administracions és donar i establir un marc el millor possible
perquè es pugui donar les respostes a les demanes i als reptes que tenim
damunt la taula, i això és un element essencial.

Per tant, vull dir-li que com a qüestió genèrica, com a
proposició declarativa —que és el que vostès fan—, no em
sembla malament, però em sembla molt malament que utilitzin una moció
d’aquest tipus per intentar xafar, penetrar fins i tot gairebé fins
a la cuina de les competències exclusives que tenim les comunitats
autònomes.

Li faig una proposta és palpable, que no es parla de
qüestions intangibles, que és incrementar la qüestió de l’IBI
rústic perquè els joves puguin tenir accés a diferents beques, que és una
realitat que tenim i que de ben segur gent del seu entorn això ho sap, no
em digui que és una qüestió del Ministeri d’Hisenda. Si és així, li
demano que s’ho apunti i que faci la transmissió corresponent al
seu Ministeri i el seu Ministeri que enarbori la bandera perquè a això
pugui donar-hi solució. Per la meva part, res més.

Després ja veurem a la votació el que farem.

Gràcies.

Gracias, presidente.

Señorías, se ha hecho mención directa, en este caso por
parte del senador Osés, a que algunas de las propuestas que nosotros
hemos planteado se iban a decidir en la conferencia sectorial de los
consejeros de agricultura. En cuanto a la otra propuesta que he
formulado, me ha dicho usted que era una cuestión del Ministerio de
Hacienda.

Esto lo único que me corrobora es ese miedo —y en
algunas ocasiones se lo he dicho al ministro correspondiente, el señor
Arias Cañete— porque su peso dentro de la estructura del Gobierno
del Estado español es reducido. Ahora nos vamos a volver a encontrar, en
el marco de la ley de mejora de la cadena alimentaria, con algunas
cuestiones que deberían tratarse mucho mejor y que no se abordan porque
existen ministerios que ostentan un mayor peso a la hora de fijar no tan
solo la política agraria sino también la presupuestaria.

También se han hecho referencias a la disminución de las
aportaciones de las comunidades autónomas a las políticas agrarias. En
este sentido, me gustaría mencionar algunos datos. En concreto, la
Consejería de Agricultura de Cataluña apunta que en el 2012 se recibieron
154 solicitudes de jóvenes agricultores para incorporarse al campo,
incrementándose el presupuesto desde el 2009 al 2012 de 5,5 millones de
euros a 11,5 millones de euros. Teniendo en cuenta el informe demoledor
que ayer apareció de la Sindicatura de Cuentas en cuanto a las no
barbaridades quizá, pero sí a la falta de rigor presupuestario del
Gobierno del tripartito que precedió al Gobierno de Convergència i Unió,
sí solicitaría cierto cuidado cuando se afirma que las comunidades
autónomas no están por la labor. Se intenta, dentro de las limitaciones
presupuestarias, hacer lo máximo posible.

Siguiendo con el senador Osés y volviendo a la moción
—en este caso no se trata de un diálogo directo entre el senador
Boya y yo—, parece que existen distintos informes que nos cuentan
cómo es la realidad. Por ejemplo, el horizonte 2020 de la Unión Europea
nos dice que dentro del programa de investigación e innovación una de las
patas principales es la agricultura y la ganadería, la agricultura y la
ganadería como un nivel de sostenibilidad y de fijación del territorio y
de personas en el campo. Por consiguiente, en este caso existe cierta
prioridad por parte de la Unión Europea para que se produzca un
desarrollo pormenorizado a nivel territorial. Pero también hay otros
informes, como el de COAG, en el que se afirma que en el Estado español
hay un 5,3% de personas por debajo de los 35 años de edad. Es decir,
tenemos una realidad demográfica y social que se traduce en un
envejecimiento claro del campo, y esto debería tenerse en cuenta.

Además de las medidas que le he planteado, me gustaría
formular otras que en su opinión deberían encontrar el espacio en otra
sesión de Pleno. Por ejemplo, Saeca, la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria, una vez tuviera la aceptación del expediente de
incorporación de jóvenes al campo, podría servir de aval para poder
acceder al crédito. Y es que uno de los principales problemas que estamos
viendo en este caso es que por mucho que tengas la idea y la voluntad,
por mucho que cuentes con esa sapiencia y esa habilidad para seguir
adelante, muchas veces te encuentras con problemas de financiación. Y no
me diga que eso es cuestión del Ministerio de Economía porque esto nos
afecta a todos, y si no sabemos encontrar un punto de equilibrio en el
que exista un vínculo entre los distintos ministerios para que ese
crédito llegue a los jóvenes no se estará facilitando la incorporación de
esas personas, de esos jóvenes, a la actividad agraria y ganadera.

Les daré un último dato, si me lo permiten, para que todos
reflexionemos sobre ello. Existe un estudio —y reitero la
existencia de estudios—, en este caso del Banco Mundial, titulado
Doing Business, en el que se dice que, de ciento ochenta y cinco países,
el Estado español ocupa el puesto ciento treinta y seis respecto de la
apertura de negocios y nuevas empresas. O sea, analicémoslo con
calma.

¿Queremos que se incorporen los jóvenes con equilibrio
territorial? Claro que sí. ¿Y que se realice un producto de la máxima
calidad, como ya se produce, y se pueda hablar de la seguridad
alimentaria y poder disponer de la soberanía alimentaria, que muchos
solicitamos? Claro que sí. Pero en este caso también queremos que las
administraciones incorporen los presupuestos correspondientes para que
estos jóvenes puedan integrarse en el campo, porque un joven que se
incorpora genera, según distintos estudios, tres o cuatro puestos de
trabajo indirectos.

Y, por favor, respeten también el marco normativo
establecido en la actualidad. ¿Cuál es ese marco normativo? Únicamente
las competencias de las comunidades autónomas. Usted me ha dicho que
luego, en las conferencias sectoriales, se va a repartir, pero no habla
del principio de igualdad. Ya está asumido en el artículo 14 de la
Constitución Española, es un derecho fundamental. Pero en este caso las
comunidades autónomas tienen unas responsabilidades; las administraciones
tienen la responsabilidad de distribuirlo. No quieran ustedes
succionarlo, reducirlo y afirmar que será la Administración del Estado
español la que luego realice una distribución lo más equitativa posible.
Cada uno conoce sus realidades, cada comunidad autónoma sabe cuáles son
las distintas versiones o, al menos, las características de su entorno
agroindustrial, por lo tanto, le pediría que en cuestiones de
competencias no pisoteen lo que no debería pisotearse, porque siempre
estamos en las mismas. Lo que debemos hacer entre todas las
administraciones es establecer el mejor marco posible para que se pueda
colaborar y se den respuestas a esas demandas y a los desafíos que
tenemos sobre el tapete. Ese es un elemento esencial.

Por lo tanto, como cuestión genérica, como proposición
declarativa —que es lo que ustedes hacen—, no me parece mal,
pero sí me parece muy mal que utilicen una moción de esta naturaleza para
intentar pisotear y penetrar, incluso llegando hasta la cocina misma de
las competencias exclusivas que tenemos las comunidades autónomas.

Y le formulo una propuesta palpable, en la que no se habla
de ninguna cuestión intangible, que es incrementar el IBI rústico para
que los jóvenes puedan tener acceso a distintas becas. Esa es una
realidad que tenemos y seguramente gente de su entorno la conoce muy
bien. No me diga que es una cuestión del Ministerio de Hacienda; si es
así, por favor, anótelo y trasládelo a su ministerio para que este pueda
enarbolar la bandera en este caso para que tengamos ya soluciones
concretas.

Luego veremos qué hacemos en la votación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Arrufat.

El señor ARRUFAT GASCÓN: El Partido Popular ha hablado de
una nefasta gestión. Yo me he rascado la cabeza y he dicho: serán los
tiempos en que gobernaba Aznar con la burbuja inmobiliaria, porque eso
contribuyó a que gente del campo se fuera a la ciudad. Yo no encuentro
otra explicación.

Fíjense ustedes en estos datos. Presupuesto para 2010: 243
millones de euros para la incorporación de jóvenes; 2565 incorporados.
Presupuesto para 2012: 196 millones de euros; 6000 solicitudes. Vamos a
hablar de realidades. Presupuesto del PDR, lo que está cofinanciado con
fondos comunitarios, o sea, que echamos mano al bolsillo o a los sobres y
solamente tiene que poner el 25% el Gobierno de España. De 1520 millones
de euros en 2011 pasamos a 1007 millones de euros en 2013, es decir, un
35% menos de presupuesto. Por eso entiendo que la gestión se referirá a
aquellos tiempos.

Aparte del presupuesto recortado, y aparte de las
peticiones, que ya hemos dicho que estaban prácticamente en el doble,
resulta que hay comunidades autónomas que aún no han sacado la
convocatoria de 2013. O sea, más de lo mismo. Llueve sobre mojado; si les
parece poco este dinero, encima en 2013 escondemos la cabeza debajo del
ala, y a esperar a ver si escampa. Hay que ser serios. Y además, las que
se resuelven en 2012 tienen un límite por inversión con menos porcentaje
de ayuda.

Miren, vamos a recordar cómo se financia esto a través del
PDR. El 50% lo pone Bruselas, un 25% lo pone la comunidad autónoma y un
25% lo pone el Gobierno. Y nuestro ministro de Agricultura, cuando
defendió los presupuestos en este plenario, dijo que las comunidades
autónomas no habían contemplado en presupuesto más cantidad para los PDR.
Yo me preocupé de hablar con comunidades autónomas, en plural, incluida
la de Aragón, aunque no gobierne el Partido Socialista, y me dijeron que
no, que ellas querían más presupuesto. Por eso en estos momentos tienen
pendiente de resolver un 40% de solicitudes de 2012 y de sacar la
convocatoria de 2013. O sea, que no coincide.

Pero sí coincido con los senadores Boya, Plana, Iglesias y
Cazalis, sobre todo con el senador Boya: sin juventud no hay futuro. Eso
conlleva una mayor pérdida de población, la desertización de la España
interior y la potenciación de los desequilibrios territoriales. Los
desequilibrios territoriales son una lucha que todos tenemos que mantener
para equilibrar este país; no vayamos cada uno a ver qué saca y qué se
lleva al bolsillo en ese sentido. Y, por supuesto, la vigilancia y la
sostenibilidad del territorio.

La tasa de paro juvenil que hay, un 57%, la ausencia de
alternativas laborales en las zonas rurales y el potencial decrecimiento
del sector alimentario en nuestro país provocaron ese aumento de las
solicitudes, que se duplicaron. Pero, fíjense ustedes, comunidades como
Aragón, Asturias, Castilla y León, Madrid, La Rioja, Murcia y Valencia,
todas, superaron el cien por cien de solicitudes en 2012 —o sea,
que más del doble—. Y le recuerdo, senador Osés, que su comunidad
autónoma, no es que se quedara con el cien por cien, se quedó con el
141%, es decir, bastante más del doble de solicitudes. Usted lo puede
consultar con su consejería; el 141%, y son datos reales a fecha de
hoy.

Y nos tenemos que alegrar de una cosa en la incorporación
de jóvenes, de que el 30% de la última incorporación haya sido por
iniciativa propia. Es decir, es gente que no está vinculada o no tiene
relación familiar. Esto es lo importante. Es un tema que tenemos que ver
con sensibilidad porque, en esta situación de desempleo, que es la
preocupación más importante de este país, ahí está la posibilidad de que
algunas personas se puedan incorporar. Por eso defendía antes el iniciar
la actividad agraria, sobre todo la ganadera, sin base territorial, o
sea, a través de contratos o similares. Estos son datos que dan el
Ministerio de Agricultura, la COAG y la Confederación de Mujeres en el
Medio Rural.

Y me van a permitir que insista en los servicios. Parece
que no les guste a ustedes, pero yo sigo con la técnica del martillo
—se lo dije el otro día y se lo vuelvo a repetir: los
servicios—. Si no hay ayuntamientos, no tenemos servicios; si no
hay ayuntamientos democráticos, no tenemos servicios; si eliminamos las
escuelas de los municipios pequeños, si los consultorios médicos los
dejamos sin médico y sin atenderlos, si tampoco tenemos servicios de
transporte, ¿cómo podemos pensar, señorías, que las familias que se
incorporen al medio rural tengan una calidad en la enseñanza y una vida
digna? Vamos a ser serios. No vendamos algo de cara a la galería,
pensemos en el conjunto y en todo el contexto.

Con lo cual —lo repito ahora, que hay más gente en
esta sala—, doy las gracias a cientos de alcaldes del Partido
Popular que están en contra de la ley de reforma de la Administración
local. Lo he dicho antes, pero no me cansaré de hacerlo, porque me lo
están diciendo muchos alcaldes del Partido Popular, al menos de mi
provincia —los aragoneses lo saben—.

E insisto en la diversificación económica. Si en una
familia se incorpora la mujer y el hombre no tiene trabajo, o viceversa,
se incorpora el joven y la joven no tiene trabajo, difícilmente habrá
continuidad: y si no, habrá conflicto familiar. Yo no digo que lo tenga
en el mismo municipio; lo puede tener en un municipio próximo, pero de
tal forma que se pueda conciliar la vida laboral y familiar. De ahí, como
he dicho antes, el desarrollo rural sostenible.

Y voy a terminar con una reflexión: los ministros y los
jóvenes. Fíjense ustedes. Ayer —ayer, no antes, cuando gobernaban
otros—, la ministra de Empleo dijo que el empleo joven es la gran
prioridad de este país. ¿Y los jóvenes tienen una línea de ampliación sin
presupuesto? Con lo cual, no sé qué vende. El ministro de Economía dijo
ayer: debemos aprovechar recursos disponibles de la Unión Europea. No sé
lo que aprovechan. Si les faltan recursos y Europa pone el 50%... Con
poco dinero se puede hacer mucho. Y el ministro de Agricultura —lo
he dicho antes—, en este foro manifestó que las comunidades
autónomas no consignarían presupuesto porque a él no le convenía.

En conclusión, ¿cómo puede confiar el medio rural y la
sociedad en general en estos ministros y, por supuesto, en este Gobierno?
Lanzo esta pregunta. Como pueden entender, nosotros tampoco confiamos en
esta moción, y no la podemos apoyar.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrufat.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Osés.

El señor OSÉS RAMÍREZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, con respecto a las enmiendas presentadas por los
grupos —y perdonen si no he entrado a especificar mucho—, ya
les he anunciado en mi anterior intervención el motivo para no
aceptarlas. Hay enmiendas que son buenas, pero mi grupo entiende que no
son del ámbito de esta moción.

Me voy a centrar en el Grupo Socialista, porque cuando uno
trae a esta Cámara una moción cuyo objetivo es la incorporación de
jóvenes y la ayuda a los jóvenes viene con todo el espíritu de consenso
del mundo. Pero cuando lee sus propuestas ve que lo único que piden es
aumento de gasto, aumento de gasto, aumento de gasto. Y también se
refieren a la reforma de los ayuntamientos.

Me voy a referir en primer lugar a la reforma de los
ayuntamientos. Usted ha dicho que había alcaldes del Partido Popular que
hablaban en contra de la reforma, o sea, en contra de lo planteado por el
Gobierno. Yo le puedo afirmar que, al menos en mi comunidad, los pocos
alcaldes socialistas que hay —es cierto que son muy pocos—
nos dan las gracias por cómo se está portando el Gobierno en la
negociación de esta reforma. (Aplausos.—Rumores.) Hay muy pocos.
(Rumores.—El señor Martínez-Aldama Sáenz: ¡Mentira!) Senador
Martínez-Aldama, perdone. Déjeme que hable. En el caso de La Rioja le
puedo afirmar que he hablado con alcaldes socialistas. Pero, bueno, voy a
centrarme en lo que me tengo que centrar.
(Aplausos.—Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

Senador Martínez-Aldama, guarde silencio, por favor.

El señor OSÉS RAMÍREZ: Le hablo al senador con conocimiento
de causa, porque soy alcalde de un pueblo de 1100 habitantes, un pueblo
que en La Rioja no es de los más pequeños, pero, en el nivel que estamos
en esta Cámara, y sobre lo que ha hablado de ayuntamientos democráticos,
yo creo que en este país no hay ayuntamientos que no sean
democráticos.

En cuanto a los servicios, ya he dicho que mi ayuntamiento
tiene 1100 habitantes pero en ayuntamientos mucho más pequeños también se
dan esos servicios, se atiende a la gente, hay consultorios médicos. No
entiendo su referencia en esta moción a la reforma local.

Y sobre todo he de decir que los ayuntamientos, tanto del
Partido Popular como del Partido Socialista, se han visto maltratados por
el Partido Socialista en sus ocho años de Gobierno. La financiación no
llegaba. Y la financiación que llegaba han tenido que devolverla después
de contar con ese dinero. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores?
¿De qué estamos hablando? (Aplausos.)

En relación con las comunidades autónomas, estamos en lo
mismo. Ustedes hablan de que el Estado recorta, de que las comunidades
autónomas recortan. ¿No se han preguntado ustedes por qué recorta el
Estado o recortan las comunidades autónomas, de dónde viene esto? Hablan
ustedes de volver a los gastos del año 2010. En el año 2010 ustedes
hacían los presupuestos sin planificación ninguna. Se metían en créditos
y otorgaban a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos unos
ingresos, con los que se supone que podíamos contar, que luego no eran
reales, ingresos que luego hemos tenido que devolver. Entonces ¿de qué
estamos hablando? ¿Cómo quieren que volvamos a caer en el mismo error en
el que ha caído siempre el Partido Socialista? Gastar, gastar, gastar,
que otros vendrán y lo pagarán. (Aplausos.)

En cuanto a los jóvenes, como senador joven les voy a
hablar un poco del sentir. Yo tengo contacto directo con la gente joven
por mi edad y por mi cargo y les puedo decir de lo que hemos hablado en
este país durante esos años de Gobierno socialista. ¿De qué hablábamos?
De generación pérdida, de generación ni-ni, la generación que ni
estudiaba ni trabajaba gracias a sus políticas.
(Rumores.—Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, un poco de
respeto.

El señor OSÉS RAMÍREZ: Gracias a sus políticas laborales y
a sus políticas educativas. ¿Saben cuál es la generación ni-ni en este
país? Ustedes, el Partido Socialista, que ni ha estado ni está ni se les
espera en este país porque nunca hemos podido contar con ustedes, nunca.
(Aplausos.—Rumores.)

El Gobierno del Partido Popular sí que toma medidas en esta
materia. Desde sectores socialistas también se ha reconocido que la
negociación de la PAC se estaba llevando a buen puerto, por lo que no
entiendo ahora estas críticas también al sector de la PAC. Entiendo que
el Gobierno debe tener determinación, saber encontrar los fondos y ser
eficientes. Ustedes saben perfectamente que con la situación económica
que tenemos no podemos volver a los niveles de gasto del año 2010; ni
siquiera se podían tener en 2010 esos niveles de gasto, pero ustedes los
tuvieron. Ustedes los tuvieron, y ahora estamos pagando esa
situación.

Ojalá que el Gobierno del Partido Popular tuviese fondos en
las arcas del Estado, los fondos que ustedes no han dejado; podríamos
invertir más. Pero ahora mismo no se trata de eso, se trata de conseguir
del exterior, de Bruselas, en las negociaciones, aumentar las partidas y
hacer el esfuerzo presupuestario que el Gobierno viene haciendo en esta
materia, un esfuerzo que es grande para la situación que estamos
padeciendo.

Y voy a hablarles también un poco de las medidas que toma
el Gobierno. Ustedes dicen que esto es muy genérico, como si el Gobierno
no actuara en esta materia. Pero el Gobierno sigue trabajando por los
jóvenes y pone en marcha políticas de renovación y de rejuvenecimiento
del sector agrario para fomentar el relevo generacional, como les vengo
diciendo. Por lo tanto, en el nuevo período de programación de la PAC,
como les anuncio, las ayudas pasarán de 89 a 100 millones. Si eso no es
un éxito en la época que estamos viviendo en Europa, en la que todo son
ajustes presupuestarios, que venga Dios y lo vea.

Se está trabajando también actualmente en la modificación
de la Ley 45/2007, para el desarrollo sostenible del medio rural. El
objetivo es hacer una ley más operativa y realista, con mecanismos que
faciliten su puesta en marcha en todas las comunidades autónomas que
opten por su aplicación. Y se va a centrar en aspectos tales —lo
hemos hablado en la moción, y vuelvo a ella— como la mejora y la
modernización de las explotaciones agrarias, la creación de empleo y la
mejora del nivel de vida de la población rural con la utilización
sostenible de los recursos naturales. Se propondrán también medidas
—se mencionan en alguna moción y aquí se recoge— como mejorar
las condiciones de vida del medio rural, generar empleo y contribuir a
fijar población, impulsando medidas y actividades económicas
complementarias, además de la agricultura y la ganadería, como el turismo
rural u otro tipo de actividades que contribuyan a fijar población en los
municipios rurales.

Como ven, el Partido Popular, como les he dicho, confía en
los jóvenes y apuesta por ellos, y lo demuestra con estas políticas
activas de ayuda a los jóvenes no basadas en el subsidio. En mi anterior
intervención lo he dicho: lo que hay que conseguir es una agricultura
activa, que los jóvenes que entren al campo no lo hagan porque hay muchas
subvenciones o muchas ayudas a la hora de entrar, sino que se mantengan
en la actividad una vez pasado el período de cinco años. No podemos vivir
del subsidio público y de la ayuda sino que hemos de apoyar a los jóvenes
para que, una vez establecidos, puedan hacer viables y sostenibles las
explotaciones. En esto pasa como en el resto de sectores. Un sector cuyo
único afán de creación sea una subvención pública o un subsidio no puede
tener futuro ninguno. Los jóvenes tenemos que tener futuro y, créanme,
nuestro futuro no se basa en los subsidios sino en las políticas activas
de empleo, la formación y la competitividad.

Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de los grupos
parlamentarios a esta moción. El único objetivo es conseguir en nuestro
país la puesta en marcha de políticas de apoyo a los jóvenes y su
incorporación al sector agrario español para rejuvenecerlo. Por lo tanto,
tratamos de garantizar el futuro de la agricultura española y el futuro
de nuestros jóvenes.

Y piensen bien lo de no votar a favor esta moción, porque
creo que eso va en su contra.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Osés.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo
Parlamentario Popular, tal como ha sido presentada.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 235; votos emitidos, 234; a favor, 145; en contra, 89.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.
(Rumores.)

Señorías, silencio, por favor. (Rumores.)

Señorías, silencio, por favor. (Rumores.)

Señorías, silencio, por favor.

6.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA REFORZAR LAS POLÍTICAS DE REDUCCIÓN DE
RIESGOS Y ACCIDENTES LABORALES.

(Núm. exp. 662/000089)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura al punto 6.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado seis
enmiendas: tres, del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los
senadores Iglesias y Mariscal; dos, del Grupo Parlamentario Socialista; y
otra, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.
(Rumores.—Pausa.)

Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la senadora Romero, por tiempo de quince
minutos. (Rumores.—Pausa.)

Guarden silencio, por favor.

Cuando quiera, señoría.

La señora ROMERO BAÑÓN: Buenos días, señor presidente,
señorías.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado a través de
esta moción presenta hoy ante esta Cámara un tema muy importante y una de
las mayores preocupaciones de nuestra sociedad, como es poder desarrollar
el trabajo en condiciones dignas y prevenir los riesgos que cualquier
actividad laboral pueda conllevar.

Señorías, velar por la seguridad e higiene en el trabajo se
constituye como uno de los principios rectores de la política social, y
es también una de las prioridades de nuestro Gobierno, que se preocupa y
se ocupa de regular las relaciones laborales y además que estas
relaciones se presten con las máximas garantías, cumpliendo así con lo
que establece nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, que encomienda a
los poderes públicos la obligación de velar por la seguridad e higiene en
el trabajo, claro está, todo ello en coherencia con las decisiones de la
Unión Europea, decisiones de las cuales la más significativa es la
Directiva 89/391, relativa a la aplicación de las medidas para promover
la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el
trabajo, y en cuyo cumplimiento se promulgó la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, y las posteriores leyes, que han ido reformando su articulado
para adaptarse así a los cambios y a las necesidades que nuestra sociedad
va exigiendo, introduciendo, según esas necesidades, innovaciones que no
existían originariamente, como, por ejemplo, integrar la prevención de
riesgos laborales en el sistema de gestión de empresa, tanto en su
actividad como en todos sus niveles jerárquicos, a través, claro está,
del ya conocido Plan de Prevención de Riesgos Laborales, o, por ejemplo,
la importancia que actualmente se le concede a la ergonomía al
desarrollar una actividad laboral. (El señor vicepresidente, Lucas
Giménez, ocupa la Presidencia.)

Pero, además de todo esto, señorías, la prevención de
riesgos laborales es una actuación fundamental para reducir la
siniestralidad laboral y la incidencia de las enfermedades profesionales;
y este es un tema al que solo se le ha prestado la atención que merece en
estos últimos tiempos. Prueba de ello es el descenso de accidentes de
trabajo con baja en jornada durante el año 2012, que se redujo en un
21,8% respecto del año 2011, y que se ha vuelto a reducir en este primer
trimestre del año 2013 en un 11,7%. Por otro lado, los accidentes sin
baja han descendido en

un 10,3% en 2012 respecto de 2011, y también han vuelto a
descender en el primer trimestre del año 2013 respecto del periodo
anterior en un 5,9%. Asimismo, se ha producido una reducción
importantísima en los accidentes mortales, de un 16,7%, también durante
el primer trimestre del año 2013 y respecto del periodo de enero a marzo
del año anterior.

Pero, aun así, señorías, es necesario que estas cifras
disminuyan y sigan rebajándose, es necesario que los accidentes laborales
se reduzcan más, y es necesario además que dentro de esta materia se
incluya a colectivos como los trabajadores autónomos, que han estado
desprotegidos históricamente, habiendo grandes diferencias entre los
trabajadores por cuenta ajena y los autónomos; y estos son, señorías, no
lo olvidemos, el motor de la economía y la clave para generar el empleo
que necesita nuestro país. Por eso, nuestro Gobierno, un Gobierno
responsable, un Gobierno valiente, desde el minuto uno les ha prestado
una especial atención, apoyando a quienes querían y quieren emprender y
estimular la actividad económica, e impulsando para ello leyes para que
eso sea una realidad.

También a nivel parlamentario se han desarrollado trabajos.
El pasado 19 de junio de 2012, en la Comisión de Empleo y Seguridad
Social se aprobó, con una enmienda transaccional de los grupos
parlamentarios Popular, Socialista y Catalán, una proposición no de ley
sobre la constitución de un grupo de trabajo con las asociaciones de
autónomos, con el fin de emitir un informe que analice medidas de mejora
en materia de prevención de riesgos laborales.

También en el Plan nacional de acción para el impulso y
ejecución de la Estrategia española de seguridad y salud en el trabajo
2007-2012 se identificaba como una necesidad de carácter urgente fomentar
la formación en técnico intermedio de prevención de riesgos laborales
para así fomentar la presencia del trabajador designado y del recurso
preventivo, especialmente en las pequeñas y en las medianas empresas,
porque estas, las pymes, señorías, son las que tienen un mayor vacío
informativo, siendo constatable que son ellas las que más dificultades
tienen a la hora de incorporar la prevención de riesgos laborales a sus
actividades.

Por ello, señorías, es necesario poner las herramientas y
la información necesarias para facilitar a las empresas la integración de
la prevención de riesgos laborales potenciando su correcta y necesaria
implantación. Vemos, pues, que una de las grandes dificultades con las
que se encuentran las empresas es en muchas ocasiones el desconocimiento
todavía generalizado de cuáles son los medios de gestión de prevención de
los riesgos laborales. Por ello no hay otra solución que reforzar las
políticas de reducción de riesgos laborales cuyo contenido presentamos
hoy ante esta Cámara con esta moción, y además una adecuada cultura
preventiva de la siniestralidad laboral, luchando así contra sus causas,
para poder acabar con la precariedad en el trabajo y con la pérdida de la
integridad física, cuando no en muchas ocasiones de la vida, en el
desarrollo del trabajo diario.

Por eso, señorías, pido el voto favorable de todos los
senadores para esta moción, porque creo que el tema es lo suficientemente
importante y tiene tal calado social que esta moción tendría que tener
hoy el apoyo de todos los grupos parlamentarios para acabar con esta
lacra social. Creo, además, que es un deber que a todos nosotros nos
exigen los ciudadanos. En estos momentos tan complicados de crisis
económica y laboral es importante que todos los grupos parlamentarios
aunemos fuerzas y aunemos apoyos. Creo que con esta moción daríamos a
entender que podemos llegar a acuerdos, que nos preocupa y nos ocupa el
mismo tema, que queremos que el trabajo se preste en condiciones dignas,
que se preste con las garantías necesarias y que se vele por la seguridad
y por la higiene en el trabajo, y además que se dé a conocer mediante
campañas —y esa es la intención y el objetivo de este
Gobierno— la cultura preventiva de riesgos laborales en las
empresas.

Por eso, señorías, solicito nuevamente el voto favorable a
esta moción por parte de todos ustedes.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Planteamos tres enmiendas. La primera se refiere a la
necesidad de que el Gobierno refuerce los medios materiales y humanos de
la Inspección de Trabajo. La segunda pretende que también

se refuercen los medios humanos y materiales de la Fiscalía
especial. Se trata de garantizar que cuando se produzca un siniestro se
cuente con los recursos necesarios para investigar las causas y las
responsabilidades que se puedan derivar de él precisamente como garantía
de que las conclusiones que se obtengan contribuyan a desarrollar
políticas de prevención de los riesgos laborales.

La tercera enmienda pretende que desde el Gobierno se ayude
a generalizar en las comunidades autónomas algunas iniciativas que están
resultando positivas en la lucha contra la siniestralidad laboral. Una de
las dificultades de incrementar la cultura de protección y de desarrollar
la puesta en marcha de procedimientos y mecanismos que eviten los riesgos
laborales está en que las previsiones legales acotan a un número de
empresas determinado la presencia de delegados de seguridad en el
trabajo. La alternativa a ello está en la creación de delegados de
seguridad por polígonos industriales o por sectores, que desarrollen su
actividad precisamente en aquellas empresas que no tienen obligación, por
el número de trabajadores, de disponer de esta figura. Obviamente, la
generalización de esta posibilidad solo se puede realizar a partir de un
convenio de colaboración entre la Administración del Estado y las
comunidades autónomas.

Las enmiendas buscan concretar una moción que, como ocurría
con la anterior, se mueve en el terreno de la reflexión política, de la
filosofía en esta materia y que para que resulte práctica tras su
aprobación demanda un mínimo nivel de concreción; si no, quedará en un
brindis al sol, desmentido además por otras decisiones políticas del
Gobierno y del grupo que lo respalda en las diferentes Cámaras. Resulta
difícil casar un emplazamiento al Gobierno para que incremente la cultura
preventiva de riesgo y la lucha contra las causas de la siniestralidad,
como son la temporalidad y la precariedad, a la vez que se mantiene una
reforma laboral que impulsa, ayuda a que aumente esta temporalidad y esta
precariedad. La conclusión lógica del planteamiento de la moción sería
demandar la derogación de la reforma laboral.

Por otra parte, siendo cierto que los datos indican que se
está produciendo un descenso de la siniestralidad laboral según el
Observatorio de Siniestralidad Laboral —en el pasado ejercicio hubo
una bajada en el índice de incidencia total del 17,8% en número de
accidentes por cada 100 000 afiliados—, lo que ocurre es que sobre
esta materia juega la legislación vigente, la Ley de 1995, juega el
incremento del compromiso de las comunidades autónomas, que han puesto en
marcha figuras como a las que antes me refería y también han creado
institutos de seguridad laboral que han desarrollado diferentes
estrategias, y juega la realidad del mercado laboral. No podemos ignorar
que precisamente aquellos sectores laborales que contribuían a que
hubiera un mayor número de siniestralidad, como es el de la construcción,
son los que presentan hoy, como consecuencia de la crisis, menor
actividad, y la minería puede ser otro ejemplo.

Pensamos que los estudios podían apuntar claramente
—y por lo tanto la moción podía concretar bastante más—
cuáles son esos elementos que contribuyen a la siniestralidad laboral:
además de los que se mencionan, una mayor proporción de trabajadores
temporales es causa de más accidentes graves; realizar horas
extraordinarias tiene efectos sobre los accidentes laborales; aquellas
empresas que tienen servicios de prevención presentan menos
accidentes.

Y termino ya. Es verdad que la moción podía extenderse a
las enfermedades profesionales, como decía la portavoz popular,
seguramente una de las materias que necesita una reforma más urgente como
consecuencia, en primer lugar, de que los avances en la investigación
médica permiten hoy establecer relación entre productos utilizados en los
procesos productivos y enfermedades laborales que antes no se podían
determinar, y en segundo lugar porque la desaparición de categorías
profesionales, la polivalencia en el desarrollo de los procesos
productivos está generando situaciones susceptibles de provocar
enfermedades profesionales que antes no estaban contempladas. Todo ello
merece un estudio y un análisis en profundidad.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista,
tiene la palabra el senador señor Varela.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, nos encontramos ante una moción, la moción que
acaba de defender el Grupo Popular, que, desde nuestro punto de vista, es
absolutamente inconsistente, endeble, en la parte expositiva e
inaceptable —miren cómo lo digo, señorías—, inaceptable, en
su parte dispositiva.

Hace usted referencia en su moción, en primer lugar, a los
informes del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y
hace usted referencia a la disminución de los accidentes de trabajo que
se han producido en el primer trimestre del año 2013. Permítame que le
lea el primer párrafo que encabeza todos los informes del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los últimos años y que
analiza las causas de la siniestralidad. El informe de evolución de la
siniestralidad que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo elabora trimestralmente se refiere a períodos completos de doce
meses. De esta forma, analizando períodos temporales largos, se compensan
posibles fluctuaciones de los procedimientos administrativos que afectan
al número de declaración de accidentes de trabajo, y nada tiene que ver
con modificaciones de las condiciones de trabajo. Ello también permite
anular los efectos que sobre las cifras de determinados sectores de
actividad pueden tener las variaciones estacionales de la actividad
económica. Y ustedes nos presentan una moción en la que, en su parte
expositiva, hacen referencia al primer trimestre del año 2013. Yo creo
que habría sido bueno que hubiera leído también el primer párrafo de ese
informe, en el que dice que en ningún caso se deben tomar como referencia
estos períodos temporales.

Además, señorías, en su moción presentan una parte
dispositiva que a mí me resulta personalmente inaceptable. Dicen ustedes
que se debe luchar contra las principales causas de siniestralidad. Y la
primera causa de siniestralidad que colocan ustedes es la antigüedad en
el puesto de trabajo. Hablan después de la temporalidad
—efectivamente—, de la precariedad, de la subcontratación, de
la falta de formación. Pero, ¿de dónde sacan ustedes que la antigüedad de
un trabajador es causa de accidente de trabajo, si precisamente las
causas del accidente de trabajo están en la falta de conocimiento del
puesto de trabajo, en la falta de experiencia, en la falta de antigüedad,
en la precariedad, en la falta de estabilidad de los trabajadores? ¿Qué
es lo que pretenden ustedes introduciendo la antigüedad como un factor de
riesgo, como una causa de riesgo? Lo que pretenden ustedes, señorías, me
imagino que es dar gusto a las tesis del señor Montoro y de la señora
Báñez, según las cuales la antigüedad es un enemigo del mercado laboral y
de las relaciones del mercado laboral que ustedes pretenden.

Yo no vengo a discutir aquí sobre los datos de evolución de
la siniestralidad, porque no pongo en cuestión, ni siquiera con ese
informe del primer trimestre que ustedes acompañan, que la siniestralidad
se haya reducido en los últimos años en España; pero no en ese trimestre,
en los tres últimos lustros. La siniestralidad se reduce en España desde
que empieza a operar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales aprobada
en el año 1995. Y de una forma continuada, de una forma persistente, de
una forma estable, la siniestralidad se va reduciendo en nuestro país,
que tenía unas tasas de siniestralidad absolutamente inaceptables, de
país tercermundista. Y se va reduciendo en todos los ámbitos, se va
reduciendo en todos los tipos de accidentes laborales, en los accidentes
con baja y en los accidentes sin baja, en los accidentes leves y en los
accidentes graves, y en los accidentes mortales; se va reduciendo en
todos los sectores desde esa fecha, se va reduciendo fundamentalmente en
el sector de la construcción, que era el que acumulaba más accidentes de
trabajo, y se baja de un índice de siniestralidad que se sitúa en torno a
los 18 700 accidentes por cada 100 000 trabajadores hasta encontrarse en
la situación actual, en torno a 6000 accidentes; disminuyen también los
accidentes totales, pasando de 7500 a 2700; disminuye también en el
segundo sector con más accidentalidad, el industrial, y en el tercero, el
agrario —aunque en menor medida—, y en el sector servicios;
y, en ese período, se reduce también en todas las comunidades
autónomas.

Por tanto, hay una disminución constante y permanente de la
siniestralidad en nuestro país afortunadamente, fruto de esa Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, fruto de la transferencia a las
comunidades autónomas de la mayor parte de las competencias en prevención
y en la difusión de los riesgos del trabajo, fruto de la negociación
colectiva, que introduce elementos determinantes para combatir la
siniestralidad, y fruto de la legislación concurrente, que ayuda a que
las tasas de siniestralidad disminuyan.

Por consiguiente, no venga, señoría, aquí a ponernos encima
de la mesa los datos del primer trimestre del año 2013, porque no son
otra cosa que un escalón más en el proceso, afortunado, de disminución de
los accidentes de trabajo que se está dando en nuestro país.

Por eso, señoría, hemos presentado una enmienda. En primer
lugar, para que retiren ustedes ese pecado, desde el punto de vista de
cualquier persona que conozca medianamente…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señorías, vaya
finalizando.

El señor VARELA SÁNCHEZ: …las relaciones laborales,
la siniestralidad laboral y la prevención de riesgos, de introducir la
antigüedad laboral como causa de accidente de trabajo. Y, en segundo
lugar, para que no hagan un brindis al sol, para que no vengan aquí a
hacer un ejercicio estéril, sin ninguna utilidad, para que introduzcan
una partida de 23 millones de euros, una partida de 22 832 400 euros, es
decir, un euro por cada trabajador activo de este país y que transfieran
esas cantidades a las comunidades autónomas en función de su población
activa para que puedan llevar a cabo las políticas de prevención de
riesgos laborales…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando. Ha transcurrido de sobra su tiempo.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Termino, señor presidente.

…que tengan encomendadas por las transferencias.

Si ustedes hacen eso les creeremos. Si ustedes pasan de los
cuentos a las cuentas, les creeremos y apoyaremos esta moción. Si no,
señoría, mucho me temo que no va a poder ser así.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Varela.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.
Buenos días.

En primer lloc manifestar la sensibilitat que en tot moment
s’ha de tenir quan s’analitza la situació de la sinistralitat
laboral, amb total respecte per els treballadors, les seves famílies i
companys afectats per danys a la salut derivats del treball, i en
particular i molt especialment per aquells casos en que desafortunadament
els ha causat la mort.

Si bé és cert que l’índex de sinistralitat laboral ha
tingut una tendència a la baixa, cal reduir-lo a la mínima expressió. Si
tenim en compte l’índex d’incidència d’accidents de
treball en baixa, en jornada laboral, fent una comparativa del període
abril 2012 a mars 2013, respecta al període abril 2012 mars 2013, perdó
abril 2011, març 2012 de l’Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, en el període d’un any, es constata un
descens generalitzat en totes les Comunitats Autònomes d’un 17,8% a
Espanya i d’un 18,9% a Catalunya. Malauradament però, en el mateix
període consten registrats encara 441 accidents mortals a nivell estatal,
502 en el període anterior, que fan necessari que l’increment de
les mesures per evitar la sinistralitat laboral segueixin, per evitar que
es vagin llevant vides dels nostres conciutadans en un promig superior al
d’un treballador, treballadora al dia.

Considerem doncs positiu que s’hagi presentat aquesta
moció instant al Govern a donar a conèixer la cultura preventiva de
riscos a totes les empreses i els seus treballadors i lluitar contra les
principals causes de sinistralitat. I és que tot i que en els darrers
anys s’ha avançat de manera molt positiva en la reducció de la
sinistralitat, seria bo que l’Administració General de
l’Estat continués apostant decididament per la prevenció dels
riscos laborals.

En aquest sentit, les actuacions de la propera estratègia
espanyola de seguretat i salut en el treball, que actualment s’està
defensant en el si de la Comisión Nacional de Seguridad Social y Salud en
el Trabajo, han de ser coherents amb les línies d’actuació de la
propera estratègia europea. L’elaboració de l’esmentada
estratègia espanyola ha de tenir ben present les realitats concretes de
cada comunitat autònoma, i la planificació de les actuacions i
l’execució de les mateixes han de ser coordinades i respectuoses
amb les actuacions que les comunitats autònomes realitzin en exercici de
les seves competències executives, en prevenció de riscos laborals i de
les seves pròpies estratègies.

En l’actual contexts econòmic s’ha de garantir
a més la suficiència del finançament específic d’aquestes
situacions de les comunitats autònomes, que han de participar obertament
de, i en la distribució dels fons de la Seguretat Social, que ha de
destinar aquestes actuacions, i molt especialment en aquells casos en que
la pròpia Llei de Prevenció de Riscos Laborals en els respectius estatuts
d’autonomia ho preveuen. I tot això evitant el finançament
d’activitats d’unitats de l’Administració central,
organismes col·laboradors de la Seguretat Social, o d’altres
organismes

que dupliquin sense coordinació les actuacions que
realitzin les comunitats autònomes, o comprometin les seves
competències.

És per això que el grup parlamentari català de Convergència
i Unió ha presentat una esmena d’adició, mitjançant la qual es
pretén que la moció presentada contingui cooperando con las comunidades
autónomas con competencias en esta materia. D’aquesta manera, el
meu grup incideix en la necessitat de remarcar que les competències en
riscos laborals són de les comunitats autònomes i que la millor
contribució de l’Administració central per fer una política de
reducció de riscos laborals és ajudar a les comunitats autònomes en les
actuacions que aquestes duguin a terme.

En primer lugar, está la sensibilidad que se tiene que
tener en todo momento cuando se analiza la situación de la siniestralidad
laboral, con total respeto por los trabajadores, sus familias y
compañeros afectados por daños en la salud derivados del trabajo, y
especialmente para aquellos casos en que, desafortunadamente, les ha
causado la muerte.

Si bien es cierto que el índice de siniestralidad laboral
muestra una tendencia a la baja, es necesario reducirlo a la mínima
expresión. Si tenemos en cuenta el índice de accidentes de trabajo con
baja laboral, haciendo una comparación desde abril de 2011 a mayo de 2012
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el
período de un año se constata un descenso generalizado en todas las
comunidades autónomas de un 17,8% en España y un 18,9 en Cataluña.
Desgraciadamente, en el mismo período todavía constan registrados 441
accidentes mortales a nivel estatal —502 en el período
anterior—, que hace necesario que continúe el incremento de las
medidas para evitar la siniestralidad laboral para evitar la pérdida de
vidas de nuestros conciudadanos en un promedio superior al de un
trabajador o trabajadora al día.

Consideramos, pues, positivo que se haya presentado esta
moción instando al Gobierno a dar a conocer la cultura preventiva de
riesgos en todas las empresas y a sus trabajadores y luchar contra las
principales causas de siniestralidad. A pesar de que en los últimos años
se ha avanzado de manera muy positiva en la reducción de la
siniestralidad, sería bueno que la Administración General del Estado
continuase apostando decididamente por la prevención de riesgos
laborales.

En este sentido, las actuaciones de la propia Estrategia
española de seguridad y salud en el trabajo, que actualmente se está
defendiendo en el seno de la Comisión de Salud en el Trabajo, han de ser
coherentes con las líneas de actuación de la próxima estrategia europea.
La elaboración de esta estrategia española debe tener presente las
realidades concretas de cada comunidad autónoma, y la planificación y
ejecución de las actuaciones tienen que ser coordinadas y respetuosas con
las actuaciones que realicen las comunidades autónomas en el ejercicio de
sus competencias ejecutivas en prevención de riesgos laborales y de sus
propias estrategias.

Además, en el actual contexto económico hay que garantizar
la financiación específica de estas situaciones a las comunidades
autónomas, que han de participar abiertamente de la distribución de los
fondos que la Seguridad Social ha de destinar a estas actuaciones, y muy
especialmente en aquellos casos en los que la propia Ley de Prevención de
Riesgos Laborales de los respectivos estatutos de autonomía lo prevea.
Todo ello evitando la financiación de actividades de unidades de la
Administración central, organismos colaboradores de la Seguridad Social u
otros organismos que dupliquen sin coordinación las actuaciones que
realicen las comunidades autónomas o comprometan sus competencias.

Por eso, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i
Unió ha presentado una enmienda de adición por medio de la cual se
pretende que la moción presentada diga: «… cooperando con las
comunidades autónomas con competencias en esta materia.» De esta manera,
mi grupo incide en la necesidad de remarcar que las competencias en
riesgos laborales son de las comunidades autónomas y que la mejor
contribución de la Administración central para hacer una política de
reducción de riesgos laborales es ayudar a las comunidades autónomas en
las actuaciones que estas lleven a cabo.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no
las enmiendas presentadas.

La señora ROMERO BAÑÓN: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, al Grupo Popular le habría gustado aceptar las
enmiendas y le habría gustado llegar a un consenso en esta moción. Se ha
intentado hasta el último momento pero no ha sido posible y ello porque
lo que ustedes proponen en las enmiendas —voy a separarlas por
grupos, pero me extenderé más en el siguiente turno— ya se está
llevando a cabo por parte del Gobierno.

Por ejemplo, en cuanto a la propuesta del Grupo Mixto de
que se refuercen los recursos humanos y materiales en la Inspección de
Trabajo, he de decirles que, aunque la prioridad de este Gobierno es la
lucha contra el fraude, ya se ha reforzado la Inspección de Trabajo en
más de ciento veintiséis efectivos. Son ellos quienes están realizando
esa labor de vigilancia para que se respeten y se cumplan las condiciones
en los puestos de trabajo y los empresarios cumplan con sus
responsabilidades.

Tampoco se puede aceptar la enmienda sobre a la Fiscalía
porque les vuelvo a decir que este es un tema que tiene una amplia
regulación en materia administrativa y que sigue su tramitación por este
cauce con la imposición de penas económicas y administrativas, y cuando
excede de la competencia administrativa, tiene su aplicación en la vía
jurisdiccional. Además, está extensamente tipificada en el Código Penal.
Por lo tanto, es innecesaria esta propuesta, porque ya se está realizando
la petición que ustedes hacen.

En cuanto a los delegados de las comunidades autónomas,
este asunto se recogió en el Plan nacional de acción para el impulso y
ejecución de la Estrategia española de seguridad y salud en el trabajo y
además se sigue haciendo en el que está pendiente de aprobarse para el
periodo 2013-2020. Concluyó ya la vigencia del anterior para el periodo
2007-2012 y es en el ámbito del que se va a aprobar donde se tienen que
realizar estos acuerdos.

Respecto a CiU, tengo que decir que no se invade ninguna
competencia; todo lo contrario, hay comunidades autónomas, en concreto,
la catalana, que tienen ya transferida la ejecución en la Inspección de
Trabajo. Tienen su propia Inspección de Trabajo, tienen sus propios
medios económicos y humanos y además participan en los presupuestos del
Estado a través de tributos. Es decir, son ustedes quienes con sus medios
y sus presupuestos tienen que realizar las campañas que crean
convenientes, como las está haciendo el Gobierno, y esta es su intención
y su objetivo primordial.

Me dejo para el final la contestación al Grupo Socialista
porque, desde luego, me he quedado asombrada de la exposición y el
argumentario del senador Varela. Después me extenderé en el turno de
portavoces pero, ustedes, senador Varela, han tenido responsabilidad de
Gobierno durante ocho años. (Rumores.) Dice usted que los datos
corresponden a cada año. Me reafirma que no ha escuchado mi intervención.
Lo primero que he dicho es que en el periodo de enero a diciembre de 2012
respecto del año anterior, es decir, 2011, se habían reducido los
accidentes con baja en más de un 20% y que además se seguían reduciendo
en el primer trimestre de 2013 respecto del mismo periodo de 2012 en un
11,7% más. Eso en los accidentes con baja; en los accidentes sin baja en
un 10%, y aún se ha reducido en un 5,8% más. Evidentemente, aún no
podemos dar el dato de final de 2013, pero sí tenemos el dato de final de
2012. Usted dice que esto es gracias a la legislación concurrente. Pues
será gracias a la legislación concurrente, pero he de decirle que, a
diferencia de lo que ustedes están haciendo ahora con esta moción, el
Partido Popular siempre les ha apoyado, siempre le ha preocupado y
ocupado este tema y lo ha puesto por encima de su ideología política,
porque nosotros creemos que la seguridad en el trabajo y la seguridad de
los trabajadores es más importante que la ideología política. Pero además
quiero decir que, curiosamente, cuando más se han reducido los accidentes
de trabajo con baja, sin baja y mortales ha sido desde que está
gobernando el Partido Popular.

Usted me habla de la antigüedad, pero yo he de decirles que
ustedes han sido los maestros de la temporalidad, de rechazar la
antigüedad. Fueron ustedes los que crearon el llamado contrato basura.
Por todo eso, señoría —luego me extenderé en ello—, me
sorprende enormemente la intervención que ha tenido y que diga que no se
cree la moción. Evidentemente, ustedes tienen un discurso cuando
gobiernan y otro cuando están en la oposición.

Gracias, presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

¿Desean hacer uso de la palabra en turno en contra?
(Pausa.)

Turno de portavoces. El Grupo Parlamentario Mixto no hace
uso de la palabra. Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Eskerrik asko presidente
jauna.

Topetan dugu hemen mozioan bi zati desberdindu ahal
ditugula.Bata da zati espositibo bat, non aurkezten diren azken
datuak,lanean siniestralitatea dela eta ez dela Espainian,estatistikaren
arabera, eta bigarren zatia,parte dispositiboa delakoa, eta non talde
popularrak aurkezten duen zeintzuk diren haien ustez hartu beharreko
neurriak siniestralitatea are gehiago jaisteko.

Gracias, señor presidente.

En esta moción hay dos partes diferenciadas. Una es la
parte expositiva, en la que se presentan los datos estadísticos sobre la
siniestralidad laboral en España, y otra es la parte dispositiva, en la
que el Grupo Parlamentario Popular explica las medidas que a su entender
deberían adoptarse para reducir la siniestralidad.

He de decir, al igual que los compañeros que me han
precedido en el uso de la palabra que, efectivamente, el descenso en los
datos de la siniestralidad en España es cierto que puede obedecer, como
decía la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al ímprobo esfuerzo
que está haciendo el Gobierno en este sentido y que no voy a poner en
duda, pero no es menos cierto que hay una serie de causas coadyuvantes
que también pueden explicar, seguramente en mayor medida, el porqué de
esa bajada en la siniestralidad, y es el hecho de que se ha dado una baja
similar en términos parecidos en todas las comunidades autónomas pero
también en el conjunto de Europa, lo cual nos hace creer que a una mayor
concienciación entre los trabajadores y empresarios respecto de la
importancia de prevenir los accidentes y la siniestralidad laboral, hay
que sumar la eficacia de las políticas de prevención de riesgos laborales
que se han hecho por parte de empresas, sindicatos, comunidades
autónomas, Administración central e instituciones europeas, es decir, el
trabajo que se ha hecho conjuntamente desde todos los estamentos sociales
afectados por la lacra que supone la siniestralidad laboral. Pero no es
menos cierto que también ello obedece, y seguramente en mayor medida,
como comentaba antes, a razones vinculadas al descenso general de la
población empleada en términos absolutos y asimismo al descenso de la
producción, especialmente en aquellos sectores que tradicionalmente han
presentado mayores índices de siniestralidad laboral, como puede ser el
de la construcción o el de la industria pesada. Efectivamente, si vamos a
mirar la causalidad o los datos, tenemos que ver también cómo influye
cada una de estas cuestiones en los datos de siniestralidad.

Pero veamos la segunda parte de la moción que ustedes
plantean, en la que analizan las causas de la siniestralidad laboral en
un párrafo que emplean ustedes tanto en la exposición de motivos como en
el texto propiamente de la moción. El análisis de la causalidad de la
siniestralidad laboral es complejo, y en esta moción se despacha con un
único párrafo que, además, se repite en sus dos partes. Es, por lo tanto,
un análisis ciertamente simplista, de poco nivel.

Ustedes utilizan una expresión poco afortunada cuando se
refieren a la antigüedad en el puesto de trabajo como una causa que puede
poner en riesgo la salud de los trabajadores. Hombre, se mire como se
mire, evidentemente no es una cuestión relacionada con la antigüedad. De
hecho, entra en contradicción con otras causas que ustedes pasan a
enumerar más adelante como pueden ser la temporalidad o la precariedad
laboral, que estas, en cambio, sí que están muy bien acreditadas por
estadísticas y estudios que así lo confirman.

Creo entender, y voy a apelar a la buena intención de quien
ha redactado esta moción, que ustedes se refieren a que, efectivamente,
la siniestralidad laboral tiene una serie de riesgos vinculados a una
doble cuestión, que sí tiene que ver con el tiempo en el trabajo, y es el
exceso de confianza que muchas veces se produce tanto entre los
trabajadores como entre los propios empresarios respecto de su propia
seguridad en el trabajo. Hay estudios que confirman que como el 60% de
las empresas y de los trabajadores considera que no tienen problemas de
seguridad laboral, por lo tanto, no aplican medidas de carácter
preventivo. También es cierto —y así lo ha comentado reiteradamente
en los últimos informes la propia Agencia Europea para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo (OSHA) y también el propio comisario de Empleo, el
señor Andor— cómo Europa está afrontando día a día una vida laboral
más larga —los trabajadores viven más, se

jubilan más tarde—. Efectivamente, esa mayor duración
de la vida laboral hace que, en efecto, se genere un exceso de confianza
vinculado muchas veces a la permanencia en el mismo puesto de trabajo.
Hay mecanismos que no van contra la antigüedad y que precisamente van
orientados a solventar este tipo de problemas.

Por lo tanto, vamos a entender que no ha habido
intencionalidad negativa al incluir la antigüedad en el trabajo como una
causa de siniestralidad y que, sencillamente, se trata de una expresión
poco afortunada.

Hablan de precariedad y de temporalidad en el trabajo. La
última reforma laboral no viene precisamente a mejorar estos ámbitos, no
viene a reducir ni la temporalidad ni la precariedad en el trabajo, sino
más bien todo lo contrario. Determinadas medidas implementadas o
introducidas por la reforma laboral, como puede ser la movilidad
funcional dentro de la empresa, que no da garantías suficientes de
formación de los trabajadores, pone en grave riesgo muchas veces y en
muchos sectores la propia realización de esas tareas, para las que no se
cuenta con formación suficiente.

Volvemos otra vez a la cuestión de la falta de formación,
que también se menciona en la moción. La formación es fundamental para
luchar contra la siniestralidad laboral, tanto la formación laboral
específica, en cuanto a los cometidos, las actitudes y las aptitudes
necesarias para desempeñar cualquier tipo de trabajo —y, en este
sentido, es importante reforzar la formación profesional, la prevención,
dentro de los itinerarios de formación profesional, y como luchar contra
el intrusismo laboral—, así como es importante la formación
específica en prevención de riesgos laborales. En este sentido, se
tendría que contar con la implicación de todos los sectores —desde
la empresa hasta los trabajadores— y también con todos los ámbitos
institucionales. De ahí mi sorpresa a la no aceptación de la enmienda de
CiU cuando simplemente piden que se trabaje en cooperación con las
comunidades autónomas, cada uno en el ámbito de sus competencias. ¿O es
que piensan que ustedes solos pueden hacer algo, sin Inspección de
Trabajo, en Euskadi o en Cataluña? Absolutamente nada. Aquí, o se trabaja
en red, poniendo en valor el trabajo de todos y cada uno de los sectores
implicados, o si no, no se avanza en mejorar los datos de siniestralidad
laboral.

Cuarta cuestión. La subcontratación. Ustedes la mencionan
explícitamente. Me deja anonadada, con la boca abierta, que ustedes
aleguen ahora a la importancia que tiene acabar con la subcontratación o
regularla, cuando en relación con el proyecto de ley de lucha contra el
empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social mi grupo parlamentario
presentó tres enmiendas —las números 72, 73 y 74— para acabar
con la subcontratación en cascada. Porque está muy probado por estudios
internacionales que así lo avalan que cuanto mayor es la subcontratación,
más disminuye, primero, el ámbito de protección salarial de los
trabajadores, así como también su capacidad de hacer frente a los riesgos
laborales.

La responsabilidad del contratador originario queda
totalmente diluida en la legislación vigente. Intentamos incluir medidas
para acabar con la subcontratación en cascada, alegando en la parte
expositiva de nuestras enmiendas precisamente eso, la importancia que
tenía la subcontratación en cascada en el incremento de los datos de
siniestralidad laboral. ¿Y qué hicieron ustedes con nuestras enmiendas?
Rechazarlas, como todas. Por lo tanto, no vengan ustedes ahora aquí a
intentar vendernos una moto, porque ya nos la conocemos. Puedo creer en
su moción, pero a los que no les creo es a ustedes. No me creo,
sinceramente, la vocación o la verdadera intención del Partido Popular de
acabar con estas cuestiones que ustedes mismos mencionan en la
moción.

Por último, hacen referencia a una cuestión a la que voy a
dedicar el último minuto de tiempo que me queda, a la preocupación que
ustedes manifiestan por la falta de formación en materia de prevención de
riesgos laborales en las pymes y en microempresas y —yo
añadiría— en los autónomos. Hay un plan especial de la OSHA, la
agencia vasca…, perdón, no, la Agencia Europea para la Seguridad y
la Salud en el Trabajo —he dicho vasca porque su sede está en
Bilbao, y seguramente eso me ha dado pie a la confusión—. La
concienciación en las pymes, microempresas y, en este sentido también, y
especialmente, entre los trabajadores autónomos es fundamental, y hoy más
que nunca por el contexto de crisis económica en el que estamos.

La crisis económica tiene, además de efectos perniciosos y
sumamente negativos sobre el trabajo, también sobre los riesgos laborales
y la siniestralidad laboral. Por tanto, hay que luchar contra la
percepción de que la prevención en riesgos laborales supone un coste;
esta tendencia se ha podido ver en mayor medida —y se ha
contrastado— en los períodos de crisis, sobre todo en

las pequeñas empresas y entre los trabajadores autónomos,
pues muchas veces ellos son sus propios jefes, son su empresa y casi,
casi los únicos empleados.

Hay que intentar convencer a las pymes, a las microempresas
y a los autónomos de que invertir en riesgos laborales es invertir
también en competitividad. Si el argumento de que la prevención en
riesgos laborales sirve para acabar con las tragedias y para salvar vidas
humanas, para acabar con muertes de trabajadores y accidentes que pueden
suponer una tragedia, hay que introducir también un criterio de carácter
económico.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Incrementar la prevención supone
mejorar la competitividad de nuestras empresas. El coste económico
vinculado a la siniestralidad laboral en Europa se corresponde con el 4%
del PIB. El coste económico de la siniestralidad supone un total de 500
000 millones de euros al año. Si no lo hacen teniendo en cuenta el coste
de vidas y de sufrimiento humano, por lo menos que el coste económico les
lleve a reflexionar sobre esta necesidad. Más allá de mociones blancas,
en las que todos podemos estar de acuerdo en los objetivos, el movimiento
se demuestra andando, que es así como se hace.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el
senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.

Señora Romero, usted hará lo que quiera, pero afirmar que
una de las principales causas de los accidentes laborales es la
antigüedad en el puesto de trabajo es un disparate. No hay estudio que lo
avale. Todos los estudios avalan todo lo contrario. A mayor tiempo en el
puesto de trabajo, menor índice de accidentes laborales. Usted hará lo
que quiera, pero insisto en que es un disparate, que no se soporta bajo
ningún tipo de estudio.

En segundo lugar, usted nos hace discutir hoy sobre una
moción a mayor gloria del Gobierno. Nos viene a decir que todas las
enmiendas concretas, alguna hasta cuantificada, son innecesarias porque
ya se está haciendo. Y nos quiere hacer votar algo tan interesante como:
Dar a conocer a todas las empresas y trabajadores la cultura preventiva
de riesgos y luchar contra las principales causas de la siniestralidad;
la antigüedad en el puesto de trabajo y otras. ¿Usted cree que estamos
obligados a votar esto, algo tan inconcreto y para lo que no hay ningún
tipo de compromiso presupuestario? Usted decía que había que reforzar las
políticas de prevención. Y yo le pregunto: ¿Cómo? ¿Con qué dinero?

Mi grupo va a votar en contra de esta moción. Mi grupo va a
votar en contra de toda moción que vaya a mayor gloria del Gobierno, esta
o la que sea, y lo hará siempre que no tengan contenido, propuestas y
compromisos presupuestarios. Porque a un gobierno se le evalúa
principalmente por sus presupuestos, y luego haré referencia a los
presupuestos de este Gobierno en materia de prevención de riesgos
laborales.

Para mí su moción, aparte de ser vaga —es una moción
en la que no se concreta nada y solo nos viene a decir que gracias al
Gobierno del PP hay menos accidentes laborales, es lo que quiere afirmar,
que lo están haciendo muy bien, y viene a decirnos que hay que seguir con
los dos puntos que plantean en la moción—, tiene tres grandes
defectos. En primer lugar, no aborda el principal problema que tiene el
modelo español de prevención de riesgos laborales: su monetarización. En
segundo lugar, se presenta con unos datos que llevan a engaño. Y la
tercera razón —y ya he insistido antes en ello— es que no se
plantea en toda la moción ningún objetivo concreto ni compromiso
presupuestario. Es más, lo que usted propone, lo que usted afirmaba en
sus intervenciones nada tiene que ver con la política práctica que lleva
su Gobierno en materia de riesgos laborales.

El primer argumento. El modelo productivo español, que ha
basado su crecimiento en el trabajo de poca calidad y bajos salarios
—un modelo en el que el beneficio empresarial se consigue
fundamentalmente por la intensificación del trabajo potenciando la
rotación, la temporalidad y la subcontratación, y en el cual la
competitividad se fundamenta en la reducción de costes laborales—
es el que explica no la disminución ―a la que luego me
referiré― sino aquello que a ustedes les

debería preocupar y que es el diferencial que existe con la
Unión Europea en materia de accidentes laborales. Este es el problema. Y
tenía razón el portavoz socialista cuando decía que hay una tendencia a
la baja, aunque usted no quiera aceptar que se deba a la ley de 2005,
pero, sea por lo que sea, el caso es que hay una tendencia a la baja. El
reto que tiene España es corregir el diferencial que existe con los
países más avanzados de la Unión Europea.

El paradigma de la salud laboral se ha desarrollado en base
a este modelo, configurando un sistema que en general monetariza el coste
de la prevención. La no internalización de las necesidades preventivas
por parte de las empresas evidentemente resta eficacia al modelo y la
empresa tiende a comprar en el mercado la prevención.

La actual crisis que estamos sufriendo, con sus efectos
devastadores sobre el empleo, agrava aún más la situación de la salud
laboral y la prevención de accidentes en España. La crisis incrementa el
número de trabajadores que enferman como consecuencia de las tensiones
que representa la pérdida del puesto de trabajo o la posibilidad de
perderlo, y otros de sus efectos como son el miedo a la pérdida del
empleo o la necesidad de conseguir uno para salir del paro ejercen una
fuerte presión sobre los trabajadores y parados, que aceptan peores
condiciones laborales. Este es el día de hoy.

Hoy en día los empresarios pueden imponer peores
condiciones laborales a los trabajadores porque estamos frente a un
problema de paro grandioso. La crisis y la falta de empleo disparan el
número de autónomos y de autoempleados, sectores en los que la prevención
es más difusa y está más externalizada. Ha aumentado la economía
irregular, que se calcula entre un 20% y un 23% del PIB; y se deteriora
la calidad de la prevención en las empresas por la reducción de costes
laborales.

Las mutuas, asociaciones de empresarios, se convierten en
árbitros del afloramiento de las enfermedades y en la calificación de los
accidentes laborales, y hay un real enmascaramiento de estos, como así
denuncia la fiscalía respecto a los datos que dan las mutuas.

Si a la crisis le añadimos los efectos de la reforma
laboral, todo empeora. Su reforma laboral, cuando incorpora el despido
objetivo por absentismo, provoca que hoy en día se produzcan accidentes
sin baja, y luego les daré los datos. Además disminuye el papel de los
sindicatos en las empresas, se incrementa la tendencia a la
individualización de las relaciones laborales dentro de la empresa y se
reduce la influencia de la negociación colectiva sobre las condiciones de
trabajo. Esta es su reforma. Ya me dirán qué tienen que ver todos estos
defectos con una real prevención de los riesgos en el trabajo.

Los datos. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en
sus informes sobre siniestralidad laboral, nos advierte al hablar de la
metodología de que el análisis de la siniestralidad se realiza
principalmente mediante el estudio de la incidencia —que es el
número de accidentes por cada 100 000 trabajadores con las contingencias
profesionales cubiertas.

Compartirán conmigo, señorías, que donde casi es imposible
que se produzca un enmascaramiento es en los datos de los accidentes
laborales con resultado de muerte, y a ellos me voy a referir. En 2011,
en el sector agrario hubo un incremento del 14,55% de accidentes
mortales; en la construcción, un incremento del 4%; y disminuyó en
industria y servicios. En 2012, en el sector agrario, el incremento de
los accidentes con resultado de muerte fue del 3,7%; en industria, del
5,9%; y bajaron en construcción y servicios. Estos son los datos reales
que da el ministerio sobre accidentes laborales.

Con la crisis, con la presión empresarial y máxime con su
reforma laboral —como decía antes— hay más accidentes que
cursan sin baja. Y, a pesar de estos datos negativos, la pregunta es: ¿Se
puede afirmar que hoy en día en España hay menos accidentes laborales?
Sí, claro que sí. El problema, insisto, es ver por qué razones y estudiar
cuál es la diferencia con la Unión Europea.

Estamos en una tendencia a la baja por múltiples razones,
pero la principal de este descenso apreciable ha sido la destrucción
masiva de empleo, especialmente del empleo intensivo y precario. Esto es
lo que explica en gran parte por qué están disminuyendo los accidentes
laborales en este período de crisis.

Señorías, mi grupo nunca aceptará que los trabajadores
deban sufrir una reducción de los niveles de seguridad y protección para
así ganar competitividad ni que la crisis en el marco de la

devaluación interna que el Gobierno del PP está llevando a
cabo justifique la flexibilización del marco regulador.

Y el tercer argumento ya lo he explicado en parte al hablar
de la reforma laboral, pero daré un último dato. El Partido Popular
redujo en un 20% su aportación en los actuales presupuestos a la
Fundación para la Prevención de los Riesgos Laborales; repito, un 20%. Es
más, usted hablaba de la Estrategia española para la prevención de los
riesgos 2007-2012 y en 2012 ustedes dejaron de pagar 20 millones de
euros, que el Gobierno se había comprometido a aportar año a año a dicha
estrategia. En definitiva, se está produciendo un desmantelamiento de las
políticas de prevención de los riesgos laborales. Pregunten, si no, a los
delegados sindicales de prevención y les dirán que se han suprimido
actividades preventivas planificadas, que dejan de realizarse las
evaluaciones de riesgo y que disminuyen los recursos dedicados a la
prevención. Ustedes asisten impávidos a la misma, cuando no la alientan,
como, por ejemplo, una vez más, con su reforma laboral. Por todo ello
votaremos en contra de su moción.

Señora Romero, no es que lo hagan bien, lo están haciendo
francamente mal. La crisis y la destrucción de empleo disminuyen el
número de accidentes, pero el problema es que ustedes están colocando las
bases para que cuando vuelva a haber un crecimiento en el empleo se
incremente el número de siniestros laborales.

Gràcies, senyor president. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora
Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gràcies, senyor.
president.

Senadora Romero: vostè ha manifestat que no pot acceptar la
nostra esmena perquè la considera redundant e innecessària. Entenem que
aquest no pot ser un motiu suficient per rebutjar la nostra esmena i que
en moments com els que estem vivint hauria de primar la seguretat en el
treball per sobre de la supèrbia parlamentària; —la vida, la
seguretat dels treballadors bé s’ho val— però és que el Grup
Popular no ha fet cap gest per el consens, i així de sol està, i és una
actitud generalitzada. No sols no accepta la nostra esmena, és que no
n’accepta cap. Ens demana a tots els grups que votem a favor de la
seva moció, i que li preocupa molt la sinistralitat laboral. ¡Doncs
demostri que li preocupa de veritat reduir aquesta sinistralitat laboral,
escolti’ns, intentin negociar i acceptar esmenes! Ho hagués pogut
demostrar mitjançant una actitud més oberta al diàleg. No acceptant la
nostra esmena, no podem donar suport a aquesta moció, motiu per el qual
ens abstindrem.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Senadora Romero, usted ha manifestado que no puede aceptar
nuestra enmienda porque la considera redundante e innecesaria. Entendemos
que este no puede ser motivo suficiente para rechazar nuestra enmienda y
que en momentos como los que estamos viviendo debería primar la seguridad
en el trabajo por encima de la soberbia parlamentaria —la vida, la
seguridad y la salud de los trabajadores bien lo vale—. Pero el
Grupo Popular no ha hecho ningún gesto para el consenso, y así de solo
está —y es una actitud generalizada—. No solo no acepta
nuestra enmienda, es que no acepta ninguna. Nos pide a todos los grupos
que votemos a favor de su moción porque le preocupa mucho la
siniestralidad laboral. ¡Pues demuestre que le preocupa de verdad reducir
esta siniestralidad laboral, escúchenos e intente negociar y aceptar
enmiendas! Hubiera podido demostrarlo mediante una actitud más abierta al
diálogo. No aceptando nuestra enmienda, no podemos apoyar esta moción,
motivo por el cual nos abstendremos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, el señor
Varela.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señora senadora, señora portavoz del Grupo Popular, yo no
hago referencia al análisis que usted hace de la siniestralidad laboral
trimestral porque sí, lo digo porque usted pone en su moción: «En el
período enero-marzo 2013 se han producido…», y hace una relación de
los accidentes que han

acontecido en ese período. Por lo tanto, no es lo que yo
diga, es lo que usted pone en su moción. Dice usted además que no puede
hacer un análisis hasta la fecha porque no se ha cerrado el año, que, por
tanto, no tiene datos para computar la evolución de la siniestralidad
durante este período.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
hace informes interanuales trimestrales; por lo tanto, hay un informe.
Este informe dice: Período abril 2012-marzo 2013 —está aquí,
elaborado, repito, por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo—. Realmente es un dato fiable para comparar y analizar la
evolución de la siniestralidad.

Pero lo que le decía, señoría, es que la evolución del
descenso de siniestralidad durante los últimos años tiene que ver con
cuestiones no relativas al Gobierno del Partido Popular, tiene que ver
con cuestiones que afectan a la estructura de las relaciones laborales y
de las condiciones de trabajo; tiene que ver con la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, que es el punto de inflexión a partir del cual
empezamos a mejorar; tiene que ver con las comunidades autónomas que
ejercen un trabajo de control más cercano a las empresas y a los
trabajadores; y tiene que ver, indudablemente, señoría, también con el
hecho de que se hayan aportado presupuestos importantes para mejorar la
siniestralidad laboral de los trabajadores. Todo esto es lo que ha
influido, y ahora hay un descenso —en sintonía con lo que se ha
producido en los últimos años— que se ha acentuado porque en los
sectores donde había mayor riesgo —construcción e industria—
ha caído la actividad, y aquellos que acumulaban una mayor parte de los
siniestros de trabajo tienen menos trabajadores sujetos al riesgo, y,
lógicamente, eso también se nota.

Pero no quiero discutir sobre los datos, señorías; yo
quiero hablar de su moción. Le dije que cómo podía traer a esta Cámara
una moción donde como primera de las causas de la siniestralidad figuraba
la antigüedad. Le leo: «Y luchar contra las principales causas de la
siniestralidad; la antigüedad en los puestos de trabajo,…»
Señorías, esto es una auténtica aberración. Cualquier persona con un
mínimo conocimiento de lo que es el mundo de la prevención de los riesgos
laborales sería incapaz de suscribir esa afirmación que hace usted.
Confunden la causa con el sujeto, confunden los factores que se analizan
en el estudio de los riesgos con las causas que producen los riesgos
laborales. ¿O, señoría, quiere usted decir, cuando vamos a eliminar
causas de los accidentes laborales, que la solución es quitar a los
jóvenes, que son los que acumulan mayor número de accidentes laborales?
¿O eliminamos los lunes, que son los días de la semana en los que se
producen más accidentes de trabajo? ¿Quiere usted decir eso? Señoría,
lamentablemente, creo que usted o no sabe lo que está diciendo, o
pretende introducir en esta Cámara una bomba, una mina, para que los
senadores apoyen una moción donde la antigüedad está criminalizada como
un elemento de factor de riesgo en el trabajo, y eso desde luego no va a
pasar, al menos en lo que respecta a nuestro grupo.

Pero le digo más, señoría. No es que yo lo diga, son los
datos que elabora el propio Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo. Tasas de incidencia en trabajadores por antigüedad en la
empresa: menor de un año, 12433 —es decir, número de accidentes por
cada 100 000 trabajadores—. Y va descendiendo; 1-5 años, 5000; 5-10
años, 3000; 10-15 años, 2000, hasta llegar, cuando se tiene una
antigüedad en torno a los 40 o 50 años, a 200 o 300 accidentes de trabajo
por cada 100 000 trabajadores; desde 12 000 hasta 200. ¿Cree usted que se
puede traer un papelito a esta Cámara y decir que la antigüedad es una de
las causas de riesgo de trabajo, cuando es exactamente todo lo contrario,
una garantía de seguridad para los trabajadores el conocimiento del medio
y la experiencia en el puesto de trabajo? Por tanto, señoría, no cuente
con nosotros para esto que pretende hacer usted.

Pero es que además, señoría, usted en su moción trata de
confundir a esta Cámara planteando una contradicción en sus términos, que
también es inaceptable, como le he dicho en mi primera exposición. Usted
pretende que nosotros aprobemos aquí un brindis al sol. Como decía el
señor Guillot, habla usted de mejorar la formación, de mejorar la
prevención, de hacer un esfuerzo, etcétera, pero mientras hace eso,
mientras trae eso a la Cámara, reducen las partidas de los presupuestos
del Gobierno en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

Señoría, desde el año 2011 al año 2013, han reducido
ustedes el presupuesto del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo —este que hace esas cosas que usted plantea en la
moción: prevención, formación, divulgación de las políticas preventivas,
etcétera—. Disminución en gastos de personal, un 9,53%; disminución
en inversiones reales —esto es a lo que me refiero-: un 52%. (Por
cierto, aumentan un 13% los de la austeridad, aumentan un 13% los gastos
corrientes

de ese instituto.) Por tanto, no solo trae usted una moción
absolutamente inconsistente, sino que es contradictoria con lo que hace
el Gobierno. Además, señoría —se lo ha dicho también el señor
Guillot, y es cierto—, la seguridad laboral, la prevención de los
riesgos es un todo, no un elemento aislado en relación con una cuestión
concreta. Tiene que ver con lo que está pasando en cada momento en el
mundo del trabajo, por lo tanto, tiene mucho que ver, mucho, con la
reforma laboral y tiene mucho que ver con la manera de afrontar la crisis
por su Gobierno.

Permítame, señoría, que le traslade algunos efectos de la
reforma laboral que sin duda afectan a los trabajadores y a la salud de
los trabajadores.

Hace unos días se publicaron los datos del PIB del primer
trimestre de este año. Se cumplía un año de una reforma laboral que tenía
por objeto rebajar los salarios, y lo consiguió; también rebajar la
estabilidad laboral, y lo consiguió, y la capacidad de respuesta de los
trabajadores para defender sus intereses —también su salud—,
y lo consiguió. La retribución de los asalariados, el conjunto de
salarios ha caído un 6,2% en relación con el año anterior, es decir, han
sacado ustedes 7294 millones de euros de los bolsillos de los
trabajadores. En paralelo, el excedente empresarial creció un 2,7%. Han
metido ustedes 3054 millones de euros más en las arcas de las
empresas.

La primera consecuencia es que los hogares han gastado 3500
millones menos y la riqueza de este país se ha visto disminuida en 3260
millones. Esto afecta a la salud de los trabajadores. La primera
consecuencia de este recorte salarial es que gastamos menos, que
generamos menos riqueza y, en consecuencia, eso va en dirección contraria
a la activación económica.

La segunda consecuencia, señorías, es que disminuye nuestra
riqueza. Gastamos menos y perdemos horas de trabajo —432 millones
de horas de trabajo pérdidas desde la reforma laboral, lo que supone 771
000 empleos menos—. Se destruyó un 5,6% de las horas que trabajaban
en este país los españoles. Por lo tanto, ese 5,6% también está presente
en los datos que usted presenta con respecto a la reforma laboral.

Una tercera consecuencia es que se profundiza, señorías, en
la desigual distribución de la riqueza. Desde que empezó la crisis, la
participación de los asalariados en la distribución de la riqueza ha
disminuido 5,8 puntos, situándose en el 48,6. El aumento de las
desigualdades tampoco sirve para la reactivación. En consecuencia, lo que
hacen, señorías, es trasladar también a la negociación colectiva con su
reforma laboral la imposibilidad de que los trabajadores defiendan en
igualdad de condiciones frente a los empresarios su capacidad para su
seguridad.

Por lo tanto, señoría, no pretenda usted hacer cómplice a
esta Cámara de una moción sin contenido, de una moción sin propuestas, de
una moción sin compromisos. No pretenda, señoría, hacernos cómplices de
introducir un elemento distorsionador en una moción que dice que la
antigüedad de los trabajadores es un factor de riesgo.

Permítame, señoría, que le diga que no vamos a apoyar esta
moción por estas razones: porque su política frente a la crisis crea más
empleo precario, es decir, más inseguridad laboral; más recorte de
plantillas, sobrecargas de trabajo —es decir, más inseguridad
laboral—; más contratación externa, es decir, más inseguridad
laboral; más presión sobre el trabajador, es decir, más inseguridad
laboral; menos capacidad de negociación y de actuar sobre las condiciones
de trabajo, es decir, más inseguridad laboral. Lo veremos en el futuro,
señorías.

Por esta razón, ante una moción hipócrita que con una mano
propone medidas para mejorar la seguridad de los trabajadores, mientras
que con la otra reduce los medios para este fin, ante una moción que se
apoya en la satisfacción de los señores senadores para llevar a casa su
conciencia más tranquila al pensar que apoyan una moción que mejora las
condiciones de trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras de este
país, ante esta moción, en la que no queremos participar —porque se
trataría de una ceremonia de burla— por respeto a esos 330 000
trabajadores que tienen un accidente de trabajo todos los años, por
respeto a esos más de 3400 que tienen un accidente...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya
finalizando.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Termino, señor presidente.

Por respeto a esos más de 3400 que tienen un accidente
grave todos los años, con secuelas para toda su vida, por respeto a esos
440 trabajadores que pierden la vida mientras se la intentan ganar, no
vamos a apoyar esta moción.

Gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Varela.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Romero.

La señora ROMERO BAÑÓN: Gracias, señor presidente.

Señorías, lamento profundamente que no apoyen esta moción.
Lamento profundamente que algo tan importante como la seguridad y la
higiene en el trabajo no estén por encima de cualquier ideología
política, y que ustedes manipulen y desinformen como lo han hecho en esta
Cámara.

Si me lo permiten, contestaré por orden de intervención a
cada uno de ustedes.

Todos se han centrado en el tema de la antigüedad en el
puesto de trabajo. Señorías, los datos que tenemos proceden de
estadísticas. Cuando se habla de causas de siniestralidad, tenemos que
ver todas las actividades que se realizan: la antigüedad, la
temporalidad, la precariedad, porque en todas ellas se están dando y se
están produciendo accidentes laborales; son datos que están en el propio
instituto, en el propio ministerio y en las propias estadísticas.

Usted dice que la antigüedad reduce los accidentes pero,
¿se eliminan? No, siguen produciéndose. Por lo tanto, si queremos ser
rigurosos en una política de prevención de riesgos laborales, lo que
tenemos que hacer es resolver los problemas, es decir, atajar todas las
facetas de una actividad laboral: la antigüedad, la temporalidad, la
precariedad, la falta de formación, porque en todas ellas se están
produciendo accidentes.

Me sorprende, además, que ustedes, señores del Partido
Socialista, se lo vuelvo a decir, hablen de antigüedad, cuando han sido
los maestros de la temporalidad; ustedes encadenaban contratos temporales
de seis meses hasta tres años, y luego mandaban a la gente a la calle.
Eso es lo que ustedes hacían, y la reforma laboral ha terminado con eso,
lo cual ha permitido que el empresario y el trabajador lleguen a acuerdos
precisamente para mantener ese puesto de trabajo y para que la antigüedad
no sea un problema.

De todas maneras, al Partido Popular lo que le preocupa es
resolver los problemas, lo que le preocupa es atender las necesidades de
los ciudadanos y no perderse en léxicos políticos y en palabras para
apoyar la negativa a una moción, la cual no apoyan simplemente porque la
presenta el partido que está en estos momentos en el Gobierno.

A la senadora del PNV he de decirle que los autónomos, a
los que ya se ha hecho referencia, han sido los grandes desprotegidos en
materia de prevención de riesgos laborales, encontrando un vacío
informativo a la hora de saber cómo se gestionaba esa política de
prevención de riesgos laborales, vacío que han tenido que ir llenando en
los foros. Nosotros lo que queremos hacer, y así se ha hecho desde el
minuto uno, es dar a los autónomos la importancia que merecen, es decir,
que no haya diferencias, como existían, entre ellos y los trabajadores
por cuenta ajena. Eso al Gobierno le preocupa y apoya a todos aquellos
que emprenden, que inician actividades y que estimulan la actividad
económica.

Es importantísimo que se den a conocer las campañas y que
haya una cultura de prevención de riesgos, porque con esa cultura, desde
la educación y desde la formación, es cuando se adquirirá conciencia de
que es necesaria en una empresa, sea pequeña o grande, tener esa
prevención para una mejor gestión de sus recursos y para evitar esos
accidentes. Por tanto, a través de todas las legislaciones lo que se ha
hecho ha sido introducir esa cultura y esa política en la gestión de la
empresa. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Y el Gobierno lo
quiere hacer desde este momento, por supuesto, en cooperación con las
comunidades autónomas, aunque eso ya se está realizando, porque le
recuerdo que esas competencias están transferidas. Por eso me sorprende
que la representante de Convergència i Unió diga que no apoya esta moción
porque no se les ha admitido el párrafo que dice: cooperación con las
comunidades autónomas, y me sorprende porque, en Cataluña, la Consejería
de Empresa y Ocupación de la Generalitat tiene un ámbito de actuación en
seguridad y salud laboral, y un área de promoción y campaña. Ustedes, y
cada comunidad autónoma, son los que tienen que hacer las campañas que
correspondan con las partidas presupuestarias porque ya tienen
transferida esta materia, porque ya cuentan con una Inspección de Trabajo
y con medios propios, tanto humanos como materiales, y están participando
de la financiación en cuanto participan en los tributos del Estado.

Esta campaña se lleva a cabo en estos momentos por el
Estado, porque es una preocupación importantísima y una prioridad para el
ministerio y para el Gobierno de la nación regular las condiciones
necesarias para la seguridad y la higiene en el trabajo y velar porque
esto se cumpla.

En cuanto a la responsabilidad y la subcontratación tengo
que decirle que la responsabilidad de los empresarios está profundamente
regulada; además, hay una ley administrativa de infracciones y sanciones
que establece unas multas y unas sanciones pecuniarias que van desde los
40 000 euros hasta casi los 900 000 euros. Además, está previsto que si
no se cumple se suspenda la actividad de los empresarios; además,
civilmente están obligados a indemnizar a quienes en el cumplimiento de
su trabajo han sufrido estos accidentes y, además, si todo esto no fuese
posible, está tipificado como delito en el Código Penal. Por tanto, la
responsabilidad está absolutamente recogida y regulada de una manera
concreta.

Señorías, tampoco puedo aceptar sus enmiendas porque la
Inspección de Trabajo ya está realizando esa labor de vigilancia que
ustedes piden al fiscal, y no solo no se ha relajado sino que se ha
reforzado: hay 126 efectivos nuevos; se están formando 30 nuevos
inspectores de Trabajo que se van a incorporar a su destino; en la oferta
2012-2013 hay 30 nuevas plazas de inspectores, etcétera.

Al Grupo Parlamentario Socialista —y me voy a detener
en ello— le vuelvo a hablar de los datos. Señorías, los datos son
los que aparecen en las estadísticas. Ustedes los utilizan y hacen un
corta y pega, como ocurre en todas sus manifestaciones y en todos sus
discursos. Dicen que no se dota de partida presupuestaria, pues bien, o
usted demuestra un desconocimiento absoluto sobre dónde está recogida la
partida presupuestaria correspondiente a la prevención de riesgos
laborales, o usted lo conoce e intencionadamente informa mal a esta
Cámara y a los ciudadanos. Y, señoría, además de la partida económica
correspondiente a la prevención de riesgos laborales del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, existe una partida para
financiar acciones específicas que se realizan dentro de la partida
presupuestaria de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, que es
superior a los 20 millones de euros. ¿Dónde está ese brindis al sol?
¿Dónde está ese no dotar de partida económica a estas políticas de
prevención? Por supuesto que se han dotado, además no solamente en una
partida sino en dos, y todo ello a través de una fundación. ¿Por qué no
da los datos completos? ¿Por qué hace un corta y pega y da los datos que
a ustedes les interesan?

Vuelvo a decir que lamento profundamente que no apoyen hoy
la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Creo
que es un compromiso con los trabajadores de este país. Creo que es una
obligación de esta Cámara apoyar esta moción y creo, además, que lo que
tenemos que hacer, por encima de las diferencias políticas, es
preocuparnos de lo que hoy es un problema, que es la actividad laboral, y
que ésta se desarrolle con las máximas garantías. No apoyar esta moción,
señorías, supone que ustedes, los grupos de la oposición, están
rechazando que se dé a conocer una cultura preventiva de los riesgos
laborales en todas las empresas y que se acabe con las lacras sociales,
como son la precariedad, las causas de siniestralidad, la falta de
formación, el riesgo en la antigüedad de los puestos de trabajo y, en
definitiva, que todos los trabajadores, incluidas las pequeñas y medianas
empresas…,

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora ROMERO BAÑÓN: …todos ellos, puedan tener y
realizar su trabajo, como establece la Constitución, en unas condiciones
dignas, en unas condiciones seguras, en unas condiciones en las que los
políticos y los poderes públicos estemos implicados y nos comprometamos
con ellos. Rechazar hoy esta moción supone, señorías, rechazar todo esto
y volver la espalda a los trabajadores y a los ciudadanos.

Y además quiero recordar al Grupo Parlamentario
Socialista…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora ROMERO BAÑÓN: …que cuando se ha referido a
la reforma no ha dicho cuántos puestos de trabajo no se hubiesen
destruido o se hubiesen mantenido si esta reforma laboral se hubiera
aprobado antes. Pero se lo digo yo: un millón de puestos de trabajo dicho
por el BBVA y por otros organismos.

El señor PRESIDENTE: ¡Señoría, le ruego que termine!

La señora ROMERO BAÑÓN: Y además tampoco ha dicho por qué
se han reducido las horas. Las horas se han reducido porque mientras
ustedes gobernaban cerraron más de 500 000 empresas. Eso es lo que
ustedes han hecho en ocho años de gobierno socialista. Nada. Encadenar la
temporalidad…

El señor PRESIDENTE: ¡Senadora Romero!

La señora ROMERO BAÑÓN: …hacer los contratos basura y
no hacer nada por los trabajadores ni por los empresarios de esta ciudad.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Senadora Romero!

La señora ROMERO BAÑÓN: Y siguen sin hacer nada, porque
hoy, con su voto negativo están rechazando volver a la seguridad y velar
por la higiene y la seguridad en el trabajo.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Senadora Romero, ha sobrepasado usted
su tiempo en más de un minuto y medio. Le ruego atienda a las
indicaciones del presidente.

Muchas gracias.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo
Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 149; en contra, 76;
abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores.)

6.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PRESENTAR UNA
PROPUESTA RELATIVA A LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN LOCAL PARA SU ESTUDIO
EN LA COMISIÓN DE ENTIDADES LOCALES DEL SENADO.

(Núm. exp. 662/000087)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura al punto 6.3.

El señor PRESIDENTE: Señorías, a esta moción se ha
presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto a iniciativa de los
senadores Iglesias y Mariscal. (Rumores.)

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el senador Belloch por tiempo de quince
minutos. (Rumores.)

Guarden silencio, por favor.

El señor BELLOCH JULBE: Presidente, señorías.

Hace ya casi treinta y cinco años que los municipios, las
corporaciones locales en su conjunto, estamos esperando llegar a ser esa
tercera columna del Estado de derecho, lo cual no significaría más que
cumplir en lo municipal, en lo local, lo que dice la Constitución de
1978.

Mi grupo parlamentario piensa —y creo sinceramente
que es un sentimiento común a la mayor parte de grupos— que lograr
los objetivos de una verdadera autonomía y de suficiencia financiera por
parte de las corporaciones locales requiere de un instrumento esencial,
sin el cual ese objetivo no se puede cumplir, me refiero sin duda a la
ley de financiación local.

Y he de reconocer que esta legislatura empezó con un cierto
grado de optimismo: la razón de ese optimismo fue la comparecencia del
ministro Montoro — única, por cierto— en la Comisión de
Entidades Locales, donde afirmó que se comprometía a presentar antes del
31 de diciembre de 2012 esa ley de financiación local. Ese optimismo
actualmente ya no es tanto, primero porque ese plazo se ha incumplido y
segundo porque también nos parece muy discutible el que se vincule a la
enésima modificación del sistema de financiación autonómico. Lo cierto es
que pese a que

muchos ayuntamientos estamos pasándolo mal, tenemos serias
dificultades, pese a que las corporaciones locales son las que mejor han
cumplido la estabilidad presupuestaria y los objetivos de reducción o
contención del déficit, pese a todo eso, pese a haber sido buenos
alumnos, la verdad es que estamos peor que al final de 2007 en el tema de
financiación local.

En los últimos meses hemos hablado mucho, primero de un
borrador, informe, anteproyecto, en definitiva sobre la modificación de
la Ley de bases del régimen local. Es verdad que a través de esas
discusiones, de mociones de diversos grupos, de enmiendas presentadas,
hemos fijado la posición que cada uno tenemos en la materia, aunque de
momento no estamos logrando el consenso que debería ser el objetivo
último del conjunto de la Cámara; más bien se está escenificando una
fractura no solo municipal, sino política e incluso social. Pero miren
ustedes, la situación de la financiación local, en mi opinión, está aún
peor porque prácticamente ni hemos hablado de ella; alguna iniciativa
singular, aislada, alguna enmienda, pero realmente no lo hemos hablado,
ni siquiera hemos empezado el debate en serio sobre la financiación local
pese a que sabemos que es imprescindible contar con ella si quiere
triunfar cualquier reforma de la Administración local.

Ante esa situación, ¿qué pretendemos? Desde el Grupo
Socialista entendemos que es necesario intentar un camino distinto al
seguido por la reforma de la Ley de bases, un camino más bien parecido al
que ya se usó en esta Cámara en otras legislaturas. Me estoy refiriendo,
sin duda, a la VIII Legislatura. Hay dos datos de esa VIII Legislatura
que me parecen dignos de ser señalados. Uno, una enmienda de 2004
formulada por el Partido Popular —el señor Cabezas, que la propuso,
era senador del Partido Popular, por cierto— en la cual se fijaba
dónde y hasta cuándo debía tener lugar el debate o la discusión y, por
otro lado, cuáles deberían ser los principios, los vectores esenciales,
que regularan la nueva ley de financiación local. Y más importante aún,
el informe, que fue aprobado por unanimidad en esta Cámara el 19 de
diciembre de 2007. Es verdad que pocos días después, el 15 de enero
— si no me equivoco— se convocan las elecciones, en marzo
tiene lugar la celebración de esas elecciones y la moción decayó. Sin
embargo, insisto en que ese fue el momento, en mi opinión, en opinión de
mi grupo, que más lejos hemos llegado a intentar articular un verdadero
consenso a nivel parlamentario. En eso se basa la enmienda; la enmienda
tiene una primera declaración que fundamentalmente fija dónde, cuándo, y
bajo qué principios, y viene a decir: … antes de finalizar este año
en la Comisión de Entidades Locales —lo cual, por cierto, daría
vida a una comisión que languidece manifiestamente—, teniendo en
cuenta desde el principio la necesidad de contar con absolutamente todos
a la hora de realizar ese proyecto, puesto que debe insertarse en un
pacto de Estado.

El segundo gran apartado es un decálogo; un decálogo de
medidas que evidentemente se podrían ampliar, rectificar. Es un decálogo
abierto, pero que tiene una virtud, que está basado estrictamente en el
informe que esta Cámara aprobó por unanimidad en 2007; estrictamente,
todos y cada uno de los puntos que allí se recogen, están previstos en
ese informe. Por cierto —los municipalistas supongo que ya lo
conocerán—, recomiendo la lectura de ese informe que es altamente
valioso, tanto en la parte expositiva de los problemas que plantea la
Administración local, que prácticamente está de plena actualidad pese a
los años transcurridos, como en la parte dispositiva, es decir, la parte
de informes o conclusiones.

Se ha hecho, por lo tanto, desde esa óptica y además
renunciando expresamente a cualquier planteamiento de partido para
intentar buscar el elemento denominador común, el mínimo denominador
común, que debería permitir a todas las fuerzas presentes en esta Cámara
su aprobación.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Belloch.

Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el senador
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

En efecto, se trata de una moción muy extensa, bastante
completa, que comparto al cien por cien y frente a la que planteamos una
única enmienda, dado que pormenoriza una serie de propuestas de
contenidos de esa reforma de la financiación local, enmienda que busca
acabar con unos privilegios que, entendemos, no están en absoluto
justificados. La enmienda plantea que se acabe con la exención del pago
de determinadas figuras fiscales locales, fundamentalmente del

impuesto sobre bienes inmuebles, por una parte, a las
empresas titulares de concesiones en grandes infraestructuras, como son
autopistas o autovías de peaje, que condicionan el desarrollo urbanístico
de los municipios, que suponen servidumbres, que conllevan molestias para
los vecinos y que generan beneficios a quienes gestionan esa actividad:
infraestructuras de comunicaciones, como autopistas y autovías de peaje o
infraestructuras de producción hidroeléctrica, como son los embalses.

La segunda propuesta de acabar con la exención del pago del
IBI se refiere a la Iglesia católica y otras confesiones. Según algunos
estudios, la Iglesia católica tiene unos 100 000 inmuebles en España. El
50% son edificios religiosos y el otro 50% cumple funciones muy diversas,
como colegios concertados y colegios privados. Prácticamente una inmensa
mayoría de los españoles a los que se les ha sometido a consultas a
través de encuestas, un 80%, son partidarios de que estos bienes
inmuebles propiedad de la Iglesia y de otras confesiones religiosas
también contribuyan a través del impuesto sobre bienes inmuebles.

Además, en una peculiaridad de nuestro país, difícil de
entender, porque va mucho más allá de las previsiones del Concordato, la
Iglesia católica goza del privilegio, a través de sus obispos, de
inmatricular determinados bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad
sin intervención de funcionario público, aunque sea ese peculiar
funcionario público que es el notario. Es decir, los obispos son
fedatarios públicos a efectos de la inmatriculación de bienes inmuebles,
lo que se ha traducido en un incremento de la inscripción en el Registro
de la Propiedad de esos bienes inmuebles en los últimos años. Hay una
sentencia en relación con un contencioso-administrativo promovido frente
al Ayuntamiento de Allariz en el que se dio la razón a este ayuntamiento
en el cobro del impuesto sobre bienes inmuebles para determinados bienes
de la Iglesia católica.

Creemos que es el momento de incorporar a una reforma
legislativa una aportación que satisfaga las necesidades de financiación
de las entidades locales, como la que presenta esta enmienda, de tal
forma que se graven con el impuesto de bienes inmuebles tanto las grandes
infraestructuras como los bienes de la Iglesia católica.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Tiene la palabra el senador Belloch para indicar si acepta
o no la enmienda.

El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista no puede aceptar la
enmienda por una razón fundamental y otra secundaria; la fundamental es
que esta moción lo que pretende es utilizar lo ya avanzado en el pasado
para que sirva de base para un nuevo consenso. De ahí que haya dicho dos
veces que es una propuesta de mínimos, de búsqueda del mínimo denominador
común y, desde nuestro punto de vista, sería incongruente introducir una
enmienda —absolutamente legítima y en buen número de aspectos
razonable—, pero que desde luego no ayudaría a ese consenso que
pretende el Grupo Parlamentario Socialista.

En segundo lugar, la secundaria es que tampoco podríamos
estar de acuerdo con la expresión bienes de la Iglesia u otras
confesiones religiosas en general. Los socialistas distinguimos entre
aquellas instituciones o instalaciones que sirvan para el uso religioso
de aquellas que tengan cualquier tipo de uso productivo. Respecto de las
segundas, naturalmente estamos de acuerdo en que se cargue el IBI, no así
respecto de las que estén destinadas al culto.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Belloch.

Para un turno en contra, tiene la palabra el senador
Sanz.

El señor SANZ CABELLO: Señor presidente, señoría, quiero
saludar cualquier iniciativa que, como viene siendo una tradición última
de las pasadas sesiones de esta Cámara, busca, como en este caso, a
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, contribuir a mejorar y a
avanzar en los mecanismos de financiación y sostenibilidad de las
corporaciones locales.

Sirva esta introducción, a pesar de ser el turno en contra,
para felicitar a todos los grupos de la Cámara, y a esta Cámara, por el
intenso carácter municipalista de los debates y la preocupación de todos
por el día a día de unas instituciones fundamentales y claves para el
Estado y los

ciudadanos, como son las corporaciones locales. De hecho,
les indico que estamos de acuerdo con el inicio de esta moción cuando
afirma que la reforma de la financiación local es una vieja
reivindicación del municipalismo, puesto que no cuenta con la
financiación adecuada a la carga de gestión que realizan. Evidentemente,
estamos de acuerdo.

Hasta ahí bien. Lo sorprendente es que sea precisamente el
Grupo Parlamentario Socialista el que plantee esta moción cuando en los
últimos siete años de Gobierno de Zapatero no se adoptó ni una sola
medida a favor de los ayuntamientos. De hecho, en todos los programas
electorales del Partido Socialista y en los compromisos gubernamentales
siempre estuvo la ley de financiación local. Recuerdo cuando el portavoz
de su grupo, el señor Alonso, en el Congreso, en 2009 dijo claramente que
antes del verano se enviaría al Congreso el nuevo sistema de financiación
para los ayuntamientos; una doble ley, la reforma local y la financiación
local. Así lo dijo también el señor Chaves en abril de 2009, que afirmó
que en el último trimestre estarían en el Parlamento los dos proyectos de
ley.

El problema, señor Belloch, es que ustedes nunca hicieron
nada y pasaron los años. Y hoy es verdad que habla del ministro Montoro.
La diferencia, señor Belloch —y le invito a que siga con el
optimismo, eso es bueno, es bueno para todo—, es que, ahora sí, el
camino —aunque pueda ser distinto, como usted plantea—, puede
que sea equivocado el que usted escoja, pero lo importante es que hay
camino, que hasta ahora no lo había. Por tanto, yo confío en el camino
escogido por el Gobierno, que creo que es más seguro, más realista y más
eficaz.

Por eso, frente a esto, desde el minuto uno, en solo año y
medio el Gobierno del Partido Popular, cumpliendo, sí, con su compromiso
electoral, ha puesto en marcha una ambiciosa, necesaria y valiente
reforma de la Administración local, adoptando, además —y eso es
innegable—, medidas de las que todos los ayuntamientos, todos, se
están beneficiando. Como saben sus señorías, se han aprobado medidas
eficaces y de gran calado para sanear las cuentas de nuestras
corporaciones locales y hoy podemos decir que con el esfuerzo de todos se
ha conseguido que hoy sean las administraciones que llevan camino de
estar más saneadas.

Por eso, señorías, el debate real, el que hoy se plantea
aquí no es nuevo. Siempre está la pregunta sobre qué es antes, si la
financiación o las competencias. Lo ideal es que vayan parejas, pero lo
lógico es hacerlo una vez que esté aprobada la reforma que determine las
competencias, las que sean propias, las que sean delegadas —si las
hubiere, las impropias—, para las que el sistema sí deberá
garantizar una financiación suficiente —y esa es la posición del
Grupo Popular; financiación que, para ser eficaces, no arriesgar y
garantizar todas las prestaciones, actuales y futuras, que hoy ofrecen
los ayuntamientos, creemos que deberá abordarse en el mismo momento que
la financiación autonómica. Esa sería la gran garantía.

Señorías, ahora que, por fin, se van a hacer los deberes y
hay un Gobierno dispuesto a afrontar el histórico reto de la reforma
local, creo que no es momento de precipitaciones, señor Belloch, ni de
buscar votos fáciles o de utilizar la demagogia. Estoy viendo campañas
puestas en marcha por su partido que inducen a un inmenso error, porque
no dicen verdades. Por eso, creo que tenemos que hacer las cosas con
cabeza y de forma ordenada. Y eso lleva primero a solucionar la situación
financiera de las corporaciones locales. Ese es el objetivo que plantea
el Grupo Popular. De ahí nuestra última moción que se debatió en esta
Cámara y que obtuvo el rechazo de su grupo. Luego hay que reducir el
déficit y acabar con las facturas de los cajones de los ayuntamientos y
diputaciones. Y hoy mucho de ello se ha conseguido, y se ha conseguido
gracias al Plan de proveedores, a los anticipos de tesorería y al
incremento del 21% de la PIE, y se va a seguir consiguiendo porque el
Gobierno sigue planteando medidas positivas en favor de la financiación
de las corporaciones locales.

Junto a esto es también clave para el éxito terminar de
instaurar en la gestión de las corporaciones locales los principios de la
estabilidad presupuestaria y, a la vez, señor Belloch, seguir avanzando
en los trámites exigidos para el futuro anteproyecto de la reforma local.
Hace unos días se celebró una nueva reunión de la Comisión Nacional de la
Administración Local, que ha supuesto —creo que eso es
innegable— un gran avance en favor del municipalismo, con mejoras
sustanciales en el texto, de lo que representa el informe del Gobierno
respecto de los primeros informes. Y estamos a la espera del trámite en
el Consejo de Estado.

Todo ello va a significar cumplir con un objetivo y un
reto: una Administración, una competencia; cumplir con un compromiso
electoral y con una reforma histórica que nadie se había atrevido en

treinta años a hacer. Por eso, señorías, creemos que hay
que ser serios y que, una vez determinadas sus competencias,
racionalizada su estructura y salvada su quiebra económica en los casos
en que ocurría, entonces será el momento de abordar el nuevo sistema de
financiación local.

Señorías, no digo que no, ni siquiera que así no; les digo
que no es bueno precipitarse y que caminaremos —espero— con
mecanismos de financiación como los que ya está adoptando el Gobierno y
como los que sus señorías pueden aportar. Nos piden consenso y en eso
estamos, y lo vamos a seguir intentando, señorías, porque estoy
convencido de que esta será una de las leyes más debatidas, porque además
es la que cuenta con más expertos, ya que todo concejal es ya un experto.
Por tanto, tenemos que seguir debatiendo. Las sugerencias, las
aportaciones, como las que se traen con esta iniciativa, son positivas,
se analizan y se podrán tener en cuenta.

Permítanme solo recordarles y destacar, señorías, que en
este ejemplo de diálogo y participación han sido ya cuatro las reuniones
de la Comisión Nacional de la Administración Local en solo 16 meses de
Gobierno. Les recordaré que en la última legislatura con Gobierno del
PSOE tuvieron lugar solo cuatro reuniones en toda la legislatura: dos en
el 2008, una en el 2009, una en el 2010 y ninguna en el 2011, y eso que
iba a salir la ley ese año. Por eso, cuando nos hablan de municipalismo,
cuando nos hablan de consenso, señor Belloch, vamos a hacer todo lo
posible para que así sea.

Y permítanme, por último, señorías, que con independencia
de las formas y de los tiempos, que es de lo que estamos hablando, les
indique que en las peticiones de la moción la mayoría de estas —al
menos así lo entiende mi grupo—, o forman parte lógica del modelo
de financiación local, que se aprobará, o ya están puestas en marcha por
el propio Gobierno. Por ejemplo, piden ustedes que se arbitren medidas
necesarias para impedir el incremento de las deudas tributarias y no
tributarias de las otras administraciones respecto de los ayuntamientos,
y eso es lo que se está haciendo, señoría. De hecho hay un nuevo plan de
proveedores, e incluso se ha hablado de 1700 millones de euros cuya
garantía es la exigencia de pago de lo que las comunidades autónomas
deben a los ayuntamientos, plan de pago a proveedores que espero pueda
ser aprobado muy pronto, como ha anunciado el Gobierno.

Por ello, señorías, este grupo, con independencia del deseo
de alcanzar el consenso, hoy votará en contra de esta moción entendiendo
de todas formas que queda mucho por hacer pero estando seguros de que,
por lo menos, ya estamos en el camino que, espero, podamos recorrerlo
juntos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el
senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Bai, mahaiburu jauna. Gracias,
señor presidente. Intervendré, brevemente, desde el escaño si me lo
permite.

Senador Belloch, nosotros vamos a apoyar la moción, como es
evidente, por dos razones. En primer lugar, porque aparte de lo que se
diga de quién fue el ministro que dijo, que dejó de decir, que lo dijo,
que lo ha hecho o que no lo ha hecho, en esta moción se incluye punto por
punto todo aquello que está recogido en el artículo 9 de la Carta Europea
de la Autonomía Local que se elaboró en 1985 y que firmó el rey de España
en 1988, con lo cual ya va siendo hora de que se vayan aplicando estos
criterios, independientemente de quién sea el ministro que lo haga.
Además, porque me parece curioso el tema del reintegro o de la exención
del IVA que, al final, y más en estos tiempos, acaba bloqueando muchos
temas de cofinanciación etcétera, y de eso hemos hablado los alcaldes
muchas veces.

En segundo lugar, porque usted, en el primer punto, cuando
pide que se firme un gran pacto, y antes en la exposición de la propia
moción, dice:…salvaguardando a todos los efectos lo previsto en los
estatutos de autonomía. En eso estamos también totalmente de acuerdo, y
es que nosotros queremos seguir teniendo el mismo régimen de financiación
que tenemos, que ni es mejor ni peor que el del resto, pero que es el que
nos hemos dado y depende de nuestro Concierto Económico, régimen que,
además, queremos seguir desarrollando. Y es evidente que tenemos
muchísimos problemas —y aquí tenemos a quien fue presidente de la
Asociación de Municipios Vascos— y que queremos estar en el Consejo
Vasco de Finanzas etcétera, pero queremos seguir decidiéndolo nosotros.
Creo que en principio eso también se garantiza con lo que usted dice de
la salvaguarda a todos los efectos de lo previsto en nuestro estatuto de
autonomía.

Por tanto, nosotros vamos a votar a favor. Me da la
sensación de que vamos a tener que seguir votando a favor muchas veces
más este tipo de iniciativas, pero lo seguiremos haciendo, y con los
mismos argumentos, puesto que estos son prácticamente habas contadas, y
aunque son habas ya bastante antiguas, esperemos que no estén muy resecas
y que puedan reverdecer para que en algún momento, sea con el sistema que
sea y sea con el ministro que sea se acaben cumpliendo iniciativas
así.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies, senyor president.

Senyories, certament estem davant d’una
reivindicació, com bé deia el senador Belloch, de dècades, pràcticament
35 anys d’ajuntaments democràtics en què es ve mantenint la
necessitat d’una millora del finançament local. El nostre grup,
l’Entesa pel Progrés de Catalunya, evidentment donarà suport a una
moció que entenem benintencionada i a més a més correctament plantejada,
en la mesura en què ha buscat un seguit d’elements mínims comuns
que permetin l’articulació del necessari consens i planteja, a més
a més, que el Govern porti a la Comissió d’Ens Locals
d’aquesta cambra del Senat una proposta posant en valor el paper de
més enllà de cambra territorial, d’una cambra que tradicionalment
ha tingut un fort component municipalista. Per tant, entenem que és una
moció que es mereixeria un altre tipus de tracte per part de la majoria
parlamentària del Grup Popular.

Em sorprèn que s’hagi exercit el torn en contra,
precisament en una moció que el propi portaveu del Grup Popular ha
reconegut que en principi era benintencionada i que podia compartir-se
molts dels seus elements. És preocupant que en l’ambient
darrerament està sobrevolant una certa criminalització de la gestió
local. Sembla que quan es parla de la necessitat d’austeritat de
l’Administració, de la reforma de les administracions per ser més
eficients en la despesa, sovint es posa el punt de mira en els
ajuntaments. Ho ha dit també el senador Belloch, és un tema conegut que
els ajuntaments precisament són els que segurament més bé han complert
amb l’estabilitat pressupostària. Comparteixen només un 4,1% del
conjunt del deute públic, quan participen del 14% de la despesa total de
les administracions. Per tant, no és precisament als ens locals on hi ha
la necessitat de regularitzar la despesa pública i la necessitat
d’austeritat.

És cert que és necessari delimitar millor les competències
en l’àmbit local. S’ha parlat molt de les competències
impròpies, que els ajuntaments per necessitat i per demanda dels veïns
dels municipis han acudit a atendre una sèrie de demandes que
probablement no els corresponien i que han significat un fort increment
de la despesa. Cal delimitar bé les competències, cal que cada
administració assumeixi les que li són pròpies, però també s’ha de
tenir en compte, com reconeix el propi text, la part expositiva de la
moció, que les competències han de tenir en compte la diferent tipologia
dels ajuntaments, perquè en funció de la grandària i d’una sèrie de
característiques s’ha de tenir molt present a l’hora
d’assignar aquestes competències.

La reforma de a Llei de bases de règim local prevista,
l’anomenat Anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad
de la Administración local, preveu una reducció de competències de
l’àmbit local, especialment dels ajuntaments més petits, però en
general del conjunt de les administracions locals i, sobretot, dels
ajuntaments. Però, senyories, el que cal no és tant reduir competències,
sí delimitar-les bé, sinó el que cal precisament és millorar el
finançament d’aquestes administracions perquè puguin prestar
aquelles competències que són necessàries de manera adequada.

Cal, per tant, augmentar l’aportació d’altres
administracions i, sobretot, millorar la capacitat fiscal dels
ajuntaments també, molt intervinguda, molt condicionada per les lleis
d’àmbit general. Per tant, des del respecte l’autonomia
local, cal millorar la capacitat tributària dels ens locals i,
especialment, dels ajuntaments. Perquè, senyories, s’ha dit moltes
vegades, però és necessari repetir-ho.

En l’aplicació d’aquest principi que pretén
regir el conjunt del funcionament de la Unió Europea i, per tant, també
dels estats que en formen part, el principi de subsidiarietat, és evident
que els

ajuntaments, com a Administració més propera als ciutadans,
són capaços de prestar uns serveis de millor manera i més eficient que
altres administracions i ho cal tenir molt present i permetre que siguin
els ajuntaments que atenguin aquestes necessitats i aquestes
demandes.

Sovint la desconfiança cap als ajuntaments ve del fet que
es pensa que molts, especialment els petits, tenen gestor no experts,
gestor no experts en gestió administrativa, en la gestió de la cosa
pública, precisament per les seves característiques, el seu tamany
demogràfic, però aquesta, senyores i senyors senadors, és una de les
grans virtuts de la democràcia, que són els representants directes dels
veïns els qui assumeixen la gestió dels seus propis recursos municipals
i, precisament, atenen les necessitats del conjunt de la població de la
qual formem part. Aquesta és el gran avantatge de la democràcia. No es
tracta de treure’ls aquesta competència, sinó en tot cas de
garantir una millor supervisió de les actuacions i les competències
d’aquests ajuntaments.

Per tant, senyores i senyors regidors, senadors
—perdó, parlant de municipalisme he parlat de regidors—, és
necessari abordar aquesta reforma del finançament local, una nova llei de
finançament local, al marge de la revisió del finançament de les
comunitats autònomes, i fer-ho aviat, perquè precisament avui els
ajuntaments en plena crisi econòmica estan sotmesos a molta pressió i es
troben en una situació en alguns casos propera al col·lapse per la manca
de recursos, no per la seva mala gestió, sinó per la insuficiència del
finançament.

Senyores i senyors senadors del Grup Popular, no és qüestió
d’esperar, ni de seguir un camí que no veiem per on va, sinó
d’abordar els compromisos i la voluntat de reforma del finançament
local des del diàleg, des del debat parlamentari, precisament aquí, en
aquesta cambra, al Senat. És qüestió ja de posar fil a l’agulla, és
qüestió de començar a treballar, d’iniciar el debat i
d’aportar solucions, i aquesta moció, sense cap mena de dubte, és
un bon plantejament, perquè entenem que està feta honestament des de la
voluntat d’afavorir el diàleg, de trobar els elements comuns, com
molt bé ha dit el senador Belloch. Per això es mereix el suport, i es
mereixeria una reflexió des dels escons del Partit Popular per mirar
d’abordar aquest debat sense més dilació.

Gràcies, senyores i senyors senadors. Gràcies, senyor
president.

Gracias, señor presidente.

Señorías, es verdad que nos encontramos ante una
reivindicación, como decía el senador Belloch, de décadas. Prácticamente,
treinta y cinco años de ayuntamientos democráticos, en los que se viene
manteniendo la necesidad de mejora de la financiación local. Nuestro
grupo, la Entesa pel Progrés de Catalunya, evidentemente, va a respaldar
una moción que entendemos bien intencionada, y, además, correctamente
planteada, en tanto en cuanto ha buscado una serie de elementos mínimos
comunes que permitan articular el necesario consenso. Además, plantea que
el Gobierno lleve a la Comisión de Entidades Locales de esta Cámara, del
Senado, una propuesta poniendo en valor el papel —más allá de una
Cámara territorial—, de una Cámara que tradicionalmente ha tenido
un fuerte componente municipalista. Por lo tanto, consideramos que es una
moción que merecería otro tipo de trato por parte de la mayoría
parlamentaria del Grupo Popular.

Nos sorprende que se haya ejercido el turno en contra,
precisamente, para una moción que, como ha reconocido el propio portavoz
del Grupo Popular, en principio, era bienintencionada, pudiendo
compartirse muchos de sus elementos. Es preocupante que últimamente
sobrevuele en el ambiente esta criminalización de la gestión local.
Parece que cuando hablamos de la necesidad de austeridad en la
Administración y de la reforma de las administraciones para ser más
eficaces en el gasto, muchas veces ponemos el punto de mira en los
ayuntamientos. Lo ha dicho también el senador Belloch, y es algo
conocido, que los ayuntamientos son los que probablemente hayan cumplido
mejor con la austeridad presupuestaria. Comparten tan solo el 4,1% del
conjunto del gasto público y el 14% del gasto de las administraciones
públicas. Es decir, no es en los entes locales donde encontramos la
necesidad de regularizar el gasto público ni de imponer austeridad.

Es cierto que es necesario acotar mejor las competencias en
el ámbito local. Se ha hablado de las competencias impropias. También se
ha hablado mucho de que los ayuntamientos por necesidad y por demanda de
los vecinos de los municipios han empezado a atender una serie de
demandas que, seguramente, no les correspondían y que han significado un
fuerte aumento del gasto. Debemos, pues, delimitar bien las competencias.
Que cada Administración asuma las que les son propias. Pero también hay
que tener en cuenta, como reconoce el texto en la parte

expositiva de la moción, que las competencias deben tener
en cuenta las distintas tipologías de ayuntamientos. Porque, es evidente
que debe tenerse en cuenta el tamaño y otras características, para poder
asignar estas competencias.

La reforma de la Ley de las Bases del Régimen Local
prevista, el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de
la Administración local, prevé una reducción de competencias del ámbito
local, de las administraciones locales y, en especial, de los
ayuntamientos más pequeños, pero, en general, del conjunto de las
administraciones locales y de los ayuntamientos. Sin embargo, señorías,
lo que debemos hacer no es tanto reducir competencias, aunque sí
delimitarlas, sino mejorar la financiación de estas administraciones para
que puedan prestar aquellas competencias que son necesarias, de forma
adecuada.

Por consiguiente, debemos aumentar la aportación de otras
administraciones, y, sobre todo, mejorar la capacidad fiscal de los
ayuntamientos, que está muy intervenida, muy condicionada, por las leyes
de ámbito general. Por lo tanto, respetando la autonomía local, mejorar
la capacidad tributaria de las entidades locales y, en especial, de los
ayuntamientos. Porque, señorías, esto se ha dicho muchas veces, pero
debemos repetirlo

Aplicando este principio de la subsidiariedad, que pretende
regir el conjunto de la Unión Europea y, por lo tanto, también de los
Estados que forman parte de ella, es evidente que los ayuntamientos, como
Administración más cercana a los ciudadanos, son capaces de prestar una
serie de servicios, mejor y con mayor eficiencia que otras
administraciones. Por lo tanto, esto debe tenerse en cuenta y permitir
que sean los ayuntamientos los que atiendan a esas necesidades y a esas
demandas.

Muchas veces la desconfianza hacia los ayuntamientos se
explica porque se piensa que muchos de ellos, sobre todo los más
pequeños, tienen gestores que no son expertos; gestores no expertos en
gestión administrativa y en la cosa pública, por sus características y
por su tamaño demográfico. Pero, señoras y señores senadores, esta es una
de las principales virtudes de la democracia, que son los mismos vecinos
los representantes directos y los que asumen la gestión de sus propios
recursos municipales y atienden a las necesidades del conjunto de la
población de la que formamos parte todos. Esa es la ventaja de la
democracia. No es cuestión de quitarles precisamente esa competencia,
sino, en todo caso, de garantizar una mejor supervisión de las
actuaciones y de las competencias de estos ayuntamientos.

Así pues, señoras y señores senadores —perdón, les
iba a llamar concejales, ya que hablamos de municipalismo—, es
necesario abordar esta reforma de la financiación local. Es necesaria una
nueva ley de financiación local, más allá de la revisión de la
financiación de las comunidades autónomas. Y resulta necesario abordarla
pronto porque precisamente hoy en día, con esta crisis económica, los
ayuntamientos están sometidos a una gran presión y muchas veces
atraviesan una situación rayana al colapso por su falta de recursos; no
por su mala gestión, sino por la insuficiencia de financiación.

Por lo tanto, señoras y señores senadores del Grupo
Popular, no es cuestión de esperar y de seguir un camino que no sabemos
por dónde va. Precisamente, es hora de abordar los compromisos y la
voluntad de reformar la financiación local, y hay que hacerlo desde el
debate y el diálogo parlamentario en esta Cámara, en el Senado
precisamente. Hay que empezar a trabajar ya, iniciar el debate y aportar
soluciones y esta moción, sin lugar a dudas, es un buen planteamiento
porque ha sido realizada honestamente y con la voluntad de favorecer el
diálogo y de encontrar elementos comunes, como ha dicho muy bien el
senador Belloch. Por lo tanto, creo que merece todo el respaldo y,
también, una reflexión desde los escaños del Grupo Popular para intentar
abordar este debate sin más dilación.

Gracias, señoras y señores senadores. Gracias, señor
presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, president.

Senyories, molt bon dia. Tornem a tenir a debat una qüestió
interessant i, si la tenim a debat, és perquè no està resolta. Vagi per
endavant que, òbviament, comptaran amb el nostre recolzament en aquesta
moció.

En tot cas, vull lamentar alguns tòpics que es van
reproduint. Ja portem uns quants mesos de legislatura, com saben sóc
senador novell i he aprofitat aquests mesos per fer una petita immersió
en aquells debats de legislatures anteriors de les qüestions que
m’interessaven. La veritat, senyor Sanz, jo li agraeixo el to
d’avui, sincerament, podem discrepar, però el to ha estat correcte.
Però vostès retrauen al Partit Socialista que quan governava no va fer la
reforma de la Llei d’hisendes locals. El Partit Socialista en
l’anterior legislatura els va posar en evidència dient que vostès
demanaven la reforma de les hisendes locals i quan havia governat el
senyor Aznar no ho va fer, i ja no vaig continuar més enrere. Jo crec que
el senyor Belloch va ser honrat en alguna altra intervenció
d’aquesta legislatura i va dir reconec que el meu partit polític,
que la meva formació política, no va saber resoldre aquest tema, però que
no sabés resoldre’l no vol dir que no hàgim de resoldre d’una
vegada per totes. Crec que som aquí.

La veritat és que jo sóc optimista por naturalesa, però
vaig perdent l’optimisme. Al principi de legislatura vam aprovar
—crec que ho recorda l’expositiu de la moció— arran
d’una interpel·lació que jo mateix vaig poder efectuar al ministre
Montoro, una resolució, i la vam aprovar gràcies al Grup Popular,
òbviament, perquè si no hagués sigut pels seus vots no s’hauria
aprovat. En aquell moment s’assumien dos compromisos, es demanaven
dues qüestions al Govern: iniciar la reforma de la Llei de bases i
iniciar la reforma del finançament local, de forma paral·lela i, en tot
cas, tenir una proposta abans del 31 de desembre de 2012. Això no ha
estat possible i el missatge es va modulant.

La reforma de la Llei de bases sí que s’ha iniciat,
la reforma del finançament local, que és el que avui ens ocupa, no
s’ha iniciat i el que havia de ser una reforma prèvia al
finançament autonòmic ara ja és una reforma paral·lela al finançament
autonòmic. Per tant, se’ns vincula finançament local a finançament
autonòmic. D’entrada a mi la música no m’agrada, no té res a
veure el finançament autonòmic amb el finançament local. Ara, pitjor serà
la música si això no avança i, d’aquí a uns mesos, s’insta a
la reforma del sistema de finançament autonòmic i, en canvi, torna a
quedar enrere el sistema de finançament local, qüestió que encara seria
molt més greu. Per tant, crec que s’ha d’afrontar. Miri, tot
el que s’efectuï en la reforma de la Llei de bases de règim local
no tindrà sentit, no tindrà efecte, és més, tindrà un efecte negatiu
sobre els serveis prestats si no va acompanyada d’una reforma del
sistema de finançament local. I això ho hem de tenir absolutament clar. I
totes les mesures que s’han pres fins ara per part del Govern,
mesures que la majoria hem aplaudit i hem agraït, són mesures
conjunturals, mesures —sense que sigui gens pejoratiu— de
pedaç, d’intentar resoldre una qüestió a curt termini: la Llei de
proveïdors, els préstecs ICO, l’ajornament de la devolució de les
liquidacions negatives de la PIE, totes molt bones, però són mesures que
no resolen el problema estructural d’un finançament absolutament
insuficient per part de les corporacions locals.

Jo crec que la moció sí que aporta, i ho ha expressat molt
bé el senador Belloch —i el vull felicitar—, que són grans
línies, línies molt genèriques per generar consensos, i entenc que
l’esmena que presentava el Grup Parlamentari Mixt té algunes
qüestions que poden ser aprofitables, però que no encaixaven realment en
l’essència de la moció. Perquè la moció planteja aquests grans
acords i aquí jo crec que sí que hi ha un consens, més enllà del resultat
de les votacions.

És necessària una reforma del finançament local. Sí. És
necessari que s’efectuï amb consens de les dues grans formacions
polítiques, del municipalisme, de les associacions municipalistes. Sí. És
necessari que aquesta reforma descansi sobre alguns aspectes fonamentals
en què també coincidim. Primer, una reforma, un canvi profund de
l’autonomia tributària. A les corporacions locals han de tenir més
capacitat tributària de la que tenen i exercir-la lliurement. Aquesta jo
crec que és una línia fonamental. També s’ha de reclamar a
diferents nivells de l’Administració, però ha d’existir
corresponsabilitat fiscal, una línia clara entre qui efectua la despesa
pública i qui recapta per efectuar-la. Per tant, és necessari que les
corporacions locals tinguin més capacitat tributària.

Segona línia de consens en l’àmbit de la reforma:
evidentment, la participació en tributs de l’Estat s’ha de
modificar. I segurament s’haurà de ser més generós, perquè si no
els dèficits per ells mateixos no es resolen. S’haurà de ser
generós amb la dotació i canviar també els criteris de repartiment. També
podem coincidir.

Tercera línia: les transferències, més enllà de la
participació en tributs de l’Estat, han de passar de condicionades
i incondicionades. No té sentit —ho hem dit en diferents
ocasions— aquest gran

conjunt de subvencions que presenta cada ajuntament, cada
consell comarcal, cada corporació local al cap del temps. Alguna per
quanties importants, alguna per quanties relativament ridícules.
S’ha d’anar simplificant.

La majoria de transferències tant corrents com de capital
han de ser incondicionades, més genèriques, criteris clars, objectius i
que cada corporació local tingui la decisió de com gastar lliurement i en
què sense la tutela de cap administració superior. I aquí jo crec que
també coincidim.

Una altra qüestió és la que apunten vostès —i jo crec
que hi ha solucions tècniques—, que és el tema de la recuperació de
determinat IVA per part de les corporacions locals. És veritat que
l’exempció, d’acord amb la directiva europea, no es pot
plantejar, però nosaltres hem presentat, jo mateix, alguna fórmula sobre
la qual podríem trobar una solució, que és la de crear un fons, que es
dotaria amb l’IVA pagat per les corporacions locals i que
revertiria una altra vegada a les corporacions locals en funció de la
inversió realitzada, amb la qual cosa sempre hi hauria una
correlació.

Vostès introdueixen també la possibilitat
d’incorporar la despesa social. En podríem parlar perfectament,
però crec que també som dins d’aquestes grans línies de consens.
Per tant, si tenim línies de consens respecte al contingut, hem de
desencallar la forma. Jo la veritat és que a mi no m’importa que la
iniciativa sigui del Grup Socialista, de Convergència i Unió o del Grup
Popular. Ja entenc que qui està governant en aquests moments és el Grup
Popular. Per tant, que la iniciativa surti del Partit Popular, cap
problema. Ara, crec que estem entrant en aquell moment de la legislatura
—estem a punt d’arribar a l’equador de la
legislatura— en què si no ens donem pressa no hi serem a temps i
tornarem a passar una altra legislatura sense haver reformat les hisendes
locals, amb un agreujant: que ara sí que anem a reformar la Llei de
bases. I si reformem la Llei de bases i no reformem la Llei
d’hisendes locals, la situació als ajuntaments a mitjà termini serà
molt pitjor. I, sobretot, la situació dels serveis que prestarem als
nostres ciutadans per part de les corporacions locals també serà molt
pitjor.

En tot cas, felicitats, senyor Belloch. Espero que
prosperi, si no en aquesta ocasió, en alguna altra ocasió.

Gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días. Volvemos a debatir una cuestión
interesante y si lo hacemos hoy es porque no ha sido solucionada aún, y
vaya por delante que van a contar con nuestro apoyo a esta moción.

En todo caso, me gustaría lamentar algunos tópicos que van
reproduciéndose. Ya llevamos unos cuantos meses de legislatura y, como
saben ustedes, yo soy un senador novato, así que he aprovechado estos
meses para realizar una inmersión en los debates de legislaturas
anteriores sobre las cuestiones que me interesaban. La verdad, señor
Sanz, yo le agradezco el tono de hoy —se lo digo
sinceramente—. Podemos discrepar pero el tono ha sido correcto.
Ustedes reprochan al Partido Socialista que cuando gobernaba no
acometiese la reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Pero
en la anterior legislatura el Partido Socialista les ponía a ustedes en
evidencia porque pedían la reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y cuando gobernó el señor Aznar tampoco lo hizo. Y ya no fui más
atrás. Me parece que el señor Belloch en otras intervenciones de esta
legislatura también fue honrado al reconocer que su partido político, su
formación política, no supo solventar este tema. Pero que no supiera
solventarlo no significa que no debamos adoptar una solución definitiva.
Por eso estamos hoy aquí.

Yo soy optimista por naturaleza pero lo cierto es que voy
perdiendo ese optimismo. Al principio de la legislatura aprobamos
—y creo que se recuerda en la exposición de motivos de la
moción—, a raíz de una interpelación que yo mismo pude efectuar al
ministro Montoro, una resolución. La aprobamos gracias al Grupo Popular,
evidentemente, porque si no fuera por sus votos no hubiera sido posible.
En aquel entonces se solicitaban dos compromisos al Gobierno: iniciar la
reforma de la Ley de bases y la reforma de la financiación local. Se
solicitaba hacerlo en paralelo y, sea como fuere, tener una propuesta
antes del 31 de diciembre de 2012. Esto no ha sido posible; no lo ha sido
y el mensaje se va modulando.

La reforma de la Ley de bases sí se ha iniciado, pero la
reforma de la financiación local, que es lo que hoy nos ocupa, no se ha
hecho y lo que tenía que ser una reforma previa a la financiación

autonómica ahora ya es una reforma paralela a esta. Por lo
tanto, se vincula financiación local con financiación autonómica, y esa
es una música que, de entrada, no me gusta porque no tiene nada que ver
la financiación autonómica con la financiación local. Sin embargo, peor
será la música si no avanzamos y dentro de unos meses se insta a la
reforma del sistema de financiación autonómico y, una vez más, queda
atrás el sistema de financiación local, lo que sería aún mucho más grave.
Por lo tanto, creo que debemos afrontar este asunto porque todo lo que se
realice en relación con la reforma de la Ley de las Bases del Régimen
Local no va a tener sentido, no tendrá efecto, es más tendrá un efecto
negativo sobre los servicios prestados, si no va acompañada de una
reforma del sistema de financiación local. Debemos tener esta cuestión
absolutamente clara y que todas las medidas que el Gobierno ha tomado
hasta la fecha, que en su mayoría hemos aplaudido y agradecido, son
medidas coyunturales, medidas —y lo digo sin intención
peyorativa— de parche, para intentar resolver problemas a corto
plazo: la Ley de proveedores, los préstamos ICO y el aplazamiento de la
devolución de las liquidaciones negativas. Repito, todas estas medidas
son muy buenas, pero no resuelven el problema estructural de una
financiación absolutamente insuficiente para las corporaciones
locales.

Me parece que la moción sí aporta, como ha expuesto muy
bien el senador Belloch —a quien me gustaría felicitar—
grandes líneas, líneas muy genéricas para generar consensos, pero
entiendo que la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Mixto,
aunque cuenta con algunos aspectos que se pueden aprovechar, no encaja
realmente en la esencia de la moción, que plantea estos grandes acuerdos.
En este sentido, les diré que me parece que sí existe un consenso, más
allá del resultado de las votaciones.

Es necesaria una reforma de la financiación local, sí; es
necesario que se efectúe desde el consenso de las dos grandes formaciones
políticas, desde el municipalismo y las asociaciones municipalistas, sí;
y es necesario que esta reforma descanse sobre determinados aspectos
fundamentales en los que también coincidimos: en primer lugar, una
reforma o un cambio profundo de la autonomía tributaria. Las
corporaciones locales deben disponer de una mayor capacidad tributaria de
la que tienen hoy en día y ejercerla libremente. Me parece que esta es
una línea fundamental y que también debe reclamarse a otros niveles de la
Administración, pero debe existir esa corresponsabilidad fiscal. Debemos
establecer una línea clara entre el que realiza el gasto público y el que
recauda, para luego poder ejercer ese gasto público. Por tanto, es
necesario que las corporaciones locales dispongan de una mayor capacidad
tributaria.

La segunda línea de consenso en el ámbito de la reforma es,
evidentemente, que la participación en los tributos del Estado debe
modificarse, y seguramente se tendrá que ser más generoso porque los
déficits no se resuelven por sí solos. Tendremos que ser generosos en la
dotación y también cambiar los criterios para repartir esas cantidades, y
en eso podemos coincidir.

En tercer lugar, las transferencias. Más allá de la
participación en los tributos del Estado, estas tienen que pasar de
condicionadas a incondicionadas porque no tiene sentido —como hemos
dicho en múltiples ocasiones— este gran conjunto de subvenciones
que presenta cada ayuntamiento, cada consejo comarcal y cada corporación
local al cabo del tiempo; algunas por importes importantes y, otras, por
cuantías relativamente ridículas. Es decir, que todo esto tiene que
simplificarse.

La mayoría de transferencias, tanto corrientes como de
capital, tienen que ser incondicionadas, más genéricas, con criterios
claros, criterios objetivos, y que cada corporación local tome la
decisión sobre cómo gastar libremente y en qué, sin la tutela de ninguna
Administración superior. En este punto me parece que también
coincidimos.

Otra cuestión que ustedes apuntan —y creo que existen
soluciones técnicas— es la recuperación del IVA, o de determinado
IVA, por parte de las corporaciones locales. Es verdad que, según la
directiva europea, la exención no se puede plantear; pero yo he
presentado alguna fórmula sobre la que sí podríamos encontrar una
solución, que es crear un fondo. Un fondo que se dotaría con el IVA
pagado por las corporaciones locales y que luego revertiría, una vez más,
a las mismas corporaciones, según cual fuera la inversión realizada y
siempre existiría una correlación.

Ustedes introducen también la posibilidad de incorporar el
gasto social. Podríamos hablar de este punto perfectamente, porque me
parece que también estamos dentro de estas grandes líneas de consenso. O
sea, que si existen líneas de consenso respecto al contenido, tenemos que
desencallar la forma. La verdad es que a mí no me importa que la
iniciativa sea del Grupo Socialista

o de Convergència i Unió o del Grupo Popular. Yo entiendo
que quien está gobernando hoy por hoy es el Partido Popular, y no tengo
ningún problema en que la iniciativa salga del Grupo Popular. Pero
estamos entrando en ese momento de la legislatura —a punto de
alcanzar el ecuador de la misma—, en el que si no nos damos prisa
no vamos a llegar a tiempo, y va a acabarse otra legislatura sin haber
reformado la Ley de haciendas locales, con una agravante: que ahora sí
vamos a reformar la Ley de bases. Y si reformamos la Ley de bases y no
reformamos la Ley de haciendas locales, la situación de los ayuntamientos
a medio plazo será mucho peor. Sobre todo los servicios que vamos a
prestar a nuestros ciudadanos desde las corporaciones locales también
serán mucho peores.

En todo caso, felicidades, señor Belloch. Espero que
prospere, si no en esta ocasión, en alguna otra próxima.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Belloch.

El señor BELLOCH JULBE: Señor presidente, señor Sanz, le
agradezco mucho su intervención, que me ha sorprendido gratamente. Se ha
limitado a decir que no, pero no nos ha echado ninguna bronca, lo cual es
francamente de agradecer. (Aplausos.)

El fondo de su intervención para mí es el siguiente: ¿por
qué no aceptar la metodología que propone mi grupo, que dio frutos y
funcionó? ¿Por qué? ¿Por qué no darle el papel que merece la Comisión de
Administración Local? Porque la historia ha demostrado que es posible
llegar al consenso en ese ámbito más fácilmente que con cualquier otro
mecanismo o instrumento. En todo caso, me permitirá una broma. Yo conozco
su brillante carrera política —no las sombras, sino de la mano del
señor Arenas—, pero usted, un ayuntamiento, propiamente hablando,
no lo ha visto. Usted no ha visto un ayuntamiento, no ha sido alcalde, no
ha sido concejal. Es verdad que tiene responsabilidades en el área
municipal en su partido, pero yo me atrevería a decir que es un poco
municipalista de salón, que es otra especie distinta del municipalista
que tiene que estar todos los días bregando con los problemas reales que
se plantean.

La posición global de su partido en esta moción es un poco
complicada. El párrafo primero es transcripción literal de la moción de
2004 presentada por el señor Cabezas; transcripción literal. Solo cambia
el año. ¿Cómo es posible que lo que estaba bien en 2004, y siguió estando
estándolo en 2007, no lo esté ahora? En la segunda parte todos y cada uno
de los puntos son extraídos directamente del informe que aprobó por
unanimidad esta Cámara, solo ha cambiado una cosa de la que, por cierto,
se quejaba una compañera de su partido —creo recordar—, en el
sentido de que en el Gobierno se mantienen posiciones distintas que en la
oposición. En este caso concreto el PSOE no; el PSOE aceptó en 2004 la
moción y, a pesar de estar en el Gobierno, aceptó el informe en 2007.

Pero, dicho eso, yo le propongo un pacto. De acuerdo,
Zapatero no abordó la reforma de la Administración local, sin duda, como
no lo hizo Aznar, como no lo hizo Felipe González, como no lo ha hecho
nadie. Entre tanto, todos los presidentes, de vez en cuando, para que no
se muera el enfermo, nos han dado un paliativo, y ya está. Ese es el
resumen de la historia del municipalismo Dejémoslo ya. No hablemos más
del pasado. Limitémonos a decir que es posible construir futuro. En mi
opinión, esta moción es absolutamente bien intencionada desde el
principio y mantiene la posición que nos parece la más razonable.
Agradezco muchísimo a los grupos que la van a apoyar: al Grupo Mixto, al
Grupo Vasco, a Entesa, al Grupo Catalán, porque considero que todos vamos
en la misma dirección. Si elegimos bien el camino, es posible arreglar el
problema de la reforma local y, consiguientemente, de la financiación
local.

Termino con unas observaciones generales. El otro día, el
senador Anasagasti contestaba a una pregunta o una moción, no recuerdo
bien, que decía que determinados planteamientos, básicamente, al no tener
en cuenta las iniciativas de la oposición, causaban un problema real, en
ocasiones, al propio ministro del ramo. Los asesores parlamentarios
—los conozco, he trabajado en ese campo— siempre están
enmendando la plana en muchas ocasiones al ministro correspondiente. Ese
es un hecho objetivo, y le dejan en mal lugar. En mi caso, pasa con
Montoro. En su comparecencia, además del compromiso que he mencionado,
dijo hasta cuatro veces con toda claridad que eran imprescindibles no
solo las aportaciones del Gobierno sino también las de

los grupos políticos porque así se enriquecía la
democracia. No son palabras literales, obviamente, pero ese era el
mensaje reiterado hasta en cuatro ocasiones, y, después, a la hora de la
verdad, no se acepta prácticamente ninguna moción; las enmiendas
aceptadas caben en una hoja de papel, sobra.

La verdad es que produce un segundo efecto, al que también
aludía el señor Anasagasti, y es que contribuye al desprestigio del
propio Senado. Si resulta que es una Cámara de segunda lectura y no se
hace segunda lectura porque no se aceptan enmiendas, si resulta que es
una Cámara de control y no hay manera de controlar porque jamás se acepta
ninguna aportación, ¿para qué quieren que hagamos cosas? ¿Para qué
quieren que planteemos iniciativas? Perdónenme la broma, ¿para
escracharlas mejor? Si no, ¿cuál es la finalidad de que presentemos
enmiendas que no van a ninguna lado?

Finalmente, hay algo más grave, y es que está en contra de
la dirección que hoy tiene la inmensa mayoría social. Lo que están
intentando Rubalcaba y Rajoy respecto de Europa responde a un mecanismo
profundo, será más o menos útil desde un punto de vista partidario, algo
en lo que yo no entro, pero es evidente que responde a lo que está
deseando el conjunto de ciudadanos del Estado español, que es que en los
grandes asuntos haya acuerdo, y este asunto de la Administración local es
una de esas cuestiones en las que el acuerdo es absolutamente
imprescindible.

Termino con una referencia a lo que entre mis amigos llamo
el síndrome de la mayoría absoluta. Un día, me quejaba profundamente a un
político y municipalista muy veterano, catalán por más señas, de que
llevaba tres legislaturas sin haber obtenido nunca la mayoría absoluta, y
me contestó: Yo solo empecé a tener problemas cuando tuve la mayoría
absoluta. Le pregunte por qué, y su respuesta fue sabia: Porque mientras
no la tenga, cuando no esté de acuerdo con las voces orgánicas de mi
partido diré que la culpa la tiene mi socio, y un buen socio tiene que
asumirlo. El problema es que si tengo mayoría absoluta me quedo solo y
los problemas los tengo dentro del propio partido. Se trata de una
enseñanza municipalista pura, derivada de la experiencia. Pero,
generalizando un poco más, ¿qué pasa con la mayoría absoluta? Yo no sé
qué pasa porque no la he disfrutado, insisto. Pero lo que parece pasar,
visto lo que ocurre, es que de repente, de entrada, los que la detentan
son felices, pero poco a poco se va produciendo una enfermedad, un virus,
como usted quiera llamarlo, que produce un efecto inmediato, un deterioro
progresivo y permanente de una virtud esencial en política, que es la
humildad razonable y, al propio tiempo, sin embargo, va creciendo una
enfermedad muy seria en política, que es la prepotencia innecesaria. Una
buena mañana, se despierta esa feliz mayoría absoluta y se encuentra con
que la mayoría absoluta no es el remedio para evitar ni la soledad
política ni la soledad social, y entre esa soledad y perder las
elecciones hay un paso muy tenue. No lo duden, señorías, las mayorías
absolutas prepotentes tienen los pies de barro.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Belloch.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Sanz.

El señor SANZ CABELLO: Gracias, señor presidente.

Señoría, no voy a entrar en sus alusiones personales porque
me parece un poco atrevido que alguien se suba a esta tribuna a dar
carnés de municipalista o de buen político. Cada uno que presuma de lo
que quiera, es un error querer presumir de muchas cosas pero, sobre todo,
querer dar lecciones cuando detrás, evidentemente, hay un historial,
aunque usted lo llamará bronca. Entiendo que usted se moleste cuando se
menciona el historial del Partido Socialista y que diga que es bronca,
pero es evidente que ustedes no se pueden quitar de en medio su
historial, sobre todo porque lo pagamos los españoles,
lamentablemente.

El problema es que a ustedes cada día se les desinfla más
el globo. Ustedes empezaron en la reforma local a plantear una auténtica
batalla donde decían claramente que corría peligro todo. Creo que cada
vez que es más municipalista el texto que va a salir menos alegrías se
llevan ustedes. De hecho, hoy yo sé que no se alegran —y eso es
lamentable— de que la ley que va a salir de reforma local sea la
única garantía que hoy hay para evitar la desaparición de ayuntamientos.
Ustedes están recorriendo toda España para decir que van a desaparecer
ayuntamientos. Señoría, no se lo inventen. Es mentira. Por tanto, están
jugando a la demagogia.

Ustedes hablan de consenso. Todos los días en esta Cámara
hablan de consenso, pero cuando salen a la calle se dedican a engañar, se
dedican a no contar las verdades de lo que dice la ley. Ustedes no
reconocen que la ley de reforma local es la única garantía para la
calidad de los servicios públicos, para mantener los servicios sociales,
señoría, y para garantizar el empleo local. Esa es la reforma. ¿A qué se
dedican ustedes? Señorías, yo lamento que ustedes no se alegren de que la
ley no vaya a hacer desaparecer ningún ayuntamiento, ¿o es que ustedes lo
querían? Que la ley no va a recortar competencias de los ayuntamientos,
¿o es que ustedes lo querían? No se recortan concejales, señoría, y no
desaparecen linealmente ni mancomunidades ni entidades locales autónomas.
Sin embargo, aunque aquí hablan de consenso luego ustedes recorren los
pueblos diciendo que el PP va a eliminar todos los servicios sociales en
los ayuntamientos. Hay que ser coherente. No se puede venir aquí a hablar
de consenso y en la calle calentar con mentiras como esta. Dicen, además,
que se va a despedir al personal de los ayuntamientos. Dicen que va a
pasar la competencia incluso de los servicios sociales que no
desaparezcan a las diputaciones provinciales. Pero, señor Belloch, ¿dónde
han visto ustedes esto? Esto no aparece en ningún texto. Hay que ser
serios. Cuando aquí se habla de consenso hay que practicarlo de verdad y
hay que demostrarlo con hechos. Los hechos son que ustedes están
engañando a los ciudadanos, que ustedes se inventan leyes que no existen,
que ustedes trasladan un mensaje negativo a la sociedad que no va a
ocurrir. Eso no es voluntad de consenso, señor Belloch. Yo le agradezco
toda su mano tendida, pero su mano tendida hasta ahora es falsa porque
ustedes quieren calentar a los ciudadanos con mentiras tales como que va
a desaparecer todo, que va a llegar el Apocalipsis, que van a desaparecer
todos los empleos y los servicios sociales. Y eso es mentira. No hay ni
un texto de la ley del Gobierno que diga absolutamente nada de eso. Si
usted quiere consenso yo le invito a que ustedes retiren estas campañas
que tienen en estos momentos sobre la mesa y en la calle, campañas que,
además, hablan de retroceso de derechos porque ustedes dicen que se va a
poner en peligro las políticas de igualdad y de la mujer, que es falso.
Por tanto, señor Belloch, si usted dice aquí que ha de haber consenso,
hágalo también en la calle. Siéntese, sobre todo, con el Partido Popular
y negociemos de verdad sacar adelante la reforma. No puede ser que la
actitud del Partido Socialista sea la de jugar a la demagogia y luego
aquí hablar de consenso.

Señoría, yo no hago ningún reproche, pero sí está claro que
hay evidencias. Señor Bel, es verdad que las medidas no resuelven todo el
problema, pero lo que sí está claro es que están haciendo avanzar mucho
la viabilidad económica y la sostenibilidad financiera de las
corporaciones locales. Eso es indudable. No resolverán el problema, pero
el objetivo del déficit se ha logrado reducir dos tercios en un año en
las corporaciones locales. Partíamos del 0,8, el objetivo era el 0,3 y se
ha conseguido, con el esfuerzo de las corporaciones locales, que son las
que lo consiguen, alcanzar el 0,15. ¿Cómo? También con las medidas del
Gobierno. Por tanto, se está avanzando mucho. Y no solo eso, ya en mayo
de 2012 más de 6200 municipios estaban en situación de superávit. Esa no
es la situación que nos encontramos de los 8100 municipios.

Por tanto, es verdad que no lo hemos logrado todo, pero lo
que no se puede decir es que no está haciendo nada y que no se están
tomando medidas por parte del Gobierno, como había que hacerlo.

La diferencia, señor Bel, simplemente, es que antes no se
hacía. Ahora podrá ser todavía insuficiente, pero se está en el camino y
se está haciendo. Y eso es indudable e innegable.

Cuando yo hablo de la historia, no hablo de la historia del
pasado, señor Belloch. Yo hablo del presente también, porque para hablar
de financiación local a las corporaciones locales, hay que dar ejemplo,
señor Belloch. Usted puede plantear aquí una moción, que queda bonita.
Incluso viene aquí y dice: yo soy el hombre que más sabe de esto y,
además, el que más consenso ofrece. Y yo le digo: Pues, muy bien, señor
Belloch. Pero permítame que yo le recuerde que para pedir aquí consenso
y, sobre todo, para exigirle al Gobierno de la nación haga lo mismo al
menos donde usted gobierna. Y esta moción, si quiere, se la manda a los
Gobiernos autonómicos en los que gobierna el Partido Socialista, que es
verdad que cada vez son menos, pero en donde gobiernan fíjese las
consecuencias que tiene para las corporaciones locales. Esto no es un
reproche, sino es una realidad. No es una bronca, señor Belloch, sino que
es decirle que lo que usted dice aquí lo haga en las comunidades
autónomas donde gobiernan. Porque, cuando hablan ustedes de financiación
local, ¿acaso se refiere a lo que ha hecho la Junta de Andalucía, que es
redactar una

ley en el 2010 de creación de un fondo de participación de
las entidades locales, que obligaba a que cada año ese fondo se
incrementara con una dotación de 60 millones? No lo digo yo, lo dice el
artículo 4 de la ley… (Un señor senador del Grupo Parlamentario
Socialista: ¡Mentira!) ¿La ley miente? Artículo 4, dotación del fondo:
los recursos que constituyen la dotación global del fondo alcanzarán los
600 millones de euros. Cada año se incorporarán 60 millones de
euros.¿Saben ustedes qué han hecho en el 2013? Les han quitado a los
ayuntamientos 60 millones de euros.

Usted habla aquí de financiación, y donde gobierna lo que
hace es eliminar la financiación que está garantizada por ley. ¡Ya
veremos qué hace el Gobierno del Partido Popular! Al menos caminamos. Lo
que sí sabemos es lo que hacen ustedes hoy en las comunidades autónomas
en donde gobiernan, que es recortar a los ayuntamientos, 60 millones de
euros en Andalucía.

Pero no solo eso. Practique usted con el ejemplo, señor
Belloch. No puede venir aquí a hablar de financiación local cuando le
debe usted a los ayuntamientos en Andalucía 400 millones de euros que no
les ha pagado. Eso es hundir a los ayuntamientos desde el Partido
Socialista. No se puede venir aquí a hablar de consenso, a hablar de
financiación local cuando ustedes donde gobiernan hunden a los
ayuntamientos no pagando lo que deben, los 400 millones de euros que les
deben. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

El señor SANZ CABELLO: Solamente a las ocho capitales
andaluzas les deben 128 millones de euros, señor Belloch.

Yo le digo que si quiere consenso lo podemos tener, pero
que diga usted a las comunidades autónomas que también apoyen a los
ayuntamientos en materia de financiación autonómica.

Se lo voy a decir con claridad. ¿Sabe usted cuánto han
perdido, en los últimos años, los ayuntamientos andaluces con la política
del Partido Socialista? Se les ha recortado 1413 millones de euros en
tres años. ¿Cómo? Aparte de lo que no pagan, esos 400 millones de euros,
recortando el plan de cooperación municipal en 517 millones de euros.

Usted no puede venir aquí a presumir de financiación local
cuando no paga lo que les debe a los ayuntamientos, cuando incumple la
ley no aportando el fondo destinado y aprobado por ley de 60 millones de
euros anuales que tenía que destinar de más a los ayuntamientos y cuando,
además, recorta el plan de cooperación municipal. Me parece muy bien su
iniciativa pero, por lo menos, empiece por decirle al Partido Socialista
donde gobierna que, si se quiere apoyar la financiación local, se empiece
por dar ejemplo donde se gobierna. Ustedes no dan ejemplo ni cuando
gobernaban España ni donde gobiernan hoy. Por eso, su credibilidad,
aunque a usted le moleste, es muy poca. La credibilidad del Partido
Socialista en este caso es ninguna. Y, desde luego, al menos, podría
reconocer que el avance que se está obteniendo gracias a las iniciativas
del Gobierno es significativo lo cual está planteando un futuro distinto
a las corporaciones locales, el futuro que les garantice la
sostenibilidad y la viabilidad futura, que es el gran objetivo que
tenemos que plantearnos todos.

Por eso, señor Belloch, seguiremos trabajando, seguiremos
avanzando, pero su política de consenso no puede ser una aquí y otra
distinta en la calle. Hagamos que los partidos políticos nos sentemos de
verdad, busquemos ese consenso, y estoy seguro de que la voluntad del
Gobierno será alcanzarlo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario
Socialista, tal y como ha sido presentada.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 237; a favor, 93; en contra, 144.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

7.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

7.1.1. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD
DEL DEPORTISTA Y LUCHA CONTRA EL DOPAJE EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

COMISIÓN: EDUCACIÓN Y DEPORTE

(Núm. exp. 621/000037)

El señor presidente da lectura a los puntos 7., 7.1. y
7.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen,
tiene la palabra la senadora Sáinz, por un tiempo de cinco minutos.

La señora SÁINZ GARCÍA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, el Proyecto de Ley Orgánica que se somete en este
acto a la consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el
procedimiento de urgencia, tuvo su entrada en esta Cámara el día 17 de
mayo de 2013, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales. El plazo de presentación de propuesta de veto y
enmiendas terminó tras ser ampliado el día 23 de mayo de 2013.

A este proyecto de ley orgánica se presentaron 78
enmiendas, distribuidas de la siguiente manera: 15, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario
Mixto; 13, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; 15, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; 18, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; 14, del Grupo
Parlamentario Socialista, y 3, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

La ponencia ha estado integrada por don Ramon Alturo Lloan,
don Emilio Álvarez Villazán, don Francisco José Fernández Pérez, don
Andrés Gil García, doña Rut Martínez Muñoz, doña Coloma Francisca
Mendiola Olarte, doña Amalur Mendizabal Azurmendi y doña María Jesús
Sequera García. En el marco de una reunión de espíritu constructivo la
ponencia emitió su informe el día 28 de mayo introduciendo modificaciones
y enmiendas en el texto remitido por el Congreso de los Diputados. Si
bien la mayor parte tenía un carácter puramente técnico e incluso
gramatical, algunas de ellas recogían aspectos importantes para la
orientación general del proyecto.

La comisión se reunió para dictaminar el día 29 de mayo y
en el curso de un debate distendido y franco, sin perjuicio de que
quedaron de manifiesto algunos aspectos sobre los que los grupos
parlamentarios mantienen discrepancias de fondo, aceptó como dictamen el
texto propuesto por la ponencia en el que se introdujeron nuevas
modificaciones con respecto al texto inicialmente propuesto.

Al hilo del debate hubo oportunidad para incorporar dos
enmiendas transaccionales, una de carácter técnico-legislativo y la otra
relativa a un aspecto sustancial de la ley, basadas en enmiendas de otros
dos grupos parlamentarios.

En general, podemos decir que, en uso de sus funciones
constitucionales, el Senado ha aportado modificaciones de relevancia al
proyecto, que, entendemos, mejoran en apreciable medida su calidad
técnica.

Si me lo permite, señor presidente, quisiera agradecer el
trabajo de todos los miembros de la ponencia y la aportación del letrado
de la Comisión de Educación y Deporte, don Pablo García Mexía, que ha
tenido un papel relevante en todo el proceso de tramitación del proyecto,
todo ello en un trámite desarrollado, como decíamos, con carácter urgente
a fin de permitir que el proyecto esté vigente lo antes posible para
facilitar que Madrid sea elegida sede de los Juegos Olímpicos de 2020,
sin olvidar que, como se recoge en el preámbulo, la ley persigue que
nuestro ordenamiento jurídico se adapte íntegramente a las normas
internacionales de lucha contra el dopaje y representa un avance en la
concepción de la protección de la salud de los deportistas, elemento
fundamental por el que están obligados a velar todos los poderes
públicos.

A este proyecto de ley orgánica se han presentado cinco
votos particulares correspondientes a los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, al Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, al Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, al Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió y al Grupo Parlamentario
Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sáinz.

Comenzamos el debate de totalidad.

Turno a favor. ¿Algún senador desea intervenir?
(Denegaciones.)

No hay turno a favor.

Turno en contra. ¿Algún senador desea intervenir?
(Denegaciones.)

No hay turno en contra.

Pasamos, por tanto, al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Pausa.)

Le correspondería intervenir a la senadora Martínez, pero,
perdone, senadora Martínez, como en el debate de totalidad no ha habido
turno a favor ni en contra, no procede el turno de portavoces. En
consecuencia, pasamos directamente al debate de las enmiendas.

Enmiendas números 1 a 15 del Grupo Parlamentario Mixto
presentadas por los senadores Iglesias y Mariscal.

Para su defensa tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Hemos presentado 15 enmiendas, algunas de carácter
estrictamente técnico a partir del reconocimiento de que en el Congreso
fue posible, y desgraciadamente no es frecuente, acercar posiciones y
alcanzar acuerdos que permitieron enmiendas transaccionales que hacen
innecesario sostener hoy en esta intervención la defensa de un número
mayor de enmiendas. Más allá de esas enmiendas técnicas, las que hemos
formulado plantean garantizar los recursos necesarios para realizar los
controles que están previstos en esta ley. También que, con un ánimo
garantista, para la aprobación de los controles específicos —no los
que con carácter general se programen— sea necesaria una resolución
motivada del director de la Agencia Española de Protección de la Salud
para que se justifique adecuadamente por qué se exige un mayor nivel de
control a determinado deportista o en determinada prueba. Igualmente, que
en los supuestos de comisión de infracciones graves y muy graves la
suspensión de licencia no sea, como la ley prevé, para el deporte en cuya
práctica se dio el positivo en materias susceptibles de ser calificadas
como un caso de dopaje, sino para el conjunto de actividades deportivas
porque entendemos que uno de los valores que debe proteger esta ley, uno
de los valores importantes, es el de la ética deportiva; por lo tanto, se
vulnera ese valor de la ética deportiva y, en consecuencia, la
repercusión de tal vulneración no debe quedarse limitada solo al deporte
en concreto en que esa situación se dio.

Creemos que el segundo objeto de la ley no está
suficientemente reforzado, el de la prevención en materia de salud en la
práctica del deporte y, por eso, las enmiendas defienden que haya
inversiones en las instalaciones deportivas tanto en medios materiales
como en humanos para garantizar un incremento en esta seguridad en la
práctica del deporte, no solo en las pruebas de competición, sino también
en el deporte no competitivo.

Defendemos que los reconocimientos médicos sean practicados
a través del Sistema Nacional de Salud y que se extiendan a los
deportistas no federados. Igualmente, creemos necesario para llevar a
cumplimiento hasta el último término las exigencias y objetivos de la ley
que las administraciones y federaciones puedan consultar el listado de
deportistas sancionados —de alguna manera, la lista negra de
deportistas sancionados— porque, en la práctica, si no, se dan
situaciones y circunstancias en las que por desconocimiento de la
existencia de esas sanciones se está permitiendo la participación en
pruebas de deportistas sancionados.

Finalmente, creemos que la obligación lógica que se
establece, fijando un plazo para ello, de adaptación de los estatutos de
las federaciones estatales a los contenidos de la ley debiera extenderse
también a las federaciones autonómicas.

Dejo para el turno de portavoces otras consideraciones.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha presentado las
siguientes enmiendas: de la 31 a la 34 y de la 36 a la 43.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Ahora sí, señor presidente,
muchas gracias.

El Grupo Vasco ha presentado un total de trece enmiendas a
este proyecto de ley, una más de las que presentó en el Congreso. Cabe
decir que en el Congreso no fueron admitidas ni una sola de las enmiendas
que presentó mi grupo parlamentario allí, y hemos incorporado una
enmienda que tengo que agradecerle al señor letrado, Pablo Ruiz, puesto
que ha consistido realmente en incorporar una de sus consideraciones
técnicas —yo entiendo que bastante bien traídas— y darle
formato de enmienda, que a su vez ha sido incorporada ya por la ponencia,
por lo cual tengo que agradecérselo también al resto de los miembros que
han participado en ella.

Decía que hemos presentado en total trece enmiendas, todas
y cada una de ellas relativas, una vez más, al ámbito competencial. Y es
que la Comunidad Autónoma del País Vasco, a tenor del artículo 10.36 del
Estatuto de Autonomía, tiene competencia exclusiva en materia deportiva.
Si bien es cierto que el preámbulo de esta ley pretendía darle un cierto
toque de protección de la salud de los deportistas o de la salud pública
seguramente para que la regulación cayese bajo el paraguas de la
normativa básica aplicable a los temas de salud pública, lo que no es
menos cierto es que al final el texto íntegro de la ley cae en el ámbito
de la regulación deportiva y, por lo tanto, es competencia exclusiva de
la comunidad autónoma vasca. Y no solamente es lo que dice el Estatuto,
sino también la tradición legislativa que tiene ya el Parlamento vasco en
esta materia. Son varias las leyes vascas que han regulado el ámbito
deportivo. La primera de ellas, de 1988, hacía referencia a la cultura
física y al deporte, y no regulaba en modo alguno el dopaje deportivo.
Pero la de 1998 vino precisamente a subsanar esta carencia, y ese año se
aprobó una normativa que incorporaba medidas significativas de lucha
contra el dopaje.

Con el tiempo, por desgracia, el deporte ha venido a
presentar nuevos problemas vinculados al dopaje, y también ha sufrido
grandes transformaciones organizativas y normativas, incluso en el ámbito
internacional; cambios que han motivado la necesidad de cambiar la ley.
Me explicaré. El deporte ha estado tradicionalmente estructurado en torno
a las federaciones deportivas, mientras que buena parte de los eventos
deportivos tienen lugar hoy en día al margen de dichas federaciones
deportivas y, por lo tanto, al margen de la normativa que regula el
comportamiento de estas entidades deportivas. No existía hasta ahora
—al menos en el caso de la comunidad autónoma vasca— una
normativa que regulase el comportamiento que deben tener en las
competiciones deportivas las entidades diferentes de las federaciones.
También ha habido cambios en las prácticas de dopaje. Si bien el dopaje
ha sido siempre reprobable desde un punto de vista de la ética del
deporte, como comentaba antes el senador Iglesias, hay que añadir a ello
que últimamente se está convirtiendo en un problema que pone en riesgo el
deporte y a los deportistas. Y más, desde que las últimas prácticas de
dopaje han puesto al descubierto la existencia de amplias tramas
organizadas con fuertes intereses de carácter económico.

El marco jurídico también ha sufrido cambios notables. En
el año 1999 tuvo lugar la primera Conferencia Mundial sobre el Dopaje en
el Deporte, que supuso una auténtica revolución a la hora de abordar la
problemática del dopaje, ya que establecía por primera vez la necesidad
de mecanismos de cooperación entre los poderes públicos y las
organizaciones deportivas. Así nació la Agencia Mundial Antidopaje,
financiada ex aequo por el COI y los Gobiernos. En el año 2003, esta
Agencia Mundial Antidopaje publicó el Código Mundial Antidopaje y una
serie de estándares complementarios de carácter internacional que venían
a complementarlo, que constituyeron el embrión de lo que en el año 2005
aprobó la Unesco y que todos conocemos como Convención Internacional
contra el Dopaje en el Deporte, que fue ratificada por la mayoría de los
países de nuestro entorno y que es en la que encontramos la inspiración
tanto de la ley del año 2006 como de la que vamos a aprobar hoy.

También Euskadi quiso hacerse partícipe de esta nueva forma
de entender la lucha contra el dopaje en el deporte, ya que en Euskadi se
dan numerosas competiciones deportivas internacionales, estatales,
autonómicas, con participación de deportistas, clubes y federaciones de
todos estos ámbitos. Por eso, en el año 2012, hace apenas un año, el
Parlamento vasco aprobó una nueva ley contra el dopaje en el deporte que
incorpora ya estas novedades jurídicas que he mencionado, inspiradas
todas ellas por la Agencia Mundial Antidopaje. Esta ley viene a regular,
de acuerdo con lo establecido por la Agencia Mundial Antidopaje y por la
Unesco, la prevención, el control y la represión del dopaje, sin
perjuicio de los derechos y libertades fundamentales de los

deportistas y demás personas que intervinienen en las
competiciones deportivas. Y regula también el ámbito sancionador de las
actividades deportivas no federadas.

Y entramos ya a analizar las enmiendas que ha presentado mi
grupo. Este es el marco en el que tenemos que entender las enmiendas que
presenta mi grupo. No es que no estemos de acuerdo con el proyecto de
ley, sino que lo que queremos hacer es mejorarlo, y entendemos que hay
que mejorarlo incidiendo sobre todo en el ámbito competencial. Euskadi
tiene competencias exclusivas en materia de deporte y entendemos que esa
exclusividad tiene que tener reflejo en el proyecto de ley. (La señora
vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.) No en vano, en
marzo de este mismo año, la comisión bilateral constituida por la
Administración vasca y por la Administración central del Estado llegó a
un acuerdo, a un convenio, al que además se hace referencia en el
proyecto de ley —hemos conseguido incorporarlo por medio de la
enmienda transaccional que hemos aprobado—, que reconoce el ámbito
competencial vasco y el de la Agencia Vasca Antidopaje en la colaboración
con otros organismos estatales e internacionales en la lucha por el
objetivo común, en la lucha contra el dopaje. Valoramos positivamente que
se hayan aprobados estas dos enmiendas transaccionales, pero nos habría
gustado que se incorporasen las restantes, porque todas ellas vienen a
incidir en la misma cuestión: la defensa del ámbito competencial vasco y
su encaje en este proyecto de ley orgánica. Se han aprobado las enmiendas
relativas al artículo 8, que es el que regula el ámbito competencial de
las comunidades autónomas en el marco de esta ley, pero otras se han
quedado fuera. Nos habría gustado que se tuviesen en cuenta las enmiendas
que hemos presentado a la primera parte del articulado, donde se regula
la nueva agencia antidopaje. Entendemos que las comunidades autónomas no
tienen que estar presentes en un órgano consultivo creado al margen de
esta agencia, sino en su propio órgano de gobierno. Eso habría sido bueno
para luchar contra el dopaje, porque habría favorecido que aquellos que
realmente están llevando a cabo los controles pertinentes para luchar
contra el dopaje pudieran participar en el ámbito regulatorio de la
propia agencia. En definitiva, las trece enmiendas que ha presentado
nuestro grupo tienen como finalidad mejorar el proyecto de ley presente y
favorecer la clarificación de dónde reside la competencia de desarrollo
de la propia ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, de la 16 a la 30.

Tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.

Las enmiendas que presentamos el senador Saura y yo son
idénticas a las que ha presentado el senador Mariscal Iglesias, y esto
responde a que en el Congreso formamos parte del mismo grupo, la
Izquierda Plural. Por lo tanto, no voy a repetir los argumentos del
senador Iglesias para justificar sus enmiendas. Quiero hacer referencia,
o obstante, aunque él también lo ha haya hecho, a un paquete de seis
enmiendas que vienen a preguntar cómo puede ser que un deportista
sancionado solo resulte sancionado en el deporte en el que sufrió la
sanción. Proponemos que, si un deportista es sancionado, lo sea para
ejercer cualquier deporte. Sé que no es frecuente, pero existen
deportistas que practican diferentes deportes como federados, y sería un
contrasentido sancionar a un deportista o a una deportista en una
determinada federación y para un deporte determinado y que pudiera
reaparecer en otro. La verdad es que no le encuentro demasiado sentido.
Si algún portavoz del Grupo Parlamentario Popular puede explicármelo,
tanto mejor.

Con todo, este proyecto de ley tuvo en su tramitación en el
Congreso un nivel de acuerdo inimaginable en comparación con otros
proyectos de ley, por lo que hay cierto nivel de satisfacción en mi
grupo, que lo votará a favor.

Gràcies, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, de la 61 a la 64 y de la 67 a la 78.

Tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, senyora
presidenta. (El señor Maldonado i Gili inicia su intervención en
catalán)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señor
Maldonado…

El señor MALDONADO I GILI: Perdón, eso de pensar en
catalán…; a veces, cuesta hacer el cambio.

Decía que comparezco en nombre de Convergència i Unió, para
defender las enmiendas que quedaron vivas en la comisión. Y la verdad que
es una comparecencia testimonial porque, visto lo visto, creemos que todo
quedará como estaba.

Convergència i Unió presentó 18 enmiendas, una de las
cuales tenemos el honor de que se haya aceptado. Pobre balance. De todos
modos, como hasta el último minuto del partido se puede marcar algún gol,
vamos a intentarlo. No con ánimo de ganar el encuentro, ni siquiera con
el de empatar; sino con el ánimo de no perder por goleada, como hasta
ahora. Una vez más, el rodillo del PP ha funcionado. Esta vez es rodillo
deportivo, pero rodillo. Por ahora, resultado del partido: 18-1. Triste y
realmente pobre balance.

Voy a defender mis enmiendas con el ánimo de convencer al
equipo contrario —no al enemigo, al equipo contrario: al Partido
Popular— con ánimo de que esta ley obtenga más apoyos y más
consensos. Hace un momento, la portavoz, María Jesús Sáinz, con su tono
amable y con su savoir faire, nos decía dos cosas importantes: que todas
las enmiendas que se habían presentado eran técnicas y que había habido
un ambiente distendido y franco. La verdad es que el ambiente solo ha
servido para que aprobaran casi nada, pero es cierto que las enmiendas
son técnicas, e insisto en ello: esta es una ley técnica y, por tanto,
nuestras enmiendas son técnicas; no corresponden al ámbito político, sino
que son de mejora técnica de la ley. En nombre del fair play y con ánimo
de conseguir que se apruebe alguna enmienda más, voy a referirme a
algunas de ellas.

La 61 es una enmienda de mejora técnica que pide
básicamente un tratamiento inmediato, frente a los eventos, de los
problemas cardiovasculares y respiratorios. Es un tema que nos preocupa
mucho, porque ha afectado a muchos deportistas.

En la enmienda 62 pedimos la participación de las
comunidades autónomas en función de su techo competencial, puesto que el
texto que traen al Pleno no respeta las competencias propias de las
autonomías; es el caso de Cataluña.

En la enmienda 63 simplemente pedimos una corrección
léxica: que la denominada Agencia Española Antidopaje pase a denominarse
Agencia Estatal Antidopaje. Sería lo más lógico, ya que España es un
Estado autonómico, y lo dejamos patente. Intentamos reflejar la realidad
territorial que tanto parece preocupar al PP.

La enmienda 64 es también de ámbito competencial. Dadas las
competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de
deporte, pedimos que conste que deben —no pueden, deben—
estar representadas en el órgano de dirección.

La enmienda 65 es de modificación y en ella se pide que las
comunidades autónomas puedan, previa solicitud, llevar a cabo los
controles de dopaje, mediante convenio con la Agencia Española Antidopaje
o la federación internacional responsable. Una vez más, pedimos el papel
que les corresponde, sobre la base de sus competencias, a las comunidades
autónomas y a las federaciones internacionales. Creo que se aprobado in
extremis una transaccional en esta línea. Si fuera así, la nuestra podría
resultar un añadido. Seguimos pidiendo llevar a cabo los controles, con
el visto bueno de la Agencia Española Antidopaje, lógicamente.

La enmienda 66 amplía el concepto de control de dopaje y
añade una referencia a la protección de la salud de los deportistas. Solo
es un añadido, pero, ni por esas; no se han aceptado ni pequeños añadidos
de denominación.

La número 67 es una enmienda de modificación y de
aclaración. Querríamos que se dijese: en el ámbito objetivo establecido
en el apartado siguiente. Se trata básicamente de aclarar el concepto y
de evitar diferencias de interpretación o controversias en su aplicación
competencial. Tampoco se ha aceptado.

Con la enmienda 68 intentamos adaptar el texto a lo que
establece el informe del Consejo General del Poder Judicial. Fíjense
bien: hay un informe del Consejo General del Poder Judicial que dice que
un texto debe atenerse a la necesaria proporcionalidad entre fines y
medios, en el

marco de los derechos fundamentales, ya que —como
dice el mismo informe— los controles antidopaje constituyen una
medida restrictiva de los derechos individuales de los afectados.

La número 69 es de adición en la que añadimos: «previa
audiencia del afectado». Con ello queremos evitar que se produzca una
indefensión del deportista. Es verdad, como ha dicho el senador Guillot,
que hay que acorralar al tramposo; que, si deja de jugar en una
modalidad, no pueda practicar otra modalidad federada; estamos totalmente
de acuerdo en ello. Pero también es verdad que la presunción de inocencia
tiene que estar presente en todos los ámbitos de la vida, también en el
deporte. Ha habido muchos deportistas que han sido acusados y que no han
tenido posibilidad de defenderse hasta pasado mucho tiempo, y que han
sido absueltos; han sufrido indefensión. Por tanto, lo de «previa
audiencia del afectado» es un añadido que pedimos, como digo.

La número 70 es de adición. Del mismo modo que se prevé en
el párrafo segundo un régimen de rectificación que se extiende a otros
ámbitos distintos del internacional, solicitamos que se regule la
obligación de comunicación en el supuesto de que la autorización provenga
de un organismo autonómico. Seguimos con lo competencial.

La enmienda número 71 es de modificación, y pretende que,
ante la posible suspensión de la licencia federativa del deportista, esta
suspensión esté vinculada a la apertura del juicio oral o al auto de
transformación a procedimiento abreviado, y no únicamente al comienzo de
la instrucción. Pretendemos, pues, que se rectifique el texto.

La número 72 pide que no se incluya ni al Comité Olímpico
ni al Paralímpico en la lista de sujetos legitimados para recurrir ante
el Tribunal Administrativo del Deporte, porque estas dos instituciones ya
cuentan con su procedimiento: están legitimadas para recursos relativos a
deportistas de nivel internacional interpuestos ante el Tribunal Arbitral
du Sport.

En la enmienda número 73 pedimos la participación de las
comunidades autónomas en un plan —se habla de un plan— sobre
la base de sus competencias. Una vez más, pedimos respeto
institucional.

Enmienda número 74. Quiero resaltar la importancia de esta
enmienda que pretende dar juego a una figura importantísima en el deporte
y en la salud del deportista: el especialista en medicina deportiva; una
especialidad permanentemente olvidada y en peligro de desaparecer
—no en esta ley, pero sí en otras—. Aprovechamos la ocasión
para reivindicar la figura del especialista en medicina deportiva. Esta
enmienda pretende dar juego a la presencia del médico especializado en
medicina deportiva.

La número 75 es de mejora técnica, y propone efectuar
reconocimientos médico-deportivos con carácter previo a la expedición de
licencias federativas. Con ello avanzaríamos en la prevención de muchas
dolencias de los deportistas. Esta ley, aparte de luchar contra la trampa
del dopaje, está dirigida a proteger la salud del deportista. Por tanto,
los reconocimientos médico-deportivos previos permitirían que algún
deportista que no sabe que tiene un problema de salud que quizá le impida
practicar su deporte recibiera un aviso que evitara problemas graves.

Le enmienda número 76 es una adicional nueva. Consideramos
que debe quedar claro que todas las disposiciones previas de la ley se
entenderán siempre —dicho entre comillas, con mayúsculas y en
negrita—: sin perjuicio de las competencias exclusivas de las
comunidades autónomas y de la capacidad de las federaciones deportivas
autonómicas —también olvidadas en esta ley—, como entidades
privadas que son para integrarse en las correspondientes federaciones
deportivas internacionales para representar sus respectivos ámbitos. El
artículo 134 del Estatut de Catalunya establece que la Generalitat de
Catalunya tiene competencia exclusiva en materia de deporte; de ahí
nuestra enmienda.

En la número 77 se le pide al Gobierno que dicte, en el
plazo de seis meses, cuantas disposiciones de carácter reglamentario
exija el desarrollo de la presente ley. Creemos que debe marcarse un
plazo para que esta ley sea operativa, dado que hemos encontrado muchas
lagunas en su texto y, con el desarrollo de la ley a través de un
reglamento, algunas —aunque no todas— se podrían paliar.

La número 78 pretende una modificación, por medio de la
disposición final cuarta, para que el artículo 84 desarrolle la creación
de un comité administrativo del deporte. Proponemos la denominación de
comité, porque creemos que es más adecuada.

Nada más, señorías. Muchas gracias. En este ambiente
distendido y franco del que hablaba la portavoz del Partido Popular, les
pido fair play, de modo que, en la prórroga del partido, nos

acepten más enmiendas. Son enmiendas técnicas, sin
connotación alguna, ni partidista, ni política. Básicamente, son
enmiendas que quieren mejorar la ley, que quieren que sea respetuosa
institucionalmente y votable para este grupo desde el punto de vista
competencial. Nada le haría más feliz a mi grupo que votar una ley que
habla de proteger la salud del deportista, pero quiere hacerlo con
garantía del respeto institucional y competencial.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Enmiendas del Grupo Socialista, de la 44 a la 55 y 57. El
senador Gil tiene la palabra.

El señor GIL GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, teniendo en cuenta que este es un proyecto de ley
que llega al Senado aprobado ya por el Congreso y, por lo tanto, con un
amplio grado de acuerdo, la intención del grupo al que represento, el
Grupo Parlamentario Socialista, es la de presentar aquí 13 enmiendas con
el objetivo de mejorar en lo posible este proyecto de ley y, por qué no
decirlo también, de intentar hacer buena la capacidad que tiene esta
Cámara como Cámara de segunda lectura. Aunque sabemos que el objetivo que
pretendemos es difícil, intentaremos al menos —el senador Maldonado
utilizaba antes un símil futbolístico— disputar la carrera hasta el
último metro, aunque sepamos que no vamos a llegar los primeros. Vamos,
pues, a disputarla.

Con estas enmiendas queremos evitar ciertas imprecisiones
de la ley. Evitar, por ejemplo, la desaparición del Comité Español de
Disciplina Deportiva. O evitar la desaparición de la Junta de Garantías
Electorales, al integrar sus funciones en las del Tribunal Administrativo
del Deporte. Ya manifestamos en comisión nuestro alto grado de acuerdo
con que el objetivo de la nueva ley sea establecer un nuevo marco
jurídico integral de la acción de la Administración General del Estado
para la protección de la salud de nuestros deportistas. Estamos de
acuerdo, por tanto, en situar la lucha contra el dopaje en el deporte
dentro de la protección general de la salud de quienes realizan cualquier
actividad deportiva. Tras haber llegado a los acuerdos básicos y
fundamentales de esta ley, como sus fines y sus objetivos, pretendemos
ahora que el final de la tramitación se haga también con el mayor grado
de consenso posible de todos los grupos de la Cámara y que queden claras,
por ejemplo, las cuestiones relativas a las competencias territoriales de
las comunidades autónomas que han citado portavoces anteriores y que para
mi grupo también son una cuestión importante. Por lo tanto, con nuestras
trece enmiendas pretendemos mejorar en lo posible el texto de este
proyecto de ley y hacer buena la capacidad de esta Cámara como Cámara de
segunda lectura.

En primer lugar, manifestamos nuestro voto favorable a
todas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto,
Izquierda Unida y por Entesa, así como a las enmiendas 31, 32, 33 y 42
del Grupo Parlamentario Vasco, que creemos que mejoran el texto en esta
materia que señalaba del ámbito competencial. Igualmente, a las enmiendas
61 a 66, 68, 69, 73, 74, 75 y 78 de Convergència i Unió, también sobre el
ámbito competencial.

Respecto a nuestras enmiendas, en la número 44 proponemos
que en todo el proyecto de ley se sustituyan las referencias al Tribunal
Administrativo del Deporte por el actual Comité Español de Disciplina
Deportiva, ya que entendemos que no se justifica suficientemente la
sustitución que se propone y que bastaría con una sección específica
dentro del comité, como se preveía en el proyecto de ley del año
2011.

Planteamos que en el párrafo segundo del artículo 7.3 se
añada que las ligas profesionales formen parte del órgano de dirección de
la agencia. Porque entendemos que, aun siendo entidades privadas,
realizan una función muy importante en el deporte y, por tanto, deben
participar en este órgano colegiado.

Lo que pretendemos con la enmienda número 46, al artículo
7.8, es asegurar —y quiero subrayar la importancia de este
asunto—, en la designación de los miembros de los órganos de la
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, el cumplimiento
del principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres. Queremos que
se haga sin excepciones.

Con la enmienda número 47, al artículo 8, proponemos una
simple mejora técnica. Queremos solamente simplificar la regulación que
el artículo efectúa sobre las competencias y facultades de las
comunidades autónomas en esta materia con un mejor ajuste de las
previsiones que una ley estatal como esta puede llevar a cabo respecto de
aquellas.

Mi grupo quiere, sobre todo, asegurar que en la realización
de controles se garantice —y no solo se procure, como se
dice— la adecuada conciliación de los derechos fundamentales de los
deportistas y de las necesidades materiales de la Agencia Española de
Protección de la Salud en el Deporte. Proponemos, además, que se
garantice que los controles que se vayan a hacer a los deportistas sean
realizados por médicos o personal sanitario cualificado, ya que no queda
suficientemente claro en el texto, y es muy importante. En la enmienda
número 50, al último párrafo del artículo 15.3, pedimos que se
especifique que la necesidad de respetar los derechos fundamentales en
los controles se refiera también a la recogida de muestras.

También planteamos eliminar el párrafo que dice que el
período de suspensión será por un mínimo de un año y un máximo de dos,
por considerarlo reiterativo. Asimismo, proponemos, en la enmienda número
52, al artículo 33.6, que se suprima el segundo párrafo del artículo, ya
que entendemos innecesaria la precisión de que la agencia pueda
solicitarle al juez que traslade el correspondiente tanto de culpa a la
propia agencia tan pronto como tenga conocimiento de la posible
existencia de una infracción administrativa en materia de dopaje. Además,
lo consideramos poco respetuoso con las potestades del Poder Judicial.

Respecto a las enmiendas presentadas a la disposición
adicional cuarta, planteamos que se mantenga, tanto la Junta de Garantías
Electorales, porque entendemos que sus funciones no deben ser
transferidas al Tribunal Administrativo del Deporte por no ser un órgano
idóneo para llevar a cabo las mismas, como el Comité Español de
Disciplina Deportiva; sin perjuicio —eso sí— de que las
funciones previstas en la ley pudieran ser acometidas por alguna sección
específica del mismo.

En la enmienda que planteamos a la disposición final
cuarta, que modifica la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte,
proponemos una modificación del apartado 1 del artículo 84 de la
mencionada Ley del Deporte, teniendo en cuenta el dictamen del Consejo de
Estado que acompaña al proyecto de ley y que señala que las competencias
de la Junta de Garantías Electorales no encajan en la materia Disciplina
Deportiva, tal y como la define el artículo 73 de la Ley del Deporte. (El
señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) A falta de
ese encaje, no parece que pueda considerarse al tribunal un órgano
adecuado para sustituir a la Junta de Garantías Electorales.

Por último, planteamos que se fije una vacatio legis de dos
meses, tal como señala también el dictamen del Consejo de Estado, para
hacer posible la plena y efectiva aplicación de la ley.

Estas enmiendas presentadas a un proyecto ampliamente
consensuado ya en el Congreso de los Diputados, como he dicho al
principio, no pretenden sino mejorar este proyecto de ley que está
reclamando el mundo del deporte y la sociedad española en su conjunto,
para incrementar la lucha contra ese mal, esa lacra que es el dopaje en
el mundo deportivo. Sin duda, el objetivo de todos los que estamos aquí
es evitar que se repitan en nuestro país los penosos casos que se han
dado últimamente, desde el caso Contador hasta la «operación puerto».
Queremos evitarlo por todos los medios y creo que en eso coincidimos
todos los grupos, sin fisuras. No puede haber sitio en nuestro deporte
para los tramposos ni para las tramposas, tampoco para los ventajistas,
bajo ningún concepto, triquiñuela o enjuague de ningún tipo. Queremos,
sí, que la marca España en el deporte, además de una marca limpia y
defendible en todo el mundo, sea un estímulo y un ejemplo para la mayoría
de los deportistas de este país, que son los deportistas de base, desde
quienes sacan la bicicleta los domingos hasta los que se ponen las
zapatillas todas las mañanas, llueva, nieve o haga frío, para salir a
correr. Creemos que para ellos una ley que garantice el juego limpio de
nuestros deportistas de élite es francamente importante.

Por último, queremos dar plenas garantías para que todos
los deportistas honrados de este país, que son la mayoría, puedan ir con
la cabeza muy alta, vayan al lugar que vayan.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Fernández.

El señor FERNÁNDEZ PÉREZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, me
corresponde explicar nuestra posición en este turno en contra de las
enmiendas presentadas por los grupos políticos a este proyecto de
ley.

En total, se presentaron setenta y ocho enmiendas, de las
que se aprobaron cuatro en ponencia, las números 58, 59, 60 y 66; se
transaccionaron dos, las números 35, del Grupo Vasco, y la 65, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado; el Grupo Parlamentario Socialista
retiró la enmienda número 56; y, por tanto, en este momento quedan vivas
cincuenta y seis enmiendas.

El Grupo Parlamentario Mixto presentó quince enmiendas,
formuladas por los señores Iglesias y Mariscal. Estas enmiendas son las
mismas que presentó Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados y que
allí no fueron aceptadas.

No podemos aceptar las enmiendas números 1 y 2 porque la
protección de la salud en el deporte afecta a muchos ámbitos
—sociales, deportivos y jurídicos— no solo públicos sino
también de naturaleza privada.

Las enmiendas números 3 y 5 son redundantes porque tanto
los convenios como la agencia ya tienen que contar siempre con la
correspondiente dotación financiera.

La enmienda número 4, al artículo 19.4, es reiterativa
puesto que ya se prevé en el artículo 19.6.

Las enmiendas números 6, 7, 8, 10 y 11 piden que las
sanciones a las que sean condenados los deportistas infractores lleven
aparejadas también la suspensión de licencia para cualquier deporte. Esto
excede del ámbito objetivo de la infracción y no se halla recogido en el
Código Mundial Antidopaje actual ni en los textos revisados que serán
previsiblemente aprobados en diciembre de este año. La aprobación de esta
suspensión significaría que un deportista sancionado —por ejemplo,
un ciclista— no pudiese jugar como aficionado al golf o practicar
la caza, porque se exige una licencia federativa para poder realizarla, a
pesar de que no tiene nada que ver con su actividad ni con su
sanción.

La enmienda número 9 propone una supresión en el artículo
23.2.a), pero entendemos que la redacción del proyecto de ley aclara con
mayor precisión el precepto y además está en plena concordancia con el
Código Mundial Antidopaje.

En la enmienda número 12, al artículo 42, piden más medios
económicos, pero, de aceptarse, se estaría vulnerando el modelo
constitucional de autonomía financiera de las comunidades autónomas.

En la enmienda número 13 solicitan que los reconocimientos
médicos a todos los deportistas se hagan en el ámbito de la sanidad
pública, lo cual es financieramente inasumible para la Administración
sanitaria, se colapsarían los servicios y se financiarían con dinero
público de los ciudadanos actividades de carácter privado.

En la enmienda número 14 proponen un nuevo apartado en el
artículo 54 referido al ámbito de la publicidad de los deportistas
sancionados, lo que ya está recogido en el artículo 39.9.

En la enmienda número 15 proponen incluir a las
federaciones deportivas autonómicas a la hora de adaptar los estatutos y
reglamentos federativos. No se puede aceptar porque este proyecto de ley
ya define claramente cuál es su ámbito objetivo y subjetivo.

El Grupo Parlamentario Vasco presentó a este proyecto de
ley las enmiendas números 31 a 43. Un grupo de estas enmiendas, en
concreto las números 31 a 33, 36, 37 y 39 a 42 plantean cuestiones de
tipo competencial con respecto a este proyecto de ley, que entendemos que
es totalmente respetuoso con la ley vasca, por lo que rechazamos estas
enmiendas.

Con respecto a la enmienda número 34 se acaba de llegar
ahora mismo a un acuerdo en una transaccional.

La enmienda número 38 no puede aceptarse, ya que la
planificación de los controles no puede ni debe limitarse a los
realizados en competición, y si se acepta esta enmienda se podría privar
a la Agencia Española Antidopaje de la posibilidad de planificar la
realización de controles de dopaje fuera de competición.

Finalizando ya con las enmiendas presentadas por el Grupo
Vasco, la número 43 propone que se extienda el acceso de los datos de los
expedientes disciplinarios a las personas interesadas. No se puede
aceptar porque la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administración
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, prevé expresamente la
legitimación de los interesados en cualquier procedimiento administrativo
donde se diriman sus intereses.

Con respecto al Grupo Parlamentario Entesa, quiero
agradecer el tono positivo y constructivo de la senadora Sequera en
ponencia y en comisión.

Las enmiendas que presenta el Grupo Mixto son las mismas,
como bien dijo el señor Guillot, que presentó Izquierda Unida; por lo
tanto, me van a permitir que las dé por respondidas.

El Grupo Catalán en el Senado Convergència i Unió presenta
a este proyecto de ley las enmiendas números 61 a 79. Se aprobó una de
sus enmiendas en ponencia, proponiéndole tres transaccionales, aceptando
solamente la transacción de la enmienda número 65, como ya dije
anteriormente.

La enmienda número 61 propone el término «reconocimiento
médico deportivo», que entendemos es menos amplio que el de
«reconocimiento médico» que figura en la redacción del proyecto de ley y
que es aplicable a todos los ámbitos de la salud de la persona, no solo
al ámbito deportivo. En la misma enmienda proponen sustituir
«enfermedades cardiorrespiratorias» por «eventos cardiovasculares
respiratorios». Pensamos que técnicamente está mejor la redacción
original que la propuesta en la enmienda.

Las enmiendas números 62, 64, 67 y 76 plantean cuestiones
competenciales que realmente creemos que ya quedan recogidas en el
proyecto de ley en su redacción original.

En la enmienda número 63 ustedes proponen que se sustituya
el nombre de «Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte»
por el nombre de «Agencia Estatal…». Entendemos que es una ley
española, al igual que el proyecto de ley, que cuando acabe su
tramitación será una ley española.

Las enmiendas números 68 y 70 son una redundancia. Lo que
proponen ya viene recogido en el propio proyecto de ley.

La enmienda número 69 no se puede aceptar, pues tiene que
quedar reflejada la posibilidad extraordinaria de realizar controles por
sorpresa, por lo que si se acepta esta enmienda, quedaría sin efecto la
posibilidad de realizar los citados controles sorpresa, lo cual sería
contrario al acuerdo del Código Mundial Antidopaje. Lo mismo ocurriría si
aceptásemos la enmienda número 72, por lo que nos vemos en la obligación
de rechazar ambas.

En la enmienda 71 se solicita que no tenga efecto la
supresión hasta que no se realice el juicio. Precisamente, la finalidad
del artículo 33 es que un deportista no pueda seguir compitiendo una vez
que se inicia un proceso penal contra él.

En relación con la enmienda 73, se les ofreció una
transaccional que no fue aceptada por el grupo enmendante, por lo que no
se puede aceptar la enmienda tal como fue propuesta.

Respecto a las enmiendas números 74 y 75 nos parece más
correcta la redacción actual del proyecto de ley que la que proponen
ustedes, pues emplea un término mucho más amplio y correcto.

La enmienda número 77 solicita marcar un plazo de seis
meses para el desarrollo de la ley.

La disposición final tercera ya habilita al Gobierno para
dictar todas las disposiciones para el desarrollo de esta ley.

Por último, en relación con la enmienda número 78, creemos
que el cambio de denominación de «tribunal» para seguir manteniendo el de
«comité», justificando que el término de «tribunal» debe quedar
circunscrito solamente a ámbitos jurisdiccionales, creemos que no es así.
Para el término de dopaje es más correcto el vocablo «tribunal»; además,
existen numerosos organismos cuya denominación es la de tribunal y no
tienen naturaleza jurisdiccional, como el Tribunal de Defensa de la
Competencia o el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales.

En relación con las enmiendas que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista, quiero agradecer a los senadores Álvarez
Villazán y Gil García su turno en positivo, tanto en ponencia como en
comisión.

Con relación a las enmiendas presentadas, he de decir que
fueron trece: de la 44 a la 57, retirando ellos la número 56.

Las enmiendas números 44, 53, 54 y 55 las podemos agrupar,
pues en ellas piden que se mantenga el Comité Español de Disciplina
Deportiva y la Junta de Garantías Electorales en lugar del Tribunal
Administrativo del Deporte. Entendemos que este nuevo órgano que se crea
es más independiente y eficaz, pues se concentran los dos ámbitos de
justicia deportiva en uno solo, con lo que se disminuye el número de
vocales y, además, el trabajo de la Junta de Garantías Electorales está
muy reducido a épocas puntuales de elecciones en procesos
federativos.

En la enmienda número 45 piden que se incluyan también las
ligas profesionales. No es posible incluirlas porque son organizaciones
de ámbito privado.

Con respecto a la enmienda número 46, al artículo 7.8, que
hace referencia a la composición de los organismos de protección de la
salud en el deporte en función de la Ley de igualdad entre

mujeres y hombres, he de decir que la redacción del citado
artículo es exactamente la de la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres.

En la enmienda número 47, al artículo 8, proponen una nueva
redacción. La prevista en el proyecto de ley de este precepto es
coherente con el sistema de distribución competencial previsto en la
Constitución y demás leyes.

La enmienda número 50, al artículo 15.3, hace referencia al
respeto de los derechos de los deportistas en la realización de la toma
de muestras de los análisis. No se acepta, pues la realización de la toma
de muestras ya viene definida en la ley dentro del procedimiento de
control de dopaje, que ya prevé la plena garantía para los derechos de
los interesados.

Las enmiendas números 49 y 51 no se aceptan, pues en ambas
la redacción prevista es más coherente con lo ya previsto en el Código
Mundial Antidopaje, así como en las legislaciones más avanzadas en la
lucha contra el dopaje en países de nuestro entorno.

La enmienda número 48 solicita incluir en el artículo 11.1,
párrafo tercero, la expresión «garantizando». Creemos que es redundante,
pues el precepto contempla perfectamente la garantía y el respeto de los
derechos de los deportistas.

Y finalmente, con relación a la enmienda número 57, en la
que piden que la ley entre en vigor a los dos meses de su publicación,
entendemos que no hay razones objetivas para ampliar el plazo ordinario
de la vacatio legis. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Señorías, creo que he contestado pormenorizadamente a todas
las enmiendas presentadas. Espero que el tono constructivo que hubo tanto
en ponencia como en comisión y que está habiendo en el Pleno tenga un
reflejo en el respaldo mayoritario que den sus señorías al presente
proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

La exposición de motivos del proyecto insiste en la
pretensión de responder a la necesidad de adaptación de la normativa
española a las exigencias de la Convención Internacional contra el Dopaje
en el Deporte, de la Unesco, y también a las exigencias del Código
Mundial Antidopaje, de obligado cumplimiento a partir de esa convención
internacional de la Unesco.

Pero no podemos cerrar los ojos a una realidad, la de que
hubiera o no esta normativa de carácter internacional. La situación que
se ha vivido en el deporte español de competición en los últimos años
exige una intervención contundente, por la credibilidad de nuestro país
—algún portavoz ha hecho referencia a la marca España— y
también por la credibilidad de nuestros deportistas.

Hace ya nueve años, Jesús Manzano declaró que en España
había barra libre en el ciclismo con la hormona del crecimiento. En 2007
el presidente de la Unión Ciclista Internacional dijo que el dopaje
sanguíneo es más común en España que en el resto de los países.
Literalmente cito: «El gran problema que tenemos con el dopaje y el
ciclismo viene de España. Parece haber cierta desgana para limpiar
completamente el problema en España».

En 2008, un médico de un equipo ciclista francés manifestó:
«Está admitido, salvo por las autoridades españolas, que España es la
plataforma de dopaje europeo para todos los deportes». En 2010 se vivió
el caso Contador, y Armstrong y David Millar hace unas pocas semanas
extendían el fenómeno del dopaje en España no solo al ciclismo sino
también al tenis, al fútbol, al atletismo y al baloncesto.

La reciente sentencia de la Operación Puerto suscitó
críticas internacionales, desde el organismo antidopaje de Gran Bretaña a
la Agencia Mundial Antidopaje y a la prensa internacional, de forma muy
amplia. Necesitamos una respuesta eficaz a un problema real en el que lo
más importante no es algo coyuntural, conseguir la olimpiada para Madrid
—mi grupo, desde distintas perspectivas, tiene reservas al
respecto—, sino garantizar una práctica del deporte de competición
en nuestro país ética y saludable. Pero no nos quedemos en el análisis ni
en la respuesta exclusivamente en la figura del deportista, vamos a
decir, corrupto, del deportista tramposo. Reflexionemos sobre el marco
general y social en el que se mueve el deporte. Veamos si las

raíces en las que nace el fenómeno del dopaje no son más
profundas y si no responden a un sistema económico que convierte al
deportista en mercancía; una mercancía capaz de generar plusvalías aun a
costa de deteriorar su propia salud. Mientras no seamos capaces de
cambiar esta función y este papel del deporte, mucho me temo que por más
normas que aprobemos, por más sanciones que pretendamos imponer, siempre
habrá a quien le compense el riesgo, porque el beneficio económico que él
puede alcanzar y el que puede generar para su entorno de patrocinadores,
equipos y demás es lo suficientemente goloso como para que merezca la
pena el riesgo. Mientras siga habiendo esas cifras multimillonarias de
fichajes, traspasos y demás, habrá, seguro, quien esté dispuesto a hacer
trampa.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo desde el escaño simplemente para hacer una
matización al señor portavoz que ha hecho referencia a nuestra enmienda
al artículo 19.1. Ha dicho que nuestra enmienda ponía en algún momento en
duda la capacidad de planificación de los controles antidopaje de la
Administración central del Estado. En ningún momento es así. De hecho,
buena parte de nuestras enmiendas de carácter competencial que mencionaba
yo antes querían discernir cuál es el ámbito subjetivo y cuál es el
objetivo de aplicación de la ley, precisamente para facilitar que la
lucha antidopaje se pueda hacer de una forma coordinadas y complementaria
y en ningún momento redunde en perjuicio de la lucha contra el dopaje. Es
evidente que la interpretación de la enmienda que han hecho ustedes
difiere de la que hacemos nosotros.

Brevemente voy a posicionar a mi grupo parlamentario
respecto de este proyecto de ley. En el Congreso votamos en contra
fundamentalmente porque entendimos que el Grupo Parlamentario Popular no
hizo ningún esfuerzo por asumir algunas de nuestras enmiendas e
incorporarlas al texto normativo, con esta voluntad de mejora con la que
nosotros planteamos las enmiendas. La incorporación aquí, vía
transaccional, de dos de nuestras enmiendas al proyecto de ley lo que
hace es integrar, dentro del cuerpo normativo de la ley, los contenidos
del acuerdo alcanzado en la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, firmado el pasado mes de marzo. En ese sentido, nosotros,
evidentemente, apreciamos el esfuerzo que se ha hecho, esta vez sí, en el
Senado —para variar— para incorporar las enmiendas de este
grupo al proyecto de ley, y lo valoramos en su justa medida. Por lo
tanto, anunciamos que, sin perjuicio de que sigamos reclamando todavía el
ámbito competencial que nos corresponde en virtud de nuestra competencia
exclusiva en materia deportiva, vamos a variar el sentido de nuestro voto
y nos vamos a abstener en su votación definitiva en el Senado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Aunque compartimos el objetivo del anteproyecto de ley de
lucha contra el dopaje, no es menos cierto que la tramitación de esta ley
ha sido de una forma apresurada, por urgencia y sin participación del
sector afectado, lo que da una impresión de improvisación constante.

De todas formas, tras el análisis del texto, queda claro
que se persiguen dos objetivos básicos. En primer lugar, cumplir los
compromisos adoptados bajo la ratificación de la Convención Internacional
contra el Dopaje en el Deporte, así como adaptar íntegramente el
contenido del Código Mundial Antidopaje y, en segundo lugar, reunir las
condiciones óptimas para facilitar que Madrid sea la futura sede de los
Juegos Olímpicos 2020.

Pero es justo recordar que partimos de una regulación sobre
la materia que nace en un ámbito donde no existía ninguna regulación
sobre el dopaje en el deporte, básicamente a partir de la

Ley 7/2006 de Protección de la Salud y de Lucha Contra el
Dopaje en el Deporte y toda una relación de reales decretos y
resoluciones que regulan la materia. También quiero recordar que en
octubre de 2011 se inició el trámite parlamentario para la modificación
de la Ley 7/2006 y su adaptación al Código Mundial Antidopaje, pero que,
tras la disolución de las Cortes, se quedó en las puertas de ser
aprobado.

Vaya por delante nuestro deseo de que Madrid sea la sede
olímpica en 2020 y, si es necesario, de modificar la Ley de 2006 con la
finalidad de que se abarquen todos los compromisos recogidos en el código
o aprobados por la Convención Internacional contra el Dopaje en el
Deporte, y si ello contribuye a tener más posibilidades de que Madrid sea
la elegida, mejor que mejor. También esperamos el mismo empeño por parte
del Gobierno para que se lleven a cabo otros acontecimientos deportivos
como, por ejemplo, el más reciente, que serán los Juegos del Mediterráneo
2017. Pero no puede quedar en un simple trámite. Debemos creer en las
medidas que establecemos en el texto y ser impecables, contundentes y
rotundos en su aplicación. El cumplimiento del texto que se presenta debe
ser ejemplarizante tanto para los deportistas actuales como para los
futuros, porque no es justo que, por culpa de unos casos aislados,
nuestros deportistas estén a nivel internacional constantemente bajo
sospecha así como la imagen de nuestro país. Por lo tanto, esta norma
persigue ensalzar a aquellos que basan sus logros y sus esfuerzos en la
constancia y en el trabajo duro, que al final producen sus frutos, y que
generalmente son la mayoría de nuestros deportistas. Esta ley debe
motivar a esos deportistas que se preparan de forma limpia, sin que se
sientan amenazados por las malas prácticas de aquellos que burlan el
sacrificio y el esfuerzo.

Lamento que no se hayan aceptado las enmiendas que
pretenden garantizar el ámbito competencial de las comunidades autónomas
que tienen transferidas las competencias exclusivas en materia de
deporte. Con ello el Partido Popular viene a demostrar la postura que
mantiene ante una realidad territorial del Estado.

Como el texto es una modificación para la adaptación de los
criterios de uniformidad a nivel mundial de la lucha contra el dopaje en
el deporte por parte de los 191 Gobiernos y las 570 organizaciones
deportivas que ratifican el código en la Conferencia General de la
Unesco, manifestamos nuestro apoyo como muestra de nuestro deseo de
conseguir ser un país que garantice la honestidad en el deporte en
igualdad de condiciones y aplicando esta ley de forma contundente.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.

El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, president.

Comparezco como portavoz de deporte de Convergència i Unió
para anunciar el voto de mi grupo parlamentario, que será de abstención,
y mucho que lo siento. Comparezco también para hacer una reflexión en voz
alta sobre una ley muy importante para el deporte español.

Señorías, a este portavoz, apasionado del deporte, nada le
podría satisfacer más que votar a favor de una ley que pretende, entre
otros objetivos, proteger la salud del deportista; luchar contra el
dopaje, es decir, contra el juego sucio y las trampas; proyectar en el
mundo una imagen del deporte español como un deporte limpio y alejado de
situaciones, no muy lejanas, que nos hicieron enrojecer y proyectaron una
mala imagen deportiva del Estado español.

Quiero dejar claro que la Madrid olímpica necesita todos
los instrumentos que precisa cualquier ciudad olímpica, y con esta ley
Madrid los tendrá. Es una ley importante y, por tanto, nos alegramos de
que se apruebe, aunque nos entristece que se apruebe con el contenido con
el que se va a aprobar.

Podríamos añadir muchas connotaciones a esta ley que
motivan nuestra abstención: debería ser una ley consensuada; debería
aprobarse por unanimidad, porque si algo falla, si una ley no se aprueba
unánimemente es porque tiene lagunas; es una ley que nace coja, y voy a
intentar explicarlo. Pero antes, por un deber de obligada cortesía,
quiero agradecer a mi compañera, la senadora Eva Parera, su labor previa
en la comisión intentando convencer al Grupo Parlamentario Popular que
aceptara nuestras enmiendas que, como han visto, de dieciocho solo han
aprobado

una. Y aprovecho este capítulo para agradecer también al
secretario de Estado, Miguel Cardenal, su predisposición a escuchar a
nuestro grupo; no sé si con este agradecimiento le hago un favor o un
flaco favor, pero es cierto que la actitud del Consejo ha sido de
escuchar.

En el poco tiempo que tengo voy a radiografiar esta ley,
sobre todo sus déficits. Convergència i Unió se abstendrá por varias
razones. Una, por una falta de voluntad de consenso del Grupo
Parlamentario Popular; repito, de dieciocho enmiendas solo se ha aprobado
una, por tanto, sorprende la poca voluntad de este grupo de intentar
conseguir la unanimidad. Dos, por invasión competencial; Cataluña tiene
competencias exclusivas en deporte y sanidad, y nuestras enmiendas
intentaban subsanar esta invasión competencial. Tres, un tema tan de
cajón como enmendar el léxico, pidiendo que en lugar de «agencia
española» se dijera «agencia estatal», pero nada, cuando Cataluña es un
Estado plural, y también lo es deportivamente hablando. Y vemos que esto
se reitera. Señorías, actitudes como esta, de invasión competencial, de
no respeto competencial son las que hacen que en Cataluña haya un
desapego cada vez más grande hacia España, que cada vez seamos más los
independentistas, porque no se respeta lo que en su día se pactó, unas
competencias, un respeto territorial, un respeto a la identidad, que
también se debe reflejar en el deporte.

Pero no solo nos preocupa el tema competencial, la verdad
es que en este redactado también nos preocupan otros aspectos, por
ejemplo, las lagunas en los controles, en la toma de muestras y en los
análisis. Estamos debatiendo una ley que afecta a derechos fundamentales
de muchos deportistas y no entrar a fondo en aspectos como estos es
incomprensible, y más cuando en algunos momentos puede haber procesos
abiertos. Tampoco se preservan los derechos fundamentales, como el de
audiencia. También creemos que es importante que se vincule la suspensión
de la licencia federativa del deportista a la apertura de un juicio oral
que inicie y agilice el trámite.

La falta de tiempo no me permite ahondar más en las lagunas
o déficits de la ley, por tanto solo voy a decir que Madrid quiere unos
juegos olímpicos, que esperamos tenga; que Cataluña quiere los Jocs
d´Hivern para Barcelona y el Pirineo; y que Tarragona quiere unos
juegos del Mediterráneo 2017. Unos eventos tan importantes bien
merecerían una unanimidad que hoy el Partido Popular y el Gobierno no
obtendrán porque no han conseguido ese consenso que se pedía.

Quiero terminar diciendo, señorías, que también encontramos
otros déficits —y quiero que conste en acta—, como la falta
de referencia a las federaciones deportivas. En Cataluña las federaciones
deportivas catalanas forman parte, junto con los clubes, de su tejido
deportivo, y también —aparte de esta falta de presencia y
referencia de federaciones deportivas, tanto autonómicas como
estatales— quiero decir que encontramos una falta de presencia de
la medicina deportiva. El médico especialista en medicina deportiva tiene
mucho que decir en la prevención de la salud y del dopaje.

Para terminar —no quiero alargarme más—, quiero
decir que esta ley también ha de ser un clamor, una proclama de la
limpieza del deportista. Esta ley es para las minorías, para unos pocos.
A los deportistas les pasa como a los políticos, que la gente se cree que
porque haya…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor MALDONADO I GILI: Acabo enseguida.

La gente se cree que porque haya políticos tramposos, lo
son muchos, cuando son pocos, y deportistas tramposos también son pocos.
La inmensa mayoría de los deportistas son transparentes y limpios, y esta
ley pretende darles un instrumento para que el deportista y sus familias
no sufran algunas situaciones que se han dado en el Estado español.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Álvarez Villazán.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señor presidente.

Señorías, la verdad es que aunque el proyecto de ley que
estamos tramitando no tiene demasiadas novedades porque, como todos
ustedes saben, adapta nuestra legislación al Código Mundial Antidopaje
que entró en vigor poco después de haberse aprobado en nuestro país la
Ley Orgánica 7/2006, de protección de la salud y de lucha contra el
dopaje en el deporte, no vamos a

negar que incorpora aspectos importantes para la salud y la
lucha contra el dopaje en el deporte. Quizá uno de los aspectos más
positivos que incorpora es tratar el dopaje no como el elemento central
de la ley, sino como un elemento más del sistema de protección de la
salud de los deportistas, considerándolo incluso como una enfermedad que
habría que erradicar, ya que no solamente afecta al juego limpio y a la
dimensión ética del deporte, sino que pone en peligro la propia salud de
los deportistas. Sin embargo, consideramos que en el articulado no
quedaba suficientemente claro ese objetivo que pretendía conseguir, y por
ello presentamos una serie de enmiendas, que ya se han comentado aquí
suficientemente, con varios objetivos. Pretendíamos mejorar la redacción
del texto, eran propuestas a veces técnicas; pretendíamos también
garantizar el respeto a las competencias autonómicas; y pretendíamos que
ese objetivo de considerar el dopaje no como un elemento central, sino
como dentro de la salud, quedase garantizado. Lamento que no se nos hayan
aceptado. Pero hablando de la redacción del texto, quiero agradecer el
informe impresionantemente bueno que realizó el letrado de la Comisión de
Educación y Deporte, y que nos ha facilitado mucho la tarea.

Pero, sin duda, el aspecto más negativo de este proyecto
está en la tramitación por la vía de urgencia, como ya se ha señalado
aquí. Esto ha impedido que hayan podido comparecer para explicar su
postura los propios deportistas, las federaciones y personalidades
expertas en el mundo del deporte. Y si es cierto que se ha realizado con
determinada celeridad para no perjudicar las aspiraciones a conseguir la
candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos del 2020, también lo es que
se podría haber hecho de otra forma si el grupo mayoritario, el Grupo
Popular, hubiese aceptado partir de un punto que ya se había comenzado
con el proyecto de ley que el anterior Gobierno socialista había dejado
prácticamente cerrado en 2011 con la aprobación y el consentimiento de la
Agencia Mundial Antidopaje y que sencillamente por haber adelantado las
elecciones no se pudo aprobar. Quizá el Partido Popular, embriagado por
su mayoría absoluta, ha preferido realizar una ley absolutamente nueva
para poderse atribuir el mérito total, sin tener en cuenta que hubiera
sido también conveniente aceptar ese trabajo previo realizado que
realmente era bueno.

No obstante, no vamos a negar que el proyecto pretende algo
que todos queremos, que es conseguir una mejora del sistema de control y
de las garantías de protección de la salud frente al dopaje deportivo, y
que el fin es lograr que en todos los países haya los mismos niveles de
protección que eviten situaciones de desigualdad en la práctica
deportiva, sobre todo de competición. Y solo por estas razones, a pesar
de que no se nos hayan admitido las trece enmiendas que hemos mantenido
vivas hasta este momento, digo que solo por estas razones el Grupo
Socialista votará a favor este proyecto. Porque queremos que jamás el
éxito y la salud de nuestros y nuestras deportistas se vean dañados por
la lacra del dopaje, como ha ocurrido en los últimos años y
recientemente. Porque queremos que la mayoría de los deportistas y las
deportistas que compiten con limpieza y que nos llenan de orgullo con sus
éxitos jamás se vean perjudicados ni bajo sospecha por la práctica
intolerable de una minoría que hace trampas recurriendo al dopaje para
ganar. Y porque queremos evitar que pueda haber sentencias como la de la
operación Puerto, que nos avergüenza a todos como país al comprobar que
no es posible conocer el nombre de todos los implicados que pueden quedar
impunes a pesar de haber claros indicios de que han participado en esas
condenables prácticas tramposas para triunfar o para intentar
triunfar.

Señorías, hoy vamos a aprobar este proyecto de ley porque
queremos que se apruebe con la misma amplia mayoría con la que se aprobó
la Ley de 2006, porque todos estamos de acuerdo con el fin y todos
estamos de acuerdo con las medidas que se proponen para conseguirlo. Y
seguramente que algunas de sus señorías piensan que no tiene nada que ver
lo que voy a decir ahora, pero sí quiero decirlo: me gustaría, señores
del Partido Popular, que tomen nota y entiendan que este mismo
procedimiento que hoy va a dar un resultado de aprobación
mayoritaria…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: …de este proyecto de ley
—termino, señor presidente— lo podrían aplicar ustedes a la
tramitación de otro proyecto importantísimo que tenemos entre manos, como
es el proyecto de mejora de la educación. Si realmente los objetivos
—que son mejorar la educación— los queremos todos y si
realmente las medidas que proponen son las que todos queremos para
mejorar esa calidad de la educación, seguramente, señorías, que podríamos
aprobarlo entre todos con la misma unanimidad con que se va a aprobar hoy
este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez
Villazán.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Mendiola.

La señora MENDIOLA OLARTE: Muchas gracias, presidente.
Buenos días, señorías.

En primer lugar, quiero expresar la satisfacción de mi
grupo parlamentario por el compromiso de la mayor parte de los grupos
parlamentarios e incluso de los que no la van a apoyar con su voto
afirmativo pero que creemos que comparten con nosotros el objetivo que
persigue esta ley.

Esta ley que hoy vamos a aprobar parte de un criterio
fundamental, y es que no nos podemos limitar a la mera lucha contra el
dopaje. La novedad es una visión integral de la protección de la salud en
el deporte según la cual el dopaje es fundamentalmente una amenaza para
la salud de los deportistas, para la competición, para el juego limpio y
para la propia dimensión ética del deporte.

Señor Maldonado, usted ha pintado aquí esta mañana un
panorama muy negro de la ley que no tiene nada que ver con la realidad, y
flaco favor le hace con esto al deporte español, pero también le hace un
flaco favor al deporte catalán.

Mucho se ha hablado aquí de competencias y esta ley es
respetuosa con las competencias autonómicas, es respetuosa con las
competencias nacionales y también es respetuosa con los compromisos
internacionales. La norma reconoce expresamente las competencias de las
comunidades autónomas y respeta escrupulosamente el esquema de
distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas,
de hecho el Consejo de Estado no ha planteado ninguna observación sobre
la afectación competencial.

Senadora Martínez, me satisface muchísimo que se haya
conseguido alcanzar en esta Cámara ese punto de encuentro que ha
permitido que el Grupo Vasco cambie el sentido de su voto y no vote en
contra de este proyecto de ley.

Era necesario legislar, armonizar y homologar nuestro
ordenamiento. El sistema normativo de España no se adaptaba a las
exigencias de la Convención Internacional contra el Dopaje en el
Deporte.

Señor Álvarez, le guste o no, como en tantas ocasiones y
como en tantas cosas, ustedes en la pasada legislatura no cumplieron, y
no cumplieron con los deportistas ni con el deporte, y no nos adaptaron a
las exigencias de la Convención Internacional contra el Dopaje. El
Gobierno del Partido Popular no es que haya querido hacer una ley que sea
nuestra ley, como usted dice, ni colgarnos ninguna medalla, sino que lo
que ha visto ha sido la necesidad de presentar una nueva ley que no
solamente sea una mera ley de reforma de la Ley Orgánica 7/2006, como
ustedes planteaban, sino una ley que aborde con coherencia el problema
del dopaje en su conjunto y por supuesto sin los problemas técnicos que
el Consejo de Estado apreció en el anteproyecto de ley de Zapatero.

A España se la señalaba como a un país poco contundente en
la lucha contra el dopaje y ahora empezamos a tener el reconocimiento
internacional de que por fin se está haciendo lo que se debe. Señorías,
desde que no gobierna Zapatero las cosas en España se hacen mucho mejor.
(Rumores.—Aplausos.) No se enfaden, no se enfaden, que no lo dice
solamente esta senadora. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

La señora MENDIOLA OLARTE: Prueba de ello es que los
responsables de la Agencia Mundial Antidopaje, y en concreto su director
general, David Hoffman, criticaba la actitud del anterior Gobierno
español y, sin embargo, elogió los pasos dados por el actual Gobierno de
Rajoy y públicamente dijo que las cosas son ahora mucho mejor de lo que
eran.

La ley es novedosa y pionera; es pionera en la lucha contra
el dopaje y en el juego limpio y, lo que es más importante, pionera
también en la protección de la salud del deportista, ya que se constituye
un nuevo modelo de protección de la salud en el deporte, tanto en la vida
activa del deportista como cuando finaliza la actividad. Se dan muchas
más competencias a la Agencia Española del Deporte; muchas más
competencias, con más independencia, con más relevancia y con más
protagonismo. Así pues, podemos destacar como novedad que va a ser la
propia agencia la que lleve a cabo los controles.

Se refuerza la colaboración y el intercambio de información
con las comunidades autónomas, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, con las autoridades judiciales y con las agencias nacionales de
otros países; colaboración que es importantísima, como importantísimo es
que sea posible la entrega de pruebas que estén en el procedimiento penal
para que se pueda continuar con expedientes administrativos. Con esta
ley, señorías, no hubiera sido posible la sentencia insuficiente e
insatisfactoria de la operación Puerto.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora MENDIOLA OLARTE: Acabo ya, señor presidente.

Y no se hubieran quedado desprotegidos los deportistas que
compiten limpiamente. Y estos, señorías, son los que se merecen que les
demos una protección real.

Hoy aprobamos una ley que sitúa a España entre los Estados
más avanzados en la protección de la salud de los deportistas y en la
lucha contra el dopaje, lo que debe ser una gran satisfacción para todos
nosotros.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mendiola.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de este proyecto
de ley. A continuación, entraremos en el debate del siguiente Proyecto de
Ley de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. En
primer lugar, como es lógico, en el debate de las propuestas de veto y,
en el caso de terminar este debate antes de las cuatro de la tarde, no se
procederá a la votación de los vetos hasta pasadas las cuatro.

Pasamos a votar las enmiendas del actual proyecto de
ley.

En primer lugar, enmiendas de los senadores Iglesias y
Mariscal, números 1 y 2, del Grupo Mixto.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 233; a favor, 72; en contra, 146;
abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, las enmiendas números 3, 4, 5, 9 y
12.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 234; a favor, 87; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 y
15.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 234; a favor, 72; en contra, 160;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, las enmiendas del Grupo
Parlamentario Vasco. La enmienda número 34 soporta una transaccional y la
votaremos al final. Votamos ahora las números 31, 32 y 33.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 234; a favor, 88; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 42.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 235; votos emitidos, 233; a favor, 30; en contra, 202;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 36 a 41 y 43.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 235; votos emitidos, 233; a favor, 22; en contra, 210;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de la Entesa,
comenzando por las números 16 y 17.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 232; a favor, 72; en contra, 145;
abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 18 a 20, 24 y 27.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 235; votos emitidos, 233; a favor, 87; en contra, 145;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 21 a 23, 25, 26 y 28 a
30.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 235; emitidos, 233; a favor, 72; en contra, 159; abstenciones,
2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Comenzamos votando las números 62 y 64.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 234; a favor, 29; en contra, 203;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 63.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 235; votos emitidos, 233; a favor, 19; en contra, 210;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas números 61, 68, 69, 73
y 74.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 235; votos emitidos, 234; a favor, 86; en contra, 147;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 71 y 72.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 234; a favor, 20; en contra, 211;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 67 y 77.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 234; a favor, 21; en contra, 146;
abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 70 y 76.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 234; a favor, 19; en contra, 212;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 75 y 78.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 234; a favor, 86; en contra, 147;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Comenzamos
votando las números 44, 53 y 54.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 234; a favor, 69; en contra, 147;
abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 45.

Se inicia la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 234; a favor, 66; en contra, 160;
abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 46, 48 a 52 y 55 a 57.

Se inicia la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 234; a favor, 82; en contra, 146;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 47.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 232; a favor, 67; en contra, 158;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos finalmente la propuesta de modificación sobre la
enmienda número 34 del Grupo Parlamentario Vasco, con número de registro
42825 y firmada por todos los grupos parlamentarios.