CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 546

NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA

Sesión núm. 19

celebrada el martes, 28 de marzo de 2006

ORDEN DEL DÍA:


Celebración de la siguiente comparecencia, para informar sobre el contenido de la regulación del régimen de dependencia que está elaborando el Gobierno:


-De la señora consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León (Valdeón Santiago). (Número de expediente 212/001078.) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.



El señor PRESIDENTE Se inicia la sesión de la Comisión del Pacto de Toledo. El punto único del orden del día es la comparecencia de doña Rosa María Valdeón Santiago, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y
León, para informar sobre el contenido de la regulación del régimen de dependencia que está elaborando el Gobierno.



Querida amiga y compañera Rosa, bienvenida. Tienes la palabra. Puedes decir lo que quieras y durante el tiempo que quieras.



La señora CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (Valdeón Santiago): Agradezco la oportunidad de que Castilla y León participe en los trabajos de esta Cámara dirigidos a conseguir la mejor Ley de
Dependencia posible.



Represento a una comunidad en la que 23 de cada 100 habitantes son mayores de 65 años y 28 de cada 100 mayores tienen 80 años o más, una comunidad en donde la extensión, dispersión y ruralidad hacen difícil y costosa la prestación de los
servicios públicos. Tenemos 2.100 municipios de menos de 2.000 habitantes en los que vive el 30 por ciento de nuestra población. Para que se hagan una idea, el 51 por ciento de los españoles que viven en pueblos de menos de 100 habitantes reside
en Castilla y León. Con estos antecedentes es comprensible que otorguemos la máxima importancia a una adecuada regulación del sistema nacional de dependencia. A este debate quiere contribuir Castilla y León desde la lealtad a los ciudadanos,
poniendo al servicio de tal fin la contrastada experiencia en un escenario sociodemográfico que el conjunto de nuestra nación no conocerá hasta dentro de tres décadas.



Señorías, es verdad que el anteproyecto hecho público tiene errores que se pueden corregir. No es correcto que entre el 1 de enero del año 2007 y el 31 de diciembre del año 2015 se cuenten ocho años en lugar de los nueve que son, y seguro
que el Gobierno lo va a corregir. Es inadmisible que los niños menores de tres años queden excluidos por falta de edad y los niños de tres y cuatro años por falta de plazo de residencia exigido, y con toda probabilidad el Gobierno lo va a corregir.
El régimen previsto para la participación de los usuarios en la financiación de los servicios resulta manifiestamente mejorable, y estoy convencida de que el Gobierno lo va a corregir. Pero lo que nos preocupa en Castilla y León son otras
deficiencias esenciales, y permítanme que remarque la condición de esenciales, que lamentablemente y a tenor de las declaraciones de los responsables ministeriales, no es tan probable que el Gobierno corrija, teniendo en cuenta el contexto político
de la gestación de la ley. Y explico a qué aspectos sustanciales me refiero.



Tras la presentación del Libro Blanco de la Dependencia y durante todo el primer semestre del año 2005, numerosas entidades, organizaciones y expertos comparecieron en esta misma Comisión del Pacto de Toledo y en la de Políticas Integrales
de la Discapacidad para contribuir a definir la mejor Ley de Dependencia posible. La naturaleza de la ley que todas esas voces defendieron estaba muy clara: todos pidieron una ley estatal que fuera básica para garantizar la igualdad y todos
pidieron que la ley se encuadrase en las competencias de Seguridad Social para que pudiese configurar un derecho subjetivo pleno. Cuando digo todos, señorías, digo organizaciones tan importantes como Ceoma, que representa a un millón de personas
mayores en España, digo entidades tan importantes como Cermi, que agrupa a más de 2.900 asociaciones de personas con discapacidad, y digo organizaciones tan reconocidas como Feaps, Feafes, Aspace, Predif, Confederación de Alzheimer, Confederación de
la Dependencia, Fundación ONCE y otras. Todos pidieron lo mismo, que la Ley de Dependencia fuera básica y que tuviera la garantía del Estado a través de la Seguridad Social, y lo pidieron desde la tranquilidad y la confianza, pues habían comprobado
ya la positiva acogida que el Libro Blanco de la Dependencia había otorgado a esta opción. Cito textualmente: 'No existe duda de la fundamentación constitucional para la creación de un sistema nacional de dependencia, sobre todo, si éste se
engarza en el Sistema de Seguridad Social' (Libro Blanco, página 32 del capítulo XII). En estas condiciones, con el Libro Blanco a favor y con todas las entidades y organizaciones también a favor, cualquiera habría apostado a que la ley que
represente el Gobierno sería en sus detalles como fuese, pero que estos dos rasgos esenciales no le iban a faltar: la naturaleza de legislación básica y la invocación a la Seguridad Social. Sin embargo, quien a tal hubiera apostado habría perdido.



Durante el debate sobre el Estado de la Nación del año pasado, la propuesta de resolución número 87, impulsada por los apoyos parlamentarios del Gobierno, supuso un auténtico vuelco en la gestación de esta ley. Los dos rasgos esenciales
sobre los que existía un enorme consenso, carácter básico y vinculación a la Seguridad Social, fueron sustituidos por otros muy distintos: el primero, que la ley se debía situar en el marco de las competencias de las comunidades autónomas, es
decir, que no podía ser una ley básica; y, el segundo, que el Estado se limitaría a la concertación de planes para impulsar la red de servicios, es decir, que no invocaría sus competencias en materia de Seguridad Social. Estas son las dos premisas
que explican todo el anteproyecto actual: prohibido ser básico, prohibido invocar a la Seguridad Social, lo contrario justamente de lo que habían pedido cuantas organizaciones y entidades sociales manifestaron ante esta Cámara su parecer. No es de
extrañar que la Confederación Española de Organizaciones de Mayores destaque en su informe, y cito textualmente, 'el sorprendente giro que ha dado el anteproyecto


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contra la casi unánime opinión de los agentes sociales que se han manifestado sobre este tema, como son la mayoría de los comparecientes en la Comisión del Pacto de Toledo (...) El anteproyecto lamentablemente no incluye el nuevo sistema
dentro de la Seguridad Social, lo que hace que toda la arquitectura del proyecto se resienta de una gran debilidad (...). Quede manifiesta nuestra decepción de que se haya abandonado la senda de la Seguridad Social en el anteproyecto y que un
cambio radical en este sentido sería apoyado seguramente por la mayoría de las fuerzas sociales y, por supuesto, por Ceoma'.



Pues bien, señorías, en Castilla y León también creemos, como Ceoma, que es imprescindible recuperar los rasgos iniciales de esta ley, y esto no puede hacerse sin modificar de raíz este anteproyecto. Ustedes saben que la dependencia no se
corresponde con una sola materia constitucional, involucra a muchas. Por eso, porque involucra a muchas y porque todas son necesarias, el Pacto de Toledo en su renovación de 2003 exigió una respuesta global, 'una política integral de atención a la
dependencia en la que quede claramente definido el papel que ha de jugar el sistema de protección social en su conjunto'. Señorías, cuando todas las fuerzas políticas españolas renovaron el Pacto de Toledo, en septiembre del año 2003, no imaginaron
una Ley de Dependencia que excluyera a la sanidad, ni imaginaron una Ley de Dependencia que renunciara a la Seguridad Social.
En Castilla y León lamentamos profundamente que esa exclusión y esa renuncia sean las características que mejor definen el
texto presentado.
Y lo ha dicho con toda claridad el Consejo Económico y Social de España -cito textualmente-, 'llama la atención la parquedad del fundamento constitucional en que se ampara el anteproyecto'. Por supuesto que llama la atención y
fíjense en un detalle que no es baladí y que SS.SS. habrán apreciado. La exposición de motivos no se atreve a mencionar el Pacto de Toledo, y no es de extrañar, sería tanto como nombrar la integralidad en casa del reduccionismo. Pero no sólo es
que el planteamiento del anteproyecto no sea integral, es que es, si el término existe, 'anti-integral'. Su regulación supone, como han dicho los trabajadores sociales de Castilla y León en un comunicado reciente, el peligro de 'crear sistemas
paralelos que se superpongan a los existentes'. De hecho, señorías, la única integralidad que tiene este texto no es para sumar sino para restar. La única vez que se cita al conjunto de los regímenes públicos de protección social es para decir,
artículo 30, que 'sus prestaciones hay que restarlas de la prestación económica prevista en el anteproyecto'. En Castilla y León pensamos por lo tanto que no es suficiente con que el Estado invoque el artículo 149.1.1.ª, de la Constitución. Si el
Gobierno no corrige este parco fundamento constitucional, por cierto denunciado por el CES, el sistema nacional de dependencia será una estatua con los pies de barro; no estaremos dando una respuesta global al problema de la dependencia y, sobre
todo, no estaremos configurando un auténtico derecho. Porque, señorías, parece evidente que invocar sólo las condiciones básicas del ejercicio de los derechos constitucionales no permite crear derechos nuevos, sino sólo lo dicho, establecer
condiciones básicas de los derechos que ya existen.



Por todo ello, la ampliación del fundamento constitucional es condición sine qua non para que este proyecto tenga el apoyo de Castilla y León. El sistema nacional de dependencia necesita tener como punto de partida una auténtica ley básica,
un sólido tronco común que dé lugar a un sistema y no a diecisiete sistemas diferentes. No se puede equiparar, como se viene haciendo insistentemente, el modelo de este anteproyecto con la Ley General de Sanidad. Esta última fue y es una ley
básica, fuerte, concreta, adjetivos que el texto que conocemos está en las antípodas de merecer. Y es falso, como también se ha dicho, que el Estado no pueda dictar una ley básica porque los servicios sociales lleven años transferidos a las
comunidades autónomas. Por supuesto que puede, y la prueba está en la propia Ley General de Sanidad que se dictó varios años después de haberse transferido los servicios sanitarios a las comunidades que accedieron a su autogobierno por la llamada
vía rápida. No tienen razón quienes argumentan que el anteproyecto ha de ser como es solo porque así se respetan las competencias de las comunidades autónomas. Muy al contrario, es el modelo que propone el Gobierno el que nace con importantes
riesgos de inconstitucionalidad. Así lo ha puesto de manifiesto la declaración conjunta suscrita hace unos días por todas las instituciones del País Vasco y así lo ponen de manifiesto también los informes jurídicos que hemos solicitado en Castilla
y León.



En sus actuales términos, este anteproyecto es claramente inconstitucional. En Castilla y León no queremos que el Estado invada nuestras competencias, lo que queremos es que ejerza las suyas, que ejerza de Estado. No podemos compartir una
concepción del Estado que permite que éste gestione los viajes del Imserso, pero impide que dicte una ley básica sobre la que fundar un sistema nacional que proteja de verdad a los ciudadanos y que lo haga en sede de igualdad. Estamos ante un
problema de Estado, un problema cuya resolución exige dar tres grandes pasos: el paso hacia la igualdad, el paso hacia la universalización y el paso hacia la sostenibilidad financiera para el futuro. Estos tres pasos los debemos dar entre todos,
con el máximo esfuerzo de todos y, por supuesto, también con el máximo esfuerzo e implicación del Estado, debiendo éste aportar todas sus competencias relacionadas con el tema.
Esta es su responsabilidad y así lo exige, repito, el Pacto de Toledo.



Lamentamos por ello que el anteproyecto actual no concrete cuál es la garantía del Estado ni aporte criterio alguno para concretarla. Y lamentamos también que el artículo 14 solo aclare que esa garantía del Estado, el día que se defina, no
será una garantía de derechos ciudadanos, sino de coberturas de servicios en las distintas comunidades autónomas. ¿Se imaginan ustedes que la


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Ley General de Sanidad, en vez de consagrar el derecho a la protección de la salud, hubiera previsto una aportación del Estado para llegar a tasas de cobertura de servicios que ya se concretarían en un decreto posterior? ¿Se imaginan
ustedes que el derecho a la protección de la salud se materializara en un determinado número de camas hospitalarias? Es más, ¿se imaginan ustedes que la Ley General de Sanidad hubiera previsto la aportación estatal sólo hasta el 31 de diciembre de
1994? Porque esto es lo que hace este anteproyecto, el 31 de diciembre del año 2015 se acabó la intervención del Estado; se acabó. Como su garantía solo consiste en contribuir a llegar a determinadas coberturas básicas, algún día éstas se
alcanzarán y el Gobierno nos propone esta fecha. ¿Y después? Después, con este texto en la mano, nada, nada de nada. Pero, señorías, si estamos hablando de derechos ciudadanos, la garantía del Estado no puede nacer con fecha de caducidad, tiene
que ser para siempre, de lo contrario, éste que llaman el pilar del Estado del bienestar no tendría fuerza ni para sujetarse a sí mismo. Así pues, al igual que confiamos en que el 1 de enero del año 2016 el Estado seguirá garantizando las
pensiones, la sanidad y la educación, en Castilla y León estamos convencidos de que debe garantizar también el derecho a la protección ante situaciones de dependencia, porque en 2017, en 2020 y en 2030 las necesidades van a crecer y será
imprescindible toda la implicación del Estado y es algo que no se contempla en este anteproyecto de ley.



Por tanto, y como ya anticipó la resolución número 87 del debate sobre el Estado de la Nación del año 2005, el Gobierno no nos ha presentado una auténtica Ley de Dependencia, sino una especie de plan de inversiones de aquí a 2015, sin
ninguna previsión para el mantenimiento y sostenibilidad del sistema en el futuro. Lo ha dicho el Consejo de Personas Mayores la semana pasada: Con la actual redacción, 'estaríamos de nuevo en un Plan Gerontológico, más sofisticado, pero similar a
los anteriores'. Esta, señorías, es la cuestión, que no es lo mismo ni parecido aumentar coberturas que garantizar derechos. Aumentar coberturas no basta; eso ya se está haciendo. En España, y según los datos del Ministerio, la cobertura
conjunta de ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día para dependientes y centros residenciales creció del 5,6 al 9,4 por ciento entre 1999 y 2003, y continúa creciendo. Si la Ley de Dependencia va a limitarse a la concertación de planes,
para este viaje no hacían falta alforjas. Que el Gobierno reactive su aportación a los planes cofinanciados, congelada en los últimos años, y llegaremos al mismo resultado con una ventaja adicional: nadie tendrá carta blanca para repartir los
fondos a su antojo.



La sustitución de los planes cofinanciados por convenios bilaterales, que es lo que propone el Gobierno, se ha ensayado ya, señorías, hace sólo unos meses, en el reparto de los 50 millones de euros para la dependencia correspondiente al año
2005. Y en su debut en nuestro país, el sistema de convenios bilaterales ha permitido que una sola comunidad autónoma, Cataluña, reciba el 36 por ciento de los fondos del total. ¿Puede ser éste el sistema que la Ley de Dependencia consagre para el
futuro? La bilateralidad, tan famosa en los últimos tiempos, es un mecanismo perverso en política social que debe ser completamente extirpado de la futura ley. La bilateralidad es todo lo contrario a un sistema nacional.
Un sistema nacional ha de
tener un tronco común, un mecanismo de distribución de fondos, unas reglas de juego y no diecisiete troncos comunes, diecisiete distribuciones y diecisiete reglas de juegos diferentes. Aunque el papel lo aguante todo, no basta llamar a algo,
sistema, para que lo sea; ha de ser sistemático; no basta llamarlo, nacional, sino que tiene que ser común a todos.



La renuncia a que la ley sea básica, la renuncia a la Seguridad Social, la limitación del Estado a mero financiador externo a través de convenios bilaterales, tiene graves consecuencias sobre el alcance, el contenido y la garantía de los
derechos sociales. En su actual configuración, la ley no podrá garantizar derechos subjetivos plenos, como han resaltado todos los informes que se han hecho públicos. No se puede decir al mismo tiempo que esto es una competencia exclusiva de las
comunidades autónomas y que es la ley estatal la que garantiza el derecho; no puede. Si el Estado pusiese sobre la mesa todas sus competencias, fundamentalmente la de Seguridad Social, entonces sí. Pero mientras no lo haga, mientras limite el
asunto al marco de las competencias autonómicas, tendrá que ser por definición cada comunidad la que con sus propias leyes dé el paso o no a la universalización. En su actual configuración, la ley no puede apenas citar a las entidades locales, cuyo
papel es, y sobre todo en Castilla y León, absolutamente esencial. Una ley básica no sólo podría reconocer la intervención de ayuntamientos y diputaciones, debería hacerlo, como señala el artículo 2 de la Ley de Bases de Régimen Local. Con este
anteproyecto será cada comunidad la que decida la participación de las entidades locales (artículo 9). En su actual configuración, el sistema que se diseña no tiene territorio, no tiene áreas ni zonas, ni siquiera se cita a las provincias.
Fíjense, señorías, el texto prevé una prestación económica vinculada cuando no sea posible el acceso a un servicio público concertado. Pero cuando no sea posible, ¿dónde?, ¿en qué territorio? ¿Cuando no haya servicios públicos o concertados en
toda la comunidad autónoma?, ¿en toda la provincia?, ¿en toda España?, ¿en dónde? Con este anteproyecto será cada comunidad autónoma la que lo decida. El sistema nacional que diseña el actual anteproyecto no merece por tanto de momento el
nombre de sistema ni tampoco la denominación de nacional, salvo que admitamos que este término ha adquirido un nuevo sentido en los últimos tiempos. En conclusión, señorías, en su redacción actual, la ley daría un paso atrás en igualdad, ningún
paso en universalización y ningún paso en sostenibilidad financiera del sistema para el futuro.



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Hablemos de financiación. Lo primero que conviene destacar, señorías, es que la aportación del Estado no se define en la ley, aunque el anteproyecto utiliza cinco disposiciones que se remiten en círculo unas a otras para intentar vestir esa
notable desnudez. Así, sabemos que la garantía del Estado es a cargo del Estado (artículo 31), conforme a los Presupuestos del Estado (disposición adicional segunda) y se hará efectiva a través de los convenios suscritos por el Estado (artículo
7.3), para los que debe haber crédito en los Presupuestos del Estado (disposición transitoria primera). Lo que no sabemos es cuál es la garantía del Estado, porque el artículo 14 difiere su concreción a un posterior decreto.



En cuanto a los 12.638 millones previstos en la memoria del anteproyecto, deseo hacer varios comentarios. Primero, nuestra admiración por la capacidad del Gobierno para determinar este importe sin que estén previamente definidas ni las
tasas de cobertura garantizas ni el importe de las prestaciones económicas. En segundo lugar, este importe no es suficiente para universalizar el derecho. Es verdad que al sumar las cuantías correspondientes a nueve años se alcanzan cifras
astronómicas.
Para que se hagan una idea, la proyección de los presupuestos de la Consejería que dirijo, para una comunidad de dos millones y medio de habitantes, supera los 8.000 millones de euros en ese mismo período. En tercer lugar, la mayor
parte de la financiación se sitúa en el futuro. Si nos atenemos a los cuatro años previstos para la presente legislatura nacional, la aportación total del Gobierno será sólo de 1.328 millones de euros, poco más en cuatro años de los 1.000 millones
que se habían prometido para el primero de ellos. Y no es correcto disimular este dato dividiendo por el total a la hora de cifrar el esfuerzo anual del Gobierno, entre otras cosas, porque dos mil y pico millones, como los previstos para el año
2015, tendrán bastante menor poder adquisitivo que el que tendrían hoy. En cuarto lugar, aunque la financiación se sitúa en el futuro, el grifo se cierra de golpe: el futuro posterior a 2015 no está financiado. En quinto lugar, el hecho de ser
exigua la financiación en los primeros años pone en peligro la dotación de servicios para las personas con mayor nivel de dependencia, que son, qué gran paradoja, los previstos para este período inicial. En sexto lugar, hay que decir que el
Gobierno tiene un margen enorme para ser mucho más generoso. De hecho, la acción combinada del artículo 30, de la disposición transitoria segunda y de los retornos económicos previstos en la página 53 de la memoria, podrían hacer que el Estado
saliera ganando dinero en lugar de ponerlo.



Por todo lo anterior, señorías, estamos ante la financiación de un plan concertado, cuyo grueso se pospone además a legislaturas venideras. Así pues, la financiación más importante no se dirime en la memoria de esta ley, sino en el sistema
de financiación general de las comunidades autónomas. Y a nuestra preocupación por la bilateralidad, prevista en este anteproyecto, se une así la preocupación por un pacto en materia de financiación autonómica en el que todo apunta a que Castilla y
León puede salir perjudicada.



Señorías, en una parte de la ciudadanía española está calando la idea de que el Gobierno se va a hacer cargo del 50 por ciento del coste de la dependencia en España, y considero una obligación ética de todos aclarar que esto es falso. Se
están generando unas expectativas que ni jurídica ni financieramente se contemplan y esto es publicidad engañosa. El esfuerzo fundamental lo están haciendo las comunidades autónomas y las corporaciones locales y, si la ley se aprueba tal y como
está, así seguirá siendo.



En los cuatro años previstos para esta legislatura nacional, la Junta de Castilla y León va a hacer un esfuerzo presupuestario en dependencia entre diez y quince veces superior al del Gobierno de la Nación en nuestro territorio, conforme a
las cuantías ya comprometidas y lo estipulado en la memoria de la ley. Entre diez y quince veces más sólo la Junta, sin contar el esfuerzo de las entidades locales y del resto de los agentes del sistema de acción social de Castilla y León. Un
recientísimo trabajo realizado por el departamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, galardonado, por cierto, con el Premio Edad & Vida 2004, constata más que elocuentemente nuestro esfuerzo. La cita siguiente es
textual: 'El gasto estimado en servicios sociales para personas mayores dependientes representa como media nacional el 0,36 por ciento del producto interior bruto a enero de 2004. La comunidad autónoma que realiza un mayor esfuerzo es Castilla y
León, con una participación del 0,77 por ciento, participación que dobla a la media nacional'. Este es nuestro esfuerzo, el esfuerzo derivado de nuestra situación sociodemográfica diferencial, pero también de nuestra voluntad política; el 0,77 por
ciento de nuestro producto interior bruto en enero del año 2004, el doble de la media nacional. Y todavía hay quien desde el ministerio se atreve a decir que Castilla y León critica el anteproyecto porque no quiere poner el dinero. Si criticamos
este texto, señorías, es porque verdaderamente creemos que plasma uno de los peores modelos posibles para el futuro de España, de los peores en términos de igualdad, de garantía de derechos, de alcance de dichos derechos y también de sostenibilidad.
Un modelo débil que nos aleja de Europa al no rebasar el nivel de la asistencia social, que no cumple el Pacto de Toledo y que es diametralmente opuesto al solicitado unánimemente por las organizaciones y entidades sociales del sector.



Este anteproyecto se ha gestado en la oscuridad. Las comunidades autónomas, con alguna llamativa excepción, no hemos participado. Tras una oscuridad de meses y sin solución de continuidad, hemos pasado al exceso de luz, a una campaña de
difusión sin precedentes, para un borrador que se supone que estaba, y está, en fase de recibir la valoración y las aportaciones de todos. ¿Qué empresa vendería un producto con los ingenieros recién reunidos para ponerse de acuerdo sobre las
características


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del mismo? Este, señorías, es el momento de cazar al oso y no de vender su piel, es el momento del debate racional y de fondo. Este es el momento del debate no a ciegas, no deslumbrado, sabiendo lo que hacemos, ponderando las consecuencias
de las decisiones que estamos tomando. Y nos encontramos ante una difícil tesitura. Nueve meses después de la fecha comprometida inicialmente por el presidente del Gobierno para haber presentado a estas Cortes el proyecto de ley, tenemos sólo un
anteproyecto que no sirve o que sirve únicamente -y lamento de verdad tener que ser tan dura- como negativo fotográfico, como un ejemplo de los errores en los que una buena Ley de Dependencia no debería incurrir. El Gobierno no se ha sentado con
las comunidades autónomas para obtener el consenso imprescindible para acometer esta ley. Las cosas se han hecho al revés. En lugar de basarse en acuerdos políticos previos, el Gobierno nos presenta una ley vacía de contenido porque todo su
contenido se remite a acuerdos políticos posteriores. Todos los elementos centrales del sistema, la intensidad básica del catálogo de servicios, la prestación económica vinculada, la de los cuidados familiares, la de asistencia personal, el
instrumento de valoración, el copago de los usuarios, todo se remite a acuerdos posteriores.



Pero este intento de poner el carro delante de los bueyes está condenado al fracaso. El conjunto de las instituciones del País Vasco, gobernadas por fuerzas de todo el arco político, han manifestado que no están de acuerdo con este modelo
de ley. Las organizaciones de mayores no están de acuerdo con este modelo de ley. Las organizaciones de personas con discapacidad no están de acuerdo con este modelo de ley. Los trabajadores y asistentes sociales no están de acuerdo con este
modelo de ley. El mundo de la sanidad no está de acuerdo con este modelo de ley. Y Castilla y León, y lo ratifico hoy aquí, no está de acuerdo con este modelo de ley. Y no lo digo yo. El 15 de marzo las Cortes de Castilla y León aprobaron una
resolución que dice lo siguiente: 'Las Cortes de Castilla y León consideran que el anteproyecto de ley que se ha hecho público no asegura la construcción de un sistema nacional de atención a la dependencia, ni garantiza el derecho básico a la
protección de las personas afectadas y sus familias.



Más allá de errores y deficiencias que contiene, siempre susceptibles de corrección y mejora, es el propio modelo por el que siempre se ha optado, en sus rasgos esenciales, el que no da respuesta a las necesidades de la sociedad y a las
grandes expectativas generadas'.



Por ello, señorías, las Cortes de Castilla y León han realizado ocho propuestas muy concretas: primero, norma básica; segundo, Seguridad Social como requisito para un auténtico derecho subjetivo; tercero, garantía del Estado sin fecha de
caducidad; cuarto, eliminación del sistema de convenios bilaterales; quinto, que se contemple la coordinación y coherencia con la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud; sexto, participación de las personas en todas aquellas
decisiones que puedan afectarles; séptimo, suficiencia financiera y sostenibilidad, teniendo en cuenta el esfuerzo realizado por comunidades autónomas y entidades locales; y octavo, que se tengan en cuenta las características diferenciales de
envejecimiento sobre-envejecimiento, dispersión poblacional y ruralidad.



Todo esto es lo que queremos en Castilla y León. No nos oponemos a un nuevo derecho social, todo lo contrario, lo estamos exigiendo, y lo estamos exigiendo desde la credibilidad que da el hecho de ser la comunidad autónoma de España que más
esfuerzo realiza en atención a la dependencia, en una situación objetivamente más difícil. Castilla y León ha sabido dotarse de servicios superiores a los medios de España, algo sabremos de esto, algo sabrán las organizaciones y entidades del
sector.
Una de las más importantes, por cierto, ha elaborado un informe sobre este anteproyecto que dice cosas como ésta y otras tanto o más duras: '...Se nutre de concepciones de la dependencia, de la discapacidad y de las necesidades intensas de
apoyo a las personas que se antojan anticuadas, desfasadas y, en muchos casos, superadas incluso en nuestro Derecho positivo. Da la sensación de que se trata de regular desde percepciones, concepciones y sistemas de pensamiento vigentes hace
décadas...'.



Más allá de la preocupación por que este informe, que circula por la red y que parece haber sido presentado al ministerio, no se haya hecho público -esperemos que esto no signifique que está habiendo presiones-, nuestra mayor preocupación es
que no es el modelo de ley que España necesita.
Hace falta recuperar la otra ley, la ley que se ha perdido en el camino.
Hace falta recuperar la ley básica, fuerte, garantista, que no nos retrotraiga a tiempos de la Lismi, a los años ochenta, sino
que enlace con la Liondau de 2003 y con el espíritu de la renovación del Pacto de Toledo, una ley que sitúe el sistema nacional de dependencia donde debe estar, como modalidad no contributiva dentro de la Seguridad Social.



El pasado 8 de marzo, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales respondía así a la pregunta de una senadora: 'Recogeremos todas las sugerencias razonables de las comunidades autónomas que respeten la naturaleza de la ley'. Mucho nos
tememos que esa naturaleza de la ley haga referencia a que no sea básica, a que no sitúe la atención a la dependencia en el marco de la Seguridad Social.



¿Qué ha cambiado en estos meses, señorías? Pedir una ley básica con una garantía fuerte del Estado a través de la Seguridad Social era hace poco la opinión unánime de los defensores de la ley; ésa era su auténtica naturaleza. Entre los
primeros borradores de esta ley elaborados por los técnicos, y que todos ustedes conocerán, estaba sin duda el carácter de norma básica y estaba la invocación a la Seguridad Social. Ese borrador hoy duerme en un cajón. ¿Qué ha pasado para que
ahora se nos diga ya de antemano que eso no puede ser, que el modelo no se puede cambiar? Lo cierto es que la ley que hoy nos plantea el Gobierno no se parece en nada a la


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que la propia secretaria de Estado de Servicios Sociales anticipó ante esta misma Comisión el 26 de octubre del año 2004, y sí se parece mucho, demasiado, al modelo de ley defendido por el nacionalismo catalán, que ha conseguido por el
momento imponer todas sus exigencias: bilateralidad, debilitación del Estado, posibilidad de derechos distintos en función del lugar de residencia. La Ley de Dependencia que España necesita para su futuro está siendo vetada por una minoría
parlamentaria, pero ésta es una ley de largo recorrido, una ley que debe ser impulsada no sólo por este Gobierno, sino por todos los sucesivos gobiernos de próximas legislaturas.



Castilla y León hace por tanto un llamamiento a la reflexión, un llamamiento a la recuperación del consenso que había en el primer semestre del año 2005 y que hoy hemos perdido. No podemos permitir que una ley tan importante como ésta, una
ley tan consensuada en su necesidad, tan participada por todos en esta Cámara, se desnaturalice por una coyuntura parlamentaria. España necesita una Ley de Dependencia básica dentro de la Seguridad Social. Aún estamos a tiempo, señorías.

Construir un Estado del bienestar sin Estado es sencillamente imposible.



Muchas gracias. Estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran formular.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, distribuirán el tiempo los dos diputados, el señor Echániz, primero y, el señor Merino, después. Señor Echániz.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Señor presidente, permítame que comience esta intervención con el agradecimiento del Grupo Parlamentario Popular a doña Rosa María Valdeón, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y
León, por ilustrarnos sobre la opinión del Gobierno castellanoleonés al que representa su comunidad autónoma, una de las más importantes en número de personas mayores y sin duda una de las más importantes respecto de lo que significa el esfuerzo que
están realizando en esta materia, como ha puesto de manifiesto con sus propias palabras, más del doble de lo que significa la media nacional.



Me van a permitir que comparta el turno, como ha dicho el presidente, con don Jesús Merino, que es no sólo miembro de esta Comisión, sino que ha sido presidente de la Comisión del Pacto de Toledo y que en su condición de castellanoleonés
conoce especialmente bien el sistema de atención a la dependencia y los servicios sociales de la Comunidad de Castilla y León.



Señorías, esta Comisión sostuvo hace escasamente un mes la necesidad de que distintos consejeros de comunidades autónomas con responsabilidades en esta materia manifestaran en esta Comisión su opinión respecto de la ley, en la medida en que
no hemos tenido la oportunidad de escuchar ni al ministro ni a ninguno de los miembros del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, auténticos responsables de este texto, que sin embargo no han tenido ni la deferencia ni yo creo que la capacidad de
venir a defender a esta Comisión, mientras que sí lo están haciendo en otros foros de carácter no parlamentario.



En el año 2003, la Comisión del Pacto de Toledo asumió un compromiso de todos los grupos, que fue desarrollar la dependencia y un sistema nacional que se dedicase a estos asuntos. Todos los partidos políticos, especialmente los dos
principales partidos de este país, incluyeron a partir de ese momento en sus programas electorales la creación de un sistema de atención a la dependencia, cuestión que después de las elecciones del 14 de marzo todos conocemos perfectamente cómo se
ha desarrollado. En primer lugar, un anuncio del presidente del Gobierno para que estuviera listo en el primer semestre de 2005 y, a continuación, la presentación de este anteproyecto en los primeros meses del año 2006, con el ánimo de que fuéramos
capaces de hacernos con un proyecto a lo largo de este primer semestre, un proyecto, eso sí, hay que ponerlo de manifiesto, sin presupuesto, con lo cual hemos perdido prácticamente también todo el año 2006 para avanzar en estas materias.



Señorías, ¿por qué pensamos que la ley de dependencia presentada por el Gobierno es una gran decepción para la sociedad española, una gran decepción para las personas mayores españolas, una gran decepción para las personas dependientes de
nuestro país? ¿Por qué pensamos que se ha perdido una gran oportunidad, una magnífica oportunidad de avanzar en esta materia? Porque creemos que esta ley carece de concreción y de definición, que genera una enorme inseguridad jurídica, porque se
remite en su mayoría, como se ha puesto de manifiesto por distintos consejeros autonómicos, a futuros convenios, a futuros reglamentos, a futuras normas, y porque no sabemos lo más importante, que es quién puede tener acceso a estos derechos, ni a
qué prestaciones, ni a qué servicios se puede acceder, y si estas prestaciones y servicios están garantizados por igual en todo el territorio español. En teoría es un texto unilateral, yo diría que impositivo, puesto que establece que las
comunidades autónomas deben aportar lo mismo que el Estado sin que haya habido ningún diálogo previo con éstas, ni siquiera la capacidad de diseñar nuevos instrumentos que permitan la financiación de este importante nuevo servicio; no hay un modelo
de financiación estable, no se define la aportación que deben realizar tampoco los usuarios. Y ya aprovecho para decir que nosotros no estamos de acuerdo con que aquellas personas con rentas bajas o con pensiones mínimas tengan que aportar una
importante parte de sus recursos para poder financiar los servicios y las prestaciones de la dependencia.



El Gobierno, eso sí, ha remitido el gran gasto de la dependencia a gobiernos futuros, desde luego, no a esta legislatura. Y el presidente va a dedicar poco más de 1.250 millones de euros en esta legislatura, apenas un 10 por ciento de los
12.000 millones de euros anunciados, para financiar el gasto total del sistema. 12.000 millones de euros, que diseñan a nueve años (tampoco


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entendemos nosotros muy bien por qué a nueve años y no a ocho, a dos legislaturas, sino a esta extraña cifra de nueve años), con datos económicos que no son homogéneos, que no contemplan la inflación, que no contemplan otros parámetros
macroeconómicos, lo cual nos parece una enorme falta de rigor cuando se habla de una ley de esta trascendencia y de esta importancia en la que llevamos trabajando más de dos años en esta Comisión. Y repito que en estos dos años de legislatura, eso
sí lo sabemos, el Partido Socialista, el Gobierno, únicamente ha dedicado 250 millones de euros a la dependencia, 50 millones en 2005 y 200 en 2006.



Frente a esta situación, señorías, el Partido Popular, una vez más, pone de manifiesto que cree necesario un gran pacto de Estado con todas las fuerzas políticas, con la necesaria participación de las organizaciones sociales representativas
de la dependencia y con las organizaciones que se dedican en su labor diaria a la atención de este problema, para poder, en definitiva, implantar un sistema nacional de dependencia que tenga como objetivos definir, dentro de la ley, las
prestaciones, los servicios y el baremo, para determinar los grados de dependencia y el procedimiento de evaluación, garantizar la equidad en todo el territorio nacional, implantar un modelo de financiación, como decía anteriormente, sostenible y
solidario y establecer un umbral mínimo de renta a partir del cual los usuarios estén exentos de esta aportación. Señorías, es indispensable el diálogo permanente con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, porque son estas estructuras
territoriales, políticas, las que van a tener la máxima responsabilidad en el desarrollo de los servicios, para establecer el modelo financiero también, así como, repito, el catálogo de prestaciones y de servicios que ha de implantarse por igual en
todo el territorio nacional.



Esta ley, a nuestro juicio, debe tener -lo ha dicho la consejera- la definición del derecho de las personas dependientes y las familias, definición que no está clara y que no está vigente ni se encuentra en ninguno de los artículos de esta
ley, el catálogo de prestaciones y de servicios básicos en todo el territorio nacional y que no se dirima a un reglamento ulterior; la concreción de los beneficiarios de la prestación (todavía no sabemos a quién corresponde el derecho a los
servicios de la ley), un sistema de reconocimiento y de acceso a las prestaciones en condiciones de igualdad entre todos los territorios de España, la concreción de los instrumentos de gestión del sistema nacional de la dependencia, también en la
ley, con los calendarios de creación y con los reglamentos funcionales y una financiación suficiente y sostenible en los Presupuestos Generales del Estado, que permita la cohesión y la solidaridad.



Señorías, en definitiva, esta ley no es más que una declaración de buenas intenciones, yo diría incluso que un manifiesto político, más que una ley que garantice nuevos derechos, y deja fuera del entramado jurídico de la Seguridad Social,
como pedía el libro blanco y como pedían muchas organizaciones del sector de la acción protectora de la Seguridad Social, todo el marco de actuación sobre la dependencia. No lo dice el Grupo Parlamentario Popular, no solo lo dicen los consejeros de
comunidades autónomas, sino que lo dice el Cermi, lo dice Ceoma, lo dice la Confederación de la dependencia, lo dice Edad & Vida, lo dice la Feaps, las personas con discapacidad; lo dice Feafes, las personas con enfermedad mental; Aspace, con
parálisis cerebral y afines; los enfermos de Alzheimer; Predif, la plataforma de discapacitados físicos; lo dice UGT, lo dijo UGT, señorías, aquí, el señor Cándido Méndez; incluso la señora López i Chamosa el 18 de mayo del año pasado también
puso en evidencia la necesidad de que estuviera en el entramado jurídico de la Seguridad Social, de la acción protectora de la Seguridad Social; lo dijo Izquierda Unida; lo dijo la ONCE; lo dijo el Defensor del Pueblo; lo dice el propio libro
blanco aprobado por el ministerio; lo dice el Consejo Económico y Social; lo dice la mayor parte de los consejeros de comunidades autónomas; lo dice todo el mundo en este país menos el Grupo Parlamentario Socialista y el ministro.



Señorías, no solo deja fuera del entramado jurídico de la Seguridad Social la dependencia, sino que no la considera un derecho subjetivo, no la considera básica, y por eso la remite al artículo 149.1.1.ª, de la Constitución española y no al
149.1.17.ª; por tanto, lo considera únicamente un paquete de prestaciones de servicios sociales no universal.
Y esta debilidad jurídica y constitucional tiene antecedentes desgraciadamente en el debate del estado de la Nación del año pasado y en
la propuesta de resolución, que predecía ya la concertación de planes en los que la Administración General del Estado solamente impulsaba la red de servicios en el marco de las competencias de las comunidades autónomas. El Grupo Parlamentario
Popular, señorías, ya lo denunció en aquel momento, ya nos pareció que era eliminar derechos de ciudadanía y que era eliminar normativa básica, cuestión que se ha visto después reflejada en este borrador de la ley. Probablemente los acuerdos con
partidos nacionalistas cerraban el paso a esta posibilidad para ajustar esta Ley de Dependencia al modelo de Estado que ha preconizado el Estatuto catalán y que está defendiendo el Grupo Parlamentario Socialista en toda España y que subrayaba las
cuestiones relacionadas con la bilateralidad y la inequidad territorial, eliminando los derechos comunes y adelgazando el Estado, señorías, produciendo sin duda, en materia de política social, de las más sensibles que en materia de política podemos
tratar, un daño irreparable a los ciudadanos españoles y dinamitando por primera vez, un partido que se dice socialista, la igualdad y la equidad en todo nuestro país.



El Partido Socialista ha renunciado a la Seguridad Social así como a la posibilidad de configurar un derecho subjetivo plenamente garantizado para todos los ciudadanos. Ha suprimido el principio de equidad en la distribución territorial de
los recursos y ha triunfado la bilateralidad, es decir, los convenios que establecen, por una parte, la financiación, la intensidad de las prestaciones,


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los objetivos, los medios, los recursos y por tanto las obligaciones de cada administración de acuerdo con nada más y nada menos que la disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas. Por ejemplo, cuando se establecieron las pensiones
no contributivas, este Parlamento y el grupo gobernante modificó la Ley de la Seguridad Social, introduciendo estas prestaciones, pero definiendo ya en esa ley sus características, su contenido y sus requisitos básicos y cuantía. Sin embargo,
señorías, en este caso no se ha abordado ninguna de estas importantes cuestiones. Se ha suprimido, eso sí, el principio de equidad en la distribución territorial de los recursos y se ha vetado la posibilidad de que el Estado intervenga en la
coordinación sociosanitaria. Desaparece la coordinación sociosanitaria y hemos pasado, además, de un fondo nacional repartido con criterios objetivos a un reparto bilateral, que es opaco para las comunidades autónomas y para los ciudadanos y sin
criterios claros. Ha desaparecido la posibilidad de que las comunidades pudieran tener un presupuesto diferenciado en sus instrumentos legislativos financieros anuales y también han desaparecido instrumentos que nos parecían interesantes, como la
Escuela Nacional de Seguridad Social y Dependencia, de Servicios Sociales, que pertenece al Ministerio, a la vez que cada comunidad autónoma puede dictar su propio procedimiento de reconocimiento, lo cual sin duda va en contra de la uniformidad y de
la equidad.



Todo esto, señorías, deslegaliza el entorno actual de la dependencia, todo lo remite a acuerdos posteriores, creando inseguridad jurídica y falta de garantías, y por lo tanto el Grupo Parlamentario Popular lo único que puede poner de
manifiesto en este momento es que en el futuro hará falta otra ley, y desde ya nos comprometemos a ponerla en marcha en el primer momento en que volvamos a tener la responsabilidad de gobierno. Porque esta ley, señorías, no sirve, no sirve para los
ciudadanos y no sirve para las necesidades de este país en materia de dependencia, porque no cuenta con las corporaciones locales, porque no permite la coordinación sociosanitaria, la creación de un sistema integrado, y porque no aborda la
prevención. Por lo tanto, estamos dando pasos atrás muy importantes en el debate de dependencia, más de veinte años. Tampoco regula la prestación sociosanitaria, ya regulada en la Ley de Cohesión y de Calidad del Sistema Nacional de Salud. Hace
muchos años que desde el sector social y desde el sector sanitario habíamos avanzado en la necesidad de coordinar estos dos elementos, y para ello hacía falta una ley. Hace mucho tiempo que en nuestros discursos hemos preconizado la necesidad de
cambiar la utilización de muchas camas de agudos en los grandes hospitales españoles para utilizar recursos más adecuados a las personas dependientes en el ámbito residencial. Pues bien, nada de esto, que aparece en el discurso político de todos
los grupos a lo largo de los últimos años, ha sido abordado en esta ley. Es una ley absolutamente inútil en esta materia y que, repito, da un paso atrás en muchos de los elementos que hemos configurado en los últimos años.



Los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio determinarán la cuantía a través de convenios, lo cual supone una inseguridad también respecto a lo que significa la suficiencia financiera de cara al futuro.
¿Cómo vamos a poder,
señorías, determinar el coste? ¿Cómo va a poder el ministerio poner en evidencia que hacen falta en los próximos nueve años 12.000 millones de euros si ni siquiera ha sido capaz de incluir las prestaciones en la ley? ¿A qué corresponde ese dinero?
¿Cómo han hecho el presupuesto si ni siquiera sabemos qué se tiene que financiar con él? En esta legislatura, en 2004, nada; en 2005, 50 millones; en 2006, 200 millones; dicen que en 2007, 400, y en 2008, un poco más de 600, es decir, 1.328
millones de euros. Lo ha dicho la consejera, para este viaje no necesitamos alforjas: ya lo estaban haciendo las comunidades autónomas del Estado. 1.000 millones en el primer año de esta legislatura es lo que ustedes pusieron en su programa
electoral, 1.000 millones; eso es lo que ustedes escribieron en su programa electoral. ¿Saben lo que significa 1.000 millones o 1.300 millones que ustedes van a incorporar a la dependencia en esta legislatura? Pues poco más que el Plan Jaén XXI;
poco más, señorías, que una sola anualidad del Plan del Carbón. ¿Para este viaje hacían falta estas alforjas? ¿Para este viaje necesitaban ustedes armar el lío mediático que han armado, para no dar satisfacción y crear frustración a los ciudadanos
que necesitan estos servicios en nuestro país? El Gobierno dice además que la percepción de una de las prestaciones económicas previstas en la ley deducirá de su cuantía cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad en la protección
social, es decir, los complementos de gran invalidez, los complementos de asignación económica por hijo mayor de 18 años que tenga una minusvalía superior al 75 por ciento, y así hasta seis o siete prestaciones. Ustedes lo que están haciendo,
señores, es cambiar de epígrafe presupuestario un dinero que ya se está presupuestando por el Estado, por el ministerio y por las comunidades autónomas. Repito que para este viaje no hacían falta alforjas.



Señorías, lo que sí sabemos en este momento, aparte de los discursos mediáticos del Grupo Socialista y del ministerio, es que los convenios bilaterales en vigor este último año han supuesto que más de la tercera parte de los recursos, hasta
el 36 por ciento -lo decía la consejera-, se hayan ido en convenios bilaterales únicamente con la región catalana, con Cataluña, mientras que Madrid, con una población prácticamente igual, solo ha tenido un 9 por ciento; Castilla y León, con la
población más envejecida de España, solo ha tenido un 6 por ciento; o que Andalucía, con una población similar también a la de Cataluña, ha tenido un 12 por ciento, la tercera parte que Cataluña. Eso es lo que sabemos que significan los convenios
bilaterales que está estableciendo el ministerio con las comunidades autónomas, con aquellas comunidades autónomas que le interesan, eso sí. Ustedes han consumado la desigualdad y la ruptura de la equidad en este país. Lo hicieron ya con la Ley


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Orgánica de Calidad de la Educación, que acabó con la calidad de la educación en este país y por eso tenemos los pésimos resultados escolares que tenemos. Lo hicieron no incorporando la universalidad de las prestaciones sanitarias, y tuvo
que ser un gobierno del Partido Popular el que estableciera las transferencias sanitarias que han permitido en este momento la descentralización, la mayor descentralización política que se ha producido en este país, en materia de comunidades
autónomas. Y en materia de pensiones, que es la tercera pata del Estado del bienestar, ustedes pusieron en crisis el Sistema de Seguridad Social, y tuvo que ser un Gobierno del Partido Popular el que viniera a arreglar las cosas y a crear un fondo
de reserva que en este momento hace que las cosas estén meridianamente claras. Lo que no esperábamos, señorías, es que, en materia de dependencia, ustedes dijeran adiós a la solidaridad, adiós a la cohesión, adiós a la igualdad y adiós a la
equidad, creando un modelo absolutamente asimétrico e injusto, en el que las regiones más ricas van a tener una protección probablemente universal de las garantías, por sus propias leyes, y otras regiones, las más pobres, no la van a tener. Será
como se ha puesto de manifiesto, un modelo asistencial y residual absolutamente.



Voy terminando. Cataluña y el País Vasco han aprobado en los últimos meses algunas leyes que sin duda suponen una confrontación con la Ley del Estado y, de hecho, han puesto de manifiesto que eso significaba que esta ley, el borrador
inicial del mes de septiembre, invadía competencias en las comunidades autónomas. Por eso ustedes lo han recortado. Ustedes han creado falsas expectativas, han rechazado la posibilidad de que se incorporara un derecho subjetivo, y por tanto lo que
tenemos en este momento es un derecho graciable, con financiación graciable; han consagrado la desigualdad. Han impedido que la garantía de derechos, la igualdad, la coordinación y la sostenibilidad sean elementos nucleares de esta ley. Han
impuesto además a las comunidades autónomas, sin darles la posibilidad de audiencia, sin diálogo, sin consenso, sin ningún tipo de acuerdo, la necesidad de que incorporen otros, digamos, 12.000 millones, si fueran ciertos, en los próximos nueve
años, sin decir a los ciudadanos, eso sí, que ustedes prevén que incorporen entre el 30 y el 35 por ciento del pago de los servicios, independientemente de cuál sea su renta. Arbitrariedad, inseguridad, indefinición por la inseguridad,
incertidumbre y una ley absolutamente voluntarista, yo lo decía antes, un manifiesto más que una ley realista, que acaba con la igualdad, que acaba con la solidaridad y con la equidad en nuestro país en materia de servicios sociales. Ustedes,
señorías, mañana tienen una reunión con los directores generales de las comunidades autónomas y el jueves tienen la conferencia sectorial. Nosotros les pedimos, como principal grupo de la oposición, que hagan cambios, porque esta ley huele a
naftalina y tienen la oportunidad histórica de hacer una magnífica ley que resuelva realmente los problemas de los ciudadanos.



Señora consejera, aunque usted ha hecho alguna referencia inicial a esta materia, me gustaría subrayarle algunas cuestiones de las que quizá usted pueda darnos mayor información al respecto. Primero, cuál ha sido exactamente el grado de
participación que ha tenido la Junta de Castilla y León en la elaboración de este anteproyecto en la medida en que, repito, es una de las más grandes, desde el punto de vista territorial y, desde luego, en personas mayores, de las comunidades del
Estado, en la medida en que este Gobierno ha dicho que siempre se contaría con el consenso de las comunidades autónomas. Ya le anticipo que la consejera de Andalucía, que estuvo aquí el jueves pasado, dijo Andalucía no había participado en ninguna
medida en esta ley. Segundo, sobre la financiación prevista por el Gobierno: ¿La considera usted suficiente, en virtud de su experiencia tratando a un importantísimo número de personas mayores de nuestro país? Tercero, ¿cómo viven ustedes, cómo
se vive en Castilla y León este anteproyecto, una comunidad con unas características que sin duda son muy peculiares? Tienen ustedes la tasa de envejecimiento que el resto de España va a tener dentro de treinta años, y esto sin duda es un elemento
muy importante, debido a una mayor esperanza de vida, entre otros factores, que hace que el número de personas mayores sea del 23 por ciento, superior cerca de 6 puntos a lo que significa la media nacional; y, además, el 28 por ciento de los
mayores de su región son mayores de 80 años, número que está creciendo en el entorno, desde una cifra de 150.000 personas, en un entorno de hasta 5.000 personas más en cada ejercicio.
Con un extenso medio rural; usted ha hecho alusión a un tema
que a mí me pareció importantísimo, que debatimos en la Ley de Cohesión en la sanidad, que es la extensión de las comunidades autónomas, la dispersión de los núcleos rurales, la dispersión de la población. Porque no es lo mismo crear servicios para
una población en la que en tres hectáreas de terreno viven 200.000 personas, como ocurre en esta capital, que para zonas de Castilla y León, de Castilla-La Mancha o de Andalucía, donde en esas hectáreas viven dos o tres personas; por lo tanto,
hacer llegar esos servicios no puede ser lo mismo, ni puede concebirse de la misma manera, ni cuesta lo mismo en un sitio que en otro. Tienen ustedes además más de la mitad de los ciudadanos que viven en municipios que son menores de 100
habitantes, municipios muy pequeños, donde, repito, la capacidad de hacer llegar esos recursos es especialmente importante y donde su opinión tiene un especial valor respecto de lo que digan otras comunidades autónomas.



Voy a hacerle unas preguntas ¿Cree que la dependencia debe considerarse un derecho subjetivo, como es la educación o la sanidad, o basta lo que ha hecho el Gobierno del señor Caldera? ¿Considera que en el anteproyecto se garantiza realmente
la autonomía de las personas, independientemente de su situación, o, por el contrario, no lo hace? ¿Cree además que hay medidas suficientes dirigidas a esa autonomía personal? ¿Cree


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que es necesario un gran pacto de Estado en nuestro país en materia de dependencia o hay que seguir haciendo lo que está haciendo este Gobierno? ¿Ve normal que el Gobierno únicamente se haya reunido con los agentes sociales para hacer este
documento que nos ha traído al Parlamento, que nos ha repartido (todavía ni siquiera tiene formato de proyecto de ley), o si se debía haber consultado con las organizaciones del sector, importantes organizaciones del sector que tienen mucho que
decir respecto de esta materia? ¿Cómo valora que se haya reducido hasta una tercera parte la pensión de las personas con gran invalidez en este texto? ¿Cree que se deberían establecer criterios comunes en toda España para valorar el grado de
dependencia y cómo valora que este anteproyecto no los tenga, que no tenga criterios comunes en toda España para valorar el grado de dependencia? ¿Cree que se debería garantizar en todas las comunidades autónomas el mismo porcentaje de centros
residenciales, de centros de día, de centros de noche, teleasistencia? ¿Si usted considera que todos los ciudadanos de España tienen derecho a los mismos servicios, y no como dice esta ley, que en virtud del convenio que haga el ministerio con cada
comunidad va a haber unos recursos distintos, en términos objetivos y en términos relativos también, en todo el país? ¿Considera, en la medida en que el anteproyecto declara que los Presupuestos Generales del Estado fijarán cada año una partida,
que debería especificarse dicha cuantía, ya que esto también produce una enorme inseguridad jurídica?


En definitiva, señorías, nos ha causado una enorme frustración nuestra percepción de la ley; esperábamos mucho más de este Gobierno, esperábamos mucho más del Grupo Parlamentario Socialista. Creemos, sinceramente, que se ha perdido una
gran oportunidad. En cualquier caso, consideramos enormemente oportuna e interesante su opinión, la que ha dado hasta este momento y la que yo le solicito contestando a mis preguntas, porque entendemos que, en la medida en que las comunidades
autónomas van a tener la máxima responsabilidad en la puesta en marcha de todos y cada uno de los elementos que configuremos en materia de dependencia, ustedes podrán a lo largo de los próximos meses jugar un papel muy importante, para que podamos
modificar este pésimo texto que nos ha llegado a las manos e intentar hacer una ley razonable que realmente sea útil para los ciudadanos españoles.



El señor PRESIDENTE: Señor Merino.



El señor MERINO DELGADO: Señora consejera, le agradezco su presencia en la Comisión y la felicito por su magnífica exposición, que demuestra sin duda su profundo conocimiento de la materia no solo por su profesión, sino también por su
puesto político. No podía ser de otra manera teniendo en cuenta la comunidad autónoma de la que es consejera, porque efectivamente, Castilla y León ha sido y sigue siendo, entiendo yo, un referente en políticas sociales desde hace muchos años, no
es una cuestión de ahora, por su propia problemática; usted lo ha citado claramente. Y no es de extrañar porque los datos que nos ha dado, envejecimiento de la población, dispersión de la misma, mayores costes derivados de esa dispersión, 5.000
núcleos de población, 2.200 ayuntamientos, dicen bien a las claras cuál es la problemática de Castilla y León, frente a otras comunidades mucho más pobladas, Cataluña, Madrid o Andalucía, que tiene otra forma de ver la problemática; otra forma que
es la de la dispersión, la del envejecimiento, es la de Castilla y León.



Quiero felicitarla, porque sé el esfuerzo económico que ha hecho la Junta de Castilla y León en estos años. Y no lo está diciendo de manera suficiente la Junta de Castilla y León. Se dedica a los mayores y dependientes el doble de la media
nacional por persona del PIB, alrededor del 0,77 por ciento, frente a la media nacional del 0,33. Lo vemos por el reciente estudio de la Universidad Autónoma de Madrid, que es el último que se ha hecho, pero podríamos verlo por datos estadísticos
anteriores, tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Apreciamos ese esfuerzo, que hace de Castilla y León la primera región de España en poner recursos sobre la mesa; eso hay que reconocerlo, debemos reconocerlo públicamente, y así lo
hacemos desde mi grupo parlamentario.
A ello hay que añadir también el esfuerzo que hacen los ayuntamientos y diputaciones. Porque no estamos hablando de una comunidad con tres, con dos, con cuatro diputaciones, o con doscientos ayuntamientos,
estamos hablando de una comunidad con nueve diputaciones y, como he dicho, con cientos de ayuntamientos, que cada día están poniendo recursos sobre la mesa para nuestros mayores; precisamente en una comunidad con ese grado de envejecimiento, lo
cual hace que sean mucho más dependientes. Parece mentira que un ministro como el señor Caldera, que procede del ámbito rural de Castilla y León, no haya sido capaz de entenderlo y haya puesto intereses de otro tipo por delante de los intereses de
esas personas dependientes.



Nos ha dado su opinión, sin duda bien fundada, diciendo que el proyecto de ley de dependencia es cicatero, que el proyecto de ley deja fuera del sistema sanitario y que se excluye del sistema de la Seguridad Social. La verdad es que a lo
largo de todos estos años, desde 1995, cuando se firma el primer Pacto de Toledo, renovándose después en el año 2003, cuando ha habido gobiernos de distinto color político, tanto del Partido Socialista como después del Partido Popular, hemos ido
avanzando, se ha ido avanzando en una política de consenso, en una política que considerábamos de Estado. Porque esta materia es una materia de Estado, no es una materia que tenga que tener en cuenta permanentemente qué partido está en el Gobierno,
aquí hay que hacer abstracción del color político, y así se ha hecho en el Pacto de Toledo. Por eso a mí, que conozco bien la sensibilidad de la gente que ha trabajado desde otros grupos políticos, sobre todo desde el Grupo Socialista, en esta
materia todos estos años, incluida la hoy portavoz del


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Grupo Socialista, me llama la atención, porque habíamos hablado muchas veces de este tema y habíamos hablado sobre la posibilidad y la necesidad de que estuviera siempre incorporado al sistema de Seguridad Social, para dar mucha mayor
cobertura y mucha mayor seguridad al futuro en cualquier ley de dependencia, combinando lo público con lo privado. Siempre se habló, a la hora de establecer las conclusiones de aquel pacto, de que era necesario, igual que en el tema de pensiones,
la preeminencia pública pero no la exclusión de lo privado. Eso mismo es lo que yo creo que aquí habría que trasladar. Todavía estamos a tiempo, todavía se puede hacer.
Yo pienso que hay que hacer un llamamiento al Grupo Socialista y al Gobierno,
para que tenga en consideración que eso se puede conseguir sobre algo muy básico, que es el consenso con las comunidades autónomas que representan a las administraciones locales y sobre la base del diálogo permanente. Porque, si no, ¿dónde están
los objetivos de igualdad, de universalización y de sostenibilidad financiera que el Pacto de Toledo trasladaba a todas las prestaciones presentes o futuras, dónde están? El proyecto de ley no ha querido ni acordarse del Pacto de Toledo.
Es
curioso, la primera ley importante en materia social del nuevo Gobierno incumple el contenido del pacto más importante de los últimos treinta años en materia de pensiones y prestaciones sociales, y lo hace un Gobierno socialista. Es verdaderamente
sorprendente.



Ahora nos surgen muchas incógnitas, y yo quiero trasladarle algunas para que, si es posible, usted me las pueda responder. ¿Toda la política de dependencia se va a basar en convenios bilaterales del Gobierno con cada comunidad autónoma?
¿Es la nueva política la bilateralidad? Si es así, lo que está claro es que esa bilateralidad que se va a dar en el sistema fiscal en los próximos tiempos, según lo que parece que se va a acordar con el Estatuto de Cataluña, va ser mala. Porque no
hay un sistema nacional que se base en la bilateralidad; o hay sistema nacional o hay bilateralidad, es decir, sistemas a la carta. Y eso siempre es malo porque siempre acaba en la desigualdad entre los que tienen más y los que tienen menos. ¿Así
se va a garantizar el principio de solidaridad?, ¿Por qué cree usted que se ha soslayado el Pacto de Toledo en el proyecto? ¿Por qué no prevé la ley nada respecto al papel de ayuntamientos y diputaciones que ahora están jugando un papel activo y
que pagan una parte muy importante de la dependencia a día de hoy? Y la van a seguir pagando, porque, salga lo que salga de aquí, llevan treinta años pagando y van a seguir pagándolo en el futuro; es así, afortunada o desgraciadamente para ellos.
¿No le parece que sería bueno que, por tratarse de un tema de Estado, se hiciera y se aprobase con el máximo consenso, y no solo de todos los partidos, sino de todas las comunidades autónomas e instituciones públicas y privadas que están afectadas
por esta importante materia? ¿A qué cree que se ha debido esa falta de diálogo del ministro?


Finalmente, para no extenderme mucho, puesto que ya el portavoz de mi grupo ha intervenido, quiero reiterarle mi agradecimiento por su comparecencia, sobre todo por el contenido de su exposición. La felicito porque las políticas sociales
que están desarrollando en esta materia en la Junta de Castilla y León son ejemplo para otras muchas comunidades. El Gobierno debería tener en cuenta las propuestas que ha hecho el Parlamento, las Cortes de Castilla y León, que son unas propuestas
de Estado, que son para todos, y ahora, que se lleva tanto respetar al máximo lo que venga de los parlamentos de otras regiones, también podría tener en cuenta el Gobierno lo que han concluido las Cortes de Castilla y León, que también son
conocedoras de las políticas de mayores, de las políticas de dependientes. Espero que el proyecto de ley de dependencia se haga con el consenso de todas las administraciones, porque en esta materia o se hace así o no será nunca una realidad esa
ley, no va a ser efectiva, no va a poder afectar a la mayoría de los ciudadanos. El Pacto de Toledo es el ejemplo más claro que el Gobierno debería tener en cuenta; sin embargo lo ha dejado en el baúl de los recuerdos, creo yo, cometiendo un grave
error, que aún puede remediar.



El señor PRESIDENTE: Señora consejera, ¿prefiere contestar ahora o al final? (Pausa.) Entonces, señora López i Chamosa, tiene usted todo el tiempo del mundo.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Muchas gracias, señor presidente, por su último comentario.



Estaba un poco preocupada porque tres contra uno es complicado, pero veo que los criterios son unánimes y voy a intentar contestar.



En primer lugar quiero en nombre de mi grupo parlamentario, dar la bienvenida a esta Comisión a la señora Valdeón y felicitarla, cómo no, por su intervención. También agradezco su sinceridad, porque por lo menos va a dar pie a que en sede
parlamentaria le diga desde mi punto de vista, de mi grupo, lo que no es cierto, lo que son inexactitudes y aquello en lo que no coincidimos. Hay una cosa en la que coincido, no que coincido, que estoy de acuerdo con el señor Echániz cuando dice
que esta ley ha generado una frustración. Sin ninguna duda, en el PP. Ha generado una frustración en el Grupo Parlamentario Popular y en el partido del PP, fundamental, porque lo que no fueron capaces de hacer ustedes en ocho años lo ha hecho un
Gobierno socialista en menos de dos, y eso entiendo que genere una gran frustración. Entre los que nos dedicamos a la política, igual que en otras profesiones (usted, en su intervención, ha utilizado algunos dichos, yo también soy gran admiradora
de ellos), se dice que se coge antes a un mentiroso que a un cojo. No lo digo porque les quiera llamar a ustedes mentirosos, ni mucho menos, no lo malinterpreten; me refería a que, cuando uno dice ciertas cosas, tiene que tener mucha memoria para
saber lo que ha


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dicho, hace dos años o hace uno; si no, luego la realidad le deja en mal lugar.



Voy a explicarme. En el año 2001 se firmó un acuerdo entre el Gobierno de don José María Aznar, la CEOE, Comisiones Obreras y la Cepyme, y uno de sus apartados era el compromiso del Gobierno a que a lo largo de 2002 traería a este
Parlamento la ley de la dependencia. Es evidente que ni la trajo en 2002 ni la trajo en 2003, por lo tanto incumplió aquel compromiso. De ahí lo que digo. En 2003, a finales, en octubre, nos reunimos en esta Comisión, que entonces estaba
encargada de revisar los acuerdos del Pacto de Toledo y su recomendación. Y ustedes han hecho referencia, tanto la consejera como los dos portavoces, a que no se ha cumplido el Pacto de Toledo. Yo les voy a leer textualmente lo que dice la
recomendación del Pacto de Toledo en cuanto a la dependencia, porque, además, les he de decir, y el señor Merino no me dejará mentir porque él era el presidente de esa Comisión y por consiguiente lo sabe, que en los debates sobre la inclusión del
punto de la dependencia fue especialmente activo mi grupo parlamentario, cuyo portavoz, José Antonio Grillán, intervino en varias ocasiones.



El pacto dice: Resulta por tanto necesario configurar un sistema integrado que aborde desde la perspectiva de la globalidad el fenómeno de la dependencia. Ello debe de hacerse con la participación activa de toda la sociedad y con la
implicación de la Administración pública a todos sus niveles, todo ello a través de la colaboración de una política integral de atención a la dependencia en la que quede claramente definido el papel que ha de jugar el sistema de protección social en
su conjunto. La Comisión considera necesaria una pronta regulación que recoja la definición de la dependencia, la situación actual de su cobertura, los retos previstos, las posibles alternativas para su protección, teniendo en cuenta la
distribución de competencias entre las distintas administraciones públicas, garantizando los recursos necesarios para su financiación y la igualdad de acceso. En determinados supuestos podrá preverse la contribución de los usuarios para la
financiación de estos servicios.



Primera cuestión, el Pacto de Toledo no habla de un sistema integrado dentro de la Seguridad Social, clarito y en letra, ni en espíritu ni en letra lo dice. Segunda cuestión, de todas las personas que han pasado por esta Comisión, por la de
Discapacidad, ha habido algunos que sí lo han mencionado, pero, fíjense ustedes, quien con mayor ahínco ha defendido la integración en la Seguridad Social -el señor Echániz lo mencionaba como un recordatorio para la que le habla-, quien la ha
defendido con claridad ha sido la Unión General de Trabajadores. Ni el otro sindicato ni la patronal, cuando han pasado por aquí, han defendido que quede integrado en el sistema de la Seguridad Social. Cuando hablamos de los agentes sociales,
quiero insistir en que no han defendido que quede incluido dentro de la Seguridad Social, excepción hecha de la Unión General de Trabajadores, repito. He de decirles que, y ustedes lo saben, además por afinidad política, creo yo, la CEOE ha sido
uno de los grandes impedimentos para que en el acuerdo con los agentes sociales quedase incluido que estuviera dentro de la Seguridad Social. Eso ustedes lo saben igual que lo puedo saber yo. Hay otras asociaciones, desde luego.
Ceoma, cuando ha
comparecido, ha hablado de un sistema, hizo mucho hincapié -y podemos referirnos a la intervención de su presidente- en que quedara clara la complementariedad del sistema privado, en eso sí que hizo mucho hincapié, pero, repito que no en otros. Es
verdad que ha habido otras asociaciones, como puede ser el Cermi, que sí hablaron de la Seguridad Social, pero, los otros, no.



Cuando hablamos de integrarlo o no integrarlo en la Seguridad Social, supongo, y yo se le reconozco, que es una posición que ustedes defienden a última hora. Porque yo recuerdo haber ido con el señor Echániz a varios debates, de Nuevo Lunes
y otros, en donde el tema de la Seguridad Social no era lo prioritario ni era lo importante, estábamos al inicio del debate y ahí estábamos. Si para ustedes ahora lo importante es que quede incluido en el sistema de la Seguridad Social es una
defensa legítima, creo que es un modelo distinto del que planteamos y están en su derecho de defenderlo. Además, hay aspectos y modelos y podemos confrontarlos; estamos hablando de un anteproyecto. La preguntaba el señor Echániz si había
participado en la elaboración del anteproyecto. Espero que no, igual que espero que no haya participado la Comunidad de Andalucía ni mi comunidad autónoma, que es la catalana. ¿Por qué? Porque el anteproyecto le corresponde al Gobierno hacerlo;
luego, eso sí, tendrá que negociarlo con los distintos agentes sociales, con las comunidades autónomas, con las asociaciones y demás, pero, insisto, el anteproyecto le corresponde hacerlo al Gobierno.



Estamos hablando de un proyecto de ley de dependencia que garantiza un derecho universal, que establece unas prestaciones determinadas, que define lo que es la dependencia, que garantiza baremos iguales en todo el Estado y prestaciones
iguales en todo el Estado. El problema lo resume un refrán: No hay más ciego que el que no quiere ver, y cada uno lee lo que quiere leer, pero el proyecto deja con meridiana claridad establecido el derecho a las prestaciones, el acceso a las
mismas, baremos únicos para todo el Estado, etcétera; con claridad. Y luego establece una financiación, y ahí pueden ustedes decirme que es insuficiente, que no es la adecuada, pero establece una financiación, cosa que es novedosa en proyectos,
porque aquí hemos vivido ocho años donde los proyectos llegaban a esta Cámara sin ningún sistema de financiación y demás.
También, lógicamente, establece por años las aportaciones del Estado, que quedan garantizadas en el 50 por ciento. Como bien
usted sabe, no se lo voy a decir yo porque mejor que yo lo sabe usted, las competencias en servicios sociales son de las comunidades autónomas, y como lógicamente no puede el Estado decir cómo han de desarrollarlas, lo que


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hace el Estado a partir de ahí es aportar con generosidad para que se puedan definir esas plazas.



El señor Echániz hablaba de porcentajes, pero yo no quiero entrar en excesivos porcentajes respecto a las comunidades autónomas, Castilla-La Mancha aporta en total un 14,09 por ciento a las políticas sociales y Castilla y León un 12,13 por
ciento, y ustedes dicen que esta última es la que más aporta, es la que mejores políticas desarrolla. Señor Echániz, Castilla-La Mancha aporta el 14,09 y Extremadura, el 12,87 por ciento.
Como ven, las comunidades autónomas, lógicamente, tienen
que desarrollar unas políticas activas y de acuerdo con la demanda que cada una de ellas tiene. Si hablamos de plazas de residencia de Castilla y León, donde ustedes alaban la política, que no seré yo quien la critique porque no me corresponde
desde donde estoy, hay datos y hay que darlos con exactitud.
Plazas residenciales tienen exactamente las mismas, 3.321, que les traspasó el Imserso, ni una más creada. Por lo tanto, cuando hablamos de cifras por lo menos demos las que son y
respetemos las que son. Cuando hablan de la coordinación sociosanitaria, tomen en cuenta decir que eso será un desarrollo posterior y corresponderá a las comunidades autónomas, que tienen transferida la sanidad y tienen transferidos los servicios,
hacer un desarrollo de lo sociosanitario, como lo está haciendo la Comunidad Autónoma de Extremadura, que ha de venir, y no se preocupen ustedes que ya les dirán cómo lo están haciendo para que luego puedan ustedes copiar con tranquilidad.



Nos tienen acostumbrados a grandes palabras para criticar leyes incriticables. Es decir, hace unos meses el gran problema de este país era que rompíamos la familia con la ley de las bodas de homosexuales. Ha pasado el tiempo, la ley está
en vigor, no se ha roto nada, ni se ha roto la familia ni se ha roto nada, sino que hemos garantizado derechos individuales, y los ciudadanos supongo que de eso toman nota. Con el Estatuto de Autonomía de Cataluña hablan de que rompemos el Estado,
de anticonstitucionalidad y demás. El recurso que han presentado ante el Constitucional ya saben ustedes la respuesta que ha tenido hasta ahora.
Hoy le toca a la Ley de la Dependencia. Las leyes siempre se pueden hacer de una forma o de otra,
siempre hay opciones, siempre hay formas, pero con datos sobre protección social y políticas sociales, en este país las grandes leyes que han generado el Estado de bienestar que hay, totalmente insuficiente y que desde luego necesita mucho
desarrollo, son leyes socialistas. (Protestas.) La primera, la Ley General de Sanidad, que la hizo un compañero mío y que fue obra de un gobierno socialista, el Gobierno presidido por Felipe González; la universalidad de la enseñanza, obra de un
gobierno socialista; la universalidad de las pensiones, obra de un gobierno socialista. Ocho años... (Protestas.) Sí, ustedes son autores de la Ley de las Pensiones No Contributivas, la hicieron ustedes, está claro que la hicieron ustedes.
Durante ocho años del Gobierno del Partido Popular, cuando entraron, el gasto medio en protección social estaba en el 23 por ciento, mientras que en Europa estaba en el 25.
Cuando ustedes salieron, señor Echániz, el gasto en protección social
estaba en el 19,9 y en Europa, en el 27 por ciento. Es decir, ahí son las medidas, el desarrollo, la potenciación de las políticas sociales, y ahora, después de ocho años sin ningún avance, sino más bien retroceso, empezamos a hacer una ley que va
a significar un antes y un después en la atención a las personas dependientes.



Se puede criticar, claro que se puede criticar, y seguro que esta ley es mejorable, sin ninguna duda, y que la vamos a mejorar durante el debate, también. Hay una reflexión en la que coincido con usted, en que hay que revisar por qué de
tres años en adelante y no de cero a tres años, por ejemplo, coincido en ese tema con usted. Habrá otros temas que a lo largo de este debate mejoraremos con la aportación de todo el mundo, siempre que entremos en un debate constructivo, no
destructivo, porque si el objetivo es armar el mayor escándalo posible, el criticar la ley sin ton ni son, entonces lo tenemos complicado. Si realmente el objetivo del Partido Popular y del grupo parlamentario es hacer una buena ley de dependencia,
les invito al debate parlamentario que vamos a hacer en esta Cámara, y durante el cual tendremos opción de confrontar proyectos, de confrontar ideas y de mejorar la ley, como todas las leyes que entran en este Parlamento, que desde que entran hasta
que salen es evidente que sufren cambios profundos por la aportación de todos los grupos, no solo de los dos que estamos hoy aquí, sino de todos los demás grupos, que también aportan, pero, repito, desde un debate constructivo de querer generar una
ley.



No ha habido reuniones con las comunidades autónomas. Después de la última reunión de la intersectorial ha habido tres reuniones de secretarios generales, una de ellas para la distribución de los 200 millones de este año. Como
comprenderán, cuando hablamos de reuniones y cuando hablamos de negociación, en ninguna parte se dice que estemos obligados todos a llegar a un acuerdo, sino que estamos obligados a debatir y a consensuar en la medida del consenso y el acuerdo
posible. Dos no se pelean si uno no quiere, pero dos no acuerdan si uno no quiere también, es decir, es exactamente lo mismo. Ha habido tres reuniones de secretarios generales hasta ahora, mañana hay la cuarta reunión de secretarios generales para
debatir el articulado de la ley, aportaciones de las comunidades autónoma, y el jueves, si no recuerdo mal, pues hay la conferencia sectorial, con lo cual, oportunidades hay. A lo largo de mi vida he participado en muchas negociaciones, jamás he
pretendido en esas negociaciones conseguir el cien por cien de lo que yo planteaba, porque una negociación lo indica claramente, es una negociación y hay que ponerse de acuerdo, y cuando hablamos de imposición es, lógicamente, cuando no se puede
avanzar. Por lo tanto, ¿oportunidades para las comunidades autónomas? Sin ninguna duda. ¿A través de reuniones? Las que hagan falta, pero negociación y aportaciones, porque también luego, a


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veces, se cae en la tentación, no es este es el caso, pero ha habido otros casos donde se han pedido aportaciones por escrito y demás, y las aportaciones luego no llegan. Por lo tanto, tienen ustedes oportunidades de llegar a un acuerdo,
tienen ustedes el marco para el debate y lo que tienen que hacer es incluirlo.



Cuando se habla de la participación de los ayuntamientos, seguramente la ley necesita matizar más el tema de la participación de los ayuntamientos, y para eso se están haciendo reuniones con la FEMP en las que se está negociando su
participación en esta ley, que espero que llegue también a buen puerto. También las comunidades autónomas tienen que decir con respecto a los ayuntamientos cuál es la participación, y es evidente que cada comunidad autónoma, porque creo que dentro
de la distribución hay que ser realmente riguroso y respetuoso con las competencias que tienen establecidas las comunidades autónomas.



Ahí hemos entrado en otras leyes. Esta ley ha generado unas expectativas importantes. Es una ley que va a dar atención y prestación a 1.125.000 personas. Nosotros podremos decir lo que queramos de la ley, pero luego la realidad, el 1 de
enero de 2007 la gente va a poder comprobar aquella parte de la ley que puede entrar en vigor. ¿Cuál es la que puede entrar en vigor? Evidentemente, la ampliación de residencias, bien sea de residencias de día, asistidas y demás, y aunque
tuviéramos una varita mágica, no construimos todas las residencias de hoy para mañana ni con la colaboración de todo el mundo. Por eso la ley tiene que tener unos años de implantación para ir creando, generando y construyendo las plazas que
necesitamos de atención y de residencias, pero es evidente que tiene apartados como son las prestaciones a las personas que cuidan a dependientes que sí pueden entrar en vigor el 1 de enero de 2007. ¿Quién las va a cobrar? Señorías, el que esté
cuidando a una persona dependiente. ¿Dónde? En el lugar que sea, sea el pueblecito de 5 habitantes, sea el pueblecito de 100 o sea una ciudad como Madrid o Barcelona, el mismo derecho va a tener a cobrar esa persona viva donde viva. Podremos
decir lo que quieran sobre lo que no está claro en la ley, pero el 1 de enero de 2007 la gente lo va a tener y va a poder solicitarlo, y esa realidad por más que nosotros queramos no podrán cambiarla. Y luego, la ayuda a aquellas personas que ya
hoy están soportando la atención a sus personas dependientes, las ayudas a esos gastos que están haciendo también las van a poder tener desde el primer día. Lo que va a tardar más, repito, serán las plazas de residencia porque, evidentemente, no se
construyen de hoy para mañana. La ley en ese sentido es clara.



La ley es totalmente constitucional, pero, además, hay una cosa que es clara: el debate de la constitucionalidad o no. Yo estoy admiradísima porque me declaro que no soy ni mucho menos una experta constitucionalista, me he leído la
Constitución en varias ocasiones porque a veces se dice que dice la Constitución y yo me la leo y no encuentro lo que se dice. Bueno, no lo soy, pero últimamente en este país nos hemos vuelto todos expertos constitucionalistas y cuestionamos
absolutamente todo. Sin embargo, hay una garantía que debe de valer a todo el mundo, que es el Tribunal Constitucional, y cualquiera de nosotros que crea que esa ley es inconstitucional tiene siempre la oportunidad de ir a que el Tribunal
Constitucional nos diga si tenemos o no tenemos razón. En el último gran debate hasta ahora que hemos tenido en esta Cámara sobre que era inconstitucional, y no se podía debatir el Estatuto de Cataluña, el Constitucional nos ha dado la razón, lo
podíamos hacer y era correcto. (Rumores.) Por lo tanto, hemos podido celebrar el debate y no era lo que ustedes planteaban. Esa es la realidad. Con esta ley ocurre igual. Nosotros creemos que se ajusta totalmente a la Constitución, que garantiza
el derecho reconocido en la Constitución, que el artículo 14 habla de un desarrollo posterior, y así se hará totalmente además, pero, bueno, si ustedes tienen dudas, es evidente que siempre tienen ustedes la oportunidad de plantearlo.



El señor Echániz siempre aprovecha a decir, ante mí, que soy una gran defensora de la Seguridad Social y que además creo en la Seguridad Social: cuando gobernábamos nosotros la Seguridad Social estaba en situación de... Mentira, y aquí sí
que no es que no lo diga, mentira. Y cabe decir, como en aquel gran debate, aquello de: señor Echániz, usted miente y lo sabe. Me remito a los presupuestos de la Seguridad Social, a los presupuestos que figuran en esta casa. El sistema
contributivo de la Seguridad Social jamás, desde el año 1977 para acá, que están los presupuestos aquí, ha tenido déficit ni tampoco ha tenido ningún problema. Usted sabe que hasta el año 1996 en la Seguridad Social se pagaban gastos que no
correspondían a lo contributivo y que era ahí donde se generaban las desigualdades. Si hablamos de cumplir y de fondo de reserva, miren las aportaciones al fondo de reserva durante los últimos cuatro años de gobierno de ustedes y miren las de los
dos últimos años, y miren dónde estaba el excedente de la Seguridad Social en los últimos años y miren dónde está ahora. Por lo tanto, si realmente creemos que el Pacto de Toledo es la herramienta, funcionemos con el Pacto de Toledo y demás.



Luego también me habla el señor Echániz de la Ley de Sanidad. ¡Hombre! lo primero que ha tenido que hacer el presidente Zapatero es convocar una reunión de la Conferencia Sectorial de Sanidad para hacer una aportación del Estado porque el
déficit que había en la sanidad pública en las comunidades autónomas era ya insostenible, y esto lo hemos tenido que hacer el año pasado ya. ¿Por qué? Porque durante los últimos años de gobierno del Partido Popular la aportación a sanidad no ha
tenido crecimiento mientras que la población en España ha crecido. Digo lo mismo que decía antes. Yo entiendo la frustración del PP, la entiendo desde la perspectiva de que esta es una ley mejorable, sin ninguna duda, porque cualquier proyecto de
ley que entre a este Parlamento, la haga el PP, la haga el PSOE, la haga Izquierda Unida, siempre es mejorable. A eso les invito,


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a que juntos mejoremos esta ley cuando llegue al Parlamento y al final consigamos que salga mejor ley y con más facilidades de aplicación. Para terminar, repito que es una ley que garantiza derecho universal a la prestación, es una ley que
garantiza el derecho igual en todo el territorio nacional, es una ley que define las prestaciones, es una ley que establece la financiación que el Estado va a poner y es una ley que goza del apoyo de los agentes sociales con un acuerdo que realmente
firmaron hace poco tiempo. Por lo tanto, estamos ante un proyecto de ley en el que va a haber un antes y un después, lo mismo que lo hubo con la Ley de Sanidad, lo mismo que lo hubo con la Ley de Pensiones No contributivas, con la Ley de la
Educación y demás. Nosotros aceptamos, y no se lo digo a usted sino a la consejera, porque de verdad es la primera vez que tengo el placer de escucharla, espero que no sea la última, pero con el señor Echániz especialmente debatimos mucho, y se lo
digo especialmente al señor Echániz porque nos conocemos más. El Partido Socialista puede hacer cosas bien o puede hacer cosas mal, como todos en la vida, porque todos cometemos errores, pero le puedo asegurar que a cualquier ciudadano al que
pregunten de este país, en políticas sociales el Partido Socialista es imbatible y especialmente imbatible por el PP, porque obras son amores y no buenas razones, y ocho años han estado ustedes y los ciudadanos a cada uno acaban poniéndonos en el
lugar que nos corresponde. La verdad, de lo que sí me alegro mucho es de actitudes como la que tienen con esta ley por una sencilla razón, porque eso nos da a nosotros la oportunidad de seguir mejorando la ley en la próxima legislatura.



El señor PRESIDENTE: Señora consejera.



La señora CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (Valdeón Santiago): Dado que existen temas comunes, voy a intentar no olvidarme de ninguno de los aspectos que ustedes me han señalado y manifestarles
o intentar explicarles en la medida de lo posible mi propuesta y nuestra postura.



En primer lugar, y entrando quizá más en el debate terminológico, usted habla de frustración. Le voy a reconocer que para hablar de este anteproyecto yo siempre utilizo más la palabra decepción, porque decepción refleja un sentimiento de
cuando se espera algo, que ese algo es posible y que no llega. Le digo que ese algo se espera, es posible y no llega no por mis opiniones, que yo he vertido muchas opiniones en mi comparecencia, como creo que es lógico y lícito en este sistema
democrático, pero es que hay cosas que no son opiniones mías. Entonces, yo simplemente le invito a usted en particular, a doña Isabel, a que en la medida de lo posible repase todas esas comparecencias a las que usted ha hecho alusión y que yo he
tenido la paciencia de repasármelas en una gran parte y que me diga, pues, qué decían en esta Comisión del Pacto de Toledo, en cuanto a norma básica, vuelvo a repetir, Ceoma, Cermi, Feaps, Feafes, Aspace, Predif, Alzheimer, Dependencia, Fundación
ONCE, Comisiones y UGT, Norma básica, y cuando digo norma básica, cuando estamos hablando del Sistema de Seguridad Social es porque en principio y dada nuestra distribución competencial para que una norma sea básica en este momento tiene que estar
colgada, por así decirlo, con esa expresión, de la Seguridad Social. Evidentemente, si existe otra fórmula de hacer norma básica, dígase cómo. Lo que le digo es que esto no es una norma básica, que es uno de los principios, insisto, que es de
decepción porque todos apuntaban a eso. Lo peor no era eso, lo peor es que el libro blanco, que en principio también era la norma o al menos el estudio del que nos íbamos a guiar todos para elaborar ese anteproyecto -y cuando digo todos estoy
hablando del conjunto de la sociedad, evidentemente, no de las comunidades autónomas, que no participamos, como usted bien ha recordado-, era el que se iba a utilizar como fuente de información, el mismo libro blanco también, en su página 32, habla
de eso. Es que además en el debate sobre el estado de la Nación se volvió a hablar. Es que, además, usted tiene ahora el informe de Ceoma colgado en su página web, donde puede mirar todo lo que le estoy diciendo yo.



El Pacto de Toledo, con la textualidad que usted pueda decirme, ratifica los mismos términos. Tiene que ser una norma básica en la que el Estado sea fuerte, garantista y garantice un derecho universal. Usted decía en uno de sus comentarios
que no era experta constitucionalista. Por supuesto, yo tampoco, pero lo que tengo muy claro es que esto no es un derecho universalmente reconocido, porque, además, no es que lo diga yo, es que lo dicen todos los informes jurídicos de todas estas
organizaciones, los informes jurídicos de las comunidades autónomas y cualquiera a los que pueda usted acceder. Es decir, no me apoyando en una competencia, que evidentemente no sé, pero creo que en este caso hacen falta muy pocos conocimientos
jurídicos para saber que no da un paso más en un avance de un derecho de ciudadanía, simplemente garantiza las condiciones básicas, que no es el derecho. Por esa regla de tres, si toda ley reconociera implícitamente un derecho, todos tenemos
nuestras propias leyes de servicios sociales en nuestras comunidades autónomas y ya estaría reconocido el derecho, sobraría esto. Entonces, insisto, yo aquí no puedo entrar a debatir ni con usted ni con nadie porque no soy jurídico, pero, desde
luego, tengo muy claro, que me he asesorado donde me tengo que asesorar, y esto no es un derecho. Insisto en que lo que me preocupa es que todas las asociaciones creen lo mismo.



Desde luego, también le reitero que yo no quiero criticar sin ton ni son.
Tengo muy claro que si vengo aquí es con una esperanza, aunque sea muy pequeña, una esperanza de que el Gobierno recapacite, y que esa decepción que nos ha causado de
verdad pudiera desaparecer. Lo digo con toda sinceridad, si en algo me parecía una época fundamental y atractiva como política


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social esta legislatura era porque todos los grupos políticos, todos, por lo menos los dos mayoritarios y los que estamos en esta Cámara, llevábamos en nuestro compromiso electoral elaborar una ley de dependencia, y me parecía que eso de
verdad iba a marcar un antes y un después en los servicios sociales. Desgraciadamente, quien ha tenido esa oportunidad son ustedes, pero no la están aprovechando, quede muy claro eso. De verdad que también le digo otra cosa, y así se lo hemos
reiterado al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, toda la colaboración de la Junta de Castilla y León para todo aquello que estime oportuno, aunque, y aquí aprovecho ya para contestar también al señor Echániz, no ha sido posible en ningún
momento que hayamos sido ni siquiera recibidos.
Por razones que se me escapan, el señor ministro de Asuntos Sociales, aun siendo un castellanoleonés que visita frecuentemente durante los fines de semana su tierra, no ha encontrado ni un momento
para recibir a la consejera de Castilla y León. Después de catorce cartas y dos años ya lo doy por imposible. No obstante, yo sigo diciendo que si me llama, aunque sea un día en Salamanca, un viernes de los que vaya, estaría dispuesta a ir donde
él me quiera citar.



Dicho esto, le comento que, efectivamente, las comunidades autónomas no hemos participado, pero aquí permítame que hable de nosotros. Yo lo que entiendo por participación es en la fase de elaboración del anteproyecto.
Una vez elaborado el
proyecto, en esta Cámara quien tiene que participar no somos las comunidades, son ustedes, los diputados. Por supuesto, cada uno tiene su fórmula de trabajo, yo soy muy refranera y cada maestrillo tiene su librillo, pero sí le digo que desde que yo
estoy de consejera en Castilla y León el próximo jueves vamos a aprobar el cuarto proyecto de ley. Esos proyectos mientras sean anteproyecto, aunque nosotros la figura del anteproyecto como tal no la entendemos, es el borrador del proyecto, se les
da a todas las asociaciones -y estoy hablando de que a veces damos participación a 200 organizaciones o 200 asociaciones- para que presenten sus alegaciones, que, como usted dice, unas las tenemos en cuenta y otras no, evidentemente, pero les damos
participación, y cuando ya es proyecto, la participación es a través de los grupos políticos, en este caso en el Parlamento regional. Vuelvo a reiterar que el ministerio ha estado durante todo el año sin decir absolutamente una palabra del
anteproyecto, negociando con los agentes del diálogo social, que me parece muy lícito pero incompleto, básicamente incompleto porque estamos hablando de que los servicios sociales son competencia de la comunidad autónoma, y la comunidad autónoma
después es la que va no solo a gestionar, sino además a financiar esta ley; es decir, insisto en la necesidad de que se hable con los agentes del diálogo social, pero no en exclusiva. Durante todo este año 2005 estuvo hablando con ellos. Fíjese,
en una de las reuniones le propusimos a la secretaria de Estado la realización de unas jornadas para hablar del anteproyecto. Por entonces no se nos facilitaron ni siquiera esos borradores que nosotros sabíamos que existían. Nos reunimos todas las
comunidades autónomas en Segovia precisamente, en la tierra del diputado Merino, para hablar los directores generales de qué esperábamos de la ley, porque realmente de la ley no pudimos hablar porque no se nos facilitó. Sí estuvo presente la
secretaria de Estado el mismo día que estuve yo. Saludamos a los participantes y les dejamos hablar, pero el anteproyecto no se vio. En ese momento las cosas siguen y a mediados de diciembre se aprueba el acuerdo que pactan con los agentes
sociales, que lo conocemos todos, pero por los medios de comunicación. El 23 de diciembre conocemos que se ha aprobado el anteproyecto en el Consejo de Ministros, pero a nosotros no nos llega hasta mucho después -estoy hablando de primeros de
enero- con, fíjese, una cosa muy curiosa, ponía: Versión 3 de enero de 2006, es decir, parece ser que no era la versión que había visto el Consejo de Ministros, era otra, espero que fuera mejor. Nos llega a primeros de enero y se nos cita el 18 de
enero. Se nos cita el 18 de enero, se nos presenta el anteproyecto cuando ya se puede imaginar usted en la prensa lo que se había hablado y requetehablado del proyecto, pero se nos cita el 18 de enero y se nos dice que se nos da pie para hablar.
Pero inmediatamente, al día siguiente, se manda al CES y posteriormente del CES, como usted sabe, al Consejo de Estado. ¿Qué se esperaba que dijéramos si ya estaba en el CES, si todo lo que pudiéramos decir no se iba a incorporar porque ya había
seguido su trámite normativo? Esto por una parte, el trámite normativo, pero, por otra, el trámite mediático y de propaganda ya estaba, es decir, que lo que pudiéramos decir parece que tenía poca importancia.



Yo estoy en desacuerdo con usted en una cuestión. Entiendo que se puede mejorar y espero que se mejore el texto en el trámite parlamentario, y está para eso, pero le digo una cosa, cuando los pilares son tan malos el edificio no se puede
sostener. Es decir, nuestro planteamiento en este momento es que esto no es inocuo, que se pierde una oportunidad histórica si en este momento no se plantean unos pilares sólidos de que ejerza el Estado, de que proteja el Estado esa situación, de
que genere ese derecho. Desde luego, en el trámite parlamentario se van a solucionar esas cosas que usted está diciendo, la de los niños de tres años, la del permiso de residencia de cinco años, es decir, cuestiones menores, es más, ya las ha
anunciado el ministro que las iba a cambiar, o sea, que igual no tienen ni que trabajarlo ustedes en el Congreso, probablemente estén ya asumidas como mejorables, pero, insisto, siguen siendo unos malos pilares, así no hay futuro. Nosotros
preferimos ahora mismo una ley -fíjese en la barbaridad que digo- insuficiente en el sentido financiero, en el sentido de decir que no hemos podido llegar hasta el final por las razones que sea, pero con unos pilares buenos, porque eso nos
permitiría año a año ir creciendo y que a medida que el Estado pudiera ir generando todos esos retornos de los que presume, se pudieran ir incorporando al sistema.



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A veces me parece que el Estado va a ganar dinero aquí, y lo digo con mucha preocupación, porque estamos hablando de las cantidades que se ponen -luego tendremos ocasión, porque también me ha formulado una pregunta sobre financiación, de
hablar de esa cuestión-, está muy claro que estamos hablando de retornos vía impuestos, vía cotizaciones, vía generación de esa actividad, de los ahorros que comentaba el señor Echániz en esas prestaciones que son incompatibles, estamos hablando de
los ahorros, por así decirlo, que recoge la transitoria segunda, entonces, ¿qué pone el Estado? De esos retornos que estamos hablando de cotizaciones en Seguridad Social, desde luego las comunidades autónomas no nos vamos a beneficiar y el Estado,
sí. Insisto en que no es inocuo que esta ley salga con esta pobreza constitucional o con esta pobreza de armamento o de armazón. Es muy peligroso porque vamos a seguir consolidando cada año más esa bilateralidad y esa desigualdad.



Insisto en que el hecho de que no se mencione el Pacto de Toledo en la exposición de motivos a mí me ha parecido suficientemente significativo como para que ustedes estuvieran personalmente dolidos, porque si alguien ha trabajado en este
país por el consenso y por la estabilidad han sido los integrantes del Pacto de Toledo. Lo decía el señor Merino, y yo creo que en nuestro país el Pacto de Toledo es un ejemplo a seguir, y no se debería perder cuando precisamente este es uno de los
objetivos principales del Pacto de Toledo.



Vuelvo a reiterar que no está garantizado el derecho universal y el baremo o las prestaciones pueden llevar a una situación muy curiosa. Como el baremo sea único -y, efectivamente, toda la ley indica que el baremo será único-, puede darse
una situación tan curiosa como que a un señor con el mismo grado de dependencia en Cataluña le den unas prestaciones y en Extremadura otras. Es decir, el baremo será único, pero, desde luego, la cobertura de esa necesidad no va a ser única.



Hay un comentario que no me resisto a hacer en cuanto a los datos de mi comunidad autónoma. Usted no se ha asesorado bien o, simplemente, no se ha leído el libro blanco. No le pido que se lea este último estudio que hemos citado, al que
han dado el premio de Edad & Vida; un estudio de la Universidad Autónoma que dice claramente que Castilla y León es la comunidad autónoma que más invierte en atención a la dependencia, un estudio que además está premiado. Pero, insisto, no vayamos
al estudio, dígame si estamos legitimados para hablar de dependencia con los datos que figuran en el libro blanco. Porque usted ha hablado de plazas residenciales y se le ha olvidado decir que las plazas de ayuntamientos y diputaciones también son
públicas porque nosotros, la comunidad autónoma financia en muchos casos la construcción, la adecuación y la transformación de plazas de válidos asistidos en esas diputaciones y ayuntamientos, y las entendemos dentro de nuestro propio sistema de la
red de acción social, es decir, que no se limite usted solamente a las plazas que son titularidad de la Junta de Castilla y León. Y hay una segunda cuestión que no pensé que tuviera que decir aquí: las plazas concertadas a todos los efectos son
públicas, las plazas financiadas con fondos públicos son públicas. En cuanto al número de plazas, en este momento en Castilla y León tenemos una cobertura reconocida de 6,1 plazas por cada 100 mayores de 65, casi el doble de la media nacional. Son
datos objetivos, datos del libro blanco, datos del ministerio y datos del Imserso.



Hay otra cuestión en la que no me gustaría entrar, pero le voy a hacer una pequeña apostilla a su comentario respecto de la frustración. Ya le digo que es decepción por no haber podido participar y haber hecho una ley mejor, pero es
decepción por no haber podido participar en este momento y por ser mucho más serios a la hora de trabajar en políticas sociales.
Porque a usted, cuando habla del dato de la disminución del gasto social en relación al producto interior bruto, se le
olvida decir -aparte de que da unos datos que desde luego no coinciden con los que yo tengo que provienen de las fuentes oficiales- cuál es el motivo. Dice que el gasto social disminuyó del 22 al 20,2 por ciento, pero ¿sabe usted por qué, entre
otras razones? Porque disminuyeron los gastos de desempleo, y si disminuyeron los gastos de desempleo fue porque, afortunadamente, mejoró la situación de empleo y porque además aumentó el producto interior bruto en este país, y eso lo tiene usted
que reconocer.



No voy a entrar en el Fondo de Reserva, que creo que ya ha quedado bien claro, y a él se ha referido el señor Echániz, pero también le digo una cosa. No se puede olvidar, porque es una reivindicación de todas las personas con discapacidad,
de la Liondau. No se olvide nunca de esa ley, que es tan difícil muchas veces de decir, nos pasa a todos, nos olvidamos hasta de la abreviatura, porque el Foro de Vida Independiente ha dicho que precisamente una de las cosas de las que adolece este
anteproyecto es que regresa a la antigua Lismi y no tiene en cuenta la Liondau, que fue una ley que fue un revulsivo y un paso adelante en el progresismo de la atención a las personas con discapacidad, en los derechos de las personas con
discapacidad. No se olvide de eso y no se olvide de que el libro blanco también habla de que desde el año 1995 hasta 2003 ha habido un incremento del 11,1 por ciento del gasto social dedicado a la dependencia, y ese gasto fundamentalmente lo
atribuye a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Hay algunas comunidades autónomas como, por ejemplo, la nuestra en la que el Partido Popular lleva gobernando muchos años, es decir, que yo creo que la parte que le corresponde a Castilla
y León también le corresponde al Partido Popular. Por tanto, haga una visión mucho más conjunta de esos aspectos.



Quería comentarle, además de la no participación de las comunidades autónomas -vuelvo a reiterar aquí que cuando tienen que participar es en la fase de anteproyecto, después ya no, después participan precisamente los grupos políticos-, otra
cuestión. Desgraciadamente,


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yo creo que no hemos sido excluidas todas las comunidades autónomas, ha habido alguna que sí ha sido incluida. Y le digo que sí ha habido alguna que ha estado incluida porque -¡oh casualidad!- de esos fondos de ayuda a la dependencia, de
esos 50 millones que se repartieron por primera vez en 2005, el 36 por ciento se lo llevó Cataluña, pero es que además se los llevó dos meses antes, se publicaron los convenios en el BOE, dos meses antes que en Castilla y León, aparte de que muchas
de las propuestas que había hecho ERC y que habían hecho CiU venían en el anteproyecto. El anteproyecto fue sufriendo progresivas modificaciones a medida que llegaba el momento final, y esas modificaciones tenían una ideología clara que no era la
que habíamos defendido los que proponíamos una ley básica, con Seguridad Social, insisto, porque es la única forma de que hoy por hoy sea básica, no porque tengamos mayor o menor cariño a la Seguridad Social, que se lo tenemos, dicho sea de paso.
Porque si de algo podemos presumir en este país -y es en la única parte en que le doy la razón- es de que tenemos una buena Ley General de Sanidad, de hecho ha tardado muchos años en tener modificaciones porque tiene la suficiente categoría como
para permitir que avancen los tiempos y la ley siga siendo útil. En la parte que le corresponde a usted, sí que se lo admito, y por eso mismo, porque sabemos que si quieren pueden, queremos que hagan una ley mejor en este momento.



Hay un aspecto por el que me preguntaba el señor Echániz relativo a la financiación. Creo que ya lo comenté en la intervención y él también en la suya. Nos parece increíble que sin saber en este momento qué servicios se van a dar, qué
servicios se van a considerar como básicos, qué servicios va a aportar el Estado, cuáles vamos a tener que complementar las comunidades autónomas, se esté hablando de coste, y desde luego me parece que es una maniobra bastante torpe magnificar
sumando. Si sumamos esos nueve años, insisto, no ocho años (fíjese cómo habrán sumado que hasta se han descontado un año), efectivamente, 12.000 millones parecen mucho, pero son dos legislaturas y, además, la carga mayor va al final: los grandes
dependientes. Ahora mismo tenemos que apostar por los grandes dependientes, es decir, estamos difiriendo al futuro lo que tiene que ser en principio el presente, y además estamos hablando de que todos esos retornos, que van a ser retornos para el
Estado, también en el futuro estarán más consolidados. Yo no sé si usted tendrá una hipoteca, pero todos los que tenemos hipoteca sabemos que lo difícil, lo costoso es empezar. Si yo difiero para pagar muchísimo más en los años siguientes, desde
luego, estoy poniendo muy poquito para iniciar el sistema. El sistema tiene que arrancar y el arranque del sistema es lo auténticamente duro. En segundo lugar, no conozco una ley en la que el Estado dé unas garantías que desaparezcan de golpe en
2015 como hace ésta. Nosotros le preguntamos a la secretaria de Estado -ya le digo que a mí el señor ministro no me ha querido presentar la ley, se la ha presentado a los demás consejeros, pero a Castilla y León, no- qué pasaba en 2016 y no hubo
respuesta; no hubo respuesta porque la ley dice que en 2016 no se espera nada.



Es cierto lo de las comparaciones que decía el señor Echániz respecto a cuánto se cuantificaba ese período de legislatura, lo que va a aportar.
Muy próximo a eso es lo que pone Castilla y León solo para sus dos millones y medio de
habitantes. Luego, entonces, ese no es un esfuerzo a destacar, es un esfuerzo que, insisto, es graciable, puede ser un poquito más. Es más, si esto no nos lo hubiera planteado el ministerio como una ley, como una gran ley, como la revolución
social del siglo XXI, si nos lo hubiera planteado como un incremento de los planes concertados, probablemente Castilla y León, o por lo menos yo, estaría dándole las gracias. Si a mí me dicen en un momento dado que no se va a hacer esto, pero que
se le va a dar un poco más a Castilla y León para su atención a las personas dependientes, no me quedaría más remedio que agradecérselo, pero lo que no puedo hacer es comulgar con ruedas de molino y no puedo decir que este es el gran avance social
porque, insisto, entonces estamos defraudando a los ciudadanos, a los que creo que les estamos en este caso engañando.



El señor Merino también me preguntaba por otra cuestión relativo a Castilla y León. Nosotros tenemos cerca del 23 por ciento de personas mayores y, como le decía antes, el 28 por ciento con más de 80 años. Son 155.000 personas en Castilla
y León, una comunidad que tiene más de 90.000 kilómetros cuadrados, es decir, que es más grande que Portugal y es la más grande de España, con esa ruralidad, 2.100 municipios de menos de 2.000 habitantes. Esto hace que nosotros tengamos que tener
un sistema de atención social propio, el que hemos tenido que diseñar para dar esa cobertura. Y no solamente es el esfuerzo de los presupuestos que le decía antes, el del 0,77, sino que para nosotros es muy importante el modelo de participación.
El sistema de acción social de Castilla y León no se concibe sin diputaciones, sin ayuntamientos, sin entidades sin ánimo de lucro, de tal forma que incluso Cruz Roja y Cáritas están, dentro de nuestro sistema de acción social consideradas como
entidades de especial atención. Ese es nuestro sistema. ¿Y qué pasa con el anteproyecto ahora? Que nos viene un anteproyecto sobre el que las corporaciones locales no pueden decir nada, porque no es una ley básica. Si el Estado se hubiera
arrogado sus propias competencias, claro que podría, como la Ley General de Sanidad también hablaba de las corporaciones locales. Ésta no lo puede hacer porque no es una ley básica, evidentemente. Si es un convenio con las comunidades autónomas,
los ayuntamientos y diputaciones siguen a su aire.



En ese sentido, yo le tengo que decir que Castilla y León trabaja con estas corporaciones de una forma estable. Nosotros tenemos un acuerdo marco que renovamos todos los años con las 24 entidades locales, los nueve ayuntamientos capitales,
las nueve diputaciones provinciales y los seis ayuntamientos de más de 20.000


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habitantes. La financiación prevista para este año es de 66 millones de euros, que es la cantidad que damos a todas estas entidades. Pero hay una cosa que para mí es la más grandiosa, y es que tienen las reglas del juego clarísimas, de tal
forma que cualquier diputación o cualquier ayuntamiento de Castilla y León sabe lo que le va a corresponder en ese acuerdo marco de cofinanciación, lo que le va a corresponder por número de personas mayores, por servicios que tiene; unas reglas del
juego que no se prestan a ninguna -podría decir, por buscar un término suave- variación política, en función de intereses políticos o partidistas, cosa que en muchas ocasiones no estamos viendo aquí. No vuelvo a recordarle lo del 36 por ciento de
los fondos que se repartieron este año para Cataluña, pero además de esa cuantía Cataluña hoy por hoy -y por eso le decía que creo que ha habido una negociación en paralelo- es la única que tiene un proyecto piloto para trabajar sobre el baremo, es
decir, que Cataluña ahora mismo sabe cómo va a ser el baremo que se nos va a imponer a las comunidades autónomas. Eso no son reglas del juego claras, señoría.



En cuanto a las diputaciones y ayuntamientos, le digo una cosa. En este momento yo puedo hacer de portavoz de una inmensa mayoría -por supuesto, todo esto se lo hemos hecho llegar al ministro, pero se lo puedo dar a usted si tiene interés-
de asociaciones, de una inmensa mayoría de entidades locales, tanto corporaciones, como ayuntamientos y diputaciones, que nos han hecho llegar su valoración de la ley, y que nos han pedido, entre otras cosas, ésas que ahora mismo le hemos dicho que
han aprobado nuestras Cortes Generales: que sea una ley básica y que tenga una financiación suficiente. Todas esas peticiones las tiene el ministro, y espero, como decía el señor Merino, que se haga caso también a las Cortes de Castilla y León que
lo han aprobado. Además, yo tengo clarísima una cosa. Yo puedo defender esto en Castilla y León, y aquí, en Madrid, en las Cortes Generales, y, por supuesto, si me invitara ahora un compañero de Extremadura, podría ir con este mismo planteamiento.
Le diría: Nosotros hemos pedido esto, y probablemente también se sumaría.



Hay otra cosa que me llama la atención. Estamos hablando de que en el País Vasco las instituciones que han firmado son la Federación de Municipios, las diputaciones forales y el Gobierno vasco, o sea, que estamos hablando de Ezker Batua,
del Partido Popular y del PNV; todas han firmado esa inconstitucionalidad o la creencia de que la ley, tal y como está redactada -ellos lo dicen textualmente así-, es inconstitucional. No obstante -dicen-, entenderíamos que el Estado se apoyara en
sus competencias de Seguridad Social para hacerla constitucional. Eso lo dicen estas instituciones. Pero el otro día leía que el Partido Popular, el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego habían firmado una declaración conjunta en
Galicia, y quise saber que habían firmado. Lo que han firmado yo también lo podría firmar ahora mismo. Han firmado que las atenciones preventivas deberán recibir el mismo tratamiento normativo que los restantes servicios del catálogo; que se
determinará de manera inequívoca el contenido prestacional de los nuevos derechos subjetivos -esto quiere decir que ahí no están contenidos los nuevos derechos subjetivos-, y que se establecerá el derecho de recurso ante las instancias
jurisdiccionales. Este es un aspecto muy importante. Si nosotros reconocemos un derecho, tenemos que reconocer dónde se puede reclamar ese derecho, y en este anteproyecto eso no existe porque no reconoce un derecho, simplemente por eso.
Evidentemente, esta declaración que ha suscrito el Partido Popular, y que me alegro que la hayan suscrito todos, nosotros también la suscribiríamos.



Le vuelvo a reiterar -lo ha dicho el señor Echániz, lo ha dicho el señor Merino y lo he dicho yo en mi intervención- que si algo nos mueve a estar aquí -y lo ofrezco con toda sinceridad- es poder ayudar o compartir nuestra experiencia por
tener una población tan envejecida, la población que, según las estimaciones sociodemográficas, tendrá el resto de España en los próximos treinta años, es decir, que vamos, para gracia o para desgracia, de avanzadilla. Si de algo puede servirle
nuestra experiencia, desde luego, se la damos; si de algo puede servirle nuestro criterio, desde luego, está a su disposición, y si algo me mueve para estar aquí, desde luego, es que tengamos una buena ley, no busco nada más, que quede
absolutamente claro. Ojalá seamos capaces todos de hacer una gran ley consensuada, un pacto en la línea que estamos hablando, pero, desde luego, insisto, para que haya pacto hay que cambiar estos cimientos. Con estos cimientos no se sujeta la
construcción del sistema nacional de dependencia.



Ya le digo que le podría incluso dar las gracias al señor ministro por dar un poco más de dinero, pero, desde luego, no le podría reconocer que ha creado un sistema nacional de dependencia. Y ante eso yo creo que tenemos que ser todos
éticos y serios, y no venderle a la población lo que no es.
Estamos en muchos casos engañando a la gente porque usted habla de lo que se van a encontrar el 1 de enero de 2007 y, si esto sigue así, no se van a encontrar nada porque el 1 de enero de
2007 van a tener lo mismo que tenían con nosotros, con las comunidades autónomas; eso sí lo van a tener, pero, desde luego, ni un paso más, por no hablar, porque quizá no sea este el foro, de los problemas de gestión que nos va a dar a las
comunidades autónomas esta ley impuesta, que nos obligarán a modificar muchos de nuestros decretos y muchas de nuestras leyes. Pero todo eso es secundario. Si fuera por una buena ley, ahora mismo estábamos empezando ya a trabajar y a elaborar
borradores de una ley que se supiera adaptar, pero es que va a ser un auténtico caos, y los responsables saben a qué se debe. Insisto, el 1 de enero no le digan ustedes eso a la gente porque de verdad la están engañando. Sean nobles, sean serios,
digan que no han podido porque el señor Solbes no les ha dejado, digan que no han podido porque los nacionalistas les han obligado, que es lo que yo creo más probable, digan lo que quieran, pero no digan que esto es


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un sistema nacional de dependencia porque, insisto, no lo es. De verdad que pueden contar con toda la colaboración de Castilla y León, no la mía personalmente, sino de todos los servicios de Castilla y León, insisto, incluso diputaciones y
ayuntamientos, que están profundamente preocupados con el alcance de esta ley, con el alcance y con las exigencias que se les van a plantear y a las que no van a poder dar solución porque la ley sigue un poco el principio de: yo invito, tú pagas.



El señor PRESIDENTE: ¿Alguna otra intervención? (Pausa.) Señor Echániz.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Menos de cinco minutos, señor presidente.



Quiero expresar, señor presidente, señora consejera, mi más profunda enhorabuena, la más profunda enhorabuena en nombre del Grupo Parlamentario Popular por el riguroso análisis que ha hecho de la ley, de la situación de la dependencia en
España en general y en su comunidad en particular, y también por su ofrecimiento a la colaboración, que nos parece extraordinariamente importante en este momento procedimental de redacción de la ley.



Señorías, lamentablemente, como se ha puesto ya de manifiesto en las dos comparecencias que hemos tenido de consejeros de comunidades autónomas, las comunidades autónomas no han participado en la redacción de este texto legislativo.
Lamentablemente, quienes tienen que poner en marcha la totalidad de los servicios a los que hace referencia la ley, a quienes afecta absolutamente el contenido de la ley no han tenido, a pesar de enviar catorce cartas, la posibilidad de debatir el
proyecto con ningún responsable ministerial, y esto nos parece, señorías, enormemente grave y es exactamente lo contrario a lo que significaría el talante y la voluntad de acuerdo y de consenso por parte del Gobierno. (La señora vicepresidenta, Pin
Arboledas, ocupa la Presidencia.) No lo han hecho las comunidades autónomas, no lo hemos hecho los partidos políticos y no lo ha hecho ninguna organización social de este país, que en sus análisis del anteproyecto de ley critican taxativa y
profundamente cada uno de los postulados de los artículos de esta ley. Sí lo han hecho, eso es verdad, algunos sindicatos de este país. En el documento unitario que firmaron Comisiones Obreras y UGT concretamente, respecto de los criterios básicos
para el acuerdo sobre la regulación de un sistema nacional de atención a la dependencia, que parte del análisis realizado en el borrador presentado el 20 de septiembre, se hace referencia a aquellos aspectos que las organizaciones sindicales
consideramos -leo textualmente- básicos y en cualquier caso deben aparecer reflejados en la ley. Esto decían Comisiones y UGT, señoría, porque usted hacía referencia a que Comisiones no y que UGT sí se decía: La ley tendrá la condición de
normativa básica en el sentido previsto en el artículo 149.1.1 y 1.17 de la Constitución.
Las comunidades autónomas podrán dictar las normas de desarrollo comprometidas en la ley en el ejercicio de las competencias de la Constitución y sus
estatutos de autonomía. Dos: El sistema -escuche bien, señora López i Chamosa- de atención a la dependencia se configura como una prestación no contributiva en el ámbito de la Seguridad Social, al amparo del artículo 38 de la Ley General de la
Seguridad Social. Por lo tanto, no es cierto, señora López i Chamosa, que Comisiones Obreras no estuviera en esta línea que usted achacaba únicamente a UGT. Pero, repito, lo importante de esto no es lo que dijeran en ese momento los sindicatos, a
los que ustedes sí que han dado audiencia, sino que ningún partido político que represente a la soberanía popular, ninguna organización social que defienda los intereses de los dependientes y ninguna comunidad autónoma que va a tener que poner en
marcha -ya lo está haciendo en este momento- todos los servicios de la dependencia ha tenido la posibilidad de expresarse con el ministro o con los responsables ministeriales a la hora de confeccionar esta chapuza de anteproyecto de ley.



Señora López i Chamosa, no soy yo, no es el Grupo Parlamentario Popular quien dice que la Seguridad Social estaba en crisis en el año 1995, lo dicen todos los datos que suministramos a la Unión Europea y los propios responsables de la banca
española, que decían en aquel momento que el señor Solbes era el mejor comercial de sus planes de pensiones, porque le estaba diciendo a la sociedad española que configurase planes de pensiones privados porque la Seguridad Social no podría hacerse
cargo de las pensiones en los siguientes años. Esto es así, repase la hemeroteca, yo la tengo en mi despacho y, si quiere, se la puedo enviar esta misma mañana.



Señorías, señora consejera, lamentablemente, los datos que da el portavoz del Grupo Socialista configuran este argumentario sobre el sistema nacional de dependencia que ha redactado el Partido Socialista y que tiene no solo datos inexactos,
sino datos absolutamente falsos para equivocar o para adoctrinar a sus cargos públicos. Lamentablemente, a fuerza de repetir creen que van a conseguir la verdad, y lo que no, pues se lo inventan, de forma que ni su consejera de Andalucía el otro
día, ni la organización, ni ningún otro ámbito de la red social que soporta la dependencia coincide con los datos que ha puesto de manifiesto el Grupo Parlamentario Socialista. Eso sí, es imbatible con su verborrea en las cuestiones que le
interesan.



Señorías, termino poniendo de manifiesto que el Grupo Parlamentario Popular, si el Partido Socialista mantiene este texto, enmendará al articulado de la ley. En ese sentido no hace falta, señora López i Chamosa, que nos diga cómo se trabaja
en la Cámara, descuide que lo haremos, es nuestra obligación y lo haremos. No es fácil enmendar, eso sí lo digo, un texto que ya tira la toalla en muchas de las cuestiones importantes de este país. Lo podían haber hecho ustedes, como Grupo
Socialista, de otra manera, pero no lo han hecho. La sociedad española reclamaba, señorías, un sistema nacional de


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dependencia, y ustedes han hecho un sistema nacional de dependencia de cada comunidad autónoma. La sociedad española reclamaba una ley básica, y ustedes han traído a esta Cámara una ley no básica que debe respetar las leyes de los servicios
sociales de las comunidades autónomas, especialmente de las dos últimas configuradas, que son las del País Vasco y la de Cataluña. La sociedad española quería la igualdad de derechos entre todas las comunidades autónomas, y ustedes lo que han
traído es la posibilidad de que haya distintos derechos en función de qué comunidad autónoma se trate. La sociedad española quería un sistema de financiación que fuera igual para todos y, sobre todo, estable en el tiempo en el seno del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, y lo que ustedes han traído a esta Cámara es un sistema de financiación bilateral y, además, año a año, acordado separadamente con cada comunidad autónoma y con un límite temporal en 2015. La sociedad española pedía la
participación plena de las corporaciones locales porque son importantísimas en el sistema, y ustedes han traído a esta Cámara un texto que dice que cada comunidad autónoma decidirá cómo participan sus corporaciones locales. Señorías, la sociedad
española pedía que el contenido de las leyes se concretara en esta ley, y ustedes lo que han hecho es que el contenido de esos derechos se decida en negociaciones futuras bilaterales, comunidad a comunidad. La sociedad española pedía la garantía
del Estado y para siempre, y ustedes lo que han hecho es el apoyo, no la garantía, del Estado, y, en principio, únicamente hasta 2015. El Estado debería garantizar la universalización de los servicios sociales a la dependencia, y lo que han hecho
es apoyar que aumenten únicamente las tasas de cobertura que ya están funcionando en este momento en los servicios sociales en relación con la dependencia. La sociedad española pedía un sistema dentro de la Seguridad Social, no contributivo y
financiado con impuestos, y ustedes lo que han traído es un sistema fuera de la Seguridad Social donde seguirán existiendo los mismos servicios sociales de antes en virtud del artículo 149.1.1 de la Constitución española. La sociedad española,
señora López i Chamosa, les pedía un auténtico derecho subjetivo, ¿y qué es lo que han traído a esta Cámara? Un derecho graciable, salvo que lo garanticen las leyes de aquellas comunidades autónomas cuya riqueza se lo pueda permitir, lo cual es el
primer paso, señora López i Chamosa, usted que presume tanto de socialista, hacia la desigualdad y hacia la desconexión y descohesión de nuestro país, es decir, unos sí y otros no.



Por lo tanto, repito, no es fácil enmendar este texto, pero el Grupo Parlamentario Popular trabajará en ese sentido. Yo, señora López i Chamosa, no dude que le otorgo la mejor de la fe y la mejor de las voluntades, a pesar de, eso sí, mucha
demagogia barata y muchas consignas que seguramente forman parte de su etapa de sindicato, pero yo de verdad que creo que usted tiene la mejor de las voluntades y la mejor fe, pero precisamente por eso pienso que en este momento tiene que estar muy
triste por el texto que ha presentado su grupo y su Gobierno a esta Cámara. Y no dude de que nuestro grupo se lo va a recordar en los próximos tiempos, porque estoy seguro de que el gol que les han metido a ustedes sus socios de Gobierno se lo han
metido a todos los españoles, y en ese sentido nosotros vamos a trabajar para mejorar la situación que han planteado en este momento.



Señora consejera, agradecerle una vez más su intervención, la auténtica lección que usted ha dado en este Parlamento al Grupo Parlamentario Socialista de cómo se deben hacer las cosas en una comunidad autónoma, cómo se deben hacer las cosas
desde el punto de vista de la gestión, en un gobierno que apuesta como ninguno por el ámbito social y por las políticas sociales, como lo hubiera hecho, estoy seguro, de haber tenido responsabilidades de gobierno el Partido Popular en esta ley.



La señora VICEPRESIDENTA (Pin Arboledas): Señor Echániz, no solamente ha consumido los cinco minutos, sino que se ha pasado. De todas maneras, tiene la palabra el señor Merino.



El señor MERINO DELGADO: Yo voy a procurar, señora presidenta, ser mucho más breve, para que así la señora López i Chamosa luego agote los tiempos de unos y de otros.



En primer lugar, quiero trasladarle, señora consejera, mi agradecimiento y sobre todo mi felicitación por su intervención. Yo, como ciudadano de Castilla y León, estoy orgulloso y tranquilo por que la política social esté en buenas manos en
este momento con su gestión. La verdad es que después de escucharla no me queda por menos que reiterar esa felicitación y sobre todo lo que he visto, lo que he traducido de sus palabras, que es un afán de colaboración y de llegar a un consenso,
porque sin eso, sin el consenso de las comunidades autónomas, este Gobierno no va a poder llevar a cabo esta ley. O sea, que tenemos que dejar al lado cuestiones políticas y de partido, porque sin la colaboración y sin el consenso de las
comunidades autónomas no se va a poder llevar a cabo esta ley, ni siquiera por el campeón de la política social, como ha dicho la señora López i Chamosa: Somos imbatibles en política social. Bueno, pues el Gobierno del Partido Popular entre 1996 y
2004 llegó, que yo sepa, a doce acuerdos sociales, algunos de gran trascendencia, incluso con su propio sindicato y con otros sindicatos, con los empresarios, etcétera, y después de un Gobierno socialista bastante sordo ante la demanda social.

Porque ¿cuántas huelgas hubo, cuántas huelgas generales tuvo el campeón de la política social? Recuerdo las declaraciones de Cándido Méndez cuando dijo que si le habían hecho dos o tres huelgas generales al Partido Socialista no se iba a ir de
rositas el Partido Popular y, efectivamente, también le hicieron una, aunque fuera sin razones objetivas claras. (Risas.) Lo que está claro es que en este momento las pensiones, usted lo ha dicho, están garantizadas. Pero usted ha dado un dato que
no


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es correcto. Sabe que en 1996 no era una cuestión de que las pensiones estuvieran en peligro o no; era una cuestión de empleo, porque había tres millones de personas en el paro y trece millones de personas cotizando. Cuando dejamos el
Gobierno, ocho años después, había un millón y medio de personas paradas y diecisiete millones y medio de personas cotizando. Ese es el secreto; no es una cuestión de gestionar más déficit o menos déficit. Aquí no hay más secreto que o hay más
empleo o hay menos empleo, o hay más paro o hay menos paro, porque los que ingresan en la caja de la Seguridad Social son los cotizantes, no los fondos públicos, no el déficit derivado de las contributivas o no contributivas. Si hay mucho
cotizante, hay seguridad en las pensiones, y si no lo hay... Porque en su política, ésa de campeonato de política social, había tres millones de parados y el Partido Popular no tenía la culpa.



Su Gobierno de 1982 a 1996 hizo grandes avances en política social, usted dice, imbatibles en política social. Pues bien, fueron los creadores del contrato basura. (Un señor diputado: ¿Y ustedes lo quitaron? ¿O es que no se acuerdan de
que el contrato basura lo crearon ustedes para los jóvenes? Imputaban al PP la precariedad del empleo en estos últimos años y resulta que hoy, con el señor Caldera, es aún mayor la precariedad del empleo. Y la fórmula del contrato basura les
encanta. Lo de Francia es una maravilla comparado con este contrato basura, porque este contrato basura en España es de tres años y al cabo de los tres años el joven se marcha a su casa sin indemnización; en cambio, en Francia es de un año o año y
medio, y, sin embargo, parece que nos estamos rasgando ahora las vestiduras con lo de Francia. Mire usted, si nosotros lo tenemos desde hace veinte años el contrato basura de tres años; eso tampoco hay que olvidarlo.



Lo que hay que tener en cuenta aquí es que los líderes de la política social no pueden permitirse el lujo, como ha hecho el señor ministro, de no presentar esta ley ante esta Cámara, que la tenía que haber presentado él en persona. Ya
sabíamos el escaso respeto del señor Caldera por los diputados cuando él también lo era. (Ya se acordará usted cuando el Tippex famoso, borrando documentos públicos.) Ahora que es ministro sigue igual. (Un señor diputado: Es un anteproyecto.
Ningún respeto a esta Cámara, no nos presenta, que es a quien tiene que presentarlo primero, un proyecto de ley de alcance tan importante, porque es un proyecto de ley de Estado, es una política de Estado y eso hay que presentarlo aquí, no a unas
comunidades o a otras o a unos colectivos o a otros.



No se preocupe usted, señora consejera. ¿Cómo va a citar el señor Caldera el Pacto de Toledo en este texto legal si elabora un libro sobre el Pacto de Toledo y no cita a ninguno de los que hemos intervenido en los últimos cinco años? No se
puede usted extrañar de que en el en el texto que se elabora no vaya a citar el Pacto de Toledo. No lo va a citar. ¿Cómo no va a olvidar el señor Caldera el Libro Blanco de la Dependencia si políticamente no le interesa? Si le hubiera interesado
el Libro Blanco de la Dependencia hubiera tenido en cuenta su contenido en el texto legal.
Por tanto, hace un libro blanco que luego no sirve para nada porque no se quiere tener en cuenta cuando se elabora un texto totalmente contrario.
Por parte
del ministro ha habido en este caso, aparte de un secretismo importante, un afán de no contar con los grupos políticos de esta Cámara, un afán de trasladar, en función de las ventajas políticas del momento, algunas cuestiones en el texto legal que
no tienen nada que ver con los intereses de las comunidades autónomas en general, digo en general, y que no tienen nada que ver con lo que contempla el libro blanco. Eso en sólo dos años; por tanto, ¿qué garantías vamos a tener para el futuro?


Desde nuestro punto de vista, como grupo de oposición tenemos que decir, que en este tema queremos estar por el consenso, queremos estar por el diálogo, queremos estar por que se haga un texto legal para cuando no gobierne el Partido
Socialista, sean cuatro, sean ocho, sean veinte años, los que sean, para cuando gobiernen otros partidos, otros gobiernos, para que sea un texto definitivo, un texto importante que dure mucho en el tiempo. Y para eso, con el sistema que se ha
utilizado ahora por el señor Caldera, nada de nada, no se va a poder hacer. O tiene en cuenta eso en este trámite, y ahí la señora López i Chamosa tiene un papel importante, protagonista para convencer al ministerio de que debe hacerse por consenso
máximo con las comunidades autónomas y con los grupos políticos, porque ella tiene experiencia, después de tantos años con el Pacto de Toledo o, de lo contrario, este texto no servirá de nada.



La señora VICEPRESIDENTA (Pin Arboledas): Señora López i Chamosa, tiene la palabra.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Voy a ver si soy capaz de contestar algunas de las cosas porque no son las que hablábamos, sino las nuevas que se han introducido. Antes de hablar de lo que es el propiamente el anteproyecto de Ley de la
Dependencia, hay dos cosas que me gustaría mencionar sobre lo que decía el señor Merino. Es verdad que cuando el Partido Popular gobernó se generó empleo. ¡Sólo faltaría! La sociedad avanza, lo mismo que se está generando ahora empleo. Criticaba
el contrato de seis meses.
El contrato que se denominó contrato basura era de seis meses y era un contrato malo, pero durante la etapa del Gobierno del Partido Popular en la que se generó tanto empleo, el contrato medio llegaba a tres días.

Señorías, yo prefiero un contrato de seis meses que un contrato de tres días. Y es cierto que el Gobierno del Partido Socialista recibió por parte de los agentes sociales algunas huelgas generales y, el Partido Popular una también, pero yo creo que
ése es el papel que corresponde a los agentes sociales, defender a los colectivos que representan que son los trabajadores y así lo hacen con un Gobierno de un color o con un Gobierno de otro. Eso es lo acertado. La que


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les habla hizo las cuatro huelgas generales, por lo tanto, conozco bien de qué estamos hablando (El señor presidente ocupa la Presidencia.).



En cuanto a la generación de empleo, ahora que gobierna el Partido Socialista se está generando empleo a un ritmo mayor que en los últimos años. Si en el año 2004 los afiliados a la Seguridad Social eran 17 millones, ahora estamos en 19
millones, es un crecimiento. Y es verdad que eso es una condición fundamental para que el sistema de la Seguridad Social vaya bien, sin ninguna duda, pero usted sabe que en el Pacto de Toledo la virtud y una de las condiciones más importantes fue
hacer separación de fuentes, que todavía hoy no está culminada porque todavía se pagan complementos a mínimos que no deberían pagarse y debería de ir todo el excedente al fondo de reserva. Pero quiero decir que en el año 1996 lo que se pagaba con
fondos de la Seguridad Social era mayor que lo que hay ahora, y ese es un debate que está ahí que podrá gustarnos más o menos, pero son datos que están encima de la mesa.



Yo no dudo de que todo lo que nos ha aportado la consejera lo ha hecho desde la buena fe y el buen criterio y que pretenda una buena ley. Estoy convencida de que lo pretende, igual que también ustedes, pero a lo mejor son modelos distintos
de los que estamos hablando y tan lícito es uno como el otro; y el debate político es eso, cada uno confronta posiciones.
Señor Merino, a ustedes les gusta hablar mucho del Tippex, ustedes saben que en aquella ocasión no había Tippex posible, lo
cogieron por los pelos porque no tenían otro clavo ardiendo al que agarrarse. Y si toda la crítica que tiene que hacer usted al ministro de Trabajo es ésa, tenemos el mejor ministro de Trabajo de los últimos años, o, si quiere usted, de los últimos
diez años, si le gusta más así. (El señor Merino Delgado: Mucha más críticas.-El señor Echániz Salgado: De los dos últimos años.)


Y esta ley puede, repito, ser mejorable, que lo será sin ninguna duda porque lo son todas las leyes, pero hablemos de cifras. Les voy a decir de dónde saco las cifras que doy. Del Libro Blanco, del capítulo V, página 19, y habla de que es
cifra importante la que Castilla y León destina a los servicios sociales porque el total, sumadas las residencias, los centros de día, asistencia a domicilio y demás, es el 12,82 por ciento. Pero digo que el señor Echániz también podría mencionar a
su comunidad autónoma, que es del 14,09 o a la de Extremadura, que es del 12,87, es decir, son cifras que constatan que dichas comunidades autónomas están haciendo un esfuerzo importante, y, repito, no son cifras del Partido Socialista, son del
Libro Blanco, que están ahí y les he dado la página para que lo miren. Es verdad que la Comunidad de Castilla y León tiene una dispersión mucho más importante y tiene una situación que nosotros tendremos en el conjunto del Estado dentro de diez
años, que es el porcentaje de personas mayores de 65 años, y que eso, queramos o no, obliga a hacer un mayor esfuerzo. Todo eso es realmente cierto, por lo tanto, ahí ningún problema. Al final las cifras es ponernos de acuerdo en cuáles cogemos;
si al final dos y dos son cuatro lo miremos como lo miremos.



De esta ley hay un informe ya del Consejo Económico y Social. En algunas cosas hace mención importante cuando plantea que se clarifique más, por ejemplo, en el tema de derechos y en el tema de la financiación. El señor ministro ha dicho ya
en sede parlamentaria que la mayoría de las anotaciones y aportaciones que hace el CES serán incorporadas a la ley.
Ha dicho en sede parlamentaria que lo hará, en un debate que hemos celebrado aquí; y dicen que no hay debates de esta ley; aquí
hemos tenido un montón de debates.



Repito, estamos en el anteproyecto, las comunidades autónomas aún tienen mañana la reunión de secretarios generales; está la reunión de pasado mañana; estamos todavía en momentos donde puede haber acuerdo, pero, repito, tiene que haber
voluntad de acuerdo. Cuando se pretende negociar no puede ser que lo que yo estoy planteando tenga que ser aceptado por el otro, ni que lo que está planteando él otro tenga que aceptarlo yo; acuerdo significa encontrarnos a mitad de camino,
encontrarnos en posiciones que puedan aunar y que puedan ser aceptables por unas partes y otras; si no, no es acuerdo, es imposición.



Antes hablaban de prestaciones incompatibles. La única prestación que va a ser incompatible es la gran invalidez. La gran invalidez en nuestro sistema tiene el 150 por cien de la cotización de la persona a la que se le reconoce, porque el
50 por cien que se le da de más de lo que cotizaba es porque necesita la atención de una persona, es decir, ya se le está dando en ese reconocimiento, entonces, lógicamente, no hay que dárselo de nuevo, al que tenga la gran invalidez. ¿Por qué?
Repito, lo dice su misma composición, el 150 por cien, y además lo dice la ley, define que es porque necesita la ayuda de otra persona. En cuanto a la aportación de usuarios. La ley la contempla claro. ¿Pero qué está pasando ahora con las
residencias en las distintas comunidades autónomas? ¿Cuando una persona solicita una plaza de residencia pública no aporta una parte de su pensión? En todas las comunidades autónomas, y hay alguna, como en la mía, en que los hijos también aportan
como complemento. No estamos inventando nada que lógicamente no esté en vigor. A nadie se le ocurre que una pensión mínima tenga que pagar según qué prestaciones; a nadie se le ocurre, señor Echániz. No tema en ese sentido porque no va a darse
el caso. Claro que las concertadas son públicas, señora consejera, pero convendrá conmigo en que no es lo mismo concertar plazas que hacer plazas de residencia desde el sector público. Son políticas distintas, legítimas las dos y que dan
protecciones, pero son distintas y, repito, es evidente que al final las dos se convierten en públicas porque así al usuario se le da el tratamiento, pero en la realidad son políticas distintas.



Cuando hablamos de que la aportación del Estado no está clara. Yo creo que está clara en el proyecto y claro que define los años mayores. Y dice que ¿cómo es posible que la mayor aportación se dé en los años más


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cercanos al final y no al principio? Pues lo que le decía antes; las plazas de residencia no se pueden crear de hoy para mañana. ¿Cuándo se prevé mayor inversión? Cuando hay que hacer esa inversión, en el momento de hacerla efectiva y,
al principio estamos hablando de prestaciones y, cuando estamos hablando de prestaciones, estamos hablando de más servicios, no en vano. ¿O es no es de valorar ya los 200 millones que ha habido en este año? Yo creo que ya hemos empezado con esas
políticas.



¿Qué va a pasar en 2016? En ese momento tendremos un servicio, una ley, un sistema nacional de dependencia que estará funcionando y, lógicamente, financiado en los mismos términos que prevé la ley. No dice: Y al final, cuando lleguemos a
2016, el Estado dejará de aportar el dinero. No, aquí estamos hablando por años en función de las inversiones que hay que hacer de funcionamiento del sistema y, luego habrá que seguir financiando, evidentemente que no se va a quedar sin defender.



En cuanto a lo que dice el señor Echániz de que el señor Solbes decía, o incluso usted, que el señor Solbes no le ha dejado o que diga que los nacionalistas no le han dejado, seguramente que a ustedes les gustaría que dijéramos eso, pero la
realidad es que el Ministerio de Trabajo ha hecho el anteproyecto de ley que quería hacer y es el que ha presentado; estamos con el anteproyecto que ha presentado. Es decir, mejorémoslo en el debate, no hay ningún problema. Cuando la ley llegue
aquí sin ninguna duda que va a ser mejorada porque va a haber aportaciones de todos. Y entonces van a entender una cosa, van a entender que no es la ley que nos han impuesto los nacionalistas porque van a ver las enmiendas que hacen, porque les
puedo asegurar que tampoco están de acuerdo con la ley; por lo tanto, hay una cosa que no es real, los nacionalistas no están de acuerdo, pero le puedo asegurar que no estamos solos; los ciudadanos apoyan incondicionalmente esta ley, no tenemos
ninguna duda. (El señor Echániz Delgado: Estáis solos.)


Y en cuanto a si van a poder o no van a poder reclamar en 2007, en esto siempre me gusta decir que la realidad, como es muy tozuda, siempre se acaba imponiendo; entonces, veremos quién tiene razón en 2007. Los ciudadanos reclaman el
derecho de la atención a la dependencia; la ley lo garantiza y lo da. Los ciudadanos dicen que han de ser iguales baremos, iguales prestaciones en todo el Estado; la ley da ese derecho y esa igualdad; que haya la suficiente financiación; la ley
tiene suficiente financiación. Y el propio sistema, eso es lo que nos piden los ciudadanos y eso es lo que nosotros damos y pretendemos con esta ley. Luego, repito, lo mejoraremos todo lo que realmente queramos defender.



Y no me puedo resistir a darle dos contestaciones al señor Echániz, esto ya casi es como una costumbre. Cuando me dice que esto que me queda es de la etapa sindical, me hace feliz porque mi etapa sindical no ha pasado, la tengo presente
todavía. (El señor Echániz Delgado: Por eso lo digo porque te hace feliz.) Y que presumo de socialista. No lo hago, pero sí estoy muy convencida de ser una buena socialista y de estar en uno de los partidos que mejor defienden las necesidades de
los ciudadanos. Y lo que me encanta es escuchar al señor Echániz defendiendo las posiciones de Comisiones Obreras, le aseguro que me da un placer enorme. Porque le voy a decir que tiene usted razón; en el acuerdo que firmaron los agentes sociales
dice exactamente lo que usted decía, señor Echániz. Yo he dicho que cuando vinieron a comparecer en esta Comisión el único que defendió el tema de la Seguridad Social fue el señor Cándido Méndez, no el señor Fidalgo. Y cuando la consejera también
dice que los de Ceoma en su informe hablan de la Seguridad Social, tiene usted razón, pero cuando el presidente de Ceoma vino aquí, que fue de los primeros, le puedo asegurar que no lo hizo en ese momento, en el informe que han hecho posterior al
anteproyecto de ley sí, pero al principio no. Cada uno en su lugar.



Y termino. Estamos en un momento en el que podemos mejorar la ley entre todos. Yo, evidentemente, en mi corta parcela, invito a los compañeros diputados del Partido Popular a que a través del debate de la ley, con sus enmiendas y sus
aportaciones constructivas la mejoremos todos juntos.
No tengo ninguna duda de que esta ley que va a salir saldrá con el voto de todos y, estoy segura, de que también con el voto del Partido Popular, porque es una ley que la gente espera, y
seguramente que aunque la mejoremos mucho, en los próximos años será mejorable porque, como la Ley de la Sanidad ha sido mejorable a lo largo de los años, ésta también lo será. Estoy segura de que el que gane las próximas elecciones, que tengo
mucha confianza en que será el Partido Socialista, pero si lo hiciera el Partido Popular, haría otra ley para mejorar ésta, pero no para derogarla, porque esto es una demanda de la sociedad, es un compromiso que el Partido Socialista tenía y es un
compromiso que vamos a cumplir, igual que todos los compromisos que el presidente Zapatero a lo largo de esta legislatura está cumpliendo.



El señor PRESIDENTE: Señora consejera, tiene la palabra.



La señora CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (Valdeón Santiago): Muy brevemente, para cerrar. Quería, en primer lugar muy por encima porque creo que los aspectos claves ya están dichos hacer
algún comentario a lo que decía la señora López i Chamosa respecto a que los ciudadanos querían esta ley y que los ciudadanos estaban de acuerdo con esta ley. Los ciudadanos están de acuerdo con lo que se les está vendiendo por parte del ministerio
de esta ley. Si se les dijera la verdad, si los ciudadanos conocieran con criterio lo que está diciendo la ley, no podrían estar tan de acuerdo y, de hecho, los ciudadanos que siendo ciudadanos tienen mayor conocimiento en el sentido de


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que han estudiado la ley, como son las organizaciones, no están de acuerdo con la ley. Evidentemente, si yo salgo en un periódico y digo que voy a garantizar unos derechos me va a decir todo el mundo que sí, pero bien es verdad que de la
lectura de la ley todos sabemos que no es cierto.



Y dicho eso, hay una cuestión también que me preocupa. Al hablar de la financiación (que yo creo que los argumentos de por qué la financiación está magnificada y no es real y todas esas argucias que hemos demostrado que se han hecho para
que parezca mucho pero que es poco), usted me ha dicho un argumento que no se lo admito, que las residencias se tardan en construir y que por eso lo ponen al final. Yo le digo al señor ministro que no se preocupe, que me lo dé el 1 de enero de
2007, porque si no me va a ser muy difícil decir a ese señor que ya es dependiente y al que la ley dice que a los grandes dependientes los tengo que atender, que le estoy construyendo la residencia cuando al lado puedo tener una con la que puedo
concertar y darle ese servicio. Me costaría mucho darle esa explicación al señor porque precisamente el que genera las expectativas tiene en la mano dar la solución.



Pero ya para acabar diré que en el debate, como es previsible, comparto con el señor Echániz y con el señor Merino sus argumentos. Con usted quiero compartir esa esperanza de que va a mejorar la ley, que va a cambiar; sí que me gustaría.
Yo soy más escéptica. El informe del CES lo ha dicho todo muy suave, pero con una carga de profundidad impresionante.
El informe del CES hace unas críticas muy serias y si el ministro le hace caso, como es verdad que lo ha dicho, ha dicho en
prensa que va a hacer caso al informe del CES, yo me daría por satisfecha. Lo que pasa es que he oído ya muchas declaraciones del ministro y -donde dice digo, digo diego-. Me gustaría compartir con usted esa esperanza.



Quiero reiterarles que es lícito discrepar, que es bueno, pero le reitero toda mi lealtad y la de mi comunidad autónoma a sacar la mejor ley posible. Como les decía antes, el Pacto de Toledo es ejemplarizante, pues que no se pierda ese
sentido ejemplarizante en este momento, en este momento; es en el que con más razón o con más intensidad debemos estar todos juntos por una buena ley.



El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, doña Rosa Valdeón, consejera de Familia, por su brillante intervención. Con todo el cariño y con todo el respeto la despedimos, y siempre estarán abiertas las puertas de ésta que es su casa.



Se levanta la sesión a las dos y quince minutos de la tarde.