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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 354, de 06/11/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 354
PRESUPUESTOS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAQUÍN ALMUNIA AMANN
Sesión núm. 14
celebrada el martes, 6 de noviembre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia,
sobre las siguientes iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por
importe de 19.945.098. 263 pesetas (119.872.454,79 euros), para
atender insuficiencias de crédito producidas en ejercicios anteriores
por la compensación de intereses de préstamos a la construcción
naval. (Número de expediente 121/000042.) . . . (Página 11446)
- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2002. (Número de expediente 121/000047.) . . . (Página 11446)
Ratificación de la ponencia designada para informar el Proyecto de
Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de
19.945.098.263 pesetas (119.872.454,79 euros), para atender
insuficiencias de crédito producidas en ejercicios anteriores por la
compensación de intereses de préstamos a la construcción naval.
(Número de expediente 121/000042.) . . . (Página 11538)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA,
SOBRE LAS SIGUIENTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR
IMPORTE DE 19.945.098.263 PESETAS (119.872.454,79 EUROS), PARA
ATENDER INSUFICIENCIAS DE CRÉDITO PRODUCIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
POR LA COMPENSACIÓN DE INTERESES DE PRÉSTAMOS A LA CONSTRUCCIÓN
NAVAL. (Número de expediente 121/000042.)
El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la reunión de la Comisión.
Antes de entrar en el debate del proyecto de ley de presupuestos
generales del Estado, como saben SS.SS., en nuestro orden del día
figura la discusión del proyecto de ley sobre concesión de un crédito
extraordinario por importe de 19.945 millones de pesetas para atender
insuficiencias de crédito producidas en ejercicios anteriores por la
compensación de intereses de préstamos a la construcción naval. Este
proyecto de ley no ha recibido enmiendas y, por tanto, procede que
los grupos parlamentarios que deseen fijar su posición lo hagan en
este momento. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Como saben SS.SS., las votaciones del dictamen de este proyecto de
ley y de todo lo que debatamos a lo largo del día de hoy sobre el
proyecto de ley de presupuestos tendrán lugar a partir de las ocho y
media de la tarde.
- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO
2002. (Número de expediente 121/000047.)
Títulos I y II El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2002. En la reunión de
la Mesa y portavoces de la
semana pasada establecimos un procedimiento de discusión similar al
de años anteriores. En primer lugar, discutiremos el proyecto de ley
y lo haremos por bloques. El primer bloque, se refiere a los títulos
I y II del proyecto de ley. ¿Grupos parlamentarios que desean
intervenir? (Pausa.) Por el orden por el que acostumbramos a fijar
estos turnos de intervención, en primer lugar, tiene la palabra el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, hace unos días, el
profesor Samuelson publicaba en la prensa española un artículo en el
que decía que cuando brilla el sol es sencillo llevar a cabo un
diseño de política económica, pero que más difícil resulta cuando los
tiempos son adversos. Como todos sabemos, es un prestigioso
economista, longevo ya, que ha vivido momentos difíciles de la
economía mundial, lo que quizá le permita decir que las
circunstancias que en este momento acaecen en modo alguno son lo
suficientemente graves como para que vuelvan a ocurrir fenómenos que
sucedieron en otro tiempo. En cualquier caso, sí tiene un punto de
vista que le permite afirmar que se ha alejado la creencia de que el
escenario recesivo iba a ser suave y breve y que seguramente la
esperada recuperación se dilata en el tiempo. Dice Samuelson que
cuando esto ocurre los economistas se ven obligados a volver a la
mesa de dibujo, volver al tablero, y ver cómo evolucionan las series,
ver cómo van los perfiles, ver la marcha de la economía. Y yo digo
que no sólo los economistas, también los políticos. Los políticos han
de ser capaces de encontrar algún tipo de actitud y de
posicionamiento que haga posible que la economía sea el arte en
virtud del cual sacamos el mayor partido posible a la vida.
Hoy vivimos en un mundo plural donde la calidad de la respuesta a los
problemas económicos tiene que ver mucho con la calidad de la forma
de gobernar en las distintas naciones. A veces la calidad de la
respuesta implica asumir el riesgo de hacer y el riesgo de no hacer.
Asumir el riesgo de no hacer tiene antecedentes históricos muy
destacados. En la época a que Samuelson se refirió, el no hacer de
Hoover tuvo unas consecuencias
democráticas que hoy no soporta seguramente ningún país de nuestro
entorno. Esa situación de un mundo que ya no es unívoco se nota en
los diseños, en las preferencias, en las estrategias. Estados Unidos
hoy vive una situación un poco más difícil que la nuestra. Su
Gobierno y sus autoridades económicas han decidido arriesgar, y ese
riesgo se nota en bajada de los tipos de interés, en bajada de los
impuestos y en subida del gasto. Hay que oír lo que opina una parte
de los liberales doctrinarios diciendo que el señor Bush se va a
equivocar. Para ser más exactos y más precisos no lo dicen,
mascullan; lo dicen sotto voce, fuera del micrófono, que el señor
Bush se va a equivocar, que está tirando de una cuerda que no conduce
a ningún lugar. A pesar de todo, está claro que han tomado un
conjunto de decisiones de expansión fiscal que unos valoran entre un
punto y punto y medio de PIB en una economía tan enorme como la
norteamericana.
En la Unión Europea las cosas son un tanto diferentes. Hay mayor
nivel de crecimiento económico y el horizonte plantea unas dudas
respecto a la evolución del consumo, sobre todo si la economía
norteamericana se ralentiza debido a la influencia que tiene en
algunas economías europeas como la alemana. Decía recientemente
Dorbus que los europeos están hipnotizados por la inflación, que
siguen creyendo que el Pacto de Estabilidad es una especie de fuerza
y que hipnotizados por la inflación y por esta camisa de fuerza se
debaten ante una realidad, y es que las cuentas públicas se
deterioran. En cualquier caso, ya hay gobiernos, como el francés, que
han tomado algunas iniciativas a corto plazo destinadas a hacer
frente a esta situación. Yo me pregunto: Si la economía
norteamericana está como está, si la europea por sus problemas
políticos tiene algunas dificultades para ensamblar una opción de
política económica, si el resto del mundo emergente tiene algunas
dificultades por las crisis, ¿qué pasa en España? ¿Qué ocurre entre
nosotros? Entre nosotros ocurre lo que ocurre en el resto de
Occidente, y es que la gente no se cree lo que está escuchando; la
gente no se cree que aquí no vaya a pasar nada. Los ciudadanos
españoles sienten lo mismo que el resto de los occidentales y creen
que es ilusorio pensar que vivimos en un mundo aislado y que vamos a
permanecer al margen de los acontecimientos, sobre todo si esos
acontecimientos son duraderos y graves. Es decir, que el fenómeno
contagio se va a producir, al menos en las expectativas. Para eso no
hay que ser adivino, sólo hay que pasar un rato de esta sesión
leyendo los periódicos, y en los de esta mañana hay quien dice que
han sonado las alarmas. Yo me pregunto: ¿El Gobierno de España cree
que han sonado las alarmas? La respuesta la tengo que encontrar en el
presupuesto. La sensación que da cuando uno se acerca al presupuesto
es que el Gobierno cree que ya ha hecho lo que tenía que hacer. Es un
Gobierno que se siente cómodo debajo del paraguas del área del euro y
que cree que está asombrando al mundo con el
déficit cero. Me temo que lo primero es más cierto que lo segundo
porque ha decidido vivir en comodidad detrás de la política monetaria
expansiva que se aplica por el Banco Central Europeo, y eso es lo que
nos ha evitado tener que adoptar medidas que originen subida de los
tipos de interés y cercenen el desarrollo.
En materia de política fiscal nos encontramos con un hecho un tanto
novedoso, y es que para el Gobierno de España la realidad no existe.
Me recuerda aquella frase del torero: Lo que no puede ser no puede
ser y además es imposible. Esta frase del torero nos llevaría a decir
que la realidad no existe y que es inamovible. Tengo la sensación de
que hemos recuperado una buena dosis de casticismo para la política
económica en España; lamentablemente hemos recuperado una buena dosis
de casticismo y no es creíble el objetivo del 2,9 por ciento que
figura en el frontispicio del cuadro macroeconómico en el cual se
apoyan estos presupuestos. No fui capaz -lo reconozco delante de toda
la Comisión- de que ninguno de los responsables del Gobierno me
explicara qué consecuencias se derivan para el ingreso, para el gasto
y para el déficit público en el caso de que ese 2,9 por ciento no se
cumpliera; reconozco paladinamente que eso no fue posible. En este
momento vivimos una situación que tiene algo de paradójica y que está
caracterizada fundamentalmente por el irrealismo de los objetivos.
Eso me ha hecho recordar el planteamiento de una persona inteligente
que también se cuestionaba hace unos días qué sería de la economía
española si no crece al 2,9 por ciento o al 2,4 por ciento o si se
encarrila, como puede que ocurra en buena parte del primer semestre
del año 2002, por debajo del 2 por ciento. Es una persona
inteligente, profesor universitario: Fabián Estapé, quien, con la
gracia y con la inteligencia que Dios le ha dado, parafraseaba a
Cánovas del Castillo decía que uno de los peores males que tiene la
política en España es que muchos se suben a un taburete y se marean.
Este es el proyecto presupuestario de un Gobierno mareado -al
ministro, de momento, lo voy a dejar un poco al margen-, de un
Gobierno prisionero y atrapado en una encrucijada formada por una
situación que en modo alguno había previsto que se pudiera producir.
Los economistas del Partido Popular -permítame, señor presidente, que
lo diga así- han creído en algo que no cree nadie; han creído en el
priapismo económico y se han encontrado con que la economía es
cíclica. Esa es la primera restricción; la segunda restricción es su
propia ideología que le impide hacer frente a esta realidad. Han
hecho el presupuesto en una barra de hielo en un momento en el cual
no son capaces de dar marcha atrás y hacer frente a la situación que
vivimos. Los presupuestos ignoran los cambios que se están
produciendo en el mundo, ignoran la realidad y orientan la política a
una situación de aquí no pasa nada, aquí no ha pasado nada y aquí no
va a pasar nada.
Termino mi intervención volviendo a las frases y a las ideas que
recientemente Samuelson barajaba. Nosotros consideramos precipitadas
algunas de las pocas decisiones que este Gobierno ha tomado en
materia de política económica, fundamentalmente porque sólo tienen
como finalidad proporcionar placebos a los grupos sociales más
acomodados. Eso es lo que él censuraba y es lo que el Gobierno del
Partido Popular hace. Él recomendaba que en política económica se
hiciera lo que él creía que había sido siempre la enseñanza de Yale,
y es que las reducciones de las cargas fiscales hechas en favor de
quienes están dispuestos a gastar sin ser ricos es el mejor
instrumento para contrarrestar los ciclos y para hacer una buena
política macroeconómica. La idea que nosotros sostenemos en el inicio
de este debate es que hay que apostar por aquellas políticas
económicas que den confianza al conjunto de los ciudadanos, que le
den confianza en el corto plazo para mejorar sus condiciones de vida
y que sean capaces de preparar a las instituciones de protección
social para cuando los tiempos sean más difíciles.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Por si en algún momento de este
debate del día de hoy o de mañana este portavoz tuviera que
ausentarse por sus obligaciones institucionales en la Cámara -por
ejemplo, mañana se reúne la Junta de Portavoces-, ruego al señor
presidente que las enmiendas de nuestro grupo parlamentario se den
por defendidas en los propios términos de su justificación y se
sometan a votación.
Dicho esto, en esta primera agrupación de debate que hemos realizado,
los títulos I y II, como S.S. nos ha recordado, nuestro grupo
parlamentario mantiene la enmienda 1240 al artículo 11.1 que trata de
añadir un párrafo nuevo, un segundo párrafo mediante el cual se
obligaría al Gobierno a remitir al Congreso de los Diputados y al
Senado la información -se entiende que la información completa- sobre
las ampliaciones de crédito que se acuerden durante el ejercicio del
año 2002, identificando los mismos, su importe y la finalidad de las
mismas. Esta es una enmienda que viene a solventar un vacío en el
proyecto legislativo del Gobierno que nos ha sorprendido, y no
precisamente de una manera grata sino todo lo contrario. Nos ha
sorprendido en la línea de lo que ha expuesto en el inicio de su
intervención mi querido compañero y amigo, Fernández Marugán, y
además diputado por la circunscripción en donde nació mi padre,
referida a la cita de Samuelson. Lo que también observa este grupo
parlamentario, aunque sea de las instancias conceptual y global
respecto del proyecto legislativo enviado por el Gobierno, es que
tenemos por delante unos tiempos no precisamente fáciles, sino todo
lo contrario, llenos de
incertidumbre respecto de la evolución económica mundial y también
española. Los datos que nos facilitan hoy los medios de comunicación
en relación con el paro no hacen otra cosa que subrayar lo que acabo
de afirmar y cuanto ha dicho el señor Fernández Marugán. Por tanto,
son unos presupuestos que deben tener una flexibilidad de adaptación,
a pesar de que en su momento será una ley publicada en el «Boletín
Oficial del Estado», de obligado cumplimiento para el Gobierno y de
obligado seguimiento para quienes integramos ésta u otras comisiones
del Congreso de los Diputados incluso, más allá, el propio Pleno.
Sin que quiera ser ofensivo lo que voy a decir, se trata de unos
presupuestos que en su globalidad son de disposición transitoria.
Veremos lo que va a ocurrir y, en la medida en que ocurra, deberemos
adaptarlos porque las previsiones de crecimiento explicitadas por el
señor ministro en el debate de totalidad hoy ya no lo son desde la
perspectiva de la OCDE, de la Unión Europea y de cualificados
analistas internacionales y nacionales. Las restantes cifras
macroeconómicas están generando una expectación en positivo que
creemos útil a los intereses del país, y nos sumamos a ello, pero que
puede no sostenerse de aquí a finales de año. Incluso en el momento
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» (como hay una
mayoría absoluta en ambas Cámaras seguro que se publicará en el
«Boletín Oficial del Estado») es altamente probable, tal como van las
cosas, que ese marco macroeconómico que se dibuja en el inicio del
proyecto deje ya de tener fundamento, incluso -reitero- días antes de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y, por tanto,
momentos antes de su entrada en vigor. Por eso nosotros entendemos
que deben ser -y se dijo ya en la tribuna por distintos oradores
durante el debate de totalidad- unos presupuestos flexibles. No
tenemos la seguridad de que se cumplan en su totalidad, ni en el
cuadro macroeconómico ni en todas y cada una de sus secciones o de su
articulado, pero nos sumamos globalmente a la apuesta que hace el
Gobierno, en primer término, por una cuestión de responsabilidad y,
en segundo lugar, por lanzar un mensaje de moderado optimismo a una
sociedad que se está preguntando día sí y día también qué va a
ocurrir mañana, qué va a ocurrir pasado mañana, qué va a ocurrir a
finales de año y que va a ocurrir en el transcurso de 2002.
Creemos que nuestra enmienda tiene una carga de racionalidad
indiscutible, aunque pueda ser votada en contra. Se me podrá decir
que se trata de una información que en cualquier momento puede ser
solucionada por la Cámara, pero creo que sería bueno que por parte
del Gobierno y del Parlamento se viera ya en el artículo
correspondiente, el artículo 11, de este proyecto legislativo. Como
digo, no obliga a otra cosa que a una información permanente al
Congreso de los Diputados y al Senado -el término ha sido trimestral-
de todas aquellas operaciones realizadas de ejecución
del presupuesto. Y todo ello no para que el Gobierno haga y deshaga
el presupuesto que ha presentado y que las Cortes Generales
aprobarán, sino porque en ese objetivo de estabilidad presupuestaria,
al cual nosotros nos sumamos, es decir, no gastar más de lo que
realmente ingresamos, que es un principio bueno en sí mismo, en ese
marco sería bueno sujetar -si se me permite la expresión y dicho sea
entre comillas- al Gobierno en cualquier ampliación de crédito, en la
medida en que debe dar conocimiento del mismo al Congreso y al
Senado. En esa línea va nuestra enmienda, señor presidente.
Por nuestra parte nada más, ya que no tenemos ninguna otra enmienda a
los títulos I y II que debatimos.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: Al igual que ha hecho el portavoz del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió, quiero decir que si en el
transcurso de estas sesiones alguien de nuestro grupo no estuviera
presente damos por defendidas todas las enmiendas que se han
presentado en los términos que se manifiestan en la argumentación.
Para que conste en el «Diario de Sesiones», retiramos la enmienda
546, porque entendemos que no es competencia de estos presupuestos
sino de los de Castilla- La Mancha. Por tanto, que se tome nota de la
retirada de esa enmienda por parte del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Nuestro grupo parlamentario presenta a los títulos I y II una serie
de enmiendas tendentes a una mejor distribución en los parlamentos
autonómicos. Yo quisiera referirme simplemente a una enmienda que
sintetiza el contenido de las siguientes enmiendas que planteamos
a los títulos I y II, que es la referida al artículo 2.2, que sustituye
la cantidad de los estados de ingresos y que debería suponer una
modificación de estas cantidades previstas en los siguientes
términos: primero, en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas, revisión y minoración de las aportaciones a mutualidades y
planes de pensiones, supresión de la deducción por doble imposición
interna, elevación de la tributación de las ganancias patrimoniales y
mejora de la progresividad de la tarifa; segundo, en el impuesto
sobre sociedades, revisión y disminución de diversos beneficios
fiscales, tercero, mayores ingresos fiscales como consecuencia de una
mayor inversión pública y aplicación de fondos comunitarios; cuarto,
mejores resultados en la lucha contra el fraude y las elusiones
fiscales.
En coherencia con otras enmiendas que presenta este grupo
parlamentario tanto a este proyecto de ley de presupuestos como al de
medidas fiscales, administrativas y de orden social, la obtención de
más de 12 millones (miles de euros) en relación con los ingresos
previstos
mejoraría la política de inversión pública directa y selectiva y
permitiría aumentar los créditos destinados a reducir las brechas
sociales y económicas que presenta nuestro país. Supondría,
igualmente, avanzar en el proceso de convergencia real con nuestros
socios comunitarios, reduciendo en particular el diferencial que
mantenemos en protección social; todo ello reduciendo el diferencial
en presión fiscal y admitiendo incurrir en un volumen de déficit
público dentro de los parámetros comunitarios. Estas actuaciones
incidirían positivamente en la aplicación de los criterios de
progresividad, suficiencia y equidad del sistema retributivo y en una
intervención más eficaz y anticíclica del presupuesto.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco PNV,
tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Muy brevemente quisiera defender alguna de
las enmiendas que nuestro grupo ha presentado al articulado.
Antes de nada quisiera decir, como han hecho otros grupos, que en el
caso de que no estuviera ningún representante de nuestro grupo en
esta Comisión se dieran por defendidas las enmiendas en los términos
en que están redactadas.
Hemos presentado 10 enmiendas al articulado quepodríamos agrupar en
tres bloques. En la enmienda 583 planteamos la modificación del
artículo 11.1 en el sentido siguiente: El conjunto de las
obligaciones reconocidas en el año 2002 con cargo al presupuesto del
Estado, tanto de los créditos ordinarios presupuestados como de los
créditos incorporados de ejercicios anteriores, no podrá superar la
cuantía total de los créditos inicialmente aprobados y de los
créditos extraordinarios y suplementos de crédito aprobados por las
Cortes durante el ejercicio. Creemos que hay una referencia genérica
a la ley de estabilidad, que no va a entrar en vigor en el ejercicio
2000-2002. Pensamos que no debiera ser considerado conveniente que el
déficit de la Administración central sea cubierto por el superávit de
la Seguridad Social, compensando las desviaciones que pueda haber en
un subsector con el del otro.
Las enmiendas 586 y587 son importantes y lo que proponemos es que se
suprima el apartado 5 del artículo 20 del proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2002, sobre bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica en
materia de gastos de personal al servicio del sector público. Creemos
que no tiene sentido entender que la política de personal de una
administración determinada forme parte de lo que es la ordenación
general de la actividad económica, porque de ahí podría derivarse que
cualquier otra partida presupuestaria de cualquier administración
autónoma podría tener tal consideración y, al final, no se haría sino
encorsetar la capacidad de
actuación de las administraciones autónomas. Pensamos que esto va en
contra de la capacidad de decisión que las administraciones tienen en
esta materia y, por tanto, no entendemos cómo todavía no se ha
suprimido. Igualmente planteamos la supresión del apartado 5 del
artículo 21 de este proyecto de ley, sobre oferta de empleo público.
El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu, el debate está organizado por
bloques. En este bloque estamos hablando exclusivamente de los
títulos I y II de la ley, y usted se está centrando en el título III.
El señor AZPIAZU URIARTE: No lo sé. (Risas.) Entonces lo dejo aquí.
¿Dónde empieza el título III?
El señor NÚÑEZ CASTAIN: En el artículo 20.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra el señor Núñez
El señor NÚÑEZ CASTAIN: En primer lugar, quiero aclarar que como el
Grupo Mixto es un grupo de grupos puede que el paquete de enmiendas
no sea cohesionado y coherente sino dispar, como corresponde a un
grupo que contiene partidos políticos con distintas visiones. Por
tanto, este portavoz se limita, por un lado, a mantener las enmiendas
de todos mis compañeros del Grupo Mixto y, por otro, a defender las
enmiendas que presenta en este caso el Partido Andalucista. En
consecuencia, me parece que lo más razonable para que cada portavoz
del Grupo Mixto pueda votar en el Pleno como buenamente piense
respecto a las enmiendas del resto de los grupos es que mi posición
sea la de abstención, manifestando la abstención como una precaución
de la disparidad de voto del Grupo Mixto y, por supuesto, dadas las
horas que vamos a estar reunidos, quiero decir que mantengo desde ya
para su votación todas las enmiendas que ha presentado el Grupo
Mixto. Procede, por tanto, mantener ya las que hay a los artículos 10
y 11, presentadas en este caso por el Bloque, y hacer una primera
consideración global de los presupuestos ante los acontecimientos que
estamos viviendo.
Es evidente que los datos que conocemos desde ayer del crecimiento
económico en España en el tercer trimestre y, lo que es más
dramático, el cambio de tendencia en cuanto al paro, en el sentido de
que ya hay más parados que el año pasado -cambio de ciclo-, deben
hacer reflexionar a esta Comisión, a este Parlamento. Estaremos todos
de acuerdo en que las premisas que conocemos en relación con la
economía española no son las que conocíamos cuando se redactó este
documento de Presupuestos Generales del Estado. Podemos, por tanto,
discrepar sobre qué va a pasar el año que viene, ya que no estamos en
una situación estática. Hay quien es muy optimista con el segundo
semestre (ya es difícil serlo con el primero) y hay quien es
pesimista respecto a todo; en cualquier caso, los
números que contiene este documento no se cumplirán. Antes he
escuchado a otro portavoz decir que es posible que los números no se
cumplan; yo, repito, diría más: es seguro que no se cumplen, lo que
no sé es en cuánto ni en qué dirección. Sí quiero dejar claro que
esta es una oportunidad para que la Cámara reflexione ante estos
nuevos datos de recesión económica y si podemos dar algún golpe de
timón a alguna de las previsiones del presupuesto estamos a tiempo.
Lo demás sería la política del avestruz: no reconocer lo que está
pasando en el mundo y seguir empecinados en que en esta España no
pasa nada, que no tiene nada que ver con el movimiento económico en
general, con la economía del mundo. También es legítimo que estemos
ante posiciones inmovilistas porque se piense que con la política
económica del Gobierno no se debe intervenir en las tendencias
generales de la economía y que ya hará el mercado correcciones sobre
todas las variables. Es evidente y preocupante la tendencia a la
recesión económica y yo, como portavoz andalucista, tengo que decir
que esta tendencia, como ya se ha visto, tampoco es homogénea, como
casi todo en la economía española, y que están sufriendo más las
economías más débiles, aquellas comunidades autónomas que tienen unos
indicadores más débiles. Sus señorías saben que el paro ha subido en
España y, desde luego, más en Andalucía; ahora mismo hay más de tres
puntos de diferencia con respecto a la media española. No quiero
adelantar el debate de los números, pero sí dejar dicho que, al no
estar en una situación estática, todos los portavoces debemos tener
mayor capacidad de reflexión y cambio. No estamos en circunstancias
regladas, estables, donde cada uno estaría en la misma posición que
en junio; hoy no es posible que ningún portavoz sostenga las mismas
posiciones que en junio. Me reservo, naturalmente, el desarrollo de
esta posición ante el resto de los títulos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Comienza el debate de
presupuestos en esta Comisión, el debate en relación con un documento
presupuestario que evidentemente está condicionado por una situación
difícil en la economía internacional; estamos ante algo más que una
situación condicionada por la incertidumbre, estamos ante una
situación económica difícil. Los grupos parlamentarios dicen que hay
que hacer un ejercicio de reflexión. El Gobierno hace ejercicio de
reflexión en política presupuestaria desde que el Partido Popular
accedió al Gobierno. ¿Cuál es la diferencia esencial entre la forma
en que reflexiona el Gobierno del Partido Popular y la forma en que
reflexionan otros grupos de la Cámara? Emplearse a fondo en medidas
políticas más fundamentadas en la acción preventiva que en la acción
curativa; más fundamentadas en la necesidad de corregir los
desequilibrios básicos
de la economía española que en atender de forma coyuntural las
cuestiones que van surgiendo y alimentando procesos políticos en los
que se puede interpretar la existencia de crisis económicas,
presupuestarias, financieras. Ese es el parámetro de conducta seguido
por el Partido Popular desde 1996: la acción preventiva en vez de la
acción curativa que conocíamos; es decir, en vez de coyunturalismo,
medidas de carácter estructural. Esto es lo que hace el Partido
Popular y lo hace también en este proyecto de ley. Antes del debate
de totalidad de presupuestos se explicó en un debate político que el
equilibrio presupuestario iba más allá de la necesidad de dar
respuesta a los compromisos de España con la Unión Europea y con el
Pacto de estabilidad y crecimiento. Efectivamente, aquel proyecto de
equilibrio presupuestario, que ahora está en discusión en el Senado,
no es más que el reflejo de cómo son y cómo quieren ser las políticas
que el Gobierno del Partido Popular implemente para solucionar los
problemas de España. Nosotros hablábamos, en el año 1996, de que
España necesitaba corregir los desequilibrios básicos de nuestra
economía, que eran muchos, y se empezaron a corregir a través de
acciones como fueron, primero, las medidas de disciplina
presupuestaria; después, las leyes de presupuestos y leyes de
acompañamiento y, recientemente, la más significativa en esta materia
de carácter estructural, la ley de equilibrio presupuestario. Nuestro
grupo tiene una firme creencia en que el equilibrio financiero es la
única opción que permite obtener márgenes suficientes de maniobra
para que nuestra economía se desenvuelva con razonable solidez ante
la situación de incertidumbre y dificultad internacional. Si es así,
podremos demostrar de nuevo cómo con políticas de carácter
estructural se pueden resistir los embates de las crisis económicas
internacionales de mejor modo que en otras épocas. Se sigue olvidando
que la economía española tuvo que enfrentarse a dos crisis recientes
en el tiempo y la forma en la que España resolvió aquellas crisis de
forma diferente a como quería la oposición política. Cuando España
tiene que atender a la crisis petrolífera de hace año y medio la
única propuesta que recibe de la oposición política es bajar el
impuesto de hidrocarburos, solución que se hubiera revelado como
contraproducente, inconsistente y qué les voy a decir yo que pudo
suponer aquella cuestión. Esta era la forma de resolver las
cuestiones de carácter coyuntural por parte de los gobiernos
socialistas. La forma de solucionar las cuestiones era: tenemos un
problema, somos conscientes de su existencia, vamos a solucionarlo o
no. De hecho, en el año 1995, todos pudimos comprobar que no se había
resuelto ninguno de los desequilibrios básicos de la economía
española. Sin embargo, a partir de 1996 los desequilibrios básicos se
corrigen. Por tanto, nuestro grupo quiere seguir apostando por
acciones de carácter preventivo y estructural.
El señor Fernández Marugán dice que es necesaria una calidad en la
respuesta. Precisamente nuestro
grupo considera que se pone de manifiesto la calidad en la respuesta
en un momento de incertidumbre internacional como el que tiene que
asumir la economía española en la actualidad, primero, porque es
emitir un mensaje de calidad poder seguir manteniendo criterios de
equilibrio financiero de nuestras cuentas públicas, que, como digo,
es la única manera posible de utilizar los márgenes de maniobra que
esa posibilidad del equilibrio puede proporcionar al sistema
financiero español y, por tanto, al sistema público.
Además, en esta ocasión la respuesta de calidad se acredita con la
asunción de otras materias dentro del presupuesto. Se ha hecho
referencia al crecimiento, en momentos como el actual, de un 10 por
ciento de las inversiones respecto al ejercicio anterior con una
posibilidad de creación de empleo -lo explicó aquí la secretaria de
Estado de Presupuestos- por encima de los 300.000 puestos de trabajo,
con una inversión inducida al sector privado por encima del billón de
pesetas; un billón 200.000 millones, decía la secretaria de Estado de
Presupuestos. Es un incremento del 10 por ciento de las inversiones,
que supone un 3,5 por ciento del PIB español, la reducción de la
deuda pública al 50 por ciento precisamente en la necesidad de seguir
obteniendo márgenes de maniobra, así como la estabilidad y el
equilibrio financiero de las cuentas públicas, y poder acometer la
extracción del presupuesto público de los 330 millones de euros de
complementos a mínimos de pensiones en el sistema de la Seguridad
Social. ¿Estas son respuestas de calidad o no? Son respuestas que
garantizan responder de manera diferente a como se suele hacer; es
responder de una manera eficaz.
Tampoco se recuerda -porque no interesa- cómo respondió España a la
crisis financiera asiática en el año 1998. Estoy de acuerdo en que
esta crisis en la que nos encontramos no tiene ni muchísimo menos los
parámetros de funcionamiento -ni siquiera parecidos- a los de la
crisis de 1998. Pero en aquel momento el Partido Socialista mantuvo
la hipótesis de que el Gobierno iba a ser incapaz de sostener las
previsiones de crecimiento económico que se proyectaron en los
presupuestos del año 1999. El Grupo Parlamentario Socialista tendrá
que convenir conmigo en que las hipótesis hay que contrastarlas con
la realidad y cuando se contrastan las hipótesis manejadas por los
grupos de la Cámara, especialmente por el Grupo Parlamentario
Socialista, se constata en el proyecto presupuestario siguiente que
la realidad es otra y que en el año 1998, cuando la crisis asiática
estaba colocando a algunos países de Europa, como Alemania e Italia
en procesos casi de recesión económica, España responde con un
crecimiento del 4 por ciento de su producto interior bruto y, por
tanto, se desarma la hipótesis. Es muy fácil predecir en situación de
incertidumbre -así calificada por todo el mundo, por todos los
operadores económicos, incluso por el Gobierno de España- la bondad o
no de la previsión económica del 2,9 por ciento. Es una
previsión que no está alejada de las que a España le han atribuido
organismos como la OCDE. El propio señor Sevilla hacía referencia en
el debate de presupuestos a que el crecimiento en España sería del 2
por ciento. ¿Eso se puede calificar de aproximación a una crisis
grave, a una crisis inasumible por el Gobierno, cuando el propio
Grupo Parlamentario Socialista está hablando de que el crecimiento de
la economía española en todo caso estaría por encima del 2 por
ciento? Es muy difícil reconocer en el discurso del Partido
Socialista la existencia de una crisis grave si sustenta que en todo
caso va a haber un crecimiento de la economía española por encima de
la del resto de los países de Europa, primero, porque esa es la cifra
que desencadena mi comentario y, además, porque está en el «Diario de
Sesiones», en el debate de totalidad de presupuestos, puesta en
marcha por el señor Sevilla. Esta es la realidad. Por tanto, además
de contrastar las hipótesis puestas en marcha por la oposición
política al Gobierno, a lo mejor lo que tendrá que hacerse es
contrastarlas con la realidad.
Dice el Partido Socialista que para poder ver si el Gobierno
reacciona bien o reacciona mal ante la incertidumbre económica habrá
que fijarse en el documento presupuestario. Es cierto y le he
explicado por qué considero que el documento presupuestario recoge
correctamente la necesidad de dar respuesta a la situación de
incertidumbre internacional. Por la misma razón me aceptará el Grupo
Parlamentario Socialista que para saber cuál es la respuesta de la
oposición política de España a los Presupuestos Generales del Estado
y a la situación de incertidumbre habrá que echar un vistazo a las
enmiendas. Siento insistir siempre en la misma cuestión, pero en las
enmiendas del Partido Socialista desde el año 1996 no ha habido
modificación de ninguna clase. En el año 1998 hubo una situación de
crisis internacional; en el año 1999 tuvimos otra crisis ocasionada
por los componentes de la oferta energética; en esta ocasión tenemos
una crisis internacional desencadenada por los acontecimientos del 11
de septiembre y, sin embargo, la posición del Grupo Parlamentario
Socialista es exactamente la misma antes y después del 11 de
septiembre a través de las enmiendas presentadas. Ustedes tenían
mejores oportunidades que el Gobierno para plantear un documento
político verdaderamente comprometido con la situación desde
septiembre; sin embargo, el resultado es el mismo de siempre. Es más,
podrían echar un vistazo -yo les ruego que hagan ese repaso- a las
enmiendas que presentan al presupuesto y, al menos en lo que tienen
que ver con todo el debate que se va a producir en la mañana de hoy,
no hay ni una novedad con 11 de septiembre y sin 11 de septiembre;
esa es la realidad incontestable. Por tanto, para poder obtener
respuestas, si el Grupo Parlamentario Socialista hablaba de priapismo
por parte de los miembros del Grupo Parlamentario Popular, priapismo
del Gobierno ha dicho, (Risas.) yo, por la misma consideración,
tendré que hablar razonablemente de impotencia de todo
tipo por parte del Grupo Parlamentario Socialista, (Risas.) que
responde al priapismo del Gobierno con una ausencia absoluta de
novedades en la presentación de enmiendas. Señor Fernández Marugán,
esta es la realidad, que yo entiendo que pueda doler, pero es tan
cierto como real y está puesto de manifiesto desde la primera
enmienda hasta la última presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, y no vamos a hablar de las presentadas a los títulos I y
II, señorías, porque éstas sí que son exactamente las mismas que
defendió el señor Gimeno en el año 1997.
El señor PRESIDENTE: Brevísimo turno de réplica para poder ir
ajustándonos al calendario preestablecido.
Señor Fernández Marugán, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Coincido con el señor Núñez en esa frase
que Dante hace decir a Beatriz: Desechad toda esperanza. (Risas.)
Pues es verdad: desechemos toda esperanza. En este presupuesto creo
que sólo hay dos cifras que se van a cumplir: el sueldo de los
funcionarios y la tarifa de renta; lo demás, Dios sabe cómo
terminará.
Ha dicho algunas cosas el señor Cámara en las que sorprendentemente
coincido con él desde el punto de vista de señalar cuál es la
posición del Partido Popular, no coincido con él sobre otras
circunstancias. En cualquier caso, deberíamos ser conscientes de que
en este momento en la sociedad española hay gente que tiene algún
tipo de dificultad, unos más y otros menos, y hay gente que ha
querido hacer frente a la realidad económica de España de alguna
manera. Nosotros estamos en un escenario de costes muy poco
estimulante y tenemos una situación en la que las empresas españolas
han venido perdiendo rentabilidad y experimentando pérdidas en el
beneficio y hasta ahora han mantenido volúmenes razonables de empleo
porque creían que iba a haber unas expectativas. Mi pregunta es:
¿Cuánto tiempo se va a poder mantener esta situación? ¿Durante cuánto
tiempo las empresas españolas van a poder mantener la creencia de que
aquí no pasa nada? que es lo que les dice el Gobierno. Si uno se
acerca al discurso de presupuestos del año 2001 había tres cosas
fundamentales: el precio del crudo, la cotización del euro y la
marcha de los convenios. Ninguna de las tres dependían ni de Aznar ni
de Rato ni de Montoro. La semana pasada hemos visto cómo Montoro iba
a uno de los cenáculos de la derecha y decía que lo importante en
este momento para recuperar la economía es la caída de los tipos de
interés, la caída de los precios del IPC y la caída de los precios de
las materias primas. Ninguna de esas tres cosas depende de Montoro.
Mi pregunta es: ¿Cuánto tiene que caer la economía española para que
este Gobierno asuma alguna responsabilidad en torno a la misma?
¿Cuánto tiempo tiene uno que ver cómo baja
trimestre a trimestre? Porque ha bajado al 2,5 por ciento, pero había
bajado al 3,3 y había bajado desde el 3,6 por ciento. Es decir,
llevamos desde el segundo trimestre del año 2000 con una fuerte y
rápida caída en la actividad económica y el Gobierno sigue
comportándose de manera impasible y nos dicen: Bueno, seguimos
creciendo mejor que el resto de las naciones europeas. Mire usted,
mal de muchos, epidemia. Este Gobierno debería, en este momento,
poner en marcha algún conjunto de medidas que pudieran generar una
expectativa, en los agentes sociales, para ser capaces de encarar el
próximo futuro. Creo que en unas circunstancias tan inciertas como
las que hoy vive la economía europea hacer una apuesta sensata, por
hacer un discurso de país donde los agentes sociales, los sindicatos,
los empresarios, las instituciones se comprometan con una actitud
destinada a superar la crisis, es bueno. Cuando uno se acerca a esta
realidad no es que el Grupo Popular haya reflexionado, no, señor
Cámara; el Grupo Popular ha sacado del armario (El señor Villarrubia
Mediavilla: Hay mucho armario aquí.) el proyecto de presupuesto que
tenía antes del mes de julio, ha sacado un presupuesto que nace,
absoluta y totalmente, anticuado, que no responde a la realidad de la
economía española en este momento, a la necesidad de la economía y de
la sociedad española en este momento y que tiene el peor de los
panoramas que puede tener un documento de esta naturaleza. Es un
simple ejercicio de ficción carente por completo de credibilidad.
El señor PRESIDENTE: El señor Núñez, en nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra para un turno de réplica.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Voy a ser breve, señor presidente, porque me
parece que nos quedan muchas horas de diálogo de sordos; o sea, que
cada uno vamos a estar en nuestras posiciones. No hay peor sordo que
el que no quiere oír. Quizás con estas primeras intervenciones
evitemos repetirnos durante las próximas 50 horas en nuestras
posiciones irreductibles. Me asombra esa continua alusión del Partido
Popular a lo que ha pasado, porque podemos hasta estar de acuerdo en
políticas anteriores y en cómo va la economía, en lo que ha ido bien,
pero aquí estamos hablando de lo que va a pasar, no de lo que ha
pasado; no estamos hablando de medidas de presupuestos anteriores,
con una economía internacional con otras claves distintas de las de
ahora mismo, sino de qué hay que hacer con un nuevo escenario que
tiene muy poco que ver con el de estos años atrás en los que ha
gobernado el Partido Popular. Tampoco es el escenario inverso, o sea,
que en lugar de estar en una situación de bonanza internacional y de
crecimiento, estamos en una situación de recesión. Hacen paradigmas
del equilibrio financiero como único instrumento capaz de resolver
todo, y yo diría, señoría, que hasta ese instrumento es mentira. ¿De
qué equilibrio
financiero estamos hablando si los ingresos son mentira y los
gastos también? ¿Hemos analizado la liquidación de presupuestos
anteriores? ¿Estamos de acuerdo en que el papel lo aguanta todo, pero
que estos números no son ciertos? ¿Qué bandera estamos sosteniendo
entonces? ¿Un equilibrio ficticio en el papel como único argumento
con lo que está cayendo? ¿El mismo argumento que hace cuatro meses,
porque da igual que caiga más o que caiga menos?
Yo creo, señorías, que nos encontramos ante una posición
irreductible, que no tiene en cuenta lo que está pasando y si esta va
a ser la posición que se va a mantener durante las horas que nos
quedan de debate, yo por lo menos me voy a ahorrar muchas
intervenciones, puesto que nuestras posiciones están escritas y en
las enmiendas que tienen todos los grupos. Me parece que han pasado
cosas en el mundo como para hacernos reflexionar sobre ellas y hacer
algunos cambios. No está pasando lo mismo que hace cuatro meses y
dentro de cuatro meses no va a suceder lo mismo que ahora. No vaya a
ser que esos cambios -que ninguno de nosotros sabemos prefijar
exactamente, pero parece que los expertos vislumbran en qué
dirección- vayan a caer sobre los hombros de los de siempre, sobre
los hombros de los que van a pagar la crisis, de los funcionarios.
Como decía el portavoz del PSOE, de lo poco seguro que hay, es que
sobre los hombros de los funcionarios va a recaer la carga de la
diferencia entre la inflación real que vaya a tener el país y el
número que aprobemos aquí, el 2 por ciento de crecimiento de sus
salarios, y eso ya está prefijado. Aparte de otras medidas
correctoras, como he dicho antes, sobre los más débiles, buscando la
convergencia, como digo, no sólo con Europa, que es sana, sino la
convergencia interior entre las comunidades autónomas españolas.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor
Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: La verdad es que si alguien
está sorprendido de alguna intervención, especialmente de la del
señor Núñez, es nuestro grupo parlamentario. Me ha encantado,
realmente ha sido delicioso ver la finura del entendimiento que el
señor Núñez hace de la ejecución del presupuesto del año 2001. Dice
que los ingresos son mentira y que los gastos también. Señor Núñez,
hace usted un fraude porque para poder acreditar esas afirmaciones
que usted hace con tanta rotundidad por lo menos habrá que haber
tenido interés en saber cómo se ejecuta el presupuesto de 2001 y, que
yo sepa, usted no ha acudido nunca a la Comisión de Presupuestos en
las sesiones en las que se ha visto la ejecución presupuestaria. Por
lo tanto, nuestro grupo entiende que por la posición política que
usted sustenta sobre los ingresos y los gastos, estamos en presencia
de un fraude. Ustedno conoce cuál es la ejecución presupuestaria y,
sin
embargo, se permite el lujo de decir que es mentira. Pues
sencillamente no es así.
El señor Fernández Marugán dice que esto no da respuesta a nada. Yo
lo que sí recuerdo es que el Partido Socialista nunca da respuestas y
en esta ocasión tampoco me ha dicho de qué modo se pretende, a través
de las propuestas del Partido Socialista, configurar un presupuesto
más útil para afrontar esta época de incertidumbre y de dificultad
económica que vive España. En su réplica tampoco he podido ver que se
haya deslizado, ni remotamente, la existencia de una propuesta que
pueda restituir la bondad del presupuesto público, por cuanto que
esto es de interés de todos, no sólo para el Partido Popular, sino
también para el Grupo Socialista. Si tienen interés, podía haber
aprovechado algún minuto de su tiempo para explicar dónde está de
verdad la forma en que el Grupo Socialista va a contribuir a que esta
equivocación mantenida y sostenida por el Grupo Parlamentario Popular
y por el Gobierno se pueda enjugar con las propuestas del Grupo
Socialista. Estoy hasta tentado de traer aquí discursos que se
hicieron por parte del Grupo Parlamentario Socialista en el año 1996,
del propio señor Gimeno y después del señor Borrell, en los que se
dicen las mismas cosas. No se es capaz de mudar ni de argumentos,
siendo la situación económica completamente distinta. El señor Núñez
sí ha dicho en su intervención, menos mal, que está dispuesto a
reconocer la existencia de políticas favorables para la economía
española en los últimos años, algo que no ha sido capaz de reconocer
ningún grupo de esta Cámara, aunque ha sido desafortunada en otros
puntos, sin ninguna duda. (Risas.) En este punto, señor Núñez, debo
decirle que tiene razón. (El señor Núñez Castain: Una de cal y otra
de arena.) Lo que hemos podido comprobar es que cuando al Grupo
Socialista se le ha ocurrido poner sobre la mesa alguna alternativa,
dice que hay que bajar los impuestos de hidrocarburos, hazaña
política de indudable valía en aquella época, y poner en marcha la
tarifa plana para ricos en el IRPF, por boca del señor Sevilla hace
unos meses. Yo entiendo que es muy difícil poner en circulación
propuestas si la percepción que tiene la opinión pública es como
aquella propuesta sobre el IRPF del señor Sevilla sobre la que nunca
más nadie supo nada, en momentos difíciles para el Gobierno en los
que lo que hacía falta era socavar la acción del Gobierno y no otra
cosa. Entonces propusieron bajar los impuestos de los hidrocarburos.
Ahora hay una situación muy difícil, hasta donde ustedes quieran de
difícil, pero tampoco parece que haya ninguna respuesta ni meditada
ni serena ni estructurada por parte del Grupo Parlamentario
Socialista. Ustedes dicen que habrá que ver la respuesta que el
Gobierno da a la situación de crisis internacional a través del
documento presupuestario. Bueno, pues aquí está. Nuestro grupo dice
que habrá que ver cuál es la respuesta que da la oposición a la
situación de crisis internacional a través de sus enmiendas, puesto
que le
merece mal crédito o mal juicio político el documento presupuestario.
Créditos vinculantes, autorizar transferencias de crédito entre uno o
varios programas, autorizar transferencias entre uno o varios
programas. Lo mismo. Y así es imposible. Sería mucho más fácil
someterse a otro juego y esto podría ganar mucha consideración de
cara a la opinión pública y al inexistente e insistente interés que
tienen los medios de comunicación por este debate en el día de hoy:
poder estar estableciendo dos conductas, dos formas de entender la
política presupuestaria, dos formas de concebir la forma de resolver
los problemas que tiene España. Pero, señorías, lo que existe en este
momento es que tan solo hay una, la que pone de manifiesto el
Gobierno del Partido Popular, y ante eso la nada.
El señor PRESIDENTE: Damos por concluido Título III el debate de los
títulos I y II. Pasamos al debate del título III del proyecto de ley,
artículos 20 a 31, ambos inclusive.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Serna. (Rumores.) Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Cuando iba a empezar a hablar, he oído lo del
Grupo Popular. No sé si al señor Merino le gustaría mucho. (El señor
Merino Santamaría: Encantado.) Ya sabe que trabajamos juntos desde
hace año y medio, juntos, pero no revueltos.
Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta 9 enmiendas al título III, tres de ellas a los artículos 21,
24 y 36, y el resto a las disposiciones adicionales. Estas enmiendas,
excepto una, antes de que me lo vaya a decir el portavoz popular,
como le he escuchado anteriormente al debatir los títulos I y II, son
casi semejantes a las del año pasado. La razón es que el título III
de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 es
literalmente igual al del año 2001. Nosotros teníamos preparadas
algunas cuestiones relativas a gastos de personal y se había generado
una cierta expectativa respecto a los planes de pensiones y
retribuciones variables. Sin embargo, hay que decir que el ministro
de Administraciones Públicas, el señor Posada, no ha conseguido
acuerdos con la mesa general, con las organizaciones sindicales y,
por tanto, han desaparecido del mapa político y no sabemos muy bien
qué pasa con ello.
Al igual que el año pasado, tenemos un profundo desacuerdo con el
título III, que se basa fundamentalmente en dos razones importantes,
estos presupuestos tienen como base económica dos cuestiones. Por un
lado, los supuestos que el año pasado llamábamos religiosos, y que
para ser respetuosos vamos a llamarles hipótesis económica de un
crecimiento del 2,9. En los presupuestos del año 2001 se suponía que
el crecimiento sería del 3,6 y a día de hoy vemos que hemos crecido
un 2,5. Del mismo modo, la hipótesis o el supuesto de
la inflación del 2 por ciento, en este momento ningún experto
económico ni ningún analista dice que se pueda cumplir, y en la zona
euro no se bajará del 3 por ciento. ¿Qué es lo que ocurre en este
momento? El año pasado también veíamos que la hipótesis de la
inflación iba a ser del 2 por ciento y a día de hoy estamos en el
3,4. ¿Por qué decimos esto? Porque, esto nos lleva a que año tras
año, nos encontremos con una pérdida de la capacidad de renta, con
una pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos. Como
esto sucede año tras año, yo no sé si sugerirle al presidente de la
Comisión que el título III en vez de llamarse de los gastos de
personal, se llamara del deterioro económico de los trabajadores del
sector público, porque eso es lo que estamos viendo una y otra vez.
De todas maneras hay que ser riguroso en estas afirmaciones
y quisiera ponerle dos ejemplos que podrían sustentar las afirmaciones
que hace mi grupo. En primer lugar, nos encontramos con que, sin que
hayan terminado los acuerdos entre la patronal y los sindicatos sobre
la negociación colectiva de nada menos que de 1.300.000 trabajadores
del sector privado -repito, la cifra de 1.300.000 porque hay
2.000.000 de empleados públicos y por tanto -hay una gran semejanza
en ambas cifras-, se han firmado ya subidas del 3,6 por ciento para
el año 2002, basándose en la evolución real de la inflación. Sin
embargo, en el sector público, y con datos elaborados por el
Ministerio de Hacienda, nos encontramos -no voy a leer año tras año-
con que desde el año 1996 hasta el año 2001 la evolución del
incremento salarial es de 11,4 puntos, mientras que la evolución del
IPC es de 17,5 puntos. Eso significa que los empleados públicos han
perdido nada menos que 6 puntos. Año tras año, y en todas las
comisiones de Administraciones Públicas, fundamentalmente, nos
encontramos con que el Gobierno tiene la curiosa teoría de que esto
no ocurre y de que los empleados del sector público no han perdido en
absoluto capacidad adquisitiva, sino que incluso han llegado a ganar
4 puntos. Esto es sorprendente. De todas maneras, este año cuando
comparecieron los altos cargos del Ministerio de Administraciones
Públicas tenían como base un dato, y es que el gobernador del Banco
de España, el señor Caruana, en comparecencia en esta Cámara, había
dicho que los salarios del sector público habían evolucionado en un
5,9 por ciento. Nada más lejos de mi intención que decir que el señor
Caruana se equivoca, pero la masa salarial no es 5,9, sino 5,3. Me ha
parecido curioso que el señor Caruana haya sido tan enormemente
diligente a la hora de seguir la evolución de la capacidad
adquisitiva de los empleados públicos y, sin embargo, haya sido
enormemente negligente a la hora de vigilar determinados
departamentos de la Administración pública que si los hubiese
vigilado, como es su obligación, quizás la estafa multimillonaria de
Gescartera no se hubiese producido. Por esa razón, por esa
negligencia, el Grupo Parlamentario Socialista pide su dimisión.
Quería decirle al portavoz del Grupo Popular, que es con quien he
estado debatiendo durante todo este año y medio de la VII
Legislatura, que es cierto que la masa salarial ha subido un 5,3 por
ciento, no un 5,9. Esos son los datos que yo obtengo de Hacienda.
Pero, ¿por qué el Grupo Socialista presenta estas enmiendas? Porque
la distribución de esa masa salarial está generando situaciones de
gran injusticia. Les voy a indicar también datos de Hacienda y no voy
a tomar todos los años, porque se les pondrían los pelos de punta,
sino solamente la diferencia del año 1999 al año 2000. El grupo A de
los empleados públicos ha aumentado en un año el 14 por ciento de su
salario, el grupo B el 16,72 -y ahora viene el bajón-, el grupo C el
5 por ciento, el grupo D el 1,9 y el grupo E el 0,65. Por tanto, es
muy grave cómo se está haciendo esa distribución de la masa salarial,
teniendo en cuenta que los grupos C y D son el gran núcleo de los
empleados públicos. ¿Qué es lo que ocurre, y de ahí nuestras
enmiendas? Que esa distribución de la masa salarial sería más
objetiva si se hiciese por ley, es decir, por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado. Sin embargo, se hace de una forma totalmente
subjetiva, porque es el director de cada departamento quien decide
cómo deben hacerse las retribuciones variables en los conceptos de
productividad y de disposición del servicio. Por gastar una pequeña
broma, el reparto de esta masa salarial se parece al reparto que ha
hecho Repsol de sus 600 millones de pesetas para publicidad, ya que
ha repartido para el 0,14 por ciento de los 18 millones de oyentes
radiofónicos de este país, a 6 emisoras de la familia Rato, el 6,6
por ciento, nada menos, de ese gasto millonario de 600 millones. Eso
que ha hecho Repsol es lo que está haciendo la Administración en el
reparto, de la distribución del salario de los empleados públicos.
Los salarios del sector público tienen que atenerse a la inflación
real y no a la inflación virtual que, año tras año, nos trae el
Gobierno a esta Cámara. Por otro lado, queremos decir que esto no
generaría, como también me dicen continuamente los portavoces del
Grupo Popular, desequilibrios en las cuentas del Estado. Para no
generar desequilibrios en las cuentas del Estado, el Grupo
Parlamentario Socialista ya ha hecho dos propuestas. Una es que sería
bueno que hubiese una deflactación de las tarifas del IRPF. Así no se
perdería, por ejemplo, capacidad de renta o capacidad adquisitiva.
Pero les puedo hacer también otra pequeña propuesta y es que la
Agencia Tributaria cumpla con su obligación, porque si en este
momento tenemos 1 billón 300.000 millones de deuda pendiente de cobro
por fraude fiscal, según consta en la memoria de la Agencia
Tributaria del año 2000, fíjense con ese billón lo que podría pagarse
a los empleados públicos, con la pérdida salarial de seis puntos que
tienen. Como ustedes saben, señorías, desde que gobierna el Partido
Popular, esa
deuda se ha incrementado anualmente en 66.000 millones de pesetas.
Esa negligencia genera un mal sueldo para los empleados del sector
público.A menudo, cuando hablamos de la convergencia real con Europa,
se dice que la gente no lo entiende. Señorías, en el mismo instante
en que, a partir de enero, la nómina aparezca en euros y se compare
la nómina de empleados públicos franceses, alemanes, suecos o
españoles, los empleados públicos entenderán perfectamente a qué nos
referimos cuando hablamos de convergencia real con Europa.
La segunda razón que al Grupo Parlamentario Socialista le hace estar
en profundo desacuerdo con el título III es que, cuando se analizan
los gastos de personal, cuando se hace una radiografía al título III,
nos encontramos con que hay síntomas de enfermedad administrativa,
que podríamos verlos en tres grandes cuestiones. No solamente en las
escasas remuneraciones de los empleados públicos, sino también en que
hay una congelación de plantillas en un momento, en la anterior
legislatura, fundamentalmente de crecimiento económico, donde la tasa
de reposición es del 25 por ciento. ¿Y qué es lo que está ocurriendo
con eso? Pues que ha crecido de forma alarmante la temporalidad. Le
voy a dar dos cifras: el 33 por ciento de temporalidad en las
corporaciones locales y el 20 por ciento en la Administración general
del Estado, el 20,3 si quieren ustedes que seamos más exactos. Yo
solamente quisiera dar un dato que siempre me parece alarmante y es
que esa temporalidad proviene de la externalización de servicios.
Quiero recordarles que de cada cien accidentes laborales que hay en
España, ocho -y hablo de muertes- corresponden al sector público. Y
en cuanto a la externalización de servicios que está generando esa
congelación de plantillas, quiero recordarles que en algunos
programas, y no solamente del Ministerio de Administraciones Públicas
-que ha sido mi competencia tener que analizarlos- sino de diversos
ministerios, la externalización de los servicios públicos ha crecido
en más de un cien por cien. ¿Cuál es la conclusión? Que ese deterioro
y esas escasas remuneraciones están generando mala calidad en los
servicios públicos y descontento en los empleados públicos. El año
pasado, en el debate de los Presupuestos Generales del Estado de
2001, ese descontento dio lugar a huelgas en diciembre, creo recordar
que los días 14 y 15 de ese mes, y este año los funcionarios nos
están indicando -lo estamos viendo a través de los medios de
comunicación- que harán movilizaciones durante los meses que dure la
presidencia europea por parte de España.
Teniendo en cuenta estas dos grandes razones, mi grupo presenta estas
enmiendas, que podríamos dividir en tres grandes bloques. Cuatro de
ellas están establecidas para aumentar el bienestar social y
económico de los funcionarios públicos. La enmienda 1052 defiende la
compensación de la pérdida del poder adquisitivo de los empleados
públicos durante el año 2001 y, para
ello, se solicita que se establezca en enero de 2002 una paga
consolidable cuyo importe será equivalente a la desviación de
inflación producida. La enmienda 1053 establece la garantía del
mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos durante
este año, según el IPC acumulado entre noviembre de 2001 y noviembre
de 2002. La enmienda 1054 está referida a las pagas extraordinarias.
¿Qué se intenta con ello? Que el modelo retributivo de las
administraciones públicas se vaya acercando al de otros sectores,
como el sector privado, pero también al de otras administraciones
europeas, donde las pagas extraordinarias forman parte del sueldo
mensual. La enmienda 1057 establece la necesidad de consignar una
partida de estos presupuestos, equivalente al 0,5 de la masa
salarial, para financiar programas de acción social para los
empleados públicos. El segundo bloque, con tres enmiendas, está
dedicado a la mejora de la calidad de los servicios públicos,
evitando la temporalidad en el empleo y la externalización de esos
servicios. En este sentido van las enmiendas 1029, 1055 y 1056. Por
último, presentamos un bloque de enmiendas relacionado con la
publicidad y la transparencia que siempre debe haber en las
administraciones públicas. En este sentido, la enmienda 1030, que
está referida a las retribuciones de los altos cargos, establece que
el complemento de productividad no superará el 30 por ciento de sus
retribuciones. Retribuciones que, como ustedes saben, esperamos que
no se acerquen a la indemnización del 30 por ciento que ha aumentado
Hacienda para los altos cargos que dejen su puesto. Por último, la
enmienda 1031 establece que los contratos de personal realizados con
cargo a los créditos de inversiones deberán ser informados
trimestralmente, tanto a las organizaciones sindicales como a esta
Cámara.
Quisiera acabar señalando que esto que dice mi grupo - y que lo
venimos diciendo año tras año con las matizaciones, escasas, que van
apareciendo en los Presupuestos Generales del Estado- no es solamente
lo que piensa la mayoría de la oposición, sino que también lo piensan
los analistas. Quiero leerles cuatro líneas aparecidas en un
periódico económico, en Cinco Días, hace escasas semanas. Dice: El 2
por ciento de la inflación presupuestado para este año está ya casi
en el 4 y el incremento medio anual será del 3,5. El Gobierno
insiste, para este año, en el 2 por ciento. En esto, la credibilidad
está totalmente perdida. En el fondo, no es un error -entre
comillas-, sino que, simplemente, lo que quiere es fijar las
retribuciones de los empleados públicos muy por debajo de los
precios, es decir, lo que se hace es establecer por ley una
congelación parcial de los salarios en la Función pública.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), el señor López de Lerma tiene la palabra.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: En este título III, señor
presidente, no tenemos enmienda alguna y tampoco es necesario fijar
la posición respecto de otras enmiendas.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, el señor Ruiz tiene la palabra.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): A este título III, Izquierda Unida
presenta 22 enmiendas y la mayoría hacen referencia a la eliminación
de límites de la tasa de reposición de efectivos, convocatoria de
interinos, programas de estabilidad en el empleo, eliminar la
obligación de limitar en comunidades autónomas y ayuntamientos el
límite del 25 por ciento, al aumento salarial, del 3,6 por ciento en
las retribuciones básicas y del 1 por ciento a los colectivos
desfavorecidos, plazas militares, retribuciones de altos cargos,
transparencia en las retribuciones del Banco de España, complemento
de productividad, etcétera.
Las enmiendas que presenta Izquierda Unida a este título se refieren
básicamente a las tres cuestiones que hoy afectan a la Función
pública española, entiéndase los límites a la reposición de
efectivos, la tasa de temporalidad y la pérdida de poder adquisitivo.
El fijar un 25 por ciento de máximo de tasa de reposición de
efectivos en las ofertas públicas de empleo, así como la aplicación
de este criterio a las corporaciones locales, no ha supuesto un
ahorro público, sino un aumento de la temporalidad en la Función
pública. Según el Instituto Nacional de Estadística, entre los años
1997 y 1999 ha aumentado en 63.000 el número de los trabajadores de
la Administración pública con relación temporal o interinidad.
Obviamente, se trata de contratos que no responden a una naturaleza
temporal sino a puestos de trabajo con dotación presupuestaria que
quedan vacantes y que se corresponden con actividades permanentes de
las administraciones. Si la ausencia de beligerancia contra la
temporalidad es uno de los más evidentes reproches que puede hacerse
a la política del Gobierno, cuando se refiere a la Función pública ya
no se trata de un reproche sino de la contestación de una voluntad
política de precariedad. Cuando este límite se aplica a comunidades
autónomas y especialmente a los ayuntamientos, los efectos son más
perniciosos para la estabilidad, pero sobre todo para la prestación
con calidad de los servicios de proximidad y bienestar, que son los
que más recurren a esta temporalidad. Estas son las razones que
justifican la eliminación de la mencionada tasa de reposición, su
aplicación a comunidades autónomas y corporaciones locales y el
mandato que se incluye de que la Administración pública no recurra a
empresas de trabajo temporal, cuestiones que deben extenderse
igualmente a las plantillas militares mediante la fijación de una
tasa de reposición de al menos el 50 por ciento de las vacantes. Se
propone igualmente un programa
de trabajo específico que tienda a corregir estas tendencias de
incremento de la temporalidad en el empleo Existe un acuerdo con los
sindicatos, Comisiones Obreras y CESIF, para mejorar la estabilidad
en el empleo que no se está desarrollando especialmente en
comunidades autónomas y corporaciones locales.
Nuestras enmiendas proponen igualmente abrir procesos de negociación
colectiva que desarrollen estos acuerdos y limiten definitivamente la
temporalidad. Los presupuestos para el ejercicio 2002 inciden en la
conocida política de deteriorar la capacidad adquisitiva de la
Función pública. El incremento previsto no sólo no se encuentra
alejado de la inflación media, el indicador que realmente mide la
evolución de precios, sino que no cubre el IPC que racionalmente cabe
esperar, lo que deteriorará aún más la situación de las rentas de los
empleados públicos. Proponemos, en consecuencia, el aumento del 3,6
por ciento de las retribuciones básicas, así como la constitución de
un fondo de un 1 por ciento de estas retribuciones, con el objeto de
mejorar la posición de colectivos desfavorecidos que han padecido
especialmente esta pérdida de poder adquisitivo en los últimos años.
Nuestras enmiendas constatan que existen mecanismos para evadir esta
pérdida de capacidad adquisitiva. Nos referimos a la distribución
arbitraria de la productividad, la opacidad en las remuneraciones de
los altos cargos y la falta de transparencia de las retribuciones en
el Banco de España. A corregir estos aspectos se destinan varias de
las enmiendas presentadas. Se pretende, por último, una nueva
regulación de las plantillas.
En definitiva, como decía, estos son los objetivos de las enmiendas
de Izquierda Unida, y con el permiso del señor Merino, que
seguramente nos argumentará que estas enmiendas técnicamente no son
correctas, esperamos que se tengan en cuenta para algo que venimos
planteando ya desde hace tiempo y que el Partido Popular se resiste a
aceptar, y es que estos planteamientos no son solamente de esta
oposición, que no permite el juego político o que de alguna forma es
una oposición beligerante con el Partido Popular porque no
coincidimos políticamente con sus planteamientos, sino que
reiteradamente se plantean por los negociadores sociales, por los
propios sindicatos, por los propios trabajadores que tienen estas
mismas inquietudes y a los que, una vez tras otra, no se les atienden
sus reivindicaciones.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene
la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Antes comentaba el señor Cámara que el
debate no tenía interés y que no había presencia de los medios de
comunicación. Cómo va a tener interés el debate, señor Cámara, si
ustedes no están dispuestos a aceptar ninguna enmienda de los grupos
aquí presentes. (El señor Cámara RodríguezValenzuela:Han de ser
buenas) Yo creo que todos
tenemos aquí buenas propuestas, buenas enmiendas y buenas
iniciativas, y despreciar, como ha hecho anteriormente, la labor de
la oposición, me parece que no es una buena publicidad para esta
Comisión ni para lo que todos debemos hacer, que es contribuir a
mejorar estos presupuestos.
En el capítulo I, las remuneraciones de los funcionarios suben el 2
por ciento; ése es el único esfuerzo que está haciendo el Partido
Popular: crecimiento en la economía española, que sí lo hay,
crecimiento de los salarios al 2 por ciento. Funcionarios,
pensionistas, pensiones no contributivas, incluso las taquígrafas, el
letrado y los aquí presentes, vamos a tener un incremento del 2 por
ciento. ¿Es ese el esfuerzo del Partido Popular? ¿Con eso van a
intentar contribuir al déficit cero? Pero hay que ser muy conscientes
de qué colectivos están permitiendo esa política sin sentido del
déficit cero del Partido Popular, y lo están permitiendo en gran
medida los funcionarios, los pensionistas y los colectivos afectados
por el presupuesto público. ¿A dónde nos va a llevar esto? Esto nos
va a llevar a una Función pública absolutamente deteriorada, con unos
salarios que van perdiendo poder adquisitivo, con una cualificación
que va a ser cada vez menor, en definitiva, nos va a ir llevando
a una Administración cada vez más pequeña y peor, pero esa es la
política del Partido Popular. Yo creo que ahí no nos tenemos que
sorprender ninguno. Lo que sí quisiera preguntarle es hasta cuándo
van a seguir con esta pérdida de poder adquisitivo de los salarios de
los funcionarios y pensionistas, cuándo va a parar el Partido Popular
de hacer esta política y va a tener otro planteamiento de política
económica que permita cumplir con sus objetivos estratégicos, sin que
sean exclusivamente los funcionarios y pensionistas los sacrificados
en esta materia.
Nosotros hemos presentado, como había dicho anteriormente, dos
enmiendas a este título, que no son sino para denunciar una vez más
la regresión autonómica, o el papel o la visión que tiene el Partido
Popular sobre el Estado autonómico. No entendemos -eso sí que me
gustaría que me lo explicaran- por qué la subida salarial en la
Administración autónoma, pongamos por ejemplo la vasca, tiene que ser
idéntica a la de la Administración del Estado. ¿Por qué no se tiene
en cuenta la realidad de cada administración, el punto de partida y
otro montón de factores? Ustedes optan por el café para todo el
mundo. Yo creo que esto no tiene ningún sentido. Esta es una política
fácil pero no es una política coherente ni es una política con visión
a largo plazo. Con la oferta de empleo público pasa un tanto de lo
mismo, y no tiene ningún sentido que desde el Estado se legisle con
carácter básico en estas materias, porque podríamos llegar a pensar
por qué en otros capítulos no, o en otros programas, qué tiene el
capítulo VI que no tenga el capítulo I, y así sucesivamente. Esto al
final, llevado al absurdo, obligaría que tuviéramos que tomar agua de
Fuensanta en el Parlamento vasco. Yo creo que
esto es llegar mucho más allá de lo que sería razonable, pero creo
que ésa es la política o la visión autonómica del Partido Popular.
Las enmiendas 586 y 587 que plantean la supresión, por una parte, del
artículo 20 del proyecto de ley sobre bases y coordinación de la
planificación general y de la actividad económica en materia de
gastos de personal al servicio del sector público. Esto es un
sinsentido, como he comentado, y creemos que la inclusión de este
conjunto de normas básicas en relación con el incremento de los
gastos de personal al servicio del sector público, al amparo de la
ordenación general de la economía, más que evitar la distorsión de la
ordenación general establecida por el Estado, supone la alteración
del propio orden constitucional de distribución de competencias y la
reducción del margen de decisión para desarrollar una política
propia, por lo que resulta conveniente la supresión de la
consideración como básicas de tales normas. Esto es lo que dice la
enmienda 566 y la enmienda 567, referida a la oferta de empleo
público, va en el mismo sentido.
Con lo que les he comentado lo que hacemos es plantear una vez más,
porque esto lo hacemos año tras año y recibimos la misma respuesta
del Partido Popular, que esto no tenga que tener carácter básico
porque es un absoluto sinsentido.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Yo quiero comenzar aclarando, dada la
intervención anterior del señor Cámara, mi posición sobre la
falsedad, la mentira, de los datos del presupuesto. Por cierto, y
como paréntesis, me acusa de no poder hablar de la liquidación
presupuestaria porque falté a la reunión de esa Comisión, cosa
absolutamente increíble, porque desde luego hay personas en este país
que son capaces de hablar de la liquidación presupuestaria sin haber
estado en esa Comisión. Yo espero que el señor Cámara se abstenga de
hablar alguna vez del título III de los presupuestos porque ahora
mismo no está aquí y, por tanto, pienso que el título III no se lo
sabe, aunque como tiene equipo detrás vamos a suponer que los que hay
son los sustitutos del señor Cámara, y que no recurra más a esa
descalificación fácil a un miembro del Grupo Mixto que está en todas
las comisiones de este Congreso de que no hable de algo cuando no ha
estado presente en la Comisión. Pues sí, voy a hablar de algo aunque
no estuve preente en la Comisión porque además me lo sé. Yo creo que
son errores de previsión; vamos a llamarles, por ser más educado, en
vez de mentiras errores de previsión. Es evidente que los
presupuestos del año 2001 tienen y contienen errores de previsión,
porque están pasando cosas que no estaban en los papeles, y que el
crecimiento, la inflación, los datos macroeconómicos no se han
cumplido, y si no se han cumplido no cuadran,
y si se quiere que cuadren va a ser muy complicado, porque si jugamos
al cuadre por el cuadre... (El señor Cámara Rodríguez-Valenzuela entra
en la Comisión.) El señor Cámara podrá hablar de parte del título
III, de lo que llevo hablado no, a partir de ahora sí (Risas.). Por
mi parte puede usted tomar café cuando quiera, señor Cámara.
Yo creo que esos errores de previsión pueden provenir de dos razones:
una, que se cometen errores, uno hace previsiones de lo que va a
pasar y resulta que después el mundo no va como uno quiere; otra, que
se hacen trampas, y a mí me parece que no hay trampa más estúpida que
la que uno hace en el solitario, porque esa es increíble. Uno puede
hacer trampas mientras está jugando con los demás, pero hacerse
trampas en el solitario es del género estúpido. En cierta manera el
presupuesto del Estado es un solitario del Partido del Gobierno, que
tiene todas las cartas delante, y con ellas construye unos números
que en esta Cámara debemos de suponer que se los cree. Desde luego
como no hay certidumbre internacional pueden fracasar o no, aunque es
legítimo basarlos en unas previsiones, pero a mí me parece que hay
veces que se hacen trampas, porque es tan claro que no van a ser
cumplidas determinadas variables que se contienen en el 2002 que se
está jugando a hacer trampas. Estamos en el título III, estamos
hablando del crecimiento de los salarios de los funcionarios
y estamos autoengañándonos diciendo que el año que viene la inflación
va a ser del 2 por ciento, porque lo dice el Banco Central Europeo,
porque es lo que hemos convenido o por lo que sea; en lo que SS.SS.
estarán de acuerdo conmigo, incluso los del Partido del Gobierno, es
que el año que viene la inflación no va a ser del 2 por ciento. Y en
el caso de que no lo sea, ¿qué? Pues que va a recaer sobre las
espaldas de los funcionarios a los que se les va a disminuir su nivel
adquisitivo, porque si se les incrementa un 2 por ciento y la
inflación se va al 3, al 3,5 o al 4 el año que viene, han perdido lo
que van a perder este año en función de las previsiones del año
pasado.
Podríamos discutir muchas horas sobre cuál va a ser la inflación y
desde luego no nos pondríamos de acuerdo porque ninguno tenemos la
certidumbre en la mano. En lo que sí nos podríamos poner de acuerdo,
y en ese sentido van las enmiendas que presenta mi grupo, en este
caso particularmente las andalucistas, es en introducir en el
proyecto de ley de presupuestos, de una vez por todas, que esa
variación entre la inflación real que contenga cada año y la
previsión de crecimiento salarial que contempla el Gobierno se supla
con una paga anual complementaria a los funcionarios y, por tanto,
que lo mismo que hacemos con las pensiones lo hagamos con los
salarios y no produzcamos disminución de poder adquisitivo en todos
los niveles de personal funcionarial, sean administrativos,
estatutarios o funcionarios propiamente dichos. La propuesta
andalucista va, por tanto, en el sentido de resolver todos los años
el
diferencial de inflación. Nosotros hacemos una previsión del 2,8,
pero estaríamos dispuestos a discutir si va a ser el 2,8, el 2,5, el
3,5 o el 3,2. Todo eso se soluciona con una adenda, como contiene,
creo recordar, la enmienda, 1.666, que diga sencilla y llanamente que
a final de año se ajuste y en abril del año siguiente se complemente
con una paga.
Hay otra cuestión, que es la oferta de empleo público. A nosotros
tampoco nos parece razonable que tengamos que autolimitarnos con este
25 por ciento de la tasa de reposición. Me parece que son objetivos
macro que pueden responder a una buena política, pero que impuestos
linealmente a todas las administraciones y en todos los lugares, ya
se sabe que los sueños de la razón engendran monstruos, y en vez de
buscar una Administración de más calidad, más eficaz, que incluso
puede perder, por qué no, plazas porque se sustituyen por otras
misiones, nos autoimponemos un zapato único, un número único, una
talla única a toda la Administración española y a todas las
circunstancias cuyo cumplimiento vaya en detrimento de los servicios
públicos y de la calidad de estos servicios.
Aunque las enmiendas son muchas -doy por defendidas todas las de mis
compañeros y las mías propias son catorce-, se pueden sintetizar, por
reducir el debate, a esta doble propuesta: una, que no recaiga sobre
los hombros de los funcionarios el diferencial entre la inflación y
el crecimiento; y, otra, que la oferta de ampliación de empleo
público se haga con criterios de racionalidad y de calidad, y no con
este criterio puramente matemático de ir reduciendo porque sí, con
una limitación del 25 por ciento de la tasa de reposición.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Por empezar por algún sitio, vamos a comenzar
por el señor Núñez, del Partido Andalucista, que ha sido el último
portavoz en intervenir. Evidentemente, yo no tengo que defender al
señor Cámara ni suplirlo, porque él sabe perfectamente el contenido
del título III y de todos los Presupuestos Generales del Estado, pero
sus importantes obligaciones le han hecho perder su brillante
intervención de los primeros tres minutos en los que ha estado
ausente el señor Cámara.
Señor Núñez, quiero decirle que la coherencia política debe ser una
norma básica, porque eso hace que los ciudadanos crean a los
políticos, y usted no puede venir a esta Cámara a hablar de trampas
presupuestarias, que no existen en los Presupuestos Generales del
Estado, cuando usted y su partido -y usted ha sido consejero de
comunidad autónoma- han sido cómplices de las múltiples trampas que
se han producido anualmente en los presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Señor Núñez, eso es ser cómplices de las
trampas, porque usted ha sido consejero, y su partido político,
que es socio de Gobierno del Partido Socialista, es cómplice de las
trampas de los presupuestos generales. Que vengan el señor Núñez y el
Partido Andalucista a ensalzarnos las maravillas de la Administración
pública, de los funcionarios y de todo lo habido y por haber en la
Administración cuando en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía del año 2002 plantean ustedes, con sus socios de Gobierno,
la privatización de los servicios sociales de la comunidad autónoma,
es hablar aquí de lo contrario de lo que se hace donde uno está
gobernando. Tendrá usted que explicarnos a los andaluces las
maravillas de la Administración pública autonómica que va a
privatizar, nada más y nada menos, que los servicios sociales, que
siempre han sido una bandera de la izquierda. Luego hablaremos
también con el Partido Socialista de este tema y le pediremos alguna
que otra explicación. Dígame usted qué valor les da a los
funcionarios de los servicios sociales, dígame usted qué calidad le
da usted a los servicios sociales en Andalucía, que son competencia
de la comunidad autónoma, cuando ustedes los van a privatizar. Usted
está haciendo aquí un discurso, permítame que se lo diga,
absolutamente demagógico, de cara a la galería y en la más absoluta
irrealidad de lo que este país está viviendo y de lo que se está
viviendo en España.
Usted presenta una enmienda por la que se modifique la retribución de
los funcionarios del 2 al 2,8 por ciento. ¿Por qué no al 2,5, o al
3,9, o al 4,6? ¿Por qué al 2,8? ¿Es que usted, que dice que el
Partido Popular, el Gobierno y el Banco Central Europeo, que es el
que fija la inflación, no saben si la inflacción va a ser del 2 por
ciento, sabe que la inflación del año 2002 va a ser exactamente del
2,8 por ciento? Le ruego que nos dé a todos, empezando por el Banco
Central Europeo, los datos que le llevan a concluir que la inflación
va a ser del 2,8 por ciento. Por tanto, creo que usted mismo y su
partido, con las actuaciones que realizan allí donde gobiernan,
deslegitiman su intervención en este punto y las enmiendas que
presentan al título III.
El portavoz del PNV ha sido muy crítico en su intervención con que se
tenga que fijar por los Presupuestos Generales del Estado la subida
de los funcionarios y dice que por qué no puede fijar la subida de
los funcionarios o la oferta de empleo su comunidad autónoma, el
Gobierno autónomo del País Vasco. Yo le preguntaría por qué no
cambiaron estas normas los años en los que ustedes votaron a favor de
los presupuestos generales del Estado, por qué asumían estas normas
cuando votaban a favor los Presupuestos Generales del Estado. Ustedes
mismos caen en unas incongruencias entre lo que hacen y lo que hoy
dicen que autoeliminan y autodescalifican sus intervenciones. Si
cuando han apoyado Presupuestos Generales del Estado hubieran
conseguido que su comunidad autónoma, su Gobierno autónomo hubiera
podido fijar la subida de los funcionarios, yo hoy podría admitir su
planteamiento; pero cuando
usted votó a favor los Presupuestos Generales del Estado que fijan el
sueldo de los funcionarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
usted sólo está deslegitimando las enmiendas que está presentando a
los presupuestos del año 2002.
Con respecto a Izquierda Unida, en este momento ausente, aunque le
daremos cumplida respuesta, que ha hecho mucha incidencia en la
temporalidad de los funcionarios, les digo lo mismo que al resto de
los portavoces: ojalá que en los ayuntamientos en los que está
gobernando Izquierda Unida aplicara la norma de eliminar la
temporalidad, porque donde están gobernando lo único que hacen es
incrementar la temporalidad de los funcionarios. Por tanto, es otro
elemento que viene a deslegitimar las enmiendas que están planteando.
Con respecto a la portavoz del Grupo Socialista, si en algún momento
lo desea, sabe que tiene las puertas abiertas del Grupo Popular y
creo que la propia intervención del presidente, que es quien le ha
abierto las puertas, le ha hecho al menos que por primera vez
reconozca que hay incremento de la retribución salarial de los
funcionarios. Estará de acuerdo o no con la distribución, pero al
menos ya hemos avanzado en este año y en estos presupuestos con el
reconocimiento de que hay incremento salarial a los funcionarios.
Mantenemos nuestro planteamiento y creemos que los datos avalan la
postura del Gobierno y del Grupo Popular. El sector de los
funcionarios no está perdiendo poder adquisitivo, porque no es
solamente el incremento que se fija, sino que también los
deslizamientos que se están produciendo y los acuerdos a los que los
distintos ministerios están llegando con los funcionarios son los que
hacen que el poder adquisitivo de los funcionarios no esté decayendo
sino todo lo contrario, que esté incrementándose o al menos
manteniéndose en determinados grupos. Pero a eso hay que unir toda la
política económica del Gobierno, que ha favorecido el poder
adquisitivo de los funcionarios. Ya nos hubiera gustado a nosotros
que el Partido Socialista, en otros años, cuando ellos gobernaban,
que daban incremento cero a los funcionarios, ya le hubiera gustado,
repito, al Grupo Popular que hubieran votado la bajada de impuestos,
porque eso favorecía a los funcionarios; ya nos hubiera gustado que
el Grupo Socialista hubiera apoyado con su voto favorable -siempre ha
votado en contra- medidas económicas que el Gobierno ha presentado
y que favorecían a los funcionarios y al conjunto de los ciudadanos,
porque el Partido Socialista siempre ha votado en contra. Me gustaría
que por la soledad que acompaña en estos momentos al Partido
Socialista, según se dice últimamente en los medios de comunicación,
y a sus líderes, se unan ustedes al Grupo Popular, que abandonen esa
soledad y que empiecen a cambiar sus planteamientos, porque quizá les
iría un poco mejor de lo que últimamente reflejan los datos. ¡Qué
duro es escuchar en esta sala, como hemos escuchado en otras salas,
hablar de la tasa de reposición!
Quien crea la tasa de reposición es el Partido Socialista en los
presupuestos del año 1995. No sé si lo que está diciendo la portavoz
del Grupo Socialista es que no estaba de acuerdo con los presupuestos
del año 1995, que fue cuando ustedes crearon la tasa de reposición, o
que ahora no están de acuerdo porque una medida que ustedes pusieron
en marcha la ha mantenido el Gobierno del Partido Popular. Me
gustaría que de una vez por todas alguien dijera aquí si es que el
Grupo Socialista no está de acuerdo con la tasa de reposición que
creó el último Gobierno socialista, porque quizá entonces podríamos
empezar a entendernos en esta sala.
En cuanto a la externalización de servicios de la que habla la señora
portavoz del Grupo Socialista, le pediría por favor -desde luego se
lo voy a hacer llegar- que hablara con el señor Chaves y que le
hablara de lo que le he planteado antes al portavoz del Partido
Andalucista. No se puede estar aquí criticando la externalización de
servicios, que básicamente la que está haciendo el Gobierno se
refiere a nuevas tecnologías y a contenidos muy técnicos para lo que
no están capacitados los funcionarios y por ello no pueden llevar a
cabo esos trabajos, esa es la externalización que se está haciendo,
cuando ustedes y el presidente de su partido en la Comunidad Autónoma
de Andalucía van a privatizar los servicios sociales de esa
comunidad. Desde luego le haré llegar su discurso al presidente de la
Junta de Andalucía y a la consejera de Economía a ver si a lo largo
del trámite de los presupuestos de la comunidad autónoma son capaces
de meditar sobre las reflexiones que aquí hace el Grupo Parlamentario
Socialista.
En la primera intervención que realizó el señor Núñez, en el título
I, decía una cosa que creo que debe ser elemento de reflexión. Dice
que vamos a estar aquí cincuenta horas. No sé el número exacto de
horas que va a ser, pero si él tiene los datos de la inflación
supongo que tendrá perfectamente calculado que vamos a estar aquí
esas cincuenta horas. Si el diálogo de sordos existe, me gustaría que
los grupos de la oposición reflexionaran sobre si es culpa del
Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular o si es por culpa de la
oposición. Los datos y la situación avalan la política que el
Gobierno del Partido Popular está llevando a cabo; la política
económica del Gobierno está avalada por muchos millones de votos y
por una mayoría suficiente para gobernar España. Señor Núñez, usted
que es un solo representante, un solo diputado de 350, a ver si va
a hacer como el niño que está haciendo el desfile en la mili, que todos
van con el paso cambiado y mi hijo es el único que lleva el paso
bien; a ver si quien está con el paso cambiado es la oposición y no
es el Gobierno de España. Cuando en este país se han creado más de
dos millones y medio de puestos de trabajo, cuando las condiciones
económicas de todos los ciudadanos han mejorado, cuando hemos
acortado las distancias con Europa, cuando estamos en fase de
convergencia con Europa, cuando hemos conseguido ponernos a la cabeza
de los países europeos, porque al llegar al Gobierno de España el
Partido Popular no se cumplía ni uno solo de los requisitos para la
convergencia, cuando somos una de las puntas económicas y cuando
estamos creciendo más que ningún país de la zona euro, creo que a lo
mejor quienes están con el paso cambiado son los grupos de la
oposición y no el Gobierno. Por tanto, les pediría, en cuanto a ese
diálogo de sordos de que se habla, que hagan la reflexión de que a lo
mejor es que este Gobierno no lo está haciendo tan mal como ustedes
piensan.
Desde el Grupo Popular tenemos que decir que nos vemos en la
obligación de rechazar las enmiendas, primero, por la incoherencia en
sus planteamientos, por la diferencia entre lo que dicen y lo que
luego hacen cuando gobiernan; segundo, porque la política que ha
fijado el Gobierno en los presupuestos es coherente, porque los
funcionarios no pierden poder adquisitivo y porque la situación
requiere los presupuestos que se han planteado en este título.
El señor PRESIDENTE: Para un breve turno de réplica, tiene la palabra
la señora Serna, en nombre del Grupo Socialista.
La señora SERNA MASIÁ: Gracias, señor presidente, por recordarme que
soy del Grupo Socialista para no recibir la bienvenida por parte de
mis oponentes. Voy a ser muy breve porque creo que hay que ir
cumpliendo con el orden del día y con el tiempo acordado para las
intervenciones.
Señor Merino, quien dice que los supuestos de inflación y de
crecimiento económico no se sostienen no son los grupos de la
oposición -que es lo que he escuchado esta mañana en relación con
este tema-, sino que lo dice el Fondo Monetario Internacional. Se lo
recordaré: 30 de octubre, El País: El Fondo Monetario Internacional
rebaja por segunda vez en un mes la previsión de crecimiento de
España en el año 2002. No solamente en el crecimiento sino en la
inflación. Dice que desde luego no conseguirá ni siquiera aumentar
más allá del 2,5. También quiero recordarle que en las zonas euro,
por ejemplo en Francia, la inflación está en el 1,4 por ciento y en
Alemania en el 2 por ciento. Ustedes saben muy bien que tienen un
problema grave, que es un descontrol de la inflación, que
generalmente pagan los empleados públicos, y lo pagan porque, por
ejemplo, también en esa misma fecha aparece que las organizaciones
sindicales consideran aceptable el aumento de los salarios en un 3,2
por ciento. A nosotros nos gustaría que efectivamente los empleados
públicos también pudiesen tener esos aumentos salariales, pero,
claro, ¿qué es lo que ocurre? Que, ustedes se basan en una serie de
cuestiones que impiden que se suban. Le voy a recordar sus propias
palabras, señor Merino, que pronunció el día 9 de octubre en la
Comisiónde Administraciones Públicas. No sé si se le escapó,
pero está en su pensamiento y subyace en su ideología en relación con
lo que opinan de los funcionarios. Da igual que usted diga: estos
magníficos funcionarios. Suena igual de chusco que cuando el señor
Rato dice que lo que le ha ocurrido es que ha vendido sus empresas
para que no perdiesen los trabajadores. Esta mañana, o anoche, ya no
recuerdo, en una tertulia de la radio, se decía que fue una
intervención que parecía que había estado fabricada por la factoría
Disney.
Le voy a leer literalmente lo que usted dijo: los funcionarios, en
estos cinco años, maravillosos -esto último lo digo yo- de Gobierno
del Partido Popular han ganado poder adquisitivo. Usted llama
funcionarios a la masa salarial, lo cual es sorprendente, pero añade:
y, sobre todo, es que hay algo que nosotros -el PP- consideramos muy
importante y es que tienen la tranquilidad de que cobran la nómina
todos los meses. Ah, ya. Faltaría más y sería la primera vez en
Occidente que los funcionarios no cobraran su nómina todos los meses.
Ese es el asunto, ¿de acuerdo? Nosotros nunca hemos dicho que la masa
salarial no haya crecido eso. Lo que decimos es que la distribución
es tan profundamente injusta -no voy a repetir las cifras puesto que
ya constan en el «Diario de Sesiones»- que en el sector público, a
causa de la manera en que está gobernando el PP, se está generando
una falta grave de cohesión social, precisamente en gente que cobra
su nómina todos los años. Y dice usted: claro, es que incrementar los
sueldos irá en contra del objetivo de conseguir el déficit cero.
Nosotros hemos hecho una propuesta. Usted dice que no solamente es
por el sueldo que se cobra mensualmente, sino que también ha habido
una rebaja de impuestos, pero usted sabe que las tarifas de hoy del
IRPF no tienen ya nada que ver, precisamente por la evolución del
IPC, con lo que eran cuando ustedes las hicieron. Por lo tanto, como
no tiene el mismo valor, mi Grupo les propone la deflactación de esas
tarifas.
Usted me hablaba de la soledad del PSOE. Ustedes forman parte del
partido que sustenta al Gobierno y si alguien que tiene soledad en
los Presupuestos Generales del Estado, son ustedes -esta mañana se
está viendo con la intervención de todos los grupos-, aparte de que
usted tiene una auténtica neurosis con el señor Chaves. ¿Quiere que
le hable de Zaplana? ¿Quiere que le diga que el 37 por ciento de los
profesores de educación en la Comunidad Valenciana son interinos?
¿Quiere que le diga que allí hay setencientos y pico barracones como
aulas, cosa que no hay ni siquiera en un país latinoamericano?
¿Quiere que le diga esas cosas? Yo vengo a discutir de los
presupuestos del Gobierno de España. Ahora, si usted quiere que nos
vayamos fijando en qué pasa en Andalucía, en La Rioja, etcétera,
estoy encantada porque tengo todos los datos, como usted sabe, los
suelo tener siempre.
Dice usted que la tasa de reposición la inventaron los socialistas.
Señor Merino, usted sabe que en los años 1993-1995 hubo una mala
situación económica en
toda Europa, toda la zona euro. Incluso en aquella época no había una
tasa de crecimiento tan altísima en Estados Unidos y nosotros
pactamos con las organizaciones sindicales el crecimiento cero para
ese año, pero habíamos subido, incluso hasta el 7 por ciento, muchos
años el sueldo de los empleados públicos. Le voy a decir una cosa.
Esa tasa de reposición del 25 por ciento que se hizo en el año 1995
fue coyuntural, señor Merino. Fue una medida coyuntural que ustedes,
desde que gobiernan, han convertido en estructural y nosotros les
decimos que no se entiende que lo tengan así desde el año 1996-1997,
porque ha habido una época de crecimiento, y además esa medida que
era coyuntural y que ustedes han hecho estructural está generando una
altísima tasa de temporalidad en las administraciones públicas. Le he
dado datos que me reconoce el propio secretario de Estado para la
Administración Pública, el 20 por ciento en la Administración general
del Estado y el 33 por ciento en las administraciones locales. Si
quiere, le digo el dato de la comunidad autónoma que yo conozco, la
Comunidad Valenciana, pero no lo haré porque entraríamos de nuevo en
un debate que creo que no toca aquí.
De todas maneras, en cuanto a la externalización, no se trata de que
nosotros no tengamos empleados públicos que puedan hacerla. Ustedes
desde luego no aplican aquel famoso, en su día, documento del
vicepresidente del Gobierno americano, señor Al Gore, que se llamaba
Cómo gobernar mejor gastando menos, porque queriendo un Estado mínimo
lo único que están haciendo es sustentar no los servicios públicos
sino al sector privado. Están gastando muchísimo dinero. Los gastos
corrientes están creciendo a una velocidad increíble. Yo ya le dije
que muchos de ellos están creciendo en más del 50 por ciento. Le he
puesto un ejemplo en la externalización: el 116 por ciento, y como
son datos y cifras publicadas en los Presupuestos Generales del
Estado, me parece que no vamos a discutir por eso que su propio
Gobierno ha publicado porque está ahí. Yo solamente le voy a decir
por qué se produce eso. También en la comparecencia del 9 de octubre,
nada menos que el secretario de Estado para la Administración Pública
dijo algo increíble: quiero decirle que no soy un defensor a ultranza
de lo público, sino más bien de lo contrario. Es decir, que ustedes
han puesto a la zorra dentro del gallinero, porque si el secretario
de Estado para la Administración Pública lo que quiere es privatizar,
no sé qué hace como secretario de Estado para la Administración
Pública. Entendería que estuviese en una empresa, pero aquí me parece
sorprendente. Claro que teniendo en cuenta la concepción ideológica
del Estado que tienen ustedes comprendo que pongan a gente que piensa
de esta manera.
Por lo tanto, en cuanto a la externalización - y precisamente una de
las cosas a las que iba dirigido el 116 por ciento era a la
informatización-, le recuerdo que este país, este Gobierno, España,
creó un cuerpo de técnicos
magnífico, el cuerpo de técnicos informáticos, a los que ustedes
tienen de manos cruzadas. Seguro que no podrán cobrar productividad
porque ustedes se van a empresas privadas que sustentan con el dinero
de todos los españoles, cuando los españoles tienen a magníficos
empleados públicos que pueden hacer esas tareas. Ese es el gran
desacuerdo que el Grupo Parlamentario Socialista y, desde luego, por
las intervenciones que he oído esta mañana, otros grupos de la
oposición mantienen con ustedes. De manera que yo siento la soledad
que tiene el Grupo Popular en relación con el debate de los
Presupuestos Generales del Estado para este año.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo más desea intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el señor Azpiazu Uriarte.
El señor AZPIAZU URIARTE: Intervendré muy brevemente. Me alegro de
que el señor Merino no haya encontrado más flanco de crítica hacia
nuestro grupo que lo que nos ha dicho, es decir, que por qué votamos
los presupuestos con el Grupo Popular algunos años. En los
presupuestos hay de todo y cuando se vota es porque hay un acuerdo,
como usted bien sabe, y dentro de ese acuerdo hay cosas que gustan
más y cosas que gustan menos. Lo que se hace es una valoración global
y supongo que por eso los compañeros que estaban esos años aquí
apoyarían los presupuestos. De todas formas, lo que sí me ha dejado
claro es que la crítica que he hecho yo sobre que la política de
déficit cero se basa en el esfuerzo de los funcionarios y que esa
constituye una política social absolutamente incomprensible me la
admite, lo cual me parece bien. Usted no creerá que el Partido
Nacionalista Vasco ha estado a favor de que el crecimiento de los
salarios de los funcionarios vascos los fije el Estado. Eso creo que
no se le habrá ocurrido, aunque, con todo impetu diga que hemos
apoyado los presupuestos.
Una cosa que sí le he preguntado y que supongo que no dependerá del
Grupo Popular sino más bien del Gobierno es hasta cuándo van a seguir
con esta política de pérdida del poder adquisitivo año tras año de
funcionarios y pensionistas. A eso sí me gustaría que me respondiera
si lo sabe.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, el
señor Núñez tiene la palabra.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: El señor Merino es un viejo amigo, conocido y
paisano y, por tanto, no creo que merezca la pena que dediquemos
mucho tiempo a maniobras de distracción mutua. Si él quiere meterse
con el Partido Andalucista, libre es de hacerlo. Que lo haga donde
quiera y como quiera. Se le contestará en su foro. Si ataca a este
portavoz porque es responsable de lo que hace el Gobierno andaluz
porque fui consejero
en la anterior legislatura, he de decirle que fui consejero con
toda la honra, tengo muchísimo orgullo de haber sido consejero de
Turismo y Deporte, gestión de la que fui primer responsable y por la
que recibí el beneplácito incluso de su grupo. De modo que estoy
dispuesto a debatir mi gestión política, de haber estado de compañero
-comprendo que para usted es un pecado- de haber sido socio del
Partido Socialista, pero qué vamos a hacerle, en esas estamos. Usted
dice que yo llevo el paso cambiado. La única ventaja que tiene ir
solo es no poder llevar el paso cambiado, porque nadie me marca el
paso, lo marco yo solo. Los que estáis en la compañía a lo mejor
tenéis problemas de llevar el paso cambiado, pero a mí no me marca
nadie el paso, solo mi propia conciencia y, por tanto, yo no puedo
llevar nunca el paso cambiado, porque soy un portavoz solitario, con
200.000 andaluces que me han sentado aquí.
Señor Merino, haga el favor de escucharme, si puede; si no, vuelva a
sus argumentos y hable del Gobierno andaluz y de lo que sea, porque
aquí estamos para defender los intereses de España y también -porque
son los mismos- de Andalucía y estamos hablando de los presupuestos
generales del país. Otro día quedamos, tomamos unas copas y hablamos
del Gobierno andaluz, pero hoy vamos hablar del Gobierno de España
que ha presentado estos presupuestos.
Usted me pregunta que de dónde me saco el 2,8, ese conejo de la
gorra. Se lo puedo a explicar, aunque comprendo que lo saco de
señores que no estuvieron en una comisión aquí y, por tanto, pueden
estar profundamente equivocados. Lo saco del gabinete de estudios de
los servicios financieros y bancarios del país, del BBVA, de muchos
expertos, etcétera. Señor Merino, yo estoy con usted -si me ha
escuchado- en que no es este número mágico, que puede estar
equivocado, y el fondo de mi enmienda no es el 2,8; el fondo de mi
enmienda número 1666 -como le he dicho, si quiere se lo repito otra
vez- dice que los funcionarios públicos, civiles y militares, en
actividad y reserva, tendrán derecho a recibir cada año, antes del 1
de abril, una paga compensatoria de la pérdida del poder adquisitivo
que puedan sufrir por la desviación entre el incremento de sus
retribuciones al principio del correspondiente ejercicio económico
y el IPC real al final del mismo. Quiere decirse -vamos al toro, vamos
al fondo, señor Merino- que si usted quiere mantener el 2 en lugar
del 2,8 y admite esto, de acuerdo, retiro el 2,8. Yo estoy intentando
que los funcionarios no entren en detrimento todos los meses, pero,
en fin, si usted les quiere pagar por años atrasados, me da igual,
pongamos el 2, hagamos trampas en el solitario, sabemos que no va a
ser el 2, pero pongámoslo. ¿Por qué? Porque tenemos la solución, que
consiste en que todos los años cuando dé el 2,8, como dicen los del
BBVA, el 3,5 como dicen otros, el 2,1 o el 2, ¿que da el 2?, pues no
pasa nada, no tienenque cobrar nada; ¿que da el 2,5, el 3 o el 3,5?
Habrá
que compensarles. Es decir, aquí de lo que estamos hablando es de la
pérdida del valor adquisitivo de los funcionarios, no del 2,8, del 2,
del 3,5. Ni estamos hablando del Gobierno andaluz, ni de quién lleva
el paso cambiado ni de quién se sabe las cifras mejor; estamos
hablando, pura y llanamente, de la pérdida de valor adquisitivo de
los funcionarios, que el Gobierno hoy por hoy, no le mete mano. Le ha
metido mano a un sector desfavorecido, como son las pensiones, y ahí
ya lo tiene resuelto. Hay un artículo relativo a las pensiones que
dice que no se preocupen los pensionistas, porque si esto va mal, se
les paga, pero lo que estamos diciendo es que no se preocupe ninguno
de los funcionarios públicos no los pensionistas, salvo que estemos
amparando que estas pérdidas de valor adquisitivo las van a soportar
las personas, los funcionarios, no las va a soportar ni la economía
ni los correctores ni nada, sino que la gente va a ganar un tanto por
ciento menos, en nivel adquisitivo, del diferencial entre el IPC y el
2 por ciento. Por tanto yo no quiero discutir con usted si yo llevo
razón con el 2,8 y usted con el 2 -yo estoy dispuesto hasta admitirle
el 2-; lo que quiero discutir con usted es por qué no escribimos
aquí, negro sobre blanco, que pase lo que pase -y ninguno sabe
sabemos lo que va a pasar-, la diferencia se les abone. Eso sería, de
verdad, resolver el fondo de la cuestión. Yo tengo personas que dicen
el 2,8, de las cuales me fío, porque son expertos, pero no han estado
en esta Comisión -lo digo por los que dicen que los que no estén en
esta Comisión no saben de nada-, pero me gustaría saber qué razones
tiene el Gobierno -que puede haberlas- para cargar sobre los hombros
de los funcionarios el diferencial entre la inflación y el 2 por
ciento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Voy a contestar con brevedad para intentar
cumplir los horarios. En una respuesta global a todos los grupos
comenzaré diciendo a la señora Serna que no sólo me ratifico en las
palabras que dije en la Comisión, sino que se las voy a ampliar. Hoy
los funcionarios tienen la tranquilidad de que cobran las nóminas y
los pensionistas de que cobran la pensión, y cuando ustedes estaban,
que tenían la Seguridad Social en quiebra, había serias dudas de que
pudieran seguir cobrando la pensión y si no se lo preguntan ustedes
al ministro Arenas cuando entró en el Gobierno al día siguiente de
dejar ustedes el mismo. Esa situación es real. Comprendo que a
ustedes no les guste, pero es la realidad de los hechos y
acontecimientos.
Yo no tengo ninguna obsesión con el señor Chaves. Yo creo que usted
tiene obsesión con el señor Rato, porque ha hablado aquí de temas que
nada tienen que ver con los Presupuestos Generales del Estado. Usted
ha dicho que quería centrarse en los Presupuestos Generales del
Estado y en su obsesión con el señor
Rato, obsesión compartida por todo su grupo parlamentario, ha hablado
de lo divino y de lo humano, pero nada tenía que ver con los
Presupuestos Generales del Estado y yo no le voy a hacer el juego en
el que usted pretende que entremos, porque eso corresponde a otra
comisión donde está un compañero suyo y buen amigo, al que yo respeto
mucho, que me imagino que estará haciendo allí su trabajo. Usted me
ha dicho que subían el 7 por ciento a los funcionarios, pero lo que
no me ha dicho es el dato del IPC de ese año, que era del 9 por
ciento. Esos datos usted se los calla con habilidad política,
lógicamente, que yo siempre le he reconocido, y mantengo que, por
tanto, usted juega con los datos según le conviene y los saca de
contexto, como ha hecho con la intervención del propio secretario de
Estado, que no merece la pena comentar porque ya figura en conjunto
su intervención con motivo de la comparecencia que llevó a cabo. Su
teoría sobre el crecimiento del gasto corriente no se sostiene,
porque difícilmente se podrían cumplir los Presupuestos Generales del
Estado si fueran verdad los datos globales que usted da sobre el
crecimiento de los gastos corrientes.
Al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) quiero decirle que los
funcionarios no soportan el equilibrio presupuestario, el déficit
cero. Creo que es un conjunto de medidas que afecta a todos los
ciudadanos y que va en beneficio de todos los ciudadanos y que es el
propio equilibrio presupuestario el que lleva a esta situación, pero
repito -y así contesto también al portavoz del Partido Andalucista-
que los funcionarios no han perdido poder adquisitivo en estos años,
salvo que lo que ustedes planteen es que los funcionarios ganen más
de lo que corresponde al poder adquisitivo, que sería otro
planteamiento, pero los funcionarios, con los deslizamientos y con
los acuerdos que se han llevado a cabo, no han perdido adquisitivo en
estos años. Yo comprendo que ustedes piensen que electoralmente esta
cifra les viene bien y este juego de decir que los funcionarios
pierden poder adquisitivo les aporta votos, pero la realidad de los
funcionarios es que no están perdiendo poder adquisitivo con el
Gobierno del Partido Popular.
Respecto a la pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) sobre la política del Gobierno, le ruego a S.S. que esa
pregunta se la formule al Gobierno en cualquiera de las comisiones y
estoy convencido de que la darán una respuesta mucho más fiable de la
que yo le pueda dar como miembro del grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate de Títulos IV y VIII este
título, pasamos al siguiente bloque, que incluye los Sección 07
títulos IV y VIII del proyecto de ley, así como la sección 07 de los
presupuestos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: En los títulos IV y VIII hemos presentado
una serie de enmiendas que aunque no van expresamente dirigidas a
algunos de los artículos de esos títulos, al haber sido planteadas
por nuestro grupo en el capítulo, por así llamarlo, de las
disposiciones adicionales y, sin embargo, afectando a los conceptos
de los títulos IV y VIII, voy a defenderlas en este turno. Les
advierto que mi intervención se refiere a las enmiendas números 1026,
sobre complementos a mínimos; 1065, sobre la compatibilización de las
pensiones de viudedad con las del SOVI; 1066, que se refiere a
reducción de cotizaciones a algunos grupos profesionales; 1067, sobre
bonificación a las contrataciones, al igual que la 1068, también con
el mismo concepto, y por último la 1069, sobre el fondo de reserva.
En definitiva, señorías, se trata de toda una serie de enmiendas que
nuestro grupo incorpora al capítulo de pensiones y de cotizaciones
sociales.
Comenzaré por decirles que, conscientes del marco macroeconómico en
el que se desarrolla este presupuesto para el año 2002, hemos hecho
un ejercicio de pragmatismo al no enmendar -y así lo quiero señalar-
con un incremento superior las llamadas pensiones mínimas. Fue una
decisión que nos costó, pero somos conscientes de que siguiendo la
tradición de lo que ha sido la política socialista a lo largo de casi
todos los años de gobierno de ir mejorando un poco más que el
conjunto del sistema de pensiones las pensiones mínimas para
acercarlas y para producir, digamos, una política de redistribución
sobre lo que en nuestra opinión es el nivel más bajo de prestaciones
sociales, que son esos tres millones largos de pensionistas que
reciben una pensión llamada mínima, este año, en virtud del acuerdo
del Gobierno con Comisiones Obreras y con la patronal de que había
una pequeña mejora en el capítulo de pensiones de viudedad, hemos
establecido un criterio, repito, muy pragmático -que pone en
evidencia, por otra parte, el realismo de nuestro trabajo
presupuestario en relación con lo que pudiéramos llamar un exceso de
gasto sobre las necesidades macroeconómicas del país y las políticas
necesarias al efecto- y hemos decidido no enmendar ese capítulo, lo
que explica que por nuestro grupo no se haya presentado una enmienda
básica al capítulo de pensiones en el título IV. Sin embargo, sí
hemos considerado importante establecer algunas reformas a lo que es
el conjunto del sistema de pensiones y de cotizaciones, que son las
que a continuación voy a defender.
Creemos por una parte que la cantidad que el Gobierno dedica al
llamado complemento de mínimos -como se sabe, es la aportación del
Estado a un concepto que por su naturaleza debiera ser estrictamente
contributivo por parte del Estado y no procedente de cotizaciones-,
ese importe que ronda los 700.000 millones anuales de gasto en este
presupuesto es enfrentado desde el punto de vista contributivo de la
aportación del Estado sólo con una cantidad de 306.000
(en miles de euros). Esta cantidad no corresponde a los acuerdos del
Gobierno con Comisiones y con la CEOE respecto al compromiso, repito,
que el Ejecutivo asumió en ese acuerdo para que en un plazo de 12
años este asuma la totalidad de la carga de los complementos de
mínimos. Si dividiéramos inclusive por 12 en una operación aritmética
sencilla el concepto total de gasto de complementos de mínimos, nos
encontraríamos con una cifra muy superior a la que el Gobierno ha
presupuestado este año. Por eso el Partido Socialista enmienda la
cifra e incorpora a los complementos de mínimos una cantidad que
equivale aproximadamente a la doceava parte de lo que gasta el Estado
en este concepto; por eso hemos enmendado para que la cantidad suba a
540.000 (en miles de euros). Esto es lo que explica esta enmienda
importante del Grupo Parlamentario Socialista sobre el conjunto del
presupuesto de la Seguridad Social.
En segundo lugar, la enmienda 1065 recoge el concepto de
compatibilidad entre pensiones del SOVI con la pensión de viudedad.
Realmente este es un caso bastante singular de nuestro sistema de
pensiones porque como ustedes saben todas las viudas tienen
compatibilidad de pensiones con otro tipo de pensiones, esto es
normal, y es natural y además es justo. Por ejemplo, una viuda puede
cobrar su pensión de viudedad con otra pensión, inclusive alguna que
ella misma hubiera podido generar como la de jubilación, etcétera. En
nuestro sistema de pensiones sigue esta perla de injusticia que
afecta a estas pocas personas que cobran SOVI, que son muy pocas, y
que por otra parte cobran una pensión pequeñísima -saben ustedes que
hablamos de las pensiones anteriores al sistema de 1967, que no
llegan a 40.000 pesetas al mes- y que no pueden compatibilizar esa
pensión con la de viudedad. Nosotros creemos que aunque la cuestión
pueda ser tratada no ya en el Pacto de Toledo, sino en una
proposición de ley que nuestro grupo tiene planteada expresamente
para que sea corregida, hemos considerado oportuno incorporarla al
presupuesto de este año reclamando que el Grupo Popular revise esta
incompatibilidad absurda e injusta.
La enmienda 1066, que es por cierto una de las pocas que ha tenido
transmisión mediática cuando el Grupo Parlamentario Socialista la
propuso en el momento de presentar nuestras enmiendas, se refiere a
la reducción de las cotizaciones de algunos grupos profesionales.
Señorías, cuando se habla de que hay que hacer frente a un ciclo
depresivo y se nos argumenta con razón que hay que exponer cuáles son
nuestras políticas alternativas, pocas veces se tiene en cuenta que
aquí hay una auténtica política alternativa. Es ya un criterio común
de los países europeos y de hecho desde el famoso Libro Blanco de
Delors hasta la fecha se sigue hablando sobre la conveniencia de que
el mundo occidental pero sobre todo la Unión Europea reduzca los
costes laborales, mejor dicho, extrasalariales del trabajo, sobre
todo de ese trabajo que compite mal con la globalización,
es decir con aquellas profesiones no cualificadas que se encuentran
en un mundo de competencia global con esos 1.000 millones de personas
que en el mundo querrían trabajar por 10 dólares al día. Es una cifra
que tiene una capacidad de impacto suficiente como para que seamos
conscientes de que mucho empleo del mundo europeo se va a esos países
en los que la mano de obra es muy barata; pero cada vez se va más y
¿por qué? Porque la externalización y la tecnología y desde luego la
globalización permiten producir en cualquier parte del mundo. El otro
día, en un debate parlamentario con el ministro de Trabajo ponía el
ejemplo de que British Airways lleva la contabilidad desde Nueva
Delhi, pero ejemplos como este podríamos poner mil de muchísimas
grandes multinacionales que fabrican grandes subgrupos de aparatos
-pongamos de un coche o un avión- en cualquier lugar del mundo,
porque la mano de obra es muy barata. Pues bien, si hablamos de que
queremos asegurar el empleo precisamente en estos sectores no
cualificados y que peor compiten con la globalización, con la
externalización, con las nuevas tecnologías, alguna medida hay que
tomar y el Grupo Parlamentario Socialista ha tomado la decisión de
proponer en este debate que las cotizaciones de los grupos menos
cualificados se reduzcan tres puntos. Esto es lo que propone la
enmienda 1066.
Las enmiendas 1067 y 1068 se refieren a la necesidad de bonificar las
contrataciones. Señorías, también tuve ocasión de discutir con el
ministro de Trabajo hace sólo unos días, en una interpelación que le
presenté respecto de la política de empleo, el absurdo de que España
siga gastando del orden del billón 200.000 millones de pesetas en los
últimos cuatro años dedicados a bonificar los contratos fijos. Está
bien, es la consecuencia de un acuerdo que se produjo con los
sindicatos en el año 1997 y era una necesidad del país, como todo el
mundo recuerda, tratar de estimular la contratación fija, pero lo
cierto es que cuatro años después de iniciada esa política y gastados
ya, como digo, un billón 200.000 millones de pesetas, que no
proceden, por cierto, de las arcas del Estado, sino de las
cotizaciones que trabajadores y empresarios hacen a las políticas de
empleo, gastado, digo, este importante volumen de recursos públicos,
los efectos de esa política en la contratación fija son más que
discutibles. De hecho, grosso modo, tanto en el año 2001 como en 1998
el volumen de contratos fijos en relación con el número de contratos
que se realizan estatalmente cada mes no pasa del 8, del 9 o del 10
por ciento. En este último mes, tan malo por cierto para el empleo y
para el paro, ha habido un pequeño incremento, pero en todo caso
seguimos viendo que el conjunto de los empresarios españoles, a pesar
de que se beneficia de una importante bonificación por ese tipo de
contrataciones, sigue contratando temporalmente. La pregunta es si
estamos gastando bien este dinero, si hay una evaluación de estas
políticas de empleo, de su eficiencia, si no estamos gastando
en balde o si probablemente no ocurriria -es lo que yo pienso, aunque
es una especulación, ya que nos falta un estudio de evaluación
adecuado- que los empresarios contratasen igual al número de
contratos fijos aunque no se les diera tanto dinero, y, por el
contrario, si no debiéramos destinar una parte o todo el dinero para
la promoción del empleo en otros colectivos, en otros sectores o para
determinadas políticas activas que fueran más eficientes para luchar
contra el paro o para mejorar otros parámetros de la política de
empleo.
Pues bien, lo que el Grupo Socialista pretende con estas dos
enmiendas es que las llamadas bonificaciones a la contratación no se
dirijan a todos los contratos fijos indiscriminadamente, sino sólo a
los contratos fijos de cuatro grandes colectivos, los cuales
consideramos deben ser primados y por tanto discriminados
positivamente respecto a la totalidad de la población laboral. Uno de
ellos es el de las mujeres. No olvidemos que el paro en España tiene
nombre de mujer, que el paro es fundamentalmente femenino. Tenemos
una tasa de actividad en la población femenina que ronda el 40 por
ciento y tenemos que llegar en 2010 -así lo han establecido todos los
países de la Unión Europea, incluido España- al 57 o al 60 por
ciento. Es un larguísimo camino el que hay que recorrer, por lo que
debemos estimular la contratación de las mujeres; no de todos los
trabajadores fijos, sino de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que
hay que destinar las bonificaciones que hoy gastamos para todos a los
colectivos que más estímulo necesitan para la contratación, para que
sean así positivamente discriminados. Así pues, mujeres, parados de
larga duración, por ejemplo con más de dos años de permanencia en el
paro, mayores de 40 años, independientemente de su sexo, y, por
último, aquellos contratos que realizan las administraciones
públicas, las ONG y las entidades sin ánimo de lucro en favor de la
inserción laboral de los parados de larga duración. Pues bien, es a
estos colectivos, bastante discriminados entiendo yo, a los que
queremos dedicar la totalidad del concepto de promoción de empleo a
través de las bonificaciones en la Seguridad Social.
Por último, la enmienda 1069 pretende que la Seguridad Social no
destine esa cantidad, con la que por cierto el Gobierno hace una
propaganda bastante injustificada, al fondo de reserva. Nuestra
opinión, señorías, es que todo el excedente de la Seguridad Social
tiene que ir al fondo de reserva. Cuando a veces oigo decir al
ministro y a otros portavoces del Gobierno que el fondo de reserva
contiene en España 400.000 millones de pesetas, francamente no sé si
reír o llorar, ya que realmente es una cantidad ridícula. Sepan
ustedes que con dicha cantidad, en el caso de que un día hubiera que
utilizar dicho fondo de reserva, no pagaríamos más que la mitad de la
nómina de un mes de pensiones. Esta es la verdad. Cuando hablamos del
fondo de reserva, tendríamos que hablar en serio de la necesidad de
dotar dicho fondo con cantidades importantísimas de dinero,
como lo ha hecho Francia y como por cierto lo ha discutido la
Administración americana a raíz de su superávit. Destinar ciento y
pico mil millones de pesetas graciosa y generosamente, entre
comillas, al fondo de reserva cuando lo que sobran cada año son 500 ó
600.000 millones de pesetas o mucho más si el Estado se hiciera cargo
de los complementos de mínimos y no destinara desde las cuotas de los
trabajadores y empresarios a las políticas activas de empleo lo que
debiera dedicar desde su política estrictamente fiscal me parece
sencillamente ridículo. Por eso no es ocasión de reír, sino más bien
de lo contrario por el hecho de que en estos años de superávit
presupuestario de la Seguridad Social se dedique al fondo de reserva
tan poco dinero y además, quiero aprovechar para decirlo, sin una
regulación mínima. Ya es hora de que se elabore una ley para regular
qué se hace con ese fondo y su funcionamiento, un fondo que maneja
demasiado dinero como para que esté al arbitrio de la
discrecionalidad de la Administración.
Como pueden ver, señorías, este conjunto de enmiendas que les he
descrito responden no solamente a una lógica presupuestaria, a una
ortodoxia desde el punto de vista del conjunto de los gastos en
política de Seguridad Social, sino también y de forma mejor a lo que
es una demanda de adecuación a los tiempos que vienen: más dinero
para el fondo de reserva mientras haya superávit, más dinero para
estimular los contratos fijos de determinados colectivos, reducir las
cotizaciones de los colectivos que peor compiten en la globalidad,
más dinero para los complementos de mínimos y resolver la injusticia
lacerante de que las viudas y las pensiones SOVI no sean
complementarias.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Respecto a este bloque, mantenemos
dos enmiendas, en primer lugar, la 1241 al título IV, concretamente a
su artículo 46, párrafo 1.º, que supone una modificación del
contenido del proyecto enviado por el Gobierno. Nuestra enmienda no
pretende otra cosa -pensamos que es algo interesante- que dar
cumplimiento a lo dispuesto en el llamado acuerdo sobre el desarrollo
de la Seguridad Social relativo al incremento de las pensiones más
bajas del sistema, las del SOVI. Proponemos un incremento del 2 por
ciento que prevé el proyecto de ley al 4 por ciento. En cuanto al
título VIII, que también se debate en este mismo bloque, mantenemos
la enmienda 1246 al punto 4, apartado 2, del artículo 86, referido
a la base de cotización de los trabajadores autónomos. Nuestra enmienda
propone modificar dicho apartado para trasladar de 50 a 55 años la
edad para fijar de manera voluntaria las bases máximas y mínimas de
cotización de los trabajadores autónomos. Nosotros
entendemos -así lo expusimos en la última campaña electoral, con
ocasión del debate de investidura y en posteriores intervenciones-
que las cuestiones relacionadas con el trabajador autónomo,
especialmente las referidas a su cotización en la Seguridad Social y
a las prestaciones que la misma le ofrece, deben ser objeto de
modificación a lo largo de esta legislatura. Hemos observado con
satisfacción que la mayoría de los grupos parlamentarios reconocen
que aquí hay un desfase, por no decirlo de otra manera, esto es, que
hay una cierta injusticia. También hemos observado con satisfacción
que el grupo que tiene mayoría absoluta en la Cámara dijo exactamente
lo mismo con motivo de la campaña electoral en un acto celebrado en
Barcelona. Lo cierto y verdad es que nada se ha movido desde las
elecciones del año 2000, que la legislatura va agotándose y que las
promesas realizadas en relación con los trabajadores autónomos no se
están cumpliendo, aunque tengamos tiempo para tratarlo y realizar al
menos las medidas más sustantivas. Ampliar de los 50 a los 55 años la
posibilidad de que un trabajador autónomo pueda escoger la base de
cotización es mejorar un trato que puede llegar a ser del todo
injusto, aún más cuando estamos hablando de un gran colectivo que en
la mayoría de los casos hace de su esfuerzo personal el instrumento
para ser a la vez empresa y trabajador y que nutre un entramado
empresarial muy importante, decisivo en buena medida para el
equilibrio y la cohesión social en todas las zonas de España. Nuestra
enmienda solicita la ampliación de ese periodo que aparece en el
proyecto de ley y en lo que hoy es norma, de 50 a 55 años,
facilitando así la situación futura -estoy hablando del momento de la
jubilación- de los trabajadores autónomos. Esto debe hacerse dentro
de la libertad de que cada uno haga lo que crea conveniente o lo que
pueda -que también en eso hay condicionantes- para subir la base de
cotización y que pueda hacerlo no sólo hasta los 50 años y que a
partir de los 50 años sea necesario insistir cada año en que se
quiere pagar lo máximo, lo cual me parece bastante absurdo desde la
perspectiva de una administración ágil, ya que si se hace una vez y
no se dice lo contrario, ya debería servir para siempre, sin
necesidad de repetir cada año la misma canción, hasta los 55 años. No
todo el mundo se enteró de esa novedad, no todo el mundo cumple
rigurosamente la obligación de comunicar año por año a la Seguridad
Social una voluntad que ya se ha manifestado; puede haber olvidos y
los olvidos resitúan al trabajador autónomo en una base de cotización
y por tanto en una posibilidad de futuro inferior a la que en su
momento manifestó. Esos son los argumentos que avalan esta segunda
enmienda, la número 1246, señor presidente, y con ello termino mi
intervención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: A este título IV -puesto que en el título VIII y
en la sección 07 no hemos presentado ninguna enmienda- el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta cuatro enmiendas,
las números 42, 43, 44 y 45. En este apartado relativo al sistema de
pensiones de la Seguridad Social, como en otros, se plantea el
problema crucial de la revalorización de las pensiones. Estas
enmiendas tratan de establecer dos criterios, en primer lugar
eliminar la posibilidad de no revalorizar las pensiones públicas y en
segundo lugar fijar una revalorización de pensiones equivalente a las
del Sistema general de la Seguridad Social.
Uno de los consensos más relevantes alcanzados en esta Cámara se
refiere precisamente a la garantía del mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones mediante la revalorización automática de
las mismas en función de la evolución del índice de precios del
consumo y a través de fórmulas estables. En aplicación de dichos
criterios informadores, se promulgó la Ley 24/1997, de 15 de julio,
que garantiza por primera vez el poder adquisitivo de las pensiones
del sistema de la Seguridad Social. Sin embargo, las pensiones
públicas que no pertenecen a dicho régimen no gozan de las mismas
garantías de conservación del poder adquisitivo de las pensiones.
Este es el objetivo de dos de las enmiendas que ha introducido
Izquierda Unida en el título IV del Proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado.
Las otras dos enmiendas tratan de precisar -con mejor criterio que el
incluido en el real decreto del texto refundido de clases pasivas del
Estado- lo que debemos considerar una pensión extraordinaria que se
corresponda, además de con actos terroristas, con incapacidades
o inutilidad física causada en acto de servicio, no sometiéndolas al
límite de las pensiones ordinarias por jubilación o enfermedad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Intervendré muy brevemente, señor presidente,
porque en este título -aparte de dar por defendidas las enmiendas del
Grupo Mixto- sólo he presentado una enmienda respecto a las
previsiones de crecimiento de las pensiones. En ella,
independientemente de la garantía que contiene el proyecto,
solicitamos un incremento del 2,8 por ciento, como he citado en el
título anterior, en vez del 2 por ciento que contempla el proyecto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Empezaré por el orden en el que han sido
presentadas las enmiendas y concluiré con las de las disposiciones
adicionales que ha defendido el portavoz del Grupo Socialista, señor
Jáuregui.
En primer lugar figura la enmienda número 42, del Grupo de
Izquierda Unida, que acaba de defender su portavoz. Hemos de reiterar
que esta enmienda, junto con la que formuló el año pasado, es
reproducción de unas enmiendas que vienen planteando en relación con
las pensiones extraordinarias y el establecimiento de un límite a las
mismas. Damos por reproducidas las argumentaciones contrarias ya
expuestas anteriormente. Entendemos que la pensión extraordinaria
también entra dentro de la existencia de un límite extraordinario
para la misma.
En cuanto a la enmienda 1680 del Partido Andalucista, al artículo 41,
creemos que el IPC previsto por el Gobierno se puede conseguir. El
objetivo del 2 por ciento puede alcanzarse, más teniendo en cuenta la
reducción de los precios de los carburantes y la situación de bajada
del consumo que se produce en nuestra actividad económica y en
nuestra sociedad. El 2 por ciento no parece desmesurado como objetivo
previo para el año 2002; por tanto no coincidimos con su apreciación
del 2,8 por ciento. En todo caso hay que decir que el punto 2 de su
enmienda es, de partida, totalmente innecesario, porque la ley ya
establece ex post -es decir comprobado si ha existido una inflación
superior a la que plantean los presupuestos de cada ejercicio- una
corrección en las pensiones mediante una paga única que compensa esa
situación de pérdida de poder adquisitivo, además de por las razones
en las que voy a seguir abundando a la hora de abordar la enmienda
número 43 de Izquierda Unida.
Rechazamos la enmienda número 43 de Izquierda Unida, al mismo
artículo y apartado, no sólo por los argumentos de fondo que he
expuesto y voy a continuar exponiendo, sino porque nos parece que
técnicamente es bastante mejorable. De hecho, se hace alusión al
régimen de la Seguridad Social, cuando entendemos que se debería
hablar de sistema de la Seguridad Social y no de régimen. Se
desconoce el alcance y la protección real que quiere la enmienda e
incluso no se citan las vías revalorizadoras que vienen previstas en
el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aunque
parece deducirse que se ampararían en el vehículo que instrumenta el
artículo 48 de la misma, aunque también pudiera ser vía artículo 52.
Además, el planteamiento que se formula nos parece innecesario. El
Grupo Parlamentario Popular, en una disposición adicional quinta
nueva, ha planteado una enmienda, la 1785, plenamente coincidente por
cierto con una preocupación formulada en la enmienda número 1253, del
Grupo Parlamentario Catalán, en la que se establece en las pensiones
del sistema de la Seguridad Social y de clases pasivas el derecho
a la percepción de una cantidad antes del 1 de abril, que pueda ser la
que regularice la cuantía del previsible diferencial del IPC que a
final de este año se va a producir. Por lo tanto, en el fondo estamos
de acuerdo y creo hemos dado satisfacción al planteamiento que
ustedesabordan y que las enmiendas tanto del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), en una disposición adicional nueva,
como del Partido Popular, en una disposición adicional quinta bis,
resuelven perfectamente una situación que, por otro lado, legalmente
ya venía establecida. Lo que hacen los presupuestos, con elementos de
carácter económico, es cada año, en virtud del mandato de tal
legislación, contemplarla e incorporarla para que se puedan
satisfacer las cuantías que se derivan de tal obligación. Señor
presidente, consecuencia de todo ello es que las enmiendas del Grupo
Mixto, del Bloque Nacionalista Galego, en las que se pretende
sustituir el artículo 41.1 y sucesivos, donde figura el 2 por ciento,
por el 5,5 por ciento, es decir, las enmiendas números 1371, 1372,
1373 y 1374, deben ser objeto de nuestra clara y contundente
oposición, porque además son innecesarias y aunque no lo fueran,
discutimos plenamente la cuantía que plantean.
Los argumentos a la enmienda número 45, de Izquierda Unida, ya los
hemos explicado al hablar de la enmienda número 42.
En cuanto a la enmienda número 1374 del Bloque Nacionalista Galego,
pese a lo dicho y a mayor abundamiento, quisiera significar que el
acuerdo de 9 de abril de desarrollo y mejora del sistema de
protección de la Seguridad Social, suscrito por Comisiones Obreras,
Gobierno y patronal, esperamos que se desarrolle pronto y que lleguen
a la Cámara normas que vayan en la línea de la preocupación y
sensibilidad política que en esta enmienda se plantea, que otros
grupos creo que comparten y el nuestro por supuesto también, de
mejorar la dotación de las pensiones menos favorecidas, pensiones
mínimas, pensiones de viudedad, orfandad y pensiones SOVI.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al cual he
hecho referencia en una enmienda que no ha debatido, pero creo que
era oportuno habida cuenta del contexto en que nos ubicábamos en este
debate, como era el relativo a la revalorización o actualización de
las pensiones en relación al IPC, nos plantea dos enmiendas. La
primera, la enmienda 1241, la comprendemos y compartimos en su
espíritu y sensibilidad, pero aquí al igual que acabo de decir en
relación a la precedente enmienda del Bloque Nacionalista Galego,
estamos a la espera -lo deseamos ferviertemente y no voy a ocultar
que me hubiera gustado que ya se encontraran incorporados plenamente
en este debate- de los desarrollos normativos, vía ley u otras normas
de menor rango, que pueda elaborar el Gobierno para dar justamente
cumplimiento a lo que suscribió y a lo que se comprometió
políticamente en el citado acuerdo de 9 de abril, que fue
básicamente, entre otras muchas cosas, algo que es denominador común
en toda la Cámara como es el intento de esa progresiva mejora de las
pensiones de carácter mínimo sin que sea obstáculo al necesario
equilibrio financiero y viabilidad futura del sistema de Seguridad
Social, ¿insisto, pensiones mínimas, pensiones de viudedad, pensiones
de orfandad,
básicamente como pensiones a las cuales se debe dirigir una acción
protectora superior a la que inicialmente prevé el presupuesto y que
además es consecuencia del compromiso y del acuerdo al que he hecho
mención. Por este motivo, comprendiendo y compartiendo las razones de
fondo que se han expuesto y que rezan también en la motivación de la
enmienda, lamentamos no poder dar satisfacción porque nos parece que
vamos a tener tiempo quizá de abordar -no sé si en la cuantía exacta
que ustedes proponen, de un incremento adicional del 4 por ciento de
las pensiones SOVI- un debate más in extenso que abarca toda
preocupaciones que compartimos en este sentido.
La enmienda 1246 sobre la que ha dedicado más tiempo se refiere a la
posibilidad de que los trabajadores autónomos hagan una selección de
la base de cotización antes de los 55 años de edad, cuando la
legislación la fija a los 50 años. He de decir que en los cinco
últimos años se han hechos esfuerzos, que creo que no vienen al caso
exponer pero si fuera menester encantado lo hago, en relación a la
progresiva mejora y protección del sistema del régimen especial de
trabajadores autónomos de la Seguridad Social. Además, esta es una de
las recomendaciones troncales de lo que constituye el Pacto de Toledo
en el sentido de una aproximación progresiva a regímenes y una
reducción de lo que podemos denominar regímenes especiales aunque ya
se produjo inicialmente en este país de forma importante y sustancial
a partir de 1986. Compartimos la ocupación y preocupación que debe
tener la Cámara en relación a continuar mejorando el sistema de
protección de los autónomos y también a lo que significan las
reformas tributarias y los costos fiscales que se derivan del trabajo
de los autónomos o de la actividad económica de los mismos. También
compartíamos que hay que facilitar y desburocratizar trámites
administrativos que en muchas ocasiones impiden un desarrollo como
debe de ser y en la rapidez en que se debe producir la tan importante
existencia de autónomos dentro de nuestro tejido socioeconómico, que
es una columna vertebral que nosotros desde luego no renunciamos a
continuar mejorando. Sin embargo, la medida que nos propone fue
objeto justamente en su día de modificación en contrario. Es decir,
en la legislación anterior ya figuraba que la elección de base de
autónomos se producía antes de cumplir la edad de los 55 años y se
bajó a los 50 años, es más, coincidiendo un poco, tras el período
transitorio, con lo que va a configurar y constituir la base
reguladora de cálculo de la prestación a que puede tener derecho en
el futuro el trabajador autónomo, sobre todo cara a la jubilación y
que va a ser de 15 años. Por otro lado, nos parece que podríamos
incurrir en una cierta desafección de los principios inspiradores del
Pacto de Toledo en el sentido de escapar un poco de lo que debe de
ser la proporcionalidad y la contributividad, más aún, no voy a
ocultárselo porque este portavoz lo lleva defendiendo hace años,
desde la perspectiva que algunos
tenemos de que nos parece que sería lo más ético, lo más viable y lo
más equitativo que a lo largo del tiempo fuéramos a sistemas que
computaran el conjunto de la vida cotizante de un trabajador, para
evitar también las situaciones de discriminación negativa que se
produce por ejemplo en amplios colectivos de trabajadores que
prematuramente han sido expulsados del mercado laboral y porque
además efectivamente subrayaría el carácter contributivo de las
cotizaciones en relación a las prestaciones y el necesario equilibrio
que esto debe soportar en nuestro sistema. Por estas razones, en
principio, no estimamos conveniente tampoco la admisión de esta
enmienda, aunque, como le digo, tenemos plena coincidencia con la
enmienda troncal, en mi criterio la más importante de las que
planteaban, la que formulan en la disposición adicional nueva antes
mencionada.
Respecto a la enmienda número 1376, del Bloque Nacionalista Galego,
debo decirle que el debate que nos plantea se produjo el año pasado,
que no hay ninguna razón nueva para que cambiemos el criterio
desestimatorio de su pretensión. La ley general presupuestaria de los
años 1999, 2000 y 2001 recogía esta habilitación en favor del
Gobierno para que pueda modificar los tipos de cotización en
desempleo; que el hecho de que el Gobierno tenga la habilitación no
significa necesariamente que la tenga que utilizar y de hecho no lo
ha utilizado; simplemente que, en función del desarrollo de la
situación socioeconómica y de lo que hoy tanto se ha alegado en esta
Cámara, como son los cambios a los que nos vemos sometidos e
incertidumbres de orden económico, qué menos que el Gobierno pueda
tener una flexibilidad para adecuarse en esta materia a los
requerimientos que el mercado requiera. Este objetivo se planteó
además en la cumbre de Luxemburgo y por tanto todas estas razones nos
impulsan a rechazar esta enmienda del Bloque Nacionalista Galego.
En relación a las alegaciones formuladas a las disposiciones
adicionales por el Grupo Parlamentario Socialista, he contestado ya a
algunas cuestiones. Respecto a otras, como no venía expresamente
preparado para ello, si me dejo algo en el tintero, no dude que,
encantado, en el debate plenario ampliaré los argumentos que vamos a
exponer para rechazar las mismas. La enmienda 1026, relativa a los
complementos a mínimos, ya fue objeto de debate en la comparecencia
del secretario de Estado de Seguridad Social en la Comisión de
Presupuestos por parte de su compañero de su grupo parlamentario.
Nosotros creemos que hemos cumplido con el acuerdo de 9 de abril, en
el cual se establece un período máximo de 12 años para que los
complementos a mínimos sean plenamente financiados con cargo a la
tributación, porque se ha establecido una cuantía que llega a una
doceava parte. No parece que en este caso sea prudente esta
presupuestación, sin perjuicio que en otros años se pueda acelerar o
no, en virtud de las necesidades generales del presupuesto y de las
realidades de los cotizantes, se pueda llegar a tratar de una u otra
forma o darle
un mayor o menor ritmo. Por lo tanto no estamos de acuerdo con la
pretensión de incrementar la cuantía en la forma que propone el Grupo
Parlamentario Socialista.
En cuanto a la enmienda número 1065, relativa a la compatibilidad de
la pensión de viudedad con la de SOVI, no se habla de la posible
compatibilidad o no de las SOVI que son de incapacidad o de
jubilación con otras. Es decir, creemos que tiene algún problema
técnico, sin perjuicio de que en principio el argumento más nuclear
de oposición es que consideramos que la pensión SOVI ya lo es en
razón a unas personas que no han acreditado una vida cotizante, sino
que son unas pensiones en las cuales con un solo día de cotización al
extinto retiro obrero obligatorio o mil quinientos días al SOVI, el
seguro obrero de vejez e invalidez, ya lucran una pensión. Por tanto,
no ha habido esa contributividad, pero se ha reconocido y se ha
entendido -y nosotros, obviamente, también lo entendemos así- como
necesario en un momento histórico hacer beneficiarios a una serie de
ciudadanos que se encontraban en estas situaciones. Por otro lado, se
trata de una pensión residual. Establecer lo que usted hace, aparte
de los problemas técnicos que inicialmente le indiqué, iría en línea
de una situación de pluripensiones que entendemos que a lo largo del
tiempo será no deseable. Compartimos que no son grandes cuantías y
que tampoco son numerosas las pensiones, y las cuantías que se
perciben no le negaré que no son las deseables. Lo que ocurre es que
los antecedentes históricos en su origen son los que son y son los
que le acabo de exponer.
La enmienda 1066 aborda la reducción de cotización social. Las
cotizaciones sociales y la reducción que nos propone el Grupo
Socialista -no he tenido tiempo de comprobarlo- supongo que son
equivalentes a las que formuló en su texto alternativo a la reforma
laboral. Es decir, esto nos lo planteó ya como un elemento básico del
debate, en el cual había una filosofía diferente entre el grupo que
sustenta al Gobierno y el Grupo Socialista, que entendía que se
debería ir a una reducción generalizada en una serie de grupos
cotizantes de los trabajadores dentro del sistema de la Seguridad
Social. Nosotros -lo sabe- hemos entendido más razonable ir a una
reducción selectiva de las cotizaciones vía bonificación, y las
bonificaciones han ido en pro de los colectivos que tenían mayor
problema de inserción dentro del mercado laboral. Se ha dicho que la
mujer no está suficientemente empleada en nuestro mercado laboral, y
es cierto. Justamente por esta razón nosotros hemos promovido
bonificaciones -si usted lo quiere entender así, discriminaciones
positivas- en pro de la mujer para que tenga un mayor acceso y una
mayor incardinación dentro de nuestro mercado de trabajo y, aunque
ciertamente no está en los niveles que deseamos e incluso que
necesitamos, nadie puede desconocer que a lo largo de estos últimos
años ha habido un aporte importante de mujeres al mercado laboral,
que por cierto ha solucionado problemas que quizá se nos
planteen en el futuro, a medio o corto plazo, que carezcamos de mano
de obra en determinados sectores y en determinadas profesiones y
cualificaciones. Por tanto, he de decirle que nos parece que esta
política (también en el acuerdo de 9 de abril, por ejemplo, referida
a los mayores de 55 años, con una discriminación positiva a
desarrollar en sus cotizaciones) de fomento de las bonificaciones
a las mujeres, de fomento a la transformación en contratos indefinidos,
de fomento a los discapacitados y a los mayores de 55 años y parados
de larga duración es una política más selectiva, más favorecedora de
que los colectivos con más dificultades y menos posibilidades al
final tengan las mismas oportunidades o se acerquen, que es el
objetivo, en plena igualdad al resto de los trabajadores para
incorporarse a un trabajo.
Pese al alegato, que compartimos, de la mala situación del dato de
octubre en relación al empleo, le puedo dar otro que va en la línea
de decir que contextualicemos las cosas. El dato es malo, lo digo con
claridad, pero este mes de octubre nos hemos encontrado con 8.000
nuevos cotizantes al sistema de la Seguridad Social, lo cual no es
malo. Lo digo porque no todos los parámetros están incidiendo en una
visión tan negra como en ocasiones uno tiene la oportunidad de
escuchar y que cree que es el panorama que algunos dibujan. En este
sentido he de recordar también que a lo largo del año 2001 este
incremento de cotizaciones se puede evaluar en 530.000 nuevos
afiliados y que desde el año 1996 a aquí son 3.500.000 más, y en esa
senda todavía siguen incorporándose, y espero que por mucho tiempo,
nuevos trabajadores a las cotizaciones.
Sus enmiendas 1067 y 1068, relativas a las bonificaciones a la
Seguridad Social, nos introducen en una situación de restricción de
la contratación indefinida, incluso seguro que en contra del efecto
que el autor, el Grupo Socialista, espera desear; estoy convencido de
que no pretende lo que se deriva de esto. Mujeres tras la situación
de maternidad no van a tener las posibilidades bonificadoras y de
acceso al mercado laboral que en este momento tienen. Nosotros
entendemos que este corsé, al hacer ustedes una reducción limitativa
y tan selectiva, va en contra de colectivos que quieren primar
y favorecer en primer grado y que desde luego el Grupo Popular, sin
duda alguna, quiere favorecer y primar en primer grado. Yo no sé,
porque obviamente es un imposible -y esto fue objeto de debate el
miércoles pasado en la Cámara entre usted y el señor ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales-, si la contratación indefinida no
subvencionada sería la misma que la que hoy se produce con
bonificaciones en nuestro mercado laboral. Yo tiendo a pensar que no.
Lo que ocurre es que no tenemos un parámetro comparativo porque
tendríamos que no haber bonificado en todos estos años para haber
sabido exactamente en qué tasa de creación de contratos indefinidos
teníamos el mercado laboral. Por tanto, me pone ante una prueba
diabólica y de dificilísima o imposible contradicción dialéctica
desde esa premisa que argumenta.
Por último -y creo no dejarme nada-, la enmienda 1069 relativa a la
denominada ridícula cantidad de constitución del fondo de reserva. A
nosotros no nos parece ridícula, y yo creo que no hace tantos años, a
lo sumo seis, hubiera habido cruzadas apuestas y hubiera fracasado la
inmensa mayoría de la gente al pensar que nuestro sistema de
Seguridad Social, con las dificultades que tenía -y no son tantos
años-, hoy se iba a encontrar en una situación positiva de superávit,
en una situación de dar, en términos sociales, certidumbre a nuestros
conciudadanos, dotarles de estabilidad y seguridad y, por tanto,
también de afianzar sus derechos, sus tranquilidades vitales y sus
posibilidades de vida y de inversiones económicas. El artículo 91.1
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social se
adecua perfectamente a la recomendación segunda del Pacto de Toledo,
y además fue integrado por la Ley 24/1997, de consolidación y
racionalización del sistema de la Seguridad Social. Nos parece, por
tanto, que la afectación directa, exclusiva y única que se plantea en
la enmienda no es lo más razonable en este caso, nos encorseta, pero
ojalá pueda ocurrir a fines del año que viene, como en la ejecución
de lo que se producirá este año, que las prudentes previsiones en
número de cotizantes y en número de recaudación que ha tenido el
Gobierno en materia de la Seguridad Social dejen un remanente que
permita incrementar aún más la cuantía que inicialmente hemos
previsto. Esto que ha ocurrido en los dos últimos ejercicios -en el
sentido de que estaba dotado, pero podemos hablar ya de cuatro años-
ojalá también se produzca en el año 2002.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jáuregui para una
réplica. Les pido, por favor, brevedad en el turno de réplica.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Muy brevemente, hay dos cosas que merecen
una respuesta por mi parte. La idea de que la bonificación a los
contratos fijos hay que seguirla haciendo, frente a la alternativa
que el Partido Socialista ha propuesto de bonificar sólo a algunos
colectivos que merecen más el esfuerzo de la bonificación para la
promoción del empleo en esos colectivos, pone en evidencia, señor
Azpiroz, en mi opinión, que la única política del Gobierno frente al
exceso de temporalidad es primar los contratos fijos, y eso -creo que
hay que calificarlo así- ha devenido en fracaso. Es decir, se ha
comprobado que sólo estimulando económicamente a los empresarios para
que contraten fijos no aumenta excesivamente el número de empleos
fijos y no se reduce, por tanto, la eventualidad. De hecho -no lo
olvidemos-, la temporalidad en España estaba en 1997 en el 33 por
ciento y ahora está en el 32. Por tanto, dejemos las cosas claras. Yo
sigo insistiendo en que es una pena que gastemos tanto dinero para
este objetivo en vez de que el Gobierno utilice otros instrumentos de
política laboral, de intervención sobre el mercado laboral,
que puedan estimular la contratación fija sin gastar dinero, por
ejemplo, penando o evitando la concatenación y lo que pudiéramos
llamar el abuso de ley y el fraude sistemático en la contratación
temporal. Aquí hay una línea radical de política diferente. Si
ustedes en vez de dedicar todos sus esfuerzos a gastar dinero para
estimular los contratos fijos dejan a los empresarios que puedan
seguir contratando temporalmente, incluso en fraude de ley o en abuso
de la misma, gastan el dinero innecesariamente. Si, por el contrario,
hubiéramos hecho una reforma laboral en marzo de este año que hubiera
incidido en otras medidas, probablemente podríamos destinar este
dinero a otros objetivos como los que el PSOE ha explicado en su
turno anterior para favorecer la contratación de los colectivos
realmente más desfavorecidos.
En segundo lugar, hay una afirmación que forma parte de todo el
discurso del Partido Popular a propósito de lo que podríamos llamar
grandes números de la Seguridad Social, que son los que se refieren a
que ahora hay más cotizantes, etcétera. No se puede seguir utilizando
de manera tan sectaria la realidad. En el período 1987-1992 también
se produjeron estos incrementos en población activa, en población
femenina, en cotizantes, etcétera; luego hubo un período, 1992, 1993
y principios de 1994, que tuvo una repercusión durísima en el empleo
y desde finales de 1994 -desde finales de 1994, repito- el ciclo
económico español, siguiendo una senda macroeconómica internacional,
ha ido creciendo; no desde 1996, desde finales de 1994 en España se
crece, se crea empleo, se aumentan los cotizantes, etcétera. Pero eso
no permite hacer un discurso triunfalista sobre los elementos que he
planteado anteriormente y sobre todo, señor Azpiroz -y termino con
esto-, no permiten que nos mantengamos inertes ante los nuevos
tiempos. El discurso que se ha expuesto al comienzo del debate
presupuestario esta mañana por el portavoz socialista, señor
Fernández Marugán, brillantemente por cierto, a propósito de lo que
este Gobierno hace frente a lo que viene -sin que incurramos en
catastrofismos por nuestra parte porque ojalá nos equivoquemos-,
mirando lo que está haciendo todo el mundo, ustedes dicen que todo
sigue igual y nosotros hemos planteado políticas alternativas, por
ejemplo, porque tenemos muchísimo miedo de que el empleo poco
cualificado y eventual mayoritariamente pueda verse durísimamente
golpeado dentro de pocos meses. Ante eso hay que reaccionar. Los
franceses -antes lo comentaba con el señor Fernández Marugán- han
reaccionado incluso no ya con políticas económicas concretas, sino
apelando al patriotismo. Fíjese qué término más poco conciliable con
las políticas económicas, pero lo han hecho. Desde Fabius a Jospin
están todo el día pidiendo a los franceses que hay que sacar adelante
el país frente a lo que viene. Aquí no pasa nada; aquí el país está
estupendamente y ustedes siguen, como dicen los mejicanos,
nadando muertitos, es decir, subidos a la ola y dejando que la ola
les lleve. Eso se llama nadar muertito. Señor Azpiroz, hay que
pedalear cuesta arriba y ahora vamos a ver si ustedes saben o no
pedalear en esta bicicleta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Le recordaré al señor Jáuregui que la mayor
tasa de temporalidad la tuvo en este país el Gobierno socialista;
desde entonces -aunque no en la medida que queremos- se ha reducido.
Llevamos dos puntos y medio de reducción -me puedo equivocar en el
dato pero por ahí anda-, que efectivamente no es la que deseamos ni
la que hace falta, pero se va reduciendo. Le recordaré en este
sentido que al margen de la política de incentivación de la
contratación indefinida en la cual ustedes con su fórmula, le
insisto, se dejan colectivos como los que he citado antes (si
lleváramos a efecto la reforma que ustedes proponen iba a levantar
ampollas en colectivos sensibles con problemas de incardinación en el
plano laboral; creo que esto es objetivo y que ustedes deberían
pensar muy bien el planteamiento que nos hacen, que no obedece
exactamente a las palabras que usted deriva y deduce de lo que supone
en concreto su enmienda) nosotros hemos establecido en la reforma
laboral, en contra de la contratación temporal, la incentivación de
los costes sociales para los contratos menores de siete días y una
indemnización a la extinción del contrato de trabajo. ¿Hay que
ahondar? Probablemente. ¿Hay que profundizar? Probablemente. Me
parece que es de justicia decir que la reforma laboral es de este año
-no de hace veinte años, ni cinco, ni siquiera de hace dos años- y no
hemos dejado tiempo suficiente para ver si efectivamente la reforma
laboral se muestra eficaz o ineficaz; no hemos dejado tiempo
suficiente y ustedes nos reproducen el debate que perdieron en la
reforma laboral y que no prosperó. Hace usted muy bien si cree en él,
pero convendrá conmigo en que no ha habido perspectiva ni tiempo de
experimentación para confrontar si al final la reforma funciona o no
o si el cambio de decorado, el cambio socioeconómico general y
mundial, afecta de tal manera que hay que modificarlo. En el campo
laboral este Gobierno ha venido haciendo algo a lo que ustedes no
conceden importancia pero la tiene, y es una política económica y
presupuestaria determinada, una política de control del gasto, de
transparencia, de reducción del déficit hasta llegar al equilibrio
financiero, o intentar el equilibrio financiero porque justamente eso
posibilita lo que ha ocurrido, desde bajadas de tipos de interés
hasta devolución a la sociedad de recursos económicos para que sea
motor activo. También permite que si vienen mal dadas tengamos flujos
financieros para adoptar en un momento concreto otro tipo de acciones
que cuando uno está -perdone la expresión- empufado, cuando uno está
demasiado
adeudado, cuando uno tiene un déficit que en definitiva es una
herencia negativa que deja a las nuevas generaciones, si es preciso
le va a permitir ese margen. Con otro presupuesto creo que no; con
otro presupuesto creo que sería llover sobre mojado y endeudar sobre
endeudado. Eso, al final, supone costos, pagos de deudas,
encarecimiento del dinero y descrédito en la confianza del sistema
económico y del presupuesto de un país.
Ustedes nos dicen que el ciclo económico empezó en 1994 y que antes
también hubo pivotes de acceso de más cotizantes a la Seguridad
Social. Sin duda; nadie lo ha puesto en tela de juicio. Lo que ocurre
es que tampoco nadie puede poner en tela de juicio que en este
momento España se encuentra ante un récord histórico de cotización a
la Seguridad Social, y le incluyo, como he hecho, el mes de octubre
pasado, donde hemos seguido creciendo en número de cotizantes. ¿Es
esto malo? ¿Tan negativa es en esta materia la política del Gobierno?
¿Tan errados estamos? ¿Tan mal vamos? Pues yo creo que también las
cifras a veces sirven para objetivar las situaciones como en este
caso. Usted ha aludido a un uso sectario de las cifras. Yo no le digo
que sean la panacea. ¡Ojalá tuviéramos dos millones más de
cotizantes! Aunque también nos plantearía problemas; habríamos
acabado con todo el paro en el INEM y necesitaríamos más gente para
trabajar, que no sé de dónde la sacaríamos o cómo la pintaríamos.
También plantearía problemas. Creo que sectarismo ninguno y
triunfalismo tampoco, pero, eso sí, me remito a las cifras y cada uno
que las enjuicie como le parezca.
Habla usted de patriotismo y le digo que encantado; además, las
apelaciones al patriotismo las podemos hacer ustedes y nosotros,
todos. Le digo que apelo desde aquí a que nuestra sociedad sea mayor
de edad, sea adulta, sea responsable y ante una situación de
incertidumbre que nunca es buena en términos económicos, contribuya a
dar confianza, a apostar por su sociedad, a continuar invirtiendo
como, afortunadamente todavía lo está haciendo y esperemos que así
siga, y a continuar contratando. Apelo también a ese patriotismo, a
esta necesidad de que todos actuemos en esta materia. Si quiere
podemos poner una dotación presupuestaria cero, pero pongamos
patriotismo. Es una cuestión de actuación política de todos: del
Gobierno, obviamente, y de ustedes, pero no creo que podamos dar una
cuantía a una dotación presupuestaria sobre esos términos.
Respecto a lo de pedalear cuesta arriba, ojalá la cuesta no sea muy
para arriba (no porque tengamos que pedalear nosotros, que somos los
representantes, como ustedes, del pueblo español) y ojalá tengamos un
camino llano y accesible. Se lo aseguro no sólo por el bien del
Partido Popular, incluso no por el bien del Partido Popular, sino por
el bien de toda nuestra sociedad. Si no es así, no sólo pedalearemos
sino que pediremos su esfuerzo y su responsabilidad para colaborar en
aquellos puntos en
los que estoy convencido de que ustedes también pueden cooperar.
El señor PRESIDENTE: Queda concluido el debate de este bloque.
Iniciamos el debate del título V junto con la sección 6. Título V
Sección 6 Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: La única idea que incorporó el año pasado
el Grupo Parlamentario Popular al debate presupuestario fue que el
Estado se gastaría única y exclusivamente aquello que ingresara.
Debió creerse que era una idea interesante, brillante y original y
quizás por eso la repitió machaconamente. La verdad es que en esto de
la política sucede lo mismo que en la literatura, aquí también hay
intertextualidad, aquí también hay personajes políticos que copian
las ideas de los demás. No sólo le ocurre al señor Cela, al señor
Racionero o a doña Ana Rosa Quintana, le sucedió al señor Aznar. La
idea de que el Estado sólo se gastaría aquello que ingresara forma
parte de la plataforma política con la que los republicanos de Bush
padre fueron derrotados por Clinton hace ocho años. Se presentaron
con esta plataforma política y con una reforma constitucional, y no
deja de ser una de las categorías políticas que identifican
-permítanme que lo diga tranquilamente- al conservadurismo radical en
América y en Europa. La verdad es que este tipo de plataformas
políticas casi siempre se incumplen. El Partido Popular se presentó
con la idea del equilibrio presupuestario, pero hizo autorizar a la
Cámara que la deuda pública se incrementara en 1,9 billones, que era
mucho más importante la cantidad si se le añade lo que le
correspondería a avales y a préstamos que concedían el Estado y los
organismos para políticas públicas más o menos disimuladas. En
cualquier caso, nos encontramos con cantidades que marean, que hacen
a uno preocuparse y que deberíamos ser capaces de clarificar porque
no sería bueno que contribuyéramos a generar más ilusión financiera
de la debida. Los ciudadanos deben saber cuál es el coste que suponen
los impuestos y han de saber cuál es el beneficio que se deriva de
los gastos.
Me gustaría poner de relieve algunas cosas. ¿Qué es lo que se computa
y qué es lo que se deja de computar a la hora de definir lo que es
ingreso y lo que es gasto, lo que es deuda y lo que deja de serlo? En
definitiva, si nos hemos puesto una línea y convencionalmente hemos
llegado al acuerdo de que hasta esa línea hay déficit y por debajo
hay deuda, ¿qué hay? Aquí hay, sinceramente, una situación
terriblemente complicada. ¿Por qué? Porque estamos asistiendo, señor
presidente, a la huida del presupuesto tanto en la Administración
central como en las administraciones territoriales. Estamos viviendo
un discurso bastante falaz y -dicho bajito y escrito con minúscula-
hipócrita. ¿Por qué? Porque fundamentalmente nosotros focalizamos el
equilibrio en
una parte del presupuesto y tenemos fuera del equilibrio actividades
económicas muy importantes. Esa actividad algunos la llaman
creatividad contable, que en términos presupuestarios es una
actividad emergente y que banaliza la presunción que algunos grupos
tienen respecto de la realización de determinadas políticas
económicas. Nosotros hemos visto nacer al GIF y a las sociedades
dedicadas a la construcción y explotación de obras hidráulicas, pero
después del GIF se han creado seis sociedades de agua, se han creado
cuatro SIASAS y lo último que acaba de crearse es una sociedad
dedicada a la infraestructura del trasvase. Tendría que decir con
dolor que esta Cámara cada vez controla menos una parte importante de
la actividad económica del Estado, que es la parte que hace
referencia a la inversión pública, sobre todo a la inversión en
infraestructuras de carreteras, de ferrocarriles, de obras
hidráulicas, de aguas, infraestructuras agrarias, y no digamos a ese
mundo complejo de la modernización de las Fuerzas Armadas. Como
consecuencia de este tipo de innovación contable y presupuestaria,
hoy nos encontramos con que las aportaciones patrimoniales han
aumentado en el año 2002 respecto del año 2001, y no moderadamente,
el 21 por ciento. Cuando miro períodos anteriores y me encuentro con
incrementos del 21 por ciento, por definición pienso que es malo. Yo
soy mucho más moderado. Comprendo que los políticos del Partido
Popular son muy radicales; yo no, yo soy una persona moderada y
cuando veo un incremento del 21 por ciento me hace pensar qué está
pasando para que haya ese incremento. No sólo hay problemas de
aportaciones patrimoniales sino también de concesiones de préstamos,
porque este Estado concede préstamos a entes dentro del propio
Estado, 176.000 millones este año, y a entes fuera del Estado, a
empresas privadas, y ahí todavía el incremento es superior, 266.000
millones cuando el año pasado fueron 210.000, el 27 por ciento. Uno
debería decir que conceden préstamos pero la ley dice que se
reembolsen. Los reembolsos en la parte pública son 76.000 millones y
en la parte privada son solamente 18.000 millones.
Señoras y señores diputados, me temo que aquí pronto va a cantar la
gallina, me temo que aquí pronto va a suceder algo sobre lo que esta
Cámara se tendrá que pronunciar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en
algún momento alguien va a decir que no puede devolver los préstamos
que le hemos concedido. ¿Por qué ocurre esto? Que esto ocurre está en
los libros. Cualquier profesional medianamente ilustrado de la
historia presupuestaria de las sociedades avanzadas se ha encontrado
con situaciones como ésta, porque esto esencialmente ocurre cuando
hay déficit. En cualquier sociedad los déficit son muy engorrosos y
muy incómodos porque al final hay que pagarlos, y se pagan casi
siempre con impuestos. En definitiva, los déficit limitan la acción
política de los gobiernos y la acción política de los parlamentos.
Cuando uno se encuentra con
un déficit alguien se pregunta qué hacer para poder hacer realidad
eso de que hacer política es gastar; eso es lo que algunos creen que
es hacer política, gastar. Yo recurro a mis clásicos y lo dice
Samuelson también, que es mejor economista que Montoro. Samuelson
dice que lo que hay que hacer es innovar, y que innovar consiste en
recurrir a nuevas regulaciones, a avales a empresas públicas creadas
al efecto, a cualquier mecanismo creado para la ocasión que permita
gastar por encima de los enloquecedores confines del presupuesto
oficial. Cuando uno oye al premio Nobel de economía decir esto y mira
a España dice: es que la está retratando. ¿Qué es lo que ha hecho el
Gobierno del Partido Popular? Repetir en el año 2002 las malas
prácticas del año 2001, pero además repetirlas en mayor cuantía
porque los activos financieros ya van por 880.000 millones de
pesetas, 50.000 más que el año pasado. Las autorizaciones de deuda
del Estado y de los organismos que figuran en el anexo tres (hay que
leerse el anexo tres para ver quién y cómo se endeudan algunos) ya se
sitúan en dos billones 400.000 millones de pesetas. Los activos se
incrementan en 50.000 millones, las autorizaciones de deuda en
453.000 millones de pesetas. Aquí surge una paradoja de la cual no he
podido librarme, pero que es extraordinariamente clarificadora. Si
uno se toma la molestia de ir al presupuesto consolidado, al librito
del presupuesto consolidado que acompaña ese metro y medio de papel
que nos envían para enterrar a la Cámara; si uno se acerca al déficit
del presupuesto consolidado, verá que sólo es de 5.500 millones de
pesetas. Este es un presupuesto que, aunque poco, tiene déficit,
a pesar de lo que diga el Grupo Popular. Este es un presupuesto que
numérica y contablemente presenta formalmente un pequeño déficit.
¿Qué ha pasado en el endeudamiento? Sólo con el del Estado y el de
los organismos, dejando al margen los avales y activos financieros,
este es un presupuesto que autoriza al Gobierno a endeudarse en 2,4
billones de pesetas. Uno se pregunta: ¿Cómo es posible que una
entidad se presente con un déficit tan reducido y con un
endeudamiento tan alto? ¿ Qué pasa aquí? ¿ Qué política financiera
hay en esa organización? ¿ Cómo es posible que esto ocurra comparando
el año 2001 con el año 2002? Esta política que tiene que asombrar al
mundo por su solvencia y entidad se presentaba el año pasado con un
déficit que era el 0,9 del PIB y en el segundo año, según el milagro
que dicen que ha ocurrido en las ciudades españolas, se presenta con
1,2. Es decir, en lugar de ir las cosas bien porque somos austeros y
capaces de controlar las magnitudes macroeconómicas, en lugar de
tener menos deuda, tenemos más, y en lugar de pesar menos en el
presupuesto, pesa más. Señorías, deben ser arcanos de la política, y
desde luego yo no tengo ningún inconveniente en reconocer que no soy
capaz de comprender.
No terminan ahí las dificultades o paradojas que a mí me produce este
presupuesto. Este es un presupuesto donde existe un artículo que
autoriza a elevar todo
esto. Si dijera que solamente se puede endeudar en 2,4 billones y se
tiene que ajustar a esto, no sería así; el límite puede elevarse por
cuatro motivos y sin límite debido a modificaciones, créditos
extraordinarios o suplementos, sin necesidad de hacer modificaciones
interiores. Cuando al conjunto de las administraciones se le plantea
uno de estos supuestos en lugar de proceder a una recomposición
interna del gasto, puede dejarlo tal como está y recurrir a elevar el
volumen de deuda pública. Esto lo puede hacer con los ingresos y esta
es una de las ideas capitales de este presupuesto. En este
presupuesto - va a tener razón Núñez- casi todo es falso. El volumen
de crecimiento es falso y lo elevaron porque necesitaban elevar el de
ingresos, porque si no lo hacían lo presentaban con déficit. Este
milagro le duraba a Montoro medio ejercicio, pero no podía contemplar
que el día que fuera a ver a Buchanan o el día que se tuviera que
presentar delante de la CEOE le dijeran que esa brillante idea que
quería plasmar en el conjunto de la sociedad española se le había
venido abajo como un cascarón de nuez. Elevó la tasa de crecimiento
para elevar la tasa de crecimiento del ingreso sabedor de que no se
iba a obtener nada por la vía de los impuestos y que iba a necesitar
aumentar considerablemente la deuda pública. Este es el segundo
elemento que hace que estemos delante de un acto que supone política
y financieramente una estafa. El tercer elemento que hace que no sea
creíble el límite de endeudamiento y que legalmente se pueda superar
este límite de endeudamiento son las operaciones
extrapresupuestarias, que tampoco dan origen a la recomposición del
gasto sino al incremento de la deuda. El cuarto elemento sería una
constatación muy maligna, porque uno debería ser consciente de que en
materia pública no se puede especular con la bondad o la maldad del
papel, es decir, de los derechos que dicen los que llevan la
contabilidad pública que la Administración ingresará o de las
obligaciones que contraerá en un determinado momento. Aquí se dice
que, si en lo que hay pendiente por la vía de los ingresos o de
gastos el papel sale perjudicado, las variaciones tampoco se corrigen
recomponiendo el gasto sino con un alza en los créditos de deuda
pública. Por lo tanto, ¿ qué tenemos aquí? Tenemos que el sano
ejercicio de los límites, que forma parte de la práctica política de
cualquier Gobierno, no se ejerce; que hay un excesivo endeudamiento
inicial y que no hay límite en el endeudamiento final y que el
Gobierno del Partido Popular se endeudará lo que haga falta, sin
disciplina y sin control.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán de Convèrgencia i Unió
tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA: Respecto al bloque que integra el título V y
la sección 6 mantenemos una enmienda, la 1242, al artículo 57
referido al fondo para
la concesión de microcréditos para proyectos de desarrollo social
básico en el exterior. Nuestra enmienda tiene una lógica que debería
hacer reflexionar al Grupo Parlamentario Popular para situar el
importe al menos en la misma cantidad que existe hoy en la Ley de
presupuestos generales del Estado para el año 2001, referido a este
concepto del proyecto de desarrollo social básico en el exterior.
¿Cuál es la sorpresa que nos hemos llevado al leer el citado
artículo? Que en su importe el Gobierno rebaja la cantidad respecto
del presente ejercicio y del ejercicio anterior del año 2000.
En unos momentos en que se da una nueva situación internacional y que
es preciso apoyar procesos de desarrollo social de todo tipo - no
sólo básicos y a través de microcréditos- , en unos momentos en que
el señor Lubbers, presidente de ACNUR y antiguo primer ministro de
Holanda, en cuanto llega a España nos recuerda que están poco
dispuestos a participar en esta nueva situación internacional - se
refiere a los refugiados de la crisis- nos parecería oportuno -al
menos así lo sugerimos- aumentar la dotación presupuestaria al fondo
de microcréditos para el proyecto de desarrollo social básico en el
exterior hasta la misma cuantía establecida para el año 2001. Reitero
que la nueva situación internacional nos debería llevar con
naturalidad a eso; en todo caso me atrevo a vaticinar que, si no se
recoge nuestra propuesta u otras que pueden ir en idéntico sentido,
la realidad nos va a llevar a ella. Es decir, en el transcurso del
ejercicio 2001, los sucesos del 11 de septiembre último y los
derivados de ellos nos van a llevar a que España participe de una
manera mucho más activa no ya en el sentido voluntarista del término
desde el concepto político, sino económicamente, en fondos para
desarrollo social básico en el exterior.
El señor PRESIDENTE: El señor Ruiz, en nombre del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida tiene la palabra.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Voy a intervenir brevemente, señor
presidente, puesto que en este título tenemos sólo tres o cuatro
enmiendas, de las que dos son bastante repetitivas sobre un mismo
aspecto. En la primera de ellas, sobre el Fondo de Ayuda al
Desarrollo, intentamos adecuar una partida que está sobredimensionada
puesto que el importe real del préstamo aprobado desde 1995 es de 210
millones de euros, lo cual nos lleva a la conclusión de que es
necesario adecuar dicha partida al gasto real. La enmienda de adición
que presentamos respecto a la condonación de la deuda externa, de 270
millones de euros, está motivada en que el pueblo español ha
adquirido en los últimos años la conciencia del grave problema que
implica para los pueblos del sur la deuda externa. Consideramos que
la misma debe ser abolida, tal como pidieron más de un millón de
ciudadanos en la consulta ciudadana para la abolición de la deuda
externa realizada el año pasado.
En este camino los 270 millones de euros deben ejecutarse tanto en
operaciones relacionadas con la deuda en el Estado español como en
aportaciones a operaciones multilaterales. La última enmienda que
presentábamos es un añadido también en un párrafo sobre la
utilización del fondo para la concesión de microcréditos y representa
sobre todo una garantía legal que le falta a esta propuesta.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene
la palabra el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Señor Fernández Marugán, usted dice que el
Grupo Popular ha sostenido que solamente gastaría aquello que
ingresara; lo ha dicho muchas veces y lo ha cumplido, lo viene
cumpliendo. Dice usted que esa es una actitud de conservadurismo
radical. Yo le pregunto si el Plan de Estabilidad y Crecimiento de la
Unión Europea ha sido suscrito sólo por gobiernos conservadores.
Señor Fernández Marugán, el equilibrio presupuestario es un objetivo
de estabilidad, de garantía de futuro para poder llevar a cabo
políticas de bienestar social, como venimos haciendo a lo largo de
los últimos años en los presupuestos, y también de reconocimiento
internacional. Le doy solamente un dato: El diferencial de tipos de
interés a largo plazo con Alemania, que siempre ha sido un referente
para poder identificar la solvencia y el grado de sanidad de la
economía de un país y que tanto afecta a los inversores españoles en
el extranjero, se está reduciendo año tras año sensiblemente. Los
mercados no se fijan en discursos políticos ni en discursos falaces e
hipócritas, como ha calificado usted al nuestro, sino que se fijan en
la realidad y en la sanidad de una situación económica. Hablar de
discurso falaz e hipócrita cuando estamos recibiendo el visto bueno
del sistema europeo de cuentas y cuando organismos internacionales
como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE están haciendo
informes muy elogiosos de la situación de la economía española, me
parece que carece totalmente de sentido. En cuanto a reducir
impuestos, le recuerdo que el único que en este país ha reducido
impuestos ha sido el Gobierno del Partido Popular.
Estamos tratando la cuestión de la financiación del Estado, que ha
tocado usted, y naturalmente la participación en la financiación del
Estado y la deuda pública hay que verlas en relación con la evolución
del producto interior bruto. Le puedo decir que desde ese ratio
deuda-producto interior bruto, que en los años noventa era
ligeramente inferior al 70 por ciento, está en estos momentos en
torno al 57 por ciento y a finales del año que viene, el 2002, cuyo
presupuesto estamos discutiendo, estará en el 55 por ciento. No
solamente hay que ver el porcentaje de endeudamiento, sino también
algo muy importante para nuestros intereses, que es el coste medio de
la deuda; el coste medio de la deuda en circulación se mantendrá
claramente por debajo del 6
por ciento, como ya viene ocurriendo desde el año 1999, en contraste
con un coste cercano al 10 por ciento a mediados de la década de los
noventa. El coste de la nueva deuda que emita el Estado durante 2002
se mantendrá en un promedio en torno al 5 por ciento. En el año 2002
se reducirán de forma significativa los pagos por intereses en
términos de PIB y pasaremos al 2,7 por ciento. Hay que recordar que
en el año 1997 ese pago alcanzaba casi el 7 por ciento del producto
interior bruto.
Entrando en las enmiendas que han presentado ustedes, respecto a la
número 1032, que pretende incluir un nuevo artículo 47 bis, en el que
defienden que el Estado asuma la deuda del Ente Público
Radiotelevisión Española, es una enmienda que hacen ustedes
recurrentemente a lo largo de los últimos años. La asunción de la
deuda del ente público con los efectos de la deuda del Estado en
circulación y la carga financiera que conllevaría se debe enmarcar
sin duda alguna en un plan mucho más amplio de saneamiento del Ente
Público Radiotelevisión Española. Como usted sabe, este plan está
actualmente en desarrollo y deberá determinar la viabilidad comercial
del ente y su capacidad de generar recursos con los que hacer frente
a su deuda. La asunción por el Estado de la deuda de Radiotelevisión
Española sin haber agotado las posibilidades de que el propio ente
haga frente a sus compromisos es un incentivo para el endeudamiento
irresponsable por otras empresas públicas. En la enmienda número
1033, en coherencia con la 1032, proponen suprimir el aval del Estado
al Ente Público Radiotelevisión Española; por la misma coherencia,
como vamos a votar en contra de la 1032, votaremos también en contra
de la 1033.
En la enmienda 1034 proponen reducir el importe de la dotación del
Fondo de Ayuda al Desarrollo y de la capacidad de autorización de
operaciones por el Consejo de Ministros con cargo a dicho fondo. Hay
que significar que el gasto real que se realiza anualmente con cargo
al Fondo de Ayuda al Desarrollo en lo referente al límite de
capacidad de autorización de operaciones por el Consejo de Ministros,
es prácticamente el total presupuestario. Sólo en algún año puntual
no se ha agotado dicho límite, como por ejemplo ocurrió en el año
2000, ya que la necesidad de completar la tramitación de diversas
operaciones de aportaciones a instituciones financieras
internacionales impidió la aprobación de esas operaciones dentro del
ejercicio, pasando sin embargo a ser aprobadas en enero de 2001. Por
tanto, lo que había era un desfase temporal de un mes. En el presente
ejercicio, a 30 de octubre de 2001, el Consejo de Ministros ha
aprobado ya operaciones por importe de 467millones de euros. El
importe de las operaciones en cartera que se encuentran en un
avanzado estado de tramitación permite prever que se agotará el
límite presupuestario, tanto este año como el que proponemos para el
ejercicio correspondiente al año 2002. Por tanto no vamos a votar
tampoco favorablemente esta enmienda. La enmienda número 1034 del
Grupo Parlamentario Socialista es prácticamente
idéntica a la que plantea Izquierda Unida con el número 46. Por
tanto, también vamos a rechazarla.
Respecto a la enmienda 1035, que propone que se cree un fondo de 200
millones de euros, destinado a ejecutar contra el mismo las
operaciones relacionadas con el tratamiento de la deuda en el Estado
español con los países más pobres, no lo consideramos necesario por
las razones siguientes: porque la ausencia de una partida
presupuestaria propia no ha impedido una gestión activa viciosa de la
deuda externa y en ningún caso ésta ha estado sujeta a los vaivenes
presupuestarios. Desde el punto de vista de la iniciativa para la
reducción de la deuda de los países pobres altamente endeudados, los
países HIPC, la condonación se hace efectiva en el momento en que el
país deudor completa los procesos de reformas estructurales que se
consideran necesarios para alcanzar el objetivo de reducción de la
pobreza. Por ello no es posible saber de antemano a cuánto ascenderá
la condonación efectiva en un determinado periodo. Esta enmienda del
Partido Socialista coincide con las enmiendas 47 y 48 de Izquierda
Unida a las que por las mismas razones nos vamos a oponer.
Finalmente queda la enmienda número 49 de Izquierda Unida, que
propone añadir un párrafo al artículo 57 en el que se dice que la
utilización de este fondo cumplirá todos los requisitos recogidos en
la Ley de Cooperación para el Desarrollo y en el reglamento que se
apruebe. No podemos apoyarla, pues consideramos que es innecesaria,
ya que es el artículo 105 de la Ley de acompañamiento del año 1998,
que regula precisamente el fondo para la concesión de microcréditos,
se dispone claramente que este fondo necesariamente se destinará a la
ejecución de proyectos de desarrollo social básico a que se refiere
el artículo 28.1 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Por todas estas razones no vamos a
apoyar tampoco esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Para un turno de réplica tiene la palabra el
señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Voy a hacer algunas consideraciones de
tipo general.
A mí me ha tocado ser defensor de un Gobierno. Por lo tanto, mi
simpatía y mi comprensión sincera a todos los parlamentarios del
Grupo Parlamentario Popular por muchas razones, pero además por una
fundamental, y es que el trabajo del defensor del Gobierno es un
trabajo de defensa derecho, que no es tan brillante como el de
extremo izquierda o como el de interior; es un trabajo más bien
secundario, pero sacrificado. El mismo día que presentó el señor
Montoro aquí el presupuesto yo recibí una respuesta parlamentaria
escrita en la que se me decía que al 26 de septiembre de 2001 el
grado de realización del presupuesto de inversiones, en un programa
sobre el cual los diputados tenemos tanto interés como el de creación
de infraestructuras de
carreteras, es del 29 por ciento. El día 26 de septiembre de 2001 el
grado de realización de lo que nosotros aprobamos el año pasado aquí
es del 29 por ciento. Decir que equilibramos el presupuesto con
realizaciones del 29 por ciento es demasiado, pero no solamente lo
diría por eso. Nosotros tenemos que tener conciencia de que hemos
vivido un momento extraordinariamente dulce del ingreso público de
España. Si descuelga de Internet el informe del Banco de España, el
que se publicó ayer y el que ha dado origen a alguna información
destacada, en la página 43 va viendo cómo fue la liquidación del año
2000 y cómo fue la del año 1999. Sorprendentemente, por encima de la
de 1999 la del 2000 fue un billón de pesetas. ¿Qué pasa, que aquí
hemos vivido una situación de bonanza producida que ha hecho que el
IVA, la renta y sociedades... Como consecuencia de eso, cuando las
cosas han ido un poco peor, el avance de liquidación del año 2001 nos
dice que sobre previsiones iniciales tan sólo podemos barajar la
hipótesis de 356.000 millones. ¿A dónde me conduce esto? Me conduce
fundamentalmente a una idea, y es que la deuda pública es y va a ser
un recurso muy importante en esta sociedad, y lo va a ser más cuando
equivocadamente el Gobierno de España se ha situado en unos objetivos
de política económica y de política financiera y fiscal profundamente
irrealista. Eso va a determinar que tengamos que estar a lo largo del
próximo ejercicio muy pendientes de cuál es la evolución de esta
magnitud y cómo se comporta en los mercados. Por lo tanto, ya hay en
marcha estabilizadores en la sociedad española; no hay que esperar a
que funcionen esos estabilizadores en el año 2002; están funcionando
en el año 2001 y lo están haciendo de una manera muy curiosa. Los
ingresos hasta septiembre están creciendo al 3,8 por ciento. Se había
pensado que iban a crecer al 6,1 y ahora se admite que sólo lo harán
al 5,4. Va a haber dificultades, excepto en renta de las personas
físicas, para cubrir el presupuesto de ingresos. En cambio, los
gastos están creciendo al 4,6, se había pensado que iban a crecer al
5,5 y terminarán haciéndolo al 4,4.
Me da la impresión de que ustedes han adoptado algunas ideas son
relativamente equivocadas. Un economista de la categoría de
Dornbusch, que a fin de cuentas es un catedrático del MIT, decía el
domingo pasado en El País que la expansión monetaria y fiscal ha
hecho salir a las economías, especialmente a la estadounidense, de
las diez últimas recesiones, y ésta no será distinta e incluso
permitirá a Japón pedalear en el agua durante algunos años más. El
Gobierno podía haber hecho una mix de política económica distinta y
ha decidido no solamente mantener una estructura de política
económica que conduce fundamentalmente a la congelación de la
inversión pública, sino que además con la ley de estabilidad que está
tramitando en esta Cámara lo único que va a hacer es perder
herramientas de política económica que resultan imprescindibles en
momentos de dificultad. La política económica, en su
versión de política monetaria, hoy la lleva el Banco Central Europeo,
la política fiscal está en manos de los parlamentos y de las
asambleas legislativas de las comunidades autónomas, y deberíamos ser
capaces de utilizar esa política fiscal para mejorar las condiciones
económicas de nuestra sociedad. Pues bien, el Partido Popular ha
decidido renunciar al margen que le da el pacto de estabilidad entre
el cero y el 3 por ciento de déficit público y se ha instalado por
ley en una situación donde el conjunto de agentes y de organismos
públicos han de cumplir el objetivo del cero por ciento. Seamos
sinceros, esto no se va a cumplir, en esta línea no se va a avanzar.
Y lo único que va a producir, lamentablemente, es que, para permitir
que haya un ministro que siga creyendo que está llevando a cabo una
tarea histórica, las cuentas públicas van a adquirir todavía mayor
grado de opacidad de la que tienen en este momento. (El señor
vicepresidente, Sanz Palacio, ocupa la presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Señor Fernández Marugán, no entiendo el
símil futbolístico que ha empleado al empezar su discurso porque no
sé nada de fútbol. Me hubiera gustado más que hubiera utilizado un
símil taurino, que es más usual en el lenguaje coloquial que el
futbolístico, por eso no sé muy bien que me ha querido decir con lo
de delantero, extremo, etcétera. Perdóneme que en ese terreno no le
pueda contestar.
Dice usted que calificamos el momento económico de dulce. Negarle que
el momento económico internacional es delicado y que la economía
española a la fuerza tiene que verse afectada por esa situación, es
indudable; en años anteriores hablaron ustedes de presupuesto poco
realista, voluntarista, pero los datos son tozudos y contra ellos no
acaban ustedes de centrarse, porque como los datos son los que son
difícilmente pueden contradecirse con sus argumentos. Ustedes siempre
han sido partidarios de gastar más, sobre todo en gasto corriente y
nosotros somos partidarios de gastar menos en gasto corriente y más
en inversión o en gasto social como se ve, por ejemplo, en este
presupuesto que tiene importantes crecimientos en educación, en
sanidad, en infraestructuras, en I+D+I, etcétera. Pese a todos sus
malos augurios -que los acaba de hacer-, es evidente que hasta que no
pase el año 2002 y veamos cuál ha sido la evolución de la crisis
económica internacional, será difícil saber quién lleva la razón.
Estaremos mucho más seguros con equilibrio presupuestario, de no
déficit, que con una situación de déficit a la que nos tenían ustedes
acostumbrados.
Título VI El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Pasamos a debatir
el título VI.
Señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Algunas de las cosas que inspiran la
filosofía del Partido Socialista en este título las hemos ido
exponiendo tanto el señor Jáuregui como yo. En este momento, es
preciso proporcionar confianza a grandes grupos de la población, en
el sentido de dimensión y tamaño, para que pueda avanzarse en una
política macroeconómica más correcta. Como consecuencia de esa
creencia, proponemos deflactar la tarifa, tratar al IVA superreducido
de viviendas de una manera más favorable y reducir temporalmente las
cotizaciones a la Seguridad Social que pagan aquellos grupos que
tienen más dificultades para ampliarse. Con este planteamiento están
fuera de lugar los tratamientos preferenciales a favor de aquellos
contribuyentes que tienen mayor nivel de renta. Claro está que esta
filosofía de política tributaria choca de una manera clara con los
planteamientos del Partido Popular. Estos años han sido buenos,
excelentes en muchos renglones de la política económica. No ha habido
una crisis de tijeras, el ingreso y el gasto han crecido de una
manera relativamente razonable, tampoco ha habido canibalismo fiscal
en el sentido de que casi todas las figuras tributarias han podido
dar de sí lo que se esperaba de ellas sin grandes dificultades. No
obstante, la evolución del ciclo y las medidas discrecionales de
política fiscal que el Partido Popular ha ido aplicando en estos años
ha hecho que algunas crezcan de una manera y otras de otra.
Con relación a la política presupuestaria que ha querido llevar a
cabo el Partido Popular, con la cual se decía que se homologaría a
las políticas de esta naturaleza que se realizaban en el seno de la
Unión, tengo que decir que no comparto este punto de vista. No lo
comparto ni desde la perspectiva temporal, porque el Partido Popular,
conforme se va alejando del eje de coordenadas de su primera victoria
electoral, se va convirtiendo en un partido que pierde el equilibrio
en sus diseños globales de política económica; ni lo comparto desde
la perspectiva de los contenidos de las políticas, del Partido
Popular, porque, tal vez me equivoco, pero yo lo percibo como un
partido nítidamente conservador, eso que se llama un partido de
derechas, poco preocupado por el lazo social que debe articularse en
una sociedad como la española. Esa es mi percepción y forma parte de
mi pedazo de verdad el que yo lo ponga esta tarde aquí al servicio de
S.S. Dentro de la fiscalidad eso se nota en algunas cosas, en el
nivel de la tributación, en la estructura de la tributación y en la
evolución que han seguido algunas figuras tributarias. Respecto al
nivel de la tributación, España ha subido la presión fiscal en estos
años, el 2,5 por ciento en términos de PIB, entre los años 1995 y
2000. Eso puede ser mucho o poco, pero yo les voy a poner dos
elementos referenciales. En la Unión Europea en ese tiempo la presión
fiscal ha crecido 1,6 puntos y en la OCDE ha crecido 1,2. Esa idea de
que en los últimos años se han bajado los impuestos en España no es
cierta. Es verdad
que hay quienes los han subido más: Turquía, Corea, Grecia o
Islandia, pero nosotros estamos dentro de ese grupo de países que han
subido los impuestos entre los años 1995 y 2000 y ahí está como
realidad.
La estructura es una variable que indica mucho la orientación de las
políticas en una sociedad. El primer renglón en la OCDE es el IRPF. Y
el IRPF en la media de los países de la OCDE, en el periodo que va
entre 1970 y el año 2000, representa el 26 por ciento del total de
los recursos que manejan esas sociedades. Es el primer renglón,
seguido de cotizaciones sociales, que es el 25; del IVA, que es el
19; de las abscisas, que son el 12; de sociedades, que es el 9; de
patrimonio, que es el 5 y, el resto, un 4 por ciento. En la OCDE hay
ocho países, entre los cuales está España, cuyas cotizaciones son el
primer renglón de la política financiera de las administraciones. Eso
plantea un problema al que ha aludido Jáuregui, mi compañero y amigo,
al señalar que hay un problema de incidencia en los salarios y en los
impuestos generales, y que hay que ver cuál es la situación
financiera de este agente. Para nosotros, tiene poca lógica que un
agente como la Seguridad Social tenga un superávit cuando el Estado
tiene el déficit que tiene. En España no hay esta distribución. En
España, el primero son las cotizaciones sociales, con el 35 por
ciento; el segundo es el IVA, con el 30 por ciento; el tercero -lo
que es en Europa y en la OCDE el primero aquí es el tercero-, con el
20 por ciento, y le siguen sociedades, patrimonio y el resto de los
impuestos.
Uno puede preguntarse: ¿Dónde están mis elementos referenciales? ¿En
la OCDE? Sí, y en Europa también. Pues bien, en la Unión Europea las
cotizaciones sociales no llegan al 35 por ciento, están en el 28; el
IVA está como en España, en torno al 30 por ciento. En la Unión
Europea, sumando personas físicas y personas jurídicas, las rentas
cubren el otro 35 por ciento y aquí se quedan en el 28. Nosotros
tenemos una estructura de política fiscal que de alguna manera
conviene analizar. Es verdad que el Partido Popular ha reducido el
impuesto sobre la renta, un 3 por ciento entre 1996 y 2000, y hemos
visto cómo sube el impuesto sobre sociedades, pero el gran problema
se plantea fundamentalmente en materia de cotizaciones. Las
cotizaciones suelen ser, en la mayor parte de estos países,
terriblemente estables, lo son en la OCDE y lo son en la Unión
Europea, y como consecuencia de eso, el peso de las cotizaciones en
el conjunto de los ingresos que manejan las administraciones públicas
apenas si se mueve. Pero que no se mueva el peso no quiere decir que
no se mueva el tipo, sino que son capaces de mover los tipos de las
diferentes categorías con el fin de adecuarse al ciclo. ¿Qué ha
pasado? Que entre 1996 y el año 2000 el peso de las cotizaciones no
se ha movido ni en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en Austria, ni en
Bélgica, ni en Alemania, ni en Islandia, ni en Luxemburgo, ni en
Holanda, ni en el Reino Unido de la Gran Bretaña. No se han movido en
esos países hacia los cuales nosotros deberíamos
ser capaces de converger; en cambio, en España sí se han movido,
se han movido al alza. Nosotros hoy tenemos un peso de cotizaciones
del 12,4 en términos de PIB, cuando antes lo teníamos del 11,7.
Cabría preguntarse: ¿Quién lo ha movido, aparte de nosotros? Nosotros
ahí hemos estado acompañados. No hemos acompañado al resto de países
que decíamos antes, pero nos han acompañado México, Corea, Chequia,
Grecia y Turquía.
En este ejercicio de geografía y de política financiera, las
aproximaciones que ha venido haciendo la política fiscal del Partido
Popular tiene algunos elementos que yo querría poner de relieve. ¿Por
qué? Porque si a ello le añadimos el peso de la imposición de los
consumos, nos encontramos con un fenómeno extraordinariamente
importante que quisiera poner de relieve en este último tramo de mi
intervención. Nosotros tenemos una política tributaria regresiva como
consecuencia de una sobreimposición en las rentas del trabajo;
sobreimposición que se ha ido alargando en los últimos años y que no
ha podido evitarse a pesar de la pérdida de peso que ha tenido la
imposición directa sobre la renta. La carga fiscal de un trabajador
representa algo así como el 38 por ciento del coste de la mano de
obra y tiene un tipo marginal del 45 por ciento. Eso hace que en este
momento la incidencia tanto de renta como de cotizaciones sea muy
destacada en un colectivo de españoles que tienen dificultades para
emplearse y que son trabajadores poco cualificados.
La orientación política de las enmiendas del Partido Socialista
consiste en no poner dificultades a esos colectivos, en que la
familia prototipo de esta sociedad, que es un trabajador industrial o
de servicios, donde él es el aportante fundamental de la renta
disponible de esa unidad familiar, con dos hijos en edad escolar, no
experimente el coste y la presión fiscal que en este momento está
experimentando la sociedad española. Para aliviarle de esta
situación, nosotros proponemos deflactar la tarifa, reducir la
tributación de las cotizaciones sociales en las categorías inferiores
y aliviarle en el caso de que alguno de ellos quiera adquirir una
vivienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señor presidente, a este título VI
mantenemos dos enmiendas, las números 1243 y 1244. La primera propone
modificar algunos aspectos del artículo que se refiere al impuesto
sobre actividades económicas y a algunas tarifas, que podían mejorar
el Real Decreto legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, de
modificación de tarifas del impuesto sobre actividades económicas, en
su anexo primero. La redacción del IAE que se aprobó en esta Cámara
y en el Senado no es la mejor por no ser precisa, lo
cual crea no pocos problemas de interpretación y de aplicación
dispar, incluso contradictoria, según en qué provincias, en función
de cómo se interprete lo aprobado, en muchas ocasiones fruto de
enmiendas transaccionales del Congreso de los Diputados o del Senado,
con la mejor de las voluntades políticas, pero no con la mejor
fortuna desde el punto de vista de la redacción. Nuestra enmienda
1243 propone clarificar la adscripción de los procesos de producción
y fabricación de pasta papelera, papel y cartón y el proceso de
manipulación, como actividad diferenciada, a los efectos de su
respectiva tributación en impuesto sobre actividades económicas,
porque en este aspecto y en otros que el Gobierno trae aquí la
clarificación no se da, sino que existen interpretaciones distintas e
incluso contradictorias, según quien las haga.
La segunda de nuestras enmiendas, la número 1244, como ya he citado,
trata de incorporar un nuevo punto 3 al artículo 62. Pretende que la
actividad de agroturismo, cuando cumpla todos los requisitos para ser
considerada como actividad complementaria de la actividad agraria los
requisitos vienen especificados en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de
modernización de las explotaciones agrarias en su artículo 3.5 quede
excluida de la consideración de actividad sujeta al impuesto de
actividades económicas. ¿Por qué presentamos esta enmienda y cuál es
su justificación? En primer lugar, consideramos que la ley que he
citado sobre modernización de las explotaciones agrarias es buena.
Ese texto legislativo nació con la voluntad de ayudar a superar las
deficiencias estructurales de muchas explotaciones y estimular la
formación de explotaciones agrarias de dimensiones suficientes para
asegurar su viabilidad. Si estuvimos de acuerdo entonces con la
voluntad del legislador, lo estamos también hoy con la bondad que
subyace y que motivó ese texto legislativo. Esta ley define al
agricultor profesional como el titular de una explotación agraria que
obtiene, al menos, el 50 por ciento de su renta total de actividades
agrarias u otras actividades complementarias, siempre que la parte de
renta procedente de las primeras no sea inferior al 25 por ciento.
Por lo tanto, da un escalonado; a partir de un porcentaje, el 50 por
ciento, considera a un agricultor profesional titular de la
explotación agraria, pero da un margen de maniobra para complementar
sus ingresos. En ese margen está la actividad del agroturismo que,
como todas SS.SS. saben y reconocerán, ha ido a más afortunadamente y
ha salvado no pocas explotaciones agrícolas de su desaparición. En
algunos casos es un complemento vital, que no altera los porcentajes
que he citado, que se fijan en la Ley de modernización de las
explotaciones agrarias; reitero que en no pocas ocasiones, en no
pocas provincias y en no pocos territorios de España es una actividad
vital para mantener la explotación agraria, un equilibrio
territorial, unidades familiares y solventar problemas de renta. Si
no existiera ese complemento de actividad turística a la explotación
agraria lo sufrirían,
en primer lugar, quienes de eso viven, y, en segundo lugar, el
Legislativo que se vería obligado a dar solución a un problema de
despoblación que ya existe en el ámbito rural, que se vería
incrementado.
Castigar esa actividad con el primer saludo, cuando se dice buenos
días, con el impuesto de actividad económica relativo al complemento
de la explotación agraria, nos parece contradictorio con el sentido
común y con la bondad de la Ley de 1995, de modernización de
explotaciones agrarias, que tiene también su traslado en el impuesto
de renta de las personas físicas equiparable a la actividad agraria.
Nosotros consideramos absolutamente innecesaria la aplicación del
impuesto de actividades económicas a esa actividad, si en el interés
de la ley estaba y sigue estando que el agroturismo sea
complementario y no la actividad principal, cuando la explotación
agraria obtiene, como mínimo, el 50 por ciento de su renta total de
actividades agrarias, u otras complementarias, siempre que la renta
procedente de las primeras no sea inferior al 25 por ciento. Se
trata, pues, de corregir el tiro con la idéntica voluntad política
que nos aconsejó en el año 1995 facilitar una actividad
complementaria, el agroturismo, de feliz marcha, para asegurar el
equilibrio territorial, las explotaciones agrarias familiares, y un
largo etcétera que nos preocupaba entonces y nos sigue preocupando
hoy.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacios): Por el Grupo Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señor presidente, no vamos a
intervenir en este título y damos por defendidas las enmiendas tal y
como se han presentado.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacios): Por el Grupo Popular, tiene
la palabra el señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Sucintamente, en la medida de lo
posible, dado lo avanzado del día, estamos debatiendo no tanto la
política fiscal en general, como pretendían algunos portavoces que me
han precedido en el uso de la palabra, sino el título VI del proyecto
de ley de Presupuestos Generales del Estado, que lleva por rúbrica
normas tributarias y que incorpora un conjunto de modificaciones
puntuales que afectan tanto a la imposición directa (impuesto sobre
la renta, impuesto sobre sociedades) como a la imposición indirecta,
y que se corresponden con aquello que el Tribunal Constitucional en
alguna ocasión ha denominado la materia presupuestaria, aquella que
está relacionada de forma directa e inmediata con la percepción de
ingresos tributarias, o concretamente con la previsión de ingresos y
la autorización de gastos, que es el núcleo esencial e indiscutible
de la ley de presupuestos y, por consiguiente, el resto de la materia
debe de debatirse cuando se discuta la ley de acompañamiento donde se
incorporan las medidas fiscales de mayor envergadura.
¿Quiero decir con ello que el debate que estamos haciendo estamos
hablando de medidas fiscales de poca envergadura? Evidentemente, no.
Lo que estoy diciendo es que estamos tratando de algunos aspectos
que, por incardinarse en esa materia presupuestaria, son
susceptibles, por razones de legitimidad constitucional, de
incorporarse en el proyecto de ley de presupuestos, y que el resto de
materias, el importante paquete de medidas fiscales que constituye el
debate fiscal en esencia, habrá de abordarse cuando tratemos la ley
de acompañamiento.
Desde esa perspectiva, el título VI del proyecto de ley de
presupuestos incorpora unas modificaciones puntuales y concretas
relativas a los ingresos tributarios. Básicamente hay una
modificación de la Ley del IRPF, aplicando una corrección del 2 por
ciento sobre el valor de adquisición, que junto con el valor de
transmisión determinan aquello que otrora se llamaban los incrementos
patrimoniales y hoy se llaman las ganancias y pérdidas patrimoniales.
En la misma línea se incorpora un coeficiente del 2 por ciento, lo
que es la depreciación monetaria de activos inmobiliarios en el
impuesto de sociedades, se retoca lo que es el pago fraccionado en
este impuesto de sociedades y, en definitiva, se actualiza lo que son
valores catastrales del impuesto de bienes inmuebles, siguiendo ya
una trayectoria de sucesivas leyes de presupuestos en esta materia,
junto con la actualización de otros tributos en el impuesto de
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y la
actualización de algunas tasas para hacer efectivo el principio de
equivalencia legal entre el coste de la prestación o del servicio y
el importe de la tasa en ese carácter cuasi conmutativo que tiene la
tasa respecto de la prestación de servicios.
Paso sucintamente, señor presidente, a hacer referencia a las
enmiendas que han presentado los diferentes grupo parlamentarios. Hay
una enmienda del Grupo Socialista, que propone una modificación del
pago fraccionado por el impuesto de sociedades del 18 al 20 por
ciento. Es la enmienda 1037 y la vamos a rechazar porque entendemos
que es mejor que continúe ese tipo del 18 por ciento en lo que supone
de ayuda financiera a las empresas. Hay otras enmiendas que han sido
defendidas hace un momento por el portavoz del Convergència i Unió
sobre modificación del IAE. Nosotros podemos coincidir en esa
percepción que tenía el portavoz que me ha precedido en el uso de la
palabra sobre la injusticia del impuesto de actividades económicas;
de hecho lo tenemos en nuestro programa electoral y tenemos una
promesa electoral en firme de suprimirlo. Sin embargo entendemos que
lo que no se puede hacer es prejuzgar en este momento y en este
trámite parlamentario lo que debe ser una reforma en profundidad de
la financiación local. No es el momento procesal oportuno para
abordar este tema y en consecuencia vamos a votar negativamente las
enmiendas que sobre el impuesto de actividades económicas presenta el
Grupo de Convergència i Unió. Hay unas enmiendas de Izquierda Unida
que se refieren a una modificación del impuesto de vehículos de
tracción mecánica y creo recordar que también de algún otro tributo,
concretamente del IAE. Por igual razón las vamos a rechazar.
Entendemos que este no es el momento procesal oportuno. También hay
una razón de fondo y es que son enmiendas que van en la dirección de
incrementar la presión impositiva por estas figuras tributarias, cosa
que nosotros, por convicción ideológica y política, no compartimos.
Lo que sí creo es que Izquierda Unida hace gala de una coherencia en
lo que ha sido su línea política en esa materia de política fiscal.
No como otros partidos, que elevaron la presión fiscal
considerablemente cuando tenían responsabilidades de gobierno y que
hoy han sacado el nuevo dogma de que baja impuestos es de izquierdas.
Para concluir haré referencia sucinta al conjunto de enmiendas del
Grupo Socialista, que se refieren fundamentalmente a la deflactación
de las tarifas del IRPF. Es una enmienda que a mi grupo le llama
sobremanera la atención. Que un partido que cuando tuvo
responsabilidades de gobierno aumentó considerablemente la presión
fiscal; que un partido que cuando tuvo responsabilidades de gobierno
manifestó una extraordinaria voracidad tributaria; que donde tiene
responsabilidades de gobierno crea impuestos constantemente -me
refiero a ecotasas y otras figuras similares-; que interpone recursos
de inconstitucionalidad contra impuestos sobre la renta de las
personas físicas que, como reconoce su propio portavoz, ha reducido
la presión fiscal, nos llama la atención que hoy presente una
enmienda solicitando la deflactación de la tarifa del IRPF. Y nos
llama la atención también por lo que supone esa petición de
deflactación de la tarifa progresiva del IRPF. Digo esto porque hace
poco supimos por los medios de comunicación, nunca por sede
parlamentaria, que el Partido Socialista tenía al parecer una
propuesta novedosa, que yo calificaría ya de nonata, de establecer un
impuesto sobre la renta de las personas físicas en tipo único. Quizás
hubiera sido la ocasión, discutiendo aquí, a propósito de las tarifas
del IRPF, para que ustedes trajeran a esta Cámara su propuesta de
establecer un tipo único en el IRPF, pero parece que queda para mejor
vida o veremos si llegará o no a ver la luz pública esa propuesta. En
cualquier caso, a mi grupo se le suscita la duda de saber quién manda
en el Partido Socialista, si es quien hace las propuestas en la
prensa o el que presenta las enmiendas en este Parlamento.
Nosotros entendemos que durante estos años de Gobierno del Partido
Popular se ha reducido la presión fiscal. No estamos de acuerdo con
lo que afirmaba el portavoz del Grupo Socialista. Quizás habría que
preguntar a algunos de los miembros del Partido Socialista sobre
aquella famosa diferenciación que establecía entre la presión fiscal
objetiva y la presión fiscal subjetiva. Creo que a lo largo de estos
años en los que hemos
ejercido responsabilidades de Gobierno se ha visto esa trayectoria
efectiva de reducción de impuestos en el impuesto de sucesiones, en
el impuesto de sociedades, en los incentivos fiscales a la pequeña y
mediana empresa y también en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas. Ciertamente no deflactamos las tarifas del IRPF y
no lo hacemos porque consideramos que estamos en un escenario de
inflación reducida, que vamos a un escenario de ralentización de la
inflación y que con esa inflación moderada y con una previsión del 2
por ciento no es necesario deflactar las tarifas del impuesto sobre
la renta de las personas físicas. Quisiera llamar la atención sobre
un dato que a mi juicio me parece importante y es que esa reforma en
profundidad del tributo que aquí analizamos, que es el impuesto sobre
la renta de las personas físicas, con la Ley de 1998, supuso una
simplificación considerable del impuesto y supuso la reducción, la
contracción del número de tramos del IRPF de 16 a 6. Hoy los tipos
impositivos en las escalas correspondientes son muchísimo más
estables y esa progresividad en frío, como se le llama, no se nota
tanto en esa escala de gravamen.
No vamos a votar la enmienda del Grupo Socialista porque entendemos
que la verdadera deflactación -y no hablo ya en términos técnicos-,
la verdadera reducción de impuestos es la que consiste precisamente
en las grandes reformas que han bajado impuestos durante esta
legislatura, es la que consiste en un nuevo IRPF que supuso, como
tuvo ocasión de decir aquí el ministro de Hacienda, un ahorro de más
de 800.000 millones en el primer ejercicio de su aplicación y de más
de 900.000 millones en el segundo ejercicio de su aplicación.
Acumulado, un billón 700.000 millones de pesetas. Y rondará esas
cifras en el ejercicio del año 2002. Por tanto, es absolutamente
gratuito y sencillamente es construir un discurso de cara a la
galería afirmar que nosotros no hemos reducido la presión fiscal. La
hemos reducido cuantitativa y cualitativamente y el portavoz del
Grupo Socialista daba un ejemplo en ese sentido cuando hablaba del
IRPF al reconocer que se había producido una reducción de la presión
fiscal que, en términos generales, se sitúa en torno a un 13 por
ciento de reducción. Y digo que cuantitativa y cualitativamente se ha
dejado sentir según los estudios del Ministerio de Hacienda sobre
todo en los niveles más bajos de rentas salariales y de pensionistas.
Nosotros no hacemos política tributaria regresiva. Probablemente, la
política tributaria regresiva pase por las novedosas propuestas de
tipo único o de tarifa plana en el IRPF que a algunos nos recuerdan a
las propuestas fiscales que allá por los años sesenta hacía Milton
Friedman y otros planteamientos similares.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: El señor De Juan me admitirá que yo sea
dueño de mi propia práctica política. Nosotros exponemos las
cuestiones en las circunstancias que creemos más convenientes para
los planteamientos que defendemos. Hay cuestiones que nosotros
defenderemos primero ante el conjunto de los españoles y que
traeremos aquí después. Por lo tanto, no deja de ser un argumento
dialéctico manoseado con alguna frecuencia. Aquí lo que estamos
discutiendo es más la política del PP que las posiciones políticas
del PSOE, aunque ese sea un ejercicio que de alguna manera tenga
matizaciones. Pero no se trata de discutir el conjunto de proyectos
que pueda tener el Grupo Socialista o una alternativa presupuestaria
del Grupo Socialista, entre otras cosas, porque constitucionalmente
no nos permitiría, presentar una alternativa a esta ley. La
Constitución dice que el dueño de esta ley es el Gobierno y que no
cabe la iniciativa legislativa por parte de otras formaciones
políticas.
A usted le llama la atención que nosotros defendamos que no haya
progresividad en frío. Más o menos lo mismo que a mí me llama la
atención que ustedes no lo hayan incorporado en ningún momento en sus
proyectos presupuestarios cuando formaba parte de su oferta electoral
y de sus posiciones políticas. En lo que sí tengo interés es en
despejar algunas dudas. Se puede decir que una norma reduce la
presión fiscal y se la puede llevar al Tribunal Constitucional. Se la
lleva al Tribunal Constitucional por otras motivaciones. Se podrá
entender que se conculcan un conjunto de derechos, pero eso no tiene
que ver con que nosotros entendamos que es una ley que no apoyamos y
que no nos parece conveniente. En segundo lugar, refugiarse en la
idea de que como la inflación es pequeña no hay que corregir las
tarifas no deja de ser una ilusión. Ni es tan pequeña ni se acierta
tanto. Es la tercera vez que se viene con la misma idea que va a
conducir al mismo fracaso. Hay colectivos a los cuales, se quiera o
no se quiera, se les hace subir peldaños por una escala nominal que
no se corresponde con sus rentas reales. Eso es un hecho. Que ustedes
no quieren plantearlo, vale. No lo planteen.
Simplificación del impuesto. Primero, yo no soy de los que sacrifican
la suficiencia y la equidad a la simplicidad. Creo que nosotros
tenemos derecho a tener un impuesto justo, eficaz y sencillo. En la
literatura de la Hacienda pública hace 40 años se le pedía al IRPF
que fuera justo. La imposición óptima llevó a decir que fuera eficaz.
Ahora sólo se le pide que sea sencillo. Yo no. Yo le pido las tres
cosas, que sea un poco justo, que sea un poco eficaz y que sea un
poco sencillo. Que sea capaz de compatibilizar lo uno y lo otro.
Porque no tengo ganas de que un día se me vaya el agua con el niño
dentro. Cuando se dicen esas cosas lo que se plantea casi siempre es
lijar la progresividad en unas condiciones que son harto discutibles.
Si se ha bajado o no la presión fiscal. Yo no he hecho los cálculos.
No los he
hecho. Aquí todos los años viene una documentación presupuestaria que
dice que los impuestos no se suben. Y dos años después, vuelven, con
menos bombo y platillo, unos documentos que explican aquel ejercicio
de origen diciendo que los impuestos han subido. Y hay un tercer
momento, que es al que yo le quiero llevar. La OCDE no se inventa los
datos, la OCDE maneja los datos que le proporciona la Administración
española. Lo que sucede es que aquí vivimos en una situación un poco
irregular. Porque la Administración española proporciona datos a la
OCDE, se los niega al Parlamento y se los oculta a la universidad. Y
hace tres años que se hizo una reforma fiscal y todo lo que nos ha
dicho Montoro es que el contribuyente medio se benefició en 60.000
pesetas/año. Esto es como cuando se explicaba lo que era una media y
se decía: uno se come un pollo, otro se come medio pollo y otro no se
come ningún pollo. Pues el señor Montoro nos acaba de decir que el
contribuyente medio se ahorró 60.000 pesetas/año. Pero han pasado
tres años, ¿eh? Es verdad que un hombre de la inteligencia de Montoro
a lo mejor tiene dificultades, pero tres años para llegar a la
conclusión de que el contribuyente medio se ha ahorrado 60.000
pesetas. Nosotros tenemos que ir a otros sitios a buscar esa
información y esa información está disponible en manuales y en textos
de la OCDE, que ha comparado la marcha de la tributación en España
con la marcha de la tributación en la Unión y en la OCDE. La
explicación es muy sencilla y créame que no va alejada en el tiempo
de lo que he dicho. Se ha vivido un bucle económico excepcional, que
se ha traducido en un caudal recaudatorio de primera magnitud. En la
intervención anterior le hablé de un billón de pesetas del año 2000
sobre el año 1999 y eso se ha conseguido fundamentalmente en
sociedades, en IVA y en impuestos especiales, en eso que se llaman
los impuestos vinculados al ciclo económico, algunos de los cuales,
la media de los impuestos vinculados al ciclo económico, en el
período 1995-2000 ha crecido el 13 por ciento y sociedades, el 22.
¡Claro está! Cuando se hacía caja con tanta intensidad y con tanta
magnitud era fácil provocar una reducción impositiva que, hete aquí,
hombre, que cuesta 800.000 brutos, 600.000 netos, pero que supone una
alteración cualitativa de la carga tributaria. Kant decía que una
decisión que no soporta ser pública es porque es injusta. Y yo estoy
seguro de que Montoro no trae aquí, tres años después, los datos
porque son injustos. Se lo voy a decir más claro. La última vez que
Enrique GiménezReyna estuvo en este Parlamento yo le dije que le
agradecía personalmente que no me prometiera que iba a hacer público
el libro que tenía, antes de cesar, estudiando la reforma tributaria,
que no lo dijera más, que ya lo había dicho muchas veces que nunca lo
había hecho.
Estamos en una sociedad que vive en una democracia exigente y este es
un Parlamento que tiene que reconocer la entidad de los actos
políticos que determina. Se hizo una reforma fiscal, que costó 800 en
bruto, 600
ó 700 en neto, y solo sabemos que el contribuyente medio se ahorró
60.000 pesetas. Me parece insuficiente. ¿Por qué? Es insuficiente
porque seguramente algunos no pueden explicar que en términos
sociales se haya producido una alteración de la carga que perjudica
en este momento a la inmensa mayoría de los españoles. Porque de
ilusiones financieramente no se puede vivir. Y hace muchos años que
Puviani escribió aquel maravilloso tratado. Se paga renta, se paga
sociedades, se soporta IVA y se soportan y se pagan cotizaciones. Y
había que ver el juego de las cotizaciones de los empleadores y de
los empleados, pero como eso alargaría mucho mi intervención, señor
presidente, para fijar los planteamientos de mi grupo basta en este
trámite con esta intervención. Seguramente, en trámites posteriores
podremos seguir hablando de esta cuestión.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Señor de Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Voy a intervenir muy sucintamente. Doy
la razón al señor Fernández Marugán; es dueño de su práctica
política, como nosotros somos dueños de nuestro discurso político y
el Partido Socialista a veces es rehén de su propio discurso
político. No le doy la razón cuando dice que la ley de presupuestos
es la ley del Gobierno. La Constitución -creo que su artículo 134 es
muy claro- dice que el proyecto de ley de presupuestos generales del
Estado lo presenta el Gobierno y a las Cortes les corresponde su
examen, enmienda y aprobación. Y la enmienda sirve también, por qué
no, para demostrar si uno tiene un proyecto económico alternativo. Si
el presupuesto es, como decía el clásico, la expresión cifrada de un
programa de Gobierno, qué mejor ocasión que ver la alternativa, si es
que existe, y en qué se concretan las propuestas y si bajar impuestos
es o no de izquierdas. Pero es que además yo creo, si se me permite
una digresión doctrinal, que efectivamente la ley de presupuestos es
por antonomasia la ley del Parlamento y está en su mismo origen
histórico: nacen los Parlamentos de la aprobación de las leyes de
presupuestos y algunos, en los sistemas constitucionales comparados,
se reúnen precisamente para aprobar las leyes de presupuestos. En
definitiva, no compartimos el planteamiento que hace el Partido
Socialista sobre la reducida inflación a efectos de la deflactación.
Hemos de decir que el Partido Socialista se enfrentó -y le doy a
título de ejemplo algunos casos- en los años 1992, 1993 y 1994
a inflaciones del 5,4 y del 4,6 por ciento y no deflactó las tarifas
del impuesto sobre la renta. Eso sí que es presión fiscal encubierta,
eso sí que es progresividad en frío. Me alegra que el señor Fernández
Marugán reconozca que ha aumentado la tributación en determinados
tributos a raíz del ciclo económico. Hay que decir que me agrada
profundamente que reconozca la existencia de ahorro fiscal importante
-yo creo que hablaba
de 600 millones netos en el primer año de aplicación del IRPF-, pero
me reconocerá que ese ahorro fiscal se traduce en términos de renta
disponible y por tanto de pujanza económica y de animación de la
actividad económica.
Señorías, la mejor política social es una sólida política económica.
Eso es lo que ha hecho el Partido Popular durante estos años con
responsabilidades de Gobierno y eso es lo que vamos a seguir
haciendo, reducir impuestos para todos y reducir impuestos sobre todo
para aquellos que tienen niveles de renta más bajos. Porque si de lo
que se trata es de levantar la bandera de la justicia tributaria, ahí
nos encontrarán siempre, pero si de lo que se trata es de configurar
un impuesto sobre la renta con carácter regresivo, ahí no nos van a
encontrar. En cualquier caso, me alegro de que el señor Fernández
Marugán hable de la progresividad en frío, porque si habla de la
progresividad en frío, probablemente es que le preocupa la
progresividad en caliente y por tanto podremos corregir aquella
posición que mantenía su grupo en orden a un impuesto sobre la renta
con una tarifa única. La verdad es que con aquella propuesta no es
que hubiera progresividad en frío; es que la progresividad se
congelaba, se depositaba en un frigorífico y se perdía totalmente.
Por tanto, avanzaremos en justicia tributaria en un impuesto simple
como el que tenemos y como el que vamos a reformar en el próximo año.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Con esta intervención damos
por terminado el debate sobre el título VI. Continuará la sesión a
las cuatro de la tarde con el debate del título VII.
Se suspende la sesión.
Eran las tres de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Se reanuda la sesión de la
Comisión.
Título VII Corresponde iniciar esta sesión de la tarde con el debate
del título VII del proyecto de ley de presupuestos. En nombre del
Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Bolaños.
El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Este título VII, financiación de entes
territoriales, tiene dos partes y por tanto dos contenidos muy
distintos, como hemos expresado en las distintas intervenciones del
Grupo Socialista. En la financiación de las comunidades autónomas se
ha avanzado en virtud de un pacto con el Partido Popular, al que ha
sido remiso. Reiteradamente le veníamos hablando de la necesidad de
un consenso en esta materia, y en esta ocasión se ha llegado a un
acuerdo que, como ya hemos dicho, no es ni mucho menos el modelo del
Partido Socialista, tiene un balance final de claroscuros y habrá que
esperar, en todo caso, a ver
si las partidas que corresponden se materializan en lo que así ha
sido acordado. En cualquier caso, en la tramitación de la ley
orgánica de la financiación de las comunidades autónomas tendremos
ocasión de presentar las enmiendas parciales que intentarán corregir
los desequilibrios y que afectarán a la corresponsabilidad fiscal.
Por tanto, este tema lo dejaremos para la tramitación
correspondiente.
No es así evidentemente en el sector local. También queremos reiterar
lo ya dicho. Con el Partido Popular el sector local no ha tenido
ninguna atención, y una muestra de ese abandono del Partido Popular y
del Gobierno en el sector local es que se ahonda en la asfixia
económica a los ayuntamientos. Hablaba esta mañana el señor Merino de
la coherencia en relación con algún tipo de interpelación. Creo que
la incoherencia es realmente la que ustedes ponen en práctica, por
una razón. Me gustaría saber qué decía usted de la financiación de
las corporaciones locales cuando era alcalde Córdoba. Esto contradice
un poco su posición -como he escuchado en varias ocasiones- sobre la
generosidad del Gobierno, etcétera. Hablando de incoherencia, el
señor Elorriaga me decía que estaba bastante de acuerdo conmigo y que
no había llegado la hora, aunque llegaría, de las corporaciones
locales. La verdad es que la incoherencia es reconocer que una cosa
está mal y no poner mecanismos para enmendar esa mala situación.
Ustedes son conscientes de cuál es la situación de los ayuntamientos
españoles y, a pesar de ello, abandonan partidas fundamentales en
estos presupuestos y nosotros presentamos las correspondientes
enmiendas. Hemos hablado reiteradamente del transporte público
urbano, de las compensaciones por beneficios fiscales, del impuesto
sobre actividades económicas. Qué más vamos a decir si hemos hablado
de todo; bueno, los que más han hablado son ustedes, pero hablaron
hace ocho años del impuesto sobre actividades económicas y la
realidad ahora es que el que hay es exactamente igual y en las mismas
circunstancias que cuando hablaron en campañas electorales de que lo
iban a anular. Ahora nos dicen que no nos preocupemos que el año que
viene va seguro; si es seguro, vamos a avanzar terreno y en estos
presupuestos, a los que también tenemos enmiendas, vamos a actuar en
coherencia con lo que ustedes están planteando. Dudo que escuchemos
estas cosas porque ustedes han venido aquí con unos presupuestos, los
han cerrado y han hecho caso omiso de lo que se les ha dicho; se les
ha dicho que estos presupuestos están hechos para salvar el momento,
pero no con el rigor que requerían unos presupuestos, y entiendo que
tampoco lo van a hacer. También el presupuesto profundiza en
desequilibrios territoriales; son unos presupuestos que atentan, por
otra parte, contra la autonomía local. Ustedes no están corrigiendo
determinados aspectos de alguna ley sectorial y otras leyes como la
de estabilidad presupuestaria y, en definitiva, recortan esa
autonomía.
En relación con las enmiendas presentadas al título VII nosotros
vamos a ser coherentes con nuestro pacto en relación con las
comunidades autónomas, vamos a respetarlo y a esperar a que lo que se
ha negociado sea real. Por tanto, no presentaremos enmiendas
sustanciales a la financiación de las comunidades autónomas en este
presupuesto; sí a algunas cuestiones que no están concretamente
relacionadas con el pacto y que pretenden evitar discriminaciones que
pueden producirse hacia las comunidades autónomas y, por otra parte,
algunas que no son más que el reconocimiento de asignaciones
complementarias previstas en disposiciones adicionales de los
correspondientes estatutos de autonomía. En ese sentido van las
enmiendas 1041 y 1042 a los artículos 80 y 84, a las que hacía
referencia. La primera quiere evitar la discriminación del Estado
hacia las comunidades autónomas que no quieran acceder a los nuevos
tributos cedidos imponiéndoles, como ustedes hacen, un sistema de
financiación que no ha sido negociado. La 1042, al artículo 84, trata
sencillamente de cumplir los acuerdos adoptados en las respectivas
comisiones mixtas de reconocimiento de las asignaciones
complementarias previstas en la disposición adicional segunda del
Estatuto de Autonomía de Andalucía y en la disposición adicional
segunda del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Presentamos también enmiendas al articulado, concretamente al
artículo 71, en relación con la subvención al transporte colectivo
urbano en tres direcciones. Una de ellas, incrementar la partida
presupuestaria porque entendemos que hay una insuficiencia
manifiesta. Las cantidades están destinadas a subvencionar el
transporte colectivo urbano y durante estos años se ha experimentado
un crecimiento que ustedes no han tenido en cuenta, ni en este año ni
en los anteriores, con lo cual hay un desfase enorme que pretendemos
que se corrija en estos presupuestos. Hay otras dos enmiendas que van
en la dirección de incluir a las capitales de provincia, no solamente
poner el límite en los 50.000 habitantes, y por otra parte ajustar el
indicador de población y no referirlo al año 2001 sino a 1 de enero
de 2002.
Al artículo 72 hay enmiendas que se refieren a la compensación de
beneficios fiscales que disfrutan las autopistas de peaje.
Reiteradamente también lo hemos venido trasladando a esta Cámara. Ha
habido iniciativas por otros grupos parlamentarios, a las que ustedes
han hecho caso omiso. Es una contradicción que se hable de
compensación de beneficios fiscales si hay algún sector que está
beneficiado fiscalmente por el Estado y sin embargo no tienen la
compensación correspondiente los ayuntamientos; la compensación
también de la exención del IBI de que disfrutan los centros
concertados en el ejercicio del año 1993, que no es más que aplicar
la Ley 39/1988. No sé por qué ustedes se niegan también a aplicarla
cuando es sencillamente la exigencia de una ley. Tendremos ocasión en
la sección de hablar de enmiendas más dirigidas al sector local.
Querría terminar señalando dos enmiendas en relación con las
diputaciones provinciales dentro de ese amplio sector local. Cuando
hablo con ustedes tengo la impresión, equivocada porque tienen unas
buenas palabras, lo manejan muy bien, de que creían en las
diputaciones provinciales, pero las diputaciones provinciales es que
hoy ya son la miseria de las miserias. En esta ocasión me gustaría
que por lo menos entendieran un poco un sector de la administración
local tan querido, por lo menos de palabra tan querido por ustedes, y
atendieran unas justísimas reivindicaciones de las diputaciones y de
la propia Federación Española de Municipios y Provincias. Una
enmienda es para compensar los efectos derivados de la introducción
del IVA, que eliminó la finalidad de la fiscalidad que producían los
efectos derivados de las instalaciones de producción de energía
eléctrica y que ha causado un serio perjuicio a las corporaciones
locales, a las diputaciones provinciales. La otra enmienda tiene como
finalidad alguna disponibilidad mayor de las diputaciones
provinciales para el mantenimiento y mejora de su red viaria. La red
viaria de las corporaciones locales, de las diputaciones
provinciales, es enormemente importante y en la situación en que se
encuentran con los mecanismos ordinarios difícilmente pueden atender
a un simple mantenimiento. Aspiramos a que se mejore la red y que en
esa mejora de la red viaria -importante, insisto, para las
diputaciones provinciales- haga el Estado un esfuerzo mínimo, porque
pedirles algo más sé que es demasiado.
No sé si el señor Merino estará ahora en el papel de alcalde o de
parlamentario del Grupo Popular y defensor del Gobierno. Solamente le
doy un consejo. Le aseguro que a los que somos municipalistas es
difícil que se nos quite la piel del municipalismo y también le digo
que cuando estaba en la Federación Española de Municipios
y Provincias tenía algún disgustillo con mi gobierno, lo que ahora no
pasa en la Federación Española de Municipios y Provincias porque han
conseguido ustedes algo importante, que es anularla.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, el señor Ruiz tiene la palabra.
El señor RUIZ LÓPEZ (Don Antero): Las enmiendas que presenta el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida en este título VII van
referidas principalmente a la entrega a cuenta para ayuntamientos del
mismo nivel de comunidades autónomas; transferir esta diferencia del
3 por ciento a las comunidades autónomas para que éstas gestionen la
entrega; fondo de solidaridad municipal para pequeños ayuntamientos e
incentivo de mancomunidades; entrega a cuenta de provincias del mismo
nivel que las comunidades autónomas; subvención del transporte local
a parados; prever una compensación autonómica a las corporaciones
locales en la hipótesis de que los carburantes suban más
que el crecimiento previsto del IPC; compensar a los municipios por
la exención del IBI de centros concertados en 1993 y compensación por
IBI en autopistas. En líneas generales estos son los temas que tratan
de plantear las enmiendas que presentamos.
Aunque no es este el momento para extenderse sobre las dificultades
que atraviesa el método de financiación de las corporaciones locales
definido hasta el año 2003, en una interpretación de la Ley de
haciendas locales bastante ajustada y que ya es percibida por muchos
responsables locales como insuficiente, los ayuntamientos advierten
en estos momentos tanto la limitación de los fondos que se asignan
tras la aprobación de la Ley reguladora de las haciendas locales como
los problemas para asumir, mediante pactos locales autonómicos,
nuevas competencias ante la mala valoración en origen de las
transferencias que se les pretende asignar desde el Estado.
Nuestras enmiendas, como decía, no atienden a la definición de fondo
del modelo. Sobre este punto tendremos ocasión de debatir,
permaneciendo Izquierda Unida abierta en este caso a una extensión de
la corresponsabilidad fiscal establecida para las comunidades
autónomas mediante la cesión del IRPF a los ayuntamientos. Las
enmiendas atienden a algunas cuestiones concretas que no están siendo
consideradas por la Administración central. En materia local hacemos
una propuesta que se refiere al principio de suficiencia. Debo
enfatizar nuestra idea de que la debilidad de recursos locales está
vaciando el principio de autonomía política y el de subsidiariedad.
En este terreno nos fijamos esencialmente en los municipios menores
de 25.000 habitantes, la primacía del factor población, la no
consideración de características físicas de núcleos de población,
etcétera. Desde luego estamos convencidos de que penaliza a estos
municipios a los que nos referíamos. Proponemos la creación de un
fondo de solidaridad que se distribuya entre estos municipios y que
constituyan recursos para la prestación de servicios mancomunados.
Una segunda cuestión se refiere a la suficiencia, a la liquidación
provisional del 98 por ciento, similar a la de las comunidades
autónomas, frente al 95 por ciento actual, encargando a las
comunidades autónomas que se distribuyan este 3 por ciento adicional.
Se trata de mejorar la tesorería local y afirmar el principio de
subsidiariedad.
Por último, nuestras enmiendas se refieren a las compensaciones
fiscales que se corresponden con los siguientes temas. El IBI de
estos centros concertados que correspondería en 1993, del mismo modo
que se ha hecho para 1994, y el IBI de las autopistas de peaje. En
las subvenciones al transporte público urbano señalamos la necesidad
de compensar a las corporaciones locales en el supuesto de que el
precio del carburante suba más que el IPC y la necesidad de cooperar
para la gratuidad del transporte público a los desempleados.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor presidente, en primer lugar doy por
defendidas las enmiendas de mis compañeros de Grupo Mixto referentes
a financiación de corporaciones locales, de comunidades autónomas y
al Fondo de Compensación Interterritorial.
Voy a centrar mi intervención en las enmiendas presentadas por mí
mismo, como portavoz andalucista. Comenzaré con la referida al actual
modelo de financiación autonómica pactado el pasado verano. A nuestro
juicio debería explicarse claramente en los Presupuestos Generales
del Estado la cantidad que corresponde a cada comunidad autónoma. No
tiene mucho sentido que se establezca una cantidad y que a estas
alturas se desconozca qué cantidad provisional tiene que poner cada
comunidad autónoma en su presupuesto y se entre en una especie de
juego que no entendemos a qué viene porque, de aquí a final de año,
cada comunidad autónoma ha hecho unas previsiones, el Gobierno parece
que dice que cada cual entiende su juego y que cada una sabe qué
previsiones tiene que hacer, pero no hay ningún desglose oficial de
las cantidades previstas de recaudación de los impuestos cedidos a
las comunidades autónomas que permita explicar en el presupuesto del
Estado qué cantidad corresponde, según los tantos por ciento de
impuestos cedidos, a cada comunidad autónoma. Clarificaría la
situación para los distintos presupuestos de las comunidades
autónomas que en este proyecto no estuviera la cantidad global
inicial sino el desglose por comunidades autónomas de lo que
corresponde a cada una. En ese sentido va la enmienda 1681 al
artículo 78.
Respecto a la liquidación definitiva de las cantidades percibidas a
cuenta desde 1997 hasta la actualidad, nosotros entendemos que
debería adoptarse, ya que se ha pactado así en el nuevo modelo de
financiación autonómica, como cantidad definitiva la restricción
financiera inicial que se ha tomado en el nuevo modelo, que como
saben SS.SS. se ha tomado como año base 1999 y que el cálculo de los
débitos de 1997 y de 1998 se haga indexando los cálculos de los
tributos del Estado de años pasados.
Hay una enmienda sobre un viejo tema, demasiado viejo, a punto de
cumplir la mayoría de edad, que es el cumplimiento de la disposición
adicional segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre deuda
histórica, también contemplado en el estatuto extremeño. Este pago de
la diferencia de nivelación de servicios que tienen estas comunidades
a la hora de asumir las competencias es viejo en esta Cámara, desde
luego siempre ha estado sobre la mesa desde que asiste el Grupo
Andalucista y cuando han estado gobernando otros grupos. Quiero
recordar las encendidas intervenciones del ministro Rato cuando era
portavoz del Partido Popular reclamando al Gobierno socialista que se
cumpliera esta disposición adicional de la deuda histórica
y escucho ahora también los discursos reclamando al Gobierno del
Partido Popular que se cumpla. Estamos a punto de cumplir los 21 de
estatuto y siempre la misma música. Si uno ve los 21 presupuestos del
Estado, todos los años se pide, parece que forma parte del
ceremonial: lo pide el que no está en el Gobierno y lo niega el que
está en el Gobierno.
Además de la financiación de corporaciones locales y comunidades
autónomas hay un punto importantísimo, el único mecanismo
constitucional obligatorio de reequilibrio y de convergencia entre
comunidades que es el Fondo de Compensación Interterritorial. También
a nuestro juicio los cálculos no se hacen con respecto a todo lo que
es inversión pública sino sólo a lo que es inversión directa de la
Administración central del Estado y no de determinados organismos que
tienen inversión. La cantidad que se asigna es a todas luces
insuficiente para corregir en un escenario temporal razonable las
convergencias que existen de renta, de servicios, de infraestructura,
en definitiva, de prestación desequilibrada de los mismos servicios a
los ciudadanos en función de las comunidades autónomas donde vivan.
En ese sentido van nuestras enmiendas, una respecto a la totalidad
del fondo y otra respecto a los dos subfondos, el que está dedicado a
inversión pura y el que está dedicado a financiación de gastos para
realizar estas inversiones, para que se incrementen de manera
sustancial. Nos parece que prever alrededor de 150.000 millones como
cantidad que resuelva, en un escenario razonable, la convergencia
ante las comunidades autónomas es absolutamente testimonial. Debería
haber un esfuerzo mayor y en este sentido va la enmienda del Partido
Andalucista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Voy a ser breve para seguir la línea marcada
por los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en la
Comisión de hoy.
Señor Núñez, el Partido Popular ha cumplido con la deuda histórica:
20.000 millones del Partido Popular frente a cero millones del
Partido Socialista, 20.000 millones a favor del señor Aznar y cero
millones a favor del señor González, que en esos momentos estaba al
mando del Gobierno de España. (Rumores.) Usted podrá reconocerlo o
no, pero esas son las cifras y las realidades de unos y de otros.
Comprendo que cuesta cuando uno es socio del Gobierno, pero no se
puede venir aquí y título a título decir cosas que no se ajustan a la
realidad, como lo que usted está diciendo a lo largo de esta Comisión
en que estamos debatiendo los presupuestos. Espero que usted
reconozca esa cifra, si hay una réplica y el esfuerzo del Partido
Popular, en concreto, del señor Rato frente a otros ministros de
Gobiernos socialistas que no pusieron una sola peseta, aunque luego
reivindicaban deuda histórica. Lo mismo que hay que reconocer...
Buenas tardes, señor Rejón, me alegro mucho de saludarle. Lo digo
como cortesía parlamentaria, ya que es diputado por Córdoba y me
alegra verle aquí.
El señor PRESIDENTE: Señor Merino, por favor, aténgase al motivo de
su intervención y no me desorganice el debate.
El señor MERINO LÓPEZ: Señor presidente, le rogaría aplique usted esa
misma política cuando ha habido aquí intervenciones sobre Gescartera,
ya que no corresponden a los presupuestos.
El señor PRESIDENTE: A la cuestión, señor Merino, por favor.
El señor MERINO LÓPEZ: Le ruego aplique esa misma norma
parlamentaria.
El señor PRESIDENTE: Déjeme dirigir los debates y usted intervenga
cuando le dé la palabra.
El señor MERINO LÓPEZ: Le dejo que dirija los debates, pero no dirija
mi intervención, señor presidente. (El señor Rejón Gieb: Te van a
llamar al orden.) Le ruego no dirija usted el contenido de mis
intervenciones.
El señor PRESIDENTE: Señor Merino o se atiene al motivo de su
intervención, por el cual le he dado la palabra, o me veré obligado a
retirársela.
El señor MERINO LÓPEZ: Si entiende que me la debe retirar,
retíremela. He saludado cortésmente a un parlamentario de la
circunscripción de Córdoba y no creo que sea motivo suficiente para
que me llame la atención ni afecte al contenido de mi intervención,
cuando aquí se ha hablado de cuestiones que no hacen a los
presupuestos.
El señor PRESIDENTE: ¿Tiene algo más que añadir al debate del título
VII del proyecto de ley?
El señor MERINO LÓPEZ: Tengo mucho que añadir.
El señor PRESIDENTE: Pues, adelante.
El señor MERINO LÓPEZ: Si usted me deja, continuaré.
Reitero mi saludo al señor Rejón y continúo mi intervención en el
sentido de... (Un señor diputado: España cañí.-Risas.) No, es la
realidad de los acontecimientos y no hay más que leer el «Diario de
Sesiones» con las intervenciones de unos y otros.
Estoy dispuesto a discutir con el señor Rodríguez Bolaños de diputado
a diputado o de municipalista a municipalista, estoy dispuesto a
debatir en todos los términos. Lo que está claro, señor Rodríguez
Bolaños,
es que su presidencia en la Federación Española de Municipios y
Provincias no se caracterizó por una hostilidad política -entre
comillas- al Gobierno socialista de turno. Ahora bien, si lo que está
discutiendo es que dicha federación en estos momentos dirigida por la
alcaldesa de Valencia, es capaz de llegar a acuerdo con el Gobierno
de España desde el diálogo, son cuestiones distintas que podemos
entrar a debatir. Lo que está claro es que hoy los municipios tienen
mejor salud económica que la que disfrutaron durante la época
socialista. Hay una prueba evidente, en la época de los gobiernos
socialistas era necesario hacer planes de saneamiento para los
ayuntamientos. Afortunadamente, hoy día no es necesario hacerlos
porque los ayuntamientos gozan de una economía financiera bastante
mejor que la de hace unos años. En los planteamientos del Partido
Popular se demuestra una coherencia y hay que recordar que en este
presupuesto el incremento para los municipios es del 8,2 por ciento,
cifra bastante superior al IPC real, al IPC virtual o al IPC tal como
ustedes quieran denominarlo. Por tanto, no hay ataque a la autonomía
local, sino una defensa de la autonomía local. Si quiere que hablemos
de autonomía local, estoy dispuesto aquí y en los parlamentos
autonómicos. Ahora, ¿qué es lo que están reclamando hoy en día los
ayuntamientos? El traspaso de competencias financieras de las
comunidades autónomas a los ayuntamientos. Usted que es buen
municipalista y conoce el municipalismo, estará conmigo en que hoy
los ayuntamientos están ejerciendo competencias que tienen
transferidas las comunidades autónomas sin que las mismas les hayan
transferido el dinero a los ayuntamientos. Esa es la situación real
del municipalismo hoy día. Si todos estamos de acuerdo en que hoy el
Estado tiene menos competencias porque se han transferido a las
comunidades autónomas y se han transferido con capacidad económica,
estarán de acuerdo conmigo en que el paso que queda es que esas
transferencias competenciales que las comunidades autónomas han
transferido a los ayuntamientos vayan acompañadas de transferencias
económicas. Ese es el problema que hay que resolver en la nueva
financiación local, señor Rodríguez Bolaños. Desde el Grupo Popular
le ofrezco la oportunidad, al igual que se ha hecho con las
comunidades autónomas, de que nos sentemos a hablar de esos aspectos
y espero, confío y deseo que las comunidades autónomas, estén
gobernadas por quien estén gobernadas, estén en la línea de hacer ese
traspaso financiero a los ayuntamientos porque sería la forma de
resolver el problema financiero de los mismos. Todo lo que no sea
hablar en esos términos es no ver la realidad que existe hoy en el
ámbito municipal y en el ámbito de las comunidades autónomas. Ahí es
donde debemos centrar el debate. Venir aquí a decir que se tiene a
los ayuntamientos asfixiados, que se tiene a los ayuntamientos sin
posibilidades y sin recursos financieros me parece que no es
ajustarse a la realidad, y los datos económicos
de este presupuesto demuestran que esas afirmaciones no se están
ajustando a la realidad. Por lo tanto, desde el punto de vista del
Grupo Popular, las enmiendas que se presentan no reflejan la
situación de los ayuntamientos, no reflejan la situación de las
corporaciones locales. Son enmiendas que debemos rechazar.
En cuanto al tema autonómico, ha habido un consenso en que es
necesario ver el desarrollo del acuerdo que se ha alcanzado en
materia autonómica. A lo largo del año que viene, en 2002, iremos
viendo su ejercicio. Agradezco el comportamiento de los distintos
grupos parlamentarios en cuanto al tema autonómico por el respeto al
propio pacto que se ha llevado a cabo, y en las comisiones que se
vayan celebrando entre el Gobierno y las comunidades autónomas se
podrá ir llegando a los acuerdos necesarios en cada una de ellas.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Rodríguez Bolaños, antes de que
tome usted la palabra, quiero indicar que vamos retrasados respecto
al calendario inicialmente previsto. Yo no quiero negar las réplicas
en absoluto. Lo que sí le pido es que no excedan los cinco minutos.
Tiene la palabra el señor Rodríguez Bolaños.
El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: No va a llegar a cinco minutos, me
comprometo a ello.
Quería replicarle al señor Merino en algunas cosas que ha dicho que
carecen de todo rigor. En primer lugar, usted ha dicho que la
Federación Española de Municipios y Provincias fue incapaz de llegar
a acuerdos con el Gobierno. No es verdad, pero le voy a citar una
diferencia sustancial. Todos los acuerdos que se adoptaban antes en
la Federación Española de Municipios y Provincias eran por
unanimidad. ¿Eso que quiere decir? Que los alcaldes del PP y de otras
fuerzas políticas estaban de acuerdo con lo que se hacía desde la
Federación Española de Municipios y Provincias. ¿Sabe usted lo que ha
pasado últimamente? Que el acuerdo a que ha llegado la Federación
Española de Municipios y Provincias con el Gobierno en relación con
la prórroga de la financiación con el modelo establecido ha sido de
la mayoría de la Federación Española de Municipios y Provincias, es
decir, PP con el Gobierno, es decir, PP. Fíjese qué diferencia hay,
que el PP llega al acuerdo con el PP, o sea que, por tanto, es una
Federación Española de Municipios y Provincias maravillosa, que
reivindica, que contempla, que acoge a todos, etcétera. Señor Merino,
señores del Grupo Popular, no se refugien en el que el Gobierno ya lo
ha hecho todo diciendo que ahora ya son las comunidades autónomas. No
es cierto. El Gobierno ni lo ha hecho todo ni, además, le vale decir
que ahora son las comunidades autónomas. El Gobierno no lo ha hecho
todo porque está pendiente de tramitar una nueva ley de financiación
de las corporaciones locales. No existe talley y ustedes se han
comprometido -y nosotros lo
aceptamos- a sentarse a la mesa para intentar llegar a un acuerdo.
Por tanto, no hay un acuerdo de financiación de las corporaciones
locales. Eso lo han hecho ustedes, lo han abandonado mientras han
llegado a otros acuerdos. Sigue siendo, por tanto, la cenicienta de
las administraciones públicas.
En segundo lugar, claro que las corporaciones locales están asumiendo
competencias en materias que no son de su competencia y que tampoco
lo son de las comunidades autónomas. Los ayuntamientos han sido la
primera instancia de la Administración pública que ha dado la cara en
un tema como, por ejemplo, la inmigración. Son los primeros que han
tenido que hacer alojamientos. Dígame usted de quién es la
competencia. A lo mejor la competencia es de la comunidad autónoma
o a lo mejor no. Me parece a mí que es una competencia del Estado.
Prueba de ello es que el Estado pone en marcha -permítame que
continúe- un plan llamado Plan GRECO al que dota de 30.000 millones
de pesetas. ¿Sabe lo que destinan a las corporaciones locales dentro
de esos 30.000 millones? Cuarenta y cinco millones. Esa es la
cantidad que ustedes contemplan como importante importante para que
las corporaciones locales actuen en materias que no son de su
competencia y en las que, desde luego, el Gobierno tiene mucho que
decir a través del Ministerio de Interior. Por tanto, no se refugien
ustedes en las comunidades autónomas, son ustedes competentes en las
competencias, son ustedes competentes en la financiación y ustedes
han abandonado a las corporaciones locales demanda toda esta
legislatura. No me remito al pasado diciendo 20.000 millones de
pesetas a favor de Aznar, nada a favor de Felipe porque me da usted
pie a entrar en otras cuestiones porque podríamos decir: ¿y antes qué
había? A lo mejor no había nada y tengo que decir cero a favor de los
anteriores, que, desde luego, no éramos nosotros, se lo aseguro, a lo
mejor entre ustedes había alguno. Desde luego con nosotros se
multiplicaron todas las cosas en materia de comunidades autónomas y
ayuntamientos y todo lo que había.
El señor PRESIDENTE: Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muy brevemente, señor presidente, ya que
todos estamos interesados en la eficacia y en la brevedad de esta
Comisión.
Si hay que precisar, y lo llevo haciendo desde esta mañana, yo
preciso, quiero decir que aquí reconocemos las cantidades que están;
naturalmente que se reconoce la historia de estos 20.000 millones de
pesetas, desde los preacuerdos del último gobierno del PSOE y el
cumplimiento por el primer gobierno del PP, creo que fue en
septiembre de 1996, ahí está. De ahí a llegar a decir que la deuda
histórica ya está completa ... Espero que no sostenga el señor Merino
en Andalucía que la deuda histórica está cerrada. Fue una primera
cantidad a cuenta. Hay una diferencia importantísima de desnivelación
a la hora de las competencias en Andalucía. Ha habido una
incapacidad manifiesta incluso para aplicar los fondos que se
dedicaban continuamente en los presupuestos de los tres últimos años
o cuatro, no recuerdo, unos presupuestos de fondos de nivelación que
no se han podido ni gastar porque no ha habido acuerdo sobre cómo
realizarlo, salvo algunas cantidades que se han aplicado a
universidades. Hay un déficit evidente y hay que cumplir esta
disposición adicional y, hoy por hoy y desde aquel año, no hay
voluntad de cumplirla porque no hay asignación ninguna. De modo que
como esta mañana, una de cal y otra de arena, reconocimiento de las
cantidades porque están ahí, pero insuficiencia absoluta en
cumplimiento de algo que está en la disposición adicional como es la
deuda histórica.
Una cuestión que no ha respondido el señor Merino y me gustaría
escuchar su respuesta. Estamos conformes con el acuerdo de
financiación autonómica, vamos a respetarlo, pero nos parece un poco
extraño que, estando el acuerdo cerrado en verano, estén iniciándose
todos los presupuestos en las comunidades autónomas con unas
cantidades que no están reflejadas en los presupuestos del Estado. No
alcanzo a entender las causas de no reflejar estas cantidades que son
provisionales porque luego vendrán las liquidaciones definitivas.
Parece razonable y sería bueno que este mismo presupuesto se
desglosara y dijera lo que corresponde a cada una de las cantidades,
pero no como cifra mágica, sino como cumplimiento del acuerdo sobre
financiación autonómica, es decir, cuáles son las previsiones del
Gobierno en cuanto a recaudación de cada uno de los tramos de
impuestos cedidos, cómo se aplican los porcentajes a esos tramos de
impuestos cedidos y por qué y cuánto le corresponde a cada comunidad
autónoma, en definitiva, explicitar el acuerdo de financiación
autonómica aquí; en vez de presentar una pelota muy gorda y estar
asistiendo a una especie de hipótesis de trabajo de las comunidades
autónomas que dicen que han puesto una cantidad y que no quieren ni
pensar que esa cantidad no coincida con la que luego salga en el
Gobierno, pedir, que estamos a tiempo de aquí a diciembre, lo que
parece razonable, que no se pueden aprobar los presupuestos de
comunidades autónomas con unas cantidades, estando aquí sólo
contemplada la global. ¿Qué pasa si hay diferencia entre esas
cantidades, cuál es el escenario que tiene cada comunidad para
ponerlo? No vale ni la frase del ministro que ha dicho que cada uno
sabe la suya, ya sabrá, ni la frase de las comunidades diciendo que
yo pongo una y como no sea, ya verán. Parece que lo razonable es que
si ha habido un acuerdo de financiación autonómica y se puede
calcular la cantidad total, se calcule la cantidad parcial. Es
imposible que el Gobierno tenga los datos suficientes para calcular
la globalidad y no tenga los datos suficientes para los sumandos de
esa globalidad. En este sentido, megustaría saber la opinión del
portavoz del Grupo Popular
sobre la conveniencia de contemplar en estos Presupuestos Generales
del Estado, y espero que en los próximos sea seguro, el desglose por
comunidades, como ha sido tradición de todos los presupuestos del
Estado, para que cada uno sepa a qué atenerse.
El señor PRESIDENTE: Señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Quiero decirle al señor Rodríguez Bolañas, con
la misma brevedad, que cuando en aquellas fechas se llegaba a
acuerdos por unanimidad, y en esos momentos ejercía en la oposición
en la FEMP, se actuaba con responsabilidad, no con intereses de
partido. Ustedes, desde que están en la oposición en la FEMP, actúan
con intereses de partido y no en defensa de los intereses generales.
(Risas.) Es la justificación de los acuerdos por unanimidad y los
desacuerdos por unanimidad; es que es así. Quiero decir una cosa,
señor Rodríguez Bolaños, perdone usted, pero las competencias en tema
de viviendas están transferidas y las tienen las comunidades
autónomas; quien tiene que hacer las viviendas para inmigración son
las comunidades autónomas. Cuestión distinta es que el Gobierno
coadyuve a esa labor, pero quien tiene las competencias -y siento
discrepar en su intervención- son las comunidades autónomas. Le ruego
que se repase usted las competencias de las distintas comunidades
autónomas, sus estatutos y la situación en la que hoy se encuentran y
verá como esa transferencia y esa responsabilidad la tienen las
comunidades autónomas. Por tanto, exija usted a su presidente de
comunidad autónoma el porqué de no haber hecho viviendas para
inmigrantes y el porqué de no haber cumplido con estos inmigrantes.
Señor Núñez, si ustedes y el Partido Socialista en el Gobierno
andaluz en vez de jugar a política hubiesen jugado a los intereses
generales de los andaluces, la broma no nos hubiera costado los
170.000 millones que nos ha costado a los andaluces por no haber
firmado ustedes el anterior acuerdo de financiación autonómica. La
friolera de 170.000 millones de pesetas, señor Núñez, la misma
cantidad que ustedes reivindican hoy y que les ha llevado a aceptar
el nuevo modelo de sistema de financiación autonómica, y que es la
mayor prueba del error que cometieron con anterioridad, que se hizo
única y exclusivamente con la intención de captar votos, aunque en
las últimas elecciones autonómicas se comprobó que no les sirvió para
nada. Ustedes jugaron políticamente con el tema de la financiación
autonómica y a los andaluces nos ha costado la friolera de 170.000
millones que, casualmente, es tres veces la cifra de deuda histórica
que se reclamaba, que, si no recuerdo mal, era de 50.000 millones.
Por lo tanto, señor Núñez, que deben hacer un análisis de a lo que
ustedes han estado y están jugando, porque a mí, como andaluz, me
gustaría que nos explicaran por qué nos ha costado 170.000 millones
su broma y su juego político
en el Gobierno andaluz. Todavía no he conseguido que ningún dirigente
del Partido Socialista o del Partido Andalucista nos lo explique a
los andaluces. No se puede venir aquí a reivindicar dinero para las
comunidades autónomas cuando ustedes han jugado libremente con los
intereses de los andaluces y han dejado de ingresar 170.000 millones
de pesetas, a pesar de que el Partido Popular en Andalucía le estuvo
diciendo por activa y por pasiva que era un buen modelo financiación,
mejor que el anterior y que no iba a costar dinero a los andaluces.
Ustedes, con el paso de los años, han tenido que reconocer su error,
se han metido en el nuevo sistema de financiación y han tenido que
asumir que eso nos ha costado 170.000 millones de pesetas. Por lo
tanto, no hable usted de deuda histórica, porque si lo hacemos,
ustedes y el Partido Socialista nos deben a los andaluces bastantes
más miles de millones de los que presumiblemente les pueda deber el
Partido Popular y el Gobierno de España.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate del Disposiciones
Adicionales, Título VII del proyecto de ley pasamos a debatir, en su
Transitorias, solo bloque, las disposiciones adicionales,
transitorias Finales y Anexos y anexos.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Voy a centrarme en la defensa de las
enmiendas 1047, 1048 y 1050 presentadas por mi grupo parlamentario
solicitando modificaciones o adiciones a las disposiciones
adicionales del proyecto de ley de presupuestos.
La enmienda 1047 y la 1048 tienen una unidad por cuanto que el tema
al que se dedican es el referente a la financiación de las distintas
confesiones religiosas en nuestro país. Como grupo entendemos que la
situación actual, absolutamente provisional, de financiación de las
distintas confesiones religiosas reconocidas debe llegar a su fin y
conseguir una regulación que sea permanente con un cumplimiento
exacto y escrupuloso del principio del carácter laico del Estado y el
cumplimiento de los artículos 16 y el 31, especialmente el 31.2, de
la Constitución española que establece -bueno es recordarlo en este
momento en una Comisión de presupuestos- que el gasto público debe
distribuirse con criterios de equidad. Por tanto, debemos renivelar
la aportación de este Estado laico del que nos dotamos en la
Constitución de 1978 a las distintas confesiones. Por ello, en la
enmienda 1047 solicitamos que el Gobierno presente durante el próximo
año un proyecto de regulación del sistema de asignación tributaria a
la Iglesia católica en el que se suprima el carácter de mínimos de
los pagos a cuenta. Entendemos que la Iglesia católica, mayoritaria
de una forma indiscutible en nuestro país, debe tener un trato
ecuánime, adecuado y conforme a su importancia, a la cual repugna que
el Estado tutele, de tal forma que presuma que no va a llegar a
obtener
los niveles de ingresos necesarios para el cumplimiento de sus fines.
Por ello, solicitamos que se apruebe en la Comisión esta enmienda.
Paralela a la enmienda 1047 corre la 1048 referente a la financiación
de las otras confesiones religiosas con notorio arraigo en España,
cuales son en estos momentos la evangélica, islámica y judía.
Entendemos que debe realizarse de forma proporcional y equitativa al
número de españoles que se confiesan voluntariamente como adherentes
a una de estas confesiones. Es absolutamente necesario recordar que
en estos momentos la segunda confesión religiosa es la islámica y la
financiación que le dedica el Estado no es ni mucho menos la
correspondiente a este estatus real de segunda confesión religiosa.
Estas cantidades deben ser suficientes para garantizar la asistencia
religiosa de estas confesiones en los centros públicos, especialmente
en los hospitales, las prisiones y los establecimientos militares. En
este aspecto es necesario recordar las noticias confirmadas por las
autoridades militares competentes respecto al porcentaje de soldados
profesionales de confesión islámica en el conjunto de nuestros
ejércitos y muy especialmente en las guarniciones de Ceuta y Melilla,
sin que ello haya llevado a que exista una asistencia religiosa
confesional islámica adecuada, no solo no adecuada, sino que no
existe.
De carácter distinto es la enmienda 1050 que se refiere a un tema que
nosotros consideramos de especial importancia en los momentos que
vivimos en el conjunto del mundo. Si siempre, desde su nacimiento y
habiendo obtenido luego la adhesión de todas las administraciones,
tanto el Gobierno del Estado como la Comunidad Autónoma de Cataluña
como el Ayuntamiento de Barcelona, que fue su principal impulsor, el
Forum Universal de las Culturas de Barcelona del año 2004, que supone
un intento de acercamiento, intercambio y conocimiento de las
diferencias culturales y religiosas de concepción de la vida y del
mundo de todas las personas, era importante, en los momentos
actuales, después de los horribles acontecimientos del 11 de
septiembre en Nueva York y Washington es más válida que nunca una
aproximación a este entendimiento entre las distintas culturas y
religiones del mundo. Solo a través del trabajo voluntario,
consciente, de entender al otro, de ver cuáles son sus posiciones,
cuál su concepción del conjunto de la vida humana, hablando en un
ambiente pacífico y de intercambio unos y otros, podremos llegar
a superar la situación que algunos -quizá equivocadamente- llaman de
enfrentamiento o guerra de civilizaciones en este momento. En
cualquier caso situación que puede agudizar el desprecio al
contrario, la ignorancia del otro, la persecución del minoritario, es
decir, exactamente lo contrario de lo que pretende este magnífico
proyecto que es el Forum Universal de las Culturas de Barcelona, para
el cual solicitamos especial financiación en la enmienda 1050.
Con ello, señor presidente, doy por concluida la defensa de estas
enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, ¿tiene que defender alguna
enmienda en este bloque? (Asentimiento.) Le pido brevedad, ya que hay
dos intervinientes en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SEGURA CLAVEL: El Grupo Parlamentario Socialista tiene un
interés singular en la defensa de estas dos enmiendas, las números
1060 y la 1061. La enmienda 1060 es una disposición adicional nueva
sobre seguridad aeroportuaria y la enmienda 1061 de ayuda a las
compañías aéreas. Las dos enmiendas, señorías, se enmarcan en el
planteamiento que sistemáticamente el Grupo Parlamentario Socialista
viene defendiendo en esta Cámara, tanto en sesiones plenarias como en
Comisión, a raíz de los desgraciados atentados del 11 de septiembre.
Es un hecho evidente que la crisis mundial en el sector aeronáutico
está llevando a que todos los países -sus respectivos gobiernos-
adopten medidas continuadas. A lo largo de este último mes y medio se
ha producido la quiebra de compañías como Swissair y se anuncia que
para dentro de muy pocos días otra compañía simbólica, Sabena,
quedará en tierra. En España, la reducción de alrededor de 10.000
puestos de trabajo directo en las diferentes compañías; la reducción
de unos 3.500 trabajadores en Iberia y otros cuantos en las restantes
compañías, la reducción del número de vuelos, de la producción,
etcétera, pone de manifiesto que el sector del transporte aéreo pasa
por una crisis innegable en nuestro país y en el mundo entero. De
aquí que el ECOFIN haya adoptado una decisión amplia, de tal manera
que los distintos gobiernos comunitarios puedan adoptar medidas según
las características de la crisis y de la singularidad de sus
respectivos países. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista
plantea en la enmienda 1061 un conjunto de medidas que el Gobierno
español puede adoptar sin violentar los acuerdos del ECOFIN ni los
conceptos de ayudas de Estado, en los que no puede caerse, pero que
posibilitan el mantenimiento de rutas, de frecuencias y,
consiguientemente, un servicio público básico para la cohesión en
nuestro país y, por supuesto, por el papel que juega como punto de
encuentro de multitud de rutas del mundo. De ahí, los contenidos de
la disposición adicional, recogidos en la enmienda 1061 y, por
supuesto, los de la 1060, referida a la necesidad de la elaboración
de un plan nacional de seguridad aeroportuaria, a ampliar todo el
conjunto de medidas que han de tomarse para incrementar la seguridad
aeroportuaria en cada uno de los aeropuertos españoles. En ambas
enmiendas demandamos planes singulares en temas que hoy no son
baladí. Los contenidos están claramente recogidos en las enmiendas y
les pedimos que las apoyen.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Quiero defender una serie de enmiendas de mi
grupo parlamentario a las disposiciones adicionales, transitorias y
finales.
A la vista de las últimas situaciones que hemos vivido creo que el
dinero que se entrega a algunas confesiones religiosas debería tener
un mediano control. Por supuesto, las cantidades a cuenta que se
fijaran para este año no podrían superar lo que realmente se recaudó
para el año pasado por ingresos tributarios e, indiscutiblemente, no
se podría producir ningún nuevo ingreso hasta que no fueran devueltas
las cantidades cobradas por adelantos superiores a los propios
ingresos tributarios. Además, pedimos que los dineros que se dan por
el Estado a las distintas confesiones religiosas se orienten a
cuentas de ahorro o fondos de inversión de renta fija, pero que en
ningún caso puedan utilizarse para la compra de valores mobiliarios,
fondos de inversión de renta variable o instrumentos de inversión con
alto riesgo.
Segundo bloque de ennmiendas, donde está -y pido perdón por si a
alguien le molesto- el asunto de la deuda histórica. En primer lugar,
tengo que decir que lo que Andalucía reclamó durante mucho tiempo por
deuda histórica no fueron 50.000 millones, sino 250.000. Eran 50.000
millones anuales por un lustro, por tanto, 50.000 por cinco, que son
250.000 millones. Los 20.000 millones que se han cobrado de aquellos
250.000 millones, que estaban muy bien cuantificados, fue por un
acuerdo que se produjo en 1995 entre el presidente de la Junta y un
servidor y que luego amparó Felipe González, pero que pagó José María
Aznar. Fueron 20.000 millones, pero quedan 230.000 más y no me
refiero a los fondos de nivelación que recoge el antiguo artículo 15
de la LOFCA, sino a déficit de capital público que tenían
determinadas comunidades autónomas, Andalucía y Extremadura, que
tenían recogido en su estatuto de autonomía, en la disposición
adicional segunda de ambos estatutos, que ese déficit de capital
público que les impedía prestar los servicios fundamentales a unos
niveles medios debía ser compensado. Esa es una ley orgánica y entran
dentro del bloque constitucional. Yo soy de los que digo que si no
queremos pagarlo, que cambiemos la ley. Aprovechen ahora que el
presidente de Andalucía dice que va a reformar el estatuto para
plantear que se quite la disposición adicional segunda. Hagan algo
similar en Extremadura, pero mientras esté en vigor es de obligado
cumplimiento, y las leyes se hacen para que se cumplan.
El tercer bloque, aunque en algunos estén más detallados, plantea un
proceso de negociación y cesión a las comunidades autónomas de los
hospitales militares. Son unas instalaciones bastante buenas, con
especialistas y medios bastante buenos que están siendo
infrautilizados,
cuando hay auténticas listas de espera en muchas comunidades
autónomas. Esa transferencia tiene que producirse en el tiempo
correspondiente. Hay una serie de enmiendas tendentes a que aquellas
pensiones que están por debajo del salario mínimo interprofesional se
incrementen en un porcentaje mayor que el IPC previsto, y por
supuesto que el real, a fin de que se puedan acercar al salario
mínimo interprofesional. Planteamos que los depósitos bancarios, los
que se producen en todo el mundo judicial, no se administren de forma
extraña, sino muy clara pero en beneficio de determinados bancos; que
sea una administración directa por parte del Ministerio de Justicia y
que el beneficio se lo produzca al ministerio; defensa de un aumento
de los llamados dineros del antiguo PER. A ver si de una vez nos
acercamos el 0,7 por ciento del producto nacional bruto. Nosotros
planteamos el 0,7, pero podríamos quedarnos en unos puntos menos,
aunque con tendencia a acercarnos. Por último, mencionaré una
cuestión que es de justicia aunque no he tenido que comunicarlo
porque a este diputado no le afecta. Sería conveniente, a lo mejor no
ahora, que se fuera pensando en muchos cargos públicos (diputados,
diputadas, alcaldes, alcaldesas, concejales, diputados autonómicos,
senadores) que tienen una actividad laboral determinada, la que sea y
que al terminar su mandato ya no existe y que no tienen derecho al
desempleo. Vuelvo a insistir que no he tenido que hacer ninguna
advertencia al presidente; por lo tanto no es un tema que se refiera
a mi persona y posiblemente a casi ninguno de los que estamos aquí.
No estoy pidiendo un trato especial para los cargos públicos, estoy
pidiendo que cuando un alcalde deja de serlo en un pueblo de la
provincia de Córdoba, de Málaga, de Cuenca, de donde sea pueda cobrar
el desempleo igual que cuando un albañil, un empleado de banca o
cualquier otra persona va al paro. No estoy pidiendo ningún trato
especial, estoy pidiendo la igualdad y que tengan derecho al
desempleo por haber estado prestando un servicio público y haber
cotizado en un momento determinado. No es cuestión de hacer el bien;
la caridad bien entendida empieza por uno mismo en este caso.
Deberíamos reflexionar sobre la situación de muchas personas que no
se presentan, que deciden dejarlo o a las que la gente no vota a las
pueda representarles una serie de problemas muy graves. Vuelvo a
insistir, no estoy planteando una medida de gracia especial para los
cargos públicos. Estoy pidiendo que se les trate igual que a
cualquier otro trabajador o trabajadora que en un momento determinado
van al paro.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Bardisa.
El señor BARDISA JORDA: Antes de oponerme a las enmiendas que han
defendido tanto el Grupo Socialista como el Grupo de Izquierda Unida,
así como lasque ha presentado el Grupo Mixto -que aunque el
señor Núñez está aquí él no tiene enmiendas, pero sí otros compañeros
del Grupo Mixto-, quiero mantener una premisa en cuanto a las
enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a las
disposiciones adicionales, que son principalmente disposiciones
adicionales nuevas. Son enmiendas en las cuales se traen a la Cámara
disposiciones adicionales nuevas, enmiendas que en general son el
cajón de sastre donde va a caer todo tipo de reivindicaciones
políticas, y aquí lo hemos visto anteriormente en la exposición de
los diputados tanto del Grupo Socialista, como del Grupo de Izquierda
Unida. En general dentro de la técnica presupuestaria son un brindis
al sol, ya que los propios grupos saben que son inviables porque en
todas se propone un incremento del gasto, pero nunca se propone cuál
va a ser su financiación. Estas enmiendas no serían admitidas a
trámite en los programas de las diferentes secciones, ya que ello
supondría proponer una baja en otra partida presupuestaria para
financiar el gasto que se propone. En muchas de ellas ni siquiera se
cuantifica el gasto. Este diputado, si lo permite el presidente,
tiene la tentación de proponer una enmienda in voce que es puro
formulismo, siguiendo la técnica presupuestaria de tramitación de los
Presupuestos Generales del Estado, y que sería mantener una enmienda
a todas esas disposiciones adicionales, ya que son imposibles de
cumplir, porque no se propone la baja alternativa para financiar el
gasto propuesto en la enmienda. Son propuestas que estoy seguro que
muchas de ellas tanto el Grupo Popular como el Gobierno las
aceptarían, porque son propuestas coherentes y que se podrían llevar
a cabo. Señores diputados, en un presupuesto hay que mantener
lógicamente unas prioridades, y a me gustaría que los grupos que
proponen esas enmiendas nos dijesen a cambio de qué supresión de
cualquier otro gasto se proponen. Esta es una premisa que yo quiero
establecer en cuanto a estas enmiendas a las disposiciones
adicionales.
Entrando en las enmiendas que ha defendido tanto el Grupo Socialista
como el Grupo de Izquierda Unida, el Grupo Socialista nos trae una
modificación de los pagos a cuenta de la Iglesia católica. El señor
diputado sabe que esta materia es objeto precisamente de las
relaciones Iglesia-Estado, que están reguladas por el acuerdo que
existe entre Iglesia-Estado dentro del marco de sus relaciones, y
supondría una revisión del sistema de asignación tributaria a la
Iglesia católica, acuerdo cuya vigencia finaliza a finales del año
2002. Por tanto, el Gobierno no puede incumplir un acuerdo que
finaliza precisamente al final del presupuesto. Por tanto, esta
enmienda es totalmente inviable. Por otro lado, nos propone una serie
de dotaciones presupuestarias a otra serie de religiones, como la
evangélica, la islámica y la judía. Reconocemos que el artículo 16 de
la Constitución garantiza la libertad religiosa en España, pero dicho
deber de cooperación se ha de instrumentalizar a través de los
acuerdos que el Estado español debe suscribir y ha suscrito con las
distintas
confesiones. Por ello, es en el marco de dichos acuerdos donde deben
concretarse los medios de colaboración, incluidos los financieros.
Vuelvo a decir lo mismo que decía anteriormente, que lógicamente para
hacer frente a este gasto que se propone en esta enmienda, me
gustaría que el señor diputado nos dijese de dónde lo quitamos.
En cuanto a la otra enmienda que ha defendido el Grupo Socialista de
crear un sorteo especial para el Fórum Universal de las Culturas del
año 2004 es una propuesta que a mi me parece muy bien. Ojalá se
pudiese hacer, no solamente ese sorteo, sino muchos. Esta enmienda no
es la única que propone un sorteo finalista, hay otras que también lo
solicitan. Dentro de las enmiendas a las disposiciones adicionales
hay algunas del Grupo Mixto que solicitan este tipo de sorteos. Todos
sabemos que estos sorteos especiales con carácter finalista deben ser
para acontecimientos excepcionales; nunca se pueden declarar todos
los acontecimientos como excepcionales porque, si no, supondría
lógicamente una disminución considerable para los ingresos del Tesoro
público por el concepto de Lotería Nacional y, su financiación
tampoco es posible.
En cuanto a las enmiendas que ha defendido el señor Segura, después
de los acontecimientos del 11 de septiembre está claro que la
seguridad en los aeropuertos y en los aviones es un tema primordial.
España dispone ya de un programa nacional de seguridad aérea que
contiene la mayoría de las medidas que él nos propone a través de su
enmienda a las disposiciones adicionales, creando una nueva
disposición adicional. El Comité Nacional de Seguridad en el que está
representada la Policía, las aduanas, Correos, las compañías aéreas,
los aeropuertos y todos los estamentos implicados en la organización
aeroportuaria viene trabajando desde hace dos años en esta normativa.
Esto se ha intensificado desde los acontecimientos del 11 de
septiembre. Actualmente se está estudiando el Plan nacional de
seguridad que incluirá nuevas medidas, que la Unión Europea está
estudiando y preparando en forma de reglamento del Consejo y que se
pretende sea aprobado antes de finalizar el presente año. Por tanto,
estas medidas -que, como digo, muchas de ellas son buenas para la
seguridad de los aeropuertos y de los pasajeros- van a estar
contempladas dentro de las que adopte la Unión Europea para este tema
que ha surgido desgraciadamente después de los atentados del día 11
de septiembre. En cuanto a las medidas para ayuda a las compañías
aéreas vuelvo a decir lo mismo. Estas medidas de ayuda a las
compañías aéreas estarán dentro del contexto de las que adopte la
Unión Europea, pero no se van a adoptar dentro de estos presupuestos
porque además supone también un incremento del gasto.
Por último, en cuanto a las enmiendas que plantea Izquierda Unida
sobre las pensiones, como esta mañana, señor Rejón, mi compañero el
señor Azpiroz ya ha defendido nuestra posición, no voy a volver a
contestarle,
en todo caso, lo haremos en el Pleno. En cuanto a la modificación de
los pagos a cuenta de la Iglesia católica le vuelvo a decir lo mismo
que he dicho al Grupo Socialista. En cuanto a los traspasos de los
hospitales militares que se está llevando a cabo en mi
circunscripción, es decir, en la Comunidad de Madrid, actualmente
está pendiente también de las transferencias de la Administración
central a la Comunidad Autónoma de Madrid; está pendiente la
transferencia del hospital Gómez Ulla, si se lleva a cabo. El
hospital militar central Gómez Ulla es en la actualidad,
imprescindible en la prestación de servicios sanitarios a las Fuerzas
Armadas en el terreno asistencial, pericial, logístico y operativo.
Es además un hospital docente de pre y post grado donde se forman la
gran mayoría de los especialistas médicos militares y que participa
en el convenio con la Universidad Complutense para la formación de
los alumnos de la facultad de medicina.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere también réplica en este turno, señor
Pedret? (Pausa.)
El señor PEDRET GRENZNER: Seré muy breve, señor presidente.
Sabemos ya que es imposible prácticamente cambiar el voto, convencer,
pero pensaba que posiblemente podríamos haber conseguido que se
leyeran las enmiendas. Lo cierto es que el portavoz del Grupo Popular
en cuanto que ha atacado las enmiendas defendidas por mí no se ha
ajustado exactamente a su contenido. Lo cierto, señor presidente, es
que se pide que el Gobierno presente durante el año 2000 un proyecto
de regulación, no se pide que se actúe durante el año 2000 durante la
vigencia del acuerdo del Estado con la Santa Sede. Se pide que con
carácter provisional y hasta el momento en que se firmen los
correspondientes acuerdos económicos con las otras confesiones se
arbitre un sistema de financiación, no se pide que se ignoren éstos.
Por último, con la brevedad que ha recomendado -con la vehemencia
necesaria para el caso- el presidente, si el Grupo Popular que da
soporte al Gobierno en esta Cámara considera que el Gobierno no se ha
equivocado, considera excepcional el Forum Universal de las Culturas
de Barcelona 2004 y financiarlo así, debieran actuar en consecuencia
y reñir al Gobierno en cuanto considera excepcional una cosa que el
grupo parlamentario no la considera. Cuando todas las
administraciones se han implicado en su financiación se considera que
tal hecho es excepcional, y no puede compararse con eventos que han
sido ya financiados y que lo serán en el futuro a buen seguro a cargo
de sorteos extraordinarios. Por ello continúo manteniendo, como no
podía ser por menos, las enmiendas y le ruego al Grupo Popular que
reflexione, que vea que realmente son acertadas y las vote
favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Con muchísima brevedad.
Quiero pedirle también, como hacía el diputado del Grupo Socialista,
que se lea las enmiendas. No es cierto que todas las enmiendas que se
han presentado, por mi grupo signifiquen un aumento de gasto.
Precisamente el tema de la Iglesia católica no es un aumento de
gasto; la cesión de los hospitales militares, no solamente el Gómez
Ulla sino de muchas más comunidades autónomas, no es un aumento del
gasto; incluso el que los depósitos bancarios renten y se muevan por
el Ministerio de Justicia es un aumento de ingresos. Por tanto, ese
no es el tema. Lo que diría es una cosa: Que indiscutiblemente a esto
no se le ha puesto una financiación; estamos debatiendo unos
presupuestos, que a lo largo de su vida cambian, se modifican,
cambian cuestiones. Miren ustedes, es tan rápida la vida que
desgraciadamente ya los presupuestos cuando se presentaron y hubo el
debate de totalidad estaban fuera de tono; desgraciadamente los
nuevos datos del paro, del IPC y del PIB han venido a demostrar que
están fuera de lugar. Si los grandes números están fuera de lugar no
nos regañen a los grupos de la oposición porque ustedes digan que los
pequeños números están fuera de lugar.
El señor PRESIDENTE: Señor Bardisa.
El señor BARDISA JORDA: Vuelvo a repetir que no me han dicho los
diputados de dónde van a quitar un gasto para hacer otro; no me lo
acaban de decir ni siquiera en la réplica.
En cuanto a si los presupuestos están fuera de lugar, lo veremos. Eso
es lo que se dice todos los años en los debates presupuestarios y al
final el Gobierno ejecuta y saca adelante su presupuesto. Señor
Rejón, al final de año hagamos balance del presupuesto.
El señor PRESIDENTE: Finaliza así el debate de este bloque y con él
el del proyecto de ley.
Pasamos a debatir las secciones. En primer lugar Secciones 01 a 05
debatimos en un solo turno las secciones 01 a 05, (la y 08 Casa del
Rey, las Cortes Generales, Tribunal de Cuentas, Tribunal
Constitucional, Consejo de Estado) y la sección 08 (Consejo General
del Poder Judicial).
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la
palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: A la sección 02 solamente tenemos una enmienda,
quiero recordar, en la cual planteamos al Parlamento que es necesario
dignificar las relaciones laborales, dando ejemplo aquí para ello.
Esta enmienda pretende sustituir las políticas de becas de
investigación, a las que se hace referencia en el acuerdo de la Mesa
de la Cámara de 25 de septiembre del 2001, por contratos laborales
acordes con la legislación vigente, dando a estas personas la mínima
cobertura de prestación de Seguridad Social.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular el señor Mato tiene
la palabra.
El señor MATO ADROVER: Brevemente también, porque tengo que reconocer
que me ha parecido extraordinaria la enmienda, pero seguramente no en
el mismo sentido que al señor Rejón, en primer lugar, porque no es
habitual enmendar los presupuestos de las Cortes Generales que están
aprobados por la Mesa e incluso por todos los grupos políticos. Que
no sea habitual no significa que no se pueda hacer, por tanto es
extraordinario. También es extraordinario -y quizá esto lo sea menos-
porque se presenta una enmienda que no cumple absolutamente con
ninguno de los requisitos necesarios siquiera para su tramitación; es
decir, no figura la aplicación económica completa, ni la de alta ni
la de baja; no figura el código del proyecto de inversiones que ha de
suponer la baja, y además extraordinaria porque se ha admitido a
trámite, no cumpliendo tampoco con el artículo 133.3 del propio
Reglamento del Congreso. Si estas no fueran razones suficientes para
no admitirla, que lo son, debemos añadir que se trata además de una
enmienda que no tiene sentido. Usted, señor Rejón, antes decía que
nuestro grupo no se había leído algunas enmiendas y yo creo que no se
han leído ustedes el Reglamento y sobre todo el acuerdo de la Mesa de
la Cámara de 25 de septiembre a que se refiere su enmienda y le digo
por qué. Esta enmienda la han presentado igual para todas las
secciones, sin darse cuenta de que el acuerdo de la Mesa de 25 de
septiembre lo que está estableciendo son ocho becas para tesis
doctorales. Ustedes no pretenden convertir las becas en contratos
laborales. En este caso concreto las becas son para tesis que tengan
por objeto las Cortes Generales o el Parlamento, una de las cuales
irá destinada a un trabajo relacionado con el reconocimiento del
derecho de voto de la mujer en España o con otros aspectos relativos
a los derechos de la mujer. Me pregunto -usted estará de acuerdo
conmigo- si pretende convertir a estos becarios que realizan las
tesis doctorales en contratados laborales, si sugiere algún tipo de
control horario, si deben desarrollar su tarea en el Congreso, o si
propone que dejen todas sus obligaciones de estudio, laborales,
familiares, etcétera para trabajar aquí en el Congreso todos los días
como cualquier otro contratado laboral. Sinceramente se han
equivocado con esta enmienda y supongo que la retirarán. En todo
caso, a pesar de lo extraordinario de la misma, o quizá por eso
mismo, vamos a votar en contra.
El señor PRESIDENTE: Debo decir señor Mato, antes de dar la palabra
para réplica al señor Rejón, que los servicios jurídicos de la Cámara
han encontrado precedentes de que sí se admitan a trámite las
enmiendas que se refieren a la sección 02.
Tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Intervendré con bastante brevedad.
No me juegue usted, no me haga la norma para casos concretos, porque
no es así. Lo que estoy planteando es que la política de becas de
investigación, con todo lo que eso significa -y sé de lo que usted me
está hablando-, se convierta por la misma cuantía en contratos
laborales. ¿Es mucho pedir? Ya está. ¿No está usted de acuerdo? Vote
en contra y se acabó.
El señor PRESIDENTE: Señor Mato.
El señor MATO ADROVER: Simplemente podemos plantear eso en otro
contexto no en el que ha planteado la propia enmienda. Será otra
enmienda distinta que estamos absolutamente dispuestos a analizar,
incluso a aprobarla en su caso.
El señor PRESIDENTE: Finalizamos así este bloque.
Pasamos a la sección 12, Ministerio de Asuntos Sección 12 Sección 34
Exteriores, que debatiremos junto con la sección 34, Unión Europea.
Por parte del Grupo Socialista creo que van a intervenir tres
portavoces. Como hemos comentado antes de iniciar la sesión, les pido
brevedad para no consumir entre los tres más tiempo del que ha sido
asignado con carácter flexible a una única intervención del Grupo y
les pido, como también les he dicho antes, que renuncien a la réplica
por mor del tiempo de debate. Gracias.
Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Marín.
El señor MARÍN GONZÁLEZ: Así se hará, señor presidente.
Enmienda a la totalidad de la sección 12 Asuntos Exteriores, con
devolución. Las explicaciones para garantizar la brevedad son las
siguientes. Es verdad que de una forma cosmética se presenta esta vez
el presupuesto de Asuntos Exteriores con un incremento que
relacionado con otras secciones del presupuesto parece importante,
porque aumenta un 3,67, por encima incluso del crecimiento del PIB
estimado del 3,5. Insistimos en que esto es una presentación
cosmética porque en realidad aquí este año va metido todo el paquete
financiero que se va a asignar lógicamente al primer semestre del año
que coincide con la presidencia española de la Unión Europea. Fuera
de esta visión cosmética la realidad es que una vez más constatamos
la falta endémica de recursos del servicio exterior, que
probablemente es algo que viene de mucho más lejos -eso lo admito-
que la gestión del Partido Popular. Lo cierto es que en esta
legislatura el Gobierno nos presentó un plan de acción estratégica,
de acción en el exterior que contemplaba precisamente dotar a nuestro
país de una envergadura en medios materiales y financieros que nos
permitiera responder a los retos que planteaba este plan. Ya el año
pasado señalamos que había un divorcio enorme entre la declaración de
intenciones y la realidad de medios operacionales y financieros.
Desafortunadamente
este presupuesto va en la misma línea. Sobre todo nos sorprende
porque en un gran discurso, probablemente el mejor que ha hecho -en
mi opinión- el ministro de Asuntos Exteriores, señor Piqué, en la
Escuela Diplomática (que además fue distribuido largamente en esta
Cámara) se ponía de manifiesto la situación que se ha generado en el
servicio exterior. Hoy día en España, en términos materiales y en
términos humanos sobre todo y tenemos un servicios exterior con menos
números que el que existía al principio de la transición. No son
palabras mías, son palabras del ministro. Él presentó un cuadro en la
Escuela Diplomática donde se puede ver claramente cuál es la
situación. Pensamos que después de haber atravesado una situación
sostenida de crecimiento económico, en la que la economía
internacional y la española ha ido bien, nos enfrentamos ahora al
problema de que viene el periodo de las vacas flacas; si no se ha
hecho en momentos de un gran desarrollo económico, mucho nos tememos
que no se vaya a hacer en el futuro. En consecuencia, vemos aquí un
divorcio, entre lo que es el llamado plan estratégico de acción en el
exterior y la realidad de unos presupuestos que vienen a poner de
manifiesto que va a ser muy difícil que España pueda contar con un
servicio exterior capaz de hacer frente a los retos que el Gobierno,
y con toda seguridad la oposición, comparte.
El señor PRESIDENTE: Señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Brevemente quiero explicar la parte de la
enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista al programa 132.B, que se refiere a la Secretaría de
Estado de Relaciones con la Unión Europea. A raíz de la comparecencia
del secretario de Estado pudimos comprobar cómo de un crecimiento en
principio de un 29 por ciento se pasaba a un presupuesto real que
decrece en un 1,6 por ciento. El secretario de Estado habló de un
presupuesto extraordinario relacionado con los gastos derivados de la
presidencia española, que ascendía a 509 millones, pero si restamos
esa cantidad el presupuesto ordinario de la Secretaría de Estado se
reduce en un 1,6 por ciento. Se mantiene la reducción de las
inversiones que ya se produjo en el presupuesto del año 2001 y
solamente se tiene en cuenta una sola inversión, que es la
adquisición del edificio de la representación permanente en Bruselas
y se mantiene en el capítulo IV nada más y nada menos que 6 millones
de pesetas para acciones de promoción de la Unión Europea. La verdad
es que con este cuadro presupuestario no solamente a uno le cabe
plantearse cuál será el futuro de la Secretaría de Estado sino
también qué objetivos tiene el Gobierno con respecto a potenciar
nuestra presencia en Bruselas y otras políticas fundamentales para
España, políticas europeas como es la euromediterránea. También es
llamativo qué actividades de promoción de la Unión Europea se puede
plantear el Gobierno con 6
millones de pesetas. Realmente que no se hable absolutamente nada en
esos presupuestos de esta Secretaría de Estado, de la preparación de
la próxima conferencia intergubernamental, del debate postNiza hace
que estos presupuestos y este programa concretamente sea
decepcionante y demuestre una falta de ambición y de objetivos que
reflejan una concepción de Europa más escéptica, más corta de miras y
que no advierte un gran problema, que es el alejamiento de la
sociedad civil con respecto a la construcción europea.
La presidencia española debería tener un mayor reflejo en este
programa. Esa ausencia entraña un peligro, el de que no seamos
capaces de conectar con las demandas de los ciudadanos y de la
sociedad. Quería hacer una crítica también a cómo se han
presupuestado los gastos derivados de la presidencia europea.
Prácticamente en el debate en Comisión, en las comparecencias que ha
habido, no hemos podido aclarar nada porque el director de la oficina
de presidencia no ha comparecido y la información que dio la
secretaria de presidencia tampoco aclaró mucho al respecto. Nos
quedamos sin saber cómo se va a reforzar la presencia española en las
embajadas de la Unión Europea, nos quedamos sin saber cómo se va a
desarrollar desde esos presupuestos la política española con respecto
a la ampliación de la Unión Europea. La falta de concreción de esos
objetivos en la memoria y en los indicadores son reflejo de una
presentación opaca y nada transparente que no sé si es por
incompetencia o por falta de voluntad política de involucrar al
Parlamento en la política europea. Desde ese punto de vista, es una
falta de respeto y algo que refleja que el déficit cero, del que
ustedes están tan orgullosos, en cuanto a política europea lo que
significa es más déficit democrático.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Casado.
El señor PÉREZ CASADO: Señor presidente, señorías, tomo la palabra
para defender nuestras enmiendas, empezando por la 646 relativa al
programa 134.A, cooperación al desarrollo, que es de devolución. Nos
parece un sarcasmo la propuesta de presupuesto que hace el Gobierno
para la cooperación internacional de España en un momento en que
coinciden, como ya anunciamos en 2001, no sólo las necesidades de las
emergencias, sino también una situación crítica en el ámbito
internacional. Se nos ha recordado aquí, señor presidente, que en
este trámite parlamentario esto es lo que hay y, por consiguiente,
queda, si no como brindis al sol, sí como manifestación algo
retórica, el proponer algo a lo que sabemos se nos va a decir que no.
Se nos va a decir que no renunciando a una senda de progreso, a un
objetivo, el 0,7 del PIB destinado a ayuda oficial al desarrollo, y
con una oferta que no solamente no sigue esa senda hacia el 0,7, sino
que se ha venido reduciendo en los últimos años de manera dramática.
En la próxima primavera, el Comité de Ayuda al Desarrollo va a
evaluar la ayuda oficial al desarrollo de España y, en ese caso, la
controversia sobre los números y los porcentajes quedará asentada
donde está precisamente, que no es en la senda del progreso, sino en
la senda del retroceso. Aceptamos incluso las cifras que nos propone
el Gobierno como escenario macroeconómico y, referiéndome a ellas,
tengo que pedir que al menos nos acerquemos en 2002 al 0,30 y en el
2003 al 0,35, como horizonte. Somos conscientes de que en este
trámite la esperanza hay que dejarla en la puerta, como diría Dante,
puesto que conocemos cuál va a ser la conclusión, pero nos interesa
subrayar que esta es la manifestación y la expresión del Grupo
Socialista de lo que debiera ser la ayuda oficial al desarrollo en
nuestro país. Estamos seguros además que en un tiempo más cercano que
lejano tendremos oportunidad de aplicarlo desde las responsabilidades
del Gobierno ¿Por qué? Porque la ayuda al desarrollo no es un
compromiso de beneficencia, sino un compromiso de una sociedad
solidaria con las necesidades de otros países y de otros pueblos, en
definitiva, del género humano.
Las enmiendas parciales van en este sentido, en el sentido de mejorar
las dotaciones y los objetivos, porque conviene decirlo de una vez
por todas y lo diremos también en el Pleno: no solamente nos hemos
desviado en la cuantía total en un momento de crecimiento económico,
de bonanza económica, que el Gobierno subraya con énfasis, sino que
además nos hemos desviado de los objetivos internos de esa ayuda, es
decir, de las necesidades básicas, educación, salud, países menos
adelantados, deuda externa, etcétera. Nada de lo que se nos propone
en este presupuesto se acomoda con acuerdos políticos en el interior
de nuestro país ni con acuerdos firmados por el Gobierno de España
ante las instituciones internacionales. Convendría hacer esa
reflexión, especialmente si nos atenemos a elementos tales como la
educación básica y, en definitiva, la erradicación de la pobreza como
objetivo de la ayuda oficial al desarrollo. Elementos como las
transferencias a las ONG, que curiosamente descienden, dotación más
reducida para organismos multilaterales que han reclamado en público
la ayuda inmediata de nuestro país como el ACNUR y la reducción de la
contribución española al PNUD debieran hacer reflexionar a un
Gobierno que ha afirmado, a una pregunta del diputado que les habla,
que la política de ayuda al desarrollo era un pilar central de la
política exterior del Reino de España. Si es así, este presupuesto no
corresponde a un objetivo que por supuesto compartimos y estamos
dispuestos a compartir desde la oposición.
Quisiera hacer una aclaración final puesto que no habrá réplica,
señor presidente. El sentido de nuestro voto respecto de las
enmiendas que han planteado Izquierda Unida, Convergència i Unió y
algunas del Grupo Mixto va a ser favorable puesto que se incardinan
en nuestro hilo argumental y, en consecuencia,
fomentan la lucha contra la pobreza y el incremento de la ayuda
exterior de nuestro país. En ese sentido, señor presidente, creo que
los tres portavoces del Grupo Socialista nos hemos atenido a la
recomendación de la presidencia.
El señor PRESIDENTE: No esperaba menos, señor Pérez Casado.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: La doy por defendida.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular, el
señor Arístegui tiene la palabra.
El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: En primer lugar, quisiera hacer una
defensa genérica del presupuesto presentado por el Ministerio de
Asuntos Exteriores. Se trata de un presupuesto claramente
equilibrado. Se ha dado ya la cifra de más de un 3 por ciento de
crecimiento. Desde luego, se produce un notable incremento en el
capítulo de personal. Hay problemas estructurales obvios en el
Ministerio de Asuntos Exteriores que vienen arrastrándose desde hace
muchos años. En el capítulo 2 la depreciación de la peseta y también
desde hace tiempo del euro ha venido ocasionando problemas contables
y presupuestarios al Ministerio y que por primera vez desde hace
muchos años van a ser subsanados. Por otra parte, esto se enmarca en
la política general presupuestaria del Gobierno de convergencia real,
crecer más que el resto de Europa y crear más empleo que el resto de
Europa. Es un presupuesto equilibrado que además va claramente a
mejorar las posibilidades, medios y recursos de que dispone el
Ministerio de Asuntos Exteriores.
En primer lugar, me gustaría decir que, en el marco general de la
política exterior, difícilmente se puede decir que se tratede una
mejora cosmética del presupuesto. Se ha hablado de un incremento con
respecto a la presidencia de la Unión Europea que ejercerá España en
el primer semestre del año que viene, una cantidad dedicada a este
proyecto importantísimo para la política exterior de España, para la
política general de España y obviamente para la Unión Europea en un
momento especialmente delicado de la construcción europea. 598
millones de pesetas, siendo una cantidad importante, no deja de ser
ajustada y no deja de lograr unos objetivos muy notables.
De todas formas, en política exterior, rara vez hay grandes
volantazos o golpes de timón. Desde que, gracias a Dios, hay
democracia en España, los presupuestos de Exteriores no han sufrido
grandísimas modificaciones. Sin embargo, como tendré ocasión de decir
más adelante cuando me refiera a las cuestiones de cooperación
internacional, justamente en el capítulo de cooperación internacional
es donde se ha producido un incremento más notable. Además estamos
obviando un
hecho y es que la política exterior de España no la hace solamente el
Ministerio de Asuntos Exteriores, sino que hay muchos actores
públicos e incluso privados que participan. Es evidente, por ejemplo,
que nosotros tenemos dos cuerpos del Estado dedicados a la acción
exterior que están divididos entre varios ministerios, uno es el
Ministerio de Asuntos Exteriores, pero también existe el cuerpo de
técnicos comerciales del Estado que está en el Ministerio de Economía
y, obviamente, en la Secretaría de Estado de Comercio y tienen un
importante papel en la representación y en la defensa de los
intereses de España en el exterior. Además, una parte importante de
la ayuda oficial al desarrollo la gestiona el Ministerio de Asuntos
Exteriores, pero la parte más importante de los fondos de ayuda al
desarrollo es evidente que está gestionada por la Secretaría de
Estado de Comercio.
En todo caso, y para darle un dato muy concreto, quisiera decirle que
en el año 1996 la cantidad que gestionaba el Ministerio de Asuntos
Exteriores en materia de cooperación al desarrollo era de 19.061
millones de pesetas y que en este momento, en los presupuestos para
2001 que acabamos de ejecutar, era de 42.200 millones de pesetas, es
decir, casi tres veces más de lo que habíamos gestionado en el año
1996. Por lo tanto, estamos hablando de un importantísimo incremento
en el ámbito del Ministerio de Asuntos Exteriores. En el presupuesto
que hemos ejecutado se ha producido un gasto de 297.000 millones de
pesetas de ayuda oficial al desarrollo y en este momento vamos a
superar con creces los 300.000 millones de pesetas, como anunció el
secretario de Estado de Cooperación Internacional.
Me gustaría contestar a un comentario del señor Marín en torno a la
falta o al déficit crónico de medios humanos y materiales del
servicio exterior. Es verdad, yo soy diplomático de carrera y es una
cuestión que conozco, por desgracia, personalmente en las embajadas
que he tenido la ocasión de estar destinado. En todo caso, por
primera vez en mucho tiempo las categorías de la carrera diplomática
española están cubiertas y desde hacía mucho tiempo teníamos un
déficit crónico de más de 100 funcionarios. En este momento se ha
conseguido, con un esfuerzo notable tanto presupuestario como de
selección de candidatos, llegar a una situación en la que las
setecientas veintitantas plazas de que se compone la carrera
diplomática española están cubiertas.
Por otra parte, en cuestión de asuntos europeos me ha parecido que se
ha hecho una declaración política un tanto aventurada. Decir que hay
un déficit democrático que se refleja en el presupuesto de la
Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, que hasta peligra la
propia continuidad de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores,
no deja de resultarnos ciertamente una pequeña exageración. Nosotros
creemos que justamente la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores
ha sido reforzada porque recordemos que en esta legislatura existía
una secretaría de Estado doble, que era la Secretaría
de Estados de Asuntos Europeos y de Asuntos Exteriores, estaban
las dos unificadas, y en este momento existen dos secretarías de
Estado, la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos y la Secretaría
de Estado de Asuntos Exteriores. Si tomamos en cuenta esa división de
las dos secretarías de Estado, esa merma del 1,6 por ciento real
supone en términos reales un incremento notable de sus medios tanto
materiales como humanos, además de la notable mejora operativa que
supone que casi el mismo número de funcionarios va a tener que
ocuparse de un número más reducido de competencias.
Hay un incremento de más del 29 por ciento para atender las
necesidades de la presidencia. Se ha hablado de que no se ha tenido
suficiente información sobre cómo se van a reforzar las embajadas en
el ámbito de la Unión Europea. Realmente estamos empeñados en ver la
política europea estrictamente en el ámbito de la política bilateral
con el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, cuando en
realidad muchas veces donde tenemos que poner el acento y reforzar
las embajadas es en aquellos Estados terceros donde la política
exterior de la Unión Europea tiene una especial significación, en
unos momentos tan delicados como los que vivimos, como, por ejemplo,
es el caso de Oriente Próximo y, sin ir más lejos, el caso del
Consulado General en Jerusalén, que ha tenido el reforzamiento de un
funcionario a lo largo de toda la presidencia. Justo va a estar
prácticamente todo el periodo de troika de nuestro país y no sólo
para hacer frente a las obligaciones en materia de cooperación que
tiene el Consulado General de España en Jerusalén, sino sobre todo,
para acometer las obligaciones de carácter eminentemente político que
tiene la presencia de España en Oriente Medio.
Nosotros cumplimos con seriedad y con rigor los criterios
presupuestados marcados con el Gobierno. Todos los diplomáticos,
todos los profesionales de las relaciones exteriores, obviamente el
Gobierno en primerísimo lugar, desearían tener muchos más medios
humanos y materiales. El discurso del ministro Piqué, tantas veces
aludido, que nosotros no hemos hecho otra cosa que aplaudir, ha
venido a reconocer por primera vez en mucho tiempo, y desde luego en
toda la democracia, que, en efecto, los medios de que dispone el
servicio exterior de España son insuficientes. Sin embargo hay que
decir que el esfuerzo notable de sus funcionarios y de todos los
actores en materia de política exterior que existen también en otros
ministerios -hemos dicho que no sólo el Ministerio de Asuntos
Exteriores tiene competencias en esta materia- suplen muchas veces
con creces esta falta de medios humanos y materiales. Nosotros
creemos que desde hace mucho tiempo, con la modestia que requiere la
coyuntura y la situación económica, se han ido sumando esfuerzos,
mejorando los medios, las instalaciones de que dispone el Ministerio
de Asuntos Exteriores tanto en España como en elextranjero. Hemos
dotado nuevas cancillerías, nuevos
sistemas de comunicación, nuevas órdenes para reducir el gasto en
materia de comunicaciones y creo que la racionalización del gasto no
se puede apreciar en un presupuesto. Cuando se consigue ahorrar en
unas partidas que históricamente eran extraordinariamente caras en el
Ministerio de Asuntos Exteriores como es el gasto en comunicaciones,
se puede dedicar ese gasto a otras partidas mucho más importantes
gracias a las nuevas tecnologías. Eso tampoco se ha reconocido y creo
que es importante subrayarlo.
En todo caso, anuncio el voto negativo de mi grupo puesto que
consideramos que no hay base política ni presupuestaria suficiente en
las enmiendas presentadas y anunciamos el voto contrario del Grupo
Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: El debate ha ido más rápido de lo que podía
prever la presidencia, así que si quieren pueden hacer algún turno de
réplica breve.
El señor MARÍN GONZÁLEZ: Quiero decirle a nuestro colega que nosotros
vamos a defender en sesión plenaria la literalidad del discurso del
ministro de Asuntos Exteriores con las cifras y los datos. Que luego
usted quiera convencerme diciéndome que las líneas generales de los
Presupuestos Generales del Estado son las que son y esto no da para
más, pues muy bien, tomamos nota. La realidad es que hay apenas 18
modestos aumentos, ni más ni menos, sólo 18.
Hay un argumento que no le puedo seguir y es que yo se el esfuerzo
que se está haciendo en la escuela y lo aplaudimos, pero ojo con
entrar en el debate de calcular las excedencias que hay en los
cuerpos especiales de la Administración, alguno de los cuales usted
ha citado. Seamos cautos porque nos podríamos llevar bastantes
sorpresas, porque la mayoría se han marchado al sector privado,
querido amigo.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Casado, tiene la palabra.
El señor PÉREZ CASADO: Con la misma brevedad que mi colega, sólo
recordarle, señoría, que en términos absolutos hay un incremento y en
términos relativos hay un retroceso de la ayuda oficial al
desarrollo. Hemos dicho, no una vez sino muchas, que no conviene
confundir un instrumento como el Fondo de Ayuda al Desarrollo y los
créditos FAD con políticas activas de ayuda al desarrollo, bien para
emergencias o para necesidades básicas de los países destinatarios.
Como tendremos oportunidad de volver a decirlo en la sesión plenaria,
nos reservamos para entonces.
El señor PRESIDENTE: Señor López de Lerma, estamos en el turno de
réplica y ustedes no han hecho uso de su turno inicial.
El señor LÓPEZ DE LERMA: Efectivamente, aunque sea difícil replicar a
una inexistente exposición (Risas), yo quería abusar de la amabilidad
del señor presidente al interpretar las últimas palabras del ponente
del Grupo Popular en el sentido de rechazo en globo -como decíamos
antes- al conjunto de las enmiendas de los demás grupos. Sólo
quisiera recordarle a mi querido colega del Partido Popular - en la
línea que lo ha hecho el representante del Grupo Parlamentario
Socialista respecto de ciertos cuerpos muy ilustrados del Estado- que
no es de recibo rechazar la enmienda 1263, del Grupo Parlamentario
Convergéncia i Unió, que trata de incrementar la ayuda al alto
comisionado de Naciones Unidas 24 horas después de que el mismo haya
aterrizado en España y nos haya recordado nuestra paupérrima ayuda,
cierto desaire y una notable ausencia del debate sobre las
necesidades urgentísimas a nivel humano de los refugiados afganos.
El señor PRESIDENTE: Señor Arístegui.
El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señor Marín, yo no he hecho mención
en ningún momento a las excedencias, pero ya que usted lo ha hecho,
vamos a entrar en el debate.
En primer lugar, el número de excedencias es evidente que a lo largo
de estos años es de un porcentaje bastante parecido. No hay unas
variaciones notables entre los años ochenta y este momento. Lo que sí
hay es una notable variación del número de diplomáticos, de menos de
600 a más de 700 en este momento. No sólo las excedencias, sino
también los servicios especiales, entre los que me cuento. En eso sí
le doy la razón. Le diré que la carrera diplomática no es el cuerpo
del Estado con un porcentaje más elevado de excedencias voluntarias.
Yo no he hablado de excedencias y simplemente quería dejar constancia
de ello en el «Diario de sesiones». (El señor Marín González: Me
referia a los técnicos.)
En cuanto a los presupuestos de cooperación, el porcentaje de
variaciones es el 5,8 por ciento, en un momento en el que la
variación media es notablemente inferior en otros terrenos. Por lo
tanto, también doy por contestado al señor López de Lerma en cuanto a
los cuerpos del Estado, puesto que yo no hablé en ningún momento de
las excedencias. Sí dije que otros países, como por ejemplo Italia,
tienen integrados los servicios comerciales y políticos en el mismo
cuerpo. Nosotros no los tenemos y, eso puede ser, en ocasiones, una
desventaja, pero creemos que funciona razonablemente bien así.
En cuanto al ACNUR, voy a dar datos. En el año 1994 España contribuía
al ACNUR con 222 millones de pesetas; la contribución en el año 2001
es de 340 millones de pesetas, además de un millón de dólares más, es
decir, 185 millones de pesetas más, justamente para cubrir las
necesidades del ACNUR en materia de
ayuda humanitaria por la tragedia que sufre una parte ción de
justicia, siendo ésta una de las instituciones de la población
afgana, no sólo a raíz de la lucha contra peor valoradas por los
ciudadanos, aspecto preocupante el terrorismo internacional, sino por
la guerra y los problemas por la falta de credibilidad en un pilar
básico del endémicos que sufre esa nación. Por tanto, nos Estado de
derecho. Por lo tanto, urge una reforma global reafirmamos en lo que
hemos dicho y lo subrayamos e integrada de la justicia que abarque
reformas procesales, con los datos que acabamos de aportar. orgánicas
y funcionales como las ya recogidas y establecidas en el pacto de
Estado para la reforma de Sección 13 El señor PRESIDENTE: Finaliza
así el debate de la justicia, pero hace falta un esfuerzo económico
que las secciones 12 y 34. Pasamos a debatir la sección 13, no existe
en estos presupuestos del año 2002.
Ministerio de Justicia. Por parte del Grupo Parlamentario La
insuficiencia presupuestaria de este ejercicio y de Socialista, tiene
la palabra el señor Villarrubia. los anteriores no hace ni ha hecho
posible el cumplimiento de los compromisos de creación de los
necesarios El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor institutos de
medicina legal, ni de los juzgados de presidente, en la sección 13 de
los Presupuestos Generales Vigilancia Penitenciaria, ni la efectiva
implantación de del Estado, correspondiente al Ministerio de
Justicia, los juicios rápidos, ni la precisa y urgente modernización
el Gobierno ha presentado un proyecto por un de la Oficina Judicial,
ni la aplicación eficaz del importe total de 179.317 millones de
pesetas, lo que vigente Código Penal, etcétera. supone, en términos
reales y netos, un aumento de tan Partida que merece especial
consideración para el solo 7.530 millones de pesetas en relación al
del ejercicio Grupo Parlamentario Socialista es la relativa al Plan
contra anterior, importe que apenas cubre el incremento de la
Violencia Doméstica, que recoge una escasísima gasto vegetativo y la
financiación de los nuevos órganos consignación de 185 millones de
pesetas, que difícilmente y plazas que se han ido creando. Por lo
tanto, el cubrirá siquiera su batería de publicidad y propaganda.
presupuesto de justicia del año 2001, una vez más, En el capítulo 6,
de inversiones reales, es necesario como viene ocurriendo todos estos
años, no prioriza ni un plan plurianual de construcción y reparación
de edificios atiende suficientemente el servicio público de la
justicia, y las cantidades que se recogen también son pese a las
promesas y a la propaganda reiterada. Si manifiestamente
insuficientes. de verdad existe voluntad política de aplicar el pacto
de Con estos breves datos justificamos la enmienda de Estado para la
reforma de la justicia, uno de los pilares totalidad de devolución de
esta sección 13. Hemos presentado básicos del mismo debe ser la
existencia de un plan una serie de enmiendas, que vamos a dar por
financiero y presupuestario de carácter plurianual y defendidas; la
principal y fundamental para paliar estas estable. Los prometidos
250.000 millones de pesetas necesidades que hemos puesto de
manifiesto resumidamente adicionales para la aplicación del pacto de
Estado para es la número 655, que se refiere al programa la reforma
de la justicia debieran tener reflejo en este 142.A, de tribunales de
justicia y ministerio fiscal, presupuestos, al menos en su parte
alícuota, lo que para lo que planteamos moderadamente, para
aproximarnos supondría un aumento de aproximadamente cinco veces a la
parte alícuota del compromiso de los 250.000 más del que presentan en
el proyecto. En resumen, este millones de pesetas comprometidos en el
pacto de Estado aumento de 7.530 millones de pesetas en estos
momentos un importe de 16.688 millones de pesetas. Los argumentos es
ridículo y manifiestamente insuficiente. están ahí y en aras a la
brevedad solicitada los En relación con el número de jueces y
magistrados, vamos a dar por reproducidos porque, en definitiva, se
la ratio en nuestro país está alrededor de un juez por trata de
paliar en parte estas carencias que he puesto de cada 11.600
ciudadanos, muy por debajo de la media manifiesto resumidamente en
los momentos anteriores. europea, que está por debajo de un juez por
cada 8.000 En relación con el resto de las enmiendas presentadas
ciudadanos. Lejos está la creación de plazas de lo que solicita por
los demás grupos políticos manifestamos que el Consejo General del
Poder Judicial en un informe vamos a apoyar la totalidad de las
enmiendas presentadas en el que considera que para llegar a una ratio
razonable por Izquierda Unida, excepto las relativas a las dos en el
entorno europeo tendríamos que crear 250 plazas disposiciones
adicionales, la 81 y la 83, en las que nos anuales durante los
próximos diez años; tan solo plantearon vamos a abstener, y la 115 y
la 116, que no vamos a 103 en el año 2001 y 105 en el año 2002.
También hay votar por la imposibilidad práctica de llevarla a cabo en
un exceso de jueces sustitutos y magistrados suplentes, los plazos
que se solicitan. Vamos a votar a favor de situación esta poco
recomendable, como también recoge la 1517 y de la 1518, de Iniciativa
per Catalunya, así el Consejo General del Poder Judicial. Tenemos en
España como del conjunto de enmiendas presentadas por el una
pendencia, asuntos sin resolver que supera señor Labordeta.
1.700.000, situación ésta absolutamente incompatible Con esto, y
cumpliendo con la brevedad pedida por con el principio constitucional
de la tutela judicial efectiva. la presidencia, doy por concluida
esta intervención.
Frente a la necesidad compartida de tener una justicia independiente,
rápida y eficaz, la realidad demuestra El señor PRESIDENTE: Por el
Grupo Parlamentario que existe una importante insatisfacción en toda
la Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el sociedad por el
mal funcionamiento de la Administraseñor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: A esta sección número 13 mantenemos
dos enmiendas, la 1265 y la 1266. La primera propone incrementar el
importe de un programa y de un concepto, tribunales de justicia y
ministerio fiscal, a la Generalitat de Catalunya, financiación de
traspasos pendientes. La cuantía que sometemos a consideración de la
Comisión corresponde a los gastos corrientes -excepto los de
personal- anuales derivados de los órganos judiciales, la puesta en
marcha de los cuales se va a efectuar en el año 2002, de acuerdo con
lo ya previsto; es decir, un juzgado de Menores en Barcelona, un
juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Sabadell, otro en
Mollet de Vallès, en Mataró, en Granollers, en Figueres y dos en
Reus. Es una enmienda que trata de poner blanco sobre negro; es
decir, que si se van a crear unos juzgados que van a producir un
gasto corriente y esto es a pagar por la Generalitat de Cataluña, es
lógico que los Presupuestos Generales del Estado, dado que hay una
previsión no contemplada, se puedan corregir y se abone la cuantía
señala en la enmienda.
La enmienda 1266 se refiere al concepto: A la Generalitat de
Catalunya, financiación de la atención a menores emigrantes. Lo que
intenta es paliar el impacto económico de los flujos inmigratorios
hacia Cataluña, procedentes básicamente de los países del Magreb, que
se están produciendo en este momento, que a la Generalitat de
Cataluña, y por supuesto a las administraciones locales
(ayuntamientos, consellerías comarcales, diputaciones) les produce un
gasto. La asunción de este gasto en materia de atención a los menores
inmigrantes, que para el año 2002 lo cuantificamos en 15.524 miles de
euros, entendemos que debería ser con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado. Todo ello dentro de la política de inmigración,
que es distante respecto de la que se practica por el Partido
Popular, pero de notable sensibilidad en Cataluña, zona muy receptora
de ese flujo de inmigración, con unos componentes sociales,
culturales, lingüísticos, religiosos y económicos. Sus señorías
pueden conocerlo a la perfección si están al tanto de la cuestión y
que en materia de atención a los menores inmigrantes tiene su
repercusión en los presupuestos de la Generalitat. Lo más grave es
que o se asume esa atención o se pueden crear situaciones complejas
en el ámbito de la cohesión social.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Para defender una enmienda a la totalidad y
varias enmiendas parciales. Cuando se produjo la comparecencia del
secretario de Estado de Justicia, este portavoz valoró positivamente
la aportación económica que se había hecho al pacto de Estado por la
justicia como aportación extraordinaria. Los
que tenemos una formación municipal en nuestros inicios, sabemos lo
que son los presupuestos ordinarios y los extraordinarios.
Entendíamos que el pacto de Estado por la justicia, que era un pacto
sobreañadido sobre el funcionamiento ordinario de la justicia, como
aportación extraordinaria creíamos que era interesante. No obstante,
lo que han hecho ha sido fundir lo ordinario con lo extraordinario,
con lo cual no tiene casi nada de extraordinario. Por eso planteamos
una enmienda a la totalidad por entender que estos presupuestos no
hacen frente a lo que ha sido una crítica seria de muchas comunidades
autónomas, en el sentido de que el Ministerio de Justicia y otros
ministerios son grandes aprobadores de leyes que se publican en el
«Boletín Oficial del Estado», pero no incluyen las cantidades
correspondientes a la financiación (Ley de menores, Ley de
enjuiciamiento civil.) Las inversiones que tienen que hacer las
comunidades autónomas en personal y en gastos corrientes no se
aportan desde el Estado central, que ha tomado ese acuerdo. Sin
embargo, mantiene los niveles de valoración de transferencias en una
situación preaprobación de estas leyes.
Un segundo bloque es el que decía anteriormente. Si se hubieran
mantenido los dineros ordinarios para modernización de la oficina
judicial y se hubiera añadido el extraordinario del pacto de Estado,
hubiera habido una cantidad suficiente. Pero nos tememos que con esto
no hay dinero ni para la modernización de la oficina judicial, ni
para el nuevo mapa judicial, ni para la revisión de las retribuciones
del personal al servicio de la Administración no transferidas a las
comunidades autónomas (mejores infraestructuras, nuevas tecnologías,
etcétera.) Y, por último, porque vemos un notable abandono en temas
tan queridos para Izquierda Unida como es el jurado, la orientación
jurídica o la asistencia letrada a los juzgados de paz.
Como enmienda parcial, queremos hacer hincapié en que el turno de
oficio se debe desarrollar. No debe estar sustentado sobre los
colegios de abogados por ser contraproducente y sí debe ser
competencia y obligación del Ministerio de Justicia.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: En primer lugar, nos vamos a oponer a todas las
enmiendas en base a las siguientes consideraciones. Respecto de las
enmiendas de devolución, tanto del Grupo Socialista como de Izquierda
Unida, se rechazan por falta de correspondencia con la realidad de
los hechos. El proyecto de presupuesto de gastos no consolidados para
el año 2002 del Ministerio de Justicia asciende a 1.078 millones de
euros, es decir, 179.300 millones de pesetas. Por tanto tiene un
incremento del 6,6 por ciento respecto del año anterior. Este
incremento supone que la política de justicia recibe un tratamiento
prioritario en los presupuestos
y su crecimiento es superior a la media de las demás políticas. Lo
más destacable es que toda la política de justicia se enmarca desde
este ejercicio en las coordenadas definidas por el pacto de Estado
para la reforma de justicia, a cuya puesta en ejecución se destinan
18.467 millones de pesetas en el primer año de vigencia del mismo. A
tal fin, los créditos consignados para esta política incluyen las
dotaciones requeridas en las acciones que pueden ser inmediatamente
abordadas, y entre ellas podemos concretar las siguientes: personal
ajustado al nuevo mapa judicial, nuevo estatuto profesional,
modernización de la oficina judicial, plan global de
infraestructuras, nuevas tecnologías de la Administración de justicia
y de los registros civiles, desarrollo de un servicio jurídico del
Estado unificado. En concreto, cabe destacar, entre las dotaciones
para el nuevo mapa judicial, la creación de cinco secciones de
audiencias provinciales, cinco adscripciones a salas del Tribunal
Superior de Justicia, 55 órganos unipersonales, 40 agrupaciones de
juzgados de paz, y para ello se dotarán 105 plazas de magistrados y
jueces, 49 de fiscales, 100 de secretarios judiciales, siete de
médicos forenses, 159 de oficiales, 188 de auxiliares, 130 de agentes
judiciales y 139 de personal laboral. Todo esto traducido en un
cuadro expresivo aplicable al pacto de Estado para la reforma de la
justicia resulta lo siguiente: 3.018 millones de pesetas para el
personal ajustado al nuevo mapa judicial, 2.500 a los programas de
agilización de la justicia, 204 a nuevos órganos judiciales, 11.500
millones de pesetas al plan global de infraestructura, nuevas
tecnologías de la Administración de justicia, 100 millones de pesetas
para implantación del plan de informatización de los registros
civiles y 500 para el desarrollo del plan de informatización de los
registros civiles, 560 millones para el desarrollo de un servicio
jurídico del Estado unificado y 85 para informatización integral del
servicio jurídico correspondiente del Estado. Por tanto todas las
actuaciones de mejora y modernización que requiere el nuevo modelo de
justicia dispone para el desarrollo de su primera anualidad de un
adecuado plan financiero.
Por otro lado, respecto a las afirmaciones que se han hecho sobre
jueces, asuntos por resolver, violencia doméstica, etcétera, para el
ejercicio del próximo año 2002 hay previstos 859 nuevos puestos de
trabajo en el ámbito de la justicia. En los últimos seis años se
habían creado 5.964 nuevos puestos de trabajo en un sector que no
llega a 40.000 empleos, lo cual supone que por primera vez superemos
la cifra de 4.000 jueces, que por supuesto siempre es insuficiente.
En este momento, en España se resuelven anualmente el mismo número de
asuntos que entran. El total de asuntos que han entrado en el año
1999 fue de 6.476.000 y el de asuntos resueltos 6.384.000. Es decir,
estamos hablando prácticamente de que lo que entra se resuelve. En el
año 2000 ha mejorado la situación. Han entrado 6.799.000 asuntos y
han sido resueltos 6.759.000.
Por otro lado, tengo que decir al señor Villarrubia que en el 2000 se
resolvió un 5,74 por ciento más de asuntos que en el año 1999.
La Ley de lo Contencioso Administrativo -que tanto se dijo en su día
precisamente por su grupo y otros grupos que iba a ser una
catástrofe, etcétera-, al final ha demostrado ser extraordinariamente
importante. En el año 2000 en lo contencioso entraron 173.000 asuntos
y se resolvieron 200.000, es decir, casi 30.000 más. En cuanto a la
Ley de Enjuiciamiento Civil, se resuelven tantos asuntos como entran.
La Ley de Enjuiciamiento Civil está demostrando una extraordinaria
agilidad y no sólo lo dice el Partido Popular, lo dice el Consejo
General del Poder Judicial. Se están cumpliendo rigurosamente los
juicios y vistas de la nueva ley y las salas asignadas a los juzgados
civiles disponen de todos los medios de grabación necesarios, video o
CD-ROM. En las salas de vista se ha cumplido el módulo que fijó el
Consejo General del Poder Judicial, que era que hubiera uno por cada
dos órganos jurisdiccionales. El índice de resolución ha sido
extraordinariamente eficaz y en el mes de julio se han resuelto el 22
por ciento de los asuntos contenciosos que entraron entre el mes de
enero y el mes de junio, con arreglo a los criterios de la nueva ley.
En temas de familia, el 17 de julio se habían resuelto ya el 53 por
ciento de los asuntos que habían entrado en esos meses. Cuando iba a
entrar en vigor la ley hubo un cúmulo de entrada de asuntos que se
incrementó en un 17 por ciento en relación con diciembre del año
1999. En este momento se ha estabilizado el número de asuntos que han
entrado y corresponden ya al mismo número de asuntos anteriores. La
Ley de Enjuiciamiento Civil está funcionando más que razonablemente y
lo dice el propio Consejo General del Poder Judicial, que no siempre
compartió todo lo que decía la ley.
En cuanto a los jueces, el criterio de la planta es uno de los
grandes ejes de estos presupuestos, precisamente. Se está resolviendo
tanto como entra y habrá que seguir precisamente en esta línea, con
nuevos jueces y habrá que trabajar para resolver los asuntos
pendientes. Queremos trabajar en la mejor línea de la
especialización. Por otro lado, en cuanto a las referencias que se
han hecho sobre las nuevas tecnologías, el problema de la justicia no
es de calidad, sino de agilidad y, por tanto, las nuevas tecnologías
están previstas en los presupuestos de una manera totalmente
correcta.
El plan de modernización de la medicina forense es otro de los ejes
específicos de los presupuestos. En este mismo año se creará el
instituto de medicina legal de Aragón y el de Murcia. Para el próximo
ejercicio está prevista la creación de todos los institutos de
medicina legal en el territorio de competencia del Ministerio de
Justicia. En relación con la violencia doméstica -a la que también se
ha hecho referencia-, hay que señalar que en el año 2000 hay un
crecimiento acumulado del 142 por ciento. El Ministerio de Justicia
está en condiciones de ofrecer al Consejo General de la Abogacía
un incremento notable. Hay servicio de asistencia a víctimas de
violencia doméstica en todos los colegios, de los que diez prestan el
servicio de veinticuatro horas. En cuanto a la justicia gratuita, a
la que se ha aludido también, se ha consolidado la cifra después del
aumento que hubo en diciembre del pasado año y el turno de oficio
estaba retribuido con unos criterios absolutamente anticuados que no
tiene nada que ver con la retribución que hay actualmente, que es
totalmente distinta. Se va a actualizar el baremo, tanto de abogados
como de procuradores, mediante el decreto correspondiente.
Por otro lado, en lo que respecta a otras cuestiones a las que se ha
hecho referencia concretamente por parte del representante de
Izquierda Unida, le tengo que decir lo que he dicho de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y de la Ley de menores. Por cierto, la Ley de
menores ha sido calificada como una ley modélica; se valora muy
positivamente su entrada en vigor, ha superado todos los problemas
que existían y al Ministerio de Justicia solamente le tocaba cubrir
las plazas de magistrados, de fiscales, de secretarios judiciales, de
oficiales y de agentes y así se hizo con 2.342 millones de pesetas.
La conclusión a la que llega el portavoz de Izquierda Unida es que no
hay dinero prácticamente para nada. Los datos a los que he hecho
referencia hablan por sí solos. Ha hablado del jurado y con la
asignación prevista tiene más que suficiente porque no se cubre
ningún año la cuantía asignada. Respecto a los juzgados de paz
-incluso hay algunas enmiendas particulares-, tengo que decir que
están previstos de manera muy positiva en estos presupuestos; lo
mismo respecto al turno de oficio, al que he hecho ya referencia.
Entrando ya, si me lo permite, señor presidente, por cortesía y
porque creo que es mi obligación, aunque el tiempo a lo mejor no me
lo permita, en las dos enmiendas de Convergència i Unió, la 1265 y
1266, tengo que decirle que no existe necesidad de habilitar crédito
dentro del capítulo 4 del programa 142.A, tribunales de justicia y
ministerio fiscal, destinado a sufragar gastos corrientes derivados
de la creación y puesta en marcha de órganos judiciales en el ámbito
de la Generalitat de Cataluña, sino que, al tratarse de gastos que
son consolidados,se financian a través de la sección 32, que se nutre
por medio de una modificación presupuestaria desde distintos
conceptos del capítulo 2 del programa 142.2; y para la ampliación de
medios derivados de la creación y puesta en funcionamiento de nuevos
órganos judiciales, así como de la determinación del consiguiente
crédito a transferir se seguirán los criterios acordados en las
diferentes ponencias técnicas. En cualquier caso, de existir
imposibilidad absoluta para poder atender las nuevas obligaciones con
los presupuestos propios de la Generalitat, la transferencia
adicional requerida debería figurar en la sección 33, entes
territoriales, y no en los presupuestos del Ministerio de Justicia.
Para ello sería imprescindible el acuerdo previo
de la Comisión mixta de transferencias Administración del Estado-
Generalitat de Cataluña y su posterior aprobación por el Gobierno
mediante real decreto, como de hecho se ha venido realizando en
distintos ejercicios desde 1994. Por estos motivos, que también son
aplicables a la enmienda 1266, rechazamos estas dos enmiendas.
En lo que respecta a las demás enmiendas de Izquierda Unida, también
las rechazamos -no tengo tiempo para dar los razonamientos
correspondientes, podría hacerki si hubiese un segundo turno-, y lo
mismo digo respecto de las enmiendas del Grupo Mixto, Chunta
Aragonesista, en la que hace referencia precisamente a una de las
inversiones para instalaciones en Aragón y concretamente en mi
ciudad, en Teruel. Tenemos que decir que el ministerio está
realizando gestiones con la Diputación General de Aragón, que no se
han materializado en el casco histórico de Teruel porque no hay
solares, y de cara a un próximo futuro la solución es, en principio,
la ampliación de la sede judicial, a expensas del edificio colindante
propiedad de la Diputación General de Aragón.
El señor PRESIDENTE: Señor Villarrubia, para una corta réplica.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Cortísima.
Señor Bueso, en presupuestos la cuestión son cuentas y no cuentos ni
propaganda. Vamos a ver, unos datos nada más. ¿Es cierto que el
importe que aumentan los presupuestos de Justicia en total, porque no
tenemos tiempo de entrar en matices, son 7.530 millones de pesetas?
¿Es cierto? Hechos, datos, 7.530 millones de pesetas. ¿Qué cubre
esto? El crecimiento vegetativo, el incremento del IPC. ¿Dónde está
la parte alícuota de los comprometidos 250.000 millones del pacto de
Estado para la reforma de la justicia? Uno.
Dos, ¿es cierto que la pendencia de asuntos en este momento es de
1.700.000 asuntos que no salen de los juzgados? ¿Qué cuentos son esos
que usted está diciendo? ¿Es cierto? Diga si no es cierto. Se lo voy
a decir, 700.000 asuntos civiles, 356.000 asuntos contencioso-
administrativos, 500.000 asuntos penales, sin contar diligencias
previas, y más de 150.000 asuntos laborales. ¿Es cierto o no es
cierto? ¿Es cierto que para el plan contra la violencia doméstica
consignan 185 millones de pesetas tan sólo? ¿Es cierto o no es
cierto? ¿Es cierto que en los barómetros de opinión, pese a que no
nos guste y lo sentimos desde el Grupo Parlamentario Socialista
también, los ciudadanos valoran negativamente y ven un paulatino
deterioro del servicio público de la justicia desde que gobierna el
Partido Popular? ¿Es cierto o no es cierto? Esos son los hechos, la
realidad idílica del servicio público de la justicia que usted
plantea, lamentablemente, no coincide con la realidad.¿Es cierto que
no se han dado recursos económicos
a las comunidades autónomas para ese traspaso de competencias
implícitas sobre todo en ejecución de penas de la Ley de
responsabilidad penal del menor? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es
cierto que la Ley de Enjuiciamiento Civil sigue planteando
disfunciones pese a que usted diga que los asuntos que entran salen
y oculta que han entrado menos asuntos porque al entrar la nueva ley la
dificultad de su aplicación lleva a los profesionales a presentar con
retraso sus demandas? ¿Es cierto o no es cierto? Toda esa es la
realidad.
Concluyo, lo que ustedes aumentan el presupuesto son 7.530 millones
de pesetas en total, déjese de historias, de juegos florales, de
porcentajes que no coinciden con la realidad; la realidad, sea cual
sea el porcentaje, no voy a entrar en esa discusión, son los
miserables -entre comillas y pido disculpas por la expresión- 7.530
millones de pesetas, que es calderilla para intentar mejorar el tan
deteriorado servicio público de la justicia.
El señor PRESIDENTE: ¿Señor López de Lerma? (Pausa.)
Señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señor portavoz del Partido Popular, de la misma
manera que nadie ha dicho que la Ley del menor sea mala ni nadie ha
dicho que la Ley de Enjuiciamiento Civil sea mala, le ruego que
tampoco se apropie usted ni de la Ley del menor ni de la Ley de
Enjuiciamiento Civil que se sacó en un momento determinado, creo que
además con un amplio acuerdo y apoyo de las fuerzas parlamentarias.
Nadie ha dicho eso, no se vaya usted a esa vereda.
Lo que le he dicho es que las comunidades autónomas se quejan, con
razón, de que ustedes legislan - nosotros también legislamos, aunque
votemos algunas cosas en contra-, de que legislamos y no se les ponen
luego los dineros en aquellos acuerdos que significan mayor gasto
para ellos.Esa es una queja que está ahí y que no se ha solventado,
pero eso no dice nada de la bondad o de la maldad de la Ley del menor
o de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Primera cuestión.
Segundo tema. Ya lo ha dicho el portavoz del Grupo Socialista.
Ustedes han tenido un crecimiento vegetativo, pero es que ustedes
tenían que haber incrementado el vegetativo, que era lo normal, la
media más o menos presupuestada, y luego la parte alícuota, esa
octava parte de lo que era el montante global del dinero comprometido
en el pacto de Estado por la justicia. Con 250.000 millones más o
menos en ocho años, que era el compromiso que habían adquirido el
ministro y el secretario de Estado, tocaban a unos 30.000 ó 31.000
millones de pesetas. No le voy a plantear que los 31.000 millones
aparezcan como tal en igual año, el primer año tiene que ser menor
porque hay muchos proyectos que a lo mejor lo que tienen que ser es
solamente proyectos y que luego es en los siguiente años cuando hay
que ejecutarlos y tiene que tener un mayor crecimiento o una mayor
parte, no una división matemática en ocho años. ¡Pero alma de Dios,
lo que yo planteo es que por lo menos aparezca algo de esos 250.000
millones!
Al final, las pesetas son las pesetas y no me saque usted las pesetas
de un lado y de otro, porque si no me va usted a recordar a ese
chiquillo al que manda el padre y le dice: toma diez reales en esta
mano y me traes tabaco y toma diez reales en esta y me traes vino.
Tardó un tiempo en llegar y cuando sale el padre lo encuentra
llorando en la puerta y le pregunta qué le ha pasado. El niño
contesta: Que me he caído, se me han liado y no sé cuáles eran los
diez reales del vino y los diez reales para el tabaco. Al final los
dineros son los dineros. No me diga usted lo que se ha puesto para el
pacto de Estado por la justicia. Metámoslo todo globalmente y veamos
cuánto hay. ¿Ha crecido 7.000 millones? Eso no es nada. ¿Hay una
partida especial para el pacto de Estado por la justicia? Bien, pero
es que esa partida tenía que haber sido especial, además del
crecimiento vegetativo. Es eso sencillamente.
Vuelvo a insistir en que nadie está diciendo que el pacto de Estado
por la justicia sea malo, lo firmaron ustedes, lo firmó el Grupo
Socialista y todos los demás grupos hemos hecho todo lo posible para
colarnos con dignidad en ese pacto de Estado por la justicia, para
tirar hacia delante. Tampoco nos diga que estamos hablando mal del
pacto de Estado por la justicia, nos interesa precisamente de la
misma manera que a ustedes, con la misma responsabilidad. Queremos
que eso salga bien y, desgraciadamente, a muchas de estas políticas
hay que ponerles dinero, dinero y dinero.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Tengo que decir al representante del Grupo
Socialista que nada de lo que ha dicho es cierto. Ha hablado de
cuentas, de cuentos y de juegos florales. No se ha hecho ninguna
cuenta, ningún cuento ni ningún juego floral, sino todo lo contrario,
rigurosidad, señor Villarrubia. Cuando hablemos el año que viene, que
tendremos que dar cuentas de lo que se ha invertido y de lo que ha
hecho el Ministerio de Justicia, podrá usted decir si se ha cumplido
o no. Pero no me puede usted negar que en el programa 142.A hay 3.018
millones para personal ajustado al nuevo mapa judicial, que forma
parte del pacto por la justicia; 2.500 millones a programas de
agilización de la justicia; 204 millones a órganos judiciales; 11.500
millones al plan global de infraestructuras y nuevas tecnologías y
luego las referencias que he hecho antes, que doy por reiteradas por
no volverlas a repetir. Para la puesta en ejecución de lo que es el
eje del pacto por la justicia se destinan 18.467 millones de pesetas.
Eso a usted le debe parecer miserable entre comillas, que es lo que
ha dicho.
En cuanto a los asuntos que hay pendientes, el hecho de que en este
momento haya bastantes tendrá que compartir conmigo que se debe a que
vienen de atrás. Si nos remontamos a años anteriores veremos que toda
la paralización viene de atrás, y no lo digo por la manía de querer
hablar de lo anterior, sino sencillamente porque viene de atrás.
Usted no puede negar los datos que he dado. La Ley de lo contencioso
ha demostrado que en este año han entrado 173.000 asuntos y fueron
resueltos 200.000, cosa que no ocurría anteriormente de ninguna
manera. En el Juzgado de lo social, al que usted ha hecho referencia,
se resuelven bastantes más asuntos que entran. ¿Por qué? Por el
criterio de la oralidad. La Ley de Enjuiciamiento Civil lleva muy
poco tiempo funcionando. Usted habla de disfunciones. Una cosa son
las disfunciones legales de algunas reformas que habrá que hacer,
aunque no estamos de acuerdo. Para eso está la comisión de
seguimiento del Pacto por la justicia donde uno de los puntos
precisamente es ese. El ministro dijo en su primera intervención que
cuando haya que hacer reformas se harán para adecuarlas a las
disfunciones que puedan existir. No diga aquí que los abogados no
presentan asuntos por miedo a la nueva ley porque es desconocer la
realidad. Se presentan demandas todos los días y el que conoce la
ley, que tiene obligación de conocerla, lo tiene bastante más fácil y
más ágil que antes, y me remito a los datos que ya he dado.
En cuanto a la violencia doméstica, las cuentas se pueden hacer de
muchas maneras, pero le reitero que hay un incremento acumulado del
142 por ciento. Hay servicio a las víctimas de veinticuatro horas en
una serie de sitios y existe una remodelación para lo que tiene que
ser atención a la violencia doméstica adecuada a las circunstancias
actuales.
Respecto a la valoración sobre la justicia, tengo que decir que se
opina ahora bastante mejor de la justicia que hace seis años; por
algo será, entre otras cosas, por la política del Gobierno con
respecto a ese tema.
Tengo que decir al señor Rejón que, por lo que respecta a los
juzgados de menores, no es cierto que el ministerio no haya aportado
dinero para la Ley penal del menor y que han sido solamente las
comunidades autónomas. El esfuerzo consistió en aplicar el año pasado
exactamente 4.248 millones de pesetas a la Ley de responsabilidad
penal del menor. Cada uno tiene que asumir sus propias
responsabilidades, y no es el Ministerio de Justicia a quien le toca
dotar el capítulo presupuestario de la sección de asuntos sociales de
las comunidades autónomas. Al Ministerio de Justicia le corresponde,
como le he dicho anteriormente, cubrir las plazas de magistrados, de
fiscales, de secretarios judiciales, de oficiales, y de agentes
judiciales, y así lo hizo con 2.342 millones de pesetas. Se crearon
165 fiscalías, es decir, 129 más 36 que estaban creadas; se dieron
cursos de especialización para fiscales expertos en menores; se
destinaron 326 millones de pesetas a
18 nuevos juzgados de menores, a gastos corrientes, al Juzgado
Central de Menores, que se creó como consecuencia de la Ley de
medidas contra el terrorismo en lo que respecta a menores. También
hay 33 sedes de fiscalía de menores y se gastó en obras, mobiliario,
incluso en la adquisición de nuevas sedes. En informática se gastaron
más de 287 millones. Podría continuar la lista, pero es interminable.
Con respecto a lo que ha dicho de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
tengo que reconocerle lo siguiente. La Ley de Enjuiciamiento Civil
tuvo el apoyo de todos los grupos en ponencia y en Comisión. Por una
serie de circunstancias ajenas a lo que es la ley en sí, tengo que
reconocer que precisamente su grupo fue el que la apoyó más que
otros, eso lo tengo que reconocer. Yo no he dicho en absoluto que la
ley sea buena o mala; usted ha hecho referencia a la aplicación de la
ley respecto de estos presupuestos, y creo que va a ser muy positiva.
El señor PRESIDENTE: Finaliza así el debate de la sección 13.
Iniciamos el debate de la sección 14, Ministerio de Sección 14
Defensa. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Marsal.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Con su permiso, voy a dar por defendida la
enmienda a la totalidad, reservando los argumentos de fondo para el
debate en Pleno y voy a proceder en este trámite a defender las
enmiendas parciales que hemos presentado.
En el proyecto de presupuestos para el año 2002 constaba como
objetivo de profesionalización llegar hasta un máximo de 102.500
efectivos, objetivo que ya se había fijado para este año y que no se
ha conseguido cumplir, pero el propio subsecretario en la
comparecencia reconoció que en realidad se iba a llegar a finales del
año 2002 únicamente a 85.000; por tanto, se daba una contradicción
entre lo que fijaba la Ley y lo que era la propia realidad reconocida
por el ministerio. Presentamos una enmienda al articulado, en este
caso la enmienda 1046, en la que decíamos que se redujese a lo que
iba a ser la realidad, es decir a un máximo de 85.000 efectivos. Es
cierto que en el trámite de ponencia ha sido incorporada una enmienda
presentada por el Grupo Popular, consciente de la contradicción que
había entre lo que decían los presupuestos y lo que iba a ser la
realidad, para reducirlo a 86.000; no se reconocían los 85.000 de
nuestra enmienda, pero algo se avanzaba, y por tanto el texto
incorporado habla ya de 86.000.
Esta situación refleja los problemas que todos sabemos, conocemos y
lamentamos del proceso de profesionalización, pero tenía además desde
el punto de vista presupuestario otra consecuencia; que fijándose el
objetivo de 102.500 había que consignar lógicamente, y así supongo
que se hizo en el presupuesto, las cantidades para los 102.500. Al
hacer la reducción a una cifra realista, sean los 86.000 del Grupo
Popular sean los 85.000
que proponíamos nosotros, había que adecuar las cantidades del
capítulo 1, liberar las cantidades que ya no eran necesarias y que
por tanto podrían aplicarse al proceso de modernización y básicamente
al capítulo 6. En ese sentido, como ejemplo de ello hemos presentado
también una enmienda, la 662, que sobre la base de la liberación de
recursos del capítulo 1 que se pueden producir dentro de la Armada
como consecuencia de esta situación que he señalado antes, se pudiese
dotar el proyecto de estudio para la construcción de nuevos
submarinos, que constaba el año pasado. Este año durante el
transcurso del ejercicio 2001 han sido dadas de baja estas cantidades
y ya no figura cantidad para el año 2002. Teniendo en cuenta la
importancia de esta propuesta para Cartagena, tanto desde el punto de
vista de la Armada, como desde el punto de vista de la empresa Bazán,
hemos considerado procedente introducir esta enmienda con tres
millones de euros para continuar con los estudios para la fabricación
de los nuevos submarinos. Otro de los problemas ya tradicionales que
se presentan en el presupuesto del Ministerio de Defensa es la
financiación de las inversiones y dadas las dificultades para
consignar suficientes recursos en el capítulo 6, se ha recurrido
desde hace unos años a dotar a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, inicialmente Ministerio de Industria, en el capítulo 8
unas cantidades como créditos a las empresas fabricantes de los
principales proyectos de modernización, evidentemente créditos
retornables. Los otros años presentábamos la enmienda para que estas
cantidades fuesen trasladadas del Ministerio de Ciencia y Tecnología
al Ministerio de Defensa, y que además fuesen trasladadas del
capítulo 8 al capítulo 6, con lo que considerábamos que se cumplía
más la realidad de lo que iba a suceder. Este año, viendo que los
otros años no eran aceptadas estas enmiendas y una de las
argumentaciones es que esto era pasar una cantidad de dinero
retornable que por tanto no computaba en cuanto a déficit, la
enmienda que hemos presentado elimina este problema, y por tanto
planteamos que los créditos que hay en ciencia y tecnología para los
grandes programas de modernización se trasladen al capítulo 8 del
Ministerio de Defensa, con lo cual reflejan más la realidad, y por
otra parte no crean el déficit que existía en la fórmula anterior.
Este es el sentido de nuestras enmiendas 660 y 661.
Otra de nuestras enmiendas, la 659, tiene un carácter que no afecta
al gasto, sino que trata también de dar un reflejo más correcto de la
realidad para que los presupuestos cumplan una de las funciones que
tienen que cumplir y es describir la realidad de lo que se gasta y
para lo que se gasta. Existe una partida en el capítulo 2 con
carácter ampliable para financiar las operaciones de paz. Consta con
unos 10 millones de pesetas que son ampliables, y que desde hace ya
unos años en la liquidación de presupuestos comprobamos que la
ampliación se sitúa entre los 30.000 y los 40.000 millones de
pesetas. Nosotros proponemos mantener el carácter de
ampliable, pero situarlo allí donde es más correcto. Por un lado
trasladarlo de la Secretaría de Estado, de la sección 03, a la
sección 02, que corresponde al Estado Mayor de la Defensa, que es
realmente donde se producen los gastos de operaciones de paz, no en
la Secretaría de Estado sino en el conjunto de las Fuerzas Armadas.
Por otro lado, también pretendemos cambiarlo de programa, ya que en
el proyecto del Gobierno consta dentro del programa 211.A de
Administración y servicios generales, con lo cual se da la paradoja
de que los gastos normales de administración se aumentan cada año, en
la liquidación de presupuestos, entre 30.000 y 40.000 millones, lo
cual evidentemente es absurdo, criticable y no corresponde a la
realidad. Por tanto proponemos que se incorpore dentro del programa
212.A que es el programa de gastos operativos porque es allí donde
realmente tiene sentido imputar los costes de operaciones de paz que
son gastos operativos. Es una enmienda que no supone incremento de
gasto ni ningún otro problema, y por tanto creemos que podría ser
fácilmente aceptable por el Grupo Popular porque el resultado sería
más lógico.
La enmienda 663 se refiere a los gastos relativos al programa 542, de
I+D; programa que en su conjunto sufre una ligera disminución, aunque
sí es cierto que en el capítulo 6 de este programa sufre -en este
caso en buen sentido- un ligero aumento, sin embargo sigue habiendo
un organismo autónomo importante en los procesos de I+D para Defensa
y no únicamente para Defensa que es el organismo autónomo INTA, en el
cual es necesaria una suplementación de los costes de personal para
poder aumentar la plantilla. Por tanto, en esta enmienda 663
proponemos que se incrementen en dos millones de euros las cantidades
destinadas al capítulo 1 del organismo autónomo INTA.
Finalmente, nuestra otra enmienda, la 664, propone dotar de dos
millones de euros para obras de modernización CIMOV número 1 de Santa
Ana, en Cáceres, que es una de las situaciones contradictorias que se
produce como consecuencia de la necesidad de adaptar básicamente las
infraestructuras del Ejército de Tierra, pues la necesidad de
concentrarlas produce una situación de desaparición de unidades que
son muy queridas y apreciadas en la zona. Por tanto, creemos que se
debe buscar alguna fórmula para mantener esta permanencia, aunque sea
con otra finalidad que la que pueden tener en el momento. Un ejemplo
típico es este centro CIMOV en Cáceres. Hay un amplio movimiento,
apoyado por el propio alcalde del Partido Popular, que defiende el
mantenimiento de esta instalación aunque sea con otra finalidad
distinta. Por tanto, hemos propuesto consignar estos dos millones de
euros dentro del organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras que
es precisamente donde en estos momentos se están concentrando los
gastos de modernización y mantenimiento de las instalaciones
militares.
Respecto a las enmiendas de los otros grupos quiero señalar que vamos
a votar a favor la enmienda número 1690, del Partido Andalucista, que
nos parece correcta, y también la enmienda número 1087, del señor
Labordeta, pues aunque desde un punto de vista técnico su formulación
no responde a los objetivos que pretende, coincidimos en el objetivo,
y tal como el propio ministro reconoció en el Senado la necesidad de
encontrar alguna fórmula de compensación para los municipios de la
comarca de las Cinco Villas, en Aragón, que sufren también algunas
consecuencias, aunque sean indirectas, del uso del campo de tiro de
las Bardenas. Teniendo en cuenta que ya se ha dado una solución para
lo que son los municipios de las Bardenas pero que aún no se ha dado
una solución a la comarca de las Cinco Villas, en Aragón, apoyamos la
necesidad de esta compensación, aunque sí reconocemos que la fórmula
que propone el señor Labordeta desde un punto de vista técnico no
consigue los objetivos que fija ya que lo que propone exactamente es
hacer un traslado de capital pero dentro de instalaciones militares,
lo cual evidentemente no tiene sentido; pero ya que en el sentido de
la enmienda sí que concordamos, vamos a proceder a votar
favorablemente esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Catalán (Convergència i Unió) desea
intervenir en esta sección? (Pausa.)
Grupo Federal de Izquierda Unida, el señor Rejón tiene la palabra.
El señor REJÓN GIEB: Un año más asistimos a un aumento desmesurado de
los gastos militares tanto en lo que se contempla directamente en el
propio ministerio, aunque tenga un determinado camuflaje, como en lo
que se contempla en otro ministerio, camuflado en inversiones,
investigación pretendidamente civil pero de índole militar.
Desde hace varios años en materia de defensa los presupuestos vienen
atravesados por tres factores que influyen en la política
presupuestaria. El primero de ellos es la apuesta por un ejército
profesional sobredimensionado. Es verdad, como decía el portavoz del
Grupo Socialista, que le falta completar en torno al 20 por ciento,
pero ya la propia ficción del sobredimensionamiento hace un despegue
presupuestario. En segundo lugar, las inversiones militares -el caso
del tanque Leopard, el Eurofighter-, son unos elementos que ya
incluso en la propia guerra fría quedaron como chatarra y sólo eran
comprensible sus inversiones desmesuradas en los países ante la
presión del gran componente militar industrial. El tercero, la propia
pertenencia a la OTAN, pidiéndole además desgraciadamente a partir
del 11 de septiembre, el compromiso también del Gobierno español, que
va dar lugar a un gasto supletorio en este sentido. Además nos llama
mucho la atención
el hecho de que la partida investigación militar supere con
mucho la investigación de diversos ministerios cuando no es una
investigación destinada al bienestar de los ciudadanos y de las
ciudadanas españoles, sino a perfeccionar armas de muerte y agresión.
Por tanto, por el peso que tienen y siguen teniendo los gastos de
defensa en relación al PIB como el contenido, en las mismas líneas de
gasto, nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad y varias
parciales.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Doy por defendidas las enmiendas de mis
compañeros de grupo.
Tengo presentada una pequeña enmienda por su cuantía respecto a la
construcción del acceso al arsenal de La Carraca desde la N-IV que
evitaría el paso de vehículos militares por la propia ciudad de San
Fernando y parece que beneficiaría también a la factoría Izar que
está a la mitad de camino de esta carretera. Nosotros tenemos noticia
a través del ayuntamiento de que existe un anteproyecto del propio
ministerio para acceder a este arsenal y que eso solucionaría
problemas de tráfico municipal.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular tiene la palabra el
señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Señorías, voy a procurar con todo orden y
concisión fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en
relación con las enmiendas que han sido defendidas por el Grupo
Socialista, señor Marsal, Grupo de Izquierda Unida, señor Rejón y por
el Grupo Mixto, señor Núñez.
Sin entrar en lo que significa la enmienda de totalidad del Grupo
Socialista, porque se ha reservado su propia defensa para el Pleno,
no tengo ningún inconveniente en hacer algún tipo de comentarios de
carácter general que inciden en el texto de su enmienda de totalidad
y que también vale, aunque después haré algún comentario, a la
enmienda de totalidad del señor Rejón.
Sin duda, el presupuesto del Ministerio de Defensa para el próximo
año, concretamente esta sección 14, como el de las restantes
secciones, es un presupuesto solidario por una parte con la política
general de Gobierno, con las directrices políticas y económicas que
inspiran el presupuesto y con el objetivo de lograr el equilibrio
presupuestario y el crecimiento económico. Lo que importa en el
debate de esta sesión es que además responde a los objetivos de la
política de defensa fijados por el Gobierno con un amplio respaldo
parlamentario en las grandes líneas en las que nos movemos. Me
permito referirme a ello para después hacer una referencia y
enlazarlo con las enmiendas. En primerlugar objetivos de la
profesionalización; en segundo
lugar la modernización del armamento y material; en tercer lugar la
racionalización de las estructuras orgánicas y funcionales de la
defensa; y en cuarto lugar el conjunto de la política de defensa de
España en el contexto internacional, contexto europeo y contexto
Atlántico. A esto habría que añadir, como hizo el secretario de
Estado en su comparecencia el pasado día 10 de octubre, el
denominador común de todo lo anterior que es la presencia
internacional de las Fuerzas Armadas y de España en la política de
defensa europea, así como nuestra participación en las acciones
humanitarias y de paz y nuestra integración en los organismos
europeos y atlánticos de seguridad y defensa. Esos son los principios
que inspiran la política de Estado que lleva a cabo el Gobierno, que
respalda el Grupo Parlamentario Popular, y la que sin duda respalda
la mayoría de los grupos de esta Cámara con alguna excepción.
Por tanto, ¿qué objetivos señala estos presupuestos? Por una parte
lograr la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas y para ello
Señorías, señor Marsal, la parte más importante de crecimiento del
presupuesto se destina a financiar los mayores gastos que se derivan
de la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas, que en gasto de
personal tiene previsto alcanzar a finales del año 2002 unos
efectivos de tropa y marinería cifrados en 85.000, tal como refleja
en este momento en puridad la propia Ley de presupuestos con la
incorporación en trámite de ponencia de la enmienda formulada por el
Grupo Parlamentario Popular a la disposición adicional novena, donde
señala que las plantillas máximas de militares profesionales de tropa
y marinería alcanzadas el 31 de diciembre del 2002 no podrán superar
los 86.000 efectivos, en pura coherencia con lo que el presupuesto
tenía previsto. Ya con eso me adelanto a alguna enmienda a la que me
referiré después.
En segundo lugar se hacen las apuestas necesarias en materia de
modernización y mantenimiento del sistema de armas, equipos e
infraestructuras de las Fuerzas Armadas y después se financian las
actividades de todas las Fuerzas Armadas para mantener un adecuado
nivel de instrucción y adiestramiento y para cumplir con los
compromisos institucionales en el ámbito internacional adquiridos en
materia de seguridad y defensa. Adicionalmente se produce el
incremento de los créditos en investigación y desarrollo que se
justifica por la necesidad de mejorar la capacidad tecnológica y la
competitividad de las industrias nacionales en el área de señalado
interés de la defensa. Por todo ello y de manera global, entendemos
que este prepuesto es coherente con el presupuesto que el Gobierno ha
presentado, es solidario con la política general del Gobierno y
responde a un modelo de Fuerzas Armadas que tiene un amplio respaldo
parlamentario.
Señor presidente, me voy a referir a las enmiendas parciales
defendidas por el Grupo Socialista. Señor Marsal, usted plantea la
enmienda 662 donde con la finalidad de destinar a los submarinos S-80
detrae algunas
cantidades del capítulo 1. Decirle dos cosas: en primer lugar,
que los estudios previos a la construcción de los submarinos S-80 se
iniciaron con créditos de investigación y desarrollo en el año 1999
con la firma de un contrato que tiene vigencia hasta el presente año
2001 y que el ministerio de Defensa tiene previsto continuar estos
trabajos y estudios con cargo a los mismos créditos en los próximos
años. Por otra parte decirle que no pueden minorarse los créditos que
en su enmienda pretende reducir del capítulo 1 porque están previstos
para retribuciones de personal y que se han calculado en base a la
previsión real de efectivos que se señalan como objetivos en la
propia Ley de presupuestos. Se trata de 86.000 efectivos de tropa y
marinería a 31 de diciembre del próximo año sin perjuicio, señoría,
de las conclusiones que para el futuro se deriven del proceso de
revisión estratégica de la defensa que está en marcha.
La enmienda 660 -y voy en el mismo orden que las ha planteado S.S.-
pretende trasladar los créditos que actualmente están en el
Ministerio de Ciencia y Tecnología y llegan al Ministerio de Defensa
previo paso por la sección 31. Señor Marsal, este asunto no es
capital, es un asunto de técnica presupuestaria y lo importante es
llevar a cabo los proyectos. Por el gran impacto que sobre la
industria de defensa española, en lo que significan aportes de
tecnología, fomento y mantenimiento de mano de obra y de preparación
adecuada de nuestras empresas al importante reto del comercio
exterior, creemos que son ideas básicas que soportan las ayudas
financieras que el Ministerio de Ciencia y Tecnología establece en su
presupuesto para poder acometer el desarrollo de estos importantes
proyectos industriales que se refieren a los tres superproyectos: el
Eurofighter, la Fragata F-100 y el carro de combate Leopard. Como
sabe el señor Marsal, a partir del próximo ejercicio 2002 el
Ministerio de Defensa, en consonancia con las entregas previstas de
los sistemas de armas, comenzará a realizar los pagos
correspondientes con las cantidades que ya figuran consignadas a tal
efecto en su presupuesto y que no han sido enmendadas por ningún
grupo.
En cuanto a la enmienda 659, relativa a la ubicación de los créditos
ampliables para operaciones de mantenimiento de la paz, no tiene
coste la enmienda que usted plantea, pero los créditos a que aquí se
hace referencia tienen un carácter ampliable, y como S.S. ha dicho en
su intervención se destina con una amplia serie de gastos de diversa
naturaleza económica, derivados de la participación de las Fuerzas
Armadas españolas en operaciones de mantenimiento de la paz, como
pueden ser gastos en dietas, combustible, repuestos, gastos en
material para mantenimiento y también en determinadas inversiones. El
Ministerio de Defensa en los últimos años lo ha venido haciendo así
porque parece que era más adecuado buscar un programa genérico, como
puede ser el programa 211.A, ante la imposibilidad de realizarlo en
otro programa. Parece que el organismopara administrar estos créditos
sea la secretaría
de Estado de Defensa, por razones de preparación, por razones de
control, por razones de seguimiento de los mismos y en cualquier caso
se tiene que hacer en coordinación con el Estado Mayor de la Defensa.
Además, señor Marsal, se ha de tener en cuenta que una parte
importante de la gestión de estos créditos se lleva a cabo de forma
descentralizada por los diversos centros, organismos y unidades que
participan en las operaciones de paz. Por todo lo anterior y
comprendiendo la buena fe que inspira su enmienda, consideramos que
la ubicación actual es la más idónea para recoger estos créditos es
el concepto 228 que está ubicado en el proyecto que estamos
discutiendo.
Las dos últimas enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista se
refieren una al INTA, Instituto Nacional de Técnica Aerospacial.
Aunque la enmienda, señor Marsal, entendemos que está técnicamente
mal formulada por no indicar en qué concepto y subconcepto hay que
incrementar y qué parte de retribuciones básicas o complementarias,
así como a qué número de efectivos corresponde su cuantía y si tienen
cabida dentro de la relación de puestos de trabajo del organismo, sí
quisiera hacer algún comentario en relación con el problema de fondo.
Como sin duda S.S. conoce, actualmente están en tramitación tres
expedientes que afectan a la planificación de los recursos humanos
del Instituto Nacional de Técnica Aerospacial Esteban Terradas, a
saber, la funcionarización del personal titulado fijo a 30 de julio
del año 1988, la consolidación del personal laboral temporal con
contrato para obra o servicio determinado, y la revisión del catálogo
de personal funcionario del INTA. Por tanto, hasta que no se conozca
el resultado final de los citados expedientes no se podrá determinar
el número concreto de plazas a crear en este instituto, y en
consecuencia la necesidad de financiación. Entrando en el fondo de la
cuestión, el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno están
dispuestos a contemplar la situación que a S.S. le preocupa reflejada
en su enmienda, pero entendemos que es oportuno terminar los tres
estudios que se están realizando.
Por último, en cuanto a la enmienda que afecta a la gerencia de
infraestructuras de la Defensa y en relación con el CIMOV número 1,
de Cáceres, quiero decirle que la distribución de los fondos de este
proyecto de presupuestos previsto por la Gerencia de
Infraestructuras, ha sido aceptado en su momento por el secretario de
Estado de Defensa con sus dos grandes superproyectos, previo acuerdo
de la Junta de jefes de Estado Mayor, y que concretamente el Centro
de Instrucción y Modernización, CIMOV 1, de Cáceres, ya tiene fijado
para su mantenimiento preventivo y correctivo dentro del programa
anual de infraestructuras para el próximo año 2002. Es decir, está
perfectamente previsto y por tanto la preocupación que S.S. tiene
está cubierta, sin perjuicio de la determinación de usos definitivos.
Es un asunto que no está dejado en el aire; está previsto que con
cargo a partidas de la Gerencia de Infraestructuras
se atiendan las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo
del centro de Cáceres.
Con toda brevedad haré algún comentario a las enmiendas de Izquierda
Unida. Señor Rejón, con todo el cariño que le profeso personalmente,
tengo que decirle que usted defiende la posición de su grupo, pero el
Grupo Parlamentario Popular no la comparte. Los criterios que
inspiran la política de defensa de España, que no son simplemente los
del Gobierno de España sino los de estas Cortes donde tienen un
amplio respaldo parlamentario, están en las antípodas del concepto
que se deduce de su enmienda a la totalidad y del concepto de Fuerzas
Armadas que usted plantea. En cualquier caso, es evidente que España
tiene en este momento el ejército más reducido de toda su historia y
adecuado a la estructura y al modelo de Fuerzas Armadas de que nos
hemos dotado. Además, está sometido al proceso de revisión
estratégica que hemos planteado. El tamaño de ejército que tenemos es
el adecuado a la realidad de España, a los compromisos
internacionales que tenemos y a las decisiones que han tomado las
Cortes Generales y los programas de modernización de las Fuerzas
Armadas no son obsoletos, no son propios de la guerra fría, son
propios de un ejército moderno y de una democracia que actúa con sus
aliados en el ámbito europeo y en el ámbito Atlántico. Sin duda el
Grupo Popular es partidario, como la mayoría de esta Cámara, de estar
en la Alianza Atlántica; estamos orgullosos de habernos incorporado
de pleno derecho, con todas las consecuencias a la estructura de la
Alianza Atlántica. Somos un país destacado de la Unión Europea y se
está avanzando en el pilar relativo a política de seguridad y
defensa. En ese sentido, vamos a seguir trabajando. Comprendo que S.
S. tenga otras posiciones, pero no podemos compartirlas, sin
perjuicio del enorme respeto que le tengo.
Presenta dos enmiendas de otro tipo relativas a Baleares y a
Canarias. En una plantea fundamentalmente la reducción de unas
inversiones en Baleares y nosotros entendemos que no está justificado
en modo alguno su desaparición. En cuanto a la otra, sólo haré un
comentario respecto al hospital de Canarias. No tienen nada que ver
las inversiones que hay que hacer en Canarias con el uso que se dé en
el futuro al hospital militar de Canarias. El hospital militar de
Canarias no se va a ceder gratuitamente a nadie porque no puede
hacerlo el Ministerio de Defensa ni ningún otro ministerio ni
organismo público ni la gerencia. En cualquier caso, lo que tiene
previsto el Ministerio de Defensa para el hospital de Canarias es
alcanzar el convenio oportuno con otras administraciones, como puede
ser la comunidad autónoma, para darle el destino necesario, pero no
hay que vincular un asunto con otro y por mucho deseo legítimo que
haya por parte de instituciones muy respetables de tener un uso de
ese hospital, hay otro tipo de soluciones.
En cuanto a la enmienda planteada por el diputado del Grupo Mixto
señor Núñez, relativa a construir un enlace en la N-IV que evite el
paso por el centro del término municipal, por el casco urbano de San
Fernando y llegue hasta el arsenal y la base naval de La Carraca,
quiero decirle que el Ministerio de Defensa no tiene atribuidas
competencias en materia de construcción de carreteras. Podría decirle
sin más que la enmienda está llena de buena voluntad pero no es
correcta por la finalidad que persigue y porque adolece de falta de
identificación de los proyectos de inversión que son enmendados
y creados respectivamente. No obstante, le diré que la Armada no tiene
necesidad de esta carretera de acceso directo al arsenal de La
Carraca. Puede tener necesidad el municipio de San Fernando, la
antigua factoría de Astilleros Españoles, la actual Izar, pero en
cualquier caso lo oportuno es un convenio para realizar estas obras,
que en ningún caso se van a realizar en terreno del Ministerio de
Defensa, y por tanto no hay nada que decir en esta sección que
estamos analizando. Como digo, ese asunto podrá ser impulsado por el
propio Ayuntamiento de San Fernando y alcanzarse los acuerdos
oportunos, pero en cuanto a la enmienda, con el mayor respeto señor
Núñez, no puedo admitirla.
Con esto termino, señor presidente. Respecto al resto de enmiendas
que han sido dadas por defendidas del Grupo Parlamentario Mixto,
manifiesto que votaremos en contra si siguen vivas para el Pleno por
entender que no concuerdan con los criterios generales que defiende
este presupuesto.
El señor PRESIDENTE: Para una réplica, que deberá ser breve, tiene la
palabra el señor Marsal.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Señor presidente, seré breve.
Señor Atencia, entiendo sus argumentos aunque no los comparto. Hay
uno que me ha dejado francamente preocupado y le rogaría que no lo
utilizase. De ser cierto, la consecuencia que tendríamos que sacar es
que el Ministerio de Defensa ha intentado engañar a estas Cortes con
el presupuesto que ha enviado, y no creo que esto sea así. Si usted
dice que lo que hay consignado en el capítulo 1 ya estaba pensado
para 85.000 u 86.000 efectivos de tropa, es contradictorio con lo que
decía la adicional correspondiente de la ley. Si la adicional
correspondiente de la ley hablaba de 102.000, por técnica
presupuestaria y por ley de presupuestos era obligatorio que se
consignasen en el capítulo 1 las partidas correspondientes para
102.500. Si lo que usted me ha dicho es cierto, la conclusión sería
poco edificante para el Ministerio de Defensa. Por tanto, este
argumento debe pensárselo mejor porque no es correcto o sus
consecuencias no son muy loables para el Ministerio de Defensa;
permítame que en este momento me convierta más en defensor del
Ministerio de Defensa que usted mismo con su argumento.
Respecto a los créditos del capítulo 8, sabe bien que no los
cuestiono. Lo que sí cuestiono desde el inicio es la presentación que
hizo el Gobierno de estos créditos. Creo que cometió una serie de
errores, como manifesté en el debate de totalidad en el presupuesto
del año anterior, que han llevado a de discusiones estériles y
surrealistas sobre un objetivo que era bueno desde el punto de vista
industrial y desde el punto de vista de defensa, pero era errónea su
defensa. Por eso mismo, para ir clarificando los objetivos reales y
lo que tienen que traducir los presupuestos, pensando incluso en el
futuro de los presupuestos de defensa para los próximos cinco años,
harían bien en pensárselo y aceptar nuestra enmienda de traspasarlo
al capítulo 8 del presupuesto de defensa.
Termino, señor presidente, con el crédito para las operaciones de
paz. No cuestiono el concepto 228. Lo único que digo es que lo que
nosotros proponemos es más acorde con la realidad que lo que hay. Es
absurdo decir que el ministerio se gasta 40.000 millones en un
crédito ampliable para gastos de administración. La consecuencia
sería que la racionalización del Ministerio de Defensa consigue
resultados totalmente contradictorios porque aumenta los gastos de
administración y no los que tiene que aumentar realmente, que son los
gastos operativos, que son los que garantizan la operatividad de
nuestras fuerzas. Por los argumentos que me ha dado, que entiendo y
no comparto -creo que el problema es otro pero tendrían que
manifestarlo con claridad-, es más lógico que este concepto 228
aparezca en el programa de gastos operativos de las Fuerzas Armadas.
Piénsenselo bien de aquí al Pleno, háblenlo con el ministerio, entren
a fondo y si no existen más argumentos que los que usted me ha dado
llegarán a la misma conclusión que nosotros y aceptarán nuestra
enmienda. Es mucho mejor para la defensa y para las Fuerzas Armadas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: No se le oculta a este diputado que las
competencias de carreteras no están en defensa, pero tampoco se le
oculta que hay accesos de interés específico de defensa cuyas
partidas las pone defensa, porque fomento no es el único que
construye carreteras en este país; hay instalaciones militares que
tienen acceso propio y se han hecho con cargo al Ministerio de
Defensa, pero no es ese el tema. Quizá la información de este
diputado no sea correcta, como me aclara el portavoz del Partido
Popular. Parece que defensa no tiene ese anteproyecto de acceso. Yo
le agradezco que opine abiertamente sobre la procedencia de un
convenio entre las instituciones interesadas, Izar y el arsenal de La
Carraca, que naturalmente no se puede decir que no le interese el
acceso, claro que le interesa; no puede decirse que es un problema de
la ciudad, es
un problema de la instalación militar por cuyo acceso pasan vehículos
militares no siempre adecuados para confundirlos con el tráfico
urbano tradicional. Luego se abre la puerta, naturalmente en otro
escenario y en otro momento, de convertirlo en una propuesta que se
resuelva mediante convenio con los afectados, que parece que son
defensa, Izar y la corporación de San Fernando. Por tanto, le
agradezco la intervención, pero estaba trazada en base a la
existencia de un proyecto de mejor conexión directa de esta
instalación militar con la N-IV.
El señor PRESIDENTE: Señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Seré breve porque creo que el debate ha
sido suficientemente amplio.
Señor Marsal, quiero hacerle tres comentarios. En primer lugar, el
articulado de la ley está adecuado a las consignaciones y créditos
que en la propia Ley de presupuestos se contemplan. Por tanto, sin
perjuicio del proceso de revisión estratégica de la defensa que está
en marcha, el objetivo es de 86.000 militares de tropa y marinería
profesional el próximo año, y es el que se señala en la enmienda que
ha incluido el Grupo Parlamentario Popular. El Grupo Socialista
propone 85.000. Estamos bastante más cerca, aunque en el documento
que esta mañana han planteado reducen a 60.000 el número de soldados
y marineros profesionales en un ámbito temporal más amplio. En
cualquier caso, se trata de adecuarlo a esa situación. En ese
sentido, la enmienda que usted ha defendido no puede admitirse porque
los créditos están para atender a esas necesidades y, por tanto,
difícilmente vamos a ponernos a discutir porque estamos de acuerdo.
En cuanto a los créditos con los que se financian los tres proyectos
estrella de modernización de las Fuerzas Armadas, aunque hay algunos
más que se incluyen con cargo al crédito del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, la fórmula que se ha utilizado en estos últimos años ha
sido la de los créditos y, conforme se van recibiendo los aviones,
las fragatas o el avión Eurofighter, el Ministerio de Defensa empieza
a pagar esos créditos. Esa es la fórmula que hasta ahora se ha
planteado, sin perjuicio de que en el Grupo Parlamentario Popular no
estemos cerrados a buscar otra fórmula de futuro, pero evidentemente
a eso tenemos que atenernos. En pura técnica presupuestaria lo que se
ha hecho es una fórmula perfectamente válida. En cualquier caso,
siempre es de agradecer que el principal grupo de la oposición esté
dispuesto a reflejar más cantidades en el presupuesto del Ministerio
de Defensa. Otros grupos dirán lo contrario. Es un asunto que en el
ámbito de este presupuesto a lo mejor puede resolverse, pero en lo
que significa de filosofía para el futuro, no. Es un buen
planteamiento al margen del problema puramente formal en el que no
voy a gastar más energía, aunque volveremos a hablar de ello en el
Pleno.
En cuanto a los gastos de administración y la referencia a las
operaciones de paz, simplemente le haré un comentario, señor Marsal.
El programa 211.A, que es donde ahora mismo está ubicada la partida
de la que usted propone una detracción, se llama administración
y servicios generales de defensa y se presupuestan todos los gastos
generales de funcionamiento de las unidades de fuerza y apoyo a la
fuerza no específicamente incluidos en los restantes programas. En
estos gastos se dotan todos los créditos necesarios para las
actividades internacionales, entre las que se encuentran las
participaciones de las Fuerzas Armadas en operaciones de paz y ayuda
humanitaria. Pero le voy a hacer un comentario. Curiosamente el
programa 212.A, que es el que usted quiere utilizar en su enmienda
para el incremento, se refiere a gastos operativos en las Fuerzas
Armadas y atiende a gastos corrientes específicamente detallados de
combustible, alimentación, vestuario, transporte y seguros del
personal de las Fuerzas Armadas integrados en unidades operativas.
Nos parece que es un concepto mucho más restrictivo. Este es un
argumento de otro calibre al que le daba antes, pero en cualquier
caso me refiero a la pura formalidad presupuestaria.
Señor presidente, reitero los argumentos de la otra intervención y
sobre todo agradezco el tono de su señoría.
El señor PRESIDENTE: Queda debatida la sección 14.
Iniciamos la sección 15 junto con la sección 31. Por Secciones 15 y
31 el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Voy a defender la enmienda a la totalidad que
ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista a la sección 15, en
primer lugar, porque en esta sección no se cumplen los objetivos que
se detallan en la memoria y en el contenido del presupuesto. El
equilibrio presupuestario, que es uno de esos objetivos, no se
produce porque el Gobierno en su proyecto y en la presentación del
mismo lo que ha efectuado es un engaño contable ya que se produce un
déficit del 1 por ciento real, que es en lo que ciertamente se
incrementa el endeudamiento del Tesoro que se prevé en el proyecto de
presupuestos. Si añadimos a esa magnitud las políticas llevadas a
cabo por sociedades públicas a las que se dota, vía presupuestos, de
aportaciones de capital, como es el caso del GIF o la SEPI, que a
nivel financiero están integrados en el Estado, su incidencia a nivel
de necesidad de financiación es de un 0,8 por ciento del PIB, lo que
hace que podamos hablar de un déficit presupuestario cercano al 2 por
ciento.
En cuanto a los objetivos de política presupuestaria, en lo que se
refiere a gastos, hace poco veíamos los datos del Instituto Nacional
de Estadística referidos al
segundo trimestre de este año. Ese informe venía a modificar los
datos de incremento de gasto público referidos al año 1999 y al año
2000 que de un 2,9 y un 2,6 por ciento se ha modificado al alza hasta
un 4,2 y un 4 por ciento; es decir, en el año 1999 el incremento del
gasto público ha estado dos décimas por encima del PIB y en el año
2000 se ha quedado a una décima por debajo del PIB. Igualmente en el
año 2001 los pagos están superando ya, al mes de septiembre, lo
previsto en los presupuestos: un 5,1 por ciento frente a un 4,7 por
ciento de incremento. El Ministerio de Hacienda ha fracasado en la
contención del gasto público, lo cual refleja que la reducción del
déficit público se ha hecho vía aumento de ingresos. Además, en lo
que queda de año está previsto que las modificaciones de crédito que
se tienen que hacer para transferencias a las comunidades autónomas y
al Fondo de Compensación Interterritorial, bien por canje de deuda o
por los efectos de la inflación, van a precisar unas necesidades de
financiación muy superiores al medio billón de pesetas. El Gobierno
prevé compensar todo ello con un incremento de los ingresos. Sin
embargo, con respecto a los ingresos hay que decir que el déficit del
Estado acumulado en los nueve primeros meses del año es ya de 676.000
millones de pesetas o, lo que es lo mismo, un 0,6 por ciento del PIB
y representa un incremento del 49 por ciento respecto al año 2000. El
conjunto de los ingresos está creciendo por debajo de lo previsto,
siendo más significativo el desfase en el caso de los impuestos
directos y los impuestos especiales, que son los que tienen que ver
directamente con el consumo. La bajada del consumo y la
desaceleración de la economía no tenida en cuenta por el Gobierno en
sus previsiones para 2002 se van a reflejar en las cuentas públicas y
la recaudación se va a cerrar este año por debajo de las previsiones
hechas para el año 2001.
El tercer gran objetivo de la política presupuestaria es impulsar las
políticas públicas fundamentalmente orientadas al empleo, a la
cohesión social y al crecimiento económico. Pues bien, los datos que
podemos tener al respecto es que los gastos de inversión pública han
caído un 7,1 por ciento, según reflejan las cuentas del Estado, al
mes de septiembre, lo que hace que si tenemos en cuenta el bajo grado
de ejecución -ya que a finales de agosto sse encontraba en un 28 por
ciento- podemos pensar que la inversión pública está en una situación
de parálisis en este momento y en este ejercicio. Los planes de
infraestructuras, que vuelven a no aparecer en este presupuesto, se
basan fundamentalmente en contabilidad creativa que no aparece
reflejada en los presupuestos del Estado. Esto hace que esa política
inversora sea realmente sólo eso, humo, y que el total del esfuerzo
público inversor represente el 3,25 por ciento del PIB, cuando este
Gobierno partíaya de unas cotas que habían dejado gobiernos
anteriores de un 5 por ciento. Este bajo nivel de inversión hace que
se incrementen las desigualdades, que se encuentran
también reflejadas en la encuesta de población activa del primer
semestre. Dicha encuesta refleja que el ritmo de incremento, tanto de
número de ocupados como de afiliados a la Seguridad Social, está
reduciéndose. Ese ritmo en el número de ocupados ha pasado de un 4,7
por ciento en el año 2000 a un 2,8 por ciento al principio de este
año y a un 1,8 por ciento en estos momentos; en el número de nuevos
afiliados está pasando lo mismo: el año pasado crecía a un ritmo del
5 por ciento, a principios de año al 4,6 por ciento y ahora al 3,7
por ciento. Si vemos también el último informe comparado de la
Seguridad Social llegamos a la conclusión de que el incremento del
PIB no se traslada a la cobertura social; nos encontramos a la cola
de Europa, solamente Irlanda está por debajo de nosotros, España
tiene un gasto de cobertura social del 21 por ciento del PIB cuando
la media comunitaria se mueve en el 27 por ciento. La no deflactación
de la tarifa -lo veíamos esta mañana pero no es el momento de reabrir
este debate- hace que se incremente la presión fiscal en dos décimas
en el año 2000, según la OCDE. Por quinto año consecutivo se produce
ese incremento de la presión fiscal, que ha pasado de un 32 a un 35
por ciento del PIB y se prevé que la financiación proveniente del
superávit de la Seguridad Social sirva para cubrir el déficit
generado por el resto de las administraciones públicas, perdiéndose
una oportunidad para dedicar el superávit de la Seguridad Social en
tiempos de bonanza a capitalizar el sistema y no a financiar recortes
fiscales.
Este presupuesto, pues, no va a contribuir ni al estímulo de la
economía ni al apoyo al consumo. La manifestación más inquietante es
la reducción en el ritmo de creación de empleo y el incremento del
paro a que antes ya me he referido. Ese debería haber sido el centro
de atención de la política económica a través de la reducción de las
cargas sobre el empleo y habiendo seleccionado mejor nuestras
inversiones públicas hacia prioridades que reduzcan nuestra brecha en
las condiciones de competitividad de nuestra economía. El Fondo
Monetario Internacional ya ha cuestionado las cifras en que se basa
este presupuesto y prácticamente todos los analistas han precisado la
necesidad de tolerar un ligero déficit público, alentar más la
demanda y sobre todo dar prioridad a todo lo que repercuta en el
incremento de la tasa de ocupación; pero para ustedes el 11 de
septiembre no existió nunca para hacer política económica desde el
sector público, ni para prever las necesidades del futuro de España.
En este sentido estos presupuestos no transmiten credibilidad y no
generan confianza.
Respecto a la política presupuestaria y fiscal y al control interno y
contabilidad quiero hacer tres reflexiones brevemente. En la gestión
de los fondos estructurales no se aprecia ninguna acción para la
mejora del control y evaluación de la gestión de los fondos europeos,
así como para la promoción de los programas
europeos; no se precisa nada sobre los contratos referidos a las
evaluaciones externas de los fondos estructurales o criterios en
cuanto a la selección de objetivos y no varían los indicadores sobre
control de perceptores de subvenciones de la Unión Europea. El
Ministerio de Hacienda no está haciendo en este sentido un trabajo
del que depende la eficacia de los fondos estructurales. La política
del Partido Popular se ha resumido en el famoso memorándum sobre los
fondos estructurales, pero a nosotros nos parece igual de preocupante
e igual de importante la eficacia en la aplicación de los mismos. El
segundo informe de la cohesión refería, con respecto a España y en
general a la política regional de la Unión Europea, que crecen las
desigualdades regionales dentro de los países de la cohesión, y eso
nos hace reflexionar seriamente sobre esta cuestión pidiendo que
a través de la política presupuestaria se pueda optimizar la aplicación
de esos fondos en el actual periodo de programación del 2000 al 2006.
Brevemente voya a hacer una reflexión. No sé si el mal comportamiento
de la recaudación lo van a pagar las comunidades autónomas -este es
un debate de otro lugar-, pero es un aspecto que quería resaltar, así
como la financiación local. Se ha hablado aquí esta mañana de la
financiación local, y es cierto que todo lo que el Gobierno y sobre
todo el anterior secretario de Estado, señor Giménez-Reyna, dijeron
sobre la supresión del IAE y la falta de alternativas a esa supresión
o a la compensación de la recaudación que pierden las corporaciones
locales por este efecto ha generado una incertidumbre tremenda en la
financiación local, que no ha sido respondida con manifestaciones o
decisiones del Gobierno que aclaren esta situación. Es inconcebible,
desde el punto de vista de nuestro grupo, el trato dado a las
corporaciones locales; se les echa la culpa de todo y se merman sus
fuentes de capacidad de ingresos y de endeudamiento, pero no se
plantean alternativas. En este sentido, el déficit cero que pregona
el Gobierno va a crear una incertidumbre enorme en las haciendas
locales que seguramente pagarán los ciudadanos.
El último elemento de nuestra enmienda a la totalidad se refiere a la
Agencia Tributaria. En la comparecencia del subsecretario del
ministerio ya hicimos alusión al incremento sorprendente y
significativo de los gastos de los capítulos 1, 2 y 6 de la agencia,
que suponían un incremento en el capítulo 1 del 28 por ciento, en el
capítulo 2 del cien por cien y en el capítulo 6 del 47 por ciento. El
subsecretario nos informó de algo que ha aparecido recientemente en
los medios de comunicación, de que el 20 por ciento del presupuesto
de la agencia estaba oculto y que a medida que la agencia iba
generando ingresos se hacían generaciones de crédito para financiar
las necesidades de la Agencia Tributaria. El subsecretario nos
informó de que de ese 20 por ciento en este presupuesto afloraba el
15 por ciento. Yo pregunto por qué no se explica este hecho en
la memoria, en el texto que justifica estas variaciones
presupuestarias; por qué no aflora el 20 por ciento sino solamente el
15 por ciento; por qué no aflora ese 5 por ciento y por qué esa falta
de transparencia e información con respecto a estos criterios de
presupuestación que deberían modificarse.
No hay objetivos claros en la lucha contra el fraude. Quisiera llamar
la atención sobre los indicadores que aparecen en la memoria del
presupuesto, indicadores que se refieren a actividad de control y a
recuperación de deuda. Los porcentajes que voy a dar son
significativos. Del año 2000 a 2001 los objetivos en cuanto a
actividad de control se reducen en el 3,8 por ciento; del año 2000 a
2002 estos objetivos de actividad de control se incrementan solamente
en un 1,7 por ciento; respecto a la recuperación de deuda, los
objetivos de 2000 a 2001 se reducen en un 4,7 por ciento y los
objetivos de 2000 a 2002 se incrementan solamente en un 1,9 por
ciento. Me parecen objetivos no ya ridículos e insignificantes, sino
que demuestran una falta de interés y una falta de ambición y
necesaria para a la lucha contra el fraude. El director general de la
Oficina nacional para la investigación o la inspección del fraude
recientemente hacía unas manifestaciones en las que señalaba las
carencias en la lucha contra el fraude fiscal y se refería
concretamente a dos: falta de coordinación entre instituciones
-ustedes sabrán- y técnicas poco apropiadas -ustedes también
explicarán esto-. En la memoria de la Agencia Tributaria del año 2000
también se han hecho públicos datos que son significativamente
importantes y preocupantes. Desde el año 1995 se ha ido acumulando la
deuda pendiente en 66.000 millones de pesetas por año. La deuda
pendiente total ha llegado a un billón 300.000 millones de pesetas.
Ha habido un incremento en los últimos años de más de 300.000
millones de pesetas en la deuda total pendiente. Pero en esa memoria
se dicen cosas más graves, y es que un 10 por ciento de la deuda
descubierta no llega a ser gestionada ese mismo año y con el embargo
sólo se cobra el 15 por ciento de la deuda. Creo que estos datos son
francamente preocupantes.
No quisiera añadir otras reflexiones sobre algo de lo que a ustedes
no les gusta que se hable, el caso Gescartera, pero realmente hay
algunos hechos que me parece importante resaltar, sobre todo cuando
el hecho de que cuatro inspecciones tributarias hayan quedado en el
cajón se ha justificado por prioridades del servicio y por cargas de
trabajo. Me hubiera gustado ver en la memoria de los presupuestos del
Ministerio de Hacienda algo que justificara esas prioridades del
servicio y cargas de trabajo, pero no lo he visto. Hay otros datos
que hacen que este tema sea más grave. En estos últimos días, por
ejemplo, podemos leer reiteradamente en muchísimos medios de
comunicación cómo va a aflorar más de un billón de pesetas en dinero
negro con motivo de la entrada en vigor del euro. Otro dato más
preocupante es que la Comisión Europea, en Bruselas,
nos decía hace poco que en el año 1998 la economía sumergida en
España significaba el 15 por ciento del PIB; en el año 2000 significa
ya el 22 por ciento del PIB, lo que supone aproximadamente 20
billones de pesetas de economía sumergida. Ha habido un incremento
terrible de esta economía sumergida en España desde el año 1998 hasta
el año 2000. Esto hace que nos preguntemos cuáles son las prioridades
de la Agencia Tributaria y, sobre todo, si se lo van a contar ustedes
a cientos de miles de pequeños empresarios y ahorradores en España.
Eso justifica sobradamente la petición que hacía nuestro portavoz en
el debate a la totalidad del proyecto de presupuestos anunciando una
comisión de investigación sobre la Agencia Tributaria.
Me gustaría terminar con un apunte muy breve sobre cómo se ha
presupuestado la presidencia de la Unión Europea, porque en las
comparecencias previas que ha habido en la Comisión de Presupuestos y
en la Comisión de Exteriores no hemos podido sacar más información
que simplemente el número de actos que se van a celebrar. Me parece
que ha habido una mala presupuestación. Prácticamente hay incrementos
en todas las secciones, en los capítulos 1 y 2, que se justifican por
la presidencia, pero no hay un detalle de qué nos va costar la
presidencia, en qué se detallan esos incrementos muy significativos
de los capítulos 1 y 2. Esta presidencia española de la Unión Europea
esté francamente mal presupuestada en el proyecto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muy sucintamente iniciamos el debate
de la sección 15 por segundo año consecutivo con un Ministerio de
Hacienda desgajado orgánicamente del Ministerio de Economía;
Ministerio de Hacienda que tiene encomendado, básicamente la
ordenación, dirección y ejecución de la política tributaria,
presupuestaria, del gasto público y de las empresas públicas. Este
presupuesto sigue la línea de austeridad que siempre ha caracterizado
la contención del gasto público que otros demonizaban cuando tenían
responsabilidades de Gobierno y que nosotros hemos convertido en una
virtud y en un signo de eficacia en la gestión económica; contención
básicamente del control, por tanto, control del gasto y austeridad en
este presupuesto diseñado por y para el Ministerio de Hacienda.
Hay alguna enmienda que hace referencia a la falta de información de
esta sección 15, y lo hacía básicamente el portavoz que me ha
precedido en el uso de la palabra. El nivel de información que se
contiene en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado es
suficiente y, de un análisis atento del mismo y siguiendo la
clasificación clásica de lo que son los Presupuestos Generales del
Estado se desprende claramente quién gasta, la clasificación
orgánica, para qué gasta, la clasificación
por programas, y en qué se gasta, la clasificación
económica. Si vemos la clasificación orgánica como hecho destacable
observamos -y se hacía alusión por el portavoz que me ha precedido en
el uso de la palabra- un nuevo sistema de financiación de la Agencia
Tributaria, una modificación de un modelo que si no fuera
precisamente por ese cambio del modelo de financiación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria registraría una variación
presupuestaria en torno al 4,6 por ciento. Sin embargo, se ha
abandonado un modelo de financiación que estaba vinculado a la
generación de crédito en el momento de la ejecución presupuestaria,
asociado obviamente a lo que es la gestión recaudatoria de los
distintos tributos que financiaba la Agencia Tributaria. Era un
sistema lento, impreciso, defectuoso, que ha dado lugar a su
sustitución por un sistema de dotación inicial en el presupuesto y
que es lo que explica esa modificación de los créditos para la
Agencia Tributaria, en definitiva, lo que explica ese cambio de
financiación en un propósito declarado de convertir a nuestra Agencia
Tributaria en un instrumento útil y eficaz en sus objetivos -creo que
se ha explicado claramente- de perseguir el fraude y velar por la
aplicación de nuestro sistema tributario.
Hay una clasificación por programas que si se hubiesen tomado la
molestia de analizar, de la misma se desprende claramente para qué se
gasta el presupuesto del Ministerio de Hacienda. No vamos a glosarlo
aquí y vamos a hacer un esfuerzo de contención. Hay básicamente
algunos programas donde se priorizan unas políticas de gasto. Estoy
hablando, por ejemplo, del programa 124.D, de coordinación y
relaciones financieras con los entes territoriales, en el que se
registra un importante incremento de la inversión real, sobre todo en
equipos informáticos. Entendemos que la lucha contra el fraude
fiscal, garantía de la aplicación igual y para todos del sistema
tributario, exige contar con los más modernos mecanismos de carácter
informático. Hay también un programa al que quisiera hacer
referencia, de gestión del patrimonio del Estado, ya que está
haciendo un esfuerzo importante en lo que es la depuración del
patrimonio del Estado. Hay un programa para la aplicación del sistema
tributario estatal que efectivamente es el de la Agencia Tributaria,
con ese incremento que deseamos del 42 por ciento, que lo que hace es
exteriorizar la voluntad del Gobierno de luchar contra el fraude
fiscal y de velar por el efectivo cumplimiento de las obligaciones
tributarias. En la clasificación económica se desprende también
claramente en qué se gastan las partidas del Ministerio de Hacienda,
desde las transferencias corrientes a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, hasta los activos financieros que hacen
referencia a la política de accionariado que se desarrolla
básicamente por la Dirección General del Patrimonio en orden a la
adquisición y gestión de acciones y participaciones del sector
público ylas diferentes transferencias de capital. En definitiva, si
analizamos pormenorizadamente el presupuesto de Hacienda, obtendremos
el nivel de información necesario para formarnos un juicio sobre el
mismo y, por tanto, algunos argumentos que hemos oído caerán por su
propio peso. Hay dos enmiendas a la totalidad presentadas al
presupuesto de la sección 15 y a mi grupo le llama sobremanera la
atención la circunstancia de que se presenten dos enmiendas a la
totalidad y que no se presenten enmiendas parciales, es decir, el
cromatismo siempre es muy variado, entre el blanco y el negro siempre
hay colores y siempre hay la posibilidad de efectuar enmiendas
parciales. Hay un rechazo total a lo que es el presupuesto del
Ministerio de Hacienda y a diferencia de lo que ha ocurrido en otras
secciones donde junto a enmiendas a la totalidad existen enmiendas
parciales, aquí no se ha utilizado esa posibilidad.
Hay una primera enmienda de Izquierda Unida en la que, lo comento
sucintamente, se habla de la regresividad, se habla de la política de
equilibrio presupuestario y se habla del gasto social. Nosotros somos
partidarios de un sistema tributario progresivo. Quienes son
partidarios de un sistema tributario regresivo no somos nosotros,
sino probablemente el Partido Socialista con su iniciativa de la
tarifa plana del IRPF, sobre la que hemos tenido ocasión de debatir
esta mañana. Simplemente lo puntualizo porque parece que no hay
muchas ganas de hablar de este tema. El equilibrio presupuestario,
entendemos nosotros, debe producir un efecto muy importante en
nuestra economía en un momento en el que se han transferido ciertos
instrumentos de política económica como son la política monetaria y
la política cambiaria. Entendemos que la política de consolidación
presupuestaria es importante para garantizar el libre funcionamiento
de los estabilizadores automáticos, para garantizar definitivamente
la no frustración de las expectativas de inversión, de las
expectativas de gastos sociales necesarios para mantener nuestra
cohesión social y de que no se producirían recortes en esas partidas
en momentos de dificultad económica. Para nosotros el equilibrio
presupuestario es, señorías, una apuesta de futuro, es la negación de
hipotecas para las generaciones futuras. Es, además, una apuesta
democrática que garantiza que cada generación será dueña de sus
decisiones de gasto, dueña de sus decisiones de concesión de
prioridad a determinadas políticas públicas, sin tener que pagar
lastres del pasado, sin tener que pagar malas gestiones de épocas
anteriores. Esta enmienda de Izquierda Unida se refiere también al
gasto social. Nosotros consideramos que estos son realmente unos
presupuestos de la solidaridad y de la cohesión social. De cada 100
euros, 52 se destinan a política social. Se incrementa también el
fondo de reserva de pensiones. Por tanto, hay una apuesta de
solidaridad en el presente y para las generaciones futuras. Son unos
presupuestos que, siendo solidarios y garantizando el equilibrio
presupuestario, la aparición del euro y el nuevo acuerdo de
financiación autonómica, colocan
también entre sus capítulos de prioridades algunos servicios
fundamentales del Estado como son la justicia, la seguridad ciudadana
o la defensa. Son presupuestos que, pese a ese equilibrio
presupuestario, garantizan el gasto social y el nivel de inversión
que, si no recuerdo mal -y hablo de memoria- experimenta un
incremento en torno al 7,1 por ciento.
Hay también una enmienda de totalidad del Grupo Socialista a la que
voy a hacer referencia muy sucintamente. Se habla básicamente de
falta de transparencia en la explicación de las variaciones y en la
presentación de los presupuestos -algo a lo que yo creo que ya he
hecho referencia-, de incongruencia de algunos créditos
presupuestarios y de los objetivos perseguidos, de ineficacia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y de una presupuestación
no creíble. En primer lugar, en el presupuesto de 2002, el
presupuesto del euro -he hecho referencia a ello hace un momento-, se
contiene el nivel de información necesario y adecuado como para que
todos los agentes económicos y los grupos parlamentarios puedan
formarse una idea de su contenido con la suficiente información y con
el suficiente grado de transparencia. Yo no hago con esto un
ejercicio de voluntarismo, en absoluto, simplemente les estoy
remitiendo a la documentación presupuestaria de cuyo análisis
pormenorizado se puede llegar fácilmente a esta conclusión.
Es cierto que en estos presupuestos se incluyen gastos derivados de
la presidencia de la Unión Europea. España tiene una responsabilidad
importante en la coordinación de esa presidencia que entendemos que
debe tener una importante trascendencia política para nuestro país,
pero deben comprender SS.SS. que esos gastos están ubicados
orgánicamente en el Ministerio de la Presidencia, al que corresponde
coordinarlos. Le corresponde también, evidentemente, al Ministerio de
Asuntos Exteriores, que lleva el peso de los mismos. También en el
del Ministerio de Hacienda tendrá su reflejo respecto a las reuniones
de la Unión Europea, dietas por desplazamientos, atenciones
protocolarias, en definitiva todo lo que se puede derivar para el
Ministerio de Hacienda respecto de esa presidencia española. Se habla
de variaciones de créditos en algunos centros directivos. Viene
justificado por la reorganización y de la estructura de este
departamento a raíz de haberse desgajado del Ministerio de Economía.
Hay un importante incremente del presupuesto de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria que no hace otra cosa que reflejar una
voluntad política a la que ya he hecho referencia de velar por ese
cumplimiento de nuestro sistema tributario y de velar, en definitiva,
por la lucha contra el fraude fiscal. Decía el ponente del Grupo
Socialista que no se cumplen los objetivos de equilibrio
presupuestario. Esta es una canción que ya oímos el año pasado y
hasta donde tenemos conocimiento se está cumpliendo esa ecuación, ese
equilibrio presupuestario y esa consolidación fiscal que entendemos
que es fundamental para nuestra economía y para garantizar la
neutralidad del sistema presupuestario.
El ponente del Grupo Socialista decía que el Ministerio de Hacienda
ha fracasado en la política de contención del gasto público. El
Ministerio de Hacienda, el Grupo Parlamentario Popular y el Partido
Popular han hecho de la contención del gasto público la divisa de su
gestión económica y creo que ha sido uno de los elementos que ha
dejado una fuerte impronta en la gestión de las políticas de gasto
público, como lo ha hecho también en lo que es el déficit público. Ya
sé que no le gusta al Grupo Socialista que le recordemos algunas
cifras, pero me parece inapelable. En el año 1995 teníamos un déficit
público que rondaba el 7 por ciento del PIB, el ejercicio pasado
conseguimos el equilibrio presupuestario, tenemos este año, por
segundo año consecutivo, un presupuesto equilibrado, además, hay un
elemento normativo novedoso, cuales son las leyes de estabilidad
presupuestaria, porque entendemos que esa situación de equilibrio
presupuestario debe ser no sólo coyuntural, sino estructural
acompañada por ese elemento normativo.
Son los presupuestos de la cohesión social. Discrepo de lo que
afirmaba el ponente del Grupo Socialista. Le insisto, un 52 por
ciento del gasto es gasto social. Se me podrá decir que los
presupuestos no priorizan una cosa u otra, pero creo que el gasto
social no, porque las cifras cantan en ese sentido.
Son presupuestos que incentivan la inversión pública. Se nos ha dicho
por parte del interviniente del Grupo Socialista que no se incentiva
la inversión pública. Hay un incremento en torno al 7,1 por ciento.
Se ha dicho también por parte del ponente socialista que se
incentivan de una manera profunda las desigualdades sociales. No
estoy de acuerdo, hemos avanzado considerablemente en el proceso de
convergencia real con Europa, que nuestros niveles de renta hoy van
aproximándose a la media comunitaria. Sin duda esos diferenciales de
crecimiento económico que ha tenido nuestro país han contribuido
decisivamente a arañar prosperidad relativa a nuestros vecinos, pero
además -y lo decíamos esta mañana- la mejor política social es una
sólida política económica, y la sólida política económica que hemos
practicado desde el año 1996 nos ha llevado a colocar la situación de
paro de un 23 por ciento a un 13 por ciento según datos de la EPA.
Comprendo, señorías, que ustedes no quieran hablar de la
deflactación. No quieren hablar de la deflactación por las
contradicciones que ustedes tienen, por un lado, presentan una
propuesta de tipo único, por otro, nos dicen que quieren deflactar
las tarifas. Quiero subrayar, y es la impresión que me da -se lo ha
dicho muchas veces mi grupo y eso es verdad-, que proponen como
oposición lo que no hicieron como Gobierno. Para ello sólo hay que
recordar los ejercicios 1993, 1994 y 1995 cuando teníamos inflación
de en torno al 5 por ciento y ustedes no deflactaban la tarifa.
No es verdad que no hayamos tenido en consideración el 11 de
septiembre. (Rumores.) Lo tuvimos en consideración anticipadamente,
dijo el ministro de Hacienda, en el sentido de que hoy la situación
de saneamiento de las finanzas públicas, de equilibrio presupuestario
nos ha permitido afrontar las situaciones que derivarán de ese 11 de
septiembre desde una posición muchísima más saneada.
Dice el ponente socialista que no sabe si el mal comportamiento de
los ingresos tributarios lo van a pagar las comunidades autónomas. No
lo sé, lo que sí sé es que nosotros somos partidarios de la
profundización de la autonomía financiera, somos partidarios de la
corresponsabilidad fiscal, de ahí ese aumento de capacidad normativa
tributaria que se otorga en el nuevo acuerdo de financiación
autonómica y las nuevas cesiones de tributos. En definitiva,
consideramos que el presupuesto de Hacienda es un presupuesto
ajustado a las finalidades y objetivos básicos de este ministerio,
que no son otros que la modernización de nuestro sistema tributario,
continuar avanzando en el proceso de reducción de la presión fiscal,
de bajada de impuestos que siempre hemos garantizado el Partido
Popular y no otros partidos políticos y, en definitiva, de lucha
contra el fraude fiscal y garantía de la efectiva aplicación del
sistema tributario.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Para un turno de réplica, el señor García Breva
tiene la palabra.
El señor GARCÍA BREVA: Si ustedes ya sabían en julio lo que iba a
pasar en septiembre, realmente es aterrador; en fin, es una frase
dicha en el debate y no le doy más importancia, aunque parece
francamente absurda y ridícula en este contexto.
No he dicho que su presupuesto no sea austero, lo que he dicho es que
las memorias no están justificadas. Me alegro de que se haya leído
todos los cuadros económicos del presupuesto, pero lo que se tenía
que leer eran las memorias justificativas, es decir, el texto que
justifica las consignaciones presupuestarias para el año 2002. Lo que
yo le tengo que decir es que no concuerda una cosa con la otra,
fundamentalmente porque no se explican las variaciones o porque no se
explican muchas consignaciones presupuestarias. Yo no digo que no
sean austeros, pero le voy a poner dos ejemplos. En el programa de la
Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial
hay un incremento de un 300 por cien en el capítulo 2 y de un 178 por
cien en el capítulo 6. Como decía esta mañana mi portavoz, el señor
Marugán, también soy muy moderado y cuando veo un incremento de tales
porcentajes voy al texto de la memoria a buscar en qué se justifica
realmente un incremento tan significativo. No digo que no sean
austeros, lo que pido es una explicación, porque a mi no me vale
decir como hoy ha dicho S.S., igual que lo dijo en su momento el
subsecretario, que hay cambios
de organización, hay variaciones en las RPT, etcétera. Si realmente
hay esas modificaciones y esos cambios en las estructuras y en la
organización, díganlo en la memoria de los presupuestos, justifiquen
esas consignaciones presupuestarias en la letra de la memoria y de
los indicadores del presupuesto. El segundo ejemplo se me olvidó
decirlo, pero como usted se ha leído todos los números explíqueme la
transferencia a Radio televisión Española que hay en el Ministerio de
Hacienda. Explíquemela porque no existía el año pasado y este año
existe. Es una transferencia muy importante de muchos millones de
pesetas y una modificación significativa con respecto al presupuesto
del año 2001, sin que tampoco aparezca suficientemente justificada
esa transferencia, a mi juicio, en la memoria y en los indicadores.
Con respecto a la Agencia Tributaria no me ha dicho absolutamente
nada, sobre todo en lo que se refiere a lo que yo he explicado. Los
indicadores que aparecen en la memoria del presupuesto son los que yo
le he dicho y a mí me parecen significativamente ridículos para el
panorama con el que nos estamos encontrando y que se están encontrado
cientos de miles de pequeños empresarios y cientos de miles de
pequeños ahorradores. El esfuerzo por perseguir el fraude no aparece
en estos presupuestos. También le digo una cosa, ¿por qué ha aflorado
el 15 por ciento del presupuesto de la Agencia Tributaria y no el 20
por ciento? ¿Qué razón hay para dejar ese 5 por ciento? Porque eso
también debería estar explicado en la memoria del presupuesto y no lo
está, es más, no se hace ninguna alusión, tuvimos que preguntarlo en
la comparecencia del señor subsecretario para enterarnos.
En cuanto al rechazo total, evidentemente planteamos una enmienda a
la totalidad porque si usted ha seguido el discurso que justifica el
texto de la enmienda así como el de esta tarde verá que hay una
discrepancia en la política económica de fondo, y si fallan las
cifras macroeconómicas, que son la base o el soporte de todo el
presupuesto, está más que justificada la enmienda a la totalidad al
Ministerio de Hacienda y a lo mejor tendríamos que enmendar todo el
presupuesto.
Respecto a la cohesión social, en lo que ha insistido mucho,
repetiría los datos que he dado de inversión, de falta de ejecución
de la inversión pública, de lo que supone la inversión pública en el
total del PIB, con un 3,5 por ciento frente al 5 por ciento que
existía en los primeros años noventa. Este sería el esfuerzo que a mi
me interesa y no el esfuerzo puntual y coyuntural de un ejercicio. Si
encima sólo se ejecuta el 28 o el 30 por ciento de la inversión
pública, eso sí que genera desigualdades. Sobre a los datos de
protección social, insistiría en la referencia que he hecho al
informe comparado de la Seguridad Social, un informe que no hemos
hecho nosotros. La Seguridad Social ha dicho que el incremento del
PIB no se traslada a la cobertura social
y ahí es donde yo quiero centrarme un momento. En cuanto a la
cobertura social somos el país, seguramente, más retrasado de Europa
junto con Irlanda y le voy a dar datos. En el presupuesto que
presentan ustedes los gastos de protección a la familia suponen el
0,4 del PIB frente a una media del 2,2 por ciento en Europa. En el
gasto social en vivienda, por ejemplo, su presupuesto supone el 0,1
por ciento del PIB, cuando la media europea es el 0,6 por ciento. Con
respecto a la población que está en situación de pobreza extrema, que
son casi dos millones de personas, solo un tercio tiene cobertura.
Aquí quisiera resaltar que será un presupuesto muy social, según dice
usted, pero la cobertura de los parados sigue bajando, está
ligeramente por encima del 50 por ciento y hay más de dos millones y
medio de pensionistas que cobran el complemento de mínimos. Estos
datos reflejan también una determinada situación que no creo que se
vea afrontada en el proyecto de presupuestos de la Unión Europea.
Respecto al equilibrio presupuestario me he referido y he dado datos
del Instituto Nacional de Estadística. Estoy convencido que al ritmo
que llevan ustedes, dentro de seis meses o un año el Instituto
Nacional de Estadística volverá a corregir los datos, al alza
evidentemente, de gasto público en la ejecución presupuestaria. Antes
lo he dicho, los años 1999 y 2000 el INE ha duplicado el incremento
del gasto público presupuestario y eso son datos que estoy seguro que
van a seguir sucediendo. Evidentemente si el INE, a toro pasado, va
modificando todos los datos presupuestarios que ustedes nos traen
aquí, su presupuesto no solamente es increíble e irreal, su
presupuesto es falso.
Respecto a las comunidades autónomas, la reflexión que le quería
hacer no es sobre el debate de esta sección, evidentemente, pero sigo
insistiendo en que no sé si los datos de pérdida de recaudación
puedan afectar al cumplimiento de ese acuerdo de financiación
autonómica. Espero que no, pero es algo sobre lo han salido
informaciones preocupantes, incluso informaciones desde el propio
Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas.
Finalmente, quisiera reiterarme en lo que he dicho antes sobre la
presupuestación de la presidencia europea. Me consta que el Gobierno
no ha escatimado nada en estos presupuestos para la presidencia
europea y en eso estamos de acuerdo. Ahora bien, sí echo de menos una
presupuestación mucho más correcta. Me gustaría creer que muchos
incrementos de los capítulos 1 y 2, no hay un enmascaramiento de
incremento de gasto corriente, pero como ustedes no lo han explicado
ni en la memoria ni en los indicadores, es la información que
tenemos. A eso me refiero cuando en nuestra enmienda hablamos de
falta de información, porque la información no solamente se refiere a
los datos económicos, a las consignaciones presupuestarias, sino
también al soporte informativo que justifica esas consignaciones.
El señor PRESIDENTE: Señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Señor presidente, me piden continencia
verbal y que sea breve. El Gobierno ha gobernado bien, pero dotes
proféticas no tiene, o sea que el 11 de septiembre no lo podíamos
conocer. Sí repito lo que dijo el ministro de Hacienda y es que en
una situación como la actual de saneamiento de las finanzas públicas,
situaciones como la del 11 de septiembre se pueden afrontar mucho
mejor que en otras situaciones y además con un nivel de equilibrio de
las cuentas públicas.
Ha indicado que no están claras las consignaciones presupuestarias.
Se lo he dicho y se lo dijeron en la comparecencia del subsecretario;
el cambio fundamental es el sistema de financiación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, que antes generaba crédito
según la gestión recaudatoria y ahora se va a un sistema de dotación
inicial en el presupuesto, lo que supone ese cambio del 46 por
ciento. Hay una transferencia, efectivamente, por el Ente Público
Radiotelevisión Española derivado a su adscripción a la SEPI; hay
cambios de organización, es lógico, normal y natural, porque
efectivamente se ha producido una reorganización administrativa con
la disociación de lo que es el Ministerio de Economía y el Ministerio
de Hacienda. ¿No se hace un esfuerzo por perseguir el fraude? Yo creo
que con el nivel de inversiones reales que están haciendo y con el
actual programa legislativo del Gobierno, con una nueva ley general
tributaria en ciernes y con un nuevo sistema de financiación para la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, lo que se está diciendo
es que se va a dar un mensaje de modificación de la legalidad vigente
y se va a dotar a la Agencia Tributaria de los instrumentos
necesarios para que sea eficaz en la persecución del fraude fiscal.
Insisto en lo que es el presupuesto de la cohesión social, de las
políticas de solidaridad, de las políticas sociales. Se nos puede
decir lo que quieran sobre estos presupuestos, pero las cifras cantan
con contundencia aritmética, el 52 por ciento del gasto es gasto
social, se está haciendo un esfuerzo que supera la mitad del
presupuesto.
Dice usted que la familia estaba maltratada. El tratamiento fiscal de
la familia mejoró con la Ley 40/1998 del IRPF, sobre todo si la
comparamos con su ley del año 1991, que, dicho sea de paso,
incrementó la presión fiscal de las personas con niveles de renta
medios y bajos. En este presupuesto se hará un esfuerzo por el
complemento de mínimos y, en cuanto a la presidencia europea, ya le
he dicho que no hay enmascaramiento de lo que son los gastos
corrientes, sino transparencia cristalina, claridad. Evidentemente,
respecto a los gastos de la presidencia de la Unión Europea, le
insisto, de acuerdo con el actual sistema de distribución de
competencias orgánicas entre ministerios, en que el peso específico
lo tiene el Ministerio de la Presidencia y, obviamente, el Ministerio
de Asuntos Exteriores. Los
gastos que puede acarrear a nuestro país, al Ministerio de Hacienda,
este importante evento político se derivan básicamente de dietas,
desplazamientos y actos protocolarios que deban realizarse.
El señor PRESIDENTE: Queda concluido el debate de las secciones 15 y
31.
Antes de las votaciones, que serán a las 8,30, vamos a debatir la
sección 16, Ministerio del Interior, mientras que la sección 25,
Ministerio de la Presidencia, queda para después de las votaciones,
junto con las secciones 17 y 23, por ese orden. Después de la
votación debatiremos la sección 25, luego la 17 y por último la 23.
Empieza el debate de la sección 16, Ministerio de Sección 16
Interior. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Pedret.
El señor PEDRET GRENZNER: A estas alturas de la sesión la tentación
de brevedad es enorme, pero las tentaciones hay que resistirlas y,
por tanto, vamos a defender las enmienda como corresponda.
El señor PRESIDENTE: No siempre.
El señor GIL LÁZARO: Tiene razón el señor presidente, no siempre.
El señor PEDRET GRENZNER: Evidentemente, siempre tiene razón el señor
presidente, aunque algún diputado del Grupo Popular no se lo
reconozca. (Risas.)
Vamos a la defensa de las enmiendas, empezando por la número 666, a
la cual seguramente el señor Gil Lázaro encontrará algún simbolismo
por la numeración, que es la enmienda de devolución de la totalidad
de la sección que estamos tratando. El presupuesto que nos ha
presentado el Gobierno para el Ministerio de Interior no puede en
forma alguna dar los instrumentos necesarios al propio Gobierno para
cumplir las finalidades de protección de la seguridad ciudadana y,
por tanto, del fundamental derecho de libertad de los ciudadanos. Nos
encontramos ante un presupuesto estancado absolutamente respecto al
del 2001 y no sólo estancado en números absolutos -en cuanto
comparamos presupuestos consolidados nos encontramos con un
incremento que yo calificaría de negligible, de 35.000 millones-,
sino que si hacemos el ejercicio de leer realmente el presupuesto
vemos que hay un exceso de ingresos en la Jefatura de Tráfico, de tal
forma que se produce una transferencia de 15.000 millones a las arcas
del Estado procedente de este organismo autónomo y nos encontramos
con que el aumento real se reduce a 20.000 millones, apenas en el
límite de la posibilidad de incremento del IPC para el año 2002. En
realidad, nos encontraríamos con un presupuesto para unas funciones
tan importantes como la protección de la seguridad y libertad de los
ciudadanos
que retrocede en cuanto a dotación. Entendemos que es imposible de
todo punto atender a la protección en el ámbito de la seguridad
ciudadana, que es imposible atender adecuadamente a la protección de
la vida y la integridad física de los ciudadanos en cuanto seguridad
vial y que una de las cuestiones -que ustedes han convertido en
problema- más importantes que ha ocurrido en el año 2001 y que sin
duda se repetirá en el año 2002, como es la inmigración y el
tratamiento necesario de la inmigración irregular y de las redes de
tráfico de personas, no tiene, en absoluto, dotación suficiente para
realizar cualquier tipo de actividad. Además, en el ámbito de la
lucha contra la drogadicción las cifras generales hacen imposible la
investigación de las redes y producen una disminución real de las
posibilidades de lucha contra esta lacra social. Por último en cuanto
a instituciones penitenciarias, la escasez absoluta de las cifras que
han presupuestado hacen imposible el cumplimiento de la finalidad
constitucionalmente fundamental de las penas, que es la reinserción
social. Si todas y cada una de las finalidades que debiera cumplir el
Ministerio del Interior en aplicación de los presupuestos no es
posible cumplirlas, porque ustedes han sido extraordinariamente
cicateros en la previsión presupuestaria, no nos queda más remedio
que solicitar la devolución de la sección al Gobierno. Por si acaso
mis dotes de convencimiento no fueran suficientes para que ustedes
votaran la devolución, hemos articulado una serie de enmiendas
parciales importantes. El conjunto de las enmiendas suponen un
incremento de las partidas presupuestarias en la sección que tratamos
con el estricto cumplimiento de la obligación de dar las bajas
correspondientes. Son 54 más las establecidas para organismos
autónomos las enmiendas que presentamos como parciales. Van a
comprender los señores comisionados que no vaya a defender el
contenido de cada una de ellas. Sí me gustaría referirme a su sentido
general, que es precisamente el contrario del presupuesto presentado
por el Gobierno. Se trata de dotar a la Jefatura Central de Tráfico
de los ingresos suficientes para realizar su función y, sobre todo,
conseguir que la Jefatura Provincial de Tráfico no vuelva a tener un
excedente que se transmita sin más a la caja general del Estado, sino
que se apliquen los dineros recaudados, que en este caso proceden
básicamente aunque no en su totalidad de tasas y de sanciones, a la
realización de aquellos programas de seguridad vial absolutamente
necesarios, y sin los cuales la Ley de Seguridad Vial, que aprobamos
en el Congreso la semana pasada y que será aprobada -estoy seguro de
ello- próximamente por el Senado no tendría ningún sentido.
Hay que dotar suficientemente al programa 222.A para que pueda dejar
de ser pura y simple publicidad y propaganda el Plan Policía 2000. La
Policía de proximidad que ustedes atribuyen como una de las
cuestiones fundamentales del Plan Policía 2000 se cohonesta poco con
una disminución del capítulo I en cuanto al
Cuerpo Nacional de Policía. Si pasamos de 197.658 millones a 195.758
encontramos una disminución del capítulo, con el cual, aparte de
reconocer en la práctica de los números lo que ustedes niegan con las
palabras, que es una auténtica disminución de las plantillas
policiales, difícilmente podremos establecer una Policía de
proximidad. La Policía de proximidad a cargo del Cuerpo Nacional de
Policía o de otros cuerpos de policía es fundamental para disminuir
el índice de victimación que preocupa extraordinariamente a los
ciudadanos de este país. Según la última encuesta a la que he tenido
acceso, el 72 por ciento de la población considera que la seguridad
ciudadana es un motivo relevante de preocupación en sus vidas
cotidianas.
En cuanto a instituciones penitenciarias, para referirme sólo a
algunas de ellas, establecemos una serie de enmiendas que permitan la
reinserción de los presos. Prácticamente la mitad de los condenados
en este país son reincidentes que han pasado por las instituciones
penitenciarias. Esto supone un fracaso de la política de reinserción
y desde luego no es con los presupuestos que ustedes presentan como
podremos cumplir esta finalidad fundamental de las penas. Sólo con el
dinero suficiente para el establecimiento, por ejemplo, de la nueva
figura que proponemos en la plantilla de personal de instituciones
penitenciarias como técnico de gestión de empleo, para conseguir que
los presos logren tras el cumplimiento de su condena una inserción
laboral en la sociedad extracarcelaria; sólo con el incremento de las
plantillas de personal para poder atender realmente a los presos y
disminuir la enorme presión que los funcionarios de prisiones tienen
en este momento; sólo con el establecimiento de condiciones físicas
adecuadas y para el cumplimiento de la Ley general penitenciaria,
siguiendo el impulso que en este aspecto, como en muchos otros dieron
los gobiernos socialistas al país, podrán cumplirse realmente las
funciones constitucionales de la pena y de las instituciones
penitenciarias.
En cuanto a las actuaciones contra la droga el conjunto de enmiendas
que presentamos vienen a acentuar especialmente la dotación de los
servicios de investigación y de prevención de las redes de tráfico de
drogas. Si no atacamos a fondo con la dotación presupuestaria
adecuada tal problema, todo lo otro va a saco roto.
Respecto a la inmigración, aquí se produce no el estancamiento del
que ha hablado anteriormente, sino una disminución en pesetas
constantes del presupuesto que ustedes han presentado de 499 millones
de pesetas. Un tema como el de la inmigración (estamos de acuerdo con
ustedes en que es de gran importancia para el futuro de nuestro país,
que es un tema de Estado, que afecta según como se trate a los
propios fundamentos del Estado de derecho, del Estado de bienestar
que establece nuestra Constitución) no puede ser tratado
presupuestariamente con una disminución del dinero que a su
tratamiento se dedique. Es imposible cumplir
ninguna de las finalidades del autodenominado Plan GRECO con lo que
ustedes han presupuestado. Si hemos de hacer caso además al delegado
del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería en su comparecencia
de 11 de octubre ante la Comisión de Justicia e Interior, ni se sabe
qué es lo que se coordina. Nosotros pretendemos modificar esta
situación a través de nuestras enmiendas, estableciendo además algo
que ustedes han olvidado totalmente -no han olvidado, simplemente no
quieren ponerlo-, que es un capítulo 4 en el programa 222.G, porque
consideramos que la participación de las otras administraciones, la
participación de la sociedad civil a través de las organizaciones no
gubernamentales es absolutamente necesaria y para ello es necesario
el capítulo 4.
Concluyo con ello la presentación de nuestras enmiendas. Simplemente
quiero anunciar, señorías, respecto a las presentadas por los
restantes grupos de la Cámara que vamos a votar favorablemente la
1753, presentada por el Grupo Popular, porque es una rectificación,
y como ocurre en muchas ocasiones aciertan ustedes cuando rectifican.
Vamos a votar la mayoría con una sola excepción, ya que nos
abstendremos de las presentadas por el Grupo de Izquierda Unida; lo
mismo va a ocurrir con las presentadas por el Bloque Nacionalista
Gallego; votaremos a favor la totalidad de las presentadas por el
señor Saura, de Iniciativa por Cataluña, así como las de Eusko
Alkartasuna, de la señora Lasagabaster; vamos a votar a favor la
1731, presentada por el señor Núñez, del Partido Andalucista; la
totalidad de las presentadas por la Chunta Aragonesista, a través del
diputado Labordeta, y votaremos en contra de la totalidad de las
enmiendas presentadas por Esquerra Republicana de Catalunya, a través
del diputado Puigcercós, porque son contrarias frontalmente a nuestra
concepción, que hemos defendido en varias ocasiones, de cómo debe
realizarse la sustitución policial en Cataluña.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Nos encontramos este año, como en ocasiones
anteriores, con un presupuesto que en materia de seguridad mantiene
unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mal dotadas e
insuficientemente pagadas. De nuevo venimos a comprobar que los
compromisos adquiridos por la Administración con los representantes
sindicales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son papel
mojado y aquí no tienen ningún reflejo presupuestario. Un año más
vemos cómo de una manera anacrónica se mantiene el carácter militar
de la Guardia Civil como cuerpo militarizado, que no cuenta además
con la representación que nosotros desearíamos, con una
representación elegida libremente entre sus miembros. Siendo
preocupante, serio y grave lo anterior, el hecho de la infradotación
material y humana de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado está teniendo ya un reflejo en el trato que reciben los
inmigrantes que llegan a España, pues a pesar de la buena voluntad de
la inmensa mayoría de los agentes los inmigrantes no reciben un trato
digno y el problema es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado no tienen los medios, materiales y humanos para darles este
trato digno, convirtiéndose en un foco potencial de peligros. En
relación con las instituciones penitenciarias la situación es de
inanición. Un año más se agrava pues se mantiene la falta de dotación
humana y material así como de la dotación para el programa de
reinserción y acceso al mundo laboral. Por último, en relación con
los fondos reservados parece absolutamente injustificado su volumen y
para nosotros, para Izquierda Unida, sigue resultando discutible su
existencia mientras no se acometa la reforma de su régimen jurídico.
Por eso hemos presentado tanto la enmienda a la totalidad como varias
enmiendas parciales a esta sección.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Nuñez por el Grupo
Parlamentario Mixto.
El señor NUÑEZ CASTAIN: Brevemente, señor presidente. Doy por
defendidas las enmiendas presentadas por los compañeros del Grupo
Mixto y quiero exponer brevemente las dos enmiendas presentadas por
este portavoz. Una es referente a la construcción de un cuartel de la
Guardia Civil en Puente Genil y otra a los sobrecostes que provoca en
el sector de transporte de materiales explosivos la obligatoriedad
impuesta por seguridad de la necesidad de vehículos escolta para
proteger este transporte de posibles ataques terroristas. No parece
razonable que -aparte del coste en sí del transporte de un material
que naturalmente tiene que ir al sector y no hay nada que discutir-
ese sobrecoste provocado por el terrorismo tenga que recaer
exclusivamente sobre las espaldas de un sector de transporte, sino
que debiera estudiarse una determinada compensación dada la
imposibilidad, al parecer, de las propias fuerzas de seguridad del
Estado de tener recursos propios para mantener esta necesidad de
escolta para estos materiales.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: A estas alturas del debate la mejor contribución
que se puede hacer al mismo es tratar de cumplir con los tiempos
establecidos por la presidencia de manera que podamos estar votando a
las ocho y media.
Una vez más quiero reconocer y alabar la brillantez parlamentaria del
señor Pedret que ha tratado de construir una apariencia de defensa
sobre un texto, el de su enmienda a la totalidad, que carece de rigor
en atención a lo que se nos ha dicho como argumentación para
la presentación de esa enmienda de totalidad y a lo que dice el
presupuesto. La mala fortuna en la fundamentación de la enmienda ha
venido determinada al fin y al cabo por los propios hados numéricos
en el orden de la determinación de las enmiendas cuando, como el
propio señor Pedret al principio de su intervención manifestaba, esa
enmienda de totalidad ha sido enumerada con el 666 con todo lo que
ello comporta de simbólico. Decir que este es un presupuesto
estancado respecto al año 2001 e ir más allá y decir no sólo eso,
sino que es un presupuesto que retrocede en relación con el 2001, es
probablemente no haber profundizado en la realidad de este
presupuesto. Este es un presupuesto que crece respecto del
presupuesto del año anterior en un 4,61 por ciento. Por cierto, que
en esa condición de presupuesto estancado y de presupuesto que
retrocede las cifras parece que dicen otra cosa. Por ejemplo, no se
nos ha dicho nada en la intervención del señor Pedret en relación con
las previsiones que el presupuesto incorpora en orden a continuar
incrementando las plantillas disponibles de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Este presupuesto contempla una incorporación de
3.742 nuevos efectivos al Cuerpo Nacional de Policía y de 4.542
nuevos efectivos a la Guardia Civil. Este presupuesto, que se tilda
de estancado y de que retrocede, supone un incremento en gasto
corriente para bienes y servicios de la Secretaría de Estado de
Seguridad, y por tanto de todos los programas afectos a seguridad
pública, del 263,8 por ciento; supone un incremento en lo que afecta
a gasto corriente, bienes y servicios de la Dirección General de la
Policía de más del 21,69 por ciento; y supone en relación con la
Dirección General de la Guardia Civil y por este mismo concepto un
incremento de alrededor de 7.000 millones de pesetas más que los
consignados en el presupuesto del año 2001. En materia de inversiones
afectas a políticas a desarrollar por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado hay un incremento del 5,59 por ciento.
Por cierto, que también dentro de ese discurso del estancamiento, del
retroceso, de esa imposibilidad -se nos ha dicho literalmente- de
atender la seguridad e integridad de los ciudadanos y de esa
manifiesta y clara insuficiencia de dotaciones para las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado nada se nos ha hablado de las
previsiones del presupuesto en materia de inversiones tan importantes
como el Plan Sur, dotado este año con 6 millones de euros, como el
proyecto SIVE que en cuanto al año 2002 va a contemplar una dotación
de 25,63 millones de euros, o de proyectos tan importantes,
inversiones tan importantes para infraestructuras de comunicación,
absolutamente claves por tanto, para la operatividad de las fuerzas y
cuerpos y para que éstas puedan garantizar el cumplimiento de las
misiones que les son propias; como las que afectan al SITEL que este
año tendrá una inversión de 1,8 millones de euros, o al SIRDEE que
este año tendrá una inversión de 23 millones de euros. Por cierto
tampoco se nos ha dicho nada,
dentro de ese discurso del estancamiento, del retroceso y de la
insuficiencia de que este año la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de la Seguridad dispondrá de 71,45 millones de euros
para poder invertir en 23 programas concretos de inversión.
Estas cifras generales, dadas muy a vuela pluma, como es natural dada
la precariedad del tiempo de que disponemos, pero sobre las que habrá
a su vez oportunidad de profundizar en el debate plenario, en sí
destruyen la tesis del retraimiento, la tesis de la imposibilidad
para atender esas misiones que les son conferidas a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Cuando además seguimos profundizando
en la argumentación que se nos ha presentado y se nos dice, por
ejemplo (amén de que literalmente se ha señalado que el problema de
la inmigración lo ha creado este Gobierno, pero eso puede haber sido
pura y simplemente un mero lapsus linguae), que en materia de
inmigración no hay dotaciones suficientes para poder comprender y
asimilar toda la realidad de estos fenómenos (por cierto que nosotros
siempre hemos hablado de fenómeno de la inmigración y me sorprende
que en el tenor literal de la enmienda de totalidad presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista se hable de problema y no de fenómeno;
tiene un sentido mucho más multiforme y mucho más integrador hablar
de fenómeno que de problema, pero naturalmente cada cual es muy libre
de manejar los conceptos y las palabras en los términos que crea);
cuando se hace ese discurso y se pretende justificar en la simple
mención de que el presupuesto de la Delegación del Gobierno para la
Extranjería y la Inmigración ha disminuido nominalmente en 400
millones de pesetas, se quiere ignorar, no se quiere decir o
simplemente se ignora que eso no es más que el producto de una
transferencia en concreto, dado que pasa a gestionar la frontera de
Ceuta y Melilla otro centro directivo del Ministerio y no como en el
anterior presupuesto que correspondía a determinados servicios de la
Delegación del Gobierno, pero se desconoce -vuelvo a insistir- que
este presupuesto de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y
la Inmigración crece este año en un 15,88 por ciento. No deja de ser
curioso que se hagan determinadas menciones precisamente en relación
con las políticas de extranjería e inmigración cuando este Gobierno
ha impulsado y creado un órgano coordinador. Hemos repetido hasta la
saciedad y hemos tenido oportunidad de celebrar múltiples debates en
la Comisión de Justicia e Interior sobre lo que significa ese órgano
coordinador. Es un órgano coordinador de todas las políticas de
extranjería que a su vez no empece las inversiones y los proyectos
que corresponde llevar a cabo por su propio ámbito competencial a
cada uno de los diversos ministerios.
Decir, como se nos ha dicho literalmente, que el señor delegado del
Gobierno para la Extranjería y la Inmigración no sabe lo que coordina
ni qué es lo que
tiene que coordinar resulta un recurso dialéctico probablemente
divertido a estas alturas del debate, pero se atiene bastante poco a
lo que es la realidad de las cosas. Cuando además se nos dice que con
este presupuesto en materia de instituciones penitenciarias es
imposible cumplir la finalidad constitucional de la pena que es la
reinserción y además que lo poco que se está haciendo es siguiendo la
estela del impulso dado por los gobiernos socialistas a esta
administración penitenciaria, señor Pedret, me sorprende esa
afirmación. Siempre hemos sostenido, porque es así y está en la
lógica de las cosas, que en materia de seguridad no se pueden hacer
políticas de vaivén, no puede haber giros copernicanos entre lo que
hace un gobierno y otro, porque tiene que existir un cierto sentido
de continuidad, por la propia lógica de los acontecimientos y por las
misiones que corresponden a un ministerio como es el del Interior,
como en otro orden de cosas lo es también el Ministerio de Defensa o
el Ministerio de Asuntos Exteriores; en materia de Administración
penitenciaria se ha hecho exactamente en algunos aspectos
fundamentales afectos precisamente al cumplimiento de ese principio
de reinserción lo contrario de lo que se venía haciendo.
Por cierto, no me ha señalado S.S. (probablemente no le interesaba a
S.S. señalarlo, no quiero decir que S.S. lo desconozca) que este año
en materia de recursos humanos hay una previsión de incorporación de
550 nuevos efectivos, que es sin lugar a dudas una incorporación
importante, entre otras cosas por el número de especialistas que
comporta el grueso total de esa incorporación prevista. Tampoco me ha
dicho -algo que es fundamental en cuanto a la inversión de esa
política de seguidismo que usted apuntaba- que en el año 1996 apenas
llegaban a 3.000 los reclusos que podían aprender un oficio y
desarrollarlo en el interior de los centros penitenciarios y que este
año serán ya casi 8.000 los reclusos que podrán trabajar en esos
centros penitenciarios. Por cierto, tampoco me ha dicho que este año
por vez primera los internos que trabajen en centros penitenciarios
van a poder gozar plenamente de todos los beneficios integrales de la
Seguridad Social, después de que durante muchos años ni siquiera esos
pocos internos que trabajaban en talleres penitenciarios... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Gil Lázaro.
Señorías, las taquígrafas no pueden seguir la intervención del señor
Gil Lázaro por el ruido ambiente que hay en la sala.
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Le decía que tampoco me ha recordado que por
esos 3.000 trabajadores internos que en 1996 prestaban sus servicios
en talleres penitenciarios la Administración penitenciaria no
cotizaba a la Seguridad Social, razón por la cual se impuso a la
Administración penitenciaria -evidentemente a ésta,
pero no por su gestión sino por la anterior- una multa de 1.000
millones de pesetas. Tampoco me ha recordado (y ha afirmado que en
materia de instituciones penitenciarias es imposible cumplir el fin
social de reinserción constitucionalmente previsto) que la ratio
plazas-internos en 1996 era la que era y que este año la ratio
internos-plazas disponibles se acercará mucho al ideal previsto en la
Ley orgánica general penitenciaria que como bien sabe S.S. es de un
interno por plaza. Pues bien, en este momento ya la Administración
penitenciaria, merced al esfuerzo que se lleva realizando en los
últimos cinco años, dispone ya de 100 plazas por cada 120 internos.
No quiero recordar en este momento cuál era la ratio plaza-interno en
1996.
Me dice también S.S. que en materia de drogas es casi mejor no hablar
porque es imposible cumplir las orientaciones previstas por la propia
delegación del Plan Nacional sobre Drogas. Tendré ocasión, para no
alargarme ahora, en el debate plenario de ilustrar con algunas cifras
muy concretas, pero tengo que recordarle que este Gobierno es el que
por vez primera ha generado una planificación, una estrategia
nacional a largo plazo en materia de lucha contra las
drogodependencias. Ese plan 2000-2008 para el cumplimiento de los
objetivos previstos este año va a contar con una dotación de 16
millones de euros, lo cual, evidentemente no parece poco.
Hago gracia de insistir en algunos otros argumentos porque la
enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Federal de Izquierda
Unida coincide básicamente en lo que son las argumentaciones
expuestas por el señor Pedret, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista. Es evidente que hay algunos conceptos que legítimamente
plantea el Grupo Federal de Izquierda Unida pero que probablemente
están fuera de la discusión de este presupuesto, como es lo que
afecta al régimen jurídico de los fondos reservados o a la naturaleza
militar de la Guardia Civil. Convendría no olvidar cuando se habla de
la Guardia Civil -y no voy a decir alguna de las cifras que ya
plantearemos en el debate plenario- que este Gobierno ha impulsado
una Ley de régimen de personal de la Guardia Civil ciertamente
modernizadora, innovadora y que ha previsto dentro del texto de esa
ley la creación del consejo asesor que va a permitir una
participación de todos los miembros del instituto en sus diferentes
escalas y empleos dentro de lo que es la tarea misma del cuerpo. Por
tanto, una tentación endogámica o una tentación autoritaria o una
tentación excesivamente jerarquizadora de lo que es la realidad
interna de la Guardia Civil no parece que sea un argumento que se
pueda llevar ad libitum. Las manifestaciones que ha hecho el señor
Rejón, respetuosas como siempre, en relación con instituciones
penitenciarias o con las dotaciones de plantilla de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado me permite que las dé contestadas en
los términos propios que he señalado en relación con el señor Pedret.
Respecto a la enmienda que ha dado por defendida el señor Núñez
nosotros no podemos compartir un determinado concepto porque -y de
hecho contamos con la apoyatura de sentencias del Tribunal Supremo-
en la prestación de ese servicio de seguridad privada tiene que estar
el conjunto de las medidas de control y de garantías en virtud de las
cuales por su prestación a esas empresas de seguridad la
Administración pública, en este caso la seguridad pública, les
concede el correspondiente visto bueno para poder prestar su
actividad empresarial. Quiero recordar que la sentencia del Tribunal
Supremo de 28 de mayo de 1991 viene a hacer efectiva la teoría del
riesgo y señala literalmente que la obligación de las empresas, que
por su propio negocio o actividad generasen circunstancia de riesgo
para terceros de establecer y mantener operativos los medios y
sistemas de seguridad y de prevención de dichos riesgos y responder
en su caso de la materialización del citado riesgo, tiene que ir a
cargo del propio diseño de operatividad y de la financiación por la
empresa de esa operatividad.
En definitiva -con ello concluyo, señor presidente, señoras y señores
diputados-, estamos ante un presupuesto en donde una vez más el
Gobierno manifiesta su priorización de las políticas de seguridad; es
un presupuesto que nos va a permitir seguir avanzando en materia de
modernización de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en materia de implemento de sus recursos humanos y materiales; en
otros ámbitos de carácter social, con una importancia prioritaria en
la acción de este ministerio y en la acción de este Gobierno en
relación con las políticas que le son propias en inmigración, en
instituciones penitenciarias, en drogas, también -y hablaremos de
ello en el Pleno- en materia de protección civil y de seguridad vial,
este presupuesto supone un año más un avance, una apuesta por el
futuro.
El señor PRESIDENTE: Señor Pedret, tiene la palabra para un turno de
réplica.
El señor PEDRET I GRENZNER: No voy a contestar a cada uno de los
argumentos, no me lo permitiría la Comisión. Por tanto, sepa, señor
Gil Lázaro, -seguro que no le cabe duda-, que no me ha convencido.
En cuanto a las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía, -y me
consta que hay alguna oferta pública de empleo en la que se va a
conseguir ampliar en tres mil y pico, si todas las plazas son
cubiertas, la dotación de efectivos actuales- difícilmente podremos
arreglar la situación cuando sólo en la provincia de Barcelona existe
un desfase entre la plantilla teórica y funcionarios en presencia de
1.800 personas en déficit. Con esto, difícilmente conseguiremos
arreglar la situación que usted quizá no conozca, pero que conocen
los ciudadanos, los alcaldes y las personas que tienen que preocuparse
de la seguridad de los ciudadanos, de situaciones como las de
la Comisaría de Cornellá de Llobregat, que tiene un solo coche
patrulla durante los fines de semana para 140.000 personas.
Difícilmente lo arreglaremos con los números que ustedes realizan.
Por ello, señor Gil Lázaro, me reafirmo en lo que he dicho
anteriormente: este presupuesto que ustedes presentan es insuficiente
para conseguir las finalidades que debe perseguir el Ministerio del
Interior.
Quiero contestarle a una alusión respecto al problema, cuestión o
fenómeno. Desde mi punto de vista, la inmigración es un fenómeno que
existe desde hace tiempo, que continuará existiendo. Es una cuestión
que hay que estudiar y que ustedes, con la malhadada reforma de la
Ley 8/2001, de derechos y libertades de los extranjeros, han
conseguido convertir en un problema. Frente a este problema, los
presupuestos que ustedes plantean no sirven para solucionarlo.
Confunden habitualmente el dar soluciones a problemas con ocurrencias
como puentes aéreos con el Ecuador o con las devoluciones de
inmigrantes drogados y en aviones hacia el África Subsahariana. Crear
un órgano de supuesta coordinación no resuelve un problema, puede
incrementarlo y ustedes en la gestión a través de este órgano y en la
gestión general de la inmigración han seguido mal el título del
profesor Alejandro Nieto. Este profesor, cuando tituló su obra La
organización del desgobierno, pretendía hacer una crítica. Ustedes la
han seguido al pie de la letra. La Delegación del Gobierno para la
Extranjería y la Inmigración es la plasmación de su mala
interpretación de la crítica del profesor Nieto.
El señor PRESIDENTE: Señor Rejón, tiene la palabra.
El señor REJÓN GIEB: Voy a ser muy breve. Si se sacara de contexto,
la intervención del portavoz del Partido Popular tendría su lógica y,
en cierta manera, la tiene. Dice usted: ¿qué tiene que ver en los
presupuestos el carácter militar de la Guardia Civil? Tiene que ver
en los presupuestos; la propia estructura de personal o el
mantenimiento de las casas-cuartel de la Guardia Civil están en
función de la estructura militar, entre otras cosas, de ese cuerpo.
Por tanto, es evidente que estos debates no hay que meterlos en los
presupuestos. Si utilizáramos ese criterio, posiblemente las leyes de
acompañamiento no existirían.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, tiene la palabra.
El señor GIL LÁZARO: Voy a hablar con toda brevedad, señor
presidente. Me ha convencido el señor Pedret cuando ha citado la
numeración 666 de su enmienda para entender y afirmar que la enmienda
notenía mayor fortuna porque no tenía mayor solidez conceptual.
Le voy a explicar. Llevo diez años estudiando el Ministerio del
Interior y no sé nada de esto. Seguramente S.S. sabe más que yo. Por
cierto, no sé si ignora o quiere ignorar o dejar de lado para poder
traer una cita concreta al debate la relación magnífica, estable y
satisfactoria de cooperación que el Ministerio del Interior tiene con
la Generalitat de Cataluña, en un tanto monta, monta tanto en orden
al despliegue de los mossos. Me parece que el Grupo Socialista lleva
mucho tiempo intentando introducir determinadas anécdotas que, al
final, lo único que nos hacen interpretar es que hay un deseo de que
ese planteamiento conjunto entre la Administración del Estado y la
Administración de la Generalitat de Cataluña, que se está cumpliendo
de manera muy satisfactoria, se encuentre con ciertas piedras en el
camino. Eso probablemente sí que formaría parte de la organización
del desgobierno. La organización del desgobierno, señor Pedret, no es
eso que usted llama la reforma malhadada de la Ley de Extranjería.
Por cierto, tengo que recordar que durante la campaña electoral, que
por decisión libre de los ciudadanos nos dio mayoría absoluta,
explicamos clarísimamente en qué términos se iba a producir la
reforma, y los ciudadanos sancionaron esa reforma que usted llama
malhadada. No les sorprendimos a posteriori, no les hicimos ninguna
vuelta de esquina para aparecer con algo distinto a lo que dijimos
que íbamos a hacer. Precisamente porque entendemos que este es un
fenómeno fundamental para la articulación de la sociedad pluriforme y
multicultural española del futuro dijimos lo que íbamos a hacer, y
los ciudadanos, evidentemente, nos sancionaron con su voto.
Yo creo que, a lo mejor, esa organización del desgobierno está en
algunas filas con las que he tenido el honor de debatir esta tarde,
en donde se escuchan, cada vez que se habla de políticas de
inmigración y de extranjería, conceptos e ideas absolutamente
distintas y declaraciones absolutamente dispares entre unos y otros
responsables políticos. A lo mejor si S.S. en ese empeño por analizar
la organización del desgobierno, mira dentro de su propia casa, a lo
mejor entiende a qué me estoy refiriendo. Usted ha llamado
ocurrencias a enviar drogados a emigrantes. Yo la ocurrencia más
gorda que recuerdo es la de 60 militantes del PKK mandados
directamente a Ankara. Es la ocurrencia más gorda que recuerdo, y eso
no lo ha hecho este Gobierno. Supongo que también serán ocurrencias
cuando S.S. habla de Instituciones Penitenciarias; ocurrencias que
tampoco ha tenido este Gobierno. En el antiguo organismo autónomo
Trabajos Penitenciarios se produjo un fraude de mil millones de
pesetas y sus antiguos responsables fueron condenados por sentencia
firme. Creo que todo eso forma parte de una política de ocurrencias
que, afortunadamente, este país ha ido cambiando desde 1996.
El señor PRESIDENTE: Tenemos todavía algún Sección 25
trabajo pendiente de los letrados para ordenar bien las votaciones.
Creo que ganaremos tiempo si debatimos con mucha brevedad la sección
25, Ministerio de la Presidencia, antes de las votaciones.
Tiene la palabra la señora López, en nombre del Grupo Socialista.
LÓPEZ GONZÁLEZ:
La señora Le agradecemos su condescendencia por poder iniciar el
debate.
En aras a la petición de la presidencia y con la máxima brevedad,
teniendo en cuenta que el debate más interesante y el de mayor
intensidad tendrá lugar en la sesión plenaria de la próxima semana,
el Grupo Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad a la
sección del Ministerio de la Presidencia que vamos a desarrollar en
unos términos muy concretos.
Ya adelantamos en su día que las características fundamentales del
Ministerio de la Presidencia en relación con el presupuesto anterior,
no son otras que las de un continuismo claro en sus objetivos. Vemos
una rutina presupuestaria, incluso la hemos vuelto a ver en la propia
memoria del ministerio, donde casi consta la misma literatura que el
año pasado.
En términos absolutos, el Ministerio de la Presidencia ha crecido un
4,6 por ciento. Lógicamente, este porcentaje se evalúa una vez que
hemos deducido la única partida novedosa que aparece en ese
Ministerio, que es la presidencia española de la Unión Europea, que
asciende a 7.191 millones de pesetas. Pero si la incluyéramos, el
incremento del presupuesto del ministerio sería más de un 24 por
ciento. Ya es sabido que los problemas del ministerio no son tanto
presupuestarios como de filosofía. Desde nuestro punto de vista, el
Ministerio de la Presidencia aparece como un ministerio absolutamente
opaco, nada transparente y con una clara tendencia a favorecer de
alguna manera la discrecionalidad, sobre todo en determinadas
partidas presupuestarias.
Las partidas de la presidencia de la Unión Europea aparecen dispersas
y distribuidas en determinados ministerios -uno de ellos, como
adelantaba, era el Ministerio de la Presidencia-, sin que exista un
proyecto transparente, sin saber exactamente cuáles van a ser los
gastos y dónde y cómo se va a gastar esa partida. A pesar de que la
subsecretaria nos ha hecho llegar la documentación y de alguna forma
aparece más pormenorizado el gasto de la presidencia de España en la
Unión Europea, tampoco se refleja con claridad su distribución.
La enmienda que el Grupo Socialista ha presentado básicamente tiene
dos pilares, porque no es de recibo que ese ministerio manifieste en
su memoria unos objetivos que posteriormente no tienen ninguna
relación con las cantidades económicas que numéricamente aparecen
distribuidas en el presupuesto. Hay dos datos que nos parecen
importantes que son, por una parte, las
remuneraciones. Una de las principales subidas se encuentra en el
capítulo 1 de los diferentes programas del ministerio. La del
personal eventual, funcionario y laboral globalmente es del 4,5 por
ciento, sin embargo, como bien saben SS.SS., la subida de los
funcionarios para este año va a ser del 2 por ciento. Por otro lado,
volvemos a insistir en que seguimos sin encontrar -a lo mejor es que
no buscamos adecuadamente o así nos lo parece- que esa contención del
gasto sea real. Nosotros creemos que no es cierto que haya contención
del gasto y en el capítulo 2, como ya hemos manifestado en alguna
otra ocasión, se tiende a favorecer esa discrecionalidad. No aparece
claramente qué es lo que ocurre con ese 5,26 por ciento, dónde se
puede justificar una productividad que se ve incrementada en ese
porcentaje, no sabemos a qué partidas corresponde. Es evidente -era
lo que le comentábamos antes sobre el control del gasto- que aparece
un incremento del 15,6 por ciento fundamentalmente en concepto de
arrendamientos y seguimos sin poder revelar cuál es la causa y el
porqué de ese porcentaje tan alto. La conclusión respecto al control
del gasto es que tendríamos que volver otra vez a hacer la reflexión
de que el 2 por ciento en materia de inflación sólo lo tiene en
cuenta este Gobierno, y en concreto el Ministerio de la Presidencia,
para el salario de los funcionarios.
Hay un dato que nos sigue pareciendo muy relevante y que ya
desmembramos en su día. Nos gustaría hacer unas cuantas reflexiones
con respecto a los organismos autónomos que aparecen ten el
Ministerio de la Presidencia. Este ministerio gestiona siete
programas de gasto y se sigue planteando para el próximo ejercicio el
mismo presupuesto, con los mismos objetivos que en los años
anteriores, como he dicho, casi prácticamente sin ningún cambio, pero
paradójicamente algunos de los organismos autónomos, que manifiesta
el Gobierno que son tan importantes y que parece que deben de tenerse
en cuenta, no tienen su reflejo en la cantidad numérica que aparece
en el presupuesto. Hemos criticado los programas del ministerio, la
falta de control del gasto, la carencia de austeridad presupuestaria
y, sin embargo, al analizar un organismo autónomo como el Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales tenemos que concluir, por el
contrario, que en este organismo se realiza un presupuesto
milimétrica y exactamente igual que el del año pasado. No se cambia
ni una coma ni una sola décima, ni siquiera se tiene en cuenta la
inflación. Sin embargo, en el Centro de Investigaciones Sociológicas
el capítulo I se incrementa en un 4,37 por ciento y en inversiones,
sorpresivamente, en un 56 por ciento más que en el ejercicio
anterior. Seguimos sin saber de dónde sale ese porcentaje y cuál ha
sido la causa de ese incremento que a nosotros nos parece ciertamente
relevante. El Boletín Oficial del Estado sigue ingresando
paradójicamente más dinero por intereses en las cuentas bancarias que
por ingresos y la contribución del Gobierno es de un 150 por ciento
más, para ser
exactos. Por último, en relación al Patrimonio Nacional, estamos
igual que en la situación general del Ministerio: se incrementa el
capítulo 1 por encima del 2 por ciento, el 5,38 por ciento, sin
embargo el aumento del capítulo de gastos corrientes es mucho mayor,
igual que en programas anteriores, un 11, 7 por ciento.
Reiteramos como conclusión la misma idea con la que iniciamos el
debate de los Presupuestos Generales del Estado del año 2002: el
Ministerio de la Presidencia no varía ni los parámetros ni las
memorias de su ejercicio. Del mismo modo, el ministerio sigue siendo,
como hemos dicho desde el principio, menos transparente y sigue
teniendo un presupuesto muy opaco. De ahí la presentación de la
enmienda. No existe una adecuación razonable entre los objetivos del
ministerio, su estructura y su presupuesto y además, en determinados
programas se dimensionan los gastos pero en otros aparece un
presupuesto milimétricamente exacto. Por todo ello entendemos que hay
razones suficientes y contundentes como para que se haya presentado
esta enmienda y esperamos que el Partido Popular, y en este caso el
Gobierno, la estimen y tengan en cuenta nuestros argumentos.
Con respecto a la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, ponen un ejemplo que esperamos nos
aclaren a lo largo de este debate en Comisión para saber cuál es su
intención a la hora de presentar esa enmienda y poder tener un
posicionamiento claro respecto a la misma.
El señor PRESIDENTE: Señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: En realidad, lo que nosotros hemos pretendido al
presentar esta enmienda de totalidad es significar la falta de
contenido en algunos aspectos de Ministerio de la Presidencia. Entre
otras cuestiones hemos indicado la conveniencia de que hiciera un
papel de control de todos los procesos y de todas las iniciativas
parlamentarias de distintos niveles que se han ido aprobando en esta
Cámara.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Merino.
El señor MERINO DELGADO: En contestación a lo manifestado por la
portavoz del Grupo Socialista, cabe decir que si hay algún
presupuesto ciertamente claro, fácil de leer y de comprobar la cifras
sin que lleve consigo grandes dosis de imaginación es la sección 25.
Por tanto, un ministerio que tiene solamente cuatro ámbitos de
actuación como son Presidencia del Gobierno, el Ministerio de la
Presidencia, el portavoz del Gobierno y los programas de los
organismos autónomos, dispone de un presupuesto suficientemente
simple como para que no necesite ninguna opacidad. No es necesaria la
opacidad, al contrario. Yo creo que el fundamento del presupuesto es
la presidencia española de
la Unión Europea y a ella va dirigida el esfuerzo más importante del
presupuesto en lo que a su incremento se refiere. Efectivamente hay
un 24, 59 por ciento de incremento derivado de esa presidencia
española , que yo creo que estamos de acuerdo que debe hacerse con
dignidad y, por tanto, no hay que escatimar medios, así lo hemos
venido reconociendo y así lo ha reconocido el propio portavoz
socialista de la Comisión de Economía que antes ha usado la palabra.
A nosotros no nos salen las cuentas de lo que acaba de manifestar la
señora diputada, porque sumando las distintas partidas, es cierto que
subimos un 0,48 por ciento el presupuesto y no un 4,6, como dice S.S.
En los capítulos 1 y 2 el incremento es del 2,17 y lo hace en base al
capítulo 1, porque el capítulo 2 decrece. De lo que se trata
precisamente es de que el capítulo 2, que son gastos corrientes, baje
y aquí baja un 0,05 por ciento. Sólo hay una partida que aumenta un
7,57 y se encuentra en el programa 126, que es complemento de
productividad. ¿Por qué? Porque hay unas retribuciones del director
general de infraestructura y seguimiento para las situaciones de
crisis cuyo programa se establece facilitar la gestión de las
nóminas, pero este aumento se compensa por la baja del mismo importe
en el programa 112, que es donde se encontraba antes. De ahí viene
precisamente el incremento. Por tanto, no hay un aumento de gasto
porque sigue siendo el mismo que el año pasado.
Por último, el crecimiento global del concepto de trabajos para
contratación a realizar por empresas externas sólo crece un 0,48 y no
un 6,2, como dice la enmienda. Yo creo que el presupuesto del
Ministerio de Presidencia se ha realizado en base a dos criterios
fundamentales: la austeridad y la responsabilidad, y contempla además
con realismo y con moderación las muchas obligaciones que tiene,
sobre todo las que tiene que a asumir el próximo año con la
presidencia europea. Creo que ese es el fundamento de un presupuesto
que, por otro lado, como usted ha dicho, se repite en gran parte
respecto del año pasado. Y no puede ser de otra manera cuando se
trata de un ministerio horizontal que tiene cubrir una serie de
actividades también horizontales y muy similares de un año para otro.
Creemos que es un presupuesto austero, un presupuesto que viene a
responder al criterio del Gobierno de disciplina y control del gasto
y con ello damos respuesta a la necesidad que tienen que llevar
consigo las cuatro vías de actuación que he citado al principio.
Respecto a la enmienda del representante de Izquierda Unida, me ha
parecido deducir del texto y también de lo que ha manifestado el
propio representante del Grupo de Izquierda Unida que es más
testimonial que otra cosa. Creo que el Ministerio de la Presidencia
en este caso cumple escrupulosamente con su deber de informar a las
Cortes Generales, lo ha hecho siempre, hasta ahora no ha habido
ninguna negativa a ninguna
propuesta o petición de información, lo que ocurre es que yo entiendo
que no existe una relación entre la enmienda presentada a la
totalidad de la sección 25 con el presupuesto, ya que la misma carece
de contenido presupuestario. Eso es lo que nos lleva, tanto en la
enmienda a la totalidad del Grupo Socialista como en la enmienda a la
totalidad del Grupo Izquierda Unida, a mostrar desde el Grupo Popular
nuestra opinión desfavorable a la aceptación y, por tanto, rechazamos
dichas enmiendas.
El señor PRESIDENTE: En turno de réplica, tiene la palabra la señora
López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Voy a seguir incidiendo en una cuestión que
me parece importante. El Ministerio de la Presidencia no tiene ningún
tipo de gestión económica, es un ministerio eminentemente político.
Yo no creo que sea austero que un ministerio que no genera ninguna
actividad económica suba en un 24 por ciento, en términos absolutos,
teniendo en cuenta que estamos incluyendo la única partida novedosa
respecto al presupuesto del año anterio de 7.500 millones de pesetas
asignados a la presidencia de España de la Unión Europea. No sabemos
qué pasa con las partidas presupuestarias relativas al Ministerio de
Presidencia, siguen siendo unas partidas opacas y nada transparentes.
Con todo respeto, quiero decirle a mi compañero portavoz del Partido
Popular que hay partidas de las que se deduce que el criterio del
ministerio es bastante discrecional. Pensamos que se nos deberían
explicar algunas de las partidas presupuestarias del ministerio que
suben ostensiblemente y no sabemos por qué. Estamos hablando del
capítulo 1, estamos hablando del capítulo de gastos, estamos hablando
de inversiones y, en general, el ministerio sube el porcentaje que le
he dicho a S.S. Usted dice que decrece y no es cierto.
No decrece, es que usted no incluye el capítulo de inversiones, que
tiene que estar incluido en el porcentaje para saber cuál es la
totalidad de la inversión completa y el crecimiento del ministerio.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Merino.
El señor MERINO DELGADO: Vamos a tener ocasión de conocer en qué se
gastan estos notables incrementos que se producen este año pidiendo
la información correspondiente en el momento oportuno. A lo largo del
año se va a ver en qué se gasta, sobre todo el incremento destinado a
la presidencia de la Unión Europea. Ése es un concepto que está claro
en el presupuesto y que todavía no puede conocerse porque no se sabe,
por ejemplo, si va a haber 15 reuniones o 14, si van a ser de jefes
de Estado, de directores, etcétera. Habrá tiempo de verlo el próximo
año, pero tiene que haber una discrecionalidad para que el Gobierno
español
pueda presidir con dignidad la Unión Europea. Ahora bien, esa partida
incrementa notablemente el presupuesto del ministerio, porque todas
las demás no suben prácticamente nada, suben la inflación o suben el
IPC, pero generalmente no suben prácticamente nada. ¿Qué sube un poco
más? Como usted ha dicho, las inversiones. ¿A qué se destinan? Sobre
todo a material informático, pero son unas partidas tan pequeñas que
realmente inciden poco en lo que supone un incremento de un
presupuesto verdaderamente importante. Son partidas destinadas a
estudios o a informática, que son inversiones reales, capítulo 6, que
no tienen mayor trascendencia de lo que es modernizar la propia
Administración interna de un ministerio al que usted está pidiendo
eficiencia. En eso, estamos en unos criterios acertados de aplicar la
modernización al capítulo 6, que es donde verdaderamente se beneficia
no sólo el ciudadano, sino también la propia Administración. Si
fueran gastos corrientes, yo entendería su posición, pero siendo en
inversión, realmente creo que es bueno; es bueno que haya más
inversión, sobre todo cuando se destina a mejorar y modernizar los
servicios de la Administración. No obstante, repito que tendremos
ocasión a lo largo del ejercicio de conocer dónde van dirigidas esas
partidas importantísimas de la presidencia de la Unión Europea, a qué
han sido destinadas.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de la sección 25, vamos a
pasar a las votaciones. Les pido a todos que marquen con claridad el
sentido de su voto, a fin de que desde la Mesa podamos hacer el
recuento de cada una de las múltiples votaciones que vamos a tener
que realizar sin riesgo de equivocaciones y, por supuesto, les pido
colaboración para que, en el transcurso de las votaciones, que como
saben es un proceso largo -votaremos por espacio de una hora-, se
mantenga silencio, en la medida de lo posible y que no tengamos que
frenar el ritmo. ¿Señor López de Lerma?
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Estoy totalmente de acuerdo con sus
sugerencias, simplemente quería comunicar que nuestro grupo retira la
enmienda 1253.
El señor PRESIDENTE: ¿A qué artículo del proyecto de ley o a qué
sección se refiere?
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Es una disposición adicional nueva.
El señor PRESIDENTE: Disposición adicional, enmienda 1253.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: La retiramos en función de que el
Grupo Parlamentario Popular introduce una, la 1785, que en la
práctica es del mismo tenor.
Respecto a peticiones de votación separada, a la Mesa ya le consta
nuestra petición.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna otra cuestión previa antes de dar
comienzo a las votaciones? (Denegaciones.)
Les ruego que no se muevan de sus escaños porque en un minuto
empezamos a votar. (Pausa.)
Damos comienzo a las votaciones. Empezamos por el título I del
proyecto de ley. Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Empezamos
por las enmiendas del señor Vázquez Vázquez. Votamos, en primer
lugar, la enmienda 1336.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 34; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el señor Vázquez Vázquez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres, en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. En primer lugar, las enmiendas números 10 a 16,
ambos inclusive.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida al título I.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 34; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Votamos, en primer lugar, la enmienda 585.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 34; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación votamos las enmiendas 583 y 584 del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1240 del Grupo Parlamentario Catalán(Convergencia i
Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 1019 y 1020.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 21; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas Votación de los artículos 1 al
12 del título I del informe de la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
en contra, 15; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor
Vázquez Vázquez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. En primer
lugar, la enmienda 1843.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra,
34; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1844.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra,
36; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del texto del título II.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
en contra, 15; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Título III, artículos 20 a 36.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor
Saura.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas de la señora Lasagabaster.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Núñez. En primer lugar, la enmienda 1668.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 35; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1669 del señor Nuñez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra 22; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del señor Nuñez al título III.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Vázquez. En primer lugar, la enmienda 1343 al
título III.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
uno; en contra, 35; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, enmiendas números 1344 y 1345.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos la enmienda 1351 del señor Vázquez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación votamos las enmiendas 1354, 1355 y 1356 del señor
Vázquez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos la enmienda 1357 del señor Vázquez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 1360 del señor Vázquez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 21; abstenciones ,15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1362 del señor Vázquez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 1365 del señor Vázquez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 1367 del señor Vázquez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1370 del señor Vázquez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del señor Vázquez al título III.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 34; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida. En primer lugar la número 20.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación enmiendas 22 a 25, ambas inclusive, de Izquierda
Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 27 a 29, ambas inclusive, del Grupo de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 30 del Grupo de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 31 a 34, ambas inclusive, de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 35 del Grupo de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 36.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 37 de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 34; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del texto del informe en cuanto al título III.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
en contra, 15; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Título IV, artículos 37 a 46. En primer lugar, la enmienda 1680 del
señor Núñez, del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Vázquez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 1241 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación del informe correspondiente al título IV del proyecto de
ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
en contra, 13; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Título VIII del proyecto de ley, porque se ha debatido a la vez que
el IV y lo votamos ahora. Artículos 86 y 87. Enmienda del señor
Labordeta número 1078.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda del señor Saura.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda del señor Vázquez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 22; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el informe de la ponencia relativo a los artículos 86 y 87,
título VIII.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
en contra, 15; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos la sección 7, clases pasivas, que también se ha debatido con
los dos títulos anteriores, a la que no se han presentado enmiendas.
Por tanto, votamos el informe de la ponencia relativo a la sección 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
en contra, 15; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Título V del proyecto de ley, artículos 47 a 57. Votamos, en primer
lugar, las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 1242 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al título V.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del informe de la ponencia sobre el título V.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
en contra, 15; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos, a continuación, la sección 6, deuda pública, que se ha
debatido junto con el título V. No se han presentado enmiendas, por
lo que votamos directamente el texto del informe de la ponencia
relativo a esta sección.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
en contra, 15; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Título VI del proyecto de ley, artículos 58 a 65. En primer lugar,
votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Saura.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 1243 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37;
abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 1244 de Convergéncia i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1036 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1037 del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Texto del título VI del informe de la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
en contra, 15; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado con la incorporación de la
enmienda 1243 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
que ha sido aprobada previamente.
Título VII. Artículos 66 a 85.
Enmienda 1077 del señor Labordeta, del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1079 del señor Labordeta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1510 del señor Saura.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del señor Saura.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 1681 a 1683, ambas inclusive, del señor Núñez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del señor Núñez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 34; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 1375 del señor Vázquez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1846 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra,
34; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra,
21; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Votamos
en primer lugar las enmiendas 54 y 55.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas 56 y 64, de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 34; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 57 a 60, ambas inclusive, de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 34; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 61 y 62, de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Por último votamos la enmienda 63, de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1245, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al título VII.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del informe de la ponencia al título VII.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
en contra, 15; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a las disposiciones adicionales y transitorias. Enmiendas del
Grupo Parlamentario Mixto, empezando por las del señor Saura.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas 1517 y 1518.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del señor Saura.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas de la señora Lasagabaster a las disposiciones adicionales y
transitorias.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Puigcercós a este apartado, empezando por la
1599.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Puigcercós.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 1377, del señor Vázquez, a este apartado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1848, del Grupo de Coalición Canaria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 21; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, las enmiendas del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, empezando por la número 72.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
votos en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 81, de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación votamos la enmienda número 83, de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 93 y 94, de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas de Izquierda Unida a este apartado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar,
la 1249 y la 1250.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalan (Convergència i
Unió) a este apartado, salvo la 1253 que ha sido retirada
previamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a este apartado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del informe de la ponencia a las disposiciones
adicionales primera a vigésimotercera y de la transitoria primera a
la sexta, en una sola votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 17; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Anexos. Del anexo I al anexo VII hay presentadas enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán. En primer lugar votamos la 1259.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Catalán a los anexos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a los anexos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, pues, los anexos I al VII del informe de la ponencia, sin
perjuicio de las variaciones que resulten en el contenido de dichos
anexos con motivo de la aprobación de enmiendas en el curso de este
debate.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra,17; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Hemos acabado la votación del proyecto de ley con sus anexos. Pasamos
a votar las secciones que no han sido votadas con anterioridad y que
han sido debatidas a lo largo del día de hoy. (El señor Fernández
Marugán pide la palabra.)
Señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: No lo hemos comunicado y lo lamento, pero
querríamos votación separada de la sección Cortes Generales.
El señor PRESIDENTE: Las secciones vamos a ir votándolas una a una.
En primer lugar la sección 01, Casa de Su Majestad el Rey.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
en contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Con ese resultado queda aprobada la sección 01,
Casa de Su Majestad el Rey.
El señor REJÓN GIEB: Son tres abstenciones. Es que estamos en lo
semirepublicano. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, dije en contra y son tres abstenciones.
No quería prejuzgar su juicio sobre la forma de Estado; simplemente
me he confundido al expresar el sentido de su voto.
Sección 02, Cortes Generales. En primer lugar una enmienda del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida, la número 99.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se vota a continuación la sección 02, Cortes Generales, según el
informe de la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
en contra, 14; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 03, Tribunal de Cuentas. No hay enmiendas presentadas.
Votamos la sección.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección o4, Tribunal Constitucional. Tampoco hay enmiendas, votamos
la sección.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 05, Consejo de Estado, también sin enmiendas. Votamos la
sección.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 08, Consejo General del Poder Judicial. Tampoco hay enmiendas
y votamos la sección.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Empezamos a votar secciones que sí tienen enmiendas. Comenzamos por
la sección 12, Asuntos Exteriores. Enmienda 1850, del señor
Labordeta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada (Rumores.); ha habido un
diputado que no ha expresado el sentido de su voto.
Enmienda del señor Saura a la sección 12. Votamos esta enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 1620, del señor Puigcercós.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a la
sección 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a la
sección 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a la sección 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la sección 12 según el informe de la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
en contra, 14; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La sección 34, que ha sido debatida junto con la sección 12, la
votamos a continuación. No tiene enmiendas, por tanto votamos
directamente la sección 34.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la sección.
Pasamos a la sección 13, Ministerio de Justicia, empezando por las
enmiendas del señor Labordeta
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En
primer lugar, votamos la números 115 y 116.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
uno; en contra, 34; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida a esta sección.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En
primer lugar la 1265.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 1266, del Grupo Parlamentario Catalán a esta sección.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a la sección.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el informe de la ponencia a la sección 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
en contra, 14; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la sección.
Pasamos a la sección 14, Ministerio de Defensa, empezando por la
enmiendas del señor Labordeta. Votamos en primer lugar la enmienda
1087, del señor Labordeta, a la sección 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Labordeta a la sección 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos la enmienda 1795, de la señora Lasagabaster, a
la sección 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Puigcercós a la sección 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 1690, del señor Núñez. (Pausa.) Por favor, aunque todos
estemos cansados pido que estén atentos. Repetimos la votación de la
enmienda 1690, del señor Núñez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
empezando por la número 127.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
uno; en contra, 21; abstenciones,14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
a esta sección.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
uno; en contra, 33; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a la sección 14,
empezando por la número 658.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21, abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a esta sección.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 22, abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazadas.
Votamos el texto del informe de la ponencia relativo a la sección 14,
Ministerio de Defensa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
en contra, 14; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la sección 15, Ministerio de Hacienda. En primer lugar
votamos la enmienda 132, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21, abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 665, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21, abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la sección 15 en los términos del informe de la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
en contra, 14; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la sección 31, gastos de diversos ministerios, que la hemos
debatido a la vez que la sección 15, Ministerio de Hacienda. En
primer lugar votamos la enmienda 1229, del señor Labordeta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación votamos la enmienda 1710, del señor Núñez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a esta
sección.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar el dictamen de la sección 31.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
en contra, 14, abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 16, Ministerio del Interior. Votamos en primer lugar las
enmiendas del señor Labordeta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21, abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Saura a la sección 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas de la señora Lasagabaster.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado; votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Puigcercós a dicha sección.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
uno; en contra, 34; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Núñez a la sección 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Vázquez a la sección 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a la
sección 16.
Votamos en primer lugar las enmiendas 133 a 136, inclusive.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 137, de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
uno; en contra, 21; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Votamos la enmienda
680.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 21; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 706, del Grupo Parlamentario Socialista, a la sección 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 21; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la sección 16 según el informe de la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
en contra, 14; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 25. Votamos la enmienda 489, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
uno; en contra, 21; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 881, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la sección 25 según el informe de la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
en contra, 14; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE
LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE
19.945.098.263 PESETAS (119.872.454,79 EUROS) PARA ATENDER
INSUFICIENCIAS DE CRÉDITO PRODUCIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES POR LA
COMPENSACIÓN DE INTERESES DE PRÉSTAMOS A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL.
(Número de expediente 121/000042)
El señor PRESIDENTE: Queda pendiente desde esta mañana la votación
del dictamen sobre el proyecto de ley de crédito extraordinario por
importe de 19.945 millones de pesetas para atender insuficiencias de
crédito producidas en ejercicios anteriores por la compensación de
intereses de préstamos a la construcción naval.
En primer lugar, imagino que la Comisión ratifica la ponencia.
(Asentimiento.)
EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA,
SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO
POR IMPORTE DE 19.945.098.263 PESETAS (119.872.454,79 EUROS), PARA
ATENDER INSUFICIENCIAS DE CRÉDITO PRODUCIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
POR LA COMPENSACIÓN DE INTERESES DE PRÉSTAMOS A LA CONSTRUCCIÓN
NAVAL. (Número de expediente 121/000042)
El señor PRESIDENTE: A continuación, como no hay enmiendas
presentadas al proyecto de ley, votamos el texto del dictamen.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37;
en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen.
Hemos acabado las votaciones de todo lo debatido en el día de hoy y a
continuación, tal como estaba previsto,
vamos a debatir las secciones 17 y 23, que votaremos mañana a
la una y media, junto con todo lo que debatamos a partir de las nueve
de la mañana.
Suspendemos la sesión por diez minutos.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO
2002. (Número de expediente 121/000047.)
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Continuamos Sección 17 la
sesión de la Comisión con la sección 17. Para la defensa de las
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don
José Segura, rogándole comprensión y brevedad dada la hora.
El señor SEGURA CLAVELL: El Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado una enmienda de devolución de la sección 17, y lo hemos
hecho desde la perspectiva de defender de la posición política que
reiteradamente en todas las intervenciones de los portavoces del
Grupo Socialista hemos expresado en los últimos años.
En primer lugar, todas las inversiones recogidas en las diferentes
partidas presupuestarias hacen referencia a un non nato plan director
de infraestructuras del transporte. El Congreso de los Diputados no
ha tenido la oportunidad de debatir y de enmendar a continuación un
plan de infraestructuras del transporte. Tampoco el Congreso de los
Diputados ha tenido la oportunidad de debatir sobre un plan de
transportes en España. En estos meses en el Parlamento Europeo, en
codecisión con la Comisión, se está debatiendo algo que afecta de
forma muy importante a nuestro país, el Libro Blanco del transporte,
que afectará naturalmente a todos los países comunitarios. Sin
embargo, en España hablamos de un plan director de infraestructuras
del transporte que no existe porque no existe tampoco un plan previo
de transporte, ya que no hay estudios vinculados a la movilidad, no
hay estudios vinculados al diseño de lo que debe ser un desarrollo
logístico de personas y de mercancías en nuestro país. Por ello
nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad y lo hemos
querido reflejar como primer aspecto.
En segundo lugar, señorías, la inversión real para el Ministerio de
Fomento, según nos anuncia el proyecto de ley, es de un 6,5 por
ciento, pero importantes intervenciones de responsables públicos del
ministerio, como el secretario de Estado de Infraestructuras o el
ministro, en distintos foros públicos o en la Comisión de
Infraestructuras han hecho referencia a incrementos muy superiores.
¿Por qué? Porque dialécticamente elGobierno, y particularmente el
ministro de Fomento
vienen intentando acuñar el llamado grupo fomento. No existe el grupo
fomento. No existe ningún precepto en la Ley orgánica de
funcionamiento de la Administración general del Estado, la LOFAGE,
que se refiera al grupo fomento. Hemos querido entender como grupo
fomento a los entes públicos empresariales integrados dentro de la
disciplina y de la gestión del Ministerio de Fomento, es decir, el
organismo autónomo gestor de los aeropuertos nacionales, el organismo
que gestiona las autoridades portuarias, los puertos de interés
general del Estado, Correos, el GIF, etcétera, pero el llamado grupo
fomento no existe. El grupo fomento, dicho entrecomilladamente, se
alimenta de unas partidas presupuestarias, de unos ingresos
hipotéticos, provisionales, supuestos, en función de determinadas
operaciones mercantiles que pueden no darse. Les pongo un ejemplo que
hoy está de actualidad, señorías. El número de operaciones de
aeronaves en el mundo entero y en España -está en todos los medios de
comunicación- está descendiendo. Naturalmente las aeronaves pagan muy
distintos tipos de tasas que forman parte de los ingresos que se
integran dentro de las 75 u 80 tasas diferenciadas con las que se
alimenta AENA, como por ejemplar las tasas de aproximación, las tasas
de navegación, etcétera, en función del tonelaje, del número de
pasajeros, de la cantidad de combustible que almacene en sus
depósitos. Si estamos comprobando cómo compañías españolas disminuyen
el número de operaciones y cómo un número importante de aviones
quedan en tierra y dejan de operar, comprenderán que la previsión de
ingresos que tiene AENA se está desmoronando. Eso por lo que se
refiere a las previsiones de ingresos del llamado grupo fomento.
En la sección 17 de los Presupuestos Generales del Estado para el año
próximo aparecen consignados 7.871. 466,87 millones de euros, que
suponen un aumento del 6,5 por ciento respecto a lo que se
presupuestó el año pasado. En el cuadro que figura recogido en el
texto distribuido en que aparecen las diferentes partidas
presupuestarias nos encontramos con que la partida 431.A disminuye en
un 2,6 por ciento, la 513.B, de subvenciones y apoyo al transporte
terrestre, a pesar de que existe el Plan Petra, un plan vinculado al
transporte de mercancías que hay que ejecutar y desarrollar y que va
a suponer importantes actuaciones, disminuye un 4,2 por ciento, y así
sucesivamente. Sin embargo, el secretario de Estado de
Infraestructuras, en su comparecencia del 10 de octubre pasado en la
Comisión de Presupuestos, aseguró que la inversión prevista para el
ejercicio próximo es de 17.262,5 millones de euros, lo que supondría
el 12,8 de aumento de la inversión respecto al ejercicio pasado, es
decir, una cantidad que no figura reflejada en ninguna de las
partidas recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Señorías, a nosotros nos preocupa de forma notable el contenido de
este proyecto de ley, habida cuenta de la experiencia de evaluación
del grado de ejecución de
todas y cada una de las partidas presupuestarias del vigente
presupuesto. Les voy a dar algunos datos que son realmente
espectaculares. Me voy a referir, por ejemplo -y con ello continúo
justificando la enmienda de devolución-, al superproyecto red de alta
capacidad del programa 513.D -estoy hablando de los presupuestos de
2001-, que tenía una previsión presupuestaria de 30.279.801 millones
de pesetas. La ejecución en términos de obligaciones reconocidas, en
el mes de agosto de 2001 ascendió a 12.096,7 millones de pesetas. El
grado de ejecución era del 39,94 por ciento en el mes de agosto
pasado.
El superproyecto actuaciones en el medio urbano, del programa 513.D,
tenía una previsión presupuestaria de 59.024 millones de pesetas. La
ejecución en términos de obligaciones reconocidas en ese mes de julio
de 2001 ascendía a 7.537,8 millones de pesetas, con un grado de
ejecución de un 12,77 por ciento. El superproyecto planeamientos y
proyectos, del programa 513.D, con una previsión presupuestaria de
13.292 y pico millones de pesetas, tenía un grado de ejecución del
16,70 por ciento en el mes de agosto pasado. Al acondicionamiento del
programa 513.D, le ocurrió igual, con un grado de cumplimiento de
15,46 por ciento. El superproyecto seguridad, del programa 513.A, con
una previsión presupuestaria en el ejercicio vigente de cerca de
3.000 millones de pesetas, su ejecución, a día de hoy, es de un 7,92
por ciento, y a nosotros nos preocupa mucho, señorías, el tema de la
seguridad en el disfrute, en el empleo, en la utilización de las
infraestructuras vinculadas al transporte.
Si nos referimos al grado de inversión en los diferentes corredores
de alta velocidad, les doy unos datos, para que entiendan que
nosotros criticamos duramente al Gobierno en lo que se refiere al
grado de ejecución prespuestaria, que pone de manifiesto una evidente
negligencia en una labor gubernamental básica para la generación de
empleo y para la movilidad ciudadana y la movilidad de mercancías en
nuestro país. La inversión realizada a 31 de diciembre de 2001, se
preveía de 3.394 millones de pesetas y, sin embargo, para el 2002 es
de 1.818 millones de pesetas. (Disculpen, una vez más, he vuelto a
confundirme al manejar pesetas y euros, por lo que quiero repetirlo
de nuevo.) Me ha ocurrido lo que ha ocurrido a todos los diputados en
este ejercicio. La inversión prevista en el corredor noroeste
a realizar a 31 de diciembre de 2001, que se recogió en el presupuesto
actualmente en vigor, ascendía a 3.394 millones de euros, es decir,
564.714 millones de pesetas. Sin embargo, la inversión que se prevé
en el ejercicio de 2002 es de 1.818 millones de euros, 302.489
millones de pesetas y actualmente el grado de ejecución no llega a un
5 por ciento en el presupuesto del ejercicio de 2001 en el corredor
del noroeste.
Si les hablo del corredor de Andalucía, el de Levante y el del eje
mediterráneo, la inversión que se preveía llevar a cabo en el de
Andalucía a 31 de diciembre
de 2001, quedan todavía dos meses obviamente, ascendía a 58,3
millones de euros, 9.700 millones de pesetas. La inversión que se
prevé para el 2002 es de 318,4 millones de euros, 52.977 millones de
pesetas y, señorías, a día de hoy, nos encontramos con un grado de
ejecución que no rebasa el 10 por ciento. Seguiría dándoles
importantes datos de inversión, pero, en aras a la celeridad y para
justificar con rigor nuestra petición de devolución del contenido de
la sección, me veo obligado a aportar también algún que otro dato.
Señorías, las inversiones del Estado en Cataluña, correspondientes a
esta sección 17, Ministerio de Fomento, en el ejercicio de 2000
tenían fijados 330,08 megaeuros; en el año 2001 era de 260,35
megaeuros y para el 2002, se recoge en el proyecto del Gobierno
228,41 megaeuros. Ello implica una reducción cuantitativa de 101,67
megaeuros desde el año 2000 al 2002. Si se actualiza la cifra del
2000, por crecimiento nominal del producto interior bruto, la
correspondiente al año 2000 habría sido de 373,51 megaeuros del año
2002. En términos reales, señorías, la reducción de inversión desde
el año 2000 al 2002 asignada a Cataluña en la sección 17 es de 145,11
megaeuros.
Por eso hemos presentado enmiendas de inversiones a las diferentes
partidas en infraestructuras, en redes viarias y en otras partidas
presupuestarias para Cataluña por valor de 145,11 megaeuros en sus
cuatro provincias de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona;
Barcelona, 83.725,26 miles de euros, Girona, 13.000, Lleida,
27.734,73 y Tarragona, 20.650 que aparecen recogidas y que suman
todas ellas los 145,11 megaeuros porque son enmiendas que hemos
presentado con el mayor rigor posible desde el punto de vista
procedimental. Todas ellas figuran en las enmiendas números 722, 723,
724, pero esencialmente en la 728, donde se recogen todas y cada una
de las actuaciones que planteamos para cada una de las comunidades
autónomas.
Señorías, les voy a dar un dato que a nosotros nos preocupa -lo
siendo señor presidente, soy consciente de la hora-, en relación con
Andalucía. Aquí tengo un estudio que someterá a discusión con el
ministro de Fomento nuestro Grupo Parlamentario en los primeros meses
del próximo ejercicio presupuestario: La evolución de la inversión
del Gobierno de España a través de la sección 17 del Ministerio de
Fomento en la Comunidad de Andalucía. Aquí quedará recogido en el
«Diario de Sesiones» provincia por provincia, partida presupuestaria
y contenidos, pero la globalidad es que en 1994 se invirtieron
60.056,3 millones de pesetas; en 1995, 58.686,4; en 1996, 61.037,3;
en 1997, 40.054,4; en 1998, 52.389,8; en 1999, 43,865,6 y en el año
2000, 37.910 millones de pesetas. Para el año próximo figura una
cantidad aproximada a los 31.000 millones de pesetas en cifras
redondas. Hay un decrecimiento progresivo y permanente de la
inversión de la sección 17 en la comunidad andaluza. Seguiría, exponiendo
datos puntuales, pero voy, naturalmente, a terminar con
referencias muy singularizadas.
Cuánto podríamos hablar del ente Puertos del Estado. Este ente, como
ente autónomo que no recibe inversión en los Presupuestos Generales
del Estado por cuanto se autoabastece de las tarifas portuarias que
cobra a cada uno de los operadores portuarios en cada uno de los
puertos de interés general del Estado, está viviendo una situación de
vacío normativo, como hemos expresado en reiteradas ocasiones y el
Gobierno, lamentablemente, ha incumplido un mandato de una ley. La
ley del año 1997 pretendió, al modificar la Ley de Puertos de Estado
y de la Marina Mercante, de 1992, profundizar en la autonomía de
gestión de los puertos. Es una ley -repito- que entró en vigor el 1
de enero de 1998, por la que en los tres ejercicios siguientes, 1998,
1999 y 2000, el Gobierno tendría que regular una nueva ley con un
nuevo régimen económico y financiero para posibilitar autonomía de
gestión a los puertos. No hay autonomía si no hay autonomía para
cobrar y poner las tasas que cada uno de los puertos estime oportunos
para competir y atraer tráfico de su interland más próximo. Nos
encontramos con que pasados aquellos tres años, se incumplió la ley
de 1997 y el Gobierno no trajo la ley reguladora de un nuevo régimen
económico y financiero de los puertos. Ahora nos encontramos con que
en la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado
de 2001, el Gobierno, consciente de que había incumplido el mandato
legislativo, se autoconcedió una prórroga de tres meses y dijo en una
disposición transitoria concreta: en los tres primeros meses de 2001
el Gobierno remitirá a las Cortes Generales una ley reguladora del
régimen económico-financiero de los puertos españoles de interés
general para profundizar en su autonomía de gestión y dotarles de un
instrumento de recaudación. Pues, señorías, pasaron los tres meses de
prórrogas -enero, febrero y marzo-, nos encontramos prácticamente a
mitad de noviembre y no ha entrado esa ley. Los puertos españoles
carecen de autonomía y deben más de 45.000 millones de pesetas, por
sentencias judiciales que puedo demostrar documentadamente porque así
me ha sido remitido por el Gobierno a raíz de una interpelación
plenaria al ministro y una moción consecuencia de esa interpelación.
Los operadores portuarios han tenido que recurrir las tarifas que se
les han aplicado, como ha ocurrido con Repsol en Tarragona, en el
puerto de Málaga, en grave situación económica en estos momentos, en
el de Santa Cruz de Tenerife, en el de Barcelona, en el de La Coruña
y en el de Bilbao, y ya han ganado muchos de ellos por sentencia
firme y los puertos se están viendo obligados a devolverlas. Nos
encontramos con que se recoge hipotéticamente un ingreso espectacular
en autoridades portuarias, que no responde ni a la previsión ni a la
realidad de los últimos años. En consecuencia, señorías, todo un
entramadoeconómico-financiero hipotético, previsible, sirve al
Gobierno para fundamentar unos ficticios incrementos de ingresos y
seguro que no llevarán a cabo unas actuaciones inversoras.
Señor presidente, en reiteradas ocasiones este grupo ha manifestado
la grave situación en que se encuentra Aena desde el punto de vista
financiero, consecuencia de la crisis actual. El Grupo Parlamentario
Socialista en lo que a seguridad se refiere echa mucho en falta una
auténtica política de defensa de la seguridad ciudadana dentro de los
aeropuertos, en las carreteras, en las redes ferroviarias. Por eso
hemos presentado todo un conjunto de enmiendas que se pueden leer
claramente y otro en materia viaria en el programa 513.D, por
ejemplo, para potenciar redes arteriales en el Estado español como la
autovía de la Plata y se lleven a cabo toda una serie de acciones en
infraestructuras para conectar comunidades autónomas desde
Extremadura hasta Asturias, a efectos de posibilitar una cohesión en
el Estado español. Las grandes redes arteriales están dejando una
zona del Estado español que requiere de la actuación en
infraestructuras para posibilitar la movilidad. De ahí todo un
importante conjunto de enmiendas en el programa 513.D vinculado a la
autovía de La Plata, con tramos muy distintos en diferentes
provincias que aquí se recogen o, por ejemplo, en la autovía del
Cantábrico o en la autovía de la comunidad andaluza como la de
Córdoba-Antequera en muy diversos tramos que también se recogen en
nuestras enmiendas. En suma, señor presidente, este interviniente en
representación del Grupo Parlamentario Socialista ha pretendido
fundamentar la enmienda de devolución y, al mismo tiempo,
aceleradamente hacer una muy ligera defensa de los contenidos de las
enmiendas alternativas que hemos presentado en una sección básica en
la estructura del Estado español.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Muchas gracias, señor Segura,
por el esfuerzo que ha hecho de síntesis.
Por parte de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Nuestro grupo en esta sección 17 tiene
presentadas una serie de enmiendas, desde la número 1267 a la 1302,
con unas intenciones muy claras. Las primeras enmiendas, de la 1267 a
la 1271, van dirigidas a dotar de las cantidades suficientes para
poder atender distintos convenios. Hay un convenio del Estado con la
comunidad autónoma para mejorar el barrio de La Mina en Barcelona.
Nuestra enmienda pretende poner la cantidad suficiente para que se
pueda atender bien este convenio, tal como debe ser, porque desde
hace años está funcionando. Otras enmiendas están destinadas a
rehabilitación de distintas edificaciones, viviendas básicamente. Hay
algunas patologías estructurales en algunas barriadas de la zona
de Barcelona, básicamente en el Turó de la Peira, en el barrio
Campoamor de Sabadell y en el Can Anglada de Terrassa y hay que
seguir haciendo los trabajos que ya se han llevado a cabo y otros
nuevos. Hay otra importante obra para cumplir con las obras
programadas y, al igual que en ejercicios anteriores, hay que dotar
el presupuesto con las cantidades suficientes para atender lo que
debe hacerse. Esta podría en concreto la dotación para la
remodelación del barrio de San Cosme.
Después hay otro grupo de enmiendas que dan respuesta a lo dicho por
el secretario de Estado, señor Blanco, el día 10 de octubre en su
comparecencia ante la Comisión de Presupuestos. Nos decía que el cien
por cien de las obras que el ministerio podía tener en ejecución en
cuanto a estudios informativos o proyectos los tenían en marcha,
porque, además, no quería encontrarse sin ninguna cartera de
proyectos, cosa que ha pasado en los últimos años, básicamente en
Cataluña. En este momento en Cataluña quedan dos o tres proyectos que
se puedan iniciar porque no hay proyectos de carretera y, hay que
esperar a que se realicen estudios informativos y los
correspondientes proyectos. Por tanto, creemos que las cantidades que
están especificadas como un paquete de intervenciones en el
presupuesto, son insuficientes.
El señor Blanco decía que sabía que se exponía a tener dentro de un
par de años toda una cartera de proyectos y que entonces la gente
exigiría que ya que estaba el proyecto comenzara la obra. Nosotros no
vamos con una intención tan inmediata porque sabemos los ritmos de
infraestructuras que se están llevando a cabo en Cataluña. Después
daré unos datos, que sé son totalmente contradictorios con los que
hace un momento se han dado aquí, porque no estamos de acuerdo con la
forma en que se realizan las sumas. Cada uno puede sumar como quiera,
el orden de los sumandos no altera el resultado final, pero a veces
si se dejan sumandos sueltos las cosas no salen como otros
interpretan que deberían ser. Muchas de estas enmiendas se presentan
para incrementar lo que el presupuesto ha previsto, ya que nos parece
insuficiente la cantidad establecida. Nosotros queremos que mejore no
solo para que se inicien los trabajos de determinados proyectos, sino
que hay algunos verdaderamente importantes que con las bajas
cantidades presupuestadas no pueden realizarse. Nos encontramos
también con que hay proyectos que tienen prevista su finalización
para los primeros meses del año 2002, por lo que hay que tener la
cantidad de dinero suficiente para poder licitarlos, porque si no nos
encontraríamos con proyectos que pueden tener un lapsus de un año si
no se ha previsto una mínima cantidad; cantidad que puede ser de 50 ó
100 millones para que se pueda seguir el trámite siguiente. Por
tanto, estas son varias de nuestras enmiendas.
Después tenemos una serie de nuevas enmiendas que se refieren
básicamente a obras de carreteras de las que voy a citar cuatro. La
enmienda 1290 se refiere a la travesía
de la población de Tárrega. A esta población se le proyectó una
variante exterior de la autovía desde el año 1995 para que se haga la
remodelación de lo que era la antigua N-II. Es un proyecto
supervisado desde hace tiempo, que según los informes del ministerio
está a punto, pero no hay manera de que vaya adelante. Desde el año
1995 ya estaba en marcha y pedimos la cantidad suficiente para que
dentro del año 2002 se pueda licitar y empezar la obra. Una cosa
parecida es lo que pedimos en Martorell. Aquí se ha hecho la autovía
exterior y existe el compromiso por parte del Ministerio de Fomento,
básicamente de la Delegación de Carreteras en Cataluña, de que hay
que arreglar la parte interior por donde pasaba la N-II. Esto es
competencia del ministerio, hay proyecto, pero no hay manera de
ponerlo en marcha. Por lo tanto, nosotros presentamos una enmienda en
la que decimos que en el año 2002 se debe dar solución al paso
interior de la antigua N-II por el interior de Martorell. Ya se ha
presupuestado una cantidad pequeña para un tramo de carretera,
también en la antigua N-II, que figura con el nombre de LleidaEls
Alamús. Es un tramo de carretera cuyo proyecto está aprobado desde el
año 1995 y lo curioso es que lleva dos o tres años que figura en el
presupuesto con cantidades fuertes, aproximadamente 2.000 millones
para el año 2001. Este año se está acabando y en un informe de
notificaciones enviadas por el ministerio se dice que se va a
licitar, pero no se realiza nada en el año 2001; esperamos que en el
año 2002 se licite. Antes había casi mil millones de pesetas, el año
pasado presentamos la enmienda, se aprobó, pero no salió la subasta.
Este año hay 195 millones y con esta cantidad ni se empieza ni se
hace nada. Volvemos a presentar una enmienda y, si no se aprueba,
quedará la pequeña cantidad que teníamos. Otra obra importante es una
travesía en La Junquera y Can Quartos, que debe dotarse con la
cantidad que solicitamos porque es un tipo de obras que hay que
realizar, existe un proyecto, pero que no hay manera de llevarlas a
cabo. Muchas de ellas pueden estar incluidas en el concepto global de
la conservación y remodelación de carreteras; pues bien, si alguien
de los que están allí dentro se compromete que diga que lo tiene y,
si hay que ejecutarlas, que se ejecuten, porque luego sucede que se
dice que está la obra presupuestada pero si después sale alguna
emergencia, va contra este tipo de obras.
Presentamos también algunas enmiendas relativas a los ferrocarriles.
No solicitamos grandes cantidades para el ferrocarril de Barcelona a
Puigcerdá, pero lo presupuestado es mínimo y no puede mejorar esta
línea. También queremos que queden enterrados los pasos a nivel en
San Feliú de Llobregat, porque desde hace casi algunas décadas se
solicita una cantidad en los presupuestos y nunca se realiza la obra.
Con la excusa de que hay un convenio entre el ayuntamiento, la
Generalitat y el ministerio -que pone el dinero- no se realiza nada,
solo se escribe en el presupuesto que
hay unos cuantos millones, allí se quedan y siempre es obra por
realizar.
Nuestra última enmienda es la 1302 que presentamos casi todos los
años. En el proyecto de presupuestos de este año figura una anotación
por la que se transfiere a las comunidades autónomas una determinada
cantidad, claramente insuficiente, teniendo en cuenta la valoración
real. Esta cantidad se debe a la falta de ajustes en los ejercicios
anteriores debida a la rebaja de las tarifas de peaje. Todo ello dejó
de producir unos ingresos a las comunidades autónomas y el
presupuesto fija una cantidad, pero es totalmente insuficiente puesto
que el total que fija prácticamente ya es la cantidad que debería
recibir la Comunidad Autónoma de Cataluña. Puede que a las otras
comunidades autónomas les suceda lo mismo. Por eso en nuestra
enmienda solicitamos que se doten suficientemente estas partidas
porque después tenemos que hacer las liquidaciones de un año para
otro, por ejemplo, creo que todavía el ejercicio de 2001 está por
liquidar. Por tanto, o hacemos las cosas bien o no las hacemos.
Señor presidente, he anunciado que iba a hablar de las inversiones en
Cataluña. Estas inversiones se refieren más concretamente a dos
ministerios, Fomento y Medio Ambiente. Los totales de todas las
inversiones en Cataluña relativas al año 2001 respecto al 2002, se
incrementan un 23,77 por ciento. Hay que tener en cuenta además que
si hacemos la suma de forma rigurosa habría que prorratear todo lo
que hace referencia al sistema de pago alemán, en que, en vez de
tener toda la cantidad al final de los años en que se puede hacer la
obra, deberíamos repartirlo por los años mientras se va realizando y,
en todo caso, este 23 por ciento aún subiría. Yo tengo la suma de los
grandes ministerios inversores, cuya secciones estamos debatiendo
esta noche, y me salen estos resultados. Si los desgloso, también me
saldría, más o menos, de la misma forma. Si en este momento lo que se
dice inversión directa del Ministerio de Fomento puede bajar y lo que
se llama grupo Fomento puede estar más alto que la otra vez, me es
igual. Son inversiones del Ministerio de Fomento, tengo que hacer la
suma total y a mí me sale que en Cataluña, sin contar el sistema
alemán, el incremento desde el año 2001 ha sido del 23,77 por ciento.
Por último, señor presidente, si no le sabe mal, en un momento
defendería cuatro enmiendas a la sección 23, porque, al ser yo
vicepresidente de la Mesa, si hubiera que cubrir cualquier
eventualidad estaría a su disposición. Si no, me es igual puesto que
también estaré aquí.
Al Ministerio de Medio Ambiente presentamos la enmienda 1327, que
solicita unos 5.000 millones de pesetas para el Plan Nacional de
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales aprobado en el año 1995.
Dicho plan prevé la aportación de la Administración general del
Estado a las comunidades autónomas y en lo que hace referencia a
Cataluña tenía que acabarse el año 2000, pero, como no se han acabado
las obras, entiendo
que el convenio tácitamente queda prorrogado porque hay que ir
acabando las obras y pagarlas. Por tanto, como falta este dinero y
esto continúa, pedimos la dotación correspondiente para que se pueda
proceder a los pagos de atrasos y de la obra que está funcionando.
Se incrementa también la dotación para algunas obras que está
haciendo el Ministerio de Medio Ambiente, como el embalse de la Llosa
del Cavall. Se hacen las obras y prácticamente se terminan, pero
después hay que garantizar la mejora y mantenimiento de los accesos.
Esto es lo que se prevé aquí, igual que ocurre con otra cantidad en
la enmienda 1329, con la que se pretende evitar unos riesgos
periódicos en las rieras del Maresme, una historia que viene de largo
tiempo y hay que incrementar la dotación para ver si de una vez se
termina esto.
Hay otras dos enmiendas que tienen como fin dotar presupuestariamente
proyectos de una zona de varada de Caldes dEstrac y la remodelación
de un paseo marítimo de Canet de Mar, que ya fue preparado hace años,
pero resultó que iba unido con la población de al lado, Arenys, y el
ministerio dijo: no puede ser todo junto, no pueden ser dos
municipios; uno sólo. Y allí lo dejaron. Canet de Mar necesita esta
remodelación y nosotros pedimos cantidades sobre los 100 millones de
pesetas para que se trabaje en el proyecto. Ésta es, brevemente, la
defensa que hago de las enmiendas de Medio Ambiente. Así, durante la
discusión de la sección 23, quedaré a su disposición, por si usted
necesita de mí.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: En una intervención muy documentada, seria,
rigurosa y breve, el señor Segura decía que no le constaba que este
Parlamento hubiera debatido ni hubiera aprobado ningún plan director
de infraestructuras. Eso ya de por sí es grave, pero me parecería
menos grave que ustedes tuvieran ese plan director aunque no lo
hubieran aprobado en el Parlamento. Podría decir que no me parece
bien, que los planes son para debatirse aquí, que hay una burla
parlamentaria, que hay un despotismo, todo lo que quieran, pero por
lo menos habría un elemento de planificación; habría un algo,
correcto o incorrecto, de acuerdo o en desacuerdo, pero un elemento
de planificación. Lo que me temo es que no hay ni eso, aquí se va a
salto de mata y al pito pito colorito. Hoy toca pasar por aquí y
proponer una nueva carretera que cuando eches cuentas inmediatamente
tienes que decir -me refiero al señor Álvarez-Cascos-: Ésta va a ser
de peaje. Abre unos ejes extraños, extraordinarios, nunca existentes
en la tradición ni en ninguna variante de este país, pero de pronto
abre el sueño y la ilusión, el Bienvenido Mister Marshall de los
lugareños. Alguien se le calienta la
boca en los temas AVE y de pronto va a haber alta velocidad
o velocidad alta -también se juega mucho con las palabras- por lo
visto, no ya para las capitales. Como se le caliente a alguien un
poco más la boca va a decir que hasta para los municipios de más de
50.000 habitantes. Al final, no hay un plan, no hay nada, no hay un
diseño, y lo que es peor es que por no sé qué vertiente, casi todo lo
que se hace al pito pito colorito o a salto de mata se hace con una
cierta tendencia radial. En el año 2001 se puede ser jacobino en
política territorial, se puede estar o no de acuerdo pero se puede
ser jacobino y estar con los tiempos. Se puede ser jacobino en
política social. Alguien puede pensar: El día que le pegue una patada
a la caja única se van a enterar algunos. También tiene su argumento.
Se puede ser jacobino en financiación autonómica y se puede ser
jacobino como sea, pero si en el 2001 se es jacobino en el tema del
trazado de la infraestructura, se es un cateto, porque los Estados
modernos no funcionan con que todos los radios pasen por la capital
del reino. Al final es eso lo que se está planteando. Por eso me
preocupa, como decía el señor Segura, que no se haya debatido, pero
me preocupa mucho el que no lo haya. Si lo hay en un cajón y eso es
lo que sirve para planificar, eso me sirve por lo menos en un momento
determinado.
Señorías, me gustaría saber cómo en el presupuesto de Fomento se
casan las palabras con las pesetas y las pesetas con las palabras,
porque de pronto el señor ministro habla de no sé qué políticas que
va a hacer y dice: Vamos a potenciar el transporte de mercancías por
ferrocarril, pero luego no viene. Yo no lo veo, y uno ha aprendido en
los primeros ayuntamientos democráticos aquello de que lo que no
viene en los presupuestos no existe y mucho de lo que viene tampoco.
Imagínese si por mucho que diga aquello de que va a potenciar el
transporte de mercancías por ferrocarril, pues no. Voy a bajar a un
espacio concreto donde todas esas contradicciones de las que le
hablo... Nosotros a la hora de teorizar también tenemos nuestras
contradicciones. Aquí nadie está libre y en un momento determinado
nadie es puro. Le voy a hablar de un espacio de Córdoba donde se
confluyen todas estas contradicciones y las propias de Izquierda
Unida. En la enmienda a la totalidad puedo leer perfectamente cuando
dice: Dediquémonos a mantener autovías y no nos lancemos a nuevas
construcciones. He planteado por encima de quien fuera el que se
acelere la construcción de la autovía CórdobaAntequera. Por eso, he
hablado de las contradicciones de todo el mundo. Por eso planteo que
haya un debate sobre la planificación y que todos busquemos más o
menos un consenso sobre un tema de vital importancia. No solamente
eso, sino que en mi provincia, en Córdoba -en ese microcosmos, en ese
microclima o microespacio se junta todas esas contradicciones-, más
de la mitad de las inversiones que se realizan, tan necesitada de
muchas cosas, son para el AVE Córdoba-Málaga. Se puede decir: Es que
se invierte mucho dinero. Sí,
pero para una cuestión que no va a ayudar casi nada para articular el
territorio cordobés, mientras que otros elementos, como la autovía
Córdoba-Antequera, que pasa por la zona de mayor crecimiento,
expansión, enriquecimiento, desarrollo, creación de puestos de
trabajo, alta de la Seguridad Social, que es la zona de Lucena, está
totalmente acogotada porque no tiene esa infraestructura. Se duerme
una y se prioriza otra. Al mismo tiempo que ustedes plantean el que
hay que desarrollar el transporte de mercancías por carreteras, allí
se cruzan, hay una cruceta del ferrocarril de Almorchón-Extremadura,
el que sube de Málaga por Puente Genil, el que va a Cádiz por Palma
del Río y el que sube hacia Madrid por Despeñaperros. Por mor de la
inversión en el AVE a Málaga, se está dejando caer esa
infraestructura ferroviaria clásica, estructurada, con una serie de
servicios, y que indiscutiblemente sería en un momento determinado, a
través de Algeciras, uno de los grandes ejes del transporte de
ferrocarril. Yo quisiera plantear una angustia, y es: llegado un
momento determinado, cuando terminen todas estas pajareras de
Marruecos-España y España-Marruecos y seamos un poco más civilizados
todos, unos y otros, indiscutiblemente España tendrá un gran
beneficio de ser un territorio de paso de muchas mercancías de África
hacia Europa y de Europa hacia África; nosotros no podemos estar
desarrollando al límite el tema de la infraestructura en carreteras y
teniendo un discreto aunque complejo trazado y ancho ferroviario en
España. Sin embargo, España debiera ya empezar a trabajar con
perspectiva en ser un territorio de paso de mercancías a través
fundamentalmente del ferrocarril y a lo mejor también en algunos
temas autorizando la red de puertos, ayudando un poco en el tema de
los puertos, pero nada de eso aparece. Vamos a llegar a alta
velocidad, y si yo criticara eso alguno me diría: Hijo de tu madre,
tú cuando quieras coges el metro de lejanía y te pones en Córdoba,
mientras que nosotros para poder llegar de cualquier parte del
territorio español necesitamos un día y medio. No sería razonable la
crítica. Vuelvo a insistir, el problema no es, señor Segura, a mi
entender, aunque lo es también, el que se haya disminuido o no -que
se ha disminuido- la inversión en Andalucía; el problema además es en
qué se va a invertir en Andalucía, con ser importante la cantidad,
mucho más importante es la calidad. Usted plantea -yo me alegro,
porque además vamos a coincidir en el tema de la enmienda de la ruta
de la Plata- que queremos abrir una comunicación que no pase por
Madrid, que nos comunique con Extremadura, que nos comunique con
otras comunidades hasta llegar a Asturias; sin embargo, eso no
aparece en ningún proyecto ni en ninguna actuación.
En virtud de todo eso, por esas cuestiones y por esas preocupaciones
-desde luego vuelvo a insistir en lo que decía antes de que yo soy el
primero que asumo las contradicciones, que eso no es malo; decía la
buena de Rosa de Luxemburgo antes de que la mataran aquello
de que me gustan los hombres con contradicciones-, nosotros no hemos
encontrado una apuesta de futuro clara por el papel de la
infraestructura, del transporte en este país para los retos que nos
vienen ya, que nos están llegando. Por eso es por lo que hemos
presentado una enmienda a la totalidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Parlamentario
del EAJ-PNV tiene la palabra el señor Otxoa de Eribe.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Buenas noches a todos los amigos que
aquí estamos. Estoy un poco nervioso dada la expectación y espero que
me podrán perdonar si soy un poco incoherente en mi exposición.
En primer lugar tengo que alegrarme de que dos grupos que han
intervenido anteriormente, el Socialista y el de Izquierda Unida,
hayan coincidido con las tesis que nosotros hemos defendido
reiteradamente en tiempo pasado y que seguimos defendiendo en el
presente sobre lo que entendemos como una falta de planificación que
va a pasar una factura tremenda, además a corto plazo, al Estado
español. El Reino de España debe planificarse teniendo en cuenta
todas sus autonomías y la realidad presente y a futuro no sólo de las
propias autonomías, sino de los territorios que tenemos al lado y que
están generando una serie de necesidades de las cuales también nos
puede venir a nosotros un beneficio. No sólo está Marruecos, como se
ha apuntado acertadamente, está la realidad de Portugal. El norte de
Portugal, la zona de Oporto, es probablemente -y no creo equivocarme-
la zona de mayor desarrollo económico de toda la Comunidad Económica
Europea a día de hoy. Su salida a Europa pasa exclusivamente por el
tráfico de carretera puesto que no hay un tráfico de mercancías por
ferrocarril que pueda absorber ese flujo; hay más. Teniendo en cuenta
esto, curiosamente las comunidades europeas sí planifican y deciden
tanto en Glashgow como en Essen los proyectos prioritarios para la
Comunidad Europea y definen el proyecto número 3 en conexión con el
proyecto portugués. El proyecto número 3, como ustedes saben, es la
conexión hacia Europa vía Cataluña y vía Irún. La vía Irún se conecta
con los ramales a Portugal para dar acceso a Europa a las mercancías
sobre todo de esa pujante economía portuguesa y, cómo no, para dar
una solución de conexión también a toda la cornisa cantábrica del
Reino de España y a Castilla y León, que es una zona absolutamente
desprovista de conexiones lógicas en este momento. El 92 por ciento
-últimos datos- del transporte de mercancías que se desarrolla por la
zona oeste pirenaica se hace en camión -solamente el 8 por ciento del
transporte de mercancías es por vía férrea-, con unos problemas que
cada vez son mayores porque la composición de los trenes europeos es
más larga cada día; ni siquiera los famosos apartaderos de nuestras
estaciones tienen longitud suficiente para dejar en espera esos
convoyes; hay que partirlos en frontera con los problemas que esto
causa y cada vez más. En Hendaya podemos asistir al triste
espectáculo de traspasar a camiones las mercancías que llegan hasta
la frontera en ferrocarril; éste es, un triste espectáculo.
Quiero abundar en lo que otras veces hemos dicho y el señor Rejón ha
apuntado, en el concepto radial de las comunicaciones. Yo decía no
hace mucho que hasta que el tiempo aguante y esas promesas se hagan
mínimamente reales un viajero de Asturias que pretenda trasladarse en
alta velocidad tendrá que pasar por Madrid para ir a Barcelona y
luego a Europa. Con el tiempo, y si esas inversiones que ahora suelen
ir al 20 por ciento se hacen realidad, en un futuro más largo de lo
que todos desearíamos, puede llegar a pasar por Valladolid. Triste
futuro se nos augura a ciertas zonas del Estado que está basculando
demográficamente en inversiones en muchos aspectos hacia la cuenca
mediterránea exclusivamente -que me parece muy bien que prosperen,
pero sin abandonar a otras zonas del Estado a su suerte-; éste en
términos generales ha sido un grito en el desierto que el Grupo Vasco
ha planteado reiteradamente, no sólo en inversiones en fomento, sino
también en infraestructuras de otro nivel como pueden ser las
hidráulicas o de otro tipo. Tristemente parece ser que lo que ciertos
grupos presentamos se rechaza más bien por el membrete que por el
contenido, por tanto no vamos a insistir mucho en ello. Esa es la
causa por la que hemos presentado una enmienda a la totalidad.
Solamente he de decir que de los presupuestos del Estado, por
ejemplo, en la comunidad autónoma vasca se invierte el 1,75 por
ciento de la totalidad. Eso da una idea del estado de semiabandono
que tienen algunos territorios y el agravio comparativo que resulta
respecto a otros. Dejando eso de lado, -es algo a lo que estamos
acostumbrados y contra lo que estamos combatiendo y a pesar de ello
tenemos nuestras pequeñas victorias- hay que decir que en el tema que
nos ocupa hemos planteado unas enmiendas puntuales pero muy
significativas, para que los grupos se retraten cara a ellas y digan
qué opinan; son muy pocas, son concretamente nueve enmiendas las que
tenemos presentadas y una al GIF, que evidentemente tiene un
contenido mucho mayor, que se refiere a ese proyecto número 3, al que
antes me he referido, de las comunidades europeas. Se ha desgajado
sin ningún razonamiento y mientras se ha impulsado una parte de ese
proyecto 3, el Madrid-Barcelona, se ha dejado en el olvido el
MadridIrún, recabando fondos de las comunidades económicas europeas e
invirtiéndolos en otros tramos del AVE que no tienen calificación de
preferentes por parte de esas comunidades europeas. Las otras son
sobre algunas cosas absolutamente puntuales. Cinco de ellas se
refieren a la Dirección General de Ferrocarriles. Pedimos un
soterramiento de ferrocarril en Llodio. Quien conozca Llodio sabe que
es una zona deprimida porque
la reconversión siderúrgica la ha hecho disminuir en habitantes, en
riqueza y las condiciones de vida son francamente malas; es un valle
angosto que está soportando una serie de infraestructuras, desde el
agua, el gas, el propio río, que lo tiene, la carretera y el
ferrocarril, haciendo la vida y la conexión entre las dos partes del
municipio realmente difícil. Se puede eliminar el ferrocarril
soterrándolo y pedimos un estudio para ese soterramiento.
Legorreta es un municipio con un ferrocarril que en este momento está
causando serios problemas, muy serios problemas en el municipio,
porque curiosamente la estación del ferrocarril está ubicada desde
hace muchos años donde se puso hace más de setenta años, el pueblo ha
crecido en otra dirección y la estación no cambia de sitio. Lo que
tienen que hacer los viajeros es coger con tranquilidad su coche e
irse hasta la estación, haciendo imposible el uso del ferrocarril
muchas veces, con lo fácil que es cambiar simplemente la estación de
lugar.
Hay que recordar que FEVE tiene cero pesetas de inversión previstas
en el País Vasco para el presupuesto del 2002. Pedimos que por lo
menos en el FEVE de Balmaseda, que es una estación que también parte
el pueblo, que tiene una interconexión prohibitiva porque el paso
inferior no permite ni siquiera el paso de ambulancias, se elimine
haciendo un paso inferior y trasladando la estación de lugar. De la
misma forma pedimos un aumento de la cantidad destinada a supresión
de pasos a nivel y no lo pedimos a humo de pajas, sencillamente
porque estamos hablando otra vez de que RENFE tiene previsto invertir
en Euskadi el 2,6 por ciento de toda la inversión estatal. No
hablemos del tren de alta velocidad para el que solamente tiene
estudios. Por tanto, simplemente lo ponemos a consideración de los
señores parlamentarios. A su vez también decimos que en Herrera, en
Martutene, en Donosti, el ferrocarril en este momento está en el
lugar donde ha crecido la población con una trinchera que es un
peligro público y sobre la que no se toma ninguna decisión. Pedimos
simplemente un estudio para ver lo que hay que hacer allá. Somos muy
módicos en nuestras peticiones.
En cuanto a urbanismo, le pedimos que asuma los compromisos que tiene
establecidos desde hace bastantes años para el puente de Ormaiztegui.
El puente de Ormaiztegui es un puente señero del ferrocarril que todo
el mundo piensa que es una obra a considerar; por un acuerdo
existente con el ayuntamiento hace unos años se había prometido que
se iba a iniciar esa recuperación, pero el puente está amenazando
ruina y no se consigue esa recuperación. Por último, en Llodio, ese
pueblo que hemos dicho que tiene esa problemática, que es la segunda
localidad de Álava, después de la capital Vitoria-Gasteiz, se ha
conseguido que la finca de los marqueses de Urquijo -aquella familia
bien conocida en la historia reciente de nuestro pueblo- haya pasado
a dominio público; se pide una reordenación
de ese parque, el parque de Lanuza, conocido como casa del marqués de
Urquijo, para beneficio y disfrute de los habitantes de Llodio.
En cuanto a carreteras, hay dos temas que nos traen de cabeza. Es la
N-I a su paso por el Condado de Treviño -curiosamente la enmienda es
la número 600 y no sé si se refiere al tipo de coche que usaba esa
carretera cuando se hizo-, que en este momento es una carretera
impracticable, es la carretera del Estado que tiene mayor densidad de
tráfico pesado, exceptuando la periferia de Valencia, de Madrid y
Barcelona; en carretera abierta es la carretera del Estado que tiene
más tráfico pesado; tengo que contar como anécdota que dos de cada
cinco camiones que pasan son portugueses. Por último, también pedimos
que esa autopista Malzaga-Urbina, que también está incluida en las
planificaciones europeas y en el primer plan de carreteras que se
hizo en el Estado español, tenga -como no puede o no debiera ser de
otra forma-, una subvención de fondos europeos. ¿Por qué? Porque esta
carretera, esta autopista la planificó el Estado, la concedió el
Estado, es la Burgos-Malzaga, y el Estado unilateralmente suprimió el
tramo Armiñón-Malzaga, permitiendo un incremento a la concesionaria
del período de explotación de la Burgos-Armiñón y olvidándose de ese
otro tramo que tienen que acometer por su cuenta las diputaciones
forales, cuando es una ruta internacional de interés estatal
demostrado y que puede atraer fondos de cohesión europeos, a lo que
siempre se ha negado el Gobierno central.
No quiero extenderme más por cuestiones de brevedad. Simplemente
quiero exponer estas enmiendas que son puntuales para calibrar la
sensibilidad de los grupos que van a votarlas y que ponemos sobre la
mesa como botón de muestra, ya que viendo el fin que tienen nuestras
sucesivas intervenciones, nuestras propuestas no nos hemos molestado
-valga la expresión- en hacer más porque la experiencia nos dice a
dónde se dirigen, que es el cesto de los papeles. Insisto, solamente
para calibrar la sensibilidad de los grupos aquí presentes, es por lo
que sometemos las enmiendas a votación.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Partido Andalucista
tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Doy por defendidas, en primer lugar, las
enmiendas presentadas por mis compañeros del Grupo Mixto y paso a
defender, concretando más, las presentadas por mí mismo.
Nos consta, señorías, que hablar de infraestructuras, de
comunicación, que es de lo que estamos hablando ahora mismo, es
hablar del esqueleto, del soporte, del desarrollo de un lugar, de un
territorio. También nos consta, señorías, que hay un correlato entre
nivel de infraestructuras, nivel de progreso y nivel de desarrollo;
un lugar por donde drenen bien las personas y las
mercancías tiene siempre una mayor competitividad, un mayor
desarrollo, un mayor progreso que un territorio donde no drenen.
Creo, señor presidente, que SS.SS. también son conscientes de que
estamos en una España asimétrica y descompensada, donde tampoco el
territorio de cada una de las comunidades autónomas es homogéneo
respecto a sensibilidad. Según han argumentado ya los portavoces que
me han precedido -por tanto no hay que insistir mucho en ello- nos
movemos en un escenario de falta de criterios, de falta de
planificación; más que de falta de planificación yo precisaría,
señorías, que se trata de una falta de programación rigurosa. La
planificación de infraestructuras de comunicaciones en este país es
una especie de listín telefónico donde está el listado de todas las
obras que hay que hacer. Supongo que surgen nuevas necesidades
y nuevas tecnologías, cambian algo, pero prácticamente si uno coge el
Plan Borrell y lo pone al lado del Plan Arias-Salgado y del Plan
Álvarez-Cascos, tenemos un listado de obras que hay que terminar, por
un lado, y por otro, un cajón de favores, un cajón de discreciones,
donde nadie sabe por qué se hace algo antes que algo, por qué se
invierte más en un sitio que en otro. Aquí deberíamos estar
discutiendo antes del listín telefónico de si estoy en la guía o no,
de si están las obras de mi pueblo o no, de los criterios. Los
criterios de accesibilidad posiblemente no sean de pesetas por
habitante, no depende la accesibilidad del número de habitantes sino
de su disposición en el territorio, ni siquiera de pesetas por
kilómetro cuadrado. Hay criterios de pura accesibilidad, no es lo
mismo un territorio quebrado y de sierra que un territorio llano.
Seríamos tremendamente injustos tratando igual a los desiguales y
dando en España las mismas pesetas por habitante para comunicaciones
como, primero, si partiéramos todos de la misma línea de salida, que
no es así, y, segundo, como si fuera un costo homogéneo la
conectividad en los territorios, y no es homogéneo, depende del
sistema de ciudades y de muchas cuestiones.
Hay una incapacidad con la que yo como portavoz me encuentro de poder
discutir quién va delante de quien. Antes habría que discutir cuánto
y el esfuerzo que se haga en el país por dotarnos de más
infraestructuras; ahí habría que hablar otra vez del esfuerzo
inversor, de la estabilidad presupuestaria, del equilibrio cero, de
todas estas cuestiones, como de esa teoría de no gastar el ahorro
futuro, no se debe gastar más de los ingresos, como una teoría falsa
a nivel de las inversiones, porque el que no invierte en inversiones
no tiene capacidad para generar riqueza desde ahora. Habría que pedir
un mayor esfuerzo al Gobierno en cantidad. No estaríamos ante unas
enmiendas de quite usted ésas para poner éstas, como si fuera firme
el dinero que tenemos, sino en unas enmiendas en las que haya más
dinero para infraestructuras. Son absolutamente insuficientes, no hay
criterio alguno de qué se termina primero y qué se termina después.
Si hay un criterio derivado
del propio discurso de investidura del presidente es que todos
tardemos menos horas en llegar a Madrid, es como si la conectividad
de esta España fuera una especie de partido de frontón donde la
pelota para ir de un sitio a otro tiene que rebotar en una pared, y
esa pared es Madrid. (El señor vicepresidente, Sedó i Marsal, ocupa
la presidencia.) Ha habido tiempos en los que para ir de Málaga a
Sevilla era más corto coger el ferrocarril a Madrid o actualmente,
para ir de Sevilla a Almería, es mucho mejor coger el Sevilla-Madrid
y luego Madrid-Almería. Estamos todavía en un modelo radiocéntrico,
no hay prioridad y hay grandes ejes que no se terminan. Al no
terminarse en jerarquía ninguno es un esfuerzo estéril de muchos
años, porque acabar un tramo sí, según clientelismos, según afinidad
política, según capricho del ministerio o según capacidad de presión
del lugar, no resuelve la red. La red de comunicaciones, una red de
drenaje, es como la fontanería, como el agua, basta que la sección
sea pequeña en un tramo para que lo sea en todo el conducto. Las
enmiendas que presentamos los andalucistas para la vertebración del
territorio andaluz, para conseguir equipararnos en nivel de
competitividad, de poder trasladar nuestras mercancías de nuestros
centros productivos a los demás en las mismas circunstancias, son
enmiendas de coherencia del modelo. ¿Cómo se puede tener el puerto
estratégico más importante del sur de Europa, como es el puerto de
Algeciras, sin autovía, sin ferrocarril y sin aeropuerto? ¿Cómo se
puede tener todo el canal del Mediterráneo Atlántico de la costa,
donde está la mayoría de la población y donde está el mayor progreso,
sin rematar la conectividad en la N-340 en Cádiz, sin contemplar
Granada y, por tanto, como en pequeños tramos de Cádiz, Costa del Sol
o Almería, que poco a poco se irán terminando? ¿Cómo se puede ir uno
escudando año tras año en que los proyectos no están y son complejos?
Antes decía el portavoz de CiU, que ahora mismo nos preside, que
sería bueno poner una cantidad de proyectos, porque, si no, no da
tiempo de encargar la obra; habría que poner algo, aunque sea 50.000
millones. Si se va a hacer sí, pero si para contentar a todos y no
tener dinero se ponen todos los años 50 millones, es una tomadura de
pelo. Estamos asistiendo a muchas partidas de tramos muy importantes
que sólo contienen una pequeña cantidad para proyecto, y este no es
el primer año de legislatura. Este Gobierno lleva gobernando muchos
años, y como desconocemos cuándo, se emplea otro viejo truco: vamos a
programar este plan que nadie conoce o que no conocemos
explícitamente hasta 2011 y llenemos la guía telefónica; todo el
mundo está en la guía telefónica, que nadie se preocupe. Todas las
carreteras están contempladas en el plan. Lo que sucede es que unas
las vamos a hacer en 2002 y otras en 2010. ¿Qué credibilidad tiene un
gobierno que planifica infraestructuras para 2010 si no ha cumplido
desde hace 20 años en determinados territorios?
Yo creo que estamos ante una situación atípica, donde con nuestras
enmiendas pretendemos cerrar ejes que son vitales a una velocidad
razonable, cito la 340, cito la autovía del Mediterráneo, cito la
conexión vertical de Granada hacia la costa, cito la conexión de
Córdoba con Granada o de Córdoba con Málaga, cito la autovía de la
plata, los grandes ejes de comunicación.
Sobre el sistema ferroviario, tres al cuarto. No sólo está la
conectividad, que será importantísima, del tren de alta velocidad con
Málaga; seguro que le sucede como al tramo que existe ahora mismo,
que incrementará los flujos y que generará un progreso y un
desarrollo importantes. Pero hay que rematar el resto de la red
y conectar con el resto de las capitales.
Sigo con el sistema aeroportuario andaluz, las mejoras necesarias
tanto de segunda pista en Málaga como de nuevos aeropuertos o mejora
de los existentes en Córdoba, en Huelva y en Granada. Creo que
estamos ante un complejo sistema y mi grupo parlamentario ha
presentado enmiendas para que se llene la plementería para que se
complemente la red, pero no encontramos ningún documento con
racionalidad suficiente para tranquilizarnos y para saber por qué una
carretera va delante de otra, para saber por qué un tramo va delante
de otro, para saber por qué se desdobla una y no se desdobla la otra,
para saber dónde están los intercambiadores de modos de transporte,
en definitiva, para saber cómo funciona el sistema. Creo que al
Gobierno le interesa más mantener la lista de obras y el cajón de
favores y que en función, como digo, de razones desconocidas o de
afinidades políticas se terminarán más tramos o se terminarán menos
tramos.
No resiste análisis la cantidad de dinero invertido en
infraestructuras de comunicaciones en Andalucía, no resiste análisis
ninguno; no resiste análisis ni comparativo ni en valor absoluto.
Pero me temo que, dada la hora, esto sea predicar en el desierto.
Bueno es, porque es nuestra obligación como diputados y como
parlamentarios, en el sitio que nos corresponde aquí hoy, en la
oposición, que consten en acta estas peticiones, esta filosofía, pero
no me quiero hacer yo trampas en el solitario, como decía esta
mañana, y considero que, salvo el mérito de constar en acta y
pedirla, me parece que la Comisión es absolutamente estéril, porque
ni aquí debatimos el modelo ni aquí debatimos criterios ni aquí
debatimos el porqué.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor López-Amor.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Señor presidente, la verdad es que, como
portavoz del partido que apoya al Gobierno, no sé si empezar esta
intervención con un ánimo constructivo, con un ánimo positivo de
exposición de estos Prespuestos Generales del Estado, que creo que
son unos presupuestos generales históricos
y después diré por qué. Al mismo tiempo me planteo que estoy oyendo
aquí una serie de cosas, sin duda muy bien dichas por los portavoces
de otros grupos parlamentarios, que no responden a la realidad, en
algunos casos, y en otros responden a ese deseo que todo el mundo
tiene de realizar una política presupuestaria que sea la suya. Voy a
hacer una intervención que sea un híbrido de las dos y voy a decir
una serie de cosas en positivo y otra serie de cosas que tengo que
dejar claro en acta que no responden a la realidad.
Voy a empezar diciendo una cosa que creo que es conocida por todos, y
es que si hay un rasgo distintivo, entre otros, de los gobiernos del
PP desde hace cinco años precisamente es su política fiscal, una
política fiscal que ha cambiado las heredadas después de 14 años de
gobierno del PSOE y algunos de la UCD con anterioridad, cuando se
hacía una política presupuestaria basada fundamentalmente en un
desequilibrio presupuestario, en un déficit presupuestario y, además,
en unas constantes modificaciones del presupuesto, y eso se trasluce
hoy en algunas de las enmiendas presentadas por algunos de los grupos
parlamentarios. Yo creo que cuando el primer Gobierno del Partido
Popular hizo sus primeros presupuestos para este país nadie pensaba
que íbamos a cumplir las condiciones para estar en Maastricht y
aquello se consiguió. Parecía casi imposible, y cito estos
antecedentes absolutamente inmediatos para que se pueda comprender
exactamente lo que quiero decir. El rigor en la política fiscal que
han practicado los Gobiernos del PP nos ha llevado hoy a plantear,
con un escenario de estabilidad presupuestaria, los presupuestos de
mayor inversión que ha habido nunca en nuestro país. Esto es así, nos
guste o no nos guste. Pero no deben confundir SS.SS. el mandato que
recibe el partido que gana las elecciones con el deseo de constreñir
la voluntad de esos electores a través de lo que ustedes denominan un
plan, que sería su plan. Nosotros tenemos el nuestro, lo tiene el
Gobierno y lo está ejecutando de forma absolutamente impecable. Este
año hay presupuestados 1,8 billones de pesetas que encajan
perfectamente con el plan de infraestructuras presentado de forma
expositiva en esta Cámara reiteradas veces por el ministro de Fomento
en comparecencia, así como por los demás altos cargos del ministerio.
Yo creo que hace falta estar poco atento a estas cuestiones para no
darse cuenta de que por primera vez aquí hay un plan, y además un
plan que se ejecuta, un plan que se va a cumplir y un plan que va a
cambiar todo nuestro país. Si algunas de las cosas que aquí se han
dicho fueran ciertas, serían estimables, pero es que resulta que en
todo este plan de infraestructuras, si hay algún gran ganador, es la
política de transporte ferroviario y después lo voy a demostrar.
Después de hacer estas consideraciones de carácter general, quería
empezar a contestar a algunas de las informaciones que aquí se han
dado porque me preocupan
terriblemente. Estoy viendo aquí la motivación a la totalidad que
presenta a esta sección el Grupo Parlamentario Socialista y habla de
opacidad porque un secretario de Estado dice que unos presupuestos
son un mandato vinculante del estado de gastos y que los ingresos son
un estado de previsión. Esto es la Ley General Presupuestaria, no es
otra cosa. Esto no es opacidad, esto es principio de legalidad. Y si
ustedes llaman opacidad al principio de legalidad, están demostrando
que no han tenido nunca, cuando han tenido el poder en sus manos, una
política fiscal. Ustedes lo que han hecho ha sido administrar los
recursos de los contribuyentes como les ha venido, cuando han podido
y cuando han ganado las elecciones. El Partido Popular está haciendo
exactamente lo contrario de lo que hacían ustedes.
En segundo lugar, quiero decir que en esa misma motivación se habla
de un plan de infraestructuras 2000-2007. Es evidente, ustedes mismos
lo están reconociendo, pero no solamente lo reconoce la gente que
está aquí por mandato de los electores y representando a una parte
importantísima de los electores, sino que si se le preguntara a la
propia sociedad civil podría confirmar el buen momento que atraviesa
la obra pública en su conjunto. Ése buen momento de la obra pública
significa que hay más recursos para esa obra pública, y eso tiene una
traducción en la sociedad civil y en concreto en un sector, el de las
grandes constructoras. Desde hace un año, con los altibajos
producidos evidentemente por los sucesos del 11 de septiembre, las
cotizaciones en Bolsa de las grandes constructoras reflejan el gran
momento que vive la obra pública. Hay otros factores exógenos que
habría que considerar en esa cotización bursátil, pero es así y a
cualquiera de esos profesionales del sector que ustedes pregunten por
la política de inversiones del Gobierno en su conjunto, capítulo 6 de
todos los presupuestos y capítulo 7, les dirán que están plenamente
satisfechos porque realmente se han reducido aquellos gastos
corrientes superfluos en lo posible y se están dedicando los mayores
esfuerzos posibles a gastos de inversión. Yo creo que eso es muy
importante y hay que tenerlo muy claro. Aquí hay una política fiscal
por primera vez en la historia de la democracia. Hasta ahora lo que
ha habido ha sido una broma. Segundo, yo creo que cuando se habla del
grupo Fomento está muy claro a qué se refiere uno, se está refiriendo
a dos partidas presupuestarias, los capítulos 6 y 7, que, como
ustedes mejor que yo saben, hay que consolidar a la hora de
cuantificar las cifras que se dedican a la inversión. No puede
hablarse exclusivamente con un concepto literal y estricto. No, es la
suma de los capítulos 6 y 7. En el capítulo 7 entran lo que algunos
llaman entes públicos, otros sociedades públicas, etcétera. Yo creo
que es un buen procedimiento hacer una inversión desde aquellos
agentes económicosque conocen bien el sector en el que operan y que
desde luego conocen las necesidades en las que hay que invertir.
Se ha dicho también que la devolución de esta sección por parte del
Grupo Socialista se debía a la escasa ejecución presupuestaria, pero
yo tengo que decir que hablar con datos de septiembre de ejecución
presupuestaria realmente me parece un poquito demagógico, con todos
los respetos. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí y en algún
momento hemos tenido responsabilidades de Gobierno sabemos que
básicamente la ejecución presupuestaria se hace en los últimos meses
del ejercicio económico. Por lo tanto, en el último trimestre se
produce el incremento básico de esa ejecución presupuestaria. Le
diría más, yo creo que los niveles que usted ha citado del 70 por
ciento de ejecución presupuestaria en el mes de septiembre son unos
niveles cuasi récord. La verdad es que nunca he conocido unos niveles
de ejecución presupuestaria más alta en el mes de septiembre, y
espero que cuando se liquiden los presupuestos del ejercicio 2001 se
confirmen las previsiones que en el mes de septiembre se podían hacer
de altísima ejecución presupuestaria. Pero éste no es dato de
confrontación, es un dato de confraternización entre todos. Debemos
felicitarnos por que el dinero previsto en los presupuestos se sepa
gastar o se pueda gastar; a veces hay imponderables jurídicos que
impiden la normal ejecución del gasto público, como ustedes saben,
incluso informes absolutamente preceptivos que tienen un carácter
extradepartamental y que no corresponden a la sección que estamos
discutiendo.
Se ha hecho también alusión a dos comunidades autónomas. Yo creo que
el portavoz de Convergència i Unió, señor Sedó, le ha dicho al señor
Segura la inversión que hay en estos presupuestos para Cataluña. Yo,
si no me equivoco, creo que es la más alta que ha habido nunca en la
historia para Cataluña. No quiero entrar en los datos porque creo que
sería muy extenso, pero sí me gustaría, señor presidente, aportar al
acta un documento y que lo transcribieran cuando pudieran.
Simplemente quiero decirle que el Ministerio de Fomento va a invertir
en Cataluña el próximo año -se lo digo en pesetas o en euros- casi
300.000 millones de pesetas. Entre ellos se contemplan además 15.000
millones de euros de inversión extrapresupuestaria para la línea de
alta velocidad Figueres-Perpiñán. Yo creo que son unos datos
importantísimos y me da igual, como dice el señor Sedó, que lo haga
directamente el Ministerio de Fomento, el Ente Público Puertos del
Estado, AENA o lo haga el GIF, me da exactamente igual, lo importante
es que territorialmente se está vertebrando una parte esencial de
nuestro país y que se está haciendo con una priorización muy clara.
Le voy a decir a este respecto que los presupuestos crecen en todos
los capítulos, crecen en carreteras, crecen en puertos, crecen en
aeropuertos. Mientras en las carreteras que tenemos, con las
carencias históricas heredadas, crecen los presupuestos de inversión
en
torno a un 6 por ciento, sin embargo, en ferrocarriles, para que
ustedes se den cuenta, crecen un 15,24; en aeropuertos crecen el
40,76 por ciento las dotaciones respecto a 2001; en puertos crecen un
26,27; en correos, un 13,14; en vivienda, un 16,07 y en el resto de
actuaciones, que son las no mencionadas anteriormente, crecen un
24,95. Por tanto, con un escenario de estabilidad presupuestaria, con
un escenario macroeconómico que ha planteado el Gobierno, el esfuerzo
inversor se concentra claramente en esta sección y en la del
Ministerio de Medio Ambiente. Hay que admitir lo que la sociedad
civil tiene ya bastante digerido y es que se está haciendo una
política fiscal rigurosa de inversión y se está modernizando este
país. Esto no es más que la consecuencia de que haya un magnífico
equipo en el Gobierno que permite al ministro de Fomento realizar
estas funciones y tener las dotaciones presupuestarias adecuadas.
Antes lo ha dicho el portavoz de Convergència i Unió, en Cataluña la
inversión presupuestaria para este año crece el 27,35, pero en
Andalucía crece de forma importante, un 23,03. Se lo puedo desglosar
tanto por lo que corresponde al Estado como a las empresas. En
Andalucía crece el capítulo 7 en un 68,51, y contando con la
inversión prevista por parte del Estado de forma directa nos vamos a
un 22,45. Ésos son los datos y son incontestables, y yo creo que nos
deberíamos felicitar por estos datos. Seguramente haya algunas cosas
que se debían hacer antes que otras, cuando hay tanto dinero a
emplear y a invertir seguramente todos haríamos un orden de
prioridades distinto. Yo estoy convencido que en lo fundamental
íbamos a coincidir, porque se invierte más que nunca en los puertos,
en los aeropuertos y en los ferrocarriles. Seguro que unos
pretenderían que la variante de determinada población se hiciera
antes que la variante de otra. Ése el juego, decir cuál entra antes
dentro de esa administración de recursos presupuestarios que siempre
son escasos.
Por tanto, hay que hacer una crítica obligada porque para eso están
en la oposición, pero evidentemente no pueden llamar ni a esta
política fiscal ni a estos presupuestos un listín telefónico. Eso,
con todos mis respetos, no es de recibo. Yo creo que por primera vez
hay un plan a bastante largo plazo donde se van a reformar todas las
infraestructuras de este país. Se va a hacer un auténtico plan de
infraestructuras y este país se va a beneficiar de ello. De hecho, en
la ejecución del mismo se está creando empleo de forma diaria.
Seguramente puede haber alguien que considere que en algunas cosas
hay una dotación insuficiente y yo lo admito, es posible que en algún
proyecto concreto se pueda haber quedado algo en el olvido, pero se
introducirá si no este año el siguiente. Ahora, en su concepción
global, yo creo que son unos presupuestos impecables que todos
podemos suscribir.
Yo quiero que SS.SS no olviden lo que he dicho antes y es quién
recibe el mandato de administrar los
recursos públicos. No confundamos los términos, ustedes pueden hacer
las enmiendas, que para eso están previstas, pueden intentar
convencer a quien realiza la actividad de gobierno de que debe hacer
una cosa antes que otra, pero ni le pueden obligar ni decir que
porque no hace lo que a ustedes les interesa son unos malos
presupuestos. Este Gobierno responde siempre a intereses generales y
está respondiendo a los intereses de los ciudadanos de Algeciras lo
mismo que a los de Port Bou, lo mismo que a los de Irún y lo mismo
que a los de Ortigueira. Por lo tanto, ahí nos van a encontrar
ustedes, defendiendo los intereses generales que sirvan para
vertebrar y modernizar este país. Este país necesitaba una
modernización y estos presupuestos lo están consiguiendo.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Para un turno de réplica,
tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, no voy a hacer uso del
turno de réplica porque, sin querer ofender, es que no he entendido
nada y no creo posible la réplica. Creo que se ha referido a los
presupuestos de otro país, con otros datos, con unas reflexiones que
no venían a cuento y las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista
han sido defendidas en su globalidad en la intervención que he
realizado con anterioridad y están recogidos sus contenidos en todas
y cada una de ellas, tal y como figura en el dossier.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Señor Segura, estoy
completamente seguro que sus primeras palabras de esta intervención
son retóricas porque es casi imposible que usted no entienda. Con su
capacidad, no es posible que no haya entendido y, por lo tanto, ha
expresado lo que quería decir.
Señor Otxoa.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Señor presidente, no voy a abundar
mucho en lo que he dicho, simplemente quiero decirle al señor López-
Amor que sin duda en los papeles que le han pasado se le ha debido
traspapelar uno, ese que se refiere a la inversión en la Comunidad
Autónoma de Euskadi. Tengo que decirle que la inversión del
presupuesto del Gobierno del año 2002 respecto a 2001 desciende un
22,26 por ciento y que los organismos autónomos suben un 17,36, lo
cual da una media de un descenso neto de la inversión directa del
Estado en la Comunidad Autónoma de Euskadi de un 12,23 por ciento, y
ello quiere decir que vamos por buen camino, según usted.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Creo, señorías, que hay partidas que
podríamos discutir porque no se ve si se gastan o no, si se
incrementan o no, pero una de las
características que tiene la política de infraestructuras es que se
ve y, por tanto, esos discursos de que se gasta el triple y va todo
muy bien cuénteselos a los ciudadanos que ven cómo sus carreteras
siguen igual, año tras año, quinquenio tras quinquenio y década tras
década.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Señor López-Amor.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Voy a contestar muy brevemente a los
diferentes portavoces. Lamento que el señor Segura no me haya
entendido pero gustosamente se lo explico fuera de esta sesión, con
amplio detenimiento. Quiero decirle, sobre todo, que no se puede
estar defendiendo la reducción de las tasas y al mismo tiempo
proponer el incremento de los ingresos en los organismos autónomos
que se financian precisamente por tasas. Creo que eso es una
incoherencia y también es incoherente la motivación de la devolución
de la sección 17 que ustedes han propuesto.
En cuanto al País Vasco, lamento decirle al representante del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) que los datos que usted tiene los debe
haber obtenido en otro sitio. Yo los tengo también y le voy a decir a
efectos de que figure en el acta que hasta desglosados por
organismos. En el País Vasco -se lo voy a decir en miles de euros,
porque a lo mejor usted lo ha hecho no homogeneizando euros con
pesetas- (El señor Otxoa de Eribe Elorza: Soy de ciencias.) Sasemar
invierte exactamente 1.082 miles de euros; FEVE, 4.207; RENFE, 2.665;
AENA, 23.946; Puertos del Estado, 32.005; Correos, 19.155; GIF, 3.660
miles de euros. Por tanto, el total de todo lo que he dicho asciende
a la suma -que usted puede verificar cuando quiera con mayor
tranquilidad- de 96.720 miles de euros. Y le estoy hablando de las
empresas, porque si me voy a la inversión directa realizada por el
Estado, le diré que exactamente en el País Vasco el Estado ha subido
en un año, respecto al presupuesto inicial de 2001 de 29.888 miles de
euros a 34.503. La diferencia entre uno y otro significa un
incremento del 15,44. (El señor Otxoa de Eribe Elorza: No me sume los
años 2001 y 2002, señor López-Amor.) No le tengo que decir más que
eso.
Vuelvo a reiterar un argumento que a mí me parece incontestable:
pregunten ustedes a la sociedad civil, porque yo, que me muevo como
cualquier ciudadano por este país, estoy viendo lo que se transforma
cada día, lo que se modifica cada día y, sobre todo, lo que está en
construcción. Yo salgo de Madrid y veo la R-4 en construcción y a
punto de inaugurarse, voy a Ávila y veo una autopista que se va a
hacer, voy a Cataluña y veo que se están haciendo cosas
permanentemente, voy al País Vasco o a Andalucía y lo mismo. Eso es
un motivo de felicitación conjunta. No hay que ser catastrofista
y hacer una política absolutamente negativa porque eso no conduce a
nada cuando en este país se está haciendo
un esfuerzo inversor tremendo. Este es un período liquida un
presupuesto, en la fecha en que se liquida se absolutamente fértil
dentro de las inversiones en infraestructura, está haciendo
referencia a todo lo programado en el año un período como no se ha
conocido con 2000 y a lo que se paga con cargo a los compromisos
anterioridad. Esto, al menos, reconózcanlo. ¿Que no adquiridos en el
año 2000, y encontramos que, en el les gusta a ustedes? ¿Que les
gustaría que hubiera más? año 2000, la sección de Medio Ambiente
tenía unas A mí también, pero es el principio elemental de cualquier
obligaciones reconocidas del 87,2 por ciento. Sin política fiscal.
Los recursos siempre son insuficientes embargo, cuando vamos a los
pagos que ha realizado, y y la ordenación de los recursos corresponde
al no forzosamente antes del 31 de diciembre, sino que partido del
Gobierno. podía haberlos realizado el 15 de enero de 2001 y se
computarían como realizados en el año 2000, encontramos El señor
VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): que en el conjunto del ministerio se
ha pagado un Hemos terminado el debate de la sección 17. 61 por
ciento sobre los créditos totales de la sección y Señor López-Amor,
¿tiene algún documento que un 69 por ciento sobre las obligaciones
reconocidas. Es hacer llegar a la Mesa? En todo caso sepa que no
podrá un ministerio que en el año 2000 se comprometió a incorporarse
al acta. Si viene a la Comisión, haríamos mucho pero pagó poco y pagó
mal. Era un ministerio llegar una copia a los portavoces. mal
pagador.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Entonces, si Si vamos por programas, y
por destacar aquellos
me lo permite el presidente, renuncio a la aportación. que nosotros
consideramos de cierta relevancia en la gestión del propio
ministerio, nos encontramos con
Sección 23 El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Terminado que en
relación con la infraestructura urbana de saneamiento
el debate de la sección 17, pasamos a la sección y calidad de las
aguas tenía reconocidas obligaciones
23, Ministerio de Medio Ambiente. por un 92 por ciento. Cualquiera
que vea ese
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor porcentaje dice
que es un esfuerzo importante el que
Morlán. ha hecho el ministerio. Indudablemente se ha comprometido
a llevar a cabo una serie de inversiones, a comprometerse
El señor MORLÁN GRACIA: A estas horas de la con una serie de
actuaciones que casi cumplen
noche o de la madrugada, porque ya son las 12, ya es las previsiones
del propio presupuesto. Pero
mañana, iniciamos el debate de la sección 23, una sección sucede que
cuando se pregunta qué es lo que abonó el
a la que el Grupo Socialista ha presentado una ministerio se ve que
los pagos realizados sobre ese 92
enmienda a la totalidad de devolución y una serie de por ciento de
los créditos totales son el 58 por ciento,
enmiendas parciales que afectan a los diversos programas y los
realizados sobre los créditos totales son el 51,9
que contiene el Ministerio de Medio Ambiente y por ciento. Es decir,
un poco más del 50 por ciento de
que suponen una propuesta de incorporación de nuevas lo comprometido
es lo que pagó y un poco más del 50
inversiones a las que tiene planteadas el presupuesto, por ciento es
lo que ejecutó realmente. Por lo tanto, se
caso de que no se aceptara la enmienda de devolución, dejaron en el
tintero una serie de actuaciones y de proyectos
que imagino que será lo que ocurra a la vista de lo que que no
tuvieron ninguna ejecución presupuestaria está sucediendo en este
momento y en años anteriores. en el año 2000.
Un presupuesto hay que medirlo por varios conceptos, En cuanto a
protección y mejora del medio ambiente, entre otros, por cómo ha
gestionando el Ministerio hay unas obligaciones reconocidas respecto
a los de Medio Ambiente sus presupuestos en los últimos créditos
totales del 92 por ciento y hay unos pagos realizados tiempos, cómo
los está gestionando a lo largo del año del 41 por ciento sobre los
créditos totales y del 2001 y qué es lo que quiere hacer en el año
2002 y, en 50 por ciento sobre las obligaciones reconocidas. Es
función de eso, se establece una cadena en la que las decir, en
protección y mejora del medio ambiente, deducciones que se pueden
llevar a cabo implican suficientes aquello que debiera ser uno de los
puntales importantes argumentos para plantear que se devuelva esta de
la gestión del ministerio, nos encontramos con que sección 23. ¿Por
qué lo digo? Porque en la documentación sobre los créditos totales,
es decir, lo que en enero de que acompaña a estos presupuestos hay un
documento 2000 dijimos que se iba a gastar, se ha pagado sólo el de
liquidación del presupuesto del año 2000 en 41 por ciento. Únicamente
el 50 por ciento de lo que se el que se ponen de manifiesto algunos
aspectos que me ha comprometido a hacer y que no ha hecho. gustaría
detallar y que tienen que ver con ese esfuerzo Respecto a gestión e
infraestructura de recursos inversor que se lleva a cabo y la
realidad práctica de ese hidráulicos, nos encontramos con cifras
similares. Hay esfuerzo inversor que, según dice el propio
ministerio, obligaciones reconocidas del 89 por ciento. Todo el se ha
producido. En el año 2000 se ejecutaron y pagaron mundo puede decir
que es un compromiso importante, obras, y no me venga diciendo que el
día 31 de pero cuando se pregunta qué certificaciones ha pagado
diciembre fueron unas, el 31 de enero son otras y el 31 el ministerio
con cargo a esos fondos, nos enteramos de marzo otras, porque todos
sabemos cómo funcionan que ha pagado el 59,4 por ciento sobre los
créditos totales los ejercicios cerrados y todos sabemos que, cuando
se y el 66 por ciento sobre obligaciones reconocidas.
Si vamos a protección y mejora del medio natural, la otra faceta
importante de la gestión del ministerio, nos encontramos con cifras
más preocupantes. Del 87,6 por ciento de las obligaciones reconocidas
sobre los créditos totales del ministerio al inicio de año, hay pagos
realizados del 38,7 por ciento sobre los créditos totales y el 44 por
ciento sobre obligaciones reconocidas. Esta es, en los aspectos
fundamentales del ministerio, la forma de gestionar unos recursos que
tiene consignados en enero del año 2000 y que a 31 de diciembre del
mismo año en muchas de sus partidas no llega ni al 50 por ciento. Se
puede decir que es una gestión loable, una gestión importante y un
gasto adecuado de los recursos públicos que tiene el ministerio, pero
eso no es así. Eso induce a engaño, induce a que las actuaciones que
tenía previstas el ministerio no se cumplan e induce a que los
ciudadanos vean defraudadas sus expectativas sobre los compromisos de
defensa que hacen cada año los representantes del Partido Popular en
la presentación de los presupuestos.
La otra parte era el avance de liquidación que se presenta con el
presupuesto. Cuando el 30 de septiembre presentan el presupuesto en
esta Cámara hacen un avance de liquidación que tiene que ver con unas
cifras también preocupantes. La sección 23, que tiene unas
obligaciones reconocidas del 89,3 por ciento, resulta que cuando va
uno a ver lo que ha ejecutado de obra se sitúa en el 58,3 por ciento
de los créditos totales y en el 65 por ciento de las obligaciones
reconocidas en el conjunto del ministerio. Si nos vamos a las
inversiones reales del capítulo 6, nos encontramos con cifras que
suponen un reconocimiento de obligaciones similar al del año
anterior, un 89 por ciento. Y cuando se dice qué certificaciones se
han abonado, nos encontramos con que los pagos realizados sobre los
créditos totales son del 46,4 y los pagos realizados sobre las
obligaciones reconocidas son del 51,7 por ciento. Esto que puede ser
un cúmulo de cifras importante que hay que interpretar, en función,
me imagino, del Partido Popular, como unas cifras acertadas y que
tienen su repercusión en lo que es el desarrollo de la política
ambiental, lo que sí es cierto es que están transmitiendo una
incapacidad del ministerio para ejecutar sus propios recursos; adopta
muchos compromisos, pero ejecuta muy pocos.
En el último informe que se nos hace llegar de los compromisos a 30
de septiembre, un resumen por programas, nos encontramos conque el
total consolidado de estos compromisos asciende al 68,97 por ciento.
Habrá que ver la segunda parte, que es qué se ha pagado de este 68,97
por ciento. Porque eso sí que significa que ha habido una ejecución
de obra, que ha habido una certificación y que ha habido un cobro de
esas cantidades por parte de los ejecutores de las obras. Por ello,
señorías, en este escenario que se plantea, que tiene su historia en
lo que es todo el camino presupuestario del Gobierno, contando
solamente la liquidación del año 2000, el año 2001 hasta el 30 de
septiembre y
las previsiones del presupuesto, desde nuestro punto de vista los
presupuestos son muy poco creíbles. Si a esto añadimos que un
presupuesto no sólo es importante por el volumen de recursos que
tiene, sino por las políticas que define y vamos analizando cada una
de ellas, nos encontramos con auténticas sorpresas. En las diversas
áreas del ministerio, si vamos a políticas de aguas, a la Dirección
General de Obras Hidráulicas y al programa que está relacionado con
el saneamiento y calidad de las aguas, gestión de obras hidráulicas e
infraestructuras y recursos hidráulicas, vemos que existe en
principio una ingeniería financiera tan perfilada que hace imposible
saber con claridad qué proyectos se van a hacer, quién va a financiar
esos proyectos y quién los va a gestionar. En esa dirección general
hay tres líneas de gestión. Una la llevan las confederaciones
hidrográficas. Si uno ve los presupuestos de inversión de las
confederaciones hidrográficas se encuentra con situaciones curiosas.
Se encuentra con que hay algunas confederaciones que han disminuido
sus inversiones, hay otras que las han aumentado de manera
considerable, pero aquellas que están afectadas por el Plan
Hidrológico Nacional, concretamente la cuenca del Ebro, y aquellas
otras que están afectadas también por el Plan Hidrológico Nacional
como posibles cuencas receptoras, no experimentan el crecimiento
importante de inversión para hacer frente a una gestión más racional
y más eficaz del agua. Me estoy refiriendo a la Confederación del
Segura, a la Confederación del Júcar y a la Confederación del Sur en
la zona de Almería. Y lo digo porque cuando uno ve esos presupuestos
de inversiones y ese incremento respecto a los años anteriores, las
oscilaciones van desde un 40 por ciento en la cuenca del Guadiana,
por ejemplo, o la propia del Guadalquivir, que también tiene sobre el
papel incremento, pero sobre la realidad muy poco; no tiene nada que
ver con el 5 por ciento que sube la cuenca del Ebro o con el 10, 12,
14 ó 17 por ciento que pueden subir, si los números no me fallan, las
inversiones de las confederaciones del Júcar y del Segura.
Se ha dicho con el Plan Hidrológico Nacional que se iba a hacer un
esfuerzo importantísimo en solucionar los problemas de la cuenca del
Ebro y dar mayor eficiencia y eficacia a la gestión del agua en las
cuencas que se dice receptoras. Estos presupuestos no responden
a esos criterios. Me dirán que son las sociedades del agua, que es la
segunda parte inversora del ministerio, y que en este año
concretamente para la adquisición de acciones tiene consignados
41.000 millones de pesetas que van destinados a hacer frente parte de
ellos a la sociedad que ustedes quieren constituir para la gestión
del trasvase, y otra parte va dirigida a la adquisición de acciones
de otras de las sociedades de agua que hay constituidas en nuestro
país. Cuando le hemos manifestado al secretario de Estado que se nos
diga qué es lo que se quiere hacer en cada una de las sociedades de
agua, todavía estoy esperando que me diga qué
obras están contempladas en la gestión de cada una de las sociedades
de agua. Me ha mandado parte de la documentación, pero relacionada
con el capítulo 6, inversiones del ministerio, en el que sí ha
pormenorizado a qué corresponden algunas de las otras actuaciones en
materia de política hidráulica que hay en cada cuenca; pero cuando
hemos ido a las sociedades de agua nos hemos encontrado con que ese
listado de obras previstas de ejecución no están definidas en ningún
sitio. Si a las sociedades de agua, cuya gestión no compartimos y
a las que siempre hemos criticado, añadimos que su propio presidente
está cobrando más que el presidente del Gobierno, cuyo promedio de
percepción de sueldo es de 16 ó 17 millones de pesetas, nos damos
cuenta, indudablemente, de que se está haciendo un mal uso de
aquellos recursos públicos que tendrían que ir encaminados a mejorar
la gestión del agua en España. Si uno analiza los balances contables
de estas sociedades de agua, ve de qué manera está previsto que haya
mayores ingresos financieros en el año 2002 que los que tienen en el
2001, lo que quiere decirse que no se va a mover el capital que
tienen esas sociedades, porque va a seguir gran parte de él todavía
en la deuda pública o en la cuenta bancaria correspondiente generando
ingresos superiores a los que tenían presupuestados para este año
2001.
Entiendo que esa otra pata de gestión del agua que tiene el propio
ministerio no es, desde luego, la manera más adecuada de llevar a
cabo una gestión eficaz, eficiente y de ahorro del agua que ustedes
de una manera tan nítida han planteado públicamente, pero que a la
hora de la verdad no tiene la consignación presupuestaria que creemos
nosotros que debería constituir uno de los elementos importantes de
su gestión. Si además añadimos a este aspecto que en políticas de
protección y mejora del medio ambiente gran parte de los planes
especiales de residuos que ustedes han aprobado no tienen
consignación en este presupuesto; si a esto añadimos que las
transferencias a las comunidades autónomas no son de la suficiente
cuantía para hacer frente a todas aquellas obligaciones que vienen
derivadas de la aplicación de alguno de los planes de residuos
sólidos urbanos que pueden ponerse en marcha nos estamos dando cuenta
de que siguen la misma pauta que había en años anteriores respecto a
lo que tiene que ser la protección de la gestión y mejora del medio
ambiente.
En protección de la naturaleza hay un aspecto que me interesa
destacar aquí, y es que en esta protección y mejora del
medioambiente, cuando hablan de la biodiversidad y la estrategia de
desarrollo sostenible, ustedes han puesto encima de la mesa la mayor
dotación a una fundación para la conservación de la biodiversidad,
a la que transfieren todos los recursos para llevar a cabo la política
correspondiente desgajándola y separándola de lo que es la gestión
del propio ministerio y permitiendo que un ente como es una
fundación, ajeno a la propia Administración, sea quien lleve a cabo
el desarrollo
de estas políticas. Si a esto añadimos la fundación de parques
naturales, nos encontramos con que ustedes, con la finalidad de que
este Parlamento no tenga la información adecuada y correcta de cómo
se gestionan los recursos públicos, están constituyendo sociedades y
fundaciones que impiden que haya el adecuado control parlamentario
del desarrollo de estas iniciativas.
Señorías, estoy observando en estos presupuestos (habría para ir
razonando algunos aspectos más de por qué no estamos de acuerdo con
ellos y que por ello planteamos la enmienda de devolución) aspectos
que objetivamente, sin ser ni radical ni cosas por el estilo, sino un
riguroso analista de un documento presupuestario, porque no obedecen
ni van en la dirección que marcan las pautas comunitarias. N tienen
ese contenido ambiental que se quiere dar al conjunto de la política,
ni esa estrategia de desarrollo sostenible, cuyo concurso (en cuya
publicidad tienen pensado, de acuerdo con estos presupuestos, gastar
más de 10.000 millones de pesetas y cuyo contenido se está elaborando
y veremos a ver cuándo se acaba) parece que ustedes han declarado
desierto y nos gustaría saber por qué. No son unos presupuestos que
obedezcan a esas pautas que nosotros entendemos que deben de traer
consigo una política medioambiental que tenga carácter transversal
y que afecte al conjunto de las actividades de la acción pública.
Hemos presentado, como es lógico, a estos presupuestos, aparte de
esta enmienda de devolución, otra serie de enmiendas parciales, como
he indicado anteriormente, que tienen que ver con el desarrollo de
programas encaminados a una mejor y mayor dotación del Plan nacional
de residuos peligrosos, a una dotación del Plan nacional de
descontaminación de suelos, a una mayor dotación del Plan nacional de
residuos especiales, del Plan nacional de residuos sólidos urbanos,
del transporte marítimo de residuos a la Península, que también se
está produciendo y que ustedes parecen que hacen caso omiso a
proyectos de lucha contra el cambio climático. Nos gustaría saber
cuál va a ser esa estrategia que ustedes están elaborando. Hace unos
días salió una nueva reedición de la oficina nacional de cambio
climático, que parece ser que abre sus mentes a otros estudiosos y a
otros técnicos en la materia. Pero si uno ve los presupuestos, la
verdad es que lo único que encuentra es una frasecilla en la memoria
de los mismos en la que se dice que funcionará, para hablar de la
estrategia de lucha contra el cambio climático la oficina nacional
del cambio climático y nada más. Cuando va uno a inversiones o a
cualquiera de los capítulos del presupuesto se encuentra con que no
hay ninguna cifra destacada que vaya en la dirección que ustedes
plantean de manera tan ostentosa en muchos casos.
Planteamos enmiendas para elaborar una adecuada estrategia nacional
de desarrollo sostenible. Vemos quepor ahora las cosas que están
haciendo ustedes son bastante
light, que se dice, y más bien con un espíritu generalista y sin
entrar en pormenores muy concretos sobre qué medidas tendría que
haber a medio y largo plazo, qué objetivos, qué financiación, cómo
habría que hacerlo, qué participación tienen las comunidades
autónomas.
También planteamos una estrategia nacional para la conservación de la
biodiversidad. Una enmienda que nosotros entendemos que es buena y
que desde luego lo que tendría que hacer es que esa fundación famosa
desapareciera del mapa y que fuera el propio ministerio el que
asumiera la responsabilidad de la gestión de esta estrategia; una
estrategia nacional forestal española y el desarrollo de la Agenda
21, que también entendemos que ustedes en estos presupuestos están
obviando de manera muy clara.
Otra de las enmiendas que planteamos se refiere a concretar de alguna
manera las inversiones que tendría que haber en cada uno de los
parques nacionales. Esa opacidad a la que he hecho referencia antes y
que justifica la incredulidad del propio presupuesto, ya no sólo
basada en aspectos presupuestarios puros y duros, sino en la
indefinición de las políticas, también tiene que ver con que a todos
nos gusta saber qué es lo que se va a gastar en los parques
nacionales. No puede ser que ustedes en estos presupuestos se olviden
de que cada uno de los parques tienen sus peculiaridades, sus
características y que tienen que tener previsto en cada parque qué es
lo que van a hacer durante el año. No puede ser que esto lo sometan a
la consideración de una reunión de los consejos asesores
correspondientes, que se celebrará en no sabemos qué fecha y que
después tendrá una dificultad a la hora de invertir. Así nos va en
estos momentos cuando uno ve la liquidación del presupuesto del 2000
cuál es el nivel de inversión y desarrollo presupuestario de las
actuaciones en protección de la naturaleza.
Por último, hacemos referencia en nuestras enmiendas al programa
Araucaria, que parece que ustedes tienen olvidado. Se trata de un
programa que tradicionalmente ha tenido una dotación importante y en
el que la protección del medio natural, extendida fuera de nuestras
fronteras, ha tenido su presencia de manera más destacada que ahora.
Hay una serie de actuaciones encaminadas también a la protección del
medio natural que tienen que ver con aplicaciones forestales, con
mejora de la gestión de espacios naturales, con control de la erosión
y defensa contra la desertificación y mejora forestal en las dos
vertientes mediterránea y atlántica, y si se observa el presupuesto
de este año 2002 resulta que es menor que la que había para el año
2001. Todo ello, señorías, nos motiva a que si alguna vez el Grupo
Popular no aplicara el rodillo que está aplicando de la manera tan
descarada que lo está haciendo no pasaría nada porque de vez en
cuando tuviera algún detalle de generosidad y ya no de generosidad,
sino de comprensión de que la política que está planteando el
Ministerio de Medio Ambiente no es la más adecuada para satisfacer
las necesidades de este país.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): En representación del Grupo
Vasco, señor Otxoa.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Entramos en la discusión de esta
sección en la que, loado sea el Altísimo, tenemos un aumento, porque
en los presupuestos del 2001 a la Comunidad Autónoma del País Vasco
se destinaban por el Ministerio de Medio Ambiente 47.776,90 miles de
euros. Hay dificultad en entenderlo cuando se dice en euros. Este año
2002 son 48.550,29 miles de euros. Esto es, tenemos 750.000 euros de
aumento, cantidad importantísima si tenemos en cuenta -repito cifras-
que la totalidad de la inversión del Estado en la Comunidad Autónoma
de Euskadi pasa de 196,47 millones de euros en los presupuestos de
2001 a 170,79 millones de euros en el año 2002. Por tanto, este
departamento no nos ha tratado del todo mal, teniendo en cuenta la
totalidad presupuestada, si bien, como de costumbre, entendemos que
lo que se hacen son apuntes contables, dada la experiencia que
tenemos de inversiones que año tras año se vienen repitiendo en los
apuntes presupuestarios, y también el incumplimiento sigue dándose
año tras año.
Como muestra valga un botón. De las nueve enmiendas que tenemos
presentadas a la sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, hay unas
que se refieren al compromiso adquirido por el Gobierno central con
el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Euskadi cuando se transfiere
la competencia en obras hidráulicas, junio de 1994, y se establece
una dote de obras que deben realizarse por el Estado, declaradas de
interés general. Ahí tienen ustedes el saneamiento del alto Nervión.
Eran obras que debían realizarse, según se especifica en el mismo
protocolo que se firma con el Estado, en seis años. Si contamos con
que esto fue en el año 1994, creo que los seis años han vencido, si
mis matemáticas no van mal, en junio del año 2000. Pues bien, el
saneamiento del alto Nervión no se ha iniciado, enmienda número 620.
El saneamiento integral de la ría de Guernica no se ha iniciado,
enmienda número 618. La presa del río Erbi, en Jerrerías, no se ha
iniciado, enmienda 625. El saneamiento del alto Deva corresponde a lo
que por Ley 50/1998 se declara de interés general por el Estado; no
se ha iniciado. Creo que esas cuatro enmiendas son buenos ejemplos
del tratamiento que constantemente el ministerio está dando a la
comunidad autónoma. Y luego dicen que establecemos agravios
comparativos, no sé de qué otra forma se puede hacer, habrá que poner
la otra mejilla.
Las otras enmiendas vienen determinadas por las previsiones del Plan
Hidrológico Nacional, como es el inicio de la depuradora de Lamiaco.
Como ustedes saben, gracias al esfuerzo realizado en la cuenca del
Nervión se va saneando toda ésta y queda la margen
derecha de la depuradora de Lamiaco, declarada también de interés
general. Pedimos que se introduzca en estos presupuestos.
Junto a eso hay un asunto que nos parece de suma importancia, que es
el acondicionamiento de la zona del Nervión, intermedia y no definida
por falta de delimitación de las competencias entre costas, aguas de
estuario y aguas interiores, que está sin regenerar precisamente en
la zona más conflictiva de la cuenca del Nervión. Como ustedes saben,
hubo unas inundaciones en el año 1983, inundaciones que en un período
de retorno de 25 años se repetirán, según los estudios realizados.
Habiéndose efectuado el acondicionamiento del alto Nervión, vamos a
ver que esos 360.000 ó 400.000 habitantes que quedan bajo la cota de
inundación previsible, insisto, en un período de retorno de 25 años,
van a estar indefensos ante la repetición del fenómeno. Nosotros lo
decimos bien claro y bien alto: esto hay que solucionarlo porque si
no la desgracia será imparable. En aquel momento habrá que ver
quiénes son los responsables de este desaguisado. En la confección
del Plan Hidrológico Nacional entendimos que estaba mal que no se
realizase y volvemos a insistir ahora. Entendemos que este es un tema
de interés general y que debe comenzarse ya. Además, hay muestras: a
principios de este año se hundió un muelle en la zona de delimitación
competencial y se agrietaron las casas colindantes. Desde el mes de
marzo de este año esos vecinos siguen alojados en hoteles y todavía,
con la discusión de sin son galgos o podencos, no pueden usar sus
casas y éstas siguen destruyéndose irremediablemente. Si esto no
impele la actuación del Estado y la definición entre el puerto
autónomo, que en su día hizo entrega, y las aguas de costa, creemos
que hay alguien que está pecando de irresponsabilidad en este tema.
Volvemos a apuntarlo porque creemos que es un asunto de absoluta
prioridad y de gravedad.
Planteamos unas enmiendas que corresponden a la problemática del agua
en Álava. Como ustedes saben, en la previsión del plan hidrológico de
la cuenca del Ebro se establecía el aprovechamiento del río Baias
como fuente de suministro para remediar la carencia y el déficit
estructural de las aguas en las zonas de estribaciones del Gorbeia y
de la capital Vitoria-Gasteiz. En el Plan Hidrológico Nacional
desapareció este embalse de las obras de interés general y apareció
un nuevo embalse, que preferimos pensar que ha sido un error y que
esto debe llevarse otra vez a los parámetros que se preveían en el
plan hidrológico de cuenca del Ebro. Por tanto, pedimos que esa presa
del río Baias desaparezca y aparezca la presa de Olano, así pactada
desde hace ya bastante años, desde que se discutió el plan
hidrológico de cuenca del Ebro. Esto también es muy importante,
puesto que una serie de ayuntamientos, como hemos explicado por
activa y por pasiva, están pendientes del aprovechamiento de esas
aguas, que en este momento se pretenden desviar para regadíos fuera
de su ámbito
de cuenca, cosa taxativamente prohibida y delimitada en el plan
hidrológico de cuenca del Ebro.
Otra última es la del embalse de Araia. El embalse de Araia
solucionaba el problema de las aguas para la Álava oriental y el
proyecto se finiquitó por la Diputación Foral de Álava ya en el año
2000. En el año 2001 ese proyecto sigue en pie, sigue terminado con
todos los parámetros previstos, un proyecto constructivo, un proyecto
que entendemos que es modélico y, sin embargo, introduciéndose en el
Plan Hidrológico Nacional, se paraliza su construcción por las
autoridades locales o por el propio Gobierno vasco y de manera
incomprensible se lleva el primer apunte contable al año 2005 en
estos presupuestos. Pedimos que se corrija ese desaguisado y ese
proyecto que se ha terminado y sin ningún problema se comience ya y
no se vuelva a hacer la labor del perro del hortelano, porque hacer
una declaración de interés general cuando se va a comenzar y después
no comenzarlo y llevarlo como apunte contable al año 2005 nos parece
una falta de sensibilidad y una injerencia en un asunto que se
llevaba a cabo ya en aquel momento por parte de las administraciones
locales, que se imposibilita su actuación y, sin embargo, se pospone
incomprensiblemente.
Por último, hay un punto que es para calibrar la sensibilidad, como
anteriormente hemos hablado, del departamento. En la costa de Zarauz,
dentro de un parque así declarado, existe un cargadero de mineral, de
los pocos que quedan ya en la cornisa cantábrica, que es un elemento
a mantener, que está en plena costa y que en sucesivas conversaciones
se ha prometido la actuación desde costas. Pedimos que un cargadero
que está sometido a los embates del mar y que va perdiendo calidad
año tras año, que se encuentra ubicado dentro del Biotopo de
Iñurritza, y que está previsto en todas las actuaciones urbanísticas
de zona, sea asumido por costas, que es quien tiene competencia en
este tema.
No voy a cansarles más con mi exposición. Simplemente, quiero que
entiendan que hemos hecho un resumen de asuntos, centrándonos en los
que nos parecen más significativos y algunos de ellos yo diría que
sangrantes. Por tanto, quedan a la consideración de los señores
diputados y veremos su actuación y su postura en el momento de las
votaciones respecto a ellos.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el señor Núñez, del Partido Andalucista.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor presidente, iba a decir que por
cortesía pero tengo que reconocer que es por agotamiento físico, este
diputado tiene que ser necesariamente breve, pero se ve en la
obligación de hacer constar en acta algunas cuestiones después de
casi yo no sé las horas que llevamos aquí sin posibilidad de relevo.
Primero, dar por defendidas, por supuesto, las enmiendas de mis
compañeros del Grupo Mixto. Después, dejar constancia en el «Diario
de Sesiones», de que aunque no sea un tema presupuestario siempre que
se habla de medio ambiente y se habla de aguas, la opinión y la
voluntad, desde el punto de vista andalucista, de la transferencia a
Andalucía de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en tanto
en cuanto el Guadalquivir es un río netamente andaluz. Hay
evidentemente una excusa técnica que no sé qué hectáreas mínimas
solapan creo recordar que la provincia de Ciudad Real, arriba del
todo en la cuenca, y eso es lo que el Estado aduce para la
imposibilidad de la transferencia. Me gustaría estar gobernando
nuestras aguas, las aguas en una Andalucía diversa, que aunque
digamos que es una Andalucía seca es diversa, porque tiene zonas
secas y zonas húmedas, son elemento fundamental de desarrollo y por
tanto para nosotros no sólo es una cuestión medioambiental vital,
sino también una cuestión de desarrollo económico ligada no al
abastecimiento de ciudades, que es evidente, a la supervivencia, a la
calidad de vida, sino ligada a los riegos y a la productividad
agrícola de nuestros fértiles suelos.
Las enmiendas, y en esto tengo que coincidir con el portavoz del
Grupo Parlamentario Vasco (PNV), lamentablemente coinciden en un
tanto por ciento muy elevado con las del año pasado; quiero decir que
son enmiendas que no están recogidas en el presupuesto, algunas sí
aunque no con cuantía adecuada, referidas a embalse, a presa,
concretamente, de Gor, de Otívar, de Víboras y de Melonares, a
operaciones de riego en el Genil-Cabra, espera, en la sierra de Cádiz
o en BazaHuescar, en Granada, y a determinadas operaciones de
dragados, de costas, de regeneración de la margen del río
Guadalquivir, que están contempladas en las encuestas. Hablar hoy de
lo medioambiental es fundamental en nuestra sociedad, y tendríamos
que conseguir que estas inversiones tan vitales para Andalucía,
fueran inversiones reales, que no sólo se enumeraran en los
prespuestos, sino que se ejecutaran.
Sin más, doy por defendidas todas las enmiendas y espero continuar en
esta maratoniana tarea mañana por la mañana.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Señor presidente, voy a intentar centrar mi
intervención y ser breve. La centraré en el mismo orden que ha
seguido el señor Morlán, para ver si puedo hablar de los puntos que
él ha citado.
En primer lugar, ha defendido el señor Morlán la enmienda a la
totalidad de los presupuestos que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista a la sección 23, hablando del estado de
ejecución del presupuesto.
Me ha asombrado el hecho de que nos hablara del presupuesto
del año 2000, cuando el señor Morlán tiene este año información sobre
la ejecución del presupuesto del año 2001 a fecha 3 de octubre. No
entiendo para qué hace usted preguntas en Comisión, preguntas que se
le contestan, para luego hablar usted de otra cosa, porque muchas de
las cuestiones que usted ha planteado y muchas de las cosas que ha
indicado yo creo que usted no ha tenido tiempo de cambiar su
intervención en la Comisión de Medio Ambiente cuando compareció el
secretario de Estado, y nos ha repetido la misma. Señor Morlán, el
estado de ejecución del presupuesto de este año, del año 2001 a fecha
3 de octubre, lo tiene usted claramente en la página 10.713 del
«Diario de Sesiones» de la Comisión de Medio Ambiente en la que
compareció el secretario de Estado; no tenía usted que irse al año
2000. En este «Diario de Sesiones» usted ve que en relación con la
Secretaría de Estado de Aguas y Costas, a 3 de octubre hay un
compromiso por casi 90.000 millones de pesetas en el programa 512.A,
obras hidráulicas, sobre un crédito definitivo de 112.000 millones de
pesetas, lo cual supone una ejecución del 80 por ciento. Respecto al
programa 441.A, saneamiento y depuración, hay compromiso en la
ejecución del presupuesto por 30.500 millones de pesetas sobre un
total de crédito definitivo de 36.000 millones, lo que supone un
porcentaje de ejecución del 85 por ciento. Por tanto, señor Morlán,
usted ahora se retrotrae al año 2000; si tenemos en cuenta que
estamos juzgando la labor del ministro de Medio Ambiente, del equipo
del ministro de Medio Ambiente eso lo tendremos que ver en los
presupuestos del año 2001 porque, como usted recuerda en el año 2000
hubo elecciones y tenemos que ver ese presupuesto que usted sabe, que
usted conoce y que usted hoy ha obviado, no sabemos por qué.
Igualmente, a muchas de las preguntas que ha dejado aquí usted tiene
las respuestas en el «Diario de Sesiones», aunque yo no tengo ningún
inconveniente en aclararselas.
En segundo lugar, ha dicho que usted presenta enmienda a la totalidad
porque las políticas que definen el presupuesto no están de acuerdo
con lo que usted cree que debería ser el presupuesto del Ministerio
de Medio Ambiente. Nos ha puesto como ejemplo de que la política se
lleva muy mal el hecho de que en política de aguas nos encontramos
con tres organismos que efectúan la política de aguas. Tenemos por un
lado, a las confederaciones hidrográficas, por otro lado a las
sociedades estatales, y por otro lado a la Dirección General de Obras
Hidráulicas en el propio presupuesto del Ministerio. Usted saber
perfectamente, porque lo tiene en la página 10716 que hizo la misma
pregunta y a la pregunta que usted hizo se le contestó, señor Morlán,
que las confederaciones hidrográficas tiene como función acometer
obras de pequeña entidad. Esto es lo que opina el Ministerio de Medio
Ambiente que es el que está haciendo la política de medio ambiente y
deaguas en España. Las confederaciones hidrográficas
tienen otras funciones; además de estas obras de pequeña entidad, es
decir obras de menos de 100 ó 150 millones, las confederaciones
hidrográficas tienen encomendadas la gestión del agua. Dentro de la
concesión del agua, se encargan de los catálogos y registro de las
concesiones -lo que es plan ARICA-, del deslinde del dominio público
hidráulico y de la vigilancia de dicho dominio público hidráulico.
Usted se ha extrañado de que hubiera dos confederaciones con un
presupuesto muy alto y otras con un presupuesto muy bajo, y resulta
que en la página 10.716 del «Diario de Sesiones» de la Comisión a
usted le explican la excepción de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, y lo que se le ha encomendado a la Confederación
Hidrográfica del Guadiana y a la Confederación del Tajo. Por
consiguiente, vemos claramente que usted no tiene dudas; lo que usted
tiene es que no le gusta o querría que fueran sus presupuestos, pero
dudas no las tiene -al menos, estas dudas que ha reflejado- porque se
le aclararon y le indicado a usted la página en la que viene aclarado
el tema para que no tenga usted el trabajo de buscarlo.
También dice que no sabemos lo que están haciendo las sociedades
estatales y que tampoco sabemos lo que está haciendo la cuenca del
Ebro, cuando el Gobierno del Partido Popular, el Ministerio de Medio
Ambiente ha dicho que las obras de la cuenca del Ebro eran
prioritarias. Efectivamente, las obras de la cuenca del Ebro son
prioritarias y también lo son las obras del Pacto del agua de Aragón.
En la página 10713 tiene usted especificadas las obras, no se las voy
a leer dadas las horas de la noche, pero le indico la página, 10713.
En esta página queda especificado claramente que en el año 1996 no se
había hecho ni una sola obra del pacto del agua de Aragón. Había un
catálogo, el mismo del año 1992, y si usted cree que había alguna
obra, puede decirlo. En lugar de decir que había cosas hechas, diga
usted había hecha tal cosa, tal otra o lo que sea; pero no había una
sola obra. Ha sido en estos últimos cinco años cuando se han estado
acometiendo las obras del pacto del agua de Aragón. ¿Qué hacen las
sociedades estatales? Es el tema reincidente que usted saca siempre y
lo entiendo porque usted es aragonés y tiene derecho a saberlo. ¿Qué
obras ha hecho ACESA? ¿Qué compromisos tiene ACESA? ¿Qué proyectos
tiene ACESA? ¿Qué está haciendo? Página 10704 del mismo «Diario de
Sesiones». Se lo explicó el secretario de Estado y usted sabe
perfectamente cuáles son las obras que ha hecho, que está haciendo
ACESA y qué va a hacer.
Ha dicho usted que los presupuestos no van en la dirección europea.
La dirección europea marca sobre todo medidas de ahorro y gestión
eficiente del agua. Yo creo que los presupuestos y concretamente los
de la Secretaría de Estado van en este sentido, si no dígame usted
qué opina sobre que la inversión total en obras en infraestructuras
hidráulicas llevadas a cabo por la
Dirección General de Obras Hidráulicas, las sociedades estatales y
confederaciones hidrográficas sea de 465.000 millones de pesetas, y
de este presupuesto, señoría, 146.000 millones, casi la tercera
parte, son obras de ahorro de agua y modernización de regadíos. Creo
que esta es la dirección adecuada y estoy seguro de que usted está de
acuerdo con ellos, señor Morlán; 96.000 millones de pesetas son para
obras de abastecimiento, entre otras el abastecimiento para Zaragoza;
y 71.000 millones de pesetas son para obras de saneamiento
y depuración. Usted decía el otro día que lamentaba que el Plan de
saneamiento y depuración fuera tan lento. Pues yo creo que este plan
de lento no tiene nada, porque de la dotación presupuestaria de 2.000
millones de pesetas la Administración del Estado tiene que asumir el
25 por ciento, o sea, 500.000 millones de pesetas, de ellos, señor
Morlán, en el año 2001 el grado de cumplimiento del plan es del 85
por ciento, cuando cogiendo las anualidades previstas, ya que es un
plan hasta el año 2005, deberíamos llevar solamente el 70 por ciento;
es decir estamos 15 puntos por encima en el Plan nacional de
saneamiento y depuración. ¿Qué más inversiones va a hacer el
Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General de Obras
Hidráulicas, las confederaciones y las sociedades estatales? Aparte
de las obras de modernización de regadíos -ahorro de agua-,
abastecimiento, saneamiento y depuración, 52.000 millones de pesetas
en obras de regulación, 43.000 millones de pesetas en restauración
hidrológica forestal, ustedes se olvidan cuando hablan del
conservación del medio natural que también son obras que conservan el
medio natural, señoría; 28.000 millones de pesetas en programas de
control y calidad del agua y 27.000 millones de pesetas en
acondicionamiento de cauces, que también son obras que favorecen el
entorno natural. Por consiguiente, creemos que sí estamos en la
dirección adecuada.
Usted nos ha dicho que en sus enmiendas pide mayor dotación para los
planes de residuos peligrosos, para el plan de residuos urbanos, para
los suelos contaminados. Señor Morlán, usted sabe perfectamente que
todo esto es competencia de las comunidades autónomas. En los
presupuestos del ministerio hay partidas presupuestarias para
colaborar con las comunidades autónomas y además hay fondos europeos,
hay fondos de cohesión para todos los planes que usted ha
especificado, pero para conseguir esos fondos las comunidades
autónomas, como usted bien sabe, deben presentar proyectos y no todas
lo hacen.
Nos ha dicho también que usted presenta enmiendas que proponen
proyectos de lucha contra el cambio climático. Nos parece
maravilloso, pero como también usted conoce la lucha contra el cambio
climático tiene muchos frentes. Hay un frente que es el sector
transporte -que no es competencia del Ministerio de Medio Ambiente-,
hay un frente que es el sector energético -estamos hablando de
energías renovables, estamos
hablando de eficiencia energética-, hay un frente que es la
agricultura -porque no solamente son emisiones de CO2, también son
emisiones de metano-; hay un frente que es residuos y esperamos que
dé los frutos a medida que se está poniendo en marcha el Plan
nacional de residuos, con el cierre de los vertederos. Por
consiguiente, vemos muy loable su enmienda para proyectos de lucha
contra el cambio climático, pero todo esto que le estoy diciendo
estará usted de acuerdo conmigo que es gestión de las comunidades
autónomas, señoría. ¿Que el Gobierno debe elaborar la estrategia de
cambio climático? Por supuesto que sí y nosotros pensamos solicitar
al Gobierno que nos lo presente en el plazo más breve posible no
solamente para cumplir los compromisos europeos, sino porque creo,
señoría, que realmente es importante para España que se empiece a
iniciar este esfuerzo. Nos habla de que es necesaria una estrategia
de desarrollo sostenible. Claro que es necesaria, por eso el Gobierno
está terminando de elaborar la estrategia de desarrollo sostenible,
que en breve plazo será presentada en esta Cámara y en el Senado. Nos
dice también que es necesaria una estrategia forestal y una
estrategia de la biodiversidad. Ya existen, señoría, usted se ha
olvidado, fueron aprobados en la pasada legislatura. Usted lo ha
dicho, señoría, está en el acta de sesiones.
Manifiesta que no se sabe lo que se destina a cada parque nacional.
Los parques nacionales se gestionan de manera conjunta en el
organigrama del Ministerio de Medio Ambiente. No son oscurantistas
los presupuestos de los parques nacionales, porque como usted conoce
existe una comisión mixta de gestión para cada uno de los parques y
la cogestión hace que en esta comisión mixta se apruebe el
presupuesto del parque. Posteriormente va al patronato, donde están
representados todos los sectores sociales; por consiguiente los
presupuestos no son ocultos, señorías, se conocen perfectamente
y también van al consejo de la Red de los parques nacionales. El
presupuesto de parques nacionales se ha incrementado este año, y como
nos explicó la secretaria general de Medio Ambiente -y también consta
en el mismo «Diario de Sesiones», que usted por lo visto no ha podido
leerse- una partida muy importante es para los municipios del
entorno, para que puedan efectuar actividades relacionadas con el
medio ambiente, porque como nosotros hemos defendido en múltiples
ocasiones, los municipios del entorno nunca pueden verse perjudicados
porque exista un parque nacional, sino que ellos han sido los que nos
han legado el estado en que los tenemos ahora y por consiguiente hay
que darles compensaciones socioeconómicas. Nos ha hablado de
residuos, de la desertización, nos ha hablado de parques nacionales,
nos ha hablado de escasez en muchas cosas que, señor Morlán, usted
sabe que no es cierto. A todos nos gustaría que los presupuestos
fueran más cuantiosos, claro que sí, todos querríamos que hubiera más
presupuesto para parques
nacionales, para la lucha contra incendios o para la repoblación
forestal; sin embargo el Ministerio de Medio Ambiente tiene un
presupuesto y lo que ha incluido en los presupuestos que estamos
debatiendo en este momento es lo que ha considerado prioritario.
Prioritario en este año que estamos debatiendo son las obras de
infraestructuras hidráulicas contempladas en el Plan Hidrológico
Nacional. No quiero extenderme mucho más y sólo decirle que muchas de
las cosas que usted propone en sus enmiendas yo estaría encantada de
hacerlas y todos también si el dinero lo permitiera, pero sus
enmiendas proponen bajas en el programa 511, donde ustedes pretenden
que las sociedades estatales dejen de actuar. Por consiguiente, si
quiere que dejen de hacerlo un montón de obras que se están haciendo
dejarían de hacerse, porque no nos dice en sus enmiendas como
financiaría las obras que están haciendo las sociedades estatales en
la actualidad. Por otra parte, usted propone bajas, como el resto de
los grupos parlamentarios, en la sección 31, programa 612 F, que es
gestión del patrimonio del Estado y sección 31, programa 633 A, que
son imprevistos que surgen en el año 2002. Como ustedes conocen -y
amplío el razonamiento para los demás grupos parlamentarios- no puede
presentarse aumento de gasto en una enmienda al presupuesto
proponiendo bajas que ustedes saben que son inadmisibles. No se puede
rebajar la sección 31 porque se necesita para los imprevistos que
surjan en el año 2002, ni van a desaparecer las sociedades estatales,
porque tienen que hacer un esfuerzo inversor enorme. La colaboración
con los usuarios y la iniciativa privada, desde nuestro punto de
vista es muy importante y la seguiremos manteniendo porque con ellos
han avanzado en el tiempo muchas infraestructuras hidráulicas que
hacían falta en España.
El señor VICEPRESIDENTE (Seidó i Marsal): Señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Señora De Lara, a la una menos diez de la
noche, lo que a mi no me gusta mucho de sus planteamientos es que
siempre que tiene que atacar la posición del Partido Socialista lo
que hace es dirigir acusaciones personales de que si no leo o dejo de
leer. Yo leo todo lo que tengo que leer, señora De Lara. Leo todo y
usted me tendrá que explicar por qué razón usted tiene esos datos yo
tengo estos y otros; por qué razón a mí en esa respuesta que usted
dice que me han dado me dice la subsecretaría del Ministerio de Medio
Ambiente, que el programa 441.A, infraestructura urbana,
establecimiento y calidad de las aguas, tiene una tasa de compromisos
del 72,42 por ciento, y usted ha dicho que era del 83. Por qué razón,
señoría, la de gestión e infraestructura de recursos hidráulicos
tiene el 65,44 por ciento y usted se ha pasado al 70. Por qué razón
la protección y mejora del medio natural
tiene el 58,50 por ciento. Eso lo dicen ustedes, señora De Lara, lo
dice el ministerio, así que pónganse de acuerdo y dennos datos
fiables, porque el problema que tenemos con ustedes, señora De Lara,
es que no saben ni lo que dicen. Dicen lo que les interesa en un
momento determinado y cuando yo he hecho referencia a la liquidación
del presupuesto es porque el presupuesto del año 2000 es un
presupuesto que ustedes no ejecutaron adecuadamente. Fue una
ejecución baja, son datos suyos y no me los he inventado. Cuando he
hablado del avance del presupuesto son datos que yo he leído en el
documento que ustedes nos han dado; no me los he inventado sino que
he leído los documentos ministeriales, los documentos del Gobierno.
Si ustedes mienten, mienten ustedes no yo, porque yo leo lo que dicen
estos papeles. Por tanto, no venga usted diciendo que si leyéramos
más entenderíamos mejor las cosas. El señor secretario de Estado tuvo
la virtud de enumerar una seria de obras que en el Pleno le voy a
replicar con los datos encima de la mesa. Usted señora De Lara tiene
un problema, y es que del pacto del agua sólo conoce el nombre, usted
no tiene ni idea de lo que se ha hecho con el pacto del agua, ni
cuando empezó, ni cómo se planteó ni que mecanismos se introdujeron
para llegar al acuerdo en ese pacto del agua, ni que obras se han
hecho, que se han hecho en el año 1996, en los años 1992 y 1993 y
ustedes estaban gobernando en Aragón en aquella época. A partir del
año 1996 si usted viera el porcentaje de obra ejecutada, si usted
viera la cantidad de expedientes paralizados y la cantidad de veces
que han prometido que no han ejecutado ni sabido desarrollar obras se
daría cuenta de que todo lo que le están diciendo que diga usted aquí
es mentira y se lo diré en el Pleno, porque voy a ir con el informe
exhaustivo obra por obra del pacto del agua, en que situación se
encuentra en este momento, verá usted cómo no tiene nada que ver con
lo que ustedes están planteando. Por tanto no mencione ni haga
referencia a aquello que desconoce. Usted no se ha leído del pacto
del agua ni el titular, ni en el «Boletín Oficial de Aragón» se lo ha
leído.
Por supuesto que yo hice preguntas al secretario de Estado del Aguas,
señora De Lara, y hay una cosa que me ha sorprendido. De la
comparecencia del señor secretario de Estado del Aguas, usted dé la
contestación completa y léase el acta, porque el acta dice que las
confederaciones hidrográficas hacen obras menores y las evalúo en 100
ó 150 millones de pesetas. Después dijo, en esa misma reunión, que
había obras que llevaban a cabo las confederaciones pero que podían
ser ejecutadas por las sociedades de agua. ¿Con qué criterios? Dijo
que esas actuaciones eran excepcionales, pero esas excepcionalidades
no se contemplan en ningún sitio ni obedecen a ningún tipo de
criterio, porque obras de una determinada característica que se hacen
en una cuenca concreta, en la cuenca de al lado las hace la sociedad
de aguas, mientras que estas las hace confederación. ¿Qué criterios
de gestión hay? Los que ustedes
se inventan. ¿Con qué objetivos? Ustedes sabrán. Ustedes sabrán,
señora De Lara, a qué se debe el que ustedes actúen de esa manera tan
discrecional a la hora de ver cómo se plantean las obras, cómo se
ejecutan y quién las ejecuta. Estoy hablando, señoría, de la
financiación de las obras y también le tengo que decir a esto que el
propio secretario de Estado -y está recogido en el «Diario de
Ssiones», que usted dice que no he leído- reconoció que los fondos
europeos que venían a cofinanciar esas obras, que había casos -no voy
a utilizar el términos bastantes, para que usted no diga que exagero-
donde la financiación que figuraba en las sociedades de agua no era
una financiación que tuviera el plácet de la Unión Europea, sino que
entendía que según su criterio había muchas posibilidades de que la
Unión Europea financiera esas obras, porque respondían según su
opinión, a criterios ambientales. Hay por ahí algunas obras de
encauzamiento en la cuenca valenciana que van a imposibilitar la
utilización financiación europea porque no se han llevado a cabo una
serie de actuaciones ambientales. Eso quiere decir ni más ni menos
que lo que quiere decir, que ustedes plantean los expedientes, dicen
y anuncian que van a hacer las obras, pero después se encuentran con
la sorpresa de que no cumplen con los requisitos que establece la
Unión Europea. Nosotros queremos que las obras que se lleven a cabo
tengan fondos europeos, señora De Lara (y se lo repito todas las
veces que quiera, ahora no porque no hay prensa, pero si no le diría
que somos unos desleales y que no queremos que haya financiación
europea), y queremos financiación europea. El problema está en que el
ministerio no sabe tramitar bien los expedientes, no todos porque hay
financiación europea para algunos expedientes, que no se lo discuto,
señora De Lara, lo que sí le digo, es que hay riesgo, y se han dado
casos en los que no hay financiación europea para esas obras. Usted
que habla tanto del abastecimiento de aguas a Zaragoza, señora De
Lara, ¿sabe usted cuál era el problema del abastecimiento de aguas
a Zaragoza? Que hubo que separarlo del recrecimiento de Yesa, porque si
no se hacía así no había financiación europea para el abastecimiento
de aguas a Zaragoza.
En la política aragonesa, señora De Lara, yo le pido que vaya con más
mesura en la gestión del agua, porque ahí estamos fogueados durante
décadas de cómo se ha gestionado el agua, y nos sabemos todas las
triquiñuelas que nos quiera hacer cualquier, incluso ustedes. Por
tanto, yo le pediría prudencia y mesura a la hora de evaluar lo que
se hace y lo que se deja de hacer; prudencia y mesura a la hora
prometer lo que luego no se sabe ejecutar, y eso ustedes lo están
haciendo con una tranquilidad que espanta. Este presupuesto, por
mucho que el señor secretario de Estado me dijera que se iba a hacer
todo ese listado que usted dice que existe en el acta, yo tengo
constancia obra por obra de que muchas de esas obras no se van a
hacer en el año 2002, porqueno se han hecho ni las de 2001 ni las de
2000 y el índice
de ejecución del pacto del agua, señora De Lara, es bajísimo, el
porcentaje se lo diré en la próxima sesión plenaria, porque se lo
daré con datos en la mano, no se lo voy a dar ahora de forma
aventurera y con riesgo de que tenga alguna dificultad y después se
me pueda achacar que no soy serio y riguroso en mis planteamientos.
La señora secretaria general de Medio Ambiente dijo el otro día una
cosa que me sorprendió. Ustedes dicen que se aumentan mucho las
inversiones en parques naturales. Dijo la señora secretaria general
-y está recogido en el «Diario de Sesiones» que usted dice que no he
leído- que no se había aumentado la inversión porque había que
aumentar los gastos de personal, ya que había que dedicarse a la
conservación de los parques, había que aumentar las plantillas de los
parques. Eso lo dijo la señora secretaria general de Medio Ambiente.
Por tanto, no venga justificándome que se había invertido mucho y que
son los consejos de los parques los que fijan las inversiones, porque
hay una cosa que me empieza a preocupar con este tipo de
afirmaciones, señora De Lara, y es por qué ustedes tienen tanto
interés en que haya consejos de administración, consejos de parques,
consejos de fundaciones, que conozcan todo lo que se va a gastar en
esas esferas de gestión y ponen tanto impedimento para que lo sepamos
nosotros. ¿Por qué razón el Parlamento no tiene que saber dónde va
cada uno de los céntimos y de los euros del año 2002 en cada una de
las partidas que tienen consignadas? ¿Qué está impidiendo que sepamos
lo que otros van a saber? ¿No tenemos derecho a ver cada una de las
partidas que tiene cada parque y saber por qué razón se van a gastar?
Luego no vengan diciendo que los tachamos de opacos no me digan que
es la sociedad civil, como decía antes el portavoz de Fomento, la que
se entera de todo y que nosotros no nos enteramos de nada. Yo no sé
si la sociedad civil se entera, desde luego de esto sí se está
enterando y en mi tierra mucho; se están enterando de que mucho
prometen y poco hacen, y en el resto, por lo que he podido apreciar,
tres cuartos de lo mismo. Den al Parlamento la información que les
pedimos; vengan a aquí con presupuestos claros, con partidas claras,
sepamos a dónde van los recursos y no vengan diciendo cosas raras
sobre lo que ustedes piensan que nosotros pensamos. Nosotros pensamos
lo que pensamos y decimos lo que tenemos que decir. Yo le estoy
diciendo, señora De Lara, que estos presupuestos del Ministerio de
Medio Ambiente son opacos; son unos presupuestos que aspiran a una
cofinanciación que no tienen decidida; son unos presupuestos en los
que las materias ambientales que tienen que ser objeto de debate en
esta Cámara no están adecuadamente tratadas.
Por otra parte pido que no eche más la culpa a las comunidades
autónomas. Cuando las cosas salen bien es la Administración central
la que se cuelga la banderita, pero cuando las cosas no funcionan es
por la
comunidad autónoma que tiene las competencias. Ustedes están actuando
de tal manera que con las fundaciones, con ACESA, las sociedades de
agua y con otro tipo de instrumentos de estas características están
impidiendo que las comunidades autónomas hagan lo que hacen, están
llevando a cabo actuaciones que son competencia de las comunidades
autónomas y están colgándose las medallas de aquellas actuaciones que
siendo competencia suya ustedes, a través de mecanismos de ingeniería
financiera, económica y de todo tipo, están quitando a las
comunidades autónomas. Si quieren que de verdad hablemos -voy a decir
una frase que se dice en mi tierra- a calzón tirado, podemos hacerlo,
pero con igualdad de datos. Digan aquí en qué van a gastar y nosotros
veremos si está bien o mal hecho. Tal y como están las cosas hasta
ahora, estos presupuestos son opacos, son poco creíbles y la
capacidad de gestión está muy cuestionada. Desde luego, la historia
del Ministerio de Medio Ambiente hace que no sea de los mejores
gestores del conjunto del Gobierno. Vea el puesto que ocupan en los
avances de liquidación de este año 2001; en algunas partidas ocupa el
último puesto y en otras el penúltimo o el antepenúltimo.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Señor Otxoa.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: A estas horas de la noche, no sé si
por cansancio, la señora De Lara, portavoz del Grupo Popular, ha
despachado las enmiendas de nuestro grupo con una argumentación que
le deja a uno patidifuso, valga la expresión. No se pueden presentar
enmiendas haciendo decrementos de otras obras porque son las que
tiene previstas el Gobierno y no se puede cargar nada a la sección 31
porque el Gobierno tiene tan bien pensados los gastos imprevistos que
la cantidad es inamovible. Sencillamente falta voluntad política de
hacer un solo cambio en el presupuesto. Pues dígase y nos hubiésemos
ganado todos bastantes horas de sueño y alguna raya mal hecha en el
pantalón. Eso es mejor decirlo de salida, porque las enmiendas, al
menos las de nuestro grupo, creo que ni se ha molestado en leerlas.
Si las hubiese leído, no habría contestado de esa forma.
No creo que el presupuesto del departamento se desequilibre por
120.000 euros. Si ustedes tienen voluntad política se puede aceptar
la enmienda. Es más, hay enmiendas que no suponen ni una peseta de
aumento, sólo suponen un traslado en la fecha de inicio de obra. Hay
una serie de enmiendas en las que está previsto financiarse en base a
obras que desde aquí le digo -y le emplazo a un año- que no se van a
ejecutar en el período del 2002, porque con los pasos iniciales
necesarios para que esa obra se lleve adelante no se va a poder
consumir todo el presupuesto. Esa es nuestra opinión. Por eso no
hemos anulado esas obras sino que hemos tomado parte de ese dinero
para trasladarlo
a otras. Esa es nuestra propuesta. Ustedes en cuanto leen el membrete
y ven que viene del Grupo Vasco, lo echan al cesto de los papeles y
no se molestan ni en leer las enmiendas. Le ha traicionado el
subconsciente y la hora y ha quedado al descubierto su postura ante
las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Tiene la palabra la señora
De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Quiero aclarar al portavoz del Grupo Vasco
que he leído sus enmiendas y de las nueve en siete de ellas se
proponen bajas a las partidas destinadas a las obras del pantano de
Yesa. Mire si me las he leído. El enriquecimiento del embalse de Yesa
sobre el río Aragón, cuyas obras ya están contratadas, es una pieza
clave dentro de las actuaciones hidráulicas previstas en el pacto del
agua de Aragón -y perdone, señor Morlán, que vuelva a hablar del
pacto del agua de Aragón- y en el Plan Hidrológico Nacional. Por
consiguiente, sí me he leído sus enmiendas y repito que siete
proponen bajas en las obras del pantano de Yesa y otras en la sección
31. Este es el motivo por el cual no se pueden aceptar.
Al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista quería hacerle algunas
aclaraciones. Me he referido a que muchos de los temas que ha
planteado tienen su respuesta en el «Diario de Sesiones» de la
Comisión de Medio Ambiente. Ha vuelto a decir que en 1996 el Partido
Popular gobernaba en Aragón y que las obras del pacto del agua se
habían iniciado, pero no nos dice cuáles eran las obras que estaban
hechas. Díganoslo usted, señor Morlán, usted es aragonés y debe
saberlo. Siempre dice que había obras hechas pero no nos dice cuáles.
Yo le digo que no había una sola obra hecha en 1996; ni una. También
dice que el ministerio no sabe tramitar los fondos europeos y por eso
los perdemos.
Me extraña bastante que el ministerio no sepa tramitar los fondos
europeos, concretamente el secretario de Estado de Aguas y Costas,
porque seguramente usted sabe su procedencia y creo que es de las
cosas que sabe hacer perfectamente bien. Cuando se incluye algún
proyecto sobre el que no se tiene la seguridad absoluta de que sea
concedido pero se cree que se va a financiar con fondos europeos es
porque cumple los criterios de la Unión Europea. Puede estar seguro,
señor Morlán. Lo que no nos va a favorecer nada son las continuas
peticiones a la Comisión Europea de que no financie el Plan
Hidrológico Nacional porque, como usted conocen bien, las pegas que
pone Bruselas no son al trasvase sino a financiar la construcción de
118 presas y las infraestructuras de regadío. Esto no beneficia a
nadie. Como dato curioso le diré que somos el único país de la Unión
Europea en que algunos grupos parlamentarios van a solicitar que no
haya fondos de cohesión para su propio país. Esto es inaudito e
inadmisible, señor Morlán.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Terminado el debate de esta
sección 23, sólo me queda dar las gracias a los tres participantes en
el debate que han acompañado a esta presidencia y en particular a la
señora Valentín, único testigo presencial que nos ha acompañado. No
puedo dejar de citar a los servicios de la Cámara , las personas que
han estado todo el día trabajando para tener una buena reproducción
de lo que hemos dicho, a los ujieres, a los servicios de reproducción
y a nuestro letrado. A las nueve de la mañana continuaremos con la
sección 18, Educación, Ciencia y Deporte.
Se levanta la sesión.
Era la una y cinco minutos de la madrugada.