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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 217, de 11/09/2014
cve: DSCD-10-PL-217
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 217
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CELIA VILLALOBOS TALERO
(VICEPRESIDENTA PRIMERA)
Sesión plenaria núm. 202
Celebrada el jueves,
11 de septiembre de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 10/2014, de 1 de agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. ('BOE' núm. 187, de 2 de agosto de 2014). (Número de expediente 130/000057) ... (Página5)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 79-1, de 7 de febrero de 2014. (Número de expediente 121/000079) ...
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:
- Convenio de colaboración en materia de adopción de niños y niñas entre el Reino de España y la Federación de Rusia, hecho en Madrid el 9 de julio de 2014. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 309, de 24 de julio de 2014. (Número de
expediente 110/000130) ... (Página28)
- Acuerdo sobre protección de información clasificada en la industria de la defensa entre el Reino de España y el Gobierno de la República de Turquía, hecho en Ankara el 25 de junio de 2014. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 310,
de 24 de julio de 2014. (Número de expediente 110/000131) ... (Página28)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 92-1, de 25 de abril de 2014. (Número de expediente 121/000092) ...
- Proyecto de ley de metrología. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 95-1, de 9 de mayo de 2014. (Número de expediente 121/000095) ... (Página49)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página59)
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página59)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página61)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página61)
Avocación por el Pleno ... (Página62)
Avocación por el Pleno ... (Página62)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes... (Página5)
Real Decreto-ley 10/2014, de 1 de agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente... (Página5)
El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno en contra interviene el señor Rangel Tarrés, del Grupo Parlamentario Socialista.
Vuelven a hacer uso de la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y el señor Rangel Tarrés.
Interviene nuevamente el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Sanz Remón, del
Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Gallego Burgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmiendas del Senado... (Página19)
Proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa... (Página19)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto, y Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia; los señores Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Sánchez Amor, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora
Romero Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales... (Página28)
Convenio de colaboración en materia de adopción de niños y niñas entre el Reino de España y la Federación de Rusia, hecho en Madrid el 9 de julio de 2014... (Página28)
Acuerdo sobre Protección de Información Clasificada en la industria de la Defensa entre el Reino de España y el Gobierno de la República de Turquía, hecho en Ankara el 25 de junio de 2014... (Página28)
Para fijar su posición sobre los convenios intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora De
las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; los señores Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista, y Beneyto Pérez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas... (Página33)
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado... (Página33)
La señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (García Tejerina) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de su enmienda a la totalidad de devolución interviene la señora Fernández Davila, y en turno de fijación de posiciones la señora Ariztegui Larrañaga, ambas del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de su enmienda a la totalidad de devolución interviene el señor Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Sanz Remón, del Grupo Parlamentario de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; así como la señora Rumí Ibáñez, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor García Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Vuelven a hacer uso de la palabra la señora Fernández Davila y el señor García Díez.
Proyecto de ley de Metrología... (Página49)
El señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Mariscal Anaya, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página59)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 10/2014, de 1 de agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de
Defensa y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se aprueba por 176 votos a favor; 132 en contra más 1 voto telemático, 133.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 133 votos a favor más 1 voto telemático, 134; y 175 en contra.
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página59)
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales. (Votación) ... (Página61)
Sometidos a votación separada los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores que figuran en el orden del día, son aprobados.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación)... (Página61)
Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, son rechazadas por 18 votos a favor; 184 en contra y
106 abstenciones más 1 voto telemático, 107.
Avocación por el Pleno... (Página62)
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, se rechaza por 133 votos a favor, más 1 voto telemático, 134, y 174 en contra.
Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley de Metrología, son rechazadas por 123 votos a favor; 181 en contra, y 3 abstenciones más 1 voto telemático, 4.
Avocación por el Pleno... (Página62)
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley de Metrología, se rechaza por 129 votos a favor; 176 en contra, y 3 abstenciones más 1 voto telemático, 4.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 10/2014, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE LOS MINISTERIOS DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, DE DEFENSA Y DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE. (Número de expediente 130/000057).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Se reanuda la sesión.
El primer punto del orden del día es el relativo a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 10/2014, de 1 de agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de los Ministerios de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Para su presentación, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señora presidenta, señorías, ocupo la tribuna para presentar ante la Cámara el Real Decreto-ley 10/2014, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto.
En este decreto-ley se autorizan créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; y solicito ya de entrada el
apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios para conseguir su convalidación en el día de hoy.
Se trata de una norma de carácter instrumental pues, como el título del decreto-ley indica, habilita créditos por un importe cercano a los 934 millones de euros, en concreto 933.561.888 euros, cuya intención es, en primer lugar, dotar la
participación de España a la Facilidad financiera internacional para la inmunización; en segundo lugar, atender el pago de las obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento; en tercer lugar, financiar gastos relativos a
adiestramiento y alistamiento de la fuerza conjunta, así como para dotar presupuestariamente el desarrollo de actuaciones relacionadas con la gestión alternativa de purines.
Tradicionalmente, los créditos extraordinarios y suplementos de crédito han exigido una disposición de rango legal para su aprobación en cuanto a que los mismos dan lugar al otorgamiento de una nueva autorización de gasto que únicamente
puede ser otorgada por las Cortes Generales. La Ley General Presupuestaria vino a modificar esta situación al crear el Fondo de contingencia con el que se podrían financiar, salvo excepciones, las modificaciones presupuestarias, en particular
créditos extraordinarios y suplementos de crédito. No obstante, los supuestos que nos ocupan no pueden financiarse con cargo a dicho Fondo de contingencia por darse una serie de circunstancias. Los créditos extraordinarios tanto del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación como del Ministerio de Defensa no tratan de dar cobertura a necesidades imprevistas, su finalidad es proceder al pago de compromisos contraídos en ejercicios anteriores. El suplemento de crédito que se concede al
Ministerio de Defensa por valor de 30,5 millones de euros no tiene por finalidad atender obligaciones jurídicamente ineludibles ni situaciones sobrevenidas; son gastos recurrentes para cuya cobertura las dotaciones presupuestarias no son
suficientes. Por tanto, esos dos créditos extraordinarios y el suplemento de crédito se financiarán con deuda pública, lo que obliga al Gobierno, en aras del respeto al principio de sostenibilidad financiera, principio rector de la actuación
económico-financiera de todas las administraciones públicas, a tener que aprobarlos mediante una disposición con rango de ley, tal y como obliga el artículo 13.4 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de 27 de
abril de 2012. Esa misma tramitación también es
necesaria para el crédito extraordinario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ya que su financiación se realizará mediante baja en determinados créditos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo; en este caso la
obligación de rango normativo se establece en el artículo 55 de la Ley General Presupuestaria. Lo que sí concurren en los cuatro créditos son las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad previstas en el artículo 86 de la Constitución,
por lo que el Gobierno ha tenido que hacer uso de la facultad contenida en dicho artículo y ha aprobado el real decreto-ley que se presenta para su convalidación ante esta Cámara.
El Gobierno, por un lado, ha aprobado la concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación por un importe de 9.346.490 euros. La Fiscalidad financiera internacional para la
inmunización, el IFFIM, es una iniciativa gestionada por el Banco Mundial, cuyo fin es suministrar fondos a la Alianza Global para la Vacunación, para la realización de campañas masivas de inmunización, lo que contribuye a incrementar la salud de
los ciudadanos más necesitados y especialmente la disminución de la mortalidad infantil. La Fiscalidad financiera internacional para la inmunización comenzó su actividad en 2006, a partir de un acuerdo entre Francia y Reino Unido, produciéndose la
adhesión de España en julio de ese mismo año. El instrumento de adhesión es un contrato con una duración de veinte años, jurídicamente vinculante y exigible ante los tribunales de Inglaterra. En el mismo se establece que nuestro país debe abonar
anualmente, antes del 31 de octubre de cada año y hasta 2025, la cantidad de 9.475.000 euros, con un importe acumulado de algo más de 189 millones de euros.
La crisis económica ha dificultado en los tres últimos años la obtención de fondos para hacer frente a la cuota anual. La falta de aportaciones por parte de los países implica no solo una disminución de los fondos disponibles, sino que
también afecta gravemente a todo el mecanismo, viéndose mermada la capacidad de reembolso a los inversores de capital y los intereses correspondientes. De hecho, al estar basado en la emisión de obligaciones en el mercado de capital para su
adquisición por inversores privados, este mecanismo puede llegar a paralizarse si el IFFIM se incrementa por encima de la prima de riesgo soberana de los principales donantes. Hemos de evitar las consecuencias de no materializar la contribución
anual, que serían, en primer lugar, la automática imposición de intereses de demora, con el consiguiente aumento del importe debido -por poner un ejemplo, España tuvo que pagar cerca de 400.000 euros por retrasarse cuarenta días en la transferencia
de 2011-, y luego están las consecuencias de reputación ya que un impago de esta naturaleza perjudica la imagen de España y el propio concepto de rating del Reino de España como deudor en los mercados financieros internacionales. Es importante
destacar que este año, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 57.3 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, la financiación de esta cuota no puede realizarse con cargo al Fonprode, Fondo para la promoción del desarrollo, pues
para este ejercicio solo se podrán autorizar con cargo a dicho fondo operaciones de carácter reembolsable, así como aquellas operaciones necesarias para hacer frente a los gastos derivados de la gestión del fondo o de otros gastos asociados a las
operaciones formalizadas por el mismo. Actualmente se está trabajando entre los departamentos ministeriales afectados para incluir el pago de la cuota anual del IFFIM en los Presupuestos Generales del Estado y evitar así la necesidad de gestionar
créditos extraordinarios anualmente, como ha ocurrido en los últimos ejercicios.
En el ámbito de Defensa, el Gobierno ha autorizado un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Defensa por importe de 883,6 millones de euros, exactamente 883.665.368,6 euros. Su finalidad es atender el pago de
obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y material. Los programas especiales son aquellos que, tanto por su volumen económico como por la complejidad industrial y tecnológica que plantean, suponen las más relevantes
adquisiciones de sistemas de armas que realiza el Ministerio de Defensa. La ejecución está determinada por una combinación de necesidades político-estratégicas, económicas, industriales y tecnológicas, a la vez que son esenciales para la
modernización de las Fuerzas Armadas, que también tienen una gran importancia para el tejido empresarial, para el tejido industrial español con alto componente tecnológico y que requiere grandes cantidades de recursos financieros. Los programas
especiales tienen un sistema de financiación basado en anticipos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo destinados al desarrollo y posterior pago de las unidades adquiridas con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa. Durante los
ejercicios 2010 y 2011, el Ministerio de Defensa no atendió los compromisos de pago asociados a estos programas. En 2012, gracias al crédito extraordinario de 1.782 millones de euros aprobado por el Real Decreto-ley 26/2012, de 7 de septiembre, el
Ministerio de Defensa cumplió con las obligaciones de los años 2010, 2011 y 2012. Esta medida no solo fue determinante para saldar deudas sino que además permitió alcanzar acuerdos y reducir los compromisos adquiridos a medio y largo plazo -una
auténtica reprogramación de
esos gastos-, aliviando la presión del déficit durante los próximos años. Para atender los compromisos de pago con proveedores de Defensa, correspondientes al año 2013 y no contemplados en el presupuesto de Defensa, se autorizó también otro
crédito extraordinario.
La exigencia de atender el pago de obligaciones que ineludiblemente debe satisfacer la Administración y la necesidad de no demorar su abono para no causar perjuicios a terceros constituyen las razones de extraordinaria y urgente necesidad.
Este nuevo crédito extraordinario de 883 millones se tramita en coherencia con la decisión adoptada entonces por el Gobierno de hacer frente a sus obligaciones con los consorcios internacionales y con proveedores nacionales como un socio y aliado
que paga sus deudas, a pesar de las actuales dificultades presupuestarias y financieras. La presente medida no persigue aumentar partidas presupuestarias ni gasto en defensa; tiene por objeto atender la deuda con los proveedores de Defensa, que en
la mayoría de los casos son empresas españolas en situaciones económicas que tienen, sin duda, riesgos en claves de viabilidad. Se trata, pues, de cumplir una obligación de nuestra Administración Pública. Imaginemos las consecuencias de no atender
esos compromisos de pago; sería el colapso financiero de los programas internacionales y el consecuente deterioro de la imagen de España, pérdida de empleo y capacidades en la industria de defensa nacional, ya que algunas de esas empresas, como
decía, continúan teniendo una situación complicada, lo que pone en riesgo puestos de trabajo, pérdida de capacidades y la misma viabilidad de determinadas empresas. Por último, estaría el riesgo de incurrir en penalidades y seguir acumulando más
intereses de demora. El Gobierno está comprometido con la defensa, con las Fuerzas Armadas y con la necesidad de dotarlas del material que necesitan. Es importante esta determinación del Gobierno de atender sus obligaciones y de no poner en
peligro de quiebra a la industria de defensa nacional. La Administración está obligada a atender el pago de sus obligaciones contractuales y, junto a ello, la necesidad de no demorar su abono para no causar perjuicios a terceros. Esas son las
razones de carácter extraordinario y urgente necesidad que justifican la concesión del crédito extraordinario mediante real decreto-ley.
También se autoriza la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Defensa por importe de 30.560.000 euros. El Ministerio de Defensa, como es sabido -como todos los departamentos ministeriales-, ha contribuido
durante los últimos años al esfuerzo de austeridad presupuestaria que nos ha exigido la superación, la salida de la crisis económica actual. La Directiva de Defensa Nacional 1/2012 destacó el impacto negativo que la crisis económica estaba teniendo
en nuestras capacidades defensivas y estableció que era necesario adaptar el diseño de las Fuerzas Armadas a las nuevas circunstancias. La adaptación se materializó en la actuación de la fuerza conjunta que fue diseñada en la directiva del jefe del
Estado Mayor de la Defensa sobre el concepto de empleo de las Fuerzas Armadas, pero, tras estos años de austeridad, existen necesidades permanentes y de sostenimiento de las Fuerzas Armadas, incluidas las unidades que constituyen la fuerza conjunta,
que no pueden ser atendidas suficientemente con las dotaciones presupuestarias previstas. Actualmente solo es posible atender el alistamiento de aquellas unidades que van a ser desplegadas en operaciones mientras que los planes de adiestramiento,
mantenimiento y renovación de las unidades de las Fuerzas Armadas no desplegadas necesitan también de nueva dotación. Para evitar que estas limitaciones obstaculicen el necesario adiestramiento de la fuerza conjunta y la consecución de los
objetivos previstos en materia de seguridad es necesario aumentar las dotaciones presupuestarias del Ministerio de Defensa, es preciso incrementar los créditos inicialmente consignados en determinados servicios presupuestarios -Cuartel General,
Secretaría de Estado de Defensa, Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire- para poder financiar una serie de gastos insoslayables cuya realización no puede demorarse hasta el próximo ejercicio y sus dotaciones no resultan posibles a través de
las restantes figuras modificativas del presupuesto.
Por último, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es conocida la situación del sector porcino español, que se encuentra en un momento de transición en la gestión de los purines que genera. El Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente va a cumplir sus compromisos con el sector y con las comunidades autónomas que tienen competencia en la materia para que el tratamiento de estos residuos no suponga un problema para el medio ambiente ni
ahora ni en el futuro. Por eso el Gobierno ha concedido un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por importe de 10 millones de euros destinado al transporte de los purines para su
tratamiento o a subvencionar la construcción de sistemas que se dediquen a la gestión de estos residuos.
Como ya conocen, el Gobierno ha llevado a cabo una reforma del sector eléctrico, imprescindible para reducir el déficit de tarifa en dicho sector. Esta reforma ha tenido repercusiones sobre determinadas
actividades de los sectores agroalimentario y medioambiental, en gran parte como consecuencia de la modificación del marco retributivo de la producción eléctrica a partir de energías renovables, cogeneración y residuos. En España venían
funcionando un total de 29 plantas de tratamiento de purines con cogeneración. Una vez conocida la remuneración que se les aplicaría al aprobarse el cambio normativo sobre producción eléctrica a partir de fuentes de energías renovables,
cogeneración y residuos, la práctica totalidad de las plantas de este tipo han cesado su actividad. Como consecuencia de ello, los ganaderos que se han visto afectados deben buscar alternativas para los purines generados en sus explotaciones y en
esa tarea contarán con el respaldo de las administraciones públicas. El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se ha comprometido a colaborar con el sector y con las comunidades autónomas,
administraciones competentes por razón de la materia en la gestión a corto plazo de los purines en explotaciones ganaderas afectadas por el cierre de estas plantas, dando prioridad a las ubicadas en zonas vulnerables. Para ello se procederá a la
transferencia mediante conferencia sectorial de agricultura y desarrollo rural de 10 millones de euros a las siete comunidades autónomas afectadas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Murcia. Las comunidades
autónomas podrán subvencionar y organizar directamente el transporte de purines a explotaciones para su valoración como fertilizante o bien para llevarlo a plantas de tratamiento con tecnologías alternativas. También podrán destinar la ayuda para
la construcción o adecuación de sistemas de tratamiento y gestión tanto en las explotaciones ganaderas afectadas como fuera de ellas. Las actuaciones referidas son las que se financian con cargo al crédito extraordinario recogido en el artículo 3
del real decreto-ley y, en definitiva, se aplica su correspondiente baja en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Señora presidenta, señorías, el Gobierno español cumple con sus compromisos financieros, igual que cumple con sus compromisos presupuestarios, lo que nos da credibilidad dentro y fuera de España. Esa es una característica y un compromiso
del actual Gobierno. Por eso hemos conseguido la recuperación de la confianza de los mercados y por eso los tipos de interés a los que se financia el Tesoro, los que pagamos por nuestra deuda pública, se encuentran situados en mínimos históricos.
Los créditos extraordinarios y suplementos de créditos son un instrumento habitual que cuenta con cobertura legal. No hay nada anómalo en este proceso. Lo extraño sería que, pudiendo contar con esta posibilidad, un Gobierno responsable no lo usara
y dejara pendientes de pago sus compromisos con la comunidad internacional, con industrias nacionales o internacionales. Ese tipo de posición política lleva al descrédito de la imagen de nuestro país y lleva también a no cumplir nuestros
compromisos. Bien al contrario, la responsabilidad del Gobierno es atender ese cumplimiento y por esa razón traemos a esta Cámara el real decreto que autoriza los tres créditos extraordinarios y un suplemento de crédito.
Señorías, termino con la apelación que ya formulé al comienzo de mi presentación. Solicito el apoyo mayoritario, si no unánime, de los grupos parlamentarios para alcanzar la convalidación de este real decreto-ley,por el que se autorizan
créditos y suplementos de crédito para conseguir, para dar un paso más -con independencia de la magnitud de ese paso- en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por este Gobierno en materia de medio ambiente, de defensa nacional y de ayuda al
desarrollo.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Rangel.
El señor RANGEL TARRÉS: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, señor ministro, se dice que el papel lo aguanta todo y yo me atrevería a afirmar que casi todo, porque cuando los argumentos para justificar la extraordinaria y urgente necesidad de dictar una norma como un real decreto-ley son los
que aquí se han puesto de manifiesto por usted, señor ministro, y los que se vienen utilizando habitualmente por el Gobierno también se retuerce el papel. Me ha sorprendido que con esa afirmación tan contundente defienda la extraordinaria y urgente
necesidad, sobre todo proviniendo de usted, que en más de una ocasión -se lo digo con todo respeto- nos da lecciones de coherencia y sobre todo de rigor. Nos acusa a los demás de que no somos rigurosos a la hora de aportar datos y argumentos, y
cuando se intentan aplicar esos criterios de extraordinaria y urgente necesidad para partidas presupuestarias que no son otra cosa que compromisos adquiridos con anterioridad, lo que nos sorprende es que esto no estuviera en el presupuesto que se
aprobó. Nos sorprende muchísimo, porque lógicamente hay compromisos de pago, pero, para pagar, antes tiene que haber una consignación
presupuestaria, y esa consignación presupuestaria lo lógico es que esté en el presupuesto inicial cuando se trata de compromisos adquiridos en firme y periodificados en el tiempo, porque de lo contrario lo que estamos haciendo es un debate
sin demasiado sentido cuando estamos discutiendo los Presupuestos Generales del Estado, cuando ustedes hacen gala de determinados indicadores, cuando hablan de la contención en el gasto en determinadas partidas y cuando están diciendo a qué
políticas destinan los recursos disponibles. Eso me lleva a una discusión que ya hemos iniciado en la Comisión de Presupuestos sobre que seguramente tanto o más importante es el control de la ejecución presupuestaria para ver realmente al final en
la liquidación en qué se han gastado los recursos públicos, y no precisamente en el gran debate que vamos a celebrar dentro de unos días sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, la primera pregunta que le lanzo es:
¿en los presupuestos que nos va a traer el Gobierno para el año próximo, estas obligaciones contraídas por España, periodificadas e identificadas, van a estar en esos presupuestos iniciales o nos vamos a encontrar de nuevo en el mes de agosto del
año próximo con otro real decreto-ley de estas mismas características justificando que hay que hacer el pago y, en consecuencia, como hay que hacer el pago, es urgente pagar y que España quede como debe ante el mundo y que no nos perjudique en nada?
¿Va a haber esa consignación inicial o vamos a tener de nuevo la sorpresa de tener que habilitar créditos mediante un real decreto-ley? Esa es la primera pregunta.
La segunda se refiere a intentar justificar -entro en las materias que contiene este real decreto-ley- la aportación mediante un crédito extraordinario al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a la sección 12, para hacer frente
al pago de la cuota de 2012 de la Facilidad financiera internacional para la inmunización, que además es necesario, pero, claro, la justificación es que el artículo 57.3 de la Ley de Presupuestos lo impide, impide hacer lo que se ha hecho otros
años, que es utilizar el Fonprode, pero quien redactó ese artículo fue usted, por lo cual debió prever en su momento que si se impedía utilizar un mecanismo que se había utilizado hasta ahora, tenía que haber una consignación inicial, con lo cual el
rigor brilla por su ausencia.
En cuanto al crédito extraordinario y al suplemento de crédito para la sección 14, Ministerio de Defensa, es el que se lleva la parte del león de este real decreto-ley. De los 933 millones y pico de euros, se lleva 914. La partida, el
crédito extraordinario más importante es para atender el pago de obligaciones contraídas para los programas especiales de armamento. Aquí también se hurta el debate cuando se discuten los presupuestos de esta sección, porque lo que está consignado
y lo que se justifica como gasto de defensa poco tiene que ver con lo que al final termina gastándose en defensa, y seguramente lo que se consigna como gasto de defensa en relación con el PIB no es lo que se defiende sino bastante más. Ahora no me
voy a posicionar ni a favor ni en contra, pero creo que lo importante es que el debate se produzca a la luz de la información veraz para que todo el mundo sepa de qué estamos discutiendo, y eso, ya que tanto les gusta hablar de la herencia recibida,
lo podríamos calificar como la herencia Morenés, pues proviene de los años noventa y de una compra muy importante de material para la defensa. Es una compra que ustedes han modificado en su periodificación, que baja para este año y para el próximo
-año electoral- y que se incrementa de nuevo en 2016, pero, aparte de eso, lo que seguramente nos preocupa a todos son las próximas inversiones y los próximos gastos en defensa que se están produciendo en estos momentos y que van a alargar todavía
más los costes de defensa que oficialmente se defiende que son bajos, cuando en realidad seguramente son bastante más altos de lo que se dice. Hay un suplemento de crédito de 30 millones de euros para financiar gastos relativos al funcionamiento
-es capítulo 2-, 30 millones de suplemento en capítulo 2, buena previsión también del gasto operativo de nuestras Fuerzas Armadas.
Finalmente, está el crédito extraordinario para la sección 23, que se financia con bajas de la sección 20. Aquí hemos asistido a un debate cuando se ha hablado de las plantas de purines y del cambio de política del Gobierno, que las ha
puesto en crisis y las ha hecho cerrar, en el que dos ministros y dos ministerios se pasaban la pelota del uno al otro. El ministro Arias Cañete decía que no era un tema de Agricultura y el ministro Soria decía que sí era un tema de Agricultura.
Ahora ya no está el ministro Cañete y ha ganado el ministro Soria: se lo ha pasado a Agricultura. En este caso hubo un incumplimiento de un acuerdo con una asociación de industriales que tenía que ver con las plantas de purines. Se ha puesto en
crisis un tema muy delicado que aquí se ha discutido en más de una ocasión, y es que los purines son altamente contaminantes y con estos temas no se puede jugar. Ahora finalmente hacen un passing shot y habilitan 10 millones de euros para que se
transfieran recursos a las comunidades autónomas para hacer frente a una solución alternativa. Creemos, repito, que este no es un tema de Agricultura y que seguramente los recursos van
a ser insuficientes, pero, ya puestos, se podrían destinar recursos para que se pudieran reabrir las plantas que han tenido que ser cerradas.
En cualquier caso, de este tema seguramente se debatirá monográficamente en el ámbito correspondiente, pero a nuestro grupo no le deja de sorprender dónde se dan las bajas y alguna es curiosa. Usted no las ha citado en su intervención, ha
hablado de todo, ha dicho que se daban bajas, pero no ha dicho de dónde, porque es un tema muy delicado que ha sido motivo de amplios debates en esta Cámara. Se dan bajas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, pero también se dan bajas de la Secretaria de Estado de Energía. Una baja importante que se da es de 2.800.000 euros que van destinados al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras. Aquí creo que hay alguna sentencia que obliga al Gobierno a cumplir con las comarcas mineras. No sé si esta baja ayuda o perjudica el cumplimiento de este fin, pero seguramente a las comarcas mineras y a las personas responsables
de gestionar estos recursos no les va a hacer ninguna gracia esta noticia. Valdría la pena valorar si es una baja adecuada y si no había recursos en otra partida para hacer frente a esta nueva dotación de crédito extraordinario.
En este sentido, señorías, no solamente por el procedimiento, por la falta de previsión, por la herencia recibida de la que ustedes tanto hablan en programas especiales de armamento, no solamente por la que nos va a venir -porque parece que
todas las herencias tienden a engrosar; seguramente esta también lo va a hacer-, sino sobre todo por las bajas que se dan de recursos destinados al desarrollo alternativo de las comarcas mineras, nuestro grupo, señorías, va a votar en contra.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Rangel. (El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro Romero, pide la palabra).
Sí, señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
He escuchado los argumentos del portavoz del Grupo Socialista, que ha realizado una crítica instrumental para posicionar a su grupo frente a dotaciones que son absolutamente necesarias en el cumplimiento de los programas de cooperación
internacional del Reino de España en materia de vacunación y en materia de defensa, donde ha venido a decir que le preocupa la cuantía. ¿Le preocupa la cuantía del presupuesto de defensa nacional al Grupo Socialista y se opone a que realmente
estemos pagando las obligaciones pendientes generadas? Porque la mayoría de ese crédito, como ven, no impacta en el déficit público. ¿Usted cree que España gasta mucho en defensa nacional en relación con lo que se había establecido? Cuando fueron
Gobierno, ¿por qué no restringieron esos programas de armamento, que son los que estamos pagando ahora a través de esos compromisos pendientes?
En materia de medio ambiente, otra vez se oponen ustedes por una cuestión instrumental, cuando es una cuestión surgida precisamente de una reforma tan importante como es la energética para corregir el déficit tarifario y estamos dotando los
recursos presupuestarios para que no se perjudique a la industria porcina. Es decir, el Partido Socialista, el Grupo Socialista en su nueva etapa se opone por cuestión instrumental en términos de procedimientos presupuestarios a que ámbitos que son
fundamentales, compromisos internacionales, defensa y sector agrícola medioambiental, cuenten con los recursos necesarios. Solo quería destacar esto. Seguro que al señor portavoz de presupuestos le importa mucho más esa coherencia presupuestaria
que al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que está controlando el déficit público -y eso no me lo negará el portavoz socialista- como no lo habían hecho los Gobiernos anteriores.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Señor Rangel.
El señor RANGEL TARRÉS: Señor ministro, de nuevo ha utilizado argumentos retorcidos para referirse a lo que yo he dicho y usted afirma que he dicho lo que no he dicho. Yo no le he discutido en la mayor parte de los casos el fondo de la
cuestión y me he remitido a los debates sectoriales. Le he dicho que lo que han hurtado precisamente es el debate sectorial transparente con las cifras en la mano, porque han hecho de trileros. Ustedes han escondido cifras y lo han hecho de forma
deliberada, porque sabían
que estas obligaciones existían, que se tenían que consignar para hacer frente a las mismas en tiempo y forma, y ahora nos viene aquí arrastrando un real decreto-ley intentando decir que es la manera más adecuada de hacer frente a nuestros
compromisos. No, señor ministro, esta no es la forma más adecuada de hacer frente a nuestros compromisos. Usted ha justificado el decreto-ley por su carácter instrumental. Yo, por lo tanto, le he criticado que ha utilizado un instrumento de forma
inadecuada, porque lo que está haciendo es paliar un fallo, deliberado seguramente, en la programación de esos pagos que tenían que estar en el presupuesto inicial. A nosotros claro que nos interesa que se paguen los compromisos de España, claro
que nos interesa, y por eso le exigimos que en los próximos presupuestos no nos dé más sorpresas, que los consigne en los créditos iniciales y que en el debate que se produzca sobre las políticas de gasto y en concreto sobre gastos como el de
defensa se tengan las cifras encima de la mesa con carácter real y no que les permita a ustedes hacer su propaganda cuando a la hora de la verdad lo que hacen es gastar otras cantidades y utilizar instrumentos como el real decreto-ley, justificando
lo injustificable, que no es ni de extraordinaria ni de urgente necesidad. Sí lo es el pago, pero el pago tenía que estar previsto si usted hubiese sido, tal como va proclamando urbi et orbi, una persona rigurosa. Pues, señor ministro, cómprese un
espejo, porque rigor, ninguno. (Un señor diputado: ¡Toma ya!).
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Rangel.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señoría, no se trata de juicios de valor, de rigor, no rigor, de coherencia. (Rumores). Hay que pagar, hay que pagar. La cuestión es si el Grupo Socialista está de acuerdo con que se paguen estos compromisos y está claro que presentando
turno en contra la conclusión es que no quiere que se paguen. (Rumores). Esa es la conclusión y a partir de ello, señora presidenta, ha quedado expresada lo que es la regeneración, la renovación que está viviendo el Grupo Socialista en esta
Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Por favor, ruego que guarden silencio.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
En verano hay cosas que nunca cambian: las vacaciones, la operación salida, la playa, la paella, la sangría y el tradicional decreto que aumenta la partida del Ministerio de Defensa, ¿verdad, señor ministro? ¿Cómo iba usted a romper esa
bonita tradición que comenzó allá por finales del primer decenio de 2000, y más siendo el ministro de Defensa del gremio, del reputado gremio de los fabricantes de armas? Porque el señor Morenés, cuando no está en el ministerio, está trabajando
para la industria del armamento. Vayamos al decreto veraniego que nos ocupa hoy.
Este agosto han aumentado la partida del Ministerio de Defensa en la bonita cifra de 883 millones de euros; en 2013 fueron 887 en verano y 582 en primavera; en 2012 fueron 1.782 millones de euros; este año 883 millones para comprar
aviones, helicópteros o misiles. Y sorprende que en el mismo decreto -como ya hicieron el año pasado- mezclen partidas de armamento con partidas sociales. Este año sorprende que en este decreto se destinen 883 millones para armamento y solo 9 para
campañas de inmunización para disminuir la mortalidad infantil o 10 para la gestión de un grave problema como son los purines, con el argumento del déficit de tarifa, y seguimos sin auditar ese déficit de tarifa, seguimos sin saber claramente a
cuánto asciende ese déficit de tarifa que nos dicen las grandes compañías eléctricas.
Señor Montoro, aún resuenan en esta Cámara aquellas proverbiales palabras suyas: Estos son los presupuestos más sociales de la historia de la democracia española, palabras que pasado el tiempo parecen más bien un sarcasmo. A nuestro modo
de entender es escandaloso e inmoral que mientras se recorta en Sanidad, en Educación y en I+D+i, el presupuesto de Defensa siga engordando verano tras verano. Nos parece tramposo y falto de ética que mezclen créditos para vacunas con créditos para
aviones, misiles o helicópteros.
Una última consideración, señor ministro. Ustedes tienen dos palabras talismán, dos palabras que, como el bálsamo de Fierabrás -aquella poción mágica capaz de curar todas las dolencias-, ustedes utilizan de una forma machacona una y otra
vez. Esas dos palabras son: herencia recibida. Pues bien, hablemos de herencia. ¿Quién firmó estos compromisos de compra de armamento? ¿Fue el Gobierno del señor Aznar? ¿Cuánto nos costará al final este programa de compra de armamento?
¿30.000 millones? ¿Hasta cuándo vamos a estar pagando o, mejor, qué herencia nos deja el Partido Popular a todos los ciudadanos en programas armamentísticos? Nos deja deudas en armamento hasta el año 2030, además de la deuda pública que ha servido
para financiar este aumento presupuestario. ¿No es así, señor ministro? Un ruego, señor Montoro: en los próximos presupuestos no nos engañen más, no nos tomen más el pelo. Díganos en el presupuesto de este año la cifra real del Ministerio de
Defensa y acabe con esta funesta tradición, la del proverbial decreto veraniego.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.
Por el mismo grupo, señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, señor ministro, están ustedes, cada vez con menos pudor, convirtiendo la excepción en norma, por un lado, por el uso indiscriminado del recurso del real decreto-ley para todos aquellos temas en los que no quieren debate y que sobre
todo puedan resultar impopulares, como es el caso de este Real Decreto-ley 10/2014; por otro, porque la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito al Ministerio de Defensa se ha convertido en sistemática desde que gobiernan, y
poco importa ahora si las inversiones las han hecho ustedes o Gobiernos anteriores, en ambos casos nos parece igual de escandaloso.
El crédito extraordinario y el suplemento de crédito que van a aprobar -desde luego con nuestro voto en contra- suman más de 914 millones de euros, que así, de un plumazo, vía real decreto-ley, se traspasan a Defensa para pagar
fundamentalmente armamento. Pero, como digo, esta es la norma, no la excepción. En 2012 y por esta misma vía, han traspasado a Defensa más de 1.780 millones de euros. En plena ola de recortes se habían presupuestado 6.300 millones y se acabaron
gastando más de 9.000. En 2013 traspasan cerca de 880 millones de euros. Habían presupuestado 5.900 y se gastaron más de 7.860 millones de euros. Ahora, en 2014, transfieren más de 914 millones de euros. Habían presupuestado inicialmente 5.745,
a mitad de año este presupuesto había aumentado casi en 600 millones más, y ahora, con esta operación, alcanza cerca de 7.300 millones de euros. Nosotros, señor Montoro, desde el BNG nos preguntamos para qué valen los presupuestos que aprobamos,
trabajamos, debatimos y enmendamos en muchos casos en el mes de octubre.
Mientras todo esto ha ocurrido y ocurre, las partidas destinadas a educación, investigación o sanidad se han recortado brutalmente, en muchos casos hasta 50%, por no hablar de los servicios sociales o la dependencia, que a día de hoy la
tienen ustedes absolutamente liquidada. También, mientras todo esto ha ocurrido y ocurre, nos han repetido hasta la saciedad que debíamos apretarnos el cinturón, que reconocen y agradecen el inmenso sacrificio hecho por los españoles.
Sinceramente, señorías, todo esto nos parece una desvergüenza monumental. Nos han quitado derechos; con sus decisiones han borrado del mapa lo que se conocía como Estado del bienestar, y con sus actuaciones políticas han hundido en la miseria a
miles de personas en el Estado español; han llevado a millones de niños y niñas a la pobreza y a miles de familias a tener que vivir en la calle o de la beneficencia. Mientras legislaban y acordaban actuaciones para llevar a cabo todo este
austericidio, el presupuesto del Ministerio de Defensa ha seguido creciendo y creciendo desorbitadamente a ritmo de real decreto-ley por año.
Señorías, el Bloque Nacionalista Galego ha llevado a cabo hace algún tiempo una campaña en Galitza para explicar a la ciudadanía los orígenes y motivos de esta crisis. La titulábamos (Pronuncia palabras en gallego): No es una crisis, es un
robo. Lo acertado de aquel título se confirma también con lo que hoy van a aprobar en este real decreto, al que desde luego nosotros votaremos no.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, lo que aquí ha quedado de manifiesto es que la única necesidad urgente y extraordinaria es la que tiene el ministro de Defensa de huir de este debate y ni siquiera venir a defender un crédito que, aunque lo hayan empaquetado
ustedes con otros dos créditos de mucha menor cuantía y mucha menor relevancia, no oculta que -como han hecho referencia otros portavoces- el crédito verdaderamente importante y el que quieren como siempre colar de tapadillo y de rondón en pleno mes
de agosto es el relativo a los casi 900 millones de los programas de armamento del Ministerio de Defensa. El ministro huye del debate porque tiene sobre la mesa tres problemas muy graves a los que no quiere enfrentarse, por un lado, el colapso
financiero del propio ministerio, que no reconoce el ministro; en segundo lugar, la confusión que quieren inducir en la opinión pública y, en tercer lugar, la inconstitucionalidad una vez más de este decreto que usted nos presenta. Le voy a
explicar por qué estos tres problemas son tan graves y le ponen al ministro ante una situación de la que justo lo que no debe hacer es huir como está haciendo esta mañana.
El colapso financiero del Ministerio de Defensa se debe a esa deuda de los programas especiales de armamento que asciende a 30.000 millones de euros -ya debemos algo menos-, es decir una Bankia y media, para que la gente se haga idea de la
magnitud del problema del que estamos hablando; en algunos casos, esos programas de armamento, necesarios y útiles, en otros casos, puro despilfarro, puro fraude y puro abuso. De esos más de 20.000 millones que aún nos quedan por pagar, varios
especialistas que han estudiado el tema rigurosamente coinciden en que esa factura de los programas de armamento es impagable. Más o menos es lo que vino a reconocer el ministerio cuando renegoció esa deuda con la industria. El problema es que
renegoció la deuda pensando en los intereses de la industria y no en el interés general de España. Lo que va a producir, según los planes que tiene el ministerio para pagar esta factura de aquí al año 2030, es que desciende ligeramente el coste en
este año y aumenta a partir del año que viene y los años siguiente, especialmente hasta 2020, creando ese fenómeno del enjorobamiento que se ha producido en muchos otros países europeos cuando se ha renegociado deuda precisamente de programas de
armamento. Lo cierto es que la factura final de esa renegociación hace que se encarezcan estos programas. Lo más grave es que no reconocen ese colapso del que son responsable ustedes, a pesar de lo que usted quiera decir. Los programas de
armamento se pusieron en marcha a finales de los años noventa, cuando el señor Morenés era precisamente secretario de Estado de Defensa. Luego se fue a la Secretaría de Estado de Industria para poner en marcha los créditos ad hoc para estos
programas, luego se fue ocho años a la industria y ahora ha vuelto al ministerio, en un ejemplo intolerable de puerta giratoria que explica gran parte de ese colapso financiero del ministerio y que explica el despilfarro, el fraude y el abuso de
estos programas de armamento.
El segundo gran problema, como decía, es que engañan a la opinión pública. Por un lado, se quejan de que esos 6.000 millones del presupuesto de Defensa son insuficientes y que nos sitúan en un 0,6% del PIB, muy lejos del 2% que la OTAN
espera de sus socios, y constantemente se nos reprocha en la esfera internacional esta escasa dedicación de nuestro PIB. La realidad es que son 9.000 millones ejecutados año tras año y la realidad es que si se le suma la I+D de Defensa y las
pensiones de los militares, que es como se computa en términos OTAN, el presupuesto de Defensa es de 12.000 millones de euros, el doble de lo que ustedes dicen que es, y aun así probablemente sigue siendo insuficiente, pero expliquen ustedes a la
opinión pública que es necesario ese gasto en seguridad. Ustedes no son capaces de explicar a la opinión pública que la defensa es un bien público porque no lo creen, porque creen, muy especialmente el ministro Morenés, que es un bien privado, y él
lo utiliza para necesidades y para satisfacer beneficios particulares y privados, no para satisfacer y atender el interés general. Por eso no le pueden explicar a la opinión pública que la defensa es un bien público y que merece recursos de nuestro
PIB y por eso prefieren ocultar año tras año que el presupuesto de Defensa va a ser siempre el doble de lo que ustedes dicen en los Presupuestos Generales del Estado.
El tercer problema es que este decreto es inconstitucional. Mi grupo parlamentario no solo tiene esa sospecha, como han expresado otros grupos y nosotros mismos otros años, sino que tenemos la prueba, porque tenemos el acuerdo del Consejo
de Ministro firmado por usted, por su Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Defensa en agosto de 2013, en el que se expresa claramente el dinero que va a ser necesario aumentar en este decreto que nos están trayendo y que ustedes, el Gobierno,
conocen y han plasmado por escrito desde agosto de 2013. Es decir, que ni hay necesidad extraordinaria ni hay necesidad urgente. Hay un pago perfectamente planificado y perfectamente previsto. Por lo tanto, con su artimaña de traerlo de esta
manera, de aprobarlo en el mes de agosto en un decreto y de evitar el debate público, que es lo
que pretenden evitar mediante la aprobación rápida con un decreto, queda claramente puesto de manifiesto que acaba produciendo un decreto inconstitucional, motivado exclusivamente para hurtar ese debate a la opinión pública. Ni es una
necesidad extraordinaria ni es una necesidad urgente y, sencillamente, ustedes no van a poder seguir ocultando la realidad de los presupuestos de Defensa a la opinión pública. Desde luego mi grupo parlamentario se va a poner desde este momento a
trabajar para conseguir el número de 50 diputados necesarios para llevar este decreto al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre esa inconstitucionalidad, y entonces van a tener ustedes un serio problema en la financiación del Ministerio
de Defensa; un serio problema que será al fin reconocido, cosa que ustedes no hacen, y será una vez más parado en los tribunales. Un atropello más de este Gobierno que habrá que parar en los tribunales.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sanz Remón.
El señor SANZ REMÓN: Gracias, señora vicepresidenta.
Nos propone el Gobierno la convalidación o no de lo que desde La Izquierda Plural consideramos un disparate real y no un real decreto; y nos parece un disparate real desde todos los puntos de vista que se mire, señor Montoro. Desde el
punto de vista democrático, porque otra vez recurren a la figura del real decreto para afrontar unas necesidades que sabían perfectamente que tenían que ser asumidas y que tenían que haber estado consignadas en el presupuesto en curso; de nuevo el
Gobierno del Partido Popular vuelve a practicar el peligroso deporte de asumir tareas legislativas, proponiendo a este Pleno otro decretazo inaceptable; Inaceptable porque desde el punto de vista político también es una barbaridad. ¿Cómo llamarían
ustedes a un decreto en el que se nos va a hacer votar igual la compra de vacunas que la compra de misiles? ¿Cómo lo llamarían ustedes? Eso es un disparate y una aberración política y democrática. Económicamente, señor Montoro, tampoco hay por
dónde coger este decreto; nos tendrá que explicar algún día cuándo se puede recurrir a deuda pública y cuándo no podemos recurrir a deuda pública; por qué para pagar asuntos básicos como la salud, la educación, el empleo, las políticas sociales,
no se puede recurrir a deuda pública, pero sí se puede recurrir a deuda pública para comprar misiles, aviones o helicópteros de guerra.
Este decreto pone de manifiesto además la falta de rigor presupuestario que tiene su Gobierno. Sabía perfectamente que tenía que cumplir con los compromisos de la Alianza Global para la Vacunación, sabía que la creación de la fuerza
conjunta nos iba a costar un ojo de la cara, y sabía también -porque como ya se ha dicho desde esta tribuna ya está renegociada la deuda con las armamentísticas- a cuánto iba a ascender a principios de año el coste anual de los programas específicos
de armamento. Pero dio igual; todo eso quedó fuera y a partir de ahí evidentemente solo nos falta decir que este decreto es absolutamente intolerable. Todo eso quedó fuera de ese cóctel que para tapar su torpeza, su incapacidad, su insensibilidad
y su sumisión a otros intereses que no son los intereses generales de la gente, de la mayoría social de este país, ustedes traen con agosticidad y absolutamente sin ningún tipo de pudor.
Queremos hablar del contenido de este decreto y vamos a comenzar hablando precisamente de esos 9.346.000 euros para pagar nuestros compromisos para la realización de campañas masivas de inmunización para contribuir a la reducción de la
mortalidad infantil en el mundo. Bien. Nosotros quisiéramos votar a favor, pero quisiéramos que esto apareciera en los presupuestos porque debe ser un compromiso político de este Gobierno, y los compromisos políticos de este Gobierno tienen que
estar en los Presupuestos Generales del Estado. Pero no; nos lo impiden. Claro, evidentemente esto se debe a algo. Se debe a que su política de cooperación parece más la política de un ministerio de comercio exterior que una política de
cooperación al desarrollo como se debe, por eso ahora mismo no encaja en el Fondo para la promoción al desarrollo y no se pueden pagar desde allí actividades como las de nuestra colaboración con la Alianza Global para la Vacunación. Ustedes sabían
que este compromiso estaba y lo meten de rondón ahora en un crédito extraordinario con otras cosas que nada tienen que ver, como por ejemplo la concesión de un crédito de 10 millones para el desarrollo de actuaciones con relación a la gestión de los
purines. Un parche cortoplacista para tapar y remediar los nefastos efectos que tuvo su reforma del sector eléctrico sobre las renovables, y de rondón sobre el sector porcino y el sector agrario otra vez. Han cerrado las veintinueve plantas y han
generado, lo más grave, un problema ambiental de primera división como son los 2,5 millones de metros cúbicos de purín que antes se procesaban en ellas. Pero lo peor de esta medida no es eso, lo peor es de dónde sacan el dinero pudiendo haber
asumido este gasto desde el Fondo de contingencia. No, ustedes optan por el ensañamiento con el Fondo de la minería y detraen 2,8
millones para la reindustrialización de las comarcas mineras. La Izquierda Plural, la izquierda de Aragón, va a explicar en las comarcas esta medida, y va a exigirle a ustedes que se lo expliquen a la gente y va a exigir a la gente que les
pidan explicaciones a ustedes, porque otra vez más el sector minero, las comarcas mineras han sido afectadas por el Partido Popular. Les recordamos, como ya se ha hecho en esta tribuna, que aún se les debe lo correspondiente -también reconocido por
sentencia judicial- al Plan de la minería, porque esas facturas también hay que pagarlas, no solo las de los misiles, señor Montoro.
Hablando de guerra, y para finalizar, vamos a abordar las medidas que afectan a defensa. Estas medidas suponen sin duda el grueso de este real decreto, y que por sus implicaciones económicas, pero sobre todo por sus objetivos políticos, por
los objetivos políticos que persiguen, para nosotros son las más serias y las más graves. Empezaremos por ese crédito por valor de más de 30 millones para financiar la fuerza conjunta; una fuerza conjunta que ya le dijimos que no estaba concebida
para otra cosa que dar solvencia a la estructura operativa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y a sus posicionamientos internacionales, en los que nuestro país está efectuando una política decididamente seguidista y absolutamente
intolerable. Lamentamos profundamente que tratándose de un decreto que prioritariamente afecta a materias de defensa no esté aquí el ministro del ramo; es una falta de respeto, al igual que lo es este decreto. (Aplausos). Desde La Izquierda
Plural no vamos a votar a favor de esto, porque como decimos no vemos otra explicación que la de hacer política seguidista de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en estos momentos además enfrascada en peligrosas aventuras de las que
también tendrán que dar cuenta ustedes en un momento determinado en esta Cámara.
Sin embargo en el ámbito interno de las Fuerzas Armadas, de sus cuerpos, de sus estructuras y de sus unidades, sí que tienen que dar explicaciones. Impulsen una auditoría en profundidad, abran las puertas y las ventanas para que entre la
luz en los cuarteles, y atajen los flagrantes casos de corrupción que día a día estamos viendo que se producen en su seno. (Aplausos). No nos propongan aumentar su dimensión, limpien. Igualmente les exigimos que acaben con la persecución de los
trabajadores y trabajadoras de la Fuerzas Armadas que, como el teniente Segura, están siendo perseguidos por denunciar estos desmanes y en algunos casos incluso por participar en las instrucciones o luchar por la democratización de estas
estructuras.
Por último la guinda del pastel: los 884 millones que, como cada año, acaban en manos de la industria armamentística. Hace falta poco pudor, señor Montoro, para pedirnos aquí que incrementemos la deuda para comprar misiles cuando
precisamente usted se ha empeñado en decir que no se puede incrementar la deuda para atender a ministerios básicos. Tenemos un ministro de Defensa que en realidad es el ministro de la industria armamentística, y desde luego su mejor valedor. El
señor Morenés está actuando desde el Poder Ejecutivo del Estado como un ejecutivo con poder al servicio de los lobbies armamentísticos, y eso es absolutamente inaceptable. ¿Y todo para qué? Los misiles, las bombas, ¿para qué? Pues es muy
sencilla, a la vez que obvia y triste, la respuesta: para incrementar el cheque de las armamentísticas, para darles el dinero caliente de todas y todos los españoles, que si supieran de esta votación en este momento estarían absolutamente en contra
de que este país se endeudase para pagar 884 millones a la industria armamentística. ¿Y para qué también? Evidentemente y como les decíamos para satisfacer los intereses de la OTAN y someter nuestra política exterior y de defensa una vez más a la
cada vez más voraz y peligrosa alianza. Cada vez son mayores las exigencias de transparencia y de limitación del gasto militar que están poniendo encima de la mesa organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, y cada vez son
más los compromisos que los Estados adquieren en la reducción del gasto militar. Ustedes caminan en dirección contraria desde el primer momento en que no lo consignan presupuestariamente. Ustedes son los primeros en trampear los presupuestos de
Defensa, camuflarlos absolutamente en todos los demás presupuestos, y ocultarle a la ciudadanía que prefieren gastarse el dinero en misiles que gastárselo en necesidades públicas y sociales. Tengan el valor en los próximos presupuestos de reconocer
el gasto militar como deben, es decir, en los presupuestos, y permítannos abordar estas materias tan diversas entre sí en la forma en que se merecen, de forma individual. No es aceptable, vuelvo a decirles, que nos hagan votar lo mismo a la compra
de misiles que a la compra de vacunas. Es del todo inaceptable, intolerable, antidemocrático y antisocial. Por esos motivos, porque nos parece desde el punto de vista democrático, político, social, económico, moral y ético inaceptable, vamos a
votar en contra de este decreto. Un voto -y termino- que implica una petición: no vuelvan a hacernos votar igual la compra de vacunas y la compra de misiles, señor ministro, porque si para ustedes es lo mismo, para nosotros, para La Izquierda
Plural, no lo es.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo de Convergència i Unió, señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidenta, señorías, señor ministro, debatimos un real decreto para la aprobación de créditos extraordinarios en los presupuestos de diversos ministerios, especialmente el de Defensa, algo que entendemos debería ser
una excepción, y en su caso ajustarse a lo que marca la ley, pero que observamos va siendo recurrente, especialmente cuando afecta al Ministerio de Defensa. Este Real Decreto-ley 10/2014 establece la concesión de tres créditos extraordinarios y un
suplemento de crédito. Déjenme hacer, señorías, unas breves consideraciones respecto a tres puntos: en primer lugar, desde mi grupo parlamentario, señor ministro, entendemos que este real decreto y los créditos extraordinarios que incorpora
suponen más déficit, más deuda y un incumplimiento de la Ley General Presupuestaria. De acuerdo con la Ley 47/2003, General Presupuestaria, las modificaciones de crédito se deberían financiar mediante la baja correspondiente en los créditos del
Fondo de contingencia o mediante la baja en otros créditos no financieros. Es decir, si resulta absolutamente necesario y preciso afrontar gastos que no estaban contemplados en los Presupuestos Generales del Estado, aprobados en este caso para el
2014, el Gobierno debería aplicar la austeridad, a nuestro entender a su Administración, y reducir el gasto de otras partidas. Pero no es esta la medida adoptada, y en este caso y en relación con las tres primeras modificaciones de crédito, el
Gobierno mediante real decreto-ley cambia la ley, y así a nuestro entender se aumenta el déficit previsto para este ejercicio y se financian estas modificaciones de crédito mediante deuda pública.
Una segunda consideración, más específica, en relación con el Ministerio de Defensa por el incumplimiento de los presupuestos de Defensa por tercer año consecutivo: no es normal, señorías, señor ministro, que en momentos de austeridad, en
momentos de controles estrictos sobre los presupuestos de todas las administraciones públicas, en momentos de máxima exigencia de rigurosidad y también de previsión, el gasto del Ministerio de Defensa evolucione sin presupuestos previos. En 2012 la
desviación del Ministerio de Defensa entre lo presupuestado y lo liquidado fue del 44%; en 2013 la desviación alcanzó el 104%, se gastó el doble de lo presupuestado, y en el 2014 de momento la desviación ya es del 31%. La defensa es muy
importante, no lo negamos, y conlleva también una industria relevante, pero no debe escapar al rigor que debe exigirse en la gestión, antes y después de los presupuestos, y por tanto no debe escaparse tampoco al control presupuestario. En 2012 los
créditos extraordinarios y ampliaciones de crédito del Ministerio de Defensa aumentaron en 2.749 millones de euros; en 2013 en 6.151 millones de euros, y en 2014 ya llevamos aumentos por importe de 1.766 millones de euros; una desviación de más de
10.000 millones en tres años.
Somos conscientes, señor ministro, señorías, de que la gran piedra de toque de este problema es el pago de los compromisos adquiridos con los programas espaciales de armamento, P.A., y las misiones militares en el exterior, una cuestión
heredada del Gobierno de Rodríguez Zapatero y de la gestión del Ministerio de Defensa con la ministra Chacón al frente; pero precisamente por esto este Gobierno debe reconducir esta situación heredada desde la rigurosidad y la eficiencia en la
gestión. Por ello entendemos que los compromisos adquiridos deben ponerse en los presupuestos, y evitar las prácticas y presentaciones de reales decretos para convalidar créditos extraordinarios que año tras año nos traen al Congreso, lo que
evidencia carencias en la gestión y en la previsión.
También con relación a Defensa -en esta ocasión no modifican la partida, pero es otra partida que cada año es consignada de manera insuficiente- nos encontramos con las operaciones militares en el exterior, denominadas de mantenimiento de la
paz, y que cada año tienen un presupuesto anual de 14 millones de euros y un gasto real que se sitúa entre los 800 y 900 millones de euros. La transparencia y el rigor que se exigen a todas las administraciones públicas deben exigirse también al
Ministerio de Defensa. Sobre la base de esta imprescindible y necesaria transparencia sería importante poner fin a esta sistemática gestión y política de gastos que el Estado destinada a Defensa, aplicar más transparencia y más rigor, y que se
visualice esta transparencia y este rigor en la gestión del ministerio.
Una última consideración en relación con la partida extraordinaria para purines. En el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el presente real decreto-ley tiene como finalidad proceder a la concesión de un
crédito extraordinario por importe de 10 millones de euros, para el desarrollo de actuaciones en relación con la gestión alternativa de los purines. Este es un compromiso del Gobierno que intenta paliar el desastroso impacto de la reforma
energética sobre el sector porcino. Nuestro grupo así lo ha manifestado en diversas ocasiones. El coste de esta o estas reformas del sistema energético ha tenido un impacto muy negativo en el sector porcino, y ahora también lo paga un sector
determinante en
el crecimiento y en la competitividad de nuestra economía, determinante no solo en términos económicos, sino sociales, como es el sector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información.
Observamos que el crédito extraordinario destinado al Ministerio de Agricultura se hace a costa de dar de baja algunas partidas presupuestarias de esta Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, relativas por ejemplo a la agenda digital que
permiten asignar los recursos de estas bajas al sector de purines. También se dan de baja algunas partidas que corresponden a la Secretaría de Estado de Energía con el impacto que ello tiene, y con lo que afecta al sector de la minería, algo que a
mi grupo parlamentario continúa preocupándole y ocupándole, y no deberíamos haber llegado a ello. Si bien en este caso se respeta lo que marca la ley, tal como comentaba al inicio de mi intervención, es decir, afrontar si es necesario unos gastos
extraordinarios mediante la baja de otros, el sector purines no debería haberse visto comprometido y afectado por la reforma energética como se ha visto afectado. Nuestro grupo apoya y defiende este sector. La reforma energética y los cambios que
han generado en las energías renovables y en la cogeneración, y que han impactado mucho en este sector, son reformas que deberían haber cuidado, atendido y potenciado al sector, al revés de lo que ha pasado. Deberían haber evitado el cierre de
muchas plantas y de una parte importante de la actividad económica con los puestos de trabajo que incorpora, y así lo hemos manifestado y defendido en el marco de los debates energéticos. En este contexto una reforma energética que no hubiese
penalizado la cogeneración como la ha penalizado no habría afectado al sector de purines, y no habríamos llegado a la situación en la que nos encontramos, y no se hubiese llegado a plantear este crédito extraordinario a cargo de otro sector.
En definitiva, presidente, señorías, las partidas más significativas en este real decreto corresponden al Ministerio de Defensa, y sobre ello fundamentalmente nos pronunciamos. Desde nuestro grupo apoyamos los créditos que se conceden, pero
no podemos admitir de ninguna manera que sistemáticamente, y en este caso por tercer año consecutivo, los presupuestos del Ministerio de Defensa constituyan un capítulo aparte de los presupuestos y escapen al mandato presupuestario del legislador.
El Gobierno debe aplicar a su Administración, repito, la austeridad que exige a las demás administraciones, como he dicho antes. Por una parte, el Gobierno exige rigurosidad y transparencia en los presupuestos de las administraciones públicas, en
los presupuestos de las comunidades autónomas, y por otra, y de manera sistemática, los presupuestos de Defensa no aplican estos principios exigidos a todos. Tiene poco rigor la gestión en el Ministerio de Defensa y se presupuestan partidas muy
bajas en la seguridad de que a final de año se aprobarán créditos extraordinarios de cuantías como vemos muy elevadas y muy alejadas por tanto, con desviaciones muy significativas, del presupuesto inicial.
Termino, señora presidenta. Es estrictamente necesario, señor ministro, aplicar el rigor en la gestión y es estrictamente necesario que los presupuestos, y los presupuestos de Defensa, recojan las obligaciones adquiridas y esperamos que sea
así en los próximos presupuestos.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Termino, señora presidenta. Por todo ello, y con las consideraciones que he hecho, especialmente aquellas que se han referido al Ministerio de Defensa y a su gestión, mi grupo parlamentario no puede apoyar este real
decreto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Riera.
Por el Grupo Popular, señor Gallego.
El señor GALLEGO BURGOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, se pongan como se pongan, es algo habitual en las administraciones públicas -el portavoz del PSOE tiene una dilatada trayectoria política y de gestión en el sector público- hacer modificaciones de crédito a lo largo de un ejercicio
presupuestario. Es habitual. Lo hacen todas las administraciones, todas. Y este Gobierno precisamente si de algo no abusa es de esa materia. ¡Es realmente habitual! (Risas). Si usted me trae aquí una Administración pública de este país que no
haga modificaciones de crédito me sorprenderé realmente. Por tanto no estamos hablando de una herramienta o de un mecanismo realmente extraño. La modificación se hace al amparo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y por tanto es absolutamente
legal y es plenamente constitucional, y contempla tres grandes conceptos que afectan al Ministerio de Defensa, al de Agricultura y al de Exteriores.
Antes de hablar de esos tres conceptos quiero manifestar una sorpresa que me ha producido el debate. Dicen: Es que ustedes quieren huir del debate. Ustedes quieren hurtar al Parlamento este debate. Señora presidenta, estamos debatiendo,
esto es un debate, y estamos hablando. Estamos hablando sobre defensa y estamos hablando con toda transparencia de a qué se destinan los recursos públicos. No hay ningún tipo de hurto del debate, no hay ninguna voluntad de ocultar a qué se
destinan los recursos públicos. Diversos portavoces han hecho referencia a esa cuestión y me parece realmente sorprendente.
Vuelvo a los tres temas. El portavoz del PSOE decía: Estamos de acuerdo en el fondo de los tres temas. Es un tema de técnica legal, presupuestaria, pero en el fondo estamos de acuerdo con las tres cosas. Una, en el Ministerio de Asuntos
Exteriores 9,3 millones para la participación de España en la Facilidad financiera internacional para la inmunización. Se trata de contribuir a reducir la mortalidad infantil en el mundo. Se trata de que el Gobierno de España va a inyectar 9,3
millones para que en el mundo haya más gente que tenga acceso a una vacuna: 9,3 millones. ¿Alguien habla sobre el fondo de esta cuestión? No, porque es tan evidente que la modificación de crédito en ese capítulo y en ese aspecto es positiva que
ese tema lo aparta del debate.
Segundo tema y el más controvertido, por lo que he visto a lo largo del debate. El Ministerio de Defensa concede un crédito extraordinario de 883 millones para atender las obligaciones de ejercicios anteriores, repito que de ejercicios
anteriores, e incluye obligaciones contraídas y firmadas por ministros socialistas de Defensa. Pregúntenle al señor Bono; pregúntenle a Carme Chacón -que ahora ha vuelto otra vez a la Ejecutiva del PSOE, y la tendrán cerca- si firmó o no firmó
contratos de armamento en este país. Pregúntenle qué cifra de facturas pendientes dejó, y ya verán que ahora, como consecuencia de una negociación con los proveedores, el Estado debe 7.000 millones de euros menos -no está nada mal- de los que dejó
Carme Chacón. Decía el portavoz del PSOE que el papel lo aguanta todo. No, lo aguanta todo menos la hemeroteca. Échele usted un vistazo a lo que decían ustedes cuando gobernaban. Han hablado de trileros. El portavoz de Presupuestos del PSOE ha
hablado de trileros. El portavoz económico del PSOE, que sabe perfectamente que su Gobierno desde el año 2008 hasta el año 2011 estuvo vendiendo brotes verdes en este país mientras se destruían 3,5 millones de empleos, cuando no acertó ni una sola
previsión, cuando se desviaba el déficit público año tras año, acusa al Gobierno del Partido Popular de trileros por pagar facturas pendientes en el Ministerio de Defensa, como en otros ministerios. Si una cosa dejaron fueron facturas, y eso es lo
que estamos haciendo, pagar facturas. Que unas corresponden a la época de 1996-2004, sí; que los ministros socialistas de Defensa también invirtieron en armamento y cantidades muy importantes y que las estamos pagando, eso también. Por tanto
fíjese si no hay voluntad de ocultar el debate, sino que hay que hablar de esa cuestión. Ustedes pueden decir ahora: España firmó el contrato, recibió la inversión, y ahora lo que no tenemos que hacer es pagar. Ahora no pagamos, porque queremos
proyectar fiabilidad internacional, confianza internacional, queremos decirles a nuestros socios de la OTAN que somos gente seria, y se nos ocurre no pagar. Esa es la opción que nos propone el PSOE.
También he escuchado al portavoz de UPyD y al de Izquierda Unida hablar de intereses oscuros del lobby armamentístico, donde hay un ministro que presuntamente defiende intereses privados y no el interés general. Señorías, vayan a los
tribunales. Si eso es así vayan a los tribunales. Es que si no van a los tribunales y vienen a esta tribuna y siembran sospechas sobre el ministro de Defensa y sus actuaciones y sus intereses, ustedes quedan aquí bastante mal, como demagogos que
vienen, que suben, cañones o mantequilla, estas cosas que hacen siempre ustedes, la política flower power. Señorías, si realmente lo consideran así, vayan a los tribunales, porque si no su oposición desde el Grupo Parlamentario Popular no puede ser
considerada seria. Por tanto, ¿España tiene que pagar sus compromisos internacionales? Sí. Tenemos facturas pendientes y parece lógico que las tengamos que pagar. Tenemos compromisos, tenemos a tropas en Mali, en Líbano, y tienen que estar
equipadas, no podemos enviar a nuestros soldados a otras regiones del mundo en misiones de paz, en misiones coordinadas por la OTAN y que no estén equipadas. Por tanto lógicamente tiene que haber una inversión mínima. Decir que no se debe invertir
suficientemente en esta cuestión o que no debemos pagar nuestras facturas es enviar a nuestros soldados en unas condiciones bastante mejorables. Por cierto, le voy a dar algunos datos. España es el tercer país por la cola en inversión en defensa;
datos no del presupuesto, sino liquidados. Solo invierten menos porcentaje de su PIB en defensa dos países en Europa: Letonia y el Gran Ducado de Luxemburgo. España invierte el 0,9 de su PIB en defensa, el resto de países invierten bastante más.
Le voy a poner algunos ejemplos: Italia 1,4; Francia 1,9; Alemania 1,4; Holanda 1,3; Polonia 1,7; Reino Unido 2,6; España, repito, 0,9. Por cierto, en cuanto a los modelos políticos del Partido Comunista en el mundo -o lo que yo
creo que son los modelos políticos de Izquierda Unida en el mundo, si tienen algún modelo, porque ya sabemos que ustedes dicen que son diferentes y no tienen modelos en el mundo-, China invierte más del 0,9% de su PIB en defensa; Venezuela
ni te cuento; Corea -dicen: no, este no es modelo- pasa del 10; Cuba -Cuba sí os gusta- bastante más del 0,9. Es que no hay modelo político y social en el mundo que invierta menos del 0,9%, que es lo que invierte España. No se puede decir que
España no es austera en materia de defensa, y ahí están los datos; no son datos del PP -ya se sabe que a los del PP nos gustan las bombas y los misiles, y a ustedes las flores; ese es el tradicional discurso de la izquierda, ya sabemos que esto es
así-, son datos de la OTAN. (El señor Centella Gómez hace gestos negativos).
Y acabo. El real decreto incluye asimismo 10 millones de euros para el desarrollo de actuaciones en relación con la gestión alternativa de purines, que desde luego es un problema muy importante al que han hecho referencia el propio ministro
y algunos portavoces, un problema medioambiental del sector ganadero de producción porcina en España.
Se nos antojan, pues, tres cambios razonables que están cargados de sentido común y que además son compatibles con la gran prioridad del Gobierno, que es la reducción del déficit público como instrumento y vía para seguir creciendo. Estamos
creciendo al 0,6% en el último trimestre, somos el país de Europa que más crece en estos momentos. Ya sé que es un dato que no les gusta oír, pero estamos creciendo y creando empleo. Por tanto, es plenamente compatible y además apuntala la
confianza internacional de España, algo muy positivo para la recuperación económica.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Gallego.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRAS MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA. (Número de expediente 121/000079).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto: Enmiendas aprobadas en el Senado al proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. En turno de fijación de
posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos en el punto final del trámite parlamentario de esta iniciativa legislativa denominada de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, y en el turno de fijación de posiciones de los grupos
quiero decir, en nombre de Amaiur, que vamos a votar en contra de esta ley, y vamos a hacerlo por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque, como dice el propio Consejo de Estado, el título de racionalización del sector público y otras
medidas de reforma administrativa tiene muy poco que ver con el contenido de la ley. Hay una discordancia total, porque realmente no estamos hablando de racionalización del sector público ni de reforma administrativa; al final, lo que están
haciendo ustedes, siguiendo la hoja de ruta de su Gobierno desde el principio de la legislatura, es avanzar en el proceso de recentralización y de desmontaje del Estado de bienestar. Es un título pomposo ante el que nadie puede negarse, porque
quién va a decir que no a la racionalización del sector público o la necesidad de la reforma administrativa. Son unas bonitas palabras, pero no tienen contenido, porque al final -insisto- detrás de esta ley no hay medidas concretas de eficiencia o
eficacia en el gasto, no se están simplificando procedimientos de forma significativa, no se están eliminando costes superfluos -los costes que se ponen como ejemplo son realmente simbólicos y no se va a la raíz de los problemas- y no se están
suprimiendo entes innecesarios. Se suprimen unos pocos, pero se puede decir que es innecesario hacerlo porque no aportan nada ni a la reducción del gasto público ni a la racionalización del sector público. En definitiva, como dice el Consejo de
Estado, ustedes están liquidando una serie de entes relacionados con los servicios sociales y al final estamos en un proceso de recentralización del Estado, dando la espalda a la realidad plurinacional de este Estado. Desde el punto de vista de
Amaiur y de nuestro país, Euskal Herria, no tiene ningún sentido esta ley, es decir, esta ley va en contra de la voluntad de la mayoría de la ciudadanía de Euskal Herria, tanto en la Comunidad Autónoma vasca como en la Comunidad Foral de Navarra.
Al mismo tiempo, siguen en la línea de desmontar el Estado del bienestar y de promover la externalización y la privatización de todos los entes y organizaciones que trabajan en el ámbito de los servicios sociales. Al final están privando a
la ciudadanía de la asistencia necesaria en el ámbito social, algo que nos parece muy grave. Además, como les decía antes, hasta escogen temas simbólicos; por
ejemplo, ese intento de hacer desaparecer en la práctica las federaciones deportivas de ámbito territorial. ¿Me pueden decir en qué contribuye eso a reducir el gasto público?, ¿en qué contribuye eso a facilitar el acceso al deporte de la
ciudadanía en cada uno de sus ámbitos? En nada. En todo caso, dificulta la participación de los ciudadanos y ciudadanas en el deporte base -que no es el deporte negocio- y en las actividades deportivas. Por lo tanto, ahí prima otra vez su visión
centralista, su visión de un Estado que niega la realidad plurinacional y la existencia de ámbitos de decisión diferentes.
Ustedes aprovechan esta ley para invadir competencias de las comunidades autónomas. Aprovechan esta ley también para ampliar al máximo la actividad del Gobierno, incluso las competencias que se consideran básicas y que son potestad del
Gobierno las amplían al máximo para reducir y hacer inviable en la práctica cualquier actividad de autogobierno. Insisto en que en esta ley prima ese afán centralizador de imponer el modelo social ultraliberal que da la espalda a la realidad de las
necesidades de la ciudadanía.
También es una ley que va en contra de la autonomía municipal. Una vez más ustedes consideran a los municipios menores de edad; como se decía en el derecho civil clásico, el menor incapaz. Los entes locales son incapaces de gestionarse
porque son menores de edad y no tienen responsabilidad. Pero lo que están haciendo es perjudicar la solución de los problemas de la ciudadanía a través de esos ámbitos administrativos, que son los más próximos a los ciudadanos y ciudadanas. Este
es otro de los elementos que nos hace estar en contra de esta ley. Desde el punto de vista de Euskal Herria, esta ley niega la realidad del autogobierno vasco y niega la realidad de la mayoría social y política de Euskal Herria que reclama otro
modelo de organización administrativa y de organización pública y, desde luego, otro modelo de sociedad.
Yo querría señalarles otras formas de reducir el gasto público y de aumentar la eficacia y la eficiencia a la hora de dar respuesta a los problemas de la ciudadanía. Supriman ustedes, por ejemplo, todas las subdelegaciones y delegaciones
del Gobierno en provincias y comunidades autónomas. Son instituciones que solo sirven para colocar amigos, para generar conflictos políticos y administrativos absurdos y no aportan nada a la solución de los problemas reales de la ciudadanía. Otra
forma también de reducir costes de forma importante en el caso de Euskal Herria sería cumplir la ley -una ley orgánica, además- y retirar de allí a los más de 4.000 policías y guardias civiles que no tienen que estar allí, que sobran y que están
incumpliendo la ley orgánica aprobada en esta Cámara y aprobada en referéndum por la ciudadanía. Destinen a esos 4.000 o 5.000 policías y guardias civiles a cubrir todas esas labores que ahora quieren encomendar a empresas privadas de seguridad en
las prisiones cuando tienen efectivos de sobra para cubrirlas, o para reforzar la seguridad en el ámbito mediterráneo -por ejemplo, en Málaga- en el que se está produciendo un incremento importante de asesinatos por parte de bandas organizadas. Esa
es una forma de aumentar la eficacia administrativa, de racionalizar el gasto, evitando gastos superfluos con la externalización y privatización de la protección de las prisiones con empresas privadas, y de solucionar los problemas de seguridad de
la ciudadanía, que son importantes en muchas zonas. Por lo tanto, tienen muchas posibilidades de avanzar en la racionalización del sector público y en la reforma administrativa, pero desde luego el camino que ustedes han emprendido no es el más
idóneo. Con esto, insisto, ustedes están avanzando en la recentralización, dando la espalda a la realidad de un Estado plurinacional y, al mismo tiempo, siguen desmontando ese Estado del bienestar y avanzando hacia un modelo ultraliberal que va en
detrimento de la ciudadanía, de la atención y del disfrute de los servicios sociales por parte de la ciudadanía, y ese es un elemento importante.
Y, finalmente, volvemos a lo que siempre subrayamos desde Amaiur en esta tribuna. Cada vez que ustedes avanzan en ese proceso de recentralización y desmontaje del Estado del bienestar, nosotros nos reafirmamos en la necesidad de seguir
avanzando por la vía de la soberanía hacia la independencia, precisamente para garantizar que la ciudadanía vasca pueda gozar de una sociedad más justa, de una sociedad más equitativa, de una sociedad más solidaria con todos los pueblos de Europa,
también con los pueblos del Estado español, y con una sociedad comprometida con el reforzamiento del Estado del bienestar. Yo creo que precisamente hoy, en este día en el que el pueblo de Cataluña celebra la Diada, es un día importante para volver
a reclamar el respeto a la voluntad de la soberanía de las naciones sin Estado que ahora mismo hay en el Estado español y el respeto al derecho a decidir de esas soberanías del pueblo de Cataluña, del pueblo de Euskal Herria, del pueblo de Galicia.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Larreina.
Por el Grupo Vasco, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Intervengo brevemente desde el escaño porque sobre este tema ya hemos hablado bastantes veces. Tanto en el Senado -como saben- como en el Congreso nos hemos manifestado sobrada y contundentemente en contra de este proyecto de ley, que hoy
superará sin lugar a dudas el último trámite parlamentario. Propusimos un veto en el Senado y una enmienda a la totalidad en el Congreso, como lo hicieron también, por cierto, la mayoría de los grupos de las Cámaras, con la lógica excepción del
Grupo Popular. En los plenos correspondientes, así como en las comisiones en las que defendimos nuestras enmiendas, pusimos de manifiesto nuestra posición contraria al proyecto. La falta de coherencia de muchas de las medidas y la ausencia de un
marco general de reforma, unido sobre todo a la invasión y a la intromisión competencial, constituyen, en nuestra opinión, argumentos de fuerza suficiente para rechazar el proyecto. No voy a repetir los argumentos que pueden leerse en el 'Diario de
Sesiones' y que son sobradamente conocidos por sus señorías.
Nuestro grupo parlamentario en el Senado, tratando de corregir este desaguisado, presentó una serie de enmiendas que no fueron tenidas en cuenta por el grupo que apoya al Gobierno. Y así llega a esta Cámara el proyecto que incorpora
enmiendas del Grupo Popular, tan solo del Grupo Popular, que nos veremos obligados a votar en contra. Votaremos en contra del proyecto y reiteramos nuestra frontal oposición al proyecto de ley que hoy se aprueba y a las maneras de actuar de un
Gobierno que no respeta las reglas del juego y que no respeta tampoco los estatutos de autonomía. Posiblemente este sea para mí un desahogo, pero un desahogo necesario.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Efectivamente, como decía mi colega del Grupo Nacionalista Vasco, este es un proyecto de ley que ha sido ampliamente debatido y no necesitaré mucho tiempo para insistir en las cuestiones que nos han obligado a calificarlo -digo obligado
porque ya me gustaría que hubiera sido distinto- a calificarlo como una mala ley. Esta es una ley que no responde ni al encargo de la CORA, la comisión que se constituyó al efecto, ni responde a las necesidades del país, ni contribuye a resolver
los problemas de la Administración, los problemas de tamaño, de eficiencia y de flexibilidad que demandan los ciudadanos y que requiere la economía, ni responde desde ningún punto de vista que vaya más allá del meramente enunciado de la
racionalización. Lo dijimos ya el 27 de marzo de 2014 cuando debatimos en esta Cámara siete enmiendas de totalidad. Fíjense que esta es una ley -permítame una breve digresión- que ha conseguido la unanimidad de la Cámara, una unanimidad en contra,
pero la unanimidad de la Cámara: siete enmiendas de totalidad que pedían la devolución entonces por razones diferentes, por cuestiones distintas, y en esto está la riqueza de la pluralidad de la Cámara. Por otra parte, es la demostración de la
incapacidad del Gobierno y de su grupo parlamentario de hacer una ley que verdaderamente responda a las necesidades del país. Un grupo u otro podríamos tener pegas desde una u otra perspectiva. Cuando todos desde diversas perspectivas rechazamos
la ley, la calificamos y la explicamos como una mala ley que no resuelve porque no enfrenta los problemas de las administraciones públicas en su conjunto y, por tanto, que no responde a las necesidades de la economía real del país, significa que el
empecinamiento del Gobierno es algo bien notable. Cuando nuestro grupo parlamentario defendió su enmienda de totalidad ya explicamos que racionalización y reforma no significan lo mismo. La reforma, que era el encargo de la CORA -por mucho que el
Grupo Popular y el Gobierno hayan devaluado el término al llamar reformas a los recortes sociales-, conlleva una amplitud y una ambición mucho mayor que la mera racionalización que se refiere simplemente a organizar mejor el trabajo sin abordar
ninguno de los cambios estructurales en el conjunto de las administraciones públicas que resultan tan urgentes como imprescindibles.
No se nos hizo caso ni en el Pleno en ese momento ni en las enmiendas posteriores que debatimos y discutimos en Comisión. El proyecto llegó al Senado y ahora vuelve del Senado; llegó siendo un mal proyecto de ley y vuelve del Senado siendo
un mal proyecto de ley, una mala ley. No quiero calificar la ley para que ustedes no utilicen el adjetivo, pero digamos que es una mera disculpa para plantear ante Bruselas que están haciendo los deberes cuando verdaderamente están aprovechando la
circunstancia para no cumplir con su responsabilidad para con los ciudadanos. Es una pena que no hayan utilizado tampoco el trámite del Senado para arreglar alguno de los despropósitos de la ley, pero por otra parte es una pena bastante esperada,
porque si hubieran tenido el objetivo de hacer una ley que verdaderamente
se enfrentara y resolviera los problemas, se hubieran interesado en primera instancia en resolverlo en esta Cámara. No lo hicieron en esta Cámara, la han llevado al Senado y allí no se han tomado ni siquiera la molestia de peinarla; ni la
han peinado, han seguido empequeñeciéndola y empobreciéndola. Hoy es un mal día porque probablemente aprobaremos aquí en la Cámara una malísima ley.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, vuelve al Congreso un proyecto de ley mal llamado de racionalización del sector público al que nuestro grupo, La Izquierda Plural, se ha opuesto desde el comienzo de la tramitación, como lo han hecho el resto de grupos. Ustedes
llaman racionalización a cargarse el Consejo de la Juventud de España porque les molesta el activismo asociativo y reivindicativo de los jóvenes. Le llaman racionalización a la recentralización del Estado vaciando de competencias a las comunidades
autónomas y, de paso, deteriorando el Estado social. Racionalidad, señorías del PP, es que los conflictos políticos se resuelvan a través de la política y de manera democrática. Racionalidad sería que ustedes entendieran que a la democracia, como
al campo, no se le pueden poner puertas; normas, sí, pero puertas y barreras, no. Racionalidad sería que el Gobierno del Partido Popular entendiera que la ciudadanía de Cataluña exige votar para poder construir su futuro. Como les recordaba el
senador Jordi Guillot en el debate en el Senado, en la elaboración de las leyes el consenso siempre es importante, pero cuando se trata de una norma que afecta a todos los niveles de las administraciones públicas el consenso resulta prácticamente
imprescindible. Pero como ustedes le tienen tanta alergia a los acuerdos como a la democracia, no ha sido posible ni establecer el más mínimo nivel de interlocución.
El texto que llega de nuevo al Congreso contiene -y en algunos casos incrementa- los defectos iniciales. No racionaliza las administraciones públicas. Ustedes ni racionalizan ni reforman, en todo caso recortan, establecen podas en algunos
sectores de las administraciones públicas tan incomprensibles como caprichosas y, en algunos casos, marcados por una profunda concepción de identidad ideológica, como la que han hecho con las federaciones deportivas. Aprovechan la oportunidad para
continuar con un proceso de descentralización y nos presentan como transparencia lo que solo es una concentración y acumulación de datos por parte de la Administración General del Estado sin ponerlos a disposición de la ciudadanía. Tienen ustedes
un sentido muy peculiar de la transparencia; la transparencia no es que ustedes acumulen datos para acumular poder; la transparencia es que ustedes gestionen esos datos para ponerlos a disposición de la ciudadanía y que la ciudadanía con estos
datos tenga una capacidad para formar de manera más sobria, más solemne y al mismo tiempo más profunda su convicción democrática y poder decidir. Por eso vamos a votar en contra de la enmienda de adición in extremis, como siempre al final, que han
incorporado ustedes en relación con ese nuevo artículo 30 que reforma en profundidad la Ley de Subvenciones.
Recogiendo la opinión del Consejo de la Juventud en España, vamos a votar a favor de la enmienda que da un nuevo redactado a la disposición transitoria primera, a la espera de conocer cuál es el proyecto del Gobierno para sustituir a este
organismo, pero ya les advertimos de que si lo que pretende el Gobierno es sustituir el Consejo de la Juventud por un organismo placebo controlado por el poder político, van a tener sin duda enfrente a La Izquierda Plural.
Quiero referirme especialmente a la nueva disposición final décima, en la que se modifica la Ley 15/1997, sobre nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que tiene un gran impacto en Cataluña. Esta es una enmienda que viene
del Senado de la mano -como muchas otras cosas, aunque ni en España ni en Cataluña se explique- de los pactos de Convergència i Unió y el Partido Popular, incluso durante esta legislatura, aunque a ustedes les interese dar la imagen de exactamente
lo contrario. Introduce una regulación del régimen jurídico de los consorcios sanitarios. Según Convergència i Unió, se trata de garantizar las competencias de la Generalitat de Catalunya en materia de consorcios sanitarios. Ningún problema; lo
que sucede es que una vez más, como ha ocurrido a lo largo de estas cuatro últimas décadas, también en este tema Convergència i Unió utiliza el nombre de Cataluña en vano, es decir, lo utiliza para otros fines. Desde el Grupo de Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa en Catalunya, La Izquierda Plural en el conjunto del Estado, creo que tenemos ganada la autoridad con relación a la defensa de las competencias de las comunidades autónomas. Por lo tanto, si se trata de
defender las comunidades autónomas, seremos los primeros. Por supuesto que no tenemos nada en contra de los
consorcios como figura jurídica; en algunos casos juegan un papel importante y destacado en la mejora, la coordinación y el trabajo conjunto de los diferentes niveles de la Administración pública, pero nos hemos opuesto y nos continuaremos
oponiendo a la utilización que de los consorcios sanitarios se está haciendo en Cataluña para conseguir objetivos espurios. Los consorcios sanitarios se están utilizando en Cataluña para huir y eludir el control del gasto público y de la gestión.
Eso es grave, pero especialmente en estos momentos. Los consorcios sanitarios están siendo utilizados -debe saberlo toda la Cámara para decidir si orientan el voto en una determinada dirección- para desregular las condiciones de trabajo del
personal sanitario; se están utilizando para evitar los requisitos de publicidad, mérito y capacidad para la contratación pública; se están utilizando también para establecer claras desigualdades salariales entre el personal sanitario, el de abajo
y los gestores que se contratan a chequera libre. Si se hiciera una auditoría independiente sobre el uso de los consorcios sanitarios en Cataluña, nos encontraríamos con algo más que sorpresas. Por eso nos preocupa que la Cámara vaya a abordar
este tema de esa manera tan poco serena y con tan poca discusión en una enmienda del Senado de la mano de CiU y el PP.
En estos momentos deben saber ustedes que el Govern catalán ya ha anunciado, y se vanagloria de ello, que va a utilizar los consorcios sanitarios -o sea, lo que se va a aprobar hoy aquí- para desmantelar la Administración pública catalana,
concretamente para desmontar el Instituto Catalán de la Salud; ha empezado ya en Lleida y va a continuar en toda Cataluña. Por supuesto, la responsabilidad no va a estar en los consorcios, la responsabilidad no va a estar en la ley, la
responsabilidad va a estar en el uso perverso que le está dando Convergència i Unió. Más autogobierno sí, pero no para cargarse el sector público ni para venderse el país. Por eso nuestro voto no puede ser favorable a esta enmienda.
Termino, señorías. La ciudadanía de Cataluña -y hoy especialmente lo va a demostrar en las calles- quiere votar el 9 noviembre para decidir su futuro y quiere hacerlo en plenas condiciones democráticas. No se hagan ilusiones, pueden
ponerle puertas a la democracia y levantar barreras y muros, pero no podrán hacerlo durante mucho tiempo. Escuchen bien: volem decidir, volem votar, y como sea que a ustedes se les ha olvidado el catalán en la intimidad, porque ahora parece que no
les interesa, se lo traduzco: queremos decidir, queremos votar. Y lo haremos.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Picó. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).
El señor PICÓ I AZANZA: Muchas gracias, señora presidenta. Quiero desear una buena Diada a todas sus señorías.
Con este trámite finalizamos la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley que anuncia el Gobierno con un título atractivo, la racionalización del sector público, título de aquellos que prometen pero que desilusiona al leer el contenido
del texto, más cuando uno llega a la conclusión de que, tras su lectura, transcurridos casi tres años de legislatura, el proyecto pocas medidas contiene de racionalización de la Administración General del Estado y mucho se obliga a practicarla al
resto de administraciones públicas, comunidades autónomas y entes locales. Señorías, mi grupo ya lo manifestó con ocasión de la presentación de la enmienda a la totalidad al proyecto de ley y en el debate en Comisión, que el margen para recorrer en
esta materia de racionalización, de reordenación de organismos, de mejora de la eficiencia, de la estructura, de simplificación de procedimientos en el seno de la Administración General del Estado es muy amplio, pero este proyecto de ley no aborda
ninguna medida orientada a perseguir estos objetivos. Mi grupo está dispuesto a abordar una verdadera modernización y racionalización administrativa, pero cuando esta racionalización, además de ser muy superficial, conculca competencias asumidas
por las comunidades autónomas, según el bloque competencial previsto en la Constitución y según las disposiciones de los estatutos de autonomía, no podemos compartirla. Y digo que conculca competencias porque el nivel de intromisión del proyecto de
ley en las competencias autonómicas es tal que el Gobierno en el texto que entró en la Cámara solo ha podido justificar títulos competencias para las medidas correspondientes a la sección segunda del capítulo II del proyecto de ley, para los
artículos 24 y 29 y dos disposiciones finales. Para el resto de las medidas que se contemplan en el proyecto de ley, diecisiete artículos, once disposiciones adicionales y demás finales y transitorias, el proyecto de ley no contempla título
competencial del Estado.
La conculcación de estas competencias afecta a materias tan diversas como la evaluación educativa, la publicación de actos oficiales, la autoorganización de las administraciones y, sobre todo, las licencias deportivas. La primera de ellas,
la centralización de las funciones que vienen desarrollando los organismos
autonómicos sobre evaluación de las enseñanzas en la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. El proyecto de ley, en el análisis de la modificación, confunde dos títulos competenciales, confunde la competencia exclusiva
del Estado de regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales con la competencia sobre evaluación de las enseñanzas, competencia compartida con las comunidades autónomas y prevista, en el
caso de Cataluña, en el artículo 172 del Estatuto. Segunda conculcación, el proyecto de ley convierte el BOE en tablón edictal único, ignorando no únicamente los boletines oficiales de las diferentes provincias, sino también los diarios oficiales
de las comunidades autónomas. Esta disposición choca frontalmente con el artículo 68.5 del Estatut de Autonomía de Cataluña. Tercera conculcación, el proyecto de ley concreta, ahora sí, la llamada licencia única deportiva. De nuevo nos
encontramos con un problema competencial. Cataluña ostenta la competencia exclusiva en materia de deportes, según el artículo 134.1.d) del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por si fuera poco, con la adopción de la licencia única deportiva por
parte del Gobierno se aborda un problema que no existía. El sistema de licencias deportivas funcionaba correctamente, no existía ninguna reclamación al respecto ni por parte de los deportistas ni por parte de las federaciones. Hasta ahora, las
federaciones autonómicas expiden las licencias para participar en competiciones de ámbito autonómico y prestan los servicios a los deportistas, y para competir en el ámbito del Estado las federaciones autonómicas piden la homologación a la
federación estatal con el pago de una tasa. En otros casos las federaciones estatales han asumido la expedición de la licencia de acuerdo con las federaciones autonómicas que permiten participar en competiciones autonómicas, estatales e
internacionales. Por tanto, ningún problema se había puesto de manifiesto en relación con este punto, nadie había reclamado el cambio del modelo; pero, señorías, debe leerse atentamente la exposición de motivos de la ley que hoy aprobaremos para
entender las razones de la regulación que contiene el proyecto de ley. Y cito literalmente: Esta medida contribuye decisivamente a la extensión del principio de unidad de mercado al ámbito del deporte no profesional. Es decir, se pretende
solucionar un problema que no existía -como he explicado-, que nadie reclamaba y que además vulnera competencias autonómicas al desaparecer como tal la licencia deportiva autonómica, ya que ahora, con el texto que se aprobará, la licencia deportiva
no podrá tener únicamente carácter autonómico, no se beneficia al deportista en ningún aspecto, y todo ello en aras de, por un lado, la extensión del principio de la unidad de mercado, que defiende el Gobierno en su constante actividad
recentralizadora, y, por otro lado, como también se dice en la exposición de motivos del proyecto de ley -creemos que este es el objetivo de la medida-, se atiende a la financiación de las federaciones estatales. Puse números en el debate de la
Comisión al respecto. El 20% de las licencias deportivas que se emiten en Cataluña únicamente se habilitan para competiciones fuera del territorio de la comunidad, el 80% restante no, únicamente compiten dentro del territorio de la comunidad
autónoma. Con la redacción que hoy se aprobará, todas deberán tener carácter estatal, aunque no compitan nunca fuera del territorio de Cataluña. Por tanto, más burocracia y además burocracia que supondrá pagar una compensación a las federaciones
estatales; un despropósito, desde nuestra perspectiva, totalmente innecesario. Con la redacción aprobada por el Senado tampoco se avanza en el respeto de la competencia que ostenta Cataluña en esta materia, por tanto no podremos compartirla.
Cuarta conculcación en este sentido: la nueva regulación sobre disolución de los consorcios, que afecta directamente a la capacidad de autoorganización de las administraciones. Nos ponen de manifiesto que la mayoría va destinada a
extinguir aquellos consorcios que ya no tienen actividad alguna. La regulación que contiene el proyecto de ley que hoy se aprobará, desde la perspectiva de mi grupo parlamentario contiene más riesgos que soluciones y excederá con mucho la
satisfacción del interés por extinguir consorcios sin actividad, que podría tener su lógica pero que en su letra pone la primera piedra para situaciones que mi grupo no desea y estamos convencidos de que ni el grupo mayoritario las quiere. Hemos
podido alcanzar en el Senado un acuerdo en relación con la nueva disposición final décima, con una nueva disposición adicional a la Ley 15/1997. Ya en el trámite en el Congreso el Grupo Parlamentario Popular mostró su disposición para alcanzar un
acuerdo, que finalmente se ha concretado en el Senado, y esta disposición preserva las características diferenciales de los consorcios sanitarios como formas de gestión del sistema de sanidad, de acuerdo con la regulación de las administraciones
sanitarias responsables de su gestión. En ningún caso la enmienda supone un mayor coste para el sistema ni renunciar a un mayor control del déficit público, sino todo lo contrario; simplemente permite adecuar la norma a la realidad de una de las
fórmulas de gestión del sistema de salud y evita generar un elevado grado de conflictividad que puede afectar al funcionamiento de los servicios públicos. Al contrario de lo que ha dicho el señor Coscubiela, es mantener el statu quo del régimen
aplicable a los consorcios
sanitarios, y nada más. Los consorcios sanitarios en Cataluña son un buen ejemplo de eficiencia y racionalidad al servicio de los ciudadanos. Por tanto, nos alegramos de que finalmente se incluya esta disposición en el texto.
Mi grupo también apoyará la enmienda aprobada en el Senado en relación con el Consejo de Juventud, un texto transaccional que el mismo consejo pidió a mi grupo que facilitara su tramitación y aprobación, y así lo haremos.
En resumen, señorías, mi grupo parlamentario ha sido y es muy crítico con este proyecto de ley, que no avanza en la línea del título -la racionalización del sector público- y que conculca las competencias autonómicas de autoorganización, de
calidad universitaria, de deporte. No podemos compartir, por tanto, la mayoría de las enmiendas aprobadas por el Senado y votaremos en contra, excepto en los dos supuestos que ya he explicado.
Muchas gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Picó.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Amor.
El señor SÁNCHEZ AMOR: Gracias, señor presidente.
Felicidades, en primer lugar, a los compañeros catalanes en su Diada.
Pensábamos, como otros grupos que se han expresado aquí, que era difícil o casi imposible empeorar la ley en el trámite del Senado y que, por tanto, era difícil empeorar nuestra malísima opinión sobre la misma, pero la verdad es que lo han
logrado ustedes. Han logrado superarse porque esta ley era imposible de arreglar ya en su primer paso por el Congreso porque traía defectos de fábrica evidentes, desde el mismo título, ampuloso título de Racionalización del sector público, como ya
ha sido señalado prácticamente por todos los intervinientes y también por el Consejo de Estado. Como decía el señor Picó, son ustedes pésimos haciendo leyes pero muy buenos haciendo títulos de leyes. Deberían hacer ustedes los títulos y dejarnos
al resto de los grupos que hiciéramos los contenidos, porque creo que este es un buen ejemplo de ese uso de la hipérbole que es tan habitual en los títulos de las leyes que nos traen. Ustedes hablan de protección del deudor hipotecario y los bancos
se frotan las manos, hablan de uso sostenido del litoral y a los ecologistas no les llega la camisa al cuerpo.
Vamos a otros defectos. Han introducido en la ley cosas que por supuesto no tienen ninguna conexión material con el asunto. Recuperar un moscoso formaba parte de la mala conciencia que tienen ustedes con la clase funcionarial por haberse
dirigido a ellos en la forma en que lo ha hecho algún responsable gubernamental estos meses o, por ejemplo, han metido en esta ley la creación de una tasa con una larga regulación, que hubiera estado seguramente mejor en una ley de presupuestos.
Para seguir con las formas. Una ley que se titula así, con un título tan ambicioso, al final se envía para que se debata solo en Comisión. ¿Cómo se explica que una ley con ese título tan ampuloso se oculte en Comisión? Es una ley de la que el
ministro dijo en su presentación que contribuía a la estrategia para reforzar la confianza internacional de España y la confianza de los mercados financieros? Porque esa ley contenía asuntos que el Gobierno prefería que no estuvieran demasiado bajo
los focos. Una vez convenientemente reducido el asunto a la Comisión, la mayoría del Grupo Popular se negó a que comparecieran en la Comisión los representantes del Consejo de la Juventud, del Foro Europeo de la Juventud y de algunas otras
entidades o federaciones deportivas que tenían relación con la materia de la ley. Ni el Gobierno ni la mayoría parlamentaria querían testigos incómodos del gaseamiento del máximo órgano de participación juvenil, que debía morir, pero que debía
hacerlo de modo que pareciera un accidente, como si el Consejo de la Juventud de España estuviese a punto de morir por una mala caída. Para seguir con las formas, con la displicencia habitual con la que ustedes utilizan el Senado, en dicha Cámara
ustedes desarreglan los olvidos y los errores de los ministerios. Han convertido ustedes el Senado en una especie de jefatura de sección de armonización legislativa a la que, cuando al ministerio se le ocurre que tal cosa se le pasó, se envía la
novedad y se mete de rondón. Si así han sido las formas, los contenidos no se quedan atrás.
Para ser muy, si quieren, caricaturesco, esta es la ley de extinción del Consejo de la Juventud y es la ley de reforzamiento de la Obra Pía de los Santos Lugares. No, no me equivoco. Bien entrado el siglo XXI esta no es la ley de extinción
de la Obra Pía de los Santos Lugares y reforzamiento del Consejo de la Juventud; no, es lo contrario, la de la desaparición del Consejo de la Juventud y el reforzamiento de la obra pía. Ustedes se refieren a ello con el término racionalización
cuando en realidad esto nos remite a Fernando VII, porque el máximo precedente de una operación de este tipo fue cuando él anuló las universidades y creó la Escuela de Tauromaquia. La desaparición del Consejo de la Juventud, cuyos
responsables nos acompañan hoy en la tribuna del público -y a los que quiero enviar un saludo-, es un desastre. Es un órgano que existe en toda Europa; un órgano que no hay que confundir con la Dirección General de Juventud, que ejecuta
las políticas de juventud de un gobierno, sino que es de participación, de interlocución, creado de abajo a arriba por las asociaciones de los jóvenes. La silla europea que ellos representaban ahora se va a quedar vacía o será ocupada por algún
consejo de la juventud autonómico; no lo sé, pero es un tema que la ley desde luego no resuelve. Es un asunto mucho más trascendente porque luego nos quejamos de que muchas actitudes políticas de los jóvenes bordean el sistema. Si les echamos del
sistema se van a organizar en las plazas. Por tanto, no nos extrañemos si, cuando los mandamos a la plaza, al final percibimos que hay muchos comportamientos antisistema. En un año como este, con los datos que tenemos de violencia de género,
ustedes convierten el Instituto de la Mujer en un órgano sobre la discriminación en general que ya no está dirigido exclusivamente a la discriminación de las mujeres. Pues este es el perfil ideológico de la ley, esto es lo que se pretende oscurecer
llevándolo a Comisión y no dejando que haya comparecencias: que en el siglo XXI para el PP es más importante la gestión de los Santos Lugares que la participación juvenil o que la discriminación de la mujer tenga un espacio específico en los
Gobiernos españoles.
La otra vertiente de la ley -ha sido reiteradamente dicha por algunos compañeros- es su centralismo. Ustedes ahora el centralismo lo disfrazan con unidad de mercado, con eficiencia o con el déficit. Esto es lo de siempre, la mercancía de
siempre; prefiero la España roja a la España rota. Ustedes tienen una verdadera aversión a una democracia capilar, a una democracia extendida, a una democracia en la que los ciudadanos por tener cerca los órganos políticos tengan un mayor control.
Por eso quisieron reducir concejales, por eso hacen lo que hacen en el Parlamento de Castilla-La Mancha y por eso aquí -no insistiré mucho- hacen pasar a todo el mundo por la ventanilla del BOE; quieren hacer depender las federaciones en materia de
licencias otra vez del Gobierno con la regulación de los consorcios, tal y como ha sido explicada por algún compañero. Decía el ministro en la presentación que tenemos una importante actividad a desarrollar con los consorcios; importantísima,
cargárselos. Ustedes dicen en la ley que, si una parte de un consorcio se retrasa en pagar su aportación, el Estado está autorizado a irse del consorcio. ¿Se imaginan ustedes que hiciéramos eso en las comunidades de vecinos? ¿Debo entender que en
el consorcio del Festival de Mérida, si el Ayuntamiento de Mérida, como ha sucedido en alguna ocasión, se retrasa en la aportación al consorcio, el Gobierno va a dejarlo? ¿O lo que va a hacer el Gobierno es elegir selectivamente y con criterios
políticos qué consorcio deja caer y qué consorcio no? Esa es una posibilidad que la ley también abre. Este perfil centralista tiene una vuelta de tuerca con la creación de esa base de datos nacional de subvenciones que no es, como decía el señor
Coscubiela, una acumulación de datos; no, no, es un control político sobre el derecho de las administraciones a dar subvenciones, porque se les exige enviar las convocatorias. No se trata de registrar subvenciones dadas, sino de registrar todo el
proceso y convertir al ministro de Hacienda en una especie de superior jerárquico en esta materia respecto a las comunidades autónomas y los municipios. Esta es la realidad de la ley: desaparición del Consejo de la Juventud en seis meses, falta de
perfil específico para el Instituto de la Mujer, centralización en licencias deportivas, en BOE, en consorcios, en subvenciones, en Aneca; y ¿el resto? El resto de esa maravillosa racionalización es un batiburrillo inconexo y muchas veces
insustancial de cambios administrativos menores, un cóctel de pequeñas chapucillas. ¿Cómo va a ser la gran reforma que los coros públicos, los coros de Radiotelevisión y del Inaem puedan actuar juntos? ¿Hay algún problema entre las direcciones de
los coros para que puedan hacer un Nabucco? ¿Cómo va a ser la gran reforma de la Administración que el Servicio Militar de Construcciones se refunda con el Instituto de Vivienda de la Defensa? ¿Cómo va a ser la racionalización de la Administración
española que una empresa que se llama España Expansión Exterior se integre en el ICEX? Háganlo, porque esto es mero poder autoorganizativo de la Administración. Encárguenselo a un subsecretario, y no hace falta que sea demasiado listo. No me
respondan con la excusa del rango legal, porque ustedes podían deslegalizar estos asuntos en vez de, como se hace con esta ley, congelar el rango y que otra vez si hay problemas entre los coros de Radiotelevisión y del Inaem tengamos que venir aquí
a resolver los celos profesionales de sus directores.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe concluir.
El señor SÁNCHEZ AMOR: Voy terminando, señor presidente.
De este modo se da otra forma de desprecio al Parlamento. El desprecio al Parlamento habitual es el decreto-ley, ese monodecreto-ley que tienen ustedes, que va a un decreto-ley por quincena. Esta es la otra versión, traer al Parlamento
cosas que son de rango reglamentario, que se pueden arreglar con el
simple poder de autoorganización de la Administración. Nos traen, sencillamente, alpiste reglamentario, que es otra forma de desprecio al Parlamento, con esos objetivos políticos que decía. Ustedes se creyeron su propaganda; creyeron que
había 600 asesores en La Moncloa, que la Administración española era una selva de chiringuitos para socialistas, y cuando se pusieron a escribir lo único que encontraron fueron estos cuatro o cinco flecos que no tienen ninguna importancia financiera
ni política. ¿Dicen ustedes que esto contribuirá a la mejor imagen de España en los mercados internacionales? Supongo que Wall Street estará tranquilo sabiendo que el Instituto Esteban Terradas acoge ahora al Canal de Experiencias Hidrodinámicas y
que la City londinense estará muy satisfecha sabiendo que la Obra Pía de los Santos Lugares llevará una contabilidad pública en la forma habitual. Ahora se explica la caída de la prima de riesgo con medidas de este calado.
Termino.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Sí, por favor, señoría. Concluya.
El señor SÁNCHEZ AMOR: Termino, señor presidente.
Ustedes siguen pensando que la Administración española es una especie de biotopo de las cigarras en el que se lee el Marca y que el sector privado son las hormigas que están siempre leyendo a Adam Smith. No entienden ustedes que la
Administración es una fábrica de producir igualdad, y cada vez que la tocan es para producir un desastre como este.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Sánchez Amor.
Grupo Parlamentario Popular, señora Romero Rodríguez.
La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el proyecto que aprobamos hoy es parte del ambicioso plan de reformas que está poniendo en marcha el Gobierno, en especial la reforma de las administraciones públicas. Esta reforma de la Administración procura una mejor
administración de los recursos públicos, del dinero de todos, recaudado vía impuestos, para atender mejor y con mayor eficiencia sus necesidades y demandas. En el texto que salió del Congreso, que hoy debatimos con las enmiendas incorporadas del
Senado, se han introducido veinte modificaciones. De ellas quiero destacar las relativas a la Ley General de Subvenciones, a la movilidad geográfica del funcionario y a la tasa por homologación y convalidación de títulos extranjeros. La reforma de
la Administración es un proceso dinámico incontinuado en el que está implicado todo el Gobierno. No se trata de una reforma estática ni de que se pueda abarcar en un solo cuerpo legal como el que estamos analizando. En este proyecto de ley se
contemplan algunas de las reformas organizativas -evidentemente en una ley, como ustedes saben, no se pueden hacer todas- y de procedimiento de gestión. En el informe recogido por la CORA, unas se han hecho por disposición reglamentaria y otras se
han hecho en cuerpos legales que ahora procederé a relatar. El Gobierno, desde su toma de posesión, procedió a reducir tanto el número de ministerios como de direcciones generales. Señores del Grupo Socialista, nos encontramos muchos ministerios,
muchas direcciones generales; nos encontramos ochenta sociedades mercantiles que suprimimos y desaparecieron hasta 154 consejeros que nos costaban a los españoles más de un millón de euros. Si usted no me dice que eso es ahorro, no sé que es
ahorro para usted. (Aplausos).
También se ha procedido a la reforma de las administraciones locales. En su programa, en el programa con el que accedieron al Gobierno, decían que iban a reformar la Administración y la financiación local. ¡Y dicen que cumplen los
programas! Nunca lo hicieron; este Gobierno lo ha hecho como también lo hicimos la otra vez que gobernamos. (Un señor diputado: ¡Muy bien!). Fuimos el Gobierno que arregló y reguló la ley de las corporaciones locales, de los ayuntamientos y de
las diputaciones. Ustedes hablan mucho; braman, pero nunca lo hacen. (Aplausos). El Gobierno de España ha tomado muchas medidas para mejorar la Administración. Hablan ustedes de recentralización. ¿No había que poner control en las cuentas
públicas? ¿No estaban las cuentas desordenadas? De 2004 a 2011, con un Gobierno socialista, el gasto público en España pasó de suponer un porcentaje del PIB del 38,4% al 45,2, con unos resultados nefastos para el bolsillo de los ciudadanos. No
teníamos dinero para pagar ese gasto, y ustedes lo saben (Un señor diputado: La hucha de la Seguridad Social), y acudieron a nosotros para embridar el desbocado déficit y reformar el artículo 135 de la Constitución. No se hagan los nuevos porque
ustedes estaban ahí
y formaban parte del problema. Desde 2012, con el Gobierno del Partido Popular, el gasto público ha bajado en un 44%.
Hablan de gasto social. En 2011 el gasto social en España suponía el 28% del PIB; ahora es el 28,4 del PIB, con una situación económica como la que tenemos. ¿De qué recorte del gasto social hablan? Hablan también de recentralización.
¿No se han dado 42.000 millones de euros y se han pagado 8 millones de facturas de administraciones locales y autonómicas? ¿No se ha podido evitar la destrucción de 400.000 empleos y el cierre de miles de pymes y autónomos? Cuénteselo a esos que
fueron a la calle porque sus empresas tenían dinero en facturas pero las administraciones no tenían liquidez para pagarlas. Se ha instituido el FLA que ha beneficiado a toda la sociedad española, contando con más de 60.000 millones de euros a
disposición de las comunidades autónomas. Esto es recentralización, y es la primera vez que un Gobierno lo hace. En definitiva, lo que intenta este proyecto de ley es corregir ineficiencia, evitar duplicidades y solapamiento de actuaciones,
suprimir organismos innecesarios sin incrementar las cargas burocráticas a los ciudadanos.
Señorías, lo que estamos debatiendo no es la injerencia en las comunidades autónomas, no es la eliminación de los servicios públicos, no es la constitucionalidad de sus proyectos; es si queremos una administración moderna, eficaz y, sobre
todo, sostenible. También queremos saber cuándo, cómo y con qué características se publican las subvenciones, de dónde sale la orden, cómo se reciben, dónde se publica la convocatoria y cuáles son los requisitos para recibirla. Ustedes critican
eso, con la que está cayendo en mi tierra en materia de subvenciones (Aplausos); con el dinero de los parados que se ha ido por la gatera, dicen que les abochorna, que sienten bochorno y que, desde luego, les repugna la situación, pero cuando
tienen que retratarse votan en contra. Señorías, eso es mantenerla y no enmendarla; esa es la política que están haciendo. ¡Y dicen que no hay transparencia! Díganme si no es transparencia publicar las subvenciones y saber cómo y dónde va cada
céntimo, cada euro público. En definitiva, señorías, con este proyecto de ley el Gobierno continúa la senda reformista y propone medidas para mejorar la cantidad y calidad de los servicios públicos.
Finalmente quisiera recordar que han dicho que este proyecto de ley y las reformas de estas medidas, unidas a las previstas en la CORA, no suponían nada. Supondrán un ahorro de 37.600 millones de euros en los cuatro años de Gobierno; es un
dinero que servirá para reducir impuestos a los ciudadanos, para devolver el dinero al bolsillo, como nos comprometimos, y para mejorar las prestaciones públicas y la calidad de vida de los españoles, que es para lo que todos estamos aquí.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Romero Rodríguez.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:
- CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE ADOPCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA FEDERACIÓN DE RUSIA, HECHO EN MADRID EL 9 DE JULIO DE 2014. (Número de expediente 110/000130).
- ACUERDO SOBRE PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA EN LA INDUSTRIA DE LA DEFENSA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA, HECHO EN ANKARA EL 25 DE JUNIO DE 2014. (Número de expediente 110/000131).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Pasamos ahora a examinar el punto del orden del día relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Hay grupos que han manifestado su voluntad de
intervenir en este punto. De conformidad con el acuerdo de la Junta de Portavoces, se abre, por tanto, un turno único de fijación de posiciones de cinco minutos por cada grupo. En primer lugar intervendrá, por el Grupo Parlamentario Mixto, el
señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, ¿aceptarían ustedes un convenio que dijera que los negros no pueden adoptar? No, ¿verdad que no? Pues eso es justamente lo que pretenden que aprobemos hoy. Ustedes nos piden que demos nuestro voto a un convenio con Rusia que
acepta que hay ciudadanos de primera que pueden adoptar niños y ciudadanos de segunda a los que se les prohíbe adoptar niños en función de su orientación sexual o por ser sospechosos de ser homosexuales al impedir la adopción monoparental.
Señorías, este convenio
es un verdadero chantaje. Compromís no avalará con su voto un chantaje, porque consagra la desigualdad, vulnera nuestro ordenamiento jurídico y acepta que Rusia pueda pedir informes sobre la situación de las y los menores adoptados. ¿Qué
va a pasar con las familias monoparentales adoptantes previas a la firma de este aberrante acuerdo? ¿Puede el Gobierno garantizar que no les van a quitar la custodia a la vista del resultado de esos informes que pueden pedir incluso de los
adoptados antes del convenio? Una sociedad no puede aceptar ni ceder al chantaje, ni renunciar a sus valores y principios. Las familias no pueden construirse sobre pilares como la homofobia o cualquier otra discriminación. El rechazo del
Parlamento y de nuestra sociedad a cualquier actitud homófoba ha de ser rotundo, unánime, sin paliativos. Votar a favor de este convenio es otorgar legitimidad a una legislación homófoba, que está claramente en contra de los derechos humanos más
básicos de las personas LGTB, es avalar la involución en derechos y en igualdad, convirtiéndonos en cómplices y partícipes de las políticas de discriminación que aplica Rusia a la población LGTB. Votar este convenio es hacerse cómplices de las
políticas homófobas de Rusia, es abrir la posibilidad de que otros Gobiernos cedan al chantaje, es pretender legalizar la discriminación en nuestro país a través de un convenio internacional. No hay excusas para la discriminación, porque jamás hay
que justificar, comprender, asumir, interiorizar, disculpar ni minimizar cualquier tipo de discriminación. Por todo ello desde Compromís no podemos apoyar ninguna norma que no garantice su aplicación en igualdad para todas y todos los ciudadanos.
Compromís no va a renunciar a sus principios para sumarnos ni al chantaje ni a la homofobia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para exponer aquí que el Bloque Nacionalista Galego no va a poder apoyar este convenio. Por un lado, valoramos positivamente que se haya resuelto por fin el problema de más de seiscientas familias dentro del Estado
español que esperaban desde hace años poder adoptar niños, en este caso rusos, y consideramos que la firma de ese convenio contempla los derechos de unas determinadas familias que entendemos y evidentemente valoramos positivamente. Por otro lado,
este convenio tiene una parte que para nosotros es negativa. Parte de una desigualdad que desde luego el régimen jurídico del Estado español no reconoce. En el Estado español afortunadamente tenemos otras leyes respecto a los matrimonios y las
adopciones en el caso de parejas homosexuales o de familias monoparentales. La firma de este convenio adolece precisamente de esa igualdad que las leyes de Estado español, por lo menos algunas de ellas, pretenden fomentar. Por tanto, aun siendo
positiva nuestra valoración y entendiendo la situación de todas esas familias que tenían un problema y que por fin lo han podido ver resuelto, no podemos prestarle un apoyo y dar un voto favorable a este convenio por entender que aquí se sigue
discriminando a personas por el mero hecho de su orientación sexual; se sigue fomentando una desigualdad que, insisto, nuestra legislación no reconoce. Creemos que se está firmando un convenio partiendo de una legislación de un país determinado,
Rusia; pero nosotros tenemos nuestra legislación y en este convenio tendríamos que intentar llegar a algún acuerdo dialogando todavía más con el Gobierno ruso, no permitiéndole que entre como un elefante en una cacharrería no solo en la orientación
sexual de muchas ciudadanos y ciudadanas españolas, sino tampoco en nuestra legislación. Por todos estos motivos no apoyaremos este convenio.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Pérez.
Por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
Este tema ya fue tratado en la Comisión de Igualdad y allí expliqué -hoy lo volveré a hacer brevemente- el sentido de nuestro voto, que volverá a ser el de la abstención; abstención que fue tal porque no queríamos de ninguna manera
entorpecer la situación de esos cientos de familias que llevan años intentando esas adopciones y porque nos parecía esencial, sobre todo en este caso, proteger a esos menores que con estas adopciones podrán vivir una vida más digna e integrarse en
una familia. Es obvio que estamos en contra no solo de la discriminación al colectivo Lgtbi, sino también de la discriminación a las familias monoparentales, pero de alguna forma votar en contra nos parecía poco más o menos que un
brindis al sol, y me voy a explicar. -También en cuanto al voto afirmativo lo haré-. No nos parece posible porque no creemos que el Gobierno esté haciendo un trabajo complementario que nos parece esencial. Sería ingenuo pensar que desde
aquí vamos a cambiar la posición de Rusia, desgraciadamente, en cuanto a su relación no solamente con estas adopciones, sino en general con el colectivo Lgtbi, pero somos -esto lo podemos decir con orgullo y sin ninguna duda- un país líder en este
asunto y eso hay que agradecérselo sin duda alguna al Partido Socialista. Por eso es necesario que demos un paso más. Debemos liderar un trabajo que permita que avancemos fuera de nuestras fronteras como hemos avanzado aquí. Para ser claro, solo
hay dos países que de una manera transparente y sin ningún problema permiten de forma clara la adopción al colectivo Lgtbi. Es una desgracia, pero es así. Solo son dos: Brasil y Sudáfrica. Por tanto, hay que trabajar diplomáticamente para
conseguir que esa lista aumente considerablemente. Hay que unir a las federaciones Lgtbi de todos los países, liderarlas -quien mejor que nosotros para hacerlo- y hacer lobby, trabajar desde nuestras embajadas, trabajar desde aquí para denunciar
allá donde se produzca esa discriminación al colectivo Lgtbi, para luchar por la igualdad.
El 27 de julio, señorías, se firmó en este Congreso una PNL en la que condenábamos la criminalización de las personas por su orientación sexual e identidad de género, y reafirmábamos un compromiso por la defensa y la promoción del ejercicio
efectivo de los derechos humanos. ¿Qué hace el Partido Popular al respecto y en concreto en este tema? No nos parece, además, que el Gobierno se esté preocupando por unos cuantos problemas que nos parecen importantes en este convenio, porque
necesitamos que ustedes nos aseguren que no va a existir la retroactividad. Necesitamos que ustedes nos aseguren que esa vigilancia de la que se habla no produzca problemas a quienes ya han adoptado. Porque esos informes de vigilancia, ¿qué
persiguen? O mejor, poniéndonos en el lugar de esa Rusia, en esto tan injusta, ¿a quiénes van a perseguir? Entiendan nuestra preocupación, dada la postura de este país. Trabajemos -repito- junto a los países que sí permiten las adopciones a este
colectivo y, por cierto, señores del Grupo Popular, ya que estamos hablando de adopciones, hablemos algún día de las adopciones nacionales. Esta es una cuestión en la que no avanzamos y es necesario hacerlo de veras, por el bien de esas familias
que desean tener a los niños, pero por encima de todo por el bien de esos niños.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Cantó.
Por el Grupo de Izquierda Unida, La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado 31 de julio en Comisión tuvimos la oportunidad de manifestar el rechazo de La Izquierda Plural al convenio que el Gobierno de España ha firmado con Rusia en materia de adopción de niños y niñas, un rechazo en el que hoy
nos reafirmamos con nuestro voto en contra al entender que cualquier convenio de adopción internacional que ratifique nuestro país no puede contradecir nuestra propia legislación al prohibir la adopción a las familias del mismo sexo o a las familias
monoparentales. Para La Izquierda Plural, este asunto se ha terciado muy complejo por lo sensible en la materia a tratar al existir familias que llevan años esperando para traer a sus futuros hijos e hijas de Rusia y por tratarse, en definitiva, de
la protección de los derechos superiores del menor, aunque no ha conseguido desviarnos del hecho innegociable que nos mantiene en contra ante la clara vulneración en la que este Gobierno ha incurrido respecto a los derechos de las personas del
colectivo Lgtbi y a las normas constitucionales que garantizan los derechos y libertades sexuales, ratificadas en la sentencia del Tribunal Constitucional relativas al matrimonio igualitario. No podemos admitir que se pretendan presentar como
irreconciliables los derechos de la infancia para crecer en un ambiente adecuado y saludable que les permita desarrollarse como personas libres y felices, y los derechos de las personas a elegir su orientación sexual y formar una familia. Ambos
deben ser perfectamente compatibles, están reconocidos en la legislación española y deben garantizarse como derechos humanos que son. Solo bajo premisas puramente homófobas de carácter ideológico-religioso pueden mantenerse posturas que, lejos de
garantizar los derechos de los niños y las niñas adoptadas, pueden llevar a privarles de los medios que les proporcionen los anclajes emocionales y materiales necesarios para disfrutar de una vida plena en el seno de una familia, que lo único que
debería garantizar en este caso es la idoneidad para cubrir estas circunstancias de carácter imprescindible.
Este convenio, señorías, deriva de las imposiciones del Gobierno ruso. Aunque esto es algo que no podemos obviar, tampoco podemos admitir la posición del Gobierno del Partido Popular cuando cede de manera deliberada incurriendo en un
recorte de derechos reconocidos y que suponen, en definitiva, un claro retroceso en las conquistas sociales llevadas a cabo en nuestro país, amén de un precedente ante
futuros convenios de adopción internacional que pudieran darse y que desde La Izquierda Plural nos vemos obligados y obligadas a evitar. Además, hay algo que debemos señalar por la preocupación fundada que nos suscita cuando con este
convenio se permite que las autoridades rusas se faculten para hacer un seguimiento de los menores ya adoptados, pudiendo solicitar de manera periódica informes que, aunque se harán bajo la legislación del país adoptante, si no son favorables el
menor podrá ser reubicado con otra familia heterosexual a petición del Gobierno ruso. Con esto parece que la retroactividad en cuanto a la vigencia del convenio anteriormente suscrito queda descartada, pero deja lagunas preocupantes que deberán ser
tratadas con mucha cautela, puesto que no podemos olvidar que ya existen familias del mismo sexo con hijos e hijas rusas plenamente consolidadas en España. En este caso, ante la manifiesta vulneración de los derechos humanos de las personas
homosexuales ejercida de manera beligerante en Rusia, el pretendido interés superior del menor puede verse gravemente vulnerado en pos de otros intereses de carácter claramente LGTB-fóbicos.
Todos estos motivos nos llevan a mantener la posición en contra de este convenio, a la vez que aprovechamos para denunciar una vez más la posición de este Gobierno ante su firma, contraviniendo nuestro propio ordenamiento jurídico y
mostrándose complaciente ante políticas discriminatorias que, más allá de garantizar los derechos de la infancia, suponen un retroceso para las conquistas sociales alcanzadas en nuestro país y marcan, de manera inaceptable, la concepción de familias
de primera y segunda categoría que tiene el Partido Popular, negando la diversidad en la configuración de las familias ya plenamente consolidada afortunadamente y a su pesar en nuestro país.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora De las Heras.
Grupo Parlamentario Catalán. Señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Muchas gracias, presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán votará afirmativamente estos convenios internacionales, el relativo a la protección de información clasificada en la industria de la defensa con la República de Turquía y el de colaboración en materia
de adopción con la Federación Rusa firmado en julio de este año. Repito que el Grupo Parlamentario Catalán votará favorablemente. Lo hará porque valora que, tras dos años de paralización de los procesos de adopción iniciados con situaciones
personales de las familias adoptantes muy duras -con preasignaciones realizadas y, por tanto, conociendo a los niños, y además con revocación de asignaciones en algunos casos-, damos una solución estable y unas reglas a las que atenernos. Damos
seguridad tras una situación de manifiesta y terrible inseguridad en una materia en la que desde la perspectiva humana se mezclan muchos sentimientos y muchas esperanzas. Como legisladores hemos de conocer estos sentimientos, hemos de conocer esas
esperanzas de las 160 familias que estos dos años se han encontrado en una mala situación, pero sobre todo hemos de dar una solución legal a esta cuestión, una solución muy esperada que parece no gustar plenamente a algunos grupos parlamentarios.
Si leemos el convenio todos podríamos realizar observaciones al mismo, pero no creemos que sea oportuno utilizar este convenio internacional para defender los derechos de los homosexuales, que naturalmente compartimos, cuando se han visto y
hemos percibido las situaciones vividas por muchas familias, esas 160 familias a las que me refería. -Hoy contamos con la presencia de algunos representantes de estas familias a los que saludo con un fuerte abrazo-. Además, es desconocer que la
adopción internacional, queramos o no, siempre es conforme a la legislación de origen y constituida por las autoridades de ese país y priorizando, como no podría ser de otra manera, el interés del menor, el derecho a ser adoptado.
Por todo ello, señorías, mi grupo parlamentario votará a favor del convenio, votará a favor para cerrar este largo periodo de incertidumbre, para dar seguridad jurídica a los adoptantes pero sobre todo y por encima de todo a los menores
adoptados.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Picó.
Por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Sáez Jubero.
El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señor presidente.
Señorías, mis primeras palabras son para desear que el conjunto de los catalanes tengamos hoy una feliz Diada y para saludar a los representantes de familias de adoptantes y a los representantes del
colectivo LGTB que nos acompañan hoy en la tribuna de invitados. A ellos quiero agradecerles el empeño, el esfuerzo en la defensa de sus derechos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, voy a hacer la explicación de voto en relación con el convenio de adopciones en Rusia. En primer lugar, nuestro grupo conoce perfectamente las dificultades que ha tenido el Gobierno con el
Gobierno ruso para materializar este acuerdo, especialmente agravadas -a ustedes no se les escapa- por el actual contexto de sanciones de la Unión Europea a Rusia. Nuestro grupo parlamentario, como otros grupos parlamentarios, ha realizado
múltiples gestiones ante el Gobierno, la embajada y parlamentarios rusos para que finalmente pudiera firmarse este convenio. En este sentido, quiero poner en valor el trabajo que ha hecho nuestro compañero el diputado Juan Moscoso del Prado. Con
la firma del convenio -lo ha expresado también el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra-, que está pendiente, recordemos, de la ratificación por la Duma rusa, más de 600 familias españolas empiezan a recuperarse del desasosiego que el
bloqueo a este proceso de adopción les produce. En algunos casos se han efectuado reasignaciones de niños que habían sido preasignados a familias españolas, que conocían a los niños, a familias rusas, con la angustia que ello produce. Sobre la
base del interés del menor, del ejercicio de solidaridad con los niños y niñas en situación de clara vulnerabilidad que hay en Rusia, votaremos a favor de este convenio. La vulneración de derechos fundamentales en países de origen nunca ha sido un
obstáculo para la adopción, más bien al contrario, ya que por desgracia es habitual en otros muchos países, además de Rusia, exista o no exista convenio bilateral. Nuestro voto de abstención o en contra podría comprometer la posición de España y
tal vez complicar la ratificación por parte de la Duma rusa, que es imprescindible para la entrada en vigor de este convenio; de ahí nuestro voto afirmativo al convenio.
Sin embargo, señorías, queremos dejar expresada ante esta Cámara nuestra insatisfacción y nuestras reservas por no contemplar la legislación rusa y el presente convenio la posibilidad de adopción, conforme a nuestra legislación en materia de
familia, que debemos recordar que es probablemente la más avanzada del mundo gracias también a los Gobiernos socialistas, a las parejas monoparentales o parejas del mismo sexo. Por esta razón, y en colaboración con los colectivos LGTB, nuestros
compañeros de la Ejecutiva Federal, Pedro Zerolo y Carmen Montón, seguimos trabajando intensamente en políticas internacionales activas para que otros países sigan nuestro camino en materia de ampliación de libertades y de derechos y en políticas de
igualdad.
Nuestro grupo parlamentario tiene presentada una iniciativa para denunciar los graves retrocesos en materia de derechos y libertades en Rusia y exigir el fin del hostigamiento, persecución y asesinato de personas LGTB en este país. Puedo
anunciarles, señorías, que esta iniciativa será debatida en la Comisión de Exteriores, prevista para el próximo miércoles 24 de septiembre, y pido al resto de los grupos parlamentarios, especialmente al grupo mayoritario, su apoyo. Queremos
expresar nuestras reservas al convenio no solo por la exclusión de los derechos LGTB sino por algunos artículos; hago mención expresa de dos de ellos: el 13.7 y el 14 b), que podrían plantear dudas en cuanto a la retroactividad del convenio y en
cuanto a la petición de información que deberían ser nulas de pleno derecho y sobre los que nos interesaría una posición clara del Gobierno español, que diera plenas garantías conforme a nuestro ordenamiento jurídico.
Nuestro voto al convenio será favorable por coherencia, guiado por el interés del menor y con el fin de evitar el cierre de este país a la adopción internacional a las familias españolas, pero con las reservas expresadas por las limitaciones
de derechos, tal y como hemos argumentado en esta exposición.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Sáez Jubero.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Beneyto.
El señor BENEYTO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Quisiera sugerirles a todos aquellos miembros de la Cámara que han expresado su voto en contra a este convenio, que miraran a la cara directamente a las familias afectadas y que vieran lo que significa la angustia de haber estado durante
todo este tiempo con la incertidumbre de saber si podrían adoptar o no al niño que quizá habían visitado en Rusia y que después no han podido adoptar; esas familias que hoy están aquí representadas. Por supuesto que el Gobierno se ha puesto
absolutamente del lado de estas familias. España es el primer país que ha llegado a un acuerdo con Rusia en esta materia. Un convenio que ha sido identificado como modelo por otros países y que va a ser seguido por Nueva Zelanda, por Israel y
otros. Se trata sobre todo de una cuestión humanitaria pero, como no podía ser de otra manera,
el Gobierno es rigurosamente estricto con la legalidad internacional. El derecho internacional privado depende de la legislación interna de los países. La adopción es una materia de legislación del país de origen. No tiene sentido
plantear cuestiones de constitucionalidad, no tiene sentido plantear una tensión entre derechos fundamentales nacionales españoles y la legislación exterior de un país. Afortunadamente, se ha podido llegar a un acuerdo. No ha sido fácil, ha habido
largas negociaciones y dos acuerdos del Consejo de Ministros para tener hoy este convenio. Estamos hablando de 600 familias y otras 150 que están esperando; estamos hablando de 12.000 niños rusos adoptados en los últimos quince años en España. El
convenio establece una serie de condiciones que están basadas en parte en casos que al parecer ocurrieron en Estados Unidos y que fueron denunciados por la Federación Rusa de maltrato y de abandono de niños. Por eso en el convenio se incluye una
cláusula de informe -que realiza el Estado receptor- y de control de cuál es la situación de los niños adoptados. No se trata más que, una vez más, del principio fundamental de la Convención de los Derechos del Niño, que es el interés del menor.
Estamos ante una cuestión humanitaria fundamental y por supuesto que este grupo parlamentario apoyará esa magnífica negociación llevada a cabo por el Gobierno de la nación.
Además, estamos debatiendo el Convenio con Turquía. Son dos países esenciales para las relaciones de la Unión Europea con sus vecinos, dos países sin los cuales la Unión Europea no puede jugar el papel global en el mundo que debe jugar, con
los que hacen falta acuerdos de asociación específicos. Nos satisface que ayer pudieran manifestar los dos presidentes, Poroshenko, presidente de Ucrania, y Putin, presidente de Rusia, que afortunadamente los puntos de la negociación de Minsk están
siendo cumplidos. Tenemos aquí la posibilidad de una solución diplomática a un conflicto que podría haber tenido unas consecuencias devastadoras; esperemos que vayamos en esa senda de la diplomacia. Respecto a Turquía, no podemos perder a
Turquía, necesitamos un acuerdo de asociación muy cercano con Turquía, lo más próximo que podamos. Vuelve a ponerse de relevancia la función regional esencial de Turquía, por ejemplo, en el conflicto en Siria e Irak con el ISIS; tiene que ser un
elemento importante de la coalición. Estos convenios concretos, específicos, refuerzan nuestra relación bilateral tanto con Rusia como con Turquía. Por supuesto que necesitamos el voto de esta Cámara por cuestiones humanitarias, personales y
también por cuestiones políticas y estratégicas esenciales para nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Beneyto.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 3/2001, DE 26 DE MARZO, DE PESCA MARÍTIMA DEL ESTADO. (Número de expediente 121/000092).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Punto siguiente del orden del día: debate de totalidad del proyecto de ley por el que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
Para presentar el proyecto tiene la palabra la señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Muchas gracias, señor presidente.
Tengo el honor de comparecer ante esta Cámara para presentar el proyecto de ley aprobado por el Gobierno, por el cual se modifica la Ley 3/2001, de Pesca Marítima. Es un proyecto de ley que contribuirá a apoyar e impulsar el crecimiento, el
desarrollo y el empleo de nuestro sector pesquero, un sector estratégico para España y para la economía de muchas de nuestras zonas costeras, en las cuales la pesca tiene un gran impacto económico, social y cultural. Se trata, señorías, de un
proyecto de ley que viene a refrendar el giro, el cambio de rumbo dado por este Gobierno a la política pesquera. Gracias a este giro de 180 grados hemos renovado una posición de liderazgo en las negociaciones comunitarias y en las negociaciones
internacionales, y hemos obtenido grandes logros para el sector. Logros en la reforma de la política pesquera común, en la firma del Acuerdo de pesca con Marruecos o en los significativos incrementos de cuota en especies tan importantes como la
merluza, la caballa o el atún rojo.
En el ámbito nacional hemos adoptado decisiones de gestión importantes y necesarias consensuadas con el sector, con las comunidades autónomas y con la sociedad civil. Este nuevo enfoque dado a la política pesquera por este Gobierno se
sustenta en dos pilares fundamentales: en primer lugar, en el apoyo, en la mejor información científica disponible para la negociación y la toma de decisiones y, de
manera muy importante, en el cumplimiento estricto de la normativa internacional comunitaria y nacional vigente en materia de conservación y protección de los recursos pesqueros. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la
Presidencia).
Señorías, se trata de una política coherente, que no entiende de oportunismos ni de arbitrariedades, que se basa en datos científicos, que permite fortalecer nuestra capacidad negociadora ante la ausencia de incumplimientos propios, lo cual
nos brinda la posibilidad de denunciar los ajenos. Con esta nueva forma de hacer política hemos conseguido recuperar la posición de liderazgo en la Unión Europea y ejercer un liderazgo indiscutible en determinados ámbitos de particular relevancia
para la pesca española, como es la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. En la reforma de la política pesquera común uno de los objetivos esenciales para garantizar la sostenibilidad de la actividad pesquera era la
consecución de un régimen de control de la pesca eficaz que incluyera la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Este objetivo ha quedado reforzado en la nueva política pesquera común, y se fundamenta en la aplicación efectiva y homogénea de
dos instrumentos legales adoptados con anterioridad a la reforma: el reglamento 1005/2008, de lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y el reglamento 1224/2009, reglamento de control. Estos dos reglamentos, que son muy
complejos y exhaustivos, han requerido para su aplicación efectiva en nuestro país de importantes esfuerzos por parte del sector y de la Administración Pública. Esfuerzos que han sido promovidos por este Gobierno en un tiempo récord frente al
inmovilismo de la pasad legislatura.
Señorías, el proyecto de ley que hoy les presento viene a reforzar este nuevo rumbo en la política pesquera y a establecer un marco jurídico de referencia internacional en la lucha contra la pesca ilegal. Por otra parte, nuestro sector
pesquero debe seguir creciendo en pujanza y dinamismo y, por lo tanto, aprovechar cuanto antes las nuevas oportunidades de diversificación económica que se le presentan en el turismo pesquero o marinero o en el turismo acuícola. Tanto la pesca
turismo como la difusión y promoción de la cultura pesquera, de su patrimonio material e inmaterial, y de los oficios y modos de vida asociados a la pesca, constituyen herramientas de desarrollo que pueden contribuir a la revitalización de las zonas
costeras y rurales donde se desarrolla esta actividad. Esta nueva ley contempla, a su vez, un destacado y explícito reconocimiento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el sector pesquero. Igualmente, contempla una mejora en
los instrumentos de gestión de la flota española.
Entre los principales objetivos del proyecto de ley que les presento quisiera destacar, en primer lugar, el fortalecimiento de la lucha contra la pesca ilegal internacional. La pesca ilegal no declarada y no reglamentada no es solo la
realización de actividades pesqueras que incumplan la normativa vigente sobre conservación y protección de los recursos pesqueros, es también y esencialmente la ausencia total de control por parte de los países responsables de garantizar su
cumplimiento. Esta práctica es absolutamente inaceptable y pone en riesgo la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el futuro de nuestro sector. Representa, además, una intolerable competencia desleal para los países y operadores que cumplimos
adecuadamente nuestros compromisos y con las normas que garantizan dicha sostenibilidad. Las cifras sobre pesca ilegal no declarada y no reglamentada que manejan los organismos internacionales como FAO son preocupantes: entre 11 y 26 millones de
toneladas de pescado anuales, cantidades que alcanzarían un valor entre 10.000 y 23.000 millones de dólares. Señorías, no podemos permanecer impasibles ante esta amenaza. La experiencia y el conocimiento acumulados desde 2002, cuando España puso
en marcha su plan de acción nacional de lucha contra la pesca ilegal y la entrada en vigor del reglamento comunitario de lucha contra este tipo de pesca, nos han llevado a representar en los años 2012 y 2013 más del 50% del total europeo de
denegaciones de partidas de productos pesqueros capturados ilegalmente. Un porcentaje que refleja el extraordinario trabajo de la Secretaría General de Pesca del Ministerio, ya que España representa el 50% de las denegaciones de la Unión Europea, a
pesar de recibir únicamente el 20% de las importaciones de productos pesqueros.
Señorías, este proyecto de ley es el marco jurídico que viene a sumarse al despliegue técnico y operativo realizado en los dos últimos años y medio en la lucha contra la pesca ilegal. Esta ley, desde la doble perspectiva preventiva y
punitiva, fortalece el régimen de control de importaciones de productos pesqueros provenientes de terceros países. Añade, al mismo tiempo, nuevos tipos infractores y un abanico de sanciones de mayor contundencia como la elevación del techo máximo
de multa por infracciones muy graves hasta los 600.000 euros. Así pues, contaremos con un mayor grado de disuasión y prevención respecto a la actividad de buques incluidos en las listas internacionales de pesca ilegal, siempre en línea con la
legislación comunitaria y dando cumplimiento a los tramos de sanciones pecuniarias y a las sanciones accesorias recogidas en la misma. Contaremos también con una respuesta jurídica adecuada
para actuar frente a los verdaderos beneficiarios de la pesca ilegal, aquellos que en muchas ocasiones enmascaran sus actuaciones a bordo de buques pesqueros, incluidos en estas listas internacionales de pesca ilegal mediante pabellones de
conveniencia, sociedades opacas y empresas interpuestas. Todo ello con el firme compromiso de prevenir y perseguir cualquier participación o vinculación española con este tipo de actividades, y conforme a las disposiciones sobre el control de
empresas y ciudadanos nacionales recogidas en el reglamento de lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, y a los principales instrumentos internacionales en esta materia impulsados por FAO, de los que España y la Unión Europea son
parte.
En segundo lugar, el proyecto de ley pretende fomentar mejoras significativas en la situación socioeconómica del sector pesquero y acuícola, empezando por fortalecer el papel de la mujer. Según datos de 2003 del Instituto Social de la
Marina, hay 6.010 mujeres afiliadas al régimen especial de trabajadores del mar, un 17,5% del total de afiliados. Este porcentaje es particularmente elevado en regiones como Andalucía, País Vasco y sobre todo Galicia, y en ámbitos del sector como
la acuicultura, las tareas de redero y sobre todo en el marisqueo. El Gobierno ya ha venido potenciando la contribución esencial de la mujer a este sector a través de la Red española de mujeres en el sector pesquero, en la que se integran más de
400 particulares y 70 asociaciones. El liderazgo y el emprendimiento de las mujeres es una pieza fundamental en el futuro de la actividad pesquera española y en el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades pesqueras.
Señorías, este proyecto de ley apoya decididamente a la mujer a través de la inclusión del principio esencial de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. Igualmente, esta ley contribuirá a la dinamización y a la creación
de empleo y riqueza de las zonas costeras y dependientes de la pesca. La ley pone a disposición del sector los medios oportunos para proceder y potenciar el turismo pesquero marinero y el turismo acuícola. Cumplimos así uno de los objetivos que
nos fijamos al comienzo de esta legislatura en política pesquera: la diversificación de la actividad pesquera y acuícola. Señorías, este Gobierno está convencido de que el camino del emprendimiento, que tanto se está fomentando en todos los
sectores de nuestra economía, debe alcanzar de lleno al sector pesquero y acuícola. Contamos para ello con un capital humano, nuestros pescadores, difícilmente igualable en el mundo por su experiencia, por su vocación y por su entrega. Es
necesario que nuestra costa se diversifique y se dinamice la actividad pesquera y que nuestra economía cuente con nuevos emprendedores, y estoy convencida de que en nuestro sector pesquero hay muchos de ellos, puesto que el emprendimiento, el
espíritu de descubrimiento y la voluntad de superación están grabados en el ADN de nuestros pescadores. Las medidas que contempla el proyecto de ley para desarrollar esta actividad han sido coordinadas con todas las administraciones y departamentos
ministeriales implicados y respetan las competencias que tienen atribuidas las comunidades autónomas en materia turística.
En tercer lugar, el proyecto de ley representa un decidido esfuerzo de simplificación y modernización de registros y procedimientos administrativos asociados a la actividad pesquera. En línea con las directrices fijadas por la política
pesquera común, tenemos que realizar un seguimiento detallado y actualizado de los buques que desarrollan actividades pesqueras para asegurar así un adecuado control de la capacidad y del esfuerzo de nuestra flota. Se trata de un control vinculado
a una serie de obligaciones registrales que se simplifican y clarifican. El nuevo régimen registral que se introduce en la ley se fundamenta en dos únicos instrumentos, el ya existente censo de la flota pesquera operativa, en el que se recopilan
los datos de los buques que desarrollan su actividad pesquera en aguas exteriores y de los que simultanean su actividad en aguas exteriores e interiores, y el registro general de la flota pesquera, que aglutinará tanto los datos del censo de la
flota pesquera operativa como los de los registros o censos autonómicos de embarcaciones que desarrollan su actividad exclusivamente en aguas interiores o en instalaciones de acuicultura. Este registro general de la flota pesquera será el que
constituya el componente español del registro comunitario de buques, como así lo exige la política pesquera común. Con este nuevo régimen registral se elimina el permanente conflicto semántico que ha existido entre el actual registro de buques
pesqueros y el registro de buques y empresas navieras, gestionado por el Ministerio de Fomento al amparo del Real-decreto 1027/1989, sobre abanderamiento, matriculación de buques y registro marítimo. En este registro se incluyen tanto buques
pesqueros como mercantes y de recreo. Asimismo, el dictamen emitido por el Consejo de Estado destaca que constituye un régimen coherente y respetuoso con la sentencia del Tribunal Constitucional 166/2013, de 7 de octubre, y su valoración del
conflicto positivo de competencia planteado por la Xunta de Galicia sobre diversos preceptos del Real-decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo europeo de la pesca. En el
proyecto de ley se asegura la transición hacia este nuevo modelo de régimen registral, contemplándose en la ley que hasta que no se produzcan los oportunos desarrollos reglamentarios y las comunidades autónomas del litoral tengan operativos
sus respectivos registros o censos seguirá rigiendo para los buques que faenan exclusivamente en aguas interiores y los auxiliares de las instalaciones de acuicultura lo dispuesto en el Real Decreto 1549/2009 para el censo de la flota pesquera
operativa.
La simplificación y la clarificación administrativa también alcanza al régimen de infracciones y sanciones. El proyecto de ley racionaliza, moderniza y simplifica este régimen a la luz de los últimos desarrollos normativos de la Unión
Europea, concretamente el Reglamento de control. En primer lugar, se ven reforzadas las atribuciones de los inspectores de pesca. El Gobierno, señorías, considera que los servicios de inspección pesquera son una herramienta esencial de la política
pesquera española. Se potencian a su vez diversos mecanismos de eficiencia y eficacia administrativa, como las comunicaciones electrónicas, la utilización de procedimientos abreviados y la introducción de un sistema de pago voluntario y bonificado
de las sanciones bajo determinadas condiciones y circunstancias; todo ello con el objeto de agilizar la actuación administrativa, permitiendo cumplir mejor y más rápido con nuestras obligaciones comunitarias en este ámbito. En cuanto a las medidas
provisionales que puedan adoptarse en el marco de procedimientos sancionadores, se contempla la modificación en el régimen del destino de las capturas y productos pesqueros decomisados. En el proyecto de ley se ha introducido la posibilidad de
donar estas capturas a entidades benéficas para evitar su introducción en el mercado y favorecer la labor social de estas entidades. La reforma del régimen de infracciones y sanciones tiene también en consideración la creciente proliferación de las
actividades de pesca recreativa, que se apoya en medios cada vez más novedosos, ocasionando a veces daños en los recursos pesqueros y en la actividad pesquera profesional.
Por todo lo que les acabo de exponer, señorías, estoy plenamente convencida de los efectos positivos que tendrá esta nueva ley para el futuro de la pesca española. El sector pesquero español se beneficiará de un marco jurídico de referencia
internacional en la lucha contra la competencia desleal de la pesca ilegal no declarara y no reglamentada. En este aspecto, esta ley marca el rumbo para constituirse en referencia y modelo a seguir en la Unión Europea. Creo que tendremos motivos
para sentirnos orgullosos de ello. En este sentido, las principales ONG conservacionistas han reconocido en el ámbito europeo e internacional los avances de España en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y han destacado el
logro que supone pasar en tan poco tiempo -apenas dos años y medio- de ser considerado un Estado incumplidor a constituir la referencia internacional en la materia. Como he señalado, esta ley contribuirá al desarrollo económico y social de nuestras
zonas costeras gracias a la explotación y desarrollo de actividades como el turismo pesquero o marinero y el turismo acuícola. En cuanto a los cambios operativos y estratégicos que introduce en materia de control, constituyen un marco jurídico
sólido y una modernización y simplificación de ciertas estructuras y procedimientos administrativos. Cumplimos así con nuestros compromisos con la política pesquera común, particularmente en materia de control. En definitiva, señorías, se trata de
reformar una ley para alinearla con la nueva política pesquera común y con una clara prioridad de cumplimiento por parte de nuestro país, que nos sitúa al frente de los esfuerzos internacionales para erradicar la lacra de la pesca ilegal
internacional. Por todo ello, en nombre del Gobierno, pido el apoyo de esta Cámara a este proyecto de ley por la que se modifica la Ley de Pesca Marítima.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchísimas gracias, señora ministra.
A este proyecto de ley se han presentado dos enmiendas a la totalidad de devolución. En primer lugar, por el Grupo Mixto va a intervenir la señora Fernández, que tiene enmienda, y en toma de posición, la señora Aríztegui. En primer lugar,
señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, presentamos una enmienda de devolución a este proyecto de ley por diferentes motivos que explicaré a lo largo de mi intervención. Empezaré diciendo que una de las razones es porque el proyecto mantiene la
definición de pesca marítima, que limita las competencias de las comunidades autónomas.
Señorías, desde la entrada del Estado español en la Comunidad Europea en 1986, el derecho comunitario emanado de la política pesquera común viene asumiendo las competencias en materia pesquera reservadas a la Administración central,
imponiendo la obligación de compartir y ejecutar las diferentes normas emanadas por la misma. El Estado español viene asumiendo entusiastamente que sea
la Unión Europea la que ejerza sus competencias, de modo que podemos comprobar cómo a día de hoy la mayor parte de la legislación y de las competencias en materia pesquera se elaboran desde Bruselas. Mientras el Estado entrega las
competencias a una Administración supraestatal, con mucho menor control democrático, en el campo interno asistimos a una auténtica cruzada contra las competencias que intentan desarrollar las diferentes comunidades autónomas y que emanan de
determinados pactos políticos que hicieron posible la configuración de un nuevo modelo territorial y de un marco constitucional basado en la descentralización y en la asunción de una gestión compartida, donde se buscaba una gestión más próxima a la
realidad: la pesca regionalizada. Esta manera de entender la legislación pesquera supone, señorías, no permitir que las comunidades autónomas puedan tener competencias en esta materia, obviando las singularidades de cada comunidad. No es de
recibo un concepto de pesca marítima tan restrictivo, puesto que lo que se deriva de lo contemplado en la Constitución es que el Estado será quien enmarque los criterios básicos de la actividad sin necesidad de desarrollarlos pues, de hacerlo en
estos términos, acabarán vacías de contenido las competencias de las comunidades autónomas. A modo de ejemplo, en Galicia, pesquerías como el cerco y enmalle en nasa pulpo o nasa nécora, línea o palangrillo desarrollan su actividad en aguas
interiores y exteriores, e incluso otras pesquerías como arrastre o volantas tienen su actividad localizada en una zona concreta durante todo el año. El servicio de guardacostas de Galicia, señorías, tiene vocación de inspección de toda la flota,
esto es, toda la actividad pesquera, mientras que el Estado carece de servicios de inspección, más allá de la Guardia Civil o los inspectores del Magrama en tierra. No resulta razonable, por tanto, que en vez de complementarse y reforzar el
desarrollo que llevan a cabo las comunidades autónomas en la regularización de la actividad pesquera con medidas para embarcaciones, artes, tripulaciones, regulación de descargas, topes de capturas y la primera venta y comercialización, etcétera, lo
que en realidad exista sea una auténtica obstaculización que, amparada en el poder legislativo y en supuestos requisitos legales, impida su desarrollo por parte de las comunidades autónomas.
Desde este enfoque global, existen varios aspectos concretos en el proyecto de ley que también justifican la presente enmienda de devolución. La política de igualdad de oportunidades no puede ser un objeto vacío, debe tener como objetivo el
mantenimiento y el progreso de las comunidades pesqueras basado en la gestión responsable del recurso, que es un bien común y que debe ser distribuido entre el conjunto de los pescadores, blindando la posibilidad de que pueda acabar en unas pocas
manos justificándolo ante la necesidad de que determinadas empresas armadoras o capitales sean rentables. El derecho de pesca, del marisqueo y de la acuicultura debe residir en los pescadores.
Existiendo diferentes registros en las comunidades autónomas, la constitución del registro general de la flota pesquera que se contempla en este proyecto de ley es intentar volver a centralizar y burocratizar la inscripción de las
embarcaciones, haciendo una nueva separación más restrictiva, donde el registro de buques pesqueros de la Comunidad Autónoma de Galicia quedaría abocado a que figurasen las embarcaciones auxiliares de acuicultura -cuarta lista- y las embarcaciones
que solo faenan en aguas interiores. Por otro lado, la construcción, modernización y reconversión de buques pesqueros es una competencia de las comunidades autónomas que debe ir en relación con la actividad desarrollada.
Señorías, hoy existe un conocimiento exacto de las características del barco y de la incidencia que tiene sobre el recurso para poder realizar una evaluación exhaustiva de las medidas que se pueden adaptar a la realidad concreta de la
embarcación y la pesquería. Para ello es fundamental que las comunidades autónomas cuenten con competencias en la regulación, pero también con los fondos destinados a tales fines. Consideramos que el Estado solo debería marcar los criterios
generales en cuanto a sostenibilidad del recurso. La regulación de embarcaciones, el aumento o disminución del caballaje se llevó a cabo para la adaptación de unas mejores condiciones de acceso al recurso. En algunos casos nada tiene que ver con
el esfuerzo pesquero y sí con medidas de avance en las condiciones de vida y seguridad de las personas que van a bordo. En la actualidad existen muchas embarcaciones sin regularizar en Galicia -ya lo hemos debatido en muchísimas ocasiones- que no
tienen capacidad de aportar bajas y para las cuales se debería desarrollar un nuevo procedimiento regulador que permitiera su adaptación sin dar lugar a aportación de bajas, siempre y cuando no ocasione un incremento del esfuerzo pesquero. Muchos
barcos, señorías, son de avanzada edad y precisan medidas para su renovación. Esto debe realizarse para la mejora de las condiciones de la flota, para generar actividad complementaria, pero sobre todo aprovecharlo para conseguir la sostenibilidad
del recurso y un mayor reparto de acceso al mismo.
Otra de las cuestiones, señorías, que nos parece que justifica nuestra enmienda de devolución es que las medidas de diversificación pesquera están enfocadas fundamentalmente a medidas de turismo, cuya competencia es, señorías, de nuevo, de
las comunidades autónomas. Están localizadas en un entorno determinado, con una historia y singularidad propia en la que se desarrollan determinadas actividades como puede ser el marisqueo, la elaboración de conserva, la pesca artesanal, las
embarcaciones tradicionales y, últimamente, el turismo de mejillonera. El Estado también pretende regularizar una actividad que luego hay que ajustar a la singularidad y a un lugar concreto.
Con respecto al régimen de infracción y sancionador, este proyecto de ley establece la normativa en materia de pesca marítima y ordenación del sector, incluso de la actividad comercial, de manera pormenorizada realizando una copia de la
legislación de las propias comunidades autónomas, tratando de regular hasta el más mínimo detalle. La obsesión es tal, señorías, señora ministra, que roza el esperpento en disquisiciones como la que se contempla en el artículo 99.d), en donde se
establece como infracción leve el ejercicio de la pesca de recreo sin portar la licencia, disponiendo de la misma en vigor. Es decir, que se sancionaría porque en el momento en que se hace la inspección no se llevaría la licencia pero se contaría
con ella. Una licencia, señorías, que tiene un coste de 3 euros y en cambio la multa iría de 60 a 600 euros.
El proyecto, señorías, pretende regular competencias de ordenación en lo relativo a regulación de arte, balizas identificativas, vedas, zonas de pesca, horarios, especies protegidas, etcétera; cuestiones que, volvemos a repetir,
corresponden a las comunidades autónomas. Por otra parte, el proyecto de ley no contiene ningún avance en el mantenimiento de las comunidades costeras ni en la preservación del derecho de los pescadores a poder pescar ni en mejorar una
Administración ágil, próxima y que preste un servicio a la ciudadanía e incluso desarrolla un procedimiento administrativo basado en un criterio punitivo que no tiene en cuenta la realidad del sector. El Bloque Nacionalista Galego presenta esta
enmienda de devolución y anunciamos, por supuesto, las enmiendas parciales correspondientes, de acuerdo con los criterios y argumentos que acabamos de defender.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.
Señora Ariztegui.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, nuevamente más de lo mismo; por mucho que nos esforcemos no podemos encontrar nada positivo en este proyecto de ley. En un sector tan estratégico como el de la pesca marítima, sobre cuyo futuro pende esa alarma roja, cada
vez más roja, tan necesitado de actuaciones urgentes que mejoren sus rentas, su viabilidad y la perdurabilidad de los recursos, viene este Gobierno y, como ya nos tiene acostumbrados, nos presenta esta modificación con unas consecuencias
diametralmente opuestas a los objetivos loables planteados. La verdad, no tiene ningún sentido, salvo el de pescar todavía más en nuestro caladero competencial ya tan esquilmado, tan resecado. Ya se entregaron a Europa las competencias para
regular prácticamente todos los aspectos aquí recogidos y, ya se sabe, cuanto más lejos, menor control democrático. Tenemos una ley europea nueva, del año pasado, aunque, total, para que cada Estado siga haciendo muchas veces lo que le viene en
gana, y ahora nos preguntamos para qué esta modificación y lo vemos claro, para seguir con el arrastre hacia Madrid, para recentralizar las escasas competencias con las que contamos en nuestro país. Así, la nueva definición de pesca marítima que se
plantea aquí es tan sumamente restrictiva que vacía totalmente de contenido las competencias de las comunidades autónomas. Hablar de esa política de igualdad de oportunidades vacía de contenido, el control de trazabilidad que no le corresponde, la
gestión y ejecución de buques pesqueros ya regulada, el criterio punitivo y totalmente desproporcionado de procedimiento administrativo y más aspectos no genera más que confusión y obstáculos normativos para la diversificación de la actividad
pesquera. Las competencias en esas aguas interiores, en esa franja hasta los 12.000 metros, es algo que nos corresponde en su totalidad y es crucial para nosotros para diseñar desde nuestra realidad, desde nuestras necesidades, una adecuada gestión
de los recursos marítimos, una política pesquera responsable y equilibrada a fin de garantizar nuestra soberanía alimentaria como pueblo; una política pesquera que tenga en cuenta verdaderamente y con contenido la igualdad de oportunidades de
hombres y mujeres del sector; que los recursos pesqueros, como bien común, sean repartidos entre todos los pescadores y pescadoras, evitando, sobre todo, la privatización de esos derechos; que recuperemos la pesca tradicional, eliminando la pesca
masiva y el reparto interesado de los derechos de producción. Solo reclamamos nuestro derecho a diseñar nuestra política pesquera y sus estrategias sostenibles para garantizar la vida del mar, de los
pueblos costeros y una alimentación saludable, respetando el trabajo sostenible de gestión y comercialización de pescadores y la cultura de nuestro pueblo. La soberanía alimentaria es un derecho fundamental que queremos garantizar en Euskal
Herria y además -esto es muy claro- es la única vía que posibilita unas relaciones justas entre los pueblos, por eso damos nuestro no más rotundo a este proyecto de ley y pedimos su retirada. Y, cómo no, en el día de hoy deseamos una feliz y buena
Diada a toda Cataluña. Seguro que será una jornada apasionante e histórica, preludio de un tiempo muy próximo en el que todas las naciones sin Estado podamos decidir nuestro futuro en paz.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ariztegui.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, la enmienda a la totalidad presentada la justificamos por tres discrepancias muy claras. La primera es que crea confusionismo al proponer medidas orientadas a la diversificación pesquera y acuícola. Cambia el
amparo constitucional de la ley planteada, planteando un nuevo y grave vaciado competencial de Cataluña hacia el Estado. Nuevamente el Gobierno del Partido Popular recentraliza competencias y crea una nueva regulación del registro de embarcaciones
de pesca que prescinde gravemente de la distribución competencial establecida en la Constitución.
Señora ministra, podemos compartir los objetivos generales planteados en el proyecto de ley por la que se modifica la Ley de Pesca Marítima del Estado, entendiendo que tiene como principales objetivos impulsar la mejora de la situación
socioeconómica del sector pesquero y acuícola gracias a su diversificación económica, con actividades como el turismo pesquero o marinero y la pesca-turismo, reforzar las medidas de lucha contra la pesca ilegal internacional y paralelamente
establecer una simplificación y modernización administrativa en ámbitos como los registros de buques pesqueros o en el procedimiento sancionador en materia de pesca marítima. Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió comparte
en esencia estos objetivos planteados en el proyecto de ley y de una forma muy particular y con especial interés la necesidad de mejorar las rentas derivadas de la actividad extractiva pesquera mediante actividades complementarias para mejorar así
la viabilidad de un sector pesquero muy castigado por la crisis económica.
A continuación voy a ampliar las discrepancias antes anunciadas. Señorías, señora ministra, las principales medidas contempladas en el proyecto de ley orientadas a la diversificación pesquera y acuícola ya han sido adoptadas en su mayor
parte por algunas de las comunidades autónomas, concretamente Cataluña, como administración competente en materia de pesca y turismo, ya las ha adoptado. Las medidas y definiciones que incorpora el proyecto de ley generan un confusionismo
innecesario, que no se produciría si el proyecto de ley se limitara a eliminar los obstáculos normativos básicos que existen y que impiden una diversificación de la actividad pesquera que creemos necesaria. A modo de ejemplo, en Cataluña, las
citadas actividades ya se encuentran reguladas en el Decreto 87/2012, de julio, sobre la pesca-turismo, el turismo pesquero y acuícola y las demostraciones de pesca en aguas marítimas y continentales. También el Ministerio de Fomento, mediante la
Dirección General de la Marina Mercante, ha establecido las condiciones de seguridad y de embarque con validez exclusivamente en Cataluña. Por ello, la decisión del Gobierno de regular estas actividades para las comunidades autónomas que no lo han
hecho no debería, señora ministra, incidir sobre comunidades como Cataluña, donde esta regulación ya está vigente.
La segunda cuestión relevante de discrepancia son los cambios introducidos en la disposición adicional segunda del proyecto, que regula el título competencial. Si la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, se amparaba en
el artículo 149.1.19ª, el cual determina que el Estado tiene competencia exclusiva en pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las comunidades autónomas, el vigente proyecto de ley, en lo que
se refiere a puertos de desembarque y primera venta de los productos pesqueros en lo relativo al establecimiento de requisitos de trazabilidad de los productos pesqueros para su comercialización se ampara en el artículo 149.1.13ª, que determina que
corresponden al Estado las bases y coordinación general de la actividad económica. Con esta simple modificación del amparo constitucional el proyecto de ley plantea un nuevo vaciado de competencias de las comunidades autónomas y traspasa buena
parte de las competencias en materia pesquera de las comunidades autónomas al Estado, traspaso que no pueden de ninguna manera ampararlo en la mejora
de la trazabilidad, ya que su control viene suficientemente garantizado por su obligado cumplimiento, según las normas de la política pesquera común.
El tercer punto de discrepancia con el proyecto de ley lo configura la nueva regulación del registro de embarcaciones de pesca. Atendiendo a la distribución competencial establecida en la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y
la doctrina constitucional, la pesca marítima en aguas interiores es competencia de las comunidades autónomas, mientras que en la ordenación pesquera la competencia de las comunidades autónomas se circunscribe al desarrollo legislativo y a la
ejecución, con independencia de si se trata de aguas interiores o exteriores. En este ámbito, el proyecto de ley modifica la ley 3/2001 en relación con el registro de embarcaciones de pesca. Establece una nueva redacción del artículo 57 mediante
la cual se elimina el registro de buques pesqueros, quedando sustituido por un registro general de la flota pesquera compuesto por los buques contenidos en el censo de la flota pesquera operativa, que incluye las embarcaciones autorizadas para la
pesca en aguas exteriores, y por los buques que faenan exclusivamente en aguas interiores, adjudicando al Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación la responsabilidad de las modificaciones del citado registro y su comunicación a la
Unión Europea. Para el Grupo Parlamentario Catalán esta modificación tampoco respeta las competencias de las comunidades autónomas en la gestión y ejecución de sus registros de buques pesqueros, lo cual dificultará la gestión en lugar de agilizarla
y simplificarla.
Señorías, a modo de conclusión, este proyecto de ley modifica significativamente la distribución de competencias previstas en la Constitución y en los estatutos de autonomía en materia de pesca, un ámbito en el que los reglamentos
comunitarios de la Unión Europea ya ofrecen un preciso grado de detalle, por lo que el vaciado de competencias de las comunidades autónomas propuesto por el Gobierno debe interpretarse como una muestra de intervencionismo de la Administración
central y de recentralización de competencias por parte del Gobierno del Partido Popular. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió ha presentado esta enmienda a la totalidad al proyecto a los efectos de que sea devuelto
al Gobierno.
Hoy no quiero desaprovechar la oportunidad para recordar a la señora ministra que es necesario ilustrar a la Unión Europea para que entienda que la pesca en el Mediterráneo, en Cataluña al menos, tiene unas connotaciones que la hacen
distinta de otras flotas. Es necesario que se reconozca la bondad de las artes tradicionales de pesca, de amplia extensión en las regiones costeras mediterráneas. Estas modalidades, más selectivas y más respetuosas con el medio ambiente, necesitan
una nueva denominación que determine su especificidad. El sector propone que sea la flota del litoral dentro de la flota costera artesanal. Esta definición o la que se acuerde debería aglutinar todo el tejido social tradicional de las poblaciones
costeras, la mayoría empresas familiares de un solo barco, de tradición generacional, cuyos descendientes esperan poder seguir trabajando en el mar. Tenemos, señora ministra, mucho trabajo si queremos que el sector sea viable económicamente como
para dedicar el tiempo a la invasión o defensa de las competencias cedidas a las comunidades autónomas y no dedicar esos esfuerzos a la defensa de la viabilidad del sector, según quieren ellos denominarse, flota del litoral.
Señorías, hoy, Diada nacional de Cataluña, creo que es necesario explicitar que conmemoramos los trescientos años del final de la guerra de Sucesión en Cataluña, momento en el que perdimos la capacidad plena de autogobierno. Este 11 de
septiembre queremos reafirmar nuevamente la voluntad del pueblo catalán de decidir qué futuro queremos. Queremos ser protagonistas de un proyecto ilusionante para una Cataluña mejor, más justa, más libre, más segura y próspera, siempre atentos al
bienestar de todos y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Barberà, vuelva al tema.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señorías, Cataluña quiere votar. Volem votar. Visca Catalunya!
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, el proyecto de ley que venimos a debatir hoy no es básicamente un nuevo proyecto, sino la modificación de una ley original que databa del año 2001, y tras trece años ha incorporado nuevos elementos para poder adecuarse a la
legislación actual, a las directrices europeas, a criterios de igualdad, así como a la necesidad de diversificar y modernizar la actividad económica en el sector pesquero. Por
todo ello, digamos que básicamente los criterios fundamentales y matrices de esta ley ya se discutieron en 2001. Tal y como se ha señalado anteriormente, tanto en la presentación que ha hecho la ministra como por otros compañeros que me han
precedido, los principales bloques de esta modificación corresponden, en un principio, a lo que se ha llamado criterios de igualdad de oportunidades, creación de un nuevo registro general de buques, diversificación pesquera y acuícola o
incorporación de pesca-turismo y turismo pesquero como actividad dentro de esa diversificación. También hay un apartado de régimen sancionador y el tema del control de la trazabilidad. Diríamos que esos son los elementos más importantes que se han
incorporado a la ley originaria de 2001. Estas son las principales novedades que incorpora y, evidentemente, el criterio y la visión que tenemos como grupo de estos elementos no son iguales a los que contempla el Gobierno -luego me referiré a
ellos.
Así como se ha presentado la ley, tenemos también encima de la mesa un debate de totalidad a partir de varias enmiendas que se han formulado, por una parte, del Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego y Amaiur, y, por otra, de
Convergència i Unió. No seré yo quien cuestione los motivos que han alegado los enmendantes; es más, creo que tenemos una visión parecida, pero mi grupo considera que en este caso esos motivos, que compartimos, quizá no tienen la entidad
suficiente para solicitar la devolución, por muy importantes que sean. Como comentaba al principio, el bloque fundamental de esta ley es la parte que se discutió en 2001 y allí es donde precisamente se debatieron estas cuestiones, aunque en el
periodo de enmiendas creemos que el Gobierno debería corregir ciertos aspectos que nosotros vamos a plantear y supongo que otros grupos también.
Evidentemente, para mi grupo el respeto al ámbito competencial es muy importante. Creemos -este departamento ministerial siempre ha mostrado grandes afanes centralizadores en otros proyectos de ley que nos ha presentado hasta ahora- que el
texto presentado sienta bases que podrían ser invasoras -algunas lo son claramente-, pero confiamos en que el desarrollo de alguna de ellas quede claramente definido como competencia autonómica. Es decir, hay algunas bases que podemos discutir,
pero el desarrollo de las mismas -en el caso de la pesca-turismo, por ejemplo- es claramente competencia de las comunidades autónomas y esta ley puede permitir que eso sea así. Evidentemente la pesca-turismo, ejemplo que hemos puesto de gran
novedad que presenta esta ley, contiene un planteamiento de conexión entre ambos y los dos son competencias autonómicas sin duda alguna, aunque el ministerio que ha presentado este proyecto de ley dice que se basa en el concepto de la
diversificación de la economía que tiene el Gobierno como competencia propia, y a partir de ahí las comunidades autónomas podrán desarrollar sus planteamientos. Seguramente cada comunidad autónoma, de acuerdo con sus posibilidades, sus criterios o
sus originalidades, puede plantear la pesca-turismo o el turismo pesquero de diferente manera.
En cuanto al principio de igualdad coincido con algunos portavoces que me han precedido y que han dicho que está vacío. Queda muy bien ponerlo -quizá hay que ponerlo porque así lo exigen los tiempos-, pero no sé si hay una excesiva vocación
de plantearlo. La ministra lo ha citado. Sobre este tema, el Grupo Parlamentario Vasco desde hace mucho tiempo ha venido aquí citando la importancia que en el sector pesquero y en la actividad económica que se genera en torno a la pesca han tenido
las rederas, las neskatillas y las empacadoras. Han sido planteamientos realizados principalmente por mi compañero Emilio Olabarría y por mi grupo en esta Cámara un año tras otro hasta que hemos podido conseguir que puedan ser visualizadas, porque
hasta ahora estas mujeres no tenían ni visualización dentro de la actividad económica pesquera. Gracias a la insistencia de varios grupos y del nuestro también, hoy en día por lo menos puede ser visualizada la labor que estas mujeres han realizado
y realizan dentro de la actividad pesquera, que es muy específica y especial en lugares como Euskadi.
Otra de las novedades del proyecto de ley es el registro. No sé si es el mejor método, aunque, como decía, una cosa es diferir y otra es presentar una enmienda a la totalidad. El planteamiento que hace el Gobierno viene a decir que desde
Madrid lo controlarán mejor todo, para qué va a haber otra serie de registros si con uno único ya pueden tenerlo. Ya sé lo que pide Europa, eso es otra cosa. De todas formas, vamos a ver si en el periodo de enmiendas se pueden corregir algunas
cosas. Eso afectará sobre todo a lugares, a comunidades, a países que tienen diferentes flotas y donde el concepto de aguas interiores ya supone una flota propia para ellos mismos. No es el caso de Euskadi, pero entendemos la posición que puedan
tener por ejemplo los gallegos en esta materia.
Si consideramos la política pesquera común como un paraguas, el Partido Socialista en la anterior legislatura, en la última del Gobierno Zapatero, ya presentó un proyecto de ley de pesca sostenible. Fue un fiasco, se presentó, dio muchas
vueltas, tuvimos un gran número de comparecencias, fue imposible
acordarlo y al final lo tuvieron que retirar a petición nuestra, porque no era nada bueno ese proyecto, era muy malo. Ustedes tenían ahora la oportunidad de enmendar la plana y de presentar un buen proyecto de pesca sostenible o un buen
proyecto moderno de pesca -en vez de añadir unos puntos a un proyecto de ley que ya existía de antes-, un proyecto de ley que sustentara y fijara el papel. Es verdad también que al final, en esa tierra de nadie en la que queda, en la que Europa
marca las directrices, las comunidades autónomas somos las que ejercemos eso y ustedes quieren figurar de alguna manera en algún sitio, nos han presentado esto que es una especie de remiendo más que otra cosa.
La señora ministra ha empezado su intervención haciendo una especie de loa al nuevo papel que está jugando España en la política pesquera común. Si quiere, señora ministra, podemos hablar de la situación de la pesca, de los problemas que
tiene la pesca en los diferentes tipos de flotas y de artes, de las negociaciones en Europa, de cómo se realizan, qué es lo que se consigue, del reparto de las cuotas de la merluza, de la caballa, de la anchoa, de lo que queramos, pero hoy el tema
era hablar de esta ley. Usted lo ha querido incardinar en que gracias a esta ley va a ser posible hacerlo mejor. No sé si es el mejor instrumento, es una batalla que va por otro lado, igual no tiene excesiva relación, aunque es verdad que los
apartados de ese régimen sancionador, la pesca ilegal, etcétera, están muy relacionados con cómo se pesca y quién pesca. Podemos estar totalmente de acuerdo en lo relativo a los problemas de la pesca ilegal, la gran pesca ilegal, esa especie de
bucanería en la pesca. El problema es que algunas pescas que en consecuencia son consideradas como ilegales, aunque no sean voluntariamente ilegales, son las que nos van a generar los problemas, el tema de los descartes, por ejemplo, que no es una
pesca ilegal de origen, sino una consecuencia que se convierte en ilegalidad. Habrá que darle una solución a este tema, usted lo sabe y su antecesor, el señor Arias Cañete, más de una vez comentó que ese era un problema al que habría que darle una
solución, porque al fin y al cabo los pescadores no son siempre los responsables de esa cuestión.
Vamos a confiar en el trámite de enmiendas, vamos a ver si nuestras discrepancias y nuestras enmiendas son aceptadas o no, vamos a ver la voluntad del Gobierno. No seré yo quien no acuse a este Gobierno de intentar centralizar, de intentar
vaciar siempre que pueda y siempre que después el tribunal que juega en casa le dé sentencias a favor, pero por ahora veamos qué ocurre con este proyecto de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.
Seré breve, señora ministra, porque ya tendremos tiempo en el trámite de enmiendas de explicarnos con más concreción. Este proyecto de ley que nos presentan hoy aquí, que modifica, que amplía la ley del año 2001, es necesario, pero nos
parece insuficiente y además desacertado. Nosotros no estamos de acuerdo con algunas de las razones que se han citado aquí, nacionalistas y a mi modo de entender algo miopes. Por cierto, algo debe faltar en cuanto a claridad en el trabajo
legislativo del Gobierno cuando ustedes dicen respetar ese reparto competencial y desde todos, sin excepción, los partidos nacionalistas, con esa insaciabilidad que los caracteriza, nos dicen todo lo contrario. Nosotros en esto y en otras muchas
cosas estamos por más Europa y por dejar de pensar en pequeño.
Nos preocupan especialmente varias cosas que voy a citar brevemente. Nos preocupa especialmente, y esto es algo que abarca una serie de cuestiones que repetiré a continuación, que esto no tenga en cuenta ni de forma parcial ni de forma
total el espíritu y el articulado de la política pesquera común de la Unión Europea que ya está en vigor: la prohibición de descartes, la concesión de poder de decisión al sector, la mejora de los conocimientos científicos, la priorización de la
acuicultura, el apoyo a la pesca artesanal, un mejor estudio del estado de las poblaciones e impulsar la economía azul europea a través del Fondo marítimo y de pesca. Los fondos europeos, los FEMP, están destinados a alcanzar todos esos objetivos
de la reforma de la política pesquera común. ¿Renuncia realmente el Gobierno a esas políticas? Porque luego aspirar a usar esos fondos para mantener unas políticas para el sector que se han demostrado que no son sostenibles ni para las especies
marítimas ni para nuestros pescadores nos parece un desacierto. Para ello no nos tendrán al lado, nos tendrán enfrente. Presentaremos nuestras enmiendas e irán en esa dirección.
Queremos eliminar de una forma más decidida el despilfarro y el impacto medioambiental que suponen los descartes, de forma más decidida, repito, de forma más rápida también. Queremos apoyar la pesca artesanal y local ayudando a los
pescadores jóvenes. Queremos ayudar a la creación de puestos de
trabajo cuidando la calidad de vida en nuestras costas, apoyar el desarrollo de la acuicultura, hacer un censo en condiciones de la flota pesquera -y no los dos registros que existen ahora-, una regulación menos intervencionista en la
construcción de los buques pesqueros, más claridad en cuanto a la pesca turística, en fin, un proyecto de ley acorde al tiempo que vivimos y a lo que necesitan las especies y el sector que contemple -como hemos dicho anteriormente- la
sostenibilidad, pero, repito, no solamente la sostenibilidad de nuestras especies marítimas, también la de nuestros trabajadores, que al igual que estas, desgraciadamente, y también gracias a sus políticas, están en peligro de extinción.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, el señor Sanz Remón.
El señor SANZ REMÓN: Gracias, señora presidenta.
Nosotros también seremos breves. Para La Izquierda Plural lo más importante es remarcar desde el principio que el reto de la gestión pesquera no es otro que el del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el estricto
cumplimiento por lo tanto de la normativa que así lo asegure, sobre todo en lo que respecta al volumen de capturas. Da igual en qué aguas sea, en aguas exteriores, interiores del Estado, en terceros países o en aguas internacionales por parte de
nuestra flota y por el conjunto de sus buques, pero hay que hacerlo de verdad, señora ministra, no dejarlo en la exposición de motivos. Hay que hacerlo de verdad, faltan mecanismos y esta ley carece de herramientas para poder llevar a cabo esto con
buen fin. Para que esto se pueda hacer es necesario, desde nuestro punto de vista, integrar desde el principio en esta modificación legislativa, en esta ley, la necesidad explícita de realizar la actividad pesquera en el marco de los planes de
gestión de las pesquerías definidos sobre la base de la mejor información científica disponible y con objetivos claros de sostenibilidad de los recursos pesqueros a largo plazo, pero sobre todo con garantía de participación, de permanencia y de
fortalecimiento de la actividad pesquera tradicional y artesanal, algo fundamental que en opinión de nuestro grupo esta propuesta de modificación que plantea el partido del Gobierno no recoge debidamente.
El fortalecimiento de estos mecanismos permitiría avanzar en la definición y en el apoyo al modelo de pesca que queremos, por lo menos que queremos desde el Grupo de La Izquierda Plural, y que necesitan nuestro país y nuestras comarcas
costeras. El planteamiento no es otro que el de fortalecer y priorizar la pesca artesanal y la pesca que vertebra buena parte de estos territorios. Para nosotros es importante la participación porque solo contando con la comunidad pesquera
podremos garantizar desde la implicación de estos actores el correcto cumplimiento de los objetivos ambientales y sociales de los que hablábamos al principio. Para nosotros la definición, ejecución y toma de decisiones en lo que respecta a la
gestión pesquera en este país, en estos países ha de involucrar al conjunto de los diversos actores del sector pesquero. Hablamos de los pescadores y las pescadoras -por cierto, también comparto que este decreto tendría que aterrizar realmente
cuando habla de políticas de igualdad en términos concretos y pasar de la exposición de motivos-, de cofradías, de organizaciones de productores, de asociaciones, de empresas pesqueras, de la comunidad científica y de las organizaciones de la
sociedad civil y, por lo tanto y cómo no, de las administraciones públicas sobre la base de los principios de una correcta cogestión pesquera -cogestión pesquera-. De este modo y desde la corresponsabilidad, señoras y señores, el aprovechamiento de
los recursos pesqueros sería un aprovechamiento teniendo en cuenta los objetivos de los que habíamos hablado antes, objetivos comunes compartidos por todos, y esto también ayudaría en gran medida a mitigar el número y la gravedad de las infracciones
y por lo tanto la función sancionadora de las administraciones competentes.
El texto que plantea el Gobierno deja muchos vacíos sobre aspectos de coordinación imprescindibles para aplicar este tipo de planteamientos que desde La Izquierda Plural estamos defendiendo; vacíos importantes de coordinación
interadministrativa y competenciales, imprescindibles para llevar a buen puerto esta propuesta, repito, imprescindibles. Por ello compartimos en buena medida toda la preocupación planteada por los grupos que han presentado las enmiendas a la
totalidad, sobre todo teniendo en cuenta, señora ministra -y desde La Izquierda Plural esperamos que en cualquier caso estos temas no afecten a la posibilidad de garantizar el desarrollo en este caso de estas comunidades pesqueras en buenas
condiciones-, el irrespetuoso proceder que este Gobierno está teniendo en temas de aspectos competenciales. Ayer mismo debatíamos sobre la apertura de la pesca de la anchoa en Euskadi que de forma unilateral, usted, su Gobierno, llevó a cabo sin
tener en cuenta cuál era la opinión del Gobierno de
Euskadi. Mal vamos si empezamos a hablar de coordinación interministerial y de cooperación interadministrativa con estos planteamientos.
Como decíamos, para La Izquierda Plural la descentralización y la cooperación competencial deben ser una realidad en todos y cada uno de los sectores y por tanto también en la pesca regionalizada. Ahora bien -y es aquí donde tenemos algunas
de las discrepancias con los grupos proponentes de las enmiendas a la totalidad-, estamos hablando de un recurso cuya cogestión no podemos obviar que implica unos niveles de coordinación imprescindibles, porque es un recurso compartido y un recurso
limitado. El Gobierno no respeta el ámbito competencial y tampoco ayuda a esta coordinación cuando regula, sin concretar el alcance de la misma, aspectos que ya están regulados por las comunidades autónomas en los diferentes territorios y Estados
que componen este país, por ejemplo, en lo referente a la creación de un nuevo registro de buques. Desde La Izquierda Plural consideramos que es necesario saber cuál es el volumen de la flota pesquera que entra a gestionar esos recursos en su
totalidad, pero unificar no es hacer único un registro; unificar es buscar esas fórmulas de coordinación que ustedes evidentemente no están poniendo encima de la mesa y por tanto no contemplan en la modificación que plantean a esta Ley de Pesca.
De igual modo habría que coordinar normas y criterios para la modernización, reconversión de flota y nuevas construcciones, porque, como bien se ha dicho, ya existen precedentes, elementos que afectan directamente a la capacidad pesquera de los
buques y por tanto a un potencial incremento del esfuerzo pesquero, y esto es muy importante, también aquellos elementos que tenían que ver con las medidas de rediversificación de la actividad.
Señora ministra, la coordinación que ustedes plantean a veces la confunden con imposición. Esperamos que esto se reconduzca, pero desde luego para nosotros -vuelvo al inicio de nuestra propuesta, a la posición inicial del Grupo de La
Izquierda Plural- todas estas cuestiones se hubieran resuelto si los planes de gestión participativos de los que hablábamos antes se convirtiesen por ley en la columna vertebral de nuestra política de pesca, algo que evidentemente, tal cual está
redactada esta propuesta de modificación de la Ley de Pesca, no queda reflejado en su proyecto. Esto nos hace pedirles que lo incorporen y en consecuencia solicitarles la devolución de este proyecto para que cuando lo traigan de nuevo a esta Cámara
para regular estos aspectos imprescindibles contemple estas aportaciones.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sanz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Gracias, señora presidenta.
Subo a esta tribuna a defender la posición de mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, en este primer debate parlamentario sobre la reforma de la Ley de Pesca Marítima del Estado. Quiero empezar destacando la importancia que para mi
grupo parlamentario tiene la pesca como sector estratégico y económico en nuestro país. La necesidad de establecer un marco normativo, tanto a nivel europeo con la reforma de la política pesquera común, como a nivel nacional con la necesaria
reforma de la ley vigente, ha de tener un doble objetivo que permita la sostenibilidad de la actividad extractiva y la pervivencia de las empresas y, sobre todo, de las comunidades costeras que dependen de dicha actividad. Precisamente por esa
importancia que tiene para nosotros la pesca, les recuerdo que mi grupo ha solicitado la avocación a Pleno de este proyecto de ley tras su paso por Comisión. Sería deseable que se produjese este segundo debate en Pleno. Sería deseable para que
también se diera más margen a una posible negociación de las enmiendas entre los grupos parlamentarios y el Gobierno. Sería deseable por tanto que ninguno de los miembros de esta Cámara se opusiese a ello.
Señorías, no podemos desconocer los antecedentes. El Partido Socialista ya presentó la pasada legislatura un proyecto de ley de pesca sostenible que intentó sacar adelante y no fue posible, proyecto de ley mucho más ambicioso que el que hoy
comenzamos a tramitar en esta Cámara. Nuestro proyecto estaba llamado a derogar la vigente Ley de Pesca Marítima del Estado, no solo a reformarla parcialmente. Su objetivo era establecer un nuevo, completo y sistemático marco jurídico nacional de
la actividad pesquera y del sector económico y productivo de la pesca, también de las actividades íntimamente relacionadas con ella, todo desde un punto de vista sostenible. En ese proyecto de ley también se regulaban temas como el nuevo régimen de
infracciones y sanciones dirigidas a actualizar la normativa española, sobre todo en materia de pesca ilegal, o la diversificación de la actividad económica pesquera a través de la denominada pesca-turismo, por citar algún ejemplo. Pero nosotros
fuimos más allá. En el proyecto de ley de pesca sostenible planteábamos una visión completa y sistemática no solo del fenómeno
pesquero sino de todo lo relativo al medio marino. Por eso, echamos en falta en este proyecto de ley -y por tanto a nadie le sorprenderá que nuestras enmiendas al articulado vayan en esta dirección- algunos temas fundamentales como el
establecimiento de medidas de protección del medio y los recursos naturales, reservas marinas, arrecifes artificiales, especies marinas en régimen de protección especial, recursos genéticos y estación de flota marina, o la creación de una reserva
nacional de posibilidades de pesca que permitiría al Estado contar con un nuevo instrumento para mejorar el control de la actividad pesquera y favorecer la gestión empresarial. También echamos de menos en este proyecto de ley un tratamiento más
completo y estructurado del sistema de control e inspección de la actividad pesquera en general y de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en particular, en coherencia con las modificaciones en el derecho europeo. Falta también en este
proyecto un tratamiento integral de la acuicultura, por supuesto respetando las competencias de las comunidades autónomas en la materia, que alcance también al ámbito del régimen de infracciones y sanciones, o el acceso a la información en relación
con el censo de la flota pesquera operativa en coherencia con la Ley de Transparencia, además de la oportunidad de contemplar de forma más amplia y coherente la pesca de la flota pesquera en aguas de otros países y una cooperación internacional en
materia pesquera coherente con la política nacional de cooperación.
Señorías, señora ministra, desde esta perspectiva, este proyecto de ley que remite el Gobierno a las Cortes Generales no es suficiente. Les ha faltado ambición. Le voy a ser sincera. Por esa misma razón, por esa falta de ambición de su
proyecto de ley, el Grupo Socialista podría haber adoptado otra posición, podría haber optado por registrar una enmienda a la totalidad con un texto alternativo que viniese a reproducir esa visión completa, sistemática y sostenible del fenómeno
pesquero que recogía nuestro proyecto de ley de la IX Legislatura, pero evidentemente esa no ha sido nuestra intención. Queremos mejorar sustancialmente el régimen actual de la pesca marítima en España, y entendemos que para ello este proyecto de
ley no es suficiente, pero sí nos abre la puerta para hacerlo a través de nuestras enmiendas al articulado, que esperamos puedan contribuir a perfeccionar el texto remitido por el Gobierno, que es como digo francamente mejorable.
Por todo lo expuesto les anuncio también que en esta votación por supuesto nos vamos a abstener. Pero esta abstención -también quiero dejarlo muy claro- no quiere decir que compartamos el texto del proyecto de ley. Como le decía le falta
ambición al texto, y nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos ser ambiciosos. No queremos parchear la ley vigente, queremos conseguir un marco normativo adecuado no solo de la actividad y el sector pesquero, sino de fenómenos
adyacentes como la conservación del medio y de los recursos marinos, o el régimen jurídico de la acuicultura.
Como decía la exposición de motivos de nuestro proyecto de ley, la necesidad de asegurar un adecuado y óptimo abastecimiento de los productos de la pesca, y asegurar la pervivencia del sector hacen más necesario gestionar los recursos
marinos vivos de manera responsable, y defender una pesca sostenible y rentable que ofrezca a las próximas generaciones las mismas oportunidades para la práctica de esta actividad de manera comprometida con el medio marino, pero también en sus
hábitats y en sus recursos. Por todo ello esperamos del Gobierno y del grupo que lo apoya en esta Cámara una actitud responsable a lo largo de la tramitación de este proyecto. Esperamos que el Gobierno y el grupo parlamentario que lo sostiene
tengan altura de miras suficiente y que muestren en las fases posteriores de tramitación de este proyecto de ley voluntad de acordar con todos los grupos parlamentarios el texto definitivo. Si esto fuese así ahí estaremos trabajando para suplir los
déficits del texto que ha presentado el Gobierno. Y si no es así también le adelanto que el Grupo Parlamentario Socialista entonces no apoyará este proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Rumí.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor García Díez. (La señora Rumí Ibáñez pide la palabra). Sí, señora Rumí, ¿quiere usted añadir algo? Adelante.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Sí, señora presidenta. Como veo que no he consumido todo el tiempo, me gustaría solicitar a la Presidencia de esta Cámara -y aprovechando que está aquí el ministro de Industria- que se regulen las temperaturas en
esta Cámara, porque aquí las estaciones meteorológicas están cambiadas. Y no lo digo solo por eficiencia energética, sino también por nuestra salud.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rumí, ese tema no le afecta al señor ministro de Industria, que bastante tiene con lo que tiene; nos afecta a los miembros de la Mesa. Gracias. (La señora Rumí Ibáñez: Lo digo para
que lo apoye.-Aplausos).
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Señora presidenta, señora ministra, señorías, hace aproximadamente catorce años, como se ha recordado aquí, tuvimos ocasión de debatir en esta Cámara el proyecto de ley de pesca marítima del Estado. Proyecto que hoy,
a través de este proyecto de ley que ha defendido el Gobierno a través de la ministra de Agricultura, vamos a proceder a modificar, entre otras cuestiones para conseguir los objetivos a los que la señora ministra se ha referido. Quiero empezar
recordando que en aquella ocasión, en el año 2000, se habían presentado también dos enmiendas a la totalidad, por el Grupo Parlamentario Mixto y por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Hoy el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ha
dicho, y yo se lo agradezco, que no estamos ante un nuevo proyecto y que no hay entidad suficiente para pedir su devolución, como han hecho otros grupos; y de hecho, coherente con sus afirmaciones, su grupo no ha presentado enmienda a la totalidad.
Sí lo ha hecho un grupo que no lo hizo entonces, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al que después me referiré al abordar sus enmiendas.
En aquel entonces quedó probado -y el tiempo transcurrido en el desarrollo de esta ley, en todos estos años, incluidas las modificaciones, que creo que fueron tres pequeñas modificaciones, y un real decreto que también modificó el tema
sancionador, realizadas por Gobiernos de distintos colores- que la ley ha sido y sigue siendo claramente respetuosa con la Constitución, con la doctrina del Tribunal Constitucional, y por tanto con las competencias que tienen atribuidas las
comunidades autónomas. Los que entonces vaticinaron -y abro comillas, sacado del 'Diario de Sesiones' de entonces- un retroceso desde la óptica de las competencias de las comunidades autónomas -cierro comillas-, evidentemente se equivocaron. Yo
añado: los que hoy aquí han argumentado en la línea de denunciar invasión competencial del Estado en las comunidades autónomas también se equivocan y se equivocarán, y lo verán.
Entrando en las enmiendas la portavoz del Grupo Mixto, señora Fernández Davila, y también la de Amaiur, se han contradicho. Por un lado una de las portavoces ha dicho que la ley introduce una nueva definición de pesca marítima y la otra
portavoz que se mantiene la definición de pesca marítima que había en el proyecto de la Ley 3/2001. Por cierto, señora Fernández Davila, en su enmienda a la totalidad dice usted textualmente: El proyecto realiza una nueva definición, pero hoy aquí
ha empezado diciendo: quiero matizar -que al final es quiero rectificar-, porque mantiene la anterior definición. Efectivamente si se leen la definición de pesca marítima del año 2001 y la que trae este proyecto de ley no cambia ni una coma. Por
tanto la señora portavoz de Amaiur tendrá que revisar también este concepto.
También afirma la portavoz del Grupo Mixto que el Estado español viene asumiendo con entusiasmo que sea la Unión Europea la que ejerza sus competencias en esta materia. Señorías, ni con entusiasmo ni a rastras; el Reino de España, como
saben todas sus señorías, desde su adhesión a las comunidades europeas lo que ha hecho siempre ha sido cumplir con los tratados. No hay necesidad de recordar lo que dice el Tratado fundacional de la Unión Europea, que establece que la Unión Europea
tendrá las competencias exclusivas de la pesca en lo referente a la conservación de los productos biológicos marinos dentro de la política pesquera común. También nos dice la portavoz del Grupo Mixto que en el campo interno asistimos a una
auténtica cruzada -creo que son sus palabras, si no he entendido mal- contra las competencias que intentan desarrollar las comunidades autónomas. Reitero una vez más que este proyecto de ley respeta escrupulosamente el reparto competencial
establecido en la Constitución española, respeta escrupulosamente el desarrollo jurisprudencial que ha realizado en todo este tiempo el Tribunal Constitucional, y no hay ni vean por ningún lado afanes centralistas ni cruzadas frente a las
comunidades autónomas, sino exclusivamente respeto a la legalidad vigente. Señorías, este grupo parlamentario ni ha hecho ni hace llamamientos a la desobediencia civil, como hacen otros grupos parlamentarios. (Aplausos). Tiene un escrupuloso
respeto por la legalidad vigente.
En estas enmiendas se dice también que el proyecto supone una obstaculización para que las comunidades autónomas desarrollen sus competencias de ordenación pesquera. Señora Fernández Davila, el proyecto de ley se limita a establecer
legislación básica en materia de ordenación pesquera, y a quien le corresponde -como se ha venido haciendo durante décadas, que esto no es nuevo- desarrollar esa normativa básica es a las comunidades autónomas, que la tienen que desarrollar y la
tienen que
ejecutar. Le pongo un ejemplo, en la legislación vigente hasta hoy, en la Ley de Pesca Marítima del Estado, el artículo 108, que ahora en el nuevo proyecto lleva un nuevo número -porque cambia evidentemente el número de artículos- siendo el
113, dice: Corresponde a los órganos competentes de las comunidades autónomas el desarrollo legislativo, la tramitación y resolución de los expedientes correspondientes a las infracciones en materia de ordenación del sector pesquero, y de
comercialización de productos pesqueros tipificados en esta ley. Esto que le acabo de leer figura exactamente en el proyecto que está vigente y en el que ahora presenta el Gobierno. Por tanto no vea una nueva, como ha dicho usted, obstaculización
para que las comunidades autónomas desarrollen las competencias que ya tienen.
Nos hablan -lo ha dicho la señora Fernández Davila- del derecho de pesca, y si no lo he entendido mal creo que sus palabras han sido: El derecho de pesca, del marisqueo y de la acuicultura deben residir en los pescadores; creo que lo ha
dicho así, señora Fernández Davila. Pero esto me llama poderosamente la atención porque el derecho de pesca sigue residiendo, con este o sin este proyecto de ley, en los pescadores; esto no ha alterado nada. Los derechos y las cuotas
transferibles deben estar acumulados siempre en un buque, en un barco pesquero, no se pueden acumular en unas pocas manos, como usted afirma en el texto o en su intervención, porque usted sabe que legalmente existe un tope de un 30% de derechos en
un mismo caladero, en un mismo barco, en una misma empresa o en unas asociaciones o grupos de empresas. Esto lo sabe usted que lleva muchos años defendiendo y hablando de pesca en esta Cámara; eso sí, también le digo que no hable en nombre de los
pescadores gallegos porque en esta Cámara somos 23 los diputados gallegos elegidos por la Comunidad Autónoma de Galicia, y tenemos el mismo derecho a defender esos intereses y las mismas razones. (Aplausos).
Y se ha hablado por parte de ambos portavoces enmendantes a la totalidad -la señora Davila y el señor Barberà- del Registro general de la flota pesquera diciendo que se intenta centralizar, que se intenta burocratizar la inscripción de las
embarcaciones. El señor Barberà ha añadido que no respeta las competencias de la comunidad autónoma en la ejecución de los registros de buques pesqueros. La señora ministra lo ha dicho muy claro y lo ha explicado yo creo que muy extensamente, y
solo insistiré por tanto en un único concepto: lo único que se pretende con esta modificación en este tema es garantizar la uniformidad de los datos de los buques, y la recogida exhaustiva de los mismos datos con independencia de que puedan
convivir ambos registros; uno no excluye al otro, y por tanto nada cambia en este tema. Lo mismo podría decir de la construcción y modernización de buques pesqueros que es competencia de las comunidades autónomas -dice la señora Fernández Davila-,
y yo, a riesgo de ser reiterativo, le diré que respecto a las disposiciones relativas a estos programas de construcción, de modernización, etcétera, cuya legislación básica en materia de ordenación pesquera sabe usted que corresponde al Estado,
después son las comunidades autónomas las que tienen que desarrollarlas. Nada cambia por tanto tampoco en esta reforma.
No tengo mucho tiempo para referirme a todas las demás cuestiones que han planteado. Me voy a referir a una más y luego cerraré esta intervención. Hablan de la pesca-turismo o de las medidas de diversificación pesquera a las que se ha
referido el Gobierno en su presentación. Unos nos han dicho que son competencia de las comunidades autónomas -la señora Fernández Davila- y el señor Barberà ha dicho que no deberían incidir sobre las comunidades como Cataluña en las que ya existe
legislación vigente. Pues bien, señorías, este proyecto de ley en este tema no discute las competencias de las comunidades autónomas en materia de turismo, sino que trata de fomentar el desarrollo de diferentes actuaciones de diversificación
económica y del sector pesquero y acuícola, y entre ellas está esta, el turismo pesquero o lo que se llama también la pesca-turismo. Por tanto el papel del ministerio, del Magrama, es y será facilitar e impulsar el desarrollo económico con este
tipo de actividades. Ahora bien esto no excluye la necesidad de asegurar que estas actividades sean plenamente respetuosas con la normativa. No me puedo extender, pero les tengo que decir que la Unión Europea, a través de la PPC y concretamente
del reglamento del Fondo europeo marítimo y pesquero, exige a los Estados miembros que se legisle básicamente y que se introduzcan unas normas de obligado cumplimiento para todos. Por tanto, señor Barberà, ¿es necesario introducir estas
definiciones? Por supuesto que sí. ¿Que son la base de una nueva área de negocio en el marco jurídico nacional? Por supuesto que sí; ahora bien, es evidente que deberán respetarse, desarrollarse y adaptarse las normativas ya vigentes, como la
que tiene su comunidad autónoma, a las particularidades de la legislación de la que nosotros estamos hablando. Eso es necesario, que hayan ido por delante no quiere decir que ahora no tengan que adaptarse a esta normativa básica.
Para ir terminando, señorías...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor García Díez, tiene que terminar.
El señor GARCÍA DÍEZ: Sí, si me permite un minuto, señora presidenta, se lo agradezco.
Como empecé quiero decirles que en el año 2011 se debatió aquí el proyecto de ley de pesca marítima del Estado, y en aquella ocasión -y lo he sacado del 'Diario de Sesiones' de aquella época- se dijeron estas tres cosas: Es una ley que se
acerca mucho a nuestros planteamientos, a lo que creemos que necesita el sector. O bien se dijo: Una ley que creo que será positiva y beneficiosa para la gente de la mar. O se terminó añadiendo: Me gustaría destacar los mayores avances en
separar claramente las competencias del Estado de las competencias de las comunidades autónomas. Esto no lo dijo en aquella ocasión el portavoz del Grupo Parlamentario Popular; lo dijo entonces, señor Barberà -porque no sé si usted estaba, yo no-,
el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Y se congratuló mucho con la aprobación de este proyecto de ley, y hoy, con el que ha traído el Gobierno a esta Cámara, no se modifica ni un coma lo que en aquel momento a ustedes
les gustaba, como aquí se manifestó. Sí que es posible que hayan cambiado los vientos en Cataluña y le hayan motivado la presentación de esta enmienda a la totalidad.
Finalmente les pido el apoyo claro a este proyecto de ley. No entiendo, señora Rumí, la posición de abstención, la justifique como la justifique, aunque la justifique diciendo que este proyecto de ley tiene falta de ambición. ¡Cuidado! A
lo mejor falta de ambición, pero ustedes se pasaron de frenada, porque presentaron un proyecto de ley de pesca sostenible y lo tuvieron que meter en el cajón y no tramitar porque se lo rechazó el sector entero. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Por lo tanto, yo sí quiero terminar muy positivamente. Nos queda mucho trabajo por delante y hago un llamamiento a que en ese periodo de trabajo que tenemos por delante intentemos alcanzar entre todos los consensos
que en el año 2001 se alcanzaron. Mi compromiso personal y el de mi grupo parlamentario ya lo tienen; el de ustedes lo esperamos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora García Díez. (La señora Fernández Davila pide la palabra). Dígame, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señora presidenta, es para aclarar una alusión personal del señor García Díez a mi persona.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández, en un debate como este hay alusiones personales.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Simplemente es para manifestar que atribuye unas palabras que yo no dije, y me parece que es conveniente aclararlo.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Tiene usted quince segundos.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Atribuye que yo dije que hablaba en nombre de los pescadores de Galicia, y eso no es cierto. Otra cosa es que, tanto en mi intervención como en la exposición de motivos de nuestra enmienda de devolución, se
defienda el sector pesquero gallego y los intereses de competencia de la Xunta de Galicia. Pero no hablé en nombre de nadie. Sí hablé en nombre del BNG.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Eso lo sabemos todos, que para eso ha intervenido usted en nombre del BNG.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor García Díez, ¿quiere decir algo? (Asentimiento). Tiene quince segundos.
El señor GARCÍA DÍEZ: Señora Fernández Davila, yo lo que he dicho es que en esta Cámara hay 24 diputados que estamos elegidos por la Comunidad Autónoma de Galicia, y que usted muchas veces y frecuentemente utiliza la representación de
Galicia para defender los intereses del sector pesquero gallego. Yo le digo que todos los demás estamos igualmente legitimados para hacerlo. Nada más. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor García Díez.
- PROYECTO DE LEY DE METROLOGÍA (Número de expediente 121/000095).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Proyecto de ley de metrología. Tiene usted la palabra, señor ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señora presidenta, señorías, comparezco en nombre del Gobierno para someter a la consideración de esta Cámara y de sus señorías el proyecto de ley de metrología que, quiero
aclarar, nada tiene que ver con la meteorología. Esa sí que no es una competencia de este departamento. La metrología, como saben todos ustedes, señorías, es una parte de la física que estudia, en primer lugar, las mediciones de las magnitudes
garantizando su normalización. La metrología incluye el estudio, el mantenimiento y la aplicación del sistema de pesas y medidas. La metrología abarca distintas ámbitos -el ámbito científico, el ámbito legal, el ámbito industrial-, y su fin
principal es la obtención y la expresión del valor de las magnitudes. Para ello la metrología utiliza instrumentos, métodos, y medios apropiados. La metrología por tanto garantiza que los instrumentos de medida sean instrumentos fiables y sean
instrumentos exactos. Es una disciplina no muy conocida, más allá de los ámbitos científicos, académicos e industriales. Sin embargo, a pesar de ello, la metrología tiene una enorme trascendencia en cuestiones que nos afectan en el día a día, caso
por ejemplo de los surtidores de gasolina, de las básculas de supermercado, etcétera.
La ley que regula la metrología en España es del año 1985. Por tanto tiene ya más de veinticinco años, habiendo tenido a lo largo de todo este tiempo modificaciones parciales. Sin embargo hay que decir que la ley del año 1985 ya en su
momento fue una importante ley, fue un importante avance. Permitió el desarrollo científico de la metrología, ha demostrado ser una norma flexible a lo largo de todos estos años, y ha demostrado también tener una gran capacidad de adaptación. Pero
es el momento de considerar la necesidad de un nuevo texto que aporte coherencia al conjunto, tras todas las modificaciones que ha sufrido esta ley a lo largo de estos años, que también facilite su comprensión que ayude a la Administración pública
en su aplicación, y que favorezca el libre mercado y la innovación.
Antes de entrar en el contenido propiamente dicho de la ley, quiero agradecer el trabajo y el esfuerzo que todos los trabajadores y todos los funcionarios del Centro Español de Metrología han realizado a lo largo de los últimos meses para
poder disponer de este texto. Quiero también en este capítulo de agradecimientos expresar mi gratitud a los grupos parlamentarios por todas las aportaciones que se han hecho hasta este momento, y que estoy seguro de que van a quedar enriquecidas
aún más con las que hagan durante el periodo de tramitación.
La ley, cuyo debate de totalidad se trae hoy a la Cámara, fija un adecuado régimen sancionador y regula el régimen de autorizaciones a los organismos designados, es decir, a las empresas privadas habilitadas por las comunidades autónomas
para ejercitar el control sobre mediciones. La ley que se trae modifica la Ley de Industria del año 1992, y la modifica debido a la necesidad de regular el régimen de declaración responsable de los organismos de control, pues son quienes verifican
si la industria cumple o no con los requisitos establecidos en los reglamentos de seguridad industrial. La ley refuerza al propio tiempo la unidad de mercado y lo hace debido a que cada organismo autorizado por una comunidad autónoma para controlar
las mediciones podrá, a partir de la aprobación de esta ley, actuar en todo el territorio nacional. Por tanto es una ley que también ayuda a romper fronteras entre comunidades autónomas. Finalmente la ley incorpora las distintas reformas que se
proponen desde la Unión Europea y que se han realizado a lo largo de todos estos años.
Respecto al sistema de medidas, las unidades de medida como es sabido se establecen en la Conferencia General de Pesas y Medidas, y la ley lo que regula es el sistema legal de unidades de medidas y se establece la obligación de utilizarlas.
¿Qué es lo que se controla por esta ley y quién controla? Se controlan por esta ley los instrumentos, los materiales de referencia, los sistemas de medidas y los programas informáticos que sirvan para medir y contar, y que se utilicen por razones
de interés público, de seguridad pública, por razones medioambientales, por razones vinculadas al interés de los consumidores, y por recaudación de tributos o de aranceles. ¿Quién ejerce el control de estas mediciones? Lo ejercen los llamados
organismos designados que son los órganos autorizados por las comunidades autónomas, y actúan en todo el territorio nacional, y sus certificados tienen validez en todo el territorio nacional.
Respecto a la administración de la metrología hay tres organismos importantes. En primer lugar, el Consejo Superior de Metrología que tiene como funciones el asesoramiento, la coordinación, la garantía de la unidad de mercado, y ser el
órgano colegiado con participación evidentemente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, pero también de las comunidades autónomas y de los entes locales. En
segundo lugar, dentro de la Administración está el Centro Español de Metrología. Es un órgano autónomo adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y representa al Estado a nivel internacional. Y En tercer lugar, se encuentra el
Registro de Control Metrológico, que es un registro público y que tiene carácter único.
Respecto al régimen sancionador hasta ahora era un régimen insuficiente, y lo que hace la nueva ley es fijar un régimen sancionador y de infracciones de acuerdo a las modificaciones que se han ido introduciendo y a las competencias de las
comunidades autónomas.
Como decía al principio, la ley que se trae a esta Cámara introduce determinadas modificaciones también en la Ley de Industria. Es una ley del año 1992. Mantiene la obligación de autorización para acreditar que una entidad privada sea
organismo de control. Sin embargo por sentencia del Tribunal Supremo del año 2011 no son necesarias las autorizaciones administrativas para ser organismo de control, salvo que el Estado justifique interés general o que se derive de una obligación
marcada por la Unión Europea o por un organismo internacional. Por tanto en la nueva ley de metrología, respecto a la modificación de la Ley de Industria, se adapta el régimen para ser organismo de control, y se hace en función de su adaptación a
la Ley de Unidad de Mercado y a la sentencia del Tribunal Supremo del año 2011 antes mencionada. Se suprime por tanto la autorización administrativa, y la valoración para acreditar que una entidad cumple con los requisitos para ser organismo de
control a partir de la nueva ley será hecha por una entidad nacional de acreditación para todo el territorio nacional, y que evaluará la competencia técnica de la entidad solicitante de forma independiente, imparcial, reglada, y con criterio único,
objetivo y no discriminatorio. Obtenida la acreditación para ser organismo de control solo será necesaria adicionalmente una declaración responsable.
Respecto al régimen sancionador, en el que con anterioridad decía que se introducen también algunas modificaciones, estas se deben a la necesidad de adaptar la tipificación de las distintas infracciones como leves, graves y muy graves.
Además se impide la indexación del importe de las sanciones respecto al IPC en consonancia con la Ley de Desindexación. Finalmente respecto a las modificaciones en la Ley de Industria se alinea también con los principios establecidos en la Ley de
Unidad de Mercado y se hace más operativo y eficiente el Consejo de Seguridad Industrial.
Termino agradeciendo a todos los grupos el interés que se ha mostrado para llevar a cabo esta modificación de la ley de 1985. Se han presentado dos enmiendas a la totalidad, una por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) y otra por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Con relación a la primera se ha manifestado que no se está de acuerdo con los cambios realizados en la Ley de Industria en todo aquello que tiene que ver con la unidad del mercado. Sin
embargo sí se valora positivamente la modificación de la ley en lo relativo a los órganos de control. Con relación a esta cuestión quiero recordar que, como desarrollo de la Ley de Unidad de Mercado, se convocó una Conferencia Sectorial de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa donde se explicaron los principios y objetivos a todas las comunidades autónomas, y la voluntad de modificar toda la reglamentación necesaria para adaptarla a la Ley de Unidad de Mercado, tal como ahora se
hace con la Ley de Industria.
Con relación a la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario Socialista también está centrada en la modificación de la Ley de Industria. Quisiera decir que la modificación que se realiza de esta última ley es una modificación puntual, en
la que se trata de solucionar problemas específicos, y se trata también de alinear dicha ley con la Ley de Unidad de Mercado, sin que se considere necesaria una modificación total de la Ley de Industria por entender que la actual establece los
marcos necesarios para desarrollar políticas industriales que se consideren necesarias. No obstante estamos dispuestos a hablar para que en el futuro podamos acometer en profundidad una modificación de esa Ley de Industria.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): A este proyecto se han presentado dos enmiendas a la totalidad. En primer lugar, para defender la suya, tiene la palabra, en nombre del Grupo de Convergència i Unió, la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Señora presidenta, señorías, señor ministro, abrimos hoy el debate sobre la ley de metrología, que puede parecer algo abstracto y científico, pero no lo es. Abrimos el debate de la ley de metrología, que puede
parecer una ley muy técnica, pero no lo es pues contiene aspectos relevantes desde el punto de vista no solo económico sino también social por lo que afecta a los ciudadanos y consumidores, y asimismo contiene aspectos políticos por lo que afecta al
modelo y a las competencias que tienen las comunidades autónomas en la materia. A nuestro entender, es un proyecto de ley que va
más allá de los aspectos estrictamente técnicos. Se trata de una ley transversal porque afecta a sectores muy diversos; una ley no solo industrial, sino también con un carácter económico y social importante por su impacto en los
consumidores. Por último, es una ley que no solo tiene un impacto determinante en las competencias de las comunidades autónomas, sino que supone, como decía, un cambio de modelo cuando tenemos un modelo en el caso de Cataluña que, a nuestro
entender, ha sido y es efectivo, riguroso, eficiente y aporta estabilidad. Referirnos al modelo que propone esta ley es hacerlo al proceso de recentralización que está llevando adelante el Gobierno, lo que a nuestro entender supone una pérdida de
modelos eficientes. Este es un aspecto que nos preocupa y así lo hemos puesto de manifiesto en el marco del debate de la Ley de Unidad de Mercado, al igual que en otros debates. Nos preocupa por las negativas consecuencias que tiene sobre la
propia estructura del Estado la preservación y el reconocimiento de su diversidad, así como también a nivel de la búsqueda de modelos de mayor éxito que garanticen un progreso y una mayor competitividad y eficiencia en todo el territorio del Estado.
Detectamos a menudo, señorías, una falta de cooperación, de respeto también y de consideración hacia las comunidades autónomas en el trámite previo a la elaboración de una ley y asistimos a la aprobación de reales decretos y leyes que suponen una
invasión competencial casi inherente a cualquier ley que aprueba el Gobierno, que no cuentan siempre con el resto de fuerzas políticas y no persiguen el consenso que tan necesario es. Se prioriza así también una política recentralizadora, negando
la evidencia y continuidad de aquellas prácticas y modelos de éxito que funcionan en determinadas comunidades autónomas y que podrían actuar como referente para otras, y este proyecto de ley de metrología, señorías, hasta ahora no ha sido una
excepción. Hubiésemos apreciado más una mayor colaboración y cooperación con las comunidades autónomas, un mayor respeto competencial y un mayor reconocimiento a modelos que funcionan y contribuyen al crecimiento del sector, comprometidos con la
defensa de los consumidores y orientados a la eficiencia y la estabilidad.
En los últimos años, señorías, señora presidenta, señor ministro, la metrología legal en el Estado español ha vivido dos grandes cambios evolutivos. El primero en el año 1985, con nuestra entrada en la Unión Europea y la aplicación de la
Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología. Y el segundo gran cambio está relacionado con la aplicación del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida. Ello ha
conllevado una evolución de la gestión de la metrología legal en muchas comunidades autónomas, entre ellas la de Cataluña, en cuyo caso se ha traducido en un modelo liberalizado de gestión que ha dado estabilidad y buenos resultados hasta la fecha y
que consideramos un modelo de éxito. Sin embargo, el Gobierno en esta ley ha omitido esta realidad presentando un proyecto de ley de metrología que pretende homogeneizar la gestión metrológica en todo el territorio del Estado, invadiendo las
competencias autonómicas, ignorando las mejores prácticas que han dado los mejores resultados y dando la espalda, a nuestro entender, a las necesidades y a la especificidad de cada modelo existente en la actualidad en las distintas comunidades
autónomas.
La enmienda a la totalidad que ha presentado mi grupo parlamentario tiene cuatro ejes principales. El primero es el eje competencial. Este primer eje justifica la presentación de esta enmienda a la totalidad y va en la dirección de
lamentar que un proyecto de ley que tiene tanta incidencia sobre políticas cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas, como es el caso del control metrológico, no haya tenido en cuenta sus consideraciones, rechazando nuevamente el
cumplimiento del reparto competencial y anulando con ello un modelo de éxito, como decía anteriormente. Para ser más concreta, el proyecto de ley de metrología invade competencias ejecutivas de la Generalitat de Catalunya en materia metrológica y
se aleja del modelo de éxito de esta comunidad autónoma. Así, de acuerdo con el artículo 139, apartado 4, del Estatuto de Autonomía de Cataluña, corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de control metrológico. Asimismo,
podemos recordar las sentencias favorables del Tribunal Constitucional al respecto, que han dado y dan a la Generalitat de Catalunya la competencia en la ejecución de la legislación de la Administración del Estado. Sin embargo, el artículo 19
apartado 2 del proyecto de ley de metrología permite que ciertos organismos autorizados de verificación metrológica actúen en Cataluña sin la designación de la Generalitat, siendo designados, en cambio, por otras comunidades autónomas con criterios
diferentes a los establecidos por la Generalitat de Catalunya. Señorías, esto, además de vulnerar las competencias autonómicas, impide el desarrollo de un modelo -hago énfasis en ello- que en Cataluña ha funcionado y que se basa en criterios
objetivos y razonables, como puede ser pedir la acreditación de la competencia técnica para que un organismo pueda actuar en esta comunidad autónoma.
El segundo eje se refiere a los aspectos más técnicos del proyecto de ley. Este segundo eje que sustenta nuestra enmienda a la totalidad se refiere al contenido técnico del proyecto de ley, el cual, a nuestro juicio, contiene algunas
lagunas significativas, plantea una cierta inseguridad en algunos aspectos y genera potenciales costes que pueden impactar y repercutir tanto en el consumidor como en las empresas y comercios. Son aspectos que entendemos que deben ser replanteados
a fin de dotar de mayor seguridad y de la estabilidad necesaria al sector. Sin ir más lejos, el artículo 8, que hace referencia a los elementos sometidos al control metrológico del Estado, propone en su apartado 2 la utilización de instrumentos
testigo, lo que implica que no será necesario que el Estado controle todos los instrumentos de medida que haya en un mismo recinto, sino que bastará con que se disponga de uno con requisitos de verificación especiales que sirva a los ciudadanos para
comprobar que el resto de instrumentos del mismo espacio funcionan correctamente. Señorías, cabe preguntarse en primer lugar qué se entiende por recinto y dónde están los límites al mismo, algo que a nuestro entender la ley no deja claro y genera
inseguridad. Parece que el proyecto de ley pretende simplificar la práctica del control que debería ejercer el Estado al realizar el control únicamente sobre el instrumento testigo y no sobre todos los instrumentos de medida existentes en un
recinto. No obstante, desde la perspectiva del consumidor, ello puede provocar una cierta indefensión y confusión, además de repercutir en términos de coste. Señorías, señor ministro, el proyecto de ley no puede representar un retroceso para los
derechos y garantías de los consumidores.
Otro aspecto que también nos preocupa es que entendemos que suscita serias dudas que este planteamiento tenga encaje en el seno de la Unión Europea. En todo caso, lo que está claro y sí exige la legislación comunitaria es que una medida así
debe ser justificada. En este sentido, los artículos 1 y 2 de la Directiva 2004/22/CE, que hacen referencia a la prescripción de la legislación metrológica de ciertos instrumentos de medida por razones de interés público, salud pública, etcétera,
establecen que cuando los Estados miembros no prescriban este uso, notificarán las razones a la Comisión y al resto de los Estados miembros. El uso de instrumentos testigo es la exención del control metrológico del Estado sobre instrumentos de
medida, por lo cual se tendrían que notificar las razones de la existencia de instrumentos testigo y sus consecuencias a la Comisión y al resto de Estados miembros, siendo este aspecto del instrumento testigo, señorías, un ejemplo claro de la
inseguridad que percibimos. Y no es el único aspecto técnico que queda al descubierto. Otra laguna que ofrece poco menos que inseguridad también está relacionada con el mismo artículo 8, apartado 5, en el cual no se identifican los organismos
designados que llevarán a cabo las fases metrológicas de control, lo que puede provocar que cuando se haga referencia a organismos designados se haga referencia tanto a organismos relacionados con las fases de puesta en servicio como a los
relacionados con las fases de instrumentos en servicio. Por lo tanto, lo que en última instancia se está proponiendo es tratar a todos los organismos del mismo modo, cuando claramente son distintos y sus funciones lo son también. En la misma línea
nos encontramos también con el artículo 13, sobre productos preenvasados, pues este solo hace referencia a los productos preenvasados y deja de lado los productos envasados. En conclusión, señorías, más allá de estos aspectos más concretos que
sirven de ejemplo, a nivel técnico este proyecto de ley genera ciertas dudas e inseguridades que no parecen razonables y presenta algunas carencias de contenido.
Tercer eje, perspectiva industrial. Este tercer eje está relacionado con esta perspectiva industrial, cuando hablamos de metrología hablamos indudablemente de industria, y en este sentido otra de las cuestiones sobre la que no podemos estar
de acuerdo en este proyecto de ley es en cómo repercute esta propuesta legislativa sobre el tejido productivo y el tejido industrial. En primer lugar, y tal como está planteada en la ley, se deja fuera del sistema metrológico a todas las empresas
reparadoras de los instrumentos sujetos a control metrológico. Parece que no hay alternativa ni mercado para ellas a partir de ahora, lo cual es claramente contrario a la idea que comparte mi grupo parlamentario de dar fuerza al tejido productivo
industrial e incrementar su peso en términos de PIB. En segundo lugar, este proyecto de ley no solamente impacta en esta parte del tejido productivo, sino que también se queda corto a la hora de responder a cuestiones que sumarían para determinados
sectores industriales como pueden ser los fabricantes de instrumentos de medida. Por lo tanto, a nuestro juicio, la vertiente industrial de este proyecto de ley no puede representar una oportunidad perdida para mejorar la competitividad industrial
y reforzar el compromiso con la misma; se han dejado de lado aspectos que debieran ser considerados y no se han clarificado otros que son de especial relevancia para el sector industrial.
El cuarto eje está relacionado con los organismos de control en el ámbito de la seguridad industrial. En cuanto al régimen jurídico de estos organismos de control que actúan en los ámbitos reglamentarios de seguridad industrial, el análisis
que hacemos desde mi grupo parlamentario es favorable -como ha
reconocido también el ministro- en ciertos aspectos, si bien hay otra parte que nos impide valorar de forma positiva la globalidad. El proyecto de ley modifica en su disposición final tercera la regulación de los organismos de control,
regulando de una manera clara la necesidad de acreditación de la competencia técnica por parte de la entidad nacional de acreditación, la necesidad de tener una póliza de responsabilidad civil que cubra su posible responsabilidad y estableciendo
como régimen de intervención la declaración responsable. Hasta aquí mi grupo parlamentario está de acuerdo, pues ello va en la misma línea que el proyecto de ley catalán de seguridad industrial de los establecimientos, las instalaciones y los
productos que ha sido aprobado recientemente por el Parlamento de Cataluña. Es decir, en cuanto al régimen jurídico de intervención y los requisitos de los organismos de control que actúan en los ámbitos reglamentarios de seguridad industrial,
Convergència i Unió está en consonancia con el proyecto de ley. Sin embargo, otra cuestión muy distinta y que nos lleva a valorar este aspecto de modo globalmente no tan positivo son todas las remisiones que la misma disposición hace a la Ley de
garantía de la unidad de mercado, una ley sobre la que mi grupo se ha pronunciado en diversas ocasiones. Y no es de extrañar que la aplicación de la misma Ley de garantía de la unidad de mercado en la ley de metrología lleve a una contradicción con
la Ley de Seguridad Industrial aprobada en Cataluña, y lo mismo sucede en cuanto a la supervisión de la actividad de los organismos de control, y es que la disposición vuelve a remitirse a la Ley de garantía de la unidad de mercado. Por tanto, este
argumento y esta referencia a la Ley de garantía de la unidad de mercado se consolidan como un argumento importante y determinante de nuestra enmienda a la totalidad.
Señorías, presidenta, señor ministro, nuestra voluntad firme es trabajar para que se replanteen los aspectos clave de la ley para abordarlos de forma inclusiva y acorde a las necesidades de las comunidades autónomas y a favor de los
consumidores, de la industria y de los operadores que se verán afectados por esta ley. El objetivo ha de ser una ley más europea, más respetuosa con las competencias, más comprometida con los consumidores, que dé seguridad y estabilidad al sector
industrial, a los consumidores y a los ciudadanos y que aporte la eficiencia necesaria y apoye a la industria sectorial vinculada directa o indirectamente con esta ley.
Termino, señora presidenta. Con todo ello, mi grupo parlamentario está abierto a dialogar y esperamos que el Gobierno abra la puerta a la negociación para mejorar los aspectos importantísimos de esta ley que merecen ser consensuados en
beneficio de todos. Señor ministro, señorías, perseguir el consenso es hoy más importante que nunca y quiero poner en valor esta voluntad de diálogo y de consenso que persigue mi grupo parlamentario y perseguirá en todo momento. De conseguirlo,
seguro que nos suma a todos...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Termino, señora presidenta.
Pero sobre todo sumará a los ciudadanos, que en definitiva son nuestra razón de ser.
Antes de dar las gracias por escuchar esta intervención, quiero desearles desde el consenso, desde el diálogo y desde el respeto una bona Diada a tothom.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, tengo que iniciar mi intervención expresando un homenaje personal a un exdiputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife que perteneció al Grupo Parlamentario Socialista desde el 15 de junio de 1977, es decir en las elecciones
iniciales a la democracia, hasta los primeros días del año 1996. Don Nestor Padrón Delgado fue un gran diputado durante cinco legislaturas (Aplausos), diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife que falleció a mediados del pasado mes de
agosto, que entregó veinte años de su vida a la defensa del bien común en las Cortes Generales españolas y que fue miembro también de organizaciones no gubernamentales defendiendo el derecho a la vida en muchos países africanos, organizaciones no
gubernamentales en las que él fue una pieza fundamental. El respeto del Grupo Parlamentario Socialista, e intuyo que de toda la Cámara, debe quedar expresado, al menos, a través de esta primera intervención de este diputado por la misma provincia
por la que Nestor Padrón representó a su tierra en las Cortes Generales.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura, le voy a parar el tiempo, no se preocupe.
Esta Presidencia hace suyas, en nombre del conjunto de la Cámara, las palabras expresadas por el señor Segura. Que descanse en paz.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchísimas gracias, señora presidenta. En el día de mañana le transmitiré este sentimiento a los miembros de su familia con los que me voy a entrevistar para hacerles entrega de todo un dosier de lo que fue su
labor parlamentaria durante casi veinte años.
Señor ministro, la ley de metrología -ese es el título del proyecto de ley- responde en un 80% a lo que es la metrología científica, la metrología industrial, la metrología social, la metrología comercial, aquella que afecta al quehacer
diario. Desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos viendo ese proyecto de ley como dos materias, la materia que responde a la exposición de motivos, a veintiséis artículos y a varias disposiciones transitorias, hasta que llegamos a la
disposición final tercera, eso es a lo que responde el proyecto de ley de metrología. Pero ¡oh, sorpresa!, porque una vez más el Gobierno no consulta al Consejo de Estado, como con el Real Decreto-ley 8/2014, aquel real decreto-ley reconvertido en
proyecto de ley que afecta a la economía, a la generación de empleo, que en su título III y en cuatro apartados consecutivos modificó la Ley de Combustibles y una serie de preceptos. Se traspusieron directivas comunitarias a nuestro ordenamiento
jurídico vinculadas a la eficiencia energética sin que se hiciese consulta al Consejo de Estado. Y aquí se da la siguiente paradoja, e invito al señor ministro a que deshaga este entuerto si es que se ha producido. Nos consta que el Gobierno, el
Ministerio de Industria, dirigió un anteproyecto de ley de metrología al Consejo de Estado, le pidió informe, este emitió informe y con posterioridad y sin conocimiento del Consejo de Estado, sin haber sido consultado, introdujo la disposición final
tercera, con la que se transforman un montón de artículos de la Ley de Industria del año 1992. Nosotros les decimos que es necesario una nueva ley que modernice la Ley de Industria del año 1992, se lo vamos a argumentar, pero desde luego hay que
diferenciar entre ley de metrología y Ley de Industria.
Por lo que se refiere a la ley de metrología, señorías, me gustaría poner de manifiesto que la primera vez que en nuestro ordenamiento jurídico se habla de la metrología en España tiene lugar en el Boletín Oficial del Estado con la Ley
88/1967. En esa ley, en su artículo 1, se declaraba de uso legal en España el Sistema Internacional de Unidades, en el que figuran actualmente como unidades fundamentales el metro, el kilogramo, segundo, amperio, kelvin y candela. En el artículo 4
se dice que las unidades del Sistema Internacional de Unidades serán de enseñanza obligatoria en el nivel que corresponda en todos los centros docentes. Cierto es que la segunda vez que en nuestro ordenamiento legal se habla de metrología es en una
ley del año 1985 que se publica en el Boletín Oficial del Estado. Esta es la tercera vez que teóricamente, dado que tienen la mayoría que tienen, se publicará un día en el Boletín Oficial del Estado este tercer proyecto de ley de metrología.
Señorías, aquí se ha dicho que en efecto la metrología no trata solo de las unidades de medida, no trata solo de los instrumentos con los que se trabaja, sino también de los procedimientos y las buenas prácticas que se siguen en el uso del
instrumental para producir las mediciones. Nosotros queremos destacar que la importancia de la correcta aplicación de los procedimientos que a diario en todas las materias tiene lugar, vinculados a la medición y a la utilización de un instrumento
que ha de estar controlado por la Administración pública mediante una calibración y verificación, mediante la aplicación de una serie de procedimientos, afecta diariamente a nuestra vida ordinaria. Señorías, la metrología legal tiene su razón de
ser en la necesidad de garantizar el comercio legal en el área de las pesas y medidas. Se ocupa de los instrumentos de medida que están controlados legalmente. Su principal objetivo es el de garantizar a los ciudadanos que los resultados de las
medidas sean correctos cuando estos se utilicen en las transacciones oficiales, por un lado, o particulares, por otro; que los fabricantes envasadores o importadores de productos preenvasados deben asegurarse de que los preenvasados contienen lo
previsto y aquello por lo cual se paga. (Rumores). Por consiguiente, la metrología, señoras y señores diputados, tiene una importancia de colosal excepcionalidad en nuestra vida diaria.
Nosotros queremos poner de manifiesto que en la Europa de hoy en día... (Continúan los rumores). Yo no puedo hablar así.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Ruego silencio. Continúe, señor Segura, tiene usted la suficiente potencia de voz como para que le escuchemos todos.
El señor SEGURA CLAVELL: Y potencia intelectual, sin duda, señoría, pero desde luego... (Risas).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No, no, estoy hablando de su potencia de voz, no de otra cosa.
El señor SEGURA CLAVELL: Sin duda, y entendida la potencia como la energía que se pone en marcha por unidad de tiempo.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura, vuelva usted al tema porque está usted perdiendo el tiempo.
El señor SEGURA CLAVELL: Estoy en el tema, señora presidenta. De acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades, la potencia se mide en vatios, sin duda alguna, y hay que poner muchos vatios con el objeto de hacer llegar a los compañeros
y compañeras diputadas el mensaje científico y tecnológico que requiere esta ley; a eso me estoy refiriendo. La energía no se mide en vatios, la energía se mide en julios en el Sistema Internacional de Unidades. Sería muy deseable que ninguna
persona dedicada a la Administración pública en España confundiera el vatio con el julio. Repito que en la Europa de hoy en día se mide y se pesa con un coste equivalente, evaluado por la Comisión Europea, a más del 6% de nuestro producto interior
bruto. En consecuencia, la metrología supone una parte natural y vital de nuestra actividad diaria. Cualquier producto que consumamos ha sido previamente, ha sido calibrado con un instrumento: el café con leche que tomamos por la mañana, la
temperatura de un establecimiento, la potencia de un elemento industrial, cualquier elemento industrial comercial, el mantenimiento de un yogur en una cadena de frío en un supermercado, y así sucesivamente. No estamos hablando de una teoría
científica que afecta a unos cuantos señores en un laboratorio, no estamos hablando exclusivamente de la industria, estamos hablando de algo que afecta al 6% del producto interior bruto de la Unión Europea. Es algo muy relevante.
Señor ministro, si ustedes no hubiesen traído en el proyecto de ley la disposición final tercera, este diputado no estaría defendiendo en representación de su grupo una enmienda a la totalidad. La enmienda a la totalidad es como
consecuencia del auténtico disparate normativo de transformar del orden de quince artículos de una Ley de Industria del año 1992, de reconvertirla, porque, en efecto, hay problemas legislativos en lo que se refiere a la seguridad industrial. Pero
eso requiere o un proyecto de ley de seguridad industrial o una nueva ley de industria que no ha traído usted, aunque lleva ya casi tres de años de ministro en este Gobierno. Nosotros le hubiésemos dado luz verde a la tramitación de la ley de
metrología, pero aquí hay dos leyes que no tienen nada que ver una con la otra. Queremos poner de manifiesto que estamos viviendo una época en nuestro país en la que hay una necesidad imperiosa de adaptar a la realidad actual la vigente Ley de
Industria procedente del año 1992, pero en su conjunto, en su globalidad, teniendo en cuenta además que el actual Gobierno, singularmente este ministerio, en el transcurso de la presente legislatura no ha sido capaz de presentar un proyecto
legislativo con el que además se actualice la reiterada Ley de Industria ni se ha hecho eco de las sucesivas comunicaciones de la Comisión Europea que ha llevado a cabo sobre política industrial con la intencionalidad de revitalizar la economía de
la Unión Europea. La Unión Europea pretende impulsar mediante una serie de esfuerzos de reindustrialización con la aspiración de que la industria manufacturera alcance en Europa una proporción del 20% en el producto interior bruto para el año 2020,
que actualmente está en el 15% en la Unión Europea y en España en un valor singularmente más bajo, en el 13%. Queremos recordarle, señor ministro, que para alcanzar estos objetivos económicos en un mercado de libre competencia es obligación del
Estado aportar el marco jurídico estable correspondiente que permita el nivel adecuado de competitividad, sin que entre en juego el menoscabo de la calidad o, lo que es más importante, sin menoscabo de la seguridad. Queremos recordarle, señor
ministro, y a todo su Gobierno que exigir que los productos que se comercializan dispongan de tecnología de seguridad también dinamiza la actividad económica, porque no solo debe guiarnos por el principio de lo más simple y de lo más barato en un
sector vinculado al control de la seguridad industrial, ya que el ciudadano es incapaz de reconocer los riesgos de aquellos instrumentos que utiliza, y si al ciudadano se le hurta la protección que le deben proporcionar las administraciones
públicas, en mi tierra se dice: ¡aviados estamos!
Señorías, en la comunicación de la Comisión Europea adoptada en enero de 2014, titulada Por un renacimiento industrial europeo, se insta imperativamente a los estados miembros a que reconozcan la importancia crucial de la industria para que
generen empleo y crecimiento y que integren las cuestiones de competitividad relacionadas con la industria en todos los ámbitos de las políticas públicas. Una sólida base industrial constituye, pues, una de las condiciones para el crecimiento y el
empleo. Señorías, la Unión Europea comienza aparentemente con una actitud tímida a salir de una situación de crisis
excepcional en nuestra historia demostrándose que países que tienen un sector industrial fuerte resisten mejor las recesiones. El duro impacto de la crisis económica en España, el consiguiente estancamiento económico y el panorama cada vez
más deteriorado de nuestra competitividad global hacen que revista urgencia una revisión de la política industrial, por eso le pedimos una nueva ley de industria, que no tiene nada que ver con esta ley de metrología.
El Gobierno anterior, el Gobierno socialista, elaboró un plan integral de política industrial con la perspectiva de 2020; estableció cinco ejes de actuación: mejora de la competitividad de la industria, fomento de la innovación y de la
I+D, fomento del crecimiento y dinamismo de las pymes, intencionalidad de favorecer la internacionalización de las empresas y refuerzo de los sectores estratégicos. De todos ellos los cuatro primeros podrían clasificarse como de política industrial
horizontal, mientras que el último eje al que he hecho referencia se dedicaba de forma efectiva al diseño de políticas sectoriales específicas. Tome nota, señor ministro. Utilice estos símiles, estas líneas de conducta del anterior Gobierno, del
anterior ministro. Tráiganos un proyecto de ley. Discutámoslo previamente y consensuemos un proyecto de ley industrial. Ese plan de política industrial 2020 se diseñó con la intencionalidad de marcar un camino para la configuración de una
política industrial moderna e innovadora en España para la presente década. Transcurridos estos tres años del actual Gobierno, parece razonable reforzar elementos horizontales que han pasado a ser prioritarios en estos años de crisis, como son el
acceso a la financiación o también una nueva adaptación a la realidad cambiante en la que estamos inmersos. El sector público, señorías, juega un papel esencial a la hora de la definición de los elementos de política industrial, que se debe
articular en torno a medidas que dinamicen y acompañen a las inversiones privadas y que tenga un marcado carácter horizontal que contribuya a mejorar la competitividad de las empresas y, por tanto, de la economía en su conjunto.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: España, señorías, necesita una estrategia industrial renovada, alineada con la europea y que contribuya a invertir la tendencia del declive de la industria española con el objetivo de conseguir que el peso
específico de nuestra industria rebase el 18% del PIB en 2020 y genere empleo en alrededor del 16% de la población ocupada. La estrategia europea 2020 y la comunicación de la Comisión sobre política industrial integrada en la Unión reconocen por
primera vez la importancia que reviste un sector industrial próspero para el crecimiento sostenible y para el empleo en Europa, así como la necesidad de adoptar un nuevo enfoque.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señora presidenta.
Señor ministro, elimine esta masacre que hace usted en la segunda parte de este proyecto de ley introduciendo una disposición final tercera. Comprométase a eliminarla y retiraremos la enmienda a la totalidad al proyecto de ley de
metrología.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura, se acabó su tiempo.
El señor SEGURA CLAVELL: Nosotros, si no hace esto, introduciremos enmiendas parciales a una y otra materia. Desde luego avanzaremos notablemente en la explicación en Comisión de lo que significa la seguridad industrial y la necesidad de
una nueva política industrial en nuestro país.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Acabó su tiempo, señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Como ha visto, han sido megajulios los que he tenido que consumir como energía.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo considera necesaria la actualización de la Ley de Metrología y la adaptación a las nuevas realidades porque, como se ha mencionado, hace más de un cuarto de siglo que no se modifica esta ley,
y hay numerosas innovaciones técnicas que se deben tomar en consideración y también cambios en la normativa europea; por tanto, nos parece una decisión adecuada actualizar la ley. No nos han resultado convincentes ninguna de las dos
enmiendas de devolución. La de CiU se basa en argumentos competenciales y no deja de resultar sorprendente que en un ámbito como este, que se basa en la estandarización, no solo dentro de España sino a nivel internacional, se pueda ver tanta
invasión competencial. Tal vez en la visión de futuro de algunos partidos estaríamos mejor si en lugar de metros o kilos siguiésemos utilizando celemines, fanegas o yugadas, pero creo que a estas alturas de la legislatura ha debido quedar claro que
mi grupo no comparte esa visión del futuro. La enmienda de totalidad del Grupo Socialista se basa esencialmente en la necesidad de una ley de industria -que nosotros compartimos-, en la necesidad de reforzar el sector industrial, pero consideramos
legítimo un cambio en la Ley de Metrología, dejando de lado este debate más amplio. Por tanto, votaremos a favor de la tramitación de esta ley. Eso no quiere decir que la consideremos perfecta; de hecho, nos proponemos enmendar algunas cuestiones
que tienen que ver sobre todo con que en el caso de personas físicas que ya tienen un título habilitante no se les pida una acreditación para realizar actividades de control. Son cuestiones muy específicas y no me atrevería yo a distraer la
atención de la Cámara en estos momentos con estos detalles que considero mucho más propios del debate en Comisión. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.
Sé que es inútil, pero tengo la obligación de decirlo: Por favor, guarden un poco de silencio.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, estamos ante una ley que debería tener el objetivo de mejorar la uniformidad, por tanto la credibilidad en las mediciones, y prestar una especial atención a un correcto nivel de
protección de los consumidores. Además, es una ley que se podría justificar por la necesidad existente de adaptar y actualizar una serie de modificaciones después de treinta años de la ley de 1985. Ha habido sentencias, ha habido directivas
europeas, ha habido acuerdos internacionales sobre la materia y además está la propia evolución social, económica y de la tecnología del país. Por tanto, es una ley que se podría haber presentado por una necesidad objetiva.
Por encima de estos motivos, que pueden ser técnicos, nos encontramos con una ley, como ya se ha dicho en esta tribuna, que tiene también un carácter o unas repercusiones sociales y políticas, porque esconde detrás de su letra intereses,
esconde el interés de favorecer el libre mercado. Dicho así, puede parecer algo neutral pero no; es poner una vez más a los ciudadanos al servicio del mercado. Ese es el instrumento al que responde esta ley; por eso se rebaja la capacidad
interventora y el papel de fiscalizar de lo público, se rebajan las obligaciones que ha de cumplir la iniciativa privada. No olvidemos que los organismos de control son piezas claves para garantizar que las ciudadanas y los ciudadanos no se vean
sometidos a abusos o a riesgos, y en eso esta ley no es un paso hacia delante, como dice su preámbulo, sino que, por el contrario, es un paso hacia atrás. Esta ley debería regular cómo se controla a los responsables de garantizar la seguridad, por
ejemplo, en las gasolineras, en las grúas, en los ascensores, en los equipos de protección individual, en la pirotecnia, etcétera. Es una ley que influye directamente en el día a día de millones de personas de este país, tiene una influencia
directa sobre el comercio y sobre la vida de las personas; debería tener un enfoque menor respecto al servicio del mercado y más al servicio de las personas, y el Grupo Popular no se acaba de enterar.
Queremos llamar la atención sobre algunas cuestiones que son las que justifican nuestro apoyo a la enmienda de totalidad y nuestro rechazo a esta ley, y las trasladaremos a enmiendas parciales en su tramitación. La primera, como ya he
dicho, es que produce cierta indefensión, crea cierta desprotección de los consumidores y de los usuarios, de las personas. Es una ley que va en sentido contrario a lo que se dice en su propio preámbulo. Esta ley modifica por la puerta falsa la
Ley de Industria y presenta -lo decimos claramente- una cínica incongruencia entre su exposición de motivos y su articulado. Hay una exposición de motivos que, si uno la lee, va en un sentido pero luego, a la hora de la verdad, lo que realmente va
a tener efectividad es el articulado que va en sentido contrario, en el de favorecer precisamente la desregulación y la desprotección.
Entrando en lo concreto de esta ley, no es posible lo que afirman cuando la realidad es que va a permitir que los organismos que van a controlar cuestiones tan vitales y tan importantes como las que hemos citado anteriormente puedan hacerlo
simplemente con una declaración responsable, en vez de exigir una autorización oportuna, que es lo que realmente tendría que salvaguardar el interés público. Una simple declaración responsable supera lo que debería significar todo un control, toda
una protección. Esta
ley solamente exige esa declaración responsable a los reguladores de instrumentos sometidos al control metrológico, tal y como se recoge en el artículo 11 de este proyecto de ley. Es una ley permisiva que viene a alargar el periodo de
verificación del funcionamiento del resto de los instrumentos o medidas. Se trata de eludir y relajar el control sobre los requisitos que deberían cumplir los instrumentos o sistemas de medidas. Repito, es una ley más al servicio del mercado que
de las personas.
El otro aspecto por el cual también nuestro grupo se plantea el rechazo de esta ley y el apoyo a la enmienda de totalidad es que nuevamente el Grupo Popular utiliza una ley para dar una vuelta de tuerca a su carácter centralista del Estado.
Es una ley irrespetuosa en el ámbito de competencias de las comunidades autónomas. El Grupo Popular de nuevo sigue pensando, con esa visión centralista, que las competencias de las comunidades autónomas son algo manipulable en algunas ocasiones y
otras simplemente suprimible. Para nuestro grupo resulta incomprensible que el artículo 19 de este proyecto de ley establezca que los organismos de control que autoricen las comunidades autónomas con competencias en la materia puedan actuar en todo
el territorio nacional. Es realmente contrario al reparto competencial de este Estado que todavía, aunque de forma insuficiente, reconoce capacidad a las comunidades autónomas para regularse en su territorio.
En conclusión, esta es una ley mal hecha, que, como ya se ha dicho en esta Cámara en la siempre brillante intervención del diputado Segura, se podía haber hecho de otra manera, no metiéndose en el ámbito de la Ley de industria. Ustedes han
preferido de nuevo hacer una mezcla quizá para meter de tapadillo, como en otras leyes, lo que no pueden presentar a las claras. Es una ley no solamente mal hecha sino incongruente, que no respeta el marco legal competencial. Es una ley que podía
parecer de poca envergadura pero que afecta a la vida diaria de millones de personas, y ustedes la han convertido en una trampa para que de nuevo el mercado siga siendo el que gobierna este país.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Centella.
Por el Grupo Popular, señor Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nos encontramos ante un problema olvidado pero sin duda relevante que este Gobierno encara desechando la inacción política que hasta hace bien poco marcaba la política industrial. Por ese motivo, bienvenido también el Grupo
Socialista, bajo cuyo Gobierno obtuvimos los menores tantos por ciento de producto interior bruto cuando hablábamos de industria.
Tres ejes dominan esta reforma que, a nuestro juicio, es de extraordinaria relevancia. Primero, el Gobierno acomete la actualización de la norma para el desarrollo de la metrología científica e industrial, facilitar la información que
permita una mejor aplicación de la normativa metrológica y mejorar el control de los instrumentos de medida que proporcionarán mayor seguridad jurídica en las mediciones. En segundo lugar, nos ponemos en la línea con los países más desarrollados,
lo que nos permitirá coordinar esfuerzos incorporando las directivas internacionales, con la obligatoriedad de utilizar el sistema internacional de medidas regulado en el sistema y las unidades legales de medidas. En tercer lugar está el control
metrológico del Estado, de los instrumentos, sistemas de medida, programas informáticos que sirven para calibrar, medir o contar; control y coordinación que se realizará mediante un procedimiento de cooperación administrativa en la que el Centro
Español de Metrología velará por garantizar la unidad de mercado y la certeza y corrección del resultado de las mediciones. En fin, certeza en las transacciones industriales y comerciales, confianza en los intercambios industriales y comerciales en
un mundo interdependiente y globalizado como el actual son piezas sin las cuales el desarrollo de nuestra industria sería imposible. Pretendemos, en definitiva, favorecer la calidad y competencia de nuestro sistema industrial y no entorpecer el
crecimiento y la generación de empleo porque, como ustedes bien saben, en la industria el empleo es de mayor calidad y estabilidad.
Quisiera hacer referencia a la disposición adicional final tercera, que es una modificación de la Ley de Industria de 1992 que tiene dos objetos principales: que las instalaciones y productos industriales cumplan los requisitos técnicos de
seguridad y protección del medio ambiente y, por otro lado, alinear la ley con la Ley de unidad de mercado. Parece ser que esta disposición final tercera es la única excusa que ha llevado a dos grupos parlamentarios a presentar una enmienda a la
totalidad. Esto nos lleva a mi grupo parlamentario y a mi a una reflexión importante, desde el absoluto respeto a los dos intervinientes que han defendido dichas enmiendas. Me parece que generar incertidumbre en una modificación de una norma de
1985 en relación con la metrología es incomprensible. Ahora que estamos hablando de pesos, de
medidas, de tiempo, de cantidades, creo que nos encontramos ante una forma de hacer política que está caducada, que genera incertidumbre, que es el mayor veneno para el crecimiento económico y la generación de empleo, más aún cuando tanto el
ministro de Industria como la secretaria general de Industria y este grupo parlamentario hemos ofrecido llegar a acuerdos en el trámite de ponencia y de Comisión para buscar el máximo consenso. Por tanto, rechazaremos esas enmiendas a la totalidad
porque estamos convencidos de que tanto a nuestro grupo parlamentario como a aquellos otros grupos que defienden la política industrial les debe guiar -o pensamos que les guía- un único objetivo, que ha de ser el fortalecimiento del sector
industrial.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Mariscal.
En dos minutos comenzamos a votar. (Pausa).
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN).
- REAL DECRETO-LEY 10/2014, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE LOS MINISTERIOS DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, DE DEFENSA Y DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE. (Número de expediente 130/000057).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Vamos a iniciar las votaciones. Guarden silencio, por favor. Aviso a los controladores de los diferentes grupos que el tiempo que vamos a dar son diez segundos, no quince.
Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 10/2014, de 1 de agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa y de
Agricultura. Tenemos un voto telemático.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308 más 1 voto telemático, 309; a favor, 176; en contra, 132 más 1 voto telemático, 133.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobada.
Hay algunas peticiones de que se tramite como proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308 más 1 voto telemático, 309; a favor, 133 más 1 voto telemático, 134; en contra, 175.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazada.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN).
- PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRAS MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA. (Número de expediente 121/000079).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Proyecto de ley de racionalización del sector público y de otras medidas de reforma administrativa. Enmiendas del Senado. En primer lugar, votación separada de las enmiendas del Senado.
Votación al artículo 12.1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 180; en contra, 120; abstenciones, 8.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobada.
Artículo 28, apartado cinco.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 286; en contra, 10; abstenciones, 12.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobada.
Artículo 30 (nuevo).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 176; en contra, 22; abstenciones, 110.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobada.
Creación de un capítulo IV, fruto de la división del anterior capítulo III.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 181; en contra, 12; abstenciones, 115.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobada.
Rótulo 'Medidas de función pública' del capítulo IV.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 5; en contra, 182; abstenciones, 117.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazada.
Disposición transitoria primera.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 291; en contra, 7; abstenciones, 10.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero: Queda aprobada.
Disposición transitoria novena (nueva) y disposición final undécima (nueva).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 181; en contra, 11; abstenciones, 116.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobada.
Disposición transitoria décima (nueva).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 175; en contra, 16; abstenciones 117.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobada.
Disposición derogatoria, inciso noveno, relativo a la disposición adicional decimoquinta del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 7; en contra, 293; abstenciones, 8.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazada.
Supresión de la anterior disposición final cuarta, relativa a la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 180; en contra, 11; abstenciones, 117.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobada.
Modificación de la disposición final cuarta (antes quinta).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 178; en contra, 122; abstenciones, 8.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobada.
Disposición final décima (nueva).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 287; en contra, 6; abstenciones 14.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobada.
Resto de enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 175; en contra, 122; abstenciones, 10.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Quedan aprobadas.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN).
- CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE ADOPCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA FEDERACIÓN DE RUSIA, HECHO EN MADRID EL 9 DE JULIO DE 2014. (Número de expediente 110/000130).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores. En primer lugar, votamos el convenio de colaboración en materia de adopción de niños y niñas entre el reino de España y la Federación
de Rusia, hecho en Madrid el 9 de julio de 2014.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 288; en contra, 8; abstenciones, 8.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobado.
- ACUERDO SOBRE PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA EN LA INDUSTRIA DE LA DEFENSA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA, HECHO EN ANKARA EL 25 DE JUNIO DE 2014. (Número de expediente 110/000131).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Acuerdo sobre protección de información clasificada en la industria de la defensa entre el reino de España y el Gobierno de la República de Turquía, hecho en Ankara el 25 de junio de 2014.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 301; abstenciones, 2.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda aprobado.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN).
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 3/2001, DE 26 DE MARZO, DE PESCA MARÍTIMA DEL ESTADO. (Número de expediente 121/000092).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a los debates de totalidad. Votación conjunta de las enmiendas la totalidad de devolución al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26
de marzo, de pesca marítima del Estado, presentadas por los grupos parlamentarios Mixto (señora Fernández Davila) y Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308 más 1 voto telemático, 309; a favor, 18; en contra, 184; abstenciones, 106 más 1 voto telemático, 107.
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Quedan rechazadas.
Solicitud de avocación por el Pleno de este mismo proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307 más 1 voto telemático, 308; a favor, 133 más 1 voto telemático, 134; en contra, 174.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazada.
- PROYECTO DE LEY DE METROLOGÍA. (Número de expediente 121/000095).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley de metrología, presentadas por los Grupos de Convergència i Unió y Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307 más 1 voto telemático, 308; a favor, 123; en contra, 181; abstenciones, 3 más 1 voto telemático, 4.
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Quedan rechazadas.
Avocación por el Pleno de este mismo proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308 más 1 voto telemático, 309; a favor, 129; en contra, 176; abstenciones, 3 más 1 voto telemático, 4.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.