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DS. Senado, Pleno, núm. 45, de 13/12/2012
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3454




PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO
MÁRQUEZ


Sesión núm. 23


celebrada el jueves, 13 de diciembre de 2012


ORDEN DEL DÍA


2. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


2.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


2.1.1. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE UN MES.


Comisión: Presupuestos


(Núm. exp. 621/000019)


2.1.2. Proyecto de Ley de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios (procedente del
Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA.


Comisión: Economía y Competitividad


(Núm. exp. 621/000021)


2.1.3. Proyecto de Ley de medidas fiscales para la
sostenibilidad energética. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


Comisión: Industria, Energía y Turismo


(Núm. exp. 621/000022)


2.1.4. Proyecto de Ley por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas
y al impulso de la actividad económica. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA.


Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas


(Núm. exp. 621/000023)


2.1.5. Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de
transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad
Social.


Comisión: Justicia


(Núm. exp. 621/000018)










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SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.


2. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


2.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


2.1.1. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE UN MES.
(Continuación.)


Comisión: Presupuestos


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Continúa el debate del articulado.


Sección 31 (Gastos de diversos ministerios). No ha sido
objeto de enmiendas.


Sección 34 (Relaciones financieras con la Unión Europea).
No ha sido objeto de enmiendas.


Sección 35 (Fondo de contingencia). No ha sido objeto de
enmiendas.


Sección 36 (Sistema de financiación de Entes
territoriales). No ha sido objeto de enmiendas.


Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).


El señor Iglesias Fernández da por defendidas las enmiendas
números 522 y 523, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente
presentadas por el señor Martínez Oblanca. El señor Bruguera Batalla da
por defendida la enmienda 1011, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya. El señor Navarro Andreu defiende las enmiendas
números 1250, 1659 a 1668 y la vuelta al texto remitido por el Congreso
de los Diputados en lo modificado por el dictamen de la comisión. En
turno en contra hace uso de la palabra el señor Ibarrondo Bajo. En turno
de portavoces intervienen los señores Martínez Oblanca, por el Grupo
Parlamentario Mixto; Navarro Andreu, por el Grupo Parlamentario
Socialista, e Ibarrondo Bajo, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).


El señor Quintero Castañeda da por defendida la enmienda
número 658, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por
los señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar. El señor Medina Tomé
defiende las enmiendas números 1669 a 1675, del Grupo Parlamentario
Socialista. En turno en contra hace uso de la palabra el señor Mateu
Istúriz. En turno de portavoces intervienen los señores Quintero
Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; Medina Tomé, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Mateu Istúriz, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Aguas de la Cuenca del Ebro S.A. (acuaEbro).


El señor Fidalgo Areda defiende las enmiendas números 1937
a 1943, del Grupo Parlamentario Socialista. En turno en contra hace uso
de la palabra la señora Pons Vila. En turno de portavoces intervienen la
señora Pons Vila, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Aguas de las Cuencas del Norte, S.A. (acuaNorte).


El señor Iglesias Fernández da por defendida la enmienda
número 248, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por
los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes. En turno de
portavoces intervienen el señor Fidalgo Areda, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y la señora Pons Vila, por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.


Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (acuaMed).


El señor Iglesias Fernández da por defendida la enmienda
número 249, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por
los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes. El









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señor Fidalgo Areda defiende las enmiendas números 1944 a
1947, del Grupo Parlamentario Socialista. En turno de portavoces
intervienen la señora Pons Vila.


Corporación de Radio y Televisión Española, S.A.


En turno de portavoces intervienen la señora Elorriaga
Psarik, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.


El señor Iglesias Fernández da por defendidas las enmiendas
números 250 a 255, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente
presentadas por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes. El
señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas números 659 y 650, del
Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores
Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar. El señor Fidalgo Areda da por
defendidas las enmiendas números 1676 a 1678, del Grupo Parlamentario
Socialista. En turno en contra hace uso de la palabra el señor Mateu
Istúriz. En turno de portavoces interviene el señor Mateu Istúriz.


Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A.
(SEIASA).


El señor Fidalgo Areda defiende las enmiendas números 1948
y 1949, del Grupo Parlamentario Socialista. En turno de portavoces
interviene la señora Pons Vila.


Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte
Terrestre, S.A. (SEITTSA).


El señor Iglesias Fernández da por defendidas las enmiendas
números 256 y 257, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente
presentadas por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes. El
señor Martí Jufresa defiende las enmiendas números 1012 a 1014 y 1165,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. El señor Becana
Sanahuja defiende las enmiendas números 1679 a 1690, del Grupo
Parlamentario Socialista. En turno de portavoces interviene el señor
Mateu Istúriz.


Fundación para la proyección internacional de las
Universidades Españolas (Universidad.es).


El señor López García da por defendida la vuelta al texto
remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por el
dictamen de la comisión, del Grupo Parlamentario Socialista.


Preámbulo. No hay intervenciones.


2.1.2. Proyecto de Ley de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios (procedente del
Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA.


Comisión: Economía y Competitividad


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La señora Jiménez García, vicepresidenta de la comisión,
presenta el dictamen.


El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas números
1 a 11, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 21
a 31, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Sabaté Borràs defiende las enmiendas números 42 a
52, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Vilajoana i Rovira expresa su pésame por el
fallecimiento en el día de ayer del exsenador don Lluís Maria de Puig
Olive, y defiende las enmiendas números 12 a 20, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió.









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El señor Lerma Blasco, tras manifestar también su pésame,
defiende las enmiendas números 32 a 41, del Grupo Parlamentario
Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Aroca
Sáez. Asimismo expresa sus condolencias por el fallecimiento del señor De
Puig Olive.


En turno de portavoces intervienen el señor Mariscal
Cifuentes, por el Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Leanizbarrutia
de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV), así como los señores Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya; Vilajoana i Rovira, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Lerma Blasco, por
el Grupo Parlamentario Socialista, y Aroca Sáez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


El señor presidente manifiesta el pesar de toda la Cámara
por el fallecimiento del exsenador don Lluís Maria de Puig Olive.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 1, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 14; en contra, 150; abstenciones, 68.


Se rechaza la enmienda número 2, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 80; en contra, 151.


Se rechazan las enmiendas números 3 a 6, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por los siguientes votos: a favor, 8; en contra, 151; abstenciones,
74.


Se rechazan las enmiendas números 7 a 10, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por los siguientes votos: a favor, 81; en contra, 152.


Se rechaza la enmienda número 11, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 8; en contra, 152; abstenciones, 74.


Se rechazan las enmiendas números 21, 23 a 26 y 31, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes
votos: a favor, 9; en contra, 152; abstenciones, 73.


Se rechazan las enmiendas números 22 y 27 a 30, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 82; en contra, 152.


Se rechazan las enmiendas número 42, 43, 45, 47 y 48, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes
votos: a favor, 69; en contra, 162.


Se rechazan las enmiendas números 44, 46, 49 y 52, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes
votos: a favor, 69; en contra, 152; abstenciones, 13.


Se rechazan las enmiendas números 50 y 51, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 82; en contra, 152.


Se rechazan las enmiendas números 12, 13 y 14, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 21; en contra, 152; abstenciones, 60.


Se rechazan las enmiendas números 15, 16, 18 y 19, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 29; en contra, 152; abstenciones, 53.


Se rechazan las enmiendas números 17 y la 20, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 82; en contra, 151.


Se rechazan las enmiendas números 32, 35, 40 y 41, del
Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 69; en
contra, 151; abstenciones, 12.









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Se rechazan las enmiendas números 33, 34, y 36 a 39, por
los siguientes votos: a favor, 69; en contra, 164.


Se aprueba el proyecto de ley por los siguientes votos: a
favor, 153; en contra, 77; abstenciones, 4.


El presidente informa de que queda definitivamente aprobado
por las Cortes Generales el proyecto de ley.


2.1.1. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE UN MES.
(Votación.)


Comisión: Presupuestos


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Sección 27 (Economía y competitividad).


Se rechazan las enmiendas números 480, 482, 484, 485 y 487
a 492, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los
señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes
votos: a favor, 83; en contra, 151.


Se rechazan las enmiendas números 438, 479, 481, 483, 486,
493 y 494, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por
los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes
votos: a favor, 69; en contra, 150; abstenciones, 13.


Se rechaza la enmienda número 521, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por el senador Martínez Oblanca, por
los siguientes votos: a favor, 69; en contra, 150; abstenciones, 13.


Se rechazan las enmiendas números 644 y la 645, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Quintero
Castañeda y Zerolo Aguilar, por los siguientes votos: a favor, 68; en
contra, 152; abstenciones, 13.


Se rechaza la enmienda número 666, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por el señor Eza Goyeneche, la señora
Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández, por los siguientes
votos: a favor, 69; en contra, 146; abstenciones, 15.


Se rechazan las enmiendas números 1218 a la 1234, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 83; en contra, 151.


Se rechazan las enmiendas números 996, 997, 999 a 1001,
1003 a 1006 y 1140 a 1163, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 81; en contra, 152.


Se rechazan las enmiendas números 998 y 1002, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 69; en contra, 151; abstenciones, 13.


Se rechazan las enmiendas números 2416 y 2417, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 18; en contra, 151; abstenciones, 64.


Se rechazan las enmiendas números 2403 a 2415 y 2418 a
2428, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió,
por los siguientes votos: a favor, 81; en contra, 151; abstenciones,
1.


Se rechazan las enmiendas números 1248, 1249, 1304, 1305,
1317 a 1328, 1345 a 1354, y 1357 a la 1360, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 81; en contra, 149.


Se rechazan las enmiendas números 1306 a 1316, 1329 a 1344,
1355 y 1356, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes
votos: a favor, 69; en contra, 152; abstenciones, 13.


Se rechaza la vuelta al texto del Congreso de los Diputados
en lo modificado por el dictamen de la comisión, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 84; en contra, 152.


Se aprueba la sección 27 en lo no afectado por las
votaciones anteriores, por los siguientes votos: a favor, 151; en contra,
84.









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Sección 31 (Gastos de diversos ministerios).


Se aprueba la sección 31 por los siguientes votos: a favor,
165; en contra, 69; abstenciones, 1.


Sección 34 (Relaciones financieras con la Unión
Europea).


Se aprueba la sección 34 por los siguientes votos: a favor,
166; en contra, 69; abstenciones, 1.


Sección 35 (Fondo de contingencia).


Se aprueba la sección 35 por los siguientes votos: a favor,
152; en contra, 70; abstenciones, 14.


Sección 36 (Sistema de financiación de Entes
territoriales).


Se aprueba la sección 36 por los siguientes votos: a favor,
151; en contra, 70; abstenciones, 14.


Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).


Se aprueba la enmienda número 522, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por el senador Martínez Oblanca, por
los siguientes votos: a favor, 71; en contra, 150; abstenciones, 13.


Se rechaza la enmienda número 523, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por el senador Martínez Oblanca, por
los siguientes votos: a favor, 8; en contra, 214; abstenciones, 12.


Se rechaza la enmienda número 1011, del Grupo Parlamentario
de la Entesa, por los siguientes votos: a favor, 79; en contra, 149;
abstenciones, 1.


Se rechazan las enmiendas números 1250, 1659 a 1662, 1664 y
1668, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a
favor, 68; en contra, 151; abstenciones, 14.


Se rechazan las enmiendas números 1663, 1665, 1666 y 1667,
del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor,
82; en contra, 151.


Se rechaza la vuelta al texto del Congreso de los
Diputados, en lo modificado por el dictamen de la comisión, por los
siguientes votos: a favor, 85; en contra, 150.


Se aprueba el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), en lo no afectado por las votaciones anteriores, por
los siguientes votos: a favor, 152; en contra, 83.


Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).


Se rechaza la enmienda número 658, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por los señores Quintero Castañeda y
Zerolo Aguilar, por los siguientes votos: a favor, 70; en contra, 151;
abstenciones, 13.


Se rechazan las enmiendas números 1669 a 1675, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 69; en
contra, 151; abstenciones, 13.


Se aprueba Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA),
en lo no afectado por las votaciones anteriores, por los siguientes
votos: a favor, 152; en contra, 84.


Aguas de la Cuenca del Ebro (acuaEbro).


Se rechazan las enmiendas números 1937 a 1943, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 70; en
contra, 150; abstenciones, 13.


Se aprueba Aguas de la Cuenca del Ebro (acuaEbro), en lo no
afectado por la votación anterior, por los siguientes votos: a favor,
152; en contra, 70; abstenciones, 14.









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Aguas de la Cuenca del Norte, S.A. (acuaNorte).


Se rechaza la enmienda número 248, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 8; en contra, 151;
abstenciones, 73.


Se aprueba Aguas de la Cuenca del Norte, S.A. (acuaNorte),
en lo no afectado por la votación anterior, por los siguientes votos: a
favor, 151; en contra, 71; abstenciones, 14.


Aguas de las Cuencas Mediterráneas (acuaMed).


Se rechaza la enmienda número 249, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 9; en contra, 151;
abstenciones, 73.


Se rechazan las enmiendas números 1944 a 1947, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 69; en
contra, 150; abstenciones, 13.


Se aprueba Aguas de las Cuencas Mediterráneas (acuaMed), en
lo no afectado por las votaciones anteriores, por los siguientes votos: a
favor, 150; en contra, 71; abstenciones, 14.


Corporación de Radio y Televisión Española, S.A.


Se rechaza la enmienda número 1440, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 81;
en contra, 152.


Se rechaza la enmienda número 1791, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 82; en contra, 152.


Se aprueba Corporación de Radio y Televisión Española,
S.A., en lo no afectado por las votaciones anteriores, por los siguientes
votos: a favor, 152; en contra, 84.


Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.


Se rechazan las enmiendas números 250, 251 y 255, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 9; en
contra, 210; abstenciones, 12.


Se rechazan las enmiendas números 252, 253 y 254, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 69; en
contra, 151; abstenciones, 13.


Se rechazan las enmiendas números 659 y 660, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Quintero
Castañeda y Zerolo Aguilar, por los siguientes votos: a favor, 68; en
contra, 153; abstenciones, 13.


Se rechazan las enmiendas números 1676 a 1678, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 69; en
contra, 152; abstenciones, 13.


Se aprueba Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, en
lo no afectado por las votaciones anteriores, por los siguientes votos: a
favor, 151; en contra, 84.


Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A.
(SEIASA).


Se rechazan las enmiendas números 1948 y 1949, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 68; en
contra, 152; abstenciones, 12


Se aprueba Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias,
S.A. (SEIASA), en lo no afectado por la votación anterior, por los
siguientes votos: a favor, 151; en contra, 84.









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Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte
Terrestre, S.A. (SEITTSA).


Se rechazan las enmiendas números 256 y 257, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 68; en
contra, 152; abstenciones, 13.


Se rechazan las enmiendas números 1013 y 1014, del Grupo
Parlamentario de la Entesa, por los siguientes votos: a favor, 9; en
contra, 224; abstenciones, 1.


Se rechazan las enmiendas números 1012 y 1165, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 83; en contra, 148.


Se rechazan las enmiendas números 1679 y 1687, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 82; en
contra, 151.


Se rechazan las enmiendas números 1680 a 1686, 1688, 1689 y
1690, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a
favor, 69; en contra, 152; abstenciones, 13.


Se aprueba Sociedad Estatal de Infraestructuras de
Transporte Terrestre, S.A. (SEITTSA), en lo no afectado por las
votaciones anteriores, por los siguientes votos: a favor, 151; en contra,
85.


Fundación Proyección Internacional de las Universidades
Españolas (Universidad.es)


Se rechaza la vuelta al texto del Congreso en lo modificado
por el dictamen de la comisión, del Grupo Parlamentario Socialista, por
los siguientes votos: a favor, 82; en contra, 153.


Se aprueba la Fundación Proyección Internacional de las
Universidades Españolas (Universidad.es), en lo no afectado por la
votación anterior, por los siguientes votos: a favor, 151; en contra,
84.


Se aprueba el resto de las sociedades, entidades,
organismos y partidas que no han sido objeto de enmiendas por los
siguientes votos: a favor, 150; en contra, 72; abstenciones, 13.


Preámbulo.


Se rechaza la enmienda número 1167, del Grupo Parlamentario
Vasco, por los siguientes votos: a favor, 5; en contra, 151;
abstenciones, 76.


Se aprueba el preámbulo, en lo no afectado por la votación
anterior, por los siguientes votos: a favor, 152; en contra, 71;
abstenciones, 13.


Se aprueban los artículos 2, 3, 4, 15, 50 y el anexo I por
los siguientes votos: a favor, 153; en contra, 70; abstenciones, 13.


El señor presidente informa de que, tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
ellas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.


2.1.3. Proyecto de Ley de medidas fiscales para la
sostenibilidad energética. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


Comisión: Industria, Energía y Turismo


3512


El señor Muñoz Martín, presidente de la comisión, presenta
el dictamen.


Se inicia el debate de las propuestas de veto.


El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto
número 6, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor
Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, la
señora Pineda Balló, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número
5, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.









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3462




El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto
número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por
los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.


El señor Martínez Oblanca defiende la propuesta de veto
número 2, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por
este senador.


La señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra defiende la
propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV).


El señor Alique López defiende la propuesta de veto número
4, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Palacios
Zuasti.


En turno de portavoces intervienen la señora Salanueva
Murguialday y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario
Mixto, y la señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), así como los señores Saura
Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya;
Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; Alique López, por el Grupo Parlamentario Socialista,
y Palacios Zuasti, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a votar.


Se rechaza la propuesta de veto número 5, de los señores
Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 87; en contra,
146; abstenciones, 3.


Se rechaza la propuesta de veto número 6, de los señores la
señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el
señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, la señora Pineda Balló,
el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 87; en contra, 146; abstenciones, 3.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 88; en
contra, 148; abstenciones, 3.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentada por el señor Martínez
Oblanca, por los siguientes votos: a favor, 86; en contra, 148;
abstenciones, 3.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 85; en contra, 148; abstenciones, 3.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor 85; en
contra, 147; abstenciones, 3.


Comienza el debate del articulado.


La señora Salanueva Murguialday defiende las enmiendas
números 148 a 169, del señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva
Murguialday y el señor Yanguas Fernández, del Grupo Parlamentario
Mixto.


El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas números
1 a 4, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los
señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar.


El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas números
5 a 16, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por
los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.


La señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra defiende las
enmiendas números 17 a 43, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV).









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3463




El señor Montilla Aguilera da por defendidas las enmiendas
números 44 a 55 y defiende las enmiendas números 101 a 147, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas números 170 a
190, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.


El señor Alique López defiende las enmiendas números 56 a
100 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por las enmiendas números 191 a 196, 198 a 207 y 210 a 218,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, propuestas por el Grupo
Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Juncal
Rodríguez.


En turno de portavoces intervienen la señora Leanizbarrutia
de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV), así como los señores Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió; Alique López, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Juncal Rogríguez, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


2.1.4. Proyecto de Ley por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas
y al impulso de la actividad económica. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA.


Comisión: Hacienda y Administraciones Públicas


3559


El señor Sanz Ruiz, presidente de la comisión, presenta el
dictamen.


El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
(Montoro Romero) presenta el proyecto de ley.


Se inicia el debate de las propuestas de veto.


El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto
número 1, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del
Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
número 2, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto
número 4, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor
Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, la
señora Pineda Balló, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Vázquez García defiende la propuesta de veto
número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Angulo
Martínez.


En turno de portavoces intervienen los señores Guillot
Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel
Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, y Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como
la señora Angulo Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Se procede a votar.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por los siguientes votos: a favor, 73; en contra, 149; abstenciones,
3.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, de los señores
Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 71; en contra,
148; abstenciones, 3.









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3464




Se rechaza la propuesta de veto número 4, de la señora
Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor
Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, la señora Pineda Balló, el
señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 72;
en contra, 149; abstenciones, 3.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 72; en
contra, 149; abstenciones, 3.


Comienza el debate del articulado.


El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas números
1 a 27, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


La señora Martínez Muñoz defiende las enmiendas números 28
y 29, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 30
a 56, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas números
83 a 122, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Bel Accensi, defiende las enmiendas números 123 a
165, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.


Los señores Sen Vélez y Fuentes Gallardo defienden las
enmiendas números 57 a 82 y la vuelta al texto remitido por el Congreso
de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 166 a 170 y
172 a 178, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, propuestas por
el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor De las Heras Muela da por defendida la enmienda
número 171, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor De las
Heras Muela.


En turno de portavoces intervienen la señora Martínez
Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), así como
los señores Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, y De las Heras Muela, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 1, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 3; en contra, 216; abstenciones, 4.


Se rechazan las enmiendas números 6 y 21, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por los siguientes votos: a favor, 58; en contra, 151; abstenciones,
14.


Se rechaza la enmienda número 27, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 18; en contra, 150; abstenciones, 55.


Se rechazan las enmiendas números 2, 10, 16, 18, 20 y 25,
de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 73; en contra,
149.


Se rechazan las enmiendas números 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13,
19, 22 y 24, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del
Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 59; en
contra, 150; abstenciones, 14.









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3465




Se rechazan las enmiendas números 7 y 8, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por los siguientes votos: a favor, 59; en contra, 160; abstenciones,
3.


Se rechazan las enmiendas números 14, 15, 23 y 26, de los
señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario
Mixto, por los siguientes votos: a favor, 62; en contra, 150;
abstenciones, 11.


Se rechaza la enmienda número 17, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 62; en contra, 161.


Se rechazan las enmiendas números 28 y 29, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 72; en contra, 150.


Se rechaza la enmienda número 30, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 3; en
contra, 215; abstenciones, 4.


Se rechazan las enmiendas números 31, 39, 45, 47, 49 y 54,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los
siguientes votos: a favor, 73; en contra, 150.


Se rechazan las enmiendas números 43, 44, 52 y 55, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes
votos: a favor, 62; en contra, 149; abstenciones, 11.


Se rechaza la enmienda número 46, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 62;
en contra, 161.


Se rechaza la enmienda número 56, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 15;
en contra, 150; abstenciones, 55.


Se rechazan las enmiendas números 35 y 50, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 3; en contra, 150; abstenciones, 70.


Se rechazan las enmiendas números 32, 33, 34 a 38, 40, 41,
42, 48, 51 y 53, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
por los siguientes votos: a favor, 60; en contra, 149; abstenciones,
13.


Se rechazan las enmiendas números 36 y 37, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 59; en contra, 161; abstenciones, 3.


Se rechazan las enmiendas números 85, 92 a 95 y 105, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes
votos: a favor, 73; en contra, 150.


Se rechazan las enmiendas números 103 y 104, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 62; en contra, 150; abstenciones, 11.


Se rechazan las enmiendas números 83, 87 a 91 y 96 a 102,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los
siguientes votos: a favor, 59; en contra, 149; abstenciones, 14.


Se rechazan las enmiendas números 110, 112, 113, 116, 117,
120 y 121, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por
los siguientes votos: a favor, 59; en contra, 151; abstenciones, 11.


Se rechazan las enmiendas números 84 y 86, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 69; en contra, 151; abstenciones, 3.


Se rechaza la enmienda número 108, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 14;
en contra, 150; abstenciones, 59.


Se rechazan las enmiendas números 106 y 107, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 70; en contra, 150; abstenciones, 3.









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3466




Se rechazan las enmiendas números 109, 111, 114, 115, 118 y
119, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los
siguientes votos: a favor, 9; en contra, 149; abstenciones, 64.


Se rechaza la enmienda número 122, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 10;
en contra, 198; abstenciones, 15.


Se rechazan las enmiendas números 144 y 145, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 70; en contra, 149; abstenciones, 3.


Se rechazan las enmiendas números 134 y 135, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 14; en contra, 148; abstenciones, 57.


Se rechazan las enmiendas números 123, 124, 137 a 143, 146
a 148, 151, 153, 155, 156 y 158 a 162, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a favor, 73; en
contra, 150.


Se rechazan las enmiendas números 125 y 129, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 72; en contra, 151.


Se rechazan las enmiendas números 126, 127 y 133, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 14; en contra, 151; abstenciones, 57.


Se rechazan las enmiendas números 128, 130, 131 y 132, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 15; en contra, 207; abstenciones, 1.


Se rechazan las enmiendas números 152 y 157, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 16; en contra, 150; abstenciones, 56.


Se rechazan las enmiendas números 136, 149, 150 y 163 a
165, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió,
por los siguientes votos: a favor, 16; en contra, 205.


Se rechazan las enmiendas números 58 y 82, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 69; en
contra, 151; abstenciones, 3.


Se rechazan las enmiendas números 57, 61 a 65 y 70 a 77,
del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor,
59; en contra, 149; abstenciones, 14.


Se rechazan las enmiendas números 59, 66 a 69, 79 y 80, del
Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 73; en
contra, 149.


Se rechaza la enmienda número 78, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 62; en contra, 149;
abstenciones, 11.


Se rechazan las enmiendas números 60 y 81, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 70; en
contra, 149; abstenciones, 3.


Se rechaza la vuelta al texto del Congreso de los Diputados
en lo modificado por la enmienda número 169, del Grupo Parlamentario
Popular, propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, por los
siguientes votos: a favor, 77; en contra, 146.


Se rechaza la vuelta al texto del Congreso de los Diputados
en lo modificado por las enmiendas números 166 a 168, 170 y 172 a 178,
del Grupo Parlamentario Popular, propuesta por el Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 69; en contra, 148;
abstenciones, 3.


Se aprueba la enmienda número 171, del Grupo Parlamentario
Popular, por los siguientes votos: a favor, 150; en contra, 59;
abstenciones, 14.


Se aprueba la propuesta de modificación con número de
registro 20542, sobre la enmienda número 154, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por asentimiento de la
Cámara.









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3467




Se aprueba el resto del proyecto de ley, por los siguientes
votos: a favor, 146; en contra, 70; abstenciones, 3.


El señor presidente informa de que, tal como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.


2.1.3. Proyecto de Ley de medidas fiscales para la
sostenibilidad energética. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


Comisión: Industria, Energía y Turismo


3594


Se rechazan las enmiendas números 148, 159, 160 y 165, del
señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas
Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a
favor, 72; en contra, 142; abstenciones, 4.


Se rechazan las enmiendas números 161 y 162, del señor Eza
Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández,
del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 70; en
contra, 145; abstenciones, 6.


Se rechaza la enmienda número 163, del señor Eza Goyeneche,
la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández, del Grupo
Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 61; en contra,
142; abstenciones, 16.


Se rechazan las enmiendas números 150 a 153, 155, 157, 164
y 168, del señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el
señor Yanguas Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 65; en contra, 142; abstenciones, 13.


Se rechazan las enmiendas números 149, 154, 156, 158, 166 y
167, del señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor
Yanguas Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes
votos: a favor, 17; en contra, 197; abstenciones, 5.


Se rechaza la enmienda 169, del señor Eza Goyeneche, la
señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas Fernández, del Grupo
Parlamentario Mixto, por los siguientes votos: a favor, 7; en contra,
144; abstenciones, 68.


Se rechazan las enmiendas números 1 a 4, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por los señores Quintero
Castañeda y Zerolo Aguilar, por los siguientes votos: a favor, 71; en
contra, 144; abstenciones, 6.


Se rechazan las enmiendas números 5, 8, 9, 12, 13 y 16, del
Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a
favor, 59; en contra, 144; abstenciones, 18.


Se rechaza la enmienda número 6, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 71; en contra,
144; abstenciones, 6.


Se rechazan las enmiendas números 7, 11 y 14, del Grupo
Parlamentario Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 63; en
contra, 144; abstenciones, 14.


Se rechaza la enmienda número 15, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 73; en contra,
144; abstenciones, 3.


Se rechaza la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario
Mixto, originariamente presentada por los señores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, por los siguientes votos: a favor, 60; en contra,
144; abstenciones, 17.









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3468




Se rechazan las enmiendas números 26 a 28, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 15; en contra, 202; abstenciones, 3.


Se rechazan las enmiendas números 17 a 20, 22, 23, 25, 29,
30, 40 y 42, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por
los siguientes votos: a favor, 65; en contra, 143; abstenciones, 12.


Se rechazan las enmiendas números 21 y 24, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a
favor, 73; en contra, 144; abstenciones, 3.


Se rechazan las enmiendas números 31 a 39, 41 y 43, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes
votos: a favor, 73; en contra, 146; abstenciones, 2


Se rechaza la enmienda número 45, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 72;
en contra, 142; abstenciones, 3.


Se rechazan las enmiendas números 44, 47, 50 y 53, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes
votos: a favor, 66; en contra, 144; abstenciones, 11.


Se rechaza la enmienda número 54, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 74;
en contra, 144; abstenciones, 3.


Se rechaza la enmienda número 55, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 61;
en contra, 144; abstenciones, 14.


Se rechazan las enmiendas números 46, 48, 49, 51 y 52, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes
votos: a favor, 59; en contra, 146; abstenciones, 15.


Se rechazan las enmiendas números 102, 103, 119, 123, 131,
135, 137 y 143, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
por los siguientes votos: a favor, 63; en contra, 144; abstenciones,
14.


Se rechaza la enmienda número 111, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 63;
en contra, 144; abstenciones, 14.


Se rechaza la enmienda 112, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 72; en
contra, 142; abstenciones, 5.


Se rechazan las enmiendas números 105, 107, 108 a 110, 115,
117, 121, 125, 127, 128, 134, 139, 140 y 144, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 72;
en contra, 144; abstenciones, 5.


Se rechazan las enmiendas números 120 y 124, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 72; en contra, 143; abstenciones, 5.


Se rechazan las enmiendas números 141 y 142, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 69; en contra, 144; abstenciones, 8.


Se rechazan las enmiendas números 145, 146 y 147, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 71; en contra, 144; abstenciones, 5.


Se rechazan las enmiendas números 104, 106, 113, 114, 130,
132, 133 y 138, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
por los siguientes votos: a favor, 69; en contra, 144; abstenciones,
8.


Se rechazan las enmiendas números 122 y 136, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 60; en contra, 144; abstenciones, 17.


Se rechaza las enmiendas números 116, 118 y 126, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 60; en contra, 153; abstenciones, 8.









Página
3469




Se rechaza la enmienda número 101, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 68;
en contra, 143; abstenciones, 8.


Se rechaza la enmienda número 129, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 69;
en contra, 144; abstenciones, 8.


Se rechazan las enmiendas números 170 a 175, 177, 178, 180
a 188 y 190, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, por los siguientes votos: a favor, 74; en contra, 143;
abstenciones, 3.


Se rechaza la enmienda número 176, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 14; en contra, 201; abstenciones, 4.


Se rechazan las enmiendas números 179 y 189, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los
siguientes votos: a favor, 15; en contra, 144; abstenciones, 62.


Se rechazan las enmiendas números 56, 58, 66, 73, 76, 83,
87, 90 y 95, del Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes
votos: a favor, 63; en contra, 143; abstenciones, 14.


Se rechazan las enmiendas números 82 y 89, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 59; en
contra, 144; abstenciones, 16.


Se rechaza la enmienda número 79, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 61; en contra, 155;
abstenciones, 3.


Se rechazan las enmiendas números 70 y 72, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 61; en
contra, 155; abstenciones, 5.


Se rechazan las enmiendas números 60, 62, 63, 64, de la 67
a la 69, 71, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 86, 92, 93, 97, 98 y 100, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 71; en
contra, 144; abstenciones, 5.


Se rechaza el resto de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 70; en
contra, 144; abstenciones, 7.


Se rechaza la vuelta al texto del Congreso en lo modificado
por las enmiendas números 192, 200, 202, 211 y 214, del Grupo
Parlamentario Popular, propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista,
por los siguientes votos: a favor, 73; en contra, 144; abstenciones,
3.


Se rechaza la vuelta al texto del Congreso en lo modificado
por el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, propuesta
por el Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor,
72; en contra, 145; abstenciones, 4.


Se aprueban aquellas partes del proyecto de ley enmendadas
en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por los
siguientes votos: a favor, 142; en contra, 75; abstenciones, 3.


Se aprueba el resto del proyecto de ley, por los siguientes
votos: a favor, 144; en contra, 74; abstenciones, 3.


El señor presidente informa de que, tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S. M. el Rey.


2.1.5. Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de
transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad
Social.


Comisión: Justicia


3600


El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.









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3470




Se inicia el debate de las propuestas de veto.


El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto
número 1, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del
Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
número 3, de los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


La señora Pineda Balló defiende la propuesta de veto número
4, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera
Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, la señora
Pineda Balló, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Díaz Tejera defiende la propuesta de veto número
2, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Fernández Sánchez.


En turno de portavoces intervienen la señora Pineda Balló,
por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y los señores
Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández Sánchez,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a votar.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los senadores
Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto, por los siguientes
votos: a favor, 42; en contra, 141; abstenciones, 6.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, de los senadores
Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
por los siguientes votos: a favor, 41; en contra, 142; abstenciones,
6.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, de la señora
Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor
Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, la señora Pineda Balló, el
señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 42;
en contra, 142; abstenciones, 6.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 42; en
contra, 140; abstenciones, 6.


Comienza el debate del articulado.


El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas números
1 a 12, de los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


El señor Zubia Atxaerandio defiende las enmiendas números
13 a 19, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas números 42
a 54, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


La señora Pineda Balló defiende las enmiendas números 55 a
71, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


La señora Parera Escrichs defiende las enmiendas números
72, 74, 76 y 77, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió.


El señor Díaz Tejera defiende las enmiendas números 20 a 39
y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por las enmiendas números 40 y 41 del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Fernández Sánchez.









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3471




En turno de portavoces intervienen la señora Parera
Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, así como los señores Díez Tejera, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 1, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 43; en contra, 145.


Se rechazan las enmiendas números 2 y 6, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por los siguientes votos: a favor, 3; en contra, 147; abstenciones,
40.


Se rechaza la enmienda número 3, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 42; en contra, 142; abstenciones, 6.


Se rechaza la enmienda número 4, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 41; en contra, 147; abstenciones, 2.


Se rechazan las enmiendas números 5, 7 y 11, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por los siguientes votos: a favor, 3; en contra, 179; abstenciones,
8.


Se rechazan las enmiendas números 8 y 9, de los señores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto,
por los siguientes votos: a favor, 3; en contra, 186; abstenciones,
1.


Se rechaza la enmienda número 10, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 3; en contra, 180; abstenciones, 7.


Se rechaza la enmienda número 12, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, por los
siguientes votos: a favor, 48; en contra, 142.


Se rechaza la enmienda número 13, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 8; en
contra, 141; abstenciones, 41.


Se rechaza la enmienda número 14, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 2; en
contra, 140; abstenciones, 47.


Se rechaza la enmienda número 15, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 8; en
contra, 181; abstenciones, 1.


Se rechazan las 16 y 17, del Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 7; en contra,
182; abstenciones, 1.


Se rechaza la enmienda número 18, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 42; en
contra, 142; abstenciones, 6.


Se rechaza la enmienda número 19, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV), por los siguientes votos: a favor, 47; en
contra, 142; abstenciones, 1.


Se rechazan las enmiendas números 42 y 45, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 42; en contra, 140; abstenciones, 6.


Se rechaza la enmienda número 43, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 43;
en contra, 145; abstenciones, 1.


Se rechazan las enmiendas números 44 y 48, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 3; en contra, 147; abstenciones, 40.


Se rechaza la enmienda número 46, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 41;
en contra, 145; abstenciones, 2.









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3472




Se rechazan las enmiendas números 47, 49, 52 y 53, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes
votos: a favor, 3; en contra, 180; abstenciones, 7.


Se rechazan las enmiendas números 50 y 51, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 3; en contra, 185; abstenciones, 2.


Se rechaza la enmienda número 54, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 47;
en contra, 142; abstenciones, 1.


Se rechazan las enmiendas números 55, 58, 66 y 70, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes
votos: a favor, 42; en contra, 142; abstenciones, 6.


Se rechazan las enmiendas números 56, 62 y 68, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 48; en contra, 141; abstenciones, 1.


Se rechaza la enmienda número 57, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 42;
en contra, 142; abstenciones, 5.


Se rechazan las enmiendas números 59 y 69, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 42; en contra, 147; abstenciones, 1.


Se rechaza la enmienda número 60, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 42;
en contra, 145; abstenciones, 1.


Se rechaza la enmienda número 61, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 47;
en contra, 142; abstenciones, 1.


Se rechazan las enmiendas números 63 y 64, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos:
a favor, 42; en contra, 142; abstenciones, 6.


Se rechaza la enmienda número 65, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 42;
en contra, 143; abstenciones, 5.


Se rechaza la enmienda número 67, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 48;
en contra, 142.


Se rechaza la enmienda número 71, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, por los siguientes votos: a favor, 47;
en contra, 141; abstenciones, 1.


Se rechaza la enmienda número 72, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 7; en contra, 180; abstenciones, 2.


Se rechaza la enmienda número 74, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 47; en contra, 142; abstenciones, 1.


Se rechaza la enmienda número 76, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 47; en contra, 139; abstenciones, 1.


Se rechaza la enmienda número 77, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, por los siguientes votos: a
favor, 46; en contra, 142; abstenciones, 1.


Se rechazan las enmiendas números 20 a 23 y 38, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 41; en
contra, 141; abstenciones, 7.


Se rechazan las enmiendas números 24, 30 y 36, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 48; en
contra, 142.


Se rechaza la enmienda número 25, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 41; en contra, 141;
abstenciones, 7.









Página
3473




Se rechazan las enmiendas números 26, 31, 32 y 34, del
Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 40; en
contra, 142; abstenciones, 8.


Se rechazan las enmiendas números 27 y 37, del Grupo
Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 41; en
contra, 145; abstenciones, 2.


Se rechaza la enmienda número 28, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 41; en contra, 147;
abstenciones, 2.


Se rechaza la enmienda número 29, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 46; en contra, 142;
abstenciones, 1.


Se rechaza la enmienda número 33, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 41; en contra, 143;
abstenciones, 6.


Se rechaza la enmienda número 35, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 47; en contra, 143.


Se rechaza la enmienda número 39, del Grupo Parlamentario
Socialista, por los siguientes votos: a favor, 45; en contra, 140;
abstenciones, 3.


Se rechaza la vuelta al texto del Congreso en lo modificado
por las enmiendas 40 y 41, del Grupo Parlamentario Popular, propuesta por
el Grupo Parlamentario Socialista, por los siguientes votos: a favor, 43;
en contra, 142; abstenciones, 5.


Se aprueba el resto del proyecto de ley por los siguientes
votos: a favor, 142; en contra, 41; abstenciones, 7.


El señor presidente informa de que, tal como el artículo 90
de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las
mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.


Se levanta la sesión a las veintitrés horas.










Página
3474




Sección 31



Sección 34



Sección 35



Sección 36



Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)









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3475




La primera de todas es que el Grupo Parlamentario Popular
no va a aceptar ninguna enmienda, y eso nos produce una cierta
frustración. En segundo lugar, el papel de esta Cámara, que se debería
contemplar desde su vertiente territorial, se debería de ampliar para
darnos alguna alegría a los ciudadanos, a la vez que se pudiese poner en
valor la función de la propia Cámara.


También nos da experiencia en algún otro sentido; por
ejemplo, cuando hablan de presupuesto riguroso, realmente se está
hablando de recortes; cuando hablamos de la liberalización del
transporte, en este caso de ADIF, estamos hablando de una privatización
encubierta y, por qué no decirlo, de una destrucción de empleo. Cuando
dicen aquello de la colaboración público-privada para decir de qué manera
se financiarán algunas de las infraestructuras que hemos comentado, en
realidad se está haciendo un brindis al sol. Y, cuando hablamos de
credibilidad, tendríamos otro problema.


Señorías, en este caso llama la atención, si comparamos los
presupuestos de ADIF para 2012 y 2013, que, mientras que baja la
inversión de 4126 a 3372 millones de euros, el endeudamiento crece,
pasando de 13 432 millones a 13 766 millones de euros. Y a nosotros nos
preocupa más la bajada de la inversión que la propia deuda. ¿Por qué?
Porque la deuda de ADIF es sostenible, como dijo su propio presidente en
la comparecencia, puesto que se hizo, básicamente, con el Banco Europeo
de Inversiones y el ICO y a un interés del 2,3%. Lo único preocupante es
que en la autorización de endeudamiento para el presente ejercicio se
considera que también se mantiene ese aumento de deuda con los
proveedores.


Nosotros entendemos que si no aumentamos la inversión, la
competitividad de nuestros sectores productivos va a decaer, porque en
estos momentos algunas cosas se pueden posponer, pero si a la inversión,
como vimos ayer en el debate de la sección 20, Industria y Turismo, se la
da un hachazo, desde mi punto de vista —y los intervinientes lo
dijeron—, poco camino nos queda por recorrer. Es fácil pensar que
si quienes van a decidir su inversión, según una serie de factores
internos y externos, ven que solamente nos quedan las infraestructuras,
bajarlas, eliminarlas o posponerlas nos lleva a retrasar inversiones y,
en algún caso, a deslocalizar las que estaban aquí.


Por eso, hagamos un esfuerzo por aumentar y aceptar alguna
enmienda —dénnos esa alegría—, porque, si no, la confianza y
la credibilidad son factores que desaparecerán, como ya está ocurriendo,
muy rápidamente. El Partido Popular genera poca confianza, y no lo digo
yo solo, creo que lo dicen en este caso los 247 000 millones de euros de
capital que salieron al exterior en estos primeros ocho meses de 2012.
Desde luego, la comparación con 2011, alrededor de unos 400 millones
—en concreto, 398 millones—, nos da una idea de esto.


Y no quiero hablar de credibilidad. La ministra vino en
abril a mi tierra, Castellón, y dijo que iba a licitar el AVE
Castellón-Valencia en el mes de mayo. Lo dijo de manera solemne en la
Generalitat Valenciana. Estamos en diciembre —no son los Santos
Inocentes—, no lo va a hacer y, desgraciadamente, lo que es aún
peor, en los presupuestos para 2013 tampoco va a aparecer. Ya sé que
vamos a hablar del tercer hilo, que es un remedo —estoy pensando en
los compañeros de Cataluña—, pero para nosotros esa comunicación
con dos plataformas es absolutamente vital, y un hilo no nos va a
solucionar el problema de la conectividad en todo el corredor
mediterráneo.


En este largo listado —largo para ustedes, corto para
nosotros— que va a hacer ADIF, quiero hacer la última salvedad
diciendo que algunos proyectos tienen una serie de dificultades
administrativas, cuando no son técnicas, que seguramente conllevarán
retraso. En otros casos, se va a reprogramar, como les gusta decir a
ustedes, para no hacer determinadas inversiones. Sin embargo, había otros
proyectos, como el que he citado, pendientes de licitación y no figuran
—el AVE Castellón-Valencia, por ejemplo, sin ningún problema se
podría licitar mañana—, y eso nos genera una seria inquietud.


Nuestras enmiendas, en conjunto, suman alrededor de 150
millones de euros. Parecerá mucho pero, sin embargo, creo que con esta
aprobación lanzaríamos un claro mensaje a la Unión Europea, expresando
que apostamos por los corredores y por las infraestructuras. Téngannos
ustedes en cuenta en el periodo 2014-2020 para poderlos realizar. A la
vez sería un mensaje claro para los emprendedores: vamos a hacer la
inversión, y un mensaje claro para los ciudadanos: también hay otro tipo
de políticas —empecemos ya—, además de los recortes. Debe
darse el mensaje de que la apuesta por los corredores mediterráneo y
atlántico es firme y decidida. Si no es así, estos presupuestos van a
enterrar los sueños no solo de los ciudadanos, sino de muchos









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3476




emprendedores, como acabo de decir, que confiaban en la
ejecución de unas infraestructuras que les generasen competitividad para
sus proyectos.


Sorpréndanos, sorprendan a los ciudadanos con la aprobación
de algunas de las enmiendas que presentamos y nos darán una alegría, a
nosotros, a los ciudadanos, seguro que también al comisario Kallas, al
presidente de la Generalitat Valenciana, que tenía mucho interés en que
algunas fuesen tenidas en cuenta y se aprobasen, al presidente de ADIF y
a la propia ministra. Creo que deberían pensarlo, aunque ya sé que a
estas horas resulta difícil aceptar que se puede negociar, consensuar y
aceptar.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Para turno en contra, tiene la palabra el senador
Ibarrondo.


El señor IBARRONDO BAJO: Buenos días, señor presidente.


Nosotros utilizaremos el turno de portavoces.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.


Buenos días a todos.


Agradezco al senador Iglesias que haya dado por defendidas
las enmiendas.


Quiero insistir en la necesidad que supone para los
asturianos que se culmine la variante ferroviaria de Pajares, no solo
para ellos sino para la alta velocidad española, porque estamos hablando
de una obra histórica en la que se han invertido muchísimos miles de
millones de euros, en su mayor parte ya ejecutados, por lo que cualquier
retraso en la puesta en servicio de esta importante infraestructura
supone un enorme despilfarro de recursos públicos y un enorme despilfarro
para poner al servicio de los ciudadanos este corredor de alta velocidad,
imprescindible para una región a la que siempre llegan tarde los avances
en las comunicaciones, sean viarias o ferroviarias.


En este sentido, quiero reiterar que la variante de Pajares
comenzó a ejecutarse con cargo al plan de infraestructuras 2000-2007, que
ha sufrido incidencias a lo largo de todo este tiempo pero que queda muy
poco en relación con lo invertido para culminarla, por lo que apelo al
Partido Popular, al grupo mayoritario, que no solamente ha sido promotor
de esta gran obra sino que ha reivindicado durante los últimos ocho años
su terminación, para que esta enmienda permita impulsar y concluir el
tramo entre La Robla y Pola de Lena, correspondiente a esta variante.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.


¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)


¿Grupo Parlamentario Entesa? (Denegaciones.)


¿Grupo Parlamentario Convergència i Unió? (Denegaciones.)


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Navarro.


El señor NAVARRO ANDREU: Muchas gracias, señor
presidente.


Simplemente quería hacer una pequeña reflexión, ya que no
podemos hacer otra cosa. Anoche se habló muchísimas veces de las
alternativas que les quedaban —sé que es una excusa, quizá pueril,
pero una excusa al fin y a la postre—, de la herencia, etcétera, y
de que no hay otra salida. Los presupuestos engloban dos capítulos muy
grandes, el de ingresos y el de gastos, y sabemos que la mecánica
presupuestaria hace que se puedan solucionar los desajustes. Cuando antes
me refería a la posibilidad de poder aceptar estas enmiendas, aunque
suponen una cantidad importante, es que se puede sacar muchísimo de lo
que se va a dejar de ejecutar. Por tanto, si ustedes las aprobasen,
seguramente que no haría falta detraerlo del flujo que genera liquidez,
porque podría obtenerse de las obras no realizadas, que en un buen número
no se van a ejecutar.


Por otra parte, referente al capítulo de gastos y al de
ingresos, evidentemente, se podría aumentar este último. Los impuestos a
las grandes fortunas, los impuestos a la propia banca,









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3477




significarían un aumento de recaudación sin hacer recortes
y se podrían aceptar muchas de nuestras enmiendas, que consideramos desde
un punto de vista absolutamente positivo y, desde luego, pensando en que
lo más importante para todos tiene que ser trabajar juntos para conseguir
la recuperación. Creo que ustedes mismos también coincidirán en que
tendríamos que empezar a invertir para salir de la crisis, y no solamente
pensar en recortar.


En definitiva, creo que esta reflexión también tendrían que
hacerla ustedes —sé que muchos ya la hacen— y tendrían que
empezar a exteriorizarla. Plantémonos un poco a lo que significan las
directrices de Bruselas, de la troika, y seguramente en ese momento
podremos negociar, como siempre hemos hecho los españoles, sin ser
pedigüeños —como ustedes nos calificaban— pero sí exigir,
pedir y, desde luego, conseguir, porque en este momento dudo de que en
Bruselas se nos tenga en esa consideración.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Navarro.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Ibarrondo.


El señor IBARRONDO BAJO: Muy buenos días, señor presidente,
señorías.


Renfe, ADIF, FEVE, el sistema ferroviario español se va a
enfrentar en este año 2013 a unos retos de gran calado y de
importantísimas modificaciones. Uno de ellos es el Real Decreto Ley
22/2012, sobre la restructuración de la entidad pública, que se
convertirá en cuatro filiales: Renfe Operadora, Mercancías, Fabricación y
Mantenimiento, Operaciones de Arrendamiento y Material Ferroviario, con
una apertura plena del mercado de servicios ferroviarios para el 31 de
julio de 2013. Es un nuevo modelo que mantiene y defiende la titularidad
pública de las cuatro sociedades a través de una entidad pública llamada
Renfe Operadora.


El segundo reto es el de la integración de FEVE en las
entidades públicas empresariales de ADIF y de Renfe Operadora. La
supresión de esta entidad está prevista para dentro de 18 días.


El tercer reto, y es importante, es la reestructuración de
los servicios e infraestructuras ferroviarias. El 31 de diciembre es la
fecha límite para que el Ministerio de Fomento eleve al Consejo de
Ministros una propuesta de viabilidad. El objetivo es la
racionalización.


Por último, debemos ser conscientes de lo que hay: un
endeudamiento que entre 2005 y 2011 que se ha multiplicado por 4, hasta
alcanzar la cifra actual de 5225 millones de euros, aunque es cierto que
en este año 2012 se ha reducido casi un 10%.


Estos importantes retos nos obligan a poner el acento del
grupo Fomento en el sistema ferroviario; de hecho, el 47% del presupuesto
se destinará al sistema operativo ferroviario. ADIF, con sus 3372
millones de euros de presupuesto sigue el criterio marcado y experimenta
una reducción del 18% con respecto a 2012, consciente de la realidad
nacional.


Para conseguir este logro vamos a seguir los criterios ya
iniciados en 2012: poner en valor la red de alta velocidad, consolidar y
desarrollar los tramos en ejecución, continuar con inversiones que
mejoren la red convencional, fomentar el tráfico de mercancías, activar
economías de escala y sinergias que nos harán ser más eficientes,
potenciar los activos fijos de ADIF en las estaciones y terminales
logísticas, promocionar la intermodalidad y fomentar la
internacionalización. Además, es necesario también impulsar medidas que
fomenten la austeridad, señor Navarro.


Por lo que respecta a la eficiencia en el gasto, ya
redujimos el 8,9% el gasto general, el 3,89% el gasto corriente y, además
se ha fijado un límite de endeudamiento de 1109 millones de euros, que es
un aspecto importantísimo y supone una reducción del 55% respecto a 2012,
momento en que ese tope de endeudamiento se situaba en 2440 millones de
euros.


Señor Navarro, no es cuestión de que nos demos alegrías, no
se trata de querer sorprender sino que en este momento hay que ser
eficientes, contener el gasto, ser operativos y racionalizar.


Por último, otro de los puntos importantes es la revisión
de los cánones en las infraestructuras y el aumento de la colaboración
público-privada, de manera que consigamos mejorar la competitividad.


Por lo que respecta al presupuesto de explotación, los
ingresos son de 1799 millones de euros y, los gastos, 1631 millones de
euros. Como le he dicho, el objetivo es reducir estos gastos y con estos
mimbres tenemos que llevar adelante una serie de actuaciones en la alta
velocidad, en los tramos fundamentales de Barcelona, frontera francesa,
Tarragona, Comunidad Valenciana, Murcia, Almería, corredor noreste, la
«Y» vasca y asumir una serie de inversiones para activos propios.









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Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea


(AENA)









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previsiones de AENA recogidas en los Presupuestos Generales
del Estado de 2012 que hablaban de unas previsiones del –2,6% o del
–4,3%, respectivamente.


El Grupo Parlamentario Socialista presenta siete enmiendas
que afectan a aeropuertos concretos de nuestro país, que voy a enunciar.
Planteamos para el aeropuerto de Foronda, Álava, dos actuaciones:
mantenimiento del servicio las veinticuatro horas y la construcción de un
centro logístico; en La Coruña, la ampliación de la pista de vuelo; en
Vigo, la ampliación del edificio terminal y actuaciones de mejora y
adecuación aérea para los movimientos de aeronaves; en Córdoba, la
terminal del aeropuerto, y en Zaragoza, los sistemas de aterrizaje ILS.
La cuantía total de estas siete enmiendas asciende a 14,5 millones de
euros, y proponemos que se dé de baja la cantidad equivalente en el
proyecto 5041, Inversiones de apoyo y mantenimiento. Varios
aeropuertos.


Esta es nuestra posición, esta es nuestra propuesta y
esperamos y deseamos que el Grupo Parlamentario Popular, que a fin de
cuentas es de quien depende el sí o el no, esté hoy más amable, más
sensible y sea capaz de aceptar alguna de nuestras enmiendas.


Gracias, presidente.


Gracias, señorías. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Medina.


¿Turno en contra?


Tiene la palabra el senador Mateu.


El señor MATEU ISTÚRIZ: Señor presidente, haré uso de la
palabra en el turno de portavoces.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateu.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tene la palabra el
senador Quintero.


El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor
presidente.


Intentaré ser breve.


Es verdad que ya se ha hablado bastante de aeropuertos en
los debates de las enmiendas a la sección 17, Fomento, pero,
evidentemente, con el respeto que me merecen todos los aeropuertos que
tiene el territorio peninsular, si para alguna comunidad autónoma el
aeropuerto es importantísimo, tenemos que citar a Baleares y
Canarias.


El senador de la Gomera que me ha precedido en el uso de la
palabra ha dado unos datos importantes. En 2011, cuando se bonificaban
las tasas aéreas, Canarias tuvo un récord de pasajeros en los
aeropuertos, esto hizo que Aena y Fomento, al final, tuvieran mayores
ingresos, porque al rebajar las tasas, la mayor afluencia de vuelos y
pasajeros aumentaron la recaudación. A partir de 2011 se redujo esta
bonificación, y ahora se ha aumentado, lo que pone en peligro,
evidentemente, muchísimas rutas —ya lo dije— y la viabilidad
de los aeropuertos canarios.


Si consideramos el conjunto de aeropuertos de Canarias como
un solo aeropuerto, vemos que es uno de las más rentables. Igualmente, si
consideramos el número de pasajeros y si tomamos como referencia las ocho
pistas como una, tendríamos el segundo aeropuerto de toda España después
de Barajas; por tanto, dentro de los seis aeropuertos rentables del
Estado, tenemos dos, y esto hace que Canarias sea una región que aporta
mucho a Aena. Pero lo que nos preocupa en los presupuestos, como decía,
es la privatización de Aena, que puede suponer un déficit, porque si en
la península tenemos a Renfe, tenemos el AVE —empresas públicas del
Estado—, en Canarias el transporte es completamente privado, y
privatizar Aena supondría que los canarios nos viéramos abocados a sufrir
los altos costes del monopolio y de la privatización,en este caso del
transporte aéreo.


Estamos completamente en contra de los presupuestos de AENA
porque he dicho, y seguiré mantenimiento, que si en Canarias tendría que
haber algo público serían los transportes para garantizar la cohesión
territorial, la economía y la sociedad canaria.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.


¿Por el Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)









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3480




¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya? (Denegaciones.)


¿Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió?
(Denegaciones.)


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Medina.


El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, presidente.


Yo, como sé que el señor Mateu va a intervenir ahora en el
turno de portavoces, y ya nos conocemos, quiero prevenir algunas cosas.
Si va a hablar de que no hay otra alternativa porque hay una deuda
heredada y acumulada, no se olvide —y se lo recuerdo— que uno
de los causantes de esa deuda fue un ministro del Partido Popular, antes
amado por el Partido Popular y ahora casi odiado, el señor
Álvarez-Cascos. Lo digo para situar las cosas. Esa deuda hay que
compartirla.


En segundo lugar, si me va a hablar de modelos,
efectivamente, puede haber una diferenciación de modelos entre el que
ofrece el Partido Popular, que es un modelo basado en la contabilidad
pura y dura, en las cuentas de resultados, porque hay un objetivo claro
—esa es la percepción del Grupo Socialista—, que es priorizar
AENA, y el nuestro, que va más allá. Es necesaria, es conveniente una
buena contabilidad, una buena gestión, pero en la situación en la que
estamos creemos que se debe hacer un esfuerzo por los ciudadanos. No vale
tener aeropuertos si no hay gente que circule y si no hay mercancía que
se mueva. Ese esfuerzo es el que le pedimos.


Hay un ejemplo en España del que hablaba antes el senador
Quintero. En Canarias las cosas funcionaron bien cuando AENA mantuvo las
tasas hasta el año 2011, y ganó dinero. Lo que planteamos ahora es que se
vuelva a plantear esa cuestión, porque, insisto, el modelo del Partido
Popular está basado en cuentas de resultados, y nosotros creemos que se
debe hacer un esfuerzo diferente para, insisto, seguir modernizando estas
infraestructuras y prestar un buen servicio a las españolas, a los
españoles y al mundo entero.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Medina.


Senador Mateu, tiene la palabra.


El señor MATEU ISTÚRIZ: Señor presidente, buenos días.


Gracias, señorías.


El modelo del Partido Popular en AENA es garantizar la
supervivencia financiera del grupo AENA para que AENA siga siendo líder
en el transporte nacional e internacional de pasajeros.


La situación financiera de AENA, como bien saben, es muy
complicada. No voy a analizar el origen de la deuda sino, sencillamente,
decirles que a fin del año 2011 AENA tenía un endeudamiento, incluido el
largo y el corto plazo, en la estructura de la deuda de 14 145 millones
de euros. Es una barbaridad. Con estas perspectivas, al hablar de la
privatización, no teman, señorías, la privatización de AENA por ahora,
porque, desde luego, ¿quién va a hacerse cargo de AENA con estas cifras
de resultados? Lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular es
establecer un plan de saneamiento, de reestructuración, de equilibrio de
sus cuentas para que AENA, dentro de la adversidad, con las ratios que se
han dado, de la dificultad que existe en el tráfico de pasajeros y de
mercancías, trate de ponerse en la plataforma de salida para que en el
año 2015 podamos tener unos resultados positivos.


Hay que destacar que con las medidas de racionalización de
estos diecisiete aeropuertos que usted menciona y dos helipuertos con
menos de 500 000 pasajeros al año no se trata, en definitiva, nada más
que de mantenerlos y, afortunadamente, AENA está siendo muy sensible, lo
mismo que la representación de los trabajadores, y están manteniendo unas
negociaciones importantes para que se mantenga la racionalización de la
estructura y no se pierdan también puestos de trabajo. Como bien saben
ustedes, señorías, no se puede mantener la situación en la que estamos
porque, señor Medina, usted sabe que el presidente de AENA habló de una
sobrecapacidad de infraestructuras. Se han ido construyendo muchísimas
infraestructuras y ahora es el momento en el cual vemos que no pueden
tener la utilidad conveniente. Por eso antes de cerrarlas hay que
establecer unos métodos para poder seguir teniéndolas como
infraestructuras viables. Tenga usted por seguro, señor Medina, que ese
plan de eficiencia y de racionalización, al cual usted aludía
—estos 17 aeropuertos y 2 helipuertos están inmersos en un contexto
puramente provincial—, no va a frenar nunca las perspectivas de
crecimiento y desarrollo local. Hay ejemplos varios y se hablaba de
reducir el número de horas, pero ha habido provincias y ciudades que, en









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Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.


(acuaEbro)









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Aguas de las Cuencas del Norte, S.A.


(acuaNorte)









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Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.


(acuaMed)









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Puertos del Estado y Autoridades Portuarias









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Puertos del Estado y Autoridades Portuarias









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Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A.
(SEIASA)









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Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte
Terrestre, S.A.


(SEITTSA)









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3488




Si en el Congreso se aceptaron esas enmiendas, no deberían
plantear aquí ningún problema burocrático para decir que no se pueden
incorporar, porque ese argumento hoy ya no sirve. Tengan, pues, el valor
de subir a la tribuna y decir alto y claro que las obras que les
proponemos ejecutar en Cataluña, en Galicia, en Murcia y en Castilla y
León no son prioritarias para el ministerio, y así nos entenderemos
todos.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Becana.


En turno en contra tiene la palabra el senador Mateu.


El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente.


Intervendré en el turno de portavoces.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)


¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones.)


¿Grupo Parlamentario Entesa per Progrés de Catalunya?
(Denegaciones.)


¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió? (Denegaciones.)


¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones.)


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el
senador Mateu.


El señor MATEU ISITÚRIZ: Gracias, señor presidente.


Señor Becana, el Partido Popular tiene todo el valor y
coraje necesario para sacar a España adelante en esta situación
complicada en la que estamos. Evidentemente lo que se hizo en el Congreso
de los Diputados fue resolver una situación porque se entendió necesario
hacerlo en estos momentos, pero el Senado es otra Cámara, donde se
mantienen los mismos criterios, pero dentro de un contexto económico
general. Y se han aceptado algunas enmiendas, pero, por supuesto, no se
pueden aceptar todas. Insisto en que priorizar es una de las facetas de
gobernar.


Desde luego, el Partido Popular respeta absolutamente todas
estas infraestructuras a pesar de no aceptar sus enmiendas, señor Becana;
enmiendas que agradecemos porque entendemos que también ayudan a mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos. Pero ellos también son conscientes
de que necesitamos tener un poso, una huella, un respiro porque, como
bien se ha dicho en los intensos debates habidos en esta Cámara, una
carretera se puede parar, un acceso se puede parar, pero lo que no se
puede parar, porque tiene que tener, no solo velocidad de crucero, sino
velocidad de fórmula 1, es el seguir manteniendo y atendiendo los
servicios públicos esenciales: la sanidad, los mayores y, desde luego,
todo lo relativo a la educación. Y esto es lo que el Partido Popular
pretende. Con lo cual no crea que esto queda en la basura, en la
poubelle, como dicen en Francia, sino que queda sencillamente en stand
by, postergado, y desde luego son criterios que se han establecido dentro
de las directrices del no incremento del déficit público de las cuentas
españolas


Por ello, insisto en que no se van a poder aceptar esas
enmiendas con todo el respeto y con todo el cariño para todos los
territorios que en estos momentos no van a poder tener esas mejoras.


A mí me gustaría hacer referencia a dos enmiendas referidas
a Burgos, mi provincia, que son la 1688, relativa a la Ronda Noroeste de
Burgos y al tramo Quintanadueñas-Villatoro-Villimar, y a la 1689, que es
la BU-30, un anillo para cerrar la circunvalación por la ciudad, y desde
luego, al tramo Villabilla de Burgos-Quintanadueñas. Se ha entendido que
estas vías tienen que tener la dotación que se les ha aplicado, pero eso
no empece para que estén consignadas con carácter plurianual, porque el
no aportar ahora cantidades suficientes a su juicio para la ejecución de
una obra no significa que estas infraestructuras se vayan a desatender.
Por eso en la plurianualización de las dotaciones para estas dos
importantes infraestructuras para mi provincia, para Burgos, no quedan
totalmente desatendidas entre los años 2014 y 2016 y en adelante.


Señoría, agradecemos todo su esfuerzo, pero estamos en la
situación en la que estamos, que creo ha sido objeto de un intenso debate
en estos últimos días.


Rechazamos, pues, las enmiendas que se plantean a SEITTSA
por parte de los grupos parlamentarios que conforman este arco
parlamentario. (Aplausos.)









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Preámbulo









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capacidades del Ministerio de Defensa en materia de gestión
de programas de material de defensa con destino a la exportación.


Este contenido además se completa con tres disposiciones
adicionales. En la primera se dispone, de una parte, la elaboración de
modelos de comunicación previa y declaración responsable tipo con objeto
de que faciliten la cooperación administrativa; de otra, el desarrollo de
una ordenanza tipo en materia de licencias municipales.


En la segunda de las disposiciones adicionales se otorga
habilitación a las entidades de colaboración privadas para la
comprobación de los requisitos de los declarantes. En la tercera se
dispone la aplicación de la presente ley a las instalaciones de redes
públicas de comunicaciones electrónicas. Se introduce también una
disposición transitoria en la que se fija el régimen aplicable a los
procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley. Y, por
último, una disposición derogatoria.


El proyecto de ley que se somete en este acto a la
consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día
23 de noviembre, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales, tramitándose por el procedimiento de
urgencia.


El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 29 de
noviembre de 2012, presentándose un total de 52 enmiendas, que son las
siguientes: enmiendas números 1 a 11, de los senadores Jesús Enrique
Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto; enmiendas números 12 a 20, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió; enmiendas números 21 a 31 y 42
a 52, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y
enmiendas números 32 a 41, del Grupo Parlamentario Socialista.


El día 3 de diciembre la comisión se reunió para dictaminar
el citado proyecto de ley y emitió dictamen sin modificaciones respecto
al texto remitido por el Congreso de los Diputados.


Finalmente, han presentado votos particulares a este
dictamen los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes y los
Grupos Parlamentarios Entesa pel Progrés de Catalunya, Catalán en el
Senado Convergència i Unió y Socialista.


Para terminar, quiero agradecer a todos los miembros de la
Comisión de Economía y Competitividad sus distintas aportaciones, ya sea
vía enmiendas o con sus intervenciones parlamentarias.


Muchas gracias, señorías. Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


¿Turno a favor? (Pausa.)


¿Turno en contra? (Pausa.)


Turno de portavoces.


¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)


¿Por el Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)


¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya? (Denegaciones.)


¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió? (Denegaciones.)


¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones.)


¿Por el Grupo Parlamentario Popular? (Denegaciones.)


Comenzamos con el debate del articulado.


Enmiendas de los señores Iglesias y Mariscal, de la 1 a la
11.


Tiene la palabra, senador Mariscal.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señora
presidenta.


Los senadores de Izquierda Unida hemos presentado 11
enmiendas a esta ley, una ley que nos llama la atención en cuanto a su
contenido por lo de mezclar liberalización de horarios comerciales con la
venta de tanques y cañones al exterior en un mismo texto.


En el contexto de crisis económica en el que nos
encontramos es realmente llamativo que se impulsen medidas para agilizar
la entrada de comercios en el mercado, la adquisición de licencias para
la puesta en marcha de determinadas actividades económicas del comercio y
que, a su vez, se pretenda la liberalización de los horarios comerciales
y la extensión del concepto de las rebajas, lo que supone sin duda un
ataque contra la supervivencia futura del pequeño comercio en nuestro
país, un pequeño comercio que tiene una implantación sólida en
determinadas zonas de la geografía española. En Andalucía tenemos
especialmente la Red de Ciudades Medias y también









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en las capitales de provincia unas redes de pequeños
comercios que se están viendo afectados y se van a seguir viendo
afectados por esta medida de liberalización, lo que está también causando
preocupación, una honda preocupación en las asociaciones del pequeño
comercio de España.


Nuestras enmiendas también van dirigidas, especialmente las
enmiendas 7 y 8, a que haya un control parlamentario, una rendición de
cuentas por parte de la Comisión de Defensa al Congreso de los Diputados
para que se puedan evaluar las actividades de venta de armamento al
exterior por parte de donde reside la soberanía del pueblo.


No creemos que esta sea una ley útil, creemos que esta ley
es un elemento más de lucha contra la crisis desde el lado equivocado,
que es una ley que va a favorecer a las grandes distribuidoras
alimentarias, que va a favorecer a las grandes superficies, que va a
favorecer a los grandes comerciantes. De nuevo en esta ley el Partido
Popular se olvida precisamente de una base importante de lo que hasta
ahora ha sido su electorado, que sin duda le comienza a dar la espalda en
este aspecto, como se vio el anterior 14 de noviembre en la huelga
general, donde el nivel de seguimiento del pequeño comercio y del cierre
de los comercios por parte del pequeño comercio fue notable, lo que
expresa un descontento con respecto a esta legislación y a otras que le
afectan en su actividad diaria.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por Entesa pel Progrés de Catalunya, enmiendas de la 21 al
31. Tiene la palabra, senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyora presidenta.
Señorías, buenos días.


Quisiera empezar mi intervención de presentación de estas
enmiendas con dos reflexiones. En lo que llevamos de legislatura hemos
tramitado veintidós proyectos de ley, de estos veintidós proyectos de ley
dos han sido por lectura única, diecisiete por el procedimiento de
urgencia y tres por el procedimiento ordinario. Creo que la tramitación
de un 77% de los proyectos de ley que vienen del Gobierno por el
procedimiento de urgencia no tiene justificación, degrada la actividad
parlamentaria, evidentemente dificulta las tareas a la oposición,
disminuye la calidad legislativa y no hace ningún bien a la imagen de
esta Cámara.


Por otra parte también —segunda reflexión—,
hemos tramitado dos Presupuestos Generales del Estado, el de 2012 y el
que hemos terminado hoy, el de 2013. Considero que hay una mayoría de sus
señorías que compartirán conmigo que el formato actual de debate de los
Presupuestos Generales del Estado no es el adecuado, no da satisfacción a
nadie ni creo que responda a lo que realmente queremos conseguir, que es
un debate político a fondo de una cuestión tan importante como los
presupuestos. Es por esto que creo que sería importante, ahora que
tenemos fresca la memoria de qué es lo que ha pasado en este debate de
presupuestos, que bajo el liderazgo del presidente del Senado y con la
Mesa y los portavoces se hiciera una reflexión para intentar encontrar un
nuevo formato de debate que dé satisfacción a lo que todos entendemos que
debería ser.


Entro ya a la defensa de las doce enmiendas que
presentamos. Hay cinco —23, 24, 25 26, y 27— que nos parecen
necesarias porque precisan los mecanismos de control de estas actividades
comerciales; especialmente la enmienda 27, que se refiere a todo lo que
afecta a los sectores de la alimentación. Sería necesario un control
previo antes de la autorización de este tipo de actividades.


Las enmiendas números 27 y 28 se refieren al control del
Congreso de los Diputados sobre el suministro y comercio exterior del
material de defensa.


Con la enmienda número 30 proponemos eliminar la
liberalización de los horarios comerciales, y lo hacemos por dos grandes
motivos. En primer lugar, por el efecto negativo que tendrá sobre el
comercio de proximidad y sobre las condiciones laborales de los
trabajadores de ese sector; y en segundo lugar y muy importante para un
senador catalán, porque vulnera las competencias de la Generalitat,
artículo 121 del Estatut d’Autonomia de Catalunya.


Con esta defensa doy por justificadas estas enmiendas, y
les invito a reflexionar sobre el exceso de procedimientos de urgencia en
la tramitación de los proyectos de ley y sobre cuál debería ser el nuevo
formato de debate para los Presupuestos Generales del Estado.


Gracias, señora presidenta.









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La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya:
enmiendas 42 a 52.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, se supone que el Proyecto de Ley de medidas
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios
responde a la necesidad de favorecer la actividad empresarial y, en
definitiva, de eliminar trabas a los emprendedores. Parte de la
convicción de que hay un exceso de burocratización en la Administración,
de que hay un excesivo peso de la Administración que dilata demasiado los
procesos de concesión de licencias administrativas. Es evidente que todo
lo que contribuya a facilitar la actividad de los empresarios, la puesta
en marcha de nuevos proyectos empresariales, sobre todo de pequeñas y
medianas empresas, y especialmente de actividad comercial y de servicios,
es bueno en sí mismo. No obstante, este proyecto de ley no deja de
responder a una concepción excesivamente simplista de la realidad y,
sobre todo y lo que es más grave, acaba generando inseguridad jurídica
entre los emprendedores afectados, en la medida en que deja a criterio de
la Administración, y en muchos casos del Gobierno de las comunidades
autónomas, la definición del catálogo de actividades que quedan sujetas
al presente proyecto de ley o la superficie de los comercios que se verán
afectados. Por otra parte, crea riesgos para los consumidores, en la
medida en que permite el inicio de una actividad simplemente a partir de
una declaración jurada del promotor en la que se compromete a cumplir con
la normativa vigente. Eso significa que una actividad puede iniciarse sin
que haya pasado ningún tipo de control o supervisión de la
Administración. Esto, de entrada, crea problemas a los posibles
consumidores o usuarios de los servicios y puede crear incluso problemas
de vecindad con los vecinos de los inmuebles en que se instalen las
actividades. Por tanto, aquí hay riesgo y hay inseguridad jurídica que
nos hacen pensar que el proyecto de ley está hecho con precipitación y,
siendo bienintencionados, con un exceso de buenismo.


Es necesario cierto control a priori de la Administración,
y es lo que proponemos en nuestras enmiendas; no es posible que una
actividad se inicie sin ningún tipo de control. Por supuesto, los
establecimientos de alimentación deben estar controlados desde el mismo
momento, como mínimo, en que se inicia la actividad. No es posible que
haya una actividad de riesgo, como el comercio de alimentación, sin que
la Administración haya ejercido ningún tipo de control sobre ella.


Igualmente, si bien se hace referencia a ello en el
proyecto de ley, no acaba de quedar suficientemente establecido que las
obras que necesiten proyecto deben estar sujetas a licencia previa. No es
posible iniciar unas obras sin que la Administración se haya pronunciado,
porque no hay garantía de adecuación de las instalaciones, aparte de lo
que haya firmado el promotor y se podrían derivar reclamaciones a la
Administración Local; porque si un empresario, un promotor, un
comerciante, ha iniciado obras para la realización de determinada
actividad comercial o de servicios y, una vez realizadas las obras,
iniciada la actividad, la Administración Local inicia un proceso de
revisión de esa actividad y establece restricciones a la misma, el hecho
de tener que modificar las obras realizadas podría generar un proceso de
reclamación de daños y perjuicios a la Administración Local.


En el proyecto de ley, que aborda muchos temas, se aborda
también el aspecto general de la actividad comercial. Entendemos que
habría que eliminar la liberalización de los horarios comerciales
introducida por el Real Decreto Ley 20/2012, precisamente porque esta
liberalización de horarios comerciales desprotege al comercio minorista,
especialmente a los trabajadores, y beneficia a las grandes superficies y
a las grandes cadenas.


Asimismo, el proyecto de ley atenta contra competencias
autonómicas, ya lo ha dicho el senador Guillot. La propuesta de 90 horas
semanales vacía de contenido el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en
concreto el artículo 121, que señala ese número de horas como máximo, y
difícilmente podría la Generalitat de Catalunya ir más allá en la
regulación del número de horas.


El Gobierno debe fijar claramente el listado de actividades
económicas que se pueden acoger a la presente norma, precisamente para
evitar la inseguridad jurídica de la que hablaba al principio. Debería
elaborarse una ordenanza tipo para los ayuntamientos de toda España; si
no, el trámite que se pretende simplificar puede parecerles un caos
burocrático a los empresarios que tengan actividades en distintos
municipios, por culpa de la dispersión normativa para otorgar
licencias.









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El proyecto de ley es un cajón de sastre que contiene temas
que nada tienen que ver con la liberalización comercial; me refiero, en
concreto a las medidas de apoyo del ministerio a la exportación de
material de defensa. Se pretende que el ministerio intervenga como
mediador necesario en el caso de operaciones de venta de armamento a
otros países. Nos parece bien la intervención del ministerio y nos parece
bien que haya regulación para una actividad comercial tan especial como
es la del comercio de armamento, y a la vez tan importante; no se trata
de ponerle trabas, sino lo contrario: que el Gobierno, el Estado, ejerza
simplemente un control. No obstante, sería bueno que hubiese también
control parlamentario; que las Cortes Generales —o por lo menos el
Congreso de los Diputados— tuviesen conocimiento de todo tipo de
operaciones de comercio de armamento hacia el exterior.


Finalmente, el proyecto de ley se refiere también a la
llamada amnistía fiscal, que se establece en el Real Decreto Ley 12/2012,
de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y
administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Sin duda,
de entrada, es una medida injusta, discriminatoria, porque favorece
precisamente a los defraudadores; pero además, y sobre todo, se ha
revelado claramente ineficaz, porque la recaudación que se ha producido
finalmente ha estado muy por debajo de las expectativas del ministro, del
señor Montoro. Pedimos, pues, que la amnistía fiscal quede derogada y que
se exija el cumplimiento de sus obligaciones tributarias a todos y cada
uno de los españoles en régimen de igualdad.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió: enmiendas 12 a 20.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Vilajoana.


El señor VILAJOANA I ROVIRA: Bon dia, presidenta.


Señorías, antes de entrar en el debate de este Proyecto de
Ley de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados
servicios, me gustaría dedicarle un especial recuerdo al senador Lluís
Maria de Puig, que falleció ayer. En nombre de Convergència i Unió, y
creo que en nombre de toda la Cámara, expreso el dolor de la pérdida.
Tuvimos la oportunidad de convivir con él durante la legislatura pasada.
Fue un giruni de larga y profunda competencia profesional: senador,
diputado y presidente del Consejo de Europa. Nuestro más sentido pésame a
la familia socialista y a la familia del senador.


Avanzo que estamos claramente en desacuerdo con este
proyecto de ley. Cataluña tiene competencia exclusiva en materia de
comercio y ferias, de acuerdo con el artículo 121 del Estatut de
Catalunya. Aunque en muchas ocasiones tenemos la impresión de que algunos
creen que no está vigente, el Estatuto es una ley orgánica votada por el
pueblo de Cataluña; recortada por el Congreso, por el Senado y también
por el Tribunal Constitucional, pero una ley orgánica en plena vigencia.
Por tanto, tenemos competencias en comercio y ferias. Además, el modelo
comercial catalán es un modelo equilibrado que garantiza la
compatibilidad de los grandes centros comerciales con el comercio
familiar, de proximidad y de pequeños autónomos en el centro de ciudades
y poblaciones del país. Les pondré un ejemplo. Durante el fin de semana
pasado muchas personas hicieron puente; en Puigcerdà, población de 8000
habitantes, había entre 50 000 y 100 000 ciudadanos, de Cataluña y de
otras partes, que disfrutaban de la nieve y de sus estaciones de esquí,
más de 20 en la zona. Hay una calle en Puigcerdà que está llena de
tiendas, y el sábado por la tarde no se podía caminar por ella. En
Cataluña, aparte del Corte Inglés y de otros grandes centros comerciales,
hay poblaciones a las que los ciudadanos van a comprar los fines de
semana, porque tienen compras además de otras cosas. Un senador muy
cercano a mi grupo, por ejemplo, va a Playa de Aro a comprar, un gran
sitio que les recomiendo, tiene tiendas de todo tipo.


En Cataluña se producen auténticos fenómenos comerciales:
los señores Tous, por ejemplo, unos joyeros maravillosos; tenían una
tienda muy pequeñita en Manresa, y ahora tienen centros de venta en todo
el mundo. Este es el comercio catalán. Está muy bien el Corte Inglés, es
fantástico; y Carrefour, etcétera; pero nos gusta la diversidad y que una
familia pueda empezar un negocio con una pequeña tienda y acabe montando
una gran marca internacional. Esto es posible si mantenemos un modelo que
permita la convivencia de los grandes centros comerciales con los









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pequeños comercios, con el comercio familiar, con los
autónomos. Esto es lo que esta ley se carga, y nos parece mal, nos parece
muy grave. Por eso nos manifestamos en contra.


Nosotros queremos construir —hemos construido—
un modelo competitivo de trama urbana y de equilibrio entre los
diferentes tipos de establecimientos comerciales. Quiero aclarar que no
estoy yendo contra nadie, sino a favor de alguien. Considero que en un
buen modelo comercial han de convivir las dos cosas. Sin embargo, esta
ley tiene tendencia a proteger los grandes centros comerciales y un tipo
de comercio basado en grandes aglomeraciones e instalado grandes
capitales. El comercio es el motor de la economía y el 10% del PIB
catalán, crea miles de puestos de trabajo, miles de autónomos y supone un
tejido productivo y de ocupación muy importante en Cataluña, sobre todo
en un momento de crisis como este. Para muchos parados, para mucha gente
que se encuentra sin trabajo, la salida es montar un pequeño comercio en
un barrio de una pequeña ciudad o de una gran ciudad. Ahora mismo, el
comercio está dando puestos de trabajo nuevos a personas que han perdido
sus puestos de trabajo anteriores. Por tanto, este modelo también es útil
en estos momentos de crisis, en que no hay una gran locura de consumo,
sino que la gente compra lo que necesita y donde lo tiene más cerca. Con
él apoyamos la solución vital de los pequeños comercios llevados por
familias, por autónomos, por gente que hace cuatro días trabajaba en
grandes compañías.


¿Qué peligros tiene este proyecto? Los que acabo de
manifestar. Pero, además, hay otro aspecto para mí muy importante: es una
ley que ha salido adelante sin consenso y con una invasión brutal de
competencias. Ya sé que esto les preocupa cada vez menos, pero están
invadiendo competencias. Y ustedes, que nos ponen la Constitución delante
permanentemente, ignoran que el Estatuto de Cataluña —con las
competencias marcadas en él— es absolutamente constitucional. Y si
no les gusta esta situación, hagan una cosa: cambien la Constitución y a
ver qué hacemos. Pero lo que no puede ser es que ustedes saquen adelante
leyes que invaden competencias y les parezca entre bueno y
fantástico.


¿En qué afecta la ley a lo que les he contado? En que están
ustedes intentando cambiar los horarios comerciales —introducen más
festivos comerciales—, e introducir delimitaciones en zonas
turísticas sin la intervención de la Generalitat ni de los municipios,
que son los que saben. ¿Quién sabe más de la problemática de Calella del
Maresme? Montserrat Candini, que es la alcaldesa. Ella sabe qué le
conviene a Calella, qué tipo de áreas le van bien, qué horario es el
mejor; no lo sabe el señor ministro de comercio del mundo mundial, lo
sabe Montserrat Candini. Por lo tanto, sería bueno preguntarle a ella por
este asunto. Esto es lo que estoy planteando y lo que esta ley
ignora.


Por todo ello, es obvio que nuestro grupo no va a apoyar
esta ley. Presentaremos unas enmiendas para dar la oportunidad de
arreglarlo y, si no es así, sencillamente votaremos en contra. Y aunque
esta ley salga adelante, que quede claro que se están equivocando;
porque, aprobada o no, es una ley que no funcionará ni es correcta para
lo que necesita el país en estos momentos; no solo Cataluña, sino
todos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Grupo Parlamentario Socialista: enmiendas 32 a 41. Para su
defensa, tiene la palabra el senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores senadores, quiero agradecer en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista el pésame del señor Vilajoana y de
Convergència i Unió. También nosotros lamentamos la irreparable pérdida
de un gran socialista, un gran parlamentario y un gran catalán. Creo que
todos sufrimos una pérdida muy sentida, y me toca agradecer al Grupo
Parlamentario Catalán, en nombre de mi grupo, su más sentido pésame, que
es el nuestro también.


Este proyecto de ley se merecía mucho más; mucho más que
este debate en la cola del debate presupuestario, después de tres días,
porque afecta a intereses de calado para la sociedad y al futuro
desarrollo de nuestras ciudades, tal como explicaba el ponente de
Convergència i Unió. Por otra parte, el título es un tanto pretencioso:
con Proyecto de Ley de medidas urgentes de liberalización del comercio,
parece que estamos restableciendo el comercio con América o resolviendo
el problema de la Ronda Uruguay, y no es así. En realidad, estamos
haciendo una









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cosa menor y, a mi parecer, mal: transferimos las trabas
burocráticas previas, que eran una garantía para el ciudadano que no se
veía afectado por los problemas que pudiera generar algún tipo de
actividad, transferirlas a después de la apertura del comercio, sin
eliminarlas. Aunque la eliminación de trabas burocráticas es siempre una
cosa positiva, no se eliminan, sino que se posponen, sin obligar
realmente a las administraciones. No parece una buena solución, aunque la
intención pueda ser buena y es absolutamente discutible la urgencia de la
cuestión, porque llevamos muchos años discutiendo sobre el comercio y
especialmente sobre los horarios comerciales, por ejemplo, y también
sobre todas estas trabas burocráticas que ahora se vuelven a traer a
colación.


Hay que decir una vez más, aunque a lo mejor algunos
señores senadores del Partido Popular no lo sepan, que todas las medidas
que estamos adoptando en torno al comercio no responden a la
liberalización: responde a la voluntad no declarada del Partido Popular
de satisfacer las demandas que la Asociación de Grandes Empresas de
Distribución, Anged, viene tradicionalmente presentándoles a la sociedad
española, para ventaja suya, obviamente, y no para ventaja del cliente ni
del comercio en general. Es una situación desafortunada que, lejos de
traer ventajas para los ciudadanos y para la economía, vendrá a propiciar
de manera consistente lo que ya es clamoroso: el cierre de pequeños
comercios, fundamentalmente en el centro de las ciudades. En realidad, y
para ser breve, este proyecto no liberaliza nada, aunque tenga ese título
tan pretencioso. Lo único que hace es cambiar una serie de requisitos que
antes se solicitaban previamente a la apertura de un comercio y que eran,
insisto, una garantía de inocuidad para los ciudadanos, por un control
posterior; solo —eso sí— para determinadas actividades y en
un determinado tipo de locales: los menores de 300 metros cuadrados.
Agiliza teóricamente la apertura, pero no elimina trabas burocráticas,
que deberán acreditarse posteriormente y que podrán ser supervisadas por
una empresa privada, he ahí de nuevo el negocio; una empresa privada que
lo que hará será aumentar el coste de la apertura del negocio y que no
vendrá, por tanto, a facilitar nada. Eso sí, habrá un nuevo negocio, que
será el de revisar las condiciones de apertura que se exijan a los
negocios que se vayan a abrir.


En el camino que acabamos de tramitar habrán quedado una
serie de actividades que sí pueden tener incidencia directa en los
ciudadanos. Se ha hablado, por ejemplo, de carnicerías, de tiendas de
alimentación, de tintorerías y de otra serie de actividades que pueden
tener riesgo para los ciudadanos y otras muchas que podrían ser una
molestia para los vecinos, que podrán empezar su actividad sin ningún
otro requisito que una declaración. Insisto: han quedado atrás, no ya la
petición previa, sino una serie de consideraciones que antes se tenían en
cuenta y que ahora ya no se van a tener; por ejemplo, la protección del
medio ambiente, la seguridad o la salud pública, o el respeto al
patrimonio histórico-artístico. Por consiguiente, no es una eliminación
de trabas, es una liberalización —en este caso, sí— a peor de
las condiciones para determinadas aperturas y pueden ser problemáticas
para todos. Además, esta ley que debería haber introducido la
simplificación para todas las actividades, lo hace una solamente para
determinadas actividades comerciales.


En definitiva, este proyecto no expresa con claridad ni la
cantidad ni la denominación concreta de las licencias que se están
suprimiendo ni tampoco expresa con claridad la legislación que se debe
cumplir ni las normas que se derogan; no cumple la labor de
simplificación que pretende, porque generará, por todos estos
desconocimientos, inseguridad jurídica a quien pretenda abrir una
actividad comercial que se puede ver compelido por una sanción, por los
exámenes que se hagan a posteriori de su declaración, por no cumplir los
requisitos que a lo mejor no conocía a la hora de iniciar la
actividad.


Por otro lado, la simplificación tiene como objetivo
confesado, como ustedes saben, intentar evitar la caída del consumo tan
acusada durante estos últimos años. Está bastante claro que la caída del
consumo no se debe a la mayor facilidad o dificultad para abrir
comercios, sino fundamentalmente a la caída del poder adquisitivo de los
ciudadanos como consecuencia de determinadas medidas y de la crisis
económica en general. De todas formas, es obvio que, de tener éxito las
medidas propuestas por el Gobierno para facilitar la apertura de
negocios, a lo que asistiríamos fundamentalmente sería a un
estrechamiento de los márgenes comerciales en una economía tan deprimida
como la actual porque existiría una mayor competencia. Por tanto, no
asistiríamos a un incremento del volumen de negocio, sino que
probablemente asistiríamos a









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cierre de negocios superior al que tenemos, ya muy
acentuado, por las medidas liberalizadoras que habría que pensarse un
poco más. Porque las medidas de liberalización suelen hacerse en
escenarios bien distintos: se hacen normalmente en un escenario de fuerte
crecimiento, que provoca tensión en los precios, en el que esa medida
liberalizadora y por tanto de estrechamiento de márgenes comerciales
resulta un buen elemento de lucha contra la inflación, cuestión que no
está en estos momentos en juego, precisamente.


Este momento hubiera sido muy adecuado para un debate sobre
el papel del pequeño comercio en la revitalización de los centros
históricos de las ciudades; y muy adecuado, sobre todo, para algo que han
dicho ya otros ponentes: para revisar las decisiones del Gobierno en
materia de horarios comerciales que, como puede verse en todas nuestras
ciudades, no han sido precisamente positivas para ayudar a la pequeña
actividad comercial. Además, insisto, esta regulación introduce muy
serias dudas de invasión competencial.


Es evidente que una ley de solo cinco artículos sobre el
comercio no da respuesta a todas estas situaciones.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando.


El señor LERMA BLASCO: Termino.


Las demás cuestiones son una resurrección, como ustedes
saben, de aquello que en su día eliminamos y que fue un adelanto hacerlo:
la ley de acompañamiento, que el Gobierno actual, por esta vía y sin
pactar, ha vuelto a rescatar. Una mala técnica legislativa, en
definitiva, que solo genera confusión.


Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas
gracias, señoría.


Turno en contra.


Tiene la palabra el senador Aroca.


El señor AROCA SÁEZ: Muchas gracias, presidenta.


En primer lugar, me sumo, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, a las condolencias por la desaparición de nuestro compañero, el
exsenador de Cataluña.


Señorías, subo a esta tribuna con el firme propósito de
defender, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, este
Proyecto de Ley de medidas de liberalización del comercio y de
determinados servicios procedentes del Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de
mayo.


A nadie de los aquí presentes se le escapan las
dificultades de nuestra economía ni la consiguiente la merma de nuestro
consumo interno. Nuestro comercio interior está pasando desde hace unos
años por un momento de auténtica dificultad. Quien les habla es
consciente de que los gobiernos no crean puestos de trabajo, pero sí que
son los que hacen, por medio de sus políticas, que otros lo generen. El
Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy está llevando a cabo una
lucha sin cuartel para reducir el elevado déficit público, con los
criterios de austeridad, reducción y control del gasto; pero también ha
emprendido unas políticas con el claro propósito de favorecer, dinamizar,
optimizar y rentabilizar cuantas acciones, normas y reformas sean
necesarias para generar riqueza e impulsar y recuperar nuestra economía
y, por consiguiente, crear empleo. De forma urgente tenemos que ponernos
del lado del emprendedor; de aquellos que están dispuestos a arriesgarse
y a jugarse su dinero, su tiempo, e incluso, si me lo permiten, hasta su
salud. Ellos son precisamente, los pequeños y medianos empresarios, los
con su riesgo y afán de superación generan miles de puestos de trabajo en
toda España y hacen que nuestra economía pueda crecer y sea productiva.
El objetivo es claro: reducir las cargas administrativas para que sea
mucho más sencillo emprender la apertura de un nuevo negocio, y así
dinamizar el comercio. Se trata de facilitar la actividad y de reducir
obstáculos, haciendo su apertura más ágil y flexible. No es de recibo
que, para abrir un negocio, las licencias municipales se conviertan en
muchos casos en una auténtica pesadilla. De ahí el facilitar, a través de
la norma que hoy estamos tramitando, una licencia exprés; es decir,
sustituir una licencia a priori por un control posterior. Como todas sus
señorías saben, esta norma se limita a locales comerciales de hasta 300
metros cuadrados de exposición y venta al público, si bien es cierto que
la Secretaría de Estado de Comercio no cierra la posibilidad de ampliar
esta superficie y las actividades. Con esta licencia exprés evitaremos
los









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elevados costes a los que un emprendedor tiene que hacer
frente para abrir un nuevo negocio. En la actualidad, durante el proceso
de tramitación de las licencias, los emprendedores se ven abocados en
muchos casos a estar pagando un alquiler o una hipoteca por el local
durante meses, sin poder iniciar la actividad hasta que finalice la
tramitación municipal.


No deja de sorprender la postura de los senadores que
acaban de hacer uso de la palabra, cuando en las pasadas semanas la
Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, hizo
entrega del galardón a la mejor iniciativa institucional del año, por la
puesta en marcha de esta licencia exprés, al secretario de Estado de
Comercio, Jaime García Legaz. Con este reconocimiento, los autónomos
valoran la iniciativa y, por tanto, su confianza y esperanza en que la
nueva norma cumpla sus principales objetivos: dinamizar la economía
comercial y crear empleo.


También se hace referencia en este proyecto de ley a la
exportación desde el punto de vista tecnológico e industrial;
concretamente, en lo que se refiere a programas de material de defensa
con destino a otros países.


Pasando a las enmiendas, señorías, en primer lugar deseo
poner en valor el trabajo realizado por los distintos grupos
parlamentarios que han presentado enmiendas a este proyecto de ley. Su
voluntad, trabajo e iniciativa son dignas de reconocimiento. Estoy
convencido de que al presentar estas enmiendas les ha guiado un afán de
mejorar el texto inicial. Es conveniente recordar a todos ustedes que en
la tramitación parlamentaria que se ha realizado en el Congreso de los
Diputados varias enmiendas presentadas por los grupos de la oposición en
la Cámara Baja han tenido entrada en el texto definitivo remitido al
Senado. Es cierto que no todas fueron tenidas en cuenta. Hoy, aquí, en el
Senado, estamos valorando 52 enmiendas presentadas por los grupos de esta
Cámara. El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado 11, el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya 22, el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió 9 y el Grupo Parlamentario
Socialista 10. Señorías, todas ellas fueron votadas en contra de la
Comisión de Economía y Competitividad celebrada el pasado día 3. La
inmensa mayoría fueron presentadas en el Congreso de los Diputados con un
tenor igual o parecido, e incluso duplicadas por varios grupos
parlamentarios. No fue por capricho, ni mucho menos, el voto negativo por
parte del grupo al que represento. La justificación de nuestro voto en
contra de estas enmiendas es la que a continuación pretendo detallar.


No haré una exposición minuciosa de cada una de las
enmiendas, pero sí procuraré exponer de forma concreta algunas de ellas
haciendo referencia a sus contenidos y a los grupos parlamentarios
enmendantes. Comenzaré por las del Grupo Parlamentario Mixto,
representado por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes. En
su enmienda 1 nos proponen un cambio de redacción en el artículo 1, es
decir, en el objeto del proyecto de ley, con el fin de evitar
confusiones. No la aceptamos por considerar más clara y adecuada la
redacción original, teniendo en cuenta que no solo se suprimen las
licencias comerciales municipales sino que se adoptan también otras
medidas relacionadas con el ejercicio de la actividad comercial que
quedarían fuera del contenido de este artículo. Es importante señalar que
se eliminan otras cargas y restricciones, ya que la simplificación
también es objeto de esta norma. Esta misma respuesta puede servir para
su enmienda número 3.


Nos proponen en su enmienda número 2 una modificación del
apartado 2 del artículo 2, para extender el supuesto a otras
administraciones. Nosotros la consideramos redundante, ya que la Ley
33/2003 tiene un carácter básico y es aplicable a todas las
administraciones públicas.


Nos proponen en sus enmiendas 7 y 8 reforzar el control del
Parlamento en materia de comercio exterior en todo lo relacionado con el
material de defensa. Como bien saben sus señorías, la Ley 53/2007, de 28
de diciembre, regula el control del comercio exterior en materia de
defensa y de doble uso. Y el Real Decreto 2061/2008 el funcionamiento de
la Junta interministerial reguladora a tal efecto. En ambas se expresa
que el Gobierno informará semestralmente de las exportaciones de estos
materiales, y el secretario de Estado de Comercio comparecerá anualmente
para informar, por lo que el control y la transparencia están
suficientemente garantizados. Además, el Real Decreto 19/2012 añade un
mecanismo para garantizar el control de este tipo de contratos.


En su enmienda número 9 nos proponen una modificación
técnica. He de indicarle que la elaboración de la ordenanza tipo para la
declaración responsable y de comunicación previa será









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elaborada con la cooperación de todas las administraciones
públicas con competencia en la materia.


En su enmienda número 10 proponen añadir una disposición
final novena sobre la liberalización de horarios comerciales. A juicio
del Gobierno y de este grupo parlamentario la propuesta desvirtúa el
espíritu de las medidas emprendidas en el Real Decreto 20/2012.


Paso a continuación a las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Al ser coincidentes
en su totalidad o en parte con algunas de las enmiendas presentadas por
el Grupo Parlamentario Mixto, han quedado respondidas anteriormente. Nos
plantean en su enmienda número 42 una modificación al artículo 1. Objeto:
la redacción que nos sugieren implica un régimen más restrictivo del que
se pretende implantar, puesto que incluyen la protección del medio
ambiente, la seguridad o la salud pública no incluidas en la redacción
del proyecto, que sí recoge excepciones en caso de impacto patrimonial
histórico-artístico o del uso privativo de ocupación de los bienes de
dominio público. Esta respuesta también puede servir para la enmienda
número 43.


La respuestas a sus enmiendas 45 y 52, dada su correlación,
es negativa ya que entre otras peticiones se incluye la de suprimir el
anexo para que el Gobierno asuma la elaboración de otro listado de
actividades distinto al que ahora se ha presentado, basado en el impuesto
de actividades económicas. Por tanto, no guarda coherencia con el
espíritu de esta norma.


Paso a continuación a las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Este grupo
ha basado ocho de las nueve enmiendas presentadas en nuevas enmiendas de
adición, todas ellas relacionadas con los horarios comerciales, días de
apertura, rebajas, cupones de obsequio, superficies de exposición y venta
al público y actividades de promoción. Sus propuestas desvirtúan el
espíritu de las medidas emprendidas en el Real Decreto Ley 20/2012, de 13
de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad. Por tanto, no las podemos aceptar, señor
Vilajoana. Como bien saben sus señorías, todos estos aspectos están
recogidos en el Titulo V del real decreto ley anteriormente citado, y
bien conocen que se ha trabajado conjuntamente este tema con todas las
comunidades autónomas. Los países de nuestro entorno tienen medidas mucho
más liberalizadoras que las nuestras.


Del mismo modo, no podemos aceptar su enmienda número 20 de
supresión de la disposición final novena. En modo alguno vacía o invade
las competencias exclusivas en materia de comercio exterior, puesto que
lo que pretende, sobre la base de la ordenación general de la economía,
es flexibilizar el régimen de intervención a los emprendedores, que son
los motores de la actividad comercial y económica y de la creación de
empleo, independientemente de su ubicación territorial,
independientemente de que estén en una comunidad o en otra.


Señorías, para finalizar entro a valorar las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Como ya indiqué al
principio de esta intervención, han sido presentadas diez enmiendas,
varias coincidentes con las de otros grupos políticos de representación
en esta Cámara y contestadas anteriormente. En la enmienda número 32 se
propone una modificación de la relación de la exposición de motivos,
retocando varios de sus aspectos, porque entiende el grupo enmendante que
mejora la redacción del Real Decreto 19/2012. No podemos aceptar esta
enmienda, puesto que, a nuestro juicio y al del Gobierno, es más adecuada
la redacción actual, teniendo en cuenta el contenido del proyecto de
ley.


Las enmiendas 38 y 39 tienen que ver con el Real Decreto
legislativo 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas
medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del
déficit público, concretamente, con la popularmente conocida amnistía
fiscal.


Señorías, lo hemos dicho por activa y por pasiva: nuestro
principal objetivo es, en primer lugar, luchar contra el déficit público,
y en este tema no vamos a dar marcha atrás. Otro de nuestros objetivos es
combatir el fraude fiscal. Por ello, nos extraña que ustedes se opongan y
critiquen las medidas que ha introducido el Gobierno, que han permitido
que salgan a la luz 12 000 millones de euros y que estos se pongan a
tributar en beneficio de todos durante los próximos ejercicios. Gracias a
ello se han ingresado 1200 millones de euros, que también ayudarán a
reducir el déficit público.


Ustedes hicieron dos amnistías fiscales en su etapa de
Gobierno de España, en 1984 y en 1991. Por ello nos extraña su actitud en
este tema. Por cierto, la Audiencia Nacional, en el mes









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de octubre, rechazó el recurso presentado por ustedes para
paralizar este proceso. Y, lo que es más curioso, el presidente de la
Junta de Andalucía, el señor Griñán, ha encargado un informe jurídico con
el fin de poder reclamar la parte correspondiente de lo recaudado gracias
a esta regulación fiscal emprendida por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Permítanme que les diga, con todo respeto, que son algo
inconsecuentes.


El resto de enmiendas, como ya he comentado, han quedado
respondidas en los apartados anteriores por su coincidencia con las de
otros grupos.


Señorías, termino manifestando de nuevo el reconocimiento
al trabajo realizado por los distintos grupos parlamentarios de la
oposición. Nuestro grupo votará en contra de las enmiendas presentadas,
de conformidad con las reflexiones y motivaciones expuestas durante mi
intervención. Entendemos que la redacción y el espíritu del proyecto de
ley que estamos debatiendo sobre medidas liberalizadoras del comercio y
de determinados servicios es lo suficientemente claro y preciso. Pero lo
más importante: es una herramienta necesaria, ágil y flexible para
generar riqueza, dinamizar nuestra economía y propiciar de modo urgente
la actividad comercial. Del mismo modo, garantiza, fomenta y controla la
exportación en materia de defensa. Y, lo que es más necesario y urgente,
posibilita la creación de empleo a través de la iniciativa privada.


Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Turno de portavoces.


Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador
Mariscal.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señora
presidenta.


En Izquierda Unida agradecemos el tono y también la actitud
de análisis de las enmiendas presentadas por parte de nuestro grupo a
esta ley. Creemos que la admisión de nuestras enmiendas mejoraría
sustancialmente el contenido, pero, qué le vamos a hacer; otra vez
será.


En todo caso, nos reafirmamos en nuestra posición respecto
de que esta ley, lejos de generar empleo, va a destruirlo en el pequeño
comercio, va a destruir un tejido importantísimo que forma parte de la
trama económica de muchísimas ciudades de nuestro país.


Vamos a apoyar las enmiendas que han sido presentadas a
este proyecto de ley por el resto de los grupos, porque nos parece que la
admisión de cualquiera de ellas mejoraría sustancialmente el texto. Y
estaremos a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional, toda
vez que por parte del Gobierno andaluz y de su Consejería de Turismo y
Comercio se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad a esta ley
por invasión de competencias autonómicas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, la senadora
Leanizbarrutia tiene la palabra.


La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias.


Buenos días, senadores. La posición del Grupo Parlamentario
Vasco será la de la abstención ante esta ley, por diversas razones. Las
más potentes son que es una ley que sale corriendo, demasiado deprisa,
que no tiene ningún consenso. Además, entra en espacios competenciales
que no le corresponden, e incluso pensamos que determinar las zonas
turísticas, que son temas muy municipales, no solo invade competencias de
comunidades autónomas sino también de los municipios.


Por todo ello, creemos que esta ley no es buena, primero,
porque tiene que haber mucho más consenso. Nuestra posición será, como he
dicho, la de abstenernos, y apoyaremos las enmiendas, siguiendo el
criterio de acompañamiento a las presentadas.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Sabaté.









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El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, quiero agradecer en nombre de nuestro
Grupo Parlamentario, Entesa pel Progrés de Catalunya, las muestras de
condolencia expresadas por los distintos grupos parlamentarios y también
individualmente por muchos senadores y senadoras, por el fallecimiento
del que fue senador de esta Cámara, el profesor Lluís Maria de Puig,
senador durante la VIII y IX legislaturas. Es una muerte, como todas,
sentida, pero especialmente por tratarse de un político relevante, como
se ha dicho, que incluso llegó, como miembro de la Delegación
parlamentaria española en el Consejo de Europa, a su Presidencia en
fechas recientes. Por tanto, gracias en nombre de nuestro grupo
parlamentario.


Entrando en el contenido del proyecto de ley que estamos
debatiendo, insistiré, señorías, en que de alguna forma se fundamenta en
esa convicción de que la normativa vigente en materia de licencias de
actividad, de licencias ambientales, en definitiva, toda la normativa que
hasta el momento regula el ejercicio de actividades comerciales o de
servicios, responde simplemente a la voluntad —una voluntad
rara— de poner trabas por parte de la Administración, de los
poderes públicos, cuando la realidad es bien distinta. La voluntad que
regula e inspira esa normativa y que se supone que inspiró al legislador
y a los autores de las ordenanzas municipales no deja de ser la voluntad
de garantizar que esas actividades se ajusten al interés del conjunto de
la sociedad, tanto de los promotores, los emprendedores y los empresarios
como al interés de los usuarios, en definitiva, de los ciudadanos. Y
precisamente desproteger a los ciudadanos va a ser el resultado concreto
de la aplicación de este proyecto de ley, si llega, como parece ser, a
convertirse en ley y a entrar en vigor.


No es posible que pueda iniciarse una actividad sin ningún
tipo de control, porque la Administración, como digo, lo que hace es
garantizar la protección y el derecho de los ciudadanos. A partir de ahí
se podrá iniciar una actividad que luego tendrá que ser sometida a
control por parte de la Administración o de empresas privadas en las que
se delegue esta función. Con lo cual, como ya se ha dicho también desde
esta tribuna, lo que puede pasar es que se generen unas trabas a
posteriori que acaben perjudicando la voluntad de los emprendedores. Lo
que se debería hacer es procurar que el trámite administrativo no se
dilatase en exceso, pues en ese caso sí puede haber un perjuicio para la
actividad y el interés de los emprendedores. Por tanto, se podría
plantear fijar un límite máximo para las administraciones, especialmente
para la Administración local, al objeto de dar respuesta a la solicitud
de licencia de actividad, de licencia ambiental o de licencia de obras,
para el inicio de una actividad. Por ejemplo, podría fijarse el plazo
máximo en tres meses y, en caso contrario, que se aplicara el silencio
administrativo positivo. En ese caso se garantizaría el derecho de los
emprendedores a desarrollar su actividad y también se cubriría el derecho
de los ciudadanos, de los usuarios, en definitiva, del conjunto de la
sociedad, a saber que esa actividad no crearía ningún tipo de perjuicio
desde el punto de vista ambiental, de la salud pública, o simplemente por
las molestias que puedan generar determinado tipo de actividades.


Como les he dicho, señorías, se ha hecho con precipitación,
con excesiva urgencia y tratando de dar respuesta a unos intereses, no
necesariamente legítimos, de determinados sectores de la actividad
comercial. Sin duda va a perjudicar al conjunto del sector, especialmente
al comercio minoritario y, más allá de eso, por supuesto, al conjunto de
la sociedad. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia.)


No estamos ante un buen proyecto de ley. Señoras y señores
senadores del Partido Popular, deberían hacer un esfuerzo por
reconsiderar su posición, por dialogar desde el Gobierno y por abordar
una reflexión sensata, sosegada, que llevase a mejorar la tramitación de
este tipo de licencias de actividad, tratando de mantener las garantías,
tanto para los propios emprendedores como para todos los ciudadanos, para
la sociedad. Porque esta normativa, la ley que vamos a aprobar hoy, ni
tan siquiera va a permitir impulsar la actividad empresarial ni crear
nuevos puestos de trabajo, como se ha dicho, simplemente va a permitir
una desregulación del sector en claro perjuicio, como he dicho, del
conjunto de la sociedad.


Sin más, gracias, señoras y señores senadores. Gracias,
señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Vilajoana.









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El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias,
presidente.


Señorías, seré breve, porque en mi anterior intervención he
tenido la posibilidad de resumir exactamente cuál es la visión que
tenemos de este proyecto de ley, del que valoramos positivamente el hecho
de que reduzca las cargas administrativas que dificultan el comercio, lo
que, por otra parte, puede dinamizar el sector. Entendemos que eso es
positivo. España es el segundo país de Europa que exige más trámites para
sacar adelante cualquier tipo de negocio, y las fórmulas que plantea esta
ley pueden ser positivas.


Dicho esto, que es la parte con la que estamos conformes,
hemos presentado nueve enmiendas, las números 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 y 20, que doy por defendidas en este trámite. Pero quiero destacar
algunas que nos parecen muy significativas, y que además se refieren a
temas sobre los que el Parlament de Cataluña ha legislado, por lo que
tiene normativa propia en vigor.


Uno de ellos es el tema de los horarios. Esta ley hace una
propuesta global de apertura de noventa horas semanales, mientras que
nosotros mantenemos la posición de un máximo de doce horas diarias.
Entendemos que las noventa horas solo benefician a las grandes
superficies, y como estamos en un momento de contracción del consumo,
somos partidarios, como he dicho antes, de que haya una amplia trama
urbana de comercio de proximidad. Y en Cataluña pretendemos seguir
impulsando los beneficios sociales, laborales y económicos que conlleva
para los ciudadanos y consumidores ese tipo de comercio.


Tampoco estamos de acuerdo con lo que se plantea en cuanto
a los domingos y festivos abiertos, al margen de todas las áreas
turísticas, donde se puede abrir todos los días. En Cataluña realmente
potenciamos que en áreas turísticas se pueda abrir los sábados y
domingos, porque son momentos de gran consumo para esos comercios. A ese
respecto, nosotros fijamos las aperturas en festivos en dieciséis
domingos y días festivos, y nunca por debajo de los diez, pero no estamos
de acuerdo en ir mucho más lejos en este tema.


También creemos que es importante lo que se refiere a las
rebajas. Planteamos que estas se circunscriban a dos épocas del año: una
ligada a la Navidad y la posnavidad —las famosas rebajas de
enero— y otra, al verano. Creemos que eso ordena el comercio. Esta
ley propone de alguna forma hacer rebajas todo el año, cuando apetezca, y
creemos que esa teórica apertura genera confusión y que al final no se
estimula el consumo. Y es que si se puede comprar a un precio adecuado o
bajo continuamente, la decisión de compra ya no está condicionada por lo
que busca la oferta, que es un momento puntual y concreto para acelerar
el consumo y con ello reducir stocks, etcétera. Eso forma parte de la
estrategia empresarial del sector.


Por todos estos motivos, como ya he dicho y reitero,
nuestro grupo no va a apoyar esta ley. Lamentamos sinceramente las dos
cosas que ya he mencionado: que esta ley invada competencias de forma
clara y sobre todo que se haya hecho sin ningún tipo de consenso. Lo
lamentamos, y esperamos que en el futuro no se actúe de la misma
forma.


Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Vilajoana.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador señor Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor
presidente.


Quiero insistir una vez más en algo que probablemente el
Gobierno y el Partido Popular conocen perfectamente, y es que nos estamos
alejando del modelo europeo de comercio tradicional; vamos hacia un tipo
de comercio absolutamente desregulado y que no trae ninguna buena
consecuencia.


Además, creo que este no es el momento oportuno para
introducir medidas como estas, esa supuesta liberalización de la que
habla el proyecto. E insisto en que si eso tiene éxito significará,
fundamentalmente, un estrechamiento de los márgenes comerciales y, por
tanto, más cierre de comercios. Y no parece que estemos en este momento
en disposición de ayudar a que se cierren más comercios, a que se
deterioren más los empleos, a que los centros de las ciudades se degraden
y a que tengamos, en definitiva, una desregulación que parece ser muy del
agrado del Gobierno pero que no es precisamente positiva para los
ciudadanos.


Nada más, y muchas gracias, presidente. (Aplausos.)









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3502




El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
presidente Lerma.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Aroca. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


El señor AROCA SÁEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, cuando estamos a punto de finalizar este debate,
deseo manifestarles la satisfacción del Grupo Parlamentario Popular y el
orgullo que sentimos por un Gobierno que se preocupa y ocupa de los
problemas de la gente.


Mariano Rajoy y su Gobierno han emprendido, desde el primer
minuto en el que los españoles les dimos de forma abrumadora y
mayoritaria la confianza, hace tan solo un año, para que recuperase la
senda del crecimiento y de la creación de empleo, unas medidas
encaminadas a poner orden en el descontrolado y desbocado déficit
público, intolerable e inaceptable. Son medidas y reformas para
equilibrar nuestras cuentas, capaces de controlar y optimizar nuestros
recursos económicos.


Después de un año de inmensas dificultades y sacrificios
para el conjunto de los españoles, somos conscientes de que los
resultados a corto plazo de las distintas medidas adoptadas hasta el
momento no están siendo positivos al cien por cien, pero también sabemos
que estas no dan su fruto de un día para otro. Los resultados de esas
medidas comenzarán en los próximos meses, tal como ya ha dicho el
presidente del Gobierno.


No obstante, y lejos de los triunfalismos, lejos de las
promesas del pleno empleo, lejos de los acontecimientos históricos
planetarios, lejos de los mal llamados brotes verdes, de la España de la
Champion League o de tener el mejor sistema financiero del mundo,
empezamos a ver una pequeña luz al final del túnel. Esa luz viene
especialmente de la mano de nuestro diversificado y atractivo potencial
turístico y del crecimiento de nuestras exportaciones. Más de 26 millones
de personas han visitado nuestro país en lo que va de año, y eso
repercute sin ningún género de dudas de forma muy positiva en nuestra
economía, en el consumo y en la imagen de España.


En lo que se refiere a exportaciones, los datos son muy
positivos. Nuestro déficit comercial ha descendido, en términos
interanuales, en algo más del 25%, con datos del mes de septiembre. Se ha
conseguido un superávit con la Unión Europea de más de 8100 millones de
euros desde enero a septiembre. En el tercer trimestre del año en curso
nuestra economía ha registrado por primera vez en muchos años capacidad
financiera frente al resto del mundo.


Señorías, estos son datos objetivos y concretos que dan
aliento a la esperanza y la confianza en nuestras propias posibilidades.
El proyecto de ley que hoy y ahora vamos a aprobar, a nuestro juicio es
una herramienta para seguir prosperando y creciendo, es un mecanismo que
alentará y estimulará a los emprendedores, es un proyecto de ley en
positivo pensado para nuestro tejido productivo, y es bueno para nuestro
comercio interior y nuestro comercio exterior. Agilizar, dinamizar,
flexibilizar y facilitar el espíritu emprendedor es lo que necesitan
muchos de nuestros conciudadanos para poner en marcha un ilusionante
negocio, para poder ser más competitivos dentro y fuera de nuestras
fronteras, para dar a conocer también nuestra capacidad industrial y
tecnológica en materia de defensa. Eso es, precisamente, entre otras
cuestiones, lo que hoy vamos a poner en valor con nuestro voto favorable
a este proyecto de ley.


Son varias las medidas y reformas que se han puesto en
marcha en el último año del Gobierno del Partido Popular. Lo deseable es
que algunas de ellas se hubiesen hecho hace algunos años, especialmente
desde el año 2008 en adelante, momento en el que la crisis comenzaba a
dar sus primeros pasos. Lo suyo hubiese sido atajarla y ponerle trabas, y
posiblemente las consecuencias de su aplicación hubiesen sido mucho menos
traumáticas y dolorosas de lo que lo están siendo en estos momentos.


Pero las cosas son como son, y los españoles hemos
depositado la confianza en un modelo y en un grupo de gestión distinto al
que nos ha gobernado en los últimos años. Hoy tenemos al Partido Popular
en el Gobierno, y tanto el Gobierno como los grupos parlamentarios que
sustentamos al Gobierno en las Cortes Generales no bajaremos la guardia y
haremos todo aquello que creamos que tenemos que hacer para mejorar el
conjunto de la sociedad española.


Conviene recordar el apoyo que la pequeña y mediana empresa
ha recibido gracias al plan de pagos impulsado por el Gobierno de España,
por el Gobierno de Mariano Rajoy.









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3503




Los españoles esperan mucho de nosotros durante esta
legislatura. Tenemos que dejar de ser un problema para el conjunto de
nuestra sociedad porque a ella nos debemos y a ella nos tenemos que
dar.


Para finalizar, les pido que reflexionen y que den el voto
favorable a este proyecto de ley. Si así fuese, todos tendremos la
inmensa satisfacción de sentirnos útiles por apoyar el espíritu
emprendedor. Después de oír y de escuchar a los distintos portavoces en
defensa de sus legítimas enmiendas, estoy convencido de que hay más cosas
que nos unen que las que nos separan. Efectivamente, votaremos en contra
de ellas. Después de analizarlas, consideramos que su rechazo no debe ser
un obstáculo para dejar de aprobar el texto tal como llegó del Congreso
de los Diputados.


Les recuerdo el reconocimiento que la Federación de
Trabajadores Autónomos hizo hace unos días al secretario de Estado de
Comercio, entregándole un galardón y avalando esta iniciativa. Les pido
el apoyo para quienes son el motor de la recuperación de este país. Les
pido que se pongan del lado de nuestros admirados y valientes
emprendedores.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aroca.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas. (Pausa.)


Señorías, antes de proceder a las votaciones, me gustaría,
al igual que han hecho algunos portavoces a lo largo de la mañana,
expresar al Grupo Parlamentario de la Entesa el sentir, que yo creo que
es general, de todos los miembros de esta Cámara, de todos los senadores,
el pesar por el fallecimiento ayer del que fue compañero nuestro hasta
hace poco más de un año, Lluís Maria de Puig, que estuvo dos legislaturas
con nosotros, ocupando puestos importantes, de responsabilidad, aquí, en
el Senado. Por tanto, reciban ustedes el sentir, el pésame de toda la
Cámara. (Aplausos.)


A continuación, vamos a proceder a la votación, en primer
lugar, del proyecto de ley de medidas urgentes de liberalización del
comercio y de determinados servicios.


Empezamos por las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto.


De los senadores Iglesias y Mariscal, votamos, en primer
lugar, la enmienda número 1.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 232; a favor, 14; en contra, 150; abstenciones, 68.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos a continuación la enmienda número 2.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 231; a favor, 80; en contra, 151.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas de la número 3 a la número 6.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 233; a favor, 8; en contra, 151; abstenciones, 74.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas de la número 7 a la
número 10.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 233; a favor, 81; en contra, 152.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos finalmente la enmienda número 11.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 234; a favor, 8; en contra, 152; abstenciones, 74.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario de la Entesa.


Comenzamos votando las enmiendas números 21, 23 a 26 y
31.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 234; a favor, 9; en contra, 152; abstenciones, 73.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 22 y de la 27 a la 30.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 234; a favor, 82; en contra, 152.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas número 42, 43, 45, 47 y 48.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 231; a favor, 69; en contra, 162.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 44, 46, 49 y 52.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 234; a favor, 69; en contra, 152; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 50 y 51.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 234; a favor, 82; en contra, 152.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.


Votamos, en primer lugar, las enmiendas números 12, 13 y
14.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 233; a favor, 21; en contra, 152; abstenciones, 60.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 15, 16, 18 y 19.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 234; a favor, 29; en contra, 152; abstenciones, 53.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las 17 y la 20.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 233; a favor, 82; en contra, 151.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Socialista.


Votamos las enmiendas 32, 35, 40 y 41.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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3505




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 232; a favor, 69; en contra, 151; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 33, 34, y de la 36 a la 39.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 233; a favor, 69; en contra, 164.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Señorías, votamos a continuación, en un solo acto, el
proyecto de ley.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 234; a favor, 153; en contra, 77; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley de medidas urgentes
de liberalización del comercio y de determinados servicios, procedente
del Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo. (Aplausos.)


2.1.1. PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
PARA EL AÑO 2013. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Votación.)


COMISIÓN: PRESUPUESTOS.


(Núm. Exp. 621/000019)


El señor PRESIDENTE: Señorías, votamos a continuación el
resto de las enmiendas del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado. Comenzamos por la sección 27.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.


De los senadores Iglesias y Mariscal.


En primer lugar, votamos las enmiendas números 480, 482,
484, 485 y 487 a 492.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 234; a favor, 83; en contra, 151.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 438, 479, 481, 483, 486, 493
y 494.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 232; a favor, 69; en contra, 150; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 521, del senador Martínez Oblanca.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 232; a favor, 69; en contra, 150; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De los senadores Quintero y Zerolo, votamos la 644 y la
645.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 233; a favor, 68; en contra, 152; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De los senadores Eza, Salanueva y Yanguas, votamos la
666.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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3506




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 230; a favor, 69; en contra, 146; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos de la 1218 a la
1234.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 234; a favor, 83; en contra, 151.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario de la Entesa.


Votamos la 996, la 997; de la 999 a la 1001, de la 1003 a
la 1006, y de la 1140 a la 1163.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 233; a favor, 81; en contra, 152.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 998 y la 1002.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 233; a favor, 69; en contra, 151; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.


Votamos en primer lugar la 2416 y la 2417.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 233; a favor, 18; en contra, 151; abstenciones, 64.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos de la 2403 a la 2415 y de la 2418 a la 2428.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 233; a favor, 81; en contra, 151; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Socialista.


Votamos las enmiendas 1248, 1249, 1304, 1305, 1317 a 1328,
1345 a 1354, y 1357 a 1360.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 230; a favor, 81; en contra, 149.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos de la 1306 a la 1316, de la 1329 a la 1344, la 1355
y la 1356.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 234; a favor, 69; en contra, 152; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo
modificado por el dictamen de la comisión.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 84; en contra, 152.









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3507




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la sección 27 en lo no afectado por las votaciones
anteriores.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 235; a favor, 151; en contra, 84.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la sección 31.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 235; a favor, 165; en contra, 69; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la sección 34.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 166; en contra, 69; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la sección 35.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 152; en contra, 70; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la sección 36.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 235; a favor, 151; en contra, 70; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


ADIF.


En primer lugar, la enmienda número 522 del senador
Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 234; a favor, 71; en contra, 150; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 523.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 234; a favor, 8; en contra, 214; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 1011, del Grupo Parlamentario de la
Entesa.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 229; a favor, 79; en contra, 149; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.









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3508




En primer lugar, las números 1250, 1659 a 1662, 1664 y
1668.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 233; a favor, 68; en contra, 151; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 1663, 1665, 1666 y 1667.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 233; a favor, 82; en contra, 151.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo
modificado por el dictamen de la comisión.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 235; a favor, 85; en contra, 150.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos ADIF en lo no afectado por las votaciones
anteriores.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 235; a favor, 152; en contra, 83.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


AENA.


Enmienda número 658 de los senadores Quintero Castañeda y
Zerolo Aguilar, del Grupo Mixto.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 234; a favor, 70; en contra, 151; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 1669 a 1675 del Grupo Parlamentario
Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 233; a favor, 69; en contra, 151; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos AENA en lo no afectado por las votaciones
anteriores.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 152; en contra, 84.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


AcuaEbro.


Enmiendas números 1937 a 1943, del Grupo Parlamentario
Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 233; a favor, 70; en contra, 150; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos AcuaEbro en lo no afectado por la votación
anterior.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 152; en contra, 70; abstenciones, 14.









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3509




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


AcuaNorte.


Enmienda número 248 de los senadores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 232; a favor, 8; en contra, 151; abstenciones, 73.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos AcuaNorte en lo no afectado por la votación
anterior.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 151; en contra, 71; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


AcuaMed.


Enmienda número 249 de los senadores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 233; a favor, 9; en contra, 151; abstenciones, 73.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 1944 a 1947 del Grupo Parlamentario
Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 232; a favor, 69; en contra, 150; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos AcuaMed en lo no afectado por las votaciones
anteriores.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 235; a favor, 150; en contra, 71; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos a la Corporación Radiotelevisión Española, Sociedad
Anónima.


Empezamos con el Grupo Parlamentario de la Entesa, enmienda
número 1440.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 233; a favor, 81; en contra, 152.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 1791 del Grupo Parlamentario
Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 234; a favor, 82; en contra, 152.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, votamos la Corporación de Radiotelevisión
Española en lo no afectado por las votaciones anteriores.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 152; en contra, 84.









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3510




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Puertos del Estado.


Enmiendas números 250, 251 y 255 del Grupo Parlamentario
Mixto, de los senadores Iglesias y Mariscal.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 231; a favor, 9; en contra, 210; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 252, 253 y 254.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 233; a favor, 69; en contra, 151; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 659 y 660 de los senadores Quintero y
Zerolo.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 234; a favor, 68; en contra, 153; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 1676 a 1678 del Grupo Parlamentario
Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 234; a favor, 69; en contra, 152; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Señorías, votamos Puertos del Estado en lo no afectado por
las votaciones anteriores.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 235; a favor, 151; en contra, 84.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Pasamos a SEIASA.


En primer lugar, enmiendas números 1948 y 1949 del Grupo
Parlamentario Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 232; a favor, 68; en contra, 152; abstenciones, 12


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Señorías, votamos SEIASA en lo no afectado por la votación
anterior.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 235; a favor, 151; en contra, 84.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos a SEITTSA.


En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
de los senadores Iglesias y Mariscal, números 256 y 257.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 233; a favor, 68; en contra, 152; abstenciones, 13.









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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 1013 y 1014 del Grupo Parlamentario de la
Entesa.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 234; a favor, 9; en contra, 224; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 1012 y 1165.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 231; a favor, 83; en contra, 148.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 1679 y 1687 del Grupo Parlamentario
Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 233; a favor, 82; en contra, 151.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 1680 a 1686, 1688, 1689 y 1690.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 234; a favor, 69; en contra, 152; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Señorías, votamos SEITTSA en lo no afectado por las
votaciones anteriores.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 151; en contra, 85.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Señorías, pasamos a la Fundación Proyección Internacional
de las Universidades Españolas.


Votamos, del Grupo Parlamentario Socialista, la vuelta al
texto del Congreso en lo modificado por el dictamen de la comisión.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 235; a favor, 82; en contra, 153.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, votamos la Fundación Proyección Internacional de
las Universidades Españolas en lo no afectado por la votación
anterior.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 235; a favor, 151; en contra, 84.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Señorías, votamos el resto de las sociedades, entidades,
organismos y partidas que no han sido objeto de enmiendas.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 235; a favor, 150; en contra, 72; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Pasamos al preámbulo.


Enmienda número 1167 del Grupo Parlamentario Vasco.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 232; a favor, 5; en contra, 151; abstenciones, 76.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, votamos el preámbulo en lo no afectado por la
votación anterior.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 152; en contra, 71; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Señorías, votamos los artículos 2, 3, 4,15, 50 y el anexo
I.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 153; en contra, 70; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Señorías, tal y como dispone el artículo 90 de la
Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de
los Diputados para que este se pronuncie sobre ellas en forma previa a la
sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


Permítanme, señorías, que agradezca a los letrados del
Senado la colaboración que han tenido con todos nosotros para la
tramitación de estos Presupuestos Generales. Muchas gracias.
(Aplausos.)


Abran las puertas. (Rumores.—Pausa.)


Señorías, les ruego que abandonen el hemiciclo en silencio
porque sigue el Pleno.


2.1.3. PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES PARA LA
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


COMISIÓN: INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO


(Núm. exp. 621/000022)


El señor presidente da lectura a los puntos 2., 2.1. y
2.1.3.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, por
tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el senador Muñoz.


El señor MUÑOZ MARTÍN: Señor presidente, señorías, el
Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética,
declarado urgente por el Gobierno, tuvo su entrada en esta Cámara el
pasado 23 de noviembre.


El plazo de presentación de enmiendas finalizaba el día 27
de noviembre y fue ampliado hasta el 29 del mismo mes.


Se presentaron un total de 6 vetos y 218 enmiendas,
distribuidas de la siguiente manera: veto número 1, de los senadores don
Jesús Enrique Iglesias Fernández y don José Manuel Mariscal Cifuentes,
del Grupo Mixto; veto número 2, del senador don Isidro Manuel Martínez
Oblanca, del Grupo Mixto; veto número 3, del Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado; veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista; veto número
5, de don Jordi Guillot Miravet y don Joan Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; veto número 6, de los
senadores doña Mónica Almiñana Riqué, don Francisco Boya Alós, don Rafael
Bruguera Batalla, don Carlos Martí Jufresa, don José Montilla Aguilera,
doña Yolanda Pineda Balló, don Joan Sabaté Borràs y doña María Jesús
Sequera García, igualmente del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; enmiendas números 1 a 4, de los senadores don Narvay Quintero
Castañeda y don Miguel Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto;
enmiendas números 5 a 16, de los senadores don Enrique Iglesias Fernández
y don José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto;
enmiendas números 17 a 43, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado;
enmiendas números 44 a 55 y 101 a 147, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; enmiendas números 56 a 100, del Grupo Parlamentario
Socialista; enmiendas números 148 a 169, de los senadores don Pedro Eza
Goyeneche, doña Amelia Salanueva









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Murguialday y don Francisco Javier Yanguas Fernández,
igualmente del Grupo Mixto; enmiendas números 170 a 190, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; y enmiendas
números 191 a 218, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


El día 4 de diciembre se reunió la Comisión de Industria,
Energía y Turismo para debatir y dictaminar el proyecto de ley. En dicha
sesión se defendieron todos los vetos y enmiendas presentadas y la
comisión aprobó las enmiendas 191 a 218, cinco de las cuales fueron
objeto de corrección técnica o transacción, al amparo del artículo 115
del Reglamento del Senado.


El dictamen de la comisión, junto con los votos
particulares presentados, ha sido objeto de publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.


Este proyecto de ley tiene como objetivo, según se expone
en su preámbulo, armonizar nuestro sistema fiscal con un uso más
eficiente y respetuoso con el medio ambiente y la sostenibilidad.


El proyecto incluye 29 artículos, ordenados en cuatro
títulos: el título I regula el impuesto sobre el valor de la producción
de la energía eléctrica; el título II se refiere a los impuestos a la
producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos
resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el
almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en
instalaciones centralizadas; el título III modifica la Ley de Impuestos
Especiales; y el título IV el texto refundido de la Ley de Aguas.
Completan el proyecto de ley tres disposiciones adicionales, dos
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cinco
disposiciones finales.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Muñoz.


Pasamos al debate de las propuestas de veto.


Comenzamos con la propuesta de veto número 5, de los
senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario de la Entesa.


¿Quién va a defender el veto? (Pausa.)


Puesto que los senadores Guillot y Saura no están
presentes, vamos a invertir el orden, y pasamos a la propuesta de veto
número 6, de los senadores de la Entesa, menos los senadores Guillot y
Saura.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, el objetivo central del proyecto de ley que nos
toca ahora analizar y debatir en esta Cámara es el de establecer nuevos
gravámenes o revisar —es lo que nos dice la ley— los tipos
impositivos de gravámenes existentes, por un lado, y así también
establecer un nuevo marco legislativo. De alguna manera —y cito
textualmente—, dice que promueva —la ley— un uso más
eficiente de las fuentes de generación de energía, así como un uso más
respetuoso con el medio ambiente. A tal efecto, la ley nos propone la
creación de una serie de impuestos. En primer lugar, el impuesto sobre el
valor de la producción de energía eléctrica para gravar directamente la
realización de actividades de producción e incorporación al sistema
eléctrico de energía eléctrica; en segundo lugar, un impuesto sobre la
producción de combustible nuclear gastado y residuos resultantes de la
generación de energía de origen nuclear; en tercer lugar, un impuesto
sobre el combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en
instalaciones centralizadas, supongo que con la previsión de que en su
día empiece a funcionar el ATC, el almacén temporal centralizado ya
adjudicado —no sería de aplicación en estos momentos, sino en ese
momento—; en cuarto lugar, el establecimiento de un canon para la
utilización de las aguas continentales para producir energía eléctrica;
y, en quinto lugar, la modificación de los tipos impositivos para
determinados impuestos especiales, modificación de tipos impositivos ya
existentes para determinados impuestos especiales, en este caso para el
gas, el gasóleo y los fuelóleos.


Ahora bien, si vamos al preámbulo del proyecto de ley, nos
encontramos con que en él se afirma que su objetivo es armonizar nuestro
sistema fiscal —cito textualmente— con un uso más eficiente y
respetuoso con el medio ambiente y la sostenibilidad energética,
aludiendo al artículo 45 de la Constitución por lo que hace referencia
precisamente a la protección del medio ambiente.


Ciertamente, la razón de ser de los tributos
medioambientales radica en el deber de todos los poderes públicos de
proteger el medio ambiente y, a la vez, de desincentivar las actuaciones
que puedan contaminar o supongan un perjuicio claro para el medio. Por
tanto, no es un verdadero









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impuesto ambiental aquel que no establece un incentivo para
reducir la contaminación o aquel que no trata de evitar conductas que
contaminen o pongan en peligro el medio. La verdad es que si analizamos a
fondo el articulado del proyecto de ley, y especialmente la configuración
de los nuevos impuestos que regula, vemos claramente que estos no
responden al pretendido objetivo de la norma —la protección del
medio ambiente—, ni respetan además algunos de los principios
rectores de nuestra política tributaria. En primer lugar, porque el
principal y nuevo tributo que se crea, el impuesto sobre el valor de la
producción de energía eléctrica, grava de forma directa la incorporación
al sistema de energía eléctrica sin distinguir las fuentes de producción,
aplicando por igual a los productores ordinarios, en algunos casos con
tecnologías claramente contaminantes, y a los de régimen especial con
tecnologías renovables. Grava indistintamente los ingresos derivados de
la venta al mercado de la electricidad en cualquier modalidad de
participación, y las tarifas, primas y complementos que los productores
pueden percibir de la electricidad producida.


La carga tributaria, por tanto, será la misma para todos
los productores, como decía, al margen de su respeto con el medio
ambiente, para el pequeño igual que para el grande, para el que contamina
igual que para el que utiliza fuentes renovables, por no hablar por
supuesto de los cogeneradores, creándoles un problema clarísimamente de
viabilidad en algunos de sus proyectos.


El proyecto de ley, además, no atiende a la pérdida de
competitividad que puede suponer para amplios sectores de la industria
española, especialmente aquellas empresas de gran consumo energético que
van a padecer de manera muy directa el incremento de costes energéticos
derivados, entre otros, de la aplicación de las medidas tributarias que
impulsa este proyecto de ley. Por primera vez —y un senador hizo
alusión hace poco desde esta tribuna—, nos hemos encontrado con una
multitud de asociaciones empresariales que representan a estos sectores
precisamente protestando por la aplicación de este tributo y, además,
protestando por la falta de diálogo que ha habido con la Administración,
con el ministerio a este respecto. Cementeras, papeleras, industria
química, siderurgia, cerámica y muchos otros subsectores ven peligrar su
competitividad en un mercado que es global, donde los costes energéticos
son a veces tan determinantes que pueden suponer paralización de
inversiones y de modernización de las instalaciones existentes,
deslocalizaciones e incluso cierres.


Para todos estos sectores el coste de la energía,
evidentemente, no supone un coste marginal. Esta traslación de costes de
los productores a los consumidores no solo se producirá en los grandes
consumidores y en la industria sino que, como ustedes saben, también
afectará al consumidor doméstico, que ve con suma preocupación la próxima
desaparición o cuasidesaparición de la protección que en estos momentos
supone la TUR, la tarifa de último recurso, para muchos ellos, igual que
a los usuarios domésticos de gas, que ayudarán a sufragar también el
déficit; el defícit en este caso de su competencia, que es la
electricidad. Para la mayoría de los consumidores domésticos acudir al
mercado no significa —no nos engañemos— mejores precios fruto
de la competencia, vistos los precedentes que tenemos, sino precios más
elevados a los que también contribuirán, de manera bastante importante,
las medidas impositivas que recoge este proyecto de ley. Porque el
objetivo de este proyecto no es lo que se nos dice en el preámbulo, sino
otro: se eleva la fiscalidad en el mercado energético con el propósito de
que las empresas eléctricas —al final serán los consumidores—
contribuyan a limitar una parte del déficit tarifario; digo que al final
serán los consumidores porque, desgraciadamente, eso será así.


Yo no negaré el problema que supone el déficit tarifario,
que, además, no es de fácil solución —como el señor ministro de
Industria está comprobando—. Sin embargo, sí que creo que la
mayoría de impuestos que recoge este proyecto de ley no modifican el
statu quo de la regulación para que el déficit tarifario no se siga
acumulando en el futuro. No deja de ser este proyecto de ley un parche
que se va a trasladar al precio de la electricidad, cuyos perjudicados
finales no serán otros que los consumidores finales, los hogares y las
empresas.


Este proyecto de ley, además, en su tramitación por la vía
de urgencia, ha dejado de lado la necesaria receptividad a las
propuestas, si bien no algunas de ellas realizadas por los diferentes
sectores afectados. Escuchar y dialogar es necesario, aunque no se
recogen, como es lógico —porque no se puede—, todas las
demandas, a veces incluso contradictorias de los propios afectados. Pero
en un tema de tanta trascendencia como este el procedimiento de urgencia
solo va en detrimento de la calidad del proyecto, que debería tener muy
presente el rigor y los intereses generales.









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El Gobierno debería abordar —ya sé que no es fácil
después de un año— una reforma más global del sector, al menos de
los aspectos más importantes, algunos de los cuales se han de realizar
para cumplir normativas comunitarias: el pago por capacidad, la solución
a las extrapeninsulares e insulares, el sistema de retribución de la
distribución y el transporte, la nueva metodología de los peajes de
acceso, el bono social, los fondos para la interrumpibilidad que facilita
—al menos hasta ahora— la competitividad de los grandes
consumidores, de las empresas, el balance neto para el régimen especial
de pequeño tamaño —también pendiente—, el acoplamiento del
mercado con Europa, y otras cuestiones, podríamos decir, de índole
similar y de importancia también similar. Sé que no es fácil con una
demanda energética que lleva varios años cayendo —obviamente, los
mismos que la economía—, con una potencia instalada creciente y
costosa —porque esta es, además, la situación—, con unas
decisiones a medio y largo plazo sobre nuestro mix, que habrá que tomar
por aplicación de la directiva de emisiones a la térmica convencional y
por la caducidad también en el medio y largo plazo —no sé si
mañana— de nuestro parque nuclear.


Ya sé que nada de ello es objetivo de esta ley pero,
abordando estos problemas de fondo es como creo que solucionaríamos el
problema del déficit tarifario, que es lo que intenta este proyecto de
ley, y no utilizando el señuelo del medio ambiente que, por otra parte,
solo aparece en el preámbulo. Por estas y otras razones que se recogen no
solo en nuestro veto, sino en nuestras propuestas de enmienda, obviamente
rechazamos las medidas fiscales propuestas.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.


Pasamos a la propuesta de veto número 5, de los senadores
Guillot y Saura.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


He de confesar que cuando leí el título de este proyecto de
ley me pareció satisfactorio. El título es: Proyecto de Ley de medidas
fiscales para la sostenibilidad energética; y cuando empecé a leer el
preámbulo me continuó pareciendo un buen proyecto de ley. La primera
frase del preámbulo dice que la presente ley tiene como objeto armonizar
nuestro sistema fiscal con un uso más eficiente y respetuoso con el medio
ambiente y la sostenibilidad. Por tanto, el título me parece estupendo;
el preámbulo —especialmente la primera parte—, estupendo,
pero cuando uno va a los contenidos, observa que no tienen nada que ver
con el preámbulo, incluso con el título. Porque el título no debe ser
«medidas fiscales para la sostenibilidad energética» sino, en todo caso,
«para la sostenibilidad del sistema eléctrico», porque solo se habla de
electricidad; solo se habla de la producción de la electricidad. Desde
ese punto de vista, quiero decir varias cosas: primero, que es una
oportunidad perdida; segundo, que la fiscalidad verde no es lo que plasma
este proyecto de ley; tercero, que estamos a la cola de la Unión Europea
en la fiscalidad medioambiental; y cuarto, que somos uno de los países
con mayor dependencia energética exterior, con la gravitación y con las
consecuencias absolutamente negativas que esto tiene sobre la economía
española. Por tanto, este proyecto de ley —lo decía hace un momento
el senador Montilla— es un proyecto de ley de recaudación para los
problemas tarifarios del sector eléctrico. Es simplemente esto, no hay
absolutamente nada más.


No es sorprendente, por otro lado, porque la política
energética en estos doce meses ha sido una política energética errática,
y vale la pena destacar cuatro o cinco cuestiones que demuestran lo
errático de esta política. Nada más formarse el Gobierno, el ministro de
Industria dijo que quería alargar la vida de Garoña. Lo dijo sin esperar
a las pruebas de seguridad y lo dijo sin saber si las empresas querían
alargarlo, con lo cual el resultado, ustedes lo conocen: un ridículo, en
definitiva, de las decisiones del Gobierno.


La segunda decisión que tomó el Gobierno, el ministro de
Industria, fue el parón de las energías renovables, que no se ha hecho en
ningún país de la Unión Europea y que significa la destrucción o la
imposibilidad de creación de nuevos puestos de trabajo.


La tercera decisión de política errática o de política sin
rumbo era la posición del Gobierno español de bloqueo de la directiva de
eficiencia energética, que finalmente, si no recuerdo mal, se ha votado
en contra.









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La cuarta decisión sería el no fomento de las políticas de
eficiencia energética, incluso, de hecho, la desaparición práctica del
IDAE.


Y la última decisión, que no haya ninguna política de
transición de las cuencas mineras en relación con un horizonte de cambio
económico.


Por lo tanto, ha sido una política errática, una política
lamentable, llena de arbitrariedades que, por otro lado, ha puesto de
manifiesto a menudo contradicciones entre diversos ministerios, en
concreto entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Industria.


La pregunta para cualquier proyecto de ley que tenga este
título sería en qué consiste, es decir, qué quiere decir medidas fiscales
para la sostenibilidad energética. Decía el senador Montilla que la
política fiscal medioambiental no tiene objetivos recaudatorios. La
finalidad no es recaudar más, la finalidad es contribuir a cambios de
comportamientos de los sectores menos eficientes y más contaminantes. Por
tanto, se trata de que la política de fiscalidad verde contribuya a un
cambio de formas de producción, de formas de consumo, que disminuya el
consumo eléctrico-energético y que, al mismo tiempo, signifique menos
contaminación. Desde ese punto de vista el proyecto de ley, como dije
ayer en otro debate, ignora tanto el cambio climático como la crisis
ecológica y energética. Si ustedes leen el proyecto de ley, comprobarán
que es como si no existiera el cambio climático y como si no existiera la
crisis energética.


Desde ese punto de vista, ¿cuáles son las grandes razones
de fondo que nos llevan a votar en contra de este proyecto de ley? En
primer lugar —lo he dicho antes—, no puede ser que en el año
2012 un proyecto de sostenibilidad energética se limite simplemente a
hablar de un impuesto sobre la producción eléctrica, no puede ser.
Evidentemente, en la mayoría de países de la Unión Europea cuando se
habla de sostenibilidad energética, necesariamente se habla de
transporte, de movilidad, de política industrial; se habla de la
necesidad de rehabilitación de edificios con eficiencia energética; se
habla de la necesidad de priorizar el transporte público sobre el
transporte privado, cosa que no pasa en estos presupuestos que aprobamos,
donde las inversiones en ferrocarriles son las más pequeñas. Y por lo
tanto, la primera gran objeción es que este proyecto de ley no es un
proyecto de ley de sostenibilidad energética. No lo es porque solo habla
de producción eléctrica y de un impuesto en relación con el
almacenamiento de los residuos nucleares.


La segunda objeción —el señor ministro no está, pero
si estuviera, se lo diría— es que la primera tarea de una política
de sostenibilidad desde el punto de vista energético es fomentar el
ahorro y la eficiencia energética. Hay que fomentar el ahorro. Y es
sorprendente que en la primera o segunda comparecencia del ministro de
Industria en el Congreso dijera que ahora no es el momento de ahorrar
porque el consumo es bajo. Aunque el consumo sea bajo es necesario el
ahorro y la eficiencia de la energía.


La tercera objeción es que, como he dicho antes, tenemos un
nivel de dependencia energética en torno al 90%. Por lo tanto, se trata
de fomentar toda aquella energía autónoma, que, además, por un lado crea
empleo no deslocalizable y, por otro, significa una disminución de la
dependencia energética exterior y, por tanto, una disminución del gasto
en energía.


La cuarta objeción es que el preámbulo habla de
internalizar los costes medioambientales y, sin embargo, no se puede
encontrar en el articulado. No hay absolutamente nada que hable de
internalizar los costes medioambientales. Por tanto, está muy bien en el
preámbulo, pero en el articulado no existe.


Y la última gran objeción es la necesidad desde hace tiempo
de un desarrollo del autoconsumo eléctrico-energético y el olvido de este
asunto.


Todo esto se traduce en el proyecto que nos viene del
Congreso en un impuesto del 6% —independientemente del tipo de
producto del que se trate—, que en comisión se ha elevado al 7%.
Por lo tanto, estamos ante un impuesto que se aplica igual a grandes
productores y a pequeños productores que a energías renovables y a gente
que contamina. Por lo tanto, desde el punto de vista fiscal es un
proyecto de ley injusto. Y por otro lado, se han incorporado 500 millones
de euros en el trámite de comisión, que no sé a qué se van a destinar.
Estaría bien que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos dijera
si simplemente van a servir para disminuir el déficit tarifario, o si
estos 500 millones provenientes de la subasta de emisiones de gases de
efecto invernadero se van a aplicar para otras cuestiones.









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En definitiva, estamos ante un proyecto de ley no de
fiscalidad verde, es simplemente recaudatorio, y además injusto. Es un
proyecto de ley que crea inseguridad jurídica, especialmente en las
energías renovables. Y es un proyecto de ley que, como también se ha
dicho, va a significar necesariamente —estoy seguro— un
incremento de los costes de los usuarios.


Acabo diciendo lo siguiente: fiscalidad verde significa
cambiar hábitos de consumo de producción de la sociedad; no implica,
evidentemente, un objetivo simplemente recaudatorio. Este proyecto de ley
no va en esa dirección. Podríamos votar a favor del título, podríamos
votar a favor de la primera parte del preámbulo, pero la concreción y el
articulado van en contra absolutamente de las definiciones y de los
objetivos que el preámbulo dice marcar. Es grave, insisto, porque es una
oportunidad perdida; porque estamos en la cola de la Unión Europea en
impuestos medioambientales; y porque, además, España es uno de los países
de la Unión Europea con mayor dependencia exterior desde el punto de
vista energético, y en un momento de crisis económica sería muy
importante fomentar todo aquello que disminuyera la dependencia y que
aumentara la producción de energía autónoma.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.


Pasamos a la propuesta de veto número 1, de los senadores
Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Intervengo fundamentalmente para abundar en algunas de las
argumentaciones de los dos portavoces que me han precedido en el uso de
la palabra, puesto que en lo sustancial comparto las líneas que sustentan
sus vetos.


No es la primera vez que digo desde esta tribuna que
recibimos un proyecto de ley cuyo título y exposición de motivos son
desmentidos en el articulado. Y eso no es bueno. El lenguaje, en general,
pero en la política en particular, en tanto en cuanto se trata de
emplazar a la sociedad y de representarla, tiene que ser claro. No debe
jugar con los términos para provocar confusión. El título de este
proyecto de ley genera confusión porque no es cierto que, como afirma su
exposición de motivos, se busque un uso más eficiente de los recursos. Ni
tampoco se trata en el fondo de una figura encajable stricto sensu en el
concepto de fiscalidad medioambiental o fiscalidad verde. Por ello supone
también la pérdida de una oportunidad para, de verdad, darle una vuelta a
nuestro sistema fiscal desde la perspectiva medioambiental. Seguramente
porque dentro de la visión conservadora, el medio ambiente, salvo
cuestiones muy puntuales que, como mucho, pueden llegar a la protección
de determinadas especies naturales, es visto como un problema, como un
límite al desarrollo y al crecimiento, en el fondo como un obstáculo. Por
eso hablar de fiscalidad verde partiendo de esa premisa, efectivamente
genera contradicciones obvias y evidentes.


Para explicitarlo, mi grupo parlamentario en el Congreso
formuló una enmienda a la totalidad, con texto alternativo, en el que sí
se apostaba por darle una revisión completa a nuestro sistema fiscal
desde una perspectiva medioambiental, y conseguir introducir contenidos
de fiscalidad verde en ese sistema fiscal. Eso no es posible en el Senado
pero, aunque solo sea con carácter informativo o ejemplificador, voy a
pasar de puntillas sobre los contenidos de esa propuesta alternativa, al
menos, con la esperanza de que en algún momento pueda servir para
desarrollar iniciativas en esta Cámara. El texto alternativo introducía
criterios ambientales en impuestos ya existentes, el de hidrocarburos;
reformaba determinadas medidas de la fiscalidad sobre el transporte,
gravando embarcaciones de recreo y estableciendo el tipo, guardando
relación directa con las emisiones de CO2; modificaba el impuesto sobre
sociedades introduciendo deducciones por inversiones que significaran
mejora del medio ambiente; reducía el IVA para actividades agrarias que
repercuten en la mejora del medioambiente; creaba, dentro del impuesto
sobre la renta de las personas físicas, una nueva deducción por gasto de
transporte público mediante abonos, y establecía nuevos impuestos
ambientales, imposición específica sobre la energía nuclear, sobre
almacenamiento de puestos de residuos, sobre la incineración de residuos,
sobre las bolsas de plástico de un solo uso; creaba una imposición sobre
los cambios de uso de suelo en relación con nuevas urbanizaciones; otra
imposición sobre sustancias de elevado nivel de preocupación por los
riesgos para la salud y para el medio ambiente, y establecía una visión,









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también medioambiental, de la fiscalidad local. Esto es una
expresión casi nostálgica de lo que pudo ser y no fue, pero lo digo con
la esperanza de que en algún momento pueda ser.


Volviendo al texto que nos trasladan, no se trata, insisto,
de una fiscalidad verde. No se persigue realmente una interiorización de
los costes medioambientales derivados de la producción de energía
eléctrica —lo decía muy bien el portavoz de la Entesa—. En el
fondo —y esa debería ser la denominación auténtica del texto—
estamos ante un proyecto de ley para hacer frente al pago del déficit
tarifario, fundamentalmente eso, ni tan siquiera para cambiar el futuro
del déficit tarifario, sino para afrontar las necesidades, el importe del
déficit tarifario ya existente.


Sin embargo —por eso digo que es solo una medida
coyuntural para afrontar el pago de lo que ya se debe—, no se
reforman los orígenes del déficit, la forma, la manera, el procedimiento
por el que se determina la tarifa eléctrica. Con lo cual, cara al futuro
tampoco se introducen las reformas necesarias que pudieran impedir que
ese déficit tarifario continuara produciéndose. No se toca el marco
establecido por la Ley 54/1997, del Sector eléctrico; no se entra en el
fondo de los costes regulados, ni en la conformación de precios por el
pool eléctrico, ni en el mecanismo de subasta que determina esos precios,
ni en los costes extrapeninsulares, ni en los pagos por capacidad y por
los servicios de ajustes del sistema. Todo eso, que es lo que ha dado
lugar al déficit tarifario, se mantiene, se sostiene. Por lo tanto, a la
hora de cambiar esto resulta ineficaz e insuficiente el proyecto de
ley.


La introducción de un impuesto uniforme, del 6% cuando
salió del Congreso, del 7% cuando salga de esta Cámara, sobre el valor de
la producción de energía eléctrica castiga fundamentalmente la posición
de las energías renovables, como saben perfectamente sus señorías. Además
como hemos sido reiteradamente informados a través de nuestros teléfonos,
de nuestras terminales por personas vinculadas al sector, la mayoría de
las instalaciones de las renovables están acogidas a un sistema de
tarifas reguladas que no permite repercutir el aumento de costes. Y yo
creo que de forma acertada, este país hizo una apuesta, que además
respondía a una exigencia de una directiva de la Unión Europea, para
potenciar las energías renovables, conscientes de esa enorme dependencia
exterior que en el suministro eléctrico tenemos, dependencia exterior que
provocó la normativa de la Unión Europea en países y en Estados en los
que se aplica con un nivel de dependencia, incluso bastante inferior al
que presenta España.


Nada tiene que ver el proyecto, por lo tanto, con esas
directivas europeas y con los objetivos de la Unión para fomentar las
renovables, y tampoco —se ha dicho con anterioridad— con las
políticas de ahorro y eficiencia. Las renovables van a ser castigadas con
un 20%, más o menos, en torno a los ingresos, fundamentalmente las
termosolares.


Concluyo. ¿Además por qué no es esto una fiscalidad verde?
También se apuntó ya, y por eso lo voy a decir de forma muy rápida.
Porque más allá de querer recaudar para afrontar un problema puntual,
como el objetivo es recaudar, no se discrimina, y mucho menos se aspira a
algo que está en el leitmotiv de la fiscalidad verde: cambiar los
hábitos, los comportamientos de empresas y ciudadanos al consumir bienes,
en general la fiscalidad verde —en este caso habría que hablar de
bienes energéticos, concretamente—, para convencer a esas empresas
y a esos ciudadanos de que tienen que librarse del gravamen derivado de
la fiscalidad verde adoptando medidas que supongan más eficiencia y
menores consumos, en este caso energéticos. Por eso, los dos senadores de
Izquierda Unida presentamos este veto, que vamos a respaldar, y vamos a
votar en contra del proyecto de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Pasamos a la propuesta de veto número 2, también del Grupo
Parlamentario Mixto.


Tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Gracias, señor presidente.


La incontinente voracidad recaudatoria del Gobierno es la
seña de identidad de este proyecto de ley. Ha sido el ministro Soria
López el encargado de presentar esta iniciativa legislativa en nombre del
Gobierno, de presentarla en el Congreso porque aquí no ha dado señales de
vida, no ha aparecido. Sin embargo, debe de tratarse de un error que haya
sido el responsable de Industria, Energía y Turismo el introductor de una
ley que es producto genuino de la factoría recaudatoria









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que tiene trabajando a todo trapo al Gobierno, con el señor
Rajoy de gran patrón pantagruélico y el señor Montoro de impío capataz.


De nada sirve mostrar el programa electoral con el que el
Partido Popular recorrió hace un año las ciudades y pueblos de España
exhibiendo su rechazo a la subida de impuestos. El Gobierno ha incumplido
premedita y alevosamente uno de sus compromisos principales, repetido en
campaña, reiterado en los mítines y proclamado enfáticamente en el debate
de investidura.


A los recortes se han sumado medidas como la de elevar el
IVA hasta el 21% o las que se incorporan con este proyecto de ley y que
acabarán pagando todos los ciudadanos.


Cabría esperar del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo que —como su propio nombre sugiere— velase por los
intereses del sector. Pero no. Esta ley demuestra que los intereses por
los que vela el señor Soria son los que tienen que ver con la
recaudación. Eso explica también la monumental y reciente añagaza urdida
por el Gobierno con el oligopolio de las petroleras para contener
momentáneamente el IPC —índice de precios al consumo— y
congelar las pensiones. Es decir, que los temas energéticos son el
pretexto para quebrar los principios de solidaridad y dar continuidad a
la misma ruptura que llevaron a cabo los Gobiernos de Rodríguez Zapatero,
que también tuvo un ministro de industria que hizo de las suyas,
provocando un déficit de tarifa de 24 000 millones de euros. Y ese
agujero negro es el inspirador de este rosario impositivo que recarga
fiscalmente a ciudadanos y empresas.


Aquí la sostenibilidad energética apenas cobra valor en el
título de la ley, porque en sus diferentes artículos solo encontramos más
impuestos, menos exenciones y nuevas modalidades en forma de canon. En
plena y dramática crisis económica el Gobierno vuelve a parapetarse en el
equilibrio presupuestario, que es como una condena que nos arrastra a
raíz de la reforma constitucional del artículo 135, pactado entre
socialistas y populares, y que lo mismo sirve para triturar compromisos
electorales que para obligar a las comunidades autónomas al recorte de
servicios esenciales: sanidad, educación y bienestar social, que para
suprimir la paga extra de Navidad a los funcionarios y trabajadores
públicos, o como decía antes, que para congelar las pensiones.


Y es que a ustedes, señores del Partido Popular, no les
tiembla la voz para desdecirse ni tampoco el pulso para transformar sus
promesas y sus críticas de antaño en herramientas legales con las que
sortear los mandatos constitucionales. Este proyecto de ley es prueba de
ello, y a los elevados precios que ya pagamos en España por acceder a los
diferentes recursos energéticos, habrá que sumar a partir de esta ley más
y más cargas impositivas que mermarán la capacidad económica de los
ciudadanos, restarán competitividad a nuestras empresas, fomentarán la
amenaza de deslocalización y generarán desempleo.


Se van a trasladar sobre los ciudadanos, y va a repercutir
sobre sus economías particulares, estas medidas fiscales en torno a la
energía, y sus consecuencias obligarán a un mayor esfuerzo a cada
bolsillo en un periodo de gran crisis económica donde se avanza hacia los
seis millones de parados con una tasa de paro del 27%, más de la cuarta
parte de los trabajadores, y donde dos millones de familias ya no
perciben ingreso alguno.


Es incierto que estas medidas fiscales se repartan con
cargo equitativo entre comunidades domésticas, empresas y Estado. Estamos
ante nuevas fórmulas impositivas, camufladas tras los eslóganes de la
eficiencia energética, de la sostenibilidad y del uso racional de los
recursos naturales; pero con la letra pequeña y con el fárrago del
articulado, lo que conseguirá el Gobierno será exprimir a usuarios
domésticos, comerciales e industriales, para quienes los requerimientos
de consumo energético son ineludibles y sobre los que recaerán los costes
de todas estas medidas, fórmulas matemáticas, coeficientes, factores,
tarifas, etcétera.


Esta es otra ley para hacer caja a destajo. Sus efectos
secundarios se plasmarán en el recibo de la luz de nuestros hogares. Lo
percibirán los profesionales autónomos, las empresas pequeñas y medianas,
lo notará la industria, sobre la que giran muchos millones de empleos.
Este proyecto de ley recaudatoria, disfrazada de ecologista y con tufo
ecologeta, tendrá efectos letales porque el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo sucumbe al mandato imperativo del tándem Rajoy-Montoro,
como hace tres semanas sucumbió el Ministerio de Justicia con las tasas
judiciales. Ahora, con esta ley que debatimos hoy se complicará,
imposibilitará y cortará de raíz la competitividad. Repito que el
Gobierno de Rajoy solo tiene como objetivo la voracidad para conseguir
más y más ingresos sin que parezca importarle lo más mínimo las
consecuencias sobre









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el empleo, lo que contradice el cartel electoral con el que
se presentó a las elecciones de hace un año y que decía: lo primero, el
empleo.


Falso. Para este Gobierno lo primero es recaudar. La
prioridad del Ejecutivo es habilitar fórmulas para sacar dinero, y lo
hace profundizando en la complejidad del sistema fiscal español; en lugar
de simplificar y reducir al mínimo las figuras impositivas, el Gobierno
fomenta la aparición de más y más medidas fiscales con la consiguiente
dificultad para controlar el aumento de los gastos en la gestión y, en
consecuencia, más oportunidad para el fraude.


Este proyecto de ley desprecia el carácter altamente
estratégico del sector de la energía. La propuesta del Gobierno añadirá
más y más costes de producción e incrementará los insumos, provocará
subidas de precios a plazo de la electricidad en los mercados del orden
del 14% para la contratada en el 2013, tal y como advirtió la AEG
anteayer a raíz de las modificaciones introducidas en la tramitación por
la Cámara Alta, y concretamente de los cambios en el artículo 8, que
hacen referencia al tipo de gravamen y que, por enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, el impuesto se exigirá al tipo del 7%. Este
sobrecoste incidirá sobre el consumidor industrial, ya especialmente
castigado en los últimos años.


En Asturias vemos con una preocupación muy especial la
repercusión de esta ley sobre el acero, el aluminio y el zinc, nuestra
industria básica, que tiene enormes dificultades y una amenaza muy severa
de deslocalización. Pues bien, esta iniciativa del Gobierno no solo no
espanta las amenazas ni resta incertidumbre a los miles de trabajadores
de esta industria básica, sino que el ministerio, lejos de relanzar al
sector, le está aplicando unas medidas lesivas para los intereses de las
empresas españolas, que continuarán soportando unos costes energéticos
que les impiden competir en régimen de igualdad con otros países. La
carga añadida en la factura eléctrica está actualmente por encima del 25%
de la media europea, y esta ley que debatimos va a incrementar para
nuestras empresas sus costes de producción, y el Gobierno recaudador del
señor Rajoy no tiene en cuenta, una vez más, los costes sociales de esta
medida en forma de puestos de trabajo.


La política tarifaria e impositiva tendrá efectos negativos
sobre el crecimiento económico y sobre los puestos de trabajo, algo
inaceptable cuando hemos alcanzado cifras récord, cifras históricas, en
desempleo en Asturias y en España. Es oportuno, en defensa del veto que
hemos presentado, hacer referencia al nuevo tratamiento fiscal que se
aplicará sobre el único combustible fósil autóctono que tenemos en
España: el carbón.


A las decisiones del Consejo de Ministros para eliminar los
fondos mineros y recortar las ayudas a la producción, hay que acumular
las que se pondrán en marcha con esta ley, maquilladas astutamente en el
apartado cuatro del preámbulo y desarrolladas sutilmente en el
articulado. Señorías de la mayoría y del banco azul —en
ausencia—, las comunidades autónomas carboneras no son sospechosas
de contaminar a la humanidad. El carbón ha sido el gran motor impulsor de
la modernización y continúa siéndolo. (El señor vicepresidente, Lucas
Giménez, ocupa la Presidencia.) Con este texto legal del Partido Popular
se castiga fiscalmente al mineral sobre el que gira una grandísima parte
de la soberanía energética española y se penaliza con el argumento de
gravar de una forma más acorde en relación con las externalidades que
produce, según la propia descripción de los redactores de este texto, a
los que les importa un bledo lo de la soberanía energética y desprecian
que en España dispongamos en abundancia de un recurso que está siendo
profusamente utilizado y aprovechado por otros países del mundo, como es
el caso de Rusia y Estados Unidos, que aglutinan el 50% de las reservas
mundiales.


Aquí el Gobierno lo excluye del mix energético, le suprime
las ayudas, incumple los compromisos con el sector minero y con las
poblaciones que sacrificaron sus recursos en aras de la solidaridad con
la economía de los españoles, y finalmente, ahora le suprime las
exenciones que estaban previstas en la Ley 38/1992, en una nueva vuelta
de tuerca al ya de por sí comprometido futuro para todo el sector.


Nosotros creemos que el carbón es necesario para España, un
país que carece de petróleo y de gas, que tiene una enorme y carísima
dependencia de fuentes energéticas externas y que no puede desperdiciar
las ventajas de nuestras centrales de carbón, y mucho menos cuando se
avanza con enorme rapidez en el denominado carbón limpio, es decir, en la
aplicación de las nuevas tecnologías de captura de CO2, el dióxido de
carbono, y por tanto, en el control de los gases que generan el
denominado efecto invernadero. Todos estos notables avances en la quema
del carbón, en el almacenamiento del CO2 para su reutilización industrial
o en el tratamiento de









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aguas potables y residuales, son deliberadamente
despreciados por el Gobierno con esta ley, que estrangula al sector al
eliminar las exenciones y añadir sobre nuestro combustible fósil
autóctono otra carga que supondrá el finiquito para la producción
nacional, ya de por sí bastante mermada y castigada por los efectos de
las decisiones tomadas, antes por el Gobierno del señor Zapatero y ahora
por el Gobierno del señor Rajoy.


Todo esto se va a traducir en desempleo, en menos puestos
de trabajo y peor remunerados a la par que veremos que se incrementa la
importación de mineral obtenido en condiciones sociales, laborales,
ambientales y de seguridad muy dudosas.


Voy concluyendo, señor presidente, calificando este
proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética
como un auténtico caballo de Troya que se va a colar en nuestros hogares,
en nuestras pequeñas y medianas empresas, entre nuestros autónomos y
entre nuestras industrias; un caballo de Troya que va a depositar sobre
sus víctimas, o sea, sobre los ciudadanos y sobre nuestro tejido
productivo, la incapacidad de este Gobierno para abordar una reforma
energética acorde con las grandes necesidades que tiene hoy España y que
no pasan precisamente por la subida de impuestos o por la aparición de
nuevos impuestos.


Se ha desperdiciado todo 2012 para afrontar esa reforma.
Hemos visto al ministro de Industria rodearse de representantes
empresariales para hacerse fotos electorales allá por el mes de marzo,
haciéndose acompañar de los diputados y candidatos del Partido Popular, y
hoy esta es una foto que debería abochornar a sus protagonistas
políticos, porque este proyecto de ley que vetamos ha dejado al
descubierto que la única intención del Gobierno es meter un bocado extra
a la economía de los consumidores de energía en nuestro país, es decir, a
toda la sociedad española.


Por todo ello presentamos esta enmienda a la totalidad,
este veto al proyecto de ley sobre medidas fiscales, falsa y
fatídicamente camufladas bajo el pretexto de la sostenibilidad
energética.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Martínez Oblanca.


Propuesta de veto número 3, que corresponde al Grupo
Parlamentario Vasco. Tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.


La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Buenos días,
señorías.


Voy a comenzar situando esta ley en un día muy especial,
que parece que hasta se ha confabulado con los astros. Hoy es el día 13
de diciembre, y los pueblos precristianos solían celebrar el día del
equinoccio, que era cuando la luz se hacía sobre la sombra, sobre la
oscuridad. Estamos hablando de una ley de energía —de electricidad,
en definitiva— para el pueblo, una ley que trata sobre la luz
—luego haré al respecto algún tipo de reflexiones sobre este bonito
e interesante día—.


Otros senadores que me han precedido ya han comentado este
proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética,
pero el Grupo Vasco quiere también dejar constancia de su posición,
aunque quizá en algunos puntos nos repitamos. Yo había preparado una
introducción en la línea del señor Saura, en el sentido de que cuando
llegó a nuestras manos esta ley la leímos para saber cuáles eran sus
objetivos. Esta ley dice que hay que armonizar nuestro sistema fiscal con
un uso más eficiente y respetuoso con el medio ambiente y la
sostenibilidad, que la sostenibilidad ambiental requiere un marco
normativo y regulatorio que garantice a todos los agentes el adecuado
funcionamiento del modelo energético y que además contribuya a preservar
nuestro rico patrimonio ambiental. También dice que los ejes de esta
reforma serán la internacionalización de los costes medioambientales
derivados de la producción de la energía eléctrica y el estímulo para
mejorar la eficiencia energética y que contribuye a la integración de
políticas medioambientales. Pues bien, señorías, esto no lo ha dicho el
Grupo Vasco, esto lo ha dicho esta ley que ha presentado el Gobierno.
Pero ninguno de estos objetivos está en el fondo de la ley, pues no
pretende sino la imposición de puras y duras medidas fiscales mediante
nuevos impuestos, con el único objetivo de intentar tapar el déficit de
tarifa que se genera cada año, al que está claro que hay que dar una
solución urgente, pero siempre desde una coherencia.


El Gobierno ha optado por plantear una batería de impuestos
discriminatorios sin ninguna justificación ambiental ni económica, que
acabarán siendo pagados por los consumidores —eso lo sabemos; el
segundo plan será eso— y por los generadores más eficientes.
Además, no ha sido consensuada con los sectores afectados ni con los
consumidores, ni siquiera se ha comentado









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con ellos, por no hablar de la nula interlocución con los
grupos parlamentarios, que siempre han tendido la mano para un diálogo
eficaz que permitiera dar solución a los problemas que se plantean en el
sector energético.


Hay elevadas dosis de improvisación, sin rigurosos estudios
que deberían soportar no solo las parametrizaciones de los impuestos
concretos, sino también la cuantificación de los efectos colaterales
negativos que la nueva norma va a generar.


Vaya por delante que nuestro grupo parlamentario y nuestro
partido político entienden que hay unos pilares básicos y que nosotros
tenemos uno con el cumplimiento del famoso Plan 20/20/20 —una
reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, un
aumento del 20% de la cuota de energías renovables en el consumo total de
energía y una reducción del 20% del consumo de energía mediante la
eficiencia energética para el año 2020—, que ha sido impulsado por
este grupo pertinazmente en los trabajos desarrollados tanto dentro como
fuera del Parlamento, de forma que en la citada política energética en el
próximo futuro se reflejen los objetivos básicos de la competitividad, la
sostenibilidad y la seguridad del suministro.


Entendemos que entre las razones para una competitividad
—que también se reflejan en las enmiendas que hemos presentado a
este proyecto de ley— está el que un mercado en competencia
reducirá los costes para los ciudadanos y empresas y estimulará la
eficiencia energética y la inversión, lo cual redundará en la mejora del
sistema productivo y en las propias economías familiares. Por ello
creemos que debería ser un objetivo prioritario también en las cumbres
bilaterales entre el Estado español y el francés —y cuando le
indico prioritario lo señalo con mayúsculas—, donde llevamos más de
veinte años intentándolo sin ningún resultado.


Con esto dejaríamos de ser una isla energética, los
consumidores tendrían más opciones de comprar energía en el mercado
eléctrico y este mercado sería mucho más competitivo; además se daría
acceso a clientes, productores y generadores, y adicionalmente podríamos
colocar los excedentes de renovables. Señorías, se deberían eliminar de
la tarifa aquellos costes que no le corresponden, evitando una merma en
la competitividad de los clientes intensivos en consumo eléctrico
—hay que proteger a todos estos—.


También hay razones para la sostenibilidad, entre otras, la
promoción de políticas realmente sostenibles ambientalmente para combatir
el cambio climático —es nuestra visión como partido político y como
grupo parlamentario que lo representa—. El ahorro y la eficiencia
energética deben ser el primer pilar de toda política energética, y la
profundización en la promoción de las energías renovables uno de los
instrumentos básicos, así como el impulso del mecanismo de comercio de
emisiones.


Capítulo especial merecen las medidas de fomento de la
I+D+i. En el mundo en que vivimos solo un esfuerzo importante en estas
áreas nos permitirá sobrevivir y liderar, como actualmente hacemos,
algunas tecnologías como la eólica o la termosolar, mientras que con esta
ley, señorías, como después tendré ocasión de comentar, vamos a destrozar
totalmente un proyecto de muchos años, un proyecto en el que se ha
invertido muchísimo, un proyecto en el que ha habido un compromiso de los
políticos que nos han precedido. Como decía ayer, la ciencia, la
tecnología, la innovación y la investigación han tenido el compromiso de
todos los políticos de todos los colores. En nuestro caso, en el País
Vasco, que es al que represento, podemos decir que el compromiso de todos
los grupos políticos respecto a la I+D+i y en las renovables ha sido
total. Luego tenemos que defender esta política. Ahí no ha habido colores
ni ideologías, la economía tiene sus trazados políticos, pero creo que
todos estaríamos siempre de acuerdo en producir la riqueza.


Y desde luego, es importante la seguridad del suministro,
mantener el nivel de protección a los consumidores vulnerables
desarrollando el umbral de renta necesario para que esta prestación tenga
mayor sentido social, así como mejorar la calidad reguladora dotando de
previsión y de racionalidad la toma de decisiones, y que las decisiones
importantes se tomen tras consulta pública, de forma transparente y
motivada.


Señorías, nadie puede discutir que la energía es un pilar
esencial —eso lo tenemos claro—, que de la energía depende la
competitividad de nuestro tejido industrial, la sostenibilidad del medio
ambiente y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo
económico y social. Luz, lo que trae la luz es vida y riqueza, lo que no
trae riqueza es la falta de luz.


Los retos, señorías, a los que está enfrentándose en estos
momentos el sector energético son tantos y tan importantes que, por
señalar algunos, siendo conscientes de la dependencia









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energética, solamente mencionaré los elevados precios de la
energía y el cambio climático, todo ello de alcance global, sin olvidarme
de la problemática específica del déficit tarifario. Dichos retos a los
que hay que enfrentarse necesitan de propuestas de solución para dar
confianza, seguridad y estabilidad no solo a los consumidores, sino
también al sector global de la energía, que es estratégico y
productivo.


Señorías, todo esto necesita de algo muy estructural que no
se da en estas Cámaras ni en la política que se desarrolla en la capital
del Estado, y es que no se ha definido por parte de los grupos que han
estado gobernando el Estado una política energética de verdad, que defina
un modelo energético claro para afrontar todos estos retos a medio y
largo plazo, de forma que los diferentes actores puedan visionar el
camino por donde avanzar y tomar sus pertinentes decisiones estratégicas
en un marco de absoluta seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, de
la cual actualmente carece la regulación energética española. Ello ha
conllevado, entre otras cosas, una clara huida de inversiones. Esta ley
va a provocar una catástrofe en gran cantidad de inversiones y va a
generar numerosos litigios, a lo mejor, a gusto del señor Gallardón,
porque por esos litigios podrá recaudar muchísimo dinero. Se está
organizando un cisco para aquellos que han apostado por un futuro basado
en una economía competitiva, para los que han apostado por la innovación
y por tener un Estado con una marca en tecnología que nadie puede poner
en duda.


Señorías, aquí no hay luz; es una ley que se ha hecho desde
un ecosistema de despachos y con la que el señor Montoro estará
satisfecho. Nuestro grupo entiende que hay ministros que tienen que
defender lo indefendible, pero la responsabilidad última está en el
Gobierno, que tiene que asumir su responsabilidad y apostar por el
futuro. ¿Cómo vamos a apostar por el futuro los empresarios, los
políticos que creemos en todo esto, los ciudadanos? ¿Qué emprendedor se
va a poner en marcha si no tiene una estabilidad regulatoria, si no se le
ayuda en los costes, si está perdiendo competitividad, si no se puede
internacionalizar, si no se puede exportar porque dejas de ser
competitivo?


Señorías, creemos que esta estrategia de política
energética debería haber sido planteada ya por este Gobierno. ¿Para qué
sirve arreglar el sistema bancario y financiero si no tenemos futuro?
¿Para qué queremos bancos que estén bien si no van a tener dónde
invertir, porque todo esto está yermo? Aquí no hay actividad económica ni
empresarial que sostenga y aguante lo que ahora están aguantando los
empresarios, generando puestos de trabajo, empleo, y soportando este
temporal a los bancos. ¿Para qué queremos bancos? Que se caigan los
bancos, y dediquemos ese dinero del Estado para ayudar al empresario que
está generando PIB. En definitiva, este sector, señorías, está generando
mucho producto interior bruto. El 40% del producto interior bruto
industrial está en el sector energético y el 62% de los puestos de
trabajo de esta industria están aquí, y se los van a ventilar. Ayer,
cuando hablamos de innovación, yo decía: austeridad, sí, pero con
inteligencia. No se puede arrasar con todo; no se puede arrasar con las
herencias tan buenas que hemos recibido después de trabajar durante
treinta años en innovación y apostando por las renovables, por el futuro,
por una economía altamente competitiva. Esta ley esta hecha para un tipo
de economía basada en servicios, que no tiene en cuenta qué es lo básico
para la empresa, para la industria, y no solo del País Vasco, porque
también hay empresas en el resto del Estado importantísimas que van a ser
totalmente sacrificadas, y no va a haber quién lo levante.


Hay que hacer una estrategia energética seria, y yo demando
tanto a la oposición como al Gobierno, que, por favor, hagamos unas
políticas estructurales para que, al menos, el inversor que venga de
fuera vea que somos serios, que tenemos políticas energéticas, que además
somos creativos, que tenemos tecnología. Queremos que se baje el coste de
la energía, que es el más caro de Europa, porque tenemos cantidad de
renovables, que pueden ayudar a que el coste energético se vaya
reduciendo.


El dicho popular dice que Santa Lucía acorta la noche y
alarga el día y yo creo que hoy Santa Lucía no va a acortar la noche, se
va a alargar, porque esto, para la vida, para la economía, para el
bienestar de los ciudadanos, para el que está sin empleo y no tiene
esperanza de encontrarlo, es una muy mala noticia.


Montoro estará contento. Quiero pensar que De Guindos y
Soria —que no sé si tiene también políticas industriales, que
también es mi pregunta—, no son de esa opinión, pero es una pena
que Montoro haya entregado los ojos, como la santa, en bandeja a la
noche.









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Estaremos aquí y contarán siempre, señores del Gobierno,
con nuestra ayuda leal, noble, porque nosotros, en Euskadi, defendemos al
ciudadano. Ya sé que ustedes me dirán, señor Juncal, señor Palacios, que
ustedes también defienden al ciudadano. Pero si matamos la gallina, ya no
vamos a tener ningún huevo de oro. Y ustedes, con esta ley, van a generar
más desempleo, van a generar una salida inmediata, rapidísima, de los
inversores extranjeros y la marca España —que tanto quieren
ustedes— va a quedar totalmente destrozada.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando.


La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor
presidente, un momento, por favor.


Si antes teníamos problema en tecnología y la made in Spain
no ayudaba al sector empresarial español, con esto le va a cerrar
muchísimas puertas.


Muchísimas gracias, señor presidente


Gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señora
Leanizbarrutia.


Pasamos a la propuesta de veto número 4, firmada por el
Grupo Parlamentario Socialista.


Tiene la palabra el senador Alique.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, lamento profundamente que no esté esta mañana con
nosotros para explicarnos la ley el señor Montoro o, en su defecto, el
señor Soria, porque, en definitiva, el señor Montoro ha utilizado al
señor Soria para recaudar más. Y digo que lo lamento porque alguna
explicación debería dar el Partido Popular, porque no ha aprovechado el
trámite del Senado para mejorar los contenidos de la Ley, sino que lo ha
aprovechado para mejorar la recaudación, subiendo del 6 al 7% el
impuesto.


Señorías, con este proyecto de ley se perjudica a los
consumidores domésticos e industriales, que serán los que paguen las
consecuencias de esta ley recaudatoria. Al final de este año de Gobierno
del Partido Popular, los ciudadanos pagarán un 20% más en el recibo de la
luz y hasta un 7,4% más en el recibo del gas, incluida la subida del
IVA.


En segundo lugar, este proyecto de ley siega el futuro de
sectores tan importantes como las energías renovables, la eficiencia
energética o la cogeneración, todos ellos priorizados por la Unión
Europea para una economía más eficiente, más sostenible y más
competitiva.


Pues bien, a pesar de estas dos grandes decisiones, y otras
más que recoge el proyecto de ley, este proyecto de ley es un ejemplo de
falta de transparencia y de diálogo de este Gobierno. De diálogo, porque
no han hablado con ninguno de los sectores implicados, ni con los
consumidores, ni con el propio sector, ni, por supuesto, con los grupos
parlamentarios. Lo único que han conseguido, y han tenido éxito, es el
rechazo de todos, incluso del consejero de Industria de Aragón, del
Gobierno del Partido Popular. Fíjense, ustedes han aprovechado este
proyecto de ley para pasar este parche fiscal a la velocidad de la luz,
nunca mejor dicho, como un trámite rápido y de tapadillo, pero ha dejado
a las claras el desorden y el desgobierno de este Partido Popular, que no
tiene una política energética, como lo demuestra que hayan presentado
incluso enmiendas en el último minuto, al entrar en la comisión.


En tercer lugar, este proyecto de ley no es una reforma
eléctrica, es un sablazo eléctrico que ha puesto en pie de guerra a todo
el sector, como decía anteriormente, porque están en contra de esta
fiscalidad que impone y propone el Partido Popular. Ustedes han perdido
la oportunidad de presentar una reforma del sector energético, en
particular del sector eléctrico, que lo necesita, porque tiene graves
problemas que resolver. En primer lugar, la elevada dependencia e
intensidad energética, que el Partido Popular no solo no combate en este
proyecto de ley, sino que ataca, precisamente como si su única obsesión
fuese que el ahorro energético y las energías renovables las tuviesen que
sacar del sistema eléctrico español.


En cuarto lugar, la falta de competencia del sector, que ha
reconocido el presidente de la Comisión Nacional de la Energía y el
propio señor Soria que, recientemente, en una entrevista, incluso llegó a
afirmar que la futura reforma energética, esta que siempre nos dice que
va a









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presentar pero que nunca llega, tiene que impulsar la
competencia en el sector, pues en este momento hay poca.


En quinto lugar, cambiar el mecanismo de fijación de
tarifas que aprobó el Partido Popular en el año 1997. Reconozco que
nosotros no lo cambiamos y con ello reconozco también nuestro error, pero
ese mecanismo ha tenido nefastas consecuencias sobre la estabilidad
financiera de las empresas, sobre la sostenibilidad de las finanzas
públicas, sobre la competitividad de las industrias españolas y sobre la
capacidad adquisitiva de los ciudadanos, a quienes en los últimos siete
años se les ha subido el recibo de la luz un 70%. Pero escuchen bien, a
pesar de que tenemos el precio de la luz, antes de impuestos, más caro de
la zona euro, sin embargo, el Partido Popular, en tan solo un año, ha
subido el recibo de la luz un 20% por su voracidad recaudatoria. El
Partido Popular, en su política de demonización de las energías
renovables, pretende injustamente responsabilizarlas de la subida de la
luz o del déficit tarifario, cuando ustedes saben que es injusto y que no
es cierto. Quizá por eso ustedes callan los ingresos millonarios que
recibieron las eléctricas en el año 1997 con una ley del Partido Popular
por los costes de transición a la competencia; o callan que recientemente
han llevado los costes extra peninsulares de los Presupuestos Generales
del Estado a los costes del sistema y que, por tanto, lo pagarán los
ciudadanos; o callan, por ejemplo, que recientemente han subido los
costes de interrumpibilidad a algunas empresas durante la campaña
electoral de las elecciones gallegas; o callan la disminución de los
ingresos con motivo de la crisis y, por tanto, de la demanda energética;
y, sobre todo —y esto es importante—, callan que el actual
modelo regulatorio hace posible que tecnologías como la nuclear o la
hidroeléctrica, ya amortizadas, se retribuyan por encima de sus costes
reales, tal y como han reconocido la Unión Europea y la Comisión Nacional
de la Energía al señalar que esta es una de las causas por las que no ha
bajado el precio a los consumidores.


Pues bien, señorías, este proyecto de ley no abarca estos
problemas porque no es una reforma del sector eléctrico, sino un parche
fiscal, como ya han dicho otros portavoces que me han precedido, para
aumentar la recaudación. Si lo que pretendían era acabar con el déficit
de tarifa, deberían haber hecho antes una reforma del mercado eléctrico
basada en los informes de la Comisión Nacional de la Energía
—informes que encargó el Gobierno del Partido Popular y que ha
tirado a la basura—, o en las recomendaciones de la Unión Europea
—que el Gobierno del Partido Popular incumple—, o como ya he
dicho en más de una ocasión, en el informe de la Subcomisión de Política
Energética, elaborado en el Congreso durante la pasada legislatura y que
ustedes ignoran.


El proyecto de ley dice que pretende acabar con el déficit
de tarifa, objetivo razonable y además de obligado cumplimiento, sin
embargo —ya lo ha dicho algún portavoz que me ha precedido—,
no modifica las causas del déficit ni ataca de raíz su génesis, pues
mantiene el marco actual, es decir, la Ley 54/1997 aprobada por el
Gobierno del señor Aznar, que fue el que aprobó el déficit tarifario. Y
conviene aclarar en este momento qué es el déficit tarifario. El déficit
tarifario surge de la diferencia entre el precio de mercado y la tarifa,
y no entre la tarifa y el coste de suministro. De tal manera que el
déficit tarifario es de naturaleza regulatoria, no económica, aunque
indudablemente también tiene beneficios regulatorios y no solo
económicos.


Por eso, señorías, si no se modifica en profundidad, si no
se produce una revisión del modelo regulatorio actual, esta ley y sus
medidas serán pan para hoy y hambre para mañana, porque no se eliminará
el déficit, tal y como ha reconocido el propio ministro Soria. Con esta
ley, el Gobierno, lejos de solucionar el problema, ha puesto un parche
fiscal que al final pagaremos los ciudadanos, porque las empresas que van
a mercado internalizarán esos costes y después los trasladarán a los
consumidores —como por cierto ya ha reflejado el mercado de futuros
nada más conocer este anteproyecto de ley en el mes de
septiembre—.


En sexto lugar, a pesar de que esta ley quiere vestirse de
medioambiental, no es un impuesto ambiental, sino un nuevo ataque del
Partido Popular a las energías renovables y al ahorro y la eficiencia
energética, contraviniendo con ello los objetivos del 20-20-20 de la
Unión Europea. Esta ley no incentiva el uso de energías limpias, más
respetuosas con el medio ambiente, y no desincentiva el uso de las que no
lo son, pues establece un tipo único, del 6 al 7% en el Senado, y no
distingue a los productores de esa energía, de tal manera que no
distingue entre productores del régimen ordinario —a priori, menos
respetuosos con el medio ambiente— y productores de energías
renovables —más respetuosos con el medio ambiente—. En este
sentido, al no cumplir









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con el objetivo que establece la ley por la que se crea
esta impuesto, la protección del medio ambiente, este podría considerarse
un impuesto confiscatorio y, por tanto, contrario al ordenamiento
tributario español, es decir, al artículo 31.1 de la Constitución
española. Pero es que, además, al tratarse de un impuesto directo, los
productores del régimen especial serán precisamente los perjudicados,
pues no podrán trasladar los costes de este impuesto al consumidor final,
a diferencia de los del régimen ordinario, que van a mercado, como he
dicho anteriormente. En definitiva, serán las familias y las empresas las
que paguen esta voracidad recaudatoria del Partido Popular. Además,
pagaremos dos veces por el mismo hecho imponible: ya se paga el impuesto
sobre la electricidad —establecido también por el Partido Popular
en el año 1998— y ahora el 7%, aunque digan que lo pagan las
eléctricas, lo pagaremos todos los ciudadanos.


En séptimo lugar, este proyecto de ley contraviene la
normativa comunitaria relativa a la libre circulación de bienes y
establecimiento. Con este proyecto de ley los productores de electricidad
de otros países que exportan a España, como Francia y Portugal, no van a
estar gravados con este impuesto, lo que va a provocar un desequilibrio
que perjudicará a los productores españoles. De tal forma que, al
incrementarse el coste de la energía en España respecto a esos países,
puede ocurrir que el actual flujo exportador se convierta en un flujo
importador que provoque que se reduzca la producción de energía en España
un 6,6%, el equivalente a toda la exportación del sector de la madera:
930 millones de euros.


En octavo lugar, esta es una ley antiindustrial, pues
perjudica a la industria, ya que suben el impuesto de un 6 a un 7% en el
Senado —es decir, un incremento del 17%—, y sobre todo a la
industria que utiliza la cogeneración, que va a pagar ese impuesto,
además de pagar un impuesto de consumo de gas, lo que supone otro
incremento de entre un 5 y un 8% con un tipo de 0,65 euros por gigajulio,
cuatro veces superior al mínimo establecido por la Unión Europea. Con lo
cual, también vamos a tener un problema de competitividad con las
empresas del resto de países de Europa. A esto habría que añadir que si
se aprueba la enmienda 216 del Grupo Parlamentario Popular —de lo
que no tengo la menor duda, porque el Grupo Parlamentario Popular tiene
mayoría— las industrias que utilizan gas en cogeneración se verán
gravemente discriminadas respecto a las que utilicen el gas industrial en
una caldera convencional para generar calor. Esto, señorías, no tiene
sentido jurídico, ni sentido común, ni, por supuesto, técnico, pues
supone tratar desigual lo que es igual, con el agravante de que se aplica
un tipo reducido para el gas industrial, un 0,15%, y un tipo del 0,65%
—es decir, cuatro veces más— al gas industrial para
cogeneración, que es mucho más eficiente. Por otra parte, supone ir en
contra de los planteamientos de la Unión Europea, que precisamente
prioriza la utilización de la cogeneración para ganar competitividad
industrial debido a los beneficios que aporta la producción simultánea de
electricidad y calor en la misma planta industrial. Por ejemplo, se
reduce hasta un 30% el consumo de energía primaria o las emisiones
globales de CO2. Por eso consideramos razonable que, al menos, se aplique
un tipo reducido del 0,15% al gas de cogeneración utilizado para calor y
electricidad que se consume en la misma planta.


Señorías, señores del Partido Popular, les recuerdo que la
industria de la cogeneración emplea actualmente a 1,4 millones de
personas y que está implantada en el 40% de las industrias de este país.
Sin embargo, si ustedes no lo arreglan aprobando las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista, sectores como el azulejero, pavimentos
cerámicos, el químico, el textil, el papel, la madera o los bienes de
equipo, es decir, las industrias manufactureras, verán seriamente
afectada su capacidad exportadora y su viabilidad pues su competitividad
está estrechamente ligada a la cogeneración, que es una tecnología
eficiente, como también ha puesto de manifiesto la propia Unión
Europea.


Señorías, para finalizar quiero decir que esta ley no
aborda los problemas fundamentales ligados a la forma de retribuir la
generación eléctrica, cuyo mercado debe aumentar la competencia efectiva
y la transparencia. En segundo lugar, este proyecto de ley va a encarecer
la tarifa eléctrica a los consumidores domésticos e industriales. En
tercer lugar, va a penalizar de forma injustificada las energías
renovables y la cogeneración. En cuarto lugar, resulta claramente
insuficiente para luchar contra el déficit tarifario en el futuro. En
quinto lugar, no protege el medio ambiente. Y en sexto y último lugar, no
respeta los principios de la política tributaria tanto española como
comunitaria.









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Señorías, considero que son suficientes argumentos para
estar en contra de esta ley. Por este motivo, el Grupo Parlamentario
Socialista ha presentado este veto y pide al resto de sus señorías que lo
apoyen.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señorías.


Turno en contra.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador señor Palacios.


El señor PALACIOS ZUASTI: Señor presidente, señorías, muy
buenos días a todos.


El Grupo Popular, como no podía ser de otra manera, ha
analizado los seis vetos que han sido presentados a este proyecto de ley.
De su lectura y de lo que aquí hemos escuchado a los portavoces que los
han presentado, se deduce que los reproches que en ellos se hacen se
refieren a que este proyecto se tramita por el procedimiento de urgencia,
que esta ley tiene un carácter recaudatorio, que es un parche, ya que
dicen que no soluciona ni el problema del déficit, ni lanza señales
medioambientales, ni aborda con rigor ambos elementos. Dicen también que
perjudica a la competitividad de nuestro país y que no afronta la reforma
energética.


Nos da la impresión de que los grupos enmendantes no se han
percatado ni del objeto de la ley ni de su título, que es el siguiente:
medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Ni más ni menos que
eso, medidas para la sostenibilidad, y nos da la impresión de que no se
han percatado de que nuestro sistema eléctrico actualmente es
insostenible.


Parece ser que los enmendantes no se han enterado todavía
de que en diciembre de 2011 el déficit de tarifa era de unos 24 000
millones de euros y que este crece año a año a un ritmo de en torno a los
6000 millones; y parece que todavía no se han enterado de que si no se
toman medidas, es decir, si todo sigue igual que en diciembre de 2011, en
el año 2015 el déficit acumulado será del doble del actual, es decir, de
en torno a los 50 000 millones.


Señorías, esta y no otra es la realidad. Por eso creo que
es preciso pisar suelo y no elucubrar. El hecho es que nos encontramos
ante el problema más grave que ha existido en décadas en el sector
energético, que no es otro que el del creciente aumento del déficit de
tarifa. Y el hecho es que tenemos que cumplir un objetivo que no nos
hemos marcado nosotros, que no se ha marcado el actual Gobierno, sino que
fue el anterior, a través del Real Decreto Ley 6/2009, que modificó
después por otro Real Decreto Ley, el 14/2010, en el que se establecía
que en este año 2012 el déficit de tarifa tenía que ser de tan solo 1500
millones y que en el año 2013 tiene que ser de cero euros.


Señorías, el papel lo aguanta todo y el anterior Gobierno
así lo dejó escrito en el Boletín Oficial del Estado, aunque la verdad es
que no tomó las medidas y no puso los medios necesarios para lograr ese
objetivo, y la realidad, como ya les he dicho, es que el déficit crece
año a año en torno a los 6000 millones, y así no se puede seguir. Por
eso, el actual Gobierno, que es un Gobierno serio y responsable, en estos
once meses ha hecho lo que otros Gobiernos no hicieron, porque el drama
de los Gobiernos anteriores presididos por el señor Rodríguez Zapatero en
materia energética es que no hicieron nada y dejaron todos los problemas
para que los resolviera el que viniera después. Este Gobierno,
afortunadamente, no ha seguido esa senda y, a diferencia del anterior, no
ha perdido el tiempo y, basándose en la ortodoxia regulatoria, ha tomado
una serie de medidas que van encaminadas a lograr la consolidación
fiscal, a corregir el déficit de tarifa y a afrontar el problema de
raíz.


En primer lugar y para cumplir con el objetivo de ese Real
Decreto Ley 6/2009 y poder reducir el déficit en el año 2012 a los 1500
millones, ha adoptado durante los meses pasados cuatro medidas
fundamentales. La primera de ellas fue el Real Decreto Ley 1/2012, por el
que se suspendieron temporalmente las preasignaciones de primas a nuevos
proyectos de energías renovables. Con él, y a diferencia de lo que se ha
dicho y hemos podido oír desde esta tribuna, no se ha frenado la
expansión de las energías renovables. Lo único que se ha hecho ha sido
impedir que se puedan seguir realizando registros de nuevas instalaciones
con primas adicionales y que se pueda seguir derivando energía de las
renovables al precio de 200, 300, 400 y hasta 450 euros, porque a partir
de este Real Decreto Ley 1/2012 se pagan las energías del régimen
especial al precio medio del megavatio en el mercado, que es de 50 euros,
ya que si se siguiera pagando más, el resto lo tendríamos que pagar los
consumidores, es decir, los usuarios.









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La segunda de estas cuatro medidas fue el Real Decreto Ley
13/2012, por el que se bajaron los costes en la distribución y en el
transporte de energía eléctrica, y también ha habido otras medidas que
han supuesto de cara al déficit de este año, las que están en este Real
Decreto Ley 13/2012, un monto total de 1764 millones de contención del
déficit. Luego hubo una orden ministerial, la 843/2012, que sirvió para
incrementar los ingresos y contribuyó a contener el déficit dentro de los
límites establecidos en ese Real Decreto Ley 6/2009, al tiempo que
incrementó la tarifa eléctrica a los consumidores domésticos en un
promedio del 5,1%, a los industriales medios del 2,8% y al gran
industrial del 0,9%. Con esta orden ministerial se pudo obtener unos
ingresos en 2012 de 1380 millones de euros.


La cuarta medida ha sido el Real Decreto Ley de 13 de julio
de 2012, con el que se volvieron a reducir los costes de retribución a la
red de transporte y los costes derivados de los sistemas
extrapeninsulares, y comportó con otras medidas otros 630 millones. Es
decir, con estas cuatro normas adoptadas por el actual Gobierno se han
puesto en marcha los mecanismos necesarios para poder limitar el déficit
de tarifa del año 2012 a los términos establecidos por el Gobierno
socialista en el real decreto ley del año 2009. Son cuatro normas con las
que en el año 2012 se van a recaudar 3586 millones.


Como les digo, estas medidas son para el año 2012 y en el
2013 también hay que cumplir con el objetivo marcado por el Gobierno
socialista en el Real Decreto Ley 6/2009, es decir, es preciso que el año
próximo el déficit sea de cero euros y no de 5250 millones de euros, como
estaba previsto. Y para cumplir con ese objetivo, se ha elaborado este
proyecto de ley de medidas fiscales, proyecto que como tiene que entrar
en vigor el día 1 de enero ha sido necesario debatir por el procedimiento
de urgencia, porque no nos queda más remedio que restablecer de forma
inmediata el equilibrio presupuestario.


A diferencia de lo que se dice en los vetos, esta ley que
estamos debatiendo está en línea con los principios básicos que rigen la
política fiscal, la energética y, por supuesto, la medioambiental de la
Unión Europea y tiene como objetivo armonizar nuestro sistema fiscal con
un uso más eficiente y respetuoso con el medio ambiente y la
sostenibilidad económica y financiera de nuestro sistema eléctrico.


Esta es una ley que regula tres nuevos impuestos: uno,
sobre el valor de la producción de energía eléctrica; otro, sobre la
producción de combustible nuclear gastado y sobre los residuos
radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, y el
tercer impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear y residuos
radiactivos.


Esta ley crea también un canon por utilización de las aguas
continentales para la producción de energía eléctrica, modifica los tipos
impositivos para el gas natural y el carbón y suprime las exenciones
previstas para los productos energéticos utilizados en la producción de
energía eléctrica y en la cogeneración de electricidad y calor útil.


En definitiva, con todas estas normas está previsto que en
el año 2013 se puedan recaudar 2560 millones de euros que se detraerán
del déficit previsto. Es decir, que a la hora de tomar estas medidas se
podría haber optado por que todo el ajuste del déficit recayera sobre los
consumidores y se repercutiera sobre las tarifas eléctricas. Esta era una
de las opciones. La segunda consistía en que recayera exclusivamente
sobre las empresas que generan electricidad; o podría haber recaído el
cien por cien en los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, que
lo pagáramos todos los españoles; o se podría hacer una combinación de
estos tres elementos que es la opción que se ha escogido en esta ley. De
esta forma las empresas van a soportar un 55% del ajuste y los
consumidores y las administraciones el 45% restante. Por tanto, estas
medidas son imprescindibles para reducir el déficit de tarifa, y nos van
a afectar a todos, a los consumidores, a las empresas y al Estado, por lo
que es lógico que ninguno de los actores esté contento con ellas. Pero
con esta ley lo que se ha hecho es distribuir las cargas entre todos, y
no solo eso, es que además se ha establecido la fórmula para que las
empresas y la Administración contribuyan también a la sostenibilidad
económica del sistema, para que no recaiga todo sobre los
consumidores.


¿Por qué se tiene que aprobar esta ley de sostenibilidad?
Ya lo he dicho al principio, porque el sistema energético que tenemos es
insostenible y no se puede financiar. Por eso es necesario subir las
tarifas, establecer nuevos impuestos específicos y mantener el parón de
las energías de régimen especial, porque ya no se pueden desarrollar más.
Y con las medidas previstas en esta









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ley se va a poder pagar a todos los actores, y esto,
ténganlo en cuenta, señorías, es la mejor política energética que un país
puede tener: pagar a todos los actores. Si esta ley no se aprueba, el
sistema probablemente quebraría y no se podrían pagar ni las energías de
régimen especial ni las del régimen ordinario.


Señorías, esta ley no es la causante de los males que se
denuncian en los vetos, todo lo contrario. Esta ley es la que viene a
poner los medios para acabar con el déficit de tarifa que, como ya les he
dicho, es el principal problema que tenemos en materia energética. ¿Que
podría haber habido otras alternativas, otras medidas fiscales distintas
a las contempladas en este proyecto de ley? Probablemente, pero no las
hemos visto ni nadie nos las ha expuesto. Es cierto que en los vetos de
los senadores Iglesias y Mariscal y de los senadores Guillot y Saura se
presenta un texto alternativo literalmente idéntico, pero ese texto, ni
está dentro del ámbito de este proyecto de ley ni tan siquiera dentro del
de los sistemas energéticos, pues en él se habla, entre otras cosas, de
la imposición sobre el cambio de usos del suelo, el impuesto sobre
instalaciones, construcciones y obras que hayan obtenido o no licencia, o
el impuesto sobre la estancia en establecimientos turísticos, materias
que no vienen al caso.


También hay un veto en el que se habla del tema del carbón.
Debo decir que lejos de quiebras unilaterales, de acuerdos respecto a la
minería del carbón, el actual Gobierno, dentro de las disponibilidades
presupuestarias que la actual situación económica permite, está
trabajando la línea de cumplimiento de los compromisos adquiridos con
anterioridad a esta legislatura. Por tanto, no existen tales quiebras,
como se indica en el veto del senador Martínez Oblanca.


Veo que algunos vetos dicen que con esta ley se pone en
peligro la seguridad de suministro. Sus señorías saben que eso es
totalmente falso porque, como bien saben, la potencia instalada en
nuestro país supera los 106 000 megavatios al año, cuando el consumo
punta es de tan solo 44 000. Por tanto, de peligro en el suministro, nada
de nada.


También veo en los vetos que se dice que esta ley no se
ocupa ni de la sostenibilidad ni del aspecto medioambiental y que tiene
carácter recaudatorio. Esto tampoco es cierto. Ya he dicho que actúa en
la línea de la sostenibilidad medioambiental, pues lo que se está
haciendo y se va a conseguir es la integración de políticas
medioambientales en el sistema tributario; internalizando los costes
medioambientales derivados de la producción de energía eléctrica y del
almacenamiento de combustible nuclear gastado y material radiactivo, se
va a asegurar la compensación a la sociedad por las cargas del
almacenamiento y custodia de material de origen nuclear de larga vida, se
va a incrementar el gravamen sobre aquellos productos energéticos que
alimentan los grandes focos de emisión de gases de efecto invernadero,
como el carbón, el fueloil o el gasóleo, y se va a conseguir la
protección del dominio público hidráulico, corrigiendo una anomalía
perdurable en el tiempo por razones históricas mediante la aportación de
recursos por aquellos que obtienen un beneficio por su uso privativo.


Tampoco es cierto que esta ley sea un parche. Esta ley es
el primer paso, y además es un paso necesario e imprescindible. Después
vendrá esa reforma a fondo del sector energético, de la que han hablado
algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que será
una reforma que nos permitirá contar con un sistema energético
equilibrado y sostenible y tener una energía barata para que podamos ser
competitivos como país y para que dejemos de tener la tercera energía más
cara de la Unión Europea, tal y como nos dejó el señor Zapatero. Ese paso
se dará después, una vez se logre que el sistema sea sostenible. Por eso
este es el primer paso, imprescindible, con el que se quiere hacer
sostenible el sistema, pero lo primero que tenemos que hacer para
lograrlo es aprobar esta ley para que se puedan obtener los ingresos
necesarios para que a partir del principio de sostenibilidad
medioambiental y financiera del sistema, una parte, no todo, del déficit
de tarifa previsto para el año 2013 pueda ser financiado con cargo a
estos ingresos. Con esta ley se ponen los medios para que el sistema sea
sostenible y, por tanto, yo creo, señora Leanizbarrutia, que en este día
de Santa Lucía ya se puede decir que se empieza a ver la luz al final del
túnel.


Por todas estas razones, señorías, vamos a votar en contra
de los seis vetos presentados.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Palacios.


En turno de portavoces, tiene la palabra la senadora
Salanueva.









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La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor
presidente.


Señorías, vamos a manifestar la posición de Unión del
Pueblo Navarro respecto a este proyecto de ley y a los vetos, aunque
nuestra votación final quedará condicionada a un tema que voy a
manifestar.


En primer lugar quiero decir que en conjunto la ley no nos
parece oportuna porque creemos que no va a solucionar el problema real
del déficit tarifario. Somos conscientes de que hay que abordarlo, de que
así se puede producir, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, una quiebra del sistema, pero creemos que esta no es la
solución.


Criticamos también el procedimiento que se ha seguido. Una
ley de esta importancia vuelve a ser una vez más un trágala en este
Parlamento, tanto en el Congreso como en el Senado, con un procedimiento
de urgencia, nos da la sensación de que con poca receptividad, porque así
nos lo han transmitido todos los representantes de los sectores
afectados. Nosotros entendemos, en contra de lo que decía ahora el
portavoz del Grupo Popular, que el procedimiento de la reforma ha sido al
revés de lo que tenía que haber sido. En un primer momento tendría que
haberse abordado una reforma eléctrica de verdad. Hay que incidir en una
reforma estructural que solucione los problemas de emisiones, de costes
reales, los problemas insulares y peninsulares, que busque un adecuado
mix regulatorio y reducir la dependencia del exterior.


Por tanto, señorías, consideramos que hay que apostar
primero por la reforma de un marco regulatorio estable y seguro que tenga
en cuenta el futuro del sector. Como consecuencia de esa reforma sí podía
haber venido una ley de esta naturaleza, de una naturaleza impositiva y
recaudatoria, que aprobase medidas complementarias que regularan tasas e
impuestos correspondientes.


Como les digo, señorías, a nuestro juicio, se ha optado por
empezar la casa por el tejado y por apostar únicamente por la
recaudación. Creemos que esto va a traer malas consecuencias —para
Navarra, desde luego, lo van a ser— para el conjunto de España;
aunque en un primer momento se va a tener una recaudación inminente, sin
embargo, las consecuencias a medio y largo plazo van a ser desastrosas
para España. Se van a producir efectos contrarios a la recaudación porque
va a haber menor recaudación por efecto de la deslocalización de
empresas, por cierres, por pérdida de empleos, por pérdida de
competitividad, en definitiva, porque va a suponer un freno a un
importante motor de la economía como es todo el sector energético.


Creemos, señorías, que se va a ver afectado también el
ciudadano —en contra de lo que se dice— por un mayor
incremento en su recibo, que hay quien lo cifra hasta en un 20%.


Nos parece que esta medida, que, en principio, tenía
vocación de ser coyuntural para solucionar un problema concreto, sin
embargo, tiene una vocación de permanencia, y ojalá con las enmiendas que
varios grupos hemos presentado se demuestre lo contrario.


Pero creemos que es importante tener una estabilidad
jurídica en la norma. Ya hemos sufrido los reales decretos 1/2012 y
14/2010, del Partido Socialista y del Partido Popular, que, a nuestro
juicio, afectaron muy negativamente a todo el sector de las renovables y,
especialmente, a la fotovoltaica. Eso ha supuesto dar una imagen de país
que genera incertidumbre. Si estamos apoyando la Marca España, señorías,
creemos que es importante tener una seguridad jurídica en la normativa.
Quienes miran a nuestro país para invertir sus recursos —los países
y empresas extranjeras— necesitan una estabilidad jurídica y un
marco regulatorio seguro.


En Navarra hemos apostado desde hace muchos años por
auténticas medidas de sostenibilidad energética y apoyo a las renovables.
La electricidad generada por fuentes renovables en Navarra equivale al
81,15% del consumo final de la electricidad. Cumplimos desde el año 2009
los objetivos marcados por la Unión Europea del 20-20-20 y mantenemos un
liderazgo internacional tanto en la producción como también en la
investigación. Somos una de las comunidades —la primera o la
segunda— con más inversión en I+D+i. Disponemos de dos importantes
centros nacionales de referencia como son Cener y Cenifer, con más de
doscientos investigadores en Cener y también en Cenifer como Centro
Nacional Integrado de Formación de Energías Renovables.


Las renovables en Navarra han supuesto y suponen en estos
momentos más de 5000 empleos en la comunidad y una fuente de ingresos
importante, además de un liderazgo en un sector competitivo. El Plan
Moderna, que es nuestro plan —somos la primera comunidad que tiene
un plan de esta naturaleza—, marca las tendencias económicas del
futuro y establece como pilar básico y fundamental la economía verde y
las energías renovables. Por eso, en Navarra vemos









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con preocupación esa culpabilización que a veces se hace
—se lo dije también al ministro— a las renovables como
causantes del déficit de tarifa, cuestión que no compartimos. Creemos,
insisto, que esta ley no va solucionar el problema.


Nos preocupa mucho más otra cuestión, que estamos en
trámites de solucionar y que va a decidir si nuestro voto definitivo será
el de abstención o de apoyo a los vetos, al igual que con la ley. Nos
preocupa una disposición adicional que se ha incorporado en el texto, que
vino del Congreso y que no figuraba, relativa a la recaudación del
impuesto en la Comunidad Foral de Navarra y en el País Vasco.


En lo que afecta a Navarra, entendemos que la disposición
adicional tercera, tal y como está en estos momentos, puede suponer y
supone un ataque a nuestro régimen fiscal que no podemos consentir, lo
que va a decidir nuestro posicionamiento. Insisto en que estamos buscando
una solución que marcará definitivamente nuestra posición.


Para argumentar por qué consideramos que esto es así, les
diré que ya en el año 2001, en la Ley del Impuesto sobre Ventas
Minoristas de Determinados Hidrocarburos, se optó por una actuación
similar. Navarra tiene competencias propias para exaccionar impuestos
directos. Navarra tiene que regular este impuesto de la manera que marcan
las leyes y le corresponde recaudarlo. En ningún caso, como se dice en la
enmienda, le corresponde al Estado, mientras haya un periodo de vacatio
legis, cobrar ese impuesto.


Señorías, puede parecer que en estos momentos las
cuestiones de procedimiento, las cuestiones de respeto a las competencias
son menores frente a la crisis y frente a los graves problemas que
tenemos, sin embargo, quiero aprovechar esta ocasión para recordar una
sentencia del Tribunal Constitucional reciente, del 5 de julio de este
año, que reconoce —dicho de una manera sencilla— que en
ningún caso la crisis puede justificar la alteración del orden
constitucional de competencias ni el ninguneo a las comunidades autónomas
—en este caso a la Comunidad Foral de Navarra.


Tan importante es el fuero como el huevo, a nosotros, a
Unión del Pueblo Navarro así nos lo parece. Por eso creemos que debe
corregirse suprimiendo esta disposición adicional, porque, como comunidad
foral y como partido que sustenta al Gobierno de la Comunidad Foral de
Navarra, estamos siempre intentando arrimar el hombro para salir
adelante, no solo en la comunidad foral, sino en el conjunto de España,
para cumplir con las normas y para no ser insumisos, pero, insisto,
dentro del marco del respeto competencial a la Comunidad Foral de
Navarra.


Como siempre, estamos dispuestos a cumplir y a buscar el
objetivo y el interés común de España, ahí nos encontraremos. Por ello,
espero receptividad, y, en función de eso, como les he anunciado, será
nuestro voto definitivo.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Bajo a esta tribuna simplemente para destacar dos ideas.
Una: decía el portavoz del Grupo Popular que no habíamos entendido la
finalidad de la ley, sin embargo, su exposición nos ayudó a reforzar la
argumentación que en esta tribuna formulamos todos los portavoces que
defendimos los vetos y es que la única razón de esta ley es afrontar el
déficit tarifario. Eso ya lo habíamos entendido, y lo habíamos entendido
porque, obviamente, estudiamos el texto con detenimiento, a pesar de la
oscuridad que siembra la exposición de motivos sobre ese objetivo que
usted valientemente ha defendido hoy aquí.


Señor portavoz, figúrese si está poco clara en la ley esa
finalidad que hay que esperar hasta la disposición adicional segunda para
encontrar su objetivo. Si no llega uno a la disposición adicional
segunda, no entiende lo que usted acaba de explicar desde esta tribuna. Y
eso no parece adecuado. Conviene que las exposiciones de motivos
expliquen para qué se legisla.


Segunda idea. Negaba usted que la ley contribuyera a
incrementar la dependencia energética, que, efectivamente, está entre el
85 y el 90% en nuestro país. Esta ley es una pieza. Junto con otras
decisiones tomadas por el Gobierno, la resultante supone un incremento de
la dependencia energética. ¿Por qué? En primer lugar, porque de esas
decisiones tomadas por el Gobierno, incluida esta ley, se va a derivar
una menor presencia de las energías renovables. Muchas de las









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iniciativas empresariales impulsadas en esa dirección en
los últimos tiempos no van a ser sostenibles, con esta ley y con el resto
de las medidas. Y en segundo lugar, como también han adoptado ustedes
medidas que suponen prescindir del carbón nacional —que podría ser
el contrapunto de las renovables— y, por lo tanto, apostar por la
importación de carbón de terceros países —en definitiva,
sustitución del carbón nacional por carbón de importación—, es
lógico que se traduzca inevitablemente en un incremento de la dependencia
exterior.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
señora Leanizbarrutia.


La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Muchas
gracias, señor presidente.


Aquí ha comentado el portavoz señor Palacios que no nos
hemos percatado del objeto ni del título de la ley que estamos
debatiendo. Quiero decirle, señor Palacios, que la luz que ha iluminado
el texto de todos los que hemos planteado enmiendas y mejoras a la ley
nos ha alumbrado que esta ley no cumple con los objetivos que se plantean
en ella. Hemos leído —y creo que hemos sido dos senadores los que
lo hemos hecho— palabra por palabra lo que la ley dice, luego
nosotros entendemos que esta ley no cumple con esos objetivos.


También nos ha dicho que parece que no nos hemos enterado
de que el régimen de tarifa ha sido de 24 000 millones de deuda. Quiero
decirle que los sucesivos Gobiernos no han trasladado a las tarifas de
acceso gran parte de este incremento de costes para no asumir el coste
político derivado de ello. Por eso se ha generado un déficit de tarifa
con carácter estructural de unos 5000 millones de megavatios y 28 000
millones de euros acumulados. Esto demuestra la falta de valentía
política de los sucesivos Gobiernos durante los últimos doce años
—creo que es desde el año 1996—. Este asunto deriva de una
falta de decisión política para poder hacer un buen plan energético
estructurado. Simplemente se trata de no hacernos trampas en el
solitario. Y ahora estamos cargando con todo este tipo de medidas
políticas que se tenían que haber adoptado con muchísima más antelación
para no estar en este momento en la situación en que estamos.


Quiero comentarle otra vez, señor Palacios, que el Gobierno
está haciendo auténticos esfuerzos para ayudar a un sector de la economía
del Estado como es el financiero, encima de que los bancos detraen un
montón de recursos públicos, de que nos avisan de la cantidad de
trabajadores que van a lanzar a la calle, aumentando el índice del paro!
Pues, señores del PP, con esta ley van a tirar a la calle a muchísimos
trabajadores de sectores que son competitivos y que están produciendo
riqueza. Esta ley barre con todo eso y no va a solucionar el problema del
déficit, ni lanza señales medioambientales —eso lo tenemos
clarísimo— al no abordarse con rigor ambos elementos.


Señor Palacios, hay centenares de empresas industriales y
manufactureras en todo el Estado donde los procesos productivos requieren
—y eso es una realidad— de energía eléctrica, de energía
térmica y de vapor. Esta industria es la que ha generado el 40% del
producto industrial bruto y el 62% de los puestos de trabajo. Son
pequeñas y medianas empresas que se van a ver obligadas a cerrar, y
encima a las pymes se les está cargando con un 8,2% de impuestos y de
cánones sobre las ventas de energía, que el proyecto de ley desea
implementar, así como a otras fuentes renovables como las termosolares o
el tratamiento de residuos. Eso es lo que dice la ley, no es ninguna
interpretación.


Y hablamos por boca de muchísimos empresarios y sectores
que han apostado por esto, creyendo que aquí había cierta seriedad. Pero
con esta ley no hay futuro para el que ha hecho sus deberes, ni para el
que ha apostado por el progreso. No hay futuro para el que apuesta por
generar una economía de alto valor añadido. No lo hay, porque
competitividad implica mucho consumo de energía eléctrica, ese es uno de
los parámetros. Cuanta más energía eléctrica se consume —además
también habrá que hacer políticas de eficiencia energética—
conseguimos más productos de alto valor añadido, porque en general estos
conllevan mucho coste y suelen necesitar para su elaboración mucho
consumo de energía eléctrica. Y sepa que el negocio se va a ir a pique,
porque no va a haber quien consuma energía eléctrica; el consumo va a
bajar. Se van a cerrar muchísimas empresas y muchísimos trabajadores, muy
cualificados, van a ir a la calle.


También quiero decirle que el fallo está en la estructura
del Estado. Como no hay un plan energético, estamos generando un
ecosistema de regulación caótico que genera inseguridad,









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mucho recelo, muchísima desconfianza por parte, sobre todo,
de un sector inversionista que ha creído en el Estado. Aquí ha habido
políticas empresariales muy ambiciosas y con un gran valor añadido y
tecnológico. No se trata de que sean recelosos, yo tampoco daría un duro
por quien me está generando una inseguridad regulatoria continuamente y,
encima, no apuesta por la excelencia. No me gusta oír eso, además no creo
que sea justo.


Nosotros no elucubramos. Eso no lo acepto. No elucubramos,
hablamos desde la realidad. Nosotros estamos a pie de calle, y quiero
recordarle que en Guipúzcoa, en Vizcaya, en Álava, en Navarra, en
Galicia, en Cataluña, en Andalucía, en Madrid hay muchísimos empresarios,
y los tenemos a pie de portal, y vivimos con ellos y hablamos por ellos.
Son empresarios que están aportando muchísimo dinero con su actividad al
Estado, y, como he dicho antes, son ciudadanos que han creído en las
políticas industriales, de ciencia, de innovación y de tecnología y que
ven cómo hoy salta todo por los aires.


La cogeneración va a matar a nuestras pymes, las
termosolares van a matar la inversión extranjera, y ustedes saben que
esta ley arremete de lleno contra todo esto.


Nosotros, como grupo, proponemos una enmienda a la
totalidad, constructiva, señor Palacios. Si permiten la retirada de esta
ley y aceptan un diálogo muchísimo mayor —y nosotros nos ofrecemos
a ello con toda la lealtad y nobleza, porque somos los primeros
interesados—, se pueden plantear modelos energéticos sostenibles de
verdad, pero no podemos hacernos trampas en el solitario. ¡Y es
fundamental que no tengan efectos colaterales de este calibre! Porque no
abordan las medidas que han de ser implementadas para la corrección de
las ineficiencias del sistema. Y tampoco compartimos en modo alguno que
la solución del sistema eléctrico pueda pasar por el incremento de
impuestos a las industrias, ni por cánones a las hidráulicas, al
contrario, entendemos que esto perjudica la competitividad de las
empresas, de la industria y, por tanto, del empleo, justo en un momento
muy oscuro, señor Palacios. ¡Y saldremos del túnel! El problema es que
cuando salgamos del túnel todavía no se haya hecho de día y entremos en
una noche larga. Porque la economía no se construye en un día, ni en una
legislatura, ni en dos. Hay que tener criterio y unas estructuras que se
consolidan año tras año. El futuro no se construye en un día, ni con una
ley, somos conscientes de ello. Por eso pedimos que acepten el veto que
nosotros les proponemos. Sepan que nos van a encontrar colaborando para
mejorar, porque somos los primeros en desear tranquilidad, tanto
regulatoria como la que supone poder captar inversión, que es el gran
problema que tiene el Estado; tranquilidad que es necesaria para que,
cuando nuestros empresarios vayan por el mundo, la marca España al menos
conlleve energías renovables de tecnología avanzada y altamente
competitiva.


No elucubramos, hablamos de lo real y a nuestras políticas
de muchos años nos remitimos, políticas a las que el Partido Popular
también ha contribuido dentro de nuestra comunidad, lo mismo que el Grupo
Socialista y otros grupos en el Parlamento vasco.


Nosotros no predicamos con la palabra. Igual somos cortos
en palabra pero somos muy largos en hechos, y los hechos demuestran que
donde hay industria altamente competitiva no existe el paro que se ha
producido en otros lugares donde no se ha apostado por ello. Esos son los
hechos.


Ya no voy a hablar más porque quiero ser dueña de mi
silencio, señor Palacios, y no voy a ser esclava de más palabras. Los
hechos están ahí.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


Voy a ser breve.


Señor Palacios, hemos mantenido un debate absolutamente
confuso. Fíjese, toda su intervención se ha basado en decir que el
objetivo de la ley era el déficit tarifario. La ley no dice esto en
ningún sitio.


La primera frase del preámbulo de la ley dice lo siguiente:
«La presente ley tiene como objeto armonizar nuestro sistema fiscal con
un uso más eficiente y respetuoso con el medio ambiente y la
sostenibilidad.» En ningún sitio de todo el texto del proyecto de ley se
dice que el objetivo es el déficit tarifario. Por tanto, reitero lo que
he dicho en mi intervención inicial.









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Señoría, la ley dice: medidas fiscales para la
sostenibilidad energética. La pregunta es: ¿Usted considera que el
sistema energético es solo la electricidad, o es el transporte público,
la política industrial, la rehabilitación de edificios, etcétera? He
dicho que detrás de un preámbulo, que podemos aceptar, había un
articulado que no se correspondía en absoluto con el texto del preámbulo,
y usted nos lo ha aclarado; usted plantea el articulado como un objetivo
de déficit tarifario cuando el título del proyecto de ley y el contenido
del preámbulo del proyecto de ley indican la necesidad de tomar medidas
de sostenibilidad energética.


Y solo tres cuestiones cortas que he explicado antes. La
primera es que, diga usted lo que diga, esto va a repercutir sobre la
tarifa de los consumidores, que se va a elevar, es decir, la gente va a
pagar más por la electricidad. La segunda: esto es injusto porque el 7%
de incremento se aplica igual a los grandes productores que a los
pequeños productores. Y la tercera: no me ha contestado a una cuestión
importantísima —y no sé cómo es posible que usted no me haya
respondido— y es que en una enmienda presentada en el Senado se han
introducido 500 millones de euros —no 20 millones ni 30 millones,
500 millones— para hacer frente a políticas relativas al sistema
eléctrico. La pregunta es: ¿Esto va a ser también déficit tarifario o se
plantean que estos 500 millones, como proceden de las subastas de las
emisiones, se dediquen al cambio climático?


Por tanto, señor Palacios, el preámbulo y el título de la
ley no tienen nada que ver con lo que usted dice. En ningún momento se
habla en la ley de que el objetivo es el déficit tarifario. El preámbulo
de la ley plantea la sostenibilidad energética, que es algo más, en
definitiva, la sostenibilidad eléctrica.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.


Buenas días, señorías.


En primer lugar quiero dejar constancia de que mi grupo
parlamentario no ha presentado un veto a este proyecto de ley por
problemas técnicos —sí lo presentamos en el Congreso de los
Diputados— y, en consecuencia, ya anuncio que vamos a dar apoyo a
todos los vetos que hoy se están debatiendo en estos momentos, y voy a
argumentar el porqué.


La trayectoria legislativa —el otro día lo comenté en
comisión y creo que es importante— nos permite evidenciar del
Gobierno dos cuestiones: en primer lugar que el actual Gobierno, al igual
que el anterior, posterga la definición de una estrategia en política
energética a medio y largo plazo que permita orientar las grandes
reformas estructurales que hay que abordar y que son esenciales para
estabilizar la inversión y fomentar la eficiencia energética y el ahorro
palabras que tanto se han comentado aquí hoy. En segundo lugar, y como
ocurrió también en la pasada legislatura, las decisiones a corto plazo
predominan sobre las de medio y largo plazo, con lo que se tiende a la
improvisación sin consenso y a legislar con carácter extraordinario y
urgente para atajar problemas y medidas adoptadas sobre la globalidad del
sector energético.


Este Proyecto de Ley de medidas fiscales para la
sostenibilidad energética, lejos de plantear una fiscalidad destinada a
reorientar la política energética a favor del ahorro y de la
sostenibilidad, en coherencia con los objetivos europeos 20-20-20, se
basa en una fiscalidad recaudatoria, con el único fin de reducir el
déficit de tarifa eléctrico.


El Grupo Parlamentario Convergència i Unió participa del
objetivo del Gobierno de poner fin al problema del déficit tarifario dado
el importante volumen y los problemas que representa. Pero ello debe
hacerse a través de una estrategia energética que sea decidida, que
potencie el ahorro y la eficiencia, y que contribuya a la optimización y
a la sostenibilidad energética, en coherencia con los dictados de
Europa.


El presente proyecto de ley no resuelve ni un objetivo ni
el otro. Por un lado, aborda la reducción del déficit de tarifa
únicamente desde la perspectiva de un alza de impuestos, pero, por otro
lado, este incremento de la fiscalidad está alejado de los objetivos
europeos de la sostenibilidad fiscal para 2014, sin considerar sus
implicaciones en los objetivos energéticos y medioambientales.









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En relación con el impuesto sobre el valor de la producción
de la energía eléctrica, el Gobierno ha ignorado las diferentes
rentabilidades económicas que presenta cada una de las tecnologías de
producción de energía eléctrica en régimen especial y en régimen
económico, al cual se encuentra adscrita cada una de estas
instalaciones.


Por lo que atañe al consumo —y también quiero hacer
referencia al de gas natural, para uso distinto al de carburante—
no está en línea con la directiva europea de imposición de productos
energéticos, la cual deja exentos del impuesto mínimo a las instalaciones
de producción de energía eléctrica tanto por la parte asociada al consumo
de combustible como por la asociada a las emisiones de CO2. Además es
incoherente con el planteamiento de sostenibilidad que se formula en este
proyecto de ley pues la mayoría de estas instalaciones ya están sometidas
al comercio de emisiones de CO2, por lo que compran derechos de subasta
y, por tanto, ya tienen económicamente repercutidas las implicaciones
medioambientales y de sostenibilidad.


Además, en términos cuantitativos, el tipo de impuesto que
grava el consumo de gas natural, incluyendo el uso para la producción de
la energía eléctrica, es superior al impositivo que grava el consumo de
petróleo para generación eléctrica e igual al tipo impositivo que grava
al consumo de carbón. Estas imposiciones son claramente incoherentes,
teniendo en cuenta el impacto medioambiental de la combustión de cada uno
de los anteriores combustibles y los principios de sostenibilidad
energética y medioambiental que planteamos en este anteproyecto de
ley.


Como consecuencia de todo ello, el proyecto de ley
comportará notables incrementos en el precio de la energía eléctrica,
supondrá un fuerte incremento al precio de los combustibles que utilizan
las centrales de ciclo combinado, las centrales de carbón, entre el 8 y
el 12%, lo que terminará incrementando el precio del pool, dado que estas
centrales trasladarán el incremento del coste de combustibles,
evidentemente, al precio que ofertan.


Por último, otra de las repercusiones relevantes de este
proyecto de ley corresponde al impacto fiscal que tiene sobre las
actividades industriales que aprovechan la cogeneración como instrumento
de mejora de su actividad industrial.


Resulta que la cogeneración, que es una fuente de
eficiencia para muchas de las empresas, ahora va a estar penalizada. El
proyecto de ley constituye una antipolítica industrial ya que, en vez de
contribuir a reforzar la competitividad internacional de la industria en
uno de los momentos en que más se necesita, la castiga
significativamente, con el consiguiente riesgo de cierre de determinadas
instalaciones. Ello va a afectar a sectores industriales tan diversos
como la química, la papelera, la industria alimentaria, la farmacéutica,
la cerámica, el automóvil, la petroquímica, la textil, entre otras.


En definitiva, el proyecto de ley incorpora un solo
objetivo: recaudar, sin que el mismo pueda relacionarse con una
estrategia de política energética eficiente, sostenible y competitiva a
medio y largo plazo, ni pueda, por tanto, vincularse con una estrategia
de política industrial. Al contrario.


Por consiguiente, como vemos que este proyecto de ley va a
perjudicar a los usuarios, porque va a subir el precio de la tarifa
eléctrica, que va a perjudicar a las industrias y, evidentemente, las va
a penalizar, nosotros vamos a apoyar los distintos vetos que se han
presentado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Alique.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


La verdad, señor Palacios, que con la ausencia del ministro
Montoro y del de Industria le han dejado a usted un papelón
importante.


Usted dice que con esta ley veremos la luz al final del
túnel, y lo que van a hacer ustedes es cegar el túnel. ¿Usted cree que 17
sectores industriales, que el sector de la cogeneración, el sector de las
energías renovables, los consumidores, todos los grupos políticos estamos
equivocados? Ustedes confunden la mayoría absoluta con su verdad
absoluta. Pero esta ley, señor Palacios, es un ejemplo más de la
voracidad recaudatoria del Partido Popular, como ya hicieran ustedes con
el IVA, con el IBI, con el IRPF, con las tasas universitarias, con las
tasas judiciales, etcétera. ¿Seguimos más? Precisamente, esa política de
impuestos masivos, de recortes sociales y de aumento de paro son los que
están trayendo más pobreza y más desigualdad social en nuestro país.









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En primer lugar esta ley que ustedes han tramitado sin
ningún tipo de diálogo, como ya han dicho otros portavoces que me han
precedido, aunque ustedes la llamen Ley de medidas fiscales para la
sostenibilidad energética, sin embargo, solo tiene un objetivo: subir el
recibo de la luz, subir el recibo del gas para aumentar la recaudación.
¿Y quiénes van a pagar esos impuestos? Pues, señorías, el 80%, los
consumidores domésticos e industriales. Las familias —ya lo hemos
dicho en más de una ocasión— van a ver cómo en un año de Gobierno
del Partido Popular subirá un 20% el recibo de la luz, y el del gas un
7,4%; por otro lado, los consumidores industriales verán subir el 7% el
precio de la electricidad y el del gas entre un 5 y un 8%, en función de
tensiones.


En segundo lugar, con esta ley pierden todos: los
consumidores —ya lo hemos dicho— con esa voracidad tan
recaudatoria del Partido Popular; pierden los productores de electricidad
de algunas tecnologías renovables, como la fotovoltaica, que no podrán
trasladar los costes del impuesto a los consumidores finales; pierden las
industrias de cogeneración, porque al impuesto del 7% ustedes, encima, no
les benefician con un tipo reducido del 0,15%, como hacen al resto del
gas industrial; pierden las empresas productoras de electricidad, no
tanto por el impacto en sus cuentas —en algunos casos, muy
marginal— sino, sobre todo, porque no se despeja su horizonte,
porque se refuerza la incertidumbre y la arbitrariedad recaudatoria, y
porque una solución meramente recaudatoria, sin ningún tipo de lógica de
política energética, no es una solución estable. Es decir, pierden todos,
unos más que otros, los consumidores finales, y también las tecnologías
renovables y las de cogeneración, que son fundamentales para cumplir los
objetivos 20-20-20 y también para mejorar nuestro modelo productivo y,
con ello, salir de la crisis y crear empleo, que debería ser la prioridad
del Partido Popular.


Desde luego, no pierde el Gobierno, señor Palacios, pues no
hace ningún sacrificio, a pesar de que el ministro Soria, el 14 de
septiembre, después de presentar el proyecto, dijo que, con cargo al
Tesoro, se pagaría la amortización de los intereses y del principal de la
parte del déficit ya acumulado en 2011.


El Gobierno no solo no contribuye con lo que se comprometió
sino que se ahorra dinero. No figuran en los Presupuestos Generales del
Estado los 2200 millones de euros del pago de los intereses del principal
de los déficit antiguos, a los que he hecho referencia, y tampoco los
1419 millones de euros de los costes extrapeninsulares que sacan ustedes
del presupuesto y los llevan a los costes generales del sistema eléctrico
y, con ello, a la tarifa de los ciudadanos. Otra vez, su voracidad
recaudatoria hará que lo paguen los consumidores.


El resultado de este juego, señorías, es paradójico porque,
en un año, tendremos los mismos problemas, tendremos los mismos déficit,
eso sí, con menos poder adquisitivo de los ciudadanos, con pérdida de
competitividad de las industrias, con pérdida de empresas de energías
renovables, con pérdidas de plantas de cogeneración, y con ello,
señorías, con pérdida de empleo. Además, las cosas todavía pueden ser
peores, pues no hay nada peor que un daño gratuito. Me explico, el
Partido Popular, en la enmienda número 193, plantea subir el impuesto del
6 al 7%, y eso hará que, adicionalmente a lo que ya venía del Congreso,
suba 0,5 euros por megavatio, y todo ello para compensar precisamente que
baje el gas industrial; nos parece mal que se efectúe la cogeneración.
Pues bien, el impacto económico, si miramos la memoria económica, es
cero, y por ello nos parece una irresponsabilidad que el Partido Popular
aplique la política de cambiar cromos porque es innecesario. Si se
analiza la memoria económica, señorías —que a veces pienso que está
más hecha con los pies que con la cabeza—, se ve que los ingresos
están minusvalorados en al menos 263 millones de euros, pues no incluyen
en la base imponible de los impuestos los servicios de ajuste, los costes
por compensación extrapeninsulares o la mayor generación que va a haber
de energías renovables en el año 2013. Es decir, si se aplica la subida
del 6 al 7% que ustedes han planteado aquí, en el Senado —que la
aplicarán porque tienen mayoría absoluta—, esos 263 millones de
euros de ingresos no esperados se los llevará Hacienda y no formarán
parte de ese dinero para reducir el déficit del sistema eléctrico; por
tanto, una vez más, lo pagaremos los ciudadanos.


Y esta es la prueba de la voracidad recaudatoria del
Partido Popular, eso sí, con una doble vara de medir, porque ustedes son
muy duros con los más débiles, con los trabajadores, con las clases
medias, con las pymes, con los autónomos de este país, que los fríen a
impuestos y además a recortes, sin embargo, eso sí, son ustedes muy
blandos con los defraudadores fiscales, con la amnistía fiscal y con los
bancos a los que no solo les dan dinero público para su rescate









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sino que, además, ponen un tipo cero para que las
comunidades autónomas no les cobren impuestos. Y mi pregunta, señor
Palacios, es: ¿por qué hay dinero público para financiar a la banca y no
hay dinero, por ejemplo, para solucionar el déficit de tarifa?


Señorías, esta ley que sigue al pie de la letra los
postulados ideológicos de la FAES —porque se trata de una propuesta
que no tiene ninguna lógica ni regulatoria ni económica ni
ambiental— es un puro cortoplacismo recaudatorio, que sorprende
además por su arbitrariedad y por la ausencia de análisis y de
justificación de propuestas.


Este proyecto de ley es un ataque, como he dicho
anteriormente, a las energías renovables puesto que las discrimina con
respecto a las del régimen ordinario. No es nuevo, ya hicieron esto en
enero cuando pararon las renovables, es decir, las ayudas a las nuevas
instalaciones. Es un ataque al ahorro y a la eficiencia energética
—un ejemplo es la cogeneración—. No es nuevo, está en línea
con el Real Decreto 13/2012, que aprobaron ustedes, en el que se eliminan
todos los recursos que se destinan a la eficiencia energética; y no es
nuevo porque ustedes han votado en contra en Europa de la directiva de
eficiencia energética —el único país— junto con Portugal.
Encima ustedes dicen que no tienen o que no van a trasponer la directiva
comunitaria. Pues lo harán voluntariamente o de manera obligada porque es
de obligado cumplimiento.


Yo quiero recordar que nuestro país consume un 20% más de
energía que la media de la Unión Europea. ¿Y saben, señorías, cuál es la
mejor energía? La que no se consume. ¿Saben por qué? Porque es más barata
y porque es más limpia.


En tercer lugar, esta ley no acomete la reforma del mercado
eléctrico como nos pide la Comisión Europea. Ustedes hacen caso de la
Unión Europea para los desahucios, para no revalorizar las pensiones, sin
embargo, para esto no hacen ustedes caso. Pues bien, la Comisión Europea
pide que acometamos una reforma del mercado eléctrico porque, en buena
medida, es una de las causas del actual déficit tarifario.


Y termino. Por si faltara poco, señor Palacios, ahora el
señor ministro, el Partido Popular, se plantea reducir el límite de
potencia de la tarifa de último recurso, la TUR, en la que tenemos 26
millones de consumidores, para, eso sí, que acudamos al mercado donde
hace mucho frío, donde estarán desprotegidos los consumidores, porque,
como ha reconocido el señor Soria, hay poca competencia. Así,
evidentemente, las futuras subidas de la luz ya no serán responsabilidad
del Gobierno del Partido Popular.


La verdad es que ustedes siempre se sacan un as de la
manga. En los años noventa se sacaron el déficit tarifario para no subir
el recibo de la luz y ahora expulsan a millones de consumidores al
mercado para no ser responsables de la subida de la luz que, por cierto,
se va a producir.


En el Partido Socialista hacemos un llamamiento a la
cordura y pedimos que el Partido Popular ponga fin a esta competición de
despropósitos porque la materia energética es muy importante para la
economía de este país, pero también para la economía de las familias
españolas y por eso pedimos que retiren este proyecto de ley, que abran
un cauce de diálogo con el sector, con los consumidores y con los grupos
políticos para hacer la verdadera reforma energética que necesita nuestro
país, precisamente para ganar independencia energética, para ahorrar más
y contaminar menos, para que los consumidores no paguen tanto por el
recibo de la luz y para que nuestras industrias sean mucho más
competitivas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Palacios.


El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor
presidente.


Como acabamos de oír, a la izquierda progresista de esta
Cámara se le llena la boca con los temas medioambientales y con el cambio
climático. Ahora bien, cuando surge la oportunidad de destinar 50
millones de euros a la política de lucha contra el cambio climático
—como ha sucedido hoy con una enmienda transaccional que suponía
transponer la disposición adicional cuarta bis que se aprobó
anteayer— la rechazan. Señores, menos hablar, que el movimiento se
demuestra andando. (Aplausos.)


Ya sabemos que este proyecto de ley no les gusta a los
productores de energía de régimen especial ni a los de régimen ordinario,
y no les gusta porque las medidas que se establecen en









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esta ley les afectan a todos ellos. Así, como ya he dicho,
el déficit de tarifa se reparte entre ellos, los consumidores y también
el Estado.


Estas medidas se han tomado después de habernos reunido con
las empresas y también con las entidades. Señor Alique, usted ha dicho
que el ministerio no había hablado con los afectados, pero sabe que eso
no es cierto porque el secretario de Estado de Energía le ha enviado un
documento que recoge todas las entrevistas que se han celebrado a lo
largo de estos meses, desde enero hasta el día 23 de noviembre; en total,
ha habido contactos con 2147 instituciones y entidades públicas y
privadas. Ahora bien, una cosa es reunirse con ellas y, otra, tener
tiempo para consensuar esta ley, que tiene que entrar en vigor el próximo
día 1 de enero; y, si se empieza a hablar con ellos, creo que tardaríamos
meses en llegar a un posible acuerdo, en caso de que se lograse poner de
acuerdo a todos ellos.


Como he dicho antes, el problema que tenemos es que nuestro
sistema eléctrico es actualmente insostenible. En diciembre de 2011
dejaron al enfermo en estado crítico, en la UCI, por lo que ha sido
preciso tomar y seguir adoptando una serie de medidas para taponar la
herida y lograr que no se desangre y muera. Y, en este momento, cuando el
enfermo está en Urgencias, no cabe convocar a un consejo de médicos para
que empiecen a elucubrar.


Ha habido que actuar y se tiene que seguir en esa línea
—como se ha hecho— porque la realidad, como decía antes, es
que en diciembre de 2011 teníamos un déficit de tarifa de 24 000 millones
de euros, que aumentaba a un ritmo de 6000 millones de euros al año;
además, si no se tomaban medidas, en el año 2015 iba a ser de 15 000
millones de euros.


Me da la sensación de que siguen sin percatarse de que este
es el problema más grave que ha sufrido nuestro sistema energético en
décadas y que había que abordarlo. Veo que siguen sin percatarse de que
este déficit se ha generado durante los ocho últimos años, y ha sido por
la inoperancia de unos Gobiernos que no hicieron nada; unos Gobiernos
que, además de subirnos las tarifas eléctricas en un 77%, como está
reconocido en el veto del Grupo Parlamentario Socialista, y por lo tanto
en estos momentos tenemos una energía que no puede ser competitiva con el
resto de los países de nuestro entorno, además de que el Partido
Socialista no ha rebajado la dependencia con el exterior, nos han dejado
este regalito del déficit de tarifa.


La realidad es que en el año 2004 el déficit no existía o
era casi nulo, y el hecho es que en el año 2011, en el mes de diciembre,
era de 24 000 millones. Y a esta situación se ha llegado porque los
Gobiernos socialistas desarrollaron una mala praxis regulatoria, y las
primas; es decir, los subsidios a los proyectos de energía de régimen
especial se descontrolaron, se desbocaron y su penetración se hizo a
costa de un excesivo e innecesario sobrecoste para el consumidor y para
la economía española. Se hizo sin tener en cuenta los nuevos estándares
regulatorios de Basilea III y a un coste muy superior al de la mayoría de
los países europeos. Como se había desbocado, fue preciso aprobar ese
Real Decreto Ley 1/2012, al que antes he hecho mención. Con dicho real
decreto lo que se hizo fue suspender temporalmente las preasignaciones de
prima a nuevos proyectos de energía renovables porque era preciso
ponerles freno, ya que, en caso contrario, de aquí hasta el año 2020 esas
primas se iban a elevar hasta un importe de 70 000 millones de euros, que
es una cantidad inasumible por el sistema eléctrico.


La realidad es que lo que en la etapa socialista empezó
siendo un pequeño alejamiento de la ortodoxia regulatoria se ha
convertido en un problema de tal dimensión que, si no se atajaba con
urgencia y eficacia, se iba a convertir en un problema estructural. La
realidad es que el Gobierno anterior no controló las fotovoltáicas, y se
pasó de una previsión de 489 megavatios a 4000. Y tampoco controló la
termosolar, pues se pasó de una previsión de 400 megavatios a 2500.


Señorías, tengamos muy presentes que de los 6000 millones
de euros, que es lo que aumenta anualmente el déficit de tarifa, 2000
proceden del exceso de primas de las fotovoltáicas, otros 2000 de la
termosolar, y el resto es lo que corresponde a la deuda y a los intereses
de esta.


Señorías, en la actualidad, nuestro sistema eléctrico, como
les decía en mi primera intervención, es insostenible. Por eso es preciso
pisar suelo y dejarse de elucubraciones, señora Leanizbarrutia, porque el
objetivo a lograr es el que nos marcó el anterior Gobierno en ese Real
Decreto Ley 6/2009. Este año 2012 el déficit tiene que ser de tan solo
1500 millones y el año próximo tiene que ser de cero. (Rumores.)


Por eso el Gobierno actual se ha visto obligado a tener que
tomar…









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El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor PALACIOS ZUASTI: …esta serie de medidas, las
cuatro que he indicado antes del año 2012, con las cuales se han
recaudado en este año 3586 millones, y ahora esta ley, que tiene que
entrar en vigor el próximo día 1 de enero, con la cual se recaudarán 2560
millones.


Es cierto que en el debate de esta Cámara y a través de
enmiendas de nuestro grupo no se ha empeorado —como ha dicho el
señor Alique—, sino que lo que se ha hecho ha sido reconsiderar el
llamado céntimo verde sobre el gas natural, y se va a rebajar de 0,65 a
0,15 céntimos por gigajulio para que los grandes consumidores
industriales de energía sigan utilizando el gas natural y no opten por
otros combustibles fósiles de menor coste y mayor impacto ambiental.
(Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. Hay un
rumor de fondo que hace imposible escuchar al senador Palacios.


El señor PALACIOS ZUASTI: Gracias, señor presidente.


Como este proyecto de ley tiene un objetivo medioambiental
para la obtención de ingresos, y como esas medidas son vasos
comunicantes, al flexibilizarse esta del céntimo verde ha sido necesario
tener que compensar, para llegar a esa cifra de los 2560 euros,
aumentando el canon que las compañías tienen que pagar por la generación
eléctrica, que va a pasar en este trámite parlamentario del 6 al 7%.


Señorías, las medidas adoptadas este año 2012 y este
proyecto de ley son el primer paso y, además, como les decía antes, un
paso necesario e imprescindible. Después vendrá la reforma del sector
energético, que, como ya ha advertido el Gobierno, el propio ministro y
la Comisión Europea, ni va a frenar el consumo interno, ni va a reducir
la competitividad de nuestras empresas. Va a ser una reforma que nos
permita tener un sistema energético, seguro, equilibrado y
sostenible.


Señorías, con esta ley no acaba nada, simplemente se trata
de taponar la herida por la que se nos va nuestro sistema energético. Una
vez contenida esa hemorragia, se seguirá con la reforma energética, y
para ello, con sosiego, hablando con las empresas, con las entidades, se
llegará al acuerdo y se verá la reforma que este país necesita. No duden
que el actual Gobierno tomará las medidas necesarias para que nuestro
sector energético no quiebre porque, entre otras cosas, se trata de un
sector estratégico y determinante para nuestra economía, ya que invierte
de forma recurrente más de 6000 millones anualmente, mantiene 450 000
empleos, muchos de ellos especialmente cualificados, y realiza compras a
proveedores nacionales por un importe de muchos miles de millones, con lo
que está dinamizando el tejido productivo nacional.


Es mucho lo que tenemos en juego. Por eso, es necesario
aprobar esta ley, que es el primer paso y, como les digo, un paso
necesario e imprescindible.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, antes de votar las propuestas de veto, permítanme
que haga una autoenmienda relativa a la felicitación que he realizado, al
terminar el trámite de presupuestos, a los letrados. Me he quedado corto
en el agradecimiento, injustamente, y, por lo tanto, quiero ampliar ese
agradecimiento a todas las personas, a todos los funcionarios, que nos
han acompañado en este hemiciclo en estas sesiones maratonianas: a las
taquígrafas, estenotipistas, ujieres y a todo el personal que fuera de
este hemiciclo también ha estado colaborando en la tramitación de los
presupuestos. (Aplausos.) Dicho queda.


Después de la votación de los vetos continuaremos con el
debate de las enmiendas, que votaremos una vez terminado ese debate, pero
no antes de las cuatro de la tarde. ¿Entendido? (Asentimiento.)


Procedemos a la votación. Votamos la propuesta de veto
número 5, de los senadores Guillot y Saura.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 87; en contra, 146; abstenciones, 3.









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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 6, de todos los
senadores de Entesa, menos los senadores Guillot y Saura.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 235; a favor, 86; en contra, 146; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 1, de los senadores
Iglesias y Mariscal.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 239; a favor, 88; en contra, 148; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 2, del senador Martínez
Oblanca.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 237; a favor, 86; en contra, 148; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 3, del Grupo
Parlamentario Vasco.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 236; a favor, 85; en contra, 148; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, votamos la propuesta de veto número 4, del
Grupo Parlamentario Socialista


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 235; a favor, 85; en contra, 147; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos, por tanto, al debate de las enmiendas.
(Pausa.)


Comenzamos con las enmiendas números 148 a 169, del Grupo
Parlamentario Mixto, de los senadores Eza, Salanueva y Yanguas.


Para su defensa tiene la palabra la senadora Salanueva, por
tiempo de quince minutos.


La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor
presidente.


Señorías, intervendré muy brevemente porque creo que todos
hemos hecho el esfuerzo de presentar una serie de enmiendas con la
justificación y motivación correspondientes que, en nuestro caso, creo
que han sido extensas y que todas sus señorías han podido leer. Voy a
referirme de manera casi global, por bloques, a las enmiendas que hemos
presentado. Sí voy a comentar cuál ha sido la filosofía de UPN, que no
hemos presentado un veto, pero si hemos intentado, mediante enmiendas
parciales, mejorar la situación de todos los sectores y subsectores que
nos han transmitido su preocupación por esta ley, haciendo especial
hincapié en lo que afecta a las energías renovables, que les comentaba en
mi intervención en turno de portavoces, teniendo en cuenta la importancia
que tienen para la economía y para el futuro de la comunidad foral.


En primer lugar nos parece importante aclarar el preámbulo
del proyecto de ley porque, como bien han dicho muchos portavoces, nada
tiene que ver el título y la filosofía que subyace o se quiere transmitir
en este proyecto con el contenido del mismo. Nosotros sí apoyábamos
—lo decía también el senador Saura— una ley que tuviera de
verdad un eje de sostenibilidad medioambiental, que para nada se produce.
Y también queremos concretar la finalidad de la recaudación que se va a
obtener, de modo que vaya destinada al déficit de tarifa. Ayer aprobamos
en presupuestos una









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enmienda transaccional con la que ahora 50 millones de
euros irán a parar al cambio climático, que eso está muy bien. Pero nos
parece que no se puede estar jugando con temas tan importantes, con dos
leyes de este calado, ayer diciendo una cosa, hoy pretendiendo la
contraria y, además, sin querer exigir a todos los sectores, a las
eléctricas y a otros sectores, la misma obligación y la misma exigencia
de sostenibilidad ambiental.


Nos parecen muy importantes 3 enmiendas que hemos
presentado, que también han presentado otros grupos, relativas a la
temporalidad. Se dice por activa y por pasiva y no solo en el texto, sino
también en la defensa del proyecto por parte del portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, que esta ley tiene el objetivo concreto de paliar
el agujero producido por el déficit de tarifa y después ya se verá. Es
decir, es algo coyuntural, como se llegado a decir textualmente esta
mañana. Sin embargo, eso no se ve plasmado en la ley porque esta no tiene
una fecha de finalización. Sí se dice que la recaudación que se va a
producir en determinados ejercicios va destinada a cubrir el déficit de
tarifa, pero queremos ponerle una temporalidad, una limitación. Somos
conscientes de que establecer que la ley tenga vigencia hasta 2014 o
hasta 2016, a veces puede ser papel mojado porque a quien le toque
gobernar en ese momento y, según la coyuntura de ese momento, puede tomar
otras decisiones. Pero a nosotros nos parece que tiene la suficiente
importancia como para que el legislador diga cuál es su filosofía, para
que quien nos está observando desde fuera vea que esto no es una medida
en sí misma recaudatoria, hoy con el fin de cubrir el déficit de tarifa,
y mañana con el fin que se considera oportuno.


Por lo tanto, nos parece que esos objetivos de la creación
de este nuevo tributo, como decimos en la justificación, son finalistas y
hay que reducir el déficit de tarifa, armonizar la fiscalidad con un uso
más respetuoso con el medioambiente, la sostenibilidad y cubrir de forma
equilibrada los costes del sistema energético.


Entendemos que una vez detectadas las disfunciones del
sistema, atajadas las causas que han generado este déficit de tarifa y un
entorno económico y productivo más positivo y equilibrado, es por lo que
debe plantearse que no hay que mantener el impuesto y proponemos su
supresión.


Hemos presentado también una serie de enmiendas muy
concretas relativas a la mejora de las dificultades de las renovables y
de la fotovoltaica por, como les decía anteriormente, la importancia que
tiene para la Comunidad Foral de Navarra. Creemos que también ocurre con
la cogeneración en la que creemos que se produce una situación de agravio
importante, pero en materia de renovables, y muy especialmente con la
fotovoltaica, entendemos que se produce una duplicidad y una doble
imposición.


Desde el Decreto 14/2010 del Partido Socialista que, en
fin, yo creo que es bueno que todos nos dejemos de demagogias y que todos
arrimemos el hombro, hasta el del 1/2012 de este año y con la ley actual
se produce como les digo, una doble imposición. En Navarra, yo hablo de
lo que conozco y de lo que sé, hay 8000 inversores en fotovoltaica. Es
cierto que las cosas se pudieron hacer de otra manera, pero les decía
antes la importancia que, a nuestro juicio, tiene la seguridad jurídica.
De esos 8000 inversores, son medianos inversores, cerca de 7000 —o
sea la gran mayoría— son pequeños o muy pequeños y van a ver en
riesgo su futuro con las medidas tomadas recientemente y en la actualidad
no solo por la supresión de las primas sino también no por el 6 sino por
el 7% a todos los productores, incluidos los pequeños inversores
familiares que han puesto en riesgo y van a poner en riesgo muchos de
ellos sus propios ahorros familiares y patrimoniales de muchos años.


Para finalizar les diré que voy a intentar presentar,
porque no he tenido oportunidad de hablar con los portavoces del Partido
Popular, una transaccional para ver si llegamos a ese acuerdo o no
—hasta ahora no se ha producido el acuerdo—, con el fin de
suprimir la disposición adicional tercera, si cuento con el apoyo de los
portavoces. Ya he explicado la motivación y la preocupación de nuestro
grupo, una preocupación que no se circunscribe a una cuestión meramente
económica, como puede trascender en el conjunto de la ley sino que es un
tema de respeto a los derechos y a las competencias propias de Navarra.
Ahí sí que no vamos a ceder ni vamos a dar un paso atrás ni para coger
impulso porque entendemos que tal como está redactado va a suponer un
agravio, un ataque a nuestro autogobierno y a nuestro régimen foral. Por
lo tanto, la solución es la supresión de la misma porque si no, insisto,
esto puedo ser objeto de un recurso a posteriori ante el Tribunal
Constitucional no por la voluntad de incumplir, porque Navarra quiere
cumplir y de hecho está trabajando una ponencia fiscal al respecto para
transponer o para ver cómo aplica la ley que









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previsiblemente se va a aprobar esta mañana, pero sí para
hacerlo con el respeto competencial debido.


Les he hablado, y para que quede también constancia en el
Diario de Sesiones, de un antecedente, de los precedentes del año 2001,
con una ley que regula el impuesto sobre ventas minoristas de
determinados hidrocarburos, en la que pasó algo similar. El Estado
recaudó año y medio donde no tenía competencia que era la Comunidad Foral
de Navarra y tras los recursos a los tribunales, se dio la razón a los
recurrentes. Por lo tanto, hay precedentes, insisto, judiciales. Hay
también precedentes en las recientes sentencias del Tribunal
Constitucional, como he dicho con anterioridad, este mes de julio la
última de ellas, porque la crisis no puede servir para incumplir y para
no respetar las respectivas competencias de comunidades autónomas y, en
concreto, de la Comunidad Foral de Navarra.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Salanueva.


Enmiendas de la 1 a la 4 de los senadores Quintero y Zerolo
y enmiendas de la 5 a la 16 de los senadores Iglesias y Mariscal.


Tienen doce minutos para repartirse.


El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, presentamos cuatro enmiendas a este proyecto de
ley, casi todas ellas de carácter fiscal, porque creemos que se incumple
el régimen económico y fiscal y, con lo cual, incluso la
Constitución.


Las dos primeras se refieren al sistema financiero. La
exclusión de Canarias es coherente con su vigente sistema de
financiación, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas y Ley 26/2010, de Cesión de
Tributos al Estado de la Comunidad Autónoma de Canarias —que
exigiría en todo caso que todas estas leyes tengan previo informe de la
Comunidad Autónoma de Canarias—, apoyado sobre una tributación
indirecta tradicionalmente diferenciada del resto de la Península. En
concreto, es la disposición adicional tercera de la Constitución la que
previene que la modificación del régimen económico y fiscal del
archipiélago canario requerirá informe previo de dicha comunidad
autónoma, cosa que no se contempla en este caso.


En la enmienda 2 intentamos paralizar lo que creemos que es
un nuevo ataque a las renovables, pues en Canarias se pone en riesgo a
muchos pequeños inversores y a muchas familias, una comunidad donde el
clima es óptimo para fortalecer las energía limpias y no todo lo
contrario, como se lleva haciendo con el decreto que se aprobó el 1 de
enero, y ahora, con esta ley del Gobierno, que creemos es un ataque a las
renovables y al futuro de la energía.


En las enmiendas números 3 y 4 planteamos que tanto
Canarias y Baleares como Ceuta y Melilla precisan de una regulación
eléctrica específica, como establece la legislación actual, debido a su
carácter de sistemas aislados, sin economías de escala, y a la existencia
de una tarifa única. Además se trata de instalaciones con retribución
regulada, que no pueden traspasar nuevos costes a sus clientes, con lo
cual esto podría generar una inviabilidad del sistema eléctrico en
Canarias.


Los impuestos propuestos deterioran la actividad de
generación de estos territorios poniendo en peligro la seguridad de
suministro eléctrico en Canarias, y sin posibilidad de que los sistemas
insulares participen de las ventajas económicas de los mix energéticos de
la red peninsular. Estas circunstancias hacen que la generación eléctrica
a partir de combustibles fósiles como fuente primaria de energía resulte
enormemente costosa en estos territorios, por lo que es del todo
conveniente arbitrar medidas que promuevan o faciliten el uso de fuentes
de energías renovables. Pero esta ley hace todo lo contrario. Por un lado
nos quitan aquellos aspectos fiscales que podían hacer, en Canarias,
Baleares, Ceuta y Melilla, con sistemas aislados, que tuvieran la misma
tarifa que en la Península, y por otro castigan a las renovables, que es
el futuro energético de las islas Canarias, con lo cual hacen un doble
daño a la energía en Canarias, y por eso presentamos estas cuatro
enmiendas; y de no ser aceptadas, evidentemente vamos a votar en contra
de este proyecto de ley que nos parece que no responde a su propio
nombre.


Muchas gracias.









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.


Tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Las enmiendas que hemos presentado los dos senadores de
Izquierda Unida plantean extender la imposición de esta figura tributaria
a la electricidad de origen foráneo para no penalizar la competitividad
de la producida en nuestro país. Igualmente, y en coherencia con la
necesidad de seguir avanzando en la participación en el mix energético de
las energías renovables, defendemos la exención de las renovables en el
régimen especial y de aquellas energías destinadas al autoconsumo.


Por el contrario presentamos enmiendas para crear un
impuesto sobre la producción de energía termonuclear y sobre el depósito
y almacenamiento de residuos, salvo los vinculados a actividades médicas
o científicas. Aspiramos a introducir una exención para el gas empleado
en plantas de cogeneración; y en lo referente al impuesto sobre
hidrocarburos, presentamos enmiendas que pretenden establecer dos
cambios: uno, eliminar la exención sobre el carburante de vuelos
internacionales cuando hay acuerdos bilaterales entre Estados para ello,
y dos, introducir criterios de progresividad en las tarifas de los
fuelóleos. También presentamos enmiendas para introducir un gravamen
sobre la matriculación de embarcaciones de recreo y motos acuáticas en el
impuesto sobre determinados medios de transporte, y en la misma figura
establecemos una gradación del gravamen a tenor de las emisiones de
CO2.


Igualmente presentamos enmiendas para crear una exención en
los aprovechamientos hidroeléctricos que se han puesto en funcionamiento
en los últimos siete años o aquellos otros que han sido objeto de
rehabilitación.


Instamos a una reforma en profundidad del mercado
eléctrico, que vaya mucho más allá de lo planteado en este texto legal.
Planteamos el establecimiento de obligaciones a los agentes de mercado
para que proporcionen información estadística, para que basen su
facturación en los consumos reales y no en las previsiones o proyecciones
y para que la factura que reciba el ciudadano en su casa por esos
consumos eléctricos sea entendible y clara, lo cual, obviamente, no
ocurre en este momento.


Reivindicamos que se elabore un plan de ahorro y eficiencia
energética y, finalmente, que se mantenga un marco estable de ayudas a
las energías renovables no sometido a los Presupuestos Generales del
Estado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Grupo Parlamentario Vasco. Enmiendas de la número 17 a la
número 43. Para su defensa tiene la palabra la senadora
Leanizbarrutia.


La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor
presidente. Señorías.


Nuestro grupo ha presentado un total de 17 enmiendas con
los siguientes criterios. Hemos querido incidir en el tema de las
importaciones de energía, porque se habla sobre el valor de la producción
y nosotros entendemos que también debe ser de la importación, por lo que
ahí tendríamos que hablar de impuestos a ese tipo de importación. Otra
cuestión que nos preocupa terriblemente —y lamentamos que no haya
prosperado el veto para poder proponer otro tipo de regulación en esta
materia— es la cogeneración, que va a ser muy importante, por lo
que a través de nuestras enmiendas intentamos mejorar el texto. Por otro
lado, hemos incidido también en las termosolares.


Atendiendo a los criterios sobre las importaciones de
energía, tenemos las enmiendas 18, 19, 20 y 22. Con la enmienda 18
tratamos de que se tenga en cuenta el hecho de las importaciones y las
conexiones internacionales. Con la enmienda 19 que el impuesto se aplique
en todo el territorio español; incluye también los puntos frontera
correspondiente a las interconexiones internacionales. Con la enmienda 20
también proponemos la modificación del artículo 4 respecto al hecho
imponible para que contemple que se integren en el hecho imponible las
adquisiciones de energía eléctrica medias en los puntos frontera
provenientes de intercambios intracomunitarios e internacionales de
electricidad. Pensamos que la competitividad y la competencia son buenas
y hay que tener en









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cuenta los intercambios que se vayan a dar, y sobre todo
por coherencia al estar ligada esta cuestión a otras enmiendas que hemos
presentado en este sentido.


En la enmienda 22 proponemos que se incluyan las
importaciones de terceros países —otra vez incidimos en el mismo
aspecto—. Por otro lado, tenemos la enmienda número 21, de adición,
para que se consideren exentas de este impuesto a las producciones
procedentes de la actividad de bombeo correspondientes a las
instalaciones hidráulicas con bombeo. ¿Por qué? Porque el bombeo tiene un
carácter único por cuestiones técnicas y diferencias sustanciales
respecto al resto de las hidráulicas. La introducción del impuesto sobre
el valor de la producción de la energía eléctrica repercutirá de manera
muy negativa en su explotación.


En la enmienda 23 pedimos únicamente que se introduzca la
palabra «neto», en el artículo 6, apartado número 1, porque entendemos
que de no llevarse a cabo esta modificación supondrá introducir una
distorsión en el correcto funcionamiento del mercado eléctrico.


En nuestra enmienda número 24 se propone una bonificación
de la cuota en la cuota del impuesto sobre el valor de la producción de
la energía, porque la cuota íntegra se reducirá en un 90% para las
instalaciones hidroeléctricas del régimen especial con una potencia igual
o inferior a 5 megavatios.


En nuestra enmienda 25 proponemos la adición de un nuevo
artículo a continuación del 11 que contemple exenciones del impuesto de
las producciones de energía que vayan destinadas al mercado internacional
o intercomunitario —esta iría incluida en la de las importaciones
que he comentado anteriormente—.


En cuanto a las enmiendas números 26, 27 y 28, hay que
aclarar, porque queda muy ambiguo, lo que respecta a esa base imponible
del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y
residuos radiactivos resultantes de la generación de energía núcleo
eléctrica.


La enmienda número 29 propone que se introduzca el céntimo
verde en los hidrocarburos líquidos y modificar el del gas natural. En
este caso, la propuesta de modificación de la Ley de Impuestos Especiales
para introducir un tipo normativo a los usos del gas natural debe
contribuir a homogenizar el tratamiento de las diferentes fuentes de
energía, cara a la internacionalización de los costes ambientales, en
particular, de los derivados de las emisiones de CO2, coincidiendo con
las políticas europeas de política energética y ambiental.


En nuestra enmienda número 30 pedimos que se introduzca el
céntimo verde en el coque de petróleo, pues tiene muchas más emisiones
ácidas que la hulla.


En cuanto a la cogeneración, que también es muy importante,
a través de la enmienda número 31, pedimos que se establezca un tipo
reducido de 0,15 euros por gigajulio al uso como combustible en
instalaciones que proceden de cogeneración de electricidad y calor en
aplicación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Y
en la enmienda número 32 pedimos, además, cuando se utilice el gas como
combustible en instalaciones y procesos de cogeneración de electricidad y
de calor, residuos, biogas, biomasa y tratamiento y reducción de residuos
que queden comprendidos en el ámbito de la aplicación de la Ley 54/1997,
como ya he dicho antes.


Señorías, es importante comprender que gravar con este
impuesto supondrá una medida de carácter antiindustrial con los efectos
perniciosos que, en estos sectores, conllevará consecuencias negativas en
términos económicos y de empleo, para una economía española en una
difícil, muy difícil, situación y, más si cabe, para el País Vaso, porque
tiene un gran peso en el sector industrial.


En nuestra enmienda número 39 proponemos una disposición
adicional nueva para que las plantas de cogeneración y las plantas de
tratamiento de residuos ganaderos, entre otras, purines, no pueden
internalizar los impuestos sobre la producción eléctrica, sobre el
combustible consumido y la no asignación de derechos gratuitos, emisiones
de gases de efecto invernadero que, en su actualización, no contemplan
los parámetros y que, por el hecho de no permitir esa internalización,
hace inviable el sostenimiento de las plantas de purines y las lleva de
forma mayoritaria a pérdidas que determinarán el cierre de las
mismas.


Para finalizar, señorías, paso a defender una enmienda que
a nosotros nos parece que no es solamente de eficiencia energética y
recaudatoria, sino que atenta a la línea de flotación de lo que es
tecnología, investigación, I+D+i. Esta enmienda pretende modificar la
disposición final primera, apartado dos, para evitar, al menos, la
quiebra financiera de instalaciones renovables no consumibles, a las que
aplica la presente propuesta de eliminación del régimen económico
primado, que son básicamente las plantas termosolares, y a las que no hay
que olvidar aplicarán









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dos medidas impositivas adicionales, como son el impuesto
del 6% a la producción eléctrica y el céntimo verde de 0,65 euros por
gigajulio por consumo de gas natural, que tiene, a su vez, otro
importante impacto económico, a las que sitúan por debajo del umbral de
la rentabilidad razonable. Además, trata de que con la redacción
propuesta, la misma no sea aplicable a más instalaciones que las
actualmente inscritas en el registro de preasignación de retribución y,
por tanto, se mantenga para el caso de las futuras instalaciones a
inscribir en el citado registro de preasignación de retribución un
régimen no primado. ¿Por qué? Porque, desde un punto de vista de impacto
económico, esto produce un enorme impacto negativo sobre las plantas
termosolares y pone en peligro la sostenibilidad del sector, dado que la
eliminación de la producción primada con combustible fósil implicaría que
estas plantas termosolares entren en quiebra, señorías, dado que su flujo
de caja resultará insuficiente para poder hacer frente al vencimiento de
la deuda, lo cual inexorablemente conllevará una muy importante pérdida
de los valores de sus activos.


Sí, señor Juncal, sí. Desde un punto de vista jurídico,
dicho precepto podría atentar contra principios generales del derecho,
tan sólidos y fundamentales en el Estado de derecho como son los
principios de seguridad jurídica, irretroactividad de las normas o de
confianza legítima en la Administración, sin olvidar lo que anteriormente
manifesté y reitero una vez más para que quede constancia de ello: y es
que vamos a poner en peligro miles de puestos de trabajo, además de lo
que supondrán las posibles actuaciones de los inversores extranjeros que
han invertido 5000 millones o el 35% del total, que con toda probabilidad
reclamarán en arbitraje internacional las pérdidas económicas producidas
por este cambio retroactivo, provocando un daño irreparable a la
denominada por el Gobierno marca España. La inestabilidad regulatoria,
culminada por medidas de marcada naturaleza retroactiva conllevará la
pérdida automática e irreparable de la confianza en el actual Gobierno
por parte de inversores extranjeros, máxime cuando la gran mayoría de las
empresas españolas en su proceso de internacionalización no están
recibiendo marcos normativos inestables o la aplicación de medidas
retroactivas y/o discriminatorias.


Señorías, proponemos una disminución del 3% del porcentaje
del gas natural actualmente autorizado por la normativa sectorial, pues
ello permitiría, por un lado, alcanzar las cifras de recaudación de 50-60
millones de euros al año, señaladas por el ministerio y, por otro, porque
respecto a las instalaciones termosolares, si bien se las sitúa por
debajo de la rentabilidad razonable recogida en la Ley del Sector
Eléctrico, al menos, señorías, se evitaría su quiebra financiera y
permitiría cumplir con el servicio de la deuda, considerando en ello el
impacto del resto de medidas fiscales que le son aplicables: impuestos a
la producción de energía del 6% y el céntimo verde por consumo de gas
natural de 0,65 euros gigajulio.


Señorías, querría manifestar esto y mucho más, pero
simplemente hemos querido dejar constancia y testimonio a través de estas
enmiendas de nuestra preocupación por esta ley y por la importancia de la
cuestión impositiva en cuanto a la importación de energía, así como lo
terriblemente importante que es para el tejido industrial vasco en este
caso, y, por supuesto, para todas las pyme del Estado español, la
cuestión de la cogeneración. Por otra parte, queremos trasladarles
nuestra apuesta por la I+D+i que trasladamos a las termosolares.
Consideramos que no se puede quebrar un sector que ha jugado con unas
leyes al aplicarle ahora esta norma con carácter retroactivo que no
contempla los daños tan irreparables que sufrirá.


Señores del PP, ya que no hemos conseguido aprobar el veto
a esta ley, espero que atiendan y aprueben nuestras enmiendas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Leanizbarrutia.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
se han presentado dos bloques de enmiendas. El primero de ellos, de la
enmienda 44 a la 55, y el segundo, de la 101 a la 147.


Defendemos en primer lugar las enmiendas 44 a 55, para lo
cual tiene la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.


Señorías, hemos presentado dos bloques de enmiendas. Las
correspondientes a los senadores Saura y Guillot las doy por
defendidas.


A continuación haré referencia a un total de cuarenta y
siete enmiendas, las presentadas por el resto de senadores del grupo, que
van de la 101 a la 147. Las números 101, 102, 103, 106 y 108









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tienen que ver con la propia definición de la ley. Creo que
como ha quedado claro a lo largo del debate no estamos hablando de
tributos ambientales, que es lo que recoge el título. Por eso, entre
otras cuestiones, proponemos presentar algún título alternativo al
impuesto principal que en él se recoge: el impuesto sobre el valor de
mercado de la producción de energía eléctrica. Considero que sería más
coherente y también lo sería con el resto de nuestras enmiendas.


Otras dos, la 104 y 108, regulan la no aplicación de la ley
ni las figuras tributarias que la misma recoge, los territorios insulares
y extrapeninsulares dada la regulación singular de que disponen.


Otro conjunto de enmiendas tienen relación con las
tecnologías que quedaban exentas del impuesto que planteamos y al que he
hecho alusión. Este impuesto sería discriminatorio y no lineal a
diferencia del 6%, que acabará siendo el 7%, que propone el texto del
Gobierno. Y en las enmiendas 111 y 112 figuran las tecnologías que
estarían exentas y que serían aquellas renovables de régimen especial,
tal y como recoge la enmienda 109.


La filosofía del nuevo impuesto, del impuesto alternativo
al que plantea el texto del Gobierno, está recogida en un conjunto de
enmiendas de manera singular que van de la 113 a la 115, así como la 139
y la 147. Se trata, además, en algunos de los casos de evitar una
imposición excesiva para mantener la rentabilidad de las instalaciones,
de manera muy singular las de cogeneración, biomasa, residuos y en este
caso también la minihidráulica.


Otro conjunto de enmiendas, de la 116 a la 118, regulan la
exención del impuesto de los residuos a las instalaciones médicas y
científicas y, por otro lado, también en este grupo de enmiendas otras
intentan corregir la discriminación existente en el funcionamiento del
mercado eléctrico, que ha llevado a algunas tecnologías a percibir
beneficios extraordinarios por tratarse de instalaciones ya amortizadas,
como se ha puesto de relieve en otras intervenciones y como señalan
algunos informes a los que también se han referido otros portavoces.


De la 119 a la 125 son enmiendas relacionadas con el uso
del gas como combustible, ello para intentar que se produzca una
internalización de los costes ambientales, dando un tratamiento singular
al gas para su uso, para cogeneración y a la vez también abordando el
problema de las empresas industriales de gran consumo y la pérdida de
competitividad que puede suponer para las mismas esta ley, a las que
también se han referido otros portavoces y me he referido en mi primera
intervención, sectores como la siderurgia, el papel, la química, el
cemento, la cerámica y muchos otros.


De la 126 a la 128 y la 136 tratan de la energía de
producción de origen hidráulico, discriminando aún más la propuesta del
proyecto de ley entre lo que son las grandes instalaciones y la
producción por bombeo, la minihidráulica. La minihidráulica no deja de
ser una tecnología renovable más y como tal ha de ser tratada. Por otro
lado, también apunto la posibilidad de revisar las concesiones
hidráulicas, que sería una manera de mantener el equilibrio concesional
después de la aplicación de esta ley y de los impuestos que comporta.


Algunas cuestiones básicas, como reordenar los tributos de
todas las administraciones medioambientales, homogeneizar los sistemas
retributivos de actividades similares o asegurar que la disminución del
déficit tarifario no ha de acabar con la rentabilidad razonable de los
inversores en este sector, se recogen también en otro conjunto de
enmiendas, que van de la 129 a la 132 y 134, reforzando elementos que se
han apuntado en el debate, como la seguridad jurídica, a fin de evitar
demandas y de reducir la preocupación existente en estos momentos en los
inversores respecto a las inversiones realizadas en el sector en nuestro
país.


La incorporación del bono social en los Presupuestos
Generales del Estado o las medidas para evitar la repercusión del
impuesto en el consumidor, verdadero riesgo que ya estamos viendo, se
recoge en las enmiendas 146 y 135. Este es un riesgo bien evidente, como
se ha puesto de relieve en las últimas subastas que se han efectuado en
el mercado de futuros, con incrementos del orden del 5% ya previsto para
los años 2013 y 2014.


El problema específico de la fotovoltaica y la termosolar,
además de las enmiendas ya citadas al comienzo de mi intervención se
recoge complementariamente en otro conjunto de enmiendas para tratar de
evitar discriminaciones, por un lado, y poner de relieve la dificultad de
estas tecnologías de asumir a la vez la reducción de primas y nuevas
cargas tributarias.


Finalizo con la enmienda 142, que hace alusión a la
necesidad de hacer un verdadero estudio de costes del sistema. No se
trata de dar una solución mediante medidas fiscales a un problema
coyuntural que se ha convertido en estructural, desgraciadamente el
déficit tarifario, sino de tener









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todos los elementos para formular, como dijimos en la
presentación del veto, los cambios regulatorios de carácter global que
hoy son necesarios. Por eso, nosotros, que sí nos hemos leído el título
de la ley, proponemos estos cambios que incluso afectan al título, y es
que también compartimos esos razonamientos que se han apuntado desde esta
tribuna, que la explicación de los objetivos del contenido de la ley
realmente se corresponde más con la intervención que ha hecho el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular que no con la exposición de motivos del
propio texto normativo.


Evidentemente, nosotros no negamos el problema del déficit
puesto que somos conscientes de la dimensión de este problema y por eso
planteamos a las opciones que pensamos son más justas en su repercusión
sobre los productores ya que protegen más al consumidor, tratando de
evitarle la traslación de costes del impuesto, a la vez que ofrecemos
alternativas al tener presentes los problemas de competitividad de
sectores industriales que son grandes consumidores y los puestos de
trabajo que en estos momentos están en riesgo —yo no quiero ser
catastrofista, pero este es un problema que, como ustedes saben, apuntan
las propias organizaciones empresariales—.


En definitiva, tratamos, a través de nuestras propuestas,
dar solución al problema de seguridad jurídica que genera esta norma,
porque intentamos no solo la sostenibilidad financiera, que seguramente
debería ser el título de la ley: ley de sostenibilidad financiera del
sector, sino también esa sostenibilidad ambiental que figura de manera
equivocada en el título de esta norma que hoy se nos somete a discusión y
a aprobación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Montilla.


Pasamos al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, enmiendas números 170 a 190. Para su defensa tiene
la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, intervengo para defender las enmiendas que
nuestro grupo ha presentado a este proyecto de ley. En un principio voy a
hacer una defensa general para pasar luego a comentar algunas de ellas
quizá por su mayor importancia.


Nos encontramos ante un proyecto de ley con una fiscalidad
tremenda y que podríamos decir que se traduce en la creación de nuevos
impuestos, el impuesto sobre el valor de la producción de la energía
eléctrica, impuestos relacionados en el ámbito de la energía nuclear y
producción y almacenaje de residuos radiactivos. Y por otro lado, este
proyecto plantea también la modificación de la Ley de Impuestos
Especiales y del canon para la utilización de bienes del dominio público
hidráulico.


Pues bien, esta es una imposición en su conjunto que nada
tiene que ver con las directrices europeas y que de llevarse a cabo
impondrá el total desequilibrio en el sistema energético español por tres
motivos esenciales. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la
presidencia.) En primer lugar, porque son impuestos que nos llevan a un
sector menos competitivo, menos preindustrial y menos sostenible,
perjudicando directamente a la cogeneración, esto es, al tejido
productivo. En segundo lugar, porque contribuyen a generar más
dependencia exterior en un futuro y menos estabilidad. Por tanto, hay que
considerar que las energías renovables no se potencian lo que tendrían
que potenciarse y, en definitiva, se nos produce una mayor dependencia de
otros mercados y de otros países. En tercer lugar, por la falta de
realismo en relación con el mix energético actual, que sigue en estos
momentos necesitando de la energía nuclear.


Por tanto, a erradicar estas ineficiencias es donde
especialmente se orientan nuestras enmiendas a este proyecto de ley. Así,
en primer lugar cabe tener en cuenta que el régimen especial fomenta el
aprovechamiento de las fuentes energéticas renovables y de eficiencia
energética mediante la cogeneración contribuyendo a dar cumplimiento a
los objetivos de la Unión Europea en este sentido, lo que se debería
tener presente al aplicar una imposición como la actual a las distintas
rentabilidades económicas en función de las tecnologías que se estén
utilizando, y evidentemente, el régimen económico al que se haya adscrito
cada una de estas instalaciones, algo que el Gobierno no ha tenido en
cuenta.


Este ejercicio requiere tener en consideración,
especialmente, la importancia de la cogeneración, la energía
minihidráulica, la biomasa o la eólica marina, así como la necesidad de









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favorecer el autoconsumo, por ejemplo, para compensar la
afectación negativa que un nuevo impuesto sobre la producción de la
energía eléctrica puede tener sobre las instalaciones. Por ello,
solicitamos que se excluyan del hecho imponible los autoconsumos en
cogeneración y que se establezca una bonificación del 65% en el tipo
exigido del impuesto para las instalaciones de cogeneración de
electricidad y de calor, residuos, biomasa y tratamiento y reducción de
residuos.


Respecto al impuesto al consumo de gas natural para uso
distinto al de carburante, como dije antes, entra claramente en
contradicción con la directiva europea de imposición de productos
energéticos, la cual deja exentos del impuesto mínimo a las instalaciones
de producción de energía eléctrica, tanto por la parte asociada al
consumo de combustible, como a la asociada a las emisiones de CO2.


En este sentido, proponemos reducir el impuesto aplicado al
gas natural destinado al uso como carburante con fines profesionales y no
profesionales, así como eliminar el gravamen de los impuestos especiales
sobre los productos energéticos cuando estos sean utilizados para la
cogeneración de electricidad y la cogeneración, esencialmente, por dos
motivos.


Primero, porque el consumidor ya está pagando el impuesto
especial sobre la electricidad contemplado en la misma Ley 38/1992, de
Impuestos Especiales por la electricidad que consume, lo que llevaría a
pagar una doble tributación.


Segundo, porque de prosperar el impuesto en la redacción
inicial propuesta en este proyecto de ley, esto equivaldría a mermar la
competitividad industrial encareciendo los costes de aprovisionamiento de
las dos energías básicas utilizadas en la industria como factores de
producción: la electricidad y el gas.


Además, en el caso de la cogeneración, este impuesto
representaría una relevante merma de competitividad a un elevado número
de actividades industriales en sectores tan importantes y tan
trascendentales como los que he nombrado antes, bien sea la industria
química, la alimentaria, la farmacéutica, la cerámica, la del automóvil,
etcétera, que mediante la cogeneración obtienen importantes mejoras en
eficiencia energética y en costes. Gravarlas en este impuesto sería
claramente una medida antipolítica industrial con efectos negativos para
instalaciones que podrían verse obligadas a cerrar y, en consecuencia, a
reducir la demanda energética y la propia base de cálculo de los
impuestos.


Asimismo, no parece razonable que los ingresos económicos
obtenidos por la aplicación de las imposiciones sobre el consumo de gas
natural y carbón para usos distintos de la generación de energía
eléctrica tengan como finalidad la reducción del déficit tarifario por
criterios de separación del sistema, en los cuales, la participación de
los diferentes agentes y abonados no se considera adecuado repercutir el
déficit de tarifa eléctrica a los consumidores finales de gas natural y
carbón, tal y como propone el proyecto de ley.


En cuanto a la imposición sobre la energía nuclear, debería
tenerse en cuenta que los conceptos gravados, producción o almacenamiento
de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la
generación de la energía nucleoeléctrica, son prácticamente coincidentes
con los impuestos que ya soportan los titulares de las centrales
nucleares a través de la tasa por la prestación de servicios de gestión
de residuos radiactivos destinada a financiar las actividades del Plan
General de Residuos Radiactivos.


Por ello, para evitar la evidente redundancia entre los
hechos imponibles gravados por la tasa actual y los impuestos que se
proponen en los capítulos 2 y 3 del título II del proyecto de ley, parece
oportuno —y lo proponemos— que haya una compensación entre
ambos pagos.


En este sentido, también me gustaría destacar la enmienda
176, en la que decimos que es importante también clarificar que la base
del impuesto sobre la producción de combustible nuclear será la cantidad
de combustible nuevo introducido durante el período impositivo
correspondiente, dado que este se convertirá posteriormente en
combustible gastado. La redacción actual, es decir en vigor, es ambigua
por incluir combustible irradiado y combustible extraído y podría
interpretarse que hay una aplicación retroactiva del impuesto.


Finalmente, en relación con las solares, me gustaría
también destacar nuestra enmienda 178, que supone la derogación de la
disposición adicional primera y la disposición transitoria segunda del
Real Decreto 14/2010 porque afecta muy negativamente al sector
fotovoltaico y suponen un claro incumplimiento del contrato que el Estado
había formalizado con los inversores de energía fotovoltaica, publicado
en el Boletín Oficial del Estado por el Real Decreto 661/2007. Como saben









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ustedes, este problema ya viene de la legislatura anterior,
por lo que en definitiva nosotros proponemos que en este proyecto de ley,
a través de esta enmienda, pueda solucionarse.


Por todo ello, doy por defendidas todas nuestras enmiendas.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Del Grupo Parlamentario Socialista, enmiendas de 56 a 100 y
la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por las enmiendas 191 a 196, 198 a 207 y 210 a 218 del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Tiene la palabra el senador Alique.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.


En primer lugar, quiero aprovechar mi turno de intervención
para mostrar nuestro desacuerdo y disconformidad con la decisión que ha
tomado la Mesa al admitir a trámite cinco enmiendas del Partido Popular
que se presentaron minutos antes de comenzar la sesión de comisión y que
no estaban justificadas ni siquiera por el propio Grupo Parlamentario
Popular, porque tampoco se reunió la ponencia para ello, y porque no son
enmiendas técnicas o gramaticales. Desde luego, no creo que se puedan
considerar enmiendas técnicas aquellas propuestas que pretenden, según
algunas fuentes, aumentar la recaudación hasta 1000 millones; no son
técnicas ni en apariencia ni, por supuesto, en el fondo porque son
enmiendas sustanciales.


Dicho esto, paso a defender las enmiendas que ha presentado
el Grupo Parlamentario Socialista, de la 56 a la 100. Voy a darlas todas
por defendidas, pero me detendré en algunos aspectos de las mismas.


En primer lugar, proponemos la supresión del título I,
artículos 1 a 11. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre el valor de la
producción de energía, que el Partido Popular puso al 6% en el Congreso y
aquí lo ha aumentado al 7%, no cumple con los objetivos por los que se
crea precisamente ese impuesto, que es la protección del medio ambiente,
no erradicar el déficit de tarifa. La protección del medio ambiente es lo
que contempla el proyecto de ley, por lo que podría considerarse
confiscatorio y, por tanto, contrario al ordenamiento tributario español.
Con este impuesto, además, no se incentiva el uso de energías limpias y
más respetuosas con el medio ambiente, y precisamente no se desincentiva
el uso de las que son menos respetuosas con el medio ambiente, pues todos
los productores de electricidad tendrán el mismo tipo, el del 7%, sin
distinguir si son más respetuosos con el medio ambiente o no lo son.
Pero, además, al tratarse de un impuesto directo, los productores del
régimen especial van a estar discriminados, pues no podrán trasladar los
costes que suponen estos impuestos a los consumidores finales.


En segundo lugar, proponemos que este proyecto de ley tenga
un límite, y su límite sea la aplicación del año 2013, porque la propia
ley establece o se marca como fin del déficit de tarifa finales del año
2013, pero también porque creemos que el déficit de tarifa no se debe
eliminar con impuestos a los consumidores, a los ciudadanos y a las
empresas sino que se debe eliminar, como dije esta mañana, modificando el
actual régimen regulatorio precisamente para que no pierdan capacidad
adquisitiva los ciudadanos y no pierdan capacidad competitiva las
empresas.


En tercer lugar, proponemos que, de aprobar ustedes la ley,
o no aprobar la primera enmienda que presentamos de supresión del título
I, al menos que apliquen el impuesto o que ese impuesto solo grave el
valor de mercado de la generación eléctrica, dejando fuera los ingresos
regulados, pues las primas a las energías son una corrección del mercado,
algo que, evidentemente, nivela las tecnologías. En este sentido, también
proponemos que no se grave el autoconsumo de las instalaciones de
cogeneración eléctrica que exporten excedentes.


En cuarto lugar, proponemos que queden exentas de este
impuesto las tecnologías renovables en régimen especial, no solo porque
estas tecnologías son respetuosas con el medio ambiente sino porque
también evitan importaciones y uso de combustibles fósiles de nuestro
país. Resulta incongruente que se grave a las energías renovables con
impuestos, sobre todo, como dije anteriormente, cuando este impuesto
tiene como finalidad fomentar las energías renovables y las políticas de
eficiencia energética; además, en el caso de la fotovoltaica, los
productores no van a poder simultanear este impuesto del 7% y el recorte
de las primas que se hizo en el año 2010 —que también mostramos
nuestra oposición en esta ley, después del tiempo, porque consideramos
que es justo— porque la combinación de ambas cosas, señorías, va a
poner en riesgo la viabilidad de las inversiones.









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También proponemos la exención de este impuesto de la
tecnología de gasificación de combustibles sólidos integradas en ciclo
combinado, pues la Unión Europea precisamente a estas tecnologías las
determina como claves para nuestra estrategia de reducir nuestra
dependencia energética y de lucha contra el cambio climático; quiero
recordar que solo hay una planta en toda España, en concreto, en la
provincia de Ciudad Real, en Puertollano, que es la de Elcogas.


En quinto lugar, en línea con la propuesta de la Comisión
Nacional de Energía y de la Unión Europea, proponemos que la tecnología
nuclear y la hidroeléctrica aumenten su tipo impositivo, su tipo de
gravamen, ya que son tecnologías amortizadas que reciben beneficios
extraordinarios.


Y, por supuesto, pedimos que se exima del impuesto el
almacenamiento de residuos radiactivos procedentes de actividades médicas
o científicas, una enmienda que, afortunadamente, también presenta el
Partido Popular, no en el Congreso sino en el Senado, que copia la del
Partido Socialista en el Congreso, que vuelve a reiterarse aquí en el
Senado.


En sexto lugar, respecto a la energía termosolar, estamos
de acuerdo con la enmienda que presenta el Grupo Popular, la número 209,
para apoyar las centrales híbridas de tecnología termoeléctrica y biomasa
pero, desde luego, con lo que no estamos de acuerdo es con lo que figura
en el proyecto de ley, y pedimos que se retire en el caso de la energía
termosolar la prima a los ingresos del 15%, es decir, que no se grave ese
gas que se necesita de apoyo porque, señorías, esta medida, junto con el
impuesto del 7%, supondría una pérdida de ingresos de aproximadamente un
20%. Nosotros proponemos que se respete un mínimo técnico que es
necesario como mínimo para el arranque y el mantenimiento de estas
plantas. Ustedes le dan la puñalada a la energía termosolar y le ponen
una tirita con esta enmienda que decimos que vamos a apoyar porque
servirá para el futuro pero, desde luego, me temo que muchas de las
inversiones que se han llevado a cabo en la energía termosolar van a
tener serias dificultades para tener el más mínimo futuro, y, por tanto,
estoy convencido de que habrá bastantes recursos en la Corte de Arbitraje
Internacional, que tampoco tengo la menor duda, les darán también la
razón.


En séptimo lugar, proponemos la modificación del artículo
28 de la Ley de Impuestos Especiales para conseguir dos objetivos: en
primer lugar, para que todas las fuentes de energía contribuyan a la
sostenibilidad del modelo a través de la internalización de la señal de
CO2 en los precios de los hidrocarburos a razón de 20 euros por tonelada
de CO2, con eso se obtendrían recursos para fomentar las energías
renovables.


Igualmente, proponemos la exclusión del impuesto sobre el
combustible para procesos de cogeneración precisamente para no
discriminar esta tecnología con otras del régimen especial y evitar con
nuevos impuestos la pérdida de competitividad de la industria española y,
de manera muy especial, las que emplea la cogeneración que está
priorizada por la Unión Europea, que, además, tiene importantes
beneficios, como las industrias que emplean la tecnología de
cogeneración, que reducen el consumo de energía primaria en al menos un
30%, reducen las emisiones globales de CO2, reducen las pérdidas de la
red, y reducen los costes de la red de distribución, gracias precisamente
a la generación distribuida. También hemos presentado una enmienda para
que los costes energéticos no perjudiquen al sector de las baldosas
cerámicas y fritas, muy importantes industrialmente en la provincia de
Castellón y también en términos de empleo.


Por último, hemos presentado una enmienda al artículo 28,
que cobra mayor sentido una vez que el Partido Popular, aquí, en el
Senado, ha introducido una enmienda para reducir a 0,15 euros por
gigajulio el gas industrial que compartimos, a pesar de que tenemos
enmiendas que lo ponen a cero, también compartiríamos a 0,15, pero
siempre y cuando también llegase a la industria de la cogeneración. Por
tanto, consideramos que es insuficiente, y pedimos que se establezca un
tipo del 0,15 euros gigajulio al uso del gas en instalaciones de
cogeneración de electricidad y calor, residuos, biomasa, y tratamiento y
residuos agrícolas y ganaderos que coincide, precisamente, con el mínimo
que establece la Unión Europea para el gas industrial; además, también
con eso se garantizaría —porque, si no, van a tener serias
dificultades— la viabilidad de estas tecnologías, que son muy
importantes en término de empleo y de protección del medio ambiente en
los sectores productivos y el servicio público. En este sentido, también
hemos presentado una enmienda para que un número muy limitado de
instalaciones que estaban en marcha en la tramitación antes de la
aprobación del Real Decreto Ley 1/2012, pueda tener futuro y se puedan
poner en marcha.









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En octavo lugar, proponemos que se grave con este impuesto
a las importaciones de energía de productores de otros países, como
Francia o Portugal, y que se desgraven las exportaciones que realizan los
productores nacionales para que estas medidas fiscales no afecten a los
intercambios comunitarios y, con ello, a los productores nacionales.
Pues, señorías, esto es importante; en caso contrario, tendría un impacto
negativo directo sobre la balanza comercial de España en una cuantía
equivalente a 2,4% de los casi 40 000 millones de euros en negativo de
saldo neto en el año 2011.


En noveno lugar, queremos poner de manifiesto —lo
hacemos en un veto particular a la enmienda número 213, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado— que la enmienda que se aprobó
por parte solo del Grupo Popular el otro día en los Presupuestos
Generales del Estado a la disposición adicional cuarta bis no la
compartimos, nos parece más adecuado el consenso a que llegaron todos los
grupos políticos en el Congreso, también el Partido Popular; no
entendemos por qué ahora ha cambiado de opinión —bueno, sí, es un
ataque más a las energías renovables—, y esta ley debería quedar en
los términos —va a quedar así— de dictamen y, por tanto, como
vino del Congreso. En primer lugar, no compartimos la que aprobaron
ustedes en los presupuestos el otro día por el riesgo que implica
trasladar al presupuesto general del Estado cada año el compromiso de
regular las renovables y porque trasladar también una inseguridad
jurídica tan tremenda como esta, con un Gobierno como este, que recorta,
recorta y recorta —solamente hay que ver lo que han hecho ustedes
con el IDAE o con el carbón—, genera una cierta incertidumbre a las
energías renovables.


En cualquier caso, esta es otra piedra más, esta, si
quiere, un poquito más grande, al ataque, como he dicho anteriormente, a
las energías renovables y al ahorro en la eficiencia energética, como
hicieron ustedes en enero, en el Real Decreto Ley 1/2012 o en el Real
Decreto Ley 13/2012.


En décimo lugar, proponemos que el impuesto no se aplique,
como ha dicho el portavoz de Coalición Canaria, a las islas Canarias,
Ceuta y Melilla, pues estos sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares tienen una particularidad y es que la producción de
energía está intervenida y con ingresos regulados. Por tanto, pedimos que
no se aplique.


Igualmente, proponemos que no se apliquen a las Islas
Baleares los impuestos especiales del artículo 28 de la ley hasta que la
generación, en régimen ordinario, del sistema eléctrico balear no se
adapte a la normativa de retribución de esta generación, precisamente
para contemplar el reconocimiento de los mayores costes de combustible
que ello supone.


Por último, proponemos que el Gobierno cumpla con el Real
Decreto Ley 6/2009, que obliga a que los Presupuestos Generales del
Estado doten una partida para los costes extrapeninsulares ―esa
partida, del 75%, supondría 1419 millones de euros― y que no vayan
a los costes del sistema, como pretende el Partido Popular a través de su
enmienda porque, de esta manera, volverían a ser los ciudadanos, una vez
más, quienes pagarían esa parte del déficit de tarifa. Con esa cantidad
de 1419 millones de euros que el Gobierno tendría que establecer en los
Presupuestos Generales del Estado ―y no llevarlos a la
tarifa― y los más de 263 millones de euros de ingresos de más que
no están contemplados en la memoria económica de esta ley, tienen dinero
más que suficiente para resolver una gran parte de los problemas que
ustedes van a ocasionar a tecnologías como las renovables y la
cogeneración, que son básicas para ganar independencia energética, para
ahorrar más y consumir menos, y para una mayor competitividad de nuestra
economía.


Sin embargo, es evidente que todo esto dependerá del grupo
mayoritario, de la voluntad del Partido Popular de apoyar estas enmiendas
y las de otros grupos políticos, que nosotros compartimos, porque, si no
es así, señorías, este proyecto de ley que llegó con mal pie al Senado
saldrá peor de lo que entró y ustedes habrán perdido la oportunidad de
mejorar el contenido de la ley en este trámite del Senado. Ya veo que
ustedes lo han utilizado más para mejorar la recaudación con ese aumento
que —decía— también introducen aquí, en el Senado y, al
final, serán los ciudadanos, las empresas, los autónomos y las pymes de
este país quienes pagarán esa voracidad recaudatoria del Partido
Popular.


Nosotros hemos presentado todas estas enmiendas con la
mejor voluntad, para perfeccionar el texto; un texto al que, por cierto,
no se opone solo el Partido Socialista o todos los grupos parlamentarios
del Senado y del Congreso de los Diputados sino también los sectores
industriales, los sectores de las energías renovables, los sectores de la
cogeneración, los propios consumidores, y estoy convencido de que también
muchos senadores del Partido Popular, aunque por disciplina









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votarán a favor, pero que no comparten esa voracidad
recaudatoria que supondrá que en solo un año de Gobierno del Partido
Popular suba el recibo de la luz un 20% para los consumidores domésticos
―es decir, a las familias españolas― que ya están
suficientemente cargados con la voracidad recaudatoria del Partido
Popular.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Turno en contra.


Tiene la palabra el senador Juncal.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, buenas tardes a todos.


La verdad es que después de leer el taco de enmiendas
presentadas, 219 enmiendas entre todos los grupos políticos, y de
escuchar a los portavoces, al igual que mi anterior compañero tuve que
echar un vistazo otra vez al texto, al Proyecto de Ley de medidas
fiscales para la sostenibilidad energética; sostenibilidad que también
es, lógicamente, medioambiental y económica. Sin embargo, a raíz de las
intervenciones de todos ustedes, se podría haber denominado proyecto de
ley para el reparto del superávit tarifario.


Parece que en el Partido Popular somos unos fenómenos de la
teoría política, haciendo leyes que crean impuestos y no deja de ser una
novedad porque es lo contrario de lo que hay que hacer; pero somos así de
cabezones y nos gusta crear impuestos.


Desde luego que no, al Partido Popular no le gusta crear
impuestos y tampoco nos gusta esta ley, pero una cosa es que no nos guste
y otra cosa es que no sea necesaria. Y no nos gusta, porque precisamente,
señor Alique, esta es una ley del Partido Socialista. Sí, son ustedes los
culpables de que este proyecto de ley venga a esta Cámara o haya ido al
Congreso y que el Gobierno la haya tenido que formular.


Si ustedes a lo largo de los años que han ejercido el poder
hubieran actuado correctamente en el sector energético —y se lo voy
a demostrar después con un gráfico perfectamente claro—, no
estaríamos en la situación y en las circunstancias que estamos ahora.
Esta es una ley del Partido Socialista, señor Alique. No se olvide usted
de eso.


Porque, aquí hablamos muchas veces del déficit energético y
parece que no le damos importancia. Señoría, estamos con un problema del
tamaño económico del problema de Bankia, por si no se habían dado cuenta
—que yo creo que sí—, porque todos sabemos más o menos las
cifras en las que se mueve el agujero de Bankia y las cifras que se
mueven en el déficit tarifario, en el déficit del sector energético.
Pues, a pesar de esa gravedad, ustedes, de forma irresponsable presentan
unas enmiendas que literalmente laminan, capan —permítaseme la
expresión— de contenido la ley, de hacerles caso.


Por lo tanto, aunque seguiremos hablando de ello, ya les
anuncio que obviamente no vamos a aceptar ninguna de sus enmiendas. Pero
el tamaño es de tal calibre que si no se hubieran tomado algunas de las
medidas, como el Decreto 1/2012, y siguiésemos con la misma regulación,
dentro de unos años —unos años que sería pasado mañana, en
2015—, estaríamos hablando de un problema de déficit tarifario que
sería del volumen de todo el problema de la banca. Antes hablaba de
Bankia, ahora sería de todo el problema de la banca en España, y llevamos
un año intentando solucionarlo, llevamos un año hablando de eso y estamos
viendo los problemas que esto está dando.


Por eso, vuelvo a repetir, señor Alique, la presenta el
Partido Popular y la presenta el Gobierno del Partido Popular, pero es
una ley del PSOE y, además, con una curiosidad que detallaré un poco más
tarde. Por eso, como le decía, sostenibilidad es también sostenibilidad
económica y, por lo tanto, hace necesaria la presentación de esta
ley.


En cuanto a las cinco enmiendas que presentó el Grupo
Parlamentario Popular modificando, etcétera. Primero, la Mesa las ha
aceptado; segundo, usted podrá decir aquí lo que quiera, pero yo las
tengo separadas, porque me olía que iba usted a citar este tema. La
primera es una modificación del apartado cuarto del preámbulo; justifica
la modificación de la incorporación del tipo reducido de 0,15 gigajulios
del artículo 28. Se modifica el artículo 28 para aclarar la exención de
los elementos de NC 2705. Proponen una nueva redacción de la tarifa;
redacción en los pagos fraccionados para que queden más claros. Por
consiguiente, tanto la 4 como la 5, vuelvo insistir,









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hacen relación a los pagos fraccionados. No tiene ninguna
incidencia, y ustedes no han respetado en este caso o cuestionan,
primero, el criterio de la Mesa y, segundo, no tienen la más mínima
cortesía parlamentaria, como se ha visto esta mañana.


El problema es que ustedes —lo mismo que
nosotros— han recibido a toda la gente afectada, porque obviamente
todo el mundo se siente o está afectado y tanto el señor Palacios como yo
hemos escuchado sus quejas, su preocupación, etcétera. Y no sé si por
circunstancias de fecha o por otra razón, ustedes han debido de coger el
complejo de Papá Noel o Rey Mago y han redactado las enmiendas recogiendo
todo aquello que todo el mundo les decía porque, vuelvo a insistir,
después de leer y releer, en alguna ocasión más de dos y tres veces, las
distintas enmiendas se aprecia que se repiten todas; lo que, por otra
parte, es lógico. Ustedes, políticamente dicen: esta es una ley del PP,
que se apañen ellos, los malos son ellos; nosotros, a pesar de que hemos
generado el muerto, el muerto se lo carga el Partido Popular. Por eso le
decía, señor Alique, que en esta ley el PSOE tiene mucho, muchísimo que
ver.


Ustedes y más o menos todos los grupos han insistido, la
gente se pregunta: ¿qué hay de lo mío? ¿cómo queda lo mío? Pues nosotros
ponemos y, si lo deniegan, es el Partido Popular el culpable.


Pues bien, de aceptar sus enmiendas estaríamos en una
especie de ley a lo Frankenstein, corta de aquí, pega de allí, coge de un
lado, la pasamos por un rayo eléctrico —nunca mejor dicho—, y
entonces lo que tendríamos sería el resultado del doctor Frankenstein, un
monstruo de ley que no serviría para solucionar el problema, el grave
problema que tenemos, y sí para agravarlo más. Porque nosotros proponemos
el 7, unos proponen el 2 en el impuesto sobre la producción de la energía
eléctrica, no consideran los autoconsumos en el tema de cogeneración.
Señor Alique, ¿usted no se acuerda del Real Decreto 7/2006? Vuelvo a
insistir: 2006, no 2012. Desde junio de 2004, sabemos quién estuvo
gobernando en este país. Pues en el Real Decreto Ley 7/2006, que es el
famoso cien por cien Zapatero, lo que dice es: no, los cogeneradores, los
productores de cogeneración venderán toda su producción de energía
eléctrica a la red y comprarán la que necesiten para sus procesos
internos. Por lo tanto, señor Alique, eso es obra suya.


Piden la exención al bombeo, pero ya hay una exención al
bombeo en una parte que se considera que se puede hacer.


Piden modificaciones al céntimo verde, y, desde luego,
nadie quiere aplicar los céntimos verdes.


Respecto al canon hidráulico, se propone que, en lugar del
22%, sea el 4%, la exención a las de régimen especial, la exención a las
de menos de 50, a las de menos de 5. Como decía antes, se quiere quedar
bien con todo el mundo, pero la situación no lo permite, porque el
problema es, vuelvo a insistir, del tamaño de Bankia.


Presentan enmiendas para que las empresas o los distintos
sectores puedan internalizar los costes que supone esta nueva imposición,
pero estaríamos en lo mismo. Es absurdo, es decir, si se aprueba una
imposición para atajar un problema de déficit de tarifa, pero, por otra
parte, el Estado otorga un reconocimiento de precio, y ese precio se
puede internalizar y paga los impuestos, entonces no conseguiríamos nada.
Al final, el balance sería cero. Obviamente, uno de los objetivos es
atajar el problema del déficit tarifario.


Hablan de derogar el Real Decreto 14/2010, sobre las horas
fotovoltaicas, mantener el 15%, el 12% en la utilización del combustible
fósil, de la vigencia de la ley por un año, otros grupos solicitan que
sea entre el 13 y el 16, también se ha hecho referencia a las
importaciones y a las exportaciones. Señorías, senador Alique,
evidentemente que va a tener un efecto en las entradas y salidas de
energía de España, pero es que no podemos hablar de importaciones y
exportaciones porque entre países de la Unión Europea no existen
fronteras. En todo caso, puede haber entregas y adquisiciones
intracomunitarias, que, como usted sabe, tienen que estar exentas de
aranceles. Usted y prácticamente todos los grupos pretenden que nos
saltemos los tratados de la Unión Europea sobre la libre circulación de
mercancías, así de claro. Por eso, antes de hacer unas propuestas de este
tipo, creo que tendrían que haberlo estudiado un poquito mejor.


En cuanto a aceptar alguna enmienda, sería discriminatorio.
Analizando todas y cada una de ellas, consideradas individualmente,
podemos preguntarnos por qué no. Insisto en que nosotros somos los
primeros a los que nos repatea tener que aprobar nuevos impuestos, nos
repatea tener que subir impuestos. La política del Partido Popular ha
sido, va a ser y será en el futuro bajar los









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impuestos, bajar el precio de la energía igual que se hizo
en el año 1999, pero las circunstancias son las que son. A mí,
francamente, lo que me duele es precisamente que el señor Alique, en
representación del Partido Socialista, que han sido los causantes de esta
situación —los otros no han tenido responsabilidad en este
tema—, venga en la actitud que viene. (El señor Alique López
pronuncia palabras que no se perciben.) Usted puede decir lo que
considere, pero ya seguiremos.


Quiero hacer especial mención, no por ninguna cuestión en
concreto, pero sí por deferencia y por un poco de curiosidad, a la
propuesta de Izquierda Unida. Dice que la energía nuclear sube de forma
contundente; no le gusta la energía nuclear, me parece muy bien. También
habla en un momento determinado de la descarbonización de la economía,
concretamente en su página 2. No hay ningún representante de Izquierda
Unida, pero que quede en el Diario de Sesiones. Habla, repito, de la
descarbonización de la economía y dicen que este documento lo han
consensuado con Comisiones Obreras. Cuando vengan los problemas en León y
vengan los problemas en Asturias con los mineros, que tengan en cuenta lo
que dicen.


Otro tema peculiar también analizando las enmiendas
—lo digo por curiosidad, pero allá ustedes, es su problema—:
¿quién tiene el copyright en Entesa, Izquierda Unida y el PSOE? Porque es
el mismo documento, las mismas enmiendas, tanto en los vetos como en las
enmiendas al articulado; son exactamente las mismas, entre un grupo de
Entesa con Izquierda Unida y otro grupo de Entesa con el PSOE. Pero ese
es su problema.


Cuando empecé a leer las enmiendas del PNV la verdad es que
me llevé un buen alegrón, porque empiezo a leer los párrafos y dicen que
el sector eléctrico ha registrado un fuerte crecimiento en los costes en
la última década por asumir la financiación en exclusiva de las energías
renovables, de las subvenciones del carbón, etcétera, que eran un
problema —la señora Leanizbarrutia se ha referido a los sucesivos
Gobiernos— para, después de unos buenos principios, volver al final
otra vez con la carta de los Reyes Magos. Y, obviamente, no se puede
aceptar.


El Partido Socialista nos acusa de que no distingue por
tecnologías. Le voy a poner un ejemplo más claro, y así lo va a entender.
Si se impusiera un gravamen a la producción de leche, ¿usted entendería
que se gravara de forma distinta la producción de la leche si la vaca
fuera mostrenca, holandesa, estuviese en régimen abierto de pasto o
estabulada? La producción de leche tiene que ser igual para todas las
vacas, y aquí la producción de energía eléctrica tiene que ser producción
de energía eléctrica; por lo tanto, todos los sistemas que producen
energía eléctrica están sujetos al mismo tipo. Es una cuestión de
igualdad fiscal. Vuelvo a insistir, si se impone la misma carga
tributaria al régimen ordinario como al especial, obviamente sería
discriminatorio. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia.)


Una de sus citas gloriosas —está escrito, no lo digo
yo, lo escriben ustedes— dice: el último fin es acabar con un
problema estructural del déficit tarifario. El otro día escuché a su
líder, el señor Rubalcaba, decir que había que darle tiempo porque
llevaba un año nada más. Nosotros debemos llevar más tiempo, pero ustedes
reconocen que hay un defecto, o un problema estructural, y no lo
solucionaron en los ocho años de gobierno. Han perdido la oportunidad
para llevar a cabo una reforma en profundidad que necesita urgentemente
nuestro sector energético y, en particular, el eléctrico. Esa necesidad
¿se empezó a generar en enero de este año, que es cuando entró el
Gobierno del Partido Popular?


En cuanto al 70% de los últimos siete años, al que ya se
refirió mi compañero Palacios, también es, desde luego, como para que
figure en el libro de las genialidades.


Y esta es la mejor de todas: ustedes, en la enmienda número
94, pretenden que queden derogadas la disposición adicional primera y la
disposición transitoria segunda del Real Decreto Ley 14/2010. Yo cuando
lo leí pensé que tenía que haber un error porque que el Partido
Socialista utilice una enmienda a una ley del Partido Popular para
derogar su propia legislación, me deja usted planchado, señor Alique. Ya
me está usted diciendo todo. Pero ¿qué es lo que regulaba ese real
decreto? Se dieron cuenta de que España ya no es el imperio donde no se
pone el sol. Dicho decreto es el que regulaba los horarios de las
energías fotovoltaicas que ahora ustedes quieren anular. Para lo único
bueno que hizo el señor Zapatero en esta materia, que fue regular los
horarios de funcionamiento de las energías fotovoltaicas para que no
funcionaran las 24 horas del día porque las 24 horas del día no hay sol,
pues resulta que ahora el Partido Socialista, vuelvo a insistir, a través
de una enmienda a una ley del Partido Popular, modifica su propia
normativa. Son









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ustedes unos fenómenos. Yo cuando lo leí pensé: deben ser
del grupo de Chacón; a continuación, dirán que piden perdón por la
actuación. Porque, desde luego, han hecho mucho daño al sector eléctrico.
Después de ver su actuación pienso en un anuncio que hubo en algún
momento del gigante verde. Creo que confundieron ese anuncio de
televisión del gigante verde y quisieron convertirse porque el verde
vende mucho, la ecología vende y vende y nos han metido en este
berenjenal.


Señorías, todos tenemos un punto en común, que todos
queremos un cambio de modelo de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico.
Vamos a hablar un poco de ello, pero ¿cómo lo queremos? ¿Con carbón o sin
carbón? Como argumenta Izquierda Unida en algunos de sus textos. Yo
solamente les recuerdo una cosa, no sé el consumo de China, pero sé el
consumo de España: 20 millones de toneladas. El incremento del consumo de
China en los últimos años ha sido de 200 millones de toneladas al año. O
sea, frente a 20 toneladas les señalo el incremento de China. Por tanto,
si es un 10% fácilmente se deduce que anda en torno a los 2000 millones
de toneladas. ¿Con nucleares o sin nucleares? Nucleares no, gracias.
Señoría, el señor Obama, que creo que es uno de sus líderes o, por lo
menos, eso decían, en el 2010 anunció la construcción de 2 centrales
nucleares en el Estado de Georgia. Y tenemos un problema porque no se
debía tomar esta decisión unilateralmente, y este es un problema de
definición del modelo. El señor portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió decía antes que no podemos prescindir de
la energía nuclear.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Sí, señor presidente, un minuto
y termino.


Decía que teníamos un problema porque a la central de
Almaraz le quedan 9 años de vida. Y a la central de Trillo, que es la más
reciente, le quedan 16 años. Por lo tanto, si queremos un modelo
competitivo, eficiente y sostenible tenemos que actuar.


Ustedes invocan al mercado, pero, señorías, si los que han
puesto las primas son ustedes. Después en la siguiente intervención les
enseñaré unos cuadros muy interesantes sobre las primas. ¿Queremos un
modelo como el de California, con los apagones de California? Eso es lo
que hay que hablar.


Yo les pediría, señores portavoces de los distintos grupos
parlamentarios, que nos preparemos para hablar del futuro del sector
energético en los próximos meses, pero ahora, por responsabilidad, no les
voy a decir que apoyen la ley porque sé que no lo van a hacer, pero por
lo menos lo digno, sobre todo para el Partido Socialista teniendo en
cuenta la repercusión que ha tenido su actuación, que vuelvo a decir que
ha provocado la presentación de esta ley, sería que tomasen en
consideración retirar las enmiendas y abstenerse en la votación.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Turno de portavoces.


¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Leanizbarrutia.


La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Seré muy
breve, señor presidente.


Señor Juncal, nosotros no tenemos ninguna carta para los
Reyes Magos; en todo caso, le escribiríamos al olentzero, que además es
un carbonero. No nos diga que es la carta a los Reyes Magos, cuando
estamos a pie de obra con todos los empresarios, con las industrias y con
toda esta historia que está generando este tipo de leyes, de inseguridad,
y cuando nos están pidiendo todos que nos posicionemos a favor de medidas
que puedan aligerar los efectos negativos que pueden generar estas leyes.
A lo mejor lo ha dicho sin darse cuenta, pero, desde luego, de de carta a
los Reyes Magos, nada. En nuestro grupo, en principio, somos serios, y lo
que proponemos lo hacemos sobre la base de la praxis, sobre la base de la
realidad.


Es una pena que no nos acepten ninguna enmienda, pero al
menos lo hemos intentado; y seguiremos intentándolo. Y sepa los senadores
del Partido Popular que seguiremos ofreciendo nuestra mano y nuestro
trabajo con la mayor lealtad para conseguir leyes bastante mejores que
esta.


Muchísimas gracias.









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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Leanizbarrutia.


¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones.)


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.


Seré muy breve. Nos sorprende muchísimo que el Gobierno de
un partido que siempre había destacado ante los ciudadanos por predicar
la reducción de impuestos haga hoy exactamente lo contrario. Sorprende
también la frivolidad con la que se aplica el alza de impuestos a la
política energética; una política que debería ser trascendental para
impulsar la competitividad de nuestra economía y, en cambio, lo que
hacemos es aumentar la fiscalidad energética. Y sorprende igualmente que
todas las energías resulten castigadas, pero menos la del petróleo,
cuando uno de los objetivos de nuestra política debería ser la
diversificación y la minoración de la dependencia del petróleo.


Hemos perdido una magnífica oportunidad para establecer
realmente una estrategia energética para los próximos años, y esto va a
perjudicar muchísimo a las familias —a los hogares—, por un
lado, que van a ver incrementado de manera sustancial el recibo de la
luz, y, por otro lado, a las empresas —a nuestro tejido
empresarial—, que van a perder competitividad en beneficio de
países de nuestro entorno, que van a aprovechar las circunstancias que
nosotros perdemos en estos momentos.


Por todo ello, no apoyaremos este proyecto de ley. Quiero
dejar también bien claro que no ha habido ninguna negociación, ninguna
posibilidad de hacer transaccional, nada de nada. Y me gustaría
preguntarles, señores del Partido Popular, qué diferencia hay entre
presentar un proyecto de ley, como han hecho con este en las Cámaras, y
legislar por medio de un real decreto ley.


Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Alturo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Alique.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado
45 enmiendas. El Grupo Popular, si no tengo mal los datos, 27. Nosotros
hemos aceptado tres suyas. Es verdad, ya que hablaba usted del copyright,
que una la copia literalmente de nosotros: la de eximir del impuesto de
almacenamiento por los residuos radiactivos de los hospitales y por los
provenientes de la ciencia. De 27, nosotros hemos admitido 3; de 45,
ustedes ninguna nuestra; y en el conjunto, de 190, ninguna. Sinceramente,
no lo entiendo. Ustedes se oponen a todo, porque no quieren que nadie les
cambie esta ley que significa una clara voracidad recaudatoria.


Señor portavoz del Partido Popular, usted me ha dado
entrada, ha sido usted, ¿eh?: ha hablado de déficit tarifario y de
Bankia. Es decir, me está hablando el señor Rato. El señor Rato creó el
déficit tarifario en el año 1977 y el señor Rato ha sido el último
presidente de Bankia. Mi pregunta es: ¿por qué el Partido Popular sí
tiene dinero en los Presupuestos Generales del Estado para financiar a la
banca, a Bankia-PP, y no lo pagan sus responsables, y por qué no tiene
dinero en los Presupuestos Generales del Estado para sufragar el déficit
tarifario, y no que lo paguemos los ciudadanos, las pymes y los
autónomos? Esa es la pregunta cuando hablan ustedes del déficit de la
deuda. Esa es la pregunta: ¿por qué hay dinero para Bankia, para que no
paguen los responsables de Bankia lo que han hecho, y lo tengamos que
pagar todos los ciudadanos? (Denegaciones del señor Juncal Rodríguez.)
Sí, sí, en estos Presupuestos Generales del Estado está ese dinero este
año, ¿eh? Eso no es herencia recibida, eso lo han creado ustedes. En
cambio, no tienen dinero para que se pueda sufragar el déficit de tarifa.
Esa es la pregunta.


Este proyecto de ley, que ha sufrido tantas modificaciones
que no lo conoce ni siquiera quién lo redactó, comenzó llamándose
Proyecto de Ley en materia medioambiental y de sostenibilidad energética,
y ha terminado llamándose Proyecto de Ley para la sostenibilidad
energética. Pues bien, aunque el Partido Popular quiera darnos gato por
liebre, hoy todo el mundo sabe que este proyecto de ley ni es
medioambiental ni es sostenible: es un nuevo ataque a las energías
renovables y al ahorro y la eficiencia energéticas. Y me parece
incoherente que tres ministros, el responsable de Hacienda, el
responsable de Medio Ambiente y el responsable de Industria, se









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estén peleando por la recaudación de las subastas de
derechos de emisiones y, al mismo tiempo, los tres coincidan con el
Partido Popular en no apoyar las energías renovables. Eso es un ejemplo
de que ustedes no tienen política energética, pero también es un ejemplo
de que lo único que les importa es hacer caja. Porque el único objeto de
esta ley es precisamente subir el precio de la luz, subir el precio del
gas, para aumentar la recaudación. Y las víctimas de esta tormenta fiscal
van a ser los ciudadanos, porque las empresas que están en el mercado,
las del régimen ordinario, van a trasladar el coste de los impuestos a
los consumidores finales, como han demostrado ya los mercados de futuros,
por ejemplo, que han reflejado un incremento del precio de la
electricidad para el año 2013 que pagaremos los ciudadanos. Los
siguientes perjudicados serán las energías renovables y la cogeneración,
porque se les penaliza fiscalmente, y estos sí que no van a poder
recuperar los costes de los impuestos en el consumidor final; estos sí
que lo van a pagar en realidad.


Esta ley, señorías, crea una inseguridad jurídica sin
precedentes en la Unión Europea y en la OCDE —¡y ustedes dando
ejemplo a Argentina de lo que debe ser la seguridad jurídica para las
empresas!— y, además, pone en riesgo las inversiones realizadas en
muchas plantas de fotovoltaica y de termosolar, y va a provocar demandas
por varios millones de euros ante la Corte de Arbitraje Internacional; el
denunciado será nuestro país, claro, no al Partido Popular.


Estas son razones más que suficientes para que ustedes
reflexionen y paren esta sangría de inversión y de pérdida de puestos de
trabajo, aunque ya veo que a ustedes los puestos de trabajo y el empleo
no les importa nada. Recuerdo ese eslogan suyo: si buscan empleo, voten
al Partido Popular. Pues miren, van a tener que ponerse en la puerta de
la calle Génova a esperar a ver cuándo el Partido Popular les da empleo a
los españoles.


Por otra parte esta ley va en contra de la normativa
comunitaria, que prioriza precisamente la industria de la cogeneración
como la que posibilita la competitividad de la industria en Europa, y
también en España. Esta ley ataca la cogeneración, que está implantada, y
se lo he dicho anteriormente, en el 40% de las industrias españolas.
Aplicar un impuesto del 0,65 euros por gigajulio supone, en primer lugar,
un duro golpe a la competitividad de la industria española; este ataque
no es nuevo, porque ya el Partido Popular suprimió las ayudas a las
nuevas instalaciones de cogeneración, también de renovable, en el mes de
enero, a pesar de que saben ustedes que en el año 2015 el 70% de esas
plantas cumplirán 15 años y tendrán que renovar los equipos, y con ello
muchas de ellas tendrán que cerrar. En segundo lugar, es un ataque a la
cogeneración porque discrimina entre industrias que fabrican el mismo
producto —y escuche bien, escuche—: ustedes priman con un
tipo reducido de 0,15 a las industrias menos eficientes, lo que no nos
parece mal, no nos oponemos a ello; pero gravan por 4, con un tipo de
0,65, a las que son eficientes porque tienen una tecnología mucho más
eficiente. Yo creo que detrás de esto hay una estrategia: que ustedes
voten en contra de la Directiva de ahorro y de eficiencia energética, que
ustedes eliminen todos los fondos para la eficiencia energética,
significa que ustedes están en los postulados de la fundación FAES, estoy
seguro. Ustedes se quieren cargar el ahorro y la eficiencia energéticas y
las energías renovables del sistema eléctrico español.


Por último, señorías, esta ley no resuelve los graves
problemas del sector eléctrico español, sino que consolida un modelo
regulatorio que se ha comprobado que es inadecuado y que además permite,
como ha reconocido y denunciado recientemente la Comisión Nacional de la
Energía, la manipulación fraudulenta de los precios del pool y, con ello,
elevar los precios de mercado; y eso no lo hacen en las energías
renovables. Por lo tanto, cabría preguntar: ¿Quién es el culpable de que
suba el recibo de la luz? ¿Quién es el culpable de que se incremente el
déficit de tarifa, el que crearon ustedes, el Partido Popular? No son
necesariamente las energías renovables, y lo dicen la Comisión Nacional
de la Energía y la Unión Europea en sus informes, léanselos. Y la
siguiente pregunta sería: ¿va a eliminar esta ley el déficit de tarifa?
Evidentemente, no; esta ley y sus medidas son pan para hoy y hambre para
mañana, y no van a eliminar el déficit, como ha reconocido ya el señor
Soria.


Como ven, señorías, lejos de aprovechar el trámite
parlamentario en el Senado para mejorar el contenido de la ley, lo que
han hecho es mejorar la recaudación de la ley subiendo del 6 al 7% y, de
paso, han aprovechado otra recaudación más en otros aspectos.


Termino, señorías. Con las distintas decisiones que ha
tomado el Gobierno del Partido Popular este año —coherentes, como
he dicho, con los postulados del Partido Popular— pierden todos:









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perdemos los consumidores industriales y domésticos, porque
pagaremos más por el recibo de la luz y por el recibo del gas; pierden
los productores de energías renovables; pierden las industrias de
cogeneración, y pierde el conjunto del sector, porque una solución
meramente recaudatoria, sin ninguna lógica de política energética, no es
una solución estable.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador
Juncal.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señor Alique, rápidamente, le aclaro lo de Bankia. El
dinero público para Bankia es un préstamo que se hace a la entidad y ese
préstamo lo van a tener que devolver. (Denegaciones del senador Alique
López.) No me haga usted así, que no, porque un préstamo es un préstamo y
el dinero a fondo perdido es a fondo perdido.


Segundo. Usted vuelve a insistir, le molesta la disposición
transitoria segunda. Ya se lo dije antes: además de intentar derogar lo
único bueno que hizo Zapatero en el sector, en el 14/2010, que limitaba
el horario fotovoltaico, les parece mal que se regule que la energía que
sea producida por fotovoltaica esté primada, porque así está reconocido;
pero que la que se hace con maquinillo, hasta un 15% —que se hace
con gas o con combustible fósil, generalmente gas, y que generaba
gas—, se pague como si fuese a fotovoltaica. ¿A usted eso le parece
coherente y le parece normal? Obviamente no, porque eso es el timo de la
estampita, perdone que se lo diga. Me consta que usted es funcionario,
sabe de economía, sabe hacer números, y puede comprender que si se
permitía un funcionamiento de hasta un 15% en 24 horas, si ese 15% se
paga a prácticamente 8 veces el valor del pool —porque estamos
hablando de que fotovoltaicas se está pagando a 380 el mega, cuando en el
pool se está pagando a 50—, estamos hablando de una proporción de
7-7,5. Esta es la verdad, señor Alique.


Aunque no se ven muy bien, es imposible hacerlo más grande:
aquí les muestro estos datos. Esta es la evolución del déficit tarifario
de 1998 a la previsión de 2012. Lo de Zapatero y Sebastián es cosecha
propia, lo admito, pero estas tablas son de la Comisión Nacional de la
Energía, aquí no he hecho nada malo. Hasta junio de 2004 —fecha
fatídica en que entró el señor Zapatero en el Gobierno— el déficit
estuvo controlado: cero o prácticamente cero, 172 en los dos últimos
años. Entra el señor Zapatero y entra el Partido Socialista, observen:
3000 millones, 5000 millones de déficit anual, hasta los 5886 o 6000
previstos para este año; y el déficit acumulado, con lo que nos vamos por
encima de los 25 000 millones. Si eso para ustedes no es un problema, yo
ya no sé qué pensar, cuál consideran que es el problema del sistema
eléctrico español.


Critican al mercado marginalista. Vamos a ver, la luz: si
antes no hay aporte de energía en el sistema, no funciona, la orden de
llegada de la energía tardaría mucho; es un sistema como cualquier otro,
todos los mercados son marginalistas. Usted tiene un bloque de edificios
ofertados a la venta, y el último piso, el que se venda hoy, es el que
marcará el precio de venta de todos los demás, por lo menos durante una
temporada, en función del mercado. Y ustedes le echan la culpa a eso, que
es lo que precisamente genera el déficit tarifario.


Mire, la evolución del precio de la electricidad desde 1996
a 2012. Claramente se ve cuál fue la política del Partido Popular, que
bajó la energía, y lo volveremos a hacer, pero, desde luego, no nos lo
han puesto muy fácil.


La energía eólica funcionó bien. ¿Sabe por qué? Porque el
Plan de Energías Renovables para la energía eólica se cumplió. Había
previstos 8900 y en 2004 se instalaron 8155; en 2010 el objetivo eran 20
155, y se instalaron 20 700.


Pero, claro, llegamos a la termosolar, que es donde está
todo el problema, o parte del problema. El objetivo PER era de 200; en
2010, nos fuimos a 632, en 2012, a 1279 megas; en 2013 estamos en 2500 y
la previsión para 2020 es de 4800.


En fotovoltaica, la previsión era de 144 y nos hemos ido a
4433. Claro, dice usted: pues está bien, mucha energía renovable,
perfecto. Lo que pasa es que el problema es este, señor Alique, señores
senadores: que a la fotovoltaica se le paga a una media de 376
euros/megavatio; a la termosolar, 292 euros/megavatio; al carbón
nacional, 92; a la eólica, 87; al ciclo combinado, 63; al carbón de
importación, 60 y a la hidroeléctrica y a la nuclear, que van al pool,
50. Esos son los datos. Si ustedes se hubiesen molestado —a lo
mejor sí lo han hecho, y sacaron la misma









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conclusión— en estudiar una simple tabla, mirando la
producción de cada tecnología y lo que se lleva en euros o en pesetas, de
forma estimada, en el año 2012 llegamos a la siguiente conclusión:
fotovoltaicas y termosolar producen el 4 y el 2% de la producción total
respectivamente, es decir, el 6%. ¿Sabe cuánto se llevan de retribución
en euros al año? El 23%. Produciendo el 6, alguien se lleva el 23. La
nuclear, tan denostada por algunos señores, produce el 26% de toda la
producción de energía en España, y se lleva en euros el 16. El ciclo
combinado produce el 17% y se lleva el 13. El carbón nacional aporta el
13% de energía y se lleva el 15% en euros. El carbón de importación
produce el 10% y se lleva el 7, y la hidroeléctrica produce un 9% y se
lleva un 5. Hagan ustedes los números que hagan, hay que analizar el
problema del déficit. Por eso yo decía que la ley tiene que salir hoy, sí
o sí.


La última liquidación de la Comisión Nacional de la
Energía, que corresponde al mes de septiembre de 2012, cuando hace el
informe de la prima del régimen especial, ya dice: la prima especial
correspondiente a la novena liquidación asciende a 6 945 190 000 euros;
es decir, superior en un 22,81% a la del ejercicio anterior, en un 32,03
y en un 28,24% a las previstas en las revisiones tarifarias de enero y
abril respectivamente. Tenemos un problema estructural, claro que tenemos
un problema estructural; un problema estructural que crearon ustedes y
que no tocaron durante siete años ni tomaron medidas para atajarlo; un
problema estructural que nos ha llevado a ser uno de los países de la
Unión Europea, concretamente el cuarto, con la energía más cara; lo vamos
a intentar corregir de forma inmediata, pero dentro de las posibilidades
de nuestro país en estos momentos. Pero lo grave, aunque también lo
positivo porque nos da esperanza, es que en el pool, en el mercado,
estamos por debajo de Francia y somos de los más competitivos en Europa.
Lo que dispara el precio final de la energía son precisamente todos estos
costes que se añaden a su fabricación.


Por mi parte, repito la invitación que les hice antes,
aunque sé que no lo van a hacer. Por responsabilidad, hay que atajar este
problema del déficit. En el futuro tendremos que hablar de qué vamos a
hacer con el sistema eléctrico. Eso no lo puede hacer un partido a solas,
porque, si vamos a apostar en parte por la energía nuclear, como decía
Convergència i Unió, no puede ser que vengan ustedes después y digan:
nucleares no, gracias; y volvamos de nuevo a la tasa de
desnuclearización, como ocurrió con Lemóniz, por ejemplo. En este asunto
debemos conseguir un amplio consenso y habremos de abordarlo durante los
próximos meses.


Repito: piénsenlo, es su ley, señores socialistas; la han
provocado ustedes, no el Partido Popular. Absténganse; retiren las
enmiendas y absténganse. Sé que no me van a hacer caso, pero yo lo
intento.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Llamen a votación. (Pausa.—El señor presidente ocupa
la Presidencia.)


2.1.4. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN DIVERSAS
MEDIDAS TRIBUTARIAS DIRIGIDAS A LA CONSOLIDACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Y AL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA.


COMISIÓN: HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


(Núm. exp. 621/000023)


El señor PRESIDENTE: Señorías, todavía está pendiente de
negociación alguna de las votaciones de las enmiendas del proyecto de
ley. Por lo tanto, vamos a entrar en el debate del siguiente proyecto de
ley, y cuando se termine votaremos los dos proyectos de ley juntos.


El señor presidente da lectura al punto 2.1.4.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen,
tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador Sanz.


El señor SANZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, el proyecto de ley que se somete en este acto a la
consideración del Pleno del Senado, Proyecto de Ley por la que se adoptan
diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas
públicas y al









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impulso de la actividad económica, se tramitó por el
procedimiento de urgencia. Tuvo su entrada en esta Cámara el día 23 de
noviembre, fecha en la que también se publicó en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales, y el plazo de presentación de enmiendas finalizó el
día 29 de noviembre de 2012.


A este proyecto de ley se han presentado cuatro vetos y un
total de 178 enmiendas. Los vetos han sido presentados, el veto número
1… (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor SANZ RUIZ: Gracias, señor presidente.


El veto número 1, por los senadores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto; el veto número 2, por los senadores
Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo de la Entesa; el veto número
3, por el Grupo Parlamentario Socialista; y el veto número 4, de la
senadora Almiñana Riqué, los senadores Boya Alós, Brugera Batalla, Martí
Jufresa, Montilla Aguilera, la senadora Pineda Balló, el senador Sabaté
Borràs y la senadora Sequera García, del Grupo de la Entesa.


Las 178 enmiendas se distribuyen de la siguiente forma:
enmiendas números 1 a 27 (Rumores.), que presentan los senadores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas
números 28 y 29, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado…


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor SANZ RUIZ: Enmiendas números 30 a 56 y 83 a 122,
del Grupo de la Entesa —un total de sesenta y siete—.
Enmiendas números 123 a 165, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió —un total de cuarenta y tres enmiendas—.
Enmiendas números 57 a 82, del Grupo Parlamentario Socialista —un
total de veintiséis—. Y enmiendas números 166 a 178, del Grupo
Parlamentario Popular —un total de trece—.


El día 4 de diciembre la comisión se reunió para dictaminar
el citado proyecto de ley y emitió el dictamen introduciendo
modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados, en
concreto, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado. Se han mantenido como votos particulares todos los vetos y las
enmiendas no aprobadas en comisión.


Muchas gracias, señorías, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.


En representación del Gobierno, tiene la palabra el señor
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
(Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Señoras y señores senadores, en primer lugar quiero decir
que me siento muy honrado por comparecer una vez más en el Senado con
motivo de un proyecto de ley importante para la tributación de la
Hacienda española, y hacerlo —y ese es también el sentido de mi
presencia esta tarde en el Senado de España— para realzar también
el papel que esta Cámara tiene en su función de Cámara de segunda
lectura, puesto que son muy importantes las aportaciones y las
modificaciones que al texto original, procedente del Congreso, los grupos
parlamentarios están aportando al contenido, a la esencia misma de este
proyecto de ley. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia.) Por tanto, cuando mucha gente en España, cuando muchos
ciudadanos se preguntan por qué una Cámara de segunda lectura, creo que
no se puede dar más oportunidad a esa pregunta que la que estamos
ofreciendo en esta ley en relación con las novedades que incorpora el
Senado a lo que fue su contenido inicial. Creo que eso es importante y
también da sentido a mi presencia esta tarde aquí con ustedes, aunque por
descontado no trato de ser exhaustivo en el tiempo puesto que tienen
mucha actividad legislativa que debe culminar la semana próxima, antes
del cierre de año, con importantes normas, entre ellas, la ley de
presupuestos para que entren en vigor el 1 de enero del año 2013.


Saben ustedes que el sentido y el espíritu de este proyecto
de ley de medidas tributarias, dirigidas, como reza su título, a la
consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad
económica, es, como no puede ser de otra manera, el de recaudar, y no se
trata en modo alguno de disimular puesto que ante la opinión pública
española no hay nada que disimular, antes al









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contrario. Primero hay que recaudar, hay que ingresar más
en la Hacienda pública. Ese es el sentido de este proyecto de ley de
medidas tributarias.


Pero junto a ese fin, que en sí mismo es el que da sentido
a la tributación, este proyecto de ley también introduce importantes
novedades en materia de mejora de la equidad de nuestro sistema
tributario para hacer realidad los principios de nuestra Constitución y
que los sujetos pasivos, sean personas físicas o jurídicas, contribuyan
al erario público en función de su capacidad económica. Por lo tanto, se
trata de un proyecto de ley de fuerte contenido en materia de equidad
tributaria, equidad que justifica planteamientos como el nuevo régimen en
la tributación de las plusvalías, por citar uno de ellos que realmente es
importante en esa confusión que se ha producido en términos de lo que
significa la variación del valor del patrimonio y el tratamiento fiscal,
que, para distinguirlo de lo que son operaciones puramente especulativas,
debe tener también una cadencia temporal en esa definición.


Hay un tratamiento nuevo en relación con las ganancias del
juego o tratamientos relativos a las indemnizaciones laborales, a las que
ahora me voy a referir.


Las aportaciones que hace el Senado en forma de enmienda
constituyen todo un cuerpo doctrinal al proyecto de ley, como he dicho al
comienzo de mi intervención. Por lo tanto, las voy a destacar, por el
valor que tienen.


En primer lugar, se trata de la modificación de la
tributación de indemnizaciones millonarias por despidos. Señorías, lo que
se hace es modificar el régimen tributario de los contratos llamados
blindados por parte de los directivos empresariales que, muchas veces,
saltándose los principios más elementales del buen gobierno corporativo,
sin informar a sus juntas generales de accionistas y en ocasiones ni a su
propio consejo de administración, realmente blindan su posición en las
empresas, con independencia de la suerte de esas empresas y a través de
un sistema que ha sido muy benigno, muy blando en términos fiscales, a la
hora de tratar esas condiciones, que es lo que se modifica a través de
las enmiendas del Senado.


El incremento en la tributación de esas indemnizaciones y
de otras retribuciones de cuantía muy elevada y, por tanto, derivadas de
la extinción de relaciones laborales o mercantiles es una gran aportación
que debe ser valorada en términos de equidad por parte de la sociedad
española, especialmente en una circunstancia de crisis económica como la
que estamos atravesando, en la que estamos pidiendo un esfuerzo a toda la
gente de nuestro país, incluso a gente que ha perdido su puesto de
trabajo, cuando elevamos los impuestos indirectos. Y ahora estamos
compensando esa tributación, haciéndola más equitativa. Como lo hace
también la modificación de la tributación de las primas de seguros
colectivos, que es otra forma de retribución excesivamente elevada que
ahora se corrige a efectos de lograr esa mejora en la equidad.


También en este proyecto de ley introduce el Senado la
novedad relativa a la fiscalidad especial aplicable a operaciones de
reestructuración y resolución de entidades de crédito. Se trata de que,
en términos de reestructuración y resolución de esas entidades de
crédito, haya asimilación en los tratamientos fiscales con las que se
está dotando las reestructuraciones bancarias y el nacimiento del Sareb,
para que dichas entidades bancarias, hoy ya en funcionamiento, encuentren
en esa equiparación fiscal un tratamiento que evite la utilización de
otro tipo de ayudas públicas.


Quiero resaltar las medidas de flexibilización y fomento
del alquiler de vivienda, con las que también se produce un gran avance
para favorecer la puesta en valor de mercado del gran número de viviendas
que hoy están cerradas en nuestro país; tenemos que favorecer que salgan
a régimen de alquiler. También está el traslado, de lo que fue ya un
contenido conocido, a esta ley tributaria, con el objeto de que entre en
vigor el 1 de enero del año 2013, del régimen fiscal de sociedades
anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. Se trata de
favorecer también la entrada de grandes inversores internacionales en el
parque inmobiliario de nuestro país, destinando ese parque inmobiliario
al alquiler, ya no solo de viviendas, sino también al arrendamientos de
locales comerciales e industriales, favoreciendo la puesta en valor de
mercado de los activos inmobiliarios que la reestructuración bancaria
está favoreciendo y sacando adelante.


El régimen fiscal de las SOCIMI en nuestro país será
comparable al mejor régimen que tienen hoy en otros países de nuestro
entorno. También es novedad el régimen fiscal de determinados contratos
de arrendamiento financiero. Este es el conocido como tax lease, que ya
tuve la oportunidad de anunciarlo y explicarlo en el Senado, y que, como
ya dije en su momento, con el beneplácito, con los acuerdos de la
Comisión Europea debe favorecer a la industria en nuestro país y de
manera muy









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especial a la industria naval, a la contratación de esa
industria, de astilleros públicos y privados. Por tanto, también se
incorpora ese régimen para que nuestra industria y en especial nuestros
astilleros puedan competir en situación normal, como lo hacen en otros
países de nuestro ámbito europeo. Por tanto, se trata de una excelente
novedad que como tal tiene que ser celebrada.


Es también novedosa la creación del impuesto sobre los
depósitos de las entidades de crédito, que trata de evitar las
distorsiones que en el mercado financiero, en el mercado bancario,
produciría el que asistiéramos a una extensión de este tipo de gravamen
por parte de comunidades autónomas, que segmentaría el mercado bancario
en nuestro país. La propuesta que aparece aquí es la creación de ese
impuesto estatal que significa una reserva del Estado en el impuesto
sobre depósitos bancarios a tipo cero. Pero advierto que estamos
estudiando desde el Gobierno la utilidad de que ese impuesto tenga un
tipo moderado, que no sea cero, moderadamente positivo. Siempre sería muy
moderado, puesto que el interés de este impuesto no es tanto recaudatorio
como de ordenamiento de nuestro sector bancario para facilitar el crédito
bancario dirigido a promotores de actividad económica, a emprendedores,
que son los que nos tienen que sacar de esa crisis. Por descontado que en
el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera hablaremos también de
las compensaciones a las comunidades autónomas que hoy tienen vigente
este impuesto. Por tanto, en suma, tratamos de tener un país ordenado
también en materia tributaria, sin menoscabo alguno de la capacidad
tributaria de nuestras comunidades autónomas.


Además de importantes novedades, como es esa actualización
de balances que se contiene aquí —digo que son novedades; por
supuesto, estamos hablando de un proyecto de ley en tramitación
parlamentaria, pero novedades que ya son conocidas por parte no ya de sus
señorías sino de la opinión pública y de los expertos—, quiero
acabar con otro tipo de anuncio relativo a la intención del Gobierno de
seguir progresando en la lucha contra el fraude fiscal. Y quiero utilizar
esta tribuna del Senado para hacer este anuncio a la opinión pública, que
somos todos en España, y a la sociedad española.


Lo que quiero decir a sus señorías es que, en el contexto
actual de consolidación fiscal, y de conformidad con el firme compromiso
de este Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal, el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas está estudiando adaptar la normativa
existente a efectos de publicitar quiénes son los mayores defraudadores y
morosos de la Hacienda pública, de forma semejante a como se hace en
otros países miembros de la Unión Europea, en concreto en forma semejante
a como se hace en el Reino Unida e Irlanda.


La lucha contra el fraude descansa en buena medida en el
cumplimento voluntario de las obligaciones fiscales y en la conciencia
social del daño que genera el fraude fiscal. Con esta finalidad estamos
estudiando la precisión de los parámetros objetivos que mejor pudieran
servir para configurar tanto el listado como la identificación y la
publicidad de los mayores defraudadores o morosos de la Hacienda Pública
española, con independencia del tipo de actividad económica que
desarrollen y con independencia de su posición, sean personas físicas o
jurídicas.


Se trata, señorías, de estimular la regularización
voluntaria. Vamos, se trata de que paguen, no lo puedo decir más claro y
más en plata. Se trata de que tengamos una sociedad transparente. Se
trata de que las buenas normas de Gobierno, que son las que rigen también
el funcionamiento de las Cámaras, la transparencia que se exige a todas
las personas que conformamos la vida pública, también se aplique a los
contribuyentes, y que esos contribuyentes tengan que dar explicaciones
públicas de por qué están en esas posiciones de morosidad o, francamente,
de defraudación colectiva. Por tanto, no entendemos, y yo, como
responsable de la Hacienda pública española, señorías, no puedo entender
tanto sigilo, tanta cautela ante personas que no merecen la confianza de
la sociedad, ante entidades empresariales que no merecen la confianza que
les están dando los consumidores cuando no dan prioridad al pago de los
impuestos, que es la forma de garantizar la financiación de los servicios
públicos de los españoles.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
ministro.


A esta ley se han presentado cuatro vetos.


Propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.


Tiene la palabra el senador Mariscal Cifuentes, para
defenderlo.









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El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, Izquierda Unida ha presentado un
veto a este proyecto de ley aun teniendo en cuenta y reconociendo
aspectos que nos parecen interesantes, que usted ha expuesto en esta
tribuna hace un momento, y que sin duda favorecerán la consolidación
fiscal y ese avance, desde nuestro punto de vista tímido, en la
consolidación fiscal en cuanto al criterio de equidad.


Quiero aprovechar este turno para hacer un recorrido por la
situación de las finanzas públicas y del impacto de la recaudación fiscal
y de las políticas fiscales que se han venido desarrollando en los
últimos tiempos, y con eso tratar de hacerme entender sobre las
propuestas que Izquierda Unida presenta a este proyecto de ley, también
en forma de enmiendas posteriormente.


Desde nuestro punto de vista en España se viene produciendo
en los últimos tiempos un expolio por parte de una minoría sobre amplias
capas populares, amplias capas de trabajadores y trabajadoras. Creemos
que hay una minoría que no está contribuyendo en los mismos términos
porcentuales a la riqueza pública, al presupuesto público, y que está
haciendo mucho menos esfuerzo relativo en su contribución que el conjunto
de la ciudadanía.


Como usted sabe muchísimo mejor que yo, señor ministro, las
cuatro fuentes principales de ingresos que puede tener un Estado se basan
en los impuestos indirectos, principalmente ahora mismo el IVA, el IRPF,
que afecta sobre todo a las rentas del trabajo, los impuestos sobre el
capital, y los impuestos especiales.


Un informe recientemente publicado por la Fundación 1º de
Mayo, por el economista Manuel Lago hacía una recopilación de cómo ha
evolucionado la recaudación de estos impuestos desde el año 2006 hasta el
2011. Quiero trasladarles estos datos porque son tremendamente
llamativos. En el año 2006, por ejemplo, la recaudación en concepto de
IRPF ascendía a unos 64 000 millones de euros. En el año 2011 estábamos
en 68 500, lo cual da una subida relativa de un 6%. Los impuestos sobre
el consumo han bajado ligeramente, un 2%, de 52 800 a 51 500. Han subido
los impuestos especiales otro 2%, de 18 700 a unos 19 000. Y cuando nos
vamos a la renta del capital, a los impuestos sobre el capital, vemos que
en 2006 los impuestos que aportaba el capital estaban en torno a 41 675
millones de euros y que en el año 2011 estábamos en 13 383 millones. Es
una bajada, señorías, del 68%. Recordemos: impuestos del trabajo, rentas
del trabajo, IRPF, aumento del 6%, y disminución de la aportación del
capital, a través de los impuestos sobre el capital, de un 68%. Esta
también es una parte interesante de la herencia, evidentemente, y es algo
que tiene que ver con las sucesivas y constantes reformas fiscales que se
han ido produciendo en este país desde tiempo inmemoriales. Veo que me
dice usted que no; quizá usted me dirá que empezó el Partido Socialista.
Bien, pero creo que con su apoyo en las Cámaras, y que se le ha dado
continuidad en estos momentos.


La bajada total de ingresos de todos estos conceptos desde
el año 2006 al año 2011 es de un 14%. Los ingresos procedentes del
impuesto sobre sociedades sobre el total de ingresos en el año 2006 eran,
aproximadamente, uno de cada cuatro, un 23%, y ahora el impuesto sobre
sociedades, en el año 2011, representa el 8% del total de la recaudación.
Creo que estos datos dejan claro, negro sobre blanco, cuál es el esfuerzo
fiscal que están haciendo las capas populares y el esfuerzo fiscal que
están haciendo las empresas y sobre todo las grandes empresas. Se me
podrá decir que esta bajada en la recaudación de los impuestos que tienen
que ver con las sociedades tiene que ver también con la disminución de
los beneficios de las sociedades. Obviamente. Sin embargo, este informe
demuestra que uno de cada cinco euros en que ha bajado la recaudación
durante estos tiempos es debido a la crisis y cuatro de cada cinco es
sobre todo a los beneficios y a las bonificaciones fiscales, a la gran
cantidad de incentivos fiscales.


Tenemos un tipo de impuesto sobre sociedades del 30%. Por
cierto, antes estaba en el 35%; tampoco lo bajaron ustedes, lo bajaron
otros, gobernando antes, y nosotros lo denunciamos, faltaría más. No voy
a ser yo aquí abogado de nadie, nada más que de los planteamientos que
Izquierda Unida ha venido defendiendo con coherencia antes y ahora, y
sugiriendo medidas para que la recaudación del Estado afecte más a los
que más tienen y menos a los que menos tienen. Por ejemplo, el tipo real
del impuesto sobre sociedades de aquellas empresas, sobre todo las
multinacionales, que facturan más de 10 millones de euros, es del 5%,
señorías. Las del resto de sociedades, las que tienen una facturación
menor de 10 millones de euros, es del 15,03%.


En resumen, durante el periodo 2007-2011, las empresas
financieras, industriales y de servicios declararon 852 000 millones de
beneficios y tributaron un poquito más de 100 000









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millones, lo que da un 11,9% de las empresas financieras,
industriales y de servicios. Señorías, si este 11,9% fuera el 28,5%, que
es un tipo medio del impuesto sobre sociedades —podría tenerse en
cuenta—, se habrían recaudado 35 000 millones de euros más al año,
lo cual sin duda evitaría en gran medida la necesidad de aplicar recortes
para cumplir con lo que desde Europa se nos está imponiendo a la hora de
ese equilibrio entre ingresos y gastos.


Nuestra conclusión es que los recortes en el gasto público
se están haciendo para compensar las bonificaciones fiscales que se
conceden a las grandes empresas, porque más o menos coinciden ambos
aspectos de la balanza y es una conclusión que sacamos legítimamente y,
por lo tanto, denunciamos en esta Cámara; por no hablar de que la
recaudación fiscal en nuestro país es entre 10 y 11 puntos menor que la
de la media de la Unión Europea; o por no hablar de cuál es el porcentaje
que ocupa en la riqueza de nuestro Reino de España la economía
sumergida.


Señorías, nosotros creemos que no habrá consolidación
fiscal real y equitativa mientras los grandes patrimonios no arrimen el
hombro; que no habrá consolidación fiscal sin una reforma tributaria que
permita a la Agencia centrarse en la investigación, en la inspección y en
las bases no declaradas. En este país ha venido sucediendo lo que Warren
Buffett decía no hace mucho ―y creo que lo clavó―: que él
paga menos impuestos que su secretaria.


Aquí viene pasando algo por el estilo cuando vemos el
esfuerzo fiscal de las grandes fortunas, de las grandes rentas y el
esfuerzo fiscal de los trabajadores y de las trabajadoras.


No avanzaremos en la consolidación fiscal y tendrán que
seguir aplicándose recortes mientras no se quiera meter la mano en el
bolsillo a los que más tienen y a los que más ganan; y mientras no se
fije un nuevo tipo impositivo en el impuesto sobre sociedades ―que
nosotros propondremos y desarrollaré después en la presentación de las
enmiendas― para aquellas que facturen más de 1 millón de euros.
Creemos que por este concepto se podrían recaudar en torno a 63 000
millones de euros adicionales cada año. ¡Ojo!, esa cifra supone 8 veces
más de la recaudación prevista por la subida de los tipos de IVA. Además,
no habrá consolidación fiscal mientras no haya un intento de reducir la
economía sumergida, mientras no se implante un impuesto sobre la riqueza,
mientras no se implante una restricción al sistema de módulos o se meta
mano a las sociedades de capital variable.


Ya veremos qué pasa con el impuesto sobre las transacciones
financieras en Europa. Habrá que estudiar, habrá que debatir y traeremos
las iniciativas oportunas a esta Cámara o al Congreso de los Diputados
para analizar la posibilidad de aplicar esa tasa a nivel nacional.
Insisto en que al menos habrá que estudiarlo, que debatirlo y ver las
consecuencias que se podrían producir, pero tenemos la esperanza de que
esta idea avance y se implante en el ámbito europeo, aunque estas
cuestiones avanzan con mucha más lentitud que otro tipo de medidas, como
el entregar dinero público a la banca, rompiendo de esa forma con los
preceptos básicos de la economía capitalista, y es que cuando prestas
dinero a un negocio que sale mal, el prestamista también paga las
consecuencias y no viene papá Estado a rescatar a ese señor en cuestión.
En este sentido, repito, no sé por qué en estos casos se rompen los
preceptos fundamentales.


Por otro lado, creemos que en esta ley se mete de soslayo
la posibilidad de que los ayuntamientos puedan bonificar hasta el 95% del
impuesto sobre bienes inmuebles. Sabemos y constatamos que esta medida
tiene bastante que ver con determinados negocios que se quieren implantar
en la Comunidad de Madrid y que al señor Adelson, o como quiera que se
llame, le va a venir muy bien a la hora de instalar ese casino y que
estará dispuesto a saltarse todas las reglamentaciones legales.


Creemos que este no es el modelo de desarrollo que se debe
impulsar, que se debe desarrollar en un Estado moderno como España y, por
ello, también lo denunciamos en este momento.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 2, de los senadores Guillot
Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.
Gracias, señor ministro, señorías.


El señor Montoro nos ha agradecido a los que más imaginaria
hemos hecho en este debate presupuestario el trabajo realizado por el
Senado, pero quiero recordarle dos cosas. La primera,









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que existe una Comisión General de Comunidades Autónomas
que no se ha reunido ni una vez en un año, que tiene en su reglamento
competencia de debate, de opinión y decisión sobre los presupuestos. Si
usted cree que el Senado tiene que jugar un papel que no solo sea el de
segunda lectura —que es cuestionable—, sería oportuno que
hablara con el señor Imbroda y con sus portavoces para se convoque esta
Comisión General de Comunidades Autónomas.


En segundo lugar —ya lo he dicho esta mañana—,
otra ley por procedimiento de urgencia. El 77% de los proyectos de ley
que vienen del Gobierno se tramitan por el procedimiento de urgencia.
Esto disminuye la calidad legislativa de esta Cámara; expresa que o bien
se improvisa mucho o bien se va a golpes.


Entrando en el proyecto de ley, en algunos medios de
comunicación esta ley se conoce también como la ley Eurovegas o la ley
Adelson, ya que una de las virtudes que incorpora —o defectos, a mi
entender— es que permite una disminución del 95% del IBI a los
ayuntamientos, y permite también la compensación de pérdidas por juego a
partir de las ganancias. En esta ley el Gobierno del Partido Popular
—para no hablar de lo que quiere realizar el Gobierno de la
Comunidad de Madrid— está poniendo en bandeja el aterrizaje aquí de
la macrotimba, de un personaje de tan dudosa reputación y bajo
investigación en Estados Unidos como es el señor Adelson.


La verdad es que nunca he entendido y me sorprende —y
evidentemente no comparto— el entusiasmo del PP por estos
proyectos. Si este es el impulso y el relanzamiento económico que tienen
ustedes en mente, estamos apañados. No nos cansaremos de repetir —y
lo hemos dicho a lo largo de todo el debate de los presupuestos—
que es necesaria una economía de calidad, que cree trabajo de calidad,
que permita la recaudación de impuestos, la corrección del déficit,
etcétera. Y no ese tipo de propuestas y de proyectos que solo traerán
problemas y, sobre todo, como hoy dice la Asociación de la Banca, ya que
fueron ustedes los promotores de la burbuja inmobiliaria, no nos hagan
pasar de la economía del casino al casino puro y duro.


En esta legislatura, el Gobierno del Partido Popular ha
presentado una serie de proyectos de ley sobre fiscalidad; si no me
equivoco, en total unos siete. En algunos se corrigen decisiones
anteriores como, por ejemplo, las deducciones por la compra de vivienda,
pero en ningún momento el Partido Popular ha planteado una reforma a
fondo del sistema fiscal o una reforma fiscal en profundidad; una reforma
fiscal que permita corregir, de entrada, el gran diferencial que hay de
presión fiscal entre la Unión Europea y España. Piense que por debajo de
nosotros solo está Lituania, Eslovenia y Bulgaria, que como compañía
fiscal y económica no es la mejor.


Señor Montoro, señorías, creo que necesitamos impuestos,
pero los impuestos tienen que ser los justos y necesarios. Necesitamos
dinero para salir de la crisis y para afrontar no solo lo que la crisis
exige de protección social, sino también el relanzamiento de nuestra
economía. No es necesario seguir gravando con más impuestos a todos
aquellos que ya pagan, que fundamentalmente son la clase trabajadora y
las capas medias. Lo que sí es necesario es que, por primera vez,
empiecen a pagar los que hasta ahora han estado exentos de ningún coste y
sacrificio en esta crisis. Porque dinero hay; dinero hay. Hay un fraude
fiscal que se calcula en un 23% del PIB; se habla también de un 20% de
economía sumergida; el 85% de las empresas que cotizan en el Ibex 35
están presentes en paraísos fiscales, grandes fortunas… Es decir,
dinero, de haberlo, haylo, lo que sí que falta es voluntad política y
decisión para encontrarlo y recaudarlo. Y no solo falta autoridad
política sino también una cierta autoridad moral. Creo que ustedes, y
concretamente usted, señor ministro, no acaban de valorar lo que
representa desde un punto de vista ético y moral la amnistía fiscal. El
lunes, cuando usted compareció para presentar los presupuestos, se
regocijaba de que se habían recaudado 1200 millones de euros. Eso es el
48% de lo que usted predijo. Usted nos dijo que iban a recaudar 2500
millones. Han recaudado 1200 millones, el 48%, es decir, ha habido un
cierto fracaso en el objetivo recaudatorio de esta amnistía fiscal y creo
que los costes morales en nuestra sociedad por lanzar este mensaje en una
situación tan dura como la que estamos sufriendo, cuando una serie de
sectores sociales son los que única y exclusivamente soportan los efectos
de la crisis, no se corresponde con esa fuga de capitales. Por tanto, no
es solo un problema de voluntad sino también de autoridad.


Hoy podríamos decir en este debate que el principal
problema de España no es el de los gastos, sino el de los ingresos. De
algo de esto se habla en este proyecto de ley, que nosotros en algunos
aspectos valoramos positivamente, pero, evidentemente, tenemos tres
grandes críticas









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que hacer. En primer lugar —lo decía
anteriormente—, creemos que falta una reforma fiscal a fondo,
completa. No podemos ir a golpe de pedazos y de reformas parciales, hace
falta una propuesta por parte del Gobierno que plantee la reforma fiscal.
En segundo lugar, algunas de las propuestas que ustedes hacen siempre son
en un marco de temporalidad. En tercer lugar —quizá sea la crítica
más severa respecto a lo que es en sí la propuesta de este
proyecto—, están los incrementos del impuesto sobre el valor
añadido. Creemos que tal como se han planteado son negativos. La
elevación de los tipos impositivos general y reducido del IVA a quienes
va a penalizar en mayor proporción es a los ciudadanos de bajos ingresos,
que, a su vez, son las principales víctimas de la crisis.


Creo que usted, su Gobierno y el Partido Popular exageran
en agradecer los sacrificios que está haciendo la sociedad española. Pero
es que es una parte de la sociedad española la que está haciendo los
sacrificios y solo esta parte de la sociedad española estaría mucho más
agradecida si viera que esos sacrificios se comparten, que forman parte
de un esfuerzo general en el que los que tienen más participan más. Pero,
con todo, pensamos que este incremento del IVA va a comportar una
contracción de la demanda interna. Afortunadamente, las empresas
exportadoras van creciendo en España y hay que impulsar su
internacionalización, pero hoy por hoy no son muchas —se calcula un
3%—. Las empresas dependen mucho de la capacidad de consumo interno
y la verdad es que si uno suma la subida del IVA, la supresión de la paga
extraordinaria para los empleados públicos, el paro, etcétera…
Pongo como ejemplo lo que previsiblemente va a ser un desastre de campaña
navideña, que podremos valorar en el mes de enero cuando empiecen a salir
las primeras cifras de las caídas de consumo que ha habido en sectores
que fundamentalmente viven del negocio que puedan realizar durante las
fiestas navideñas.


Para terminar, creo que durante estos dos años, como decía
antes el senador Mariscal, en España se han llevado a cabo unas políticas
fiscales cuyos resultados son la desfiscalización de los rendimientos del
capital y una reducción de la progresividad de los impuestos. Ahora con
la crisis lo estamos notando. Por ello considero que este proyecto de ley
no responde a las reformas fiscales que hoy España necesita. Insisto en
que es necesaria una reforma fiscal a fondo e insisto también en que la
propuesta sobre el IVA que usted nos hace va a ser un elemento más de
entorpecimiento y poco equitativo que no de solución.


En el turno de defensa de enmiendas defenderé las
propuestas alternativas que hacemos al proyecto de ley, pero con lo
expuesto justifico el veto que, en nombre de Iniciativa per Catalunya
Verds, presentamos el senador Saura y yo mismo.


Gràcies, senyor president.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Guillot.


Propuesta de veto número 4, de las senadoras Almiñana
Riqué, Pineda Balló y Sequera García y los senadores Boya Alós, Bruguera
Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


Para su defensa, tiene la palabra el presidente
Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señor ministro, señorías, la presentación del veto por
nuestra parte a esta ley se ha de entender en cierta forma como un cierto
veto a la política fiscal que durante este año ha venido desarrollando el
Gobierno.


Y ello no es porque pensemos que no se ha de abordar el
tema de los ingresos públicos, al contrario, siempre hemos mantenido que
el problema de las finanzas de las administraciones públicas españolas se
debe básicamente a la caída espectacular de los ingresos, que el propio
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en esta Camara cifró en
torno a los 70 000 millones de euros.


Este hundimiento de los ingresos es un problema español,
también de algún otro país de la Unión Europea, como Irlanda, pero no lo
es de países como Francia o Alemania, donde los ingresos, incluso durante
este período, han crecido. Este ha sido y es el gran problema, no el
supuesto derroche y despilfarro de las administraciones donde esos
comportamientos —que los ha habido, ciertamente— han sido
minoritarios y, por supuesto, reprobables allá donde se hayan producido.
Ahora bien, el Gobierno no ha acabado de abordar la fiscalidad o lo ha
hecho de manera desordenada y dispersa.









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En estos meses del año, en estos prácticamente doce meses
de este Gobierno, el Gobierno ha presentado para su aprobación a las
Cámaras tres reales decretos, tres proyectos de ley y un proyecto de ley
orgánica, es decir, siete textos normativos, todos ellos con contenido
tributario, pero ninguno aborda una reforma fiscal en profundidad de todo
el sistema. Por un lado, se rescata la deducción por adquisición de
vivienda para derogarla después; se da luz verde a una ley contra el
fraude, pero se permiten deducciones de las pérdidas de juego; se aprueba
una amnistía fiscal y a la vez se reducen los recursos de la Agencia
Tributaria, como hemos denunciado en la aprobación de los presupuestos
realizada esta semana correspondientes al año que viene. Y, por supuesto,
casi todas las medidas destinadas a mejorar e incrementar el nivel de
recursos públicos son temporales para 2013 y para 2014, coyunturales y
provisionales, supongo que a la espera de que se haga realidad ese
anuncio que hacía el propio señor ministro el lunes de que es el final de
la crisis. Por eso esas medidas temporales. Algunos pensamos que hay
quien no ha entendido las características de esta crisis y que los
tiempos de los incrementos de los ingresos, incluso de dos dígitos, con
una economía creciendo al 3 o al 4% tardarán en volver, si es que
vuelven, cosa que de momento hay más que razones para dudarlo. Por lo
tanto, pensamos que no se puede gobernar con una política fiscal de tan
poco recorrido.


El problema de nuestro sistema impositivo, después de la
caída de los ingresos, fruto de la crisis de las dos burbujas que, de
alguna manera, se han retroalimentado, la inmobiliaria y la financiera, o
la financiera y la inmobiliaria, no se solventa con medidas estrictamente
parciales, coyunturales y temporales. Estamos —y el senador Guillot
ha hecho referencia a ello— a la cola de la Unión Europea en
presión fiscal. Eurostat nos situaba este trimestre prácticamente diez
puntos por debajo de la media de la Unión Europea, y ante esta situación
todas las medidas que ustedes han tomado durante estos meses
—algunas se reiteran en el proyecto de ley que estamos
analizando— han tenido como objetivo la recaudación a corto plazo;
la recaudación a corto plazo recurriendo fundamentalmente a incrementar
la presión fiscal con impuestos indirectos —el IVA, los
especiales—, que afectan a las clases medias, y con pocas medidas
que afecten a los grandes contribuyentes y a las rentas de capital.
Porque avanzar la recaudación en determinados supuestos del impuesto
sobre sociedades no implica ni más recursos ni tampoco más igualdad, más
bien al contrario, nuestro sistema va evolucionando en un sentido
opuesto. Además, asistimos un poco impasibles a la situación creada por
las grandes multinacionales, que no tributan en nuestro país a pesar de
tener actividad en nuestro país y de generar beneficios en nuestro país,
sino que lo hacen vía algunos países de la Unión Europea, como Irlanda, o
vía paraísos fiscales. Incluso conocemos, porque se hacía público esta
semana, cómo profesionales —alguno de ellos embajador de la marca
España— deslocalizan sus sociedades, cuando no su propia
residencia, para no pagar sus impuestos al fisco español. Ello evidencia
la necesidad de una verdadera e imprescindible reforma fiscal que habría
de tener, desde nuestro punto de vista, dos principios.


En primer lugar, conseguir más igualdad. No se trata solo
de que paguen los que ya pagan, sino de que paguemos todos, especialmente
aquellos que no pagan, y que pague más quien más tiene y quien más gana.
Y ello quiere decir hacer de la lucha contra el fraude también un
elemento central de la política fiscal. El fraude está extendido
—es verdad—, pero el gran fraude se encuentra en un número
muy reducido de contribuyentes, de grandes empresas y de rentas
altas.


En segundo lugar, nuestro sistema fiscal tendría que ser
más claro, más sencillo, más simple. La complejidad y la superposición de
normas dificultan su cumplimiento y es el terreno abonado, además, para
el fraude. La proliferación de bonificaciones, deducciones y sanciones
—y no estoy culpando solo al Gobierno, desgraciadamente ha sido la
práctica de todos los Gobiernos durante un largo período de tiempo—
de diverso tipo, que afectan a todas las figuras impositivas, acaban al
final vaciando la recaudación en algunos casos y provocando, además,
situaciones de absoluta injusticia. Los datos conocidos acerca de la
recaudación media del impuesto sobre sociedades por el tamaño de las
empresas son más que ilustrativos —también se han hecho referencias
desde esta tribuna—. Las pequeñas y medianas empresas, los
autónomos, las microempresas, lo tienen mucho más difícil y, en la
mayoría de los casos, acaban tributando a un tipo efectivo muy superior
al de una gran empresa.


El título del proyecto de ley también hace alusión, además
de a las medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas
públicas, al impulso de la actividad económica. Y en el articulado es
difícil encontrar medidas que ayuden al impulso de la actividad
económica, salvo si consideramos









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como tales las facilidades para un determinado tipo de
actividades económicas, previsible con la vista puesta en un determinado
proyecto ligado al juego. ¿Por qué, si no, ese repentino fervor? ¿Por qué
en determinadas figuras tributarias de carácter local, como el IBI y el
IAE, se posibilita que los ayuntamientos puedan tener semejante
discrecionalidad a la hora de bonificar ambos impuestos hasta el 95%? Lo
digo porque es poco concordante con las restricciones a las que les ha
sometido la legislación impulsada por este Gobierno, que limita el margen
de actuación presupuestaria, incluso a ayuntamientos —hay que
recordarlo— con superávit y con deuda reducida. Autonomía sí, por
lo tanto, para poder bonificar el 95% del IBI y del IAE.


En definitiva, escasa, por no decir nula atención del
Proyecto de Ley al impulso de la actividad económica, coherente también
con los presupuestos aprobados, que reducen a la mínima expresión los
incentivos a la investigación, a la internacionalización, en definitiva,
a la modernización de nuestro tejido productivo. Y con un problema
pendiente además, que es el crédito; el crédito que sería una gran medida
de impulso a la actividad económica y que no acaba de llegar. Ustedes
saben que tampoco llegará en el año 2013, a pesar de las sucesivas fases
de la reforma financiera. A este respecto planteamos alguna iniciativa
porque les animamos a que ustedes reflexionen. Otros países han tomado
algunas iniciativas al respecto. Seguramente discutibles, como todo, pero
lo que no se puede hacer es solo esperar porque la espera para muchas
pequeñas y medianas empresas significa el cierre o la pérdida de puestos
de trabajo; una empresa más que deja de pagar impuestos, de cotizar a la
Seguridad Social y que con el cierre contribuye a deteriorar más la
economía y la cohesión social.


Yo soy perfectamente consciente de que este no es un tema
fácil, pero es difícil explicar al pequeño empresario que tiene un
negocio viable, pero no acceso al crédito, que hay miles de millones para
rescatar a la banca, pero la banca no acaba de cumplir con sus funciones
esenciales que son, entre otras cosas, captar recursos, por supuesto,
pero después dar crédito, con garantías, por supuesto, sí, con el menor
riesgo, también, pero al final dar crédito.


Todas estas consideraciones, que también expondremos a lo
largo del debate en las diferentes enmiendas que hemos presentado, son
las que motivan, entre otras cuestiones, la presentación de este veto que
les acabo de exponer.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario
Socialista. Tiene la palabra su portavoz.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías. Decía André Gide que todo lo que
necesita decirse ya se ha dicho, pero como nadie estaba prestando
atención, todo debe volver a decirse nuevamente. Por eso, como el
Gobierno no presta atención a lo que decimos desde esta Cámara todos los
grupos, hay que repetirlo, y esperemos que alguna vez nuestra insistencia
y la realidad les hagan llegar el sincero reconocimiento de que tienen
que cambiar su política económica.


Esta tarde debatimos aquí —también de forma
urgente— una ley que se denomina de medidas tributarias dirigidas a
la consolidación fiscal y a impulsar la actividad económica. Esta última
parte no se puede ver cuando se repasa la ley ni tampoco se puede ver
cuáles son las medidas que pueden impulsar la actividad económica cuando
se repasa su articulado. El debate de esta ley, lógicamente, va unido
inseparablemente al presupuestario, pues las medidas que aquí se aprueban
son las que posibilitan en algunos casos los ingresos que se fijan en los
presupuestos para el próximo año. Y también esta ley tiene demasiada
improvisación y carece de la credibilidad suficiente que debían tener
todas las materias tributarias, y más asuntos que ahora veremos.


Demuestran, sobre todo, una falta de voluntad al no
presentar una profunda reforma fiscal, una reforma tributaria que amplíe
todo lo posible las bases imponibles y reparta los sacrificios que
cualquier política impositiva tiene con mucha más equidad de lo que se
está haciendo y hacer que paguen más, evidentemente, los que más tienen.
Y hay algunas cuestiones que no se cumplen en esta ley. A falta de ello,
introducen algunos parches, algunas normas que son positivas,
evidentemente, pues posibilitan el desarrollo tributario del ejercicio
2013, y también bastantes de ellas, como acostumbra este Gobierno, de
carácter transitorio. Se prorroga el impuesto sobre el patrimonio sin
reformarlo —se opusieron en su día a él—. Se limita la
amortización deducible. Se actualizan los balances, el impuesto sobre
sociedades, pagando el 5% —no se sabe qué alcance









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podrá tener esta medida—. Se suprimen las deducciones
por la compra de vivienda, un ejemplo de la coherencia tributaria del
Gobierno del Partido Popular; primero lo criticaron cuando el Gobierno
anterior las quitó para una parte de las rentas más altas, en cuanto
llegaron al Gobierno las restauraron y ahora lo que hacen es quitarlas,
bien es verdad que obligados por las recomendaciones de la Unión Europea.
Crean un impuesto sobre el juego, con el que nosotros básicamente estamos
de acuerdo. Podríamos decir que es la primera vez que este Gobierno va a
exigir a los privilegiados de este país un dinero, privilegiados a los
que les va a tocar la lotería en los próximos años —que
evidentemente no se conoce todavía quiénes son—; ojalá tengamos
suerte los que estamos aquí, que también pagaremos y lo haremos con
gusto, aunque lo de pagar los impuestos nunca se hace con gusto. Pero
este es un caso en que los privilegiados van a pagar, pues hasta ahora
estaban exentos.


Pero, señorías, lo grave de esta ley, lo que nos hace votar
en contra profundamente y con convicciones más allá de lo que son
distintos pareceres en materia tributaria, es que aprovechan la ocasión
para introducir una serie de medidas —yo voy a definir aquí
tres— que pueden provocar muchos daños, que son profundamente
contrarias a la equidad y que tienen otra serie de calificativos que
también diré sin ningún tipo de ataque ni de acritud, pero que es
así.


En primer lugar, hacen una amnistía catastral. Regulan una
tasa de 60 euros; que cualquier persona física o jurídica que tenga un
bien y no cotice en el catastro pueda legalizarlo con 60 euros, lo que
podría llevar una multa de casi 6000 euros. Posibilitan que los
ayuntamientos bonifiquen hasta el 95% del IBI y del IAE a las empresas,
sin más regulación y, por lo tanto, a plena discreción de las
corporaciones locales, de su Gobierno, de sus alcaldes.


Quienes conocemos el mundo local sabemos lo que va a
suceder, se va a convertir en una auténtica subasta entre municipios
limítrofes para que cualquier empresario que quiera instalar cualquier
cosa empiece a visitar a los alcaldes, a exigirles que apliquen esa
bonificación porque si no se van a ir al pueblo de al lado. Esto se va a
producir inmediatamente, lo cual quiere decir que lo que puede ser una
excepcionalidad, que, además, se sospecha que se ha hecho para beneficiar
la instalación en esta comunidad autónoma del denominado proyecto
Eurovegas, se extienda a todo el país, y va a crear un auténtico problema
de dumping fiscal, de rivalidades locales entre municipios cercanos, y en
definitiva va a ser una forma de desarmar a las corporaciones locales de
dos impuestos, que eran su principal fuente de ingresos tributarios.


Esto va a traer graves problemas si no se regula bien, por
no hablar ya de lo que puede suponer en cuanto a abrir puertas a la
corruptela cuando una persona, un alcalde o un grupo de Gobierno toma la
decisión de bonificar un impuesto tan importante como el IAE o el IBI
discrecionalmente a cualquier empresa. Tienen que recapacitar sobre esto
porque para mí es un error enorme.


Pero lo verdaderamente inaudito es su nuevo impuesto a la
banca. Hoy viene aquí el señor ministro, cosa que agradezco, a decirnos
que el Gobierno está pensando poner un tipo moderado y, añade la palabra
positivo. No entiendo qué podría ser un tipo negativo. ¿Quizá que la
Administración tuviera que pagar a los bancos? ¡Menos mal que ha aclarado
que es positivo! Porque es una barbaridad. Y lo dice aquí y lo anunció
también ayer en el Congreso porque se han dado cuenta, como digo, de que
es una auténtica barbaridad.


Con estas enmiendas no solamente están faltando a unos
principios que cualquier política impositiva y tributaria debe tener,
principios éticos y morales en relación con la equidad, sino que también
se está faltando a algo tan importante como la lealtad institucional. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.) Porque, señor ministro, señorías,
este nuevo impuesto se crea con celeridad absoluta una vez que se conoce
una sentencia del Tribunal Constitucional que anula un impuesto que puso
un Gobierno socialista en Extremadura a las entidades financieras sobre
su pasivo, y que fue recurrido inmediatamente ante el Tribunal
Constitucional por el Gobierno del señor Aznar. Pero ahora el tribunal
decide que su cobro es perfectamente lícito.


Y justificándose en esa unidad de todas las entidades
financieras, hacen con esta enmienda que meten aquí, en el Senado, a
última hora, que algo que tenían que pagar las entidades financieras lo
tengamos que pagar entre todos porque tienen que compensar a esas
comunidades autónomas. Señor ministro, señores del Partido Popular, creo
que nunca en el Derecho tributario español se había cometido una
barbaridad semejante, crear un impuesto para no cobrarlo es un fraude de
ley, es para impedir y cubrir ese espacio tributario a las comunidades
autónomas con las









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que, les recuerdo, tienen un deber de lealtad
institucional. Pero al ocupar su espacio fiscal les van a crear problemas
y van a impedir que obtengan recursos para mantener los servicios que
ellos tienen y que son los más importantes, precisamente sacando de donde
más hay, que son los bancos. Piensen que estas acciones son las que a los
ciudadanos les producen cada vez más desafección hacia la clase política
y suponen más desprestigio para nosotros.


Los ciudadanos suman, y ven que hay una amnistía tributaria
y que hace poco ha habido una amnistía fiscal para los defraudadores, y
también nos viene a anunciar el señor ministro, y en esto le apoyo y creo
que también mi grupo, que se va a publicar la lista de defraudadores y
morosos. Esta es una buena medida si la llevan a cabo, pero podían
empezar ya publicando la lista de los españoles que tienen cuentas en
Suiza, una lista que tiene el Gobierno y que facilitó un empleado de un
banco suizo que precisamente fue puesto ayer en libertad. Podían empezar
por ahí.


Ustedes llegaron, señores del Partido Popular, con la
promesa de bajar impuestos, y desde entonces ha habido una carrera de
despropósitos para lo contrario, para subirlos. Señoría, solo en diez
meses ustedes han presentado siete normas legislativas tributarias
—un batiburrillo, diría su presidente—, pero sin ambición de
reformar en profundidad nuestro sistema fiscal.


En un año se ha producido la mayor subida de impuestos de
la democracia española y el mayor recorte a los ciudadanos; en algún
caso, como el de los pensionistas, con cierta burla por parte del
portavoz en el Congreso, al decir que el votar una moción que pedía que
se les subiera y compensara las pensiones por el desvío del IPC, el 30 de
octubre, y el 30 de noviembre votar lo contrario era un simple juego, y
además lo calificaba como muy interesante y muy bonito. Simplemente los
pensionistas van a perder 3800 millones de euros entre lo que les
correspondería este año y lo que se les acumularía para el año que viene.
Pero bueno…


Señoría, hablamos de presupuestos y medidas tributarias,
pero nos gustaría hablar de políticas de crecimiento, de políticas de
estímulo y de empleo, y de eso nada, absolutamente nada. ¿Qué pasa con la
ley de emprendedores que prometieron? ¿Qué pasa con la ley del mercado
único? Nada, mucha urgencia para la reforma laboral, que el tiempo ha
demostrado que no era para facilitar el empleo sino para abaratar y
facilitar los despidos, ese era el interés de los empresarios y el
Gobierno se lo dio, como se está viendo.


Señoría, hablamos de ingresos y gastos. El Partido Popular
y su Gobierno repiten que gastamos mucho. En 2011 el gasto de todas las
administraciones públicas fue 6 puntos menos que en la Europa de los
Doce, luego no gastamos mucho. El problema, como se ha repetido aquí, son
los ingresos públicos, ahí está el gran fallo: nuestra recaudación fiscal
está 11 puntos, 110 000 millones de euros por debajo de la media europea,
solo por debajo de Lituania, Estonia…, los países antiguos de la
Unión Soviética.


En algo hemos superado a la Unión Europea en este 2012: en
un año hemos sido los primeros en incremento de las desigualdades de
renta y de oportunidades, cinco veces de incremento más que la media de
la Unión Europea. ¿Cuándo podrán darse cuenta realmente de que con ese
90% de deuda —a finales del año que viene podemos llegar a tener el
100%— hace más falta que nunca y además con urgencia una profunda
reforma fiscal?


Ustedes les piden a los ciudadanos un acto de fe, ustedes
les dicen que al final de los sacrificios vendrá la mejora y la salida de
la crisis. Pero no es así. Lo dicen todos los analistas: es necesario
combinar la austeridad fiscal con las políticas de crecimiento, lo dice
el Fondo Monetario Internacional, y un Nobel, John Stiglitz, afirma: No
existe país en el mundo que haya solventado la recesión con más
austeridad, siempre ha derivado en depresión.


Estados Unidos ayer mismo inyectaba 65 000 millones de
euros mensuales a la economía de Estados Unidos para que bajase el
desempleo, que es el objetivo que teníamos que tener aquí y no esta
política que ustedes machaconamente repiten que es la única posible, pero
que realmente no es así. Yo sé que no nos creen a los socialistas, yo sé
que saldrán de aquí diciendo que todo viene de nuestra herencia. Eso está
resuelto ya, pero le voy a decir lo que otros premios Nobel afirman
también: La política condicionada por los mercados favorece a los de
arriba a expensas de los demás. Esto, dicho por el mismo Nobel, Joseph
Stiglitz, en su libro El precio de la desigualdad, hace que podamos
pensar que los mercados, y quienes en ellos mandan, están intentando
probar hasta qué nivel de sacrificio puede llegar a aguantar un país con
estas políticas que se están imponiendo en la Unión Europea en contra de
cualquier sentido.









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¿Cuál es el objetivo? El objetivo yo lo tengo claro. Otro
Nobel, Krugman, dice: Detrás de la deuda y del fracaso de la austeridad
está siempre eso de que es esencial que reduzcamos el tamaño del Estado.
La razón es querer gestionar privadamente todo el patrimonio público.


Y en esas estamos, y hay pruebas evidentes en algunas
comunidades autónomas, como esta en la que estamos, con la sanidad. Pero,
¡ojo! Es posible que la capacidad de aguante de esta sociedad no sea tan
elevada como los doctores Mengele de turno suponen y se rebele contra
todo esto. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.


¿Turno en contra? (Pausa.)


Senadora Angulo, tiene la palabra.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, buenas tardes. Agradecemos su
presencia y sus palabras también en esta Cámara, en el Senado, donde
presentar enmiendas, a diferencia de lo que decía el otro día en rueda de
prensa la portavoz del Grupo Socialista, no es ir por la puerta de atrás.
Las enmiendas en el Senado, señorías —me gustaría que alguien se lo
dijera— no significa presentar reformas por la puerta de atrás,
sino mejorar y perfeccionar los temas legislativos en función de nuestra
competencia y, desde luego, con todo nuestro derecho. (Aplausos.)


Señorías, voy a tratar de explicar nuestro voto en contra
de los vetos que se han presentado, argumentando nuestro apoyo a esta
ley. Nuestro apoyo a esta ley y, sobre todo, nuestro apoyo a la política
fiscal que está desarrollando el Gobierno, a esa política fiscal que
incluye decisiones temporales excepcionales, porque solo pueden
entenderse en un marco de excepcionalidad, de excepcional gravedad, de
colapso de las cuentas públicas y de graves restricciones financieras,
con la credibilidad seriamente dañada y todas las reformas por hacer.
Porque ese es el punto de partida, el contexto que se encontró el
Gobierno del Partido Popular en materia fiscal.


El Gobierno está demostrando un intenso ritmo de trabajo,
algo que debía parecer evidente, pero es un cambio radical con respecto a
lo que hemos vivido en otros momentos en ese sentido. En este Pleno vamos
a debatir cinco proyectos de ley con un alto contenido económico. Vivimos
otros tiempos aquí en los que se celebraban cinco Plenos y no llegaba ni
un solo proyecto de ley, y el que llegaba lo hacía por procedimiento de
urgencia, señorías. Esa es la diferencia, la primera diferencia, entre la
política económica y fiscal de este Gobierno y la de Gobiernos
anteriores. Un Gobierno convencido y un Gobierno fiable es la primera
condición para salir de la crisis, un Gobierno emprendedor y no
espectador, que está actuando desde la responsabilidad, que está actuando
en materia fiscal con determinación, no cerrando los ojos a la realidad,
lo que supone un giro de 180 grados en política económica.


En sus vetos, señorías, han insistido en cuatro ideas que
son repetitivas a lo largo de todo lo que llevamos de legislatura: que no
se impulsa la actividad económica —haya lo que haya, nunca hay nada
para la actividad económica, según ustedes—; que la reducción del
déficit es contraria a la actividad económica —hoy han vuelto a
hablar, incluso, del fracaso de las políticas de austeridad—; que
las medidas son improvisadas, que son injustas y que son ineficaces y que
se incrementa la desigualdad, además de que todo eso genera una pérdida
de confianza.


Señorías, empiezo por ese impulso a la actividad y por esa
contradicción que ustedes intentan hacernos creer de que la consolidación
fiscal, de alguna manera obstaculiza la actividad económica. Ustedes
saben muy bien, lo sabemos todos, que reactivar la economía y recuperar
el empleo no va a ser posible si no avanzamos en la consolidación fiscal
y, al contrario de lo que alguno de ustedes ha dicho, estamos avanzando
en la consolidación fiscal porque se está manteniendo con firmeza el paso
en la reducción del déficit y la deuda. Es un paso importante y lo
critican ustedes, incluso han llegado a proponer que se aplace esa
consolidación fiscal, pero saben que no es posible y saben que no podemos
ni debemos hacerlo. Y no podemos ni debemos hacerlo porque ese esfuerzo
extraordinario y ese esfuerzo compartido que estamos realizando todos los
españoles para salir de ese colapso, de esa quiebra en las cuentas
públicas en que ustedes dejaron la situación económica, tiene que dar sus
frutos, porque si algo hay injusto, si algo hay irresponsable y si algo
hay desleal, es no hacer nuestra parte, no poner los instrumentos para
que ese esfuerzo compartido, como digo, dé sus frutos. Y, por eso, la
reducción del déficit y la consolidación no es una opción, porque no
podemos permitir que vuelva a ocurrir, como hizo el









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Gobierno socialista en el año 2011: exigir esfuerzos y
congelar las pensiones —ese año sí se congelaron, no ahora, ese año
sí que se congelaron, señorías— (Aplausos.); subir el IVA y luego
despilfarrar 90 000 millones que no tenían e incrementar el déficit
público —como hicieron—, despilfarrar no solo el dinero, sino
también la confianza y los esfuerzos de todos los ciudadanos de este
país. Eso es lo que en ningún caso va a permitir ni va a hacer el
Gobierno del Partido Popular. Por eso, la política fiscal que está
llevando adelante el Gobierno no significa menos crecimiento y menos
confianza; al contrario, está poniendo las bases para recuperar confianza
y crecimiento.


Hablaban ustedes de la pérdida de credibilidad y de la
falta de confianza, pero les voy a dar solo unos datos: la corrección de
nuestro desequilibrio exterior, por primera vez después de más de diez
años; la inversión directa extranjera; decisiones como la de Renault de
crear 1300 puestos de trabajo, tiene mucho que ver con la confianza que
está generando este Gobierno y también con su política económica y
fiscal. (Rumores) ¿Les enfada lo de Renault? ¿Les enfada que vuelva la
inversión directa? ¿Les molesta? (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


El Tesoro ha cubierto ya todos los vencimientos previstos
para 2012. ¡Qué diferencia con lo que ocurría en los primeros meses de
gobierno! Lo sabe muy bien el señor Montoro. Estamos hablando de
confianza. Y en este Gobierno y este grupo no hay un segundo para la
autocomplacencia, pero sí para saber que vamos por el camino correcto,
que es el único que nos va a llevar a donde queremos llegar.


La política fiscal que ustedes tratan de vetar hoy
—pues así lo han dicho casi todos los portavoces que han
intervenido, se trata de un veto a toda la política fiscal— es la
que está haciendo que España recupere la credibilidad internacional. Son
todas las organizaciones internacionales las que están respaldando con
fuerza las medidas del Gobierno y las que destacan tres cosas: el
esfuerzo que se está realizando, que vamos por el camino adecuado
—el único posible— y que estas reformas van a generar un
círculo virtuoso.


Por tanto, señorías, este proyecto de ley también viene a
impulsar la actividad económica, pues da respuesta a la necesidad de
reforzar los ingresos del Estado, a sostener la recaudación tributaria y
a hacer así creíbles las previsiones de ingresos que hemos aprobado en el
presupuesto. Hemos dejado atrás otras políticas, señorías. Hemos dejado
atrás ese hacer presupuestos incrementando el gasto estructural y
apoyándolo en cimientos de barro, en unos ingresos que luego nunca se
producían. Eso sí fue una ineficaz y desastrosa política fiscal. Las
liquidaciones de 2008 y 2009, ¿recuerdan?, cuyo pago tienen todavía
pendiente las comunidades y los ayuntamientos. Ahora hay otra política
fiscal.


El informe de octubre de la Agencia Tributaria refleja que
los ingresos totales en este contexto de recesión han crecido respecto a
2011 un 9,5%. Esos datos de la Agencia Tributaria reflejan que el impacto
de las medidas de consolidación que se han ido aprobando por el Gobierno
alcanzan los 5533 millones de euros. Esto, junto a los mayores ingresos
por actuaciones de control —hasta un 17% mayores—, están
permitiendo compensar la caída de las bases imponibles y contar —lo
dice el informe de la Agencia Tributaria— con una base sólida y
fiable de ingresos que nos permita sobre todo financiar el gasto social.
Hemos dejado esa política fiscal de cuando se miraba de forma totalmente
impasible la caída de hasta 70 000 millones de euros en la recaudación y
con ello se ponía en riesgo la financiación de los servicios públicos y
el mantenimiento del Estado del bienestar.


Por eso, señorías, hay argumentos en sus vetos que no se
sostienen, pues son radicalmente inciertos, y deberían eliminarlos ya de
su discurso, ya que cuando son los datos los que los desmienten, les
dejan a ustedes en mal lugar.


Las medidas adoptadas por el Gobierno están permitiendo
recuperar la confianza y el pulso de los ingresos. De esta forma,
señorías, también se recupera el pulso de la economía. Se trata de
reformas tributarias que cumplen con los objetivos del Consejo Europeo de
junio, que introducen criterios de equidad —ahora me referiré a
ello— y contribuyen al sostenimiento del Estado del bienestar,
porque aunque es cierto que se está llevando a cabo un esfuerzo
individual importante, es verdad que las medidas del Gobierno están
procurando un reparto más equitativo de los esfuerzos y están protegiendo
a los ciudadanos más vulnerables.









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Ustedes han insistido durante todo el debate de
presupuestos en que los que más tienen son los que menos pagan y que los
que menos tienen son los que más pagan. (El señor Sen Vélez asiente.)
Están asintiendo los portavoces de Economía y Hacienda.


Esa especie de agitación, o incluso de irritación, que
escenifican creo que no es más que por el hecho de saber que es el
Gobierno del Partido Popular, después de ocho años de su Gobierno, el que
ha venido a poner eficacia, como he dicho, pero también el que ha venido
a poner equidad en esas medidas. Hoy vienen ustedes otra vez con esa
cantinela del impuesto de las grandes fortunas, ese que sacan del baúl
cada vez que van ustedes a la oposición; ese pobre argumento, pobre por
increíble, porque nunca cuando han estado en el Gobierno lo han puesto en
marcha, pero sobre todo porque cada medida del Gobierno les está
desmintiendo; y les voy a poner cuatro ejemplos muy claros: primero,
porque cuando aprobaron ustedes una reforma fiscal, allá en 2006, de los
11 000 millones de incremento de la recaudación solo 430 provenían de las
rentas más altas.


Segundo, porque en este proyecto, lo ha recordado el
ministro Montoro, hay un cambio en la tributación de las plusvalías, de
modo que las ganancias patrimoniales que se generan en menos de un año, o
en un año, dejen de formar parte de la base del ahorro y pasen a tributar
en la tarifa general del impuesto. ¿Eso qué significa? Que las ganancias
derivadas de esas operaciones que ustedes califican habitualmente como
especulativas, que esas ganancias derivadas y que no generan actividad
económica, es el Partido Popular el que las va a sujetar con la
progresividad del IRPF. Es decir, esas operaciones de menos de un año van
a tributar más, pero van a tributar más cuanta mayor sea la renta del que
las realiza, y pueden llegar hasta un 52% o en algunas comunidades hasta
un 56%, mientras que con ustedes estaban tributando entre el 21 y el 27%.
Hoy es el Partido Popular el que pone equidad y progresividad, y con ese
tipo de operaciones van a pagar más. La verdad es que ustedes siguen
criticando a esos que tienen más, hablan de poner impuestos a las grandes
fortunas, pero nunca como con ustedes al dinero rápido y a la ganancia
rápida se le puso tanta alfombra roja, señorías. Esa es la realidad. Si
eso es especulación, fueron ustedes los que bonificaron la
especulación.


Tercero, fueron ustedes los que bonificaron las
indemnizaciones millonarias, fue el Partido Socialista el que introdujo
esa reducción del 40%, y hoy es el Gobierno del Partido Popular el que va
a eliminar esa reducción, el que pone equidad y el que va a hacer que los
que más cobran sean los que más pagan, el que va a hacer que esas
indemnizaciones dejen de ser deducibles para las empresas y el que va a
impedir que troceando las cuantías se puedan beneficiar de esa reducción.
Por eso, señorías, la equidad no es cosa de soflamas ni de cantinelas
sino que se escribe en las leyes; y el reparto más justo lo está poniendo
negro sobre blanco en las leyes el Partido Popular, también en esta
ley.


Cuarto, la ley contra el fraude la ha puesto en marcha el
Partido Popular. La lucha contra el fraude es una de las grandes
prioridades del Gobierno del Partido Popular. ¿Qué es lo que les molesta,
señorías? ¿Que en ocho años no encontraron ustedes el tiempo o la
convicción para ponerla en marcha? La verdad es que pudieron, pero no
supieron o no quisieron. Regularización fiscal, que no amnistía fiscal:
1200 millones de euros que van a pasar a tributar y que recoge la
Hacienda pública; 12 000 millones de ingresos aflorados que han
permanecido ocultos durante años y que van a pasar a tributar en próximos
ejercicios. Eso es lo que les molesta. Señorías, esa es la diferencia.
Ahora pueden decir que les parece poco. ¿Le parece poco 1200 millones en
un año? Ustedes en ocho años por ese concepto recaudaron cero. ¿Cómo
sería con ustedes, señorías? (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: De esos 31 000 contribuyentes,
ninguno. De esos 1200 millones, ninguno. De esos 12 000 millones,
ninguno. Señorías socialistas, señorías de Izquierda Unida, dime de qué
presumes y te diré de qué careces. Cuatro ejemplos clarificadores.


Señorías, esta ley introduce medidas de calado, lo ha dicho
el señor ministro, introduce esa prórroga del impuesto del patrimonio,
ese gravamen sobre el juego, esa limitación de la deducción fiscal,
introduce medidas importantísimas.


Voy a terminar con una referencia que hacían al ámbito de
los tributos locales. Decían que le va a venir muy bien a una persona, a
un señor que ustedes parecen conocer muy bien. Miren, la









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posibilidad de bonificar el IBI les va a venir muy bien a
todos los ayuntamientos que tengan la oportunidad de bonificar, de
facilitar la inversión de actividades económicas y les va a venir muy
bien a esos ayuntamiento porque puede suponer la creación de puestos de
trabajo, algo que es muy importante en este momento, que, por otra parte,
serán bonificaciones que aprueben los plenos de cada ayuntamiento.


Por eso, señorías, a falta del turno de portavoces, quiero
referirme a una última cuestión. El Grupo Parlamentario Popular va a
votar en contra de esos vetos, pero sobre todo va a votar a favor de ese
proyecto de ley, porque apoyando esta ley estamos apoyando el compromiso
y la responsabilidad del Gobierno, un Gobierno que con las reformas
necesarias, aunque algunas sean difíciles, como las tributarias, ha
decidido afrontar y reconocer la realidad, ha decidido salir al encuentro
de los problemas y no amontonarlos, y ha decidido anteponer, e incluso en
muchos casos recuperar la equidad, la justicia y la protección
social.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)


¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señora Angulo, lo suyo es como la fe del carbonero, mejor
dicho de la carbonera. Usted me habla de datos, pero yo le voy a dar dos.
La tasa de paro calculada por el Gobierno para el año 2012 era el 24,3%;
la tasa de paro calculada para el 2013 es el 24,2%, y el crecimiento del
PIB real para el 2013 es el 0,2%. ¿Cree usted que estos son datos
objetivos, reales y que se ajustan a lo que está pasando? Señora Angulo,
si este es el rigor con que el Partido Popular hace las proyecciones
económicas, y si a partir de ellas aprobamos los presupuestos y también
calculamos los ingresos, estamos apañados.


En segundo lugar, reducir el déficit. Señora Angulo, ¡pero
si no cumplimos, si no vamos a cumplir! ¡Si es que nosotros no nos
desentendemos del déficit y la deuda! Lo único que planteamos y en lo que
venimos insistiendo desde el principio es en que España necesita más
tiempo para poder reducir este déficit y para poder liberar recursos que
nos permitan relanzar la economía. Pero, mire, en lo que a la economía se
refiere, yo estoy muy contento por todas esas empresas automovilísticas
que están revalidando quedarse para fabricar nuevas gamas, etcétera. Pero
la apuesta industrial de este Gobierno se refleja en los presupuestos,
entre cero y nada.


Y respecto al señor Adelson, yo no le conozco, pero hable
usted con la señora Aguirre y con el señor González, porque estoy
convencido de que están a partir un piñón. Y respecto a la reducción del
IBI en un 95% en los ayuntamientos y en los municipios, ¿se podrán acoger
otras empresas? Sí, pero es que lo que ha motivado esta reducción es
Eurovegas, y lo que me sorprende es que un partido con tantos principios
tenga tan pocos escrúpulos a la hora de apostar por una macrotimba. Es
que no lo entiendo. Yo creo que algunos de ustedes, ante un proyecto así
deben estar un poco inquietos.


Por último, usted decía, con un tono casi de la extrema
izquierda, que ustedes han venido aquí a ponerles impuestos a los ricos.
Yo creo que no; no se confunda. Hay una percepción en España de que esta
crisis la están soportando la clase trabajadora y las capas medias. Solo
hace falta leer en la Operación Emperador qué tipo de gente ha estado
evadiendo y evade capital en España, quiénes son los protagonistas de ese
23% de fraude fiscal. Si usted fuera un poco seria, vería que los
protagonistas de este fraude fiscal no son los fontaneros sino las
grandes fortunas, son las empresas que cotizan en el Ibex, son los que
tienen dinero en los paraísos fiscales, son todas aquellas personas cuyos
nombres espero que salgan en la Operación Emperador. Ese es el tipo de
gente a los que nosotros no solo queremos que se les persiga fiscalmente
sino que aporten también, que hagan un esfuerzo para que la señora de la
calle Conde de Orgaz no quede tan satisfecha de los servicios de la
Operación Emperador. Eso es lo que les planteamos.


Ustedes, y no solo ustedes —en eso tiene usted
razón— han sido históricamente incapaces de meterles mano a los que
más tienen, pero creemos que ahora, con esta crisis, toca repartir









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sacrificios, y en ese reparto tienen que participar
aquellos que más tienen. Con lo cual, yo aplaudo todos cuantos pasos
puedan dar en esa dirección, pero le planteo con fuerza mayor voluntad
para que esas personas, por una vez en la historia de España, participen
en un momento de tanto sacrificio.


Gràcies, senyor president.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


¿No hay más intervenciones por parte de la Entesa?
(Denegaciones.) Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Presidente, señorías, subo a esta
tribuna con cierta coacción por parte de mi portavoz y de algún portavoz
adicional en cuanto al uso del tiempo. Por tanto, voy a intentar utilizar
solo la mitad del tiempo disponible e, incluso, menos.


En todo caso, les recuerdo que llevamos todos, aunque no lo
parezca, desde el lunes a las once de la mañana, más de cincuenta horas
de Pleno. Yo creo que eso no es bueno para nadie, ni para nosotros ni
para los trabajadores de esta Casa, ni, incluso, para los que van a ser
sujetos pasivos de nuestra legislación, por lo que intervendré
brevemente.


Nosotros no presentamos veto a este proyecto de ley por una
cuestión técnica, por un error técnico administrativo. Pensábamos, como
se hizo también en el Congreso, presentar veto por varias razones. No voy
a explicitarlas todas, pero quisiera incidir en alguna que ya se ha
materializado. Este es también el motivo por el cual, obviamente, vamos a
apoyar todos los vetos que se han presentado.


Este proyecto de ley tiene como objeto adoptar medidas
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas
—absolutamente de acuerdo, aunque con alguna matización—, así
como al impulso de la actividad económica. Podríamos habernos ahorrado el
segundo apellido de la ley, porque esto no es cuestión de discutir, sino
de leer el preámbulo. Si uno se lee el preámbulo, le quedan muy claros
cuáles son los objetivos de la ley. La verdad es que el impulso de la
actividad económica ni se fija en el preámbulo ni se fija en el
articulado. Esa es una cuestión importante.


Pero hay una segunda cuestión importante que, quizá con un
poquito más de tiempo y de generosidad por parte de mis compañeros, vamos
a explicitar en el apartado de las enmiendas, y es que tenemos ciertas
discrepancias en cuanto a la regulación del IRPF, a la modificación del
impuesto sobre sociedades, así como respecto a los tributos locales.
Estoy de acuerdo con el planteamiento del portavoz del Grupo Socialista.
Se va a dirigir a los alcaldes hacia una especie de subasta impositiva, y
eso va a dar lugar a un cierto dumping impositivo a nivel local.


Para finalizar, les diré que el señor ministro acaba de
venir hoy aquí y ha dicho —creo que de forma sincera— que
esta Cámara es importante porque es una Cámara de segunda lectura y se
podían introducir enmiendas que enriquecieran el texto. Es verdad. Lo que
pasa es que después de cincuenta horas de Pleno y de haber presentado
entre los presupuestos y las diferentes leyes más de tres mil enmiendas
sin que se haya admitido ninguna, el argumento de que las enmiendas
enriquecen… Enriquecen las enmiendas de un sector, pero de este
sector para allá, ya no enriquecen.


Bromas aparte, nos parece —y esto es más serio—
que se han utilizado las enmiendas para hacer una cosa de la que creo que
no hay precedentes en la democracia española, y no sé si los habrá en
otros países.


Ustedes, a través de una enmienda en el Senado, crean una
figura tributaria nueva, crean un nuevo impuesto. La creación de un nuevo
impuesto a través de una enmienda en el Senado —porque no es que lo
modifiquen, no es que lo cambien sustancialmente, no es que lo
deroguen— limita las aportaciones de todos los grupos de la
oposición. Porque, respecto a este impuesto estatal sobre depósitos
bancarios que ustedes crean, ningún grupo de la oposición habrá podido
presentar ni una enmienda; ni una enmienda. No hemos tenido la
oportunidad, porque ustedes crean el impuesto a través de la enmienda,
con lo cual se socava toda la participación que puedan tener los grupos
de la oposición respecto a la creación de una figura tributaria. Y ya
entraremos esta semana y, si no, la próxima, a través de una
interpelación, sobre el objetivo final, pero independientemente de este,
crean por primera vez una figura tributaria mediante la presentación de
una enmienda en el Senado. Eso sí que es novedoso. Segundo, nos están
limitando la capacidad de hacer aportaciones respecto a esta figura
tributaria que, aunque sea de recaudación









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cero en este momento, parece, según ha anunciado el
ministro, que no lo va a ser. En todo caso, limitan las posibilidades de
las comunidades autónomas.


Como veo la mirada de mis compañeros, voy a dejar aquí mi
intervención. En todo caso, en el trámite de presentación y defensa de
las enmiendas ampliaré una parte de mi argumentario.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Vázquez.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor
presidente.


También voy a tratar de ser breve. A mí me gustaría que en
este debate se pudiera llegar a un cierto nivel de entendimiento, pero me
encuentro siempre con el argumentario electoral del Partido Popular, y de
tanto repetirlo y repetirlo me obligan de alguna forma a entrar un poco
al trapo. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Lo que hicimos mal los
socialistas, los ciudadanos ya nos lo hicieron ver el 20 de noviembre del
año pasado. Aquí venimos a hablar de lo que está haciendo bien o mal el
Partido Popular y el actual Gobierno.


Claro, es imposible debatir un año después si se sacan
constantemente las alusiones a lo que hicimos. No me gusta entrar en eso,
pero voy a tirar también de argumentario, señora Angulo. Finales de 2011:
el PIB crece un 0,7%. Finales de 2012: el PIB, —1,6%. (Rumores.)
Déficit del Estado, finales de 2011: 37 540 millones. Finales del 2012:
46 113. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, un poco de sosiego. Un poco
de sosiego.


Continúe, señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: No he leído en el Reglamento el
nivel de decibelios de los discursos, pero procuraré bajarlo para que no
se enfade el señor del fondo. (Rumores.)


Finales del 2011, el IPC un 2,4%; finales del 2012, el IPC
se va a ir al 3,5% en octubre. Tasa de paro, finales de 2011, 22,85%; a
finales de 2012, 25,12%; finales del 2013, se va a ir al 27%. Número de
parados, 5 273 000 a finales de 2011; número de parados a final del
primer trimestre, 5 778 000. La prima de riesgo, la Bolsa, lo que ustedes
quieran. Pregunten ustedes a los empleados públicos cómo están hoy y cómo
estaban hace un año. Pregunten ustedes a los pensionistas.


Señora Angulo, no puede seguir diciendo que no les han
bajado las pensiones. No pueden seguir diciéndolo, porque les han quitado
a los pensionistas los 1,9 puntos que les correspondían este año, 1900
millones de euros. Pero, además, esos 1900 millones de euros eran con los
que tenía que arrancar el 2013, y también se los han birlado. Ya les han
birlado 3800 millones de euros a los pensionistas. Dígalo usted como lo
diga, lo diga Agamenón o su porquero, lo que han hecho ustedes ha sido
meter la mano en el bolsillo de los pensionistas y quitarles 3800
millones de euros. Me parece que es absolutamente innegable. ¿Que el
Gobierno anterior congeló las pensiones más altas? ¡Pues claro que es
verdad! Pero no lo hemos negado nunca. Es que ustedes están negando que
les hayan quitado a los pensionistas esos 3800 millones de euros.


El fraude. ¿Cómo se atreve a ponerse las medallas del
fraude si el más tonto de la Agencia Tributaria sabe que los expedientes
que hoy se resuelven empezaron hace dos o tres años? ¿Cómo se atreve? ¿O
es que lo de los chinos viene desde febrero? Llevaban tres años, y ya me
gustaría que la justicia fuera tan rápida como para que en pocos meses
resolvieran los expedientes y se dictara una sentencia judicial.


¿Cómo se atreven a decir que el Gobierno anterior no ha
intervenido en la lucha contra el fraude? Son 10 600 millones en el año
2011, casi 11 000 millones. ¿Cómo se atreve a decir eso? ¿Cómo se atreve
a ponerse la medalla de que continúe la Renault cuando han sido los
trabajadores, bajándose los salarios en un gesto de responsabilidad, los
que han conseguido que continúe la empresa, no el señor Rajoy, que lo
único que ha hecho es ir con la bata allí? ¿Cómo se atreven a hacer eso,
señores? (Aplausos.)









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Señorías, lo he dicho tan alto para ver si por fin se
enteran. Estoy convencido de que la señora Angulo, no.


A mí me gustaría hablar de política presupuestaria, de
política económica, etcétera. Ustedes dicen que los ajustes y los
recortes es la única forma posible, pero no es verdad. Lo que están
haciendo es bajar la competitividad de este país pero bajando los
salarios y los servicios.


Ustedes confían en nuestras exportaciones, lo han dicho
aquí, y también en el turismo; los datos van bien, y ojala puedan seguir
yendo bien. ¿Pero qué pasa con los países que nos compran y los
ciudadanos de esos países que nos visitan si en los próximos años la
economía empieza a decrecer, como se vislumbra? ¿Qué va a pasar si bajan
nuestras exportaciones? ¿Cuál es el plan alternativo? Dígannoslo, porque
me temo que no lo hay.


Es bueno reconocer y alentar a las empresas que en los
últimos años han incrementado sus exportaciones, y que son muchas. Pero
solo el 3% de las empresas españolas exporta, el 97% no exporta. ¿Qué les
decimos a esas empresas, señores del Partido Popular? Hay que decir basta
ya a esas imposiciones de la derecha europea que nos dicen que España
necesita esta política económica, porque nuestro gran problema es el
desempleo, que no es el problema de Alemania, que tiene un 6,5% de
desempleo; su problema es que sus bancos cobren la deuda que tienen con
los bancos de otros países y que la inflación no suba. Pero no pueden
obligarnos a hacer una política que beneficia a la resolución de sus
problemas, porque nuestros problemas no son los mismos. Y aquí es donde
tenemos seriamente que romper la baraja.


Respecto al tema tributario, señora Angulo, usted puede
decir lo que quiera pero la gente tiene la sensación de que se está
haciendo pagar a los que ya pagan, a los que ya están cotizando, a los
que están fichados, pero se aprueba una amnistía a los defraudadores y se
establecen bonificaciones a los empresarios; se permite que el señor
Adelson venga a nuestro país e imponga y doblegue a un Gobierno para que
establezca unas medidas tributarias que le benefician. En definitiva,
vamos a dejar de decir que el fraude lo hacen los fontaneros, porque está
demostrado que solo es un 8%, cuando el 72% de fraude procede de los
grandes empresarios y de los profesionales liberales; ahí es donde hay
que atacar; pero cómo vamos a luchar contra el fraude fiscal si de cada
diez inspectores fiscales que se jubilen el próximo año solo se va a
reponer una plaza. Vamos a dejar de decir esto porque nadie se lo
cree.


Hay que crear impuestos para las grandes fortunas, como
proponemos, tributación mínima del 15% en el impuesto sobre sociedades, o
limitar los beneficios fiscales.


El ministro ha dicho que hay que desenmascarar a los
defraudadores; yo diría a los defraudadores y a los poco patrióticos. Hay
un arquitecto llamado Calatrava que se lo ha montado a base de hacer
obras —y no voy a hablar de qué tipo de obras— y que ha
decidido llevarse todo su patrimonio a un país extranjero. Ese señor será
legal, no lo discuto; patriota no es, desde luego, y no debería estar ni
un segundo más en el instituto que vende la marca España y que depende
del Gobierno.


Empiecen a aplicar esto y los ciudadanos empezarán a creer
que realmente el Gobierno se toma en serio eso de cobrar más a los que
más tienen y menos a los que menos tienen.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Angulo.


La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Senador Vázquez, escuchándole a usted una entiende todo.
Dicen que la política sirve a los ciudadanos cuando uno tiene algo en que
creer, algo que conseguir y algo por hacer, y viéndole a usted contar con
tanto entusiasmo y con tanta autocomplacencia los resultados que nos dejó
la política económica del Gobierno socialista, realmente sabemos lo que
les pasaba: no creían que tuvieran nada por conseguir, no tenían nada en
que creer y no creían que les quedara nada por hacer. Por ello,
convocaron las elecciones anticipadamente, con un 9% de déficit, con 5
300 000 parados y con la quiebra de las cuentas públicas, precisamente
por eso, porque no tenían ya nada por hacer. (Aplausos.)


No ha sido el Partido Popular el que ha congelado las
pensiones, fueron ustedes; tres de cada cuatro pensionistas van a ver
subida su pensión en un 2% y el resto en un 1%. Pero, con ser grave, no
es lo más grave que congelaran las pensiones, es que lo hicieron en un
año en el que









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tiraron el dinero a espuertas; en el que, por otro lado,
ese esfuerzo que hacían los pensionistas de todo el país se lo gastaban
despilfarrando el dinero y generando un déficit del 9% cuando habían
prometido un 6%; y no solo despilfarraron el dinero, es que
despilfarraron el esfuerzo compartido de todos los pensionistas de este
país. Eso fue lo más grave de todo, señorías, y eso también es una
diferencia importante con las políticas del Partido Popular.


Se han referido ustedes de nuevo —y voy a responder a
todo lo que han ido diciendo— a esa ley del fraude. Es el Partido
Popular el que en menos de un año ha aprobado esa ley contra los
defraudadores; una ley que incorpora todos los mecanismos para llegar a
todo, al gran fraude, al fraude a gran escala y al fraude a pequeña
escala. Es el Partido Popular el que ha puesto los mecanismos, pero es
también el Partido Popular el que aborda esa reforma, ese cerco a los
defraudadores de forma integral, con medidas también contra el fraude a
la Seguridad Social, contra el fraude laboral, y endureciendo las penas y
las sanciones en el ámbito penal. Y lo que les duele a ustedes, señorías,
es que no solo no la aprobaron en ocho años, sino que cuando lo propone y
lo aprueba el Partido Popular, ustedes se quedaron al margen. Dicen
ustedes: es insuficiente. No; insuficiente fue no hacer nada, señorías;
insuficiente fue, como en tantas materias, no hacer nada. No nos ponemos
ninguna medalla, pero con relación al ejercicio de control y de lucha
contra el fraude, ustedes dijeron que los ingresos de la Agencia
Tributaria iban a ser menores, en cambio, han sido un 17% mayores. Eso da
cuenta de la profesionalidad y del trabajo de los funcionarios de la
Agencia Tributaria —lo hemos reconocido muchas veces—, pero
da cuenta también del acierto de las medidas emprendidas.


Es verdad que en este proyecto de ley se incorpora una
medida importante, como es el impuesto sobre los depósitos en las
entidades de crédito. Tanto el senador Montilla como el senador Vázquez,
y yo creo que todos ustedes, se han referido a ese impuesto a tipo cero
que se pone sobre los depósitos en los bancos, que, como ha explicado muy
bien el señor ministro, trae una causa importante: evitar esos riesgos de
segmentación en el mercado bancario y, desde luego, impedir o eliminar
cualquier riesgo que pueda suponer esa segmentación del mercado bancario
para que haya fluidez, para que el crédito pueda llegar a los
emprendedores allí donde haga falta y para que el crédito pueda permitir
financiar los proyectos de inversión que tanto necesitamos.


Lo cierto es que hay una reforma del sistema financiero en
marcha; lo cierto es que ahora hay un Gobierno que ha incluido en su
agenda como prioridad la reforma del sistema financiero; lo cierto es que
ahora contamos con los instrumentos legales y económicos para ese crédito
que ustedes demandaban como una prioridad pero que dejaron ahogar,
haciendo crecer el déficit y acaparando además el escaso crédito
disponible para pagar todo ese déficit que estuvo ahogando muchos
proyectos de inversión. A día de hoy, se están poniendo en marcha todos
los mecanismos, incluida esa reforma del sistema financiero, y se está
poniendo el dinero. Pero hay algo importante que ustedes han dicho. Es
verdad, el Gobierno ha establecido como prioridad la reforma del sistema
financiero y de ahí ese dinero que ya está llegando para la
reestructuración y el saneamiento de los bancos, porque estamos
convencidos de que sin crédito no habrá vida empresarial.


Es inaudito que ustedes hoy critiquen el artículo que el
Grupo Parlamentario Popular ha incorporado relativo a ese impuesto a tipo
cero para las entidades bancarias argumentando que atenta contra la
autonomía y que, desde luego, es una deslealtad —como llegaba a
decir el señor Vázquez—, una falta de lealtad institucional y una
barbaridad. Como dice un amigo mío, malos políticos cuando tienen mala
memoria. Dicen que es una barbaridad que no tiene precedentes establecer
un impuesto que no se grava, pero sí los tiene, y muy recientes, y lo
aplicaron ustedes. Porque cuando eliminaron el impuesto sobre el
patrimonio, lo que hicieron fue establecer una bonificación del 100%
sobre la cuota, de manera que dejaban un impuesto que, de forma efectiva,
no se pagaba.


Por tanto, ¿cómo pueden ustedes hablar hoy de barbaridad,
de falta de lealtad institucional? Incluso algunos compañeros suyos han
hablado de indecencia y de desvergüenza, cuando fueron ustedes los
primeros en establecer un impuesto a tipo cero. Esa es la realidad.


Como les he recordado en mi primera intervención, ustedes
estaban allí protegiendo a los grandes patrimonios, como estaban
protegiendo a las grandes plusvalías y como estaban protegiendo las
grandes indemnizaciones a los directivos. Esa es su particular forma de
hacer









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pagar más a los que más tienen: poniendo reducciones para
las grandes indemnizaciones, sin establecer límites a las plusvalías
—a las ganancias rápidas— e, insisto, protegiendo los grandes
patrimonios.


Esa es su verdad, señorías, esa es la verdad del Partido
Socialista y ese es el discurso demagógico que también hoy han repetido
sobre los privilegios de las grandes fortunas y de los bancos, pero hay
que pensar cómo serían las cosas con ustedes.


¿A quién le iba mejor y a quién seguramente le iría mejor
con ustedes? A los que tienen cuentas y bienes en el extranjero, que
ahora el Gobierno les obliga a comunicar a la Hacienda pública
—mientras que ustedes no lo hacían—; a las grandes empresas,
que tienen una tributación efectiva mayor desde que gobierna el Partido
Popular.


Todas las medidas que se han establecido y se están
aplicando en el ámbito del impuesto sobre sociedades han seguido la línea
de incrementar la tributación efectiva para las grandes empresas,
mientras que han eximido o liberado a la pequeña y mediana empresa, a los
pequeños empresarios de este país, porque creemos en ellos y porque, a
diferencia de lo que defendían ustedes y han defendido muchas veces en
esta tribuna el señor Solbes, el señor Zapatero y la señora Salgado, la
justicia social y el reparto más equitativo de los esfuerzos se puede
hacer no solo por el lado del gasto sino también por el lado de los
ingresos.


¿Quién vivía mejor con ustedes? Los especuladores, como
ustedes dicen, porque recibían ese trato preferencial en relación con
esas operaciones de ganancia rápida, que estaban consideradas como base
del ahorro y tributaban al 21,27%, mientras que ahora van a tributar al
52%. Vivían, y seguramente seguirían viviendo, mucho mejor con ustedes
los que únicamente se dedican a esas operaciones que ustedes llaman
especulativas. ¿Quiénes vivían mejor y vivirían mejor con ustedes? Los
que terminan una relación laboral o mercantil y obtienen una
indemnización millonaria.


Por eso, ese discurso se les acaba, señorías, porque no han
hecho nada cuando han tenido oportunidad, sino que han dado pasos en
contrario. No pueden seguir ustedes sumidos en ese lío y en ese
desconcierto en el que están, no ya en busca de líder, sino en busca de
criterio, en busca de discurso político y económico.


Sean ustedes leales, dejen ya esa oposición pequeñita,
cortoplacista y sobrada de oportunismo que no les está llevando a ustedes
por buen camino, y yo les pediría que apoyaran este proyecto de ley, un
proyecto de ley que contribuirá al reforzamiento de los ingresos y que
contribuirá a que esos ingresos puedan sostener el gasto fiscal, puedan
sostener el Estado del bienestar.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas
de veto.


Empezamos por la propuesta de veto número 1, de los
senadores Iglesias y Mariscal.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 225; a favor, 73; en contra, 149; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 2, de los senadores
Guillot y Saura.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 222; a favor, 71; en contra, 148; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 4, de los senadores del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, menos los senadores
Guillot y Saura.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 224; a favor, 72; en contra, 149; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos finalmente la propuesta de veto número 3, del Grupo
Parlamentario Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 224; a favor, 72; en contra, 149; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, rechazadas las propuestas de veto, pasamos al
debate de las enmiendas.


Comenzamos por las enmiendas de los senadores Iglesias y
Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas de la número 1 a la
número 27. (Rumores.)


Señorías, por favor, guarden silencio o abandonen el
hemiciclo en silencio. (Pausa.) Muchas gracias.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Señor presidente, señorías,
creo que en la presentación del veto de Izquierda Unida he tenido la
oportunidad de desarrollar el contenido de las enmiendas que proponemos a
este proyecto de ley. Por lo tanto, voy a darlas por defendidas y les voy
a regalar —nos vamos a regalar— veinte minutitos de nuestro
tiempo. (Aplausos.)


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.
(Rumores.)


Señorías, guarden silencio, por favor. (Pausa.)


Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco
números 28 y 29.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Voy a ser igualmente breve.


Mi grupo parlamentario ha presentado dos enmiendas a este
proyecto de ley, concretamente, al artículo 7 que regula las limitaciones
a las amortizaciones fiscalmente deducibles en el impuesto sobre
sociedades. Este artículo ha quedado completamente modificado por las
enmiendas incorporadas durante el trámite de este proyecto de ley en
comisión, sin embargo, mi grupo sigue solicitando la vuelta al texto
anterior y, por lo tanto, la incorporación de estas enmiendas en el texto
original.


Ambas enmiendas están orientadas a atenuar los efectos de
estas limitaciones a las empresas que no están amortizando su
inmovilizado material intangible o las inversiones inmobiliarias al
máximo permitido fiscalmente. De esta forma, se mantiene intacto el
potencial recaudador de esta modificación que es el objetivo de esta
nueva incorporación— durante el periodo 2013-2014 pero sin
perjudicar por ello a esas empresas que presentan mayores problemas de
amortización por sus situaciones económicas particularmente
difíciles.


Por otro lado, la enmienda número 28 pretende que ese
adelanto del impuesto sobre sociedades —que es lo que significa en
realidad esta modificación— como medida —es
excepcional— para incrementar las recaudaciones de los dos próximos
ejercicios pueda ser recuperado por estas empresas en los periodos
impositivos siguientes, evitando así agravar innecesaria e
indefinidamente las necesidades financieras de las empresas.


Por todo ello, solicito el apoyo a estas dos enmiendas.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.


Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Hay
dos bloques de enmiendas: de la 30 a la 56 y de la 83 a la 122.


Para la defensa de las enmiendas 30 a 56, tiene la palabra
el senador Guillot.









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El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señorías, intentaré ser breve pero son proyectos de ley
cuya tramitación es por el procedimiento de urgencia y no son baladíes.
Son proyectos de ley importantes que creo que exigen por nuestra parte la
máxima concentración.


Pero antes de empezar a defender las enmiendas, quería
manifestar lo siguiente. La señora Angulo se preguntaba que con quién
vivían mejor. Pues mire, el señor Díaz Ferrán, vistas las donaciones, con
quien vivía mejor era con el Partido Popular, así de sencillo.


Para corregir esta ley en aquellos elementos que nos
parecen más importantes, hemos dividido las enmiendas en cinco grandes
bloques. Uno respecto a la creación de nuevos impuestos. Planteamos la
necesidad de crear un impuesto sobre bienes suntuarios, la creación del
impuesto sobre la riqueza y la creación del impuesto sobre transacciones
financieras. Una segunda propuesta sería derogar la subida del IVA.
Insistimos en que la subida del IVA va a tener un efecto negativo en el
consumo, aparte, digamos, de que es poco equitativo ya que sobrecarga a
las rentas más bajas. Un tercer bloque, que afectaría también al IVA, se
refiere a todos aquellos productos que creemos que deben tener un IVA
minorado del 10% y a aquellos que excluimos de un IVA del 10%. Un ejemplo
a aplicar un IVA del 10% serían los pañales reutilizables y los
fertilizantes no orgánicos serían un ejemplo a excluir del IVA del 10%.
Un cuarto bloque serían las limitaciones y exenciones impositivas:
suprimir la compensación por pérdidas patrimoniales de juego, limitar las
reducciones por aportaciones a planes privados de pensiones y las
limitaciones a la Sicav. Y un quinto bloque relativo a la subida de
impuestos: para las bases imponibles a partir de un millón de euros subir
el 35%, que el impuesto sobre sociedades que tribute al tipo general de
gravamen nunca sea inferior al 35%, y que las carreteras construidas en
peaje a la sombra paguen el IBI correspondiente a los municipios.


Quiero terminar mi breve exposición sobre estas enmiendas
pidiendo la derogación de un régimen fiscal especial, que creo que causa
profundo rechazo social. Es el régimen fiscal especial aplicado a los
trabajadores desplazados al Estado español, es decir, a los futbolistas.
No pondré nombres para no ofender a ninguna hinchada, pero personas que
cobran estas fortunas, que encima puedan gozar de esta tributación
especial, lo encuentro escandaloso, y creo que comparto el sentir
mayoritario de la opinión pública. Sería un acierto —ya sé que es
una cosa concreta, parcial—, sería un elemento pedagógico claro
respecto a la gente que sí paga impuestos, a la gente que sí tiene que
arrimar el hombro la derogación de este régimen especial aplicado a los
trabajadores desplazados al Estado español, es decir, a los
futbolistas.


Gràcies, president.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Enmiendas números 83 a 122.


Para su defensa tiene la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.


Señorías, nosotros presentamos un conjunto de 39 enmiendas.
Una parte de ellas tienen relación con limitar o no permitir determinadas
deducciones, reducciones y exenciones; son las enmiendas 85, 87, 88, 89,
90 y 91. Ni las pérdidas debidas al juego, por razones obvias, ni tampoco
otros tratamientos fiscales suponen privilegio en el IRPF para bonos y
primas de directivos que se generaron en más de dos años. Procuramos con
nuestras enmiendas limitar la deducción de los gastos financieros en el
impuesto de sociedades, impidiendo que la actualización de balances
permita al texto de la ley con el gravamen del 5% acabe teniendo el
efecto de reducir la recaudación futura; procuramos limitar también la
reducción del 60% que se permite con el articulado de la ley en el IRPF
de los rendimientos obtenidos por alquiler de vivienda, que discrimina,
como es lógico, en función del tipo de vivienda y el coste del
alquiler.


Otro conjunto de enmiendas hace referencia al reciente
incremento del IVA efectuado con carácter general y con carácter
sectorial también, y pretenden evitar el impacto que está teniendo de
manera muy especial dicho incremento en el sector cultural y en el
material escolar, entre otros. Son las enmiendas números 96, 97 y 98
y105.


Pensamos que esta ley no ha de permitir una cierta amnistía
por la vía de la regularización catastral de construcciones ilegales, así
lo recogemos en las enmiendas números 99 y 100.









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Las enmiendas números 96 y 97 pretenden suprimir la
posibilidad de que las corporaciones locales de manera discrecional
puedan bonificar hasta el 95% del IBI y del IAE, una medida de carácter
general pero que, evidentemente, tiene unos objetivos determinados muy
concretos.


Luego hay otro conjunto de enmiendas, las números 108 a
122, que tienen por objeto adaptar la tributación del sector a la
realidad actual por lo que hace referencia, en este caso de manera muy
singular, a propuestas que ha efectuado la Federación Española de
Municipios y Provincias, a las que nuestro grupo parlamentario ha sido
receptivo por la sensibilidad local que a este respecto tenemos. Las
enmiendas números 108 a 110 tienen por objeto adaptar la tributación del
sector a la realidad actual en lo referente a la utilización del suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas. (La señora vicepresidenta, Vicente
González, ocupa la Presidencia.)


La enmienda número 118 intenta superar la situación de
vacío legal y de los recursos creados tras la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea respecto a la fiscalidad de la telefonía
móvil. Nuestra propuesta de modificación en concreto permite buscar una
solución a este problema.


Las enmiendas números 113 y 116 tratan de evitar opiniones
contrarias y contradictorias de la jurisprudencia respecto a
compatibilizar las tasas por utilización del dominio público local con
las tasas de protección de servicios cuando el propietario de los tubos,
de los cables, de las diversas conducciones es la propia corporación
local.


Otra de las enmiendas intenta suavizar las consecuencias de
las transmisiones de inmuebles cuando provienen de una situación de grave
crisis económica familiar. En definitiva, se trata de evitar que, después
de situaciones de daciones en pago —que no existen muchas pero que
acaban produciéndose—, las personas que efectúan dicha dación en
pago no se encuentren además con el hecho de tener que tributar por el
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana.


Por último, las enmiendas números 121 y 122. Tratan de dar
solución al problema existente para las corporaciones locales respecto a
la inspección y recaudación ejecutiva, cuando el sujeto de la tasa o
impuesto reside fuera de su territorio.


Otras enmiendas hacen alusión a la necesaria creación del
impuesto a las grandes fortunas, al impulso del establecimiento del
impuesto de transacciones financieras o a reforzar un elemento esencial
en la lucha contra el blanqueo y el fraude fiscal como es la colaboración
internacional a este respecto.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, para defender las enmiendas números 123 a 165, tiene
la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Intervendré, y seré breve, pero no tanto como en la ocasión
anterior, simplemente para presentar las 43 enmiendas a este texto,
enmiendas que doy todas ellas por defendidas. Ya les he dicho que si
hubiésemos tenido ocasión y hubiésemos sabido que en este texto se
incorporaba la creación de un nuevo tributo o impuesto —en este
caso, estatal—, quizá hubiesen sido algunas enmiendas más.


En todo caso, de estas 43 enmiendas, hay 11 que tienen una
incidencia claramente en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas, 5 en el impuesto sobre sociedades, una en el impuesto sobre el
patrimonio, una en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, 3 sobre
impuestos locales y otras se refieren a diversos temas relativos a la Ley
General Tributaria, a la bonificación en cuanto a la contratación laboral
de determinados colectivos dado que también lo que se pretende con esta
ley es el impulso de la actividad económica, y voy a mencionar alguna
otra.


Expondré rápidamente las 11 enmiendas que afectan al
impuesto sobre la renta de las personas físicas.


La enmienda número 123 pretende prorrogar el régimen de
estímulo fiscal a la rehabilitación de viviendas que existía hasta el
2012. El objetivo es ampliarlo al 2015 y limitarlo en cuanto a su
implementación.


La enmienda número 124 pretende una cosa que nos parece
obvia. Yo no sé si son conscientes sus señorías de lo que estamos
aprobando. Ustedes han creado la tributación ex novo con un









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gravamen especial de los premios derivados de determinados
juegos de azar, los que estaban exentos hasta este momento
—recuerden, la ONCE, Lotería Nacional, ONLAE, etcétera—. Pues
bien, modifican el punto 3 del artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre
la Renta a las Personas Físicas e introducen una modalidad nueva. Con
ello ustedes van a permitir —todos nosotros, cuando lo aprobemos,
vamos a permitir— que las pérdidas en el juego sean compensables
con las ganancias en el juego. Por primera vez en la legislación española
las pérdidas en el juego se van a poder compensar y, curiosamente, van a
provocar que pueda haber cierta comercialización con estas pérdidas
porque estas en el juego privado se van a poder compensar con las
ganancias en el juego público. Por tanto, entendemos que se está
cometiendo un grave error. Por eso, presentamos la enmienda para suprimir
el artículo 2. Dos.


También hay una enmienda que pretende elevar el mínimo
exento de este gravamen especial para los premios a 5000 euros en lugar
de los 2500 y establece un gravamen un tanto progresivo —no
mucho—, simplemente que los premios hasta 50 000 euros acaben
tributando al 10% y de 50 000 euros en adelante al 20%.


La enmienda siguiente, la 126, pretende dejar claro y
explícito que el 50% de los ingresos de este gravamen especial sobre los
rendimientos del juego beneficie a las comunidades autónomas. ¿Por qué?
Porque nos tememos que, como ha ocurrido con otros impuestos, este acabe
recaudándolo exclusivamente la Administración central. Decimos esto
porque, como no se configura como parte de la base imponible del IRPF
sino como un gravamen especial, puede ocurrir que al final el beneficio
de esta recaudación recaiga solo sobre la Administración central.


La enmienda 127 tiene por objeto simplemente establecer un
cambio que entendemos que es necesario: equiparar el trato fiscal que
tienen los autónomos por el impuesto sobre la renta de las personas
físicas y por el impuesto sobre el valor añadido en cuanto a la
afectación de su vehículo propio.


Hay otras dos enmiendas, la 128 y la 129, y creemos que se
debería aceptar una de ellas. Son enmiendas alternativas. Pensamos que
crean un agravio importante a un colectivo de trabajadores que no son los
grandes directivos de las grandes empresas, aunque alguien pueda
interpretar esto. Como ustedes saben, se modifica el régimen de
valoración de la retribución en especie cuando se entrega una vivienda
para su uso a un empleado. En el caso de aquellas viviendas que no son
propiedad de la empresa sino que son viviendas alquiladas, se cambia este
régimen. Nosotros entendíamos que no se debería cambiar, por eso
presentamos una enmienda de supresión, pero que si se tiene que cambiar,
no puede tener es carácter retroactivo. Y para aquellos contratos que ya
estaban en vigor el 1 de enero del 2013 entendemos que se debería
mantener el régimen anterior. Este es el motivo de la enmienda.


También hemos presentado una enmienda, la 161, que pretende
mantener el porcentaje de retención del IRPF a los profesionales del 18%
y no el 21%, como se fija desde la aplicación de una ley de hace muy
pocas semanas.


Son varias las enmiendas presentadas en relación con el
impuesto sobre sociedades. Una de ellas pretende recuperar la libertad de
amortización, otra, reducir las obligaciones documentales para las
pequeñas y medianas empresas en relación con las operaciones vinculadas
que les genera una carga burocrática que entendemos se podía ahorrar
perfectamente.


Hay otras dos enmiendas que también quisiera defender
explícitamente, una de las cuales ha sido objeto de una transaccional con
el Partido Popular, lo que agradecemos, y con la que intentamos que el
régimen especial fiscal que contempla el impuesto sobre sociedades en
relación con las fusiones y absorciones también se pueda aplicar a todas
aquellas operaciones de reestructuración bancaria que no sean acogidas
bajo el paraguas del Sareb. Entendemos que esta es una enmienda justa,
para tratar por igual a todas estas operaciones de reestructuración
bancaria.


También me interesa defender explícitamente la enmienda
número 149 porque me parece que también es justa. Como ustedes saben,
muchas cajas de ahorros han dejado de operar en su negocio financiero a
través de las propias cajas de ahorros y han constituido bancos. Estas
antiguas cajas de ahorros que operan como bancos tributan de forma
consolidada si participan en el banco que han creado en un 70% o un 75%,
tal como establece el régimen fiscal especial de tributación de
consolidación fiscal. No obstante, en la medida en que tienen la
obligación de acudir a la incorporación de accionistas privados para
culminar las operaciones de reestructuración, este









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porcentaje parece excesivo. Por tanto, nuestra enmienda
pretende fijar el porcentaje para estas operaciones en el 50% y no en el
70% o 75%, porque si no, sería tratar de forma desigual determinadas
operaciones financieras, curiosamente aquellas que no van a requerir
fondos públicos. Por tanto, se van a tratar peor las reestructuraciones
bancarias que no recurran a los fondos públicos que aquellas que sí lo
hagan.


Hay un conjunto de enmiendas, concretamente 11, que hacen
referencia al impuesto sobre el valor añadido. No voy a ser exhaustivo en
su defensa, pero sí quiero referirme a algunas de ellas. Así, la número
133 pretende establecer el criterio de caja para aquellas empresas de
reducida dimensión, tema que venimos reclamando y respecto del que hay un
compromiso por parte del Gobierno, pero parece que hay dificultades a la
hora de materializarlo. También existe una enmienda referida a las
facturas incobradas del régimen que tienen las empresas para recuperar el
IVA devengado, y, por tanto, ingresado, que después resulta incobrable.
Esto ciertamente es mejorable. Se hace algún intento en este sentido.
Entendemos que se puede mejorar, de ahí que presentemos estas dos
enmiendas.


Asimismo hay un grupo de enmiendas, de la número 137 a la
número 143, con las que se pretende recuperar total o parcialmente los
tipos impositivos del IVA a la situación previa a la última modificación,
no tanto en cuanto al volumen de los tipos impositivos, sino por aquellas
operaciones, aquellas entregas de bienes o aquellas prestaciones de
servicio a los que se les aplicaba un tipo reducido y a los que se les
aplica desde hace unos meses el tipo normal. No las detallo.


Hay una enmienda, la 144, que afecta a la administración
local, en la que creemos que se podría hacer un esfuerzo porque
entendemos que es de justicia, y tenemos muchas demandas al respecto. Lo
que está pasando —porque muchos ayuntamientos ya están tomando
medidas— es que, una vez más, el problema lo acaba resolviendo la
administración local, no mediante medidas tributarias, sino mediante
medidas de transferencias a las familias. (Rumores.) Esta enmienda
pretende que en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana, cuando el hecho imponible derive de una ejecución
forzosa, vía judicial o extrajudicial —es decir, una ejecución
hipotecaria—, el sujeto pasivo no sea la persona que cede el bien,
sino la persona que adquiera el bien, es decir, la entidad financiera,
porque si no, este tributo acaba siendo incobrable; si este tributo se
tiene que cobrar, lo tiene que cobrar la administración local sobre la
persona ejecutada, cosa que nos parece de una absoluta injusticia.
(Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, por
favor, guarden silencio.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.


Hay alguna enmienda más relativa a la administración local,
sobre las que no me voy a extender. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)


Otras tres enmiendas, la 146, 147 y 148, son incentivos
fiscales bien al emprendedor, bien al inversor de proximidad, que no
detallo. Simplemente les menciono que las enmiendas 146 y 147 afectan al
impuesto sobre la renta de las personas físicas y al impuesto sobre
sociedades, y la enmienda 148 pretende que aquellas inversiones de
inversores de proximidad estén exentas de tributar en el impuesto sobre
el patrimonio.


La enmienda 149 la he defendido anteriormente.


Algunas enmiendas pretenden luchar contra el paro juvenil y
recuperar, o al menos escalonar en el tiempo, algunas de las
bonificaciones derogadas recientemente en relación con la
contratación.


Otra enmienda que nos parece que sería justo poder atender
es la 152, donde se establece el mismo trato en los aplazamientos tanto
en el ámbito tributario como en el ámbito de la Seguridad Social. Como
ustedes saben, en el ámbito tributario, para eximir de garantías, hay un
límite de 18 000 euros y en la Seguridad Social es de 30 000 euros.
Pretendemos ampliarlos todos a 30 000 euros.


Algunas enmiendas hacen referencia a las sanciones.


Me interesa defender explícitamente las enmiendas 159 y
160, que tienen por objeto modificar el sistema de cálculo del Fondo de
Suficiencia a efectos de que la mayor recaudación del impuesto sobre el
valor añadido derivada del incremento de tipos y de los impuestos
especiales también repercuta en la parte correspondiente a las
comunidades autónomas y no como va a suceder









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ahora y el año que viene, que va a repercutir
exclusivamente sobre la Administración central dado que sí que van a
participar en ese 50% las comunidades pero van a ver disminuida su
aportación vía el Fondo de Suficiencia.


Finalmente, las enmiendas 162 y 163, que pretenden que una
institución como cualquier otra de cualquier otra comunidad autónoma
—en el caso de Cataluña, el Institut Català de Finances—
pueda ser considerada como una entidad de crédito.


Por todo lo anterior les pido a todos ustedes el apoyo para
estas 43 enmiendas que intentan mejorar este proyecto de ley.


A modo de conclusión les dejo una reflexión que hacía el
senador Guillot y que yo creo que deberíamos hacer todos los miembros, no
solo de este Senado, sino también de las Cortes.


Estamos tramitando casi todas las leyes por el
procedimiento de urgencia, las estamos tramitando de forma acelerada y
las estamos tramitando, obviamente, como es normal, con errores que se
van subsanando de una ley para otra, de la otra para una. En un primer
momento se entiende que tengamos que hacer las leyes por el procedimiento
de urgencia, (Rumores.) pero llevamos más de un año y después de un año
de legislatura no puede ser que la mayoría de las leyes que se tramiten
en esta Cámara continúen siendo unas leyes… (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio,
por favor.


Continúe, senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente. (Rumores.)


Muchas gracias, senadores.


Les estaba intentando hacer una reflexión que, obviamente,
no interesa a la mayoría de ustedes pero yo creo que sí que es
interesante, porque después nos quejamos de cómo salen las leyes y todos
tenemos que correr. Llevamos más de un año de legislatura y entiendo que
no se pueden tramitar, como decía el senador Guillot, la mayoría por
urgencia. Algo no estamos haciendo y, por tanto, seguramente un período
reflexivo mayor en la tramitación de las leyes nos daría una mayor
calidad legislativa y reduciríamos las correcciones a posteriori que,
seguramente, no generan seguridad jurídica para nadie.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las
enmiendas números 57 a 82 y la vuelta al texto remitido por el Congreso
de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 166 a 170 y 172 a 178
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Para su defensa tiene la palabra el senador Sen.


El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero indicarle que compartiré el tiempo
que me corresponde con el senador Francisco Fuentes, aunque sí pretendo
ser bastante breve.


En lo que se refiere a las enmiendas que el Grupo
Socialista ha presentado a esta ley, las cuales ustedes conocen
perfectamente, hay una serie de aspectos que son los que se han enmendado
por nuestra parte y con los que no estamos de acuerdo. Entre ellos, el
gravamen al juego. Entendemos —y así se lo hemos hecho llegar a
través de una enmienda— que hay que mantener la excepción de los
premios de los sorteos de las entidades de la Cruz Roja y de la ONCE
—Organización Nacional de Ciegos Españoles—, sobre todo
porque nos preocupa que este cambio que propone el Gobierno y que, por lo
tanto, afectará también a estas dos entidades sin ánimo de lucro, sin
ningún lugar a dudas, podría disuadir a los ciudadanos que normalmente
participan en estos sorteos autorizados que se celebran a lo largo del
año y que sirven para que estas organizaciones sin ánimo de lucro se
nutran de fondos para poder llevar a cabo esa labor social que vienen
desarrollando desde hace mucho tiempo.


Estamos también por completo en contra de la regularización
catastral que se plantea para 2013-2016. Ustedes la han incluido en la
ley y la van a aprobar, pero estamos por completo en contra, porque no
deja de ser otra amnistía fiscal para los defraudadores. Lo que no puede
ser es que una persona teniendo la obligación, como todos ustedes saben,
de dar de alta sus bienes









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o alteraciones en el Catastro no lo haga, se ahorre un
dinero importante, que pagamos la inmensa mayoría, y luego lo deje
solucionado con una irrisoria y ridícula tasa de 60 euros.


Y, aunque no les guste mucho, volvemos a incidir en el
impuesto a las grandes fortunas. Consideramos que es el momento ideal
para transformar este impuesto sobre las grandes fortunas, como ya ha
hecho Francia y como está valorando y ha anunciado también el Reino
Unido, que mejore la justicia, la equidad y la progresividad del sistema
fiscal de acuerdo con el principio de capacidad económica.


También proponemos un impuesto sobre las transacciones
financieras que grave las operaciones sobre acciones admitidas a
negociación en mercados secundarios oficiales. Consideramos que este
impuesto tiene sus visos en una acción de la Unión Europea. Estamos de
acuerdo en la colaboración internacional contra el fraude. Queremos
reforzar la voluntad de luchar contra el fraude para perseguir a todos
aquellos ciudadanos, a todos aquellos sinvergüenzas que durante muchos
años han estado evadiendo capitales (Aplausos.) y, a su vez, evadiendo
los impuestos que corresponden a estos capitales, lo que debería
avergonzarles. Por este motivo queremos que se luche de forma firme
contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales.


También les pedimos que retiren el impuesto sobre el valor
añadido. Hace algo más de dos años la subida del IVA era para ustedes lo
peor que podía hacer un Gobierno para salir de la crisis, y hace
veinticuatro meses el incremento de estos impuestos era perjudicial para
la salud de los españoles.


También estamos en desacuerdo con el incremento del IVA en
el sector cultural, teniendo en cuenta que este sector representa en
nuestro país el 3% del PIB y que da empleo a cientos de miles de
ciudadanos. Asimismo, pedimos que se retire el exceso de subida de este
impuesto aplicado a todo aquello que tiene que ver con cuadernos,
lápices, bolígrafos y material escolar, teniendo en cuenta la compleja y
delicada situación de las familias españolas, las cuales han perdido en
muchas ocasiones la oportunidad de poder nutrirse de aquellas
subvenciones que daban las comunidades autónomas. Les han subido el IVA
diecisiete puntos y encima ahora tampoco van a poder optar a esas
subvenciones, pues en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas se
han retirado o reducido a la mínima expresión.


Tampoco estamos de acuerdo con lo que se pretende hacer
respecto a la deducción por pérdidas del juego. Yo no sé si sus señorías
lo entienden, pero la verdad es que a mí me ha costado un poco entender
la normativa que ustedes pretenden aplicar. En los famosos casinos on
line sí queda un reflejo de los pagos hechos a través de transferencias
bancarias o cargos en cuenta, pero no entendemos cómo se va a poder
incluir dentro de la declaración a cuenta del IRPF las pérdidas de juego
que un sujeto pasivo mantiene en un casino normal y corriente. No sé si
es que ustedes piensan poner a un inspector de Hacienda en cada una de
las mesas de los casinos. Espero que nos lo expliquen. También queremos
conocer el cauce a través del cual la Agencia Tributaria va a vigilar que
estas deducciones fiscales hechas a cuenta del IRPF y que se van a
incluir en la renta no intenten tapar, por ejemplo, lo que le
correspondería pagar a una persona por la venta de unos títulos.


Por otra parte, estamos en desacuerdo con favorecer el
juego a través de las aplicaciones fiscales que ustedes pretenden, como
también estamos en desacuerdo con los beneficios fiscales que se
establecen en el IBI y el IAE, que pueden otorgar un 95% de bonificación,
sobre todo porque consideramos que esta bonificación puede acarrear una
subasta entre entidades locales.


Esta ley es buena para los de siempre —y voy
concluyendo para ceder la palabra a mi compañero—, para los que más
tienen, incorporando novedades que solo benefician a las rentas más
altas, siendo los ciudadanos de las rentas más bajas los que soportan la
mayor carga fiscal de este país.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sen.


El señor Fuentes tiene la palabra.


El señor FUENTES GALLARDO: No digo lo de la brevedad para
ver si así lo cumplo. Mi intervención es para fijar la posición del Grupo
Socialista sobre la enmienda 169, del Grupo Parlamentario Popular, y la
vuelta al texto inicial.









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En el derecho tributario español se estudiará en el futuro
con estupefacción lo que supone la enmienda del Grupo Popular. La
enmienda dice en el punto 1 que es para la creación de un nuevo impuesto
sobre depósitos bancarios y en el punto 8 de la misma enmienda dice que
el tipo de gravamen será cero. Les reconozco la genialidad de crear un
impuesto que no recauda impuestos. (Aplausos.)


En segundo lugar, ¿cómo es posible esto? ¿Por qué es esto?
En noviembre del 2001 la Asamblea de Extremadura aprueba una ley de
impuesto a los depósitos bancarios, con el voto en contra del Partido
Popular. El 27 de marzo del 2002 el presidente del Gobierno, don José
María Aznar, presenta un recurso de inconstitucionalidad y hace unos
días, el mes pasado de este año, el Tribunal Constitucional da la razón a
la Junta de Extremadura. Durante este período, el mismo impuesto que puso
Extremadura lo han puesto también en vigor Andalucía y Canarias. En
cuanto conocen la sentencia del Tribunal Constitucional a ustedes les
falta tiempo para presentar la enmienda que hoy estamos discutiendo. ¿Qué
supone la enmienda? Pues supone nada más y nada menos que anular tres
leyes autonómicas ya aprobadas en los parlamentos de Extremadura,
Canarias y Andalucía.


Esta enmienda supone un fraude de ley y una burla a la
sentencia del Tribunal Constitucional; esta enmienda supone crear un
impuesto para no recaudar; esta enmienda supone crear un impuesto a los
bancos para que los bancos no paguen impuestos; esta enmienda impide que
otras comunidades autónomas puedan poner en vigor este impuesto; esta
enmienda supone un regalo de navidad extraordinario que les hacen ustedes
a las entidades financieras, un regalo de alrededor 200 millones de euros
anuales. ¿Por qué? Como el Gobierno de España va a tener que compensar a
las comunidades autónomas de Extremadura, Andalucía y Canarias con
alrededor de 200 millones de euros, al poner en vigor esta ley resulta
que esos 200 millones de euros ya no van a pagarlos los bancos, los van a
pagar los españoles a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Así que cuando aprieten el botón para votar este artículo sepan lo que
están apoyando: que alrededor de 200 millones de euros que se recaudaban
con el impuesto a las entidades financieras ustedes van a hacer que esos
200 millones de euros los paguen los ciudadanos españoles a través de los
Presupuestos Generales del Estado. Nosotros, como grupo Socialista,
votaremos en contra de este despropósito.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Enmienda número 171, del Grupo Parlamentario Popular.


Para su defensa, tiene la palabra el senador De las
Heras.


El señor DE LAS HERAS MUELA: Señor presidente, la doy por
defendida. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De las
Heras.


Pasamos al turno en contra.


Tiene la palabra el senador De las Heras.


El señor DE LAS HERAS MUELA: Sigo siendo generoso con sus
señorías. En vez de contestar a todas y cada una de las 178 enmiendas,
les anuncio que mi grupo va a renunciar a este turno en contra. Utilizaré
el último turno de portavoces para apostillar sobre algunas de las
cuestiones que se han puesto aquí de manifiesto respecto de este proyecto
de ley, no sin antes anunciar que de las 178 enmiendas presentadas por
todos los grupos parlamentarios, incluidas las 13 del Grupo Parlamentario
Popular, vamos a aceptar, evidentemente, las 13 del Grupo Parlamentario
Popular y la 154 de CiU, que ha sido transaccionada por todos los grupos
políticos y con ello les ahorro otra media hora y soy mucho más generoso
que el portavoz de Izquierda Unida. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador de las Heras.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? Tiene la palabra el senador
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: No hago uso del turno.









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? Tiene la palabra
la senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Intervengo, muy brevemente, para señalar que mi grupo
parlamentario se va a abstener en este proyecto de ley por una razón bien
sencilla, y es porque es un proyecto de ley que se enmarca en el ámbito
competencial exclusivo de la Hacienda General del Estado, salvaguardando,
por tanto, el ámbito competencial de las comunidades vasca y navarra y de
sus respectivas haciendas forales.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.


¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones.)


¿Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia i Unió? Tiene
la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Quiero agradecer la generosidad del portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, pero esa misma generosidad nos va a impedir
contestar a posteriori cualquiera de sus intervenciones
(Rumores.—Risas.) En todo caso, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones.)


¿Grupo Parlamentario Popular? Tiene la palabra el senador
De las Heras.


El señor DE LAS HERAS MUELA: Muy brevemente también.


Senador, Bel, es que no hay forma de contentarle a usted ni
cuando se le aprueba una enmienda transaccional. (Risas.) No está mal, ya
se puede ir usted contento de aquí después de cincuenta y tantas horas de
sesión.


Al senador Mariscal, que hablaba de la lucha contra el
fraude y de que debería ser el objetivo fundamental quiero decirle que
cuando trajimos aquí esa ley ustedes la votaron en contra.


Senador Guillot, habla usted, y con razón, de que las leyes
se están trayendo insistentemente por el procedimiento de urgencia.
Senador, Guillot, es que corre mucha urgencia para traer este tipo de
leyes y poder consolidar de una vez por todas las finanzas públicas del
Estado español. Y con lo de la enmienda que han presentado varios grupos
—y lo digo para todos— sobre el supuesto Eurovegas, ¿es que
no están ustedes por la autonomía sobre todo de las comunidades
autónomas? ¡Pues déjennos a las corporaciones locales tener también esa
autonomía para poder bonificar hasta un 95% el IBI y el IAE de aquellos
negocios y actividades empresariales que generen empleo en nuestros
municipios, que los ayuntamientos también somos importantes y somos parte
del Estado!


El senador Guillot hace críticas respecto de una reforma
fiscal completa. Si le parecen poco los tres reales decretos y las cuatro
leyes que ha tramitado el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, creo que es muestra más que suficiente de que este Gobierno
está en la lucha contra el fraude, en la lucha por la consolidación de
las finanzas públicas para sacar al Estado español de la tremenda
herencia recibida.


Senador Montilla, el problema ha sido la caída de los
ingresos y no el derroche, dice usted. Estará de acuerdo conmigo,
señoría, en que derroche, haberlo, lo ha habido, y hay ejemplos de ello
en casi todas las comunidades autónomas.


En cuanto a las palabras dichas por el senador Vázquez
sobre todo respecto de algo que sé que les duele y que no por muchas
veces repetido voy a dejar de decirlo: el virus de la herencia recibida,
la triple D, la deuda, el déficit y el desempleo. Porque acabamos de
debatir los Presupuestos Generales del Estado para el 2013, y hay tres
magnitudes que acogotan —estará usted de acuerdo conmigo— el
presupuesto público estatal. 38 660 millones de euros de intereses de la
deuda suya, 23 798 millones de euros para pagar el desempleo de los más
de 5 millones 300 000 parados que dejaron en este país, y 30 000 millones
de euros de déficit oculto a Europa. ¿Se acuerdan de lo del 6 y el 9,4?
Hablan y siguen hablando sus señorías de la lucha contra el fraude, pero
vuelvo a recordarles que tuvieron ustedes hace escasos meses la
oportunidad de aprobar esa ley y no votaron a favor.









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3589




Y decía usted: ¡Al trapo! (Hoy estoy un poco afónico, no me
extraña porque este edificio es altamente insano, no respiramos aire
puro.) Y dice lo mal que se ha hecho desde que han pasado las elecciones
y que todos los datos han empeorado. Pero si lo que me extraña es que no
hayan empeorado todavía más con la herencia recibida, senador Vázquez.
Pero si es que hacerlo mejor en menos tiempo es imposible. En cualquier
caso le recomiendo una cosa: a la vista de los resultados electorales,
señorías del Grupo Parlamentario Socialista, cambien el discurso, que les
va mal, muy mal.


Y para acabar, señor presidente, he de decir que este es un
nuevo proyecto que va en la senda de las reformas del sector público
estatal, propiciado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, para la consolidación de las finanzas públicas en el sentido de
mejorar la equidad tributaria del sistema impositivo español, por el cual
van a tributar más los contratos millonarios y las grandes fortunas
—que a ustedes tanto les preocupan, pese a que tanto tiempo
estuvieron sin hacer nada—. Van a tributar igualmente las primas de
los seguros colectivos. Va a haber una fiscalidad para la
reestructuración bancaria y la resolución de las entidades de crédito, el
Sareb, que antes no estaba. Va a flexibilizar medidas fiscales en el tema
de los alquileres de vivienda y arrendamiento financiero. Y
efectivamente, como novedad, hemos incorporado, a través de una enmienda,
un impuesto nuevo, el impuesto sobre los depósitos de las entidades
financieras. Y le repito lo que ha dicho el señor ministro, entendido
como reserva tributaria, que, evidentemente, como ha manifestado su
señoría del Grupo Parlamentario Socialista que ha intervenido en el
último lugar, arbitrará las compensaciones a las comunidades autónomas
mediante tributos similares, a través del Consejo de Política Fiscal y
Financiera.


En definitiva, hemos estado desde el minuto uno en la
consolidación de las finanzas públicas. Estamos atajando la herencia
recibida del Partido Socialista y de los ocho años —o siete años y
medio— de mal gobierno de su exlíder el señor Zapatero. Y con el
Gobierno de Mariano Rajoy y ministros como el señor Montoro estoy
convencido de que lo sacaremos adelante.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De Las
Heras.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a votar las enmiendas de la Ley
de medidas tributarias.


En primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto, de los senadores Iglesias y Mariscal. Votamos la número 1.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 3; en contra, 216; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos las enmiendas números 6 y 21.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 58; en contra, 151; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos la enmienda número 27.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 18; en contra, 150; abstenciones, 55.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 2, 10, 16, 18, 20 y 25.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 222; a favor, 73; en contra, 149.









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3590




El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos las números 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 19, 22 y
24.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 59; en contra, 150; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las números 7 y 8.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 222; a favor, 59; en contra, 160; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos las números 14, 15, 23 y 26.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 62; en contra, 150; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la número 17.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 62; en contra, 161.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos las enmiendas
números 28 y 29.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 222; a favor, 72; en contra, 150.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
votamos la enmienda número 30.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 222; a favor, 3; en contra, 215; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos las números 31, 39, 45, 47, 49 y 54.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 73; en contra, 150.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos las enmiendas números 43, 44, 52 y 55.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 222; a favor, 62; en contra, 149; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 46.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 62; en contra, 161.









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3591




El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos la enmienda número 56.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 220; a favor, 15; en contra, 150; abstenciones, 55.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 35 y 50.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 3; en contra, 150; abstenciones, 70.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 32, 33, 34 a 38, 40, 41, 42,
48, 51 y 53.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 222; a favor, 60; en contra, 149; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 36 y 37.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 59; en contra, 161; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 85, 92 a 95 y 105.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 73; en contra, 150.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 103 y 104.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 62; en contra, 150; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 83, 87 a 91 y 96 a 102.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 222; a favor, 59; en contra, 149; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos las enmiendas números 110, 112, 113, 116, 117, 120
y 121.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 221; a favor, 59; en contra, 151; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos las enmiendas números 84 y 86.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 69; en contra, 151; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos la enmienda número 108.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 14; en contra, 150; abstenciones, 59.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos las enmiendas números 106 y 107.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 70; en contra, 150; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos las enmiendas números 109, 111, 114, 115, 118 y
119.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 222; a favor, 9; en contra, 149; abstenciones, 64.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 122.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 10; en contra, 198; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, votamos las enmiendas números 144 y 145.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 222; a favor, 70; en contra, 149; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 134 y 135.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 219; a favor, 14; en contra, 148; abstenciones, 57.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 123, 124, 137 a 143, 146 a
148, 151, 153, 155, 156, y 158 a 162.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 73; en contra, 150.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 125 y 129.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 72; en contra, 151.









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3593




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 126, 127 y 133.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 222; a favor, 14; en contra, 151; abstenciones, 57.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 128, 130, 131 y 132.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 15; en contra, 207; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 152 y la 157.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 222; a favor, 16; en contra, 150; abstenciones, 56.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 136, 149, 150 y 163 a
165.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 221; a favor, 16; en contra, 205.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos, en primer
lugar, las enmiendas números 58 y 82


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 69; en contra, 151; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 57, 61 a 65 y 70 a 77.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 222; a favor, 59; en contra, 149; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 59, 66 a 69, 79 y 80


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 222; a favor, 73; en contra, 149.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 78.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 222; a favor, 62; en contra, 149; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 60 y 81.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 222; a favor, 70; en contra, 149; abstenciones, 3.









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3594




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en
lo modificado por la enmienda número 169 del Grupo Parlamentario
Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 77; en contra, 146.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en
lo modificado por las enmiendas números 166 a 168, 170 y 172 a 178 del
Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 220; a favor, 69; en contra, 148; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 171, del Grupo Parlamentario
Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 223; a favor, 150; en contra, 59; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación con número de registro
20542, sobre la enmienda número 154, de Convergència i Unió.


¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)


Queda aprobada.


Votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 219; a favor, 146; en contra, 70; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se
dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.


2.1.3. PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES PARA LA
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Votación.)


COMISIÓN: INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO


(Núm. exp. 621/000022)


El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a votar las
enmiendas al Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad
energética, comenzando por las enmiendas del Grupo Mixto, números 148,
159, 160 y 165, de los senadores Eza Goneyeche, Salanueva Murguialday y
Yanguas Fernández.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 218; a favor, 72; en contra, 142; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 161 y 162.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 221; a favor, 70; en contra, 145; abstenciones, 6.









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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 163.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 219; a favor, 61; en contra, 142; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 150 a 153, 155, 157, 164 y
168.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 220; a favor, 65; en contra, 142; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 149, 154, 156, 158, 166 y
167.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 219; a favor, 17; en contra, 197; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 169.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 219; a favor, 7; en contra, 144; abstenciones, 68.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De los senadores Quintero y Zerolo votamos las enmiendas de
la 1 a la 4.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 221; a favor, 71; en contra, 144; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De los senadores Iglesias y Mariscal, votamos la 5, la 8,
la 9, la 12, la 13 y la 16.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 221; a favor, 59; en contra, 144; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 6.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 221; a favor, 71; en contra, 144; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las números 7, 11 y 14.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 221; a favor, 63; en contra, 144; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la número 15.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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3596




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 220; a favor, 73; en contra, 144; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la número 10.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 221; a favor, 60; en contra, 144; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos de la 26 a la
28.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 220; a favor, 15; en contra, 202; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 17 a 20, 22, 23, 25, 29, 30,
40 y 42.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 220; a favor, 65; en contra, 143; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 21 y 24.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 220; a favor, 73; en contra, 144; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 31 a 39, 41 y 43.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 221; a favor, 73; en contra, 146; abstenciones, 2


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
votamos la número 45.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 217; a favor, 72; en contra, 142; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 44, 47, 50 y 53.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 221; a favor, 66; en contra, 144; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 54.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 221; a favor, 74; en contra, 144; abstenciones, 3.









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3597




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazada.


Votamos la enmienda número 55.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 219; a favor, 61; en contra, 144; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las números 46, 48, 49, 51 y 52.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 220; a favor, 59; en contra, 146; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 102, 103, 119, 123, 131, 135, 137 y
143.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 221; a favor, 63; en contra, 144; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 111.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 221; a favor, 63; en contra, 144; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 112.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 219; a favor, 72; en contra, 142; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las números 105, 107, 108 a 110, 115, 117, 121,
125, 127, 128, 134, 139, 140 y 144.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 221; a favor, 72; en contra, 144; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 120 y 124.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 220; a favor, 72; en contra, 143; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 141 y 142.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 221; a favor, 69; en contra, 144; abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 145, 146 y 147.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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3598




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 220; a favor, 71; en contra, 144; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 104, 106, 113, 114, 130, 132,
133 y 138.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 221; a favor, 69; en contra, 144; abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 122 y 136.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 221; a favor, 60; en contra, 144; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 116, 118 y 126.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 221; a favor, 60; en contra, 153; abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 101.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 219; a favor, 68; en contra, 143; abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos la enmienda número 129.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 221; a favor, 69; en contra, 144; abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, comenzamos
votando las enmiendas números 170 a 175, 177, 178, 180 a 188 y 190.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 220; a favor, 74; en contra, 143; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos la enmienda número 176.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 219; a favor, 14; en contra, 201; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos las enmiendas números 179 y 189.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 221; a favor, 15; en contra, 144; abstenciones, 62.









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3599




El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las enmiendas
números 56, 58, 66, 73, 76, 83, 87, 90 y 95.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 220; a favor, 63; en contra, 143; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos las enmiendas números 82 y 89.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 219; a favor, 59; en contra, 144; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos la enmienda número 79.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 219; a favor, 61; en contra, 155; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos las enmiendas números 70 y 72.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 221; a favor, 61; en contra, 155; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos las enmiendas números 60, 62, 63, 64, 67 a 69, 71,
74, 75, 77, 78, 80, 81, 86, 92, 93, 97, 98 y 100.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 220; a favor, 71; en contra, 144; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 221; a favor, 70; en contra, 144; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado
por las enmiendas números 192, 200, 202, 211 y 214 del Grupo
Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 221; a favor, 73; en contra, 144; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado
por el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 221; a favor, 72; en contra, 145; abstenciones, 4.









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3600




El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del
proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las
votaciones anteriores.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 220; a favor, 142; en contra, 75; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, aprobadas.


Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de
ley.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 221; a favor, 144; en contra, 74; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado.


Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se
dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


Abran las puertas.


2.1.5. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y EN LA SEGURIDAD
SOCIAL.


COMISIÓN: JUSTICIA


(Núm. exp. 621/000018)


El señor presidente da lectura al punto 2.1.5.


El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Señor presidente, pido la
palabra.


El señor PRESIDENTE: Senador Camacho, tiene la palabra.


El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Señor presidente, desde el máximo
respeto de mi grupo parlamentario hacia la Junta de Portavoces y la Mesa,
como no puede ser de otra manera, creemos que en una tramitación como la
que llevamos con los presupuestos y con los diferentes proyectos de ley,
no parece muy lógico que nos presentemos ante los ciudadanos con que el
único proyecto de ley, en este caso una modificación de una ley orgánica
como el Código Penal, que no lleva trámite de urgencia y que tiene un
plazo de hasta el 16 de febrero para su tramitación, sea precisamente el
proyecto de ley que vamos a tramitar con más urgencia. Por lo tanto, como
tenemos Pleno la próxima semana, tenemos un Pleno extraordinario, parece
ser, el día 15 de enero, previo a ese plazo máximo que es el del 16 de
febrero, yo creo que por respeto no ya a aquellos compañeros y compañeras
de los diferentes grupos parlamentarios, no solamente del mío, que han
estado aquí presentes en este salón de Plenos durante todos los debates,
sino por respeto a los propios ciudadanos, para que tengamos tiempo
suficiente para debatir con tranquilidad algo tan importante como una
modificación de una ley orgánica lo que pido al señor presidente es que,
al amparo del artículo 71 del Reglamento, someta a votación la
modificación del orden del día y que dejemos ese punto o bien para el
Pleno de la próxima semana, o bien para ese Pleno extraordinario del día
15, que en principio no tiene ningún contenido legislativo.


Nada más, señor presidente. (Aplausos.—El señor Sanz
Pérez pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Camacho.


Senador Sanz, tiene la palabra.


El señor SANZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.


Desde luego, también desde el máximo respeto a la reunión
de la Junta de Portavoces, en la que participó el senador Camacho, y de
la Mesa, que dio el visto bueno al orden del día en el que venimos
trabajando durante toda la semana, y también desde el respeto a los
ciudadanos tengo









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que manifestar que el proyecto de ley que usted solicita
sacar del orden del día —y parece ser que algún grupo parlamentario
más— es un proyecto de ley que es del Gobierno, pero que es una
reforma que plantean los técnicos de la Administración General del
Estado, de la Inspección de la Seguridad Social; un proyecto de ley,
señor senador, que beneficia a los trabajadores que son contratados de
forma ilegal por los trabajadores (Aplausos.); un proyecto de ley, señor
presidente, señorías, que refuerza el papel de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social para que no sucedan determinadas cuestiones; y como,
además, es un proyecto de ley que urge poner en marcha porque hay que
poner coto, como digo, a determinadas cuestiones, señor presidente, el
artículo 71.4 del Reglamento plantea lo que plantea en estos casos y,
desde luego, sí adelanto que el Grupo Parlamentario Popular decide lo
mismo que decidió en la Junta de Portavoces, que nadie dijo nada, ni en
la Mesa: que continúe el orden del día tal y como está diseñado.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.


Señorías, esta Presidencia, desde el máximo respeto también
para todo el mundo, les recuerda a sus señorías que el orden del día ha
sido aprobado en Junta de Portavoces, ha sido aprobado también en la Mesa
y que, efectivamente, según el artículo 71 solamente puede ser
interrumpido o cambiado a lo largo del Pleno por la mayoría de los
senadores presentes.


Por lo tanto, a petición del Grupo Parlamentario Socialista
vamos a someter a votación si se cumple el orden del día tal y como está
o lo modificamos.


Si desea intervenir, señor Camacho, tiene usted la
palabra.


El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Sí, señor presidente.


Una vez oída la voluntad o la no voluntad, en este caso,
del Grupo Popular, retiro la propuesta y seguimos con el orden del día
sin ningún tipo de problemas. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Pues, muchas gracias, senador Camacho,
porque nos ahorramos una votación, que llevamos muchas.


Si desea intervenir, senador Sanz, tiene usted la
palabra.


El señor SANZ PÉREZ: Yo le agradezco al portavoz adjunto
del Partido Socialista lo que dice, pero es que se lo he dicho
personalmente a lo largo de toda la tarde. Por lo tanto, no entiendo el
planteamiento que se hace al Pleno de esta Cámara.


Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos.—Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.


Señorías, pasamos, entonces, al debate y votación del
Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha
contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.


Señorías, guarden silencio, por favor, o abandonen el
hemiciclo en silencio.


Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
presidente de la Comisión de Justicia, el senador Ramírez.


El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.
(Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: El Proyecto de Ley Orgánica por
la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal
y en la Seguridad Social lo vamos a someter, en este acto, a la
consideración del Pleno del Senado, y tuvo su entrada en esta Cámara el
día 16 de noviembre, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.


El plazo de presentación de enmiendas finalizaba
inicialmente el día 28 de noviembre. Fue, posteriormente, ampliado hasta
el día 4 de diciembre del año en curso 2012.


A este proyecto de ley, señor presidente, se presentaron
cuatro propuestas de veto y 77 enmiendas.









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El día 5 de diciembre, la comisión designó ponencia que
quedó integrada de la siguiente manera: don Urko Aiartza Azurtza, del
Grupo Parlamentario Mixto; don Manuel Guillermo Altava Lavall, del Grupo
Parlamentario Popular; don Juan Alberto Belloch Julbe, del Grupo
Parlamentario Socialista; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo
Parlamentario Socialista; don José Blas Fernández Sánchez, del Grupo
Parlamentario Popular; doña Eva Parera Escrichs, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió; doña Iolanda Pineda Balló; del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; doña Pilar
Auxiliadora Serrano Boigas, del Grupo Parlamentario Socialista, y don
Joseba Zubia Atxaerandio, del Grupo Parlamentario Vasco.


La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 5 de
diciembre, y así lo hizo. En este dictamen se incorporaron al texto
remitido por el Congreso de los Diputados las dos enmiendas presentadas
por el Grupo Parlamentario Popular relativas a la nueva redacción del
artículo 311 del Código Penal y a la disposición final primera del
proyecto de ley.


Han presentado, señorías, votos particulares a este
dictamen los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto; los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Almiñana
Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí
Jufresa, el señor Montilla Aguilera, la señora Pineda Balló, el señor
Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya; y los Grupos Parlamentarios Vasco, Entesa pel
Progrés de Catalunya, Convergència i Unió y Socialista.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.


Pasamos al debate de las propuestas de veto.


Comenzamos con la propuesta de veto número 1, de los
senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, lo que queda del senador Iglesias va a intentar
explicar las motivaciones de esta propuesta de veto.


Pero antes de entrar en materia quiero expresar mi
agradecimiento al señor Montoro por haber estado presente en este Pleno,
y destacar las ausencias que en la presentación del resto de los
proyectos de ley se han producido por parte de los ministros. Suena, por
la argumentación que el señor Montoro realizó, a que el Gobierno solo se
siente convocado cuando, fruto normalmente de la iniciativa del Partido
Popular, en esta Cámara se introducen modificaciones obviamente en la
línea que ha marcado el Gobierno, no tanto para expresar el respeto por
la Cámara, como se ha hecho, sino para reforzar al Partido Popular en ese
planteamiento de modificación del proyecto.


En todo caso, con absoluto respeto —reconozco que el
Gobierno tiene muchas cosas que hacer— quisiera pedirle al señor
presidente de la Cámara que si considera oportuno recabar del Gobierno
una mayor presencia en el Senado, lo haga. Yo desde luego se lo
agradecería.


Pero entrando en materia, este proyecto de ley pretende ser
una revisión profunda de los delitos contra la Hacienda pública y contra
la Seguridad Social regulados en el título XIV del Código Penal,
fundamentalmente a través del agravamiento de las penas y de mecanismos
orientados a cobrar las deudas tributarias impagadas, y del título XV
para sancionar a quienes incumplan de forma grave la normativa laboral.
Por lo que se ha avanzado en el minidebate en torno al mantenimiento o no
de este punto en el orden del día del Pleno, parece que la argumentación
fundamental que se va a traer a la Cámara desde el Partido Popular es que
con ello se da un paso más en la lucha contra el fraude fiscal y se
protegen mejor los derechos de los trabajadores. Si esa era la voluntad
del Gobierno, si esa es la voluntad del Partido Popular, lamento tener
que decirles que no han sido afortunados en la traslación al articulado
de esa voluntad.


Presentamos este veto porque entendemos que se da un paso
más en una línea de acción propia de los partidos conservadores, que es
la de ampliar el ámbito de intervención penal. En la cultura jurídica de
nuestro ámbito se suele partir de la premisa, al menos hasta tiempos muy
recientes, de que la intervención desde el Código Penal debe ser mínima.
De forma, en mi humilde opinión equivocada, y respondiendo también, como
todo, a planteamientos ideológicos —los míos también lo son—,
se está corrigiendo en los últimos tiempos esa tendencia y se busca dar









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respuesta y solución a cualquier conflicto, a cualquier
problema desde el ámbito jurídico penal. Todo tiene que tener una
solución en el Código Penal.


La segunda motivación de la formulación de este veto es que
pensamos sinceramente que, frente a las bondades que parecen alentar esta
propuesta, nosotros percibimos intenciones instrumentales. Además, esta
reforma es una reforma parcial, que se queda descolgada e inconexa de la
reforma global del Código Penal, lo cual tampoco parece tener mucha
lógica; si ya hay un anteproyecto de Código Penal bastante avanzado,
incluso con informes del Consejo General del Poder Judicial al respecto,
lo lógico sería esperar a esa tramitación de reforma amplia del Código
Penal y contemplar estas cuestiones en el seno de la misma. ¿Por qué se
adelanta, por qué hay prisa?


Vuelvo a insistir en el término que utilicé: creo que es
una reforma instrumental, que tiene mucho de operación de imagen. En el
debate de otros proyectos tuvimos oportunidad de hacer referencias a la
encuesta del CIS y a la opinión de los españoles en torno al fraude
fiscal. Esto parece una respuesta más no al fraude, sino a la opinión, a
la opinión pública de los españoles que decía —creo recordar que el
dato era un 82%— que se hacía muy poco para luchar contra el fraude
fiscal.


A mí me provocó cierta sonrisa escuchar cómo en el
—vuelvo a decir— minidebate sobre el mantenimiento o no del
punto del orden del día se decía que esta era una reforma impulsada desde
los servicios técnicos del Gobierno. Porque esta reforma, como otras que
están en marcha, a mí me suena a que tiene otro impulso, el impulso no es
el estrictamente jurídico-doctrinal o técnico en esa materia, no, el
impulso es el del clima social, que además sirve de cobertura a esta
ampliación del ámbito de intervención del Código Penal, un clima social,
además en determinadas materias, alentado desde medios de comunicación.
Uno tiene la sensación de que en el origen de las reformas legislativas
en el ámbito penal, más que la opinión de sesudos catedráticos y
profesores de Derecho penal, pesan más las conclusiones de los programas,
de los reality shows, y que algunas comentaristas afamadas que lideran
estos reality shows y que explicitan sus conclusiones finales acaban
teniendo más peso en las propuestas de reforma del Código Penal que una
amplia cultura, una amplia doctrina en nuestra tradición jurídica.


Como se habla aquí de reformar en relación con el fraude a
la Seguridad Social por el cobro de prestaciones indebidas, uno no puede
por menos de pensar que ayer hablaban ustedes de enmiendas de campanario.
Yo creo que este es un proyecto de ley de campanario también en esta
materia, pero no del campanario que suele coronar las iglesias, sino de
un apellido famoso en esos reality shows que tuvo algún tipo de relación
con algunos de los tipos que en este momento se agravan o se crean.


También porque, desde esa perspectiva instrumental, parece
pensado para compensar la imagen dada hacia la sociedad con la amnistía
fiscal, por un lado, y, por otro, para hinchar las velas del proceso de
regularización, una especie de amenaza clara a los defraudadores
diciéndoles que o se acogen a esa amnistía fiscal o como se van a
endurecer las penas con esta reforma, que se preparen. Si esa es la
intención, tampoco lo han logrado, los resultados de la amnistía o
regularización fiscal demuestran que no ha cundido el pánico entre los
defraudadores en este país por esta reforma.


Y luego pensamos que es un proyecto incoherente y
desequilibrado en sus contenidos e injusto, y en las enmiendas parciales
me detendré un poco más a explicarlo, pero ahora, en primer lugar, no
parece lógico decir que se va al luchar contra la reforma fiscal cuando a
la vez acabamos de ver en el debate presupuestario una rebaja del
presupuesto de la Agencia Tributaria. No parece que la voluntad de
combatir el fraude fiscal se refuerce cuando en el contenido de la
reforma se eleva hasta 600 000 euros la cuantía del tipo agravado por
defraudación fiscal. Tampoco resulta coherente establecer distintos
umbrales en la cuantía de los delitos fiscales, según el perjudicado sea
la Hacienda de la Unión Europea o la estatal, autonómica, foral o local.
Si es fraude fiscal, el objeto jurídico protegido será el mismo, sea
quien sea el perjudicado, que es diferente. Y, por lo tanto, no comprendo
esta diferenciación en los umbrales para el establecimiento del tipo.
Tampoco es comprensible que se establezcan umbrales diferentes para los
delitos contra la Seguridad Social. Aquí también el bien jurídico
protegido es, en el fondo, el mismo: los caudales públicos, el interés
común, en un caso representado por la Hacienda pública y, en otro, por la
Seguridad Social. ¿Por qué los umbrales para cometer el delito son
diferentes? Y que, todavía, haya otro









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umbral diferente en los delitos contra las subvenciones,
desgravaciones o ayudas de las administraciones públicas. La lógica
jurídica estaría en establecer el mismo umbral en cada una de estas
figuras delictivas.


Sinceramente pensamos que la regulación que se establece
—lo apuntaba en el resumen inicial— es injusta. Es injusta al
crear un delito que criminaliza el disfrute indebido de las prestaciones
del sistema de Seguridad Social sin fijar ningún umbral. Y esto es otra
respuesta a la jurisprudencia. Están cogiendo ustedes una afición a la
corrección de los pronunciamientos jurisdiccionales con un impulso de
reforma legislativa. Lo acabamos de ver en la ley anterior con la figura
de ese impuesto sobre las entidades bancarias tipo 0, es una respuesta
clara a la sentencia del Tribunal Constitucional. Pues aquí, a la
doctrina consolidada que establecía que el perjuicio fuera superior o
igual a 120 000 euros, se responde diciendo: no, no, queda claro que
desde el euro uno es delito.


Igualmente es injusta, porque penaliza al beneficiario de
la Seguridad Social con mayor gravedad que al empresario que, en su
actuación puede generar un fraude muy superior. El empresario defraudador
comete hecho punible con un fraude de más de 50 000 euros a la Seguridad
Social.


También es injusta en la atribución de penas. No hay
proporcionalidad. Las penas para el delito del disfrute indebido de
prestaciones se equiparan a las de los tipos agravados de los delitos
contra la Hacienda pública y contra la Seguridad Social. Eso no es
proporcional, señorías, en ningún caso. Y, al no ser proporcional, saben
ustedes que también abre escenarios de riesgos de impugnación, etcétera,
que pueden volver a obligarles a otra reforma tras los oportunos
pronunciamientos. Por economía procesal y política, por no tener que
volver aquí otro día con catorce horas de debate para corregir esto, yo
les pediría que reflexionaran sobre ello.


Por todo esto —y voy terminando ya—, porque es
incoherente, es injusto, es desproporcionado, el resultado es que
volvemos a un Código Penal antiguo. Sinceramente, por este camino
—no digo que hayamos llegado— estamos volviendo al Código
Penal que metió a El Lute en la cárcel por robar dos gallinas mientras
que, a la vez, se enjuiciaban hechos de tremenda seriedad como, por
ejemplo, un delito de homicidio culposo con cincuenta y ocho muertos, que
dio lugar a una responsabilidad de veintisiete meses en celda de lujo en
este país o que, poco antes del encarcelamiento de El Lute, el máximo
responsable del caso Matesa cumplía poco más de lo que cumplía El Lute
por las dos gallinas, por no hablar de los indultos en el caso Reace del
aceite de Redondela y aquella epidemia de violencia nunca investigada ni
aclarada.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Propuesta de veto número 3, de los senadores Guillot y
Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


Para la defensa de esta propuesta de veto, tiene la palabra
el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señorías, en el preámbulo de este proyecto de ley se señala
que el criterio inspirador de esta reforma es la mejora de la eficacia de
los instrumentos de control de los ingresos y del gasto público. En ese
sentido, el proyecto de ley pretende la revisión profunda de los delitos
contra la Hacienda pública y contra la Seguridad Social, regulados en el
título XIV del Código Penal, fundamentalmente a través del agravamiento
de penas y de mecanismos orientados a cobrar las deudas tributarias
impagadas. Igualmente, se lleva a cabo la modificación de los delitos
contra los derechos de los trabajadores previstos en el título XV del
Código Penal para sancionar a quienes incumplen de forma grave la
normativa laboral.


Pues bien, pudiendo compartir parcialmente algunos aspectos
y objetivos de esta reforma propuesta por el Gobierno, a nuestro juicio,
a juicio del senador Saura y mío, es una reforma absolutamente
contradictoria con la acción de este Gobierno, con la amnistía fiscal y
con el recorte de derechos laborales y económicos.


En primer lugar, esto lo decía antes el senador Jesús
Iglesias, es una reforma parcial e inconexa, una más de las muchas
reformas que ustedes van haciendo y siempre en una doble lógica: la
lógica del populismo punitivo y pensando que aquí el gran problema es el
fontanero, no el gran defraudador. En el fontanero, al crear esta figura,
es donde se ensañan más, y luego haré









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referencia a algunos aspectos que no se explican respecto a
las propuestas de castigos y a las cuantías a partir del castigo.


Nuestro rechazo al proyecto de ley se justifica por sí solo
si tenemos en cuenta las importantes contradicciones en que incurre el
Gobierno en estos objetivos, que como mínimo dejan en entredicho los
criterios inspiradores de esta reforma. Es especialmente llamativo que la
propuesta de agravamiento de penas para los delitos contra la Hacienda
pública o contra la Seguridad Social con el objetivo de mejorar la lucha
contra el fraude fiscal venga precedida por la aprobación del Decreto Ley
12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas
tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit
público, en el que se otorgan todo tipo de facilidades a los
defraudadores para que se acojan a la amnistía fiscal, una amnistía
fiscal que, aparte del impacto negativo que ha tendido en la opinión
pública, no ha conseguido los objetivos que el Gobierno se marcó.


Tan incomprensible como contradictoria resulta esta reforma
después de que el propio Gobierno desmantelara la Unidad Especial de
Investigación Judicial contra la Corrupción de la Agencia Tributaria de
Baleares, cuyo trabajo ha sido determinante en la investigación de las
tramas de corrupción tan importantes como Gürtel o Nóos. Como
contradictoria es esta reforma con la aprobación en los presupuestos
estos de días de reducciones presupuestarias en la lucha contra el
fraude. Y si además le sumamos una serie de indultos que han creado a su
vez toda una serie de alarmas sociales, creemos que aquí hay un elemento
contradictorio entre los objetivos que se dice que se buscan y lo que
realmente pasa.


Al hablar de los indultos no quiero añadir polémica, pero
lo que sí quiero respecto a los indultos, aprovechando la ocasión, es
mandar un mensaje al Pleno del Senado y al conjunto de los grupos
parlamentarios, que es solicitar el indulto para el señor David Reboredo,
extoxicómano vigués, rehabilitado y con una condena a tres años de cárcel
por portar 400 miligramos de heroína. Creo que el Estado respecto de una
persona como él, que ha sido capaz de desengancharse, de rehabilitarse,
de reinsertarse a la sociedad debería ser generoso y otorgar este
indulto, aunque no quiero entrar en comparaciones entre el señor David
Reboredo, al cual no se le ha otorgado esa gracia, y otros indultos que
se han dado. Insisto, solicito el indulto del señor David Reboredo y pido
a todos los senadores y senadoras, especialmente a los del Grupo Popular,
que hagan las gestiones necesarias para que esto sea posible.


Por último, mención aparte merecen los apartados de la
reforma dedicados a los delitos contra los derechos de los trabajadores y
la transferencia del sector público, donde se deja ver aún con más
claridad la finalidad propagandística de esta reforma. Si el Gobierno
realmente quiere proteger los derechos de los trabajadores, a mi juicio,
a juicio del senador Saura y mío, lo primero que debía hacer es retirar
la reforma laboral, que es un verdadero atentado a esos derechos.


Centrándonos ya en el articulado del proyecto, quisiera
señalar una serie de cuestiones: la primera, la reforma incluye un tipo
agravado del delito contra la Hacienda pública estatal, autonómica, foral
o local en el que se aumentan las cuantías defraudadas a 600 000 euros,
condición objetiva de punibilidad, lo cual contrasta con la reducción en
las cuantías de los delitos contra la Seguridad Social a 50 000 euros,
creando un tipo agravado a partir de los 120 000 euros defraudados.
También contrasta con el mantenimiento de las cuantías de los delitos
contra la Hacienda de la Unión Europea y contra los fondos de los
presupuestos de la Unión Europea en 50 000 euros, y también con la
reducción de las mismas cuantías en los delitos contra la Hacienda de la
Unión Europea y contra los fondos de los presupuestos de la Unión Europea
entre 4000 euros y 50 000 euros. Es decir, que lo que se da con una mano
se quita con otra. Las cuantías se elevan —luego haré referencia a
las prescripciones— y se lanzan mensajes que, al final, resultan
contradictorios o se hacen propuestas que muchas veces se anulan unas a
otras.


En segundo lugar, la reforma contempla diferentes penas de
prisión, multas y penas accesorias previstas para los distintos delitos.
A nuestro juicio, lo deseable sería equiparar las penas de prisión y las
multas a los tipos y a los tipos agravados de los delitos contra las
haciendas públicas, contra la Seguridad Social y contra las subvenciones,
desgravaciones o ayudas de las administraciones públicas. Antes el señor
Iglesias decía que no tiene sentido que un delito contra la Seguridad
Social pueda estar más penalizado que otro tipo de delitos. Pensamos que
lo más sensato sería la equiparación.









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En tercer lugar, pese a las enmiendas introducidas en el
Congreso de los Diputados al artículo 307 ter, el nuevo delito sobre las
prestaciones a la Seguridad Social se continúa configurando en términos
generales e incondicionados, lo que en la práctica supondrá que la
mayoría de los casos en los que un beneficiario disfrute indebidamente de
una prestación de la Seguridad Social se califiquen como delito, salvo
casos excepcionales. Creemos que, creando este nuevo tipo penal, se
intenta seguir criminalizando de forma generalizada a los trabajadores y
beneficiarios del sistema de Seguridad Social, incluida la protección por
desempleo, cuando perciban cualquier prestación de forma indebida, sin
que se exija ningún ánimo de fraude al autor o al beneficiario ni
perjuicio cuantificable mínimo para los recursos públicos. Se plantea,
además, una manifiesta desproporcionalidad en la penalidad e importantes
problemas de eficacia.


Los objetivos de la reforma pueden quedar en papel mojado.
El artículo 305 bis eleva la pena de cárcel a seis años, desde los cinco
vigentes, para los delitos por fraude fiscal agravados. Así, al aumentar
la pena también aumenta el plazo de prescripción, que pasaría de cinco a
diez años; por eso decía antes que lo que por lado se da por otro se
quita. El objetivo declarado en la exposición de motivos es evitar que
los procesos más complejos, tramas criminales o casos de corrupción,
queden impunes. Aunque la medida es, a mi entender, positiva para luchar
contra el fraude más rechazable, existen dos obstáculos que pueden dejar
la reforma en una mera declaración de intenciones sin aplicación real,
por lo que no se reduciría la pretendida impunidad. El primero sería un
obstáculo de orden técnico, porque el elemento objetivo del delito
fiscal, la cuantía, se remite a su cuantificación conforme a las normas
tributarias y resulta habitual que, tras la controversia judicial, la
cuantía probada se reduzca respecto de la comprobada por la
Administración. El segundo, un obstáculo de orden práctico, pues la
detección de la casi totalidad de los expedientes del delito fiscal se
origina por la investigación tributaria, y si no se extiende la
prescripción administrativa a los diez años, desde los cuatro vigentes,
es imposible que puedan acreditarse los indicios racionales delictivos
que habilitan para remitir los expedientes al Ministerio Fiscal.


Creo que todas esas razones justifican este veto, por lo
que consideramos que habría que retirar este proyecto de ley.


Gràcies, senyor president. Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Propuesta de veto número 4, de los senadores del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, menos los senadores
Guillot y Saura. Para su defensa, tiene la palabra la senadora
Pineda.


La señora PINEDA BALLÓ: Gracias, presidente.


Lo que ha explicado antes el senador Saura en defensa del
veto a la totalidad de la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad
energética se puede aplicar perfectamente a esta ley. Uno lee el título y
casi se emociona al pensar en el contenido: Ley Orgánica por la que se
modifica el Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el
fraude fiscal y en la Seguridad Social. Vamos a legislar sobre una
materia que le interesa al ciudadano y que le preocupa. Hablamos de
transparencia, de lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.
Pero luego, vamos al preámbulo, y ya piensa uno: no será tanto. Y cuando
terminamos de leer el articulado, tenemos ya la sensación de que el
título no casa con el contenido.


Quiero dejar claro de antemano, antes de entrar de lleno en
la propuesta de veto que presentamos, nuestro total compromiso con la
lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, y en defensa de
los derechos de los trabajadores. Porque me temo cuál será la respuesta
del PP: si tan comprometidos están, ¿por qué no votan a favor de la ley?
Precisamente por ese compromiso hemos presentado la presente propuesta de
veto.


Aunque a simple vista este hecho pudiera parecer
contradictorio, nada más lejos de la realidad. Yo creo que la verdadera
contradicción se halla en el seno del Gobierno y del Grupo Parlamentario
Popular, que, por un lado, dan luz verde a una amnistía fiscal que
contradice todos los principios jurídicos y, a cambio, eso sí, de
tributar un 10%, se permite el blanqueo de capitales de origen
desconocido. Y por otro lado, aprueban una reforma laboral que vulnera
todos los derechos más básicos y fundamentales de los trabajadores. O
sea, la reforma laboral en democracia que más derechos ha recortado a los
trabajadores.









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Después, a continuación de todo eso, pretenden aprobar una
reforma penal que, en teoría, agrava los tipos penales para los
defraudadores de la Hacienda pública y de la Seguridad Social, así como
los delitos contra los derechos de los trabajadores. ¿Espíritu de
contradicción? No lo creo. A nuestro entender, es más un ejercicio de
populismo e hipocresía. Es el reflejo de la forma de legislar a la que
nos tiene acostumbrados el Gobierno. Legislar en el ámbito penal a golpe
de titular de periódico, intentando de ese modo compensar, o bien
ocultar, las verdaderas reformas sistemáticas en el ámbito tributario y
en el ámbito laboral.


Esto es especialmente grave en el ámbito penal, ya que se
requiere la reforma de una ley orgánica. Afecta a derechos fundamentales,
algo que además —siento decirlo— requeriría un trámite
parlamentario más amplio, más riguroso y sosegado, acompañado de una
visión más global y estratégica. En este punto, la pregunta que surge es:
¿por qué, si está en marcha una reforma del Código Penal más amplia, es
necesario modificar por separado los delitos recogidos en tres apartados,
a través de una reforma específica? ¿Por qué? La respuesta es fácil.
Continúo creyendo que trata de ocultar las reformas inmorales e injustas
que está llevando a cabo en el ámbito tributario y laboral. Trata, como
decía, de disimular esas auténticas reformas estructurales para salir a
continuación a la palestra como defensores a ultranza de la Hacienda y de
los derechos de los trabajadores.


Respecto a la propuesta de modificación del Código Penal
que nos presenta el Gobierno en el ámbito tributario, esta reforma está
dirigida principalmente a ser el salvoconducto de la amnistía fiscal que
se recoge en el Real Decreto 12/2012. Resulta curioso que la ley que
ahora debatimos haya sido también tramitada en el Congreso de los
Diputados dentro del periodo de vigencia de dicha amnistía fiscal. De
hecho, con la propuesta que presenta ahora el Gobierno, pasamos de la
amnistía fiscal a la amnistía penal cuando se cumplan determinados
requisitos en la comisión de un delito tributario. Primero, que los
defraudadores de la Hacienda pública se acojan a la amnistía fiscal y,
después, a la amnistía penal.


Estamos, pues, ante una reforma que contraviene los
principios jurídicos de seguridad jurídica, prejudicialidad penal,
igualdad ante la ley y proporcionalidad. Contraviene el principio de
seguridad jurídica por dos razones. Por cuanto que quien haya cometido un
delito de la gravedad que se estipula en el tipo penal puede, mediante el
pago voluntario de lo defraudado, evitar cualquier tipo de condena, más
allá, evidentemente, del reproche penal. Esa es la máxima expresión de lo
que se viene denominando derecho penal de los millonarios. A su vez, se
conculca el principio de seguridad jurídica, por cuanto que los tipos
penales no dejan claro el momento en que se inicia el cómputo del plazo
de prescripción. Su interpretación quedará al arbitrio de los juzgados y
tribunales. Tampoco podemos pasar por alto que la mayoría de los delitos
fiscales inician su instrucción ante los juzgados después de un proceso
de inspección fiscal, y la prescripción en el ámbito administrativo no se
modifica, continúa siendo de cuatro años. En este caso, existe un
desajuste entre la prescripción penal y la administrativa.


El principio de prejudicialidad penal también se rompe en
este caso, pues, independientemente del proceso penal, no hay una
suspensión del proceso administrativo ante la Administración tributaria o
de la Seguridad Social, lo que puede dar lugar a decisiones
contradictorias en pro —creo— de una mal entendida eficiencia
de la Administración versus la jurisdicción. Yo creo que ello no deja de
demostrar una absoluta falta de confianza en la jurisdicción.


Finalmente, los principios de igualdad y de
proporcionalidad también se rompen, pues incluyen la despenalización de
la conducta delictiva contra la Hacienda pública si hay pago de lo
debido. Con este proyecto de ley pasamos de la excusa absolutoria al
desvalor de la acción. Asimismo, el proyecto de ley prevé que quien
quiera y pueda podrá evitar el tipo agravado y rebajarlo en uno o dos
grados mediante el pago de lo debido. Eso sí, a cambio —aquí
también viene la desproporcionalidad, a través del artículo 307
ter—, tipifican como conducta penal la realizada por un trabajador,
parado o pensionista que, a partir de un euro de beneficio, obtenga el
disfrute de prestaciones de la Seguridad Social, con una pena de tres
meses a tres años. Al mismo tiempo se configura un nuevo tipo penal en
este artículo 307, como decía, para los trabajadores pensionistas que
defraudan, criminalizando así a este colectivo que no concentra, como
ustedes sabrán, ni mucho menos, el grueso de la defraudación, y a pesar
de que estas conductas ya están sancionadas en el ámbito de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social y en los tipos generales del
propio Código Penal. Entonces, les pregunto: ¿por qué quieren pasar de
los









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tipos penales generales al específico? Hay que luchar
contra el fraude, sí, pero creo que esta no es la manera.


Por último, también cabe señalar cierta falta de
rigurosidad en la técnica legislativa, por cuanto que la disposición
final primera hace referencia a una sanción incluida en una ley que aún
no está aprobada, por lo que esta ley nos remite a otra que ni siquiera
existe.


En definitiva, y para terminar ya, el populismo punitivo no
puede ser la guía de un Gobierno a la hora de legislar. El Derecho Penal
se configura como última ratio del Derecho y, con estas reformas, lo
están convirtiendo en la primera solución. Nos encontramos ante la
instrumentalización del Derecho Penal para la política fiscal, vulnerando
además principios que informan nuestro ordenamiento jurídico y que
afectan también a derechos constitucionales, como el de igualdad.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pineda.


Propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario
Socialista.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Díaz
Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente; con su
venia.


Este texto que tienen aquí no es lo que ha dicho el
secretario general del Grupo Parlamentario Popular. No es verdad lo que
ha dicho usted esta noche, no es verdad. La razón de ser de este texto la
leen ustedes —el que quiera— en la disposición adicional
única. Léanselo ustedes ahí, y comprobarán las prisas y comprobarán por
qué había que sacarlo hoy. Ahí lo podrán comprobar ustedes.


Y no me estoy refiriendo a la diferencia entre una ley
orgánica como el Código Penal y un Decreto Ley 12/2012, que plantea una
visión del artículo 180.2 de la Ley General Tributaria; un decreto
plantea inaplicación de una ley orgánica. No estoy hablando de eso, que
también podría hacerlo; es una chapuza jurídica más. ¡Como la ley de las
tasas! Que en las Cortes fijan su entrada en vigor en una fecha y el
secretario del Gobierno dice otra; otra chapuza jurídica más, en esa
alocada carrera de competición por los despropósitos jurídicos. Pues
bien, en esta ocasión es la inaplicación del artículo 180.2 de la Ley
General Tributaria. Eso es: es la amnistía fiscal, que no tenía cobertura
y había que legalizarla y darle cobertura, de ahí las prisas. Y no es
verdad la petición de las asociaciones de inspectores tributarios, porque
lo que plantean son otras propuestas que no tienen este contenido. No es
verdad. Cuando quieran lo debatimos con los textos, cuando quieran. Antes
de ingresar en la carrera judicial fui miembro del Cuerpo Técnico de la
Administración, y conozco muy bien sus razonamientos. Eso no es verdad.
La clave está en esa disposición.


Y añado un argumento más a lo dicho por otros senadores en
torno a su veto. En el artículo 433 se alude a la transparencia, ese
título que le ha emocionado a usted, doña Yolanda. De las doce medidas de
reforma del Código Penal, una tiene que ver con la transparencia, la
número doce, artículo 433 bis. ¿Pero qué ocurre? Que es la excusa que han
puesto para incluir en el título introductorio la expresión
«transparencia», siendo así que con el artículo 390 del Código Penal se
consigue la condena por estos comportamientos y con una pena muchísimo
más severa que la que figura en el artículo 433; porque ya no es solo la
mala técnica legislativa con respecto a la previsión del calendario:
creían que a estas alturas iba a estar aprobada la llamada Ley de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y por eso
lo planteaban. En los artículos 25 y 26 de ese proyecto se plantean
infracciones administrativas; y lo que es relevante desde el punto de
vista constitucional es cómo unas infracciones administrativas, que solo
pueden tener sanciones administrativas, puede conllevar la inelegibilidad
de cualquier ciudadano español. Por una sanción administrativa,
inelegibilidad en el ámbito de derechos fundamentales.


Señorías, lo relevante no es hablar de las chapuzas
jurídicas; yo puedo entender que, cuando hay prisas y por la caja todo
vale, se tengan estas prisas; forma parte de la humana condición y errare
humanum est. Pero es que hay otras cosas que no tienen que ver con la
prisa. Y si no, explíquenme los ponentes del Grupo Popular que hoy
hablarán aquí la razón de ser del artículo 307 ter ¿Por qué razón si un
español lleva a cabo un fraude de 119 000 euros no comete delito?
Mientras que, por ejemplo, el caso que nos ha apuntado el senador
Guillot, el fontanero que está cobrando 400 euros, o el parado que está
cobrando esta prestación, le dice a un vecino: te voy a pintar la fachada
o te voy a arreglar eso; y, voluntariamente, no lo declara, sí comete
delito.









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¿A ustedes les parece, sinceramente, que el reproche penal
es la respuesta más adecuada a ese comportamiento? Ese es un
comportamiento censurable, es un comportamiento sancionable, es un
comportamiento reprochable, cierto: pero no es un comportamiento
criminal. He leído todas las intervenciones del portavoz popular en el
Congreso de los Diputados, como ustedes, y la explicación que da es que
no es lo mismo el que no mete en la caja lo que tiene que meter, que el
que saca de la caja lo que no debe sacar. Y, claro, cuando oyes esto,
piensas: ¡qué esfuerzos hay que hacer para buscar argumentos bajo las
piedras, para explicar lo inexplicable! Porque no hay justificación
alguna para esta concepción.


Por eso, una propuesta muy razonable es: ¿por qué no se
plantea una cantidad para todas las haciendas —territorial, local,
europea, etcétera—, también para la Unión Europea y para la
Seguridad Social? Un tipo básico de 50 000 euros, por ejemplo; después,
si quieren, incrementen el tipo gravado a una cantidad superior, 120 a
250, la que estimen, pero establezcan esa cantidad común para todos los
tipos, y así todos los españoles, en cualquier lugar, sea cual fuera la
Administración, sabrán que por encima de 50 000 hay un delito, y si es
por debajo, una sanción administrativa. Pero no la figura de delito,
porque me parece absolutamente desproporcionado, insisto. Digo más, la
propuesta sobre el artículo 307 ter simplemente hay que sacarla de ahí.
¿Por qué razón? Porque usted sabe que en el texto refundido de la Ley de
la jurisdicción social ese comportamiento está previsto como una
infracción, y está previsto con su sanción y las consecuencias futuras a
efectos de percepciones. No es necesario incorporarlo al Código
Penal.


¿Qué otros razonamientos tiene el Grupo Socialista para
plantear que esto no tiene razón de ser? Señorías, la propuesta que ha
hecho el Gobierno sobre el Código Penal está mucho más avanzada de lo que
se ha dicho aquí en esta sesión, ya está en los informes de la Junta de
Fiscales. Ellos ya están haciendo sus observaciones; muchas de ellas muy
atinadas, como corresponde a un cuerpo tan cualificado. Pero si dentro de
pocos meses veremos aquí esa profunda reforma del Código Penal
—esta hace la número veintiocho del Código del año 1995—,
¿por qué ahora vemos solo lo que tiene que ver con el título XIV y con el
título XV? Insisto: porque había que vestir esta disposición única de la
que les estaba habando.


Más razones. Esto si que me parece bastante grave. El
apartado 5, artículo 31 bis, asocia los partidos políticos y los
sindicatos a las asociaciones privadas, a las asociaciones con ánimo de
lucro. Saben ustedes que en la reforma de 2010 se concebía la
responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero no se concebía a
los partidos políticos y a los sindicatos como una persona jurídica. No
son una sociedad privada, no tiene afán de lucro, porque el propio
Tribunal Constitucional ya las ha evaluado como organizaciones esenciales
de carácter cuasipúblico; cuasipúblico quiere decir que no son
exactamente como las administraciones públicas y como el Estado, pero
casi, y están muchísimo más alejadas de lo que es una entidad con ánimo
de lucro o una entidad privada. ¿Por qué? Porque desempeñan una función
constitucional, una función prevista en los artículos 6 y 7 de la
Constitución, porque son las vías de participación en la vida pública. Y
si eso se plantea así, ¿por qué razón el Grupo Popular ha aceptado una
propuesta de UPyD para incorporar la criminalización de los partidos
políticos y los sindicatos, al concebirlos como si fueran organizaciones
de tipo privado o con afán de lucro? ¿Cuál es el sentido que tiene
eso?


¿Es verdad que hay que reformar los partidos políticos? Sí.
¿Es verdad que hay que reformar la manera de participar en la vida
pública? Yo estimo que sí; es más, en la Comisión Constitucional algunos
estaban presentes y manifestaron su acuerdo con algunas propuestas que
hice al respecto. Les decía: ¿por qué razón en mi municipio no puedo
votar —aparte de la lista del Partido Socialista, porque soy una
persona de izquierdas— a otras personas? ¿Por qué no puedo entender
que a lo mejor hay en otras listas personas capaces y honradas? ¿Por qué
no puedo apoyar, para administrar mi ciudad, a personas de otra opción
para ser concejales? ¿Por qué razón? Eso en la actualidad no se me
permite, porque las ejecutivas deciden quiénes integran las listas. Pero
si el titular de la soberanía es la ciudadanía, ¿por qué razón los
ciudadanos no podemos escoger en el conjunto de las listas las personas
que nos parezcan más idóneas para tal función? Todo eso hay que
reformarlo. Pero ¡hombre!, se puede reformar el sistema democrático
treinta y cuatros años más después de la entrada en vigor de la
Constitución, que celebramos, por cierto, hace pocos días aquí, en el
Senado, y vuelvo a felicitar al presidente por haber conseguido que se
celebrara aquí; ya se lo dije en privado, y no tengo ningún inconveniente
en hacerlo en público. ¿Por qué









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razón no se va a hacer, si treinta y cuatro años más tarde
las estructuras partidarias están ya mucho más consolidadas, y la razón
de que no se pudiera hacer al comienzo de la democracia carece ya de
sentido? Eso hay que abordarlo en términos de reforma. Pero ¿por qué
razón equiparar los partidos políticos y los sindicatos a las
asociaciones privadas? La única explicación que le encuentro es la
expresión que utilizaba antes doña Iolanda, lo que ha llamado el
populismo punitivo. ¿Cuál es? Hay una presión ambiental inmensa. Hay una
caza de brujas tremenda hacia los políticos en general y de manera
específica hacia los parlamentarios. Y en una situación así, existe la
tiranía de que nadie me pueda decir a, b o c; por esa razón lo tengo que
incorporar. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia.)


Pero señorías, fíjense en la relevancia que tiene este
asunto, que está exactamente en el cuarto renglón de la exposición de
motivos; en el cuarto renglón, en el frontispicio, ya figura la necesidad
de la transparencia de la actividad de la Administración y del régimen de
responsabilidad de partidos políticos y sindicatos. ¿Qué ocurre? ¿Es que
en la actualidad no hay un régimen de responsabilidad? Lo hay. De hecho,
hay responsables de partidos políticos que están procesados, ¿cuál es el
problema? También hay jueces que han sido procesados y miembros del
Consejo General del Poder Judicial, ¿cuál es el problema? El ordenamiento
jurídico se le aplica a todo el mundo. Por ello, insisto, la
incorporación de partidos políticos y sindicatos en el artículo 31 bis,
apartado 5, es un grave retroceso desde el punto de vista
democrático.


No me voy a exceder en expresiones técnicas como la de la
excusa absolutoria, porque no todas las personas conocen la jerga del
Derecho Penal, pero lo explicaré de una manera básica. Si en la
actualidad una persona comete delito fiscal, el delito lo ha cometido; si
luego en el transcurso del tiempo regulariza su situación, al final se
entiende que el delito ha existido, que el procesamiento ha existido, que
hasta la vista oral se puede desarrollar, pero no hay una condena: una
excusa absolutoria; pero vive la experiencia de que ha habido un hecho
delictivo. Sin embargo, aquí se plantea que desaparezca, lo que se llama
el desvalor de la acción, el desvalor del resultado: no ha existido nada.
Y ¿de qué depende? Del dinero. Si tiene dinero y lo pone, pues no ha
pasado nada. Conclusión: al que no tenga dinero y no lo pueda poner no se
le plantea esta posibilidad. Por tanto, al mismo comportamiento, trato
distinto, en función de que se tenga dinero o no.


¿Qué es lo que nosotros planteamos en las enmiendas? Desde
nuestro punto de vista, no es suficiente con que comunique la situación
tributaria real o no es suficiente con que la regularice; también tiene
que acreditar un comportamiento y una voluntad de colaboración en el
esclarecimiento de los hechos, para acreditar que, con su comportamiento
futuro, va a corregir su comportamiento del pasado; ¡pero el hecho
delictivo ha existido! Si no, es una especie de invitación a que no se
preocupen, porque con pasta se arregla todo. Es aquello de que por la
caja todo vale. Nosotros entendemos que por la caja no todo vale, porque
son principios básicos que se han ido conquistando a lo largo de muchos
siglos de combate en el ámbito del Derecho.


Por lo que respecta a la prescripción, el derecho a
sancionar —la obligación de sancionar— lo tiene el Estado, y
es el mismo se trate del ámbito administrativo o del penal. También el
plazo de prescripción era el mismo. Si de pronto ahora lo hacemo
distinto, se plantearán dificultades con respecto a los hechos que han
quedado acreditados, o bien dificultades de acoplamiento de las verdades
consolidadas en los ámbitos administrativos o en los ámbitos penales.
Hasta ahora existía el principio de jurisdicción atrayente: si se está
desarrollando un asunto administrativo pero llega al orden penal,
entonces el juzgado de lo Penal, o en este caso la Audiencia Provincial
desde que llegue la pena a los 6 años, tiene la responsabilidad. ¿Qué
ocurre? Que si se plantea ese desajuste entre cuatro años y diez años, se
pueden generar conflictos.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya
finalizando, por favor.


El señor DÍAZ TEJERA: Voy acabando, señor presidente.


No es una aportación ex novo, ya lo plantea el Consejo
General del Poder Judicial en sus informes.


Les invito, no tanto a que hagamos monólogos sucesivos,
repitiendo las argumentaciones que ya hemos oído en la otra Cámara, sino
a acoger los argumentos que aquí se esgrimen y trabajemos sobre ellos
para ver de qué manera dignificamos la legitimación de ejercicio del
Senado, que a mí me parece fundamental.









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Creo sinceramente que este camuflaje de la disposición
adicional única no es digna de ustedes, lo digo con toda sinceridad: no
es digna de ustedes. Estoy convencido de que las cosas se pueden hacer de
forma distinta y plantearnos la reforma del Código Penal en aquellos
asuntos relevantes de conjunto con una visión integral, sin necesidad de
esta reforma parcial que, insisto, es muy mal camuflaje.


Gracias, presidente, por el minuto veinte segundos de más.
(Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Díaz Tejera.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Fernández.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con la venia, señor
presidente.


Señorías, como cuestión previa diré que creo que algunos
portavoces han dejado en evidencia al secretario de mi grupo
parlamentario intentando de alguna forma manifestar que el dejar esto
para otro momento se había acordado en la Junta de portavoces. Y no es
cierto, puesto que los mismos que han interpelado han hecho constar que,
por la situación de precariedad en la que se encontraban muchos
trabajadores, era necesario llevar a cabo esta reforma.


Igualmente, ha sido curioso ver cómo se lucían en esta
tribuna algunos portavoces de otros grupos en proyectos de ley
anteriores, cómo han dicho todo lo que les ha parecido para alargar el
tiempo, y a la hora de la votación se han quitado de en medio. Es decir,
es curioso ver cómo hay que tener una ejemplaridad política, sobre todo
parlamentaria, para estar aquí defendiendo lo que es defendible y lo que
tenemos todos que defender. Y digo esto, porque hemos visto que algunos
ni siquiera han podido defender determinadas enmiendas ni votar las
propias porque se fueron antes de tiempo.


Dicho esto, nosotros hemos presentado este proyecto de ley
porque creemos que es muy necesario. Es un proyecto de ley que modifica
el Código Penal y que mejora los controles del fraude. Es verdad que el
Código Penal se va modificando en función de la situación social o el
momento de cada país y, efectivamente, en estos momentos nos encontramos
con circunstancias especiales por las que había que modificarlo. Era
necesario.


Creo que a nadie se le escapa que hay que hacer un control
del fraude, y que aquí defraudan otras muchas personas más; y no
solamente puede haber un cariz o un tono de defraudador o de malgastador
o de persona que no está en su sitio, en la licitud, que es el político.
Hay otras muchas más personas que defraudan, y había que controlar todo
esto.


Y todo ello es fruto de una intensa colaboración de tres
ministerios que se han puesto de acuerdo, como son el de Hacienda y
Administraciones Públicas, el de Empleo y Seguridad Social y el de
Justicia, para tomar medidas y hacer un plan integral con el que,
impulsado por uno u otro, en función de al que le toque, pueda
fortalecerse la lucha contra el fraude y que este no continúe. De hecho,
se ha fortalecido muy de lleno a la propia Inspección de Trabajo porque
lo ha pedido ella, y se ha fortalecido también la colaboración con la
Agencia Tributaria y con el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el
Consejo de Poder Judicial. ¿Por qué? Porque han pedido, sobre todo el
Cuerpo de la Inspección de Trabajo, que se tipificaran ciertas
situaciones, ciertas actuaciones ilícitas, porque llegaba un momento en
el que el defraudador terminaba en una sanción administrativa. Y todos
sabemos que muchas veces, por ser incluso insolvente, se quedaba en eso,
en una sanción administrativa.


Esto se corresponde con la mejora de la eficacia de los
instrumentos de control de los ingresos y del gasto público —que es
lo que estamos haciendo—, que se revela como un elemento
imprescindible del conjunto de medidas adoptadas con motivo de la crisis
económica. A tal efecto, en el ámbito penal se hace necesaria una
profunda revisión de los delitos contra la Hacienda pública y contra la
Seguridad Social, regulados en el Título XIV del Código Penal. Y como
objetivo de esta reforma, en el ámbito tributario está la creación de un
tipo de agravado que ofrezca respuesta a los fraudes de especial gravedad
y que eleve la pena de prisión hasta una duración máxima de seis años, lo
que posibilitaría la persecución de las tramas organizadas, tanto del
fraude fiscal como del fraude a la Seguridad Social. La reforma que se
lleva a cabo en los delitos contra la Seguridad Social, como he dicho
antes, afecta al tipo básico para reducir la cuantía a partir de la que
una infracción es, lógicamente, constitutiva de un delito, que hay que
regularizar.


Se prevé también una atenuación de la pena cuando los
presuntos responsables de los delitos reconozcan su comisión y satisfagan
íntegramente la deuda tributaria o bien colaboren con las









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autoridades para la averiguación de los hechos y, en su
caso, la identificación o captura de otros responsables, siempre y cuando
tal reconocimiento, pago o cooperación se produzca en un breve lapso de
tiempo.


También, dentro de los delitos contra la Hacienda pública,
se prevé un nuevo tipo agravado en el artículo 305 bis —ya
mencionado por algún portavoz—, para tipificar las conductas de
mayor gravedad o de mayor complejidad en su descubrimiento, que se
sancionarán con una pena máxima de seis años, lo que, por aplicación del
artículo 131 del Código Penal, llevaría aparejado el aumento del plazo de
prescripción a diez años para dificultar la impunidad de estas conductas
graves por el paso del tiempo.


En cuanto a los delitos contra la Seguridad Social, se
reforma el artículo 307 del Código Penal a los efectos de reducir a 50
000 euros la cuantía que establece el tipo delictivo como condición
objetiva de punidad. La fijación del límite debe hacerse conforme a
criterios económicos, políticos y sociales, y la realidad social y
económica actual pone de relieve la necesidad de actuar con mayor
contundencia frente a las conductas presuntamente delictivas y tramas
organizadas que ponen en peligro la sostenibilidad financiera del sistema
de la Seguridad Social. La reducción de la cuantía del tipo delictivo
permite que sean objeto de punidad también todos aquellos hechos que sean
objeto de un contundente reproche. Pero en la práctica se dan supuestos
en los que se interpreta que no existen delitos contra ella.


Todo esto lo estamos conociendo todos los días.
Desgraciadamente, en nuestro territorio, en el Estado español, el fraude
a la Hacienda pública ha sido un fraude más o menos controlado, y que ha
habido personas para las que, por la cuantía que podían defraudar, no
tenía significado alguno. Pero hemos visto muchas tramas, muchas
empresas, y aquí se decía que se persigue a los trabajadores, como
diciendo: es que a los pobres trabajadores parece que ahora se les va a
aplicar el Código Penal. Pues, señorías, cuando un trabajador es dado de
alta en una empresa en la que se hace una simulación del trabajo, lo que
es muy frecuente en este tipo de fraudes para que pueda tener
prestaciones a la Seguridad Social, el efecto multiplicador del fraude es
ilimitado. Con un simple trabajador dado de alta ilícitamente en una
empresa y aparentemente cotizando, si se pone enfermo, se jubila o recibe
prestaciones, él y los derechohabientes que pueda tener, el fraude es
ilimitado.


Hasta ahora todo estaba tipificado de tal forma que si se
veía un riesgo penal, muchas veces la jurisdicción social lo pasaba de
oficio a la jurisdicción penal. Y todos conocemos que la Fiscalía muchas
veces lo podía dejar dormir tranquilamente hasta ver quién era el
responsable de aquel presunto fraude. Y luego había que demostrar
fehacientemente no haber trabajo o no haber estado en el puesto de
trabajo, lo que a toro pasado era muy difícil. Con esto se ha encontrado
la Inspección de Trabajo todos los días, y veía cómo el fraude iba
subiendo y subiendo, con prestaciones sociales ilimitadas. Pero en estos
días vemos cómo estamos reformando muchísimas situaciones de la Seguridad
Social, e incluso hay un pacto para este fondo de la Seguridad Social,
que está mermando en una cantidad bastante abultada ya que hay gente que
defrauda todos los días porque se considera con derecho a tener una
prestación de la Seguridad Social.


Y no entiendo cómo algunos grupos parlamentarios no lo
pueden entender —valga la redundancia—. Traemos aquí la
modificación del Código Penal y, ahora, cuando va a beneficiar a los
trabajadores, parece que les estamos atacando. Digo esto, porque tenemos
una enmienda muy importante, con la que se pretende que se persiga que
los trabajadores tengan que estar dados de alta de forma fraudulenta. Por
lo menos, cuando ocupen su puesto de trabajo que lo hagan con toda la
libertad que pueda tener un trabajador.


Se decía antes por parte de algún portavoz que parecía que
con la reforma laboral le hemos quitado todos los derechos a todo el
mundo, y ahora venimos a decirles que con este Código Penal vamos a
intentar darles algo por esos derechos que les habíamos quitado por la
vía de la reforma laboral. No lo entiendo. Creo que eso es no conocer
bien los parámetros. Una reforma laboral se entiende claramente que está
hecha por el legislador para adaptarse al mercado actual. Y aquí traemos
situaciones muy distintas: que se vigile que los trabajadores estén de
alta en el régimen correspondiente; que coticen por el régimen
correspondiente; que se les pague por el régimen correspondiente; que su
contrato de trabajo se haga adecuadamente; que no firmen finiquitos en
blanco; que todas las empresas tengan, como es lógico, un concepto de esa









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revalorización del sistema de trabajo adecuadamente. Ese es
el sistema verdadero que debemos tener. Pero eso, por lo visto, a algunos
no les gusta. Y entonces, criminalizamos al trabajador o el empleo.


Hemos hecho lo que se hizo en otros momentos. Cuando ha
gobernado el Partido Socialista ha modificado el Código Penal en el
momento en que ha entendido que había que hacerlo. El Código Penal se ha
modificado muchas veces puntualmente. ¿Para qué? Para todo aquello en que
se entendía que había una situación de fraude que había que atacar. Pues
hemos hecho lo mismo. Si estamos viviendo un momento económico
dificultoso, un momento económico duro, y alguien quiere aprovecharse de
los trabajadores para infravalorarlos o utilizarlos de manera fraudulenta
y muchas veces pagarles la mitad de lo que aparece en la nómina, vamos a
perseguir esa conducta. ¿De qué forma? No con una falta administrativa.
Se va a perseguir con el Código Penal. Y eso se va a hacer con el
empleador, se va a hacer con el autónomo y se va a hacer con todo aquel
que intente de alguna forma explotar a un trabajador que dignamente
presta un servicio, presta un trabajo; y para cualquier trabajo debe
existir una remuneración correcta.


No hablamos de convenios colectivos ni de que se haga una
reforma y se cobre menos o de que se trabaje más o menos horas. Eso se
regulará en el Estatuto de los Trabajadores. Lo que hay que hacer aquí es
tipificar la falta para que esos trabajadores lo puedan tener
perfectamente claro. Eso es lo que hemos hecho, ni más ni menos,
modificarlo, porque así lo entendemos, porque nos lo han pedido, porque
así lo está pidiendo el Cuerpo de la Inspección de Trabajo, que se
encuentra atado de pies y manos cuando llega a sitios en los que la gente
sale corriendo; y no sabe cómo tener mecanismos legales para cortar un
fraude social que se comete todos los días, como es un alta indebida,
como he dicho al principio, para cobrar una prestación. ¿Cuánto cuesta
eso? Cuando un trabajador se da de alta indebidamente en una empresa y se
accidenta —no voy a decir que lo haga de forma fraudulenta—,
¿cuánto cuesta esa prestación? ¿Cuánta gente se da de alta, pensando: me
faltan cotizaciones para la Seguridad Social, y se le dice: te doy el
alta y repartimos el dinero de todos? No, esa no es la lectura. La
lectura es: usted tendrá prestaciones cuando las haya cotizado, y usted,
lógicamente, tendrá que hacer frente en su contrato de trabajo con el
empleador a toda la normativa, que no es ni más ni menos que cumplir con
la obligación; unos y otros.


Distinto es las relaciones laborales y las relaciones que
pueda haber entre unos y otros, pero lo que no es de recibo es que se
pueda dar cobertura a un delito que se está dando todos los días, incluso
cometido por grandes mafias, grandes mafias que están creando empresas
falsas, empresas de todo orden, para dar de alta a trabajadores y cobrar
incluso prestaciones. Y cuando se descubre un asunto de esta materia
vemos, como he dicho antes, el efecto multiplicador de las prestaciones
que se han cobrado, que es ilimitado. Porque cobran por dar de alta y por
cotizar, nada más. Punto. Y ya vendrá lo que venga. ¿Cuánto cuesta eso?
Hasta ahora no estaba tipificado, salvo como una falta por la Inspección.
Se consideraba una falta administrativa y llegaba hasta los recursos
propios, bien de la jurisdicción contencioso-administrativa, que era a la
que competía las actas de inspección, o bien, si la Inspección
consideraba que era un delito, lo mandaba a la Fiscalía. Y ahora,
demuestre usted si se trabajaba o no se trabajaba. Estas situaciones hay
que abortarlas. ¿Cómo? Con penas duras, con penas gravosas con las que
los trabajadores sepan que si colaboran con esas faltas también van a ser
sancionados. Esta es la reforma del Código Penal, una reforma necesaria,
urgente, que tenemos que hacer cuanto antes, con estas medidas, que
forman parte de un plan integral.


No olvidemos nunca que esto no lo impulsa por gusto ningún
partido, lo impulsan aquellos técnicos, aquellas personas que muchas
veces están en un mundo distinto al nuestro: el Ministerio de Empleo, el
Ministerio del Interior, la propia Fiscalía, la Inspección de Trabajo y
todos aquellos que cubren un mundo como es el de las relaciones laborales
y fiscales. Y al hablar de delitos fiscales no hablamos de ricos o de
pobres, hay delitos fiscales y delitos fiscales. Hay quien a lo mejor
defrauda un millón de euros y quien defrauda millones de euros. Pero
muchas veces no nos damos cuenta de la cuantía que significa un fraude a
la Seguridad Social. Parece una pamplina, una tontería que uno se dé de
alta y ya tenga sus prestaciones. Pero eso ¿cuánto cuesta? (El señor
presidente ocupa la Presidencia.) Si un señor fallece, su viuda cobra una
prestación por viudedad para siempre. El fraude que cometió en su día al
darse de alta, ¿cuánto cuesta? Eso hay que tipificarlo, hay que buscar
fórmulas. ¿Cómo se buscan? Con un Código Penal, con una









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reforma oportuna del Código Penal, ni más ni menos. Y es lo
que quiere el Partido Popular: hacerla de forma urgente, ya, porque es la
única manera de que por lo menos se vea que tenemos espíritu de colaborar
para luchar contra todo aquello que se haga de forma fraudulenta.


Ahora bien, pasar de esto y decir, que lo hagan otros o, ya
veremos, no es serio. Lo serio es verlo, trabajar y hacer la reforma. Y
por eso la hemos traído. Siento la tardanza o el momento de la noche,
pero si somos legítimamente representantes y legisladores, tenemos que
comprender que este es el turno que nos toca y que no podemos quitarnos
de en medio.


Agradezco muchísimo el tono de muchos de los portavoces que
han intervenido, cada uno con su exposición lógica y legítima, pero no
podemos dejar para otro día lo que parece que no es urgente, cuando todos
sabemos que era urgente, necesario y había que hacerlo.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)


No hay intervenciones.


¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)


Tampoco interviene.


¿Grupo Parlamentario de la Entesa?


Tiene la palabra la senadora Pineda.


La señora PINEDA BALLÓ: Gracias, presidente.


Intervendré con brevedad para contestar al portavoz del PP.
Señoría, si ustedes siempre hicieran lo que les piden, otro gallo
cantaría. Si dice que esto se lo han pedido los inspectores, yo digo que
también hay jueces que les han pedido que no aprueben tasas fiscales,
como han demostrado en sus manifestaciones, al igual que abogados,
etcétera, y no les han hecho caso. Por eso digo que si hicieran caso a
todo el mundo, otro gallo cantaría.


Las vías para buscar soluciones al fraude que existe
—no digo que no exista— no se buscan solo desde el Código
Penal, se buscan también con otras fórmulas. Por ejemplo, hay inspectores
de Hacienda que insisten en que el 75% del fraude fiscal proviene de
grandes patrimonios. Esos son delitos complejos que necesitan de agentes
especializados para poder investigarlos. Y ustedes ¿qué hacen? Eliminan
la Unidad Especial de Investigación Judicial contra la Corrupción de la
Agencia Tributaria de Baleares. Ni siquiera cubrirán las bajas por
jubilación del Cuerpo de inspectores fiscales. Esa sí que es una manera
de luchar contra el fraude fiscal y la Seguridad Social, porque si no se
investiga, ya me dirán ustedes cuántos asuntos van a llegar al ámbito
penal. En materia de delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad
Social resulta significativo que hubiera un descenso de casi el 20%
durante 2010, rebaja que es acusada en los fraudes contra la Seguridad
Social y subvenciones, que en este caso llega al 69%. Por lo tanto, si no
hay investigación no se va a llegar al ámbito penal. Si no hay quien
tenga la suficiente especialización para poder investigar, aunque ustedes
puedan ir subiendo el tipo penal hasta el infinito y más allá, no habrá
casos que lleguen al ámbito penal. En definitiva, primero, no es excusa
que se diga que esta reforma se hace porque nos lo han pedido y, segundo,
hay otras maneras de luchar contra ese fraude, como las que ya he
citado.


Gracias, presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pineda.


¿Grupo Parlamentario Convergència i Unió?
(Denegaciones.)


No hay intervenciones.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Señoras y señores senadores, tenemos
un magnífico cuerpo de letrados que nos asesora en todo, también en la
estética con respecto al cuello, porque no he tenido la oportunidad de
escuchar a mis compañeras de la parte de la izquierda. En cualquier caso,
el presidente del Senado también me ha auxiliado estéticamente, tarea
imposible, aunque le pone voluntad. (Risas.)









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Volvemos al curre. Señor portavoz del Grupo Popular, no le
niego a usted su cualificación en el ámbito del derecho del trabajo. No
se la niego en absoluto. De verdad, siempre le escucho con mucho cariño
porque sé que usted tiene una amplia experiencia de trabajo en el ámbito
del derecho laboral. Pero este no es un debate sobre el derecho del
trabajo. Se trata de un ámbito de debate distinto, sobre el derecho
penal. Y aquí rige un principio al que ya aludió antes el senador
Iglesias, principio antiquísimo, de Cesare de Beccaria, que era el
derecho penal liberal, que planteaba la necesidad de que la última
respuesta del Estado —es decir, de la sociedad organizada en
Estado—, la última respuesta o la última ratio fuera el derecho
penal. Y le invito a que me diga, de todo lo que se ha incorporado en
este texto penal, qué cosa no estaba antes contemplada en el ámbito
social. Me explico.


Todo lo que usted ha descrito en la parte final de su
intervención ya estaba contemplado en el texto refundido de la
jurisdicción social, en el que se planteaban infracciones en el orden
social con una respuesta propia del orden social. El debate está en si
ese tipo de comportamientos hay que incorporarlos a reproche penal o no.
Parte de ellos sí, pero ya están contemplados.


Lo que trato de decir es que no es posible concebir que
tenga el mismo reproche el que un ciudadano español o una ciudadana
española que recibe una prestación de la Seguridad Social incumpla o
voluntariamente omita una información sobre 50 o 100 euros —por
ejemplo, por arreglarle el coche a un vecino y cobrar 50 euros— y
luego no lo declare conscientemente, o que mientras esté recibiendo la
prestación pinte algo —una chapuza de supervivencia—, algo
que requiere un reproche de tipo social, y plantear eso como un
comportamiento criminal. Porque hay una desproporción en la
respuesta.


Sin embargo, ¿qué se plantea en esta reforma? Pues que un
señor pueda defraudar hasta 119 000 euros; total, como no ha llegado a
120 000, no es un delito. Por eso, la propuesta que hace el Grupo
Socialista es: conciba usted un tipo básico de 50 000, y luego tipos
agravados si las cantidades son superiores.


Incluso hay problemas de seguridad jurídica respecto al
concepto de grupo criminal. No es lo mismo una organización jerárquica y
estable que de manera profesional se está dedicando a eso, a que sobre la
marcha alguien se busque la vida con un asesor jurídico que incumple su
código deontológico y actúa como un mercenario al servicio de quien le
pague. Lo que estoy intentando plantear es la diferencia del reproche en
el ámbito social y en el ámbito penal.


Añado: con esta formulación se rompe con el control
judicial sobre la función recaudatoria que hasta ahora estaba existiendo,
porque se plantean dudas acerca del inicio de la prescripción con el
inicio de la tramitación administrativa, del procedimiento
administrativo, o con el inicio de la tramitación de las diligencias
previas en el ámbito penal. Y añado más. El tipo de penas y el tipo de
respuesta está flagrantemente en contra de principios que se han ido
acrisolando a lo largo de los siglos, como el principio de la respuesta
proporcional a la naturaleza del reproche que hay que hacer al
comportamiento. En este caso sobre todo son comportamientos activos,
aunque también se contemplan comportamientos de omisión.


Nosotros lo que tratamos de decir es: ¿por qué la prisa por
incorporar esto, si ya se está tramitando en el Congreso una reforma
amplia y una visión más integral de la reforma del Código Penal? ¿Por qué
razón hay que hacer esto así? No hay ninguna razón que lo explique,
excepto la disposición adicional única y la necesidad de recubrir con una
pátina y una apariencia de legalidad y de urgencia el Decreto Ley 12/2012
que, como antes le explicaba, no solo incumple la reserva de ley
orgánica, porque es un decreto ley y el Código Penal es una ley orgánica,
sino el artículo 180.2 de la Ley General Tributaria.


Nosotros planteamos la necesidad de que estas cosas, que
son tan serias, nos las tomemos con rigor. Por eso antes decía que no era
verdad la afirmación que le había hecho el secretario general de su
grupo. Es más, yo le invito a que cojamos las conclusiones de la
Asociación de Inspectores Financieros y Tributarios, que cojamos esas
propuestas y las convirtamos en leyes. Le invito a eso. Como hay tanta
sensibilidad a las propuestas corporativas… Pero sensibilidad hoy y
ahora, porque ayer nos hemos desayunado con una propuesta incendiaria del
ministro de Justicia que, cual pirómano, echa gasolina en el conflicto
diciendo que es natural que los jueces estén enfadados porque, al fin y
al cabo, les han quitado una paga extra. Este hombre al final nos va a
quitar el trabajo al grupo de oposición porque él solo se hace la
autooposición con ese tipo de declaraciones. Si tanta sensibilidad hay a
las propuestas cooperativas, le invito —repito— a que









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coja las últimas propuestas del último Congreso de la
Asociación de Inspectores Financieros y Tributarios. Y hagamos que esas
propuestas sean leyes en España. Verá usted cómo su grupo no las va a
aceptar. Sin embargo, hoy se ha aludido a que es una propuesta de los
inspectores financieros y tributarios, cuando es profundamente falso. Las
dudas se plantean en torno al argumento que he esgrimido del camuflaje de
la disposición adicional única. Luego están esos errores que ya les he
descrito con una ley que todavía no existe o la desaparición del artículo
433, que tiene una pena muy superior con la falsedad a la del vigente
artículo 120.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor DÍAZ TEJERA: Acabo ya, señor presidente.


No tiene ningún sentido. Sinceramente, me parece que esto
es una chapuza jurídica. Algún compañero me dice que esa no es una
expresión muy profunda ni rigurosa, pero lo cierto es que esta es una
chapuza jurídica como la copa de un pino. Y profundamente injusta, señor
portavoz. Créame usted.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz
Tejera.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Fernández Sánchez.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con la venia, señor
presidente.


Señoría, ha querido llevar usted el discurso a un ámbito
que no tiene que ver con el proyecto. El proyecto es muy claro, es
contundente: es una modificación del Código Penal en lo que se refiere al
fraude en materia fiscal y de Seguridad Social. Dice usted que en el
ámbito de la jurisdicción social esto ya está tipificado, que de alguna
manera el juez de lo social en la vida va a condenar penalmente a nadie
porque no es de su jurisdicción. Lo que puede hacer el juez de lo social
es pasar testimonio al Ministerio Fiscal, y que eso duerma el sueño de
los justos, lo que es muy frecuente. ¿Por qué? Porque puede entender que
en ese presunto fraude —que él no está valorando— de cotizar
o no cotizar o cobrar un desempleo, hasta ahí llega su misión. Y con la
Inspección de Trabajo ocurre lo mismo: solo tiene la presunción de
certeza de lo que ha visto. Pero cuando se encuentra con tantísimas
bolsas de fraude, en que no se cotiza a la Seguridad Social y se reciben
prestaciones, lógicamente tiene que haber alguien, que en este caso es el
legislador, que modifique el Código Penal para que en los tiempos que
corren, que son muy difíciles, ese aumento descomunal de fraude se
controle.


¿Y cómo se controlan las cosas? Pues penalmente, como se ha
controlado siempre, con el Código Penal. Sobre todo a aquel que defrauda,
a aquel que comete un delito. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Estamos
viendo cuántos ayuntamientos —vamos a ser sinceros— dan de
alta, venden peonadas a los trabajadores para que coticen y tengan
prestaciones, cuando es mentira. Y usted lo sabe perfectamente, señor
Díaz Tejera. ¿Cuántos ayuntamientos han hecho eso y cuántos alcaldes hay
imputados por eso? Porque se imputaba siempre que se demostrase que
estaban de alta porque se había aceptado de forma voluntaria.


Hoy eso ya no se puede hacer. El que alguien se dé de alta
sin trabajar y no preste servicio, es un fraude; y que no trabaje y esté
de alta con un contrato aparentemente hecho y registrado, y no esté
prestando servicio, es un fraude; y que tenga una prestación económica
porque ha simulado una invalidez, es un fraude; y todo ese etcétera que
todo ello conlleva, sigue siendo un fraude. Porque los delitos fiscales
pueden estar tipificados de forma determinada, es decir, en tal o cual
cuantía, y en esa cuantía hemos terminado. Además, el delito fiscal
siempre está mucho más utilizado por personas con mayor poder
adquisitivo; pero aquí no, aquí hemos entendido que por ser trabajador,
entre comillas, o por ser empresario —y con un documento nacional
de identidad cualquiera es empresario en este país— se puede
defraudar lo que se quiera. Y así, de común acuerdo, yo te doy de alta en
mi empresa y tú cobras las prestaciones, y no pasa nada, porque hasta
ahora la jurisdicción social no lo contemplaba más que como una falta que
se resolvía con la devolución del dinero. Y si se era insolvente, no se
devolvía nada.


¿Y qué ha ocurrido? Que hemos visto que no, que esas bolsas
de fraude hay que tipificarlas. ¿En qué sentido? En todos, porque es
dinero público, porque es de todos, y lo que no puede ser es que acusemos
de delito a unas personas que a lo mejor no lo han cometido y, sin
embargo, eso









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que han hecho otros da mucha pena porque es un pobre
pensionista o un pobre trabajador. Pero tan defraudador es uno como otro
cuando se defrauda, y por eso hay que buscar una fórmula.


Pero ustedes, no. Ustedes, cuando se va al Código Penal
para coger a quien defrauda, parece que digan: hay de primera y de
segunda categoría. Nada más que al rico grande —que no sé quién
será—. Pero al pobre, al que hemos cogido cobrando el desempleo, la
prestación por invalidez, la viudedad y todas esas cosas, que valen un
montón de euros, muchos millones de euros a lo largo del año, porque son
prestaciones vitalicias, ese fraude, no les importa. Es casi una obra
social, incluso le hemos ayudado. Pero, no, el fraude es para todos.


Cuando no se cotice, habrá pensiones no contributivas,
tendrá usted derecho a percibirlas en un Estado de Derecho y en el Estado
del bienestar, pero si se comete fraude, habrá que enfrentarse a ese
Código Penal que todos los españoles tenemos que respetar, y más en esta
Cámara, que es una Cámara legislativa, donde tenemos que buscar fórmulas
para que eso no ocurra. Ni más ni menos, lo demás son palabrerías. ¿Que
dicen que es una chapuza? Le parecerá a usted, pero entendemos que ha
habido que reformar el Código Penal y era urgente y necesario porque el
momento económico tan difícil que vivimos hace que aumente el fraude, y
si no se ven las orejas al lobo para el caso de que se cometa fraude o se
haga algo ilícito, ilegal, no conseguiremos nunca nada. Dejarlo en una
falta administrativa, con una insolvencia de la persona y que no se le
pueda hacer nada más, es no terminar nada. Cuando tengan respeto a ese
Código Penal —y usted es miembro de la Judicatura, aunque ahora
mismo esté en excedencia— y sepan que se tienen que poner ante un
juez para que les juzgue por el delito que han cometido, las cosas
variarán para unos y para otros.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a votar las propuestas de
veto.


Comenzamos con la propuesta de veto número 1, de los
senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 189; a favor, 42; en contra, 141; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores
Guillot y Saura.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 189; a favor, 41; en contra, 142; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 4, de los senadores del
Grupo Parlamentario de la Entesa, menos los senadores Guillot y
Saura.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 42; en contra, 142; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Y votamos finalmente la propuesta de veto número 2, del
Grupo Parlamentario Socialista.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 188; a favor, 42; en contra, 140; abstenciones, 6.









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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, habiendo siendo rechazadas las propuestas de
veto, pasamos al debate de las enmiendas.


En primer lugar, de los senadores Iglesias y Mariscal, del
Grupo Parlamentario Mixto, las enmiendas números 1 a 12.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Buenas noches, señorías. Las enmiendas, obviamente,
desarrollan las motivaciones que fundaban la propuesta de veto que los
dos senadores de Izquierda Unida formulábamos a este proyecto de ley, y
buscan sobremanera ese punto de coherencia y de equilibrio que,
entendemos, no se da en el texto tal como llegó del Congreso de los
Diputados. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Por ello, planteamos, en
primer lugar, un agravamiento de la pena en el delito de blanqueo cuando
el dinero que se blanquea tiene su origen en un delito contra las
administraciones públicas o es fruto de algún fenómeno de corrupción.


En segundo lugar, pretendemos establecer una misma cuantía
como condición objetiva de punibilidad en los delitos contra la Hacienda
pública, coincidente con la que en el proyecto se establece en el caso de
fraude a la Hacienda de la Unión Europea, es decir, una clara rebaja de
ese umbral… (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: …en el caso de los
delitos contra la Hacienda española, la Hacienda de las comunidades
autónomas, la foral o la local.


Planteamos que la cuantía para que se dé el tipo agravado
en los delitos contra la Hacienda pública estatal, autonómica, foral o
local, deba ser la misma que se establece para el tipo agravado de los
delitos contra la Seguridad Social. Es decir, en vez de los 600 000
euros, 120 000 euros.


No compartimos los argumentos del Partido Popular que
avalan la regulación dada al delito del disfrute indebido de una
prestación de Seguridad Social y, por lo tanto, planteamos la derogación
de ese precepto. Y, por coherencia, y a la vista de esos argumentos, yo
creo que lo mínimo que sería demandable es que, si se concedió una
posibilidad y período de regulación fiscal, una amnistía fiscal, en estos
delitos hicieran lo mismo, establecieran un proceso de amnistía o de
regularización en estos delitos de disfrute indebido de una prestación de
la Seguridad Social.


Otra de nuestras enmiendas plantea que sea la misma
cuantía, como condición de punibilidad en los delitos contra
subvenciones, desgravaciones o ayudas de las administraciones públicas,
que la fijada en los delitos contra la Seguridad Social y contra la
Hacienda de la Unión Europea, que extendemos al resto. Es decir, que el
umbral de punibilidad sea el mismo —como argumentaba en la defensa
del veto— en estos delitos contra la Hacienda de la Unión Europea,
estatal, local y también autonómica y foral y contra la Seguridad
Social.


Planteamos un tipo agravado en los delitos contra las
subvenciones, desgravaciones o ayudas de las administraciones públicas,
con los mismos umbrales que en los otros tipos agravados ya contemplados
en el proyecto.


Planteamos también un nuevo tipo penalizando el
enriquecimiento personal ilícito de autoridad o funcionario público.


Aspiramos a que se aumente el período de inhabilitación de
las empresas para contratar o recibir ayudas de las administraciones
públicas cuando incurran en casos de corrupción.


Endurecemos la pena a los funcionarios públicos,
autoridades que prevaliéndose de su autoridad influyan en un funcionario
que esté bajo su responsabilidad para que resuelva en su beneficio. Y,
finalmente, también endurecemos la pena para quienes sustraigan caudales
públicos.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Enmiendas números 13 a 19, del Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Zubia.









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El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.


Señorías, estamos ante un proyecto de ley sumamente
importante, aunque no lo parezca por el tiempo que va a permanecer en
esta Cámara. Se trata de un proyecto de ley orgánica que modifica nada
menos que el Código Penal y lo hace en materia de transparencia en la
lucha contra el fraude fiscal en el ámbito de la Seguridad Social, lo que
constituye, qué duda cabe, un bien en sí mismo. Desde esta perspectiva,
es un proyecto bienintencionado, nada que oponer a los objetivos y la
buena intención del Gobierno y por ese motivo no podemos votar en
contra.


Es, además, un proyecto de ley que tiene una larga
dimensión cualitativa por cuanto se refiere a cuestiones que preocupan a
las ciudadanas y ciudadanos y que afectan a elementos que fundamentan la
crisis económica y la economía sumergida, a la vez que se pone de
manifiesto la imposibilidad de las administraciones para reprimir, a
través de los impuestos penales y el reproche penal configurados,
conductas que generan no solo disfunciones, sino también una importante
alarma social.


Esta razón, como digo, nos llevará a abstenernos en la
votación del dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, al igual que
nos hemos abstenido en la votación de las propuestas de veto presentadas.
Vamos a darle la oportunidad que se merece este proyecto de ley orgánica,
que creemos en este caso que es un proyecto perfectamente mejorable desde
un punto de vista de técnica jurídica.


Para empezar, hemos de decir que una vez más estamos
haciendo una reforma parcial del Código Penal. Son no sé cuantas
—no sé si 28— las reformas parciales que se han hecho del
Código Penal desde 1995 y esto, señorías, quiérase o no, le priva de
consistencia sistemática y de eficiencia y eficacia punitivas. Por otro
lado, estamos ante una reforma que choca frontalmente con la amnistía
fiscal aprobada, por cierto, mediante real decreto ley.


Para no alargarme, simplemente quiero indicar que sigue
existiendo un problema de prejudicialidad penal que queda alterada o
relativizada conforme lo tiene ya indicado el Consejo General del Poder
Judicial y en tanto se declara compatible el abono practicado de las
liquidaciones por las administraciones con el curso del procedimiento
penal previamente incoado y no finalizado.


Acudiendo directamente a las enmiendas, quiero señalar que
mi grupo parlamentario mantiene vivas para este trámite siete, que son,
como ha dicho el señor presidente, las números 13 a 19. La primera y la
segunda de ellas pretenden la supresión de los puntos 4 y 5, en este
último caso solamente del último párrafo del artículo 305, por considerar
en ambos supuestos innecesaria la nueva regulación que se hace.


No es necesaria la del punto 4 tras la reforma de la Ley
General Tributaria al no estar obligada a pasar el tanto de culpa cuando
la regularización se ha producido y además puede dar lugar a la
prolongación del término inicial de la prescripción al hacer depender la
consumación del delito del inicio de las actuaciones de investigación o
inspección o, en su caso, la interposición de denuncia o querella, o del
conocimiento formal del sujeto activo del inicio del proceso penal.


Pedimos también la supresión, como decía, del último
párrafo del punto 5 de ese mismo artículo 305 porque la medida prevista
respecto a que la existencia de un proceso penal por delito contra la
Hacienda no paraliza la acción de cobro de la deuda tributaria, comporta
ventajas porque se adelanta el momento de cobro de la deuda tributaria a
expensas de lo que acuerde finalmente el juez penal, evitándose otorgar
un trato procedimental más favorable a los que ha cometido fraude de
mayor gravedad.


Al apartado 5 del proyecto de ley, es decir, al artículo
307, hemos presentado la enmienda número 15, que no pretende sino una
mejor determinación técnica del hecho infractor, de la determinación de
la prescripción y de su compatibilidad con los procedimientos
administrativos que eventualmente pudieran existir. Así, añadimos al
punto 3 de ese artículo un nuevo párrafo que señale expresamente que el
hecho de presentar documentos de cotización no impide, señorías, la
consideración del impago como fraudulento.


La reforma introduce un nuevo artículo, el 307 bis, en el
delito contra la Seguridad Social. Pues bien, en virtud de las enmiendas
números 16 y 17, a los mismos efectos que en el caso de la enmienda
anterior, propugnamos la adición de nuevos apartados d) y e) en el punto
1 de dicho artículo.









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El artículo 311.2 del proyecto de ley orgánica castiga con
las penas de prisión de seis meses a seis años y multas de seis a doce
meses a los que den ocupación simultáneamente a una pluralidad de
trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social,
etcétera.


En la enmienda número 18 eliminamos la palabra
simultáneamente porque entendemos que esa simultaneidad exigida no es en
modo alguno relevante a efectos de una correcta identificación del
injusto penal.


Finalmente, señor presidente, la enmienda número 19
pretende suprimir el apartado 12 del proyecto, es decir, el nuevo
artículo 433 bis. Lo hace porque la tipificación del nuevo delito
cometido por la autoridad o funcionarios públicos con la finalidad de
lograr la estabilidad presupuestaria y erradicar la mala gestión de
recursos públicos —que es, en definitiva, lo que el precepto
pretende—, está configurada por la utilización de conceptos
jurídicos indeterminados y de previsiones jurídicamente inseguras.
Solamente diré que esta regulación nos parece un abuso del principio de
mínima intervención que el Código Penal debe mantener, y que el Consejo
General del Poder Judicial también lo tiene indicado en el informe que ha
emitido al respecto.


Señor presidente, señorías, estas son las siete enmiendas
de mi grupo parlamentario, enmiendas que, como es lógico comprender,
contarán con nuestro voto favorable.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Zubia.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado dos bloques de enmiendas. Uno, de la número 42 a la número 54,
y otro, de la número 55 a la 71.


El senador Guillot tiene la palabra para defender el primer
bloque, es decir, de la enmienda número 42 a la número 54.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


El senador Saura y yo mismo compartimos las enmiendas con
los senadores Iglesias y Mariscal, con lo cual las doy por defendidas a
partir de la explicación y justificación que ha hecho de ellas el senador
Iglesias. Pero antes de terminar mi última intervención en este Pleno,
quisiera aclararle tres cuestiones al portavoz del Grupo Popular.


No recuerdo que nadie que haya presentado los vetos haya
defendido el transigir con cualquier tipo de fraude, y todos creemos que
todos los fraudes son problemáticos. Lo único que nosotros solicitábamos
era una propuesta de racionalización en el sentido de cuantificar,
igualar penas, es decir, que hubiera un trato razonable y equitativo
entre los diferentes fraudes. Pero esto no lo han querido aceptar y no lo
van a aceptar.


Señoría, según la Unión Europea, en España el fraude fiscal
se eleva a un 23% del PIB. Esto representa aproximadamente unos 80 000
millones de euros. Según la Asociación de Agentes Tributarios, el 77% del
fraude fiscal en España lo cometen las grandes empresas, los grandes
patrimonios y las grandes fortunas. Yo puedo entender que estén ustedes
muy preocupados con los 20 000 millones de euros, pero tendrían que
preocuparse también por los 60 000 millones de euros de fraude que
cometen muy pocas manos y a los que encima ustedes han ayudado con la
amnistía fiscal. Porque si no, señor Fernández, me parece que el Partido
Popular es débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Y esto no
puede ser. Porque usted no puede lanzar el mensaje de que el problema del
fraude fiscal en España son las peonadas, los trabajadores, las trampitas
en la Seguridad Social, que todas son punibles y criticables. Aquí, la
principal prueba de fraude que tenemos es el de las grandes fortunas, el
de los grandes patrimonios, respecto del que les pido que sean activos,
proactivos y que, verdaderamente, vayan a por él.


Gràcies, senyor president.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Para la defensa de las enmiendas números 55 a 71, tiene la
palabra la senadora Pineda.


La señora PINEDA BALLÓ: Gràcies, president.


Intervengo para dar por defendidas las enmiendas números 55
a 71 del Grupo de la Entesa. Y entrando ya directamente en ellas, he de
decir que las enmiendas números 55 y 56, referidas al preámbulo de la ley
y al apartado primero del artículo 1, pretenden la supresión de este
apartado.









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Como ha reconocido reiteradamente la jurisprudencia de
nuestro Tribunal Constitucional, los partidos políticos y las
organizaciones sindicales, atendida la finalidad que tienen atribuida por
la Constitución, no son entidades privadas, sino entidades esenciales con
carácter casi público. De ahí su analogía con el resto de entidades
públicas excluidas de la aplicación del artículo 31 bis y del Código
Penal. La modificación que propone el proyecto de ley que se enmienda
supone también un intento de criminalización de los partidos políticos y
de las organizaciones sindicales, inscribible más dentro del populismo
punitivo que de la consecución de la regeneración de la vida
política.


Y a riesgo de convertirme en una especie de Mourinho, les
voy a preguntar muchas veces por qué, y lo hago consciente de saber que
no van a darme contestación. En cuanto al fraude fiscal, al fraude de la
Seguridad Social y en materia de subvenciones a la Hacienda de la Unión
Europea, en las enmiendas hacemos una referencia general a un tema de
cuantía. No entendemos por qué para el delito contra la Hacienda de la
Unión Europea el tipo básico es a partir de 50 000 euros y también para
la Seguridad Social. Y, sin embargo, para el fraude fiscal o el fraude de
subvenciones es de 120 000 euros.


El fraude —lo ha dicho también el señor
Guillot— lo cometen todos. Lo comete quien defrauda un euro y quien
defrauda 200 000. Lo cometen todos. Sí. Pero no es igual para todos.
Porque quien defrauda a Hacienda en 119 000 euros no comete delito y, en
cambio, quien defrauda a la Seguridad Social cobrando una prestación que
no le corresponde, aunque sea de 50 euros, sí está cometiendo delito con
la tipificación que ustedes están añadiendo a esta ley. Planteamos que la
cuantía del tipo básico sea 50 000 euros y a partir de 250 000 sea tipo
agravado.


También proponemos la supresión de la vuelta al texto
vigente en contra de la regulación que proponen respecto al delito de
defraudación cometido por grupo criminal. Distinguimos entre grupo
criminal, que es el que se incluye y proponen en esta reforma de la ley,
de la organización criminal, que está en los tipos generales y
especializados.


Pues bien, el grupo criminal no necesita ni de estabilidad
ni de jerarquía, mientras que la organización criminal sí. Y con que se
reúnan tan solo dos personas para cometer un delito, ya existe grupo
criminal. Siento decirles que eso va a producir problemas de
proporcionalidad, porque en este caso se establece una pena superior,
incluso, que para una organización criminal.


Ya he dicho en la defensa del veto —y en las
enmiendas también se expone así— que no estamos de acuerdo con
pasar de la excusa absolutoria al desvalor de la acción en el fraude
fiscal. Voy a intentar explicarlo, como decía el senador Tejera, para que
podamos entenderlo —cuando yo era alcaldesa decía: explícamelo como
si fuera un niño de tres años para que pueda entenderlo—. Cuando
estudiaba Derecho me explicaron que, aparte de la pena existente en el
Código Penal, había otra que era la de banquillo. Y es que cualquier
imputado o acusado que puede acabar, en este caso, sentenciado tiene que
pasar por un proceso penal. Quien pasa por un proceso penal sufre, sobre
todo en el acto de juicio, lo que se llama la pena de banquillo, que es
estar sentado delante de un juzgado y tener detrás a todo un público,
además de a los abogados. Esta es la pena de banquillo. Pues antes
existía esta pena de banquillo, por decirlo de alguna manera, con la
excusa absolutoria. O sea, tú tenías que pasar por todo un procedimiento
penal si habías cometido un delito, aunque al final existiera una
sentencia absolutoria. Pero ahora, ni eso. Desvaloramos la acción de
manera que ya no existe ni tan siquiera el delito.


Pero también se rompe el principio de prejudicialidad
penal, pues independientemente del proceso penal, no hay una suspensión
del proceso administrativo, y yo me pregunto por qué. Porque otra de las
cosas que también estudié en Derecho es que en este país se deben
perseguir los delitos de acuerdo con los principios del derecho penal, y
un principio del derecho penal es el de prejudicialidad. Si estamos en el
ámbito penal, se suspende el ámbito administrativo. Y no entendemos por
qué aquí no se observa ni se conserva.


Mediante la enmienda número 62 solicitamos la supresión del
apartado 2 del artículo 307 ter, por lo que supone —ya lo hemos
dicho aquí y lo volvemos a repetir— la criminalización de los
trabajadores, parados y pensionistas. ¡Y no digo yo que no debamos
perseguir el fraude a las prestaciones de la Seguridad Social! Pero esto,
como ya he dicho antes, está debidamente regulado en una ley y también en
los tipos generales del propio Código Penal. Y les vuelvo a preguntar,
¿qué interés tienen en este tipo penal especial? ¿Por qué a los
trabajadores, a los parados y a los pensionistas les tenemos que someter
a un proceso penal desde un euro y, en









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cambio, eso no se aplica a los que defraudan a Hacienda
hasta 119 000? Eso es lo que yo no entiendo, por eso si me lo pueden
explicar, mejor.


Finalmente, presentamos una enmienda que hace referencia a
la técnica legislativa deficiente, porque nos remitimos a una ley que aún
no está aprobada. Por lo tanto, no sé por qué se empecinan en esta
deficiente técnica legislativa.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pineda.


El Grupo Parlamentario Convergència i Unió ha presentado
las enmiendas números 72, 74, 76 y 77. Para su defensa, tiene la palabra
la senadora Parera.


La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor
presidente.


Yo tengo pocas enmiendas, así que voy a ser muy breve si
con eso me voy a ganar el reconocimiento eterno de sus señorías.


Tenemos principalmente dos enmiendas, que son la 74 y la
76, que lo que pretenden es recoger una observación que realiza en su
informe el Consejo General del Poder Judicial alertando de los peligros
que puede suponer equiparar penas entre grupo y organización criminal.
Entendemos que equiparar dos conceptos que no son iguales puede llevar a
un conflicto de proporcionalidad y, por tanto, a una clara
injusticia.


Por lo que respecta a las demás enmiendas, nosotros creemos
que supone añadir mejoras técnicas al texto. Por tanto, las voy a dar por
reproducidas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Parera.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las
enmiendas números 20 a 39 y la vuelta al texto remitido por el Congreso
de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 40 y 41 del
Grupo Parlamentario Popular.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Díaz
Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Muchas gracias, señor presidente, con
la venia.


Si empezamos por la enmienda número 39, pueden comprobar
que trata de evitar que las Cámaras hagan el ridículo, porque todavía no
existen los artículos 25 y 26 de la Ley de transparencia, donde se prevé
la infracción y la sanción administrativa de inelegibilidad. Como todavía
no existe, mejor no hagamos el ridículo. De ahí, este planteamiento. Dejo
el debate acerca de una sanción administrativa como causa de
inelegibilidad desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en
concreto el derecho fundamental a participar en la vida pública, a
representar o ser representado en la vida pública —en este caso,
representar, no poder ser elegible—.


A su vez, respecto a las enmiendas 37 y 38, antes les he
dado una explicación sobre la disposición adicional: la razón de ser
central y el camuflaje decorativo con que se hace, por el problema que
suponía un decreto ley que plantea inaplicación de una reserva de ley
orgánica, que es el Código Penal, y lo que afecta al artículo 180.2 de la
Ley General Tributaria.


Y retomo las enmiendas. Fíjense en la número 20, de la que
veíamos solo el título. Vuelvo a insistir en que de las doce medidas que
se proponen, solo una tiene que ver con la transparencia, que es el
artículo 433 bis. El hecho punible, el comportamiento que tiene que
desarrollar el sujeto activo del tipo ya está previsto en el artículo 390
del Código Penal con una pena más severa que la que se plantea aquí.


Si ese comportamiento se penaliza con una pena superior a
la que se establece en el artículo 390, ¿por qué se plantea esto? Más
aún, ¿por qué razón, si de doce medidas once no tienen nada que ver con
la transparencia, el título general de este proyecto es: proyecto de ley
orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal
en materia de transparencia? La inmensa mayoría de las páginas no tienen
que ver con la transparencia; las medidas una, dos, tres, cuatro, cinco,
seis, siete, ocho, nueve, diez y once no tienen que ver con la
transparencia, tienen que ver con el fraude fiscal y en la Seguridad
Social; sin embargo, le ponen el título de transparencia.


Esto es lo que generó que se haya emocionado doña Iolanda.
Yo no soy tan sensible, no me emociono por eso, pero, sinceramente, me
parece que eso es pp. ¿Y qué quiere decir pp?









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Perdonen ustedes la broma: pura propaganda, para
justificar, para dignificar el texto porque las otras medidas se refieren
al fraude fiscal y en la Seguridad Social; por eso la enmienda 20 tiene
que ver ya con el título.


La enmienda número 21 se refiere al artículo 31 bis,
apartado 5 de la reforma del Código Penal del año 2010, donde se
establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eso se
plantea en la legislación de la Unión Europea respecto al tráfico de
seres humanos, a los grupos organizados, a la corrupción organizada, al
narcotráfico, a las mafias organizadas, a la lucha contra el crimen
organizado, etcétera, pero en la Unión Europea, que está acogiendo esas
propuestas, eso no se plantea en relación con los partidos políticos y
los sindicatos, no se plantea en ningún país europeo. ¿Por qué razón han
sido ustedes tan sensibles a esta enmienda que presentó UPyD en el
Congreso? ¿Por qué han acogido esa necesidad de incorporar a los partidos
políticos y sindicatos? No hay que dejarse llevar por la caza de brujas
contra la política, lo público, lo partidario o lo parlamentario. No hay
democracia sin partidos políticos. Y recuerdo incluso una expresión del
presidente del Senado en su discurso: no hay democracia sin Parlamentos,
no hay democracia sin parlamentarios, y cuando uno machaca a un
parlamentario tiene que evaluar bien si es un comportamiento privado, y
por tanto censurable en el ámbito administrativo o en el ámbito penal, o
si tiene que ver con el parlamentario como representante de la soberanía
de los españoles, de todos los pueblos de España.


¿Cómo se pretende suprimir esto? Ya lo explicaba la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Los partidos políticos y
sindicatos son organizaciones esenciales en la sociedad, son
organizaciones cuasipúblicas. No se puede asociar con una sociedad con
ánimo de lucro, no se puede asociar con una entidad privada; son
cuasipúblicas, cuasiadministraciones públicas, cuasiEstado, y no se
pueden incorporar ahí. Yo sé que es la moda. Hace años, en cualquier
grupo de personas, siempre que llegaba uno decía: Yo soy un ser humano
que no tengo ideología. Eso estaba de moda. Le daba una pátina elegante.
Ahora la moda es: Yo estoy contra todos los políticos, todos son iguales,
no me gusta ninguno. Esa también es la moda. Sube la cotización social
porque, en general, la criminalidad financiera ha ganado la batalla
mediática y los responsables de la crisis no aparecen en torno a los
ladrones bancarios, aparecen en torno a los parlamentarios porque no
hemos legislado bien y hemos permitido que haya pasado esa mezcla de
burbuja financiera y burbuja inmobiliaria. Ellos han ganado la batalla, y
nosotros aparecemos en el escaparate como sujetos pasivos para que nos
tiren tomates, pero, insisto, a los parlamentarios, no a los que están
detrás y que manejan los hilos de esos maniquíes que están en el
escaparate.


Por tanto, como hay una ola en contra de la política, en
contra de los parlamentarios, tratan de ser sensibles y lo ponen en el
tercer o cuarto renglón de la exposición de motivos. ¿Por qué se dejan
llevar por esa presión? No permitan ninguna tiranía de nadie, de ningún
tipo, de ningún grupo, de ninguna persona, de ningún poder, ni siquiera
de la moda imperante que machaca a la política y a los parlamentarios.
Eso es absolutamente inaceptable, es decir, incluir ahí a los partidos
políticos y sindicatos es un grave retroceso porque son, insisto, sujetos
previstos por el constituyente en los artículos 6 y 7; está previsto en
el artículo 31 bis, apartado 5, del Código Penal. En mi opinión, que
ustedes incluyan ahí a los partidos políticos y sindicatos no es bueno
para el sistema democrático, no es bueno para el sistema parlamentario,
no es bueno para los partidos políticos.


Señorías, antes les he dicho que hay muchas cosas que
reformar, pues reformémoslas. Citando a Clemenceau, respecto a la guerra
y a los militares, decía aquello de: La guerra es un asunto demasiado
serio para dejarlo en manos de los militares. Pues bien, la política es
un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los políticos. Todo el
mundo tiene que participar, y muchas cosas hay que reformar, pero una
cosa es reformar la política y otra es suprimirla; una cosa es reformar
los partidos políticos y otra es suprimirlos, porque no puede haber
democracia sin partidos políticos, sin Parlamento y sin parlamentarios.
Me parece que cometen un error con el sistema democrático si hacen
eso.


En cuanto a las enmiendas números 22 y 24, he de decir que
algunas audiencias provinciales —porque esto es una ciencia
valorativa no una ciencia empírica— tienen el criterio de que basta
con un mero documento en el que comunican la situación financiera o la
voluntad de regularizarse para plantearlo como una excusa absolutoria. Lo
que antes les decía, viven el proceso pero no se









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les condena. Eso es un error. El planteamiento que hay que
hacer es que no solo tienen que regularizar la situación financiera, no
solo tienen que comunicar la situación financiera real, sino que tienen
que seguir colaborando en el esclarecimiento de los hechos para
plantearse que sea entonces una excusa absolutoria, y que nunca
desaparezca como si no hubiese existido esa figura delictiva.


En la enmienda número 24 hago la misma exposición que les
estoy haciendo sobre el desvalor de la acción o el desvalor del
resultado. El argumento central es mantener la figura de la excusa
absolutoria y no acabar con ella.


Las enmiendas números 25 y 26 plantean la supresión de los
párrafos 2 a 6 porque, sinceramente, suponen mantener el texto en ese
equilibrio, en la proporcionalidad de las penas, lo que da una mayor
certidumbre jurídica a los operadores.


En el caso de las enmiendas números 27 y 28, cuando se
plantea equiparar en la Unión Europea las Haciendas, sean cual fuere su
ámbito territorial, y la Seguridad Social, se pretende conseguir un tipo
básico de 50 000 y luego el tipo agravado, pero se plantea de forma
conjunta. ¿Por qué razón? Porque a partir de esa cantidad uno puede
entender que ha habido organización, previsión y mercenariado al servicio
de ese delincuente. Pero, sinceramente, por debajo de esa cantidad, ¿a
ustedes les parece —este ejemplo lo he reiterado muchas
veces— que el reproche que debe tener alguien que recibe una
prestación de la Seguridad Social debe ser el Código Penal? Y ahora les
reitero lo que antes ha dicho el senador Guillot. ¿Alguien aquí está
defendiendo el fraude? Nadie. No repartamos los papeles con argumentos
preconcebidos de que unos están en la lucha contra el fraude y otros no.
Falso. Nadie quiere el fraude. El reproche es para todo el que defrauda.
Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que no es lo mismo
un delincuente de cuello blanco, un delincuente que usa corbata
regularmente —como se dice en el ámbito criminal— a un
delincuente de cuello azul, un delincuente de mono. El reproche se tiene
que hacer, pero no es lo mismo un delincuente de cuello blanco que un
delincuente de cuello azul. Es más, el reproche no es el mismo para una
persona con formación cultural, que ha estudiado, que tiene otro origen
social y que sabe lo que son los libros, que para otra que no ha
disfrutado de esas posibilidades. Ahí está la adecuación subjetiva a las
condiciones personales del que ha generado la infracción.


Todo ello viene a propósito de lo que usted describe en
cuanto al orden social, pero es que ese reproche social ya está previsto
en el texto refundido de la jurisdicción social. Usted dice que a veces
se plantean bolsas de impunidad. Pues bien, modifiquemos las cosas, pero
para que el reproche siga teniendo naturaleza social cuando estamos
hablando de prestaciones de la Seguridad Social. No nos planteemos en ese
caso el ámbito criminal, porque no estamos hablando de delincuentes
cuando nos movemos en ese ámbito —y no me estoy refiriendo a
organizaciones ni a delincuentes de cuello blanco—. Por eso se
plantea en las enmiendas números 27 y 28 la necesidad de equiparar en el
ámbito de las Haciendas territoriales, sea cual fuere éste, a la Unión
Europea la Seguridad Social.


De ahí también la propuesta de supresión del artículo 307
ter. No aporta nada nuevo, y no nos vamos ahora a pelear evaluando la
relevancia de la jurisdicción social. Usted la ama con pasión, y yo
también; usted la quiere, y yo también. Por tanto, no la vaciemos de
contenido diciendo que lo que ahora ocurra en este ámbito tendrá su
respuesta en el Código Penal. No es así. No es así porque en muchos
momentos se está dando una respuesta adecuada, y las imperfecciones o
disfunciones ―como se dice ahora en plan cursi― se deberán
arreglar, pero no es conveniente plantear una respuesta criminal, porque
una prestación de la Seguridad Social de un parado que recibe 400 euros,
etcétera no es asunto del Código Penal. En esos casos, no porque se haga
una chapuza y ello suponga un fraude, la respuesta tiene que ser criminal
y carcelaria. Me parece un error. Es cierto que se contempla una rebaja
de dos grados según la relevancia y la trascendencia de la cuantía, pero
sigue siendo una respuesta criminal, y en este sentido, no estoy
planteando que se rebajen o no dos grados sino que la respuesta sea de la
naturaleza que tiene en la actualidad, que es la social.


Un código penal es una Constitución en negativo que, sobre
todo, quiere disuadir ―y esta no es una expresión mía sino de un
clásico del Penal― para que no se incurra en esos comportamientos,
porque todos sabemos que, en general, no funciona solo por la proporción
entre las fuerzas y cuerpos de seguridad con la población sino porque las
personas entienden que hay









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que cumplir las normas que están recogidas en el Código
Penal. Pues bien, si es una Constitución en negativo, planteemos lo
mínimo, la última ratio, y de ahí ese concepto clásico que antes
recordaba de Cesare Beccaria.


Con respecto a la enmienda número 31, les digo lo mismo; es
la propuesta que antes les estaba explicando.


En relación con la enmienda número 32, si se acepta lo de
las personas jurídicas, entonces supondría la inhabilitación de las
personas jurídicas para recoger prestaciones, subvenciones o
colaboraciones de las administraciones públicas y en general del ámbito
de lo público.


En la enmienda número 33 se plantea la proporcionalidad de
las penas en función de la naturaleza del reproche que haya que hacerle
al sujeto activo de la figura delictiva.


La enmienda número 34 propone la supresión del artículo
398, porque es verdad que hay un concepto jurídico muy vago, muy genérico
e indeterminado, como antes decía el senador Zubia, que no genera
certidumbre, y cuando hablamos del Código Penal no puede haber zonas
grises ni zonas de incertidumbre.


En la enmienda número 35 planteamos que el artículo 433 no
tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo que prevé condenar ya se contempla en
el artículo 390 del Código Penal, con una pena incluso muy superior a la
que recoge la previsión de este proyecto.


Con permiso del Grupo Parlamentario Socialista aquí
presente, voy a finalizar mi intervención. Sé que todos los miembros de
la Cámara me lo agradecerán y espero que el señor presidente tenga en
cuenta, para una intervención futura, que todavía dispongo de seis
minutos y cincuenta segundos.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz
Tejera.


Turno en contra.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Fernández.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con la venia, señor
presidente.


Dicen que lo bueno, si breve, dos veces bueno, así que voy
a tratar de contestar de forma sucinta a lo que se ha expuesto.


Un portavoz ha dicho que vetar no significa que no se esté
de acuerdo con el contenido de la ley. Pues bien, le diré que vetar es
vetar y significa no estar de acuerdo con el proyecto de ley, ni más ni
menos. Si prospera un veto, el proyecto de ley no se ve, y punto; por lo
tanto, es no querer la ley. Por el contrario, enmendar es decir: como no
he podido vetar porque no me lo ha permitido la mayoría, voy a ver si
esas cuñas que quiero meter, de alguna manera prosperan, y entonces
dispongo de otro debate.


Pero aquí algunos portavoces se han ido por las ramas, no
han ido realmente al proyecto de ley que traemos hoy aquí, que es un
proyecto de ley orgánica que modifica el Código Penal para que haya
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha
contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. Pero, no; algunos
portavoces han querido descafeinar lo que es el fraude; dicen que hay que
ir contra los de cuello blanco y no se sabe cómo, y en cambio a otros,
por una simple prestación, no se les va a hacer nada. Aquí no estamos
ante un situación de in dubio pro operario de un pleito en lo social, don
Arcadio. Simplemente la jurisdicción social verá lo que tenga que ver,
pero la penal lo tendrá también que ver. No estoy vaciando de contenido
nada; estoy diciendo que si hay un presunto delito, pasará al juzgador de
lo Penal, que será el que lo lleve a cabo. Y para ello se ha elaborado
este proyecto de ley, para adecuarlo al momento actual, teniendo en
cuenta las propuestas que se han hecho y que lo van a modificar. Fíjese
usted, en este proyecto se modifican determinados artículos del Código
Penal, se modifica el artículo 1, el 405, el 305 bis, el 306 y el 307
para darle contenido e introducir alguna redacción que no se contemplaba
—tipificadamente y penalmente hablando— en lo que se refiere
puramente al fraude.


Eso es lo que se ha hecho, ni más ni menos, y creemos que
es suficiente. Pero querer descafeinar el fraude o querer ahora aparecer
como que no están de acuerdo con el contenido del proyecto, pues nos
parece bien, pero nos extraña que desde esa bancada de allí enfrente, que
se llama obrero español, no estén de acuerdo con que se tipifique el
fraude. Parece que hasta 100 000 no es fraude. No confundamos el fraude
fiscal con el fraude social o de Seguridad Social. El fraude fiscal tiene
sus parámetros marcados en la propia ley, y el fraude social no los
tiene. ¿Por qué?









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Porque hay una falta administrativa. Hoy sí tiene que
tenerlos, porque nos hemos dado cuenta de que es mucho más voluminoso el
presunto fraude que se hace por la vía de la Seguridad Social que el que
se hace por la vía fiscal, por el contenido de las subvenciones, de las
indemnizaciones y de muchos otros aspectos. Y voy a poner un ejemplo muy
sencillo. Yo soy de Andalucía, y ¿qué me dice de los ERE fraudulentos de
Andalucía? ¿No se tipifican? Con los ERE de Andalucía, a través del fondo
de reptiles, se ha dado subvenciones a quien se ha querido dar. Ahí
están, y en vía penal, porque se ha demostrado que ha habido un fraude. Y
eso está ya tipificado, porque aquellas subvenciones que se den de forma
irregular e ilícita serán castigadas penalmente. Pero eso no interesa,
porque —dicen— ahora no vamos a hablar de lo que ha pasado.
Pues eran 1500 millones de euros que, aparentemente, según está escrito
en los autos, se han llevado algunos.


Señor presidente, voy a terminar muy pronto, diciendo que
vamos a rechazar las enmiendas que han presentado y, lógicamente,
entendemos que las nuestras son las que van a prosperar, dado que hemos
hecho una modificación muy competente y muy sustancial de un Código Penal
actualizado de acuerdo con los tiempos que corren.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)


¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones.)


¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones.)


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Pineda. Perdón, la
senadora Parera.


La señora PARERA ESCRICHS: No se preocupe, señor
presidente, a estas horas se lo perdonamos todo.


He visto, con sorpresa, que algunos senadores se han
quedado fuera de juego, sorprendidos de que en esta Cámara se haya pedido
que este proyecto de ley no se viera hoy aquí. Cuando se vio en comisión,
yo fui muy clara sobre lo que pensaba de la tramitación de este proyecto
y sobre las quejas que tenía al respecto. Por lo tanto, no creo que deba
extrañar a nadie que lo vuelva a reiterar aquí.


Creo que estamos cogiendo una mala costumbre, un mal vicio:
tramitar demasiados proyectos por el procedimiento de urgencia. Pero es
que ahora, además, resulta que aquellos que no van por el procedimiento
de urgencia también los tramitamos urgentemente. Creo que debe constar en
acta y debe quedar muy claro que estas enmiendas se recibieron tal día
por la mañana, creo que era un jueves, a las 9 o a las 10, y la comisión
tenía lugar a la 1. Estamos hablando de más de ciento cincuenta
enmiendas, señorías. No solo es imposible hacer un buen trabajo, es que
también es imposible dialogar.


Además, cuando nos llega el texto remitido por el Congreso,
vemos que hay una disposición final primera que alude a una Ley XX/2012,
y no se nos cae la cara de vergüenza. Pues a mí sí se me cae la cara de
vergüenza. ¿Qué es eso, una disposición final con referencia a una Ley
XX/2012? Claro, porque estamos empezando la casa, en lugar de por los
cimientos, por donde no tenemos que empezarla. De hecho, ustedes han
presentado una enmienda para rectificar eso, porque, al menos, han tenido
un poco de vergüenza.


Sinceramente, no sé de qué sirve que se reúnan ponencias
para reformar esta Cámara, cuando lo que está pasando aquí creo que es
muy grave. Ustedes están dejando sin contenido las comisiones, ustedes
están ignorando el Reglamento demasiadas veces en el trámite de
presentación de enmiendas en la comisión, ignorando los plazos e
ignorando las formas. Y lo que es mucho más grave en todo esto es que se
están olvidando de un principio básico que rige en cualquier Cámara
parlamentaria, que es el diálogo. Sinceramente, están ustedes
desvirtuando el sistema parlamentario de este país. La tramitación
parlamentaria, señorías —es muy triste tener que venir a esta
Cámara a recordar esto—, sirve para que un proyecto de ley hecho
por el Gobierno entre en unas Cámaras y salga de esas Cámaras como un
proyecto de todos los grupos. Y esto no está pasando en esta legislatura.
Los proyectos de ley del Gobierno entran y salen como proyectos de ley
del Gobierno. Y creo que es un ejercicio de soberbia increíble no
dialogar y no









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aceptar enmiendas. Llevamos cinco días encerrados en este
Pleno, quince horas diarias. Más de 3000 enmiendas, ninguna aceptada;
ninguna, y son 3000 enmiendas.


Eso es presuponer que el texto que elabora el Gobierno, que
el documento que presenta el Gobierno no es mejorable. No pueden
presuponer ustedes esto, señorías. No confundan. Que ustedes tengan una
mayoría absoluta en el Gobierno no significa que ni en esta Cámara ni en
el Congreso representen ustedes al conjunto de la ciudadanía de España.
No es así. Hay otros grupos que estamos representando a ciudadanos de
este país. Y, por tanto, el diálogo debe existir, no lo pierdan nunca. La
verdad, sin diálogo es imposible.


Lo único que están consiguiendo es, sí, la unión, pero no
la unión política de este país; ustedes están consiguiendo la unión de
todos los demás grupos contra ustedes, están consiguiendo la unión de
todos los ciudadanos contra ustedes, están consiguiendo la unión de todos
los colectivos contra ustedes.


Señorías, de verdad, creo que he intervenido poco en este
trámite. Me voy a abstener. No estoy en contra del proyecto, pero, de
verdad, sí estoy en contra de la manera en que se está tramitando. Pido,
por favor, una reflexión no solo al Grupo Popular sino a todos los
grupos. Creo que los demás están de acuerdo conmigo. Reflexionemos y
llevemos esto por otro rumbo, de verdad.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Parera.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Muchas gracias, señor presidente.


Una vez expliqué en la Comisión Constitucional que en el
desarrollo del yo individual hay un momento en la adolescencia que se
llama el pensamiento pandillero, que es cuando los jóvenes piensan que
los de su pandilla son buenos y todos los que están fuera de su pandilla
son malos y no tienen nada que aportar. Eso durante una época de la vida
tiene su explicación: hay problemas hormonales que están presentes con
gran presión. Pero cuando se pasa ese momento de la vida, ya no es propio
de adultos este pensamiento pandillero, este complejo sectario, porque
uno siempre aprende de todos los seres humanos, sin excepción.


En esta ocasión, yo he procurado conducirme en el debate
con el mayor de los respetos posibles, incluso en algún momento el
portavoz del Grupo Popular cometió crasos errores en materia penal al
referirse a la condición objetiva de punibilidad confundiéndola con otros
conceptos. Pero me parece inelegante hacer ese tipo de debate,
sinceramente, por respeto personal y por respeto a esta función. No quise
seguir adelante, pero ahora me ha dado la impresión de que no se ha leído
las enmiendas que hemos presentado, porque en el turno en contra de las
enmiendas no ha argumentado nada en contra de ellas. Yo he intentado
explicarlas pacientemente, y pido disculpas porque me extendí mucho, y
eso que no he usado seis minutos y cincuenta segundos porque comprendo
que la gente está cansada. Pero, por favor, responda a las enmiendas
concretas con argumentos.


Usted ha aludido a un asunto que está sub iúdice en una
región de España. Precisamente ese asunto se está investigando sin esta
ley, luego su argumento de que eso está siendo posible porque hay un
Código Penal, hay un procedimiento administrativo y hay un texto
refundido de jurisdicción social, evalúelo usted; sin necesidad de esto,
eso se está haciendo. No voy a entrar en evaluar otros comportamientos de
otros diputados hace pocos días, porque también está sub iúdice, y todo
lo que está sub iúdice yo lo respeto. Ese es un boyardo del medievo que
hay que respetar. Se está instruyendo, y respetémoslo. Yo respeto tanto a
uno como a otro, al que llaman grupal y al que llaman individual. Pero le
pido respeto también a esta función parlamentaria.


Yo he leído sus enmiendas, le argumento que respeto sus
enmiendas, por lo tanto, le ruego, por favor, que también responda a
estas enmiendas con los argumentos esgrimidos aquí. Eso también es
legitimación del ejercicio al que se refería la senadora doña Eva Parera,
a la que, por cierto, felicito por su intervención, ya que cuando se
habla con el sentimiento, cuando no se lee —encima nuestro
Reglamento prohíbe la lectura, y en general se incumple— se dice lo
que se está pensando, no lo que no se sabe quién ha podido haber escrito.
Pues bien, ella se ha referido a la legitimación del ejercicio. La
legitimación de origen de todos los que estamos aquí es el voto de la
ciudadanía, pero la legitimación del ejercicio es lo que hacemos aquí
todos los días con









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respecto a nuestra función, estudiando las cosas, leyendo
las enmiendas y respondiendo a los argumentos que aquí se esgrimen
—porque es una conversación, no la repetición de monólogos que se
dieron en otras Cámaras— y abordando argumentos concretos.


Aquí nadie está defendiendo a nadie que incumpla el
ordenamiento jurídico vigente. Ese no es el debate. El debate es la
naturaleza del reproche en función del comportamiento y las condiciones
subjetivas del delincuente de cuello blanco o el delincuente de cuello
azul. Ese es un debate clásico en Derecho penal, no es ninguna novedad.
De lo que se trata es de que sigamos manteniendo en el orden social lo
que es propio del orden social, del que, por cierto, todos evalúan
positivamente su procedimiento y su respuesta; y de que nos planteemos
que el Derecho penal es la intervención mínima, es la última ratio del
Estado y que, en cualquier caso, hay una reforma penal amplia, que sería
la número veintinueve y que se está tramitando ya, y ahí es donde tiene
cabida la visión de esta reforma con otras reformas parciales, no sea que
la manga de la chaqueta corresponda a un menor de cinco años y la espalda
corresponda a un señor de cincuenta años. Esa reforma integral es para
que no sean cosas distintas, de ahí que no haya ninguna necesidad de las
prisas de estas semanas para hacerlo cuanto antes.


Antes les desafiaba preguntando por qué no cogemos las
propuestas de la Asociación de Inspectores Financieros y Tributarios;
como aquí se ha echado el farol, cojámoslas y convirtámoslas en ley. Por
nuestra parte, no hay ningún inconveniente. No sé yo si los grupos van a
tener la misma disposición.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz
Tejera.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Altava.


El señor ALTAVA LAVALL: Con la venia, señor presidente.


He visto y tengo claro que no les ha gustado el proyecto de
ley. Pero qué lástima que ustedes gobernaran siete años y medio y no lo
hicieran. (Aplausos.) Podían haberlo hecho, tenían la oportunidad y la
perdieron. Les ha fastidiado, y mucho, que sea el Partido Popular el que
una vez más haya legislado contra el fraude fiscal. La molestia viene
porque hace mucho tiempo que se tenía que haber aprobado. Y ustedes lo
que han hecho, desde luego, es no trabajar. Han hecho un refrito, senador
Díaz Tejera, de las enmiendas que hicieron en el Congreso; con los mismos
argumentos, dichos de otra manera, pero con los mismos argumentos.


El secretario general del Grupo Parlamentario Popular ha
dicho toda la verdad: este proyecto de ley beneficia a los trabajadores.
A mí, sinceramente, lo que me ha parecido realmente grave es lo que ha
manifestado el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista: si
seguíamos trabajando, o no. Eso si que me ha parecido realmente grave
(Protestas.); si dejábamos de cumplir el orden del día y nos íbamos a
casa. (Aplausos.) Tal como están las cosas ahí fuera, diga usted si aquí
en el Senado nos estamos planteando el seguir trabajando o no, si tenemos
que trabajar y cumplir con el orden del día, o no. Dígalo usted. (Fuertes
protestas y rumores.) No se ponga nervioso, senador. Es lo que ha
dicho.


El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor,
señorías.


El señor ALTAVA LAVALL: Desde luego este es un proyecto que
defiende a los trabajadores y defiende también al empresario bueno,
porque se hace una gran diferencia entre los empresarios cumplidores y
los empresarios que no cumplen, los empresarios defraudadores. Pero,
fíjese, usted me ha hecho una apología brutal, concretamente usted,
senador Díaz Tejera, de la doctrina del nacionalsocialismo. ¿Por qué?
Porque quiere que instauremos un derecho penal de autor: en función de
quién realice el delito, será castigado. Si es un gran defraudador de una
determinada manera, y si es un pequeño defraudador de otra manera.
Señoría, eso es una ilegalidad absoluta, reconocida así por el Tribunal
Supremo y por el Tribunal Constitucional. Eso se hacía en el
nacionalsocialismo, pero no en España que es un Estado social y
democrático de derecho. (Aplausos.)


Nosotros lo que planteamos es un derecho penal de acción:
que quien la haga, la pague, sea quien sea; sea un gran defraudador o sea
un pequeño defraudador; sea de cuello blanco o sea de









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cuello azul —yo sé que ese color le gusta a
usted—, sea quien sea quien cometa el delito, sea un delincuente de
cuello blanco u otro.


Lo que pretende esta ley es evitar una mala gestión de los
recursos públicos, tanto para los grandes defraudadores como para los
pequeños, con la adopción de medidas importantes que no permitan el
fraude, tanto en la Seguridad Social como en el ámbito fiscal. Y para eso
se hace una acometida importantísima de las reformas del Código Penal,
con una tipología impresionante. ¿Por qué? Porque, además, es un proyecto
técnico.


Y le voy a decir algo, señora Pineda. Usted preguntaba por
qué no hacemos caso de otros colectivos. Desde luego la sección de
inspectores financieros y tributarios no ha dicho nada, como usted
señalaba. Aquí se ha consultado a interlocutores sociales. Se ha
consultado absolutamente a todas las comunidades autónomas, a las
diecisiete comunidades y a las dos ciudades autónomas; a la comisión
tripartita sobre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y al Consejo
Económico y Social que, por cierto, si se ha leído el dictamen, como yo,
sabrá que alaban esta reforma. Esa es la cruda realidad, lo que pasa es
que les sabe mal que esta iniciativa, una vez más, la haya tenido el
Partido Popular y no el Partido Socialista. (Aplausos.)


Altura de miras, portavoces de la oposición, les pido
altura de miras para garantizar la solidaridad y la firmeza. Para
garantizar la solidaridad con aquellas personas y empresas que cumplen.
Tenemos que estar con los que cumplen y no enfrente de los que cumplen. Y
con firmeza para aquellos que incumplen la ley.


Le quiero enviar un último mensaje a usted, senadora
Parera, porque ha dicho que tenemos que cambiar el rumbo. Yo estoy de
acuerdo con que en muchas cosas podemos cambiar el rumbo. Pero, desde
luego, mírese a sí misma: de todo el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió está usted sola. No hay ningún senador que la
esté escuchando. (Aplausos.) A lo mejor esa llamada de atención la
tendría que hacer en primer lugar a su propia gente, para que estuvieran
cumpliendo con su obligación, se estuvieran ganando el sueldo aquí, y
para que al menos hubieran tenido la deferencia de escucharla a usted.
Por cierto, el Partido Popular no ha hecho más que ganar elecciones, en
Andalucía, en Cataluña, en Galicia. Y ustedes, perdone, acaban de perder
doce diputados. A los dos años adelantan unas elecciones y acaban de
perder doce diputados. Esa es la cruda realidad con la que nos
encontramos. (Rumores y protestas.— Aplausos.)


Señor presidente, muchas gracias. Yo también le agradezco
la benevolencia por permitirme estar con la luz en rojo y concluir.
Simplemente les diré que tienen una gran oportunidad de sumarse a este
proyecto de ley que, efectivamente, va a luchar contra el fraude fiscal,
va a reconocer plenamente…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


Señorías, silencio, por favor.


El señor ALTAVA LAVALL:...los derechos laborales y sociales
reconocidos, por el Código, por la Constitución y por las leyes
ordinarias; los trabajadores van a ver cumplidas sus expectativas de
tener un contrato de trabajo y estar en legalidad y, en definitiva, y
para todos, tener garantizado el Estado del bienestar.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Altava.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a la votación de las
enmiendas.


Votamos las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal,
del Grupo Mixto.


En primer lugar, enmienda número 1.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 188; a favor, 43; en contra, 145.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos las enmiendas números 2 y 6.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 3; en contra, 147; abstenciones, 40.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos la número 3.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 42; en contra, 142; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos la número 4.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 41; en contra, 147; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 5, la 7 y la 11.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 3; en contra, 179; abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 8 y la 9.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 3; en contra, 186; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 10.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 3; en contra, 180; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la número 12.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 48; en contra, 142.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos la enmienda número
13.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 8; en contra, 141; abstenciones, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la número 14.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 189; a favor, 2; en contra, 140; abstenciones, 47.









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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 15.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 8; en contra, 181; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 16 y 17.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 7; en contra, 182; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 18.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 42; en contra, 142; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 19.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 47; en contra, 142; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario de la Entesa, votamos las enmiendas
números 42 y 45.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 188; a favor, 42; en contra, 140; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la número 43.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 189; a favor, 43; en contra, 145; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 44 y la 48.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 3; en contra, 147; abstenciones, 40.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 46.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 188; a favor, 41; en contra, 145; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las números 47, 49, 52 y 53.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 3; en contra, 180; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 50 y la 51.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 3; en contra, 185; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 54.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 47; en contra, 142; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las números 55, 58, 66 y 70.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 42; en contra, 142; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las números 56, 62 y 68.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 48; en contra, 141; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 57.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 189; a favor, 42; en contra, 142; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 59 y la 69.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 42; en contra, 147; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la número 60.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 188; a favor, 42; en contra, 145; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 61.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 47; en contra, 142; abstenciones, 1.









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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 63 y la 64.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 42; en contra, 142; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 65.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 42; en contra, 143; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 67.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 48; en contra, 142.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 71.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 189; a favor, 47; en contra, 141; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, comenzamos votando la enmienda número 72.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 189; a favor, 7; en contra, 180; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 74.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 47; en contra, 142; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 76.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 187; a favor, 47; en contra, 139; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 77.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 189; a favor, 46; en contra, 142; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos de la 20 a la
23 y la 38.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 189; a favor, 41; en contra, 141; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 24, 30 y 36.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 48; en contra, 142.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 25.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 189; a favor, 41; en contra, 141; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 26, 31, 32 y 34.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 40; en contra, 142; abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 27 y 37.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 188; a favor, 41; en contra, 145; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 28.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 41; en contra, 147; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 29.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 189; a favor, 46; en contra, 142; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 33.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 41; en contra, 143; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 35.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 47; en contra, 143.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 39.


Se inicia la votación. (Pausa.)









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 188; a favor, 45; en contra, 140; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo
modificado por las enmiendas 40 y 41 del Grupo Parlamentario Popular.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 43; en contra, 142; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de
ley.


Se inicia la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 190; a favor, 142; en contra, 41; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado. (Fuertes
aplausos.)


Señorías, tal y como dispone el artículo 90 de la
Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado
al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas
en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.


Buenas noches.


Se levanta la sesión.


Eran las veintitrés horas.