CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 261

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión plenaria núm. 244

celebrada el jueves,

19 de febrero de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:


— Acuerdo entre el Reino de España y la República de Eslovenia para el intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Madrid el 21 de octubre de 2014. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número 342, de 5 de
diciembre de 2014. (Número de expediente 110/000141) ... (Página4)


— Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra, hecho en Bruselas el 21 de marzo y el 27 de junio de 2014. «BOCG. Cortes Generales»,
serie A, número 343, de 5 de diciembre de 2014. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número 347, de 5 de diciembre de 2014. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número 345, de 5 de diciembre de 2014. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número 346,
de 5 de diciembre de 2014. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número 344, de 5 de diciembre de 2014. (Número de expediente 110/000142) ... (Página4)


— Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Australia relativo al programa de movilidad para jóvenes, hecho en Canberra el 3 de septiembre de 2014. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número 348, de 5 de diciembre de
2014. (Número de expediente 110/000143) ... (Página4)


— Protocolo de 2002 al Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 1974, hecho en Londres el 1 de noviembre de 2002, junto con una Reserva y una Declaración que España desea formular. «BOCG. Cortes
Generales», serie A, número 349, de 5 de diciembre de 2014. (Número de expediente 110/000144) ... (Página4)


— Denuncia del Convenio relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, hecho en Atenas el 13 de diciembre de 1974. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número 350, de 5 de diciembre de 2014. (Número de expediente 110/000145)
... (Página4)

Página 2

— Denuncia del Protocolo correspondiente al Convenio de Atenas de 1974 relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, hecho en Londres el 19 de noviembre de 1976. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número 351, de 5 de
diciembre de 2014. (Número de expediente 110/000146) ... (Página4)


— Revocación de la adhesión de España al Protocolo de 1990 que enmienda el Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 1974, hecho en Londres el 29 de marzo de 1990. «BOCG. Cortes Generales», serie A,
número 352, de 5 de diciembre de 2014. (Número de expediente 110/000147) ... (Página5)


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:


— Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 211-1, de 4 de febrero de 2015.
(Número de expediente 122/000189) ... (Página9)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página31)


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página32)


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página33)


Votación de conjunto ... (Página36)


SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales ... (Página4)


Acuerdo entre el Reino de España y la República de Eslovenia para el intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Madrid el 21 de octubre de 2014 ... (Página4)


Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra, hecho en Bruselas el 21 de marzo y el 27 de junio de 2014 ... href='#(Página4)'>(Página4)


Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Australia relativo al programa de movilidad para jóvenes, hecho en Canberra el 3 de septiembre de 2014 ... (Página4)


Protocolo de 2002 al Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 1974, hecho en Londres el 1 de noviembre de 2002, junto con una Reserva y una Declaración que España desea formular ... href='#(Página4)'>(Página4)

Página 3

Denuncia del Convenio relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, hecho en Atenas el 13 de diciembre de 1974 ... (Página4)


Denuncia del Protocolo correspondiente al Convenio de Atenas de 1974 relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, hecho en Londres el 19 de noviembre de 1976 ... (Página4)


Revocación de la adhesión de España al Protocolo de 1990 que enmienda el Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar, 1974, hecho en Londres el 29 de marzo de 1990 ... (Página5)


Para fijar su posición sobre determinados convenios intervienen los señores Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Sáez
Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Miguélez Pariente, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página9)


Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo ... (Página33)


En defensa de las enmiendas presentadas y, en su caso, fijación de posición, intervienen la señora Barkos Berruezo, los señores Salvador Armendáriz, Álvarez Sostres y Baldoví Roda, las señoras Oramas González-Moro y Fernández Davila, y los
señores Tardà i Coma y Errekondo Saltsamendi, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; y los señores
Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista, y Hernando Fraile, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página31)


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la nueva regulación de la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, con la incorporación de la enmienda presentada por
el señor Álvarez Sostres, del Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por 127 votos a favor, 172 en contra y 18 abstenciones.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de que la política cultural del Estado contemple la inmediata reducción del IVA a los productos y
actividades culturales y deportivos, se rechaza el punto 1 por 148 votos a favor y 171 en contra, y el punto 2 por 141 votos a favor, 173 en contra y 5 abstenciones.

Página 4

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales ... (Página4)


Sometido a votación el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra, hecho en Bruselas el 21 de marzo y el 27 de junio de 2014, es
aprobado por 296 votos a favor, 1 en contra y 12 abstenciones.


Sometidos a votación conjunta el resto de convenios que figuran en el orden del día, son aprobados por 310 votos a favor.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página33)


Se someten a votación las enmiendas al articulado presentadas por los grupos parlamentarios a la proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de
terrorismo.


Votación de conjunto ... (Página36)


Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico, se aprueba por 273 votos a favor más 4 votos telemáticos, 277; 27 en contra y 19 abstenciones.


Se levanta la sesión a las doce y diez minutos del mediodía.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:


— ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 21 DE OCTUBRE DE 2014. (Número de expediente 110/000141).


— ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y UCRANIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 21 DE MARZO Y EL 27 DE JUNIO DE 2014. (Número de expediente
110/000142).


— ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE AUSTRALIA RELATIVO AL PROGRAMA DE MOVILIDAD PARA JÓVENES, HECHO EN CANBERRA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014. (Número de expediente 110/000143).


— PROTOCOLO DE 2002 AL CONVENIO DE ATENAS RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, 1974, HECHO EN LONDRES EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2002, JUNTO CON UNA RESERVA Y UNA DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de
expediente 110/000144).


— DENUNCIA DEL CONVENIO RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, HECHO EN ATENAS EL 13 DE DICIEMBRE DE 1974. (Número de expediente 110/000145).


— DENUNCIA DEL PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE ATENAS DE 1974 RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, HECHO EN LONDRES EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1976. (Número de expediente 110/000146).

Página 5

— REVOCACIÓN DE LA ADHESIÓN DE ESPAÑA AL PROTOCOLO DE 1990 QUE ENMIENDA EL CONVENIO DE ATENAS RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, 1974, HECHO EN LONDRES EL 29 DE MARZO DE 1990. (Número de expediente 110/000147).


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Dado que hay que debatir la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, anuncio que no se votará antes de las once, aunque probablemente será un poco después.


El primer punto que vamos a debatir son los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales con números de expediente 110/000141 a 110/000147. Algunos grupos han pedido intervenir, como saben, por cinco
minutos. En primer lugar, por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.


El señor NUET PUJALS: Gracias, señor presidente.


Hoy tratamos uno de los convenios más importantes que en los últimos tiempos ha discutido esta Cámara, tanto por un tema de evidente actualidad política —el conflicto que se está desarrollando en Ucrania— como por el propio contenido de este
convenio. Estoy tranquilo porque sé que todos los diputados y todas las diputadas han leído detenidamente el convenio, sus 2.142 páginas, y por tanto van a realizar un voto consecuente con el profundo contenido de este documento.


Nuestro grupo se va a abstener en este tema. Vamos a votar a favor en el resto de convenios, pero nos vamos a abstener en la votación del Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania. Las razones más importantes de por qué vamos
a hacerlo así me las ha facilitado el ministro de Asuntos Exteriores de España, el señor García-Margallo, que en una intervención televisiva la semana pasada en Los desayunos de TVE realizaba una brillante intervención y expresaba una idea que acojo
plenamente y que utilizo para basar mi intervención. Decía nuestro ministro: La Unión Europea posiblemente se ha equivocado. Nos hemos equivocado —decía el ministro— porque hemos planteado el debate con Ucrania haciéndola escoger entre el Tratado
de asociación con la Unión Europea o el Tratado con la Unión Económica Euroasiática encabezada por Rusia. Eso ha sido un grave error, porque la Unión Económica Euroasiática encabezada por Rusia y la Unión Europea son compatibles; son dos conceptos
políticos, económicos y geoestratégicos que no deben ser confrontados, sino que precisamente deben ser combinados y en Ucrania se da, desde el punto de vista territorial, el espacio físico donde esos dos espacios políticos y económicos se pueden
encontrar. Pero la Unión Europea apostó por el enfrentamiento y la Unión Europea se equivocó. Por tanto, hoy vamos a votar el fruto de un error, que ha contribuido de forma muy importante al conflicto que actualmente hay en Ucrania.
Evidentemente, este conflicto no es solo fruto de este elemento, pero este elemento ha influido de forma muy importante.


Les voy a dar otro dato. Hoy en Ucrania hay un Gobierno. Algunos me dirán que hay un Gobierno democrático. Lo veo de forma distinta. Les voy a explicar qué Gobierno hay en Ucrania. Hoy en Ucrania hay un Gobierno que ganó unas
elecciones, sí, pero esas elecciones fueron convocadas por otro Gobierno, y el Gobierno que convocó las elecciones, y que evidentemente las ganó, era un Gobierno golpista. Sí, un Gobierno golpista, un Gobierno que dio un golpe de Estado contra el
Gobierno y el presidente constitucional de Ucrania, que evidentemente tuvo que salir del país. Ese Gobierno golpista, formado en su día por ministros fascistas, convocó unas elecciones, y esas elecciones las ganó el actual Gobierno de Ucrania,
elecciones en las que una parte importante del territorio de Ucrania no participó. Por tanto, estamos ante una situación anómala.


No voy a referirme —lo hemos discutido de forma profusa y lo seguiremos haciendo en los próximos meses— al actual conflicto bélico que se desarrolla en Ucrania. Saludamos los acuerdos de Minsk y esperamos que el escenario de los acuerdos de
Minsk II sea un marco de diálogo y de acuerdo para la salida al conflicto. Esta es nuestra posición, al igual que la posición de los países que negociaron en Minsk. Pero en Ucrania hay un conflicto y la Unión Europea y el Gobierno de España deben
ser puente de solución y de diálogo y no fomentar estrategias como el Tratado de acuerdo y asociación que hoy nos trae aquí, que están más ancladas en la Guerra Fría y en la estrategia de la OTAN que en los intereses de la Unión Europea con Ucrania
y las buenas relaciones de la Unión Europea con Rusia. Por tanto, nos vamos a abstener en la votación de este convenio.


Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.


Antes de dar la palabra al señor Xuclà, quiero anunciarles a sus señorías que nos acompaña en la tribuna el embajador de Ucrania, a quien saludamos desde aquí. (Aplausos).


Tiene la palabra el señor Xuclà, por el Grupo Catalán de Convergència i Unió.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor embajador de Ucrania, ahora más que nunca tenemos que votar favorablemente el Acuerdo de asociación política y económica con Ucrania; ahora más que nunca y después de algunos errores cometidos en el pasado y después de la
imposibilidad de llegar a un acuerdo de conjunto sobre el Partenariado occidental en los meses de octubre y noviembre del año 2013, en la Cumbre de Vilnius. Hubo errores por muchas partes; errores, seguro, por parte del anterior Gobierno ucraniano
que jugó a la ambigüedad hasta el último minuto; errores por parte, evidentemente, de la Unión Europea, que no entendió que el 70% del mercado ucraniano está vinculado con el mercado ruso y que tenía que hacer compatible la incorporación en las
estructuras económicas de la Unión Europea con la relación económica con Rusia; y, sea dicho de paso, también con un diagnóstico ligeramente equivocado por parte de la Administración norteamericana.


Después de los errores de la cumbre de Vilnius llegó el cambio de Gobierno y la salida del presidente Yanukóvich la noche del 21 al 22 febrero del año 2014, la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en el mes de marzo del año 2014, y el
inicio de la guerra de Ucrania en el mes de abril del año 2014. Ahora más que nunca se tiene que ayudar a un país en situación de guerra con los instrumentos de que dispone la Unión Europea, tarde, no mal, pero tarde. Este lunes la vicepresidenta
de la Comisión Europea, la señora Mogherini, nos recordaba a la Mesa y portavoces de distintas comisiones de esta Cámara la importancia de este instrumento, porque al final del día, después de muchas palabras, los instrumentos útiles, los
instrumentos posibles serán los instrumentos contemplados en los acuerdos políticos que se pueden implementar a partir de ya y los acuerdos económicos que se activan a partir del mes de enero del año 2016. Esto es un error. De hecho, el viaje de
la semana pasada del ministro Margallo a Kiev, acompañado de una delegación de empresarios españoles para activar las relaciones económicas, es adelantarse a los tiempos previstos en el capítulo del acuerdo económico.


Señor Nuet, yo no lo he leído por página sino por artículos, que es como se articulan los acuerdos; son 486 artículos que intentan dar viabilidad económica a un país en guerra, con los que se pretende aportar desde la Unión Europea
instrumentos para la modernización. Seamos claros y sinceros desde la lealtad y la amistad con el pueblo de Ucrania, también con instrumentos para la lucha contra la corrupción, en un país que tiene como uno de sus males de pasado y presente, sin
duda, la corrupción. Unos instrumentos que facilitan y favorecen la liberalización en muchos aspectos. Señorías, en estos momentos, uno de los temas más populares en el Parlamento ucraniano, en la Rada Suprema ucraniana, es la cláusula Gibraltar,
la necesidad de hacer posible que la liberalización de los vuelos no esté en manos de una sola compañía y de un solo propietario ucraniano sino de distintos propietarios. Esto está encallado actualmente porque el Reino Unido y España no han
resuelto la llamada cláusula Gibraltar. Les puedo asegurar, por contactos con diputados ucranianos, que este es un tema perfectamente presente en estos momentos en el debate político y con el cual podemos ayudar también en las relaciones
bilaterales.


Demos, pues, una oportunidad a este país en guerra, señor Nuet. La forma de darle una oportunidad es votar favorablemente estos importantes acuerdos de asociación política y asociación económica. Celebremos el acuerdo de Minsk II, que
supone el triunfo de la vía diplomática ante aquellas opciones que habían esbozado la barbaridad de la solución militar. La primera persona sensata en este conflicto es el presidente Poroshenko —no se puede decir de otros miembros del Gobierno,
pero sí claramente del presidente Poroshenko— que ha afirmado siempre en público y en privado que la solución a este conflicto no es una solución militar. Celebremos, pues, los acuerdos de Minsk II y deseemos que Ucrania sea dueña de su futuro en
un escenario de compatibilidad entre su incorporación en las estructuras europeas y su relación de vecindad con Rusia. Después de la Segunda Guerra Mundial Austria fue viable, Austria se salvó por su estatus de neutralidad. Permitamos que en el
futuro Ucrania sea respetada y con unas buenas relaciones de vecindad con los dos bloques; dos bloques que en este momento están confrontados, que han estado muy cerca de una guerra abierta como la guerra de Yugoslavia, pero a medio plazo esta
Europa solo se puede estabilizar a través —esto es muy difícil de decir hoy— de un gran acuerdo entre la Unión Europea y una Federación Rusa que tiene que evolucionar hacia el respeto a los derechos humanos y con estándares democráticos que en estos
momentos no están cumpliendo.


Muchas gracias, señor presidente.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sáez Jubero.


El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señor presidente.


Señorías, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente los convenios internacionales que hoy sometemos a aprobación de este Pleno y, por su importancia, queremos detenernos y hacer expresa referencia al Acuerdo de asociación entre
la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y Ucrania.


Fue precisamente la negativa o el bloqueo del entonces presidente Víktor Yanukóvich a ratificar dicho acuerdo en noviembre de 2013 y la firma alternativa de un Acuerdo de asociación con la Unión Aduanera liderada por Rusia lo que generó una
gran movilización en Ucrania. Nos emocionamos viendo a ciudadanos ucranianos protestando con sus banderas europeas con la voluntad de expresarnos su proximidad y pertenencia al proyecto común de la Unión Europea. Los acontecimientos posteriores
nos han situado en la principal crisis europea desde la guerra de los Balcanes: destitución del presidente, cambio de la Constitución, elecciones anticipadas, nuevo presidente, referéndums, anexión de Crimea a Rusia, declaración de independencia de
la Repúblicas de Donetsk y Lugansk, enfrentamientos abiertos entre tropas ucranianas y rebeldes y finalmente un alto al fuego con los acuerdos de Minsk pendiente de confirmar.


El conflicto internacional que desde hace meses se vive en nuestra frontera oriental de Europa nos obliga a reflexionar sobre el papel que la Unión Europea debe tener como actor global. Reforzar la diplomacia europea, no solo en relación
con sus medios sino sobre todo en lo que se refiere a los mecanismos de coordinación comunitarios para así tener una voz influyente en la escena internacional, emerge de este conflicto como una necesidad imprescindible. Si miramos hacia atrás tan
solo unos meses advertiremos que el papel de la Unión Europea ha sido dubitativo en la zona, desde el proceso de secesión de Crimea hasta la reciente tregua negociada por varios países europeos con Rusia y Ucrania. Sin embargo, la única solución
negociada, esto es pacífica, de la crisis en Ucrania es una solución europea.


Señorías, aportar una solución europea a la crisis en Ucrania exige trabajar de manera paralela y simultánea en dos ámbitos. El primero, el cese permanente de las hostilidades a través de la mediación internacional. En este sentido, la
tregua en vigor desde el pasado 14 de febrero debe ser reforzada con un seguimiento permanente y una mayor implicación de la Alta Representante para la Política Exterior de la Unión Europea. Y el segundo, la profundización en la política de
vecindad oriental de la Unión Europea que prevea mayores estímulos políticos, económicos y financieros para el conjunto de la región oriental como estrategia general de pacificación y contención en su eventual expansión de la crisis al conjunto del
área.


El Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania en materia de energía atómica y el Acuerdo de asociación que hoy debatimos se enmarcan en este segundo conjunto de medidas de profundización en la asociación con los países vecinos
del este de Europa. Quizá sobre este acuerdo no resulte ocioso recordar que el ámbito de la energía atómica fue, junto con el Acuerdo sobre el carbón y el acero y la Comunidad Económica, el sustrato de los tratados internacionales que a mediados
del siglo XX, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, fueron firmados con el objetivo de construir una Europa unida. La paz en Europa, tras las dos guerras mundiales, era el propósito de aquellos tratados y de nuevo la paz en este espacio común
europeo, que trasciende las fronteras políticas de la Unión, debe estar en el Acuerdo de asociación con Ucrania. No podemos tolerar una guerra en suelo europeo, Europa debe ser un continente de paz, de progreso y de seguridad. No conocemos aún con
exactitud si los acuerdos de Minsk bis van a ser un éxito o si por el contrario nos encaminamos a nuevas escaladas de tensión con la Federación Rusa y, con ello, a la necesidad a futuro de incrementar sanciones. Ucrania no es viable sin la
cooperación de la Unión Europea y Rusia, debemos conseguir que pase de ser un motivo de enfrentamiento a motivo de cooperación entre ambas.


El compromiso adquirido por la Unión Europea con Ucrania debe ser firme. Queremos compartir unos mismos valores y principios y, para ello, la Unión Europea ha impulsado el acuerdo con Ucrania. Ello no es óbice para exigir en Ucrania
mayores reformas para profundizar en la calidad democrática de sus instituciones y la Unión Europea debe mantenerse unida en este compromiso con Ucrania. Por ello no compartimos posiciones que han expresado hoy otros grupos parlamentarios.
Conocíamos la posición de La Izquierda Plural o de nuevas formaciones políticas como Podemos, expresadas en el Parlamento Europeo, coincidentes, por cierto, con otras de distinto pelaje como la del Frente Nacional francés, contrarias a la firma de
este acuerdo de la Unión Europea con Ucrania. Es evidente que con ello debilitan la Unión Europea y facilitan la comprensión de las posiciones mantenidas por la Federación Rusa, introduciendo escenarios de divergencia de la que debe ser la posición
común de la Unión Europea.

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España quiso incorporarse a la Unión Europea y obtuvo el respaldo de la Comunidad Europea a su adhesión, y hubiera sido poco comprensible, señorías, encontrar rechazo de otros países de la Unión Europea. Hoy Ucrania mira hacia la Unión
Europea y debemos mostrar el mismo respaldo y comprensión que nos permitieron incorporarnos a una comunidad que comparte valores de respeto a los principios democráticos, el Estado de derecho, la buena gobernanza, los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Ucrania es un país europeo, que comparte historia y valores comunes con los Estados miembros de la Unión Europea. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista respalda esta iniciativa así como el resto de convenios
internacionales propuestos hoy a ratificación.


Muchas gracias, señorías. Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáez Jubero.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Miguélez.


La señora MIGUÉLEZ PARIENTE: Gracias, presidente.


Señorías, señor embajador de Ucrania, estoy totalmente de acuerdo con los demás portavoces en la importancia de este Acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea, un Acuerdo de asociación política en el que ambas partes se
comprometen a cooperar y converger en una amplia gama de áreas. Ucrania tiene que ajustarse de manera gradual a las normas técnicas y de consumo de la Unión Europea, a la vez que la Unión acuerda proporcionar a Ucrania un apoyo político y
financiero. Quiero recordar que hasta ahora la relación de Ucrania con la Unión Europea se basaba en un acuerdo con los países de la asociación oriental que nace en el año 2009 para incrementar la cooperación de la Unión con Armenia, Azerbaiyán,
Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania, siendo precisamente en Ucrania donde España tiene la única embajada en todos estos países de la asociación oriental. El nuevo acuerdo con la Unión Europea es verdad que es un acuerdo farragoso, de más de
1.200 páginas que abarcan veintiocho sectores claves, pero contempla en realidad un objetivo más ambicioso que el comercial: acelerar las relaciones políticas y económicas entre ambas partes, avanzando en la búsqueda de un acuerdo que la propia
Unión Europea considera como un acuerdo de libre comercio profundo y amplio.


Han sido, es verdad, más de dos décadas en las que ambas partes han buscado establecer lazos cercanos la una con la otra, porque la Unión Europea confía en que la inestabilidad de la región pueda verse reducida con el tiempo a través de las
necesarias reformas económicas y sociopolíticas. Ucrania, por su parte —por qué no—, quiere beneficiarse también del libre comercio con la Unión y atraer la deseada inversión extranjera, estableciendo vínculos más estrechos con una Unión con la que
muchos ucranianos, aunque a algunos les pese, sienten una conexión natural. Es un tratado que ha sufrido muchas vicisitudes, ya se ha dicho aquí; recordemos la presión europea en el año 2012 para liberar a la entonces detenida ex primera ministra
Timoshenko por su estado de salud delicado. Todo ello ha llevado a que en varias ocasiones este convenio se haya estancado en su ratificación, hasta las revueltas que culminan en el derrocamiento del presidente Yanukóvich, en noviembre de 2013,
precisamente provocado por su negativa a firmar un acuerdo con la Unión Europea, segundo socio comercial más importante, por cierto, de Ucrania. En fin, ya se ha dicho que el contexto de la negociación de este tratado ha sido muy difícil. Han sido
meses de tira y afloja en los que la Rada Suprema ucraniana ha ido aprobando las leyes necesarias para cumplir con los objetivos de la Unión, siempre con la oposición —claro está, señor Nuet— de sus amigos del Partido Comunista de Ucrania.


En septiembre de 2014, por fin, el Parlamento Europeo da luz verde al acuerdo, el cual se ratifica —y quiero llamar la atención sobre este hecho— en una ceremonia conjunta por videoconferencia desde el Parlamento de Kiev y desde el
Parlamento de Estrasburgo. La Rada Suprema lo vota a favor por 351 votos de los 450 diputados. Es un momento histórico, en el que dos parlamentos, en el ejercicio de su independencia, deciden votar al mismo tiempo el acuerdo, con la presencia
además del presidente ucraniano Poroshenko. ¿Hacen falta más gestos para entender lo que quieren los ucranianos? Es una ratificación en la que la relación de la Unión Europea y Ucrania se institucionaliza y de alguna forma el futuro de ambas queda
conectado. Otros catorce países miembros de la Unión Europea antes que España han ratificado ya este acuerdo, el último Irlanda en enero de este año, y ahora nos toca a nosotros apoyar este proceso desde nuestro Parlamento, en coherencia con la
posición del Gobierno español, porque nuestro respaldo supone enviar una señal de solidaridad a Ucrania por optar por Europa. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que el tratado que hoy ratificamos es la constatación de nuestro compromiso
con la Unión, como socios fiables que somos, nuestro compromiso con el pueblo ucraniano y con este pacto en el que Europa ha alcanzado el mayor grado de vinculación que haya tenido jamás con sus

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vecinos del Este. Una Ucrania más democrática, más estable y más abierta, algo que está detrás de los efectos del tratado, debe redundar necesariamente en un fortalecimiento de las relaciones hispanoucranianas, aunque a algunos les parezca
que es mejor dejar a su suerte al pueblo ucraniano.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Miguélez.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


— PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE DELITOS DE TERRORISMO. (Número de expediente 122/000189).


El señor PRESIDENTE: Vamos ahora con la tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo. Se
han presentado sesenta y cuatro enmiendas al articulado. La Junta de Portavoces, a propuesta mía, acordó que para la defensa de las enmiendas de cada uno y para posicionarse con respecto a los demás grupos habría unas intervenciones de menor a
mayor de quince minutos. Comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto, del cual, anuncio, van a intervenir todos los portavoces de las agrupaciones que lo forman. En primer lugar tiene la palabra la señora Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.


Señorías, lo cierto es que una semana después seguimos donde estábamos. Yo creo que todas las formaciones, más allá de la presentación de enmiendas a un proyecto que no compartimos algunos ni en su tramitación, como digo, seguimos donde
estábamos; desde Geroa Bai, contrarios, y queda bien claro, a hacer del necesario debate de la seguridad —insistía la semana pasada en este asunto; lo mantenemos hoy y lo queremos subrayar— exactamente eso, el debate sobre la necesidad de acometer
medidas ante una amenaza cierta, que, por cierto, no nueva. Uno no acierta a comprender muy bien por qué esta premura, esta precipitación, esta necesidad, más allá de desgraciados momentos vividos recientemente pero que en nada hacen olvidar otros
todavía más dramáticos que se producían hace ya unos cuantos años y a escasos metros de aquí. Por tanto, amenaza cierta, que no nueva. También seguimos desde Geroa Bai rechazando que ese debate sea utilizado como coartada para un recorte de
libertades civiles, que es ante lo que nos encontramos en este momento. No ha cambiado, por tanto, nada en una semana, si acaso la perplejidad que nos sigue provocando el hecho de que se haya impuesto el procedimiento de urgencia por mayoría
parlamentaria, pero sobre todo perplejidad ante el fondo y la forma; se retuerce el procedimiento y también el lenguaje. Hoy, entre otras cosas, se da el visto bueno —por cierto, con los votos socialistas; esto nos sigue sorprendiendo, ya no
estamos en la toma en consideración— a la llamada prisión permanente revisable. En definitiva, un subterfugio, una expresión trampa que esconde, y solo esconde, la realidad de la cadena perpetua. En este punto me quiero preguntar —más allá del
debate de las ideas, vamos al de la praxis—: ¿alguien pretende de verdad que la amenaza de cadena perpetua puede prevenir al terrorista suicida? ¿Alguien pretende de verdad que el conjunto de la sociedad crea que medidas de estas características
tienen algún tipo de efectividad cierta, real, sobre una amenaza cierta, sobre asunto de esta especial sensibilidad? Francamente, señorías, creo que hoy se está dando un mal ejemplo de parlamentarismo y actividad legislativa.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.


Ahora tiene la palabra el señor Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.


Intervengo en nombre de Unión del Pueblo Navarro para insistir en algunas ideas que ya les trasladé la pasada semana sobre la utilidad y conveniencia de este pacto. Nos enfrentamos a nuevas amenazas terroristas que, como ayer escuchaba
decir al director general de la Policía, son reales, graves, globales y persistentes en el tiempo, y yo añadiría crecientes. Por tanto, señorías, a nuevas amenazas, a distintas amenazas, nuevas respuestas, distintas respuestas. No ha pasado ni una
semana desde este mismo debate que tuvimos aquí y podemos ya añadir a la larga lista de ataques la decapitación de veintiún cristianos coptos en las playas de Libia, el atentado en Túnez, el atentado en Dinamarca, un comunicado

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de los yihadistas amenazando con inundar Europa con barcos llenos de inmigrantes… Es obvio que es una amenaza real y creciente. Para mi partido no hacer nada o ser más tibios o decir que, precisamente porque no les afectan las medidas con
las que podamos responder, no debiéramos tomar ninguna, mirar para otro lado o buscar excusas terminológicas para afrontar este desafío no es una solución. Nos parece, más allá de eso, una irresponsabilidad, porque vamos a padecer, lo queramos o
no, las consecuencias de esa especie de guerra civil global de más de trescientos cincuenta años que libran suníes y chiíes. Es una realidad y una guerra que nosotros desde luego no vamos a resolver. Lo dijimos entonces y lo vuelvo a repetir. Nos
parece acertado y conveniente buscar un gran acuerdo político para impulsar las medidas legales que sirvan para combatir este fenómeno. Es obvio que no vamos a apoyar todas aquellas medidas —la inmensa mayoría de ellas— que lo que pretenden es que
no hagamos nada, que las cosas no cambien. Parecen correctas las correcciones que se nos han pasado. Como digo, creemos que es un pacto muy asumible y con un contenido razonable y proporcionado al desafío. Pero, en fin, tampoco es verdad que
podamos esperar imposibles, porque quienes aún no condenan al terrorismo o sus crímenes, difícilmente pueden ver con buenos ojos que nos preparemos mejor para combatir este mismo fenómeno.


Quiero terminar, señor presidente, agradeciendo a los impulsores y firmantes de este pacto haber incluido una medida preventiva, una medida si quieren pedagógica, para defender a nuestra juventud de los intentos de captación, de los intentos
de adoctrinamiento en el odio, de radicalización que pudieran llevar a cabo o pudieran intentar condenados por graves delitos de terrorismo al regular e incluir en el nuevo Código Penal una inhabilitación especial para que estos terroristas
condenados por graves delitos no puedan ser profesores, no puedan educar, no puedan entrar en contacto con nuestros jóvenes. Una inhabilitación, por cierto, señorías, que se ha aceptado por su gravedad para otro tipo de delitos igualmente
execrables y para otro tipo de delincuentes como son xenófobos y pederastas, como así consta en la nueva reforma que estamos tramitando en paralelo del Código Penal. Esperamos que este pacto y estos cambios en el Código Penal sean útiles y sirvan
para el único objetivo, que es proporcionarnos más seguridad. Señorías, los terroristas están crecidos, están organizados y están determinados a acabar con nosotros y con nuestro sistema de convivencia, esa es una realidad que debemos de empezar a
comprender, entender y analizar. Creemos que hacemos lo correcto y que cumplimos con nuestro deber político de garantizar la seguridad de nuestros compatriotas, si adaptamos, como en este caso, la respuesta penal a la extrema violencia, a la
extrema gravedad y al alcance de las amenazas y de los ataques. Ojalá, señorías, consigamos, con el compromiso de todos, que así sea.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.


Señor Álvarez Sostres.


El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.


Señorías, ya me manifesté el pasado día 10 con motivo del debate sobre la consideración de esta proposición de ley de modificación del Código Penal en el marco de las nuevas medidas para combatir el terrorismo islámico radical. He escuchado
las intervenciones de sus señorías exponiendo las distintas consideraciones políticas que les merece este tema. Estas van desde considerar que esta modificación es una excusa para endurecer el Código Penal, hasta considerar que va dirigido a los
disidentes políticos sobre cuestiones de orden económico, social o político, pasando por considerar que es necesaria la mejora técnica del texto por su farragosidad, por su generalidad o mezcolanzas en la parte dispositiva. Sigo considerando que
estamos ante una amenaza poderosa y grave, poderosa y grave en intensidad y en extensión, que ataca directamente a nuestro país y singularmente en partes fronterizas del mismo, donde crecen los radicalismos yihadistas, utilizando como instrumento de
ataque el modelo de globalización y el moderno sistema de transporte, difusión de ideas, imágenes, personas y bienes. Nosotros entendemos que el combate contra el terrorismo radical islámico es un asunto de Estado, y no se disfrace esto con
retóricas de tapadera utilitaria, que necesita un amplio consenso del mayor número posible de grupos políticos. Consecuentemente, desde el primer momento manifestamos nuestra intención de sumarnos a un acuerdo de las fuerzas políticas y
parlamentarias contra esta terrible amenaza. Por eso, en el marco de los contactos habidos con el Grupo Popular, Foro aportó a la futura proposición de ley la opinión de que se introdujeran de una manera explícita medidas de investigación y de
acción policial que permitan perseguir el origen y el desarrollo de las fuentes de financiación, de las acciones singulares y de los grupos terroristas, así como de los mercados de armas y explosivos.

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La enmienda que he presentado lo es al artículo 576. En el párrafo primero el espíritu de este precepto reside en penalizar la mera actividad, sin que llegue a trascender al sujeto activo, es decir, al terrorista. Consideramos, por tanto,
más apropiado el empleo directo de una terminología identificando la actividad con la financiación. La redacción del proyecto, en mi opinión, denota un excesivo empleo de la terminología jurídica indeterminada, con los problemas que lleva
aparejado, que permite que se escurran actuaciones delictivas tendentes al apoyo económico de esta actividad criminal. En buena técnica legislativa debería huirse de la generalidad, para dotar de una mayor concreción y, de ahí, el empleo expreso
del término financiación. Consideramos que los párrafos segundo, tercero y cuarto deben ser mejorados técnicamente, evitando una cierta indefinición o una relación no exhaustiva de los delitos contra el patrimonio, resultando más apropiado la
supresión de la misma y bastando por ello el empleo de comisión de cualquier otro delito —esta frase—, manteniendo la referencia al título XIII. En relación con el cuarto, se trataría de evitar el descuido de la figura de la imprudencia grave. Me
estoy refiriendo a tipo imprudente conforme a lo dispuesto en los artículos 5, 10 y 12 del Código Penal. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).


En definitiva, creo que, con algunas aportaciones que aquí se están presentando por los diferentes grupos, estamos más cerca de conseguir que los intereses particulares den paso a los intereses generales, como ya sucedió —repito— en los
pactos de Ajuria Enea en 1984 o en Madrid en 1987.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Álvarez.


Por el mismo grupo, señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.


Traigo aquí nuevamente una cita de Montesquieu que ya utilicé alguna vez, porque parece que el Partido Popular se empeña en que siempre esté de actualidad. Decía Montesquieu: Las leyes inútiles debilitan a las necesarias. Esta es una ley
inútil, profundamente inútil, una reforma que ni era necesaria ni demandada por nadie, contestada por penalistas de toda índole y que además no cumple con los objetivos que dice abordar, porque el marco jurídico vigente en materia penal
antiterrorista es de los más amplios y severos de Europa occidental. Así, todas las acciones penalmente reprobables propias del terrorismo ya están en el vigente Código Penal, lo que no está ni debería estar es el pensamiento, la criminalización
del pensamiento, ni tampoco perseguir las protestas como delitos para después incrementar el despropósito aplicándoles el marchamo de terrorismo. ¿Alguien en su sano juicio cree que alguna de las medidas que se recogen van a servir para
disuadirles? ¿Vamos a evitar algún delito de terrorismo verdadero? ¿Qué queremos realmente, evitar o castigar? Destinar los escasos medios de que disponen las fuerzas de seguridad para perseguir a la gente que protesta, a la gente que tuitea, en
lugar de destinarse a investigar y perseguir a los verdaderos terroristas, es un despropósito. El texto pone en evidencia que el objetivo de los proponentes no es el descrito en la exposición de motivos, sino más bien el que están manifestando
todas las organizaciones en defensa de los derechos humanos: una vuelta más a esta maltrecha democracia.


Acabo como empecé, recordando a Montesquieu. Hay leyes necesarias que ustedes no quieren abordar: la dación en pago, el pacto de Estado contra la pobreza, el pacto de Estado por la educación o por la dependencia. En cambio, su legislatura
termina jalonada por un rosario de leyes inútiles que no han contribuido a la mejora de la vida de la mayoría de la gente; todo lo contrario. Sinceramente, no entiendo el apoyo del PSOE a un despropósito jurídico cuyo fin oculto, o no tan oculto,
es aplicar restricciones de derechos y libertades a las personas que osen protestar contra las estructuras del Estado, amedrentarles con acusaciones de terrorismo para evitar las protestas ciudadanas para siempre jamás. Me recuerda a veces el
nombre de una serie, Perdidos, una serie de la que nadie entendió el final.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Baldoví.


Señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, desde Coalición Canaria quiero mostrar nuestra solidaridad con el pueblo danés, que ha tenido ese atentado terrible en las últimas fechas. En segundo lugar, quiero valorar que se haya introducido una enmienda, en el sentido
que manifestó esta portavoz en el debate de toma en consideración,

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con respecto a un tema fundamental como es la captación de mujeres para llevarlas a zonas de guerra yihadistas para su explotación sexual y, sobre todo, para contemplar determinadas figuras que era absurdo que estuvieran menos penalizadas
incluso que la esclavitud sexual. Hay que tener ese plus de impedir que mujeres jóvenes sean captadas, sean trasladadas y sean adiestradas en el terrorismo yihadista. Por otro lado, quería decir dos cosas. Creo que Convergència i Unió ha
presentado unas enmiendas muy interesantes que mejoran el texto, sobre todo la primera que ha planteado. Yo pediría al Partido Socialista y al Partido Popular que en el tiempo que nos queda se hiciera un esfuerzo para llegar a un acuerdo y que
Convergència i Unió, un partido nacionalista pero con sentido de Estado, se sume a este pacto tan importante.


Termino lamentando que hoy, en el primer pacto que hay en esta legislatura de Estado, no esté ni el ministro del Interior ni el presidente del Gobierno ni el secretario general del Partido Socialista. Creo que la fecha de hoy hacía
necesario que estas tres personas estuvieran en el debate final de esta proposición de ley tan importante.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Oramas.


Por el mismo grupo, señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, voy a defender nuestras enmiendas a esta proposición de ley, empezando por la que tenemos en relación con una modificación del artículo 573. Con ella se quiere proporcionar una definición objetiva y concreta del delito del
terrorismo, alejada de ambigüedades que permitan su aplicación punitiva, indiscriminada, según la política que desee ejercer el Poder Ejecutivo de turno. La enmienda, señorías, recoge las definiciones de convenios internacionales, Convenio marco de
la ONU de 9 de diciembre de 1999 para la represión del terrorismo, aceptada internacionalmente y que ha servido para combatir graves atentados y organizaciones de una manera eficaz, con un instrumento certero, que por ello no ha sido desvirtuado y
manipulado para extender su aplicación de forma indiscriminada.


El resto de nuestras enmiendas, señorías, son de supresión de diferentes apartados del artículo 575 y con ellas pretendemos evitar definiciones imprecisas, impropias del Código Penal que, de mantenerse como están, permitirán un margen
discrecional en su aplicación. Señorías, la legislación penal está sometida a los principios de seguridad jurídica estricta para evitar incertidumbre e inconcreción a la hora de aplicar castigos públicos. La jurisprudencia, tanto constitucional
como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo ha recordado reiteradamente: las normas punitivas deben predecir con un alto grado de certeza las conductas que serán consideradas infractoras, así como el tipo y grado de sanción que se impondrán.
La interpretación que se proporciona en los párrafos segundo y tercero del apartado 2, más que dar claridad a la tipificación de nuevos delitos, incumple los principios de legalidad y de seguridad de las penas al quedar difusamente reflejado el
contenido esencial de las conductas que se pretenden castigar. Del mismo modo que se hace en el apartado 3 del artículo 575, al incorporar una conducta que por sí misma no puede ser considerada delito si no existen otras circunstancias o elementos
en presencia que indiquen con certeza que la pretensión es la participación o colaboración con organizaciones terroristas. La regulación que se hace del artículo nuevo 579 bis en el Código Penal implica un agravamiento de las penas impuestas a cada
delito de terrorismo excesivo, que más que eficaz es ejemplarizante. Se opta por plasmar en el papel un castigo doble para determinados delitos cuando no existen datos empíricos que demuestren que esta extensión y dureza de las penas contribuya a
atenuar la criminalidad.


Señorías, por lo que acabamos de exponer en relación con la defensa de nuestras enmiendas, anunciamos ya nuestro voto en contra de esta proposición de ley, pero además añadimos, como ya lo hicimos en el debate de su toma en consideración,
que no podemos apoyar una proposición de ley que es total y absolutamente innecesaria porque en la legislación española ya existen suficientes medidas, en el Código Penal concretamente, para actuar ante este tipo de delitos y, por otro lado, porque
se ratifica, señorías, lo que se denomina en el nuevo Código Penal prisión permanente revisable, que es claramente una cadena perpetua y nosotros creemos que esto no es una pena que sirva para la reinserción social como incluso en el texto
constitucional se dictamina en relación con cómo debe ser el modelo judicial del Estado español. Por lo tanto, señorías, nos parece lamentable no ya que el grupo mayoritario de la Cámara haya hecho la propuesta, su Gobierno hizo la propuesta de
esta cadena perpetua, atendiendo a populismos total y absolutamente inaplicables a la hora de legislar en asuntos como este,…

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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: … sino que en este caso también le haga coro el Partido Socialista, que inicialmente se puso en contra de la misma, pero está claro que ratificando esta proposición de ley esta ratificando la cadena perpetua.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, menos Fernández Díaz y, en todo, caso más ministro Alonso. El otro día le preguntábamos al ministro Alonso si no tenía nada que decir ante la amenaza yihadista, porque sería absurdo no considerar que existe una relación entre el
enrolamiento por parte de ciudadanos a esta locura y la pobreza y la exclusión, y si no miren Ceuta y Melilla. Y la respuesta del ministro Alonso fue irse por los cerros de Úbeda y hablarnos del terrorismo de ETA. Así pues, repetimos que no al
pacto Partido Popular-Partido Socialista, monumento a la ineficacia porque no aborda los problemas de fondo y primigenios; un monumento al cinismo porque se aprovecha para blindar la cadena perpetua; un monumento a la hipocresía porque apunta a
los independentistas catalanes, vascos y gallegos; un monumento al oportunismo porque sirve para que Pedro Sánchez se ponga un esmoquin de estadista, por cierto, al cabo de veinticuatro horas el esmoquin hecho ya unos harapos; y un monumento a la
reacción porque limita y coarta las libertades democráticas. De ahí que, inspirándonos en Amnistía Internacional, hayamos presentado cinco enmiendas, una de ellas de supresión de la cadena perpetua y cuatro para rechazar que se vulnere el derecho a
la libertad de circulación, así como que se sancione y se castigue como delito de terrorismo la difusión de mensajes y consignas que por su contenido sean idóneos para incitar a la comisión de delitos y terrorismo. ¿Saben por qué? Por ambiguo,
porque puede suponer una limitación injustificada, desproporcionada, innecesaria e ilegítima del derecho a la libertad de expresión. No decimos que no se deba sancionar la incitación al odio y a la violencia, ciertamente, pero esto no es delito de
terrorismo. Nunca puede ser considerado delito de terrorismo, y por supuesto tampoco puede ser considerado delito de terrorismo la imprudencia grave. La imprudencia grave no es constitutiva de terrorismo, porque carece de intencionalidad y no
posee, pues, naturaleza terrorista. Son ustedes muy pero que muy irresponsables, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. ¿Saben cuál es la pena? Que su irresponsabilidad la pagaremos todos, incluso sus hijos, incluso sus
correligionarios. Ustedes ponen en jaque el Estado de derecho, utilizando de forma cínica la locura del yihadismo.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.


Por el mismo grupo, señor Errekondo.


El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: El objetivo del Estado es precisamente preservar su propia existencia, su modelo de Estado, y este pacto es un ejemplo más de cómo actúan los señores del PP y del Partido Socialista. Ustedes están dispuestos
a tomar todo tipo de medidas con tal de garantizar el actual statu quo. Ustedes están dispuestos incluso a transgredir su propia norma, incluso las normas internacionales como los derechos y las libertades democráticas de la ciudadanía, y para ello
aprovechan el estado de shock de la ciudadanía y de la sociedad y utilizan el miedo como una de las herramientas más potentes que manipulan y dirigen contra la sociedad para justificar las decisiones que pretenden tomar. Ya lo dijo Thomas Hobbes,
aquí se aplica la razón de Estado, y con eso de que el Estado supuestamente garantiza la seguridad y el orden, tiene la legitimidad para actuar con contundencia contra todo aquello que altere y provoque desorden. El Estado, por tanto, utiliza el
yihadismo como excusa para expandir el miedo hasta donde le interesa, pero no va dirigido contra la política exterior, sino contra la política interior, y como dijo Hobbes, para aplicar medidas represoras contra todo acto y actores que alteren la
sacrosanta seguridad y el orden, como pueden ser las manifestaciones o todo tipo de protestas.


Pero hablemos de la cadena perpetua o pena de muerte. ¿O acaso no son las cárceles la opción para resocializar a las personas presas? Si es así, ¿qué sentido tienen cuarenta años de prisión o la cadena perpetua, sabiendo que ello supone
dejar al preso fuera de toda posibilidad de que pueda volver a la sociedad, tal y como han pactado ustedes, los del PP y los del PSOE? ¿Están diciendo acaso que condenarían a Felipe González a cadena perpetua como responsable máximo del terrorismo
de Estado que ha causado decenas y decenas de muertos, como dijo Pedro J. Ramírez? ¿Ustedes saben que ello

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supone la muerte en vida o vivir muerto durante el resto de la vida en la cárcel? Entonces, señores del PSOE o el PP, renieguen ustedes de las cárceles como herramienta para resocializar al preso y digan lo que realmente están defendiendo:
la pena de muerte, porque la cadena perpetua es eso, pena de muerte pero más lenta y dolorosa. Partido Socialista, ¡quién le ha visto y quién le ve! Si alguna vez ustedes han tenido principios, si hubieran tenido ustedes el más mínimo respeto a la
ciudadanía, al menos a los que han creído en ustedes, habrían sacado el suficiente orgullo y dignidad y habrían evitado rendirse y entregarse al enemigo, que es el Partido Popular. El Partido Socialista yerra una vez más y se hierra —se convierte
en herradura— a los pies del Partido Popular, que cabalga con sable en la mano y pisoteando los derechos de la ciudadanía y sus libertades. Además, este pacto de Estado no va a contribuir a solucionar el problema del yihadismo, en absoluto, porque
este pacto no es antiyihadista sino un pacto anticiudadanía. El yihadismo es una excusa para endurecer aún más un Código Penal que es el más duro de Europa, y con ello ustedes convierten en terrorista todo acto de protesta política y social en la
calle e incluso todos los procesos soberanistas, como son el vasco y el catalán. A la trilogía del pacto antiyihadista, la ley mordaza, la reforma del Código Penal, hay que añadirle la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, toda una
apisonadora de ingeniería y de armamento penal que parece no tener fin contra los sectores populares de aquí, que además cuestiona el actual modelo neoliberal y territorial, y también por supuesto contra los procesos constituyentes de Euskal Herria,
de Cataluña y del resto del Estado. Reforma tras reforma han establecido un estado de excepción encubierto. Decíamos que ya solo les faltaba pactar sobre el toque de queda. Aclárense, señores del Partido Socialista, porque ustedes han pronunciado
en diferentes espacios que van a abrir el mercado de todo tipo de pactos de Estado con el Partido Popular: pacto de Estado por la educación y traicionar el compromiso que se adoptó para derogar la Lomce; pacto de Estado sobre la energía y
traicionar el compromiso que se tomó para cerrar Garoña. ¿Cuántos pactos de Estado van a ofrecer al Partido Popular? Aclárense de una vez, señorías del Partido Socialista.


En conclusión, hay que decirlo alto y claro: estamos ante un golpe de Estado contra los derechos y las libertades de la ciudadanía, un golpe de Estado contra el clamor por el cambio y el respeto a la voluntad de la ciudadanía que llega
desde Euskal Herria, Cataluña y gran parte del Estado. Tenemos claro que este pacto de Estado es la respuesta del Estado ante la protesta generalizada de la ciudadanía por recuperar unos derechos sociales usurpados. Es la respuesta del Estado ante
el problema territorial, ante las naciones que defienden sus derechos políticos y por decidir su futuro libre y democráticamente, como Euskal Herria y Cataluña. Es la respuesta del Estado para blindar el actual modelo político, social, económico y
territorial impuesto por el régimen de 1978 —voy acabando, señora presidenta—, pero es que es la hora de la voluntad popular, de dar soluciones a los problemas sociales y territoriales. Es la hora de que sean los ciudadanos quienes decidan libre y
democráticamente sobre todas sus cuestiones, y la represión, que es su única receta, no lo va a parar.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Errekondo, acabó su tiempo.


El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Es el momento del cambio. Acabo con esta última frase. Es la hora del cambio; el cambio que ya es imparable en Euskal Herria, en Cataluña y en el resto del Estado.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Errekondo.


Pasamos al Grupo Parlamentario Vasco, PNV. Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, la verdad es que es una de las intervenciones más fáciles que en mi ya dilatada experiencia parlamentaria voy a acometer. Nuestro grupo solicita la supresión de todos y cada uno de los
preceptos que configuran esta proposición de ley orgánica, este denominado Pacto antiterrorista. De todos y cada uno, lo que casi me exoneraría de seguir argumentando porque ya se acredita que no nos gusta el pacto, pero alguna glosa o comentario
parece pertinente hacer.


Señora presidenta, debatir la parte del Código Penal que regula los delitos más graves y de estructura normativa más compleja en dos turnos de quince minutos es una incuria parlamentaria de la que los responsables del Partido Socialista y
del Partido Popular han sido copartícipes. No se debate de esta manera en ningún país del mundo algo tan grave, un aspecto del Código Penal tan relevante, por este procedimiento tan especial, como es el procedimiento de lectura única; un
procedimiento, como el propio reglamento establece, para normas o para iniciativas parlamentarias de carácter sencillo y que lo admiten,

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pero esta no es una norma de carácter sencillo, es una norma de carácter particularmente complejo que hubiese requerido más consensos de los que en este momento posee; los consensos prestados por el Partido Socialista al Partido Popular.


Afirmaba Tomás Moro que le concedería la presunción de inocencia al propio diablo si tuviera fundamento la concesión de esa presunción de inocencia. En este momento y con esta proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal se hace
todo lo contrario: no se concede la presunción de inocencia a nadie, se criminaliza a todo el mundo; se criminalizan conductas que no pueden ser, por su propia naturaleza, objeto de criminalización, objeto de incorporación al ordenamiento
punitivo. Se hace en virtud de un pacto, si me permite, señor Sánchez, apócrifo —veo que el señor Sánchez está muy interesado en el debate—, porque está anudado a unas líneas rojas que ustedes establecieron con mucha claridad, que es la refutación
de la prisión perpetua revisable; yo escuché el alegato de su portavoz cuando se debatió el Código Penal y fue el mejor alegato contra la cadena perpetua o la prisión perpetua revisable. Le escuché al ministro del Interior curiosamente en un
programa de televisión recientemente que no es lo mismo la cadena perpetua que la prisión permanente revisable. No realizó ningún tipo de sutil diferenciación, pero todos sabemos que son conceptos absolutamente sinónimos; de hecho, todos los
países que han constitucionalizado la cadena perpetua lo han hecho de forma revisable, incluso en Alemania e Italia, donde está constitucionalizada, se revisa por periodos de tiempo que se ajustan, además, a los periodos de revisión, no de este
proyecto de norma, que ya supera a la jurisprudencia o los requerimientos de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino a periodos de revisión que como máximo son de veinte años, que también se superan en este proyecto de ley.
Por otra parte, es un pacto sub conditione, sometido a condiciones, pero, señor Sánchez, a condición resolutoria. Ustedes han prometido que cuando ganen las elecciones —¿cuándo será esto?; entraríamos en un terreno especulativo complejo, tal como
está de desordenado en este momento el puzzle político— van a derogar inmediatamente las alusiones a la prisión permanente revisable. Ojalá lo puedan hacer, pero es el primer pacto de Estado que yo conozco, no creo que haya antecedentes ni habrá
consecuentes, sometido a condición resolutoria en uno de sus aspectos troncales y más relevantes, como es el sistema de penas; en concreto, el sistema de penas vinculado a la prisión perpetua revisable. Por tanto, es un pacto apócrifo, si me
permite la expresión, e impropio de su acervo ideológico, se lo digo con toda humildad, porque son ustedes quienes deben identificar cuál es su acervo ideológico en esta materia, en materia de derecho penal o de configuración de las normas penales.
Pero, bueno, nosotros hemos conocido al Partido Socialista manteniendo posiciones diametralmente contrarias no solo a la incorporación de la cadena perpetua en el Código Penal, sino a la utilización del derecho penal, del derecho punitivo, para la
solución de los conflictos sociales mediante un incremento generalizado lineal, mediante una expansión del derecho punitivo que afecta a todas las conductas previstas como delitos en el Código Penal y en esta proposición de ley. Es un pacto donde
también se produce una verdadera extravagancia jurídica, que es desubicar los delitos de terrorismo del Código Penal. Los operadores jurídicos van a tener que observar y analizar dos textos: el Código Penal, por una parte, y esta proposición de
ley orgánica, por otra, que está fuera del Código Penal. Es la primera vez y somos el único país del mundo donde los delitos de terrorismo no están ubicados en el ámbito del Código Penal.


Estas razones de naturaleza metodológica servirían como justificación para nuestra refutación de todos los preceptos que se incorporan en este pacto, pero hay más. Tenemos la impresión —e refiero a los portavoces del Grupo Popular y del
Grupo Socialista— de que subyacen razones electoralistas o políticas en el momento de la suscripción de este pacto. Tenemos la impresión de que se intenta, a través de pactos de esta naturaleza, afianzar liderazgos todavía no lo suficientemente
afianzados por jóvenes. El señor Tardà ha hecho una metáfora muy sugestiva en relación con el frac —que él considera ya deshilachado— de estadista por parte del líder del Partido Socialista, y también para encubrir, por otra parte, deficiencias en
la gestión gubernamental, pero , en todo caso, siempre —como ocurre con el terrorismo recurrentemente—, con la búsqueda de réditos electorales. Desde esa perspectiva y con esta impresión, nosotros no podemos avalar un proyecto de estas
características que tiene deficiencias de todo tipo.


El Parlamento Europeo acaba de aprobar una resolución en donde establece cuál es el tratamiento que se debe conferir a fenómenos como el del radicalismo yihadista. En una resolución del día 2 del mes pasado, establece que la manera global
de enfrentarse a los factores subyacentes a la radicalización que lleva al extremismo violento consiste en reforzar la cohesión social, reforzar la integración, reforzar la tolerancia política y religiosa, evitar la creación de guetos, analizar y
contrarrestar la incitación en línea a

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cometer atentados terroristas, en prevenir los desplazamientos para unirse a organizaciones terroristas, etcétera. En ningún momento, en esta propuesta de resolución del Parlamento Europeo —que, por cierto, está firmada por el Grupo
Parlamentario Socialista y también por el Grupo Parlamentario Popular— se hace referencia a la expansión del reproche punitivo, a la expansión del derecho penal, como fórmula para resolver ese tipo de conflictos, que son de una etiología muy
compleja, lo comprendo. Pero, sobre todo, se hace una invocación clara a la eficiencia, a la información, a la colaboración entre policías; colaboración que debe ser entre las policías europeas, y allá donde haya más de una policía —como en el
Estado español, donde hay tres policías integrales—, entre las policías integrales del Estado.


Hace once años —el señor Llamazares y yo lo recordábamos en el debate del último Pleno— ocurrió un brutal atentado de corte yihadista en varias estaciones de tren de Madrid con numerosos muertos, en donde observamos que las deficiencias
derivaban de algo tan sainetesco, si no fuera tan dramático el resultado, como que los explosivos utilizados por los terroristas fueron obtenidos en unas minas de caolín de Asturias —minas abandonadas y protegidas por un perro que carecía de
dentadura— y entregados a los terroristas por confidentes policiales, nada menos que del comisario general de la Policía de Oviedo. Estas deficiencias son las que sirven, desde una perspectiva de eficiencia policial y también judicial, para las
reflexiones sociológicas de la propuesta de resolución del Parlamento Europeo para acabar con esta etiología y con este fenómeno yihadista.


Por otra parte, el incremento de las penas hasta la prisión perpetua revisable incurre en un problema de manifiesta inconstitucionalidad. No se puede anudar la reforma de los delitos de terrorismo a la prisión perpetua revisable, a la
cadena perpetua, porque es inconstitucional, entre otras razones. La cadena perpetua ya la ha considerado el ministro del Interior inconstitucional, lo que no sé es por qué considera constitucional lo que es lo mismo, que es la prisión permanente
revisable, que vulnera artículos, como el artículo 10 de la Constitución, garante de la dignidad de las personas; el artículo 15, que prohíbe las penas crueles, inhumanas y degradantes; y el artículo 25, que establece que la finalidad de las penas
de privación de libertad es la resocialización o la reinserción social de los delincuentes. Se vulnera también la Convención Europea de Derechos Humanos glosada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cuanto a los periodos
de revisión. Los periodos de revisión son más amplios de lo que considera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no incurren en penas degradantes, tal y como prevé el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en penas que
despersonalizan absolutamente a las personas, y estas penas que despersonalizan absolutamente a los condenados son aquellas que tienen una duración superior a veinte años. Desde esa perspectiva, tampoco comprendemos —me referiría, en su caso, al
portavoz del Grupo Socialista, a su presidente y a los portavoces del Grupo Popular— cómo se puede anudar un pacto de Estado —con esta prosopopeya pero que, sin embargo, en el debate parlamentario no tiene la escenografía de un pacto de Estado, como
cualquiera puede observar— a algo inconstitucional, como es la prisión perpetua revisable, algo que contradice, además, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de duración de las penas y el Convenio Europeo de Derechos
Humanos, también en materia de duración de las penas. Por si fuera poco todo lo anterior, es que técnicamente no hay por dónde cogerlo —no está el señor Serrano, que creo que ya ha desistido de intentar vender lo que no se puede vender—, la propia
configuración del delito de terrorismo es manifiestamente equívoca y errónea, en tanto en cuanto se define el delito de terrorismo conceptualmente mediante una serie de elementos o de requerimientos como la subversión del orden constitucional, el
funcionamiento de las instituciones, etcétera, pero se incorpora al delito de terrorismo un listado de conductas que son tipos penales específicos que tienen su nomen iuris y que provocan una terrible confusión jurídica. No puede ser delito de
terrorismo todos los delitos incorporados a esta lista, convirtiéndolos o transmutándolos en delitos de terrorismo cuando son delitos que tienen su tipo especial, su regulación específica. No solo lo digo yo, también lo dicen decisiones marco de la
Unión Europea que podríamos citar, pero que no tiene demasiado sentido dada la desatención que en este momento las reflexiones que este diputado está haciendo están mereciendo en algunos ámbitos de la Cámara. Además, el problema no solo deriva de
la incorporación al concepto de delito de terrorismo de un listado de conductas que son tipos penales especiales, sino que ni siquiera se incorporan todos los tipos penales que son objeto de realización habitualmente por terroristas. En el listado
de tipos que conforman conceptualmente la figura de terrorismo se olvidan de tipos como los Strauss, se olvidan de tipos como las coacciones, se olvidan de tipos como el secuestro y, por el contrario, se incluyen otros delitos que no suelen ser
cometidos por los terroristas, como los delitos medioambientales. En segundo lugar, la prisión perpetua revisable —hemos comentado ya cómo contradice la Constitución, cómo contradice la

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jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos— está anudada inevitablemente a este pacto. Desde esa perspectiva, nada más que decir; están anudando un pacto, aunque sea sub conditione, a la prisión perpetua revisable, a un
precepto de naturaleza inconstitucional.


En cuanto al sistema de penas establecido, el perfil de este fenómeno terrorista yihadista de relativo nuevo cuño es que estos terroristas ya han descontado su inmolación, ya han descontado que van a morir, están dispuestos a autoliquidarse,
luego la función de las penas, que consiste en la prevención general y la retribución, la disuasión, es irrelevante en estos feudos. Quien está dispuesto a inmolarse, evidentemente, no se va a ver disuadido ni por la incorporación de la cadena
perpetua ni por la incorporación de veinte cadenas perpetuas en el Código Penal. Sin embargo, sí se produce un efecto criminógeno que debe ser objeto de valoración porque es peligroso, ya que van a ser objeto de mayor sanción penal aquellos que no
se inmolan, aquellos que no son los comitentes autores de un delito de terrorismo y otros que tienen una participación de entidad menor en la comisión del delito como los que enaltecen, los que realizan apología de este delito, los que colaboran,
etcétera.


Voy acabando, señora presidenta. Por otra parte, esta proposición de ley —siento que no esté el señor Serrano— establece una especie de configuración de la responsabilidad subjetiva de los comitentes de delitos de terrorismo que es idéntica
a la amortización o a los criterios que se usaron en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la amortización de la propia noción de justicia universal en el Estado español. ¿Quiénes pueden ser responsables de la comisión de estos
delitos? Pueden ser responsables de la comisión de estos delitos los que tienen nacionalidad española, los que residen habitualmente en España. Yo creo que el Partido Socialista debería hacer una reflexión muy seria sobre cuál es el ámbito de
responsabilidad subjetiva en una proposición de ley tan importante como esta. ¿Es que ustedes creen de verdad que el ámbito subjetivo de responsabilidad tiene que equivaler a aquello que sirvió para la amortización y para la desaparición de la
justicia universal, de la propia noción de justicia universal? Es difícil comprender que ustedes hagan un pacto de estas características. Es difícil comprender que ustedes abdiquen de su acervo ideológico en materia penal, o en cómo configurar el
derecho punitivo, por razones espurias vinculadas a la necesidad de obtener réditos electorales.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señora presidenta.


Pero lo que es difícil creer es que en este momento estemos utilizando dos textos, el Código Penal y una proposición de ley orgánica que regula los delitos de terrorismo mediante su fundamentación en lo que Jakobs —se lo decíamos el otro
día— denomina derecho penal del enemigo. La doctrina científica y la más próxima ideológicamente a ustedes, a los miembros del Partido Socialista, ha advertido de los peligros de lo que estamos configurando aquí como derecho penal del enemigo.
Ustedes están atendiendo a otro tipo de consideraciones. Comprendo que las elecciones están muy caras, están muy complicadas para todo el mundo, pero hay ciertas líneas rojas —parafraseando la expresión de su portavoz en la Comisión de Justicia—
que ustedes prometieron que nunca traspasarían, una de ellas era la de la prisión permanente revisable. La han traspasado y la están avalando con esta proposición de ley, porque ustedes no saben cuándo van a volver a ganar las elecciones, ni
ustedes ni nadie, ni qué va a pasar en la próxima legislatura en este Congreso de los Diputados. Ahí entramos en el terreno de lo paranormal o de lo enigmático; puede pasar cualquier cosa. No nos engañen, no nos hagan driblings ideológicos de
esta naturaleza; están avalando la prisión perpetua revisable.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, quiero empezar por dar una información, no a sus señorías, a los que están en esta Cámara, porque esa información no es precisa ya que ustedes lo saben, pero sí a quienes nos puedan estar escuchando fuera de esta Cámara. Lo que
estamos debatiendo en la mañana de hoy es una proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal. Me escuchan ¿verdad? Estamos haciendo una reforma puntual del Código Penal, no estamos debatiendo un pacto
de Estado contra el terrorismo y mucho menos un pacto de Estado contra el terrorismo yihadista. Creo que es importante para recuperar siquiera la verdad en el lenguaje porque, como todo el mundo sabe, se empieza

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pervirtiendo el lenguaje y se termina pervirtiendo la política; es decir, se corrompe primero el lenguaje y después automáticamente se corrompe la política. Entendido ¿verdad? Estamos debatiendo una reforma del Código Penal y no un pacto
antiterrorista y mucho menos un pacto antiyihadista. Una reforma del Código Penal, por cierto, chapucera, puntual y chapucera, como luego explicaré. No estamos ante un debate de Estado, señorías, estamos justamente ante lo que les acabo de
describir. Ciertamente, el poder del lenguaje, del mal lenguaje, el poder de la publicidad, hace que la inmensa mayoría de los españoles crean que estamos en otro debate. Yo felicito al Grupo Popular y al Grupo Socialista porque han conseguido
engañar una vez más a los ciudadanos, en este caso sobre el contenido del debate de esta mañana. Estamos ante una situación que podría ser digna del ensayo La política y el lenguaje inglés, de Orwell. El lenguaje político, decía en aquel ensayo
Orwell, está diseñado para lograr que las mentiras parezcan verdades. Todo este debate previo, toda esa parafernalia que se hizo en La Moncloa para ser recibido y para engañar a los ciudadanos, está organizado para que las mentiras parezcan
verdades, para corromper el pensamiento, después corromper el lenguaje y finalmente corromper la política.


La siguiente noticia que quiero darles a los ciudadanos que nos puedan estar escuchando es que se ha producido una vez más una mentira, un engaño por parte del Gobierno de la nación, del partido que lo apoya —el Partido Popular— y
naturalmente del partido que les acompaña en este recorrido, el Partido Socialista. El ministro dijo en el debate de la semana pasada, cuando estábamos hablando de la toma en consideración: Tengo la mano tendida a todos los grupos parlamentarios;
espero ampliar el acuerdo; hablaremos con todos y veremos sus propuestas, sus enmiendas, sus intentos de reformas. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Ni esta portavoz que les habla ni ningún miembro de su grupo ha sido llamado a discutir
siquiera formalmente las enmiendas que hemos presentado. No ha habido acuse de recibo ni la más mínima educación, lo propio del parlamentarismo, porque hemos presentado unas enmiendas, hemos dicho públicamente que tenemos intención, hemos brindado
nuestra mano. No sé si le ha pasado al ministro de Justicia, con esa mano que nos brindó aquí en el debate de la semana pasada, como con los papeles de la causa de Bárcenas, el borrado de los discos, que también se le ha perdido la mano; igual que
parece que han perdido los papeles del borrado de la causa de Bárcenas, también se le ha olvidado, no ha llegado con la mano a donde debía llegar, que es al grupo parlamentario que les habla para discutir siquiera formalmente sus enmiendas.


Dicho esto, que estamos ante una reforma puntual del Código Penal, voy a insistir en el contenido de las enmiendas porque, puesto que es un Código Penal, hemos querido reformarlo por lo menos corrigiendo algunos de sus problemas
fundamentales; el más importante es el que se deriva del artículo 573 bis 1.1.º, que por su indefinición provoca tal inseguridad jurídica que va a ser causa de conflicto, como les explicaré a continuación. Si nos admitieran la enmienda, esta
reforma no sería más que una reforma, no lo convertiría en un pacto de Estado contra el terrorismo, pero resolvería el grave problema de inseguridad jurídica y de inconstitucionalidad que existe por cómo se ha escrito ese artículo 573 bis 1.1.º
Porque, por no querer poner en ese artículo prisión permanente revisable, que será la pena que se aplicará a ese delito que se describe, para que estos señores que se sitúan a la izquierda de la tribuna se sumen a esta chapuza, lo que se provoca es
una enorme inseguridad jurídica que además es causa de inconstitucionalidad. ¿Qué significa que haya inseguridad jurídica en un Código Penal que puede ser además causa de inconstitucionalidad en un tema tan importante como una reforma que regula la
pena de los delitos de terrorismo? Significa que los abogados de los terroristas, particularmente los abogados de los terroristas con boina, estarán en este momento frotándose las manos. Claro que no van a dar el cante, pero estarán pensando que
ellos tendrían que votar a favor, aunque no quieren votar a favor por no dar el cante. Esta inseguridad jurídica provocará que más bien pronto que tarde, sobre todo si va al Constitucional, pero si no va también, se empiecen a pedir revisiones de
pena, y esos 40 años que hoy existen para los delitos de terrorismo empezarán a ser 20 o 30, y esa revisión de pena traerá como consecuencia que empecemos a ver salir de la cárcel a esos terroristas que hoy estaban sujetos a un Código Penal mucho
más justo y por supuesto mucho más seguro. Eso, señorías de mi derecha y de mi izquierda, será una vergüenza y un circo.


Algunos que hoy han intervenido en contra, que hubieran merecido un Goya de interpretación, estarán frotándose las manos, porque eso que han hecho ustedes aquí, en ese artículo —no expresar a continuación del delito la pena aplicable—, esa
indefinición que han hecho, única en todos los códigos penales del mundo —y ustedes lo saben bien—, va a traer graves y serias consecuencias. Son ustedes unos irresponsables, unos auténticos irresponsables. No solo no es un pacto contra el
terrorismo, aunque ustedes lo quieran llamar así, sino que esta reforma del Código Penal genera una inseguridad tal, genera unas ventajas tales para los abogados de los terroristas y para los terroristas, que ustedes serán culpables,

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que no responsables, de las consecuencias. Son ustedes unos irresponsables, solo para no poner en este artículo justamente lo que es: que a los delitos graves del terrorismo se les aplicará la prisión permanente revisable. Como no lo
quieren poner por los complejos de estos señores de mi izquierda y su interés en engañar a los ciudadanos para que parezca lo que no es, las consecuencias las pagaremos todos los españoles y los beneficiados serán los terroristas con boina
particularmente, pero también los del turbante, que vendrán después porque se les aplicará lo mismo. Como decía, me parece algo absolutamente vergonzoso e irresponsable.


Siquiera acepten esa enmienda, la del 573 bis.1.1.º, que, como digo, no convertiría lo que no es un pacto antiterrorista en un pacto antiterrorista, porque déjenme que les añada algo más —esto para los ciudadanos que nos pueden estar
escuchando—. En España ha habido dos pactos antiterroristas, uno el de Ajuria Enea y otro el Pacto por las libertades y contra el terrorismo del año 2000. En ninguno de los dos —en ninguno, ¿eh?— hay descripción punitiva alguna. En ninguno de
los dos porque los que los debatieron y firmaron sabían que en el Pacto antiterrorista no era donde había que describir los delitos y la pena. O sea, llamamos Pacto antiterrorista a lo que no es y en la reforma del Código Penal, donde sí hay que
describir el delito y la pena, que es lo que es, no lo describimos porque le queremos llamar otra cosa y porque queremos que esos señores se sienten con ustedes a firmarlo. Una enorme irresponsabilidad, como digo.


Otra incongruencia que va en otra enmienda de las que hemos presentado tiene que ver con la contradicción que se da con la reforma de la justicia universal. Hay una incongruencia, hay un reconocimiento de los tribunales españoles para
perseguir a extranjeros que pasen por España. A nosotros nos parece bien, pero es contrario con la reforma de la Ley de Justicia Universal. Es una enmienda que no es ideológica —la anterior, por cierto, tampoco—, es lógica. Si quieren reformar el
Código Penal, háganlo bien, y si quieren reformar la Ley de Justicia Universal háganlo bien. Por eso les planteamos que la reformen dentro de esta ley que hoy nos traen aquí a revisión, sencillamente que reformen una ley que habían aprobado antes,
en este caso a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dos enmiendas les he citado.


Las otras cuatro enmiendas son en realidad una misma porque lo que quieren es que haya más recursos económicos, precisamente para prevenir y perseguir el terrorismo. Estamos todos abrumados con lo que está pasando en países de nuestro
entorno y con los atentados, eso sí, yihadistas, que han ocurrido primero en Francia y esta última semana en Dinamarca. Díganme ustedes, señorías: ¿qué es lo que ha fallado en Dinamarca y en Francia, el Código Penal con el que se podían condenar
los actos de terrorismo o la prevención? ¿Qué es lo que han dicho las autoridades y todos los que están escribiendo estos días sobre lo que ha ocurrido, sobre los atentados de Dinamarca? Que no ha habido suficientes servicios de inteligencia para
prevenir el riesgo, suficientes recursos humanos para prevenir por la vía de los servicios de inteligencia el riesgo, que ahí han fallado, que ahí estamos fallando. En España también. Si quieren ayudar a ser más eficaces en la lucha contra el
terrorismo, invirtamos en recursos humanos, en recursos profesionales. Invirtamos en ello, en los servicios de inteligencia, en medios humanos y en medios materiales. Eso sí es eficaz. ¿Qué les planteamos con las enmiendas? No les planteamos una
cosa desorbitada, sino absolutamente asumible y sobre todo absolutamente necesaria. Les planteamos que se recuperen los 359 millones de euros que hemos recortado durante los últimos cuatro años para que por lo menos tengamos los mismos recursos que
teníamos hace cuatro años para combatir el terrorismo en su conjunto. Esto no es una novedad, porque las amenazas contra las libertades y contra la democracia, contra la sociedad plural, derivadas de las acciones del terrorismo, enemigo mortal de
la democracia, no son nuevas. Entonces, no recortemos en medios materiales y humanos, invirtamos en servicios de inteligencia, demos instrumentos a la Policía y a la Guardia Civil para perseguir y para poder atrapar a los terroristas, y por lo
menos seamos eficaces en eso. Eso es lo que el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia les quería explicar y les quiere decir.


No conseguiremos —lo sé bien— que cuando terminemos este debate los ciudadanos sepan que aquí hemos debatido hoy sobre una reforma puntual del Código Penal. No conseguiremos probablemente que los ciudadanos sepan que además de ser una
reforma puntual del Código Penal es una reforma chapucera del Código Penal. No conseguiremos probablemente, que los ciudadanos sepan que esta reforma chapucera del Código Penal da ventajas a los terroristas en vez de plantearles más inconvenientes.
No conseguiremos que los ciudadanos sepan que genera una gran inseguridad jurídica y que esa gran inseguridad jurídica será aprovechada por los abogados de los terroristas para poner en brete a nuestra democracia y a nuestros tribunales. No
conseguiremos que sepan que no hay dotación de medios materiales y humanos —que no la hay— y que no hay instrumentos nuevos ni mejores para perseguir el terrorismo, pero conseguiremos que sepan, por lo menos estará en el «Diario de Sesiones», que
aquí

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hubo un grupo parlamentario que quiso que triunfara la verdad, que quiso que no nos engañaran ustedes con el lenguaje, que no pervirtieran, que no corrompieran el lenguaje para no corromper la propia política y que no contribuimos a que
engañaran ustedes al conjunto de los españoles.


Gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Para presentar sus enmiendas y defender su posición, tiene la palabra, por La Izquierda Plural, el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.


Señorías, mal acaba lo que mal comienza. Esta proposición de ley nació con una clara voluntad bipartidista, con intención de eludir los controles exigibles a una ley orgánica y evitar un debate parlamentario sosegado y en profundidad. Era
ese su objetivo y, desgraciadamente, así va a terminar. Vaya por delante de nuevo, una vez más, nuestro compromiso de siempre en la lucha contra el terrorismo. En los partidos que formamos parte del Grupo de La Izquierda Plural no hay ni
neutralidad ni tolerancia frente al terrorismo, ni tampoco comodidad en la oposición, imputaciones que se nos hicieron el pasado martes por el portavoz del Grupo Popular a todos aquellos que no suscribimos el pacto. Aquí, señorías, en este momento,
lo que hay es un debate de gran trascendencia para el presente y el futuro de nuestro país. El debate es sobre cuáles son las políticas más útiles para combatir el terrorismo en sus nuevas formas y el debate es sobre qué límites debe tener la
política penal en una sociedad libre en su lucha contra el terrorismo. De eso va el debate de hoy. Es cierto que el terrorismo yihadista requiere ajustes en las políticas antiterroristas y exige mayores esfuerzos, sobre todo justo en el terreno
que no aborda este pacto antiterrorista, en el terreno de la investigación y de la prevención, que requiere más cooperación de policías y de los servicios de inteligencia y mucha más beligerancia con las fuentes de financiación y contra los Estados
que financian y auspician el terrorismo en todo el mundo. Desgraciadamente, es la lucha contra la financiación del terrorismo el terreno en el que el Gobierno no quiere entrar y que esta proposición no aborda. No se nos olvide que los paraísos
fiscales actúan como verdaderos santuarios de los terroristas, pero para nuestras sociedades son unos santuarios fiscales que los terroristas comparten con dignos inversores, con delincuentes de cuello blanco y con corruptos y mafias de todo tipo, y
ese es el problema por el cual, desgraciadamente, no se quiere abordar a fondo la lucha contra esos santuarios fiscales. Ese es también uno de los graves problemas para decapitar el terrorismo en sus orígenes. El avance en la lucha contra el
yihadismo no pasa por esta reforma del Código Penal, por eso en este simulacro de tramitación parlamentaria en este momento el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural les ha planteado enmiendas de supresión del texto y por eso vamos a dar nuestra
opinión contraria a algunas de las enmiendas que se han planteado y contraria al conjunto del texto que parece va a salir de esta Cámara.


Insistimos en el carácter innecesario de esta ley y les recordamos que los argumentos que nos han dado —las actuaciones contra lobos solitarios o contra terroristas desplazados a países que amparan el terrorismo— son conductas que ya se
pueden perseguir con el actual Código Penal. Se lo explicó y demostró mi compañero Gaspar Llamazares la semana pasada con datos concretos de procedimientos penales que se han puesto en marcha contra esas situaciones concretas. Eso ya se puede
hacer.


El intento de avalar esta proposición de ley en la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de septiembre de 2014 no se aguanta, es una trampa sin sostén. Ustedes saben que lo que ha dicho Naciones Unidas es que los Estados
comprueben si sus legislaciones penales son suficientes, no dice nada de ampliar hasta el esperpento la definición de terrorismo ni, por supuesto, incorporar por la puerta de atrás la cadena perpetua. Señorías, debemos decirnos —y que la sociedad
lo sepa porque si no va a pensar que frente al terrorismo hasta ahora no se ha hecho nada— que España tiene ya una de las legislaciones más duras contra el terrorismo —escuchen— que equipara delito intentado con consumado, autoría y participación,
que penaliza la provocación, conspiración, proposición al terrorismo —incluyo el individual—, que pena la captación, adoctrinamiento, adiestramiento, enaltecimiento, formación y justificación del terrorismo, incluso la humillación de las víctimas,
con penas que pueden llegar hasta los cuarenta años. Una legislación con un régimen procesal de suspensión de derechos como la detención incomunicada y la privación de derecho de defensa letrada; un régimen que, por cierto, ha sido denunciado por
algunos organismos internacionales por considerar que tiene intrínsecamente riesgos que pueden comportar vulneración de derechos. ¿Les parece poco arsenal punitivo lo que existe hoy en nuestra legislación frente al terrorismo para ampliarlo con la
excusa de la lucha contra el yihadismo? No ayudan ustedes al Estado de derecho, no ayudan ustedes a una lucha sincera contra el terrorismo. La

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desaforada definición del terrorismo devalúa aún más el terrorismo, esas conductas, y así se lo dijo también mi compañero Gaspar Llamazares: Si el terrorismo es todo, el terrorismo no es nada. Algunos hemos estado en contra de que se
ninguneara y se utilizara frívolamente la palabra terrorismo, por ejemplo, cuando se ha usado para terrorismo empresarial o terrorismo laboral; sin duda son conductas muy reprobables, pero no se puede utilizar porque cuando uno abusa de ese
concepto coloquialmente lo que hace es devaluar la gravedad social del terrorismo. Pues si eso es así en las tertulias y en los coloquios, imagínense lo que significa llevar esa cultura de degradación del propio concepto terrorista al ámbito del
propio Código Penal. Lo devalúa y devalúa la lucha social y la deslegitimación social del terrorismo. Insistimos, pues, en estas cuestiones y queremos entrar en algunas de las valoraciones de las enmiendas planteadas por otros grupos.


A pesar del intento de autoenmendarse del Partido Popular y del Partido Socialista, les debo decir, con respeto pero claramente, que la redacción que proponen es inaceptable porque, en algunos casos, bajo la apariencia de mejoras técnicas,
lo único que hace es profundizar aún más en ese concepto de desaforamiento, de desmadre del concepto terrorista. En el artículo 576, apartado 1, en la definición de delito de posesión de bienes que pudieran ser utilizados para atentados
terroristas, se llegan a utilizar hasta siete verbos distintos pero en el fondo mantiene una redacción que es absolutamente indeterminada sobre qué significa exactamente eso. No sé ustedes, pero cuando yo estudié derecho, en la facultad me dijeron
que lo más importante del tipo penal, es decir, de lo que define una conducta penal, es la claridad para evitar el abuso y la inseguridad, no solo del que está perseguido, del que está imputado o procesado, sino también de la propia sociedad, del
propio Estado de derecho. Un tipo penal debe ser claro, diáfano y definir con precisión la conducta que se quiere penalizar sin dar lugar a interpretaciones dudosas y ustedes con su planteamiento hacen exactamente lo contrario. Se mantiene una
redacción sobre qué es terrorismo que —insisto, escuchen— va a facilitar si se quiere la persecución como terrorismo de actos que solo son acciones de movilización contra el sistema político imperante y eso no es una exagerada interpretación por mi
parte.


Vuelvo al artículo 573. Califica como terrorismo —escuchen ustedes bien, ¿de verdad lo han leído?—, entre otras cosas, atentados contra patrimonio a través de coacciones que puedan suponer el apoderamiento de aeronaves o medios de
transporte colectivo con el objetivo de obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de ello. Yo les puedo asegurar que con esta tipología que ustedes hacen de terrorismo se pueden producir barbaridades como las siguientes —dos
que están en la memoria de nuestro país, una reciente—. Por ejemplo, la ocupación por los trabajadores de las pistas del aeropuerto de El Prat para forzar una determinada decisión de los poderes públicos, que provocó un importante conflicto de
orden público y de transporte aeroportuario, se puede considerar como se quiera considerar, desde un punto de vista social o desde un punto penal pero, ¿estarán ustedes de acuerdo en que eso no es terrorismo? Pues bien, con lo que ustedes van a
aprobar hoy, eso también es terrorismo.


Yendo un poco más lejos, y refiriéndome a mis compañeros del PSC que lo conocen bien porque algunos de sus protagonistas son dirigentes del PSC, cuando los líderes vecinales de Nou Barris de Barcelona, que en los años de la transición
democrática pedían y exigían que se llevara el transporte público hasta sus barrios y no lo consiguieron, forzaron el secuestro de autobuses para hacer la ruta que querían que se siguiera y los mantuvieron secuestrados hasta que el poder público les
garantizó que les daba línea de transporte. Eso, que era una movilización social, que se puede considerar lo que sea, con su texto aprobado hoy, también es terrorismo. Fíjense ustedes bien, líderes vecinales de Nou Barris en Barcelona, a los que
los ciudadanos admiran como verdaderos mitos, porque gracias a ellos mejoraron sus condiciones de vida, con este Código Penal algún fiscal con exceso de celo los puede considerar y acusar de terroristas. Así hay algunos ejemplos más.


Me tengo que referir, concretamente, a las enmiendas del Grupo de Convergència i Unió. Espero que sea por error pero, ¿han visto ustedes lo que han hecho en su enmienda al artículo 573 bis apartado 4? Ayudan a esa confusión, confunden
permanentemente esta proposición de ley con el Código Penal e igualan desórdenes públicos a terrorismo.¡Ojo con eso!, espero incluso que ustedes voten en contra de su enmienda porque si no cualquier día de estos se la van a aplicar a ustedes en
Cataluña. Vayan con cuidado con esa cuestión. Eso tiene que ver con la desaforada concepción de terrorismo.


Tercer elemento. Instauran ustedes el delito de sospecha. Es decir, no hace falta cometer actos para cometer un delito, simplemente basta con que se tenga la sospecha de cometerlos. Eso es lo que sucede en el artículo 575 con todo lo que
hace referencia a que se presumirá terrorista a todo aquel que visite páginas habituales de web, etcétera. ¿Se dan cuenta ustedes de que algunos investigadores sociales

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pueden verse, al menos, con el susto de que sean confundidos con terroristas? Pero, aunque no sean investigadores sociales, aunque sean candidatos a ser terroristas, ¿no les parece que es mucho mejor que a esas personas, susceptibles de
caer en las redes del terrorismo, se les apliquen algunas políticas de carácter preventivo, social, que eviten que entren en esas redes? ¿O la solución es meterles en la cárcel antes de que sean delincuentes? ¿No saben ustedes que la cárcel es la
principal universidad del delito, incluido también de los terroristas? ¿Que ahí es donde también socializan bastante sus prácticas los terroristas? Por favor, el delito de sospecha, no. No se puede condenar a alguien por sospechar que en el
futuro va a cometer un delito.


Por último, el delito de terrorismo por imprudencia grave. Puede cometer alguien una imprudencia cuando va conduciendo un vehículo pero, ¿de verdad ustedes creen que se puede ser terrorista sin saberlo y sin quererlo, simplemente por haber
cometido actos que son utilizados por otros, sin saberlo la persona que los comete, para cometer actos terroristas? Eso está en esa proposición de ley. Por favor, sean conscientes de que se está a punto de cometer una barbaridad desde el punto de
vista del Estado de derecho y eso es lo que no puede ser.


Termino con una reflexión desde el más absoluto respeto. Yo no comparto los argumentos del Grupo Socialista para justificar que esto no es la cadena perpetua sino solo la prisión permanente revisable y que cuando entren la van a quitar,
pero es legítimo. Sin embargo, déjenme que les diga que hay una cosa que me parece muy grave, que es la legitimación del procedimiento exprés para aprobar leyes de esta naturaleza. Escuchen lo que les voy a leer: El Grupo Popular tiene todo el
derecho del mundo a presentar proposiciones de ley, a lo que no tiene derecho es a utilizar la proposición de ley como un atajo, como una trampa para evitar que modificaciones legales substanciales de derechos fundamentales y constitucionales de los
españoles, que afectan además de forma clara a los derechos humanos, se hagan sin los informes y los consejos preceptivos. Esas palabras fueron pronunciadas hace escasamente un año, el 11 de febrero de 2014, por la portavoz socialista Soraya
Rodríguez en el debate de la proposición de ley para abolir la justicia universal. Yo no puedo estar más de acuerdo con eso, pero permítanme que les diga que espero que estén de acuerdo en que es un atajo y una trampa cuando lo hace el Partido
Popular y continúa siendo un atajo y una trampa a la democracia cuando lo hacen el Partido Popular y el Partido Socialista, porque si no es así se van encontrar con que no van a tener autoridad para criticar el abuso en el uso de la mayoría absoluta
por parte del Partido Popular.


Termino, señorías. La política sin duda necesita pacto, sin pacto no hay política, especialmente cuando se trata de temas tan transcendentes, pero la política requiere también ideología, y en el ámbito del derecho penal, que es el más
ideológico de todos los derechos, es un derecho profundamente de clase, debe tenerse muy claro cuál es la ideología. Yo entiendo perfectamente que el Partido Popular defienda esta proposición de ley, forma parte de su genética. El Partido Popular,
el partido del populismo penal, ha hecho durante toda su historia del agravamiento de las penas, de un concepto del derecho penal que ignora la reinserción y lo sustituye por la venganza, su política para dar satisfacción a aquellos ciudadanos a los
que con una mano les quita derechos y con la otra les ofrece alimento y tranquilidad para satisfacer la bilis que provocan determinados delitos. Pero eso, eso que forma parte de la genética de populismo penal del Partido Popular, sinceramente creo
que no puede estar nunca, nunca en los comportamientos de la izquierda, entre otras cosas, porque no conozco ninguna batalla política que se haya ganado asumiendo la ideología del adversario, y eso me parece especialmente grave porque un movimiento
táctico nunca puede hipotecar el futuro de unas políticas, especialmente en el ámbito penal.


Ahora termino de verdad, señorías. Le pediría al Grupo de Convergència i Unió, desde el absoluto respeto, que no vote a favor, o mejor dicho, para que no haya ninguna confusión entre ustedes, que voten en contra del texto que va a salir de
esta Cámara, porque de lo contrario algunos le podrán decir que, si esta es la manera de construir estructuras de Estado, mejor no lo intenten ustedes.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.


Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señoras y señores diputados, en primer lugar, desde Convergència i Unió, queremos reiterar una vez más ante Pleno del Congreso de los Diputados que desde siempre la actuación de este grupo
parlamentario ha sido una manifestación inequívoca de apoyo a todo aquello que redunde en atajar, en combatir el terrorismo; esta ha sido siempre la posición de Convergència i Unió, atajar el terrorismo, atajar las nuevas y peligrosas formas de
terrorismo internacional, y hacerlo

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desde el consenso, desde el rigor jurídico y cumpliendo las normativas internacionales que nos marcan también el camino a seguir. Por tanto, esta ha sido y será la actuación de Convergència i Unió en materia de lucha contra el terrorismo.
Y ante esa actuación inequívoca, ante esa hoja de ruta inequívoca de nuestro grupo parlamentario en materia de lucha contra el terrorismo, hoy, en este debate, se produce lo que desde Convergència i Unió entendemos que nunca, en un tema como el
terrorismo, se debería haber plasmado.


Este debate de hoy es un debate absolutamente desviado de la finalidad que ustedes dicen pretender porque han hecho un acuerdo bipartidista, lo han hecho a espaldas del resto de grupos parlamentarios. Una vez acordado, una vez solemnizado e
incluso una vez publicitado con encuentro entre los portavoces socialista y popular con los respectivos ministros, a partir de entonces es cuando se invita al resto de grupos a realizar aportaciones ante un acuerdo precocinado en un tema importante
en el que, repito, siempre debe haber el máximo consenso, que es la lucha contra el terrorismo. Esas formas precipitadas se han mantenido después en el trámite de confección de las enmiendas que hoy debatimos, porque nadie ha llamado a Convergència
i Unió por si queríamos acordar alguna enmienda conjunta. También ustedes, PSOE-PP, PP-PSOE, se ponen de acuerdo en las enmiendas, sin abrir la posibilidad de que algunas de ellas se pudieran haber suscrito conjuntamente con otros grupos. Ustedes
lo han hecho a su manera, y a su manera, ¿qué es? Trayéndolo al Pleno, con lectura única y por el trámite de urgencia, sin informe, sin dictámenes, directamente, sin haber pasado por la Comisión de Justicia y sin haber tenido una ponencia sosegada
y serena, que es lo que requiere toda reforma penal.


Esas prisas nunca son buenas, pero analizadas esas prisas en este trámite, hoy queremos decir desde mi grupo —ya lo habíamos advertido el pasado martes— que hay aspectos en los que podemos coincidir y votar que sí y aspectos que no nos
gustan y a los que votaríamos claramente que no, pero esto tampoco se puede hacer hoy, porque con ese trámite de lectura única obligan a una única votación cuando estamos hablando de una reforma del Código Penal. ¿Tanta prisa es necesaria? Alguien
podría pensar que nuestro ordenamiento penal no está preparado para la lucha contra el terrorismo, pero nosotros tenemos que recordar una vez más que buena parte de los deberes estaban hechos ya. Por tanto, tampoco podemos entender las prisas que
hoy imprimen a esta reforma legislativa del Código Penal. Porque hay una decisión-marco importante, la Decisión de 13 de junio del año 2002, que fue modificada el 28 de noviembre del año 2008, y quiero recordarles a todos ustedes que Convergència i
Unió estuvo allí y votó que sí, y se reformó el Código Penal tras la última modificación de la Decisión-marco de la Unión Europea de lucha contra el terrorismo. Tras la última modificación se legisló con la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de
reforma del Código Penal, y con esa reforma que se hizo con anteriores Gobiernos y a la que nuestro grupo votó favorablemente ya se daban instrumentos para luchar activamente contra el terrorismo. Hoy podría parecer que gran parte de las reformas
que se acuerdan obedecen más a un eslogan compartido de que luchamos contra el terrorismo que a una necesidad legislativa real de que eso sea estrictamente lo que por imperativo de la necesidad de adaptarnos a la Unión Europea se nos requiere. Por
tanto, no hagamos tampoco aquí hoy falsa publicidad de lo que en el fondo esta reforma comporta.


Ya lo dijimos también cuando no nos opusimos a su toma en consideración desde mi grupo. Nosotros lo decíamos de manera muy clara, señalábamos: No nos oponemos a la toma en consideración, pero que nadie se confunda —decíamos—, ello no
consiste ni significa que avalemos el contenido de esta proposición de ley. Y eso que ya afirmamos el pasado martes lo reafirmamos hoy. Hay aspectos de esta proposición de ley que nuestro grupo no puede avalar, que nuestro grupo no comparte. Les
pondré algunos ejemplos, algunos evidentemente coincidentes con lo que han dicho otros grupos parlamentarios. En el artículo 573 bis 1.1.º se está legislando remitiendo a la prisión permanente revisable. Apoyar ese artículo es avalar la prisión
permanente revisable. Se puede hacer de forma indirecta o directa, pero sobre un aspecto de la reforma del Código Penal desde Convergència i Unió hemos dicho siempre —en concreto nuestra ponente Monsterrat Surroca— de manera clara, nítida, que no
avalábamos la prisión permanente revisable, porque era un concepto de difícil encaje en la Constitución, puesto que era un término claramente impreciso que incluso puede vulnerar la seguridad jurídica. Por tanto, nos oponemos a esa prisión
permanente revisable, y hoy aquí nos oponemos al artículo 573 bis 1.1.º


Incluso ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el magistrado Juan Luis Ibarra, nos decía lo siguiente desde el Poder Judicial: que esa prisión permanente revisable es una contradicción en sí misma porque si es
permanente no puede ser revisable. Considera que es una cadena perpetua que puede plantear dudas de constitucionalidad y acabar en el Tribunal Constitucional. Esto no lo dice Convergència i Unió, sino el presidente del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, que

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afirmaba también que se está hablando de algo —cuando abordamos la prisión permanente revisable— que se rechazó en el momento constitucional porque va en contra del objetivo de la reinserción.


Facilitar el contenido no es avalarlo, facilitar la tramitación no es avalar el contenido. Pondré un ejemplo: no avalamos ni avalaremos esa prisión permanente revisable. Tampoco avalamos ni avalaremos la redacción que ustedes han dado al
artículo 573, lo dijimos ya la semana pasada y lo reiteramos hoy. Ese artículo puede conllevar una ampliación desmesurada de lo que se entiende por delito de terrorismo, y no la compartimos. Estamos de acuerdo en una enmienda que hoy se va a
aprobar para suprimir los desórdenes públicos del conjunto de delitos que pueden mutar a delitos de terrorismo. En ese aspecto, coincidimos en que era un elemento más que podría llegar a perjudicar la interpretación. Pido al Grupo Popular y al
Grupo Socialista que recapacitemos, que busquemos una solución acorde con el marco constitucional y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que nos pide ser rigurosos cuando acotamos los tipos penales. ¿Qué les pedimos? Estamos acotando
tipos de terrorismo y al hacerlo no podemos ignorar que son los medios y no la finalidad los que convierten el terrorismo en delito. Por tanto, o estamos ante medios violentos o no hay delito de terrorismo. Así, les pedimos serenidad; la que no
hemos podido tener con estas prisas, aunque ahora me dicen —lo agradezco— que lo vamos a intentar en el Senado. Se lo agradezco al Grupo Socialista porque sé que de manera expresa comparte esa voluntad de introducir ese elemento de que sean medios
violentos cuando hablamos de terrorismo. Agradezco al Grupo Socialista que simbólicamente se vayan a abstener en la votación de nuestra enmienda 43 para buscar una solución, porque todos estamos de acuerdo en castigar el terrorismo pero no castigar
como terrorismo aquello que no lo es. Por tanto, esa extensión de tipo peligrosa, que se aparta de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la debemos revisar y corregir. Creemos desde Convergència i Unió que hoy aún estaríamos a tiempo de
introducir esa enmienda para asegurarnos que terrorismo es por medios violentos. El Grupo Socialista señalaba que podemos avanzar en el Senado; incluso podríamos avanzar en este Pleno, pero como hay tanta prisa —lectura única, rápido, votarlo todo
de una sola vez y de una tacada— Esto no es lo que pide Convergència i Unió y lo censuramos una vez más. Decimos que no avalamos el contenido tampoco en aspectos que pueden parecer incluso muy novedosos pero que nos obligan a recapacitar a todos.


Cuando se pretende castigar con un tipo penal de terrorismo a aquel que navega por Internet accediendo a determinadas páginas tenemos que ser muy cautelosos, por un principio de seguridad jurídica y por lo que debemos considerar un tipo
final. Convergència i Unió les pide aquí cierta cautela, cierta revisión. No compartimos que la mera navegación pueda ser finalmente considerada como un delito de terrorismo; no lo consideramos, no lo compartimos. En cambio, coincidimos en el
artículo 578.2, en el que se entiende por terrorista —y se agravan las penas— aquel que lleve a cabo una difusión de servicios o contenidos accesibles al público, por medios de comunicación, de Internet o de servicios de comunicación electrónicos.
Evidentemente, quien difunda sí; quien navegue no. Hagamos una reflexión. Se lo pedimos al Grupo Socialista y al Grupo Popular. Con esa intención de englobarlo todo en el terrorismo nos podemos encontrar con unas consecuencias penales que nadie
quiere. Estamos legislando sobre un tema que debería tener —repito— el mayor consenso, la mayor aceptación. Por tanto, tampoco compartimos este aspecto.


Señor Coscubiela, nosotros cuando hablamos de rebelión y sedición pedimos que se suprima ese apartado. Si ha habido una mala interpretación, aprovecho para aclararla aquí. Nuestra enmienda es de supresión, precisamente por lo que puede
comportar no asegurarnos de que hay terrorismo si hay medios violentos; pero sin esos medios violentos no podemos nunca aceptar que exista un delito de terrorismo. Por tanto, nosotros estábamos y estamos siempre a favor de medidas eficaces que
contribuyan a la lucha contra el terrorismo —Convergència i Unió lo ha hecho siempre—, pero no podemos compartir aspectos que hoy se incluyen en esta proposición de ley, con las prisas o quizá con la prepotencia de un pacto bipartidista —así no
necesitan más, es evidente que a ustedes les sobran los escaños para aprobar hoy esta proposición de ley—. No podemos entender que en el apartado 3 del artículo 577 ustedes entienden que puede haber la posibilidad de cometer un delito de
colaboración con una organización o grupo terrorista de forma culposa o a título de imprudencia. Tampoco podemos compartir esta redacción.


Desde Convergència i Unió les pide que rectifiquen, que en el trámite del Senado se busque un consenso más amplio, que esos aspectos que pueden generar inseguridad jurídica se corrijan. Repito que lo que hemos hecho siempre ha sido apoyar
la lucha contra el terrorismo, apoyar las reformas que vayan a atajar en serio el terrorismo. Estamos con las decisiones marco europeas, estamos con la propia Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se aprobó el 24 de septiembre
de 2014;

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estamos con ellos, con esa preocupación que comparte toda la comunidad internacional hacia esas formas nuevas de terrorismo que nos amenazan a todos. Hacia ellas debemos dirigir nuestro combate, pero hagámoslo sin prepotencia y con rigor
jurídico, desde el máximo consenso, no como hoy lo han hecho, no como hoy nos proponen de forma bipartidista el Grupo Popular y el Grupo Socialista, el Grupo Socialista y el Grupo Popular.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Antonio Hernando.


El señor HERNANDO VERA: Señor presidente, señorías, en una obra canónica en materia de terrorismo, el Diccionario de Terrorismo, de José María Benegas, la entrada Islamismo y terrorismo está precedida y sucedida de otras dos entradas; la
precedida es la entrada IRA, organización terrorista irlandesa desaparecida, y le sucede la de Iturbe, Domingo, etarra, organización también derrotada. El islamismo y el terrorismo islamista sí está presente; está muy presente en nuestras
sociedades, y de eso es de lo que hemos venido voy a hablar.


La historia de España, nuestra historia, está enmarcada por esas dos realidades: por la de nuestro terrorismo. Seguramente, los pueblos aprendemos las mejores técnicas a través de nuestra historia. Por eso, al afrontar la reforma del
Código Penal sobre terrorismo, lo primero que nos tendría que condicionar es esa historia, que en nuestro caso es de sufrimiento durante demasiado tiempo. Es una historia marcada por la muerte de ciudadanos anónimos e inocentes; también de
inocentes militares y policías, funcionarios de prisiones, jueces, fiscales, concejales; salpicada de bombas, tiros en la nuca, coches destrozados, viviendas reventadas, vidas y familias rotas, libertades conculcadas; muchos funerales, al
principio cortejos fúnebres casi clandestinos y luego gigantescas manifestaciones de rechazo. Durante años redactamos manifiestos de condena; comunicados de reprobación sin paliativos y sin matices; grandes y pequeñas declaraciones, unas veces
unidos y otros desunidos; unas veces juntos, pero críticos, y otras críticos pero acompañándonos los unos a los otros en el dolor y en el rechazo al terror. Señorías, es una historia terrible pero que ha terminado bien porque ha supuesto el
triunfo de la libertad, de la vida y de la democracia sobre el terror, la muerte y la dictadura de los violentos. Nuestra libertad se ha impuesto sobre el miedo que nos quisieron inocular. Es una historia inolvidable pero afortunadamente
irrepetible. Con esa historia es con la que nosotros, a nuestras espaldas, nos acercamos hoy a esta reforma del Código Penal.


Reformamos las leyes cuando tenemos que mejorarlas, cuando tenemos que adaptarlas a los problemas, cuando ya no nos sirven para tratarlos con la fineza que requieren. (Rumores). Es cierto —como se ha dicho aquí— que el terrorismo yihadista
ya existía en España; desgraciadamente no es un desconocido para nosotros. Por eso, precisamente, tendría que haber sido más fácil hoy un acuerdo, porque ya hemos sido víctimas del terrorismo yihadista; porque el 11 marzo fuimos víctimas de ese
zarpazo brutal; porque no vamos a olvidar nunca los trenes trocados en amasijos de hierro que se convirtieron en inmensos ataúdes. Desgraciadamente, también nosotros —como antes los neoyorquinos, los londinenses, los británicos, los franceses, los
daneses— hemos sido víctimas del terrorismo yihadista, aunque las mayores víctimas siguen siendo los ciudadanos de países musulmanes. Ese terrorismo ha evolucionado; ya no es el mismo de 2004, ni de 2005, ni de 2001. Actualmente hay zonas
enteras, regiones enteras, de Siria controladas por bandas terroristas. No existía Al Qaeda y todas sus franquicias en África. No existía Boko Haram secuestrando doscientas niñas para esclavizarlas. No habíamos visto hasta ahora degollamientos
masivos en las playas, ni cortar cuellos de periodistas, ni quemar vivos a rehenes; eso no existía hasta ahora, señorías. En una semana hemos visto la crueldad, la brutalidad del terrorismo yihadista. Lo tenemos ante nuestros ojos, y eso requiere
que actuemos.


Después del 11-M fuimos capaces, señorías, de llegar a acuerdos. La Comisión del 11-M fue muy convulsa. Algunos de los que aquí han intervenido hoy participamos en ella. (Rumores). Fíjense, nunca nos llegamos a poner de acuerdo en las
conclusiones —qué pasó, cómo pasó—, pero hubo una cosa en la que nos pusimos de acuerdo en la Comisión de investigación sobre el 11-Ministro, en las recomendaciones. Estuvimos de acuerdo; he repasado los «Diarios de Sesiones» de aquella época:
330 votos a favor, de 330 votos emitidos. Estuvimos de acuerdo en lo que había que hacer, porque había pasado lo que había pasado, y hoy deberíamos estar de acuerdo en lo que hay que hacer, porque también están sucediendo cosas muy graves en
Dinamarca, en Francia y en otros países. Después de aquellas recomendaciones se modificó —sí, señor— el Código Penal y se hicieron otras muchas cosas: se crearon organizaciones de coordinación, se proporcionaron medios. No partimos de cero, señor
Jané; efectivamente

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no partimos de cero. En estos once años se han hecho cosas, muchas por cierto; se han hecho bien. Ni entonces ni ahora se está legislando en caliente. Entonces se legisló porque era necesario hacerlo, y ahora también lo es, para
perfeccionar las cosas. Se trata de seguir ese camino, porque siempre deberíamos ir por delante de los terroristas, pero no eso no siempre resulta fácil. Por eso, al menos, lo que tenemos que hacer es reaccionar lo antes posible, modificar las
leyes lo antes posible, máxime cuando nos lo están pidiendo, como está sucediendo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde el mes de septiembre. El terrorismo yihadista no tiene la misma adscripción, no tiene la misma ideología, no tiene
la misma formación que los terrorismos que hasta ahora hemos conocido. Hemos asistido en los últimos años a importantes operaciones. Alguien ha dicho aquí que esto ya sirve. No, no sirve, señorías. En los últimos años hemos asistido a
importantes… (Continúan los rumores).


El señor PRESIDENTE: Perdóneme, señor Hernando.


Ruego silencio, y no hagan corros en los pasillos. El que no quiera escuchar que se vaya al bar.


Señor Hernando.


El señor HERNANDO VERA: En los últimos años hemos asistido a importantes operaciones policiales de detención de quince, veinte o treinta personas, producto de las investigaciones de Inteligencia, y luego ha habido que ponerles en libertad,
porque no existía un tipo penal adecuado para que lo que estuviesen haciendo fuese calificado como delito de terrorismo, aunque se sabía lo que estaban haciendo, de dónde venían y adónde iban. Por tanto, no teníamos el instrumento jurídico
adecuado, claro que no lo teníamos. Lo que pretendemos hacer con esta nueva redacción del Código Penal es atender a esas necesidades.


Algunos portavoces que han subido a esta tribuna han estado hablando de la primera proposición de ley que presentó el Grupo Popular. Ya han desaparecido cosas de esta reforma del Código Penal, lo que demuestra que algunos no se han leído
directamente cómo está esta proposición de ley en estos momentos. Todo lo exagerado es trivial, pero a veces cuando la exageración es truculenta se convierte en ridícula; y aquí se han dicho cosas que ciertamente son ridículas. Algunos de los
intervinientes esta mañana —a los que yo tengo en alta estima, por eso sé que están muy por encima de lo que han dicho, que es como decir que no se creen lo que han manifestado— han señalado cosas que no tienen ningún sentido respecto a la intención
que subyace en esta reforma del Código Penal.


En este trámite de enmiendas vamos a excluir los desordenes públicos. Para nosotros era importante excluirlo, para que a nadie le quede la menor duda de que protestas como la de Gamonal o los escraches no son constitutivas de delitos de
terrorismo. Que conste que era imposible hacer esa interpretación, pero para que a nadie le quede ninguna duda vamos a excluirlo. Nos vamos a abstener en la enmienda 43 de Convergència i Unió por su hipersensibilidad en el tema, no porque creamos
que haya ninguna duda de que este tipo se pueda aplicar a conductas que no sean estrictamente terroristas y también con la intención de que podamos continuar con el diálogo en el Senado.


Quien tuviera la intención de aplicar estos tipos para conductas que pudiesen conculcar las libertades sabe que no puede hacerlo. El Código Penal prevé graves penas para la autoridad o funcionario público que realice delitos de detención
ilegal o delitos contra las garantías constitucionales. Para que cualquiera de estos delitos sea considerado de terrorismo será necesario además que se lleve a cabo con determinadas finalidades. Han desaparecido las finalidades difusas, señor
Coscubiela. Eso ya ha desaparecido; eso ya desapareció la semana pasada cuando planteamos esto. Está hablando del texto de hace un mes y medio, no del actual. Por cierto, las finalidades que se acogen en esta ley ya están en el Código Penal, ya
cuentan con una construcción o interpretación jurisprudencial, están previstas; e incluso lo están en el artículo 1 de la decisión marco del Consejo de Europa de 2002. No estamos alterando nada. Cuando se habla de alterar gravemente la paz
pública y se dice que ese es un concepto muy grave… Eso ya existe en nuestra legislación, eso ya lo ha interpretado suficientemente el Tribunal Constitucional, que ha configurado un concepto de terrorismo sobre la base del propósito de difundir
determinada situación de inseguridad, sobre la reiteración de las actividades terroristas, con una capacidad intrínseca de producir terror.


Hay un aspecto de esta reforma en el que quiero detenerme, porque se han dicho muchas cosas acerca de la posición de mi grupo en este tema. La prisión permanente revisable fue aprobada en solitario por el Grupo Parlamentario Popular el
pasado 21 de enero y ahora se encuentra en el Senado; fue precisamente una de las causas por las que los diputados del Grupo Socialista votamos en contra de esta reforma. Por cierto, no todos los que dicen oponerse votaron en contra; algunos no
estaban, porque directamente consideraron que tenían cosas más importantes. Nuestra oposición a la prisión permanente revisable ha motivado que se suprima del texto de esta proposición de ley la atribución de esa pena de

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prisión permanente revisable a los delitos de terrorismo en los que se causa muerte a una persona, sustituyéndola por una referencia concreta. No es una referencia indeterminada. Es una referencia concreta porque pena privativa de libertad
máxima solo hay una, no veintiuna; hay una. Por lo tanto, hay determinación, concreción. La aprobación de esta ley en sí misma no supondría la pena privativa de libertad revisable. Esto será en todo caso cuando se apruebe finalmente el Código
Penal, como ocurrirá por cierto con el resto de asesinatos agravados. No era muy razonable, señorías, que a un terrorista que entrara en un supermercado, robara, pegara cuatro tiros y matara a cuatro personas, se le aplicase —en esta arquitectura—
la pena máxima de prisión permanente revisable, cuando si ese mismo entrase en el supermercado y lo volase por los aires le aplicásemos una pena de treinta años. Si nosotros hubiésemos conseguido convencer al Grupo Popular de eso, hubiésemos hecho
un destrozo legal absoluto porque en esta arquitectura esto era necesario. Si se aplicaba a los asesinatos agravados comunes, se tenía que aplicar a los asesinatos agravados de terroristas.


Para nosotros, señorías, esta reforma es el primer producto de un acuerdo más amplio, al que ahora me referiré, y ese acuerdo incluye una discrepancia importante del Grupo Socialista respecto a la pena de prisión permanente revisable. En
ese acuerdo no hemos querido apartar la discrepancia, ni aparcarla, ni soslayarla; la hemos integrado. Esa diferencia está incluida en el pacto, en el acuerdo y asumida por las partes, reconociendo ambas que el cambio futuro de esa pena por la
máxima pena privativa de libertad no afectará a la vigencia del acuerdo. No hay condición resolutoria, por lo tanto. No la hay; al revés, no se resuelve nada. Es la grandeza de la política en este caso, señorías, la que nos permite integrar esa
diferencia. Creo que la capacidad para asumir diferencias e integrarlas para conseguir un fin superior es una de las virtudes que estamos perdiendo en la actualidad, en un momento en el que vamos a tener que hacer mucha política. Quizás en trances
como estos deberíamos, en lugar de pensar en un titular o en un tuit, recordar la capacidad para el acuerdo que desarrollaron nuestros antecesores en estos escaños durante la Transición. Algunos hoy aquí lo han calificado del régimen del 78, y
seguramente es el mejor y más exitoso pacto de convivencia de la historia de España. Aquellos que venían de universos políticos absolutamente contrarios fueron capaces de integrar las diferencias haciendo política, y esta es una de las virtudes y
de las grandezas de este pacto.


Doy paso ahora a la última parte de mi intervención, y no sería honesto hacerlo si no nombrase el Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo, suscrito con el Gobierno. Nosotros
suscribimos, como se ha dicho, el Pacto de Madrid, el Pacto de Ajuria Enea, el Pacto por las libertades y contra el terrorismo del año 2000 y ahora también hemos suscrito este. Impulsamos y suscribimos este pacto en un contexto político
determinado, tras unos asesinatos en París, tras unos asesinatos también la semana pasada en Dinamarca. Señorías, ¿tiene sentido manifestarse unidos bajo el mismo lema y compartiendo idénticas repulsas si luego esta unidad inicial se queda en una
solemne declaración? El contexto en el que subscribimos esto no es baladí. Teníamos que haber aprendido lecciones de lo que ha pasado a lo largo de estos años. Promovimos el pacto del año 2000, y en él dijimos que, estuviéramos en el Gobierno o
en la oposición, nos queríamos corresponsabilizar de la política antiterrorista, y así lo hemos vuelto a hacer; nosotros sí, porque nosotros somos la izquierda que quiere responsabilizarse de las cosas importantes del Gobierno de España, estemos en
la oposición o en el Gobierno. (Aplausos). El primer producto de ese pacto, señorías, es esta reforma del Código Penal, que ciertamente se había impulsado antes, pero que, precisamente, la extrajimos de ahí porque sabíamos que nos íbamos a oponer
a la reforma del Código Penal. Le dijimos al Gobierno y al Grupo Popular: Vamos a intentar llegar a un acuerdo en este tema, que es vertebral; accedieron a hacerlo y empezamos a trabajar. En el acuerdo hemos dejado la puerta abierta a que en el
futuro más partidos se puedan unir; así vamos a hacerlo, vamos a trabajar en eso.


A estas alturas ya he perdido la esperanza de que la votación sea unánime. Nos hubiese gustado que hubiera sido casi unánime, aunque va a ser claramente mayoritaria, porque parece que las posiciones son irreconciliables. Si en estos
momentos con una palabra pudiera traspasar el muro de la incomprensión, de la cacofonía, del distanciamiento respecto a esta ley, les aseguro que la pronunciaría; pero me da la impresión de que una palabra no será suficiente para eliminar las
trascendentales diferencias. Permítanme entonces intentar saltar el muro de la discrepancia con una idea que creo que nos puede unir más allá del sentido de nuestros votos. Si compartimos ideas esenciales, otras reformas y otras iniciativas, en el
futuro podrán recuperar el consenso, y eso me parece importante. Algunos se preguntarán: ¿Por qué tanta insistencia en esto de la unidad? Es muy importante la unidad frente al terrorismo, porque ha sido una de las claves del éxito. Lo intentamos
en la Ley de Víctimas del Terrorismo,

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y lo conseguimos a pesar de las diferencias —solo hubo una abstención—; en la Ley de Víctimas del Terrorismo solo hubo una abstención.


Antes les expliqué que había sido miembro, junto con otros diputados de esta Cámara, de la Comisión de investigación sobre los atentados del 11-M. Una de las comparecientes en ella, la señora Manjón, realizó el parlamento más emotivo,
auténtico y rotundo que jamás yo haya escuchado en esta Cámara en los años que llevo aquí. En su intervención la señora Manjón nos hizo muchos reproches a los comisionados. Seguramente no dimos un buen ejemplo en aquella Comisión de investigación,
todos. He recuperado anoche algunas de las palabras que ella pronunció. Decía la señora Manjón: Para ustedes todo es política y para ustedes todo significa partidismo, pero afortunadamente fuera de esta casa aún queda mucho aire fresco y mucha
luz bajo el cielo. Escúchennos con el corazón más limpio que puedan. Solo sus intereses partidistas pueden hacerles ciegos a esta realidad. (Aplausos). Pues bien, señorías, ojalá en un futuro próximo o remoto nadie pueda malinterpretar nuestras
diferencias en la sesión de hoy y decirnos: ¿Por qué discutían, señorías? ¿Tan grandes eran las diferencias? Por eso, por esa prevención frente a la interpretación futura de nuestras discrepancias presentes, me gustaría poner sobre la mesa
conceptos esenciales que nos unan por encima del sentido de nuestros votos. Esa es la idea que ha movido a mi grupo y a mi partido a suscribir esta iniciativa y el acuerdo del que les he hablado. Aunque hoy no coincidamos en el voto, aunque no nos
una esta reforma, sé que nos une el error frente al terror. También estoy absolutamente convencido de que todos compartimos, aunque no vayamos a votar juntos, un alto y claro sí a la libertad, no al terrorismo; con eso a mi grupo hoy le basta.


Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Rafael Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Señorías, España, por desgracia, conoce muy bien el sufrimiento y el horror que genera el terrorismo. Durante décadas hemos sufrido los zarpazos de ETA y en marzo de 2004 Madrid sufrió el mayor atentado terrorista
de corte yihadista de Europa. Por eso llevamos mucho tiempo trabajando para disponer de las herramientas adecuadas para hacer frente a esta amenaza y por tanto derrotarla. La labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la actuación de
los jueces y fiscales, la cooperación internacional, también la unidad de los partidos políticos y especialmente el valor de los españoles frente a los que han intentado imponer la tiranía del atroz crimen humano han sido decisivos para derrotar
alguna de estas formas. Por eso me gustaría con mis primeras palabras destacar nuestra determinación como grupo parlamentario de mantener siempre vigente el recuerdo de las víctimas del terrorismo, honrar con la dignidad debida su memoria y
promover el testimonio de gratitud del que seremos siempre deudores. (Aplausos). Hoy volvemos a manifestar todo el reconocimiento de la sociedad española a las víctimas, a sus familias y a su entorno.


Señorías, la experiencia de estos años pone de manifiesto que la unidad, el consenso y en definitiva la suma de esfuerzos han sido claves en la derrota de alguna de las formas del terrorismo en nuestro país, porque sin duda la unidad
fortalece el Estado de derecho y debilita a quienes con sus acciones pretenden destruirlo. Más seguridad es más libertad. Más unidad es menos vulnerabilidad frente al integrismo o el totalitarismo. Por ese motivo el pasado 2 de febrero el
presidente del Gobierno y el secretario general del Partido Socialista firmaron un nuevo Pacto antiterrorista, el cuarto que se suscribe en la España democrática: Pacto de Madrid de 1987, de Ajuria Enea de 1988, Pacto por las libertades y contra el
terrorismo de 2000 y ahora Pacto frente a la amenaza del yihadismo, un nuevo pacto que afianza la unidad y el consenso en defensa de la democracia, la seguridad y la convivencia en paz y en libertad mostrando que, aunque el terrorismo se transforme,
el consenso se mantiene; un nuevo acuerdo entre las principales fuerzas políticas que persigue dar una respuesta más eficaz contra aquellos que pretenden alterar el orden público mediante las amenazas, las coacciones o las intimidaciones, en
definitiva, ofrecer una respuesta legal a las distintas fórmulas que puede adquirir la amenaza terrorista, porque al terrorismo, señorías, no se le vence ni con retórica ni con demagogia. Se le vence con principios, con valores, con convicción y
con la herramienta más eficaz que los demócratas pueden emplear frente al fanatismo totalitario: la ley y las reformas y actualizaciones necesarias de las mismas.


Señorías, el terrorismo de corte yihadista se distingue por haber incorporado nuevas fórmulas de violencia consistente en agresivas fórmulas de captación, adiestramiento y adoctrinamiento, nuevas amenazas, nuevos instrumentos por parte de
los totalitarios que hacen que sea necesario dotar a nuestro

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Estado de derecho de mejores herramientas jurídicas y operativas con el fin de favorecer la labor que realizan los jueces y fiscales, así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se trata por tanto de ser más eficaces en la lucha
contra el terrorismo y esto es precisamente lo que estamos persiguiendo con la iniciativa que sometemos hoy a debate: nuevas respuestas para nuevas amenazas.


Con este nuevo acuerdo también se atiende a las inquietudes e iniciativas acordadas en el ámbito internacional, como la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 24 de septiembre de 2014, que urgía a los Estados a realizar
las modificaciones legislativas necesarias para mejorar la prevención, la persecución y el castigo de estos delitos ante la preocupación de la comunidad internacional por la intensificación de la actividad terrorista y el llamamiento a cometer
atentados en todas las regiones del mundo. Señorías, capitales europeas como París, Bruselas o Copenhague este fin de semana han sufrido los ataques terroristas a los valores fundamentales y los derechos humanos que constituyen el núcleo de nuestra
civilización: la solidaridad, la libertad, el pluralismo, la democracia, la tolerancia y la dignidad humana. Por ello, la barbarie que representa el terrorismo exige una estrecha cooperación entres los socios europeos que permita reforzar las
acciones preventivas al desafío de la sinrazón y la violencia.


Este pacto pone en valor que somos una de las democracias más consolidadas del mundo, que España es un país serio y responsable en el que se puede confiar. Por ello, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la reunión del Consejo de
Europa del pasado jueves defendió el acuerdo alcanzado aquí en España y trasladó la necesidad de conseguir un gran pacto a nivel europeo, insistiendo en la necesidad de la importancia de tener unas normas comunes para combatir de manera más eficaz
el terrorismo. Señorías, mientras algunas fuerzas aquí representadas tachan dicho acuerdo de ser un pacto que se aproxima más a la venganza que a perseguir el terrorismo, el presidente del Consejo Europeo acaba de designar entre los veintiocho
países que lo conforman a España y a Francia como ponentes del futuro pacto que se busca en este ámbito y que buscan todos los países de la Unión Europea. Es decir, señorías, lo que para algunos, según el texto de las enmiendas que hoy debatimos,
es venganza, blindaje del miedo e incluso chapuza o fotografía de boxeadores —como lo ha llegado a calificar la señora Díez en esos textos—, para otros se trata de un modelo de referencia a seguir por su firmeza y eficacia a la hora de abordar una
estrategia europea global contra esta lacra.


Desde esta perspectiva surge la proposición de ley orgánica que hoy se somete a debate, una iniciativa que nace como resultado de un ejercicio de diálogo, de consenso y de la unidad frente al terrorismo que nos exige eliminar de manera
generosa los intereses partidistas. Nosotros, señorías, hemos tendido la mano a todos los grupos de la Cámara. Nosotros hemos dialogado con todos los grupos de la Cámara. Nosotros hemos incorporado al texto algunas de las propuestas que han
realizado algunos grupos de la Cámara que querían llegar a un acuerdo y esto es lo que se plasma precisamente en esta proposición de ley. Nosotros hemos hablado del diálogo y hemos buscado el consenso desde el principio. Lamento que haya algunos
que por otros motivos —oportunistas, ideológicos o de otro tipo— no lo hayan visto así y no hayan querido sumarse.


Señorías, un mes es el tiempo que ha transcurrido desde que se iniciaron estas negociaciones para buscar un pacto de Estado. Se ha trabajado con diversas propuestas y se ha ofrecido, como decía, diálogo y acuerdo a todos para evitar
precisamente que esto pudiera parecer a nadie o tener la justificación de algunos de entender que se trataba de un contrato de adhesión. Desde aquel momento hasta el día de hoy se ha venido debatiendo sobre la idoneidad de las medidas a aplicar,
fruto de un ejercicio de diálogo, respeto recíproco y renuncia a posiciones particulares. Finalmente se firmó el pacto y la proposición de ley que hoy debatimos. Esta proposición de ley orgánica modifica el Código Penal, de tal forma que el rigor
de la respuesta penal frente a crímenes terroristas contemple, además de las modalidades del terrorismo ya conocido, las que proceden de estas nuevas amenazas. Señorías, tipificamos en el texto los delitos de terrorismo, con independencia de que se
realicen o no en el seno de un grupo u organización terrorista, atendiendo a la finalidad con que se cometen y con un elemento común, que es crear un estado de terror en la población. Se tipifica así como delito de terrorismo el desplazamiento al
extranjero para incorporarse a una organización terrorista o colaborar con ella. Asimismo recoge las conductas propias de las nuevas formas de terrorismo, especialmente aspectos como la captación y el adiestramiento de terroristas, incluido el
adiestramiento pasivo, el uso de las redes de comunicación y tecnologías de la información a estos efectos, la financiación de las organizaciones terroristas y las distintas formas de colaboración activa con ellas.


Uno de los principales motivos por los que hemos realizado esta propuesta de ley orgánica es que sobre la base de las nuevas amenazas que sufrimos debemos actualizar nuestra normativa penal para dar

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cabida al fenómeno del terrorismo individual y a las conductas que constituyen la principal preocupación de la comunidad internacional en estos momentos. De no llevar a cabo esta reforma, tal y como han planteado en sus enmiendas los grupos
de La Izquierda Plural y del Partido Nacionalista Vasco, lo que se consigue es que los tribunales españoles apliquen una normativa que, siendo válida, no es la adecuada para hacer frente a estas nuevas formas de terrorismo. No creo, señorías, que
sea el momento de explicarles aquí la diferencia entre lo justo y lo legal, o sí, a la vista de las declaraciones que algunos han realizado esta mañana. Por supuesto que es legal aplicar los tipos previstos en la actualidad, pero no sería justa la
respuesta al calibre de los daños provocados por dichas acciones ni proporcional a los daños causados a los bienes jurídicos protegidos y que algunos pretenden amenazar. ¿Es deseo de ustedes, los que dicen que ya está todo hecho, que nada cambie,
o, por el contrario, quieren trabajar y sumarse a este pacto que ofrece el encaje necesario para neutralizar esas nuevas formas de terrorismo?


En ese sentido, me dirijo al Grupo de Convergència i Unió, que la semana pasada dejó en evidencia algunas diferencias internas en la votación de la toma en consideración de esta proposición de ley. Les animo a ser capaces de limar sus
diferencias, de abandonar sus divergencias y de alcanzar la unidad con el fin de actuar con responsabilidad en una materia tan importante como es la lucha contra el terrorismo, tal como siempre han hecho ustedes, señores de Convergència i Unió, y
tal y como recientemente ha reconocido el consejero de Interior, don Ramón Espadaler, que señala que Cataluña se encuentra en un nivel elevado de alerta por el riesgo real de sufrir un atentado yihadista y ha alertado a los Mossos d’Esquadra de la
necesidad de adoptar todas las medidas de autoprotección posibles, tanto en el ámbito laboral como en la vida privada. Nosotros ofrecemos a su grupo seguir dialogando —hoy vamos a aceptar alguna enmienda— y les propongo que sigamos hablando para
intentar mejorar el texto en el Senado e incorporarlos a ustedes como miembros de pleno derecho de este acuerdo que me parece esencial para ustedes y también para el conjunto de los españoles.


La proposición de ley que hoy debatimos incorpora al Código Penal nuevas realidades que no tienen acomodo en ningún artículo del actual y vigente código, a la vez que define de manera más precisa y adecuada otras figuras. Sabemos que este
pacto no nos inmuniza ante el terror, pero nos hace más fuertes para responder a su tiranía. Sin embargo, algunos continúan oponiéndose al pacto. Entiendo que aquellos que no condenan el terrorismo no apoyen esta reforma, pero no entiendo que
aquellos que, estando contra este, se opongan a esta iniciativa, aún más tras incorporar con nuestras enmiendas una clarificación sobre la diferencia entre desordenes públicos fruto de protestas sociales y acciones de terrorismo, o la destinada a
proteger a las mujeres de la explotación, el tráfico o la trata.


No quiero dejar de mencionar a los grupos que han optado por la abstención. Ustedes, señores de UPyD, se abstienen y argumentan que ciertas figuras jurídicas, tal como afirma la señora Díez, producen una corrupción en el lenguaje al
intentar equiparar este pacto de Estado a los firmados en los años 1988 y 2000. Señoría, nada más lejos de la realidad. Ninguna diferencia. Quizá la única diferencia sea dónde estaba usted entonces y dónde está usted sentada ahora. (Aplausos).
Por tanto, señora Díez, sea sensata, abandone su soberbia y su altivez y, en un ejercicio de humildad y responsabilidad, apoye este pacto, porque sabe que es lo correcto, lo que le conviene a España y a los españoles. Señora Díez, no le acepto que
intente pintar este pacto como una herramienta para los abogados de los terroristas. Si yo tuviera que interpretar el texto de algunas de las enmiendas que usted ha formulado de la misma forma maledicente con la que usted interpreta este pacto y
esta proposición de ley orgánica, convendría o diría que es en ese texto donde se producen o se pueden producir conmutaciones de penas a condenados por terrorismo.


Señorías, en su intervención, el portavoz de Amaiur ha dicho que no coincide con esta proposición de ley, que no considera esta iniciativa. La verdad es que tengo que decirles que me preocuparía que hubiera una coincidencia entre ustedes y
nosotros, entre ustedes y los demócratas. (Rumores). Es verdad, señorías, que ustedes tienen un concepto de libertad, de lo que son los derechos humanos y la democracia que nada tiene que ver con lo que entiende mi grupo. No tiene nada que ver.
Por eso, cuando señala usted que hay un déficit democrático, tengo que decirle que claro que hay un déficit democrático. Hay un déficit democrático porque hay una fuerza, la que usted representa, que se niega a condenar el terrorismo, que se niega
a exigirle a ETA su disolución incondicional y a que entregue las armas. Esto sí que es un déficit democrático a estas alturas, señores de Amaiur (Aplausos), porque muchas de las personas que han estado y que están en su formación política,
desgraciadamente, han estado durante años jaleando y justificando el terrorismo. Por eso estamos esperando, señor Errekondo, que alguno de ustedes alguna vez pida perdón a la sociedad española. Este es el único déficit democrático que existe.


Por lo que se refiere al señor Olabarría y al Partido Nacionalista Vasco, señor Olabarría, usted que es un especialista del iusnaturalismo me parece que ha actuado con un enorme complejo en esta tribuna y,

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tengo que decírselo, los argumentos jurídicos me han parecido hoy muy endebles para una persona de su cualificación jurídica. Me da la sensación de que ha habido más algunos complejos que le han llevado a usted y a su grupo a mantener esta
postura y dejar de sumarse a esta reforma.


Señorías, otro de los asuntos planteados a lo largo de este debate ha sido el de la prisión permanente revisable, una excusa más que algunos han puesto para no apoyar este texto y este pacto. El proyecto de reforma del Código Penal que en
estos momentos se debate en el Senado reserva esta pena a casos excepcionalmente graves y afortunadamente infrecuentes, a los crímenes más execrables y repugnantes. Creo preciso considerar dos facetas de este nuevo tipo penal, la primera, su
constitucionalidad y, la segunda, su carácter democrático. Respecto a su constitucionalidad, está avalada por el Consejo de Estado, por el Consejo Fiscal y por el Consejo General del Poder Judicial. En lo que se refiere a su constitucionalidad,
creo que queda claro que es constitucional y que esto no puede ser objeto de duda en estos momentos. Su carácter democrático queda claramente convalidado por las legislaciones de países de nuestro entorno. ¿O es que acaso pretenden ustedes decir
que Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Austria, Suecia o Dinamarca no son países democráticos, que son países que tienen figuras equivalentes a la prisión permanente revisable y además lo hacen por un número mayor de delitos de los que nosotros
hemos previsto? Se trata por tanto de una medida adecuada a nuestro Estado de derecho, ya que nuestra Constitución, en su artículo 25, contempla la reinserción, y para eso está la prisión permanente revisable, para constatar que hay reconocimiento
del mal y arrepentimiento por parte del criminal. Pero, como les digo, esto no es objeto del debate y por lo tanto la discrepancia no existe sobre ella y no debe impedir el consenso.


Señorías, desde este grupo parlamentario creemos que el camino más corto para acabar con el terrorismo es el Estado de derecho. No podemos permitir que ninguna forma de terrorismo ponga en peligro una convivencia en paz y en libertad regida
por una Constitución normativa como la nuestra. La justicia penal constituye una pieza esencial de una política dirigida a garantizar la seguridad ciudadana y a luchar contra la criminalidad y el terrorismo. Adaptar su regulación por tanto a estas
nuevas amenazas constituye un elemento esencial para fortalecer nuestro Estado de derecho. Esta es la responsabilidad que tenemos los demócratas. En democracia no vale todo contra el terrorismo, pero debe de utilizarse todo lo que en democracia
vale para acabar con él. La representación de la soberanía popular que ostenta este Parlamento nos obliga a todos los aquí presentes a estar unidos en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo y de cuantos legítimos mecanismos se
puedan incorporar a esta lucha. Por eso pido el apoyo de todos los grupos parlamentarios, para que desde la unidad seamos capaces de hacer frente al peor enemigo de la democracia y de las libertades, como es el ejercicio del terror, cualquiera que
sea su forma de expresión.


Me van a permitir que para acabar haga un especial reconocimiento a todos aquellos que de forma intensa han estado trabajando en la formulación de este acuerdo, desde los ministros de Interior y Justicia, pasando por el secretario de Estado,
por la subsecretaria de Justicia, y también a las personas que desde los distintos grupos han hecho aportaciones a esta proposición de ley y a este Pacto antiterrorista: a la señora Aguilar, al señor Serrano, al señor Trevín y también, por
supuesto, al señor Castillo y al señor Escobar, de mi grupo. Muchas gracias a todos ellos y muchas gracias a todos ustedes. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.


En dos minutos vamos a votar. (Pausa).


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA NUEVA REGULACIÓN DE LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES. (Número de expediente 173/000195).


El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar las votaciones.


En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre la nueva regulación de la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Se ha incorporado una enmienda presentada por el señor Álvarez Sostres.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 127; en contra, 172; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

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— DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA NECESIDAD DE QUE LA POLÍTICA CULTURAL DEL ESTADO CONTEMPLE LA INMEDIATA REDUCCIÓN DEL IVA A LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVOS. (Número de expediente
173/000196).


El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la necesidad de que la política cultural del Estado contemple la inmediata reducción del IVA a los productos y actividades culturales y deportivos. Se
va a votar en sus propios términos, pero son dos puntos y los vamos a votar por separado. Por lo tanto, votación del punto 1.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 148; en contra, 171.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Punto 2.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 141; en contra, 173; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):


— ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y UCRANIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 21 DE MARZO Y EL 27 DE JUNIO DE 2014. (Número de expediente
110/000142).


El señor PRESIDENTE: Vamos a votar ahora los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Señalo a los portavoces que votaremos primero el Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y la Comunidad
Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por un parte, y Ucrania, por otra, hecho en Bruselas el 21 de marzo y el 27 de junio de 2014.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 296; en contra, 1; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el convenio.


— ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 21 DE OCTUBRE DE 2014. (Número de expediente 110/000141).


— ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE AUSTRALIA RELATIVO AL PROGRAMA DE MOVILIDAD PARA JÓVENES, HECHO EN CANBERRA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014. (Número de expediente 110/000143).


— PROTOCOLO DE 2002 AL CONVENIO DE ATENAS RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, 1974, HECHO EN LONDRES EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2002, JUNTO CON UNA RESERVA Y UNA DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de
expediente 110/000144).


— DENUNCIA DEL CONVENIO RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, HECHO EN ATENAS EL 13 DE DICIEMBRE DE 1974. (Número de expediente 110/000145).


— DENUNCIA DEL PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE ATENAS DE 1974 RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, HECHO EN LONDRES EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1976. (Número de expediente 110/000146).

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— REVOCACIÓN DE LA ADHESIÓN DE ESPAÑA AL PROTOCOLO DE 1990 QUE ENMIENDA EL CONVENIO DE ATENAS RELATIVO AL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES POR MAR, 1974, HECHO EN LONDRES EL 29 DE MARZO DE 1990. (Número de expediente 110/000147).


El señor PRESIDENTE: Ahora vamos a votar de manera conjunta los seis convenios que se han sometido a deliberación.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 310.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):


— PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE DELITOS DE TERRORISMO. (Número de expediente 122/000189).


El señor PRESIDENTE: Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo. Vamos a votar las enmiendas de todos los grupos. Voy a limitarme a
decir aprobada o rechazada, pero si algún grupo considera que conviene que se dé algún resultado, lo haría, aunque insisto en que los resultados vienen recogidos en el «Diario de Sesiones», naturalmente.


Enmienda del señor Álvarez Sostres, del Grupo Mixto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 7; en contra, 280; abstenciones, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas de la señora Fernández Davila, del Grupo Mixto. En primer lugar, enmienda 31.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 24; en contra, 268; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 32.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 39; en contra, 270; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 36.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 27; en contra, 272; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas de la señora Fernández Davila.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 33; en contra, 271; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Dentro del Grupo Mixto, enmiendas del señor Tardá. En primer lugar, enmienda 57.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 40; en contra, 274; abstenciones, 3.

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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas del señor Tardà.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 41; en contra, 274; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Vasco, PNV. En primer lugar, enmiendas 19, 20, 22, 24 y 28, que se votan conjuntamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 41; en contra, 270; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del PNV.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 27; en contra, 270; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, la enmienda 37.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 23; en contra, 285; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 38.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 11; en contra, 284; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas de UPyD.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 5; en contra, 280; abstenciones, 26.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas de La Izquierda Plural. En primer lugar, enmiendas 5, 6, 8 y 10, que se votan conjuntamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317, a favor, 40; en contra, 273; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 11, 12 y 14.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 40; en contra, 269; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas de La Izquierda Plural.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 25; en contra, 268; abstenciones, 19.

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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Catalán de Convergència i Unió. En primer lugar, la enmienda 43.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 17; en contra, 183; abstenciones 110.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 44, 48 y 49, conjuntamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 14; en contra, 272; abstenciones, 25.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 45.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 289; en contra, 14; abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda 46.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 41; en contra, 267; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 47, 51, 52, 53 y 54, conjuntamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 32; en contra, 278; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 50.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 14; en contra, 278; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, y del señor Salvador y la señora Oramas. En primer lugar, enmiendas 60 y 62.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 287; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas 61 y 63, conjuntamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 276; en contra, 33; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmienda 64.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 288; en contra, 10; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

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VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Texto de la proposición de ley orgánica. Votación de conjunto de la proposición de esta ley orgánica. Se han emitido cuatro votos telemáticos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319 más 4 votos telemáticos, 323; a favor, 273 más 4 votos telemáticos, 277; en contra, 27; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo, que se remitirá al Senado.
(Aplausos).


Se levanta la sesión.


Eran las doce y diez minutos del mediodía.