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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 86, de 29/05/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 86
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 82
celebrada el martes, 29 de mayo de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de
modificación del Código Penal en materia de delitos contra la
libertad sexual (Orgánica). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
B, número 49-1, de 12 de mayo de 2000. (Número de expediente 122/
000039.) . . . (Página 4240)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la
despenalización de los denominados delitos de insumisión (Orgánica).
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 69-1, de 9 de
junio de 2000. (Número de expediente 122/000060.) . . .
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), sobre despenalización de
los denominados «delitos de insumisión» (Orgánica). «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie B, número 67-1, de 5 de junio de 2000.
(Número de expediente 122/000058.) . . . (Página
4246)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Lasagabaster), para la
despenalización de los denominados delitos de insumisión (Orgánica).
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 78-1, de 19 de
julio de 2000. (Número de expediente 122/000069.) . . .
- Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica por la que se suprimen
los delitos e infracciones disciplinarias relativas a la prestación
del servicio militar y la prestación social sustitutoria. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 142-1, de 21 de mayo de
2001. (Número de expediente 122/000126.) . . .
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Orgánica de
supresión de los delitos contra los deberes de presencia y de
prestación del servicio militar y contra el deber de cumplimiento de
la prestación social sustitutoria. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, número 145-1, de 25 de mayo de 2001. (Número de expediente
122/000129.) . . . (Página 4246)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre prórroga de
la vigencia temporal de la disposición transitoria novena de la Ley
Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 179, de 21 de mayo de
2001. (Número de expediente 162/000289.) . . .
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la puesta en marcha de un
plan de empleo juvenil tras la desaparición del servicio militar
obligatorio y la prestación social sustitutoria. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie D, número 160, de 6 de abril de 2001. (Número
de expediente 162/000259.) . . . (Página
4262)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
posición del Gobierno y las consecuencias de todo tipo que supondría
aprobar el proyecto de los Estados Unidos de instalar un escudo
antimisiles. (Número de expediente 173/000067.) . . .
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre situación del sistema
portuario estatal. (Número de expediente 173/000068.) . . .
(Página 4273)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley . . .
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de
modificación del Código Penal en materia de delitos contra la
libertad sexual. (Orgánica) . . . (Página
4240)
Presenta la proposición de ley para su toma en consideración el señor
Jané i Guasch, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). La iniciativa que el Grupo Catalán trae hoy a
la Cámara tiene como objetivo modificar tres artículos del Código
Penal para dar una respuesta puntual y expresa a una interpretación
rigurosa que la jurisprudencia ha realizado en materia de delitos
contra la libertad sexual que llevan a un resultado final que no es
el que querían los diputados y senadores cuando aprobaron el Código
Penal. Se refiere a varias sentencias que alejan el sentido de la
justicia de la sociedad en su conjunto y solicita la reforma del
artículo 179 y el tratamiento dado a los delitos de abuso sexual
dirigido especialmente a menores de 13 años y cuando ha mediado
engaño, supuestos en los que la jurisprudencia interpreta que no se
puede dar la agravación de la pena cuando no se trate estrictamente
de objetos. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
intenta con su iniciativa dar una respuesta jurídica adecuada, que es
lo que espera la sociedad, y confía en que tenga la aceptación de
todos los grupos y en que se pueda tramitar con celeridad.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich
Cano y Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Rejón
Gieb, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; y las señoras Del Campo Casasús, del
Grupo Parlamentario Socialista, y Barrios Curbelo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de
modificación del Código Penal en materia de delitos contra la
libertad sexual (Orgánica), se aprueba por 271 votos a favor y una
abstención.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la
despenalización de los denominados delitos de insumisión . . .
(Página 4246)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), sobre despenalización de
los denominados delitos de insumisión. (Orgánica) . . .
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), para la
despenalización de los denominados delitos de insumisión . . .
(Página 4246)
Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica por la que se suprimen
los delitos e infracciones disciplinarias relativas a la prestación
del servicio militar y la prestación social sustitutoria . . .
(Página 4246)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Orgánica, de
supresión de los delitos contra los deberes de presencia y prestación
del servicio militar y contra el deber de cumplimiento de la
prestación social sustitutoria . . . (Página
4246)
Presenta la primera de las proposiciones de ley relativas a la
despenalización de los denominados delitos de insumisión, para su
toma en consideración, el señor Llamazares Trigo, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Considera que debería haber
sido el propio Gobierno el que, de acuerdo con el Real Decreto 247/
2001, estableciese la despenalización de la insumisión, porque el
servicio militar
obligatorio va a terminar a finales de este año y se generalizará,
por el contrario, el ejército profesional, porque si bien es cierto
que ya no existe delito sí existe pena de cárcel y de inhabilitación
para insumisos y, sobre todo, y lo que es más importante para
Izquierda Unida, porque supondría un reconocimiento a la no violencia
y al pacifismo. No comprende la, probablemente, postura contraria del
Grupo Popular, según los medios de comunicación, a las cinco
proposiciones de ley que pretenden un marco jurídico acorde con la
realidad social, que no acepta que, en un momento en que hay ejército
profesional, se mantengan las penas y el delito de insumisión.
En segundo lugar, el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario
Mixto, defiende su proposición de ley y plantea en concreto dejar sin
efecto los artículos 527y 604 del Código Penal, que hacen referencia
a los delitos contra el deber de cumplimiento de la prestación social
sustitutoria y al delito contra el deber de prestación del servicio
militar, así como una disposición transitoria donde se determina que
los jueces y tribunales procedan a revisar de oficio las sentencias
condenatorias dictadas en aplicación de los tipos penales que en esta
iniciativa se pretenden suprimir. No pide al Grupo Popular un debate
político ni ideológico -que ya se hizo y se ganó-, sino tan sólo un
ejercicio de sentido común y de coherencia con un modelo de defensa
donde no figura el servicio militar obligatorio y cuando ya existe
una modificación parcial del Código Penal en ese sentido.
La señora Lasagabaster Olazábal, también del Grupo Parlamentario
Mixto, defiende la tercera de las proposiciones de ley sobre el mismo
tema. Su iniciativa, al igual que las presentadas por otros grupos
parlamentarios y apoyadas seguramente por los restantes, pretende que
se proceda de una vez por todas a la despenalización inmediata de la
insumisión. Considera que es un capítulo más de una larga historia
que hace mucho tiempo tenía que haber sido finiquitada, pero le
preocupa el hecho de que no vaya a aceptarse por el Grupo Popular
ninguna de las proposiciones presentadas, según algunas
manifestaciones efectuadas a los medios de comunicación. Explica la
postura mantenida desde siempre por Eusko Alkartasuna en relación con
el movimiento de la insumisión y hace una serie de preguntas sobre la
oportunidad de seguir criminalizando una conducta que se ha
demostrado acorde con lo que piensa la mayoría de la sociedad. Si no
se apoyan las iniciativas presentadas, añade, resultará que el
Parlamento seguirá mirando de puertas adentro y legislando «a
posteriori» de la realidad social.
En cuarto lugar presenta la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, para su toma en consideración, la señora
Pajín Iraola. Manifiesta su
intención de contribuir de forma positiva, como lo han hecho los
portavoces de otros grupos parlamentarios, al proceso de suspensión
del servicio militar obligatorio y, por tanto, también a la
suspensión de la prestación social sustitutoria, planteando una serie
de iniciativas que pretenden normalizar dicho proceso. Afrontan este
debate, explica, desde la convicción de que la desaparición de la
obligación de prestar el servicio militar a 31 de diciembre tiene
determinadas consecuencias en el mantenimiento de determinados tipos
penales que se contemplan en el Código Penal y en la legislación
penal de carácter militar, a la vez que para las personas condenadas
o con causas pendientes por el incumplimiento de sus obligaciones y
también para sus familias. Por lo tanto, añade, nos encontramos ante
un claro ejemplo de que la sociedad civil ha superado a la
legislación y de que es necesario abordar cambios legislativos.
Explica el contenido concreto de su iniciativa y pide al Grupo
Popular, como ya lo han hecho otros portavoces, que escuche el clamor
social y sea capaz de asumir que el proceso de la suspensión del
servicio militar acabe como corresponde.
Por último el señor Campuzano i Canadès defiende la proposición de
ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Considera
que el hecho de que hoy, de manera tan contundente y rotunda y tan
cargados de sentido común, cinco grupos de la Cámara planteen la
necesidad de suprimir los artículos del Código Penal y del Código de
Justicia Militar que aún mantienen la tipificación de los denominados
delitos de insumisión no es más que la evidencia del fin del servicio
militar obligatorio; hecho que satisface a todos los grupos de la
Cámara y que constata un cambio histórico, producido fundamentalmente
por la voluntad del conjunto de la sociedad, pero también por las
transformaciones en los modelos de seguridad existentes en el
continente europeo desde 1989. Es por tanto ilógico que, ante la
supresión real de la mili obligatoria, se mantenga en el Código Penal
y en el Código de Justicia Militar la tipificación penal de las
conductas conocidas popularmente como de insumisión.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor
Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la
despenalización de los denominados delitos de insumisión, se rechaza
por 115 votos a favor, 158 en contra y 17 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), sobre despenalización de
los denominados delitos de insumisión, se rechaza por 132 votos a
favor y 158 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), para la
despenalización de los denominados delitos de insumisión, se rechaza
por 130 votos a favor, 158 en contra y una abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica, por la que se suprimen
los delitos e infracciones disciplinarias relativas a la prestación
del servicio militar y la prestación social sustitutoria, se rechaza
por 130 votos a favor y 158 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica, de
supresión de los delitos contra los deberes de presencia y de
prestación del servicio militar y contra el deber de cumplimiento de
la prestación social sustitutoria, se rechaza por 131 votos a favor,
159 en contra y una abstención.
Proposiciones no de ley . . . (Página 4257)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre prórroga de la
vigencia temporal de la disposición transitoria novena de la Ley
Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo . . .
(Página 4257)
Defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso el señor Guerra Zunzunegui. Explica que la proposición no
de ley que su grupo trae hoy a la Cámara trata de prorrogar la
vigencia temporal de la disposición transitoria novena de la Ley
Orgánica general del sistema educativo, por un período de cuatro años
a partir del 4 de octubre del año 2002. A continuación hace
referencia a las enmiendas presentadas, en las que se pide que en
lugar de fijar un período de cuatro años éste se haga indefinido,
cosa que el Grupo Popular considera improcedente, por lo que se ven
obligados a rechazarlas.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los
señores Martínez Laseca, del Grupo Parlamentario Socialista, y
Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Sedó i
Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor
Guerra Zunzunegui.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre prórroga de la vigencia temporal de la
disposición transitoria novena de la Ley Orgánica de ordenación
general del sistema educativo (Logse), se aprueba por 271 votos a
favor.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la puesta en marcha de un
plan de empleo juvenil tras la desaparición del servicio militar
obligatorio y la prestación social sustitutoria . . .
El señor Velasco Sierra, del Grupo Parlamentario Socialista, presenta
la proposición no de ley que considera de muchísima trascendencia
para la sociedad civil, instituciones, colectivos y asociaciones que
ven cómo desde el Gobierno no se tienen en cuenta sus
reivindicaciones y conclusiones, como las del Foro Cívico, creado en
Madrid el pasado 31 de octubre como respuesta al proyecto del
Gobierno de crear un servicio civil. Entre las conclusiones más
importantes destaca la necesidad de crear un plan de empleo que cubra
las necesidades que deja vacantes la prestación social sustitutoria,
opinión que comparte totalmente el Grupo Socialista y razón por la
que presentan hoy esta iniciativa. Explica las razones por las que
las labores realizadas por la prestación social sustitutoria no deben
desaparecer y asegura que la sociedad en general reclamará estos
servicios cuando hayan desaparecido por ley; sin embargo se oponen al
servicio civil propuesto por el Partido Popular, una vez desaparecida
la prestación social sustitutoria.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió, y Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta
Subías, del Grupo Parlamentario
Mixto, y la señora Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Velasco Sierra.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la puesta en marcha de un plan de empleo juvenil,
tras la desaparición del servicio militar obligatorio y la prestación
social sustitutoria, en los términos derivados del debate, se rechaza
por 112 votos a favor, 158 en contra y ocho abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . .
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la posición
del Gobierno y las consecuencias de todo tipo que supondría aprobar
el proyecto de los Estados Unidos de instalar un escudo antimisiles .
. . (Página 4269)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Alcaraz Masats, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Recuerda el debate de la semana pasada con el
ministro de Defensa, en donde se llegó a decir por el señor Trillo
que la modernidad consistía en superar el acuerdo contramisiles
balísticos de 1972 y que los que se oponían a esa situación y a la
instalación del escudo antimisiles estaban trasnochados. Evoca la
figura del senador Jefford de Estados Unidos, que dice que sus
electores no entienden la aprobación de la instalación del escudo
antimisiles, para defender su rechazo por razones lógicas y
ponderadas de paz mundial, y explica los tres puntos de la moción,
refiriéndose finalmente a las enmiendas presentadas.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Puig i
Olivé, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Campuzano i
Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, sobre la posición del Gobierno y las
consecuencias de todo tipo que supondría aprobar el proyecto de los
Estados Unidos de instalar un escudo antimisiles, en los términos
derivados del debate y con la aceptación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, se rechaza por 106 votos a favor, 156 en
contra y 10 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre situación del sistema
portuario estatal . . . (Página 4273)
Interviene para la presentación y defensa de la moción consecuencia
de interpelación urgente el señor Segura Clavell, del Grupo
Parlamentario Socialista. Reitera los argumentos dados la semana
pasada en la interpelación urgente y explica los catorce puntos de
que consta la moción, basándose en la Ley 62/1997, por la que se
modificó la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, donde
en su exposición de motivos se recogía de forma clara y rotunda que
la ley tiene que garantizar de hecho la libertad tarifaria de las
autoridades portuarias, sin más límites que los que se deducen del
objetivo de autofinanciación y de los que resulten del mantenimiento
de un marco de libre y leal competencia, evitando prácticas abusivas
con relación a tráficos cautivos, así como actuaciones
discriminatorias y otras acciones análogas.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor
Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el
señor Jiménez Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Sedó i
Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Segura Clavell.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre situación del sistema
portuario estatal, en los términos derivados del debate y que han
sido expuestos por el portavoz del Grupo Socialista, se aprueba por
259 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE DELITOS CONTRA LA
LIBERTAD SEXUAL. (Número de expediente 122/000039.)
La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, del Grupo
Parlamentario Catalán, de modificación del Código Penal en materia de
delitos contra la libertad sexual.
Para defensa y presentación de la iniciativa, tiene la palabra el
señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
presenta hoy, ante este Pleno del Congreso de los Diputados, una
proposición de ley orgánica que comporta modificar tres artículos del
Código Penal para dar una respuesta puntual y expresa a una
interpretación rigurosa que la jurisprudencia ha realizado en materia
de delitos contra la libertad sexual. Concretamente, señorías, cuando
el artículo 179 del Código Penal vigente contempla la especial
agravación de la pena de quienes cometen una violación, castiga
expresamente como tal violación la agresión sexual con violencia o
intimidación que consista -dice el Código Penal- en el acceso carnal
por la vía vaginal, anal o bucal o que consista en la introducción de
objetos por vía vaginal o anal. Estoy leyendo estrictamente,
señorías, el artículo 179 del Código Penal. Este artículo,
desgraciadamente con más frecuencia de lo que quisiéramos todos, se
aplica por los tribunales, en las audiencias; después, las sentencias
de las audiencias son recurridas ante la Sala de lo Penal del Tribual
Supremo, desde donde tenemos ya una interpretación jurisprudencial de
este artículo. Ante esta interpretación de un artículo que permite
que a quien cometa ese delito se le castigue con una pena agravada,
una pena de cuatro a diez años de prisión, el Tribunal Supremo ha
entendido que no debía aplicarse ese artículo al considerar que no
estábamos ante un delito de violación cuando se introducían los
dedos, porque los dedos son parte del cuerpo humano, son órganos, no
son objetos. Como el Código Penal habla expresamente de la
introducción de objetos, el Tribunal Supremo afirma en sus sentencias
que la introducción de cualquier objeto o de cualquier cosa -dice
incluso el Tribunal Supremo en una sentencia- sí que estaría penado
como violación, pero la introducción de los
dedos no porque no son objetos, son órganos. Creemos que esta
interpretación, estricta, por parte del Tribunal Supremo lleva a un
resultado final que no es el que querían los diputados y senadores
cuando se aprobó el Código Penal. Es un ejemplo.
Señorías, hoy estamos todos hablando de la reforma de la justicia y
todos los medios reflejan la importancia de la justicia como servicio
público, pero muchas veces los ciudadanos no entienden algunas
decisiones judiciales. A veces, hay sentencias que alejan el sentido
de la justicia de lo que es la sociedad en su conjunto; hay algunas
sentencias que sorprenden. Con nuestra proposición de ley, señorías,
lo que intentamos es, de forma expresa, con seriedad y de forma
rigurosa, modificar puntualmente tres artículos del Código Penal para
que no puedan dictarse más sentencias como las que yo he comentado.
Nuestro grupo presentó esta proposición de ley el 4 de mayo del año
1999, la pasada legislatura. ¿Por qué ese día? Porque ese día, 4 de
mayo de 1999, el diputado que les habla, repasando los periódicos del
día, vio que en ellos salía reflejada la sorpresa generalizada por
una sentencia del Tribunal Supremo que anulaba una decisión de la
Audiencia de Murcia. Concretamente, el Tribunal Supremo rebajaba la
pena impuesta por la Audiencia de Murcia al entender que por la
introducción de los dedos no había violación, es decir, el Tribunal
Supremo, aplicando estrictamente el Código Penal, entendía que en ese
supuesto concreto no existía el delito de violación. Ese mismo día, 4
de mayo, nuestro grupo presentó la proposición de ley para enmendar
lo que sin duda es una redacción poco afortunada si es que permite
esa interpretación, que consideramos que no es querida por el
legislador y que tampoco es querida -seguro- por el tribunal que la
aplica, pero el tribunal se encuentra con que debe aplicar la ley
estrictamente. El Tribunal Supremo entiende que la ley únicamente le
permite esa interpretación rigurosa de qué es objeto y de qué es
órgano y, por tanto, hace esa interpretación estricta que, repito,
señorías, nos aleja de lo que la sociedad espera de la respuesta
penal ante unas agresiones que calificamos de delito de violación.
Nuestra proposición se refiere a dos delitos más, el de abuso sexual
dirigido especialmente a menores de 13 años y el de abuso sexual
cuando ha mediado engaño. En esos tres supuestos se interpreta que no
puede considerarse una mayor agravación de la pena porque, en estos
supuestos, no estamos hablando estrictamente de objetos.
Nosotros intentamos enmendar ese error, intentamos rectificar,
intentamos dar hoy, con rigor y con seriedad, una respuesta jurídica
adecuada, que es -si me lo permite, señora presidenta- lo que espera
la sociedad de este Parlamento. Cuando se demuestra que las leyes -en
este caso una ley tan importante como el Código Penal- no dan la
respuesta que la sociedad espera de la norma jurídica, es necesario
que las rectifiquemos.
Espero que esta proposición de ley hoy pueda tener la aceptación de
todos los grupos parlamentarios de esta
Cámara y les pido también a todos los grupos, y me dirijo
especialmente al Grupo Popular, que es el grupo mayoritario en la
Cámara, que hagamos un esfuerzo para tramitar con celeridad esta
proposición de ley orgánica, porque se trata de una modificación muy
puntual que simplemente añade una palabra a tres artículos del Código
Penal, y deberíamos ser capaces de hacerlo con rapidez para que no
vuelvan a dictarse más sentencias como la que yo les citaba del 4 de
mayo del año 1999, que salía reflejada en los periódicos del mismo
día, porque hubo otras en mayo y en septiembre de 2000 y todas ellas
con el mismo pronunciamiento de la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo. Por tanto, pido celeridad para que por lo menos la sociedad,
a la que hoy quizá le llegue el eco de que estamos impulsando esta
reforma del Código Penal, tenga la certeza de que con prontitud esa
reforma se publicará en el BOE porque cuenta con la unanimidad de
este Pleno del Congreso. Pido que tramitemos con rapidez esta
proposición de ley y, para acabar, permítanme que cite a algunos
teóricos del derecho, a algunos filósofos, que a veces nos ayudan a
caminar en lo que es el iter legislativo. Nos dice Marcuse: El
derecho debe responder siempre a las exigencias de la sociedad que
regla, adaptándose las normas jurídicas de la manera más adecuada a
los cambios sociales. Nos dice Díez-Picazo, al que muchos de nosotros
hemos tenido como referencia en el ámbito del derecho civil y cuyos
manuales hemos estudiado cuando hacíamos la carrera de derecho:
Cuando el legislador acomete una reforma, cumple una función
notarial, constata o da fe de algo que ha ocurrido ya. Sin duda, hoy
estaremos haciendo, señora presidenta, señorías, esa función notarial
que nos decía Díez-Picazo. Hoy constatamos que hay tres artículos del
Código Penal que no se están interpretando de la forma que pensábamos
todos que se interpretarían cuando se aprobaron por las Cortes
Generales. Por tanto, hoy debemos rectificar y tomar en consideración
esta proposición de ley.
Señora presidenta, señorías, en el ánimo del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), con esta propuesta que espero que
tenga la aceptación unánime de la Cámara, está únicamente la
intención de acercarnos a la sociedad, para darle una respuesta
puntual pero importante. ¿Cuántas personas que han sufrido una
violación, un abuso sexual como el que contemplan estos tres
artículos, quedan indefensas, incluso indignadas, cuando después ven
que el Tribunal Supremo no puede ratificar esa mayor agravación de la
pena, entendiendo que en esos supuestos no existe el delito de
violación? Hoy pedimos que se tome en consideración esta proposición
de ley orgánica, y esperamos contar con el apoyo de todos los grupos
para acelerar su tramitación y que pronto demos, desde el derecho, la
respuesta que la sociedad nos exige.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané. ¿Turno en contra?
(Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Voy a anunciar el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego a la
toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Catalán
porque pensamos que con ella se ayuda a eliminar y resolver un
absurdo, una contradicción legal, de la cual lógicamente no tienen
culpa los tribunales porque, como debe ser, están vinculados por el
principio de legalidad, especialmente riguroso en materia penal. (El
señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Recuerdo que la violencia de género, aunque también, no es sólo una
cuestión penal, y aprovecho este trámite para decir que vamos a votar
a favor. Aunque son cuestiones que podremos debatir con algo más de
calma, porque estamos votando la toma en consideración, esperamos que
durante su tramitación parlamentaria esta reforma establezca una
adecuación de las penas a las conductas que pueden merecer un
reproche distinto o son de diferente gravedad, tanto por los riesgos
que suponen como por las secuelas físicas que pueden producir. De
todo esto podremos hablar durante la tramitación parlamentaria de
este proyecto, y en este momento lo que queda es felicitar al Grupo
Catalán y confirmar el voto a favor del Bloque Nacionalista Galego.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.
Esta intervención es para mostrar el apoyo a la toma en consideración
de esta proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Desde la Chunta Aragonesista creemos que se debe dar respuesta a
tantas situaciones que desgraciadamente se están repitiendo ante el
estupor de la ciudadanía que no alcanza a entender cómo se repiten
estas situaciones donde derechos elementales de la dignidad humana
quedan conculcados. Está claro y es cierto que la violación es una
invasión contra la libertad personal, contra la libertad individual,
que persigue despojar a la persona de su intimidad. Pensamos que es
la forma más burda que se tiene de desgarrar lo que es más básico,
que es el respeto al ser humano. Por este motivo y porque hemos
asistido a demasiadas sentencias que ponen de manifiesto que la
legislación vigente no es ni lo suficientemente
justa, adecuada y disuasoria y tiene resquicios aberrantes, es por lo
que consideramos necesario adecuar el Código Penal. Dicha reforma
tiene que ser tan rotunda como precisa para que el resquicio y la
interpretación de lo legal no permitan la evasión absurda de los
derechos básicos del ser humano.
Queremos recordar, finalmente, que en las Cortes de Aragón se aprobó
una iniciativa parlamentaria en demanda de la revisión del Código
Penal en aquellos asuntos que tienen que ver con los atentados a la
dignidad e integridad de las mujeres. Queremos recordar también que
ni un solo grupo parlamentario mostró su rechazo. Ahora, seamos todos
y todas coherentes.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Labordeta.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Como ponente que fui en su día tanto de la Ley orgánica 10/1995, del
Código Penal, como de la posterior ya aprobada con el número 11/1999,
quiero ratificar aquí la referencia que la exposición de motivos de
la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) subraya al señalar que sin duda no fue ésta la voluntad del
legislador cuando se aprobó el Código Penal. Las leyes tienen letra,
lo que es literalmente interpretable, y tienen espíritu. Muchas veces
se tiene que buscar de la lectura de los debates en Comisión y en
Pleno qué quiso decir el legislador, es decir, el espíritu de las
leyes, con un determinado texto. Quiero que quede constancia de que a
ninguno de los que estuvimos en la ponencia en aquellas dos ocasiones
se nos ocurrió pensar que estábamos haciendo una trampa de ley, un
vericueto para que el delincuente tuviera más protección que la
víctima. Nuestro principio de defensa de derecho ético y filosófico
es la protección de la víctima siempre en cualquier delito, a sus
máximas cotas posibles en un Estado de derecho y democrático, con el
Código Penal. De aquí que la interpretación literal que han venido
haciendo los tribunales de justicia incluso en casación ante el
Tribunal Supremo y que éste haya hecho una interpretación de una
lectura literal a la baja de la imposición de una pena por una
distinción entre objeto y órgano y qué se entiende por acceso carnal
y que este acceso carnal estuviera solamente referido a órganos de la
reproducción y no a cualquier otra parte del cuerpo humano, hace
necesaria esta aclaración, en la medida en que propone en el fondo y
plenamente de acuerdo la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), a la cual mi grupo por esta declaración de
principios que estoy haciendo se va a adherir y votar favorablemente
para su toma en consideración para que
estos tres artículos hoy día cuestionados en la interpretación
literal entre lo que dice la gramática y el léxico del texto, de lo
que el legislador trata de corregir, por tanto, de tipificar
penalmente y de penalizar en amparo de ley, quede definitivamente
claro y zanjado de manera contundente en cuanto al espíritu y la
letra de la ley. Por esta razón, señor presidente, mi grupo votará
favorablemente la toma en consideración de esta iniciativa.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Por el Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo también felicita al Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) por traer a la Cámara esta iniciativa. Cierto
es que cuando en la legislatura pasada vimos la modificación del
Código Penal referida al Título VIII, el grupo al que represento
manifestaba en esta misma Cámara que habíamos quedado relativamente
satisfechos y que el texto que aprobábamos era ciertamente aceptable.
Con posterioridad, una corrección idéntica al tenor de las
correcciones que propone el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) decayó, fruto de que las enmiendas que vinieron del Senado no
tuvieron oportunidad de ser aprobadas con las mayorías necesarias
para ser ley orgánica, y a pesar de que la evolución jurisprudencial
ha evidenciado que las puntualizaciones, los matices, los añadidos
que se introducen en el texto que presenta el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) eran absolutamente necesarios. Es, en
efecto, enormemente acertado, a la luz de la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, porque no se comprende que la introducción de un
pepinillo por vía vaginal o anal, y es un caso realmente juzgado,
constituya una figura cualificada como agravante de agresión o de
abuso sexual y que, por el contrario, no constituye esa misma figura
cualificada y agravada la introducción de un dedo por cualquiera de
tales vías. (Véase la jurisprudencia al respecto que el propio
proponente de la iniciativa ha citado.) De la misma manera, aunque no
se ha hablado de ello, también hay jurisprudencia, que no se
comprende que aun cuando la felacio constituye agresión o abuso
sexual agravado no se considere como tal, por ejemplo, el que alguien
sea forzado a un cunnilingus. Desde la libertad sexual, que creemos
que es la que debe imperar, el derecho penal debe establecer lo más
claramente posible los límites públicos de lo tolerable, dejando
después a la conciencia personal de cada uno lo que se considere
conveniente o excelente. Es desde estos límites públicos de lo
tolerable donde debe incardinarse la modificación que por el Grupo
Catalán se nos ha traído esta tarde. Nos parece, además, oportuno, y
mi grupo lo añadirá por vía de enmienda, que se aproveche el trámite
para una sugerencia que se hacía en la memoria de la Fiscalía
General del Estado presentada en esta Cámara la semana pasada.
Hubo otro olvido en las modificaciones normativas habidas al Código
Penal en la legislatura pasada, y es que en el apartado 2 del
artículo 188, del capítulo quinto de este mismo título VIII, no se
hacía referencia, cuando se hablaba del tráfico de personas para la
prostitución, como elemento agravatorio a la pertenencia a una
organización o asociación, incluso de carácter transitorio, de la
misma manera que se hace en los artículos 187.3 y 189.2 del propio
Código Penal. Esta omisión se hace más patente cuanto en otra reforma
penal introducida por la ley llamada de extranjería, por la Ley 4/
2000, sí citamos la pertenencia aun transitoria a este tipo de tramas
criminales cuando nos referimos a otro tráfico, como es el tráfico de
personas orientado al mercado laboral. Como enmienda, acepta la
sugerencia que la Fiscalía general del Estado hace en su memoria y el
Grupo Vasco se compromete a la presentación de esta enmienda dando en
este momento el voto favorable a la proposición que se ha presentado.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, señorías, en el mismo tono y
tenor de la portavoz del Grupo Vasco y los distintos portavoces que
me han precedido, quiero felicitar al Grupo Parlamentario Catalán por
la oportunidad de una iniciativa que viene a corregir, si no errores,
sí vacíos utilizados por personas erradas. ¿Existe o no el problema
que denuncia el Grupo Parlamentario Catalán? Ciertamente, señorías,
se han dictado sentencias judiciales de muy diverso signo como
consecuencia de la actual y vigente redacción de los artículos 179,
182 y 193 del Código Penal, entre las que se encuentran sentencia
judiciales que no han considerado punibles la introducción de órganos
distintos al pene -lengua y dedos- y, por el contrario, sí han
considerado punibles la introducción de objetos por vía anal o
vaginal. Como es evidente, este tipo de jurisprudencia, por muy
justificada que esté en estos momentos desde el punto de vista
técnico-juridico, que no lo está, repugna a cualquier persona con un
mínimo de sentido común y de aprecio por la libertad sexual de los
ciudadanos, de las ciudadanas en este caso, como bien jurídico
a proteger. Como explica la propia proposición de ley del Grupo
Parlamentario Catalán este desaguisado tiene por origen, además de
una jurisprudencia excesivamente apegada a la letra de la ley y
totalmente carente de sentido común, unos trabajos parlamentarios que
concluyeron en el año 1999, sin que los órganos fueran asimilados
como objeto a los efectos de cometer delitoscontra la libertad sexual
de las personas. Por tanto,
ante esta situación es necesario, vuelvo a insistir como al
principio, esta solución legislativa.
Desde nuestro punto de vista bien está que lo que se empezó a torcer
por falta de claridad -yo entiendo y hago mía la intervención del
proponente de Convergència i Unió, y la de uno de los ponentes, el
señor Mardones, de que no era esa la voluntad del legislador, como no
podía ser menos-, mediante algunos resquicios que utilizaron personas
o instituciones que, ateniéndose a esa falta de claridad, con sus
interpretaciones torcieron el espíritu de este Parlamento, y lógico y
bueno es que el mismo arregle lo que él desanduvo, algo así como que
la mancha de una mora con otra verde se quita. Es por ello de
agradecer que el Grupo Parlamentario Catalán haya planteado esta
iniciativa al objeto de acabar con un contrasentido que no debe de
ser mantenido ni un segundo más, y no debe serlo por la propia
dignidad personal, por tantas y tantas víctimas doblemente violadas,
permítanme la expresión, en un primer lugar en el propio momento de
la violación, en segundo lugar por la sentencia o por el
pronunciamiento de determinados tribunales. Y no podía tampoco
olvidarse la importancia o el interés que tiene esto en un momento en
que tanto se está hablando de justicia por el propio prestigio de la
justicia dañada por alguna que otra bola de alcanfor.
Respecto al texto concreto que nos plantea el Grupo Parlamentario
Catalán no queremos hacer demasiados comentarios, pues entendemos que
el sentido común parlamentario se impondrá y que esta proposición de
ley será admitida a trámite. Después tendremos tiempo para debatir el
texto de Convergència i Unió y las posibles enmiendas del resto de
los grupos parlamentarios, aunque por nuestra parte ya anunciamos que
las enmiendas serán pocas y de matiz, pues en términos generales la
propuesta del Grupo Parlamentario Catalán nos parece adecuada.
Concluyo reiterando la felicitación al Grupo Parlamentario Catalán,
al señor Jané, por haber traído esta iniciativa al Pleno del Congreso
y recalcando la necesidad de que el resto de los grupos
parlamentarios demos nuestra conformidad a la admisión a trámite de
la proposición no de ley que hoy es objeto de debate, por ser ésta
necesaria, conveniente y adecuada para que los delitos contra la
libertad sexual reciban en España el reproche penal que merecen más
allá de si estos se perpetran mediante un objeto o mediante un órgano
humano.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASÚS: Gracias, señor presidente.
El Grupo Socialista quiere unirse también al coro de felicitaciones
ante esta iniciativa presentada hoy
por Convergència i Unió, una iniciativa que viene a llenar una laguna
ni querida ni buscada en nuestro ordenamiento penal.
Como se deduce, señorías, no sólo de las manifestaciones de quienes
fuimos ponentes de la reforma del Código Penal en la pasada
legislatura, sino de los propios debates en esta Cámara, nunca fue la
intención de los legisladores excluir del tipo de violación ni del de
abusos sexuales agravados la introducción de órganos, que
considerábamos incluida en el concepto, a nuestro juicio
omnicomprensivo, de objetos, como entendía también buena parte de la
doctrina, ya que no era una interpretación exclusiva.
Pero es que hay más, señorías, es que de cara al trámite del Senado
todos los grupos comprendieron que algunas circunstancias aconsejaban
introducir explícitamente el término órganos en el tipo definido en
estos tres artículos. No sólo nos lo aconsejaba una lectura cuidadosa
de la circular de la Fiscalía general del Estado de 1990, referida a
la reforma de 1989, en la que se establecía con toda claridad que por
objeto habrán de entenderse cosas inanes, excluyendo en todo caso la
penetración de órganos como los dedos o la lengua, o de miembros de
animales vivos, sino también las sentencias que por aquella fecha ya
se habían dictado en el mismo sentido, sentencias del Tribunal
Supremo que, basándose en la necesidad de interpretar de forma
estricta las leyes penales, restringían también la expresión de
objeto a elementos inanimados excluyendo las partes del cuerpo
humano. Precisamente una de estas sentencias, la de 23 de marzo de
1999, se emitió durante el debate de este proyecto de ley en el
Senado, y por ello, atendiendo a estas razones, en el Senado los
grupos aceptaron por unanimidad una enmienda que venía auspiciada por
asociaciones de mujeres juristas y por distintas organizaciones no
gubernamentales protectoras de la infancia, en la que se incluía
explícitamente este término órganos en el tipo de los artículos 179,
182 y 183.
El resto de la historia es conocido y es además reciente. De vuelta
al Congreso esta enmienda es aprobada por amplísima mayoría. Sin
embargo, no sucede lo mismo con la totalidad del texto del proyecto
de ley aprobado en el Senado. El Grupo Parlamentario Popular
aprovechó en esa Cámara su mayoría absoluta para destruir elementos
fundamentales del consenso básico que aquí se había alcanzado, lo que
llevó en aquel momento a que el texto no alcanzara la mayoría
absoluta del Congreso a su vuelta del Senado y que el que hoy tenemos
vigente sea el texto que en su día aprobó el Congreso de los
Diputados. Ello supuso alguna ventaja, como evitar una pretendida
confusión de derecho y moral, pero también supuso inconvenientes.
Alguno ya lo subsanamos rápidamente, como fue regular de nuevo las
medidas relativas a malos tratos familiares. Pero éste, que es grave,
nos queda por subsanar y, además, es urgente hacerlo porque la
jurisprudencia, como ha señalado el señor Jané, sigue aplicando los
mismos criterios, sin considerar violación ni abusos agravados casos
tan graves como
el que ha dado origen a esta proposición de ley de introducción de
los dedos del padre en la vagina de la hija. Por ello, señorías, mi
grupo apoyará esta proposición. Reformemos el texto cuanto antes de
la manera más rápida posible y hagamos un esfuerzo para reformarlo en
términos tan claros que no quepa interpretación alguna sobre la
voluntad del legislador.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora del Campo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Popular para explanar su opinión y su sentido del voto
en relación con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) sobre modificación de los artículos 179, 182.1
y 183.2, a fin de añadir en la definición de violación y en las
agravantes de los abusos sexuales la expresión órgano. Este problema
que se plantea hoy en el Congreso de los Diputados debería estar
superado y esta proposición de ley no haberse presentado, si se
hubieran conseguido los votos afirmativos de todos los grupos de la
Cámara. Precisamente el Partido Socialista se abstuvo en la votación
y por ello no se pudo incorporar este término que se había
introducido en el Senado, como han dicho anteriores intervinientes.
Si hay un delito que se ha modificado a lo largo del tiempo es el de
violación. Lo ha hecho en el mismo sentido en que se ha modificado la
sociedad española en sus aspectos social, cultural e ideológico. En
estos últimos años, ha existido un cambio radical en la sociedad
española respecto a la mentalización y percepción de las agresiones
sexuales. El delito de violación ha ido incorporando nuevas
actuaciones al mismo y se han ido penalizando nuevos hechos que en un
comienzo, cuando se empieza a regular hace casi dos siglos el delito
de violación, no las recogía.
Cuando en 1995 se reforma y aprueba el Código Penal actual, regulado
en la Ley 10/1995, se recoge el delito de violación sin su nombre.
Gobernando en ese momento el Partido Socialista modifica
sustancialmente el sistema de delitos contra la libertad sexual. Eso
dio lugar a que el título VIII, del que tanto se ha hablado hoy, no
recoja los delitos con su nomen iuris, sino que se habla de abuso
sexual o de agresión sexual. En ese momento se conocía la violación
en sí por lo que era la agresión sexual, pero se recoge una
definición de la violación que quizás no fue muy afortunada. Ello dio
lugar a que en 1997, gobernando el Partido Popular, se promulgara un
proyecto de ley para modificar el título VIII, no sólo incorporando
nuevas definiciones y denominando el delito de violación como tal,
sino incorporando delitos que habían quedado fuera en la modificación
que se había llevado a cabo. Estoy hablándoles, por supuesto, de
penalizar a quien favoreciera la entrada, permanencia o salida
del territorio español de personas para la prostitución y, por
supuesto, la distinción que se hizo al final de lo que se podía
considerar corrupción o prostitución o algunos tipos delictivos
relacionados con la libertad sexual, que en ese momento recibieron su
nueva regulación, muchísimas veces novedosa, puesto que no existían
en aquel Código Penal denominado de la democracia de 1995.
Nos encontramos, por tanto, en una nueva definición del delito de
violación. Recordarán ustedes que en el año 1995 se considera que es
la agresión sexual que se fundamenta en el acceso carnal y la
introducción de objetos o la penetración por la vía bucal y anal. Se
modifica en la Ley 11/1999, como ha dicho la señora Del Campo y han
recogido anteriores intervinientes. Se unió tanto el proyecto de ley
en el que se modificaba la legislación penal por los malos tratos
familiares con los delitos contra la libertad sexual, y en ese
sentido es por lo que al final se intentó desde el Senado una
modificación del delito de violación dándole la definición que en tal
caso quedaría hoy cerrada, y que aquí en el Congreso en su momento no
se aprobó.
El Grupo Popular va a votar también afirmativamente esta
modificación, esta introducción de la expresión órgano, para
incorporar lo que diferentes sentencias del Tribunal Supremo
consideran que no se puede definir como violación, puesto que no
aparece en el artículo 179 del Código Penal. Como se ha dicho antes,
ya la Fiscalía General del Estado, en la circular 2 del año 1990,
distinguía entre lo que era objeto y lo que era órgano. Consideraba
que el acceso carnal siempre tenía que ser por medio del elemento
genital masculino y que si hubiese sido otro órgano del cuerpo humano
tendría que distinguirse o no considerarse el acceso carnal para la
violación.
Desde el Partido Popular también felicitamos la iniciativa
parlamentaria presentada por Convergència i Unió. Nos alegra
muchísimo que haya modificado la postura que mantuvieron en el debate
de 1999, porque quiero recordar aquí que el portavoz de Convergència
i Unió, refiriéndose precisamente a ese artículo 179, decía que
incorporar la expresión órgano le parecía innecesaria, daba lugar a
confusión y no tenía una definición feliz. Sin embargo, desde el
Grupo Popular siempre se apoyó la incorporación de esa definición. El
Partido Socialista se abstuvo y por eso no se incorporó. Por todo
ello, quiero recordar esa postura que en un momento se mantuvo por el
Grupo de Convergència i Unió, pero que ha modificado, creemos que muy
satisfactoriamente, y que sin lugar a dudas vamos a aprobar todos, no
sólo porque en un momento dado una sentencia del Tribunal Supremo así
lo expone, sino porque consideramos que esta falta de la expresión
órgano esta dando lugar a un rechazo social y tenemos que evitar que
no se protejan adecuadamente determinados ataques a la libertad
sexual, porque aquí estamos viendo cómo en un momento dado los
tribunales no lo están aplicando adecuadamente, debilitando la
protección ante las agresiones sexuales.
Quiero recordar a los diferentes grupos que el Gobierno del Partido
Popular ha constituido una comisión técnica para la revisión del
sistema de penas, justamente para intentar evitar lo que nos está
sucediendo, que estamos modificando muy frecuentemente en el tiempo
el Código Penal. Eso va contra el principio de la seguridad jurídica.
Pero por encima de cualquier seguridad jurídica están los intereses
generales de la sociedad, y nos parecería que sería adecuado, ya que
van a reformular en tal caso todo el sistema de penas para hacerlas
más justas y más razonables, que también pudiéramos intentar unificar
lo que es la andadura de las modificaciones del Código Penal que se
están llevando a cabo, con una opinión y un informe de esta comisión
técnica que está revisando el sistema de penas y que, por tanto, hará
una propuesta sensata que también nos ayudará, puesto que está
constituida por técnicos. De nuevo quiero dar la enhorabuena al Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y ratificar que el Grupo
Popular va a votar afirmativamente esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Barrios. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de
modificación del Código Penal en materia de delitos contra la
libertad sexual.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
272; a favor, 271; abstenciones: una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la toma en consideración de la
referida proposición de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A LA
DESPENALIZACIÓN DE LOS DENOMINADOS DELITOS DE INSUMISIÓN. (ORGÁNICA.)
(Número de expediente 122/000060.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), SOBRE DESPENALIZACIÓN
DE LOS DENOMINADOS DELITOS DE INSUMISIÓN. (ORGÁNICA). (Número de
expediente 122/000058.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA LASAGABASTER), PARA LA
DESPENALIZACIÓN DE LOS DENOMINADOS DELITOS DE INSUMISIÓN. (ORGÁNICA)
(Número de expediente 122/000069.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA POR LA QUE SE SUPRIMEN
LOS DELITOS E INFRACCIONES DISCIPLINARIAS RELATIVAS A LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO MILITAR Y LA PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA. (Número de
expediente 122/000126.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), ORGÁNICA DE
SUPRESIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LOS DEBERES DE PRESENCIA Y DE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR Y CONTRA EL DEBER DE CUMPLIMIENTO DE
LA PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA. (Número de expediente 122/000129.)
La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo acordado en la Junta de
Portavoces, los puntos dos a seis se debatirán conjuntamente.
En primer lugar, toma en consideración de proposición de ley. Del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la
despenalización de los denominados delitos de insumisión.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Llamazares. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños o abandonen el
hemiciclo también en silencio.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Comparezco en nombre de Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida para presentar... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Llamazares.
Señorías, hay un diputado en el uso de la palabra intentando
presentar su iniciativa. Les ruego guarden silencio.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Decía que comparezco en nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida para presentar una
iniciativa de despenalización de la insumisión, al igual que cinco
grupos parlamentarios de esta Cámara.
Hoy no deberíamos estar aquí debatiendo la despenalización de la
insumisión. Debería haber sido el propio Gobierno el que, de acuerdo
con el Real Decreto 247/2001, estableciese la despenalización de la
insumisión, toda vez que el servicio militar obligatorio va a
terminar a finales de este año y se generalizará, por el contrario,
el ejército profesional. Sin embargo, el Gobierno no ha querido
despenalizar aún hoy el delito de insumisión; un delito que, en
primer lugar, no tiene materia. Hoy, cuando el ejército es ya
prácticamente profesional, el delito de ser insumiso al ejército de
leva obligatoria no existe. En buena lógica no debería existir el
delito de insumisión en el Código Penal. (El señor vicepresidente,
Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
No se trata únicamente de una iniciativa de depuración legislativa,
no es este el ánimo técnico que nos mueve a presentarla. Esta
iniciativa tiene también que ver con la humanidad en los delitos y en
la supresión de los mismos. Si bien es cierto que ya no existe
delito, no es verdad que no exista pena. Hay en estos momentos penas
de cárcel y de inhabilitación para insumisos: en el caso de la
cárcel, para insumisos de insumisión sobrevenida, conceptuada como
deserción; y en el caso de la inhabilitación, para un buen número de
insumisos que han visto cómo el Gobierno reducía el período de
inhabilitación, pero hay en estos momentos un período de
inhabilitación de cuatro años a pesar de la reciente medida del
Gobierno.
Para el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida es también un
reconocimiento a la no violencia y al pacifismo, significa un
reconocimiento público a quienes más han contribuido a esa cultura en
nuestro país y a quienes han logrado, a pesar de las posiciones de
sucesivos gobiernos, que no exista en estos momentos un ejército de
leva obligatoria, sino que exista en nuestro país un ejército
profesional.
Tanto ayer como hoy, pero particularmente hoy, el delito de
insumisión en nuestra opinión carece de materia y de sentido. No hay,
en primer lugar, bien jurídico afectado, porque en el pasado, pero
sobre todo en el presente, no se afecta en absoluto la defensa
nacional. No se afectaba la defensa nacional por el mero hecho de no
acudir a la mili obligatoria, mucho menos se puede afectar en estos
momentos la defensa nacional cuando ésta se garantiza a través de un
ejército profesional. Por tanto, no hay bien jurídico afectado.
En segundo lugar, no hay reproche social; no lo había en el momento
anterior a la puesta en marcha del ejército profesional, pero no lo
hay aún más en estos momentos. No solamente no hay reproche, sino que
hay comprensión social y hay adhesión social hacia los insumisos,
hacia su vocación y su compromiso pacifista, tanto en el ejército de
leva obligatoria como también pacifista en un ejército profesional
que se desea no ofensivo, en período de una política de diálogo y de
paz.
No es posible tampoco, en nuestra opinión -no lo era antes, pero
mucho menos ahora-, la rehabilitación y la reinserción de los
insumisos. Hoy por hoy no hay rehabilitación ni reinserción posible
cuando no existe ya ejército de leva obligatoria o servicio militar
obligatorio. Sin embargo, hemos sabido por los medios de comunicación
-lo sabremos seguramente por boca del portavoz del Grupo Popular- que
a pesar de la lógica, del sentido común y del sentido humanitario, el
Grupo Popular va a rechazar todas y cada una de estas iniciativas que
no son mayoritarias en esta Cámara, pero que son mayoritarias en la
representación de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Es decir,
que si bien no son mayoritarias en los parlamentarios y
parlamentarias de esta Cámara sí lo son en la sociedad civil.
El Grupo Popular va a rechazar esta iniciativa confundiéndose de
nuevo en relación a cómo tratar la objeción de conciencia y la
insumisión. El Grupo Popular, como los malos jugadores de fútbol, ha
tenido que dejar pasar la pelota, pero no quiere dejar pasar al
hombre, y no quiere dejar pasar al hombre, si es posible, aunque
conlleve una grave lesión hacia ese ser humano. En este caso el Grupo
Popular ha tenido que asumir a regañadientes el ejército profesional
como alternativa al servicio militar obligatorio. Ha sido la objeción
de conciencia, la insumisión y la actitud crítica de los jóvenes la
que ha hecho que fuerzas políticas que están en esta Cámara, en
concreto el Grupo Popular, hayan tenido que asumir como una necesidad
el ejército profesional.
Es verdad que ahora se hace de la necesidad virtud y se ve al
ejército profesional como un ejército más técnico, más integrable en
el marco de las alianzas internacionales del Gobierno y del Partido
Popular. Pero no es esa la única razón para la existencia hoy de un
ejército profesional. La razón fundamental es la movilización y la
conciencia social creada por la contestación al ejército de leva
obligatoria por parte de miles y miles de jóvenes que hoy están en
cuestión en esta iniciativa parlamentaria y que de nuevo va a desoír
el Grupo Parlamentario Popular.
El Grupo Parlamentario Popular, como digo, va a intentar que si pasa
la pelota no pase el hombre, y si acaso pasa que sea de forma
trastabillada o con lesiones, si es posible. Decimos esto porque esta
decisión del Grupo Parlamentario Popular va a suponer no solamente
tener un marco jurídico totalmente al margen de la realidad social.
¿Cómo se entiende que en un momento en que hay ejército profesional
se mantengan las penas y el delito de insumisión? No se entiende de
ninguna forma, si no es pensando que el Partido Popular intenta
sacarse la espina en relación con el movimiento de objeción de
conciencia y al movimiento de insumisos. El partido Popular no ha
tratado a este movimiento como se debía. En primer lugar, ha
intentado manipular las intenciones del movimiento de insumisos;
intenciones egoístas, primero, luego, en contra de la democracia o no
se sabe muy bien qué. Después, el Partido Popular y el Gobierno han
visto como única medida frente a la insumisión la mecánica de la
represión: la represión penal, administrativa, civil, como ha
ocurrido recientemente en la modificación del Código Penal. Nosotros
no consideramos que estos sean los procedimientos a seguir con
respecto a la objeción de conciencia ni por parte de este Gobierno ni
por parte de gobiernos anteriores.
Pero lo que no nos explicamos, señorías, es que ustedes a lo largo de
estos siete meses quieran mantener a unos jóvenes, que en la mayor
parte de los casos tienen lo que se denomina muerte civil, en unas
condiciones como si fueran delincuentes, cuando en realidad el
servicio militar ya no es el servicio militar obligatorio, sino que a
partir de los próximos siete meses, en diciembre de este año, será un
ejército profesional. Desde luego no podemos entender esta medida y
esta
actitud refractaria a la modificación del Código Penal si no es como
una actitud de venganza, de vendetta ante estos jóvenes que se han
comprometido con la objeción de conciencia, que se han comprometido
con la paz y que ven en esta actuación del Partido Popular una
actitud incomprensible.
Por último, lo que más nos ha llamado la atención de la argumentación
del Grupo Popular ha sido lo que hemos oído en el día de hoy. Tal
parece que para el Grupo Popular, y ahí ya entramos en una digresión
muy interesante, en estos momentos no se suprime el servicio militar
obligatorio, sino que se suspende el servicio militar obligatorio.
El rechazo a esta iniciativa tiene otro contenido, no solamente ya el
de la falta de lógica, no solamente el de la falta de humanidad, sino
probablemente que el Partido Popular quiera guardarse una carta en la
manga, que el Partido Popular diga que no se suprime el servicio
militar obligatorio, que se suspende el servicio militar obligatorio
para buscar en otras condiciones la recuperación de este servicio
militar obligatorio; si no, no entendemos la digresión del portavoz
en esta materia del Grupo Parlamentario Popular, separando
nítidamente lo que es la supresión del servicio y lo que es la
suspensión del servicio.
Nos alegraría que, como estoy viendo por parte de los diputados del
Grupo Parlamentario Popular, lo que ocurra sea una mala
interpretación y que finalmente apoye esta iniciativa de
despenalización, que sea una toma en consideración de iniciativas de
todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, salvo el Grupo
Parlamentario Popular, que esta iniciativa dé lugar a enmiendas que
puedan hacer posible que dentro de siete meses, finalmente, no exista
la penalización a la objeción de conciencia o a la insumisión al
servicio militar obligatorio y también a la prestación social
sustitutoria.
No debería ocurrir lo que ha pasado recientemente. El joven José
María Trillo Figueroa, que nada tiene que ver con el ministro de
Defensa, en el mes de junio del año 2000, a través de distintas
iniciativas, pidió el indulto del Gobierno para su delito de
insumisión. Ese indulto pedido por muchas organizaciones e
instituciones de este país fue rechazado por el Gobierno, y este
joven, José María Trillo Figueroa, entró en prisión el 17 de julio
del año 2000. No creemos que ni en materia de prisión ni de muerte
civil, o de cesantía civil, sea esta la medida a tomar en estos
momentos con respecto a la insumisión, y no entenderíamos por tanto
que el Grupo Parlamentario Popular no votase estas iniciativas, sí
que incorporase a las mismas las enmiendas que considerase oportunas
a través del trámite parlamentario en los próximos meses.
Es verdad que nos encontramos a siete meses del final del servicio
militar obligatorio, pero en el trámite parlamentario podemos hacer
coincidir ese final del servicio militar obligatorio y el final de la
penalización del delito de insumisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, paso a defender en nombre de Iniciativa
per Catalunya-Verds una proposición de ley en términos parecidos a la
que ha defendido el señor Llamazares, que hace referencia a la
despenalización de forma inmediata y de forma retroactiva de los
denominados delitos de insumisión.
En concreto, nuestra propuesta plantea un artículo para dejar sin
efecto los artículos 527 y 604 del Código Penal, que hacen referencia
a los delitos contra el deber de cumplimiento de la prestación social
sustitutoria y al delito contra el deber de prestación del servicio
militar.
También planteamos una disposición transitoria donde se determina que
los jueces y tribunales procedan a revisar de oficio las sentencias
condenatorias dictadas en aplicación de los tipos penales que en esta
iniciativa pretendemos suprimir. Esta es una iniciativa que ha venido
a esta Cámara en tres o cuatro ocasiones, y en todas ha sido
rechazada excepto en la modificación de la Ley Orgánica del año 1998,
en la que ya, como luego explicaré, se realizaron modificaciones
importantes. La novedad es que hoy afrontamos este debate con un
nuevo marco legal de fondo, tanto por lo que hace referencia al
servicio militar obligatorio como por lo que se refiere a la
tipificación en el Código Penal. Hoy se hacen aquí cinco propuestas
por cinco partidos parlamentarios, coincidiendo más allá de las
diferencias ideológicas en una cuestión de sentido común y de lógica,
y yo, evidentemente, quiero anunciar ya que vamos a votar a favor del
resto de las iniciativas parlamentarias.
Decía que este debate se está produciendo en un marco legal distinto,
ya que, como ustedes saben, la Ley 17/1999, de régimen del personal
de las Fuerzas Armadas, establece que a partir del 31 de diciembre de
2002 se suprimirá el servicio militar obligatorio, supresión que
posteriormente el Gobierno, yo creo que en gran medida a partir de
las demandas sociales y políticas de la sociedad, adelantó al 31 de
diciembre de 2001, adecuando al mismo tiempo el régimen de la
prestación social sustitutoria a esta nueva situación. Pues bien, lo
que nosotros queremos dejar claro en este nuevo contexto, un contexto
de supresión del servicio militar obligatorio, es que no tiene ningún
sentido y carece de toda lógica mantener en el Código Penal sanciones
por no hacer el servicio militar obligatorio o la prestación social
sustitutoria, teniendo evidentemente mucho menos sentido el
cumplimiento de las penas impuestas por la comisión de estos delitos.
He de decir que esta nueva situación ha sido objeto en años
anteriores de un debate social y político importante, habiendo
habido, como antes se ha dicho y yo también quiero señalar, una
contribución importante del movimiento
de la objeción de conciencia y de la insumisión a la libertad de
conciencia en estos temas. Asimismo, ha sido una cuestión fundamental
para determinar un modelo de defensa desde el cual desapareciera el
servicio militar obligatorio. Se trata de un debate que ha tenido
costes personales para miles de jóvenes. Si mis datos no están
equivocados, más de 50.000 jóvenes se han declarado insumisos en los
últimos años, habiendo dado lugar a 10.000 procesos judiciales y a
que más de 1.000 jóvenes estén en la cárcel, además de que, como aquí
se ha dicho antes también, en estos momentos hay diversos jóvenes,
creo que cuatro, condenados por insumisión sobrevenida. Es decir, en
la actualidad en el Estado español hay jóvenes en la cárcel
simplemente por un motivo de conciencia.
Hay que reconocer que la modificación del Código Penal en 1998 supuso
la supresión de penas de prisión y multas para los supuestos de no
cumplimiento del servicio militar obligatorio -no, como he dicho
antes, para la insumisión sobrevenida- y de la prestación social
sustitutoria, pero, aunque rebajó, dejó tipificadas las penas de
inhabilitación para dichos supuestos. En concreto, en los artículos
527 y 604 actuales, es decir, una vez modificados, la inhabilitación
continúa siendo de cuatro a seis años y en la disposición transitoria
primera se dice explícitamente que los procesos penales continuarán
su tramitación con arreglo a esta ley.
En conclusión, señoras y señores diputados, a partir de la realidad
actual, donde el servicio militar obligatorio ya no es obligatorio y
por lo tanto estamos ante un modelo de defensa distinto, ante una
modificación que ya se ha efectuado parcialmente de disminución de
las penas del Código Penal en relación con estos temas, el debate de
hoy, si me lo permiten, ya no es ni ideológico. Ya lo hicimos y está
ganado. Existe otro modelo de defensa y hoy hay un clamor en la
sociedad, también reconocido en esta Cámara, de que eso no puede ser
motivo de delito. Por lo tanto, lo que les pido hoy no es un
ejercicio ideológico, sino tan sólo de sentido común y, si ustedes me
lo permiten, de coherencia. Simplemente que sean coherentes con lo
que significa el hecho de tener un modelo de defensa donde no existe
el servicio militar obligatorio, con la última modificación del
Código Penal. Y sobre todo pido que absolutamente nadie pueda quedar
estigmatizado como delincuente simplemente por haber hecho un
ejercicio de conciencia en lo que estas personas creían que era su
libertad de conciencia.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Saura.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Como han dicho los portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra, las iniciativas que hemos presentado
distintos grupos y otros que seguramente nos apoyarán pretenden
que se proceda de una vez por todas a la despenalización inmediata de
la insumisión. Este es un capítulo más de una larga historia que hace
mucho tiempo tuvo que ser finiquitada, pero que mucho nos tememos, al
socaire de algunas manifestaciones, que quizás no sea el último, cosa
que nos parece preocupante.
Desde 1995, desde la aprobación del Código Penal, Eusko Alkartasuna
planteó el rechazo a la criminalización del movimiento de la
insumisión, de la negativa de aquellas personas que planteaban
legítimamente determinados valores, como valores que defienden el
pacifismo, valores contrarios al uso de las armas o concepciones
antimilitaristas, ya que no estábamos de acuerdo en la
criminalización de ese movimiento pacifista, de ese movimiento de la
insumisión.
A lo largo de la tramitación legislativa que ha tenido lugar en estos
últimos años, que no recordaré pero que tenemos todos muy presente,
hemos manifestado cuál era nuestra posición. Lo hicimos en su momento
e incluso en la anterior legislatura, cuando planteó ese compromiso
el presidente Aznar, preguntamos cuándo se iba a descriminalizar
o despenalizar la insumisión, lo volvimos a plantear cuando se aprobó
el informe de la Comisión Mixta para la profesionalización del
ejército, lo hicimos con la Ley 17/1999 y también con la Ley de 1998,
por la cual se suprimían las penas de prisión y multa, pero se seguía
manteniendo, aunque con una disminución, la denominada muerte civil,
que de alguna manera causaba y causa graves problemas a muchos
jóvenes.
Ya dijimos en esa toma en consideración que no nos parecía que fuera
lo más oportuno, que para algunos podría ser un avance, pero que de
todas maneras no afrontaba la problemática clave relativa a esta
cuestión. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Si añadimos a lo que
ha venido sucediendo el Real decreto de 4 de abril, en el cual
hablamos de un delito con fecha de caducidad, y algo que realmente no
produce ningún tipo de alarma social, sino que, muy al contrario,
curiosamente la sociedad tiene como valor principal en este momento,
que es el pacifismo, el rechazo al uso de las armas, concepciones
contrarias al militarismo, vemos que curiosamente a todos aquellos
que a lo largo de estos últimos años han preconizado estos valores
que finalmente han ido calando en la sociedad, curiosamente -vuelvo a
señalar- a esas personas que han generado una problemática en su vida
personal, vamos a seguir castigándolas, cuando todos sabemos que esto
termina dentro de nada y que realmente no responde a ninguna de las
consideraciones que en derecho penal debiéramos de tener. Porque,
¿cuál es el bien jurídico a proteger para seguir manteniendo la
criminalización de una conducta que se ha demostrado acorde con lo
que piensa la mayoría de la sociedad? ¿O realmente creemos que lo que
debe ser un derecho penal moderno es acorde con lo que tenemos ahora,
un derecho de principiode intervención mínima? ¿O realmente creemos
que
produce alarma social la conducta pacifista de muchos jóvenes? Estas
son las preguntas que tendrán que hacerse aquellos que voten en
contra, porque realmente lo que estamos haciendo o, si algunos no nos
apoyan, lo que va a pasar es que este Congreso, las Cortes, el
Parlamento, seguirá mirando de puertas adentro, estará desfasado en
relación con lo que se va produciendo con los movimientos sociales en
la sociedad, seguiremos legislando a posteriori de lo que ocurre en
la sociedad y, en definitiva, haremos algo que en ningún caso puede
hacer un parlamento, que es no representar los valores, las conductas
que la sociedad preconiza como conductas buenas, como conductas que
son bienes jurídicos a proteger o como intereses públicos de la
propia sociedad. Esto es lo que vamos a tener si alguno de los
grupos, como parece que ya se ha señalado, no apoya el conjunto de
las iniciativas que hoy se han presentado.
Esto ha sido, para la sociedad de donde yo vengo, para Euskal Herría,
una cuestión clave, tan clave como que algunos electos de Eusko
Alkartasuna han tenido que ser procesados constantemente por sus
propias convicciones pacifistascuando se les pedía por su condición
de concejales determinados requerimientos en relación con el servicio
militar, o incluso a posteriori que se modificara la ley cuando
aquellos ayuntamientos han considerado que la muerte civil no era
justa, que no respondía a un bien jurídico y han intentado paliar los
efectos de esa muerte civil en muchos jóvenes con sentencias.
En definitiva, señoras y señores diputados, solicitamos el voto a
favor para la toma en consideración de estas iniciativas. No creemos
que pueda ser argumentación posible el que se nos achaque a unos u
otros determinados errores técnicos. Ya se han hecho correcciones
y si en la sociedad en la que vivimos no se pudieran aplicar leyes que
hubieran sido objeto de corrección de errores nos habríamos quedado
sin ordenamiento jurídico. Hay que entrar en el fondo de la cuestión,
es imposible dilatarlo más y no me valen ya las medidas de gracia,
porque eso no responde a lo que debe ser un ordenamiento jurídico
correcto. No vale que en enero de este año se aplicaran las medidas
de gracia. ¿Por qué no hacer las cosas bien, por qué no legislar bien
y no estar en función de la facultad, la arbitrariedad o la voluntad
de un gobierno que decide a quien le otorga o no una medida de gracia
o tener que estar pendientes de las interpretaciones de los
tribunales en función de lo que consideren más o menos justo? Este
Congreso tiene una labor, y es la de tratar de adecuar los
movimientos sociales, los valores de la sociedad, los bienes
jurídicos realmente a proteger con la propia legislación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Lasagabaster.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, como ya lo han hecho otros portavoces de otros grupos
parlamentarios, para contribuir de forma positiva al proceso de
suspensión del servicio militar obligatorio y, por tanto, también a
la suspensión de la prestación social sustitutoria. Debate al que el
Grupo Socialista quiere contribuir de forma constructiva y planteando
una serie de iniciativas que hagan posible que ese proceso se lleve a
cabo como le corresponde. Iniciativas que también vamos a ver en el
tercer punto del orden del día y que, en definitiva, pretenden
normalizar el proceso de la suspensión del servicio militar
obligatorio.
Señorías, afrontamos este debate, oportuno a nuestro modo de ver,
desde la convicción de que la desaparición de la obligación de
prestar el servicio militar a 31 de diciembre tiene ciertas
consecuencias en el mantenimiento de determinados tipos penales que
se contemplan en el Código Penal y en la legislación penal de
carácter militar. Además, abordamos este debate siendo absolutamente
conscientes de que este proceso tiene consecuencias para las personas
condenadas o con causas pendientes por el incumplimiento de sus
obligaciones y también para sus familias. Una vez más, señorías, nos
encontramos ante un claro elemento en el que la sociedad civil ha
superado a la legislación, un claro ejemplo en el que es necesario
que las exigencias sociales provoquen cambios legislativos que ya han
dado lugar a nuevas situaciones sociales y que, por tanto, estas
deben tener un reflejo en la desaparición de delitos penales, pues
todos entendemos que son delitos que dejan de existir.
Llegados a este momento, hay que resaltar dos elementos de especial
importancia, como lo han hecho ya otros portavoces de otros grupos
parlamentarios. En primer lugar, el reconocimiento de la objeción de
conciencia y no sólo por razones religiosas o morales, sino también
por la libertad ideológica y, por supuesto, también la desaparición
del servicio militar. La objeción de conciencia supuso, entre otras
cosas, que surgiera el movimiento de insumisos y objetores. Tenemos
que reconocer hoy aquí que el tratamiento que se hizo de este
colectivo no siempre fue adecuado, ya que no siempre se distinguió
entre realidades tan diferentes como los jóvenes que hacían uso de su
derecho a declararse objetores, aunque se negaran a realizar la
prestación social sustitutoria, con los que no ejercitaban la
objeción y los que desertaban del servicio militar después de
incorporarse. Por eso mismo y desde el respeto a las diferentes
opiniones es de justicia reconocer el avance social tan importante
que supuso el desarrollo del derecho de objeción de conciencia y la
aportación que algunos de estos colectivos hizo para que esto fuera
posible.
En definitiva, señorías, lo que nuestra iniciativa pretende -desde
una posición constructiva, insisto- es
adoptar las medidas necesarias para adaptarnos a una nueva realidad
social; realidad social que, como ya he explicado, surge por la
desaparición de esas obligaciones, por lo que este hecho debe tener
un reflejo inmediato en nuestra legislación penal. Desde luego, lo
que pretendemos con la toma en consideración de esta proposición no
es cerrar un proceso, por el contrario, quiere ser un instrumento que
sirva para abrir un debate sobre cuestiones no resueltas y que
necesitan solucionarse. En este sentido, hemos querido abordar esta
iniciativa en una realidad social que tiene una paradoja. Por un
lado, el 31 de diciembre de 2001 es la fecha prevista para la
suspensión de la prestación del servicio militar así como de la
prestación social sustitutoria, pero el Gobierno no ha previsto
regular en ese plazo la desaparición de los delitos cometidos contra
los deberes de prestación de dichos servicios. Actualmente, esta
paradoja podría afectar a 14 insumisos encarcelados al día de hoy en
Madrid, así como al joven estudiante de Sevilla que el martes se
enfrenta a lo que posiblemente sea el último juicio por insumisión.
Este hecho puede producir la paradoja, repito, de tener jóvenes
condenados o en espera de celebración de juicio por cometer un delito
contra una norma de obligado cumplimiento que técnicamente deja de
existir a 31 de diciembre de 2001.
En ese sentido, señorías, la proposición de ley presentada por el
Grupo Socialista pretende poner fin a una situación carente de
sentido, modificando los artículos en el Código Penal, en el Código
Penal Militar y en la Ley de régimen disciplinario de las Fuerzas
Armadas que hacen referencia a estos delitos. Pero, señorías,
queremos dar un paso más allá y también mandatamos al Gobierno a
adoptar las medidas necesarias para que el 31 de diciembre de 2001 se
produzca urgentemente la finalización de condenas y sanciones
impuestas por aplicación de los artículos e infracciones que se
deroguen, exigiéndole las correspondientes responsabilidades.
Igualmente le pedimos que sean archivados o sobreseídos los
procedimientos incoados por aplicación de los artículos o
infracciones que se deroguen. Les voy a explicar, señorías, el porqué
de la necesidad de actuar antes del 31 de diciembre.
En primer lugar, porque pretendemos evitar que se produzcan
confusiones y situaciones paradójicas: jóvenes cumpliendo condenas,
jóvenes esperando juicios y que desconocen cómo se va a resolver su
situación. También queremos evitar la paradoja y el sufrimiento de
personas y familias que están siendo afectadas por esta situación.
Además, creemos que es necesario recordar que el servicio militar y
la prestación social sustitutoria no han desaparecido sino que se
encuentran técnicamente suspendidos, por lo que si la situación
actual no se corrige, estas conductas podrían seguir persiguiéndose y
juzgándose al amparo de estos artículos. Hipotéticamente, pueden
producirse sentencias condenatorias hasta diciembre de 2006.
Por tanto, señorías, la aprobación de esta proposición supone también
el apoyo al proceso de profesionalización
y al nuevo modelo de las Fuerzas Armadas. Además y por último,
también encontramos en ella una razón institucional, la
responsabilidad de armonizar nuestras leyes con algo que no se
corresponde con la existencia en nuestro Código Penal de delitos
imposibles.
En definitiva, señorías, el clamor de la sociedad se va a escuchar
esta tarde en la Cámara, pidiendo que, de una vez por todas, se
regularice una situación normalizada ya en la calle y que al día de
hoy no está contemplada en la legislación; clamor social que ya se
vio en el Senado hace unas semanas y que contó con el apoyo y el
respaldo de todos los grupos de la oposición, a excepción del Partido
Popular. A mí sólo me quedaría pedir al Grupo Popular, como ya lo han
hecho otros portavoces y es de sentido común, que escuchen el clamor
social y que sean capaces de que el proceso de la suspensión del
servicio militar acabe como corresponde.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Pajín.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Señorías, con estas iniciativas de diversos grupos de la Cámara,
todos coincidimos en que hoy constatamos el inminente fin del
servicio militar obligatorio. El hecho de que hoy, de manera tan
contundente y rotunda y, además, como apuntaba el señor Saura, tan
cargados de sentido común en nuestras justificaciones, planteemos la
necesidad de suprimir los artículos del Código Penal y del Código de
Justicia Militar que aún mantienen la tipificación de los denominados
delitos de insumisión no es más que la evidencia del fin del servicio
militar obligatorio.
Este hecho creo que satisface a todos los grupos de la Cámara,
constata un cambio histórico, un cambio producido fundamentalmente
por la voluntad del conjunto de la sociedad, pero también por las
transformaciones en los modelos de seguridad existentes en el
continente europeo desde 1989. Expresamos también con satisfacción el
éxito colectivo de la sociedad española a la hora de abordar la
supresión del servicio militar obligatorio. Si me lo permiten, en
términos estrictamente partidarios, Convergència i Unió, Coalición
Canaria y también el Grupo Popular, expresamos que un compromiso
asumido en 1996 está a punto de convertirse en realidad. El debate de
hoy es el debate bajo la perspectiva de esta supresión del servicio
militar obligatorio, resultado, insisto, del cambio histórico, del
éxito colectivo de la sociedad y del compromiso político asumido en
la pasada legislatura.
En esta lógica, en esa inminencia de la supresión real de la mili
obligatoria, es evidente que tiene poco sentidomantener tipos
penales, que tanto el Código Penal
como el Código de Justicia Militar aún mantengan que esas conductas,
conocidas popularmente como de insumisión, tengan una determinada
tipificación penal, que existan aún delitos relacionados con el
incumplimiento de esas obligaciones en la medida en que esas
obligaciones dejarán de existir.
Alguien podría decir que hoy ya no existe este problema, pero en la
respuesta a una pregunta parlamentaria que planteé yo mismo, se nos
informa que, a fecha 22 de febrero de 2001, el número de personas
incluidas en el registro central de penados y rebeldes por la
comisión de delitos relacionados con el incumplimiento del servicio
militar es de 3.851 y el número de personas incluidas en el registro
central de penados y rebeldes por la comisión de delitos relacionados
con el incumplimiento de la prestación social sustitutoria es de 920;
en total, a fecha de febrero de 2001, hay 4.771 personas imputadas
aún con delitos de insumisión, sin contar los ciudadanos imputados
por los delitos contemplados en el Código de Justicia Militar.
Por tanto, existe un problema de verdadera indefensión de estos
ciudadanos y sería bueno se resolviese cuanto antes mejor. El resto
de portavoces ha afirmado que la norma se debe adecuar a la realidad
y hoy la adecuación a la realidad exige la supresión de estos
artículos que penalizan las conductas denominadas como de insumisión.
Pocas razones puede encontrar el grupo de la mayoría para oponerse a
esta necesidad.
El señor Llamazares, creo que de manera inteligente, ha afirmado que
es complicado que se nos diga que no se pueden suprimir estos
artículos del Código Penal porque no se extingue el servicio militar
obligatorio sino simplemente se suspende su obligación. Tendrá razón
el Grupo Popular afirmando eso porque técnicamente es suspensión del
servicio militar obligatorio, pero sería muy bueno que el voto del
Partido Popular contrario a estas proposiciones de ley dejase muy
claro que el Partido Popular no tiene ningún tipo de duda sobre el
proceso irreversible de la supresión del servicio militar
obligatorio, que los portavoces del Grupo Popular fueran muy claros y
contundentes sobre esa cuestión.
Es evidente que la evolución de la legislación española en esta
materia también es muy clara. Fue en los debates sobre el Código
Penal del año 1999 cuando se vio de manera muy evidente la necesidad
de articular de manera razonable la tipificación de los delitos de
insumisión. En los debates de 1995, mi grupo parlamentario, entre
otros, defendió la necesidad de la no existencia de penas de prisión
ni para los insumisos de la mili ni para los insumisos de la
prestación social sustitutoria. En aquella legislatura tan sólo
pudimos llegar a un acuerdo con el Grupo Socialista sobre la
necesidad de no contemplar la pena de prisión para los insumisos a la
prestación social sustitutoria, pero el Código Penal de 1995 mantuvo
las penas de prisión también para los insumisos al servicio militar
obligatorio. Fue en 1998, como resultado de una iniciativa conjunta
de
Coalición Canaria, del Grupo Popular y de Convergència i Unió, cuando
adaptamos esa legislación a lo que ya era en aquellos momentos un
proceso irreversible: el proceso de supresión de la mili. En el año
1998 entendíamos que mantener las penas de prisión era un absurdo,
que mantener las multas era un absurdo, pero que seguramente teníamos
que mantener un Código Penal que supusiese una disuasión para
aquellos ciudadanos que optasen por el no cumplimiento de sus
obligaciones. Creíamos que en aquellos momentos la sociedad entendía
que era necesario mantener aquellas penalizaciones, aunque con un
contenido material mucho más suave: rebajando a la mitad las penas de
inhabilitación, que dejaban de ser absolutas para ser especiales, e
introduciendo además un régimen retroactivo. La reforma afectó a los
artículos 527 y 604 del Código Penal y supuso la supresión del
artículo 528 del Código Penal.
Aquella iniciativa tuvo su sentido en aquel momento, pero es evidente
que hoy se nos queda corta, precisamente porque el calendario ha
avanzado y, por tanto, no tiene ningún sentido mantener esta
tipificación. Nosotros entendíamos que lo coherente en los años 1995
y 1998 era aquello que mantuvimos, pero hoy lo coherente y lo lógico
es plantear la supresión definitiva de estos artículos y ampliar
también el debate a los artículos contemplados en el Código de
Justicia Militar, que en los debates de los años 1995 y 1998 no
fueron planteados por el conjunto de los grupos políticos. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia.)
Señorías, es evidente que hoy, con este debate, no sólo constatamos
el fin del servicio militar obligatorio, no sólo ponemos en evidencia
que existe el problema que expresan esos cuatro mil y pico ciudadanos
del Estado español incluidos en el registro de penados por haber
cometido determinados delitos. Hoy, con estas iniciativas, también
ponemos de manifiesto que en la historia de la supresión del servicio
militar en España han tenido un papel decisivo los movimientos
sociales, y que si hoy es posible plantear la supresión del servicio
militar obligatorio es porque el conjunto de la sociedad, y de manera
muy específica los sectores más comprometidos con la paz, con los
derechos humanos, con aquellos elementos que nos permiten defender la
existencia de la cultura de la paz, se convirtieron en punta de lanza
de un movimiento social que, además, en el caso de Cataluña y de
Euskadi tenía un elevado contenido nacionalista. El plantear hoy la
supresión de los artículos del Código Penal y del Código de Justicia
Militar es también un homenaje a aquellos sectores que, desde la
objeción de conciencia y muchas veces desde posiciones más radicales,
como los movimientos de insumisión, plantearon la necesidad de
superar el anacronismo que suponía el servicio militar obligatorio.
En el fondo, el debate de esta tarde es ése y nos parece que es de
justicia que hoy la Cámara tenga en consideración a estos grupos
sociales.
Señorías, todas ellas son razones que, en su momento, han llevado a
nuestro grupo a presentar esta iniciativa y a expresar nuestra
coincidencia con la mayoría de las que ha planteado el resto de los
grupos. Nos gustaría que el Partido Popular se cargase de sentido
común y hoy mismo iniciase el proceso de supresión de este verdadero
anacronismo que aún continúa vigente en nuestra legislación penal,
tanto en la civil como en la militar.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Como acaba de manifestar el señor portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), aquí hay una valoración de
oportunidad. Cuando un tipo delictivo deja de serlo, ya no está
reflejado en el Código Penal o en cualquier código disciplinario,
como es en este caso el Código Penal Militar, al haber desaparecido
la causa, también desaparecen sus consecuencias. Era natural la
desaparición, en el Código Penal, en el Código Penal Militar y en la
Ley de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, de la
penalización de la insumisión.
Recordaré que en el año 1998 mi grupo, junto con el Grupo
Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), trajo una iniciativa, para ir abriendo este surco de
racionalidad y de naturalidad en no penalizar lo que ya no iba a ser,
en un horizonte inmediato, ni delito ni figura delictiva, porque, no
existiendo el delito, no tiene por qué existir el delincuente y, no
existiendo éste, no tiene por qué haber alguien penando las faltas
que antes existían.
Hay un hecho evidente que viene a abundar en esta línea y es que el
Gobierno recientemente ha publicado dos decretos y hay que hacer una
lectura sobre el calendario de lo que esto puede significar. Mediante
el Real Decreto 247/2001, de 9 marzo, se adelanta la supresión de la
prestación del servicio militar y, en sus artículos 1 y 2, viene a
pasar a la reserva militar a una serie de españoles. La Ley 17/1999
remitía la desaparición de este servicio militar al 31 de diciembre
de 2002 y hay que tener en cuenta que, a partir de haberse efectuado
ya, en la fecha de hoy, que tenemos este debate, el último
llamamiento de los soldados del reemplazo, si la ley ha venido
diciendo que la duración del servicio militar era de nueve meses,
estamos ya fuera de plazo para una serie de conscriptos españoles
que, por el servicio militar obligatorio, les corresponde hacer la
mili. Hay que entender que desde ese momento, prácticamente desde los
nueve meses finales que le queda al último llamamiento de soldados de
reemplazo, nadie tiene capacidad,
aunque tuviera voluntad de delito, de declararse insumiso.
Jurídicamente es imposible la declaración de voluntad de insumisión,
como figura de rechazo al servicio militar, y no cabe que, por los
poderes que tienen que ejecutar los principios legales, sea declarada
insumiso una persona que esté en estas circunstancias. Tenía que ser
natural la desaparición por una iniciativa propia del Gobierno, ya
que, desaparecida la causa y el delito, quedan suprimidos todos
aquellos procedimientos que pudieran llevar a un cumplimiento de la
pena.
Quiero aprovechar para decir y que quede constancia en el «Diario de
Sesiones», hablando de la Ley 17/1999, que no hablaba de decretos,
del decreto 247, que he citado, que espero que el Gobierno, si es que
no lo ha hecho todavía, realice la notificación a las Cortes del
adelanto de la supresión del servicio militar obligatorio. Está en la
ley. Un decreto no es una notificación del Gobierno al Parlamento. La
ley dice muy claro que el Gobierno notificará a las Cortes, en
primera instancia al Congreso de los Diputados, la desaparición o el
adelanto de este servicio militar obligatorio, para que tenga unos
efectos de conocimiento y de dación parlamentaria. De ahí se tiene
que derivar algo para el Parlamento. Si el Parlamento es el que
legisla y es el que en su día legisló y aprobó el Código Penal, donde
aparece la figura de la insumisión y del insumiso, es necesaria
también del Parlamento esta iniciativa, bien por vía gubernamental,
bien por esta otra vía.
Mi grupo va a votar favorablemente las iniciativas que han presentado
el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), porque, a juicio de nuestro grupo, contemplan
un tratamiento muy normal y natural, de principio de actuación
jurídica, en la aplicación de lo que debe ser retirado ya porque
queda obsoleto. De esta manera, no habrá tribunal que pueda juzgar,
invocando el artículo 527, el 604 de la Ley orgánica 10/1999 del
Código Penal, así como la Ley orgánica 13/1985, del Código Penal
Militar, porque, dada la desaparición de la mili y dado que hay un
servicio profesional de las Fuerzas Armadas en España, es un
documento muy obsoleto en alguno de sus planteamientos. Y, por
supuesto, la Ley del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, en
la dedicación que la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista ha
hecho al artículo 32, del que vamos a tener que hablar mucho todavía
en este Parlamento, en cuanto a las organizaciones sindicales,
etcétera, o cualquier tipo reivindicativo que esté legalmente
establecido en el ordenamiento jurídico español. Con toda naturalidad
y sin entrar en avances de planificación y de planteamiento que tenga
que ver con una lectura ideológica, es, por parte del diputado que
les habla, una adecuación cronológica y cronométrica al ordenamiento
jurídico español. Sencillamente, al haberse producido unas
disposiciones al respecto de la supresión del servicio militar
obligatorio, todo lo que trajera causadel mismo en la legislación es
página pasada en la historia
del derecho penal militar español. Por todas estas razones,
señorías, repito que mi grupo votará favorablemente estas iniciativas
que he enunciado.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, mi formación política es histórica en esta petición de que
se despenalicen estas conductas o de que no constituyan delito y ahí
queda en el querido «Diario de Sesiones», como decía nuestro ex
compañero Pablo Castellano. Desde el debate constitucional, cuando se
introdujo la obligación del artículo 130, hasta los debates del
Código Penal, siempre hemos estado en contra, normalmente solos y en
muchas ocasiones acompañados por el Grupo Federal de Izquierda Unida.
En la legislatura pasada, producida ya la promesa en el debate de
investidura por el presidente del Gobierno de la desaparición del
servicio militar, intentamos una y otra vez la despenalización de las
conductas, entendiendo que no existía ya bien jurídico alguno que
salvaguardar como no fuese un incumplimiento de un deber, para lo
cual la respuesta penal siempre ha resultado excesiva. Ese exceso,
incluso para nosotros, existía cuando, por determinadas formaciones
políticas, se aprobó la pena de inhabilitación, desapareciendo ya las
penas privativas de libertad, pero una pena de inhabilitación tan
extensa e intensa que se le ha dado en llamar vulgarmente muerte
civil. Ni becas, ni ayudas en vivienda, ni promoción en el empleo.
Es absurdo, y así lo he puesto de manifiesto en esta Cámara muchas
veces, que los poderes públicos hagan esfuerzos que se contrarresten.
Pretenden insertar a los jóvenes en el mercado laboral y se gasta
dinero en ello y está bien gastado y a la vez se mantenía una
obligación de que, en ese período tan crítico, en esa edad tan
determinada de acceso al primer empleo tuviesen que hacer una
prestación social o, lo que era todavía peor desde nuestra
perspectiva, la incorporación al cumplimiento de un deber militar.
Ahora ya no queda ni eso. Se apareja en los tipos penales a los que
se refieren las iniciativas una pena por un incumplimiento de deberes
que ya no existen. Repito, señorías, un deber inexistente genera
todavía una sanción penal. ¿Cabe mayor disparate? No es que ya no
exista bien jurídico a tutelar, es que ni siquiera existe el deber
legal. Son ya tipos penales vacíos porque no existe el deber personal
y deben desaparecer del ordenamiento. La despenalización, además, no
perjudica a nada, quizá en algo a la prestación social, pero sobre
ello puede haber otras medidas. La propuesta de una de ellas se va a
ver esta misma tarde en esta Cámara. Desde luego, no en cuanto al
servicio militar, puesto que ya está profesionalizado el ejército y
beneficiaría, y esto es lo considerable, a un número importantísimo
de ciudadanos, los que están cumpliendo pena, los que tienen
sentencias pendientes de ejecutar y también ciudadanos que tienen
todavía procesos pendientes. No cabe hablar de desigualdad en
relación con quienes han cumplido la prestación, en relación con
quienes no lo han hecho y ahora se van a ver liberados de ello. Ya no
estamos en el ámbito del artículo 14 de la Constitución, sino más
bien en el ámbito del 9.2, como obligación de los poderes públicos.
Repito, creemos que no hay enganche jurídico alguno para mantener
estos tipos. Sólo la cabezonería puede llevar a tenerlos y a
mantenerlos como vigentes.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, me corresponde, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, fijar la posición sobre estas cinco
proposiciones de ley que acaban de ser presentadas para la toma en
consideración de esta Cámara. Me van a permitir, señorías, que, para
ello, las agrupe en dos bloques, por la propia coincidencia y el
tenor cuasi literal de cada una de ellas. Por una parte, las
iniciativas que se defendieron al principio, del Grupo de Izquierda
Unida, y las dos iniciativas del Grupo Mixto, del señor Saura y de la
señora Lasagabaster, y, por otra parte, las iniciativas del Grupo
Socialista y del Grupo Catalán de Convergència i Unió.
El primer bloque de iniciativas tienen en común que se plantea la
despenalización de los llamados delitos de insumisión y concretamente
las tres iniciativas proponen la supresión de los artículos 527 y 528
del Código Penal, en lo que significaban las obligaciones respecto a
la prestación social sustitutoria, y el artículo 604 del Código
Penal, en lo que significaban los deberes, las obligaciones, como
consecuencia del servicio militar obligatorio.
Quiero decir, en primer lugar, que estas tres iniciativas, tanto en
su planteamiento como en su exposición de motivos, adolecen de unos
errores idénticos. En todas ellas se hace referencia a eliminar las
penas privativas de libertad como consecuencia de los deberes, tanto
de prestación del servicio militar como de la prestación social
sustitutoria. Y olvidan el Grupo de Izquierda Unida y los miembros
del Grupo Mixto que hace casi tres años esta Cámara modificó el
Código Penal, concretamente lo hizo el 5 de octubre de 1998, de forma
que el artículo 528 del Código Penal, señor Llamazares, que ustedes y
el Grupo Mixto proponen que desaparezca, ya no existe. Ese tipo penal
ahí regulado y ese artículo ya no existen, señor Llamazares. Además,
usted, hoy, señor Llamazares, ha seguido hablando de
penas privativas de libertad. Pues bien, tras la modificación del
artículo 604 del Código Penal, realizada a instancias del Grupo
Parlamentario Popular, en unión del Grupo de Coalición Canaria y del
Grupo de Convergència i Unió, mediante una ley orgánica que modificó
el Código Penal, tampoco se establece ninguna pena privativa de
libertad para el supuesto de incumplimiento de la obligación
correspondiente al servicio militar obligatorio. Por tanto, señor
Llamazares, ni el artículo 528 se puede suprimir, porque ya no
existe, ni se puede hacer ninguna referencia a las penas privativas
de libertad, porque en ningún caso aparecen en la ley.
Además, curiosamente, nos encontramos con que el señor Llamazares en
el día de hoy empieza a hacer una serie de manifestaciones más
propias de quedarse sólo en los titulares y no llegar nunca al
contenido, al fondo de lo que las normas establecen o de lo que cada
uno defiende. Señor Llamazares, ningún insumiso está en la cárcel en
aplicación del Código Penal. Ninguno. Si alguna persona está en la
cárcel será en aplicación del Código Penal Militar y por un delito
que no tiene nada que ver con la insumisión, que es el delito de
deserción. Por tanto, seamos justos y vayamos a lo que nos referimos.
Y hay que ser justo y reconocer a cada uno lo que ha hecho, en aras a
avanzar en un ejército de carácter profesional y a resolver
determinadas situaciones. Fue a impulsos del Partido Popular cuando
se suprimieron las penas privativas de libertad para los insumisos
del servicio militar. Ha sido con el Partido Popular cuando se ha
suprimido el artículo 528 del Código Penal y ha sido con el Partido
Popular cuando se han reducido todas las referencias a las
inhabilitaciones absolutas que establecía el Código penal y ahora se
refieren a determinadas inhabilitaciones especiales, más reducidas en
el tiempo y equiparadas en los dos supuestos. Por cierto, también por
impulso del Partido Popular se ha producido lo que es formalmente la
suspensión del servicio militar. No busque usted más complicaciones.
Lea el artículo 30 de la Constitución en el que se establece la
obligación del servicio militar. Y, en función de todo eso, en la
reforma que esta Cámara ha realizado como consecuencia de un informe
de la Comisión mixta Congreso-Senado para la profesionalización,
modernización y otras cuestiones más que afectaban a la defensa, se
aprobó laLey 17/1999, que establece el fin del servicio militar. En
términos formales y jurídicos, para respetar el espíritu y la letra
de la Constitución, se habla de supresión del servicio militar. Yo
creo que usted, señor Llamazares, incluso es capaz de entender lo que
estoy diciendo.
Estas iniciativas de los grupos de Izquierda Unida y Mixto no pueden
ser respaldadas por el Grupo Popular, por cuanto no compartimos los
criterios, fundamentalmente jurídicos, además de desfasados, que
inspiran esta iniciativa y que se contemplan en la exposición de
motivos y en el propio texto de las iniciativas, que chocan, por
cierto, abiertamente con el artículo 30 de la Constitución, su
desarrollo normativo, y la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, que acota y delimita su contenido y
extensión. Puedo ya dar por terminada mi intervención en esta parte,
simplemente remitiéndome al debate que se produjo el 16 de diciembre
de 1997, con iniciativa idéntica del Grupo de Izquierda Unida, donde
nuestro grupo parlamentario ya fijó posición.
Voy al segundo bloque de iniciativas, las de los grupos Socialista y
Catalán de Convergència i Unió, que son similares, un poquito más
amplia la del Grupo Socialista en cuanto al alcance, pero son
básicamente lo mismo, ya que proponen la derogación de los artículos
527 y 604 del Código Penal y la derogación del apartado 2 de los
artículos 8 y 119 bis del Código Penal militar. En el caso concreto
del Grupo Socialista, se añaden determinadas modificaciones de la Ley
de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Conviene recordar, señorías, para centrar de nuevo la cuestión, que,
en cumplimiento del programa electoral del Partido Popular y del
discurso de investidura del presidente Aznar, el Gobierno ha
adelantado, mediante las decisiones correspondientes en reales
decretos de los meses de marzo y abril, la finalización del servicio
militar obligatorio, la suspensión, en términos formales, al 31 de
diciembre del presente año 2001. Se han tomado, por tanto, las
decisiones correspondientes respecto al servicio militar obligatorio
y la prestación social sustitutoria como alternativa. Hay que
recordar asimismo que la Ley del año 1998, de objeción de conciencia,
establecía que los españoles reconocidos como objetores de conciencia
quedarían exentos del servicio militar, debiendo realizar en su lugar
esta prestación social sustitutoria. Y en su disposición adicional
cuarta extiende los efectos temporales de la Ley en tanto subsista el
servicio militar obligatorio. Consecuente con todo ello, se han
producido los decretos a los que acabo de hacer referencia y que
vinculan todo el período de suspensión del servicio militar y la
prestación social sustitutoria para el 31 de diciembre del presente
año.
Sus iniciativas, que pueden estar bien intencionadas en el fondo, no
pueden ser respaldadas, fundamentalmente por razones de forma y de
coherencia, por el Grupo Parlamentario Popular.
Las iniciativas de los Grupos Socialista y Catalán de Convergència i
Unió pretenden lo que, en concepto técnico- legal, significa
despenalizar anticipadamente una conducta que hasta la suspensión de
la obligación del servicio militar ha sido y es constitutiva de
delito. Los tipos penales a los que se refieren las dos proposiciones
de ley contemplan como elemento integrante de los mismos la
existencia de un deber cuya infracción resulta penalmente relevante
hasta que ese deber como tal desaparezca. Mientras subsista la
obligación, tiene que existir una reacción de carácter penal. Si no,
ese deber no sería un deber jurídico. Sería un deber, si lo quieren
calificar, moral. Y nos parece que, de acuerdo con el artículo 30 de
la Constitución española, el desarrolloque en la Ley del servicio
militar se establece y la propia
Ley de objeción de conciencia, no cabe hacer estas aplicaciones.
Por tanto, señorías, el Grupo Popular entiende que la desaparición de
dicho deber, prestación del servicio militar y prestación social
sustitutoria, a partir del 31 de diciembre vaciará los tipos penales
y los dejará sin contenido, por lo que nadie se encontrará en el
status especial que se pretende suprimir con la iniciativa de SS.SS.
Se trataría, además, de delitos imposibles y por tanto irrelevantes
penalmente. En consecuencia, las iniciativas legislativas que estamos
debatiendo no aportarían nada, desde la perspectiva del derecho
punitivo. Sólo en el momento en que desaparecida o, mejor dicho,
suspendida la obligación del servicio militar y de la prestación
social, puede evitarse la sanción. Con la peculiaridad de que,
insisto, nos encontramos ante una suspensión del deber establecido en
el artículo 30 de la Constitución y no ante una supresión del mismo.
En definitiva, señorías, el 31 de diciembre aún no ha llegado y hay
razones de técnica legislativa que nos llevan a no poder respaldar
las iniciativas.
Hay una segunda razón, que es de coherencia. El Grupo Parlamentario
Popular, con motivo de la tramitación de la reforma del Código Penal
que se llevó a cabo entre los años 1997 y 1998, y que finalmente
terminó en la Ley aprobada, de 5 de octubre de 1998, que suprimió el
artículo 528 del Código Penal y modificó los artículos 527 y 604 de
la misma norma, defendió que sólo una vez finalizado el período
transitorio de la puesta en marcha de la plena profesionalización de
las Fuerzas Armadas se acometerían las reformas y las adaptaciones de
carácter legal a que la desaparición de los deberes constitucionales
obligaba. Y hay una tercera razón, una razón de oportunidad. Hay que
sopesar las consecuencias de una reforma, como la que se propone en
este momento, cuando todavía quedan unos meses de servicio militar
obligatorio y, sobre todo, de prestación social sustitutoria, que
podrán producir abandonos masivos de quienes se encuentren cumpliendo
en este momento especialmente la prestación social. Asimismo,
dificultaría la tramitación de los procedimientos administrativos
correspondientes a los últimos objetores y la adecuada gestión del
proceso de suspensión de la prestación social sustitutoria.
En definitiva, señoras y señores diputados, para el Grupo
Parlamentario Popular hay razones importantes de técnica legislativa,
razones de coherencia con las decisiones adoptadas por esta Cámara y
razones de oportunidad, que nos llevan a votar en contra de la toma
en consideración de estas iniciativas legislativas, sin perjuicio de
que en el fondo del asunto, especialmente de la última iniciativa,
pueda haber situaciones más cercanas. Y agradezco a todos el tono de
su intervención. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Atencia.
Ruego ocupen sus escaños, señorías. Vamos a proceder a las
votaciones. (Pausa.)
Toma en consideración de proposiciones de ley.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la
despenalización de los denominados delitos de insumisión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
290; a favor, 115; en contra, 158; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), sobre
despenalización de los denominados delitos de insumisión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
290; a favor, 132; en contra, 158.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora
Lasagabaster), para la despenalización de los denominados delitos de
insumisión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 130; en contra, 158; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, orgánica, por la que se suprimen los
delitos e infracciones disciplinarias relativas a la prestación del
servicio militar y la prestación social sustitutoria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 130; en contra, 158.
La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada.
Por último, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica, de supresión
de los delitos contra los deberes de presencia y de prestación del
servicio militar y contra el deber de cumplimiento de la prestación
social sustitutoria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
291; a favor, 131; en contra, 159; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO SOBRE PRÓRROGA DE LA
VIGENCIA TEMPORAL DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA DE LA LEY
ORGÁNICA DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO, LOGSE. (Número
de expediente 162/000289.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: proposiciones no de
ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre
prórroga de la vigencia temporal de la disposición transitoria novena
de la Ley orgánica de ordenación del sistema educativo (Logse). Para
su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Guerra
Zunzunegui. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio; abandonen el hemiciclo u ocupen sus
escaños, pero todo ello en silencio. (Rumores.) Señorías, guarden
silencio al objeto de poder continuar con el debate.
Adelante, señor Guerra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la proposición no de ley que hoy trae a
esta Cámara el Grupo Popular es sencilla. Cuando se aprobó la Ley
orgánica general del sistema educativo -la Logse-, que recuerdo a SS.
SS. fue el 3 de octubre de 1990, había una disposición adicional
novena por la cual, durante el período de implantación, se admitía
que podrían optar a la jubilación que allí mismo se especificaba
aquellos docentes que estuviesen en activo el primero de enero de
1990 y hubiesen permanecido ininterrumpidamente en dicha situación
desde la citada fecha en puestos pertenecientes a las
correspondientes plantillas de centros docentes. Fijaba, además, que
tuviesen cumplidos 60 años de edad y acreditados 15 años de servicio
efectivo al Estado.
Posteriormente a la implantación se admitió un período de tiempo que
al principio era de 12 años y luego en la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social se
decía que este período finalizaría el 4 de octubre de 2002, y ahora
entiende el Grupo Popular que se debe ampliar, más allá de octubre de
2002, por un período de cuatro años.
Ha habido muchísimas intervenciones sobre si los docentes,
especialmente los de primaria y secundaria, debían o no jubilarse,
con carácter general, a los 60 años. Sabe mi grupo parlamentario -por
los datos que
facilita el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte- que no se han
acogido nada más que una mínima parte a estas posibilidades y que,
además, en general, hoy se ha prorrogado la vida laboral en todos los
aspectos y en los enseñantes también y, por tanto, no es algo
acuciante. Pero, en todo caso, eso no se debe plantear ahora, sino
que se estudiará en el Pacto de Toledo, y hago referencia a la
posible jubilación a los 60 años con carácter general, aunque
voluntario, de los docentes de primaria y de secundaria.Por ello el
Grupo Popular trae a esta Cámara esa posibilidad de prorrogar la
vigencia temporal de la disposición transitoria novena, que
anteriormente he indicado, por un período de cuatro años a partir del
4 de octubre del 2002, por tanto, hasta octubre del 2006. La virtud
que tiene esta proposición no de ley instando al Gobierno a esta
prórroga de cuatro años es que podremos aprobar en el presupuesto del
año 2002 la correspondiente medida para que se prorrogue, como he
indicado anteriormente, hasta el 2006.
Quiero hacer referencia, señora presidenta, a las enmiendas que se
han presentado, que no son enmiendas frontales, sino que tanto la de
Izquierda Unida, como la del PSOE, como la del Grupo Mixto, por medio
de don Francisco Rodríguez Sánchez, del Bloque Nacionalista Galego,
en todas ellas lo que se dice es que, en vez de un período de cuatro
años, sea un período indefinido. Entiende mi grupo parlamentario que
no se puede fijar un período indefinido. Primero me llama la atención
la enmienda del Grupo Socialista porque, en definitiva, fue el que
aprobó con su mayoría la Logse, en cuya disposición transitoria
solamente se hacía referencia al período comprendido entre la
aprobación, 1990, y 1996, en ningún momento se habló de período
indefinido. Posteriormente, estando en el Gobierno el Partido
Popular, se hizo la prórroga hasta octubre del 2002. Entendemos que
no debe haber una prórroga indefinida. Creemos que con una prórroga
de cuatro años se atiende a la mayoría del colectivo, reitero, que
estuviese en activo el 1 de enero de 1990, y, además, en el año 2006,
en todo caso, si queda una pequeña parte del colectivo, se podrá
estudiar en su momento. Por todo ello, nos vemos obligados, señora
presidenta -y lo anunciamos-, a rechazar estas enmiendas por pedir la
prórroga indefinida.
Señora presidenta, espero que a pesar de estas enmiendas salga
aprobada por unanimidad esta prórroga por cuatro años del 2002 al
2006. Creo que con ello atendemos a gran parte del colectivo que
queda que estuviese en activo en octubre de 1990, cuando se aprobó la
Logse.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guerra Zunzunegui.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora
Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular con un claro
sentido: no solamente con el sentido de que sea una prórroga
indefinida, sino que además esta medida, puesto que la jubilación
anticipada es voluntaria, esté recogida en un proyecto de ley;
proyecto de ley que pedimos al Gobierno que presente antes de que
finalice la legislatura dando por válido, si quieren ustedes, que se
pueda aumentar el período que plantea el Grupo Parlamentario Popular
en su proposición.
Señorías, planteamos que esta no sea una medida indefinida, sino que
esté recogida en una ley, que puede ser incluso la ley de calidad de
la educación, precisamente porque creemos que el colectivo del
profesorado necesita tener a su disposición no solamente los
mecanismos de constante formación y adecuación a las modificaciones
del sistema, sino también por el hecho de que si hay cierto personal
con una determinada edad que no se encuentra capacitado, habiendo
cumplido los años de servicio, pueda acceder a esta jubilación
anticipada y por ello mantener permanentemente una renovación en las
plantillas. Además, señorías, en nuestra enmienda no solamente
planteamos que sea para el cuerpo de funcionarios, sino que estamos
diciendo que sea extensivo a todos los docentes a los que se amplió
por la medida aprobada en la Logse y por la modificación de la ley de
medidas fiscales del año 1997.
Señorías, creemos que tanto la enseñanza pública como en estos
momentos la enseñanza concertada tienen el mismo derecho y las mismas
necesidades de renovación y de adecuación de las plantillas al
sistema educativo que pueda tener la enseñanza pública. Creemos, por
tanto, que es necesario que además de figurar en una ley sin
limitación temporal pueda abarcar a todos los docentes, ya que ahora
hay una parte de ellos que quedan excluidos de esta posibilidad de
renovación de plantillas. Y lo creemos así, señorías, por lo que he
explicado y porque además la renovación de las plantillas en la
educación es siempre necesaria, sin el perjuicio que se pueda
ocasionar a las personas y, por tanto, con el beneficio que puede
conllevar una plantilla mejor formada, más rejuvenecida, a la hora de
aplicar no solamente el sistema sino de que haya una mayor calidad de
la enseñanza dirigida a nuestros niños y niñas, que son en este caso
los receptores de una educación que debe impartirse con calidad, con
buena formación del profesorado y además con una plantilla que pueda
estar en permanente renovación. Se debe facilitar esa renovación
dejando siempre claro, señorías, que nunca es con carácter
obligatorio y sí con carácter voluntario. Es decir, se deja al
profesorado la capacidad de decidir si se encuentra en condiciones de
seguir impartiendo la enseñanza o si, por el contrario, prefiere
acogerse a las normas de jubilación anticipada que permitan al Estado
renovar esa plantilla y, en concreto
también, según ese planteamiento, a los centros concertados.
Por tanto, nuestra intención es dar esa estabilidad a la renovación y
plantear que pueda ser permanente, de forma voluntaria.
De todas formas, señorías, nuestro grupo parlamentario votará
favorablemente la iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario
Popular, entendiendo también que la redacción de la iniciativa no nos
parece la más adecuada, ya que no se está hablando simplemente de una
prórroga, porque el Gobierno no puede prorrogar, en todo caso, sí de
una modificación que tendrá que venir a esta Cámara ampliando el
plazo para que se puedan acoger a la jubilación anticipada los
funcionarios que así lo decidan. El Gobierno no prorroga, en todo
caso el Gobierno trae una modificación de la ley, en este caso de la
disposición novena de la Logse, que era la que contenía la regulación
de las jubilaciones anticipadas.
En ese sentido, ateniéndonos a la interpretación de la redacción que
se le da a la proposición no de ley, mi grupo parlamentario votará a
favor, eso sí, señorías, pidiéndole al Grupo Parlamentario Popular
que reflexione sobre el planteamiento que hace nuestro grupo
parlamentario porque, señorías, no tenemos por qué estar dentro de
seis años hablando una vez más de si es necesario o no ampliar el
plazo para las jubilaciones anticipadas de forma voluntaria, porque
sería muchísimo mejor y sería mucho más fácil, no solamente para
mejorar la calidad y renovar las plantillas, que se pudiera hacer de
forma automática si quedara reflejado en un texto legislativo que
perfectamente podría ser el que tendrá que presentar el Gobierno
sobre la calidad de la enseñanza.
Nada más y muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Para la presentación y defensa de las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ LASECA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender
la enmienda que hemos presentado a esta proposición no de ley del
Grupo Popular sobre prórroga de la vigencia temporal de la
disposición transitoria novena de la Logse, relativa a la jubilación
anticipada voluntaria de los profesores. Voy a hacerlo por entenderlo
procedente y avalado por tres razones primordiales. La primera,
porque lo que en su inicio fue una medida excepcional en respuesta a
una situación concreta, el paso del tiempo la ha acreditado como una
necesidad objetiva; la segunda, porque lo siguen demandando los
representantes del sector, que la han valorado muy favorablemente, ya
que ha tenido una buena acogida, tanto entre los propios profesores
afectados como por parte de las diversas administracioneseducativas
que la han incentivado; la tercera, porque
aporta elementos beneficiosos para la mejora de la calidad de
nuestro propio sistema educativo.
En efecto, lo que nosotros planteamos con nuestra enmienda de
sustitución es que la resolución final de esta proposición no de ley
tenga la suficiente amplitud de miras en cuanto a su proyección
temporal y también respecto a su repercusión, haciéndola extensible
al conjunto de los funcionarios docentes no universitarios que
cumplan con los requisitos.
Señorías, mediante la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
ordenación general del sistema educativo, Logse, se renovaba la
enseñanza en España en claves de calidad y de modernización. Aspectos
tan fundamentales como la extensión de la gratuidad y la
obligatoriedad hasta los 16 años, la comprensividad y el modelo
curricular centrado en la diversidad y de una forma abierta y
flexible justificaron su respaldo mayoritario. En su disposición
transitoria novena se establecía un sistema de jubilación voluntaria
anticipada para determinados funcionarios de los cuerpos docentes,
siempre que estos hubieran cumplido los 60 años de edad, acreditaran
un mínimo de 15 años al servicio del Estado y hubieran permanecido en
activo ininterrumpidamente desde el 1 de enero de 1990.
El período inicial de aplicación entre 1991 y 1996 fue ampliado
después a 12 años mediante la disposición adicional vigesimoséptima
de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden fiscal, por lo que está previsto que su
plazo expire el 4 de octubre de 2002, tal como aquí se ha señalado y
por eso es obligada su consideración.
Por tanto, seguir ofreciendo al profesorado un régimen de jubilación
voluntaria más allá de la finalización de aquel período es algo que
consideramos justo y necesario, y ello tiene mucho que ver con las
propuestas consensuadas entre las distintas federaciones sindicales
de enseñanza, FETE-UGT, Comisiones Obreras, ANPE, Cesif, etcétera,
que inclusive han acometido campañas de recogidas de firma en los
centros, en todos los claustros del Estado, para que la nueva
normativa tenga un carácter indefinido, tal y como nosotros estamos
aquí proponiendo. Más aún cuando, como se advierte en la exposición
de motivos, se han aprobado dos reales decretos, 3473 y 3474/2000, de
29 de diciembre, que establecen las enseñanzas mínimas en secundaria
y bachillerato y asimismo se está tramitando la elaboración de nuevas
leyes de reforma del sistema educativo, como es la de la calidad de
la educación y también la de la formación profesional, que exigirán
una constante necesidad de adaptación a nuestros docentes.
Por nuestra parte, además, consideramos que la propuesta no estaría
completa si no se incluyera en la misma a un cada vez más reducido
colectivo de profesores procedentes de las antiguas universidades
laborales, luego CEIS, y de los centros docentes de la antigua
organización sindical, luego AISS, que ahora están excluidos por su
integración en el régimen de pertenencia
a la Seguridad Social, no pudiendo acogerse a la jubilación
prevista en la Logse en igualdad de condiciones económicas. Lo
entendemos así por razones de justicia y equidad, puesto que creemos
que nunca estuvo en el ánimo del legislador discriminar entre
profesores que hoy trabajan en los mismos centros, dan clases
a similares alumnos y comparten idénticas competencias
y responsabilidades. Hemos de tener muy en cuenta que estamos hablando
en todos los casos de jubilaciones que tienen un carácter voluntario,
por lo que su incidencia económica parece perfectamente asumible y
así, en el sentido de que pocos de ellos se acogen a estas
jubilaciones anticipadas, se ha señalado por el portavoz del Grupo
Popular.
Entre las ventajas de esta jubilación anticipada se cumple un
objetivo que entendemos muy conveniente al interés público, como es
el fomento de la renovación de los cuadros docentes, lo que
permitiría rejuvenecer las plantillas de los centros educativos y a
la vez favorecería a los demandantes de empleo por las vacantes que
se generasen.
Explicadas mis tres razones primordiales, y por si no bastara con
ellas, me restaría todavía una cuarta razón o argumentación a favor
de la enmienda: la coherencia. Coherencia con las iniciativas
parlamentarias presentadas por el Grupo Socialista ante la Cámara,
algunas inclusive con rango de proposición de ley para cambiar la
norma y que abundan en esta misma dirección. Y coherencia con la
resolución que, en la clara intención de corregir la situación de
desigualdad entre el profesorado, fue aprobada en la Comisión de
Educación, Cultura y Deporte el 28 de septiembre de 1999 por
unanimidad de todos los grupos.
Señorías, partiendo de premisas similares, y dada la creciente
aceptación social de la norma en estos años, las conclusiones no
debieran ser tan dispares como sucede en el caso que nos ocupa. Ya de
un tiempo a esta parte observamos que poseer la fuerza de una mayoría
absoluta hace que el Grupo Popular raramente atienda a la fuerza de
las razones de los otros grupos parlamentarios. Acabaré diciendo que
me ha llamado especialmente la atención observar en el Boletín del
Congreso que el 30 de abril el grupo que sustenta al Gobierno era
partidario de prorrogar la vigencia temporal de la disposición
transitoria novena de la Logse por un período de ocho años a partir
del 4 de octubre de 2002, con lo que llegaría hasta el 2010, pero que
21 días después había cambiado de criterio, eso sí a la baja y
dejándolo reducido tan sólo a la mitad, cuatro años. ¿Acaso se debe
tal mudanza a que España ya no va tan bien y es llegado el tiempo de
las rebajas? Por eso les pido, señorías, que apoyen nuestra enmienda
y rectifiquen, puesto que no dudamos que de ese modo acertaríamos
todos en la apuesta por la mejora de la calidad educativa, en la que
el papel de los profesores bien preparados y dispuestos resulta sin
duda tan deseable como imprescindible.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
En octubre del año 2000 el Bloque Nacionalista Galego registró en
este Congreso de los Diputados una proposición de ley sobre prórroga
de la normativa aplicable a la jubilación anticipada de los
funcionarios de los cuerpos docentes. Su contenido estaba basado en
que consideramos apropiada la permanencia del régimen de jubilación
anticipada de los cuerpos docentes no universitarios, tal como se
establecía en la disposición transitoria novena de la Logse. En esta
proposición de ley que registramos en octubre del 2000 se abogaba por
el carácter definitivo de lo que en la disposición transitoria novena
de la Logse se daba con un carácter temporal, muy definido primero,
de muy pocos años, y después prorrogado hasta el año 2002.
Nosotros pensamos que el carácter definitivo de la posibilidad de
jubilarse anticipadamente se debe mantener por varias cuestiones. En
primer lugar, porque todos sabemos que, momentáneamente al menos,
pero por un carácter de más de cinco años, se está dando un proceso
de reducción de alumnado en las aulas. En segundo lugar, todo el
mundo sabe que para atender tanto a adolescentes como a niños en la
etapa de la educación primaria o en la educación secundaria,
respectivamente, hace falta gran entusiasmo, predisposición de ánimo
y condiciones físicas. Y, en tercer lugar, porque a nadie se le
oculta que existen muchos licenciados y diplomados, precisamente en
carreras que tienen como finalidad la docencia, que están esperando
como agua de mayo un puesto de trabajo. Sería una oportunidad
fundamental y que desde luego beneficiaría poderosamente la capacidad
de entusiasmo y predisposición la integración de nuevas generaciones
en la docencia. Si además se tiene en cuenta que se da carácter
voluntario a esta posibilidad de jubilarse a las personas que tienen
60 años, con 15 años de servicio efectivo al Estado, vemos que sería
muy importante que se aprobase efectivamente una medida con carácter
definitivo.
El propio Partido Popular reconoce que estamos en una situación en la
que hay nuevas leyes de transformación educativa, que el Partido
Popular considera de gran importancia, que es una necesidad objetiva
que está compartida por las administraciones educativas, las
organizaciones sindicales y lo que llama el Partido Popular
funcionarios docentes. Pero es más, el Partido Popular es
perfectamente consciente de que organizaciones sindicales muy
próximas a sus postulados ideológicos y educativos, como puede ser
ANPE, quedaron gravemente sorprendidas por el hecho del cambio, de
que se haya pasado de una promesa de un período de
ocho años de duración por lo menos de la jubilación anticipada
durante todo este tiempo a un período de cuatro años. Así, por si les
interesa, por lo menos por la proximidad ideológica, en un comunicado
que se cuelga en todos los centros educativos, se dice lo siguiente:
Hace pocas semanas, el portavoz del Partido Popular en el Congreso de
los Diputados, don Luis de Grandes, planteó una proposición no de ley
que venía a recoger parcialmente una vieja aspiración sindical de
ANPE en la que instaba al Gobierno a prorrogar la vigencia temporal
de la disposición transitoria novena de la Logse por un período de
ocho años. Atendiendo no se sabe qué argumentos e intereses, ha sido
retirada dicha proposición no de ley, modificándola en los siguientes
términos (tal y como aparece ahora reflejada aquí). Entendemos que el
Gobierno del Partido Popular con esta inesperada rebaja de ocho a
cuatro años está defraudando a los miles de docentes que esperan un
gesto de la Administración que pueda darles una salida honrosa a
tantos años de dedicación absoluta a la cada vez más desprestigiada
tarea de la educación. Entendemos que el Partido Popular está
defraudando a los interlocutores sociales no atendiéndolos en sus
demandas, y creemos que está defraudando a las instituciones, que
tanto defiende don José María Aznar, al utilizar el Congreso de los
Diputados con una frivolidad indigna de la importancia de esta
Cámara. En todo caso dice que si el plan de mejora de la calidad
educativa que está preparando el Ministerio de Educación y Cultura
pretende así contentar a los docentes, motor principal de la
educación, dudamos mucho de la vocación de mejora del sistema público
educativo por parte del Gobierno nacional.
Así se expresa el sindicato que sin duda está más esperanzado en una
posición reformista por parte del Partido Popular. En todo caso, a
nosotros sí nos interesa señalar que se obra por presión, por
necesidad y que si en este debate no salen aprobadas las enmiendas
que hemos presentado los distintos grupos parlamentarios, será bueno
que el Partido Popular cavile profundamente en lo que le plantean sus
próximos y aliados y en lo que le planteamos, de una manera
estratégicamente más ambiciosa, algunos de los grupos parlamentarios
que estamos en esta Cámara y que tenemos una conciencia clara de que
es muy necesario que tenga un carácter definitivo la posibilidad de
jubilarse anticipadamente los funcionarios de los cuerpos docentes de
la educación obligatoria.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Los que tenemos memoria histórica por años de ejercicio parlamentario
recordamos el ambiente de la Cámara en 1990 cuando se aprobó la Ley
orgánica 1/1990, de ordenación general del sistema educativo.
Entonces, al referirnos al sistema de jubilación voluntaria para los
funcionarios de los cuerpos docentes no universitarios, ya expresamos
un deseo de homologación, porque en aquellos años noventa estábamos
en la Cámara bajo el efecto de lo que se llamaba la Ley Moscoso, la
Ley 30/1984, de la función pública. Desde entonces hasta 1995 este
diputado coincidía con satisfacción en los mismos planteamientos
sobre la jubilación de funcionarios civiles del Estado con el
entonces portavoz del Grupo Popular en estas materias de función
pública, don Manuel Núñez, y pretendíamos alejarnos de aquella
barrera en la que nos había situado la Ley Moscoso del año 1984 de
los 65 años de jubilación forzosa y obligatoria, situación que la
realidad de los hechos con su contundencia ha ido posponiendo, dando
la posibilidad de acogerse voluntariamente a la jubilación a todo
funcionario civil del Estado que se encuentre en el tramo de los 65 a
los 70 años.En este caso nosotros estamos en esa misma sintonía y por
eso vamos a votar favorablemente la iniciativa de esta proposición no
de ley que trae el Grupo Parlamentario Popular para estos
funcionarios docentes. Porque son de cuerpos no universitarios, y
tratamos de mantener el principio de aproximación, de no generar más
agravios comparativos entre los funcionarios docentes de cuerpos no
universitarios y universitarios, haciendo natural y normal una serie
de comportamientos y de exigencias administrativas en la función
pública que a todos tiene que afectar.
Hay otro detalle para que nosotros distingamos entre las enmiendas
que se han discutido y se han presentado aquí con el texto que trae
la proposición del Grupo Popular que nosotros vamos a apoyar en
cuanto a su limitación a los cuatro años. Este profesorado con la
ampliación desde el año 2002 hasta el 2006 no creo que vaya a tener
ninguna posibilidad de solución, pero hay una cuestión que me
preocupa y es que estamos hablando de modificar, de proponerle al
Gobierno que modifique una ley orgánica que precisamente es la que
había situado unos plazos con unas condiciones concretas - se hablaba
de 60 años, de 15 años prestados- de una parte del personal que no
está acogido al régimen de clases pasivas. Tendríamos que analizar
cuál es la forma y el procedimiento por el que se tiene que modificar
esto e instamos al Gobierno a hacer una prórroga de cuatro años. El
Gobierno es de suponer, si no tiene otra facultad por ley, que tendrá
que traer a la Cámara un proyecto de ley -no sé si esta figura sería
orgánica o no- para hacer esa actuación. En ese momento, si hay
criterios dispares, como se ve en alguna de las enmiendas
presentadas, sería ocasión de proponer, vía enmiendas, si una ley que
señala plazos se puede sustituir por un plazo indefinido; porque un
plazo indefinido no es un plazo concreto en sí mismo, porque si es
indefinido
no tiene por qué estar en la ley, en la que no se distingue, no se
puede distinguir, pero la Ley orgánica de 1990 sí distingue unos
periodos de aplicación para estas jubilaciones. Por tanto, parece lo
más correcto ahora, hasta que el Gobierno traiga el nuevo proyecto de
ley modificando la de 1990, que se le inste a que al menos por un
periodo de cuatro años tenga aplicación este principio que estamos
discutiendo aquí. Así estaríamos en una sintonía natural,
acercaríamos los posicionamientos de obligaciones administrativas de
jubilación de los funcionarios docentes no universitarios, como es el
caso que nos ocupa, con los universitarios para evitar otra vez
agravios comparativos y efectos perniciosos. Al mismo tiempo es
necesario resaltar que aquí se hace mención a los proyectos de una
nueva ley de calidad de la educación y otra ley de formación
profesional. Este profesorado, que no debe ser jubilado forzosamente
tal como imperaba en la Ley orgánica 1/1990, es un patrimonio humano
profesional que, coincidiendo con lo que decía el portavoz del Grupo
Popular en su día, el señor Núñez Pérez, debe estar a disposición de
los fines de la enseñanza que así se señala. Por estas razones,
señora presidenta, y teniendo en cuenta los antecedentes legislativos
de los Reales decretos 3473 y 3474 que aquí se invocan, unido a que
debemos conocer, en su día, el texto definitivamente aprobado de esa
anunciada ley de calidad de la educación y de la ley de formación
profesional, en las que este profesorado puede tener muy buena y
adecuada ubicación, mi grupo aprovecha para manifestar su apoyo a
esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo va a votar favorablemente la proposición no de ley que
se nos presenta, porque nos parece aceptable incluso con el plazo de
los cuatro años, aunque hubiera sido mejor aceptar las enmiendas
respecto a la indefinición en el plazo. De todas maneras de aquí al
año 2006, cinco años, muchas cosas pueden pasar, y lo que ya se ha
prorrogado alguna vez estoy seguro de que lo prorrogaremos más, para
colocar la cuestión en el verdadero punto en que debe estar.
Por otra parte, lamento que no se haya incluido en este momento lo
que figura en las enmiendas que han presentado dos de los grupos, el
tener en cuenta a los funcionarios acogidos a regímenes de Seguridad
Social o de previsión distintos de los de clases pasivas. Esto se ha
debatido ya en el Congreso, en el Pleno, con motivo de una
proposición de ley del Grupo Socialista, que no prosperó pero que
nosotros apoyamos, cuyo origen fue
la presentación de una proposición no de ley en Comisión, el 28 de
septiembre, sobre la que hubo un debate en el que nuestro grupo
presentó una enmienda, aceptada por el grupo proponente. Todos nos
autofelicitamos por el consenso habido, porque se aprobó por
unanimidad, siendo incluso el portavoz del Grupo Popular en su
intervención particularmente expresivo en la congratulación por el
consenso. Sin embargo, a la hora de la realidad, la inquietud social
por este colectivo no muy numeroso no aparece por ninguna parte. Hoy
era un buen momento, dentro del texto que se nos presenta y que vamos
a aprobar para añadir este colectivo, porque, al fin y al cabo, lo
que hacemos es instar al Gobierno a que proponga algo. No somos
imperativos en dejar las cosas fijas, pero en este momento sí
podíamos dar un toque al Gobierno para que contemplase el recoger
y dejar bien definido todo el aspecto de la jubilación de estos
funcionarios dentro del Ministerio de Educación.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Señor Guerra, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo
de las enmiendas.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Gracias, señora presidenta.
Por las razones que he indicado cuando he defendido la proposición no
de ley, no podemos admitir las enmiendas de los grupos Socialista,
Izquierda Unida y Bloque Nacionalista Galego.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guerra.
Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, sobre prórroga de la vigencia temporal de la disposición
transitoria novena de la Ley orgánica de ordenación general del
sistema educativo (Logse).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
271; a favor, 271.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la referida iniciativa.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DE UN
PLAN DE EMPLEO JUVENIL TRAS LA DESAPARICIÓN DEL SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO Y LA PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA. (Número de
expediente 162/000259.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la puesta en
marcha de un plan de empleo juvenil tras la desaparición del servicio
militar obligatorio y la prestación social sustitutoria.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Velasco. (Rumores.)
Señorías, ruego abandonen el hemiciclo en silencio quienes lo vayan a
hacer. (Pausa.)
Adelante, señor Velasco.
El señor VELASCO SIERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, quiero saludar a los colectivos y asociaciones que nos
acompañan hoy en el hemiciclo. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz,
ocupa la Presidencia.) El Grupo Parlamentario Socialista presenta
esta proposición no de ley sobre la puesta en marcha de un plan de
empleo juvenil ante la desaparición del servicio militar obligatorio
y la prestación social sustitutoria. Este es un tema de muchísima
trascendencia para la sociedad civil (instituciones, colectivos y
asociaciones) que está viendo cómo ante este fenómeno desde el
Gobierno no se tiene en cuenta sus reivindicaciones; reivindicaciones
y conclusiones como las del Foro Cívico, creado en Madrid el pasado
31 de octubre como respuesta al proyecto del Gobierno de crear un
servicio civil. En este Foro, integrado por colectivos como Cáritas,
Comisiones Obreras, la Confederación Española de Asociaciones de
Padres, el Consejo de la Juventud de España, la Plataforma para la
Promoción del Voluntariado en España, Proyecto Hombre, UGT o la Unión
Sindical Obrera, entre otros, la conclusión más importante que sacan
es la necesidad de crear un plan de empleo que cubra las necesidades
que deja vacantes la prestación social sustitutoria. El Grupo
Socialista comparte totalmente esta opinión y por ello presentamos
esta proposición no de ley.
El pasado mes de noviembre se realizó el último sorteo de
incorporación de quintos (antes ha sido mencionado en la proposición
de ley sobre la insumisión); por lo tanto, la mili termina y con ello
la prestación social sustitutoria. A partir del próximo 1 de enero de
2002 ningún joven se incorporará a la realización del servicio
militar obligatorio (nosotros nos alegramos profundamente de este
hecho), pero la desaparición de la objeción de conciencia y de la
prestación social sustitutoria provocará el fin de ciertos servicios
que los objetores han venido realizando en las administraciones
públicas y en distintas entidades durante los últimos tiempos. La
prestación social sustitutoria se ha consolidado como un instrumento
para dar respuesta a determinadas necesidades sociales emergentes que
no habían sido hasta entonces objeto de un tratamiento por parte de
las instituciones, sin olvidar además que al abrir estos espacios se
ha creado otra serie de necesidades que habrán de ser atendidas a
partir de ahora mediante otros mecanismos. Asimismo, la prestación
social sustitutoria ha jugado un
papel dinamizador y de asentamiento de entidades, a las cuales ha
permitido dar un avance significativo en términos de cantidad y
calidad de los servicios que ya prestaban. En este mismo sentido
también se puede decir que ha supuesto para los objetores una
formación personal, de conocimientos y de habilidades objetivables.
Todas estas cuestiones están constatadas y se pueden demostrar con
los estudios realizados sobre la materia, donde podemos encontrar las
siguientes conclusiones. En siete de cada diez casos los objetores
han realizado labores de atención personalizada a colectivos
específicos, niños y adolescentes, tercera edad y jóvenes. Los
beneficiarios de los programas de prestación social sustitutoria
otorgan una muy alta valoración respecto al servicio que han
recibido: 8,6 sobre 10. Los programas que más beneficios sociales
tienen son los de cooperación internacional y servicios sociales; dos
de cada tres responsables de entidades consideran que la mayoría de
los servicios que han venido prestando los objetores hasta ahora en
programas de prestación social sustitutoria podrían convertirse en
actividades profesionales remuneradas; repito, podrían convertirse en
actividades profesionales remuneradas. En opinión de los responsables
de entidades la prestación social sustitutoria ha obtenido una fuerte
legitimación social; la sociedad en general reclamará estos servicios
cuando hayan desaparecido por ley; es más, se ha creado una demanda
que exige la continuidad del servicio como nuevos yacimientos de
empleo. En todos los casos, en administraciones públicas y entidades,
la incorporación de objetores ha supuesto un refuerzo de la
prestación de servicios que ya prestaban, una mayor regularidad,
mayor profesionalización, incluso de servicios nuevos; se detecta una
mayor predisposición para realizar la prestación social sustitutoria
entre los objetores que se integraron en un programa relacionado con
los servicios sociales.
La única opción que hemos escuchado del Gobierno es el servicio
civil; es la solución de todos los males, según el Grupo Popular, una
vez desaparecida la prestación social sustitutoria. Así, el
Ministerio plantea un servicio civil como una prestación personal que
consiste en una actividad, servicio u obra de utilidad pública o de
interés general. Para esto ya está el voluntariado, al cual también
apoyamos. Además este servicio civil es discriminatorio, y pongo
algunos ejemplos: Se dirige exclusivamente a jóvenes españoles y
comunitarios, dejando fuera a sectores poblaciones españoles
inmigrantes o de otras nacionalidades; limita el sector de población,
18 a 30 años; privilegia a aquellos que acceden al servicio frente a
aquellos que no quieren o no pueden por edad, desvirtuando su
carácter desinteresado; además se encarga de vulnerar los principios
de no discriminación en el acceso a la Administración pública y a la
igualdad en la promoción de los funcionarios; incluso aquellos
derechos que creíamos ya superados como beneficiosos para todos los
ciudadanos por igualdad y por necesidad, como el acceso a la vivienda
pública,
las desgravaciones fiscales o las percepciones por desempleo,
pierden fuerza como incentivos del servicio civil. La duración
temporal de la dedicación al servicio civil privilegia a aquellos
sectores más acomodados, perjudicando a los jóvenes en condiciones de
precariedad laboral y temporalidad en el trabajo, haciendo aún más
elitista y discriminatorio el servicio y, por último, supone un claro
menosprecio a aquellas personas que ya están comprometidas en la
actividad voluntaria, altruista y desinteresada, sin esperar nada a
cambio más que el disfrute personal y el reconocimiento social.
Tal y como se presenta, el servicio civil aparece como una prestación
libremente decidida, no obligatoria en cuanto a su participación,
pero una vez adquirido el compromiso este aparece como obligatorio en
cuanto a su realización, así como su incumplimiento sin causa
justificada da lugar a sanciones de carácter civil impuestas por la
Administración, lo cual nos parece una auténtica barbaridad. Por si
fuera poco, la voluntariedad y el altruismo que se deben suponer en
esta labor de carácter social queda desvirtuado por la aparición de
los incentivos que, siendo de gran atractivo, podrían provocar en la
juventud la obligatoriedad de realizar el servicio, con el fin de
tener las mismas oportunidades que sus congéneres en los beneficios
sociales y laborales.
Señorías, apostamos por el empleo. Desde la cumbre de Luxemburgo en
1997 la creación de empleo es la prioridad de los países de la Unión
Europea, y esto se ha visto reflejado en la puesta en marcha de
planes de choque para la creación de puestos de trabajo dirigidos a
los y las jóvenes en todos los países de nuestro entorno, teniendo en
cuenta además que España tiene la tasa de desempleo más alta de la
Unión Europea, 13 por ciento, y que el desempleo juvenil es todavía
más preocupante, 600.000 parados. Durante los quince años de Ley de
objeción de conciencia se ha constatado, incluso reconocido por los
sucesivos gobiernos, que ha existido una ocupación de puestos de
trabajo por parte de los prestacionistas. Los ayuntamientos,
administraciones (central y autonómica) y las ONG han encontrado un
instrumento muy útil que ha permitido desarrollar y crear nuevos
programas, servicios destinados a los colectivos más desfavorecidos
con el consiguiente ahorro presupuestario. Este tipo de servicios ya
consolidados ha dado origen también a unas nuevas necesidades que
deben seguir cubiertas por estos colectivos y principalmente por el
Estado. Unido a lo anterior, a que en los últimos años hemos asistido
a la presentación de los nuevos yacimientos de empleo como fuente de
trabajo, el llamado tercer sector es destinado a las nuevas
necesidades sociales que actualmente se configuran como mercados
incompletos: el ocio, la vida cotidiana, el medio ambiente y la
calidad de vida. Esto hace que deba ser el Gobierno central el que
una vez finalizada la prestación social sustitutoria realice un plan
de empleo para 60.000 jóvenes como antídoto al retroceso en calidad
de vida y servicios socialesque provocará esta desaparición, a la vez
que se generará
empleo para los jóvenes que es necesario en nuestra sociedad.
Por otro lado, en cuanto a mantener la calidad de vida en la
sociedad, tenemos que recordar que este es un deber de todos, no sólo
de los jóvenes, y sobre todo un deber de la Administración.
Por ir resumiendo, la desaparición de la prestación social
sustitutoria va a suponer un revés muy importante para las
administraciones y para las entidades que tienen consolidados
servicios prestados por los objetores que han servido para mejorar la
calidad de vida de las personas con un escaso aporte económico. Las
actividades que se venían prestando inciden directamente sobre el
bienestar de los ciudadanos y el no mantenimiento de esos servicios
significa un golpe al Estado del bienestar tal y como lo conocemos.
El nuevo modelo de servicio civil no resuelve los problemas de
recursos humanos planteados por la desaparición de la prestación
social sustitutoria. Es un sistema elitista y discriminatorio que
nada tiene que ver con lo que debe ser la participación social. El
servicio civil daría al traste con la actual Ley del voluntariado y
con la Ley de asociacionismo que lo que realmente necesitan es una
revisión amplia y consensuada. Al menos la mitad de los puestos que
actualmente están ocupados por objetores, 60.000 en concreto, deben
ocuparse por jóvenes, hombres y mujeres, mediante la realización de
un plan de empleo juvenil que contribuya a facilitar la emancipación
de la juventud española. La reivindicación es ya compartida por la
mayoría de las entidades sociales de nuestro territorio y estas
reivindicaciones deben estar basadas en una acción conjunta con
dichos agentes. Señorías, el anuncio del fin del servicio militar y
la prestación social sustitutoria se le ha escapado de las manos al
Gobierno. Ha aumentado el número de objetores de conciencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Velasco, le ruego vaya
concluyendo.
El señor VELASCO SIERRA: Voy terminando.
El portavoz del Grupo Popular manifestaba en una interpelación de
Convergència i Unió que hay 550.000 en la actualidad frente a los
295.000 de hace unos años. Estos objetores están realizando una labor
social importantísima, fortaleciendo a entidades, enriqueciendo el
tejido social de nuestro país, y nuestro deber es darle una solución
eficaz al problema planteado. Esta proposición no de ley recoge la
demanda de la sociedad civil y del mandato de una moción consecuencia
de una interpelación de Convergència i Unió sobre este tema que, si
recordamos, todos los grupos consensuamos en esta Cámara. El Grupo
Popular en un principio defendía dos vías, el servicio civil y el
voluntariado, pero a continuación aceptó una tercera, que leo
textualmente del Boletín Oficial de la Cámara: Estudiar conjuntamente
con las comunidades autónomas y las organizaciones sociales afectadas
la incorporación de medidas orientadas
al mantenimiento de aquellos servicios que realizados por
objetores de conciencia continúe siendo necesario seguir prestando.
Entre estas medidas se podrán contemplar acciones de fomento del
empleo.
También se aceptaron dos enmiendas del Grupo Popular. La primera
decía textualmente: Remitir a la Cámara por parte del Gobierno, antes
del final de este período de sesiones, un informe en el que, sobre
los trabajos ya realizados por los distintos ministerios, se valore
el impacto de la supresión de la prestación social sustitutoria. La
segunda, que el Gobierno, junto con las comunidades autónomas y con
las ONG, atienda preferentemente a través del voluntariado las
auténticas necesidades que hasta ahora habían sido cubiertas por la
prestación social sustitutoria. Ninguna de las dos ha sido cumplida
hasta el día de la fecha, ni el estudio que decía que antes de que
finalice este período de sesiones tendría que estar en la Cámara, ni
ningún tipo de reunión, ni convocatoria con comunidades autónomas ni
asociaciones para ver el grado de resolución en los diferentes
territorios. Por el contrario, el Partido Popular en diferentes
ayuntamientos ha votado a favor de esta iniciativa. Aquí parece que
no. Entendemos que este plan que proponemos cuesta dinero. Lo
sabemos. Por ello planteamos que sea cofinanciado por el Gobierno,
comunidades autónomas y ayuntamientos. Para crear empleo hay que
invertir y con esta iniciativa el Grupo Popular tiene la posibilidad
de apostar por el empleo juvenil, no como lo ha hecho hasta ahora.
Por todo lo anteriormente expuesto solicito el apoyo de todos los
grupos a esta iniciativa, al igual que hicimos, como decía antes, en
la moción consecuencia de la interpelación de Convergència i Unió.
Sabemos que hay un plan de empleo, pero no dice nada de estos temas,
no habla para nada de un plan de empleo juvenil ante esta
problemática.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Velasco, está superando
ampliamente el tiempo previsto.
El señor VELASCO SIERRA: Por tanto, solicitamos que sea apoyada esta
iniciativa. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Velasco.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a esta proposición no de
ley, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Esta iniciativa del Grupo Socialista es la tercera que vemos en estos
últimos meses en esta Cámara para abordar la situación que se va a
dar a principios del año que viene con la supresión también de la
prestación social sustitutoria. Es evidente que vamos a tener un
problema. Recientemente un estudio de la Fundación
Autónoma Solidaria ponía de manifiesto que un 24 por ciento de las
organizaciones sociales, de las 7.400 existentes que hoy prestan
servicios o actividades apoyándose en la prestación social
sustitutoria, entienden que deberán de dejar de prestar esos
servicios precisamente por esta supresión de la prestación social
sustitutoria, y que fundamentalmente están relacionados con el ámbito
de los servicios de proximidad, servicios sociales y servicios
personales.
También es cierto que a lo largo de estos años, desde el momento en
que nuestro mundo asociativo ha sabido que el proceso de suspensión
de la mili se trasladaba al ámbito de la prestación social
sustitutoria, se han empezado a tomar medidas para paliar los déficit
que se van a generar a partir del 1 de enero del año que viene. Es
más, los gobiernos autónomos con competencias en la materia, y que
también desde la modificación de la Ley de objeción de conciencia en
los años 1997- 1998 tienen la posibilidad de intervenir en la gestión
de las políticas relacionadas con la PSS, han empezado a tomar
medidas. Permítanme, señorías que haga referencia al Gobierno de mi
país, al Gobierno de Cataluña, que ha puesto en marcha un plan de
actuación ambicioso de fomento del voluntariado, de políticas activas
de ocupación, de propuestas en el ámbito de la compatibilidad del
voluntariado y del trabajo a tiempo parcial, de puesta en marcha de
propuestas para fomentar las excedencias laborales en el terreno del
voluntariado y de reducción de la jornada laboral con determinadas
garantías para que se puedan hacer actividades en ese mismo ámbito.
Por tanto, existe un problema. Se constata una preocupación de las
organizaciones no gubernamentales que han acogido prestadores
sociales y han desarrollado determinados servicios; se hace el
esfuerzo para adaptarse a la nueva realidad y los gobiernos
autonómicos, al menos el Gobierno catalán, por lo que a este diputado
le consta, ponen en marcha medidas.
Mientras tanto, ¿qué hace el Gobierno? Mientras tanto el Gobierno no
da cumplimiento a lo que fue una moción aprobada por esta Cámara.
Lamento muy sinceramente que una petición tan sensata como la que
hizo Convergència i Unió, que era que se elaborara un informe sobre
el análisis de las consecuencias de esta supresión de la PSS y que
fuera enviado a finales de diciembre para conocimiento de la Cámara,
a finales del mes de mayo aún no haya llegado. Lo lamento porque
además también tuvimos ocasión de plantearle una pregunta oral al
ministro de Justicia y nos informó que era inminente la entrada del
informe en la Cámara. El informe no ha llegado. Hay que volver a
insistir al Gobierno para que llegue ese informe, que desde finales
de diciembre tenía que estar aquí.
La propuesta que se aprobó marcaba la necesidad de que se articulasen
medidas de fomento del voluntariado, y hoy desconocemos qué medidas
concretas ha puesto en marcha el Gobierno. Yo puedo informar de que
el Gobierno de la Generalitat tiene en marcha una
serie de actuaciones. También planteábamos que se estudiaran medidas
en el ámbito del fomento de empleo. Igualmente desconocemos si el
Gobierno ha puesto en marcha alguna. Lo que sí sabemos es que una
enmienda de nuestro grupo parlamentario a la última reforma laboral,
en la que planteábamos la reducción de cotizaciones sociales para
aquellas ONG que contratasen trabajadores estables en actividades que
hasta ahora desarrollasen en el marco de la prestación social,
también fue rechazada en el pasado trámite parlamentario. Nosotros
tenemos la sensación de que hoy el Gobierno no ha asumido la
existencia de ese problema.
Finalmente, existe una reivindicación que nosotros planteamos, que es
la necesidad de que esos cerca de 4.000 millones de pesetas que hoy
están gestionados en el ámbito de la prestación social sustitutoria
se destinen fundamentalmente al fomento del tejido social,del
movimiento asociativo, del voluntariado. Nos parece que ahí existe
una partida de dinero, pequeña en el contexto de los Presupuestos
Generales del Estado pero importante para fomentar el tercer sector e
importante para fomentar el tejido asociativo del conjunto de nuestra
sociedad. Precisamente sobre estas cuestiones, algunas de ellas ya
aprobadas por esta Cámara por unanimidad, y en otras en su momento no
aceptadas por el grupo de la mayoría, es donde formulamos hoy nuestra
enmienda, que insiste en tener una visión de los problemas que se
derivan del fin de la PSS más amplia que la puesta en marcha de un
plan de empleo juvenil.
Nuestro análisis de esa situación es que hoy con el fin de la PSS no
estamos exclusivamente ante un problema que tiene como respuesta
fundamental la creación de empleo alrededor de la misma. Nos parece
que hoy el problema es triple: la necesidad de fomentar el
voluntariado, porque hay actividades que nunca la lógica del mercado
podrá satisfacer, hay que ser mucho más activos y mucho más
imaginativos y ser capaces de situar esas compatibilidades entre el
tiempo parcial y el voluntariado; el permitir las excedencias
laborales de los funcionarios o de los trabajadores, ahí nos parece
que existe un terreno donde avanzar; o quizá en mejorar los
tratamientos fiscales de las personas que trabajan de manera puntual
en las acciones del tercer sector. También se da la necesidad de
incorporar a nuestras políticas de fomento de la ocupación la
dimensión del fin de la prestación social sustitutoria, y ahí
enlazaríamos con la propuesta que efectúa el Grupo Socialista.
Finalmente, la necesidad de que esos cuatro mil y pico millones de
pesetas se destinen a esa política.
Esta es la visión de Convergència i Unió ante el problema que se nos
echa encima. A nosotros nos gustaría que, de la misma manera que en
noviembre o diciembre del año pasado pudimos llegar a un amplio
acuerdo en la Cámara en esta materia, un acuerdo que a efectos
prácticos de momento no ha servido para mucho, eso es verdad, hoy
también hiciésemos el esfuerzo de lanzar un mensaje muy claro a la
sociedad civil comprometida en
este ámbito: que los recursos de la PSS van a continuar destinándose
al tercer sector, al movimiento asociativo; que vamos a incorporar
políticas activas de empleo, la dimensión de los nuevos yacimientos
de ocupación y que además ese fomento del voluntariado y del tejido
asociativo es de verdad un compromiso de la Cámara.
Nuestra sociedad civil, que ha colaborado en la gestión de la PSS en
estos años, se merece una respuesta hoy en sentido positivo del
conjunto de los grupos de la Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ruíz.
El señor RUÍZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señor presidente.
Señorías, Izquierda Unida presentó en su momento una proposición no
de ley en la que se instaba al Gobierno a elaborar un plan de apoyo a
las organizaciones no gubernamentales, con el objeto de que puedan
abordar la realización de contratos de trabajo sustitutivos de las
tareas que en el ámbito de la atención a las personas venían
realizando los jóvenes con motivo de la prestación social
sustitutoria. En esencia, tratábamos de atender la misma preocupación
que aborda la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista con
matices que expresan nuestras enmiendas, como es natural. En todo
caso, se trata de una preocupación que compartimos, por lo que puedo
adelantar el voto favorable de mi grupo.
No es este el momento, el lugar ni el objeto del debate, pero es
evidente que no pueden sino compartirse las consideraciones que el
texto de la proposición efectúa en relación con las improvisaciones
que se han producido con motivo del proceso de profesionalización de
las Fuerzas Armadas. Resulta un notable contrasentido que lo que ha
sido un importante impulso para el desarrollo del voluntariado en
nuestro país, se convierta en última instancia en la aparición de una
oferta insolvente por parte de las Administraciones Públicas,
especialmente locales.
La regulación en España de la prestación social sustitutoria, a pesar
de sus insuficiencias, ha permitido incorporar a buen número de
jóvenes objetores a un campo de servicios, el de la atención a las
personas, en el que se constataba un acusado déficit de recursos
humanos y económicos. De hecho, este es un sector que se revela como
uno de los que potencialmente demanda más creación de empleo. Muchos
de estos servicios vienen prestándose por organizaciones no
gubernamentales, a quienes la profesionalización del Ejército y, en
consecuencia, el final de la prestación social creará un serio
problema para continuar prestando estos servicios en detrimento de
los beneficiarios de los mismos.
Este es el momento para afirmar la presencia de un tercer sector en
el terreno de la prestación de servicios a las personas. Una
afirmación que sin duda cumplirá con dos objetivos trascendentales:
la mejora de la calidad de vida de muchos ciudadanos y ciudadanas y
el impulso a lo que es un yacimiento de empleo. El final de la
prestación social sustitutoria ha puesto en evidencia dos reproches
que desde ámbitos sociales y sindicales se habían hecho a este
mecanismo: la sustitución de recursos locales, fundamentalmente
empleo, en materia de atención a las personas y la aparición de una
demanda de servicios no contemplada para las instituciones públicas,
materializada en la falta de atención a las personas dependientes,
especialmente mayores y personas con discapacidades.
En relación con la primera de las cuestiones, debemos señalar dos
problemas evidentes: un reto a los ayuntamientos para cumplir
demandas ciudadanas y una necesidad de regular el tipo de actividad
que estas personas venían realizando. Es evidente que a estas
instituciones sólo les cabe una estrategia: externalizar la
prestación de servicios, apoyándose en las organizaciones del tercer
sector que venían prestándolas. Cualquier otra alternativa como la de
crear un servicio civil que no afronta la generalidad de los
servicios prestados no cubre el objetivo señalado en la medida que ni
atiende a todos los servicios que se han prestado, ni supone una
fórmula de empleo o estabilidad de las instituciones que prestan
estos servicios de atención a las personas. Esta demanda va a seguir
persistiendo. Se trata de evitar los riesgos evidentes que la
desaparición de la PSS puede provocar con la inmersión en la economía
sumergida de personas que sigan prestando servicios en este campo o
con la insatisfacción de la demanda existente. A ambos riesgos
pretendía responder la propuesta de Izquierda Unida y esperamos que
pretenda incidir la propuesta socialista. Se produce, en
consecuencia, una triple circunstancia: la existencia de una demanda
de prestación de servicios de atención a las personas, la existencia
de una estructura organizativa capaz de prestarlos y, por último, una
evidente demanda de puestos de trabajo que puede contribuir a una
creación estable de empleo. Estas circunstancias aconsejan, en primer
lugar, prestar atención a las organizaciones no gubernamentales, que
con notable eficacia han dado estos servicios, convirtiéndolas en las
plataformas articuladoras de las iniciativas de creación de empleo
que deben desarrollarse. Para que este programa de empleo se articule
a través de las organizaciones no gubernamentales se hace preciso
arbitrar cauces financieros adecuados y modalidades de contratación
basadas en un empleo estable de calidad y con derechos. En esta
perspectiva sería necesario disponer de una evaluación precisa de los
servicios que se han prestado y de una evaluación de los empleos
potenciales a crear, especialmente en el campo de las personas
dependientes. Esta evaluación habría de permitir establecer líneas
financieras de apoyo que se vincularían
a créditos de políticas de bienestar social, a recursos
procedentes del IRPF y a bonificaciones según la naturaleza de los
contratos. Una segunda línea de acción debería afectar a comunidades
autónomas y administraciones locales que deberían responsabilizarse
tanto de definir los baremos y medidas que garantizan la calidad de
los servicios que se van a prestar, como de articular un sistema ágil
de externalización de servicios. Por último, convendría identificar
prioridades, por ejemplo, vinculadas al Plan gerontológico, cuyos
incumplimientos han sido señalados reiteradamente en esta Cámara.
En esencia, no estamos planteando que con la creación de empleo
estable y de calidad se responda a una nueva perspectiva de empleo
vinculado a la calidad de vida, a la extensión del Estado de
bienestar sumado a la potenciación de un tercer sector y a la
potenciación de organizaciones sin ánimo de lucro. Nuestra percepción
sobre las posibilidades de empleo, si se considera el amplio mundo de
las personas dependientes, es superior a la que estima la proposición
del Grupo Socialista. Es evidente que no se trata de debatir sobre
cifras, sino de aproximarse racionalmente al problema planteado. Este
es el objeto de nuestro voto y de nuestras enmiendas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ruiz.
Para fijación de posición, tiene la palabra el señor Labordeta, por
el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señor presidente, es cierto que la
prestación social sustitutoria ha sido un recurso que ha permitido
cubrir o apoyar la atención a necesidades sociales urgentes que
surgen en las sociedades de fines de siglo. De hecho, a través de la
prestación social sustitutoria se ha podido alcanzar una nueva vía
para llegar a estos ámbitos. Pero tampoco es menos cierto que muchas
de estas plazas de prestación social sustitutoria han encubierto
puestos de trabajo que en realidad requieren profesionales con una
formación específica en la materia suficientemente motivados y con
experiencia. De hecho, se ha consolidado -y ese es uno de los
aspectos positivos- una demanda de estos servicios que a la larga
pueden resultar como nuevos yacimientos de profesiones remuneradas
tanto de la Administración como de iniciativa privada. En este
sentido, la creación de empleo en Europa, tal como se apunta en el
libro blanco, en el libro Delors para la Comisión Europea,
Crecimiento competitivo y empleo, ha de tender hacia esa línea. La
desaparición de la prestación social sustitutoria va a suponer una
drástica y brusca disminución de los recursos humanos destinados
a atender estas necesidades sociales, una vez aclarado lo que debería
cubrirse de forma profesional. La Administración debe proponer las
medidas alternativas necesarias para que no suponga ningún impacto a
los
colectivos afectados, de tal manera que no queden desprotegidos ni
suponga la nueva situación un paso atrás en los servicios que
prestan.
Por todo ello, vemos conveniente y oportuna esta proposición no de
ley y vanos a apoyar esta iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor
Labordeta.
Señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Subo esta tarde a esta tribuna, después de oír atentamente las
intervenciones de los portavoces de los diferentes grupos
parlamentarios, y lo hago con cierta perplejidad ante la proposición
no de ley que hoy nos presenta el Grupo Socialista. Quizá esta
actitud pueda entenderse si hacemos un pequeño repaso histórico hasta
llegar al momento en que se presenta esta iniciativa y observamos la
falta de coherencia de la misma con las actuaciones acometidas por el
Gobierno y con los acuerdos tomados en esta Cámara.
Lo único en que podemos estar de acuerdo respecto a esta proposición
no de ley que hoy debatimos es en la importancia que la prestación
social sustitutoria del servicio militar ha tenido a la hora de dar
respuesta a determinadas necesidades sociales emergentes, sobre todo
con las modificaciones legales introducidas en estos últimos cuatros
años, lo que ha permitido que la prestación social sustitutoria se
prestara en mejores condiciones superando problemas que hubo con
anterioridad, y en el importante reto al que se enfrentan las
administraciones para que estos servicios puedan seguir prestándose
en las mejores condiciones y con garantías de calidad.
Esta no es una preocupación que surja en nuestro grupo de forma
casual ante la finalización del servicio militar el próximo 31 de
diciembre; fin del servicio militar ya anunciado por el presidente
del Gobierno en su debate de investidura. Ya era una preocupación
cuando, en el año 1998, el Grupo Parlamentario Popular presentó una
moción en el Senado con la finalidad de primar con ayudas oficiales a
aquellas ONG que firmasen convenios con las distintas
administraciones públicas en orden a mantener tareas y servicios que
realizaban los objetores de conciencia con la prestación social
sustitutoria y que dejarían de prestar por la desaparición del
servicio militar. Por cierto, el Grupo Socialista se abstuvo a la
hora de aprobar esas ayudas.
También era una preocupación cuando apoyamos la moción aprobada por
el Senado en la que se instaba al Gobierno a constituir un grupo de
trabajo que elaborase un informe sobre el impacto que provocaría la
supresión de la prestación social sustitutoria en relación con los
servicios que prestan a los ciudadanos los objetores de conciencia.
Creo recordar, señorías, que en esa
moción se señalaba también el estudio sobre la posibilidad de
creación de un servicio civil voluntario.
Mostramos también nuestra coherencia y disposición al apoyar la
moción consecuencia de interpelación que el pasado mes de noviembre
presentaba el Grupo de Convergència i Unió, por la que se instaba al
Gobierno a elaborar un informe que, sobre la base de los trabajos ya
realizados por los ministerios afectados, valorase el impacto de la
supresión de la prestación social sustitutoria, así como la
preferencia de que la atención de estos servicios se realizase
mediante actividades de voluntariado.
Ustedes, señores del Grupo Socialista, señalaban la oportunidad de la
interpelación y de la moción subsiguiente y manifestaron no tener una
idea demasiado clara sobre cuál debía ser la alternativa a la
prestación social sustitutoria. No obstante, coincidiendo con lo
expresado por el propio ministro, se decantaban cada día más por la
idea de impulsar la participación de los voluntarios a través de la
Ley del voluntariado. Vemos, pues, a día de hoy que no sólo han
variado las posturas que adoptaron respecto a la moción citada, sino
que nos proponen ustedes la creación de un plan de empleo juvenil
como medida sustitutoria de los servicios que desempeñan en la
actualidad los objetores de conciencia. Desde este momento le digo,
señor Velasco, que la toma en consideración de un plan nacional de
empleo juvenil exclusivamente para aquellos jóvenes que venían
realizando actuaciones en diferentes áreas sociales, a través de
empresas u organizaciones sin ánimo de lucro, lo consideramos
absolutamente innecesario, y ello por varios motivos. Primero, por la
existencia de una serie de medidas controladas a través del Plan
nacional de acción para el empleo del año 2001 que, a través de sus
18 directrices, recoge ya una serie de actuaciones relacionadas entre
sí con las que se trata de mantener e incrementar la creación de
empleo. Especial relevancia para los jóvenes españoles tienen las
medidas números 1, 2, 11, 12 y 13. A través de las dos primeras se
pretende combatir el desempleo juvenil mediante medidas de inserción
consistentes en ofertas de empleo antes de que se cumplan seis meses
de paro, cursos de formación o medidas de orientación, así como
también subvenciones complementarias otorgadas por las propias
comunidades autónomas. En la directriz 11 y dentro del ámbito local y
regional se implementarán actuaciones de impulso del tercer sector
como generador de empleo. En las directrices 12 y 13 se recogen
medidas con las que se favorece la creación de empleo en general, lo
que incluye el empleo de los jóvenes a través del nuevo programa de
fomento del empleo estable, como las bonificaciones en las cuotas
empresariales a la Seguridad Social, así como otras medidas recogidas
en el Real Decreto-ley de medidas urgentes de reforma del mercado de
trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad,
como, por ejemplo, la ampliación del intervalo de edad al que afecta
el nuevo contrato indefinido
pasando a poder realizarse de los 16 a los 30 años inclusive o el
nuevo contrato de inserción social entre otras.
Por otra parte, el Plan nacional global en materia de juventud 2000-
2003, dotado con un presupuesto total de 1.464.529 millones de
pesetas, observaba como una de las áreas prioritarias aquella
referida a la formación, al empleo, a la orientación y a los nuevos
yacimientos de empleo y contenía una serie de medidas dirigidas a la
empleabilidad de los jóvenes, especialmente para aquellos que por su
nivel socioeconómico, educativo, etcétera, encuentran dificultades
adicionales para su inserción laboral, introduciendo, por supuesto,
nuevos mecanismos de actuación sobre el mercado de trabajo
y potenciando la interrelación de los elementos que lo configuran.
Otra de las áreas que desarrolla este Plan global de juventud es la
referida a la participación, voluntariado, asociacionismo y
cooperación. Precisamente en este área, dotada ya el pasado año con
un presupuesto de más de 8.000 millones de pesetas, se contempló,
además de la necesidad de contribuir al desarrollo y consolidación
del movimiento asociativo juvenil, la realización de estudios sobre
la posible implantación del servicio civil.
Por último, el propio Plan nacional de acción para la inclusión
social, cuyo uno de sus objetivos claves es el fomento del acceso al
empleo y de los demás recursos, derechos, bienes y servicios por
parte de todos los ciudadanos, está en perfecta línea de colaboración
e implicación expresa con todas las organizaciones no
gubernamentales.
Nuestro grupo, señorías, sigue la línea que ya expresó el propio
ministro de Trabajo en su intervención ante esta Cámara y que quedó
plasmada en la moción aprobada en el mes de noviembre por todos los
grupos. Es cierto que la Constitución española nos abre la
posibilidad de creación de un servicio civil en su artículo 30.3,
pero no es menos cierto que hay que valorar muy positivamente las
importantes posibilidades que ha abierto en España el fenómeno del
voluntariado. En apenas cinco años se ha más que duplicado el número
de voluntarios, hoy tenemos más de 550.000 y además este sector es
una fuente de creación de empleo. En esta Cámara, sin ir más lejos,
se anunciaba por parte del ministro de Trabajo la semana pasada la
aprobación en breves fechas del segundo plan del voluntariado que ya
cuenta con una primera dotación presupuestaria. No obstante, también
se están desarrollando unos estudios sociológicos sobre la futura
puesta en marcha del servicio civil, uno de ellos pretende sondear la
opinión de los jóvenes en torno a la referida propuesta y otro
analizar el impacto que determinará la desaparición de los objetores
de conciencia que realicen la prestación social sustitutoria.
Ha dicho el portavoz del Grupo Socialista que ustedes apuestan por el
empleo. Déjeme decirle que ojalá lo hubiesen hecho cuando las cifras
de desempleo juvenil
alcanzaban en nuestro país cotas verdaderamente escandalosas bajo su
gobierno o cuando se era incapaz de elaborar un plan de voluntariado
o cuando los objetores eran penalizados frente a quienes cumplían el
servicio militar. Estamos cansados, estuvimos durante mucho tiempo
cansados de que nos vendiesen humo, lo han hecho siempre. Nosotros
apostamos por el empleo, lo hemos hecho siempre, ahí están esos 18
puntos de rebaja del desempleo en los menores de 25 años desde el año
1996. Hay pocas lecciones que se nos puedan dar.
El portavoz del Grupo Catalán ha preguntado qué hace el Gobierno. El
Gobierno crea empleo, especialmente para los jóvenes; adelanta el fin
del servicio militar; da garantías a los objetores de conciencia y
potencia el voluntariado. Si a ustedes no les parece suficiente,
pregunten a los jóvenes españoles porque ellos tienen la respuesta.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Moneo.
Señor Velasco, en turno de aceptación o rechazo de enmiendas.
El señor VELASCO SIERRA: Gracias, señor presidente.
De la enmienda presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida
vamos a aceptar los números 2, 3 y 4 porque creemos que mejora
nuestra proposición no de ley, tanto en la incorporación de las
organizaciones no gubernamentales, aquellas que ya perciben ayudas a
través del impuesto sobre la renta, como en el programa de apoyo que
viene a entablar una correlación con nuestra propuesta, tanto en los
contratos de trabajo como en la cuestión de realizar un programa
concertado con ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones
provinciales para determinar los baremos de evaluación de esta
calidad.
Vamos a aceptar también el número 1 de la enmienda de Convergencia i
Unió en lo referente a trabajar conjuntamente con las comunidades
autónomas en el desarrollo de los programas de asociaciones, del
voluntariado y de empleo.
No aceptamos los números 2 y 3 porque ya están aprobados por esta
Cámara, como bien ha explicado el portavoz de Convergència i Unió,
que han sido incumplidos por el Gobierno, como ya han expuesto, tanto
él como los demás proponentes, en sus comparecencias.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Velasco.
(La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la puesta en marcha de un plan de empleo juvenil
tras la desaparición del servicio militar obligatorio y la prestación
social sustitutoria, que se somete a votación en los términos
derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
278; a favor, 112; en contra, 158; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA
POSICIÓN DEL GOBIERNO Y LAS CONSECUENCIAS DE TODO TIPO QUE SUPONDRÍA
APROBAR EL PROYECTO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE INSTALAR UN ESCUDO
ANTIMISILES. (Número de expediente 173/000067.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la posición del
Gobierno y las consecuencias de todo tipo que supondría aprobar el
proyecto de los Estados Unidos de instalar un escudo antimisiles.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venía, señora presidenta.
Señorías, el miércoles pasado tuve oportunidad de hacer un debate con
el señor Trillo con respecto a la posición de España de cara a la
aceptación o no del escudo antimisiles. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Alcaraz, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor ALCARAZ MASATS: Fue un debate interesante, no exento de
cierta dureza. Yo le dije aquello de que el ejército que diseñaba se
le parecía un poco a la guerra de Gila, y él me lanzó la idea de los
cascotes del muro de Berlín y cosas por el estilo.En todo caso, él en
su intervención trazaba una línea divisoria entre lo que es moderno y
lo que no, y situaba la modernidad precisamente a partir del año
1989, en que los Estados Unidos tienen derecho, por razones de
soberanía llegó a decir, a la instalación después de la aprobación
del escudo antimisiles. La modernidad, en opinión del señor Trillo,
consistía en superar el acuerdo de 1972, el acuerdo contramisiles
balísticos, que fue fundamental a la hora de congelar la situación
del armamento nuclear, y también la modernidad suponía superar,
transgredir, traspasar los límites de los acuerdos Salt I y Salt II.
Eso es lo
que significaba la modernidad para el señor Trillo y los que nos
oponíamos a esa situación y a la instalación del escudo antimisiles
estábamos trasnochados. Pues bien, de la semana pasada a esta han
ocurrido algunas cosas y es que el tema va muy deprisa, pudiéndonos
encontrar hoy con que este Congreso de los Diputados apruebe la
instalación del escudo antimisiles cuando está claro que el Senado de
los Estados Unidos va a votar que no. Son situaciones paradójicas que
se dan a partir de una posición errática, como errático es el
concepto de modernidad que tiene el señor Trillo.
Durante esta semana ha surgido la figura del senador Jeffords, una
persona que no creo que tenga nada que ver con las tradiciones que yo
puedo representar hoy aquí y que dice que sus electores no entienden
la aprobación de la instalación del escudo antimisiles. Pues bien,
esto es lo que venimos a defender hoy aquí por razones lógicas y
absolutamente ponderadas de paz mundial. El señor Trillo, emulando al
personaje don Ángel Síseñor, vino a decir que los Estados Unidos
realmente no se han puesto en contacto con España ni con el señor
Aznar. Y luego hemos descubierto otra cosa más que se ha publicado
durante la semana y es que la Comisión del misil, encabezada por un
miembro del Departamento de Estado de los Estados Unidos, no ha
venido a España a explicar el proyecto. Ha ido a otros países, pero
no se ha dignado venir a España cuando España, a través del señor
Aznar, ha sido el primer país de Europa que ha dicho sí a la
instalación del escudo antimisiles. Asombroso, de auténtica aurora
boreal.
Lo que nosotros estamos pidiendo ya es moneda de cambio en la Unión
Europea. En primer lugar, no se sabe exactamente lo que vale el
escudo antimisiles, pero cuesta muchísimo y no hay dinero para ello.
En segundo lugar, se dijo que, una vez superada la carrera de
armamentos, se reiniciaría de nuevo en función de que uno de los
países, en este caso el país más potente del orbe, los Estados
Unidos, aprobara el proyecto de instalar el escudo antimisiles.
Naturalmente, en este caso surgirían tensiones mundiales fortísimas,
empezando por Rusia y siguiendo por China. Por cierto, otra novedad
más de esta semana, a pesar de los rumores que circulaban por las
cancillerías españolas, es que Rusia se niega en redondo, primero, a
superar el Tratado de 1972, el ABM, y segundo, a que la convenzan de
la instalación del escudo antimisiles, puesto que ello supondría de
nuevo un aporte fortísimo de gastos militares y el relanzamiento de
la tensión mundial.
En función de esto, nosotros hemos presentado una serie de puntos en
el marco de una resolución. En primer lugar, que naturalmente este
Congreso de los Diputados inste al Gobierno para que no acepte esta
propuesta del presidente de los Estados Unidos. Digo presidente y no
Cámara de los Estados Unidos a ningún nivel. En segundo lugar, que el
Gobierno de España mantenga esta posición tanto en los foros de las
Naciones Unidas como en los de la Unión Europea en
los que se trate este tema, la no aceptación de la instalación del
escudo antimisiles. Y en tercer lugar, que hay que defender la
vigencia del acuerdo de misiles balístico de 1972, así como los
acuerdos Salt I y Salt II, de desactivación nuclear, e ir a por el
acuerdo Salt III, que supondría una desactivación mucho más profunda
del armamento nuclear.
El Partido Socialista ha presentado una serie de enmiendas (así nos
gusta a nosotros el Partido Socialista, aguerrido y fuerte, un
partido que lleva un día sin firmar un pacto de Estado) que nos
convencen. Ya se lo hemos dicho a su portavoz. Incluso no habíamos
pensado sobre una de ellas y, por lo tanto, también la aceptamos,
y es que el Gobierno de la nación informe periódicamente a este
Congreso de los Diputados de las novedades que se estén produciendo
de cara a la presunta instalación del escudo antimisiles.
Esta es nuestra posición, con un dato más que todo el mundo está
manejando con absoluta fiabilidad, y es que nadie sabe si el escudo
antimisiles va a funcionar tecnológicamente. Hasta ahora, en las
pruebas que se han hecho, falla más que la escopetica de una feria.
Todo el mundo dice que lo que supone de gastos financieros no tiene
ninguna seguridad jurídica. Ahora el señor Atencia nos dirá otra vez
lo de los cascotes y cosas así, pero nosotros lo que pedimos es que
este Gobierno ayude a Europa a no fragilizar esta posición contra el
escudo antimisiles. Hasta el señor Blair está diciendo en la campaña
que no. Ustedes son los únicos de la arena europea que dicen que sí.
La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor De Puig.
El señor DE PUIG I OLIVÉ: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, la posición del Grupo Socialista en esta materia va a ser
la que ya ha sido señalada por mi predecesor en el uso de la palabra:
contraria a apoyar el proyecto del presidente Bush, tal como ha sido
planteado. Y no porque haya ningún apriorismo ideológico; simplemente
porque de lo que sabemos de él hasta la fecha se observan muchos
interrogantes, muchas inquietudes, muchos elementos negativos. No se
ven los aspectos positivos de un proyecto de este calibre.
El proyecto en sí, tal y como ha sido planteado, nos ofrece enormes
problemas, y en especial a los europeos. No está claro que haya una
amenaza real que justifique un despilfarro económico del calibre que
supone este proyecto y son muchos los institutos, los gobiernos y los
políticos, incluso estadounidenses, que han señalado que la necesidad
de un paraguas antimisiles, por si Corea del Norte, Irán o Irak van a
atacar a los Estados Unidos, no es una previsión real.
Como se ha dicho ya, tampoco hay seguridad tecnológica de cómo
implementar este proyecto, no hay seguridad de que sea defensivamente
seguro, pues puede haber contramedidas; no se sabe exactamente en qué
consistiría; representa un esfuerzo económico no justificado y,
además, con sólo su proclamación, ha creado una serie de problemas,
de tensiones, de desestabilización se podría decir, respecto a Rusia,
Europa y China. ¿Cómo se puede apoyar un proyecto así? No son muchos
los que le apoyan, se ha dicho ya aquí. Los países europeos, Francia
a la cabeza -ayer Lionel Jospin lo recordaba-, los italianos, los
rusos, los belgas, los británicos. Es la primera ocasión en que yo he
visto parlamentarios británicos criticar un proyecto americano por
innecesario y por inaceptable. Y, en fin, el Senado norteamericano,
los senadores demócratas americanos tampoco lo aceptan y van a
bloquear ese proyecto. De manera que es posible que el ejercicio que
estamos haciendo hoy tampoco sirva para nada porque este proyecto no
va a prosperar.
En cualquier caso, resulta sorprendente que el Gobierno español, en
cuanto el presidente americano hizo la declaración, saliera aquí a
saludarlo entusiásticamente. Nos parece un error. En honor a la
verdad, hay que recordar que el secretario de Estado de Exteriores
y el ministro de Defensa reconocieron que del proyecto se sabe
demasiado poco, que hay muchos interrogantes, y asumieron que hay
muchos problemas difíciles de resolver. Por eso extraña tanto que el
presidente del Gobierno español saliera con esta afición y con este
entusiasmo a saludar el proyecto. Si lo que se nos ofreciera fuera un
proyecto de sistemas antimisiles con control y verificación que
sirviera para rebajar la carrera de armamentos, que sirviera para
reducir los arsenales nucleares y fuéramos a otro tipo de disuasión,
si fuera asumible para todos, americanos, europeos, chinos, rusos, si
fuera para beneficio tecnológico de todos e incluso beneficio
económico y que no sea sólo el negocio de un país y nos trajera más
garantías de paz, de distensión y de desarme sería otra cosa, pero no
es eso lo que se nos ha presentado. Está claro que no es así y
nosotros somos simplemente solidarios con los senadores demócratas
americanos.Por tanto, no creo que nadie pueda decir que estamos en
una posición ideológica frente a Estados Unidos.
Por eso, señora presidenta, hemos presentado una enmienda de
sustitución en la que en el primer punto instamos al Gobierno a que
no dé su apoyo al sistema de defensa antimisil propuesto por el
presidente de Estados Unidos.
La señora PRESIDENTA: Señor De Puig, su tiempo ha concluido.
El señor DE PUIG I OLIVÉ: ¿Puedo terminar de leer la enmienda o ni
siquiera eso?
La señora PRESIDENTA: No es cuestión de esta Presidencia, señor De
Puig. Le recuerdo, como viene siendo habitual en las mociones, que
por acuerdo unánime de Junta de Portavoces se ha decidido que, tanto
en las mociones como en las interpelaciones, en el momento que se
enciende la luz el diputado o diputada que esté en el uso de la
palabra abandone la tribuna.
El señor DE PUIG I OLIVÉ: Me refería solo a leer la enmienda. Si la
puede leer un secretario, los colegas se enterarán.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. ¿Grupos que desean fijar
posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo con gran brevedad para manifestar que mi grupo va a votar
en contra de esta iniciativa por entender que en una democracia
paradigmática, como son los Estados Unidos de Norteamérica, su Cámara
de Representantes y su Senado tendrán la última palabra para
pronunciarse a este respecto. Ya anunciaba aquí el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista las vicisitudes que puede sufrir esta
iniciativa dentro de los propios Estados Unidos. Mi grupo quiere
dejar bien claro que en una situación como la actual no se trata de
hacer grandes escudos de protección antimisiles, sino que los
esfuerzos deben ir en el marco de Naciones Unidas, de los derechos
humanos, por los cauces diplomáticos de las relaciones bilaterales o
multilaterales entre los Estados, por una vigilancia contra todos
esos gobiernos no democráticos que pueden entrar en una enloquecedora
línea belicista. Pero esto no es óbice para que no se tenga que hacer
este reconocimiento a quienes tienen esta responsabilidad, un
gobierno, el del señor Bush, que puede hacer una propuesta de este
tipo y unas Cámaras que -como vuelvo a decir- son paradigmas del
ejercicio democrático de las participaciones tienen su última
palabra. En este sentido de respeto mi grupo no va a votar
favorablemente esta iniciativa. Lamento que no se haya podido
defender con más extensión la enmienda que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista, que venía en una línea de reflexión y de
entendimiento del sentido común.
Por estas razones que estoy diciendo, y en ese respeto que una Cámara
le debe a otra, tanto a los senadores demócratas como a los
republicanos que se oponen en Estados Unidos a la instalación de un
escudo antimisilesos les corresponde precisamente la responsabilidad
de dictar el sentido común. Si el gasto es superfluo e innecesario o
verdaderamente excesivo que lo digan quienes tienen esta
responsabilidad democrática.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
La interpelación y la moción que nos ha presentado izquierda Unida
abordan una de las cuestiones presentes en la polémica internacional
en las últimas semanas. Es evidente que la convicción de que el fin
de la guerra fría, el fin del mundo bipolar va a obligar, está
obligando ya, al conjunto de los Estados a redefinir sus conceptos de
seguridad y constituye parte del eje del debate que la interpelación
y la moción nos plantean. Y es evidente que, desde la perspectiva de
cuáles son las exigencias de nuestras sociedades, los objetivos de la
distensión, del desarme, de la reducción de los arsenales nucleares
deben ser las prioridades a la hora de redefinir estos conceptos de
seguridad.
En este escenario, la irrupción de la propuesta de la Administración
Bush no ha sido una buena noticia. Se recupera una propuesta
planteada al menos en dos ocasiones anteriores, la última de ellas en
el mandato del presidente Reagan, propuesta que fracasó por lo mismo
que previsiblemente va a fracasar la propuesta de la nueva
administración: por sus costes desorbitados, por la inseguridad en
los objetivos a los que pretende responder, quizá por el rechazo
político en los Estados Unidos, derivado de la nueva mayoría, e
incluso por el aspecto conceptual que expresa esa visión. Creo que
era el señor Puig el que hacía referencia a que quizá los problemas
de seguridad de Estados Unidos y del conjunto de Europa no se sitúen
tanto en la posible utilización de misiles por los denominados
Estados terroristas sino en muchas otras cuestiones.
En este contexto, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió
quiere expresar de manera muy clara su oposición a la idea de la
Administración Bush. Al mismo tiempo, hay que entender que quizá el
Gobierno español se ha precipitado al tomar una posición política
sobre esa cuestión. No vemos la necesidad que el presidente del
Gobierno tuvo de manifestar un posición política aparentemente
favorable a esa consideración. Pero resolver, hoy, a través del
mecanismo de la interpelación y la moción, el debate de fondo no nos
parece la mejor manera de abordar el debate abierto.
Nosotros vamos a abstenernos en la moción que nos plantea Izquierda
Unida y sugerimos a los grupos de la Cámara que en el marco de la
Comisión de Asuntos Exteriores debemos ser capaces de definir una
posición española común sobre esta materia, basada en los principios
de la distensión, el desarme y la reducción de las armas nucleares.
Quizá a través de alguna proposición no de ley conjunta de los grupos
de la Cámara podríamos alcanzar una posición que me parece que, en el
fondo, los grupos de la Cámara compartimos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Popular, al hilo de la moción que se ha
presentado por el Grupo de Izquierda Unida, enmendada por el Grupo
Socialista, entiende que, al final, ésta pasará a ser una moción
conjunta.
En primer lugar, nos parece que conviene tener en cuenta que este
proyecto de Estados Unidos, del que se está hablando, todavía no está
definido, por lo que la decisión sobre un eventual apoyo o rechazo
resulta prematura en este momento, como el otro día quedó claramente
en evidencia en el debate de la interpelación, con la intervención
del ministro.
La posición del Grupo Popular, que es la del Gobierno de España, como
el otro día dijo el ministro de Defensa, tiene que ser responsable,
propia de un país que es miembro de la Alianza Atlántica y que ha de
tener en cuenta los criterios de otros países socios, aliados
nuestros dentro de este organismo. También debe ser la decisión de un
país que está satisfecho de su condición de aliado, y de aliado
preferencial, tal como ha ratificado la reciente declaración conjunta
entre Estados Unidos y España del pasado mes de enero.
La verdad es que la posición de Izquierda Unida, y entendemos que
también la del Grupo Socialista, nos alejaría de esta cautela, que
consideramos que debemos mantener y que hasta el momento han
manifestado el resto de los aliados europeos, y nos pondría en la
posición más radical, la que curiosamente mantiene un país como
China, e incluso en una posición más radical que la de la propia
Rusia. Por eso, no nos parece curioso que Izquierda Unida lo plantee,
que evidentemente no entiende que hay nuevos escenarios estratégicos
o mantiene su posición, lo que nos extraña es que el Partido
Socialista esté al borde de recurrir a viejas proclamas ya superadas.
En cualquier caso, hay una nueva situación estratégica que obliga a
los tratados sobre limitación de misiles antibalísticos. Desde el
punto de vista del Grupo Popular, y sin duda de los intereses de
España, sería deseable que, si se producen modificaciones, tuvieran
el consenso de la anterior situación. El Grupo Popular entiende que
no debe afectar negativamente los esfuerzos realizados por el
desarme, la no proliferación y el control de armamento.
En todo caso, como dijo el ministro de Defensa en la interpelación,
España tiene que estudiar con total interés todo lo que esté dirigido
a lograr una mayor seguridad futura, para nuestro país y para el
resto de Europa, dentro de nuestra política común y con nuestro apoyo
entusiasta a todas las medidas de reducción y control de armamento.
Ésta es la línea que mantiene el Grupo Parlamentario Popular,
prudencia, cautela y coherencia
con nuestro compromisos internacionales, y la posición en que
estamos; allá otros, que unos días parecen más americanos que nadie y
hoy mantienen posiciones extrañas. En cualquier caso, desde la
coherencia de nuestra actuación y desde el sentido de la
responsabilidad, nosotros votaremos negativamente la moción que se
presenta.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Atencia.
Señor Alcaraz, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de la
enmienda, la Presidencia ha creído entender que la aceptaba.
El señor ALCARAZ MASATS: Sí, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la posición
del Gobierno y las consecuencias de todo tipo que supondría aprobar
el proyecto de los Estados Unidos de instalar un escudo antimisiles,
que se somete a votación en los términos derivados del debate y con
la aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
272; a favor, 106; en contra, 156; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada la moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SITUACIÓN DEL SISTEMA
PORTUARIO ESTATAL. (Número de expediente 173/000068.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre situación del sistema
portuario estatal.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señorías, tal como se
defendió, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, la pasada
semana la interpelación sobre la situación tarifaria de los puertos
españoles, hoy presentamos una moción integrada por 14 puntos, que
pasaré a defender y que fundamentaré con los mismos contenidos con
los que se fundamentó la interpelación de la semana pasada.
Señorías, saben ustedes perfectamente que la Ley 62/1997, por la que
se modificó la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante,
recogía en la exposición
de motivos de forma clara y rotunda que la ley tiene que
garantizar la libertad tarifaria de las autoridades portuarias, sin
más límites que los que se deducen del objetivo de autofinanciación y
de los que resulten del mantenimiento de un marco de libre y leal
competencia, evitando prácticas abusivas con relación a tráficos
cautivos, así como actuaciones discriminatorias u otras acciones
análogas. Asimismo, señorías, en la disposición transitoria de
aquella ley se establecía claramente que para garantizar el objetivo
de autofinanciación, evitar prácticas abusivas con relación a los
tráficos cautivos, así como discriminatorias y otras análogas a las
que se refiere el apartado 1 del artículo 70 de la ley, durante el
plazo de tres años, el Ministerio de Fomento, a propuesta del ente
Puertos del Estado y oídas las autoridades portuarias afectadas así
como las asociaciones de usuarios, establecerá los límites máximos
y mínimos de las tarifas, de modo que nunca tengan un nivel superior al
40 por ciento. Así pues, la ley del año 1997 estableció claramente
que para posibilitar la libre competencia de los puertos, para
posibilitar la libertad tarifaria con la que generar, potenciar e
impulsar la autonomía de gestión de los puertos, el ente público
Puertos del Estado, el Ministerio de Fomento se comprometía a
presentar en las Cortes Generales, en el plazo de tres años, un
proyecto de ley regulador de la libertad tarifaria.
Señorías, se reiteró en la interpelación pasada que pasaron los tres
años, 1998, 1999 y 2000, y esa ley no tuvo entrada en las Cámaras
para su debate, para potenciar la autonomía financiera y económica de
gestión de los puertos. El Gobierno, consciente de ello, en la Ley de
acompañamiento del año 2001 para el presente ejercicio introdujo una
especie de prórroga de tres meses, por cuanto terminó el primer
encuentro de aquellos tres años. La Ley de acompañamiento dice: En
los tres primeros meses del ejercicio 2001, el Gobierno presentará
una ley que regule la libertad tarifaria, que potencie la autonomía
de gestión de los puertos, que impida el debilitamiento económico y
financiero de los puertos. Señorías, nos encontramos a finales del
mes de mayo y, dado que el Gobierno no ha cumplido ese mandato
legislativo, al ministro de Fomento se le dijo claramente en la
interpelación que ha tenido dos incumplimientos consecutivos que
están trayendo consigo el debilitamiento de los puertos. Se lo dije
al señor ministro y está recogido en el «Diario de Sesiones». Pero
quienes no tuvieron la oportunidad de asistir al debate o no han
leído alguna intervención en el «Diario de Sesiones», han llevado a
cabo manifestaciones tendentes a pensar que esta iniciativa debilita
la autonomía de gestión de los puertos, y nada más lejos de la
realidad, de la verdadera intencionalidad y del contenido de los 14
puntos consecutivos que integran nuestra moción. Son puntos que
tienden a potenciar la capacidad autónoma de gestión de los puertos,
la mayor integración de lascomunidades autónomas en los entes
directores y gestores
de las autoridades portuarias y, por encima de todo, a sacarlos
del marasmo legislativo derivado de toda una serie de circunstancias,
de sentencias del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de los
tribunales superiores de justicia de distintas comunidades autónomas,
que han mandado a las autoridades portuarias a efectuar la devolución
de las liquidaciones practicadas a los operadores portuarios como
consecuencia del vacío normativo que existe, dado que las autoridades
portuarias producen la liquidación desde la perspectiva del concepto
de precio privado y eso choca normativamente con las resoluciones, a
las que hice referencia, de sentencias de distintos tribunales.
En consecuencia, señorías, hoy el ente Puertos del Estado, las
distintas autoridades portuarias tienen la obligación de devolver a
los operadores portuarios, a los armadores que han utilizado los
puertos, más de 45.000 millones de pesetas, consecuencia de
sentencias judiciales firmes en este momento, casi 35.000 como
reconoció el ministro de Fomento y queda recogido en el «Diario de
Sesiones». De lo que se trata es de darle el marco normativo legal
que posibilite la libre competencia de los puertos entre sí, que
posibilite el marco -insisto- jurídico que les permita producir
liquidaciones y no tenerlas que devolver. Recuerden SS.SS. que la Ley
de Presupuestos Generales del Estado del año 2001, actualmente en
vigor, tenía una partida presupuestaria de 3.000 millones de pesetas
para una primera actuación de devolución por parte de las autoridades
portuarias. Señorías, por eso el Grupo Socialista, para profundizar
en la autonomía de gestión de los puertos, para posibilitar la libre
competencia que, al margen de ello, nos vendrá dictada dentro de muy
pocas fechas por una directiva comunitaria de liberalización de los
servicios portuarios, ha presentado esta moción integrada por 14
puntos, que empieza diciendo que se insta al Gobierno a que, de una
vez por todas -me expreso coloquialmente-, traiga el proyecto de ley
que no ha traído hasta estos momentos y que tiene dos mandatos
legislativos incumplidos. Y termina con dos puntos por los que
propugnamos un tratamiento tarifario diferenciado en los puertos de
Ceuta, Melilla, Islas Baleares o de las islas Canarias como
consecuencia de que tienen la obligación de atraer tráficos cautivos.
Señorías, termino, señora presidenta... (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Señor Segura, ha concluido su tiempo.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Tomo la palabra muy brevemente. La preocupación del Bloque
Nacionalista Galego en el marco de regulación, globalización y
trasnacionalización que se está
abriendo no solamente en la Unión Europea, sino en los tráficos
internacionales es cómo garantizar que el sistema portuario en
general del Estado español pueda seguir cumpliendo una función cada
vez más adecuada y apropiada al servicio de los intereses mercantiles
y sociales de cada una de las comunidades que lo constituimos. En ese
sentido, queríamos llevar a la preocupación de este Congreso de los
Diputados el hecho de que el sistema portuario del Estado español
tiene problemas generales y también problemas particulares en cada
autonomía. En la moción que presenta el Grupo Socialista se habla con
claridad de los casos de las islas, en concreto de las Illes Balears
y de las islas Canarias, pero a nadie se le oculta que en el caso
concreto de una comunidad autónoma como Galicia tenemos seis puertos
de interés general y da la casualidad de que tres de los seis puertos
están situados a no más de 30 kilómetros de distancia cada uno, en
concreto, el caso de Vigo en relación con Marín o el de Marín en
relación con Pontevedra. No es posible hacer una política de tipo
portuario acertada si no se tiene en cuenta este problema y habría
que buscar alguna fórmula para hacer los tres puertos
complementarios, a no ser que se vaya a un tipo de sistema donde, al
final, acabará ganando exclusivamente una de las opciones y, a lo
mejor, empobreciendo poderosamente al país.
Si vamos al caso de Ferrol y A Coruña pasa exactamente igual. Son dos
puertos que están sometidos a mercancías cautivas, el de Ferrol al
tráfico de graneles sólidos de carbón y el de A Coruña a
hidrocarburos. Pues bien, no se puede seguir manteniendo el criterio
de que dos autoridades portuarias vivan de espaldas la una a la otra.
Por supuesto, un puerto que depende del de Ferrol, como es San
Cibrao, pero que está situado a más de 100 kilómetros de distancia,
tendrá también algo que decir o algún tipo de alternativa que
procurar que exceda de la mercancía cautiva de alúmina-aluminio .
Por todo esto, nos parece que en cualquier nuevo proyecto de futuro
de carácter legislativo habría que contar también, sin romper la
unidad del sistema portuario del Estado español, con la posibilidad
de que, a instancia de una comunidad autónoma con varios puertos de
interés general en su territorio, se pueda articular un subsistema
portuario entre ellos, con el fin de su coordinación eficaz y su
complementariedad funcional.
Nosotros somos de los que partimos de que el hecho de que los puertos
de interés general se integren en las comunidades autónomas con todas
las consecuencias, por lo menos en casos tan característicos y
específicos como el de Galicia, no solamente no es un tropiezo sino
que será una de las piedras claves para poder garantizar su
continuidad con plena eficacia, servicio público y servicio a la
comunidad, e incluso a lo que sería el tráfico de mercancías en el
conjunto de Europa, de una forma equilibrada y, vuelvo a repetir,
positiva para todas las comunidades.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida comparte
la preocupación que se expresa por parte del Grupo Parlamentario
Socialista en la moción que se ha presentado a esta Cámara,
precisamente por el vacío legislativo y las inseguridades jurídicas
que plantea la situación de los puertos españoles a raíz de la
aprobación de las diferentes modificaciones de la Ley de puertos del
Estado y también por la aplicación en breve plazo de la nueva
Directiva de liberalización de los servicios portuarios. De ahí que
mi Grupo Parlamentario haya pretendido con las enmiendas que ha
presentado, además de insistir en la preocupación que lleva al Grupo
Socialista a presentar esta moción, ampliar en la moción alguna de
las inquietudes que tiene mi propio grupo parlamentario.
Por eso, señorías, en el primer punto de la moción el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida plantea la necesidad de que
el Gobierno informe a esta Cámara de cuáles pueden ser las
consecuencias júridico- administrativas que puede tener la
promulgación de esa futura ley sobre la libertad tarifaria de los
puertos españoles, aclarando también en qué situación quedaría el
propio mandato constitucional que con respecto a puertos tiene
nuestro ordenamiento jurídico.
En la segunda enmienda que presentamos nuestro grupo parlamentario
plantea al Gobierno que se informe a esta Cámara sobre las
consecuencias que puede tener precisamente la aplicación de esa
libertad tarifaria, a medio y largo plazo, en el funcionamiento de
los puertos españoles y que se nos expliquen cuáles pueden ser esas
consecuencias en cuanto a la planificación general del sistema
portuario, su funcionalidad territorial y las medidas que se podrían
arbitrar para evitar las discriminaciones que puedan tener lugar.
Nuestra enmienda al apartado número 9 va también dirigida a que se
informe por parte del Gobierno a estas Cortes Generales sobre las
competencias, no sólo organizativas sino también competenciales, que
puede acarrear a los puertos españoles la entrada en vigor de la
anunciada directiva europea. Creemos, señorías, que es muy importante
que tengamos claro, antes de aprobar la aplicación de la directiva
europea y también la nueva ley de liberalización de los puertos del
Estado, cuáles son los problemas competenciales que pueden
acarrearnos y muy especialmente cómo se va a hacer la coordinación
general de los entes y las transferencias que tiene ya las
comunidades autónomas por la Ley de puertos de 1997.
Es necesario que todas esas clarificaciones sean apuntadas, con
independencia de que también es necesario
que a la hora de realizar las inversiones que se tienen que
hacer desde el ente Puertos del Estado se tenga en cuenta no
solamente la seguridad laboral de los trabajadores sino también la
protección medioambiental que debe de conllevar cualquier actuación
desde el ente Puertos del Estado, ya sea en infraestructuras o en
ampliación del tráfico portuario. Todos sabemos lo fácil que puede
ser contaminar el entorno desde un puerto que no tenga las garantías
de protección medioambiental. Por tanto, señorías, desde nuestro
punto de vista, también es necesario que se contemple este tipo de
medidas.
Uno de los últimos puntos, por no hacer referencia a todos los que
hemos planteado, hace mención a la necesidad de que desde el
Gobierno, y teniendo en cuenta el principio estricto de equidad para
tratar a los desiguales con una discriminación positiva para que
puedan estar a la altura de aquéllos que tienen mayores competencias
o facilidades, se establezcan unas determinadas características para
que no se pueda padecer una discriminación por parte de aquellos
puertos que por falta de equipamientos o infraestructuras no puedan
concurrir o se vean en una situación precaria, sobre todo en aquellos
aspectos o características de los llamados tráficos cautivos.
Señorías, es importante que se puedan establecer este tipo de
discriminaciones positivas que puedan favorecer el funcionamiento de
todos los puertos del Estado y no solamente de aquéllos que, por
determinadas razones, hoy tienen unas mejores instalaciones y
precisamente puedan intervenir en un libre mercado con una libre
competencia en mejores condiciones que lo puedan hacer aquellos
puertos que hoy no las tienen pero que tampoco entran dentro de una
planificación para poderlas mejorar.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular,
señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Gracias, presidenta.
Señorías, subo al estrado a fijar la posición del Partido Popular en
relación con la interpelación y la moción consecuencia de la misma
relativa al marco general de regulación de los puertos y a defender
las enmiendas que plantea el Partido Popular al respecto.
El Partido Popular celebra la oportunidad de este debate, porque -el
ministro lo ha anunciado en Pleno y en Comisión- el Partido Popular y
el Gobierno tienen la intención de traer a esta Cámara un nuevo marco
jurídico que dé garantía y estabilidad al sistema portuario español.
Sin embargo, queríamos de alguna forma quitar algo de hierro al
diagnóstico catastrofista de su señoría. Dice que hay que devolver
las liquidaciones, yyo quiero recordar el diagnóstico: se practican
liquidaciones
de acuerdo con la ley; las recurren determinados usuarios del
puerto; y en ese sistema de recursos lo que están haciendo las
autoridades portuarias, de acuerdo con la ley, es practicar una nueva
liquidación, y sólo da derecho a pagar los intereses de demora.
Su señoría a la hora de hacer el diagnóstico se ha olvidado de
algunas cosas, como, por ejemplo, que la disposición transitoria
segunda de la Ley 14/2000 no sólo dice que hay tres meses para hacer
una nueva ley sino que dice más cosas, habla de un régimen
transitorio. Con anterioridad, en la disposición transitoria treinta
y cuatro de la Ley 55/1999 se regulaba una nueva liquidación
tarifaria a la vista de las sentencias del Tribunal Supremo. También
en los presupuestos del Estado se han consignado determinadas
cantidades para atender de alguna forma los intereses de demora.
En resumidas cuentas, señoría, ya se lo dijo el ministro y se lo
volvemos a decir ahora, no existe incertidumbre respecto al régimen
tarifario de los puertos. Existe seguridad y cobertura jurídica y
presupuestaria para atender todas las necesidades que se produzcan.
Además, señoría, existe un dictamen del Consejo de Estado, porque el
Gobierno no actúa a la ligera. El dictamen dice que las tarifas son
exigibles y que, ante una anulación de liquidación practicada, ha de
practicarse una nueva liquidación, que es lo que se está haciendo.
Por todo ello, el Grupo Popular, siguiendo con la idea del ministro
de invitarle a llegar a acuerdos en el nuevo marco de regulación de
los puertos de interés general, ha presentado una enmienda con l0
puntos, prácticamente coincidentes en algunos momentos con los que
presenta el Grupo Socialista. Van encaminados a alcanzar ese nuevo
marco que da estabilidad, competitividad, transparencia, que permite
que los puertos afronten los nuevos negocios, y a distinguir de una
forma clara y nítida los servicios portuarios del uso del dominio
público de los puertos. Si S.S. es coherente con el reto del discurso
de hoy y con el reto del discurso del pasado miércoles, si S.S. es
coherente y consecuente con la necesidad de tener un nuevo régimen de
los puertos, si S.S. es coherente con tener una transparencia en los
puertos de interés general del Estado, que afronten y den estabilidad
al sistema tarifario, le sugiero que admita y acepte las enmiendas
del Grupo Popular. En el punto número 1 no sólo le decimos que
aceptamos que en el más breve tiempo posible se traiga una ley de
libertad tarifaria. El Grupo Popular le ofrece un marco más amplio
que da esa estabilidad, esa transparencia, que permitirá acomodar la
Ley de puertos a la nueva directiva de acceso al mercado de los
servicios portuarios. Ese nuevo marco es coherente con el discurso de
S.S. Y, por coherencia con todo lo que he dicho, aceptará las
enmiendas que el Grupo Popular ha presentado por el bien del sistema
portuario español.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jiménez. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias señora presidenta.
La lectura de esta moción consecuencia de la interpelación a mi grupo
le ha producido estupefacción y preocupación. También al ver la
correlación que puede haber en muchos de sus puntos con la enmienda
que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Esto lo digo desde
la Comunidad Autónoma de Canarias, desde su estatuto de autonomía, y
desde la filosofía y el enfoque político que hemos querido dar
siempre a la administración portuaria española y, dentro del Estado,
a la de los puertos canarios, donde no puede soslayarse ninguna de
las competencias que, en los aspectos fiscales, pueda tener la
materia en cuestión. Parece ser que hay ciertas discrepancias en la
interpretación o en la seguridad jurídica por las tasas, las tarifas
o los servicios portuarios.
En muchas de las opciones que se dan en el texto de la moción que
trae causa de este debate y en la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular se plantean una serie de circunstancias muy preocupantes.
Habría que modificar grandes aspectos de la vigente Ley de puertos.
Parlamentariamente hemos sufrido las siguientes vicisitudes. La
primera con la Ley 27/l992, de los puertos; en 1997, la Ley 62, de
puertos del Estado, y ahora se anuncia un proyecto de la ley
reguladora del sistema portuario de interés general. Pedimos un
reconocimiento de respeto, no al hecho insular, como recogen los
puntos 9 y 10 de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, o los
puntos 13 y 14, del Grupo Parlamentario Socialista. Incluso en
contradicción, porque uno habla de que se pida que Canarias quede
integrada en la red transeuropea del transporte. Y ya lo está; esto
está atinadamente recogido en el punto 10 de la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular. Es una obviedad. Está ya reconocido y, en las
conversaciones que parlamentarios de mi grupo hemos tenido con la
comisaria doña Loyola de Palacio, se nos han dado perfectamente las
explicaciones y las seguridades jurídicas que en los organismos de la
Unión Europea se han seguido para consolidar esta situación. Por
tanto, estas dos perlas finales de las dos enmiendas no nos dan nada
que no se tenga ya en este momento desde el archipiélago canario.
Es una cuestión verdaderamente preocupante y si, como ha anunciado ya
en algunos textos o proposiciones el Grupo Parlamentario Popular, se
trae un proyecto de ley reguladora del sistema portuario de interés
general, ya discutiremos políticamente, en sede parlamentaria, cuáles
son los alcances y los compromisos que de esto se deriva. A nosotros
nos llena de preocupación este enfoque puramente centralista y
estatalista,
que olvida, margina y trata de retroceder en lo que viene siendo una
reivindicación en estructuras portuarias que existen en ciertas
comunidades autónomas, como es el caso de la de Canarias o como es el
caso de la Comunidad Autónoma catalana. No se puede venir ahora con
este planteamiento totalmente nuevo pero en una dirección totalmente
distinta de lo que habíamos avanzado en el sentido de la autonomía de
estos puertos, que no van a estar fuera de una red estatal, pero
tienen derecho a una gestión que tiene el soporte y el apoyo
logístico de todas esas actividades, inversiones y competencias, que
los gobiernos autonómicos de estas comunidades tienen en la materia.
Por esas razones, señora presidenta, mi grupo va a votar en contra de
esta moción y de cualquiera de sus enmiendas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor
Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señorapresidenta.
Hoy tenemos una moción consecuencia de interpelación, moción sin
exposición de motivos, por tanto la motivación es la inicialmente
escrita en la presentación de la interpelación, aunque después, en el
debate oral, se intentase diluir. No nos engañemos, hoy estamos ante
una moción socialista con alto grado de involución autonómica. Se
escribían y describían para la interpelación los dones fantásticos de
la Ley de puertos del Estado de 1992. Ley socialista, claro. Se
decía: órganos de gobierno nombrados por el Ministerio, conjunto de
puertos del sistema totalmente integrado, Ente de Puertos del Estado
centralista, gran modernización de los puertos, etcétera. La Ley de
1992 era la gran panacea. Pero ¡sorpresa! En 1996 hay elecciones y
consecuencia de las mismas se producen unos fenómenos extrañísimos:
presión, condicionantes derivados de precipitados compromisos
adquiridos por PP y CIU -figura en el documento-. ¿Cómo es posible
que en 1997 la Ley de 1992 sea modificada? Se nos explica en la
interpelación lo malo que fue el resultado de la modificación. Se nos
explica en la interpelación que los órganos de gobierno de las
autoridades portuarias eran nombrados por las comunidades autónomas,
que la Administración del Estado pasaba a tener un papel coordinador,
etcétera.
Todo ello y más lo encontrarán en el documento de la interpelación,
en el número de registro 33141, de 16 de mayo, que yo tengo. Les
pediría que lo leyesen, verían lo que dice. Se quiere resucitar la
Ley de 1992 ahora. ¿Saben los socialistas catalanes de su regresión?
¿Lo saben en Andalucía, con autoridades portuarias dirigidas por
personas nombradas por una comunidad autónoma con Gobierno
socialista, los puertos de
Málaga, Sevilla, Cádiz -en su momento muy peculiares esos tres
puntos, con alcaldías del Partido Popular-, o en Huelva, donde
preside la comunidad portuaria el que era diputado en esta Cámara y
portavoz del PSOE en la Comisión de Infraestructuras?
Sí sabemos que hoy hay problemas en la regulación de tarifas
portuarias, que los hay entre competencias de las autoridades
portuarias y el Ente Puertos del Estado y que los hay en financiación
de las autoridades portuarias. Todo ello es solucionable con las
correspondientes modificaciones, hablándolas y consensuándolas. Pero,
señorías, la propuesta socialista, regresiva de intención, ha tentado
al Grupo Popular a una especie de: si tú, blanco, yo, también; si tú,
regresivo, yo, también. Así, en la enmienda presentada -10 puntos-,
con una transaccional que después veremos y con un acuerdo ya escrito
en el que, de los 10 puntos, siete son coincidentes en las dos, hay
un punto -el 1- que no tiene desperdicio en cuanto a su intención
retrógrada. Va más allá de lo que podría deducirse de las palabras
del ministro el otro día. ¿Se podría sospechar -no lo haré-
deslealtad a los pactos del año 1996? ¿Se pretende y se confirma lo
que ya intuíamos? Se trataría no sólo de modificar para resolver los
problemas económico- financieros que puedan producirse, sino también
de una recuperación total de esquemas. Se dice, y debe ser verdad,
que existe ya un grupo de trabajo de carácter mixto, integrado por
miembros del Partido Popular y del PSOE.
Lógicamente, no podemos estar de acuerdo hoy con esta actitud
regresiva ofrecida en la moción que ha presentado el Grupo
Socialista. Quisiera muy sinceramente equivocarme, pero tengo que
dejarlo en puntos suspensivos. Hoy tenemos que votar negativamente a
la moción.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Señor Segura, tiene usted la palabra, a los efectos de indicar la
aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, la moción del Grupo
Parlamentario Socialista va a incorporar los puntos 4, 6, 9 y 10 de
la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Y, del
punto 1, si lo acepta el grupo proponente, el texto que diría que, en
el menor plazo de tiempo posible, remita a las Cortes Generales un
proyecto de ley reguladora de los regímenes económico-financiero,
tributario, de utilización de dominio público portuario, de
prestación de los servicios portuarios, etcétera, tal como recoge ese
punto, eliminando tres líneas que nosotros no aceptamos.
Por consiguiente, se incorporan los puntos 4, 6 y 9, del Grupo
Parlamentario Popular; el punto 1, con la redacción que se acaba de
indicar; mantenemos los puntos 2, 3, 11 y 12, de la moción del Grupo
Parlamentario Socialista; y, por último, tal como muestra el texto
que
se ha repartido a los grupos y entregado a la Presidencia, una
enmienda transaccional sobre el punto 8 de la moción del Grupo
Parlamentario Socialista, que diría: Se insta al Gobierno para que,
en el marco de la próxima reforma de la Ley de sociedades y como
forma de incrementar la eficiencia de los puertos españoles, se
estudie la posibilidad de incorporar las rentas generadas por el Ente
Puertos del Estado y las autoridades portuarias del sector público
estatal a alguno de los regímenes tributarios especiales que
actualmente contiene la normativa reguladora del impuesto sobre
sociedades.
Si me lo permite la señora presidenta, termino leyendo de nuevo, en
aras de la claridad de la resolución que se podría aprobar, una lista
que tiene la Presidencia: Mantenimiento de los puntos 2, 3, 11 y 12,
de la moción socialista; incorporación de los puntos 4, 6, 9 y 10,
del Grupo Parlamentario Popular, y del 1, con la ligera mutilación a
que he hecho referencia; y, por último, la transaccional sobre el
número 8 del Grupo Parlamentario Socialista, que es prácticamente
coincidente con la que como número 5 presentó el Grupo Parlamentario
Popular. Esa sería la moción conjunta, ordenada metodológicamente,
que se somete a votación por parte del Grupo Parlamentario
Socialista, recogiendo los planteamientos coherentes con lo defendido
por dicho grupo.
Al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y al Grupo Mixto, a través
del señor Rodríguez, lamentamos indicarles que la aceptación de
algunas de sus enmiendas estaría alejada del método que hemos
intentado imprimir al debate y a la resolución.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Señor Jiménez, como grupo enmendante, el grupo autor de la moción
propone aceptar parcialmente su enmienda. Sabe que, de acuerdo con el
Reglamento, tiene que ser aceptado por el grupo enmendante.
El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: La propuesta del Grupo Socialista se refiere
a quitar el nombre de una ley en el punto 1 y la aceptamos.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Gracias. (Pausa.)
Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre situación del sistema portuario estatal, que se
somete a votación en los términos derivados del debate y que han sido
expuestos por el portavoz del Grupo Socialista, señor Segura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
275; a favor, 259; en contra, 14; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la moción.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana, a las cuatro de la
tarde.
Eran las ocho y cincuenta minutos de la tarde.