CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 796

PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LOURDES MÉNDEZ MONASTERIO

Sesión núm. 19

celebrada el miércoles,

22 de abril de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


— Sobre medidas de apoyo a la discapacidad en el marco del próximo Plan integral de apoyo a la familia. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.(Número de expediente 161/003335) ... (Página2)


— Relativa a medidas para facilitar el acceso a los programas de televisión a personas con discapacidad auditiva. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/002572) ... href='#(Página6)'>(Página6)


— Sobre regulación de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/002892) ... (Página9)


— Relativa al fomento de la accesibilidad en las «ciudades inteligentes». Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003051) ... (Página12)


— Sobre accesibilidad de edificios y viviendas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003130) ... (Página15)


— Relativa a garantizar el acceso a la neurorrehabilitación por daño cerebral sobrevenido con cargo al Sistema Nacional de Salud. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/003470) ...
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Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


— SOBRE MEDIDAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD EN EL MARCO DEL PRÓXIMO PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA FAMILIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003335).


La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión de la Comisión con el primer punto del orden del día, sobre medidas de apoyo a la discapacidad en el marco del próximo plan integral de apoyo a la familia. Es del Grupo Parlamentario Popular y para
su defensa tiene la palabra doña María Teresa Martín Pozo.


La señora MARTÍN POZO: Señorías, presento una iniciativa para la que antes de nada solicito el apoyo del resto de grupos parlamentarios ya que entiendo que desarrollar medidas de apoyo para las familias que cuenten entre sus miembros con
alguna persona con discapacidad es un interés compartido y una tarea común.


Señorías, el compromiso del Partido Popular con las familias españolas y con las más vulnerables es incuestionable, hoy sabremos si el suyo también lo es.


En primer lugar, en cuanto al compromiso del Partido Popular con las personas con discapacidad, me gustaría señalar que cuando el Ejecutivo ha tenido que hacer ajustes, cuando ha solicitado esfuerzos a los ciudadanos, cuando ha primado la
eficiencia sobre el gasto sin control para poder sacar a España del abismo en el que otros la metieron, en todos esos momentos ha implementado determinadas excepciones con el fin de que el impacto de la crisis fuera menor en los colectivos más
expuestos y vulnerables, entre ellos el de la discapacidad que engloba a 3,9 millones de personas, lo que supone casi el 9 % de la población española.


Pues bien, en coherencia con esta idea, el Gobierno del Partido Popular ha adoptado diversas políticas específicas y de acción positiva a favor de estas personas, entre las que cabe destacar algunas como las que siguen: ha aprobado un
convenio especial de Seguridad Social para trabajadores con discapacidad; en 2012 aprobó una reserva del 7 % en plazas de formación sanitaria especializada y en 2013 le otorgó una regulación estable y permanente; ha establecido medidas de acción
positiva a favor de los jóvenes con discapacidad; ha garantizado la asistencia jurídica gratuita sin tener en cuenta la existencia de recursos o ingresos cuando se trate de víctimas de abuso o maltrato; las ha incluido dentro de los beneficiarios
de la hipoteca inversa, antes excluidos de esta figura financiera; se permite la ocupación de suelo público para instalar ascensores y eliminación así de barreras en edificios; y en el Plan estatal de fomento de alquiler de viviendas se han
incluido medidas de acción positiva en formas de apoyo para el acceso a la vivienda y para la rehabilitación y regeneración de la misma.


Señorías, a todas estas medidas hay que añadir lo que sin duda supone un antes y un después para este colectivo: la aprobación de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que integra en una única
norma las principales leyes en la materia y que supera el concepto asistencial de décadas pasadas. Pero el Gobierno no se ha quedado en el terreno de la teoría, sino que también ha aprobado el Plan de acción de la estrategia española sobre
discapacidad, dotado con más de 3.000 millones de euros y compuesto por 96 medidas que ya han empezado a dar sus frutos, aumentando en 2014 el número de contratos suscritos con trabajadores con discapacidad un 19 % más que en el año anterior.


Todos estos avances han supuesto garantizar la atención y la calidad de vida de las personas con discapacidad, calidad de vida que se verá mejorada a partir de este año con la reforma fiscal del Gobierno, ya que introduce un fuerte aumento
de los mínimos por discapacidad del contribuyente y contempla nuevas deducciones de 1.200 euros anuales acumulables para las familias con ascendientes o descendientes con discapacidad.


Pues bien, señorías, pese a todo lo avanzado en la protección de las personas con discapacidad y que han hecho que España sea merecedora del prestigioso premio Roosevelt en el año 2013, el Grupo Parlamentario Popular entiende que queda mucho
por hacer; queda mucho por hacer en materia de sensibilización ciudadana sobre los obstáculos a los que diariamente se enfrentan estas personas y sus familias, sensibilización acerca de que la discapacidad no incapacita ni inhabilita, sino que nos
enriquece y nos enseña, una enseñanza que nos transmiten las familias que tienen alguno de sus miembros con

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estas capacidades diferentes y que dan sentido a la propia palabra familia como institución: un total de 3,3 millones de hogares españoles cuentan con algún miembro con discapacidad.


Señorías, les acabo de señalar algunas de las acciones puestas en marcha a favor de las personas con discapacidad y la importancia de las familias. Por este motivo, en segundo lugar, me gustaría destacar el compromiso del Partido Popular
con las familias, para lo cual el Ejecutivo también ha puesto en marcha medidas a favor de las mismas: ha elaborado un informe sobre la situación socioeconómica de las familias; el II Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia; ha
actualizado los contenidos de la idea de ayudas sociales para las familias; en 2014 destinó más de 25,5 millones de euros a programas dedicados a la familia y a la infancia, a través de las subvenciones del IRPF —un 22 % más que en el ejercicio
anterior—, y en los Presupuestos Generales del Estado para 2015 además de poner de manifiesto el compromiso del Gobierno con la consolidación de la recuperación de España y la creación de empleo, también lo hace con las familias. Por este motivo,
la votación destinada a familia-infancia aumenta un 20,5 % respecto a las cuentas del ejercicio anterior.


La política fiscal del Gobierno mejora la tributación de las familias numerosas, las monoparentales y, como dije anteriormente, las de aquellas que entre sus miembros cuentan con personas con discapacidad, y está elaborando el Plan integral
de apoyo a la familia. En cuando a este punto, y habiendo anunciado como parte integrante su agenda social, mi grupo considera necesario que este plan dé un impulso a las medidas a favor de aquellas familias que entre sus miembros cuentan con
alguna persona con discapacidad, además de que avance en su protección específica.


Por ese motivo, hemos presentado esta iniciativa que, reitero, esperamos sea apoyada por el resto de grupos parlamentarios. Para ello se deberá realizar un estudio previo que permita avanzar en un mayor conocimiento de los problemas que
deben afrontar esas familias; promover actuaciones para prevenir situaciones de dependencia y también deberá fomentar políticas de conciliación y de respiro familiar.


Finalizo ya, señora presidenta, apelando al consenso para que no nos ocurra lo mismo que en la sesión plenaria de ayer en la que, por atender intereses partidistas y bajo la manida excusa de ser una iniciativa vacía, no apoyaron la
proposición no de ley relativa a las familias. Debemos de ser capaces de apartar nuestras diferencias cuando se trata de favorecer a los colectivos más vulnerables, por lo que espero contar con su apoyo y que esta iniciativa salga adelante con el
voto unánime de todos los miembros de la Comisión.


La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley no se ha presentado ninguna enmienda. Por tanto, empezamos con las posturas de los grupos. Por el Grupo de UPyD, tiene la palabra don Julio Lleonart i Crespo. Bienvenido a la Comisión
que parece ser que es la primera vez que usted interviene en la misma.


El señor LLEONART I CRESPO: Muchas gracias.


Ayer mismo debatíamos en el Pleno del Congreso un brindis al sol presentado por el PP sobre cuestiones de familia. Nosotros pedíamos concreción tipológica y presupuestaria. En este caso estamos de acuerdo con una iniciativa que favorezca a
aquellas familias que entre sus miembros cuenten con alguna persona con discapacidad, si bien nos parece relevante además mencionar que las familias monoparentales, que suponen un supuesto de hecho muy habitual en la realidad social de hoy, formadas
por personas separadas, divorciadas, viudas, madres o padres solteros, en un número cada vez mayor representan a una realidad creciente de organización familiar. Así, el número de familias monoparentales se ha incrementado desde el año 2000 en un
20 %, representando hoy en día más de quinientas mil familias en España.


Resulta evidente que estas familias monoparentales precisan de una mayor protección social en temas como la vivienda, la educación o la conciliación de la vida laboral y familiar. Es en este último ámbito en el que, con la actual normativa,
a los trabajadores de familias monoparentales, con algún menor de ocho años o persona dependiente a su cargo, no les es viable la reducción de la jornada laboral para conciliar la vida familiar por cuanto la reducción proporcional del salario que
conlleva dicha reducción de jornada le supondría no poder mantener al menor o familiar dependiente. De esta forma, la modificación que supuso la Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres en el Estatuto de los Trabajadores resulta una medida
estéril para este grupo de trabajadores.


En 2012, UPyD ya presentó una PNL, que fue debatida en esta Comisión, sobre la modificación del Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para amparar la
situación de los trabajadores de familias monoparentales que tienen a

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su cargo menores de ocho años, personas con discapacidad que no desempeñen una actividad retribuida o dependientes para su debate en el Pleno.


La PNL que debatimos hoy es más concreta en la tipología de familia, falta concreción presupuestaria pero aun así la vamos a votar a favor.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra doña María Caridad García Álvarez.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señorías, si probablemente votaremos a favor es por lo que significa el texto de la iniciativa que se presenta, porque si tuviéramos que votar a favor en función de lo que la portavoz de esta iniciativa ha dicho,
nos lo pondría bastante difícil; nos lo pondría bastante difícil. No creo que haya ningún grupo parlamentario que se pueda arrogar aquello de que su apuesta por las familias y por las personas es incuestionable, porque todos apostamos por las
personas y las personas se constituyen en muchas ocasiones en familias, tal y como ha dicho el portavoz anterior, de diversa tipología, pero se constituyen en familias. No sé si todos los que estamos aquí tenemos el mismo concepto amplio de
familia, pero no es eso lo que nosotros ponemos en este momento en cuestión. Por tanto, no les quepa la menor duda de que el interés por la protección hacia la familia y hacia los seres que la componen es importante. De hecho se han presentado
muchas iniciativas, algunas rechazadas y no tomadas en consideración por el grupo que sustenta al Gobierno y por el propio Gobierno para precisamente mejorar la situación en la que se encontraban numerosas familias en esta época de crisis que nos ha
tocado vivir.


Una cuestión —y con esto acabo—, porque es bueno que se sepa. Hay familias que tienen menores discapacitados a su cargo y que han visto en numerosas comunidades autónomas reducidas las prestaciones que cobraban por los mismos y además
modificado el grado de dependencia que tenían. Así que vamos a ver si es verdad que somos serios y rigurosos para conseguir que estas familias tengan aquellas necesidades que es lógico que tengan en función de la atención que tienen que prestar a
su dependiente y hagámoslo de verdad, y no olvidemos también que se ha recortado o se ha anulado precisamente la posibilidad de cobro de aquellas personas que cuidaban a estos dependientes. Insisto, seamos serios y seamos rigurosos.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra doña Concepción Tarruella Tomàs.


La señora TARRUELLA TOMÁS: Señorías, para nosotros el que en esta Comisión hoy volvamos a hablar de este futuro plan integral de la familia es interesante y nos gusta, porque recuerdo que no es la primera vez que esto se trata aquí. Ayer
mismo en el Pleno se discutió una proposición no de ley de su propio grupo donde nos volvían a hablar, una vez más, de este plan integral a la familia.


Recuerdo que fue en febrero de 2012 cuando la anterior ministra, doña Ana Mato, expuso las líneas de actuación del ministerio a la largo de esta legislatura y ya habló de este plan integral a la familia. Desde Convergència i Unió les
diríamos que no hablen más del plan, tráiganlo ya, apruébenlo ya. Esperemos que sea positivo para las familias. El caso es que estamos hablando, hablando, nos vamos a final de legislatura y esto ya nos suena más a periodo electoralista que a
realidad, tanto anuncio sobre un plan que no está.


Nosotros lo que le pedimos al grupo del Partido Popular, que apoya al Gobierno en esta materia, es que de una vez insistan ante su Gobierno para que actualicen y presenten al Congreso de los Diputados el estudio sobre el agravio comparativo
que representa el sobreesfuerzo para las familias que tienen una persona con discapacidad o con alguna enfermedad crónica discapacitante. Este estudio lo hemos pedido reiteradas veces. En la última legislatura, recuerdo que con el apoyo del
portavoz del grupo, don Francisco Vañó, lo aprobamos, lo hemos vuelto a traer a esta Comisión y, por un cambio de opinión, supongo que del Gobierno —no quiero decir de las mismas personas del Gobierno— no se aprobó hacer este estudio.


Si realmente queremos hacer políticas de igualdad, políticas de familia para las personas con discapacidad, tenemos que saber el coste que supone esta diferencia para poder dar esas ayudas y poder decir que hay una igualdad en las familias.
Les vuelvo a pedir, por favor, —esta vez la proposición no de ley la denegaron—, que sepan convencer a su Gobierno de que cuando se haga esta ley, este estudio tiene que estar incluido; si no está incluido, mal favor nos haremos.


Nuestro grupo parlamentario, yo misma aquí en esta Comisión y en la Comisión de Sanidad, reiteradas veces ha pedido que en el copago farmacéutico haya un límite mensual, un tope mensual parecido al que

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tienen las personas jubiladas, para las personas que tienen una discapacidad o una enfermedad crónica que están en activo y por tanto cotizan. El coste farmacéutico de muchas de esas personas con estas enfermedades crónicas supone a veces
70, 100 euros mensuales, cantidad a la que es dificilísimo poder llegar. Este tope mensual —también lo hemos pedido reiteradamente—, con evasivas se nos ha dicho que ya se estudiará. Espero que para las familias que tengan personas con
discapacidad o con enfermedades crónicas puedan tener esto en cuenta.


Les pedimos también que repasen las prestaciones por hijo a cargo; no se han actualizado respecto al coste desde hace muchos años. Nuestro grupo les ha pedido también reiteradamente ponernos, no digo ya pero al menos un poco, a nivel
europeo, y actualizar todos los años lo que es el coste de la vida para poder llegar a costear las prestaciones por estos hijos a cargo. Sin estas medidas que hemos pedido todos los grupos de la oposición en diferentes ocasiones, hasta que no
traigan el plan integral de la familia, lo podamos leer, lo podamos ver y lo podamos comprobar, en esta votación nos vamos a abstener.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Esperança Esteve.


La señora ESTEVE ORTEGA: Nuestro grupo también se va a abstener y seguramente por los motivos que ha expresado la señora Tarruella y también por los que mi compañera señaló en la proposición no de ley que se tramitó ayer por la tarde.


Hay algunas cuestiones que quiero poner encima de la mesa para fundamentar nuestro sentido de voto. Señora diputada, si ustedes hoy hubieran traído concreciones sobre las personas en situación de discapacidad para incorporarlas de inmediato
en la agenda política y económica, nuestro grupo estaría absolutamente a favor, pero leyendo su proposición no de ley vemos que señalan que en el marco del futuro plan integral de apoyo a la familia «desarrollar medidas». Bien, uno se queda
reflexionando cuál va a ser el futuro plan de apoyo a la familia cuando estamos a un mes de las elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo y a un paso de las generales; un plan de familia que se ha anunciado por directores generales, y que
el propio ministro de Sanidad, al cual tengo un gran aprecio, volvió a anunciar hace breves semanas. Es decir, que han tenido tres años y medio para poner a la familia, a la que ustedes tanto consideran, igual que el resto de los grupos, en valor,
proponiendo un plan que realmente incidiera en aquellos elementos que contribuyen a que la familia se haga más vulnerable.


Esto no es así, esto es un brindis al sol, esto es, desde nuestro punto de vista, un mecanismo de anunciar, de salir en el escaparate y no va más allá. Por tanto quiero resaltar algunas cuestiones; inclusive he de decir que a mí me ha
ocasionado un cierto malestar leerlo. Por ejemplo, yo haría algunas preguntas, supongo que en el plan lo podremos analizar si algún día ustedes siguen gobernando, pero, por ejemplo, tendríamos que señalar al sujeto beneficiario de todas las
medidas, el centro absoluto es la propia persona beneficiaria, la persona en situación de discapacidad. Esto le permite trabajar con unas características que desde un plan genérico de familia jamás se vería, como es, por ejemplo, todos los aspectos
de autonomía personal absolutamente necesarios, ¿qué orientación le vamos a dar para la vida independiente, de qué tipologías estamos hablando? Todo queda mezclado.


Dicho esto, a nosotros nos hubiera gustado que dijeran no, no: vamos a modificar las prestaciones por hijo a cargo, vamos a volver a poner en marcha la Ley de autonomía personal y atención a la dependencia. Además, las mujeres podrán
volverse a afiliar a la Seguridad Social; además, vamos a promover el empleo para las personas con discapacidad —que ha caído en los últimos años de una manera tremenda— para conseguir su autonomía, y además nos proponemos, y lo tenemos en
borrador, la figura del asistente personal para poder hacer viable su normalización, su trabajo, su socialización, etcétera. Nada de esto está ahí, es un brindis al sol; es decir, nosotros vamos a hacer una referencia sin poner al sujeto
beneficiario, a la persona diana, a la persona en situación de discapacidad. Y tampoco hay ninguna idea de cómo van ustedes a beneficiar al conjunto de la familia, sea esta de las características que sea.


Por tanto, entendemos que ha sido un proceso de retroceso importante para las familias: servicios sociales eliminados, situaciones que además en su globalidad no eran grandes cifras, no estamos hablando de grandes instalaciones
aeroportuarias, no, estábamos hablando de partidas pequeñas que servían para que las familias pudieran seguir viviendo con una normalidad o con menos vulnerabilidad. Nos parece que esto no es lo suficientemente serio. El día que ustedes hagan un
plan de atención a las familias lo leeremos, si hay posibilidad lo discutiremos y ojalá que lo podamos votar, pero para esto es imprescindible una cosa, que ganen ustedes las próximas elecciones, y no lo vamos a poner nada fácil.

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— RELATIVA A MEDIDAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/002572).


La señora PRESIDENTA: Finalizado el primer punto del orden del día pasamos al punto 2.º, relativo a medidas para facilitar el acceso a los programas de televisión a personas con discapacidad auditiva. El autor es el Grupo Parlamentario de
La Izquierda Plural. Para su defensa tiene la palabra doña Caridad García Álvarez.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Espero que esta sea la última vez que tenemos que traer una iniciativa de estas características después del tiempo transcurrido hasta este momento, y lo digo porque cuando salga a colación este tipo de iniciativas,
la mayoría de las personas que nos encontramos en estas comisiones estamos de acuerdo en que desde luego hay que trabajar de cara a mejorar la calidad de vida de las personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva o sensorial.


Es verdad que cuando se presentó esta iniciativa no habíamos mantenido, o al menos esta que les habla, a pesar de que se refleja en la misma, una reunión con las personas sordo-ciegas que tienen además un problema añadido al hecho de la
propia lengua de signos. Ellos no pueden participar de la lengua de signos que se haga en cualquier ámbito, tanto desde el punto de vista de los medios de comunicación o de cualquier otro ámbito por sus peculiaridades: además de tener discapacidad
auditiva también son personas sordas, por lo cual requieren de añadidos para que puedan entender, comprender y saber qué es lo que en aquel momento se está o bien visualizando a través de los medios o bien a través de otros lugares o espacios. Y
eso requiere no solamente el cumplimiento de la ley a la que he hecho referencia, sino también unos recursos añadidos para que estas personas puedan, efectivamente, actuar y estar como personas absolutamente normales dentro del ámbito social;
normales son, tienen esos problemas, pero simplemente con la ayuda correspondiente podrían hacer su actividad de manera normalizada.


Cuando aquí hablamos de este tipo de incorporación, de este tipo de cuestiones, inmediatamente tenemos algún problema añadido que, como todo el mundo ya conoce, son los problemas de financiación. No lo voy a poner aquí en este momento,
porque lo que es estrictamente la proposición no de ley no lo recoge, pero sí lo quiero manifestar públicamente para que vayamos trabajando, ahora que estamos tan dispuestos a trabajar de cara a las elecciones, en ese sentido y podamos hacer algún
tipo de iniciativa que recoja esta parte peculiar que les acabo de comentar.


Como dije en aquel momento, se aprobó esta normativa y lo que hay que hacer es poner de verdad todos los medios para que efectivamente, a través de todos los medios audiovisuales esencialmente se pueda tener el lenguaje de las diferentes
lenguas de signo españolas para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan comprender perfectamente aquello que se emite en aquel momento y puedan estar absolutamente informados de todo lo que ocurre. Eso es lo que pretendemos con esta iniciativa:
ir facilitando, o facilitar ya de una vez, porque es mucho tiempo el que llevamos diciéndolo, que este tipo de cuestiones ocurra. Es cierto que algunas televisiones, en este caso concretamente Radiotelevisión Española, sí han empezado a subtitular
algunos programas; es cierto también que se puede luego acceder a los mismos a través de Internet, pero tenemos que exigir ese esfuerzo al resto de los medios de comunicación para que se pueda lograr. Es cierto, también, que contando, sin lugar a
dudas, con las competencias que las diversas comunidades autónomas tienen al respecto y respetando esas competencias.


Eso es lo que pretendemos con esta iniciativa, que se vaya avanzando en aquello que todos y todas estamos de acuerdo pero que de momento no es una realidad concreta en todos los espacios como, a nuestro entender, debería ser. Permítanme
hacer simplemente un inciso y una pequeña aclaración, aunque me vuelva atrás. En la anterior iniciativa manifesté que votaríamos a favor y vamos a decir ahora, para que la señora presidenta tenga conocimiento, que es cierto, no conocemos qué plan
de familia es, y nos abstendremos.


La señora PRESIDENTA: A este proposición se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra doña Amparo Ferrando.


La señora FERRANDO SENDRA: Señorías, la verdad es que hay diferentes razones para que nuestro grupo dé apoyo a esta proposición no de ley. Empezaré desde el punto de vista audiovisual. El marco legal

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que regula los principios y los contenidos de Radiotelevisión Española —y tengo que decir que ya la portavoz de La Izquierda Plural ha hecho una mención a Televisión Española—, establece que el acceso de las personas con discapacidad a los
contenidos ofertados en todos los canales sea una prioridad de la corporación. Es por ello que Radiotelevisión Española pone el máximo empeño en incrementar el tiempo de subtitulado en todas las cadenas y en mejorar, por supuesto, la calidad de los
programas subtitulados, tanto en lo que concierne a las emisiones en directo como a los espacios grabados pues, como todas sus señorías saben, tanto las técnicas como los sistemas de trabajo son bien diferentes. De forma habitual, además, se
trabaja con asociaciones y con centros de ámbito nacional en el desarrollo de proyectos y en la aplicación de medidas de accesibilidad a los contenidos. Un ejemplo de estos proyectos es el SubSync, el sistema avanzado de sincronización de
subtitulado y audio descripción.


Como resultado de esta voluntad permanente, hay que decir que Televisión Española es el operador nacional que más horas emite con el servicio de subtitulado incorporado. Solo les daré unos datos pero quiero mencionar que en 2013 se emitió
un total de 58.502 horas subtituladas, tanto a través de las cadenas de TDT y de satélite como a través de los canales internacionales. Estos datos lo que demuestran es la voluntad de facilitar la accesibilidad a una programación de calidad a todos
los públicos y, entre otros a las personas con discapacidad auditiva.


Tengo que decir también que unas estadísticas de noviembre de 2014, publicadas por el Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción, señalan que de media los canales presentan un porcentaje superior al 65 % de contenidos audiovisuales
accesibles, es decir, que tienen subtítulos. Plantear una modificación que pueda establecer nuevas obligaciones con respecto a esta herramienta de accesibilidad exigiría, desde luego, hacer un análisis de las inversiones que serían los prestadores
quienes tendrían que acometer, exigiría desde luego hacer un análisis de las inversiones, que serían los prestadores quienes tendrían que acometer y después lograr un consenso desde el punto de vista técnico. Pero tengo que decir que a corto plazo
se establecen vías para mejorar la calidad y el uso de las herramientas de accesibilidad para que su uso por parte de los ciudadanos con discapacidad auditiva resulte mucho más sencillo.


Creo que en materia política es más importante saber utilizar mejor los recursos existentes, primando para ello el principio de eficiencia, que poner en marcha nuevas medidas cuando aun no sabemos ni siquiera lo que puede suponer su coste.
Y tengo que decir que por parte del Gobierno lo que se favorece es la promoción de acuerdos entre todos los agentes operadores que hay en el mercado audiovisual en aras, sobre todo, de fomentar una mejora en la calidad de estas herramientas y en la
subtitulación de contenidos.


Por otro lado, desde el punto de vista social, creo que es conocido el apoyo incondicional por parte del Gobierno y, desde luego, por mi grupo parlamentario, por el Grupo Parlamentario Popular a las personas con deficiencias auditivas. En
este aspecto me gustaría resaltar un convenio marco que se firmó en julio de 2012 entre la Universidad Carlos III, de Madrid, el Real Patronato sobre Discapacidad y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, con el objetivo de promover la
implantación de los servicios accesibles en las TDT.


Para finalizar, señora presidenta, quiero decir que mi grupo, haciéndose eco de una de las necesidades de los ciudadanos y siendo la discapacidad auditiva una de las barreras más importantes para acceder al mundo audiovisual, ha presentado
una enmienda transaccional que sin modificar la proposición no de ley presentada por La Izquierda Plural, reconoce la existencia de mejoras realizadas hasta la fecha y, por supuesto, insta al Gobierno a que continúe adoptando las medidas necesarias
para que cada vez sea mayor la accesibilidad y, a poder ser, una realidad al cien por cien. Por ello, quiero agradecer la sensibilidad de la portavoz, señora García, de La Izquierda Plural, a la hora de poder aceptar la enmienda transaccional.


La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de UPyD, el señor Lleonart.


El señor LLEONART I CRESPO: Señorías, estamos, por supuesto, a favor de que se cumpla la ley en lo que se refiere a que los poderes públicos garanticen que los medios de comunicación social, de conformidad con lo previsto en su regulación
específica, sean accesibles a las personas con discapacidad auditiva, mediante la incorporación de las lenguas de signos españolas. En el caso de los medios de comunicación de titularidad pública se debe garantizar el cumplimiento de las leyes que
establecen que estas cadenas deben garantizar el acceso a sus programas de las personas sordas. En el sector privado

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tendríamos que prever el impacto económico que estas medidas supongan para dichas empresas y matizarlo de alguna forma o prever cuál va a ser.


Anunciamos nuestro voto favorable a la iniciativa.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Sayós.


La señora SAYÓS I MOTILLA: Nuestro grupo parlamentario celebra que se presente esta iniciativa y la compartimos. Hay que insistir y tomar todas las medidas necesarias para garantizar la total accesibilidad para las personas con capacidades
especiales, como es el caso que nos ocupa: el acceso de estas personas a los medios de comunicación. No solo debe ser concebido para el entretenimiento de las personas con capacidades especiales, sino también para preservar el derecho a la
información, al acceso a la cultura, en definitiva, la formación integral de estas personas. Si bien es verdad que el Gobierno solo puede incidir en televisiones públicas estatales y no en las televisiones privadas o autonómicas porque no son de su
competencia, sí puede y debe incidir en Radiotelevisión Española, como pública que es.


En este ámbito, en Convergència i Unió hemos presentado varias propuestas en las memorias de la Corporación RTVE para que el acceso a la programación por parte de las personas con deficiencia auditiva sea del cien por cien, por ejemplo.
Pero tenemos que seguir incidiendo en esta línea para la plena integración de las personas con capacidades especiales para el desarrollo personal. Por ejemplo, TV3, la televisión catalana, en su día se sensibilizó con este tema y ya lo está
haciendo progresivamente desde hace tiempo. Por tanto, nuestro voto será a favor.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Joan Ruiz.


El señor RUIZ I CARBONELL: Esta iniciativa tiene, junto a otras presentadas en los últimos años por el mismo grupo parlamentario y también por el nuestro, por el que represento, un objetivo común, que las personas con problemas auditivos
sean ciudadanos y ciudadanas como cualquier otro ciudadano. Así que solo podemos hacer una cosa, votarla a favor. Probablemente lo hacemos por coherencia, primero porque hemos presentado iniciativas, como he dicho, que contemplan no solo lo que
dice esta, sino porque además fue con un Gobierno socialista, en octubre de 2007, en que se aprobó la ley, que reconoce las lenguas de signos españolas y que regula medidas para apoyar que las personas sordas con discapacidad auditiva y sordo-ciegas
se puedan comunicar con el resto de ciudadanos y ciudadanas. Por cierto, al mes siguiente del mismo año, nuestro país ratificó la Convención de derechos humanos de las personas con discapacidad de la ONU, que entre otras cosas mandataba a los
Estados a facilitar el aprendizaje del lenguaje de signos y promocionar la identidad lingüística de las personas sordas. Y también fue con un Gobierno socialista que se aprobó la Ley de Comunicación Audiovisual, que en su artículo 8 dice que las
personas con discapacidad auditiva tienen derecho a que la comunicación audiovisual televisiva, en abierto y cobertura estatal autonómica, subtitule el 75 % de los programas y cuente al menos con dos horas a la semana de interpretación con lengua de
signos, ley publicada el 1 de abril de 2010. Desde entonces ha pasado un tiempo, casi todo —he de admitir— con un Gobierno del Partido Popular, y se puede decir que vamos un poco lentos en su desarrollo, ¿no creen? Lo digo porque echando un
vistazo a lo que publica la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, se puede observar que es verdad que hay canales, como Clan TV, Boing o Disney Channel, cuyos programas subtitulados y por tanto accesibles a personas sordas, tienen ya una
cuota superior al 75 %, cosa que también hace la primera cadena. Pero es que ya en 2013 tenían que pasar del 90 % en el caso de los canales públicos y del 75 % en los privados, y nunca mejor dicho aquello de que está a la vista de todo el mundo
porque todos vemos televisión y por tanto vemos que la mayor parte de las cadenas generalistas, entre las que están las más populares, no acaban de cumplir con las leyes que he mencionado y que este Congreso de los Diputados aprobó en su día.


A lo que acabo de decir hemos de añadir que además las personas con problemas auditivos todavía no tienen garantizado en nuestro país tener acceso a un modelo educativo que incluya las lenguas de signos, y estoy hablando de modelo educativo,
no que además tengan una asignatura sobre lenguaje de signos. La unión de ambas cosas, de hecho, el desarrollo de las leyes que aprobamos y que el actual Gobierno no cumple, influiría positivamente en el desarrollo afectivo y social, en el nivel de
conocimientos y en el grado de comunicación de quienes estamos hablando con el resto de ciudadanos y ciudadanas.

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Que ambas cosas no se cumplan, comporta que las personas sordas continúen teniendo un alto riesgo de vivir aisladas.


Tampoco tendría que hacer falta decir que si las leyes no se cumplen alguna responsabilidad tiene el Gobierno de que un derecho reconocido por ley, que afecta a un sector vulnerable de nuestra sociedad, no pueda ser ejercido, y la
responsabilidad o la ausencia de responsabilidad en este caso está escrita y votada por el Grupo Popular en los Presupuestos Generales del Estado. Les doy un par de ejemplos sacados de la sección 26 de dichos presupuestos de este año 2015, que son
ilustrativos. La Universidad Carlos III recibe, o mejor dicho, tiene que recibir en 2015, para programas relacionados con el subtitulado y la autodescripción, un 35 % menos que en los presupuestos del último Gobierno socialista. La Confederación
Española de Personas Sordas, para programas relacionados con el ejercicio de los derechos básicos de personas con problemas auditivos, un 29 % menos. Y les aseguro que las partidas dedicadas a las personas con problemas auditivos no son de las
peores de esta sección, no, no, incluso las hay que iban dirigidas a programas para otras discapacidades que sencillamente han desaparecido. Y no hablamos de grandes partidas cuando hablamos de personas con problemas auditivos, nada que ver con lo
que cuesta una autovía o ampliar un aeropuerto. Por cierto, otra cosa que describe también la acción de gobierno, la preocupación del Gobierno para con estas personas, son los estudios que se pueden encontrar en la página web del Cesia, el Centro
Español del Subtitulado y Autodescripción, del Real Patronato sobre la Discapacidad. Les animo a que echen un vistazo; excepto un estudio que había del subtitulado y la autodescripción relacionada con el teatro, que es de noviembre de 2013, y que
va dirigido a personas sordas, yo no he sido capaz de encontrar ningún otro estudio o documento fechado desde que gobierna el Partido Popular que tenga que ver con el desarrollo de las leyes que he mencionado y que por tanto afecten a personas con
problemas auditivos y que tengan que ver con la televisión; de hecho, ni con la televisión ni con nada. Incluso he llegado a pensar que la página no estaba activa, pero no, porque si se mira bien se pueden encontrar algunas noticias de autobombo
que son de estos últimos años.


Resumiendo, el Grupo Socialista votará favorablemente esta proposición no de ley por coherencia. Nos gustaría, además, que como consecuencia de esta iniciativa o de cualquier otra o por iniciativa del propio Gobierno, y si no lo hacen ya lo
haremos nosotros cuando volvamos a gobernar, más pronto que tarde, se desarrollen las leyes que se aprobaron en el anterior mandato y que tenían, como ya les he dicho, un objetivo básico: que las personas con problemas auditivos sean ciudadanos y
ciudadanas como cualquier otro. (Aplausos).


— SOBRE REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO POR LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002892).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 3.º del orden del día, sobre regulación de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas
con discapacidad. Esta proposición ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra la señora Fernández Moya.


La señora FERNÁNDEZ MOYA: Las personas con discapacidad, 4 millones aproximadamente, tienen en común que en mayor o menor medida precisan de garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos o para participar en igualdad de
condiciones que el resto de ciudadanos en la vida económica, social y cultural del país. La Constitución española reconoce la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna; a su vez, establece que corresponde a los poderes
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitando su participación en la vida política, cultural y social. En
congruencia con estos preceptos, la Carta Magna ordena a los poderes públicos que presten la atención especializada que requieran y el amparo especial para el disfrute de sus derechos a las personas con discapacidad. Estos derechos y libertades
enunciados constituyen hoy uno de los ejes esenciales en la actuación sobre la discapacidad. La no accesibilidad de los entornos, productos y servicios, constituye sin duda una forma muy sutil pero muy eficaz de discriminación, que genera una
desventaja cierta a las personas con discapacidad en relación con aquellas que no lo son, al igual que ocurre cuando una norma, un criterio o una práctica trata menos favorablemente a una persona con discapacidad que a otra que no

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lo es. Según nuestro ordenamiento jurídico, accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas o dispositivos para ser
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible; presupone la estrategia de diseño universal o diseño para todas las personas, y se entiende sin
perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. El día 14 de octubre de 2011, el Consejo Ministros, con un Gobierno socialista, aprobó la estrategia española sobre discapacidad 2012-2020, con el objetivo de ofrecer un marco y una guía para
todas las políticas sobre discapacidad desarrolladas en España, en cumplimiento de lo que estaba previsto en la Ley 16/2011, que se aprobó en agosto de ese mismo año; cumplió los plazos.


A pesar de los avances realizados, y no precisamente en estos últimos años, como incluso reconoce el Grupo Popular en una iniciativa que hoy presenta, hay que seguir avanzando para conseguir una accesibilidad universal en todos los ámbitos,
pero nosotros consideramos que debe ser prioritaria la accesibilidad en bienes y servicios a disposición del público. La normativa recoge plazos máximos para el desarrollo reglamentario de las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad a estos bienes y servicios a disposición del público, por ejemplo servicios sanitarios, educativos, deportivos, etcétera. Entendemos que si es una petición urgente y necesaria no se debería ni
siquiera de agotar los plazos, mucho menos demorarlos, como está ocurriendo con otras obligaciones contraídas por el Gobierno. Las deficiencias o dificultades han sido detectadas y denunciadas por personas con discapacidad a nivel individual y
también a nivel colectivo. Hace muy poco tuvimos en esta Comisión una muestra muy importante con una comparecencia de Cermi, presentando un documento de 100 denuncias 100. Asimismo, personas o entidades han acudido al Defensor del Pueblo, para que
inste al Gobierno a la reglamentación con urgencia de las condiciones mínimas exigibles que permitan a las personas con discapacidad acceder en condiciones de igualdad a los productos y servicios a disposición del público, y en varios casos graves
el Defensor ha iniciado actuaciones de oficio. Por ello, nuestro partido presentó esta iniciativa, para acortar los plazos todo lo posible, como se ha hecho en otras ocasiones. Confiaba en el apoyo de todos los grupos, sobre todo del Grupo
Popular, ya que si lo ven tan necesario para las ciudades inteligentes, como piden en una iniciativa que se va a debatir posteriormente, entenderían que es igual de urgente para todas las ciudades inteligentes, ¿o no?, y para las personas que vivan
hasta en el pueblo más alejado de nuestra geografía, en cualquier ámbito donde viva una persona con discapacidad, para no establecer aun más discriminación. Al ver la enmienda presentada por el Grupo Popular me preocupa aun más. ¿Hay que instar al
Gobierno a cumplir la ley? ¿Es que no tiene previsto cumplirla, como está pasando en otros asuntos pendientes y también algunos relacionados con discapacidad? Por tanto, si no se cambia la enmienda en esos términos no la aceptaríamos y
propondremos que se vote en los términos propios de nuestra iniciativa para instar al Gobierno, en el menor tiempo posible, a aprobar una norma reglamentaria que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los bienes y servicios a disposición del público. Repito, salvo que se cambien los términos de la enmienda, no la aceptaríamos. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra don Carmelo Romero.


El señor ROMERO HERNÁNDEZ: En efecto, hemos presentado una enmienda que va dirigida principalmente a que se cumpla la legalidad; no podemos votar cuando se votó el real decreto legislativo una cosa y no se enmendó lo que se votó y ahora
venir a una Comisión a intentar enmendar lo que se aprobó en ese Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social. En
ese real decreto legislativo se dice que hay un plazo, el plazo termina el día 4 de diciembre del año 2015, por lo tanto no veo que sea el momento de pedirle al Gobierno que no cumpla ese plazo, sino que adelante el cumplimiento del mismo, sobre
todo, señora Fernández, porque mucha prioridad seguramente no han tenido ustedes en que ese plazo se pudiera cumplir, y digo eso porque esta proposición no de ley la presentaron la señora Seara y usted y fue ratificada por el portavoz en aquella
época, don Eduardo Madina —hablando en estos términos parece la Prehistoria, porque en política un año, desde hace un año hasta acá que se presentó esta proposición no de ley, parece como si fuera la Prehistoria—, y digo que mucha prioridad no tenía
que haberle dado usted a este tema puesto que, señora Seara, tenían ustedes posibilidad, desde hace un año acá, de meter esta proposición no de ley en alguna de las comisiones que

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hemos tenido hasta ahora, y sin embargo no lo han hecho. Por tanto, deduzco que mucha prioridad no le daban ustedes a este tema.


La enmienda que hemos presentado es para que se cumpla la ley, no es nada más y nada menos, pero dicen ustedes que no la van a aceptar; me parece bien. Señora Fernández, mientras ustedes están proponiendo esto y no le daban la prioridad
que dicen que tiene, el Gobierno no ha estado con los brazos cruzados, el Gobierno ha trabajado y ha presentado muchas actuaciones para que lo que íbamos a conseguir con este reglamento se pueda ir consiguiendo paulatinamente. Le voy a poner varios
ejemplos. En primer lugar, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, permite ocupar suelo público para la instalación de ascensores y eliminar así, lógicamente, las barreras arquitectónicas en edificios.
Otra actuación es en materia de transporte; se aprobó la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, que incorpora una serie de avances también en materia de accesibilidad para las personas con
discapacidad. Otra actuación, el Plan de acción de la estrategia española de discapacidad, que está dotado, señora Fernández, con 3.093 millones de euros y está compuesto de noventa y seis medidas. Entre los cinco ejes que tiene uno es el de la
accesibilidad. El Gobierno, además, está trabajando en la estrategia global de accesibilidad, y además lo está haciendo con el Cermi, con el Centac y con la ONCE, con convenios de colaboración con ellos. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad ha promovido la accesibilidad para personas con discapacidad del 016, el teléfono gratuito de atención y asesoramiento sobre violencia de género, y las terminales Atenpro. En los próximos meses, en el marco de la
subvención nominativa del año 2015, se va a abordar, junto con la ONCE, la adopción de instrumentaciones que permitan que los prospectos de los medicamentos veterinarios sean accesibles, y así sucesivamente en muchas iniciativas y medidas que está
tomando el Gobierno. Otro ejemplo es la colaboración en el proyecto piloto Medicamento accesible, con la Fundación Vodafone y con la Fundación ONCE. Asimismo, estas acciones de colaboración que se están realizando han permitido la generación de
avances en proyectos de accesibilidad universal, que es adonde se tiende por parte de todas las actuaciones y leyes que da el Gobierno. Pero quizá la más importante sea, desde mi punto de vista, las reformas laborales y fiscales que en esta materia
ha hecho el Gobierno. La reforma laboral ha posibilitado que las personas con discapacidad puedan tener una inclusión social importante en cuanto a número de contratos, y le pongo el ejemplo. En el año 2014, el número de contratos suscritos con
trabajadores con discapacidad se incrementó un 19 %, pasaron de 69.648 en 2013 a 82.977, eso supuso el 19 % de incremento. Y en materia fiscal, la última reforma que ha habido ha posibilitado también que se tenga muy en cuenta a las personas con
discapacidad o a las familias que tienen algún miembro con discapacidad. Sabemos que se pueden desgravar esos 1.200 euros al año por personas que tienen cierto grado de discapacidad y también se puede solicitar que su cuantía pueda recibirse cada
mes.


En conclusión, el Gobierno está llevando a cabo una política integral y transversal en materia de discapacidad y, por tanto, la proposición no de ley que trae usted hoy aquí es simplemente para decir: cumpla usted la ley pero cúmplala un
poquito antes, y digo un poquito, porque la verdad, después de haber tardado un año en decir que venga esta proposición no de ley a la Comisión, ya queda menos de un año para que el Gobierno cumpla con su obligación, que le establece la propia ley.


La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de UPyD, tiene la palabra el señor Lleonart.


El señor LLEONART I CRESPO: Señorías, estamos a favor de que se cumpla lo establecido en el mencionado real decreto legislativo del texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad. Se trata de una antigua
reivindicación del Cermi que ya en 2012 presentó una queja a la Defensora del Pueblo de entonces, Soledad Becerril, por incumplimiento del Gobierno respecto a la disposición final sexta de la Liondau, que recogía también que se regularían las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de bienes y servicios a disposición del público. Ya entonces el Cermi explicaba que el Gobierno debería haber desarrollado las condiciones básicas de
accesibilidad en el año 2005, en cumplimiento de esta obligación, pero sin embargo está todavía pendiente de este desarrollo, lo cual, según exponía el Cermi, debilita la protección de las personas con discapacidad y las expone a una situación de
mayor vulnerabilidad frente a las discriminaciones y violación de sus derechos. De nuevo, y ahora en relación con el mismo texto recogido en el mencionado real decreto que refundía las normas de discapacidad, volvemos a encontrarnos con que el
Gobierno no cumple con los

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mandatos de la normativa sobre discapacidad, así que nuestro grupo votará a favor de la PNL del Grupo Socialista.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Es posible que yo esté en el máximo de los errores, y si es así pido perdón anticipadamente, pero me gustaría saber cuándo podíamos haber presentado enmiendas al real decreto ley, me gustaría saberlo. Si se
hubiera tramitado de otra forma es posible que hubiéramos podido presentar enmiendas para que finalmente lo aprobado pudiera ser consecuencia de lo que opinábamos cada uno de los grupos parlamentarios, pero no fue así. Hay otra cosa que también me
llama extraordinariamente la atención, y es que eso de adelantarse en los plazos parece ser que es imposible, hay que cumplir estrictamente pese a que lo demanden las personas afectadas e incluso entidades con personas afectadas. No lo podemos
entender y no parece lógico que si hay posibilidad de hacerlo haya que cumplir el plazo hasta el límite, para mí es imposible entenderlo. Pero lo que ha rematado no entender absolutamente nada es que ustedes, usted, el portavoz del Grupo Popular,
venga a decir que una iniciativa presentada en julio de 2014 es mucho más difícil de hacer su cumplimiento y se retarda porque tiene otros objetivos inconfesables por parte del grupo que lo presenta y que, sin embargo, una iniciativa que viene
inmediatamente después y firmada el 22 de septiembre de 2014 reúne unas características que son diferentes. Esto no tiene ningún sentimiento oculto ni nada oculto detrás.


Señorías, como dije en otra intervención, seamos serios y rigurosos y hagamos las cosas en función de las necesidades de las personas que nos lo demandan y no en función de las necesidades o los momentos que cada uno podamos tener. Eso
sería ser serios y rigurosos y no parece que vaya a ser la realidad. Nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa, y le solicito —sé que esta humilde diputada no tiene posibilidades a lo mejor de solicitar según qué cosas— que sean ustedes
mucho más serios, que miren exactamente qué es lo que se pide y que piensan en las personas para las que se pide.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Sayós.


La señora SAYÓS I MONTILLA: Señora presidenta, estamos totalmente de acuerdo con la iniciativa. Se debe dar cumplimiento a la ley para que las personas con capacidades especiales puedan disfrutar de los mismos derechos en igualdad de
condiciones que el resto. Únicamente me gustaría matizar que la citada regulación se elabore con total respeto a las competencias de las comunidades autónomas y que contemple los recursos necesarios para que las medidas contempladas en la norma
puedan ser adoptadas con garantías. Y puesto que estamos en periodo electoral, un ejemplo: Convergència i Unió ya presentó en su día una proposición no de ley en la Comisión de Justicia en la que se pedía la modificación de la Ley Electoral para
facilitar a las personas con capacidades especiales que puedan votar con total normalidad. El derecho al sufragio activo es un mandato de la Constitución española y de la Convención de la ONU. Este acceso es un mandato imperativo de nuestra
regulación jurídica. Por eso, estamos también de acuerdo con la nomenclatura, en el plazo más breve posible —este es un ejemplo, el del sufragio activo—, al menos en el derecho de sufragio, como he dicho. Por todo ello, Convergència i Unió
votaremos a favor.


— RELATIVA AL FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS «CIUDADES INTELIGENTES». PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003051).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 4.º del orden día, relativo al fomento de la accesibilidad en las ciudades inteligentes. De esta iniciativa es autor el Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra don Javier
Puente.


El señor PUENTE REDONDO: Señorías, intervengo para defender la iniciativa del Grupo Popular, a través de la cual instamos al Gobierno a trabajar por la accesibilidad en el diseño de las ciudades inteligentes. ¿Por qué esta iniciativa?
Entre muchos otros motivos, quería comentar dos de ellos. Uno es que según la estimación de la ONU, el 70 % de la población mundial en el año 2050 vivirá en las ciudades, situación que podría convertirse en un auténtico problema a no ser que el
diseño de las nuevas ciudades y la existencia de la armonía entre los aspectos especiales, sociales y ambientales sean tratados. Otro de

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los motivos es también el del invierno demográfico, ya que cada vez la esperanza de vida es mayor dentro de nuestra sociedad, cada vez más en la sociedad va habiendo personas más mayores y, lógicamente, las personas mayores acaban teniendo
diferentes discapacidades. Por ello, por esta concentración en las ciudades, por un lado, de un mayor número de personas y, por otro, por ese envejecimiento poblacional, tenemos que diseñar de una forma especial nuestras ciudades del futuro o
también las denominadas ciudades inteligentes.


¿Qué entendemos por una ciudad inteligente? Son aquellas que combinan la tecnología con la información, de cara a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, rebajar el coste energético y reducir el impacto medioambiental. No obstante,
junto con las infraestructuras, la innovación y la tecnología, las ciudades inteligentes requieren sociedades participativas que tengan en cuenta a todos los ciudadanos, incluidos lógicamente los ciudadanos con un alto riesgo de exclusión social,
como pueden ser las personas con diferentes capacidades o las personas mayores a las que he hecho referencia anteriormente. En toda acción política y también en este diseño de las ciudades inteligentes, entendemos que las personas deben ser
situadas en el epicentro de cualquier política y ha de ser así en mayor medida, si cabe, teniendo en cuenta este envejecimiento de la población y contando con que la cifra de personas que tienen algún tipo de discapacidad en nuestro país está en
torno a los 4 millones, cifra que también ha sido comentada anteriormente en esta Comisión. Por tanto, este contexto, el desarrollo de las ciudades inteligentes, ofrece una excelente oportunidad para garantizar el pleno cumplimiento de la igualdad,
la no discriminación y la accesibilidad universal para el ciudadano que resida, transite o haga uso de los bienes, los productos y los servicios que la ciudad englobe y donde las tecnologías representan una herramienta esencial y muy importante,
máxime en la época que estamos viviendo, y creo que en el futuro aun va a ser mayor esa incidencia y esa importancia de las nuevas tecnologías no solamente en las nuevas ciudades sino en cada uno de nosotros.


Reconociendo que aun queda mucho por hacer dentro de lo que es el ámbito de las capacidades y ese elevado número de personas que puedan tener diferentes capacidades, es cierto también que desde este Gobierno se están tomando diferentes
medidas. No voy a enumerar muchas de ellas porque ya a lo largo de la Comisión se han ido señalando, pero sí quería resaltar dos de ellas, como es la aprobación de la nueva Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión
social, que integra en una única norma las principales leyes en la materia; y, por otro lado, el Plan de acción 2014-2016 sobre la estrategia de discapacidad. Dentro de lo que es nuestro país y de los avances que se han ido haciendo —vuelvo a
repetir, reincidiendo en esa necesidad de seguir avanzando en las políticas para mejorar la vida de estas personas—, quiero resaltar también que España fue reconocida en 2013 con el Premio Roosevelt, que es considerado el Premio Nobel de la
discapacidad, y es algo a tener en cuenta de la acción que se está llevando a cabo por este Gobierno.


Con todo ello y sin entrar en el detalle de la legislación a la que se hace mención por parte del Grupo Popular en la iniciativa que se presenta, ya que todos la hemos podido leer, instamos al Gobierno, en colaboración con las comunidades
autónomas y entes locales, en el ámbito de sus competencias, a poner en marcha medidas con las que garantizar el cumplimiento de los criterios de accesibilidad, no discriminación e igualdad en el diseño, despliegue y ejecución de las ciudades
inteligentes, así como a establecer mecanismos de participación, formación y difusión de estos principios en los foros de interés donde se debatan y analicen los desarrollos de dichas ciudades. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra doña Soledad Pérez.


La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Señor Puente, compartimos, como no podía ser menos, la filosofía expresada en la exposición de motivos que da lugar a esta iniciativa de su grupo. No entendemos la urgencia de trabajar hoy sobre la accesibilidad
en las ciudades inteligentes cuando no hay urgencia en sacar la normativa que regule la accesibilidad que debe tener cualquier ciudad, inteligente o no. Pero ese es otro tema que ha salido ya en esta reunión. Compartimos la filosofía, sentimos
mucho orgullo por ese premio que usted ha citado, pero hay que reconocer y añadir a eso que fue otorgado a este país por el trabajo relacionado con la discapacidad que había hecho el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por tanto, también
orgullo por la herencia, que ustedes también reflejan en la exposición de motivos, porque todos los reales decretos, órdenes e incluso leyes que se citan en la misma han sido reales decretos, órdenes y leyes que se han realizado, incluida la Ley de
Lengua de Signos, durante la etapa de Gobierno socialista. Quiero recordarles que la Liondau, que se aprobó con el Gobierno del Partido Popular,

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preveía un desarrollo a veinte años y no reconocía ni la lengua de signos con la condición de ley, demostrando de esa manera, yo creo, no solo el compromiso y la lealtad institucional y hacia la ciudadanía, sino un verdadero interés que
siempre hemos demostrado por desarrollar la normativa que contribuya a conseguir la igualdad real de condiciones y la justicia social para las personas en situación de discapacidad. Incluyo en este compromiso la adhesión de este país a la
Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y la trasposición que se hizo a nuestra legislación, y reconozco en este empeño el apoyo de todos los grupos de esta Cámara.


Como usted señalaba, señor Puente, hoy disponemos de un texto refundido, un texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, pero un texto refundido, no un texto nuevo ni una ley ex
novo; eso es lo que ustedes han realizado en 2013, cuyo artículo 2, por cierto, define lo que es la accesibilidad universal, esta que usted proclama en su iniciativa para las ciudades inteligentes. Por eso le hemos presentado nuestra enmienda,
señoría, que se cumpla la ley, es lo más inteligente para una ciudad inteligente, para cualquier municipio medianamente humanizado y digno y para cualquier ámbito que los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los instrumentos,
herramientas y dispositivos recogidos en esa ley, sean utilizables y practicables por todas y por todos, y además en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma posible. Y para que se cumpla es preciso que el Gobierno actúe en
consecuencia. Ya se lo hemos pedido en la iniciativa anterior y se lo pido de nuevo en la enmienda, y es que se cumpla la ley y se apruebe ya la norma —se lo ha pedido el Cermi, se lo ha pedido el Defensor del Pueblo, como le recordaba mi
compañera— que fije las condiciones básicas de accesibilidad, porque ¿qué ciudad es inteligente si no hay una norma que fije cuáles son esas condiciones básicas de accesibilidad? Eso es lo que le planteamos en la enmienda, que no se demore más;
pedimos la misma agilidad que han demostrado trayéndonos aquí, viernes tras viernes, después de aprobar en Consejo de Ministros, un real decreto tras otro, no dejándonos después, además, legislar y trabajar sobre los mismos. Esa misma celeridad
pedimos hoy aquí. Además, como estamos de acuerdo con el proponente, lo que les pedimos es que hagan lo que dicen y, por ejemplo, recuperen los convenios de accesibilidad universal con la ONCE, que disponían de dinero ambas partes, el Imserso, el
ministerio y la ONCE, veinte años de unos convenios que han sido utilísimos. Llegaron ustedes en 2012 y se los cargaron, ¿pero de que accesibilidad me habla? Por no hablarle de los convenios y de la reducción de presupuesto con los municipios.
¿Qué municipios ni qué ciudades inteligentes? ¿Ha visto usted las cien denuncias sobre accesibilidad, que le comentaba antes mi compañera, que presentó aquí el Cermi, si además todas ellas hablan precisamente de esas grandes ciudades inteligentes a
las que usted se refiere? ¿Dónde está esa accesibilidad? Por eso le decimos: recuperen las políticas de accesibilidad, recuperen los convenios y trabajen. Además, esa estrategia 2012-2020 tan estupenda dótenla económicamente, porque si no hay
recursos todo lo demás es literatura, y las iniciativas sobre literatura creo que las podemos discutir muy bien en la Comisión de Cultura de este Parlamento. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de UPyD, tiene la palabra el señor Lleonart.


El señor LLEONART I CRESPO: Señorías, la smart city o ciudad inteligente, definida como ciudad que utiliza los avances tecnológicos para mejorar la vida de sus habitantes, supone para las personas con discapacidad una oportunidad para
lograr una plena integración en la vida de sus ciudades. Estudiando este fenómeno de las smart cities, se observa que ya hay ciudades que han tomado la delantera en la implantación de estas tecnologías, como Santander. Por tanto, consideramos
básico que el Estado establezca un marco regulatorio para aplicar en todo el territorio y evitar que haya ciudades de dos velocidades que impliquen un menor acceso a sus servicios de las personas con discapacidad dependiendo de la comunidad autónoma
de residencia. Por eso, nuestro grupo votará a favor de esta PNL.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Sayós.


La señora SAYÓS I MONTILLA: La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU en su artículo 9 establece que las personas con discapacidad no pueden ser discriminadas en el sector de la tecnificación. Es por ello
que las smart cities deben tener en cuenta a estas personas como dispone el mencionado artículo 9. Por tanto, cada una de las diferentes áreas que componen una smart city debe prever su efecto y relación en las personas, en todas las personas, no
solo en las personas que

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habitan la smart city, sino también en las personas visitantes, en todas las personas visitantes. Cada proyecto de smart city debe contemplar la accesibilidad desde el inicio y debe ser un parámetro a cuidar en todos los procesos del
proyecto, como también son la seguridad, la calidad o los costes. Todo ello para evitar la exclusión social, como podría ser para las personas con capacidades especiales. Señorías, también debo recordar y no podemos olvidar, que las diferentes
administraciones tienen sus competencias, tal y como se establece en la Constitución española. Por tanto, el artículo 9 de la convención deberá ser tenido en cuenta por cada una de las administraciones públicas. Porque, señorías, no hay ciudades
inteligentes si no son ciudades accesibles. Por todo ello, compartimos esta iniciativa y Convergència i Unió votará a favor.


— SOBRE ACCESIBILIDAD DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003130).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 5.º del orden del día, sobre accesibilidad de edificios y viviendas. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Socialista, y para su defensa tiene la palabra doña Laura Seara.


La señora SEARA SOBRADO: Presidenta, si me permite, me gustaría dirigir unas palabras iniciales al señor Romero. Decía mi abuela que falar non ten cancelas, y a usted este refrán le debería venir al pelo después de la intervención que ha
hecho anteriormente. Usted habló de la falta de enmiendas del Grupo Socialista a la última Ley de discapacidad cuando el Gobierno decidió, como texto refundido que era, que no pasara por esta Cámara; no pasó por esta Cámara la ley que compila toda
la legislación en materia de discapacidad, no fue debatida por el Parlamento, se lo digo para su información. Por cierto, ya nos gustaría que hubiera más comisiones con proposiciones no de ley para que esas estuvieran más actualizadas. Llamaba
usted la atención de la proposición no de ley que presentaba mi compañera, que defendió también mi compañera Gracia Fernández, y yo le recuerdo que hoy mismo se debate una proposición del Grupo Popular fechada en octubre de 2014. Por lo tanto, le
rogaría un poquito más de prudencia antes de hacer intervenciones con la dureza y con la osadía, me atrevo a decir, con la que lo ha hecho en la intervención que ha tenido.


Volvemos a debatir en el Congreso un asunto que yo calificaría de primer orden para las personas con discapacidad y movilidad reducida. Es verdad que no es la primera vez que se debate en el Congreso, ni siquiera es la primera vez que se
debate en esta legislatura, hubo una proposición de ley que fue debatida su toma en consideración en el Pleno de esta Cámara al principio de la legislatura. Fíjese que en el marco de las políticas públicas, el trabajo legislativo a favor de este
colectivo siempre hemos dicho que ha de ser innovador, que ha de ser constante, y es verdad que España ha trabajado mucho y bien, convirtiéndonos en un país pionero en Europa respecto al reconocimiento de los derechos de personas con discapacidad,
incluso para que nos reconocieran con el Premio Roosevelt de Naciones Unidas. Pero cuando se produce una mala intervención pública o directamente cuando no hay intervención, se está condenando a muchas personas, a personas con discapacidad, a unas
situaciones enquistadas de exclusión, algunas de ellas sin retorno. La falta de acción por parte del legislador, por nosotros —nos incluimos todos porque esta es la casa y la Cámara que legisla—, está abocando a miles de personas con discapacidad a
quedarse confinadas en sus casas porque no pueden salir ni entrar en ellas o en todo caso tener que abandonarlas si disponen de medios para ello, y todo porque sus viviendas no están adaptadas. Lo que quiere hoy el Grupo Socialista es llegar a un
acuerdo, se lo digo con toda sinceridad, llegar a un acuerdo de todos y de todas, para que el Gobierno, de forma urgente, modifique la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, y ello ni más ni menos que para hacer efectivo que los
costes derivados de las obras y actuaciones de adecuación de los edificios e inmuebles a las condiciones de accesibilidad, sean asumidos por las comunidades de propietarios. Es una modificación tremendamente sencilla desde el punto de vista técnico
y fácil de decidir desde el punto de vista político.


Fíjense toda la normativa que no estamos cumpliendo en este momento. La Ley 26/2011, de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, mandata la modificación de diecinueve leyes, y
una de ellas es la Ley de Propiedad Horizontal. En el artículo 15 se recoge que las comunidades de vecinos quedan obligadas a realizar las obras de accesibilidad necesarias para un uso adecuado a la discapacidad de sus vecinos. Hace referencia
tanto a los elementos comunes de esas comunidades de propietarios como a la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan a estas personas con discapacidad su comunicación con el exterior. No es esta la primera ley

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que recoge la accesibilidad. Fíjense, en 1990 se modifica la Ley de Propiedad Horizontal, y ya en ese punto se establece la eliminación de barreras para acceder a la vivienda, suavizando las mayorías para llevar a cabo las obras en las
comunidades en las que residían personas con discapacidad. En estos casos, la mayoría era de tres quintos de los votos y cuotas, manteniéndose la unanimidad para las mismas en materia de accesibilidad en el caso de que no residiesen personas de
estas características. En el año 1999 hay otra modificación y se destierra esta unanimidad, de forma que se obliga a la eliminación de barreras para acceder a los inmuebles. La Liondau, a la que aquí se hace referencia permanentemente, es una ley
importante. Fíjense que en el año 2003 también modificó la Ley de Propiedad Horizontal, en este caso estableciendo para las comunidades de propietarios la obligación de llevar a cabo obras de accesibilidad, así como el deber de soportar las
servidumbres de paso que fueran necesarias para su realización. No es suficiente todo esto que se hizo, insisto, no partimos de cero pero no es suficiente. Hoy no rige la Ley de 1960, obviamente, pero, insisto, la realidad nos da la razón todos
los días con casos que vemos y todos y todas conocemos.


Fíjense que según la definición contenida en el artículo 2 del texto refundido al que ha hecho antes referencia un diputado del Grupo Popular, de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la
accesibilidad universal es condición que deben cumplir los procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en
condiciones de seguridad y comodidad de la forma más autónoma y más natural posible.


Convendría repasar esta batería legislativa para saber, como dije al principio, lo mucho que se ha avanzado, pero también para entonar una crítica, una crítica respecto al no cumplimiento y desarrollo de leyes de las que nos vamos dotando
como país y como sociedad porque, insisto, la Ley de Propiedad Horizontal a estas alturas debería estar ya modificada. Fíjense que sin duda son muchos los ámbitos en los que es necesario seguir avanzando para lograr la accesibilidad universal, pero
el caso de la vivienda es un caso paradigmático pues a los problemas generalizados, primero de carestía de las viviendas, de falta de financiación adecuada, de calidad en muchos casos, de dificultades extremas para mantener la propiedad por no poder
hacer frente al pago de deudas o rentas con que se topan muchos ciudadanos, a los desahucios, a todo esto, se añaden para las personas con discapacidad los de ausencia de condiciones de accesibilidad del parque de viviendas, y sin accesibilidad el
derecho a una vivienda digna se hace, para este grupo de población, extremadamente difícil, me atrevería a decir que imposible.


Esta proposición no de ley que presentamos consta de dos puntos. El primero se lo he descrito ahora con bastante detalle respecto a la necesidad de modificar la Ley de Propiedad Horizontal del año 1960, pero el segundo punto es para que, de
acuerdo con las comunidades autónomas, se movilicen recursos y que la situación económica de todos o algunos de los propietarios no constituya un obstáculo a la hora de afrontar los costes derivados de las obras destinadas a garantizar la
accesibilidad de los edificios. Sabemos que hay mecanismos suficientes en nuestro ordenamiento jurídico y además hay mecanismos suficientes en la práctica de gestión por parte de todos los Gobiernos que pueden resolver esta cuestión. ¿Y por qué lo
hemos puesto? Porque en las actuales condiciones económicas por las que atraviesan muchísimas familias, algunas de ellas en situación de insolvencia, si el cambio legislativo no se acompaña de medidas como esta podemos generar situaciones
francamente dramáticas. Por tanto, y termino, esta iniciativa está pensada para facilitar la vida a casi 4 millones de personas, más de 3.800.000 personas a las que no solo debemos garantizar derechos, debemos también ofrecerles mecanismos para que
los puedan exigir cada vez que una barrera física o de comunicación se cruza en sus caminos. Ustedes saben que las entidades han demandado este cambio normativo muchísimas veces, lo han dicho aquí los representantes de las organizaciones de la
discapacidad infinidad de veces, desde el Cermi, que engloba a casi todas las organizaciones, pasando por organizaciones de discapacidad de carácter más sectorial, todos y todas han hecho referencia a esta cuestión. Hoy, que estamos a tiempo de que
esta demanda sea una realidad, no debemos echarla en saco roto. El Grupo Socialista está dispuesto a transaccionar con la enmienda; hubo un acuerdo, ojalá sea así, por parte de todos los grupos parlamentarios para que, efectivamente, podamos
solicitar al Gobierno de una manera rotunda que queremos la modificación inmediata de la Ley de Propiedad Horizontal.


La señora PRESIDENTA: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra el señor Vañó.

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El señor VAÑÓ FERRE: Señorías, en primer lugar, quiero hacer dos aclaraciones, una, que el Partido Popular no es solo hoy el día que quiere llegar a un acuerdo, es una norma habitual en esta Comisión llegar a acuerdos y pactar siempre y
cuando sea a favor de la ciudadanía y en este caso de la ciudadanía que representan las personas con discapacidad, con un grado de vulnerabilidad mayor de los habituales en otros colectivos.


En segundo lugar, me conoce señora Seara, yo como representante del PP y mi propio partido huimos de la agresividad y de la amargura a la hora de hacer planteamientos. Yo siempre prefiero opinar lo que me han oído en otras ocasiones.
Huimos del maniqueísmo de buenos y malos, todo el mundo ha hecho algo en favor de las personas con discapacidad en la evolución de la legislación que favorece a las personas con discapacidad y no es malo reconocerlo. Yo reconozco que en todas las
épocas ha habido cosas buenas y cosas malas por parte de todos los Gobiernos. De todos modos, si utilizamos el sentido común, usted dice: la Ley 49, de 1960, de Propiedad Horizontal, debería estar ya solucionada del todo, y desde entonces hasta
ahora ha habido muchos Gobiernos, entre otros 22 años del Partido Socialista y 11 del Partido Popular. Pero no quiero entrar, insisto, en el maniqueísmo; quiero decir que aquí entre todos hacemos cosas y todos dejamos cosas por hacer.


Esta Ley a la que usted ha aludido de propiedad horizontal de 1960, para facilitar las obras de accesibilidad, ha tenido una evolución considerable en los últimos años. La Liondau, Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de 2003, ya estableció algunas modificaciones de los artículos 10, 11 y 17 de esta Ley 49/1960, estableciendo algunas medidas para mejorar, permitir la accesibilidad a la comunidad de propietarios, mejorando, como usted muy
bien ha dicho, de los tres quintos a la mitad, después de la mitad de los presentes y después incluso en esta ley tratar de conseguir que las primeras tres mensualidades fuesen financiadas por todos los vecinos. A continuación hay que citar la Ley
de 2011 en la que gobernando ustedes llegamos a un acuerdo sobre el artículo 15 para aumentar ese plazo para el pago del importe a doce mensualidades y considerando también el 2,5 del Iprem para que fuese de precepto. En fin, fue otro avance
considerable que hay que reconocer, y que nosotros reconocemos sin ningún empacho. En la Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, su disposición final primera modificó los artículos 10 y 17, por los que se amplió el pago de
esas doce mensualidades de cuotas de los gastos de comunidad a doce mensualidades multiplicadas por los años en que se pueda diferir el pago de la obra, es decir, facilita un poco más, ya no digo que soluciona, digo que facilita un poco más el pago
de las obras de adaptación y de accesibilidad para los vecinos que viven en circunstancias de falta de accesibilidad y que por lo tanto están condenados a no salir de sus viviendas. También se eliminó el límite de los ingresos del 2,5 % de ingresos
del Iprem pero a efectos de que no fuese el inconveniente que impidiese pasar de doce mensualidades, es decir colaborando con ayudas públicas y financiación diferida que daban respuesta a este problema.


Hubo una cosa que quizá se pasa por alto pero que hay que considerarla porque hasta entonces era un inconveniente. Los propios ayuntamientos debían ceder gratuitamente suelo o espacios libres para el uso de estas edificaciones de viviendas
donde hubiese un dominio público que fuese necesario para instalar, por ejemplo, ascensores o montacargas o cualquier tipo de rampas necesarias.


Quiero recordar que el Ministerio de Fomento ha puesto en marcha, en colaboración con las comunidades autónomas, importantes subvenciones que pueden llegar hasta 4.000 euros por vivienda y hasta un 50 % del total del coste de ejecución del
proyecto a través del nuevo Plan estatal de fomento del alquiler y de rehabilitación 2013-2016. (El señor vicepresidente, Romero Hernández, ocupa la Presidencia). Por otro lado, el Plan de acción de estrategia española sobre la discapacidad
2014-2020 también establecía en su medida número 80 la puesta a disposición de las personas con discapacidad y de sus familias de ayudas e incentivos, a través de los planes estatales, para la realización de ajustes razonables en materia de
accesibilidad en sus viviendas, y el análisis de la efectividad o, en su caso, insisto, de nuevas propuestas de avance normativo de esta Ley 8/2013. Es decir, de un lado se persigue hacer obligatorias las obras, para que puedan tener acceso todas
las personas con movilidad reducida o personas mayores de 70 años que tengan dificultades de deambulación, en esos edificios de viviendas de comunidades de propietarios y por otro lado contemplar la situación económica de algunos de los propietarios
a los que les supone un obstáculo tener que afrontar un coste derivado de tales obras.


Estamos de acuerdo en su planteamiento y en su iniciativa de que hay que seguir avanzando, y creo que en ese camino vamos. Estamos de acuerdo en seguir impulsando medidas necesarias para lograr adecuadas condiciones de accesibilidad en
edificios y en viviendas a fin de promover ese derecho efectivo de acceso a la vida independiente. Esencialmente, insisto, estamos de acuerdo en su planteamiento.

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Nosotros hemos buscado la enmienda transaccional que contempla el planteamiento que hacen ustedes en su proposición no de ley al mismo tiempo que insta al Gobierno a eso efectivamente, a modificar esa Ley 49/1960, de Propiedad Horizontal, a
seguir avanzando por ese camino. Nunca llegaremos a la perfección, pero estaremos en el buen camino si entre todos colaboramos para conseguir que la normalización de las personas con discapacidad en su acceso al entorno sea factible.


Espero sea aceptada esa enmienda transaccional, pues creo que estamos en buena disposición por parte de todos.


El señor VICEPRESIDENTE (Romero Hernández): Para el turno de fijación de posiciones, por el Grupo de UPyD tiene la palabra el señor Lleonart.


El señor LLEONART I CRESPO: Señorías, en el tema de la modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, para que los gastos derivados de las obras y actuaciones de adecuación de los edificios e inmuebles a las
condiciones de accesibilidad sean asumidos por las comunidades de propietarios, se ha tratado en varias ocasiones en esta Comisión sin que los Gobiernos hayan tomado medidas para su adopción. Lo que está claro es que en nuestro ordenamiento
jurídico a una persona con discapacidad no se le puede privar del derecho de uso de elementos comunes, eliminando para ello barreras arquitectónicas. Sin embargo, desde UPyD siempre hemos defendido que las comunidades de propietarios se ajustan a
las mayorías establecidas en la Ley de Propiedad Horizontal y en sus propios estatutos; debemos insistir en nuestra idea de que la adecuación de un inmueble, ya construido, a las condiciones de accesibilidad actualmente requeridas no puede forzar a
un copropietario a unos desembolsos que pueden resultar excesivamente onerosos. Si hay que hacer obras de adaptación deberán costearse suficientemente por las administraciones competentes, a fin de que puedan ser obligatorios para los restantes
copropietarios.


Estamos de acuerdo con que se lleven a cabo reformas en la Ley de Propiedad Horizontal para que se acometan las obras de acondicionamiento en los inmuebles en los que vivan, trabajen o presten sus servicios voluntarios personas con
discapacidad pero promoviendo su copago entre los vecinos y la Administración. Por tanto, votaremos a favor de esta PNL del Grupo Socialista. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señora presidenta, como decía, bien dicho, el portavoz del Grupo Popular, las posibilidades de modificar la ley, a la que ahora se reclama, han sido muchas y variadas a lo largo de numerosos Gobiernos que han
regido este país. En cualquier caso bienvenida sea la posibilidad de ir avanzando en esa línea, bienvenida sea en aras de lo que reclamaba anteriormente que es el rigor para seguir avanzando y seguir haciendo cosas.


He vivido, por circunstancias personales que no vienen a cuento, una situación seria para trasladar a una persona dentro de unas viviendas donde no había esos accesos para personas que en un momento determinado, bien por edad o bien por
enfermedad, tienen una discapacidad sobrevenida, y es muy complicado poder hacerlo. He vivido también situaciones de familias, con las que he luchado cuando era concejala en el ayuntamiento de mi pueblo, para que pudieran tener mejores condiciones
de traslado de sus familiares, en situaciones muy complicadas de tener que cargar incluso en brazos a la persona que tenía esa discapacidad. Y he vivido también situaciones en viviendas nuevas, muy nuevas, donde se hacen estas rampas, donde
efectivamente hay unas mejores condiciones de accesibilidad externas, pero tienen serias dificultades de accesibilidad internas; una persona en silla de ruedas, por ejemplo, tendría dificultades en muchas de esas viviendas para poder acceder a su
propia vivienda, serias dificultades. Por tanto, si bien hay cosas en las que se ha avanzado queda todavía mucho por hacer y todo aquello que vaya en la línea de seguir avanzando, bienvenido sea. Con esto anuncio que el voto de mi grupo va a ser
favorable a la iniciativa que se propone.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Tarruella.

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La señora TARRUELLA TOMÀS: Señora presidenta, voy a empezar por anunciar nuestro voto favorable a esta proposición no de ley. Desde Convergència i Unió el tema de la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal ha sido reiterativo en
diferentes comisiones y en diferentes épocas.


He estado escuchando muy atentamente a la señora Seara y al señor Vañó. He creído entender que los dos tienen una voluntad de llegar a acuerdos y espero que este acuerdo se materialice después en su transaccional o en su votación pues creo
muy importante en este caso que los dos grupos parlamentarios se pongan de una vez de acuerdo en el tema de la propiedad horizontal. Recuerdo que siendo ponente de la ley de adaptación de la Convención de los derechos de las personas con
discapacidad, también con el señor Vañó, nuestro grupo presentó una enmienda, que fue apoyada por el Grupo Popular, por la que pedíamos sobre todo recursos para las comunidades autónomas, para que sea operativo y se puedan hacer las modificaciones
necesarias en las comunidades, y que el Gobierno de entonces, que era del Partido Socialista, fue el que no la aceptaba. Hoy nos encontramos aquí con que es el Grupo Socialista el que pide al Grupo Popular. Lo que deseo, y creo que es la voluntad
de todos, es que nos pongamos de acuerdo y que se llegue a transaccionales en este sentido para que de una vez toda persona que viva en un edificio que no esté adaptado tenga acceso. Dotar de accesibilidad universal a los edificios de comunidades
de propietarios para las personas con discapacidad o para las personas mayores es una necesidad básica, es una necesidad que conecta con los derechos humanos fundamentales, como son la libertad de desplazamiento o la libertad de comunicación o de
disfrutar de una vivienda digna.


Ya he dicho que nuestro grupo apoyaría la iniciativa, hemos apoyado todas las que se han presentado en este sentido, y nos alegraríamos muchísimo que además pudiera ser aprobada por unanimidad.


— RELATIVA A GARANTIZAR EL ACCESO A LA NEURORREHABILITACIÓN POR DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO CON CARGO AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/003470).


La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate del punto 5.º del orden del día, pasamos al punto 6.º y último, que es una iniciativa relativa a garantizar el acceso a la neurorrehabilitación por daño cerebral sobrevenido con cargo al Sistema
Nacional de Salud. Su autor es el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y para su defensa tiene la palabra la señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Señorías, sobre esta proposición no de ley que en nombre de Convergència i Unió presentamos en esta Comisión quiero señalar que está elaborada por asociaciones de pacientes con daño cerebral adquirido. Los
diferentes grupos parlamentarios, creo que la gran mayoría, hemos recibido en sede parlamentaria en diferentes ocasiones a doña Paloma Pastor, representante de la entidad Hirn Hamabi, que es madre de un menor con daño cerebral adquirido; hemos
recibido también a la Federación Española de Daño Cerebral la semana pasada, Fedace —esta vez fue en la Comisión de Sanidad—, que vino a exponernos también las dificultades con las que se encuentran las personas con daño cerebral adquirido para la
rehabilitación, sobre todo de una manera especial cuando son menores, y en algunas comunidades autónomas más que en otras. Quiero por ello decir que aunque sea Convergència i Unió el grupo que presente esta proposición no de ley, la defendamos y
pidamos a todos los grupos de la Cámara, si es posible, que la apoyen, ya que sus verdaderos autores son estas asociaciones que tienen pacientes en su seno, estas asociaciones constituidas generalmente por madres, padres, familiares de pacientes por
daño cerebral adquirido.


Nuestra proposición no de ley viene a pedir la clarificación de un apartado de un real decreto, porque la ley ya dice que debe constar en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud la rehabilitación y la
neurorrehabilitación, pero el real decreto que desarrolla esta ley está redactado de una manera podríamos decir ambigua o poco clara porque la lectura que del mismo hacen las comunidades autónomas se diferencia bastante, sobre todo cuando se trata
de rehabilitación con menores de edad. La dificultad, quiero decirlo y quiero decirlo en favor de todos, no se da tanto para menores de 0 a 3 años ni para las personas adultas, que quizá sea el número mayoritario de personas con daño cerebral
adquirido, porque la gran mayoría, muchos de estos son causados por accidentes de tráfico o por otro tipo de accidentes y se producen en la mayoría de edad, pero en los otros casos en que estos accidentes afectan entre los 3 años —que ya digo que
hay más dificultad— y los 18 años, algunas comunidades autónomas no cuentan con servicios para que estos menores puedan tener su rehabilitación, a la que tienen derecho. Además no pedimos solamente una rehabilitación, pedimos una rehabilitación
integral, una rehabilitación

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que sea mediante el tratamiento transdisciplinar, que debe incluir a nivel cognitivo, a nivel conductual, a nivel emocional.


Ese real decreto establece el concepto de urgencia vital. Quiero explicar aquí que cuando una comunidad autónoma no tiene centros propios, la persona que se encuentre en una urgencia vital puede ser atendida en otros centros privados y
pedir el reintegro de esos costes, siempre que se trate de una urgencia vital y no haya otros servicios públicos en ese lugar o en esa comunidad. Pues bien, lo que se entiende por urgencia vital, que está recogido en el apartado 3 del artículo 4
del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, que es el que pretendemos modificar, debe decir, a nuestro entender, que el riesgo vital no es solamente cuando hay peligro para la vida, que sí, que también, sino que debe recoger este posible riesgo
funcional físico o psíquico, que requiera de una intervención inaplazable por riesgo de pérdida de funcionalidad de órganos esenciales para el desenvolvimiento de una persona. Si a esa persona no le peligra la vida pero va a quedar en un estado que
no puede valerse por sí misma, que no puede ir recuperándose, que no puede mejorar, es para nosotros también una urgencia vital, siempre que digan que esto es necesario.


Por estos motivos, nuestro grupo parlamentario, después de escuchar estas peticiones reiteradas de estas asociaciones y entidades, de esa madre en especial que nos explicaba el caso de su hijo, un niño muy querido porque fue adoptado y que
después de años sanos y súper bien tuvo un accidente en una excursión, tiene ese daño cerebral adquirido, queda en estado de coma, requiere después de una rehabilitación cuando va mejorando, no había servicios de rehabilitación, tuvo que ir a
servicios privados, y para que después le fueran reembolsados parte de los costes tuvieron que ser los juzgados los que obligaran a la comunidad autónoma correspondiente a que se les reintegrara. Esto no debe pasar. Ya que la ley dice que hay
derechos de rehabilitación, este real decreto tiene que ser más claro para que en todas las comunidades autónomas la gente pueda estar segura y tranquila sobre que los servicios que necesiten se les van dar con servicios propios o con servicios
concertados, si es así, y que si las personas van a poder tener acceso a estos otros dos tipos, puedan tener derecho a su reintegro en estos casos.


Por todo lo anterior, señorías, les pido que tengan en cuenta esta petición, pues creo que es de justicia para todas estas personas que modifiquemos este real decreto, que no está tan claro para casos como el de esta madre, y otros más que
quizá no han venido a decírnoslo pero seguro que debe haber más y desconocemos, de modo que no tengan que volver a ir juzgado tras juzgado, pasando un calvario, eso si se lo pueden permitir pagando ellos primero, para ver cómo mejora la vida de su
hijo, cuando tendrían derecho a esa prestación en la cartera común del Servicio Nacional de Salud.


La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra doña Teresa Cobaleda.


La señora COBALEDA HERNÁNDEZ: Señorías, el Grupo Popular es sensible a las demandas que nos ha hecho llegar la Federación Española de Daño Cerebral que, en una reunión conjunta mantenida con los grupos de esta Cámara, nos transmitía sus
preocupaciones al respecto, como ya ha indicado la señora Tarruella. Por ello nuestro grupo ha presentado una enmienda a esta importante iniciativa que propone el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), una iniciativa que está basada en
el real decreto de 2006, que establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, concretamente en la rehabilitación a personas con daño cerebral sobrevenido. Debemos recordar, señorías, que este servicio sociosanitario ya está
incluido en la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud.


Por otra parte, es importante señalar que en los trabajos que se están llevando a cabo dentro de la estrategia de atención sociosanitaria en el seno del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, se contempla a las personas con daño
cerebral sobrevenido como uno de los colectivos que son objeto de esta atención, y todo ello con el fin de mejorar su estado de salud, su funcionalidad o autonomía física, psíquica y social, así como facilitar, en la medida de lo posible, la
permanencia en su domicilio o en su entorno social para contribuir a mejorar la calidad de vida, tanto del paciente como del cuidador respetando sus estilos de vida y sus preferencias, de tal modo que la rehabilitación de estos pacientes sea un
aspecto fundamental de su atención. A partir de lo recogido en esta estrategia se va a continuar trabajando en el desarrollo de la cartera común de servicios de atención sociosanitaria, de tal manera que se van a contemplar expresamente las
necesidades de las personas con daño cerebral sobrevenido. En su exposición de motivos, señora Tarruella, esta iniciativa de su grupo, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), hace referencia a una inadecuada redacción del punto 8 del
real decreto, que

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dificulta el acceso a los servicios de rehabilitación, como usted bien ha indicado. Por eso la enmienda que propone el Grupo Popular, en su primer punto tiene por objeto clarificar, aclarar o definir con claridad el alcance de estos
tratamientos de rehabilitación dirigidos a pacientes con déficit funcional recuperable.


El otro aspecto que contempla la proposición no de ley está basado en el artículo 4.3 del real decreto, que hace referencia al riesgo vital, a la existencia necesaria urgente en los casos en los que se precise atención sanitaria fuera del
Sistema Nacional de Salud. Se puede considerar que en la redacción dada en dicho real decreto el término riesgo vital se refiere no solo a situaciones de riesgo para la vida sino a aquellas que suponen un riesgo de pérdida funcional esencial para
la salud y autonomía de la persona. De todos modos, señorías, nos parece oportuno y conveniente la clarificación del término riesgo vital en la norma, según propone la proposición no de ley.


Por último, recuerdo a sus señorías y a la portavoz del grupo proponente que como estos servicios ya están incluidos en la cartera común y por tanto contemplados en las dotaciones presupuestarias de las comunidades autónomas, no consideramos
que sea necesaria una dotación presupuestaria específica o adicional para cubrirlos. Con el objetivo y la esperanza de seguir avanzando en la resolución de los problemas que encuentran sus afectados, el Grupo Popular ha propuesto una enmienda con
el fin de llegar a un acuerdo unánime entre todos los portavoces y todos los miembros de esta Comisión.


La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Señora presidenta, solamente comunicarles que nuestra compañera Teresa Jordà no ha podido asistir hoy a esta Comisión puesto que ha estado un tanto indispuesta, razón por la cual no ha podido asistir y posicionarse en
el resto de puntos del orden del día. Ahora bien, respecto a este —yo he venido solamente para votar— desearía decir un par de cosas.


Quiero felicitar a la compañera Conchita Tarruella por la iniciativa, porque me siento un tanto implicado también, como otros compañeros de esta Comisión por cuanto fuimos protagonistas de la capacidad, la insistencia y la voluntad de unos
ciudadanos, en concreto también, ya que lo ha mencionado la señora Tarruella debo recordar este mismo nombre, la ciudadana Paloma Pastor que fue capaz de trasladarnos su preocupación y la necesidad de actuar de forma inmediata. En su momento
nuestro grupo parlamentario hizo preguntas al Gobierno, el Gobierno ciertamente fue diligente en las respuestas y así se lo comunicamos a ellos mismos. Creo que esta iniciativa, tal como ha dicho la señora Tarruella ha sido trabajada y reflexionada
por todos nosotros, pero llega con el asesoramiento de estos ciudadanos tan preocupados y tan protagonistas de sus problemas inmediatos, en este caso relacionados con niños y niñas con este gran problema que significa tener un daño cerebral
sobrevenido.


Así pues, para nosotros sería muy importante que esta iniciativa parlamentaria fuese aprobada por unanimidad. Una vez más, felicitarnos por la iniciativa de la señora Tarruella y por la, supongo, aprobación por unanimidad por parte de esta
Comisión.


La señora PRESIDENTA: Señor Tardà, le deseamos a su compañera y miembro de esta Comisión que se recupere prontamente.


Pasamos al turno de fijación de posición por el Grupo Parlamentario de UPyD. Tiene la palabra el señor Lleonart.


El señor LLEONART I CRESPO: Señorías, estamos muy orgullosos de tener en España un sistema de salud gratuito y universal en la práctica y por ello los puntos presentados en esta PNL por el Grupo Catalán, que proponen por un lado una
ampliación de tratamientos respecto a la cartera de servicios comunes de atención especializada y por otro la ampliación del concepto de urgencia vital atendiendo a los supuestos planteados de riesgo funcional o físico, nos parecen muy pertinentes y
por tanto votaremos a favor de esta PNL.


La señora PRESIDENTA: Pasamos al turno de fijación de posición del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Tiene la palabra doña Caridad García Álvarez.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señora presidenta, brevemente porque creo que la autora de la iniciativa ha descrito perfectamente cuál es la situación de estas personas y qué se puede hacer desde este Parlamento para mejorar su situación.
Coincido totalmente con lo que ha expuesto en su iniciativa, como coincido también con la parte que ha señalado el señor Tardà de haber estado con estas personas,

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especialmente con esta madre que nos explicó de manera detallada, fotos incluidas, la situación por la que había ido padeciendo hasta conseguir que su hijo esté en estos momentos en mejores condiciones. De ahí que votemos afirmativamente la
iniciativa presentada.


La señora PRESIDENTA: Por último, para el turno de fijación de posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Puerto Gallego.


La señora GALLEGO ARRIOLA: Señora presidenta, en primer lugar hay que felicitar el esfuerzo y la constancia, ya lo han dicho aquí, de Paloma Pastor, la madre de Maheshs, el niño que ahora tendrá unos once años y que como consecuencia de un
accidente padece esta enfermedad, el daño cerebral sobrevenido, y que juntamente con la Asociación Hirn Hamabi ha conseguido sensibilizar y hacer visible un problema, que es el daño cerebral sobrevenido infantil, daño que no es nada infrecuente
porque lo más habitual es encontrar que el origen de la lesión son caídas o accidentes y son traumatismos craneoencefálicos que son frecuentes en los menores, pero el dato positivo es que la recuperación en los niños es más satisfactoria, si se hace
de forma adecuada y si se cuenta con los recursos necesarios. Este caso nos hace reflexionar acerca de la necesidad de poder cuantificar y evaluar cuántos menores con daños cerebral sobrevenido existen en nuestro país, cuál es la situación de sus
familias, cuál es el nivel de los cuidados; es necesario el diagnóstico de la situación y así poder disponer de los recursos humanos y presupuestarios necesarios para realmente contar con una estrategia acerca de este problema.


La lucha de más de tres años de esta familia ha destapado notables insuficiencias y además incoherencias a la hora de tratar a estos menores en las diferentes comunidades autónomas y la fuerte desigualdad que existe en los tratamientos entre
unas comunidades y otras debido, precisamente, a lo que la diputada Conchita Tarruella señalaba sobre la interpretación de ese Real Decreto 1030/2006, del 15 de septiembre. Desgraciadamente ha tenido que ser esta lucha y una demanda interpuesta y
ganada contra el Servicio Madrileño de Salud las que hayan obligado a la Comunidad Autónoma de Madrid a que oferte en su cartera de servicios la neurorrehabilitación infantil. Una vez más estamos demostrando que si la familia tiene recursos
económicos puede ir a la sanidad privada, incluso puede ir a la justicia, porque si no sería imposible acceder a los mejores tratamientos y quizá tendrían que gastar por encima de sus posibilidades, como le gusta decir a nuestro presidente. Me
quedo con una frase que he leído estos días acerca de este caso, que dice así: Paloma y José Miguel saben que la vida de su hijo sería mucho menos digna si ellos no hubieran podido pagarle la neurorrehabilitación. Esa es una frase demoledora.


Desde el Grupo Socialista pensamos que esto es una cuestión de justicia y es una cuestión de protección del Estado a sus ciudadanos y sobre todo a los más vulnerables como son los menores. Y ahora que nos están presentando el Gobierno y el
Partido Popular programas de apoyo a las familias y la introducción de una perspectiva familiar en todas las políticas públicas, qué mejor que apoyar esta iniciativa, incluso ir más allá, como la mejor forma de apoyar a estas familias en este país,
a todo tipo de familias, no solo a unas determinadas familias sino a todo tipo de familias que en algún momento determinado pueden tener el mismo problema que ha tenido la familia de este niño. Asimismo lo han manifestado mis compañeros y
compañeras del área social y sanitaria del Grupo Socialista en las reuniones que han tenido con los representantes de la asociación y con doña Paloma Pastor en diciembre pasado y hace unos días.


Esta iniciativa puede servir, además, para abrir nuevos caminos e instar al Gobierno a que elabore una estrategia nacional sobre el daño cerebral sobrevenido infantil, de tal forma que cualquier menor afectado y su familia sean tratados de
la misma manera, independientemente del territorio donde residan e independientemente del nivel económico y social de sus padres. Y habrá que instar al Gobierno a que el tratamiento se oferte, efectivamente, desde la cartera de servicios comunes,
porque ya saben que la semana pasada se ha aprobado un nuevo recorte para las comunidades autónomas, sin consentimiento de las mismas y sin consultar siquiera con el Consejo Interterritorial de Salud, y lo que se ha aprobado es que las comunidades
autónomas no podrán aprobar la cartera de servicios complementaria si se incumple la tasa de variación de gasto. Es decir, que además este servicio de neurorrehabilitación tendrá que aportarse y darse necesariamente en la cartera de servicios
comunes, porque si no, nos vamos a encontrar con que muchas comunidades no van a poder dar este servicio.


Desde el Grupo Socialista vamos a apoyar decididamente esta iniciativa, que es muy necesaria.


La señora PRESIDENTA: Le pregunto a la señora Tarruella si admite la enmienda.

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La señora TARRUELLA TOMÀS: En aras de la unanimidad, y para que pueda seguir adelante esta iniciativa con el consenso de todos los grupos políticos, hemos aceptado la transaccional, que vamos a hacer llegar a la Mesa, aunque nos hubiera
gustado que incluyera el tema económico para las comunidades autónomas.


La señora PRESIDENTA: Perfecto, luego al efectuar la votación se leerá.


Antes de la votación, puesto que ahora es el momento en el que más puedo acaparar su atención, ruego que me disculpen pues voy a informarles, aunque ya lo habrán recibido por e-mail, de una jornada del Círculo de Empresarios, junto con la
ONCE y su fundación, que se celebrará el miércoles 29 de abril en el Hotel Villa Real de 10:45 a 13:00, sobre temas de discapacidad y empleo. Lo digo a efectos informativos para quien quiera asistir, por si no les llega el e-mail.


La segunda información es una jornada de Seres, que es la presentación de la Guía de buenas prácticas empresariales en accesibilidad, que se procederá a su presentación el 12 de mayo, para lo cual recibirán también la información oportuna,
pero no quería dejar de recordárselo.


Pasamos a la votación. Empezamos por el primer punto del orden del día, que se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Pasamos al segundo punto del orden del día, iniciativa de La Izquierda Plural. A esta PNL se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. Le pregunto a la autora de la proposición si admite la enmienda.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Sí, admitimos la enmienda.


La señora PRESIDENTA: Se vota el texto con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos a la votación del tercer punto del orden del día, iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. A esta PNL se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Antes de proceder a la votación le pregunto a la
doña Gracia Fernández si admite la enmienda presentada.


La señora FERNÁNDEZ MOYA: No.


La señora PRESIDENTA: Se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Pasamos a la votación del punto cuarto del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular a la que se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Le pregunto al autor de la iniciativa, don
Javier Puente, si admite o no la enmienda.


El señor PUENTE REDONDO: No.


La señora PRESIDENTA: No es admitida la enmienda. Por tanto se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Pasamos a la votación del punto quinto del orden del día, proposición no de ley sobre accesibilidad de edificios y viviendas, del Grupo Parlamentario Socialista, a la que se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario
Popular. En esta proposición no de ley ha habido una transacción que pasamos a leer y que es lo que se votará.

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La señora SEARA SOBRADO: Perdone presidenta, no es una enmienda transaccional. Entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Socialista, y con la unanimidad del resto de los grupos, que han estado de acuerdo en la transacción, hemos
logrado ese texto de acuerdo.


La señora PRESIDENTA: Así consta. Es una transacción realizada por todos los grupos parlamentarios. Por tanto el texto transaccional que se leerá es el que se someterá a votación.


El señor LETRADO: Dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar las condiciones de accesibilidad de edificios y viviendas a través de: Primero. Modificar a la mayor brevedad posible la Ley 49/1960, de 21 de
julio, de Propiedad Horizontal, para posibilitar que las obras de mejora de la accesibilidad de los edificios puedan ser asumidas por las comunidades de propietarios con costes mensuales y plazos razonables.


Segundo. Modificar la normativa correspondiente para asegurar, junto con las comunidades autónomas, que la situación económica de los distintos propietarios no sea impedimento para acometer las obras necesarias que garanticen la
accesibilidad de los edificios.


La señora PRESIDENTA: Este es el texto que se somete a votación.


Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.


Pasamos a la votación del último punto del orden del día, relativo a garantizar el acceso a la neurorrehabilitación por daño cerebral sobrevenido con cargo al Sistema Nacional de Salud, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Existe una transaccional que pasamos a su lectura, cuyo texto será el que se someterá a votación.


El señor LETRADO: Dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: Primero. Clarificar el alcance de los tratamientos de rehabilitación a nivel cognitivo, conductual y emocional, mediante el tratamiento transdisciplinar a
pacientes con déficit funcional recuperable en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.


Segundo. Clarificar que el término de situación de riesgo vital se refiere no solo a situaciones de riesgo para la vida sino a aquellas que suponen un riesgo de pérdida funcional esencial para la salud y autonomía de la persona.


La señora PRESIDENTA: Se somete este texto a votación.


Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.


Se levanta la sesión.


Eran las seis y cuarenta minutos de la tarde.