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DS. Senado, Pleno, núm. 137, de 07/11/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 2007 VIII Legislatura
Núm. 137
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 7 de noviembre de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Primero
PREGUNTAS
-- De D. JOSEBA ZUBIA ATXAERANDIO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma del País Vasco, en virtud del Estatuto de Guernica del año 1979, que se han
transferido durante la presente Legislatura.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S.
680/001459).
-- De D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si piensa el Gobierno rectificar su política económica tras haberse reconocido sorprendido por el elevado incremento de la inflación. (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp.
S. 680/001471).
-- De D. RAMÓN ALEU I JORNET, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre los planes previstos por el Gobierno para acelerar la puesta en marcha de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp.
S. 680/001478).
-- De D. JUAN PABLO SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si ha unificado el Gobierno su criterio con respecto a las recomendaciones que debe hacer a
las entidades financieras sobre su política crediticia. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001449).
-- De D. PERE SAMPOL I MAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre los motivos por los que el Gobierno no propone una modificación normativa puntual que exima a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de su aportación al Fondo de
Suficiencia. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001456).
-- De D. LLUÍS BADIA I CHANCHO, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre los motivos por los que el Gobierno ha incluido en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 una
partida relativa a la rehabilitación de inmuebles del Banco de España para su aplicación en la provincia de Tarragona.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm.
exp. S.
680/001460).
-- De D. PERE MACIAS I ARAU, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la posición del Ministerio de Fomento en relación con el Acuerdo Marco del Sector de la Estiba portuaria.
(Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S.
680/001461).
-- De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno para responder a las iniciativas que desde municipios del País Vasco francés piden la
intervención del Gobierno de Francia con el objetivo de reducir o limitar la actividad de transporte aéreo en el aeropuerto de San Sebastián, en Hondarribia (Guipúzcoa). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I,
número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001458).
-- De D. ARCADIO DÍAZ TEJERA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración del Ministro de Justicia, en el ámbito de sus competencias, con respecto a la celebración del proceso judicial sobre los atentados ocurridos en Madrid el
11 de marzo de 2004. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001469).
-- De D. MARCOS FRANCISCO HERNÁNDEZ GUILLÉN, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre el balance de la Conferencia de Ministros de Justicia del Consejo de Europa celebrada el pasado 25 de octubre en Lanzarote (Las Palmas). (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp.
S. 680/001470).
-- De D. JOSÉ IRIBAS SÁNCHEZ DE BOADO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si considera el Gobierno que el actual sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal debe modificarse. (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001476).
-- De D. JOSÉ VALÍN ALONSO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si tiene previsto el Gobierno adoptar medidas de defensa del sector ganadero español para evitar su ruina ante el encarecimiento de los piensos. (Publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp.
S. 680/001473).
-- De D. JUAN JOSÉ PALACIOS ROJO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las acciones previstas por el Ministerio de Sanidad y Consumo para solucionar las necesidades de especialistas en Ciencias de la Salud.
(Publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S.
680/001466).
-- De D. JOAQUÍN ANTONIO BELLÓN MARTÍNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las perspectivas del Ministerio de Sanidad y Consumo con respecto a la aplicación de la Estrategia NAOS para la Nutrición, Actividad Física y prevención de
la Obesidad. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001467).
-- De D. IGNACIO BURGOS PÉREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si tiene intención el Gobierno de atender las recomendaciones contenidas en la Ponencia de estudio encargada de analizar la especial situación de los
pacientes con enfermedades raras.
(Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001472).
-- De D.a MARÍA ASSUMPTA BAIG I TORRAS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre los programas que impulsará el Gobierno para disminuir el número de embarazos no deseados en adolescentes que han comportado un incremento del
número de abortos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001479).
-- De D. FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la opinión del Gobierno en relación con el hecho de que las provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia hayan incrementado su censo electoral para las
próximas elecciones generales y, en cambio, pierdan escaños en el Congreso de los Diputados. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001457).
-- De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre las líneas de comunicación que ha abierto el Gobierno con los países de noroeste africano para impedir el uso de viejas embarcaciones como
buques nodriza para el traslado de inmigrantes hasta las costas de la Comunidad Autónoma de Canarias. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S.
680/001462).
-- De D. ANTONIO GERMÁN BETETA BARREDA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las soluciones que piensa adoptar el Gobierno para resolver los problemas de gestión en la expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI) y de
los pasaportes en la Comunidad de Madrid.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S.
680/001477).
-- De D.a CRISTINA MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las previsiones del Ministerio de Medio Ambiente en relación con el futuro del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en la provincia de Ciudad Real.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001464).
-- De D. FRANCISCO BELLA GALÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las ayudas que el Ministerio de Medio Ambiente concede a las Comunidades Autónomas con parques nacionales en sus territorios para promover un desarrollo sostenible en
sus áreas de influencia. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001465).
-- De D. PEDRO AGRAMUNT FONT DE MORA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las razones por las que la Ministra de Medio Ambiente pretende aprobar la llamada «acuatasa» que será aplicable al sector turístico de la Comunitat
Valenciana. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001475).
-- De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre si tiene previsto el Gobierno dar cumplimiento antes de que finalice la presente Legislatura a la moción aprobada en el Pleno del Senado el 2
de noviembre de 2005 por la que se instaba a la creación del Instituto Vulcanológico de Canarias (IVC). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S.
680/001463).
-- De D. MANUEL PEZZI CERETO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la situación actual de la cooperación educativa y científica entre España y la República Popular de China. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S. 680/001468).
-- De D. LUIS PERAL GUERRA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la fecha prevista por el Gobierno para el cumplimiento del compromiso electoral de destinar una aportación inicial de mil millones de euros a la red pública de
escuelas infantiles de 0 a 3 años.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S.
680/001474).
Segundo
INTERPELACIONES
-- De D. CARLES ALFRED GASÒLIBA I BÖHM, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la posición del Gobierno en relación con la variación de factores clave en la economía mundial y europea y la revisión por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) de sus previsiones macroeconómicas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S. 670/000181).
-- De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre la prioridad que concede el Gobierno al Plan de Ciencia y Tecnología e Innovación 2010 de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S. 670/000182).
-- De D. ALFREDO BELDA QUINTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la política del Gobierno con respecto a la dinámica de funcionamiento y de diálogo en el seno de la Comisión General de las Comunidades
Autónomas del Senado. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S. 670/000175).
-- De D. JOSÉ MANUEL GARCÍA BALLESTERO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre el grado de cumplimiento de las medidas adoptadas en materia de vivienda durante la presente Legislatura. (Publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 813, de fecha 5 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S. 670/000183).
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON DANIEL SIRERA I BELLÉS (500/000319).
Tercero
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
-- De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de Seguridad Vial. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 24, de fecha 2 de noviembre de 2007). (Núm. exp. S. 624/000018) (Núm. exp. C.D.
122/000222).
-- De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 118, de fecha 31 de octubre
de 2007). (Núm. exp. S. 621/000118) (Núm.
exp. C.D. 121/000126).
Cuarto
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES
-- En relación con diversos señores Senadores. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 807, de fecha 26 de octubre de 2007). (Núm. exp. S. 542/000021).
Quinto
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
-- De la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación en relación con el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su
protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Núm. exp. S. 610/000227) (Núm. exp. C.D. 110/000258).
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.
PREGUNTAS (Página 8573)
De D. JOSEBA ZUBIA ATXAERANDIO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma del País Vasco, en virtud del Estatuto de Guernica del año 1979, que se han
transferido durante la presente Legislatura (Página 8573)
El señor Zubia Atxaerandio formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Zubia Atxaerandio. En turno de dúplica, lo
hace el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).
De D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si piensa el Gobierno rectificar su política económica tras haberse reconocido sorprendido por elevado incremento de la inflación
El señor García-Escudero Márquez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor García-Escudero Márquez. En turno de
dúplica, lo hace el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).
De D. RAMÓN ALEU I JORNET, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, sobre los planes previstos por el Gobierno para acelerar la puesta en marcha de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia (Página 8581)
El señor Aleu i Jornet formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Presidente del Gobierno (Rodríguez Zapatero).
De D. JUAN PABLO SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si ha unificado el Gobierno su criterio con respecto a las recomendaciones que debe hacer a las entidades financieras sobre su política crediticia
El señor Sánchez Sánchez-Seco formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor
Sánchez Sánchez-Seco. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).
De D. PERE SAMPOL I MAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre los motivos por los que el Gobierno no propone una modificación normativa puntual que exima a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de su aportación al Fondo de Suficiencia
(Página 8584)
El señor Sampol i Mas formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Sampol i
Mas. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).
De D. LLUÍS BADIA I CHANCHO, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre los motivos por los que el Gobierno ha incluido en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008 una partida
relativa a la rehabilitación de inmuebles del Banco de España para su aplicación en la provincia de Tarragona (Página 8585)
El señor Badia i Chancho formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Badia
i Chancho. En turno de dúplica, lo hace el el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).
De D. PERE MACIAS I ARAU, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la posición del Ministerio de Fomento en relación con el Acuerdo Marco del Sector de la Estiba portuaria (Página
8586)
El señor Macias i Arau formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Macias i Arau. En turno de dúplica, lo hace la señora
Ministra de Fomento (Álvarez Arza).
De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno para responder a las iniciativas que desde municipios del País Vasco francés piden la
intervención del Gobierno de Francia con el objetivo de reducir o limitar la actividad de transporte aéreo en el aeropuerto de San Sebastián, en Hondarribia (Guipúzcoa) (Página 8587)
El señor Albistur Marin formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Fomento (Álvarez Arza). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Albistur Marin. En turno de dúplica, lo hace la señora
Ministra de Fomento (Álvarez Arza).
De D. ARCADIO DÍAZ TEJERA, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la valoración del Ministro de Justicia, en el ámbito de sus competencias, con respecto a la celebración del proceso judicial sobre los atentados ocurridos en Madrid el 11
de marzo de 2004 (Página 8589)
El señor Díaz Tejera formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Justicia (Fernández Bermejo).
De D. MARCOS FRANCISCO HERNÁNDEZ GUILLÉN, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre el balance de la Conferencia de Ministros de Justicia del Consejo de Europa celebrada el pasado 25 de octubre en Lanzarote (Las Palmas)
El señor Hernández Guillén formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Justicia (Fernández Bermejo).
De D. JOSÉ IRIBAS SÁNCHEZ DE BOADO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si considera el Gobierno que el actual sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal debe modificarse (Página 8591)
El señor Iribas Sánchez de Boado formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Justicia (Fernández Bermejo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Iribas Sánchez de Boado. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Justicia (Fernández Bermejo).
De D. JOSÉ VALÍN ALONSO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si tiene previsto el Gobierno adoptar medidas de defensa del sector ganadero español para evitar su ruina ante el encarecimiento de los piensos
El señor Valín Alonso formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Valín Alonso. En turno de
dúplica, lo hace la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana).
De D. JUAN JOSÉ PALACIOS ROJO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las acciones previstas por el Ministerio de Sanidad y Consumo para solucionar las necesidades de especialistas en Ciencias de la Salud (Página
8594)
El señor Palacios Rojo formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Soria Escoms).
De D. JOAQUÍN ANTONIO BELLÓN MARTÍNEZ, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las perspectivas del Ministerio de Sanidad y Consumo con respecto a la aplicación de la Estrategia NAOS para la Nutrición, Actividad Física y prevención de la
Obesidad (Página 8595)
El señor Bellón Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Soria Escoms).
De D. IGNACIO BURGOS PÉREZ, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre si tiene intención el Gobierno de atender las recomendaciones contenidas en la Ponencia de estudio encargada de analizar la especial situación de los pacientes
con enfermedades raras (Página 8596)
El señor Burgos Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Soria Escoms). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Burgos Pérez. En turno de dúplica, lo hace el
señor Ministro de Sanidad y Consumo (Soria Escoms).
De D.a MARÍA ASSUMPTA BAIG I TORRAS, del GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE
PROGRÉS, sobre los programas que impulsará el Gobierno para disminuir el número de embarazos no deseados en adolescentes que han comportado un incremento del número de abortos (Página 8597)
La señora Baig i Torras formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Soria Escoms).
De D. FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, sobre la opinión del Gobierno en relación con el hecho de que las provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia hayan incrementado su censo electoral para las próximas
elecciones generales y, en cambio, pierdan escaños en el Congreso de los Diputados (Página 8598)
El señor Jorquera Caselas formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Jorquera Caselas. En turno de dúplica, lo hace
el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).
De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre las líneas de comunicación que ha abierto el Gobierno con los países de noroeste africano para impedir el uso de viejas embarcaciones como
buques nodriza para el traslado de inmigrantes hasta las costas de la Comunidad Autónoma de Canarias (Página 8599)
El señor Melchior Navarro formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Melchior Navarro. En turno de dúplica, lo hace
el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).
De D. ANTONIO GERMÁN BETETA BARREDA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las soluciones que piensa adoptar el Gobierno para resolver los problemas de gestión en la expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI) y de los
pasaportes en la Comunidad de Madrid (Página 8600)
El señor Beteta Barreda formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Beteta Barreda. En turno de dúplica, lo hace el
señor Ministro del Interior (Pérez Rubalcaba).
De D.a CRISTINA MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las previsiones del Ministerio de Medio Ambiente en relación con el futuro del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en la provincia de Ciudad Real
La señora Maestre Martín de Almagro formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).
De D. FRANCISCO BELLA GALÁN, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre las ayudas que el Ministerio de Medio Ambiente concede a las Comunidades Autónomas con parques nacionales en sus territorios para promover un desarrollo sostenible en sus
áreas de influencia (Página 8603)
La señora Maestre Martín de Almagro formula la pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).
De D. PEDRO AGRAMUNT FONT DE MORA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre las razones por las que la Ministra de Medio Ambiente pretende aprobar la llamada «acuatasa» que será aplicable al sector turístico de la Comunitat
Valenciana (Página 8604)
El señor Agramunt Font de Mora formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Agramunt Font de Mora.
En turno de
dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz).
De D. RICARDO MELCHIOR NAVARRO, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre si tiene previsto el Gobierno dar cumplimiento antes de que finalice la presente Legislatura a la moción aprobada en el Pleno del Senado el 2 de
noviembre de 2005 por la que se instaba a la creación del Instituto Vulcanológico de Canarias (IVC) (Página 8605)
El señor Melchior Navarro formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo).
De D. MANUEL PEZZI CERETO, del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre la situación actual de la cooperación educativa y científica entre España y la República Popular de China (Página 8606)
El señor Pezzi Cereto formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo).
De D. LUIS PERAL GUERRA, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre la fecha prevista por el Gobierno para el cumplimiento del compromiso electoral de destinar una aportación inicial de mil millones de euros a la red pública de
escuelas infantiles de 0 a 3 años (Página 8607)
El señor Peral Guerra formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Peral Guerra. En turno de dúplica,
lo hace la señora Ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo).
INTERPELACIONES (Página 8609)
De D. CARLES ALFRED GASÒLIBA I BÖHM, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, sobre la posición del Gobierno en relación con la variación de factores clave en la economía mundial y europea y la revisión por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) de sus previsiones macroeconómicas (Página 8609)
El señor Gasòliba i Böhm expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). Vuelve a intervenir el señor Gasòliba i Böhm.
Cierra el debate el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).
De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, sobre la prioridad que concede el Gobierno al Plan de Ciencia y Tecnología e Innovación 2010 de la Comunidad Autónoma del País Vasco
El señor Albistur Marin expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo).
Vuelve a intervenir el señor Albistur Marin. Cierra el debate la señora Ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo).
De D. ALFREDO BELDA QUINTANA, del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, sobre la política del Gobierno con respecto a la dinámica de funcionamiento y de diálogo en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas
del Senado (Página 8621)
El señor Belda Quintana expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde a la misma la señora Ministra de Administraciones Públicas (Salgado Méndez).
Vuelve a intervenir el señor Belda Quintana. Cierra el debate la señora Ministra de Administraciones Públicas (Salgado Méndez).
De D. JOSÉ MANUEL GARCÍA BALLESTERO, del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, sobre el grado de cumplimiento de las medidas adoptadas en materia de vivienda durante la presente Legislatura.
Esta interpelación ha sido aplazada.
Se suspende la sesión a las quince horas.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN DEL SENADOR EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON DANIEL SIRERA I BELLÉS (Página 8625)
El señor Sirera i Bellés jura acatar la Constitución, adquiriendo en consecuencia la condición plena de senador.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 8626) )
De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de Seguridad Vial. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
El presidente de la Comisión, señor Pérez Sáenz, presenta el dictamen.
Se procede al debate del articulado.
La señora Etxegoyen Gaztelumendi defiende las enmiendas números 1 a 3, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor Bofill Abelló defiende la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
El señor Cosidó Gutiérrez defiende las enmiendas números 9 a 15, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno en contra hace uso de la palabra la señora Hernández Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de portavoces, intervienen el señor Badia i Chancho, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, así como
los señores Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Cosidó Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario Popular.
Se procede a votar.
Se aprueba la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos , por 130 votos a favor y 108 en contra.
Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos , por 13 votos a favor, 224 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 3, del mismo Grupo Parlamentario, por 34 votos a favor, 203 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 8 votos a favor, 229 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 9 a 15, del Grupo Parlamentario Popular, por 115 a favor, 121 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueban las partes de la proposición de ley enmendadas en Comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por 124 votos a favor y 114 en contra.
Se aprueba el resto de la proposición de ley por 123 votos a favor y 114 en contra.
El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social (Página 8635)
La señora Hernández Gutiérrez, vicepresidenta primera de la Comisión, presenta el dictamen.
El señor Albistur Marin defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
En turno en contra interviene el señor Alonso García.
En turno de portavoces intervienen los señores Urrutia Elorza, por el Grupo Parlamentario Mixto; Albistur Marin, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; las señoras Burgués Bargués, del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés, y Rubial Cachorro, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Fernández Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular.
Se rechaza el veto número 1 por 17 votos a favor, 221 en contra y 3 abstenciones.
Se procede al debate del dictamen de la Comisión.
El señor Urrutia Elorza, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas 1 a 10.
El señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas 11 a 17 y 76.
El señor Urrutia Elorza defiende la enmienda 18 del señor Mur Bernad, también del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor Casas i Bedós retira las enmiendas 81 y 82 y anuncia que han sido objeto de transacción las enmiendas 77 y 78, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Albistur Marin defiende las enmiendas 19, 21, 23 y 24, Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
La señora Burgués Bargués defiende las enmiendas 27, 28, 30 a 42, 44, 46 a 53 y 55 a 60.
El señor Alonso García defiende la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista de la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la incorporación de la enmienda 25, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
El señor Gutiérrez Gutiérrez defiende las enmiendas 61 a 71 y 73 a 75, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno en contra interviene el señor Alonso García.
En turno de portavoces, intervienen los señores Urrutia Elorza, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Albistur Marin, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; las señoras Burgués Bargués, por el Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés, y Rubial Cachorro, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Fernández Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 10, del Grupo Parlamentario Mixto, por 17 votos a favor, 217 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 11 a 17, del Grupo Parlamentario Mixto, por 19 votos a favor, 218 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 18, del mismo Grupo Parlamentario, por 14 votos a favor, 109 en contra y 115 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 19, 23 y 24, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por 20 votos a favor, 218 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 52, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 5 votos a favor, 118 en contra y 116 abstenciones.
Se rechaza el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés por 3 votos a favor, 225 en contra y 10 abstenciones.
Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que propone la la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la incorporación de la enmienda número 25 del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 101 votos a favor, 137 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 62, del Grupo Parlamentario Popular, por 115 votos a favor y 124 en contra.
Se rechaza el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, por 115 votos a favor y 124 en contra.
Se aprueba la propuesta de modificación del dictamen con el número de registro 100769, por 125 votos a favor, 1 en contra y 113 abstenciones.
Se aprueban por asentimiento las propuestas de modificación del dictamen con números de registro 100750 y 100765.
Se aprueban las partes del proyecto de ley enmendadas en Comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores, por 238 votos a favor y 1 en contra.
Se aprueba el resto del proyecto de ley por 239 votos a favor.
El señor Presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES (Página 8652)
En relación con diversos señores Senadores (Página 8652)
El presidente de la comisión, señor Ainsa Escartín, presenta el dictamen.
Se aprueba el dictamen por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia que queda aprobado el dictamen emitido por la Comisión de Incompatibilidades en los términos en que aparece publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, número 807, de fecha 26 de
octubre de 2007.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 8653)
De la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación en relación con el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y
su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 8653)
El presidente de la Comisión, señor Bru Parra, presenta el dictamen.
En turno de portavoces intervienen los señores Belda Quintana, por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; Gasòliba i Böhm, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; De Puig Olive, por el
Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y Castro Rabadán, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Guerra Guerra, por el Grupo Parlamentario Popular.
Se rechaza el dictamen por 117 votos en contra y 113 abstenciones.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que se entiende concedida, en los mismos términos que el Congreso de los Diputados, la autorización para que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del Acuerdo citado.
Se levanta la sesión a las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos.
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se abre la sesión.
PREGUNTAS:
-- DE DON JOSEBA ZUBIA ATXAERANDIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS COMPETENCIAS QUE CORRESPONDEN A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, EN VIRTUD DEL ESTATUTO DE GUERNICA DEL AÑO 1979, QUE SE HAN
TRANSFERIDO DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA (S.
680/001459).
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Preguntas. Pregunta del senador Zubia Atxaerandio. Tiene la palabra su señoría.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Eskerrik asko, presidente jauna.
Egun on, señor presidente del Gobierno, bienvenido una vez más a esta casa. La pregunta de hoy, sin duda la última que voy a tener ocasión de formularle en la presente legislatura, es bien sencilla, y la respuesta creo que igualmente lo es:
¿Cuántas competencias, que le corresponden a Euskadi en virtud del Estatuto de Guernica de 1979, han sido objeto de transferencia durante la presente legislatura?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Lamento que sea la última vez que en esta legislatura me pregunta el señor Zubia en esta sesión de control del Senado. Y deseo que pueda ser nuevamente en la próxima legislatura cuando el señor Zubia pueda volver a preguntarme.
(Risas.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Nada más llegar al Gobierno, en abril de 2004, iniciamos los primeros contactos para tratar de los traspasos llamados pendientes. En el marco de estas reuniones se instó al Gobierno vasco a la negociación del traspaso de políticas activas
de empleo y formación profesional, porque esta es la única comunidad autónoma que no ha recibido aún este traspaso, y desde el Gobierno estimamos que se debería concretar cuanto antes. El traspaso de políticas activas de empleo está pendiente sólo
de discrepancias en cuanto a las bonificaciones que forman parte de la gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social y en la aplicación del régimen derivado del Concierto Económico. Y espero que seamos capaces de llegar a un acuerdo en esta
legislatura sobre el citado traspaso. De este acuerdo depende que se puedan transferir otras competencias conexas, como las actividades de educación, empleo y formación que realiza el Instituto Social de la Marina, así como los créditos
presupuestarios correspondientes a los servicios territoriales de la fundación tripartita de formación continua.
Señoría, es cierto que algunas de las competencias que se han reclamado -tengo que decir que no ha sido, como en alguna ocasión le he transmitido a su señoría, un objetivo prioritario en la agenda del diálogo entre el Gobierno vasco y el
Gobierno de España en esta legislatura- eran y son no asumibles para mi Gobierno: por ejemplo, la gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social porque supondría la quiebra del principio de caja única, razón por la cual, obviamente, no ha
sido objeto de traspaso, ni de negociación con ninguna comunidad autónoma. Otras materias, no obstante, como la Inspección de Trabajo, se encuentran pendientes de que se cierre la fórmula definitiva con que se va a realizar este traspaso con el
conjunto de las comunidades autónomas, que están asumiendo competencias en esta materia como consecuencia de la reforma de los estatutos de autonomía que se ha producido en esta legislatura.
Señor Zubia, esta ha sido una legislatura de diálogo y bastantes acuerdos entre el Gobierno de España y el Gobierno de Euskadi. Desde luego, ha habido un diálogo en muchos aspectos de gran importancia política para el devenir del País
Vasco, ha habido diálogo y acuerdos en aspectos de gran importancia económica para el País Vasco, como son los acuerdos en materia de concierto, y también ha habido diálogo y acuerdos en materia presupuestaria, en materia de desarrollo y progreso
para Euskadi en el ámbito de las infraestructuras y en el ámbito tecnológico.
Es evidente que en lo que afecta al traspaso de competencias hemos avanzado menos, le puedo asegurar que no por falta de voluntad del Gobierno de España, sino únicamente por mantener los principios de lo que representa lo que tiene que
determinar los traspasos de competencia: la letra y el espíritu de la Constitución y de los estatutos de autonomía.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, adórnese como se adorne y dígase lo que se diga, la pregunta que le he formulado tiene una única respuesta: el número de competencias transferidas a Euskadi a lo largo de esta legislatura es cero, un número
bien redondo pero que tristemente lo dice todo. La pretendida y deseada legislatura del talante y del cambio se va a cerrar en este concreto y para otros importantísimos ámbitos con un sonoro y rotundo fracaso.
Cero traspasos en toda una legislatura ponen de manifiesto la clase de talante que ha estado en práctica y nos muestra una realidad que no es precisamente la de estar ante nuevos tiempos y épocas de cambio, sino que seguimos donde estábamos
y nada ha cambiado. Eso sí, cuatro años más de sequía y flagrante incumplimiento que hacen la situación cada vez más insostenible, pues son ya 28 años, señor presidente del Gobierno, los que llevamos reivindicando el traspaso de unas competencias
asumidas en el Estatuto pero que siguen sin poderse ejercer, pese a esa legitimidad competencial. Y con ello, paradójicamente, quien sí la ejerce es quien no la ostenta, que no es otra que la Administración central, lo que tiene evidentemente
también consecuencias políticas, sociales, jurídicas y también económicas; también económicas, señor presidente del Gobierno, en tanto que de realizarse las transferencias pendientes se reduciría la cuantía del cupo a pagar al Estado y haría
innecesario el esfuerzo presupuestario que año tras año tiene que hacerse con recursos propios de las instituciones vascas para financiar la prestación de servicios que debían ser gestionados por estas de cumplirse el Estatuto, pero las sigue
gestionando el Estado, sin hacer frente a las necesidades reales de tales servicios. Dicho más claramente y para que todos nos entendamos, se están financiando por responsabilidad -subrayo, por responsabilidad- materias sin transferir porque el
Estado no cubre las necesidades existentes y, al mismo tiempo, se aporta vía cupo por esas mismas materias no transferidas; es decir, que el contribuyente vasco está costeando dos veces una misma prestación.
No deja de ser frustrante tener que seguir reparando estas cosas después de 30 años casi de vigencia del Estatuto de Gernika, tan frustrante como comprobar una vez más la nula intención de romper esa estrategia de veto y bloqueo puesta en
práctica hace ya no pocos años. Fíjese si hace años, señor presidente del Gobierno, que ya en 1987 el Senado, esta Cámara, aprobaba una moción con motivo del debate de las autonomías por la que se instaba al Gobierno a que concretara y formalizara
con el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco el programa de transferencias pendientes, así como el calendario para su ulterior negociación. Papel mojado.
Tres años después, el propio Tribunal Constitucional -y cito al Tribunal Constitucional- se vio obligado a tomar nota de la situación y en su sentencia 209/1990 lanzaba una reflexión que no tiene desperdicio.
Fíjese, señor presidente,
señorías, lo que el Tribunal Constitucional decía: Mientras no se hayan transferido los medios personales y materiales necesarios e imprescindibles para el ejercicio de una competencia estatutariamente asumida por una comunidad, el ejercicio de
aquella competencia corresponderá todavía al Estado, pero es indudable que tal ejercicio debe reputarse anómalo porque es provisional y lo provisional no puede seguir siéndolo indefinidamente. Por consiguiente, cualquier retraso en el cumplimiento
de las transferencias implicaría una prolongación indebida de aquella provisionalidad y un obstáculo grave a la plena efectividad del reparto de competencias. Y concluía el Tribunal Constitucional: La lealtad constitucional obliga a todos. En el
campo que nos ocupa, es el Gobierno, el máximo responsable de la finalización efectiva del reparto de competencias, quien debe extremar el celo por llegar a acuerdos en la comisión mixta, merced a los cuales puedan dictarse los correspondientes y
obligados reales decretos de transferencias . Esto y no otra cosa es lo que decía, señor presidente, el Tribunal Constitucional. Interesante, pero también, una vez más, papel mojado. A la vista está que poco o ningún caso se ha hecho al Tribunal
Constitucional; será todo lo anómalo que se quiera, pero lo provisional sigue siéndolo y, al parecer, no sólo va a serlo indefinidamente, sino que lleva visos de serlo eternamente.
Así las cosas, en el año 1992, fecha en que ya se había asumido un importante caudal de transferencias, como policía, sanidad, educación, carreteras, vivienda, ferrocarriles, etcétera, se generó un debate sobre el porcentaje pendiente de
desarrollo del estatuto, sobre si las transferencias pendientes representaban un importante contenido de autogobierno o, por el contrario, no eran ya sino flecos sin mayor transcendencia política. Pues bien, al objeto de introducir un elemento de
objetivación y de rigor en el debate, el departamento del Gobierno vasco, que entonces dirigía como consejero este portavoz que les habla, elaboró un informe, que remitido al Parlamento Vasco desembocó en el denominado Informe sobre desarrollo
estatutario, y que fue aprobado por unanimidad por el Pleno el 1 de julio de 1993. Con él se cerraba el debate sobre el quantum de autonomía que estaba pendiente por desarrollar, se identificaban nada menos que 54 transferencias, localizando y
expresando los servicios administrativos, objeto de traspaso, y su previsión estatutaria, y se aportaban criterios políticos y jurídicos sobre los que pudieran trabajar las correspondientes comisiones mixtas.
Es más, este acuerdo del Parlamento Vasco era expresamente asumido por este Senado en el debate sobre el Estado de las Autonomías, celebrado en el año 1994, al aprobarse una moción que, también es bueno recordar, literalmente decía: El
Senado insta al Gobierno para que cumpla las previsiones contenidas en el Estatuto de Guernica en materia de desarrollo autonómico, tomando como base el acuerdo del Parlamento Vasco de 1 de julio de 1993 que en cuanto documento -añadía- expresa la
voluntad de las fuerzas políticas vascas. En el mismo sentido y también el año 1994, el Congreso de los Diputados aprobaba una resolución similar a la indicada.
Lamentablemente en años posteriores nos hemos visto obligados a reproducir iniciativas similares en sede parlamentaria, y digo lamentablemente porque ello nos demuestra el poco resultado que han dado las anteriores.
La última, señor
presidente, lo recordará perfectamente, en fecha tan reciente como julio pasado en el Congreso de los Diputados y en la que, por cierto, su grupo parlamentario votó en contra de la resolución que pretendía nuevamente instar al Gobierno a
comprometerse a desarrollar el estatuto y a elaborar un calendario de negociación, voto en contra que significa, además, un paso atrás, pues ha
supuesto un evidente cambio respecto a su posición favorable a una propuesta similar del año 2003, aunque, claro, entonces no gobernaban ustedes, sino el Partido Popular.
Con todo, señor presidente, la legislatura -su legislatura- se iniciaba con 37 transferencias, aún pendientes de aquellas 54 que habían sido identificadas en el informe aprobado por el Parlamento Vasco en 1993, y va a terminar como empezó,
con 37 transferencias pendientes. Semejantes precedentes y este saldo final de legislatura, señor presidente, hace que no nos puedan parecer acertadas ciertas manifestaciones como, por ejemplo, que ha habido escaso interés a la hora de plantear
transferencias en este periodo, que el Gobierno vasco está en otro escenario o que el Estatuto de Gernika ha sido ampliamente cuestionado durante los últimos años.
Si de interés hablamos -diga lo que diga, señor presidente-, tengo que decirle que, en lo que a su Gobierno respecta, no es que haya sido escaso, señor presidente, ha sido nulo. Su señoría prometía en esta misma Cámara, en respuesta a otra
pregunta de este senador, que su Gobierno tomaría la iniciativa, una vez se constituyera el Gobierno vasco que saldría de las urnas en las elecciones de 2005. Me gustaría saber qué iniciativas se han tomado, porque los resultados a la vista están.
Señor presidente, eso de que el Gobierno vasco está en otro escenario no deja de ser un recurso dialéctico a la hora de tratar de justificar lo injustificable, pues ese otro escenario al que se quiere aludir no solo no está reñido, sino que
es perfectamente compatible con una ley orgánica como el Estatuto de Gernika que, a día de hoy, sigue estando vigente, que se sepa, aunque no lo parezca, dado su incumplimiento.
En lo que sí puedo estar más de acuerdo con usted, señor presidente, es en la afirmación de que el Estatuto de Gernika ha sido ampliamente cuestionado durante los últimos años. ¿Pero le extraña que esté cuestionado? Cómo no va a
cuestionarse que en un pacto político, aprobado mediante ley orgánica y refrendado por el pueblo vasco, después de casi 30 años, una de las partes obligadas a su cumplimiento siga resistiéndose a cumplirlo y aquí no pase absolutamente nada.
Señor presidente, en los últimos tiempos a muchos se les llena la boca con eso de que hay que cumplir la legalidad, pero sería bueno que se aplicaran el cuento, ya que llevar a cabo el traspaso a Euskadi de las 37 transferencias que siguen
estando pendientes -yo diría que secuestradas- es precisamente eso, cumplir la legalidad. Señor presidente, cómo no va a cuestionarse, si cada vez que se plantea el tema se sigue recibiendo una misma respuesta: no. En unos casos, no porque no se
quiere reconocer la competencia; en otros, no porque no es el momento e, incluso, no porque va contra determinados principios, tal y como hoy hemos vuelto a escuchar. Todas estas coletillas y muchas más han acompañado y siguen acompañando, señor
presidente, a ese no de los sucesivos gobiernos centrales, incluido el suyo. En definitiva, siempre un no que se nos antoja no es provisional, ni siquiera indefinido, sino un no para siempre, aunque ello signifique desoír al Tribunal
Constitucional, signifique pasar por alto un buen número de mociones y resoluciones aprobadas en ambas Cámaras y hacer caso omiso de los acuerdos alcanzados por unanimidad en el Parlamento vasco. Nada importa y todo vale para concluir con un
rotundo no, aunque, eso sí, se vaya pregonando por ahí, y con entusiasmo por algunos, la condición de estatutista y hasta recordando la efemérides del 25 de octubre para celebrar no se sabe bien si el refrendo del texto estatutario o su
incumplimiento.
En todo caso -y termino, señor presidente-, un no al Estatuto de Gernika que, por supuesto, va acompañado de otro no a un nuevo estatuto aprobado por el Parlamento vasco con el procedimiento y las mayorías legalmente fijadas y exigidas, del
cual una de sus principales razones de ser es la experiencia acumulada durante estos últimos 28 años, en los que la falta de voluntad de los sucesivos gobiernos del Estado y la situación de indefensión y de falta de garantías de las instituciones
vascas ha obligado a reclamar un cambio de marco y de forma de relación entre las administraciones.
Por cierto -y con ello sí que concluyo, señor presidente-, han sido varias las ocasiones en que su señoría ha demandado respeto para la reforma estatutaria, para hacer posible lo que ha venido a denominar un acuerdo entre vascos. Sin
embargo, cada vez que le he escuchado no he podido evitar esbozar una sonrisa, pero una sonrisa de incredulidad, porque para qué un acuerdo entre vascos si después este no se respeta. Qué más acuerdo entre vascos que el alcanzado ese 1 de julio de
1993 en el Parlamento vasco, donde por unanimidad -por unanimidad, señor presidente del Gobierno- se aprobó lo que inicialmente se conocía como Informe Zubia, que suponía lo que podríamos llamar la renovación del consenso estatuyente, pero que a la
vista también está en qué ha quedado. No nos hagamos trampas en el solitario, señor presidente, porque el pasado -querámoslo o no- está ahí y todos lo conocemos. El presente no es precisamente mejor, sino más de lo mismo y las perspectivas para
encarar el futuro tampoco apuntan a día de hoy nada bueno.
Es lo que hay, señor presidente, aunque a buen seguro su señoría tratará como acostumbra de insuflarme una cierta dosis de optimismo del que ciertamente estoy necesitado pero, a decir verdad, no alcanzo a vislumbrarlo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Le agradezco al señor Zubia la brevedad de la pregunta (Risas) y del razonamiento, porque ciertamente ha abordado cuestiones muy diversas que afectan a lo que ha sido el período de relaciones en esta legislatura entre el Gobierno vasco y el
Gobierno de España.
Tengo que decirle, señor Zubia, que los objetivos prioritarios en esta etapa del diálogo entre ambos Gobiernos han estado centrados, primero, en recuperar una normali-
dad en la relación institucional, que se hallaba seriamente deteriorada y que había tenido como antecedente último una reforma del Código Penal que no merece la pena recordar hoy aquí. En segundo lugar, el objetivo de compartir una visión,
una tarea en torno al principal problema que asolaba y que asola al País Vasco y al conjunto del Estado, al conjunto de España, que es la lucha contra la violencia. El tercer objetivo ha sido trabajar para llegar a un acuerdo en lo que representa
la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2007/2011, así como la ley que recoge ese acuerdo. Junto a ello hemos trabajado en dos aspectos que tienen un gran impacto para el futuro económico de la sociedad vasca, de
los ciudadanos vascos, como son las infraestructuras -fundamentalmente con un empujón muy considerable, con un esfuerzo muy considerable en el tema de la «Y» vasca- y con aquello que afecta a las infraestructuras tecnológicas.
Le puedo asegurar -le puedo asegurar- que estos han sido los asuntos prioritarios en el diálogo entre el lehendakari y el presidente del Gobierno. No sé si serán los asuntos prioritarios del senador Zubia, pero en todo caso respeto su orden
de prioridades; yo simplemente le explicito cuáles han sido los asuntos prioritarios en el diálogo.
Y, por último, el señor Zubia ha hecho una referencia a lo que representó el llamado estatuto político, debatido en su momento, a la invocación por mi parte de un gran acuerdo político entre vascos y a lo que supone su reflexión sobre el
desarrollo del Estatuto de Autonomía del País Vasco como justificación para otro tipo de iniciativas. Y tengo que decirle con toda claridad: el autogobierno que el País Vasco tiene ha sido desarrollado desde el Estatuto de Gernika, que supone y
representa un volumen importante de autogobierno, sin duda alguna el autogobierno mayor que ha tenido Euskadi, sin duda alguno un autogobierno perfectamente comparable a los sistemas más avanzados de corte federal o de cualquier otra naturaleza
donde rija un principio de descentralización política, y que desde luego -algunos acuerdos que hemos hecho en relación con la financiación de cuestiones singulares lo ponen de manifiesto- siempre estará abierto a una posible reforma dentro de lo que
representa el propio estatuto y con los principios que aconseja una reforma, que son: amplio consenso y, por supuesto, respeto escrupuloso absoluto de la legalidad en el contenido y, lógicamente, en la forma.
Sí, estoy absolutamente convencido de que cualquier escenario político en Euskadi, tanto para la gobernabilidad como para su marco político, que está anclado en la Constitución Española de 1978 y que estará anclado en la Constitución
Española de 1978 en el futuro, necesita el mayor acuerdo político, el mayor consenso entre las identidades y las fuerzas políticas. Y eso no se corresponde con la mayoría que, en su momento, aprobó la reforma del llamado estatuto político -la
iniciativa del estatuto político- en la Cámara vasca. Lo sabe el señor Zubia, lo sabe el Gobierno vasco, lo sabe el lehendakari y lo saben la inmensa mayoría de los ciudadanos vascos, que no quieren propuestas unilaterales ni viajes a ninguna
parte, sin fundamento: que quieren serenidad, trabajo y grandes acuerdos entre los partidos, que representan pluralidades distintas en el País Vasco, y colaboración y cooperación con el Gobierno de España. Una colaboración que este Gobierno -desde
luego, el Gobierno que presido- siempre ha demostrado poner en práctica con el Gobierno vasco, sobre la base del respeto al lehendakari y a las instituciones vascas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE DON PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI PIENSA EL GOBIERNO RECTIFICAR SU POLÍTICA ECONÓMICA TRAS HABERSE RECONOCIDO SORPRENDIDO POR EL ELEVADO INCREMENTO DE LA INFLACIÓN (S. 680/001471).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador García-Escudero.
Tiene la palabra su señoría. (Rumores.)
Señorías, silencio.
El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Gracias, señor presidente. Señor presidente, señor presidente del Gobierno, señorías, buenos días.
¿Piensa el Gobierno rectificar su política económica tras haberse reconocido sorprendido por el elevado incremento de la inflación?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor García-Escudero, la política económica del Gobierno ha arrojado resultados muy positivos para España. Tan positivos como que, en este período, el nuestro ha sido el país que más ha crecido económicamente, el que más empleo ha creado y
el único de los ocho grandes países industrializados que tiene superávit en las cuentas públicas. Hemos crecido y creado más empleo, y tenemos superávit público, en comparación con Estados Unidos, Japón, Canadá, Francia, Italia, Alemania o
Inglaterra. Ello ha dado los siguientes resultados para la evolución de la economía de nuestro país: el más importante, porque es el gran objetivo que tiene el Gobierno -que es el de la sociedad española- es llegar al pleno empleo. Durante esta
legislatura se han creado -se van a crear- tres millones de puestos de trabajo. Como bien sabe el señor García-Escudero, tenemos la tasa de paro en el umbral más bajo de toda la historia: en el 8 por ciento; prácticamente en la media europea.
Por tanto, la política económica del Gobierno ha dado resultados muy positivos para España, lo que nos está permitiendo mejorar nuestro capital tecnológico, incrementar el Estado del bienestar y las políticas sociales, reducir
sustancialmente la deuda y por tanto tener mucha más tranquilidad para la financiación de las necesidades públicas de nuestro país, y, desde luego, garantizar la solvencia fiscal con superávit en nuestras cuentas, que ha sido la tónica general de
este Gobierno. Quiero recordarle que este es el primer Gobierno que tiene superávit en las cuentas públicas en todos los ejercicios presupuestarios, y así será también este año 2007. Por tanto, política económica de aciertos.
El señor García-Escudero hace referencia en su pregunta a la inflación. En efecto, el dato de inflación del mes de octubre es un dato malo para la evolución de los precios; lo es en España y lo es en la inmensa mayoría de las economías.
Un dato que está ligado fundamentalmente a dos factores: uno, el fuerte encarecimiento del precio del petróleo, que, como sabe, está por encima de los 90 dólares y que, en menos de un año, ha subido casi 35 dólares. De los 54 dólares que costaba
el barril en enero, ha subido a casi 90 en octubre, cifra que se ha llegado a superar en noviembre. Creo que a estas alturas el señor García-Escudero y todos los ciudadanos españoles saben muy bien que la evolución del precio del barril no tiene
nada que ver con la gestión que realiza un Gobierno en materia de política económica.
El precio de los carburantes, como consecuencia de la subida del petróleo, ha sido superior al 7 por ciento en el IPC desde principios de 2007 y a este dato de la evolución del precio del crudo hay que añadir otro dato negativo, coyuntural
en los mercados internacionales de materias primas, que es la subida del trigo en más de un 50 por ciento en los últimos meses, lo que ha originado que algunos alimentos básicos, como el pan o la leche importada, hayan visto subir su precio un 8 y
un 14 por ciento respectivamente.
Señoría, como bien sabe, España es una economía abierta, está sujeta a la variación de precios internacionales de determinados productos, especialmente de materias primas, que han tenido una evolución en los últimos tiempos negativa, que ha
influido en esa subida y en el mal dato de octubre de inflación.
Tengo que matizar, no obstante, que a pesar de estos datos coyunturales el caso de la subida del petróleo ha sido un dato persistente en toda la legislatura. La política económica del Gobierno, en consonancia con la política de estabilidad
de precios del Banco Central Europeo y con el ejercicio de responsabilidad de los agentes sociales, ha tenido un efecto favorable en el control de los precios. Quiero recordarle nuestra política de prudencia fiscal, como antes le señalaba, con una
trayectoria descendiente de la participación de la deuda pública en el PIB y nuestra política de fomento de la competencia, con las medidas del Programa Nacional de Reformas.
También quiero recordarle que el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo para reducir la dependencia de nuestra economía de las energías fósiles, que en su mayor parte son importadas, incentivando el desarrollo de las energías renovables y
reduciendo las necesidades energéticas de hogares y empresas, fomentando un uso más eficiente y con planes de ahorro energético, que han empezado a dar resultados muy positivos desde el año 2006.
Junto a ello, y también dentro del margen de acción del que el Gobierno dispone, el Ejecutivo impulsa ante la Comisión Europea medidas de política agraria encaminadas a aumentar la oferta de cereales, a incrementar la producción comunitaria
reduciendo los aranceles de importación. Además, la Comisión Nacional de la Competencia despliega una actitud vigilante, con inspecciones en el sector alimentario, para detectar posibles prácticas contrarias a la competencia, basadas en subidas
desproporcionadas, que en ocasiones, como bien sabe su señoría, se pueden producir como consecuencia de una determinada situación en el mercado de elevación de los precios.
En definitiva, señor García-Escudero, la economía presenta un balance muy positivo. El Gobierno considera que ese balance positivo va a continuar, gracias al esfuerzo de empresarios y de trabajadores, para España; que tenemos un mal dato
de inflación, con dos causas muy evidentes, y el Gobierno, dentro del margen de sus competencias, está intentando actuar para paliar el efecto en la economía y especialmente, como es lógico, en las economías familiares la subida de los precios que
estamos viviendo.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador García-Escudero.
El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Señor Rodríguez Zapatero, pocas cosas definen mejor esta legislatura de improvisación y de oportunismo político que el reconocimiento público de su ministro de Economía, del señor Solbes, sobre la fuerte
subida de la inflación en octubre. No nos la esperábamos, y eso que las señales no podían ser más claras desde hace tiempo, y eso que su Gobierno tenía informes que se lo estaban avisando y eso que todo el mundo se lo estaba esperando. Y resulta
que su ministro se cae del guindo o hace como que se cae del guindo cuando ya la subida era una evidencia, y es que la incómoda realidad ya no se puede ocultar más, y es que tiene usted ya muchas luces rojas encendidas encima de su tablero, señor
Zapatero. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio.
El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Los avisos de la antipática oposición, de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional, del Banco de España, tan catastrofistas, como decían ustedes, resulta que tenían razón, y las previsiones, o
las ilusiones, que no es lo mismo, de su Gobierno resulta que se han derrumbado con la brutal subida del IPC en el mes de octubre, porque la subida de 9 décimas, pasando del 2,7 por ciento al 3,6 por
ciento, señor Zapatero, es un torpedo en el bolsillo de los españoles, especialmente de aquellos que menos poder adquisitivo tienen.
Lo que ha pasado en octubre, señor Zapatero, es un auténtico tsunami en la cesta de la compra (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio.
El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Es un socavón económico en toda regla (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.), y a mí lo que me extraña es que no haya aprovechado ya el domingo pasado para acercarse a un hiper a
pedir perdón por la subida de los precios (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular), pero entiendo por qué no lo ha hecho, señor Zapatero, y es que el domingo pasado los hiper estaban abiertos. Y perdone que le moleste, señor
Zapatero, pero le tengo que decir lo que piensan la inmensa mayoría de los españoles: que es escandaloso que la inflación haya subido un 60 por ciento en solo dos meses. Y perdone que le diga, señor Zapatero, que todas las señales lo que nos
vienen indicando es que los precios van a seguir subiendo en los próximos meses, y ustedes como quien oye llover. Y perdone también por decirle que no vale, como usted ha hecho, la excusa de la subida del petróleo, porque en la zona euro la
inflación ha subido la mitad que en España, y perdóneme también si yo le invito hoy a bajar de su mundo feliz de las macrocifras a la cruda realidad de la calle. Haga un esfuerzo, señor Zapatero, aunque sea desagradable para usted.
¿Es usted, por fin, consciente de que la mayoría de los españoles han perdido poder adquisitivo desde que usted gobierna, desde el año 2004 (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)? ¿Que tienen menos dinero en el
bolsillo desde el año 2004? ¿Sabe usted, y, si no lo sabe, perdóneme por decirlo, que España es el país de la zona euro cuyo salario medio real ha bajado más en los últimos cuatro años? Le voy a dar cifras: concretamente 500 euros anuales. ¿Sabe
usted, señor Zapatero, que el litro de leche ha subido un 18 por ciento y se ha puesto al mismo precio del litro de gasóleo? Y habla usted de la carestía del petróleo. ¿Que el pollo ha subido un 18 por ciento, que el pan va a aumentar hasta un 40
por ciento, que han subido los huevos, ha subido la carne, la luz, el teléfono, el transporte, que ha subido la bombona de butano? Y estamos hablando de productos básicos (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: Y siento tener que darle estos datos, señor Zapatero, pero son productos básicos, productos de primera necesidad.
¿Sabe usted, señor Zapatero, y no se lo digo por fastidiar, que los españoles están más endeudados que nunca, que las familias están dedicando el 45 por ciento de su renta para pagar la hipoteca, que hoy están pagando el 10 por ciento más
para pagar su hipoteca de lo que pagaban en el año 2004 cuando usted llegó al Gobierno? (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, silencio.
El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: ¿Sabe usted, señor Zapatero, y no lo digo con ánimo de reproche (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡No, no!), que los españoles, que hoy tienen menos dinero, que hoy están más
endeudados, están pagando también más impuestos? ¿Que la presión fiscal ha subido tres puntos en los últimos tres años? Y ese sí que es un gran gesto de política social, y lo digo sin ánimo de ofender (Varios señores senadores del Grupo
Parlamentario Socialista: ¡No, no!). Que paguen más los que menos tienen.
Y es que mientras usted sigue viendo el mundo de color rosa -y yo me alegro por usted si usted es feliz (Risas y aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) , los españoles están viendo el panorama cada vez más negro, y no lo
digo yo -¡líbreme Dios!-, señor Zapatero, se lo están diciendo los españoles al CIS en mayor proporción cada vez que sale una encuesta nueva del CIS. Y con la que está cayendo nos vienen ustedes ahora con unos presupuestos que no se los cree nadie,
ni siquiera el señor Solbes, que es su autor, y que reconocía en el mismo debate del Congreso, en el debate de presupuestos, que en su planteamiento de partida el crecimiento estimado era imposible. Y con la inflación disparada, en esos
presupuestos resulta que los gastos aumentan tres puntos por encima de ese increíble PIB. ¿Quién se cree eso, señor Zapatero?
Se parte de la base de un crecimiento de PIB del 3,3 por ciento con una estimación del precio del petróleo -como usted acaba de decir-, con una estimación del precio del barril de Brent a 71 dólares, y resulta que hoy -y usted lo acaba de
reconocer- el precio del barril de Brent se está acercando a los 100 dólares. Pero se le aprieta un poquito al ministro, y el ministro confiesa y rebaja el crecimiento a un 3 por ciento.
Los expertos: el BBVA, el Fondo Monetario Internacional, la CEOE, lo van a dejar, en el mejor de los casos, en un 2,7 por ciento; seis décimas menos que lo que ustedes preveían inicialmente; seis décimas que pueden parecer muy poco, pero
resulta que es mucho, y, si no, que se lo diga el señor Solbes. Seis décimas son exactamente 6.000 millones de euros, un billón -con «b»- de las antiguas pesetas, 145 euros por cada ciudadano español, ¿y de dónde va a salir todo ese dinero, señor
Zapatero? ¿Más impuestos? Dígamelo usted. Y no lo hago con mala intención. (Varios señores senadores desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Nooo!) (Rumores.) No, señorías, no lo hago con mala intención; ustedes me conocen y
saben que no lo hago con mala intención. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
¿Recuerda usted, señor Zapatero, qué PIB recibió usted en el año 2004 cuando llegó al Gobierno? Recibió un PIB per cápita que había crecido cinco puntos en términos de
convergencia con la Unión Europea entre los años 2000 y 2003. ¿Sabe usted cuánto ha crecido entre los años 2004 y 2007 y, si no, que se lo diga el señor Solbes? Apenas ocho décimas. También en esto nos estamos alejando de Europa.
¿Sabe usted, señor Zapatero, que España es el país de la Unión Europea en el que más ha empeorado la productividad? ¿Sabe que estamos volviendo a niveles de hace 30 años? (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Sí,
señor Solbes, sí.
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio.
El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: ¿Sabe usted, señor Zapatero, que la deuda exterior de España ha aumentado de manera astronómica -y, si no, que se lo diga el señor Solbes-, del 2,5 por ciento al 9 por ciento del PIB en los últimos tres
años? ¿Sabe usted, señor Zapatero, que llevamos varios meses de destrucción de empleo? (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y es que este es el verdadero balance que usted tiene que hacer al final de la
legislatura, y yo siento hacerle pasar un mal rato se lo digo de verdad: Menos productividad, menos competitividad, más deuda, más impuestos, salarios más bajos y un panorama muy negro para el empleo en el futuro. (Protestas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Sí, señorías.
Y lo malo de esto es que todo esto se veía venir desde hace tiempo, y ustedes han estado tres años haciendo el don Tancredo. Ustedes sabían que el modelo estaba agotado, y han estado viviendo, señor Solbes, de la despensa llena y de las
rentas heredadas durante cuatro años. (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.-Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y después de vivir durante cuatro años de las rentas heredadas no han hecho
absolutamente nada por relanzar nuestra economía.
¿Y ahora qué va a hacer, señor Zapatero? ¿Llamar al señor Sarkozy para que venga a arreglárselo también? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Porque a ustedes eso de controlar el gasto público, eso de bajar los
impuestos, eso de flexibilizar la competencia, lo de aumentar la cualificación, lo de mejorar la productividad, etcétera, siempre les ha sonado a chino. Estos presupuestos, señor Zapatero, suenan a liquidación por cierre, suenan a algo así como:
Para lo que nos queda..., el que venga detrás que arree. Y eso ni es responsable, ni es admisible, señor Zapatero.
Y sin ánimo de molestar -y voy terminando- (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)...
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: ¿Se acuerda usted de aquello que decía de que España juega en la Champions League económica? (Varios señores senadores desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Sí!) Pues con usted y con su
Gobierno, ni nos clasificamos. Pero le diré una cosa: con otro entrenador, como el señor Rajoy, con otra alineación...
(Fuertes rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señorías, silencio, por favor!
El señor GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ: ... con un Gobierno del Partido Popular, a partir de marzo España va a ganar la Champions League económica.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor García-Escudero, está la legislatura a punto de terminar y usted, como senador, ha protagonizado por primera vez en la historia de nuestra democracia contemporánea la tarea de preguntar, más bien interpelar, dada la flexibilidad del
presidente y el formato que tenemos, al presidente del Gobierno. Ha hecho un número elevado de preguntas; esta es la primera pregunta que hace sobre economía (Rumores.-El señor García-Escudero Márquez y la señora Vindel López: ¡Es la segunda!)
Señor presidente
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Dos, de acuerdo.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Es toda una señal de dos cosas: la primera, que no podían preguntar por la economía porque la economía
ha funcionado muy bien en esta legislatura con la política económica del Gobierno (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) y, la segunda, que se ha demostrado en su pregunta que no tienen nada que decir (Rumores.). Sólo le ha
faltado hablar de los garbanzos y pedir la dimisión de Felipe González (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.). Y, además, de paso establecer algunas afirmaciones que sencillamente son falsas: la primera, la referida a la
productividad, porque la productividad de nuestra economía estaba al 0,3 por ciento cuando llegamos al Gobierno y ahora está al 0,8 por ciento, es decir, ha sido uno de los periodos en que más se ha incrementado la productividad en nuestro país
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Le diré más, la productividad en el sector privado está en el 1,1 por ciento de crecimiento, ¿Sabe por qué? Gracias al esfuerzo del incremento de un 137 por ciento desde que estamos en
el Gobierno de gasto de inversión en investigación, en desarrollo e innovación y al esfuerzo que las empresas están haciendo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): A usted le parece que la inflación del 3,6 por ciento es muy elevada aun con un petróleo por encima de 90 dólares. Y ahora la pregunta que cabe hacerse es: ¿Cómo le parece la
inflación de 2001, gobernando ustedes, que era del 3,6 por ciento, con un petróleo a 24 dólares? Deberían tener un poco más de prudencia al hablar del efecto que un precio del crudo puede tener a su vez en los precios ya que, como todo el mundo
sabe, tiene un gran impacto en nuestras fuentes energéticas porque somos muy dependientes de la energía exterior y, especialmente, de los hidrocarburos. Creo que la reflexión tendría que ser que nuestra economía está siendo muy fuerte a la hora de
aguantar una subida tan elevada del precio del barril, del precio del crudo.
Me habla usted del crecimiento del producto interior bruto. Y, señor García-Escudero, podemos estar de acuerdo: octubre, inflación, mal dato, estamos de acuerdo. Yo pongo en valor, y seguro que toda la Cámara y todos los ciudadanos ponen
en valor que el vicepresidente económico en cuanto salió el dato no anduviera con tapujos y dijera: es un mal dato de inflación, dos o tres décimas por encima de lo que se esperaba. Y hay unas causas que evidentemente no tienen que ver con ninguna
decisión del Gobierno. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): ¿Las nueve décimas que sube la inflación en el mes anterior en Alemania es responsabilidad de la canciller Merkel o es responsabilidad de la subida del petróleo y del precio de los
cereales en los mercados internacionales?
Pues es evidente que todo el mundo sabe que la subida del precio del petróleo produce un impacto en la subida de los precios energéticos de los combustibles y que la crisis que hay de oferta de los cereales está elevando el precio de
determinados productos alimentarios como consecuencia de una gran demanda especialmente en los países asiáticos.
Eso es objetivo, y no pone en duda el que afirmemos que es un mal dato de inflación; sabemos que tiene repercusión en las familias en
lo que representa el poder adquisitivo. Pero, bueno, negar, no reconocer nunca nada, nunca nada, no ya que ustedes, como oposición, no hayan ayudado a algo, porque su trayectoria en estos tres años largos, casi cuatro años, en lo que afecta a
ayudar, a apoyar al Gobierno, me da igual pensar en política exterior, que en política económica, que en lucha antiterrorista, en lo que sea, ayudar en algo, lamentablemente, van a tener un récord, el récord de no comparecer nunca para ayudar al
Gobierno de España en la tarea de llevar adelante los asuntos del país y un rumbo positivo para los ciudadanos.¡En nada! ¡En nada! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
A pesar de eso, a pesar de que no han ayudado nada, sino que más bien han intentado entorpecer en todo, en todo, a pesar de ello, señor García-Escudero, reconozca en esta Cámara que España es la economía que más ha crecido de los ocho
grandes países industriales en estos tres años, con un crecimiento del 3,8 por ciento, como estamos en estos momentos creciendo. Reconozca que es la economía que más empleo ha creado, y reconozca, aunque le cueste, aunque le cueste, que gracias a
esos tres millones de empleos que se van a crear en esta legislatura muchas familias han dejado de tener miembros en el paro y hoy tenemos la tasa de paro más baja de la historia. Un objetivo: acercarnos a la media europea de tasa de paro del ocho
por ciento con varias comunidades autónomas en pleno empleo técnico era un sueño para toda la sociedad española, no para el PP ni para el PSOE ni para la izquierda ni para la derecha. Un sueño llegar a la tasa de paro tan bajo que tenemos en este
momento. ¡Y no lo reconocen! (Ni siquiera eso! ¡Ni siquiera eso! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Al igual que no reconocen que ese aumento del PIB, ya que me ha hablado del aumento de la riqueza que suponían las seis décimas o las seis décimas menos, ¿sabe cuánto ha aumentado la riqueza de España desde que estamos en el Gobierno como
consecuencia del alto crecimiento del producto interior bruto? 265.000 millones de euros. ¿Y sabe hacia dónde ha intentado el Gobierno que ese beneficio general, que ese progreso global de la riqueza de España fuera dirigido preferentemente? Se
lo voy a explicar una vez más: a subir el salario mínimo interprofesional.
(Rumores.) Que encontramos congelado y que en tres años hemos subido más que en los ocho que ustedes gobernaron porque nosotros sí tenemos un compromiso con las rentas más
humildes y más bajas de este país.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Sí, un salario mínimo que llegará en 2008 a 600 euros, apenas llegaba a 450 euros cuando llegamos al Gobierno, y que tengo el compromiso que en la
legislatura que viene llegue a 800 euros, aunque a ese entrenador al que ha hecho referencia le parezca muy mal que sean 800 euros el salario mínimo interprofesional de aquí a los próximos cinco años. ¿Sabe a quién hemos ido destinando
prioritariamente el crecimiento de la riqueza de este país? A las pensiones mínimas, a las pensiones mínimas, que hemos subido un 30 por ciento en los cuatro años de legislatura. Un 30 por ciento. Tres millones de pensionistas con pensiones
mínimas. Y en estos cuatro años de legislatura van a subir más que en los ocho años en que gobernaba el Partido Popular. ¿Sabe a dónde hemos destinado el crecimiento económico y la riqueza de este país? A que haya 250.000 personas jóvenes más que
tengan becas hoy en nuestro país que hace cuatro años. ¿Sabe a dónde hemos destinado el crecimiento de la riqueza que se ha producido en estos cuatro años? A aprobar leyes con financiación, como la Ley de la dependencia, para que tengamos un
sistema de garantía ante las personas que no pueden valerse por sí mismas o los discapacitados.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): ¿Sabe a dónde hemos dedicado el crecimiento de la riqueza económica? A gestionar bien y a ahorrar. Por ello, señor García-Escudero, le recuerdo que cuando llegamos al Gobierno cogimos
el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en 15.000 millones de euros y en estos momentos, cuando acabe la legislatura, va a estar en 52.000 millones de euros, cifra récord de incremento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para la garantía
de nuestras pensiones.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
¿Y cómo puede decirse, como ha afirmado en su intervención, que tenemos debilidad por el gasto y tendencia a gestionar mal las cuentas públicas? Señor García-Escudero, tengan al menos una sola vez, y aunque solo sea en un tema -miren que es
difícil lo que les pido-, la honestidad intelectual y política de reconocer que este es el primer Gobierno que tiene superávit en las cuentas públicas. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Deberían de sentirse satisfechos por
el país, porque esto, para el futuro de España, de la financiación de nuestras necesidades y de los impuestos que van a tener que pagar las nuevas generaciones es un dato muy positivo. Háganlo, siéntanse satisfechos no por el Gobierno, sino por
España. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Demuestren, al menos en esto, esa satisfacción por ese patriotismo que tanto exhiben permanentemente y que luego se compadece muy poco con la visión que tienen de este país.
Señor García-Escudero, la economía arroja resultados extraordinariamente positivos en esta legislatura, el poder adquisitivo de los salarios, el incremento de la renta per cápita y su acercamiento a la media europea ha seguido progresando
con un aumento muy notable de derechos sociales, de políticas sociales y de responsabilizarse de la parte de los ciudadanos que menos ingresos tienen en nuestro país, como son los pensionistas con las pensiones más bajas y los trabajadores que
cobran el salario mínimo interprofesional. Le puedo asegurar, en efecto, que está muy lejos nuestra visión de esa visión negra que tienen ustedes del país. Nuestra visión es una visión positiva, de la España del siglo XXI, de la España del 2007,
una visión positiva que parte ¿sabe de qué? De una mirada de confianza hacia la capacidad de esta sociedad, de los trabajadores, de los empresarios y de los jóvenes.
Y, por supuesto, no es mía la culpa -y le invito a que cambie de registro porque, además, tiene también una parte muy estimulante para la tarea de la acción pública-, pero si soy más feliz que usted, qué le voy a hacer (Risas en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.-Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.). Le invito a que eleve su tono vital, optimista, su visión de cómo va a ir este país, de lo que vamos a conseguir todos juntos, aunque ustedes quieran
estar lejos, todos juntos, y le puedo asegurar que así verá las cosas mejor. Le invito, por tanto, a que deje esa visión pesimista, pasada, antigua y que se sume a una visión optimista, de confianza y positiva de España, ¡que así son los
españoles!.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor Presidente: Gracias, señoría.
-- DE DON RAMÓN ALEU I JORNET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LOS PLANES PREVISTOS POR EL GOBIERNO PARA ACELERAR LA PUESTA EN MARCHA DE LA LEY 39/ 2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (S. 680/001478)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Aleu. (Rumores.)
Tiene la palabra su señoría. Señorías, ruego silencio.
El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, tengo que confesar que después del debate general en que se han convertido las preguntas anteriores es complicado realizar cualquier otra pregunta, pero vamos a ello. El pasado 30 de noviembre del año 2006 las
Cortes Generales aprobaron definitivamente la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Releyendo hoy los debates producidos en ambas Cámaras, podemos decir que en la tramitación parlamentaria
de la ley quedó clara la posición mayoritaria de los grupos: definir un nuevo derecho social, el de la autonomía personal, y al definirlo así, como derecho social, estábamos abriendo una nueva situación para los ciudadanos y ciudadanas de España.
Alguien lo ha definido como el cuarto pilar del Estado del bienestar junto con el sistema de pensiones, la educación y la sanidad. Nadie en los debates puso objeción a la necesidad de regular esta materia y de afrontar con valentía la
atención de aquellas personas que por sus limitaciones físicas o de cualquier otra índole tienen mayores dificultades para realizar su actividad vital con plenitud en las mismas condiciones que aquellas personas que no tienen tales limitaciones.
Las objeciones a la tramitación de la ley, que las hubo, fueron de carácter competencial al entender que estábamos tratando sobre asuntos sociales cuya competencia es de las comunidades autónomas; pero no hubo objeciones en lo que se
refiere a la conveniencia de legislar sobre el asunto y de consignar partidas presupuestarias para poder atender a estas personas.
Las intervenciones en esta Cámara del senador Urrutia, de Eusko Alkartasuna, y del senador Casas, de Convergència i Unió, que actuaron como portavoces en defensa de sus respectivos vetos, ratifican esa visión. Las posiciones de los demás
grupos en ambas Cámaras comparten básicamente los puntos fundamentales del proyecto de ley, aunque desde posturas matizadamente distintas. Nuestro grupo entendió, secundó y aplaudió la decisión de considerar la autonomía personal como un nuevo
derecho social. Tratar la atención de las personas en situación de dependencia fue un acierto. Continuamos haciendo la misma valoración.
Para nosotros el progreso de cualquier sociedad moderna debe conjugar el crecimiento económico con el
desarrollo de los derechos sociales para todas las personas. Pero también entendíamos y entendemos que solamente será aplicable en un marco de colaboración franca y estrecha con todas las administraciones concernidas en este asunto.
El desarrollo de la ley y la aplicación que afecta concretamente a cada persona en particular comporta la actuación de los servicios sociales de ayuntamientos y comunidades autónomas en la valoración de las peticiones y en la toma de
decisiones sobre los casos de dependencia a los que corresponda ayuda. Pero hoy, casi un año después de la aprobación, aparecen más en la opinión pública las dificultades, por otra parte normales, de la puesta en funcionamiento que comporta la
aplicación de un nuevo derecho social, que las ventajas que va a representar en el futuro para nuestra sociedad.
Con esto no quiero decir que las distintas administraciones no estén trabajando. Estoy hablando de una sensación difusa que se ha apoderado de los medios y que parece dar a entender que el asunto no está funcionando correctamente. Esta
sensación puede estar calando en la sociedad. No es bueno que esta sensación exista, ya que la esperanza que generó la aprobación de la ley puede troncarse en una desesperanza o, incluso, en una frustración, y eso,como digo, no sería bueno.
Estamos convencidos de que el Gobierno es consciente de este problema, que ha reflexionado sobre las medidas que sea necesario tomar para agilizar la aplicación de esta ley y que está dispuesto a tomarlas. Por eso realizamos la siguiente
pregunta: ¿Qué piensa hacer el Gobierno para promover la aplicación más rápida posible de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia?
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Aleu.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Aleu, comparto su valoración. La Ley para la autonomía personal frente a la dependencia es la ley social más importante de esta legislatura, seguramente la ley más importante de los últimos años en nuestro país para nuestro sistema de
bienestar. Vivir en una sociedad en la que tengamos la capacidad y el compromiso de garantizar a las personas que no se pueden valer por sí mismas o que tienen una discapacidad una ayuda directa, personal, bien a través de una prestación económica,
bien a través de la financiación de un cuidador o una cuidadora, bien a través de una plaza residencial, es un avance de un calado extraordinario para lo que representa una sociedad de la solidaridad y de la cohesión.
Hace un año que la ley entró en vigor, que apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado, y a partir de ahí hemos trabajado intensamente, tanto en lo que respecta a la Administración General del Estado como a la tarea de cooperación
con las comunidades autónomas, que van a materializar en gran medida lo que representan los principios y las prestaciones de la ley. El Gobierno ha tenido que hacer toda una preparación de la tarea, una preparación normativa de diversas
disposiciones, desde el reconocimiento de los mínimos de la prestación, desde lo que representa el régimen de seguridad social de las cuidadoras y cuidadores, hasta establecer todo el sistema informático que es necesario poner en pie para lograr una
buena gestión, una gestión transparente y lo más eficaz posible una vez que consigamos que todas las comunidades autónomas pongan en marcha el modelo, un gran centro de gestión informática que, por cierto, está en León.
Le diré al respecto que es verdad que puede haber una sensación de que las cosas van despacio, pero en esta primera fase hay que ir a un ritmo adecuado para que se haga bien este primer periodo en el que se han estado reconociendo y haciendo
las valoraciones de las personas que han presentado la solicitud como grandes dependientes, primera fase que, como bien conoce su señoría, es en la que vamos a concretar el reconocimiento de ayudas y prestaciones de todo tipo. En este momento hay
25.000 personas en toda España en distintas comunidades autónomas que ya tienen la garantía de la prestación después del proceso de reconocimiento y de valoración. Con 12 comunidades autónomas ya tenemos los acuerdos, el compromiso y la puesta a
disposición de los recursos financieros para que procedan a las prestaciones una vez que se termine todo el trámite y todo el procedimiento de valoración. Es verdad que en esta primera fase las comunidades autónomas han tenido que hacer mucho
esfuerzo. Ahora estamos entrando en una segunda fase, donde, como es lógico, las cosas se están agilizando y acelerando, y se van a concretar en muchos territorios para muchos afectados en las próximas semanas o meses, con lo que las familias
empezarán a sentir lo que representa la aplicación de la Ley para la autonomía personal.
El Gobierno ha hecho y hace un esfuerzo de diálogo permanente con las comunidades autónomas, y lo que queremos ante todo es mantener el principio de cooperación. Si hay algunas comunidades autónomas que tienen o han tenido más dificultades
para lanzar toda la estructura administrativa, toda la estructura de cuidadores -y me consta que una de ellas es Andalucía, que está haciendo un fenomenal esfuerzo que se traduce en 4.000 cuidadoras o cuidadores nuevos para poner en marcha la
primera fase de la Ley de la dependencia-, el Gobierno es, en primer
lugar, comprensivo y, en segundo lugar, su voluntad es ayudar a que todas las comunidades autónomas puedan establecer la arquitectura necesaria para que la ley empiece a tener su efecto directo en las personas y en las familias que lo
necesitan.
Por tanto, he de decir que en lo que afecta a la disponibilidad financiera no hay ningún problema; como sabe, hemos alcanzado ya los 850 millones de euros. El trámite de reconocimiento de la valoración por lo que afecta a las personas
afectadas esta en este momento en 25.000 con disponibilidad financiera. Por su parte, en las últimas semanas las comunidades autónomas están acelerando todo lo que representa este complejo y difícil trabajo. Queremos cooperar con todas ellas y
ayudar a las que vayan más retrasadas para que las personas con gran dependencia reciban cuanto antes toda la prestación establecida y el funcionamiento del sistema en sus distintas variantes quede garantizado.
Por tanto, el mensaje es de seguridad y tranquilidad porque la prestación prevista en la Ley de la dependencia va a llegar a todos y a cada uno de los hogares españoles. En una primera fase se atenderá a todas las familias donde haya un
gran dependiente, una persona cuyas circunstancias le imposibilitan valerse por sí misma, y posteriormente, tal y como establece la ley, llegará a todos los dependientes. Y va a llegar con la colaboración entre el Gobierno y las comunidades
autónomas, porque no tengo ninguna duda de que todos los gobiernos autonómicos, y en primer lugar el Gobierno de España, quieren, antes que nada, ver a las personas que lo necesitan con la ayuda y a las familias para las que supone una gran presión
con esta prestación que es, sin duda, un gran alivio.
Por tanto, senador Aleu, gracias por su pregunta. Mi mensaje es de tranquilidad porque en las próximas semanas vamos a ver con hechos muy tangibles que la aplicación de la ley empieza a coger una velocidad de crucero.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE DON JUAN PABLO SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI HA UNIFICADO EL GOBIERNO SU CRITERIO CON RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES QUE DEBE HACER A LAS ENTIDADES FINANCIERAS SOBRE SU POLÍTICA CREDITICIA
(S. 680/001449).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Sánchez Sánchez-Seco.
Tiene la palabra su señoría.
El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente segundo del Gobierno, señorías, en esta primera comparecencia del señor Solbes en el Senado después del fallecimiento de su hermano quiero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que estas primeras palabras sean de
pésame por ello.
Precisamente hace quince días, cuando se produjo este hecho luctuoso, estaba prevista esta pregunta que hoy le vamos a formular y, aunque podría parecer que transcurridos quince días perdía cierta actualidad, no ha sido así porque la
ministra Chacón se ha encargado de ello; más bien al contrario, sigue manteniéndose en plena actualidad porque ha venido a corroborar las declaraciones que el propio señor presidente del Gobierno, el señor Zapatero, realizó con anterioridad
respecto a las recomendaciones dadas a las entidades financieras de nuestro país sobre la política crediticia a desarrollar, contradictorias con otras que se habían hecho por el propio Gobierno e incluso por los órganos supervisores, concretamente
el Banco de España.
Por eso, señor Solbes, nuestra pregunta es si el Gobierno va a unificar, de una vez por todas, el criterio respecto a las recomendaciones que debe hacer a las entidades financieras sobre su política crediticia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Sánchez, por sus amables palabras iniciales.
En cuanto a la pregunta que usted me plantea, creo que la respuesta es muy simple. La política crediticia compete a las entidades financieras, que son las que tienen que definirla respetando siempre la actividad supervisora del Banco de
España y las obligaciones que este determina.
A partir de ahí, lo único que los distintos miembros del Gobierno hemos dicho es algo obvio: que tenemos confianza en el sector inmobiliario, que evidentemente hay un espacio para que las entidades financieras puedan seguir trabajando en él
y que esperamos que lo sigan haciendo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra su señoría.
El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, estamos de acuerdo, pero parece que quienes no están de acuerdo son los propios miembros del Gobierno. Si la ministra de Vivienda se limita a hacer recomendaciones al sector financiero para que siga manteniendo el
nivel de créditos y de préstamos que en los últimos años, con crecimientos del 20 o 25 por ciento; si el propio presidente del Gobierno realiza las mismas recomendaciones, parece que no se están dando cuenta de que realmente el mercado financiero
internacional y, por supuesto, el nacional, no se encuentra en las mismas condiciones que hace unos meses, con crecimientos del 20 o
25 por ciento del sector crediticio español, porque desde entonces hasta hoy, el señor presidente del Gobierno debería darse cuenta de que el mercado inmobiliario está inmerso en una gran debilidad y el sector de la construcción residencial,
en general, se ha reducido de una manera importante, con un incremento del paro que hemos visto en las cifras del mes de octubre pasado que se acaban de publicar. O tampoco parece que se estén dando cuenta la ministra y el señor presidente del
Gobierno de la crisis e inestabilidad persistente que se viene produciendo en los mercados financieros, con importantes problemas para las propias entidades financieras para poder refinanciarse en el mercado interbancario y obtener fondos con los
que poder atender su demanda crediticia; o el importante incremento de la morosidad que se viene produciendo en los últimos meses.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ-SECO: Termino, señor presidente.
Hoy mismo en la prensa acabamos de ver cómo el crédito de consumo también dispara la morosidad y viene a corroborar lo que ya sabíamos del crédito hipotecario, cuya morosidad también está creciendo de forma importante.
Por tanto, señor vicepresidente del Gobierno -y termino, señor presidente-, lo que pedimos es que no se inmiscuyan en esa política crediticia que las entidades financieras saben desarrollar perfectamente y que, desde luego, no confundan ni a
las entidades financieras, ni a los consumidores y ciudadanos en general, con estas recomendaciones contradictorias que viene haciendo el propio Gobierno de la nación.
Gracias, señor presidente.(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.
Yo creo que no ha habido recomendaciones contradictorias, siempre se ha hablado en el marco de las políticas de cada una de las instituciones. Es verdad que estamos ahora en una situación más compleja que hace unos meses. Por otra parte,
no es ninguna novedad el descenso de los créditos hipotecarios, incluso en los créditos al consumo se viene produciendo la caída de los incrementos desde prácticamente el año 2005. No es nada nuevo, es más, corresponde con esa tesis de cambio del
modelo de crecimiento al que hemos hecho referencia. Lo que sí nos hemos preocupado mucho en el Gobierno en poner de relieve es que no creemos que el sector financiero español esté para nada afectado como consecuencia de los temas externos, que no
hay ningún problema de liquidez porque está actuando el Banco Central Europeo, yo diría que de forma muy eficiente y muy efectiva y que, evidentemente, los problemas de solvencia corresponde analizarlos a cada entidad financiera, de acuerdo con sus
márgenes de maniobra y de acuerdo con las demandas de crédito que reciben.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE DON PERE SAMPOL I MAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUE EL GOBIERNO NO PROPONE UNA MODIFICACIÓN NORMATIVA PUNTUAL QUE EXIMA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS DE SU APORTACIÓN AL FONDO DE
SUFICIENCIA (S. 680/001456).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Sampol. Tiene la palabra su señoría.
El señor SAMPOL I MAS: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente del Gobierno, decíamos ayer que los sucesivos sistemas de financiación han resultado perjudiciales para las Illes Balears. Hecho también reconocido por el propio presidente del Gobierno hace unos días en Palma. El
criterio más objetivo para calcular el déficit anual es el de financiación por habitante, admitiendo que Balears debería estar por encima de la media al tener asumidas competencias tan importantes como transporte ferroviario y carreteras, además del
mayor coste de la insularidad. Por el contrario, la diferencia sobre la financiación media es de más de 200 euros anuales por habitante. Eso supone que desde el año 2002 llevamos acumulado un déficit de más de 1.200 millones de euros, cantidad que
equivale a la aportación de Balears al Fondo de Suficiencia. Dada la gravedad del tema, ¿no cree, señor vicepresidente, que sería necesaria una modificación normativa puntual para eximir a Balears de la aportación al Fondo de Suficiencia?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.
El tema de la financiación de Baleares y su porcentaje en la participación total per cápita no se refiere al año 2002, puede usted retrotraerlo a épocas anteriores. Sin embargo, hay un punto de partida, que es el sistema de financiación que
se pacta en cada momento. El último se pactó en 2001, por cierto, con la aceptación de las distintas comunidades autónomas, y el Fondo de Suficiencia es uno de los elementos que entra en ese modelo.
Cuando se calcula en el año 1999 el Fondo de Suficiencia, lo que se valora es la diferencia entre lo que aporta
Baleares y lo que recibe, evidentemente teniendo en cuenta una serie de índices y cálculos que no solo afectan a esta comunidad autónoma sino a otras; muchas comunidades autónomas están recibiendo Fondo de Suficiencia.
No ha de creerse que se puede modificar de una manera simple el Fondo de Suficiencia solo para una comunidad sobre la base del criterio de recepción de recursos en función de la renta per cápita. Más bien, lo que esto significa es cambiar
todo el sistema de financiación. Se propuso al inicio de esta legislatura pero no tuvimos una mínima recepción por parte de las comunidades autónomas para llevarlo a cabo. Habrá que plantearlo en el futuro, yo soy favorable a hacerlo, pero,
evidentemente, en un ámbito global.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Sampol.
El señor SAMPOL I MAS: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, una vez reconocida una injusticia es injusto persistir en ella. Por tanto, hay que encontrar una solución, primero, porque el actual sistema de financiación no es fruto de una negociación, sino de una imposición del
Gobierno del Partido Popular -fuera del sistema hace mucho frío, dijo el ministro de turno a nuestro conseller de Hacienda-; en segundo lugar, afirmo que las Illes Balears ha sido y es la comunidad más solidaria de España, aun a costa de perder
posiciones en el ranquin de renta per cápita y de tener los servicios públicos peor dotados de todo el Estado.
Señor vicepresidente, estoy seguro de que si explicamos esta situación a los miembros del Congreso, ninguno se opondrá a que aprobemos una disposición que corrija una injusticia que persiste durante décadas.
Ahora mismo está en tramitación
una modificación del Fondo de Compensación Interterritorial a propuesta de La Rioja.
Señorías, no les pido más recursos para unos millonarios que están todo el día de vacaciones bajo un cocotero, les pido más recursos para dotar unos servicios públicos que permitan atender a 170.000 personas que viven por debajo del umbral
de la pobreza, a quienes cuentan con una pensión de las más bajas de España, a un 60 por ciento de trabajadores mileuristas o a los jóvenes que han de destinar el 80 por ciento de su salario a la adquisición de una vivienda.
Señor vicepresidente, le voy a hacer una propuesta en la tramitación de los presupuestos. Le ruego que la estudie con atención y aconseje su aprobación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
En cuanto al reconocimiento de injusticia que usted plantea, al que yo no he hecho referencia, he dicho que retrotraiga usted el tema a análisis anteriores y verá que por una serie de razones históricas evidentemente la financiación per
cápita es distinta en Baleares que en otras zonas. El sistema se pactó en el año 1999, teniendo el Fondo de Suficiencia una responsabilidad fundamental en el sistema, y se calcula sobre la base de las cifras del año 1999 entre las necesidades de
financiación de cada comunidad autónoma y la valoración de los recursos de naturaleza tributaria del sistema. Por tanto, no es algo que se pueda modificar unilateralmente y solo para una comunidad autónoma. Si se plantea la revisión del sistema,
hay que hacerlo de forma global.
Entiendo su tesis de que fue una imposición, pero la realidad jurídica es que se aceptó por parte de la comunidad autónoma de Baleares, y en ese punto no podemos cambiar.
Comprendo sus preocupaciones, pero el problema de las pensiones no tiene nada que ver con este tema, como tampoco el de los mileuristas, ni siquiera el de la vivienda, por lo menos parcialmente este último en la medida en que también hay
aportaciones estatales por fuera del sistema.
Y entiendo su demanda para presupuestos. Únicamente tengo que decirle que, desgraciadamente, la Ley de presupuestos no tiene capacidad para regular temas normativos de base y vuelvo a insistir en que esta es una cuestión que habrá que
considerar cuando hablemos de la financiación de las comunidades autónomas en el futuro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D. LLUÍS BADIA I CHANCHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUE EL GOBIERNO HA INCLUIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2008 UNA
PARTIDA RELATIVA A LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES DEL BANCO DE ESPAÑA PARA SU APLICACIÓN EN LA PROVINCIA DE TARRAGONA ( S.
680/001460).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Badia. Tiene la palabra su señoría.
El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, mi pregunta, evidentemente, no se encuentra en la macroeconomía ni en los grandes datos que llevamos debatiendo a lo largo de esta mañana, pero sí en el interés de una ciudad, Tarragona, y creo que todo ello también
ayuda a acercar en todo caso las Cortes Generales a la gente.
Por otra parte, el tema que debatimos o que pretendo que debatamos ya fue objeto de contestación por su seño-
ría, aparte de que su objetivo ya fue aprobado por esta Cámara en su día.
No obstante todo lo anterior y la buena predisposición por su parte con sus palabras en esta Cámara, la realidad es que la situación sigue su ruta inalterable por
parte del Ejecutivo. El Gobierno sigue en su línea sin hacer caso a las iniciativas parlamentarias ni al acuerdo unánime de todas las opciones políticas, económicas y sociales de la ciudad de Tarragona.
En concreto, señor vicepresidente, ¿piensa el Gobierno dar salida a la reivindicación ciudadana, aparte de lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señoría.
Tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias.
Yo respeto enormemente las iniciativas de responsabilidad ciudadana, pero también respeto las leyes, y las leyes dicen que no hay donaciones sin ningún tipo de contrapartida.
Usted lo que me está planteando es qué va a suceder con el futuro del Banco de España en Tarragona, para el cual hay una demanda al ayuntamiento y una demanda a la Generalitat. Como su señoría sabe, el problema radica en dos aspectos:
primero, ahí estaba previsto instalar la subdelegación del Gobierno, y para ello se están haciendo las obras pertinentes; segundo, siempre hemos dicho que estamos dispuestos a vender con la compensación oportuna. De todo esto no se ha hablado,
aunque seguimos estando dispuestos; si se llega a un acuerdo sobre esa compensación y se resuelve el problema de la instalación de la subdelegación del Gobierno, no tengo ningún inconveniente en avanzar en esta dirección.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Badia.
El señor BADIA I CHANCHO: Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Por descontado estamos plenamente de acuerdo en que no ha de haber una donación, eso me parece que lo debatimos en su momento. Por lo tanto, esto es una obviedad.
Realmente me sorprende que no se haya hablado, cuando por parte del ayuntamiento de Tarragona, hace prácticamente tres meses, se estuvo con SEGIPSA, que es la actual propietaria del edificio, y yo creo que se avanzó. Lamento que el señor
vicepresidente me diga que no se ha hablado y espero y deseo que desde este punto de vista podamos avanzar.
Respecto a lo demás, entiendo la buena predisposición del Gobierno pero, como se ha dicho en la anterior pregunta, estamos hablando de una Ley de Presupuestos Generales del Estado, y lo que no entiendo es que se plantee lo mismo que se
planteaba en la anterior ley, cuando evidentemente existe esta vocación, tanto por parte del Ejecutivo como por parte de la Generalitat de Cataluña, del ayuntamiento de Tarragona, en esta línea.
Considero que no debe haber esta línea autista que el
señor vicepresidente me desmiente, y espero y deseo, y en esto coincido con usted, que no haya donaciones pero que sí que se avance en un tema que es una reivindicación imprescindible para la ciudad de Tarragona y nos ayude, como he dicho al
principio, a acercar los debates importantes, los debates macroeconómicos, los debates que afectan a todo el país, a la ciudadanía.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, senador Badia. Le voy a leer textualmente la nota: No hay ninguna propuesta formal para encontrar una alternativa que permita negociar con SEGIPSA una solución, teniendo en cuenta el valor del edificio que se trata. Esto
es lo que le puedo decir. A partir de ahí, si esa propuesta formal existe, evidentemente hablaremos.
Segundo elemento, mientras no exista propuesta formal, tampoco podemos dejar que el edificio se caiga. Por lo tanto, habrá que hacer las reparaciones y las obras pertinentes por si al final no hay acuerdo y tenemos enseguida que adelantar
en la otra dirección.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias señoría.
-- De D. PERE MACIAS I ARAU, del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LA POSICIÓN DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN RELACIÓN CON EL ACUERDO MARCO DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA (S.
680/001461).
El señor PRESIDENTE: Señora ministra de Fomento, debido a un pequeño problema vamos a cambiar el orden de las preguntas. Primero se le va a formular la del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y después la del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vasco.
Pregunta del senador Macias. Tiene la palabra su señoría.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.
En este caso, el problema no es nuestro y contribuimos a solucionárselo.
Señora ministra, le leeré la pregunta textualmente: ¿cuál es la posición del Ministerio de Fomento en relación con el Acuerdo Marco del Sector de la Estiba portuaria?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
La señora ministra de Fomento tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, la posición del Ministerio de Fomento en relación con el acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria es la de hacer respetar la legalidad vigente. De esta forma, cuando el 26 de julio
de 2007 se suscribió el acuerdo entre la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias, Anesco, por el lado empresarial, y los sindicatos Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Confederación Intersindical Galega y el sindicato
LAB, por parte de los trabajadores, y ante la posible falta de legitimidad de una de las partes firmantes -ya que las empresas que agrupa Anesco solo tienen contratado el 8 por ciento de los trabajadores del sector de la estiba-, así como la posible
invasión de ámbitos competenciales ajenos al servicio público básico de estiba y desestiba por los propios firmantes, Puertos del Estado solicitó dos informes jurídicos sobre la legalidad de este acuerdo. En ambos informes se concluye que este
acuerdo no se ajusta a la legalidad vigente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora ministra.
Supongo que usted no desconoce la situación de las autoridades portuarias españolas, especialmente la de las sociedades de estiba, que en estos momentos han quedado fuera de la legalidad -que usted dice hay que respetar, objetivo que
considero loable-, a partir del vencimiento de todas las prórrogas legales para poder crear las APIE, que deben sustituir a las sociedades de estiba.
A nosotros nos consta que los actuales dirigentes de Puertos del Estado y de su ministerio no ven con simpatía estas entidades. Sin embargo, tal y como usted ha dicho, hay que hacer respetar la legalidad vigente. Por lo tanto ,en caso de
que la ley obligue a la creación de estas entidades, yo no puedo comprender cómo desde Puertos del Estado se está presionando para que estas APIE no lleguen a constituirse. Lógicamente, en ausencia de este marco legal, el sector y los sindicatos,
ampliamente representativos, negociaron un acuerdo en el que, finalmente, no participó Puertos del Estado.
Por este motivo queremos manifestarle nuestra preocupación, ya que los organismos Autoridad Portuaria y Puertos del Estado no están cumpliendo la ley en estos momentos, y ya sabe usted que no cumplir la ley a sabiendas es una figura jurídica
perfectamente determinada en la cual podrían incurrir las autoridades portuarias y el propio Puertos del Estado.
Consideramos que se trata de una situación muy grave y no vemos que su ministerio esté tomando las medidas oportunas para restablecer la legalidad.
Muchas gracias, señora ministra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, las dos cuestiones a las que usted ha hecho referencia nada tienen que ver: me ha preguntado por un acuerdo y, además, ha hecho referencia a las autoridades portuarias.
Señoría, le informo de que el 20 de septiembre de 2007, los presidentes de todas las autoridades portuarias que presiden las sociedades estatales de estiba -que tienen contratado el 92 por ciento del personal del sector- han suscrito un
documento en el que manifiestan -leo literalmente-: compartir íntegramente los argumentos contenidos en la petición presentada por Puertos del Estado ante el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, esta petición es precisamente presentada ante el
Ministerio de Trabajo para hacer respetar la legislación vigente.
El 30 de junio de 2007, Puertos del Estado presentó una petición ante el Ministerio de Trabajo solicitando la no inscripción del acuerdo al que usted ha hecho referencia, por considerar que infringe la legalidad vigente y lesiona gravemente
los intereses de terceros. Pero, señorías, además de las Autoridades Portuarias, de todas, en este mismo sentido, entre agosto y octubre de 2007 han solicitado la no inscripción de este acuerdo como sujetos legitimados al amparo del artículo 90.5
del Estatuto de los Trabajadores y 161 de la Ley de Procedimiento Laboral los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, la Confederación Española de Pesca, la Empresa Operadora de Graneles concesionaria de una terminal en el puerto de Gijón, las
Autoridades Portuarias de Gijón, Bahía de Cádiz, Cartagena y Santander, y la Sociedad de Estiba de Cartagena.
Así es que, señoría, esa afirmación que usted hace de que está todo el mundo de acuerdo y nosotros, Puertos del Estado, en desacuerdo, perdone pero no se sustenta en la realidad de los hechos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-- DE DON FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS ACTUACIONES PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA RESPONDER A LAS INICIATIVAS QUE DESDE MUNICIPIOS DEL PAÍS VASCO FRANCÉS PIDEN LA
INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO DE FRANCIA CON EL OBJETIVO DE REDUCIR O LIMITAR LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE AÉREO EN EL AEROPUERTO DE SAN SEBASTIÁN, EN HONDARRIBIA (GUIPÚZCOA) (S. 680/001458).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Albistur. Tiene la palabra su señoría.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, han surgido algunos nuevos problemas derivados de las actuaciones de los municipios del País Vasco francés, apoyados por algunos colectivos de los municipios de Hondarribia e Irún, en relación precisamente con ciertas
interpretaciones de carácter jurídico del convenio firmado entre el Gobierno francés y el Gobierno español para el desarrollo del aeropuerto de Hondarribia.
Ante estos nuevos problemas que le he citado y que figuran en la pregunta, ¿cuál es precisamente la posición de su ministerio y concretamente del gestor de los aeropuertos AENA?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, como usted sabe, la operativa del aeropuerto de Hondarribia, cuyas operaciones afectan al espacio aéreo francés, tiene como marco un acuerdo firmado entre los dos gobiernos, francés y español, en marzo de 1992.
En relación con el asunto que usted me plantea, en junio de 2007 el director general de Aviación Civil francés dio traslado por carta a su homólogo español de las inquietudes de los habitantes de Hendaya y los alcaldes del País Vasco francés
por el sobrevuelo de sus localidades por aeronaves procedentes del aeropuerto de Hondarribia. El Gobierno español -que cumple, como no puede ser de otra manera, con las estipulaciones de dicho acuerdo-, concretamente el Ministerio de Fomento a
través del director general de Aviación Civil, ha manifestado por escrito a su homólogo francés en fecha mes de agosto de 2007 que las operaciones que se desarrollan en este aeropuerto respetan totalmente el acuerdo suscrito en 1992.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: En primer lugar gracias por la respuesta, señora ministra, pero lo que se deriva de las actuaciones de los representantes locales franceses es que a esa respuesta que ha dado su ministerio poco caso han hecho,
porque han contratado a una antigua ministra de Medio Ambiente, hoy día abogada en ejercicio, y a otra serie de profesionales para tratar precisamente de darle la vuelta a ese convenio aparentemente.
Usted, señora ministra, cuenta con algo que siempre ha sido solicitado por la Administración central. En estos momentos cuenta con un acuerdo del Partido Nacionalista Vasco, de Eusko Alkartasuna, del Partido Socialista de Euskadi y del
Partido Popular, precisamente en el Parlamento vasco, en el que se solicita la ampliación de la pista en las directrices que ha marcado la Diputación Foral en la pasada legislatura, reclaman que su ministerio ejecute las inversiones que ya tiene
previstas y que convoque la Comisión Intergubernamental España-Francia para revisar el convenio que ahora restringe a 24 operaciones por día el sobrevuelo del espacio aéreo francés. Además este acuerdo de la Cámara también se congratula porque se
ha creado una sociedad que demuestra el espíritu y la voluntad de desarrollo de este aeropuerto por parte de las instituciones vascas -la sociedad se llama Ortzibia-, precisamente como un instrumento fundamental tanto para el mantenimiento como para
el crecimiento de la actividad del mismo aeropuerto.
También le ha sido entregado a usted un acuerdo institucional firmado por el Gobierno vasco, la Diputación de Guipúzcoa, la Cámara de Comercio de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián, que fue consensuado el día 22 de septiembre de
este mismo año precisamente para que en torno a la sociedad Ortzibia se pueda garantizar la viabilidad del aeropuerto y que los contenidos de este acuerdo deban ser ahora tramitados también en el Congreso en una iniciativa que suman el Partido
Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi con sus representantes en el Congreso.
A nuestro modo de entender, señora ministra, nos parece particularmente importante que AENA tome cartas en el asunto y defienda en este caso...
El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya.
El señor ALBISTUR MARIN: Termino.
Decía que en este caso AENA, como responsable de la competencia, defienda las iniciativas que han sido solicitadas por la Administración central y respondidas en forma, en fondo y con prontitud por parte de las administraciones vascas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Fomento.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.
Señoría, no le quepa la menor duda de que defendemos ante todas las instancias los intereses de los ciudadanos vascos; en este caso concreto, los de los de San Sebastián. Sin embargo, hay dos asuntos distintos que aclarar: uno es la
aplicación del acuerdo de 1992 y la defensa de las rutas de acceso y salida, número de vuelos, características de las aeronaves u horarios de operaciones. Todo ello está plasmado en el acuerdo de 1992 e, independientemente de que por parte francesa
se contrate a una ex ministra de Medio Ambiente, no le quepa duda de que tenemos argumentos y profesionales que defenderán la aplicación del acuerdo.
La segunda cuestión, señorías, es la implantación de las nuevas medidas de seguridad de la OACI, que establecen que se incluya para la operación de los aeropuertos unas áreas de seguridad, que se llaman RESA, en ambos extremos de la pista de
vuelo, con objeto de ofrecer mejores condiciones de seguridad en el despegue y aterrizaje de los aviones. Esta fue una de las primeras preguntas que contesté en el Congreso -lo digo con cariño- tras asumir la
responsabilidad del ministerio. Concretamente en el aeropuerto de Hondarribia, para ampliar la pista de vuelo e incorporar estas franjas de seguridad, hay cuatro soluciones distintas: una, ampliar la pista de vuelo por el lado francés;
otra, ampliarla por el Bidasoa; otra, ampliarla por Irún; y la otra, tomar las franjas de seguridad de la misma pista de vuelo. Ampliar por el lado francés significaría modificar el acuerdo actual y, tras consultárselo al Gobierno francés,
sabemos que no lo acepta porque incrementaría el impacto acústico sobre su población y porque afectaría al medio ambiente y a la navegación, por la necesidad de ganarle terreno a la ría. La ampliación por el lado de Irún, ustedes y el Partido
Socialista pidieron que no se llevara a cabo; lo hicieron en sucesivas iniciativas, y concretamente en una proposición no de ley. En esta pidieron que se modificara el plan director que aprobó el Partido Popular, que establecía la ampliación por
el lado de Irún. Nosotros tomamos nota y así lo hicimos: revisamos el plan director en el sentido que proponían. Proponían concretamente lo siguiente: renunciar a la ampliación de la pista, mantener y acometer todas aquellas medidas dirigidas a
incrementar la seguridad y la modernización de las instalaciones. Nos instaban, pues, a que hiciéramos dos cosas: renunciar a la ampliación e incluir las medidas de seguridad. De aquí salió la cuarta alternativa: mantener la longitud actual de
la pista, no ampliarla, y cumplir la normativa de seguridad de la OACI reduciendo la configuración operativa de esa pista. Eso es lo que figura en el plan director actual. Ahora bien, cuando lo sometimos a consulta, el Gobierno vasco no contestó,
el Ayuntamiento de Irún informó favorablemente y la Diputación Foral lo hizo desfavorablemente, pidiendo la cuadratura del círculo: que no ampliáramos la pista y que estableciéramos la prolongación de la RESA.
De todas maneras, señoría, esta es la cuarta solución y está en el plan.
El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Como es natural, podemos seguir hablando de ello.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-- DE DON ARCADIO DÍAZ TEJERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, CON RESPECTO A LA CELEBRACIÓN DEL PROCESO JUDICIAL SOBRE LOS ATENTADOS OCURRIDOS EN MADRID EL
11 DE MARZO DE 2004. (S. 680/001469).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Díaz Tejera.
Tiene la palabra su señoría.
El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente. Buenos días, señor ministro y buenos días a todos los presentes.
Después de la más dura experiencia terrorista que se ha vivido en Europa, los españoles, durante los últimos tres años y siete meses y por medio de nuestras instituciones y de nuestros servidores públicos, hemos realizado un arduo trabajo.
Y lo hemos hecho con tribunales civiles, y no militares; con prisiones acordes con el Estado de derecho; sin torturas ni uso de instrumentos como el waterboarding, que consiste en meter la cabeza de una persona en el agua para asfixiarla. Sin
supresión del habeas corpus y sin menoscabo alguno de las garantías constitucionales, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, los servidores de la Guardia Civil, los fiscales y los jueces, todos han hecho su trabajo de manera ejemplar y, en
721 páginas, se produjo una sentencia el 31 de octubre. Al margen de delirios paranoides, o de un diabólico sostenella y no enmendalla, o al margen de la prístina claridad con la que se expresan los magistrados en la sentencia, se ha hecho
justicia. Se establece qué pasó, cuándo pasó, cómo se hizo y sobre todo quién es el que lo hizo, cuáles son sus autores y cuáles son sus cómplices. Se despejan dudas y se establecen criterios para reparar a las víctimas -192 muertos y 1.856
heridos-, que requieren y necesitan todo nuestro cariño.
A lo largo de este tiempo, con la solvencia y el rigor de esta sentencia, se establece el cierre de una etapa, una sentencia, señor ministro, que no es firme, esperaremos a que la última palabra la diga el Tribunal Supremo, pero mientras
tanto la justicia ha hablado, se ha hecho justicia, hay una sentencia que despeja cualquier otra consideración, al margen de los hechos probados que están en los fundamentos de esa sentencia.
Y es a partir de ahí cuando no ya en calidad de fiscal -yo tampoco le pregunto en ninguna otra calidad-, sino de ministro de Justicia de España, representando al Gobierno de España en este momento, le pregunto: ¿qué valoración hace el señor
ministro de Justicia de España acerca de este proceso judicial, de esta sentencia y del ejemplo que España ha dado al mundo al haber trabajado y evaluado todo esto sin merma alguna de las garantías establecidas en un Estado de derecho? No se puede
decir lo mismo de otros países, sí se puede decir con respecto a España. De ahí, señor ministro, la pregunta que le formulo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Señor presidente, señoría, en la primera manifestación acerca de la sentencia del 11-M usted realiza una reflexión de fondo en torno a la respuesta del Estado de derecho ante los hechos más
graves que había conocido este país en el ámbito terrorista. La experiencia de este país ha podido ser visualizada con la gran categoría de la
respuesta ciudadana, que ha sabido distinguir lo que son unos fundamentalistas radicales, que violan su propia religión, y lo que son la gente normal, que tiene una religión; el enorme respeto de todos hacia las instituciones que han
dictado esa resolución, que han funcionado magníficamente, y el enorme respeto hacia las víctimas, que son, en definitiva, a quienes iba dirigido todo ese esfuerzo.
No haré valoraciones en torno a la sentencia, que están en la mente de todos, pero sí en cuanto a que desde la responsabilidad que usted me pregunta como ministro de Justicia eso ha sido posible ante uno de los grandes retos que ha sido
ejemplo para el mundo: un procedimiento enormemente complejo, con más de 100.000 folios, casi 4.000 piezas separadas, en que hemos tenido que dilucidar en unos cuantos meses de sesiones muchas cosas.
Empezó todo con la creación de una unidad de apoyo a las víctimas en el Juzgado Central de Instrucción para que se sintieran desde el primer minuto con el calor que hacía falta por parte de las instituciones, preparando las defensas y las
representaciones gratuitas. Todo dinero es poco para que en un Estado de derecho se tenga una defensa digna, y así se hicieron convenios con todos los colegios para que eso funcionase; que no faltaran nunca los funcionarios de mañana y tarde, y se
consiguió mediante los planes preceptivos, y que hubiera intérpretes en todo momento no fue fácil pero los hubo y también en las prisiones.
Ha sido el primer juicio celebrado en soporte telemático. Comenzamos el camino del abandono del papel. Un ejemplo, no se quiso quitar el papel a mitad de proceso, como se nos pidió, por pura prudencia, pero todo el proceso ha estado en
soporte telemático. Hubo que adaptar la sala, que ya conocemos, acondicionando y ampliando, pero todos pudieron ver por televisión el alarde de medios técnicos durante la vista: cabinas de traducción simultánea, videoconferencias, pantallas
gigantes para el seguimiento, sistema de discusión con 48 micrófonos, cámaras de proyección de documentos en techo o sistemas de grabación de vistas con sistema de control de corte de video y audio por parte del tribunal, que a su vez suministraba
un DVD al final de las sesiones a defensas, acusaciones y ministerio público.
La sala contaba además con una sala de prensa extra, con sistemas de conexión, de prensa y televisión para 60 puestos, todo un alarde, como el alarde de seguridad, donde ha habido un circuito cerrado de televisión interior y exterior, arco
detector de metales, como es lógico, pero también escáner en la entrada principal, sistemas antiintrusión, formado por sensores de infrarrojos y contactos magnéticos, y un sistema de detección de incendios, todo funcionando a satisfacción. De todo
esto ha sabido la prensa internacional y el mundo entero, que nos ha felicitado.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Concluyo, señor presidente.
He tenido la oportunidad de recibir felicitaciones por lo que ha sido un ejemplo al mundo, el Estado de derecho funciona cuando se ponen medios, y aquí se pusieron adecuadamente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE DON MARCOS FRANCISCO HERNÁNDEZ GUILLÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL BALANCE DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DEL CONSEJO DE EUROPA CELEBRADA EL PASADO 25 DE OCTUBRE EN LANZAROTE (LAS PALMAS) (S. 680/001470).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Hernández.
Tiene la palabra su señoría.
El señor HERNÁNDEZ GUILLÉN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Justicia, los pasados 25 y 26 de octubre se reunieron en la isla de Lanzarote los ministros de Justicia europeos, miembros del Consejo de Europa. El objetivo planteado inicialmente por ese encuentro era estudiar, promover
y desarrollar una iniciativa común que permita mejorar el acceso a la Justicia de los grupos de población vulnerables.
Por un lado, los inmigrantes y demandantes de asilo, y, por otro, los menores.
Respecto a los inmigrantes y demandantes de asilo, como conoce perfectamente el señor ministro, constituye para Europa un desafío sin precedentes, lo que implica a la vez tensiones y la búsqueda de soluciones. La conferencia se planteó
tratar el tema del acceso a la Justicia de los inmigrantes y demandantes de asilo que necesitan una protección específica y que deben poder ejercer sus derechos fundamentales como cualquier otra persona, independientemente de su nacionalidad o de su
estatus.
El otro gran tema de la conferencia, señor ministro, se centró en el acceso de los niños a la Justicia, especialmente de los menores en conflicto con la ley y la adaptación de los sistemas judiciales a los niños y las modalidades de acceso
que les afecta, teniendo en cuenta, entre otras exigencias, la Convención de las Naciones Unidas relativa a los derechos del niño, la Convención Europea de los Derechos del Hombre y las medidas previstas por la Convención Europea sobre el ejercicio
de los derechos del niño y la Convención del Consejo de Europa sobre la protección de los niños contra la explotación y los abusos sexuales.
Estoy convencido de que esta XXVIII Conferencia ha supuesto una buena ocasión para debatir estos problemas y para identificar los ámbitos en los que se requieren esfuerzos importantes para garantizar a los grupos vulnerables un acceso
efectivo a la Justicia, pero quiero que sea usted, señor ministro, quien nos haga un balance de esa Conferencia de ministros de Justicia celebrada en mi isla de Lanzarote.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Gracias, señor presidente.
Señoría, estos días pasados he tenido el privilegio, efectivamente, de presidir la XXVIII Conferencia de Ministros del Consejo de Europa.
Presidí a los 47 países que ahí concurrieron, los miembros del Consejo, y tuvimos la oportunidad de
trabajar intensamente sobre un documento que había elaborado el Gobierno de España, el Ministerio de Justicia, acerca de la necesidad de profundizar en los derechos de acceso a la Justicia de quienes vienen al primer mundo huyendo del infierno en
que viven y buscando un vida mejor. Todos éramos conscientes del gran reto de ese primer mundo que genera la injusticia allí donde estas personas viven, y, por tanto, ese impulso irrefrenable que lleva a algunos a arriesgar sus vidas para llegar
ante nosotros.
El objeto de la conferencia era evaluar la situación en el ámbito de los países allí representados del real acceso a la Justicia de estas personas que llegan. España había elaborado ese documento, que fue objeto de discusión, y en las
sesiones de trabajo, fructíferas, sin duda, llegamos a conclusiones en forma de resoluciones que se sintetizan bien.
Es necesario profundizar en el acceso a la información de quienes llegan para que puedan utilizar los recursos ante la Justicia que los ordenamientos de todos nuestros países reconocen, pero también adaptar los sistemas jurídicos de todos
los países allí representados para que exista realmente un derecho de acceso y, por tanto, la posibilidad del que llega de reivindicar lo que es su derecho.
Mientras estábamos reunidos asistimos a uno más de los episodios que acaecen frecuentemente, precisamente en Canarias. El lugar de la conferencia no era casual, era la frontera de Europa con África, y ocurrió algo que, desgraciadamente,
sucede con mucha frecuencia. Se recuperó por un barco español un cayuco con un superviviente y siete cadáveres; el resto, hasta 50, habían sido arrojados al mar. La conferencia tomó buena nota, y yo tuve ocasión de explicarles bien dónde
estábamos, qué significaba ser la frontera de Europa y qué significaba estar en África, en sus países, sin posibilidad alguna de supervivencia, arriesgando sus vidas y perdiéndola para acceder a nuestro mundo. Nos interesó especialmente que durante
esa sesión se adoptara una resolución no solo de pesar sino de convicción de que solo trabajando desde el primer mundo para arreglar los problemas del tercer y del cuarto tendríamos la oportunidad de echar una mano, de ayudar y de hacer justicia e
igualdad a quienes no llegan a nuestras costas. El objeto de la conferencia era que los que llegan puedan acceder a la Justicia. De repente la conferencia viró, y se dieron cuenta de que el verdadero drama, la tragedia está en el agua, en el mar,
y en los que ni siquiera llegan.
Creo que los representantes de todo el mundo allí presentes salieron mucho mejor informados sobre lo que significa la enorme desigualdad.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, termine, por favor.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Termino diciendo, señor presidente, que salieron con la convicción de que ser la frontera de Europa es un problema, pero que el verdadero problema está allí donde nosotros, el primer mundo,
generamos las condiciones de desigualdad que provocan esa situación.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE DON JOSÉ IRIBAS SÁNCHEZ DE BOADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO QUE EL ACTUAL SISTEMA DE ACCESO A LAS CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL DEBE MODIFICARSE (S.680/001476).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Iribas, que tiene la palabra.
El señor IRIBAS SÁNCHEZ DE BOADO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, permítame formularle esta pregunta en los términos en los que figura en el orden del día, una pregunta referida, obviamente, a su reciente propuesta de acceso a las carreras judicial y fiscal sin pruebas de oposición y
mediante lo que usted ha denominado la pesca de los mejores expedientes de las universidades públicas a los que luego -eso sí- formarán ustedes en valores, en práctica y sobre todo en vida.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Gracias, señor presidente.
Señoría, efectivamente andamos a la búsqueda de soluciones a un problema que tiene nombre y apellidos: el sistema de oposiciones está padeciendo la ausencia de candidatos, una ausencia que, como su señoría sabe, se traduce ya en la pérdida
de un tercio de firmantes de las oposiciones a jueces y fiscales entre los años 2000 y 2006.
Hay que indagar otras vías que se parezcan a las que existen en el ámbito occidental, y entre esas vías está la de que los mejores expedientes, con la intervención de las escuelas judiciales en los últimos años de facultad o en posgrado -y
esto es lo que hay que debatir-, tengan la oportunidad de ingresar en una escuela para recibir una formación de cuatro o cinco años con exámenes anuales para llegar a aprovechar la excelencia jurídica de los mejores y formarles como los mejores
jueces y fiscales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el senador Iribas.
El señor IRIBAS SÁNCHEZ DE BOADO: Señor Bermejo, usted sabe tan bien como yo que la oposición fue una conquista de las clases populares frente a las arbitrariedades de los poderosos. Y tenía que llegar un ministro socialista, tenía que
llegar usted para llevar al ministerio, no a promover la igualdad de oportunidades para todos y bajo el mismo rasero, ni a promover el progreso de la formación jurídica, sino para entregarlo a la lógica del mercado de la trucha en ríos bien
concretos.
Se trata de ir como uno más a un mercado en el que, como han denunciado los sectores profesionales y sociales afectados, como el Consejo General del Poder Judicial, jueces, decanos, asociaciones, opositores, estudiantes, etcétera, lo máximo
que usted pretende es -siguiendo con su metáfora- arrimar el ascua a su sardina; crear un coladero en el caladero con indudables intereses clientelistas; manejar el acceso a la carrera -eso sí- con adoctrinamiento y sin oposiciones, todo ello con
una visión injusta y deplorable por su parte de opositores y compañeros de carrera.
¿No se han formado en valores, están aislados de la realidad, no saben lo que es la tensión en el trabajo? Y a ello nos añade a modo de excusa lo de que no hay suficientes opositores. ¿En el ámbito jurídico? Pues es donde más hay, señor
ministro. Por cierto, ahora se presentan 18 opositores por plaza convocada y cuando usted opositó solo concurrían 8 opositores por plaza.
Y con la excusa de que hay pocos opositores abre usted otra vía, que ¿aplicarán, por cierto, en toda la función pública?: la pesca selectiva y discriminatoria; solo los licenciados de las universidades públicas.
Responda, señor ministro,
¿es que los títulos expedidos en las otras universidades homologadas no son oficiales?, ¿por qué las autorizan entonces? ¿Acaso no dan el nivel?, ¿entonces por qué homologan dichos títulos? Discriminación de alumnos y universidades, sectarismo e
inconstitucionalidad, ¿y a usted qué le importa si solo es el ministro de Justicia?
Dice, además, que cada vez que hace una declaración, no la arma usted, sino que se arma. La culpa siempre es de los demás, señor ministro, y hoy verá cómo será mía. Quizá sería más fácil que no la armara, evitaría que su Gobierno y su
partido le desautorizaran si tuviéramos un responsable político que hiciera honor a su condición de tal con propuestas razonables, meditadas, sopesadas, dialogadas, contrastadas con los sectores afectados y explicando qué va a ganar con el cambio la
sociedad, que no el partido.
Pero a usted, señor ministro, le gusta barrer para casa y armarla, ir de bronca polemizando y cascando por sistema, tratando de hacer méritos larga que te larga. Señor ministro Bermejo: en freno a su incontinencia, aplíquese un viejo dicho
que va cargado de ciencia; es un dicho popular no solo para pescar y es magnífica receta: Por la boca muere el pez, que eso sí que acaba en «z». Y se lo digo en rima, que tanto le gusta, señor ministro, y le animo a dedicarse a la poesía, pues
hará un gran favor a la Justicia; pero si prefiere el teatro...: haga, ya, mutis por el foro.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Gracias, señor presidente.
Señoría, no está mal que dediquen algún tiempo a la poesía en vez de a la acritud, a la bronca y al insulto. Me agrada. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) A ustedes no se les ha ocurrido pensar que la pérdida de
un tercio de candidatos en las oposiciones ha tenido una traducción en los dos últimos años: en 2005 ya quedaron 17 plazas vacantes; en 2006, 43; y en las actuales van a quedar bastantes más. ¿Sabe qué significa eso? Que no vamos a poder cubrir
con el resultado de las oposiciones las vacantes que tenemos.
Comprendo que ustedes, que prácticamente han tenido congelada la creación de plazas en el ámbito de la carrera, como congelaron las de las fuerzas de seguridad y todo lo que huele a público, porque les produce alergia, no hayan sentido la
necesidad de crear plazas de otro modo. Les da igual que se caigan. No importa. Pues se lo voy a explicar. Las 1.100 plazas de jueces y fiscales que hemos creado en cuatro años necesitan verse duplicadas en los próximos. ¿Y saben qué vamos a
hacer para que eso ocurra? Pues cosas tan frivolonas, según su criterio, como las que hacen Francia, Holanda o Alemania, país este último donde, como saben, la selección y formación corre a cuenta de la Universidad; bueno, no lo sabe, pero yo se
lo digo.
Señoría, ustedes están en aquello de: Qué buenas son las oposiciones. Y yo también. Pero cuando las oposiciones no son suficientes hace falta complementar, y vamos a hacerlo. ¿Sabe para qué? Para tener todos los jueces y fiscales que
necesitamos. ¿Y sabe por qué? Porque necesitamos una Justicia completa y fuerte al servicio del débil. Como pensamos en el débil, queremos tener otros 1.100 jueces y fiscales en la próxima legislatura. Ya sé que a ustedes eso no les ha importado
mucho y que indagar otras fórmulas les produce también alergia alergia. Que inventen ellos; la España del que inventen ellos. Pues no; vamos a inventar aquí la España del progreso, y no la atávica que usted representa, señoría.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE DON JOSÉ VALÍN ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ADOPTAR MEDIDAS DE DEFENSA DEL SECTOR GANADERO ESPAÑOL PARA EVITAR SU RUINA ANTE EL ENCARECIMIENTO DE LOS PIENSOS (S. 680/001473).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Valín.
Tiene la palabra su señoría.
El señor VALÍN ALONSO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, como usted sabe, los altos precios del cereal y, por tanto, de los piensos están afectando de forma dramática a las explotaciones ganaderas, provocando la ruina de buena parte de ellas.
¿Podría informarme sobre qué planes o medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para paliar o arrostrar esta situación?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
Señoría, hace menos de un mes informé en el Pleno de esta Cámara de las medidas que estábamos adoptando para tratar de paliar el aumento de los precios de los cereales y de las materias primas destinadas a la alimentación animal, precios que
se han incrementado por los motivos que ya expliqué. Pero me gustaría hoy informar que desde octubre se ha producido un cambio en la tendencia y últimamente las bajadas de precios están resultando en algunos casos significativas; estos descensos
están paliando las tensiones existentes entre oferta y demanda. Además, quiero añadir que las medidas propuestas por España ante la Unión Europea están dando sus resultados.
En cuanto al ámbito por el que me ha preguntado, he de decirle que el ministerio viene realizando un seguimiento de la situación y evaluación de los mercados ganaderos a través de convocatorias periódicas de las correspondientes mesas
sectoriales y está adoptando medidas coordinadas con las comunidades autónomas, que no tengo ningún inconveniente en detallarle.
El señor PRESIDENTE. Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra su señoría.
El señor VALÍN ALONSO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, su respuesta es lo que ya sabíamos, ya que es una respuesta relativamente inconcreta y se refiere a un paquete de medidas insuficiente, y creo que deja muy preocupada a esta Cámara porque la situación no es que siga siendo
grave, sino que es gravísima.
Como usted conoce, los ganaderos de porcino, los de ovino de carne y leche y los de vacuno de carne no han podido trasladar a sus precios de venta el sobrecoste de los piensos y no pueden esperar a la campaña siguiente.
Sé que la subida de los precios de los cereales no es culpa suya, sino, evidentemente, de los imponderables del sector, pero sí puede ser culpa suya quedarse cruzada de brazos esperando al final de la legislatura y que se resuelvan sus
problemas, porque si no se adoptan las medidas necesarias su Gobierno se puede llevar por delante el mayor logro de la agricultura española en los últimos treinta años: disponer de una cabaña ganadera con la que ha sido posible pasar de una
situación de insuficiencia a una de exportación en el mercado de carnes.
Señora ministra, con usted se puede cumplir la paradoja de conseguir en el IPC una escalada de precios de los productos agrarios nunca vista en la cesta de la compra, lo que sin lugar a dudas le estará suponiendo una bronca más o menos
semanal de su presidente de Gobierno, o al menos del vicepresidente económico -hoy se ha debatido aquí sobre ese asunto-, y que al mismo tiempo que sube la cesta de la compra estén arruinando una parte muy importante de los productores agrarios:
los ganaderos.
Su situación no es envidiable, señora ministra, está usted teniendo mala suerte. Pero, créame, la situación es tan dramática que puede usted contar, además de con el sector, con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular para debatir,
elaborar y poner en marcha un plan urgente, inmediato, que evite tirar por la borda el esfuerzo de tantos años y, lo que es más grave, que evite dejar sin futuro a muchas familias de nuestro mundo rural.
Haga algo, señora ministra, no se quede de brazos cruzados, y hágalo pronto o le va a sobrar a usted la Ley de Desarrollo Rural, porque buena parte de nuestro mundo rural, el ganadero, habrá desaparecido; y suma y sigue con el tabaco, el
algodón, etcétera.
Créame, tiene usted mi apoyo y el de mi grupo parlamentario, además de el del sector, para evitar el desastre y que pueda pasar a la historia como la ministra liquidadora de buena parte del sector agrario español, el ganadero en este caso.
Arrostre usted con confianza, pero con rapidez, su responsabilidad. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.
Señor Valín, este Gobierno no se cruza de brazos. Le voy a decir lo que ya hemos puesto en marcha, pero antes tendría que reflexionar sobre lo que usted ha dicho en esta Cámara.
Usted fue responsable en Castilla y León, y desde 1997 a 2007 el número de agricultores en su comunidad autónoma ha descendido en más del 30 por ciento, si atendemos al último censo de cámaras agrarias provinciales.
Por tanto, no dé
ejemplos aquí de lo que no debe ser, y mucho menos diga que se ha preocupado. Desde luego, su comunidad no ha sido precisamente la que se molestó en luchar por lo primero que hay que tener, que es una ganadería saneada; y piense lo que pasó en su
comunidad con la brucelosis.
Y paso ya a hablar de lo que llevamos haciendo. En cuanto al sector porcino, se analizó la situación del merca-
do y las diferentes posibilidades de adoptar medidas en el marco comunitario. Y quiero señalar que el 18 de octubre se aprobó la apertura de ayudas al almacenamiento privado de carne de porcino. La presentación de solicitudes se inició la
semana pasada, y se han suscrito contratos por 3.074 toneladas.
En octubre también se mantuvo una reunión con el sector cunícola, en la que además de analizar los problemas estructurales del sector se avanzó en el diseño de actuaciones específicas para afrontar la situación actual: promoción, lucha
contra la mixomatosis, o normativa para el eviscerado. También durante este mes nos hemos reunido con el sector avícola, que se ha visto afectado por la evolución del precio de los cereales, aunque su situación no es tan preocupante como la de
otros sectores.
En cuanto al sector ovino, además de la compensación de seis euros por cabeza para paliar la pérdida de valor en las explotaciones afectadas por la enfermedad de lengua azul, hemos mantenido varias reuniones con el sector, vamos a adelantar
la paga de la prima del ovino y caprino, y vamos a asignar más de 500.000 derechos de producción procedentes de la reserva nacional.
Otras actuaciones con respecto al sector ovino se han incluido en un plan de acción, y han sido presentadas al sector y a las comunidades autónomas. Además, también quiero señalar que cumpliremos con esta Cámara entregando todos los planes
como está previsto.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-- DE DON JUAN JOSÉ PALACIOS ROJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS ACCIONES PREVISTAS POR EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO PARA SOLUCIONAR LAS NECESIDADES DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD (S.
680/001466).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Palacios.
Tiene la palabra su señoría.
El señor PALACIOS ROJO: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor ministro. El Grupo Parlamentario Socialista le da nuevamente la bienvenida a esta Cámara.
Señor ministro, permítame unas consideraciones previas que justifican plenamente la pregunta que formularé a continuación.
Actualmente, la asistencia sanitaria es competencia plena de las comunidades autónomas, incluida, como no puede ser de otra manera, la política del personal sanitario empleado, tanto en número absoluto como en las diferentes tasas
específicas por especialidades, influenciándose estas por variables como son, fundamentalmente, la dispersión geográfica o la estructura poblacional.
En los últimos años también hemos tenido conocimiento de alguna dificultad en diversas autonomías en cuanto a las necesidades de personal sanitario, fundamentalmente en algunas especialidades, como anestesia, radiología, medicina de familia
o personal de enfermería. Conviene recordar que el período medio de formación del personal médico es de unos diez años, y del personal de enfermería, de cuatro años.
Otro dato a tener en cuenta es que en la década de los setenta y hasta mediados de los ochenta se incorporó un gran número de personal sanitario al Sistema Nacional de Salud, por lo cual durante los próximos años la tasa de reemplazamiento
de dicho personal será alta.
Fundamentalmente por estas tres razones, a mi grupo parlamentario le preocupa la situación, y le preguntamos sobre las medidas que se están tomando o impulsando desde su ministerio sobre las necesidades de personal sanitario en el Sistema
Nacional de Salud.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Soria Escoms): Gracias, señor presidente.
Señoría, el pasado 7 de marzo fueron presentados en el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud las conclusiones del estudio sobre necesidades de especialistas, encargado, una vez más, por el Ministerio de
Sanidad y Consumo. En ellas se señalaba que España tiene un número de profesionales, en relación con su población, superior a la media europea, si bien el Sistema Nacional de Salud presenta un déficit selectivo en algunas especialidades y en
algunas comunidades autónomas. Sobre la base de este estudio se plantearon una serie de medidas, entre las que me gustaría destacar las siguientes. Nos hemos propuesto lograr una mayor coordinación de la oferta docente anual, a cuyo efecto se han
mantenido diversas reuniones con las comunidades autónomas. Así, hemos solicitado a las comunidades información sobre su demanda de especialistas en función del incremento poblacional, la apertura de centros o la organización de servicios.
Tenemos
previsto aumentar la acreditación de las unidades docentes de las especialidades más demandadas hasta el año 2010. Vamos a mejorar los procesos de incorporación de los profesionales sanitarios extranjeros con garantías suficientes de calidad, para
lo que se va a modificar y agilizar el proceso de homologación de títulos extranjeros de los profesionales sanitarios. Vamos a llevar a cabo el desarrollo de la troncalidad, así como la creación de un registro de profesionales sanitarios, y con
este fin ha sido aprobado el Real Decreto 1269/2007, de 21 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas para la implantación de dichos registros. Por último, hemos propuesto una planificación
de la oferta de plazas en las facultades de Medicina al objeto de hacer frente a futuros déficits.
En resumen, señoría, hemos adoptado el firme compromiso de impulsar las actuaciones necesarias para asegurar una mejor planificación y coordinación en materia de
recursos humanos, manteniendo los criterios de calidad en la formación de nuestros profesionales sanitarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE DON JOAQUÍN ANTONIO BELLÓN MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PERSPECTIVAS DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO CON RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA NAOS PARA LA NUTRICIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y PREVENCIÓN DE
LA OBESIDAD (S. 680/001467).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Bellón.
Tiene la palabra su señoría.
El señor BELLÓN MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señor ministro.
El cambio que se ha producido en nuestra sociedad durante las últimas décadas en los estilos de vida ha dado lugar a un nuevo patrón de enfermedades que son las principales causantes de la morbilidad y mortalidad que actualmente padece
nuestra ciudadanía.
Uno de los cambios más significativos ha sido el que se ha producido en los hábitos alimentarios. La amplísima incorporación de la mujer al mundo laboral, la disminución del consumo de alimentos tradicionales, los nuevos modos de relación
laboral, el aumento del sedentarismo y otro número de variables importantes han hecho que en poco menos de dos décadas el patrón antropomórfico de nuestra ciudadanía, por lo que respecta al peso, haya cambiado significativamente, pasando a ser
España uno de los países de Europa con la prevalencia más alta de sobrepeso y obesidad.
Los datos empíricos de que disponemos establecen que la obesidad es uno de los factores determinantes, junto con la hipertensión y la hipercolesterolemia, en la conformación de ese nuevo patrón de enfermedades emergentes. El aumento del
sobrepeso y la obesidad en el ámbito occidental es tan preocupante que la Organización Mundial de la Salud ha dedicado estrategias específicas para combatir el aumento de su prevalencia y ha definido la obesidad como la epidemia del siglo XXI.
Países como el Reino Unido o los Estados Unidos han incorporado a sus agendas sanitarias acciones de alto nivel dirigidas a la lucha contra este problema emergente de salud pública.
En nuestro país, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, sensible a los problemas que afectan a la salud de la población, y aceptando el reto lanzado en mayo de 2004 por la 57 Asamblea Mundial de la Salud, en la que se aprobó
la estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, puso en marcha la llamada Estrategia NAOS a principios del año 2005. Se trata de una estrategia para la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad cuya meta
fundamental es fomentar una alimentación saludable y promover la actividad física para invertir la tendencia ascendente de la prevalencia de la obesidad, y con ello reducir sustancialmente la morbilidad y mortalidad atribuible a las enfermedades
crónicas.
Por otra parte, en esta Cámara, atenta entre sus funciones, a tomar el pulso a la realidad social, se ha cumplido con el mandato popular llevando a cabo distintas actividades parlamentarias al respecto, como, entre otras, la Ponencia para el
estudio de la obesidad infantil y juvenil en España, en la que la mayoría de los comparecientes reconocieron la oportunidad y pertinencia de una acción en salud pública como la Estrategia NAOS para luchar contra la obesidad.
Señor ministro, desde el Grupo Parlamentario Socialista le preguntamos: ¿cuáles son las perspectivas de su departamento con respecto a la aplicación de la Estrategia NAOS?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Soria Escoms): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como usted sabe, en febrero de 2005 el Ministerio de Sanidad y Consumo puso en marcha la Estrategia NAOS para impulsar todo tipo de iniciativas a favor de una alimentación saludable y contra el sedentarismo, especialmente en niños y
jóvenes. Con el fin de sensibilizar e informar a la población, hemos editado y distribuido más de 130.000 ejemplares del manual La Alimentación de tus niños. Y hemos difundido en todos los medios de comunicación en 2006 y 2007, con un coste anual
de dos millones de euros, la campaña Despierta, desayuna , con esta orientación.
En el ámbito escolar hemos puesto en marcha, junto con el Ministerio de Educación y Ciencia, el Programa Perseo, que está ahora iniciándose y que afecta a más de 14.000 alumnos de las seis comunidades autónomas con mayor prevalencia de
obesidad infantil, con la participación de 67 centros escolares y otros 67 centros de atención primaria. Para 2008 hemos previsto una dotación de 600.000 euros. Igualmente, estamos colaborando con la industria alimentaria para reducir de manera
progresiva el contenido de sal, azúcares y grasas en sus productos.
Por otra parte, la aplicación del Código PAOS de autorregulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a menores, suscrito por las 37 mayores empresas alimentarias de nuestro país, está contribuyendo a favorecer que los niños
reciban más información sobre alimentos saludables. Asimismo, le anuncio que ya está en funcionamiento el Observatorio de la Obesidad para cuantificar y analizar periódicamente su prevalencia en España, sus causas, efectos y características.
Además, durante los días 3 y 4 de octubre se han reunido en Madrid los expertos de la Organización Mundial de la Salud de la Comisión Europea y de 13 países para revisar experiencias e identificar y priorizar actuaciones.
En definitiva, señorías, el balance debe juzgarse muy positivo. España es uno de los países pioneros en el desarrollo de actuaciones que fomentan la información, educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutrición, y en especial
en la prevención de la obesidad. Creo que desde su puesta en marcha la Estrategia NAOS se ha afianzado en nuestro país.
Afortunadamente, hemos contado con el respaldo y la colaboración de la comunidad científica, de otras administraciones
públicas, universidades, escuelas, empresas y colectivos ciudadanos, a los que agradezco su compromiso.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE DON IGNACIO BURGOS PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI TIENE INTENCIÓN EL GOBIERNO DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LA PONENCIA DE ESTUDIO ENCARGADA DE ANALIZAR LA ESPECIAL SITUACIÓN DE LOS
PACIENTES CON ENFERMEDADES RARAS (S. 680/001472).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Burgos.
Tiene la palabra su señoría.
El señor BURGOS PÉREZ: Gracias, señor presidente.
¿Tiene intención el Gobierno de atender las recomendaciones contenidas en el informe de la Ponencia encargada de analizar la especial situación de los pacientes con enfermedades raras?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Soria Escoms): Gracias, señor presidente.
Señoría, el Ministerio de Sanidad y Consumo está ya realizando muchas de las recomendaciones contenidas en la Ponencia de estudio encargada de analizar la especial situación de los pacientes con enfermedades raras.
Nuestro compromiso está
dirigido a agilizar el rápido acceso de los afectados por estas enfermedades a los últimos avances y tratamientos, a impulsar la investigación en este campo, a mejorar la formación e información de los profesionales sanitarios sobre enfermedades
raras y a garantizar a los afectados la equidad en el acceso a una atención de calidad.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el senador Burgos.
El señor BURGOS PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
El día 23 de febrero de este año el Pleno de esta Cámara aprobó por unanimidad el informe de la Ponencia para analizar la especial de la situación de los pacientes con enfermedades raras como muestra de un compromiso, no solamente político,
sino también de solidaridad para la equidad de estos pacientes en la atención a sus necesidades.
La pregunta, señor ministro, es si el Gobierno piensa atender esas recomendaciones. Le ruego me conteste si las piensa atender o no. Han pasado ocho meses, y la pregunta se la he formulado al Gobierno. El informe contiene 68
recomendaciones, no solamente sobre el ámbito sanitario sino también sobre el laboral, el de los servicios sociales, el de la educación, el de la sensibilización y el del apoyo al asociacionismo. Dos aspectos son fundamentales para la puesta en
marcha de las recomendaciones de dicho informe y para subvenir a las necesidades de los pacientes con enfermedades raras. Uno es la creación de un plan de acción, y el otro es la creación de un organismo estatal de enfermedades raras. Ambos
aspectos se consideran por la ponencia y por la unanimidad de esta Cámara imprescindibles para atender las necesidades de estos pacientes.
Señor ministro, usted no es solamente el ministro de Sanidad sino el representante del Gobierno al que le he planteado esta pregunta. Le ruego me conteste taxativamente si el Gobierno piensa atender las recomendaciones de ese informe y
cuáles son las medidas que se piensan llevar a cabo. Podrá contar no solo con el apoyo de nuestro grupo parlamentario sino con el de toda la Cámara, que se ha manifestado reiteradamente con solidaridad, convencimiento e incluso yo le diría que con
entusiasmo y afectividad ante las necesidades de estos pacientes.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador.
Tiene la palabra el señor ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Soria Escoms): Gracias, señor presidente,
Señoría, efectivamente, las enfermedades raras, llamadas así por su baja prevalencia, lo que hace que no haya un interés directo por parte de la industria farmacéutica por ellas, reúnen más de 8.000 ó 9.000 patologías que afectan
aproximadamente a tres millones de ciudadanos, y constituyen un compromiso de este Gobierno. La Ley de dependencia está dirigida precisamente a los aspectos sociales. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales está atendiendo las actuaciones a que
usted se refería, señoría, pero me he centrado en las actuaciones sanitarias porque son competencia de mi ministerio, al que usted dirige la pregunta.
El compromiso que he expresado y que tiene que ver no solamente con la asistencia sanitaria, con cuidados y con investigación, se está manifestando y reflejando ya en la práctica, y sin lugar a dudas en el programa de ayudas para el fomento
de la investigación independiente de la industria farmacéutica, que intenta resolver precisamente la situación de estas enfermedades. Se ha dotado, y se acaba de hacer pública la financiación de 20 millones de euros de ayudas que ya han sido
adjudicadas. Por ejemplo, uno
de los proyectos que recibirá una de las mayores aportaciones de la convocatoria, con más de 720.000 euros, es el presentado por la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital 12 de Octubre de Madrid y que afecta a los pacientes con
síndrome de Marfan. También para afectados por el síndrome de Williams se recibirán más de 322.000 euros en una investigación que se coordinará desde la Fundación de la Vall d'Hebron de Cataluña. Un ensayo clínico de la Fundación Puigvert se
dedicará a estudiar la eficacia y seguridad de la rapamicina en los angiomiolipomas en pacientes con esclerosis tuberosa, y está dotado con más de 400.000 euros. También se financiarán otras actividades, como, por ejemplo, la efectividad del
tratamiento dietético con trieptanolina en pacientes con defectos de la betaoxidación de los ácidos grasos de cadena larga, el ensayo de la eritropoyetina recombinante humana en pacientes con ataxia de Friedreich, que se realizará en el Hospital La
Paz de Madrid, o el proyecto del Hospital Miguel Servet de Zaragoza sobre la enfermedad de Gaucher.
Asimismo, y para atender a su pregunta, le adelanto que el ministerio está a punto de publicar dos vías de actuación para pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y epidermiolisis bullosa, que mejorarán la formación e información de
profesionales sanitarios y afectados por estas enfermedades, siempre siguiendo las recomendaciones de esta Cámara, con la que queremos colaborar en la búsqueda de una solución.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE DOÑA MARÍA ASSUMPTA BAIG I TORRAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LOS PROGRAMAS QUE IMPULSARÁ EL GOBIERNO PARA DISMINUIR EL NÚMERO DE EMBARAZOS NO DESEADOS EN ADOLESCENTES QUE HAN COMPORTADO UN INCREMENTO DEL
NÚMERO DE ABORTOS (S.680/001479).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Baig.
Tiene la palabra su señoría.
La señora BAIG I TORRAS: Bon dia, senyor ministre.
En el periodo 1995-2005 en España las tasas de fecundidad entre las chicas adolescentes, entre 15 y 19 años, han pasado de 7,77 por mil al inicio del periodo a ser de 11,59 por mil en el año 2005. Asimismo, la tasa de interrupciones
voluntarias del embarazo en el mismo grupo de edad era de 4,51 por mil al inicio del periodo y de 11,48 por mil en el año 2005. Se estima que las interrupciones voluntarias del embarazo representan más de un 55 por ciento sobre el total de
embarazos entre las adolescentes.
Por último, es relevante el incremento en el mismo periodo 1995-2005 de los nacidos vivos de madres no casadas en todos los grupos de edad, que han pasado del 11,09 por ciento en 1995 al 26,57 por ciento en 2005.
A pesar de estos datos y del incremento de la interrupción voluntaria del embarazo entre chicas adolescentes españolas, debo decir que, si son preocupantes, no son alarmantes, ya que se sitúan en el tramo bajo de la escala internacional.
Pero es cierto que las chicas adolescentes, como ocurre en la mayoría de países occidentales, empiezan a mantener relaciones coitales a edades más tempranas que en épocas anteriores, a la par que la edad media de la madre en el nacimiento del primer
hijo se ha ido retrasando.
Este escenario demuestra que la percepción de riesgo ha disminuido y muchos adolescentes tienen relaciones sexuales sin protección en un momento en que, a mi entender, no hay suficientes centros de planificación específicos para jóvenes.
Muchas escuelas han caído en un planteamiento rutinario y obsoleto de educación sexual y demasiados padres no tratan el tema con la excusa de que los jóvenes tienen múltiples oportunidades de informarse, confundiendo información con formación.
En este sentido, deberíamos preguntarnos si los jóvenes confían suficientemente en las políticas públicas activas de promoción y atención a las necesidades de salud sexual y reproductiva; si la cartera de servicios públicos en materia
contraceptiva está suficientemente actualizada y diversificada; si son suficientemente accesibles y equitativos los servicios públicos para dar alcance a las diferentes subpoblaciones, entre ellas la adolescente; si en las escuelas e instituciones
educativas públicas están ofreciendo de forma sistemática y actualizada información y educación específica sobre los diferentes métodos anticonceptivos y su utilización apropiada; si las administraciones, familias, escuelas, si la sociedad en
general se ha relajado y ha bajado la guardia ante esta realidad.
Por todo ello, señor ministro, como maestra y como mujer le pido y le suplico que de nuevo afrontemos con rigor este tema y no lo dejemos únicamente en manos de las escuelas y de la educación sexual, sino que pongamos los recursos
necesarios.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Soria Escoms): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, aunque, efectivamente, la cifra actual supone un 50 por ciento de la que existe en el Reino Unido o el 30 por ciento de Suecia, se ha producido un aumento -la cifra casi se ha triplicado- desde el año 1997 hasta 2004; y eso nos
preocupa, y posiblemente esté indicando un cambio de tendencias y conductas en cuanto al inicio de la actividad sexual.
En este sentido, el ministerio ha incluido en el Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud 2007 el análisis de la variabilidad de servicios al que usted se ha referido para atender la salud sexual y reproductiva de los jóvenes en el
sistema. Por otra parte, el real decreto aprobado en 2006, que establece la cartera de servicios comu-
nes, incluye entre las prestaciones de atención primaria -por lo tanto, estamos trabajando con la atención primaria- facilitar la promoción de conductas saludables en relación con la sexualidad, así como evitar embarazos no deseados y, cómo
no, enfermedades de transmisión sexual.
Además, entre los servicios de atención a la mujer se incluye la indicación y el seguimiento de métodos anticonceptivos no quirúrgicos y el asesoramiento sobre otros métodos anticonceptivos e interrupción
voluntaria del embarazo. También, como usted sabe, la atención especializada contiene prestaciones de planificación familiar.
Señoría, aunque los programas de sexualidad, reproducción y asistencia sanitaria son responsabilidad de las comunidades autónomas, el ministerio va a poner en marcha las siguientes actuaciones. En primer lugar, revisar junto con las
comunidades autónomas el sistema de información de las interrupciones voluntarias del embarazo; tras veinte años de funcionamiento, está claro que necesita adaptarse a las nuevas realidades sociales y a las peculiaridades de las usuarias. En
segundo lugar, analizar las necesidades y dificultades de las y los jóvenes inmigrantes para el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva con el fin de diseñar actuaciones adecuadas e incluirlas en el Plan de Calidad del Sistema Nacional
de Salud. Por otra parte, se va a realizar una encuesta sobre salud sexual y reproductiva para conocer las necesidades de información, atención y accesibilidad de los recursos existentes, especialmente los orientados a la población menor de 30
años. También se van a plantear, de común acuerdo con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, las acciones formativas necesarias para que el personal sanitario, preferentemente el de atención primaria, pueda abordar adecuadamente los
problemas de salud sexual y reproductiva. Asimismo, se van a desarrollar estrategias de información y educación sexual y para el uso correcto de la anticoncepción. Por último, se van a desarrollar instrumentos y campañas para promover la
responsabilidad compartida entre los jóvenes en las relaciones afectivo-sexuales y para la prevención de embarazos no deseados. Todo ello contando siempre con la participación del Ministerio de Educación, el Instituto de la Juventud, el Instituto
de la Mujer y el resto de las administraciones, además, como no podría ser de otra forma, de los propios jóvenes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE DON FRANCISCO XESÚS JORQUERA CASELAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL HECHO DE QUE LAS PROVINCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA HAYAN INCREMENTADO SU CENSO ELECTORAL PARA LAS
PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES Y, EN CAMBIO, PIERDAN ESCAÑOS EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (S. 680/001457).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Jorquera. Tiene la palabra su señoría.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente
Doy por formulada la pregunta en los términos en los que ha sido publicada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.
Señor senador, seguramente usted conoce la explicación de la aparente contradicción que existe entre el incremento del censo electoral en una provincia o en una comunidad y el descenso del número de escaños correspondientes a la próximas
elecciones. La paradoja se resuelve si nos atenemos a la ley, concretamente a la del Régimen Electoral General, que dice que la distribución de escaños se lleva a cabo no en función del censo electoral, sino en función de la población, y así es
como Galicia ha perdido población en términos relativos en relación con el resto de España. Por lo tanto, le corresponde un escaño menos a La Coruña, en principio, según los datos de los que dispongo en este momento.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, como usted supondrá, conozco la legislación, pero con esta pregunta quiero llamar su atención sobre una cuestión que, desde nuestro punto de vista, es una incongruencia legal y política y, que, además, afecta seriamente a la
propia salud de la democracia, como es todo lo relativo al voto de los residentes ausentes. Es incongruente que la ley electoral tome como base la población y no el censo electoral para distribuir los escaños entre las distintas provincias.
Piense, señor ministro, que conforme a este criterio, extranjeros residentes en España, que no pueden votar, cuentan a la hora de asignar escaños y, en cambio, ciudadanos españoles residentes en el extranjero, que sí pueden votar, no son tenidos en
cuenta a la hora de determinar los escaños que se atribuyen a cada provincia.
Piense, señor ministro, que esta regulación se hizo en una época en la que el número de inmigrantes y el número de integrantes del censo de residentes ausentes era marginal y, por lo tanto, la diferencia entre la población de derecho,
descontados los menores de 18 años, y el censo era mínima. Pero hoy, como resultado del extraordinario incremento de la inmigración, del extraordinario incremento del CERA y de su diferente distribución territorial, las distorsiones son enormes y
afectan al principio de proporcionalidad establecido por la Constitución. Si la distri-
bución tomase como base el censo, Galicia elegiría 28 diputados, 5 más de los que va a elegir el próximo mes de marzo. Señor ministro, piense en la paradoja que representa que en Galicia cada vez tenga más peso relativo un creciente
contingente de electores, muchos de ellos sin vínculos reales con el país, a la hora de tomar decisiones que afecten a nuestro país y, sin embargo, no sean tenidos en cuenta para que Galicia tenga el peso relativo que le corresponde en el Parlamento
del Estado. Señor ministro, esto se llama la ley del embudo.
Pertenezco a una fuerza política que ha demandado con insistencia reformas en el voto de los residentes ausentes. Pensamos que hay que regular las campañas en el exterior, que hay que homologar el sistema de votación al existente en el
interior para evitar manipulaciones. Pensamos -como, por cierto, piensa también el secretario de Organización de su partido- que hay que regular el alcance del derecho de sufragio, pues, desde nuestro punto de vista, no tiene sentido, por poner un
ejemplo, que personas que no han nacido en Galicia ni han vivido nunca en Galicia puedan decidir el futuro de los ayuntamientos gallegos. Incluso es posible que tenga más sentido que los emigrantes elijan a sus propios diputados y senadores a
través de una circunscripción electoral propia. Pero, señor ministro, una de dos: o se introducen estas modificaciones -y ustedes no han hecho nada a lo largo de esta legislatura- o, por lo menos, si votan que sean tenidos en cuenta a la hora de
determinar los escaños que le corresponden a Galicia. Si no -y ya termino, señor presidente, señor ministro- no tendremos más remedio que concluir que se está haciendo un uso espurio y antidemocrático de los emigrantes, utilizados como simple
mercancía electoral por los partidos que manejan las redes clientelares.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor presidente.
Siempre me han llamado la atención estas preguntas que se formulan de una manera y luego son de otra. Me parece algo infantil, si me permite la expresión, porque, si usted quiere un debate sobre este asunto, me lo dice y lo hago encantado.
Ya mantuvimos un debate usted y yo sobre el CERA. Pero esto de que usted me pregunte por un tema y luego salga por otro registro es una forma de que usted diga lo que quiere y yo le conteste lo que se me ocurra sobre la marcha, lo cual es poco
serio. No voy a caer en esa trampa y, si quiere usted interpelarme, con mucho gusto subo a la tribuna y le contesto a fondo sobre este tema, que usted ha manejado inteligentemente y que además, se ha preparado. Ha hecho un cálculo matemático que
olvida, por ejemplo, una cosa bastante sencilla y es que una parte de los diputados se reparten proporcionalmente, no de forma igualitaria, entre todas las provincias. (El señor Jorquera Caselas pronuncia palabras que no se perciben.) Pues no lo sé
-¿ve?-; no lo sé porque no me ha dejado comprobarlo. (Risas.)
En resumen, también tiene truco su razonamiento, porque por una parte dice que estamos utilizando a los inmigrantes pero a continuación añade que si nosotros los utilizamos, hagámoslo todos y cuéntenlos para que haya más diputados. Usted me
decía que lo uno o lo otro, y ya le digo yo a usted que lo uno o lo otro.
Ya en serio, en primer lugar, hemos realiado muchas actuaciones con el CERA -lo sabe usted porque ha sido objeto de interpelación al Gobierno y he contestado varias preguntas sobre esta materia- para darle la máxima transparencia y
garantizar que todo el que está realmente tiene que estar. Sabe usted que estamos trabajando sobre ese asunto y que tenemos un proceso de revisión en marcha, que ha dado sus resultados.
En segundo lugar, el tema que plantea -usted lo sabe mejor que nadie- forma parte del núcleo esencial de la Ley del Régimen Electoral General, que está pactada por todos los grupos de la Cámara. No digo que no sea un debate pertinente. Lo
podemos tener, pero hagámoslo bien y entre todos para no hacernos trampas en el solitario.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE DON RICARDO MELCHIOR NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LAS LÍNEAS DE COMUNICACIÓN QUE HA ABIERTO EL GOBIERNO CON LOS PAÍSES DEL NOROESTE AFRICANO PARA IMPEDIR EL USO DE VIEJAS EMBARCACIONES COMO
BUQUES NODRIZA PARA EL TRASLADO DE INMIGRANTES HASTA LAS COSTAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (680/001462).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del señor Melchior.
Tiene la palabra su señoría.
El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, a lo largo de la costa occidental del continente africano existen centenares de barcos viejos abandonados o propiedad de chatarreros. Muchos de estos barcos chatarra pertenecieron a la ya desaparecida flota pesquera y de
cabotaje de mercancías soviéticas.
Estos barcos están a la espera de que algún criminal los compre, los llene de inmigrantes desesperados de origen africano o asiático e inicien su último viaje. En algunos casos, este último viaje termina dramáticamente en el mar, como en el
caso que me acaban de comunicar en este momento, con 47 fallecidos frente a las costas mauritanas. En otros casos terminan dramáticamente su viaje en algún puerto europeo, entre ellos los puertos de la frontera sur de la Unión Europea, que son los
canarios.
Está claro que hay que impedir que estos barcos chatarra caigan en manos de criminales y zarpen hacia la muerte o sean instrumento de inmigración inhumana y dramática. La mejor forma para impedir ese crimen es hacer
desaparecer el arma que será utilizada para el mencionado crimen. Según me informan desde Cabo Verde, Senegal y otros países de la costa africana, casi todos esos barcos se pueden adquirir o se pueden hacer desaparecer.
Por ello mi pregunta, señor ministro: ¿Qué líneas de comunicación ha abierto el Gobierno de España con los países del noroeste africano para impedir el uso de embarcaciones como buques nodriza para el traslado de inmigrantes desde el
continente africano hasta las costas canarias o las costas europeas?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.
No sé si de la última parte de su pregunta cabe extraer la conclusión de que usted está sugiriendo al Gobierno de España que o bien compre los barcos que hay por todo el sur de África o bien alguna otra cosa que los haga desaparecer; en
este caso se me ocurren varias, pero prefiero no formularlas aquí. Lo que sí le digo es que la cosa no es tan sencilla, y hemos hecho muchas para evitar este asunto de los barcos, sobre el que también se escribe mucho, a veces de forma muy alegre.
Señoría, ha habido dos en este largo año 2007 -estamos acabándolo- y ninguno ha llegado a las costas españolas. Uno volvió por donde vino gracias al trabajo de las fuerzas de seguridad españolas, de la Marina Española y de la Marina y las
fuerzas senegalesas. Y ha habido otro, el Marine 1, que sabe usted que nos dio muchísima lata. Alguna vez habrá que explicar ese asunto a fondo y por qué nos empecinamos en algo que, creáme, personalmente me costó mucha tensión moral. Al final,
repatriamos al 95 por ciento de los inmigrantes que iban en ese barco, repito, no sin costes, porque queríamos mandar un mensaje muy firme a las mafias que es que no empleen esos barcos, porque quienes lleguen en ellos se van a volver por donde se
fueron. Esa es la política más seria que podemos llevar a cabo, y en eso estamos, señor senador.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el senador Melchior.
El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, presidente.
Señor ministro, yo sinceramente sugiero lo que usted sugiere, es decir, creo que es un arma que tenemos que hacer desaparecer.
Este año 2007 han sido utilizados dos de estos buques chatarra como buque nodriza, aunque puede ser que sean dos o veinte; usted sabe que hace escasamente quince días llegó a la isla de La Palma un barco donde los propios inmigrantes
dijeron que iban en un barco mayor y que después fueron trasladados a unas pateras. Pero eso no quiere decir que no haya en este momento varias decenas de miles de asiáticos esperando en algún país africano, que usted y yo sabemos, para ser
trasladados en un buque nodriza, o que no existan criminales que por 10.000 euros, 8.000 euros, 7.000 euros adquieran ese buque nodriza, y que ese buque zarpe hacia su último destino.
Por eso, señor ministro, sin tener que decirlo públicamente, hay que tomar medidas respecto de lo que usted sugiere, que es lo que yo también sugiero.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor presidente.
No seguiré en el sitio más público de España, que es el Parlamento, hablando de lo que usted y yo no podemos hablar. (Risas.) Le aseguro que, en todo caso, lo único que el Gobierno hace en materia de inmigración, y de lo que habla poco, son
las repatriaciones. Eso es así porque todo el mundo puede entender que cuando alguien saca a inmigrantes ilegales de nuestro país y los lleva al sitio de donde proceden, se producen tensiones naturales en ese lugar del que proceden, y que a veces
los gobiernos quieren minimizar. Es cierto que para repatriar lo mejor es trabajar, acordar, gestionar de forma conjunta estos problemas con países que nos quieren echar una mano, pero hablar relativamente poco de ello.
Del resto no hablamos
porque no hacemos.
Pero sí quiero añadir dos cosas más sobre inmigración ilegal, puesto que me ha hecho usted una pregunta, además, en un tono amable que le agradezco. Nosotros tenemos -un minuto, señor presidente- tres elementos básicos en la política de
inmigración ilegal.
Primero, intentamos que los inmigrantes no salgan ilegalmente de sus países, y para eso cooperamos con las fuerzas de seguridad de los países de origen. Segundo, si salen, intentamos que se vuelvan antes de entrar en la zona peligrosa del
océano Atlántico, y por eso contamos con mecanismos de vigilancia conjunta con esos países para devolverlos cuando están cerca. Y, tercero, si llegan a España, intentamos repatriarlos a través de convenios con los países correspondientes.
Esa política está dando buenos resultados. Le daré los datos de ayer. A las islas Canarias, en lo que va del año, han llegado 9.629 inmigrantes ilegales, y una buena parte de ellos se han repatriado; y el año pasado, en las mismas fechas,
habían llegado 30.337; es decir, este año ha llegado un tercio de los que lo hicieron el año pasado y, además, de ese tercio una buena parte está ya en sus lugares de origen. Por tanto, estamos teniendo éxito, siempre dentro de lo que significa la
palabra éxito en este tipo de políticas tan dolorosas y que exigen un esfuerzo constante.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE DON ANTONIO GERMÁN BETETA BARREDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, SOBRE LAS SOLUCIONES QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE GESTIÓN EN LA EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) Y DE LOS PASAPORTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID (S.
680/001477).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Beteta. Tiene la palabra su señoría.
El señor BETETA BARREDA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, buenos días. Quiero hablarle de los héroes del Documento Nacional de Identidad. Quiero hablarle hoy de los sufridos ciudadanos de Madrid que pasan largas horas, frío, inasistencia por parte de los servicios públicos o cogen
el coche y se tienen que ir a una provincia legítima para, en un acto de valentía, en un acto de arrojo, conseguir el Documento Nacional de Identidad. A este nivel están llevando los servicios públicos que de usted dependen. Por eso, señor
ministro, le pregunto: ¿Qué soluciones piensa adoptar el Gobierno para resolver los problemas de gestión en la expedición del Documento Nacional de Identidad y de los pasaportes en la Comunidad de Madrid?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.
El Gobierno piensa adoptar soluciones evidentes, aunque no siempre fáciles de implementar a corto plazo. Cuando surgen agobios como los que se están sufriendo en estos momentos ha de añadirse más personal, lo cual exige formar y contratar,
o contratar y formar; abrir nuevos locales, lo cual exige comprar o alquilar; y buscar mecanismos de gestión más útiles. Eso es lo que estamos haciendo, porque no queremos que los ciudadanos sean héroes; nos basta con que sean ciudadanos y
tengan derechos, por cierto, cuantos más, mejor.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El senador Beteta tiene la palabra.
El señor BETETA BARREDA: Gracias.
Muchas gracias, señor ministro, por su inconcreta respuesta.
Creo que tiene usted buena voluntad para solucionar el problema, pero el hecho es que está lloviendo sobre mojado, y usted lo sabe.
Los medios de comunicación están recogiendo numerosas quejas de ciudadanos -no solo del mes de noviembre, sino desde mucho antes de verano- afectados por la ineficacia sistemática de los servicios públicos. Son centenares las personas que
lo están sufriendo.
Le citaré un caso cualquiera. Doña Ester M.A., administrativa desde los 28 años: a la tercera va la vencida. Doña Ester necesitaba tener su pasaporte, porque se ha casado y quería hacer un viaje de novios. La primera vez que fue a la
comisaría se encontró con gente que esperaba desde las tres de la mañana, y no lo consiguió. Al día siguiente fue a la comisaría de Alcobendas a las siete de la mañana, pero a las ocho y media repartían 30 números y no le tocó. Por fin, al día
siguiente va a las seis de la mañana y consigue el gran premio: su pasaporte, ese gran título, después de horas, esperas y vueltas.
Además, otros cientos de ciudadanos tendrán que irse a Segovia, a Ávila, a Toledo y a Guadalajara, haciendo kilómetros para poder conseguir ese ansiado título que tantos derechos da y tan necesario nos es. ¿Usted cree que es serio, señor
ministro, que los ciudadanos tengamos que sufrir esta penosidad, estando como estamos en una sociedad de la información?
Usted sabe perfectamente que de las 32 comisarías que llevan a cabo esta gestión hay seis centros que cuentan con graves problemas, algunos de ellos, incluso, están cerrados. Usted sabe, señor ministro, que las plantillas están sin cubrir.
Usted sabe, señor ministro, que han cambiado los métodos de contratación y que han conservado máquinas expendedoras que no funcionan bien. Usted sabe, señor ministro, que se encuentra en un auténtico caos todo el funcionamiento de un servicio
público esencial.
Por otra parte, a la persona que tiene un niño pequeño, como yo, y quiere que vaya en avión, la compañía aérea le pide el Documento Nacional de Identidad, lo cual está muy bien, si no fuera porque no han dotado con los medios adecuados y
suficientes para que a esa enorme cantidad de ciudadanos, que tenemos nuestros derechos y pagamos nuestros impuestos, se nos facilite el cumplimiento con este trámite que, repito, es bueno, pues mejora la seguridad de todos.
Por lo tanto, lo que debe hacer la Administración, sin duda alguna, es dar satisfacción a todas estas cuestiones.
El señor PRESIDENTE: Señoría.
El señor BETETA BARREDA: Más eficacia, señor ministro, y más respeto a los ciudadanos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor ministro del Interior tiene la palabra.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, yo le podría contestar que si ustedes no hubieran disminuido la plantilla de policías, como hicieron durante ocho años, tendríamos más medios para atender a los ciudadanos, aunque el tema no va de eso.
Tal y como usted recogía en su pregunta, es cierto que hemos puesto en marcha el Documento Nacional de Identidad electrónico -que creo que supondrá un gran avance para la sociedad de la información-, documento que se tramita con más
dificultad y que exige más tiempo por
razones de complejidad tecnológica, lo cual ha supuesto, en primer lugar, algunas dificultades de implantación -hay que aprender a hacerlo- y, en segundo lugar, respecto a la propia gestión del Documento Nacional de Identidad. Por otra
parte, también es cierto el problema relativo a los menores al que usted se refería. Por ello, le admito que tenemos problemas que se deben resolver, pues los ciudadanos, como usted dice, tienen derechos, y hay que cumplir con ellos.
Por este motivo, estamos llevando a cabo tres medidas para solucionar estos problemas. En primer lugar, hemos incrementado la plantilla de personal auxiliar en las comisarías aproximadamente en 1.200 personas durante los últimos meses;
hemos contratado un número importante de locales, en Madrid, concretamente, en cinco distritos claves, donde, como usted sabe, es muy difícil encontrar locales, pues son muy caros, aunque eso sería lo de menos; y, finalmente, vamos a intentar
atender un problema que, tal y como usted señalaba en su pregunta, no es solo de Madrid sino de toda España, a través de la cita previa. Hemos puesto en marcha un procedimiento que ya se ha contratado con una empresa, que empezará a funcionar de
forma experimental durante el próximo mes y con carácter generalizado a partir de enero, para que los ciudadanos puedan establecer una cita previa, a través de una llamada telefónica o de Internet, con las comisarías para saber qué día pueden ir,
sabiendo que ese día serán puntualmente atendidos.
Señor Beteta, estas son todas las medidas que hemos puesto en marcha y con las que esperamos resolver esos problemas que admito con usted que existen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE DOÑA CRISTINA MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EN RELACIÓN CON EL FUTURO DEL PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL, EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
(S. 680/001464).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la senadora Maestre. Tiene la palabra su señoría.
La señora MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO: Gracias, señor presidente. Señora ministra, buenos días.
La situación del parque nacional de las Tablas de Daimiel es crítica. Este ha sido uno de los titulares más imprimidos a lo largo de los últimos tiempos para describir el estado en el que se encuentra este espacio natural. La
sobreexplotación del acuífero 23 ha provocado que este privilegiado y único espacio que representa uno de los ecosistemas más valiosos de nuestro país atraviese uno de sus peores momentos.
Señora ministra, desde que tengo uso de razón conozco las Tablas de Daimiel, soy daimieleña y como tal he disfrutado de este privilegiado entorno desde que nací. En los últimos años, al igual que todos los vecinos de la zona de influencia,
he visto con preocupación los difíciles momentos por los que ha atrevesado el parque, momentos difíciles que, además, en períodos de sequía se ven agravados hasta alcanzar límites alarmantes en los que la avifauna se ha visto seriamente amenazada,
al igual que la vegetación autóctona, que incluso está sufriendo variaciones preocupantes. En los últimos años, el parque ha venido recibido aportes hídricos puntuales que le han servido como un balón de oxígeno para hacerlo sobrevivir, y yo creo
que han sido medidas muy importantes, muy necesarias para que atraviese esta difícil situación de la manera más digna. Insisto en que son medidas necesarias, pero coyunturales, y no deben ser las únicas, desde luego.
Obviamente, a usted, señora ministra, no le voy a decir nada que no sepa, pues me consta que es amplia conocedora de la situación, y así lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Por eso su señoría sabe que para hacer frente a esta situación
son necesarias un conjunto importante de medidas de carácter estructural que afronten la situación para darle solución a medio y largo plazo, más allá de esas medidas puntuales que suponen curas de urgencia pero que sin duda no resuelven el
problema.
Hace apenas unas semanas usted y yo tuvimos la oportunidad de hablar del asunto en la presentación de una medida que en mi región va a suponer un antes y un después en cuanto a la reordenación de los recursos hídricos de la zona. Estoy
hablando del Plan Especial del Alto Guadiana, que desde mi región saludamos con la mayor de las esperanzas y también con la mayor de las convicción de que supondrá una medida histórica con vistas a la recuperación del acuífero 23, que es el que
afecta a la zona de las Tablas de Daimiel.
Una de las medidas que se han visto materializadas de cerca ha sido la política de adquisición de fincas en los terrenos colindantes con el parque. Su secretario general de Biodiversidad, Antonio Serrano, en la firma de escrituras que se
celebró en el mismo parque lo adelantó: habrá más compras, seguiremos en esta línea y el parque nacional de las Tablas de Daimiel tiene futuro. Personalmente, me quedo con esta reflexión esperanzadora. Tiene que solucionarse si hay voluntad
política...
El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya.
La señora MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO: Termino, señor presidente.
...y estoy convencida, señora ministra, de que hay voluntad política por su parte y por parte de su ministerio.
Por eso, señora ministra, me gustaría que nos explicara en esta Cámara qué previsiones tiene su departamento sobre el futuro del parque nacional de las Tablas de Daimiel.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Señoría, efectivamente, estamos trabajando para recuperar las lagunas de la zona húmeda de Castilla-La Mancha y entre ellas, desde luego, las correspondientes al parque nacional de las Tablas de Daimiel. Para ello se ha aprobado ya por la
Confederación Hidrográfica del Guadiana el Plan Especial del Alto Guadiana. Existe un compromiso del Ministerio de Medio Ambiente para invertir en ese plan especial 3.000 millones de euros en el horizonte, en primer lugar, del año 2015 -que es el
que establece la Directiva Marco del Agua-, para la recuperación del buen estado ecológico de nuestras masas de agua y, por tanto, también de las masas de agua que configuran la especificidad del parque nacional de las Tablas de Daimiel.
Ese Plan Especial del Alto Guadiana ha sido concertado con todo tipo de organizaciones sociales, ha contado con el compromiso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con las organizaciones agrarias, y creemos que es el marco
adecuado para reducir de manera definitiva la presión sobre los acuíferos de esta valiosísima zona húmeda. Por tanto, esa inversión se destinará a la compra de derechos de agua, a actuaciones de reforestación y de restauración ambiental y a la
compra de terrenos.
Señoría, ya este año 2007 la inversión total del Ministerio de Medio Ambiente para comprar derechos de agua en la zona y para comprar fincas colindantes con el parque nacional de las Tablas de Daimiel ascenderá a 60 millones de euros. Esos
60 millones de euros permitirán, además de la compra de derechos de agua de acuerdo con la normativa que está en vigor desde el año pasado, la compra de casi 900 hectáreas en el entorno del parque nacional de las Tablas de Daimiel y, con ello, la
retirada definitiva del uso para la agricultura de los pozos que se encuentren en ellas. Hay que señalar que, para que el parque nacional de las Tablas de Daimiel se recupere plenamente, hay que recuperar un equilibrio ecológico perdido desde hace
mucho tiempo, nada menos que desde los años sesenta y setenta, en que hubo un amplio proceso de desecación de esas zonas húmedas para la puesta en regadío de esa área. Desde luego, eso nos llevará bastantes años. Sin embargo, el compromiso
económico y normativo que se plasmará próximamente en un decreto reflejará el contenido del convenio que hemos firmado ya con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-- DE DON FRANCISCO BELLA GALÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS AYUDAS QUE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE CONCEDE A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON PARQUES NACIONALES EN SUS TERRITORIOS PARA PROMOVER UN DESARROLLO SOSTENIBLE EN
SUS ÁREAS DE INFLUENCIA (S. 680/001465).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Bella Galán.
Para formularla, tiene la palabra la señora Maestre.
La señora MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, continúo en el ámbito de los parques nacionales, en este caso para interesarme por un aspecto que los que vivimos en sus áreas de influencia consideramos de gran relevancia. Desde luego, constituye un auténtico privilegio
poder disfrutar en nuestro territorio de parajes tan impresionantes, y para nosotros es fundamental que podamos transmitírselos a las generaciones venideras. Por eso debemos tener siempre presente que es imprescindible promover todo tipo de
actuaciones que fomenten su desarrollo sostenible y respetuoso desde sus ámbitos de influencia.
La Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre estableció que la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas pudieran conceder ayudas técnicas, económicas y financieras a las áreas
de influencia socioeconómica de los parques nacionales. Desde que una sentencia del Tribunal Constitucional otorgó las competencias de gestión de los parques nacionales a las comunidades autónomas, se configuró un nuevo ámbito de aplicación dentro
del cual el Gobierno establece una serie de ayudas a las comunidades autónomas para estos fines. Incluso la Ley de Parques Nacionales, que se aprobó recientemente y de la que tuve el privilegio de ser ponente, establece que las administraciones
públicas podrán conceder ayudas técnicas, económicas y financieras en las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales. La idea es promover, como he dicho antes, el desarrollo sostenible; es decir, un desarrollo económico y social
compatible con la protección y la mejora del medio ambiente.
He podido comprobar de cerca la incidencia de este tipo de ayudas en los municipios de la zona de influencia socioeconómica a través de actuaciones de muy diversa índole, que abarcan proyectos culturales, medioambientales, socioeconómicos,
etcétera. Por eso, señora ministra, le pregunto sobre esas ayudas que el Ministerio de Medio Ambiente concede a las comunidades autónomas con parques nacionales en su territorio, para promover el desarrollo sostenible en las áreas de influencia al
que hacía mención antes.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Gracias, señoría.
Las ayudas a las que usted se refiere las sigue financiando el Ministerio de Medio Ambiente, aunque, a partir de las sentencias del Tribunal Constitucional se haya transferido la gestión de los parques nacionales a las comunidades autónomas.
Mantenemos esas subvenciones porque la
figura del parque nacional sigue siendo una figura de protección de interés general, del Estado en España, y por eso se le siguen dedicando recursos presupuestarios.
Este año se destinan 9,8 millones de euros, que se suman a los 3,3 millones que estaban pendientes de ejecución por subvenciones concedidas en años anteriores a las comunidades autónomas, y que, de acuerdo con los criterios que establece el
Gobierno de España -el Ministerio de Medio Ambiente- en una orden que regula esas subvenciones, concederán y gestionarán después las 11 comunidades autónomas que tienen parques nacionales en sus territorios. Fíjese, señoría, la importancia que han
tenido a lo largo de los años esas ayudas. Si uno analiza la evolución de la renta per cápita de los municipios que están en el entorno de los parques nacionales en nuestro país, podemos comprobar que se ha incrementado más que la de los municipios
no limítrofes a los parques nacionales y en territorios próximos a los mismos.
Por lo tanto, se ha conseguido y se mantiene ese apoyo para que haya la protección de los espacios más valiosos que representa la red de parques nacionales y al mismo tiempo haya oportunidades de creación de empleo y de mejora del bienestar
de los ciudadanos que viven en las inmediaciones de los parques nacionales, y eso sin tener ninguna incidencia el cambio de modelo de gestión, definido por el Tribunal Constitucional.
El Ministerio de Medio Ambiente sigue manteniendo en sus presupuestos este tipo de recursos, como mantiene también recursos que permitirán que en nuestro país no haya parques nacionales de primera y de segunda en función de la fecha de su
creación. Por eso, este año el Parque Nacional de Monfragüe, el último creado con posterioridad a las sentencias del Tribunal Constitucional, y los municipios limítrofes se han beneficiado de los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente. Más
de 160 municipios concurren para obtener este tipo de subvenciones, que gestionan las comunidades autónomas, y que sigue financiando el propio Ministerio de Medio Ambiente.
Gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE D. PEDRO AGRAMUNT FONT DE MORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE PRETENDE APROBAR LA LLAMADA «ACUATASA» QUE SERÁ APLICABLE AL SECTOR TURÍSTICO DE LA COMUNITAT
VALENCIANA (S. 680/001475).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Agramunt.
Tiene la palabra su señoría.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor presidente.
No sé, señora ministra, si hoy me va a decir que sí o que no, porque primero dijo que sí, después de una bronca de la señora Fernández de la Vega, dijo que no; y posteriormente volvió a decir que sí. No sé si hoy será sí o no, usted ya ha
cambiado antes de opinión. Recuerdo cuando con su ministro Borrell defendía 13 ó 14 trasvases en España y luego el único que tenía el PHN, lo derogó, con la firma, por cierto, de la señora Fernández de la Vega, que era presidenta en funciones.
Reitero, por tanto, sin mucha confianza en la respuesta con estos antecedente, la pregunta en sus términos, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señoría, el ministerio de Medio Ambiente no ha acordado ninguna tasa turística del agua para la Comunidad Valenciana.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el senador Agramunt.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Gracias, señor presidente.
Hoy ha sido que no, pero en el prólogo del informe afirmaba -firmado por usted- que ese era el futuro de la política del agua en España. Por tanto, supongo que eso estaba firmado por usted y algo tendrá que decir.
De todos modos, usted,
señora ministra, junto al señor Zapatero y la señora Fernández de la Vega, ha sido una trágica calamidad para la Comunidad Valenciana, viene siéndolo desde el principio de la legislatura. La quiero preguntar qué le hemos hecho los valencianos, por
qué tiene usted esa obsesión con los valencianos, por qué nos persigue de esa manera. ¿Nos tiene usted por enemigos, porque se dice que al enemigo ni agua? ¿Está usted en esa posición? A mí me gustaría saber por qué, a mí y a muchos millones de
valencianos.
Usted que se ha distinguido en esta legislatura por sus ocurrencias: lo de los toros; lo de los 60 litros de agua para bañarse por día, que es, por cierto, la mitad de lo que la OMS recomienda en el caso de los mínimos; pelearse con la
Generalitat, diciendo que podía hacer las desaladoras y ni tenía permisos ni licencias y después tiene que reconocerlo; empeñarse en derribar toda la costa y, por supuesto, la Valenciana; decir que el turismo de sol y playa se había terminado.
Por cierto, me hubiera gustado escucharla en relación con las plataformas petrolíferas en el Mediterráneo, de eso no dijo jamás ni una palabra.
Pero fíjese, usted, que no para de ir contra la economía de la Comunidad Valenciana, termina acusando al urbanismo valenciano de las inundaciones.
Andaba usted por China con el señor presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar,
señor Moragues -por cierto, íntimo familiar de una persona de la nueva gestora del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana- cuando echó la culpa al urbanismo de las inundaciones. El señor Moragues se fue de la Comunidad Valenciana a China
cuando ya habían empezado las inundaciones, ni apareció por
aquí y acusó al urbanismo precisamente cuando todos, y usted lo sabe perfectamente porque hay fotos que lo prueban, sabían que el problema eran los barrancos sucios, responsabilidad del señor Moragues y de la señora ministra.
Y ahora viene lo de la acuatasa. Usted dice que no ha firmado nada, pero también ha dicho que va a ponerla en práctica en el futuro, cuando el consumo del turismo representa -y usted lo sabe, lo dice el informe- el 0,5 por ciento del agua
en España y cuando el PIB que representa ese mismo turismo está por encima del 11 por ciento.
Señora ministra, pese a usted, pese al señor Zapatero y pese a la señora Fernández de la Vega, la Comunidad Valenciana funciona muy bien; este mes el paro ha descendido. Cuando en toda España ha aumentado, en la Comunidad Valenciana ha
descendido, a pesar de su Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Y solo le pido en la intimidad de este hemiciclo que, igual que hace su Gobierno que está rectificando en muchísimos aspectos, rectifique, señora ministra, su actitud hacia la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señoría, basta ya de engañar a los valencianos; basta ya. Desde que empezó esta legislatura hemos multiplicado por tres la inversión ligada a la política del agua en la Comunidad
Valenciana; hemos multiplicado por tres la inversión y hemos incrementado en 335 hectómetros cúbicos el agua de la que hoy disponen los valencianos. ¿Y sabe a quién ha beneficiado más la inversión del Gobierno de España a través del Ministerio de
Medio Ambiente? Precisamente al sector turístico, que durante el peor periodo de sequía que ha azotado nunca a la Comunidad Valenciana, ha mantenido el suministro de agua potable en todo el litoral. Es el sector turístico precisamente el que más
se ha beneficiado de la inversión del Gobierno de España y de la gestión a través de los organismos que dependen del Ministerio de Medio Ambiente.
Basta ya de querer decirle a los valencianos lo contrario de la realidad.
Quienes tienen que rectificar son ustedes, que se siguen empeñando en reivindicar el trasvase del Ebro, que ya no defiende ni siquiera el señor Mariano Rajoy y que
les lleva a cometer el mayor de los ridículos a la hora de presentar enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado.
Para el trasvase del Ebro el Gobierno del señor Aznar consiguió cero euros de la Unión Europea; cero, señoría. El Gobierno de España, para todas las actuaciones del Programa Agua y para las de la Comunidad Valenciana, todas con
financiación de la Unión Europea, ha conseguido 1.200 millones de euros; cero el Partido Popular. Vuelvo a repetir, 1.200 millones de euros de la Unión Europea el Gobierno de España, y buena parte de ese dinero, señoría, para incrementar durante
esta legislatura, a través de más agua procedente de desanilizadoras; más agua procedente de aguas subterráneas; más aguas recogidas por el embalse de Arenós, que ustedes dejaron donde lo dejaron; más aguas a través de más disponibilidad en la
agricultura por modernización de regadíos, 335 hectómetros cúbicos más durante esta legislatura, gracias a una inversión ejecutada, de la que queda suficiente constancia en un gráfico como éste que le muestro, que es lo que nos dice el Ministerio de
Hacienda a la hora de valorar la ejecución, no las promesas, señoría, la ejecución: lo que ustedes hicieron y lo que nosotros estamos haciendo. Esa es la verdad incómoda que no sé si se la contará alguno de sus primos. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
-- DE DON RICARDO MELCHIOR NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE SI TIENE PREVISTO EL GOBIERNO DAR CUMPLIMIENTO ANTES DE QUE FINALICE LA PRESENTE LEGISLATURA A LA MOCIÓN APROBADA EN EL PLENO DEL SENADO EL
2 DE NOVIEMBRE DE 2005 POR LA QUE SE INSTABA A LA CREACIÓN DEL INSTITUTO VULCANOLÓGICO DE CANARIAS (IVC) (S.
680/001463).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Melchior.
El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, hace algo más de dos años, exactamente el 2 de noviembre de 2005, el Pleno del Senado apoyó por unanimidad una moción de Coalición Canaria en la que se manifiesta al Estado la necesidad de la creación del Instituto
Vulcanológico de Canarias. El texto de la moción subraya en su cuarto apartado que el Instituto Vulcanológico de Canarias es una responsabilidad urgente e inaplazable que ha de entrar en funcionamiento cuanto antes.
Esta iniciativa, por cierto, ya solicitada hace casi cien años por el presidente de la Sociedad Española de Historia Natural, el catedrático de la Universidad de Madrid, don Lucas Fernández Navarro, que escribió textualmente que el no
hacerlo es sencillamente un crimen de lesa ciencia y un sonrojo.
Esta iniciativa de creación del Instituto Vulcanológico de Canarias recibió el apoyo unánime del Parlamento canario y de varios centenares de miembros de la comunidad científica nacional e internacional; es decir, que recibió el apoyo
unánime, no solo de los grupos parlamentarios de esta Cámara, sino de todos los ámbitos políticos, científicos y ciudadanos.
Asimismo, señora ministra, en la III Conferencia de Presidentes el presidente del Gobierno de Canarias formuló una petición al presidente del Gobierno de España en este sentido. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la
Presidencia.) Y respondo así -porque tuve que aclararlo con el presidente y ver el acta de la mencionada reunión- a su respuesta a mi pregunta el 18 de abril de 2007 que, como sabe, condujo a la redacción de un escrito por parte del presidente del
Gobierno de Canarias dirigido al presidente del Gobierno de España, y a un compromiso adquirido por la vicepresidenta del Gobierno de España en la reunión que con ella mantuvimos el entonces presidente del Gobierno de Canarias, el delegado del
Gobierno en Canarias y este senador en calidad de presidente del Cabildo de Tenerife y presidente del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables.
Los diferentes institutos que dependen de su ministerio realizan actividades vulcanológicas; unos trabajan coordinadamente con los institutos canarios y otros no, y el instituto que depende del Ministerio de Fomento no lo hace. El Gobierno
de Canarias y el cabildo de Tenerife, junto con otros cabildos, el ITER y la Universidad de la Laguna están trabajando con ilusión y responsabilidad para crear y poner en marcha el Instituto Vulcanológico de Canarias, pero desgraciadamente en Madrid
cada instituto trabaja siguiendo sus propios objetivos, y así no se avanza en su creación.
Señora ministra, mi petición es la siguiente: asuma este mandato de la Cámara en la que nos encontramos y la responsabilidad de contribuir a crear el Instituto Vulcanológico de Canarias. Le sugiero que nombre un coordinador en todos los
trabajos vinculados a la vulcanología por parte del Consejo Superior...
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría, termine ya, por favor.
El señor MELCHIOR NAVARRO: Concédame solo un segundo, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Le concedo dos, señoría.
El señor MELCHIOR NAVARRO: Gracias, señor presidente. También tuve que comenzar con tres segundos de retraso como consecuencia de los aplausos a la intervención anterior.
Como decía, le sugiero que nombre un coordinador en todos los trabajos vinculados a la vulcanología por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del IGME, del Instituto Español de Oceanografía y del Instituto Geográfico
Nacional, este último dependiente del Ministerio de Fomento.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Para responder tiene la palabra la señora ministra de Educación.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, en relación con su pregunta creo poder afirmar que el Gobierno, y en especial el Ministerio de Educación y Ciencia, han demostrado su interés por contribuir a la creación y desarrollo de centros de investigación de referencia e
infraestructuras, siempre en cooperación con las comunidades autónomas. Buena muestra de ello es la elaboración de ese mapa de infraestructuras científicas y tecnológicas singulares y la creación de centros mixtos con la participación de organismos
públicos de investigación dependientes de este ministerio. Creo que este es un empeño del Gobierno fácilmente identificable.
Es verdad que la última vez que me preguntó por este tema le hablé de la elaboración, a iniciativa del Instituto Geológico y Minero Español, dependiente del Ministerio de Educación, de un mapa de peligrosidad de la isla de Tenerife en
colaboración con el Instituto Tecnológico de Energías Renovables, dependiente del cabildo insular, y en coordinación con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y desde entonces, como usted sabe, ha habido contactos con los cabildos de
La Palma y El Hierro que deben conducir a la confección de mapas similares para estas islas.
Pero más allá de esto creo poder afirmar también que toda la política del Ministerio de Educación va dirigida a crear instituciones de calidad. En el recientemente aprobado Plan Nacional de I+D+i se incluye un programa de fortalecimiento
institucional cuyo objetivo es fomentar la excelencia de las instituciones que desarrollan investigación en nuestro país. Y en consonancia, con los objetivos establecidos en este plan, la propuesta de creación de un centro en el área de la
vulcanología exige un análisis detallado de los recursos existentes y la elaboración de un plan científico detallado. Y le puedo manifestar, señoría, la disposición del Ministerio de Educación y Ciencia a impulsar de manera decisiva estos trabajos
previos en coordinación con el gobierno canario.
Estoy convencida de que con ello vamos a sentar las bases de un centro de estudio y observación de los fenómenos vulcanológicos, con el nivel de exigencia que usted nos está demandando y que nosotros evidentemente queremos cumplir.
Le reitero y le aseguro que el compromiso del Gobierno y de este ministerio con la investigación vulcanológica está abierto a nuevas iniciativas y vamos a impulsar de manera decisiva la que actualmente tenemos pendiente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
-- DE DON MANUEL PEZZI CERETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA COOPERACIÓN EDUCATIVA Y CIENTÍFICA ENTRE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA (S. 680/001468).
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Pregunta del senador Pezzi.
Tiene la palabra su señoría.
El señor PEZZI CERETO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la República Popular de China, con más de 1.300 millones de habitantes, es ya la cuarta economía del mundo, con un crecimiento anual superior al 10 por ciento. No es descabellado augurar que el futuro de nuestro planeta y
de la economía mundial pasa ya por este país y que las decisiones de cualquier orden que adopten repercutirán cada vez más en todos los países, y especialmente en los más desarrollados.
Resulta, por tanto, indispensable mirar atentamente lo que ocurre en China y debemos comprender la necesidad de acercarnos a este país como mercado con un potencial de consumo enorme, pero también como centro de colaboración e intercambio
educativo en investigación cultural o económica.
El Gobierno de España está llevando a cabo durante todo el año 2007 «El año de España en China», con el objetivo de conocernos mutuamente y de abrir un cauce estable de colaboración permanente. Las actividades que se están desarrollando
tienen carácter multidisciplinar e incluyen encuentros empresariales, exposiciones, conciertos de música, espectáculos de danza y teatro, actividades literarias y deportivas, pero sin duda esta colaboración se quiere centrar especialmente en el
ámbito de la educación, potenciando los encuentros académicos e intercambio de profesores, acentuando el conocimiento del español en China, etcétera.
En este marco del «Año de España en China» usted, señora ministra, ha estado en Pekín, hoy Beijing, impulsando las actividades del Instituto Cervantes y en Shanghai, participando en el II Foro de Rectores Hispano-Chino.
Por todo ello, quiero preguntarle cuál es la situación actual de la cooperación educativa y científica entre España y China.
Muchas gracias
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, coincido absolutamente con sus apreciaciones sobre la importancia de la colaboración con la República Popular China, como he podido comprobar efectivamente en un viaje reciente.
La cooperación educativa y científica con esa República se basa, por una parte, en el desarrollo en China de diversos programas educativos relacionados con la difusión de la lengua y la cultura en el exterior, y, por otra, en la colaboración
de instituciones de enseñanza superior e investigación, que fueron los dos objetivos fundamentales de mi viaje.
En cumplimiento del programa de implantación del español como lengua extranjera en centros de enseñanza secundaria de otros países, los días 16 y 17 de mayo de este año se firmaron en Pekín y en Yinan sendos acuerdos en colaboración con dos
centros de enseñanza secundaria de estas provincias y se han propiciado también hermanamientos entre centros españoles y centros chinos, con la finalidad de reforzar los programas de intercambio de alumnos y de profesores.
Pretendemos con ello despertar -aumentar, porque en realidad ya existe- el interés por nuestra lengua y cultura, incrementar el número de estudiantes chinos de español y desarrollar la presencia del español en los programas educativos de los
centros de educación secundaria y de universidades chinas para, repito, atender ese interés creciente, como puede comprobar en mi visita al Instituto Cervantes de Pekín.
A este objetivo y a otros que han venido desarrollándose va a contribuir la firma que tuvo lugar durante esa visita de un memorando de entendimiento en materia educativa entre el Ministerio de Educación español y el chino, que va a reforzar
nuestra presencia en el sistema educativo chino con la formación de profesores chinos de español y el intercambio de becas por parte de ambos ministerios.
Firmamos también un acuerdo sobre reconocimiento de títulos y diplomas que va a permitir trabajar para avanzar en la movilidad de estudiantes españoles y chinos, sobre todo en la realización de posgrados, tanto en España como en aquel país.
Este acuerdo lo firmé con mi homólogo chino el pasado 21 de octubre, en presencia de una delegación de 23 rectores españoles que, posteriormente, participaron en ese foro de rectores chinos y españoles celebrado en Shanghai, en el que se puso de
manifiesto la buena relación existente ya entre distintas universidades españolas y chinas.
En el ámbito científico, me gustaría destacar que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, dispone de dos convenios bilaterales con China: uno, con la National Natural Science Foundation of China, que es la mayor agencia
financiadora de China en investigación científica y, otro, con la Chinese Academy of Sciences, que es una entidad representativa de la investigación en aquel país. La actividad de estos convenios se traduce en sendos programas de intercambios de
investigadores.
En mi opinión, dentro de ese año de España en China, ha sido un viaje oficial que ha permitido atraer la atención sobre cuestiones centrales relativas al interés por el español y la cultura española, y más allá de eso, por el intercambio y
la cooperación en materia de educación superior y de investigación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señora ministra.
-- DE DON LUIS PERAL GUERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO ELECTORAL DE DESTINAR UNA APORTA-
CIÓN INICIAL DE MIL MILLONES DE EUROS A LA RED PÚBLICA DE ESCUELAS INFANTILES DE CERO A TRES AÑOS (S. 680/001474).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Peral. Tiene la palabra su señoría.
El señor PERAL GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señora ministra, señorías, en primer lugar, quiero lamentar que esta pregunta no vaya a ser respondida por don Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, porque es precisamente en la parte de asuntos sociales,
de bienestar social, del programa electoral del Partido Socialista del año 2004, donde se detalla ese compromiso de destinar 1.000 millones de euros a la red pública de escuelas infantiles de cero a tres años y que, hasta ahora, no ha sido cumplido.
Por ello, señora ministra, le ruego que me informe de la fecha aproximada de cumplimiento de ese compromiso electoral, y le pido, por favor, que no nos hable de la Educación Infantil de tres a seis años, de la que sí se está ocupando su
departamento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, es un placer para mí contestar a esta pregunta, y espero que no me marque usted el contenido de mi contestación porque no sé si a continuación, en la dúplica, le voy a hablar de lo relativo a las escuelas infantiles de tres a seis
años.
En mi opinión, por su vivencia directa, porque fue consejero de Educación y participó en el debate anterior a la Ley Orgánica de Educación, tiene muy claro el compromiso de este Gobierno con la educación infantil; un compromiso que ha
superado las expectativas creadas.
En el texto de la Ley Orgánica de Educación se incluye la importancia de la Educación Infantil en el desarrollo educativo de los niños de cero a seis años, e incorpora la financiación en una memoria económica. En el cuadro resumen de esa
memoria económica, repartida entre todas las administraciones implicadas, se especifica un coste adicional para los años 2006-2010, en el apartado de incremento de la oferta de plazas para el primer ciclo de Educación Infantil y el incremento de la
escolarización en la Educación Secundaria Obligatoria, de un total acumulado de 1.269 millones de euros, de los cuales, 594 millones corresponden al incremento de plazas para el primer ciclo de Educación Infantil.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Peral.
El señor PERAL GUERRA: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señora ministra, efectivamente, el pasado 26 de febrero de 2007, siendo consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, dirigí una carta al presidente del Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero, recordándole este
compromiso y solicitándole que se cumpliera lo antes posible, y expresándole que si no podía cumplirse en el año actual, lo fuera en los próximos presupuestos del año 2008. Esta carta nunca fue respondida, y usted tiene conocimiento de ella.
La educación infantil de cero a tres años es absolutamente fundamental para la conciliación de la vida familiar y profesional, para la igualdad de oportunidades y para la lucha contra la exclusión social. Con los 1.000 millones de euros que
comprometió el programa electoral del Partido Socialista en el año 2004 se podían construir 750 escuelas infantiles.
Piense cada senador de esta Cámara las que podrían corresponder a su comunidad autónoma.
Es absolutamente necesario que en los presupuestos se dote esta cantidad para que todas las comunidades puedan alcanzar el objetivo que la Unión Europea fijó para el año 2006 -ya vamos con un año de retraso- de conseguir que el 20 por ciento
de los niños de cero a tres años estuvieran escolarizados en una plaza sostenida con fondos públicos; por ejemplo, en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, de cada 1.000 niños de cero a tres años, solamente 45 están en la
escuela infantil pública; 79, en una escuela infantil privada y 876, en sus casas. Por cierto, en la Comunidad de Madrid, en estos cuatro años, hemos pasado de 24.000 plazas sostenidas con fondos públicos a 55.000, y ese porcentaje que fija la
Unión Europea lo hemos superado ampliamente: estamos en el 27 por ciento.
Hace unos días, exactamente el día 5, leí unas declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero en el nuevo diario Público, y preguntado por las ideas fuerza de su programa electoral dijo: Hay dos bloques muy concretos que van a ser
prioritarios, uno es la educación infantil de 0 a 3 años, que es una de las llaves que nos quedan por meter para abrir más puertas.
Señora ministra, esa llave habría que haberla metido en el año 2005, y ahora van a tener una oportunidad para
meterla en el presupuesto de 2008, ahora que está aquí el vicepresidente señor Solbes, aceptando la enmienda que les vamos a presentar en relación con este asunto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, me ha encantado escucharle su entusiasmo por la escolarización y el carácter educativo del 0 a 3, un entusiasmo que no sé si casa con la política que anunció el Partido Popular en relación con esta etapa de la educación. Y le voy a
explicar dónde hemos puesto muchos millones de
euros. Ha sido un Gobierno socialista, este, como fue un Gobierno socialista el que extendió la educación obligatoria hasta los 16 años, el que ha hecho posible ahora que la Educación Infantil de segundo ciclo sea gratuita en España ya,
porque ustedes en su ley educativa establecieron la gratuidad de esta etapa, de la etapa 3 a 6, pero no la financiaron, y por eso este Gobierno ha tenido que invertir en la financiación de esta etapa más de 800 millones de euros, y vamos a cumplir
sin duda, porque la memoria económica de la LOE lo permite, los compromisos de Lisboa en relación con la escolarización en la Educación Infantil para el 2010, tanto en el ciclo 0 a 3 como en el ciclo 3 a 6. Cumpliremos los compromisos de Lisboa.
La Ley Orgánica de Educación indica que las administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo, y dice también que coordinarán las políticas de cooperación entre ellas y con otras
entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo, y que a tal fin determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios con las corporaciones locales, con otras administraciones y entidades privadas sin fines de lucro.
En este momento sabe usted muy bien que se están pactando los presupuestos del año 2008 y que hay una enmienda por valor de cien millones de euros con la que podrá plantearse atender a la escolarización en el primer ciclo de Educación
Infantil como un objetivo en el que incidir en la próxima legislatura. Va a ser también un Gobierno socialista, el mismo que ha cumplido con la gratuidad en el segundo ciclo de Educación Infantil, el que va a impulsar ahora la satisfacción de esta
demanda de plazas de los más pequeños porque creemos que esta tapa del 0 a 3 es básica para la educación de nuestros niños y niñas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
INTERPELACIONES:
-- DE DON CARLES ALFRED GASÒLIBA I BÖHM, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA VARIACIÓN DE FACTORES CLAVE EN LA ECONOMÍA MUNDIAL Y EUROPEA Y LA REVISIÓN POR EL
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) DE SUS PREVISIONES MACROECONÓMICAS (670/000181).
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Acabadas las preguntas, iniciamos el segundo punto del orden del día: Interpelaciones.
Interpelación del senador Carles Alfred Gasòliba, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la posición del Gobierno en relación con la variación de factores clave en la economía mundial y europea y la
revisión por el Fondo Monetario Internacional de sus previsiones macroeconómicas.
Tiene la palabra el senador Gasòliba.
El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, me permitirá que haga primero una precisión. Cuando planteé la interpelación hace ya unas semanas era el momento en que se hicieron públicas las previsiones del Fondo
Monetario Internacional sobre la economía mundial y su repercusión en la economía española para el año próximo. No tuvimos oportunidad de debatirlo en el anterior Pleno dado que no podía estar con nosotros, por lo que se ha aplazado al momento
presente y creo que mantiene la misma vigencia porque se han añadido más elementos que aún justifican más el poder debatir esta cuestión.
Por lo tanto, creo que esta interpelación está justificada y vigente. El Fondo Monetario Internacional, la OCDE, los servicios de estudios de diversas entidades bancarias y el propio Banco de España han ofrecido diversas estimaciones y
análisis sobre las expectativas de la economía española y su evolución a lo largo del año próximo.
Voy a entrar en el tema. Es evidente, señor ministro, que las turbulencias financieras que se iniciaron en Estados Unidos con las subprime, con las ahora denominadas hipotecas basura, que se titularizaron y tuvieron una entrada no esperada
por sus efectos en los mercados financieros y que ya provocó, no en Estados Unidos, pero sí en Gran Bretaña la bancarrota de un banco, es evidente que han tenido efectos en todas las economías especialmente desarrolladas. No sólo el Fondo Monetario
Internacional sino la OCDE y otros análisis realizados sobre la Unión Europea y los países industrializados, entre ellos España, llevan a considerar que aquellas buenas expectativas que teníamos en verano, el fortalecimiento de la economía europea,
el tirón de la misma para mantener la economía española, han variado; y lo han hecho de una manera preocupante.
La economía de España ha tenido -como ya le reconocí y le manifiesté con motivo del pasado debate sobre los Presupuestos Generales del Estado para este año- la buena dirección que usted ha imprimido en la política económica y con una
observancia, que también reconozco, muy positiva con los compromisos de estabilidad y crecimiento en la eurozona que también comentamos cuando hablamos del proyecto de ley de estabilidad presupuestaria.
Si miramos en estos momentos las cifras de consenso económico, los promedios de las diversas observaciones, nos encontramos con que este trimestre ya muestra una tendencia de crecimiento del 3,8 por ciento. La estimación es del 3,7 por
ciento. La previsión para el 2008 en consenso económico es del 2,7 por ciento. Hay otras estimaciones que yo querría compartir -así nos hemos manifestado en el Congreso-, y es la perspectiva viable de situarnos en el tres por ciento, que es una
buena cifra. Crecer al tres por ciento es una buena cifra. Sin embargo, en
este cuadro macroeconómico nos encontramos con una evolución de la inflación situada ahora en el 2,7 en las cifras publicadas, pero con un repunte -como usted mismo ha manifestado- muy preocupante y un paro situado en torno al 8 por ciento.
En la eurozona, nuestro marco de referencia, estos indicadores presentan niveles más positivos: el 2 y el 7,3 por ciento.
Por lo tanto, el repunte de la inflación estos dos últimos días, las cifras de incremento de paro y el mantenimiento en altos niveles de nuestro déficit comercial entre el 9 y el 10 por ciento marcan, dentro de este panorama ciertamente
positivo, con expectativas, insisto, positivas, elementos de preocupación. De ahí que la economía española presente claroscuros en el momento actual. Ciertamente hay mucho más nubes, incluso algún nubarrón, que hace unos pocos meses. Por eso he
planteado esta interpelación, para conocer su opinión sobre la evolución de la economía española en los próximos meses, pero también para apuntar aspectos estructurales en los que habría que incidir más a fondo, con más decisión, para evitar que una
desaceleración no se convirtiera en una recesión.
No entraré en los detalles de su aplicación específica porque en esta Casa tendremos pronto el debate sobre presupuestos y será el momento de hablar en profundidad. Sí me referiré a las líneas directrices y actuaciones que requieren que no
haya más dilaciones. Las incertidumbres en el panorama internacional continúan. Los mercados financieros no están precisamente estables, lo estamos viendo estos días con los cambios en las direcciones de algunos bancos, uno de ellos es el más
importante del mundo en Estados Unidos; observamos la evolución del precio del petróleo. Hay un crecimiento evidente de los precios de las materias primas, incluyendo productos alimenticios básicos, y hay una incidencia de un euro muy fortalecido,
lo que ayuda a mitigar los incrementos del precio del petróleo, pero esto ya empieza a notarse de modo negativo en algunos sectores exportadores, y no únicamente en la economía española sino en el conjunto de la eurozona. Por tanto, las tasas de
interés se han doblado en los dos últimos años y los créditos se han incrementado, por una parte, de acuerdo con el aumento de las tasas de interés pero, por otra, la crisis financiera ha provocado que haya una restricción más importante, con más
exigencias por parte de las entidades financieras para concederlos. Por tanto, estamos iniciándonos en un clima restrictivo al crédito, lo cual, para el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio o de nuevas inversiones, por ejemplo, tiene una
influencia que lo limita.
En consecuencia, el panorama ya no es de color de rosa, especialmente si nos damos cuenta de que dos motores muy importantes en la economía española en los últimos años, la construcción y el consumo, muestran no únicamente signos de
debilitamiento sino también de recesión. Es decir, nos encontramos -y hago un inciso- con que, por una parte, queremos promover más vivienda y, por otra, resulta que la compraventa de pisos entre enero y junio, antes de la llamada crisis financiera
en Estados Unidos -que evidentemente lo es- ya se redujo para el primer semestre en un 10,6 por ciento. Ciertamente, como he dicho al principio, la economía española presenta una posición saneada. Tenemos un buen margen de maniobra también en
nuestras cuentas públicas y, como he dicho, creo que es viable mantener esta expectativa de crecimiento del 3 por ciento, lo cual nos ofrece, evidentemente, un panorama amplio de maniobra; es decir, unas cuentas públicas saneadas con superávit y,
además, una tasa de crecimiento del 3 por ciento objetivamente en términos absolutos son unas buenas perspectivas. Sin embargo, entiendo que estas perspectivas pueden endurecer las condiciones en las cuales se desarrolla nuestra economía, y hay
aspectos en los que, tal vez de aquí a un año y medio, podamos encontrarnos en unas condiciones mucho más duras para estar de hecho en una economía ya totalmente comercializada.
Desearía apuntar tres aspectos que me parecen interesantes. El primero se refiere a que creo que hay introducir modificaciones en nuestro sistema fiscal, y reitero la propuesta de eliminar definitivamente el provisional Impuesto sobre el
Patrimonio -dicho entre comillas-, e incluso me atrevería a mencionar también la del Impuesto sobre Sucesiones, un debate que, por cierto, está hoy vivo en Alemania, en una economía que está marchando de una manera muy positiva también lo contemplan
en su proceso de ajuste, no la desaparición del Impuesto sobre el Patrimonio que yo propongo, pero sí para los niveles de presión fiscal.
Por otra parte, la presión fiscal se ha incrementado en los últimos años fruto de la buena evolución de la economía. Entiendo que ahí también hay margen de maniobra. Han hecho un avance de cara a las pequeñas y medianas empresas en la
revisión de los módulos, lo que es una medida positiva, pero en mi opinión excesivamente limitada.
Creo que rebajar, por ejemplo, el nivel impositivo en impuestos como el IRPF o sucesiones sería una buena señal. En primer lugar, serviría para favorecer y animar el consumo, que según vemos en las últimas encuestas experimenta una clara
contracción; en segundo lugar, para proporcionar un clima de mayor confianza puesto que los indicadores de confianza económicos de los dos últimos meses también reflejan una clara desaceleración. Por lo tanto, creo que hay margen de maniobra.
Dado que la presión fiscal ha sido superior a la prevista, debido a la propia evolución positiva de la economía española, deberíamos proporcionar un signo de confianza al consumo, a la inversión y a la actividad empresarial en el IRPF y en el
Impuesto sobre Sucesiones.
Evidentemente, también hay que tener en cuenta un aspecto que ya planteamos en el debate de la Ley de estabilidad, y me refiero al tema del destino del superávit mayor del previsto. En ese sentido, nosotros continuamos defendiendo que hay
un buen margen de maniobra para hacer mayores aportaciones en el desarrollo de infraestructuras, tanto de inversiones productivas como de equipamientos sociales.
Antes ha hablado del alto nivel de inflación, cuya evolución es crónica desde que estamos en la eurozona y sus-
tancialmente más alta que en el su conjunto. Hubo un cambio de tendencia positivo pero los últimos datos señalan que vuelve a producirse un diferencial, que además es acumulativo, con una inflación de fondo que no logramos erradicar, y ello
afecta a nuestros niveles de productividad.
Uno de los factores más complicados a largo plazo sobre el que nos hemos mostrado muy poco eficaces es el incremento de nuestros niveles de productividad, que al mismo tiempo afectan, como es lógico, a los de competitividad. El servicio de
estudios de la Caja de Ahorros y de Pensiones de Barcelona, la Caixa, ha realizado dos estudios monográficos en los que se analiza el tema de la productividad en la economía española. Los titulares de estos artículos monográficos son: En el
primero: El patrón de especialización sectorial no justifica la baja productividad de la economía española. Y en el segundo: En España se crean muchos puestos de trabajo pero su baja productividad frena el avance de la renta por habitante.
Evidentemente, los niveles se ven afectados con esta remodelación y se puede aducir que hasta este año hemos ido aumentando nuestra productividad a niveles inferiores al 1 por ciento, aunque este año ya ha sido un poco superior. Observando
el desfase que llevamos y viendo cómo evolucionan y el desequilibrio de nuestro comercio exterior, es obvio que el esfuerzo para obtener unos mejores resultados tendría que ser mucho más importante, sobre todo cuando se aduce que en el sector
manufacturero hay un incremento de la productividad, y es verdad, pero es que han desaparecido 46.000 puestos de trabajo. El output en la producción se ha mantenido e incluso ha crecido, pero el denominador es inferior en parte.
Esto no significa
que hayamos desarrollado, como ha pasado en Alemania, una industria más competitiva con mayores niveles de capacidad de incidencia en los mercados exteriores.
Veo que he de terminar, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Debería terminar. Iba a informarle de que ha consumido su tiempo.
El señor GASÒLIBA I BÖHM: De acuerdo.
Tan solo voy a apuntar dos temas más para luego, en la posterior intervención, desarrollarlos con más precisión.
Por un lado, hay un tema que tenemos muy abandonado y que se refiere a tener una Administración y una burocracia más eficaz. Hay un informe, el Barómetro del Clima de Negocios en España, del International Center for Competitiveness del
IESE, junto con INTERES Invest in Spain, que cita como primer obstáculo o principal debilidad para la actividad económica los procedimientos o trámites administrativos. Hay que tenerlo muy en cuenta.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Yo creo que ya debería terminar.
El señor GASÒLIBA I BÖHM: Termino, señor presidente.
Finalmente, señoría, me iba a referir a la investigación y desarrollo, pero tendré oportunidad de hablar de ello más tarde.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): En el segundo turno.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Gasòliba. Usted ha planteado hoy un tema que se refiere a las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que luego ha ido ampliando, y ya no sólo lo ha convertido prácticamente en casi un predebate presupuestario,
sino que yo diría en casi un predebate sobre la política económica de la próxima legislatura. Me parece bien, lo que veo difícil es cómo hacer frente a todos esos problemas en quince minutos.
Por lo tanto, me va a permitir usted que sea rápido en
mis comentarios.
El último informe sobre estabilidad financiera global del Fondo Monetario Internacional advierte de los riesgos de crédito, de mercado, de liquidez y macroeconómicos derivados de las turbulencias. Es verdad que a medio plazo este ajuste va
a permitir una valoración más adecuada de esos riesgos, pero también va a aumentar la calidad de la inversión haciendo más sostenible la fase expansiva del ciclo. A corto plazo, sin duda alguna, va a generar algunas dificultades, y eso lo sabemos
todos. Creo que es pronto todavía para evaluar cuál es el impacto de las turbulencias financieras sobre el crecimiento mundial ya que el impacto va a depender, sobre todo, de la duración y profundidad del ajuste. Y usted es habitual lector de
prensa internacional y sabe que el gran problema siempre es cuánto tiempo vamos a tener la crisis y cuán profunda es la crisis. Y es verdad que en estos momentos disponemos de más información que hace un mes, pero no estamos seguros de que
dispongamos de toda la información tal como vamos viendo.
El Fondo Monetario Internacional en su informe semestral sobre perspectivas económicas parte de unas previsiones de crecimiento mundiales muy sólidas, 4,8 por ciento, algo inferiores a las anteriores, pero también estamos hablando de
crecimientos próximos al cinco. Es verdad que con estos crecimientos pensar que no va a tener impacto sobre el petróleo, sobre las materias primas o sobre los alimentos, creo que es ser muy optimistas. Por tanto, en cierta medida, esos impactos a
los que usted ha hecho referencia son consecuencia del propio crecimiento que se está planteando. Cada uno de estos temas tiene sus propias características, que con más tiempo podríamos desarrollar. Los informes que nos da la OCDE, el informe de
la Comisión Europea, todos rebajan sus cifras de crecimiento, pero siguen siendo relativamente altas.
¿Qué pasa con la economía española? Yo creo que contamos con fortalezas muy significativas para afrontar la situación actual: tenemos un dinamismo económico alto, tenemos un sistema financiero muy sólido, prácticamente casi sin exposición
directa a los activos más afectados por las turbulencias. Los balances en general de nuestras empresas son muy sólidos, pueden afrontar crecimientos de costes de financiación con efectos moderados sobre la actividad real. El Banco de España
publicó hace un par de días su informe de estabilidad financiera, y subraya que la buena marcha del negocio en la primera mitad del año 2007 unida a los elementos estructurales del modelo de banca español -no olvidemos cómo funciona, por ejemplo, el
sistema hipotecario en España y tampoco el especial sistema de la banca española, como el sistema financiero de reserva, es decir, de tratamiento de este tipo de activos-, evidentemente, nos permite estar relativamente tranquilos en ese sentido.
Es verdad que usted basa su intervención inicial sobre las previsiones económicas del Gobierno a efectos de presupuesto. Nosotros partimos, como es conocido, y ya lo dije en el debate presupuestario, de un crecimiento del 3,3 para el
conjunto del año 2008. Es un crecimiento superior al de los países de nuestro entorno. En aquel momento se consideró que, aun siendo el más bajo de los que se estaban planteando -estamos hablando del mes de julio-, ya suponía una rebaja de medio
punto respecto a los crecimientos anteriores o los que se estaban produciendo. Dicho de otra forma, no ha habido ninguna complacencia por parte del Gobierno en cuanto al reconocimiento de una cierta desaceleración en la economía española el próximo
año, aunque es verdad que posteriormente ha habido unas turbulencias económicas que han complicado esas previsiones económicas del mes de julio.
Como usted sabe, desde que yo soy ministro de Economía he mantenido la tesis -y voy a seguir manteniéndola- de que previsiones solo se publican dos veces al año -no podemos estar publicando previsiones todos los días-: una para la
elaboración del presupuesto y otra a fin de año, cuando trasladamos a Bruselas los programas de estabilidad y crecimiento.
Cuando revisemos las cifras en diciembre lógicamente nos adaptaremos a los nuevos elementos de la realidad. Hasta ahora lo
que hemos dicho y seguimos manteniendo es que nuestro crecimiento del 3,3 por ciento es posible, aunque es verdad que hoy los riesgos son claramente a la baja y que no descartamos un crecimiento en el entorno del tres por ciento, en línea con el
crecimiento potencial, que, por otra parte, sería el deseable. Usted dice que es un buen crecimiento. No solo es bueno sino que, en términos teóricos, estaríamos en el crecimiento potencial y, por tanto, no estaríamos sufriendo todas las tensiones
de demanda interna que se han producido durante estos años y que tienen un impacto negativo en la inflación y en otros elementos de la economía.
Hay un tema muy importante que quiero destacar, porque a veces se olvida, y es que los presupuestos elaborados con este cuadro macroeconómico digamos de forma elegante que tienen la holgura suficiente como para ser cumplidos aunque el
crecimiento se sitúe en el entorno del tres por ciento. Dicho de otra forma, el objetivo fundamental con el que se elabora el cuadro macroeconómico creo que se va a cumplir.
Usted ha hecho referencia a la inflación del 3,7. Es verdad que nosotros estábamos más bien en el consenso del crecimiento entre el 3,1 y el 3,3.
El 3,7 nos ha sorprendido, como sorprendió mucho en Alemania en el mes anterior la subida de
0,9 puntos, con una base mucho menor. Sin embargo, es verdad -no debemos olvidarlo- que estamos hablando de crecimientos puntuales, saltos en el nivel como consecuencia de la elevación del precio del petróleo -ya sabemos que el efecto base hubiera
motivado un cierto impacto negativo-, pero también por los alimentos.
Es verdad que resulta muy difícil sacar conclusiones a medio plazo. El año que viene la media de inflación estará claramente por debajo de esta, sobre todo si tomamos en consideración el efecto base del año que viene.
El paro está en el 8
por ciento. Es verdad que son cifras peores que las medias europeas, pero, en mi opinión, no son cifras que debamos valorar como claramente negativas. Son cifras específicas en un momento determinado a las que hay que prestar la atención que
merecen, pero tampoco debemos preocuparnos más de lo que sea necesario. Todo esto nos va a llevar a una cierta desaceleración de la economía. No es nada nuevo, es lo que habíamos previsto. Puede ser que esa desaceleración sea algo mayor.
Usted ha utilizado la palabra recesión, que otros colegas en el ámbito político utilizaron también cuando bajamos del 4,1 al 3,9 por ciento de crecimiento. Espero que usted utilice el concepto en términos técnicos, que significa dos
trimestres seguidos con crecimiento negativo. Si esa es su interpretación, creo que la recesión está muy lejos de lo que está pasando en España. De lo que estamos hablando es de una desaceleración con crecimientos en el entorno del tres por ciento
y que además, evidentemente, nos va a ayudar a reequilibrar el patrón de crecimiento.
Esta mañana ha habido un debate que me ha resultado de cierto interés, aunque debo reconocer que me ha aportado muy poco de positivo en las críticas que se han hecho a la política del Gobierno, es decir, ha habido una presentación elegida de
datos no muy coherentes sino muy bien hilvanados para intentar un razonamiento lógico. Porque lo que se planteaba era: Hay que cambiar la política económica. Y no hay que cambiarla en absoluto. Simplemente tenemos una desaceleración que nos
ayuda a modificar el patrón de crecimiento, que es lo que venimos intentando hacer desde el principio de la legislatura, tener un crecimiento en el entorno del potencial que sea mucho más sano y más eficiente. Yo creo que en ese sentido se está
avanzando.
Usted hablaba -y luego volveré al final cuando comente sus últimas propuestas- de mejorar el consumo. ¡Ojo! Sí, pero, pues el consumo es uno de los elementos que debería bajar si queremos mejorar el patrón de crecimiento.
Nuestro objetivo fundamental tiene que ser la productividad. Por lo tanto, algo menos de demanda interna, algo
más de demanda externa y que el sector exterior nos ayude. Esa estrategia seguimos planteándola, y yo creo que el esfuerzo que hemos hecho en I+D+i y en infraestructuras en este período es realmente notable.
¿Se puede mejorar y hay que seguir? Se puede mejorar y hay que seguir.
¿Lo estamos haciendo de la forma más eficiente? Estamos haciéndolo de forma muy eficiente.
¿Se puede mejorar? Por supuesto, y yo creo que ahí, siempre que haya margen, hay que hacer las cosas mejor.
Productividad. Usted ha hecho referencia a la productividad. Es verdad que cuando llegamos el crecimiento de la productividad era del 0,3, que el año pasado fue del 0,6 y que este año estamos al 1 por ciento. Usted mismo ha puesto de
relieve que, sin embargo, cuando haces la descomposición de productividad por sectores, en el sector industrial la productividad está creciendo en los últimos trimestres por encima del cinco.
¿Que es consecuencia de la caída de empleo? Sí. No es cierta su afirmación de que eso no suponga que la industria mejore y sea más competitiva. Sí mejora y es más competitiva. Y si usted analiza, por ejemplo, en términos de
competitividad, cuál es la participación de España en el total mundial de la exportación, se sorprenderá usted de que España es el segundo país que lo ha hecho mejor durante estos años en lo que se refiere al comportamiento de la exportación y, sin
embargo, en porcentaje total de participación en la exportación mundial seguimos con una cifra del entorno del 1 al 8, que más o menos es nuestra cifra histórica. Es verdad que hemos tenido mucha importación, y esto nos está generando un déficit
por cuenta corriente importante, y tiene otro tratamiento y tiene otro tipo de problemas.
Por lo tanto, yo creo que la política económica que tenemos en marcha es buena, que hay que seguir insistiendo en la misma, que evidentemente hay que intentar en la misma, que hay, evidentemente, intentar superar los problemas que tenemos
como la subida de precios del crudo con una subida transitoria de la inflación, que deberíamos de volver a niveles más normales de crecimiento en los próximos meses y, en definitiva, seguir trabajando, como lo hemos hecho, para tener un nivel alto
de creación de empleo con solidez y solvencia en el sector financiero, con buena posición en nuestras empresas y, evidentemente también, en nuestros hogares y yo creo que nuestro punto de partida nos permite ver las cosas con bastante tranquilidad.
A partir de ahí su señoría ha planteado tres temas, ya no para ahora, sino prácticamente para dentro de un año o de año y medio, decía usted. Ese es otro debate, no es el de este momento, pero en todo caso sí voy a hacerle algunos
comentarios sobre los cuatro puntos que usted ha suscitado.
Sistema fiscal. Evidentemente mi posición es que hay que mantener la presión fiscal, ha sido siempre la misma. Por lo tanto, si hay ingresos adicionales hay que plantearse cómo se devuelve a la ciudadanía esos ingresos adicionales. Ese es
un tema al que siempre estaremos abiertos y que siempre estamos dispuestos a hablar. Hay muchas opciones. Usted prefiere que se supriman Patrimonio y Sucesiones. Es un tema que hay que discutir. Evidentemente es un impuesto que, en estos
momentos, es un recurso en las comunidades autónomas y hay que ver qué impacto tienen. No estoy tan de acuerdo con su tesis sobre bajar el IRPF para mejorar el consumo. Lo que estamos intentando es volver al crecimiento potencial.
Por lo tanto,
no, digamos, incentivemos más el consumo pues bastante incentivado ha estado históricamente como consecuencia de la política monetaria que hemos tenido con tipos reales negativos y que son parte de nuestro problema en estos últimos años.
El destino del superávit es otro debate, y yo creo que los superávit cuando son consecuencia de una evolución del ciclo muy positiva y, por tanto, son cíclicos y no estructurales, no hay que gastarlos, ni siquiera en infraestructuras. Hay
que ahorrarlos, hay que reducir a deuda, porque vendrán tiempos peores en que si queremos mantener una política normal de inversión en infraestructuras -que sí que estoy de acuerdo en que hay que mantenerla y una política ambiciosa durante largos
periodos de tiempo-, nos harán falta para hacer estas cosas.
Inflación. Ya le he hecho algún comentario sobre productividad y competitividad. Por lo tanto, creo que el sector manufacturero español no lo está haciendo mal en términos de competitividad, lo cual no quiere decir que tengamos que se
complacientes con la situación, porque es verdad que, con nuestra balanza comercial y el déficit por cuenta corriente, no podemos serlo.
Sin duda alguna, la Administración tiene que ser más eficaz. Esa es la razón por la que estamos apostando claramente por una administración electrónica. Tal vez la gran reforma que la Administración española necesita es, a imitación de
algunos de los departamentos que hoy están funcionando mejor en la Administración pública -estoy pensando en la Seguridad Social y en alguno de mi propio ministerio, como la Agencia Tributaria-, un sistema mucho más informatizado que, sin duda
alguna, funcionará mejor.
Por otra parte, podemos discutir lo que hemos llevado a cabo en I+D. Hemos más que duplicado los fondos disponibles para I+D en este período, lo cual ha supuesto un esfuerzo muy importante. ¿Se puede hacer más? Se podría hacer más en
cantidad -aunque seguramente no de forma tan abrupta como lo hemos hecho durante este periodo- y más en términos de eficiencia. Por primera vez, hemos superado el 1 por ciento del pib en inversión en I+D. Es verdad que no contamos con la
participación privada que nos gustaría, como también lo es que Europa está al 2 por ciento y Estados Unidos al 3 por ciento, pero tampoco podemos inventar procesos de investigación y desarrollo de la noche a la mañana, pues es algo que exige tiempo.
Durante un cierto periodo, nos esforzaremos por conseguir esa idea.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
El senador Gasòliba tiene la palabra.
El señor GASÒLIBA I BÖHM: Gràcies, senyor president.
Señorías, señor ministro y vicepresidente del Gobierno, me gustaría hacer dos precisiones. Yo planteé la interpelación cuando aparecieron las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, aunque se tuvo que aplazar el debate
de dicha interpelación, creo que esta sigue estando justificada.
En segundo lugar, mi frase decía: actuemos rápido para evitar que una desaceleración acabe en recesión. Por lo tanto, lo que reclamo es un espíritu más atento, si puede decirse así, a las condiciones de nuestra economía productiva,
teniendo en cuenta que las condiciones para actuar en los mercados de forma competitiva -con nuestras claras carencias de competitividad- se endurecerán. Como el mercado interior no tirará tanto, es obvio que hemos de dar mayores posibilidades y
prestar mayor atención a algunos aspectos como el de la presión fiscal, cuestión que podemos discutir en detalle. Así pues, aprovechando que hemos tenido este incremento en presión fiscal y contamos con margen de maniobra, demos señales de
incentivos fiscales más amplios.
Estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho sobre las infraestructuras. Sin embargo, viniendo de Barcelona, la referencia de que necesitamos mejores infraestructuras puede considerarse cruel, pues lo que se está viviendo en el área
metropolitana evidencia las carencias y las necesidades en infraestructuras. Es cierto que existen zonas susceptibles de un mayor crecimiento económico, pues la falta de infraestructuras adecuadas se está convirtiendo en una muy seria limitación.
Hay dos temas que no he podido desarrollar, junto con el de la reforma de la Administración, sobre los indicadores de confianza económica de inversión: uno de ellos, el IES, lo sitúa el primero; el otro es el de Investigación y Desarrollo.
Estoy de acuerdo con el esfuerzo que se ha de hacer, pues, además, contamos para ello con dinero procedente de la Unión Europea, pero considero que falta consenso con la comunidad académica, con los centros de desarrollo tecnológico y, como usted
mismo ha señalado, un mayor nivel de partenariado con el sector privado.
Hay otras cuestiones que surgen en algunos ámbitos analizados sobre la competitividad: el último ranquin del Foro Económico Mundial señala que España ocupa el lugar 28 en una lista de 125; es verdad que 28 sobre 125 parece que es estar
bien situado, más arriba del primer tercio, pero en comparación con aquellos a los que a nosotros desearíamos equipararnos estamos excesivamente retrasados. A este respecto hay dos aspectos -y con ello acabo-: uno es la necesidad de una mayor
atención en algunos ámbitos que habían pertenecido al sector público, que aún pertenecen y que no ofrecen las garantías de suministro o de servicio al nivel adecuado -están citados en estos estudios-, y el otro es que continúo insistiendo en la
necesidad de la reforma y flexibilización del mercado laboral. En un estudio que acaba de realizar la Fundación Bertelsmann, España quedó en el lugar 17 de un total de 21 países, precisamente analizando la cuestión de los niveles adecuados y costes
laborales, y piense que en estos últimos meses el coste laboral unitario ha aumentado.
¿En qué se fundamenta la propuesta para flexibilizar el mercado de trabajo? Altas tasas de temporalidad, rigidez en el mercado laboral, alto coste de despido y poca movilidad geográfica, además de los niveles de absentismo. Lo que reclamo
es que hay que actuar ahora para evitar una degeneración en la evolución de lo que puede ser una simple desaceleración, enviando mensajes muy claros a la iniciativa empresarial y al conjunto de nuestra actividad productiva.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Señor vicepresidente, tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Haré un par de comentarios adicionales que pueden ser útiles.
¿Debemos actuar rápido para evitar que la recesión se produzca? Por supuesto, ya hay elementos en el presupuesto de esas características. Si usted analiza el presupuesto verá que hemos sido ambiciosos como mínimo en dos ideas: primera,
seguir manteniendo un alto nivel de inversión pública -éramos conscientes de que en un período como el actual era bueno ir en esa dirección- y, segunda, hemos propuesto la deflactación total del IRPF, que supone un esfuerzo significativo adicional
de devolución de dinero a los ciudadanos. No hemos hecho -como se hizo en el pasado por parte de este Gobierno e incluso por el Gobierno anterior- la deflactación de la tarifa, sino que se han aumentado los mínimos, con lo que todo ello supone de
protección a las familias con menores ingresos y que también puede ser claramente positivo en otros aspectos: llámese endeudamiento de esas familias, pago de hipotecas, etcétera. Por lo tanto, estamos detrás de ese tema que, como es evidente, nos
preocupa y lo vamos a seguir al detalle.
El hecho de que la presión fiscal haya aumentado en términos de dividendo y divisor es verdad; no es menos cierto que no ha aumentado la presión fiscal como consecuencia de decisiones voluntarias del Gobierno, más bien las decisiones del
Gobierno han ido en la dirección de bajar los impuestos, y también es cierto que las cifras de presión fiscal de las que estamos hablando en estos momentos son cifras de 2005 -de 2006 hay poco todavía-, que no recogen el impacto de la anterior
reforma del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades.
I+D+i. Dice usted que falta dinero y que falta consenso. Yo creo que hay bastante dinero -hay dinero de la Unión Europea- y que hay un cierto consenso, que fue muy trabajoso. Fue complejo poner de acuerdo a las dos grandes patas que están
en este mundo, que son, por una parte, el
mundo de la investigación, de la universidad, digamos más teórico, y, por otra parte, el mundo más práctico vinculado a la empresa; de hecho, el programa Ingenio 2010 tiene este objetivo y además se han puesto en marcha una serie de
programas específicos que nos van a ayudar a modernizar la sociedad. Por lo tanto ahí se ha avanzado de forma significativa.
Competitividad. Estoy de acuerdo en que la cifra no es como para estar satisfechos, aunque estemos situados en el primer quinto o el primer cuarto de ese grupo de 125 países. Siempre se puede hacer mejor.
La flexibilidad del mercado laboral es un tema recurrente. Yo opino que hay que revisar todas las normas continuamente, y no solo las del mercado laboral, aunque muchas de ellas son inútiles. No obstante, tenemos que hacer una reflexión
seria: no se puede decir al mismo tiempo que hay que flexibilizar el mercado laboral y que la temporalidad y el coste del despido son muy altos; o una cosa u otra. Es decir, que la flexibilidad viene de la temporalidad y, si suprimimos la
temporalidad o reducimos el coste del despido, tendremos, evidentemente, menos flexibilidad; no mezclemos todo, porque no dará buen resultado. Es cierto que el comportamiento salarial ha sido razonable en España durante estos años.
También lo es
que el empleo ha aumentado de forma muy significativa y que hemos mejorado algo la temporalidad. Creo que hay mimbres para seguir avanzando en esa dirección. Desde luego, hay que volver a hacer un esfuerzo en la próxima legislatura, en esto como
en lo que concierne a la Seguridad Social, entre otras razones porque estas cuestiones hay que plantearlas de forma recurrente puesto que siempre hay cosas que se pueden hacer mejor.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
-- DE DON FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LA PRIORIDAD QUE CONCEDE EL GOBIERNO AL PLAN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2010 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO (S.
670/000182).
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Interpelación del senador Francisco Albistur, sobre la prioridad que concede el Gobierno al Plan de Ciencia y Tecnología e Innovación 2010 de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Senador Albistur, tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, le agradezco su comparecencia en este debate, que vamos a ver si lo tenemos razonable y en los términos en los que queremos propiamente desarrollarlo. Sobre todo, porque usted ya se habrá dado cuenta de que la interpelación
tiene un trasfondo, que es precisamente el debate sobre la transferencia de las competencias en materia de ciencia y tecnología, recogidas en el Estatuto de Gernika y también en la Constitución.
Esta pequeña aclaración, que no tiene por qué serlo, pretende precisar si el Gobierno del Estado reconoce como parte de sus planes de ciencia y tecnología el Plan de ciencia y tecnología que ha venido desarrollando el Gobierno vasco y fue
aprobado por el Parlamento vasco durante estos años, hasta 2007, y si el próximo, que alcanza hasta 2012, forma parte también del Plan de ciencia y tecnología que el Gobierno acaba de aprobar y que empezará a aplicar durante la próxima legislatura.
Esto significaría solamente tener coherencia con las opiniones que ha expuesto el Gobierno en documentos que ha elaborado y que figuran tanto en el plan anterior de ciencia y tecnología como en el nuevo.
El plan que ha elaborado la comunidad autónoma vasca está en relación con los planes de España y con el plan marco de la Unión Europea. Si esto es así y se dan, por tanto, las bases para lo que fundamentalmente establecen tanto la
Constitución como el Estatuto de Autonomía, que es la coordinación y el fomento de la investigación, estaríamos de acuerdo en la coordinación de objetivos, de programas, de agentes que lo realizan, pero a lo mejor no en un aspecto clave: los
recursos.
Si se cumplieran todos estos hechos, se cumplirían las condiciones que señalan el artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía y el artículo 149.1.15.a de la Constitución Española, porque la cuestión de fondo es cuál es el papel del Gobierno del
Estado y cuál es el papel de los gobiernos de las comunidades autónomas. Tanto cuando se elaboró la Constitución como cuando se elaboró el Estatuto de Autonomía, la situación territorial y la del mercado internacional, o la de la economía
internacional -tanto la de la española como la de la europea e internacional- era bien diferente. Entonces quizás tendría sentido una distribución de competencias al elaborar estos textos. Hoy el tema está mucho más entremezclado, positivamente
más entremezclado. Hoy día está más interrelacionado, positivamente más interrelacionado, y quizás las competencias son confusas o las fronteras competenciales son confusas, afortunadamente son confusas. Es decir, las comunidades autónomas han
asumido un mayor papel en la gestión pública y el Estado lo ha dejado. Mi opinión es que el artículo 149.15 y el artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía previeron, -quizá sin quererlo- muy bien cuál iba a ser la situación. El Estado tenía que
hacer hacer investigación o, como dice bien claro, tenía que fomentar que se hiciera investigación y coordinar a aquellos que la hicieran, en concreto las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas tenían que hacer hacer investigación,
fomentar que hubiera investigación en sus propios territorios y se generara desde abajo -desde el mundo de la industria, desde el mundo de la universidad- la investigación y se mejorara notablemente la posición investigadora en España, tanto en
ciencia como en tecnología, de manera que el peso específico que España iba adquiriendo en el contexto europeo creciera, en el contexto internacional, y así ha sido. Pero se ha confundido el papel del Estado, que de
alguna forma ha sido más intervencionista en esta materia. Y no sé cómo explicar mejor el término intervencionista, no le quiero dar el término radical que significaría, sino que el Estado tiene que hacer hacer investigación o tiene que
hacer que se fomente la investigación. Después veremos que prácticamente esto se ha realizado.
Por eso, habría que repensar las políticas públicas en esta materia para que fueran correctamente aplicadas, no solo en cumplimiento de la legalidad, sino también con el ánimo de responder a una correcta gestión pública de la realidad
económica actual, de la estructura docente y productiva actual y del espacio que la ciencia y la tecnología tienen en la actualidad.
¿Por qué se propuso -voy a hacer una especie de interpretación de lo que en su día hicieron los autores estatuto- tener competencias en ciencia y tecnología? En primer lugar, para responder a la iniciativa empresarial que se planteaba una
transformación tecnológica necesaria. No quiero ahora -por no alargarme- recordar los años duros de la reestructuración de los ochenta.
En segundo lugar, para competir en mercados internacionales partimos, en nuestro caso, de una economía que siempre ha sido abierta, aun en las épocas de la autarquía, una economía que ha sido eminentemente, sobre todo la industrial,
exportadora y que ha competido, no en este caso con costes -porque siempre han sido más altos que la media del Estado, sobre todo en mano de obra-, pero sí ha competido con técnica y con tecnología, con conocimiento, en una palabra.
En tercer lugar, para no depender de políticas públicas y, aunque suene duro, voy a decir de dudosa equidad e interés equilibrador, y para poder impulsar el esfuerzo por la calidad y la excelencia como factores a beneficiar y a destacar.
En cuarto lugar, para desarrollar recursos propios en un territorio escaso en materia prima y con un elevado sentido del valor del factor humano, del conocimiento, de la novedad y de la capacidad de adaptación a nuevas situaciones y nuevas
técnicas.
En quinto lugar, para el desarrollo de las potencialidades de la enseñanza universitaria, que, como usted sabe muy bien, tardó mucho tiempo en desarrollarse en nuestra comunidad autónoma, pero que tiene en la actualidad, y lo ha tenido en
estas décadas, a una sociedad con elevada escolaridad, bajo fracaso escolar y peso de los estudios técnicos importantes sobre el total de la población activa. Todo ello sin actuar en un ámbito cerrado, localista -no, lejos de toda esa situación y
de ese escenario-, sino mejorando la presencia en el ámbito económico, hoy le llamaríamos mercado general, tanto español, como europeo e internacional.
Discúlpeme, señora ministra, que dude de la posibilidad de que estos niveles actuales de desarrollo se hubieran alcanzado -me refiero al desarrollo tecnológico- si dependiéramos exclusivamente de la iniciativa del Gobierno del Estado. Yo
tengo muchas dudas el respecto. Y no se trata de descalificar políticas públicas ni intenciones políticas ni la gestión pública, sino de constatar lo que le decía al principio de mi intervención, que la complejidad de la deriva que ha tenido la
sociedad, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista tecnológico y de la evolución del conocimiento, ha dado o ha establecido diferentes capacidades de reacción y de actuación a cada uno.
Hoy día es difícil que un Estado pueda llegar a cubrir todas las demandas que existen en su territorio, y yo creo que lo hacen mejor las comunidades autónomas que el propio Estado. ¿Qué tiene que hacer, por tanto, el Estado? Lo que
establece la Constitución: fomentar y coordinar que haya investigación en el territorio de su Estado, fomentar que haya investigadores en la universidad y en las comunidades autónomas y coordinar todo ello dentro de una planificación.
¿Qué tiene que hacer el Gobierno vasco en este caso? Fomentar la investigación. ¿Qué señalan la Constitución y el Estatuto de Autonomía? Creo que está suficientemente claro, y además esta pregunta no solo la respondo yo, deberían
responderla Andalucía, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla y León, que han optado, entre otros, por este camino.
Debo reconocer, señora ministra, que en los últimos años en España se ha alcanzado un nivel de ciencia básica muy aceptable, aunque su impacto en el desarrollo tecnológico del país todavía es bajo, lo cual muestra algo que ha sido una
característica de nuestro sistema de ciencia y tecnología: una cierta desconexión -lo recordaba el señor vicepresidente del Gobierno- entre la universidad y los centros de investigación estatales y el mundo de la tecnología y de la empresa.
Por ello, se tomaron medidas, se ha hecho un esfuerzo importante encauzando las inversiones en investigación, sobre todo en las últimas décadas, en una dirección más relacionada con la ciencia aplicada, y además se ha pretendido cortar ese
gap que había entre el mundo de la academia -entre comillas- y el mundo de la industria o empresa -también entre comillas-, y al hacerlo nos hemos encontrado con muchos obstáculos.
En primer lugar, una rígida estructura fundacional en las instituciones, además con una elevada edad media de los investigadores. La incorporación de jóvenes investigadores, jóvenes conocedores y jóvenes doctores es todavía un reto que
debemos abordar.
En segundo lugar, una ausencia de planificación adecuada de los objetivos de la investigación, cosa que se va corrigiendo en los últimos planes de ciencia y tecnología.
En tercer lugar, la distribución de los fondos o la promoción de personal ha sido, en el mejor de los casos, en función de criterios excesivamente academicistas, incluso las evaluaciones de los proyectos.
En cuarto lugar, una endogamia en los procesos de selección de personal en los centros institucionales, sobre todo en el mundo universitario.
Y, en quinto lugar, los investigadores han carecido de otro tipo de estímulos y se han encontrado cada vez más alejados del mundo empresarial, es decir, no se ha conseguido ese entramado que sería necesario y que tanto pro-
clamamos todos de la conexión entre la universidad, mundo de la investigación y la empresa. Ha habido correcciones, y esas correcciones han procedido, por ejemplo, de algunas comunidades autónomas, como el País Vasco, pero puedo citar otras
como la Comunidad Valenciana, Andalucía, etcétera, que han tomado conciencia de este problema y están dando pasos significativos para apoyar el desarrollo tecnológico mediante la creación de algo que este Gobierno no acaba de valorar, como son los
centros de investigación enfocados a la investigación aplicada y precompetitiva en determinados sectores industriales especializados o atendiendo a las características especializadas de cada uno de estos territorios que le he citado.
Estos centros tecnológicos están consiguiendo una alta tasa de autofinanciación con recursos de las propias comunidades autónomas y de las empresas y con una importante gestión positiva de sus propios recursos para realizar una investigación
propia, con escasos recursos por parte del Estado -como hemos debatido en este Senado-, y están enraizados en el entorno industrial de la región, contribuyen de forma muy notable a aumentar el nivel de competitividad de las empresas del territorio y
en una economía globalizada, y además permiten la participación en la creación de nuevas empresas semilla, lo que se llama spin-off, contribuyendo así a la reindustrialización del territorio con la formación de empresas de avanzada tecnología. Esta
es una constatación, ya es una realidad.
¿Pero cuál es el mercado? En el entorno europeo, donde los costes laborales son especialmente altos, solamente las empresas de alta tecnología pueden competir en el marco de una economía globalizada. Para ello se han tomado medidas, tanto
en el mercado europeo como en el español o en el de las comunidades autónomas, como son reducir ese gap existente entre la investigación académica y la industria -se está avanzando en ello-, y fomentar la investigación aplicada, el estímulo o el
trasvase de conocimientos entre universidades, centros oficiales de investigación y empresas. Por otra parte, en la escala estatal también se ha hecho necesaria una mayor planificación y coordinación de la actividad científica y tecnológica con los
planes de ciencia y tecnología.
Estos dos parámetros fundamentales, la planificación y la coordinación, son indispensables en cualquier actividad económica, pero hoy día son prácticamente inexistentes o, siendo generoso, poco existentes en nuestros organismos oficiales de
investigación. A modo de ejemplo basta señalar -y usted es responsable del Ministerio de Educación y Ciencia- que hoy día las fuentes de financiación de la investigación académica e industrial siguen separadas en dos ministerios que precisan de una
importante coordinación.
No me queda mucho tiempo, señora ministra, y voy a acortar; ya hablaremos en el próximo turno. No obstante voy a reproducir los términos que ustedes mismos han ido planteando. En el Plan nacional de ciencia y tecnología 2004-2007, todavía
vigente, en lo que se refiere a las áreas de coordinación y cooperación, decían que es importante concebir el proceso de priorización de actuaciones de I+D desde un enfoque integrado de los ámbitos regional, nacional y comunitario. En estos
momentos la mayor parte de las prioridades de los planes de I+D+i de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas son comunes, y muchas de ellas coinciden con las del programa marco. Esto es algo que se escribió en el año
2003, no en 2007.
Y sigo: Es preciso referirse en este punto a la dimensión regional del espacio europeo de investigación e innovación...
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señoría, le ruego que vaya concluyendo.
El señor ALBISTUR MARIN: Enseguida termino, señor presidente.
Como decía, es preciso referirse a la dimensión regional del espacio europeo de investigación e innovación como un elemento clave para que su construcción sea una realidad efectiva en el plazo más breve posible. Las sinergias de los planes
de I+D+i de las comunidades autónomas con fondos estructurales o el programa marco son compatibles con las que se producen en la apertura de programas con otros Estados miembros o regiones de la Unión Europea. Estos procesos de apertura mutua deben
ser apoyados también por el plan nacional en la medida en que contribuyen a internacionalizar los sistemas regionales de innovación.
Continuaré después, señora ministra, pero todo esto quiere decir que ustedes mismos están señalando el marco teórico de la diferenciación de funciones, y yo diría que también de competencias, y no se entiende que no se aplique lo que la ley
estableció hace 28 años.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora ministra de Educación y Ciencia.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, ha sido un placer escuchar su intervención. Estoy absolutamente convencida de que podemos mantener un debate razonable, sobre todo si estamos hablando de temas de I+D+i que nos preocupan y ocupan a todos.
Ha señalado usted las competencias del Estado y, en este caso, de la comunidad autónoma vasca: el artículo 149.15 de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia sobre el fomento y la coordinación general de la
investigación científica y técnica, y el artículo 16 del Estatuto de Autonomía de Gernika que re refiere a la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de investigación científica y técnica en coordinación con el
Estado.
Usted me ha explicado cuál ha sido el origen de los planes o de la actividad en I+D+i en el País Vasco. Permítame que haga referencia a las bases de la planificación a
nivel nacional de ese sistema de ciencia y tecnología al que hasta cierto punto ha atribuido en su intervención unas rigideces y una falta de cambio y adaptación que considero injusta, dada la evolución experimentada por ese sistema de
ciencia y tecnología, que no solo ha avanzado en ciencia básica y en su presencia en el ámbito internacional sino que también ha cambiado en su adaptación a ese contexto distinto que efectivamente existe en la España de hoy, a diferencia del que
existía hace veinte años, cuando nació la Ley de la ciencia.
Por tanto, me va a permitir que haga referencia a las novedades que supone el nuevo Plan Nacional de I+D+i, aprobado recientemente, que entiendo da respuesta a muchas de las cuestiones que usted ha planteado, probablemente no a todas, porque
estamos hablando de unos temas que por fortuna son fundamentalmente dinámicos, y con las políticas relacionadas con I+D+i debemos buscar la mayor agilidad y flexibilidad posible para adaptarlas a los cambios.
Usted sabe muy bien que tenemos un sistema de ciencia y tecnología que parte de la Ley de la ciencia de 1986, llamada realmente de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, que estableció un plan nacional de
investigación científica y desarrollo tecnológico como instrumento fundamental para el fomento y la coordinación general de los programas de ayudas públicas que configuran la política nacional de ciencia y tecnología, segunda mitad de los años
ochenta; veinte años más tarde, el VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica para el periodo 2008-2011, aprobado recientemente, se entiende como un instrumento para el fomento y la coordinación general de la
investigación científica y técnica, las competencias que atribuye la Constitución al Estado en el ámbito de la I+D+i, que debe responder a tres principios básicos que se recogen en una estrategia nacional de ciencia y tecnología que, junto al plan
nacional, es fruto de un intenso trabajo en el que han participado miles de personas en centros de investigación, en empresas, en organizaciones sindicales, en administraciones públicas, a través de grupos de muy distinto tamaño y engranaje con todo
el debate que ha hecho posible este nuevo plan nacional, en algunos casos a través del consejo asesor y del Consejo General para la Ciencia y la Tecnología.
El plan nacional y esa estrategia que le sirve de nacimiento, se basan fundamentalmente en la coordinación, en el consenso y en un debate, como ya he dicho, intenso y abierto, en el que las comunidades autónomas no han tenido una mera
participación sino una colaboración activa en la propia elaboración del plan nacional, y van a ser una parte importantísima en la evolución, seguimiento y actuación del mismo a lo largo del tiempo.
La filosofía de este VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica responde no solamente al cambio en el contexto al que usted ha aludido sino a una conciencia muy clara de las competencias de fomento y
coordinación general del Estado y del papel indudablemente decisivo de las comunidades autónomas en la I+D+i.
En esa estrategia nacional que sirve de base filosófica a este VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica hay tres objetivos claros que responden, insisto, a ese debate previo y a esa coordinación que
ha implicado a mucha gente, a muchas instituciones, a muchos centros, empresas y administraciones públicas, y son los siguientes: Primero, poner la I+D+i al servicio de la ciudadanía, del bienestar social y de un desarrollo sostenible, con plena
igualdad e incorporación de la mujer; segundo, hacer de la I+D+i un factor de mejora de la competitividad empresarial, creo importante insistir en que es uno de los tres pilares básicos de la filosofía de la estrategia nacional de ciencia y
tecnología; y, tercero, reconocer y promover la I+D+i como un elemento esencial para la generación de nuevos conocimientos.
Ese plan nacional y esta estrategia nacional nacen de un diagnóstico de la situación actual del sistema de ciencia y tecnología, en el que se han señalado las debilidades y dónde hay que reforzar la iniciativa pública y privada en la I+D+i,
basándose en claves estratégicas que caminan en una misma dirección. Insisto tanto en esto porque entiendo que este nuevo plan nacional, aunque es un VI plan que se basa en gran medida en lo realizado en los planes anteriores y lo que de ellos
hemos aprendido, parte y se asienta en una filosofía que introduce cambios sustanciales en la manera de entender, no ya cuáles son los objetivos del sistema de ciencia y tecnología, sino en cómo deben coordinarse las actividades en la persecución de
esos objetivos.
Los objetivos del plan nacional, y creo que usted los conoce bien, son: primero, situar a España en la vanguardia del conocimiento, incrementando los niveles de generación de conocimiento, aplicando criterios de excelencia científica y de
oportunidad, potenciando la formación e incorporación de nuevos investigadores tecnólogos y gestores así como del resto de personas dedicadas a la I+D. El Plan vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010 incluye objetivos en una línea
absolutamente similar; por tanto, desde ambas administraciones hay un objetivo que se comparte y un esfuerzo común.
Segundo objetivo del plan nacional: promover un tejido empresarial altamente competitivo, otro de los grandes retos a alcanzar por la sociedad española y que constituye uno de los ejes centrales de este VI Plan Nacional 2008-2011. En esta
dirección se destaca la necesidad de elevar la capacidad de los centros tecnológicos, de las asociaciones de investigación de los parques tecnológicos y de las plataformas tecnológicas para aumentar la participación de las pyme en el sistema de
investigación e innovación. Por tanto, este segundo objetivo del plan nacional, un tejido empresarial altamente competitivo, implica que, en el ámbito nacional, debemos profundizar en la difusión y transferencia de los resultados de la
investigación financiada con fondos públicos mediante la puesta en valor de estos resultados y la creación de empresas de base tecnológica; un objetivo que está también en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010 del País Vasco, que consi-
dera a las empresas de base tecnológica como uno de los principales instrumentos para lograr una transformación del ámbito empresarial vasco.
Tercer objetivo. El Gobierno de España quiere que, a través de ese plan nacional, se desarrolle una política integral de ciencia, tecnología e innovación y se consiga una imbricación de los ámbitos regionales en el sistema de ciencia y
tecnología, y para eso, vamos a realizar importantes esfuerzos, contenidos en el plan nacional, para mejorar la coordinación y cooperación -es nuestra competencia- entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas,
específicamente en lo relativo al intercambio de información en todas las actuaciones de planificación y programación de I+D+i a todos los niveles; es decir, queremos incrementar los niveles que ya existen de armonización y normalización de los
sistemas de seguimiento y evaluación del plan nacional, y vamos a potenciar la participación conjunta, como he dicho anteriormente, de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en las convocatorias de ayudas de la I+D+i, a
través de los mecanismos de cogestión previstos en este VI Plan Nacional 2008-2011.
En cuarto lugar, y para avanzar en esa apertura internacional de la ciencia y tecnología española, otro punto importante, como ha señalado su señoría en el plan vasco de I+D+i, en el plan nacional se promueve la participación de los grupos
de investigación en programas y organismos e instalaciones internacionales, fomentando específicamente la participación en el VII Programa Marco de la Unión Europea. Al mismo, tiempo, se trata de favorecer la apertura de los programas nacionales a
la participación del resto de los miembros de la Unión Europea; ha sido una apertura en las dos direcciones. Esa apertura internacional es uno de los objetivos esenciales también del nuevo Plan Nacional 2008-2011.
En quinto lugar, el objetivo del plan nacional es conseguir un entorno favorable a la inversión en I+D+i a través de una mayor coordinación entre los agentes financiadores y los agentes ejecutores de actividades y receptores de fondos
públicos, incrementando la transparencia y la homologación de los sistemas de evaluación y de seguimiento y mejorando la formación de los gestores en las ayudas de la I+D.
Finalmente, y creo que esto también lo compartimos, con el Plan de Ciencia y Tecnología e Innovación 2010 del País Vasco creemos que es imprescindible crear las condiciones necesarias para que se produzca un cambio en la cultura científica y
tecnológica de la sociedad, es decir, un cambio de valores que permitan la implantación en la sociedad de una cultura de la innovación. Desde la Administración General del Estado queremos aprovechar los nuevos formatos de comunicación para
trasladar a la sociedad los avances científicos y tecnológicos para desarrollar estructuras estables que generen y promuevan la cultura científica y para incrementar la cualificación de la opinión de la ciudadanía, instalando nodos en red de
comunicación científica en aquellos agentes que generan nuevos conocimientos para la comunicación social de la ciencia.
Esos son los objetivos del plan nacional. Creo que son objetivos nuevos que dejan traducir con bastante claridad que estamos hablando, valga la redundancia, de un plan nacional nuevo, a cuyas novedades creo que conviene atender en muchas de
las direcciones que usted señalaba en su intervención.
Una vez establecidos estos objetivos estratégicos a alcanzar, los mecanismos de actuación del plan nacional también se estructuran de una manera novedosa, en cuatro áreas directamente relacionadas con los objetivos generales del plan y
ligadas a programas instrumentales. No se estructura el plan en áreas temáticas como ocurría con los planes nacionales anteriores, sino que se construye este nuevo plan nacional a partir de la definición de los instrumentos, que son la respuesta
también a los objetivos estratégicos fijados en esa estrategia nacional a la que llegamos, repito, después de ese debate con la participación de todos los agentes del sistema de ciencia y tecnología y todas las administraciones implicadas.
Creo que de todo lo dicho se puede concluir que hay una coincidencia importante entre ambas administraciones que comparten objetivos y retos en la planificación estratégica de la política científica y tecnológica, pero también es cierto, y
usted lo ha señalado, que a cada una de esas administraciones le competen actividades diferentes. Hay competencias distintas que son competencias complementarias, y por eso creo que cada uno de estos planes presenta una estructura, el plan nacional
2008-2011 y el plan vasco 2010, partiendo de esas competencias diferentes, pero coincidentes en objetivos y retos, adaptada a las necesidades del ámbito territorial de actuación respectivo.
En cualquier caso, me alegra constatar que el diagnóstico sobre la situación, los retos y los objetivos que debemos perseguir con la política de I+D+i son compartidos. Creo que esta es la mejor base para llegar a esa actuación coherente
porque pienso que es la actuación que necesita el fomento de nuestro sistema de I+D+i y su proyección internacional, objetivo que, como hemos visto también, compartimos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Tiene la palabra el senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, por supuesto que estamos de acuerdo porque el fundamento, sobre todo en el último plan que acaba de ser aprobado, de esta coordinación ha sido hecho con gran esfuerzo por ambas partes. Todos hemos hecho un esfuerzo de
racionalización.
Los objetivos de los planes coinciden, por supuesto que sí. Me gustaría que volvieran a releer ustedes sus propios documentos. No se lo digo a usted sino que en el ministerio, en general, relean sus propios documentos; que rele-
an, por ejemplo, un documento elaborado en el año 2003 sobre el borrador del V Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica para el período 2004-2007 que es precisamente el dictamen del Consejo Económico y Social. En
esta parte de la coordinación y cooperación con las comunidades autónomas de este dictamen se habla de la cooperación de la Administración General del Estado en el desarrollo de la capacidad de las comunidades autónomas para la planificación de
objetivos científicos, etcétera. Se habla de la voluntariedad en la firma de protocolos generales, es decir, como instrumentos para hacer esa cooperación y se habla de la bilateralidad en la negociación de actuaciones concretas.
Hace cuatro años
de esto y de otras muchas más cosas que por razones de tiempo no voy a tratar. No obstante, este documento es muy interesante para todo este asunto.
En otro documento, que es el de la estrategia nacional de ciencia y tecnología, documento que, además, fue aprobado por la III Conferencia de presidentes autonómicos el 11 de enero de este año, en su punto número 3, en la introducción, se
habla de integrar los ámbitos regionales en el sistema de ciencia y tecnología, pero, sobre todo, en el objetivo número 3 se habla de desarrollar una política integral de ciencia y tecnología e innovación, de la imbricación de los ámbitos regionales
en el sistema de ciencia y tecnología donde se describe, precisamente, cuáles son las funciones del Estado y las funciones de las comunidades autónomas. Se hace clarísimamente una disección de lo que debía ser una competencia transferida, pero
desde el punto de vista de lo que es la gestión de este tema. ¿Por qué le digo esto? Se lo digo porque, aunque haya coincidencia en los objetivos de los planes, en la ejecución están limitados; y lo están por los criterios de asignación de
fondos, que se los reserva siempre el Estado, y por la valoración de la redistribución de recursos donde los argumentos políticos priman sobre los criterios de excelencia.
Entiendo que el cumplimiento estricto de lo establecido en la Constitución, artículo citado y Estatuto de Autonomía de Gernika, también artículo citado, obvian estos hechos -los que he citado- porque acaban perjudicando al que hace esfuerzos
por la calidad y por la excelencia.
Usted me ha reconocido la complementariedad. Por lo tanto, la diversidad de alguna forma en algunas partes de las políticas o de los objetivos, en el cumplimiento y aplicación de los objetivos y, por tanto, esa complementariedad necesita
coordinación, trabajo y gestión; pero la buena gestión de una complementariedad se hace teniendo competencias y recursos.
Voy a terminar, señora ministra, haciéndole una pequeña reflexión. Yo he sido miembro del Gobierno que negoció el Estatuto de Autonomía y su desarrollo. Tengo que decir con cierta preocupación, pero con nobleza, que me parece que la no
transferencia de la competencia de investigación científica y técnica reconocida como exclusiva en el artículo citado del Estatuto de Autonomía es una violación flagrante del pacto estatutario que constituyó el Estatuto de Gernika independientemente
de su entronque jurídico. Si el Estatuto de Autonomía de Gernika reconoce competencia exclusiva en investigación científica y técnica en coordinación con el Estado y el Gobierno vasco, ¿qué quiere decir coordinación? ¿Qué la coordinación se
traduce en el vaciamiento total de la competencia, como sucede a pesar de todos los reconocimientos que figuran en los documentos oficiales? Yo creo que en una negociación responsable lo que debe hacer es buscar precisamente equilibrios y
fundamentalmente en las decisiones y en los recursos porque la coordinación no puede significar aniquilación de la competencia; y que 28 años después del Estatuto de Gernika todavía no se hayan transferido estas competencias y otras 37 que quedan
por ahí, 36 más esta, me parece una irresponsabilidad política, dicho sin ánimo de faltar, pero he de decirlo porque no son ustedes solos los responsables, y más en las circunstancias en que hemos tenido que gobernar en algunos casos -como
anteriormente he recordado- en materia económica.
Yo he dicho siempre esto...
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, concluya.
El señor ALBISTUR MARIN: Termino enseguida, señor presidente.
...y creo que el hecho de que lo repita aquí no tiene por qué molestar.
Sin embargo, eso no quiere decir que yo considere que la coordinación sea mala. De mi intervención no se deduce eso sino todo lo contrario. Al revés, yo creo que la
coordinación con el Estado nos beneficia a todos, y en muchas actuaciones generales debemos contribuir, pero no porque piense que nuestra actuación, como he dicho antes, va a ser localista, sino porque una acción coordinada de masas críticas es
buena para todos. Ahora bien, cuando se habla de coordinación no se trata ni de café para todos ni tampoco de una evaluación absolutamente igualitaria y uniformizadora.
Si se financia solo en función de la excelencia perpetuamos las condiciones de
desequilibrio. Tiene que haber una política de incentivos para lograr la excelencia, política que no puede durar toda la vida.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Señor senador, tiene que terminar ya.
El señor ALBISTUR MARIN: Termino ya.
Ese equilibrio que se puede aplicar a España respecto a Inglaterra, por ejemplo, reconocemos que también se debe aplicar a algunas comunidades autónomas respecto a otras.
Para concluir diré...
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): No, señoría. Concluya ya.
El señor ALBISTUR MARIN: Quiero decir que no hay ninguna circunstancia que impida el cumplimiento del estatuto de autonomía vasco, como no hay ninguna cir-
cunstancia técnica que impida el cumplimiento del estatuto de autonomía catalán, por ejemplo, que es similar.
Esperemos que la reflexión...
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias, señor senador.
Para contestar tiene una última intervención la ministra de Educación.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, en la dúplica ha mencionado usted el texto de la estrategia nacional de Ciencia y Tecnología, una estrategia que, como sabe usted, fue el resultado de una conferencia de presidentes autonómicos celebrada en esta Cámara el pasado 11
de enero y en la que se abordaron distintos temas relacionados con la I+D+i. Esta estrategia ha constituido el fundamento de elaboración de ese Plan nacional de I+D+i 2008-2011, un plan que, como he señalado, e insisto en ello, ha sido objeto de
debate en el Consejo General para la Ciencia y la Tecnología, que es el órgano asesor de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología que sirve de punto de encuentro entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en
materia de política científica y tecnológica.
¿Qué quiero decir con esto, señoría? Pues, como he dicho en mi intervención anterior, que el plan nacional que tenemos en estos momentos sobre la mesa ha contado con una participación y con una
incorporación de las comunidades autónomas que a mí me parece nueva por la manera en que éstas han actuado en la elaboración del propio plan nacional y que también es nueva -también lo he dicho ya- en el proceso de seguimiento y evaluación año a año
del funcionamiento de ese plan nacional. Creo que ésta es una novedad lo suficientemente importante como para que deba tenerse en cuenta.
Lo que voy a decir ahora no lo digo solo porque en este momento sea yo ministra de Educación y Ciencia, sino porque como catedrática de universidad he participado en el funcionamiento de nuestro sistema de investigación desde otro espacio,
pero a mí me gusta pensar -y creo que es cierto- que los criterios que priman en el funcionamiento de nuestro sistema de Ciencia y Tecnología y en nuestra política de I+D+i son de excelencia científica. Puedo asegurarle, señoría, que esos son los
criterios que han presidido esa estrategia nacional y la elaboración del plan nacional, como puedo asegurarle también que esos criterios son los que van a presidir las convocatorias que formen parte de ese plan nacional y asimismo su resolución.
Creo que el criterio de excelencia es el que debe perseguir toda política de I+D+i sobre la base de un conocimiento y de un diagnóstico exacto de cuáles son las necesidades de nuestro sistema de I+D+i y las necesidades económicas y sociales de un
país como éste, que está cambiando a mucha velocidad.
Le aseguro que entendemos que el sistema de I+D+i solo puede funcionar sobre la base de una coordinación de políticas de I+D+i y que nuestro respeto por las competencias que les corresponden a la Administración General del Estado y a las
comunidades autónomas es absoluto. Ha sido así durante la elaboración de la estrategia y del plan nacional y lo va a seguir siendo durante su aplicación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
-- DE DON ALFREDO BELDA QUINTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA DINÁMICA DE FUNCIONAMIENTO Y DE DIÁLOGO EN EL SENO DE LA COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS DEL SENADO (S. 670/000175).
El señor VICEPRESIDENTE (Mola i Batllori): Interpelación de don Alfredo Belda sobre la política del Gobierno con respecto a la dinámica de funcionamiento y de diálogo en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del
Senado.
Tiene la palabra el senador Belda.
El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra. Por fin, después de dos aplazamientos, abordamos esta iniciativa.
Como bien recoge el texto de nuestra interpelación, la Comisión General de las Comunidades Autónomas fue introducida con la reforma del Reglamento del Senado de 1994 con el objetivo de que en su seno se fomentara el diálogo y la
interactividad entre el Gobierno del Estado y las comunidades autónomas.
Constituyendo el Senado, aparentemente, la Cámara de representación territorial, se consideró conveniente la creación de un órgano especializado, por así decirlo, en las cuestiones de ámbito estrictamente territorial donde el Gobierno del
Estado, los grupos políticos, las comunidades autónomas y sus gobiernos pudieran debatir, intercambiar opiniones y llegar a acuerdos, fundamentalmente, en relación con aquellas materias que la Constitución y los estatutos de autonomía atribuyen como
competencias propias de las comunidades autónomas o con aquellas en las que la competencia es compartida entre el Estado y las comunidades autónomas.
Sin embargo, si nos detenemos en la regulación reglamentaria de esta comisión y en sus funciones, hemos de reconocer que la amplitud y el detalle de las mismas, en principio, asusta. Infunde, desde luego, cierto temor, no solo porque el
artículo 56 del Reglamento del Senado casi agote todas las letras del abecedario para la enumeración de sus funciones, sino también por su propio contenido.
Nosotros creemos que lo que en principio asusta o infunde temor por parte del Gobierno se ha convertido en un pánico generalizado; pánico a debatir con los gobiernos autonómicos, pánico a comparecer en la comisión y, en
definitiva, pánico a impulsar políticamente su funcionamiento y a cumplir el compromiso que hizo el señor presidente del Gobierno en su primera comparecencia ante el Pleno de esta Cámara en mayo de 2004.
Le explico, señora ministra. En lo que va de legislatura, que prácticamente está acabando, la Comisión General de las Comunidades Autónomas se ha reunido en 40 ocasiones, de las que cabe descontar, lógicamente, aquellas que son de mero
trámite; por ejemplo, en el mes de septiembre se convocó una sesión para elegir vacantes en la Mesa de la propia comisión.
Por años, la Comisión General de las Comunidades Autónomas se ha reunido seis veces en el 2004, trece veces en el 2005, incluidas las sesiones, que son varias, del debate del Estado de las Autonomías, que se celebró por última vez ese año,
quince veces en el 2006 y seis en el 2007.
En cuanto a las iniciativas tramitadas, cabe decir que se han tramitado un total de 33 iniciativas en casi cuatro años, lo que da una media de nueve por año. No es mucho, ciertamente.
Se ha tramitado un debate sobre la situación del Estado de las Autonomías; también, cinco reformas de estatutos de autonomía -por cierto, a los que prácticamente no se ha tocado una coma, que han pasado fugazmente, han quedado tal como
llegaron de la Cámara Baja y, lógicamente, se han devuelto al Congreso para su aprobación definitiva-; se han aprobado tres mociones, y ha habido veinticuatro comparecencias del Gobierno.
Sin embargo, ahora mismo hay más de veintitrés iniciativas pendientes: una reforma de estatuto; dos proyectos de ley; una proposición de ley de comunidad autónoma, que es la única que se ha presentado en toda la legislatura, por lo menos,
ante esta Cámara; una moción; dos preguntas al Gobierno, que son también las únicas que se han presentado al Gobierno; y 16 solicitudes para comparecencias del Gobierno formuladas por los distintos grupos parlamentarios de esta Cámara, sin contar
con las solicitudes relativas a los distintos gobiernos autónomos.
En cuanto a las comparecencias del Gobierno, esto significa que están pendientes el 40 por ciento del total de las solicitadas ante dicha comisión. Y a eso hay que sumar aquello a lo que se comprometió el presidente del Gobierno y que no se
ha cumplido, puesto que en los años 2006 y 2007 tampoco se han celebrado los correspondientes debates sobre la situación del Estado de las Autonomías. La última comparecencia de un ministro ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas se
celebró hace más de un año.
Le voy a recordar lo que dijo el señor presidente cuando vino a presentar su Gobierno ante el Pleno de esta Cámara el 11 de mayo de 2004. Decía el señor Rodríguez Zapatero: Les anuncio, por tanto, mi predisposición a relacionarme con esta
Cámara, con el Senado de la nación, en un marco de diálogo, debate y comparecencias frecuentes. Soy plenamente consciente de presidir el Gobierno de un Estado compuesto, el Estado de las Autonomías diseñado en nuestra Constitución.
Y concretamente en relación con el debate sobre la situación del Estado de las Autonomías, decía el señor presidente del Gobierno: No necesito recordar a sus señorías que cuando las previsiones reglamentarias contemplan la necesaria
celebración de un debate anual sobre la situación del Estado de las Autonomías, lo cierto es que en las dos legislaturas anteriores esa previsión solo se cumplió en 1997. Sin embargo, yo entiendo que ese es un debate fundamental para el fomento del
diálogo institucional entre el gobierno de la nación y los distintos gobiernos autonómicos, entre la Cámara y todos ellos. Por ello, les anuncio también que me comprometo a celebrar los referidos debates con la periodicidad establecida. Y me
comprometo igualmente a dotarlos en lo a mí me corresponda del contenido sustantivo que exigen el desarrollo del Estado autonómico y la relevancia del Senado.
Terminaba hablando de la necesaria reforma del Senado, y de que el Gobierno no sólo acepta sino que comparte hasta sus últimas consecuencias el reconocimiento de la pluralidad de España como un valor constitucional.
Por tanto, señora ministra, ante los datos que le he dado con anterioridad, ante la inoperatividad, en cierta manera, de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, ante su casi total paralización en cuanto a las comparecencias del
Gobierno, ante la falta de iniciativa del Gobierno para propiciar los debates sobre la situación del Estado de las Autonomías de los años 2006 y 2007, desde el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria interpelamos al Gobierno sobre su política
precisamente en relación con el funcionamiento de la citada comisión. Concretamente, y con esto concluyo esta primera intervención, nos gustaría saber cuáles son las razones, señora ministra, por las que los señores ministros, los miembros del
Gobierno, no comparecen ante la Comisión General de Comunidades Autónomas desde hace más de un año. Por qué el Gobierno no envió al Senado las correspondientes comunicaciones que dieran comienzo a los trámites para la celebración de los debates
sobre la situación del Estado de las Autonomías en los años 2006 y 2007.
Por qué, si el Gobierno y su presidente reconocen con énfasis la pluralidad de España, rehuyen y escapan del debate y el diálogo con las comunidades autónomas en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado. En definitiva,
señora ministra, ¿por qué el Gobierno no ha propiciado la reforma anunciada del Senado y no ha cumplido los compromisos de su presidente sobre el diálogo y los debates con las comunidades autónomas en el Senado?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra de Administraciones Públicas.
La señora MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Salgado Méndez): Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, senador Belda, por su intervención. Por supuesto, lo primero que quiero hacer es agradecerle su comprensión ante los aplazamientos de esta interpelación, aplazamiento como sabe, derivados de obligaciones instituciones
inaplazables. En todo caso, siempre he contado con su comprensión al respecto.
Dice su señoría que los datos relativos a la presente legislatura demuestran la parálisis que existe en la tramitación y celebración de comparecencias de los ministros. Con independencia de no poner en duda los datos que usted ha dado, creo
que hay que examinarlos en un contexto comparativo. Así, por ejemplo, a fecha 31 de octubre, de las comparecencias solicitadas al Gobierno en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en la VI Legislatura se sustanciaron nueve
comparecencias, con seis asistencias efectivas; en la VII Legislatura, durante el periodo 2000-2004, fueron 26, con 16 asistencias efectivas, y en lo que va de esta, todavía sin acabar, han sido treinta y tres las comparecencias realizadas, con
dieciséis asistencias efectivas.
A lo largo de esta legislatura -porque no solo debemos hablar de comparecencias-, las preguntas orales que ha contestado el Gobierno en las sesiones de control en el Senado han sido 1.388, frente a las 1.213 de la VII Legislatura y las 754
de la anterior. Y quiero recordarle que ha sido durante esta legislatura la primera vez que un presidente de Gobierno se ha sometido a las sesiones de control del Senado; esta misma mañana ha sido la última ocasión. Por otra parte, en las
diferentes comisiones del Senado, los ministros y ministras hemos comparecido en 233 ocasiones, frente a las 160 de la VII Legislatura y las 135 de la anterior.
Por tanto, entiendo, señoría, su deseo de que el Senado todavía adquiera una presencia más relevante en cuanto a la actividad de los ministros, pero coincidirá conmigo en que la comparación no admite color en relación con las comparecencias
y actividades de legislaturas anteriores.
Su señoría nos dice que no se han cumplido las expectativas que llevaron a crear la citada comisión con la reforma del Reglamento del Senado en el año 1994. Pues bien, considero que la creación de dicha comisión fue muy oportuna y que viene
desarrollando un extraordinario papel, que desde luego no se limita únicamente a la comparecencia de los ministros, lo que representa solo una mínima parte de las posibilidades que usted mismo ha comentado y que le confiere el artículo 56 del
Reglamento del Senado.
Como sabe usted, los representantes de las comunidades autónomas pueden proponer y debatir una moción en la Comisión General sin necesidad de pedir la comparecencia del Gobierno. Y examinada la actividad lo que se evidencia es que tanto las
peticiones de los grupos como las pendientes de los gobiernos autónomos no han respondido, en general, a la necesidad de diálogo con el Gobierno de la nación sino a estrategias partidarias, por supuesto, no de su grupo. Y quisiera referirme a
algunos ejemplos.
¿Cómo se explica si no que las tres peticiones formuladas por comunidades autónomas para la comparecencia del ministro del Interior fueran reiteradas y repetitivas, y que además correspondieran a tres comunidades autónomas
-Madrid, Murcia, y Baleares cuando su gobierno era del Partido Popular- que carecen de competencias en la materia sobre la que iban a interpelar al ministro? Pretendían que el ministro del Interior informase de acuerdos tomados en el Consejo de
Política de Seguridad. Y como sabemos, lo que verdaderamente encubrían esas peticiones era la pretensión de un debate general sobre seguridad entre el ministro del Interior y esas tres comunidades autónomas, que le repito no tienen competencias en
esa materia.
En lo que se refiere al ministro de Trabajo, como usted sabe, ha desarrollado todas sus políticas, ambiciosas políticas, mediante un proceso de diálogo permanente con las comunidades autónomas a través de conferencias sectoriales, incluso en
algún caso creando órganos específicos, como el Consejo Territorial de la Dependencia. Es verdad que el ministro Caldera solo ha comparecido una vez en la Comisión General, pero durante la legislatura pasada ningún ministro de Trabajo acudió a esa
comisión.
¿Significa eso que hemos hurtado la posibilidad de debatir sobre las políticas fundamentales de ese ministerio que afectan a los territorios, a las comunidades autónomas o a sus consejeros? Evidentemente, no, porque repasando la actividad
del ministerio en este terreno habría que señalar que el ministro se ha reunido siete veces con las comunidades autónomas para tratar temas de igualdad y violencia de género en la Conferencia Sectorial de la Mujer; para la Ley de la dependencia se
ha reunido seis veces con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial y dos en el Consejo Territorial de la Dependencia; y se ha reunido catorce veces con las comunidades autónomas para debatir temas de empleo y en ocho ocasiones para
debatir temas de inmigración a través del Consejo Superior de Política de Inmigración. Es decir, que el diálogo entre el Gobierno y las comunidades autónomas ha sido fluido y, por su parte, la Comisión General de las Comunidades Autónomas no ha
estado en absoluto paralizada por culpa del Gobierno; muy al contrario, no ha dejado de trabajar.
Si se examina el balance de esta Cámara, la actividad de la Comisión General ha sido de las más intensas, no sólo desde el punto de vista cuantitativo, sino también por la densidad política y técnica del trabajo desarrollado. Quiero
recordar que en el año 2006 ha sido la comisión permanente legislativa de mayor actividad del Senado, por delante de comisiones de intensa actividad como las de Industria, Turismo y Comercio, Economía y Hacienda o, en esta legislatura, Sanidad y
Consumo.
Quisiera también señalarle a su señoría que hay más instrumentos para las relaciones horizontales. Este es un instrumento importante, pero desde luego no el único. Como sabe, durante en esta legislatura el Gobierno ha creado nuevos
mecanismos de diálogo y de cooperación o ha activado los ya existentes. El presidente del Gobierno se ha reunido en sesenta y dos ocasiones con presidentes de las comunidades autónomas; se han reunido, además, las conferencias sectoriales y se ha
reducido la litigiosidad.
Por otro lado, con la Conferencia de Presidentes, y por primera vez en nuestro país, se han institucionalizado las relaciones de cooperación y la búsqueda de soluciones a los grandes problemas que afectan al Estado.
Quiero señalarle los
temas que ha tratado la Conferencia de Presidentes: financiación sanitaria; participación de las comunidades autónomas en la Unión Europea; investigación, desarrollo e innovación; política hidráulica o política de inmigración.
Como le decía, las conferencias sectoriales se han revitalizado, activándose algunas que no se reunían, como las de Industria, Infraestructuras o Cultura. Se han puesto en marcha otras nuevas, como la de Asuntos Locales, el Consejo
Territorial del Sistema para la Dependencia y la Conferencia General de Política Universitaria; y pensamos poner en marcha la de inmigración y la del agua, de acuerdo con lo que se decidió en la Conferencia de Presidentes. Ya he dicho que se ha
reducido sensiblemente la litigiosidad en más de un tercio de los recursos nuevos que había al inicio de la legislatura, y las comunidades autónomas en este momento tienen ya voz en las reuniones de los consejos de ministros de la Unión Europea.
En definitiva, creo que hemos mejorado los mecanismos conjuntos de diálogo y de cooperación con los gobiernos de las comunidades autónomas. Por tanto, creo que la Comisión General de Comunidades Autónomas goza de buena salud y que el
Gobierno ha contribuido a favorecer el diálogo con ellas a través de un mejor funcionamiento del Senado y de la Comisión General.
Su señoría también ha hecho referencia a la reforma del Senado. En este sentido, quisiera decirle que es uno de los aspectos de reforma de la Constitución en los que el Gobierno ha ido dando pasos para cumplir con ese objetivo. Quiero
recordarle que se encargó un informe al Consejo de Estado, que se emitió en su día, y que contiene importantes aportaciones para convertir esta Cámara en una institución útil. Sin embargo, como usted sabe, dicha reforma no ha sido posible por la
falta de voluntad política del principal partido de la oposición.
Por nuestra parte, señoría, quiero manifestarle nuestra más sincera voluntad de seguir participando y mejorando los instrumentos de cooperación con las comunidades autónomas y, por supuesto, su presencia en esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Senador Belda, tiene la palabra.
El señor BELDA QUINTANA: Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señora ministra, por su respuesta.
En cuanto a los datos, quiero decirle que los que yo tengo son los datos oficiales que me ha proporcionado el Senado. En ellos se recoge la relación de todas las sesiones celebradas, su orden del día, la relación de las iniciativas en
tramitación y la de las que han sido tramitadas, etcétera. A lo mejor ha habido algún error en el volcado de esos datos, bien al Gobierno bien a la propia base de datos del Senado.
En todo caso, quiero reconocer lo positivo de la presencia del presidente del Gobierno en las sesiones de control. Se trata de una novedad importante de esta legislatura, y debo reconocer, insisto, que es positivo. También se ha referido
usted a la presencia de los miembros del Gobierno en otras comisiones y en el Pleno, así como a la solicitud de comparecencias por parte de las comunidades autónomas. Yo no incluí esta cuestión en mi primera intervención porque me estaba refiriendo
a las solicitadas por parte de los grupos parlamentarios, y las hay del ministro de Trabajo, del ministro de Sanidad, de la ministra de Cultura, de la ministra de Fomento, de la ministra de Educación, del ministro del Interior, de la ministra de
Vivienda, etcétera.
Usted se ha referido también a las conferencias sectoriales y a la Conferencia de Presidentes. Sin embargo, esta interpelación se refería en concreto al Senado y, dentro de él, al funcionamiento de la Comisión General de las Comunidades
Autónomas. No obstante, y agradeciendo su intervención y explicación, el problema es que cuando ustedes están gobernando actúan de una manera y cuando están en la oposición actúan de otra. Y no lo digo solamente por ustedes, sino también por el
Grupo Parlamentario Popular, que hace exactamente lo mismo. Como prueba de ello, y como usted ha mencionado también la VI Legislatura para contradecir los datos, le voy a leer un breve extracto de una intervención de la senadora Martínez García,
del Grupo Parlamentario Socialista, de 1999, durante la VI Legislatura, con motivo de la presentación de una moción: Decía así: El Grupo Parlamentario Socialista plantea sean cumplidas las mociones aprobadas por el Pleno del Senado en materia
autonómica, tanto por el Gobierno, como se dice en el punto primero de la moción, como por la Comisión General de las Comunidades Autónomas, según consta en su punto segundo. Desgraciadamente, ni uno ni otro apartado son novedosos, ya que a lo
largo de esta legislatura el Grupo Parlamentario Socialista ha tenido que recurrir al Pleno de la Cámara para impulsar los trabajos de esta comisión o instar al Gobierno al cumplimiento de sus acuerdos.
En dicha intervención la senadora se quejaba también de la ausencia de debates sobre el Estado de las Autonomías, diciendo que habían transcurrido siete meses y que la situación estaba peor. Decía: Lo cierto es que junto con el tiempo
transcurrido han pasado también muchas oportunidades para conseguir avanzar en el ámbito del desarrollo autonómico, y a pesar de los magníficos discursos y de esas defensas encendidas que se suelen hacer en algunas ocasiones en relación con el papel
y las funciones del Senado, este está quedando en una posición que yo calificaré de deslucida.
Se preguntaba también por las razones que impedían la celebración de los debates del Estado de las Autonomías, y al final decía: Ni su Gobierno ni su grupo mayoritario están en condiciones de afrontar un debate sobre el balance del Estado
de las Autonomías porque no tienen inicia-
tiva política en materia autonómica y van a remolque del impulso de sus propios socios parlamentarios y de la oposición. No cumple el Gobierno, ni cumple tampoco la mayoría que gobierna la Comisión General de las Comunidades Autónomas.
Desde nuestro punto de vista, señora ministra, todo esto describe perfectamente la situación que vivimos hoy en esta Cámara, tal como decía su propia compañera de partido.
Señora ministra -y voy concluyendo con esto-, en nuestra opinión, además de ese pánico o alergia que, en nuestra opinión, el Gobierno tiene a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, nosotros pensamos que en realidad no tiene
voluntad real de que el Senado se convierta en una auténtica Cámara de representación territorial, porque se ha dado cuenta de que no le conviene políticamente propiciar -voy concluyendo, señor presidente- los debates entre las comunidades autónomas
y el Gobierno y prefiere el vis a vis que le proporcione los apoyos políticos necesarios para su gobernabilidad y acabar esta legislatura lo mejor posible.
En resumen, nos encontramos con que no interesa políticamente activar dicha comisión y lo que sí interesa son contactos exclusivamente bilaterales para afrontar en las mejores condiciones esta recta final de la legislatura.
Aquí parece, y con esto concluyo definitivamente...
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Debe concluir ya.
El señor BELDA QUINTANA: Sí, señor presidente.
Aquí parece que lo único que interesa al Gobierno, como en aquella frase cinematográfica, es decirle a sus socios: Toma el dinero y corre.
Muchas gracias, señora ministra.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.
Tiene la palabra la señora ministra de Administraciones Públicas.
La señora MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señoría.
Me alegro de que su grupo haya decidido tener una posición más activa en lo que se refiere a la participación en dicha comisión y en esas actividades de las comunidades autónomas, porque no deja de llamar la atención que la interpelación no
responda a actuaciones parlamentarias directas del grupo de su señoría o del Gobierno de la comunidad por la que ha sido designado. Porque, como sabe perfectamente, a fecha de hoy, y en lo que va de legislatura, su grupo no ha pedido ninguna
comparecencia en la Comisión General de las Comunidades Autónomas y tampoco lo ha hecho el Gobierno de Canarias. Desde luego, nunca es tarde para mostrar ese interés, y créame que lo celebro, porque ha sido este Gobierno el que ha recuperado el
debate sobre el Estado de las Autonomías, aunque este año no se haya celebrado; es el Gobierno cuyo presidente es el primero que se somete a control parlamentario en esta Cámara; es este Gobierno el que ha instituido las conferencias de
presidentes y es este Gobierno el que ha querido llevar a cabo una reforma del Senado que no ha sido posible porque el primer partido de la oposición no lo ha querido.
En definitiva, y concluyo, señor presidente, señoría, dada la hora, quisiera decirle que con datos objetivos -que, por supuesto, podemos contrastar- y con el respeto más absoluto al Legislativo, se pone de manifiesto que el Senado, con el
esfuerzo dedicado por el Gobierno, ha recuperado centralidad y ha recuperado papel político, igual que se han recuperado espacios de encuentro y de colaboración entre administraciones con nuevos mecanismos, con nuevos órganos y con una nueva cultura
que sustituye la confrontación por la cooperación.
Créame, señoría, y termino ya, que lo que desea el Gobierno es que durante la próxima legislatura sea posible avanzar en la reforma del Senado que muchos deseamos.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.
Hemos llegado al final del punto del orden del día relativo a interpelaciones, porque la interpelación que había presentado el senador García Ballestero ha sido aplazada.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las quince horas.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN DEL SENADOR EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON DANIEL SIRERA I BELLÉS (S. 500/000319).
El señor PRESIDENTE: En primer lugar procede el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución del excelentísimo señor don Daniel Sirera i Bellés.
Excelentísimo señor don Daniel Sirera i Bellés, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor SIRERA I BELLÉS: Juro.
El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado juramento a la Constitución, el excelentísimo señor don Daniel Sirera i Bellés ha adquirido la condición plena de senador. (Aplausos.)
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PORLA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Núm. exp. S. 624/000018). (Núm. exp. C.D.
122/000222).
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Dictámenes de comisión sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Justicia, en relación con la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Pérez Sáenz.
El señor PÉREZ SÁENZ: Gracias, señor presidente.
La proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial, que se tramita por el procedimiento de urgencia, tuvo su entrada en el Senado el día 19 de
octubre del presente año, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
El plazo de presentación de enmiendas, que inicialmente terminaba el día 23 de octubre, finalizó el día 25, puesto que se solicitó, previo cumplimiento de los requisitos reglamentarios, su ampliación. A esta proposición de ley orgánica se
presentaron 15 enmiendas con la siguiente distribución: cuatro del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; una del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; tres presentadas conjuntamente por los grupos parlamentarios
Socialista, Entesa Catalana de Progrés, Convergència i Unió, Coalición Canaria y Mixto y siete del Grupo Parlamentario Popular.
La comisión se reunió para dictaminar el día 29 de octubre. En el transcurso de esta sesión, se defendieron las enmiendas presentadas, con excepción de la número 4, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que fue retirada
al considerarla incorporada su portavoz a la enmienda in voce de carácter transaccional que fue presentada a su vez por el Grupo Parlamentario Socialista y apoyada también por los grupos parlamentarios Entesa Catalana de Progrés, Senadores
Nacionalistas Vascos y Coalición Canaria.
Tras la defensa de las enmiendas, se pasó a su votación, lo cual trajo consigo el rechazo de la mayoría de ellas, con excepción de las enmiendas 6 a 8, presentadas conjuntamente por los grupos parlamentarios Socialista, Entesa Catalana de
Progrés, Convergència i Unió, Coalición Canaria y Mixto y de la enmienda transaccional in voce defendida por el señor Díaz Tejera. Estas cuatro enmiendas quedaron incorporadas, por tanto, al dictamen de la comisión.
Esta proposición de ley, tal y como se somete a la consideración del Pleno del Senado, consta de un artículo único, una disposición adicional, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales,
precedidos de un preámbulo.
Han presentado votos particulares al dictamen de la comisión el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y el Grupo Parlamentario Popular.
Con estas palabras, finalizo la presentación del dictamen de la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de 23 de noviembre del Código Penal en materia de seguridad vial.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Entiendo que no hay debate de totalidad.
Pasamos a la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Tiene la palabra la señora Etxegoyen.
La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo mantiene vivas tres enmiendas. Las números 1 y 2 han sido presentadas al objetivo de corregir alguna disfunción de la cual adolece todavía el texto que nos ocupa, y la enmienda número 3 es de carácter competencial.
La enmienda número 1, al punto 6, que modifica el artículo 382 del Código Penal, viene justificada porque consideramos desproporcionada la aplicación de la pena en los supuestos que este contempla; esto es, en aquellos supuestos en que el
resultado lesivo por su gravedad sea constitutivo de una simple falta del artículo 6.2.1.1.o del Código Penal.
La enmienda número 2 lo es al punto 7, que modifica el artículo 383 del Código Penal y prevé sancionar una conducta de mera desobediencia a un agente de la autoridad con la privación del carné de conducir entre 1 a 4 años, sin que ello
implique que el conductor conduzca bajo la influencia del alcohol. Es decir, al no conducir bajo tales circunstancias, porque el delito lo puede cometer un conductor desobediente pero perfectamente sobrio, consideramos que no cabe imponerle una
sanción solo aplicable si conduce ebrio.
La enmienda número 3, a la disposición final primera, apartado 7, ya es un clásico. En ella proponemos añadir in fine una expresa atribución competencial para aquellas comunidades autónomas que tienen transferidas competencias en materia de
tráfico, de manera que sean los órganos autonómicos que corresponda los que ostenten también la competencia para imponer las sanciones
que supongan la suspensión o retirada de la licencia de conducir.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: Gràcies, president.
Nuestro grupo mantiene una sola enmienda, que más allá de consideraciones políticas apela al sentido común para que el Gobierno regule la instalación obligatoria de limitadores de velocidad a 180 kilómetros por hora para todos los vehículos
en circulación. No parece razonable que consideremos el exceso de velocidad como un tipo penal, que consideremos que comete un delito merecedor de penas de prisión aquel que circule en vía urbana a 110 kilómetros por hora, incluso a 100 ó 90 y
otros límites fijados en 40 ó 30 kilómetros por hora, que consideremos que comete un delito el conductor que en carretera supere en 80 kilómetros el máximo autorizado, que circule, por ejemplo, a 180 en una carretera o autovía con una limitación de
100, o que circule a 200 kilómetros por hora por una autopista y que, en cambio, autoricemos la comercialización de vehículos capaces de circular a una velocidad superior a 200 kilómetros por hora, exceso que, en cualquier caso, de acuerdo con la
reforma del Código Penal que hoy vamos a aprobar, debería conducir a prisión o a realizar trabajos al servicio de la comunidad a aquel que al volante de uno de estos vehículos superase este límite de velocidad.
Se deben tomar medidas para reducir al máximo que los vehículos puedan transformarse en un arma criminal en manos de algún insensato, y una medida adecuada es la instalación de limitadores de velocidad en los vehículos destinados a circular
por la vía pública, como pretende nuestra enmienda, que esperemos voten favorablemente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente.
Antes de entrar en la defensa estricta de nuestras enmiendas, me gustaría expresar el profundo lamento de mi grupo parlamentario por la absoluta falta de voluntad de acuerdo que ha puesto de manifiesto el Grupo Parlamentario Socialista en la
tramitación de esta ley, a pesar de los buenos deseos expresados por su portavoz en el debate en comisión.
En segundo lugar, quiero mostrar nuestro doble desacuerdo con el hecho de que la política de seguridad vial impulsada desde el Gobierno y desde su grupo parlamentario sea eminentemente represiva y que la única reforma de Código Penal que
hayamos hecho en esta legislatura, con los graves problemas que tenemos de inseguridad ciudadana en este país, haya sido precisamente la referida a la seguridad vial.
Quiero destacar que mi grupo ha hecho un gran esfuerzo de aproximación al texto que nos han remitido del Congreso, y que respecto a los dos asuntos más delicados, que son la tasa de alcohol permitida para constituir delito y los límites de
velocidad, al primero no hemos presentado ni siquiera enmienda y al segundo presentamos una enmienda en la que asumíamos los límites que venían establecidos por el Congreso, y lo hemos hecho con la convicción de que la seguridad vial es un asunto de
Estado, que hay miles de personas que, lamentablemente, pierden la vida cada año en las carreteras, y que estamos ante una ley orgánica, nada menos que el Código Penal, cuya reforma aconseja siempre que se haga con un razonable grado de consenso.
No solamente nos han negado ese consenso, nos han negado también el diálogo; el Grupo Parlamentario Socialista no ha permitido ninguna posibilidad de acercamiento, algo que lamentamos profundamente.
Nosotros mantenemos vivas seis enmiendas a esta proposición de ley, siendo la más importante de ellas la número 9, que supedita la consideración del delito por exceso de velocidad a que se haya puesto en peligro de forma manifiesta la
seguridad vial. Existen varias razones para sostener esta enmienda; la primera de ellas es que en Derecho Penal lo propio es valorar las circunstancias de cada caso. Así como en Derecho Administrativo es asumible cierto automatismo, creemos que
en Derecho Penal es necesario valorar cada caso concreto, y tal y como viene redactada esa reforma en el Código Penal, no cabe excepción alguna; incluso diría que tendríamos que llevar a la cárcel a los participantes de una competición deportiva
que se celebrara en una vía pública, pues no hay posibilidad de valorar ninguna circunstancia. Se produce una condena automática en caso de que se sobrepase el límite de velocidad.
La segunda razón es que incluimos penas de cárcel por rebasar unos límites de velocidad que la propia ley reconoce que no son adecuados; la ley insta a que se revisen reglamentariamente los límites de velocidad y las normas que los regulan.
Vamos a enviar a alguien a la cárcel por rebasar unos límites que el propio legislador está reconociendo que son inadecuados, pues se exige su revisión. La tercera razón es que en todo tipo penal lo más importante es definir el bien jurídico que se
protege, y aquí el bien jurídico no es una velocidad adecuada, sino la seguridad vial, el no poner en riesgo la vida de los demás, y eso es lo que se debe hacer una vez valorado debidamente por un juez. En nuestra opinión la capacidad el juez para
interpretar la ley no debe despertar ninguna sospecha en ningún grupo parlamentario.
Y la cuarta razón es que es muy posible que organicemos un atasco en la Administración de Justicia Penal mayor del que ya existe. Dense ustedes cuenta de que la aplicación del carné por puntos provoca que en algunos juzgados de lo
contencioso-administrativo se estén dando citaciones para el año 2010. Así pues, podemos llevar a la Administración a un atasco tal que haga que la reforma
sea contraproducente e incluso termine generando en el ciudadano una sensación de mayor impunidad por traspasar determinados límites de velocidad.
Mi grupo parlamentario se opone a marcar unos límites automáticos para que la velocidad pueda ser considerada como delito, y defiende que haya un margen de interpretación por parte de la autoridad judicial.
La segunda enmienda a la que quisiera hacer referencia muy rápidamente porque se me acaba el tiempo es la número 15, en la que se plantea una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se trata de ofrecer la adecuada cobertura legal para
la detección del consumo de drogas en los conductores. Lo hacemos por tres motivos: en primer lugar, para obligar a los ciudadanos a someterse a la obtención de muestras de saliva, algo que actualmente no está recogido ni en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal ni en la de Seguridad Vial: en segundo lugar, para garantizar el derecho de los conductores a someterse a un análisis de sangre si consideran que el resultado positivo de esa prueba no es correcto y no están conformes con
él, y en tercer lugar, para establecer un procedimiento en caso de que los afectados en un accidente no puedan expresar su voluntad de someterse a tal prueba.
Creemos que esta es una cuestión esencial, pues la presencia de drogas en los conductores se está demostrando como uno de los mayores riesgos en la conducción y en la seguridad vial, incluso en detrimento muchas veces del alcohol.
Consideramos que es una reforma imprescindible porque, según la doctrina del Tribunal Constitucional, toda intervención corporal, por su afectación al derecho fundamental a la integridad física, y en su caso a la intimidad, no puede ser autorizada
por la vía reglamentaria, sino que ha de estar prevista expresamente por la ley, y en este caso nosotros no hemos encontrado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal una previsión que permita ese tipo de actuaciones.
Así como la prueba de alcoholemia mediante la verificación del aire expirado a través de alcoholímetros autorizados está perfectamente regulada, nos tememos que en este otro caso existe un vacío legal, y consideramos que perdemos una
magnífica oportunidad si no regulamos ahora esta materia.
Por último, y de manera ya telegráfica, la enmienda número 14 plantea la supresión de la disposición final primera, y es una justificación de mero procedimiento; entendemos que ni es el sitio ni es la forma para introducir una reforma del
régimen sancionador que, por otro lado, nos parece necesaria e incluso correcta en los términos en que se ha planteado. Pero, insisto, ni en la forma en que se ha hecho ni en una reforma del Código Penal deberíamos haber incluido esta cuestión.
Las otras tres enmiendas que presenta mi grupo parlamentario son de mejora técnica y, por tanto, están defendidas en su exposición de motivos.
Finalmente, quiero anunciar que apoyamos la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y que de aceptarse nuestras enmiendas números 9 a 15 nos replantearíamos el voto negativo que inicialmente mi grupo iba
a dar al dictamen de la ley.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno en contra. Tiene la palabra la senadora Hernández.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. La proposición de ley que nos ocupa trata de prevenir una serie de conductas causantes de los accidentes mortales de tráfico, como el exceso de velocidad o el consumo de alcohol, además de las realizadas con
temeridad manifiesta, que ponen en peligro la vida y la integridad física de las personas o con manifiesto desprecio a la vida de los demás, los homicidios y las lesiones, la desobediencia de conducir sin carné o las que originen graves riesgos para
la circulación, como la colocación de obstáculos imprevisibles en la vía pública.
¿Cuál es el bien jurídico que se pretende proteger? Se trata de protegernos ante las personas que van conduciendo con un exceso de alcohol en sangre o con una velocidad excesiva, que son un riesgo en sí mismos; conducir a 210 kilómetros
por hora en autovía o a más de 110 kilómetros por hora en vía urbana supone un riesgo en sí mismo; si no pasa nada es pura casualidad; si no pasa nada, es por suerte; y ustedes, señores del Grupo Parlamentario Popular, pensando lo contrario, no
es que estén fuera del consenso político, es que están fuera del consenso social, no están representando a su electorado ni mucho menos al conjunto de la sociedad.
Señor Cosidó, no logro entender sus enmiendas ni la posición que han mantenido en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Justicia de esta Cámara , ni la que sostienen actualmente. Están actuando como defensores de los criminales de
la carretera y se olvidan de la mayoría de la población; no están escuchando a las víctimas; no están escuchando a los españoles y a las españolas que nos están exigiendo desde hace tiempo medidas contundentes contra los criminales de la
carretera, que nos exigen que les protejamos de ellos.
Escuchen; no sólo oigan, sino escuchen más a la sociedad y menos a ese señor bajito con bigote del: ¿«Quién le ha dicho a usted que quiero que conduzcan por mí»? No hagan caso a su líder espiritual que dice que le dejemos beber tranquilo
las copas de vino que quiera, que no pone en riesgo a nadie. No hagan caso a su presidente de honor que dice que no le gusta que le digan que no tiene que ir a más de tanta velocidad. No le hagan caso, señorías, porque tendrán que convenir conmigo
en que cualquiera que haga lo que dice su líder espiritual es un peligro público. No se queden fuera del consenso social y político. Protejan al resto de la sociedad de la gente que va a la velocidad que le da la gana, de la gente que conduce
después de haberse bebido todo lo que le da la gana, con una actitud de absoluto desprecio hacia los demás.
No podemos votar sus enmiendas porque desvirtúan el espíritu de esta proposición de ley presentada no por el Gobierno sino por seis grupos parlamentarios, al que se ha unido otro, que parte del consenso cuyo origen se encuentra en los
debates de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados. No podemos desvirtuar, por tanto, el espíritu de la proposición en la que se basa el consenso.
Nosotros tenemos claro que exceder en determinadas magnitudes los límites de velocidad supone un peligro objetivo para la seguridad en el tráfico y se objetiva la conducta punible. Estamos intentando, como es nuestra obligación, proteger la
vida de las personas, para eso estamos, y no para hacer elucubraciones en el sentido de que si es una hora determinada, no hay riesgo, etcétera. El diputado Jané i Guasch, de Convergència i Unió, puso un ejemplo muy claro, y permítanme que lo cite.
Decía que a nadie se le ocurre afirmar que alguien puede ir con una escopeta pegando tiros por la calle y que, si no da a nadie, no se le penaliza. Es muy gráfico el ejemplo: si no da a nadie, no habrá un resultado lesivo, pero sí está penalizado.
Ustedes nos proponen que para configurar el tipo penal, además del exceso de velocidad, concurran otras causas de puesta en peligro concreto en la velocidad del tráfico. Nosotros sostenemos que determinadas velocidades constituyen por sí
mismas conductas peligrosas. Consideramos que sus enmiendas desvirtúan la ley, por tanto, no las vamos a votar a favor.
En cuanto a las enmiendas del EAJ-PNV, he de decir que, aunque no veo en estos momentos a la senadora Etxegoyen, le agradecemos su predisposición al acuerdo en esta Cámara y las facilidades que ha dado para la transaccional en la comisión,
pero nuestra posición va a ser contraria a las tres enmiendas que siguen vivas en este Pleno.
En cuanto a la enmienda viva del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, he de decir que debemos votar en contra de los limitadores de velocidad porque la introducción de elementos obligatorios en el automóvil se establecen por
directivas europeas que fijan las homologaciones de los diferentes vehículos. Como bien saben, se ha valorado la inclusión pero no estamos en disposición de hacerlo en esta reforma.
Señorías, el propósito de esta proposición de ley es proteger vidas. No es una proposición de seis grupos parlamentarios, a los que ahora se le ha unido uno más, es una proposición de ley de todos los españoles y españolas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto no se hace uso del turno.
Tampoco por Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Badia.
El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la ley que debatimos se tramita por el procedimiento de urgencia; y lo hacemos por el procedimiento de urgencia porque estamos ante un tema vital: la seguridad en nuestras carreteras.
Aunque es evidente que no compartimos el tono ni la forma de la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, entiendo que tampoco empezamos mal un debate que debería contar con el consenso de todos los grupos
parlamentarios de la Cámara; y digo que no estamos de acuerdo especialmente porque un tema que afecta a miles de conciudadanos no puede ser objeto de debate político.
Me voy a referir a datos objetivos en un tema de vital importancia. En el mes de octubre de 2007 hubo 237 muertos en accidentes de tráfico, cuatro más que en el mismo mes del año 2006; una situación real que supone una relajación de los
prometedores resultados de la aplicación del carné por puntos: seguimos teniendo entre siete y diez muertos diarios. Este es el problema que tenemos planteado y al que debemos dar respuesta y es evidente que no podemos dar unas respuestas
unilaterales sino que deben contar con el máximo apoyo de todos los grupos parlamentarios.
El tema de la seguridad vial es emblemático, es prioritario, es de interés general, con repercusiones dramáticas para muchos ciudadanos y sus familias, porque no solamente debemos tener en cuenta esos accidentes mortales, sino también todos
esos accidentados que a lo largo de muchos años van a tener unas secuelas insoportables que van a reflejar un costo muy importante tanto personal como familiar.
Entrando en el fondo del debate que nos ocupa, el objetivo de la modificación del Código Penal en materia de seguridad vial debería ser conseguir un acuerdo, un consenso unánime de todos los grupos parlamentarios. Nuestro grupo
parlamentario ha hecho esfuerzos importantes en ese sentido; esfuerzos que parten desde el mismo momento en que el Congreso de los Diputados constituyó la Comisión de Seguridad Vial, que ha supuesto una apuesta clara y concreta por intentar buscar
salidas a este fenómeno, a esta guerra diaria, que afecta a nuestros conciudadanos.
Dentro de este marco legal del debate que hoy estamos manteniendo, deberíamos tener un objetivo claro: intentar cambiar las actitudes imprudentes de muchos ciudadanos que cuando se montan en su vehículo se olvidan de derechos y deberes de
sus conciudadanos; se trata de conseguir resultados disminuyendo la accidentabilidad. El mensaje positivo que deberíamos transmitir a la sociedad no es de enfrentamiento, sino de apoyo y de búsqueda de medidas, y hacerlo desde la disuasión de los
imprudentes y la autorresponsabilización; no castigar sino convencer, porque lo prioritario aquí no es el castigo sino convencer a todos esos irresponsables de que por esa línea no van a conseguir nada.
En cuanto a las enmiendas, debo decir que compartimos la número 15 del Grupo Parlamentario Popular, pero no la vamos a votar; y no lo vamos a hacer, no porque no estemos de acuerdo con ella -repito- sino porque entendemos que aquí sí que es
necesario el consenso. No debemos olvidar que esta ley hoy es posible si evidentemente el Gobierno facilita que esta ley se tramite, y en el futuro sí debemos profundizar en esta enmienda del Grupo Parlamentario Popular que entendemos, desde un
punto de vista objetivo, que tiene su valoración positiva y su necesidad de regulación respecto al futuro.
Vamos a votar favorablemente la enmienda número 3 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por ser una enmienda de orden competencial y ya hemos suscrito con otros grupos una serie de enmiendas que de alguna manera
entendemos que mejoran la propuesta.
En definitiva, señores senadores, hoy introducimos un avance en la reforma sobre los delitos de la seguridad vial incrementando penas y regulando grados de conducta injusta. Seguro que la modificación que se propone es mejorable, pero creo
que debemos seguir avanzando con el objetivo claro de conseguir mayor responsabilidad de los conductores y disuadir a los potenciales responsables, continuando con medidas penales para los infractores. Esperemos que la iniciativa que hoy discutimos
dé resultados lo más pronto posible, de acuerdo con los anhelos y previsiones que nos habíamos marcado, frente a los datos objetivos a los que me refería en el inicio de mi intervención, que mostraban miles de muertes y accidentes a lo largo del
año, sin que hubiera disminuido la mortalidad en carretera.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora Etxegoyen.
La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.
Señorías, con solo atender al debate que sobre la proposición de ley que nos ocupa se produjo en su día en el Congreso de los Diputados, y en atención además a la postura del Grupo Parlamentario Vasco, defendida con el rigor y la precisión
que es habitual en mi compañera Margarita Uria, cualquiera que lo leyera podría concluir sin temor a equivocarse que el parecer de mi grupo parlamentario ante la presente modificación legislativa es que en esta proposición de ley hay muchísimas más
sombras que luces. Es una posición que, con algún matiz que ahora les voy a señalar, es de todo punto compartida por esta portavoz.
Tal y como se señala en la exposición de motivos, el contenido básico de la presente proposición de ley orgánica de modificación del Código penal en materia de seguridad vial pretende incrementar el control del riesgo en la conducción
básicamente sobre dos aspectos: el exceso de velocidad y el nivel de ingestión alcohólica, tipificando una serie de conductas delictivas en un arco que va desde el peligro abstracto hasta la puesta en riesgo de la vida de terceros, incrementando,
según el caso, las sanciones a aplicar. Derivado de todo ello es evidente que se suceden toda una serie de modificaciones añadidas que no procede enumerar ahora en aras de la brevedad.
Dicho esto, si nos atenemos al objeto, al fondo mismo del asunto que nos ocupa, nuestra actitud es, desde luego, muy favorable, porque la cuestión de la seguridad vial -ustedes lo saben-, la lucha contra la siniestralidad en carretera o la
eficacia en la gestión de las materias de tráfico, han sido una constante en el trabajo de esta portavoz y de su grupo parlamentario, por no echar años atrás, en la presente legislatura.
Sin embargo, esta actitud favorable decae o, en cierta
manera, se desvanece si entramos a analizar los objetivos que la presente modificación dice perseguir y el modo en que ha sido llevada adelante, aspectos ambos que nos hacen mantener todavía serias reticencias.
No estoy yo tan convencida, señorías, como algunos otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, de que las medidas punitivas que hoy abordamos, que son importantes, redunden directa y eficazmente en la reducción de los
accidentes de tráfico y de las muertes en carretera. Por otra parte, abordar la modificación del Código Penal como una respuesta tipo acción-reacción a las estadísticas desgraciadas y todavía muy alarmantes que nos desbordan a todos en materia de
seguridad vial no nos parece, hablando en estrictos términos de técnica legislativa, demasiado adecuado. Lo hemos dicho en otra serie de leyes y yo creo que coherencia obliga, por lo que lo mantenemos hoy aquí.
Y unido a todo ello debo apuntar una tercera cuestión a la que ha aludido nuestro compañero el señor Cosidó en su intervención. ¿Ciertamente hemos valorado el impacto que la presente iniciativa va a tener en los juzgados de lo penal, que
vienen soportando ya de lejos una ingente carga de trabajo en una línea progresiva e in crescendo? Sinceramente creo que este tema no ha sido valorado, siendo un hecho cierto, además, que dichos juzgados vienen demandando una mayor dotación de
medios materiales y humanos para abordar su tarea que, como les decía, se va a ver incrementada notablemente.
Dicho esto, que creo que es algo importante, también tengo que señalar algo que, desde luego, es de subrayar. A diferencia de lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados con motivo del debate en la Cámara Baja, sí que hemos tenido
oportunidad de acercar posturas con el resto de los grupos parlamentarios, y singularmente con el grupo que sustenta al Gobierno, con el Grupo Parlamentario Socialista, y aunque hoy no está aquí, porque me consta que hizo algunos esfuerzos -no sé si
sobrehumanos-, quiero agradecer al senador Camacho sus artes de seducción, que posibilitaron que el Gobierno entendiera y atendiera la que fue nuestra enmienda número 3, enmienda de naturaleza competencial que realmente creo que era importante y que
ha sido práctica y literalmente incorporada en sus propios términos en el trámite de comisión al texto de esta proposición de ley.
Agradezco, cómo no, al senador Cosidó el anuncio de votar favorablemente nuestra enmienda número 1. También tengo que señalarle que respecto de la enmienda número 15, que me consta que es una enmienda que le preocupa, tengo básicamente que
compartir las palabras del senador Badia. Con el fondo del tema estoy absolutamente de acuerdo, pero tengo la sensación de que está tan pormenorizada que, a lo mejor, desborda un poco el alcance que puede tener el objeto de la proposición de ley
que ahora nos ocupa.
Hay otra cuestión que, en pura coherencia, tengo que señalarle. Pretende usted modificar con esa enmienda una Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es una ley distinta a aquella por la cual nace esta proposición de ley.
¿Sabe usted cuál es
la postura de nuestro grupo respecto a introducir, vía enmiendas, la modificación de un texto que no es precisamente aquel al que se refiere la iniciativa legislativa que en su caso toque?
El resto de las enmiendas no sé que suerte correrán, pero, en cualquier caso, tengo que señalar, señorías, que puestos en una balanza todos los aspectos a tener en cuenta, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos va a
decantar el sentido de su voto por lo que tiene de positivo esta proposición de ley, con todas nuestras reticencias, que las hay. Además, estoy convencida de que, a quien le toque, en la próxima legislatura tendrá mucho que hablar y debatir al
respecto; pero finalmente, señorías, vamos a votar favorablemente la presente proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: Gràcies, president.
(El señor Bofill Abelló inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones): «Aquesta Proposició de Llei Orgànica és una iniciativa conjunta dels Grups Parlamentaris
Socialista, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Izquierda Unida -Iniciativa per Catalunya Verds, Coalición Canaria- Nueva Canarias i Mixt al Congrés dels Diputats, i, per tant, malgrat totes les matisacions que es puguin fer,
compta amb el suport de L´Entesa Catalana de Progrés».
Continúo en castellano porque me obliga el Reglamento no sin antes subrayar, una vez más, el trato discriminatorio que esto supone para los ciudadanos y el territorio que represento. Decía que esta proposición de ley es una iniciativa
conjunta de una mayoría de grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados entre los cuales está los que en el Senado constituimos la Entesa Catalana de Progrés y, por tanto, más allá de las matizaciones que se puedan hacer, cuenta con nuestro
voto favorable.
Es una proposición que quiere responder de manera precisa y contundente a algunas conductas al volante que, como han puesto de relieve las asociaciones de víctimas, resultan criminales, particularmente el exceso de velocidad y la conducción
bajo los efectos del alcohol u otras drogas.
Respecto a esta cuestión cabe subrayar que dichas conductas ya estaban contempladas en el Código Penal, pero, a veces, con una vaguedad que había dificultado la constitución de un corpus jurisprudencial claro, cosa que hasta ahora había
permitido que no siempre fueran condenadas con claridad algunas conductas delictivas y se perdiera por el camino el valor de ejemplaridad que debe tener la aplicación de la ley para prevenir nuevos delitos, nuevas víctimas y nuevos daños.
Cabe recordar que la principal causa de muerte de los jóvenes en nuestro país son los accidentes de tráfico y que el exceso de velocidad y la conducción bajo el exceso de alcohol en sangre son las causas de la mayoría de accidentes de
circulación con víctimas.
Por lo que se refiere a la velocidad, la principal novedad es que se considera per se el exceso de velocidad como un delito y se fija ese exceso, que puede ser merecedor de prisión o de medidas alternativas a la prisión en forma de trabajos
al servicio de la comunidad, en 60 kilómetros por hora sobre el máximo permitido en la vía urbana y en 80 sobre el máximo autorizado en la vía interurbana.
Esta previsión ha suscitado preocupación en algunas personas, e incluso entre miembros de esta Cámara, preocupación que seguramente es transversal en todos los grupos. En el transfondo de esta preocupación seguramente subyace la conciencia
todavía mitigada de los riesgos de la velocidad, de la insensatez del exceso de velocidad, a la cual esta ley viene a dar respuesta. Sin embargo, esta preocupación también está relacionada con un conocimiento práctico por cada persona de nuestras
carreteras, de una señalización insuficiente, de unos límites de velocidad obsoletos en unos casos e insuficientes en otros, límites que en todo caso deberían estar en relación directa con el estado y la situación concreta del tramo de vía a que se
refiera la limitación.
Por este motivo creemos que no debería caer en saco roto la enmienda transaccional que suscribimos en esta Cámara para que el Gobierno impulse, de acuerdo con las otras administraciones competentes, una revisión de la señalización vial y de
la normativa de los límites de velocidad.
Otra de las novedades de la ley es, en el caso del alcohol, que precisa que la conducción bajo sus efectos será considerada un delito castigado con penas de prisión o de trabajos en beneficio de la comunidad.
Nos parece adecuado y en línea con las normativas de otros países de nuestro entorno europeo. Finalmente, la ley viene a llenar un vacío en relación con la instalación del carné por puntos y la retirada del permiso de conducir ya que había
personas que hacían caso omiso de esta retirada. El mensaje es claro: en los próximos meses, en el inicio de una nueva legislatura podremos comenzar a valorar los efectos de esta mayor precisión del Código Penal por lo que se refiere a seguridad
vial. En esta materia no nos deben doler prendas a la hora de afinar las disposiciones que hoy aprobaremos.
Al mismo tiempo quiero manifestar que no acaban de gustarnos ni la utilización del procedimiento de urgencia ni las modificaciones puntuales que no estén muy justificadas cuando tratamos de materia penal.
Hubiésemos preferido que estas
medidas se hubieran adoptado en una tramitación de conjunto de la reforma del Código Penal y con una mayor reflexión sobre algunas de sus posibles consecuencias en relación con el funcionamiento de nuestro sistema penal. Nos hubiera gustado que se
hubiera hecho un análisis más en profundidad sobre las medidas alternativas a la prisión en forma de trabajos al servicio de la comunidad valorando las experiencias que hay sobre la materia, particularmente en Cataluña, por poner este ejemplo, y
también sobre los medios realmente existentes para que estas medidas alternativas sean posibles y eficaces. También nos hubiera gustado que se hubiese hecho una valoración sobre los efectos del crecimiento de la población penada que va a tener esta
reforma del Código Penal y asimismo que se hubiera consultado en esta materia a la Generalitat de Cataluña. Nos hubiera gustado que esta reforma, como debería suceder con cualquier reforma penal, hubiera ido acompañada de una memoria económica para
todo el territorio del Estado, memoria económica que en este caso, además de la valoración de los costes de la administración de las penas, debería haber incluido después de una consulta a las comunidades autónomas una previsión en relación con todo
lo referente a revisión de los límites de velocidad y la señalización correspondiente.
La urgencia, ya en el último tramo de la legislatura, no nos ha permitido introducir estos elementos durante el trámite en el Senado, pero esperamos que el Gobierno y la Administración de Justicia hagan estas valoraciones y adopten las
medidas más adecuadas para el mejor cumplimiento de los propósitos de la ley.
(El señor Bofill Abelló continúa su intervención en catalán según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.) «Esperem, doncs, que es compleixi el desig de tantes víctimes i dels seus familiars, que el seu drama almenys
hagi servit de lliçó porquè cda cop sigui més difícil una conducció insensta i objectivament criminal».
Esperamos, pues, que se cumpla el deseo de tantas víctimas y de sus familiares, que su drama al menos haya servido de lección para que cada vez sea más difícil una conducción insensata y objetivamente criminal.
Gràcies, president.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Díaz Tejera.
El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, señorías, con esta reforma del Código Penal estamos asistiendo al nacimiento de una nueva cultura jurídica para todos los conductores españoles. No es una reforma que va contra los conductores
españoles sino a favor de todos los españoles que transitan por los 135.000 kilómetros de carreteras que hay en España con diversas titularidades: Administración General del Estado, comunidades autónomas, cabildos, consejos insulares,
ayuntamientos, diputaciones, etcétera.
Es una nueva cultura jurídica que supone acabar con un paraíso de impunidad para los criminales de la carretera que, al volante de sus vehículos de tracción a motor que diría el clásico, tanto ciclomotores como coches en lenguaje más común,
utilizan el automóvil como un arma para la violencia vial, y son expresiones que se han ido progresivamente consolidando entre los diversos estudiosos de este campo. En estos días están reunidos en Colonia fiscales, ingenieros de tráfico, diversos
políticos y juristas especializados en la materia porque se trata de ir afinando los instrumentos para medir cuándo se está conduciendo bajo la influencia de alguna toxicidad o de alguna ingesta no debida.
Y esa es la cuestión de fondo de su exposición: la obtención de los medios de prueba, y hay que reconocer que en materia de ingesta de alcohol están muy avanzados. En términos de aire espirado la tasa de alcohol es de 0,6 gramos, como
plantea esta reforma, o de 1,2 gramos por litro de sangre cuando se acude a su extracción.
Sin embargo, en el ámbito de la toxicidad por sustancias psicotrópicas, drogas o estupefacientes la dificultad de prueba es mayor, porque hay que acreditar que se conduce bajo la influencia de algo, y aquí ya no vale solo la prueba de la
saliva, que también, sino también la prueba médica, la imagen, la motilidad de la niña del ojo y los datos que el galeno anote respecto a lo que ve y observa en el comportamiento del conductor.
Sabido es que el tipo del artículo 379 del Código Penal, vigente hoy en España, exigía anomalía externa en la conducción y no solo la ingesta. La ingesta per se si supera el límite establecido por el legislador supone una sanción
administrativa. Había que dar el tanto de culpa a la Jefatura Provincial de Tráfico para la sanción administrativa y solo si, junto a esa superación del límite de ingesta, había anomalías externas en la conducción cabía la aplicación del tipo del
379 y la retirada del carné de conducir por un tiempo superior a un año -un año y un día, etcétera- y hasta cuatro años.
Aquí se reforma el artículo 47 y los artículos 379, 381, 382 y hasta el 385 Se plantean algunos asuntos y entiendo la suspicacia. ¿Por qué razón? Porque cuando se parte de unos criterios ya consolidados por la jurisprudencia y la dogmática
penal, cuando se incorpora una nueva cultura jurídica, la primera reacción es la preocupación por lo que pueda suponer en cuanto a la merma de garantías. Precisamente con esta intervención he tratado de hacer una llamada a la tranquilidad con
respecto a las garantías. Aquí no hay ninguna garantía menoscabada. No hay ninguna garantía deteriorada, ningún límite que se pueda poner en cuestión. En absoluto. No está condicionada ninguna de ellas, ni siquiera en el ámbito administrativo o
en el procedimiento sancionador.
Aquí sí que hay una discrepancia conceptual, y perdonen esta pequeña disgresión conceptual. El ius puniendi del Estado es el mismo en el ámbito de las sanciones
administrativas que en el penal, el mismo, y las garantías, en términos de contradictoriedad y audiencia, son semejantes. La diferencia está en la exigencia de una mayor claridad del tipo en el ámbito penal, porque se establece en ley
orgánica y no hay ninguna remisión reglamentaria salvo alguna excepción; por su parte, en el ámbito de las sanciones administrativas las exigencias de claridad pueden tener sede reglamentaria.
He tratado de plantear el alcance de las últimas reformas realizadas sobre el procedimiento sancionador, etcétera, y usted mantiene que no tiene sentido aquí, pero si es que el ius puniendi, tanto en un ámbito como en otro, es el mismo. No
hay diferentes...
El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego termine.
El señor DÍAZ TEJERA: ¡Santo cielo! Creía que tenía diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Pues tiene cinco.
El señor DÍAZ TEJERA: En fin, pues me olvido de todo esto que iba a explicar. Acabo ya, señor presidente.
Las razones de fondo y las dudas que plantea, señor Cosidó -y le hablo directamente- sobre el fondo jurídico del asunto no tienen razón de ser cuando se plantean incluso elementos normativos. No es necesario que se acredite la temeridad
porque tan solo por el mero hecho del incumplimiento de ese elemento normativo, tan solo por eso, ya se plantea, no solo el reproche administrativo, sino también el reproche punitivo.
El mensaje que hay que transmitir a todos los conductores en España es que vamos a dejar de ser un paraíso para la impunidad en materia de violencia vial. Así incorporamos criterios que están asumidos en el conjunto de Europa y en otros
países donde hay ratios de violencia mayores que en España, y es que en nuestro país los ratios de violencia vial son menores. ¿Por qué razón? Porque la prevención general y especial en esta materia ha actuado con mayor firmeza.
Le invito a que se incorpore también a este consenso legislativo, porque creo que el consenso social aparece de forma absolutamente rotunda en todas las encuestas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
No sé si a la velocidad que estamos debatiendo esta proposición de ley seremos objeto de algún tipo de sanción, no sé si administrativa o penal, pero, en todo caso, quiero empezar agradeciendo su intervención a la senadora del Grupo
Parlamentario Socialista, cuyo nombre no recuerdo, lamentablemente, porque creo, con sinceridad, que ha justificado nuestro voto negativo a esta proposición de ley mucho mejor de lo que yo sería capaz de hacerlo. Haré alguna leve matización.
En primer lugar, yo entiendo que con esto de la «Z», lo del líder espiritual lo lleven ustedes muy marcado, pero yo en política no concibo ningún otro líder espiritual y menos que tenga ese nombre. En segundo lugar, la demanda social de
esta reforma era tanta, que ustedes ni siquiera la llevaban en su programa electoral, y es la única reforma, insisto, del Código Penal que van a hacer en este legislatura. En tercer lugar, yo le agradecería que para debatir se lea por lo menos
nuestras enmiendas, porque usted se ha liado y nos ha echado una diatriba sobre el alcohol cuando nosotros -lo he dicho en mi primera intervención- no hemos presentado enmiendas en relación con el tema del alcohol. En cuarto lugar, el ejemplo de la
escopeta me ha parecido inteligente, sobre todo porque proviene de un excelente diputado de Convergència i Unió, pero utiliza también un argumento de otra excelente diputada del PNV en el Congreso, lo que tampoco es razonable, como hace el artículo
380, es que quien vaya disparando por la calle con una escopeta reciba mayor pena cuando no causa ningún daño que cuando causa daño, que es exactamente lo que propone aquí el artículo 380. Por tanto, la reforma también tiene sus incongruencias. Y
si el que pretende conducir por mí es el director general de Tráfico, mejor conduzco yo. O sea, ahí me ratifico cien por cien en las palabras del presidente de honor de mi partido.
Al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y al de Convergència i Unió yo les tengo que agradecer infinitamente su intervención, puesto que les han parecido razonables al menos algunas de las enmiendas presentadas por mi grupo.
Lamento que en aras de ese pacto, al que al menos Convergència i Unió estaba sometida, no hayan podido apoyarlas, pero estoy seguro que este tema lo veremos más adelante. Creo que es una cuestión de tiempo que hagamos una regulación específica
sobre esta cuestión.
Varios portavoces de los grupos que han intervenido han dado argumentos poniendo en duda el efecto mágico de una reforma del Código Penal para acabar con un problema tan complejo, como es el de los accidentes de tráfico y la seguridad vial.
Yo voy un paso más allá. Creo que en algunos aspectos esta reforma puede resultar contraproducente, y es lo que trataba de demostrarles. No solamente por lo que decía antes del colapso que podemos organizar en la jurisdicción de lo penal, sino,
sobre todo, porque al llevar este tipo de infracciones al ámbito de lo penal estamos introduciendo una necesidad de garantías, por ejemplo, en materia de la identificación del conductor cuando un radar detecta un vehículo a una velocidad inadecuada,
que no existían en el campo administrativo y, por tanto, me temo que al final lo que podemos producir es, como decía antes, incluso mayor ámbito de impunidad ante determinadas conductas. Y porque si alguna experiencia podemos sacar de la ley contra
la violencia de género, es que no siempre, ni de forma automática, un aumento de las penas produce la corrección de conductas tan antisociales, tan lamentables como las de la violencia de género o las de estos homicidas del volante. Por tanto, no
es ya
sólo que pongamos en duda cuál va a ser la efectividad real de esta reforma, sino que creemos que en algunos de sus aspectos puede resultar contraproducente.
En todo caso, todas las reformas que en materia de seguridad vial ha impulsado el Gobierno, ha impulsado el Grupo Parlamentario Socialista, han puesto siempre la carga en contra del conductor. Y yo creo que algunas de las medidas, como el
carné por puntos que mi grupo ha apoyado, resultaban necesarias, pero siendo medidas necesarias, en todo caso no son suficientes. Es que es contradictorio aumentar las sanciones, como se hace con esta reforma del Código Penal, y reducir la
vigilancia, como se está haciendo -y le demostraba el otro día al ministro del Interior-, disminuyendo el número de patrullas efectivas de la Guardia Civil en la carretera. Es contradictorio y es incongruente aumentar la recaudación por multas de
tráfico, como se está haciendo, y disminuir el presupuesto dedicado a la seguridad vial, como se ha hecho en este presupuesto para 2008. Toda la responsabilidad no es únicamente del conductor, y debemos exigir también a las administraciones
públicas que actúen en temas tan relevantes, tan claves, como es la supresión de tramos peligrosos donde no estamos actuando con la velocidad adecuada.
Tenemos que poner mayor énfasis en la educación, y no exclusivamente en la represión, y no podemos solventar por la vía penal lo que estamos siendo incapaces de solventar por la vía administrativa. Recuerdo que en estos momentos hay más de
2.000 conductores que, habiendo perdido todos sus puntos, tienen, por la incompetencia de la Dirección General de Tráfico, su carné de conducir en vigor. No defenderé desde esta tribuna medidas penales contra el director general de Tráfico, pero
eso sí me parece un riesgo evidente para la seguridad del tráfico.
Creo que esta reforma se ha empeorado en un aspecto durante su tramitación en el Senado. Sinceramente, mi grupo no puede compartir esa enmienda aprobada en la comisión mediante la cual se produce una vacatio legis, es decir, dejamos en
impunidad durante seis meses a aquellos conductores que ni siquiera tienen el carné, y además estamos produciendo una discriminación puesto que durante estos seis meses no penamos a los conductores que no tienen carné -después incluso de algunos
lamentables casos que se han producido en este ínterin-, y, sin embargo, al conductor que ha perdido sus puntos y, por tanto, se le ha retirado el carné lo dejamos conducir.
Termino ya, señor presidente, puesto que se me ha acabado el tiempo. No esperaba que nadie en este debate pusiera en duda la voluntad de todos y cada uno de los grupos por reducir los accidentes. Lo que estamos debatiendo es si esta
reforma contribuye a ese objetivo o no. Nosotros creemos que no y que además puede tener algún efecto contraproducente.
Por tanto, actuando en conciencia, amparado además por la brillante actuación de la senadora del Grupo Parlamentario
Socialista, votaremos en contra de esta reforma.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de Seguridad Vial.
Comenzaremos, señorías, votando las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, en primer lugar, la número 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238 ; a favor, 130; en contra, 108.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
En segundo lugar, votamos la número 2 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 13; en contra, 224; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 3 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 34; en contra, 203; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 5 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, ocho; en contra, 229; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Del Grupo Parlamentario Popular votamos las enmiendas números 9 a 15.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 115; en contra, 121; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, el dictamen. En primer lugar, las partes de la proposición de ley enmendadas en comisión y que no han sido comprendidas en las votaciones anteriores.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 124; en contra, 114.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 123; en contra, 114.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, daremos traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por Su Majestad El Rey.
-- DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (S.
621/000118). (C.D. 121/000126).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al dictamen de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el proyecto de ley de medidas en materia de Seguridad Social.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la senadora Hernández.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente. Señorías, me cabe el honor de haber sido designada para presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del proyecto de ley de medidas en materia de
Seguridad Social. Este proyecto de ley entró en el Senado el pasado día 24 de septiembre de 2007, siendo publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en la misma fecha.
El plazo de presentación de enmiendas concluía el pasado día 5 de octubre, siendo ampliado hasta el día 11 de octubre de 2007. El proyecto se tramita por el procedimiento ordinario.
A este proyecto de ley se han formulado un veto, presentado por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; 94 enmiendas: 8 por el señor Jorquera Caselas, 1 por el senador Mur Bernad y 10 por el señor Urrutia, ambos del Grupo
Parlamentario Mixto; 6 por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; 8 por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; 34 por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; 12 por el Grupo
Parlamentario Socialista y 15 por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio o abandonen el hemiciclo, por favor. Es imposible oír nada, salvo a quienes están hablando en el hemiciclo, no a quien se encuentra en el uso de la palabra en la tribuna.
Rogaría silencio, por favor.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales ha dictaminado dicho proyecto de ley en su sesión del día 25 de octubre de 2007, incorporando 6 enmiendas transaccionales, además de una del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos y 10 del Grupo Parlamentario Socialista. Por último, para su debate ante el Pleno se han formulado 7 votos particulares.
Con estas palabras creo haber resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, pasamos a debatir la propuesta de veto del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor Albistur tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor presidente.
Señorías, la presentación de esta ley y su debate nos permite, aunque sea de forma testimonial -dado el resultado que esperamos del voto de este veto-, traer de nuevo a colación a esta Cámara, como también se hizo en su momento en el
Congreso de los Diputados, la reivindicación de una competencia que figura en el Estatuto de Gernika y también en el artículo 149 de la Constitución, cuya gestión y administración corresponde -por reconocimiento del pueblo vasco que votó el estatuto
de autonomía- a la Comunidad Autónoma del País Vasco y al Gobierno de dicha comunidad autónoma. Se trata de una oportunidad para poder defender el Estatuto de Gernika, al cumplirse hace pocos días el 28o aniversario de su aprobación. A pesar de
que el presidente del Gobierno ha manifestado esta mañana en esta misma sala que existe poco interés por parte de los representantes del Gobierno vasco en la reivindicación de las 37 competencias que todavía no han sido transferidas a la comunidad
autónoma, nuestro grupo pretende reivindicar con la presentación de este veto o enmienda a la totalidad que el Estatuto de Gernika está vivo y que aquellos que lo defienden y utilizan como instrumento para atacar o manifestar que los nacionalistas
vascos hemos abandonado ese camino no se comprometen después con los contenidos de ese estatuto y con las competencias que en él ya están recogidas y que no han sido transferidas ni reconocidas a la comunidad autónoma por parte de la Administración
central en la negociación durante estos veintiocho años de las competencias que deberían corresponder a la comunidad autónoma.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos cree necesario potenciar un sistema financieramente equilibrado que consolide y perfeccione el actual sistema público de Seguridad Social. No cabe más.
En una sociedad y Estado
modernos esto debe ser así. Además, este sistema debe dar respuesta al actual problema de pensiones, problema de enorme responsabilidad política y de enorme responsabilidad en la gestión pública. Pero de igual manera nuestro grupo reivindica el
cumplimiento del Estatuto de Gernika, cosa que no está reñida con la afirmación que acabo de hacer (refrendado mayoritariamente -como he dicho anteriormente- por los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma del País Vasco), y en concreto de
su artículo 18, donde se reconocen las competencias que en materia de Seguridad Social le corresponden a nuestra comunidad autónoma, incluida la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, tal y
como se establece en la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía.
Esta hubiera podido ser -una vez más, entre las muchas que hemos planteado- una buena oportunidad y ocasión para promover las reformas normativas que posibiliten que la Comunidad Autónoma del País Vasco pueda asumir la gestión del sistema de
Seguridad Social en su ámbito territorial. Y, dicho esto, no introducimos ningún torpedo, ni ninguna grieta en ningún sistema del Estado, simplemente estamos hablando de una gestión, una gestión que es gestión pública de una competencia que es
posible asumir por reconocimiento del Estatuto de Autonomía y de la Constitución por la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Como nos hemos cansado de proclamar -y no solo nosotros como grupo parlamentario, sino también en el Parlamento y en el propio Gobierno vasco-, el Gobierno del Estado mantiene sin transferir las importantes competencias reconocidas
estatutariamente en materia de Seguridad Social sin considerar que el ejercicio de las citadas competencias por la Comunidad Autónoma de Euskadi resulta de capital importancia para el desarrollo del autogobierno y de las políticas públicas que en
este ámbito material -específicamente al que nos referimos, la protección social-, así como en aquel que afecta a las relaciones laborales quiera establecer el Gobierno autonómico, particularmente en una comunidad como la nuestra, donde el sector
industrial y las derivadas laborales del sector industrial tienen unas particularidades específicas.
La legitimidad de una propuesta de transferencia en materia de Seguridad Social viene avalada por la legítima adaptación al modelo autonómico de la gestión de protección social, adaptación que, curiosamente, permite al Estado en relación con
la pervivencia de sistemas privados la colaboración en dicha gestión a través de las mutuas y empresas colaboradoras cuando, sin embargo, no se quiere arbitrar para las comunidades autónomas que tienen poderes públicos y que son, además, poderes
públicos garantes del mantenimiento de una Seguridad Social pública para toda la ciudadanía.
Y quiero hacer una pequeña digresión refiriéndome al eterno debate -al que también se ha referido esta mañana el presidente del Gobierno- sobre la caja única. La caja única es una oportunidad, nada más que una oportunidad, que el Gobierno
del Estado y algunas de las partes administrativas de este Gobierno del Estado manifiestan para encubrir verdaderamente la no transferencia; sin embargo la caja única está permitiendo una gestión intervenida de elementos privados, como son
sindicatos y representantes empresariales. Pues bien, siguiendo la lógica del Estado para no realizar la transferencia, deberían ser coherentes en las decisiones sobre fondos y recursos existentes en esa caja única, pero se permite que decisiones
determinadas de fondos y recursos de esa caja única vayan en intereses de estos dos grupos que acabo de citar -sindicatos y patronal-, y que incluso se destinen recursos de esta caja única a las políticas laborales que se ejercen desde sindicatos y
representantes patronales sin discusión ni debate alguno. O sea, en la caja única mete mano cualquiera -esa es la expresión que se puede utilizar-; en la caja única se interviene; hoy en la caja única se permite intervenir, pero no a la
Administración autonómica que, como he dicho anteriormente, vela y vigila por el bienestar de sus ciudadanos, que asegura al Estado la buena recaudación porque establece el control y la vigilancia sobre las relaciones laborales y establece el
control y la vigilancia sobre los organismos que tutelan estas relaciones laborales; a esa no se le deja intervenir. Pero, además, en esta España de las paradojas resulta que tenemos un convenio económico, un régimen fiscal con Navarra, un régimen
fiscal especial para Canarias, un régimen especial también para Ceuta y Melilla y el Concierto Económico vasco, que verdaderamente rompen la caja única de algo que debería ser el fundamento de la política económica pública de este país: los
presupuestos. Eso es posible. Ahí no hay ningún problema de discusión. Es más, se acaba de pactar el convenio con Navarra y, hace uno o dos meses, se pactó el Concierto Económico y se denominó el Cupo con la comunidad autónoma vasca. No ha
habido problema. Eso ya está admitido. Hay mucho debate, hay mucha discusión, se llegan a discutir las cifras y los porcentajes, pero, finalmente, se llega a acuerdos y la Hacienda española, compuesta por cuatro haciendas, funciona. Además, se
defiende ante la Unión Europea esta pluralidad de haciendas que todos nos hemos reconocido. Sin embargo, en el Sistema de la Seguridad Social, ahí, señores, no cabe. ¿Por qué? ¿Solamente por defender las pensiones y el bienestar de los
trabajadores y de los ciudadanos españoles? ¿De la otra forma no se defiende el bienestar y la buena situación económica de los españoles? No sé.
Paradojas que tiene este Estado.
La singularidad del Estatuto de Gernika, señorías, dibuja un panorama competencial que debería abarcar, en primer lugar, la gestión de prestaciones sobre todo tipo de contingencias. En segundo lugar, la posibilidad de colaborar, mediante
convenio de gestión o mediante delegación, en la función recaudatoria; posibilidad absolutamente normal.
En tercer lugar, la coparticipación en el Fondo de Solidaridad; posibilidad absolutamente normal porque, además, hasta se pueden establecer
los mecanismos que puedan regular este hecho, no hay problema técnico para hacerlo. En cuarto lugar, la asunción de las actuaciones instrumentales: inscripción de empresas y afiliación, altas y bajas de trabajadores, todo ello en comunicación
perfecta; y más, contando con eso de lo que hablamos todos los días en el Senado: con el desarrollo de la sociedad de la información. En quinto lugar, debería abarcar también el ejercicio de la potestad sancionadora en este ámbito, cosa que las
comunidades autónomas están aburridas de realizar en otras muchas materias: económicas, culturales, educativas, sanitarias, etcétera.
El Estado, por su parte, ostenta la competencia en relación con la efectividad del principio de solidaridad; cosa que no negamos ni nunca hemos negado, porque entendemos que para eso es el Estado; el Estado que nos hemos dado todos,
democráticamente aquí. Para eso está. Esa es
su función. No tiene que desempeñar ninguna otra, pero esa es una función importante. Sin embargo, al Estado le gusta hacer otras cosas, como intervenir. Ese es el problema grave de la interpretación de este Estado de las Autonomías.
Además, tiene que desempeñar su función garantizando el carácter unitario del sistema, que se plasma en la unidad de las normas que configuran el régimen económico de dicho sistema. Esto es claro: competencia del Estado, función del Estado.
Por todo ello, ante la sordera -permítanme que utilice este término- que muestra el Gobierno del Estado ante los sucesivos llamamientos del Gobierno vasco para que inicie las actuaciones que requiere el traspaso de la gestión del régimen
económico de la Seguridad Social, este grupo parlamentario debe hacer ver al Senado, una vez más, por medio de esta propuesta de veto, el incumplimiento del artículo 18 y de la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika y -¡qué menos!-
apremiarle a su observancia. Seamos coherentes con lo que estamos haciendo en el Estado de las Autonomías. Este proyecto de ley bien pudiera haberse aprovechado para fijar las bases del traspaso, tanto las materiales como las temporales.
Señorías, no sé si he sido capaz de tocar sus corazones de piedra, en este caso. Espero que sus corazones de piedra se conviertan verdaderamente en corazones de carne con sangre viva dentro, para mejorar esta España en la que todos vivimos,
en la que todos convivimos y en la que tenemos que seguir conviviendo. Y esto pasa precisamente por construir esa España que debe ser la España real.
Por eso digo que bien pudiera haberse aprovechado este proyecto de ley para fijar las bases de ese traspaso, tanto material como temporal. Al no hacerlo, les digo de verdad, resulta inadmisible y por ello pedimos su devolución hasta que se
acompañe de un modelo de garantía normativa, de efectividad de los traspasos pendientes en esta materia, que no es mucho, señorías, no es mucho. Puesto en la práctica, ustedes se darían cuenta de que es hasta más efectivo y eficiente. Esperemos
que algún día mis palabras y las de otros compañeros míos sirvan para convencerles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Albistur.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el senador Alonso.
El señor ALONSO GARCÍA: Buenas tardes.
Muchas gracias, señor presidente.
Senador Albistur, disponga usted de nuestro corazón, pero que ello no nos lleve a perder la cabeza. Le voy a reconocer, senador Albistur, la coherencia en función del discurso que su grupo parlamentario viene manteniendo en la materia que
nos ocupa a lo largo de las distintas legislaturas, porque a este senador le tocó ser testigo presencial de esos debates. Por tanto, reconociéndole la coherencia a la hora de presentar este veto, convendrá que no lo podamos apoyar. Sabe que la
presente ley tiene carácter de legislación básica en materia de Seguridad Social, según lo que dispone el artículo 149.1 de la Constitución Española. Toma como referencia las prioridades marcadas por el Pacto de Toledo de 2003 y es fruto del
acuerdo suscrito entre el Gobierno y los interlocutores sociales. Por consiguiente, senador Albistur, la ley que hoy nos ocupa afecta sustancialmente al régimen jurídico de las distintas prestaciones de la Seguridad Social, pero no así al ámbito de
la gestión de la propia Seguridad Social.
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado de forma reiterada en relación con el mencionado artículo de la Constitución y baste citar, entre otras, las sentencias 124, de 7 de julio de 1989, y la 239/2002, de 11 de diciembre. Entiendo que
por economía procesal no sea oportuno que lea los fundamentos de Derecho en los que se basa el Tribunal Constitucional, pero sí diré que el Tribunal señala que las diferentes prestaciones de la materia de Seguridad Social conforman un entramado
dirigido a la cobertura de riesgos y a la atención de otras situaciones de necesidad que presentan una tendencia de unidad y de estabilidad en el tiempo y en el conjunto del territorio nacional.
Por lo tanto, vamos a rechazar el veto, votaremos en contra del mismo, por su propio contenido, porque entendemos, por las razones a las que antes hacía referencia, que estamos ante una ley que afecta sustancialmente al régimen jurídico y no
al ámbito de gestión de la Seguridad Social. Estas son las razones, en su conjunto, que nos animan a votar en contra del veto que presenta el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. La materia que motiva el veto también ha sido
objeto de debate a lo largo de la mañana de hoy, cuando el portavoz de su grupo parlamentario en la sesión de control se dirigía al presidente del Gobierno, y entiendo que los argumentos del presidente del Gobierno a la hora de referirse a la
materia que hoy nos ocupa en absoluto difieren de los que en la tarde del día de hoy este portavoz le trasladó está trasladando. Por consiguiente, votaremos en contra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Urrutia.
El señor URRUTIA ELORZA: Mila esker, eskerrik asko, presidente jauna.
Señorías, otra vez planteamos un asunto de gran interés, y debo felicitar, de corazón, al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por haber presentado este veto.
Este humilde senador de Eusko Alkartasuna ha presentado una enmienda, que posteriormente defenderé en el turno del debate de enmiendas, porque creo que es fundamental -y lo digo con tono cariñoso y agradable pero firme- reclamar una y mil
veces el cumplimiento del Estatuto de Autonomía. Esta mañana, cuando el señor Zubia pedía al presidente el inventario de competencias transferidas durante este trámite legislativo del año 2004 al 2007, y le decía: cero, le debía haber dicho: cero
zapatero, porque así ha sido. Son 37 competencias pendientes,
y una de ellas, básica y fundamental, es esta que se nos plantea en este momento: la reclamación del régimen económico de la Seguridad Social. Son incomprensibles los dos argumentos que esta mañana el señor Rodríguez Zapatero ha puesto
sobre la mesa para defender que en este momento no se puede transferir, y voy a decirlos porque él lo ha comentado y yo he tomado nota casi taquigráficamente.
Dice que no es asumible poder transferir esta competencia porque quiebra el principio de caja única, y es incomprensible cuando, posteriormente, el señor Zapatero mantiene conversaciones con el lehendakari Ibarretxe para planteamientos que
superan el Estatuto de Autonomía. Este senador que les habla, de Eusko Alkartasuna, que es totalmente defensor de la idea de que el Estatuto está superado y que hay que correr por otros derroteros, siendo uno de ellos el soberanismo, no puede
comprender cómo después de veintiocho o de treinta años se puede decir que un asunto que está consensuado en una transición, yo creo inacabada, que está consensuado con todos los partidos políticos, que está aprobado en el Congreso y en el Senado,
que está aprobado por el Parlamento de Vitoria y que está aprobado por todos los ciudadanos vascos, no es asumible porque en este momento no se puede transferir.
¿Han cambiado tanto las circunstancias en veintiocho años para que aquellas competencias que en aquel momento era posible trasladar a la dependencia del Gobierno vasco no puedan ser trasladadas en este momento? ¿Por qué me hablan a mí de
una caja única, que es un concepto totalmente previo a la Constitución, un concepto que en ninguno de los reglamentos existentes ni en ninguna legislación se contempla? ¿Cómo se puede decir que hay que respetar escrupulosamente la legislación
vigente tanto en el contenido como en la forma? ¿No existía en aquel momento el artículo 149 de la Constitución y se firmó un estatuto totalmente acordado para regular las competencias?
Señorías, lo que ocurre es que no hay ganas de ir adelante y lo que se quiere hacer es un parón total al desarrollo estatutario.
Por eso, este senador de Eusko Alkartasuna debe votar a favor del veto presentado por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y quiero recordar a sus señorías que actuaciones como ésta lo único que hacen es incentivar mucho
más las posiciones más rupturistas y soberanistas y la idea de que el Estatuto está totalmente superado. ¿Por qué? Porque después de los años no se cumple lo que está aprobado. Es el respeto escrupuloso a la legalidad vigente, que no se cumple,
¿y quién no lo cumple? El Gobierno del Estado. No lo cumplió en años anteriores el Partido Popular y no lo cumple en este momento el Grupo Socialista, y es incomprensible que un acuerdo consensuado por todos no se lleve a efecto.
¿Y por qué?
Porque dice el señor presidente que no se puede asumir y que se quiebra un principio, un principio que no se sostiene bajo ninguna circunstancia. Pero es que, además, si leemos la disposición quinta del Estatuto de Autonomía, este principio de caja
única no se rompe en ningún momento si se hace a través de convenios y acuerdos. Lo único que se pide -y el senador Albistur lo ha expuesto fenomenalmente- son los seis aspectos de la gestión económica, lo único que se intenta es llevar la gestión
de los elementos propios de inscripción de los cotizantes y de las prestaciones; el seguimiento de las bajas y de las altas; el seguimiento de las prestaciones de cada una de las contingencias y el seguimiento del régimen económico. No hay
ruptura del principio de caja única si se hacen las cosas a través de convenio. Pero se necesitan acuerdos, se necesitan ganas de diálogo, se necesita negociación y se necesitan ganas de colaboración; lo que no se necesitan son la cerrazón y
enfrentamiento.
Señorías, la posición de este humilde senador de Eusko Alkartasuna es la de un apoyo total y rotundo, pero si ustedes no van cambiando su posición, si no dejan de poner fronteras, antes o después los temas caerán por su propio peso, como le
ocurre a la pera cuando está madura y se puede comer. De lo contrario, señores, habrá que buscar nuevas soluciones a esta relación con el Estado español a través de comportamientos propios, de posturas sobre nuevas soberanías o nuevas realidades
políticas.
Eskerrik asko.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Tiene la palabra el senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señoría.
Intervengo brevemente para recordar lo que esta mañana planteaba a la ministra de Educación, así como lo que he planteado en otras ocasiones en este hemiciclo: la complejidad de lo que hoy día significa la gestión desde el punto de vista de
las políticas públicas. Una sociedad que ha ido creciendo, que se ha ido modernizando y ha ido madurando, queramos reconocerlo o no, también ha quitado funciones al Estado y se las ha trasladado a aquella Administración directa que organiza y
garantiza a los ciudadanos una forma de vida de servicio directo.
De nada vale seguir empeñándonos en puras teorías de Derecho Político, aunque me parecen muy acertadas y las respeto; pero se han citado aquí diferentes sentencias del Tribunal Constitucional que no niegan nuestra reivindicación dentro de
este contexto, sino que más bien la reafirman. Y es que la descentralización de las funciones y el ejercicio de la gestión pública por parte de los entes que tienen un compromiso directo con los ciudadanos es algo específico de un Estado moderno, y
concretamente del Estado de las Autonomías, donde cada vez se va reconociendo que la buena calidad de vida de los ciudadanos depende de la buena gestión de estos gobiernos autonómicos.
En nuestro caso, además, está pendiente y colgado del artículo 18 y de una disposición adicional del Estatuto de
Autonomía -ley orgánica por excelencia- el ejercicio y la gestión de esa competencia que para nada discute las funciones del Estado. Pero el Estado se convierte aquí en interventor; el Estado es una entelequia, y las personas que gobiernan
se convierten en interventores como si no supieran que tienen otras cosas que hacer, como si no supieran qué hacer si eso se les quitara. Es tan ridícula la situación que hasta daría risa si no fuera tan dramático el tema. El futuro, la
modernidad, la eficiencia y la eficacia dependen precisamente de este tipo de posiciones. Pues bien, sigamos como estamos.
Pero esta no es una crítica a los actuales gestores de la Seguridad Social, por quienes siento el máximo respeto y a los que doy el máximo reconocimiento. El tema no son ellos, sino los principios que los dos grandes partidos políticos que
gobiernan este país tienen todavía sobre el sistema autonómico. Es decir, el no acabar de reconocer que este es un sistema eficaz y eficiente para la ciudadanía y para el bienestar y que, además, está refrendado por estatutos de autonomía que los
propios ciudadanos, en este caso los vascos, se otorgaron y reconocieron, y que demostraron entonces la voluntad de ser dirigidos por ese estatuto.
Respétenlo, y ya que tanto se nos pide un acuerdo entre los vascos, respeten aquello que fue un
acuerdo entre los vascos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Burgués.
La señora BURGUÉS BARGUÉS: Gracias, señor presidente.
Aunque somos sensibles en el tema competencial y en las transferencias autonómicas, creemos que es importante que se apruebe esta ley por los beneficios sociales que puede reportar a los trabajadores y trabajadoras.
Esta ley es fruto de un esfuerzo, de un largo debate durante dos años hasta llegar a un consenso, en el que coinciden el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales, y tiene como objetivo atender las prioridades del Pacto de
Toledo y la Declaración para el Diálogo Social de 2004, que consideramos muy importante.
Contempla también una serie de medidas que amplían la cobertura de las prestaciones de la Seguridad Social, por lo que consideramos positivo que la ley se apruebe. Quizá este no sea el momento más adecuado para el debate que nos propone, y
por ello vamos a votar en contra del veto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE. Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Rubial.
La señora RUBIAL CACHORRO: Gracias, señor presidente.
Señorías, con referencia al veto presentado por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, quiero recordar, senador Albistur, por un lado, que no hay que mezclar ingresos de impuestos con ingresos de Seguridad Social, no
confundamos a los trabajadores y, por otro, hay algo primordial en esta ley, y es que tiene carácter de legislación básica en materia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.17.a de la Constitución; toma como
referencia las prioridades marcadas en el Pacto de Toledo de 2003 y es fruto del acuerdo suscrito entre el Gobierno y los interlocutores sociales. Por tanto, la ley afecta sustancialmente al régimen jurídico de las distintas prestaciones de la
Seguridad Social, pero no así al ámbito de su gestión.
Como ya ha comentado el senador Alonso, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado reiteradamente en relación con el mencionado artículo de la Constitución; baste citar, entre otras, las sentencias 124/1989 y 239/2002, que al respecto
señalan que las diferentes prestaciones en materia de Seguridad Social conforman un entramado dirigido a la cobertura de riesgos y a la atención de otras situaciones de necesidad que presentan una tendencia de unidad y estabilidad en el tiempo y en
el conjunto del territorio nacional.
Estamos hablando de una ley solidaria con las diferentes comunidades del Estado español y que, en este caso, beneficia a la Comunidad Autónoma del País Vasco, dado que somos la comunidad que presenta los índices más altos de jubilaciones y
de prestaciones y, sin embargo, tenemos un déficit de ingresos en relación con los pagos.
Mi grupo parlamentario, como ya ha anunciado el senador Alonso, votará en contra del veto. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fernández.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con la venia, señor presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario, siendo consciente y coherente con cuantas ocasiones se ha manifestado en esta Cámara , entiende que estamos ante una situación que no afecta al ámbito de la ley, y simplemente debemos tener en cuenta que en
una modificación no muy sustancial de una ley básica, como es la Ley de Medidas en materia de la Seguridad Social, hemos de seguir amparando lo que significa la caja única; y, tomando como referencia las prioridades marcadas por el Pacto de Toledo
en su renovación parlamentaria del año 2003, se reafirma la necesidad de mantener y reforzar determinados principios básicos en los que se asienta el sistema público de la Seguridad Social. Por tanto, es un sistema del bienestar y lógicamente un
principio de solidaridad y garantía de suficientes medidas como para hacerlo, tal y como se ha llevado a cabo en esta Cámara.
Señor Albistur, nosotros no tenemos el corazón de piedra, sino un corazón de verdad, un corazón humano, y entendemos que dentro de la justicia social esa caja única debe prevalecer como tal, y en muchas ocasiones deben
consensuarse las transferencias que su grupo parlamentario tenga que hacer con el Gobierno actual. Pero, lógicamente, estamos ante una ley, como he dicho anteriormente, de carácter preferencial para el sistema público de pensiones. Por
tanto, en ningún momento podemos hablar de sordera de Estado, todo lo contrario, considero que está al día de lo que significa.
Por consiguiente, nuestro grupo parlamentario va a votar en contra de este veto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A continuación, procedemos a la votación de la propuesta de veto del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos .
Se inicia la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 17; en contra, 221; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
A continuación, pasamos al debate de los votos particulares.
En primer lugar, voto particular del Grupo Parlamentario Mixto, del senador Urrutia Elorza. Tiene la palabra su señoría. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio, por favor.
El señor URRUTIA ELORZA: Eskerrik asko, presidente. (El señor Urrutia Elorza inicia su intervención en euskera según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.) «Arratsaldeon jubilato eta alargun elkartearen Jaun-Andreak
eta ongietorri Senatura».
Muy buenas tardes, señores y señoras de la Confederación y Federación de jubilados, prejubilados y pensionistas del Estado y de Euskadi.
Bienvenidos a este Senado. Están ustedes en su casa.
Eusko Alkartasuna presenta a este proyecto de ley diez enmiendas porque creemos que es interesante analizar cada una de las contingencias que en él se plantean; contingencias o prestaciones que la Seguridad Social pública atiende.
Previamente a entrar en materia de cada una de ellas, creo que es interesante hacer referencia a dos aspectos que están contenidos en el preámbulo. Dicho preámbulo comenta que esta reforma cuenta con el acuerdo entre el Gobierno, UGT,
Comisiones Obreras, CEOE y CEPYME. Pues bien, a Eusko Alkartasuna le parece que no se está cumpliendo con la representación sindical en función de los resultados obtenidos en las elecciones sindicales de los años 2005 y 2006, que afectan al
ejercicio siguiente, y cuyo ranquin fue Comisiones Obreras, UGT, ELA y CIGA-Galicia, que en concordancia con lo que señalan las disposiciones contenidas en la Ley de Libertad Sindical, artículos 6 y 7, eran estas cuatro centrales sindicales las que
debían intervenir en la confección de esta ley de reforma. No ha sido así, y lo primero que debo decir es que se están usurpando labores legislativas a ciertos representantes de agentes sociales. No se les está dejando entrar ni a ELA ni a
CIGA-Galicia en las negociaciones y acuerdos interprofesionales. Este es un primer déficit de este proyecto de ley.
Segunda idea sobre este proyecto de ley: nos parece que es regresivo, endurece las posiciones y es bastante más exigente, aunque también debemos decir que hay aspectos que son eminentemente positivos y constituyen un paso adelante, pero si
sumamos aspectos positivos y negativos creemos que en conjunto es más regresivo y más exigente que antes.
Voy a poner tres ejemplos para que sus señorías lo comprendan. Primero, con respecto a la pensión de jubilación se ha incrementado en dos años el tiempo efectivo de cotización. Es decir, que ahora la gente para poder jubilarse con la
pensión máxima tiene que cotizar por 5.475 días y antes sólo por 4.700. Es una regresión. Tal vez mejore el aspecto contributivo, pero es una regresión.
Llegados a este punto, se me plantea la siguiente pregunta: ¿qué pasa con aquellos cotizantes que no llegan a los 5.475 días? No se dice nada.
La pensión de viudedad antes era contributiva. En este momento no se sabe si es una renta de sustitución o si es una pensión asistencial. La determinación de su cuantía queda un poco al albur. Nos parece que es un paso atrás. En cambio,
hay un aspecto positivo: el tratamiento a las parejas de hecho tanto en la pensión de viudedad como en la de jubilación.
Otra cuestión que nos preocupa respecto de las pensiones de viudedad, y así lo refleja una de nuestras enmiendas, es el fallecimiento por enfermedad común. La exigencia de un período mínimo de dos años o de hijos comunes constituye una
restricción al acceso de esta prestación.
¿Qué pasa si la enfermedad no se hubiera detectado antes de la celebración del vínculo? Lo mismo ocurre con la exigencia de los cinco años para las parejas de hecho. Esta exigencia limita una forma libre
de convivencia.
La incapacidad temporal, otra de las prestaciones, se trata en una de las primeras enmiendas presentadas por Eusko Alkartasuna. Se intenta que superado el plazo de 12 meses de incapacidad temporal, además de que el Instituto Nacional de la
Seguridad Social se ocupe de la gestión, la posibilidad de tener derecho a esta prestación sea también gestionada por otras entidades como Osaquidecha en el País Vasco y Osasunbidea en el territorio hermano de Navarra. ¿Por qué no permiten que sean
cualquiera de estas entidades gestoras? ¿Qué pasa? ¿Se tiene miedo a dar más opciones?
Respecto a la incapacidad permanente, somos partidarios de hacer una rectificación en el artículo 2 porque creemos que se reduce sustancialmente la cuantía de la pensión de incapacidad permanente para aquellos trabajadores con un período
medio de cotización. Como ejemplo, hoy una persona con 10 años de cotización que quede incapacitada puede percibir el 55 por ciento de su base regulable. Si sus señorías aprueban el artículo 2 tal y como está en este momento, la pensión de
incapacidad
permanente de una persona con estas mismas características quedaría reducida a menos de la mitad.
Eusko Alkartasuna presenta una tercera enmienda sobre la jubilación parcial. Creemos que este proyecto endurece la posición con respecto a la jubilación parcial. Tiene otros aspectos positivos, pero si sus señorías aprueban este proyecto
de ley tal como está se va a desincentivar la jubilación parcial y, por consiguiente, el contrato de relevo.
Me voy a centrar en un tema que mis compañeros y amigos, los pensionistas de jubilación anticipada anteriores al 1 de enero de 2002, están sufriendo, han sufrido y van a sufrir en su propia carne y en la de sus familias si sus señorías no
votan a favor lo que Eusko Alkartasuna y algún otro partido plantean. Los pensionistasde jubilación anticipada sufrieron en su propia carne las reconversiones, los expedientes de jubilación, muchos de ellos a los 52 años, con harto dolor de su
corazón; y aunque la sociedad les diga que qué bien que se marchen a los 52 ó 54 años, si es contra su voluntad se produce un trauma social, psíquico, físico y familiar que genera un problema grave de adaptación. Lo han sufrido hasta los 65 años y
lo han llevado, pero lo que no se puede permitir es que después de los 65 años a aquellas personas que, aunque se hayan jubilado anticipadamente, han cotizado 35 o más años, una vez llegada la edad oficial de jubilación, 65 años, se les apliquen
unos coeficientes correctores que son de verdadera angustia, de verdadera miseria, y que a través del diálogo se les quiera engatusar dándoles unas pequeñas migajas. Señorías, no puede ser. Estas personas lo han sufrido, han tenido un deterioro
físico, psíquico y emocional hasta los 65 años, pero si han cotizado y si este es un sistema totalmente contributivo, tienen derecho a percibir en función de su cotización y a que no se les apliquen coeficientes correctores que en este momento se
les quiere dar como verdadera golosina. No, tienen derecho y ese derecho es de verdadera justicia. Hay que reconocerlo así públicamente. (Rumores.)
Termino, señoría, con las enmiendas números 9 y 10 de Eusko Alkartasuna referentes al colectivo de los trabajadores de agencias de aduanas, que, debido a la reestructuración producida por nuestra entrada en la Unión Europea, perdieron sus
puestos de trabajo, perdieron su actividad y tuvieron que dejar de trabajar dedicándose a otros menesteres o si no ir al paro. Pedimos que a estas personas se les permita que, a través de convenios especiales financiados en parte por el Fondo
Social Europeo, puedan reengancharse y puedan seguir cotizando, de tal forma que cuando lleguen a los 65 años tengan derecho a una pensión completa y sin detrimento alguno.
Con la enmienda número 10 -y termino, señor presidente- intentamos que en aquellos acuerdos a que el Estado llega con la Iglesia Católica exista una partida finalista destinada a la financiación del capital necesario para amortizar el coste
anual para aquellas personas que en su momento ejercieron el sacerdocio o que fueron religiosos y después se secularizaron y no tienen los años correspondientes de cotización. Estas personas, al no haber cotizado, tienen un detrimento en su
pensión.
Creo que con esto he intentado salvar cada una de las formas de planteamiento de Eusko Alkartasuna, y aunque algún senador diga lo contrario, lo que tenemos que hacer es intentar buscar que en un sistema público de pensiones la
contributividad a partir de los 65 años se respete en la pensión de jubilación y en aquellas otras dependientes de viudedad o incapacidad en función de lo cual se ha tributado.
Eskerrik asko.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, el Bloque Nacionalista Galego ha presentado ocho enmiendas a este proyecto de ley que paso a exponer a continuación.
Nuestra enmienda número 11, al artículo 1.uno, en el que se describen las situaciones determinantes de incapacidad temporal, pretende que el pronunciamiento de la inspección médica en el servicio público sea obligado en todos los casos en
que el interesado manifieste su disconformidad con la decisión de la entidad gestora. Consideramos que de este modo se proporciona una mayor garantía al asegurado en la inspección médica.
La enmienda número 12, al artículo 3.uno, propone en la enumeración de requisitos para acceder a la jubilación anticipada, que se acredite un periodo mínimo de cotización efectiva de 30 años, suprimiendo la siguiente referencia: A efectos
del cómputo de los años cotizados no se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias. Discrepamos, por lo tanto, de esta restricción en el cómputo de los años de cotización que se introduce en el proyecto de ley
pues entendemos que no hay razones que justifiquen dicho recorte, máxime cuando no es compensado con otras medidas.
Esta es la misma razón por la que nuestra enmienda número 13, al artículo 3.dos -y no al punto tres como figura en el texto publicado-, propone suprimir otra restricción introducida en el texto que estamos debatiendo, como es que para el
cómputo de los años de cotización se tomen como referencia años completos sin que se equipare a un año la fracción del mismo.
Las enmiendas números 14 y 15, al artículo 4.uno, y la número 16 a la disposición transitoria decimoséptima -y no adicional como figura también en el texto publicado- inciden en una misma cuestión. Todas ellas proponen que entre los
requisitos de acceso a la jubilación parcial figure acreditar un periodo de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social de al menos los seis años inmediatamente anteriores a la fecha de jubilación parcial, sin necesidad de que esta
antigüedad mínima exigida se haya hecho efectiva en una misma empresa. Consideramos que la condición de que el trabajador deba acreditar seis años de antigüedad en una misma empresa
para acceder a la jubilación anticipada supone una restricción a los derechos de los trabajadores y discrimina a aquellos que, habiendo trabajado durante los últimos seis años, lo hicieran en diferentes empresas. No lo consideramos
justificable, máxime en tiempos como los actuales, de gran movilidad laboral.
La enmienda número 17 propone la inclusión de una nueva disposición transitoria al objeto de revisar los coeficientes reductores de una serie de sectores atendiendo a las especiales características de su actividad.
Por ello, nuestra
enmienda propone mandatar al Gobierno para que en un plazo de seis meses, previo informe del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y previa consulta con las partes sociales, apruebe o revise los coeficientes reductores aplicables a los
trabajadores de los siguientes sectores: construcción, extracción y transformación de piedra y buceadores profesionales. Todo ello sin perjuicio del reglamento previsto en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Por último, señorías, me voy a referir más detenidamente a la enmienda número 76, formulada al artículo 3. Tres, que regula las condiciones de acceso a la jubilación anticipada. Esta enmienda propone añadir un nuevo párrafo en la
modificación del artículo 161 bis del siguiente tenor: A los efectos anteriores, se considerará que una empresa se encuentra sometida a medidas de reducción o adecuación de plantilla cuando, cualquiera que fuere el mecanismo de instrumentación de
estas medidas, el número de trabajadores afectados por tales medidas sea superior al 7 por ciento anual o, en un periodo máximo de tres años consecutivos, representen al menos el 20 por ciento de la plantilla total del empleador.
Esta enmienda número 76 del BNG, señorías, tiene concomitancias evidentes con la enmienda número 21 del PNV y las enmiendas números 70 y 75 del Grupo Parlamentario Popular; enmiendas para las que ya anuncio mi apoyo y hago constar la
petición de votación separada para las cuatro.
Esta enmienda tiene un objetivo fundamental: considerar involuntarios a aquellos trabajadores que hayan tenido que abandonar su puesto de trabajo por haber sido sometidos por parte de su empresa a medidas de adecuación de plantilla, sin que
estas hayan solicitado administrativamente expedientes de regulación de empleo pero que, de hecho, hayan provocado en corto periodo de tiempo una auténtica reducción de puestos de trabajo.
Les recuerdo, señorías, que para que una prejubilación sea voluntaria ha de adaptarse a lo establecido por la Ley General de la Seguridad Social, que la define como el cese en el trabajo como consecuencia de la extinción del contrato en
virtud de causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, entendiendo por libre voluntad la inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su relación laboral y no existiendo razón objetiva que lo impida, decida poner fin a
la misma.
Por lo tanto, señorías, no es creíble -y cito textualmente lo manifestado por la Federación Galega de Asociaciones de Jubilados, Prejubilados y Pensionistas- que una pluralidad de trabajadores, por propia iniciativa, acudan a las empresas
para las que trabajan solicitando su cese, asumiendo pérdidas de ingresos, inestabilidad profesional y desmotivación personal, y que las empresas, por pura magnanimidad, les ofrezcan a todos ellos unas condiciones presuntamente ventajosas sin
existir por medio ninguna necesidad.
Ocurre sencillamente, señorías, que muchas empresas han practicado políticas de adecuación de plantilla que no se enmarcan dentro de una salida a situaciones de crisis, sino a aumentar los beneficios a costa de una reducción de costes
laborales, reduciendo la plantilla de trabajadores. Para ello, han promovido bajas presuntamente voluntarias que, a efectos reales, están situadas en el terreno de los despidos encubiertos.
Por eso, porque entendemos que es de justicia, pido el apoyo a las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego y, en particular, a la enmienda número 76. Quiero manifestar, como ya he dicho a lo largo de mi intervención, mi
apoyo, por los motivos que acabo de expresar, a las enmiendas números 70 y 75 del Grupo Parlamentario Popular y a la número 21 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Jorquera.
Senador Urrutia, tiene la palabra.
El señor URRUTIA ELORZA: Muchas gracias, señor presidente.
Solo intervengo para dar por defendida la enmienda número 18 del senador Mur Bernad.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos, a continuación, a la intervención del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Tiene la palabra el senador Casas.
El señor CASAS I BEDÓS: Muchas gracias, señor presidente.
A nuestro grupo parlamentario le quedan pocas enmiendas vivas en este trámite. Y ya anuncio que retiro todas, excepto las números 77 y 78, que han sido objeto de una transacción que luego se explicará. Y aprovecho el turno de portavoces
para decir que nosotros hemos alcanzado un amplio acuerdo en esta ley, tanto en su tramitación en el Congreso como en el Senado, y que excepto en algunos puntos en los que no hemos podido llegar a un acuerdo con la mayoría del Gobierno, sí anuncio
que hemos llegado a algunos acuerdos con el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que se explicitará en la votación. En definitiva, estamos de acuerdo con el conjunto porque nos parece una buena ley y, por tanto, las enmiendas que
dejamos vivas son las que he mencionado porque han sido objeto de transacción.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor presidente.
Nosotros vamos a defender porque las mantenemos vivas las enmiendas números 19, 21, 23 y 24. Las números 21, 23 y 24 prácticamente coinciden en el objeto: determinados colectivos de prejubilados que en su día fueron tratados con lo que
aparentaba ser una buena solución, pero que con el paso del tiempo ha quedado de alguna forma desfasada y hoy puede significar una auténtica injusticia.
Empezaré con la enmienda 19, en la que solicitamos la supresión del artículo 2. Uno, porque las pensiones por incapacidad permanente no pueden estar vinculadas a contingencias temporales, dado el carácter accidental o aleatorio del hecho
causante de las mismas. Eso quiere decir que se trata de proteger una contingencia determinada o una situación en las que no tiene sentido exigir un período mínimo de cotización, puesto que las circunstancias que provocan la permanencia o no en un
puesto de trabajo determinado pueden producirse tanto el primer día como el último.
Por lo tanto, hay que prestar atención a la situación de la la vida laboral de todo trabajador, cosa que no se prevé en ese artículo.
En la enmienda número 21 para nosotros la situación es específica y con ella comienza lo que va a suponer la defensa de las números 23 y 24.
Debemos considerar involuntarios -por la situación de involuntariedad en la que se produce- a
aquellos trabajadores que han tenido que abandonar su puesto de trabajo por haber sido sometidos, por parte de su empleador, a medidas de adecuación y reestructuración de las plantillas. Y esto sobre todo afecta a aquellos que no han entrado en una
negociación colectiva, o no se ha producido su salida del puesto de trabajo como consecuencia de una negociación colectiva, dado que eran trabajadores con una determinada cualificación o tenían una consideración de cualificación dentro de la
empresa. Además, ni siquiera se produjo un solicitud administrativa de expediente de regulación de empleo en este caso determinado, pero, de hecho, ha provocado en un corto período de tiempo una auténtica reducción de empleo. Así se produjo con
anterioridad tanto en el sector naval como en el sector siderúrgico o en otros sectores importantes, y ahora específicamente en el sector de telecomunicaciones y particularmente en Telefónica donde se produjo una determinada salida.
Por lo tanto,
estamos solicitando que se permita acceder a la jubilación anticipada a aquellos pocos prejubilados, fundamentalmente de este colectivo de Telefónica, que fueron sometidos a medidas de adecuación de la plantilla por su empresa, sin que su programa
de prejubilación fuera acordado en convenio colectivo y, además, fuera tratado de forma individualizada, con unos contratos de prejubilación específicos que fueron aplicados persona por persona. Buscamos mantener la redacción del Real Decreto
1132/2002 en el apartado d) del artículo 161.3 con este objetivo, estableciendo, además -cosa que parece que ya se nos admite, no así el reconocimiento del contrato de prejubilación-, que sea el cómputo global en vez del cómputo anual que es la
establecida en la legislación vigente. Este hecho se nos admite, sin embargo, no llegamos a un acuerdo con el Gobierno porque no se reconoce el hecho específico de la negociación individualizada que terminó en un contrato de prejubilación
específica. Y nosotros consideramos que este hecho es clave porque especifica, distingue y determina el colectivo del que queremos hablar.
La enmienda número 23, a la disposición adicional segunda, tiene como objetivo remover la injusticia que dimana de la aplicación de coeficientes reductores o de reducción de la pensión de jubilación de aquellos colectivos que, por sus
características profesionales -y de esto hay mucho en los colectivos laborales en España-, vean adelantada la edad legal de jubilación. Este hecho, en concreto, se ha producido como consecuencia de quiebras, de suspensiones de pagos, de expedientes
de regulación de empleo en colectivos o sectores que se han visto en crisis y han sido afectados. Estos han tenido tratamientos diferentes. Sin embargo, por justicia, quedan otros colectivos importantes, a los que es necesario recuperar. Y con
esto quiero recordar lo que ya dije anteriormente sobre lo que significa la gestión territorial, donde estos temas quedarían tratados con mayor equidad y justicia y de modo más específico, puesto que se conocería perfectamente la actuación del
colectivo.
Mediante la enmienda número 24 solicitamos la modificación de la disposición adicional cuarta. Esta enmienda de sustitución se refiere a los trabajadores que con anterioridad al 1 de enero de 2002 hubieran causado derecho a la pensión de
jubilación. El asunto ya ha sido defendido por otros senadores que me han precedido en el uso de la palabra, pero queremos incidir en ello de forma significativa, porque debe considerarse que no todas las prejubilaciones son de carácter voluntario,
no lo han sido a lo largo de la historia laboral de los últimos veinte años en la situación industrial y de servicios vivida en España.
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, concluya.
El señor ALBISTUR MARIN: Termino, señor presidente.
Por el contrario, el mayor porcentaje de las mismas se corresponde con la ejecución de planes de reconversión industrial que afectan a sectores maduros de nuestra economía y que además no tenían alternativa de sustitución o recolocación.
Por tanto, se fundamentan en la aplicación de coeficientes reductores a los prejubilados. Pero esto, que en su momento pudo ser una solución para dar vitalidad y viabilidad a determinadas empresas, hoy ha dejado a ciertos colectivos en una
situación injusta.
Por eso, entendemos que debe ser reconsiderada esta situación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Burgués.
La señora BURGUÉS BARGUÉS: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, desde el escaño, intervengo para fijar nuestra posición sobre las enmiendas. Entesa Catalana de Progrés presentó en esta Cámara un total de 34 enmiendas, de la 27 a la 60.
En el trámite en comisión fue aprobada una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista con la que estábamos de acuerdo, en correspondencia a la enmienda 43, que equiparaba el derecho de las parejas de hecho con el de los
matrimonios para cobrar la pensión de viudedad.
Fueron retiradas las números 29 y 54, que hacen referencia a la situación de las personas con discapacidad o incapacidad permanente por estar actualmente en estudio este asunto por parte de los representantes de estos colectivos y el
Ministerio a fin de encontrar una solución que satisfaga a este grupo de personas, y pensamos que podemos ayudar a este diálogo si no fijamos posiciones concretas.
La enmienda número 45 también fue retirada, por haber sido transaccionada en el Congreso.
Y quedan vivas las restantes enmiendas, que damos por defendidas.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Alonso.
El señor ALONSO GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo presentó un voto particular para que se vuelva al texto remitido por el Congreso en lo que incorpora el contenido de la enmienda número 25, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Esta enmienda, que contó
con el apoyo parlamentario en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en el Senado, incorpora al proyecto de ley de medidas en materia de Seguridad Social una nueva disposición adicional referida a la jubilación de los funcionarios de los cuerpos
de policía de las comunidades autónomas con el texto de todos ustedes conocido.
La enmienda se justifica en dar a los miembros de los cuerpos de la policía autonómica un tratamiento semejante al que se ofrece a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, teniendo además como referencia la disposición
adicional sexta del Estatuto Básico del Empleado Público, que mandata al Gobierno para presentar un estudio en el que se incluyan las recomendaciones para asegurar la no discriminación entre colectivos con características similares y la conveniencia
de ampliar la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada por parte de determinados colectivos.
Se hace preciso, pues, desgranar el contenido de la mencionada disposición a efectos de poder valorar su aplicación en la realidad práctica, así como los efectos que una eventual aprobación de la misma podría originar.
De acuerdo con el contenido de la citada disposición adicional, quisiera decir lo siguiente: Son destinatarios de la misma los miembros de los cuerpos policiales pertenecientes a las comunidades autónomas con competencia estatutaria para la
protección de las personas y bienes, así como el mantenimiento del orden público que a efectos de los mecanismos de la cobertura social estén encuadrados en el Gégimen General de la Seguridad Social y, por ello, cualquier cuerpo policial en el que
no concurra tal circunstancia queda excluido de la medida.
La disposición adicional tiene una finalidad básica, la jubilación anticipada de tales personas, es decir, el acceso a la misma antes del cumplimiento de los 65 años. Ese acceso a la jubilación tiene dos principios básicos. Las exigencias
de edad y de cotización deben ser las mismas establecidas en la legislación aplicable a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. El acceso anticipado a la jubilación y la correspondiente pensión se ha de reconocer en el régimen de la
Seguridad Social en el que está encuadrado el colectivo destinatario de la medida.
En ese sentido, y a efectos de la determinación de la cuantía de la pensión, no puede aplicarse el coeficiente reductor de la misma en función del acceso anticipado
a la percepción de aquella.
Teniendo en cuenta los elementos básicos de la disposición adicional del proyecto de ley en los términos que recoge la enmienda número 25 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, puede anticiparse una primera conclusión:
el precepto es de imposible cumplimiento por la Seguridad Social en base a las razones que apunto. El primer condicionante que hay que dilucidar es el de la edad de acceso a la jubilación, dadas las particularidades existentes en el caso de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya que para estos suele ser habitual que, antes de la jubilación real, la persona afectada pase por un periodo de segunda actividad o similar en la que está en el servicio activo. Se perciben las
correspondientes retribuciones y se sigue cotizando al régimen de protección social de encuadramiento, en este caso Clases Pasivas, Muface o en su caso el Isfas. ¿Quiere ello decir que el acceso a la jubilación anticipada de los miembros de los
cuerpos policiales de las comunidades autónomas debe ir precedido del tránsito por esta segunda actividad? Si así es, ¿puede una ley estatal imponer a una comunidad autónoma el establecimiento de una situación administrativa a sus funcionarios,
dada su competencia en la organización de los servicios propios? En el caso de que esa segunda actividad pudiese establecerse, ¿qué efectos tiene para la Seguridad Social? ¿Se ve la administración de la Seguridad Social compelida a modificar sus
disposiciones de encuadramiento por el hecho de tener que atender los efectos de una segunda actividad en el ámbito de las comunidades autónomas? Si, por el contrario, se entendiese que es necesario el establecimiento de fórmulas semejante a la
segunda actividad,..
El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya.
El señor ALONSO GARCÍA: Concluyo, señor presidente.
... pasando por la persona interesada directamente desde la prestación de servicios a la jubilación, entonces no se estaría cumpliendo en su integridad el contenido de la disposición incorporada. Y mayor complejidad reviste el segundo
condicionante de los exigidos en la mencionada disposición adicional.
Estas son razones de tiempo, son razones más que suficientes para reclamar de sus señorías que se vuelva al texto remitido por el Congreso de los Diputados y, en ese sentido, para que no se pueda decir que el Grupo Parlamentario Socialista
no manifestó voluntad política de acuerdo, presentó al grupo proponente dos transaccionales que entiendo, por lo tanto, que podrían ser objeto de consideración porque, al menos, sí contemplan el dar una solución definitiva al problema que aquí se
nos plantea.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender las enmiendas que hemos presentado al proyecto de ley de medidas en materia de Seguridad Social, no sin antes saludar afectuosamente y dar la bienvenida a esta
Cámara, en nombre de mi grupo y en el mío propio, a los representantes de los diferentes colectivos que hoy nos acompañan para seguir en directo este debate.
Señorías, estamos asistiendo al debate de un proyecto de ley que el Gobierno ha presentado a la sociedad española con la clara intención de hacernos creer que, después de casi cuatro años gobernando, cumple con sus promesas electorales,
mientras que la realidad nos dice que lo que ha presentado es una reforma de mínimos, una reformita -si se me permite la expresión-, pues lo que realmente necesita la sociedad española en estos momentos es una reforma en profundidad y no un lavado
de cara, no un proyecto a medias, pues este que nos ocupa, entre otros defectos, no contiene información sobre las medidas que deben tomarse para garantizar la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo y esa carencia no le concede la fiabilidad
ni robustez de un buen proyecto de ley.
Señorías, esto no lo digo yo, sino también todos aquellos que analizan los sistemas de pensiones en nuestro país y en Europa. Se trata de una realidad incontestable que dentro de poco tiempo vamos a tener la sociedad más envejecida del
mundo y que dos de cada tres personas, incluyendo a quienes no trabajan y también a los niños, tendrán que mantener la pensión de esa otra tercera persona. Esto lo dicen, entre otros, organismos nada sospechosos como Ecofin, el Banco Mundial, el
Fondo Monetario Internacional e, incluso, el señor Almunia, que fuera ministro de Trabajo con el Gobierno socialista del señor González, y hasta el propio jefe de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno.
No obstante lo anterior, y a pesar de ello, antes de pasar a la defensa de nuestras enmiendas queremos dejar constancia de nuestra extrañeza por el olvido -queremos pensar que es así- con que el Partido Socialista castiga a los trabajadores
autónomos en su reivindicación de acceder a la jubilación anticipada en igualdad de derechos que el resto de los trabajadores.
En la enmienda número 68, el Grupo Parlamentario Popular propone que se regule este acceso a la jubilación anticipada de los trabajadores autónomos, teniendo en cuenta que este colectivo lleva mucho tiempo comprobando cómo se le viene
negando este derecho de forma sistemática, sin que se le equipare al del resto de los trabajadores, derecho que, por otra parte, está perfectamente reconocido en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. Por esta razón,
proponemos esta enmienda de adición, que esperamos sea tenida en cuenta por el resto de los grupos de esta Cámara y aprobada por el Pleno, reconociendo este derecho, como es de justicia, a un importante colectivo de nuestra sociedad: los
trabajadores autónomos.
Señorías, quiero hacer especial referencia a las enmiendas números 63 y 71, que afectan directamente a otro colectivo no menos importante de la sociedad española que no es otro que el de las viudas. En este sentido, nuestro grupo ha
presentado la enmienda número 63, con la que proponemos suprimir el párrafo tercero del apartado tres del artículo 5, con el fin de no perjudicar a las viudas cuyos cónyuges hubieran fallecido antes de cumplirse un año de matrimonio. Si se quieren
evitar situaciones excepcionales concretas, abórdense de modo específico y diferente y no de manera indiscriminada. Por lo tanto, solicitamos del Pleno de la Cámara la aceptación de esta enmienda.
En cuanto a la enmienda número 71, aceptando la misma habremos conseguido la incorporación de una nueva disposición adicional al texto articulado de la ley. En esta propuesta se recoge, entre otras, la que establece que ninguna pensión de
viudedad será inferior al salario mínimo interprofesional, iniciativa que es coherente con la Recomendación 12.a del Pacto de Toledo, que propugna la mejora de las pensiones de viudedad en el caso de menores ingresos, iniciativa que cuenta con una
amplia demanda social. Hemos de tener en cuenta que en el futuro las prospecciones demográficas apuntan a un menor peso relativo de las pensiones de viudedad dentro del conjunto de las prestaciones, peso relativo que viene generado por la nueva
configuración de las unidades familiares o de convivencia y por la masiva incorporación de la mujer al mercado laboral. Por lo tanto, entendemos que esta medida puede ser perfectamente viable y sostenible financieramente, tal y como dejamos
constancia y sostenemos en la justificación de la propia enmienda.
Asimismo, quiero hacer una referencia a las enmiendas números 62 y 65, entre otras, que afectan a la determinación de las cuantías de las pensiones por incapacidad permanente y a la situación de las personas con discapacidad que, por
naturaleza o gravedad de sus afecciones, nunca
van a poder realizar una actividad profesional o no van a poder realizarla en condiciones de plenitud. En este sentido, apelamos a la sensibilidad del resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara para la aceptación de las mismas y su
posterior aprobación.
No quiero finalizar mi intervención sin antes reconocer a los diferentes grupos de esta Cámara la buena disposición mostrada y el trabajo realizado en la ponencia y posteriormente en comisión -justo es reconocerlo-, y por ello queremos
agradecer el que se nos hayan admitido algunas de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, así como que hayamos llegado a acuerdos dando una vez más muestras de nuestra predisposición al diálogo y al entendimiento, habiéndose
visto reflejadas en las enmiendas transaccionales presentadas a estudio y aceptadas, o en las que se vayan a proponer hasta la aprobación definitiva del texto final.
Es nuestro deseo mantener vivas el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, por lo que las damos por defendidas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Turno en contra?
Tiene la palabra el senador Alonso.
El señor ALONSO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la práctica totalidad de las enmiendas que se presentan en el Senado a este proyecto de ley -exceptuando seis de las mismas, de las que cuatro ya fueron incorporadas al texto porque se alcanzaron transaccionales a lo largo del
trámite en comisión- ya fueron objeto de debate, puesto que tienen origen en las que se presentaron durante la tramitación de este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, quisiera destacar aquellas que considero más
importantes aunque, lógicamente, por economía de tiempo no puedo referirme a ellas una por una.
De las enmiendas de Eusko Alkartasuna presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, la enmienda número 1 propone la modificación del artículo 1, relativo a la incapacidad temporal, para limitar las competencias del INSS a favor de otras
entidades gestoras, autonómicas en este caso. Quiero decir a este respecto que las competencias atribuidas al INSS en los procesos de incapacidad temporal es una medida de control para disociar el aspecto sanitario del económico y atribuir el
control del gasto a la entidad pagadora del mismo. Por lo tanto, es esta la razón que nos anima a rechazar esta enmienda.
La número 2 propone la supresión del apartado 1b del punto cuatro del artículo 2, relativo al cálculo de la pensión de incapacidad permanente, porque la nueva fórmula de cálculo reduce la cuantía de la pensión en los casos de períodos de
cotización cortos. Pues bien, señoría, la modificación que introduce el proyecto de ley para el cálculo de la pensión de incapacidad permanente contribuye a la racionalización del sistema de Seguridad Social y se ajusta a los términos del Acuerdo
sobre medidas en materia de Seguridad Social suscrito con los agentes sociales y económicos el 13 de julio de 2006, con el fin de introducir una mayor relación de proporcionalidad en las pensiones de incapacidad permanente que respondan al carácter
contributivo del sistema de pensiones de la Seguridad Social.
Respecto a suprimir el artículo 4 sobre jubilación parcial por considerarla muy restrictiva, debo señalar que uno de los objetivos primordiales de la reforma de la ley que hoy nos ocupa es que está orientada a incentivar la prolongación de
la vida laboral activa y a restringir las medidas que suponen una salida anticipada del mercado del trabajo. Además, el texto que se propone eliminar está contemplado en el Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social suscrito entre el
Gobierno y los agentes sociales.
En las enmiendas números 12 y 13, del Bloque Nacionalista Galego, se propone la supresión del artículo 3, relativo a la jubilación, en lo referente al período mínimo de carencia. El contenido de este artículo también se ajusta a los
términos del Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social, de julio de 2006. Por tanto, plantear diferencias o no coincidencias con los agentes sociales no sería una buena fórmula.
Por fin, en cuanto a las enmiendas 14, 15 y 16, que proponen modificar los requisitos de acceso a la jubilación parcial, por considerarlos muy restrictivos, hay que señalar que un objetivo primordial en materia de jubilación de la reforma
que nos ocupa es que esté orientada a incentivar, como antes decía, la prolongación de la vida laboral activa y también, lógicamente, a la restricción de medidas que supongan la salida anticipada del mercado de trabajo, como le dije al senador
Urrutia, de Eusko Alkartasuna. En este sentido, las enmiendas no se adaptan de ningún modo a las recomendaciones del Pacto de Toledo ni a lo que dispone el acuerdo de julio de 2006 en materia de medidas de Seguridad Social.
Con el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos hemos alcanzado transaccionales, excepto para la enmienda 21, sobre la que hemos ofrecido una transaccional en la que no está de acuerdo este grupo, porque falta introducir un
término. No obstante, no cabe duda de que hemos hecho un esfuerzo. La enmienda 25, objeto de nuestro voto particular, del que di las razones, está incorporada al texto. Y respecto al resto, el nivel de consenso alcanzado ha sido elevado.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés fueron objeto de debate en el Congreso de los Diputados y parte de ellas fueron también objeto de transacción en la Cámara Baja. Había una de supresión, y el artículo que
proponía suprimir ha sido suprimido, igualmente, en el Congreso de los Diputados.
De las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, la 63, que tanto enfatizó su portavoz, propone modificar la regulación de la pensión de viudedad mejorando los requisitos de reconocimiento. Sin embargo, la nueva regulación de la pensión de
viudedad que contiene el proyecto de ley se adecua a los criterios de convivencia y dependencia que
subyacen a esta clase de pensiones, en las que el beneficiario y el cotizante son distintas personas. Atendiendo a estos criterios, se ha ampliado significativamente el colectivo susceptible de percibir pensiones de viudedad, al incluir en
él a las parejas de hecho. Al mismo tiempo, se ha creado una prestación para atenuar los efectos derivados de la muerte del causante, en los supuestos en los que no se tiene derecho a la pensión. De todos modos, no podemos convertir el sistema
público de pensiones, nuestro sistema de protección social, en un vehículo que posibilite picaresca o que pueda utilizarse de forma fraudulenta en algunos supuestos.
La enmienda número 68 fue objeto de debate en Comisión y propone introducir la jubilación anticipada para el trabajador autónomo, con la regulación que existe para los trabajadores por cuenta ajena. Lo primero que tengo que recordar es que
los trabajadores autónomos de este país tuvieron que esperar 26 años para disponer de su propio estatuto. El estatuto que regula la situación de los trabajadores autónomos tiene un recorrido muy corto aún.
Y es el Gobierno del Partido Socialista el que después de 26 años traslada a las Cortes Generales un proyecto de ley para regular la situación de los trabajadores autónomos.
Y dicen ustedes: con la regulación existente para los trabajadores por cuenta ajena. Yo le hacía a usted, senador Fernández Sánchez, una pregunta: ¿quién certifica el cese de actividad de un trabajador autónomo? El caso es que en la
justificación de la enmienda se habla de cumplir lo que contempla el estatuto del trabajador autónomo. Yo le propongo una transaccional en la que se diga que la jubilación anticipada de los trabajadores autónomos estará en función de lo que
contempla el estatuto del trabajador autónomo. La oferta que le hacemos es sobre la base de la justificación que usted utiliza. Por tanto, o su justificación no sirve o, por el contrario, la enmienda no es solvente en absoluto. Y sería oportuno
que respondiese quién certifica el cese de actividad de un trabajador autónomo.
La enmienda 70 propone añadir una nueva disposición adicional al objeto de ampliar el concepto de cese involuntario en aquellos supuestos de trabajadores que cesan en su actividad como consecuencia de una reducción de plantilla. Pues bien,
entiendo que no procede la introducción de nuevos supuestos que se consideren cese involuntario, condición indispensable para la jubilación anticipada, puesto que el objetivo primordial de la reforma en materia de jubilación está, como antes decía,
en que todos tenemos que poner de nuestra parte para incentivar la permanencia en el mercado de trabajo y no su salida prematura.
Por otro lado, se dio la noticia a bombo y platillo de lo recogido en la enmienda número 71, en la que se propone elevar la pensión mínima de viudedad hasta el salario mínimo interprofesional. Uno no deja de sorprenderse, porque el texto de
esta enmienda se presenta en el Congreso de los Diputados dando lugar a dos enmiendas transaccionales, que a su vez dan lugar a la disposición adicional vigésimo cuarta y a la disposición adicional vigésimo quinta. ¿Cómo es que habiendo transado,
habiendo alcanzado un acuerdo en esta materia en el Congreso de los Diputados, ustedes vuelven aquí a reiterar y a proponer la enmienda de origen del Congreso? ¿Dónde esta la lealtad parlamentaria? ¿Cómo se puede uno fiar de ustedes cuando dicen
que alcanzan una enmienda transaccional en la que se establece que durante un periodo de cuatro años las viudas tengan un tratamiento específico, principalmente las de prestaciones más bajas? ¿En qué medida, en tramitaciones sucesivas, el Grupo
Parlamentario Socialista y el resto de grupos parlamentarios se pueden fiar de los acuerdos que con ustedes se alcancen?
Por otro lado, quizá tendrían que decir a la sociedad qué intereses se esconden para reclamar la retroactividad, cuando saben bien que la legislación española no contempla con carácter general la retroactividad de las leyes.
En cuanto a la enmienda número 75, le diré lo siguiente: ¿quién lleva a la práctica y qué es lo que propone la reforma de pensiones del año 2001? Tengan memoria. ¿Son conscientes? Con la solución que se propone, cuando se contempla
cotización máxima, cotización mínima, periodos de cotización máximos y mínimos, y se establece una media para el cálculo, ¿saben con qué se podrían encontrar? Con que todos aquellos que de forma anticipada accedieron a la jubilación después del 31
de diciembre de 2001, con la ley de ustedes puedieran decir: Con lo que se propone no me interesa el cálculo de mi situación según el que ustedes establecían en su ley; por tanto, me quiero pasar a la anterior. Seamos responsables, señorías.
Por último, en cuanto a la enmienda número 76, del Bloque Nacionalista Galego, debo decir al senador Jorquera que no se ajusta a las recomendaciones del Pacto de Toledo. La consideración de las medidas de reducción o la adecuación de
plantilla permitiría el acceso voluntario por parte del trabajador y trasladaría a la Seguridad Social costes que son de competencia exclusiva del empresario o de la empresa.
No hago referencia alguna al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, porque entiendo que con el nivel de consenso que se alcanzó con las transaccionales presentadas se puede hacer una valoración muy positiva.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Urrutia.
El señor URRUTIA ELORZA: Eskerrik asko, presidente.
Estamos ya en la recta final de un proyecto de ley que, a pesar de la importancia que tiene desde el punto de vista social, económico y financiero, no va a garantizar la cobertura de cada uno de los colectivos que estaba esperando cierta
actuación o cierta agilización en sus demandas.
Creemos que hay aspectos positivos, lo he dicho antes. Pienso que la situación de las parejas de hecho ha mejorado; y a aquellos despedidos involuntariamente antes del 1 de enero de 2002, entre los 60 y los 64 años, se les enga-
tusa dándoles una prestación, pequeña, pero que mejora algo su situación.
Sin embargo, hay aspectos negativos que no se han comentado. Creo que no resolvemos ni solventamos en absoluto la cuestión de las viudas, que continúan con el 52 por ciento de la base reguladora, cuando al inicio de esta legislatura, el
Partido Socialista dijo que llegarían hasta el 70 por ciento. Creo que hemos dado un paso atrás en lo que respecta a la exigencia para la pensión de jubilación, con los 5.475 días en vez de los 4.700. Tampoco hemos solventado el problema de
aquellos colectivos con incapacidad temporal, que van a ver reducida su prestación; y existen casos concretos. Igual sucede en el caso de la incapacidad permanente; aquellos que no han cotizado periodos demasiado largos sino 10 ó 12 años van a
sufrir un decremento en su prestación. No me ha contestado el señor Alonso a las enmiendas planteadas a este respecto. Y tampoco me ha dicho nada sobre aquellos perceptores de prestaciones, jubilados anticipadamente antes del 1 de enero de 2002,
que al llegar a los 65 años, con los años de cotización suficiente, 35 y más años, van a tener un detrimento importante en su prestación. Son personas que han cotizado y se han jubilado, o que han sufrido los años previos, y que a partir de los 65
tienen la proporcionalidad correspondiente entre cotización y prestación; pero debido a circunstancias que desconocemos... Y eso que ha habido acuerdos, como el de julio de 2006, y todas las conversaciones mantenidas con el secretario de Estado de
Seguridad Social y con el ministerio correspondiente. Pero ha quedado todo en agua de borrajas.
También hay aspectos negativos para colectivos como el de trabajadores de aduanas y colectivos que se han secularizado. Y me gustaría que se me detallaran las prestaciones correspondientes a aquellos cuerpos con competencia autonómica a los
que parece que se les ha equiparado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al objeto de darles una jubilación anticipada.¡Bendito sea! Porque, además, son personas que intentan proteger a ciudadanos y bienes y mantener el orden público.
Pero existen todavía cuerpos de la policía local que también se han quedado sin los complementos correspondientes y sin que se busque una solución, y hay varias reclamaciones al respecto.
Con este proyecto de ley queremos, como he dicho cuando hablaba de la enmienda número 1 -el portavoz del Grupo Socialista no ha dicho nada al respecto- que determinadas entidades gestoras de ciertas comunidades autónomas, como la de Navarra
y la del País Vasco, puedan tener competencia suficiente para conceder la incapacidad temporal. De verdad creemos -y este senador lo reflejará a la hora de votar- que hay colectivos que todavía están en una situación bastante precaria, y tenían la
esperanza de que este proyecto de ley de medidas en materia de Seguridad Social iba en cierto modo a satisfacer sus necesidades. Pero todo eso quedará otra vez para la nueva legislatura; habrá que volver sobre y ello y poner sobre la mesa estas
enmiendas para solucionar el problema de esos colectivos, presentes en la Cámara.
Eskerrik asko.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.)
No hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para responder a un comentario hecho por la senadora Rubial.
Señoría, si se habla de ingresos fiscales hay que decir que los ingresos de la Seguridad Social están en relación directa y dependiente de unos buenos ingresos fiscales.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra la senadora Burgués.
La señora BURGUÉS BARGUÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, el proyecto de ley que hoy se debate en esta Cámara es consecuencia del debate que durante años han mantenido el Gobierno y las organizaciones sociales. Este trabajo finaliza con acuerdos en materia de Seguridad Social en los que
se han tenido en cuenta las prioridades que contempla el Pacto de Toledo, y tiene como finalidad reforzar el sistema de la Seguridad Social como garantía de futuro, al tiempo que mejora las prestaciones sin que el sistema pueda resentirse y se
garantice la sostenibilidad en el tiempo.
Es, pues, fruto del acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, así como del debate mantenido en ambas Cámaras, primero en el Congreso de los Diputados, y hoy en el Senado, con una buena disposición por parte del Grupo Parlamentario
Socialista para llegar a acuerdos. El interés y el empeño del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés a la hora de presentar enmiendas, que creo mueve también a otros grupos parlamentarios, es la mejora de las prestaciones de la Seguridad
Social para lograr un mayor bienestar al conjunto de los ciudadanos, garantizando, eso sí, su futuro, para que en años venideros tengan también esta posibilidad.
La buena situación económica vivida durante estos últimos años, con el incremento de las afiliaciones a la Seguridad Social, permite al Gobierno mejorar las prestaciones para aquellas personas que se encuentran en mayores dificultades, pero
también es una obligación llevar a cabo la reforma que precisa el país para alcanzar los niveles de bienestar social de otros países europeos. Esto tiene que ver con el crecimiento y la extensión de la intensidad protectora, mejorando las pensiones
de viudedad, que son las más bajas y han sido desde hace mucho tiempo objeto de demanda por parte del colectivo de mujeres viudas. Este es un nuevo concepto de pobreza de la mujer: ser viuda, mayor, con unos recursos económicos muy bajos y sin
derecho a pensión contributiva propia por ser de una época en la que la ocupación de la mujer era exclusivamente su dedicación a las tareas del hogar.
Con estos aumentos no se ha llegado a lo que podría considerarse óptimo; podía haber sido más o menos, pero es un avance que debe continuar en años sucesivos y, ciertamente, es una mejora.
Se establece una mayor proporcionalidad entre las cotizaciones y las prestaciones que se obtienen, y entendemos que estas reformas eran necesarias para adecuar nuestro sistema de Seguridad Social a las situaciones reales de las familias
nuevas que se dan en la sociedad de hoy y también a otras causas que se contemplan actualmente, como son los efectos del envejecimiento de la población, la inmigración y el acceso de la mujer al trabajo.
Estas medidas afectan igualmente a la incapacidad temporal y permanente y a la jubilación, estableciendo el periodo mínimo de cotización en 15 años, sin tener en cuenta la parte correspondiente a las pagas extraordinarias, lo que suponía
hasta ahora una reducción de dos años al contabilizar dichas pagas. Se ha comentado que quizá esta sea una medida regresiva, pero también que es necesario que podamos garantizar su viabilidad en el tiempo.
Se establece la jubilación anticipada a los 61 años y una cotización mínima de 30 años, y la aplicación de los coeficientes reductores para esta en ningún caso pueden superar los 52 años; y también se establece la modalidad de jubilación
parcial, con la reducción de jornada laboral, de un 25 a un 75 por ciento.
En cuanto a la pensión de viudedad, se reconoce el mismo derecho para las parejas de hecho que para los matrimonios; es una enmienda introducida por nuestro grupo parlamentario y que ya ha sido comentada en mi anterior intervención.
En resumen, consideramos importante la aprobación de estas medidas en materia de Seguridad Social porque mejoran situaciones que precisaban de diversos cambios; son fruto de acuerdos de concertación social, de acuerdos entre las
organizaciones empresariales y sindicales y el Gobierno, que garantizan su viabilidad...
El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.
La señora BURGUÉS BARGUÉS: Termino, señor presidente.
Estas medidas refuerzan los principios de la Seguridad Social, garantizando su eficacia y mejoran el bienestar de los ciudadanos.
Continuemos trabajando en esta línea en bien de todos. Todavía nos queda trabajo por hacer y, por tanto, nuestro voto será favorable a la aprobación de esta ley.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Rubial.
La señora RUBIAL CACHORRO: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy estamos tramitando en esta Cámara la reforma de una ley en materia de Seguridad Social que el Gobierno considera de gran importancia para los ciudadanos y ciudadanas de este país.
El motivo que ha llevado al Gobierno a presentar esta ley no ha sido solo el de cumplir su programa electoral sino el de dar amparo normativo en materia de acción protectora al acuerdo y compromisos adquiridos, tras la firma el pasado mes de
julio entre patronal y agentes sociales, sobre medidas en materia de Seguridad Social.
El diálogo social ha sido un elemento estratégico en la acción del Gobierno, en el convencimiento de que solo a través de medidas pactadas y aceptadas por las tres partes se puede llevar a cabo una política social coherente, duradera y
efectiva.
Esta reforma de la ley no da respuesta a la totalidad de los objetivos fijados en el citado acuerdo, y las razones son que hay otras cuestiones que ya se han ido recogiendo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en
la que se mejoran las pensiones mínimas de orfandad a menores de 18 años con grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, se amplía la bonificación a las cotizaciones a los trabajadores de 59 o más años, y se equipara la pensión mínima
de las viudas con cargas familiares o discapacidad, con independencia de su edad, a la de las viudas con más de 65 años.
Igualmente, otros objetivos han sido también recogidos en proyectos específicos tramitados o serán objeto de una futura regulación, una vez se cumplan las exigencia establecidas en el acuerdo citado sobre medidas en materia de Seguridad
Social.
La reforma ha sido pensada con un carácter global y está enmarcada en un valor importante y esencial en democracia, como es el del consenso, teniendo en cuenta, sobre todo, los principios de solidaridad, pero también de responsabilidad y
sostenibilidad. Nunca antes en la historia reciente de nuestro país ha habido un acuerdo tan amplio con todos los interlocutores sociales para llevar a cabo la reforma de la Seguridad Social, que en este caso no es parcial y centrada solamente en
aspectos de jubilación, como lo ha sido en ocasiones anteriores.
Por otro lado, hay que remarcar, como ya se ha hecho aquí, que se siguen escrupulosamente los contenidos del Pacto de Toledo, y es precisamente la coherencia con la décima recomendación de este pacto lo que ha permitido progresar en el
camino ya iniciado, por ejemplo, para favorecer la prolongación voluntaria de la vida laboral después de los 65 años, fijados como edad legal para la jubilación.
No puedo extenderme aquí en las modificaciones más relevantes, que son muchas, pero sí diré que afectan muy favorablemente a la incapacidad temporal y permanente, a la jubilación, y a la sostenibilidad futura de nuestras pensiones, con lo
que se garantiza también su suficiencia. Quizá no se ha llegado a dar todo lo que los prejubilados, que nos están escuchando, habían solicitado al Gobierno, pero quiero recordar aquí que ha sido este Gobierno el único que ha tenido una acción
positiva en favor de que los prejubilados anteriores al 1 de enero de 2002 puedan recibir unas cantidades complementarias.
Podemos decir con orgullo que la salud financiera de nuestro sistema es excelente, el mejor de Europa junto con el danés, según datos de la propia Comisión Europea. Los ingresos en los nueve primeros meses han aumentado un 7 por ciento,
mientras que los gastos lo han hecho en un 5,59 por ciento. Y, como ya ha dicho esta mañana el presidente del Gobierno, en tres años y medio el fondo de la Seguridad Social ha subido a casi 52.000 millones de euros.
Volviendo a los aspectos fundamentales de esta ley, dejaré constancia de que las transformaciones sociales que se han producido en nuestro país por la incorporación de la mujer al trabajo, el fenómeno de la emigración, las nuevas realidades
sociales o el envejecimiento de la población justifican su necesidad. La reforma propuesta es respetuosa con el espíritu que impera en países de nuestro entorno, donde también se da un nuevo tratamiento a estas materias y se siguen los criterios
armonizados apuntados en el ámbito de la Unión Europea con el objetivo que ya he mencionado: garantizar la sostenibilidad del sistema, así como su modernización.
También se ha tenido en cuenta a las parejas de hecho, una nueva realidad en nuestro país. Esta ley ha llegado con un consenso amplio del Congreso de los Diputados, donde se aceptaron y transaccionaron enmiendas en el convencimiento de la
importancia de mejorar determinados aspectos en asignaciones por hijo a cargo, prestaciones de orfandad, etcétera.
El Gobierno está convencido de que era necesaria esta reforma por lo ya comentado, y considera que con ella se asegura lo más importante, que es el futuro del sistema público de pensiones, se mantiene el equilibrio, se aumenta la equidad y
se adapta a esos cambios sociales que he comentado, que se han ido produciendo a lo largo de los últimos años.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Fernández.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con su venia, señoría.
Buenas tardes. Nuestro grupo parlamentario en esta intervención del turno de portavoces quiere dejar claro, en primer lugar, que nos preocupa que hoy el señor ministro de Trabajo no se encuentre entre nosotros, cuando tan predispuesto está
a aparecer en las fotografías y a vender todo lo que sea, hasta humo. Nos extraña que no esté aquí con nosotros vendiendo el evento de la ley de medidas en materia de Seguridad Social como algo trascendental e importante para todos aquellos que
vamos a estar, y los que están ya, en el sistema público de pensiones.
Creo que estamos ante un pequeño avance de las prestaciones de la Seguridad Social, pero no puede considerarse una reforma que adquiera seriedad en algo tan importante como lo que hoy debatimos. El sistema de pensiones continúa sin quedar
definitivamente garantizado más allá del año 2015, cosa que reconoce el propio equipo económico del Gobierno del Partido Socialista. Como consecuencia de la jurisprudencia, concretamente del Tribunal Constitucional, se retoca el régimen de parejas
de hecho, pudiéndose acceder ahora a una pensión de viudedad siempre que se acrediten cinco años de convivencia o medien hijos comunes. En caso de que esto no se acredite solo se podrá acceder de forma temporal, y si el matrimonio ha durado menos
de dos años, no se tienen hijos y la muerte del causante se ha producido por enfermedad común, solo se podrá recibir una pensión temporal en los casos de divorcio y solo se podrá acceder a una pensión si se tiene reconocida la pensión compensatoria.
Se podrá retrasar la jubilación, pero si se hace con 66 años o más en lugar de con 65 solo se verá incrementada en un 2 por ciento por cada año cotizado después de los 65 años, y en un 3 por ciento más si se acredita tener cotizado más del cuarto
año; y si se posee la pensión máxima ya no hay ningún tipo de porcentaje, sino un tanto alzado al final de cada año.
Desde nuestro grupo parlamentario creemos que nuestras enmiendas han de ser tenidas en cuenta, sobre todo en lo que hace referencia a la incapacidad permanente y la jubilación anticipada. Señorías, estamos ante un sistema público de
pensiones fundamentadas en el Fondo de Reserva que en el año 2001, afortunadamente, hizo el Partido Popular con los representantes de los empresarios y los trabajadores.
Y tras la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista deduzco que le ha llamado la atención, y no le ha agradado, que hayamos presentado enmiendas como las referentes a las viudas o a los autónomos.
Pues bien, senador
Alonso, en lo que hace referencia a las viudas no se ajusta usted a la verdad o a la realidad cuando dice que hemos pedido el 75 por ciento o el cien por cien del salario mínimo interprofesional.
Esta mañana el presidente del Gobierno vendió aquí a
bombo y platillo el salario mínimo interprofesional en 600 euros y, sin embargo, ahora nos encontramos con que esos 600 euros no se quieren acomodar a lo que significa dar a las viudas un porcentaje proporcional en el plazo de cinco años, y nunca de
forma rápida y veloz, como acaba de decir el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Las viudas tienen ese mismo derecho legítimo, igual que se vende el salario mínimo para los trabajadores. Es una propuesta del Grupo Parlamentario Popular
muy coherente con la acción social de este país.
En cuanto a los autónomos, el portavoz socialista se preguntaba cómo va a entenderse que un autónomo pueda reducir su jubilación o proceder igual que en el régimen general. Pues sí, igual que en el régimen general, y habrá que buscar
fórmulas, como se ha hecho antes, para que los trabajadores autónomos, cuando cesan en su actividad, aporten los certificados correspondientes para que tengan derecho a jubilación por parte del sistema. Sin embargo, parece que porque sea
anticipadamente, o como ocurre con casos de más de 60 años, no se accede.
¿Cómo se entiende que ustedes hayan vendido recientemente un estatuto del trabajador autónomo, que ha entra-
do en vigor el 11 de octubre, y no quieran apoyar a los autónomos? No lo entendemos, señoría. Hay dos colectivos importantes que ustedes venden a bombo y platillo y, sin embargo, al hablar de las viudas o de los autónomos les dan la
espalda. La cuestión de la Seguridad Social preocupa y no está solucionada porque de aquí a 2015 la garantía de las pensiones no es la adecuada.
Señorías, también se ha hablado de la involuntariedad de los trabajadores de Telefónica. Parece ser que ahora hay una serie de actuaciones para poder llevar a cabo hasta una transaccional, pero nosotros mantenemos nuestra postura respecto
de la situación alguien que no está voluntariamente jubilado o prejubilado. Creo que la perversión es aún mayor, como sucede en algunas empresas, en las que se ha prejubilado a un importante número de trabajadores de una sola vez y sin pactar con
ellos el sistema de pensión. Nosotros entendemos que debe tenerse en cuenta el sistema de prejubilación porque tal y como se ha venido haciendo hasta ahora llama la atención.
Desgraciadamente, tampoco hemos podido apoyar la propuesta que se ha hecho en relación con la policía local, queriendo de alguna forma intervenir como en los cuerpos del Parlamento vasco. Por no haber hecho una transaccional no hemos podido
llevarlo a cabo de la forma que nos hubiese gustado. Es cierto que eso hubiese sido un gran logro, pero entendemos que a quien hace la propuesta, si luego no busca la transaccional, difícilmente podremos apoyarle.
Nuestro grupo parlamentario sigue manteniendo que esta es una reforma tímida, que no está acorde con la realidad y, sobre todo, que el sistema de pensiones está posiblemente tocado de aquí a 2015 por una gravosidad importante.
El Gobierno actual nos ha querido vender esta reforma. Lo ha hecho -como he dicho al principio- tímidamente, y ¿por qué? Porque la situación económica de este país no es la más boyante. En estos momentos está aumentando el desempleo; los
trabajadores a tiempo parcial son innumerables; los contratos temporales y los contratos basura están arrasando todo el mercado de trabajo; y lógicamente no hay prestaciones económicas para poder convertir aquello
El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Termino, señor presidente.
Sin embargo, ustedes siguen manteniendo las regulaciones de empleo, siguen manteniendo las prejubilaciones y, sin embargo, en ningún momento están atendiendo las verdaderas necesidades de esos trabajadores que están cotizando
permanentemente.
El 5 por ciento del desempleo de este país corresponde a la inmigración, y es muy grave que un 5 por ciento del desempleo esté compuesto por inmigrantes. ¿Adónde vamos, señorías? Creo que es un sistema público muy preocupante, muy
alarmante y, desde luego, si ustedes no apoyan a los autónomos, viudas...
El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Termino.
... y a todas aquellas personas que están económica y socialmente más debilitadas con un sistema de pensiones, difícilmente esta reforma puede llamarse reforma. Llamémosla «minirreforma» o digamos que quiere hacer puntualmente hincapié en
algo, pero, desde luego, no es lo que ustedes en el programa electoral ni mucho menos lo que ustedes han vendido durante toda esta legislatura a bombo y platillo. Es una reforma incongruente, innecesaria y, por supuesto, nefasta para un sistema
público.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Vamos a proceder a la votación del proyecto de ley de medidas en materia de Seguridad Social. En primer lugar votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 1 a 10.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a favor, 17; en contra, 217; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 11 a 17 del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 19; en contra, 218; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 18 del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 14; en contra, 109; abstenciones, 115.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos números 19, 23 y 24.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 20; en contra, 218; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 52 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, cinco; en contra, 118; abstenciones, 116.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, tres; en contra, 225; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda socialista. Vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda número 25 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 101; en contra, 137; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Enmienda número 62.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 115; en contra, 124.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 115; en contra, 124 .
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la propuesta de modificación del dictamen con el número de registro 100769 firmada por seis grupos parlamentarios.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 125; en contra, uno; abstenciones, 113.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las propuestas de modificación del dictamen con número de registro 100750 y 100765, firmadas por todos los grupos.
¿Pueden entenderse aprobadas por asentimiento? (Asentimiento.)
Quedan aprobadas.
Pasamos al dictamen. En primer lugar, votamos las partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y que no han sido votadas anteriormente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 238; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el resto del proyecto de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor 239.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su
Majestad el Rey.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES:
-- EN RELACIÓN CON DIVERSOS SEÑORES SENADORES (S. 542/000021).
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Incompatibilidades.
Tiene la palabra el senador Ainsa.
El señor AINSA ESCARTÍN: Señorías, tomo la palabra para presentar ante este Pleno el dictamen aprobado por la Comisión de Incompatibilidades.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señoría, un momento.
No estoy entendiendo absolutamente nada. Ruego silencio, señorías.
Tiene la palabra, señoría.
El señor AINSA ESCARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Tomo la palabra para presentar a este Pleno el dictamen aprobado por la Comisión de Incompatibilidades en relación con los siguientes señores senadores: Alcalde Sánchez, don Gustavo; Azurza Aristeguieta, don Ramón María; Belda Quintana,
don Alfredo; Beteta Barreda, don Antonio Germán; Correa Zamora, doña María Auxiliadora; Cospedal García, doña María Dolores; Díaz García, doña Marta; Echeverría Echaniz, don José Ignacio; España Moya, don Julio; Fabra Fernández, doña Andrea;
Fernández Fernández, don Javier; Floriano Corrales, don Carlos; Fuentes Gallardo, don Francisco; Giménez Martín, don José Arsenio; Gómez Macias, don Juan Carlos; Hernández López, don Pedro Manuel; Lerma Blasco, don Joan; López Carrasco, don
Fernando; Lucas Jiménez, don Juan José; Morlote Portilla, don Jesús; Mur Bernad, don José María; Nuet Pujals, don Joan Josep; Pascual Martínez, doña María Teresa; Peral Guerra, don Luis; Porta Cantoni, doña Ruth; Rodríguez Marín, don Juan
Antonio; Rufo Morgado, doña Ana María; Sampol i Mas, don Pere; Sánchez Díaz, don Ovidio; Simancas Simancas, don Rafael; Tuñón San Martín, don Francisco Javier; Valín Alonso, don José; Van-Halen Acedo, don Juan.
Señor presidente, este dictamen es favorable y no propone incompatibilidad alguna en relación con los señores senadores citados, por lo que, de conformidad con el artículo 16.1 del Reglamento del Senado, se formula como dictamen de lista.
La ponencia constituida en el seno de la comisión examinó con todo detenimiento las declaraciones formuladas por los señores senadores citados y, en algunos casos, les requirió las aclaraciones y documentación complementaria que estimó
oportunas.
Previamente a la aprobación del dictamen, la comisión ha tramitado las solicitudes de autorización para el ejercicio de actividades privadas, presentadas por determinados señores senadores. La comisión se reunió el 23 de octubre de 2007 y
emitió dictamen favorable, que se publicó en el Boletín de la Cámara serie I, número 807, de 26 de octubre de 2007, y es, por tanto, conocido por todas sus señorías. Como expresa el propio dictamen, su aprobación tuvo lugar por unanimidad en la
comisión. En definitiva, señor presidente, no me cabe sino solicitar de todas sus señorías la aprobación de este dictamen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Después de la intervención del presidente de la Comisión de Incompatibilidades, ¿algún grupo parlamentario desea intervenir? (Denegaciones.)
¿Entiendo que se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)
Queda aprobado por asentimiento.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
-- DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN EN RELACIÓN CON EL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS SOBRE COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN DE LA EMIGRACIÓN ILEGAL DE MENORES NO ACOMPAÑADOS, SU
PROTECCIÓN Y SU RETORNO CONCERTADO, HECHO EN RABAT EL 6 DE MARZO DE 2007. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 610/000227). (C.D. 110/000258).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, señorías, al punto quinto del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados. De la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación
en relación con el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de
2007.
Ha sido tramitado por el procedimiento de urgencia.
La Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación ha elevado al Pleno propuesta favorable al aplazamiento de la concesión de autorización al Gobierno, para que preste el consentimiento del Estado para obligarse por medio de dicho acuerdo. El
voto particular del Grupo Parlamentario Socialista ha sido retirado. Por tanto, procede el debate de totalidad.
Presenta el dictamen el senador Bru. Su señoría tiene la palabra.
El señor BRU PARRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, me cabe el honor de presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación en relación con el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la prevención de
la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007. Este acuerdo fue remitido al Senado por el Congreso de los Diputados a efectos de la autorización prevista en el artículo
94.1 de la Constitución y publicado el pasado 24 de octubre de 2007. El plazo de presentación de propuestas concluyó el día 29 de octubre de 2007. Fue presentada una propuesta de aplazamiento por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición
Canaria. La comisión procedió a emitir dictamen el día 5 de noviembre, adoptando el acuerdo de elevar al Pleno propuesta favorable al aplazamiento de la autorización al Gobierno, para que preste el consentimiento del Estado para obligarse por medio
de este tratado.
Por último, para su debate ante el Pleno, el Grupo Parlamentario Socialista formuló un voto particular solicitando que se procediera a otorgar por el Pleno de la Cámara la autorización prevista por el artículo 94.1 de la Constitución en
relación con el mencionado acuerdo, en los mismos términos aprobados por el Congreso de los Diputados. Sin embargo, dicho voto particular ha sido retirado en el día de hoy.
Señorías, con estas breves palabras creo haber resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, no se hace uso de la palabra.
Por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Belda.
El señor BELDA QUINTANA: Gracias, señor presidente.
No se preocupen, señorías, que voy a ser bastante breve.
Intervengo en este novedoso trámite parlamentario, novedoso por poco usual, por cuanto que de este grupo parlamentario partió precisamente la propuesta de aplazamiento. En primer lugar, quiero clarificar que aquella era una propuesta de
aplazamiento, y no de rechazo o no ratificación, y quiero explicar por qué la presentamos y por qué ahora vamos a cambiar el sentido de nuestro voto en relación con ella.
Presentamos la propuesta por dos motivos: en primer lugar, por respeto a la legalidad vigente, respeto al Estatuto de Autonomía de Canarias, cuyo artículo treinta y ocho.1 establece que la Comunidad Autónoma de Canarias debe ser informada
en la negociación y elaboración de los tratados y convenios internacionales en aquellas materias de su específico interés y que, en su caso, el órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma emitirá su parecer. Desde nuestro punto de vista, no basta
con estar presentes en una reunión, aunque se haya tratado este tema con el Gobierno central.
Hay que dar cumplimiento formal a lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias porque estamos en un Estado de derecho y ese cumplimiento formal
es la garantía del derecho de audiencia que sobre esta materia tiene la Comunidad Autónoma de Canarias, en especial cuando en estos últimos años, desde el año 2000, ha acogido a más de 4.000 menores inmigrantes no acompañados.
Un segundo motivo afecta al fondo, en definitiva, a la aplicación de este acuerdo internacional, por cuanto que el mismo trata de prevención de esta inmigración ilegal, del retorno concertado de estos menores, pero también de la protección
de esos menores en España.
En este sentido, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha reiterado en multitud de ocasiones que la protección y tutela de estos menores es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Si en el acuerdo con Marruecos, tal y como
figura en el punto 1.3, se dice que la autoridad competente para su aplicación por parte de España es el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ¿cómo se va a aplicar este acuerdo en la parte referida a la protección de los menores en España por
parte del ministerio sin contar con los que tienen las competencias en esta materia, es decir, con las comunidades autónomas? Esto ha sido algo que ha detectado incluso el propio Consejo de Estado. En el dictamen se dice que la autorización de las
Cortes Generales es preceptiva y obligatoria, en virtud del artículo 94.1 de la Constitución, no solo por lo dispuesto en su apartado c), sino también en virtud de lo dispuesto en el apartado e), que dice textualmente: «Tratados o convenios que
supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución» Por tanto, habrá de acordarse con las comunidades y procederse a una modificación legislativa para la plena aplicación del acuerdo en este apartado.
En definitiva, lo que pretendemos es que efectivamente este acuerdo pueda aplicarse, y no que se suscriban por el Gobierno del Estado acuerdos que luego no se pueden cumplir en algún aspecto. Por eso, estimamos precisamente necesaria más
que nunca esa audiencia de las comunidades autónomas y, en especial, de la Comunidad Autónoma de Canarias, que es la más afectada en el particular.
Por tanto, tal y como manifestamos en la comisión, el Grupo de Senadores de Coalición Canaria comparte el objetivo final de este acuerdo, el fondo de la cuestión, y, habiéndose dado cumplimiento por parte del Gobierno de Estado en la mañana
de hoy al trámite previsto en el artículo treinta y ocho.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias comunicando dicho acuerdo a la Presidencia del Gobierno de Canarias, retiramos nuestra propuesta de aplazamiento. Lógicamente no vamos a apoyar el
dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores porque esta comunicación del día de hoy para nosotros implica el reconocimiento de que el Gobierno del Estado se ha equivocado en la tramitación interna del acuerdo, se ha subsanado -y en eso tengo que
agradecer la labor del secretario de Estado de relaciones con las Cortes- el defecto y confiamos en que se acuerde con las comunidades autónomas su aplicación y que se proceda a realizar las adaptaciones legislativas oportunas para su plena
aplicación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Gasòliba.
El señor GASÒLIBA I BÖHM: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo simplemente para celebrar que se haya subsanado el trámite al que estaba obligado el Gobierno, de acuerdo con lo que contempla el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Por lo tanto, al no existir ningún obstáculo para su aprobación, quiero manifestar nuestro apoyo al acuerdo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador De Puig.
El señor DE PUIG OLIVE: Gracias, señor presidente.
Intervengo solamente para decir que estamos también muy satisfechos de que se haya llegado a una solución del problema, porque estábamos ante un despropósito tal que menos mal que se ha arreglado. Porque pedir un aplazamiento y decir, como
se dijo en comisión, que era una cosa que se podía arreglar en una semana o en diez o doce días como dijo el representante del Grupo Popular, no se sostenía de ninguna manera. El drama es que aún siendo cierto que había un defecto formal, el no
aprobar hoy el acuerdo, hubiese significado que 850 niños que están en una situación dramática no podrían haber retornado a Marruecos. Y con eso no se puede jugar y mucho menos por un problema formal, como digo, en base a argumentos como el de que
esto se podía arreglar en diez o quince días.
Eso es imposible. Si no se hubiese aprobado hoy, habría que haber constituido una comisión mixta Congreso-Senado, que a estas alturas de la legislatura no hubiera sido posible. Al final se ha
arreglado, ya no habrá despropósito, pero eso llevará a que los miembros del Grupo Popular y de Coalición Canaria tengan que votar lo contrario de lo que votaron en comisión.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista , tiene la palabra el senador Castro.
El señor CASTRO RABADÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, tan sólo quiero aclarar una cuestión sobre el acuerdo hispano-marroquí. Aquí da la impresión de que ha habido un defecto formal. Yo me alegro de que se haya resuelto el problema que se generó en la comisión anteayer, pero no
entiendo que haya ningún problema de falta de información formal, porque la Comunidad Autónoma de Canarias, su Gobierno, ha estado dos veces presente en las negociaciones del acuerdo, invitada por el Gobierno; ésta es una cuestión excepcional que
no ha ocurrido nunca; por primera vez en la declaración de un acuerdo internacional han estado sentados el Gobierno de Canarias y el Gobierno de Andalucía, en Rabat y en Madrid, en abril y en diciembre de 2006, en dos reuniones, y a una tercera no
asistieron porque no lo consideraron oportuno, pero estaban invitados, y en el orden del día de dichas reuniones figuraba la discusión del acuerdo hispano-marroquí.
Posteriormente, en el mes de septiembre se publicó en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales dicho acuerdo. No sé cuándo se va a dar más información que esa; no sé dónde está entonces el defecto formal de información.
El artículo 38.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias habla de información en el proceso de negociación y elaboración del acuerdo. ¿Pero si han estado sentados en la mesa de negociación y de elaboración, cómo no van a estar informados?
Vamos a dejar estas cuestiones meramente formales, pues el Gobierno ha informado y ha sido sensible para que, por primera vez en la historia, estuvieran presentes en un acuerdo internacional las comunidades que se consideran más afectadas
por esta cuestión. Por tanto, si se aprueba hoy el acuerdo y se resuelve el problema humanitario de estos 150 niños que están en Canarias, devolviéndolos a Marruecos y a sus familias, miel sobre hojuelas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Castro.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Guerra.
(Rumores.)
Señorías, silencio, por favor.
La señora GUERRA GUERRA: Buenas tardes, señor presidente.
Señorías, en primer lugar habría que intentar aclarar la situación existente. Dicho lo dicho por Coalición Canaria y por el Partido Socialista parece que no ha pasado nada. Sin embargo, algo ha pasado, teniendo en cuenta que el Partido
Socialista ha emitido un voto particular y que Coalición Canaria ha formulado una propuesta de aplazamiento.
Comenzando las cosas por su sitio debemos decir que lo que hoy debatimos aquí es un acuerdo entre España y Marruecos para la prevención, protección y retorno de los menores inmigrantes acompañados. Dicha cuestión se debatió en la Comisión
de Asuntos Exteriores del pasado lunes día 5 de noviembre, donde Coalición Canaria solicitó una propuesta de aplazamiento. El Partido Popular votó a favor de esa propuesta de aplazamiento, teniendo en cuenta que, efectivamente, como bien decía el
representante de Coalición Canaria, el artículo 38.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias establece el derecho de información de esta comunidad, por supuesto, en todos aquellos temas que afecten a Canarias.
Señorías, hace un momento el Partido Socialista ha retirado su voto particular y el responsable de Coalición Canaria ha dicho que votará en contra de esta propuesta de aplazamiento. Por lo tanto, el texto seguirá su curso.
Señorías del Partido Socialista, lo primero que quiero decir es que desde el año 2000 -tal y como ha dicho el responsable de Entesa- han llegado a Canarias 4.000 menores, 800 de los cuales siguen estando en los centros de Canarias. Sin
embargo, parece que ustedes creen que el problema de esos 800 menores, o de los que pueda haber en España, se soluciona con este documento. Pero, señorías, lo que hacen ustedes con ese documento es anular y reemplazar otro documento elaborado por
el Partido Popular en el año 2003 (Rumores.), así como un memorándum del Partido Popular de ese mismo año, que ustedes han dejado en el cajón olvidándose de él. Por este motivo, muchos de estos niños no están ahora mismo con sus padres en Marruecos
y siguen en los centros de Canarias.
El fondo de la cuestión que ustedes traen hoy aquí nos parece bien. Sin embargo, el ministro Caldera ha dicho en múltiples ocasiones que este era un problema de la Comunidad Autónoma de Canarias, en cuanto que tenía las competencias sobre
esos menores. Ahora resulta que no, que es una competencia del Estado.
Quiero decirles aquí...(Rumores.) Si no les interesa se lo voy a decir; me da igual que les interese o no, porque se lo voy a decir. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, por favor.
La señora GUERRA GUERRA: Y además se lo voy a decir a usted, señor Castro Rabadán, que en la comisión dijo estas palabras que están en el Diario de Sesiones: Es cierto que Canarias, de acuerdo con el artículo 30.1 de su estatuto, tiene
competencias exclusivas respecto a las instituciones públicas de protección y tutela de menores, de conformidad con la legislación civil, penal y penitenciaria del Estado, pero no tiene ninguna competencia respecto a la inmigración y a la
extranjería. Y ese es el caso relativo a los menos marroquíes que llegan a Canarias de forma ilegal; insisto, se trata de extranjería, sin que afecte a las competencias contempladas en el Estatuto de Canarias, y esa es la Administración del Estado
competente para decidir sobre el retorno de los menores al país de origen.
Yo les pregunto una cosa, señores del Grupo Parlamentario Socialista: si esto es así, ¿por qué el ministro ha dicho en múltiples ocasiones aquí que eso es una competencia de la comunidad autónoma? Si eso es así, ¿por qué ustedes no se han
hecho cargo de esos menores que están en Canarias? Si ustedes tienen un memorándum que aún está en vigor, ¿por qué no han hecho nada por este tema?
Pero es más, les quiero decir otra cosa, señores del Grupo Parlamentario Socialista: entre el memorándum que hizo el Partido Popular y el documento que ustedes traen hoy aquí hay una diferencia, pero una diferencia muy grande, y es que en
el memorándum se financiaba entre el Reino de España y el Reino de Marruecos. ¿Saben qué pasa con el documento que traen ustedes aquí -y deben saberlo todos los españoles-? Que lo financia el Gobierno de España. Es una diferencia muy grande.
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Pero les voy a decir algo más: hagan algo por solucionar este tema, hagan algo por esos 800 menores. (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Nosotros nos vamos a abstener, pero sí les digo que esos menores
esperan...
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
La señora GUERRA GUERRA: Yo entiendo que no les esté gustando lo que les estoy diciendo (El señor Curiel Alonso: ¡Estamos callados!). De verdad, a mí no me gustaría si me lo dijeran, pero se lo voy a decir porque además es la verdad
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
La señora GUERRA GUERRA: Que queden dos cosas claras: el Partido Popular tenía un memorándum que ustedes han guardado en el cajón, que lo financiaba el Gobierno de España y el Gobierno de Marruecos, ustedes no han hecho nada de esto y por
eso tenemos 800 menores en los centros de Canarias. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Ahora ustedes traen un documento con el cual parece que este problema se va a solucionar -¡ojalá!, mi deseo y el deseo de mi grupo es
que sea de esta manera-, pero tengan en cuenta que durante este tiempo no han hecho nada y otra cosa muy importante: esto lo va a financiar el Gobierno de España y el otro lo financiaban el Gobierno de Marruecos y el Gobierno de España.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, vamos a proceder a la votación del dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación en relación con el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la
emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007.
Les recuerdo a sus señorías que votar sí supone aplazar la autorización y votar no es autorizar al Gobierno.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230; en contra, 117; abstenciones, 113.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, se entiende concedida, en los mismos términos que el Congreso de los Diputados, la autorización para que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del acuerdo citado.
Se levanta la sesión.
Eran las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos.