CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 487

PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES

DE LA DISCAPACIDAD

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LOURDES MÉNDEZ MONASTERIO

Sesión núm. 12

celebrada el miércoles,

18 de diciembre de 2013

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ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (Moreno Bonilla), para:


- Explicar los planes del Gobierno ante la futura ley general de discapacidad. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001028) ... (Página2)


- Informar acerca de las políticas de discapacidad, desde su responsabilidad. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 212/001339) ... (Página2)


- Informar sobre las políticas que va a desarrollar su departamento en materia de discapacidad. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001342) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Comenzamos la sesión de hoy dando la bienvenida y agradeciendo la presencia del secretario de Estado, don Juan Manuel Moreno Bonilla, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Asimismo damos la
bienvenida al equipo que le acompaña, al director general de Discapacidad y a todos los asesores y equipo que conforman la secretaría de Estado. Bienvenido, don Juan Manuel Moreno, a esta que es y ha sido su casa -y nunca mejor dicho-, a lo largo
de muchísimos años.


Se sustancia la comparecencia del secretario de Estado a petición del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural y del Grupo Parlamentario Popular, y sin más tiene la palabra don Juan Manuel Moreno.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Moreno Bonilla): Buenas tardes a la señora presidenta y a los miembros de esta Mesa. También quiero saludar al presidente del Cermi, que ha tenido la enorme amabilidad de
acompañarnos en el día de hoy en esta Comisión, y por supuesto a todas y cada una de sus señorías, que tan importante trabajo hacen en esta Comisión Mixta de Discapacidad.


Señorías, quiero comenzar mi intervención dándoles las gracias por brindarme la oportunidad de venir a esta Comisión con el fin no solo de hacer un análisis de las políticas en materia de discapacidad desarrolladas por el Gobierno hasta
estos días, sino de presentar oficialmente ante esta Cámara el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, recientemente aprobada por el Gobierno. No obstante permítanme que les traslade
que hubiera sido mi deseo comparecer antes en esta Comisión, y por ello quiero agradecer a sus señorías, tanto su comprensión como la plena disposición para facilitar en esta fecha mi asistencia, que además me va a permitir exponer detenidamente el
mencionado texto refundido, tras su publicación en el 'Boletín Oficial del Estado' el pasado 3 de diciembre, coincidiendo además con un día clave para la discapacidad, como es el Día internacional de las personas con discapacidad.


Señoras y señores diputados, el artículo 49 de la Constitución española reconoce la protección de las personas con discapacidad como un derecho social y un principio de solidaridad que ha de regir la actuación de los poderes públicos
garantizando el propio diálogo civil con el sector. Son políticas públicas que se proyectan en una pluralidad de ámbitos bien diferenciados -ya sean laborales, culturales, de vivienda, educación, ocio y deporte-, y que conforme se han ido
consolidando han ido dando lugar a un modelo centrado en la autonomía de las personas, inspirando así un nuevo diseño de la acción pública. En consecuencia el Gobierno, alineado con la Convención internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad, ha asumido desde el inicio de la legislatura la obligación de garantizar el ejercicio pleno de los mismos. No podemos olvidar que España fue precisamente uno de los países pioneros en su ratificación, y por tanto estamos firmemente
comprometidos con el reconocimiento expreso de los derechos de las personas con discapacidad.


En el seno de este compromiso el concepto de accesibilidad universal es la clave del desarrollo de las políticas sociales de la discapacidad, y para su consecución se ha partido de dos principios clave sobre los cuales pivota prácticamente
toda nuestra acción: la cooperación con el tercer sector -el diálogo social en suma-, y la promoción del acceso al empleo de las personas con discapacidad. No obstante, antes de centrarme en el análisis de los mismos, es necesario hacer una
reflexión previa que seguro que compartirán conmigo. No solo debemos trabajar en el marco institucional aquí y ahora, sino que hemos de ir más allá con una visión a largo plazo, y hay que cimentar y reforzar bases sólidas y condiciones favorables
para el desarrollo de la plena inclusión de las personas con discapacidad en el conjunto de la sociedad civil organizada, sustentada sobre los valores de la igualdad, y mediante la erradicación de las situaciones de vulnerabilidad.


Señalado esto a continuación voy a exponerles el balance de los principios de cooperación y diálogo civil mencionados anteriormente en la gestión de la acción pública sobre discapacidad. Para alcanzar la acción común y con el objetivo de
caminar hacia el diálogo y la participación permanente entre la Administración General del Estado y las entidades que conforman el tercer sector de acción social, hemos constituido la Comisión para el diálogo civil con la plataforma del tercer
sector. Dicha comisión, entendida como un gran instrumento de interlocución entre la propia secretaría de Estado y el movimiento asociativo, representado a través de la plataforma del tercer sector -y donde tengo que decir que el Cermi ha
desempeñado un papel crucial-, inició sus trabajos el pasado febrero tras su creación por Resolución del

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28 de febrero de 2013. Se ha articulado como un foro natural de participación en el diseño de las políticas públicas de inclusión social, tales como el conocimiento y valoración de las iniciativas sobre medidas legislativas de las entidades
del propio tercer sector o incluso el análisis de las circunstancias que afectan a grupos de población en situación de pobreza y exclusión social. Así cabe destacar que en el seno de la misma se han consensuado disposiciones normativas de notable
magnitud. Citaré algunas como los reales decretos por los que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y para la concesión de subvenciones a
entidades del tercer sector del ámbito estatal y colaboradoras con la Administración General del Estado.


Señorías, como les decía anteriormente, el empleo es uno de los ejes básicos de la plena inclusión social de las personas con discapacidad. Sin empleo no hay independencia, sin independencia económica no hay autonomía, y sin autonomía se
accede irremisiblemente a la exclusión. Es por ello que el Gobierno, sensible a las demandas del movimiento asociativo, recuperó de forma inmediata la plena vigencia de la normativa estatal reguladora de las medidas de fomento del empleo para
personas con discapacidad, frente a lo que preveían las aprobadas en el año 2011. Todo ello se hizo a través del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, por el que se aprobó la reforma del mercado laboral, y en este sentido, el mantenimiento de
todas -hay que dejarlo claro- las bonificaciones previstas para fomentar la contratación de personas con discapacidad, que según datos del SEPE ascienden a una cantidad superior a los 550 millones de euros, así como el reforzamiento de las medidas
de acción positiva para el acceso al empleo público han supuesto sin duda alguna un gran avance, teniendo en cuenta el contexto de fuertes restricciones presupuestarias y de consolidación fiscal concurrente. Se ha sostenido también el programa de
empleo para personas con especiales dificultades en el que se enmarcan las ayudas a los centros especiales de empleo, y que en el año 2013 ha contado con un presupuesto de más de 234 millones de euros. El resultado de esta regulación no puede menos
que calificarse de positivo por muy prudente que se sea; y quiero decir que es positivo porque los datos así lo están avalando. Entre los meses de enero y noviembre del actual año se han realizado un total de 64.132 contratos a personas con
discapacidad, lo que representa casi un 13% más -para ser exactos un 12,9%- que en el mismo periodo del año pasado, según los propios datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social recogidos también por la Federación empresarial española de
asociaciones de centros especiales de empleo. Es más, en relación con los datos sobre autoempleo o empleo autónomo, y según cifras facilitadas por el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social, un total de 1.182 personas con discapacidad se
establecieron como trabajadores autónomos en el primer semestre del año 2013. A fecha de 30 de junio de este año la cifra total de estos trabajadores acogidos al régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social alcanzó la nada
despreciable cifra de 15.791 personas, frente a la de 14.609 con la que se cerró 2012, lo que supone también un incremento positivo de un 9,2% respecto al año anterior.


Señorías, hemos conseguido dar respuesta a una reivindicación del tercer sector en relación con las deudas contraídas con las comunidades autónomas y los entes locales. Gracias al Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes
contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, se establece un mecanismo de financiación para el pago a proveedores, se amplían los ámbitos objetivos y subjetivos de aplicación, y se
establecen los procedimientos necesarios con el objetivo de ayudar a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales y provinciales a reducir su deuda. No solo esto, ya que dentro de la batería de medidas lideradas desde esta secretaría de
Estado destacan otras como la aprobación de la suscripción del convenio especial de Seguridad Social para las personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de
marzo, y que beneficiará a más de 34.000 personas. Mediante el Real Decreto 578/2013, de 26 de julio, por el que se establecen medidas de acción positiva aplicables a las personas con discapacidad que participen en las convocatorias anuales de
pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria especial, se ha regulado de forma permanente que en las pruebas del MIR para médicos y sus equivalentes -estamos hablando de enfermeros, farmacéuticos, biólogos, psicólogos, químicos
y radiofísicos- se reserve al menos el 7% de plazas para personas con algún tipo de discapacidad. Igualmente, gracias a la Ley 11/2013, de 26 junio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, los
jóvenes con discapacidad tendrán una posición reforzada en el nuevo marco de ayudas y apoyos públicos. En el caso de los jóvenes con discapacidad se ha fijado la edad límite para ser beneficiario de esas importantes ayudas en treinta y cinco años,
frente a los treinta años establecidos con carácter general. En

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materia de empleo público en el ámbito de la Administración General del Estado se ha convocado un proceso selectivo de cincuenta y cuatro plazas dirigidas a personas con discapacidad intelectual, una de las discapacidades con más
dificultades para acceder a puestos de trabajo. Este hecho entronca con las mejoras operadas en la flexibilización de los horarios a favor de empleados públicos que tengan a su cargo a personas con discapacidad, por Resolución del 28 de diciembre
del año 2013.


Señorías, a continuación paso a exponer el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Convendrán
conmigo en que estamos ante un hito normativo, que da respuesta también a una demanda histórica de las personas con discapacidad y sus familias, ya que por primera vez unifica toda la legislación sobre la materia. En concreto integra tres grandes
normas que han regido prácticamente a lo largo de los últimos treinta años los derechos de las personas con discapacidad, como son la Ley 13/1982, de integración social de personas con discapacidad, más conocida como la Lismi, la Ley 51/2003, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y la Ley 49/2007, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación,
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. La norma incluye un título dedicado precisamente a los derechos de estas personas, y tengo que decir que no hay precedentes hasta hoy en nuestro propio ordenamiento jurídico. Por primera
vez se incorpora su protección en todos los ámbitos de forma transversal, desde la igualdad de oportunidades hasta la atención sanitaria, pasando por la educación y por el empleo. Define también los distintos tipos de discriminación, ya sea
discriminación directa como indirecta, por asociación y por acoso. Refuerza también la consideración de discriminación múltiple para garantizar precisamente los derechos de quienes puedan estar en situaciones de acusada vulnerabilidad, con especial
atención a los menores y mujeres con discapacidad, con un importante matiz: las medidas de defensa jurídica frente a las discriminaciones se aplicarán con independencia de la existencia de reconocimiento oficial de la situación de la discapacidad.


Señorías, decía al principio de la exposición que la consecución de la igualdad y plena inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad viene de la mano de la accesibilidad universal, y por tanto es fundamental seguir impulsando
servicios que, si bien ya estaban funcionando, ahora progresivamente se han ido optimizando. Es el caso de la plataforma de videointerpretación y los servicios presenciales de intérpretes de lengua de signos, con una cobertura de veinticuatro horas
durante los siete días de la semana. Como sabrán dichos servicios presenciales de intérpretes de lengua de signos van dirigidos a facilitar la comunicación de las personas sordas o con discapacidad auditiva en aquellas gestiones relacionadas con el
ejercicio de los derechos básicos de los ciudadanos en todo el territorio nacional, en los ámbitos de salud, servicios básicos, tramitación de documentación oficial, empleo, educación, policial y judicial. Es más, dentro de esta línea de trabajo en
el presente año el Real Patronato sobre Discapacidad ha firmado un total de veintinueve convenios, destacando entre otros, por su especial significación, el propio convenio con el Comité Paralímpico Español para la organización del plan de servicios
de comunicación y el programa paralímpico, y los firmados con la Organización de Estados Iberoamericanos y la propia Real Academia Española de la Lengua para la normalización, promoción y difusión de la lengua de signos, promovidos a través del
Centro de normalización lingüística de la lengua de signos española. Con carácter general también se han diseñado ayudas de 3.000 euros para aquellas personas con discapacidad que necesitan adaptar su vehículo, y se ha procedido al mantenimiento
del IVA superreducido, que está en el 4%, a vehículos para transporte de personas con movilidad reducida o discapacidad, y la aplicación como novedad de esta reducción a las entidades que prestan servicios sociales, que tengo que decir que es una
antigua reivindicación del propio movimiento asociativo.


Señoras y señores diputados, no puedo finalizar esta intervención sin hacer referencia a un grupo especialmente vulnerable, como son las mujeres con discapacidad. Según Naciones Unidas el porcentaje de mujeres con discapacidad víctimas de
violencia de género es de un 80%, y su riesgo de sufrir abusos sexuales es cuatro veces mayor al de la población en general. Con el objeto de conocer con mayor precisión estos datos en España la Delegación del Gobierno para la erradicación de la
violencia de género ha incorporado por primera vez en el boletín estadístico anual la variable de discapacidad reconocida en las víctimas mortales por violencia de género. Así los resultados de los informes sustanciados hasta el momento indican que
de las cincuenta y dos víctimas mortales por violencia de género del año 2012, el 9,6 -nada más y nada menos que 5 mujeres- tenía algún tipo de discapacidad reconocida. Una de las medidas adoptadas que están teniendo también un gran impacto dentro
del propio marco de la

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estrategia nacional para la erradicación de la violencia de género 2013-2016, que se aprobó el pasado 26 de julio, es la plataforma de videointerpretación en el teléfono 016, con el objeto de poder atender a las mujeres víctimas con
discapacidad auditiva; otra reivindicación antigua que hemos querido incorporar.


Señora presidenta, me gustaría finalizar esta comparecencia señalando que las personas con discapacidad y sus familias esperan de nosotros coherencia y altura de miras. Es necesaria la concurrencia de voluntades, esto es, tanto del
compromiso de los propios actores políticos como de la indispensable concienciación social. Por ello debemos mantener entre todos un espíritu de consenso político que trascienda cualquier interés partidista, para lo cual me tendrán siempre a su
disposición. Por último, aprovecho esta tribuna para hacer un reconocimiento a la labor callada pero firme que lleva a cabo el propio tercer sector, día a día, trescientos sesenta y cinco días al año, y prácticamente veinticuatro horas al día. Por
tanto su presencia y su propia acción social -he tenido la oportunidad de comprobarlo a lo largo de estos dos años al frente de la secretaría de Estado- son absolutamente indispensables en la estrategia, para hacer una sociedad cada vez más justa y
más inclusiva. Por tanto aprovecho esta comparecencia para agradecer de manera sincera a todos y cada uno de los que componen el tercer sector, especialmente a todas aquellas personas que son voluntarias y que dan lo mejor de sí mismas, no solo
esos ratos, ese tiempo, sino sobre todo su talento y su cariño hacia los demás.


Muchísimas gracias. Quedo a su entera disposición.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, don Juan Manuel Moreno, por su exposición. Antes de dar la palabra a los grupos parlamentarios quería dar la bienvenida a don Luis Cayo, presidente de Cermi, que antes por un despiste no lo he hecho.
Empezamos por los grupos parlamentarios de menor a mayor. En primer lugar, por el Partido Nacionalista Vasco, don Emilio Olavarría tiene la palabra.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor secretario de Estado, usted y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Nos unen vínculos incluso de amistad, y no me gustaría ser particularmente beligerante en esta primera comparecencia que realiza, al socaire
o bajo la invocación de la posibilidad que el artículo 83 de la Constitución confiere al Gobierno de refundición de textos normativos. No deja de ser un instrumento peculiar atribuir al Gobierno por delegación la refundición textos refundidos, en
tanto en cuanto tiene esta operación siempre el fumus, la apariencia de una suerte de deslegalización o de desapoderamiento a quien tiene competencias legislativas de poder legislar. Pero en este caso creo que nos encontramos con el paradigma de
que en este ámbito -y me gustaría que el presidente del Cermi algún día en una comparecencia de esta misma naturaleza nos explique su opinión- hay una cierta extralimitación en la capacidad de delegación y de refundición de textos normativos. La
semana pasada no sé si usted era conocedor de que se presentó un proyecto de ley donde el Gobierno del Estado pretendía nada menos que la refundición -cosa que ya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reprochado- en distintos ámbitos
materiales de sectores diversos del ordenamiento jurídico, de la ordenación o de la reordenación o refundición de textos normativos pretendidamente. En uno de ellos se intentaban refundir 66 leyes o aspectos concretos de normas jurídicas; en otro
de los ámbitos, donde se solicitaba que fuera autorizada la delegación al Gobierno por una proposición o por un proyecto de ley de las Cortes Generales, se pretendía la refundición de 45 textos legales diferentes. En el caso que usted nos ha
glosado fundamentalmente son tres, pero son más de tres, y además la refundición no es una refundición en el sentido técnico jurídico de la expresión, sino que es una refundición adornada con innovaciones o novaciones de conceptos jurídicos que
están recogidos en las normas que usted ha citado, fundamentalmente la Lismi, pero también las otras dos.


Desde esa perspectiva no sé si este es el instrumento que ustedes mismos y el sector consideran pertinente para regular y legislar sobre esta materia. En esta materia tenemos un trecho muy largo todavía que recorrer para llegar a los
requerimientos de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Me gustaría saber si usted considera que la delegación al Gobierno para la refundición de textos legales cumple o sirve para recorrer este largo
trecho, y hasta qué punto también -no quiero utilizar expresiones de trazo grueso- la no refundición y la no reordenación, sino la innovación normativa no deja de constituir un fraude parcial o no parcial a ese acto de delegación que se hace en el
Gobierno desde la institución parlamentaria, que es quien tiene en exclusividad la competencia de legislar. Lo que ustedes están refundiendo no se corresponde con el contenido material de las leyes que están refundiendo; están innovando
normativamente y la innovación normativa no puede sustraerse a las competencias legislativas de la institución que todos los que estamos aquí representamos. Es mi opinión y es la opinión de otros portavoces que seguramente se la comunicarán en sus
propios términos. No es

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una práctica adecuada desde una perspectiva de técnica legislativa el recurso a la legislación que tiene que obedecer a cláusulas de excepcionalidad.


Yo podría reconocer que cuando se refundió el Real Decreto Legislativo 1/1994 en materia de Seguridad Social era manifiestamente necesario, este procedimiento legislativo dada la heterogeneidad y el numeroso número de normas que ordenaban el
sistema público de pensiones, este procedimiento legislativo. Sin embargo para tres normas fundamentales que regulan y garantizan los derechos de las personas discapacitadas, ¿usted considera imprescindible recurrir a este procedimiento
extraordinario y excepcional cual es la refundición? Le pido su opinión. Yo no voy a entrar en confrontación con usted. Si usted lo considera manifiestamente imprescindible y me lo puede acreditar y fundamentar, y si don Luis también me acredita
que es manifiestamente imprescindible, yo podré aceptar su mayor autoridad. Pero en principio tengo algunas dudas conceptuales.


En todo caso, por no ser siempre solo negativo, quiero felicitarle por la gravitación de la nueva normativa que usted nos presenta sobre la empleabilidad. La empleabilidad es consustancial a la mejora, a la identificación y a la igualación
de los derechos de las personas discapacitadas con las personas que no poseen discapacidad de ninguna naturaleza. ¿Por qué? Porque en este momento nos encontramos con que en una situación de empleabilidad compleja, conviviendo con más de 6
millones de desempleados, los centros especiales y organismos que trabajan con la discapacidad, pretendiendo precisamente lo que ustedes pretenden, que es integrar a las personas afectas por un tipo de discapacidad de cualquier naturaleza en el
mercado de trabajo, se han encontrado con particulares objeciones o dificultades por razones de la falta de demanda de trabajadores, y de la falta de oferta de puestos de trabajo, no solo para personas con discapacidad a pesar de que haya elementos
de discriminación positiva, sino que no hay ofertas de puestos de trabajo para nadie prácticamente. Desde esa perspectiva nos encontramos con un problema estructural, pero una subespecie de este problema estructural que se tiene que incentivar
desde una perspectiva más proactiva a los incentivos para que se pueda contratar a personas discapacitadas. Desde esa perspectiva yo sí esperaba de verdad una acción más proactiva y más intensa del Gobierno que usted en estos momentos representa
para conseguir la empleabilidad de las personas afectas con discapacidad, que tienen problemas de todo tipo, desde la perspectiva de la formación ab initio a la perspectiva de los estudios universitarios, donde se topan con problemas de la amplia
casuística que afecta a la discapacidad, obstáculos arquitectónicos, deficiencias en cuanto a las destrezas del profesorado para poder atender a los problemas específicos de discapacidades de determinada naturaleza, de falta de medios técnicos de
apoyo a la formación de personas con discapacidad. Sería interminable el volumen. ¿Por qué no podemos intentar trabajar primero en un ámbito en donde las cualificaciones y destrezas profesionales se aproximaran -y esto es una utopía, porque la
igualdad es imposible- a las posibilidades o a la adquisición de destrezas y cualificaciones profesionales de las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad? Esa sería la primera cuestión en el ámbito de la formación, porque desde la
formación se puede acceder al empleo, pero desde una formación particularmente cada vez más cualificada. Ya la contracción del mercado de trabajo hace que solo los mejores pueden acceder a él y entre los mejores que pueden acceder al mercado de
trabajo tienen que estar los discapacitados, pero hay que otorgar instrumentos a los propios discapacitados, al sistema de formación, al sistema de cualificación, a las universidades...


La señora PRESIDENTA: Vaya terminando.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Voy acabando ya, señora presidenta. Quiero comentarle que no sabía que era tan estricta, porque tenemos poca experiencia en el uso del tiempo.


La señora PRESIDENTA: Siento haber interrumpido su exposición, porque normalmente no interrumpo. Lo que pasa es que para los grupos que no han pedido la comparecencia normalmente son siete minutos, y para los que la han pedido son diez
minutos. Lo digo para aclarar. No obstante, puede usted acabar la intervención.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Le pido perdón, señora presidenta. Usted me conoce personalmente y sabe que tengo una cierta propensión a cierta exhuberancia verbal.


Al margen de esto, son dos las cuestiones que le planteo. ¿Por qué recurrir -yo hablaré luego con nuestro común amigo don Luis- a un sistema tan excepcional para algo normativamente regulatorio como es la delegación legislativa? ¿Usted
cree que es manifiestamente necesario? ¿Por qué no presentan

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un proyecto de ley como Dios manda, donde se acojan todos los aspectos que hacen referencia todavía a la discapacidad, y que colocan a los discapacitados en una situación de hándicap objetivo respecto a las personas que no están afectas por
esta circunstancia?


Desde la perspectiva de la empleabilidad es que en todas las normas -desgraciadamente al señor Campuzano y a mí nos tocan todas estas- cuando se habla de potenciar en la Ley de Emprendimiento Juvenil, en la Ley de Emprendedores, en cualquier
ley de promoción del empleo de los discapaces se les unen aquellas personas que tienen problemas o cargas familiares en el seno de la unidad familiar. Esta identificación conceptual es manifiestamente perversa, porque una cosa es que una persona
tenga tres hijos, todos desempleados menores de treinta años, pero que además se incremente esta posibilidad o potencialidad de contratar con bonificaciones de cuota o subvenciones gestionadas a personas con discapacidad que superen el 33%. ¿Y por
qué el 33% y no otro porcentaje? ¿No podríamos -con esto acabo de verdad, señora presidenta- articular una suerte de pacto entre todos los partidos políticos, todos los grupos parlamentarios, para ver qué ocurre con la empleabilidad de los
discapacitados, en vez de ubicarla en normas dispersas? Una de las normas que le he citado, la Ley de Empleabilidad, incluso reguló ciertos delitos penales como el fraude fiscal y el fraude a la Seguridad Social, y otra de las que le he citado
regula, además de los problemas de la empleabilidad en la discapacidad, de la fórmula de cómputo de la pensión de los pensionistas o trabajadores a tiempo parcial, unas modificaciones estructurales del sector ferroviario, del sector aeroportuario,
de la naturaleza jurídica de la Sareb, y varias materias de reforma del Estatuto de los Trabajadores. Tal como se está legislando en esta legislatura, que es una forma de legislar manifiestamente aberrante, ¿no podríamos entre todos acometer -y
cuando digo entre todos, es pactando entre todos- una fórmula para afrontar de forma frontal y sobre todo, señor secretario de Estado, de forma específica los problemas en materia de empleabilidad de las persona que están sujetas a este episodio, a
esta circunstancia de discapacidad? Mientras no hagamos esto, a mí se me antoja que todo lo demás es voluntarismo y buenas palabras. Un voluntarismo que le reconozco -conozco su sensibilidad en relación con los problemas de este sector- y, en
cuanto a buenas palabras, usted es un ilustre utilizador del verbo, un brillantísimo utilizador del verbo. Los discapacitados necesitan más que estos inputs y más que estas capacidades, voluntad política de verdad para resolver sus problemas. Le
sugiero un pacto de Estado y que entre todos podamos articular medidas que de verdad sirvan para luchar contra las dificultades de empleabilidad de los discapacitados.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra doña Ascensión de las Heras.


La señora DE LAS HERAS LADERA: En primer lugar, quiero darle la bienvenida en esta primera comparecencia de esta legislatura al secretario y decirle que, efectivamente, en la última década se han implementado muchas y muy variadas medidas a
favor de las personas con discapacidad, pero ahora muchos de estos avances se están viendo en peligro con las políticas austericidas del Gobierno. Esto es prácticamente irrefutable. Pero además mantenemos la preocupación y la duda sobre la
eficacia de la coordinación existente entre las diferentes administraciones, autonómica y estatal, como titulares de estas medidas y sobre todo por la poca claridad y a veces confusión que existe en los requisitos de acceso e información de las
diferentes ayudas o derechos que se han venido regulando, porque lo que sucede -y usted lo sabe, señor secretario de Estado- es que esto supone una barrera en algunos casos insalvable para un sector especialmente vulnerable.


Respecto al real decreto que unifica la Ley 13/1982, de integración social de los minusválidos, la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y la Ley 49/2007, de
infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, y que también adapta aspectos recogidos -aquí ya se ha dicho- por la Convención internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en el año 2006, tenemos que decir que nos parece un grave error -y abundo en lo que ha dicho el señor Olabarría, no con la brillantez verbal que él tiene- resolver este asunto mediante un real decreto
cuando el Gobierno ha tenido tiempo más que suficiente, ha incumplido los plazos que establecía la Ley 26/2011, de adaptación a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, y porque en realidad no se ha tomado en
ningún momento como una prioridad para su Gobierno, perdiéndose la gran oportunidad que teníamos en estos momentos para avanzar y mejorar en los derechos de las personas con discapacidad. Aunque en el propio preámbulo de la ley se diga que se ha
dado audiencia a las comunidades autónomas y al sector -en este caso se ha contado prácticamente

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sólo con el Cermi, que es importantísimo, aunque ha hablado de la plataforma configurada del tercer sector a nivel estatal y de la comisión de información o de colaboración civil- lo que se ha hecho, señor secretario, ha sido eludir este
Parlamento, eludirlo totalmente, porque, a pesar de que lo que ustedes han hecho es una recopilación de otras leyes de carácter técnico, en ningún caso, en ningún momento se ha consultado o se ha pedido la opinión de esta Comisión, que es competente
en la materia.


Respecto al empleo de las personas con discapacidad, su empleabilidad, no entendemos que por una parte nos diga que es uno de los ejes sobre los que pivotan las políticas; o lo entendemos, pero no nos queda muy claro, porque en la fusión de
estas leyes existen contradicciones con respecto a la aplicación en las diferentes normas que bien se podían haber subsanado si se hubiera hecho mediante una ley y no una refundición, como se ha hecho, de la legislación existente. Porque si
partimos de la base de que la prioridad debe ser -y yo creo que en esto no hay a nadie en esta Comisión, y tampoco a usted, señor secretario, que le vaya a parecer discutible- la de fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, no es razonable que se prime y bonifique más la contratación en centros especiales de empleo que la que se realiza en las empresas del mercado ordinario, pues es este, sin duda, el que debe ser potenciado. ¿O no? Yo se lo
pregunto. En este contexto deben revisarse las excepciones de cuota empresarial que en algunos casos específicos usted sabe que es al cien por cien para la contratación de las personas con discapacidad, mientras que a las empresas que apuestan por
contratar personas con discapacidad se les cobra cuota y la excepción se modula solo en razón de la edad, dependiendo de si es mayor o menor de cuarenta y cinco años. Tampoco es razonable que contratos temporales gocen de más excepción que el
fomento de la estabilidad en el empleo mediante la contratación indefinida. Creemos desde La Izquierda Plural que deben revisarse las subvenciones, aumentándose por contrato indefinido las excepciones de cuota para todos los supuestos, y diseñar
una política global que favorezca a las empresas que apuestan por la inserción en el mercado ordinario de personas con discapacidad. Partimos de una situación donde el desempleo en estos momentos en este país es insoportable desde todo punto de
vista, y usted lo sabe. Precisamente, las personas con mayor dificultad para acceder a un puesto de trabajo debe ser sin duda una prioridad indiscutible desde su ministerio. Creemos, por tanto, que es urgente evaluar con precisión la distribución
de personas con discapacidad en el mercado de trabajo, objetivando cuántas se encuentran en el refugio de los centros especiales de empleo, cuántas trabajan en el ámbito de asociaciones o empresas cuya razón de ser es precisamente la atención a la
propia discapacidad y cuántas en las empresas ordinarias, y creemos que esto hay que hacerlo. ¿Está dispuesto? ¿Hay intención? Porque cuando tengamos esta evaluación desde luego desde La Izquierda Plural estamos convencidos de que vamos a poder
obtener un correcto termómetro para conocer en qué medidas hay que poner más o menos esfuerzo, más o menos énfasis.


También consideramos especialmente relevante la problemática suscitada con el acceso a la jubilación anticipada en la doble posibilidad, porque, a pesar de que este es un tema regulado a través de la Ley de Seguridad Social, si hubiéramos
tenido la oportunidad -lo ha dicho perfectamente el señor Olabarría- de articular una ley, podríamos haberlo regulado y hubiera entrado también. Pero también queríamos manifestarle respecto a esto nuestra preocupación, porque la jubilación
anticipada, como todos saben, tiene una doble posibilidad: una, para las personas con discapacidad igual o superior al 65%, cuya bonificación por años cotizados y reducción de edad parece estar mejor regulada por la aplicación del Real Decreto
1539/2003 y en instrucciones específicas dictadas por la Seguridad Social, y otra, prevista para personas con más del 45% afectadas por determinadas patologías tasadas en el propio Decreto 1851/2009, donde existen más problemas de interpretación y
aplicación, sobre todo en lo relativo a esas patologías. Aquí hay que decir que hay personas que no pueden acceder a la jubilación anticipada, muchas de ellas -la mayoría en estos casos- afectadas por poliomielitis, porque no pueden acreditar la
retroactividad de su porcentaje, y creemos que esta disfunción discriminatoria respecto a estos supuestos debe ser subsanada mediante una regulación adecuada y además de manera urgente.


Respecto al acceso al derecho y/o ayudas en razón de la discapacidad, resulta a veces complejo, como he dicho antes, y tenemos que denunciar además que estas ayudas se han visto peligrosamente afectadas por los recortes y medidas que está
llevando a cabo el Gobierno por el pretexto de la crisis; pero además, tenemos que añadir que la unificación de la regulación que se ha realizado mediante el Real Decreto 1/2013 nos plantea muchas dudas en cuanto a que garantice el conocimiento más
eficaz y general para el acceso por los potenciales.Creemos que se debe tratar -y estoy segura de que no hay nadie en esta Comisión que no lo piense- de beneficiar mediante las políticas de atención a la discapacidad a todas las personas
discapacitadas por el hecho de serlo, garantizando sus plenos derechos y autonomía

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personal y dotando de las ayudas económicas necesarias a quien lo necesite, garantizando de manera suficiente esas ayudas vinculadas a la discapacidad, me refiero a prótesis, sillas de ruedas, aparatos ortoprotésicos, aparatos o aplicaciones
para posibilitar la accesibilidad, etcétera. Por lo tanto, creemos que hay que trabajar con las comunidades autónomas para armonizar estos derechos, porque nos encontramos con que dependiendo del territorio donde se viva las diferencias son muy
grandes, a veces abismales. Además, los recortes presupuestarios están poniendo en una situación de precariedad escandalosa a muchas personas que por sus ingresos se ven privados de accesorios básicos para desarrollar su vida diaria. Tuvimos la
oportunidad hace no muchos días de estar con la Asociación Nacional de Afectados por Espina Bífida y ellos nos decían precisamente esto, y es una reivindicación que yo traslado. La silla de ruedas son sus zapatos, esto es así, y el acceso a los
zapatos cuando es lo que permite caminar tiene que ser absolutamente prioritario, dependiendo de la renta.


Para terminar, en otro orden de cosas, señor secretario de Estado, dentro de las facultades de tutela de su departamento en una institución como la ONCE, consideramos de máxima importancia -y creemos que usted también debería considerarlo y
le pedimos su opinión al respecto- el deber de velar para que el máximo órgano representativo de esta entidad que es, como todos saben, el consejo general, sea plural, transparente y democrático y cumpla con ese principio de democracia interna que
consagran los estatutos vigentes de su propia institución.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra don Carles Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Agradecemos, como el resto de los compañeros, la comparecencia del señor Moreno, y con el cariño que le tenemos por los años que hace que nos conocemos. Hecha esta primera afirmación, haré algunos comentarios.
Primero, no deja de ser significativo en términos políticos que el único momento en el que previsiblemente la Cámara podrá discutir, valorar o analizar un texto de la trascendencia del que el secretario de Estado nos ha presentado es precisamente en
este acto parlamentario. Digo que no es menor, porque estamos ante una delegación de las competencias legislativas del Congreso, de las Cortes Generales, al Gobierno sobre un texto refundido que a nuestro entender va más allá del mandato legal que
se estableció en esa disposición final segunda, donde se autorizaba al Gobierno la refundición de la Lismi, de la Liondau y del régimen sancionador; que nos limitemos a esta discusión de hoy es preocupante en términos políticos, pero preocupante
también en términos de la propia legalidad. Fíjese, señor secretario de Estado, por un lado nos vamos a encontrar con dos problemas que quizá la Mesa del Congreso deberá resolver en las próximas semanas. Un primer problema, la autorización al
Gobierno para refundir los textos estaba tasada en un año máximo para que el Gobierno procediese a esta actualización, y eso concluía el 2 de agosto de 2012 y el Gobierno ha aprobado este texto en diciembre de 2013. ¿El Gobierno ha tenido
autorización legal para, superado el plazo legal establecido, poder efectuar esa delegación? No tengo yo sensación, si me equivoco me puede corregir, de que en alguna otra norma posterior hayamos prorrogado esa habilitación al Gobierno para
actualizar la norma. Ahí nos podemos encontrar ante un problema no menor si no se ha producido esa prórroga del mandato de actualización.


Hay un segundo apartado que es valorativo. ¿El Gobierno se ha limitado a armonizar, corregir, regularizar las tres normativas que funde en un solo texto o el Gobierno ha ido más allá de ese mandato parlamentario? La opinión de Convergència
i Unió en estos momentos, y a la espera siempre de conocer otros pareceres, es que al menos en materia de empleo se ha producido alguna cosa más que una refundición de textos, se ha producido una novación legislativa no menor. Como usted sabe, la
Lismi del año 1982, en su artículo 37 establecía como principio, finalidad de la política de empleo para los trabajadores minusválidos, la integración en el sistema ordinario de trabajo o, en su defecto, su incorporación al sistema productivo
mediante la fórmula especial de trabajo protegido. Se partía de la idea de que aquello que garantizaba la igualdad y la plena integración era la incorporación en el empleo ordinario y aquello que debía ser excepcional era la incorporación en lo que
después ha sido el empleo protegido. Posteriormente, el artículo 41 de la Lismi también estableció un mandato de que aquellas personas minusválidas con especiales dificultades deberían ser empleadas en centros especiales de empleo. Por lo tanto,
hay un segundo mandato, quien tuviese especiales dificultades para poder estar en la empresa ordinaria, debería estar en el empleo protegido. Filosofía de la Lismi: principio de integración laboral en la empresa ordinaria; excepción, en el empleo
protegido, especialmente vinculada a las personas con especiales dificultades que no pueden acceder al empleo ordinario. Esta era la filosofía que

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se establecía en la Lismi. Tendríamos que tener una discusión sobre si en estos más de treinta años la filosofía que se ha terminado aplicando en la práctica ha sido esta u otra, pero era la filosofía de la Lismi. En el texto refundido que
se ha aprobado eso varía de manera muy sustancial. Varía porque se reconoce ese derecho al trabajo de las personas con discapacidad en condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación, pero a
partir de ahí la finalidad de la política pública deja de ser la integración laboral de las personas con discapacidad y pasa a ser un objetivo economicista del tipo aumentar las tasas de actividad y de ocupación de las personas con discapacidad y
deja de considerarse que el objetivo principal es la integración en el mercado de trabajo, sino que se describe la existencia de tres tipos de incorporación al mercado de trabajo indistintamente: empleo ordinario, empleo protegido y empleo
autónomo. No es menor el cambio de filosofía. El trabajo protegido deja de ser la segunda opción, especialmente pensada para quien tiene dificultades para incorporarse al empleo ordinario, y se presenta como una opción igual que el empleo
ordinario. Variar la filosofía de la Lismi va más allá de un problema técnico que el Gobierno debe resolver para armonizar distintas normas, es un cambio de filosofía, y que ese cambio de filosofía no haya sido fruto de una discusión parlamentaria,
en el ejercicio de la soberanía que ejercemos los miembros de esta Cámara en representación de los ciudadanos, no me parece un tema menor. Eso previsiblemente va a llevar a Convergència i Unió y quizás a otros grupos a plantear ante la Mesa del
Congreso de los Diputados que se ha producido una extralimitación del Gobierno en la delegación legislativa que ha tenido. Por lo tanto, no es, señor Moreno, un tema menor en lo jurídico, en lo político y en lo relevante del asunto del que estamos
discutiendo


Al margen de que también sería una pena por aquello que durante algunos años reclamábamos, la nueva Lismi, porque precisamente a diferencia de la Liondau, por razones muy evidentes de contexto incluso sociopolítico, la Lismi fue vivida en
los años ochenta por parte del mundo de la discapacidad no tan solo como una ley avanzada y progresista, sino como un hito que permitía romper con decenas, cientos de años de discriminación y estigma. Por tanto, en el paradigma de aquello que podía
superar la nueva Lismi, la Lismi del siglo XXI se merecía alguna cosa más que el hecho de que el único momento en el que el Parlamento discute sobre esta cuestión sea en la comparecencia de hoy, y no en detrimento ni de usted ni de nosotros, que
somos suficientemente honorables para poder ejercer lo que estamos ejerciendo, sino en términos de lo que merecería esa norma, un debate en el Pleno, donde los grupos expresasen su posición; perdemos esta oportunidad. El secretario de Estado en su
réplica nos dirá: hemos dado mandato a lo que se estableció, hemos refundido los textos tal como el Congreso en 2011 votó, además el texto que hemos aprobado ha sido efectivamente consensuado con las principales organizaciones representativas de la
discapacidad y los dictámenes del Consejo Económico y Social y del Consejo de Estado avalan nuestra posición; seguro. Pero este Parlamento ha tenido que renunciar a tener una discusión sobre este cambio de filosofía que en materia de empleo
introduce el Gobierno, y yo creo que es grave, es grave y vamos a ver finalmente en la Mesa del Congreso cómo se resuelve esta cuestión. No tengo memoria de que en los años que yo llevo siendo parlamentario hayamos tenido un problema de estas
características, de una delegación del Gobierno y que algún grupo parlamentario o algunos crean que el Gobierno se ha extralimitado en la delegación legislativa que se le había otorgado, vamos a ver cómo se resuelve. Es una pena también porque la
noticia de la nueva Lismi quizá no sea la nueva Lismi por sí misma, sino los propios problemas de encaje legal del Gobierno.


Hecha esta consideración, me gustaría hacer tan solo dos comentarios más. Coincidimos con usted en la importancia del diálogo cívico y en que es transcendente que en estas políticas el diálogo cívico juegue el papel que juega, y que eso
tiene también a veces un difícil encaje en un Estado plurinacional como el Español. ¿En qué sentido? Una parte muy significativa del sector de la discapacidad de Cataluña comparte esta visión crítica que hoy les expresamos nosotros. Este mismo
lunes con la señora Tarruella y la señora Sayós tuvimos un encuentro en Barcelona con el sector de la discapacidad en Cataluña donde nos manifestaban esas dudas sobre ese cambio de filosofía. Por tanto, el diálogo cívico quizás debería mejorar su
capacidad de engarce con aquello que sucede en países del Estado donde la realidad asociativa es rica y distinta a veces en su análisis.


Segunda cuestión...


El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya terminando, señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señora presidenta.


Usted da unas cifras importantes, más de 500 millones de euros en modificaciones de la contratación de personas con discapacidad, más de 200 millones de euros en la política de mantenimiento de empleo

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en los centros especiales. No son cifras menores pero en ese segundo caso, y no compete a su negociado, compete al Ministerio de Empleo, en aquellos territorios como Cataluña, donde los centros especiales de empleo son activos y están
generando ocupación, las transferencias que el Estado efectúa al Gobierno de la Generalitat para el mantenimiento del empleo en los centros especiales no sirven para garantizar el cien por cien de personas ocupadas en estos centros y tiene que ser
la Generalitat con recursos propios quien debe complementar con cerca de 40 millones de euros lo que es una dotación insuficiente del Estado para estas políticas. Esta situación además va acompañada de que en Cataluña prácticamente desde 2011 no se
puede garantizar que la creación de un nuevo puesto de trabajo en un centro especial de empleo vaya acompañada de la correspondiente subvención para el mantenimiento de ese puesto de trabajo. Eso en el marco de las discusiones de empleo de los
próximos tiempos lo debemos discutir y resolver, porque hoy en la práctica no estamos garantizando que esa normativa de rango reglamentario que aprueba el Estado, 50% de subvención para el mantenimiento de un puesto de trabajo en un centro especial
de empleo, al menos en Cataluña, pueda ejecutarse. No es un problema menor cuando la prioridad que nos marcamos precisamente es la generación de empleo, no tan solo lógicamente en el sector del empleo protegido, pero singularmente en este caso en
el empleo protegido. Ojalá podamos resolver estas cuestiones, todas ellas de una enorme complejidad.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Laura Seara.


La señora SEARA SOBRADO: Señor secretario de Estado, han transcurrido ya dos años desde que el Partido Popular llegara al Gobierno y esta es la primera vez que usted viene a esta Comisión, a la Comisión de Discapacidad, y nos alegramos de
que esté aquí, pero tendrá que estar de acuerdo conmigo en que es un retraso bien difícil de justificar, tan difícil de justificar como los resultados que arroja la gestión de su Gobierno en el área social y que sitúan a nuestro país en una
situación de auténtica emergencia. Aunque durante la primera mitad de la legislatura tanto usted como la ministra hayan ignorado permanentemente las peticiones de comparecencia que se han solicitado, no solo por el Grupo Parlamentario Socialista
sino por todos los grupos de la oposición de esta Cámara, esta Comisión existe, señor Moreno, y existe desde el año 2004, y existe y se creó con una mayoría parlamentaria bien diferente a la que existe hoy. Yo comparto el reconocimiento que ha
hecho usted al tercer sector, es lo primero que le quería decir en esta comparecencia, lo comparto completamente, lo digo siempre que tengo oportunidad en esta Comisión, pero usted ha dicho una labor silenciosa de este sector, y no es cierto.
Fíjese que es la primera vez que el tercer sector y en concreto la discapacidad, a través de la plataforma SOS Discapacidad, salen a la calle por primera vez en la historia de este país todos juntos, todas las organizaciones juntas clamando por
otras políticas en esta materia y poniendo sobre la mesa el daño que provocan en este colectivo los recortes que ha llevado a cabo el Gobierno en estos últimos años.


Entrando ya en materia, yo quiero recordar que estamos, le decía antes, ante una situación de auténtica emergencia. Es verdad que pueden seguir mirando para otro lado, lo hacen muchas veces, están muy acostumbrados, pero cada día los
buzones de correo electrónico, por lo menos el de esta diputada que les habla y los de muchos otros compañeros y compañeras míos, seguro que los de casi todos, están llenos de dramas personales, de historias tremendamente duras. Además, creo que
los compañeros y compañeras de esta Comisión lo vemos más, porque el sector de discapacidad o las personas con discapacidad se dirigen a nosotros permanentemente, prácticamente todos los días, contándonos sus pequeños dramas personales. Esta
pasando una etapa durísima en este momento en España el sector de la discapacidad, y le voy a dar datos, que suele ser lo mejor en estos casos: hay 600.000 personas con discapacidad buscando empleo en este momento en nuestro país; su tasa de
desempleo se estima en más del 30%, muy superior desde luego a la tasa de desempleo de las personas que no tienen discapacidad; el número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro se sitúa en más de 1.800.000, imagínese lo que le
estoy diciendo, 1.800.000, en una población como la nuestra, con todos los miembros en paro. Yo he pedido al Gobierno que me dé respuesta sobre el número de estos hogares en los que hay una o más personas con discapacidad, pero todavía no nos han
respondido. Las peticiones de ayuda a los servicios sociales han aumentado un 72%, solo en el año 2012, y cada día, señor Moreno, 150 beneficiarios menos en el Sistema de Dependencia, cada diez minutos se deja de atender a un beneficiario de la ley
y cada media hora se despide a un trabajador que antes trabajaba en el Sistema de Dependencia. Por lo tanto, se está incrementando la desigualdad, con uno de los valores más elevados de toda Europa, lo dicen los propios organismos europeos, y este
insoportable

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aumento de las situaciones de pobreza y riesgo de exclusión está azotando con más virulencia, si cabe, a las personas con discapacidad, y sus recortes contribuyen a empeorar aún más la situación.


Este tercer presupuesto del Gobierno, desde que ustedes están, consolida la estrategia de recortes marcada por los dos anteriores, cuyas repercusiones han sido tremendamente desfavorables en las condiciones de vida de las personas con
discapacidad, restricciones presupuestarias que socavan la mayoría de las políticas y programas encaminados a promover la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, incluidas las encaminadas a mejorar la
accesibilidad de los servicios generales. Desde que llegaron ustedes al Gobierno, señor Moreno, vienen hablando del Plan de acción en materia de discapacidad. Su director general, que nos acompaña -lo acabo de ver-, hablaba en esta Comisión de que
estaban trabajando en el Plan de acción 2012-2015, cuyo presupuesto es el presupuesto de la Dirección General de Discapacidad. Fíjense, 2012-2015, termina el 2013; deben estar consultando el plan hasta en el Gobierno australiano, porque
curiosamente han pasado dos años, dos años para elaborar el plan cuando el ya hablaba en aquel momento del Plan 2012-2015 y se termina 2013 y empieza 2014, por favor. Por supuesto, estos últimos tres presupuestos han contado con cero euros
destinados al Plan estratégico de la discapacidad, el Plan de acción de discapacidad, cero euros.


Respecto a la educación y a su Lomce, a su querida Lomce, tienen especial repercusión sus medidas en la inclusión de los niños con discapacidad en el sistema general de la enseñanza. Yo le supongo informado de lo que está pasando en este
momento en el país con los profesionales de apoyo en las escuelas; de lo que está pasando, por ejemplo, con los niños y las niñas autistas en las escuelas. Supongo que usted como secretario de Estado en la materia conoce perfectamente los dramas
que se están viviendo en este momento en el sistema educativo público en España. Los recortes además están amenazando el modelo de salud mental comunitario que se introdujo en nuestro país en el año 1986 y que en este momento están comprometiendo
el futuro de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual. Y la última perlita, señor secretario de Estado, la han puesto ustedes con esa reforma de un Código Penal que equipara en este momento el trastorno mental con la peligrosidad,
una vergüenza en un país democrático como el nuestro, y espero que usted levante la voz como máximo representante en el Gobierno en esta materia para que esta barbaridad desde todos los puntos de vista, científico y jurídico, se elimine de ese
proyecto de modificación del Código Penal. Por lo tanto me gustaría saber cuál es su opinión.


Respecto a la Ley General de Discapacidad, aquí hoy hemos escuchado a los grupos, usted los ha escuchado; algunos han dicho que efectivamente se ha podido extralimitar este Gobierno en esa refundición legislativa. Yo creo que directamente
nos han contado una mentira y usted también nos ha mentido, y voy a leer aquí lo que ha dicho en la Comisión de Sanidad y Política Social. Numerosos dirigentes del Partido Popular, empezando por la ministra, afirmaron, cuando tuvieron ocasión
durante este tiempo, que la aprobación de esta ley incorporaría protección sin precedentes a las personas con discapacidad; usted y la ministra los primeros, incluso a una pregunta parlamentaria que yo misma hice en una sesión de control a la
señora Mato me dijo sin ruborizarse que iba a ser una gran ley, que iba a provocar grandes cambios y que además no se descartaba que se incluyeran medidas en el ámbito laboral -ya ha salido aquí el tema de la necesidad de legislar en el ámbito de la
discapacidad y el mercado laboral-, y eso no se negó, no solo no se negó sino que se puso sobre la mesa. Yo le quiero decir que detrás de estas manifestaciones había todo un conjunto no solo de incorrecciones, de incumplimientos, sino de
manipulaciones y de mentiras.


La ley de adaptación normativa a la convención -usted ya lo sabe perfectamente-, en su disposición final segunda otorgaba el plazo de un año desde la entrada en vigor de la propia ley para la elaboración y aprobación del texto refundido de
la Lismi, la Liondau y la Ley de sanciones del año 2007. Su Gobierno amplió este plazo hasta el 31 de diciembre de 2013 y lo hizo además a través de un proyecto de ley de medidas urgentes de liberalización del comercio; fíjese que tendría que ver,
pero, en fin, ahí ustedes lo ampliaron. Se trató de una prórroga de la habilitación que tenía el Gobierno para elaborar el texto refundido de la Ley de Discapacidad que caducó en agosto del año 2012. Justificaron entonces ustedes desde el Gobierno
este retraso por el cambio de legislatura, por la complejidad de la elaboración y por la voluntad de consultar con el tercer sector, las comunidades autónomas y demás órganos pertinentes como si estuvieran haciendo una auténtica nueva gran ley de
discapacidad. Efectivamente, lo decían porque era lo que ustedes estaban contándole al sector, lo que les estaban contando a los grupos parlamentarios en esta Cámara cada vez que se les preguntaba por esta cuestión.

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¿Qué significa la autorización al Gobierno para la refundición de textos legales -y el señor Olabarría ha avanzado bastante-? Que el Gobierno no puede alterar el sentido de las leyes que está armonizando, significa que el trabajo de
refundición es meramente técnico; se confiere al Gobierno no la facultad de dictar nuevas normas jurídicas sino la de sistematizar las ya existentes. Esto es muy importante, señor secretario de Estado, porque la nueva Ley General de Discapacidad
se ha tramitado como decreto legislativo, sin pasar por las Cortes, es decir, sin posibilidad por supuesto de control y de aportaciones por parte de nadie. Pero, fíjese, usted en la comparecencia en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en
mayo de 2013 dijo textualmente: el texto refundido sobre discapacidad en fase de última preparación -ya prácticamente está ultimado-..., y sigue diciendo: tiempo habrá para seguir trabajando en ese proyecto de ley general de discapacidad en el que
lógicamente los grupos parlamentarias tendrán que participar. No fueron ustedes capaces de enviarnos el borrador ni siquiera un día antes de que fuera aprobado ese decreto legislativo por el Consejo de Ministros, ni siquiera fueron capaces de
enviar a los grupos ese borrador. El texto, como digo, se publicó el pasado 3 de diciembre de 2013, después de dos años de generar falsas expectativas. Por eso, yo hoy quiero que me conteste si me puede decir un solo derecho, una sola mejora que
las personas con discapacidad no tenían el día 2 de diciembre y que sí disfrutan hoy, el día 18 diciembre; creo que sería importante que lo supiéramos; si ha habido alguna mejora, que nos lo digan, algo que no había el día 2 y que hay hoy.
Además, es verdad que hay algunas organizaciones preocupadas porque se han cambiado en algunos casos -lo decía el señor Campuzano- en algún sentido los artículos de la Lismi, y esto sería gravísimo desde el punto de vista parlamentario, desde el
punto de vista legislativo, gravísimo y con muy pocos precedentes en esta Cámara. Nosotros ya hemos pedido la comparecencia de la ministra para que explique esta situación, pero también me gustaría saber si se ha cambiado el fondo de algún artículo
de la Lismi y si es así, que nos diga cuál y si se han extralimitado en su función de refundición legislativa. No va a poder decirme nada nuevo de lo que se ha incluido en esta Ley General de Discapacidad, porque en realidad no puede, no han
dictado una nueva norma jurídica, sino que han sistematizado, fusionado, armonizado las tres leyes ya existentes tomando como referente la Convención de la ONU, como no podía ser de otro modo.


Hay otra cuestión que le quiero preguntar y voy terminando...


La señora PRESIDENTA: Le ruego vaya acabando, señora Seara.


La señora SEARA SOBRADO: Sí, señora presidenta.


Quería hacer algún comentario sobre algunas cuestiones en materia de dependencia, no es posible, no tengo tiempo. Si tengo una preocupación sobre la adaptación normativa del articulado de la convención en todo lo que tiene que ver con la
capacidad jurídica. Aquí también el subdirector general en su momento anunció que el Gobierno de manera inminente iba a reformar esa ley, el plazo que hacía referencia a la Ley 26/2012 ya finalizó en agosto de 2012, por lo tanto, le pregunto cuándo
van a remitir a las Cortes Generales ese proyecto de ley.


Respecto al copago, quiero que me diga aquí realmente hoy ya -porque creo que ya es la vigésimo quinta vez que pregunto esta cuestión al Gobierno- si usted va a volver a decir hoy aquí que las personas con discapacidad están exentas del
copago farmacéutico. Quiero que me lo diga, porque hemos oído de todo en esta Comisión, hemos oído de todo en los medios de comunicación, y quiero saber si es cierto que usted, máximo responsable de esta materia justo por debajo de la ministra, va
a volver a repetir lo que han dicho otros responsables políticos respecto al copago farmacéutico de las personas con discapacidad. Sabe que no están exentas, que solo están exentas aquellas que están bajo el régimen de la Lismi y que significan el
0,25% de los casi 4 millones de discapacitados que hay en nuestro país. Estamos hablando de poco más de 10.000 personas que están bajo ese régimen; esa es la excepción, señor Moreno, no la regla. Por tanto, no pueden hablar de que están exentos
del copago farmacéutico y sí me gustaría que dejara esto claro.


Para terminar, señora presidenta, solo una cuestión de cortesía política que quiero decir al secretario de Estado. Cuando el compareció en esta Comisión a la que antes hice referencia en mayo de 2013, alardeó de la concesión a nuestro país
del Premio Roosevelt. Sabe que es un premio que se le concede a un Estado miembro de Naciones Unidas para reconocer los progresos nacionales significativos en el desarrollo de los objetivos e ideales contenidos en la convención y en el propio
espíritu de Naciones Unidas. La concesión se notificó a España el 2 de diciembre de 2012 en una carta dirigida al presidente del Gobierno. Previamente, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores en colaboración con el Cermi y con
otras aportaciones del Ministerio de Sanidad y de su propio ministerio, había presentado

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un informe sobre los progresos alcanzados en España en la inclusión social de las personas con discapacidad. Fíjese, este informe fue presentado el 1 de marzo de 2012 y allí se describían las políticas que llevó a cabo la Administración
española desde el Gobierno central, los autonómicos y los locales. Repito, el informe se presentó el 1 de marzo de 2012, es decir, que en lo relativo a la gestión del Gobierno central contenía única y exclusivamente la correspondiente a la etapa
del Partido Socialista. Sin embargo, en la Comisión de Sanidad, usted mismo afirmó que ese galardón les indicaba a ustedes que estaban trabajando en la dirección adecuada y no es verdad, señor Moreno -y aquí termino-, no están trabajando en la
dirección adecuada. Se lo ha hecho saber ya el Consejo de Europa, ha sido muy claro tras visitar nuestro país. Les han dicho que el impacto de sus recortes tiene un efecto especialmente negativo en los derechos humanos de los niños y de las
personas con discapacidad, y ha afirmado que las autoridades españolas deben hacer más para asegurar que los derechos humanos de los grupos más vulnerables se respeten. Esta, señor Moreno, sí es su gestión, no la que provocó que ganara España el
Premio Roosevelt.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Francisco Vañó.


El señor VAÑÓ FERRÉ: Bienvenido, señor secretario de Estado. Iba a preguntarle a usted, señor secretario de Estado, pero es inevitable que haga alusión un poco a las intervenciones, sobre todo a la intervención negativa y catastrofista del
Partido Socialista, porque parece que la discapacidad nadaba en la abundancia hasta 2011 y fue llegar en 2011 el Partido Popular y convertir esto en un erial, de repente apareció la nada. (La señora Seara Sobrado: Así es). Las cosas están mejor
planteadas como hicieron sus predecesores, el resto de los grupos parlamentarios, con una cierta ponderación, una crítica constructiva, con ánimo de hacer lo que se ha hecho siempre en esta Comisión, es decir, colaborar en buscar soluciones, mejorar
la situación y no tratar de hacerse uno el salvador de la discapacidad, el héroe de la discapacidad, y los demás los villanos. Aquí no son tan buenos unos ni tan malos los otros; yo no acusaría de malo a nadie porque entre todos se está
colaborando para llevar adelante esto, que partía de una situación muy incómoda, muy ingrata y en deuda con la discapacidad. Toda la sociedad estaba en deuda con la discapacidad y, conscientes de ello, todo el mundo está queriendo aportar su grano
de arena para construir, para mejorar, para ir adelantando, con planteamientos como los que han hecho los demás grupos, que han sido ponderados y críticos, lógicamente, porque no están satisfechos, y lo entiendo, porque no estamos en el mejor de los
mundos, pero que ha sido una crítica constructiva que pretende mejorar y creo que vamos a llegar a mejores puntos de acuerdo.


Ustedes conocen mi estilo, como representante del Grupo Popular saben que no soy una persona muy agresiva, pero sí me gusta defenderme cuando me acusan de una manera tan descarnada como lo ha hecho la representante del Grupo Socialista.
Ustedes también han hecho cosas bien y yo lo reconozco, pero no son los que han salvado a nadie. (La señora Seara Sobrado: Ya nos lo han dicho. ¡La herencia!) Ustedes no han salvado a nadie. Llevamos trabajando muchos años; desde el año 1982,
con la primera ley sobre discapacidad, se han hecho muchas cosas por parte de muchos grupos, de muchos actores y, como siempre nos gusta decir a mi grupo parlamentario, los temas sociales no son patrimonio de la izquierda ni del Partido Socialista
ni de nadie, son patrimonio de las personas con sensibilidad, con voluntad y con ganas de mejorar la situación, y ahí saben que nos encuentran siempre. Además, no nos duelen prendas en valorar cosas que hacen bien, pero tampoco nos pidan correr, ir
muy deprisa, no nos hagan hacer lo que hicieron ustedes con la Ley de Dependencia, que con tal de sacar una Ley de Dependencia, que se vendía muy bien, que era muy bonita, el primer año prometieron 1.000 millones de euros y pusieron 50, y a partir
de ahí vino el desastre de la Ley de Dependencia. No nos hagan hacer eso. Dejen que reflexionemos, dejen que vayamos adelantando, que estamos mucho mejor de lo que estábamos, que estamos en un país donde la discapacidad puede estar orgullosa de
estar donde está, porque los que hemos viajado por otros países nos damos cuenta de que afortunadamente estamos en una situación bastante buena, aunque nos queda muchísimo para conseguir esa igualdad que tenemos que conseguir entre todos para la
discapacidad porque, insisto, partíamos de tan atrás que todavía queda mucho por hacer. Por tanto, de verdad que encuentran en nosotros unos colaboradores para seguir adelantando, pero no se adjudiquen todos los éxitos mientras los demás nos
comemos a los niños crudos porque no es así, créanme que no es así y que estamos dispuestos a colaborar.


El señor secretario de Estado -y llevamos dos años- ha venido a comparecer ahora, pero yo estuve cuatro años en la primera legislatura en esta Comisión y no apareció el ministro correspondiente. De esta manera no adelantamos nada, no
construimos. Nos dedicamos a lamentarnos, a criticarnos unos a otros, pero no mejoramos la situación. Hay que ver los vasos -por lo menos es mi estilo personal- medio

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llenos y ya los acabaremos de llenar, pero no nos lamentemos siempre de lo que carecemos porque al final no conseguiremos nada. El secretario de Estado está aquí, estuvo el director general de Discapacidad, que ya compareció, y de verdad
creo que hay una vocación -me lo creo de verdad porque si no yo, en mi situación personal, no estaría donde estoy- de mejorar la situación. Por tanto, vamos a conceder el beneficio de la duda a cualquier Gobierno, en este caso es al que sintoniza
con mi grupo parlamentario, pero me daría igual si fuese otro grupo porque lo he hecho en otras ocasiones.


Si nos acusa usted, señora Seara, de que el Premio Roosevelt es un mérito de ustedes, que tampoco creo que un mérito se gane en siete u ocho años. Entonces acúsese usted también de esa manifestación a la que ha aludido porque en tan poco
tiempo un grupo político no puede hacer tanto daño como para que haya una manifestación como la que usted ha acusado. Si somos meritorios de esa manifestación, somos meritorios del Premio Roosevelt y si no somos meritorios del Premio Roosevelt, no
lo somos de la manifestación. Insisto, ni es de uno ni es de otro, es de todos. Admito que es de todos. todos hemos colaborado, desde los grupos pequeños a los grupos grandes, en que eso sea así y afortunadamente España está en una situación
mejor, hay que reconocerlo, sea el autor el que sea.


Quería preguntarle a usted, señor secretario de Estado, pero es que no he podido evitar sentirme aludido de una manera injusta y tenía que decirlo. Efectivamente ha habido un retraso, lo ha dicho el señor Campuzano con muy buen criterio y
con mucha ponderación, esto tenía que haber estado hecho en 2012. Es verdad que nosotros utilizamos la Ley de Liberalización del Comercio para ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre, pero vamos a admitir que es un subterfugio, un procedimiento
para justificar el retraso, pero ¿quién ha cumplido a rajatabla toda su normativa? ¿Quién la ha cumplido cuando ha sido Gobierno? Creo que nadie. Todo el mundo tiene resquicios, es inevitable. Esto lo hacen seres humanos y los seres humanos
somos personas con defectos, tenemos limitaciones, y la gente del Partido Popular también, pero se buscó un procedimiento para justificar el retraso. Además, insisto, creo que ese retraso no es malo si se hacen las cosas con sensatez, con
ponderación y con reflexión, y nos permiten, de verdad, ir avanzando en lo que pretendemos todos. Insisto, a todos los grupos parlamentarios les concedo el beneficio de la duda de que su vocación es hacerlo lo mejor posible. Por tanto, estamos
dentro del plazo porque era el 31 de diciembre según la disposición adicional quinta de esa ley a la que aludíamos. Por tanto, el Gobierno está dentro del plazo y lo ha presentado. Quiero que me confirme el señor secretario de Estado que está bien
hecho. Tengo entendido que el real decreto legislativo es un mandato de las Cortes al Gobierno para que refunda, siempre y cuando no modifique. Creo que no ha habido una modificación expresa; sí ha habido una actualización terminológica. Se ha
seguido una estructura similar a la convención internacional, pero creo que no ha habido una modificación de esas tres leyes al refundirlas que, insisto, no iba a ser la panacea. Tampoco estábamos diciendo que a partir de ese momento la
discapacidad había prescindido de todos sus problemas y de todas sus dificultades y habíamos conseguido esa inclusión social que es la que pretendemos. Estamos en un cauce, en un camino con el que pretendemos llegar a esa situación a la que
aspiramos todos.


Déjeme que le pregunte dos o tres cosas, que son las que yo quería saber, porque en realidad al final, sin querer, ha tenido que defender que el Gobierno está queriendo hacer las cosas mejor. Perdónenme la pasión, pero es que es inevitable
que me lo tome de esa manera, no es habitual en mí, pero es que yo creo, confío y concedo el beneficio de que el Gobierno está queriendo hacer las cosas lo mejor posible. Conozco a la ministra, y la conozco desde hace tiempo, puedo hablar de ella
-no ha comparecido la ministra, está usted, pero quiero que se sepa porque es de justicia- y la ministra es una persona con una sensibilidad especial hacia las discapacidad, pero no ahora que está como ministra de Sanidad, sino desde hace muchos
años. Es más, podría decir a todos los asistentes que tiene mucho que ver en que la discapacidad esté presente y además en cargos de cierta relevancia en la Administración. Eso es culpa o mérito de la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales. Por
tanto, me parece de justicia decirlo. Quería preguntarle cuándo se va a incorporar de una manera definitiva el plan de acción, la estrategia 2012-2020. Y también quería saber, porque la reforma laboral tiene ciertos componentes que mejoran la
situación de las personas con discapacidad, si ustedes están en sintonía, ya que los temas son transversales, con el Ministerio de Empleo, porque el empleo es un cauce idóneo para la integración de las personas con discapacidad, para la inclusión, y
creo que es imprescindible una buena sintonía entre ambos ministerios. Lo espero y lo deseo, pero se lo pregunto: ¿Ustedes andan en sintonía? ¿Tienen una concepción de transversalidad de la problemática de la discapacidad y no solo a efectos del
empleo, sino también a efectos, por ejemplo, de la igualdad de género? Las mujeres con discapacidad creo que tienen una situación especialmente grave, una situación agravada por la diferencia de género y creo -no sé si es

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así, confírmemelo- que tienen acceso también a esos teléfonos, a esas ventajas que últimamente está poniendo en marcha el ministerio para tratar de evitar y prevenir estas situaciones.


Quisiera acabar diciendo dos cosas. En cuanto al fondo de liquidez, el pago al tercer sector o en el caso de los desahucios de familias con personas con discapacidad, la situación es favorable, pero me gustaría que me lo confirmase, al
igual que me gustaría que me confirmara que el marco legal del Ministerio de Trabajo tiene unas situaciones favorables para las personas con discapacidad. Con la refundición de las tres leyes podemos estar en el cauce idóneo para conseguir esa
inclusión, que es lo que pretendemos entre todos. Insisto en dar méritos tanto a unos como a otros, tanto al Gobierno como a la oposición, pues todos están colaborando y en esta Comisión siempre se ha demostrado la voluntad y la vocación de
trabajar para sacar adelante esa deuda que se tenía con las personas con discapacidad, con esos 4 millones de personas que en España tienen algún tipo de discapacidad -no digo sufren, sino tienen, porque no necesariamente hay que hablar de
sufrimiento cuando hay una discapacidad- respecto de las cuales los políticos especialmente debemos tener un compromiso.


La señora PRESIDENTA: Para contestar, tiene la palabra el secretario de Estado, Juan Manuel Moreno.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Moreno Bonilla): Quiero agradecer a las señoras y señores portavoces sus aportaciones y su tono mayoritario en esta Comisión. Permítanme que intente de la manera más ajustada
posible atender algunas de las inquietudes, demandas e interrogantes que han planteado sus señorías respecto a asuntos que son de interés.


Voy a empezar por el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, el señor Olabarría, al que devuelvo esas palabras de confianza y de relación personal que tenemos desde hace algunos años. Su señoría es un fino jurista que hace unas
interpretaciones bastante sensatas y con rigor, con lo cual siempre atiendo a cualquier planteamiento que se me hace por parte de su señoría con el máximo respeto. Además, lo decora con un verbo fácil, lo cual hace que, lógicamente, sea un
parlamentario brillante. En cuanto a la duda que plantea, una duda que se extiende al resto de grupos políticos y que de manera reiterada ha sido comentada por los distintos portavoces, voy a definir la posición del Gobierno y la mía particular
sobre esta materia.


El señor Olabarría, la señora De las Heras, el señor Campuzano y prácticamente la señora Seara han coincidido en si en relación con el proyecto de ley refundido de estas tres normas importantes hemos sobrepasado el propio ámbito y si era
absolutamente necesario. El señor Olabarría tenía dudas más que razonables respecto de si era especialmente excepcional como para llevar a cabo esta iniciativa. El Gobierno cree -así lo mantiene- que se dan la excepcionalidad y circunstancias
especiales para completarlo y por tanto asumir uno de los instrumentos que tiene la propia Constitución. Los instrumentos están para usarlos y este lo ha sido por otros ejecutivos, por otros gobiernos, permitiendo en un tiempo razonable, en este
espacio normativo de fusión de distintos proyectos de leyes, poder fusionarlo sin tener que ir a las Cortes. La Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social responde, como todas sus señorías conocen, a un mandato
legislativo de las propias Cortes Generales a través de la disposición final segunda de la Ley 26/2011, de 2 de agosto, de adaptación al Convenio internacional de los derechos de las personas con discapacidad. El Gobierno siempre ha entendido que
el texto refundido se aprueba en cumplimiento de ese instrumento que nos posibilita el artículo 82 de la Constitución, que prevé que las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno esa potestad de dictar normas con rango de ley y la delegación
legislativa tiende a una demanda también de las organizaciones de personas con discapacidad.


Nosotros -cuando digo nosotros quiero decir el Gobierno-, y yo personalmente, a través de los servicios jurídicos, siempre hemos entendido que cumplíamos rigurosamente los plazos y el objetivo que emana del artículo 82. Es verdad que se
amplió el plazo en la Ley de liberalización del comercio y se hizo, si no recuerdo mal, el 26 de agosto. Creo que el plazo coincidió con unas elecciones generales y acabó el 31 de diciembre de 2013, con lo cual teníamos el mandato expreso de las
Cortes Generales de hacerlo antes del 31 de diciembre y es lo que precisamente este Gobierno ha impulsado, hacerlo antes de esa fecha. Ni el Consejo de Estado, al cual fue remitido el proyecto por si entendía que habíamos sobrepasado el marco que
nos marcaba el artículo 82, ni las entidades sociales en defensa de las personas con algún tipo de discapacidad en ningún momento hemos visto obstáculo alguno. No hemos visto ningún obstáculo desde el punto de vista social, desde el punto de vista
del tercer sector, donde pudiera haber una oposición, por así decirlo, a que utilizáramos esta herramienta. Esta fue una de las primeras consultas que hicimos

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y después hicimos una segunda consulta social de carácter jurídico, que, lógicamente, fue al Consejo de Estado. También la Abogacía del Estado. Pues bien, en ninguno de estos tres ámbitos que acabo de definir hemos encontrado ninguna
oposición o problema lo suficientemente importante como para que el Gobierno se planteara no traer la Ley General de Discapacidad por esta vertiente. Dada la necesidad de adaptarnos al convenio internacional en tiempo y forma, teniendo un
instrumento como el que tenemos y que nos posibilita el artículo 82, hemos considerado que esta era la fórmula más satisfactoria para llevarlo a cabo. El Gobierno de la nación desde luego no tiene duda alguna, estamos abiertos, como no puede ser de
otra manera, a seguir avanzando y a elevar las consultas con los grupos parlamentarios a la Mesa de las Cortes Generales para que puedan examinar si por parte del Gobierno ha habido alguna extralimitación. Nosotros no lo consideramos de esta manera
ni en los plazos ni en el contenido; nos hemos adaptado a los plazos, en tiempo y forma, al contenido y al cometido que teníamos de adaptación al convenio internacional de derechos de las personas con discapacidad, y siempre en cumplimiento del
artículo 82 de la Constitución. Esa es nuestra visión -lo digo con absoluta honestidad- y tenemos la conciencia tranquila por haber hecho algo que nos posibilita la ley de acuerdo con el tercer sector, cumpliendo con el gran objetivo que todos nos
habíamos marcado. Yo no he visto -lo digo con absoluta honestidad- ningún problema grave en el instrumento que hemos utilizado. No obstante, como he manifestado anteriormente, estamos a disposición de sus señorías para cualquier consulta o
información añadida que puedan solicitarnos a través de la Mesa del Parlamento.


El señor Olabarría ha hablado también de la empleabilidad como núcleo esencial de integración y coincido plenamente con él. He dicho al comienzo de mi intervención que sin duda alguna el empleo es la llave, es la puerta a la autonomía
personal, a la inserción social, a la inclusión en el más amplio sentido de la palabra. Cuando una persona tiene empleo puede desarrollarse como persona, puede desarrollar todas sus facetas, por lo que es en el empleo donde tenemos que centrar
prácticamente una gran parte de los objetivos que como Gobierno tenemos en común con el resto de las administraciones autonómicas, especialmente con las comunidades autónomas, para salir adelante. En algunas de las reformas que se han hecho, a las
que luego aludiré, creo que se ha conseguido de manera muy moderada, por supuesto, y que no vamos en una mala dirección. Estamos en un contexto de grave crisis social y económica, del que afortunadamente parece que empezamos a salir, pero que hemos
atravesado durante cinco años. Y a pesar de ser un año nada proclive para la creación de empleo, los datos que anteriormente he comentado nos indican se han conseguido datos positivos para las personas que tienen más vulnerabilidad y más barreras
para acceder a un empleo. Esta misma mañana veíamos en el Patronato de la Fundación ONCE que había una cifra récord de 7.500 puestos de trabajo a través de las iniciativas de la fundación. En definitiva, todos los parámetros que tocamos están
dentro siempre de la moderación, pero los tengo que calificar de positivos, tanto en altas en la Seguridad Social y en la creación del empleo -hablo de 2013- como en la creación de autoempleo a través de la pequeña y mediana empresa mediante los
distintos mecanismos que han puesto en marcha la reforma laboral y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Por tanto, creo sinceramente que no vamos mal encaminados. Es verdad que necesitamos quizá más perspectiva para poder evaluar si estas
medidas son satisfactorias y cumplen con los objetivos que nos habíamos marcado, pero los incipientes datos que tenemos nos hacen pensar que vamos por el camino correcto.


Hablaba también el señor Olabarría -coincido plenamente con el- en que hay que ser proactivo en la creación de empleo, así como de trabajar para acercar, sobre todo en la etapa de formación, las destrezas y capacidades que tienen las
personas con discapacidad en el ámbito de formación. Es verdad que es una de las grandes asignaturas que tenemos pendientes. Estamos elaborando un estudio en esa materia, que queremos hacer en común con el Ministerio de Educación y en el que
tenemos muchísimo interés, porque queremos ver cómo podemos acercar esas capacidades diferentes que tienen las personas con algún tipo de discapacidad a su propia formación. Hay mucho camino por recorrer. Hay países que lo están haciendo bien en
nuestro entorno europeo, con lo cual podemos tener un espejo donde mirarnos, avanzar sobre sus aciertos y desechar los errores que hayamos cometido en estos treinta años. Sin duda alguna ha puesto usted el dedo en la llaga y el Gobierno está
dispuesto a explorar e impulsar esa vía.


Por último, el señor Olabarría me hablaba de un pacto entre todos los grupos políticos; de algo más importante, de un pacto de Estado. Hay muchas cosas que merecen un pacto de Estado; probablemente, para los ciudadanos todo merece un
pacto de Estado. Los ciudadanos nos demandan acuerdo, diálogo y pacto. Lo pide prácticamente el 80% de los ciudadanos, independientemente de su adscripción ideológica. Creo que si hay algo en lo que podemos alcanzar un gran acuerdo y que merece
un esfuerzo por explorar

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la vía de un gran acuerdo son sin duda alguna los 4 millones de personas que sufren algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial y sus familias. Por tanto, acepto esa propuesta. Los pactos de Estado son complicados, porque
lógicamente partimos de posiciones distintas. Siempre hay que tener en cuenta para alcanzar objetivos los contextos en los que se vive: no son lo mismo los contextos de crecimiento económico, de expansión económica, que facilitan el desarrollo de
ciertas políticas, especialmente en gasto, que los contextos de contracción económica y, por tanto, mucho más difíciles. Sabiendo el equilibrio del discurso del señor Olabarría y de la sensatez que sé que muestra en estos temas, estoy seguro de que
podremos alcanzar sobre una base común objetivos comunes desde el punto de vista de modificaciones normativas e incluso de mejoras en algunos servicios, que sin duda alguna serían beneficiosos para esos 4 millones de personas que tienen
infinitamente más barreras que cualquiera de nosotros. Vamos a explorar esa vía, vamos a ver si tenemos capacidad y camino -estamos en el ecuador de la legislatura- para culminar, a través del entendimiento, el ocaso de esta legislatura con algún
gran acuerdo de carácter político en las Cortes.


La señora De las Heras, de Izquierda Unida, ha diseñado sus planteamientos y su visión de la acción del Gobierno -como no puede ser de otra manera, lo respeto pues eso es la grandeza de la democracia, ser plurales y no pensar exactamente lo
mismo- de una manera diferenciada de la que yo tengo. Dice su señoría que se ponen en peligro los avances con las políticas del Gobierno y ha hablado también de la falta de coordinación entre las distintas administraciones, entre las
administraciones del Estado y las comunidades autónomas, especialmente en derecho, en cuanto a garantías de derecho y servicios. Yo creo que se están dando pasos importantes en materia de coordinación, dentro del respeto lógico que tenemos que
tener a las comunidades autónomas y a las competencias que establecen la Constitución y los estatutos de autonomía. A través de las distintas conferencias sectoriales hemos llegado a un buen clima, probablemente fruto de la necesidad -lo tengo que
decir- porque en todas las administraciones se ha pasado y se sigue pasando mal debido a esta crisis. Como digo, fruto de la necesidad hay un principio de acercamiento y de coordinación y, sobre todo, algo que desgraciadamente hemos perdido en el
vocabulario político, una palabra que fue muy usada en otras décadas y que debemos recuperar, que es cooperación, una cooperación absolutamente necesaria en todos los ámbitos de la vida y mucho más en el de la Administración y de la coordinación.
Nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea. No le quepa la menor duda, señora De las Heras, que vamos a intentar afinar al máximo esa cooperación con otras administraciones.


Ha definido usted de error que el Gobierno no da prioridad a las políticas de discapacidad y ha destacado que ha sido un grave error de este Gobierno -palabras textuales- haber traído este proyecto de ley general de discapacidad adoptando la
fórmula que nos propone el artículo 82 de la Constitución. Ha añadido -yo he interpretado así sus palabras, aunque no sé si es lo correcto- que lo hemos hecho muy en soledad, en solitario. No estoy de acuerdo con su señoría. Manifiesta su señoría
que solo se ha contado con el Cermi. Contar con el Cermi, hablando de discapacidad, me parece que es contar con la máxima expresión de la representatividad social de las personas con discapacidad en nuestro país. El Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad significa más del 90% de las entidades del tercer sector que engloba todas las discapacidades, desde las sensoriales, las físicas hasta las psíquicas e intelectuales. Lo que hubiera sido una locura o un
grave error es no contar, precisamente, con el Cermi. Nosotros hemos planteado un diálogo abierto y sincero con el Cermi. A veces hemos llegado a puntos de acuerdo y a veces hemos tenido discrepancias -como no puede ser de otra manera,
lógicamente-; hay posiciones en las que estamos de acuerdo y posiciones en las que hemos estado más alejados, pero hemos intentado ir de la mano en este proyecto; y creo -y lo digo honestamente- que lo hemos medianamente conseguido. Precisamente
por este motivo el día 3 en la sede del Cermi hicimos un acto de presentación de este proyecto de ley. Lo hicimos allí porque hemos ido de la mano de las entidades. Esta mañana he estado en el Patronato de la ONCE, donde había una gran
representación, con CEM, CC, Feaps, etcétera y sinceramente debo afirmar que no he oído palabras de descalificación, sino más bien -y dentro de la prudencia- todo lo contrario; palabras de cierto apoyo respecto a la medidas e iniciativas que hemos
adoptado. Entiendo perfectamente que haya discrepancia en esta materia; la hay en el seno de una familia, imagínese usted aquí con planteamientos lógicamente ideológicos y políticos distintos. Lo entiendo, lo puedo compartir y son palabras
legítimas, pero no puedo estar de acuerdo con usted en que lo hemos hecho en soledad.


Ha hablado usted también de la empleabilidad, tema al que al final, dedicaré un apartado especial. Es verdad que coincidimos todos en esta materia y que tenemos puntos en común, por lo tanto ya tenemos

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un punto de partida. Estamos de acuerdo en que el empleo es -como digo- el instrumento fundamental de la inclusión social y, por lo tanto, tendremos que trabajar con los empleadores, que son los empresarios, las administraciones públicas,
los grupos políticos y las organizaciones sectoriales y organizaciones sociales para llegar a un acuerdo que sea lo más valioso posible, que dé estabilidad y que nos permita crear empleo. Si no es fácil crear empleo para el conjunto de la
población, imagínese usted para una persona que sufre algún tipo de discapacidad; es infinitamente más difícil. El mercado laboral está como está. Afortunadamente, hay algunos atisbos ahora mismo de creación de empleo. Lo que sabemos todos es
que ya se ha parado la destrucción de empleo, eso sí que se puede decir de una manera clara: se ha parado la destrucción de empleo y se empieza a crear algo de manera moderada. Pero los datos en materia de empleo de personas con discapacidad,
insisto, son positivos, incluso más que los de los ciudadanos que no tienen ningún tipo de discapacidad. Por tanto, y lo vuelvo a reiterar con la máxima prudencia y humildad, creo que no vamos mal encaminados.


Ha pedido que hagamos una evaluación sobre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Es verdad que compete a otro departamento del Ministerio de Empleo, pero tenemos una coordinación con ellos y desde luego gustosamente trasladaremos la
información que emane de esa colaboración entre los dos ministerios y, por tanto, de los datos que vayan surgiendo.


Por último, me ha hecho usted un comentario sobre la ONCE. Habla de la responsabilidad que tiene este ministerio sobre el protectorado de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Sin lugar a dudas la tiene. También ha dicho que el
consejo general tiene que ser plural y democrático. Dentro de la autonomía -lógicamente nosotros tenemos un protectorado- de aquellos acuerdos que tiene la Organización Nacional de Ciegos Españoles con el Gobierno de España, lo que hacemos es velar
por el cumplimiento de esos acuerdos que la Fundación ONCE tiene con el Gobierno de España a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sobre todo tratamos de ser un catalizador entre sus reivindicaciones e iniciativas y las
que tiene el Estado, y siempre con muchos matices y dificultades y a veces con muchas discrepancias. Pero a mí no me ha llegado ningún escrito, fórmula, petición, crítica o denuncia de que haya un déficit de pluralidad o de democracia en el seno
del consejo general. Desde luego los estatutos de la ONCE avalan la pluralidad y la democracia interna. Por tanto, si se incumpliera, se estarían incumpliendo los estatutos. Personalmente, por mi experiencia de estos dos años, creo que no hay
déficit de pluralidad y que no se están hurtando derechos democráticos dentro de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. No obstante, estaremos abiertos a cualquier denuncia que nos llegue de cualquier colectivo para trasladarla a la ONCE y
estaremos expectantes por si se pudiera producir alguna situación como la que usted plantea.


Quiero saludar al señor Campuzano y devolverle las palabras amables, porque las palabras amables no blindan nada, que nadie crea que porque yo sea amable o lo sean sus señorías vamos a estar exentos de la crítica y de la confrontación, pero
eso no evita que con el señor Olabarría y con el señor Campuzano -con los que he tenido una relación los once años que he tenido el honor de ser diputado- tenga una relación personal más intensa. Además creo que es positivo en democracia y en
nuestro sistema político que tengamos buenas relaciones personales, independientemente de los ámbitos y las visiones y planteamientos políticos que cada uno tengamos. El señor Campuzano ha dicho que es significativo en términos políticos que la
única posibilidad de analizar el texto en sede parlamentaria sea esta, en esta comparecencia mía en esta Comisión, que no deja de ser significativo que hayamos tenido que llegar a esta comparecencia y que tendría que haberse visto por otras vías.
Usted también considera que va más allá de lo que se mandataba al propio Gobierno, cree que nos hemos extralimitado de los objetivos que teníamos previstos e incluso ha hablado de que es preocupante en términos políticos y de legalidad. En términos
políticos lo puedo entender porque todo es planteable y discutible, puedo entender que haya una preocupación, especialmente del grupo que representa su señoría, sobre la opción que se ha elegido por parte del Gobierno, pero en términos legales,
sinceramente, señor Campuzano, no tengo la menor duda. No hay por qué preocuparse en términos de legalidad porque cuando una iniciativa de estas características viene avalada no solamente por los servicios jurídicos de la Administración General del
Estado sino también por el propio Consejo de Estado, creo sinceramente que en términos de legalidad está cien por cien garantizada. No obstante, usted ya ha planteado la posibilidad de hacer esa consulta a la Mesa del Congreso, con lo cual nosotros
también estaremos expectantes.


Ha dicho usted que nos habíamos pasado de fecha. Desde el punto de vista de ese margen se amplió el plazo y la encomienda que tenía el Gobierno y es verdad que se puso en una ley que no tenía nada que ver con esta, que fue la Ley de
Liberalización del Comercio, a la que se añadió un anexo en el cual se

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amplió el plazo para que a lo largo de este año 2013 tuviéramos el tiempo suficiente para poder hacerlo. Ese plazo terminaba el 31 de diciembre y fue aprobada el 28 de noviembre, con lo cual no hemos superado el plazo que nos encomendaron
las propias Cortes Generales y, por tanto, hemos cumplido estrictamente lo que se nos pidió por parte de la mayoría de las Cortes Generales. Ha insistido mucho -he notado mucha preocupación en su señoría- sobre si hemos podido regularizar,
normalizar o si hemos ido mucho más allá. Lo que yo interpreto sobre lo que ha dicho usted es que, más que armonizar, lo que hemos hecho ha sido regularizar; más que fusionar y armonizar distintas iniciativas, hemos aprovechado para meter alguna
cosa de nuestra cosecha. Creo sinceramente que no es así. De hecho, hemos podido tener en algún momento la tentación de hacerlo -lo digo de una manera honesta- no por nada sino simplemente porque había alguna interpretación o algún redactado de
alguna ley que no quedaba suficientemente completo o que no se adaptaba al cien por cien al lenguaje actual del siglo XXI, de 2013, o porque desde el propio sector de las personas con discapacidad nos pedían que, ya que estábamos aquí, aclarásemos
algunos puntos concretos de las distintas leyes. No hemos podido hacerlo porque cuando lo hemos intentado hemos chocado lógicamente con el secretario general técnico, con el abogado del Estado o bien con el propio Consejo de Estado. Por tanto, ha
habido una serie de filtros -y se lo garantizo- que nos han limitado y nos han constreñido muchísimo para que no pudiéramos ir más allá de lo que es una refundición de textos legales.


Hemos tenido a veces una interpretación más amplia o más generosa, siempre en coincidencia con el tercer sector y con el Cermi, pero con el máximo interés, lo tengo que decir, de mejorar en la medida de lo posible la interpretación de
algunos preceptos que tenían las propias leyes. Por consiguiente, no creo que haya habido un cambio de filosofía de la Lismi, como usted ha definido, sino una actualización de la interpretación de la Lismi, que son dos cosas distintas. Usted ha
hablado de que la discusión parlamentaria hubiera sido muy enriquecedora y probablemente lo podría haber sido, pero no estábamos ante un proyecto nuevo, no estábamos ante una norma de nueva planta, sino ante treinta años de impulsos normativos que
habíamos tenido con tres grandes leyes que se han hecho con espacios de tiempo muy separados y con un mandato de la propia convención y lo que hemos hecho ha sido fusionarlo.


También ha hablado usted del tercer sector, especialmente del sector de la discapacidad. Ha hablado de la pluralidad que hay dentro de nuestro Estado -yo digo dentro de nuestra nación porque para mí es la nación española- y también se ha
referido a un cambio de filosofía. Es verdad que hemos hecho un cambio y ese sí que es de nueva planta. Le reconozco que ha habido un cambio en profundidad, un cambio en las convocatorias de subvenciones con fines sociales con cargo al IRPF. Es
verdad que lo hemos hecho de la mano -lo digo así porque es la expresión más gráfica- del tercer sector, a través de la mesa de diálogo civil del tercer sector, que se ha creado por primera vez en nuestro país. Por tanto, creo que se ha hecho un
trabajo fino desde el punto de vista jurídico y que se ha hecho un trabajo fino desde el punto de vista político. ¿Por qué le digo trabajo fino desde el punto de vista jurídico? Porque han participado juristas de gran prestigio del ámbito privado,
del ámbito público, del ámbito del tercer sector, cada uno de los cuales ha intentado aportar su experiencia. En el ámbito político ha habido un diálogo multidisciplinar, ha habido un diálogo como nunca con el tercer sector pero también con las
comunidades autónomas, especialmente con la comunidad autónoma a la que usted representa y de la que usted proviene, la Comunidad Autónoma de Cataluña. Es verdad que no se ha satisfecho parte de la reivindicación de una parte del tercer del sector
en Cataluña y de la propia Generalitat de Catalunya. Creo que esta nueva convocatoria atiende a las necesidades y reivindicaciones del 85% del tercer sector del conjunto del país, del conjunto del Estado, si a usted le gusta más. Yo he llevado a
cabo una experiencia personal, he visitado seis comunidades autónomas al azar de distintos colores políticos, me he reunido además con entidades del tercer sector, incluidas algunas en Cataluña, y prácticamente todas querían que estuviera
centralizado por varias razones. Es verdad que las comunidades autónomas han sufrido muchos retrasos en el pago, por tanto, había siempre cierto temor a ese retraso, cosa que no se produce desde la Administración General del Estado, o incluso el
temor que me ha planteado algún sector de que desde la lejanía del Estado el control o la presión política a las entidades es bastante menor. Lo hemos hecho de la mejor manera posible, sé que no satisface a su señoría, pero desde luego lo que le
digo es que vamos a estar permanentemente dialogando con su señoría, con la Generalitat de Catalunya y con Taula del tercer sector con objeto de seguir incorporándolos a este objetivo. Ha habido muchas reuniones, de hecho, hay una reivindicación de
la taula que tiene que ver con la plataforma del tercer sector en la que esta secretaría de Estado también está mediando. Por tanto, mi objetivo fundamental es la máxima inclusión. Yo ya vivo en la inclusión permanente, pero también en la
inclusión desde el punto de vista

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territorial, en la máxima cooperación. Todo lo que podamos sumar y todo lo que podamos añadir creo que va a ser netamente positivo. Siempre lo he querido como catalán de origen, ya que soy nacido en Barcelona aunque criado en Málaga,
siempre he querido ese gran puente de convivencia entre Cataluña y el resto de España y, por supuesto, en el ámbito de mis responsabilidades, siempre intento ejercerlo y siempre intento que sea efectivo. Por eso, estoy presto a recibir cualquier
llamada que se me hace desde la Generalitat de Catalunya, y cualquier entidad que viene de Cataluña siempre es bien recibida y siempre nos tomamos sus reivindicaciones con rigor y con seriedad.


Ha dicho también sobre Cataluña que las transferencias no sirven para los centros especiales de empleo, que hay déficit entre las transferencias del Estado y las necesidades que hay en los centros especiales de empleo en Cataluña. Eso
lógicamente escapa a mi ámbito de responsabilidad, pero estoy seguro de que dentro del futuro mapa de financiación autonómica probablemente ese tipo de cuestiones se pueden plantear y también se puedan mejorar. Pero igual que le digo esto, le digo
que las comunidades autónomas tienen una gran capacidad de autogobierno y esa capacidad de autogobierno significa que puedes priorizar en el gasto, que puedes marcar cuáles son tus prioridades en el gasto. Igual la Generalitat de Catalunya debería
hacer una reflexión sobre qué gasto es más necesario, igual podríamos entrar en una reflexión sobre si a lo mejor hay partidas que no sean tan necesarias como para los centros especiales de empleo.


La señora Seara, del Grupo Socialista, ha hablado de retraso en la celebración de esta comparecencia. Siento que haya habido un retraso en esta comparecencia, no ha habido interés ninguno. Se producen muchos retrasos, aquí se ha dicho que
el señor Caldera no vino en una legislatura completa, pero no vamos a entrar en ese debate. Creo que a lo largo de estos dos años he estado representado por el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y hoy he acudido yo mismo. Por
tanto, creo que hay una presencia importante por parte de este ministerio en una Comisión que a nosotros también nos parece de capital importancia.


Ha dicho usted que yo he calificado al tercer sector como silencioso, pero cuando digo silencioso no es porque esté callado, ni muchísimo menos, no se puede usted ni imaginar la cantidad de reivindicaciones, de anhelos, de deseos. Cuando
conseguimos alguna de sus demandas tenemos ya encima de la mesa diez más. Por tanto, para nada silencioso, es un sector muy reivindicativo, muy coherente y tengo que decir que muy maduro, que hace planteamientos siempre con sentido común. Cuando
digo silencioso me refiero al trabajo silencioso que ejercen. Muchas veces los medios de comunicación y la propia sociedad no son conscientes de la deuda de gratitud que tenemos con el tercer sector porque el conjunto de administraciones no
llegamos a muchos rincones y ellos sí llegan y hay muchas personas en situaciones de extremada vulnerabilidad que gracias al tercer sector pueden por lo menos amortiguar su situación. A eso me refería. Pero ya que usted decía que salen a la calle
y se ha referido a aquella concentración -porque fue una concentración-, SOS discapacidad, ¿sabe usted cuál era el objetivo fundamental que provocó básicamente esa concentración? Los impagos por parte de las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales -impagos muy importantes- a las entidades del tercer sector. Eso fue lo que lo motivó. ¿Sabe usted lo que hizo este Gobierno en una época tan difícil como esta? (La señora Seara Sobrado: Pagar). Hizo un plan, y después de
entrevistarnos con el tercer sector y de tener una reunión con el ministro Montoro, desde el Ministerio de Hacienda se puso en marcha un plan de pago a proveedores especialmente en el ámbito social. Señora Seara, 3.000 millones de euros se pusieron
en marcha en una situación de enorme dificultad, como usted comprenderá, para el conjunto de administraciones públicas y especialmente también para el Estado, 3.000 millones para el ámbito educativo, sanitario y especialmente el social. Y gracias a
eso hoy muchas comunidades autónomas que estaban con dificultades casi se ponen al día en el pago y sobre todo, más importante que ese dato, gracias a eso muchas organizaciones del ámbito de la discapacidad han sobrevivido. Por tanto, este Gobierno
es muy sensible y ha actuado con prontitud y, tengo que decirlo, con diligencia. En esa concentración, si usted se fija bien, no había ni una pancarta contra el Gobierno de la Nación, con lo cual podrá indicar que el Gobierno de la nación está
trabajando, como no puede ser de otra manera, con el tercer sector para intentar resolver sus problemas.


Ha dicho usted que miramos hacia otro lado sobre los dramas personales, que le llegan correos y que ve correos. (La señora Seara Sobrado: He puesto un ejemplo). A mí no es que me lleguen correos, yo es que lo veo físicamente. (La señora
Seara Sobrado: Yo también). Físicamente lo veo porque en el ejercicio de mi responsabilidad tengo que ir a visitar muchos centros especiales, muchas entidades, a muchas familias, veo enfermedades muy crueles, situaciones personales y familiares
muy difíciles en las que precisamente entidades que colaboran con las administraciones públicas les echan una mano. Yo

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sufro como sufre cualquiera de sus señorías cuando ve una situación de esas características y lo que hacemos es intentar ayudar con coherencia, con sentido común y sobre todo con prudencia. Yo creo que este no es un tema para arrojárnoslo a
la cabeza ni ponerlo en un medidor para ver quién sufre más o quién sufre menos, quién es más sensible o quién lo es menos. Creo que esta es una cuestión de justicia social y por tanto de intentar sacar adelante entre todos objetivos comunes.


Ha hablado de situaciones durísimas que yo conozco perfectamente, de que las peticiones de ayuda han aumentado. Por supuesto, hemos pasado la crisis económica y social más dura de la historia democrática de nuestro país. Su señoría también
debería hacer una reflexión y alguna autocrítica. Yo creo que hacer oposición por oposición a veces, y sobre todo en ciertos temas, no es positivo porque al final a uno le colocan en oposición a sí mismo. Lo mejor en estos temas es ser ponderado,
ser prudente, ser equilibrado, ocupar esa centralidad que tanto demanda la sociedad y saber por qué estamos así. Así no estamos por una situación sobrevenida; estamos así porque ha habido una crisis brutal económica y social y porque ha habido una
gestión cuanto menos mejorable por parte del anterior Gobierno. Y ahí podríamos hablar de mil datos, pero no voy a entrar en ello, simplemente lo dejo ahí.


A su señoría también le preocupan algunos otros asuntos. Ha coincidido también en que la fórmula adoptada por el Gobierno aplicando el artículo 82 no es la más apropiada. Lógicamente no voy a seguir insistiendo en ello porque ya he
explicado cuál es la posición del Gobierno, cuál es la manera en la que nosotros lo entendemos. Ha hablado del Código Penal, de la posible reforma en medidas de seguridad que se pueden imponer a las personas con discapacidad intelectual o
enfermedad mental que delinquen. Ha estado preguntándome su señoría sobre cuál es nuestra posición. Quiero dejarle claro que este Gobierno descarta cualquier medida jurídica que pueda suponer de una manera directa o indirecta una forma de
discriminación hacia las personas con discapacidad y este Gobierno se posiciona en la línea y principios marcados precisamente por la Convención internacional sobre derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, consideramos que la aplicación
de medidas de régimen cerrado con privación de libertad siempre habrá de estar acompañada por la aplicación de sistemas terapéuticos y por las circunstancias propias que tiene un tratamiento, con revisiones periódicas, como no puede ser de otra
manera, y de acuerdo con el principio de proporcionalidad entre la gravedad del hecho y la medida impuesta reconocido por la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional y con el pleno respeto a los principios de contradicción, defensa y
derechos de recurso contra las decisiones que se adopten en cada momento. Estamos en conversaciones con el Ministerio de Justicia y, por supuesto, estamos haciendo llegar las preocupaciones o demandas que se nos hacen llegar desde el tercer sector.
Esa es la posición de este Gobierno con respecto a esta materia. Estoy convencido de que del Código Penal saldrá algo que sea lógicamente equilibrado y, por supuesto, con un respeto absoluto hacia los derechos de las personas con discapacidad.


Ha dicho usted que hemos creado falsas expectativas y precedentes, ha hablado de la dependencia. (La señora Seara Sobrado: He hablado de falsas expectativas con la ley). La dependencia es compleja, lo voy a decir de una manera suave. Es
compleja la situación que nos hemos encontrado, no solo por la maraña normativa que nos hemos encontrado debido a una indefinición y a una inacción absoluta del Gobierno anterior, sino también desde el punto de vista económico y desde el punto de
vista de los datos. Simplemente le daré tres datos. Primero, nos dejan 1.034 millones de euros de deuda del sistema y que hemos tenido que pagar, a pesar de la que estaba cayendo, a lo largo del año pasado. Si el anterior Ejecutivo no nos hubiera
dejado esos 1.034 millones de euros de deuda, probablemente los podríamos haber aplicado a otra cosa bastante más positiva como las personas con discapacidad, pero las deudas, como usted sabe, hay que pagarlas. Segundo dato, teníamos 330.000
personas en lista de espera y especialmente grandes dependientes, otro dato no desdeñable de que la Ley de Dependencia no pasaba por su mejor momento. Desde el punto de vista de las prestaciones era una locura para el propio usuario por la
dispersión normativa. Le voy a dar una serie de datos. Después de la reforma que hemos hecho, de acuerdo con las comunidades autónomas, los beneficiarios con derecho a prestación de 1 de enero 2013 a 30 noviembre de 2013 -ese semestre de 2013- se
han incrementado en 15.657, con lo cual el nudo ya se empieza a desatar y empieza a fluir el número de beneficiarios. Hemos pasado 738.587 a 754.244. En este periodo se han incorporado 218.070 nuevas personas al sistema. Se ha reducido la lista
de la espera en 112.702. Son datos que nos deben de alegrar a todos, el hecho de que ese colapso al que estábamos sometidos empieza a suavizarse, pero todavía queda mucho por hacer, sin lugar a dudas, y hay cosas que mejorar, pero creo que hemos
dado un paso importante. Y ya que me hablaba usted de destrucción de empleo, debo decirle que ha aumentado el número de afiliados a la

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Seguridad Social de empleadores profesionales en 6.218 y actualmente hay 342.147 afiliados a la Seguridad Social. Por tanto, gustará más o gustará menos, pero la dependencia es una foto fija. También le podría comentar qué nos dijo el
Tribunal de Cuentas: duplicados por parte de servicios, fallecidos que estaban cobrando, situaciones que hemos tenido que limpiar con la cooperación de las comunidades autónomas. Por tanto, se ha hecho un esfuerzo importante y hay una foto de cómo
estaba y una foto de cómo está y, sinceramente, creo que ha mejorado ostensiblemente. ¿Que nos quedan cosas por hacer? Sin duda alguna, y que lo vamos a hacer.


Ha hablado también su señoría del Premio Delano Roosevelt que recibió su majestad la reina en Nueva York en la sede de Naciones Unidas el pasado mes de septiembre. Me ha parecido entender de sus palabras que nosotros hemos patrimonializado
este premio. Si usted se fija, siempre que hablo de ese premio en público y en privado digo que ese galardón, ese reconocimiento, no es un reconocimiento al Gobierno. Fíjese su señoría si es un reconocimiento al conjunto de la sociedad que no lo
recoge el Gobierno, lo recoge la Jefatura del Estado a través de su majestad la reina, aunque es verdad que la acompaña, lógicamente, la ministra del ramo. Yo siempre he hecho un reconocimiento, y lo saben los que me conocen, y he dicho que ese
reconocimiento es patrimonio del conjunto de la sociedad. España está unos pasitos por delante -y de eso se da uno cuenta cuando viaja fuera de nuestra fronteras- desde el punto de vista de derechos con respecto a otros países incluso de nuestro
entorno europeo, y ya no le digo a usted con respecto a otro entorno geográfico: Iberoamérica, Asia o África. Nosotros estamos muy por delante, y eso es patrimonio del conjunto de la sociedad; del conjunto de la sociedad a través de la sociedad
civil organizada, a través de los partidos políticos, a través de la propia sociedad que ha tenido la sensibilidad suficiente. El potencial de la ONCE prácticamente solo existe en España y es fruto de la sociedad. Por tanto, para nada, señoría,
piense usted que yo, la ministra o algún miembro del Gobierno ha querido patrimonializar; lo hemos reflejado porque no hay mucho reconocimiento, y cuando hay un reconocimiento de esta talla, que es el Nobel prácticamente de la discapacidad, hay que
ponerlo en valor. Pero es un reconocimiento integral a estos 30 años, y prueba de ello es el recorrido de las leyes: la Lismi sale con un Gobierno socialista, la Liondau sale con un Gobierno popular. O sea, han trabajado al final distintos
gobiernos y por tanto ha habido un avance año a año. Así que tenga claro su señoría que nunca vamos a patrimonializar ningún reconocimiento a la sociedad; nosotros reconocemos los avances de anteriores Ejecutivos cuando se ha avanzado y también
lógicamente denunciamos, en este caso, algunos de los errores.


Termino ya refiriéndome al Grupo Popular, a un buen amigo. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, como no puede ser de otra manera, es buen amigo, es conocido desde hace mucho tiempo, es una persona que lógicamente conoce bien el
ámbito de la discapacidad, que lleva trabajando muchos años en el ámbito de la discapacidad y lo he conocido antes de estar en el ejercicio de la Función pública. El señor Vañó es un referente dentro del mundo de la discapacidad al cual le
agradezco sus propias aportaciones.


Se ha dicho aquí que hay que sumar y aunar, coincido plenamente con las declaraciones que su señoría hace. Ha hablado usted de la reforma laboral, de la situación que viven las mujeres con esa doble victimización que sufren especialmente
las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad. Desde hace un tiempo para acá hemos ido observando un incremento, y además con preocupación, y por eso lo hacemos público, antes no estaba tan reconocido, no era tan explícito, no había manera de
clarificar en las estadísticas que se hacen desde la propia Delegación del Gobierno contra la violencia de género, pero esa cifra ya está explicitada y desde luego estamos muy preocupados con ese incremento. Especialmente estamos preocupados por
las mujeres con discapacidad psíquica porque también empezamos a observar en ese ámbito de la discapacidad que puede haber situaciones encubiertas, ocultas, de mucho riesgo y probablemente de mucha violencia. Con lo cual hemos incorporado en la
propia Estrategia nacional para la erradicación de la violencia de género toda una área en este ámbito. Recientemente hemos firmado un convenio con la ONCE para trabajar en este ámbito y estamos trabajando con nuevas asociaciones especializadas en
el ámbito de la discapacidad contra la violencia de género; y desde luego todo el mundo de la discapacidad tiene una enorme sensibilidad en este sentido y está también colaborando con esta Administración.


Ha hablado usted de la reforma laboral. Es verdad que el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, por el que se aprobó esa reforma del mercado laboral, ha generado propuestas que son sensatas. Por lo pronto, no fue ni siquiera una
iniciativa o un acierto del Gobierno, sino una demanda del propio movimiento asociativo, que nos pidió que recuperáramos de forma inmediata la plena vigencia de la normativa estatal

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reguladora de las medidas de fomento de empleo para personas con discapacidad frente a lo que se había aprobado por parte del anterior Ejecutivo. Eso se ha recuperado, se han introducido también en la reforma laboral nuevas iniciativas, se
han mantenido a pesar de las enormes dificultades -hay que recordar el contexto en el que estamos- todas las bonificaciones previstas para fomentar la contratación de personas con discapacidad -recuerdo que según los datos del SEPE estamos por
encima de los 550 millones de euros-. Se han fortalecido las medidas de acción positiva en el acceso al empleo y creo que esto ha supuesto un gran avance sobre todo teniendo en cuenta este contexto. Quiero recordar también que se ha sostenido el
programa de empleo para personas con especiales dificultades, en el que se enmarcan las ayudas a centros especiales de empleo, y que en este ejercicio 2013 que ya estamos acabando ha contado con algo más de 234 millones de euros. Repito la cifra,
entre enero y noviembre del presente año, se han realizado un total de 64.132 contratos. Me gustaría que fueran bastantes más, como no puede ser de otra manera, pero representan casi un 13% más y eso es un motivo de cierta satisfacción, igual que
lo son las 1.182 personas con discapacidad que se establecieron como trabajadores autónomos en el primer semestre de este año 2013, o el incremento de trabajadores acogidos al régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social, que
alcanzó los 15.791 personas, un 9,2%.


En definitiva, no muchas veces tenemos datos positivos y ahora que los tenemos hay que recordar y refrescar para que sirva también de acicate y de estímulo no solamente a las administraciones públicas y a sus señorías, sino también a
aquellas personas que están paradas, que no encuentran horizonte, para decir que se están empezando a abrir nuevas puertas y nuevas ventanas y, por tanto, que no pierdan la esperanza porque estoy convencido de que el año que viene va a ser bastante
mejor que este en términos de empleo.


Creo que la reforma laboral ha dado un impulso y que el Gobierno está preocupado y está concienciado en esta materia. Prueba de ello son estas medidas que le acabo de citar. Respecto al texto refundido, creo que este texto sirve para
avanzar en derechos de las personas con discapacidad, pero se ha hecho siempre con un respetuoso escrúpulo a lo que nos marcaba la Abogacía del Estado, el Consejo de Estado y el sentido común. Hemos hecho un esfuerzo de interpretación y de fusión
que es muy positivo desde el punto de vista de la descripción de nuevas realidades y desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos que tienen algún tipo de discapacidad. Creo sinceramente que se ha hecho, y lo digo con honestidad, una
buena labor en la fusión de estas tres leyes vigentes en nuestro país.


No tengo nada más que añadir y lógicamente me pongo a su disposición reiterando una vez más el agradecimiento a todos y cada uno de los grupos parlamentarios que están preocupados por las personas con discapacidad y por sus familias y por el
esfuerzo permanente que hacen de innovación, de iniciativa y de propuesta para enriquecer las propuestas que hace el Gobierno.


La señora PRESIDENTA: En Mesa y portavoces habíamos quedado en que no iba a haber réplica. No obstante, pregunto a sus señorías si tienen alguna pregunta muy concreta para solicitar alguna aclaración, muy breve, máxime cuando el secretario
de Estado ha realizado una exposición muy exhaustiva, muy concreta y muy clara, sabiendo, como compañero nuestro que ha sido, que se agradece enormemente que se conteste a todas y cada una de las cuestiones que los diputados han formulado, y de esa
manera lo ha hecho. Por tanto, agradecemos enormemente al secretario de Estado que haya sido tan delicado respondiendo absolutamente a todo lo que se le ha preguntado.


Don Carles Campuzano, de Convergència i Unió, solicita la palabra. Les pido, por favor, que sean muy, muy breves.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Tres titulares, señora presidenta y señor secretario de Estado. En relación con la cuestión principal de la comparecencia sobre si el Gobierno, en esa delegación legislativa, se ha extralimitado y ha cambiado
la filosofía de la legislación en materia de discapacidad y empleo, mantenemos una discrepancia de fondo. Veremos en las próximas semanas cómo resolvemos esa cuestión, pero, en el supuesto de que finalmente la Cámara optase por entender que el
Gobierno ha hecho un uso correcto de la delegación, ello nos llevaría a tener que plantear las iniciativas legislativas de reforma correspondientes.


La segunda cuestión guarda relación con el déficit que existe en las transferencias del Estado a las comunidades autónomas, al menos en la de Cataluña, para las subvenciones en el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad en
los centros especiales. He de recordarle que la obligación legal la establece la norma del Estado y que el Estado no puede pretender establecer obligaciones legales para las comunidades autónomas pero no dotar a las mismas de recursos para dar
cumplimiento a esas

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obligaciones. Durante todos estos años, incluso ahora en plena crisis, la Generalitat ha asumido obligaciones más allá de las que tenía en función de los recursos que recibía para dar cumplimiento a esa normativa del Estado. Eso hay que
resolverlo, pues al final quienes padecen los problemas de ese tipo de situaciones terminan siendo las personas y las propias empresas sociales del ámbito de la discapacidad.


Finalmente, señor Moreno, tenemos tan buena relación que usted me ha leído la mente, porque en mi primera intervención en ningún momento he hecho referencia a la cuestión del 0,7 del IRPF. Cuando hablaba de la visión distinta en el diálogo
cívico en Cataluña y en el conjunto del Estado me refería a que, efectivamente, el Cermi avala el texto refundido, pero en Cataluña buena parte del sector de la discapacidad coincide con el análisis que hace Convergència i Unió. En cualquier caso,
en relación con la cuestión del 0,7, dos titulares. Hemos valorado su actitud personal al evitar que las entidades de ámbito subestatal pudieran continuar participando en la convocatoria de este año y eso se ha resuelto de manera adecuada con las
conversaciones que se han mantenido con el Gobierno de la Generalitat, pero en la cuestión de fondo, que es el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, que son muy limpias, muy claras y que establecen que en aquellas materias que
son competencia exclusiva de las comunidades autónomas el Estado puede regular subvenciones, pero las mismas deben ser distribuidas por las comunidades autónomas, vamos a continuar insistiendo en el cumplimiento de dichas sentencias, como no puede
ser de otra manera.


La señora PRESIDENTA: Don Emilio Olabarría. Le pido brevedad, por favor.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La verdad es que la brevedad es obligada porque el señor secretario de Estado no ha discrepado en nada conmigo (Risas), lo cual me coloca en una situación procesal compleja. Ha hecho una serie de reflexiones y yo
le digo que es mejor que no entremos en el debate del concepto de Estado y del concepto de nación, pues ya Max Weber indicó que definir el concepto de nación es un metafísico imposible. El concepto de nación pertenece al ámbito de los sentimientos,
y allá donde haya sentimientos, sentido de pertenencia y capacidad o voluntad de decidir existe una nación, pero lo demás empíricamente es imposible definirlo. Es mejor que no hablemos de estas cosas.


En cuanto a lo demás, la portavoz del Grupo Socialista ha hecho una reflexión relativa al Código Penal que me preocupa, ya que, dado el carácter multidisciplinar, obligado por la escasez de efectivos que tenemos en mi grupo, yo tengo también
que tramitar el Código Penal. En el Código Penal se ha superado -me preocupa poderosamente- el sistema dualista en materia de interacción entre las penas y las medidas de seguridad. Normalmente, las medidas de seguridad suelen consistir en
internamientos psiquiátricos de personas afectas por problemas de discapacidad cognitiva. Incorporada ya la prisión perpetua permanente, que es como se llama eufemísticamente a la cadena perpetua, se introducen además medidas de seguridad que se
pueden incorporar antes de la prisión, del cumplimiento de la pena de privación de libertad, y también después, también permanentes. No sé hasta qué punto, sabiendo que estas medidas de seguridad se cumplen en los hospitales penitenciarios
psiquiátricos -donde los hay- de los centros penitenciarios, usted estaría en la condición de avalar esta posición.


Para acabar quiero decirle que yo sé que el sector está con usted. Esta refundición normativa no es in peius, mejora algunas de las condiciones del sector, pero la Constitución no nos legítima para esto, ni para mejorar ni para empeorar,
sino para refundir. Si la refundición mejora las condiciones en materia de empleabilidad del sector con algunas cuestiones que son más que de matiz, estamos incumpliendo la Constitución, como si fuera empeoramiento o como si empeorásemos las
condiciones. No nos hagamos trampas en el solitario. El Gobierno puede regular, pero ni mejorar ni empeorar y nunca novar. Desde esa perspectiva, a usted le aplaudirían del Cermi, de la ONCE y de donde fuera hasta con las orejas seguramente en
algunos aspectos de la regulación, pero no es para lo que está habilitado el Gobierno, ni este Congreso, no estas Cortes Generales, en materia de delegación para regular mediante este especialísimo procedimiento legislativo.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Laura Seara.


La señora SEARA SOBRADO: Aquí mis compañeros han hablado de dos titulares; igual más que dos titulares era un fanzine, pero voy a intentar ser lo más rápida posible.


Somos conscientes, señor Moreno, de la respuesta que nos ha dado sobre el Código Penal, supongo que con alguna nota que le ha pasado su equipo, absolutamente lógico, lo entiendo porque he estado en su situación y estas cosas en
comparecencias amplias como esta pasan. Yo le pido, aparte de lo que

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usted nos ha leído -además de manera excepcional, porque es verdad que es usted un buen parlamentario, un buen orador, se conoce los temas, y esta ha sido la excepción de su comparecencia-, que nos asegure y nos garantice, como máximo
responsable -insisto, solo por debajo de la ministra- de las políticas de discapacidad en nuestro país, que hablará usted ya, desde ahora mismo, con el ministro de Justicia para que se eliminen del borrador de la reforma del Código Penal las
barbaridades que se recogen en el mismo equiparando directamente la enfermedad mental con la peligrosidad. Usted habló antes de Feafes. Me imagino que ha recibido de ellos cartas y su propia preocupación. Ha dicho que está todo el mundo muy
contento, por lo tanto no debe ser la misma gente la que va a verle a usted que la que viene a verme a mí. Probablemente vengan con ánimos distintos, sabiendo que yendo a verle a usted tienen que actuar de una forma y viniendo a vernos a nosotros
tienen que actuar de otra; es probable, pero desde luego yo le aseguro que existe malestar de una parte importante del sector, y además no es puntual, es permanente en muchos temas y en muchas cuestiones, y uno de ellos es ese. Por lo tanto,
aparte del papel que nos acaba de leer, yo le agradecería que hiciera esa gestión con el Ministerio de Justicia y que además la hiciera pública y se retirara inmediatamente, ya que la mejor manera de demostrar esa gestión es retirar esa barbaridad
jurídica y científica de esa reforma del Código Penal.


Por otro lado, en cuanto a la Ley General de Discapacidad, señor Moreno, lo que le decía es que habían mentido, usted, la ministra y el director general, aquí. Se habló de la aportación de los grupos parlamentarios, se habló de una gran ley
general de discapacidad. Cada vez que hablábamos de la refundación legislativa, el señor Vañó lo sabe porque participó conmigo en el debate en algún medio de comunicación sobre esta cuestión con la señora Tarruella -ya que él se ha puesto así, yo
me voy a poner también un poco como él-, no pasa nada, señor Vañó, pero usted recuerda perfectamente lo que decíamos y lo que le advertíamos que iba a ocurrir, exactamente lo que ha sido, y usted decía que no.


Dicho esto, después de haber hecho este papelón -es verdad que había que refundir las tres leyes sin duda ninguna-, ustedes lo que no podían hacer es decir que iban a hacer una gran ley. Nosotros sabíamos que no iba a ser una gran ley,
sabíamos que iba a ser una ley importante que iba a unificar los criterios desde el punto de vista legal y jurídico y que era necesario refundir esas tres leyes, pero ustedes no podían estar contando otra cosa, lo que no era. La ministra llegaba a
sede parlamentaria y decía lo que no era sobre esta ley. No hubiera costado nada haber dicho: trabajamos en un futuro proyecto de ley en materia de discapacidad y empleo, una nueva legislación en la materia, que es lo que solicitaron tanto el
Cermi como todas las organizaciones que pasaron por esta Comisión, y además vamos a hacer ese texto refundido, tal y como nos mandata la disposición adicional que aparece en la propia ley que traspuso la Convención internacional de los derechos de
las personas con discapacidad.


La señora PRESIDENTA: Señora Seara, por favor. Yo creo que eso ya está contestado. Reabrir nuevamente el debate no es oportuno.


La señora SEARA SOBRADO: Señora presidenta, termino ya. Este era un matiz importante.


Yo no he hablado de dependencia porque no me ha dado tiempo, pero desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012 hay 41.287 personas menos atendidas, expulsadas del sistema de atención a la dependencia y el recorte en el propio
sistema es de 2.248 millones de euros. Ha hablado usted, yo no lo había hecho, pero, ya que ha sacado el tema, ahí está.


Le pido por favor que me responda a la pregunta del copago farmacéutico. Se lo he dicho, lo hemos preguntado aquí muchas veces. Se ha generado confusión, algo similar a lo que ha pasado con la refundición legislativa. ¿Están exentos del
copago? No, no están exentos del copago, salvo las diez mil y pico personas de las que he hablado, que son quienes están bajo el régimen de la Lismi. El resto, todas las demás, casi 4 millones de personas, reciben los medicamentos a través del
copago. Quiero que usted lo diga, que lo digan desde su ministerio, por favor, porque la confusión es importante. Usted conoce probablemente este tema de primera mano y sería necesario que lo explicara.


La señora PRESIDENTA: Señora Seara, el turno era para hacer preguntas concretas o realizar aclaraciones, pero no para reabrir un debate.


La señora SEARA SOBRADO: Perdone, presidenta. Ya he terminado.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Vañó.

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El señor VAÑÓ FERRE: Para seguir poniendo aceite en las ruedas, porque seguimos trabajando todos en la misma dirección, vuelvo a reiterar que en la disposición adicional segunda se establecía que estas Cortes mandataban al Gobierno la labor
de la refundición de las tres principales leyes de discapacidad a las que hemos aludido.


Señora Seara, yo creo -y aquí está el secretario de Estado que forma parte del Ejecutivo y puede corroborarlo- que este no es el punto final. No hemos acabado aquí, no hemos dejado de hablar de la discapacidad, ni se suspende a partir de
ahora esta Comisión. El ser humano tiene una característica y es que evoluciona, va mejorando; el ser humano es perfectamente mejorable. Creo que se pueden mejorar todas las cosas. No es el punto y final, podemos seguir trabajando, no hemos
llegado al final. Dé usted un margen de confianza, creo que hay que dárselo, porque las cosas van razonablemente bien por lo que hemos dicho y sobre todo comparativamente, así que yo espero que entre todos sigamos trabajando y mejorando la
situación; entre todos, no solo este Gobierno sino con la oposición y los distintos grupos.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra don Juan Manuel Moreno.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Moreno Bonilla): El señor Campuzano hablaba de discrepancia de fondo. Él y su grupo mantienen una discrepancia de fondo sobre esa delegación legislativa de la que el Gobierno
ha disfrutado y en la que prácticamente nos hemos extralimitado. Estoy convencido -vuelvo a insistir- a nivel personal y como miembro del Gobierno de que sobre la base del mandato que teníamos hemos hecho exactamente lo que podíamos hacer y, por
tanto, de ninguna de las maneras hemos tensionado o retorcido las propias normas. Lo hemos hecho siguiendo el principio de respeto a esa delegación, a ese mandato que teníamos por parte de las Cortes Generales y especialmente a esa necesidad
urgente, porque ya había transcurrido un tiempo. Había coincidido con un cambio de Gobierno, como usted bien sabe, con unas elecciones generales, se había producido la convención y teníamos que adaptarla y, por tanto, había una necesidad y una
petición real del propio sector de hacerlo con prontitud. Estábamos hablando de un proyecto que no es de nueva planta y, por tanto, al ser un proyecto de fusión de tres textos legales, entendimos desde el Gobierno, y así nos avalan los propios
servicios jurídicos, que era la fórmula más viable, más sensata y probablemente más eficaz de dar respuesta por un lado a la convención internacional, por otro a la delegación legislativa que nos hacía el Congreso y, como tercera pata, si me
permiten, a las propias necesidades, anhelos y deseos del tercer sector. Eso ha sido lo que nos ha movido a hacerlo y lo hemos hecho con la máxima diligencia posible, lógicamente no exenta de problemas. Cuando uno aborda un proyecto de esta
envergadura siempre hay necesidades de adaptarlo, incluso hay peticiones de mejora, como decía anteriormente, por parte del propio sector o por parte de ciertos sectores implicados en el ámbito laboral. En ese sentido lo que hemos hecho, como
siempre, ha sido consultar a los servicios jurídicos sobre las líneas rojas que dibujaban esa interpretación. A eso exactamente nos hemos atenido.


Ha hablado usted también del déficit de transferencia a las comunidades autónomas respecto a los centros especiales de empleo. El Estado tiene que cumplir su norma. Estamos hablando de un problema que no es de este Gobierno o por lo menos
no es de ahora, sino que surge con anterioridad. Es verdad que el conjunto de las transferencias del Estado a las comunidades autónomas con relación a los centros especiales de empleo es del entorno de los 234 millones de euros, cantidad que se
distribuye entre todas las comunidades, que la administran y destinan a dichos centros en función de su propia operatividad. Este es un problema que me imagino que estará en vías de diálogo y de posible solución. Entra dentro de un marco que
escapa al ámbito de mis competencias, pero desde luego tomaremos nota y consultaré sobre esa situación, que quizá puede ser análoga a la de otras comunidades autónomas.


Por último, le pido disculpas, porque he hecho una mala interpretación de una frase que usted ha utilizado al relacionarla con el IRPF -quizá por un vicio adquirido (El señor Campuzano i Canadés: Por telepatía) tras seis meses de debate~_.
Le pido disculpas, porque, a pesar de la afinidad personal que tenemos, no he llegado todavía a la interpretación de sus pensamientos y no soy quién para adelantarme a lo que usted piensa. No era mi intención, pensaba que hablaba de ese tema en
concreto -ya me lo ha aclarado- cuando se estaba refiriendo al análisis del texto refundido y de que había un análisis en el resto del Estado y otro en Cataluña, muy concreto o más crítico con el instrumento utilizado por parte del Gobierno.


Respecto al IRPF -ya que ha sacado el tema-, ya sabe que hemos buscado la norma de multiflexibilidad. Hemos intentado ser flexibles con todos para que quepan todos y llegar al máximo equilibrio posible. Es lo que hemos hecho. Entiendo que
el Gobierno de la Generalitat no esté de acuerdo

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y por tanto plantee a través de los instrumentos que tiene en su mano esas posibilidades. Yo creo que estamos ante una nueva convocatoria que ya nada tiene que ver con la que fue recurrida y donde hubo una sentencia del Constitucional.
Ahora tenemos tres ejes fundamentales donde reside la legislación básica del Estado y hemos reorientado esa convocatoria precisamente para atender la demanda que se nos hizo por parte del Constitucional. Dicho eso, por supuesto y como siempre, debe
regir el principio de puerta abierta y de diálogo con todas las administraciones y, como no podía ser de otra manera, con la propia Generalitat de Catalunya.


Señor Olabarría, no me metería yo con usted en un debate jurídico sobre Estado-nación y mucho menos sobre el Código Penal, por su principio de especialización y cualificación, que alcanza mucho más allá del mío. Usted tiene una solvencia
intelectual en esta materia, especialmente en Código Penal, como jurista que es desde hace muchos años, que lógicamente está más avanzada que la que tengo yo, que no soy jurista. En cuanto al debate Estado-nación, es verdad que es interpretable.
Por eso le decía que para mí el concepto nación es España, esa es mi nación y esa es la pertenencia afectiva a la nación española que yo siento. Por supuesto, respeto que esa pertenencia, esa denominación la utilicen en otros ámbitos territoriales,
como así sucede habitualmente por parte de los grupos especialmente nacionalistas.


Respecto al Código Penal, habla usted de penas y de medidas de seguridad y de que está preocupado por la reforma que se está haciendo del Código Penal. Es verdad que hay una reforma en profundidad del Código Penal, con algunas innovaciones,
que usted considera que son eufemismos que significan una modificación probablemente mucho más dura y que van hacia métodos más punitivos en el propio Código Penal. Yo no lo creo así; desde luego soy lego en el materia y por tanto no voy a entrar
en ese debate. Lo que le voy a garantizar, y también se lo traslado a la señora Seara, es que ya tenemos unas conversaciones con el secretario de Estado de Justicia en el ámbito que afecta lógicamente a nuestro departamento y especialmente a los
derechos de las personas con discapacidad y estamos muy pendientes sobre ese binomio enfermedad-peligrosidad. Lógicamente, tenemos un diálogo abierto con el ministerio y estamos trasladando gran parte de las propuestas e iniciativas que nos hacen
llegar desde el propio tejido social más las correspondientes a los análisis que hemos hecho. Estoy convencido de que ese diálogo que tenemos abierto, no de ahora sino de hace meses, tiene que dar sus frutos, que espero que al final sean los de una
norma equilibrada y no voy a decir aplaudida, pero sí soportada de manera generosa por el conjunto de sectores y de grupos parlamentarios.


El señor Olabarría ha dicho en su último comentario sobre la refundición que hemos hecho mejoras y que las mejoras son como el empeoramiento. Es un principio básico: si la línea roja te marca que no puedes empeorarla, te marca que tampoco
puedas mejorarla. Entiendo perfectamente el planteamiento y esas mejoras de matiz de las que usted hablaba. Insisto -es una interpretación que tengo yo- en que no hemos hecho esas mejoras tan amplias como se pueden interpretar; de hecho, a mí me
hubiese gustado en algunos apartados llegar un poco más lejos, pero me ha sido imposibilitado por los servicios jurídicos, siempre con la amenaza también de algún dictamen del Consejo de Estado. Por tanto, hemos sido bastante prudentes y hemos
estado bastante encorsetados a la hora de elaborar la norma y lo saben bien los representantes del tercer sector.


La señora Seara ha hablado de que la búsqueda sigue con esa preocupación del Código Penal, con respecto a lo cual ya le he adelantado que nosotros estamos en contacto directo y en conversaciones con el Ministerio de Justicia, con el cual
tengo que decir que hay unas relaciones fluidas -y lo digo aquí para que también conste en el 'Diario de Sesiones'- sobre este y otros ámbitos relacionados con la violencia de género, etcétera, y que siempre hemos tenido una fluidez y una
receptividad por parte del ministerio y, fruto de esa fluidez y de ese diálogo, seguro que llegamos a buen puerto.


En cuanto a si está muy contento o no el sector, si algo he aprendido en estos dos años, es que el sector nunca está contento. Es un principio general. El sector nunca está contento porque son muchos y variados los problemas que tiene y
entonces es imposible que lo esté. Se está contento cuando solucionas el problema que tienes, pero cuando tienes 18.000 problemas como tiene el sector, que es muy poliédrico, muy heterogéneo y complejo, lógicamente no estás contento, pero una cosa
es que no esté contento y otra es que haya un malestar. Simplemente le he reflejado mis percepciones personales a lo largo de estos días, de estas semanas en distintos ámbitos sectoriales en los que he participado y en los que no he entendido y ni
he sido receptivo de un malestar por el instrumento que hemos utilizado por parte del Gobierno.


Dice usted que hemos mentido respecto a la Ley General de Discapacidad. Es una de esas palabras que a mí no me gusta utilizar en sede parlamentaria, porque me parece una palabra de trazo grueso. No

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creo sinceramente, señora Seara, que sea cierto. Nosotros no hemos mentido. Lógicamente, el Gobierno va generando, va dando contenido y va siendo catalizador de las iniciativas y después le da un contenido, fruto de las propias relaciones
con las Cortes, con los grupos, etcétera. Al final el Gobierno en su decisión, bajo mi punto de vista, ha adoptado la medida -y lo vuelvo a decir- más sensata, equilibrada y eficaz posible. Se ha adoptado con esa encomienda que teníamos del
Congreso. Creo que no ha habido ningún tipo de mentira por parte de ningún portavoz del Gobierno. Es cierto que hemos dicho que es una gran ley porque la Ley General de Discapacidad es la suma de tres grandes leyes que son un hito no solamente
dentro de nuestro espectro normativo de derechos de las personas con discapacidad, sino que también son un referente internacional. Por eso cuando sumas tres leyes de la categoría de la Lismi y la Liondau, lógicamente al final está siendo una gran
ley. Esa es la referencia que hacía la ministra y que yo mismo hago, y me reafirmo en que estamos ante una gran ley, la Ley General de Discapacidad. Ese era el objetivo que teníamos encomendado, es lo que nos demandaban los ciudadanos, y el
Gobierno está también para atender las demandas de los ciudadanos y resolver problemas. Creo sincera y honestamente que con esto hemos resuelto una parte de esa demanda y de esos problemas.


Por último, señor Vañó, quiero agradecerle... (La señora Seara Sobrado: ¿Y el copago?).


Usted habla del copago. Usted sabe perfectamente que antes de la reforma sanitaria no todas las personas con discapacidad estaban exentas del copago. Las personas que no eran pensionistas pagaban el 40% del coste. Ahora se paga, como
usted sabe, en función de la renta. Sinceramente me parece que el principio de renta responde a un principio de solidaridad, de igualdad social y de justicia social. Eso es lo que se ha aplicado en base a la reforma que se hizo a través del Real
Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril. Esas medidas urgentes se tomaron porque había que sostener el sistema. Sabe su señoría tan bien como yo que no andaba por muy buen momento el sistema. El Sistema Nacional de Salud tenía problemas muy difíciles
de resolver, entre ellos esos 16.000 millones de deuda que teníamos con las empresas farmacéuticas, con las de bienes y servicios sanitarios, y había que hacer el pago. El problema de un sistema es que hay que mantenerlo y pagarlo. Cuando tú
tienes esa herencia puedes hacer dos cosas: cruzarte de brazos, que probablemente es lo más sencillo y -permítame que le diga a su señoría- probablemente es lo que hizo el anterior Ejecutivo en los últimos dos años, no tomar ni una sola medida de
corrección ni de actualización del sistema de salud, o tomar decisiones a veces complejas, a veces incómodas y a veces difíciles, pero que garantizan la sostenibilidad del sistema no solamente para el presente, sino para futuras generaciones, y todo
eso siempre bajo un principio fundamental, que es el principio de justicia social, al que yo antes he hecho referencia. Para tener un buen sistema de salud, señora Seara, créame usted que lo primero que hay que hacer es pagarlo. Si no pagamos el
sistema, el sistema se nos cae. Lo que hemos evitado -lo digo con absoluta confianza y el tiempo lo demostrará- es garantizar a futuras generaciones nuestro gran Sistema Nacional de Salud.


Concluyo agradeciendo a todas sus señorías el tono, las propuestas y, como siempre, el perfil de lealtad institucional que siempre manifiestan de comprensión, y sobre todo de inquietud hacia las personas más vulnerables, hacia las personas
con discapacidad. Todos los portavoces que han hablado a lo largo de esta tarde tienen un denominador común, que a todos ustedes les preocupan las personas con discapacidad. Sin duda alguna ese es un punto de encuentro para llegar a futuros
acuerdos.


Con ese ánimo de esperanza, de futuro y concordia para lo que resta de legislatura concluyo mi intervención, no sin antes desear a todos los miembros de esta Comisión, especialmente a sus señorías, una muy feliz Navidad y, sobre todo, que el
próximo 2014 sea mucho mejor que 2013 y que yo pueda venir a esta Comisión con datos todavía más esperanzadores y más positivos en materia de empleo y de derechos para las personas con discapacidad, porque lejos de la confrontación política sin duda
alguna es el gran objetivo y la gran encomienda que tenemos como Gobierno y como posición. Así que muchas gracias y feliz 2014.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Moreno, secretario de Estado. Le agradecemos enormemente que haya estado en esta Comisión junto con su equipo. Ha sido una verdadera satisfacción tenerlo aquí, al mismo tiempo que lo es tenerlo en el
Gobierno. Ha sido muy riguroso y no sabe cuánto le agradecemos que haya contestado a todas y cada una de las cosas y, aunque habíamos dicho en Mesa y portavoces que no habría réplica, aun así usted ha contestado a todas las cosas que nuevamente se
le han preguntado.


Muchas gracias y feliz Navidad también a usted y a todo su equipo.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.


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