CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 385

CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ARTURO GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ

Sesión núm. 17 (extraordinaria)

celebrada el miércoles,

31 de julio de 2013

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ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:


- Proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (Número de expediente 121/000019) ... (Página2)


Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:


- Proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (Número de expediente 121/000019) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:


- PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. (Número de expediente 121/000019).


El señor PRESIDENTE: Señorías, damos comienzo a la Comisión Constitucional convocada para el día de hoy, que tiene por finalidad examinar el dictamen y el informe de la ponencia sobre el proyecto de ley de transparencia y proceder a la
discusión y votación del mismo.


¿Se ratifica la ponencia designada en su día por los distintos grupos? (Asentimiento).


Queda ratificada.


EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:


- PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. (Número de expediente 121/000019).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al 2º punto del orden del día, que es el proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (El señor Bermúdez de Castro Fernández pide la palabra).


Señor Bermúdez de Castro, dígame.


El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Una cuestión de orden, señor presidente.


A los efectos de ordenación del debate y con el objeto de facilitar que cada grupo pueda realizar la intervención o el discurso que proceda, el Grupo Popular quisiera anunciar la aceptación de algunas enmiendas del Grupo Socialista, que no
ha participado en ponencia pero que hoy está presente en esta Comisión. Nosotros no incorporamos ninguna de las enmiendas que presentaron a este proyecto de ley por mera cortesía parlamentaria, porque decidieron no querer formar parte de los
trabajos de la ponencia, pero al estar presentes esta mañana en el debate de la emisión del dictamen de la misma, entendemos que antes de iniciar dicho debate es el momento procesal oportuno para anunciar que el Grupo Popular va a aceptar las
enmiendas del Grupo Socialista correspondientes a los siguientes números: 444, 445, 447, 452, 459, 472, 490, 494, 495, 496, 498, 499, 506, 507 y 508. Reitero que el Grupo Popular, al igual que el resto de los grupos parlamentarios que participaron
en ponencia, no quiso valorar ni aceptar ninguna enmienda de aquellos grupos que no querían participar, pero en la medida en que están presentes hemos querido hacer este anuncio. Son quince enmiendas, muchas de ellas coincidentes con enmiendas del
Grupo Popular o de otros grupos que, bien directamente, bien por vía transaccional, se han incorporado en ponencia. Entendemos que con este anuncio vamos a clarificar y facilitar las intervenciones del resto de los grupos.


El señor PRESIDENTE: Si no le importa, señor Bermúdez, nos hace llegar a la Mesa un papel con el número de las enmiendas a las que ha hecho referencia.


Vamos a proceder al debate de este proyecto de ley. Después de hablar con los distintos grupos, el procedimiento que vamos a seguir es el siguiente; en primer lugar, voy a dar un turno de doce minutos a cada uno de los grupos para que
hagan una defensa conjunta de sus enmiendas. Estos intervendrán de menor a mayor, con una pequeña excepción, y es que está pendiente de incorporarse, por temas de viaje, el portavoz de Esquerra Republicana, don Alfred Bosch, por tanto, cuando
llegue le daré la palabra entre algunos de los grupos por el tiempo que le corresponda para que haga las manifestaciones que estime oportunas respecto de sus enmiendas, siempre que no hayan terminado, por supuesto, todos los grupos. Posteriormente,
si algún grupo lo pidiera o se viera la oportunidad de hacerlo, daré un segundo turno a modo de réplica de unos cinco minutos; repito, solamente si algún grupo estimara conveniente y necesario hacerlo. Por último, procederíamos a la votación. A
medida que vaya discurriendo la mañana les haré saber en algún momento la hora aproximada o el cálculo que tengamos para las votaciones.


Sin más preámbulos, tiene la palabra el señor Larreina, del Grupo Mixto, para la defensa de sus enmiendas, rogándole que del tiempo que he marcado de doce minutos reserve algo para su compañero don Alfred Bosch. Señor Larreina, tiene usted
la palabra.

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El señor LARREINA VALDERRAMA: En primer lugar, quiero agradecerle, señor presidente, la deferencia de reservar el tiempo para mi compañero don Alfred Bosch, que supongo que se incorporará a la Comisión en cualquier momento porque está ya en
las calles de Madrid, según me ha comunicado. En segundo lugar, nuestro grupo, el Grupo de Amaiur, presentó una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de transparencia que señalaba varias deficiencias que considerábamos importantes, y
precisamente para atajar esas deficiencias presentamos las enmiendas parciales, que estaban centradas, como señalaba, en los elementos troncales de la ley.


Inicialmente, el proyecto de ley de transparencia respondía a un buen título, un título atractivo, un título sugerente, pero nosotros considerábamos que el articulado no daba respuesta a ese título y que al final quedábamos ante un cartel
que en cierta forma estaba vacío de contenido tanto por el objeto que se establecía en la propia ley de los elementos sometidos a la transparencia, como por el alcance de todas las instituciones o sujetos que podían verse afectados por esta ley.
Otro de los elementos que también era importante para nosotros en esta ley era el no respeto al ámbito competencial y al ámbito de soberanía de nuestro país, Euskal Herria, porque nosotros consideramos que las competencias de instituciones vascas,
sobre la base de la propia disposición adicional del texto constitucional, deberían quedar salvadas, así como su ámbito de decisión; este es otro de los elementos que se contempla en nuestras enmiendas. Otro aspecto que considerábamos importante
era el método de acceso a la información. Uno de los elementos en los que pensamos que hay que hacer un esfuerzo importante por parte de todas las administraciones públicas es facilitar que los formatos sean de acceso libre, que sean formatos
abiertos, es decir, que no estén sometidos a determinadas marcas de software o determinados grupos empresariales. Creo que es un derecho de los ciudadanos poder escoger el sistema, el vehículo de comunicación con la Administración, y en concreto el
formato de acceso a dicha información, y precisamente lo que la Administración debe facilitar es que todos los formatos estén disponibles, que todos los formatos estén a disposición del ciudadano para que este pueda elegir cuál quiere. Este es uno
de los elementos que contemplamos en nuestras enmiendas para que, en definitiva, lo que se denomina software de código abierto esté presente también en la ley de transparencia, porque es una de las garantías fundamentales de la transparencia.


Otro aspecto que consideramos importante a la hora de facilitar el acceso a la información pública es que tiene que estar abierta lo máximo posible y consideramos que en varios de los artículos de la ley se ponen tantas pegas y tantas
limitaciones -en la ley original- a los elementos que son objeto de acceso por parte de los ciudadanos que lo limitan de forma importante. Esto unido a otro elemento para nosotros fundamental, que es el silencio administrativo negativo que se
establece en la ley porque consideramos que en la práctica supone una limitación importante a ese acceso por parte de los ciudadanos. Las estadísticas son claras: en el Estado español, aproximadamente el 50 % de las solicitudes de información
acaban en silencio administrativo, por tanto, optar por un silencio administrativo negativo hace inviable un buen sistema de transparencia. Nosotros consideramos que es un elemento importante, que es la piedra de toque de la transparencia en esta
ley el silencio administrativo positivo, es decir, si la Administración no contesta, prevalece ese derecho a la información porque, si no, en la práctica, se va a constituir en un elemento que va a contribuir a la no transparencia. Este es un
elemento para nosotros troncal y fundamental en esta ley porque es precisamente lo que da la garantía de que realmente estamos ante una ley de transparencia.


Otro de los elementos fundamentales que consideramos que se debe modificar, ya que aunque las enmiendas que se han introducido suponen un avance pensamos que no garantizan la neutralidad de los órganos que deben controlar y garantizar la
transparencia hacia los ciudadanos, es precisamente esa neutralidad. Nosotros consideramos que esos órganos no deben depender del Gobierno directamente sino de un órgano más neutral; nuestra propuesta es que dependan del Parlamento y además con un
sistema de elección y de designación que supere las propias legislaturas, precisamente para garantizar que no estén sometidos a la mayoría coyuntural del Gobierno en cada legislatura, sino que realmente sea un órgano neutral que esté por encima de
las coyunturas electorales, que esté por encima de las mayorías coyunturales sean absolutas o relativas. Este es otro elemento que también consideramos importante y que introducimos en la ley.


Finalmente, también consideramos importante que haya un sistema de penalización para el no cumplimiento con las obligaciones de la ley de transparencia, un sistema de penalización no solo para el ámbito administrativo sino también para el
resto de los ámbitos. Es un elemento importante y quizá podríamos tomar como referencia otros ámbitos legislativos como, por ejemplo, el ámbito de la competencia, donde hay experiencias para garantizar esa transparencia. Ese es el espíritu de
todas nuestras enmiendas.

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Creemos que la ley de transparencia tiene que ser un elemento fundamental en un Estado de derecho democrático, y en la actual coyuntura del Estado español es especialmente importante que la ley de transparencia sea una ley real, una ley
efectiva, una ley que corresponda a la realidad que exige la ciudadanía. Por estas razones estamos en contra del proyecto inicial, presentamos la enmienda a la totalidad y seguimos manteniendo nuestras enmiendas, que consideramos fundamentales para
garantizar, insisto, la transparencia en un Estado de derecho democrático y para superar la actual coyuntura.


El señor PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra intervención por el Grupo Mixto?


El señor LARREINA VALDERRAMA: Está pendiente la del señor Bosch, que está ya en las calles de Madrid y se incorporará en cualquier momento. Por otro lado, el resto de enmiendas del Grupo Mixto las damos por mantenidas también.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Tomo la palabra con gusto mientras el señor Bosch discurre por las calles de Madrid. No tengo ningún inconveniente en adelantar mi turno.


Estamos ante un proyecto de ley importante, uno de los proyectos de ley más trascendentes de esta legislatura, si me permite la reflexión el señor presidente, incluso por razones circunstanciales, por razones de coyuntura. Razones de
coyuntura que han provocado que determinados grupos parlamentarios no asistan a la ponencia y otros hayamos asistido de forma discontinua, unas veces sí y otras veces no. Estas razones de coyuntura vinculadas a la corrupción política, a la
desafección ciudadana, a la brecha importante existente entre la ciudadanía y sus representantes políticos -no me parece pertinente utilizar la gramatical, semántica y políticamente aberrante frase de clase política- tienen posibilidades de ser
corregidas con leyes de esta naturaleza. Desde esa perspectiva nosotros, al final, nos incorporamos a los trabajos de la ponencia y consideramos que la transparencia es una antinomia de la corrupción -puede ser la antinomia de la corrupción y del
buen gobierno también, no solo la antinomia de la corrupción-, con una matización o con una reserva mental que seguimos manteniendo, y me dirijo específicamente a los portavoces del Grupo Popular. Esta no debía ser una ley única, debían ser dos
leyes, señor presidente, una ley de transparencia, que tiene una sustantividad jurídica y política que posibilitaría la elaboración de una ley con esos efectos taumatúrgicos de convertirse o erigirse en prevención contra la corrupción política y
posibilitar que los ciudadanos se sientan más concernidos en cuanto que las administraciones y otros sujetos que se han ido incluyendo posteriormente en el ámbito subjetivo de aplicación de la ley tengan más conocimiento de sus quehaceres, de la
regularidad y probidad del ejercicio de sus funciones, y otra de buen gobierno. Nosotros incluso mantenemos todavía, aunque lo hacemos de forma un tanto retórica, la petición de que todo lo relativo al buen gobierno desaparezca de esta ley y se
elabore una nueva ley de buen gobierno.


Estamos ante un concepto de buen gobierno que ni siquiera es fácil de aquilatar conceptualmente, es un concepto que, parafraseando a la jurisprudencia constitucional que el señor presidente de la Comisión conoce tan bien, es un concepto
anfibológico, es un concepto deletéreo. Es difícil de determinar qué es buen gobierno, aunque ya se ha preocupado de determinar el grupo mayoritario o el Gobierno, sobre todo en el ámbito disciplinario, qué es lo que pretende con buen gobierno, que
es, sobre todo, implementar una serie de procedimientos administrativos garantes de la estabilidad presupuestaria, y eso está gravitando de forma recurrente sobre todas las leyes que se están aprobando desde un tiempo. Desde que se reformó el
artículo 135 de la Constitución y se aprobó posteriormente el desarrollo de esta reforma del artículo 135 de la Constitución, la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2012 está gravitando sobre todas las leyes y también sobre esta, provocando un
problema que me gustaría poner de relieve, que es la posibilidad de incurrir en un doble procedimiento sancionador, en un problema de non bis in idem en tanto en cuanto en los procedimientos sancionadores consignados en el artículo 28 y siguientes
de este proyecto de ley se establecen procedimientos, infracciones y procedimientos sancionadores por incumplimiento de los requerimientos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero además existen los propios de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria, posibilitándose la circunstancia de sancionar un mismo hecho por dos infracciones similares y dos procedimientos sancionadores de naturaleza diferente y ubicados en leyes diferentes.


Señor presidente, puesto que la reiteración de ciertas enmiendas conduce directamente a la melancolía y el buen gobierno va a seguir formando parte del contenido material de esta ley, vamos a intentar

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defenderlas sucintamente, no enmienda a enmienda, puesto que con el generoso tiempo que usted nos ha proporcionado es materialmente imposible, sino haciendo una glosa sucinta de lo que nosotros pretendemos en relación con esta ley. Con
relación a esta ley, señor presidente, se ha avanzado notablemente en la ampliación del ámbito subjetivo de los sujetos concernidos por la misma, de los sujetos que en este momento tienen la obligación de proporcionar a los ciudadanos legitimados, a
los ciudadanos interesados -más que de legitimación se habla de ciudadano interesado- en las actuaciones no solo de las administraciones públicas, tal como se preconizaba en el proyecto originalmente presentado, no solo en el Tribunal
Constitucional, no solo en las administraciones autonómicas, lo cual nos genera reservas, porque yo no se hasta qué punto incluir en el ámbito de esta ley a las administraciones autonómicas forma parte de la habilitación constitucional que estas
Cortes Generales del Estado tienen en relación con la elaboración de una ley de transparencia y no tendrían que ser leyes de transparencia autonómica las que tuvieran que acometer la transparencia de sus propias administraciones. Las cosas están
así en este momento en cuanto al Tribunal Constitucional y a otra serie de instituciones, a las cuales hemos ido incorporando, mediante pactos entre todos los grupos parlamentarios, otra serie de sujetos, entre los que figura la Casa Real en los
propios términos en que se ubican las administraciones públicas, es decir un acceso a las actividades de la Casa Real desde cualquiera de las perspectivas que se reconocen a las administraciones públicas, al Tribunal Constitucional y a los demás
sujetos concernidos; en los que se ubica también otros sujetos, como las organizaciones privadas financiadas fundamentalmente con recursos públicos hasta un porcentaje del 40 %; en los que se ubica asimismo las organizaciones sindicales y los
partidos políticos, que era una de las carencias originales en tanto en cuanto, siendo organizaciones de naturaleza jurídico-privada, superan de facto su original vocación privatista, ya que realizan funciones de naturaleza pública o cuasi pública
-lo hacen los partidos políticos, a través de la representación pública que en el Estado español la ostentan prácticamente en exclusiva y lo hacen las organizaciones sindicales, a través de la negociación de los convenios colectivos que tienen
eficacia normativa, eficacia erga omnes y son fuente de derecho-, y desde esa perspectiva parecía muy importante también ubicar a los partidos políticos y organizaciones sindicales dentro del ámbito subjetivo de la ley; y se ubica el Banco de
España y las entidades gestoras de la Seguridad Social. Mi grupo posee dudas respecto a la ubicación de las mutuas de accidente de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, en tanto en cuanto son entidades de naturaleza jurídico-privada. Son
asociaciones de empresarios que colaboran con la Administración de la Seguridad Social en la cobertura de determinadas contingencias, pero desde una perspectiva colaborativa; perciben subvenciones por la cobertura de determinadas prestaciones, pero
en todo caso, señor presidente, la naturaleza jurídico-privada de estas instituciones nos generan alguna reserva mental o intelectual respecto a la ubicación en el ámbito subjetivo de esta ley.


Dicho esto -nos podemos jactar todos los aquí presentes de haber amplificado tanto el ámbito subjetivo de la parte de la transparencia de esta ley-, tenemos que realizar una reflexión muy negativa, muy crítica respecto al volumen de
excepciones que se consignan en el actual artículo 14, en el original artículo 11 del proyecto de ley. El volumen de excepciones o limitación del derecho a la transparencia, del derecho al acceso a información pública de los ciudadanos, es tan
desmesurado y tan amplio en el actual artículo 14 de este proyecto de ley que podríamos considerar que la ley queda devaluada hasta límites prácticamente extremos. La generalidad en la definición de las excepciones y su amplitud, señor presidente,
no solo privan de potencia y de eficiencia a esta ley sino que la pueden privar de aplicabilidad práctica. Cuando ubicamos las excepciones en el acceso a la transparencia de los ciudadanos de todos los sujetos que hemos amplificado, mediante pactos
entre los grupos políticos, a catorce circunstancias diferentes -algunas tan genéricas como la política económica monetaria, los intereses generales de la economía y ya no digamos la política medioambiental, que es una traslación de las
recomendaciones del Consejo de Europa pero que hace que el volumen de excepciones priven a la ley de la eficiencia suficiente para que por vía de excepciones la ley no tenga ninguna eficiencia en la práctica, quede despotenciada, devaluada y
prácticamente inerte-; desde esa perspectiva, yo pediría una reflexión - sobre todo al grupo mayoritario- con relación a un acotamiento, a una tipificación y a un mejor desarrollo de las excepciones para que la transparencia no sea al final un
optimista desiderátum. Yo no creo que al final esta ley tenga el efecto taumatúrgico de reconciliarnos con la opinión pública o con los ciudadanos, de superar la brecha que nos distancia de la ciudadanía o de la percepción que tiene la ciudadanía
de los políticos o representantes institucionales. No la va a tener ni esta ni otras que se deben acometer, como la reforma del Código Penal o la nueva reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, pero sería un acicate para ayudar a
recuperar, regenerar y restablecer la confianza ciudadana si la hiciéramos bien. No

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se puede hacer bien una ley que tiene el germen de la contradicción en sus propios términos en el ámbito de la transparencia, en el título relativo a la transparencia y a la publicidad activa. Se amplifica mucho la publicidad activa, se
amplifican mucho los sujetos concernidos en el ámbito subjetivo de la ley, pero se excepciona mucho por la vía de las excepciones que se consignan en el artículo 14, de forma y manera que es una suerte de actuación arbitraria la transmisión de los
datos legítimamente reclamados o reivindicados por los ciudadanos, en tanto en cuanto las excepciones del artículo 14 son tan numerosas, tan genéricas y tan amplias que carecen de tipificación.


Con relación a la parte del buen gobierno, señor presidente, ya le indicamos que lo pertinente hubiera resultado realizar otra ley diferente, concepto anfibológico o deletreo donde los haya. Además la parte del buen gobierno, en tanto en
cuanto se defina por el legislador estatal, puede contradecir distintos preceptos de la Constitución, entre otros los que le voy a citar a continuación: el articulo 140, relativo a la autonomía municipal, que va a ser preterido por otro proyecto de
ley ya aprobado en el último Consejo de Ministros; el artículo 143 relativo a la configuración de las comunidades autónomas basadas en el principio dispositivo; el artículo 147, sobre los estatutos de autonomía o la regulación de las normas
institucionales básicas de las comunidades autónomas; el artículo 148, referido a las competencias de organización de las instituciones de autogobierno de las comunidades autonómicas; el artículo 146, sobre la competencia de las comunidades
autónomas en su autonomía financiera; y qué decirles de las comunidades autónomas de carácter foral, de las dos comunidades autónomas forales, para las que la disposición adicional primera de la Constitución consagra constitucionalmente un sistema
de Concierto Económico que preexistía y establece también singularidades con relación al Concierto Económico y a su autonomía financiera dimanante.


Yo quiero agradecer públicamente al Grupo Popular la sensibilidad que ha tenido al aceptar numerosas enmiendas de nuestro grupo parlamentario que pretendían salvaguardar competencias en diversas materias, en primer lugar, en la regulación o
simplificación que se impone en esta ley, ex lege, en la simplificación de los procedimientos administrativos -se consigue-; también en la configuración de los sistemas de acceso, que se regulan según se establezca en la legislación autonómica de
esta materia, así como otra serie de enmiendas de nuestro grupo parlamentario -sería muy prolijo citarlas-, aceptadas en sus propios términos.


Queda un tema particularmente vidrioso para el que vamos a pedir votación separada, pero si no se corrige la redacción, o el contenido material de este precepto, vamos a votar en contra del mismo; no vamos a votar en contra del dictamen
sino de este precepto. Me refiero a la configuración del portal de transparencia, artículos 10 al 12. La configuración del portal de transparencia es absolutamente centralizadora, vulnera no solo la existencia de leyes autonómicas que ya crean
instrumentos homónimos a este portal de transparencia, como el de Navarra y otros existentes, sino que la competencia autonómica en cuanto a la configuración de ese portal de transparencia se limita en el apartado 3 del artículo 10 a adoptar medidas
complementarias de la regulación que hace de forma exhaustiva dicho artículo, en definitiva de la regulación que hacen las Cortes Generales del Estado, el Parlamento español, centralizando algo que se basa en un título competencial absolutamente
impropio, en la regulación prevista en el artículo 105 de la Constitución. Que este artículo sirva, legitime o habilite al Estado para regular en exclusiva un portal de transparencia centralizado con relación al cual las comunidades autónomas solo
tienen competencia de complementación de su regulación resulta sainetesco, si me permite la expresión, señor presidente. Le voy a leer los dos preceptos habilitantes de esta legitimación del Estado relativos a la regulación de un portal de
transparencia centralizado. El artículo 105, letra b) dice: 'El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado...' Ese es uno de los títulos pretendidamente
habilitantes para elaborar un portal de transparencia centralizado, sobre el que las comunidades autónomas solo tienen competencias en materia de complementación normativa, de regulación de materias anexas o conexas a las reguladas del artículo 10
al 12. La letra c) del artículo 105 establece: 'El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado'. Se refiere a la audiencia del interesado y el acceso de los
ciudadanos a los archivos y registros administrativos. Mediante una interpretación no expansiva sino elefantiásica de la habilitación que confiere este precepto -el 105 de la Constitución- se elabora un único portal de transparencia absolutamente
centralizado, confiriendo a las comunidades autónomas solo competencias de complementación. Por lo tanto, ya le adelanto señor presidente la petición de votación separada del artículo 10, del 11 -que complementa material o instrumentalmente el
artículo 10- y del 12, con relación al portal de transparencia. Hay otro problema

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sobre el buen gobierno que es el relativo a la definición que el artículo 12 realiza del derecho de acceso a la información pública. Si algo tiene de relevante la ley de transparencia es el acceso a la información pública; se establece que
todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en virtud de lo dispuesto en el artículo 105 -que ya hemos leído-. Usted, que es un buen constitucionalista, señor presidente, observe la desmesura de utilizar ese artículo 105,
tal como está redactado, para legitimar esto. El acceso a la información se establece en los términos previstos en el artículo 105.b), acceso a los archivos de la Administración pública -desmesurada la interpretación-, en los términos de la
Constitución y de esta ley. ¿Por qué no se establece también en los términos de la legislación autonómica, puesto que hay legislación autonómica que ya ha regulado leyes de transparencia? Falta una mención en este precepto a la legislación
autonómica, señor presidente, y en este momento pedimos la votación separada también del artículo 12 de este proyecto de ley. En cuanto a los límites del derecho al acceso ya hemos comentado que pueden privar de contenido o de virtualidad a la ley,
por la desmesura y la generalización en la redefinición de los límites al acceso.


Acerca del artículo 28, la tipificación de las infracciones a los procedimientos administrativos, desde que se reformó el artículo 135 de la Constitución y se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria son constantes las colisiones entre
las competencias autonómicas en materia de autogobierno, de regulación de sus propios procedimientos administrativos, de promoción y de desarrollo de la actividad económica que le es propia y -en el ámbito de las comunidades forales- del Concierto
Económico para la Comunidad Autónoma del País Vasco y del Convenio Económico para la Comunidad Foral Navarra. Son permanentes en tanto en cuanto la Ley 3/2012, de Estabilidad Presupuestaria, es absolutamente antagónica y antitética con los
requerimientos del bloque de constitucionalidad en esta materia, particularmente en lo referido a las competencias forales. Desde esa perspectiva, vamos a pedir también votación separada del artículo 28, en concreto del 28.f), que es el que
establece como infracción administrativa la vulneración de los requerimientos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el desarrollo de procedimientos administrativos que además provoquen ese perverso efecto de non bis in idem, porque ya la Ley de
Estabilidad Presupuestaria posee sus propios procedimientos administrativos para la sanción de las desviaciones en materia de estabilidad presupuestaria. Ya nos han metido la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sus procedimientos administrativos, y
ahora nos meten otra vez más procedimientos administrativos sancionadores en esta ley de transparencia. No sé hasta dónde quieren llevar ustedes la estabilidad presupuestaria y si va a ser verdad lo que una vez, en un lapsus linguae digno de mejor
causa, se le escapó al señor Montoro en un debate parlamentario: que la única fuente de derecho que reconoce es el ahorro. Desde esta perspectiva podríamos llegar a extender que la única fuente de derecho que se reconoce por el Gobierno español
son los requerimientos de la troika en materia de estabilidad presupuestaria o de ajuste del déficit público. Aquí no se puede recurrir a la fictio iuris de que no existe la Constitución, los estatutos de autonomía, la Ley del Concierto Económico,
los derechos históricos previstos y constitucionalizados por la disposición adicional primera. Por lo tanto y por esta razón, pedimos también votación separada de los artículos 28, 29 y 30, señor presidente.


Por último -de verdad que acabo ya porque esta es exactamente la última enmienda de mi grupo parlamentario-, tenemos una enmienda que no ha sido aceptada todavía -digo todavía porque tengo expectativas de que haya una reflexión ex post por
parte del grupo mayoritario-, la 299 de nuestro grupo parlamentario. Hace referencia a la foralidad y a las comunidades forales desde una doble perspectiva: en primer lugar, la competencia que debe reconocerse a las instituciones forales en
materia de simplificación de sus propios procedimientos administrativos y, en segundo lugar, que las relaciones financieras dimanantes de esta ley -existen, puesto que en esta ley se consigna con procedimientos administrativos propios ad hoc la Ley
de Estabilidad Presupuestaria-, las relaciones financieras recíprocas entre las comunidades forales y la Administración del Estado, no se articulan a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino de la Comisión Mixta de Cupo. Yo pediría
una reflexión a un partido que además en Euskadi se proclama foralista, como es el Partido Popular, sobre una cuestión tan relevante como esta. No estamos hablando de cualquier cosa, señor presidente, estamos hablando del Concierto Económico;
existió siempre en algunas provincias, dejó de existir en las provincias traidoras tras el decreto aplicado por el general Franco tras la Guerra Civil y se recuperó con el advenimiento de la democracia. Siempre existió un Concierto Económico y una
Comisión Mixta de Cupo. Las relaciones bilaterales de naturaleza financiera, incluidas aquellas reguladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se negocian y se conciertan de forma recíproca en esta Comisión Mixta de Cupo y no en el Consejo de
Política Fiscal y

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Financiera. Sé que son pocas las relaciones financieras dimanantes de esta ley pero las que existen son suficientes para que se reflexione detenidamente sobre la aceptación de esta enmienda 299.


Por lo demás, ya se consiguió -de verdad es una promesa absolutamente solemne, señor presidente, de que esta es mi última frase- cambiar algo que quiero agradecer al Grupo Popular, porque hubiese constituido no solo una atrofia democrática
sino un verdadero sainete -es la pretensión que originariamente se consignaba en el proyecto de ley- que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, el señor Montoro, pudiera incoar expedientes sancionadores disciplinarios al lehendakari,
al president del Govern de la Generalitat y a cualquier presidente autonómico. Esa penetración por la vía disciplinaria en el ámbito de las competencias de otras comunidades autónomas era una atrofia democrática y jurídica que se ha podido corregir
-yo lo agradezco- en el trámite de la ponencia. Desde esa perspectiva, algunas cosas se han hecho bien.


Como le digo, señor presidente, he pedido las votaciones separadas. Espero que hayan podido tomar nota los letrados de las votaciones separadas que mi grupo solicita, incorporando como votación separada la disposición final quinta, que hace
referencia a la habilitación constitucional que el Estado se atribuye para regular esta ley. Como también es desmesurada esta disposición final quinta, pedimos votación separada de este precepto de este importante proyecto de ley.


Veo que el señor Bosch ha terminado de discurrir por las calles de Madrid y se encuentra aquí. Acabo por esta razón para cederle la palabra.


El señor PRESIDENTE: Les voy a pedir al señor Olabarría y a todos los grupos que hagan llegar a la Mesa un papel en el que nos digan cuáles son las votaciones separadas que quieren hacer de cada uno de los preceptos.


Tiene la palabra, por un tiempo que no debe sobrepasar los cinco minutos, el señor Bosch.


El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias por permitirme intervenir fuera de turno. Intentaré en justa correspondencia ser muy breve.


Estamos satisfechos de algunas cosas. No todo se ha hecho mal, por ejemplo la inclusión de la Casa Real dentro de esta ley de transparencia, como saben, es una reivindicación antigua y reiterada de nuestra formación, que hace unos años
despertaba risas y abucheos en esta Cámara y que ahora mismo está a punto de convertirse en ley; repito, la transparencia obligada de la primera institución del Estado español. En algunas cosas creemos que se ha producido un avance pero en muchas
otras debemos mantener nuestras enmiendas; si no son aceptadas finalmente -me temo que no- nos obligarán a votar en contra. Pedíamos por ejemplo que hubiera derecho de acceso y transparencia no solo a las instituciones del Estado stricto sensu
sino también a toda una serie de instituciones subvencionadas por el Estado, con participación de dinero público, con la idea o el criterio rector de que ahí donde hay dinero público debe haber escrutinio público. Nos parece lógico y por eso lo
hemos propuesto.


También nos parece raro al menos que entre las limitaciones al derecho de acceso a la información, más allá de lo que marca la Constitución española, que se supone que debería ser la ley de leyes, se incluyan otros supuestos que no nos
parecen razonables, por ejemplo que existieran intereses económicos. Eso puede llegar a ser un coladero para limitar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Otra cosa que pedíamos, que ha sido motivo de opacidad durante muchos
años, es que se incluyeran las balanzas fiscales entre comunidades autónomas como uno de los puntos en los cuales la Administración del Estado debería ejercer una transparencia activa. No será así, parece ser, y pensamos que se ha perdido una gran
oportunidad de asemejarnos a Estados descentralizados y democráticos de Europa Occidental, del mundo, así como a la Unión Europea, que hace ese ejercicio de transparencia entre lo que aportan y lo que reciben los diversos territorios. Igualmente se
ha perdido una gran oportunidad en medidas de austeridad y buen gobierno. Proponíamos limitaciones en los privilegios, tratamientos y recursos a disposición de representantes políticos -coches oficiales, viajes en primera, tarjetas de crédito-, en
el uso exclusivo o privilegiado de espacios y medios públicos -queríamos que hubiera una limitación rigurosa y estricta, y eso no se contempla finalmente (viajes oficiales, regalos...). En cuanto a los sueldos, queríamos que ningún cargo público
pudiera cobrar el 25 % más de lo que cobra el presidente del Gobierno español, por ejemplo, y eso tampoco se ha incluido. Hay otras cuestiones relativas a sueldos, a dietas. Proponíamos una medida que nos parece que hubiera sido muy bien recibida
y habría servido para acercar la función pública y la función política a los ciudadanos en tiempos tan difíciles como los presentes, de descrédito o desgaste, por ejemplo el obligado cumplimiento de los compromisos electorales, y, si no se
cumplieran, que hubiera manera de pedir cuentas por parte de los ciudadanos, o al menos de

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las Cámaras. Finalmente, en cuanto a la agencia de transparencia, nos habría gustado -creemos que habría sido apreciado por los ciudadanos en general- que para el cumplimiento de la presente ley fuera elegida con amplia mayoría
parlamentaria, no solo con una mayoría simple. Nos parece que introduce un factor de riesgo innecesario en la mencionada agencia. Esas, entre otras, eran las propuestas que nosotros presentábamos en enmiendas, en texto alternativo. Vemos que las
que he mencionado no se han recogido. Si eso no se acaba resolviendo de alguna forma, nos veremos obligados a posicionarnos en contra de la iniciativa parlamentaria.


El señor PRESIDENTE: Ahora tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, el señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Como ya se ha dicho, y compartimos, esta es una de las leyes quizá más importantes de la legislatura, sobre todo por dos razones: primero, porque es una ley que tiene un carácter preventivo de importantes
fenómenos políticos muy negativos que nos están afectando ahora -me refiero evidentemente a la corrupción, a la opacidad, al despilfarro, al mal gobierno, a la mala gestión en general- y también porque tiene una parte muy positiva: facilitar una
democracia más participativa, más abierta, más inclusiva, etcétera. La pregunta es si esta ley, tal como ha quedado tras su paso por la ponencia, consigue esas dos cosas: si va a ser capaz de prevenir de una manera activa los fenómenos de
corrupción, opacidad, despilfarro, mal gobierno, etcétera; y si va ser una ley capaz de estimular la participación, la conciencia en las instituciones, el gobierno más abierto, etcétera, que es una reclamación ciudadana cada vez más firme.
Nosotros creemos que no, que esta ley va a ser fallida. Es más, incluso diría que es una ley que finalmente se ha hecho a la defensiva. Es una ley de mínimos que viene a cubrir una gran laguna jurídica que existía en la democracia española
-conviene recordar que es el único país importante de la Unión Europea que carece de una ley de transparencia-. Se ha presentado corriendo y en un mal momento; ha sido la eclosión de todos aquellos fenómenos que han sido consecuencia, entre otras
cosas, de la carencia de transparencia que ha sido típica del régimen político nacido de la transición, nacido de pactos que se han ido haciendo cada vez más opacos. Es más, uno de los aspectos más paradójicos de la tramitación de esta ley es que
ha sido sumamente opaca. Nuestro grupo ha querido participar en todos los pasos de la tramitación y hemos tratado de aportar todo lo que nos ha parecido que podía mejorar el texto de la ley pese a las diferencias que había de concepto. Hemos
presentado setenta y nueve enmiendas; algunas se nos han aceptado, por lo tanto retiraremos algunas, pero mantendremos la mayor parte de ellas vivas porque consideramos que la ley no acaba de centrarse en lo que una ley de transparencia tendría que
tener entre sus objetivos políticos, como es la mejora de la democracia. No se trata tanto de decir que vamos a regular de una vez el acceso a la información pública y aprovechar de paso para hacerlo sumamente complicado o difícil a veces y lleno
de reservas. Me quiero referir brevemente a eso porque es precisamente lo que va a hacer que votemos en contra del dictamen de la ponencia y de la ley en su conjunto, aunque, como digo, apoyaremos aquellas enmiendas de los diferentes grupos y de la
ponencia que nos parece que mejoran el texto legal. Algunas cosas, como he dicho, también se nos han aceptado a nosotros, y quiero agradecer el talante que ha habido de tratar de llegar a acuerdos durante la tramitación en la ponencia, aunque no ha
superado las diferencias de fondo.


Para empezar, ¿qué tenemos? Pues tenemos una ley de transparencia que está limitada a los actos administrativos y a aquellas cosas que tienen que ver con el derecho administrativo, lo cual no deja de ser algo difícilmente aceptable. Una
ley así deja fuera del control, del acceso a la información pública, de la obligación de publicidad activa, a todos aquellos entes de las administraciones y entes privados que manejan fondos públicos o que están subvencionados de alguna manera y
que, sin embargo, están sometidos al derecho mercantil o al privado, etcétera. Pondré un ejemplo muy claro y muy concreto que a nuestro grupo le importa mucho. Pensamos que con esta ley de transparencia no va a ser posible algo que es urgente:
conocer cómo se está gestionando la enorme cantidad de recursos públicos destinados al saneamiento de la banca nacionalizada, los rescates bancarios. ¿Por qué? Como no son entidades sujetas en principio en todos sus actos al derecho
administrativo, ahí nos encontramos, como en otros casos, con una facilidad para negar esta información.


Antes me refería a cuestiones de fondo. La más importante quizás sea la del reconocimiento de que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental. Nosotros pensamos -así lo defendieron no solamente otros grupos aquí
presentes, sino muchos de los comparecientes en la Comisión Constitucional durante las comparecencias sobre el proyecto de ley- que la Constitución permite desarrollar el acceso a la información como un derecho fundamental. Pensamos que no se ha
querido

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hacer así por una razón básicamente política, que tiene que ver con lo que decía. Es una ley a la defensiva, que, aunque se propone retóricamente facilitar el acceso a la información, en realidad lo que va a hacer es dificultarlo en muchos
aspectos y limitarlo en muchas de sus consecuencias prácticas. El mismo hecho de que se limite el ámbito subjetivo de aplicación de la ley a aquellas entidades que reciban fondos de unos 100.000 euros anuales, sumando todos los que puedan recibir o
el 40 % de sus ingresos, mejora -ya lo hablamos durante la ponencia- la intención inicial de que fuera el 50 % de los ingresos procedentes de fondos públicos, pero nos sigue pareciendo insuficiente. Sin llegar a casuísticas absurdas, está claro que
la idea que debe presidir una ley de transparencia es que cualquier tipo de institución, asociación o entidad privada que reciba fondos públicos o los administre tenga obligaciones relativas a la publicidad activa de qué es lo que hace con ese
dinero. Como se ha dicho también aquí y suscribo, si hay dinero público tiene que haber acceso público a lo que se hace con ese dinero, y no solo el dinero sino a todas las consecuencias de su utilización. En este sentido la ley es tremendamente
restrictiva. Propusimos -no se nos aceptó, pero lo quiero comentar- que el desarrollo reglamentario de la ley podría solucionar los problemas de gestión de pequeñas subvenciones públicas a determinadas asociaciones o personas, pero que la ley ya
marque un umbral tan elevado por debajo del cual no hay obligaciones de publicidad activa nos parece francamente de difícil justificación y no lo aceptamos. Como decía, quizá lo más restrictivo sea esa idea de que solamente las actividades sujetas
a derecho administrativo son objeto eficaz de la aplicación de la ley. No estamos de acuerdo. Pensamos que yerra lo que tiene que ser el objeto político de una ley de estas características. Es una ley excesivamente administrativa -también se ha
dicho aquí, y creo que muy bien argumentado-, y al final ha tenido un peso absolutamente desmesurado y desproporcionado la coyuntura económica, es decir la lucha contra el déficit público, que es la que preside la tercera parte de la ley y la que
tiene que ver con el buen gobierno.


Hemos expuesto varias veces que pensamos que es un error -coincidimos con otros grupos- meter en la misma ley dos cosas tan diferentes, sobre todo porque el concepto de buen gobierno que desarrolla esta ley es de un carácter doble y creo que
en ambos casos equivocado. El primero de ellos es moralizante, hay incluso un lenguaje ético que creo que se va a corregir en la redacción final, pero que no deja de estar aleteando como el espíritu que flotaba sobre las aguas. Se tiene una idea
de moralización de la gestión política que tiene un problema; eso no se puede hacer por vía legal. La ética pública tiene un terreno propio que no es el de la legislación, el de la normativa ni el reglamento, y además con unas figuras jurídicas de
una enorme ambigüedad y de una interpretación libérrima por parte de los afectados. El segundo criterio que rige esta idea del buen gobierno es la lucha contra el déficit público, como si fuera lo único importante en esta vida y aquello para lo
cual hay que legislar. No ha pasado solo con esta ley. Está pasando con muchas de las leyes que trae el Gobierno al Congreso, en las que la coyuntura de la crisis tiene un peso absolutamente desmesurado. A veces uno no sabe si pensar, es lo que
empiezo ya a creer, que el Gobierno en el fondo cree que la crisis va a ser eterna, que nunca vamos a salir de ella y, por lo tanto, hay que gobernar pensando que esto va a ser siempre así y hay que prepararse para lo peor.


¿Cuál es el problema finalmente de esta ley? Su gran ambigüedad e inseguridad jurídica en el ejercicio real del derecho de acceso a la información. Hay cosas como, por ejemplo, poner un énfasis excesivo en la protección de datos
personales, una reserva que aparece constantemente, cuando resulta que la protección de datos personales tiene una protección legal propia en la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es además de rango legal superior. En cuanto al silencio
administrativo negativo, al que también nos hemos referido en muchas intervenciones y ocasiones, no tiene un pase que el silencio administrativo negativo se conserve dentro de una ley de transparencia y se le dé un estatus de procedimiento
administrativo que además obliga al ciudadano, cuando presenta un recurso potestativo ante el consejo de transparencia y buen gobierno y es desestimado, a ir a la vía contencioso-administrativa. Es una de las razones que me llevan a creer que es
una ley más pensada para defendernos de las excesivas ansias de transparencia y participación de la ciudadanía que para facilitarla, lo cual es un grave error de concepto y desde luego de aplicación. Respecto a este consejo también nos gustaría
subrayar que repite uno de los vicios peores del desarrollo institucional de nuestro país, que es el de crear consejos que en realidad son delegaciones del Gobierno, es decir, dar también consagración jurídica a un fenómeno que, al revés, habría que
erradicar, que es la captura del regulador. Si tiene que haber una agencia o un consejo -como le queramos llamar- que vele por el cumplimiento de la ley de transparencia y buen gobierno, tendrá que ser independiente. El que sea finalmente un
órgano controlado por el propio Gobierno hace que solo sea el Gobierno el que decida de qué manera se aplica la ley de transparencia, por lo tanto, el árbitro de una política que precisamente se hace, entre otras cosas, para controlar al Gobierno y
a todas

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las demás administraciones públicas. Fíjense si es curioso que en este sentido la propia ley, que prevé una detalladísima relación de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de buen gobierno, no incluye ninguna por
incumplimiento de las obligaciones de transparencia, solamente para infracciones del otro tipo. Esto es algo que nos parece insólito, lo mismo que el hecho de que no se haya ni siquiera querido discutir que exista una agencia independiente del
Gobierno que sea la encargada de aplicar el cumplimiento de esta ley.


Creo que las razones que he enumerado y otras muchas más en las que se podría entrar en detalle, pero que quiero ahorrar aquí a sus señorías, justifican que no podamos apoyar una ley que sin duda tiene buena intención, no le vamos a negar a
nadie sus buenos deseos, pero que realmente marra el golpe, es decir, no da en el objetivo donde tenía que ir a dar. No va a ser una ley eficaz en garantizar el derecho de acceso a la información pública, que era su objeto; al revés, creemos que
introduce una enorme cantidad de restricciones prácticas. Desde luego no es una ley que esté pensando en una democracia más inclusiva, más abierta y más participativa, sino más bien todo lo contrario, en cómo defendernos de una ciudadanía que está
más que harta del mal funcionamiento de las instituciones. Esta es la cuestión, la democracia en realidad no es otra cosa que el buen funcionamiento de las instituciones y el cumplimiento de las leyes. Si hacemos leyes que están mal concebidas
jurídicamente, que son chapuceras técnicamente, esto va a ser complicado, pero si además esas leyes están pensadas más para prever, evitar y minimizar al máximo el deseo de participación ciudadana y el escrutinio de lo que pasa en las instituciones,
las instituciones no van a funcionar mejor, seguirán funcionando tan mal como hasta ahora, o quizás peor, por la tendencia a empeorar de todo aquello que no mejora.


Termino. Como digo, vamos a votar en contra del conjunto del informe de la ponencia, mantenemos vivas nuestras enmiendas, salvo unas cuantas que ya han sido incluidas, y esperamos ver también cómo queda finalmente tras la aceptación de
enmiendas de otros grupos el texto final, para mantener o retirar algunas enmiendas nuestras, pero las razones de fondo que nos llevan a considerar que esta ley ha fallado políticamente su objetivo están ahí y no van a cambiar.


El señor PRESIDENTE: Antes de darle la palabra al siguiente portavoz, que es del Grupo de La Izquierda Plural, les hago una advertencia. Para las peticiones de individualización de votos de artículos les ruego se fijen en la nueva
numeración que aparece en el texto de la ponencia, porque si no va a haber un pequeño lío. Cuando nos pidan votación separada hagan referencia al nuevo artículo, a la nueva numeración, la que viene entre paréntesis en su informe.


Señor Nuet, tiene la palabra.


El señor NUET PUJALS: Nuestro grupo parlamentario en su momento presentó una enmienda a la totalidad de este proyecto de ley. Consecuentemente nuestras cincuenta y cinco enmiendas responden a los criterios y a la visión que en la enmienda
a la totalidad en su momento defendimos. Pensábamos, es cierto, que cuando el trámite de ponencia se realizara podían pasar tres cosas: que la ponencia mejorara la ley, que la ponencia la dejara igual o que la empeorara. Después de conocer el
informe de la ponencia y sin entrar en las quince enmiendas in voce que hoy se han presentado, porque no hemos tenido tiempo material de poder analizarlas para saber si modifican sustancialmente el texto de la ponencia que sí conocemos desde hace
varios días, tenemos que decir que su informe en algún aspecto mejora la ley -y ahora me referiré a ello- pero en algunos otros la empeora de forma preocupante, y en la mayoría hay una situación de inmovilismo, ni la mejora ni la empeora,
simplemente que ahora conocemos en qué han quedado las pomposas iniciativas del Gobierno cuando anunciaba a bombo y platillo la ley de transparencia. Porque ahora sí es la hora de la verdad, ya no sirve sacar en los medios de comunicación la
bandera de la ley de transparencia, que posiblemente el presidente del Gobierno aún utilizará mañana en su comparecencia parlamentaria, ahora ya hablamos de texto, ahora hablamos de artículos, ahora hablamos de excepciones. Por tanto, ahora sabemos
de qué hablamos y al Gobierno se le ha acabado, podríamos decir, el periodo de gracia de contar lo que quería hacer pero sin que supiéramos realmente qué es lo que quería hacer. Ahora sí juzgamos lo que el Gobierno y el Partido Popular van a hacer
porque tenemos un texto por escrito.


Tengo que decir de forma clara que nuestro grupo piensa que la ley de transparencia que estamos tratando no pasará a la historia de la democracia española; posiblemente pasará por el periodo político en el cual ha sido tramitada, pero no
por sus contenidos, porque sus contenidos podríamos decir que nos dejan, por desgracia, en la segunda división de las democracias más avanzadas de nuestro tiempo. Tuvimos la oportunidad de estar en la primera división, de ajustar en el ordenamiento
jurídico de nuestro

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país de una forma valiente, de una forma avanzada, los conceptos de transparencia y del libre acceso a la información; no lo hemos hecho. Es una oportunidad perdida, por desgracia. Con esos ojos, bajo nuestra modesta perspectiva, vamos a
juzgar esta ley. Hay ocho aspectos a los cuales me quiero referir, forman parte de las enmiendas, forman parte del texto que conocemos de la ponencia. Primero voy a decir lo positivo: es cierto que en esta ponencia hay menos invasión
competencial, tanto desde el punto de vista de la Administración local como desde el punto de vista de la Administración autonómica, que en el proyecto de ley originario, eso es cierto y es un aspecto positivo. Aún existe invasión competencial y
por tanto aún la ley podría mejorar diversos aspectos, pero ese aspecto sí ha mejorado. Sin embargo hay siete que o han empeorado o siguen igual de mal, peor diría yo.


Primero, no estamos ante un derecho fundamental, y como no estamos ante un derecho fundamental, en nuestro ordenamiento jurídico el libre acceso y la transparencia estarán obligados durante mucho tiempo a ser leídos bajo el derecho
fundamental, sí, de la protección de los datos y de la intimidad. Eso va a afectar al desarrollo de esta ley, a los reglamentos que posteriormente se redacten y a su interpretación; por tanto, es una oportunidad perdida. Segundo, nosotros no
compartimos algunas exclusiones del ámbito subjetivo, básicamente me estoy refiriendo al apartado 2.f), regulada esa exclusión en el artículo 2.2. Evidentemente, para nosotros todas las instituciones y también todas las entidades privadas que
manejen cualitativamente fondos públicos deben ser iguales ante la transparencia, y con este proyecto de ley no lo son. Hay dos velocidades de transparencia; por tanto, es un aspecto negativo que se consolida en el proyecto de ley. Tercero, por
lo que afecta a la publicidad activa y respecto al silencio administrativo negativo la ley ha empeorado, no solo porque ahora queda clarísimamente regulado en el artículo 17.4 el silencio administrativo negativo, es que hay un doble silencio
administrativo negativo. Al ciudadano le decimos: si usted pregunta y no le contestan es que se ha desestimado su iniciativa, pero si usted se queja ante el consejo de transparencia, también en esa segunda queja podemos responderle negativamente
con el silencio; por tanto, hay una doble discriminación de silencio negativo. Eso es algo negativo cuando tenemos los datos y conocemos que el 50 % de las reclamaciones no son contestadas. Ahora lo que le damos es entidad jurídica al silencio
para que la Administración se pueda permitir no contestar al ciudadano que reclama. Eso es muy negativo. Cuarto aspecto que quiero señalar, el límite al derecho al acceso de esas doce limitaciones, de esas doce excepciones, cuando el nivel de
discrecionalidad de algunas de ellas es absoluto. ¿Qué significan los intereses económicos y comerciales? ¿Hasta dónde llega eso? ¿Quién lo interpreta? ¿Qué significa la política económica y monetaria? ¿Qué significa la garantía de la
confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisiones? Esto es todo o es nada. Como dice el dicho popular: Hecha la ley, hecha la trampa. Lo que hacemos es decirle al ciudadano: ámbitos importantísimos, fuera el acceso.
Importantes instituciones y administraciones, doble regulación de transparencia. Y, además, si usted se queja, ni le contestamos. Ese es el resumen de tres aspectos concretos que están en la ley y que son fundamentales para nosotros.


Con la regulación del consejo de transparencia y buen gobierno llegó la hora de la verdad. Primero, ni es consejo ni es independiente. Se utilizan dos palabras en la ley. Primero, consejo como algo realmente importante de participación.
No es un consejo, son cinco funcionarios, un senador, un diputado y un presidente puesto a dedo por el Gobierno. Eso es lo que es. No llamemos a eso consejo porque la palabra consejo la degradamos. Segundo, de independencia, ni hablar. Las
Cortes juegan un triste papel en el trámite de ese nuevo organismo porque dice que deberemos votar aquí lo que el Gobierno ya ha decidido y tramitado con un real decreto. Esto, en otro dicho popular, es gato por liebre. Es un engaño, y lo digo
así, al que se nos ha sometido porque incluso en las reuniones que tuvimos con el Gobierno se nos dijo que verdaderamente se haría un consejo. Se nos cogió la palabra y se nos quitó el contenido, se nos vació el contenido. Es absolutamente
denunciable; por tanto, es un organismo de regulación del Gobierno para él mismo, pero en absoluto va a cumplir las funciones que la ley le encomienda.


Tampoco compartimos la disposición adicional sexta donde aparece el filtro de la Secretaría General de Presidencia para la Casa Real. Ya dijimos que todas las instituciones deben ser iguales ante la ley y también iguales ante la ley de
transparencia. ¿Para qué ese filtro? ¿Un filtro del Gobierno para filtrar lo que los ciudadanos piden a la Casa Real? ¡Si lo regulamos en la ley! Por tanto si está regulado en la ley, si algún ciudadano no está de acuerdo con lo que se le
contesta por parte de la Casa Real, reivindica ante el consejo de transparencia y, si no, puede ir por el trámite judicial, a la denuncia judicial. Estamos hablando de que el Gobierno coloca un filtro más para todas aquellas peticiones que puedan
llegar respecto a la Casa Real. No compartimos ese aspecto.

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Séptimo y último aspecto, la vuelta de tuerca. Lo que nos faltaba. Tal como está el país y con lo que está pasando, aprovechamos que la ley de transparencia pasaba por allí y resulta que con el artículo 28 le pegamos una vuelta de tuerca
al austericidio, a las políticas de austeridad. No me refiero solo al 28.f) que es el más elocuente. Hay otros. Por tanto, ¿para qué si aquí estamos utilizando la ley en un aspecto que no es el de la ley? Como antes se ha dicho, ahí se ve cuál
es la verdadera intención del Gobierno cuando habla del buen gobierno: apretar las tuercas, imponer las políticas de austeridad, sea como sea. Y en el punto de sanciones, al que no aplica la política del Gobierno -porque eso es así, esa es la
política del Gobierno, no es la política, es la política del Gobierno- se le puede sancionar mediante la ley de transparencia. Es el colmo, el colmo del despropósito.


Por lo que acabo de decir, por la enmienda a la totalidad que presentamos, por las cincuenta y cinco enmiendas que hemos planteado, de las cuales creemos que ninguna de ellas va a ser recogida, tenemos una opinión negativa. El Partido
Popular tiene breves minutos para convencernos de lo contrario.


El señor PRESIDENTE: Voy a dar la palabra al señor Jané, del Grupo Parlamentario Catalán, pero antes les advierto que estimo que la votación no la tendremos antes de las 13:45, posiblemente algo más tarde, pero no antes de las dos menos
cuarto.


Señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, llega hoy a la Comisión Constitucional un proyecto de ley muy importante porque viene reclamado por la sociedad y porque era una asignatura pendiente. No tenemos ley de transparencia. A partir de la
aprobación de este dictamen va a ser posible una ley de transparencia con aportaciones de los grupos parlamentarios, que hemos contribuido con nuestras enmiendas a mejorar el texto.


Ley de transparencia que para Convergència i Unió hoy presenta luces y sombras. Luces: el mero hecho positivo de aprobar una ley de estas características. Tenemos que darle un valor a este hecho positivo. Luces: en el trámite de
ponencia -se refería a ello el señor Nuet- ha habido alguna mejora en un ámbito que para Convergència i Unió y otros grupos de esta Cámara es esencial. Se ha mejorado el ámbito competencial. No se ha resuelto definitivamente, pero se han realizado
avances importantes. A la hora de realizar el balance de las más de sesenta enmiendas presentadas por Convergència i Unió, unas cuarenta han sido aprobadas literalmente o bien transaccionadas en la ponencia o bien en la sesión de hoy. Ese balance
de un gran número de enmiendas aprobadas o transaccionadas da como resultado una valoración mejor de la inicial en esos aspectos competenciales. Voy a referirme a esas mejoras en aspectos competenciales gracias a enmiendas presentadas por
Convergència i Unió y también por el Grupo Parlamentario Vasco al ser coincidentes en el diagnóstico. Hemos intentado que el texto que hoy resulte de la Comisión sea distinto en el ámbito competencial del que había presentado el Gobierno en el
proyecto de ley inicial.


Mejoras concretas. Se ha aprobado, por ejemplo, la enmienda 388, en la que se especifica que las obligaciones de transparencia de la ley lo son sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica correspondiente. Era necesario poner
esa salvedad. Al igual que nuestra enmienda 391, a la hora de prever la evaluación y publicación periódica, indica que ello deba hacerse en la forma que se determine por cada Administración competente. O nuestra enmienda 399, en la que se prevé
que la información estadística se dará en la forma que lo determine cada Administración competente. O bien, nuestra enmienda 401, en la que se clarifica, de acuerdo con el marco competencial vigente, que el portal de la transparencia, y esto es
importantísimo, es el portal de la AGE, de la Administración General del Estado. Lo decía muy bien el señor Olabarría: Éramos y somos beligerantes en este aspecto; no se trata de hacer un portal omnicomprensivo. Por tanto se acepta finalmente
nuestra enmienda -común también con el Grupo Vasco- con relación a que ese portal es solo relativo a información de la AGE y que cuando se deba poner la más solicitada, que sea de la AGE. Además, ese artículo, al igual que el nuevo artículo 11 que
se incorpora, no va a tener la consideración de legislación básica. Esto también tenemos que valorarlo positivamente.


Se ha aceptado nuestra enmienda 402 con una transacción en la que queda claro que al hablar de derecho de acceso existe normativa autonómica, no únicamente normativa estatal, y se hará una llamada expresa en el nuevo artículo 12 a la
existencia de esa normativa autonómica. Se ha aprobado nuestra enmienda 421 a los efectos de, en el marco de las incompatibilidades, respetar el ámbito competencial de las comunidades autónomas. También de manera muy clara, cuando se decía que se
haría una refundición de textos -una especie de ley ómnibus- y que deberían hacerlas todas las administraciones públicas,

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la enmienda 432 presentada por el Grupo Vasco y por Convergència i Unió recoge que esa refundición normativa -que por cierto en Cataluña la realizó ya el Parlament la pasada legislatura- la va a realizar en este caso la Administración
General del Estado, pero no puede obligar en ningún caso a las administraciones autonómicas.


Valoramos positivamente que se haya suprimido la inicial disposición final sexta que hacía referencia a las retribuciones de los miembros de las corporaciones locales y que en ningún caso debía aparecer en este proyecto de ley. También
celebramos que se haya aprobado, y que se vaya a aprobar hoy en sus propios términos, nuestra enmienda 418 que deja muy claro que, más allá del consejo de la transparencia, aquí hay un trámite que en las comunidades autónomas van a poder realizar
sus respectivos órganos específicos que sean de competencias análogas a los que en esta ley se atribuyen a ese consejo de la transparencia.


Por último, en ese ámbito de las mejoras competenciales se establece algo que era obvio y que era muy importante. Primero, la que sanciona a sus cargos es cada Administración. En ningún caso en el aspecto de buen gobierno podíamos admitir,
como hacía inicialmente el artículo 28 que ahora es artículo 31, que el que viniera a sancionar a un cargo autonómico o bien a un cargo local fuera el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Eso chocaba directamente con el régimen
competencial y con la distribución que la propia Constitución establece. Esto se ha corregido y por tanto celebramos esa nueva redacción que ahora es artículo 31. Y celebramos también algo que era inaudito. Según el proyecto de ley se podía
llegar a destituir a cargos electos en ese capítulo de buen gobierno por lo que desde luego mejor era no haberlo puesto; pero ya que está, lo que no podía aceptarse bajo ningún concepto era la destitución de cargos electos. Quien los pone y quien
los destituye en democracia es la ciudadanía en las elecciones, pero una ley estatal de transparencia no puede destituir al cargo electo en sí. Por tanto también celebramos ese avance en el proyecto de ley.


Ha habido avances en el ámbito competencial, pero sigue habiendo -decía luces y sombras- sombras. Esas sombras van a provocar que votemos en contra de determinados artículos de este proyecto de ley. Una sombra muy clara es la disposición
final, ahora quinta, que define qué es básico y qué no lo es. Se ha avanzado, hay más artículos no básicos que al inicio pero todavía son insuficientes y por tanto no podemos aceptar esa delimitación de lo básico.


Tampoco podemos aceptar en ningún caso que en los artículos antes 20 y 21 y ahora 23 y 24 no se prevea que sea la comunidad autónoma la que tenga competencias -en el caso de Cataluña de manera muy clara el artículo 159.1 del Estatuto de
Cataluña, en este caso no declarado inconstitucional, lo reserva a la Generalitat- en el procedimiento administrativo posterior que se derive del derecho de acceso a la información pública, entendiéndose por el mismo las fases de inicio,
instrucción, resolución y reposición previstas en la normativa estatal y que pueda ser objeto de rogación propia por aquellas comunidades autónomas que tengan competencias exclusivas en esta materia. Esto no se acepta y adelanto que votaremos en
contra del artículo 23 y del artículo 24, porque no recogen estos aspectos, y también del artículo 19 que hace referencia a aspectos relativos a tramitación.


En ese artículo 19 se regula también el silencio. Nosotros lamentamos que en el ámbito del silencio el proyecto no haya variado nada de aquello que inicialmente establecía, un silencio siempre negativo. Para nosotros no es una buena
noticia. El silencio debería ser positivo y ser negativo cuando, al dar la información, puedes vulnerar un derecho protegido por ley o puedes vulnerar datos personales especialmente protegidos porque al dar el dato no es posible o no se ha
realizado la disociación necesaria. Por tanto, en esos supuestos sí que debe ser negativo el silencio: cuando dar el dato puede afectar a un ámbito especialmente protegido por ley o que afecta al ámbito de datos especialmente protegidos.
Imaginemos listados en que salgan pacientes con su enfermedad concreta y datos como su DNI. Si todo ello no ha podido ser disociado es lógico que no se dé, pero en general ese silencio negativo no lo comparte Convergència i Unió. Hemos redactado
una enmienda, lamentablemente no hemos avanzado en la misma y por tanto nosotros vamos a votar en contra también de ese artículo 19.


Asimismo votaremos en contra -y se decía también por parte de otros portavoces como el señor Nuet o el portavoz de Unión Progreso y Democracia que hay demasiados límites al derecho de acceso- del inicial artículo 11, hoy artículo 14, porque
tiene demasiadas limitaciones. Limitar el derecho de acceso por intereses económicos y comerciales, por política económica y monetaria, por temas de medioambiente, es excesivo. Hemos desaprovechado la oportunidad de avanzar en ese tema de los
límites y por esa razón también votaremos en contra de ese artículo 14.

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En ese ámbito competencial -lo decía el señor Olabarría y yo me uno totalmente a esas palabras- todo lo relativo a la estabilidad presupuestaria y al conjunto de infracciones y de sanciones de los artículos 28, 29 y 30. Convergència i Unió
ya estaba en contra al inicio de ese querer reafirmar, vía ley de transparencia y añadiendo buen gobierno, todo lo que son incumplimientos de una normativa de estabilidad presupuestaria. Hoy, por tanto, también estamos en contra de esos artículos
28, 29 y 30 porque tienen su origen en nuestra discrepancia ya inicial cuando la reforma del artículo 135 de la Constitución.


Como hablábamos de luces y sombras, y estaba ahora destacando algunas sombras en aspectos de transparencia y competenciales, sí me quería referir, señor presidente, a algo que es bueno que conste en el 'Diario de Sesiones', como son los
aspectos positivos en los que en materia de transparencia hemos logrado avanzar en la fase de ponencia. Por ejemplo, se acepta la enmienda 403, de Convergència i Unió y ahora, cuando hablamos de qué se entiende por información pública, se entiende
no únicamente documentos escritos sino cualquiera que sea el formato o soporte en que se trate. Por tanto entrarán también los soportes electrónicos. Esto es una mejora de la ponencia. Se acepta la enmienda 389, de Convergència i Unió, que recoge
que la información sea comprensible, de acceso fácil y gratuito. Esto también es positivo. Cuando hablamos de formatos abiertos se acepta por lo menos que preferiblemente estos sean reutilizables; esto también es una mejora. Se acepta la
enmienda 408, de Convergència i Unió, a través de una transacción por la que cuando a un solicitante no se le da parte de un dato se le advierta de que no se le está dando; que cuando se omite parte de la información debe decirse al interesado, al
solicitante, que parte de esa información solicitada ha sido omitida porque si no le llevaríamos a un engaño. Se acepta también -y esto es muy importante- que las administraciones publiquen los bienes que son de su titularidad. Esto también es
transparencia.


Lamentamos mucho que no se incorporen las enmiendas de Convergència i Unió en las que pedíamos la publicidad de las balanzas fiscales y que los flujos entre Estado y comunidades autónomas se conozcan. Eso también es transparencia. Cuando
una administración no puede cumplir con un deber, a lo mejor no lo cumple porque la otra administración no está cumpliendo con sus deberes frente a ella. Queríamos que eso también se conociera porque eso es transparencia, pero lamentablemente esto
no se ha aprobado. Se ha aprobado que figure en la web la trayectoria profesional de los cargos, y esto es positivo. Es positivo también que a la hora de ponderar cuándo se da o no una información se acepte parcialmente nuestra enmienda 407 en el
sentido de garantizar los derechos de los menores de edad; también esto es importante. Cuando el nuevo consejo de transparencia y buen gobierno era agencia estatal, pedimos que el mandato de su presidente no fuera de cuatro años, sino de cinco; y
esto se acepta. Es mejor que no dure lo que dura una legislatura. Además, no solo se exige que lo conozca el Congreso, sino la aprobación por mayoría absoluta del Congreso. Esto lo pedía también Convergència i Unió y lo consideramos acertado
desde esta óptica.


Señor presidente, algo que no puede ser ajeno a esta Comisión es que se acepta nuestra enmienda 442. Esta ley afecta a las Cortes Generales y a los parlamentos, pero las Cortes y cada parlamento tienen autonomía. Por tanto, esta ley debe
reconocer que serán las propias Cortes o cada parlamento autonómico los que regularán en sus reglamentos cómo se adaptan los principios de esta ley. Si no, estaríamos regulando vía una ley estatal algo que afectaría a la autonomía reglamentaria y
organizativa de las cámaras parlamentarias.


Por último, en este avance en aspectos de transparencia, si van a ser transparentes los bienes de los cargos públicos, es bueno también que se especifique -como ha pedido Convergència i Unió- que la declaración tiene que ser comprensiva de
los bienes patrimoniales, pero debe omitirse la situación concreta del bien que permita su localización en aras de la privacidad y la seguridad de los cargos que van a publicar sus bienes. Por tanto, publicidad sí, pero no localización concreta de
los bienes.


Termino ya, señor presidente. Hay algunas enmiendas importantes que hoy no se han aceptado; por ejemplo, la de los lobbies y que exista ese registro general de intereses que propone Convergència i Unió y otros grupos. Esto está en la
línea del Libro Verde sobre la iniciativa europea a favor de la transparencia de 2006 y del Registro de Transparencia de las Instituciones Europeas -Comisión Europea y Parlamento Europeo- que entró en vigor en junio del año 2011. Se ha
desaprovechado la oportunidad. Digámoslo claro: el lobby no actúa únicamente ante las Cámaras parlamentarias. Hoy desde el Gobierno se pretende decir que ya se hará en los futuros reglamentos, pero los lobbies actúan también ante los gobiernos y,
por tanto, sería bueno ese registro y que entrará en vigor cuanto antes. Tampoco se ha aprobado la enmienda en la que pedíamos que el Gobierno viniera a la Comisión Constitucional para dar cuenta de cómo se están cumpliendo o no las proposiciones
no de ley y las mociones. Las Cámaras las vamos aprobando y

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a veces nadie sabe más de ellas. Sería bueno que el Gobierno, que está obligado a cumplirlas, de alguna manera diera cuenta ante las Cortes Generales.


Para terminar, señor presidente, expreso mi agradecimiento a todos los ponentes por el trabajo realizado. Más allá de las vicisitudes que hemos vivido a lo largo de la ponencia, expreso mi agradecimiento a todos. Y de manera muy especial
quiero agradecer la sensibilidad que ha tenido el Ministerio de la Presidencia y, en concreto, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, el señor Ayllón, para intentar ofrecer soluciones a enmiendas concretas y buscar transacciones allí
donde los puntos de vista iniciales parecían más distantes. Esto merece en este trámite de Comisión nuestro reconocimiento porque el diálogo ha sido fluido. Nosotros nos hemos implicado en esta negociación y el balance presenta luces y sombras.
Por tanto, votaremos a favor del dictamen de la Comisión, pero pedimos votación separada de los artículos 14, 19, 23, 24, 28, 29, 30 y de la disposición final quinta. Esperamos que todos los desacuerdos que hoy se plasman en esos artículos
concretos puedan ser finalmente acuerdos si avanzamos en el Pleno previsto para el mes de septiembre o en la fase del Senado. Al final, lo positivo es que hoy pueda aprobarse una ley de transparencia y que esta ley de transparencia no dificulte,
por ejemplo, lo que está realizando en Cataluña el Parlament o lo que ya se ha realizado en Navarra o en Galicia, que cada parlamento autonómico, si tiene competencias, pueda también aprobar sus propias leyes en este ámbito.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Serrano.


El señor SERRANO MARTÍNEZ: Desde el comienzo de la sesión sobrevuela las intervenciones de los distintos portavoces lo que ha ocurrido a lo largo del proceso de trabajo de la ponencia. En la medida en que el Grupo Socialista tuvo en
relación con esos trabajos una actitud clara y conocida públicamente desde el primer día, dividiré mi intervención en dos partes. En la segunda me centraré en el examen de las enmiendas y la primera será de carácter más general.


Dentro y fuera de esta Cámara se sabe que mi grupo se ha implicado durante muchos meses en un esfuerzo compartido por sacar adelante una ley que superase las limitaciones del texto originario que se remitió a la Cámara hace ya diez meses,
que iniciase un cambio real en las relaciones entre el poder público y los ciudadanos y que, al hacerlo, pusiese también en manos de los ciudadanos un instrumento de control del quehacer de las administraciones públicas y de muchas entidades que,
sin serlo, suministran servicios públicos o desarrollan su actividad en gran medida gracias al disfrute de recursos públicos. Durante estos meses hemos tenido vocación de coprotagonistas de ese esfuerzo. Era razonable hacerlo así en la medida en
que suponía un paso adelante tras la iniciativa -si me permiten la expresión- agónica que el anterior Gobierno había adoptado de la mano del ministro Jáuregui. He de confesar que hemos contado, para hacer efectiva esa vocación de coprotagonistas,
con el espíritu abierto de los señores Bermúdez, Gómez de la Serna, González Pons y, desde luego, del señor Ayllón. Todos nos hemos referido a ello y yo quiero hacerlo expresamente, puesto que no ha sido un trabajo puntual, sino mantenido en largas
sesiones. Hoy han vuelto a hacer un gesto inicial y a ello me referiré cuando hable de las enmiendas.


Dicho todo esto, quiero añadir algo que puede parecer sorprendente: a nuestro juicio, hoy es un día en cierta medida ingrato para el Grupo Socialista. Lo es porque -si no me falla la memoria- será esta la primera ocasión en que el Grupo
Socialista quede fuera de la mayoría que en esta Cámara aprueba una ley que, de un modo u otro, se vincula con elementos estructurales de nuestro sistema político. Es verdad que este no era el perfil inicial del proyecto, pero los azares de la
evolución política han ido depositando en esta ley importantes dosis de esperanza para hacer frente con ella a dos de los retos más serios que en estos tiempos ha de afrontar nuestro sistema democrático: el deterioro creciente de la vida
institucional y el permanente estupor e indignación ante la extensión de la corrupción en nuestra vida colectiva. De este modo, de ser un proyecto más de carácter administrativo, burocrático o procedimental, ha pasado a contemplarse como un
instrumento central y futuro del quehacer público y político. Sin embargo, hoy el Grupo Socialista no estará en una ley de estas características. No estará porque para ese nuevo perfil del proyecto hacían falta dos requisitos: uno, abrir el
contenido de la ley, y otro, acompañar esa apertura de un compromiso real de transparencia en el quehacer diario por parte de todos los responsables públicos y, especialmente, de los llamados a aplicar la nueva ley. La ausencia final de una y otra
cosa están en la base de cuanto en las últimas semanas ha alterado el camino que nos habíamos trazado.


El pasado día 10 -es un dato público, lo mencionaré rápidamente- los ponentes socialistas nos retiramos de la ponencia al no admitirse el aplazamiento que habíamos solicitado para sus reuniones. Era un aplazamiento que, como dije en aquella
ocasión expresamente, nada tenía que ver con el contenido del trabajo realizado durante meses, tenía que ver, por el contrario, con la trastocación del escenario

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político planteado en esos días como consecuencia de la negativa del grupo mayoritario a aceptar la comparecencia del presidente del Gobierno en el Pleno de la Cámara para dar las explicaciones que, a nuestro juicio, todo el país reclamaba
ante las acusaciones de que estaba siendo objeto por parte de quien más allá de su catadura moral había ocupado un puesto de particular relevancia en el seno de su propio partido. Fuimos, pues, claros y transparentes en cuanto a cuáles eran
nuestros motivos; no queríamos posponer caprichosamente la ley y sí queríamos trasladar el debate de la ley de transparencia a un momento en el que no se produjese un contraste hiriente entre la incorporación a nuestro ordenamiento de nuevas normas
y obligaciones de transparencia y una actitud que, al rehusar las explicaciones que antes he mencionado, constituía a nuestro juicio un ejemplo de lo que la nueva norma quiere excluir de nuestra forma de hacer política y de relacionarnos con los
ciudadanos. No se aceptó el planteamiento y nos ausentamos de la ponencia, y con nosotros algunos otros grupos. Imagino que en ninguno de los casos -desde luego, en el nuestro no- ausentarse de la ponencia significó desvincularse de esta
iniciativa legislativa, renunciar a nuestras posiciones ni abandonar los acuerdos alcanzados, sino que se quería denunciar una actitud mediante un recurso extremo y reclamar que un compromiso como el nuestro con este proyecto no se viese
condicionado ni contaminado por la actualidad a la que he hecho referencia.


El informe que ha acordado la ponencia es un texto que, a nuestro juicio, sin duda alguna -y lo reitero, sin duda alguna-, mejora el proyecto que hace ya diez meses el Gobierno remitió a la Cámara, pero aunque el Grupo Socialista haya
contribuido a muchas de esas mejoras no es la ley que queríamos y por la que hemos trabajado; es una ley que será más corta, más pobre, menos útil, menos ambiciosa de la que habría sido posible. Hoy el portavoz del Grupo Popular al inicio de la
sesión ha anunciado su voluntad de votar favorablemente hasta quince -creo recordar- enmiendas de las sesenta y siete que nosotros habíamos planteado. Como él mismo ha dicho, algunas de ellas ya están de un modo u otro incorporadas al texto del
informe en la medida en que eran enmiendas coincidentes con las del Grupo Popular o con las de algunos otros grupos fundamentalmente en relación con los temas de competencias de otras administraciones, pero, como he dicho, no alcanza a lo que, a
nuestro juicio, habíamos logrado y que nosotros mantenemos.


Antes de entrar en ello, sí diré, porque me interesa decirlo, que las diferencias que el Grupo Socialista mantiene respecto del texto elaborado por la ponencia en la mayor parte de los casos no coinciden con las que se han puesto de relieve
por algunos de los portavoces de otros grupos. Podría ponerme a explicarlo, pero creo que defender esos extremos del informe corresponde al grupo mayoritario. Sí quiero decir que nosotros -lo hemos venido diciendo en público, por ejemplo con
ocasión de las comparecencias de expertos en la Cámara- no compartimos los juicios que se han emitido sobre extremos como el silencio administrativo o las restricciones a las reclamaciones; no creemos que se pueda poner en duda la utilidad de la
nueva ley por su declaración o no en un texto, no es el llamado a hacerlo como derecho fundamental, el derecho al acceso a la información, etcétera; son otras las razones, y a esto paso a centrarme a partir de ahora.


Que el Grupo Socialista a través de sus enmiendas haya quedado fuera del texto de la ponencia implica, por ejemplo -hago una mención a la enmienda 464 de nuestro grupo-, que no se prevean obligaciones de publicidad activa respecto de las
campañas publicitarias llevadas a cabo por las administraciones y, por tanto, que sigan afectadas por la opacidad denunciada una, otra y otra vez por buena parte del sector. Significa, por ejemplo -me refiero a la 458, que el señor Bermúdez no
había incluido en su listado-, que al no incorporarse la enmienda no deberán hacerse públicos los contratos de alta dirección que se concierten en el sector público, o que al no incorporarse la 465 no estarán sometidas a las obligaciones de
publicidad activa que contempla la ley las propuestas de alteración de la ordenación urbanística que, como todos sabemos, es uno de los focos característicos de algunas de las conductas de corrupción que más nos han machacado durante años.
Significa, por cambiar de ámbito, que el presidente del consejo de transparencia, al no admitirse nuestra enmienda 478, será refrendado en la Cámara por simple -no quiero disminuir la importancia- mayoría absoluta y no por los tres quintos que
proponíamos para asegurar de este modo la necesidad de un amplio acuerdo para la designación de quien va a asumir una responsabilidad enorme, sobre todo en el arranque de la ley. Significa también -hago referencia a la 475- que no se acepta que los
recursos derivados de denegaciones de acceso a información pública se puedan solventar por el procedimiento especial, ahora sí previsto para los derechos y libertades fundamentales. Significa -y este es uno de los temas que más hemos debatido, me
refiero a lo que contiene nuestra enmienda 479- que los ayuntamientos -las únicas administraciones en las que coincide la condición de miembros o de representantes electos con la de ejercicio de un alto cargo- se

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van a ver probablemente sometidos a constantes iniciativas desestabilizadoras que so pretexto de corregir comportamientos de un alto cargo pretendan forzar cambios de mayorías políticas en cuanto a los representantes elegidos. Significa -y
es el último ejemplo que pongo, me refiero a la enmienda 504- que no se prevé mandato alguno en el informe de la ley para que, por ejemplo, las Cámaras adopten normas internas que hagan transparente no solo su actividad económica, contractual,
administrativa, etcétera, sino también su quehacer normativo de control y de representación.


Esto es lo que hay, y al ser así ni compartíamos ni compartimos la necesidad inevitable de discutir este proyecto en momentos en los que la convulsión del panorama político no proporciona las mejores condiciones para un acuerdo, ni
compartimos, como he dicho, el texto que nos propone el informe elaborado por la ponencia de la que nos ausentamos. Una y otra cosa son insalvables el día de hoy para nosotros. En estas condiciones el Grupo Socialista hoy votará en contra del
informe de la ponencia que debatimos. Sobre el futuro, ya se sabe, no está escrito. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gómez de la Serna.


El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Señorías, llegamos hoy casi al ecuador de la tramitación de una de las leyes más importantes para el funcionamiento de los poderes públicos y para la regeneración democrática en nuestro país. Yo sí
creo, señor Martínez Gorriarán, que esta ley está llamada a transformar muchas cosas; está llamada a transformar la manera de concebir el poder, el ejercicio de la actividad política, el funcionamiento de las instituciones, el pundonor en la
gestión de los dineros y de los asuntos públicos y también la manera de concebir el lugar que ocupa el ciudadano en un Estado democrático. La transparencia se incorpora con esta ley al régimen constitucional con una enorme intensidad hasta el punto
de que, en mi opinión, pasará a ser seña de identidad de nuestro Estado democrático. Se trata con la ley, señorías, de que los ciudadanos sepan qué se hace con su dinero y qué se hace con su poder; qué se hace, cómo se hace, quién lo hace y con
qué consecuencias lo hace. Se trata, como se dijo en sede de comparecencia, del derecho a saber, se trata de que el poder no pueda hacer aquello que no se pueda saber, y hoy más que nunca, señorías. Se trata, por lo tanto, con la ley de inaugurar
una nueva cultura política en España y, en nuestra opinión, este reto merecía también algún tipo de generosidad de los grupos parlamentarios de la oposición.


Esta ley justifica en sí misma, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, un programa de legislatura y no solo por lo que tiene de mecanismo de regeneración, sino por lo que implica también de mecanismo de relegitimación del sistema. La
transparencia, señorías, no es un eslogan, no es propaganda, la transparencia es un principio y es un principio democrático de última generación, es la respuesta del sistema en un momento de crisis. Siempre se dijo que los problemas de democracia
se superaban con más democracia. Pues bien, esta es la respuesta de nuestro sistema a la crisis: más transparencia. Es verdad que somos uno de los países de la Unión Europea que se incorporan más tarde a la ley de transparencia. Hemos llegado
tarde, pero con esta ley los españoles tendrán una de las mejores y más avanzadas leyes de transparencia de nuestro entorno.


No me parece justo ni ponderado ni equilibrado que se diga, señor Nuet, que con la ley vamos a estar en la segunda división de las democracias avanzadas; si esa división es de las denominadas democracias de socialismo real, prefiero estar
en otra división, francamente. Y no me parece justo tampoco que el señor Martínez Gorriarán diga que es una ley de mínimos, que se presenta deprisa y corriendo o que su tramitación ha sido opaca.


Esta ley ha atravesado un largo, plural y participativo proceso de elaboración como ninguna ley lo había hecho antes. El Gobierno sometió el texto inicial de la ley a una consulta pública en la que participaron nada menos que 80.000
usuarios de Internet, se recibieron 3.700 observaciones; ninguna ley ha sido tan participada como esta en ese sentido. Remitida la ley a la Cámara, acordamos entre todos los grupos que se abriera un periodo de comparecencias, de comparecientes de
primer nivel y de enorme pluralidad, pactados entre los grupos; comparecientes que hicieron multitud de sugerencias que han sido incorporadas a la ley. Tampoco hay precedentes en sede parlamentaria de que, previa a su tramitación, una ley haya
incorporado tantas sugerencias vertidas, repito, en sede parlamentaria. Nunca una ley cambió tanto y nunca un Gobierno ni un grupo parlamentario, me atrevo a decir que desde los tiempos de la Transición, ha sido tan sensible, tan receptivo, tan
generoso con las propuestas de la oposición. Nadie podrá decir, señorías, que no lo hemos intentado de buena fe y hasta el último minuto. No fue posible, sin embargo, contar en ponencia con la participación de algunos de los grupos de la
oposición, pero seamos claros y

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transparentes: el abandono de la ponencia no tiene nada que ver con el contenido de la ley, abandonar la ponencia de una ley tan trascendental como esta en este preciso momento no ha respondido a problemas emanados del propio texto, sino a
un golpe de efecto puesto al servicio de lo que ustedes entendían que era una oportunidad para desgastar o en su caso derribar a un Gobierno. Han sacrificado ustedes la transparencia en aras del oportunismo, lo cual al final significa tanto como
decir: como en España falta transparencia, boicoteamos la ley de transparencia; lo cual, repito, es en mi opinión insólito.


En el caso del Grupo Socialista, y lo digo porque el señor Serrano ha justificado su ausencia, y se lo digo con toda cordialidad, ha sido francamente decepcionante, al menos para mí ustedes ni pueden hacer simple seguidismo ni pueden dejar
de ser un partido de gobierno. Para otros a lo mejor es gratis o está en su ADN, pero en su caso créanme que lo lamento. Yo sé que a ustedes les importa la ley de transparencia, esta ley es hija suya también, pero ¿creen ustedes que los casi 7
millones de españoles que les votaron en las últimas elecciones les querían a ustedes fuera de la ley? Yo, francamente, creo que no. Ustedes podían haber hecho una oposición de máxima dureza manteniendo al mismo tiempo una oposición de máxima
responsabilidad; votar hoy, como van hacer, contra una ley que era tan suya como nuestra no deja de ser una importante contradicción, yo nunca había visto a nadie votar contra sí mismo, pero, en fin, cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar
las piedras. Ustedes han despreciado este ejemplo de colaboración, que además era un precedente y que quería ser un paradigma, que quería inaugurar un nuevo ciclo político de colaboración y de hacer política en nuestro país, y por eso mismo
nosotros vamos a pedirles que vuelvan, que se incorporen a la ley, porque esta ley merece la pena; dejémonos guiar todos únicamente por el interés general y por el fortalecimiento democrático de nuestras instituciones. De verdad no dejen de
comprometerse, no abandonen la ley, no tengan miedo (El señor Jáuregui Atondo: ¡Pero si estamos aquí!) Nosotros heredamos un borrador de ley suyo y la hemos hecho más ambiciosa, más rica, más audaz, y en esa ley les estamos esperando.


Cuando esta ley llegó a la Cámara, la transparencia no se iba a aplicar ni a los partidos, ni a los sindicatos, ni a las organizaciones empresariales ni a las entidades privadas que se financiaban significativamente con fondos públicos, ni
al Banco de España, ni a la Casa Real, que va a ser la primera en Europa y, si no me equivoco, en el mundo que va a someterse a una ley de transparencia. Cuando esta ley llegó al Congreso, el órgano de control de la transparencia no era
independiente del Ejecutivo, ahora ya lo es. El señor Larreina, el señor Nuet, el señor Martínez Gorriarán, el señor Bosch han denunciado la falta de independencia del consejo de la transparencia. Yo les invito a que se lean el texto del informe
de la ponencia porque parece ser que no lo han leído o que no lo han leído bien. El consejo de la transparencia y buen gobierno va a tener una composición equilibrada, racional, operativa, no se puede decir que va a ser un consejo de funcionarios.
Se ha garantizado la independencia de su presidente, lo saben ustedes perfectamente, mediante un nombramiento de cinco años con el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara, absoluta no relativa, como ha dicho alguien, y se ha decidido además que
no pueda ser cesado más que por las causas tasadas en la ley. Y pese a su adscripción administrativa, se ha buscado su vinculación a la Cámara mediante la obligación de elevar una memoria anual y mediante la obligatoriedad de comparecer siempre que
lo pida esta Comisión.


Cuando esta ley llegó al Parlamento, en materia de publicidad activa no se hacía referencia a las competencias autonómicas, y me quiero referir ahora especialmente a los señores Olabarría y Jané, con los que tan intensamente hemos trabajado.
Hoy se especifica que las obligaciones de transparencia y de buen gobierno lo son sin perjuicio de la normativa autonómica correspondiente. Se han definido los principios básicos, se han introducido mecanismos de control y sanción, se han
redefinido los extremos del actual artículo 8 -antiguo artículo 7- de manera que se garantiza que los ciudadanos van a tener a su disposición toda la información no solo administrativa, como ha dicho el señor Martínez Gorriarán, sino toda la
información económica, presupuestaria y estadística: contratos, convenios, subvenciones, presupuestos, retribuciones, perfiles profesionales, inventarios de bienes, resoluciones de compatibilidad, cuentas anuales, etcétera. Este proyecto es mucho
más ambicioso en esta materia que en los países de nuestro entorno, no hay comparación. No hay ningún país de nuestro entorno que haga un esfuerzo en términos de publicidad activa como lo hace la ley de transparencia; es incomparable, no admite la
comparación con ningún otro texto. Cuando esta ley llegó a Comisión el derecho al acceso a la información no incluía todos los formatos posibles ni la norma incorporaba lo que se ha llamado la transparencia de la transparencia. Cuando esta ley
llegó a la Cámara los actuales artículos 28, 29 y 30, que son los relativos al régimen disciplinario, eran bien distintos en términos de técnica legislativa y de regulación sustantiva. En definitiva, señorías, hemos transformado la ley; hemos
hecho una ley notablemente mejor, más

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ambiciosa, más audaz, y pedimos, puesto que la hemos ofrecido, colaboración, pedimos ponderación, pedimos correspondencia, pedimos corresponsabilidad y pedimos cierta lealtad parlamentaria. Porque ni esta ley ni el principio democrático de
la transparencia que hoy se incorpora a nuestro ordenamiento constitucional, ni los ciudadanos ni las instituciones merecían el boicot de la ley.


Señorías, se ha hecho referencia a algún problema por el señor Serrano que justificaba su ausencia de la ponencia. Claro que tenemos problemas, señor Serrano. Naturalmente que tenemos problemas, en todos los lados tienen problemas.
Ustedes tienen problemas, nosotros tenemos problemas, todos los grupos parlamentarios tienen problemas, la sociedad tiene problemas: problemas de corrupción, problemas de falta de transparencia, problemas de falta de honestidad, problemas de falta
de lealtad, problemas de alturas de miras. Tenemos problemas de valores, problemas de virtudes, problemas de actitudes, problemas de comportamientos, claro que sí. Lo que esta ley venía a hacer era a hacerse eco de esos problemas. Veníamos a
proponer soluciones, y vamos a aprobar una serie de soluciones; venimos a abrir un camino, y se hace camino al andar y esta era la primera andadura. Es verdad que esta ley no es la panacea -se ha repetido en esta Comisión- pero está en el buen
camino, y requería el concurso de todos, sobre todo, de los partidos que tienen vocación de gobierno.


Quiero referirme, para finalizar mi intervención, a alguna de las consideraciones que se han hecho de las enmiendas que han sido puestas sobre la mesa por el señor Olabarría y por el señor Jané. En primer lugar, en lo que se refiere a
Convergència i Unió, como ustedes saben, en la ponencia les hemos aceptado veintiuna enmiendas. Hoy en Comisión les aceptamos cinco más, que son la 399, la 401, la 416, la 418 y la 430, y transaccionamos con ustedes otras quince enmiendas, que
además dan respuesta a muchas de las aspiraciones y reclamaciones del Grupo Vasco, PNV. Me refiero a las enmiendas 388, 398, 402, 407, 409, 419, 433, 434, 437, 440, 442, 427, 397, 435, 381 y 382. El señor Jané ha hablado en su intervención de
luces y sombras. Entiendo que ustedes siempre tengan alguna demanda pendiente de ser satisfecha, pero escuchando su intervención en mi opinión las luces eran notablemente mayoritarias y pesaban bastante más que las sombras. Si a las cuarenta
enmiendas transaccionadas con ustedes sumamos las nuestras y las que hemos aceptado del Grupo Socialista, estamos en más de noventa enmiendas aceptadas e incorporadas al texto de la ley. Como digo, la ley llegó siendo una y sale del Parlamento
siendo otra: mucho más ambiciosa, mucho más acorde a los tiempos y mucho más acorde a las necesidades de los ciudadanos. Por tanto, me quiero felicitar y quiero felicitar a los grupos parlamentarios que nos han apoyado. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Como les había indicado voy a abrir otro nuevo turno para los portavoces de los grupos que así lo deseen. Por el Grupo Mixto, señor Larreina.


El señor LARREINA VALDERRAMA: Aunque el debate de la Comisión ha sido clarificador también para conocer el espíritu de otras enmiendas y de otros posicionamientos, nos reafirmamos en la posición que teníamos al inicio. Indudablemente la
ley, como ha señalado el portavoz del Grupo Popular, es diferente -yo diría que bastante diferente- de la que entró en el Congreso y eso es positivo. Sin embargo, hay un elemento de fondo que nos preocupa y es lo que señalaba en mi primera
intervención. Una ley de transparencia es un concepto muy positivo y atractivo desde el punto de vista democrático, pero luego ese concepto hay que llevarlo a la práctica y nosotros vemos problemas en el desarrollo práctico de la ley, en que esa
transparencia sea efectiva. Hay elementos que siguen permaneciendo en la ley que dificultan la transparencia práctica, por ejemplo, todas las limitaciones que se mantienen a la hora de recogerlo como excepciones, a la hora al acceso a la
información. Hay otro elemento que también nos parece fundamental y que es la piedra de toque de la voluntad real de transparencia, es decir, de voluntad práctica para que la gente de la calle perciba que realmente hay un compromiso con la
transparencia. Me refiero al tema de mantener el silencio administrativo negativo porque eso al final constituye -queramos o no- una barrera práctica para el acceso a la información, y ese es un elemento que pesa mucho en la mentalidad de la gente.
El ciudadano siempre ve el silencio administrativo negativo como una barrera, en todos los ámbitos, y en esta ley se constituye como una barrera a ese acceso práctico a la transparencia. Hay otro elemento que para nosotros también sigue estando en
el aire y dificulta de forma importante que podamos dar el apoyo a la ley, es la no exclusión de los ámbitos que se contienen en la disposición adicional primera de la Constitución referida a los territorios forales. Eso indudablemente supone
también una agresión a nuestro ámbito de soberanía y es un obstáculo que impide que demos nuestro apoyo a la ley. Al final lo que vemos es que detrás de la ley, aprovechando el concepto positivo de la transparencia, se procede a una nueva vuelta de
tuerca en el ámbito de la recentralización del Estado, y eso tampoco es positivo.

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Usted señalaba que se ha avanzando en el ámbito de la independencia cuando hablamos del consejo de transparencia y buen gobierno. Es cierto, hay un planteamiento diferente con respecto al texto inicial, pero en nuestra enmienda íbamos más
allá. Nosotros pensamos que hay que reforzar esas mayorías. Usted dice que tiene que ser elegido por mayoría absoluta, pero en una legislatura en la que haya una mayoría absoluta por parte de cualquier grupo político ya se está limitada esa
garantía de pluralidad. Nosotros proponíamos unas mayorías más amplias y además proponíamos que se posibilitase un sistema que pasase por encima de los periodos legislativos, precisamente para garantizar que ese consejo de transparencia no
estuviese vinculado a una mayoría concreta en una legislatura concreta. En ese tema se podía haber avanzado mucho más y aunque reconocemos ese avance que han dado ustedes -que no negamos- de desvincularlo parcialmente, porque al final el presidente
lo sigue nombrando el Gobierno, nosotros pensamos que es mejor que lo nombre el Parlamento. Ustedes tendrían que dar ese otro paso, de ir hacia unas mayorías más amplias que garanticen ese compromiso de neutralidad.


Hay otro elemento que para nosotros sigue confuso en el ámbito de la ley, que es el tema de los formatos. Se habla de la sensibilidad, pero para que haya una transparencia efectiva por parte de todas las administraciones públicas tiene que
haber un compromiso claro con los formatos de código abierto, con el software de código abierto, ya que es el único que garantiza al ciudadano y a la ciudadana elegir el canal de acceso a la información. Esa elección del canal de acceso no tiene
que estar en la administración pública sino en la ciudadanía. Por esas razones seguimos pensando que esta ley es mejor que la que llegó al Parlamento - agradecemos el talante que ha tenido por esa vía el Partido Popular, aunque hubiésemos
agradecido que hubieran tenido un talante más abierto hacia nuestro grupo político pero supongo que es cuestión de tiempo y todo llegará-, como digo reconocemos ese avance pero insistimos en que seguimos pensando que todavía el espíritu de la ley no
está garantizado que pueda ser llevado a la práctica, porque consideramos que siguen perviviendo barreras importantes que dificultan el acceso de la ciudadanía a la información en la práctica. Por eso vamos a seguir manteniendo nuestro voto
contrario a la ley, lo cual no significa negar los avances, pero tenemos la obligación de señalar esa especie de campanada de alarma de que todavía la transparencia no está garantizada, al menos en la medida que consideramos importante para el
acceso de la ciudadanía a la información y para garantizar que estamos en un Estado democrático de derecho.


El señor PRESIDENTE: Señor Bosch.


El señor BOSCH I PASCUAL: Intervendré muy brevemente también.


Coincidimos un poco con las críticas que se han vertido. Mantendremos nuestro voto negativo básicamente porque ha sido una oportunidad malograda, desaprovechada. Era una oportunidad para hacer algo nuevo, algo que los ciudadanos vieran con
buenos ojos, como un esfuerzo de los legisladores para llegar a la transparencia y al buen gobierno, pero al final este proceso, la ponencia y finalmente la ley serán estudiados en las universidades como aquel momento en que una mayoría de
legisladores confundieron la transparencia con la invisibilidad, y en vez de hacer algo para que se viera todo redactaron algo para que no se viera.


Agradezco a todos los implicados en el proceso su participación. También quisiera unirme a la felicitación al secretario de Estado, al señor Ayllón, por todos los esfuerzos que ha invertido en este proceso. Quiero decirle que no se apure
porque algún día lo haremos mejor y, cuando proclamemos la República Catalana, le invitaremos a él a hacer una ley de transparencia mejor que esta. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: También intervendré con brevedad y no sin agradecer al señor Bosch que nos indique a los profesores de Derecho Constitucional cómo vamos a tener que explicar la asignatura cuando esta ley de transparencia quede
aprobada. Tomamos buena nota y lo tomamos a beneficio de inventario, como en esta Cámara se deben tomar todas las cosas.


Señor presidente, señor Gómez de la Serna, quiero agradecer las reflexiones relativas a este último bloque, que estamos intentando metabolizar ahora, de enmiendas que nos oferta y que son de naturaleza fundamentalmente competencial, no sin
decir varias cosas. Usted ha realizado una expresión que nos llama poderosamente la atención: Por fin se va a iniciar la regeneración democrática, o tenemos un instrumento legal para iniciar la regeneración democrática en este país, en este
Estado. Ya me gustaría saber qué se ha estado haciendo entonces desde 1978, porque si empezamos a regenerar

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democráticamente con leyes de esta naturaleza y otras la situación patógena con la que convivimos -vinculada a la corrupción y a aspectos que provocan una desafección ciudadana tan grave en relación con los representantes políticos e
institucionales-, hemos perdido demasiado tiempo. Lo tiene que reconocer.


Al señor Serrano me gustaría decirle que hemos echado mucho de menos su presencia en los debates en la ponencia de esta ley; serían circunstancias legítimas de su partido las que han justificado su ausencia, pero esta era una ley muy
parecida a la que usted intelectualmente había concebido, incluso en las vulneraciones de algunos títulos competenciales que, mediante una regeneración ex post y una vocación sobrevenida autonomista, ha pretendido con nosotros intentar regenerar,
cosa que le agradezco. No obstante, esta también era su ley. No me parece irrelevante la ausencia de algunos partidos y la presencia discontinua de otros en el debate de ponencia. Leyes de esta trascendencia y de esta envergadura deben ser muy
bien trabajadas en el ámbito de ponencia porque si no en la Comisión nos vamos a encontrar con lo que nos estamos encontrando, con un no que se va a producir con un componente un tanto inercial -en tanto en cuanto no se ha podido trabajar en la
ponencia, el no se tiene que mantener casi inevitablemente por la dificultad de incluso metabolizar las transacciones que ustedes nos ofrecen a última hora- y con un sí poco entusiasta de los que vamos a votar que sí pidiendo una serie de votaciones
separadas de preceptos que no terminan de corregir las disfunciones que en la primera intervención hemos indicado.


Les agradezco mucho que hayan amplificado el ámbito subjetivo con la incorporación de nuevos sujetos, desde la Casa Real hasta las organizaciones sindicales, empresariales y los partidos políticos, que por cierto no son organizaciones de
naturaleza jurídico privada. No pueden penetrar igual que las administraciones públicas o las entidades gestoras de la Seguridad Social o incluso del Banco de España. Hay que limitar y acotar qué es lo que un partido político o un sindicato puede
mostrar a los ciudadanos, no el acta de su comisión ejecutiva, desde luego, ni otras cosas; sí su sistema de financiación, sí sus presupuestos y hasta las retribuciones de su ejecutiva. Desde esa perspectiva se ha aquilatado razonablemente bien,
pero luego ustedes nos vienen con la rebaja, y por la vía de las excepciones del artículo 14 -que no digo que no estén copiadas de las recomendaciones del Consejo de Europa- hasta la política medioambiental supone una excepción del acceso a la
transparencia de los ciudadanos, la política económica y monetaria, los intereses económicos del país y conceptos igualmente deletéreos y difíciles de definir, nos encontramos con una ley potencialmente devaluada, por no usar una expresión todavía
más agresiva, señor Gómez de la Serna. Le pediría -no es un esfuerzo tan desmesurado intelectualmente- tipificar estas excepciones, y no establecerlas de forma que sea la discrecionalidad o la arbitrariedad de los poderes públicos, del portal de
transparencia o del consejo de la transparencia, la que dictamine cuándo un ciudadano puede o no acceder a la información que está legitimado para solicitar. En ningún caso es así, si se aplican de forma expansiva las excepciones -luego no hay ley
de transparencia de facto-, o en todos, si se aplican de forma rigorista las excepciones, y para aplicarlas de forma rigorista tendríamos que incorporar algún elemento de tipificación de las excepciones. Les pido que hagamos, de aquí hasta el
momento del Pleno, ese esfuerzo de tipificación. Cuando me explicaron que la excepción de la política medioambiental era para garantizar la reproducción del lince ibérico y para que los furtivos no supieran dónde se estaba reproduciendo el mismo,
empecé a perder la escasa y frágil fe que tenía en este nivel de excepciones tan desmesurado que ustedes incorporan. En este sentido podríamos hablar también de los intereses comerciales, de la política económica y monetaria, de los intereses
económicos del país, que son todos en principio. Podríamos decir que no hay nada que esté ajeno a la excepción de lo que inicialmente se legitima de forma correcta y amplia.


En cuanto a las competencias, le agradezco la configuración nueva que usted nos ha propuesto en relación con el portal. Ya no es un portal centralizador donde la competencia autonómica se basa en complementar lo que la legislación estatal
establece, ya es un portal vinculado a la Administración General del Estado, y que concierne solo a esta y cuya regulación corresponde por lo tanto a los órganos legislativos de la Administración General del Estado, y se salvaguardan las
competencias autonómicas en algo tan importante como la configuración del portal de la transparencia.


En relación con los procedimientos disciplinarios y salvada la atrofia, que rayaba en el sainete, de que el ministro de Hacienda y Economía pudiera incoar un expediente disciplinario al lehendakari de Euskadi, salvada esa cuestión, y dando
por bueno que el artículo 105 sirve para legitimar y habilitar al Estado para regular esta ley -que es mucho aceptar-, tampoco creo que deban ser derechos fundamentales los derechos que aquí se consignan, y ningún partido nacionalista si lo pensara
bien debía aceptar esta tesis porque si fueran derechos fundamentales los que aquí consagramos no habría ningún ámbito de legislación autonómica posible. Desde esa perspectiva lo comparto, pero no por una razón de garantizar o afianzar

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competencias autonómicas, porque alguien me tendría que explicar -el señor Serrano es un constitucionalista fino- cuáles de los preceptos consignados entre los artículos 14 a 29 de la Constitución son los que estamos desarrollando, porque
solo esos pueden tener carácter fundamental en su desarrollo y no hay ninguno en esta ley. Tampoco es el 105. Suena, si me permite el presidente la expresión, a cachondeo utilizar el 105 como elemento de habilitación competencial, pero aunque
suene a cachondeo es el único posible engarce constitucional.


Al margen de esta cuestión, en el ámbito de la estabilidad presupuestaria no terminamos de afinar. No sé por qué no les bastan a ustedes ya los procedimientos disciplinarios que la propia Ley 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria, consigna
para garantizar la estabilidad presupuestaria de todo el mundo e incorporamos otros, incurriendo en un principio prohibido o preterido en el derecho punitivo, que es el non bis in idem, dos sanciones por el mismo hecho en dos procedimientos
disciplinarios diferentes más alguno penal que eventualmente se podría producir. ¿Hasta dónde vamos? ¿Va a ser verdad lo que decía el señor Montoro, que la única fuente de derecho que en este momento el Partido Popular reconoce es el ahorro?
Esperemos que fuera un lapsus y que el señor Montoro lea un poco las obras del profesor Kelsen -transmítaselo-, y la pirámide invertida en materia de teoría de las fuentes.


Aquí no han atinado. No solo se mantienen sin ser debidamente respetados jurídicamente los requerimientos del concierto económico, las instituciones forales y la Comisión Mixta del Concierto con relación a la configuración de las relaciones
financieras entre el Estado y las comunidades forales, sino que ni siquiera a las comunidades de régimen común se les respetan sus competencias en cuanto a las relaciones financieras, que deben ser objeto de respeto, sobre todo cuando todas las
comunidades del Estado español, señor Gómez de la Serna, sin ninguna excepción, poseen competencia exclusiva en materia de desarrollo económico del régimen de autogobierno y desarrollo económico de la actividad económica que le es propia. Incluir
un procedimiento administrativo ex novo, amén del que ya existe en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para garantizar la estabilidad presupuestaria no solo resulta excesivo, sino probablemente inconstitucional.


Señor presidente, ya para concluir, de la petición de votaciones separadas que hemos realizado vamos a renunciar a la petición de votación separada del artículo 10, que es el que configura el portal de transparencia; vamos a excluir la
votación separada con relación al artículo 12, que es complementario con el anterior, y vamos a mantener las peticiones de votación separada con relación a los artículos 13, 14, 28, 29 y 30, que son los que regulan los mecanismos disciplinarios con
relación a los incumplimientos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y por ende del artículo 135 de la Constitución en su nueva formulación, realizada su reforma en tarde y media. Como estas cosas se hacen tan mal, señor presidente, al final, y
por respeto a la Constitución, aunque pueda parecer una paradoja en boca de mi grupo parlamentario, vamos a pedir la votación separada de estos preceptos.


Termino no sin agradecer a los partidos que nos han aceptado enmiendas de naturaleza competencial la flexibilidad demostrada. Esta ley, desde una perspectiva competencial, no es tan agresiva. Hablaba el señor Jané de luces y sombras. No
eran luces y sombras, era un agujero negro originariamente. Ahora podemos hablar de más luces que sombras. Espero que de aquí al Pleno -decía el señor Serrano que nada está escrito- esté escrito lo suficiente para que esta ley sea una ley de
todos, porque si no lo es nacerá con un déficit de legitimidad difícil de cubrir.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, ¿se mantiene la petición de votación separada de la disposición final quinta?


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, fundamentalmente de esa.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Trataré de ser literal. Cuando antes me refería a que la tramitación ha sido opaca no quería decir que hubiera habido por parte del señor Gómez de la Serna o del señor Ayllón o del señor Bermúdez de Castro una
actitud hostil a llegar a acuerdos. Al revés, lo he dicho antes y por si acaso lo reitero: Les quiero agradecer lo muy dispuestos que han estado siempre a llegar a acuerdos con nosotros. Lo que ocurre es que al final han sido muy pocos. Esto es
lo que yo querría subrayar y resaltar de la tramitación. No deja de ser curioso y paradójico, incluso esperpéntico, que al final, como se ha dicho aquí, haya tanta aportación del Grupo Socialista a este proyecto de ley, que me

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parece muy bien, y sin embargo hayan estado ausentes de las deliberaciones de la ponencia, y ahora al final es cuando nos enteramos aquí mismo, en Comisión, de cuáles han sido las enmiendas que acepta el Partido Popular. Yo hasta ahora no
tenía ni idea, como de que a última hora se hayan aceptado transaccionales a CiU y PNV.


¿Qué es lo que tenemos como resultado? (El señor vicepresidente, Vera Pro, ocupa la Presidencia). Como ha resumido tan de agradecer el ponente, hay noventa enmiendas que han sido aceptadas o transaccionadas con PSOE, CiU y PNV, que con el
Partido Popular son las cuatro fuerzas políticas que han protagonizado básicamente el régimen político de la transición, lo cual está muy bien. No se trata, en mi opinión, de cambiarlo de ninguna manera en el trámite de una ley. Por otra parte,
revela algo que no deja de ser muy significativo: es la ley que está concebida desde las categorías políticas, desde la mentalidad política y desde la concepción de cómo son las instituciones y cómo se deben gobernar precisamente por partidos o
grupos parlamentarios la mayoría de los cuales, queramos o no, han estado absolutamente implicados en los problemas que esta ley viene a corregir. Eso podría ser un propósito de la enmienda absolutamente digno de elogio -es lo que yo quiero creer-,
pero también revela algo que no deja de ser muy llamativo: que sea una ley que está concebida en función de las necesidades de gobernabilidad de los grupos que han estado gobernando hasta ahora.


Lo quería decir porque, por ejemplo, se ha visto ahora con toda claridad en la cantidad de transaccionales que ha pactado el Partido Popular con CiU y PNV en las cuestiones competenciales. Sin duda son importantes, pero en mi opinión y la
de mi grupo muchísimo más importante es la cuestión de que el acceso a la información sea un derecho fundamental, y si sacrificamos eso a cuestiones competenciales estamos en lo que hemos estado haciendo todos estos años y que nos ha llevado a la
situación de crisis económica y política actual. En resumidas cuentas y para ir acabando, lo más probable es que acabemos teniendo, como en todo lo demás, diecisiete sistemas distintos de transparencia. Eso a alguien le parecerá estupendo, pero no
deja de ser un obstáculo añadido, una barrera de acceso añadida a los ciudadanos, que cuando quieran acceder a determinadas informaciones tendrán que adivinar, averiguar o estudiar o buscar por ahí entre una infinidad de portales de transparencia
dónde está la información que buscan. Lo digo como una mera cuestión de orden menor, si se quiere, pero que me parece significativa.


Por eso mismo -ya para acabar del todo-, como les digo, agradeciendo el buen talante que han tenido todo este tiempo para tratar de entenderse con nosotros, no deja de ser significativo que ese entendimiento no haya sido posible, porque
nosotros, y quizás también otros diputados, tenemos una idea de cómo debe ser la ley y qué es la transparencia profundamente diferente de la que tienen ustedes, es decir, PSOE, Partido Popular, CiU y PNV.


El señor VICEPRESIDENTE (Vera Pro): Señor Nuet.


El señor NUET PUJALS: Muy brevemente, para no repetir los argumentos que ya hemos dado antes, tres aspectos, uno general y dos contestaciones. Primero, sin duda las mejoras competenciales también nos alegran, pero no salvan esta ley.
Mejoran ese aspecto, nos alegramos de ello, estaremos totalmente a favor de ello, pero la ley de transparencia es más que las mejoras competenciales. Queremos dejar muy claro que, estando de acuerdo de alguna forma, es imposible que ese aspecto
concreto cambie la percepción global que tenemos de la ley.


En segundo lugar, para contestar al señor Gómez de la Serna desde la total cordialidad, en primer lugar, no sé si nosotros tenemos o no vocación de Gobierno. De lo que sí tenemos vocación es de cambiar el país y de regenerar la política.
Para nosotros, o el Gobierno está al servicio de eso o no lo queremos para otras cosas. Es una perspectiva distinta sin duda, pero es que el país ha dado un gran cambio desde la Constitución de 1978. Esa es nuestra vocación. Por eso estamos
decepcionados ante el actual proyecto de ley de transparencia, porque pensamos que no es el instrumento útil para que eso se produzca y que hemos perdido una oportunidad. Sin embargo, es clarísima cuál es nuestra vocación.


En tercer lugar -antes lo he dicho y lo repito-, mañana el presidente del Gobierno va a utilizar esta ley en su intervención parlamentaria. Si no es así, les pago un cortado a todos los que están aquí. En el ojo del huracán han colocado
ustedes a esta ley, no nosotros, no los grupos parlamentarios que abandonamos la ponencia. Ustedes han colocado esta ley en el ojo del huracán, porque es su escudo y su excusa y porque posiblemente no tienen ninguna otra. Les puedo asegurar que no
podrán parapetarse eternamente detrás de esta ley y que en algún momento la misma dejará ver lo que hay detrás de ella.


El señor VICEPRESIDENTE (Vera Pro): Señor Jané.

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El señor JANÉ I GUASCH: Con brevedad. Decía al inicio de mi intervención que el resultado final de este proyecto de ley en esta fase de Comisión arrojaba luces y sombras. Ello no debe alejarnos de lo que es una valoración positiva de la
negociación que hemos llevado a cabo, y de la confianza en que a partir de esa negociación vamos a ser capaces de hacer compatible esta ley que saldrá de las Cortes Generales con la normativa existente en este ámbito y en uso a sus propias
competencias, algunas tan claras como la propia Constitución que atribuye ya a las comunidades autónomas una competencia exclusiva en autoorganización de sus instituciones de autogobierno. Ser transparentes es una manera de plasmar esa organización
propia. Y tal como ya han hecho parlamentos como el de Navarra o el de Galicia, esta ley debe ser totalmente compatible con las propias leyes que en este ámbito realicen las comunidades autónomas.


Transparencia lo es todo, como decía el señor Gómez de la Serna. La transparencia no es ni debe ser únicamente un eslogan, de ahí que para Convergència i Unió queden aspectos que entendemos que podrían ser objeto de reflexión a lo largo del
trámite en Pleno y del trámite en el Senado. En aspectos como la publicidad de las balanzas fiscales se habían dado pasos en anteriores legislaturas de incorporar en textos legislativos esa clara actividad de transparencia que es saber exactamente
esos flujos financieros entre Administración estatal, Administración autonómica y también, por qué no, administraciones locales. Saber exactamente esos niveles, eso es transparencia. Lamentamos que ello hoy no se refleje en lo que va a ser esa ley
estatal de transparencia. Eso es un déficit del proyecto de ley que estamos todavía a tiempo de resolver en trámites posteriores. Conocer las balanzas fiscales es administrar bien la transparencia y evitar en ocasiones discursos que pueden hacer
hincapié en planteamientos demagógicos que no se adecuan a la realidad de esos flujos financieros entre Estado y comunidades autónomas. Por tanto, ese es un déficit que deberíamos soslayar. Déficit también es no incorporar el registro de los
lobbies, de esos grupos de interés. Tal y como nos muestra la normativa europea, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, esos lobbies deberían poder ser incluidos en una futura regulación del Gobierno; bien estaría que hoy la ley reflejara ese
mandato al Gobierno para que pudiera en un futuro no lejano presentar ese registro de grupos de interés, tal y como nos recomendaron a algunos miembros de esta Comisión en una reunión específica celebrada en el marco de la OCDE, en la que se hacía
especial hincapié en la necesaria regulación de estos registros. Por tanto, asignatura pendiente; no la dejemos únicamente para el Reglamento del Congreso, que vamos a modificar. Los lobbies no actúan únicamente ante las Cámaras parlamentarias,
actúan ante el conjunto de los poderes públicos y merecen de ese registro, merecen de esa regulación. Por último, oportunidad perdida en ser más audaces a la hora de prefijar aspectos competenciales que nada tienen que ver ni con la transparencia
ni con el buen gobierno. Me refiero a todo lo relativo a la estabilidad presupuestaria, que sin duda es un exceso de este proyecto de ley y que mejoraría la ley si se hubiera apartado ese aspecto de lo que es una regulación de transparencia. Nada
tiene que ver esa estabilidad con la transparencia, nada tiene que ver ese rígido sistema sancionador con la transparencia. Valoramos de manera muy correcta la aprobación de la enmienda a lo que antes era el artículo 28 y ahora es el 31. Hemos
dado un paso positivo y esperamos que en su conjunto lo que hoy apruebe esta Comisión Constitucional sea un paso en positivo para abrir los poderes públicos a las exigencias de transparencia de la ciudadanía, dar ese paso en positivo, que es lo que
llevará a Convergència i Unió a votar favorablemente el dictamen de la Comisión y en contra de esos artículos concretos que había anunciado ya en mi intervención inicial; artículos relativos al silencio, artículos relativos a los límites, artículos
relativos a esa resolución del procedimiento administrativo, artículos relativos a la estabilidad presupuestaria y al final también el artículo a la disposición final relativa a la delimitación de qué es lo que se considera legislación básica en
este proyecto de ley, que entendemos que debería ampliar el número de artículos que no deberían tener esa consideración de legislación básica. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Agradecemos una vez más al señor Ayllón y a todo el equipo del Gobierno que ha colaborado activamente a que hoy podamos llegar a un texto mucho mejor del que había entrado en el proyecto de ley. Aprovecho también, señor presidente, para
agradecer a cuantas personas han comparecido ante esta Comisión Constitucional durante todos los trámites de audiencia que hemos realizado con comparecencias que han sido fructíferas, que hemos escuchado y que en gran medida han ayudado a centrar
parte de los debates de este proyecto de ley y parte de las enmiendas presentadas. A todos ellos también, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor Serrano.

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El señor SERRANO MARTÍNEZ: Espero ser breve, señor presidente. Tres cositas. Primero, agradezco las referencias que me han hecho personalmente distintos diputados, pero quiero poner de relieve que el secretario general del Partido
Socialista lo ha hecho en público y la diputada Batet en el debate de totalidad sobre esta ley lo hizo desde la tribuna. Ambos coincidieron en manifestar nuestra voluntad -lo diré con un verbo que en estas épocas parece maldito- de pactar la ley de
transparencia para que fuese efectivamente la ley de todos. A esa posición de fondo es a la que he tratado de contribuir personalmente -esto es lo poco relevante-; es verdad que nos hemos implicado y creo que quienes han participado de una forma u
otra en el proceso de elaboración de la ley lo saben. Hoy he tenido ocasión de volver a decirlo. Por esto -y paso ya a la segunda cosa que quería decir-, señor Gómez de la Serna, cuando hace muchísimos años yo empecé a estudiar en la universidad
todavía aleteaba entre los jóvenes estudiantes una frase tremenda que pronunció un catedrático de la Universidad de Barcelona, José María Valverde, al presentar ni más ni menos su dimisión, no de la condición de ponente, sino de catedrático de
universidad como consecuencia de la expulsión de su cátedra del profesor Aranguren. Dijo: no hay estética sin ética. Desde aquellos años sesenta lo tengo en la cabeza y he procurado actuar siempre de acuerdo con esto. Lo saco a relucir porque no
es razonable minimizar, por no utilizar un término más fuerte, las razones que han llevado a un partido que efectivamente se considera un partido de Gobierno y a un ponente que tiene asumida esa condición -no voy a hacer referencia a mi historia en
el servicio público- a adoptar esa decisión, que no es una decisión que se tome con comodidad, con frivolidad, sin fundamento. Reitero, y con esto acabo, que entonces y hoy dijimos que el problema era que teníamos que adecuar hechos y palabras,
afirmaciones y compromisos. Esto es lo que nos llevó a ello, pero como consecuencia de esa ausencia -no quiero ir más allá de lo que quiero decir-, la ley que habría sido posible con ustedes -lo saben, no hay por qué revelar ahora nada- todavía se
ha quedado sin algunos contenidos. Pero, como he terminado mi intervención, el futuro no está escrito.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, señor Gómez de la Serna.


El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Quiero agradecer, en primer lugar, a todos los intervinientes el tono de sus palabras. Ha dicho el señor Larreina que ha echado en falta voluntad real de transparencia en el contenido de la ley.
Ha acusado lo que él ha denominado un trato insuficientemente receptivo de las enmiendas de su grupo, si no me he equivocado. Respecto a este último punto ¿cómo vamos a aceptar unas enmiendas que ustedes mismos no han defendido en sede de ponencia?
Si hubiesen venido y las hubiesen discutido o nos hubiesen llamado..., pero es que no han mostrado mayor interés. A lo mejor es que no hemos sido capaces de apreciar un mayor interés del que ustedes han exteriorizado. Tenían que haber estado en
ponencia para defender lo que les parece oportuno y no hacer absentismo parlamentario. En cuanto a la voluntad real de transparencia ha citado dos cosas a las que también han aludido otros intervinientes. Se ha referido al silencio negativo.
Quiero recordarle que el silencio negativo es la regla incorporada en el derecho comparado en su totalidad. No hay una sola ley de transparencia en derecho comparado que incorpore el silencio positivo; tampoco el Consejo de Europa, que incorpora
el silencio negativo. El silencio positivo no es la panacea, ni en este ni en muchas materias. El silencio positivo también genera muchos efectos no deseados. El silencio positivo fue la causa, por ejemplo, de aquellas licencias urbanísticas
indebidamente concedidas en los supuestos de corrupción de Marbella. El silencio positivo tiene sus virtualidades pero no es la panacea de nada. En esta materia no hay derecho comparado que incorpore el silencio positivo. Por algo será. Nosotros
tenemos que ir sobre seguro. No podemos ir ensayando, y puesto que somos los últimos en llegar, tenemos que dejarnos aconsejar por la experiencia comparada. Del consejo de transparencia ha dicho también que es verdad que hemos pasado de la mayoría
simple a la mayoría absoluta, pero como hay mayoría absoluta a usted le parecía más adecuado reforzar todavía más esa mayoría. No podemos legislar para el caso concreto. Somos legisladores y debemos legislar en abstracto. No podemos imponer una
regla de tres cuartas partes o de cuatro quintas partes por el hecho de que en este momento el Gobierno de España esté sustentado por la mayoría absoluta en el Parlamento, porque es una situación que puede cambiar y que cambiará, como sucedió en el
pasado.


El señor Bosch habla de oportunidad malograda. Le digo lo mismo. Si ustedes hubiesen venido a trabajar en ponencia y no hubiesen hecho absentismo parlamentario, probablemente habrían visto algunas de sus observaciones incorporadas al
informe final de la ponencia. Yo también lo he echado de menos y me hubiese gustado tenerlos sentados en la mesa.

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El señor Olabarría ha hablado de las excepciones, de la lista interminable, según usted injusta, y que prácticamente pone en cuestión la aplicabilidad de la ley. Le voy a decir, usted lo sabe y lo ha dicho, primero, que son las del Consejo
de Europa, y segundo, que están incorporadas a algunas de las legislaciones más audaces en este tema, por ejemplo, la legislación norteamericana. Es el mismo listado que en Estados Unidos. Por tanto, le digo lo mismo, nosotros no podemos jugar con
ciertas cosas, ni con la seguridad, ni con la protección de datos, ni con el derecho a la intimidad. Tenemos que ir sobre seguro. Luego ha vuelto a hablar del asunto del medio ambiente y de la prevención del lince. Lo dijo la vicepresidenta en su
intervención en el discurso de totalidad, España ha firmado determinados convenios internacionales en materia de medio ambiente, y esos convenios internacionales en materia de medio ambiente, que están incorporados a la normativa estatal, nos
impiden dar determinada información que ponga en riesgo en determinada medida la sostenibilidad del medio ambiente. Por ejemplo, cómo vamos a dar a un potencial pirómano la lista de torres de vigilancia de un parque natural, por cambiar el ejemplo
del lince a otro supuesto.


Estabilidad presupuestaria. ¿Cómo no vamos a tener en cuenta la estabilidad presupuestaria? ¿Cómo no vamos a tenerla en cuenta en el momento de crisis presupuestaria que se ha vivido en España? Estamos hablando del manejo de los fondos
públicos. Estamos hablando del manejo del dinero de los ciudadanos. En nuestra opinión, no podemos gastar más dinero del que nos ingresan los ciudadanos vía tributaria. No tenemos derecho a endeudar más todavía a los ciudadanos. En nuestra
opinión, la incorporación está plenamente justificada.


El señor Martínez Gorriarán, representante de UPyD, ha vuelto a insistir en el tema del derecho fundamental. Ese tema quedó perfectamente visto en las comparecencias. Prácticamente es unánime la postura doctrinal que desecha la
consideración del hecho de acceso como un derecho fundamental. Se discutió allí mucho y no voy a repetirlo. En todo caso, nuestra posición es plenamente constitucional. Se ha referido también a la opacidad. No me conformo con que usted nos diga
que nosotros en nuestro trato en la ponencia no hemos sido opacos o hemos sido más o menos transparentes. Es que la tramitación de la ley no ha sido opaca, lo he dicho antes, ni en fase de gobierno, ni en fase parlamentaria. Es la ley menos opaca
de todas las que se han traído a este Parlamento, lo cual no significa que un grupo parlamentario no pueda transaccionar bilateralmente con otro grupo determinadas enmiendas. Eso no es opacidad, eso es el juego parlamentario.


El señor Nuet ha hablado de que ustedes tienen vocación de regeneración de la política. No le niego la buena voluntad, lo que le discuto es que no hayan aprovechado esa vocación para apoyar una ley que ponía la primera piedra legislativa en
este sentido. Me ha dicho que esta ley iba a ser utilizada mañana por el presidente en su comparecencia. ¿Quiere decir usted que como a lo mejor el presidente utiliza mañana la ley en su comparecencia, esa es la razón por la que ustedes no van a
votar a favor? (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: ¡Muy bien!) Parece que ha dicho eso, lo cual me parecería enormemente grave. Me parecería una manipulación de una ley tan importante y tan trascendental como esta.


Señor Jané, regulación de los lobbies. Los lobbies se van a regular en sede de Reglamento parlamentario. ¿Por qué? Porque es donde entendemos que están reguladas en derecho comparado en su mayoría y porque es donde entendemos que los
lobbies van a actuar de manera natural, con registro de grupos de interés, con código ético, etcétera. Pero quede claro que la intención del grupo parlamentario es llevar la regulación de los lobbies a la reforma del Reglamento del Congreso. Eso
no va a quedar fuera. Sobre la estabilidad presupuestaria, le repito lo que le he dicho al señor Olabarría. En cuanto a la publicidad de las balanzas fiscales, este es un elemento -este sí que lo es- discutido y discutible. En mi opinión, lo digo
con todo respeto, la ley de transparencia no puede ser el instrumento que sirva para la reivindicación política de ningún grupo de esta Cámara, máxime cuando esa reivindicación puede estar más o menos, en mi opinión menos, ajustada a la realidad.
Pero, repito, sobre el tema de las balanzas fiscales, estamos hablando de un concepto tan complejo de determinar que incluirla en la ley de transparencia habría sido una imprudencia.


Señor Serrano, nadie cuestiona ni su sentido de la responsabilidad ni su vocación de gobierno ni su trayectoria ni nada de nada. Lo que yo he dicho es que echábamos en falta que esa característica suya personal no fuera la de la posición
del grupo. Dice usted que no hay estética sin ética, frase del profesor Valverde cuando destituyen al profesor López Aranguren. Eso como frase está muy bien, es brillante, todos la apoyamos, pero ¿qué tiene que ver eso con que, si ustedes están a
favor de la transparencia, se ausenten de la ponencia y luego voten en contra de la ley que no solamente es su ley sino que es su ley

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enriquecida y elevada a la quinta potencia? (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: ¡Muy bien!) ¿Qué tiene que ver? Como frase está bien, pero como posición es discutible.


Ha hablado usted, naturalmente, de voluntad de pacto de la ley. Estoy seguro de que usted concretamente tiene esa voluntad de pactar la ley. Vuelvo a decir que les esperamos en la ley y le pido -y además deseo- que usted triunfe en la
posibilidad de convencer a su grupo parlamentario en el sentido de que vuelva a la ley de transparencia.


El señor PRESIDENTE: Vamos a hacer un breve receso para ordenar la votación.


El señor JÁUREGUI ATONDO: ¿Cómo se va a votar?


El señor PRESIDENTE: Primero vamos a ordenar las votaciones. Pido a los grupos que si a alguno le falta por comunicarnos qué enmiendas quiere que se voten de forma individualizada o que no se voten en el conjunto, nos lo haga saber.
También que haga saber a la Mesa si hay alguna parte del dictamen que quieren que se vote de forma separada.


La forma de votación será la siguiente. En primer lugar, votaremos las enmiendas que de forma singularizada cada grupo nos ha dicho que se voten separadamente y luego el resto de las enmiendas. Así grupo a grupo. Después votaremos las
enmiendas transaccionales que existan y por último votaremos el informe de la ponencia, con aquellas votaciones individualizadas que los distintos grupos nos hayan pedido. Creo que esta es una forma adecuada para que no se quede fuera de la
votación ninguna de las observaciones.


Se suspende la sesión durante diez minutos para ordenar las votaciones. (Pausa).


Señorías, reanudamos la sesión.


Antes de proceder a la votación, les digo a sus señorías que en el texto del informe de la ponencia se han detectado algunos errores. Por ejemplo, en el artículo 29, que es el nuevo artículo 38, apartado 1, letra a) dice: Adoptar
recomendaciones para el mejor cumplimiento de las pérdidas contenidas en esta ley. No son pérdidas, sino las obligaciones de esta ley. Son errores que han ido detectando los distintos grupos. Si les parece, una vez terminemos la votación los
servicios técnicos de la Cámara procederán a hacer una depuración de los errores que existen en el texto de la ponencia.


Vamos a comenzar las votaciones, para que no haya errores posteriores, con las enmiendas transaccionales que se han ofrecido. Salvo que algún grupo pida que se voten de forma separada, estas enmiendas transaccionales las votaríamos todas
juntas. Son todas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y son las siguientes: con la 388, con la 398, con la 402, con la 407, con la 409, con la 419, con la 433, con la 434, con la 437, con la 440 y con la 442. Si no hay ninguna objeción en
contra, votamos todas estas transaccionales de forma conjunta.


Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Ahora vamos a dar comienzo a las votaciones de las enmiendas de cada grupo. Empezamos por el Grupo Parlamentario Mixto, enmiendas de la señora Barkos.


Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del señor Baldoví.


Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas de la señora Oramas.


Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas de la señora Fernández Davila.


Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 17.

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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del señor Bosch. Hay una petición de votación separada de las enmiendas 123, 158, 160, 169 y 178. Pregunto al señor Bosch: ¿Se pueden agrupar todas para una sola votación y luego votar el resto? ¿O voy sometiendo a votación una
a una? (El señor Jané i Guash pide la palabra). Señor Jané.


El señor JANÉ I GUASH: La votación separada era de la 123 a la 158, de la 160 a la 169 y la 178.


El señor PRESIDENTE: Repito, las votaciones separadas que se solicitan son de la 123 a la 158, de la 160 a la 169 y la 178. Hecha esta aclaración, ¿se pueden someter estas enmiendas a una votación conjunta? (Asentimiento).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de las enmiendas presentadas por el señor Bosch.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del señor Larreina. Hay una petición de votación separada de las enmiendas 78 y 88. ¿Puede procederse a la votación conjunta de ambas? (Asentimiento). Votamos entonces de forma conjunta las enmiendas 78 y 88.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del señor Larreina.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Vasco. Se someten todas juntas a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a someter ahora a votación las enmiendas de Unión Progreso y Democracia. (El señor Olabarría Muñoz: Señor presidente, una cuestión de orden. Mi grupo ha solicitado votación separada de una relación de artículos que he presentado a
la Mesa). Estamos sometiendo a votación las enmiendas. (El señor Olabarría Muñoz: Perdón).


Previamente advierto -para que quede así constancia- que han sido retiradas por el Grupo de UPyD las enmiendas 304, 310, 311, 315, 327 y 332. Por lo tanto, someto a votación el conjunto de las enmiendas presentadas por el Grupo de Unión
Progreso y Democracia con excepción de las enmiendas que acabo de decir, ya que han sido retiradas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo de La Izquierda Plural. Se someten todas ellas a votación de conjunto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 23; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Algunas de estas enmiendas se van a votar de forma individualizada y otras como resto de enmiendas, salvo las que han sido afectadas por las transaccionales y han quedado por
tanto incorporadas al texto de la ponencia.


Votamos ahora de forma individualizada las enmiendas 381, 399, 401, 416, 418 y 430. Si no hay ninguna observación por parte del grupo, se votarían conjuntamente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; abstenciones, 17.

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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Resto de enmiendas del Grupo de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Socialista. Someto primero a votación las enmiendas 444, 445, 447, 452, 459, 472, 490, 494, 495, 496, 498, 499, 506, 507 y 508. Hago la misma pregunta u observación. ¿Hay algún inconveniente en que se vote este grupo
conjuntamente? (Denegaciones).


Procedemos pues a la votación conjunta de estas enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 42; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Con esto terminamos la votación de las enmiendas presentadas. Ahora procedemos a votar el informe de la ponencia con las incorporaciones de aquellas enmiendas que han sido aprobadas. Hay una votación separada de los artículos nuevos 13,
14, 19, 23, 24, 28, 29, 30 y disposición final quinta. ¿Los votamos todos juntos o de forma separada? (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra).


Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Todos juntos, señor presidente. El error que antes he cometido es que todos estos preceptos o artículos que vamos a votar separadamente tenían adheridas una o varias enmiendas de mi grupo parlamentario, pero al
ser coincidentes con las del Grupo de Convergència i Unió no he pedido la votación separada de las enmiendas sino solo de los preceptos. En todo caso no tengo ningún inconveniente en que se vote conjuntamente.


El señor PRESIDENTE: Entonces votamos todos los que acabo de decir -artículos 13, 14, 19, 23, 24, 28, 29, 30 y disposición final quinta- en una sola votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 7; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Resto del informe de la ponencia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 4; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Nos queda por votar el preámbulo. (El señor Jáuregui Atondo: Queda votar el dictamen). No hay votación de conjunto. (El señor Guerra González: Claro, os habéis equivocado. En Comisión no hay votación de conjunto).


Votamos el preámbulo. (El señor Jáuregui Atondo pide la palabra). Permítame que dé conocimiento del resultado de la votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 3; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos o el preámbulo de esta ley.


Le doy la palabra al señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Únicamente quería explicar que en las votaciones referidas al articulado del dictamen de la ley nuestro grupo creía que al final iba a haber una votación del conjunto del dictamen. Al no haberla nos hemos
abstenido en los dos turnos de votación que ha habido sobre el articulado, y nuestro voto quería ser negativo; por eso quiero expresarlo, para que conste en el 'Diario de Sesiones' que nuestro voto en esas dos votaciones que hacen referencia al
conjunto del articulado del dictamen es negativo. (El señor Bermúdez de Castro Fernández: Lo que hay es lo que hay).

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El señor PRESIDENTE: En cualquier caso le comunico que hay avocación al Pleno de este proyecto de ley.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.


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