DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 2001 VII Legislatura Núm. 35



PARA LA UNIÓN EUROPEA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D JOSEP BORRELL FONTELLES



Sesión núm. 9



celebrada el martes, 17 de abril de 2001, en el Palacio del Congreso
de los Diputados



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ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia de la señora vicepresidenta de la Comisión Europea y
comisaría de Energía y Transportes (De Palacio del Valle-Lersundi),
para informar sobre el «Libro Verde» de política energética de la
Unión Europea. A propuesta de la Comisión Mixta para la Unión
Europea. (Número de expediente Congreso 219/000161 y número
expediente Senado 713/000189.) ... (Página
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Preguntas:



- Del señor García Breva (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
posición del Gobierno en relación con las medidas sobre inmigración
propuestas por el comisario de Justicia y Asuntos de Interior de la
Unión Europea. (Número de expediente Congreso 181/000624 y número
expediente Senado 683/000045.) ... (Página
779)

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- Del señor García Breva (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
posición del Gobierno acerca de la elaboración de una política común
sobre inmigración de la Unión Europea. (Número de expediente Congreso
181/000626 y número expediente Senado 683/000047.) ... href='#(Página779)'>(Página 779)



Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




COMPARECENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN EUROPEA Y
COMISARIA DE ENERGÍA Y TRANSPORTES (DE PALACIO DEL VALLE LERSUNDI),
PARA INFORMAR SOBRE EL «LIBRO VERDE» DE POLÍTICA ENERGÉTICA DE LA
UNIÓN EUROPEA. A PROPUESTA DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN
EUROPEA. (Número de expediente Congreso 219/000161 y número
expediente Senado 713/000189)



El señor PRESIDENTE: Buenos días a todos y a todas, señoras y señores
diputados y senadores. Tenemos hoy el placer de recibir en esta
Comisión a la comisaria europea de muchos temas, entre ellos uno que
es de vital importancia para el futuro de la Unión, que es el
energético. La Comisión, querida comisaria, está encantada de
recibirte y te agradece que hayas tenido la iniciativa de sugerir que
este es un tema que debería ser conocido y debatido en el Parlamento
español. Sabes que esta Comisión tiene la vocación de entrar también
en los temas sectoriales desde el enfoque global comunitario y no
limitarnos sólo a las cumbres que periódicamente se suceden en el
devenir europeo. Todos los portavoces -estoy seguro- aprovecharán
esta excelente ocasión para conocer de primera mano la estrategia
europea en materia energética. Para ello, por el tiempo que estimes
oportuno, tienes la palabra.




La señora VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN EUROPEA Y COMISARIA DE
ENERGÍA Y TRANSPORTES (De Palacio del Valle-Lersundi): Muchas
gracias, señor presidente.

Señorías, es para mí una satisfacción comparecer hoy para
presentarles de manera directa y poder tener un primer debate sobre
un documento esencial, como decía el presidente, sobre la política
europea y el futuro de Europa, y este documento es el libro verde,
que pretende abrir un debate sobre lo que debe ser una estrategia
europea de seguridad de abastecimiento energético. Quiero decir que
desde el inicio de mi mandato
como comisaria europea de Energía y Transportes he considerado
absolutamente imprescindible llevar a cabo una reflexión global sobre
este tema; reflexión global que tengo que recordar a SS.SS. que no se
realiza en la Unión Europea o, antes, en el Mercado Común en los
últimos 30 años.

En mi opinión, el libre verde que hoy presento ante ustedes (sé que,
aunque lo habíamos hecho llegar en un formato un poco menos cómodo de
manejo, por fin lo tienen en su poder en su último formato, y además
en español, como debe ser) responde a esa necesidad de abrir un
debate y entiendo que reviste un profundo interés, tanto para ustedes
como para la sociedad española y para la sociedad europea en general.


El documento que hoy les presento no se circunscribe en exclusiva a
analizar la dependencia energética de la Unión, sino que tiene en
cuenta, además, la importancia creciente de los aspectos
medioambientales de la producción y uso de la energía, tal y como ha
puesto de manifiesto recientemente el tercer informe del panel
intergubernamental sobre cambio climático. Asimismo, el libro verde
cuestiona la validez y la viabilidad del modelo actual de
abastecimiento energético de la Unión, teniendo en cuenta también el
proceso de ampliación abierto con los nuevos países candidatos. En
conclusión, el libro verde plantea por primera vez un debate
energético en el ámbito de la Unión Europea, donde no solamente se
consideran todas las fuentes de energía, todos los tipos de
combustible, sino un elemento esencial en esta ecuación como es el de
la demanda energética y su adecuada gestión.

Voy a referirme brevemente a los principales aspectos del libro
verde. En primer lugar, hay un problema muy concreto: los fallos
estructurales que la Unión Europea tiene en el sector de la energía.

En la actualidad, los recursos energéticos de la Unión Europea cubren
sólo la mitad de las necesidades comunitarias. Es más, si no
hiciéramos nada en los próximos años, las tendencias nos hablan de
que dentro de 20 ó 30 años la dependencia energética del exterior
pasaría de este 50 por ciento a un 70 por ciento. El consumo de la
Unión en este momento se distribuye de la siguiente manera: el 41 por
ciento petróleo, el 22 por ciento gas natural, el 16 por ciento
combustibles sólidos, el 15 por ciento energía nuclear y el 6 por
ciento



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energías renovables. En el año 2030, nuestro balance energético en
las hipótesis mencionadas sería el siguiente, más o menos. En primer
lugar, seguirían predominando los combustibles fósiles y tendríamos
en torno a un 38 por ciento de petróleo, un 29 por ciento de gas
natural, un 19 por ciento de combustibles sólidos, un 6 por ciento de
energía nuclear y un escaso 8 por ciento de energías renovables. Si
no conseguimos controlar el consumo energético en los principales
sectores económicos como el transporte, el consumo doméstico y la
producción de electricidad, la dependencia energética de la Unión
Europea va a continuar incrementándose y a alcanzar niveles
inquietantes.

En términos geopolíticos, el 45 por ciento de las importaciones
provienen de Oriente Medio y el 40 por ciento de las correspondientes
al gas natural proceden de Rusia. Estas tendencias se incrementarán
en los próximos años, produciéndose lógicamente un cierto agotamiento
de los recursos del Mar del Norte tanto en petróleo como en los
yacimientos de gas en las zonas de Holanda o en las zonas próximas a
Irlanda. El verdadero problema es que la Unión Europea no dispone hoy
en día de los medios para poder modificar la situación de los
mercados internacionales de carburantes y hay sectores dentro de
nuestra economía que son enormemente dependientes de los carburantes.


Esto constata -lo hemos visto hace bien poco- lo vulnerable que
resulta nuestra economía a las oscilaciones de los precios del
petróleo, de los carburantes en general, frente a una situación de
dependencia energética cada día más marcada.

Respecto a las revisiones, si hablamos de los sectores más
dependientes de los carburantes nos encontramos con el transporte. No
voy a hablar del año 2030 porque las previsiones para los próximos 10
años son suficientemente alarmantes. Las previsiones son que en este
sector el incremento de transporte de pasajeros en los próximos 10
años se situará en torno al 24 por ciento y, en cuanto a mercancías,
sobre el 40 por ciento. Por otro lado, el consumo de productos
derivados de petróleo en el transporte terrestre no cesa de aumentar
y supone hoy en día casi la mitad del consumo del petróleo en Europa,
frente a un 18 por ciento en el año 1973. Respecto al sector
eléctrico, la demanda es particularmente constante, si bien
asistiremos en los próximos años a un crecimiento de al menos un 2
por ciento en los Quince y en torno a un 3 por ciento en los países
candidatos. La producción eléctrica depende directamente de
combustibles fósiles en gran parte, petróleo, carbón, lignito, gas
natural, en un 35 por ciento de energía nuclear y en más de un 5 por
ciento de energías renovables. Se estima que el sector eléctrico en
el futuro dependerá casi en un 50 por ciento del gas natural. El
sector doméstico, que representa casi el 40 por ciento de la energía
consumida en Europa en forma de electricidad y calefacción, depende
de un 63 por ciento del gas y del petróleo. A pesar de las mejoras
que se han
producido en materia de eficiencia energética, de ahorro energético,
este es un terreno donde hay que seguir haciendo un esfuerzo notable.


En ese sentido, la Comisión presentará en los próximos meses
distintas iniciativas sin esperar a las conclusiones de este libro
verde, concretamente una iniciativa sobre el rendimiento energético
de los edificios.

Si estas son las grandes pinceladas del dibujo de la situación actual
del consumo energético en Europa y de las previsiones para los
próximos años, ¿por qué una reflexión conjunta? Hoy en día los
Estados de la Unión no han podido afrontar conjuntamente los
problemas energéticos que nos afectan cada vez más de una manera más
clara. Lo hemos visto en las decisiones tomadas por los países en los
meses de septiembre a octubre con motivo de la subida de los precios
del petróleo, que han sido unilaterales y, muchas veces, sino
contradictorias, cuando menos totalmente divergentes. Las políticas
energéticas nacionales tendrán que tener en cuenta en el futuro, la
situación de la realidad cada vez más clara de un mercado común en el
sector energético, es decir, la integración de los mercados de
electricidad, de gas y de carburantes. En resumen, hoy podemos
afirmar que la política energética, lo queramos o no, lo digan o no
los tratados, ha adquirido una dimensión comunitaria. La lucha contra
el cambio climático es un desafío a escala planetaria y sabemos que
la inversión de las tendencias es más compleja de lo que parecía ser
hace tres años, cuando se adoptó el protocolo de Kioto. Mientras que
la Unión Europea ha estabilizado sus emisiones de gas de efecto
invernadero en el año 2000, las previsiones de la Agencia Europea de
Medio Ambiente apuntan a un crecimiento de las emisiones de gas de
efecto invernadero en torno al 5 por ciento para el año 2010, cuando
nuestros compromisos son una reducción del conjunto de los Quince de
un 8 por ciento para ese año. Ese aumento de emisiones tiene su
origen principalmente en el crecimiento económico y en nuestros
comportamientos sobre todo en el sector transporte y, en cuanto al
consumo energético, en el modo de vida actual. A partir de ahí está
la posibilidad de establecer una estrategia común, pues el problema
energético en Europa reside en la necesidad de conciliar los
objetivos de crecimiento económico, seguridad de abastecimiento
y protección ambiental. La Unión no puede, en ningún caso, liberarse de
su dependencia, pero una política energética más activa puede limitar
o reducir el incremento de nuestra dependencia exterior. Una
estrategia energética a largo plazo ha de ser posible a través de un
suministro permanente de energía a precios accesibles. Un suministro
en estas condiciones es imprescindible para garantizar el bienestar
de los ciudadanos y el buen funcionamiento de la economía, al tiempo
que debe respetar escrupulosamente las exigencias medioambientales.

El libro verde destaca la necesidad de equilibrar la política de
suministro con acciones claras a favor de una política de demanda
donde los márgenes



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de maniobra puedan ser más prometedores. En concreto, el libre verde
desarrolla un esquema de suministro energético a largo plazo basado
en seis ejes principales.




En primer lugar, intentar reducir o controlar un consumo desmedido o
el despilfarro energético. En ese sentido, el libro verde incita a un
verdadero cambio en el comportamiento de los consumidores. No podemos
olvidar que cada kilovatio ahorrado es un kilovatio menos a generar
y, por tanto, menores emisiones a la atmósfera y menor dependencia
energética. La Comisión propondrá una política activa de ahorro
energético y de diversificación, a fin de utilizar las energías menos
contaminantes. En este marco, y a favor de una auténtica política de
demanda, se propondrán, entre otras, medidas de ahorro energético en
edificios, a las que me refería hace un momento. En cualquier caso,
entiendo que las políticas de economía de energía constituyen un
pilar básico de una estrategia duradera de abastecimiento energético.


El libro verde destaca en este capítulo la utilidad de los
instrumentos fiscales, a fin de orientar la demanda energética hacia
un consumo más respetuoso con el medio ambiente.

El segundo eje de discusión que propone el libro verde es la
necesidad de una verdadera política alternativa de transporte. La
Comisión entiende que el sector del transporte requiere una atención
especial. Precisamos, ante todo, encontrar sistemas alternativos de
transporte si queremos reducir la demanda creciente de petróleo y
también las emisiones de CO 2. He señalado que en el año 2010, si las
tendencias actuales se mantienen, el incremento del transporte de
mercancías será en torno al 40 por ciento y el de pasajeros el 20 por
ciento, lo que supondrá un incremento en torno al 40 por ciento de
emisiones debidas al sector transporte respecto al año 1990. En los
últimos años el sector industrial ha sido capaz de reducir
sistemáticamente el nivel de emisiones; el sector de transporte,
lamentablemente, lo ha incrementado. ¿Qué quiere decir eso? Una
apuesta por la revitalización del ferrocarril, la promoción activa
del cabotaje y de la utilización del transporte marítimo y fluvial,
la lucha contra los cuellos de botella y el desarrollo del transporte
inteligente. En ese sentido señalaré que estamos ultimando un libro
blanco sobre transportes. Como SS.SS. saben perfectamente, la
diferencia respecto al libro verde es que este último supone
sencillamente abrir un debate, no ofrece propuestas de solución,
mientras que en el libro blanco sí las hay, y pretendemos un libro
blanco en las próximas semanas para dar una respuesta a estos retos.

El tercer eje sería apostar por el desarrollo de energías nuevas y
renovables, duplicar su presencia en el balance energético. Como he
dicho, hoy día alcanza apenas el 6 por ciento, el cinco y pico,
cuando tenemos el compromiso de alcanzar un 12 por ciento de energías
renovables en los próximos diez años, lo que en el caso concreto de
la energía eléctrica supone pasar de
un 14 a un 22 por ciento de la producción eléctrica con fuentes de
energías renovables, cuestión que está como proyecto ambicioso en la
directiva que se está discutiendo en este momento y que he presentado
hace unos meses al debate del Parlamento Europeo y del Consejo de
Ministros. Sólo medidas financieras de apoyo, ayudas estatales,
deducciones fiscales y apoyo financiero podrán hacer real el objetivo
de duplicar la aportación en el mix energético de las energías
renovables y, por tanto, de alcanzar ese 12 por ciento que tenemos
planteado. Entre las posibles soluciones el libro verde apunta la
posibilidad de que las energías actuales, muchas de las cuales en su
momento se beneficiaron de apoyos y ayudas fiscales y económicas -es
decir, petróleo, gas y energía nuclear-, puedan financiar el
desarrollo de energías renovables. También aquí planteamos la
utilización de vectores energéticos limpios, concretamente el
hidrógeno, que es uno de los vectores energéticos más prometedores
cara al futuro.

El cuarto eje sería el mantenimiento de una cierta autonomía
energética de la Unión. La contribución a medio y largo plazo de la
energía nuclear en el abastecimiento energético de la Unión ha de ser
materia de análisis, sin omitir ningún elemento en el debate,
especialmente el tratamiento de los residuos, el calentamiento del
planeta y el problema de las emisiones y el cumplimiento de las metas
de desarrollo duradero. Un debate digno de este nombre no puede
efectuarse sin tener en cuenta las decisiones adoptadas por los
Estados de la Unión en materia de abandono progresivo de sus
programas nucleares. En cualquier caso, no podemos olvidar que la
energía nuclear aporta hoy día un 35 por ciento de la electricidad
producida en la Unión. Si se toma en consideración la decisión de
abandono de los programas nucleares en ciertos Estados de la Unión,
el ahorro de emisiones en base a un mix energético similar al actual
comportaría, para el año 2010, el ahorro de 300 millones de toneladas
de CO 2, en caso de que continuara dicha utilización de energía
nuclear, pero supondría un incremento de emisiones en caso de
abandonar esta fuente energética. Esta cifra energética, para darnos
idea de lo que suponen 300 millones de toneladas, es el equivalente a
las emisiones de entre 75 y 100 millones de vehículos al año, es
decir, más de la mitad del parque automovilístico de la Unión
actualmente. Sean cuales sean las conclusiones de este debate, la
investigación de tecnologías para el tratamiento y disposición de los
residuos radiactivos bajo medidas óptimas de seguridad ha de
continuar desarrollándose activamente y en la más absoluta
transparencia, así como las relativas a los futuros reactores de
fusión nuclear. En materia de carbón, tras la expiración del Tratado
de la CECA en julio del año que viene, tendrá que analizarse la
posibilidad de acceder a las reservas comunitarias de carbón, lo que
implica en la práctica la necesidad de mantener con este motivo unos
mínimos de producción carbonífera, constituyéndose de tal suerte



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esa capacidad de acceso a las producciones carboníferas de la Unión
como una especie de stocks estratégicos en ese terreno.

El quinto eje sería encontrar soluciones comunes a problemas comunes.


La necesidad de una mayor cohesión ha de llevarnos a acelerar la
consecución real del mercado único y el establecimiento de la
política energética como una política comunitaria. La realización del
mercado único supone examinar las posibilidades de fortalecer un
mecanismo de reservas europeas de petróleo y considerar la extensión
de estos mecanismos para las reservas de gas y, como decía hace un
momento, también para el acceso a los yacimientos carboníferos. La
realización del mercado interior de la energía es un objetivo
primordial de la política comunitaria. La Comisión adoptó el pasado
13 de marzo un paquete de medidas con objeto de acelerar los procesos
de liberalización de los mercados eléctricos y de gas y establecer
normas eficaces que regulen el comercio transfonterizo de
electricidad a fin de superar la situación actual, caracterizada por
la yuxtaposición de quince mercados más o menos liberalizados que no
forman un auténtico mercado único. El objetivo de la Comisión es
reforzar y diversificar las redes de suministro energético mediante
un plan europeo de infraestructuras que resuelva los problemas de los
cuellos de botella existentes actualmente, que limitan en gran medida
la realización de ese mercado; sólo el 8 por ciento de la
electricidad europea es objeto de un mercado transfronterizo. Este
enfoque conjunto debería insistir en privilegiar una fiscalidad
energética más coherente que favorezca las energías menos
contaminantes. Por último, deberían reforzarse y diversificarse las
redes de suministro energético.

El sexto eje sería la cooperación con los países productores. Las
fluctuaciones de los precios del petróleo que hemos vivido el año
pasado nos hablan claramente de la necesidad de reforzar las
estructuras de colaboración internacional con los países productores.


Es preciso por ello promover un enfoque más dinámico,
comprometiéndonos a un diálogo real y estructurado con los países
productores. En ese sentido, necesitamos que el mercado internacional
de los productos energéticos se organice mejor y sirva tanto a los
intereses de los países productores como a los países consumidores.

Tenemos un interés común, productores y consumidores, en mantener una
estabilidad de precios y que estos sean predecibles y, por tanto, en
terminar con las situaciones de volatilidad y de especulación que se
producen periódicamente en este sector. En el foro energético
internacional celebrado en Riad en noviembre pasado discutimos sobre
estos aspectos con los representantes de la OPEP. De igual manera
debemos tender un puente especial desde Europa hacia un socio
estratégico en este terreno, como es Rusia, sin olvidar la
importancia de países de la región del Golfo, pero muy especialmente
el desarrollo futuro de la zona del Caspio
y de nuestros vecinos del sur mediterráneo, y estudiar aspectos
claves como el tránsito de los productos energéticos y los caminos
necesarios. Con Rusia hemos propuesto un acuerdo de asociación que se
inició con la cumbre Rusia-Unión Europea en octubre de 2000, bajo
presidencia francesa, que ha abierto la puerta a un acuerdo a largo
plazo y sobre el cual se está llevando a cabo una serie de
negociaciones. En cualquier caso, no podemos olvidar que la
fragilidad del abastecimiento energético externo de la Unión está
motivado también por incertidumbres de carácter geopolítico.

Concluyendo, señorías, lo que plantea el libro verde es un debate,
porque la Unión Europea afronta retos importantes en cuanto a su
futuro de estrategia energética que tendrán un impacto directo sobre
su capacidad de competir en los mercados internacionales, su
capacidad económica y su capacidad de desarrollo, por tanto sobre los
consumidores, la industria y la economía en general. Algunos de estos
retos ni pueden ni deben ser ignorados. Sabemos por experiencia que
los temas energéticos son a menudo infravalorados y apartados del
debate público. Quizá hemos estado demasiado acostumbrados en los
últimos veinte años a un abastecimiento ininterrumpido de energía a
precios relativamente bajos. Históricamente la energía sólo ha estado
en el centro de nuestro interés en situaciones de crisis, como
ocurrió en los años setenta y ochenta o como ha ocurrido en los
últimos meses. En la Comisión Europea estamos decididos a examinar y
a discutir con serenidad todos los temas relacionados con el
abastecimiento energético de la Unión. En este marco, el libro verde
pretende lanzar un debate a nivel europeo sin tabúes y con el
horizonte puesto en una Unión Europea ampliada. En líneas generales,
el escenario de retos que hemos de asumir en la Unión de los Quince o
en la Europa ampliada son bastante similares; sólo las tendencias de
crecimiento de la demanda energética serán más acusadas con la
ampliación. Por otro lado, los países candidatos afrontan las mismas
barreras que la Unión a la hora de promover economías de energía del
lado de la demanda o de incrementar la introducción de tecnologías de
utilización de energías renovables. Problemas similares, pues, que
reclamarán resoluciones parecidas. Tan sólo un número específico de
temas demandará una atención particular en la ampliación. Me refiero
a cuestiones muy concretas como la seguridad de las instalaciones
nucleares en algunos países candidatos, a los que hay que exigir que
alcancen los estándares que existen en los distintos países de la
Unión o sencillamente el cierre definitivo de sus centrales
nucleares. La Comisión desea que durante el año 2000 se produzca a
nivel europeo un debate fructífero en el que participen todos los
implicados: Gobiernos, universidades, industrias, sociedad,
consumidores y por supuesto actores políticos. Tras el debate, la
Comisión preparará una comunicación sobre los resultadosdel mismo en
torno a las trece preguntas planteadas y



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que tienen SS.SS. en el libro que les ha sido distribuido y a partir
de las contestaciones que a ellas se dén, promoverá las iniciativas
que entendamos necesarias.

Les agradezco su atención y espero poder contestar a las preguntas
que a continuación quieran plantearme.




El señor PRESIDENTE: El orden de intervención será Grupo Socialista,
Convergència i Unió y Grupo Popular, ya que no veo otros grupos
presentes.

Tiene la palabra el señor García Breva.




El señor GARCÍA BREVA: En nombre del Grupo Socialista, quiero
agradecer a la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de
Transportes y Energía su comparecencia en esta Comisión. Nos parece
muy relevante no solamente esta comparecencia, sino el contenido de
la misma, por lo que también en nombre del Grupo Socialista quiero
felicitarla, no solamente por el documento del Libro Verde sobre la
estrategia de seguridad europea para el abastecimiento energético
sino por esa propuesta de directiva, a la que antes se ha referido,
de mayo del año pasado sobre la promoción de las fuentes de energías
renovables en el mercado interior de la electricidad. Nos gustaría
que estos documentos, como bien ha dicho usted, provocaran un debate
intenso, un debate fructífero que culminara con una mayor vinculación
de los mismos a las decisiones que no solamente tome la Comisión
Europea sino los propios Estados, porque nos parece importante.

Respecto al libro verde yo quisiera hacer una breve exposición de las
proyecciones; ya lo ha hecho usted, pero yo quisiera recalcar las
proyecciones que en el mismo se establecen. Si no hacemos nada, como
bien ha dicho, la dependencia energética de la Unión Europea se va a
situar en el 70 por ciento sobre el escenario de los años 2020 a
2030, cuando en estos momentos es del 50 por ciento e incluso en
períodos anteriores, en los años setenta, era del 60 por ciento. Es
decir, ha habido una mejora, pero si no se hace nada la dependencia
va a ser mayor. Si no se hace nada las fuentes de energías renovables
no van a alcanzar el 12 por ciento de la energía primaria, no se van
a cumplir los objetivos de Kioto, y el menor peso de la energía
nuclear va a hacer más difícil la reducción de emisiones, aunque
estos días hemos visto cómo la ONU descarta la energía nuclear como
alternativa para la política de cambio climático de cara a cumplir
con los objetivos de Kioto.

Los datos energéticos de la Unión Europea usted los ha resumido
perfectamente. Yo quisiera destacar solamente uno que fundamenta gran
parte del libro verde, y es cómo el sector servicios, los hogares y
el sector transporte prácticamente abarcan bastante más del 70 por
ciento del consumo total de energía, lo que motiva la mayor parte de
las propuestas del libro verde.

Otro dato que me parece significativo, es que la mejora de la
eficiencia energética fue de un 24 por ciento durante el período de
1975 a 1985, y en estos últimos
años, de 1985 a 1999, solamente ha sido de un 10 por ciento. Lo que
se dice en el libro verde es que el incremento de la demanda
prácticamente va absorbiendo las mejoras de la eficiencia y, por
tanto, hay que ir a políticas de demanda.

Quisiera hacer también una pequeña alusión a la comunicación que hizo
la Comisión el 16 de febrero sobre la aplicación de la estrategia y
plan de acción sobre las fuentes de energías renovables, que es
prácticamente el primer informe que se hace sobre el Libro Blanco de
las energías renovables creo que del año 1997. Resumiendo las
conclusiones de esa comunicación, creo que realmente no se aprecian
progresos y que el balance es bastante modesto con respecto al
desarrollo de las energías renovables. Así, por ejemplo, en el tema
de biocombustibles todavía seguimos en un 0,3 por ciento del consumo
de diesel. En el tema de biogas no se alcanzarán los objetivos si no
hay políticas activas. Solamente se aprecia un incremento muy
significativo de un 55 por ciento por año en la energía eólica y se
afirma que ya es una energía competitiva. En cuanto a la solar
fotovoltaica hay un incremento de un 29 por ciento al año, que aunque
es modesto sí se señala en esa comunicación que se han alcanzado
algunos avances sobre todo con respecto a la conexión en red. Y aquí
sí quiero hacer un paréntesis porque el actual Gobierno español
seguramente la única medida que ha tomado en esta legislatura con
respecto a las renovables ha sido un decreto de conexión a red, pero
quiero indicar a la señora comisaria que en este momento hay dos
empresas eléctricas, Endesa y Unión Fenosa, que están poniendo todo
tipo de dificultades para cumplir con ese decreto de conexión a red,
lo que está llevando a un cierto desconcierto en el sector de
renovables, concretamente de fotovoltaica. En cuanto a la solar
térmica se habla de un incremento más modesto todavía, de un 14 por
ciento. Se da también un dato que me parece importante reseñar, y es
que los países de la Unión Europea que se han planteado políticas
activas, como Alemania, Grecia y Austria (no está España
desgraciadamente), abarcan prácticamente el 75 por ciento de la solar
térmica. En esta comunicación se dice que el sector construcción
sigue siendo virgen para el tema de las energías renovables, lo que
coincide con el contenido del libro verde, y que es necesario hacer
prácticamente de todo.

En esta comunicación se presta atención a dos elementos fundamentales
de las energías renovables: uno es la biomasa, ante la cual se
plantea el fomento de los cultivos energéticos, la fiscalidad de
biocombustibles, que luego trataré más detenidamente, y el
mantenimiento de las ayudas públicas, sobre todo coordinadas con las
de la política agraria común. Luego se hace otra alusión importante
al sector de la construcción -usted se ha referido a ello en su
intervención, y el libro verde lo dice bastante bien- en el sentido
de que la Comisión va a proponer unas medidas. La primera pregunta
que yo plantearía a la señora comisaria se refierea estas



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propuestas futuras que tiene previstas la Comisión Europea.

Volviendo al libro verde, en lo que se refiere a la gestión de la
oferta, es muy interesante lo que se dice sobre la energía nuclear.

Es evidente que es una energía en retroceso en general en al Unión
Europea, pero yo creo, y coincido con lo que ha expresado en su
intervención, que es necesario potenciar la investigación en este
sector en dos cuestiones fundamentales: en reactores de futuro y en
la gestión de los residuos. En este sentido, nos parece necesario que
por parte de la Comisión se haga algo con respecto a las buenas
prácticas o al intercambio de experiencias, ya que cuando acabe esta
década los Estados de la Unión Europea, entre ellos España, tendrán
que tomar medidas con respecto a este tema. También me gustaría
conocer su opinión sobre el acuerdo que el año pasado firmó el
Gobierno alemán con las compañías eléctricas sobre el proceso a largo
plazo de desmantelamiento del parque nuclear. Igualmente, me ha
parecido muy importante la importancia que se da en el libro verde a
las cuestiones de seguridad con respecto a los países candidatos. Me
parece muy interesante y me gustaría que pudiera ampliar esa
información.

Por lo que se refiere a la gestión de la oferta, quiero hacer dos
comentarios nada más. En cuanto al carbón, quiero manifestarle una
preocupación que ya se planteó en la sesión anterior de esta Comisión
Mixta, con respecto al tratado de la CECA, cuya finalización está
prevista en el mes de julio del año que viene. En el libro verde se
habla de la falta de competitividad del carbón, pero debe continuar
siendo un recurso estratégico. Me gustaría preguntarle, puesto que
ésta es una preocupación importante para esta Comisión y para
determinadas regiones españolas, qué medidas va a estudiar la
Comisión Europea en previsión de la finalización de este tratado y,
sobre todo, el calendario que pueda tener previsto para la redacción
del nuevo código de ayudas al carbón. También quiero manifestarle una
cierta preocupación que se ha planteado en esta Comisión en sesiones
anteriores con respecto al tratamiento de las regiones
ultraperiféricas. En el libro verde no he visto ninguna alusión a
este tema y me gustaría conocer la opinión de la comisaria.

En cuanto a las fuentes de energías renovables, es la prioridad -así
se señala en el libro verde- y es el reto de la Unión Europea para
los próximos años. Sin embargo, me voy a permitir hacerle una
reflexión que considero necesaria, puesto que en cuanto a las
energías renovables siguen existiendo barreras. Yo hablaría de tres
círculos viciosos, algunos de ellos se plantean en el libro verde,
que me parece muy importante considerar. El primer círculo vicioso lo
ha reflejado de otra manera, en el sentido de las ayudas que se dan a
las energías convencionales, y es que realmente en este momento por
cada peseta que se está dando a las compañías eléctricas o a las
energías convencionales estas
compañías se endeudan en dos pesetas más. Es decir, hace poco se
publicaban en España resultados contables de Endesa y se ve cómo la
futura pérdida de los ingresos de los CTC va a repercutir en un
incremento del endeudamiento de estas compañías eléctricas. Yo me
refiero a los resultados de Endesa que se daban hace unos días en
algún periódico español. Esto me hace preguntarme por las barreras
financieras a las que usted ha aludido y un problema fundamental que
se planteó a finales del año pasado con respecto a las primas que
reciben las energías renovables. Es necesario el mantenimiento de
estas primas a medio y largo plazo como medida imprescindible por
parte del sector para conseguir el desarrollo de las energías
renovables. Por tanto, dada la preocupación que hubo en España a
finales del año pasado con respecto al mantenimiento de estas primas,
me gustaría preguntarle sobre su tratamiento dentro del estudio que
el comisario Monti está realizando para las ayudas de Estado. En este
sentido, me parece que es una barrera financiera importante el
tratamiento para los biocombustibles. Creo que estaba previsto - no
estoy seguro- presentar alguna propuesta en la cumbre pasada de
Estocolmo. Me gustaría saber qué propuestas prepara la Comisión
Europea sobre el tema de la fiscalidad de los combustibles con
respecto a las exenciones en el impuesto sobre hidrocarburos. Ya lo
ha dicho con respecto al sector de la construcción, pero es otro
aspecto que me parece fundamental. Estoy de acuerdo con lo que ha
dicho y con lo que dice el libro verde sobre la sustitución de las
ayudas que se dan a las energías convencionales para encaminarlas a
un reforzamiento en apoyo a las energías renovables.

El segundo círculo vicioso era el que aparecía en el informe de la
ONU sobre la energía del año pasado, en el que se hablaba de la
necesidad de incrementar la demanda para que las energías renovables
fueran competitivas. Eso es algo que ha pasado o está pasando ya en
el sector concretamente de la eólica, pero dista mucho todavía de ser
una situación optimista para el resto de energías renovables, sobre
todo la biomasa y la solar. En ese informe al que me he referido
anteriormente se daba un dato esperanzador, y es la tendencia a la
caída de costes en las energías renovables. Se hablaba de un 20 por
ciento cada vez que se duplica el uso de la tecnología renovable. Yo
creo que ésta es una noticia esperanzadora pero que incide en el
esfuerzo que hay que hacer para desarrollar las renovables.

El tercer círculo vicioso está muy bien descrito en el libro verde, y
es que hay que desconectar la demanda energética del crecimiento
económico. Y aquí hay un dato también esperanzador y que debe guiar
las acciones de los Estados y de la Unión Europea, en el sentido de
que hay un potencial económico de ahorro energético de un 18 por
ciento en el consumo y un potencial técnico de ahorro de un 40 por
ciento. Aquí estamos hablando de porcentajes de ahorro de energía muy
grandes que pueden favorecer el desarrollo de las renovables.




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En la traducción del libro verde hay una palabra que a mi no me
gusta, porque habla de voluntarismo, es decir, para romper estos
círculos viciosos apela al voluntarismo de los Estados. Yo preferiría
hablar mejor de voluntad política de afrontar estos temas, porque
estos temas conciernen fundamentalmente a los Estados y al Consejo
Europeo. Desde este punto de vista creo que es importante tomar
medidas ya de carácter vinculante. Me gustaría conocer su opinión,
porque no la he escuchado en su intervención, sobre los resultados
del Consejo Europeo de Estocolmo celebrado el mes pasado, porque
todos estos problemas de la interconexión europea energética, de la
armonización fiscal, del mantenimiento de redes, de alguna manera se
han tocado en la cumbre de Estocolmo con un resultado, por las
noticias que tenemos, poco esperanzador, y me gustaría saber si ese
plan de ahorro y diversificación en edificios y vehículos que el
libro verde anuncia o esa comunicación que se iba a presentar en esta
cumbre de Estocolmo realmente llegó a presentarse y el resultado de
ese plan de ahorro.

En cuanto a la Directiva de mayo de 2000, a la que antes me refería
-y la he felicitado porque me parece una directiva muy importante-,
creo que tiene ahora dificultades para ponerse en marcha. Me gustaría
que nos hablara un poco más de esas dificultades con respecto a la no
discriminación de las energías renovables. Vuelvo a referirme al
carácter de ayudas de Estado del comisario Monti. Me gustaría saber
qué posibilidades hay de que los objetivos nacionales que se plantean
sean objetivos vinculantes o más vinculantes que indicativos,
y exactamente la obligación de las compañías distribuidoras y
petroleras de adquirir energías renovables, fundamentalmente
biocombustibles.

Quisiera terminar haciendo una pequeña referencia a la situación de
las energías renovables en España, porque, señora comisaria, las
energías renovables tampoco avanzan, exactamente igual que pasa en la
Unión Europea. Creo que en el año 2000 sólo se ha cubierto con
energías renovables un 4,3 por ciento del consumo, a pesar de que la
producción de energías renovables se incrementó en un 30 por ciento.

Es decir, aquí está pasando lo mismo que detecta el libro verde.

Mientras en el Reino Unido y otros países se está planteando
claramente el tema de las ecotasas, aquí es una cuestión que no está
todavía clara y que el Gobierno realmente no apoya. Con respecto al
incremento de las emisiones a la atmósfera, el propio IDAE ha dado
unos datos francamente pesimistas, en el sentido de que para el año
2010 se cuenta ya, si no se hace nada, con un incremento de más de un
28 por ciento en nuestras emisiones a la atmósfera, cuando lo que
establece el protocolo de Kioto es que no subieran de un 15 por
ciento.

Aquí -y tengo que manifestarlo- hay una voluntad algo escasa por
parte del Gobierno con respecto al desarrollo de las energías
renovables. Voy a ser muy breve porque el Grupo Parlamentario
Socialista ha
hecho unas treinta preguntas o iniciativas parlamentarias para
concretar las posiciones del Gobierno con respecto al cumplimiento
del plan de fomento de energías renovables que seguro que usted
conoce y solamente voy a leerle tres apuntes sobre respuestas a tres
temas que tocan de lleno el contenido del libro verde.

Con respecto al cumplimiento de Kioto el Gobierno lo que nos ha
contestado es que el compromiso asumido por España lo es a partir del
período 2008-2010, no existiendo ninguna otra obligatoriedad de
reducción previa. Dice al final que por todo ello no puede hablarse
de cumplimientos parciales del compromiso asumido por España frente
al protocolo de Kioto. Las emisiones de gases de efecto invernadero
en el período previo al 2008-2012 no están sujetas a ningún
compromiso por dicho protocolo. Esto es cierto, pero a mí
sinceramente me sabe a poco y sobre todo no manifiesta una voluntad
clara de cumplir el compromiso de Kioto.

Con respecto a la gestión de la demanda -entra de lleno también en el
contenido del libro verde-, quisiera solamente leerle una frase que
nos ha respondido el Gobierno por escrito y es que el Real Decreto-
ley 6/1999 derogó el artículo 5 de otro real decreto en el que se
establecía la cuantía destinada a programas de incentivación de la
gestión de la demanda. Por todo ello el Gobierno no tiene previsto
poner en marcha normativa alguna sobre gestión de la demanda. Amí
esto me parece también poco esperanzador con respecto al desarrollo
de las energías renovables.

La última, porque no le voy a leer las veintisiete, también me parece
importante porque se refiere precisamente a su directiva de mayo del
año pasado. En esa propuesta de directiva hay unos objetivos
nacionales. Nosotros planteábamos la posibilidad de que el Gobierno
revisara sus objetivos del plan de fomento de energías renovables
teniendo en cuenta su directiva, y lo que nos ha respondido el
Gobierno es que la propuesta de directiva comunitaria establece unos
objetivos indicativos, lógicamente, por lo que no parece que haya que
proceder a ninguna revisión de dicho plan por esta causa. Los otros
aspectos contemplados en la directiva, que son muy importantes,
acceso prioritario de las energías renovables a la red, certificación
en origen, etcétera, no constituyen en sí mismos motivos suficientes
para revisar el plan de fomento. Hace referencia al Real Decreto de
conexión a redes fotovoltáicas, y vuelvo a insistir en que la
aplicación de ese real decreto está encontrando enormes dificultades
y resistencias por parte de algunas compañías eléctricas que están
haciendo una verdadera política republicana en el sentido del nuevo
presidente de los Estados Unidos.

Ya concluyo, señor presidente. Espera mucho de la Unión Europea el
Grupo Parlamentario Socialista. Creemos que la comisaria está
presentando buenas propuestas, que son correctas, la del libro verde
y la propuesta de directiva, pero creemos que falta voluntad política
del Consejo Europeo, de los propios Estados y



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de las compañías eléctricas. Nos gustaría -y en eso tiene toda
nuestra colaboración- que esas propuestas fueran cada vez más
vinculantes y que se procurara un reforzamiento de los poderes o la
autoridad, llámelo como quiera, de la Comisión Europea en estos
temas. Creo que el Parlamento Europeo ha aprobado alguna resolución
-y usted creo que lo ha hecho en su comparecencia- para que pueda
incluirse en los tratados la política energética como política
comunitaria, porque creo que el futuro de las energías renovables y
de la seguridad de abastecimiento en Europa representa
fundamentalmente el futuro de Europa y seguramente nuestro propio
futuro.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Guardans.




El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señora vicepresidenta, por
estar aquí, porque cuando viene una persona que no forma parte de la
Administración del Estado lo hace por invitación y por tanto atiende
la invitación o no según lo estime oportuno. Por eso quiero, teniendo
en cuenta que no es una comparecencia ordinaria, agradecer
expresamente que usted haya atendido la invitación de esta Cámara a
comparecer. Como usted tiene larga experiencia parlamentaria,
entenderá que mi intervención sea breve y que las respuestas las lea
después en el «Diario de Sesiones». Usted sabe que estas cosas pasan
y yo tengo otras obligaciones parlamentarias dentro de un momento.




No quiero aportarle información a usted, como se ha hecho, sino más
bien hacerle alguna pregunta o comentario. Yo hago propias todas las
observaciones que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista sobre el
tema de las renovables, incluida alguna precisión concreta sobre la
situación de las renovables en España en cuanto a su conexión a la
red y en cuanto a las dificultades que están teniendo, incluso en ese
detalle. Pero en conjunto sí querría transmitirle la profunda
inquietud de mi grupo parlamentario que, como sabe, ha sido siempre,
incluso antes que otros -aquí no se trata de apuntarse méritos sino
simplemente de decir las cosas como son-, el que más ha insistido en
esta Cámara en la necesidad de un desarrollo de las renovables, lo
hemos hecho siempre, incluso cuando aquello parecía que era una
especie de cosa ridícula, que estábamos defendiendo no se sabe muy
bien a quién y que era un tema anecdótico, y de repente resulta que
aquello tan anecdótico ya no lo es tanto. Me tocó como portavoz de
industria defender una iniciativa sobre la biomasa, por ejemplo, y
recuerdo que me tomaron a chirigota, me dijeron: Vas a convertir
prácticamente cereales en energía. La gente se lo tomaba a cachondeo
-con perdón de la expresión- y resulta que no es así y que las cosas
poco a poco van tomando la dimensión que tienen que tener. Sin
embargo, más allá de lo que sería la cierta sintonía teórica, la
realidad es que esto no está teniendo el peso que tiene que tener.

Está claro, y lo dice el libro verde, que en el plano hidráulico no
tendrá nunca el volumen que necesitaríamos, en cambio otras
renovables sí pueden tener muchísimo más volumen, pueden tener un
peso muy superior sobre el conjunto del que tienen.Por tanto, subrayo
y apoyo las interrogantes que ha planteado el portavoz del Grupo
Socialista.

En segundo lugar, querría, que comentara -y ya le digo que leeré con
detalle después el «Diario de Sesiones»- cuál es su visión de lo que
ha ocurrido en California. Puede usted entender que en Cataluña esto
lo hemos mirado de una forma muy distinta a como se ha mirado en
otras partes de Europa (y hablo de este caso porque su perspectiva
supera Estados, supera fronteras y por tanto es Europa como tal)
desde Cataluña evidentemente lo ocurrido en California se ha visto
claramente como las barbas del vecino ardiendo, hemos visto las
barbas del vecino quemar y se ha planteado la Generalitat, como es
lógico, tomar la elección oportuna, no tanto por temas de regulación,
sino por la posibilidad de que efectivamente lleguemos a un colapso
porque el crecimiento de producción, o dicho de otra manera, el
crecimiento de demanda está siendo muy superior al crecimiento de
producción. En el caso californiano hay otro tipo de defectos
superiores a ese básicamente estructurales, más jurídicos que de
producción estrictamente, pero sí querría, si puede hacerla, una
valoración desde la perspectiva europea porque a lo mejor resulta que
en otros lugares de Europa el riesgo a que se reprodujera algo
similar es muy superior a lo que está ocurriendo -porque no está
resuelto todavía- en California.

Recibo realmente como muy ambiciosas todas las propuestas sobre la
fiscalidad que se contienen en el libro verde, realmente son muy
ambiciosas y no están en sintonía en este momento con lo que es la
voluntad política mayoritaria en Europa. Es por parte de la comisaria
-y así se lo digo- una cierta prueba de independencia respecto del
Gobierno español, cosa que le acredita, porque está claro que no es
precisamente el Gobierno español el mayor entusiasta de ir hacia una
unificación de la fiscalidad en Europa, y por tanto le felicito por
lo que supone de prueba de independencia respecto, como se suele
decir en la Comisión Europea, a ese país que usted conoce mejor que
los demás, al cual usted no representa, pero que usted conoce mejor
que otros. Y no voy a pronunciarme, mientras no fuera una propuesta
muy concreta, sobre los pros y los contras de esa armonización fiscal
que se propone. Comparto el hecho de que efectivamente, tal como
vamos, no vamos bien y que no tiene sentido la absoluta disparidad
fiscal que existe en Europa. Otra cosa es que habría que ver qué tipo
de solución concreta, qué tipo de propuesta concreta será esa, porque
determinadas propuestas fiscales que vienen del norte europeo es
evidente que nos harían un daño superior al beneficio que a corto
plazo podríamos llegar a tener.




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También querría saber si puede usted pronunciarse -creo que en su
intervención no lo ha hecho, sí aparece en el libro verde, pero
evidentemente en él no se trata un tema coyuntural- sobre Kioto, me
refiero a la posición de los Estados Unidos desde una perspectiva
coyuntural. Porque aunque su compañera de Comisión en medio ambiente
es quien ha asumido un poco la voz cantante como responsable de medio
ambiente, creo que evidentemente usted tiene también ahí su papel
político.

No me sorprende la sinceridad con la cual el propio libro verde -y si
esto cae en manos del Senado norteamericano ya se ocuparán de ponerle
el altavoz correspondiente- reconoce que la Unión Europea hoy no está
en condiciones de cumplir los compromisos de Kioto; dice el libro
verde en dos o tres sitios que con la proyección actual la Unión
Europea no puede en absoluto cumplir los compromisos de Kioto, lo
cual me parece bien. De nuevo estamos ante un alarde de sinceridad
y de franqueza, pero hay que tener cuidado con determinadas
manifestaciones y por lo menos adecuar las grandes declaraciones de
que Kioto es una biblia que tiene que ser cumplida con otro tipo de
documentos como este que dice que Kioto, tal como está, no se puede
cumplir. Creo que es cierto, vamos a ser más posibilistas y vamos a
dar algún tipo de salida a los norteamericanos porque no parece, más
allá de lo que pueda decir algún dogmático republicano o algún
ignorante colocado en las altas esferas de la actual Administración
republicana, que por definición todos los norteamericanos sean anti
Kioto y todos los responsables energéticos norteamericanos desprecien
totalmente el efecto invernadero; lo que hay es una búsqueda de
equilibrio entre las exigencias de Kioto y las posibilidades reales
de la economía norteamericana. Creo que la obligación de la Unión
Europea en este momento es dar algún tipo de salida positiva y real,
más allá de lo que es convencer a gente que a lo mejor no se toma
suficientemente en serio el efecto invernadero. Si nos puede usted
glosar este tema, se lo agradecería.

Para terminar quería hacer dos puntualizaciones más. La primera de
ellas es para compartir la inquietud (que daría para hablar mucho
pero no pido respuesta sino simplemente transmitírsela por un
conocimiento que tenemos, en la medida en que seguimos la ampliación)
sobre los temas de seguridad en los países de ampliación. Usted lo ha
comentado y creemos que es un tema de mucha más importancia de lo que
parece. No se trata de alarmar a nadie, todos tenemos gran interés en
que la ampliación sea vista siempre como algo positivo pero, entre
otros riesgos, tiene éste. La situación de seguridad de determinadas
instalaciones energéticas en los países candidatos a la ampliación,
incluso en los de la primera ola, no digamos ya los de una posible
segunda o tercera ola de ampliación, no está ni mucho menos a la
altura. En este tema tiene usted de nuevo una cierta patata caliente
que tendrá que conjugar con los responsables directos de la
negociación de
ampliación porque, al fin y al cabo, una vez más estamos hablando de
dinero ya que, como decimos en Cataluña, pagando, San Pedro canta;
por tanto, este tema básicamente es de financiación.

La única crítica, por la audacia con la que se pronuncia este
documento en otros frentes, es que me sorprende la poca audacia con
la que se habla del mercado interior eléctrico. En otros temas los
redactores de este documento, del que usted se hace responsable, han
tenido una mayor audacia política, una mayor independencia; en
cambio, cuando se habla del mercado interior eléctrico o de los
problemas de la interconexión, que afectan no sólo pero sí muy
directamente a España y a Francia, como es obvio, no se pronuncia con
toda la firmeza con la que se podría pronunciar. Se dice que el
mercado interior eléctrico se tiene que seguir desarrollando, se
habla de que hay problemas en los Pirineos y en los Alpes, y me da la
impresión de que no se pronuncia con la contundencia con la que
podría. Por tanto, le animaría a ser un poco más radical en ese tema.


Es cierto que esta cuestión tiene dificultades locales que este
portavoz conoce bien y que afectan incluso a localidades catalanas
muy concretas, por poner algún ejemplo de algo que sé, pero en
términos globales es algo que hay que desarrollar y, aunque sea
Francia quien a corto plazo tiene algo que perder, la Comisión tiene
su papel y ésta, aun tratándose de Francia, tiene que ser más audaz
en este tema de lo que ha sido.

Le reitero mis disculpas, pero usted, con su experiencia
parlamentaria, sé que entenderá que no puedo escucharle en directo
sino en diferido.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señor Martínez Casañ.




El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Quiero comenzar mi intervención
agradeciéndole muy sinceramente a la vicepresidenta de la Comisión
que esté con nosotros hoy aquí en Madrid y sobre todo por haber sido
iniciativa suya el venir a explicar a este Parlamento las propuestas
que ha hecho para el mercado de la energía y el libro verde en
general, que han sido generadoras a lo largo de los últimos meses,
incluso antes de salir el libro verde, de un debate general no sólo
en la Unión Europea sino en todos los países miembros de la Unión.

Hace ya muchos meses que cualquier publicación, no sólo en materia
económica sino en materia medioambiental, se hace eco de las
propuestas que iba generando la vicepresidenta de la Comisión en
cuanto al mercado de la energía así como de sus afirmaciones, en el
sentido de que a partir del 1 de enero de 2003 las empresas podrán
elegir compañía eléctrica, que a partir del 1 de enero de 2005 se
ampliará a todos los consumidores y que en el mercado del gas los
clientes empresariales podrán elegir compañía el 1 de enero de 2004 y
un año más tarde el resto de los ciudadanos. Estas ideas



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que la vicepresidenta de la Comisión nos ha expuesto hace unos
minutos forman parte de ese gran debate. Me gustaría resaltar el
elemento de debate que se contiene en el libro verde porque es
cierto, como ha dicho la señora vicepresidenta, que si bien la idea
de una carta europea de la energía tuvo su primera manifestación en
1991, hace ahora diez años, la verdad es que hasta este momento no se
había sabido promover un debate general de la envergadura del que nos
ocupa en estos momentos a nivel de la Unión y de todas las
repercusiones que puede tener en el conjunto del sistema productivo.

Es un tema que a nuestro Gobierno y al grupo parlamentario que
represento le interesa especialmente y es una de las prioridades del
presidente del Gobierno, señor Aznar, que no sólo se alineó al lado
de las propuestas de la Comisión ya durante la cumbre de Lisboa, sino
que hizo esfuerzos denodados durante la última cumbre de Estocolmo
para adelantar las fechas de apertura total del mercado de la
energía. Por ello, tengo que decir que en el mercado de la
electricidad las propuestas de la Comisión, que son ambiciosas, quizá
no tengan la repercusión que tendrán en otros países, porque está
prevista la apertura total de la energía en el mercado eléctrico en
el año 2003.

El mercado del gas en España, como sabe la señora vicepresidenta de
la Comisión, es un tema en el que estamos un poco atrás, pero
recientemente se han dado pasos importantes para acabar con cualquier
situación de monopolio. La propuesta de la Comisión presenta algunos
puntos sumamente interesantes, como que los nuevos operadores tengan
acceso no discriminatorio al mercado de la distribución, la
utilización de sus infraestructuras, que los antiguos monopolios
tengan que dejar en manos de filiales diferentes áreas de su negocio,
la normativa para regular los intercambios transfronterizos de
energía, etcétera.

No quiero alargarme en mi intervención porque casi todo se ha dicho
ya y estoy seguro de que lo más importante vendrá a continuación,
cuando la señora vicepresidenta de la Comisión pase a contestar las
preguntas de los demás portavoces parlamentarios, pero sí me gustaría
comentar algo que está íntimamente unido a las obligaciones que ha
asumido la Unión Europea en la cumbre de Kioto. El debate sobre Kioto
no es un debate circunscrito a la Unión Europea, como todos sabemos,
es un debate que está teniendo lugar a nivel mundial y en el seno de
casi todas las organizaciones regionales y subregionales en la Unión
Europea, en el Consejo de Europa, en Naciones Unidas, etcétera. Tengo
que decirle, señora vicepresidenta, que las declaraciones que se
escuchan desde los distintos foros a veces son contradictorias y me
gustaría que nos explicase qué sistema de prioridades podríamos
establecer entre los objetivos de Kioto, que son de muy difícil
cumplimiento, el fortalecimiento de nuestro sistema productivo de la
Unión Europea, que es la base del progreso económico y social, las
políticas sociales y la
seguridad de abastecimiento. Cómo se puede incardinar el compromiso
de Kioto, que es un compromiso de la Unión Europea en su conjunto,
con las decisiones de algunos países miembros de la Unión Europea
respecto al abandono progresivo de la energía nuclear, porque si bien
el compromiso de la Unión Europea es un compromiso en su conjunto,
las decisiones de abandono de la energía nuclear por parte de algunos
países miembros harán imposible que estos cumplan su cuota en el
marco general de la Unión Europea. Me gustaría saber cómo se puede
incardinar esta obligación general con las decisiones de algunos
países miembros de tener su propia política de reforma energética y
la creación del mercado interior de la energía. Es cierto que hay una
tendencia generalizada a nivel de la Unión Europea de abandono
progresivo de la energía nuclear. Yo creo que en la energía nuclear
lo más grave no es la seguridad -en cierto sentido, mediante unos
sistemas de control exhaustivo, la seguridad nuclear se puede
asegurar en un porcentaje bastante elevado-, sino la utilización de
los desechos radiactivos, que es lo que presenta verdaderos
problemas. Tal como está la situación en este momento, hay pocos
lugares en el mundo donde se puedan almacenar con garantías
suficientes y totales de seguridad los desechos radiactivos. Yo creo
que éste es el gran problema, más que la seguridad en los reactores,
que, con las técnicas adecuadas, quizá se puede garantizar en un
porcentaje bastante elevado. No estoy haciendo una defensa, ni
muchísimo menos, del sistema de energía nuclear, simplemente creo que
es muy difícil la incardinación de todas estas obligaciones con los
intereses generales que acabo de mencionar.

También me gustaría preguntarle a la vicepresidenta de la Comisión
cuáles pueden ser las consecuencias de la reforma del mercado
energético en la organización del mercado laboral y productivo de los
distintos países. El abandono progresivo de sistemas energéticos
tradicionales como es el carbón y otras energías puede dar lugar a
problemas de empleo en algunas regiones de la Unión Europea que
tradicionalmente han sido dependientes en un cien por cien de la
explotación de estos productos energéticos.

Respecto a las energías renovables, cómo se puede asegurar el uso
adecuado de éstas y el abandono progresivo de energías tradicionales
a favor de las energías renovables en tanto en cuanto las energías
renovables no siempre funcionan y, por lo tanto, no pueden asegurar
el abastecimiento, que es un elemento tan importante en el libro
verde que presenta la vicepresidenta ante esta Comisión en estos
momentos.

Otro de los temas que me preocupa en el campo de las energías
renovables es cómo se pueden encontrar dentro de esta política de
austeridad financiera de la Unión Europea los fondos necesarios para
invertir en investigación y desarrollo a la hora de encontrar
energías renovables nuevas y que aseguren el abastecimiento



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y la creación de nuevas infraestructuras; me refiero a ayudas
financieras, fiscales, económicas, de todo tipo.

Hay también algo que me gustaría saber y hace referencia a la
diferencia entre el mercado interior de la electricidad y la
liberalización del sector de la energía, porque no son comparables.

En el mercado de la electricidad existe ya una cierta competencia no
solamente a nivel de los distintos países miembros de la Unión
Europea, sino, en algunos casos, a nivel de la Unión en general. Por
tanto, las medidas o los planes de la Comisión respecto a la
liberalización del mercado interior de la electricidad y la manera en
que esto pueda afectar a la política de autoabastecimiento
necesariamente no podrán ser los mismos que los que tenga o pueda
proponer en el futuro a la hora de la liberalización del sector del
gas, en el que las medidas serán, me imagino, de índole distinta.

Yo creo que, en general, estos son los grandes temas de debate a los
que nos impulsa el libro verde de la Comisión. Me da la impresión de
que es un debate que se va a prolongar a largo plazo y, por lo tanto,
debe tener también su aplicación o proyección en las negociaciones no
sólo con los países candidatos a la ampliación, sino también en las
negociaciones con los países para los cuales en este momento quizá no
hay un objetivo de ampliación a medio o a largo plazo pero sí puede
haber un objetivo de relaciones privilegiadas y de relaciones de
asociación. En este sentido me gustaría saber también si hay algún
tipo de propuesta o de reflexión en su conjunto en lo que se refiere
a la energía del gas en la región del Cáucaso y en la región
transcaucásica, países como Rusia o Arzerbayán, que podrían
contribuir de manera bastante determinante a la seguridad de
abastecimiento de la Unión, que en ningún momento significa
autogestión, y que, por otra parte, una colaboración adecuada con
ellos supondría cumplir con el objetivo político de estabilización de
la región y de ayuda al proceso de democratización y de progreso
económico y social de la región transcaucásica, que tan importante es
para el futuro de la Unión Europea. Yo creo, efectivamente, que aquí
de lo que se trata es de establecer distintas fuentes de
autoabastecimiento para que en ningún momento podamos ser
dependientes de una sola. Por lo tanto, cualquier proceso de
acercamiento a las distintas zonas productoras de gas, como puede ser
el sur del Mediterráneo o la región al otro lado del Cáucaso, podría
ser interesante a la hora de establecer una política a medio y a
largo plazo en el mercado de la energía.

Creo, señora vicepresidenta, que el libro verde en el fondo lo que
hace es generar un gran debate, cuyo objetivo final debe ser el
establecimiento de un mercado interior de la energía, de la misma
manera que a principios de la creación de la Comunidad Económica
Europea se trataba de establecer un mercado económico de la
agricultura, y que aquí es donde va a residir el gran reto de la
Unión en los próximos años. Por lo tanto, debemos estar agradecidos
de que usted haya tenido como prioridad, desde el momento en que se
hizo cargo
de la Comisaría de Energía y Transporte en la Unión Europea, de
generar este debate, que, evidentemente, conducirá a la adopción de
conclusiones y de decisiones importantes, antes o después, en un tema
que nos preocupa de manera esencial.

Me hubiese gustado también hacer alguna referencia al tema del
transporte, pero no lo voy a hacer. Sabemos que su departamento ha
hecho propuestas interesantes en el transporte, el que usted llama
inteligente y el transporte integrado.Sin más, le agradezco de nuevo
su presencia en la Comisión.




El señor PRESIDENTE: La señora vicepresidenta de la Comisión tiene la
palabra para contestar a todas las observaciones y sugerencias que le
hayan hecho los portavoces parlamentarios.




La señora VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN EUROPEA Y COMISARIA DE
ENERGÍA Y TRANSPORTES (De Palacio del Valle-Lersundi): Señorías, en
las páginas 81 y 82 del libro verde se plantean las tres grandes
constataciones y las 13 preguntas que se deducen sobre las cuales
orientar el debate que, insisto, pretendemos -y en ese sentido quiero
agradecer sus aportaciones y todas las intervenciones que ha habido-
desarrollar a lo largo de todo este año. Además pretendemos desde la
Comisión que participe al máximo la sociedad europea en su conjunto,
porque las decisiones que al final de esa discusión se tendrán que
tomar me parecen cruciales para el futuro desarrollo de la Unión
Europea no a corto plazo, sino a medio y largo plazo, porque en
energía las cosas hay que pensarlas a 15 años, a 20 años, a 30 años
vista y no se puede dar un giro ni se puede tomar una decisión
drástica de la noche a la mañana, porque hay unas inercias que
reclaman un tiempo de maduración. Si la primera constatación es
precisamente nuestra dependencia, si la segunda constatación es el
poco margen de maniobra que tiene la Unión en cuanto a las
condiciones de oferta de energía y también en cuanto a la demanda y
si la tercera constatación es el problema del entorno del cambio
climático, creo que la necesidad de hacer una reflexión a fondo nos
aparece mucho más clara.

Ha habido cuestiones de tipo general que han sido señaladas aquí por
los distintos intervinientes. La primera es el Protocolo de Kioto, en
el problema de las emisiones, el cambio climático y la posición del
gobierno actual de Estados Unidos, que representa bastante más del 25
por ciento del consumo energético mundial, respecto al Protocolo de
Kioto.

Kioto parte de unos estudios y unos análisis que dicen que en estos
momentos se está produciendo un cambio climático, lo cual ha ocurrido
en distintas ocasiones, no hay nada más que ver la evolución de la
Tierra para comprobar que cambios climáticos ha habido siempre. El
problema es que en esta ocasión parece ser que el cambio climático se
ve acelerado en su proceso



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debido a la acción del hombre y al nivel de concentración de gases
denominados de efecto invernadero mucho más allá de lo que ha sido en
otras ocasiones. Es decir, es la acción humana, en su efecto de
consumo energético, de emisión de gases, de desarrollo industrial
y de desarrollo en general lo que, según los últimos estudios
científicos, provoca una aceleración de ese cambio climático que
además lo va a hacer más dramático al permitir un menor tiempo de
adaptación de todo los sistemas a ese cambio climático. De ahí el
acuerdo de limitar las emisiones y de controlar el proceso de
incremento de emisiones que se ha producido en los últimos años. En
ese acuerdo de Kioto, los países más desarrollados adquieren el
compromiso de reducción de emisiones, otros países adquieren el
compromiso de limitación de emisiones y otros, los que están en vías
de desarrollo, realmente no adquieren ningún compromiso en el momento
actual. En estas circunstancias, Estados Unidos, que ya venía
planteando una serie de dificultades incluso con el gobierno
anterior, dice que no sigue adelante. El planteamiento de la Unión
Europea ha sido claro y meridiano, tanto por parte de la Presidencia
actual como por parte de la Comisión y de toda la gente que se ha
manifestado al respecto. La Unión Europea mantiene los compromisos de
Kioto y se propone hacer un esfuerzo para cumplir ese menos ocho por
ciento en el año 2010 comparado con el consumo del año 1990.

El diputado Guardans decía hace un momento que el libro verde era
demasiado franco porque admitía que si las cosas siguen tal cual no
vamos a estar en condiciones de cumplir los compromisos de Kioto en
el año 2010. Tengo que decirles, señorías, que esto fue una cuestión
muy debatida en el seno del Colegio de Comisarios -y con esto no
revelo ningún secreto del sumario- porque había quien decía que no
podíamos confesar la situación, pero al final ganó la tesis de los
que decíamos que todavía teníamos diez años para rectificar y hacer
algo si de verdad se toman las medidas adecuadas. Admito la
corrección de estilo del señor García Breva cuando dice que no es
voluntarismo sino que es voluntad política; es un galicismo, es el
volontarisme francés que se ha traducido por voluntarismo, que en
español tiene un matiz distinto. Lo que quiero decir es que, al
final, en el planteamiento del libro verde, primó la idea de aquellos
que decíamos que había que dar un toque de alarma, sacudir las
opiniones públicas y decir a la gente que hay que rectificar. Y
rectificar quiere decir sacrificios, quiere decir costes económicos,
quiere decir decisiones políticas que a lo mejor en un primer momento
pueden tener una cierta dificultad, pero es que, o lo hacemos ahora,
o desde luego no lo podremos hacer en el año 2007 porque no habrá
margen. Ahora todavía tenemos 10 años que, más o menos, nos pueden
dar la posibilidad de estar en condiciones de cumplir los compromisos
adquiridos en Kioto.

En este contexto se plantea el cambio de posición de Estados Unidos,
pero nosotros seguimos adelante. Sin embargo, creo que hay que hacer
una reflexión en el ámbito de Kioto y es que los compromisos
adquiridos en Kioto tienen unas consecuencias económicas tan
importantes que hace necesario involucrar más a los responsables
económico-energéticos de los países que están en Kioto y de los
países en general. Es decir, hay que ir más allá de una visión
puramente medioambientalista, integrando compromiso y preocupación
medioambiental con realismo económico en las propuestas. Los que
defendemos Kioto y decimos que hay que seguir adelante tenemos que
hacer un análisis y una autocrítica en el sentido de que es necesario
incorporar a Kioto el componente realista de aquellos que de verdad
van a tener que desarrollar las medidas y los acuerdos que se adoptan
en Kioto. Eso quiere decir los responsables de energía, los
responsables económicos en general. Por supuesto, me parecería
dramático que al final Estados Unidos se saliera definitivamente del
proceso de Kioto. Yo creo que sería tirar por la borda un esfuerzo
muy importante, que a lo mejor no es perfecto pero que es un paso
adelante muy importante. Entiendo que lo que hay que hacer es adoptar
las medidas adecuadas que permitan reconducir todo el proceso y
reincorporar a Estados Unidos, que es una pieza clave dentro del
puzzle. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Estados Unidos está en
el origen de un porcentaje demasiado elevado de emisiones para poder
permitir que se quede fuera de este asunto. Ellos argumentan
problemas de abastecimiento energético (todos los líos de California,
etcétera, a lo que me referiré a continuación puesto que el señor
Guardans se ha interesado por ello), problemas de competitividad de
su producción industrial y también la necesidad de relanzar el
crecimiento en un momento de bajada de las expectativas económicas y
demás. Sin embargo, desde la Unión Europea entendemos que se puede
hacer un esfuerzo para cumplir los compromisos de Kioto, haciéndolo
compatible con el crecimiento económico, con la competitividad
industrial y con el bienestar y por tanto con una aceptación social
de esas medidas.

La crisis energética de California obedece a una mezcla explosiva y
es que se plantea un sistema de liberalización parcial del sector
eléctrico en California que provoca unas tensiones en el mercado
debido a unos precios elevados y a una falta de capacidad de
producción, todo ello mezclado con una falta de interconexiones con
los vecinos y con un año seco en una zona como California,
dependiente en gran medida de energía renovable hidráulica, que
provoca la crisis que todos conocemos. ¿En la Unión Europea puede
suceder algo parecido, que es lo que nos tiene que preocupar? Yo creo
que no. En primer lugar, porque el modelo de liberalización que se
está desarrollando en la Unión Europea es un modelo distinto al
californiano; las propuestas últimas que hemos presentado plantean
medidas



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de mayor garantía incluso para evitar cualquier riesgo de falta de
suministro o de corte en el suministro, o de falta de capacidad de
producción para dar respuesta a la demanda. Medidas del tipo de
impulsar desde las administraciones públicas la instalación de nuevas
capacidades, medidas como la obligatoriedad de mantener unos márgenes
de capacidad de transporte en las redes instaladas, medidas como las
complementarias que vendrán en breve (con ello contesto a otra
pregunta del señor Guardans, así como del señor García Breva y del
señor Martínez Casañ), de incremento de las interconexiones dentro de
la propia Unión Europea para superar la situación de mercados
nacionales yuxtapuestos y la creación de un mercado auténtico. La
península Ibérica -no es sólo un problema de España, también
Portugal- tiene efectivamente un problema de falta de conexión con el
resto del continente europeo y otra zona de carencia es la de Italia
con el resto del continente europeo. A esto hay que añadir los
problemas de saturación de líneas por tránsito, fundamentalmente en
la zona de Bélgica, e interconexión con las islas británicas; la
interconexión con Grecia se ha mejorado en los últimos tiempos. La
Comisión va a plantear que estas medidas y estas propuestas de
incremento de interconexión se realicen a través de las redes
transeuropeas que se inscriban en el terreno energético en los
próximos tiempos.

Hablando de conducciones, ya no sólo de la electricidad, sino de la
energía en general -el señor Martínez Casañ manifestaba su
preocupación respecto a los países transcaucásicos y toda la zona del
Caspio-, quiero decir que desde la Unión Europea entendemos que la
diversificación de interconexiones es un elemento clave. La situación
de Rusia, que por razones obvias de ubicación física plantea una
situación estratégica de especial relación con la Unión Europea, no
nos puede hacer olvidar la necesidad de diversificar las fuentes de
aprovisionamiento y los itinerarios del propio aprovisionamiento,
y eso está contemplado en iniciativas como, por ejemplo, la llamada
Inogate, con la que la Unión Europea impulsa el estudio y análisis de
proyectos alternativos de conducción de oleoductos y de gasoductos en
distintos países candidatos o más o menos vecinos con quienes tenemos
suscritos acuerdos dentro de Inogate. Hay que pensar que la clave en
todo este asunto no es sólo el punto de origen de la fuente, ya sea
del gas o del petróleo, sino también los países de tránsito. En este
sentido, es imprescindible que, de una vez por todas, el Parlamento
ruso ratifique la Carta de la energía, pero de momento este asunto
sigue totalmente bloqueado.

Entrando ya en temas más concretos, en relación con los tipos de
energía yo querría señalar algunas cuestiones, contestando a lo que
aquí se ha planteado. En primer lugar, las renovables son básicas,
pero tienen su límite; es decir, las renovables son una respuesta
parcial al problema, pero no son la respuesta al problema, son sólo
una parte de la contestación. Las renovables
son positivas, primero, porque son autóctonas y, segundo, porque no
tienen emisiones. Por lo tanto, nos ofrecen ventajas desde el punto
de vista de seguridad de abastecimiento (aunque tienen disrupción en
su producción -eso es otra historia-, que se puede compensar de otras
maneras) y, además, porque no tienen emisiones de gas. La dificultad
de las renovables está en el precio y en la limitación en cuanto a su
propio potencial, mezclado con el precio. Porque es verdad que, por
ejemplo, el potencial de energía solar es altísimo, pero si estamos
hablando del precio de un kilovatio de fotovoltaico por encima de las
80/90 pesetas, es evidente que este precio supone una limitación.

Cuanto mayor sea el desarrollo de la investigación, conseguiremos
avances que nos permitan bajar costes, combinando esto con una mayor
producción, como decía alguna de SS.SS. hace un momento; el informe
de Naciones Unidas también se refería a ello. Pero todo eso tiene un
límite. Por mucho que bajemos el precio del kilovatio de
fotovoltaico, podremos llegar incluso a la mitad, pero seguirá siendo
un precio totalmente fuera de competitividad. Sin embargo, frente al
fotovoltaico hay la térmicasolar, que está ofreciendo unos niveles
más competitivos, aunque es verdad que tiene otro tipo de
limitaciones. Ya se han desarrollado unas plantas de electricidad
utilizando energía térmicasolar, que pueden ofrecer soluciones
bastante prometedoras de cara al futuro. El otro día estuve en el
Ciemat, viendo un análisis de todo el esfuerzo de investigación que
está realizando en energías renovables, y creo que hay unos elementos
de investigación prometedores. La energía que está más desarrollada
es la eólica, pero también tenemos que saber -lo leí ayer- que en
Soria se ha protestado por el impacto negativo de la instalación de
plantas de eólica en una zona de especial valor
históricoarqueológico. Quiero decir que incluso la energía eólica,
que tiene un desarrollo tecnológico que la hace casi competitiva (en
algunas zonas está en umbrales de competitividad, porque cuando hay
más de 3.000 horas de utilización es totalmente competitiva), tiene
otro tipo de limitaciones y de rechazos sociales. Por tanto, hay que
apoyar las energías renovables, pero tienen sus limitaciones.

En relación con estos tipos de energías renovables a los que me he
referido, donde la cuestión de acceso a la red, la producción
eléctrica es absolutamente clave, tengo que decir que la directiva
está bastante avanzada y yo, que soy más optimista que SS.SS., espero
tener una posición común del Consejo de Ministros antes de verano,
aunque no con compromisos obligatorios, pero será la primera vez que
consigamos poner compromisos indicativos individualizados por Estados
miembros. Me querían poner horquillas, pero he dicho que de
horquillas ni hablar, que tiene que haber compromisosobjetivo por
Estados; nada de horquillas porque, al final, ya sabemos dónde nos
quedamos, en la parte más baja. Sólo esto ya sería un paso adelante
muy grande,



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pero además tenemos que tratar de conseguir que se admita todo lo que
se plantea de prioridad en el acceso a la red, de facilitar el acceso
y de mantenimiento de unas ayudas. Este es un elemento clave, porque
hay que dar un entorno de seguridad económica y financiera al sector
de las renovables para poder permitir su desarrollo de cara al
futuro. Tengo que decir que el comisario Monti ha sido sensible a
nuestros planteamientos, tanto de Energía como de Medio Ambiente, y
que, al final, las orientaciones en cuanto a ayudas de Estado
relacionadas con el sector energético han evolucionado y han cambiado
enormemente. Y hay algo clave, señorías, que es la decisión del
Tribunal de Luxemburgo respecto a las ayudas a la electricidad verde,
en el caso de la alemana, al decir que no haya ayudas de Estado
cuando de lo que se trata es de que haya un apoyo de este tipo a
través de una tarifa. Esta redefinición -entre paréntesis-, como bien
pueden sospechar, tendrá también sus incidencias en algunos otros
aspectos de financiación de los que están en discusión en el ámbito
de la Comisión. Este acotar las ayudas de Estado por parte del
Tribunal de Luxemburgo limita algo que había sido una interpretación
extensiva del concepto de ayudas de Estado por parte de la Comisión,
pero es esencial para el asunto de las renovables, aunque por vía de
la directiva íbamos adelante y, en cualquier caso, con los servicios
de Monti ya teníamos un acuerdo que permitía dar esa certidumbre de
amortizar los capitales invertidos y, por lo tanto, de tener una
rentabilidad mínima para los desarrollos de energía renovables, que
me parecen esenciales.

Por último, quiero decirles, señorías, que la cuestión fiscal es
clave para el desarrollo de las renovables y de los biocombustibles.


Como está claro que esto es muy complicado porque hace falta
unanimidad y no hay manera de conseguirla, estamos saliendo adelante
con una idea que a mí me parece que no está mal (digo que no está mal
porque es una idea propia y espero que pueda ponerla en marcha) y que
es mucho más sencilla: cambiemos la fórmula de los carburantes. Lo
mismo que hablamos de que tiene que contener un contenido en plomo,
etcétera, introduzcamos un porcentaje mínimo de biocarburante. Eso no
va por unanimidad, sino por mayoría, con lo cual espero que pueda
salir adelante. Esta es la iniciativa que voy a someter a debate en
el Parlamento Europeo y en el Consejo de Ministros de Energía, antes
de fin de año, pero tiene que ir acompañada -por eso no lo he hecho
todavía- de un análisis de tierras porque para producir
biocombustibles necesitamos cultivos. Esto permitirá, además de dar
una respuesta a algunos problemas de la PAC asociados a excedentes en
el sector cereal, resolver algunos problemas en ese terreno y
permitir otro tipo de salidas a los sistemas como la utilización de
los barbechos o de los productos non-food, etcétera. Estamos haciendo
combinaciones y quiero decirles que los motores de los vehículos, sin
necesidad de ningún tipo de adaptación, pueden admitir un porcentaje
entre el 6
y el 8 por ciento de biocarburantes. Lo que va a plantear esta
iniciativa es el cambio de fórmula de biocarburantes de una manera
progresiva para ir dando margen a la instalación de industrias
transformadoras de cereales y producción de biocarburantes en los
próximos años, con un escalonamiento que permita llegar al objetivo
de utilizar carburantes con origen biológico y, por tanto,
renovables, en un 5 ó un 6 por ciento,.

Respecto al nuclear, es uno de los asuntos más controvertidos y más
polémicos, pero lo mismo que el libro verde dice que tal y como vamos
no cumplimos con Kioto, también hemos escrito sobre lo nuclear porque
no sirve de nada meter la cabeza dentro del agujero como el avestruz.


Sin el nuclear no cumplimos con Kioto. Vamos a poner las cosas muy
claras para que no haya dudas. Si renunciamos a la energía nuclear,
Europa no cumple con Kioto. A partir de ahí, hagamos un debate
sabiendo que a día de hoy la responsabilidad en cuanto a nuclear es
de cada Estado miembro. Sin embargo, lo que hace falta, y es lo que
se pretende con este libro, es que hagamos el debate sobre lo nuclear
sin la presión de unas elecciones concretas, sin la presión de la
constitución de un Gobierno concreto y de los pactos determinados por
unas circunstancias, y sí de una manera racional según los datos
científicos sobre los riesgos que existen en torno a la energía
nuclear y, sobre todo, por los problemas que tiene la energía
nuclear, que son fundamentalmente, el tratamiento y el confinamiento
de los residuos. Todavía no se ha dicho en ningún sitio del mundo
dónde se van a confinar los residuos radiactivos. A día de hoy, el
desarrollo tecnológico no ha llegado a resolver este problema. Hay
investigaciones sobre los residuos radiactivos que si salieran
adelante serían muy prometedoras. Me refiero a la transmutación, es
decir, el cambio de naturaleza de los materiales, lo que permitiría
terminar con los residuos radiactivos de larga vida -el problema de
verdad- y resolvería esa cuestión de manera definitiva, al margen de
los confinamientos seguros.

Finlandia ha pedido permiso para la apertura de una nueva central
nuclear y se encuentra en el trámite parlamentario de designar la
localización del confinamiento de los residuos radiactivos para los
próximos sesenta años, dando ese margen de tiempo antes de sellar esa
localización, con lo cual se podría modificar la cuestión en esos
sesenta años si los avances tecnológicos dan resultado; si no, se
daba la solución del confinamiento en una zona geológicamente segura.


Estados Unidos va bastante adelantada en estos asuntos.

Tengo que decir claramente que sin el nuclear, Europa no cumple. De
ahí a decir que hay que instalar más centrales nucleares… No he dicho
eso. Lo que he dicho es que si retraemos, renunciamos, reducimos la
producción actual, la sustitución por energías alternativas teniendo
en cuenta la limitación de las producciones del sector renovable, nos
enfrenta a problemas de emisiones muy importantes. Hoy día el
problema nuclear está



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controlado, es controlable con esas dificultades que no quiero
minimizar y están expuestas con toda su crudeza en el libro verde,
pero hay problemas como el de los gases de efecto invernadero que no
están controlados ni son controlables en el nivel de desarrollo
tecnológico y científico actual. A lo mejor dentro de quince años la
situación es distinta o dentro de treinta. Me refiero a la situación
actual y en la previsible de los próximos quince o veinte años. Lo
que me preguntaba sobre el Gobierno de Alemania, ha quedado
contestado con esto. Quiero decirle que la primera vez que hablé
sobre este libro verde fue el 30 de agosto de 1999, cuando comparecí
ante el Parlamento Europeo. En ese momento se discutía en Alemania la
formación del Gobierno y las condiciones del pacto. Quiero decir que
una de las cuestiones que me hace pensar en esto es esa
circunstancia.

El carbón es otro de los patos feos, en muchos aspectos, de las
fuentes energéticas. Es totalmente contaminante, encima no rentable,
pero tiene sus ventajas. Primero, niveles estables de precios en los
últimos veinte años en el mercado energético mundial. Segundo, es la
única energía fósil donde de verdad la Unión Europea tiene reservas
para mantener el consumo sin problemas durante cientos de años, pero
tiene el problema de la falta de competitividad. Lo que se plantea
desde la Comisaría de Energía en el libro verde no quiere decir que
esté aprobado, además, hay otros ámbitos de la Comisión que tienen un
criterio diferente. Eso tendrá que superar en su momento el ámbito de
la Comisión y ser aprobado por los ministros y también ahí hay países
con posiciones diferentes. ¿Qué planteamos? Mantener un umbral de
producción mínimo en la Unión Europea que nos garantice una capacidad
de acceso a los recursos porque una mina de carbón no es algo que
cierras y que cuando vuelves a abrir a los quince años funciona,
porque has perdido la gente que sepa trabajar la mina, porque la mina
no está en condiciones, porque no tienes el material adecuado. El
carbón conlleva una técnica que hay que mantener viva y lo que
planteamos es: manténgase un mínimo de capacidad de producción en el
ámbito de la Unión Europea que garantice que, cuando por
circunstancias que a lo mejor ahora no vemos, pero que se pueden dar
en un momento dado, sea posible ese acceso a la producción
carbonífera de la Unión Europea. ¿Ese mínimo va a ser la producción
actual? Sospecho que no. Primero, hay que conseguir que esta idea que
proponemos desde la Dirección General de Energía sea aceptada.

Segundo, una vez que se acepte, veremos el nivel en que se establece
ese mínimo. Eso es lo que le quiero decir, pero la propuesta que he
hecho es ésta y hay razones más que suficientes para justificarla. Si
tenemos stocks estratégicos en petróleo, si en gas consideramos
también el establecimiento de stocks estratégicos, tiene todo el
sentido que respecto al carbón se plantee esta iniciativa.

Me van a permitir que no entre en el asunto de España. La defensa de
lo que hace el Gobierno español le corresponde al Gobierno español,
pero quiero decirles que en términos de energías renovables no
estamos entre los peores de la clase de la Unión Europea. Al revés.

En materia de apoyo a la electricidad, tenemos el mismo sistema que
Alemania, que es en nuestra opinión de los más alentadores en cuanto
a producción, aunque quizá no en cuanto a competitividad. En cuanto
a los compromisos y su desarrollo concreto, SS.SS. juzgarán de ello y
el Gobierno se defenderá y dará sus explicaciones. Los proyectos que
tiene el Gobierno español están dentro de los más ambiciosos en el
ámbito de la Unión Europea, y en el ámbito de eólica -no hablo de
otros, de eólica- tiene un conocimiento y un desarrollo tecnológico
asociado muy importante, hay una industria asociada, porque las
renovables son también una fuente de industria, una fuente de riqueza
y de desarrollo tecnológico.

Por último, nada más que dos cuestiones sobre las iniciativas de
liberalización del sector electricidad y el sector gas en la última
reunión de Estocolmo. Primero, el sector electricidad y el sector gas
no son iguales, es verdad que son dos sectores energéticos que
funcionan con una distribución mediante red, pero son distintos, el
sistema eléctrico es mucho más flexible que el sector gaseístico, eso
está claro. Los desarrollos que planteamos, sin embargo, se basan en
una liberalización que culmine en el año 2005 con una liberalización
al cien por cien de los dos sectores. ¿Por qué? Porque el desarrollo
eléctrico está enormemente relacionado con el sector gaseístico. Las
previsiones dan que los incrementos de producción eléctrica en los
próximos años o las nuevas centrales de producción eléctrica van a
tener fundamentalmente como energía básica el gas. En ese sentido, es
absolutamente imprescindible hacer converger los dos procesos, y
nosotros hemos puesto enero de 2005 como fecha objetivo.

Entendemos que de los análisis de cómo se ha desarrollado en la Unión
Europea la liberalización parcial actualmente en vigor de los dos
sectores se desprende que hay capacidad más que sobrada en la Unión
Europea para responder a esa liberalización de aquí a 2005, señalando
que indudablemente para 2003, por ejemplo, en el sector eléctrico hay
nueve países que van a tener prácticamente el cien por cien de su
sector eléctrico liberalizado. Es verdad que hay alguno que para 2003
tendrá el 35 por ciento liberalizado, que es el exigido, pero hay
algunos, la mayoría, que tendrán el cien por cien, y la realidad es
que el distinto nivel de apertura está provocando unas distorsiones
muy fuertes y está impidiendo que se realice ese mercado interior y
ese intercambio real que va a permitir optimizar los recursos
existentes en la Unión Europea, mejorar la oferta, la calidad y el
precio y dar una mayor seguridad y, por tanto, con todo ello mejorar
la competitividad del sector industrial europeo y del desarrollo en
Europa.




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Entendemos que la propuesta que hemos hecho, en sus fechas, no en el
resto, no recibió el apoyo del Consejo Europeo de Estocolmo, pero en
todo lo demás sí, y en sus fechas dijeron que lo antes posible. Lo
antes posible nosotros entendemos que es 2005; hay otros que parece
que tienen dificultades. Las fechas tendrán que ser objeto de
discusión, no por parte de los jefes de Estado y de Gobierno, sino
por parte de los ministros en el Consejo de Ministros, con unas
votaciones por mayoría cualificada, y tendrán que ser objeto de
discusión por parte del Consejo de Ministros junto con el Parlamento
en el sistema de codecisión, con lo cual veremos al final si es en
enero de 2005 o qué fecha es, por cuanto, insisto, los contenidos no
han sido de verdad discutidos por parte de ninguno de los jefes de
Estado y de Gobierno, y sé que habrá algún Gobierno que tenga cierta
dificultad con alguno de los elementos que ahí se plantean, pero yo
creo que serán cuestiones que se podrán superar.

Señorías, señor presidente, salvo que se quiera formular alguna
pregunta suplementaria o alguna puntualización por parte de los
diputados y senadores, concluyo diciendo que es para mí una
satisfacción haber podido tener este debate aquí en la Comisión
Mixta, que es un debate que ya he realizado en el Parlamento
finlandés, en el Parlamento italiano y con la Comisión de Industria
del Parlamento alemán y que se encuadra no sólo en este gran debate
del libro verde, que pretendo, insisto, que sea lo más vivo y lo más
participativo por parte de toda la sociedad europea, sino que se
encuadra en algo mucho más amplio y más importante que está siendo
también ahora objeto de debate, que es cómo construimos mejor Europa,
cómo establecemos unos mejores equilibrios entre las distintas
instituciones en esta construcción europea y concretamente cómo se le
da una mayor participación y una mayor realidad a la presencia de los
parlamentos nacionales en los grandes debates europeos, en el debate
europeo en general.

Con esta iniciativa que estoy desarrollando, lo que pretendo es
responder no sólo a lo concreto, el libro verde, sino también a ese
otro planteamiento más general, en el cual todos tenemos el máximo
empeño y en el cual tanto nos jugamos. (El señor García Breva pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora comisaria y vicepresidenta de la
Comisión. Quiero agradecerle, en nombre de todos los miembros de esta
Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, su presencia
y sus explicaciones. Todos somos conscientes de la enorme trascendencia
que tienen los asuntos que están bajo su dirección en la Comisión
europea. Queremos desearle los mejores éxitos en su trabajo porque
ello redundará en beneficio no sólo de la construcción europea, sino
también de la capacidad que tengamos de enfrentarnos como
civilización y como espacio cultural y político propio a esos grandes
retos de la humanidad
que son las decisiones energéticas. Quiero señalar muy especialmente
el carácter directo, como acostumbra, con el que ha planteado la
disyuntiva a la que nos enfrentamos entre lo nuclear y Kioto. Es
bueno que las opiniones públicas europeas sean conscientes de que se
trata de escoger, y muchas veces en política no se trata de escoger
entre lo bueno y lo malo, sino entre lo malo y lo peor o lo menos
malo.

Estoy seguro de que los portavoces desean intervenir y cabe según el
Reglamento. Yo no tengo ningún inconveniente, es el horario de la
comisaria y el horario de la Comisión, que tiene a continuación la
visita del secretario de Estado, pero ¿sus horarios lo permiten,
señora comisaria?



La señora VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN EUROPEA Y COMISARIA DE
ENERGÍA Y TRANSPORTES (De Palacio del Valle-Lersundi): Para una cosa
breve, sí.




El señor PRESIDENTE: Yo la estaba despidiendo ya, pero agradezco que
se preste usted a continuar este interesante diálogo, de manera que
vamos a abrir un nuevo turno de intervenciones entre los portavoces
que lo deseen. Sólo quedan dos, de manera que en todo caso no serán
muchos.

El señor García Breva tiene la palabra.




El señor GARCÍA BREVA: Voy a ser breve, porque ya se han dicho muchas
cosas, pero me gustaría alguna precisión más sobre algunas cuestiones
que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista. Con respecto al
debate sobre el código de ayudas al carbón, le he hecho una pregunta
y no he creído entender una respuesta concreta. En este tema del
carbón -y lo planteo porque ha salido ya anteriormente en esta
Comisión- me gustaría saber si el desarrollo de tecnologías de
combustión limpia, que es algo que ya se está produciendo en España,
este hecho tecnológico, esa reserva estratégica que se plantea, puede
darnos una expectativa mayor con respecto a ese nivel mínimo de
producción para que pueda mantenerse en los niveles actuales.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora De Palacio.




La señora VICEPRESIDENTA DE LA UNIÓN EUROPEA Y COMISARIA DE ENERGÍA Y
TRANSPORTES (De Palacio del Valle-Lersundi): El problema es que hay
dos cuestiones, una de las cuales es la utilización del carbón de
producción mundial, donde las tecnologías limpias son claves y donde
Europa en general, y desde luego España, tiene un desarrollo
tecnológico muy importante, y ahí hay unos márgenes muy importantes,
por ejemplo, cuando estamos pensando que China ha dicho claramente
que se desentiende de Kioto y que ellos van a quemar lo que tienen
más fácil, que es carbón, lo cual va a suponer unos



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incrementos de emisiones espectaculares en los próximos años, salvo
que nosotros mismos les facilitemos las tecnologías limpias que
permitan al menos limitar esas emisiones. Ese es un aspecto, el
aspecto global.

Otro aspecto concreto es el de las ayudas. Estamos dando ayudas a los
programas de investigación, el sexto programa marco, desarrollos de
tecnologías de combustión de carbón limpio, etcétera, que antes se
daban a traves de la CECA, y se van a seguir manteniendo programas en
ese terreno. Pero lo que ocurre es que nuestro carbón no es rentable
(cuando digo nuestro carbón estoy hablando del británico, del alemán,
del español, del polaco en su momento, etcétera), porque en algunos
casos su precio llega a ser hasta cinco veces, incluso más, el precio
del carbón traído de Sudáfrica o de cualquier otro sitio. De lo que
estamos hablando es de cómo compensamos esa diferencia de precios y
cómo se justifica. Ahora se compensa por el acuerdo CECA, que
finaliza en el año 2002, pero el acuerdo CECA presta ayudas para
hacer rentables las explotaciones o para cerrarlas. El problema es,
-y vamos a hablar con toda crudeza y franqueza, como a mí me suele
gustar hacerlo- que estamos mintiendo todos, porque sabemos
positivamente que con esas ayudas no vamos a hacer rentables nuestras
producciones, teniendo en cuenta los precios internacionales del
carbón. Estamos aceptando, y yo las he aceptado en los programas que
me han presentado el Gobierno español y el alemán -el Gobierno
británico está más cerca de la rentabilidad-, unas ayudas que dan los
Estados al sector carbonífero y que se justifican, unas porque se
están cerrando minas, y ahí no hay nada que objetar, esas son
lógicamente correctas, pero otras no tienen ninguna lógica, porque se
están dando para hacer rentables esas explotaciones de carbón. Yo le
digo -y si alguien piensa lo contrario que lo diga, y lo discutimos
en seguida- que no hay ninguna perspectiva en los próximos años de
que el carbón europeo -no estoy hablando del de tal sitio o tal otro,
sino del carbón europeo-, salvo en algunos yacimientos británicos,
y ni siquiera en esos, vaya a ser competitivo comparado con los precios
internacionales.

Lo que yo planteo es: olvidemos esa falacia, no sigamos jugando a una
ficción; justifiquemos las ayudas por otros planteamientos,
justifiquemos las ayudas, no porque vayamos a hacer rentables
nuestras explotaciones, que no es verdad, dejemos de decir lo que no
es y digamos la verdad, sino porque nos interesa mantener una
capacidad de abastecimiento energético propio y una garantía de
suministro energético propio con carbón. Demos unas ayudas por
producir carbón en Europa para que en un momento dado, ante
situaciones que se pueden producir, podamos recurrir a ese carbón y
no perdamos la posibilidad de explotar nuestros yacimientos. Eso es
lo que yo planteo: no sigamos diciendo lo que no es, sino que digamos
de verdad lo que es.

Además, hay problemas regionales y sociales importantisimos, porque
detrás de todo hay hombres y familias que dependen de esas
producciones. Eso tampoco se puede olvidar aunque son otro tipo de
cuestiones que no están relacionadas con la energía. Yo, como
responsable de energía, lo que tengo que decir es: demos una
explicación real a lo que a mí me parece clave, que es mantener una
capacidad de producción de carbón en Europa. Lo que estoy diciendo es
que justifiquemos las ayudas, pero no sigamos diciendo lo que no es
verdad.

Les voy a decir, para que SS.SS. estén informados, que esto se lo he
contado, en el mes de junio pasado, a los sindicatos del sector del
carbón españoles, y no sólo a los españoles.




El señor PRESIDENTE: El portavoz del Partido Popular quería hacer uso
de la palabra.




El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Dos minutos, señor presidente.

Incidiendo en el carácter de gran debate que significa el libro
verde, debate a los niveles políticos, social, económico, etcétera,
quería señalarle a la señora vicepresidenta de la Comisión la
necesidad de una colaboración estrecha entre la Comisión de la Unión
Europea y otros foros de debate político parlamentario, como puede
ser el Consejo de Europa, entre otras cosas, debido a la gran
capacidad de influencia que tenemos los países miembros de la Unión
Europea sobre esos países que están en la ola de la ampliación y los
que están en la ola de la asociación de una futura Unión Europea
dentro de treinta años, y puesto que éste es un plan para los
próximos treinta años yo creo que es importante una colaboración
estrecha con los países del Consejo de Europa.

Quiero decirle a la señora vicepresidenta que precisamente la próxima
semana, si no han cambiado el orden del día, se discutirá y aprobará
en la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa un informe sobre
los compromisos de la cumbre de Kioto. El ponente es un finlandés,
que tan bien conoce la señora vicepresidenta. Las tesis del primer
documento de trabajo fueron bastante chocantes en relación con una
defensa a ultranza de la energía nuclear para el futuro de la
política energética de Europa. Yo tengo la satisfacción de ser el
ponente de la Comisión de Medio Ambiente y creo que sería interesante
que el gabinete y el departamento de la señora vicepresidenta de la
Comisión siguiera de cerca el desarrollo de este debate, puesto que
la capacidad de influencia en enorme.




El señor PRESIDENTE: Ahora hemos acabado de verdad. Gracias.

Señores miembros de la Comisión, habida cuenta de la diligencia con
la que hemos sustanciado la comparecencia de la vicepresidenta de la
Comisión Europea, suspendemos la sesión hasta la una.




Se suspende la sesión.




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Se reanuda la sesión.




PREGUNTAS:



- DEL SEÑOR GARCÍA BREVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS SOBRE INMIGRACIÓN
PROPUESTAS POR EL COMISARIO DE JUSTICIA Y ASUNTOS DE INTERIOR DE LA
UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente Congreso 181/000624 y número de
expediente Senado 683/000045)



- DEL SEÑOR GARCÍA BREVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
POSICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA ELABORACIÓN DE UNA POLÍTICA COMÚN
SOBRE INMIGRACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente congreso
181/000626 y número de expediente Senado 683/000047)



El señor PRESIDENTE: Continuamos los trabajos de la Comisión, esta
vez con la comparecencia del delegado del Gobierno para la
Extranjería y la Inmigración para contestar a las preguntas
formuladas. Hay dos preguntas del Grupo Socialista que se acumulan en
una sola. Tiene la palabra el señor García Breva.




El señor GARCÍA BREVA: En primer lugar, quiero dar la bienvenida a
don Enrique Fernández-Miranda por partida doble, por estar en esta
Comisión y por contestar a unas preguntas que formulo en
representación del Grupo Parlamentario Socialista y como diputado de
su misma circunscripción electoral en las pasadas elecciones.




Las dos preguntas tienen su origen en la última reunión -no sé si fue
la última- de ministros de Justicia e Interior en Estocolmo, a
principios del mes de febrero, en la que el Reino Unido propuso una
reforma de la Carta de Refugiados de la ONU, planteando más o menos
que la Unión Europea cerrara las puertas a demandantes de asilo, lo
que provocó una reacción del Alto Comisionado de la ONU para los
refugiados, Acnur, pidiendo más generosidad a la Unión Europea. En
aquella reunión se manifestó una vez más la necesidad de una política
europea común de asilo e inmigración. El resumen que hizo el entonces
ministro del Interior, Mayor Oreja, a su regreso a España fue que lo
que estaba haciendo el Gobierno español era lo que estaban haciendo
todos los gobiernos europeos. Pero se olvidó de una cosa, y es que en
Europa no hay una política de inmigración común. Por tanto, decir eso
no tenía mucho sentido, sobre todo si vemos cuál ha sido la política
del Gobierno en cuanto a inmigración en los últimos cinco años ya que
a España apenas vienen legales
(hay un dato del año 2000 que dice que sólo han venido 200
marroquíes legales) no hay una política de inmigración legal, se les
ha abandonado a su suerte, no hay medios de acogida y vemos, después
de la nueva Ley de Extranjería, cómo el número de irregulares
interceptados no ha bajado respecto a las anteriores épocas o a la
anterior ley y cómo medidas para facilitar papeles o documentación a
inmigrantes, incluso del servicio doméstico, se retrasan muchísimo.

Esto contrasta con lo que otros países de Europa han hecho en fechas
parecidas. Por ejemplo, en Alemania se ha producido durante el año
pasado un proceso de racionalización de la inmigración, concretamente
dirigida a colectivos de expertos informáticos o de universidades; se
han dado facilidades para trabajar a fugitivos de zona en conflicto,
a lo que el Gobierno español se ha negado en los ámbitos europeos; ha
habido una política lingüística, una política de nuevos contingentes
de inmigrantes y sobre todo una aceleración en los trámites de
derecho de asilo. En Francia, por no ir más lejos, se ha procurado
sacar el tema de la inmigración del debate político. El día 22 de
febrero el comisario de Justicia e Interior de la Comisión Europea,
Antonio Vitorino, anunció para otoño la próxima conferencia de Laeken
sobre la política europea de inmigración y presentó un paquete de
diez medidas que reproducen la comunicación que mandó en el mes de
noviembre del año 2000 y que va a ser el objeto de la pregunta. En
esa misma fecha se produce la enésima oferta de acuerdo de Estado
sobre inmigración del secretario general del Partido Socialista
Obrero Español, que se refería a la regulación de los flujos de
acuerdo con el desarrollo económicom y también un enésimo intento de
sacar el tema de la inmigración del debate político. Esto enlaza
perfectamente con la comunicación del comisario de Interior,
comunicación que se produce el 22 de noviembre y cuyo contenido no
voy a entrar a detallar, pero la pregunta concreta que quiero hacer
es cuál va a ser la postura de España en la conferencia de Laeken
sobre estos temas de inmigración y sobre las propuestas que el
comisario Vitorino ha hecho en esa comunicación del mes de noviembre
pasado, concretamente las que se refieren a políticas de integración
y políticas de admisión.

Respecto a las políticas de integración, hay propuestas concretas que
se refieren a la coordinación de los sistemas de Seguridad Social
(sobre este tema hay una resolución reciente del Parlamento Europeo),
propuestas sobre mejora del estatuto jurídico de las familias, sobre
el estatuto de residentes de largo plazo (tema sobre el cual hay ya
una propuesta de directiva encima de la mesa), el derecho a la
reagrupación familiar, que es un elemento esencial en las políticas
de integración (sobre este tema hay también una directiva que contó
con el rechazo del Partido Popular) y una propuesta más general, que
tiene que ver con la Carta de derechos fundamentales, sobre la que me
gustaría conocer la opinióndel delegado del Gobierno.




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Respecto a las políticas de admisión de inmigrantes, la comunicación
plantea un enfoque flexible según las necesidades económicas,
abandonando el sistema anterior de cuotas que no ha funcionado en
absoluto. En colaboración con los interlocutores sociales y
autoridades regionales y locales plantea el comisario Vitorino
directivas futuras sobre condiciones de entrada y residencia de
inmigrantes para trabajar por cuenta ajena. En esta comunicación se
plantea un sistema flexible para facilitar una respuesta rápida a la
admisión de inmigrantes y no poner trabas y me gustaría saber cuál va
a ser la posición del Gobierno. Habla de un proceso que pasaría por
un permiso de trabajo temporal, a continuación un permiso de trabajo
permanente y posteriormente un estatuto de residencia a largo plazo.

También incluye un visado para personas en búsqueda de trabajo y un
punto europeo de información, que sería como un servicio de empleo,
donde la información sobre la oferta y la demanda se pusiera a
disposición tanto de los países de origen como de los países de
admisión. Me gustaría saber la posición del Gobierno sobre estas
cuestiones y fundamentalmente cuáles van a ser sus planteamientos
respecto a la conferencia de Laeken.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor delegado del Gobierno.





El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (
Fernández- Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor García Breva,
antiguo compañero de circunscripción por la provincia de Guadalajara,
de la que continúa siendo representante como diputado nacional.

Me plantea una serie de puntos con respecto a lo que debe ser, a lo
que será, ese espacio común europeo en inmigración, en el que en este
momento estamos trabajando todos los Estados miembros. Estamos
contribuyendo a su definición, a su configuración, partiendo -primera
reflexión importante que yo querría introducir en mi contestación- de
realidades nacionales muy distintas, punto en el que radica la
dificultad. La realidad del fenómeno migratorio en los países
centrales de la Unión Europea -Alemania, Francia, Reino Unido, Países
Bajos- es bien distinta a la realidad de los países del sur de
Europa, más concretamente a la realidad de España, que se produce de
forma importante en cuanto al número de estas personas si hablamos
exclusivamente de inmigración de tipo laboral en los últimos años, en
los últimos 4, 5 o 6 años como mucho, contando con que nosotros
tenemos nuestra primera legislación, como bien saben SS.SS., desde
1985. La realidad de los distintos Estados miembros de la Unión
Europea es bien distinta y, por tanto, las dificultades o los
problemas añadidos al fenómeno de la inmigración son también
distintos en cuanto a su intensidad o número. Cada Estado miembro
esta contemplando ese objetivo a alcanzar de ese espacio común desde
distintas y diferentes
ópticas, contando con que los acuerdos en este ámbito hay que
alcanzarlos de momento por unanimidad, como bien sabe S.S., y las
cosas no están siendo fáciles en cuanto al avance sustancial y la
aparición formal de directivas en número y en cuantía suficiente como
para que existiendo ese acervo legislativo podamos pasar -será una
decisión a tomar en los próximos años- a adoptar las medidas en un
futuro inmediato por mayoría y no por unanimidad. Como afirma el
señor García Breva, no tenemos una política común en inmigración en
la Unión Europea todavía y quizá el mejor ejemplo es el que usted
mismo citaba con esa petición del Reino Unido de cerrar radicalmente
la posibilidad de incrementar el número de asilados en este país ante
la petición hecha por Acnur, en la que habla de generosidad, concepto
que deberíamos ser capaces entre todos de utilizar menos, no de
erradicar, ya que es positivo. Creo que estamos hablando de asuntos
en los que el concepto justicia o el de equidad deben ser los que
presidan nuestras decisiones, no solamente las decisiones de la Unión
Europea sino de los Estados miembros. No hay una política común
todavía definida, pero sí hay un claro deseo, una firme voluntad y
una decisión que se concretan, como bien sabe S.S., en las
conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, en donde se ha definido
el camino que queremos recorrer todos los miembros de la Unión
Europea para ser capaces de llegar a definir ese espacio común al
cual aspiramos.Hay una serie de puntos perfectamente definidos como
la colaboración con los países de origen, llegar a tener un sistema
común europeo de asilo, el trato justo, en justicia, de los
nacionales de terceros países -como yo mismo antes planteaba- y la
correcta gestión de los flujos migratorios. Estos serían los grandes
epígrafes en los que no me voy a extender porque son perfectamente
conocidos por SS.SS. y que son las vías por las que queremos llegar a
confluir en ese espacio común.

Su segunda afirmación, tan categórica como la de que la Unión Europea
no tenía una política común de inmigración pero sí estamos
conformándola, es que el Gobierno español no tiene una política de
inmigración. Con el permiso del señor presidente, saliéndonos del
tema planteado en las dos preguntas, querría apuntar brevemente una
serie de hechos que nos llevaran a la conclusión contraria a la que
SS.SS. enunciaba. Dice S.S. que no hay política de inmigración legal
-así la calificaba el señor García Breva-, no hay política de
acogida, no ha disminuido la llegada de personas de forma ilegal, la
tramitación burocrática de los documentos se retrasa, etcétera. Ha
mezclado SS.SS. bastantes cuestiones y realidades bien distintas. El
Gobierno español en este momento sí tiene una política de
inmigración. A su grupo parlamentario y a S.S. les puede gustar más o
menos -y sería lógico que no estuviésemos de acuerdo en el cien por
cien de las cuestiones-, pero la tiene, y la tiene además concretada
comocreo que se deben concretar las políticas. La política de



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inmigración se concreta en una serie de documentos que arrancan, en
primer lugar, de nuestro programa electoral; en segundo lugar,
señalada explícitamente en la intervención del señor Aznar en su
discurso de investidura ante esta Cámara, y posteriormente en un
documento que es el programa global de regulación y coordinación de
la extranjería y la inmigración en España, programa Greco, que es el
primer compromiso que adquiere el anterior ministro del Interior,
señor Mayor Oreja, el día 7 de junio de 2000, en su primera
comparecencia como ministro en esta legislatura, en la cual se
compromete a presentar un plan de gobierno, un plan en el que estén
implicados todos los ministerios que tienen competencias en esta
ámbito para responder a los retos de esa nueva realidad que se viene
dibujando con mayor intensidad en España durante los últimos dos o
tres años. Precisamente para que se cumpliera ese programa y fuese
también satisfecho el compromiso de presentarlo en sede
parlamentaria, se creó por unanimidad de todos los grupos
parlamentarios una subcomisión que se dedicó específicamente al
estudio de este programa que está confeccionado por todos los
ministerios que tienen competencias en extranjería y en inmigración,
en cualquiera de sus aspectos. Son los ministerios de Asuntos
Exteriores, de Administraciones Públicas, de Justicia, de Interior,
de Trabajo, de Sanidad y de Educación, con el visto bueno de los
ministerios de Economía y Hacienda, los que se comprometen a través
de este documento respaldado por la mayoría del Congreso de los
Diputados y que ha sido aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros
el viernes anterior a Semana Santa y que será publicado de forma
inmediata en el Boletín Oficial de Estado. Por tanto, sí hay una
política que se ha completado con la presentación el día 23 de enero
-fecha en que entra en vigor la nueva Ley de Extranjería, la 8/2000-,
de cuatro reales decretos. El primero, es el que nos lleva a
responder al compromiso que marca la ley sobre la revisión de unos
61.500 expedientes de aquellas personas que en situación irregular no
cumplían uno de los requisitos en el último proceso extraordinario de
regularización. Y tres reales decretos más, aprobados también el
viernes pasado, a través de los cuales se crea al Consejo Superior de
Política de Inmigración, órgano que S.S. conoce perfectamente y al
que el Gobierno le concede una importancia máxima como centro de
coordinación de la política de extranjería e inmigración desde el
ámbito municipal, autonómico y nacional. Tuve ocasión de comparecer
en el Senado hace pocas fechas precisamente para hablar sobre la
coordinación de estas tres administraciones. En un real decreto se
refuerza -porque ya existía en el Ministerio de Trabajo en la
legislatura anterior- y se concede personalidad jurídica propia y
mejor dotación de medios materiales y humanos el Observatorio
permanente de la inmigración como centro de análisis, seguimiento y
conclusiones, analizando la realidad de los flujos
migratorios, la intensidad de unos y de otros no solamente hacia
España sino hacia la Unión Europea, que nos ha de dotar de esos
elementos de juicio y de esos datos técnicos suficientes para tomar
las decisiones políticas que correspondan en cada caso con la mayor
fiabilidad posible. Por último, se crea un nuevo foro para la
integración social de los inmigrantes, respondiendo también a cómo
queda definido en la nueva Ley de Extranjería, convirtiéndose en un
órgano indispensable de consulta, de asesoramiento. El Gobierno
tendrá la suerte de poder contar de forma orgánica con la opinión de
las asociaciones de inmigrantes, las organizaciones no
gubernamentales, los sindicatos y las organizaciones empresariales
vinculadas al mundo de la inmigración sobre el discurrir de los
fenómenos de la inmigración, las propias actuaciones del Gobierno,
sometiendo a su consideración cada uno de los documentos, cada una de
las iniciativas o solicitando informes específicos para cualquier
necesidad planteada por nosotros. Todo ello va configurando la
política de inmigración del Gobierno.

Es una política -insisto- perfectamente definida en el programa
Greco, que responde perfectamente a los compromisos que a través de
la cumbre de Tampere adquirió el Gobierno español, que no el Partido
Popular, como en algún momento ha dicho el señor García Breva; el
Partido Popular a efectos de la Comisión Europea no tiene nada que
ver, es el Gobierno de España el que toma las decisiones.

Lamentablemente, ni las leyes ni los reales decretos ni los programas
son varitas mágicas que de la noche a la mañana nos solucionen los
problemas que puedan acompañar a cualquier fenómeno, considerando
como he dicho tantas veces la inmigración como un fenómeno positivo,
deseable y necesario para el crecimiento de la sociedad española y
a la vez para favorecer -porque es la óptica en la que se decide actuar
desde la Unión Europea en la cumbre de Tampere- el codesarrollo de
terceros países, además de con otros muchos mecanismos a través
también de la inmigración. Que la inmigración no se limite a un
simple movimiento físico de personas de un país a otro, sino que a
través del aprendizaje, de la especialización y de la mejor
cualificación, haciendo coincidir -a través de los convenios
internacionales que estamos firmando con aquellos países que nos
dotan del mayor número de trabajadores en este momento- la actividad
de los trabajadores inmigrantes con las áreas de actividad económica
o de crecimiento programadas por cada uno de esos gobiernos, con lo
que la posibilidad de retorno de estas personas emigrantes en un
número determinado de años y con un mayor grado de cualificación
contribuirán, sin duda, a un desarrollo más eficaz o más acelerado de
los países de origen. Todo esto contrasta con la actividad que está
habiendo en otros países de la Unión Europea, y contrasta para bien.

Creo que todos los países de la Unión Europea estamos interesados
y preocupados en llegar a definir esa política



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común europea, conscientes de que previamente cada uno de los Estados
miembros tendremos que andar caminos mayores o menores, más largos o
más cortos, para aproximarnos lo más posible en nuestras propias
legislaciones antes de dar el paso de las directivas que nos den una
legislación común y, por tanto, ese espacio común. Uno de los
esfuerzos y una de las razones por las que modificamos la Ley 4/2000
fue precisamente ésa, la de tener una legislación básica mucho más
parecida a la media de la legislación europea, porque el lugar en el
que nos situaba la Ley 4/2000 nos alejaba notablemente de lo que es
la concepción media, la concepción básica de la legislación de
extranjería e inmigración.




Usted me ponía como ejemplo a seguir -en contraste, creo que ha
dicho- la racionalización que Alemania está haciendo de su política
de inmigración. Señor García Breva, yo no sé si podemos hablar de
racionalización si hablamos de inmigración laboral exclusivamente,
porque el esfuerzo que estamos haciendo y el esfuerzo que estamos
pidiendo a la Unión Europea, a muchos países de la Unión Europea que
no lo han hecho hasta ahora, es el de deslindar perfectamente
inmigración laboral, asilo y refugio de desplazados por razones
humanitarias. En países centrales de la Unión Europea, la tendencia
de los últimos años ha sido considerar a todas estas personas dentro
del estatuto de refugiados, sin ningún tipo de matiz, y en él
entraban el perseguido por razones políticos, el perseguido por
razones de género, el perseguido por razones religiosas, con el
refugiado como consecuencia de un conflicto bélico, de una gran
catástrofe natural y con aquellas personas que lo que venían a buscar
en nuestras sociedades eran esas oportunidades de futuro que no
encontraban en sus propios países: la inmigración laboral, en
definitiva. Cuando me pone como ejemplo de racionalización el
esfuerzo que Alemania ha hecho para poder contratar a ingenieros
superiores en informática, le señalaré que estamos hablando de una
racionalización para conseguir la inmigración laboral de las elites
laborales de otros países, con una variable, la de la famosa carta
verde que suponía que con una cantidad determinada de marcos alemanes
o con una inversión determinada de un buen número de miles de marcos
alemanes se concedía automáticamente el permiso de residencia en ese
país. También es una forma de trabajar, y creo que es importante
hacerlo, con la inmigración laboral de elite. Efectivamente, creo que
en muchos países de la Unión Europea, por no decir en todos, así como
en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, en el tema concreto
que usted ponía como ejemplo de las titulaciones superiores en la
ingeniería informática, el propio mercado, la propia realidad ha ido
mucho más deprisa que nuestras previsiones para formar a través de
nuestras universidades esos técnicos, y todos necesitamos el fichaje
de esos espléndidos profesionales mucho mejor formados, o por lo
menos más
abundantemente, en los países de origen que en los países de la Unión
Europea y en Estados Unidos. Creo que ahí la Unión Europea debe
introducir una reflexión muy importante. Más allá -y usted lo marcaba
a continuación en el tema de admisiones, y ahora iremos a ello-, más
importante que pensar en nosotros mismos es pensar en los países de
origen en este asunto. Debe darse cuenta de que con las personas que
están llegando por inmigración laboral exclusivamente (no hablo de
los refugiados ni de los asilados, respecto a los que creo que
debemos hacer el esfuerzo de asilar a todas aquellas personas que lo
pidan y estén perseguidas y dar refugio a todas aquellas personas que
lo necesiten en un momento determinado, por la razón que sea, y ahora
entraré también en cómo lo ha planteado o cómo pretende plantearlo
Alemania, que usted ponía como ejemplo) a base de satisfacer nuestras
demandas laborales, desde los puestos de trabajo menos cualificados a
los mejor cualificados, estamos consiguiendo en buena medida
desertizar a los países de origen, países en vías de desarrollo en
los que por ser los más emprendedores o los mejor cualificados -y no
siempre porque no encuentren oportunidades de futuro sino porque las
oportunidades son más lucrativas aquí que en sus países de origen-
dejan sin este capital humano a estos países. Y deberíamos ponernos
nosotros mismos límite o coto, de acuerdo con ellos, para que al
final y por mantener nuestro crecimiento y desarrollo no hagamos
imposible su desarrollo desde el subdesarrollo, aunque parezca un
trabalenguas.

También me habla usted del importante esfuerzo que está haciendo el
Gobierno alemán respecto a los que usted calificó de fugitivos de
zonas en conflicto, desplazados por razones humanitarias. Pero usted
sabrá también, señor García Breva, que el Gobierno alemán, desde hace
una buena temporada, quizá un año o año y medio, está intentando
plantear un reparto de cargas. Y un reparto de cargas consiste en
romper lo que es la tradición europea de acogida por razones
humanitarias, en donde el concepto de voluntariedad en el país de
destino era prioritario. Acada una de las víctimas de un conflicto
bélico, como puede ser el de los Balcanes o cualquiera que pueda
producirse, se les respetaba -a estas personas, a estas familias
completas en muchas ocasiones- la voluntad de ser refugiados en un
país determinado, para en ese país determinado poder beneficiarse de
la acogida humanitaria y de las propias ventajas del Estado de
bienestar, sin perder de vista que su integración es temporal, medida
en el tiempo, pedida por ellos mismos como medida en el tiempo,
porque en el momento en que desaparece el conflicto -y de ahí ese
estatuto de refugiado y no ningún otro estatuto-, la razón que dio
lugar a su desplazamiento, el objetivo de la propia Unión Europea, el
objetivo del propio Acnur, como Alto Comisionado de las Naciones
Unidas, es que estas personas vuelvan a sus países en el menor tiempo
posible, que es además su voluntad. El



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reparto de cargas rompería radicalmente ese principio que nosotros
sostenemos como muy importante, y habría una asignación numérica en
función de la capacidad de cotizar de cada país y se asignarían equis
números que, al final, si lo llevamos hasta el esperpento podrían
llegar al extremo de separar familias, de romper intereses, en
definitiva, a refugiarlos en países en donde el choque cultural, el
choque de costumbres, el choque de las posibilidades de integración
sería mucho mayor que si dejamos que se mantenga esa elección, la
voluntariedad en el país en el cual va a ser refugiado. Desde
Alemania están también planteándonos, y usted lo sabe, desde hace una
temporada -y por tanto veamos si la racionalización que nos piden
desde la República Federal alemana es hacia la Unión Europea
o exclusivamente hacia su propia realidad-la libre circulación de los
trabajadores extranjeros; y la libre circulación de trabajadores
extranjeros, como sabe S.S., con mercados laborales tan diferentes
como los que tenemos los distintos miembros de la Unión Europea, en
este momento sería prácticamente imposible de concretar. Con índices
de desempleo tan distintos en unos países y en otros, con una
fragilidad mucho mayor en unos países que en otros respecto del
futuro o del presente del propio mercado laboral, es algo que de
momento, precisamente por los países no centrales de la Unión
Europea, entre los cuales se encuentra España acortando plazos a
buena velocidad, pero sin duda alguna sin formar parte de los países
centrales, sería en muchos casos inasumible. Por tanto, no perdamos
de vista las soluciones que cada país arbitra, porque en demasiadas
ocasiones están pensando -tal vez es lo lógico- antes en sus
dificultades, en sus problemas, y después en ver si esas soluciones
encajan en los intereses del resto de los miembros de la Unión
Europea. Como antes les decía, el hecho de tener que tomar todavía
las decisiones por unanimidad hace que los trabajos avancen muy
lentamente, precisamente por la confrontación de intereses y
posibilidades entre unos y otros.

Me pone como ejemplo el caso francés, que ha decidido sacar el tema
del fenómeno de la inmigración del debate público. Habrán podido
decidirlo, y probablemente habrán podido hacerlo aquellos que tengan
mayor voluntad de que este no sea un asunto de confrontación, cosa
que no sucede con el Partido Socialista Obrero Español en España,
pero eso dejémoslo al margen, como paréntesis, pero más allá de los
que afortunadamente han tomado la decisión en Francia de sacar el
tema de la confrontación política, allí tienen a un personaje como es
el señor Le Pen, que está interesado no sólo en sacarlo sino en
magnificarlo y en hacerlo crecer y que sea elemento de discordia en
la sociedad francesa cada vez con mayor intensidad. Ni qué decir
tiene que también la sociedad alemana querría sacar este tema del
ámbito de la confrontación política, pero allí tienen un movimiento
neonazi organizado, con una potencia que S.S. conoce, que obliga a
los partidos democráticos
a tener que estar contrarrestando las actitudes, las actuaciones,
cuando no las salvajadas de estos grupos organizados en torno al
racismo y la xenofobia.

En cuanto a las iniciativas que el comisario Vitorino ha puesto en
marcha en esa línea, como consecuencia de las conclusiones alcanzadas
en Tampere, cada una de las 74 medidas del plan Greco responde
puntualmente al espíritu y a la letra de las mismas, con el
compromiso del Gobierno español para avanzar y ser coprotagonistas en
la definición de ese espacio común europeo en cuanto a políticas de
integración, en las que hay que hacer un esfuerzo importantísimo, en
cuanto al estatuto de familias, al estatuto de largo plazo y a la
reagrupación familiar. Hemos insistido en numerosas ocasiones que la
reagrupación familiar y disponer de un puesto de trabajo digno son
los dos elementos básicos para una perfecta integración. Cuando el
trabajador inmigrante dispone de un puesto de trabajo en las mismas
condiciones que los ciudadanos del país al que emigra y además tiene
a su familia consigo, el grado de integración no tiene absolutamente
nada que ver con situaciones de irregularidad o de marginalidad.

Muchas veces he puesto el ejemplo del círculo vicioso que se inicia
con la llegada irregular de personas que son víctimas de grupos que
trafican con seres humanos, que continúa con la permanencia irregular
en nuestro país y la contratación irregular y, por tanto, la
explotación laboral de estas personas, y que conduce casi
inevitablemente a la marginalidad, cuando no a la pobreza, a la
delincuencia de supervivencia o a la confrontación social, casi como
un círculo maldito e inevitable. El objetivo del Gobierno es romper
ese círculo vicioso y procurar la llegada legal de los inmigrantes.

Nuestra obsesión es que lleguen con su contrato de trabajo firmado
debajo del brazo, con la posibilidad de que en un plazo inmediato
-que hemos cifrado en un año a través de la Ley 8/2000- pueda hacer
realidad la reagrupación familiar, con un puesto de trabajo digno,
disfrutando de todos los beneficios de nuestro Estado del bienestar.

Esto da lugar a una convivencia multirracial, que en muchísimas
ocasiones es impecable en España. En este momento tenemos
aproximadamente un millón de personas extranjeras viviendo en España.


Redondeando las cifras, hay 400.000 comunitarias -probablemente en
estos tres primeros meses ya se habrán incrementado- y 600.000
extracomunitarias de las que nadie habla nunca, que no son nunca
noticia. Esto significa que afortunadamente son personas que están
perfectamente integradas, más allá de que se produzcan, como se han
producido -vinculados en el 90 por ciento de los casos a situaciones
de irregularidad y de condiciones de vida de suma dureza-, los
problemas que todos podemos identificar de xenofobia, cuando no de
racismo, que están siendo perseguidos y se seguirán persiguiendo de
forma implacable desde el punto devista policial y desde el punto de
vista judicial.




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Hablaba usted de rechazo del Partido Popular a la reagrupación
familiar. Insisto, en ningún caso sería rechazo del Partido Popular,
sino rechazo del Gobierno del Reino de España, pero además no se
trataría de un rechazo a la reagrupación familiar, y el señor García
Breva lo sabe perfectamente. Ahí tendríamos un obstáculo planteado no
solamente por España, sino también por Italia, por Grecia, por
Portugal y, de forma menos clara, pero también con ciertas dudas, por
Francia, sobre las personas que se podrían beneficiar del concepto de
reagrupación familiar, en donde entramos además en las parejas de
hecho. La exigencia que establece la Unión Europea es que el país de
origen ofrezca las garantías jurídicas que nos den la certeza de que
efectivamente estamos hablando de parejas de hecho, que en los países
de la Unión Europea tienen el respaldo jurídico correspondiente. Hay
otros países, que por pura delicadeza no tengo por qué mencionar, en
donde no podemos conseguir ningún tipo de garantía de que no se está
entrando en las trampas, en el fraude, en la picaresca, haciendo
pasar por parejas de hecho a personas que no lo son ni han tenido
nunca intención de serlo. Más allá, en una segunda lectura, después
de llegar a acordar entre todos cuales son esas garantías exigibles
para poder considerar a esas personas como parejas de hecho, se podrá
analizar si son parejas homosexuales o heterosexuales, que sería la
segunda parte de una decisión todavía no tomada. Por tanto, no es que
el Gobierno español lo haya rechazado, sino que ha ido planteando una
serie de objeciones, lo mismo que las ha ido planteando al reparto de
cargas de refugiados por razones humanitarias, donde ha presentado
objeciones a la libre circulación de trabajadores extranjeros. En
definitiva, en esa mecánica de la Unión Europea que S.S. conoce, se
va avanzando poco a poco, desde una idea básica, poniéndose de
acuerdo, a base de objeciones que van salvándose, buscando -y ahí
está la gran dificultad todavía en este ámbito- la unanimidad para
poder aprobar cualquier tipo de decisión.

En cuanto a la admisión, que era el último punto que usted planteaba,
usted afirma rotundamente que abandonan cuotas, pero las abandonan
porque hay muchos países que han decidido que la cuota es cero. Si
hablamos de inmigración laboral, en Francia, Reino Unido y Alemania
la cuota es cero. Tuve la ocasión de entrevistarme con el coordinador
gubernamental del señor Jospin para temas de extranjería e
inmigración, hace prácticamente una semana, y él me comentaba que el
Gobierno francés, a efectos de inmigración laboral, tiene una cuota
cero cada año, y que a través de estatutos de refugiado y de asilo
regularizaban en torno a 130.000 ó 150.000 personas al año, desde
hace un buen número de años, si no recuerdo mal desde el año 1978. En
todos los casos, o bien para contingente cero o bien para los 145.000
del año 2000, que fueron regularizados en España en el último proceso
extraordinario de regularización, más los 61.500 expedientes que se
están
revisando de oficio en este momento, hay una notable diferencia con
nosotros, que somos una sociedad que está necesitando de la venida de
trabajadores de terceros países por estar creciendo de una forma
importante y acelerada. Son sociedades bien distintas, pero su
afirmación tan rotunda de que han abandonado las cuotas porque no les
sirven no es real, las han abandonado porque no tienen posibilidades
de darlas. ¿Por qué? Porque ellos tienen tan claro como nosotros -y
lo tienen desde hace muchos más años que nosotros, porque son países
de destino desde hace muchos más años que nosotros- que la situación
nacional de empleo, a efectos de inmigración laboral, es la que debe
marcar la posibilidad o no de ofrecer puestos de trabajo a terceros.

Si no tenemos puestos de trabajo, si no se han creado puestos de
trabajo -afortunadamente en España se siguen creando-, difícilmente
podemos ofrecérselos a nadie. La dificultad máxima es cuando no se
los podemos ofrecer ni a nuestros propios conciudadanos, con lo cual
los índices de desempleo en vez de ir disminuyendo, como lo están
haciendo de forma importante a lo largo de los últimos años,
aumentarían. Son situaciones cíclicas y volveremos a ver lo que ya
hemos visto, aunque ojalá tarden mucho en llegar. La situación
nacional de empleo nos va a condicionar siempre la posibilidad de
ofrecer o no puestos de trabajo a terceros países. También hay una
segunda variable que tampoco podemos perder de vista y que los países
de larga historia y larga tradición migratoria en Europa no han
perdido de vista, precisamente por eso están en ese contingente cero
cada año. Antes hablábamos del derecho de reagrupación familiar. Este
derecho va a suponer un incremento desde el primer permiso de trabajo
y residencia o de residencia y trabajo que se concede al primer
inmigrante. Nosotros estamos prácticamente en esa situación, el 90
por ciento de los permisos que se conceden en España son permisos de
trabajo y de residencia, es decir estamos asistiendo a la llegada de
la primera fila, la primera oleada de inmigrantes a España. Estos
inmigrantes traerán a sus familias, traerán a sus cónyuges, y en
nuestro caso pueden traer también a sus ascendientes y a sus
descendientes hasta los 18 años, que pueden trabajar a partir de los
16 años. A su vez, estas personas, estando aquí, en un momento
determinado, podrán acceder, lo mismo que el cónyuge, a un permiso de
residencia independiente y tendrán la posibilidad de acceder a su vez
a un permiso de trabajo. Por lo tanto, hay un índice que varía entre
el 1,3 y el 1,4, un índice multiplicador de población desde el primer
miembro de la familia que llega a un tercer país, que va también
absorbiendo la capacidad de crecimiento de los mercados laborales en
cada país, y que además va incrementando la posibilidad de acceder a
los servicios sociales básicos o a la enseñanza o a la educación o a
la vivienda o al subsidio de desempleo, que en definitiva supone una
carga más añadida a los Presupuestos Generales del Estado. Estas
deben ser variables



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que nos lleven a decidir no solamente cuántos puestos de trabajo
podemos ofrecer cada año en el contingente, sino a cuántas personas,
que tendrán todos esos derechos, podremos asistir como al ciudadano
del país de destino en el momento en que estén aquí.

Por fin, me ponía como ejemplo deseable los planteamientos hechos por
el señor Vitorino de un sistema de mayor flexibilidad en la admisión,
con un permiso temporal, con un permiso permanente, con un permiso
indefinido, con un permiso (que ahora explicaré por qué no estamos de
acuerdo con él) para buscar trabajo. Temporal, permanente o
indefinido, llámelo usted como quiera, son los permisos que se
conceden en España: permiso temporal de tres meses, permiso de
residencia de hasta un año renovable y al cabo del quinto año
automáticamente es un permiso indefinido. Luego nos estamos moviendo
en los mismos parámetros con distintas exigencias y distintas
características, como se desprende de la ley, pero en ese sentido
usted matizaba también admisión rápida, y es ahí precisamente donde
estamos esforzándonos y trabajando conscientes de que no tenemos la
suficiente agilidad o eficacia a efectos administrativos para la
concesión y para la renovación, algo que casa también con una
realidad, que no solamente a efectos de la Administración nacional
sino de la Administración regional y local nos ha afectado a todos.

No teníamos nuestras infraestructuras administrativas preparadas para
responder a la intensidad con la que se produce la llegada de
personas extranjeras, que necesitamos -insisto- para la
sostenibilidad de nuestro desarrollo económico, no estábamos
preparados y se está haciendo un esfuerzo importante, y lo habrán
visto en los Presupuestos Generales del Estado con esos 38.000
millones de pesetas que sostienen -como dijo ya el ministro Mariano
Rajoy en una pregunta oral, si no recuerdo mal- las distintas medidas
del programa Greco.

Permiso de estancia en busca de trabajo. Buscar trabajo es apuntarse
al Inem, por entendernos coloquialmente, pero para apuntarse al Inem
es preferible hacerlo como lo estamos planteando en los convenios
firmados con Colombia, en el convenio a punto de firmar con Polonia y
con el Ecuador, en las ofertas que le hemos hecho a Colombia y a
República Dominicana, con lo cual completaremos prácticamente el 85 ó
90 por ciento de las personas que vienen desde estos países. Ambos
gobiernos, a través de comisiones mixtas de seguimiento y de
comisiones de selección con participación de los empresarios, con
participación en algunas ocasiones de los representantes de los
trabajadores, incluso como nos pidió Ecuador en su momento, con la
participación de organismos internacionales, como la OIM,
Organización Internacional de Migraciones, están de acuerdo en que
sea desde ahí desde donde se satisfagan las solicitudes de empleo que
pueden surgir desde el país de destino. España llevará el contingente
cada año, yo espero que seamos capaces de plantearlo en este año
para el segundo semestre, porque cubriremos el primer semestre con la
relectura de expedientes, pero el objetivo sería poder tener decidido
el contingente del año siguiente en el mes de noviembre y diciembre
del año anterior, y cerrarlo prácticamente con las estimaciones
presupuestarias.

Por lo tanto, venir a buscar trabajo creo que potenciaría,
facilitaría algo que está sucediendo en este momento, porque la
llegada de personas irregulares las lleva automáticamente a la
economía sumergida, las lleva automáticamente a la explotación
laboral, con mayor o menor crudeza, y hay ejemplos para todos los
gustos, lamentablemente, porque saben que en un momento determinado,
con lo que se llama una oferta de empleo que puede llegar a ser
auténticamente papel mojado, como hemos visto en otras ocasiones,
podrían acceder a un proceso ordinario de regulación. Es decir, ese
buscar trabajo que distorsiona nuestro mercado laboral y
distorsionaría cualquier otro mercado laboral lo hemos planteado de
forma que casi les exigimos que permanezcan cierto tiempo en la
clandestinidad para poder conseguir esa oferta de empleo por escrito,
para poder dar el siguiente paso y poder regularizar su situación en
España. Pensamos que no es la fórmula, pensamos que si lo siguiésemos
permitiendo en esas condiciones seguiríamos abundando en ese círculo
vicioso que antes le enunciaba que va en perjuicio fundamentalmente
de los emigrantes y de la propia sociedad española, aportando
elementos que precisamente lo que creemos que tenemos que hacer es
sacarlos de nuestra convivencia, que son elementos de marginalidad,
de necesidad, de pobreza, que son absolutamente indeseables y que son
siempre el origen de la confrontación, cuando no de reacciones
auténticamente racistas.

Por lo tanto, esa búsqueda de trabajo queremos ser capaces de llegar
a completarla desde las comisiones de contratación, desde las mesas
de empleo provinciales, en donde interlocutores sociales y Ministerio
de Trabajo, con presencia de las consejerías de Trabajo, definan para
el siguiente año el número real de necesidades de mano de obra en
cada uno de los perfiles laborales que se vayan a exigir con el grado
de cualificación necesario. Es una oferta que negociaremos, primero,
por facilidades administrativas, con aquellos países con los que
tengamos convenios firmados pero que no va a excluir a ningún otro,
pues en ese caso buscarán trabajo yendo a nuestras sedes consulares o
a nuestras embajadas en estos países y lo harán desde allí. Si vienen
aquí a buscar trabajo, será la mejor forma de que caigan en ese
círculo que antes le comentaba.

Por lo tanto, concluyo, señor presidente, creo que estamos haciendo
un importante esfuerzo para alcanzar esos tres objetivos que el
Gobierno se ha marcado con su política de extranjería y emigración
perfectamente definida y perfectamente planteada por escrito, que es
ordenar y racionalizar los flujos migratorios, como primer objetivo;
el segundo objetivo sería conseguir la



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perfecta integración social de las personas extranjeras en nuestra
sociedad conocedoras, como no puede ser de otra forma, de sus
derechos y de sus obligaciones para una mejor convivencia, para poder
disfrutar de todos los derechos y de todos los servicios públicos que
nuestro Estado les proporciona; y, en tercer lugar, la lucha contra
el tráfico de seres humanos, la disuasión de la emigración irregular
como una de las lacras, como una de las dificultades, como una de las
realidades que creo que en un Estado de derecho como es España no
podemos permitir en aras de nada, ni en aras de la productividad, por
supuesto, ni en aras de la humanidad, ni en aras de nada parecido a
lo en algunas veces o en algunas ocasiones parece que llegan a
exigirnos.




Eso es todo, señor presidente, muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor García Breva.




El señor GARCÍA BREVA: Gracias, señor delegado del Gobierno, por la
información que nos ha dado.

De sus palabras deduzco algunas cosas, en primer lugar, que reconoce
que no hay política de inmigración o política común de inmigración,
de hecho la necesidad de tener que separar la política de asilo de
refugiados de la política de inmigración refleja ese hecho de que no
hay política de inmigración, y hay que crear esa política de
inmigración. Eso se ha dado en todos los Estados, incluso en el
Estado español, ya que el motivo de la anterior Ley de extranjería
era precisamente que no había una ley de inmigración, había una Ley
de asilo, pero no de inmigración.

En segundo lugar, deduzco que hace una diferenciación con respecto a
la situación de España, que por estar en el sur puede tener una
situación diferente, no sé si mejor o peor. No sé si lo ha dicho,
pero yo sí creo que la situación española es en este momento mejor
que la de gran parte de Europa, y precisamente nos da una posibilidad
de hacer una política de anticipación, de anticiparnos a los
problemas. A la vista de los datos que hay en Europa -datos que tengo
del Consejo Económico y Social-, en la Unión Europea hay 11 millones
de inmigrantes legales. De esos 11 millones, cinco están en Alemania,
dos en Francia, uno en el Reino Unido y en el resto de países, entre
los que está España, no llegan al millón de legales. En cuanto a la
inmigración ilegal, que aproximadamente hay tres millones de ilegales
en Europa, el país que más tiene es Francia con más de medio millón,
le sigue Italia, con cerca de 300.000 y el resto son países con una
presencia de ilegales muy reducida, incluida España. Es decir, la
situación española no es peor, no es una situación que haya que
dramatizar o pensar que es una catástrofe, sino que es una situación
cómoda para poder hacer una política de inmigración, anticipándonos a
los problemas que puedan surgir en el futuro.

Dice el señor delegado del Gobierno que el Gobierno tiene una
política de inmigración. Yo creo que si esa política de inmigración
existe es una política absolutamente errática, si la juzgamos por los
hechos y por los acontecimientos que se pueden ver en los medios de
información y en la realidad misma. Sus propias manifestaciones,
cuando dice que habría que hacer algún tipo de discriminación hacia
los inmigrantes que sean de religión católica, muestra un criterio
erróneo, a mi modo de ver, más parecido al de algún obispo italiano
que al de una política seria. La trayectoria que se ha adoptado con
los inmigrantes ecuatorianos con los viajes de ida y vuelta es algo
en lo que no me voy a extender, pero es absolutamente contradictorio,
es otra política errática. La exigencia del visado a los inmigrantes
de Colombia es otro elemento que también deja entrever un criterio
nada acorde con lo que ha sido la tradición de este país. No
solamente es usted, es que el ministro de Defensa, que parece que
quiere reconocer los derechos fundamentales a los inmigrantes para
que puedan estar en el Ejército -y estoy de acuerdo con lo que ha
manifestado respecto a los acuerdos con terceros países, con países
de origen-, en el caso de Marruecos la política del Ministerio de
Defensa no llama a la quietud, a la cooperación y el desarrollo como
debería ser, por lo menos en sus manifestaciones públicas. Realmente
ahí hay una imprudencia grave. Esa política errática se refleja en
algunas encuestas recogidas en La Vanguardia o del propio CIS en los
meses de enero y marzo muy preocupantes, porque reflejan que casi la
mitad de la población nos sentimos y nos vemos más como intolerantes
y racistas que como otra cosa. Creo que este es uno de los resultados
de esa política errática del Gobierno que no está contribuyendo a
combatir la xenofobia en la medida en que sería deseable.

Creo que la relación con terceros países ha empezado tarde y esa
política de codesarrollo -y me ha gustado escucharle este concepto
porque me parece fundamental- debe de hacerse con mayor intensidad,
con mayor nivel de acuerdo y de extensión en cuanto a países y a
políticas. No tiene mucha coherencia decir que primero vamos a
comprar misiles para luego hacer una política de desarrollo.

Con respecto a lo que decía antes de que la cuota cero ha sido un
fracaso, tengo que decir que no me he expresado muy bien. Lo que dice
la comunicación de Vitorino es que esa política que se adoptó de
inmigración cero ha sido un fracaso y hay que abandonarla porque los
datos demográficos que tiene la Unión Europea nos dicen que de aquí
al año 2050 Alemania va a perder 12 millones de población, España
cerca de nueve millones, e Italia 14 millones. Con lo cual no se debe
hablar de catástrofe demográfica sino de regularizar y ordenar un
proceso de inmigración que es necesario, y usted mismo lo ha dicho, y
es positivo. También están cuantificados los efectos de la ampliación
a nivel de la Unión Europea y no van a ser tan dramáticos ni tan



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peligrosos, ya que se prevé que en 15 años haya una inmigración en la
Unión Europea de 2,5 millones de habitantes como efecto producido por
la ampliación.

Con respecto a lo que ha dicho de la política de admisión, estoy
totalmente de acuerdo. Lo que no me ha quedado claro es cuál va a ser
la postura del Gobierno en la Conferencia de Laeken. Seguramente de
aquí al otoño pasarán muchas cosas, pero ha habido muchas propuestas
concretas, a las que yo me he referido y que se enuncian en la
comunicación del comisario Vitorino, y a mí no me ha quedado clara
cuál va a ser la posición del Gobierno español. Me parece que no ha
citado la coordinación con respecto a los sistemas de Seguridad
Social, con respecto a la cual hay una resolución del Parlamento
Europeo. En cuanto al derecho a la reagrupación familiar, coincidimos
filosóficamente, pero lo que le quiero apuntar es que el Partido
Popular ha votadoen contra de esta directiva en el Parlamento
Europeo. El Partido Popular sí se ha pronunciado al respecto. Por
consiguiente, no sé cuál va a ser la postura del Gobierno en la
Conferencia de Laeken sobre este aspecto.

Dentro de la política europea hay un planteamiento que ha hecho
recientemente Romano Prodi, hablando de la política euromediterránea,
que creo que debe ser el criterio a seguir en la Conferencia de
Laeken y uno de los objetivos a defender. Dice Prodi, y lo suscribo
totalmente: Las políticas en materia de inmigración no deben ser
puramente reactivas, sino que deben orientarse hacia el largo plazo y
deben tener como finalidad la creación, a lo largo de los próximos 30
años, de un área integrada de unos 900 millones de personas. Esto se
refiere a toda la región mediterránea. Alguna de las propuestas que
hace Vitorino en su comunicación se refieren a que los mismos Estados
que estuvieron en Tampere están poniendo pegas y dificultades -y
usted lo ha explicado muy bien diciendo que es el método europeo-,
pero yo no sé cuál va a ser la voluntad política del Gobierno español
sobre estos temas.

Para finalizar me voy a referir a una frase que he creído entender
como que desde el PSOE se había buscado la confrontación en este
tema. Me imagino que S.S. se referirá al recurso de
inconstitucionalidad. Creo que esta afirmación que usted ha hecho
debe de ser matizada ya que el PSOE desde hace mucho tiempo ha
liderado una oferta de acuerdo al Gobierno. Esa oferta, como he dicho
antes, se basaba en sacarlo de la discusión política, planteándolo
como un tema de Estado. Y la intransigencia del Gobierno y del
partido Popular ha sido la única responsable de que ese pacto, al
final, no haya sido posible. A pesar de eso, desde el Partido
Socialista seguimos siendo partidarios de una política migratoria
seria, sólida y avanzada que regule los flujos con políticas activas
de integración, con acuerdos con los países de origen, controlando
las mafias y las fronteras. Creo que lo que ha pasado es que se han
despreciado nuestras propuestas. El señor delegado del
Gobierno ha hablado del plan Greco, en el que no se ha hecho ningún
caso a nuestras propuestas, o a la regularización de inmigrantes con
ofertas de trabajo, oferta con la que la mayoría de los españoles,
según las encuestas, están de acuerdo. Creo que ha sido ese desprecio
sistemático a nuestras propuestas lo que ha provocado ese recurso de
inconstitucionalidad. Pero a pesar de eso, sigo pensando que no se
deben romper las vías de consenso, hay que construirlas porque puede
ser fundamental para lograr ese sentido de la anticipación en la
política de emigración.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.




El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN.

(Fernández- Miranda y Lozana): Señor García Breva, su última
afirmación me ha dejado sorprendidísimo. Acaba de asegurar que el
recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario
Socialista es consecuencia del desprecio del Gobierno a las múltiples
ofertas hechas para alcanzar un consenso. Yo creía que era porque
consideraban la ley inconstitucional. Ustedes sabrán por qué
presentan recursos de inconstitucionalidad. Los recursos hay que
plantearlos cuando se piensa que la ley correspondiente supera los
límites que nuestra Constitución nos marca. Para eso está el Tribunal
Constitucional, para que lo decida, y así estaremos todos tranquilos.


Si es porque se han sentido ustedes despreciados en sus ofertas, me
preocupa, porque podían haber tenido una reacción distinta. No sé si
deducir que a pesar de todo consideran la ley constitucional y por
aquello de castigar al Gobierno, han presentado el recurso. Tendrán
que explicarlo, dado que ha habido tantas opiniones desde distintos
ámbitos que, al final, no sabemos a qué atenernos. Parece que usted,
dentro de su partido, es del grupo que cree que el recurso de
inconstitucionalidad ha debido presentarse precisamente por el
desprecio a sus ofertas, como literalmente ha dicho, lo cual no deja
de ser sorprendente.

Empezando por el principio, el primer paso para poder hablar de una
política de extranjería en general y de inmigración, de asilo y de
refugio en particular es precisamente deslindar perfectamente estas
tres realidades distintas en su origen, en su destino y en su vuelta,
en ocasiones, a su país de origen, que en otros casos es
absolutamente imposible, con una legislación en España desde los años
1985 y 1989, si no recuerdo mal, perfectamente deslindada mediante
una ley de asilo y refugio y otra ley de inmigración, Ley de derechos
y libertades de los extranjeros en España. Por lo tanto, la
legislación estaba ahí. Bien es cierto que la última ley, la 4/2000,
decidieron hacerla al final de la anterior legislatura contra el
Gobierno. Nuestro compromiso fue, intentándolo previamente en el
Senado donde teníamos mayoría suficiente, pero que no fue ratificada
en el Congreso,



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como sabe todo el mundo, ver si con el número suficiente de escaños
podíamos reformar esa ley hacia donde la queríamos llevar y que,
letra por letra, puede leerse en nuestras enmiendas aprobadas en el
Senado y sostenidas por nosotros en el Congreso. La nueva ley ha sido
aprobada por el Grupo Parlamentario Popular, por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.

Le extraña que le hable de confrontación por parte del Partido
Socialista. Me extraña que a usted le extrañe que yo le diga esto.

Una cosa es liderar ofertas para alcanzar acuerdos y otra es hacer
posibles esos acuerdos. A no ser que ustedes sigan entendiendo el
acuerdo como hacer de la A a la Z lo que ustedes quieren plantear en
su acción legislativa. Es perfectamente legítimo, pero no nos hablen
de consenso. En los trámites del Congreso y del Senado ustedes
pretendieron que sus enmiendas rescatasen la literalidad de la Ley 4/
2000, que nos habíamos comprometido a reformar, para lo que teníamos
mayoría suficiente, y además nos acompañaron los grupos
parlamentarios de Convergencia i Unió y Coalición Canaria.

Lo he contado tantas veces que creía que se ha había enterado todo el
mundo, pero lo repetiré. La técnica de la negociación que ustedes
siguieron fue que cuando estaba prácticamente resuelto el cien por
cien, hasta el extremo de que ustedes han votado el 90 por ciento de
los artículos de la ley, después de que se aceptara el 56 por ciento
de sus enmiendas, nos plantearon en tres ocasiones distintas tres
exigencias que, si eran salvadas, independientemente de que algunos
de los artículos no fuesen aceptados por ustedes, les llevarían
a votar afirmativamente el conjunto de la ley por su calidad de
orgánica. La primera de ellas, que les concediésemos a los niños
extranjeros el derecho a la educación infantil. Si se superaba,
votarían afirmativamente la ley, según los interlocutores del Partido
Socialista. La grave dificultad que existía era que íbamos a conceder
un derecho a unos niños que no tenían los niños españoles. Como usted
sabe, la Logse cuando habla de la educación infantil, que es un
período no obligatorio según la ley, recomienda que las
administraciones públicas sean capaces de responder a la demanda que
se pueda establecer en este período no obligatorio. Planteamos a los
interlocutores del Partido Socialista la imposibilidad, la
inconveniencia de conceder un derecho a los niños extranjeros cuando
no lo tenían los niños españoles. Como lo encontraron razonable,
nuestra oferta fue transcribir el artículo 17.2 de la Logse, que se
aceptó. Eso supuso que en un momento determinado el Grupo
Parlamentario Socialista afirmara ante las personas que
participábamos en esas reuniones que iban a votar afirmativamente la
ley. Y a las veinticuatro horas llegaron con un segundo
requerimiento, que era también insalvable. Lamentablemente no había
sido suficiente la anterior, ahora teníamos que regularizar a todas
las personas a las que se les había denegado el
permiso de residencia en el proceso extraordinario de regularización.


Quisimos hacerles reflexionar sobre que habría casos de personas
expulsadas de terceros países de la Unión Europea, que habría
personas que estarían sometidas a un procedimiento de expulsión por
haber cometido delitos menores en España, que habría personas que
estarían incluidas en el sistema Schengen y que sería imposible que
nosotros regularizásemos eso en este país. Les pusimos ante la
evidencia de los hechos, y ellos nos hicieron una contraoferta que
proponía conceder la regularización a aquellos que no habían podido
demostrar que estaban en España antes de junio de 1999. Nos pareció
razonable y lo aceptamos. En ese momento nos volvieron a decir que
iban a votar afirmativamente la ley en su conjunto, pero cuarenta
y ocho horas antes del trámite final de la ley vinieron con otro
obstáculo insalvable sin cuya consecución no podrían votar la ley:
que todos los extranjeros, independientemente de su situación de
legalidad o ilegalidad, deberían tener acceso a todos los derechos
sociales, los que el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo
de Estado califica como derechos de configuración legal. Cuando les
dijimos que esa diferencia era sustancial para marcar las
consecuencias distintas a la legalidad o ilegalidad en España,
dijeron que, a pesar de todos los avances, les era imposible votar
que sí a la ley. En aquel momento tuve la sensación de que estaban
buscando romper algo que no sé si les estaba dando vértigo, pero que
llevaba a que se pudiese cerrar un consenso la mar de razonable en
donde su grupo parlamentario marcaría las distancias que
correspondiese y considerase adecuadas, que después las marcó en el
10 por ciento de los artículos que no votó, habiendo introducido el
56 por ciento. Explíqueme cuál es ese deseo de liderar ofertas de
consenso por parte del Partido Socialista, porque lo que yo padecí,
junto con las personas que trabajamos desde el Gobierno, fue una
profunda decepción. Espero que ahora no se repita con el nuevo
proceso que hemos abierto, una vez más, para ver si conseguimos que a
través del reglamento de la ley podamos alcanzar esa aproximación que
deseamos de una política que debe ser de Estado, respondiendo a una
serie de compromisos que han de incardinarse perfectamente en la
política de la Unión Europea, para avanzar hacia ese espacio común
que tanto trabajo nos está costando alcanzar entre todos.

Ha invocado una serie de encuestas. Ya saben ustedes que las
encuestas no son las que se equivocan sino que somos los que las
analizamos los que les damos un sesgo u otro. Usted nos ha contado
unas pero yo le voy a contar otras. Hay un eurobarómetro de febrero
que sitúa a España como el primer país de la Unión Europea en cuanto
a tolerancia ante la presencia de extranjeros, que se reitera de uno
que apareció el mes de octubre del año 2000, si no recuerdo mal. Hay
también otra encuesta del CIS bien reciente en la que el 79 por
ciento de los encuestados viene a decir que está de acuerdo



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con que las personas que llegen a España a nutrir la inmigración
laboral vengan con sus documentos y con su contrato debajo del brazo,
coincidiendo con el planteamiento y con el reto que se plantea el
Gobierno actual.

Creo que el panorama que se dibuja con estas encuestas no es
preocupante ni mucho menos. Ahora bien, ya le dije antes que
cualquier tipo de actuación xenófoba o racista o cualquier otra que
vulnere derechos fundamentales será perseguida de forma implacable,
como viene siéndolo hasta ahora, desde el punto de vista policial y
judicial. La perseguiremos lo mismo que estamos persiguiendo a esos
grupos organizados que se dedican a traficar con seres humanos, y lo
mismo que estamos haciendo en otros casos y con más dureza por ley;
por ejemplo, con la Ley 4/2000 a un empresario al que se le
identificaban 30 trabajadores ilegales se le ponía una sanción
administrativa de 500.000 o 600.000 pesetas y, al día siguiente,
tenía otros 30 mientras se había impedido seguir trabajando a los
anteriores; ahora, no. Por la Ley 8/2000, se le puede poner una multa
por cada una de las personas contratadas irregularmente, se le puede
llegar a incautar la maquinaria de la explotación y cerrar la misma
por hasta cinco años. Estamos persiguiendo y con más dureza todo lo
que sea explotación e ilegalidad en el tráfico de seres humanos y
todo el círculo vicioso que no voy a repetir.

Después me ha hecho un popurrí. Le sorprende y le gusta oír hablar de
codesarrollo. Codesarrollo es una de las conclusiones de Tampere, me
imagino que S.S. lo sabe. Independientemente de aquéllas que tuvieron
mayor trascendencia en los medios de comunicación y que podían ser
más o menos complicadas, el concepto de codesarrollo basado en este
caso en el hecho migratorio era una de las conclusiones más
importantes de Tampere.

Algunos medios de comunicación hablaron de medidas más coercitivas,
más duras o más difíciles de poner en marcha. Me temo que eso es lo
que usted ha pretendido en alguno de sus comentarios. Es complicado
hacer oposición leyendo los periódicos solamente, muy complicado. De
lo que yo dije a lo que usted acaba de decir que yo dije… Ha dicho
usted: es una política errática porque usted ha afirmado que hay que
hacer una discriminación hacia los católicos. Mire usted, señor
García Breva, se lo han contado, ni siquiera ha leído los periódicos.


Tengo una pregunta pendiente al respecto que contestaré encantado, y
no sé si el señor presidente me permitirá contestar ahora
anticipándola.




El señor PRESIDENTE: No lo permite el Reglamento.




El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): El Reglamento no lo permite.

Por tanto, cuando tenga que contestar al diputado que me ha
preguntado, le explicaré exactamente lo que dije, que no es lo que
usted dice que yo dije. Sirva esto en este momento como aclaración a
mínimos.

Dentro de los grandes reproches que hace a la política errática del
Gobierno, mete usted también la exigencia de visado para Colombia;
exigencia de visado para Colombia decidida por la Unión Europea como
consecuencia del alto índice de conflictividad y de delincuencia
vinculado fundamentalmente al tráfico de drogas por parte de las
mafias de este país, que completa la que ya existe para Cuba, para la
República Dominicana y para Perú hablando de los países de la
comunidad iberoamericana. Yo le digo lo mismo que dijo el canciller
colombiano, el ministro de Asuntos Exteriores: él mismo lamentaba
muchísimo que un pequeño grupo de malos colombianos estuviese
perjudicando a los colombianos de bien con la conclusión a que había
llegado la Unión Europea de que era imprescindible la exigencia de
visado dado el altísimo índice de conflictividad que se estaba
produciendo desde Colombia en torno al mundo de la droga. No hay
decisiones erráticas. Es una decisión dentro de la Unión Europea y,
precisamente para ser coherentes con la tradición de relaciones
iberoamericanas, España se abstuvo consciente de que su abstención no
impediría una decisión meditada desde hace mucho tiempo dentro de la
Unión Europea.

Después ha dicho usted una cosa rarísima que no acabo de entender; a
lo mejor me ha fallado la lectura de los periódicos. Ha dicho usted
que el ministro de Defensa quiere reconocer derechos fundamentales
para que los extranjeros puedan estar en las Fuerzas Armadas. No sé
en qué periódico ha leído usted eso o qué informe le han pasado, pero
tampoco tiene nada que ver con la realidad. Se está estudiando la
posibilidad de hacer una oferta de empleo dentro del ejército
profesional, una contratación, a personas de la comunidad
iberoamericana. Lo explicó estupendamente el ministro de Defensa al
decir: miren ustedes, es que la lengua en este caso es fundamental.

Una orden dada dentro de las Fuerzas Armadas ha de ser comprendida
sin dudas; no vaya a ser que, diciendo ¡alto el fuego!, el soldado
interprete ¡abran fuego! y tengamos -si me permiten la expresión
coloquial- la de todos los domingos. No sé de dónde saca S.S. esto.

Después ha hecho una serie de estimaciones al aire de distintos
informes, tanto de las Naciones Unidas como de otras instituciones,
que hablan de un estudio prospectivo -yo diría que casi adivinatorio-
al año 2050 y a 15 años vista. Como excursiones intelectuales pueden
ser válidas, pero yo no me atrevería a afirmar -a lo mejor son
limitaciones personales- que las tendencias demográficas en Europa no
vayan a cambiar en los próximos 50 años, como han cambiado
radicalmente en los últimos 50, y que tendrán que venir a la Unión
Europea 2,5 millones de inmigrantes si queremos quenuestro
crecimiento sea sostenible. Yo no me atrevería



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a dar estas afirmaciones por absolutamente ciertas; ahí quedan esos
datos elaborados desde ámbitos técnicos y científicos como objeto de
reflexión.

Creo que le he contestado a todo.




El señor PRESIDENTE: Señor García Breva.




El señor GARCÍA BREVA: Intervendré muy brevemente.




Las perspectivas demográficas a las que me he referido no me las he
inventado ni están en los periódicos, son del informe de la ONU. Si
usted no da ninguna importancia a ese informe, es su opinión, pero
ahí queda constancia.

Respecto a los resultados de las encuestas del CIS, esos sí que los
he leído en el periódico y los tengo aquí. Es una encuesta de marzo,
debe de ser la última. Hay un dato que le voy a leer porque me parece
importante: el 86 por ciento de los españoles encuestados, a
diferencia de la estrategia del Gobierno respecto a la inmigración,
dicen que no hay que dar un trato diferenciado a los inmigrantes por
su país de procedencia. Eso va en contra de sus afirmaciones.

Seguramente será una mala lectura de los periódicos, pero cuando se
hace esta pregunta es porque desde el Gobierno se está planteando
algún tipo de discriminación respecto al país de origen o a su
confesión. La encuesta del CIS desmonta algunas de sus afirmaciones.

En cuanto a Defensa, lo que quería decir es que desde el Ministerio
de Defensa se quiere reconocer derechos fundamentales, la carta de
ciudadanía, para que un inmigrante pueda entrar en el ejército. No sé
si es descoordinación, política errática o contradicción o si
sencillamente no se han puesto de acuerdo, pero encuentro cierta
discrepancia de criterios entre los ministerios a la hora de enfocar
determinados problemas.




El señor PRESIDENTE: Le recuerdo que estamos fuera del horario
previsto. No he querido abortar un debate tan interesante, pero tiene
sus límites.




El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN
(Fernández- Miranda y Lozana): Quizá yo me haya expresado mal. Creo
que he dicho que se trata de un informe de la ONU que habla del año
2050 y he conferido a los informes categoría científica o técnica.

Ahora bien, si no seguimos otras cosas al pie de la letra, ¡como para
seguir las estimaciones a 50 años vista! Es una duda mía y ya le he
dicho que, a lo mejor, son limitaciones personales. Creo que en 50
años los cambios demográficos, las tendencias económicas y las
posibilidades de crecimiento pueden cambiar tanto que estemos
hablando de emigrar nosotros en vez de ser país de destino,
exagerando el comentario. Por tanto, pretendo darle una importancia
relativa, como un punto de referencia de unas personas serias y
rigurosas que han hecho estas estimaciones. Pero no más allá, porque
eche usted la
vista atrás 50 años y fíjese en cuál era la realidad migratoria
concretamente de España: estábamos emigrando a Centroeuropa y América
desesperados porque aquí no encontrábamos ninguna oportunidad de
futuro y en este momento somos país de destino. Ahí es donde yo
establezco la duda exclusivamente.

Si lo sé -estoy seguro de que lo tiene- le traigo la encuesta del CIS
en vez de un recorte de periódico, porque decir que el planteamiento
que hacemos nosotros es una política discriminatoria dependiendo del
país de procedencia, permítame que le diga que es una interpretación
fantasiosa aunque solamente sea por un hecho. A modo de ejemplo, pero
creo que bastante significativo, le diré que si nosotros hubiésemos
decidido hacer una política discriminatoria positiva hacia algunos
países, eso se notaría en el tipo de convenios que estamos firmando y
que estamos intentando firmar. Resulta que en estos momentos tenemos
concluidos los trabajos con Polonia, con Marruecos y con Ecuador. Son
países de procedencias bien distintas, geográficas, culturales,
históricas, laborales, de nivel de riqueza, de posibilidades de
incorporación a la Unión Europea pasado mañana o no; además, nos
quedan República Dominicana y Colombia, que son los que conpletan
-antes se lo decía- prácticamente el 90 por ciento de las personas
que en este momento están queriendo venir a trabajar a España. No
entiendo cómo se puede llegar a la conclusión de que discriminamos en
nuestra política con respecto a los países de procedencia.

En algunas ocasiones he hecho este comentario, pero es que, señor
presidente, me lo ha vuelto a plantear y repetiré la contestación
encantado cuando corresponda, pero se lo voy a explicar al señor
García Breva. Ha vuelto a plantear que hacemos discriminación por
razón de religión. Con su permiso, brevísimamente, voy a
explicárselo. La pregunta que me hace la locutora de la radio
Cataluña Com, si no recuerdo mal era: ¿Usted cree que hay factores
que facilitan o que dificultan la integración de las personas
extranjeras en los países de destino? Yo le dije: Sí, creo que hay
factores que la complican o que la facilitan. Mire usted, una persona
que venga a España emigrando que hable castellano, que es la lengua
cooficial, junto con otras, que más se habla en este país, que
conozca nuestra historia, que tenga raíces comunes culturales, que
tenga una dieta parecida a la nuestra, que además practique la
religión católica, que es la mayoritaria en este país, tendrá muchas
menos dificultades de integración que una persona japonesa que venga
a vivir a España que sólo hable japonés, al que le guste el pescado
crudo y que practique la religión sintoísta. Luego hay rasgos que
facilitan la integración o que dificultan la integración en una
sociedad. Si de mis afirmaciones quiere usted deducir que la política
del Gobierno es que discriminamos para que todos los inmigrantes que
vengan sean católicos, es muy libre de hacerlo, como en tantas otras
cosas ha hecho su partido. De verdad, señor García



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Breva, su planteamiento ha sido tremendamente riguroso y le agradezco
inmensamente la posibilidad de poder hablar con usted de temas tan
sustanciales de la Unión Europa, pero creo que en este asunto
deberíamos permitirnos las menores licencias, porque precisamente
esas licencias, esas exageraciones, esas dramatizaciones, esas
magnificaciones, que es en las que el Partido Socialista está
instaurado por decisión perfectamente legítima desde que comenzamos
el debate al arranque de esta legislatura, o cuando lo tuvimos ya a
finales de la anterior, son las que están perjudicando a los
inmigrantes y desorientando a la sociedad española. Precisamente esas
actitudes, esa técnica del de qué se trata que me opongo, es la que
SS.SS. utilizan cada vez que hablamos de un tema de estos. Yo lo
lamento y el Gobierno lo lamenta, entre otras cosas porque creo que
el esfuerzo que tenemos que hacer es muy importante y además, tal
como dijo usted -y estoy absolutamente de acuerdo con S.S.-, dado que
somos unos recién llegados
como país de destino de la inmigración laboral, en donde
tenemos todavía un número reducido de personas, estamos en el momento
de poner los cimientos, de diseñar los instrumentos que nos puedan
permitir tener una inmigración laboral perfectamente ordenada,
perfectamente garantista de los derechos fundamentales y de los
derechos sociales de las personas que vienen a trabajar aquí y
perfectamente deslindado del asilo político o del refugio de personas
desplazadas.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Todos desearíamos seguir el debate, pero no
puedo forzar más el Reglamento para continuar.

Muchísimas gracias a todos por su comparecencia, por sus preguntas y
por el desarrollo de la sesión.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y treinta minutos de la tarde.