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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 5-5, de 23/04/2012
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


X LEGISLATURA


Serie A: PROYECTOS DE LEY


23 de abril de 2012


Núm. 5-5



ENMIENDAS DE TOTALIDAD


121/000008 Proyecto de Ley Presupuestos Generales del Estado para el año 2012


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas a la totalidad presentadas en relación con el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2012.-P. A. El Secretario Adjunto para Asuntos Parlamentarios, José Antonio Moreno Ara.


ENMIENDA NÚM. 1


FIRMANTE:


Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2012 de devolución al Gobierno.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2012.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Los Presupuestos para este año 2012 (es preciso tener en cuenta que en menos de seis meses estaremos hablando ya de los del próximo ejercicio) se insertan en el marco de una profunda crisis económica y un contexto europeo cuyas instituciones
(Unión Europea, Consejo Europeo, Econfin, Banco Central Europeo, etcétera) restringen enormemente el margen de maniobra presupuestario con exigencias extremas de recortes, austeridad del gasto y reformas neoliberales en materia de empleo, finanzas,
políticas sociales y lo que haga falta.


Por otra parte, lo que se denominan mercados se están aprovechando de la debilidad de la economía española y la están poniendo en un grave riesgo de tener que ser rescatada.


Una realidad, la de la crisis, y un contexto, el de la Unión Europea y los mercados, que, en opinión del Grupo Vasco, no auguran sino mayor crisis y unas perspectivas más negativas sobre las posibilidades de salir de la misma.


Los datos de la economía española son realmente preocupantes.


Según el propio Gobierno, el Producto Interior Bruto caerá un 1,7 % este año, se destruirán más de 630.000 empleos y la tasa de paro se situará próxima al 25 % (superando ampliamente el 50 % en el caso de los jóvenes). El número de parados
a fin de año puede alcanzar los seis millones de personas. Este es el dato más relevante para medir la profundidad de la crisis.


Además, el abultado déficit público (8,5 % del PIB para el conjunto de las Administraciones Públicas en 2011, cuando se preveía un 6 %), y 'el compromiso' ante la UE y los mercados de reducirlo este año hasta el 5,3 %, y al 3 % el próximo,
con lo que implica



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de aumento de impuestos y reducción de gastos públicos, intensificará la crisis económica, que será mucho más profunda que la que estima el Gobierno.


A ello hay que sumarle los problemas de fondo de la economía española no resueltos que es imprescindible solventar para tener alguna posibilidad de que la recuperación económica pueda iniciarse. Como, por ejemplo, el endeudamiento de
empresas y familias; la reforma pendiente, inacabada y mal gestionada del sector financiero; las consecuencias de la reforma laboral, etc. Sin olvidar la permanente improvisación del Gobierno (semana tras semana, mediante Real Decreto-ley adoptan
medidas de subida de impuestos, recortes de gasto, véase Educación y Sanidad, y amnistías fiscales, entre otras) cuyo rumbo es difícil adivinar.


El Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Pacto Fiscal acordados con la Unión Europea son implacables y exigen que se recorte el déficit público hasta alcanzar este año el 5,3 % del PIB.


Y a este solo criterio, al del ajuste, responden unos Presupuestos que nos sugieren algunas reflexiones.


La primera es que una política de extrema austeridad va a agravar la crisis (nadie sensato se cree la teoría de la derecha europea de que de la austeridad se deriva la credibilidad, y de esta el crecimiento económico y el empleo). Menos
gasto y más impuestos deprimen la demanda, generan más paro y menor crecimiento, lo que puede introducirnos en un círculo vicioso muy negativo.


La segunda es que, además, no va a ser posible reducir el déficit público en la cuantía cifrada. El año 2011, con un crecimiento del PIB del 0,7 % y grandes sacrificios presupuestarios, el déficit se redujo tan solo en nueve décimas. ¿Cómo
se va a reducir el déficit en 3,2 puntos porcentuales si la economía decrece un 1,7?


La tercera es la falta de credibilidad y rigor técnico de las propias previsiones de ingresos y gastos, y las dudas sobre el cumplimiento en materia de déficit público, tal y como reconocidas instituciones y economistas de prestigio están
poniendo de manifiesto.


Los Presupuestos Generales del Estado para 2012, por lo tanto, no van a permitir que la economía mejore a corto plazo sino todo lo contrario. Pero tampoco incorporan medidas para mejorar la competitividad y la productividad a medio y largo
plazo.


La inversión pública se reduce (inversiones reales y transferencias de capital) en más de un 30 %, y la I+D+i lo hace en un porcentaje similar, lo que condicionará el crecimiento y el empleo futuros. Los recortes en las políticas activas y
en Educación apuntan en la misma dirección.


Cabe concluir, por lo tanto, que los Presupuestos 2012 no son adecuados para enfrentarse a la crisis económica, ya que no la mejoran sino que la empeoran.


Otra reflexión relevante para el Grupo Vasco en el Congreso se deriva del análisis del impacto de estos Presupuestos en Euskadi.


Pues bien, como cabía esperar, las partidas destinadas a Euskadi sufren un notable descenso dentro de la escasa importancia que tradicionalmente han tenido (tan sólo en los últimos años, merced a los acuerdos presupuestarios con el Gobierno
de Zapatero, se mantuvo cierto impulso inversor).


Los 112 millones de euros destinados a proyectos específicos de I+D+i en el Presupuesto anterior se convierten este año en cero.


Las inversiones reales directas del Estado se sitúan en 31,7 millones de euros, un 0,5 % del total del Estado; es decir, prácticamente inexistentes.


La otra partida relevante, la contemplada en el ADIF para la construcción de la 'Y' Ferroviaria, se cuantifica este año (en la parte que corresponde al Estado) en 315 millones de euros cuando el pasado año lo hizo en 329.


El segundo motivo de rechazo a los Presupuestos es que también son negativos para Euskadi.


Unos Presupuestos negativos para la economía y negativos para Euskadi no pueden contar con el apoyo del Grupo Vasco, y es lo que justifica y explica la presentación de esta enmienda a la totalidad.


ENMIENDA NÚM. 2


FIRMANTE:


Francisco Xesús Jorquera Caselas y M.ª Olaia Fernández Davila


A la Mesa de la Comisión de Presupuestos


El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de don Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado por A Coruña (BNG) y doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada por Pontevedra (BNG); al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
presentan la siguiente enmienda a la totalidad, al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.


Palacio del Congreso de los Diputados , 20 de abril de 2012.-Francisco Xesús Jorquera Caselas y M.ª Olaia Fernández Davila, Diputados.-Xavier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 supone la plasmación en las cuentas anuales de las políticas económicas con las que el Gobierno intenta afrontar la crisis, y que se caracterizan por la sumisión a los dictados de la
Unión Europea, el FMI y los temidos mercados, lo que supone la renuncia a una distribución justa de los costes de la crisis y la renuncia a impulsar políticas de estímulo que favorezcan la reactivación



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económica y la creación de empleo, o lo que es lo mismo, la renuncia a superar el modelo económico inspirado en las políticas de carácter neoliberal que son las causantes de la actual crisis económica y del fracaso a la hora de afrontarla.


El objetivo macroeconómico que orienta todo el proyecto de presupuestos es conseguir la reducción del déficit hasta el 5,8 % del PIB, relegando a un segundo plano las políticas sociales y los estímulos a la recuperación de la economía y la
reorientación del sistema productivo, lo que supone anteponer el objetivo de consolidación fiscal a los de la recuperación económica, creación de empleo y cohesión social. Esta opción retarda la recuperación económica, al renunciar el Estado a
ejercer de motor o dinamizador de la economía a través de la inversión productiva, y con ello al 'efecto multiplicador' que la inversión pública genera sobre el resto de agentes económicos. De hecho, la reducción de la inversión pública para
alcanzar los objetivos de déficit puede ser contraproducente incluso para este fin, puesto que al renunciar a estimular la recuperación económica, también se está renunciando a los mayores ingresos fiscales que ocasionaría dicha mejora en la
economía.


Estos presupuestos buscan la reducción del déficit operando principalmente en la vía de la reducción del gasto, renunciando a incrementar la capacidad recaudadora del Estado mediante una profunda reforma fiscal que acentúe el carácter
progresivo del sistema. Las modificaciones introducidas en el Impuesto de Sociedades no supondrán un marco cualitativamente diferente en la tributación de las empresas, en donde se hace necesario gravar más intensamente los grandes beneficios.
Especialmente contraproducente resulta la conocida como 'amnistía fiscal', una medida éticamente cuestionable, que premia a los defraudadores con el fisco, cuando lo realmente necesario es articular un plan integral contra el fraude fiscal, que
alcanza, según diversas estimaciones, un volumen próximo al 23 % del PIB.


El proyecto incide en medidas injustas para la mayoría de la sociedad, asume la agudización de la crisis económica y camufla la reducción de inversiones en Galicia a través de un artificio presupuestario. Los mayores recortes que contempla
alcanzan a la promoción económica y a las políticas sociales, en un escenario en el que se contempla, además, un incremento del paro en el Estado en 630.000 personas.


Por otra parte, los límites presupuestarios que se imponen a las comunidades autónomas, que son superiores en relación al volumen de gasto público que gestionan, implican importantes recortes en enseñanza y sanidad, que, sumados a los
recortes anunciados con posterioridad a la presentación de este proyecto y los propios recortes sociales contemplados en el mismo, implican un ataque frontal al Estado del Bienestar.


Con respecto a la inversión territorializada en Galicia, se intenta compensar la reducción presupuestaria real de las inversiones en Galicia mediante un artificio presupuestario en la alta velocidad, con una dotación económica anormalmente
elevada, no detallada y no ejecutable en la práctica.


A continuación, desenvolvemos más detalladamente estos argumentos, que justifican la presentación de esta enmienda de devolución.


A. Son contrarios a las necesidades de las mayorías sociales.


El proyecto de presupuestos es claramente regresivo en lo relativo a las políticas sociales. La dotación de la mayoría de programas sociales ven reducida considerablemente su cuantía con respecto a los presupuestos vigentes, siendo este
descenso superior al descenso medio en el conjunto de Ministerios.


La inversión social cae en, aproximadamente, 8.000 millones. La asignación a la 'dependencia', dotada para el 2011 con 283 millones de euros, no tiene dotación económica, lo que seguirá imposibilitando el cumplimiento del abanico de
prestaciones contempladas en la Ley de Dependencia. La partida destinada al fomento del empleo, de especial importancia en el actual contexto, se reduce en casi 1.500 millones de euros, lo que supone un 21,3 % menos que para el año pasado. Se
recortan bolsas y ayudas para los estudiantes en un 11,8 %, Y otros programas relacionados con la educación sufren una reducción más intensa que la media. Así, la partida destinada a 'educación secundaria, formación profesional y Escuelas Oficiales
Idiomas' se reduce en un 29 %, la destinada a 'educación infantil y primaria' en un 36,5 % y la relativa a 'enseñanzas universitarias' un 62,5 %.


Si examinamos la evolución del presupuesto por Ministerios, nos encontramos con que los que concentran la mayor parte de la inversión social, como el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sufre un recorte del 21,2 %, superior al
promedio de los recortes en los Ministerios, o el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que sufre una reducción del gasto (13,7 %) muy superior a la de Ministerios de nula vocación social, como es el caso de Interior (4,3 %), Defensa (8,8 %) o
Presidencia (3,8), o de partidas como la destinada a la Casa Real, que se reduce en un 2 %, o la asignación a la Iglesia Católica, que no se modifica con respecto al 2011.


B. Impiden la dinamización de la economía, la reorientación del modelo productivo y, en consecuencia, la generación de empleo.


El proyecto de Presupuestos Generales del Estado debería hacer un especial esfuerzo para dotar adecuadamente las inversiones con mayor impacto en la recuperación económica y en el cambio de patrón de crecimiento, como son las
infraestructuras, la dotación relativa a la I+D+i o la educación. Sin embargo, la orientación es justo la contraria. Son precisamente estas áreas las que experimentan un mayor descenso en su



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asignación presupuestaria, claramente por encima de la media. El Ministerio de Fomento sufre un recorte del 34,6 % con respeto al 2011, el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del 31,2 %, y el de Industria, un 31,9 %, lo que
implicará un drástico descenso de la inversión productiva.


Especialmente intenso es el recorte que se produce en las áreas ligadas a la I+D, fundamentales para posibilitar una reorientación del modelo productivo y dotarlo de mayor valor añadido, con un recorte del 25 % y de cerca de 2.000 millones
de euros. Programas ligados a la I+D, como el 'fomento y coordinación de la investigación científica y técnica', que recoge la financiación al Plan Nacional de I+D, ve reducido su presupuesto en 623 millones de euros, lo que supone un descenso de
un 31 % con respecto al año 2011. Similar suerte corre el programa 'investigación y desarrollo de la sociedad de la información', que ve reducido su presupuesto en 252 millones de euros, lo que supone un 68,5 % menos que lo presupuestado para 2011.


Por lo tanto, son unos presupuestos que impiden la inversión productiva y rehuyen de la apuesta por la innovación, elementos que son esenciales en la recuperación económica y la reorientación del modelo productivo.


C. La inversión territorializada en Galicia desciende significativamente, a pesar de disimularse mediante un artificio presupuestario.


Para el BNG, como fuerza nacionalista y gallega, tiene una especial relevancia la inversión territorializada en nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta que Galicia presenta un déficit histórico en materia de infraestructuras y que padece
un considerable retraso en la ejecución de las obras de la alta velocidad ferroviaria con respecto a las previsiones iniciales.


La inversión real de los Ministerios en Galicia sufre una caída de 250 millones de euros en relación al año anterior, lo que supone un descenso del 38,6 % de la inversión en los diferentes Ministerios. Actuaciones estratégicas para Galicia,
como las relativas al saneamiento, y a la red ferroviaria interior y viarias, necesarias para la vertebración interior de Galicia, aparecen claramente infradotadas.


Para camuflar esta caída de la inversión real en Galicia, el Gobierno recurre a dotar artificiosamente la inversión que consigna al sector público empresarial, sobre todo en lo relativo al AVE. Destina una partida de 701 millones de euros a
la provincia de Ourense para el tramo Ourense-Olmedo-Zamora, y 312 millones para la conclusión del Eje Atlántico. Tenemos que hacer las siguientes consideraciones, que demuestran que, a juicio del BNG, estamos ante un artificio presupuestario:


- El Eixo Atlántico se estaba ejecutando con inversión directa de Fomento. Ahora esa inversión se transfiere al Adif, al sector público empresarial.


- No hay ninguna transferencia patrimonial del Gobierno al Adif para realizar la inversión, ni posibilidades de recurrir a un endeudamiento suficiente que permita afrontarla.


- El tramo de AVE Olmedo-Zamora-Ourense que se imputa a la provincia de Ourense no está en condiciones de ejecutar las cantidades consignadas; por lo tanto, se asigna a Galicia una cantidad en este tramo que no se corresponde con la
capacidad de absorción presupuestaria si tenemos en cuenta el estado de los proyectos. Además, no se detallan las actuaciones concretas a las que se van a corresponder esos 701 millones.


Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG solicita la devolución al Gobierno de este proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2012.


ENMIENDA NÚM. 3


FIRMANTE:


Joan Baldoví Roda (Grupo Parlamentario Mixto)


A la Mesa del Congreso de los Diputadados


El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2012.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2012.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Xavier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto


Exposición de motivos


Como se indica en la exposición de motivos de la propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2012, estos Presupuestos son los primeros que se hacen desde la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, formalizada el pasado
27 de septiembre de 2011 por acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular. En este sentido, partiendo de la necesidad de cumplir con un objetivo final de déficit que ha sido fijado por la UE después de desestimar la propuesta inicial del Gobierno,
pasando del 5,8 % al 5,3 %, se afirma que se reconducen los ingresos y los gastos hacia el reequilibrio. Pero, desde la lectura atenta del documento que se nos ofrece, manifestamos nuestra profunda discrepancia y no compartimos que con la propuesta
aquí planteada se camine hacia la recuperación económica ni se pongan los fundamentos necesarios para crecer con el objetivo de



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recuperar un escenario de creación de empleo y saneamiento de las cuentas públicas. Desde nuestra posición los calificamos como los presupuestos de la vergüenza.


Se expone en su justificación que se ha fijado el objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas en el 5,8 % del PIB, desglosándose del siguiente modo: el Estado tendrá un déficit del 4 %; las Comunidades Autónomas
del 1,5 %; las Corporaciones Locales del 0,3 % y la Seguridad Social estará en equilibrio. No se menciona el límite del 5,3 % fijado por la Unión Europea y cómo se abordará en este Presupuesto por lo que se inicia su tramitación con la enmienda de
oficio de su texto que, a su vez, se ve afectada por otras decisiones con fuerte impacto que se van tomando con el paso de los días. Aun admitiendo que nos encontramos con un elemento dinámico, con una propuesta, el Gobierno actual ha tenido desde
la convocatoria electoral formalizada en septiembre de 2011 tiempo suficiente para diseñar las soluciones que aportaría, desde su punto de vista, en concordancia con el contrato o programa presentado ante la ciudadanía en la contienda electoral. La
falta de credibilidad de lo prometido con lo planteado genera dudas e incertidumbre sobre la misma credibilidad de las cuentas que se nos presentan.


Es decir, plantea la duda razonable sobre su viabilidad e insinúa que se trata de unos números para ganar tiempo en un contexto cambiante por una autoridad monetaria que da prórrogas ante tanta improvisación y falta de rigor con los
objetivos públicos de austeridad, eficacia y eficiencia. Dicho de otro modo, igual que se ha engañado o faltado a la verdad con el programa presentado a las elecciones respecto a la negativa a la subida de impuestos, repago sanitario, amnistía
fiscal y otras medidas conocidas, se puede estar faltando a la verdad con estas cuentas ante el parlamento y ante la Unión Europea. Buena muestra de ello son las conocidas previsiones del FMI que anticipan su fracaso.


Son unas cuentas que no gustan al FMI ni a la Funcas, pero nosotros damos más validez a las preocupaciones de ciudadanos que han decidido reunirse y organizarse para mostrar su descontento ante la situación. Por eso, por ejemplo,
compartimos las reflexiones de la comisión política del 15M de Valladolid, que reproducimos aquí para testimonio histórico del momento que nos toca padecer.


Los recortes en los presupuestos públicos para el año 2012 traerán un claro deterioro de las condiciones de vida y de los servicios públicos y prestaciones sociales. No se reactivará la economía, sino que se contraerá, al menos, en un 1 %
y, se admite, por el propio Gobierno del Partido Popular, que el paro alcanzará a 5.600.000 personas y se destruirán 630.000 empleos. Entonces, ¿por qué, para qué, estos presupuestos?


Los recortes afectan al gasto público en casi todas las esferas, pero de un modo desigual. Pretenden justificarlos en la necesidad de conseguir que el déficit público sea el 5,3 % del Producto Interior Bruto acordado con la UE.


En promedio, los recortes del gasto de los diferentes ministerios ascienden a un 17 %, lo que supone en total una reducción de 27.300 millones de euros en relación a los presupuestos de 2011. Pero hay sectores importantísimos para el
bienestar y futuro social que superan ese porcentaje. Así, Educación verá recortado el gasto en un 21,9 % (pasará de 3.918 millones de euros a 3.088 millones), Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en un 31,2 %. Por su parte, Sanidad verá
reducido el gasto en un 13,7 % (de 2.674 millones de euros pasará a 2.309 millones), Empleo y Seguridad Social en un 7,4 % (de 22.593 millones de euros a 20.924 millones). Mientras que los gastos de Defensa tendrán un recorte del 8,8 %, los de
Justicia del 6,3 %, los de Presidencia del 3,8 % y los de Interior del 4,3 %.


La Casa Real reduce sus gastos en un 2 % y la aportación a la Iglesia Católica, a cuenta del IRPF, no sufrirá reducción alguna.


Los recortes en Educación recaen sobre todo en universidad, tecnología y formación. Cae a la mitad la cuantía para universidades y tecnología y la formación permanente del profesorado pierde todos los fondos. Habrá un 11,6 % menos para
becas.


Las políticas sociales sufren un recorte del 15,7 %, siendo las que más se reducen inmigración (54,8 %), familia en infancia (42,6 %), mayores (38,6 %), emigración (23,1 %), violencia de género (21,3 %), dependencia (13,7 %). Las políticas
de salud caen un 6,8 %. Investigación y Desarrollo se lleva uno de los peores recortes, el 25 %. Las políticas activas de empleo se reducen en un 21,2 % (pasan de 7.322 millones de euros a 5.765 millones): vergonzoso, para los más de cinco
millones de parados y paradas.


Como decíamos, todos estos recortes se imponen bajo el pretexto de reducir el déficit público. Pero el déficit público no es el problema, pues siempre es necesario un cierto nivel de endeudamiento, entre otras cosas, porque hay inversiones
a largo plazo que no se pueden costear con los presupuestos anuales. El promedio europeo del déficit público en 2010 era del 6 % y el del Reino Unido era del 10,3 % superior al del Estado Español que alcanzó ese año el 9,3 %.


Para cubrir el déficit público, el Estado se endeuda recurriendo al préstamo de bancos y particulares, lo que va configurando la deuda pública.


Lo lógico sería que el Banco Central Europeo prestara dinero a los Gobiernos, sin interés o con un interés mínimo. Pero el BCE no presta dinero directamente a los Gobiernos, pero sí lo hace a los Bancos privados a buen precio. Así el
último paquete prestado por el BCE a los bancos privados fue de 500.000 millones de euros al 1 %. Estos bancos colocan una buena parte de ese dinero prestándolo al Estado a un interés muy superior. En la última subasta pública de bonos del Estado,
después de conocerse los Presupuestos Generales para 2012, el interés ha subido y, esos bancos, que lo recibieron al 1 %, lo han colocado al 5,6 %. La ganancia es clara.



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Todo esto está provocando que los intereses que el Estado español tiene que pagar sigan aumentando, engrosando la deuda pública y los negocios de la Banca. Lo que se pagará de intereses a la Banca por la deuda pública en el año 2012
asciende a 28.876 millones de euros, es decir, una cantidad que supera los recortes del gasto público en los Presupuestos Generales para este mismo año (27.300 millones de euros). O dicho de otra forma, todo lo que se ahorra en gasto público se va
para pagar los intereses de la deuda pública.


Es cierto que el endeudamiento del Estado español se ha elevado, pasando del 68,5 % al 79,9 % del PIB en el año 2012 (por encima del límite establecido en el llamado Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento que lo sitúa en el 60 %), pero
también es cierto que la media europea es del 90 %.


La presión de los mercados, de las grandes economía europeas, se ejerce para que este negocio del endeudamiento siga funcionando y para que la gran banca que ha invertido en deuda pública en el Estado español cobre puntualmente todos los
beneficios.


Así, a pesar de los recortes y estos drásticos e injustos presupuestos, inmediatamente después, la llamada 'prima de riesgo' (desconfianza en el pago de los intereses de los bonos del Estado a diez años comparado con los bonos alemanes del
mismo tipo) ha subido por encima de los 400 puntos, disparando nuevas alarmas que ya dicen que todo esto, reforma laboral, recortes etc., es insuficiente y que nuestro camino es el de Grecia.


No hay que olvidar, además, que el Estado español ha transferido cantidades ingentes de dinero a la banca privada para 'reflotarla', cantidades sobre las que, por otra parte, hay el más de los opacos oscurantismos. Esta, después de los
beneficios millonarios de los últimos años, especialmente logrados a base de las hipotecas, no puede hacer frente al pago de sus deudas porque, con el crack de la burbuja inmobiliaria, tampoco tiene retorno el dinero que ella ha prestado a
especuladores, constructoras, promotoras, etc.


Una buena parte de esos beneficios millonarios permanecen ocultos; hay expertos que los sitúan entre el 19 % y el 23,3 % del PIB (244.918 millones de euros) y probablemente se queden cortos. Ahora, aprovechando los Presupuestos Generales
del Estado para 2012, se les otorga una amnistía fiscal de escándalo, pues sólo pagarán el 10 % de lo que aflore ahora y no afloró en el momento debido, en el que, por ejemplo, las rentas de más de 52.361 euros anuales debieron pagar un 43 %. Todo
ello habiendo subido recientemente el IRPF a los ciudadanos honrados. Dicen que esperan recaudar 2.500 millones, es decir, que afloren 25.000 millones de euros. Seguro que es un gran estímulo para los defraudadores.


Con estos nuevos presupuestos se sigue abriendo, de par en par, las puertas a las privatizaciones de los servicios públicos, porque tampoco hay que olvidar que recortar gastos en sanidad y educación, además de privar a la población de unos
servicios de calidad, deja enormes campos, los que ya no se pagan con fondos públicos, para que los ocupe la empresa privada y negocie con ellos.


Los sacrificios impuestos al pueblo trabajador tienen como fin que siga y se amplíe este suculento negocio. La mayoría absoluta del Partido Popular cumple fielmente con ese cometido. Nos dicen ya que es insuficiente, que habrá más.
Tendremos que responder más y mejor.


Una mayoría electoral sustentada en una ley electoral injusta, por unos votos que no representan proporcionalmente a la sociedad, que legitima a dos partidos, el PP y el PSOE, para que se alternen en el Gobierno y modifiquen a su antojo la
Constitución sin que se produzca un referéndum ante la ciudadanía. Los ciudadanos y ciudadanas sufrirán ahora las consecuencias de la reforma del artículo 135 de la Constitución realizada en las Cortes Generales sin su consentimiento a pesar que
altera las condiciones de sus vidas en todos los sentidos, modifican sus anhelos y esperanzas de futuro y lo declaran incierto y sometido a la voluntad de elementos políticos foráneos, que ejercen formas larvadas de imperialismo económico como es el
caso de la canciller Merkel. Imperialismo que también se convierte en político al privarnos de nuestro derecho de decisión.


De una ley electoral que consideramos injusta nace un parlamento en el que muchos territorios no están representados adecuadamente en su peso poblacional. De una ley electoral injusta nace un parlamento en el que se consagra la mayoría de
las circunscripciones como bipartidistas. Una ley injusta que produce, en contra de la voluntad popular, un Grupo Mixto, del cual formo parte, que limita nuestra capacidad de participación política.


Y de todo este conglomerado de intereses alejados de los ciudadanos y ciudadanas nace un presupuesto que debe satisfacer a unos líderes europeos que no nos representan, porque no hemos sido consultados sobre su idoneidad para regir el futuro
de nuestras vidas. Y una reforma constitucional que nos lleva al desastre social y a un Gobierno que no representa a la ciudadanía que lo ha elegido porque ha perdido su soberanía para decidir sus políticas económicas y defender nuestros intereses.


Un Gobierno sometido a la especulación de los mercados, de quienes obtienen el dinero al 1 % para revenderlo al 400 % de la prima de riesgo y expoliarnos socialmente de derechos que han costado muchos años de adquirir. De un Gobierno que
hace pagar sus medicamentos a los enfermos crónicos rompiendo una cadena de solidaridad, que quita las ayudas a dependientes, que obliga a los niños y niñas a multiplicarse en las aulas para que la calidad de la educación se perjudique, que hace
desparecer las ofertas de empleo público o las becas de investigación para que los jóvenes vean que no hay futuro aquí y que los mejores se tengan que marchar a Europa o a otra parte del mundo a buscarse la vida. Unos presupuestos que con la imagen
de la austeridad



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buscan el desprestigio de los empleados públicos poniéndolos a todos en el disparadero, que cuestiona el derecho a las prestaciones sociales de quienes han tenido la desgracia de quedarse sin trabajo.


Estos presupuestos son eso, los presupuestos de la vergüenza.


El Presidente Rajoy ha manifestado en sede parlamentaria que estos Presupuestos se confeccionaban con tiempo suficiente para responder a la situación de crisis que padecemos, en buena manera creada por la conocida burbuja inmobiliaria y
política del ladrillo auspiciada por bancos y cajas de ahorro y desarrollada en comunidades autónomas como la valenciana, en la que ha gobernado su formación política, de la que él es el máximo responsable, en la que se ha favorecido la especulación
sin límites que ha costado la quiebra de tres entidades financieras, Bancaja, CAM y Banco de Valencia, quiebra en la que ha participado activamente el Partido Popular. Participación concretada en la concesión de licencias y permisos para un
desarrollo urbanístico fuera de toda lógica de mercado y de las necesidades sociales y por la designación de miembros en los consejos de administración desde la Generalitat y ayuntamientos, amén de la bochornosa actuación de los representantes de la
Administración autonómica en las comisiones de control o el papel jugado por el Banco de España, con su gobernador al frente, que nos ha sermoneado permanentemente mientras ha autorizado tasaciones desajustadas a la realidad sobre inmuebles para
otorgamiento de créditos hipotecarios sin límite que han situado a la banca en el precipicio. El mismo que ha consentido las retribuciones de los altos cargos de las Cajas de Ahorro o la financiación de aeropuertos peatonales sin viabilidad alguna,
como los de Ciudad Real o Castellón.


Así nos encontramos que, durante esta metafórica tregua parlamentaria impuesta por el señor Rajoy para presentar ante la ciudadanía su propuesta de gestión económica, plasmada en un Presupuesto del Estado, no han parado de surgir reformas,
recortes o los conocidos con el eufemismo de ajustes. Mencionaremos algunos para clarificar que estas cuentas no los recogen todos y que nacen viciadas y defectuosas desde el principio.


El 5 de enero el Gobierno informa sobre el plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, calculando en 8.171 millones lo que obtendrá en el año 2012 por este capítulo. No es más que márquetin, porque a finales del mes de
marzo el Gobierno plantea una amnistía fiscal, justo lo contrario. ¿Quiénes serán los beneficiarios de esta amnistía? ¿Son los políticos y empresarios corruptos? De perseguir al defraudador a premiarlo hay un giro de 180 grados que no nos han
explicado ni se sostiene jurídicamente a nuestro entender. Hecho que invalida estos presupuestos.


El 27 de enero, mediante decreto, el Gobierno suprime los incentivos a las empresas de energías renovables, al objeto de contener el déficit tarifario. Ese mismo día presenta el anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, una ley que establece multas a las administraciones no convergentes en la reducción del déficit.


El día 3 de febrero presenta un Real Decreto-ley de saneamiento del sector financiero, con el objetivo de bombear 50.000 millones de euros adicionales a los 66.000 millones de euros que ya ha inyectado a la banca desde el año 2008. Los
50.000 millones de euros se exigen para una mayor cobertura de los activos más problemáticos de los bancos. El saneamiento del sector financiero no produce mayores ingresos en la recaudación, lo que indica que se trata de un maquillaje de las
maltrechas cuentas ante la caída del crédito privado y su escasa solvencia.


El día 10 de febrero otro Decreto Ley, esta vez de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Generalización del despido con 20 días por año que no se contempla a efectos del cálculo de la parte que tendrá que ser asumida por la
administración. Tampoco se fijan objetivos de creación de empleo que auguren un incremento de los ingresos en la Seguridad Social o disminución de prestaciones. Es más, se augura un cuadro demoledor de crecimiento de desempleo y caída del PIB, tal
como explicaremos. Por tanto, la reforma reincide en nuestra idea de que estas medidas solo sirven a los intereses empresariales y es lesiva para los ciudadanos y la propia administración pública. Otro evidente motivo más de rechazo a las cuentas
presentadas.


El 17 de febrero se interviene en las retribuciones de la dirección en el sector público empresarial, se rebaja un 25 % los salarios y se establece límites. No se tocan otras retribuciones de altos cargos de la administración que podían
considerarse personal con este mismo rango. Un hecho contradictorio a todas luces. El alto personal directivo de las Fuerzas Armadas, por citar alguno.


El 24 de febrero se proponen quitas a los proveedores de las administraciones públicas. No se contempla ese hecho a efectos de recaudación del IVA, Impuestos de Sociedades y otros aspectos documentados en los balances de las empresas que
tendrán una fuerte incidencia sobre la recaudación.


El 2 de marzo el gobierno fija el objetivo de déficit público del año 2012 en el 5,8 % del PIB. El señor Rajoy presenta esta cifra como un acto de soberanía, aunque a los diez días la UE determina que la cifra es el 5,3 % y el gobierno lo
asume sin negociación, lo que insiste en la idea de que la soberanía económica está cedida a la UE, en concreto al señor Sarkozy y a la señora Merkel. Ese mismo día se hace público el cuadro macroeconómico del gobierno, con una caída de la economía
del 1,7 % del PIB y una tasa de paro del 24,3 % de la población activa para el año 2012: no habrá recuperación de la economía ni se creará empleo en el corto plazo. El día 3 de abril, presentados ya los presupuestos, el señor Rajoy insistía en la
idea de que no veremos resultados a corto plazo con lo que el propio



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Presidente del Gobierno desautoriza de plano estas cuentas públicas mandando un mensaje claro de desgobierno al mundo entero.


El 9 de marzo el Gobierno crea, mediante Decreto-ley, el fondo para la financiación de pagos a proveedores de las administraciones públicas. La banca sindica un préstamo de 35.000 millones para que los ayuntamientos y las comunidades
autónomas paguen sus deudas con proveedores. Empiezan a emerger facturas de los cajones. En concreto, la Generalitat Valenciana aporta 4.069 millones de euros correspondientes a 578.000 facturas, de las cuales 1.850 millones corresponden a gasto
sanitario en su mayoría sin contabilizar, lo que deja el déficit público, de ser general esta situación, en una cifra indicativa y no segura. De hecho, finalizado este proceso, no se corrigen cifras sobre déficit. Queda clara también la
configuración de una herencia o situación actual resultado de la mala praxis tanto del Gobierno dirigido por el señor Zapatero como de los gobiernos autonómicos y municipales que han sido responsabilidad del Partido Popular. Gobiernos como el de la
Generalitat Valenciana, que no pueden desde primeros de año atender sus obligaciones de deuda pública y que reclaman los conocidos hispanobonos de los que todo el mundo habla pero que tampoco se mencionan en estos presupuestos para cuantificar
cuánta deuda oculta tiene que emerger y cómo se va a financiar su pago en los próximos años. En concreto, y por nuestro conocimiento, tampoco se mencionan a efectos del cálculo de déficit las obligaciones contraídas con cargo a ejercicios futuros
por convenios y contratos.


El 16 de marzo el gobierno presenta su plan de racionalización del sector público empresarial, eliminando 24 sociedades mercantiles estatales y 154 consejeros. Mediante decreto, se establece la simplificación de trámites burocráticos de
fusiones y escisiones de empresas y, por último, la consolidación de cinco líneas de crédito ICO dirigidas a autónomos y pymes, dotadas con 22.000 millones de euros.


Y tenemos que preguntarnos por qué hemos llegado a esta situación. Quiénes han creado esta crisis que hay que resolver.


Por una mala praxis de los gobiernos, los estados se endeudaron, y ahora aprovechan la coyuntura para imponer a los pueblos su propio rescate como si fuera el de las naciones a las que están a punto de arruinar. Tenemos esta situación
heredada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que actuó en connivencia con el señor Rajoy y el Partido Popular en cada uno de sus gobiernos autonómicos y municipales en los que se fomentó la misma praxis.


Y en este momento rechazamos este Presupuesto porque rechazamos las políticas que se vienen aplicando, que no significan otra cosa que recorte de derechos sociales en beneficio de la banca y las grandes empresas y que no tienen nada que ver
con las reformas necesarias para crear empleo y salir de la crisis.


Manifestamos juntos a otros ciudadanos que hay que poner fin a la especulación financiera contra los estados soberanos. Y es por eso que reclamamos a las autoridades europeas que impidan que se sigan produciendo estos ataques. Reclamamos
simplemente un control urgente de los movimientos de capital, dejando de prestar dinero gratis a la banca si no es con la firme garantía de que se utiliza para financiar a las economías, y estableciendo inmediatamente un impuesto sobre esos
movimientos financieros especulativos que los disuada para siempre. Hay que garantizar que fluya el dinero a las pequeñas y medianas empresas, que son las que realmente crean empleo, creando una banca pública mediante la nacionalización de las
cajas de ahorros.


Creemos que Europa no puede construirse ni tiene futuro si no es sobre la democracia real y que el sometimiento y la complicidad actual de los gobiernos ante los poderes financieros es indigno y suicida.


Y proclamamos que no vamos a aceptar que se tomen en España más medidas de recorte de derechos sociales y menos aún que se proceda a otro falso 'rescate' como los que se han realizado en otros países y que solo han significado dar dinero del
pueblo a la banca que ha creado la crisis. Y que vamos a exigir por todos los medios que la crisis la paguen quienes la han provocado.


Y lo manifestamos aquí, ante el Congreso de los Diputados, para expresar nuestro compromiso con la defensa de las conquistas sociales que tanto ha costado alcanzar, de ejercer el legítimo derecho a la desobediencia civil cuando las medidas
políticas se toman a las espaldas del pueblo sin dejar que este se pronuncie, y que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que los bancos y banqueros, que son los verdaderos culpables de la crisis, paguen el daño que han hecho a la
sociedad.


Y en virtud de esta voluntad que hemos asumido, explicamos algunos aspectos que encontramos negativos de manera más concreta.


Se contempla como una obligación derivada de la repercusión que tiene el mandato constitucional de estabilidad presupuestaria y la actual situación de nuestra economía la congelación de los salarios del sector público, medida que a nuestro
entender es inadmisible, pues no es obligatoria y se toma arbitrariamente en detrimento de otras que puedan conseguir los mismos fines de ahorro sin perjudicar la economía personal y familiar de los trabajadores públicos que vienen soportando desde
mayo de 2010 una carga de solidaridad sobre sus salarios. En este sentido, no podemos más que rechazar esta propuesta que supone, junto a otras aparecidas recientemente para conseguir un ahorro adicional de 10.000 millones de euros, una merma del
poder adquisitivo de los empleados públicos y la revisión de sus retribuciones mientras se mantienen otras partidas de gastos perfectamente reducibles.


Tampoco compartimos la mal llamada regulación de la Oferta de Empleo Público, por la lesión que se produce a la calidad del sector público y la privatización



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encubierta que supone de los servicios públicos que en un futuro se unirá a un aumento de los costes e incremento de los gastos corrientes. La presente Ley de Presupuestos Generales del Estado, al igual que la anterior, mantiene su
regulación en un único artículo, y establece que a lo largo de 2012 no se procederá en el sector público a la incorporación de nuevo personal, lo que no podemos compartir y rechazamos. Motivos idénticos nos llevan a valorar como negativas las
restricciones a la contratación de personal laboral temporal y al nombramiento de funcionarios interinos. Especialmente las referidas a la desatención de la sustitución de empleados por enfermedad que ya se están produciendo por la falta de
recursos y que con las cifras aportadas se multiplicará exponencialmente, lo que supone un ataque a la calidad de los servicios públicos sin precedentes y al bienestar de los ciudadanos en materia de sanidad y educación.


En el Capítulo II, bajo la rúbrica 'De los regímenes retributivos', se establece que en el año 2012 las retribuciones de los Altos Cargos del Gobierno de la Nación y sus Órganos Consultivos no experimentarán incremento respecto de las
vigentes a 31 de diciembre de 2011, afectando a las retribuciones de los altos cargos del Gobierno de la Nación y de la Administración General del Estado, las correspondientes a los altos cargos del Consejo de Estado, del Consejo Económico y Social,
así como a los miembros del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, y a los altos cargos de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de la Guardia Civil, así como a determinados cargos del Poder
Judicial y del Ministerio Fiscal. Es motivo también de rechazo de estos Presupuestos esta posición, ya que pensamos que se puede realizar un esfuerzo ejemplarizante entre los altos cargos ante la grave situación de crisis económica que sufre la
sociedad. Como el realizado con los directivos del sector empresarial público.


El Título IV de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, bajo la rúbrica 'De las pensiones públicas', se divide en cinco capítulos. Como indica el texto, el Capítulo III regula la 'Revalorización y modificación de los valores de las
pensiones públicas', estableciendo que las pensiones contributivas abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como las de Clases Pasivas, mantendrán en 2012 el incremento del 1 %, establecido en el artículo 5 del Real Decreto-ley 20/2011,
de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera. Asimismo se determinan las pensiones que no serán revalorizadas y la limitación del importe de la revalorización de las pensiones. Conocida es nuestra
posición al respecto sobre esta cuestión y, por tanto, no podemos admitir este incremento de las pensiones que suponen una merma de capacidad adquisitiva que se ha visto agravada mediante la propuesta de repago sanitario para los pensionistas
posterior a la presentación de estos Presupuestos. Hacemos valer estos argumentos, entre otros, para el Capítulo V, que contiene la determinación inicial y revalorización de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social y la fijación de la
cuantía de las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.


El Título V, 'De las Operaciones Financieras', se estructura en tres capítulos relativos, respectivamente, a Deuda Pública, avales públicos y otras garantías y relaciones del Estado con el Instituto de Crédito Oficial. El objeto fundamental
de este Título es autorizar la cuantía hasta la cual el Estado y los Organismos Públicos puedan realizar operaciones de endeudamiento, materia que se regula en el Capítulo I, bajo la rúbrica 'Deuda Pública'. Estas autorizaciones genéricas se
completan con la determinación de la información que han de suministrar los Organismos Públicos y el propio Gobierno sobre evolución de la Deuda Pública y las cuentas abiertas por el Tesoro en el Banco de España y otras entidades financieras.
Rechazamos la propuesta planteada puesto que no conocemos a día de hoy quiénes son los poseedores de la deuda pública española emitida y, especialmente, porque consideramos necesaria una auditoría de la misma para conocer con certeza en qué se ha
gastado el dinero de los contribuyentes y qué nos ha llevado a esta situación económica tan grave.


Fundamentamos nuestro rechazo a la propuesta de Presupuestos también en los hechos que a continuación le detallo, obtenidos de informes realizados por grupos de trabajo ciudadanos, que reclaman la auditoría que propongo. Y también, en las
medidas de ajuste que se derivan de la aprobación de los techos de gasto establecidos por el Consejo de Ministros para conseguir la estabilidad presupuestaria en el presente ejercicio. En definitiva, para promover un ejercicio de transparencia
hacia la ciudadanía sobre aspectos que tienen una gran incidencia sobre su calidad de vida, bienestar social y futuro personal, familiar y colectivo.


Según datos del Banco de España, la deuda exterior bruta -excluyendo las inversiones directas en España- era, a 31/3/2011, de 1,74 billones de euros. Si descontamos las deudas que mantienen empresas, ciudadanos y gobiernos extranjeros con
España, la deuda neta asciende -una vez más descontando las inversiones directas- a 1,02 billones de euros. Es decir, que la deuda bruta supone 37.700 euros por cada residente en España y 98.900 euros por cada trabajador. La deuda neta, por su
parte, representa 22.200 euros por cada habitante y 58.200 euros por trabajador.


Entre estos pasivos están también las inversiones extranjeras en Bolsa y fondos, que suponen 206.000 millones (12 %) y que realmente no se pueden considerar deuda. Sin embargo, y ante una situación crítica de nuestra economía, sí que es
cierto que estas inversiones, al contrario que las directas (compras de empresas e inmuebles u otros activos físicos), se pueden retirar de forma sumamente rápida. Por lo que sí que consideramos que es correcto incluirlas en la suma total, ya



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que además sus dividendos terminan en buena medida fuera de España y han sido utilizados por nuestras empresas para financiarse.


La partida más abultada la constituyen los bonos, letras y obligaciones, públicos y privados, en manos de extranjeros, que suponen nada menos que 787.000 millones (45 %).


Aquí se incluyen títulos privados (511.000 millones) y deuda pública (276.000 millones). Esta deuda privada se ha acumulado fundamentalmente a raíz de la formación de nuestra burbuja inmobiliaria y fue el combustible que realmente la
impulsó. El aumento fue espectacular, pasando de 18.000 millones en 1999 a 637.000 millones a mediados de 2007. Incluye fundamentalmente las llamadas titulizaciones, que eran emisiones de bonos y cédulas respaldadas por préstamos -muchas veces
hipotecarios- y que se vendían (y siguen vendiendo) en buena medida a fondos y bancos extranjeros. Los depósitos del exterior en bancos y cajas españoles son también sumamente abultados, y tampoco pueden ser considerados estrictamente deuda, pero
sí que pueden ser retirados, y aún con más facilidad que las acciones bursátiles, en buena medida ante un empeoramiento de la situación de nuestro sector financiero. Y, por supuesto, también generan intereses que terminan o pueden terminar fuera
del país. Suponen 510.000 millones (29 %). El último medio importante que ha utilizado nuestra economía para endeudarse ha sido el propio Banco de España, que desde el inicio de la crisis ha deteriorado de forma notable su posición frente al
eurosistema. En marzo de 2011, hace un año, era negativa en 35.000 millones (2 %) del total de la deuda.


Por tanto, no es admisible la previsión en materia de Deuda del Estado, y la autorización viene referida a la cuantía del incremento del saldo vivo de la Deuda del Estado a 31 de diciembre. Así, para el ejercicio del año 2012 se autoriza al
Ministro de Economía y Competitividad para que incremente la misma, con la limitación de que el saldo vivo de dicha Deuda a 31 de diciembre del año 2012 no supere el correspondiente a 1 de enero de 2012 en más de 35.325.404,19 miles de euros,
permitiéndose que dicho límite sea sobrepasado durante el curso del ejercicio previa autorización del Ministerio de Economía y Competitividad y estableciendo los supuestos en que quedará automáticamente revisado. A nuestro entender, se incide en lo
que nos ha llevado a la calamitosa situación que vivimos y no se remedia la situación de manera procedente. Que no es otra que auditar la deuda pública y también otras deudas como la existente con empresas de armamento por compras cifrada en más de
26.000 millones de euros recientemente.


Más aún, dentro de la tónica general de recorte de gasto que supone este presupuesto -y que afecta de media un 17 %- podemos ver como la dotación para Defensa apenas se reduce un 8,8 %. Nuestro grupo ya planteó -con el rechazo del Partido
Popular- en las Corts Valencianes instar a la reducción de esta partida del orden de un 20 %, lo que nos libraría recursos para equilibrar el presupuesto evitando recortes o incluso invirtiendo en partidas de claro interés estratégico para fomentar
la recuperación económica. Estas cuentas se aferran en el peor escenario posible a un anacronismo, como son unas fuerzas armadas estatales en medio de la integración europea, que nos demanda un ejército sostenible a nivel continental en vez de 27
ejércitos que son una fuente de gasto innecesario cuando cada euro es vital.


Se nos dice que en el ámbito tributario la Ley de Presupuestos incorpora diversas medidas, la gran mayoría de las cuales son las que habitualmente recoge esta norma, medidas que inciden en las principales figuras del sistema tributario. No
es cierto este extremo después de conocida la propuesta de amnistía fiscal, de dudosa legalidad constitucional y que quiebra el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, pues quienes tributan por su salario, por ejemplo, pagarán a tipos
superiores a los defraudadores. No podemos en este sentido más que reafirmarnos en nuestra enmienda a la totalidad, ya que no podemos aceptar tampoco la previsión de ingreso de una acción recaudatoria sin censo que la avale, especialmente por su
cuantía y por ser voluntaria. Es una de las propuestas más graves que se han producido y manifestamos nuestro radical rechazo.


No estamos de acuerdo con la propuesta de mantener, con carácter general, para el ejercicio 2012, los tipos y cuantías fijas establecidas para las tasas que gravan los juegos de suerte, envite o azar, en los importes exigibles durante 2011
que se podían gravar para conseguir unos ingresos adicionales. Es incomprensible que se graven los medicamentos para los enfermos, incluidos los crónicos, y se congele el gravamen del dinero destinado al juego que es considerado también como una
adicción y enfermedad para algunas personas. En cierta manera se grava con un tipo similar al propuesto para la amnistía fiscal, lo que suscita el recuerdo de la práctica ejercida durante años, que ha ocultado casos conocidos de corrupción que se
dirimen en los tribunales de justicia, con la compra de boletos premiados de Lotería nacional para blanquear los beneficios de actividades ilícitas o corruptas.


El Título VII se estructura en dos capítulos, dedicados, respectivamente, a Entidades Locales y Comunidades Autónomas. El Capítulo II regula determinados aspectos de la financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las
Ciudades con Estatuto de Autonomía.


El sistema de financiación vigente en el año 2012 fue aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en su reunión de 15 de julio de 2009 e incorporado al ordenamiento jurídico mediante la modificación de la Ley Orgánica de
Financiación de las CCAA y la aprobación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con



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Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.


Se regula en el citado capítulo el régimen de transferencia en el año 2012 correspondiente al coste efectivo de los servicios asumidos por las Comunidades Autónomas, así como el contenido mínimo de los Reales Decretos que aprueben las nuevas
transferencias.


Aquí nuestra discrepancia con el actual sistema de financiación de la Comunidad Autónoma Valenciana nos lleva también a la desaprobación inicial de esta propuesta, porque según la propia Generalitat Valenciana el Estado no remite fondos
suficientes para atender los servicios asumidos, generándose un déficit estructural que perjudica sus finanzas de manera importante y grave. Así, entendemos que es materia de un contencioso constitucional esta discriminación que se ha de sustanciar
mediante la correspondiente demanda por vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma del País Valenciano, que se ven discriminados, ante la falta de una financiación adecuada para atender el coste
efectivo de los servicios. O, en caso contrario, han faltado reiteradamente a la verdad los sucesivos gobiernos valencianos presididos por el señor Camps y ahora por el Molt Honorable President Alberto Fabra respecto a las cantidades remitidas
desde el Gobierno.


La Ley de Presupuestos Generales del Estado contiene en el Título VIII, bajo la rúbrica 'Cotizaciones Sociales', la normativa relativa a las bases y tipos de cotización de los distintos regímenes de la Seguridad Social, procediendo a la
actualización de estas últimas.


El Título consta de dos artículos relativos, respectivamente, a 'Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2012' y 'Cotización a derechos pasivos y a las
Mutualidades Generales de Funcionarios para el año 2012'. Ya hemos mencionado la nula incidencia de la conocida reforma laboral en este capítulo respecto a años anteriores, lo que demuestra la falta de fe en la propuesta del Gobierno y deja bien a
las claras que sus intenciones no son las manifestadas. De ser ciertas las intenciones, estas cuentas no están bien confeccionadas y su defensa se antoja harto complicada.


Se prevé la afectación de los ingresos generados de conformidad con los artículos 5 y 8 del Real Decreto 1207/2006 a la compensación a las Comunidades Autónomas por asistencia sanitaria prestada a ciudadanos asegurados en otros Estados y
desplazados temporalmente a España. Medidas correctoras de la llamada al turismo médico o sanitario que han realizado las administraciones del Partido Popular junto a la empresas en los folletos que anunciaban promociones inmobiliarias a buenos
precios, sol, playa y operaciones de cataratas, articulaciones y rodillas,... El despropósito ha sido tal que no hay una contabilidad clara al respecto y se manejan cifras contradictorias. Especialmente grave es el caso de la Comunidad Autónoma
del País Valenciano, que sostiene desde su administración cantidades que no refrendan estos presupuestos, lo que pronostica una falta de coordinación o de realidad de lo presentado.


En materia de personal, se fijan las plantillas máximas de militares profesionales de Tropa y Marinería a alcanzar a 31 de diciembre del año 2012, que nosotros consideramos sobredimensionadas en la actualidad y que se pueden revisar
clarísimamente a la baja.


En materia de relaciones con Comunidades Autónomas, se regula la suscripción de convenios con Comunidades Autónomas que incumplan su objetivo de estabilidad presupuestaria. Este eufemismo para no abordar el concepto de intervención no se
detalla de manera adecuada a nuestro entender ni se concreta para que realmente sea efectivo.


El interés legal del dinero, que se fija en un 4 % y el interés de demora, que se fija en un 5 %, un tipo no adecuado al de referencia en los mercados y que el propio partido en el Gobierno calificó en 2009, por citar un ejemplo, de fuera de
la realidad, nos reafirma una vez más en la valoración de que se dice una cosa en la oposición y se hace la contraria cuando se gobierna.


El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2012, que queda fijado en los mismos términos que para el ejercicio 2011, constituye una pérdida de poder adquisitivo para los sectores más debilitados de la sociedad, que lo
gastan como referencia para el cálculo de sus ingresos. No estamos de acuerdo con su congelación tampoco.


El apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas y a los jóvenes emprendedores y a actuaciones en parques científicos y tecnológicos, finalidades para las que se destinan 18.579,76 miles de euros y 20.000 miles de euros, respectivamente,
es a todas luces insuficiente y lamentable respecto a otros gastos menos productivos que contienen estos presupuestos.


Se regula la financiación de la formación profesional para el desempleo con el objeto de impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores una formación que responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada
en el conocimiento.


Discrepamos abiertamente de la financiación de la Iglesia católica, que consideramos beneficiada de manera injusta, ya que en la actualidad participa activamente en el mercado mediante los centros escolares concertados, universidades
privadas, residencias de tercera edad, emisoras de radio, periódicos y otros elementos de negocio que la apartan totalmente de un fin social sin ánimo de lucro. Las relaciones de esta institución se deberían de canalizar dentro del ámbito
asociativo y mediante convenios específicos más actuales con los tiempos que corren. Respetar su autonomía, pero limitar su dependencia del dinero público sin tener en cuenta su estado patrimonial real, que no es objeto de revisión por parte del
Estado. Es decir, se consiguen importantes aportaciones públicas cuando en muchos sectores funciona la Iglesia católica como una empresa



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más en el mercado, perjudicando la libre competencia, por supuesto sin despreciar ni dejar de reconocer a entidades como Cáritas, que son el ejemplo a seguir, o el voluntariado asistencial, admirable en muchos casos.


En definitiva, nos hacemos eco con nuestro rechazo y enmienda a la totalidad de las palabras de muchos grupos de personas reunidas para estudiar estos presupuestos. Queremos ser portavoces de personas anónimas de nuestra sociedad que
desprecian estos presupuestos que están hechos al dictado de los conocidos mercados y que perjudicarán la calidad de sus vidas y sus proyectos de futuro más inmediatos, en nombre de una estabilidad a recuperar por quienes no han vivido por encima de
sus posibilidades, ni han hecho inversiones especulativas, ni se han enriquecido en los años de bonanza.


No podemos aceptar unas cuentas públicas elaboradas bajo el mandato de supeditar el presente y el futuro de las personas al pago de la deuda bancaria, espíritu que es el que impregna la redacción de este Presupuesto General del Estado. Esta
es la expresión máxima de la manera como se entiende el principio de austeridad invocado por el Partido Popular y el fruto de la reforma constitucional elaborada por el anterior ejecutivo del señor José Luis Rodríguez Zapatero y pactada con quien
hoy es presidente del gobierno, el señor Mariano Rajoy. Pero, de hecho, es ese mismo principio de austeridad, entendido en sus justos términos, el que nos lleva a rechazar estas cuentas. La austeridad no significa poner por delante el bienestar de
las personas, su salud, su educación. Significa gobernar y legislar con prudencia presupuestaria, por supuesto, pero con las prioridades y los objetivos bien claros, que no son otros que los ciudadanos a quienes este Parlamento habría de
representar.


Y este principio de representación ha sido quebrado. Bajo la ya citada invocación a la austeridad se nos quiere imponer una bancocracia, poniendo en manos de unos mercados y unos poderes que no han sido refrendados por el pueblo, la
soberanía popular y dando supremacía a la liquidación de la deuda bancaria sobre el bienestar de nuestros conciudadanos. Con estas cuentas consagradas a los recortes y el pago de la deuda como prioridad absoluta, pues, entramos en una espiral de
difícil salida, sino imposible, ya que se hipoteca el futuro de la innovación y se entierra definitivamente el cambio de modelo productivo basado en el monocultivo del ladrillo con el recorte brutal de una partida tan importante e imprescindible
como es la de Investigación y Desarrollo, que llega a ser del 25 %, una de las afectaciones más severas de una dotación ya bien migrada históricamente respecto a la media de los países de nuestro entorno. Es la expresión de la bancocracia
sustituyendo a la democracia.


En momentos de crisis y de contracción de la economía es cuando las prioridades -y, en este sentido, la austeridad realmente ejercida- han de ser aún más claras si cabe. Numerosos ejemplos en la escena internacional nos demuestran que la
inversión en educación, sanidad y en economía productiva no solo no ha de verse menoscabada, sino, más aún, ha de ser potenciada, puesto que son los sectores clave para construir los fundamentos del futuro. Es el claro ejemplo de la administración
de Obama en los Estados Unidos de América. Con estas cuentas estamos dejándoles escrito negro sobre blanco a las próximas generaciones que les legaremos un futuro peor, que les dejaremos una herencia con la cual habrán de cargar y que supone un
enfrentamiento generacional.


Por todo ello, rechazamos estos presupuestos en su nombre y queremos dejar testimonio de ello con esta enmienda a la totalidad, solicitando su devolución al Gobierno.


ENMIENDA NÚM. 4


FIRMANTE:


(Grupo Parlamentario Mixto)


A la Mesa de la Comisión de Presupuestos


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los diputados doña Ana María Oramas González-Moro y don Pedro Quevedo Iturbe, de Coalición Canaria-Nueva Canarias, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presentan la
siguiente enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2012.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.


La Ley de Presupuestos Generales del Estado, que conocen y controlan las Cortes Generales, es el instrumento principal de política económica del Ejecutivo.


Prorrogados los correspondientes al ejercicio 2012, se abordan ahora unas cuentas con vigencia restringida y con el objetivo declarado, por una parte, de abordar la estabilidad presupuestaria para el logro de un crecimiento sostenible y la
creación de empleo y, de otra parte, abordar reformas estructurales para mejorar la competitividad y el acceso al crédito.


El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, aprobado por el Gobierno español en un contexto económico estatal caracterizado por una fuerte contracción del crecimiento (se estima un decrecimiento del 1,7 % del PIB para
el actual ejercicio), una



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tasa de paro muy elevada, y una gran inestabilidad y desconfianza de los mercados internacionales, tiene la finalidad de alcanzar un objetivo de déficit máximo del 5,3 % para este año 2012, distribuyéndolo de forma no equilibrada,
beneficiando a la Administración General del Estado, que tiene un límite del 3,5 %, frente a las Comunidades Autónomas, para las que se fija el 1,5 %.


El Gobierno español ha reiterado que estos presupuestos constituyen un esfuerzo de consolidación fiscal, esfuerzo que se instrumenta, tanto desde la perspectiva del gasto, al sufrir este un importante ajuste, como desde la de los ingresos,
mediante la adopción de medidas excepcionales de carácter tributario con el objetivo de aumentar la recaudación.


En particular cabe resaltar desde el punto de vista del gasto, que mientras las operaciones corrientes son objeto de una reducción del 2,5 % las operaciones de capital son castigadas con una reducción del 36,1 %, de la que el 19,6 % afecta a
la inversión pública de los distintos Ministerios y el 46,4 % a las inversiones que realizan otras Administraciones y entidades públicas, entre ellas las Comunidades Autónomas.


Coalición Canaria-Nueva Canarias comparte el objetivo planteado por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 de corregir el déficit. Sin embargo, considera que este objetivo es irrealizable en el horizonte temporal que
se plantea y, además, no cumple con el objetivo de paliar el principal problema de España, que es el desempleo. Para su corrección es necesaria la adopción de medidas que permitan incrementar la competitividad de la economía y alcanzar una senda de
crecimiento económico sostenible.


Además, los fuertes ajustes practicados dada la situación de recesión económica por la que atraviesa el estado español están paralizando la economía e impidiendo el crecimiento. En este sentido se ha manifestado también el FMI, además de
añadir una décima más en la previsión de decrecimiento de la economía española, al señalar que 'la austeridad sola no puede salvar las enfermedades económicas en la mayor parte de las economías avanzadas'.


El reconocimiento constitucional del hecho insular es un principio político de la organización territorial del Estado y se manifiesta en una realización efectiva del principio de solidaridad junto al 'establecimiento de un equilibrio
económico, adecuado y justo'. Y más en concreto, el régimen económico y fiscal del archipiélago canario recoge una inequívoca singularidad que, en el ámbito comunitario, se completa con la llamada ultra-periferia de la Unión Europea, como expresión
de las situaciones de desventaja estructurales y permanentes, territorios ubicados en la lejanía, respecto a la dinámica económica y social del continente.


Por ello, un criterio permanente en el diseño histórico de la evolución económica de Canarias es evitar, ante todo, una indeseable deriva hacia la no convergencia con el territorio español y con las regiones europeas.


Canarias es una de las siete comunidades autónomas donde la renta per cápita disminuye permanentemente, ampliando así el diferencial que la separa del resto de España. Este retroceso es debido a las caídas sucesivas del PIB en 2009 y 2010,
más intensas que en el resto de España, acompañadas de un continuo aumento de la población que llevó a la convergencia económica de Canarias con España al nivel de 2008, cayendo la renta per cápita hasta el 85 % de la media española, ampliándose así
el diferencial negativo que nos separa de España en un punto porcentual.


La tasa de paro a día de hoy se eleva al 31 % de la población activa (casi el triple de la registrada en 2007, que fue de un 11 %), la segunda más alta de España, lo que muestra la mayor gravedad de la situación en Canarias respecto al resto
de las Comunidades del Estado.


Los datos señalados evidencian las tensiones que sufre la economía canaria, que quedó inmersa en un proceso de desaceleración que se anticipó a la crisis de la economía española.


En estos Presupuestos no se incorporan las medidas y los instrumentos necesarios para reconducir el modelo económico canario, de extrema debilidad y dependencia. Es preciso considerar que la presión que sobre el gasto público genera el
crecimiento poblacional ha sido constante en la última década y los crecimientos de la población desde la aprobación del modelo de financiación autonómica, en vigor desde el año 2002, no se han reflejado, esencialmente en la financiación de los
servicios públicos, dándose la paradoja de que en el sistema recientemente aprobado, el del año 2009, persiste y se incrementa la desigualdad creada, quedando Canarias como la comunidad autónoma peor financiada del Estado español.


El impacto de la crisis no es homogéneo entre los diferentes territorios del Estado. El Presupuesto debe suponer para Canarias una política fiscal cuya orientación debe contribuir a reforzar la eficiencia, la competitividad y el potencial
de crecimiento de la economía canaria en el contexto de la española. Sin embargo, el proyecto presentado viene a suponer un claro freno a las necesidades de desarrollo del archipiélago, incumpliéndose nuevamente con los artículos 95 y 96 del REF
que establecen la necesidad que Canarias esté en la media de las CC.AA. en materia de inversiones.


Sin perjuicio de las siempre posibles variaciones en la gestión económica, Canarias viene insistiendo en el necesario reequilibrio de su modelo productivo (con más de sus tres cuartas partes en el sector servicios y menos de un siete por
ciento de su PIB en el sector industrial) y en la contribución a la mejora del empleo y su cohesión social en la Comunidad Autónoma que supera a la media estatal en ocho puntos y que, sobre políticas activas, recibe en estas cuentas una reducción de
1.557 millones.


Desde la perspectiva autonómica, los Presupuestos Generales del Estado castigan a Canarias, la discriminan con respecto a otras Comunidades, no cumplen con



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los derechos que le otorga su régimen económico fiscal, ni con los compromisos suscritos con la Administración del Estado mediante Convenios:


• Mientras que en los presupuestos generales se practica una reducción de las operaciones de capital del 36,1 %, Canarias sufre un ajuste del 45,7 %, es decir 9,6 puntos más. Esta reducción afecta, entre otras, a las inversiones en
carreteras, aguas, etc., lo que impedirá que se culminen los proyectos que en la actualidad están en ejecución y sobre los que, para agravar aún más la situación, ya recaen obligaciones jurídico-económicas contraídas con las empresas ejecutoras de
los mismos en virtud de convenios prestablecidos, en debida forma, con la Administración del Estado.


• La inversión media regionalizada per cápita del Estado en el ejercicio 2012 asciende a 273 euros, mientras que en Canarias la inversión del Estado es de 181 euros. Además de que la inversión per cápita en Canarias no alcanza la media
estatal, el diferencial de inversión per cápita de Canarias se incrementa en tres puntos y medio respecto al ejercicio anterior, lo que discrimina aún más a esta comunidad autónoma.


La Ley reguladora del Régimen Económico y Fiscal de Canarias establece expresamente un régimen especial de inversión del Estado, que forma parte integrante de la acción estructural de carácter económico que el Estado está obligado a
desarrollar en Canarias en ejecución de un estatuto diferencial, todo ello de acuerdo con las previsiones de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía Canario.


El Régimen Económico y Fiscal de Canarias dispone textualmente que las inversiones estatales no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las Comunidades Autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que
compensen el hecho insular, extremo este claramente incumplido en este Proyecto de Presupuesto.


• Ausencia y minoración de medidas previstas en los Presupuestos Generales del Estado al amparo del Régimen Económico y Fiscal canario. En particular la correspondiente a las actuaciones de inversión en infraestructuras turísticas previstas
al amparo de la Ley 19/1994, pero también la reducción de las partidas destinadas a subvencionar el tráfico aéreo y marítimo de mercancías. Todo esto, unido al incremento de las tasas aéreas, cercenan el desarrollo del turismo de las islas, cuando
es el único sector de la economía que presenta crecimiento.


Tampoco se corrigen otras graves situaciones:


En primer lugar, es notoria la incapacidad del actual Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía establecido en la Ley 21/2009. No se ha operado el cambio deseado por la propia
Ley que era el de nivelar a todas la CC.AA. El resultado final se reparte perjudicando claramente la posición institucional de Canarias que ha pasado a ser la CC.AA. peor financiada.


Por otra parte, es de señalar la insistencia de la Administración en no aplicar plenamente el precepto de la LOFCA que recoge la retribución del concepto 'Región Ultraperiférica' dotando un fondo específico al efecto. Este nuevo esquema
recoge en la legislación española la condición de Canarias como autonomía singularizada en virtud de la Constitución y del artículo 299.2 del Tratado de la Unión. Lo hace con un porcentaje adicional de financiación para compensar su peor condición
relativa y sus costes de desarrollo adicionales que el legislador tasa en el 4,02 % de la cantidad anual de los fondos de compensación. Esta cantidad adicional es una carga general del Estado.


El Presupuesto de Ingresos del Estado figura cuadrado con ingresos provenientes del Fondo de Suficiencia de la Comunidad Canaria, sin que dicha operación o apunte de los ingresos del Estado aparezca dotada de legalidad.


Finalmente la 'compensación' por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias al Estado, como consecuencia de la supresión del IGTE en virtud de la implantación del REF ya ofreció serias dudas de constitucionalidad y un grave incidente de
lealtad institucional del Estado, quien acumulando deudas históricas con Canarias por diversos incumplimientos financieros, exige compensaciones a la deteriorada economía canaria.


Adicionalmente el actual Gobierno Central opta por incrementar la citada compensación, detrayendo más recursos del ya maltratado Fondo de Suficiencia canario. Esta cuestión justificaría por si sola la presente enmienda pues esta práctica
del Estado perjudica la ya tensionada economía de Canarias, al no permitir restituir el Fondo de Suficiencia Canario en su totalidad y que a nuestro juicio ha de calcularse sin minoración alguna en concepto de 'compensación' al Estado.


Todo ello, unido a la evolución negativa de las entregas a cuenta, los importantes esfuerzos de ajuste de gastos que ha venido realizando esta Comunidad en sus presupuestos de los últimos años que han dado lugar a una disminución del gasto
del 12 %, a la reducción de los créditos destinados a políticas activas de empleo y vivienda y la suspensión de determinados artículos de la Ley de Dependencia conducen a Canarias a una situación de extraordinaria dificultad que impide su
crecimiento y hace que persistan las insostenibles tasas de paro que ya padece.


Por todo ello Coalición Canaria-Nueva Canarias presenta una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, a los efectos de que sea devuelto al Gobierno.



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ENMIENDA NÚM. 5


FIRMANTE:


Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Enmienda a la Totalidad de devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2012.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Joan Coscubiela Conesa y Chesús Yuste Cabello, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural.


El Gobierno ha presentado los Presupuestos Generales del Estado para 2012 afirmando que son austeros, realistas y que garantizan la credibilidad de la economía española, pero en un lenguaje más heterodoxo aunque no por ello menos elocuente,
el Ministro de Asuntos Exteriores los calificó como 'de guerra'. La cuestión es preguntarse de guerra contra quien, y a la vista de la orientación general de los Presupuestos y del ajuste que conllevan, la respuesta es clara: contra la
recuperación de la economía y del empleo y contra el Estado de Bienestar y los Servicios Públicos.


El ajuste drástico en las cuentas públicas pretende, según afirma el Gobierno, ofrecer seguridad a los inversores respecto a la capacidad de la economía española, o dicho en otras palabras, contentar a los mercados financieros. Pero la
evolución de esos mercados demuestra que la confianza no se recupera con recortes presupuestarios que lastran la capacidad de crecimiento económico.


En ese mismo sentido, ni la reforma del artículo 135 de la Constitución, ni su desarrollo a través de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, ahora en tramitación
parlamentaria, han conseguido fortalecer la confianza en la economía española. Pero son reformas con un marcado carácter antisocial.


El apartado 3 del reformado artículo 135 establece que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones gozará de prioridad absoluta, lo cual atenta gravemente contra el artículo 1.1 de la Constitución al
introducir ese pago como un valor superior a los de la justicia y la igualdad en la definición del Estado español como Estado social y democrático de Derecho. Además, se limita la autonomía financiera y la responsabilidad fiscal de las Comunidades
Autónomas, establecidas en el artículo 156 de la Constitución y se impone a las Corporaciones Locales, ya de por si acuciadas por el incumplimiento del compromiso de un nuevo sistema de financiación, el equilibrio presupuestario.


El 'déficit cero' estructural y el valor de referencia de la deuda pública en el 60 % del PIB serán los principios rectores de lo que ahora se entiende como estabilidad presupuestaria, cuando se complete el periodo transitorio hasta 2020.
El caso es que todos estos límites son arbitrarios y tienen poco sentido desde el punto de vista macroeconómico porque sus potenciales efectos sobre la economía y el empleo sólo pueden ser negativos. La crisis ha disparado el déficit y la deuda,
alimentada también por los rescates al sector privado, y muchas Administraciones tienen serios problemas de solvencia. Fijar la prioridad en los ajustes presupuestarios, sin reformas de calado en los ingresos públicos, conducirá a recortes en el
gasto social, al deterioro de los servicios públicos y a la destrucción de empleo público.


De la misma forma, el resto de reformas estructurales publicitadas para mejorar la competitividad y el acceso al crédito no están redundando en el crecimiento de nuestra economía y en la reducción del desempleo.


La regresiva reforma del mercado de trabajo modifica el marco laboral para que las empresas dispongan de instrumentos suficientes para imponer condiciones de trabajo y salarios a la baja. Pero esto solo puede reproducir acentuándolo un
modelo económico que ya dábamos por agotado, por insostenible. Seguir centrando los cambios en los aspectos laborales y no en el modelo productivo es un error, porque las relaciones laborales son consecuencia en gran medida del modelo productivo y
se acaba por renunciar a articular medidas para permitir la transición hacia el desarrollo de un modelo productivo más diversificado y eficiente.


En todo caso, siendo evidente que la salida de la crisis no va a depender de políticas laborales, lo acuciante es revitalizar la inversión pública e impedir que el ajuste fiscal programado por el Gobierno deprima la economía, perjudique la
creación de empleo y acabe por generar más dificultades a la hora de reducir el déficit público. Recuperar la normalidad en el crédito es también una condición necesaria para lo cual se necesitan instrumentos financieros públicos, porque la reforma
del sector financiero no ha conseguido que el crédito llegue a las familias y a las empresas más necesitadas de financiación.


Unos Presupuestos que deprimen la economía y aumentan el desempleo


Ese es el contexto en el que se van a aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2012, considerando además que los Presupuestos de 2011 se prorrogaron por la convocatoria de elecciones generales. El déficit del conjunto de
Administraciones Públicas para 2011 se ha situado en el 8,5 % del PIB y el objetivo del Gobierno, después de ciertos devaneos con la Comisión Europea, es situar el déficit en el 5,3 %



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del PIB para 2012 manteniendo el compromiso de reducirlo al 3 % del PIB en 2013.


Con estos planteamientos, la necesidad de financiación de las Administraciones Públicas se piensa reducir globalmente en 2012 en 3,2 puntos de PIB, lo que significa un ajuste de algo más de 34.000 millones de euros. Ese recorte ya lleva
implícito un ajuste en la disponibilidad de créditos de los Presupuestos prorrogados por valor de 8.915 millones de euros y de más ingresos por valor de 6.000 millones de euros, en particular por el gravamen complementario, temporal y progresivo en
el IRPF. Y también forma parte del ajuste el anuncio del Gobierno, poco después de presentar los Presupuestos, de un recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y educación que deberá ser ejecutado por las Comunidades Autónomas.


El déficit público y las variaciones en los activos financieros provocan que, según el Gobierno, la deuda pública aumente desde el 68,5 % sobre el PIB a finales de 2011 al 79,8 % en 2012. Niveles que, en todo caso, se sitúan muy por debajo
de la media de la zona euro, donde se registrará una deuda pública del 90,4 % del PIB en 2012.


El escenario macroeconómico que acompaña a los Presupuestos es desolador. La evolución de la economía española en 2012 estará fundamentalmente determinada por el comportamiento de la demanda interna y ésta recibirá una influencia
contractiva por el profundo recorte fiscal. Según las previsiones del Gobierno el gasto en consumo final descenderá un 3,1 % en 2012 por el ajuste fiscal y la destrucción de empleo, la formación bruta de capital caerá un 8,8 % también influida por
el ajuste en la inversión pública y como resultado de ello, la demanda nacional disminuirá un 4,4 %. Considerando la aportación positiva del sector exterior, el resultado final es una disminución prevista del PIB del 1,7 %.


Es decir, el primer efecto de estos Presupuestos es que contribuyen de forma destacada a llevar a la economía a una nueva recesión. Y por extensión, a una destrucción de empleo del 3,7 % cifrada en 631.100 ocupados menos y a un aumento del
paro en 600.000 personas. Estamos hablando de una previsión de 5.601.800 personas desempleadas en 2012, lo que significa el 24,3 % de la población activa.


Y estas son las previsiones del Gobierno, que algunos analistas consideran elaboradas con cierto optimismo y que incluso el FMI cuestiona abiertamente. Porque es probable que el ajuste presupuestario tenga un impacto negativo superior sobre
la demanda interna, el crecimiento del PIB y el empleo, y por tanto, sobre los ingresos públicos, acabando por provocar más déficit público.


Medidas insuficientes por el lado del ingreso y una inaceptable amnistía fiscal


Los ingresos acusan las consecuencias del escenario recesivo previsto en los Presupuestos pero, depurando el efecto de los sistemas de financiación de las Administraciones Territoriales, los ingresos del Estado se estima que crecen por
encima del 6 % como consecuencia de medidas discrecionales que afectan a los principales tributos. En lo que respecta a la Seguridad Social, los ingresos por cotizaciones sociales disminuyen un 3,9 % como consecuencia de la destrucción de empleo
prevista.


Según el Gobierno, las actuaciones discrecionales por el lado de los ingresos públicos supondrán unos 12.300 millones de euros. Como ya se ha comentado, un primer grupo de medidas significa la aplicación durante 2012 y 2013 de un gravamen
complementario, temporal y progresivo en la cuota del IRPF y un gravamen complementario para las rentas del ahorro. Se estima un incremento de los ingresos por estas actuaciones de 4.100 millones de euros.


También se introducen medidas que afectan al Impuesto sobre Sociedades aumentando la tributación al limitar la deducción del fondo de comercio, modificar el cálculo del pago fraccionado de grandes empresas, limitar la deducción de los gastos
financieros, establecer un gravamen especial para rentas procedentes del extranjero y limitar la libertad de amortización. Se estima que estas medidas aumentarán la recaudación en 5.350 millones de euros.


Otros cambios normativos que producirán ingresos adicionales remiten al Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco y a la Tasa sobre el Ejercicio de la Potestad Jurisdiccional.


Adicionalmente se aprueba lo que el Gobierno denomina 'programa extraordinario para incentivar que los contribuyentes del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes regularicen su situación
tributaria', que se estima supondrá unos ingresos de unos 2.500 millones de euros. Es decir, una amnistía fiscal por la que los defraudadores podrán saldar sus cuentas con el fisco pagando un 10 % y evitando intereses, recargos y sanciones.


Esta amnistía supone un agravio comparativo para los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y choca frontalmente con una política contundente de lucha contra el fraude fiscal porque será tan ineficaz para aflorar
economía sumergida como ya lo fueron anteriores amnistías. En realidad, esta medida supone a efectos prácticos el reconocimiento implícito del Gobierno sobre la incapacidad de la Agencia Tributaria para luchar con garantías contra el fraude. Entre
1980 y 2008 la bolsa de fraude se ha multiplicado por cuatro hasta alcanzar un volumen que puede estimarse en unos 245.000 millones de euros anuales, lo cual representa una recaudación potencial de impuestos de unos 89.000 millones de euros.


Las medidas en el Impuesto sobre Sociedades son positivas pero insuficientes porque no terminan con la falta de equidad en el tributo, ya que las empresas de mayor dimensión continuarán disponiendo de múltiples vías de escape para tributar
de forma efectiva muy por debajo del 20 %. En este tributo podría elevarse el



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tipo impositivo hasta el 35 % para bases imponibles que superen el millón de euros logrando una recaudación adicional que podría rondar los 14.000 millones de euros. Sería una medida coherente con la subida de los tipos marginales en eI
IRPF.


El IRPF necesita una reforma estructural, no medidas temporales y extraordinarias aunque sean positivas al mejorar la progresividad. Porque es preciso recuperar el carácter sintético del tributo integrando todos los rendimientos del
contribuyente en una única base para corregir el sesgo favorable hacia las rentas del capital. En esa reforma puede asegurarse la progresividad de las tarifas ajustando la amplitud de los tramos y con tipos más elevados para los contribuyentes de
mayor capacidad económica.


El Gobierno no ha abordado uno de los retos fundamentales de este país, como es la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal en profundidad para corregir de manera estable los desequilibrios e inequidades de nuestro sistema tributario.
En este sentido, ha renunciado a aplicar de manera decidida medidas de fiscalidad ambiental que contribuirían a aumentar los ingresos en nuestro país y a impulsar el cambio de modelo productivo para desarrollar una economía sostenible, que
internalice los costes de las actividades que generan daños que repercuten negativamente en el medio ambiente y también en los bienes públicos y en la salud de nuestros ciudadanos. España se sitúa en la cola de la UE en el desarrollo de la
fiscalidad ambiental a la vez que nos alejamos de las políticas y objetivos medio ambientales que fija Europa. Es injusto e ineficiente desde el punto de vista económico que estos Presupuestos no incluyan nuevas figuras impositivas sobre la energía
nuclear, los residuos radioactivos o las emisiones difusas de CO2.


Un ajuste en el gasto público que deprime la inversión, agudiza el retroceso social y deteriora los servicios públicos


Se produce un intenso recorte en materia de inversión pública, una herramienta imprescindible para la recuperación de nuestra economía, la creación de empleo y el cambio de modelo productivo. El Sector Público Estatal disminuirá la
inversión real en un 25 % con un impacto territorial desigual pero demoledor. Aún más, el Gobierno no destina ni un solo euro a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña e IIles Balears para dar cumplimiento a lo
establecido en materia de inversiones en sus respectivos Estatutos de Autonomía.


Pero incluso dentro de ese ajuste, la composición del mismo es desequilibrada porque todavía existen ejes prioritarios incompletos, en muchos casos con una elevada siniestralidad, y zonas del interior peninsular que quedan alejadas de los
grandes ejes de comunicación, fruto de una concepción de las infraestructuras basada en una red radial frente a un modelo que reclamamos en forma de malla, sin duda más sostenible y equilibrado para el territorio y para la inversión pública.


Así, el Ministerio de Fomento y sus organismos públicos empresariales prevén invertir 11.900 millones de euros a medio plazo en grandes obras de infraestructuras como autovías o líneas de alta velocidad, a pesar de no existir, en algunos
casos, demanda suficiente para justificar dicho gasto y de existir muchas dudas sobre su impacto en el desarrollo de la economía y la creación de empleo. En 2012 se invertirán 4.187,7 millones de euros en nuevos tramos de alta velocidad ferroviaria
frente a los 28,5 millones de euros previstos para las cercanías, mucho más utilizadas por la ciudadanía. De la misma forma, está previsto gastar 1.280 millones de euros en construcción de más carreteras, a pesar de que somos el país europeo con
más kilómetros de autovías y autopistas.


En materia de agricultura, si bien son positivos los objetivos establecidos como garantía de rentas, seguridad alimentaria y calidad de los alimentos, la priorización de éstos no concuerda con las asignaciones presupuestarias. Se recortan
las partidas de competitividad y calidad de la producción agrícola y ganadera, los controles en frontera, la previsión de riesgos y el asociacionismo agrario. La partida de agricultura ecológica disminuye un 20 %. Dado el potencial de este modelo
de agricultura para contribuir a objetivos productivos y ambientales, incluso en lo referente a creación de empleo verde, parece un contrasentido ir destinando cada vez menos fondos a esta política. Más aún cuando el potencial de extensión de este
tipo de agricultura en España es inmenso, dadas nuestras condiciones agroclimáticas.


La importancia de la política industrial sobre la generación de actividad y el apoyo al desarrollo industrial, en particular, en las regiones en especial situación de desempleo industrial, no encuentra reflejo en estos Presupuestos. El
programa relativo a la 'Reconversión y reindustrialización' disminuye un 18,4 % y el de 'Desarrollo Industrial' lo hace en un 27,7 %. Y los recursos del programa para el desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras se reducen en un 71,7 %.


La política de turismo sufre un recorte superior a los 285 millones de euros, tanto en el programa 'Coordinación y promoción del turismo', como en el Fondo Financiero para Modernización de Infraestructuras Turísticas. Trabajar por mejorar
la calidad del turismo, abrir vías para superar la estacionalidad y fomentar un desarrollo sostenible son elementos claves de generación de ingresos y de creación de puestos de trabajo.


En materia de investigación los peores pronósticos se han cumplido y el mayor ataque al sistema científico técnico español en la historia de la democracia está plasmado en estos Presupuestos. Un recorte del 25,5 % en el total de la Función
que se agudiza hasta el 26,1 % en las operaciones no financieras, o sea, en el gasto real en I+D. El ajuste se lo lleva básicamente el capítulo de transferencias de capital con un 34 % de recorte. Este



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capítulo incluye el Plan Nacional de I+D+i, herramienta fundamental de financiación del sector público de la investigación, las cuotas a organismos internacionales y los programas de recursos humanos, como el Ramón y Cajal, Juan de la Cierva
o las becas/contratos FPI. Se reducen también de forma drástica las ayudas a Centros Tecnológicos de las Comunidades Autónomas.


El recorte también es severo en sanidad y servicios sociales. La sanidad dispondrá de un 13,7 % menos de presupuesto recortando por valor de 365 millones de euros y en dependencia se elimina totalmente el nivel convenido para el que se
disponía en el ejercicio anterior de 283 millones de euros. Es una irresponsabilidad que estos Presupuestos supriman las ayudas al Plan Nacional del Sida destinadas a las comunidades autónomas y reduzcan en más de 5 millones de euros las destinadas
a ONG, incumpliendo de esta manera los compromisos internacionales en la materia.


En materia de educación, el recorte general en todas las partidas ministeriales no solo se ha traducido en que la educación tiene un 21,9 % menos de dinero que el año pasado, 623 millones de euros menos, sino que además ha perdido peso
específico en el conjunto presupuestario. Las habituales apelaciones a que la educación es el mejor camino para salir de la crisis y para impulsar un empleo cualificado y una economía más estable, la que llaman 'economía del conocimiento', no ha
tenido reflejo en las cuentas de 2012. La inversión en educación ha pasado de constituir el 0,9 % del gasto total a instalarse en el 0,7 %.


La reducción en Ayuda Oficial al Desarrollo supera el 45 % (1.631 millones de euros menos que en 2011) situando la previsión para este año en el 0,24 % del PIB, alejándonos del 0,7 % en 2015 comprometido en el Pacto de Estado contra la
Pobreza. La cooperación internacional no debe someterse a la inestabilidad en función de excedentes, requiere de un compromiso social y no de la caridad. El recorte de este año se suma a los más de 1.000 millones de euros de reducción que se
hicieron en el 2011, provocando un desmantelamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Además, cabe destacar que del total de fondos destinados a Ayuda Oficial al Desarrollo un 58 % estará gestionado por
el Ministerio de Economía y Competitividad, aumentando el endeudamiento de los países y vinculando la ayuda a intereses no solidarios.


Las ayudas directas para el acceso a la vivienda se reducen en 322 millones de euros mientras se recupera plenamente la deducción por inversión en la vivienda habitual en el IRPF, incentivo fiscal que contribuyó en su medida a la explosión
del sector del ladrillo ya la burbuja inmobiliaria, y que constituye una pérdida de recursos públicos nada despreciable.


La inversión en políticas de igualdad se reduce sustancialmente y no existe la especificidad necesaria para actuar contra todo tipo de discriminación por razón de sexo, al diluirse entre políticas generalistas que poco o nada contribuyen a
ello. Se recorta un 21 % la partida total para igualdad y contra la violencia de género.


Los empleados públicos ven congeladas sus retribuciones un año más y tras la reducción media del 5 % en 2010, acumulan ya una pérdida del poder adquisitivo de más del 30 % desde enero de 1991. Además se produce una reducción de las
plantillas de personal por la no reposición de efectivos en términos generales, limitando la Oferta de Empleo Público al 10 % de la tasa de reposición de efectivos exclusivamente en los ámbitos de educación, centros hospitalarios, fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado y los cuerpos de lucha contra el fraude fiscal, eliminando el resto de vacantes que se produzcan, lo que supondrá la destrucción de más de 17.000 empleos públicos, muchos de ellos en servicios esenciales. La disminución y
envejecimiento de las plantillas, junto con los recortes indiscriminados en los gastos de funcionamiento e inversiones de los servicios públicos, va a agudizar su actual deterioro. La prestación de los servicios públicos con la calidad necesaria
para el sostenimiento de un estado social resulta imposible en este marco presupuestario. La vía adoptada por el Gobierno de externalizar funciones y servicios propios de las Administraciones Públicas, supone, además de un incremento innecesario
del gasto, una transferencia encubierta de recursos públicos al sector privado.


A pesar de que el sector cultural es un generador neto de ocupación y aporta aproximadamente el 4 % del PIB, se registra un descenso del 15,1 % (937 millones de euros menos) evidenciando la renuncia al derecho universal a la cultura y la
apuesta por la diversidad, poniéndola en manos del sector privado y apostando por un modelo vinculado al mercado y al negocio. No se apuesta por los contenidos, la accesibilidad en todos los sentidos, incluido el tecnológico, la creación como motor
y la diversidad como valor. Se consolida el recorte en las garantías de derechos de la ciudadanía y no se avanza en el control democrático de la gestión de las políticas culturales y de los derechos de autor. Así, se recorta en un 36 % el
presupuesto del Instituto de Cinematografía y Artes Visuales y se eliminan seis líneas de apoyo al desarrollo de proyectos, creación de guiones y nuevas tecnologías.


Por último, desciende el presupuesto para políticas activas de empleo en un 21,3 %, dificultando la formación de las personas desempleadas y, por tanto, sus posibilidades de recolocación. Y en lo que respecta a las prestaciones económicas
por desempleo, su dotación disminuye un 5,4 % pese al aumento del paro. Según las estimaciones del Gobierno, en 2012 los perceptores de prestaciones por desempleo (nivel contributivo, asistencial y renta activa de inserción) disminuirán en un 6,5
%.



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Unos Presupuestos antiecológicos, antiguos y miopes ante los retos del siglo XXI


Estos presupuestos marginan al medio ambiente en todos sus aspectos entrando en grave contradicción con los retos mundiales a abordar, como son el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación del agua, aire y suelo y el
agotamiento de los recursos naturales, olvidando que la protección medioambiental forma parte de la salida a la crisis y obviando el incremento de ingresos mediante la aplicación de una fiscalidad ambiental.


La prevención de la contaminación y el cambio climático registra un descenso del 48 %. De los 52,8 millones de euros que se destinan, 42 millones se dedican a comprar íntegramente derechos de emisión, manifestando una gran miopía desde el
punto de vista económico y medioambiental por su afectación a sectores clave como el turismo o la agricultura.


En política energética se anulan las políticas de fomento a las energías renovables y las ya escasas políticas de ahorro y eficiencia energética, dejando en 2 millones de euros los recursos del Instituto para la Diversificación y Ahorro
Energético. Así, el desarrollo energético pasa a ser la última política quedando por primera vez por detrás en inversiones del apoyo al sector del carbón y de las políticas dirigidas a la energía nuclear.


España es un país muy vulnerable en cuestiones energéticas si seguimos apostando por los combustibles fósiles y fuentes de energía que no son autóctonas, ya que nos hacen extremadamente dependientes, aumentan las emisiones y tienen impacto
en la seguridad y en el medio ambiente. El Gobierno está abandonando el impulso de las energías renovables que son la única garantía de abastecimiento de energía en el futuro y del que España puede ser pionera por contar con un entorno favorable y
con la tecnología adecuada. La penalización al sector de las renovables está hipotecando el futuro energético, conlleva el incumplimiento de directivas europeas y está destruyendo miles de puestos de trabajo creados en los últimos años en la
economía verde.


La dotación para desarrollo rural sostenible se reduce en un 85,6 % imposibilitando la cofinanciación de acciones clave para la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad. También es perjudicial el descenso en materia de residuos,
sector clave para la creación de empleo, y cuya dotación a las Comunidades Autónomas afectará al desarrollo de la legislación vigente.


Las actuaciones para hacer frente a uno de los ecosistemas más frágiles del país, las costas, disminuyen en un 36 %. Se destinan 43,2 millones de euros menos a inversiones de protección del litoral. También el programa de calidad del agua
se reduce el 25 %, principalmente por la caída de inversiones en la mejora del estado de la calidad de las aguas y ecosistemas asociados y en la mejora de su gestión.


Unos Presupuestos oportunistas al servicio de la recentralización del Estado


Uno de los objetivos de estos Presupuestos es contribuir al proceso de recentralización política que el Gobierno está imponiendo por la puerta de atrás. En lugar de afrontar el debate sobre la organización territorial del Estado, el
Gobierno ha optado por una vía de hechos consumados: asfixiar financieramente a las Comunidades Autónomas y a los Entes Locales y eliminar competencias por vía de Reales Decretos con reformas estructurales. Así pues, estos Presupuestos, sumados a
la Ley de Estabilidad Presupuestaria, dejarán en una situación financiera crítica a las Administraciones que desarrollan la mayoría de las políticas sociales.


Por ello, estos Presupuestos son oportunistas y aprovechan los argumentos de la consolidación fiscal para recentralizar, en lugar de optar por la cooperación entre administraciones. Esto les hace ser unos Presupuestos más ineficientes ya
que la obsesión por la España radial les lleva a planificar las Inversiones con una lógica política en lugar de hacerlo pensando en la recuperación económica y en asentar las bases para el desarrollo económico sostenible en el futuro.


La obsesión centralista llega a extremos inadmisibles en cuanto a políticas activas de ocupación. Si el desempleo es el principal problema político y la lucha contra el paro la principal batalla que debería presentar los Presupuestos
Generales del Estado, es injustificable que los recortes presupuestarios afectan a un 97 % de las políticas de fomento del empleo de los Entes Locales: planes de empleo y medidas de desarrollo local a través de los Agentes de Empleo y Desarrollo
Local. Del mismo modo, los recortes en las transferencias a las Comunidades Autónomas para el desarrollo de las políticas ocupacionales son de un 55 %, pasando de 3.192 millones de euros en 2011 a 1.455 millones de euros, lo que puede conllevar el
desmantelamiento de políticas ocupacionales imprescindibles en una situación de crisis como la actual. La atención a la dependencia y la salud pública son otras de las políticas desarrolladas por las Comunidades Autónomas que quedarán fuertemente
afectadas por los incumplimientos del Estado.


Otro elemento que caracteriza estos Presupuestos es la falta de lealtad institucional. El flagrante incumplimiento de la disposición adicional tercera y el impago del Fondo de Competitividad, instrumentos previstos en el Estatut d'Autonomia
de Catalunya, sumados al hecho de que no se consignen partidas presupuestarias de políticas cofinanciadas entre el Estado y las Comunidades Autónomas o Entes Locales, o el impago de las deudas del Estado con otras administraciones, son una prueba de
ello. Un ejemplo es la ridícula inversión de un millón y medio de euros en las cercanías ferroviarias en Barcelona, que se acumula al agravio histórico.


En suma, estos Presupuestos, que han sido presentados por el propio Gobierno como los más restrictivos



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de la democracia, son regresivos socialmente, deprimen la economía y contribuyen a aumentar el desempleo. Y por si fuese poco, van acompañados de una amnistía fiscal renunciando a luchar activamente contra el fraude.


Es preciso procurar una mayor justicia fiscal para que quien más capacidad económica tenga contribuya en mayor medida al sostenimiento del gasto público a través de los impuestos. El fraude fiscal es un auténtico insulto hacia quienes
cumplen con sus obligaciones tributarias. Y en España el 70 % del fraude se concentra en las grandes empresas y fortunas.


Equipararnos en contribución fiscal a la media de los países que conforman la zona euro y una gestión más razonable de los desfases presupuestarios, permitiría contar con recursos públicos suficientes para estimular la economía, crear empleo
y recortar la brecha social que nos separa de Europa.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, con esta enmienda a la totalidad rechaza estos Presupuestos y pide la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley.


ENMIENDA NÚM. 6


FIRMANTE:


Alfred Bosch i Pascual, Joan Tardà i Coma y Teresa Jorda i Roura (Grupo Parlamentario Mixto)


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Mixto, a instancia de los Diputados don Alfred Bosch i Pascual y don Joan Tardà i Coma, y de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republlcana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí) al amparo de lo establecido en el artículo 110
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda de devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2012.-Alfred Bosch i Pascual, Joan Tardà i Coma y Teresa Jordà i Roura, Diputados.-Xabo Mikel Errekándo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Exposición de motivos


El presente Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado se enmarcan coherentemente en el proceso neoliberal de reformas estructurales iniciado por el actual Gobierno de desmantelamiento del Estado autonómico y del Estado del
Bienestar.


Por un lado, con la excusa de los objetivos del déficit han reducido la financiación de las Comunidades Autónomas (que ya era insuficiente en el caso de los Països Catalans en años anteriores), mientras que el Gobierno sigue sin hacer un
recorte acorde con sus posibilidades y mantiene en su ámbito competencial gastos superfluos y/o recortables (desde gasto militar a embajadas, pasando por el Instituto Cervantes), gastos duplicados al ser competencias transferidas a las Comunidades
Autónomas (Cultura, Sanidad, Deporte... ), reducción de la inversión productiva y en infraestructuras en el principal polo económico del Estado -los Països Catalans- para salir de la crisis y un drástico recorte de las políticas sociales
-especialmente el nivel acordado de la Ley de Dependencia- que va hipotecar seriamente el presupuesto y la autonomía de las CCAA y las Corporaciones Locales, que se van a ver obligadas a suplirlo a costa de sus propias políticas sociales, como
sanidad y educación.


Por otro lado, la reducción de casi todas las partidas destinadas a políticas sociales -entre las que destaca la desaparición del Fondo para atención de inmigrantes- en un momento de crisis y empobrecimiento social supone cargar el grueso de
la crisis sobre las personas más necesitadas, condenar a miles de personas -especialmente a infancia y mayores- al empobrecimiento y la exclusión, dificultar la cohesión social y agravar los problemas de seguridad ciudadana, hipotecando el gasto
futuro.


Los Presupuestos Generales del Estado para el 2012 son unos presupuestos que no solo no servirán para salir de la crisis sino que van a agravar la situación llevando al Estado Español a una nueva crisis económica. No impulsa un cambio de
modelo productivo y reduce el gasto en I+D+i, que debería ser la clave del desarrollo económico futuro. No plantean los mecanismos para hacer políticas anticíclicas además de ahondar en el error de fiar la salida de la crisis solo al cumplimiento
de los objetivos de déficit, cargando sobre las clases bajas y medianas los esfuerzos económicos.


Son además unos presupuestos que no cumplen con los estatutos catalán, valenciano y balear y que aumentan el déficit histórico y la infrainversión en estos territorios.


Unas Previsiones de Ingreso poco realistas


Las previsiones para 2012 tiene que contar con un entorno desfavorable. El cuadro macroeconómico revisado por el Ejecutivo, con caídas del 1,7 % del PIB y casi del 4 % del consumo final nacional, el Gobierno se sitúa en el lado más
pesimista de las instituciones internacionales.


En cambio, desde el punto de vista de los ingresos, las previsiones en los presupuestos son excesivamente optimistas, con un incremento de los ingresos tributarios



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del 2,3 %. El aumento previsto en la recaudación del impuesto sobre sociedades, del 22,2 %, que se basa en la reducción de las desgravaciones a las grandes empresas aprobada por Real Decreto Ley adjuntado a los PGE. Pero es especialmente
discutible la previsión de recaudar 2.500 millones de euros adicionales de las medidas de amnistía fiscal. Unas medidas no únicamente denunciables desde la perspectiva de la equidad fiscal, sino que se han demostrado históricamente de dudosa
efectividad a nivel recaudatorio.


De la misma forma, el equilibrio en las cuentas de la Seguridad Social parece sobrestimar los ingresos por cotizaciones sociales e infraestimar las pensiones contributivas de acuerdo con el cuadro macroeconómico previsto.


Un presupuesto de ajustes que profundizarán la recesión económica española


Estos presupuestos están obviamente condicionados por la necesidad de equilibrar las cuentas públicas en el marco de la Unión Europea pero siendo conscientes que no es una condición que garantice la recuperación económica: el equilibrio de
las cuentas públicas se fija como objetivo, pero no se concretan. Como lo indican las mismas conclusiones del Consejo de Europa del pasado 1 y 2 de abril: por ejemplo, fijar la generación de nueva ocupación como prioridad o asumir un alto
compromiso con las políticas de apoyo a la investigación, innovación y educación superior contempladas en el 7° Programa Marco y Europa 2020 en la medida que impulsan un cambio de nuestro modelo productivo.


En este sentido, es inconcebible que con una tasa de paro media superior al 20 % de la población activa sea adecuado reducir en un 21 % el gasto asociado al fomento de la ocupación o ajustes todavía más drásticos en la financiación de
políticas activas como los planes de fomento local de ocupación.


Como tampoco parece admisible asumir una reducción del 26 % en los presupuestos de investigación, desarrollo e investigación teniendo en cuenta que los pobres registros en inversión pública y privada en I+D ha sido uno de los factores
determinantes de la pobre evolución de la productividad en el conjunto del Estado español.


En lo referente al conjunto de partidas de gasto, merece la pena destacar los efectos adversos -apuntados por instituciones como el Fondo Monetario Internacional de reducciones excesivamente drásticas-.


Recentralización del Estado y centrifugación del sacrificio


También deberíamos considerar no únicamente los efectos adversos en la reducción del gasto, sino la distribución de este ajuste de 27.300 millones de euros, que se anuncia como el esfuerzo de consolidación fiscal más grande de la democracia
española. La mitad de estos ajustes significan sacrificios que hacen los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas, que van a experimentar una reducción de 13.400 millones de euros en concepto de impuestos y tasas varias adicionales.


De los ajustes para cubrir la totalidad de los 27.000 millones se deben escondidos unos 5.000 de reducciones de transferencias a las comunidades autónomas. Unos menores ingresos de las CC.AA. significan que, éstas, que tienen un objetivo
de déficit incluso más restrictivo que el Gobierno central, van a tener que hacer recortes adicionales por esos 5.000 millones. Unas comunidades autónomas -responsables como son de la sanidad y la educación en España- ya tenían que recortar 15.000
millones a los que se van a sumar estos 5.000 millones adicionales. Unos ajustes que son particularmente insostenibles para las CC.AA. con un mayor desequilibrio fiscal relativo sobre su PIB (Illes Balears, Catalunya y País Valencià).


Una vez descontadas las transferencias a las CC.AA., los recortes de gasto del Gobierno central no serán del 17 % como dice sino del 10 %. Especialmente preocupante es la distribución de los ajustes por ministerios y el conjunto de partidas
en comparación con los leves ajustes (-2 %) que experimentan partidas como las que se destinan a la Casa Real.


Inversión en Infraestructuras: Una discriminación irracional


El capítulo de inversión en infraestructuras es el que ejemplifica de manera más gráfica la discriminación territorial de las cuentas públicas de 2012. La reducción de la inversión en infraestructuras alcanza su nivel máximo en Catalunya
(un 44 %) y una reducción sustancialmente superior a la media en el País Valencià (34,5 %).


Esta reducción se hace particularmente evidente en la disminución de la aportación en Cercanías de Madrid y Barcelona. Si en Barcelona la reducción es de un 64,84 % (pasando de 4,2 a los 1,5 millones de euros), en Madrid la dotación aumenta
en un 24,58 % (pasando de 6,2 a los 7,7 millones de euros).


Una distribución de los ajustes que no únicamente es territorialmente injusta sino que no contempla ningún principio de racionalidad económica. Mientras se mantienen inversiones de Ferrocarriles de Alta Velocidad en tramos de dudosa
rendibilidad (como la del Corredor Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa) y se invierte de forma claramente insuficiente en la conexión del Corredor considerado prioritario por la Comisión Europea: el Corredor Mediterráneo.


Inversiones reales del Estado (ministerios)


En el caso de las inversiones reales del Estado en el conjunto de los ministerios, los territorios de los Països Catalans quedan claramente desfavorecidos. La inversión por cápita del Estado español es de 143,88 euros mientras que en los
Països Catalans representa un 48,85 euros por



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cápita. Así por ejemplo, en el ranquin de inversión por comunidades, Catalunya ocupa la 14 posición (53,93 euros/hab.), País Valencià la 15 (47,31 euros/hab.) e Illes Balears la 17 (22,05 euros/hab.).


Asimismo, aunque los Països Catalans tienen el 29,03 % de la población, las inversiones reales del Estado representan tan solo un 9,86 %.


Inversiones Sector Público Empresarial


En el caso de las inversiones del Sector Público Empresarial la discriminación persiste. Mientras un ciudadano del Estado español recibe una inversión per cápita de 184,34 euros, un ciudadano de los Països Catalans recibe 137,83 euros.
Aunque los Països Catalans representan el 29,03 % de la población, reciben el 21,70 % de la inversión. El País Valencià se sitúa en 9.ª posición (152,19 euros/hab.), Catalunya en la 10.ª (132,48 euros/hab.) y Illes Balears en la 13.ª (107,80
euros/hab.).


Esto significa que en el caso de los Països Catalans se reduce la inversión un 34,07 % respecto a 2011, pasando de 2.802.926 miles de euros de 2011 a 1.848.008 miles de euros el 2012. Así en Catalunya se reduce la inversión en un 29,04 %,
el País Valencià en un 39,08 %, e Illes Balears en un 37,20 %.


El caso más paradigmático es el de ADIF, en el que en Catalunya se reduce un 48,92 % respecto a 2011 y en el País Valencià un 54,65 %.


Insostenibilldad política y financiera


Estos Presupuestos son la demostración de la insostenibilidad política y financiera del Estado español, así como su poca fiabilidad como demuestra:


• Incumplimiento de los límites de déficit del 4,4 % del PIB a los que se habían comprometido el Gobierno español (5,3 % del PIB). Un incumplimiento que se produce a pesar de tener como único objetivo responder de este.


• La prima de riesgo, el sobrecoste que debe pagar el Estado español para financiarse respeto a Alemania, ha superado los 400 puntos y supera los niveles existentes desde la toma de posesión del PP. Eso significa que, a pesar de las
reformas impulsadas por el Gobierno español, este no ha conseguido generar confianza a los mercados financieros.


• La distribución de los límites de endeudamiento entre las diferentes Administraciones Públicas consolida un desequilibrio que no se ajusta a la distribución competencial, la carga del gasto y las necesidades de financiación. Especialmente
de las Comunidades Autónomas: los PGE 2012 son el principio del fin del Estado de las Autonomías.


La reducción de gasto de los Ministerios, la reducción de transferencias a las CC.AA. (5.000 millones de euros) y los límites de endeudamiento autonómico amenazan también el Estado del Bienestar y la propia recuperación económica: la
reducción no se centra en la reducción de estructuras administrativas sino en las transferencias finalistas (13.400 millones de euros).


Por todo ello se reclama la devolución del presente Proyecto de Ley.


ENMIENDA NÚM. 7


FIRMANTE:


Grupo Parlamentario Socialista


A la Mesa de la Comisión de Presupuestos


El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2012, por la que se solicita su devolución al Gobierno.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Exposición de motivos


El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 que ha presentado el Gobierno en el Congreso de los Diputados profundizará y alargará la recesión de la economía española y la destrucción de empleo, y supone el mayor ataque a los
pilares básicos del Estado de bienestar. Las decisiones discrecionales sobre gastos e ingresos contenidos en el principal instrumento de la política económica del Gobierno traerán como consecuencia más paro, más impuestos a las rentas del trabajo,
menos igualdad y protección social para los más débiles, y un retroceso en la necesaria modernización de la estructura productiva del país.


Estos Presupuestos no son los primeros que se presentan en una situación de crisis económica. Desde 2009, el anterior Gobierno aprobó tres presupuestos cuyos objetivos eran reducir el déficit público, mantener las políticas sociales pese a
todas las dificultades y que el país no interrumpiese por la crisis su proceso de modernización, desarrollo tecnológico y avances, para poder crear una base sólida de crecimiento y empleo.


Sin duda, el proceso de consolidación fiscal es necesario, pero no puede convertirse en el único objetivo de la política económica, entre otras cosas, porque nos llevará a una espiral de crecimiento negativo a corto plazo y al incumplimiento
de los compromisos acordados



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ante la Unión Europea. La reducción del déficit y la sostenibilidad de las finanzas públicas son necesarios, pero los gobiernos son responsables de su velocidad y su diseño. El economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, ha recomendado
recientemente la aplicación de un ajuste fiscal similar a un maratón en el que hay que ser constante, pero no hacer un sprint como pretende el Gobierno, ya que este puede acabar ahogando el crecimiento. Realizar un ajuste presupuestario extremo
cuando la economía entra en recesión es un grave error, como también la composición de los gastos que se pretenden recortar y las fuentes de ingresos tributarios que se pretenden aumentar.


Por tanto, es imprescindible revisar la senda y el ritmo de consolidación fiscal de acuerdo con la Unión Europea y acordar una política de crecimiento realista, de tal manera que la política fiscal juegue el papel estabilizador que le
corresponde en un periodo de recesión. En Europa hay países que tienen capacidad para aplicar políticas de estímulo al crecimiento y ayudar a reducir los desequilibrios internos de la eurozona, a la vez que debería potenciarse el papel del Banco
Europeo de Inversiones (BEI) para poder financiar programas de inversión encaminados a aquellos países de la eurozona que están experimentando más dificultades.


El impacto del ajuste fiscal indiscriminado que contienen los Presupuestos para 2012 tendrá como consecuencia una mayor caída de la actividad y, por ende, menos recaudación, más gasto por desempleo y más déficit. Por ello, esta situación ha
generado incertidumbre sobre nuestras cuentas públicas y una pérdida de credibilidad frente a nuestros acreedores, provocando que nuestra prima de riesgo crezca por encima de la italiana, aumentando los costes de la deuda y convirtiéndonos en el
foco de atención de las autoridades europeas y la prensa internacional.


Y esa desconfianza se debe, entre otras cosas, al retraso irresponsable de los Presupuestos para 2012 por razones electoralistas del Gobierno, que ha tenido tres efectos negativos para la economía española:


En primer lugar, hemos perdido credibilidad frente a nuestros acreedores. Así lo demuestra el hecho de que en los 100 primeros días de Gobierno, nuestra prima de riesgo ha pasado de estar 150 puntos por debajo de la italiana, a estar 50
puntos por encima. En segundo lugar, hemos perdido credibilidad ante las autoridades europeas. El baile electoralista de cifras de déficit del cierre del ejercicio 2011, el retraso injustificado de los Presupuestos para 2012 y la fallida
estrategia gubernamental para rebajar unilateralmente el objetivo de déficit de 2012, impidió establecer el 5,8 % anunciado por el Presidente del Gobierno, a la vez que dificulta negociar un ritmo de ajuste más dilatado en el tiempo, crucial para
alcanzar el equilibrio presupuestario, sin riesgo de hundirnos en una profunda recesión. Y, en tercer lugar, este retraso también intensificará la dureza del ajuste, al tener que implementarlo en tan solo ocho meses, con recortes en las políticas
de gasto relacionadas con la protección social y la mejora de la productividad.


Si bien ha sido un inmenso error presentar tan tarde los Presupuestos para 2012, lo peor ha sido la orientación de su contenido, es decir, la composición de gastos e ingresos, que los convierte en un instrumento de ajuste profundamente
injusto, y que agravará los principales problemas de la economía española.


En el capítulo de ingresos, las previsiones de recaudación que contienen los Presupuestos para 2012 son poco creíbles e inconsistentes con el objetivo de reducir el déficit estructural a largo plazo en un contexto de fuerte recesión. De
hecho, el FMI acaba de anticipar una caída del PIB nominal del 1 % para este año. Sin embargo, se prevé que los ingresos no financieros, sin aplicar las nuevas medidas tributarias, aumenten alrededor de 2.500 millones de euros con respecto al
ejecutado en 2011. Además, la subida del IRPF castiga a las rentas del trabajo lo que reducirá la capacidad adquisitiva de las familias y, por ende, el consumo privado, agravando aún más el periodo de recesión económica y destrucción de empleo.
Las medidas fiscales del Gobierno son profundamente injustas porque recaen mayoritariamente sobre las rentas del trabajo, a la vez que aprueban una 'amnistía' fiscal que premia a las grandes fortunas y penaliza a los contribuyentes que cumplen
honradamente con la Hacienda Pública. Además, son medidas que restan progresividad y eficiencia a nuestro sistema fiscal porque recuperan la deducción a la compra de vivienda para las rentas altas. Pero lo que deteriora de verdad la confianza de
la economía española son las subidas temporales de impuestos, tanto del IRPF, como la del tipo efectivo del Impuestos sobre Sociedades, siendo solo de carácter permanente el incremento de las desgravaciones a la compra de vivienda, que, como se ha
citado anteriormente, aumenta el déficit estructural a largo plazo, y es precisamente una medida ampliamente criticada por todos los expertos y organismos internacionales, ya que incentivó el origen de la burbuja inmobiliaria en nuestro país.


La destrucción de más de 600.000 empleos y las perspectivas negativas de crecimiento que refleja el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos para 2012, puede hacer que el incremento de recaudación por la elevación del IRPF sea
inferior al esperado y que la recaudación por IVA se reduzca más de lo estimado. Asimismo, la vulnerabilidad de las cuentas de las administraciones de la Seguridad Social es considerable y tendrá una desviación del déficit al cerrar el ejercicio,
tanto por lo que prevé ingresar por cotizaciones sociales como por lo que prevé gastar por pensiones contributivas y prestaciones por desempleo, en un marco de profunda recesión económica.


El Grupo Parlamentario Socialista está absolutamente en contra de la 'amnistía' fiscal aprobada por el Gobierno, porque es injusta y contraria, tanto en el contenido como en la forma, a lo establecido en la Constitución, y nada garantiza que
se cumpla el objetivo de



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recaudación. El artículo 31 establece que 'Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en
ningún caso, tendrá alcance confiscatorio'. Es injusta porque ofrece un tratamiento fiscal mucho más favorable para quien ha incumplido sus obligaciones tributarias que para el contribuyente cumplidor que paga lo que le corresponde. En definitiva,
las medidas tributarias adoptadas por el Gobierno no crean una base fiscal sólida y estable capaz de estimular el crecimiento y de financiar los servicios públicos fundamentales.


Por tanto, los Presupuestos para 2012 que se han aprobado tienen serios problemas de consistencia para ser cumplidos, poniendo así el Gobierno más en duda la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio plazo. Si las cifras del
Presupuesto son poco creíbles y no se cumplen, aumentará aún más la desconfianza en nuestro país.


En el capítulo de gastos, el Gobierno ha decidido recortar en todo aquello que es determinante para que crezcamos mejor en el futuro: en educación, en I+D+i, en formación profesional y en infraestructuras. España necesita mejorar la
formación de su capital humano y reorientar su sistema productivo para aumentar su potencial de crecimiento y ello requiere de más empresas innovadoras que apuesten por la calidad, por el valor añadido, y que desarrollen una fuerte base exportadora.
Por ello, el recorte en todas aquellas partidas destinadas a la educación y formación, la I+D+i y la internacionalización de la empresa, va en la dirección contraria de lo que necesita la economía española. Asimismo, la caída de la inversión en
infraestructuras supone una fuerte ralentización de las obras de los grandes corredores ferroviarios y viarios y tendrá un efecto negativo en los costes de transporte de nuestras empresas. En síntesis, las grandes políticas de gasto productivo de
los Presupuestos para 2012 ponen de manifiesto que las prioridades del Gobierno van en contra de mejorar la productividad y la competitividad de la economía española.


En educación, existe un recorte global del 21,9 % con respecto al año 2011, que afecta de manera evidente a la igualdad de oportunidades, destacando la disminución de las partidas destinadas a becas y ayudas a estudiantes en un 11,6 %, la
desaparición del Fondo para cofinanciar plazas del primer ciclo de educación infantil del servicio público (guarderías de 0 a 3 años), que estaba dotado con 100 millones de euros en 2011, y la eliminación del Programa Escuela 2.0, destinado a
facilitar el uso de las nuevas tecnologías en la escuela.


Los programas de fomento del empleo se reducen en 1.563,01 millones de euros, un 21,3 % menos que en 2011, cuando más está aumentando el desempleo y el Gobierno prevé 630.000 nuevos parados.


En investigación, desarrollo e innovación civil se produce un retroceso global del 25,6 %, destacando la reducción del 34,9 % de los programas de 'Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica' que financian las principales
convocatorias del Plan Nacional de I+D y el descenso del 27,2 % en 'Investigación y desarrollo tecnológico-industrial'.


En infraestructuras, los compromisos de España con la Unión Europea en el desarrollo de las Redes Transeuropeas de Transporte corren un serio riesgo de incumplimiento en los plazos. El corredor mediterráneo sufre una reducción inversora de
cerca del 30 %, mientras los demás corredores, a excepción del atlántico en su vertiente gallega, también rebajan su ejecución prevista en más de un 20 %. Además, el Plan de impulso al transporte ferroviario de mercancías carece de una programación
específica, por lo que peligra su desarrollo.


En cuanto a la energía, la apuesta por un desarrollo sostenible a través del impulso de las energías renovables desaparece de las prioridades del Gobierno. En las políticas de gasto para la internacionalización de las empresas, ámbito clave
para salir de la crisis cuando la demanda nacional decrece, se reduce la dotación del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM). En turismo, estos Presupuestos suprimen los créditos destinados al Plan FuturE de Infraestructuras
Turísticas y se reduce sustancialmente el Fondo Financiero del Estado para la Modernización de Infraestructuras Turísticas.


Los recortes en las partidas de gasto social contribuyen a que la crisis sea más dura para aquellas personas que más precisan de la protección de las administraciones públicas en un contexto de crisis, poniendo en riesgo la cohesión social
cuando más se necesita. El gasto social consolidado en los Presupuestos para 2012 se reduce un 4,3 % con respecto a 2011, pasando a suponer el 56,2 % del gasto de 2012, cayendo 2 puntos el peso de las políticas sociales en el total de gasto.


Sin duda, los nuevos recortes de 10.000 millones en educación y sanidad anunciados por el Gobierno tendrán un impacto negativo sobre la prestación y la calidad de la de los servicios públicos esenciales. Eliminar la gratuidad de los
medicamentos de la que disponen hoy la mayor parte de los pensionistas españoles es un ataque directo a la equidad del sistema sanitario español, el aumento del número de estudiantes por clase, con menos profesores, deteriora claramente la calidad
del sistema educativo y la brutal subida de las tasas universitarias atenta contra el principio de igualdad de oportunidades y compromete el futuro de más de un millón de jóvenes.


La partida gasto de servicios sociales y promoción social se reduce un 15,7 %, destacando el recorte del 42,6 % en la atención a la infancia y la familia, así como los recortes en dependencia. Las actuaciones contra la violencia de género
se reducen un 21,6 % y el programa de acceso a la vivienda se reduce un 31,7 %.


En definitiva, estos Presupuestos, con la excusa de la crisis y la herencia recibida, están desmantelando los pilares básicos del Estado del Bienestar en nuestro país,



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no ofrecen ninguna esperanza para la salida de la crisis, agravan notablemente los principales problemas de nuestra economía, y tienen muy poca credibilidad en el cumplimiento de sus objetivos.


Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, solicitando su devolución al Gobierno.


ENMIENDA NÚM. 8


FIRMANTE:


Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia


A la Mesa de la Comisión de Presupuestos


El Grupo Parlamentario de UPyD, a iniciativa de su portavoz, la Diputada doña Rosa Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad del
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


Exposición de motivos


Estos presupuestos llegan al Congreso tarde y mal. Han venido precedidos de una grave ocultación de 25.000 millones de euros déficit en 2011 (2,5 puntos del PIB). De ella son corresponsables el partido que gobernaba la Nación y los que
gobernaban las comunidades autónomas. La desviación ha minado gravemente la credibilidad internacional de España ante los socios de la Unión Europea y los mercados. El posponer los presupuestos de 2012 por razones electorales (primero por las
elecciones generales y luego por la andaluzas) no ha contribuido a mejorar la confianza. El intento frustrado de revisar unilateralmente el objetivo de déficit ante la Unión tampoco fue una manera adecuada de gestionar el problema.


Para UPyD, el principal defecto de estos Presupuestos del Estado tiene que ver con razones que se hallan fuera de ellos, en los presupuestos de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Debido a unos compromisos políticos con
los partidos nacionalistas difíciles de entender dada su mayoría absoluta, el actual Gobierno se ha empeñado desde el inicio de su mandato en concentrar los recortes del gasto público en la Administración Central. En esto, como en tantas cosas, se
limita a continuar la política de los gobiernos socialistas que le precedieron. Sin embargo, es un hecho numérico que la Administración Central ya no tiene capacidad para realizar grandes recortes, salvo que se opte por desmantelarla, como se está
haciendo. Ello implica cercenar brutalmente gastos esenciales para el crecimiento (como infraestructuras, I+D, educación, fomento del turismo y la exportación...) y partidas muy sensibles de gasto social (en dependencia, políticas activas de
formación para los desempleados, sanidad...) mientras se mantienen intactas las 166 oficinas de representación internacional de las CC.AA. (que superan en número las 118 embajadas de España), los Consejos Económicos y Sociales, los defensores del
pueblo, los 4.000 entes públicos...


También es un hecho que esta estrategia está condenada al fracaso, pues el gasto de la Administración Central carece del peso necesario para equilibrar por sí solo el del conjunto de las cuentas públicas. Los datos son elocuentes: la
Administración Central solo controla el 20 % del gasto público, correspondiendo otro 36 % a las comunidades autónomas, el 30 % a la Seguridad Social y un 14 % a los entes locales.


En lo que se refiere a los funcionarios y empleados públicos, según datos oficiales del Registro Central de Personal correspondientes a julio de 2011, 237.394 trabajan para la Administración General del Estado (excluyendo los 274.000 del
ejército y las fuerzas de seguridad) frente a los 1.347.835 funcionarios y empleados de las comunidades autónomas.


Además, se debe recordar que si bien el déficit alcanzado por las comunidades autónomas parece modesto en comparación con el déficit de la Administración Central, se trata de una mera apariencia. En efecto, el déficit autonómico sería mucho
mayor si la Administración Central no soportase el grueso de los gastos que son consecuencia automática de la crisis (como prestaciones por desempleo y carga de intereses), si no se hubieran inyectado a las CC.AA. 11.000 millones de euros en la
última reforma de la financiación autonómica, si los anticipos del sistema de financiación no hubieran sido durante años tan claramente superiores a la recaudación real, etc.


Otras importantes decisiones recientes han estado, asimismo, sesgadas a favor de las CC.AA. Los 5.000 millones de recorte del déficit extra solicitados por la Unión Europea se han de lograr totalmente mediante un mayor esfuerzo de la
Administración Central debido a una decisión arbitraria del Gobierno, en vez de entre todas como sería lógico. Se ha perdido la gran oportunidad de condicionar mucho más fuertemente el plan de rescate de los proveedores autonómicos. Para culminar
esta trayectoria, estos Presupuestos, en un entorno de austeridad, ¡aumentan las transferencias a las administraciones territoriales (un 9,7 % a las Comunidades Autónomas y un 7,6 % a las corporaciones locales)!



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La actuación del Estado para corregir cuanto antes el desequilibrio de las finanzas públicas en las administraciones autonómica y local es sin duda una de las medidas más urgentes en esta coyuntura. Una medida que UPyD reclama desde su
creación, y que por razonables exigencias de solvencia y responsabilidad piden también los mercados internacionales en los que España debe buscar financiación y colocar sus emisiones de deuda pública, el FMI y la Comisión Europea. La falta de
actuaciones en este sentido es una de las razones que se utiliza cada vez que las agencias de calificación rebajan la calidad de la deuda pública española.


El Estado debe ejercer el papel de coordinación y supervisión general de las finanzas que le otorga la Constitución, al que ha renunciado. La actual impotencia podría haberse evitado, pues la Constitución atribuye al Estado, en su artículo
149.1.13.ª, las 'bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica', y competencia exclusiva sobre 'Hacienda general y deuda del Estado' en el artículo 149.1.14.ª Los artículos 103.1, 128.1, 131.1 y 150.3 también sirven de
base para apoyar medidas de corrección y racionalización de las finanzas públicas como las que UPyD solicita. Es un hecho, tan insólito como inaceptable, que la Comisión Europea tenga más capacidad de control de las políticas del Gobierno de España
que el que este ejerce sobre las 17 comunidades autónomas españolas. La reforma de la Constitución y la recién aprobada Ley de Estabilidad proporcionan nuevos instrumentos jurídicos para hacer posible tal política.


La filosofía presupuestaria, conocida como 'Presupuesto base cero', debería aplicarse en todos los niveles de la administración, pero especialmente en comunidades autónomas y ayuntamientos. En ella, no se dan por sentados los gastos del
ejercicio anterior y a partir de ellos se recorta (a menudo lo que menos debería recortarse, dejando intactos gastos superfluos que benefician a la 'clase política'), sino que se parte de un gasto cero y cualquier adición debe de ser justificada por
sus propios méritos.


Al negarse a realizar un recorte selectivo del gasto, reduciendo las estructuras administrativas insostenibles creadas al calor de los ingresos de la burbuja inmobiliaria, estos Presupuestos recortan el gasto productivo (perjudicando al
crecimiento) y el gasto social (dificultando paliar los efectos de la crisis) en partidas muy sensibles, como ya se ha dicho. Pero con ello no logran recortes permanentes. No reducen el déficit estructural. No se puede estar año tras año sin
invertir. Los recortes del gasto administrativo autonómico sí serían permanentes, y en gasto corriente improductivo.


Junto a ese defecto fundamental, los Presupuestos generan otras dudas. Incorporan un escenario macroeconómico mucho más realista que el de presupuestos anteriores, pero existen grandes riesgos de un empeoramiento aún mayor. Hay partidas de
gasto (como pensiones o desempleo) que parecen infravaloradas, lo que se refleja en un difícilmente creíble equilibrio presupuestario de la Seguridad Social. La previsión de ingresos parece excesivamente optimista, en un entorno claramente
recesivo. Además, se suben los impuestos sin un plan global, creando incertidumbre y desconfianza, lo que dificultará también por esta vía la recuperación. Mientras se exige más a los que ya cumplen, se propone una amnistía fiscal para los
defraudadores. La deuda pública sigue aumentando, y pesan sobre ella amenazas difíciles de cuantificar (ligadas a las dudas sobre el coste público de la reestructuración bancaria y el verdadero estado de las cuentas autonómicas).


El resultado de todo lo anterior son unos Presupuestos que sacrifican el crecimiento y ni siquiera conseguirán a cambio el único objetivo que persiguen: reducir el déficit al nivel marcado como objetivo, tranquilizando así a nuestros
acreedores. Si el barco tiene una vía de agua en el casco, conviene reformar su estructura en vez de arrojar los mástiles y las velas por la borda para aligerar el peso.


Sin duda, por estos motivos, los mercados han acogido mal la presentación de los Presupuestos, y el propio FMI ha realizado ya previsiones en las que el objetivo de déficit para 2012 se incumple claramente.


Estando ya en una situación límite, rescatados indirectamente por el Banco Central Europeo, con riesgo de caer en un círculo vicioso de recesión, menores ingresos, mayores recortes y más recesión (de tipo griego), no queda margen para más
errores. No es posible seguir tomando decisiones improvisadas a golpe de urgencia recaudatoria, ni continuar desmantelando el Estado para alimentar un caos autonómico insostenible. Es imprescindible disponer de un modelo final de país que guíe los
recortes.


Las cuentas públicas son las de un Estado cada vez más residual


Los Presupuestos Generales del Estado, sobre todo en la versión consolidada que incluye el gasto de la Seguridad Social, parecen tener una dimensión y, por tanto, una capacidad de actuación formidable. En 2012, el gasto consolidado previsto
es de 298.976 millones de euros, equivalentes a, aproximadamente, una tercera parte del PIB español. Esta primera impresión es totalmente engañosa, aunque a los partidos que han permitido que se llegue a la situación actual no les interese deshacer
la ilusión. En realidad, detrás de esas grandes cifras lo que subyace es un Estado residual, cuyos dirigentes han ido entregando toda capacidad de articular unas políticas comunes.


Ha de tenerse en cuenta que la inmensa mayor parte de ese gasto es un gasto previamente comprometido, que no otorga ninguna capacidad de actuación discrecional. Se trata de transferencias obligatorias, en las que el Estado solo hace de
intermediario entre los ingresos públicos y los destinatarios últimos que realmente los gastan. Así, en este presupuesto de 2012, 103.948 millones se dedican a pagar las pensiones de la Seguridad Social, 28.517 millones a las prestaciones y



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subsidios de desempleo de los parados, 54.810,57 millones a transferencias a otras administraciones (43.039,85 a las administraciones territoriales y 11.770 a la Unión Europea), 28.876 millones a los pagos de intereses de la deuda pública.
Cuando se hacen todos estos ajustes, lo que les queda a los Ministerios para realizar sus políticas equivale a tan solo un 6,7 % del PIB, que incluyen los algo más de 3 puntos del PIB dedicados a gastos de personal (33.152 millones, de los que
10.857 son pensiones de clases pasivas). Por tanto, unos 4 puntos del PIB son todo lo que el Estado controla para sus políticas activas.


Este 'Estado residual' ha quedado reducido a la impotencia por las cesiones de los grandes partidos a unas muy reducidas minorías nacionalistas, cuyos votos necesitaban para poder mantenerse en el poder. Así, nos encontramos con partidas,
como la del Ministerio de Educación, sobre las que se mantiene el ritual de analizar si suben o bajan, cuando su cuantía total es ridícula (2.220 millones, la vigésima parte de un gasto educativo que controlan las comunidades autónomas en un 95 %).


Una de las pocas partidas activas de cierta influencia que queda, el gasto en infraestructuras (6.897,94 millones), está parcialmente preasignada en los nuevos Estatutos, con criterios no homogéneos (el PIB, la población o la superficie,
según convenga a cada Comunidad) que los convertirá en incumplibles si se completa el proceso, pues los porcentajes sumarán más de 100. UPyD considera acertada la decisión del Gobierno de no respetar esa preasignación en estos Presupuestos. Las
infraestructuras deben de asignarse según criterios de rentabilidad social, no por criterios territoriales. Cuestión distinta es si la asignación elegida resulta la más acertada o ha respondido a consideraciones electorales. Otra partida
estratégica clave, la de I+D+i (5.633 millones de investigación pública civil y 757 millones de militar) sufre también cada vez más acusadamente las presiones territoriales.


El resto de partidas activas, con un volumen de gasto mínimamente significativo, se van quedando concentradas en las funciones más tradicionales: defensa (6.261 millones), seguridad ciudadana (8.345,91 millones) y representación exterior
(1.680 millones) que, sin embargo, también disponen de dotaciones adicionales de las comunidades autónomas, con una duplicación de funciones muy poco eficiente.


La distribución de competencias por niveles de gobierno, siguiendo el principio de subsidiaridad, no implica el desmantelamiento de la Administración Central, dejándola incapacitada para articular políticas comunes y garantizar la igualdad.


Los presupuestos se basan en un escenario macroeconómico sujeto a importantes riesgos de empeoramiento


El cuadro macroeconómico que sirve de base a los Presupuestos es realista, sobre todo si se compara con los delirantes escenarios que sustentaban los presupuestos de años anteriores.


El entorno macroeconómico contemplado es de clara recesión, con una economía lastrada por una fuerte caída de la demanda interna (-44 %) que se compensa parcialmente por la aportación positiva de 2,7 puntos del sector exterior, lo que
dejaría la caída del PIB en el 1,7 %.


Tanto el consumo (privado y público) como la inversión sufren severos descensos, que provocan un nuevo aumento del paro, hasta alcanzar el 24,3 %, y una pérdida de más de 600.000 empleos.


Pese a todo, en esta negra previsión sigue habiendo algunos elementos que pueden ser cuestionables por su excesivo optimismo. Tienen que ver con el consumo privado y el comportamiento del sector exterior.


El consumo de las familias es una variable clave, al tratarse del componente de mayor tamaño de la demanda nacional. El escenario de los PGE prevé que en el 2012 caiga un 1,4 %. Existen diversas razones para argumentar que tal previsión
puede ser demasiado optimista:


- Los hogares han reducido ligeramente su nivel de endeudamiento desde el inicio de la crisis, pero sigue siendo todavía muy alto.


- La elevada tasa de paro también deprimirá el consumo, tanto de los que han perdido su empleo como del resto, que percibe un mayor riesgo de perderlo. La reforma laboral, al facilitar el despido de trabajadores indefinidos y personal
laboral de la Administración, agudizará este efecto.


- Las congelaciones salariales de los empleados públicos, que pueden anticipar otras similares (o caídas) en el sector privado, supondrán otro freno al consumo.


- En la misma línea operan las subidas de impuestos ya aprobadas, y el temor a las que podrían aprobarse en el futuro inmediato.


- Por si todo lo anterior fuera poco, hay otra causa fundamental que lastra el consumo. Parte de él se financia mediante créditos, y resulta difícil obtenerlos en un entorno de crisis financiera como el actual (en el que el crédito a los
hogares se contrae, según los datos del Banco de España). La reforma financiera del actual Gobierno acentuará la restricción del crédito a corto plazo, al exigir mayores recursos propios a las entidades financieras.


El otro pilar que atenúa el pesimismo de las previsiones oficiales es el favorable comportamiento del sector exterior. El crecimiento del 3,5 % que se prevé para las exportaciones resulta cuestionable. Dos terceras partes de nuestras
exportaciones se dirigen al resto de la Unión Europea, que atraviesa una recesión (aunque más suave que la española). Países vecinos, con los que los intercambios comerciales son particularmente intensos, como Portugal e Italia, están entre los que
peor situación atraviesan. Los datos de exportaciones



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en febrero de 2012 ya muestran una caída mensual del 4,8 %, que en términos interanuales es del 0,2 %. Existen también riesgos de desaceleración en algunos países emergentes.


El saldo exterior mejoraría también, según las previsiones oficiales, por la drástica reducción de nuestras importaciones de bienes y servicios, que se estima en el 5,1 %. Esto no es sino un reflejo de la severidad de la ralentización
interna que se anticipa, que haría que demandásemos menos bienes y servicios, incluyendo los importados. No obstante, la previsión dependerá del comportamiento del precio del petróleo. Se basa en un precio de 119,5 dólares el barril. Las
tensiones en Irán podrían llevar a precios del petróleo más altos, que harían difícil la disminución del valor de nuestras importaciones. Ya el déficit comercial acumulado de 12 meses muestra en febrero de 2012 un empeoramiento, por culpa de las
importaciones energéticas.


No está del todo claro, por otro lado, en qué medida la previsión de caída del PIB del 1,7 % incorpora el efecto de los sucesivos recortes que el Gobierno va improvisando. El FMI, en sus Perspectivas Económicas Mundiales publicadas a
mediados de abril de 2012, ya empeora ligeramente la previsión para España, hasta una caída del 1,8 %.


Se recortan gastos del estado esenciales, tanto productivos como sociales


Por el lado del gasto, estos presupuestos no van a servir para salir de la crisis. Por el contrario, las partidas de gasto más directamente relacionadas con la actividad productiva y el cambio de modelo económico se reducen. Por ejemplo:


- El gasto en el Ministerio de Fomento, el ministerio más relacionado con la inversión, se reduce un 34 %. La inversión en nuevas infraestructuras se desploma un 36 %.


- El gasto en I+D cae un 25,5 %.


- El gasto en educación disminuye un 21 %. Se suprimen los programas Educa 3 (para crear centros educativos de 0 a 3 años), Escuela 2.0 (para digitalizar las aulas) o los Campus de Excelencia. El programa Erasmus se reduce de 62 a 36
millones. Hay recortes en las becas y ayudas a estudiantes del 11,6 %.


- El gasto del Ministerio de Industria cae un 31,9 %.


Se reduce un 17,1 % el gasto en apoyo a la internacionalización de la empresa española y un 29,5 % el gasto en promoción del turismo. Esto cuando se quiere convertir a la exportación de bienes y servicios en motor de la recuperación.


El efecto a corto plazo de estas medidas será contractivo. A más largo plazo, el prometido cambio de modelo (hacia uno más innovador, respetuoso del medio ambiente, con unos trabajadores más formados...) deja de financiarse.


Tampoco van a servir, además, para paliar los efectos de la crisis a la que nos condenan. El gasto social también se reduce:


- Cae el gasto en protección a los parados un 5,5 %, pero no por un menor paro, sino porque los parados existentes van agotando el periodo en el que tienen cobertura mediante prestaciones y subsidios. ¡Terrible forma de ahorrar!


- Las políticas activas de formación a los parados se reducen en 1.500 millones, un 21,3 % menos, pese a que siempre se haya lamentado su insuficiencia.


- El gasto en sanidad se reduce un 13,7 %, cancelando el Plan de Salud Bucodental Infantil.


- El gasto en Dependencia se reduce un 5,7 %, pese al insuficiente desarrollo de la Ley.


- Las ayudas para acceso a la vivienda caen en 322 millones, mientras se mantiene una deducción por compra de vivienda cuyo coste en forma de menor recaudación se cifra en más de 2.500 millones.


- Se congela un año más el salario de los funcionarios, con lo que siguen perdiendo poder adquisitivo.


- El Fondo para la acogida e integración de inmigrantes se elimina.


- La ayuda al desarrollo pierde 1.400 millones, con lo que retrocede al 0,25 % del PIB, lejos del 0,7 % que se marcaba como objetivo.


En realidad, el único sentido de los presupuestos presentados es contentar a corto plazo a los acreedores internacionales con los que estamos endeudados. Para ello, se procede a un recorte antisocial del gasto que perjudicará la
recuperación económica.


La partida del gasto que sí aumenta es la de pago de intereses de la deuda pública. Asciende ya a 28.876 millones.


Aunque el presupuesto parece muy austero cuando se mira el gasto de los Ministerios, la inercia de las partidas automáticas (como los intereses de la deuda, las pensiones o el gasto en desempleo) hace que en realidad el recorte agregado del
gasto no sea tan grande y se logre de forma no permanente, sobre todo mediante el fuerte recorte de la inversión. Pero la caída del gasto no financiero es solo de un 1,1 % respecto al presupuesto ejecutado de 2011, y la del gasto corriente de un
0,3 %.


Un recorte selectivo, permanente, estructural, que respete el gasto del Estado productivo y social, solo sería posible mediante una reforma profunda de las estructuras administrativas y los entes públicos que han generado los excesos
autonómicos.


Ni siquiera el recorte del Estado es todo lo selectivo que debiera, pues mantiene un gasto de 4.187 millones para completar el AVE a Galicia, un gasto no muy lejano de toda la I+D+i civil anual (5.600 millones), o recorta solo un 2 % los
gastos de la Casa Real.



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Por el lado de los ingresos las previsones son demasiado optimistas, exigiendo más a los que ya cumplen y amnistiando a los defraudadores


Los ingresos previstos para 2012 son el resultado de dos fuerzas que actúan en sentido contrario. Por un lado, la recesión económica tendrá un efecto negativo sobre la recaudación de las diferentes figuras impositivas. Este impacto se
agudizará debido a que la contracción se centrará en la demanda interna (que genera muchos más ingresos impositivos que las exportaciones). Por otro lado, actuará el efecto positivo sobre la recaudación de las medidas fiscales adoptadas por el
Gobierno, que se estiman en 12.300 millones de euros. Aunque subir impuestos en medio de una recesión la agudizará, y las subidas contradicen las irresponsables promesas electorales del Gobierno. El total de ingresos impositivos se prevé que
aumente un 4,3 %, incremento a todas luces cuestionable. Para lograr este resultado, se está infravalorando el efecto de la recesión sobre lo recaudado.


El incremento en la recaudación por IRPF del 4,7 % no parece en absoluto coherente con la fuerte caída del empleo y de la masa salarial, por mucho que se haya incrementado la presión fiscal, máxime teniendo en cuenta el grave error que
supone mantener la deducción por vivienda habitual (que se cifra en más de 2.500 millones).


El crecimiento de la recaudación del Impuesto de Sociedades en un 17,8 % tampoco parece realista. Los impactos previstos de las medidas sobre pagos fraccionados (2.500 millones), gastos financieros (1.050 millones), libertad de amortización
(840 millones) y otros, que en total se estiman en 5.350 millones de mayor recaudación, parecen demasiado fuertes en un entorno como el actual. Es importante tener en cuenta el nada desdeñable efecto de las mayores provisiones que podemos esperar
en el sector bancario y que van a hacer descender notablemente sus beneficios y, en consecuencia, su aportación a este impuesto.


El caso del IVA tampoco está exento de riesgos, pues se apunta a un descenso del 3,3 %, cuando en 2011 (año en el que se aplicó una subida de tipos del 16 % al 18 % y todavía se registró crecimiento económico) la recaudación apenas subió un
0,4 %. Si el desplome de la demanda interna se confirma, tal vez con un empeoramiento del Consumo mayor del previsto, y tenemos en cuenta la nula aportación recaudatoria de las exportaciones, ese descenso del 3,3 % no es creíble. Algo parecido
puede decirse de los impuestos especiales, que se espera retrocedan solo un 2,9 %.


No puede dejarse al margen del análisis la amnistía fiscal, que está presupuestada en 2.500 millones. Al margen de su improcedencia desde el punto de vista ético y de justicia (pues se trata mejor al defraudador que al contribuyente que
cumple con sus obligaciones), la citada estimación no cuenta con el aval de ningún estudio riguroso, por lo que se trata de una mera esperanza del Gobierno. A los ciudadanos cumplidores se les exigen tipos marginales nórdicos, superiores al 50 %,
en el IRPF, mientras que a los defraudadores se les pide un 10 %, libre de multas, intereses de demora o recargos de ningún tipo.


Las amnistías fiscales violentan principios éticos y políticos, eluden problemas hacendísticos, constituyen una renuncia a las responsabilidades de gestión tributaria y no tienen unos efectos económicos claros. La única justificación de tal
'regularización fiscal' es atender a exigencias recaudatorias inaplazables. Ahora bien, aun desde esa perspectiva, es más que dudosa su eficacia (tal como se ha constatado en recientes experiencias).


Si estas previsiones no se cumplen, afrontaremos una subida del IVA, pese a todos los desmentidos gubernamentales.


La política general de ingresos que subyace a este presupuesto consiste en atender a la exigencia de una determinada cifra de déficit, más que en abordar los males de fondo del sistema tributario. De ese modo, se acude a medidas de ingreso
coyunturales, e incluso se hace gala de esa temporalidad. Sin embargo, esa misma temporalidad lo que hace es poner en evidencia que las soluciones adoptadas no reducen el déficit estructural. Las medidas presupuestarias que realmente podrían
servir para sanear las cuentas de los próximos años no se vislumbran en estos presupuestos. Para ello, debería plantearse una reforma fiscal en profundidad (que, entre otras cosas, redujese los 38.000 millones en 'gastos fiscales', que se dejan de
recaudar anualmente por exenciones y deducciones en los distintos impuestos), así como una lucha decidida contra el fraude fiscal. Esto segundo se anuncia, pero está en abierta contradicción con la reducción de los recursos de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria en un 4,8 %.


Este enfoque permitiría terminar con la incertidumbre y la desconfianza que provoca la actual política tributaria, imprevisible y que se desarrolla a golpe de Real Decreto y de urgencia recaudatoria.


En los presupuestos presentados, se eluden esos retos fundamentales. Teniendo en cuenta que la economía sumergida supone entre el 20 y el 25 % del PIB español, esto constituye un claro error. Las cantidades que podrían recaudarse son muy
significativas. Por otro lado, ¿cómo exigir más a los que ya cumplen sin intentar que los que evaden asuman su parte de la carga? Lo mismo puede decirse de la ausencia de una reforma fiscal amplia, que evite que la carga recaiga tan
desproporcionadamente como hoy sobre las rentas del trabajo dependiente. Así, sin reforma fiscal ni verdadera lucha contra el fraude, se opta por la solución fácil, pero injusta de exigir más a los que ya cumplían.


Tanto los giros no explicados en la política tributaria como la forma de ejecutarlos, improvisada y llena de rectificaciones, generan incertidumbre, desconfianza, incluso inseguridad jurídica, justo lo contrario de lo que necesita la
economía española. El temor a futuras



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subidas de impuestos no precisadas, en vista del tamaño del déficit público y de la deuda pública acumulada, genera incertidumbres adicionales.


De nuevo, como en el lado del gasto, las subidas de impuestos que se proponen lo que harán es dificultar a corto plazo la recuperación económica, al disminuir la renta disponible de los agentes privados y, en consecuencia, la demanda.


Será muy difícil que la Seguridad Social logre el equilibrio presupuestario previsto


Las cuentas de la Seguridad Social son otra de las secciones de los Presupuestos que no parecen ajustarse a la realidad. Estamos nuevamente ante estimaciones ciertamente optimistas.


En 2011 se previó un cierre en positivo del 0,4 %, lo que hizo posible que se fijara un ingreso para el Fondo de Reserva de 3.456,96 millones de euros. Sin embargo, por primera vez desde 1999, la Seguridad Social cerró en 2011 con un
déficit de 995 millones de euros. Este saldo negativo equivale al 0,09 % del PIB.


Las previsiones en materia de Seguridad Social incluidas en estos Presupuestos obvian los datos reales con los que se ha cerrado las partidas de ingresos y gastos del ejercicio 2011, que divergen de manera preocupante respecto a lo
presupuestado para ese ejercicio. El punto de partida de los cálculos de este ejercicio se basa en los datos presupuestados del anterior, no corregidos. Los datos reales del 2011 han representado solo el 95,39 % de los 110.447 millones por
cotizaciones sociales presupuestados para ese periodo.


En cuanto a los ingresos por cotizaciones sociales: el paro aumenta, por lo que el número de personas que cotizan a la Seguridad Social disminuye; la remuneración por asalariado subirá apenas un 0,2 %; se crean empleos precarios con unas
cotizaciones muy bajas. En cuanto a los gastos en pensiones: crece la cantidad de personas que cobran una pensión, algunos con bases de cotización bastante altas.


Parece por tanto previsible que la Seguridad vaya a finalizar 2012 en situación de déficit (cuando además en la parte final de 2011 ya ha sido así) y no en equilibrio como afirma el Gobierno.


Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales reciben todavía más recursos


Uno de los rasgos más llamativos (y significativos) de estos Presupuestos es que, en un contexto de recortes en gastos esenciales del Estado, se aumenten las transferencias a las Administraciones Territoriales. Concretamente, las
transferencias a las Comunidades Autónomas aumentan un 9,7 % y las transferencias a las entidades locales se incrementan un 7,6 %; en conjunto, las transferencias a las Administraciones Territoriales crecen un 8,9 %. El Estado, sujeto a
traumáticos recortes, encuentra sin embargo recursos adicionales para las Comunidades Autónomas. Esto lo hace sin que ellas hayan ajustado sus presupuestos, además de aportarles fondos para el pago a proveedores y de aplazarles a 10 años de la
devolución de los anticipos excesivos que han recibido en el pasado.


Por otro lado, se eliminan en estos presupuestos las inversiones necesarias para cumplir con algunas discutibles cláusulas de los nuevos Estatutos de determinadas Comunidades, lo cual a juicio de UPyD es un elemento claramente positivo.


Estas cláusulas favorecen un trato discriminatorio a las Comunidades que han reformado sus Estatutos, fijando en ellos con criterios diferentes en cada caso (el que más convenía a cada una) el porcentaje de inversión estatal que debían
recibir, frente a las que no lo han hecho. Así, Cataluña, Andalucía, Aragón, Baleares, y Castilla y León se encontraban en una situación distinta del resto. Si todos los Estatutos se reforman, nada garantiza que los porcentajes así fijados no
superen el 100 %.


Las infraestructuras deben de asignarse según criterios de rentabilidad social, no por criterios territoriales. Cuestión distinta es si la asignación elegida resulta la más acertada o ha respondido a consideraciones electorales. Parece más
bien lo segundo, pues las únicas dos Comunidades que ven aumentar su inversión pública territorializada son Galicia (un 9,5 %) y el País Vasco (un 17,4 %), curiosamente donde correspondería celebrar los dos próximos procesos electorales.


El Fondo de Compensación Interterritorial es un importante instrumento de equidad territorial, al permitir la financiación de infraestructuras en las Comunidades menos ricas. La disminución de los fondos europeos acentúa la necesidad de
reforzarlo. En estos presupuestos se opta por reducirlo de nuevo, dejándolo en la cifra a todas luces insuficiente de 671 millones de euros (con un recorte del 37,5 %). Este importante mecanismo constitucional de reequilibrio ha sido así vaciado
de contenido.


La deuda y el déficit siguen teniendo problemas de sostenibilidad


En cuanto a la evolución de la deuda pública, se encuentra actualmente en el 68,5 % del PIB y los Presupuestos prevén que termine este año en el 79,8 % (es decir, unos 800.000 millones de euros). No hay una variable que refleje mejor el
descontrol de las cuentas públicas en los últimos años. En 2008 el nivel de endeudamiento público equivalía a un 39,7 % del PIB. Si las previsiones del Gobierno se cumplen, habrá aumentado 40 puntos del PIB desde el inicio de la crisis,
duplicándose. Cada punto del PIB equivale a unos 10.000 millones de euros. La carga de intereses que esto supone implica ya un gasto de 28.913 millones de euros, cifra similar al gasto en desempleo. Añádase que el nivel de deuda pública supera
claramente el 60 % que se establece como referencia en la Unión Europea, por lo que resultará muy complicado volver a alcanzarlo. En cualquier



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caso, las cuentas públicas españolas quedarán lastradas durante años, justo cuando tienen que enfrentarse al reto del envejecimiento demográfico.


En contra del tópico que tanto se repite, la deuda pública española ha dejado de ser baja. Todavía no alcanza el nivel de otros países, pero ha de tenerse en cuenta que se encuentra lastrada por tres graves problemas: no se sabe el coste
que puede acabar teniendo para las cuentas públicas el rescate bancario, no se sabe el verdadero estado de las cuentas autonómicas y locales, y las perspectivas de crecimiento económico son poco halagüeñas.


Las emisiones brutas del Tesoro durante 2012 tendrán que ser de 186.000 millones de euros, para cubrir las nuevas necesidades de financiación más los vencimientos de deuda pasada. De esa cifra, ya ha colocado algo más de la mitad
aprovechando el entorno favorable creado por las inyecciones de liquidez del BCE, pero sigue faltando una cantidad considerable por colocar, dado el clima actual en los mercados. La que se está colocando tiene que pagar unos tipos de interés
elevados.


La reducción del déficit del conjunto de las administraciones públicas desde el 8,5 % del PIB en 2011 al 5,3 % en 2012, más de 3 puntos del PIB en medio de una recesión, se antoja tarea imposible. A este ajuste le seguiría otro de similar
dureza para alcanzar el 3 % en 2013. El cumplimiento dependerá de la recuperación del crecimiento y también de que comunidades y ayuntamientos respeten los límites previstos. Ninguna de esas dos condiciones parece que vaya a cumplirse. La segunda
está relacionada con la existencia de un componente estructural en el déficit público, ligado al mal diseño del Estado autonómico, que necesariamente tendrá que ser corregido ante la imposibilidad de recuperar los niveles de ingresos anteriores a la
crisis. Como ya se ha dicho, el equilibrio presupuestario previsto para la Seguridad Social en 2012, se antoja asimismo excesivamente optimista.


Una institución tan prestigiosa como el FMI acaba de publicar a mediados de abril sus previsiones sobre la senda de consolidación fiscal española. Ante el horizonte de estancamiento al que parece enfrentarse la economía española, estima que
el déficit será del 6 % en 2012, del 5,7 % en 2013 y solo llegaría a1 3 % ¡en 2018!


Será difícil así cumplir nuestros compromisos europeos. En el nuevo marco de supervisión europea, esto podría plantear dificultades para que las cuentas presentadas sean aceptadas por nuestros socios. Las reglas del juego han cambiado y ya
no es posible seguir haciéndonos trampas en el solitario.


En definitiva, estos Presupuestos van a hundir a la economía española en una profunda recesión, sin lograr a cambio su objetivo de déficit público.


Por todas las razones expuestas, Unión, Progreso y Democracia (UPyD), por medio de su Diputada, Dña. Rosa Díez González, con esta enmienda a la totalidad rechaza el Proyecto de Ley Presupuestos Generales del Estado para 2012 y pide su
devolución al Gobierno.


ENMIENDA NÚM. 9


FIRMANTE:


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)


A la Mesa de la Comisión de Presupuestos


Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la
totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Tanto la economía española como el empleo como las finanzas públicas presentan uno de los perfiles más difíciles de nuestra historia reciente, en consecuencia, la política presupuestaria contenida en el Proyecto de Ley tendrá consecuencias
muy relevantes sobre nuestro futuro económico y social en los próximos meses.


Los compromisos de austeridad y estabilidad presupuestaria que nos hemos impuesto en el seno de la Unión Europea nos obligan a una drástica reducción del déficit a todas las Administraciones; el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) es plenamente consciente de ello y se reafirma en el principio que no hay alternativa a la reducción del déficit no obstante, analizado el Proyecto de Ley de Presupuestos, debemos afirmar que sí hay alternativas a la manera como el Gobierno ha
decidido reducir el déficit de la Administración central.


Esperábamos en primer lugar que los primeros presupuestos del nuevo Gobierno cumplirían con las obligaciones pendientes con las demás Administraciones y en particular con la Generalitat de Catalunya: el pago de las liquidaciones
correspondientes a la aplicación de la Disposición Adicional 3.ª del Estatut y su mantenimiento para todo el periodo estipulado. El proyecto de ley no contempla estas partidas y solo por ello ya merecen el rechazo de este grupo parlamentario, ya
que es una cuestión de seguridad jurídica y de lealtad institucional. Un Gobierno no puede iniciar su mandato con deslealtad institucional. Pero además, estos presupuestos obligan a la Administración catalana a efectuar nuevos



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ajustes a su presupuesto por importe de demasiados cientos de miles de millones de euros y dedican a Catalunya el mayor recorte en inversión de todas las comunidades. La inversión del Estado en Catalunya disminuye en un 45 %.


Desde una perspectiva global para el conjunto del Estado, esperábamos que los primero presupuestos de la legislatura afrontarían un significativo esfuerzo de austeridad y de reducción del gasto propio de la Administración central, para ganar
en ahorro, eficiencia y productividad; esperábamos también un cierto apoyo del Estado a la Administraciones territoriales para que a su vez puedan reducir el déficit público en el que están comprometidas, y a su vez confiábamos que el nuevo
Gobierno incorporaría un conjunto de medidas presupuestarias destinadas a estimular la creación de empleo y el crecimiento para salir de la crisis y mejorar también así los recursos de las finanzas públicas. No es así.


Los Presupuestos 2012 tienen como único objetivo reducir el déficit de la Administración central, sin afrontar apenas esfuerzos propios de austeridad. Son unos presupuestos insolidarios. Para corregir el déficit prevén incrementar sus
ingresos en un 12,5 %, a pesar de la caída del PIB en un 1,7 %. Aumentan con fuerza la presión fiscal en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades y destinan los recursos a financiar exclusivamente la Administración central; desde la perspectiva
del gasto, más allá de la disminución de la inversión, el principal ahorro de la Administración General del Estado corresponde a la reducción de transferencias a Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales ¿Dónde está la austeridad y
racionalización de la propia estructura de la Administración central? Es un planteamiento legal, pero no es leal. Los Presupuestos del Estado 2012 obligan a las Comunidades Autónomas y a los entes locales a efectuar un doble esfuerzo, el esfuerzo
propio que ya les correspondía para reducir su déficit y un esfuerzo adicional que ahora les imputa el Estado al reducirles las transferencias destinadas a múltiples políticas, desde la política educativa, a la de sanidad, a la de dependencia o
empleo; o también a las políticas económicas de impulso a la actividad industrial, turística, comercial o agraria. En vez de ejercer la austeridad centrifuga el déficit hacia ciudadanos y empresas por una parte y hacia las Administraciones
territoriales por otra. Son insolidarios, olvidan que el objetivo de cumplir con el déficit es un objetivo compartido de todas las Administraciones, pretender que solo cumpla la Administración central será un fracaso.


Por otra parte, cabía esperar en los presupuestos la incorporación de un conjunto de medidas destinadas a estimular la actividad económica y el empleo, no ha sido así, la política presupuestaria que se desprende del Proyecto de Ley acelera
los efectos de la espiral descendente en la que se encuentran la economía y las finanzas públicas.


Ante la previsión del Gobierno relativa a una nueva destrucción de 600.000 empleos, ¿quién puede comprender que la principal partida de ahorro que plantea el Gobierno sea la reducción en 1.550 millones de euros de las transferencias a
Comunidades Autónomas destinadas a políticas activas de empleo, es decir políticas destinadas a formación, recolocación de parados y búsqueda del primer empleo para jóvenes?


Ante la gravedad de los problemas financieros que padecemos por el elevado endeudamiento público y privado, la única salida posible es incrementar la exportación, la competitividad y la internacionalización; sin embargo, todas las políticas
que podrían corregir esta situación ven reducido su presupuesto en porcentajes que rondan el 25 %.


En cambio, en los presupuestos se proyecta una intensa necesidad de fortalecer financieramente la Administración central, solo la central, ahogando la financiación de las demás Administraciones. Se proyecta también un confuso conjunto de
políticas destinadas a recentralizar competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas, a seguir recentralizando las inversiones en infraestructuras, sin contemplar criterios de competitividad. Con este proyecto de ley de Presupuestos el
Gobierno parece priorizar su objetivo ideológico por delante del objetivo económico y social que hoy necesitamos, salir de la crisis y volver a crear empleo.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 solicitando su devolución al Gobierno.


ENMIENDA NÚM. 10


FIRMANTE:


Grupo Parlamentario Mixto


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de don Iñaki Antigüedad, don Xabier Mikel Errekondo, don Rafael Larreina, doña Maite Ariztegi, don Sabino Cuadra, don Iker Urbina y don Jon Iñarritu, Diputados de AMAIUR, al amparo de lo dispuesto
en el Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente enmienda de totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, solicitando su devolución al Gobierno.


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2012.-Iñaki Antigüedad Aurméndi; Rafael Larreina Valderrama; Maite Ariztegi Larrañaga, Sabino Cuadra Lasarte; Iker Urbina Fernández y Jon Iñarritu García, Diputados.- Xabier Mikel
Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.



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JUSTIFICACIÓN


Los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Gobierno para el presente año 2012, y que se están tramitando en ésta Cámara, responden a un diagnóstico erróneo de las características propias que la crisis sistémica internacional
adopta en el Estado Español.


Como consecuencia de este error de diagnosis, los Presupuestos Generales del Estado no solo no dan respuesta ni solución a la crisis económica, ni a la crisis social, ni a la crisis institucional, sino que profundizan en las consecuencias de
esas crisis, generando más recesión y desempleo, a la vez que consolidan un modelo socioeconómico cada vez más neoliberal que soporta sus ingresos sobre la base de las personas trabajadoras con nómina; que continúa protegiendo a los capitales
especulativos y financieros que siguen eludiendo la contribución fiscal; que sigue recortando el gasto social; y que no tienen como prioridad directa la creación de empleo de calidad e imposibilita la puesta en marcha de otro modelo económico y
social alternativo que posibilite el desarrollo social sostenible de la economía.


Finalmente, en estos presupuestos Generales del Estado tampoco está presente el proceso de normalización política y de resolución del conflicto político existente entre Euskal Herria y el Estado.


Desde esta perspectiva queremos señalar que estos Presupuestos generales del Estado para el presente año 2012 son:


Ineficaces frente a la crisis económica


Estos presupuestos reflejan la filosofía de las medidas tomadas por el Gobierno en estos primeros meses y que van a generar más recesión económica, con la consiguiente caída de la producción, aumento del paro, descenso de los salarios y
empobrecimiento generalizado de la población y, por ende, del Estado.


La política generalizada de recortes, bajo la bandera de una errónea austeridad, centrada en el control del déficit y la cancelación apresurada de la deuda, olvidándose de la ciudadanía, de las personas que están sufriendo y van a sufrir en
mayor medida las consecuencias de la crisis económica, y apoyando a los sectores especulativos y financieros que son los que han tenido una gran responsabilidad en el origen y desarrollo de la crisis, conduce a la economía española -a diferencia de
la economía de Euskal Herria- a una situación de colapso económico.


Cuando en el planteamiento de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se habla de reducir el déficit del 8,5 % del PIB al 3 % en 2013, se oculta que reducir 5,5 % puntos porcentuales del PIB supone una reducción real del 12 %
ya que, por cada 100 euros que se disminuye el gasto, disminuyen 60 euros los ingresos fiscales con lo que el recorte real puede equivaler a 120.000 millones de euros que es una cifra económica y socialmente inasumible.


Junto a este planteamiento de apoyo a la economía especulativa y financiera, los Presupuestos reflejan una falta de compromiso con la economía productiva, evitando apostar por la economía social, del bienestar social, la defensa del medio
ambiente, a la vez que obvian la economía sumergida, la economía de los cuidados y, en especial, la relacionada con la economía reproductiva que, por lo general, recae en las mujeres.


Datos significativos a este respecto son tanto que los mayores porcentajes de reducción del gasto se hayan producido en ministerios inversores, con recortes del 34,6 %, como que, por lo que supone de renuncia al futuro de la economía
productiva, la reducción del presupuesto dedicado a la Investigación, desarrollo e Innovación civil haya sido del 25,6 %.


Impulsores de la crisis social


Señalábamos que la reducción de 120.000 millones de euros era una cifra económica y, también, socialmente inasumible, porque por cada 1.000 millones de euros de recorte de gasto, el paro se incrementa en 70.000 personas desempleadas
adicionales. Esto supone que alcanzar el objetivo de reducir el déficit al 3 %, con los actuales planteamientos socioeconómicos del Gobierno, lleva consigo superar los 7 millones de personas en paro, alcanzar una tasa de paro del 30 %, inasumible
por lo que implica de grave crisis social.


Con este panorama, a la hora de abordar las consecuencias sociales de la actual situación económica, no deja de ser significativo que cuando la principal consecuencia de la crisis económica es el grave problema del desempleo y la precariedad
del empleo, el gobierno reduzca en casi 1.600 millones de euros la partida destinada a las políticas activas de empleo, máxime si consideramos que en los presupuestos del 2011 ya sufrieron un recorte importante.


A pesar de que las cifras de paro son crecientes y, hasta el propio Gobierno reconoce que en este ejercicio no van a disminuir, los Presupuestos también recogen un recorte de 1.669 millones de euros en las prestaciones por desempleo.


La importante reducción de las partidas destinadas a estos dos conceptos -políticas activas de empleo y prestaciones por desempleo- va a debilitar aún mas el nivel de protección social, incrementándose el número de personas en paro sin
ningún tipo de cobertura, y aumentando el número de personas que percibirán prestaciones asistenciales, que son de menor cuantía que las prestaciones contributivas.


Paralelamente nos encontramos con unos presupuestos que impulsan el desmantelamiento del sector público en favor de la privatización de servicios públicos esenciales, que conducen a un claro debilitamiento del Estado del bienestar, como
queda de manifiesto si analizamos el dato de los importantes recortes en las partidas



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de los departamentos de carácter social, como son Educación y Cultura, que ve disminuido su presupuesto en un 21,2 %, o Sanidad, Seguridad Social e Igualdad que ve disminuidas sus partidas en un 13,7 %. Estas cifras contrastan con los
menores recortes aplicados a ministerios improductivos y de dudoso carácter social como son los de Defensa, con una disminución del 8,8 %, Interior, con un 4,3 % de recorte, o no digamos ya la Casa Real que se aplica un escaso recorte del 2 %.


Un factor que agrava la crisis institucional y acerca la posibilidad de convertir al Estado Español en un Estado económica y socialmente fallido


Dentro de las características propias que la crisis sistémica adopta en el Estado Español, se encuentra en su origen tanto de desarrollo basado en 'la cultura del ladrillo', que ha afectado de modo muy importante al medio natural, como la
'burbuja institucional', fruto de una transición inacabada que no ha sabido dar una respuesta democrática, respetuosa de la voluntad de la ciudadanía, a la realidad de las naciones sin Estado, las realidades nacionales, que se encuentran dentro del
actual Estado Español.


En su día, con el objetivo de anular, de difuminar, las ansias de autogobierno, de ejercicio de la soberanía propia, que eran evidentes en Euskal Herria y en otras realidades nacionales, generaron un modelo de estado autonómico, basado en el
'café para todos', sin tener en cuenta las muy diversas realidades nacionales, culturales y de estructura socioeconómica que se encontraban dentro del Estado. Pensaban que anulando formalmente la diversidad tenían resuelto el problema. Problema
que no era otro que su propia concepción de la organización del Estado que era heredera de la concepción unitaria y antidemocrática del régimen anterior.


Treinta y cinco años después, su problema sigue encima de la mesa: La exigencia de respeto a su soberanía, por parte de las naciones históricas, tiene más fuerza que entonces. Pero su problema se ha agravado porque paralelamente han
generado un modelo institucional que no funciona, que es generador de gasto inútil, de ineficacia económica y social, y -en demasiados casos- de corrupción; un modelo institucional que está también en la base del grave problema de endeudamiento
público del Estado.


Frente a este panorama de grave crisis institucional, el ejercicio -aunque muy limitado-de las competencias autonómicas en las diferentes instituciones y territorios que conforman Euskal Herria, junto con el papel determinante que han jugado
las fuerzas sociales vascas, ha demostrado una mayor eficiencia económica y social situándonos en parámetros económicos y sociales mucho más cercanos a las realidades económicas y sociales de los estados más avanzados de la Unión Europea, lo cual no
obvia que todavía queda mucho por avanzar, sobre todo en el reconocimiento de Euskal Herria como nación y su derecho a decidir, como en la necesidad de transformar el actual modelo socioeconómico.


Desde esta perspectiva, estos Presupuestos no solo no dan una respuesta que vaya a la raíz del fuerte endeudamiento público, sino que se acompañan de una serie de reformas llamadas estructurales -como son la reforma laboral, la reforma
financiera y las medidas fiscales- que debilitan su carácter de estado social de derecho, no abordan la raíz del problema y no contribuyen a paliar las consecuencias sociales de la crisis económica.


Una reforma laboral que supone un recorte de derechos y el aumento de la indefensión de las personas que tienen un puesto de trabajo cada vez más precario; que supone una perdida de poder adquisitivo y de capacidad de gasto para amplios
sectores de la población; una reforma laboral que no va a generar empleo sino que, al contrario, genera el estado ideal para que la Gran Patronal aplique con cobertura legal el despido impune, con lo que con toda seguridad, generará más desempleo y
crispación social fruto de la desprotección para sectores cada vez más amplios de la población.


Una reforma financiera que promueve el fortalecimiento de un oligopolio financiero y el desmantelamiento de entidades financieras de carácter social y control público, que eso es la privatización que han hecho del sistema financiero de
origen social. En el planteamiento de estos presupuestos no existe ninguna alusión a potenciar una institución financiera, un banco público, precisamente para atajar y plantar cara a todo ese sistema financiero que está en el origen de la crisis y
que está en el origen de la pervivencia de la crisis. No hay ninguna medida que impida la especulación de las entidades financieras con los fondos y préstamos que consiguen del Banco Central Europeo; fondos que consiguen con intereses limitados
-cerca del 1,5 por ciento- y que son prestados al propio Estado -con intereses que se mueven alrededor del 4 o 5 por ciento- y a la gente de la calle, a los autónomos y a las pymes con intereses alrededor del 7 y del 8 por ciento. Y, al final,
muchos de esos fondos ni siquiera van a la gente de la calle porque están sirviendo para regenerar y solventar los problemas propios de la banca. La potenciación de este oligopolio financiero limita el crecimiento económico, la salida de la crisis
y debilita el estado social de derecho.


Y unas medidas fiscales que constituyen una apología del fraude, al establecer una especie de amnistía fiscal disfrazada de regularización, en vez de atajar el fraude fiscal y también lo que podríamos llamar fraude legal, es decir todas esas
situaciones que legalmente no son un fraude, pero que son profundamente insolidarias ya que constituyen una elusión fiscal que se produce a través de las sociedades patrimoniales, de las SICAV, de la no existencia de ese impuesto sobre la grandes
fortunas. En definitiva unas medidas fiscales que siguen haciendo recaer sobre las clases medias y clases populares la carga fiscal sobre la que se sustentan los ingresos del Estado, en vez de centrar los esfuerzos en la



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persecución del fraude fiscal y en conseguir la justa tributación de las grandes fortunas y capitales financieros que actualmente eluden la tributación.


En definitiva estos presupuestos van a contribuir al agravamiento de la crisis institucional, poniendo en peligro el estado social de derecho y la viabilidad económica y social del Estado Español.


Ajenos a la realidad de económica y social de Euskal Herria y no contemplan ninguna contribución a la nueva etapa política de resolución del conflicto político


El análisis del contenido y la filosofía que impulsa estos Presupuestos, no hace sino constatar la existencia de Euskal Herria como sociedad diferenciada que no solo no se identifica con el modelo socioeconómico que impulsan estas cuentas
públicas, sino que no encuentra ni acomodo ni solución a sus problemas, dentro del actual marco jurídico político.


Desde la perspectiva de AMAIUR estos Presupuestos nos reafirman en la necesidad de que Euskal Herria ejerza su plena soberanía, tenga en sus manos todos los instrumentos de autogobierno necesarios para dar respuesta eficaz en clave social a
los problemas y necesidades de la ciudadanía vasca, y, también, para impulsar un nuevo modelo socioeconómico que nos permita construir una sociedad justa, basada en la sostenibilidad de la vida a través de la igualdad de derechos sociales y, en
general, de todos los derechos de mujeres y hombres, en el reparto del trabajo, del poder y la riqueza en armonía con la madre tierra, impulsando un desarrollo equilibrado.


Constatamos también con preocupación que en las presentes cuentas públicas para el año 2012 no existan compromisos explícitos de contribución a la nueva etapa política de resolución del conflicto político, dando respuesta positiva al impulso
que desde la declaración de Aiete se pedía cuando textualmente se decía 'Instamos a que se adopten pasos profundos para avanzar en la reconciliación, reconocer compensar y asistir a todas las víctimas, reconocer el dolor causado y ayudar a sanar las
heridas personales y sociales'.


En base a su ineficacia frente a la crisis económica, a su papel de impulsores de la crisis social, a su contribución en la profundización de la crisis institucional, y en su planteamiento que no responde a la realidad política, social y
económica de Euskal Herria, los Diputados y Diputada de AMAIUR presentan esta Enmienda a la Totalidad y piden la devolución al Gobierno de este Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2012.