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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 93, de 24/05/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 93
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 88
celebrada el martes, 24 de mayo de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas.
- Del Parlamento de Cataluña, de modificación del apartado 1 del artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 9-1, de 16 de abril de
2004. (Número de expediente 125/000009.) ...
(Página 4669)
Modificación del orden del día ... (Página 4679)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández y Sr. Rodríguez), de reforma de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se crea el Instituto Cervantes. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 49-1, de 23 de abril de 2004.
(Número de expediente 122/000038.) ... (Página 4680)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa al impulso de programas que fomenten la integración territorial, económica y socio-cultural en la eurorregión Galicia-Norte de Portugal. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie
D, número 202, de 13 de mayo de 2005.
(Número de expediente 162/000337.) ... (Página 4689)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un Plan de acción nacional contra la sequía. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 161, de 25 de febrero de 2005. (Número de expediente
162/000269.) ... (Página 4698)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández), sobre el diálogo social y la exclusión del mismo, a nivel estatal, de las Centrales Sindicales u Organizaciones Profesionales Agrarias que, siendo representativas, son de ámbito autonómico.
(Número de expediente 173/000071.) ... (Página 4707)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política de comunicación y la falta de transparencia. (Número de expediente 173/000072.) ... (Página 4714)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:
- Protocolo establecido sobre la base del apartado 1 del artículo 43 del Convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol) por el que se modifica el mencionado Convenio, hecho en Bruselas el 27 de noviembre de
2003. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 126, de 18 de abril de 2005. (Número de expediente 110/000079.) ... (Página 4720)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas ... (Página 4669)
Del Parlamento de Cataluña, de modificación del apartado 1 de artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Orgánica.) ... (Página 4669)
Defienden la iniciativa del Parlamento de Cataluña la señora De Gispert i Català y el señor Pérez Ibáñez, ambos representantes del Parlamento de Cataluña.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); la señora Sánchez-Camacho Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Pedret i Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Modificación del orden del día ... (Página 4679)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 36, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política de apoyo a la internacionalización, con especial incidencia sobre las pymes, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas ... (Página 4679)
Del Parlamento de Cataluña, de modificación del apartado 1 del artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Orgánica.) (Votación.) ... (Página 4679)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de modificación del apartado 1 de artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se rechaza por 33
votos a favor y 271 en contra.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página 4680)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández y señor Rodríguez), de reforma de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se crea el Instituto Cervantes ... (Página 4680)
El señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la reforma de la Ley 7/1991, por la que se creo el Instituto Cervantes porque desde su grupo son conscientes de que esta ley se elaboró en un momento simbólicamente
importante, en el V centenario de la publicación de la gramática de Nebrija y de la conquista y colonización de América, procesos que considera de carácter imperialista. Propone la modificación de la exposición de motivos porque en ella se habla de
un Estado de larga historia, con una lengua universal y vieja cultura, identificando al Estado con una sola lengua, con una historia abstracta y genérica y con una única vieja cultura. Sin embargo, la inteligencia humana va vinculada directamente a
la diversidad de lenguas, la base estructural de todas y cada una de las culturas son lenguas específicas y, sin duda alguna, a través de nuestra lengua vemos el mundo de una manera especial, por lo que la extensión de una lengua se deriva de la
evolución histórica de cada uno de los pueblos que la hablan, siendo el dominio político, económico y cultural de un pueblo sobre otros lo que construye una lengua de carácter imperial, cuestión que, dice, tenía claramente perfilada y analizada el
señor Nebrija. Por lo tanto, explica, las modificaciones tratan de dejar bien claro que todas las culturas y lenguas milenarias que se hablan en el Estado español son milenarias, que todas son lenguas cooficiales del Estado y que, además, no es
solamente el castellano el que tiene una extensión espacial en el mundo, en todo caso será la lengua matriz del español expandido universalmente, sino que el gallego es también la lengua matriz del portugués, expandido también universalmente, y no
por sus características intrínsecas. Asimismo se refiere a las modificaciones que proponen para los párrafos cuarto, sexto y séptimo.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Canet
Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Tabuyo Romero, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Fernández y señor Rodríguez), de reforma de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se crea el Instituto Cervantes, se rechaza por
33 votos a favor, 146 en contra y 134 abstenciones.
Proposiciones no de Ley ... (Página 4689)
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa al impulso de programas que fomenten la integración territorial, económica y socio-cultural en la eurorregión Galicia-Norte de Portugal ... (Página 4689)
El señor Louro Goyanes interviene en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para exponer las razones que justifican y fundamentan la proposición no de ley que su grupo presenta en relación con la eurorregión Galicia-Norte de Portugal. El
objetivo de la iniciativa es impulsar una mayor integración territorial, económica y sociocultural de la eurorregión a través de distintos programas de cooperación entre los gobiernos de España y Portugal, en colaboración con la Comunidad Autónoma
de Galicia y con las entidades locales y regionales del norte de Portugal.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Erías Rey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Andreu Domingo,
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Louro Goyanes.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un plan de acción nacional contra la sequía ... (Página 4698)
El señor Madero Jarabo presenta, en nombre de Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, esta proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a poner en marcha una serie de medidas de ayuda a los agricultores y ganaderos y, de esta
manera, poder paliar los devastadores efectos que está teniendo la sequía en la campaña presente. La proposición no de ley tiene dos partes claramente diferenciadas: una referida a los daños agrarios, que es en la que va a centrar su intervención,
y otra referida a los problemas del medio ambiente y a la falta de previsión del Gobierno en materia hidráulica, temas que dejará para otro momento. Expone los daños causados por la sequía en la agricultura y en la ganadería y explica las medidas
que propone su grupo en la proposición no de ley para paliarlos.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley intervienen los señores Ramón Torres, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC).
El señor presidente llama la atención al señor Ramón Torres, por hablar en catalán, y advierte que aplicará las sanciones previstas en el Reglamento.
Continuando el turno de defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Simón de la Torre, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones interviene los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, y Beloki Guerra, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Madero Jarabo.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso relativa al impulso de programas que fomenten la integración territorial, económica y socio-cultural en la eurorregión Galicia-Norte de Portugal, en
los términos de la enmienda transaccional aprobada, se aprueba por 309 votos a favor.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un plan de acción nacional contra la sequía en sus propios términos, se rechaza por 126 votos a favor, 165 en contra y
18 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 4707)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández), sobre el diálogo social y la exclusión del mismo, a nivel estatal, de las centrales sindicales u organizaciones profesionales agrarias que, siendo representativas, son de ámbito autonómico
... (Página 4707)
La señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la moción consecuencia de interpelación urgente, por entender que la respuesta del señor ministro no fue satisfactoria en aras de recuperar la interlocución del Gobierno con
las centrales sindicales y organizaciones profesionales agrarias que siendo representativas son de ámbito autonómico. Tampoco se dio respuesta, dice, a la propuesta de transferir a las comunidades autónomas la formación profesional continua
conforme a los criterios que figuran recogidos en las sentencias 95/2002 y 190/2002 del Tribunal Constitucional.
El señor Tardá i Coma da por defendida la enmienda del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría
Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Sánchez Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Membrado Giner, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Fernández Davila.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política de comunicación y la falta de transparencia ... (Página 4714)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Montesinos de Miguel, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Considera que quedó demostrado palpablemente en el debate de la interpelación que el Gobierno
tiene muchas grietas en materia de transparencia y comunicación veraz sobre sus actos, como se demuestra, entre otras cosas, por los veinte minutos escasos que Telediario 2, de Televisión Española, dedicó a la noticia de que Otegui consideraba muy
positivo el acuerdo parlamentario para abrir una negociación con ETA, imponía discreción a las partes y no ocultaba su alegría porque con esa iniciativa se desactivaba el Pacto antiterrorista. Tras poner otros ejemplos de falta de transparencia en
la información dada a la opinión pública, sobre todo en materia de terrorismo, acusa al Gobierno de tener un problema muy grave de transparencia y limpieza en toda su actuación política, sobre todo la de carácter público, porque los ciudadanos no
están recibiendo del Gobierno la información veraz que exige una democracia que esté consolidada y a la que se habían comprometido el Partido Socialista y el señor Rodríguez Zapatero de forma reiterada tanto en su programa electoral como en el
debate de investidura. A continuación explica los tres puntos de la moción.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón,
del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), que renuncia a hablar por no poder hacerlo en catalán, y López Águeda, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada interviene la señora Montesinos de Miguel.
Sometido a votación el punto primero de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández, sobre el diálogo social y la exclusión del mismo, a nivel estatal, de las centrales sindicales u
organizaciones profesionales agrarias que, siendo representativas, son de ámbito autonómico, se rechaza por 28 votos a favor y 275 en contra.
Sometido a votación el punto segundo de la moción, se rechaza por 27 votos a favor, 272 en contra y dos abstenciones.
Sometido a votación el punto tercero de la moción, se rechaza por 25 votos a favor, 277 en contra y una abstención.
Sometida a votación en segundo lugar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política de comunicación y la falta de transparencia, en su punto primero, se rechaza por 136 votos a
favor, 166 en contra y una abstención.
Sometidos conjuntamente los puntos segundo y tercero de la moción, se rechazan por 126 votos a favor y 177 en contra.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 4720)
Protocolo establecido sobre la base del apartado 1 del artículo 43 del Convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol) por el que se modifica el mencionado Convenio, hecho en Bruselas el 27 de noviembre de 2003
... (Página 4720)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores, se aprueba por asentimiento.
Se suspende la sesión a las diez y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE MODIFICACIÓN DEL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA 2/1986, DE 13 DE MARZO, DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD (ORGÁNICA). (Número de expediente 125/000009.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la sesión.
El orden del día tiene como primer punto la toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. En este caso, del Parlamento de Cataluña, de modificación del apartado 1 del artículo 38, de la Ley Orgánica 2/1986, de 13
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Antes de conceder la palabra a la delegación del Parlamento de Cataluña, a la que damos la bienvenida, quisiera significar, para que conste en el 'Diario de Sesiones', que se encuentran en la tribuna los miembros del Grupo de Amistad de la
Asamblea Nacional Francesa con el Congreso de los Diputados, presidida por el señor Cornut-Gentille. Bienvenidos.
(Aplausos.)
Para la defensa de la proposición de ley, por parte de la delegación del Parlamento de Cataluña tiene la palabra en primer lugar la honorable señora doña Nuria de Gispert i Català, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (De Gispert i Català): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, nos encontramos ante una nueva iniciativa, la tercera, presentada en su día por el Grupo Parlamentario de Iniciativa per Catalunya Verds en el Parlamento de Cataluña, que modifica el apartado 1 del
artículo 38 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, iniciativa que igual que las anteriores fue tomada en consideración el 26 de febrero de 2003 y adoptada por el Pleno del Parlamento catalán el 5 de junio del mismo año. En menos de
tres meses tres representantes del Parlamento catalán hemos presentado ante el Congreso tres iniciativas relacionadas con los Cuerpos de Seguridad y con las competencias que en esta materia ostenta el Gobierno de Cataluña; tres iniciativas de las
cuales dos, ya sustanciadas en marzo y abril, fueron desestimadas por el Grupo Popular y por el Grupo Socialista, si bien es necesario recordar que el Grupo Socialista dio apoyo a las mismas en el Parlamento catalán.
La de hoy, como las dos anteriores, es una modificación puntual de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, concretamente del apartado 1 del artículo 38, que pretende adecuar a la ley aquello que ya es una realidad; es
decir, que las competencias y las funciones que en materia de seguridad ejerce la policía de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, queden reflejadas en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Con esta modificación se introduce un nuevo
apartado que posibilita el ejercicio por parte de la policía autonómica de todas las funciones policiales reconocidas a las fuerzas estatales por el artículo 11 de la citada ley y que se refieren a las funciones de las policías propias de las
comunidades autónomas.
Nuestro grupo apoyó esta iniciativa legislativa porque de hecho, y ya desde 1994, en que se suscribieron los acuerdos sobre las competencias a ejercer por los Mossos d'Esquadra, estos ya reconocían este ámbito competencial que el Estatuto de
Autonomía de Cataluña y la Ley de Mossos d'Esquadra atribuyen a la policía de la Generalitat. Allá donde están desplegados los Mossos d'Esquadra ejercen de policía ordinaria e integral y con todas las funciones relacionadas con la seguridad. La
Ley catalana de ordenación de la seguridad pública, aprobada el año 2003, también contempla estas atribuciones y lo que hace falta ahora es que quede reflejado en la ley estatal.
Esta iniciativa fue presentada y tomada en consideración con otras tantas que venían a incrementar las competencias de la policía de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, en un momento en que la asunción de esta materia por el Gobierno de la
Generalitat ya era una realidad patente, y especialmente pensando en la necesidad de su adecuación legal. Sin embargo, antes de seguir defendiendo esta iniciativa, quiero recordar que justo hace un par de meses fueron sustanciadas en este Congreso
de Diputados dos de las proposiciones a las que he hecho referencia hace un momento: aquella que planteaba un cambio en la presidencia de la Junta de Seguridad de Cataluña, que fue tomada en consideración en el mes de marzo, y la que hacía
referencia a las policías locales, que también se debatió en este Congreso en el mes de abril, proposiciones ambas que no fueron tomadas en consideración por los votos de la mayoría parlamentaria, y especialmente por los votos del Partido
Socialista, que en cambio en sede parlamentaria de Cataluña votaron a favor.
Por las noticias que tengo, parece ser que la de hoy tampoco será tomada en consideración y me imagino que los motivos se repiten: la oportunidad de la regulación, las circunstancias políticas, el número de efectivos policiales existentes
hoy en Cataluña, la ponencia estatutaria que ya tratará de estos aspectos y la elaboración por el Gobierno del Estado de la reforma en profundidad de la ley orgánica. La oportunidad, en qué momento fue sustanciada en el Parlamento catalán y en qué
momento fue presentada. Lo importante es cuándo fue sustanciada, el año 1993, ahora hace 12 años. También se hacía referencia a la falta de efectivos policiales en Cataluña durante la legislatura pasada y que esta situación -se decía- ahora no
existe. Pues bien, señoras y señores diputados, continuamos teniendo una falta importante de efectivos. En algunas zonas del territorio catalán, donde aún no se han desplegado los Mossos d'Esquadra, existe hasta un 60 por ciento de vacantes, y no
se cubren.
Estoy hablando de las comarcas de Tarragona, de Terras de l'Ebre, del Vallès occidental, del Baix Llobregat. Creo que los argumentos del Partido Socialista son de mal pagador. Las circunstancias han cambiado, está claro. Ahora el
Partido Socialista ya no está en la oposición y se ve obligado a defender las tesis opuestas. ¿No será que como ahora están en el Gobierno del Estado ya no tienen tan claro tomar en consideración estas iniciativas? Si la solución es que ya
constará en el nuevo estatuto, aprobemos hoy esta proposición y avancemos en esa voluntad política que dicen que tienen y que tendrán
respecto al contenido del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Su voto a favor hoy sería una buena muestra. Esa modificación no impedirá ni irá en detrimento de la gran modificación que quiere impulsar el Gobierno sobre la Ley Orgánica
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, por cierto, a esta diputada y a su grupo les interesaría conocer cómo están los trabajos de elaboración de esta iniciativa.
Volvamos ahora a la proposición de ley que hoy debatimos y a la modificación que se plantea de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En Cataluña nos encontramos en un momento decisivo en cuanto al despliegue de la policía
autonómica. Han transcurrido once años desde su inicio, se harán cargo de la ciudad de Barcelona a finales de este año y, previsiblemente, su fase final se acabará en el 2008, tal como fue acordado en una reunión de la Junta de Seguridad en junio
del 2003 con el Gobierno de Convergència i Unió. Precisamente porque estábamos ante un momento decisivo, porque ya habían transcurrido nueve años desde el inicio del despliegue de la policía autonómica, fueron planteadas las iniciativas
parlamentarias citadas y otras similares. La experiencia asumida, las dificultades surgidas en diferentes zonas del territorio donde los Mossos d' Escuadra no han sido desplegados, la falta de efectivos suficientes o la no cobertura de las
plantillas por parte de las otras fuerzas de seguridad --Policía Nacional y Guardia Civil- y la coordinación existente y necesaria con las policías locales han sido también razones para que desde el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió
apoyemos esta iniciativa. No porque ahora estemos en la oposición, ya que cuando fue votada en el Pleno del Parlamento catalán también votamos a favor, entonces formábamos parte del Gobierno de la Generalitat y entendimos esta propuesta como una
mejora en el servicio público de seguridad. Por todo ello, votamos en su día a favor de esta iniciativa y seguiremos apoyándola hoy, así como aquellas que redunden en beneficio de la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Por todo
ello, desde Convergència y Unió solicitamos su voto a favor de la toma en consideración de esta iniciativa.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Gispert.
Su turno, señor Pérez Ibáñez, del Grupo Parlamentario Socialista-Ciutadans pel Canvi.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Pérez Ibáñez): Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señoras y señores diputados. Finalizamos hoy la trilogía de iniciativas del Parlamento catalán en materia de seguridad que provienen de la anterior legislatura. De la misma manera que ocurrió con las otras dos, esta
iniciativa es hoy anacrónica. Tal vez deberíamos aprovechar los procesos de reforma del Reglamento tanto aquí como allí, para tratar de evitar que estas iniciativas legislativas se sustancien seis años después de su inicio. En el siglo pasado el
Parlamento catalán empezó un proceso legislativo que pretendía modificar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Protagonizó esta iniciativa Rafael Ribó, entonces diputado por Iniciativa per Catalunya Verds y actualmente Síndic de
Greuges de Cataluña. Insisto en que fue a finales del siglo pasado y, como dice la canción, fue un año terrible, los Balcanes humeaban y corría la sangre en Chechenia; fue un año de ideas perseguidas, de oraciones y de miserias. Esta iniciativa
legislativa fue aprobada años más tarde, en el actual siglo, por el Parlamento catalán; fue aprobada exactamente en el año 2003, hace tres años. Es cierto que el Grupo Socialista votó entonces a favor, porque era un momento en el que las
modificaciones legislativas de envergadura eran impensables y la única alternativa posible de modificación legislativa era precisamente la que estamos sustanciando. En Cataluña era impensable un proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de
Cataluña debido al pacto explícito-implícito que tenían Partido Popular y Convergència i Unió. En España, el Partido Popular, que era el partido del Gobierno, renunciaba a la modificación de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la
única alternativa entonces -que no hoy- era precisamente el proceso de reforma legislativa que en este momento planteamos. A ustedes, señorías, les sorprenderá que después de quince años de despliegue del cuerpo de Mossos d'Esquadra en Cataluña
estemos a fecha de hoy intentando modificar las competencias de este cuerpo mediante reformas legislativas. Parece raro, parece incomprensible, pues ciertamente lo es. A mí también me parece incomprensible que el anterior Gobierno de Convergència
i Unió iniciara y prácticamente finalizara un despliegue de Mossos d'Esquadra en Cataluña sin tener claro cuál era el marco legislativo correspondiente. Ahora algunos quieren correr mucho, seguramente porque han estado parados durante muchos años.
En el curso del debate en el que se planteó esta iniciativa en el Parlamento Catalán, el representante del Grupo Popular, don Daniel Sirera, dijo que probablemente desbordaba lo que preveía el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña. Esa
es la clave de lo que estamos discutiendo en este momento. En este momento, cuando estamos reformando el Estatuto de Cataluña en el Parlamento catalán; en este momento, cuando están encima de la mesa todas las competencias, incluidas también las
de nuestra policía; en este momento, plantear una modificación tan pequeña del marco legislativo como la que estamos proponiendo aquí parece algo anacrónico, de segundo plano. Da la impresión de que lo que haríamos, si aprobáramos esta iniciativa,
sería limitar la discusión que esta tarde está teniendo el Parlamento catalán sobre la modificación del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña. El Partido Popular no estaba entonces de acuerdo con los cambios legislativos y tampoco lo está
ahora. No sé cuándo planteará algún cambio legislativo para que las autonomías asuman más competencias, pero hemos de decir que actualmente el Partido Popular está participando activamente -o no- en la ponencia de reforma del Estatuto de
Autonomía de Cataluña y que este fue el motivo para votar en contra de esta modificación.
No es el momento de plantear la modificación del apartado tal o del artículo tal de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esto nos obligaría a modificar otros apartados, como son el c) y el d) del propio artículo 38 de la
mencionada Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es el momento de llevar a cabo una modificación profunda y radical de nuestro marco legislativo, también en materia de seguridad, y del marco legislativo en Cataluña. Es el momento de
plantear una modificación del estatuto y es el momento de plantear una nueva ley sobre el sistema de seguridad en España -eso sí se lo pedimos, señoras y señores diputados-, una ley que contemple las bases en las que todos estamos de acuerdo, aquí y
allí, unas bases de coordinación, de descentralización, de participación, de establecimiento de un sistema integral de seguridad y de mayor competencia y compromiso de los alcaldes en la seguridad pública de nuestro país. Lo decía la representante
de Convergència i Unió. Hacen falta más efectivos policiales en Cataluña, nosotros lo decíamos antes y lo decimos ahora; parece que algunos solamente lo dicen ahora. Es necesario modificar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, lo decíamos antes y
lo decimos ahora. Es necesario modificar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo decíamos antes y lo decimos ahora. Por tanto, no sabemos dónde está la incoherencia.
Señorías, es necesaria la modificación de la Ley de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y esa es su faena. Estoy convencido de que lo harán muy bien, porque además este país lo necesita.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea ejercitar su derecho de turno en contra? (Pausa.)
Si no es así, pasamos a fijar la posición de los grupos parlamentarios, por diez minutos cada uno.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente, en primer lugar, para saludar a los diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña. Siempre es un placer encontrar a diputados de distintas comunidades autónomas defendiendo proyectos aprobados por sus parlamentos,
en este caso, del Parlamento catalán. En este sentido, tengo que decir que de la misma manera que en anteriores ocasiones votamos a favor de las propuestas concretas también referentes a los Mossos d'Esquadra que nos hacía el Parlamento de Cataluña
hoy vamos a apoyar la propuesta que acaban de defender. Entendemos que efectivamente no se hace solo una propuesta teórica, sino que es consecuencia de la realidad que se vive en Cataluña, de la experiencia que se deriva del tiempo que llevan
funcionando los Mossos d'Esquadra y de las necesidades que, por tanto, esa experiencia genera respecto a la modificación legislativa correspondiente. Independientemente de que exista la necesidad de una modificación legislativa más amplia, que
tiene que ver con la modificación del estatuto de autonomía, no pensamos que esto pueda impedir la negociación y modificación del mismo. Por tanto, hoy deberíamos apoyar la propuesta que nos presenta el Parlamento catalán porque ya cuando fue
aprobada por mayoría en dicho Parlamento reflejaba el sentir de las necesidades que en esta materia tiene Cataluña.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Por Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mis primeras palabras, desde Coalición Canaria, quiero que sean de salutación y bienvenida a los honorables representantes del Parlamento de Cataluña que han venido a defender esta iniciativa procedente de su institución democrática. Mi
grupo va a votar favorablemente su toma en consideración, y así lo hemos hecho en similares ocasiones, recordando -como bien han dicho los honorables señores representantes del Parlamento catalán- que en la pasada legislatura se había presentado
idéntica iniciativa y nuestra predisposición era abordar una delimitación de competencias de la policía autonómica de Cataluña. Esta iniciativa afectaría a todas las policías autonómicas del Estado español a la hora de delimitar las competencias,
independientemente de si son intra o supracomunitarias, para que queden perfectamente definidas dentro del principio de seguridad jurídica. Por estas razones y en respeto a una decisión democrática procedente de un Parlamento autonómico -en este
caso del catalán-, vamos a votar favorablemente su toma en consideración.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.
Señora García, de Izquierda Verde.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero dar la bienvenida y saludar a los representantes del Parlament de Catalunya que han defendido la propuesta que hoy nos han presentado y, por tanto, nos acompañarán en este debate.
Debo decirles que valoro
enormemente que estén aquí en esta trilogía sabiendo además, como ha comentado una de
las portavoces, que seguramente no vaya a ser tomada en consideración.
Haré una intervención realmente breve para fijar nuestra posición y anunciar nuestro voto favorable a esta toma en consideración de la proposición de ley defendida
concretamente -como ya se ha dicho- por el Parlament de Catalunya para la modificación del apartado 1 del artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Quiero resaltar, al igual que ya han hecho mis predecesores en el uso de la palabra -sobre todo los diputados del Parlament catalá-, que esta es la tercera proposición de ley que en pocos meses debatimos para su toma en consideración. Mi
grupo parlamentario, de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, lamenta que no prospere esta nueva proposición de ley, como pasó con las dos anteriores. Como lamentamos que se pueda visualizar una realidad que, como mínimo,
resulta un poco esperpéntica porque, a pesar de que, como ya se ha explicado, han transcurrido muchos años y han ocurrido una serie de cambios en el desarrollo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto desde el punto de vista de la
realidad política de Cataluña como del Estado, a nuestro entender esto no justifica que no se tome en consideración una proposición que ha sido debatida y aprobada en su conjunto por la mayoría de fuerzas en Cataluña para que así en poco tiempo se
produzca un cambio como el que se está argumentando. En definitiva, tenemos la convicción de que las propuestas que se recogen en estas iniciativas se harán realidad, como también se ha dicho, con la modificación del estatuto, pero, a pesar de eso,
hubiera sido una buena ocasión para adelantarnos a los muchos problemas que en estos momentos tienen, sobre todo, los municipios en Cataluña.
Quisiera resaltar una cuestión. En el debate del 26 de febrero en el Parlament de Catalunya, en el momento en que se debatían estas proposiciones, el entonces diputado señor Ribó, en nombre del Grupo de Iniciativa per Catalunya, en su
exposición hizo hincapié en un tema que se me antoja de gran importancia, señorías. A pesar de que no está concretamente relacionado con los cambios que se plantean en la proposición, sí que es una reflexión relativa a lo que entendemos por la
seguridad, y ya que se está hablando de las diferentes reformas que se han de realizar, quisiera ponerlo encima de la mesa. Comentaba el señor Ribó que deberíamos tener presente que la seguridad es ante todo una apuesta precisamente por la
inclusión social, una clara apuesta por las políticas de inserción, y que esto es así por muchas razones, tanto de índole constitucional como de justicia social, y también por eficacia, ya que los factores que influyen en la seguridad o en la
inseguridad ciudadana son muchos y complejos y casi siempre están relacionados con el modelo social y las políticas económicas, sociales y educativas de un país.
Muchas veces, señorías, aunque no siempre -porque no siempre es así- recogemos lo que sembramos. Por tanto, hay una gran responsabilidad de las administraciones y de los poderes públicos en el grado de más o menos seguridad que pueda tener
un país, un Estado, una comunidad autónoma o un municipio. En estos momentos, en Cataluña, muchos de los municipios, de los ayuntamientos y de los alcaldes -concretamente, conozco muy de cerca el Vallès Occidental- están pasando por situaciones
difíciles precisamente por estas tres razones que ya se han comentado: porque no está suficientemente desarrollado el despliegue de los Mossos d'Esquadra, porque no se han cubierto las plazas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por
la falta de coordinación tan importante que hay en estos momentos. Por todo ello, después, debemos valorar qué seguridad tenemos, cómo es esta seguridad y en qué forma, cada uno de nosotros, desde nuestra responsabilidad, hemos incidido en esta
situación.
No voy a alargarme más. Vuelvo a repetir que nuestro grupo parlamentario lamenta profundamente, y rogamos que así se traslade al Parlament de Catalunya, que no se tome en consideración esta proposición de ley, como seguramente ocurrirá, y
también que en estas tres ocasiones haya sido imposible tramitar unas propuestas que vienen del Parlament de Catalunya y que sin duda podrían haber anticipado y mejorado las futuras modificaciones legales que tendrán que realizarse.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora García.
Grupo parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Olabarría, por favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Saludamos a los ilustres representantes del Parlamento de Cataluña que, señor presidente, van a empezar a adquirir la condición de diputados por usucapión del escaño, dada la recurrencia de su estancia en esta Cámara, cosa que por otra parte
nos honra.
De nuevo vamos a votar que sí a la proposición de ley que nos presentan y esperemos -no sin cierto escepticismo, todo hay que decirlo-, que tenga mejor suerte que otras que han sido debatidas en esta especie de trilogía que se parece más a
la Guerra de las Galaxias que a un debate parlamentario en el sentido estricto del término. No puede ser más legítima y razonable la pretensión del Parlament de Catalunya de convertir a los Mossos d'Esquadra, la policía catalana, en una policía
integral modificando el artículo 38 de la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y aproximándose a lo que es teóricamente la Ertzaintza, en virtud de los requerimientos del artículo 17 del Estatuto de Autonomía de Gernika, que
crea una policía integral pero con un título de legitimidad diferente, dada la raíz foral de esta competencia, dado el carácter de derecho histórico de esta competencia, constitucionalizado, cosa que no
ocurre con los Mossos d'Esquadra, por la disposición adicional primera de la Constitución.
Entendemos que la aspiración de que los Mossos d'Esquadra constituyan una policía integral es absolutamente legítima, políticamente razonable y que debe ser atendida en este Parlamento; lo que pasa es que la experiencia de las iniciativas
que dimanan de parlamentos autonómicos no puede ser esperanzadora o no puede dejar de provocar cierto escepticismo. De todas las presentadas históricamente seis han sido las tomadas en consideración y una convertida en ley. En todo caso, les
deseamos suerte. Veremos si esta que en este momento plantean, fruto de la parte final de esta trilogía que están presentando, tiene mejor suerte que las anteriores.
Les vamos a decir que consideramos de forma muy relevante su pedimento, pero también tenemos que advertirles que siendo la Ertzaintza, nuestra policía, la de Euskadi, una policía integral, sus competencias son vulneradas sistemáticamente
tanto por el Ministerio del Interior como por los jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. Hay un doble elemento de vulneración de las competencias de la Ertzaintza. Uno deriva de las competencias de enjuiciamiento que tiene la
Audiencia Nacional y hace referencia a los delitos más graves o relevantes previstos por el Código Penal: delitos de terrorismo, contra bandas organizadas, monetarios, contra la Corona, etcétera, en virtud del cual los jueces centrales de
instrucción utilizan indistintamente y con criterios arbitrales y discrecionales bien a la Ertzaintza o bien a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Cuándo utilizan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? Cuando las operaciones
son en términos políticamente simbólicos neutras, y utilizan a la Ertzaintza cuando simbólicamente no son neutras; es decir -ustedes me entenderán perfectamente-, cuando se trata de cerrar la sede de un partido ilegalizado, por poner un ejemplo.
Desde esa perspectiva ahí hay un elemento de vulneración competencial, que se complementa con el que practica sistemáticamente el Ministerio del Interior, a una policía que ya es integral y que está totalmente desplegada de forma sistemática tanto
en materia de seguridad ciudadana como de seguridad vial a través de procedimientos que son distintos a los consignados por el artículo 17 del Estatuto de Autonomía de Gernika, que son en concreto dos: uno, que esté afectado el interés nacional, el
interés del Estado, mediante una declaración específica de la Junta de Seguridad o mediante una declaración del Congreso de los Diputados o de las Cortes Generales; dos, que estemos ante una situación de estado de sitio, de alarma o de excepción,
lo que no utiliza desde luego el Ministerio del Interior para vulnerar sistemáticamente las competencias. Desgraciadamente ustedes están en una fase anterior, ni siquiera poseen las competencias ni pueden permitirse el lujo de que sus competencias
sean vulneradas porque ni siquiera las tienen. Cuenten con nuestra colaboración para la primera fase, para por lo menos poder ejercitarlas; en cuanto a la segunda, entre todos tenemos que luchar por esto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Esquerra Republicana, el señor Tardá tiene la palabra.
El señor TARDÁ I COMA: (Comienza su intervención en catalán.)
El señor PRESIDENTE: Ha incumplido usted la decisión del presidente; ha vuelto usted a incumplir lo que le he dicho en Junta de Portavoces. Para usted esto es un escaparate. Para mí es el Congreso de los Diputados, y en tanto en cuanto
no se cambien las normas, y usted sabe cómo se tienen que cambiar, le pido, por favor, que se olvide de que el Congreso de los Diputados es un escaparate. No se lo voy a permitir, señor Tardá; es la última advertencia que le hago con toda
gentileza y educación. Continúe.
(Aplausos.)
El señor TARDÁ I COMA: (Continúa su intervención en catalán, siguiendo en castellano.) Es la tercera proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que ha presentado el Parlament de
Catalunya y puede que sea la tercera proposición de ley rechazada por el Congreso español. El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana votará a favor de esta proposición de ley del Parlament de Catalunya, de modificación del artículo 38 de la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tal y como hicimos en el Parlament de Catalunya cuando se debatió y votó; y lo haremos, como argumentamos en el debate y votación de las dos proposiciones de ley,
por motivos de eficiencia y eficacia y, sobre todo, por nuestra creencia de que cuanto mayor autogobierno más eficiencia y más eficacia en materia de seguridad.
El artículo 13 del Estatut de Catalunya establece la facultad de la Generalitat de disponer de un cuerpo policial propio, pero también establece la facultad de la Generalitat para asumir competencias en materia de seguridad ciudadana y de
mantenimiento del orden público.
Estas competencias no son exclusivas de nadie, a pesar de que el artículo 148 de la Constitución española las atribuye en este momento al Estado, pero los artículos 25 y 150.2 permiten perfectamente el traspaso de
las facultades y competencias ejecutivas del Estado a la Generalitat. Tal y como dice la exposición de motivos de la proposición de ley, el progresivo despliegue de los Mossos d'Esquadra y el incremento de sus funciones debe suponer que las
competencias de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tengan competencias residuales, por lo que se hace necesaria la reforma del artículo 38 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo menos para adecuarla a las
competencias y funciones actuales que están ejerciendo los Mossos d'Esquadra. La Ley Orgánica de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado debe ser reformada. Debería introducirse, tal y como contempla la proposición de ley, un nuevo apartado en el artículo 38 que posibilite el ejercicio de todas las funciones policiales reconocidas a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Desde Esquerra Republicana entendemos que deben transferirse todas las competencias ejecutivas del Estado en materia de seguridad ciudadana y de orden público. La voluntad de autogobierno de la Generalitat de Catalunya y la garantía de
eficacia y de racionalidad del modelo policial hace imprescindible, desde nuestro punto de vista, volver al modelo de seguridad y de orden público existente durante la etapa de la Generalitat republicana, en la que la Generalitat ostentaba la
comandancia única de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; hecho que, sin duda, contribuyó a que este instituto armada se mantuviera fiel a la legalidad establecida en el momento en que estalló la guerra civil y durante aquel lamentable
periodo de nuestra historia más reciente. El artículo 28 del Estatut de Catalunya habilita a la Generalitat para solicitar al Estado la transferencia o delegación de competencias no asumidas en el Estatut.
Al mismo tiempo, el artículo 150.2 de la
Constitución española habilita al Estado para transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o
delegación.
Nuestro grupo consideramos necesaria, por una parte, la reforma planteada en la proposición de ley orgánica del Parlament de Catalunya que reconoce a los Mossos d'Esquadra y al resto de policías autonómicas como una policía integral.
Apoyamos esta reforma y esperamos que sea incorporada en la reforma de la ley prevista. Además, las republicanas y los republicanos consideramos que el Estado español debería transferir e incluir la competencia ejecutiva sobre la vigilancia y el
control de entrada y salida del territorio fronterizo de Cataluña de personas y bienes, la vigilancia y el control de las costas, puertos y aeropuertos y la aplicación del régimen general de extranjería, extradición y expulsión, emigración e
inmigración.
Votaremos a favor de la toma en consideración de la proposición de ley del Parlament de Catalunya, en primer lugar, por coincidir con el planteamiento político de la propuesta, como un paso necesario e inicial; en segundo lugar, por ser
expresión de la voluntad popular del pueblo de Catalunya y, por último, por coherencia política con la votación de nuestro grupo parlamentario en el Parlament.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: (Comineza su intervención en catalán, continuando en castellano.) Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, hoy el Parlament de Catalunya nos propone una reforma legislativa que compete a esta Cámara
asumir. No es este un debate que corresponda realizar al Parlament de Catalunya. Es un debate que nos corresponde realizar aquí, en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, porque se nos pide modificar la Ley Orgánica de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado; una ley orgánica que constitucionalmente corresponde modificar a esta Cámara.
Decía el gran jurista Castán que en muchas ocasiones el legislador no es más que un fedatario público de lo que ocurre. Decía en ocasiones Castán que el legislador cumple una función notarial, da fe de lo que está pasando en la sociedad.
Hoy es lo que nos propone el Parlament de Catalunya. Nos propone reformar la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para reconocer expresamente lo que la Policía autonómica de Catalunya, los Mossos d'Esquadra, vienen ya
realizando, es decir, son y deben ser una policía integral. Lo son gracias a la labor de los gobiernos de la Generalitat de Catalunya -de todos, del actual y de los anteriores- y muy en concreto gracias a que en el año 1994 se reformó la ley de
policía de Catalunya, que regula por tanto los Mossos d'Esquadra. Esa ley se desarrolló con una serie de convenios firmados el mismo año de aprobación de la ley y siguiente. De acuerdo con ese marco, los Mossos d'Esquadra han asumido funciones y
lo sabe también -nos acompaña- la que fue delegada del Gobierno en Catalunya, doña Julia García Valdecasas, porque tuvo responsabilidades en el marco de la Junta de Seguridad y sabe que los Mossos d'Esquadra realizan esas funciones.
Las realizan,
pero tenemos aún un impedimento legal, tenemos un obstáculo legal de no reconocimiento en la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de esas funciones de policía integral.
La propuesta del Parlament de Catalunya es respetuosa con el marco constitucional y estatutario, respeta los límites del actual Estatut de Catalunya, respeta el hecho de que haya unas funciones extracomunitarias y supracomunitarias que no
realizan los Mossos d'Esquadra, aunque reivindicamos y reclamamos también, desde Convergència i Unió y en el marco del nuevo tratado que va a establecer una constitución para Europa, una mayor intervención de las policías autonómicas en el ámbito de
seguridad, el tercer pilar de la Unión Europea. No queremos obviar que debemos incrementar aquí la participación y los mecanismos de información. Pero evidentemente el Parlament de Catalunya es respetuoso con el actual marco constitucional y
estatutario, respeta esas funciones extracomunitarias y supracomunitarias, respeta esos límites pero reconoce la función de policía integral que deben tener los Mossos d'Esquadra y pide a estas Cortes Generales ese reconocimiento, que hagamos, por
tanto, esa función notarial, que modifiquemos la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Señor Pérez, cuando el señor presidente pedía un turno en contra se suponía que usted estaba consumiendo parte del turno a favor de esta
proposición de ley.
Puedo entender su posición -si no entraría en discordancia con lo que defiende hoy aquí el Grupo Socialista-, pero discrepo. No es la prehistoria, usted hablaba del siglo pasado. En el 2003, al final de la legislatura -aún no han pasado
dos años desde la última votación del Parlament de Catalunya, usted ha dicho tres años-, su grupo votó a favor de esta proposición de ley. Por tanto, debemos suponer que esa era la voluntad de su grupo y de la mayoría de los grupos del Parlament de
Catalunya en el año 2003. No ha pasado tanto tiempo. De acuerdo que la tramitación fue larga en el Parlament de Catalunya, pero la votación final fue en el año 2003. Si un grupo no la consideraba oportuna, podía no haberla votado a favor; ese
día, en el año 2003, su grupo votó a favor de esta propuesta, que fue defendida por el honorable Rafael Ribó, actual Síndic de Greuges de Catalunya. No era una propuesta inicial de Convergència i Unió. Convergència i Unió tenía en ese momento una
posición mayoritaria en el Parlament de Catalunya, como sigue teniendo ahora, y votó a favor. Repito que no fue una propuesta original de Convergència i Unió, sino del entonces diputado en el Parlament, don Rafael Ribó, actual Síndic de Greuges en
Catalunya.
Nosotros estamos a favor de su toma en consideración e invitamos a todos los grupos de la Cámara que se sumen a ella. La toma en consideración permite presentar enmiendas posteriores, introducir matices, no es blanco o negro. Si se nos
dice que la nueva realidad estatutaria, como espera Convergència i Unió, va a reconocer el nuevo rol de los Mossos d'Escuadra, ello no va a ser obstáculo para reformar la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque reformemos
en Cataluña, como esperamos, nuestro estatuto. Igualmente deberemos modificar la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se nos puede decir que el Gobierno -y sabe el ministro, señor Alonso, que le damos todo nuestro apoyo en
materia de Interior- ya tiene previsto en esta legislatura una modificación de esta ley orgánica. Pues bien, ¿qué obstáculo hay hoy para tomar en consideración esta propuesta, que integraremos después en la futura gran reforma de la Ley Orgánica de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? Hoy no nos sirven las excusas, estamos a favor de lo que aprobamos en el Parlament de Catalunya, es el parlamento de nuestro país, y lo que aprobamos allí nos gustaría que hoy tuviera aquí un amplio apoyo
o, por lo menos, que tuviera el mismo apoyo de aquellas fuerzas políticas que allí, en el año 2003 -no en la prehistoria, señor Pérez- votaron a favor. Esperamos hoy del Congreso de los Diputados que dé ese paso adelante y que el debate hoy, por lo
menos, a la tercera, sea positivo. Es la tercera vez que viene. Llevamos tres sesiones consecutivas consumiendo este turno de proposiciones de ley de comunidades autónomas, y no nos conformamos con el no por respuesta, queremos dar el sí a la
propuesta que institucionalmente hoy defienden los diputados del Parlament de Catalunya. Convergència i Unió, en coherencia con lo que ya dijimos en el año 2003, en coherencia con la gran labor que están realizando los Mossos d'Esquadra y en
coherencia también con el reconocimiento que pedimos de esa labor en el marco de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pedimos hoy el sí entusiasta a esta proposición de ley de todos los grupos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.
Grupo Popular, señora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con la toma en consideración de la proposición de ley del Parlament de Catalunya relativa a la modificación del
punto 1 del artículo 38 de la Ley 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En primer lugar, desearía trasladar en nombre de mi grupo, por tercera vez, la bienvenida a esta Cámara, el Congreso de los Diputados, a los representantes del Parlament de Catalunya -iba a decir a los tres diputados, pero hoy está ausente
uno de ellos-, al representante del PSC, al representante de Convergència i Unió y al representante de Iniciativa per Catalunya Verds, que hoy no está pero ha estado en otras ocasiones.
Son bienvenidos en esta Cámara; no es la primera vez que
están aquí y se están acostumbrando ya a formar parte de la misma y de los debates, lo cual les agradece mi grupo parlamentario.
La primera ocasión en que ustedes vinieron y debatimos aquí, en el Congreso de los Diputados, fue en relación con la posibilidad de que la presidencia de la Junta de Seguridad de las comunidades autónomas fuera ostentada por el president de
la Generalitat de Catalunya, y en la segunda oportunidad nos referimos a la modificación del artículo 53 respecto a las competencias de la Policía local en materia de Policía judicial. En esta tercera ocasión la modificación se refiere al artículo
38.1 de la Ley 2/1986, en relación con la posible asunción por parte de las policías autonómicas de aquellas competencias del artículo 11 referidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El Partido Popular ha trabajado siempre, en el Gobierno y en la oposición, con racionalidad, con eficacia y con coherencia y, por ello, señoras y señores diputados, consideramos la seguridad y el orden público pilares fundamentales de
nuestra convivencia pacífica y democrática y trabajamos por un modelo policial que establezca los mayores niveles de autogobierno de las comunidades autónomas, pero, eso sí, permitiendo el desarrollo en cada una de las comunidades autónomas y, a su
vez, manteniendo un modelo policial único en todo el territorio nacional. Lo que no sabemos, señorías, es lo que quiere el Partido Socialista Obrero Español; realmente no lo sabemos. Miro, además, al Partido
Socialista de Cataluña, porque parece que ambos quieren cosas diferentes; al menos, eso es lo que dice el diputado del PSC y seguro que el señor Pedret dirá otra cosa.
No sabemos lo que quiere el Partido Socialista y tampoco el Gobierno del señor Zapatero, ya que cada día oímos propuestas diferentes por parte del Gobierno, que luego tienen que ser desmentidas por el propio ministro del Interior. Seguro
que SS.SS. del Partido Socialista Obrero Español lo recordarán ya que el propio ministro del Interior ha tenido que salir a acallar las críticas o, en este caso, las afirmaciones del secretario de organización del Partido Socialista, del señor
Blanco; todos lo recordamos muy bien. No sabemos qué modelo policial quiere este Gobierno, pero sí sabemos, señores diputados, que el Partido Socialista dice una cosa aquí y otra en el Parlament de Catalunya, y no es esta la primera ocasión que
ocurre; va a ser la tercera ocasión en que el Partido Socialista diga una cosa aquí y otra en Catalunya.
Los diputados socialistas lo tienen difícil hoy al explicarlo aquí: falta de modelo, incoherencia -es muy probable, no les ocurre por primera vez- o simplemente engaño a los ciudadanos. Yo no sé cómo va a explicarlo aquí el diputado del
Partido Socialista; seguro que tendrá argumentos para hacerlo e incluso culpará de ello al Partido Popular; seguro que alguna culpa tendrá el Partido Popular, pero les digo muy claro que ustedes, en el año 2003, dijeron una cosa en el Parlamento
de Cataluña y aquí, otra muy distinta. El Partido Popular, gracias a Dios, tiene muchas diferencias con ustedes y una, la principal, es la coherencia: decimos siempre lo mismo, aquí y en Barcelona, y hoy vamos a reiterar lo que dijimos en
Cataluña. Lo ha explicado muy bien el señor Jané, y además ha explicado el marco competencial, creo que sin añadidos necesarios. Pero lo vamos a volver a repetir aquí. La policía autonómica, los Mossos d'Esquadra, ejercen en aquellos territorios
donde están desplegados de policía ordinaria integral, de policía que asume todas y cada una de las competencias que se encuentran en el artículo 11 en todo el ámbito competencial de la comunidad autónoma, es decir, al margen de las competencias
extra o supracomunitarias. Además, debemos tener en cuenta que en ese marco de actuación no solamente la aprobación de la Llei de Policía del año 1994, sino también los convenios posteriores y los acuerdos de la Junta de Seguridad así lo
establecieron. Es decir, la policía autonómica catalana, los Mossos d'Esquadra, no solo asumen competencias residuales, asumen competencias de policía integral, de policía ordinaria. Por eso, como bien ha dicho el señor Jané, y además emplazaba de
forma muy directa a otros grupos parlamentarios, esta sería una propuesta razonablemente asumible por parte del resto de los grupos.
Las funciones del artículo 11 de la Ley 2/1986 están asumidas y son ejercidas por los Mossos d'Esquadra. ¿Quién podría negar aquí que la policía autonómica catalana no esté velando por el cumplimiento de las leyes, no auxilie a las personas
o custodie los bienes, no vigile y proteja edificios públicos, no realice la prevención de la comisión de delitos, no investigue los delitos para descubrir y detener a los culpables o no capten la información y ejecuten métodos y técnicas de
prevención? Lo están realizando, señoras y señores diputados, en todas aquellas zonas donde están desplegados. Cabe recordar que incluso en algunas de las competencias los diputados del PSC, en este caso tanto el señor Ribó, de Iniciativa per
Catalunya Verds, como también el señor López, se refirieron a la asunción en materia de información de competencias por parte de la Policía autonómica, de los Mossos d'Esquadra. Querría recordarles aquí que en el acceso a la información de los
policías autonómicos en el Programa de lucha contra la droga, el Gobierno del Partido Popular ya participó de esa información a las comunidades autónomas y entiendo además que el Gobierno del Partido Socialista va a seguir trabajando en esa línea.
En cuanto a la finalización de lo que ha sido ese proceso de despliegue ejemplar de los Mossos d'Esquadra, vuelvo a reiterar ejemplar, el Grupo Popular querría saber cómo va a llevar a cabo el Ministerio del Interior el proceso de
finalización de despliegue y así dejar cumplido el modelo de sustitución de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por la Policía autonómica. Quería recordar aquí además lo que también decía el PSC y lo que decían también en el Parlament de Catalunya.
Decían que faltaban efectivos, señoras y señores diputados. Es posible que ahora se haya solucionado el problema y ya no falten. Nos decían que los alcaldes se habían reunido en Sabadell porque el Gobierno del Partido Popular no estaba realizando
el despliegue de una forma ejemplar, sino que les faltaban muchos efectivos para cumplir la labor policial. Señores diputados del Partit dels Socialistes de Catalunya, ahora que votan como los del Partido Socialista Obrero Español, no sé si son lo
mismo o son diferentes: ahora pasa lo mismo y además lo dice el mismo alcalde, el de Sabadell, que le faltan efectivos. Se los pide al delegado del Gobierno y éste no tiene respuesta para eso. Además tienen ustedes que atajar un problema
importante de delincuencia y de incremento de esa delincuencia de las bandas juveniles en ciudades importantes de Catalunya, desde la provincia de Girona, por ejemplo Salt, al área metropolitana de Barcelona, como Sabadell. Esos son algunos de los
problemas que también nos preocupan en Catalunya y que deberían afrontarse mejor por el Gobierno del Partido Socialista.
Así pues, señorías, aunque esta propuesta pudiera ser razonable, el Grupo Popular hoy no la va a dar apoyo por una razón, porque cuando abordemos la reforma de la Ley 2/1986 con un modelo policial único lo haremos en su totalidad, no con
reformas parciales, no con reformas que ahora pudieran ser tomadas en consideración, señores diputados, sino que lo haremos presentando un modelo policial y una alternativa que el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español no tiene y no ha sido
capaz de presentar a esta Cámara.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Sánchez-Camacho.
Por el Grupo Socialista, señor Pedret, por favor.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señor presidente.
Honorable señora Gispert, ilustre señor Pérez, bienvenidos una vez más a esta Cámara. Todos los miembros del Congreso de los Diputados les han dado la bienvenida y les han saludado al asistir por tercera vez al mismo debate. Es bueno que
el conjunto de la Cámara sepa que este no es el tercer debate; es el tercer acto del mismo debate que se sustanció en un único debate, el día 5 de junio de 2003, en el Parlamento de Cataluña, en el cual se aprobaron tres proposiciones de ley que
han sido presentadas por el Parlamento en tres sesiones distintas del Congreso de los Diputados. Lo digo porque la unidad del acto parece clara, aunque tengamos casi tres meses de intervalo entre la primera y la última de las comparecencias de los
señores diputados del Parlamento de Cataluña ante esta Cámara.
Comprenderán SS.SS. que la tentación de entrar en un debate general sobre políticas de seguridad y sobre modelo policial que ha iniciado la representante del Partido Popular es grande, pero por mi parte voy a ajustarme estrictamente al
orden del día, es decir, el debate de la oportunidad o inoportunidad de la tercera de las proposiciones de ley aprobadas en el mismo debate que nos aporta hoy el Parlamento de Cataluña. Tendremos tiempo, señora Sánchez Camacho, esté usted segura,
de debatir sobre las propuestas del ministerio y del Grupo Parlamentario Socialista respecto al modelo general de política de seguridad, pero no es lo que nos trae hoy a esta tribuna.
Lo que nos trae es estrictamente, como intento explicar en cada ocasión en que en un debate de este tipo subo a la tribuna, discutir sobre la oportunidad de una ley, y a ello me referiré en la última parte de mi intervención, pero hoy quiero
en primer lugar referirme al fondo de la proposición. Es una proposición que parece sencilla, aparentemente sencilla, se trata simplemente de introducir una nueva letra e) en el número 1, si no recuerdo mal, del artículo 38 de la Ley Orgánica de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero en realidad su contenido es enormemente complejo. Por una parte y en primer lugar supone casi la modificación del Estatuto de Cataluña, a través de la saturación normativa de su artículo 13, al
modificar el artículo de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al que se refiere el Estatuto. Tenemos, por tanto, una vía paralela, diversificada, de práctica modificación del Estatuto de Cataluña de una forma que no puede
ajustarse exactamente al procedimiento estatutario de modificación. En segundo lugar, supone algo que yo creo que es perfectamente posible, que es el reconocimiento del carácter de policía integral de la Policía autonómica de Cataluña. Desde este
punto de vista no tenemos especial problema, es cierto que la Policía autonómica de Cataluña es una policía integral, tiene vocación de serlo, que lo diga de una forma u otra la ley es algo perfectamente discutible desde el punto de vista jurídico,
pero no responde a ninguna cosa extraordinaria, rara o extravagante.
Además hay otros dos aspectos que se contienen en la misma aparentemente sencilla proposición: uno, la participación de los Mossos d'Esquadra en las funciones policiales extra y supracomunitarias, y ahí tenemos algún problema, en el que
debiéramos reflexionar mucho más allá de lo que permite un debate sobre oportunidad, respecto al alcance del artículo 149.1, regla 29ª de la Constitución española, que establece el carácter exclusivo de determinadas competencias policiales, entre
ellas las extra y supracomunitarias. Tenemos, por tanto, aquí un problema grave, y tenemos otro problema en lo referente al acceso a la información que se produce en estas actividades extra y supracomunitarias: la formulación del Parlamento de
Cataluña, sencilla, breve y clara, tiene un problema también, que es la indefinición del acceso a la información, el carácter estrictamente abstracto de este acceso a la información, que creo que entra en alguna posible contradicción con las
protecciones legales de que nos hemos dotado respecto a los archivos informáticos y a lo que la Administración puede legítimamente saber y almacenar respecto a los ciudadanos.
Ello nos da, por tanto, una configuración del contenido de la ley que, como ha dicho el representante de Convergència i Unió, puede ser objeto de enmiendas parciales, pero supondría tal cúmulo de ellas que, si lleváramos a su término todas,
sería una desnaturalización completa de la proposición del Parlamento de Cataluña y desde luego no es el sistema que nos guste a nosotros realizar. Otros han hablado en ciertas ocasiones de dar la vuelta como un calcetín a proposiciones de las que
votaban a favor, nosotros creemos que es correcto votar a favor de la admisión a trámite de aquellas que creemos que en su conjunto pueden llegar a buen fin, aunque sea con mejoras técnicas.
No puedo dejar de estar de acuerdo con lo manifestado por el representante del Parlamento de Cataluña señor Pérez respecto a la conveniencia de que en las reformas reglamentarias que se están produciendo, tanto en la Cámara catalana como en
esta Cámara, demos un tratamiento quizás más racional, más sensato del que tenemos en este momento, a la pervivencia a lo largo del tiempo de determinadas proposiciones de ley. La proposición de ley que ahora vemos, de largo recorrido, de contenido
variado y complejo, tiene su origen en un momento en que se presenta en el registro de la Cámara catalana en 1999, como gráfica y claramente decía el diputado señor Pérez, el siglo pasado. La oportunidad de aquel debate y la oportunidad del actual
son completamente distintas y, señorías, no me queda más remedio que reanudar aquí un interrumpido debate en ausencia de la
señora Gispert y de quien ahora habla. Lo cierto es que desde el año 2003 hasta ahora han cambiado las mayorías y han cambiado los gobiernos en Cataluña y en España y, señora Gispert, han cambiado por voluntad popular, por voluntad de los
ciudadanos porque en 2004 la mayoría de los ciudadanos votaron a las listas del Partido Socialista. El Partido Socialista fue el partido más votado en Cataluña en 2004, por delante de la lista de la federación por la que usted se presentaba, y
había sido también el más votado en la anterior convocatoria, en 1999. En 1999 el resultado de la voluntad popular no se tradujo en un cambio de Gobierno.
En el año 2003, sí, pero por voluntad de los ciudadanos de Cataluña que votaron una
determinada opción, que no era la suya, mal que le sepa.
Además, señora Gispert, pese a lo que usted dijo el mes pasado en esta tribuna, en 2003, todos, absolutamente todos, sabíamos que, en razón de su pacto de hierro con el Partido Popular, era
estricta y absolutamente imposible tomarse en serio las alegaciones de cambio, de modificación del Estatuto de Cataluña que ustedes hacían. Se hicieron en abril de 2003, al final de la legislatura, cuando ya se había designado el candidato
siguiente de su partido, el que no obtuvo la investidura del Parlamento de Cataluña, y cuando se sabía que era absolutamente imposible en aquella legislatura, y en la siguiente también si continuaban las mismas mayorías, obtener el cambio, la
modificación del Estatuto de Cataluña. No hagamos malabarismos.
En el año 2003, cuando ya teníamos un consejero nombrado por decreto con una cierta interpretación curiosa de la legalidad estatutaria de Cataluña, que era al mismo tiempo el candidato de Convergència i Unió, de su federación, a las
elecciones, fue el momento en que se presentó por primera vez algo referente a la modificación del estatuto. La situación actual es completa y totalmente distinta. El Estatuto de Cataluña se ha discutido ya completamente en su primera vuelta.
Estamos en este momento en una comisión reducida de la que usted, señora Gispert, forma parte, discutiendo cómo se presenta la segunda vuelta y el día 11 de junio está prevista una cumbre política en el Parlamento de Cataluña para decidir sobre la
presentación ante la Comisión. Por tanto, estamos ante una realidad posible, inmediata de modificación del Estatuto de Cataluña, y estamos también, por otra parte, ante una situación por la que el Grupo Parlamentario Socialista está sentado hoy
aquí, por haber sido votado un programa electoral en el que viene la reforma completa de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; en que el presidente, Rodríguez Zapatero, lo es por haber sido votado tras un discurso de
investidura en esta Cámara, el día 15 de abril, en el que estableció el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y estamos, por lo tanto, en una situación de oportunidad política completamente distinta.
Una situación en la que una reforma parcial, pequeña, aunque compleja, de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no favorece en absoluto un nuevo estatuto coherente, bueno, adecuado para los intereses de Cataluña ni una Ley
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ha de debatirse globalmente, que sea adecuada y buena para fortalecer la libertad y a la seguridad de todos los ciudadanos de este país.
Por esto, señorías, por plena coherencia, como dije en otra ocasión respecto a la situación política de cada momento, que no se mide solo por el número de meses o de años pasados sino por la modificación de las circunstancias políticas
profundísimas que se han producido en una y otra Cámara, vamos a votar en contra de la toma en consideración, porque creemos que, al menos parte de lo que se propone en las proposiciones que ustedes han defendido, señores diputados del Parlamento de
Cataluña, debe tener su encaje en las modificaciones globales a las que me he referido.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Pedret.
Despedimos a la delegación del Parlament de Catalunya.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 36, correspondiente a la interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política de apoyo a la internacionalización, con especial incidencia sobre las pymes. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la exclusión del orden del día del punto de referencia.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE MODIFICACIÓN DEL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA 2/1986, DE 13 DE MARZO, DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD (ORGÁNICA). (VOTACIÓN.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de modificación del apartado 1 del artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 33; en contra, 271.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ Y SEÑOR RODRÍGUEZ), DE REFORMA DE LA LEY 7/1991, DE 21 DE MARZO, POR LA QUE SE CREA EL INSTITUTO CERVANTES. (Número de expediente 122/000038.)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández y señor Rodríguez), de reforma de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se crea el
Instituto Cervantes. (Rumores.)
Señorías, el Pleno continúa, por favor.
En primer lugar, procede un turno a favor del grupo parlamentario autor de la proposición de ley. Señor Rodríguez, tiene usted la palabra.
(Rumores.)
Por favor, guarden silencio, el Pleno continúa.
Adelante, señor diputado.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, vamos a defender la reforma de la Ley 7/1991, por la que se creó el Instituto Cervantes, y lo hacemos porque somos conscientes de que esta ley se elaboró en un momento simbólicamente importante, justo a las
puertas del año 1992, concebido como año del V centenario de la publicación de la Gramática de la lengua castellana, de Nebrija y también de lo que en los libros de texto de Historia de España figura como la conquista y colonización de América,
identificada esta gramática y esta conquista, sin duda alguna, con la transformación del castellano en lengua universal. Efectivamente, no es separable la expansión de una lengua a escala mundial de procesos de carácter imperialista. No en vano,
en el prólogo a la Gramática de la lengua castellana, de Nebrija, dedicado a la Reina Isabel la Católica, el prologuista decía: Cuando bien conmigo pienso, muy esclarecida Reina, y pongo delante los ojos en la antigüedad de todas las cosas que para
nuestra recordación y memoria quedaron escritas, una cosa hallo, y saco por conclusión muy cierta: que siempre la lengua fue compañera del imperio. Y de tal manera lo siguió que juntamente comenzaron, crecieron y florecieron. Y después junta fue
la caída de entrambos.
Señorías, esta filosofía, esta concepción de la lengua, aparece en la exposición de motivos de la Ley 7/1991, a través de elementos excluyentes y contradictorios. Así, se nos habla de un Estado de larga historia, con una lengua universal y
vieja cultura, identificando sin duda alguna al Estado con una sola lengua, con una historia abstracta y genérica, y con una única vieja cultura. Se nos habla de la propia identidad del Estado español, haciéndola provenir de la cultura y lengua
española, como si hubiese una sola identidad, una sola nación y una sola lengua. Y se nos dice que evidentemente -y esto es cierto- las lenguas condicionan la concepción de la realidad, como si solamente hubiese el español desde el punto de vista
de la concepción de la realidad en el Estado. Solamente de soslayo se reconoce que España posee entre sus lenguas lógicamente aquélla a la que va destinada la ley, una de las más extendidas del mundo. Y, en todo caso, solamente piensan en
comunidad hispanohablante y en la difusión del español a través de la acción exterior del Estado en el mundo. Por lo tanto, esta ley se elaboró en interés de una sola lengua y de una sola cultura. Y, lo que es más grave, señorías, para transmitir
y definir una imagen única de España.
Sin embargo, siendo cierto que la propia identidad está cincelada por la lengua de cada nación, tendremos que afirmar desde el comienzo, para defender nuestra propuesta, que la inteligencia humana va vinculada directamente a la diversidad de
lenguas; que la base estructural de todas y cada una de las culturas son lenguas específicas y que, sin duda alguna, a través de nuestra lengua vemos el mundo de una manera especial.
Por lo tanto, la extensión de una lengua no se deriva ni de sus
diferencias estructurales ni de la diferencia de inteligencia humana de la sociedad que las habla ni tampoco de concepciones de la realidad que se puedan jerarquizar, sino simplemente de la evolución histórica de cada uno de los pueblos que la
hablan. Decimos esto porque sin duda es el dominio político, económico y cultural de un pueblo sobre otros lo que crea o lo que construye una lengua de carácter imperial, cuestión que tenía claramente perfilada y analizada el señor Nebrija.
Las modificaciones que nosotros proponemos afectan a la exposición de motivos, en concreto, para que quede claro que todas las culturas y lenguas que se hablan en el Estado español son milenarias; que todas son lenguas reconocidas, desde el
punto de vista legal, o como lenguas oficiales del Estado o como lenguas cooficiales; que además no solamente el castellano tiene una extensión espacial en el mundo, que no se deriva de sus características intrínsecas, en todo caso el castellano es
la lengua matriz del español expandido universalmente y el gallego es la lengua matriz del portugués, expandido también universalmente. Y, vuelvo a repetir, no por sus características intrínsecas.
Aludimos también a que hay que modificar el párrafo cuarto, para que quede claro que es un organismo especializado para la difusión por el mundo de las lenguas peninsulares y de las culturas que están sustentadas en esas lenguas y que, por
lo tanto, el Instituto Cervantes asume el carácter plurilingüe y pluricultural del Estado español en la acción exterior del Estado español por el mundo. También modificamos los párrafos sexto y séptimo. El sexto para que quede claro que la imagen
que se va a dar del Estado español por el mundo será una imagen pluricultural y plurilingüe para todas las sociedades que nos quieran conocer y donde estemos presentes. Y, por fin, el párrafo séptimo, afirmando que este sería el momento oportuno
para esta modificación, la
eliminación de la versión asimilista, imperial y excluyente que, según dice, el nuevo Gobierno está dispuesto a compartir.
En todo caso, señorías, es curioso que ya en la anterior legislatura el Gobierno del Partido Popular, con mayoría absoluta, aludiera a las actuaciones del Instituto Cervantes cuando se le planteaba la necesidad de que reconociese y asumiese
el carácter pluricultural, la existencia del gallego, del catalán y del vasco, además del castellano. Contestaba siempre, a través de respuestas por escrito, de una forma realmente contradictoria, porque reconocía que la realidad del Estado español
es plurilingüe, pero después, con un toque paternalista o bien con una hostilidad encubierta, decía que, en todo caso, con las actuaciones que se hacían, consideraba también ese carácter pluricultural y plurilingüe.
Las citas son elocuentes y
servirán para poner de manifiesto una vez más que cuando no se quiere reconocer en la ley lo que se dice hacer en la práctica es porque no se está dispuesto a asumir en la práctica los derechos de esos idiomas y de esas culturas. En concreto, el
Partido Popular respondía, en abril de año 2001: Para el Instituto Cervantes no es una mera circunstancia sino una convicción que España posee un extraordinario patrimonio lingüístico al tener cuatro lenguas con su literatura y su historia. El
Instituto Cervantes se creó por ley para difundir la lengua española, con la voluntad y la convicción de que la suma de la lengua castellana, la lengua catalana, la lengua gallega y la lengua vasca es un patrimonio que ha llevado a España a
organizar desde hace largo tiempo clases de todas ellas, pues, como se ha indicado, se parte de una convicción, no de una coyuntura, y esa convicción es que en cultura es siempre mejor sumar que restar. Y nosotros decimos: en ley es mejor
reconocer que seguir obviando. El Instituto Cervantes, mediante su política de servicio a la pluralidad y al plurilingüismo, distingue a España en el mundo y ofrece cursos de catalán, gallego y vasco en aquellos lugares en los que hay demanda;
aunque para constituir los grupos de castellano se establece un mínimo de cinco alumnos, en los otros casos se realizan cursos incluso con dos alumnos, a fin de atender a quienes están interesados en cualquiera de las lenguas de España. Y podríamos
seguir citando sucesivamente.
Sin embargo, señorías, el Partido Popular se negaba en redondo, a pesar de estos datos, a modificar la ley y, por tanto, se trata de hechos graciosos, de hechos marginales. El deber del Estado de representarnos a todos no existe, en
especial en la acción política en el exterior, en cuanto a tener en cuenta todas las identidades, el conocimiento de todas las lenguas y culturas, y una imagen de España apropiada. Esperemos que la negativa del Partido Popular en la anterior
legislatura a aprobar las modificaciones oportunas de la ley que diesen cabida a la normalidad plurilingüe y pluricultural en la función y actividad del Instituto Cervantes, adaptándolas a las necesidades y a la realidad, no vuelva a ser exactamente
la misma y con los mismos argumentos. Señorías, nosotros proponemos unos cambios básicos para que realmente se pueda acreditar que el Estado español y su Gobierno cambiaron de órbita en el reconocimiento de este carácter plural y diverso del Estado
español. Se dice que en el año 2004 cambia la política del Estado español en materia cultural y que se da una opción por la diversidad. El propio presidente del Gobierno reconoció la importancia sustancial de las lenguas que no son el español en
el exterior, en la Asamblea de la República francesa y, según parece, ahora están empeñados en reconocer las lenguas del Estado español, por lo menos una cierta oficialidad, en la Unión Europea. Es más, en la anterior legislatura, el partido que
hoy sustenta al Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista, votó una proposición de ley exactamente igual a la que estamos defendiendo nosotros en este momento. Es decir, una proposición de ley que modifica el artículo 1 de la Ley del año 1991
para que quede claro que la entidad pública Instituto Cervantes va a estar destinada a la promoción y difusión de todas las lenguas del Estado; para que se tengan en cuenta todas estas lenguas en la enseñanza, el estudio y el uso y la difusión de
las diversas culturas en el exterior; para que se tengan en cuenta en todo caso en las pruebas de verificación de conocimiento para diplomas oficiales expedidos por el Ministerio de Educación en cada una de estas lenguas; para que los medios de
comunicación social y audiovisuales, precisamente del exterior, las utilicen; para que se forme el profesorado de todas ellas y se elabore material apropiado para su enseñanza; para que se tenga en cuenta en la investigación de todas las lenguas,
en su enseñanza y en la cooperación y asistencia a los hispanistas y a los especialistas en gallego, catalán y vasco de las universidades extranjeras; para que se le dé cabida en el patronato a las comunidades autónomas que tienen lengua propia; y
para que, en todo caso, cuando se nombre a su director, se consulte con los consejeros de Educación de las comunidades de lengua catalana, vasca y gallega.
Señorías, pensamos que es una oportunidad fundamental para demostrar que el talante del Gobierno en este aspecto es real y para demostrar que el Estado español nos representa a todos. Y ya que el instituto lleva el nombre de Cervantes,
quiero aludir de forma especial a la mentalidad de Cervantes en la cuestión del plurilingüísmo. Cervantes era un hombre que tenía una idea clara del perspectivismo lingüístico, no solamente en cuanto al uso de variedades lingüísticas de un solo
idioma, sino en cuanto a la diversidad de lenguas vinculada a la diversidad de naciones y de culturas. No en vano, señorías -es curioso y no se explica muy bien-, algún personaje castellanohablante, manchego, puede emplear frases gallegas. Es
curioso ver en el Quijote, a un personaje de La Mancha diciendo: Tarde piaches; o ver como Cervantes alude a que los salteadores, los ladrones catalanes, hablaban en catalán. Es más, tenía también muy claro, en contra de la opinión de Nebrija,
que era un derecho inalienable y natural que las lenguas
expresasen culturas diversas, en particular la poesía escrita en cada nación.
Por eso acabo, señorías, con esta segunda parte del Quijote, el capítulo XVI, el episodio del Caballero del verde gabán, donde don Quijote, después de escuchar el hijo que tiene, los estudios que realizó y que es un muchacho que no quiere
utilizar en la escritura nada más que las lenguas clásicas, contesta al caballero del verde gabán: Y a lo que decís, señor, que vuestro hijo no estima mucho la poesía romance, doyme a entender -en lengua castellana- que no anda muy acertado en
ello, y la razón es esta: el grande Homero no escribió en latín, porque era griego, ni Virgilio no escribió en griego, porque era latino. En resolución, todos los poetas antiguos escribieron en la lengua que mamaron en la leche y no fueron a
buscar las extranjeras para declamar la alteza de sus conceptos. Y, siendo esto así, razón sería se extendiese esta costumbre por todas las naciones y que no se desestimase el poeta alemán porque escribe en su lengua, ni el castellano ni aun el
vizcaíno, que escribe en la suya. Lo tenía clarísimo, ni el vizcaíno siquiera. Por tanto, señorías, espero que el actual Gobierno y todos los grupos parlamentarios estén a la altura nada menos que de la mentalidad cervantina -no de la mentalidad
de Nebrija, sino de la cervantina- y que lo que no está en la ley se ponga en ella, para que quede en evidencia que esto de los centenarios vale para algo, que son positivos y para que quede en evidencia que el Estado español nos acoge y nos ampara
a todos. Las diferencias en el mercado son evidentes y no va a haber peligro, los cursos en español van a tener muchos más alumnos en el extranjero que los de gallego, los de catalán y los de vasco, pero todos los extranjeros, más los emigrantes y
toda la gente que quiera conocer la cultura española en su diversidad tendrán una institución del Estado que ofrecerá esa posibilidad a todo el mundo. Imagen de un Estado español diferente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo de Izquierda Verde, tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, adelanto que mi grupo parlamentario va a votar sin duda alguna a favor de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y defendida por el diputado don Francisco Rodríguez, al cual quiero felicitar, porque no es
frecuente lograr que estemos, como al menos yo he estado, tan atentos e interesados por una intervención parlamentaria.
Vamos a votar favorablemente la propuesta porque sin duda es oportuna, de interés para un mejor y mayor desarrollo de un Estado
plurinacional y plurilingüe. En estos acuerdos y reformas es donde verdaderamente podemos demostrarnos que avanzamos por un camino que va más allá de los discursos y los símbolos. Los símbolos son importantes, pero realmente a veces parece que nos
quedamos estancados en sus guerras y no aprovechamos los pequeños pero grandes cambios, como puede ser esta proposición; cambios que sin duda pueden hacer avanzar más que la lucha por todos los símbolos existentes. A través de estas acciones, que
se concretan en cuestiones cotidianas y en programas existentes, se pone de manifiesto la existencia de un verdadero interés por enriquecernos con la pluralidad y la variedad de las lenguas oficiales de todo el Estado. Dicho esto, también anuncio
que nuestro grupo parlamentario, de tener la suerte de que se apruebe esta toma en consideración (digo la suerte, porque para nuestro grupo lo sería, aunque me temo y lamento que no va a ser así), presentará durante la tramitación de la ley (digo
presentará porque quiero pensar que aún es posible) una serie de enmiendas de adición o de mejora técnica que nos parecen necesarias y de utilidad para el buen desarrollo de esta proposición de ley, pero sobre todo para que su implantación sea
eficaz en las diferentes comunidades autónomas. Al final mencionaré algunas de estas propuestas que realizaríamos, pero antes quisiera hacer algunos comentarios y reflexiones sobre el contenido de la exposición de motivos de la proposición de ley.
En primer lugar, quiero decir que está suficientemente explicado que nuestra Constitución ya prevé en su artículo 3 que en el Estado tendrá que haber un régimen de oficialidad del castellano, así como que serán oficiales las otras lenguas
españolas de las diferentes comunidades autónomas. En este punto queremos resaltar que la Constitución también obliga al Estado a proteger las diferentes lenguas existentes por considerarlas una riqueza integradora del patrimonio cultural.
Señorías, durante muchos años no se han destinado suficientes recursos ni ha habido suficiente voluntad política para desarrollar este artículo 3 de la Constitución. El Instituto Cervantes es una muestra de ello, ya que financiado con fondos
públicos ha tenido un solo objetivo, que ha sido la proyección exterior de la lengua castellana dando la espalda no solo al artículo 3 de la Constitución, sino también a la realidad de nuestro Estado a lo largo de los últimos 25 años; un Estado y
una Constitución que tienen tres lenguas oficiales más, como son la gallega, la vasca y la catalana, que forman parte del Estado español, y hace falta recordar que cuando se promulgó la Ley 7/1991, de 21 de marzo, que se pretende modificar y por la
cual se creó el Instituto Cervantes, se hizo (así figura en esta ley) para la promoción y difusión de la lengua y de la cultura españolas en el mundo; por tanto, también se deberían haber difundido las demás lenguas oficiales.
Como muy bien relata, repito, la exposición de motivos y la intervención del diputado del Grupo Mixto, el Instituto Cervantes también nació con una gran vinculación a la coyuntura de la celebración de los actos de 1992, es decir de la
Exposición Universal de Sevilla, por tanto también de lo que se ha llamado el V centenario de la llegada a América de los españoles. El Instituto
Cervantes tiene un gran campo de actuación dentro y fuera del Estado, y para ello cuenta con los correspondientes recursos para su desarrollo; recursos, señorías, que en el marco constitucional existente desde hace muchos años en nuestro
país deberían haberse destinado también al fomento del respeto y potenciación de la pluralidad y diversidad cultural y lingüística existente en el Estado español. Señorías, proposiciones como la que ahora estamos debatiendo son necesarias para ir
avanzando, todos y todas, con gestos que sumen y que enriquezcan, con gestos que vayan más allá de la promesa electoral o del discurso políticamente correcto. La lengua castellana no puede continuar siendo la única que merece la protección del
Estado. Desde mi grupo parlamentario pedimos (lo hemos dicho en muchas ocasiones) que el Estado defienda todas las lenguas oficiales, que las haga suyas, que las cuide, que las potencie para que en lugar de ser vividas como una dificultad, como
sucede en muchas ocasiones, en demasiadas por desgracia, sean verdaderamente una oportunidad, la de enriquecernos y de sentirnos, unos y otros, orgullosos de la diversidad de lenguas de nuestro Estado.
Señorías, queremos dejar constancia en esta toma en consideración de que de prosperar esta iniciativa nos pondríamos también de acuerdo (a ello irían dirigidas nuestras enmiendas en el trámite parlamentario) en cómo se puede ejercer esta
obligación del Estado de tratar a todas las lenguas oficiales por igual y, a la vez, que esto se realice teniendo en cuenta las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de cultura; y seguro que también nos pondríamos de
acuerdo en quiénes han de ejercer de interlocutores entre el Ministerio de Cultura y las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque, como sucede en el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, contamos con el Instituto Ramón Llull, el cual depende
de la Consellería de Cultura y tiene entre otros el encargo de la difusión exterior de la lengua catalana, tanto dentro del Estado español como fuera. Por tanto, señorías, es preciso que allí donde haya organismos autónomos con competencia en la
promoción de las diversas lenguas oficiales sean reconocidos como tales y sean los interlocutores con el Instituto Cervantes. En honor a la verdad, nos consta que muy recientemente la coordinación entre el Instituto Cervantes y el Instituto Ramón
Llull se ha acentuado, por tanto parece que en este sentido han cambiado sustancialmente las relaciones. No obstante, lo que se está planteando aquí va mucho más allá de una coordinación y de unas buenas relaciones entre, en este caso, el Instituto
Ramón Llull y el Instituto Cervantes, puesto que estamos hablando de asumir desde el Estado, precisamente porque las cuatro lenguas oficiales forman parte de la riqueza cultural y lingüística del país, la potenciación de las mismas por igual.
Creemos que si hoy no se tomara en consideración esta proposición posiblemente (así quisiera acabar) Cervantes no lo entendería. No sería Cervantes quien estaría aquí poniendo obstáculos a que se aprobara una proposición como la que hoy
estamos debatiendo; es más, Cervantes se sentiría francamente defraudado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
Grupo Nacionalista Vasco. Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Mi intervención va a ser básicamente suscribir por completo la realizada por el representante del Bloque Nacionalista Galego. Ha sido una magnífica intervención por parte del señor Rodríguez defendiendo una propuesta afortunada y que pone
el dedo en la llaga entre la voluntad aparente de la Administración y la realidad del día a día. A nosotros nos parece (lo hemos defendido así en todas nuestras intervenciones) que si en el Estado existen varios idiomas esto debería ser para el
propio Estado motivo de riqueza y de orgullo culturales, y que todos deberían ser considerados como parte del patrimonio, directamente también por la Administración del Estado. Esto, trasladado por ejemplo al Instituto Cervantes y a la proyección
que pueda tener en diferentes lugares del mundo, lo que haría es emitir una imagen plural del Estado español, lingüística y con un contenido que incluso va más allá, porque lo que se trasmite a través del Instituto Cervantes hasta la fecha es una
imagen monolítica, diría una imagen monolítica castellana, del concepto de Estado, puesto que el Instituto Cervantes está centrado en la enseñanza del castellano. Hay un interés cierto entre la gente (evidentemente la difusión del castellano es
muchísimo más amplia que la del resto de los idiomas que se hablan en el Estado) en otro tipo de idiomas, como el gallego o el catalán, con una literatura importante, o el euskera, que tiene como seña de identidad ser el más antiguo de Europa; ese
interés se ha demostrado incluso en la existencia de varias cátedras en diversas universidades europeas y americanas.
Ciertamente el Instituto Cervantes no es muy atractivo para muchas personas que quieran estudiar idiomas diferentes del castellano, en el caso de que en alguna ocasión se ofrezcan misérrimamente algunos cursos, porque lo que significa y
representa repele a muchos estudiantes, potenciales clientes en América Latina. Lo que nos parece terrible, y hay que señalarlo, sobre todo sabiendo (así se nos ha manifestado) que el Grupo Socialista va a votar en contra de esta proposición de
ley, es que en esta Cámara se haya hablado mucho de plurilingüismo, tanto por el presidente del Gobierno como por la ministra de Cultura o la de Educación en diferentes comisiones, también en el ámbito del Instituto Cervantes o a la hora de plantear
una posible reforma o promoción de otros idiomas dentro de él, pero después de más de un año lo que estamos viviendo es lo que dice la canción: parole, parole y nada más. Hay mucha burbuja, mucha carcasa aparente, pero nada que vaya más allá no
solo de un Estado plurinacional sino, aparcando eso, de un
Estado plurilingüístico. Tampoco esto es de extrañar, porque si uno mira cuál es la decoración del hemiciclo nos encontramos por una parte con la presentación de Fernando IV ante las Cortes de Castilla, por otra parte a las Cortes
uniformizadoras de Cádiz y por último, presidiendo, a Isabel y Fernando, siendo Isabel la receptora de la carta de Nebrija. Isabel y Fernando no están mal como mito español en cuanto a la unificación patria, pero no dejan de ser un mito. Al final,
lo que ocurre es que les puede su concepto de Estado por encima de las palabras o de lo que dicen estar dispuestos a hacer desde la Administración. La verdad es que me produce tristeza porque no son capaces de distinguir el ámbito cultural y el
lingüístico del ámbito político. Tampoco vale que nos digan que ya lo hacen, que ya se están haciendo, que hay algunos cursos, porque uno solo tiene que mirar a lo más reciente, el último número de la Revista del Instituto Cervantes o su página
web, para encontrar algún escasísimo rastro (yo no lo he encontrado) de algo que no se refiera a la enseñanza de la lengua castellana. Esto no hace sino confirmar la práctica totalmente contradictoria con el discurso del Gobierno, y está bien que
nos lo confirme con este hecho y con otros más, porque si siguen así habrá que pensar que no tenemos sitio en su concepto de Estado y que lo mejor para nosotros es irnos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor, Esteban.
Por el Grupo de Esquerra Republicana, el señor Canet tiene la palabra.
Señor Canet, para que quede claro le agradezco mucho el aviso que me acaba de dar. Solamente le pido, por favor, que cumpla el Reglamento y las normas, nada más que eso; es lo único que le pido con toda tranquilidad.
Esto es un hemiciclo,
una institución. Esas normas se pueden cambiar, pero se hace a través de una reforma del Reglamento, no a golpes de efecto ni de golpes mediáticos en la tribuna; es tan simple como eso.
Discúlpeme, esto es el hemiciclo del Congreso de los
Diputados, no cualquier institución; respétenla, porque mi obligación también es respetarla. Cuando consigan cambiar el Reglamento hablarán en catalán, gallego o euskera y yo estaré encantado de darles la palabra, pero mientras tanto tengo que
aplicar la ley y la norma que está en vigor. No puedo darle más explicaciones.
Adelante, por favor.
El señor CANET COMA: Oportunas explicaciones dado el tema que nos ocupa.
Evidentemente, mi grupo va a votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley que ha presentado el Bloque Nacionalista Galego.
Además aprovechamos
para felicitar al señor Rodríguez por su excelente intervención; para quien haya querido oír, entender y asumir ha sido absolutamente perfecta. Resulta relativamente extraño que 15 años después de la aprobación de la Ley 7/1991 para la creación
del Instituto Cervantes tengamos que estar ahora pretendiendo una modificación, teniendo en cuenta además que en la propia ley se habla de la financiación de sus actividades con fondos públicos. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa
la Presidencia.) Aceptamos pues, y no la vamos a repetir, la exposición de motivos que ha hecho tanto el grupo proponente como algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Es evidente que necesitamos adaptar de una vez por todas
no solamente con palabras las leyes a la realidad plurilingüe y pluricultural del Estado. Ello exige naturalmente modificar la estructura, los fines y el contenido del Instituto Cervantes; además significa hacerlo al amparo de un artículo, el
número 3 de la Constitución, que obliga a fomentar la diversidad de lenguas, el respeto y la protección a estas lenguas distintas del castellano, lo que, como también se ha recordado, ocurre pocas veces. También exige modificar la composición de la
presidencia ejecutiva y del consejo de administración del Instituto Cervantes, pero por lo que se ha oído parece que su toma en consideración no será posible, cambiando anteriores planteamientos del Partido Socialista. En el Bloque Nacionalista
Galego también valoramos especialmente la sensibilidad que tienen en su apuesta legislativa porque se habla explícitamente de la unidad de la lengua catalana, tal como acepta la comunidad científica nacional e internacional y como, en cambio,
determinados textos legales no contemplan.
De todas formas, esta introducción crítica no ha de esconder la valoración necesariamente positiva que merece la última etapa iniciada por el Instituto Cervantes a raíz del nombramiento como director de César Antonio Molina. No sé si sus
convicciones se deben a su procedencia geográfica, pero en cualquier caso hay que felicitarle por el nuevo rumbo que ha emprendido el Instituto Cervantes. Precisamente el señor Molina en el discurso pronunciado el día 1 de junio en su toma de
posesión en Alcalá de Henares manifestó literalmente: España es un país lingüísticamente plural y el instituto se esforzará en la etapa que hoy comienza en dar a conocer esta riqueza lingüística y sus respectivas creaciones culturales. Desde ahora
mismo estoy abierto a respaldar cuantas iniciativas propongan academias de la lengua, universidades, instituciones, organismos y sectores del mundo de la cultura. Hay que admitir, como decía, que se ha puesto a trabajar y uno de los ejemplos que
mejor conocemos desde Cataluña y desde el ámbito lingüístico catalán es la colaboración con el Instituto Ramon Llull. Muchos son los ejemplos; simplemente me gustaría destacar dos: uno, el sostenimiento económico de las clases de catalán donde
sea posible, a partir, eso sí, de un mínimo de ocho alumnos pero no negándose a que con menos alumnos y con financiación del propio Instituto Ramón Llull se puedan seguir impartiendo. Este es un buen ejemplo. También ha establecido otros convenios
de colaboración. Lo que más destaca es la intención que está demostrando en esta nueva etapa. Además el actual director del Instituto Cervantes nunca se ha escondido en su planteamiento
respecto de la unidad de la lengua. Siempre ha entendido que son tres las lenguas distintas del castellano que hay que proteger en el Estado español. Pese a la situación conflictiva que hemos puesto de relieve más de un portavoz en
nuestras intervenciones, hay que valorar los esfuerzos del Gobierno español en el ámbito europeo. También, después de vacilaciones iniciales, en el campo de la unidad de la lengua catalana se han hecho esfuerzos que hay que valorar. De todas
formas seguimos en el camino pero con el recorrido seguramente interrumpido. Queda pendiente la asignatura de esta Cámara de visualizar esa protección y respeto de las lenguas distintas del castellano. Seguramente se avanzaría mucho si pudiera
visualizarse ese respeto desde este hemiciclo; por tanto la asunción de las lenguas distintas del castellano sería otra, repito, con estos gestos que fueran un poco más allá de las palabras.
Para finalizar, repito que votaremos a favor de la toma en consideración.
Lamento que, tal como parece, no vaya a ser posible su toma en consideración, porque nos gustaría presentar una enmienda posterior para armonizar esas nuevas
tendencias que se inauguran con el mandato último del Instituto Cervantes con las competencias que tienen, sobre todo en cultura, las comunidades autónomas. También quiero resaltar la contradicción que representa para el grupo que actualmente apoya
al Gobierno su anterior posicionamiento, que parece ser que va a ser distinto al de hoy. Esperemos que sea una falsa alarma y que el voto sea favorable a la proposición del Grupo del Bloque Nacionalista Galego.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señor Canet.
Continuamos con la intervención del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene para ello la palabra el señor Vilajoana.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y, en primer lugar, quisiera felicitar la iniciativa del colega diputado Francisco Rodríguez que en nombre del Bloque Nacionalista Galego presenta esta
proposición de ley que, por lo que he escuchado a otros diputados mejor informados que yo probablemente, no va a ser apoyada. Compartimos las intervenciones que se han hecho tanto por Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
como por el Grupo Nacionalista Vasco y por Esquerra Republicana porque (se ha dicho pero me gustaría recalcarlo más) estamos ante el hecho de que de una forma sistemática el Gobierno del Estado está incumpliendo el artículo 3.3 de la Constitución
española que dice lo siguiente: La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
Este diputado, señorías, considera que respetar y proteger no es conservar y
poner las lenguas en un museo, ni sencillamente de hacer un monumento, sino que una gran forma de respetar y promover una cultura, una lengua y un patrimonio, que se dice que es de todos, es fomentar su uso, su difusión, su proyección al exterior, y
esto es lo que creo que de alguna forma el Instituto Cervantes, cuya ley claramente habla siempre de la lengua española, de la cultura española, ha incumplido. Por tanto, me parece muy positivo el planteamiento de reforma que se debería haber
solicitado mucho antes.
En la anterior legislatura desde el Parlamento de Cataluña y desde el Gobern de la Generalitat se hizo ya un intento que se sumó a otros anteriores de que esta situación del Cervantes cambiara. En este caso se consiguió una cosa que se
valoró desde Cataluña como un hecho histórico.
Conseguimos que dos gobiernos, el Gobierno catalán y el Gobierno de las Islas Baleares llegaran a un acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores del Partido Popular en aquel momento, señor Piqué, de
constituir un organismo paralelo al Instituto Cervantes; repito, en la anterior legislatura, con un acuerdo unánime del Parlamento de Cataluña y del Parlamento de las Islas Baleares (Gobierno presidido en aquel momento por el actual diputado señor
Antich), se consiguió constituir el Institut Ramón Llull, que además fue aprobado por unanimidad por el Senado. El objetivo que tenía el Ramón Llull era precisamente complementar al Instituto Cervantes. En el Institut Ramón Llull estaban
representantes de los dos gobiernos, el catalán y el de las Islas Baleares, y había una representación del Instituto Cervantes. Se aprobó, se generaron los estatutos (repito, fue aprobado por unanimidad por el Parlamento de las Islas Baleares, por
el Parlamento de Cataluña y por el Senado en las Cortes Generales) y se puso en marcha el Instituto Ramón Llull, que tenía como función lo que el compañero señor Rodríguez le pide al Instituto Cervantes: potenciar las lenguas diferentes que tiene
el Estado español y sus culturas. ¿Qué pasó con aquel instituto? Aparte de otros aspectos que después han complicado las cosas, el Instituto Cervantes no pudo cumplir su compromiso de aportar económicamente lo mismo que los gobiernos de Cataluña y
de las Islas Baleares porque la ley se lo impedía; es decir, el Instituto Cervantes no podía trasladar dinero al organismo que habíamos creado conjuntamente, porque la ley se lo impedía. Allá se vio claramente que debía modificarse. Un instituto
que en el año 2005 tiene un presupuesto de 61,8 millones de euros y al que en aquel momento (estoy hablando del año 2002) se le solicitaba que aportara (entonces en pesetas) del orden de 600 millones, a pesar de que había un acuerdo del ministro de
Asuntos Exteriores, responsable del departamento donde estaba incorporado el Instituto Cervantes, no pudo hacerlo por ley porque no puede hacer donaciones. Tuvimos que llegar a un acuerdo rocambolesco en el que el Instituto Cervantes colaboraba con
servicios. Ya se demostró en aquel momento que la ley actual del Instituto Cervantes no era un instrumento para cumplir el mandato constitucional
de respetar y proteger las diferentes lenguas que son patrimonio cultural de España como son el gallego, el vasco y el catalán. Está claro que el Instituto Cervantes (aquí abro un paréntesis diciendo que muchos directores del Instituto
Cervantes, bajo la solicitud de iniciativas que vienen de distintos gobiernos, por ejemplo del catalán, intentan hacer lo máximo que pueden) no está planteado para ejercer la función de potenciar y de proteger las lenguas del conjunto del Estado.
Aquí entro en otro elemento, que con muy buen criterio se apunta, ligado a las universidades.
Un gran lugar para proteger y potenciar las lenguas del Estado español es el conjunto de las universidades. No tengo datos sobre el gallego ni sobre el vasco, pero sí sobre el catalán. En el mundo es posible estudiar catalán, es decir la
filología catalana se da en más de 90 universidades de los cinco continentes; todo esto se hace por el esfuerzo de las universidades de estos países, y cuando hablo de países me estoy refiriendo a que es posible estudiar filología catalana dentro
de la cátedra de Románicas o en algunos casos de Hispánicas. Hay profesores nativos, muchas veces con el soporte de lectorados, que se envían en este caso desde el Gobierno autonómico, pero con soporte económico de los gobiernos autonómicos, porque
el Instituto Cervantes por ley no puede ayudar. Todo esto, repito, obliga a los gobiernos autonómicos a financiar las ayudas a estos lectores, a estas cátedras que, repito, están enseñando filología catalana en 90 universidades, es decir: lengua,
cultura, teatro, literatura, arte, que es una forma clara de potenciar las culturas que tenemos en el Estado español. Este es un coste que va directo a los gobiernos autonómicos que han de hacer este esfuerzo, muy importante, para conseguir que la
lengua catalana (estoy seguro que la lengua vasca y la lengua gallega están en las mismas condiciones) tenga una presencia universitaria que le dé prestigio, que le dé respeto y protección, porque en ninguna otra parte se respeta tanto una lengua
como en una universidad. Repito, este esfuerzo que se hace desde los gobiernos autonómicos es el único mecanismo para que sea posible. Además son lectorados, son cátedras que tienen un número importante de alumnos ciudadanos de Estados Unidos (13
universidades), de Alemania (14 universidades), de Francia (13 universidades), de Gran Bretaña, de Italia. Estoy hablando de estas dimensiones, pero también en Australia.
Repito, es posible estudiar filología catalana (estoy seguro que gallega y
vasca) en más de 90 universidades del mundo. En todo esto el Cervantes no interviene y, por tanto, una parte de estos 61,8 millones de euros, que quizá no es suficiente (he estado mirando la evolución y la inversión en el Cervantes y está creciendo
poco), tendría que dedicarse a potenciar esas otras lenguas y culturas que sin duda forman parte -y lo dice la Constitución- de este patrimonio cultural que España, repito, por obligación constitucional ha de respetar y proteger.
Por todo esto, nosotros como grupo votaremos a favor de esta proposición de ley y lamentaremos mucho que no salga adelante. Hemos de buscar iniciativas para resolver una asignatura pendiente. Este Gobierno y -estoy seguro- el Grupo
Parlamentario Socialista han de buscar la forma de conseguir que esta riqueza y estos institutos Cervantes, que hacen un gran trabajo para la lengua española, lo cual nos parece maravilloso, hagan un esfuerzo similar para potenciar las demás
lenguas. Si esto evolucionara, introduciríamos enmiendas con el fin de respetar estas instituciones que algún gobierno autonómico, concretamente el balear y el catalán, han creado para potenciar su lengua y su cultura.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vilajoana.
Continuamos con el turno del Grupo Popular y, en su nombre, tiene la palabra la señora Sainz García.
El señor SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Popular y me gustaría señalar, antes de nada, que desde el primer momento nuestro grupo consideró que era necesario que existiese un organismo como el instituto Cervantes encargado de promover el
conocimiento y la cultura del español, como se decía. También es de destacar que cuando se creó por ley, en 1991, el instituto Cervantes, el Grupo Popular presentó una enmienda en la que se proponía que pudiese promover y organizar cursos para la
enseñanza de otras lenguas españolas -según decía textualmente la enmienda- cuando existan las circunstancias que así lo permitan. ¿Qué sucedió? Que el Grupo Socialista no la aceptó. ¿Qué hizo el Gobierno del Partido Popular? Actuar con gran
respeto y atención hacia la plural realidad lingüística y cultural de España, de tal modo que el instituto Cervantes ofrecía -y sigue haciéndolo- cursos en dichas lenguas, impartiendo clases con la inscripción de solo dos alumnos. También tomó la
iniciativa, cómo no, el Gobierno del Partido Popular de contactar con la Real Academia Gallega, con el Instituto de Estudios Catalanes, con la Real Academia de la Lengua Vasca, etcétera, para colaborar de una manera estrecha y abierta en la mejor
difusión de las distintas lenguas de España. Asimismo, se promovieron en todos los centros Cervantes una variada gama de actividades culturales en colaboración con las comunidades autónomas y se promocionaba por igual a todos los creadores
españoles. Así, en el año 2001 en esta misma tribuna yo recordaba a SS.SS. las palabras del escritor, editor y académico catalán Pere Gimferrer, que señalaba que el instituto Cervantes debe atender las diversas lenguas españolas y lo hace gracias
al buen sentido de sus gestores. Por cierto, escritor que también recordó que la mención exclusiva a la lengua española en la ley se hizo en contra del criterio del Grupo Popular, que había presentado una enmienda, como acabo de recordar a sus
señorías. Por tanto, el Gobierno del Partido Popular atendió la demanda y por la vía de hecho
se realizaban cursos de las otras lenguas cooficiales en sus territorios.
Se realizaron muchísimas actividades culturales desde el primer momento porque, señorías, el Grupo Popular concibió los centros Cervantes como espacios plurales,
abiertos, como puntos de difusión y encuentro, de intercambio de nuestras lenguas y culturas con las restantes lenguas y culturas del mundo, y el Gobierno del Partido Popular atendió claramente la realidad plurilingüe.
Han pasado 14 años, y 14 años después de haberse creado el instituto Cervantes parece razonable proceder a realizar algunas reformas. El instituto ha crecido, ha ampliado sus actuaciones y sus objetivos por la vía de hecho, y surgen por
tanto otras necesidades. ¿Cuáles son aquellas reformas que nuestro grupo considera fundamentales? En primer lugar destacaría la conveniencia de regular el centro virtual que se creó en la época del Gobierno del Partido Popular, de éxito inmenso y
que requiere una reglamentación adecuada. En segundo lugar es preciso articular mejor lo relativo a la formación de profesores. Colaborar en la tarea de formar profesores de español como lengua extranjera es un elemento fundamental en la expansión
del castellano y, si me permiten, lo diré con un ejemplo muy claro. En Brasil, señorías, se estima que se necesitan unos 200.000 profesores -y digo bien, 200.000 profesores- como consecuencia de la implantación del castellano como segunda lengua
obligatoria en la enseñanza secundaria. Parece razonable que el instituto Cervantes pueda acreditar la preparación y formación de los docentes. Que se necesitan profesores y que su formación es clave resulta evidente a la luz de los datos que les
doy. No me negarán que este es un pilar que es preciso articular mejor de lo que actualmente está en la ley. Es una satisfacción decirles que esta mañana se ha aprobado en la Comisión del Tribunal de Cuentas, por unanimidad de todos los grupos,
atender precisamente a estas tres propuestas formuladas por el Grupo Popular de reforma del instituto Cervantes. En tercer lugar, otra modificación que nos parece importante es la relativa a la extensión de captación de fondos, de recursos, de las
empresas privadas y de las instituciones sociales, todo lo relativo al patrocinio y mecenazgo, por lo que pensamos que es bueno proceder a crear una fundación que canalice estas acciones y que debería tener encaje en la ley, extremo este que también
se aprobó por unanimidad esta mañana en la Comisión del Tribunal de Cuentas. En cuarto lugar, consideramos interesante que se realicen acuerdos con distintas instituciones académicas en la tarea de difusión y expansión de nuestra lengua y cultura,
cuestión que debe tener también una articulación y ser recogida en la ley. Por último, pero no en orden de interés porque lo consideramos prioritario, es necesario abrir el instituto Cervantes a Hispanoamérica ya que hoy, por estar vinculado solo a
la enseñanza de la lengua española, no hay presencia del instituto en los países de habla hispana.
El esfuerzo debe abarcar tanto a la lengua como a la cultura. No debemos olvidar un dato que les voy a dar, señoras y señores diputados, y es que el
instituto Goethe ya organiza cursos de español a lo largo de todo Hispanoamérica, como reconoció en la Cámara el director del Cervantes en el pasado mes de febrero. Me van a permitir que esto, cuando menos, lo califique de chocante. Ello no solo
es de interés para nuestro país porque también lo solicitan instituciones de Hispanoamérica. Mejorar el español, profundizar en su unidad y en nuestra cultura contribuirá a enriquecer nuestra lengua y a consolidarse como lo que es, la segunda
lengua de comunicación internacional, algo que debemos cuidar. En relación con esta cuestión me van a permitir que les diga que para mi lengua, el gallego, es prioritario. ¿Por qué? Porque estoy segura de que la demanda de la enseñanza de la
lengua gallega será superior en Argentina de lo que es en este momento en Estados Unidos, por ejemplo.
Transcurridos 14 años es preciso articular en la ley el tratamiento de las demás lenguas oficiales, de todas, señorías. No se debe ofender a la
Comunidad Valenciana al no respetar su estatuto ni el ordenamiento jurídico constitucional vigente, pues con ello lo que se hace es vulnerar de forma caprichosa, de forma injusta, pero sobre todo de forma ilegal, la proposición de ley presentada por
el Bloque Nacionalista Galego. Por tanto, nos parece positivo proceder a revisar la ley por la que se creó el instituto Cervantes para establecer como uno de los objetivos dar a conocer, enseñar y promocionar las otras lenguas oficiales, de todas,
como parte de nuestro patrimonio lingüístico y cultural.
De mi intervención se desprende que el texto presentado por el Bloque Nacionalista Galego nos parece corto y excluyente. Por ello nuestro grupo se manifiesta favorable a reformar el instituto Cervantes; es más, considera que es urgente
hacerlo, que deben incorporarse las cuestiones que hemos ido indicando, por lo que anuncio desde esta tribuna que nuestro grupo va a presentar una proposición no de ley para que el Gobierno modifique la ley en las líneas expresadas. Esperamos que
lo haga, y esperamos que lo haga, señores que apoyan al Gobierno, con consenso, no de manera parcial, e incorporando todas aquellas cuestiones que puedan ser de interés. De ahí, señora presidenta, que nuestro grupo vaya a abstenerse, porque
compartiendo la necesidad de abordar la reforma del Cervantes pensamos que ésta debe ser más ambiciosa ya que sus fines han cambiado o, si prefieren, sus necesidades claramente se han ampliado, como se desprende de mis palabras, al mismo tiempo que
reiteramos que debe ser respetuosa con todas las lenguas oficiales de España, proyecto este que debe ser compartido porque patrimonio cultural de todos es nuestra lengua común, el castellano, pero también el gallego, el catalán, el euskera y el
valenciano, pluralismo lingüístico que es una riqueza compartida y que debe servir para defender un armónico modelo de convivencia lingüística que el Grupo Popular siempre ha defendido.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Sainz.
Finalizamos con la intervención de don Domingo Tabuyo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el debate de esta proposición de ley.
El señor TABUYO ROMERO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Socialista para fijar la posición de nuestro grupo en esta proposición de ley referida a la reforma de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se crea el instituto Cervantes.
Como es conocido, el
instituto Cervantes nace con la vocación de ser un elemento de promoción, potenciación y difusión de la cultura española en el mundo, y tras todo ese esfuerzo y dedicación de muchos años hoy es un instrumento indispensable no solo para proyectar la
lengua castellana sino que recoge en su planificación y sus actuaciones la pluralidad lingüística del Estado. Dentro de la línea de defensa de la pluralidad cultural que apoyamos y compartimos, la ministra de Educación en su comparecencia del 24 de
mayo de 2004 se comprometía, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a reforzar el liderazgo del instituto Cervantes para hacer presente en el mundo la cultura española en toda su diversidad.
Se plantean en esta proposición de ley modificaciones que van desde la definición del instituto Cervantes, exposición de motivos, fines y acciones a realizar, hasta el nombramiento del director, composición del patronato y consejo de
administración, todo elllo con el propósito de introducir en la misma la atención al desarrollo de los principios de pluralidad, diversidad cultural y cooficialidad de las lenguas existentes en España y para asegurar la presencia exterior, a través
del instituto Cervantes, de las comunidades con lengua y cultura diferenciadas. Pues bien, esta filosofía de fondo la compartimos y viene siendo la tónica habitual en todas las actuaciones desde que hace un año el Partido Socialista accedió al
Gobierno de España. En la presente legislatura el compromiso del Gobierno socialista con la realidad plural de España se ha visto en la aprobación y apoyo a numerosas iniciativas que han marcado una evolución positiva en la defensa de la realidad
multicultural y se ha convertido en una de las líneas de actuación preferente de la acción política del actual Gobierno. Algo ha cambiado con la llegada de César Antonio Molina a la dirección del instituto Cervantes, quien en su comparecencia en
febrero de 2005 ante la Comisión de Educación y Ciencia del Senado y la posterior del Congreso manifiesta: He hablado de lenguas en plural porque a partir de este curso el instituto continuará con su denodado empeño de promover nuestra lengua
común, pero se esforzará en dar a conocer y enseñar todas las lenguas oficiales de nuestro Estado; ellas constituyen la parte esencial de nuestro patrimonio cultural y tenemos el deber no solo de protegerlas sino también de fomentar su uso y dar a
conocer esta riqueza fuera de nuestras fronteras; para lograrlo estamos abiertos a respaldar cuantas iniciativas propongan academias de la lengua, instituciones, organismos y sectores del mundo de la cultura; se han firmado ya convenios de
colaboración entre los institutos Ramon Llull y de Estudios Baleares, así como con la Real Academia Galega, y en las próximas fechas se hará lo propio con las encargadas de velar por el euskera, con las que ya estamos manteniendo conversaciones.
Asimismo, el presidente del Gobierno, en respuesta a una pregunta en Pleno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, manifestó que España es grande no solo por el castellano, sino que es más grande aún por las demás lenguas que hay en nuestro
Estado, y durante este año de Gobierno se ha desplegado una importante actividad en defensa de nuestra riqueza y pluralidad lingüística no solo ante la Unión Europea sino ante tareas tan importantes como las que desarrolla el instituto Cervantes.
Por tanto, la situación de partida es la de la vigente Ley 7/1991, que fue aprobada por el Gobierno en 1990 y debatida en Congreso y Senado dentro de un clima de consenso y en la que fueron incorporadas gran parte de las enmiendas planteadas, y su
aprobación definitiva el 21 de marzo de 1991 con el voto prácticamente unánime en ambas Cámaras. En consecuencia, estamos ante una ley que ha dotado al instituto Cervantes de un régimen jurídico que le ha permitido adoptar formas y técnicas de
gestión eficientes y flexibles indispensables para un organismo que tiene que adaptarse a actuar en países muy diversos y en situaciones muy cambiantes y heterogéneas.
Señorías, la palabra idioma proviene de la raíz griega que significa lo propio. No hay nada más importante y constitutivo de identidad que la propia lengua, que siendo un componente más del sistema cultural de cada pueblo ocupa, sin
embargo, un papel privilegiado por su capacidad de simbolizar, interpretar, construir y comunicar no solo las demás expresiones culturales sino el entramado de la dinámica social. Toda cultura es una intercultura y toda lengua es un elemento vivo y
un vehículo de comunicación que será en la interacción donde pueda establecer un diálogo fructífero entre los pueblos para compartir y construir conocimientos y para que la diferencia sea un valor y nunca un problema o un elemento de incomunicación.
Sus señorías saben que el respeto a la pluralidad, diversidad y riqueza cultural de España es un objetivo que preside la acción de este Gobierno, y no solo por el mandato constitucional que en su artículo 3.3 recoge que la riqueza de las distintas
modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección, sino porque compartimos el ideario plural que late bajo la superficie de esta iniciativa.
Entendemos que en este marco competencial la
actual redacción de la ley atiende a la pluralidad lingüística y cultural de España al contemplar entre sus fines contribuir a la difusión de la cultura en el exterior, en coordinación con los demás órganos competentes de la Administración General
del Estado y las restantes administraciones públicas. Por
tanto, el instituto Cervantes desarrolla entre sus actividades acciones de difusión, enseñanza y promoción en el exterior de todas las lenguas cooficiales españolas como integrantes del patrimonio cultural común. De hecho ya se ha venido
haciendo así en este primer año de legislatura de un Gobierno socialista y en su red de centros se ofrecen cursos de catalán, gallego y vasco en los lugares en los que existe demanda y en sus bibliotecas disponen de fondos en dichas lenguas.
Además, su programación cultural destaca por la colaboración fluida y constante que se mantiene con instituciones de las comunidades autónomas.
Finalmente, en el aspecto meramente formal consideramos que la derogación del Real Decreto 1526/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueba el reglamento del instituto Cervantes, que también recoge esta proposición de ley, no procede en una
norma con rango de ley, ya que debería ser el real decreto que apruebe el nuevo estatuto que lo sustituya el que realice su derogación para evitar una situación de vacío normativo. En definitiva, el instituto Cervantes nace con la finalidad de ser
un mascarón de proa, un bauprés cultural, con el objetivo estratégico de difundir y expandir la presencia cultural de España para dar coherencia y sentido a la acción exterior del Estado.
Sabemos y defendemos que España es un ámbito pluricultural y multilingüe, un espacio crucial de la diferencia donde la otredad es la razón de ser de la identidad y donde la diversidad es la fuente creativa del desarrollo cultural colectivo.
Quisiera recordarles los compromisos asumidos por el presidente del Gobierno y los diversos ministerios para continuar con el trabajo que llevamos desarrollando desde hace un año para hacer del instituto Cervantes un instrumento útil para difundir
las lenguas y culturas españolas. Es cierto que el tiempo transcurrido desde su fundación nos orienta en la dirección de revisar su fábrica estructural y ampliar las miras y los horizontes de actuación que componen su arquitectura, buscando así
nuevas posibilidades plurales que beneficien a todas nuestras expresiones culturales, y en ello estamos, señorías. Por esta razón y aun compartiendo la filosofía de fondo, para contemplar la realidad plural el Gobierno, en el momento procedimental
oportuno, abrirá los cauces necesarios para modificar la normativa del instituto Cervantes para adaptarla a dicha realidad. Por todo esto nuestro grupo votará en contra de esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Tabuyo.
Pasamos a votar esta iniciativa de modificación legal. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández y señor Rodríguez), de reforma de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se crea el
instituto Cervantes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 33; en contra, 146; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA AL IMPULSO DE PROGRAMAS QUE FOMENTEN LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL, ECONÓMICA Y SOCIO-CULTURAL EN LA EURORREGIÓN GALICIA-NORTE DE PORTUGAL. (Número de expediente 162/000337.)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Proposiciones de ley. La primera es la del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso relativa al impulso de programas que fomenten la integración territorial, económica y socio-cultural
en la eurorregión Galicia-Norte de Portugal. Para su defensa tiene la palabra el señor Louro.
El señor LOURO GOYANES: Señor presidente, señorías, hago uso de la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para exponer las razones que justifican y fundamentan la proposición no de ley que mi grupo presenta en relación con la
eurorregión Galicia-Norte de Portugal. Con esta iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista pretende impulsar una mayor integración territorial, económica y sociocultural de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal a través de distintos programas
de cooperación entre los gobiernos de España y Portugal, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia y con las entidades locales y regionales del norte de Portugal.
El Grupo Parlamentario Socialista considera que esta iniciativa es de gran interés para impulsar y asegurar el futuro de esta eurorregión. Es una iniciativa que está en sintonía con el programa electoral que el Partido Socialista presentó
en las pasadas elecciones generales del año 2004; es una iniciativa, señorías, que está en sintonía con las distintas acciones que viene desarrollando el Gobierno de España y con lo acordado en las distintas cumbres bilaterales hispano-portuguesas;
y, cómo no, está también en sintonía con las orientaciones de la Unión Europea. Confiamos, señorías, que hoy, en este Congreso de los Diputados, esta iniciativa obtenga el respaldo de los distintos grupos parlamentarios. Con ello fortaleceremos de
alguna manera los trabajos que ya viene realizando el Gobierno en esta eurorregión.
Señor presidente, señorías, históricamente, el atraso económico de Galicia deriva básicamente de su condición periférica, que tiene que ver con la lejanía de los grandes centros de actividad económica de Europa, y tiene que ver también,
señorías, con la distancia de los grandes centros peninsulares. A estas razones hay que añadir una tercera: Galicia y Portugal, que están cerca, que tuvieron frontera durante muchos años, han vivido de espaldas a sus propias realidades. Sin duda,
las barreras existentes entre Galicia y el norte de Portugal es uno de los elementos que también explican el atraso económico de Galicia. Es conocido que las barreras que existían entre Galicia y el norte de Portugal eran no solo barreras físicas,
que también, sino barreras políticas, ya que entre Galicia y Portugal existía una frontera que limitaba los flujos de todo tipo. Felizmente, la realidad ha cambiado, la realidad es otra. Con relación a Portugal, las fronteras ya no existen, han
desaparecido, la libre circulación de personas y de mercancías es hoy una realidad. Sin lugar a dudas, el ingreso en el año 1986 de España en la Comunidad Económica Europea fue una magnífica noticia para Galicia, actual Unión Europea, y hoy podemos
constatar que los resultados han sido altamente positivos para Galicia, para Portugal y, especialmente, para el norte de Portugal. Las autovías de conexión de Galicia con la meseta y la autopista que conecta Ferrol con La Coruña, con Vigo, con
Porto y con Lisboa supusieron la ruptura de la condición periférica de Galicia. Estas infraestructuras viarias y de transporte han sido determinantes para que Galicia sea hoy menos periférica de lo que ha sido históricamente. Esta es una realidad
que deriva justamente de estas actuaciones, de estas infraestructuras, y que hace que la eurorregión Galicia-Norte de Portugal sea hoy un espacio más integrado, más próximo, más permeable, más movible y, sin lugar a dudas, más fluido. Esto ha sido
y es, señorías, muy positivo para Galicia y muy positivo para el norte de Portugal y los indicadores económicos lo evidencian, lo constatan y lo ponen de manifiesto.
Señor presidente, señorías, cuando hablamos de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal, hablamos de una realidad territorial de 51.000 kilómetros cuadrados, que equivale al 8,5 por ciento del territorio de la península Ibérica. Esta
eurorregión tiene una superficie superior a Bélgica, a Dinamarca, a Holanda y a Luxemburgo; es un espacio territorial en el que habitan más de 6,3 millones de habitantes y, por tanto, tiene más habitantes que Dinamarca, que Finlandia o que
Luxemburgo; básicamente, y este es un dato importante, la población -estos 6,3 millones de habitantes- se asienta en la franja litoral, en la franja costera. Pero cuando hablamos de esta eurorregión, señorías, hablamos también de la única región
urbana transfronteriza entre España y Portugal que conforma una red de ciudades, que conforma una malla urbana entrelazada y, hoy por hoy, es una región europea que tiene un importante dinamismo económico. Señorías, hay algo que caracteriza a esta
eurorregión y es que Galicia y el norte de Portugal comparten elementos comunes en sus tradiciones, en su cultura y en su lengua. Por tanto, cultura, lengua y tradiciones son factores que contribuyen a la integración y a la cohesión de esta
eurorregión.
Señor presidente, señorías, los cambios que operaron sobre esta eurorregión y que antes apuntábamos -las autovías, los puertos, los aeropuertos y la integración europea con la eliminación de las fronteras- han resultado positivos para
Galicia y para el norte de Portugal y, cómo no, para España y para Portugal, creando una dinámica económica intensa en el seno de la misma. Por tanto, podemos decir que el balance de los últimos años ha sido positivo, pero, señorías, valorando
positivamente lo que ha ocurrido, es necesario fortalecer estrategias comunes ya existentes y definir y activar nuevas estrategias que fortalezcan la integración territorial, que dinamicen la economía, que procuren la cohesión social y que permitan
a esta eurorregión gallegoportuguesa ganar puestos y asegurar sus posiciones de cara al futuro en el mercado ibérico y en el mercado europeo. Esto, señorías, es ni más ni menos el objetivo de esta proposición no de ley que hoy plantea el Grupo
Parlamentario Socialista.
¿Qué hacer para ello? Desde el Grupo Socialista decimos que para lograr los objetivos planteados en esta proposición no de ley hay que trabajar y hay que activar nuevas políticas, políticas que procuren la integración territorial de la
eurorregión, que fortalezcan la malla urbana creando una red de autopistas y autovías que unan todas las ciudades gallegas y del norte de Portugal y que además incorporen el tren de alta velocidad desde Ferrol a Lisboa. Son proyectos en los que el
Gobierno de España viene trabajando y que en el último año, desde el pasado mes de marzo, han traído buenas noticias para la eurorregión. Proyectos que estaban hibernados, que estaban paralizados, están hoy en marcha, están cogiendo brío y tienen
horizontes para su realización. También es necesario impulsar estrategias de desarrollo económico en materia de desenvolvimiento de políticas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, procurando que las universidades del norte de
Portugal y las universidades gallegas trabajen, colaboren y cooperen para obtener resultados y fomentar e impulsar sinergias.
También entendemos, y así lo recoge nuestra proposición no de ley, que es necesario dotar a la eurorregión de plataformas logísticas e industriales tales como la que se está desarrollando en la provincia de Pontevedra, entre el Ayuntamiento
de Salvaterra y el Ayuntamiento de As Neves, la plataforma logística e industrial Salvaterra-As Neves (Aplisan). Es necesario promover políticas de cooperación y colaboración entre las distintas entidades portuarias y entre los distintos
aeropuertos. Es cierto que en Galicia hay tres aeropuertos y que en la región norte de Portugal hay también un sistema portuario importante. Es necesario competir, pero es necesario cooperar y colaborar. Esta eurorregión tiene un gran potencial
turístico que hay que potenciar, que hay que desarrollar con estrategias comunes. Por último, es muy importante
para la incorporación de esta eurorregión el fortalecimiento de los lazos culturales, poniendo en valor todo nuestro patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, y nuestro patrimonio natural, que son elementos que pueden fortalecer
políticas de desarrollo turístico y que pueden fortalecer puntos de atracción. (El señor vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.)
Señor presidente, señorías, esta proposición no de ley pretende fortalecer la eurorregión Galicia-Norte de Portugal, pretende que ganemos posiciones, pretende eliminar el atraso y pretende ganar tiempos de futuro. Estamos convencidos,
señorías, de que esto va a ser bueno para Galicia, va a ser bueno para Portugal y va a ser bueno, cómo no, para España en su conjunto. Estamos satisfechos y orgullosos por las acciones desarrolladas desde el Gobierno socialista de España. Estamos
seguros de que esta iniciativa va a contribuir a fortalecer más si cabe la tarea que se está desarrollando desde el Gobierno de España. Por ello, por la bondad que esto trae para Galicia, para Portugal y para España, pido el voto favorable a todos
los grupos parlamentarios de esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, celebramos enormemente que se haya presentado esta proposición no de ley, la cual consideramos un paso adelante en la voluntad política del Gobierno por no entorpecer las relaciones de Galicia con el norte de
Portugal. Asimismo, somos conscientes de que toda la potencialidad de esta proposición no de ley se abrirá paso si al mismo tiempo en Galicia se cuenta con un gobierno capaz de asumir que formamos parte de un espacio cultural y lingüístico mayor y
que vea como una gran posibilidad de futuro aumentar los intercambios económicos, sociales y culturales con Portugal y, en particular, con el norte de este país.
El señor Louro ya ha hecho alusión a que la zona de Galicia y el norte de Portugal, es decir, la Galicia histórica, la Galicia abracalense; la Galicia, por tanto, que fue una comunidad tanto desde el punto de vista de la historia
prerromana, como la romana, y la posterior, es decir, la del reino suevo, tiene actualmente, según los datos del año 2002, una población de 6.408.907 habitantes. Las relaciones comerciales entre ambas partes del Miño -alén e aquén do Miño, como
decimos en nuestra Lengua- son unas relaciones comerciales que no hicieron más que aumentar desde el año 1994. Les voy a dar un dato concreto, las exportaciones de la región norte, y, por tanto, las importaciones de Galicia, pasaron de 200 millones
de euros en el año 1994 a 500 millones de euros en el año 2000; las exportaciones de Galicia, y, por tanto, las importaciones de la región norte, pasaron de 300 millones de euros en 1994 a 700 millones de euros en el año 2000. Por tanto, para
Galicia el norte de Portugal es una de las principales zonas de intercambios comerciales junto con Francia, Alemania y, curiosamente, en el caso de nuestro país, con Latinoamérica.
Este es un dato fundamental que falta ser completado con muchas
otras actuaciones, porque no solamente pueden aumentar los intercambios comerciales, sino que para que sean realmente productivos hace falta que exista una aproximación política real que tiene que venir dada por varios factores: primero, sacar la
potencialidad de la comunidad lingüística que formamos Galicia y el norte de Portugal, prácticamente hablantes de la misma lengua, cosa que está muy distante de ser hecha a pesar del entusiasmo, la energía y la productividad que esto podría suponer.
Hay factores políticos que explican la separación de Galicia del norte de Portugal, hasta el extremo de que habiendo aumentado tanto los intercambios comerciales, las relaciones sociales no lo han hecho ni siquiera en relación con los primeros años
de la democracia. Es posible que hubiese más intercambios espontáneos de organizaciones culturales de base de individuos en los años 1982 y 1983 que precisamente en el año 2005, lo cual habla de hasta qué punto a veces los procesos de globalización
establecen grandes ósmosis de carácter comercial y mercantil y, sin embargo, apartan a los pueblos precisamente de su comunicación y del conocimiento mutuo, cuestión básica para nosotros. Y tengo que decir que, tanto al norte como al sur del Miño,
debemos recobrar nuestra conciencia histórica, la conciencia que hace que incluso hoy en Lisboa, incluso en un sentido despectivo, se conozca a los del norte de Portugal como gallegos; conciencia, como digo, que hace que en Galicia, afortunadamente
cada vez menos, porque el producto interior bruto y la renta per cápita de la región norte de Portugal ya supera a la de Galicia, existan prejuicios españolizadores en contra de Portugal. Por tanto, para nosotros la aproximación cultural y
lingüística y el intercambio social son factores fundamentales si se le quiere sacar todo el provecho a las relaciones de carácter mercantil. Por eso nos permitimos, en nombre del Bloque Nacionalista Galego, presentar algunas enmiendas que no
solamente no desvirtúan la intención de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sino que creemos que la mejoran sensiblemente con aspectos que la iniciativa original no contempla.
El primero de ellos, señorías, es una cuestión de tipo político y es la siguiente. Portugal es un Estado unitario, uno de los pocos Estados de la Unión Europea que tiene una sola nación. No pretendemos, por lo tanto, desde fuera, crear
ningún problema a Portugal como Estado soberano, que además, vuelvo a repetir, es una sola nación y una sola lengua. Ahora bien, dicho esto, debemos salvaguardar algo que es esencial y es que la
Comunidad Autónoma de Galicia, en el Estado español, tiene personalidad política propia, es una nacionalidad desde el punto de vista constitucional y goza de instituciones de autogobierno. Creemos que en la proposición no de ley debe de
figurar como tal y hay que poner que son la Comunidad Autónoma de Galicia, el Gobierno portugués, las instituciones locales y regionales del norte de Portugal y la Unión Europea las que están involucradas en el proceso de la puesta en marcha de la
eurorregión Galicia-Norte de Portugal, yo diría de la Galicia histórica.
En segundo lugar, presentamos una enmienda que va destinada a dejar claro que las infraestructuras, en concreto, de conexión ferroviaria de todo el eje atlántico deben de estar acabadas, desde Ferrol a Porto, en el año 2009, como así se
viene manifestando continuamente en este Congreso de los Diputados; un eje estructurante desde el punto de vista de las relaciones de una serie de metrópolis a las que ya se hizo alusión, que efectivamente tiene una importancia crucial y que habla
de hasta qué punto la península ibérica está desequilibrada. Como ven ustedes, desde Ferrol a Lisboa es el equivalente prácticamente a desde Barcelona hasta Valencia. Comparen las infraestructuras en el aspecto ferroviario que hay en un lado y las
que hay en el otro, hoy en día y desde hace más de veinte años. Y completamos la cuestión de las infraestructuras poniéndole fecha también al compromiso de la conexión por autovía entre Verín y Chaves. Todos sabemos que el tramo que le corresponde
ejecutar al Gobierno español es muy pequeño, son 12 kilómetros prácticamente, y lo puede acabar tranquilamente en el año 2007 ó 2008 -esa discusión no la vamos a tener-, pero sería interesante que todo el trayecto estuviera completado, hasta
Villarreal, en el año 2010, con lo cual tendríamos también la estructura por autovía en lo que sería la Galicia interior, cuestión muy importante desde el punto de vista del equilibrio territorial.
A partir de aquí, señorías, entramos en los aspectos que parecen inmateriales pero que tienen una gran importancia desde el punto de vista social, y por lo tanto de los que se podrá sacar la rentabilidad, seguro, más importante. Nos
referimos a que el intercambio entre las universidades debe hacerse también a niveles del estudiantado y de los profesores. Causa tristeza ver hasta qué punto las universidades portuguesas y las gallegas viven de espaldas, mientras que nuestros
alumnos van, por ejemplo, a París, cuando da la casualidad de que nuestros enfermeros y enfermeras y nuestros médicos se están colocando en Portugal, que es donde tienen un mercado fundamental para poder tener trabajo.
En relación con el turismo hay algo que desde la perspectiva gallega sería muy importante matizar. No limitar Galicia a los xacobeos y a los caminos de Santiago, que acaban eliminando incluso la personalidad propia.
Pensamos que Galicia y
el norte de Portugal, la Galicia histórica, tienen un potencial turístico enorme a través de un turismo cultural de calidad, en rutas turísticas basadas en el patrimonio histórico, cultural, artístico y paisajístico, y en los grandes espacios de los
ecosistemas naturales. Precisamente, la traslación de un país a otro está llena de espacios naturales, de parques nacionales en Portugal o de parques naturales en Galicia de una relevancia ecológica impresionante, y toda la costa es exactamente
igual desde el punto de vista paisajístico o ecológico, peculiar, y no está de más que las poblaciones de aquén e alén do Miño se conozcan más, recuperen la conciencia sobre la historia compartida entre las dos sociedades a una y a otra parte del
Miño.
Finalmente, señorías, hay otras dos enmiendas: una que se refiere al interés en divulgar el conocimiento de la lengua, la literatura, las actividades artísticas y la historia de Galicia en el norte de Portugal, y viceversa, de todo lo
concerniente al norte de Portugal en Galicia, porque entonces descubriríamos el Atlántico, nuestra capacidad de comunicación a través de nuestra propia lengua, descubriríamos qué pocas diferencias hay entre el gallego y portugués hablado del norte
en relación con el hablado desde la televisión de Lisboa, cuánto se parece un labriego del norte de Portugal a uno de Galicia, y así podríamos ir acabando con muchos prejuicios. De una forma puntual hay un movimiento social popular basado en todas
las escuelas de enseñanza primaria que tienen una gran movimentación a favor de todo el folclore gallego-portugués de una y otra parte del Miño, que está perfectamente identificado y relacionado hasta el extremo de provocar que los alumnos de una y
otra parte del Miño estén hoy involucrados en la demanda de que se declare el patrimonio inmaterial gallego-portugués, el folclore popular, Patrimonio de la Humanidad a través de organizaciones de base del norte de Portugal y de Galicia que están
vinculadas al sistema educativo. Es una gloria ver el puente internacional do Minho entre Tuy y Valença cubierto por más de 600 muchachos y muchachas de edades inferiores a 14 años de una y otra parte del Miño cantando las mismas canciones e
intercambiando las piezas fundamentales de nuestro folclore.
Y como toda sociedad que aspira a comunicarse, los medios audiovisuales no pueden quedar al margen, y por eso pedíamos que se instase al Gobierno a que conjuntamente con las autoridades
portuguesas se hiciese una planificación de la difusión de los medios de comunicación de titularidad pública de Galicia y del norte de Portugal, para que sean recibidos en todo el territorio que conforma la eurorregión.
Como ven, con todas estas medidas estamos por asegurar que se equilibraría el mapa de la península Ibérica en beneficio de Galicia, en beneficio de Portugal y en beneficio del conjunto del espacio ibérico respecto del cual debemos partir del
supuesto de que es un espacio privilegiado -debe serlo- para el Estado español y, en particular, para los gallegos, porque es una de nuestras salidas territoriales fundamentales fuera de lo que consideramos el propio espacio más natural por razones
de pertenencia política, que es el Estado español.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, tiene la palabra el señor Erias por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor ERIAS REY: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Popular ve muy conveniente que el Grupo Socialista haya presentado esta proposición no de ley para instar al Gobierno a que fomente e intensifique la integración territorial, económica y cultural de la eurorregión
Galicia-Norte de Portugal. Escuchando al señor Louro y al señor Rodríguez, he tomado algunas notas porque he oído algunas consideraciones que es de justicia, por los menos en este espacio en el que estamos, desarrollar con el máximo rigor para
eludir en lo posible todo lo que sean valoraciones personales, pero cuando los datos están ahí cuando menos debemos intentar acercarnos a ellos para comprender mejor la realidad que estamos tratando de valorar y analizar. En este sentido, nos
parece muy oportuno y adecuado que se inste al Gobierno a potenciar a través de seis puntos determinadas tareas que de alguna manera dan una idea clara de cuál es el camino que se quiere recorrer en el futuro desarrollo o en potenciar el desarrollo
ya iniciado por parte de las administraciones gallega y portuguesa y, en su caso, también de España y Portugal. Decía que era bueno que tuviéramos en cuenta todos los datos de que se dispone, porque si los tomamos y analizamos probablemente
resultaría chocante escuchar de sus bocas -no porque yo no piense lo mismo- que el balance de los últimos años ha sido positivo. Tengo que decir que ha sido positivo porque una gran preocupación del Gobierno de Galicia ha sido fomentar, potenciar e
implementar el nacimiento de la eurorregión. No perdamos de vista que desde el año 1991 hasta el año 2000 se empiezan a tomar medidas que inciden de manera clara en que la eurorregión tenga la naturaleza que hoy tiene, en que pueda ser considerada
como un modelo a seguir de cooperación transfronteriza en el ámbito de la Unión Europea a Quince y en que en este momento ya tengamos que estar casi reclamando más una eurorregión que, en la medida en que debería estar preocupándose más de aspectos
de tipo cualitativo que de aspectos cuantitativos -porque la planificación física ya está bastante superada en cuanto a la cooperación desarrollada hasta el momento-, podríamos estar denominando como eurorregión de segunda generación. Esto es así
porque desde el año 1990 el Gobierno Popular de la Xunta de Galicia ha ido dando contestación a las iniciativas que ustedes presentan, a estas exigencias y a estas necesidades. Ustedes han detectado muy bien los puntos en los que hay que actuar,
pero lo cierto es que en esos puntos ya hay resultados concretos que procuraré ir exponiendo con detalle para que se comprenda que no ideologizo mis palabras, sino que trato de contrastarlas con los hechos ya manifestados en esta cooperación
transfronteriza.
Es verdad que la eurorregión tiene un territorio de 51.000 kilómetros cuadrados, más de 401 municipios, más de seis millones de habitantes, una densidad de 123 habitantes por kilómetro cuadrado y más de 70.000 empresas. Doy este dato porque
el número de empresas figuraba dentro de los puntos que ustedes consideraban interesantes. El señor Rodríguez ha enmendado luego con muy buen criterio la proposición no de ley emanada del Grupo Socialista y este grupo también ha corregido en
algunos temas su propuesta inicial. Es muy importante tener en cuenta que existen 70.000 empresas en esta área. Es muy importante también tener en cuenta la carencia de espacio físico para desarrollar iniciativas empresariales que hacen que muchas
empresas del sur de la provincia de Pontevedra se estén instalando ya en Vilanova de Cerveira y en otros polígonos industriales del norte portugués. Es fundamental considerar que la mayor parte de los más de 90.000 turistas que entran al año en
Vigo -esta ciudad tan importante para la economía de la eurorregión- son portugueses. Para hacer más próspero ese territorio y lograr que tenga más oportunidades para los que viven y trabajan dentro del mismo es bueno continuar contemplando e
intensificando todo lo que se ha venido haciendo. Lo único que ha hecho el Grupo Popular ha sido presentar tres enmiendas, dos de adición al punto 1 y al punto 2, y otra como un punto 7 nuevo que analizaré a continuación y que tiene que ver con la
generación de empleo, con la promoción empresarial y con el desarrollo y localización industrial que acabo de comentar.
Dicho esto, voy a dar un pequeño repaso de lo que se ha alcanzado; de lo que ya no hay que hacer porque ya está hecho. Podremos mejorar lo que ya tenemos resuelto, pero lo que hay está ahí y no es fruto de la casualidad, sino de un
importante empeño de acción política para intensificar las relaciones transfronterizas y, al mismo tiempo, para potenciar el nacimiento de esta eurorregión. A través del llamado Fondo Europeo de Desarrollo Regional, la Dirección general de fondos
comunitarios y financiación territorial ha desarrollado tres programas de cooperación España-Portugal: el Interreg I, el Interreg II y el Interreg III, que está todavía cerrándose. Dentro de los proyectos aprobados entre el Interreg I y el
Interreg II en colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, con el Gobierno de España y, por lo tanto, con los fondos asignados para ese programa de cooperación España-Portugal, hay más de 135 proyectos ya realizados; proyectos de una
envergadura económica extraordinaria y de una generación de riqueza que es difícil de cuantificar pero que se nota en el bienestar de los ciudadanos. Es evidente que no tiene que ver nada el norte de Portugal ni la Galicia de finales de los ochenta
o de los años noventa con la Galicia de comienzos del año 2000. Eso es una evidencia clara y tiene que ver también con las políticas implementadas por parte de los fondos europeos e instrumentadas a través de estas políticas regionales. Muchas
veces estamos hablando de problemas de sostenibilidad. Todas
las agendas que tienen que ver con las llamadas agendas XXI y con el compromiso de la carta de Albor ya se venían desarrollando por parte del Eixo Atlántico para las 18 ciudades que participan del mismo. Este es un dato importante y a tener
en cuenta. La permeabilidad de la frontera, es decir, la raya a través del río, pues todos sabemos la cantidad de puentes que se han construido y que conectan y articulan el territorio, genera oportunidades que permiten más intercambios, como el
señor Rodríguez decía. Son datos ciertamente alentadores pero que de todos modos nos obligan a continuar trabajando: la comunidad de trabajo Galicia-Norte de Portugal que se constituye el 31 de octubre del año 1991 entre la Xunta de Galicia y la
Comisión de coordinación de la región norte de Portugal; el llamado Eixo Atlántico del noroeste peninsular, constituido en abril de 1992 que, como saben los señores diputados, es una asociación para promover la cohesión territorial entre las
principales ciudades promoviendo su desarrollo socioeconómico y favoreciendo la cooperación transfronteriza.
A mi juicio está claro que, después de dicho esto, no debe existir duda alguna de que desde Galicia, desde España, desde el Gobierno de Portugal y desde la Comisión Norte se ha trabajado con intensidad en estos temas.
Se han obtenido
resultados que son los logros que ahora se pueden presentar para hablar de una Galicia mejor y para hablar también de un norte de Portugal más cohesionado y más articulado. Eso nos hace ver con buenos ojos la iniciativa que el Grupo Socialista
presenta y nos lo hace ver así porque creemos que continuar profundizando dentro de estas iniciativas no es una cosa mala, más bien todo lo contrario. Yo provengo del ámbito universitario y creo que a nadie le extrañará que me parezca magnífico que
continúen cooperando, dentro del Eixo Atlántico, las universidades de A Coruña, de Santiago y Vigo con las universidades de Porto, Miño, Alto Támega y Trasosmontes, pero tengo que decir que si esto es importante es fruto de la creación del Centro de
estudios euroregionales Galicia-Norte de Portugal del año 2002, fecha todavía muy reciente, de hace tres años. Están trabajando en nuestras universidades en el I+D+i y el grupo de investigación de la Universidad de Vigo está preocupado
especialmente por potenciar todos estos programas e incluso liderando muchos de ellos a través de determinados partenariados con otras regiones de Europa y liderándolos con mucho éxito. Por lo tanto la universidad gallega ya está haciendo estas
tareas. Hay que potenciar la cultura gallega y la promoción de estas rutas turísticas, tanto el Camino de Santiago como cualesquiera otras -el señor Rodríguez hablaba, por ejemplo, del turismo cultural que a mí me parece estupendo-, así como todos
los temas vinculados al paisajismo, que es una riqueza natural que tenemos. Todo lo que se haga en este camino será muy conveniente. Hay que aportar recursos, porque las intenciones están claras y los principios los compartimos. A nosotros no nos
duelen prendas en decir que sobre los aspectos a desarrollar estamos totalmente de acuerdo, sobre los resultados obtenidos ya hay una historia, ya hay unos hechos. Nos parece muy conveniente continuar intensificándolo y continuar promoviendo la
cooperación con el norte de Portugal porque es verdad que no vivimos -como algunos decían- de costas voltadas. Afortunadamente, no estamos espalda contra espalda, estamos ya de frente, dándonos la mano y con la menor reticencia posible. Esa será
la mejor manera de cooperar, porque darse la mano también en Galicia es un síntoma de confianza y de proximidad y eso me parece muy conveniente.
En lo que tiene que ver con las enmiendas presentadas, quiero señalar que con la enmienda al punto 1 pretendemos únicamente que lo que está en marcha se desarrolle según los compromisos adquiridos por los gobiernos de España y de Portugal en
la famosa cumbre de Figueira da Foz y los acuerdos de todos los grupos parlamentarios desarrollados en esta Cámara en la moción presentada el 22 de junio del año 2004. En cuanto a la autovía Ourense-Verín-Chaves-Vilarreal, pedimos que se garantice
que el tramo español -porque nosotros no podemos hablar del tramo portugués, solo podemos exigir que se cumpla lo pactado- esté plenamente operativo en los años 2008-2009.
Quisiera hacer referencia ahora a la enmienda de adición al punto 7 que pretende lo siguiente: que la integración territorial, que la integración económica y que la integración sociocultural en la región contemple actuaciones en el ámbito
laboral intensificando y potenciando la generación de oportunidades de empleo para que los ciudadanos gallegos y portugueses, especialmente los colectivos más desfavorecidos -mujeres y jóvenes- puedan integrarse laboralmente en la eurorregión.
Piensen ustedes que hay un observatorio...
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señor diputado, tendría que ir terminando.
El señor ERIAS REY: Ya voy terminando. Muchas gracias, señor presidente.
Piensen ustedes que el Observatorio de Empleo ya está funcionando y ha detectado que el empleo que se está generando es de baja cualificación o de muy alta cualificación, hay una gran movilidad de personal sanitario desde Galicia hacia
Portugal. Se trata de que los colectivos más desfavorecidos en el acceso al empleo tengan más oportunidades, de fomentar la movilidad de los ciudadanos de la eurorregión y de cooperar de forma transfronteriza en materia de creación de empresas y
suelo industrial. Son iniciativas sensatas que viene a completar lo propuesto por el Grupo Socialista, que no es otra cosa que continuar trabajando en beneficio de los ciudadanos gallegos, de los ciudadanos europeos, pero también de España. No
perdamos de vista que todas y cada una de nuestras regiones tienen una singularidad, pero, en este caso, la proximidad al país portugués nos da una fortaleza que no podemos ni debemos desaprovechar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.
En turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Anuncio en nombre de mi grupo parlamentario que vamos a respaldar esta iniciativa para desarrollar aún más la eurorregión Galicia-Norte de Portugal a ambas orillas del río Miño. Consideramos que no solamente la iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista, sino las iniciativas y las enmiendas del resto de los grupos parlamentarios vienen a enriquecer una propuesta que lleva ya un tiempo desarrollándose y que requiere en estos momentos un estímulo menos polémico que otras
eurorregiones que recientemente se han puesto encima de la mesa y que han provocado un importante conflicto relativo incluso a las soberanías.
Nosotros vamos a votar esta iniciativa. Por una parte, nos llama la atención, aunque no queremos pecar de ingenuos, que esta iniciativa se presente precisamente en estas fechas previas a la campaña electoral de las próximas elecciones
gallegas; solo queremos creer que esta precampaña electoral estimula este tipo de iniciativas y, por tanto, bienvenidos sean los proyectos, incluso los viajes y las inauguraciones, no tanto así la propaganda con dinero público. Por otra, se da
alguna paradoja en esta iniciativa. Nos parece que en la definición de una eurorregión, al menos en las que conocemos como la del Arco atlántico y otras eurregiones a las que me he referido con anterioridad, el papel fundamental está precisamente
en el ámbito del autogobierno de la comunidad afectada o que tiene voluntad de integrarse en esa eurorregión, en este caso, en el autogobierno gallego. Por tanto, desde aquí lo único que podríamos hacer es estimular y respaldar una iniciativa que
pertenece al autogobierno, a la decisión política de la Comunidad Autónoma de Galicia.
En relación con este tipo de iniciativas estamos un poco preocupados. Nos parece que este tipo de iniciativas tienen mejor cabida desde la oposición, cuando exigen al Gobierno estos estímulos o respaldos a la Comunidad Autónoma de Galicia.
Desde el grupo que apoya al Gobierno parece más natural que estas iniciativas se produzcan a través del Consejo de Ministros y del Boletín Oficial del Estado. En todo caso, bienvenidos sean los proyectos porque estamos en unas fechas especialmente
propicias para este tipo de proyectos. Nuestro grupo parlamentario, a pesar de esas paradojas y de esas reflexiones, tiene muy claro que esta eurorregión decidida por el Gobierno gallego, por Galicia y por las instituciones del norte de Portugal,
es no solamente una región en sí misma, sino también con voluntad de ser más aún y, por tanto, estas iniciativas tienen sentido en sí mismas, independientemente del momento en que se producen, independientemente de que las competencias sean más de
la Comunidad Autónoma gallega y menos del Estado e incluso independientemente de que en momentos de campaña electoral echemos de menos más decisiones de Gobierno y menos proyectos en la Cámara por parte del partido mayoritario que apoya al Gobierno.
De todos modos, repito, mi grupo parlamentario respalda la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y aquellas enmiendas que se introduzcan para mejorarla.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.
Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señorías, hoy hace una semana que felicitábamos a la Chunta Aragonesista y nos felicitábamos a nosotros mismos por la iniciativa que había presentado en esta Cámara a favor de la permeabilización de
los Pirineos en un determinado tramo, en el tramo de Aragón, y lo hacíamos, como expresé aquel día, movidos por la gran simpatía que este tipo de iniciativas suscita en mi grupo. Hoy, a quien felicitamos -si bien con las matizaciones y también
subrayando las paradojas que acaba de señalar el representante que me ha precedido en el uso de la palabra-, a la par que también nos felicitamos a nosotros mismos, es al Partido Socialista, por una iniciativa que, a nuestro entender, encaja en
esquemas o planteamientos muy semejantes a los que nosotros saludábamos, como digo, con simpatía y agrado, en la proposición no de ley del señor Labordeta. La iniciativa del Grupo Socialista propone que este Congreso de los Diputados inste al
Gobierno a impulsar, conjuntamente con las instituciones locales y regionales, el Gobierno portugués y la Unión Europea programas comunes que fomenten la integración territorial, económica y sociocultural en la eurorregión Galicia-Norte de Portugal.
Es evidente que el proceso de construcción europea, dicho en términos generales, está posibilitando, contra lo que ha sido la tendencia habitual y la práctica de los Estados de forma previa, la emergencia de nuevos fenómenos territoriales,
diversos en su alcance, de contenido dispar, pero que tienen un rasgo común, el rasgo transfronterizo. Se trata, diría yo, de nuevas interpretaciones del territorio y de la aparición de nuevas respuestas a las necesidades y a los retos que plantea
la creciente interdependencia y la competitividad global. El 1 de enero de 1993 nos trajo, como recordarán SS.SS., el milagro -entre comillas- de la desaparición de las fronteras internas en Europa. Fue un fenómeno que se vivió en los territorios
propiamente transfronterizos con temor y con esperanza a un tiempo; con miedo a las consecuencias, porque rompía con esquemas de vida y de negocio basados justamente en la existencia de fronteras. En algún sentido se vivía de las fronteras y el
temor a su desaparición era algo que surgió en estos territorios
transfronterizos, pero, al mismo tiempo, se vivió con ilusión, la ilusión de que podrían aparecer, y en algunos casos habría que decir reaparecer si se mira la historia pasada, nuevos fenómenos, nuevas realidades que habrían de responder con
mayor efectividad, y en muchos casos con mayor justicia, a los retos del futuro, como también a realidades que en muchos casos los Estados habían intentado ocultar o negar.
No obstante, el 1 de enero de 1993 nos trajo, diría yo, que apenas la libertad de desplazamiento de personas, de bienes y de capitales. Digo apenas en un doble sentido, sin que ninguno de los dos pretenda minusvalorar lo que de verdad ha
traído, que es mucho e importante. Justo es reconocer que uno de los aspectos más significativos de la construcción europea ha sido precisamente ese, la desaparición de las fronteras físicas y aduaneras, de las fronteras interiores. Con ello
empezaron a desdibujarse las barreras que han condicionado tan frecuentemente la historia de Europa y de sus numerosos pueblos y territorios, que en múltiples ocasiones y emplazamientos han sido origen de tanto conflicto, de tanto dolor y de tanto
sufrimiento. El Acta Única posibilitaba y posibilita que por encima de esas cicatrices de la historia, que es como se ha denominado a las fronteras, se empiece a dar una libre circulación de personas, de mercancías, de capitales y de servicios.
Sin embargo, yo decía que apenas. Lo decía, en primer lugar, porque sin negar la importancia de las medidas adoptadas no es menos cierto que al poco pudimos darnos cuenta todos de que la libre circulación de bienes, capitales y personas sigue
contando con enormes obstáculos e impedimentos no más fáciles de sobrepasar que las viejas fronteras físicas y aduaneras, incluso más difíciles en algún caso. Dicho con otras palabras, que las fronteras, lejos de desaparecer y de quedar como puros
vestigios de un pasado, siguen mostrando una enorme capacidad de mutación y adquieren nuevas formas, adquieren otras señales de existencia, pero vaya que si existen las fronteras. En segundo lugar, digo apenas porque tal y como pudimos observar de
forma principal los territorios que habíamos sido fronterizos y que teníamos la ilusión de empezar a ser transfronterizos, aun supuestamente desaparecidas las fronteras físicas y aduaneras, con las limitaciones que acabo de señalar, no dejaba de
haber obstáculos de toda índole que impedían y se seguían oponiendo a la aparición y afloramiento de esos nuevos fenómenos transfronterizos. Entre ellos, de forma destacada seguía habiendo la resistencia de esos Estados y de esos aparatos
administrativos centrales, para quienes el primer metro cuadrado más allá de ese río fronterizo o de esa raya fronteriza, sea cual sea, de ese mojón, sigue siendo el territorio del otro, el territorio del extranjero, el territorio ante el que solo
hay que tomar al parecer precauciones. Sigue siendo el territorio que hay que gestionar desde Asuntos Exteriores y no desde una política interior. Que hayan hecho falta, ni más ni menos que 12 años, para que hoy estemos debatiendo este tema, el
reconocimiento de una euroregión, Galicia-Norte de Portugal, indica lo que estoy diciendo, que es más fácil suponer que las cosas existen que hacer que existan de verdad.
Así es como hemos ido aprendiendo en la realidad de las cosas que la eliminación de la frontera física no supone la desaparición automática de las múltiples disfuncionalidades que su existencia ha supuesto a lo largo del tiempo, que a cada
lado de la frontera siguen existiendo estructuras legales, estructuras económicas, estructuras administrativas, que perduran también sistemas culturales y mentales distintos, que se siguen promoviendo desarrollos urbanísticos dispares que obedecen a
modelos claramente diferenciados, que incluso realidades y diferencias sociolingüísticas contribuyen a que sociedades físicamente tan próximas, sociedades que al parecer ya no tienen frontera entre ellas, sin embargo y esa es la verdad, siguen
viviendo de espaldas las unas a las otras.
En este marco de reflexiones y planteamientos encaja, si he entendido bien, la iniciativa que hoy presenta el Grupo Socialista y que mi grupo apoya en la confianza de que sirva a Galicia y al norte de Portugal, hacia donde va dirigida, y que
pueda al mismo tiempo ser una pauta de actuaciones que en ocasiones tienen también que ver con territorios y con problemáticas análogos, como es el caso vasco -lo dije ya con ocasión de la proposición no de ley de la Chunta Aragonesista y hoy lo
vuelvo a repetir- y el caso de muchas fronteras, por ejemplo todas las que están en el Pirineo. Por eso mi grupo no solo apoya para que los gallegos y el norte de Portugal hagan aflorar esa nueva realidad económica, cultural y social
transfonteriza, sino también con el interés, como digo, de que poco a poco se vayan extendiendo estos fenómenos, se vayan profundizando y desapareciendo numerosos obstáculos que han existido y que hoy todavía existen. Lo hacemos desde el
convencimiento de que en repetidas ocasiones, tal como ha sugerido la Comisión Europea, las regiones fronterizas son justamente las que deben convertirse en los laboratorios de la construcción europea.
Solo nos queda esperar, como también lo ha dicho el representante que me ha precedido en el uso de la palabra, que las palabras, que subrayo son bellas palabras, se conviertan en realidades, también las que, como éstas, son pronunciadas en
vísperas electorales, lo que en cualquier caso, adelanto, porque ese es mi convencimiento, no será fácil. No hay proposición no de ley, en efecto, que haga desaparecer por arte de alguna magia, tampoco la de su aprobación hoy en este Congreso, las
enormes dificultades de este empeño: evitar las múltiples disfuncionalidades que de seguro existen en la zona, hacer frente a las seguro numerosas neutralizaciones internas que asimismo se darán, resolver las paradojas que a menudo se suelen dar
entre una más que notable insuficiencia de infraestructuras y paradójicamente la duplicidad de muchas de esas infraestructuras, en virtud justamente de haber sido planteadas desde esquemas fronterizos, promover una planificación conjunta que
vertebre el territorio desde una lógica compartida, dotarla de equipamientos y servicios al servicio, valga la redundancia, de esa euroregión, todo eso es un empeño noble pero que seguirá siendo difícil.
Mi grupo no entra a valorar los términos precisos en los que ha sido elaborada esta proposición no de ley, porque -y con ello termino- nuestra experiencia nos dice que para que siga caminando todo esto, para que se convierta en realidad un
día, requiere mucho más que de proposiciones no de ley, requiere de liderazgos políticos claros y de unos instrumentos político-administrativos claros también. A este respecto el representante del Grupo del Bloque Nacionalista Galego ha dicho que
con su enmienda quieren que figuren con claridad los entes administrativos que ya están operando en esa zona. Nuestro convencimiento es que todos tienen que estar presentes, desde los Estados hasta las comunidades autónomas y las autoridades
locales, todos tienen que estar presentes, pero alguien tiene que coger el papel proactivo y de liderazgo, y esos son los gallegos, y son los habitantes y sus administraciones más próximas del norte de Portugal y de Galicia, y el Gobierno central en
este caso debiera acompañarles. Ese es nuestro convencimiento, porque es cierto que durante estos años -y algo se ha recogido aquí- se han ido haciendo cosas, pero no menos cierto es que estos temas no terminan de avanzar con seriedad, rigor y
eficacia. Nuestro análisis y nuestro ánimo es que más les vale que cojan el liderazgo político claro y decidido, porque aun así será difícil, pero sin ello simplemente serán bellas palabras pronunciadas en vísperas electorales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor diputado.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU DOMINGO: Señor presidente, señoras y señores diputados, nos felicitamos de la normalidad y del consenso que está generando la discusión en este Congreso de los Diputados de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal.
Quisiéramos que esta normalidad fuera extensible a las comunidades mediterráneas que nosotros planteamos: Valencia, Aragón, Cataluña, les Illes, Andorra, Rosellón, antigua Ocitania, y quisiéramos también conseguir este consenso. Queremos felicitar
por esta iniciativa al señor Louro y transmitir nuestro entusiasmo porque hoy ha tenido una tarde en la que le rondan las meigas al señor Rodríguez, tanto por la intervención anterior como por la transacción que ha logrado en esta proposición no de
ley y que voy a darle todo su significado. En el punto 6, en la transacción de todos los grupos, hablando de la lengua y de los lazos culturales, se dice textualmente: En especial los relativos a la divulgación y conocimiento de la lengua, la
literatura, las actividades artísticas y la historia de Galicia, del norte de Portugal y viceversa desde la convicción del origen común del gallego y del portugués. Dejo para el final lo que en esta proposición hay de infraestructuras ferroviarias
y de autovías.
Al referirme a la lengua, ruego me permita el presidente hacer la defensa de esta intervención en lengua catalana.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señor diputado, con todo el afecto del mundo, sabe que compartimos este objetivo y que en este Congreso puede hacer su intervención en catalán, pero usted sabe muy bien también que esto exige un
cambio en el Reglamento. Hay una ponencia, su grupo y el nuestro defienden los mismos objetivos, como también otros miembros de esta Cámara, pero mientras que el Reglamento no se cambie, con todo el cariño del mundo, y se lo puedo decir en catalán
si a usted le interesa, le ruego, por favor, que continúe su exposición y su defensa en la lengua que marca dicho Reglamento.
Muchas gracias, señor diputado.
El señor ANDREU DOMINGO: (Continúa su intervención en catalán.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señor diputado, de verdad, así no lo arreglaremos. Usted ya lo ha intentado en el momento en que estoy presidiendo en esta Cámara y repito, y usted lo sabe, que defiendo y comparto el objetivo
que usted busca, pero sinceramente le tengo que decir que no le puedo autorizar a que siga así. Por favor, vuelva al principio de su intervención.
El señor ANDREU DOMINGO: Presidente, por convicción y para no entrar en contradicción con la proposición de ley que nos ha presentado hoy el Grupo Parlamentario Socialista, que habla de promover desde el Instituto Cervantes y desde el
Instituto Camoens otras lenguas oficiales o cooficiales que no son el castellano, si usted no me deja hacer mi intervención en catalán renuncio a la exposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Tiene usted todo su derecho, señor diputado.
Para fijar su posición tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán, el señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo va a fijar su posición, como no podía ser de otra manera, a favor de esta proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista; proposición que está cargada de oportunidad política por las fechas en que estamos, se está
preparando una campaña electoral, y que da cumplimiento a una promesa programática que está vigente desde hace un año. También la vamos a apoyar por el tono positivo y cooperativo que han mostrado los demás grupos con presencia política en todas
las provincias gallegas. Nuestro grupo entiende que tiene que sumarse a la unanimidad de esta Cámara a favor de esta proposición no de ley. Echamos en falta, por nuestro sentimiento nacionalista, que haya sido el Bloque Nacionalista Galego
quien tenga que corregir en su primera enmienda el recuerdo a la Comunidad Autónoma de Galicia. Porque nada más grato para esta Cámara que acoger una iniciativa de la Xunta de Galicia, por sentimiento, correspondencia y buena vecindad con el norte
de Portugal, para sumar y crear un espacio cultural común, unas inversiones que permitan la relación entre los territorios. Aplicando un principio de solidaridad de las personas con su comunidad autónomas y el principio del Estado de las
autonomías, debiéramos ser capaces de traspasar este interés de la Comunidad Autónoma de Galicia a un estadio superior. Esta es la voluntad que manifiestan todos los grupos que intervienen porque es positivo y sale de esta Europa de los pueblos que
nuestro grupo defiende en la Unión Europea, y no se circunscribe al ámbito provincial o a las inversiones más o menos fastuosas en infraestructuras porque hay otras raíces que constituyen la raigambre o los valores que suman la voluntad de
entendimiento de las personas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Bienvenida esta iniciativa, como así lo han dicho todos los grupos.
Nuestro grupo la felicita, la da su soporte y esperamos que las puntualizaciones que ha hecho el Bloque Nacionalista Galego, así como las del Grupo Popular, se vean
plasmadas con la aceptación por parte del grupo proponente y de esta forma salga un consenso plural en el que los grupos que tienen representación en esta Cámara sientan su propia participación al ser parte de este proyecto. Y que lo que hoy nace
con un consenso no se pierda en el futuro, tenga con ello una plasmación en esta interrelación y convivencia en los pueblos del norte de Portugal y toda Galicia y que este foco cultural sea un referente más de esta Europa de los pueblos que todos
intentamos construir.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Grau.
Grupo Socialista. Tiene la palabra, señor Louro, para el turno de aceptación o rechazo de enmiendas, desde el escaño; es simplemente para decir si admite o no las enmiendas.
El señor LOURO GOYANES: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero mostrar la gratitud del Grupo Parlamentario Socialista por la acogida de la iniciativa que hemos planteado. Con esta proposición no de ley debo decir a los distintos grupos que lo que hacemos desde el Grupo
Socialista es reafirmar nuestras posiciones en torno a la eurorregión Galicia-Norte de Portugal, no es nueva. Lo que pretendemos es reafirmar líneas de actuación, de trabajo y eliminar incertidumbres.
El señor PRESIDENTE: Señor Louro, se trata de un turno de aceptación o rechazo de enmiendas; es decir, acepto tal enmienda, rechazo la otra. Si se reabriera el debate me obligaría a tener que dar la palabra a los otros grupos
parlamentarios.
El señor LOURO GOYANES: Justamente, señor presidente.
Aceptamos buena parte de las enmiendas planteadas por el Bloque Nacionalista Galego, y también buena parte de las que presenta el Grupo Popular. El texto transaccionado va a ser trasladado a la Mesa de la Cámara en minutos, y quiero decir
que desde el Grupo Socialista estamos satisfechos de poder compartir una iniciativa sincera con el conjunto de los grupos y con la totalidad de esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, a usted, señor Louro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN NACIONAL CONTRA LA SEQUÍA. (Número de expediente 162/000269.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un Plan de acción nacional contra la sequía.
Para la defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra el diputado señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señor presidente.
Señorías, presento, en nombre del Grupo Popular, una proposición no de ley para que el Congreso inste al Gobierno a poner en marcha una serie de medidas de ayuda a los agricultores y ganaderos, y de esta manera poder paliar los devastadores
efectos que está teniendo la sequía en la presente campaña. Esta proposición no de ley tiene dos partes claramente diferenciadas y vamos a centrar nuestra intervención en la referida a los daños agrarios, entrando en otro momento a fondo sobre
todos los temas referidos al medio ambiente y a la falta de previsión y total dejadez de este Gobierno en materia hidráulica.
Empezaré por decir que, como todo el mundo sabe, excepto la señora ministra de Agricultura, España está sufriendo una fortísima sequía. Todo el mundo sabe, posiblemente también excepto la señora ministra de Agricultura, que el campo español
está soportando esta sequía tras unas heladas que ya produjeron efectos devastadores. Pues bien, todo el mundo (agricultores, ganaderos, empresarios, trabajadores) está evaluando los daños y pidiendo ayudas y la señora ministra de Agricultura hasta
ahora está mirando para otro lado, sin hacer
absolutamente nada y sin querer afrontar este gravísimo problema que tiene planteado el campo español.
Es probable que la evaluación que se haga de los daños a fecha de hoy quede rebasada en breves fechas, pero el panorama a finales de mayo es suficientemente malo como para haber encendido todas las alarmas de los sectores agrarios y
económicos, y es el momento de actuar con eficacia y decisión desde el Gobierno en vez de estar las señoras ministras de Agricultura y de Medio Ambiente metidas en el escondite sin que se les vea dar la cara afrontando una situación ciertamente
grave. Señorías, cuando hablamos de situación grave no estamos exagerando, estamos diciendo la auténtica realidad, estamos hablando de que en los secanos no se van a poder cosechar los cultivos herbáceos en cientos de miles de hectáreas. En muchas
comarcas españolas será nula -cuando digo nula es cero- la cosecha de cereales, leguminosas, oleaginosas, y ni un solo kilo de cosecha se va a recoger en amplias zonas de las dos Castillas, Aragón, Andalucía, Extremadura y Cataluña.
En los regadíos el panorama no es mucho mejor. En los regadíos las superficies cultivadas han disminuido drásticamente al disponerse de menores caudales para el riego. Mientras esto ocurre, mientras no tenemos agua para regar, se están
vertiendo al mar cantidades ingentes de agua no aprovechada. Esta es exactamente la consecuencia inmediata de esa barbaridad que fue la anulación del Plan Hidrológico Nacional, y así se dejó al campo sin las obras hidráulicas que requerían los
regadíos. Así, tirando el agua al mar, nos encontramos con que no hay agua para regar y ahora nuestras cosechas se resienten, cuando no se anulan drásticamente.
En cuanto a los cultivos leñosos (viñedo, olivar, almendro, frutales en general), los daños son muy importantes y la sequía está provocando también una merma drástica de la cosecha y sobre todo unos daños evidentes en el árbol, cuyas
consecuencias se verán en las próximas campañas.
Finalmente, en la ganadería las pérdidas económicas son de una elevada consideración, pues la carencia de pastos desde hace meses está siendo soportada por los ganaderos mediante el aporte de piensos y forrajes, que por cierto son más caros
de lo habitual al ser más escasos.
Señorías, alguna organización agraria ya ha cifrado los daños producidos por la sequía por encima de los 3.000 millones de euros. Y pensamos honestamente que la cifra puede ser superior al terminar la campaña.
Pero, en todo caso, ya es lo
suficientemente grave como para actuar desde el Gobierno, tal y como he dicho anteriormente. Lo que hay que hacer es dejar de mirar hacia otro lado, que es lo que está haciendo la ministra de Agricultura, como si aquí no ocurriera nada, haciendo
una gravísima dejación de las responsabilidades que le corresponden como ministra de Agricultura de España.
Hay que tomar medidas y de manera breve, señor presidente, señorías, vamos a indicar algunas, que entendemos que son ya perentorias, para hoy, para ayer. A nuestro entender, son absolutamente necesarias para paliar esta crisis que estamos
apuntando y que ha provocado la climatología adversa.
En primer lugar, hay que hablar de los seguros agrarios. Tenemos que decir que desde hace un año, el Ministerio de Agricultura no ha hecho absolutamente nada; desde hace un año, el sistema de
seguros agrarios está absolutamente estancado, y es un buen sistema de aseguramiento el que tenemos en España, que es el fruto de una experiencia y de un trabajo de 25 años. Pues bien, si esto sigue así, si no se aportan los medios que requiere de
año en año, el sistema de aseguramiento corre el riesgo de que se deteriore, ya que se trata de un arma eficaz para una agricultura moderna del siglo XXI. Insistimos una vez más, ya lo hemos dicho en Comisión, lo decimos en Pleno, en que hay que
mejorar el seguro integral de las cosechas y poner en marcha de una vez por todas el seguro de rentas. Lo seguiremos diciendo hasta que el Gobierno nos haga caso.
En segundo lugar, hay que citar las medidas para los regadíos. La solución es muy fácil: hay que trabajar seriamente en la implantación de nuevos regadíos y en la mejora de los ya existentes. Ahora es el momento de decir que en este
último año se ha hecho poco o nada a favor de los regadíos, por lo que exigimos en el Pleno que se cumpla el Plan Nacional de Regadíos que elaboró el Gobierno anterior, con las obras hidráulicas y los aportes de caudal que estaban previstos en el
Plan Hidrológico Nacional. Señorías, destruir, anular y borrar es fácil y demagógico, pero ahora se ven las consecuencias de un gobierno débil e hipotecado. Anular el Plan Hidrológico Nacional, repito, fue una auténtica barbaridad.
Otro tipo de medidas, y así lo apuntamos en nuestra proposición no de ley y enmienda adicional, es la solicitud de fondos a la Unión Europea previstos para estos casos de adversidad climatológica. Yo no voy a entrar, señorías, en la
casuística de lo que está ocurriendo con esta solicitud, pero no hay que dejar de reseñar un episodio que entendemos que descalifica a la administración socialista y a la señora ministra de Agricultura. Se trata de la solicitud de ayudas a Bruselas
para la sequía. Pues bien, tal solicitud o no se ha producido o se ha efectuado erróneamente. Lo cierto es que a fecha de hoy España no ha solicitado en tiempo y forma las ayudas que tanto necesita y que están previstas en la normativa
comunitaria. Hoy no están solicitadas. Se pregunta en el ministerio y se dan vagas y confusas explicaciones. Lo cierto y verdad es que no ha llegado ninguna solicitud española a la Comisaría de Política Regional. Así de claro y así de sencillo.
En todo caso, cuando surgen dudas y se trasladan al ministerio, lo lógico es que se aclararan mostrando una fotocopia de la carta, demostrando que se ha enviado pero que no ha llegado a su destino. Señorías, es muy grave que haya previstos unos
fondos y que ni siquiera se hayan pedido. En un año de fuertes heladas y sequías, que han arruinado a las cosechas, la obtención de fondos europeos previstos para estas contingencias es una tarea esencial para el Gobierno. Y nos preguntamos
por enésima vez cómo es posible que la señora ministra esté fallando también estrepitosamente en este tema. Nos preguntamos, y se preguntan los agricultores y los ganaderos, hasta cuándo tendremos que aguantar la ineficacia y la ineptitud
de la señora ministra y la de todo su equipo de colaboradores. Al final se sabrá la verdad, por lo que estamos seguros que sobre este vidrioso tema de la solicitud de las ayudas a la Unión Europea habrá que volver en fechas próximas.
Hay que adoptar una serie de medidas urgentes, cuya realización reclamamos en nuestra proposición no de ley y que vamos a citar a continuación de manera breve y sucinta. Hay que eliminar algunos requisitos técnicos, fenológicos y
burocráticos para el cobro de los pagos compensatorios, así como adelantar estos pagos y los de las primas ganaderas. Proponemos créditos del Instituto de Crédito Oficial a tipo de interés cero con bonificaciones de amortización y dos años de
carencia, así como medidas fiscales que beneficien a los contribuyentes tanto en el régimen de estimación directa como a los de estimación objetiva. Otras dos medidas absolutamente necesarias son las condonaciones del IBI y de las cuotas de la
Seguridad Social de 2005. No vale poner parches de aplazamientos, porque sería trasladar el problema unos meses atrás, sino que hay que ir -y repito- a la condonación del IBI y de las cuotas de la Seguridad Social del presente año 2005. Entendemos
que son absolutamente necesarias ayudas directas a los ganaderos -muchos de ellos al borde de la ruina- para la compra de pienso, así como compensar de la manera que buenamente se pueda los lucros cesantes por las cosechas perdidas y aportar ayudas
directas al gasóleo. Desde el punto de vista fiscal, pedimos de manera imprescindible la subida de dos puntos del IVA compensatorio a percibir por agricultores y ganaderos, lo cual supondrá un pequeño alivio, importante para la venta de los
productos agrarios, a aquellos agricultores que tengan algo que vender. Finalmente, señorías, exigimos medidas adecuadas para paliar los gravísimos problemas de empleo que se derivan de una campaña catastrófica como la presente.
Termino recordando de forma sucinta el panorama del campo español. No se trata de ser ni pesimista ni optimista. En este último año se ha producido un importante encarecimiento de los carburantes, de la energía, de los productos
fitosanitarios, de las semillas y de los fertilizantes.
Es decir, han subido de manera notable los input de la agricultura y de la ganadería y, al mismo tiempo, se ha producido una disminución de las subvenciones y este Gobierno amenaza con nuevos
recortes a las ayudas. El profesional del campo no se siente defendido en la Unión Europea por el Gobierno de España, al contrario. Nos parece que la posición española está siempre sometida a los intereses de alemanes y franceses, los amigos del
señor presidente del Gobierno. Con este panorama y con esta poca fe en el futuro, sobrevienen heladas y sequías que esquilman las cosechas de este año y el Gobierno -repito una vez más- no hace nada y la señora ministra -repito una vez más- mira
para otro lado.
Señorías, pedimos el voto afirmativo para esta proposición no de ley por el bien del campo español, que no puede aguantar ni más adversidades ni más responsables ineptos. Si el Grupo Socialista tiene interés en resolver el problema, en vez
de buscar salidas fáciles que ofrezca una negociación, que ofrezca un acuerdo por el campo porque para nosotros lo importante es el campo, el agricultor y el ganadero.
Nada más y muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Madero.
En primer lugar, para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, interviene el Grupo de Esquerra Republicana, señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, esta proposición no de ley -el señor Madero lo ha avanzado- tenía dos partes. Nosotros habíamos presentado una enmienda a la primera parte, a la que usted no ha hecho referencia, y creo que la necesidad de hacer
un plan nacional de la sequía es igual de importante. Defenderé en la primera parte de mi intervención estas enmiendas y, después, haré referencia a esta filigrana parlamentaria que nos ha intentado colar hoy y que tendrá que explicarnos algún día.
La insuficiencia de lluvias sufridas en muchas partes del Estado puede llegar a originar un grave problema de reserva de agua. La reducción de las reservas del agua que contienen actualmente los embalses plantea un serio problema para el
suministro y para establecer las demandas, sobre todo en la campaña del próximo verano. Con el objetivo de asegurar al máximo los usos de agua para abastecer a la población y para otros usos declarados prioritarios en la ley, varias comunidades
autónomas están preparando algunos decretos para adoptar medidas excepcionales para paliar el problema de la sequía. Entre estas comunidades autónomas se encuentra Cataluña. El Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha presentado un decreto de
adopción de medidas excepcionales en la utilización de los recursos hídricos con un objetivo claro: adoptar de manera inmediata las medidas correctoras que intensifiquen el ahorro de agua y el aprovechamiento eficaz del agua almacenada hasta que
los embalses recuperen los niveles necesarios. Los diferentes supuestos que marcan estos decretos son: la utilización del agua para finalidades diferentes al abastecimiento por parte de los entes locales; la utilización del agua para usos
agrícolas; su utilización en el aprovechamiento hidroeléctrico; su uso en el riego de campos de golf, que quedará reducido a la extracción o derivación de aguas no procedentes de depuradoras de aguas residuales; su uso en pruebas deportivas, en
las cuales solo se autorizará la celebración de pruebas deportivas que impliquen desembalses extraordinarios hasta un volumen máximo de 0,5 hectómetros cúbicos, y, por último, todo lo referente a vertidos. Este decreto marca también la necesidad de
crear una comisión interdepartamentaria
para gestionar y definir las actuaciones dirigidas a garantizar los derechos básicos de los ciudadanos en materia de abastecimiento.
La incoherencia con este decreto que ha presentado la Generalitat de Cataluña es la que lleva al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana a presentar la primera de las enmiendas a la primera parte de la proposición no de ley del Grupo
Popular. En ella remarcamos la necesidad de gestionar las cuencas intercomunitarias que afectan a comunidades autónomas que hayan aprobado un decreto de medidas para paliar los efectos de la sequía. La presentamos para intentar minimizar el
agravio comparativo que se puede generar entre varias zonas de diferentes comunidades autónomas que tengan cuencas compartidas. Por ello, pedimos al Gobierno que cree urgentemente una mesa de negociación intercomunitaria para contrastar las
actuaciones previstas y acometer medidas mínimas similares en las cuencas compartidas, en sintonía pues con las necesidades y criterios expuestos por las comunidades autónomas en cuestión.
La segunda de las enmiendas que presenta nuestro grupo apuesta por la potenciación de un conjunto de medidas urgentes de ahorro y utilización de aguas. La situación de este año nos obliga a mejorar las políticas de ahorro que vayan en este
sentido, nos obliga a ser imaginativos y a intentar que se mejore la inversión para mejorar las políticas de ahorro.
Por eso presentamos una enmienda que propone que, en colaboración con las comunidades autónomas, el Gobierno intente impulsar en
los próximos presupuestos las inversiones necesarias para que esta política de ahorro del agua, esta nueva política del agua que estamos defendiendo entre todos sea potenciada lo antes posible y que en los Presupuestos Generales del Estado del año
que viene pueda haber partidas importantes en este tipo de inversiones.
Ahora me referiré a la segunda parte de la proposición no de ley, porque el señor Madero nos propone una enmienda adicional que seguramente es mucho más importante que la primera. Sin embargo, en ese tipo de filigrana parlamentaria que
usted propone, niega a los grupos parlamentarios la posibilidad de introducir enmiendas a su proposición no de ley, presentando una enmienda adicional a última hora, que no permite que podamos incorporar esas medidas necesarias en la ayuda a la
agricultura. Entendemos que el campo es el más perjudicado por la sequía.
Los otros sectores pueden ser perjudicados, pero el campo es el que más está sufriendo a día de hoy la tremenda preocupación por la sequía. En Cataluña, algunos sectores
como el cereal perderán más del 90 por ciento de la cosecha; en el País Valenciano se calcula que van a perder más del 50 por ciento de la cosecha y seguramente usted sabe, porque lo ha comentado, el problema que va a sufrir la ganadería por la
falta de pastos y por el aprovechamiento de esta situación por parte de algunas empresas de forrajes, que están intentando aumentar sus precios.
Nosotros entendemos que es necesario incrementar estas medidas para el campo y por eso nuestro grupo parlamentario preguntará mañana a la ministra qué medidas va a introducir en el sector agrario. Creemos que tiene que ser el ministerio, a
través de un diálogo importante con las comunidades autónomas y con las organizaciones agrarias, el que presente las medidas que se van a impulsar. Como digo, mañana le preguntaremos a la ministra qué medidas va a adoptar y le exigiremos que dichas
medidas sean lo más eficientes posible. En este sentido, y como ocurrió con el real decreto que nos presentó con relación a la sequía, exigimos que estas medidas sean eficaces y lo más avanzadas posible, porque el sector agrario lo necesita.
Nosotros creemos que este es el camino, por lo que presionaremos a la ministra para que esto sea así e intentaremos que mediante real decreto los grupos parlamentarios de la Cámara podamos introducir enmiendas que mejoren dichas ayudas, algo que
usted no nos ha permitido al presentar una enmienda adicional a una proposición no de ley. Asimismo, tengo que decir que usted no ha hecho ni caso a esta proposición no de ley. Seguramente debido a una cuestión de tiempo no ha podido presentar la
proposición no de ley que usted quería y esto es lo que ha hecho.
Por otra parte, me gustaría acabar esta intervención en lengua catalana.
(El señor diputado pronuncia palabras en catalán.)
El señor PRESIDENTE: Conoce usted las instrucciones de la Presidencia. Le ruego con toda amabilidad que abandone la tribuna por haberlas incumplido.
Gracias.
Ya les he dicho que esto no es un escaparate y quiero advertirle con toda cordialidad que, habiéndose producido a lo largo de esta tarde un incidente permanente, se podría estar creando una alteración deliberada del orden en el recinto
parlamentario y, créanme, si este es el caso, no dudaré en aplicar las sanciones previstas en el Reglamento. Tomen nota si ustedes quieren crear en este hemiciclo -que, insisto, no es un escaparate- una emboscada permanente faltando al respeto a
esta institución. Yo no lo voy a permitir. (Un señor diputado: ¡Muy bien, presidente!- Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
Tiene la palabra el señor Simón por el Grupo Socialista.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: Gracias, señor presidente.
Señor Madero, terminaba usted diciendo que lo importante para el Grupo Popular y, por tanto, para usted, era el campo, el agricultor y el ganadero. Pues bien, yo le afirmo que para el Grupo Socialista y para el Gobierno lo importante es el
campo, el agricultor, el ganadero, el tendero, el industrial de la ciudad, etcétera, es decir, los ciudadanos, los usuarios del agua. Como ya ha dicho quien me ha precedido en el uso de la palabra, usted acaba de hacer aquí un juego para evitar que
podamos discutir en serio y hacer aportaciones a un tema como el de la sequía y las ayudas a la agricultura. La proposición
que ustedes presentaron era clara y llanamente para hablar de las medidas a adoptar en cuanto a la sequía en todo su ámbito. Por tanto, no me cabe ninguna duda sobre lo usted que ha hecho, señor Madero: cuando alguien quiere ocultar su
falta de gestión debe atacar y denigrar la gestión que otros realizan. Eso es lo que usted ha hecho y eso es lo que hizo el señor Rajoy en el debate sobre el estado de la Nación, donde echó toda la culpa de la sequía al actual Gobierno. Se le
olvidó que él fue ministro de un Gobierno que no hizo absolutamente nada para prevenir la situación que podemos vivir en un futuro. Señor Madero, hoy usted ha hecho exactamente lo mismo; lo que en psicología se denomina operaciones de la mentira,
es decir, suprimir de su mensaje parte de la información para deformar la realidad. Usted nos presenta una proposición para adoptar medidas contra la sequía a la vez que se autoenmienda y traslada la cuestión exclusivamente a temas agrícolas, sin
tener presente además que el diálogo ya lo ha iniciado el Gobierno con los afectados. Y lo que es más importante, le repito que usted se ha olvidado de los usuarios del agua en todo el país.
No me extraña. Ustedes, al final, lo que buscan es la notoriedad. Por eso presentaron esta misma proposición en la Comisión de Medio Ambiente y cuando fuimos a debatirla, la retiraron; hoy la presentan en el Pleno, como no les interesa
debatirla, tampoco quieren hablar de estas medidas y sale por otros temas. Hoy salen por la agricultura, acusando al Gobierno de mirar para otro lado, pero se olvida, por ejemplo, de que la mesa de la sequía ya ha comenzado a trabajar y que son las
partes las que deben evaluar la situación. Por cierto, por si no lo sabe, que lo dudo -yo creo que lo sabe, pero se lo comento-, ninguna comunidad autónoma ha presentado en la mesa de la sequía un balance de daños definitivo, han dicho que van a
esperar. Usted hoy ya quiere solución a lo que ni siquiera las comunidades autónomas están exigiendo en estos momentos porque no han cuantificado los daños. Además, usted está obviando que lo que está ocurriendo es que algunas comunidades sí saben
cuáles son los daños, pero otras, por ejemplo en la que yo vivo, todavía no los conocen porque la situación, con las lluvias que hemos tenido las semanas pasadas, no es tan preocupante como lo era dos semanas antes. Y por si eso es poco, usted sabe
que aquellas medidas que se necesitan para la puesta en marcha de los mecanismos de flexibilización de la política agraria comunitaria ya han sido solicitadas por el Gobierno, y en ellas está trabajando el Gobierno, e igual ocurre con las que son
competencia de las comunidades autónomas.
De cualquier manera, para mi grupo, la lectura de la proposición no de ley que han presentado, así como la exposición que hemos escuchado, ponen de manifiesto tres evidencias. La primera, una aparente preocupación por solucionar, por fin,
un problema como el de la sequía, que no es nuevo, pues como se dice en la exposición de motivos de su proposición, España padece cíclicamente el fenómeno de la sequía (preocupación que solo le surge al Partido Popular cuando está en la oposición,
pero bienvenido sea a la preocupación); la segunda evidencia es la necesidad de afrontar este problema de forma global con criterios multidisciplinales, y la tercera es el reconocimiento que se hace en la proposición de que las políticas realizadas
hasta esta legislatura, aun siendo positivas, eran insuficientes -leo textualmente-, lo que viene a poner de manifiesto que el Gobierno del Partido Popular no estaba adoptando medidas serias y totalmente efectivas para luchar contra la sequía. Esto
es tan cierto que cuando comenzó la actual legislatura en el año 2004, la ministra Narbona se encontró con que el anterior Gobierno no había aprobado ni un solo plan de sequía, incumpliendo su propia Ley del Plan Hidrológico Nacional en su artículo
27 -por eso es bueno aclarar las cuestiones-, porque una cosa eran las distintas inversiones de carácter estructural que aparecían en el anexo de inversiones del Plan hidrológico, cuyo grado de cumplimiento ha sido escasísimo durante los gobiernos
del Partido Popular y que el actual Gobierno sí está agilizando dentro del programa AGUA, y otra cosa son los planes de gestión de sequía, que simplemente no estaban hechos al principio de esta legislatura. ¿Y sabe quién no los había hecho? Pues
el Gobierno del Partido Popular.
Quiero resaltar, en primer lugar, que este Gobierno se ha puesto a hacer lo que ustedes no hicieron: planes de sequía. En segundo lugar, conviene dejar claro que la sequía es un fenómeno natural que se presenta de manera recurrente y que
no se debe confundir con situaciones de déficit permanente de recursos, para las que se deben habilitar medidas estructurales que resuelvan el problema de manera permanente. Por eso, desde el principio, el Gobierno está trabajando en esta materia.
Ha adoptado medidas que afectan al total de las cuencas intercomunitarias contempladas en el Plan hidrológico y que debían haber sido puestas en marcha por el anterior Gobierno antes de julio de 2003; es decir, el Gobierno está trabajando en
políticas preventivas, de anticipación del fenómeno, tal y como marca la directiva europea en materia de agua y como marca nuestra propia legislación, estableciendo diferentes fases de la sequía y programas de medidas para paliar los efectos del
fenómeno. Así se están impulsando los planes especiales de actuación en situación de alerta y eventual sequía, exigidos por el Plan hidrológico, que suponen un documente irremplazable en la gestión de las sequías. Y mientras el actual Gobierno
está realizando estos planes, también está redactando protocolos de actuación que suplan transitoriamente dichos planes y que estarán hechos antes del verano.
Igualmente el ministerio ha puesto en marcha un catálogo de actuaciones de emergencia, algunas de ellas muy reveladoras de cómo trabajaba el anterior Gobierno y que nos han llevado a la actual situación. Por ejemplo, obras de emergencia
para solucionar problemas de abastecimiento en Murcia, para que de este modo no se vuelvan a repetir las restricciones de abastecimiento de
agua potable vividas en el año 2003; obras de emergencia en la cuenca del Segura para la segunda planta desaladora de San Pedro de Pinatar, con un importe de 35,5 millones de euros, que garantiza el suministro de agua a 77 municipios, de
los que el 50 por ciento de la población se encuentra en los 32 municipios de la provincia de Alicante; también está realizando obras de emergencia en Ceuta para evitar el hasta ahora 40 por ciento de pérdidas en las conducciones, por un importe de
casi 4 millones de euros, o está realizando actuaciones en el canal de Aragón-Cataluña en Huesca, o se está preocupando de la propia ciudad de Huesca, donde existe un riesgo de abastecimiento; está actuando en la conexión de la desalinizadora de
Valdelentisco con el canal de Cartagena, con una inversión superior a los 38,5 millones de euros, o en la nueva desalinizadora del canal de Alicante, con una inversión de 86.500.000 de euros. Asimismo, actuaciones de abastecimiento en Puebla de
Guzmán, Villanueva de los Castillejos y El Almendro (Huelva), en la mancomunidad de Almendralejo (Badajoz) o en Condado (Jaén), son muestras de la acción de ese Gobierno que usted dice que no hace absolutamente nada, como también lo son las
actuaciones en los regadíos de Lorca, Guadalentín -con un importe de 21 millones de euros- o en los de Vicario, así como el plan de afino y línea eléctrica para el abastecimiento a Melilla, por un importe de 7,7 millones de euros, o el desvío en el
canal de Granado en Huelva. Sin embargo, la actuación del Gobierno no se limita a estas actuaciones urgentes, sino que está manteniendo reuniones con responsables de ciudades grandes y medianas para cumplir en este apartado lo que mandataba el Plan
hidrológico, que es disponer de planes de emergencia para todas las ciudades de más de 20.000 habitantes.
Asimismo, le decía que el Gobierno estaba trabajando en políticas preventivas de anticipación, por eso se está actuando también en otras partes para recuperar, por ejemplo, estaciones de bombeo, pozos y conducciones, es decir,
infraestructuras que se crearon tras la última sequía en la etapa del anterior Gobierno socialista y que fueron abandonadas en su conservación y mantenimiento a lo largo de estos últimos ocho años de gobierno, de ese Gobierno que usted dice que hizo
tanto. Además, se está trabajando en algo que es necesario para luchar contra la sequía.
En definitiva, el Gobierno está llevando adelante actuaciones dirigidas a la optimización y mejora de la gestión del agua, a la generación de nuevos recursos, a la prevención de inundaciones, a la depuración y reutilización del agua y a
tomar medidas urgentes contra la sequía, las medidas que el anterior Gobierno si se lo hubiera tomado en serio habría adoptado y de las que usted hoy no ha querido hablar en absoluto. Desde la última sequía han transcurrido más de 10 años, y
sabemos que la sequía además de un fenómeno cíclico es un fenómeno secuencial que se va agrandando progresivamente, por lo que las medidas que se vayan adoptando deben ser proporcionadas a la gravedad del momento, y la disposición de reservas en
embalses y acuíferos proporciona margen suficiente para graduar las actuaciones. Es verdad que en este momento vivimos una sequía que denominan meteorológica, en que la ayuda media acumulada ha quedado por debajo del 50 por ciento de la
precipitación media interanual. Por eso el Gobierno ha establecido cuatro umbrales de sequía progresivamente más severos: prealerta, alerta, alarma y emergencia; umbrales definidos de acuerdo a indicadores hidrológicos, y cada una de esas fases
va acompañada de un conjunto de medidas. En conclusión, la gestión de la sequía se debe basar en principios de progresividad, cautela y proporcionalidad en las actuaciones para no crear una alarma social sin fundamento. Con lo que le acabo de
exponer, queda claro que el Ministerio de Medio Ambiente ha puesto en marcha los instrumentos de sequía que ya dio a conocer en enero de este año con la intención de anticiparse a un escenario de posible sequía, llevando hasta el momento una
inversión de más de 321 millones de euros, y de igual modo el Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha los mecanismos que garantizan a los afectados las ayudas necesarias, aunque usted, señor Madero, no lo quiera aceptar ni lo quiera ni pueda
reconocer.
Por otra parte, se han tomado por el Gobierno acciones de tipo económico: exenciones fiscales, políticas de seguros, planes de regadío, pago de indemnizaciones, créditos bonificados y medidas de Seguridad Social que garantizan actuaciones
gubernamentales para los sectores afectados por la situación. Pero el Gobierno también ha impulsado la Oficina permanente para las situaciones de sequía y la Oficina permanente para las situaciones de adversidad climática o medioambiental. En
definitiva, frente a lo que usted piensa y opina, el Gobierno está actuando en todos los campos necesarios para paliar la sequía. Por eso mi grupo ha presentado una enmienda a la primera parte de su proposición no de ley -porque la segunda parte la
tenía usted oculta hasta esta mañana-, en la que queríamos continuar el consenso que se ha dado en el Senado hace 20 días. En aquel momento les pareció que era muy bueno y ahora no les parece tan bueno -solo han pasado 20 días- quizás porque no les
da el protagonismo que están exigiendo a toda costa. Con estas enmiendas y con lo que está haciendo el Gobierno, adoptando las medidas que le he comentado, creo que haremos frente seriamente a la sequía, pero sobre todo consideramos que antes de
crear nuevos planes hay que cumplir lo que ya existe y lo que por ley se debe hacer, pero que hasta que ha llegado este Gobierno no se ha hecho.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, por las intervenciones en este punto del orden del día constatamos que estamos ante un grave problema económico y social en la mayoría del Estado español y ante la situación de que muchos españoles y muchos de nuestros agricultores
asisten impotentes a una de las peores campañas en muchos años. El Grupo Parlamentario Popular nos lo recuerda oportunamente con su propuesta. Así lo ha hecho en el Senado y también en esta Cámara. Las alarmas, según nos ha dicho el interviniente
del Grupo Socialista, están encendidas desde hace días en muchos puntos de nuestra geografía y las perspectivas inmediatas son descorazonadoras. Habrá malas cosechas de cereal, los forrajes tendrán precios elevados, los cultivos leñosos tendrán
unas repercusiones por esta sequía que más adelante veremos y además habrá restricciones de riego. Todo esto en el sector agrícola, pero también hay problemas en el suministro de agua y en el medio ambiente, así como con un tema que se ha comentado
poco hoy, que es el elevado riesgo de incendios.
A finales de abril, más concretamente el día 26, se aprobó en el Senado una moción que insta al Gobierno a adoptar, conjuntamente con las comunidades autónomas y las entidades locales, las medidas necesarias que tengan como objetivo paliar
de una manera eficaz los efectos ambientales, económicos y sociales de la sequía que -cita exactamente la moción del Senado- en la actualidad está empezando a sufrir España. Hoy el Grupo Popular nos presenta una proposición no de ley que va un poco
más allá y que trata de concretar de forma detallada una serie de acciones a favor de nuestros agricultores. Estamos de acuerdo con estas acciones a tomar para dar confianza al sector agrario y la seguridad de que va a recibir ayuda, pero
desearíamos que hoy saliera de aquí una proposición que instara al Gobierno en términos equivalentes a los de la moción del Senado, es decir, por unanimidad, por consenso de todos los grupos. Hoy no puede haber ni vencedores ni vencidos; tendría
que haber consenso y voluntad de apoyo y asistencia al sector agrario.
Señorías, hoy estamos aquí para lo de siempre: en primer lugar, para tomar conciencia de un sector con problemas; en segundo lugar, para mandar estudiarlos y acordar soluciones adecuadas y, en tercer lugar, para estar preparados para
tramitarlas como ley y ponerlas en acción. No me parecería adecuado hoy votar todas las medidas a tomar, precisamente porque una propuesta con entrada el 22 de febrero en esta Cámara ha tenido una autoenmienda recientemente. Podríamos ser
injustos, la proposición no de ley del Grupo Popular solo tiene unas semanas y ha precisado para su tramitación hoy una enmienda del grupo proponente. Si fuéramos a determinar más exactamente las medidas hoy, posiblemente podríamos recaer
nuevamente en la parcialidad por no atender el problema de la sequía en sus justos términos, porque hay términos aún desconocidos y que, como ha dicho el portavoz socialista, en determinados cultivos y plantaciones tardaremos tiempo en conocer.
Después de sentar estos precedentes, nuestro grupo se suma a la reclamación de la actuación firme y decidida del Gobierno. Pero nuestra proposición de ley sería distinta, más en la línea de marcar un inicio y un compromiso de actuación que
otra cosa. En vista de las enmiendas presentadas creemos necesaria una enmienda transaccional. Nuestra enmienda es lo suficientemente abierta para solicitar al grupo que sustenta al Gobierno y al grupo proponente que lleguemos entre todos a un
consenso y seamos capaces de proponer una moción para instar al Gobierno a buscar la solución. Nuestra enmienda es muy corta pero, por ejemplo, podríamos plantear una moción en unos términos parecidos a estos: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a, en primer lugar, recabar de las comunidades autónomas la determinación de los daños originados por la sequía en los cultivos agrícolas, las infraestructuras y el medio ambiente; en segundo lugar, determinar como zonas de alto riesgo las
zonas donde peligra el abastecimiento de agua a la población y tomar de forma inmediata medidas oportunas para asegurar el suministro; en tercer lugar, realizar el acuerdo en la mesa nacional de la sequía, constituida por el Gobierno, las
comunidades autónomas y las organizaciones agrarias, sobre la determinación de los cultivos y zonas afectadas, cuantías de los daños, porcentajes de afectación de la producción, y daños computables a efectos de aplicación de las ayudas públicas, y,
en cuarto lugar, determinar las medidas económico-fiscales compensatorias que permitan resarcir las pérdidas habidas, la contratación de las cargas sociales que se repercuten al agricultor y las ayudas directas a la producción mediante subvenciones
o créditos preferentes. Este es un texto suficientemente amplio como para requerir un compromiso del Gobierno y, al mismo tiempo, darle un voto de confianza pero exigiendo el cumplimiento de una necesidad que tiene el sector. Cito que la voluntad
de nuestro grupo es solicitar el consenso y nuestra satisfacción sería obtenerlo.
Nuestro grupo entiende que no podemos en la brevedad de este debate dar solución, vía carpetazo, a este problema. Hay varias administraciones afectadas y nuestro grupo entiende que mala cosecha no es mala operación solo para el agricultor,
se trata de una situación límite que debemos sentir todos que nos afecta y que recaba precisamente, y aquí es donde debe encontralo, un principio de solidaridad. Ante esta situación, no podemos cerrar los ojos y, por tanto, no sería coherente
exigir los impuestos municipales ni determinados impuestos del Estado en la producción que no se dará, ni unas cotizaciones de los seguros sociales por un trabajo que en el mejor de los casos será nada o será improductivo. Por ello, debemos
establecer unas líneas de actuación del Gobierno que deben contemplar tanto las corporaciones locales como la Seguridad Social como los propios agricultores.
Señorías, hoy debería prevalecer aquí ante el problema, el diálogo, el consenso y el compromiso del Gobierno. Nuestro grupo propicia, con esta intervención,
el diálogo y estamos de acuerdo en perfilar el acuerdo del Senado, tomando una posición más adecuada para el sector agrario. Y todo ello, con un texto suficientemente concreto en el que existiera el compromiso del Gobierno para con los
agricultores, mostrando las vías por las que se puede actuar, es decir, los impuestos, las cargas sociales y las ayudas, dejando además las puertas abiertas a la consideración de que la problemática de la sequía pueda tener algún efecto colateral o
secundario en determinadas producciones agrarias o situaciones industriales u otra situación más estructural.
Señorías, si hoy no somos capaces de encontrar una propuesta de solución consensuada, demostraremos a nuestro electorado nuestra insensibilidad y nuestra incapacidad de poner por delante un problema importante frente a nuestro interés
político y, por esta razón, nuestro propio crédito, el de los políticos, el de esta Cámara, no saldrá bien parado. Muchos agricultores podrán entender que no estamos a su lado cuando lo necesitan, que nuestro problema son los resultados de una u
otra votación solamente. Reitero que es nuestro interés que hoy saliera de este debate una propuesta que instara al Gobierno a actuar de una forma extraordinaria para la sequía y que sin ninguna sombra de duda contara con la complicidad manifiesta
del Gobierno de actuar en esta dirección.
Nuestro grupo ha intentado buscar un punto de encuentro y no lo ha conseguido. Por ello no podemos tomar posición en este debate y nos abstendremos, en primer lugar porque somos conscientes del problema y,
por lo tanto, como aceptación de su existencia; en segundo lugar, por la necesidad de tomar medidas, y en tercer lugar, por la necesidad de que se arbitren a partir del diálogo con los afectados.
Sabemos que el camino está iniciado, que la mesa de la sequía está en marcha, que las soluciones están en estudio y que hoy no hemos podido obtener un compromiso decidido del Gobierno, que ya sabe de las vías de que dispone porque ya ha
actuado, por ejemplo, en el tema de las heladas, que se ha corregido con dos actuaciones en esta Cámara. Un voto consensuado habría sido una vía más de actuación y de entendimiento del Gobierno con esta Cámara. Hoy haremos en este debate un punto
y aparte, estamos seguros que volverá el tema a esta Cámara y esperamos que no sean necesarias muchas correcciones cuando llegue vía real decreto o varios decretos y que la propuesta que nos traigan aquí contenga las ayudas más adecuadas. Mientras
tanto, para nosotros hoy el tema queda ahí, así como nuestra decisión final. Por ello, y como he dicho, nuestro grupo se abstendrá en esta votación. Reitero nuestra solicitud de que sea posible llegar a una cuestión consensuada in extremis para
que esta Cámara vote favorablemente un acuerdo y así resolver el tema de la sequía.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.
Se decía que la sequía es un problema cíclico, también es un problema secuencial. Me ha sorprendido que tanto en la exposición de motivos como en la intervención del representante del Grupo Popular no se haya hecho referencia precisamente a
que este problema secuencial viene agravado por las consecuencias y los efectos del efecto invernadero, y algo tendrá que ver nuestro país cuando es uno de los que más incumple los objetivos que se marcan en el Protocolo de Kioto. Es cierto que en
nuestro país la lluvia, como decía Raymond, no cae cuando debe de caer o cuando cae, lo hace en exceso. Quizá en los próximos años tengamos sequías más acentuadas, esto vendrá dado sin duda alguna por la acentuación de los extremos climatológicos
-las puntas de calor van a ser más elevadas- y quizás momentos como los que hoy vivimos vayan a más. Ante esta situación a nuestro grupo parlamentario le hubiese gustado una reflexión más profunda en torno a cuáles deberían ser las respuestas. En
la intervención del portavoz del Grupo Popular se ha hecho referencia a respuestas exclusivamente desde el punto de vista agrícola, pero no ha hecho alusión al modelo de crecimiento que se debe impulsar a la hora precisamente de afrontar periodos de
sequía como el que este año podemos acabar sufriendo. Es cierto que tenemos sequía pero también que el modelo de crecimiento que se ha tenido en los últimos años es profundamente insostenible, no ahonda precisamente en la gestión de la demanda ni
en una nueva cultura del agua. Es más, cuando se habla de gestión de la demanda y de la oferta, en la proposición no de ley original del Grupo Popular no se hace prelación alguna, y es conocido por parte de todos los expertos que debería haber
prelación y que especialmente en periodo de sequía debería ser a favor de la gestión de la demanda.
Otro argumento que se ha esgrimido es que no se va a poder afrontar la sequía porque no se ha ejecutado el Plan Hidrológico Nacional. A estas declaraciones se ha sumado una que no deja de ser insólita, una declaración sin ninguna solidez ya
no digo científica, sino de mera sensibilidad ambiental: no puede ser que los ríos tiren, echen el agua al mar. Hoy es común denominador de toda la comunidad científica que los ríos no echan agua al mar, que hay caudales ecológicos que se deben
garantizar. ¿Saben lo que más sorprende en su declaración, señor Madero? Que en su Plan Hidrológico Nacional (ya no en el actual, en el suyo) para hacer los trasvases se deberían garantizar caudales mínimos. Le tengo que decir a S.S. que esos
caudales mínimos hoy no se garantizarían en su Plan Hidrológico Nacional y que, por tanto, no se podrían hacer los trasvases de agua que usted plantea. (El señor Madero Jarabo pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, sí, es así. No deja de
sorprender que lamente que no se ejecute un plan hidrológico nacional que hoy, con la sequía que tenemos, no podría trasvasar agua, porque no se garantizarían ni caudales mínimos ni caudales ecológicos en el río Ebro. Ante esto,
¿qué es lo que le gustaría apoyar a nuestro grupo? Le gustaría que se incorporasen algunas de las enmiendas que ha presentado Esquerra Republicana, el Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Parece que el
consenso no va a ser posible y nuestro grupo también lamenta, como lo lamentaba el señor Grau, que en un tema tan delicado como este no sea posible el consenso; pero no solo un consenso desde la perspectiva agrícola, sino un consenso en torno al
modelo de crecimiento. Ustedes están desligando completamente la política en materia agrícola de la política en torno al modelo de crecimiento, especialmente en Levante y en el Mediterráneo, y a la hora de afrontar la sequía que estamos padeciendo
no se puede desasociar, no se puede desligar una cosa de la otra.
Nuestro grupo tenía dudas en torno al voto, pero su intervención ha sido clarificadora. Su intervención ha sido clarificadora porque ha dicho cosas del Plan Hidrológico Nacional que nos reafirman que se han salido de lo que entiende no la
comunidad científica, sino simplemente la gente con una mínima sensibilidad. El agua tiene que acabar en el mar, los ríos tienen que acabar en el mar, y lo cierto es que hoy a nuestro grupo le gustaría que hubiese un gran consenso en torno a las
medidas a adoptar, porque es cierto que estamos padeciendo una sequía importante y es posible que en los próximos años padezcamos sequías más importantes, precisamente porque el efecto invernadero acentúa las condiciones extremas de todos los climas
y también de España. Nos hubiese gustado llegar a un consenso. Veremos cómo evoluciona el debate y, en función de eso, optaremos por la abstención o por el no, sabiendo que ustedes hoy no plantean medidas en materia medioambiental y que desde la
perspectiva agrícola plantean muchas medidas, algunas de las cuales deberíamos valorar si son oportunas o no. Lamentamos que no haya sido posible el consenso.
Muchas gracias. (Los señores Labordeta Subías y Beloki Guerra piden la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.
Disculpen, señores diputados, no los tenía en la lista, pero es un placer hoy al señor Labordeta y, posteriormente, al señor Beloki.
El señor LABORDETA SUBÍAS: No sé por qué no nos tenía usted en la lista; en la fijación de posiciones se levanta la mano y ya está.
Voy a decir dos palabras. Agradezco que haya tenido usted esa deferencia con el señor Sagaseta (Risas.). Quiero decirle que voy a votar en contra de la proposición del Grupo Popular por la serie de cosas que hemos oído aquí y que nos han
sonado a bastante viejas. Como el señor Herrera ha dicho lo que tenía que decir (efectivamente ha sido una pena que no hayamos consensuado este tema, para que hubiera un relativo consenso entre todos) solo añadiré que Chunta Aragonesista va a votar
en contra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve. Mi grupo comparte la opinión de todos los grupos de esta Cámara de que estamos en un momento en que hay que llamar la atención sobre el problema de la sequía. Hay que llamar la atención de todo el mundo y en todo el
mundo no suele estar de más llamar por si acaso la atención del Gobierno. Hasta ahí no tendríamos dificultad alguna en sumarnos a una iniciativa que se redujera a eso. La sequía, como se ha insistido repetidas veces por distintos portavoces de
diversos grupos, no es precisamente un problema que nos coge de forma sorpresiva e imprevista. Se trata de un fenómeno secuencial y progresivo, según ha dicho el representante del Grupo Socialista, que apoya al Gobierno, y todos coincidimos en
ello. ¿Cómo hacer frente a un problema, que no es imprevisto, que no acude sorpresivamente, que se sabe que puede llegar y que incluso ha llegado en numerosas ocasiones? Ante un problema imprevisto, cuando uno se veía enfrentado a un problema de
esos, se solía decir que lo mejor era crear una comisión para no hacer nada. En mi grupo observamos que esta regla de tres tan simple de ante un problema crear una comisión para no hacer nada a veces se sustituye o nos parece que puede estar
sustituyéndose por esta otra, ante un problema hagamos un plan; hagamos un plan nacional, hagamos un plan estatal, seguramente para no hacer nada tampoco.
Ante el problema, como se ha insistido por parte de otros representantes de otros grupos, lo que hay que hacer es diagnosticar con precisión, porque el problema de la sequía es dispar hoy mismo en distintas comunidades autónomas y en
distintos territorios. Seguramente es dispar porque también lo son las actuaciones que está habiendo ya por parte de distintas administraciones frente al problema que están teniendo; luego hace falta diagnosticar con precisión. En segundo lugar
está poner en marcha las medidas que, al tratarse de un problema recurrente, uno cree que deben estar previstas. Esta improvisación, que parece que debe sugerirse, de ante un problema improvisemos todo porque nada existe, es de lo más absurdo que
puede plantearse y es de lo más decepcionante para los ciudadanos y ciudadanas. Ante un problema que se sabe que llega recurrentemente no hay por qué estar inventando el mundo en cada ocasión.
Lo que hay que hacer es llamar a la conciencia del
Gobierno, si en su caso es necesario, para que aplique las pautas de actuación, aunque uno cree que tampoco deben ser pautas de actuación que este Gobierno debe poner en marcha hoy, sino que debían estar ahí a la espera de que la situación llegara
como ha llegado. Entre las pautas de actuación hay un tema sobre el que en mi grupo insiste una y otra vez, y seguirá insistiendo, que hay un entramado administrativo que es el que tenemos; esto no se resuelve con decir que hagamos un plan, que
el Gobierno haga un plan y punto, sino que habrá que tener en cuenta el conjunto de las administraciones existentes, saber quién es competente y en qué y articular las medidas, insisto, las pautas que deben estar ya previamente establecidas
de la forma que sea más efectiva. Son principios absolutamente elementales y da vergüenza tener que estar recordándolos, pero nos parece que la propuesta que realiza el Grupo Popular simplifica en exceso, por decirlo de la forma más simple y más
tenue por mi parte.
No contempla este tipo de consideraciones a la hora de establecer unos protocolos de actuación y de hacer no sé si un plan o un listado de medidas que debían estar previamente establecidas. Como la propuesta no contempla nada
de esto, mi grupo se abstendrá en la votación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Madero, ahora sí. Su turno de aceptación o rechazo de enmiendas.
El señor MADERO JARABO: En el caso de la enmienda de Convergència i Unió, agradezco el esfuerzo del señor Grau. Ha dicho que supone un voto de confianza; por tanto no la aceptamos puesto que no confiamos en el Ministerio de Agricultura
para el cual se pide confianza. Tampoco aceptamos la enmienda del Grupo Socialista, entre otras cosas porque las obras que el señor Simón nos ha relacionado se declaran de emergencia, pero no están dotadas económicamente puesto que el Grupo
Socialista votó que no a su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado del 2005.
Mucha palabrería pero ni una peseta para estas obras. Por consiguiente, no y no.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder a las votaciones de las proposiciones no de ley. En primer lugar, votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso relativa al impulso de programas que fomenten la integración
territorial, económica y socio-cultural en la eurorregión Galicia-Norte de Portugal. Se ha presentado una enmienda transaccional. ¿Algún grupo parlamentario se opone a su tramitación? Si no es así, se vota la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 309.
El señor PRESIDENTE: Queda, pues, aprobada la proposición no de ley.
Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la elaboración de un plan de acción nacional contra la sequía, que se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 126; en contra, 165; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ), SOBRE EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA EXCLUSIÓN DEL MISMO, A NIVEL ESTATAL, DE LAS CENTRALES SINDICALES U ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS QUE, SIENDO REPRESENTATIVAS, SON DE ÁMBITO AUTONÓMICO.
(Número de expediente 173/000071.)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández), sobre el diálogo social y la exclusión del mismo, a nivel estatal, de
las centrales sindicales u organizaciones profesionales agrarias que, siendo representativas, son de ámbito autonómico.
Para la defensa de la moción consecuencia de interpelación tiene la palabra la señora Fernández. (Rumores.)
Señorías, continúa el Pleno. (Rumores.) Va intervenir su colega, la señora Fernández, con lo cual sería bueno un poquito de silencio. Gracias.
Adelante, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente. Señorías, subimos a esta tribuna para defender nuestra moción consecuencia de la interpelación que discutimos la semana pasada, dado que la respuesta no fue satisfactoria respecto de
la cuestión que planteamos, que no es otra que recuperar la interlocución del Gobierno con las organizaciones sindicales y las organizaciones profesionales agrarias que, siendo representativas, son de ámbito autonómico, y planteamos la transferencia
a las comunidades autónomas de la formación profesional continua conforme a los criterios que figuran recogidos en las sentencias 95/2002 y 190/2002 del Tribunal Constitucional. Es probable que SS.SS. entiendan que los tres puntos que presentamos
son políticamente diferentes y que nada tienen que ver la transferencia de la formación continua con la interlocución con los agentes sociales. Aunque estamos dispuestos, si se nos permite, a que se vote esta moción por puntos, trataremos de
explicar la conexión que existe entre ambas cuestiones, dado que son consecuencia de la misma voluntad y decisión política en lo que se refiere a respetar, entender o asumir el derecho de las comunidades autónomas a desarrollar sus competencias en
este
caso e incluso reconocidas por sentencias del alto Tribunal y el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a organizarse en organizaciones propias y que, siendo estas representativas, puedan tener la interlocución con el Gobierno en igualdad
con aquellas organizaciones que tengan carácter estatal. Vemos muy difícil que sin esta convicción política se pueda considerar con más amplitud de la actual el futuro político de las comunidades autónomas.
Por otro lado, hay otro hecho que une a estas tres propuestas, fundamentalmente a las dos primeras, y es que son consecuencia de la misma decisión política, adoptada en su momento, año 2003, por el Gobierno del Partido Popular en aquel
entonces, de excluir de la mesa para la concertación social, por lo tanto de sus acuerdos, a centrales sindicales como el caso de la Confederación Intersindical Galega. Fue en ese año 2003 y en la mesa de concertación que mencionamos donde se llega
a los acuerdos de modificar el sistema de la formación profesional continua, acuerdos que dan origen al Real Decreto 1046/2003 por el que se regula el subsistema de dicha formación y posteriormente la Orden TAS 3/2783 de 2004, de 30 de julio,
establece las bases para la concesión de subvenciones públicas mediante contratos-programas para la formación de trabajadoras y trabajadores. Lo paradójico de estos acuerdos que modifican el sistema anterior es que el Gobierno los justifica sobre
la base de la argumentación de la necesidad de adaptar el sistema de la formación profesional continua a las sentencias del Tribunal Constitucional que anteriormente citamos, es decir transferirlas a las comunidades autónomas; sin embargo, el Real
Decreto que regula el subsistema lo que hace es dividir en tres partes la formación continua: una parte a desarrollar por las empresas, aspecto novedoso, y la división de lo que se denominan contratos-programas a desarrollar por los agentes
sociales entre el Estado y las administraciones autonómicas. Esto, además de no significar la transferencia competencial como lo sentencia el Tribunal Constitucional, genera una total y absoluta discriminación entre las centrales sindicales, ya que
las de ámbito estatal, firmantes de los acuerdos, participan de los fondos estatales de las comunidades del Estado, mientras que las organizaciones de ámbito territorial solo pueden hacerlo en aquella parte que corresponde a las comunidades
autónomas. El nuevo Gobierno del Partido Socialista continúa con la política del Partido Popular que en el año 2003 restringe sus acuerdos a dos únicas centrales de ámbito estatal, contrariamente a la práctica que se venía ejerciendo con
anterioridad, no a las centrales sindicales de ámbito autonómico, representativas, de acuerdo a la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, y a lo que se establece en su artículo 7.1. Es el caso de la Confederación Intersindical
Galega que, como ya expusimos en el debate anterior, ostenta el 26,21 por ciento del total de los representantes de los trabajadores y trabajadoras de Galicia, con 4.782 cargos electos; representación, como se ve, muy superior a la que establece la
ley a la que hacíamos referencia.
La interlocución que planteamos en el primer punto es porque consideramos que el hecho de que se establezca así entre el Gobierno y las centrales sindicales, incluidas las que hoy no forman parte de la mesa establecida para el diálogo,
significa respetar a aquellos trabajadores y trabajadoras que optaron por este tipo de organización. No hacerlo así significa que el Gobierno hace una discriminación en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas a ejercer su
sindicación entre los que optan por centrales sindicales de ámbito estatal o nacionalista, o lo que viene a ser lo mismo se trata de poner trabas al ejercicio de este derecho. El segundo punto, que se refiere a la transferencia de la formación
continua en las comunidades autónomas, para nosotros es clarísimo, ya que pretende que el Gobierno dé cumplimiento a las referidas sentencias a las que hacíamos mención más arriba, y que como la 95/2002, de 25 de abril, dimana de un conflicto
positivo de competencias interpuesto por la Generalitat de Cataluña y la 190/2002, de 17 de octubre, que dimana de un conflicto positivo de competencias interpuesto por la Xunta de Galicia y confirmado posteriormente por sentencia del Tribunal
Constitucional 23/2003, del 18 de diciembre, en la que se dice que las cuatro sentencias citadas hacen referencia al anterior sistema de formación continua, derivado de los sucesivos acuerdos estatales y tripartitos sobre formación continua. La
doctrina que sientan es perfectamente aplicable al nuevo modelo instaurado mediante el Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, hasta el punto de que en la propia sentencia del Tribunal Constitucional 158/2004, ante la alegación de la Abogacía del
Estado de que el conflicto había perdido su objeto por haber entrado en vigor el nuevo modelo, el Tribunal argumenta que hay que considerar que el conflicto sigue vivo, pese a la entrada en vigor de un nuevo sistema configurado a partir del citado
Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, de acuerdo con la doctrina expresada por el Tribunal. Por tanto, señorías, no transferir fondos en su totalidad a las comunidades autónomas, aunque haya que dejar un margen otros para las diferentes gestiones
que haya que hacer a nivel estatal, pero nunca el desarrollo de la formación continua, es no dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Constitucional. Es paradójico que quienes estamos aquí defendiendo lo que el Tribunal Constitucional
interpreta de la Constitución tengamos que ser los nacionalistas, pero no porque no la acatemos, sino por las muchas acusaciones, no razonables, que hemos tenido de ser anticonstitucionalistas, etcétera, cuestión que es total y absolutamente falsa.
El tercer punto que planteamos pretende que se recupere la sana costumbre de la interlocución que existía entre las organizaciones agrarias de ámbito autonómico y el Gobierno, dado que desde nuestro punto de vista esta interlocución
institucional establecida, a mayores, con aquellas organizaciones que las coordina a nivel de
Estado y a través de las cuales se llegaba a acuerdos se perdió en el último año, y entendemos que es de gran importancia porque recuperarlo significaría poder establecer un diálogo en temas tan importantes como los que se están acordando en
este momento para el sector ganadero y agrícola. No se puede desperdiciar la opinión de organizaciones profesionales agrarias que, como el caso del sindicato Labrego Galego, representa nada más y nada menos (remato, señor presidente) que el 25 por
ciento de los agricultores y ganaderos de Galicia.
Gracias, señor presidente, sobre todo por la benevolencia en el tiempo, en el que me he excedido.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Por el Grupo de Esquerra Republicana, señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, damos por defendida la enmienda por razones de fuerza mayor.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo va a votar favorablemente esta iniciativa que ha presentado dentro del Grupo Mixto el BNG, advirtiendo (también lo ha dicho su portavoz que son tres puntos a los que ella ha tratado de darles una conexión, porque plantean
cuestiones muy diferentes. Nosotros vamos a votar favorablemente a cada uno de ellos, tengan menor o mayor relación en cuanto a que determinados sindicatos que son de ámbito de comunidad autónoma, como ocurre también en la Comunidad Autónoma de
Canarias, puedan formar parte de la mesa de negociación nacional en aquellos temas específicos que les pueden afectar.
Con relación al punto tercero, por ejemplo, ya discutimos en Comisión con competencia legislativa plena el tema de las cámaras agrarias para llevar al ámbito de las competencias de las comunidades autónomas que ya las tienen y que regulan
por ley de sus parlamentos autonómicos dicha materia, donde hay una representación de las organizaciones profesionales agrarias, y esto se ha dejado para la competencia exclusiva de las comunidades autónomas. En cuanto al punto dos, por ejemplo, se
habla de la formación profesional continua. Ya tuvimos ocasión de debatirlo en el Pleno de la semana pasada con motivo de la convalidación del Real Decreto-ley que modificaba los Presupuestos Generales del Estado del año 2005, y se aprobó por
unanimidad de todos los grupos parlamentarios.
Aumenta la financiación a efectos empresariales de la formación profesional continua para que ninguna empresa tenga ya la excusa de que enviar a uno o varios de sus empleados o trabajadores a cursos de
formación continua fuera en demérito de la productividad y de la cuenta de resultados de la empresa. Por tanto, como esto está en sintonía general con cuestiones que mi grupo ha votado favorablemente lo vamos a votar igualmente ahora. En cada una
de esas partes, tengan mayor o menor conexión, hay una filosofía de fondo, como bien ha explicado la portavoz del BNG, para que esa representación profesional, sindical o corporativa de las organizaciones profesionales agrarias, o cualquier otra
estructura sindical propia de la comunidad autónoma, pueda formar parte de las mesas de negociación en un tema muy específico. Es la misma técnica que se ha seguido con los problemas del algodón o del aceite de oliva, para los que se han creado
mesas nacionales en todo el Estado donde hay unas representaciones profesionales o sindicales agrarias que han tenido que opinar sobre las medidas correctoras del Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Izquierda Unida, señor Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
La moción plantea tres cuestiones, efectivamente. Plantea la representación en las mesas de diálogo de los sindicatos de ámbito autonómico, el diálogo con las organizaciones profesionales agrarias y la formación continua.
En relación con el primer tema, en nuestra opinión el diálogo social es producto de la voluntad de los interlocutores y, por tanto, no puede estar sujeto a normativa alguna y tampoco a la normativa de la legislación. Es obvio para nosotros,
por otra parte, que en el Estado autonómico y aún en el federal, y más aún en el confederal, la acción y la representación sindical tiene sus marcos propios de referencia y de desarrollo, y desde luego quien limita el ámbito de su actuación es el
responsable de la limitación del ámbito de su representación; no es quien limita esos derechos el Gobierno ni los sindicatos de ámbito estatal y mucho menos el Parlamento. Como digo, quien limita el ámbito de su actuación es quien en definitiva
responde y es responsable de la limitación en el ámbito de su representación. Esto para nosotros es tan obvio como que el papel jugado por las centrales de ámbito autonómico es importante en procesos concretos que afectan a sus comunidades
autónomas; y el tema de Izar ha sido un ejemplo claro del protagonismo de las centrales sindicales en esos ámbitos autonómicos.
En relación con las organizaciones profesionales agrarias, es cierto que desde que en este país disfrutamos la democracia han sido poco cuidadas por los gobiernos. Sería necesario mantener esos mecanismos de consulta con las organizaciones
agrarias más representativas del Estado y de las comunidades autónomas, pero el proceso de diálogo social está siendo lento, complejo, difícil y una recomposición del mismo en este momento no favorecería una mayor eficacia. Ello no quiere decir que
no
podamos estar de acuerdo en que haya procedimientos de participación en temas presentes tan claros como el proceso de regulación de la inmigración en el que esas organizaciones han jugado y juegan un papel crucial.
Por último, en relación con la formación continua, nosotros estuvimos de acuerdo con la última normativa que introdujo mejoras y cambios en ese subsistema de la formación. En 2005 las comunidades autónomas gestionarán el 50 por ciento de
los fondos, lo que significa 14 puntos más que en 2004. La transferencia a las comunidades autónomas es una cuestión que ya señalamos en el último debate. Cuatro sentencias del Tribunal Constitucional han llevado al Gobierno, aparte de a su propio
convencimiento, a realizar esa transferencia, y ello ha contado con el acuerdo de los interlocutores sociales. Por tanto, creemos que lo políticamente prudente en este momento es dejar que se desarrolle esa experiencia, que tengamos nuevos
contrastes y podamos estar en condiciones de hacer nuevas propuestas que nos hagan avanzar más en esta cuestión de la formación continua.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez.
Grupo Vasco, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo para manifestar nuestra adhesión a la iniciativa presentada por el BNG. La verdad es que no admite demasiadas reflexiones dialécticas el pedimento de este partido político. Se trata de cumplir dos sentencias del Tribunal
Constitucional del año 2002, pero de cumplirlas en sus propios términos. Me acuerdo de un debate un tanto delirante que tuvimos sobre la convalidación de un real decreto el pasado jueves en el que el Partido Socialista proponía cumplir las dos
sentencias del Tribunal Constitucional a plazos, transfiriendo primero una parte de las consignaciones que el Tribunal Constitucional reconoce a las comunidades autónomas y posteriormente otra. Yo puedo realizar la misma reflexión apologética que
el portavoz del Partido Socialista hizo respecto a los acuerdos interconfederales, pero no hay acuerdo interprofesional a pesar de su eficacia normativa y de su carácter erga omnes que pueda disponer del contenido de sentencias del Tribunal
Constitucional. Las sentencias del Tribunal Constitucional se deben cumplir en sus propios términos, y no a plazos, mediante las transferencias de créditos en este caso en materia de formación continua, como consignan estas dos sentencias
indicadas.
Dicho esto, y apoyado por razones nada menos que legitimadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional -pedimento por tanto legitimado absolutamente-, en Euskadi nuestra realidad es diferente y volvemos a reiterar nuestro problema
con Hobetuz. En este momento en Euskadi hay dos sindicatos que ostentan la condición de mayor representatividad por cumplir los requerimientos que la Ley Orgánica de Libertad Sindical establece en sus artículos 6 y 7 para ostentar esta condición en
el ámbito de todo el Estado, no solo en el ámbito de una comunidad autónoma. Son sindicatos más representativos, a los efectos de los preceptos antedichos, aquellos que en las últimas elecciones sindicales en el ámbito del Estado obtengan más del
10 por ciento del total de representantes sindicales electos y, si son de ámbito diferente al del Estado, los que obtengan en el ámbito donde actúen el 15 por ciento más 1.500. Como quiera que en Euskadi hay dos sindicatos que ostentan la noción
jurídica de mayor representatividad sindical y que han suscrito un acuerdo interconfederal idéntico al de UGT, Comisiones Obreras y la CEOE en el Estado español, que son en concreto ELA y LAB con Confebask, y como quiera que estos acuerdos
interconfederales tienen naturaleza idéntica y su fuente de financiación deber ser por tanto exactamente igual, es decir, deben cubrir sus necesidades financieras con los devengos de las cuotas para formación profesional establecidas de forma
obligatoria para empresarios y trabajadores, nosotros volvemos a reivindicar por enésima vez -no sé cuantas veces, señor presidente, hemos debatido sobre esta cuestión en este Parlamento- que existe un problema pendiente y es que hay una
organización, la Forcem, que se financia por ese procedimiento regular, y que hay otra, Hobetuz, que tiene que recurrir a los presupuestos ordinarios de la comunidad autónoma del País Vasco mediante una expoliación de recursos financieros que no
estamos dispuestos a seguir permitiendo.
Yo apelo otra vez al consenso y a las expectativas generadas por el ministro de Trabajo el jueves pasado cuando se convalidó el real decreto en cuestión. Desde esa perspectiva, vamos a apoyar la moción del BNG pero quiero recordar también,
en obiter dicta que el señor presidente me va permitir sin ninguna duda, que hay un problema pendiente y es que en el Estado español no hay uno sino dos acuerdos interconfederales, no una sino dos instituciones que se dedican a la formación
continua, de manera que cuando se habla de transferencias de las comunidades autónomas no sé a quién se quiere transferir puesto que esta es una cuestión privatizada, son entidades compuestas por sindicatos y empresarios las que ejercen estas
funciones, y desde esa perspectiva nosotros vamos a seguir reivindicando la financiación de Hobetuz por la vía regular, por la vía de la aplicación de un acuerdo interprofesional que está previsto en el ordenamiento jurídico con la misma eficacia de
obligar que la Forcem.
Dicho esto, nos parece muy fundada y perfectamente pertinente la pretensión del BNG y, por tanto, desde una perspectiva solidaria, por empatía ideológica, la vamos a apoyar, pero no nos vamos a olvidar de nuestra
reivindicación, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a apoyar esta moción del Bloque Nacionalista Galego en sus tres consideraciones, reconociendo -como apuntaba su portavoz- que estamos hablando de tres aspectos distintos pero que
responden a una misma cuestión. Por un lado, es evidente que la realidad nacional de Galicia ha conllevado la existencia de organizaciones del ámbito sindical de obediencia estrictamente gallega, igual que sucede en el País Vasco en el ámbito
sindical y en el de las organizaciones empresariales. Esas realidades de carácter nacional, que conllevan la existencia de marcos de carácter nacional en las relaciones laborales, deben tener acomodo también en nuestras políticas de empleo, en
nuestras políticas de relaciones laborales, en nuestras políticas de formación y en el ámbito del diálogo social. Poco o mucho, seguramente menos de lo que algunos querríamos, nuestra legislación permite la existencia de esos marcos gallegos, de
esos marcos vascos y de esos marcos catalanes de relaciones laborales, pero es cierto que en el punto primero y en el punto segundo hay dos cuestiones evidentemente deficitarias. En primer lugar, que el diálogo social de ámbito estatal obvia la
presencia de esas organizaciones vascas y gallegas que tienen la consideración de más representativas para el conjunto del Estado por su presencia importante y significativa en Galicia y en el País Vasco y, en segundo lugar, que el Estado continúa
incumpliendo las sentencias del Tribunal Constitucional que establecen que las competencias de gestión -todas las competencias de gestión, no una parte de ellas- en materia de formación continua corresponden a los gobiernos autonómicos. La realidad
nacional de Cataluña, la historia del mundo sindical y del mundo empresarial catalán ha sido diferente de la existente en el País Vasco y a lo largo de los años las dos principales organizaciones sindicales de mi país, Cataluña, la Unión General de
Trabajadores y Comisiones Obreras, se han definido como organizaciones de carácter nacional. Por tanto, la vocación de sindicatos de estricta obediencia catalana, existiendo como existen, seguramente no ha alcanzado el nivel de fortaleza que existe
en el País Vasco porque, en la práctica, UGT y Comisiones Obreras ejercen de sindicatos nacionales en Cataluña.
Esa realidad que valoramos desde Cataluña no nos puede hacer insolidarios con las reivindicaciones de los nacionalistas en Galicia y el País Vasco en cuanto al reconocimiento del diálogo social a organizaciones que representan a la mayoría
de los trabajadores de estos países. Por tanto, mi grupo va a apoyar esta moción y va a reiterar la necesidad de que el Gobierno del Estado cumpla ya con las sentencias del Tribunal Constitucional, como pusimos de manifiesto de manera clara y
meridiana en el debate del pasado jueves cuando Convergència i Unió y otros grupos de la Cámara no apoyamos la convalidación del real decreto-ley que aprobó el Gobierno el pasado mes de abril en relación con la formación continua.
Esa es una
batalla pendiente. Llevamos desde el año 1991 exigiendo que las competencias en materia de formación continua se traspasen a los gobiernos autonómicos y nuestras posiciones han sido avaladas por dos sentencias del Tribunal Constitucional que son
muy claras. No se trata de transferir más o menos recursos a la formación continua; se trata de que el conjunto del título competencial relacionado con la gestión de la formación continua corresponde a las comunidades autónomas. No es una
cuestión de más recursos; es simplemente una cuestión de cumplir con las sentencias del Tribunal Constitucional. Me gustaría que el actual Gobierno cumpliese con las sentencias del Tribunal Constitucional y que la misma diligencia que a veces
muestra en otras materias la mostrase también en ésta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Popular va a votar en contra de los tres puntos recogidos en la moción que hoy se presenta por las siguientes razones.
Creemos que se están mezclando cuestiones que por su diferente índole producen confusión en el
enunciado y que usted misma, señora Fernández, ha reconocido al comienzo de su intervención. Por un lado se solicita la ampliación de las mesas constituidas para el diálogo social a aquellas centrales sindicales que son de ámbito autonómico, al
amparo de lo dispuesto en la Ley 11/1985, Orgánica de Libertad Sindical. Dicha ley es clara en cuanto al establecimiento de los criterios que sirven para fijar la representatividad de las centrales sindicales, tanto a nivel estatal como autonómico,
y su cumplimiento escrupuloso por todos los gobiernos hasta la fecha ha hecho posible un proceso de diálogo social en el que se ha contado con la adecuada representanción institucional ante las administraciones públicas y otros organismos de
carácter estatal o autonómico.
Dejando constancia de la existencia de un marco jurídico inequívoco que asegura la representación institucional de las centrales sindicales, tanto en el nivel estatal como en el autonómico, el planteamiento que hace S.S. con esta moción
tiene una clara finalidad política, como así lo manifestó usted en la defensa de la interpelación de la que esta moción trae causa. Pues bien, también en este sentido entiende este grupo parlamentario al que represento que el diálogo social se ha
impuesto en este país desde el inicio de la democracia, creándose un clima político que obliga -entre comillas- a los poderes públicos a mantener un permanente diálogo con los agentes sindicales, con la suficiente flexibilidad como para que las
centrales sindicales de ámbito estrictamente autonómico puedan sentirse partícipes en los asuntos que son de su competencia. Desde estas dos perspectivas creemos que la representación
institucional reglada no es contraria al deber de los poderes públicos de mantener el permanente diálogo al que hemos aludido y coincidimos con S.S. en la necesidad de estar permanentemente atentos en la salvaguarda de este esfuerzo que los
mismos deben realizar. La norma jurídica es un marco que otorga seguridad jurídica, y esa la tenemos. La voluntad política es lo que hace que la norma despliegue toda su eficacia. Ambas son necesarias pero no excluyentes.
El segundo punto de la moción que ahora debatimos insta al Gobierno a efectuar las transferencias en materia de formación profesional continua a las comunidades autónomas en su totalidad, dando cumplimiento -dice la moción- a las sentencias
95/2002 y 190/2002 del Tribunal Constitucional.
Señorías, como ustedes muy bien saben, para dar cumplimiento a dichas sentencias, que por cierto fueron dictadas en referencia al acuerdo nacional de 16 de diciembre de 1992 sobre formación continua y
la adicional segunda de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, ambas aprobadas bajo el Gobierno del Partido Socialista -dicho con otras palabras, quien lo hizo mal en ese caso fue el Partido Socialista-; como
digo, para dar cumplimiento a las citadas sentencias el Gobierno del Partido Popular dictó el 1 de agosto de 2003 el Real Decreto 1046/2003 -al que tanto se ha aludido aquí-, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua. En
relación con este real decreto los gobiernos de varias comunidades autónomas formularon requerimiento de incompetencia ante el Tribunal Constitucional por entender que la gestión de la formación profesional continua era una competencia de ejecución
de la legislación laboral y como tal, en virtud de sus competencias estatutarias en la materia, debía ser llevada a cabo por las administraciones autonómicas. Asimismo consideraban que su pretensión estaba avalada por las ya citadas sentencias del
Tribunal Constitucional y, en consecuencia, dichos órganos requirentes consideraban que las correspondientes partidas presupuestarias deberían serles transferidas territorializando las subvenciones. Todos estos requerimientos fueron desestimados
por el Tribunal Constitucional conforme al acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de noviembre de 2003 y los argumentos esgrimidos en aquel momento por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, quien justificó la gestión centralizada por las
siguientes razones, y cito textualmente: Primero, el cambio de modelo. El Estado, en ejercicio de sus competencias -decía-, ha establecido un nuevo régimen jurídico para la materia de formación continua modificando el modelo anterior. Segundo,
territorialidad. El Estado debe gestionar los planes de formación de ámbito supraautonómico y la comunidad autónoma solo los de su ámbito. Tercero, participación. Se da participación a las comunidades autónomas en los órganos de gestión de la
formación continua.
Cuarto, intervención de las empresas. En el nuevo modelo buena parte de la formación la llevan a cabo las propias empresas que la financian con cargo a la cuota de formación profesional que se recauda al mismo tiempo que la
cuota general de la Seguridad Social. El Tribunal Constitucional entendía que la regulación de la materia de formación continua se inscribía en el ámbito de la legislación laboral, por lo que el título competencial de aplicación era el artículo
149.1 de la Constitución y los respectivos artículos que sobre el tema se recogían en los estatutos de autonomía.
El tercer punto de la moción insta al Gobierno a establecer diálogo con las organizaciones profesionales agrarias de ámbito autonómico. Como sabe S.S., la cuestión de su representatividad está en curso de reforma y entendemos que es objeto
de debate en el seno de este proceso sobre el que esperamos pueda llegarse al más amplio consenso no sólo en esta Cámara sino también entre el Gobierno y los agentes sociales representativos de ámbito autonómico.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Sánchez.
Grupo Socialista, señor Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, la moción que hoy presenta el Bloque Nacionalista Galego contempla, como su portavoz ha dicho, tres puntos de materias distintas, aunque tienen en común responder a problemáticas de
carácter territorial: la participación de las organizaciones sindicales de trabajadores y agrarias de ámbito territorial en la concertación del Estado y las transferencias de formación continua a las comunidades autónomas. En la primera se plantea
que la mesa de diálogo social de sindicatos y organizaciones empresariales, constituida el pasado 8 de junio de 2004, dé cabida a las centrales sindicales con implantación en Galicia por tener el reconocimiento de representatividad con arreglo a la
Ley Orgánica de Libertad Sindical. Señorías, como ustedes conocen, en este país se vienen haciendo acuerdos de concertación desde el año 1977. Los Pactos de la Moncloa fueron el primer acuerdo de concertación; tras ellos se han realizado siete
grandes pactos o acuerdos que han sido básicos para la configuración de un marco de relaciones laborales estables en España.
Basándose en ellos se han elaborado leyes tan importantes como el Estatuto de los Trabajadores o la Ley Orgánica de
Libertad Sindical. Son acuerdos que han permitido avanzar en las conquistas sociales y también en la mejora de nuestro tejido productivo. En todos ellos el procedimiento ha sido el mismo. El Gobierno plantea interlocución con los sindicatos más
representativos y las organizaciones empresariales, y lo hace por decisión y con criterios políticos, no hay obligación para ello ni marco jurídico determinado. Esto, señorías, pertenece ya a la tradición de la relación entre el Gobierno de turno
con los agentes sociales fruto de la transición política en nuestro país. Para poderlo realizar se ha contado con interlocutores suficientemente representativos, tanto sectorial como
territorialmente, en el ámbito de todo el Estado español.
Señorías, los sindicatos interlocutores son abrumadoramente representativos en todo el país. Ambos, UGT y Comisiones Obreras, representan casi el 80 por ciento de los delegados y miembros de juntas de personal de España, nada más y nada
menos que 226.000 de los 296.000 elegidos en todo el país a 31 de diciembre de 2004. Por tanto, no hay un problema de representatividad, no se tiene que mejorar esa representatividad; todo lo contrario, gracias a ella se han podido tomar
innumerables acuerdos que han ido plasmándose día a día en los distintos centros de trabajo. Por otro lado, los contenidos del diálogo social habitualmente son de carácter general que afectan a sectores, a colectivos distribuidos en toda España;
afectan a mujeres, a pensionistas, a jóvenes; afectan a normas de riesgos laborales, a negociación colectiva, a condiciones salariales, etcétera; cuestiones todas ellas que tienen igual incidencia e igual repercusión en Galicia que en Canarias o
que en Euskadi, por ejemplo, y que son piezas esenciales de la solidaridad y de la igualdad social entre los trabajadores y las trabajadoras de España. Además, en nuestro país hay también un amplio abanico de mesas de concertación territorial con
los gobiernos de turno. Aquellas organizaciones que según la Ley Orgánica de Libertad Sindical tienen representación en ámbitos territoriales tienen un marco de negociación adecuado a ese territorio, y aquellas organizaciones que están contempladas
como más representativas por la LOLS tienen presencia en la distinta representación institucional que en estos momentos determinan las leyes marco de este país. En el CES, en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la Comisión
Consultiva Nacional de Convenios, en la Fundación para la Formación Continua están presentes no solamente la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras sino también la FIGA y ELA-STV. Señorías, como ustedes saben, este modelo de
concertación y de representación institucional diferenciado ha sido muy positivo para todo el país, también para los territorios donde se ha hecho este modelo de concertación. Experimentar con este modelo de concertación y hacer cambios nos parece
innecesario porque no mejoramos la representatividad, no aumentamos la operatividad de la concertación, sino todo lo contrario. Desde nuestro punto de vista, la moción que hoy estamos debatiendo no responde más que a una situación preelectoral que
se está planteando en Galicia. Estoy seguro de que esta moción está más en el eco de esta propuesta que en su viabilidad, porque ya sabe que es intención del Gobierno, expresado por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales la semana pasada,
informar y consultar aquellas reformas de la legislación laboral que pudieran derivarse del diálogo social con aquellos sindicatos representativos de las comunidades autónomas.
El segundo punto que plantea la moción afecta a las transferencias en materia de formación profesional y a la aplicación de las sentencias del Tribunal Constitucional. Señorías, quisiera hacer algunas consideraciones sobre ellas. La
primera es que la formación continua es materia laboral, como dicen las sentencias del Constitucional, por lo que están amparadas por el artículo 149.1.7 de la Constitución. La legislación sobre formación corresponde al Estado y la ejecución a las
comunidades autónomas, como recoge la sentencia, ejecución que tienen que realizar las comunidades autónomas salvo que dicha formación se refiera al ámbito supraautonómico, en cuyo caso se reconoce como ámbito de gestión el estatal. Por tanto,
señorías, considero que en estos momentos las bonificaciones y la adecuada utilización de las mismas por las empresas nos están dando pábulo para pensar que estamos cumpliendo las sentencias, sobre todo a la luz de la revalidación del real decreto
que aprobamos el otro día y que supone la transferencia de 219 millones de euros a las distintas comunidades autónomas para su ejecución, no para su regularización o normativización. Consideramos, por tanto, que esta parte está suficientemente
cumplida y que además se tiene que rubricar con el acuerdo entre las organizaciones sindicales y empresariales que sobre formación continua tiene que desarrollar la mesa de diálogo social en los próximos meses.
Para terminar quisiera decir que en la representación que se está planteando por las organizaciones agrarias hay un hecho que está claro.
Las organizaciones agrarias más representativas en este país están marcadas por la representación que
se tiene en las cámaras agrarias, y hoy y por hoy son COAG, ASAJA y UPA, y esas organizaciones agrarias tienen la representación en sus territorios y en el conjunto del Estado, como recoge también la enmienda que se presentó el 27 de abril en la
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación para que se recoja en la reforma de las cámaras agrarias que se está debatiendo en este momento en el Congreso. El problema que se está suscitando con la representación agraria respecto de Galicia no es
otro que un contencioso entre COAG y el Sindicato Labrego Galego por una representación que se disputan ambas, cuestión que no corresponde a esta Cámara dilucidar en estos momentos. Es una moción que obvia...
El señor PRESIDENTE: señor Membrado, está duplicando el tiempo. Termine ya, por favor.
El señor MEMBRADO GINER: Es una moción que no tiene en cuenta las sentencias de la formación continua ni la trascendencia de las mesas de concertación en nuestro país en estos últimos años. Por tanto, no vamos a apoyar la moción presentada
por el Bloque Nacionalista Galego.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
En turno de aceptación o rechazo de la enmienda, la señora Fernández tiene la palabra.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, no tenemos problema en aceptar la enmienda que presenta Esquerra Republicana si eso facilita algún acuerdo, dado que la enmienda dice: habilitar cauces de relación entre el Gobierno y los
agentes sociales representativos de ámbito autonómico que pudieran permitir su participación en el debate social y en los acuerdos que se lleven a cabo en materia sociolaboral y económica.
Aceptamos la enmienda de Esquerra Republicana y solicitamos
la votación separada por puntos de la moción, si es posible.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Me señalan los servicios de la Cámara -y creo que es la interpretación correcta- que desde el momento en que usted acepta una enmienda la moción se convierte en un bloque por sí mismo y, en consecuencia, se tiene que votar en su conjunto.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En ese caso, señor presidente, no acepto la enmienda y solicito la votación por puntos.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Eso sí es posible.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE POLÍTICA DE COMUNICACIÓN Y LA FALTA DE TRANSPARENCIA. (Número de expediente 173/000072.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política de comunicación y la falta de transparencia.
Tiene la palabra la señora Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular demostró la pasada semana, más allá de toda duda razonable, que el Gobierno tiene muchas grietas en materia de transparencia y comunicación veraz sobre sus actos. El día que debatíamos la
interpelación, es decir, el miércoles pasado, el ministro de Justicia se jactaba, entre faltón y suficiente, de que el Gobierno ha levantado en España el templo de la objetividad, el pluralismo, la verdad y la transparencia informativa. Señorías,
tan solo dos horas más tarde el Telediario 2 de Televisión Española escondía la noticia de que Otegi consideraba muy positivo el acuerdo parlamentario para abrir una negociación con ETA, imponía discreción a las partes y no ocultaba su alegría
porque con esa iniciativa se desactivaba el Pacto antiterrorista.
Veinte segundos escasos le dedicó a esa noticia Televisión Española.
Mientras el resto de informativos de todas cadenas emitían y abrían el informativo con la rueda de prensa del
señor Otegi, Televisión Española no abría con eso. Todo lo contrario, abría su telediario con la problemática de los clubes de alterne en las carreteras españolas, lo que para la cadena pública tiene, sin duda, una importancia mucho mayor que la
rueda de prensa que en ese momento daba el señor Otegi. Solo dos horas después de nuestra interpelación y de nuestra denuncia Televisión Española daba una muestra inequívoca de su servilismo y de su contribución descarada a los intereses más opacos
del Gobierno socialista. Este debe ser el ejemplo que tanto divertimento le producía al señor ministro de Justicia el pasado miércoles; este es el ejemplo de su encendida defensa de la objetividad de los medios públicos de comunicación desde que
él es ministro; este debe ser el caso que le quita la náusea y la reconciliación con la independencia de televisión; esta debe ser la prueba de que la manipulación infinita, inacabable, insaciable y voraginosa en televisión ha terminado con el
Gobierno socialista. ¿Es lo que pudimos ver aquel miércoles el aprecio a la verdad y la transparencia que defiende el Gobierno? Qué gran oportunidad tuvo el Gobierno para mostrarse más prudente y cauteloso en sus palabras.
Señorías, nos acaba de decir airado el ministro de Justicia que ni uno solo de los telediarios -y leo textualmente- en la presente legislatura soporta un contraste con los que padecimos en la legislatura anterior.
Dos horas y solo dos horas
bastaron para desmentir al propio Gobierno en la persona del ministro de Justicia. Bien es verdad que cada vez son menos los españoles que lo ven, pero en cualquier caso eso viene a confirmar lo que otros por obligación vemos todos los días. A lo
mejor, cuando el Gobierno estaba presumiendo en ese momento de transparencia, de lealtad y de honradez informativa se estaba refiriendo a otra cosa bien distinta. A lo mejor se refería precisamente a la noticia que conocíamos al día siguiente de la
sarta de descalificaciones y naderías del ministro de Justicia cuando intentaba contestar a la interpelación del Grupo Parlamentario Popular: un emisario de Zapatero ya ha mantenido un contacto en el mes de abril con la banda ETA a través de su
entorno -ABC, 19 de mayo-. ¿Es esa la transparencia y la comunicación que el Gobierno administra a las respetables entendederas de la opinión pública, a los ciudadanos españoles y a esta Cámara? ¿Es este el ejemplo de no tomarle el pelo al
Congreso de los Diputados y a los españoles en una cuestión crucial como es la del terrorismo? No son los únicos casos, los hay mucho más recientes. Realmente, como decía parte del Gobierno, como somos la envidia de Europa incluso en
transparencia, resulta que el presidente del Gobierno informa sobre el proceso de diálogo de ETA en las cenas privadas con sus amigos, en las cenas sí, ese es el escenario en el que mejor se mueve el presidente del Gobierno. No lo hace en el
Parlamento, no lo hace al principal partido de la oposición, no lo hace en el ámbito del Pacto antiterrorista, pero sí se muestra locuaz y confidente en las veladas nocturnas. Así lo declaró Savater que esta invitado a la fiesta. Y dice
textualmente Savater:
Zapatero me dijo que recibió una oferta de ETA para dejar las armas, con la única condición de que dé salida a los terroristas presos. Una extraordinaria revelación que el Gobierno sustrae al Parlamento y que prueba de nuevo lo que el Grupo
Parlamentario Popular viene denunciando, la opacidad y la falta de transparencia, el ocultismo y las mentiras que se están sucediendo de forma torticera por parte del Gobierno socialista.
Eso sí, en aras a la transparencia y a la vista del follón
que se había organizado por el renuncio en el que se ha cogido al Gobierno, se elabora por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación una matización para que Fernando Savater asuma el error de la filtración. Toda la propaganda del Estado,
absolutamente toda, incluidos Los desayunos de Televisión Española, se pone en marcha al servicio del Gobierno para tapar las vergüenzas a un presidente de Gobierno que no dice la verdad y que ha forzado a esta Cámara a hacer una auténtica pantomima
parlamentaria para avalar sus negociaciones inconfesables con la banda terrorista ETA.
Señorías, los ejemplos están por doquier, cualquiera de todos nosotros sería capaz de poner un ejemplo de las actuaciones que está teniendo en este momento el Gobierno. Porque el Gobierno tiene un problema muy serio y muy grave de
transparencia y de limpieza en toda su actuación política, sobre todo la de carácter público. Los ciudadanos no están recibiendo en ningún caso del Gobierno la información veraz que exige una democracia que esté consolidada y a la que se habían
comprometido el Partido Socialista y el señor Rodríguez Zapatero de una forma reiterada tanto en su programa electoral como en el debate de investidura. Señorías, el Gobierno tiene demasiadas ataduras para desenvolverse con independencia y
demasiados pactos y componendas que ocultar a los ciudadanos. Si nos referimos a cuestiones de trascendencia social que afectan muy directamente a la convivencia de todos los españoles, convendremos en que estamos ante un hecho muy grave sobre el
que no se pueden correr más cortinas de humo, de manipulación y de secreto. El Gobierno ha incumplido su programa electoral y ha faltado a su palabra cuando nos prometió transparencia, pluralismo y objetividad en los medios de comunicación públicos
del Estado. No podemos ni queremos permanecer impasibles ante el apagón informativo ni ante el atropello del derecho a conocer qué compromisos adquiere el Gobierno en nombre de los españoles en el modelo de Estado, en la lucha antiterrorista, en la
financiación autonómica, en las reformas estatutarias o en la reforma de la Constitución. Estamos convencidos de la imperiosa necesidad de corregir la ambigüedad y arrojar luz sobre las sombras en las que el Gobierno permanece.
Deben comprender, señorías, nuestra prevención y nuestra desconfianza, que es la misma que tienen en este momento millones de españoles. No olviden nunca que el Partido Socialista y sus socios en esta Cámara -que son los mismos que en
Cataluña- firmaron un acuerdo para impedir la presencia del Partido Popular en el Gobierno del Estado y, como eso era poco, renuncian a establecer cualquier tipo de pactos con nuestro partido en el Parlamento. El Gobierno y sus socios no quieren
testigos incómodos, y eso que Savater le dijo al presidente que había que contar con todos y, por supuesto, con el Partido Popular. Señorías, el Gobierno desprecia a millones de españoles que votaron al Partido Popular y a otros muchos ciudadanos a
los que las ruedas de molino no les parecen el manjar democrático más apetitoso. El Gobierno tiene que explicar por qué motivo quiere dejar fuera de las grandes cuestiones de Estado al principal partido de la oposición, pero no lo explica y, a
partir de ahí, toda su estrategia se tiñe de negro y se dirige a emitir una película de los hechos, eso sí, de encargo, a su medida y con muy poca claridad pero muchos efectos especiales. ¿Qué instrumento más dócil y a mano del Gobierno que
Televisión Española para colocar este mensaje?
Señorías, es imprescindible adoptar con urgencia alguna iniciativa que corrija esta situación. Por eso mi grupo parlamentario ha presentado la moción con tres objetivos fundamentales: hacer posible la transparencia del Gobierno y que sea
ésta una realidad palpable y tangible. El primero de los puntos solicita una iniciativa inequívoca y contundente para que los medios de comunicación públicos se pongan al servicio de la objetividad y del pluralismo político respetando la
independencia y la profesionalidad en sus emisiones, algo que no ocurre hasta la fecha. El segundo punto solicita al Gobierno que ofrezca una versión única, nítida y transparente de su elocuente pasividad a la hora de instar la ilegalización del
Partido Comunista de las Tierras Vascas, porque lo que ha hecho el Gobierno ha sido dar oxígeno al brazo político de ETA. El Gobierno debe informar con rigor y con la seriedad que requiere este asunto y decirnos qué hay detrás de que Batasuna
vuelva al Parlamento vasco para condicionar la política antiterrorista. No lo ha hecho hasta ahora y tiene contraída una deuda con la verdad y con la transparencia.
El tercer punto de nuestra moción tiene una finalidad muy simple pero también
transcendente, un objetivo que coincide con sus declaraciones pero no con sus hechos: pedimos que los miembros del Gobierno acudan a la Cámara para comparecer en el menor plazo posible de tiempo cuando se lo soliciten los distintos grupos
parlamentarios. Con ello le damos carta de naturaleza a su ardiente deseo, según dice el Gobierno, de convertir el Parlamento en el centro de la vida política. Hasta ahora las penumbras de La Moncloa y las excusas multicolores parecen ser los
únicos escenarios que prefiere el Gobierno, eso sí, para eludir sus comparecencias parlamentarias. Consideramos, por último, que esta urgencia se debe de redoblar cuando las solicitudes de comparecencia se refieran a las principales materias del
Estado: política antiterrorista, modelo de Estado, proyecto de reforma estatutaria y de la Constitución Española y financiación autonómica, por ejemplo. No nos parece que haya que justificar mucho esta demanda tan razonable.
El señor PRESIDENTE: Señora Montesinos, concluya, por favor.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Termino, señor presidente.
Hay demasiadas dudas en el aire, en cualquier caso, señor presidente, y hay en la opinión pública inquietudes reales e interpretaciones absolutamente confusas sobre cuáles son las intenciones verdaderas del Gobierno, y si el Gobierno no lo
hace espontáneamente, esta Cámara debe exigirle que así se haga porque los españoles, hoy más que nunca, no nos merecemos un gobierno que nos mienta.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada a la moción, tiene la palabra el señor Vilajoana, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor VILAJOANA ROVIRA: Señor presidente, señorías, señora diputada, hemos presentado una enmienda de supresión de los puntos segundo y tercero de la moción que usted plantea en el día de hoy. Nos ha parecido siempre bien defender un
auténtico pluralismo, objetividad e independencia en los medios de comunicación de titularidad del Estado, aunque nos gustaría añadir que muchas veces su grupo parlamentario, cuando ha estado en el Gobierno, no ha introducido los elementos que
hicieran posible el pluralismo, la objetividad y la independencia. Por ejemplo, en esta Cámara, en la anterior legislatura, se propuso la creación del Consejo de lo Audiovisual, que la mayoría de los países de Europa, concretamente Cataluña, lo
tienen, que es un instrumento de control y de lucha por el pluralismo, por la objetividad y por la independencia. También me gustaría aclararle respecto al primer punto que cuando nosotros hablamos de pluralidad y de objetividad muchas veces solo
se piensa en la información, que es muy importante. Nos gustaría encontrar la pluralidad en otro aspecto, no la hallamos en la época en que ustedes estaban en el Gobierno y seguiremos luchando para que esté en el futuro con el Gobierno actual
apoyado por el Grupo Socialista.
Entendemos que la pluralidad tiene que ver también con la pluralidad lingüística y cultural, con la literatura, con la música, con la cinematografía. La pluralidad es un concepto muy importante, y muchas veces nos
quedamos solo en la información, pero, repito, queremos unos medios públicos que apoyen el carácter plurilingüístico, pluricultural y también plurinacional del Estado español. En este sentido sentido, otra cosa que pedimos a los medios públicos de
titularidad del Estado es que sean capaces de analizar los temas que ocurren en el conjunto del Estado no siempre desde la óptica central, de cómo se ven las cosas aquí, sino cómo se ven las cosas allá. Nosotros vamos a apoyar este punto, pero
dándole este enfoque; tener unos medios públicos plurales, objetivos, independientes, pero con este sentido de pluralidad y de independencia que va desde la política hasta la cultura, la lengua, el deporte, etcétera. A veces, desde ciertos puntos,
se entienden con una especie de análisis dramáticos errores cometidos y, luego, otros errores parecidos de deportistas o políticos, que también pueden ser interpretados como insultos, se ven como un elemento anecdótico y no suficientemente bien
tratado.
La enmienda de supresión de los puntos segundo y tercero tiene un sentido que es el siguiente. No podemos mezclar tantas cosas, y sobre todo respecto a un punto muy importante, el tercero. Esto que usted solicita, y que pasa un poco la
responsabilidad al Gobierno y a la Mesa, tiene una forma de resolverse. Hay una forma de que el Congreso sea mucho más dinámico, mucho más ágil, de que dé respuesta a estos planteamientos que usted hace, sencillamente modificando el Reglamento de
esta Cámara. Ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han sido capaces de, en los últimos veintitantos años, resolver un Reglamento que todos estamos de acuerdo en que no da una respuesta ágil, dinámica a la hora de acercarse a los problemas
del ciudadano, y en la Mesa y en la Junta de Portavoces nos encontramos continuamente con problemas que se complican, y hoy hemos tenido un ejemplo muy claro de esta complejidad. No somos capaces de dar a la sociedad la agilidad, la capacidad de
respuesta que el Congreso quiere. No somos capaces de hacerlo. No hemos sido capaces durante más de veinte años y en estos momentos, si no se demuestra lo contrario, parece que hay un acuerdo entre ustedes y el Partido Socialista, con el que
ustedes discrepan y debaten sobre algunos temas, pero en otros se ponen de acuerdo inmediatamente. Por ejemplo, parece ser que ya se han puesto de acuerdo sobre el Reglamento en relación con la lengua, en que solamente se puede utilizar una única
lengua cuando hay grupos en esta Cámara, la mayoría de los grupos de esta Cámara, seis de ocho, que tenemos planteado que hay una prioridad que nos resolvería muchos problemas a los que nos enfrentamos más de un día. Para este aspecto de la
agilidad, de la capacidad de dar respuesta a lo que el ciudadano quiere el Reglamento es la gran oportunidad y usted, a partir de esta moción, solicita al Gobierno que tenga más dinamismo, más capacidad de respuesta. Pues tiene usted una gran
oportunidad. Vuelvo a decir que a los grupos con menos de 100 diputados nos preocupa encontrarnos en una ponencia sobre el Reglamento donde parece ser que ustedes y el Partido Popular ya lo tienen todo acordado. Pues nos lo cuenta y nos cuentan si
de verdad quieren lo que usted pide en esta moción, que el Gobierno dé respuesta con la rapidez, con la celeridad que usted mismo ahora le pide con una moción. Tenemos una oportunidad única de arreglar esta situación: con un Reglamento a la altura
de lo que en estos momentos muchos grupos de esta Cámara defienden y el presidente está defendido en más de una ocasión, tanto en la Junta de Portavoces como en el inicio del debate reglamentario. Por eso, respecto a este punto de la moción ligado
a este aspecto del dinamismo, de la capacidad de respuesta, es cierto que, en estos momentos, el planteamiento que tiene la Mesa es ayudar, pero muchas veces el problema lo encontramos en el propio Reglamento y en las actitudes que a veces
vemos en la Junta de Portavoces.
Por tanto, señora diputada, señoras y señores diputados, nuestra posición será defender en esta moción el primer punto porque siempre es bueno pedir auténtico pluralismo, que para nosotros es necesario en el terreno político, en el terreno
cultural, en el terreno lingüístico, etcétera. Y otra cosa: el mundo a veces se ve de forma distinta desde distintos puntos de vista, en función de cómo son los distintos países que forman el Estado español. Esto también lo han de tener en cuenta
los medios públicos. Nuestra enmienda de supresión pasa por eliminar estos dos puntos y tenemos una gran oportunidad para defender este dinamismo en el Congreso que dé respuesta a lo que los ciudadanos, a los cuales representamos, esperan que
hablemos y además con la rapidez que se merecen. Hay una gran oportunidad no en instar al Gobierno a que sea más rápido, no en instar a la Mesa a que consigamos que en una semana se dé respuesta, sino una gran oportunidad para modificar el
Reglamento y conseguir que dé respuesta a estas necesidades.
Termino, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vilajoana.
Por Izquierda Unida, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Mi grupo se ve incapacitado para abarcar un temario tan amplio como el que nos propone el Grupo Popular, que va desde la transparencia informativa al funcionamiento del Parlamento y a la aplicación de la Ley de partidos, materias que, como
ven, forman parte de un todo congruente, de un todo coherente y de una moción digna de tal nombre. El Grupo Popular trae a esta Cámara una reedición, en este caso ya corregida y disminuida, de lo que fue el debate sobre el estado de la Nación.
Podríamos decir que, como el Alcoyano, una vez ha perdido 10 a 0, viene a pedir prórroga a esta Cámara. En nuestra opinión, esta prórroga tampoco ha sido nada interesante, esperábamos una estrategia nueva, esperábamos algún conejo que saliese de la
chistera, pero no ha habido nada. Prácticamente se ha limitado a decir lo que ha aparecido públicamente desde el debate sobre el estado de la Nación, como si esos hechos puntuales de nuevo quitasen la razón a las fuerzas políticas que votamos en
esta Cámara y diesen la razón al Grupo Popular, que no quiso votar aquella resolución. Sin embargo, lo que nos ha parecido más curioso a mi grupo parlamentario y a mí personalmente es el baremo de credibilidad y de transparencia que tiene el Grupo
Popular. Ha echado de menos más tiempo para el señor Otegi y ha echado de más el tiempo que se ha dedicado al señor Savater. Da la impresión de que el Grupo Parlamentario Popular querría que hubiera habido un mayor tiempo de explicación del señor
Otegi en Radiotelevisión y menor tiempo de explicación por parte del señor Savater en la televisión pública. Ellos sabrán por qué. Nosotros consideramos que los profesionales de Radiotelevisión Española lo sabrán mucho mejor y habrán sabido por
qué daban más importancia a un tema que a otro, pero a nosotros no nos resulta extraño que se produzca esta información, sobre todo porque de lo que se trata aquí, señorías, es de volver a sacar el eterno tema que se ha convertido de nuevo en el
monotema del debate político en las últimas semanas, sacar de nuevo el tema del Partido Comunista de las Tierras Vascas y de su ilegalización en el Pleno como prolegómeno a la pregunta parlamentaria de mañana, que probablemente vuelva a versar sobre
la misma materia, que se ha convertido prácticamente en el único tema que representa una cuestión de oposición política para el Partido Popular.
No vamos a votar esta iniciativa. Como saben, hemos votado la resolución de la Cámara. Creemos que es una resolución que tiene que ver con las posiciones tradicionales de los demócratas en este país en diversos pactos frente al terrorismo
que, por una parte, defienden el Estado de derecho y, por otra parte, utilizan también dentro del Estado de derecho la política. Por consiguiente, lo único que esperamos, más allá de informaciones y desinformaciones, es la tregua definitiva de la
organización terrorista ETA que permita hablar sobre el fin del terrorismo y sobre el abandono de las armas. Es lo único que esperamos.
Por ello nos parece que este tipo de iniciativas, este tipo de planteamiento solo enredan la situación, aparte
de pedir una transparencia informativa que nunca logramos, al menos este diputado, del Grupo Popular. Nunca hubo ni una sola información en materia antiterrorista, ni una sola, y creo que una información de manera bilateral a lo largo de cuatro
años. Creo que es suficiente para demostrar la transparencia del entonces Gobierno del Partido Popular, la transparencia que ahora quiere y que va desde la reforma del Reglamento de la Cámara a la reforma de Radiotelevisión Española y también a la
aplicación de la Ley de partidos al Partido Comunista de las Tierras Vascas. En nuestra opinión, demasiado para una moción subsiguiente y sobre todo demasiado para ser la revancha del debate sobre el estado de la Nación, que, por cierto, no le ha
salido bien al Grupo Parlamentario Popular. Este tampoco. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Esteban, por el Grupo Vasco.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
La verdad es que nosotros también estábamos bastante expectantes ante lo que podría dar de sí esta moción
después de la intervención incendiaria de la representante del Partido Popular en la sesión del miércoles pasado, y ciertamente lo que hemos visto es que se han reproducido muchos de los términos empleados en aquella ocasión, aunque, ahora
sí, expresados quizás con un nivel mayor de moderación o sin tanto calor. A ojos de nuestro grupo parlamentario tiene bastante ironía, por no denominarlo de otra manera, que se hable de manipulación por parte del Gobierno desde los bancos del
Partido Popular, entendiendo que hay mucho que mejorar en este campo, pero tiene ironía que lo digan los promotores del Teleurdaci, los promotores de una televisión y de otros medios que ocultaron la existencia de una huelga general en el Estado,
los promotores de una televisión que cambia la programación en plena jornada de reflexión anterior al 14 de marzo, y tiene ironía que hablen de todo ello, de manipulación, quienes han malinformado a la opinión pública durante años haciendo una
ecuación entre nacionalismo y terrorismo.
Es evidente que el Gobierno tiene muchas cosas que mejorar, que lleva, por ejemplo, un retraso sustancial, a nuestro modo de ver, en cuanto a la presentación de la reforma de los medios de comunicación y que seguramente hay mucho que decir
en cuanto a mejora, accesibilidad, juego limpio o transparencia de los medios de comunicación, pero vemos que la moción y su presentación no han ido por ahí. Para empezar creemos que no ha habido un mínimo respeto al resto de partidos políticos,
porque parece que todo lo que hace el resto de los partidos políticos son componendas, son pactos oscuros, y recuerdo la intervención del miércoles pasado en la que se ponían en solfa una multitud de cuestiones -pacto de investidura, Plan Ibarretxe,
Partido Comunista de las Tierras Vascas, investigación del 11-M, Presupuestos Generales del Estado- con afirmaciones muy dudosas. Desde luego el contenido de la moción es una especie de maxmix, un batiburrillo, un popurrí de temas que, si quieren
concitar una mínima adhesión de los grupos parlamentarios, precisamente por esta gran variedad lo tienen más difícil.
Ciertamente nosotros, leyendo la moción, desconocemos el objeto de la misma, y les queremos expresar lo siguiente. Nuestro grupo parlamentario es un grupo que está en la oposición y que está abierto a iniciativas que, planteadas con
moderación y con sentido común, busquen intentar llegar a puntos de acuerdo, pero con los planteamientos incendiarios y de enfrentamiento puro y duro y el poco respeto al resto de las formaciones políticas minoritarias que están planteando es
evidente que el Partido Popular no va a encontrar un terreno de encuentro. Cuando uno lee el contenido, ¿qué se pretende con esa mezcolanza de términos? En principio se podría buscar algo concreto en cuanto a la accesibilidad, al juego limpio en
la información en los medios públicos, a la transparencia en la comunicación. Nos encontramos con que son términos absolutamente genéricos los que se expresan en el primer punto de la moción, unos principios generales que son de muy dudosa eficacia
precisamente por su generalización, aunque, evidentemente, ¿cómo no se le va a solicitar a un Gobierno eso? En todo caso, en todo lugar y en todo tiempo.
En segundo lugar, en los puntos dos y tres vemos que esa supuesta defensa de la independencia, de la pluralidad, de la información es mucho más matizada porque, desde luego, esa pluralidad, objetividad e independencia parece que para el
Partido Popular tienen ámbitos de interés y de aplicación muy específicos; tienen un objeto concreto y tienen nombres y apellidos concretos. Curiosamente, uno no sabe si esos ámbitos concretos son y se manifiestan así en la moción del Grupo
Popular, vista su actuación política, porque verdaderamente ese interés es el de la pluralidad, la objetividad o la independencia o más bien por interés partidista puro y duro de seguir hablando una y otra vez, de meter ruido, de montar escándalos
mediáticos sobre estos temas. Desde luego, la opinión del Grupo Vasco es que estaremos a favor de propuestas cabales y racionales que busquen una mejora de la accesibilidad, del juego limpio, de la transparencia de los medios de comunicación, pero
nunca vamos a estar a favor del ruido y de la falta de respeto al resto de formaciones políticas de esta Cámara. En consecuencia, mi grupo va a votar en contra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo de Esquerra Republicana, señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.
Señora Montesinos, lamento que no pueda escuchar mi intervención porque, por solidaridad con mis compañeros y por no comprender la interpretación discriminatoria del Reglamento de esta Cámara, renuncio al uso de la palabra. Gracias.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor López.
El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, señor presidente.
Señorías, debatimos hoy aquí una moción del Grupo Popular tan confusa como surrealista, una iniciativa que refleja como pocas el estado de ansiedad, precipitación e improvisación de un Partido Popular desnortado, perdido y arrinconado.
(Rumores.) Ustedes mezclan todo, como vienen haciendo en los últimos meses. Mezclan al Partido Comunista de las Tierras Vascas con Radiotelevisión Española, con las comparecencias de los miembros del Gobierno en este Parlamento. Ustedes hablan de
garantizar el pluralismo en los medios de comunicación cuando Radiotelevisión Española ha recuperado el debate y la pluralidad, cuando está en marcha un nuevo modelo de Radiotelevisión Española sobre la base de la propuesta de los expertos. Sin
embargo, ustedes tienen muy poco espacio en esta materia por dos motivos: primero, porque la ciudadanía es muy inteligente y percibe muy a las claras el cambio que se ha producido en Radiotelevisión
Española y, segundo, porque están muy recientes aún sus prácticas manipuladoras en Radiotelevisión Española condenadas por la Audiencia Nacional, por el Parlamento Europeo y por el propio Consejo de Europa.
(Aplausos.) Lo malo es que no
estoy hablando de pasado, sino que estoy hablando de presente porque el modelo manipulador de televisión pública del Partido Popular está muy presente hoy en día. Lo está en Telemadrid donde los profesionales denuncian su manipulación, una cadena
cuyo director envía los reportajes a la presidenta de la Comunidad de Madrid esperando la aprobación previa para su emisión. (Rumores.)
Más grave aún: lo está en Galicia en pleno período electoral. Señorías, permítanme que les lea unos datos. Les decía que en Galicia estamos en período electoral y es precisamente cuando más escrupulosos han de ser los medios públicos de
comunicación. Del 17 al 22 de mayo de 2005 el señor Fraga ha aparecido en 30 ocasiones en informativos; otros miembros del Gobierno de Galicia en 35 ocasiones y otro dirigente del Partido Popular en 21 ocasiones. En total, 86 apariciones del
Partido Popular en seis días. Frente a eso el candidato de Partido Socialista ha aparecido en 16 ocasiones, otros dirigentes del Partido Socialista en cinco ocasiones y el presidente del Gobierno de España en tres ocasiones.
Señorías, en total, 24
apariciones de dirigentes socialistas contando al propio presidente del Gobierno. Señorías, 86 a 24. ¡Menuda goleada! Eso sí que es pluralismo, objetividad e independencia. Verdaderamente abrumador, señorías. (Aplausos.) Salen ustedes a una
media de 14 apariciones diarias en la televisión pública de Galicia. De la radio pública ni les hablo, porque los datos son aún más escandalosos. Solo les diré que el presidente del Gobierno de España ha salido una sola vez en toda la semana en la
radio pública gallega, frente a 30 apariciones del presidente de la Xunta de Galicia. Señorías, 30 a 1. ¡Vaya independencia y pluralidad en los medios públicos de comunicación! (Aplausos.) Preocúpense ustedes de que la televisión de Galicia
presente de una vez un plan de cobertura para las elecciones que están en marcha, como ha hecho Radiotelevisión Española. Por cierto, y ya que les gusta tanto salir en televisión, espero que el candidato del PP a presidente de la Xunta de Galicia
no hurte a los ciudadanos gallegos un debate en la televisión pública, porque el debate, señorías, es un derecho de todos los ciudadanos. (Aplausos.) Televisión Española ha ofrecido un debate ya, sí, y espero que el candidato a presidente de la
Xunta no hurte ese debate. Por cierto, que esto nos suena. Ya lo vimos hace un año. ¿Se acuerdan ustedes de un candidato que tenía mayoría absoluta, no quiso debatir y perdió las elecciones generales? ¿Se acuerdan ustedes? Yo sí me acuerdo y la
historia se repite, señorías. (Aplausos.) Parece poco serio que el PP tenga la desfachatez de traer aquí estos temas, después de los cambios que se han producido en Radiotelevisión Española y después de ver lo que hace el propio Partido Popular en
las comunidades autónomas donde gobierna. Dedíquense ustedes a garantizar el pluralismo, la independencia y la objetividad allí donde gobiernan que, a nivel nacional ya está garantizado. (Un señor diputado: En Andalucía.) Fomenten ustedes debates
plurales, como los que realiza Radiotelevisión Española y hagan ustedes lo mismo en las televisiones públicas donde gobiernan, por ejemplo en Canal Nou. Dedíquense un poco más a la viga en el ojo propio, y un poco menos a la paja en el ojo ajeno.
(Aplausos.)
Con relación al segundo punto de la moción, le recordaré que el ministro de Justicia ha solicitado ya comparecer a petición propia ante la Comisión de Secretos Oficiales para informar debidamente acerca de este asunto. Por cierto, les
ahorro toda la relación de momentos en que este Gobierno ha informado en general y especialmente a los miembros del Partido Popular acerca del asunto, empezando por el propio señor Acebes, que fue quien legalizó en su día el Partido Comunista de las
Tierras Vascas.
Para finalizar, sobre el último punto le diré que este Gobierno ha apostado por el papel del Parlamento como centro de la vida política de este país. Hasta el presidente del Gobierno ha comparecido en una comisión de investigación, por
primera vez en la historia de este parlamento, sobre unos hechos acaecidos cuando era líder de la oposición.
Les diré más, su petición es tan surrealista y tan demagógica que han tenido ustedes la oportunidad de plantear esta cuestión en los
debates que se han tenido con motivo de la modificación del Reglamento de la Cámara y simplemente no lo han hecho, señorías.
Por todo ello les anuncio mi voto en contra, pero dado que les gusta tanto hablar y mezclar Radiotelevisión Española con terrorismo, como han hecho en esta moción, hago una pequeña reflexión. Recordarán ustedes que el anterior presidente
del Gobierno, señor Aznar, se refirió a la banda terrorista ETA, como Movimiento de Liberación Nacional Vasca. Mi pregunta es, porque no me acuerdo, miraré los vídeos, ¿qué decía el señor Urdaci, ¿Movimiento de Liberación Nacional Vasco o MLNV?
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señor presidente.
Para anunciar que no vamos a aceptar la enmienda de CIU precisamente porque con eso estaríamos siendo cómplices de un Gobierno mentiroso, de un Gobierno que propicia el déficit... (Rumores.-Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señoría, el turno es de aceptación o rechazo de enmienda nada más. He comprendido que rechaza la enmienda y es todo.
(Rumores.)
Vamos a proceder a la votación.
Se han solicitado para las dos mociones votación separada, que la iré anunciando oportunamente, y les ruego que no abandonen el hemiciclo inmediatamente
después de las votaciones, porque habrá otro punto V del orden del día que se votará por asentimiento, relativo a convenios internacionales.
Así pues, votación de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández, sobre el diálogo social y la exclusión del mismo, a nivel estatal, de las centrales sindicales u organizaciones
profesionales agrarias que, siendo representativas, son de ámbito autonómico. Se votarán por separado los tres puntos.
Votación del punto primero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 28; en contra, 275.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación del punto segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 27; en contra, 272; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación del punto tercero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 25; en contra, 277; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación de la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política de comunicación y la falta de transparencia. Se ha pedido votación separada del punto uno.
Votación, pues, del punto número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 136; en contra, 166; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos conjuntamente los puntos 2 y 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 126; en contra, 177.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:
- PROTOCOLO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 43 DEL CONVENIO POR EL QUE SE CREA UNA OFICINA EUROPEA DE POLICÍA (CONVENIO EUROPOL) POR EL QUE SE MODIFICA EL MENCIONADO CONVENIO, HECHO EN BRUSELAS EL 27 DE NOVIEMBRE DE
2003. (Número de expediente 110/000079.)
El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día, relativo al dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre el convenio internacional, número de expediente 110/000079.
¿Algún grupo desea intervenir en relación con dicho dictamen? (Pausa.)
En tal caso, se somete al asentimiento de la Cámara la aprobación del dictamen reproducido en el orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado el referido dictamen.
Se suspende la sesión hasta mañana.
Eran las diez y quince minutos de la noche.