CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2002 VII Legislatura Núm. 618

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA

Sesión núm. 38

celebrada el martes, 29 de octubre de 2002

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Por la que se insta al Gobierno para que constituya una mesa de seguimiento sobre la normativa aplicable en materia de emisiones radioeléctricas. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente
161/001501.) ... (Página 20286)


- Relativa a establecer urgentemente mecanismos de coordinación, cooperación y armonización entre administraciones y agentes del sector de las telecomunicaciones con el fin de garantizar el derecho al medio ambiente, la protección de la
salud de los ciudadanos y un despliegue adecuado de la red de instalaciones de telecomunicaciones, así como la adecuada prestación del servicio de telefonía móvil. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
161/001571.) ...
(Página 20286)

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- Sobre impulso y mejora de la gestión del sistema de ciencia y tecnología. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001534.) ... (Página 20292)


- Relativa a la transformación del Centro de seguimiento de satélites de Villafranca del Castillo en futuro establecimiento de referencia de excelencia científica de la Agencia Espacial Europea (ESA). Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001557.) ... (Página 20295)


- Relativa a la gestión del espacio radioeléctrico. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001682.) ...
(Página 20297)


- Relativa a la política tarifaria en comunicaciones telefónicas.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001703.) ... (Página 20299)


Se abre la sesión a las diez y veinte minutos de la mañana.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE CONSTITUYA UNA MESA DE SEGUIMIENTO SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE EMISIONES RADIOELÉCTRICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente
161/001501.)


- RELATIVA A ESTABLECER URGENTEMENTE MECANISMOS DE COORDINACIÓN, COOPERACIÓN Y ARMONIZACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES Y AGENTES DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE, LA PROTECCIÓN DE LA
SALUD DE LOS CIUDADANOS Y UN DESPLIEGUE ADECUADO DE LA RED DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES, ASÍ COMO LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
161/001571.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar la sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología sobre debate y votación de proposiciones no de ley. Las votaciones, en cualquier caso, no se harán antes de las doce.



Empezaremos por la primera proposición no de ley: Proposición por la que se insta al Gobierno para que constituya una mesa de seguimiento sobre la normativa aplicable en materia de emisiones radioeléctricas. Tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Jordi Jané. Se harán acumuladas la 1 y la 2.



El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) trae hoy a esta Comisión de Ciencia y Tecnología una proposición no de ley instando al Gobierno a que constituya una mesa de seguimiento sobre la
normativa que se aplica en materia de emisiones radioeléctricas.



Señor presidente, señorías, recordarán todos que esta misma Comisión de Ciencia y Tecnología realizó un importante debate el pasado 10 de abril del año 2002, de este mismo año, un debate que pretendía recabar información, y se celebraron en
esta Comisión una serie de comparecencias: vino el consejero delegado de Amena, el consejero delegado de Telefónica Móviles, el de Vodafone; vinieron expertos, concretamente vino Salvador Velayos, que es miembro del Comité Científico de la
Comisión de Toxicología, catedrático de magnetismo de la Universidad Complutense de Madrid, director del Instituto de magnetismo aplicado; vino don Juan Represa, miembro del Comité Científico (Comisión de Toxicología), catedrático y director de
Investigación en el Instituto de Biología y Genética Molecular de la Universidad de Valladolid; vino don Enrique Gutiérrez Bueno, decano presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Tuvimos por tanto oportunidad en esta
Comisión de conocer opiniones sobre de qué forma los campos electromagnéticos, ligados a lo que entendemos como antenas de telefonía móvil, podían afectar o no a la salud de las personas.



Señor presidente, creo que la valoración de ese debate debe ser positiva; todos los grupos pudimos intervenir, pudimos contrastar, y el resultado final de ese debate fue que en ningún caso había una evidencia científica de que en los
niveles que se aplicaba la normativa sobre


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antenas de telefonía móvil, esas antenas pudieran de alguna forma ocasionar un riesgo para la salud de las personas. Todos los que comparecieron acreditaron que se cumplía con creces la recomendación de la Unión Europea, que en ningún caso
se sobrepasaban los límites establecidos y que de ninguna manera estaba en riesgo la salud de las personas. Ello no obstante, señor presidente, señorías, un hecho es cierto: a pesar de esos datos científicos aportados en esta Cámara, lo cierto es
que sigue persistiendo ante la ciudadanía una sensación de inseguridad. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer en esta Comisión, debatirlo a través de datos objetivos, pero lo cierto es que sigue produciéndose una sensación de inseguridad por
parte de muchos ciudadanos que ven las antenas de telefonía móvil como un riesgo para su salud.
Nosotros somos representantes de esos ciudadanos y en el Congreso de los Diputados tenemos la obligación de saber canalizar esas inquietudes, de saber
darles respuesta y de intentar, desde el consenso, aportar una pedagogía al conjunto de la población y llegar a unos criterios que puedan ser comúnmente aceptados por todos.



No debemos olvidar que la telefonía móvil, señor presidente, señorías, es una realidad en nuestro país. No estamos debatiendo sobre si la telefonía móvil va a tener futuro o no. Tiene una implantación evidente, forma parte de la mayoría de
los ciudadanos que la utilizan de forma normal y no quieren prescindir de ella. Todos sabemos que esa telefonía móvil está implantada, que los ciudadanos la usamos, que necesita unas antenas para que funcione y de una ordenación de los niveles de
emisión de esas antenas, que nadie quiere prescindir de la telefonía móvil, pero en el fondo todo el mundo preferiría no tener una antena cerca. De ahí que se origine esta problemática: necesitamos las antenas, pero desconfiamos de ellas. De
alguna forma, incluso si la antena de telefonía móvil avanzara hacia un nivel de ubicación que no fuera tan visible como es, quizá no habría el rechazo frontal que existe. Aquello de que a veces en otros campos, como el de las líneas
radioeléctricas, cuando van ubicadas subterráneamente la gente no se opone tanto a ellas cuando el campo electromagnético que origina es el mismo o superior; o sea quiere decir que ojos que no ven, corazón que no siente. Las personas temen aquello
que les produce un impacto visual desagradable, de ahí que debamos avanzar en mejorar esos impactos visuales, y el sector está haciendo también esfuerzos en este sentido.



El problema original sigue siendo el mismo: hay una desconfianza entre la población. ¿Y esa desconfianza qué origina? Pues origina que a las personas que tienen comunidad de propietarios, les viene una operadora, les invita a poner en su
azotea una antena de telefonía móvil y la mayoría de los vecinos de esa comunidad dice que no. Ya pueden demostrar las operadoras que se cumplen las recomendaciones europeas, que no hay riesgo para la salud, que si no se ubica en esa azotea se
ubicará en la azotea de al lado y por tanto no desprecien esos vecinos esa posible rentabilidad económica que esa instalación puede tener en su edificio; a pesar de todo ello, señor presidente, señorías, las operadoras se encuentran en que cuando
uno puede elegir, normalmente dice que no. Hay esa desconfianza, hay ese rechazo, y de alguna forma debemos intentar dar respuesta a esos ciudadanos que tienen esa desconfianza, porque además ello pone también en peligro lo que es el propio
desarrollo de las nuevas tecnologías en España.



Estuvimos debatiendo en esta Comisión de Ciencia y Tecnología largo y tendido en los primeros meses de esta legislatura de qué forma íbamos a implantar la telefonía móvil de tercera generación, las UMTS, de forma rápida, de forma que pudiera
realmente desarrollarse, y discutimos que si el concurso, que si la subasta, que si el concurso al final parecía que podía implementar esa nueva tecnología con mayor rapidez; pero es que desde el mundo que debe desarrollar esa tecnología afirman
que el problema ya no es tan sólo la crisis del sector (que sabemos que la ha habido), la evolución distinta de la prevista de estas nuevas UMTS; el problema es que tampoco los ciudadanos están dispuestos a colaborar en las decisiones de miles de
antenas de telefonía que deberán colocarse para hacer posible esa nueva tecnología de móviles de tercera generación.



Todos aquí estamos convencidos y todos hemos hablando de que eso es el futuro, de que conectar Internet con el móvil va a dar grandes posibilidades, de que realmente va a ser un salto muy importante, pero en cambio tenemos un obstáculo ya a
la primera vuelta del camino, y es que para hacerlo necesitan las operadoras unas autorizaciones, que no se producen, repito, pues por mucho que se diga que se cumplen las recomendaciones existe esta desconfianza.



Quiero recordar la investigación específica que se realizó en Valladolid como consecuencia de un problema sanitario evidente, de unos casos concretos en un colegio que se conectaron con la existencia de unas antenas. Al final los
científicos concluyeron que en ningún caso podía demostrarse una causalidad entre esas antenas y los problemas de salud que padecieron algunos alumnos o algunos miembros de la comunidad educativa en Valladolid, con lo cual, desde un punto de vista
científico quedó evidenciado que no había esta causalidad, que no se podía demostrar esta causalidad. Aun así sigue habiendo desconfianza. Las propias operadoras han hecho una campaña publicitaria, que algunos pueden incluso valorarla como
excesivamente confiada, pero hacen campañas publicitarias porque desde los poderes públicos no se traslada esa confianza, y nosotros, como poder público que somos, como Congreso de los Diputados, haciéndonos eco de esa sensación de desconfianza y
sabiendo y conociendo en esta Comisión, como conocemos, la opinión de los expertos que vinieron el pasado mes de abril y nos expusieron de qué forma no se ponía en peligro la salud de los ciudadanos,


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nosotros debemos actuar, debemos realizar en positivo una actuación sin ir contra nadie. Esta proposición no de ley, señor presidente, señorías, no va contra el Gobierno, ni tiene un ápice de crítica; quiere simplemente buscar una solución
en positivo que intente generar esa confianza que en este momento no existe.



Y ¿qué proponemos? Nosotros proponemos, y estaríamos dispuestos también a buscar planteamientos alternativos o posibles transacciones, porque se sabe que no siempre un conjunto de grupos pueden coincidir de manera exacta en lo que nosotros
proponemos con nuestra iniciativa. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es crear un foro de consenso y ver si somos capaces de ponernos todos de acuerdo. Nos lo está pidiendo también el propio sector y nos lo piden los ciudadanos. Demos unos
parámetros objetivos, y de ahí que nosotros proponemos hacer una mesa de seguimiento en la que estuviéramos las distintas fuerzas con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados; estuvieran los municipios, representación de los
municipios, porque después los municipios generan normativas específicas en su término municipal, y por tanto que estuvieran representados los municipios; que estuviera la Administración general del Estado, las comunidades autónomas, expertos
sanitarios en materia de emisiones radioeléctricas, conocer siempre qué opinan los expertos sanitarios, representantes del sector de las operadoras, las industrias involucradas, los colegios profesionales que realizan las mediciones y las
correspondientes certificaciones; que estuviéramos todos. Estamos abiertos a que si algún grupo considera que esa mesa debería ser aún más plural que lo fuera. Pero ¿de qué forma debería actuar esta mesa? Pues habiendo en ella los expertos y los
representantes de todas las administraciones, se deben establecer unos criterios en los que se especificara de qué forma debemos garantizar la cobertura territorial de las nuevas tecnologías, pues resulta necesario que cuando una nueva tecnología se
implante pueda ser útil y pueda tener la cobertura territorial necesaria.



Hace pocos días en Vallbona de les Monges, una localidad de Tarragona con un magnífico monasterio y con una gran afluencia turística, quienes lo visitan se quejan de que cuando están en esa localidad no tienen cobertura de telefonía móvil.
Seguramente dar respuesta a Vallbona de les Monges supondrá instalar una antena más, porque cuando uno pide cobertura es porque no puede realizar las utilidades que esa telefonía les genera si no hay esa cobertura adecuada en todo el territorio.
Por tanto, ver de qué forma podemos garantizar esa cobertura territorial con seguridad, estudiar expresamente cada supuesto que puede generar intranquilidad.
Cuando se dé un caso, un solo caso de posible intranquilidad por la existencia de una
antena, que esta Comisión lo estudiara, lo analizara y diera su dictamen sería también un aspecto importante; fomentar la creación de un comité científico consultivo que asegurara en cada caso que la legislación es adecuada, y si hay nuevas
evidencias en el ámbito de los estudios científicos que aconsejaran en un momento dado un cambio de normativa, pues que se cambiara esa normativa de acuerdo con ese comité científico consultivo. También lo que es de uso normal en este tipo de
comisiones y es que de sus trabajos vaya recibiendo información el Congreso de los Diputados. Somos los representantes de la ciudadanía y es lógico que si se crea una mesa de estas características esta Cámara, el Congreso de los Diputados, me
atrevo incluso a decir, señor presidente, esta Comisión de Ciencia y Tecnología, conjuntamente también con la Comisión de Sanidad y Consumo, comisiones en las que sería útil recibir esta información y que cuando un ciudadano estuviera intranquilo se
le pudiera manifestar claramente que en España se ha hecho de forma acertada, se ha creado una mesa de encuentro y consenso, en la que están los científicos, están las administraciones, están los representantes de este Parlamento, emiten unos
criterios, son objetivos, pueden ser contrastados, los conoce la Cámara, no se guardan en un cajón y se da publicidad clara de que estos aspectos están dentro de los parámetros de protección de la salud.



Quiero terminar ya, señor presidente, pidiendo el voto de todos los grupos a nuestra propuesta, abriendo a posibles transacciones el debate de la misma y termino realizando solemnemente una afirmación que quiere realizar Convergència i Unió.
Si se demostrara que las antenas causan perjuicio para la salud, mi grupo parlamentario abanderaría una campaña en contra de las mismas. Nada hay más importante que preservar la salud de los ciudadanos; pero tampoco es lógico, señor presidente,
que nos pase lo que está pasando ahora, y es que los científicos acreditan que no son perjudiciales para la salud en los parámetros en que se desarrolla la telefonía móvil en España, y en cambio no conseguimos trasladar esa confianza al conjunto de
la población. Por tanto, como sabemos que la población sigue queriendo y pidiendo el uso de las nuevas tecnologías, de la telefonía móvil, cuando estén los móviles de tercera generación seguro que también, señor presidente, señorías, creo, que
nosotros tenemos hoy el deber de intentar dar un paso adelante, de intentar en positivo aprobar hoy en esta Comisión una proposición no de ley con un texto que pueda generar consenso entre todos y que nos permita al final generar ese grado de
confianza y sobre todo dar al conjunto de la población la seguridad de que estamos velando por su salud y de que se están desarrollando de forma correcta las nuevas tecnologías en España.



Nada más.



El señor PRESIDENTE: Para defender la proposición no de ley que se acumula, relativa a establecer urgentemente mecanismos de coordinación, cooperación y armonización entre administraciones y agentes


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del sector de las telecomunicaciones, con el fin de garantizar el derecho al medio ambiente, la protección de la salud de los ciudadanos y un despliegue adecuado de la red de instalaciones de telecomunicaciones, así como la adecuada
prestación del servicio de telefonía móvil, por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Montse Palma.



La señora PALMA I MUÑOZ: Señorías, efectivamente una vez más, desgraciadamente una vez más, mi grupo, el Grupo Socialista, trae a esta Comisión una proposición no de ley para instar una vez más al Gobierno a que tome cartas en el asunto de
las antenas, que a nivel popular y mediático casi podríamos llamarlo así, pero que es bastante más complicado de lo que podría representar esta expresión. Como ha dicho el señor Jané, llevamos ya demasiado tiempo enzarzados en una discusión en la
que por una parte no acabamos de aclarar entre administraciones quién debe hacer qué, y por otra parte la preocupación de la población, de forma oscilante se manifiesta de diferentes maneras respecto a los efectos que sobre la salud de las personas
pueden tener las emisiones radioeléctricas, especialmente de las antenas de telefonía móvil, pero no sólo de éstas.



El señor Jané ha apelado al final de su intervención a la necesidad de consenso. No es sólo él quien apela a este consenso, lo hacemos también, lo llevamos haciendo los otros grupos aquí en esta Comisión, pero también lo ha hecho el sector,
los agentes del sector, las operadoras y fabricantes, los agentes de este sector agrupados bajo el Comité para el desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones, ANIEL, nos han mandado esta misma semana a los grupos un escrito, en el que
una vez más ellos, que comparecieron también en la Comisión que ha citado el señor Jané del pasado 10 de abril, en la que suscitó un interesante debate no sólo con los agentes del sector sino también con expertos científicos sobre la materia, nos
instan ellos también una vez más a buscar y a encontrar este consenso. Nos dicen especialmente, yo creo que somos gente razonable y lo vamos a suscribir sin ninguna duda, que este tema no debe ser de ninguna manera, no debe utilizarse como arma
política; la protección de la salud de las personas nunca debe utilizarse como arma política, pero evidentemente la protección de la salud de las personas es una obligación, es una responsabilidad política de quien tiene potestad para hacerlo. Por
tanto, desde la acción y desde las responsabilidades políticas sí es necesario, sí es indispensable garantizar por una parte la protección de la salud de las personas, y por otra el desarrollo del sector de las telecomunicaciones, que en este caso
(como también ha dicho el señor Jané) posibilita o no el acceso de la población a lo que hemos llamado las nuevas tecnologías, que no es otra cosa que el acceso a la información y muchas veces también a la formación.



Lo hemos dicho mil veces, el Gobierno en este caso reguló tarde y mal, la normativa surgió o apareció después de la instalación de casi 35.000 antenas, después de que algunas comunidades autónomas hubieran promulgado sus propias normativas
en el ejercicio de competencias, es el caso de Cataluña y de Castilla-La Mancha, y también de muchos ayuntamientos que intentaron redactar y aprobar ordenanzas con muchas dificultades, yo lo he dicho aquí en esta Comisión también como responsable
municipal, pues creo que fui de los primeros ayuntamientos que intentamos elaborar una ordenanza que luego fue recurrida, impugnada por el Gobierno de la comunidad autónoma, porque no estaba nada claro hasta qué punto los ayuntamientos teníamos
competencias en esta materia. Además, la normativa que ha surgido ha sido de contenido insuficiente, concretamente con el decreto que promulgó el Gobierno del Estado, pero más tarde la cosa se complicó con la orden ministerial de enero de 2002
referida a las zonas sensibles.



¿En el fondo, qué ocurre? En el fondo ocurre que ha habido una negativa por parte del Gobierno a reconocer que aquí existen diferentes ámbitos competenciales no fáciles de compaginar, pero que debería hacerse un esfuerzo importante para
aclarar esta confusión.



Existe una coexistencia (valga la redundancia) de competencias no fáciles de ejercer como he dicho. Por una parte, las comunidades autónomas tienen competencia en los tres ámbitos que deben contemplar la instalación de las antenas de
telefonía móvil: la ordenación y regulación del territorio a través de la planificación urbanística, la protección del medio ambiente y la protección de la salud de la población. Pero es que los ayuntamientos también tienen competencia en estas
tres materias. Los ayuntamientos son competentes en planificación urbanística, son competentes en protección del medio ambiente, atendiendo a los impactos paisajísticos y visuales dentro de su propia trama urbana consolidada pero también en el
suelo no urbanizable, y tienen también competencias en materia de salud de la población, especialmente de los grupos de población más sensibles a la contaminación electromagnética, que como reguló la orden ministerial del Estado son en general las
personas mayores, los enfermos y los niños. Esto implica la incorporación de un conjunto de restricciones y de requisito que deben cumplir las instalaciones.



Los ayuntamientos, como poderes públicos territoriales, tienen la obligación de cumplir lo que les atribuye la propia Constitución, les impone la tutela de la salud pública y la defensa y protección del medio ambiente, también la Ley de
Bases de Régimen Local establece las competencias que tienen los municipios para la protección de salud pública, medio ambiente, ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística en su ámbito territorial. Así pues, parecería que la
implantación de las infraestructuras de radiocomunicación


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debería realizarse también por medio de las ordenanzas municipales y del otorgamiento de las licencias urbanísticas de actividad y funcionamiento.



¿Por qué insisto especialmente en las competencias a nivel municipal, a nivel local? Pues porque, señorías, a pesar de que existan normas promulgadas, tanto por bastantes comunidades autónomas ya en estos momentos como por el propio
Gobierno del Estado, aunque haya sido tarde y mal, los ayuntamientos se encuentran en situación de indefensión, a pesar de las competencias que acabo de relatar que tienen. Se encuentran en una situación de indefensión, sí, señorías, porque la
copartición del ámbito competencial siempre es difícil si no existe un mínimo espacio de cooperación y de coordinación entre quien regula sobre la misma materia.



En esta Comisión hemos pedido ya varias veces que el Gobierno del Estado ejerza el papel de coordinar, de armonizar, de homologar de alguna manera normativas dispares que son las que generan mayor confusión. ¿Cómo podemos convencer a la
población de que las instalaciones que están en los niveles permitidos, funcionando correctamente y con las garantías suficientes para la protección de la salud, si las administraciones, que tienen que velar precisamente por la salud pública, no se
ponen de acuerdo en cuáles son los parámetros que deben aplicar?


He dicho también en esta Comisión que estamos ante un problema, ante un conflicto de percepción social del riesgo. Es cierto que los científicos aquí, en esta Comisión, nos han dado muchísimas garantías de que no hay evidencia ni
demostración científica de que puedan existir riesgos para la salud si las antenas cumplen con los niveles máximos permitidos de emisiones. Sin embargo, aun después del esfuerzo de las propias operadoras para comunicar a la población, ustedes saben
que recientemente han hecho una campaña publicitaria, la población sigue estando intranquila y siguen suscitándose situaciones que algunas veces rozan conflictos en la convivencia entre la población, porque ha habido situaciones bastante
complicadas. Hay poblaciones en las que los propios vecinos han ido a quitar las antenas utilizando medios yo diría que poco defendibles; pero en cualquier caso esto genera, sigue generando una preocupación de la que las administraciones alguna
responsabilidad tendrán.



Los últimos acontecimientos relevantes creo que nos demuestran que aquí pasa algo que no estamos resolviendo suficientemente bien. El señor Jané ya ha citado el 10 de abril de 2002 en esta Comisión. A mí me parece una fecha importante,
señor Jané, el pasado 10 de abril, 10 de abril de 2002, fue la comparecencia de las operadoras y de los científicos, donde los grupos parlamentarios pudimos expresar claramente nuestra opinión al respecto.



Hay un segundo elemento fundamental, que han sido las mediciones realizadas hasta julio de 2002. Han sido medidas todas las antenas, las 35.000 por parte de las propias operadoras (esto sí inspecciones por parte de la Administración
doscientas y pocas más), y las operadoras han gastado 20 millones de euros en hacer estas mediciones. No nos parece mal, pero en cualquier caso creemos que para garantizar la salud de la población, para dar tranquilidad, para la transparencia,
sería conveniente que la Administración estuviera bastante más implicada y no que sobre un total, sobre un monto de 35.000 antenas, la Administración simplemente haya inspeccionado directamente poco más de 200. En cualquier caso, debería haber
algún control mayor.



Sobre este tema, quiero decirles que las operadoras entregaron, a finales de julio, tal como se habían comprometido los resultados de las mediciones. Hubo un compromiso por parte de la anterior ministra, la ministra Birulés, de que en
cuanto esta información estuviera a disposición del ministerio sería publicitada a través de la página web, y a fecha de hoy esta información, al menos la semana pasada esta información no estaba disponible en la web del ministerio. Esta diputada
que les habla sabe, conoce que incluso las operadoras estarían dispuestas a asumir este papel de comunicación. Es loable por su parte, pero no es lo que les toca hacer, pues corresponde a la Administración dar las garantías de protección de salud
de los ciudadanos.



El tercer hecho importante que me parece ha ocurrido en los últimos meses es la ordenanza de la Federación Española de Municipios y Provincias, el desgraciado episodio de cómo se produjo la aprobación de la ordenanza tipo en la FEMP.
Después de aprobarse esta ordenanza no se ha hablado más de ella y siguen apareciendo en la prensa ayuntamientos que tienen problemas para autorizar la instalación de antenas. Esto significa que esta ordenanza no ha servido, como dijimos los
socialistas en su momento, es una ordenanza que no ha servido prácticamente para nada, porque no incorpora los elementos vinculados al ejercicio de competencias de los ayuntamientos, esta ordenanza es papel mojado, no añade prácticamente nada a lo
que ya teníamos.



Señorías, el consenso entre todas las fuerzas políticas para ofrecer garantías...



El señor PRESIDENTE: Señora diputada, vaya terminando.



La señora PALMA I MUÑOZ: Termino enseguida, señor presidente.



Para dar garantías al sector de un despliegue también con garantías para la salud de las personas, pasa por que las administraciones competentes ejerzan sus responsabilidades.



Nuestra proposición no de ley, la proposición no de ley del Grupo Socialista, solicita una vez más que el Gobierno utilice los instrumentos que tiene a su alcance, que los tiene, para favorecer los acuerdos necesarios


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entre administraciones, y para ello solicitamos la convocatoria urgente de una conferencia sectorial. En esta conferencia sectorial las comunidades autónomas, las administraciones municipales, los responsables, deberían plantearse si es
necesaria una modificación de la actual normativa estatal. Una comisión interdepartamental, lo hemos dicho otras veces, para hacer un seguimiento de los planes de despliegue; presentar también ante el Congreso de los Diputados los resultados de
estos planes de inspección y certificación de los que acabo de hablar, pero no sólo al Congreso de los Diputados, es que los resultados deberían estar en la web del ministerio, y canalizar a través del Comité Asesor del Ministerio de Sanidad, este
me parece un tema muy importante, las argumentaciones científicas que se puedan ir generando sobre la cuestión. Esto es también lo que solicitan los agentes del sector; son ellos mismos los que también tienen interés para que este despliegue no
quede bloqueado, que pueda hacerse sin poner en tela de juicio continuamente cuáles son los efectos.
Los espacios de concertación son la única solución para resolver este problema y las acciones de comunicación son también importantes, pero no
deben estar en manos exclusivamente de los agentes, sino que la Administración, la Administración del Estado, tiene aquí una responsabilidad gravísima respecto al retraso que esto puede representar para el desarrollo de la sociedad de la
información. Debería sentir la obligación moral de actuar en este tema, y termino señor presidente, por responsabilidad ante los ciudadanos, por responsabilidad ante las administraciones diversas y con competencias en esta materia y ante los
sectores económicos.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Partido Popular, el señor Jesús Manuel Pérez Corgos.



El señor PÉREZ CORGOS: Debo decir a SS.SS. que el criterio inicial del Grupo Parlamentario Popular era un criterio de rechazo a las dos proposiciones no de ley que ahora acaban de defender el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) y el Grupo Socialista. Con independencia de ese criterio inicial, a mí me gustaría emplazar a los portavoces para a lo largo de la mañana poder llegar a un acuerdo final antes de la votación.



De todas maneras, quiero manifestar una primera coincidencia con el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en el sentido de que el Congreso de los Diputados ha venido realizando una serie de trabajos importantes en
esta materia, fundamentalmente para intentar conocer cuál es la situación real del asunto, del problema, si es que podemos llamarle problema, y una vez oídos los operadores, y sobre todo los expertos, tratar de asumir la obligación de transmitir a
la sociedad esa información recibida, y por tanto proceder a tranquilizarlos.



Señorías, creo que no debemos olvidar que no somos exclusivamente simples grupos parlamentarios, somos la representación de la sociedad y la representación directa además de partidos políticos, partidos políticos que tienen una implantación
no sólo de carácter general sino también de carácter autonómico, de carácter local. Por tanto, cuando después de recibir los informes tranquilizadores de los expertos surge un problema en un ayuntamiento, en una diputación provincial, en una
comunidad autónoma, quizá también debemos mirarnos en el espejo y buscar la responsabilidad que nos compete por no haber sido capaces de transmitir la información recibida a esos responsables territoriales.



Debemos destacar el tremendo esfuerzo normativo que se ha hecho. Han sido un real decreto, una orden, todo ello como consecuencia de la recomendación de la Comisión Internacional de protección contra las radiaciones no ionizantes, que
recoge la recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta regulación también ha tenido en cuenta los diferentes informes que se han hecho en diversos países de la Unión Europea, en el Reino Unido, en Francia y también en España, informes que
concluyen que a la luz de las evidencias científicas actuales la exposición a campos electromagnéticos de las antenas y terminales de telefonía móvil, a niveles inferiores a los indicados por la comisión internacional, no implica efectos nocivos
para la salud. Esto es algo que tenemos que transmitir también nosotros de manera clara y contundente.



De cualquier manera, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el ámbito del Programa Profit, tiene también abierta una línea de financiación para proyectos de investigación relacionados con las emisiones electromagnéticas y salud, en el que
ya han participado el CSIC, la Universidad de Zaragoza, la Universidad Politécnica de Cartagena o la Fundación Europea de bioelectromagnetismo. Además, y como aquí se ha mencionado ya, se ha puesto en marcha un plan de inspección de instalaciones
radioeléctricas, cuyos resultados definitivos son totalmente satisfactorios y muestran además que todas las estaciones revisadas hasta la fecha son seguras y cumplen con amplísimos márgenes de seguridad los requisitos establecidos. Es cierto que
las inspecciones las han realizado fundamentalmente los operadores, pero lógicamente la Administración general del Estado ha controlado estas inspecciones a través de un muestreo. No podemos olvidar, señorías, que los equipos no son unos muy
diferentes de los otros, son equipos homologados, y por tanto un muestreo, un muestreo amplio debe servir para tener certeza de que las inspecciones se han realizado bien y que si coinciden las certificaciones con las inspecciones y con el muestreo
realizado no hay por qué sospechar que alguien nos está tratando de engañar, eso es poner en duda la honra de las propias operadoras, cosa que tampoco interesa a estas mismas operadoras.



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Es cierto, como nos ha dicho la señora Palma, que existe una diferente, una distinta percepción del riesgo, pero una distinta percepción del riesgo no solamente por parte de la población, sino también por parte de los responsables públicos.
Yo no sé si existe la misma percepción del riesgo respecto de las antenas de telefonía móvil que respecto de las antenas de radiodifusión, o que respecto de las antenas de televisión.
Parece que no, parece que no y seguramente las emisiones son
bastante más altas que las de las antenas de telefonía móvil.



Vuelvo al plan de inspección para decirles, señorías, que se han medido los niveles de 1.791 emplazamientos en todo el territorio español, que se han registrado y clasificado las certificaciones sobre niveles de emisiones, que se atiende a
solicitudes que presentan organismos oficiales, que las presentan con mucha frecuencia (juzgados, ayuntamientos, el Defensor del Pueblo, particulares, etcétera), y que estos trabajos se están ultimando para la puesta en funcionamiento de una base
accesible por Internet, para que todos los ciudadanos puedan acceder a los datos sobre las emisiones de cada antena. He de decirles también que resultan satisfactorios los resultados de las autocertificaciones realizadas por los operadores, como
les decía antes, y que consideramos, nuestro grupo considera que la problemática sobre el despliegue de la telefonía UMTS no es una cuestión que dependa exclusiva o solamente de las antenas, es una cuestión que trasciende del ámbito nacional, que
está ligada a factores de política económica internacional, a la ralentización del desarrollo tecnológico asociado a esta tecnología y que no puede ser asociado de ninguna manera a incertidumbre sobre los efectos perjudiciales o nocivos de las
antenas, prueba de ello es que la telefonía móvil GSM en el mercado continúa su crecimiento y depende también de estas antenas.



Les diré también que respecto al Consejo Interterritorial de Salud constituye la conferencia sectorial con presencia de todas las administraciones públicas con competencias en la materia de protección de la salud de los ciudadanos, y que es
en este Consejo en el que deberán generarse los instrumentos de colaboración y coordinación necesarios para solucionar los problemas que se puedan plantear. Por tanto, lo que pide el Grupo Parlamentario Socialista ya existe y se encuentra en pleno
funcionamiento.



Sobre el segundo aspecto de su proposición no de ley, tengo que señalar que el Foro de comunidades autónomas, creado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es el cauce adecuado de participación, estudio y búsqueda de caminos de encuentro
y de resolución de los problemas en esta materia, y que además se ha revelado como un instrumento altamente eficaz. Sí considero importante, y un importante paso adelante fruto de un elaborado trabajo donde el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha
llegado a un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, la ordenanza tipo municipal. Me decía S.S. que aquí existe un vacío, entonces S.S. me está diciendo que existe un vacío normativo, porque la ordenanza se adapta
perfectamente a la regulación que sobre la materia ha elaborado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como le decía inicialmente, siguiendo los criterios o las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea.



A la espera de que a lo largo de la mañana podamos llegar a un acuerdo, simplemente rogaría a SS.SS. que dentro de su propia influencia personal y política influyan en sus respectivos partidos políticos para que la población pueda estar
verdaderamente tranquilizada sobre la inocuidad de las antenas cuando los niveles de emisión son los que permite la normativa, tal y como nos dejaron claro y contundentemente los expertos que aquí comparecieron.



Nada más.



- SOBRE IMPULSO Y MEJORA DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001534.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día: Proposición no de ley sobre impulso y mejora de la gestión del Sistema de Ciencia y Tecnología.



Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jaime Lissavetzky.



El señor LISSAVETZKY DÍEZ: La verdad que yo creo somos bastante conscientes de que el Sistema de Ciencia y Tecnología no está gestionado bien desde el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología. No lo digo exclusivamente yo, lo dicen muchos
investigadores, incluso el ministro Piqué en su primera comparecencia aquí reconoció esa falta de gestión y se planteaba como gran objetivo la mejora de la misma. El propio secretario de Estado, cuando compareció con motivo de los presupuestos,
vino a aceptar esa situación de mala gestión por parte del ministerio.



En cualquier caso, yo creo que los hechos muestran bien a las claras que esto no funciona y no es simplemente una mera declaración política, sino una realidad. Ha habido a lo largo de este año retrasos en la percepción de fondos, por
ejemplo en el tema de los proyectos de investigación. En el tema de los becarios han estado este año, esto ya es curioso, varios meses sin cobrar. Recuerdo el caso del becario que escribió a la ministra Birulés (en aquel entonces era ministra Anna
Birulés) pidiéndole un préstamo para poder pagar la hipoteca de su casa en plena Semana Santa, porque se cambió el sistema de gestión sin avisar a los organismos públicos de investigación. El caso ya más curioso de todos son los proyectos P-4, que
eran del año 2000 y que estaban calificados de proyectos urgentes para realizar una serie de actividades entre empresas y organismos públicos de


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investigación con el sector público. Esos P-4 urgentes, cuando se redacta esta proposición no de ley, allá por el mes de junio de este año, no estaban pagados, eran del 2000 y eran urgentes. A lo largo de este año y sobre la convocatoria
yo creo que todo el mundo ha sido consciente del ridículo que se tuvo cuando se cayó el sistema informático. Se calificó el Ministerio de C y T de caos y tan tan. Hubo que ampliar el plazo de la convocatoria, porque el sistema informático no
funcionaba. Por último y como otro dato adicional, este año se han dejado de gastar más de 74.000 millones de pesetas, que es una cifra importantísima, es una cifra que va más dirigida a lo que es el núcleo de financiación de la investigación
básica y pública, eso ya lo hablaremos otros día, porque, esto de los gastos militares que ya hemos hablado alguna vez, resulta que eso se paga muy bien y yo veo la ejecución del presupuesto y están al cien por cien, bueno, estupendo, pero casi todo
este dinero tiene que ver con la financiación pública.



Esta Comisión ha recibido cartas en enero de ocho sociedades científicas demandando soluciones. Hablaban textualmente de caos, alud de problemas e inquietud. Como no había soluciones, en junio ya pasaron de ocho a 21 sociedades
científicas, y en la misma línea nos volvieron a contar la situación. Por tanto me paro en el diagnóstico que es muy negativo, la gestión ha sido muy mala y con esta proposición no de ley queremos mejorarla.



¿Cabe alguna solución? Hombre, yo creo que algo se puede hacer para mejorar, y es lo que hemos intentado en esta proposición no de ley que tiene cuatro puntos. El primero tiene que ver con el abono inmediato de las cantidades adeudadas a
los grupos de investigación, a los parques científicos y a las empresas de los años 2000 y 2001, bien sean subvenciones o créditos. Yo tengo una respuesta del ministerio (lo digo por si alguien tiene la tentación de decir que no se han producido
retrasos), tengo una respuesta que dice es cierto que se ha producido retraso en los pagos, o sea, hasta el ministerio lo reconoce; pero lo que más estupor me causa es que el ministerio insiste, y dicen que en el mes de julio no hay pagos de 2001 y
2002 pendientes de tramitar por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esto es una frase administrativa. Yo no pongo en duda que estén tramitados todos los expedientes por el ministerio, pero al investigador, a la empresa que se le subvenciona o
se le da un crédito, lo que le interesa es que le lleguen esos fondos, a sus bancos para poder utilizarlos, lo que está ocurriendo, yo creo es que todavía quedan por pagar una serie de proyectos de años anteriores y se pide que se abonen de
inmediato. Si se han pagado todos para algo sirvió esta proposición no de ley y sobre todo las quejas de las sociedades científicas; pero repito, una cosa es tramitar los pagos y otra cosa es que reciban el dinero los investigadores.



Me llama mucho la atención que en otra respuesta a una pregunta dice que las causas se deben fundamentalmente a la extemporánea..., dice una situación que a veces se debe a la extemporánea presentación por los investigadores principales de
los informes de evolución y resultados de los proyectos de investigación financiados. Es decir se echa la culpa al empedrado en este caso a los investigadores, y dice o también a la extemporánea aportación por las entidades y centros de
investigación de la certificación administrativa de estar al corriente de las obligaciones fiscales, igualmente necesaria para pagar estos fondos. ¿Me están diciendo ustedes, está diciendo el ministerio, que los organismos públicos de investigación
no están al corriente del pago de sus obligaciones fiscales y que la culpa la tienen los investigadores? No.
Hay otra realidad que es mucho peor y no se puede echar la culpa, como se dice vulgarmente, al maestro armero. La realidad es que se ha
perdido dinero del año 2001 y como soy bastante tozudo lo acabaré demostrando. Ya tengo un dato, y lo anuncio aquí. En parques científicos y tecnológicos, en respuesta a una pregunta me dicen que se financiaron con respecto al año pasado 29
proyectos de parques científicos; hablan de que 14 se pagan con dinero de 2001 y se dice textualmente que los 15 restantes están siendo pagados con cargo al presupuesto 2002, debido a que toda la documentación necesaria para proceder al abono no
fue presentada por los interesados antes de finalizar el año 2001, encontrándose en el pasado mes de mayo en trámite de pago efectivo. ¿Se acuerdan ustedes la que liamos, con perdón, con el tema de los parques, cuando hablábamos del parquetazo? Es
decir, se convoca la convocatoria en el mes de diciembre, en un puente de la Inmaculada, y al final resulta que te contestan diciendo que no se ha podido pagar porque los interesados no han presentado toda la documentación. Si es que era imposible.
De aquí ya se deducen dos cosas. Una, la en primera convocatoria había un aviso light, por ahí, porque la gente pudo presentar los papeles. En siete días es imposible, por mucho que tengas todos los papeles preparados, poderlos presentar. Y dos,
aquí ha habido un pago con dinero del presupuesto de 2002, el llamado parquetazo, de los parques científicos. Este es un pequeño ejemplo de lo que espero poder demostrar.



Esto en lo que respecta al primer punto, sobre el que solamente añadiré una cosa. Otras de las explicaciones es que la introducción del euro ha sido una de las causas de que haya habido estos retrasos, porque se adelantó el cierre del
ejercicio presupuestario. Pues el ministerio debería saberlo. Se está jugando, repito, con los temas de la investigación y esto es importante.



Voy a ir terminando, porque el segundo punto tiene que ver con agilizar los pagos en el año 2002. Es decir, primero vamos a solucionar lo que está pendiente y después vamos a agilizar los pagos para el año 2002, y yo aquí avanzo que tengo
miedo porque no sé si ocurrirá como el año pasado, ya que esto se está complicando. Se ha incrementado la burocracia. Resulta que le


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envían a cada investigador una carta diciéndole cuándo ha llegado su proyecto de investigación a la ANEP y luego le mandan otra carta para decirle que ya ha salido de la ANEP. No sé si es que se quieren poner la venda antes de la herida,
pero esto genera más burocracia. Además, si ustedes entran en la página web del ministerio, donde figura el cronograma de convocatorias no se puede entrar. Vas pinchando Profit, proyectos, infraestructura, y no se abre, por lo que otra vez tienen
un problema con la informática, y lo aviso aquí, porque el que avisa no es traidor.



Entro en el tercer punto, que tiene que ver con que se establezca un calendario fijo de convocatorias y que además se publique antes de final de año. Este año intentaban hacerlo así, por lo que me ha llegado, pero tienen otra vez problemas
informáticos, y ya llevan quince días de retraso sobre la fecha prevista para publicar la convocatoria.
Sinceramente no es una idea genial, es lo que se hace en muchísimos sitios, inclusive en el Ministerio de Educación. Siguen sin estar
convocadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología las becas de formación de personal investigador, sigue sin fijarse la convocatoria de proyectos y el tiempo que no se gane este año con un expediente de gasto anticipado será tiempo que se perderá
para pagar dentro del año correspondiente, que es lo que se plantea en este tercer punto.



Y ahora sí termino. El cuarto y último punto, que, si se me permite, sé que es un cierto canto al sol, es incrementar los fondos destinados a financiación. En el momento de redactar esta proposición no de ley estábamos en la etapa de
anteproyecto de presupuestos y yo ya alertaba de algo que se debatió en la sesión anterior, que es el descenso de la investigación básica, que ha venido a bajar del 25 al 20 por ciento.
Evidentemente son unos presupuestos muy asimétricos, uno de
cada tres euros va a gastos militares, uno de cada dos euros va al sistema productivo y el sistema público no recibe esos fondos, y cuando los recibe, llegan tarde y se pierde dinero.



Yo espero de la inteligencia y generosidad del Grupo Popular hacia una proposición de ley que yo creo que va en beneficio del sistema, para que, puesto que no he visto ninguna enmienda, pudiera aceptarse, porque los hechos que he presentado
aquí son palmarios, el sistema está mal gestionado desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y se plantean una serie de medidas aunque luego en privado dicen que están de acuerdo.
Tienen una oportunidad de oro para reconocerlo en público y votar
a favor.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Juan Manuel Moreno.



El señor MORENO BONILLA: En relación a esta proposición no de ley que trae de manera reiterada el Grupo Socialista, puesto que son muchas veces las que manifiesta su disconformidad, su descontento, su alejamiento de la política del
Ministerio de Ciencia y Tecnología por distintas razones, en este caso por una serie de pagos, el Grupo Parlamentario Popular nos vemos obligados, viendo el texto de la misma y después de haber escuchado con atención como no podía ser de otra
manera, al portavoz del Grupo Socialista, a rechazarla. Y tenemos que rechazarla por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque a nuestro juicio esta proposición carece de objeto, porque la tramitación del pago de cantidades adeudadas a
grupos de investigación, correspondientes a los años 2000 y 2001, está finalizada en su totalidad. El pago se ha realizado a todos los grupos de investigación cuyos organismos han acreditado, como es lógico, como es razonable en un Estado de
derecho donde hay que cumplir con las obligaciones, encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, de acuerdo con las propias órdenes ministeriales y con las órdenes del Ministerio de Hacienda de 28 de abril de
1986 y 17 de noviembre de 1987. En la actualidad, los pagos pendientes son causados en su mayor parte por la falta de acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones y sólo en unos pocos casos el motivo del impago es debido a la falta de
recepción. En el ministerio, del informe de seguimiento del propio proyecto, se debe elaborar el organismo beneficiario, condición esta absolutamente necesaria para proceder al libramiento de la segunda y siguientes anualidades.



En segundo lugar, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha ido introduciendo a lo largo de los últimos años mejoras en el sistema de gestión, con el objetivo de añadir más transparencia, más agilidad y más automatismo al sistema, entre las
que cabe destacar la planificación anual de las convocatorias y su publicación en el mes de enero en la página web del departamento, lo que se ha hecho en 2001 y 2002, y que permite a los investigadores conocer con antelación el calendario previsto.
Las convocatorias del ministerio se han ajustado y se siguen ajustando al calendario publicado y por tanto no hay retrasos. Asimismo, se han acelerado por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología los procesos de evaluación y se ha puesto en
marcha la gestión electrónica para todas las convocatorias de ayuda a proyectos de I+D. Es cierto que de manera puntual ha habido algún tipo de incidencia en el equipo informático, como sucede en otras instituciones, como la Junta de Andalucía, cada
vez que yo intento entrar en las páginas de turismo; sucede también en esta casa; sucede incluso en empresas de cierto prestigio en el sector, donde los sistemas muchas veces tienen problemas e incidencias de carácter técnico que obligan a una
mejora, y por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología así se está haciendo, pero no es motivo ni mucho menos de calificativos ni de preocupación, como manifiesta el portavoz del Grupo Socialista.



Y en tercer lugar, tenemos que rechazar esta proposición no de ley porque el incremento de un modo sostenido y continuado de los fondos destinados a la financiación


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de políticas de I+D+I, se ha producido especialmente en los últimos años, tras la instauración del Plan Nacional de I+D+I 2000-2003 y la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con un aumento en los presupuestos de investigación y
desarrollo hasta alcanzar en el 2000 el récord absolutamente histórico del 0,94 del producto interior bruto, tras los recortes que hay que recodar que hubo en la primera mitad de los noventa, ya que en el período 1990-1996, y después de diez años de
planes nacionales de I+D, se produjo un recorte del 31,7, en pesetas constantes.



Por otra parte, en lo que ser refiere a la convergencia con la Unión Europea, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha hecho un importante esfuerzo por aumentar la financiación de los proyectos de investigación, incrementándola en un 69 por
ciento desde el año 2000 y por ello en el período 2001-2002 crece el gasto total de I+D, continuando con la tendencia iniciada en 1997, produciéndose en el año 2001 un récord histórico de gasto total en I+D como porcentaje del producto interior
bruto. En los últimos cinco años el crecimiento medio anual del gasto total en I+D en España ha sido de un 10,1 por ciento, muy por encima del crecimiento medio, del 3,03 por ciento, del conjunto de la Unión Europea.
En el período 2001-2002 los
recursos económicos destinados a recursos humanos crecen más de un 20 por ciento, posibilitando la incorporación nada más y nada menos que de 5.000 investigadores y técnicos de apoyo al sistema de investigación y desarrollo de nuestro país. Tanto
en el número de investigadores como en el personal total dedicado a la investigación y desarrollo, el crecimiento en los últimos años ha estado muy por encima de la media del conjunto de la Unión Europea, incrementando el ritmo marcado en los
objetivos iniciales del Plan Nacional de I+D+I 2000-2003 para la convergencia con la media europea.



Por esas tres razones que yo acabo de exponer de una manera detallada y breve, porque creo que no hay por qué extenderse más en esta cuestión, considera mi grupo parlamentario que tenemos que rechazar una proposición no de ley que no nos
parece adecuada y, por lo menos en los términos que se han empleado, no nos parece del todo sensata.



- RELATIVA A LA TRANSFORMACIÓN DEL CENTRO DE SEGUIMIENTO DE SATÉLITES DE VILLAFRANCA DEL CASTILLO EN FUTURO ESTABLECIMIENTO DE REFERENCIA DE EXCELENCIA CIENTÍFICA DE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA (ESA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001557.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día: proposición no de ley relativa a la transformación del centro de seguimiento de satélites de Villafranca del Castillo en futuro establecimiento de referencia de excelencia
científica de la Agencia Espacial Europea.



Tiene la palabra don Mariano Pérez-Hickman, por el Grupo Parlamentario Popular.



El señor PÉREZ-HICKMAN Y SILVÁN: Perdón, presidente, la va a defender mi compañero Sergio Gómez-Alba.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gómez-Alba.



El señor GÓMEZ-ALBA RUIZ: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta hoy esta proposición no de ley de gran importancia y trascendencia porque el ámbito espacial, tanto en su vertiente tecnológica como en la científica, sigue siendo
un sector estratégico en el que confluyen la opinión social, los intereses industriales y aspectos a largo plazo de las políticas científicas y económicas. Por ello, el planteamiento de nuevos objetivos aprovechando las crecientes capacidades que
las nuevas tecnologías ponen a disposición de los sistemas espaciales, es uno de los retos permanentes de la Agencia Espacial Europea. La aprobación de programas cada vez más ambiciosos en sus misiones y complejos en su desarrollo técnico, necesita
apoyarse en una red de centros de excelencia que determinen líneas de acción claras y consolidadas para minimizar riesgos y alcanzar el éxito en todas y cada una de las misiones emprendidas. Por otra parte, España ha consolidado paulatinamente su
apoyo creciente al sector espacial, tanto nacional como europeo, aumentando significativamente su contribución a los programas obligatorios y opcionales de la ESA. Esta tendencia, paralela a la seguida por otros países europeos de larga tradición
espacial, obliga a la Agencia Espacial Europea a modernizar y potenciar sus estructuras científicas y de gestión.



En el pasado Consejo ministerial de la Agencia Espacial Europea (ESA), en Edimburgo, la propuesta de participación española tenía entre sus principales objetivos mantener el peso relativo de España en el conjunto de programas científicos de
la ESA, en línea con el esfuerzo realizado en el anterior Consejo ministerial de Bruselas y como contribución al objetivo general del Gobierno para reforzar la inversión que España dedica a la investigación, el desarrollo y la innovación, y asimismo
buscábamos asegurar la capacidad de influencia necesaria de España para potenciar las instalaciones de la ESA ubicadas en territorio español y para la defensa de los retornos industriales correspondientes al sector espacial español, tanto en
términos cualitativos como cuantitativos. A estos objetivos se añade la importante evolución del ámbito científico español. Nuestros investigadores son capaces hoy de participar en todas las etapas


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de una misión espacial y liderar el desarrollo de instrumentos embarcados en complejos satélites internacionales, lo que garantiza un entorno de cualificación y excelencia científica espacial en territorio español capaz de colaborar al más
alto nivel.



En este sentido, el capital científico, operativo y humano acumulados en el centro de seguimiento de satélites que la ESA tiene instalado en Villafranca del Castillo, son argumentos suficientes para proponer a la Agencia Espacial Europea su
reconocimiento y conversión en establecimiento científico de referencia. Esta designación, dotándolo de autonomía presupuestaria, naturalmente, permitiría optimizar la gestión de sus recursos y agilizar los procedimientos para lograr los objetivos
que se le marquen.



Por todo ello, considero que es de interés nacional impulsar medidas que posibiliten una propuesta formal al Consejo ministerial de la Agencia Espacial Europea, para transformar el centro de seguimiento de satélites de Villafranca del
Castillo en futuro establecimiento de referencia de excelencia científica de la Agencia Espacial Europea, con autonomía presupuestaria y especializado en ciencia espacial. Espero por todo lo manifestado, por todo lo dicho, el apoyo del resto de los
grupos parlamentarios a esta proposición no de ley.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, para defender la enmienda, tiene la palabra la señora Francisca Pleguezuelos.



La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señoría, desde el Grupo Parlamentario Socialista sin duda compartimos el espíritu de la proposición no de ley que plantea el Partido Popular.



Actualmente el centro de Villafranca del Castillo mantiene dos partes: una, el propio centro de seguimiento de satélites, dependiente de la Agencia Espacial Europea; y otra, un laboratorio de astrofísica espacial y de física fundamental,
donde se archivan y se analizan los datos que se van aportando por los distintos satélites. Es verdad que este laboratorio depende del INTA, depende por tanto del Ministerio de Defensa, pero podríamos decir que, en la parte científica, del centro
de Villafranca del Castillo. Por otra parte, señorías, en el organigrama de la Agencia Espacial Europea figura actualmente, dependiendo del Directorado de Ciencia, el centro tecnológico, el ESTEC, que se encuentra en Holanda. En Holanda, por
tanto, se ubica el departamento de apoyo a las actividades científicas, que es de donde salen las distintas misiones, los equipos científicos y desde luego también se produce el seguimiento de los mismos.



Supongo que el Partido Popular pretende con esta iniciativa que parte del centro tecnológico que actualmente tiene la Agencia Espacial Europea en Holanda, la parte científica y no la tecnológica, venga a España. Es una idea que se barajó en
anteriores períodos y que yo reconozco que éste es un buen momento para volverla a reiterar; y es un buen momento, señorías, porque el departamento de apoyo a las actividades científicas, que se encuentra dentro del centro tecnológico ESTEC en
Holanda, tiene al frente a un español, que curiosamente es uno de los fundadores del laboratorio de astrofísica espacial y de física fundamental que se encuentra en Villafranca del Castillo. Por tanto, es un buen momento para iniciar una tarea como
esta.



A mi grupo se le plantean dudas metodológicas sobre cómo conseguir estas actuaciones. Porque para conseguir que la Agencia Espacial Europea, Holanda y el resto de los países acepten desmembrar lo que actualmente se encuentra en Holanda y
traer una parte para España, habrá que ofrecer algunas contraprestaciones. En ese sentido, entendemos que, aparte de las alianzas que tendrá que buscar el Gobierno y que sin duda entran dentro de la estrategia de negociación, España debería
partiendo de ese embrión que es el laboratorio científico, que es muy escaso para poder ofrecer a la Agencia Espacial Europea convertirlo en un centro de excelencia científica, hacer una dotación en recursos humanos y desde luego en equipos
materiales para que ese laboratorio tenga, permítanme señorías, la enjundia suficiente para traer aquí la agencia.



En ese sentido, nosotros hemos presentado una enmienda que sólo pretende adecuarnos a la terminología y a la estructura de la Agencia Espacial Europea. No existe, señorías, la terminología de centro de referencia científico, es un conjunto
de centros que prestan apoyo a las instituciones, a la industria, a la investigación y a las universidades.
En definitiva, creemos que hay que pedir al Gobierno que actúe con todas esas medidas que señalaba el señor Gómez-Alba para conseguir que
ese centro de seguimiento de satélites de Villafranca amplíe sus actividades, señorías, no vaya a ser que con el término 'se transforme' perdamos la otra parte que contempla actualmente el centro de Villafranca del Castillo. En ese sentido,
pretendemos que amplíe sus actividades y se transforme en la terminología correcta y adecuada que se adapte a la estructura de la Agencia Espacial Europea, por lo que sería un centro de soporte científico a las misiones de la ESA. ¿Por qué,
señorías? Porque en Holanda se encuentran los dos grandes centros de soporte: por una parte, el centro de soporte tecnológico, que sin duda necesita de unas instalaciones con una inversión importante y que sería muy difícil sacarlas de Holanda
para traerlas a España; y por otra parte, el centro de soporte científico, que es el que da soporte, como dice su nombre, a esas misiones que se van trasladando paulatinamente, y se trataría de que en Villafranca del Castillo tuviese la
estabilidad, el soporte y la autonomía presupuestaria que requiere un centro como ese.



Yo espero que el Grupo Parlamentario Popular acepte la enmienda, que lo único que pretende, como digo, es no confundir la terminología, porque, señorías, un


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centro de referencia científico se convierte posteriormente para los propios científicos en centro de referencia. Cuando se haga un buen archivo de datos, cuando se haga un buen análisis de esos datos, cuando los datos presten un servicio
adecuado a la comunidad científica España se convertirá en ese momento en un centro de referencia o de excelencia científica, pero queremos que sea un centro de soporte científico a las misiones de la ESA. En ese sentido va nuestra enmienda y
espero de la sensibilidad del Grupo Popular para aceptar la misma.



El señor PRESIDENTE: Señor Gómez-Alba, ¿acepta la enmienda?


El señor GÓMEZ-ALBA RUIZ: No, señor presidente. Paso a explicarlo.
Coincidimos en casi todo con lo que la portavoz, señora Pleguezuelos, ha expuesto. Sin duda ninguna, como ella misma ha dicho, la enmienda apenas supone un cambio de
terminología para subrayar y para abundar en aspectos con los que estamos de acuerdo, pero se limita prácticamente a eso. Por otra parte, el Gobierno no es quién para hacer lo que nos sugiere que hagamos. Es la Agencia Espacial Europea la que
programa las actividades del centro. Luego, por esas razones no podemos aceptarla.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Grau, por Convergència i Unió.



El señor GRAU BULDÚ: Quiero manifestar nuestra posición favorable a esta propuesta y lamentar la imposibilidad de establecer un acuerdo de consenso a favor de la misma por parte de todos los grupos, porque sí que es un paso importante para
una instalación de seguimiento aeroespacial del año 1992, la creación de la empresa INSA, que pasó a dar un contenido más amplio a sus actividades. El INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, es el principal promotor, permitiendo,
gracias a esta incorporación, que INSA tuviera el control de los servicios espaciales enfocados al mantenimiento, operación y servicio técnico de las estaciones terrenas, la ingeniería espacial y nuevos negocios, y dada también la fuerte competencia
internacional, permitió que INTA entrara en el sector privado, dotándole de un instrumento más ágil y flexible que permitiera acometer retos futuros, uno de los cuales figura en esta proposición no de ley, que es la actualización de estos proyectos
del año 1992. Esperamos, pues, que con esta proposición se agilice o al menos se flexibilice más esta utilización y, por un lado, se permita la cobertura del Gobierno a esta empresa, que nuestro grupo cree que es estratégica para los intereses
españoles y, por otro lado, se puedan acometer tanto misiones de defensa como misiones de seguimiento espacial sin ninguna limitación o sin ninguna cortapisa.



Por ello entendemos que esta propuesta es lo suficientemente amplia como para abrir las vías para esta investigación científica y una colaboración más intensa con la Agencia Espacial Europea, por lo que votaremos a favor de esta proposición.



- RELATIVA A LA GESTIÓN DEL ESPACIO RADIOELÉCTRICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001682.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente, punto 5 del orden del día: proposición no de ley relativa a la gestión del espacio radioeléctrico.



Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Pleguezuelos.



La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señorías, el espectro radioeléctrico es sin duda un recurso público limitado y, como decía el propio ministro Piqué en la comparecencia que se produjo en esta Cámara el 25 de octubre, es un recurso
fundamental para poder desarrollar la sociedad de la información y las tecnologías de la información. Pero también como recurso público requiere de una gestión y de una regulación transparente, adecuada y sobre todo que permita que optimicemos su
uso en beneficio de todos los ciudadanos. Todos sabemos que la gestión de ese recurso público es ahora mismo competencia exclusiva del Ministerio de Ciencia y Tecnología, es decir, es el Ministerio de Ciencia y Tecnología el que tiene la función de
planificar las frecuencias, asignarlas y concederlas, es el que tiene la función de ejercer el control técnico de las emisiones, el que certifica y autoriza los equipos y, por supuesto, el que inspecciona las instalaciones y el cobro de la tasa de
reserva radioeléctrica. ¿Y eso qué significa? Eso significa al menos dos cosas, señorías. Actualmente las actividades se están desarrollando con una amplia discrecionalidad y desde luego con una regulación muy opaca, y desde el Grupo
Parlamentario Socialista, y yo creo que en la intervención del propio ministro Piqué en esa comparecencia también se sugería, creemos que es debido a que la gestión se produce de una manera muy endógena dentro del propio ministerio regulador, aunque
hay elementos que también podrían justificar esta mala gestión, entre los que sin duda estaría el grado de especialización técnica que exige la regulación. Pero básicamente desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que la perversión está en
no separar la regulación de la gestión.



¿Cómo resolver esta situación? El ministro Piqué, en esta Comisión, decía que estaba pensando crear una agencia estatal de radiocomunicaciones para que gestione el espectro radioeléctrico. Es decir, nos anunció un principio político que
nosotros compartimos, y es que el espectro radioeléctrico no sea gestionado por la Secretaría de Estado, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En lo que difiere el Grupo Socialista del planteamiento del Gobierno del Partido Popular es en que
haya que crear una nueva estructura, una agencia, cuando tenemos


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ya una estructura independiente, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que podría perfectamente cubrir este papel y gestionar el espectro radioeléctrico. Esa fue la contrapropuesta, por llamarla de alguna manera, que durante el
debate en esa comparecencia planteó el portavoz socialista, el señor Rubalcaba. El ministro dijo que estaba de acuerdo y que podríamos hablar del tema. Pues bien, señorías, eso es lo que pretende esta proposición no de ley, ir concretando
actuaciones que en aquel momento el ministro planteaba como posibles.



Actualmente, cuando el Ministerio de Ciencia y Tecnología elabora un reglamento o hace una ley para regular o gestionar el espectro radioeléctrico, todos sabemos que el destinatario de esas normas es el mismo ministerio, y eso tiene
consecuencias muy negativas, como el fracaso permanente de la Administración del Estado para disciplinar las actividades irregulares o ilegales de ese uso del espectro, sobre todo -y lo conocen SS.SS.- en el sector audiovisual, en la radio y la
televisión, donde no es despreciable la actividad ilegal por parte de las propias administraciones públicas. Por tanto, hay que dar solución a estos problemas, porque el oscurantismo y la discrecionalidad sin duda crean inseguridad jurídica,
favorecen el clientelismo y desde luego provocan desconfianza en los usuarios del espectro hacia quien está realizando las gestiones del mismo.



Nosotros planteamos la necesidad de que sea un organismo independiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología el que realice la gestión del espectro, lo hemos planteado ya en varias iniciativas y, como decía antes, fue reconocido por el
propio ministro. Parece, por tanto, razonable separar gestión de regulación. En ese sentido, señorías, ¿para qué crear una nueva estructura cuando, incluso por el principio de economía administrativa, existe un órgano, la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, que podría resolver y gestionar la parte relativa al espectro radioeléctrico? Por ello nuestra proposición no de ley insta al Gobierno a promover una modificación de la regulación del espectro radioeléctrico en la Ley
General de Telecomunicaciones, que, como SS.SS.
saben, también el ministro Piqué anunció la posibilidad de modificarla.
Estamos, por tanto, en el momento oportuno y ante principios compartidos por todas las fuerzas políticas. Pero, ¿cómo? Pues
de forma que sea transparente, que sea accesible al público y que sea gestionada, y esto es vital para el Grupo Parlamentario Socialista, por un órgano independiente que, como decía antes, por principio de economía administrativa, debería ser la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.



Señorías, espero que lo que el ministro Piqué el día 25 señaló en esta Comisión como uno de los objetivos para resolver los graves problemas de gestión de ese espacio, de ese espectro, sea hoy una realidad con el apoyo y el voto de todas las
fuerzas políticas, pero especialmente del Grupo Parlamentario Popular, que es en definitiva el que tiene la última palabra.



El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra don Juan Manuel Moreno Bonilla.



El señor MORENO BONILLA: Voy a tratar de una manera sencilla, escueta y breve de exponer las razones que motivan que el Grupo Parlamentario Popular no vea conveniente en este momento esta iniciativa del Grupo Socialista y de por qué
nosotros consideramos que la CMT no es el órgano adecuado. Dada la importancia creciente que ha adquirido el espectro radioeléctrico como recurso básico para el desarrollo de la sociedad de la información y de las tecnologías de la información, yo
creo que todo el mundo se ha dado cuenta, al igual que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de la necesidad de establecer una entidad que sea independiente, que tenga como objetivo la planificación radioeléctrica, que asigne las frecuencias, que
tenga el control técnico del espectro radioeléctrico, que tenga la capacidad de inspeccionar las instalaciones de las radiocomunicaciones y también de sancionar, los usos no autorizados o los usos que sean distintos a los autorizados por la
Administración.



En consecuencia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el marco de la futura modificación de la Ley General de Telecomunicaciones, proyecta la creación de la agencia estatal de radiocomunicaciones como un organismo autónomo con personal
técnico especialmente cualificado para este asunto, que permita dotar a la gestión del espectro radioeléctrico de unas estructuras capaces de adaptarse a un entorno de actividad que está en continua evolución y crecimiento y que se financiaría,
aparte lógicamente del capítulo referente a gastos de personal transferido, exclusivamente con los ingresos generados por los incrementos previstos para los próximos ejercicios en la tasa por reserva de dominio público radioeléctrico, por lo tanto,
sin incremento de coste para el Tesoro público. Yo creo que ese es un dato que hay que constatar y una información que hay que subrayar, porque se ha dicho que la creación de esta agencia suponía un esfuerzo por parte de la Administración al tener
que duplicar gastos y estructuras, y yo quiero dejar claro aquí que la creación de la agencia estatal de radiocomunicaciones, como organismo autónomo, no supone ningún coste para el Tesoro público


En efecto, mientras que la CMT es competente casi exclusivamente, en materia de regulación del mercado de las telecomunicaciones, asumiendo el papel de organismo especializado dedicado a la supervisión del proceso de apertura de dicho
mercado a la competencia, la futura agencia estatal de radiocomunicaciones asumirá funciones de un marcado carácter público, concentrándose especialmente en la planificación, en la gestión, en el control, en la inspección y también en la sanción de
una clase muy específica de dominio público, como es el espectro radioeléctrico. Además cabe resaltar que las mencionadas funciones que tendrá esta nueva agencia, la agencia estatal de radiocomunicaciones, van más


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allá del ámbito estricto de las telecomunicaciones, ya que van a afectar a materias especialmente sensibles, como son la concesión de frecuencias para servicios de radiodifusión sonora, hoy de televisión, o para cubrir las necesidades de
frecuencia para la defensa nacional, para la seguridad pública, o también otras materias, como la asignación de frecuencia para servicios públicos, entre otros los servicios de bomberos o de protección civil, o para radioaficionados, ámbitos todos
ellos que nada tienen en común con el marco de actuación de la CMT.



Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular apreciamos claramente la distinta naturaleza jurídica y competencial de la CMT con respecto a las funciones que se le van a atribuir a esta futura agencia. Yo creo que queda absolutamente
claro y meridiano que la CMT y la agencia estatal de radiocomunicaciones tienen dos ámbitos de influencia, dos ámbitos de trabajo, dos ámbitos de incidencia distintos, con el objetivo fundamental de la especialización, de poder dar respuesta a las
necesidades que se están planteando en los distintos ámbitos en estos temas. Como decía anteriormente, es un organismo que va a tener independencia, que va a tener un personal absolutamente cualificado y que no va a suponer coste alguno para el
Tesoro público. Por tanto, al apreciar esta naturaleza distinta desde el punto de vista jurídico, esta diferencia competencial respecto de las funciones que tienen una y otra, creemos que se hace imposible la confluencia de estas dos entidades en
un único organismo, que no facilitaría, sino todo lo contrario, la ejecución de las funciones que cada una de ellas debe tener encomendadas, porque al final haríamos un revuelto entre una y otra que creemos que, lejos de ayudar, lejos de aclarar,
lejos de ser organismos útiles para el conjunto de los ciudadanos, se convertiría en una macroestructura de difícil agilidad administrativa.



El Grupo Parlamentario Popular, como he tratado de exponer de una manera breve y concisa, no entendemos que estas dos entidades cumplan una misma función y por tanto rechazamos la proposición no de ley que ha presentado en el día de hoy el
Grupo Parlamentario Socialista.



El señor PRESIDENTE: Las votaciones las haremos a la una menos cuarto, por acumulación de votaciones con otras comisiones.



- RELATIVA A LA POLÍTICA TARIFARIA EN COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001703.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, proposición no de ley relativa a la política tarifaria en comunicaciones telefónicas.



Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, don Alfredo Pérez Rubalcaba.



El señor PÉREZ RUBALCABA: No es la primera vez que el Grupo Parlamentario Socialista plantea una proposición no de ley en relación con las tarifas telefónicas. Tampoco es la primera vez que en esta Comisión se trata este importante asunto.
Sin ir más lejos, en la comparecencia del ministro Piqué hace un mes tuvimos ocasión de discutir este tema de la política tarifaria, sus implicaciones en la competencia, sus implicaciones por tanto en las facturas telefónicas, tanto de las empresas
como de los consumidores en general. Es conocida nuestra posición en relación con esta materia: estamos en contra del sistema de precios, del llamado price cup que el Gobierno ha venido aplicando hace algunos años, por dos tipos de razones
distintas. Por una parte, porque es un sistema que en la práctica se ha demostrado que es ineficiente para lo que se pretende, que es favorecer la competencia; es un sistema que al final ha resultado ser un obstáculo para la competencia, tal como
se ha aplicado por el Gobierno, y la prueba más palmaria de que eso es así es que el propio Gobierno ha tenido que reconocer que el sistema no funciona y ha introducido cambios para el año 2003, para el próximo año. La razón por la que el sistema
de price cup afecta negativamente a la competencia, fundamentalmente en el sector metropolitano de la telefonía fija, es bastante fácil de entender. Un sistema en el que las bajadas de la cuota de abono presionan a la baja sobre el conjunto de la
cesta de precios hace que sólo Telefónica, que es quien recibe directamente la cuota de abono, pueda resistir en el mercado, y por tanto al final los operadores entrantes tienen dificultades para entrar, valga la redundancia, lo que sin duda
convierte la competencia en papel mojado. Pero desde el punto de vista socialista este no es el mayor problema del sistema de price cup, es que además es profundamente injusto, y lo hemos venido diciendo aquí en sucesivas ocasiones, ya que, en
términos muy sintéticos, el sistema supone lo siguiente: bajadas en las llamadas interprovinciales e internacionales, congelación en las llamadas metropolitanas y subidas, escandalosas en algunos casos, en la llamada cuota de abono, que es aquello,
repito una vez más, lo he dicho varias veces en esta Comisión, que pagan todos los ciudadanos con independencia de que usen más o usen menos el teléfono.



El resultado de este sistema es bastante fácil de entender: las empresas que tienen tráfico interprovincial e internacional han visto cómo su factura telefónica disminuía año a año; por el contrario, las familias, los usuarios que utilizan
poco el teléfono, que utilizan el teléfono con carácter, digamos, normal, que hacen por tanto más llamadas metropolitanas que llamadas interprovinciales, que hacen más llamadas metropolitanas que llamadas internacionales, dicho de otra forma,
aquellas familias en las que la cuota de abono es una


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parte significativa de su factura telefónica, han visto cómo año a año esa factura subía. Esa es la realidad tozuda del sistema de price cup que el Gobierno ha impuesto. Por tanto, es un mal sistema, ineficiente, que no ha funcionado bien
desde la perspectiva de la competencia, porque ha dificultado en la práctica el ingreso en el mercado de los operadores entrantes y además es un sistema radicalmente injusto, que ha hecho recaer los costes de la liberalización justamente sobre las
familias de menor nivel de renta, clases medias, medias-bajas. Esa es la realidad.
Hoy podemos decir, por tanto -y el Gobierno lo dice una vez detrás de otra-, que a las grandes empresas que tienen grandes facturas telefónicas les ha bajado la
factura en los últimos años. Cierto. Lo que el Gobierno oculta sistemáticamente es que a las familias españolas, en una cantidad que hemos calculado cercana a los seis millones (clases medias y medias-bajas), la factura telefónica se les ha ido
incrementado año tras año desde que el Gobierno puso en marcha el proceso de liberalización, en 1998. Esa es la realidad.



Fíjense, señorías, que desde 1998 hasta el año 2003 la cuota de abono ha subido exactamente 850 pesetas, es decir, un 70 por ciento: ha pasado de 7,40 euros a 12,62 euros. Eso hace, como decía antes, que, según los cálculos del Grupo
Parlamentario Socialista, cálculos que toman como base las memorias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, son casi seis millones de familias españolas a las cuales durante estos años se les ha venido sistemáticamente subiendo la
factura del teléfono fijo, porque, repito, son familias a las que la cuota de abono supone una parte significativa de su factura telefónica.



Este sistema, lejos de corregirse para el año 2003, se nos anuncia que se va a endurecer, puesto que para 2003 la cuota de abono va a subir un 8 por ciento y las llamadas metropolitanas se van a congelar. Esto significa, en términos muy
sencillos, que para aquellas familias en las que la cuota de abono sea una parte significativa de su factura telefónica, en el año 2003 va a subir el teléfono. Varios millones de familias van a ver cómo su factura telefónica, el teléfono fijo, sube
en el año 2003 por esta perversión del sistema de precios instalado por el Gobierno del Partido Popular, que hace recaer sobre las familias el coste de la liberalización de los teléfonos.



Por esa razón nosotros traemos una proposición no de ley, para corregir esa perversión, entendemos, del sistema de factura telefónica actual. Una proposición no de ley que trata sencillamente de que a aquellas familias para las que las
cuota de abono, repito una vez más, sea una parte significativa de su factura telefónica, no vean subir año tras año esta factura por ese sistema tan peculiar de fijación de precios que tiene el Gobierno del Partido Popular. (La señora
vicepresidenta, García-Alcañiz Calvo, ocupa la presidencia.) Por eso lo que queremos es sencillamente extender la cuota de abono social, que SS.SS. saben que es una cuota de abono que en este momento ya existe, que afecta a un número muy pequeño de
ciudadanos españoles. Es una cuota de abono reducida, es decir, es una cuota de abono muy pequeña, muy baja, el 95 por ciento de la cuota de abono se alivia, por tanto la cuota de abono queda reducida al 5 por ciento; es una cuota de abono que
pagan aquellos ciudadanos que menos tienen, para aliviar justamente los costes de la factura telefónica. Si se sube la cuota de abono, es razonable que se tenga en cuenta a aquellos ciudadanos que menos tienen, para que esa subida de la cuota de
abono no les afecte.



Por tanto, lo que traemos a esta Cámara no es una modificación del sistema tarifario, con el que no estamos de acuerdo por ineficiente y por antisocial; lo que traemos es una medida que evite los efectos más lacerantes, los más dramáticos
para las familias de clase media y de clase media-baja española, que son, repito, aquellas que se ven perjudicadas por un sistema tarifario que sólo piensa en los grandes usuarios de los teléfonos y no en las familias normales de España, que
utilizan el teléfono con carácter medio. Esa es la propuesta. Pretendemos por tanto extender la cuota de abono social, de tal manera que a los colectivos que en este momento disfrutan de este tratamiento tarifario se añadan otros. Pretendemos que
la cuota de abono social se extienda a los pensionistas que reciben complementos de mínimos, a aquellos pensionistas que reciben pensiones no contributivas. Pretendemos que se extienda también la cuota de abono social a los desempleados perceptores
de la prestación o subsidio por desempleo o que hayan extinguido esa percepción pero que continúen en situación de paro. Pretendemos, finalmente, que se extienda también esta cuota de abono social a aquellas familias cuya renta sea inferior al
límite que se establece para no presentar declaración del IRPF. Entendemos que esta propuesta afectaría aproximadamente a cuatro millones de familias españolas, que se verían de esa manera no beneficiadas, sino no perjudicadas por un sistema
tarifario que, repito, afecta, a mi juicio de forma escandalosa, a su factura telefónica. Pretendemos que cuatro millones de familias españolas no sufran los efectos perversos de un sistema de fijación de precios de las tarifas telefónicas que hace
recaer sobre las clases medias, sobre los sectores medios y medios-bajos de nuestra población, el precio de la liberalización telefónica. Pretendemos, en última instancia, aliviar la subida de precios que con toda seguridad se va a producir para
varios millones de familias españolas el año que viene si no se corrige adecuadamente, tal y como nosotros entendemos que debe hacerse.



Y finalmente creemos que nuestro sistema de precios está mal regulado o, por decirlo de otra manera, su regulación está mal ubicada. Depende en este momento del Gobierno, cuando creemos que la experiencia acumulada después de la entrada en
vigor de la Ley General


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de Telecomunicaciones aconseja que este esquema tarifario, que esta fijación de tarifas pase al regulador, es decir, a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Pensamos que lo más sensato es que el órgano que se encarga de
garantizar la competencia en el sector de las telecomunicaciones en España sea el mismo que tenga encomendada la regulación de precios, puesto que en última instancia, y como vengo diciendo desde el principio de esta intervención, el sistema de
precios es uno de los elementos claves para garantizar la competencia. Y la prueba es que un mal sistema de precios, como el que tenemos, que el Gobierno está rectificando a toda máquina, ha impedido la competencia en el sector de la telefonía
fija. Evitémoslo, démosle al regulador, que es, repito, quien tiene que velar por la competencia, un instrumento más para asegurar esa competencia, que es la política de precios, en este caso en el sector de las telecomunicaciones.



Termino ya, señorías. Creemos que la proposición no de ley que traemos esta mañana a esta Comisión es de estricta justicia. Repito, no parece razonable que cuando están bajando los precios de las facturas telefónicas de las grandes
empresas, estén subiendo para cerca de seis millones de familias en España, cuando además éstas son justamente las de rentas medias y rentas medias-bajas; no parece razonable, parece profundamente antisocial. No queremos cambiar el esquema
tarifario, aunque estamos profundamente en desacuerdo con él, pero queremos paliar este efecto perverso desde el punto de vista social, que en última instancia conduce a que paguen más teléfono quienes menos lo utilizan y paguen mucho menos teléfono
aquellos que viven del teléfono, que lo utilizan como una forma de conseguir ingresos para sus economías.



La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez-Hickman.



El señor PÉREZ-HICKMAN Y SILVÁN: Señorías, en primer lugar quisiera hacer unas aclaraciones sobre lo expuesto en la motivación de la proposición no de ley de referencia en lo que respecta al denominado abono social. Por una parte, tengo
que señalar que dicho abono no fue establecido por los gobiernos socialistas, sino que fue establecido con anterioridad, en concreto en 1980. Por otra parte, hasta la aprobación por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el día
20 de diciembre de 2001 de los precios de los servicios incluidos dentro del servicio universal de telecomunicaciones, dicho abono tuvo diversas regulaciones, pero en la citada fecha el ámbito personal de aplicación del abono social se amplió a
todos los jubilados y pensionistas cuya renta familiar no exceda del salario mínimo interprofesional. Con anterioridad, dicho abono se restringía a personas de 64 o más años o con incapacidad absoluta para ejercer todo tipo de profesión u oficio.
Además, el límite de ingresos de la unidad familiar para tener derecho a este tipo de abono era el de la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo. Y por último, se establecía además una restricción en cuanto a que no tenían derecho al abono
aquellas personas que, aun cumpliendo las citadas condiciones, excedieran un determinado consumo telefónico.



Aclarado esto, señorías, en lo que se refiere a las tres medidas concretas de la proposición no de ley de referencia, se propone su rechazo en base a las siguientes consideraciones. En cuanto al punto primero, desarrollar una normativa que
asigne a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la capacidad de aprobar y modificar los sistemas de regulación de precios de acuerdo con principios concretos establecidos por ley, en lo que respecta a las competencias de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones hay que señalar que las directivas sectoriales recientemente aprobadas por la Unión Europea contemplan las competencias que deben tener las autoridades nacionales de regulación. Las citadas directivas deben ser
traspuestas al ordenamiento jurídico interno, lo que implica la modificación de la Ley 24/1988, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. A estos efectos, actualmente se está elaborando el correspondiente anteproyecto que, una vez aprobado por
el Gobierno, será remitido al Parlamento para su tramitación como ley ordinaria. En el citado anteproyecto se detallan y unifican todas las competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en cuanto a la aprobación de tarifas de
telefonía.



En lo que respecta al punto segundo, introducir en la Ley General de Telecomunicaciones el que la regulación tarifaria, cuando sea necesaria por deficiencias del mercado, deberá basarse en los principios de suficiencia, desarrollo de la
competencia, transparencia, no discriminación y evitar la obtención de rentas de monopolio, todo ello en beneficio de los usuarios, especialmente de aquellos menos protegidos por la falta de competencia, todos los principios señalados en este punto
segundo de la proposición no de ley están incorporados ya en la vigente Ley General de Telecomunicaciones, bien de forma explícita o bien implícitamente en el conjunto de normas que conforman la misma y por supuesto han guiado la acción del
Gobierno. No obstante, me remito de nuevo a lo señalado en el apartado primero, en cuanto que el Gobierno presentará en un futuro próximo para su tramitación parlamentaria un proyecto de ley, cuyo anteproyecto se está elaborando actualmente.



Por último, respecto al tercer punto, o sea, extender el abono social a los pensionistas que reciban complemento de mínimos, pensiones no contributivas o del SOVI, a los desempleados perceptores de la prestación o subsidio por desempleo o
que hayan extinguido ese derecho y que continúen en situación de desempleo y a


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los colectivos que tengan responsabilidades familiares y cuya renta sea inferior al límite máximo establecido para los contribuyentes exentos de presentar la declaración por el IRPF, de bajo consumo y bajo poder adquisitivo, les diré que
actualmente se encuentra en vigor, en el marco del servicio universal de telecomunicaciones, un abono social que supone una reducción del 70 por ciento en la cuota de alta del servicio telefónico fijo disponible al público y una reducción del 95 por
ciento en la cuota de abono mensual de dicho servicio. Dicho abono es aplicable a los jubilados y pensionistas cuya renta familiar no exceda del salario mínimo interprofesional, por lo que parte de los colectivos para los que se pide su extensión
en el apartado tercero de esta proposición no de ley tienen ya actualmente derecho al mismo. La extensión o generalización de este abono social en los términos propuestos en la proposición no de ley posiblemente reduciría en exceso los márgenes
comerciales y de beneficios para otros operadores, desajustaría la relación entre tarifas y costes y supondría un factor desincentivador para la competencia en el sector de la telefonía fija o bien incrementaría considerablemente el coste global del
servicio universal, con el consiguiente incremento de precios para los usuarios no incluidos en la medida social y que no necesariamente tienen un nivel de renta superior. No obstante, señorías, el servicio universal de telecomunicaciones, y muy
especialmente su asequibilidad, será uno de los aspectos contemplados en el proyecto de ley a que he hecho referencia en los dos puntos anteriores y, en consecuencia, y como ya he señalado, será sometido en un futuro próximo al trámite de aprobación
parlamentaria.



En consecuencia, este grupo parlamentario considera que la proposición no de ley debe ser rechazada, pues las iniciativas previstas en la misma han sido ya adoptadas con anterioridad o están siendo objeto de revisión en una modificación
legislativa en curso sobre comunicaciones electrónicas.



La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Vamos a interrumpir la sesión para votar a la una menos cuarto.



Se suspende la sesión.



Se reanuda la sesión.



El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a realizar las votaciones. En primer lugar, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno para que constituya una mesa de seguimiento sobre la normativa aplicable en materia de emisiones
radioeléctricas. (El señor Pérez Corgos pide la palabra.)


Señor Pérez Corgos.



El señor PÉREZ CORGOS: Señor presidente, paso a leer la enmienda transaccional que proponemos a los grupos de Convergència i Unió y Socialista, un texto que ha sido duramente negociado y que diría de la siguiente manera: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a continuar fomentando la información sobre las emisiones radioeléctricas, mantener la colaboración entre las distintas administraciones públicas y continuar apoyando a los operadores del sector de telecomunicaciones en
sus actuaciones relacionadas con estas emisiones.



Yo creo, señorías, que del conjunto de mi intervención se deducía que había una voluntad del Grupo Parlamentario Popular de intentar aportar la posibilidad de un entendimiento, sobre el que trataremos de seguir profundizando.



El señor PRESIDENTE: ¿Por los distintos grupos? (Pausa). Señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: La transaccional que se nos ofrece se aleja mucho de la propuesta inicial de nuestro grupo. Aun así, conociendo la composición de la Cámara y sabiendo que por lo menos lo que se nos ofrece no es negativo, sino que
puede servir para llegar a algún tipo de acuerdo en la línea que planteaban el Grupo Socialista y el Grupo Catalán hoy en esta Cámara y para que en un futuro demos un paso más de colaboración entre los distintos sectores implicados, mi grupo la
aceptaría, para que el debate de hoy acabe de forma positiva.



El señor PRESIDENTE: Señora Palma.



La señora PALMA I MUÑOZ: En primer lugar, deseo agradecer especialmente al Grupo Parlamentario Popular y también al Grupo de Convergència i Unió el esfuerzo que han hecho para que hoy de aquí saliera un texto consensuado por todos los
grupos, que era la intención que teníamos todos desde el inicio de esta sesión. Lamento no poder aceptar la transacción que nos ofrece el Grupo Popular, porque está absolutamente alejada de los planteamientos de la proposición no de ley del Grupo
Socialista, que de una forma yo creo que muy razonable, muy realista y muy de acuerdo con las demandas de los agentes implicados propone unas actuaciones concretas, y aunque no vamos a discutir el objetivo o el principio general del texto que nos ha
leído aquí el portavoz del Grupo Popular, pensamos que en estos momentos el tema demanda actuaciones y compromisos concretos; si no, vamos a quedar siempre en lo mismo. De cualquier forma, tal como ha dicho el señor Jané, es de alguna manera una
esperanza para que esto abra la posibilidad de algún tipo de acuerdo, quizá con más calma y tranquilidad, y podamos pactar algún tipo de iniciativa más adelante. Mientras tanto, el Grupo Socialista se abstendrá.



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El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la proposición no de ley número 1, con la enmienda transaccional presentada por el Grupo Popular.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 11.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Votamos la proposición no de ley número 2, del Grupo Socialista.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Pasamos a la votación de la proposición no de ley sobre impulso y mejora de gestión del sistema de ciencia y tecnología.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 20; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Proposición no de ley número 4, relativa a la transformación del centro de seguimiento de satélites de Villafranca del Castillo en futuro establecimiento de referencia y excelencia científica de la Agencia Espacial Europea.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Votamos la proposición no de ley número 5, relativa a la gestión del espacio radioeléctrico.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 22.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Proposición no de ley número 6, referida a la política tarifaria en comunicaciones telefónicas. (El señor Jané i Guasch pide la palabra.)


Señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, habíamos pedido votación separada del punto 1; los números 2 y 3 se pueden votar conjuntamente.



El señor PRESIDENTE: Pasamos, pues, a votar el punto 1.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 22.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.



Votamos los puntos 2 y 3.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.



Se levanta la sesión.



Era la una y cinco minutos de la tarde.



Nota.-El presente 'Diario de Sesiones', de la Comisión de Ciencia y Tecnología, del martes, 29 de octubre de 2002, no guarda relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los 'Diarios de Sesiones' ya
elaborados.