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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 228, de 08/05/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2001 VII Legislatura Núm. 228
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NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas
aparecieron, por error, numeradas desde la 3243 a la 3274. Tal error
ha sido corregido en la presente edición electrónica.
(Vease 'DS. Congreso de los Diputados' Comisiones, núm. 285)
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POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA
Sesión núm. 9
celebrada el martes, 8 de mayo de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley
- Relativa al acuerdo de colaboración entre la Junta de Andalucía y
el Gobierno de la nación para garantizar el futuro industrial y el
plan de ayudas sociales de la empresa Santana Motor.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000542.) . . . (Página 6845)
Comparecencia del señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
(Aparicio Pérez) para informar sobre:
- El Plan nacional de acción contra la exclusión social del Reino de
España. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 213/000323.) . . . (Página 6851)
- El Plan de acción para la inclusión social. A petición propia.
(Número de expediente 214/000052.) ... (Página 6851)
Proposiciones no de ley (continuación):
- Para la promoción del empresariado femenino. Presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (Número de expediente 161/
000365.) . . . (Página 6871)
Se abre la sesión a las diez y diez de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión, señorías. Quiere la
Presidencia que sean sus primeras palabras de recuerdo, cuando
todavía resuenan las emociones de dolor por la pérdida de un español
más al servicio de la paz, que es el último objetivo de toda la
acción política, del derecho que sirve a la justicia, de la justicia,
que en definitiva busca conseguir que los ciudadanos se encuentren
satisfechos en cualquier orden jurídico y político. Todo eso no abona
más que la convivencia en paz, que es el ideal último de cualquier
ordenamiento político y de cualquier organización social. Con las
palabras no vamos a conseguir otra cosa que afirmar nuestra
convicción de que, por mucho dolor que se nos origine, por mucha que
sea la turbación, nunca nos acostumbraremos, por mucho dolor que nos
produzcan esos acontecimientos, ninguna reflexión nos podrá llevar
a cambiar. Con un recuerdo a la persona del senador, del miembro de
estas Cortes Generales, don Manuel Giménez Abad, quisiera comenzar
esta sesión.
Me había pedido algún portavoz la palabra. Señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Quiero sumarme, en nombre del Grupo
Socialista, a sus palabras. Creo que el presidente de la Comisión ha
expresado con todo acierto el sentimiento que nos embarga a todos.
En nombre del Grupo Socialista, quiero trasladar públicamente, en
este primer acto del Congreso esta mañana, el sentimiento de dolor y
la solidaridad con la familia del señor Giménez Abad. Como siempre,
es una familia rota, es la tragedia de perder abrupta e injustamente
un ser querido. Es a ella a la que tenemos que expresar primero
nuestro sentimiento de dolor, pero también quiero expresárselo, en
nombre del Grupo Socialista, a toda su familia política, a todos sus
compañeras y compañeros del Partido Popular en Aragón, hoy
representados aquí por nuestros compañeros compañeros y compañeras
diputadas del Partido Popular. Sepan que el nuestro es un sentimiento
sincero de afecto y de solidaridad con su dolor y sepan también que
les consideramos hermanos de lucha, compañeros de trinchera
democrática, porque juntos estamos defendiendo la paz y la libertad,
la vida y la democracia.
El señor PRESIDENTE: Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Ante este rosario de asesinatos y de
terrorismo, que ya parece interminable, quiero expresar nuestra
condolencia y nuestra solidaridad con los compañeros, porque en esto,
como se ha dicho, todos los que estamos en política somos compañeros
del Partido Popular. Buscando soluciones, casi la única que vemos en
el futuro es la unión, la cohesión de todas las fuerzas políticas
democráticas, para acabar con este guerra, con este cáncer del
terrorismo.
El señor PRESIDENTE: Señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Agradeciendo la oportunidad de sus palabras en
esta Comisión, y sumándome a las de los otros portavoces, quiero
manifestar también, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), nuestro pésame por este fatal atentado que ha
tenido lugar el pasado domingo, que nos tiene que reafirmar en
nuestro sentido democrático y en defender nuestras posiciones desde
el debate, el diálogo y el entendimiento entre todos los grupos.
No quiero ser más reiterativo. Sólo deseo que quede constancia de
nuestra enérgica condena de este brutal atentado y del terrorismo,
que no entendemos que sea un arma de futuro ni un arma de
reconstrucción, como entienden todos los grupos presentes en esta
Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Poco más voy a añadir a lo dicho, sólo puedo
expresar, en nombre del Grupo Popular, el agradecimiento sincero por
las palabras que acabo de escuchar a los portavoces que me han
precedido en el uso de la palabra y muy singularmente, porque no
puede ser de otra manera, a mi compañero Ramón Jáuregui, que,
lamentablemente, bien conoce de cerca el dolor de las víctimas en
personas de compañeros, allegados y amigos de primer rango. Yo sé que
efectivamente estamos en la defensa común de la vida, de la
democracia y de la libertad y que somos compañeros de primera fila.
Como él ha hecho, también quiero expresar primero mi total
solidaridad, nuestra total preocupación por el daño real que se
causa, no sólo en la persona del muerto sino en el entorno de su
familia, de la viuda, de los huérfanos y, como en este caso no
conozco la relación familiar, de los padres que pueda tener la
víctima. Ése
es el auténtico drama que dura a lo largo del tiempo, la auténtica
tragedia que queda. Creo que algún día esta sociedad, que está cada
día más unida en la defensa de la paz y la libertad, aportará la
justicia para poner en el frontispicio de la democracia el recuerdo
sincero y el agradecimiento debido a todas las víctimas a las que
injustamente se les ha arrebatado la vida. Ojalá fuera ésta la
última, aunque nos tememos mucho que no lo va a ser. Pero no van a
doblegarnos, vamos a continuar y, al final, el sentido común, la
democracia y los valores que encarna serán defendidos; será el mejor
homenaje que podamos prestar a todas las víctimas del terrorismo.
El señor PRESIDENTE: Señor Ruiz López.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Como lo han hecho ya los compañeros
que me han precedido en el uso de la palabra, quiero también
solidarizarme con la familia del señor Giménez Abad y con la familia
del Partido Popular. Desde el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, seguimos insistiendo en que esto sólo lo para la
unidad de las fuerzas democráticas, para aislar definitivamente a
estos canallas asesinos.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA AL ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Y EL GOBIERNO DE LA NACIÓN PARA GARANTIZAR EL FUTURO INDUSTRIAL Y EL
PLAN DE AYUDAS SOCIALES DE LA EMPRESA SANTANA MOTOR. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARI SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000542)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar ya la tramitación del orden del
día.
La Presidencia quiere anunciar que las proposiciones no de ley se
votarán al final de la sustanciación de la última de ellas; también
después de la comparecencia del ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, que tendrá lugar, como ya se refleja en el orden del día
distribuido, entre la primera y la segunda proposición no de ley que
se tramitarán en esta sesión. Calculo que no será antes de las 13
horas; lo digo para que SS.SS. puedan organizar su trabajo y sobre
todo para que puedan hacer sus previsiones a efectos de la votación.
Cuando concluyamos este orden del día, que espero que sea antes de
mediodía, habrá terminado esta sesión y comenzará la siguiente, la
sesión legislativa para deliberar y adoptar la decisión que proceda
sobre el dictamen del proyecto de ley de medidas urgentes del mercado
de trabajo y para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.
El primer punto del orden del día es la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista relativa al acuerdo de colaboración
entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de la nación para
garantizar el futuro
industrial y el plan de ayudas sociales de la empresa Santana Motor.
Para su defensa, tiene la palabra el diputado señor Pliego Cubero.
El señor PLIEGO CUBERO: Señorías, vamos a debatir hoy en la Comisión
de Política Social y Empleo una iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista relativa al futuro de la empresa Santana Motor, de
Linares. Quiero decir que el único objetivo de esta iniciativa es que
emane de esta Comisión un compromiso, si puede ser unánime, de apoyo
al futuro de la empresa Santana Motor. Quiero dejar claro desde el
principio que esta iniciativa parlamentaria del Grupo Socialista no
pretende en absoluto abrir ningún tipo de pugna ni de confrontación
con el Gobierno central; al contrario, eso es lo último que necesita
la empresa Santana para resolver sus problemas.
La Junta de Andalucía hizo una apuesta clara en 1993 por la empresa
Santana Motor, de Linares, y la va a seguir manteniendo. El Gobierno
socialista, la Junta de Andalucía, garantiza el futuro de la empresa,
del que depende una ciudad -Linares- y una comarca -casi 200.000
ciudadanos-, en las que dicha empresa juega un papel clave en
términos económicos, laborales y sociales. El futuro de la empresa es
importante para un tercio de la población de Jaén. La empresa ha
tenido diversos avatares desde su fundación; ha pasado por graves
dificultades y ha tenido momentos de crecimiento y de auge. La crisis
de 1993 la puso al borde de su desaparición y fue la actuación del
Gobierno central -socialista entonces- y de la Junta de Andalucía la
que evitó que se echara el candado en esta empresa, si me permiten la
expresión. Desde entonces hasta ahora, ha sido la apuesta de las
administraciones públicas, y Santana hoy día es una empresa pública,
la que ha permitido mantener el empleo y el desarrollo industrial en
esta zona, ligada de forma -insisto- muy importante a esta empresa,
Santana Motor.
Actualmente, hay algunos problemas, sobre todo la dependencia de
Santana Motor de Suzuki, la evolución del cambio del yen y la
paralización de algunas de las ayudas públicas por parte de la Unión
Europea. Estos tres elementos, fundamentalmente, han puesto otra vez
en serias dificultades a la empresa y es imprescindible llevar a cabo
actuaciones estructurales y coyunturales para que salga de la
situación en que se encuentra.
En este contexto, a finales de noviembre, la Junta de Andalucía
elabora un plan de acción que empieza a negociar con los
trabajadores. Este plan fue aprobado el 19 de febrero pasado, del año
2001, por unanimidad de los sindicatos representados en la empresa y
por los trabajadores en asamblea. El plan tiene tres objetivos
claros: el primero, continuar apostando por el proyecto industrial de
la empresa Santana; el segundo, mantener la renta de los trabajadores
y, el tercero, propiciar las condiciones en esta zona para que se
produzca un desarrollo, una diversificación económica que permita que
no haya una dependencia tan fuerte de esta empresa y
de sus empresas auxiliares, para que dentro de unos pocos años no
volvamos a tener la misma problemática.
Este es el planteamiento y quiero decir, porque creo que es
importante, que el empleo -que es uno de los temas más preocupantes,
si no el que más- tal como queda definido en este acuerdo, tiene la
siguiente radiografía: de los 1.652 trabajadores que actualmente
tiene la empresa Santana Motor, 631 van a permanecer en la empresa
matriz; 364 van a mantener el empleo pero pasando a empresas
privadas; 612, mayores de 50 años, han entrado ya en fase de
prejubilaciones, y, por último, un contingente de 45 trabajadores en
distintas modalidades de baja laboral por invalidez en distintos
grados. Esto supone, en términos sociales, en términos laborales, una
apuesta importante, un esfuerzo de solidaridad, del Gobierno andaluz
y de los andaluces importante con Santana y con la zona en que está
enclavada. Sirva como ejemplo que en los últimos días la Junta de
Andalucía ha liberado 21.000 millones de pesetas, que es una cantidad
muy importante, para hacer frente tanto al proyecto industrial
-insisto- como a las medidas sociales que contemplan estas
actuaciones.
Desde el punto de vista del Grupo Socialista, como ya ocurrió en
1993, es imprescindible la participación del Gobierno central, del
Gobierno de la nación, para que el futuro de Santana Motor esté
despejado -y recalco lo de imprescindible-. Los términos en que deba
realizarse forma parte de la negociación que pedimos que se
establezca entre ambos gobiernos. Pero ese tema es fundamental y es
el objeto de la iniciativa política que hoy presentamos. Por tanto,
quiero pedir el apoyo de todos los grupos presentes en esta Comisión,
muy especialmente, como es lógico, del Partido Popular, como grupo
que apoya al Gobierno. La Junta de Andalucía ha hecho petición de
colaboración y de negociación con el Gobierno, igualmente lo han
hecho los trabajadores, el comité de empresa; ahora, con esta
iniciativa política, lo hace el grupo parlamentario.
Quiero decir que la iniciativa política que planteamos es de mínimos
y aclaro la expresión. Podríamos haber escrito qué condiciones
concretas o en qué términos concretos debe producirse esa
colaboración. Tenemos posición e ideas al respecto. Pero nos parecía
que podría ser dificultar que de esta Comisión salga un acuerdo y
como no es eso lo que pretendíamos, justamente al contrario,
solamente hemos puesto una declaración de principios como contenido a
votar del texto, en el que se pide, única y exclusivamente, que a
través del acuerdo y de la negociación entre el Gobierno central y el
Gobierno de la Junta de Andalucía se produzca un apoyo, una
colaboración, insisto, siempre para garantizar el futuro de esta
empresa. Ahora bien, en Andalucía, en Jaén, en Linares, tenemos gran
preocupación por este tema. Lo digo porque el 4 de abril el señor
Rato, en el Senado, contestaba a una pregunta de un senador de la
provincia de Jaén que le preguntaba sobre este asunto y, pasando del
tema, indicaba más o menos que se vería el asunto. Recientemente, el
señor
Aparicio, ministro de Trabajo, hace una visita a Córdoba y hace unas
declaraciones más que preocupantes porque viene a decir que el
Gobierno tiene o va a tener serias dificultades para apoyar a Santana
Motor. Debo decir que si esto está inducido por el enfrentamiento que
el PP de Andalucía, como estrategia política -en mi opinión-, tiene
abierto con el Gobierno de la Junta de Andalucía, sería un grave
error, que sin lugar a dudas tendrá consecuencias. No es razonable
meter un problema que afecta a cientos de trabajadores y al
desarrollo de una comarca en la pugna política entre el PP de
Andalucía y el Gobierno andaluz. Sería un error. Nosotros no vamos a
contribuir a ello, pero declaraciones como las del señor Aparicio, en
Córdoba, que cambian de manera radical lo que había dicho
anteriormente -él siempre había dicho, sin comprometerse a nada, que
el Gobierno estaría apoyando a Santana Motor-, insisto en que nos
preocupan.
Por ir terminando, he de decir que tanto el señor Montoro como el
señor Aparicio, que han abordado este tema en Andalucía, han hablado
de dificultad para colaborar, en el sentido de que la Junta de
Andalucía y los trabajadores habían llegado a un acuerdo sin contar
con el Gobierno central. En democracia las formas son muy
importantes, no sé si tanto como el fondo, pero en cualquier caso muy
importantes. Si eso fuera así, estaría dentro de la lógica que el
Gobierno central se lamentara de que le pedimos ayuda sin haber
contado con ellos para nada ni haberles informado de nada. No sería
un motivo, en mi opinión, suficiente para decir: por esta cuestión no
lo apoyamos; sería una actitud un poco infantiloide, pero en
cualquier caso, tendría su importancia. Ahora bien, es que eso no es
cierto.
Por tanto -y no quiero hacer de agorero-, si el portavoz del Partido
Popular hoy día en la Comisión tuviese la tentación de caminar en
esta dirección, quiero decirle que tengo las fotocopias, con el sello
de registro oficial, de todos los escritos que la Junta de Andalucía
ha mandado a los distintos ministerios. Este acuerdo se firmó el 19
de febrero y ya el 26 de diciembre de 2000 se enviaron informes y
escritos del Gobierno de la Junta de Andalucía a cuatro ministerios,
concretamente, a Economía, a Hacienda, a Trabajo y Asuntos Sociales y
a Ciencia y Tecnología. Así hasta once comunicaciones formales, con
los informes preceptivos sobre cómo iban las negociaciones. También
en este período, hasta el 19 de febrero, fecha en que se firma el
acuerdo, se han realizado siete contactos telefónicos del propio
consejero de Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía con don
José Folgado, con don Rodrigo Rato y con don Juan Carlos Aparicio.
Puedo aportar estas fotocopias al Grupo Popular, a la Comisión. Me
parece un debate de menor interés, pero, como el único argumento que
he escuchado en los medios de comunicación es que la Junta de
Andalucía firma un convenio, un pacto con los trabajadores sin
informar para nada al Gobierno, he querido aclarar que, aparte de ser
un argumento débil, no se corresponde con la realidad.
Quiero terminar diciendo -si me lo permite el presidente y así obvio
la última intervención- que, como lo único que pretendemos es que
esto pueda ser apoyado por el grupo que sustenta al Gobierno -por
supuesto, por el resto de los grupos de la Cámara, pero que lo apoye
el Grupo Popular es fundamental-, hay una enmienda, presentada por el
Partido Andalucista, que yo comparto. Le faltan cosas, pero defiende
aspectos concretos como que el Gobierno se implique en la compra del
modelo PS10. Podríamos añadir que, como hizo el Gobierno socialista
en el año 1993, ponga el 50 por ciento del coste de las
prejubilaciones, podríamos añadir que aporte una cantidad, como
mínimo la que ha aportado en La Carolina a su alcalde, don Ramón
Palacios, para desarrollo económico. Podríamos añadir muchas cosas,
pero soy consciente de que eso dificultaría el acuerdo. Por tanto,
aunque coincido con la enmienda que presenta el PA no la voy a
aceptar, porque creo que eso puede formar parte del debate concreto
de las negociaciones entre la Junta de Andalucía y el Gobierno
central. Sobre todo -y termino-, porque no quiero poner ni una coma
que pueda servir de justificación para votar en contra de esta
proposición no de ley. Quiero que salga de aquí un acuerdo positivo,
insisto, para una empresa de la cual -y esta es una situación que,
nos guste o no, está ahí- dependen casi 200.000 personas, en lo que a
la estructura económica se refiere, en esta zona de Linares, que es
una zona bastante deprimida de la provincia de Jaén.
Nada más, señorías. Espero el voto positivo de los grupos de la
Cámara.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Mixto, del diputado
señor Núñez Castain.
Tiene la palabra, a los efectos de defensa de su enmienda.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Para los andaluces, sin duda ninguna, Santana
Motor es un símbolo. Lo es no sólo de un momento de despegue
industrial importante, en la época de mayor auge que tuvo esta
empresa, sino también de una esperanza de una empresa que ha hecho
unos esfuerzos ímprobos de la mano de la Administración, con gran
sacrificio de los trabajadores, para incorporar todas las nuevas
tecnologías, todas las nuevas dimensiones que tienen las empresas
modernas y para tener, por tanto, un futuro; un futuro en una tierra
donde el empleo es algo necesario y fundamental. Quizás en lo único
que podamos discrepar de la exposición del motivo del acuerdo que
presenta el Grupo Socialista es en una frase en la que pudiera
deducirse, aunque a lo mejor no es esa la intención de dicho grupo,
que los trabajadores aceptan que el plan es bueno, creíble y posible
y que es un acuerdo casi sin costo importante para los trabajadores,
cuando los trabajadores -como seguramente sabe el portavoz
socialista- están poniendo encima de la mesa mucho, porque, en
definitiva, estamos ante un proceso de expediente de regulación de
empleo, que -y se han
dado los datos- afecta a más del 50 por ciento de la plantilla.
Estamos, por tanto, ante un acuerdo, donde -hablando en términos
castizos- se han apretado los machos los trabajadores, se ha apretado
los machos el Gobierno andaluz y necesitamos que se apriete los
machos el Gobierno central. De la aprobación y del desarrollo de este
plan depende el futuro de todo el empleo directo e indirecto que
mueve Santana. Sería muy lamentable no conseguir este acuerdo por
enfrentamientos partidarios, como tantas veces ha pasado últimamente
en Andalucía. Por encima de los legítimos intereses partidarios, de
las legítimas discrepancias, están los intereses de la tierra, están
los intereses de los trabajadores y no vemos que, entrando en el
fondo de la cuestión, no pueda ser alcanzado un acuerdo.
Hemos presentado una enmienda, que no pone encima de la mesa
aspectos, como ha expuesto el Grupo Socialista, que puedan impedir el
acuerdo; al contrario, son aspectos que pueden desarrollarlo. No lo
digo tanto por el número 1, que es una decisión que el Gobierno tiene
ya tomada, luego no debe ser estorbo, que es la adquisición de
vehículos Santana PS10, antiguo Land Rover; si la tiene tomada, con
eso potencia al plan industrial de la empresa. No se dice nada de la
cuota del plan de ayuda, del plan social, pero existe algo muy
importante y es el punto 2, que pretende evitar lo que ha pasado
hasta ahora. Quiere que se cree una comisión de seguimiento, para que
en una misma mesa estén trabajadores, Gobierno andaluz y Gobierno de
España; que para el desarrollo de esta ayuda no pase más el
desencuentro, que no se diga que no estás, que no me has llamado, que
me llamaste, que no fui, que no he contado contigo. Todas estas
excusas podrán ser expuestas por los distintos grupos, pero al final
no dan respuesta al problema de Santana, que es resolver este plan y
para el cual yo estoy convencido de que el Gobierno tendrá que ayudar
y ayudará. No sé si habrá unos problemas de estética política que
impidan que se apoye este acuerdo.
El acuerdo que presenta el Grupo Socialista a mí me parece que es un
acuerdo de mínimos, es un acuerdo de filosofía, es un acuerdo de
espíritu, que no se puede echar para atrás. Con la enmienda que
presentamos los andalucistas, pretendemos cerrar un problema que ha
tenido el acuerdo de Santana y es que no han estado sentados en la
mesa, por razones que ahora mismo no quiero analizar, representantes
del Gobierno central, sino que ha habido un acuerdo primario con la
Junta de Andalucía, que es la propietaria de una parte importantísima
de Santana, y los trabajadores. Y, en vez de estar ahí el Gobierno,
se le llama ahora y antes, como se ha dicho, pero no ha estado. La
manera de solucionar el futuro es que se cree una comisión de
seguimiento de esta ayuda y que cualquier problema que pase se vea en
una mesa donde estén presentes los tres actores. Es absolutamente
desesperante para los trabajadores, para los ciudadanos, ver el
peloteo entre los distintos gobiernos, entre los distintos partidos,
con respecto a un asunto
que afecta directamente a la supervivencia del empleo y del área de
Linares, de Jaén y de Andalucía.
Quiero terminar diciendo que si, hipotéticamente, cualquier palabra
de las expuestas en esta enmienda supusiera que el Partido Popular,
que el grupo del Gobierno, no lo apoya, quedan retiradas todas. No es
que la acepte o no la acepte el grupo proponente, es que quedan
retiradas. No entendería, si el Grupo Popular manifestara su
negativa, que no fuera incorporada. En cualquier caso, quiero dejar
claro que el espíritu de los andalucistas no es nunca estorbar. Si el
portavoz del Grupo Popular, en relación con la enmienda que el
Partido Andalucista incorpora a la enmienda del Grupo Socialista,
dice que tiene la menor pega, queda retirada, porque con la enmienda
presentada con el Grupo Socialista la filosofía general del proceso
está perfectamente expuesta. Esta es nuestra posición y le pido al
grupo del Gobierno, que tiene un portavoz andaluz en este caso, que
mire por encima del bosque, que vea el espíritu que nos lleva a todos
a acordar esto y que el acuerdo de todos sería el triunfo de los
trabajadores.
El señor PRESIDENTE: Por Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Ruiz López.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Para Izquierda Unida es importante
afirmar el principio que sustenta la proposición no de ley que
presenta el Grupo Socialista, la intervención de un Gobierno
autonómico para preservar no sólo un proyecto empresarial sino una
cultura industrial que ordena y determina la experiencia laboral de
toda una comarca. Enfatizo este principio porque en la historia de la
crisis industrial española de los ochenta, han sido muchas las
circunstancias en las que Izquierda Unida ha invocado en esta Cámara
y ante otros gobiernos este principio y compromisos similares en
Asturias, Cantabria, Andalucía, Murcia, ambas castillas, Madrid,
etcétera. Para Izquierda Unida la decisión de la Junta de Andalucía
supuso en su momento y supone ahora el entierro definitivo de aquella
doctrina del período de la crisis industrial, según la cual la mejor
política industrial era la que no existía y aquella tesis de que las
políticas monetarias agresivas traerían inversión extranjera que
compensaría el empleo perdido. Me alegra dar nuestro apoyo a una
iniciativa que reconoce la función política de la intervención ante
crisis industriales con impacto territorial y responsabiliza a los
gobiernos autonómicos. El mantenimiento del proyecto industrial al
que se refiere la proposición, el mantenimiento de rentas y empleo,
constituye una obligación política de esta Cámara, más aún cuando se
asienta en criterios evidentes de viabilidad. No se nos ocultan las
diferencias y dificultades políticas en las relaciones entre el
Gobierno andaluz y el Gobierno central, muchas veces más por un
problema de oportunidad política que de contenidos. No creemos que en
esta ocasión estas diferencias justifiquen ignorar el necesario
compromiso del Gobierno español en las ayudas sociales y en las
iniciativas industriales que
son preciso impulsar para garantizar el proyecto. El empleo directo e
indirecto vinculado a este proyecto es una razón notable para
impulsar el acuerdo entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, pero
también lo es la lógica que inspira el acuerdo suscrito por los
representantes de los trabajadores que constituye una garantía de
concertación y de sostenimiento de la viabilidad del proyecto. En una
palabra, y para terminar, se trata de una oportunidad para que el
acuerdo institucional pueda mantener un proyecto viable, medido en
términos de empleo, renta y resultados, una oportunidad que merece
convocar el acuerdo político.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el
señor Grau, tiene la palabra.
El señor GRAU BULDÚ: Voy a fijar la posición de mi grupo ante esta
proposición no de ley del Grupo Socialista. Nuestra comunidad
autónoma, Cataluña, ha sufrido esta experiencia con el grupo Seat, ya
que en un momento determinado existía la necesidad de involucrarse
y de encontrar un compromiso formal y real de la administración
autonómica para preservar una empresa ubicada en la comunidad
autónoma. Tengo que decir que la actuación de la Junta de Andalucía
para preservar y defender un área, en este caso deprimida como es
Jaén, es correcta y coherente con un Gobierno que defiende
directamente los intereses de la zona. La actuación de la Junta de
Andalucía es positiva y coherente con la posición del Gobierno, en el
sentido en que se entienden en el Estado español los gobiernos
autonómicos. Lo más dramático y duro para la Junta de Andalucía,
después de haber tenido que realizar inversiones importantes en la
empresa, ha sido acudir a un expediente de regulación de empleo, ya
que si en un primer momento se intentaba salvar la viabilidad de
1.600 empleos, ahora pasa por 631, con un proyecto más ajustado a la
situación competitiva de la producción y concretada en unos
determinados mercados, en los cuales los nuevos productos pueden ser
más competitivos aunque no modernos, aunque existen muchas áreas en
diferentes continentes en los cuales se pueden admitir productos no
novedosos pero simples y competitivos. Es por esta razón por la que
el proyecto puede tener viabilidad. Sería necesario que el Gobierno
se involucrara, de la misma forma que se involucra en otros proyectos
de más enjundia, como pueden ser las grandes multinacionales que
tienen sus instalaciones en el Estado español, apoyando este I+D y
este proyecto. Con esta acción indirecta, como propone el Grupo
Socialista, se complementa la viabilidad en inversiones importantes
en I+D para que la empresa salga adelante y se mantengan los empleos,
tanto los directos como los indirectos de las empresas auxiliares. La
acción del Gobierno tendría que coordinarse con la de la comunidad
autónoma con el fin de generar los impulsos necesarios para que,
tanto Santana como las empresas auxiliares, puedan llevar a cabo el
proyecto.
Este portavoz desconoce en este momento la capacidad industrial de
exportación o los mercados posibles puesto que no tenemos la
información suficiente como para realizar una intervención directa
sobre la financiación de la empresa, intervención que tampoco
solicita el Partido Socialista. Sería conveniente abrir vías para que
el acuerdo que ellos han tomado tenga en esta Cámara o en el Gobierno
de Madrid una respuesta positiva y una suma de esfuerzos para que se
resuelva esta situación.
Nuestra comunidad está de acuerdo con esta propuesta y, por lo tanto,
somos partidarios de que se ayude a Santana Motor. No hemos
introducido ninguna enmienda porque nos hubiera gustado una mejor
definición del proyecto industrial, de las posibilidades de
exportación y, sobre todo, involucrar al Gobierno -y ahora lo
solicitamos- en el sentido de apoyar con todas las vías colaterales,
no propias de la inversión, de I+D o apertura de líneas de
financiación para terceros países, de forma que se garantizara así la
producción y la competitividad de los productos que se fabrican en
Santana Motor.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Desde el Grupo Popular tenemos constancia de
la habilidad política y dialéctica del portavoz del Grupo Socialista,
pero creemos sinceramente que con esta proposición no de ley ha
logrado superarse a sí mismo.
La iniciativa que presenta el Grupo Socialista y que enmienda el
Partido Andalucista, es el reconocimiento más claro del fracaso de la
gestión del Partido Socialista y del Partido Andalucista, ambos
miembros del Gobierno andaluz en cuanto a la gestión de Santana.
Cualquier medio de comunicación o persona que no esté muy al tanto de
lo que ha pasado con Santana, del presente y del futuro de Santana,
pensaría que estamos hablando de la gran empresa Santana que, por el
empeño de la nefasta gestión del Partido Socialista y de su socio de
gobierno el Partido Andalucista, al ritmo que lleva, se está
convirtiendo en micro Santana. Es una empresa que a principios de los
años noventa contaba con 6.000 puestos de trabajo directo y hoy, con
el acuerdo de ustedes, ronda los 1.000 trabajadores. Por eso cuando
ustedes hablan del desarrollo industrial de Santana la verdad es que
desconcierta a cualquiera. Lo que ustedes han hecho con este último
plan -que los trabajadores han tenido que aceptar porque no les
quedaba otro remedio no porque fuera su voluntad, porque un
trabajador lo que quiere es trabajar y no tener que jubilarse o irse
a su casa porque ustedes no son capaces de gestionar la empresa- es
acabar con 700 empleos directos, lo mismo que hicieron en el año 1994
cuando se cargaron 1.000 empleos directos en Santana y lo que ustedes
vienen haciendo desde que tienen la responsabilidad, antes en el
Gobierno de España y siempre en el Gobierno de la Junta de Andalucía,
y sobre todo desde
que convirtieron a Santana en una empresa pública gestionada
directamente por ustedes.
Hablar de Santana, hablar de Linares, hablar de la comarca significa
hablar de las competencias de la Junta de Andalucía en su propio
ámbito de competencias autonómicas. A mí me gustaría que alguien del
Partido Socialista nos explicara qué ha pasado con el parque
industrial, qué ha pasado con el centro de servicios tecnológicos,
qué ha pasado con el plan de apoyo a las pyme de Linares que debían
contemplarse en los presupuestos de la comunidad autónoma de
Andalucía del año 2001. El Grupo Popular en el Parlamento andaluz
presentó enmiendas para que se introdujeran cantidades en esos
presupuestos autonómicos que ustedes rechazaron. Nos gustaría saber
qué tiene hoy que decir ese consejero de desarrollo tecnológico que
realizó una visita a Linares el pasado otoño, antes de empezar con el
plan, donde se comprometió a hacer un plan sin pérdida de empleo
cuando el plan que ustedes han propuesto y que han tenido que aceptar
los trabajadores supone la destrucción de 700 puestos de trabajo. Nos
gustaría saber qué pasa con el hospital de Los Marqueses, con la
ampliación de la universidad, con el conservatorio de Linares. Nos
gustaría saber qué apuesta hacen ustedes por Linares y por su
comarca. Ustedes presentan una proposición no de ley puramente
política. Yo creo que simultáneamente a la aprobación del plan por
parte del Gobierno andaluz, que se producía el 19 de febrero, ustedes
estaban elaborando esta proposición no de ley puesto que entró en el
Congreso el 21 de febrero, justo dos días después de aprobarse el
plan. Usted dice que el Gobierno andaluz ha mandado cartas. ¡Claro!,
ha mandado cartas de comunicación, pero, como bien se ha dicho aquí,
en ningún momento se ha pedido al Gobierno de España que sea parte en
esa negociación. Ustedes firman un plan el 19 de febrero y el día 21
del mismo mes presentan en el Congreso de los Diputados una
proposición no de ley relativa a un plan que han hecho los
trabajadores (que han hecho ustedes y que los trabajadores,
lamentablemente, han tenido que aceptar porque no les ha quedado otro
remedio) en la que se pide al Gobierno de España que participe,
cuando lo más lógico hubiera sido que hubiesen mandando un escrito en
el mes de noviembre pidiendo al Gobierno de España que fuera parte en
la mesa de negociación. Ustedes están reconociendo su fracaso en la
gestión y en los propios presupuestos de la comunidad autónoma así
como su incapacidad de resolver problemas en Andalucía.
Me gustaría que alguien nos dijera si desde el 19 de febrero algún
miembro del Gobierno andaluz ha pedido formalmente al Gobierno de
España una reunión para abordar la problemática de Linares, si se han
solicitado reuniones formales de Gobierno a Gobierno, porque ustedes
lo que están haciendo es utilizar a los trabajadores de Santana, a
esos mismos que ustedes han puesto en la calle. A esos que ustedes,
por su incapacidad en la gestión, han dejado sin empleo; a esos que
ustedes les han negado ya un futuro laboral. Me
gustaría que alguien nos explicara el porqué de esta situación, en
vez de presentar tanta proposición no de ley pura y duramente
política como arma arrojadiza contra el Gobierno de España, que es lo
que está haciendo el Partido Socialista desde el año 1996 y, lo que
es más grave, la Junta de Andalucía, con esa deslealtad institucional
con la que todos los andaluces estamos acostumbrados a vivir.
El Gobierno del Partido Popular ha ayudado y va a ayudar a los
trabajadores de Santana, con independencia de la votación que hoy se
produzca aquí. Se lo podemos garantizar, pero es que el Gobierno de
España ha apoyado ya a los trabajadores de Santana: en el año 1997,
con 500 millones; en el año 1998, con 500 millones; en el año 1998,
otra vez, a 26 trabajadores con 131 millones y, en el año 1999, con
156 millones. Son más de mil y pico millones de pesetas los que ya se
han concedido desde el Ministerio de Trabajo para ayudas a los
trabajadores que ustedes han dejado sin trabajo.
Lo curioso es que ustedes firman el día 19 que lo va a pagar la Junta
de Andalucía y el 21 de febrero presentan una proposición no de ley
pidiendo que lo pague el Gobierno de España. Ustedes mismos se
contradicen en el plazo de 48 horas. En el acuerdo que tengo aquí, y
que conocerá bien el portavoz socialista, cuando se habla del plan
social se dice textualmente: Se financia mediante una ayuda económica
directa a los trabajadores con cargo al presupuesto de la comunidad
autónoma. Y cuando se habla en otro apartado del mismo plan del plan
de ayuda a la inserción, se repite textualmente: Se financia mediante
una ayuda económica directa a los trabajadores con cargo al
presupuesto de la comunidad autónoma. Por tanto, si ustedes el 19 de
febrero, sin que hayan pedido siquiera al Gobierno que sea parte,
firman un acuerdo donde dicen por escrito que todas estas ayudas se
financian por la comunidad autónoma, ¿cómo es que el 21 de febrero
presentan una proposición en este Congreso de los Diputados pidiendo
que sea el Gobierno de España el que pague? Tendrán ustedes que
explicar estas contradicciones a los trabajadores de Santana y a los
ciudadanos de Linares porque esta actuación se sostiene muy poco. A
pesar de esta nefasta política de gestión que llevan en Santana; a
pesar de que no han pedido formalmente al Gobierno de España que sea
parte en esa mesa de negociación (y nosotros respetamos el ámbito
autonómico y de competencia del Gobierno andaluz en cuanto a elegir
quién debe y quien no debe estar en la mesa); a pesar de todo eso, a
ustedes les consta que el Gobierno de España está haciendo esfuerzos
por los trabajadores de Santana y saben que el Ministerio de Defensa
y el Ministerio del Interior están buscando la fórmula que permitan
la adquisición de automóviles, adaptados lógicamente a las
necesidades de ambos departamentos ministeriales para favorecer la
producción de vehículos en Santana; saben ustedes que el Ministerio
de Ciencia y Tecnología ha creado el programa de dinamización
tecnológica de zona desfavorecida, que financia ayudas a empresas
a las cuales, si Santana las pide en su momento y se
cumplen los requisitos, podrán tener acceso; saben ustedes que el 14
de marzo de este año la Dirección General de Trabajo ha autorizado el
acuerdo de extinción de 712 contratos de trabajo, aceptando en todos
los términos la propuesta de la Consejería de la Junta de Andalucía y
saben ustedes que el Gobierno de España, dentro de las limitaciones
presupuestarias -porque hay que recordar que este acuerdo se produce
una vez que han sido aprobados los Presupuestos Generales del
Estado-, va a seguir ayudando a los trabajadores de Santana. Lo que
tienen muy claro el Gobierno de España y el Grupo Popular en el
Congreso de los Diputados es que los trabajadores de Santana no
tienen que pagar la mala gestión del Gobierno andaluz. Todo eso lo va
a hacer el Gobierno de España, que está tratando de resolver también
parte de la situación de Santana en la Unión Europea.
Por todo ello y para concluir, señor presidente, queremos dejar muy
claro, para que luego no pueda ser utilizada intencionada y
políticamente la cuestión que hoy se plantea, que, a pesar de que el
Grupo Popular va a rechazar esta proposición no de ley por los
argumentos dados, el Gobierno de España ha estado y va a estar junto
a los trabajadores de Santana y va a prestar todo el apoyo que sea
necesario para resolver esta situación generada por la mala gestión
de un Partido Socialista y de un Partido Andalucista, ambos
integrantes del Gobierno de la Junta de Andalucía, que es la
propietaria de la empresa Santana hoy en día.
El señor PRESIDENTE: El señor Pliego tiene la palabra para manifestar
formalmente si acepta en parte o rechaza la enmienda formulada por el
Grupo Mixto.
El señor PLIEGO CUBERO: Señor presidente, si lo considera
conveniente, quisiera pedir la palabra, si me ampara algún artículo
del Reglamento, para contestar a dos falsedades de las que ha
introducido en su exposición el portavoz del Partido Popular y
posteriormente dar respuesta a la enmienda del Partido Andalucista.
El señor PRESIDENTE: Sabe S.S. que en todo debate hay afirmaciones en
las que cada uno de los intervinientes ilumina o ilustra su
intervención. Esas intervenciones son las que son y están en la
lógica de la exposición de las ideas que muchas veces, si se
expresaran sólo en síntesis, serían más difíciles de comprender,
y cada uno de los intervinientes utiliza sus propios instrumentos
dialécticos. Con la mejor disposición que tiene siempre la
Presidencia a atender cualquier pretensión de esa naturaleza,
comprenderá S.S. que eso significaría en realidad otro debate sobre
otra cuestión.
En estos casos me gusta que quede siempre claro que cualquier
interpretación de esa naturaleza de las que S.S. apunta, si lo estima
oportuno, podría dar lugar a otra iniciativa parlamentaria que
propiciaría otro debate diferente en el que también podrían
explayarse las razones, las defensas, las seguridades o las dudas
sobre
cualquier alegación planteada en el curso de un debate. Lamentándolo
mucho, le tengo que rogar que manifieste nada más si acepta o rechaza
la enmienda.
El señor PLIEGO CUBERO: Lo lamento pero acepto la posición de la
Presidencia, sobre todo en los términos en que me lo indica.
Sí se me permite, quisiera decir que no vamos a aceptar la enmienda
del PA, no porque no la comparta, que la compartimos, sino porque,
como la naturaleza de esta proposición no de ley era quedarnos
meramente en el compromiso político del Gobierno, serían incompletas
las medidas que se proponen, porque consideramos conveniente, junto a
ésas, añadir otras. Sabiendo ya que va a ser rechazada por el Partido
Popular, quiero manifestar el compromiso del Grupo Socialista de que
en breve presentaremos una iniciativa parlamentaria en este Congreso,
donde estimemos oportuno, con el detalle concreto de las peticiones
para que este debate no se quede en los términos en que se ha
producido hoy.
El señor PRESIDENTE: Teniendo en cuenta la hora que es y que la
comparecencia del ministro de Trabajo tiene que comenzar en breves
minutos, se suspende la sesión hasta que se incorpore a la Mesa el
ministro de Trabajo para comenzar la expresada comparecencia.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
(APARICIO PÉREZ), PARA INFORMAR SOBRE:
- EL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL DEL REINO DE
ESPAÑA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 213/000323)
- EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL. A PETICIÓN PROPIA.
(Número de expediente 214/000052)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Tramitamos ahora la comparecencia del ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales para informar, en primer lugar, sobre el Plan nacional de
acción contra la exclusión social del Reino de España, a iniciativa
del Grupo Parlamentario Socialista, que fue registrada antes que otra
del propio ministro de Trabajo y Asuntos Sociales -por tanto, del
Gobierno, a petición propia- para informar sobre el Plan de acción
para la inclusión social. Teniendo en cuenta la íntima conexión de
ambas peticiones de información a la Cámara, en un caso a iniciativa
de un grupo y, en otro, porque entendía el Gobierno, a través del
titular de esta cartera, que era
asunto del que quería informar de manera puntual a esta Comisión
legislativa, se van a tramitar agrupadas y serán objeto de una sola
intervención, tanto por parte del señor ministro compareciente como
de los señores portavoces que deseen hacer uso de la palabra y desde
luego del portavoz del grupo autor de la iniciativa que figura en el
orden del día en primer lugar.
Para la primera exposición reglamentaria, tiene la palabra el señor
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Señorías, la primera precisión -amable precisión, en este caso- es
que voy a tratar de informar sobre el Plan nacional de inclusión
social. La Unión Europea busca siempre un lenguaje de carácter
positivo y, aunque todos estemos acostumbrados a utilizar
alternativamente inclusión y exclusión, el término correcto sería
Plan nacional de inclusión social del Reino de España.
Se trata de una obligación adquirida por España en la cumbre de Niza,
a la que va a dar cumplimiento, al igual que los restantes Estados
miembros, antes del 1 de junio. Sería difícil de entender este Plan
sin la experiencia metodológica y en cuanto a resultados se refiere
de los planes nacionales de acción para el empleo. Si hubiera que dar
una definición sencilla, estaríamos hablando en buena medida de una
lectura distinta de las acciones encaminadas a evitar la exclusión,
es decir, a facilitar la integración y la inserción. En el caso de
las personas activas, con capacidad de actividad, la inserción y la
intergración pasa por la empleabilidad -por la capacidad de darles
una oportunidad de empleo-, lo que está en directa relación con el
Plan nacional de acción para el empleo y sigue su misma metodología.
Este método es el llamado de coordinación abierta, mediante el cual
todos los países acaban siendo tribunal y juzgan, a través también de
la Comisión, la adecuación de los planes a los fines perseguidos. En
este caso, también intentando de alguna manera situar la cuestión,
dado que la Unión Europea se ha marcado ser un área no solamente
económicamente competitiva sino también socialmente coherente, no hay
duda de que tiene que prestar una especial atención a todas aquellas
personas que por uno u otro motivo no puedan tal vez seguir los
importantes ritmos de cambio y de desarrollo que está teniendo la
Unión Europea o la sociedad.
Decía que también creo que debe leerse este informe en paralelo a lo
que han sido los últimos avances producidos también en materia de
mejora y desarrollo del sistema de protección social, especialmente
el último acuerdo alcanzado en este mismo aspecto. Como señalaba hace
unos instantes, el 27 de abril -en este caso la obligación de
presentación era antes del día 1 de mayo-, el Consejo de Ministros
aprobó el Plan nacional de acción para el empleo, que como saben
moviliza 2,1 billones de pesetas, 185.000 millones más que el año
anterior, en actuaciones -aproximadamente un millón y medio-
destinadas a atender a 1.100.00 parados.
Tal vez este sea el punto de partida, porque esto es lo que también
ha querido la Unión Europea, que existan las dos dimensiones: una
lectura claramente conducente a los efectos sobre el empleo y otra
destinada a los problemas que pueden tener personas de integración,
inserción e inclusión dentro de esta sociedad.
Debe haber un carácter integral de las políticas y desde luego pienso
que Europa perdería buena parte de sus señas de identidad si no
dedicase unos esfuerzos importantes -como creo que sigue haciendo- a
mantener esas herramientas de cohesión social para los casos de mayor
dificultad, máxime cuando también surgen nuevas formas de exclusión
social; sirvan como ejemplo los parados de larga duración, las
minorías étnicas, fenómenos de inmigración, mujeres, que va a ser una
de las lecturas constantes y transversal. Desgraciadamente el
fenómeno de la exclusión afecta con mayor intensidad y dureza también
a la mujer, con lo cual creo que también adquieren sentido, como
veremos luego, las apelaciones o menciones que haremos a otros planes
o a otras acciones del Gobierno relacionadas con grupos específicos
de población. Sin lugar a dudas tanto el plan de empleo como el
acuerdo que antes he citado para la mejora de la protección social
son dos de las herramientas básicas o dos de los elementos clave de
ambos documentos.
A lo largo de esta comparecencia me gustaría hacer referencia, en
primer lugar, a ese contexto europeo en el que deben enmarcarse estos
planes; en segundo lugar a lo que son las líneas estratégicas que se
están desarrollando -nos hallamos, ya se lo anuncio, en fase de
redacción para poder cumplir con los calendarios previstos- para
elaborar el plan nacional español y en tercer lugar a los objetivos y
medidas más importantes que aparecerán incorporadas a este plan.
Estoy seguro de que todas SS.SS. conocen que el Consejo Europeo
celebrado en Niza en diciembre del año pasado aprobó, de conformidad
y como continuidad de las conclusiones de los consejos de Lisboa y
Feira, lo que hemos llamado la agenda social europea, en la que se
contienen las prioridades de actuación en el ámbito social hasta el
año 2005. Pues bien, en ese contexto la lucha contra cualquier forma
de exclusión y discriminación constituye una de las orientaciones
estratégicas para la política social como un elemento clave a la hora
de favorecer la integración social y de trabajar en pos del nuevo
objetivo estratégico de la Unión Europea para la próxima década y,
como dice un informe de la propia Comisión, de convertirse en la
economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del
mundo capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y
mejores empleos y -subrayo- con mayor cohesión social. Sin lugar a
dudas para la consecución de dicho objetivo es fundamental el
desarrollo de una estrategia destinada a modernizar el modelo social
europeo, invirtiendo en el capital humano, base de cualquier
sociedad, y luchando contra la exclusión social. Como se indica en el
propio texto de la agenda social en el futuro la modernización del
modelo social
europeo y la inversión en capital humano serán cruciales para
salvaguardar los valores sociales europeos de solidaridad y justicia,
sin dejar de mejorar el rendimiento económico. Estoy convencido de
que SS.SS. comparten conmigo la afirmación recogida en la agenda
social de que crecimiento económico y cohesión social son conceptos y
realidades que se refuerzan mutuamente, por cuanto una sociedad con
más cohesión social y menos exclusión es la prueba de una economía
más desarrollada y moderna. Es en este contexto en el que debe
contemplarse la elaboración de los planes nacionales como aplicación
del método de coordinación abierta definida en el Consejo Europeo de
Lisboa. Estos planes, que deben presentarse ante las instituciones
comunitarias a más tardar el 1 de junio del presente año, tendrán una
vigencia bianual -cubren el período de julio de 2001 a junio de 2003-
y deberán especificar los objetivos, medidas a adoptar, los progresos
previstos y los procedimientos de evaluación sobre la base del
planteamiento aprobado de común acuerdo en el Consejo Europeo de
Niza. Podemos decir, por tanto, que todos los Estados miembros se han
impuesto la obligación de dar un tratamiento global al fenómeno de la
exclusión social modernizando así el modelo social europeo.
Antes de referirme a los objetivos programáticos definidos por la
Unión Europea, quiero resaltar que el concepto de igualdad de género
debe integrarse en todos los ámbitos de la agenda social y, por
tanto, también en estos planes nacionales de inclusión social. Ello
quiere decir que la dimensión de género ha de ser introducida
y tenida en cuenta en todas las fases del proceso, desde su diseño y
concepción a su seguimiento, su evaluación o su revisión. Como antes
les señalaba, no estamos en esa deseable plena igualdad de género, y
sin duda ninguna una de las lecturas obligadas en todas las fases
debe ser la lectura de género.
Los objetivos programáticos que define la Unión Europea son, en
primer lugar, el fomento de la participación en el empleo y del
acceso a los recursos, derechos, bienes y servicios por parte de
todos. En materia de empleo, dos son las líneas directrices que deben
atenderse: de una parte, favorecer el acceso a un empleo duradero y
de calidad para todas las mujeres y todos los hombres en situación de
trabajar, especialmente por parte de los grupos más vulnerables,
utilizando al tiempo las oportunidades de inserción y de empleo de la
economía social; de otra, prevenir las rupturas profesionales
desarrollando la capacidad de inserción profesional mediante la
gestión de recursos humanos, la organización del trabajo y la
formación permanente. Es evidente que el primer instrumento con el
que cuenta cada Estado miembro a estos efectos, como les decía, son
los propios planes nacionales de acción para el empleo, recientemente
presentados ante la Comisión Europea, en el caso de España el IV
plan.
En relación con el fomento del acceso a todos los recursos, a los
derechos, a los bienes y servicios, las líneas directrices son las
siguientes: en primer lugar,
organizar los sistemas de protección social con el fin de garantizar
a todas las personas los recursos necesarios para vivir en
condiciones de dignidad y ayudar a superar los obstáculos para la
obtención de un empleo; favorecer el acceso de todos a una vivienda
digna y a los cuidados necesarios para su salud, incluso en caso de
dependencia, y, finalmente, facilitar un acceso efectivo a la
educación, a la justicia y a otros servicios públicos y privados,
como puede ser la cultura, el deporte o las propias actividades
recreativas. En segundo lugar, la prevención de los riesgos de
exclusión, aprovechando plenamente las posibilidades de la sociedad
de la información y de la comunicación, prestando especial atención
a las necesidades de las personas con discapacidades, así como aplicar
políticas cuyo objetivo sea, de un lado, evitar las crisis en las
condiciones de vida que puedan conducir a situaciones de exclusión y,
de otro, preservar toda forma de solidaridad familiar, y esto lo digo
también en una sociedad como la española, en la que la solidaridad
familiar es también, afortunadamente, un elemento determinante de su
propia razón de ser. En tercer lugar, la actuación dirigida a los más
vulnerables, favoreciendo la integración social de las personas que
por minusvalía o pertenencia a un grupo social determinado, niños,
mujeres, jóvenes, etcétera, están en riesgo de exclusión, así como
desarrollando acciones globales destinadas a los territorios en que
exista exclusión. Finalmente, el plan propone la movilización de
todos los agentes promoviendo la participación de los propios
afectados, así como la colaboración y coordinación de los agentes
públicos y privados a todos los niveles, de forma que pueda lograrse
que la lucha contra las exclusiones esté presente en el conjunto de
las distintas políticas que se lleven a cabo a nivel nacional,
regional y local.
Con el objetivo de que los planes respondan a las exigencias y a las
características establecidas por la Comisión Europea, se han venido
desarrollando seminarios en los distintos países miembros con
presencia y participación de la propia Comisión. Así, en España el
pasado día 1 de marzo tuvo lugar un seminario en el que participaron
representantes de la Comisión Europea al más alto nivel, en el que se
analizaron los aspectos más importantes que deben tenerse en cuenta a
la hora de abordar el plan nacional. Este seminario contó con la
presencia de la directora general de Protección Social, la señora
Quintin. Estuvieron presentes los responsables del área social de
comunidades autónomas, de corporaciones locales, de ONG, de agentes
sociales, así como representantes de los distintos departamentos
ministeriales que están participando en la elaboración del plan.
Señorías, desde el primer momento el Gobierno español ha contemplado
la elaboración del Plan nacional de acción para la inclusión social
como una gran oportunidad al tiempo que un reto, porque sin duda
ninguna era la primera vez que se hacía este esfuerzo de
sistematización analítica de los recursos a movilizar en función de
los objetivos. Decía que era una oportunidad
y un reto porque se trata de intensificar decididamente las
actuaciones y medidas contra el fenómeno de la exclusión social. Como
ya avanzaba, no se trata únicamente de abordar el fenómeno de la
pobreza en términos económicos, sino que se pretende ir más allá.
Será la primera vez que en España se aborde un conjunto de medidas a
favor de la inclusión social desde una perspectiva global,
interdisciplinaria y coordinada. Está claro que se viene actuando,
pienso, de una manera correcta desde hace mucho tiempo, pero quizás
es la primera vez que se realiza este esfuerzo de presentación global
e integral. Sería muy injusto negar los importantes esfuerzos que
durante muchos años ha realizado la sociedad española, no solamente
desde el Gobierno de la nación, sino desde todas las instancias con
competencia o con responsabilidad; en este caso también es obvia la
presencia de las administraciones locales y de muchas organizaciones
no gubernamentales, pero tal vez la gran novedad sea esa visión
integral, interdisciplinaria y coordinada, con la circunstancia
añadida de que va a ser posible evaluar no solamente la buena
intención sino la eficacia mediante la determinación de indicadores
que permitan -ya lo anuncio- no tanto las comparaciones entre países,
sino los progresos que cada país en el ejercicio del principio de
subsidiariedad pueda llevar a cabo. Esta es una característica del
sistema de coordinación abierta. Nadie discute que son los Estados
miembros quienes deben llevar a la práctica las políticas conforme a
sus propias particularidades, pero qué duda cabe de que dotarse de un
método común puede ser realmente útil y tan útil como ese método es
el establecimiento de indicadores y de objetivos que sean asumibles
por todos los Estados.
La elaboración de este plan en España tiene esa dificultad adicional,
que antes citábamos y es que nuestra estructura de competencias
fuertemente descentralizada que establece nuestra Constitución hace
que muchas de las políticas sean desarrolladas actualmente a través
de las comunidades autónomas o a través incluso de las entidades
locales. Resultaba imprescindible que estas administraciones se
implicaran en la elaboración del plan y posteriormente en su
ejecución y seguimiento. Los planes suponen la posibilidad de llevar
a cabo y de hacer realidad ese compromiso compartido como expresión
de la corresponsabilidad, en este caso social, ante el fenómeno de la
exclusión. Sólo así nuestro país podrá ir acercándose a los niveles
de bienestar y riqueza alcanzados por otros países de la Unión
Europea. Insisto en que nos hallamos en una fase de redacción que
busca ese carácter integrador de las muchas aportaciones que se han
recibido de los agentes principales de este proceso, tanto
comunidades autónomas como ayuntamientos como ONG. Puedo anticiparles
las principales líneas. En primer lugar, la participación de todos
los actores con el fin de alcanzar el mayor consenso social posible;
en segundo lugar, la implicación al más alto nivel de estos actores;
en tercer lugar, la definición de prioridades que respondan a las
situacionesde necesidad que queremos atender, y, finalmente,
la adecuación del plan a las directrices de las instituciones
comunitarias tanto en contenido como en método de trabajo y de
coordinación. Los tres protagonistas esenciales en este proceso
serían las políticas públicas, tanto generales como sectoriales; el
sector empresarial y laboral, el mundo que llamamos de los agentes
sociales, sobre todo en lo referente a la creación de empleo, y,
finalmente -permítanme esta expresión-, el capital social aportado
por la sociedad civil tanto a nivel familiar como asociativo.
Tras la cumbre de Niza, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
está coordinando el proceso de elaboración del plan impulsando la
participación y coordinación de todos los sectores, públicos y
privados, y podremos dar respuesta -espero- a una de estas
exigencias: el carácter integral y pluridimensional. La exclusión,
que sería la primera dificultad conceptual, es un fenómeno altamente
complejo; de ahí que deban ser diversos tanto las políticas como las
actuaciones que se desarrollen, así como los actores implicados en
esta integración. No es fácil, no es una cuestión estrictamente
pacífica decir qué es la exclusión social. Esto unido a la necesidad
de actuación conjunta y coordinada es lo que hace que las políticas
de integración social constituyan un reto colectivo, un reto de toda
la sociedad. Sin duda alguna las administraciones públicas han de
asumir un papel clave en la lucha contra la exclusión a través de
programas y servicios promovidos desde los diferentes niveles de
Gobierno, pero su labor ha de complementarse necesariamente con las
actuaciones que lleven a cabo agentes sociales y asociaciones.
Tampoco debe olvidarse que la exclusión también tiene una dimensión
territorial a todas luces fundamental en la ejecución de las
políticas de solidaridad y de integración. Por ello estamos
manteniendo contactos y reuniones con representantes de las
administraciones públicas en sus tres niveles, Administración general
del Estado, comunidades y ciudades autónomas y Administración local;
con los agentes sociales a través de las organizaciones sindicales y
empresariales, con la sociedad civil, a través de las ONG y
fundaciones, y también con expertos tanto de universidades como de
colegios profesionales y de otras instituciones. Se han celebrado
distintas reuniones, conferencias sectoriales de Asuntos Sociales
para la atención de la coordinación y la cooperación con comunidades
autónomas, así como se han constituido grupos de trabajo ad hoc,
junto con la elaboración de cuestionarios de recogida de información
que han facilitado la determinación de objetivos, medidas y programas
y están permitiendo elaborar este texto definitivo del plan, que
confío que en los próximos días se someta tanto a una conferencia
sectorial como a un Consejo de Ministros para poder dar sus últimos
pasos con vistas a una decisión. La alta y positiva participación de
todos quienes se han aproximado a este plan constituye una garantía
de que España contará con un buen plan nacional de acción social,
insisto, por un gran esfuerzo -lo subrayaré a lo largo de mi
intervención, pero no quiero
pasarlo por alto- de cooperación positiva por parte de otras
administraciones. Quiero destacar, señorías, que esa participación se
está llevando a cabo al más alto nivel por todos los que han
participado en este proceso y que culminará con el análisis, como les
decía, del plan en conferencia sectorial de Asuntos Sociales y su
aprobación en Consejo de Ministros.
Por lo que se refiere a las prioridades que se van a incorporar, las
mismas deben guardar relación, por una parte, con los temas o
aspectos críticos que inciden más negativamente en el fenómeno de la
exclusión -señaladamente, el fracaso escolar, la falta de garantía de
ingresos mínimos y las dificultades para la inserción en el mercado
de trabajo, la infravivienda son factores bastante evidentes- y de
otra parte con los grupos y colectivos más vulnerables que, pese a
presentar características muy heterogéneas, comparten un mismo
proceso de exclusión social y deterioro personal. Estaríamos ahora
hablando de los parados de larga duración, de jóvenes desempleados de
muy baja cualificación, de personas sin techo, de mujeres con cargas
familiares no compartidas, de minorías étnicas, de perceptores de
rentas mínimas, de personas discapacitadas en desempleo, personas
mayores dependientes, personas drogodependientes, reclusos. Los
ámbitos en los que se concreta el fenómeno de la exclusión social en
nuestro país pueden identificarse con los siguientes desde una
perspectiva pluridimensional: el primero sería el de la pobreza en el
sentido de carencia de ingresos económicos; en segundo lugar, las
dificultades para lograr la integración laboral; en tercer lugar,
dificultades de acceso a la educación o a los mínimos educativos; en
cuarto lugar, la ausencia de la vivienda digna; en quinto lugar, la
ausencia o insuficiencia de apoyos familiares; en sexto lugar, los
problemas para el acceso o aprendizaje de las nuevas tecnologías y,
en séptimo lugar, la marginación social derivada de factores
diversos, como antes citaba, étnicos, sociales, de toxicomanías o de
otro tipo. Por ello, las líneas prioritarias de actuación del plan
nacional para el período 2001-2003 que van a servir de elementos de
referencia son las siguientes. En primer lugar, una nueva forma de
hacer para avanzar hacia la integración permanente. Se trata de
abordar el modelo de funcionamiento de los servicios sociales de
forma que se consiga la máxima colaboración y sincronización con los
servicios de empleo y las demás áreas de protección social, tanto a
escala nacional como regional y local. La finalidad última sería
lograr la integración de las acciones de los distintos agentes y su
ubicación en los territorios más próximos a las personas que precisan
de estos servicios.
En segundo lugar, empleo de calidad para todos. El objetivo final
sería la incorporación al empleo de colectivos en riesgo de exclusión
en general y dentro de ellos de los grupos de mayores de 45 años,
mujeres y jóvenes, combatiendo al tiempo el empleo precario. Tercero,
recursos económicos para todos y servicios comunitarios que mejoren
la calidad de vida, la cobertura de ingresos para una vida digna, con
especial referencia
en nuestro caso a los salarios sociales, pensiones mínimas y ayudas
para situaciones de emergencia, junto con la utilización de los
servicios sociales, de manera que capaciten a las personas a
conseguir la integración social. Son dos de las premisas más
importantes que deben presidir el plan de inclusión social. En este
apartado es evidente la importancia y la trascendencia que tienen los
recientes acuerdos alcanzados en materia de mejora de nuestro sistema
de protección social.
En cuarto lugar, enseñar y capacitar para aprender a los menos
favorecidos. Se trataría de conseguir que la educación sea una
palanca básica para evitar la exclusión social y para facilitar la
inserción en la sociedad y en el mundo laboral, así como facilitar el
acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación a los
colectivos más desvaforecidos, de manera que estas técnicas no
supongan una nueva forma de exclusión. Nos estamos refiriendo a lo
que ya se denomina alfabetización informática. Hace unos años
probablemente se entendía por analfabetismo no tener capacidad de
comprensión del lenguaje escrito. Hoy estamos apreciando que niveles
de alfabetización informática pueden ser determinantes en la
integración o la exclusión de las personas y afortunadamente también
la sociedad se está dotando de instrumentos útiles, como puede ser el
programa Info XXI y otra serie de programas que se están
desarrollando para lograr que no se produzca este riesgo. De igual
manera les digo que me gustaría que las nuevas tecnologías evitasen
formas clásicas de marginación o de exclusión laboral que se basaban
a lo mejor en la diferencia de capacidad física o de fuerza física,
especialmente en el caso de las mujeres, y creo que deberá realizarse
un importante esfuerzo por parte de toda la Unión Europea, puesto que
el fenómeno no es exclusivo de España, para conseguir que estas
nuevas tecnologías sean un factor de equilibrio, de corrección de
desigualdades y de discriminaciones y no de agravamiento de las
mismas.
En quinto lugar, creo que hay un concepto, aceptado por la Unión
Europea, que es el acceso a la salud o salud integral. Dentro del
derecho universal a la sanidad, se trataría de asegurar este acceso
real, sin restricciones, por parte de las personas en riesgo de
exclusión de los servicios sanitarios. En sexto lugar, también como
prioridad, estarían los planes de vivienda, un ámbito en el que, bajo
el mismo mandato e invitación que realiza la Constitución española,
seamos capaces de seguir progresando en dotar de un techo digno a
todos. El plan debe permitir la extensión del acceso a una vivienda
en condiciones mínimas de habitabilidad y de higiene. En séptimo
lugar, vivir y también trabajar. La conciliación de la vida laboral y
familiar, haciendo compatible la asistencia a las personas
dependientes con un empleo estable y regular, ha de estar presente
entre los objetivos prioritarios del plan y también aquí aparecerán
menciones -y ya se lo puedo anunciar- al desarrollo de las redes de
guarderías, cuya potenciación y mejora consideramos imprescindible
para facilitar de manera efectiva el acceso al trabajo a muchas
mujeres en edad de ser madres. En octavo lugar, un compromiso
compartido. Se trata -como decía anteriormente- de movilizar a todos
los actores para poner en marcha, de forma coordinada y comprometida,
medidas y actuaciones que permitan mejorar las condiciones de vida de
las personas con mayor dificultad.
Señorías, el desarrollo de estas prioridades permitirá, en nuestra
opinión, la combinación de medidas y actuaciones tanto paliativas o
de incidencia directa ante las manifestaciones más graves o
socialmente más visibles de la exclusión social, como preventivas,
que incidan sobre los factores que generan esa vulnerabilidad y esa
exclusión. Por otra parte, integración social e igualdad de
oportunidades, como antes les señalaba, son conceptos que están muy
presentes a la hora de establecer las orientaciones y medidas que
podemos englobar bajo el concepto más amplio de políticas de
solidaridad. No debemos olvidar que el Plan nacional de inclusión
debe tener en cuenta de manera especial, como elementos
transversales, la igualdad entre hombres y mujeres, así como su
relación con los planes nacionales de empleo y con el resto de
políticas económicas y sociales. ¿Qué estructura va a tener el plan?
Fundamentalmente, cuatro apartados. En primer lugar, se recogerá un
análisis de la situación actual. Hay un debate abierto en el ámbito
de toda la Unión Europea sobre cuáles son los indicadores de mayor
fiabilidad y sobre todo que puedan establecer también no tanto -como
les señalaba- comparaciones entre países, sino seguimiento de la
evolución y de la mejora que debe producirse también en los propios
Estados miembros. Se hará un análisis de la actual situación, de
forma que se ofrezca un diagnóstico del fenómeno de la exclusión
social en España, a partir del cual puedan plantearse las medidas
y las actuaciones que es preciso poner en marcha o intensificar con
vistas a avanzar en la integración social. Sería esta una primera
fase, llamémosla diagnóstica. En segundo lugar, se establecerán las
líneas prioritarias de actuación para el período de vigencia del
plan, de forma que sirvan de elementos de referencia última para los
distintos tipos de intervención. El tercer apartado, lógicamente el
más extenso, abordará y desarrollará cada uno de los objetivos que se
desea alcanzar, en línea con los establecidos por la Unión Europea,
con especificación de las medidas y actuaciones que para la
consecución de dichos objetivos van a desarrollarse. En cuarto lugar,
se establecerán los indicadores de seguimiento del Plan; indicadores
que van a permitir realizar las evaluaciones que sean necesarias,
tanto parciales como finales.
A continuación voy a referirme, a grandes rasgos, a los principales
objetivos que recogerá el plan, establecidos desde ese planteamiento
global integrador al que me he venido refiriendo a lo largo del
proceso. El primer objetivo es el apoyo al empleo de las personas y
grupos más vulnerables. El primer objetivo del plan es la
intensificación de las medidas de apoyo al empleo en una doble
dirección: el fomento del acceso al empleo
por parte de las personas y grupos desfavorecidos y la atención
especial a los servicios de formación, de orientación y de inserción
laborales. El papel primordial del empleo como mecanismo de
integración social justifica el lugar tan destacado que ocupa en las
medidas de lucha contra la exclusión. Para la consecución de dicho
objetivo deben combinarse medidas y políticas activas de empleo,
junto con programas de formación y de orientación sociolaboral y
acompañamiento a la inserción laboral, por ejemplo, como tantas veces
se ha citado, la renta activa de inserción. La implicación de todos
los actores que intervienen en la creación de empleo, empresas,
servicios públicos de empleo, iniciativas locales de empleo, economía
social, etcétera, es capital en este ámbito. El Plan de acción para
el empleo de 2001 dedica en este sentido una especial atención a la
mejora de la capacidad de inserción profesional, con un apartado
específico dirigido a la promoción de la integración social mediante
el acceso al empleo de los colectivos desfavorecidos: discapacitados,
inmigrantes y otros colectivos sociales con problemas de inserción
laboral.
El segundo objetivo es garantizar el acceso a los recursos, derechos,
bienes y servicios, especialmente de las personas más vulnerables,
que como sabemos inciden decisivamente en el disfrute de un nivel
digno de vida. Aquí se incluirán programas de carácter horizontal
dirigidos a hacer realidad el acceso de todos los ciudadanos a unos
servicios sociales básicos de carácter primario y a unos programas de
carácter sectorial en las áreas sanitaria y educativa, de garantía de
ingresos mínimos, de vivienda, de formación en las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación. Se intensificarán por tanto
las medidas encaminadas a la mejora del sistema público de servicios
sociales de atención primaria que posibilitan el acceso de todos en
condiciones de igualdad, especialmente a través del fortalecimiento
del plan concertado de prestaciones básicas entre todas las
administraciones públicas, instrumento que se ha demostrado útil en
la cooperación de administraciones, especialmente entre el Gobierno
de la nación y las comunidades autónomas y ciudades con estatuto. Ese
plan concertado será fortalecido. Por lo que se refiere a la garantía
de recursos económicos, se adoptarán medidas que permitan incrementar
y mejorar los recursos económicos disponibles por parte de las
personas con menor capacidad económica.
El tercer objetivo es la prevención de riesgos de exclusión,
anticiparse a la aparición de estas situaciones. En este ámbito deben
destacarse tres grandes líneas, la destinada a corregir las
desigualdades territoriales, la dirigida a mitigar los factores de
desintegración familiar y finalmente la destinada a combatir la
desintegración generada por la falta de acceso y las lagunas
formativas asociadas a las nuevas tecnologías. En este campo se
impulsará la aprobación de planes de inclusión social, tanto a nivel
autonómico como municipal, en los que los colectivos prioritarios
sean las personas sin techo o que viven en infraviviendas o en
situación de pobreza severa. Ello permitirá, al tiempo, avanzar en la
reducción de las desigualdades sociales en función del territorio en
que se viva, pues las diferencias entre comunidades autónomas son
significativas, de tal forma que las cinco comunidades de menor renta
(Extremadura, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia) son
también aquellas que presentan los índices más altos de pobreza
relativa; cuatro de ellas además se sitúan en el grupo con mayores
tasas de desigualdad económica. En segundo lugar, se desarrollarán
políticas de apoyo a las familias, incluidos los servicios de cuidado
de niños y personas dependientes, potenciando al tiempo los programas
gestionados por ONG dirigidos a familias cuidadoras. Por lo que se
refiere a las nuevas tecnologías, se desarrollarán actuaciones
encaminadas a garantizar que la mayoría de los centros de educación y
formación públicos tengan acceso a Internet y a recursos multimedia a
finales del año 2002, así como que profesores y formadores de centros
públicos reciban la adecuada formación en dichas tecnologías, en
línea con lo que ya ha sido determinado por el plan Info XXI; el plan
de empleo, por su parte, ya contemplaba la formación o alfabetización
informática de 260.000 personas.
El cuarto objetivo sería la atención a los grupos más vulnerables.
Actuaciones a favor de los grupos específicos de personas más
vulnerables constituyen el cuarto gran objetivo a través del
desarrollo de programas especializados en colectivos concretos y con
características muy definidas. En primer lugar, se desarrollarán
actuaciones encaminadas a la mejora de las situaciones de las
personas mayores más desfavorecidas a través de otro instrumento que
ha acreditado también su validez y su vigencia como es el plan
gerontológico, así como mediante el apoyo a programas que promocionen
la convivencia y la integración social y familiar de las personas
mayores. Conforme al acuerdo sobre mejora del sistema de protección
social, se constituirá una comisión de trabajo para el análisis y
elaboración de propuestas sobre el marco jurídico de la dependencia y
las líneas básicas de actuación. En segundo lugar, se abordarán
programas dirigidos a mejorar la situación de las personas con
discapacidad; en mayor o menor grado estaríamos hablando de un
universo en torno a los tres millones de personas. Se impulsará el
desarrollo del plan de acción para las personas con discapacidad
1997/2002, que contempla actuaciones dirigidas a discapacitados
excluidos o en riesgo de exclusión, así como el plan estatal de
accesibilidad urbanística-arquitectónica en la comunicación y en el
transporte. La especial atención a la situación de las mujeres
desfavorecidas constituye otra de las áreas de actuación de este
ámbito, debiéndose destacar sobre todo la elaboración ya muy avanzada
del segundo plan contra la violencia doméstica, así como la
realización de programas de empleabilidad de las mujeres en riesgo de
exclusión a través de itinerarios personalizados y medidas de
acompañamiento, en línea con lo ya previsto en el Plan nacional de
atención para el empleo. Me permito recordar
que el 60 por ciento del aproximadamente millón y medio de acciones
de formación y empleo irá destinado a mujeres. Finalmente, la mejora
de la situación de la infancia y de las familias desfavorecidas, así
como la atención a los jóvenes con mayores dificultades de inserción
laboral y social y otros colectivos sociales en riesgo de exclusión
formarán este último apartado, que recogerá actuaciones específicas
dentro del plan de inclusión.
El quinto gran objetivo es movilizar, como les decía, a todos los
agentes. La participación de las entidades y agentes más relevantes
ha estado presente en la fase preparatoria del plan. Con el fin de
reforzar esa implicación a lo largo de su ejecución se crearán las
oportunas comisiones de seguimiento y grupos de trabajo. Por otra
parte, se realizarán actividades de sensibilización, de difusión y de
debate, seminarios, conferencias, jornadas, publicaciones, así como
investigaciones, estudios e informes específicos que permitan mejorar
el conocimiento de la situación de la exclusión social en nuestro
país.
Quisiera terminar, señorías, reiterando la trascendencia del Plan
nacional de acción para la inclusión social en un doble sentido: de
una parte, por tratarse del primer instrumento de atención integral
al fenómeno de la exclusión social y, de otra, como oportunidad para
seguir avanzando en la mejora de estas políticas sociales desde un
compromiso compartido. Existen motivos fundados para confiar en que
el trabajo que estamos desarrollando culminará con la elaboración de
un plan ambicioso, pues, como SS.SS. conocen, no partimos de cero, ni
en el desarrollo de políticas sociales, ni en ámbitos tan importantes
como la colaboración y ejecución de programas conjuntamente con
administraciones autonómicas y locales en el área de los asuntos
sociales. De hecho, existía la buena experiencia, que en nuestra
opinión merece y también en la del resto de cogestores, del plan
gerontológico, del plan concertado o del plan para las personas con
discapacidad, que son buenos ejemplos de lo que sin duda ninguna van
a ser piezas claves en la nueva estructura, o en la cooperación con
las organizaciones no gubernamentales del área social, cada vez más
intensa. En estos últimos años se ha buscado un doble trabajo, de un
lado, la potenciación de las propias organizaciones no
gubernamentales y, de otro, la constitución de esos foros de
encuentro, de discusión y de propuesta que también han permitido lo
que creo que es un valor de la sociedad, la mejor vertebración de
estas organizaciones no gubernamentales, lo que facilita su presencia
y su acción en la sociedad española. Tampoco debemos olvidar la
experiencia acumulada con la elaboración y desarrollo de los planes
de empleo para los cuales este Gobierno ha venido recibiendo
afortunadamente felicitaciones por parte de la Comisión Europea.
Señorías, dentro de lo que era esta intervención de carácter sin duda
general y que dentro de unos días tendrá una concreción, espero que
esta primera parte haya servido para que puedan tener una idea
bastante completa
sobre las actividades que se están llevando a cabo con vistas a
la elaboración de este plan nacional, así como de las líneas y
objetivos prioritarios que se abordarán en el mismo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: En realidad, la intención del Grupo
Parlamentario Socialista a la hora de pedir la comparecencia del
ministro para que nos explicara el Plan nacional de inclusión social
del Reino de España venía motivada por varias razones. Una es que
nosotros creemos que la coyuntura actual nos permite elaborar un plan
integral con la colaboración de las comunidades autónomas, cuyas
competencias en algunas materias están transferidas y de las
corporaciones locales, y otra para demostrar -y en eso lamento no
coincidir con usted, señor ministro, pero las cifras cantan- que en
la coyuntura actual y dada la no asunción de determinadas enmiendas
en los Presupuestos Generales del Estado durante muchos años, sobre
todo en el año 2001, es muy difícil acometer la ejecución de dicho
plan si el Gobierno no asume un compromiso claro y evidente a través
de los presupuestos para poder acometer una serie de actuaciones, por
varias razones. Señor ministro, los informes de la Unión Europea han
definido que la exclusión social es la imposibilidad de gozar de los
derechos sociales sin ayuda, es decir, son personas que no pueden
acceder a los bienes sociales, que tienen una imagen desvalorizada de
sí mismas y con una incapacidad para hacer frente a una serie de
obligaciones propias. Es, en definitiva, el riesgo a verse relegada
de forma duradera a un estatus de persona asistida y a una
estigmatización que no se produce solamente en la persona excluida
sino también en toda la familia o en toda la unidad de convivencia.
La exclusión se entiende, pues como un concepto dinámico y es mucho
más amplio que el concepto de pobreza. Inicialmente, en los años
setenta, los teóricos en la materia empezaron a trabajar sobre el
concepto de pobreza y de las rentas mínimas de inserción creyendo que
con ello se atajaba el problema de la exclusión social. Más
claramente, el informe del Parlamento Europeo del año 1998 dice, en
cuanto al concepto de pobreza, que con demasiada frecuencia se ha
hecho sólo y exclusivamente referencia a los ingresos, y señalaba
también el carácter multidimensional de los mecanismos en virtud de
los cuales los individuos de los grupos sociales quedan excluidos de
tomar parte en los intercambios sociales, en las prácticas que
componen el ejercicio de muchísimos derechos y en la identidad propia
de cada uno de los ciudadanos. Así, por tanto, aparecen una serie de
fracturas sociales que son las que llevan aparejado un camino directo
hacia la exclusión.
Yo diría que la exclusión social tiene una fisonomía, y la verdad es
que, más allá de cualquier estadística yde datos fríos, solamente nos
hace falta darnos un
pequeño paseo por determinados barrios o localidades que cada uno
podemos ver en nuestras ciudades. El aumento de la pobreza y de las
desigualdades, es decir, de la exclusión, se puede constatar a simple
vista; tenemos en el entorno de nuestras ciudades cantidad de casos
que vemos que son personas abocadas a la exclusión social, pero es
tan cotidiano ver las desgracias ajenas a través de los medios de
información y de comunicación que yo creo que ya nos estamos
anestesiando o nos estamos generando una especie de careta con la
cual somos insensibles a este tipo de problemas que cada día van
avanzando. Es decir, el desarrollo económico no lleva aparejado
necesariamente un desarrollo social, sino que cada vez se produce más
una dualidad en esta sociedad. Las estadísticas españolas son
evidentes y reflejan que hay una cifra de más de dos millones de
parados, 2.300.000, de los cuales un número muy importante lleva
demasiados años en busca de trabajo, hay un paro juvenil que también
es alto y una tasa de población activa femenina que está en el 37 por
ciento, es decir, somos el primer país europeo en este ranking en
cuanto a la escasez de la incorporación de la mujer al mercado de
trabajo.
Diferentes estudios sobre la pobreza en España dan una serie de datos
que yo creo que son importantes, porque estamos hablando en torno a
los 8.500.000 personas. El número de personas sin hogar, sin techo,
se sitúa entre 50.000 y 200.000, 800.000 individuos habitan en
infraviviendas en nuestro país y 2.875.000 residen en barrios
totalmente desfavorecidos o sin ningún tipo de servicio
complementario. En las ciudades de más de 50.000 habitantes cada día
asciende más la cifra de personas sin techo y más de cuatro millones
se puede considerar que son residentes en municipios de más de
200.000 habitantes, es decir, que la pobreza se está concentrando en
las grandes urbes y, por tanto, el referente ya lo tenemos cada día
más concentrado y más cercano.
Hay una cuestión importante que para nosotros supone que la exclusión
es un estigma a veces, es decir, las fases de la exclusión vienen
aparejadas por la pobreza, pero también por la carencia de medios
para acceder a los servicios comunitarios o a aquellos servicios que
otra ciudadanía tiene la posibilidad de utilizar o de disfrutar. Creo
que en torno al modelo de la exclusión social hay un dato muy
importante, y no podemos olvidar que en los últimos años se ha
gestado un grado de consenso de todos los analistas en torno a tres
aspectos muy importantes de la actual dinámica social: el primero es
que las desigualdades están aumentando de una manera muy importante;
el segundo es que este aumento se encuentra relacionado con el
predominio de enfoques políticos poco sensibles a la solidaridad
social y el tercero es que dicha dinámica tiene fuertes raíces en la
lógica de los nuevos modelos productivos emergentes, es decir, la
estacionalidad en el empleo, la precariedad, etcétera.
Me ha parecido interesante hacer una diferenciación entre lo que es
la pobreza y la exclusión social, porque
a veces se confunden estos términos y yo creo que es bueno dejarlos
más matizados. Los rasgos de diferenciación entre la pobreza y la
exclusión vienen dados porque la situación en la pobreza es un estado
y, sin embargo, en la exclusión es un proceso, es decir, toda persona
excluida está pasando por un proceso que le aboca al mismo; el
carácter básico de la pobreza siempre es personal, mientras que el
carácter básico de la exclusión es estructural; los sujetos afectados
en la pobreza son individuos personalizados mientras que en la
exclusión son grupos sociales; las dimensiones normalmente en la
pobreza son unidimensionales, tienen carencias económicas y pare
usted de contar, mientras que en la exclusión social es
multidimensional, tienen aspectos laborales, económicos, sociales y
culturales; y el ámbito histórico en la pobreza son sociedades
industriales con grandes reestructuraciones, etcétera, mientras que
en la exclusión social son sociedades postindustriales y con
tecnologías avanzadas. Por tanto creo que la variable fundamental de
la pobreza son elementos de carácter cultural, mientras que en la
exclusión son muy importantes los elementos de carácter laboral. Los
riesgos añadidos en la pobreza son la marginación, pero en la
exclusión son la crisis de todos los nexos sociales, es decir, la
sociedad dual y el aislamiento y la ruptura total con lo que puede
ser una sociedad que favorece una serie de derechos para la
ciudadanía.
Después de escucharle con muchísima atención, señor ministro, y de
reconocer que han hecho un esfuerzo por asumir el mandato de la
Comisión y el que nos ha dado Europa en relación a la cumbre de Niza,
creo que en España hay elementos que nos tienen que llevar a la
preocupación, no solamente porque no vamos a ser capaces de poder
elaborar y hacer un seguimiento serio de nuestro Plan nacional de
inclusión social sino porque partimos de elementos que son previos
y que yo se los quiero enunciar. Me parece que el deterioro de las
políticas sociales en España es evidente y, señor ministro, es cada
día más evidente desde que gobierna el Partido Popular. Los años
ochenta fue un momento importante para la configuración de una serie
de estructuras de un Estado moderno y de un incipiente Estado del
bienestar, diríamos; su concepto clave siempre ha sido la calidad de
vida, la universalización, la responsabilidad pública, la
participación, y se encontraban plasmados siempre en ejes ya clásicos
de la protección social: el primero eran los sistemas públicos,
universalizados para garantía de la cobertura de los derechos
sociales; el segundo, la política de igualdad de oportunidades; y en
tercer lugar, como usted ha referido, los planes integrales de lucha
contra la pobreza y la marginación. Cualquier persona que haya estado
un poco vinculada al campo de la pobreza o de la marginación, o a los
programas de las políticas sociales y sobre todo de los servicios
sociales, puede reconocer que en España hay una serie de hitos y de
fechas que han centrado estos ejes: en el año 1962 tenemos la Ley de
Integración Social de los Minusválidos; en el año 1986, la Ley
General de Sanidad; en el año 1988, la
Ley Orgánica del Derecho a la Educación; en ese período, las leyes
autonómicas de servicios sociales de cada una de las 17 comunidades
autónomas, la primera fue la vasca, que ya tiene dos; el Plan
concertado que surgió a iniciativa de la Administración central,
porque fue su gran impulsora, en el año 1987; el Plan de desarrollo
gitano; la Ley reguladora del derecho de asilo; el Plan nacional
sobre drogas; y una serie de planes de igualdad de oportunidades para
las mujeres; el Plan gerontológico; y los programas europeos de lucha
contra la pobreza, que ahora ya es el nuevo salto que decimos de la
inclusión.
Todo este conjunto de normas y planes han definido una serie de
coordenadas del Estado del bienestar en España, no lo podemos
olvidar, y de su desarrollo cuantitativo y cualitativo dependerá la
calidad de este bienestar. Es un reto que afecta tanto a las
instituciones, a los profesionales y a las organizaciones no
gubernamentales como al conjunto de la ciudadanía, que son los
destinatarios de estas políticas sociales. Pues bien, algunos
indicadores recientes, señor ministro, ponen de manifiesto un
preocupante deterioro de estas políticas sociales, y se está dando
casualmente hoy en España. En el último año encontramos tres
referencias que yo no me quiero privar de recordárselas a usted, a
ver qué opinión le merecen: España es el país de la Unión Europea que
más ha reducido el gasto social en el período 1993-1997, con un
importante retroceso en el desarrollo humano. Según el último informe
de Naciones Unidas para el año 2000 España ha pasado del puesto 9 en
el ranking mundial al número 21; la Administración central está menos
comprometida en la actualidad, muchísimo menos comprometida que las
corporaciones locales y las comunidades autónomas en el desarrollo
del punto número 4, que han citado ustedes como elementos importantes
de la ejecutoria del plan, que es el Plan concertado de prestaciones
básicas. Estos tres datos, señor ministro, expresan el sistemático
deterioro de las políticas sociales en España y el fracaso de una
serie de objetivos redistributivos y de universalización de los
derechos sociales. Es interesante analizar con detalle una de estas
tres afirmaciones y valorar adecuadamente qué alcance y qué
características del deterioro de las políticas sociales se están
dando en nuestro país. En primer lugar, yo le llamaría el atajo
español para la convergencia económica, porque esto ha sido un atajo,
señor ministro. España es el país de la Unión Europea que más ha
reducido su gasto social. En el período 1993-1997, último al que se
refieren los informes europeos al respecto, todos los países de la
Unión Europea han incrementado su gasto social excepto tres, entre
ellos España. Los otros países que han reducido su gasto social son
Suecia y Holanda, dos países con un fuerte estado de bienestar que ya
dedicaban más del 30 por ciento del PIB al gasto social. España ha
reducido su gasto social por habitante en un 2 por ciento, mientras
que la media de gasto social por habitante en el conjunto de los
países de la Unión ha crecido en este mismo período un 9 por ciento.
Es sorprende constatar
que países con menor renta, como Portugal, Grecia e Irlanda, han
incrementado ese gasto en porcentajes del 17 al 24 por ciento. Esta
reducción del gasto social ha sido, en palabras de un significado
experto en el ámbito de la Seguridad Social, el atajo español -y está
bien definido- para la convergencia económica, significando que hay
que sacrificar una serie de intereses sociales de la política social
y redistributiva a los objetivos de una política monetaria de
convergencia, expresados en magnitudes macroeconómicas, sin una
preocupación clara de agrandar el abismo que separa a las elites más
adineradas de esta población, con aquella que es menos favorecida y
con aquella que es una población excluida.
El deterioro del gasto social se lo puedo decir con una serie de
indicadores de referencia. La diferencia con la media de la Unión
Europea en gasto social es de cinco puntos en 1993 y de 6,8 en 1997.
En protección social por habitante era de 66 en 1993 y de 62 en 1997,
y en porcentaje del PIB en 1993 teníamos un gasto social del 24 por
ciento y en 1997 del 21 por ciento. Las aportaciones públicas a la
financiación del gasto social en 1995 eran del 6,48 por ciento y en
1999, del 5,47 por ciento. Son datos que no me los estoy inventando,
son los informes elaborados a través de la Unión Europea. Estos datos
ponen de manifiesto que en España aumenta la diferencia respecto al
conjunto de los países en la Unión Europea en 1,8 puntos, que decrece
el gasto por habitante en paridad de poder de compra de 66 a 62
pesetas, que baja 2,6 puntos el porcentaje del PIB dedicado al gasto
social y se reduce sensiblemente la aportación pública a la
financiación del gasto social en un punto. España es el país de la
Unión Europea con un porcentaje del PIB más bajo dedicado a la
protección a la familia, un 0,4 por ciento, frente al 2,3 por ciento
de media de la Unión Europea. Es el tercer país de la Unión Europea
con el porcentaje del PIB más bajo dedicado a luchar contra la
exclusión social, el 0,2 por ciento, frente al 0,4 por ciento de la
media europea. A pesar de los discursos oficiales y de las buenas
intenciones, los gobiernos conservadores dan estos datos, que son
objetivos y están contrastados, que pueden desmontar cualquier
demagogia y que nos devuelven a una cruda realidad. En política
social España no sólo no va bien sino que se está quebrando una
tendencia. Que de los ochenta a los noventa fue expansiva y alcista
y, sin embargo, cada vez estamos alejándonos más de los estándares
europeos a los que presuntamente pretendemos asemejarnos.
Un segundo dato es el importante retroceso en desarrollo humano.
Según el último informe de Naciones Unidas del año 2000 España ha
pasado del puesto 9 en el ranking mundial al puesto 21. Los informes
de desarrollo humano que publica Naciones Unidas, ediciones
Mundiprensa, son uno de los sensores más interesantes para evaluar
este nuevo concepto del desarrollo, tanto a nivel planetario como a
las diversas zonas y países. Tienen el interés de que contemplan no
sólo una dimensión económica del desarrollo sino aspectos redistribu
tivos
de la riqueza que expresan el interés y la capacidad de convertir el
fruto del desarrollo en beneficio para la mayoría de las personas.
Los componentes esenciales del índice de desarrollo humano de
Naciones Unidas son la longevidad, como expresión de la salud, los
conocimientos -alfabetismo, niveles de educación- y los niveles de
vida, cuyo principal referente es el ingreso per capita. Existe
asimismo una serie de índices complementarios, el de desarrollo
relativo al género, el de potenciación de género y el de pobreza
humana. España había alcanzado un nivel privilegiado a nivel mundial
en lo que se refiere a los resultados de estos índices indicadores.
Pues bien, señor ministro, España ha pasado del puesto 9 en el año
1997, al puesto 21, según el informe sobre desarrollo humano del año
2000 de Naciones Unidas, el último conocido, es decir, una caída de
12 puestos en solo un año como consecuencia de que en ese ejercicio
se han incrementado en nuestro país las diferencias entre pobres y
ricos, debido a que los españoles más ricos han ganado un 9 por
ciento más de un año a otro, mientras que los españoles más pobres
siguen en el mismo índice de precariedad. El dato, que
inexplicablemente ha pasado muy desapercibido para la opinión pública
y que nos llama bastante la atención, evidencia un extraordinario
fracaso de las políticas redistributivas y sociales en España. Los
países deben aplicar el crecimiento económico para promover el
desarrollo humano de toda la población. El vínculo, señor ministro,
no es automático, se necesita la acción pública deliberada y efectiva
para garantizar el cuarto pilar, para la prestación de los servicios
sociales y el acceso a ellos de toda la población, con la
participación de todos los agentes y personas.
Por último le quiero hacer un recordatorio, señor ministro. Uno de
los elementos que ha mencionado era que el Plan concertado de
prestaciones básicas, que se firmó entre la Administración central,
las autonómicas y la local en el año 1987, ha supuesto un granito
para generar los mecanismos que puedan favorecer y permitir que todos
los agentes, todas las instituciones públicas implicadas en el
desarrollo de los servicios sociales puedan participar. Sin embargo,
había un segundo compromiso al que no ha hecho referencia, el de la
financiación, señor ministro. En la red básica de servicios sociales
las corporaciones locales han aportado 31.243 millones de pesetas en
el año 1998, las comunidades autónomas 20.000 millones, y el
Ministerio de Asuntos Sociales 12.800 millones. Este año el
Ministerio de Trabajo firmó el Plan concertado de prestaciones
básicas. Los previsibles costes de mantenimiento de la red, cuando se
firmó en 1987, estaban calculados en 100.000 millones de pesetas
anuales, valor a pesetas constantes de 1998, cantidad a la que se
intentaba llegar en el plazo de 15 años. Nos hemos dado cuenta, en
los presupuestos del año 2000,que el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales sigue destinando única y exclusivamente 14.800 millones de
pesetas para este plan. Si ni siquiera se cubre el compromiso de
llegar al 33 por ciento de los 100.000 millones de pesetas,
33.000 millones, difícilmente vamos a poder hacer un plan eficaz,
realista, metodológico, con indicadores de evaluación, etcétera, que
comprometa a todos los agentes y a todas las instituciones, porque
nos falta el elemento inicial, es decir el recurso económico que nos
puede permitir favorecer, fortalecer y poner en marcha estas
políticas.
Señor ministro, las corporaciones locales ya han alcanzado sus
compromisos...
El señor PRESIDENTE: Señora Cortajarena debe concluir ya.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Gracias, señor presidente.
Cuando uno habla con los representantes de las corporaciones locales
le plantean que están esperando a que el Ministerio, el Gobierno
central, asuma su parte de compromiso. Por eso le digo que
difícilmente podemos llegar a creer que esto pueda ser un avance
cuando los datos son claros, evidentes y manifiestan totalmente lo
contrario.
Usted ha hecho una aseveración, que comparte nuestro grupo
parlamentario, en relación al Info XXI que se presentó en Vitoria,
creo que en el mes de febrero, por el presidente del Gobierno. Señor
ministro, le quiero recordar que de los 824.000 millones destinados
al plan únicamente se dedican 274 millones de pesetas para la
alfabetización digital de discapacitados, 3.528.221 personas. Hemos
elaborado una iniciativa parlamentaria para que ustedes puedan
ampliar la cantidad si este es un objetivo de verdad.
El Grupo Parlamentario Socialista ha mantenido una política
coherente, y podemos referirnos a las enmiendas a los presupuestos de
cada año. Les dijimos que cumplieran el compromiso del plan
concertado, es decir, que dispusieran la cantidad de 100.000 millones
de pesetas para dar cabida y posibilidades al plan concertado. En
cuanto al Plan de acción de las personas con discapacidad, le
adelanto, señor ministro, que yo soy muy perseverante y hago cada año
400 preguntas sobre este plan. Algún día le pediré una comparecencia
para que pueda responderme a lo que no responden en las
contestaciones. Cuando no tienen respuesta dicen que es competencia
de las comunidades autónomas.
Por último, ha dicho usted que uno de los objetivos que se planteaban
en cuanto al Plan gerontológico era hacer un estudio sobre el marco
jurídico para la atención de la dependencia. Le recuerdo que el
Gobierno del Partido Popular ya solicitó en 1999 a la Dirección
General del Seguro que hiciera un estudio magnífico sobre cómo
entendía la Dirección General del Seguro la actuación de las
entidades privadas sobre la dependencia. Este informe no nos ha
llegado todavía; lo hemos pedido por vías diversas y esperamos que
llegue a nuestras manos a través del cauce parlamentario. Tienen
ustedes, y pueden aprobarla, una iniciativa parlamentaria del Grupo
Socialista por la que les insta a que desarrollen un plan, un
programa y un proyecto de ley
de atención a la dependencia; que no duerma éste el sueño de los
justos, como le ocurrió al plan de Alzheimer presentado por
iniciativa parlamentaria de Convergència i Unió. Hicieron seis
borradores y, al final, como no había dotación presupuestaria, las
comunidades autónomas dijeron al Ministerio en la conferencia
sectorial que el plan se pondría en marcha cuando el propio
Ministerio lo presentara con la aportación presupuestaria
correspondiente y el compromiso económico que su desarrollo
precisaba.
Espero y confío en que para la ejecución y desarrollo del plan para
la inclusión social del Reino de España podamos tener mejores datos
que los que nos han dado hasta ahora.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor ministro, bienvenido un plan que se
llama de inclusión social. La denominación y el objetivo es loable;
por tanto, bienvenido. (La señora vicepresidenta Montseny Masip ocupa
la Presidencia.)
No conocemos todavía la determinación del plan y, por tanto, voy a
hacer sencillamente unas reflexiones sobre su intervención; unas
reflexiones previas sobre lo que, desde nuestro punto de vista,
debería ser el plan. Un plan se hace para muchas cosas pero, con este
apellido de inclusión social, deduzco genéricamente de su
intervención que su fin es modificar la realidad actual de exclusión
social y diseñar un modelo por el que cada país -en este caso,
España- vaya evaluando su dinámica por medio de determinados
indicadores. No sé por qué un plan de la Unión Europea es un plan
para no comparar unos países con otros -lo ha dicho usted dos veces
en su intervención, como advirtiéndolo-, tratándose exclusivamente de
determinar unos indicadores que evalúen la dinámica de solución del
problema dentro de cada Estado. Si se habla de inclusión o exclusión
social habría que ser primero universalista, viendo qué hace la Unión
Europea con la mayor exclusión social de nuestro mundo -la del Tercer
Mundo respecto del primero- y después hablar -por qué no- de los
desequilibrios dentro de la Unión Europea, para perseguirlos, y de
los desequilibrios internos de nuestro país en cuanto a los objetivos
del Plan de inclusión social.
Creo que no debería ser un plan que encuaderne en distintos tomos las
acciones sectoriales que se llevan a cabo hoy, incluidas las de los
distintos ministerios, de forma que rellenemos un impreso de la Unión
Europea diciendo qué estamos haciendo en cuanto a políticas de
inclusión social; y deduzco de su intervención que tiene ese riesgo.
Es una especie de repaso de las acciones del Gobierno en la lucha
contra la exclusión social en cuanto a empleo, pensiones o acciones
en comunidades autónomas, que se compendian en un tomo y se miden, de
modo que tengamos bajo un nombre, y medida de una manera más
científica, la situación en que se
encuentra España respecto a los fenómenos de exclusión social.
No es deseable que el plan tenga una actitud inercial, de ir
continuando con las políticas que hay, porque el plan debería definir
cuál es la meta, no sólo cuáles son los grandes objetivos, cuáles son
los programas, sino cuál es la meta, es decir, qué necesitaríamos
para llegar a una sociedad -a la que teóricamente no llegaríamos
nunca- sin ningún fenómeno de exclusión social por acceso a
servicios, por acceso a viviendas, por exclusión de otras materias,
por empleo, por lo que sea, a dónde vamos, y una vez definido a dónde
queremos llegar, dónde estamos, y una vez definido dónde estamos y a
dónde queremos llegar, cómo vamos, ¿vamos avanzando un peldaño cada
año de una escalera a la que le quedan mil? ¿Vamos avanzando un
peldaño cada año de una escalera que le quedan diez? Sé el horizonte
del plan, es corto, pero debería de servir para ponernos de acuerdo
entre todos con los mismos indicadores en medir una situación, en
definir unos objetivos presupuestados, porque si del plan tiene que
derivarse acción este no es un plan para el conocimiento
exclusivamente, es un plan para la acción y de la acción se derivan
pesetas y si esas pesetas están ya en distintas cuestiones y se van,
como digo, a sumar de otra manera llamándose ahora Plan nacional de
acción social a lo que antes estaba en otros epígrafes, lo que hay
que hacer es un esfuerzo añadido especial del Gobierno y de los
gobiernos -porque no sólo es el Gobierno sino las comunidades
autónomas y los ayuntamientos-, que se visualice un cambio de rumbo
en el esfuerzo que hacen todas las administraciones para eliminar
este tipo de fenómenos.
Me temo que cualquiera de estas cuestiones que usted ha citado
rápidamente hoy de los grandes objetivos, del empleo, del acceso a
recursos, de la nivelación de servicios básicos, son cuestiones que
ya están encima de la mesa, de las que llevamos muchos años hablando,
algunas van evolucionando positivamente, otras menos, pero por
decirles mi opinión sencilla y claramente, estamos muy lejos de
llegar a lo óptimo y avanzamos a una velocidad muy lenta. Es decir,
el plan tampoco despierta especiales expectativas de interés sobre
que sea un instrumento que cambie la inercia hasta este momento. Creo
que sería bueno -y eso no lo podemos ver hoy porque no tenemos el
plan- ver cuál ha sido la dinámica en los últimos años, evaluar el
momento final, ver el futuro y ver cuáles son las acciones. Respecto
a la metodología o a la instrumentación técnica del plan no tengo
nada que decir; en principio parece que están recogidos los aspectos
y sobre todo sistematizados para poder compararnos, de modo que
esperemos a tener esos datos delante.
Termino -porque quiero ser breve- diciéndole, señor ministro, que no
nos gustaría recibir un plan compendio, un plan inercial, un plan que
sume las actuaciones actuales y no tenga mayor ambición y sí un plan
que meta el dedo en la llaga, que aflore los fenómenos totales de
exclusión social y los mida y un plan
que cambie partidas de sitio, y lo que antes se dedicaba a otra cosa
se dedique a esto, porque no hay milagros, no hay más dineros que
buscar que los cambios de las partidas presupuestarias. Si este plan
supone un cambio de las administraciones públicas en la dirección de
las mejoras del valor de la solidaridad, en definitiva de la
eliminación de las diferencias, de los desequilibrios, de la
participación social de todos los ciudadanos, ese es el fin genérico
de la política y en ese camino con toda seguridad nos encontraremos.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios Reyes.
La señora JULIOS REYES: En primer lugar, por supuesto, agradecer al
señor ministro su presencia y la exposición que ha realizado. En
segundo lugar, debido a que por razones de transporte no he podido
escuchar su intervención desde el inicio, disculparme puesto que no
voy a poder hacer ninguna reflexión en relación a aspectos concretos
que haya podido tocar en su intervención y me voy a limitar a hacer
algunas reflexiones que desde el Grupo de Coalición Canaria nos
parecen importantes.
Primero, por supuesto, quiero resaltar la importancia de que se haya
priorizado la propia decisión del Parlamento Europeo y del propio
Consejo en relación al fomento de la cooperación de todos los Estados
miembros en la lucha contra la exclusión social y sobre todo resaltar
la importancia de que ésta pase también a ser una de las prioridades
en el desarrollo de las políticas no sólo de empleo y de prestaciones
sociales porque entendemos que, como probablemente se ha expuesto, el
desarrollo y la consecución de objetivos en este sentido va a
depender de que se entienda como un plan horizontal o, por así decir,
integrador tanto a nivel de los departamentos del Gobierno del Estado
como en lo que pueda ser la coordinación territorial dentro del
Estado español.
Quisiera resaltar que no podemos dejar de constatar que una vez
analizados, dentro del contexto del desarrollo positivo, los
indicadores macroeconómicos en España, lo que sí es cierto es que de
alguna forma se van consolidando bolsas de marginación, de pobreza
extrema. Es un problema del propio desarrollo económico, ocurre en
nuestro país y también a nivel internacional. Si comparamos los
países llamados ricos con los pobres o los desarrollados con los que
están en vías de desarrollo se ve que conforme se va produciendo el
desarrollo económico, que es mayoritario hoy por hoy, la brecha se
agranda más; de eso tampoco se ven excluidos los propios países
desarrollados. Estamos hablando de ocho millones y pico de personas
que están en situación de pobreza, que perciben menos del 50 por
ciento de la renta neta disponible, es decir, están bajo el umbral de
la pobreza. Lo que sí he llegado a escucharle es que efectivamente el
panorama a lo largo de todo el territorio no es igual. Usted
destacaba cinco
comunidades autónomas, entre las que se encuentra Canarias, en las
que los índices económicos y de capacidad de crear riqueza iban en
espejo inverso con los propios índices de pobreza. Entendemos que
esto es así, las bolsas de pobreza hoy por hoy están localizadas
probablemente en todo el territorio del Estado español, pero existen
comunidades autónomas en las que se dan unas condiciones que
favorecen que éstas se estén consolidando de una forma más acelerada.
Precisamente por estar entre esas cinco comunidades que usted ha
citado, a nivel de Gobierno de Canarias desde el año 1998, a nivel
horizontal, abarcando todos los departamentos del Gobierno, existe un
plan contra la pobreza que, repito, está en ejecución desde el año
1998. En ese sentido tenemos experiencia en la ejecución de este plan
que, por supuesto, en caso necesario, podríamos aportar.
Desde el punto de vista de la prevención y no en negativo sino en
positivo, si queremos fomentar la inclusión social de los hoy
excluidos el énfasis hay que ponerlo en el principal elemento
integrador en una sociedad que hoy por hoy es el empleo y en
identificar en las políticas de empleo políticas específicas para
intentar resolver esas bolsas de persistencia de la exclusión social
ligada al desempleo que parece que se están enquistando. En ese
sentido -me pareció entender que lo comentaba- es importante resaltar
las políticas relacionadas con la igualdad de género y para ello
habría que hacer énfasis en lo que es el desarrollo de este plan.
También vivimos expresamente en Canarias, y lo resaltamos en todas
las ocasiones que podemos, que los nuevos excluidos sociales con
dificultades para salir de esa exclusión es la población inmigrante.
Hoy por hoy en nuestra comunidad existen evidentes bolsas de
marginación, abocadas a la delincuencia, a la prostitución, etcétera,
creadas por la dificultad de integrar a toda la población que hoy
procede del mundo de la inmigración, fundamentalmente aquella que
viene en situación ilegal y que no tiene posibilidades de empleo ni
de integración, pero que generan importantes bolsas de exclusión
social sobre todo en las ciudades, en el medio urbano. De una forma
coordinada con el programa Greco y con las políticas de inmigración
estas bolsas de exclusión no deben quedar -permítaseme la expresión-
descolgadas de este planteamiento de dar respuesta a un plan integral
sobre la inclusión social.
Quisiera también resaltar que el otro gran bastión a desarrollar
dentro de las políticas de inclusión social es el desarrollo y el
avance en la universalidad y sobre todo en la equidad en todos los
aspectos de protección social. Además hemos de ser solidarios en la
distribución de riqueza y en la distribución de bienestar social
cuando han fracasado en la vida social y en la vida económica; de
hecho, como no se ha podido superar la desigualdad, se producen esas
bolsas de marginación. Junto a las políticas activas de empleo han de
ir aparejadas políticas de protección social que favorezcan esa
distribución de la protección social de la que goza la otra gran
parte de la población. Es importante resaltar
los aspectos relacionados con la población femenina y con la tercera
edad, que ya tienen dificultades para formar parte del mundo del
empleo. Hay que reforzar porque se están creando bolsas de
marginación importantes en torno a la tercera edad que deberíamos
afrontar de forma específica.
Para concluir es importante que el plan consigne con carácter
plurianual partidas presupuestarias específicas que permitan
realmente potenciar de una forma horizontal políticas específicas en
la lucha contra la pobreza en las que se contemplen las
particularidades diferentes que existen a lo largo del territorio
español. Uno de los objetivos que plantea la decisión del Parlamento
Europeo es que se fijen prioridades que nos permitan monitorizar a
través de indicadores la evolución de lo que pretendemos todos, que
es que desaparezcan las bolsas de exclusión social. Es importante que
el plan no sólo contemple desarrollos estratégicos sino que tenga su
expresión en unos presupuestos plurianuales desde el punto de vista
de la corresponsabilidad del Gobierno del Estado con los gobiernos
autonómicos o con las corporaciones locales. Y lo decimos desde una
comunidad autónoma que desde el año 1998 ha asumido como prioridad el
desarrollo de un plan contra la pobreza con partidas presupuestarias.
Todo esto es lo que queríamos resaltar. Como ha expuesto en la
metodología de trabajo, antes de que dé a luz el plan de forma
definitiva es importante que se produzca un acercamiento con las
administraciones autonómicas que, a través de las consejerías de
empleo o de servicios sociales, perciben los principales elementos
que ocasionan estas situaciones de exclusión social y pueden aportar
las medidas que consideran prioritarias, de alguna forma adaptadas a
las características de los territorios.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz López.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señor ministro, la falta de un
texto de autoría gubernativa nos lleva a la necesidad de establecer
un discurso de lo que entendemos en Izquierda Unida por exclusión
social y, por ende, por inclusión social, con el que abarcar tanto la
propuesta del PSOE de pedir la comparecencia del ministro como la del
propio ministro pidiendo su comparecencia. En primer lugar, nos
parece igual de desafortunado hablar del plan de exclusión como del
plan de inclusión, ya que ambos son igualmente inequívocos, a nuestro
entender. El primero porque no se ajusta a la necesidad de abordar
con todos los elementos precisos las medidas necesarias para extraer
de la exclusión a los que están fuera del sistema y el segundo porque
no hace ninguna falta trazar un plan para los incluidos. Entenderá el
señor ministro que los incluidos están incluidos en el sistema y no
hace falta incluirlos, salvo que se trate de un eufemismo. En todo
caso, desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida entendemos que se debería llamar plan de lucha contra la
exclusión social. Pero ante el temor de que se pueda estar hablando
de cosas distintas, puntualizaremos nuestra visión del tema con el
siguiente esquema: concepto de exclusión social frente a inclusión
social, sectores de población inmersos en el campo de la exclusión y,
por último, propuestas.
El concepto de exclusión social es un concepto que se viene empleando
en los últimos 15 años y que se utiliza para referirse a todas
aquellas personas que, en palabras de José Félix Tezanos, catedrático
de la UNED, se encuentran fuera de las oportunidades vitales que
definen una ciudadanía social plena en las sociedades de nuestros
días. Este es un concepto que en sí mismo es puramente negativo, ya
que indica una contraposición, y de ahí la alusión del PP al de
integración como expresión clara de la existencia de una sociedad
dual. En sí mismo el concepto establece un dentro y fuera,
entendiendo que los de dentro son los que tienen un trabajo fijo
remunerado y están arropados dentro del sistema, con posibilidades de
ascender o descender con la escala social pero dentro de él, y es un
fenómeno que representa rasgos característicos de la época actual
pero no por ello es nuevo, ya que pertenece desde una perspectiva
general a los procesos clásicos de dualización y regresión que se han
dado en toda la evolución social. Su único aspecto paradójico es el
de su perspectiva e inclusión, su incremento a lo largo del tiempo de
la modernidad.
En la actualidad y dentro de los parámetros estandarizados de
pertenencia o exclusión, tener o no tener un trabajo normalizado
representa la posibilidad de estar dentro o fuera, excluido o
incluido. Se puede hacer una prospección a simple vista de la
problemática social de la exclusión y la extensión de los procesos de
dualización social; los problemas de los parados de larga duración
con más de dos años en paro, sin protección social de ningún tipo,
que pierden los bienes muebles e inmuebles que habían logrado reunir
durante su etapa de trabajo, todo porque a pesar de la abundancia no
tienen una mínima cobertura; las personas mayores con pensiones de
60.000 pesetas, habitando viviendas que más son infraviviendas; las
mujeres con cargas familiares no compartidas, con trabajos que de mal
remunerados sólo permiten subsistir mientras que pueden trabajar,
etcétera.
Hay tres procesos concurrentes que hacen que el desarrollo social
lógico y prometido por el neoliberalismo económico profundice en la
dualización de la sociedad: una transformación profunda de los
procesos de producción con mercados cada vez más globalizados, que
dan lugar a grandes cambios en las demandas de puestos de trabajo y
con un peso creciente, especialmente entre jóvenes, mujeres y
sectores sociales de una menor cualificación; predominio del enfoque
político neoliberal calienta la desregulación y la desprotección
social con gran reducción del papel y las funciones del Estado y con
creciente riesgo de sobresaturación de las prestaciones sociales;
tendencia a la desvertebración
social en el marco de un aumento de las dualizaciones, con un clima
de violencia y malestar social, con una grave crisis en las
instituciones sociales, los valores, las pautas culturales y las
funciones de integración de las redes sociales. La concurrencia de
las tres circunstancias no solo emerge la problemática de la
exclusión social, sino también la propia desintegración social con
incremento del alcoholismo de los jóvenes, la desbordante violencia
hacia las mujeres, de los jóvenes hacia los jóvenes, etcétera. Si
volvemos la mirada hacia quiénes son los perdedores de esta
situación, a los que hemos denominados excluidos, veremos que hay
sectores poblacionales que llevan el total de las papeletas del
sorteo: desempleados, adultos parados de larga duración, trabajadores
con bajo salario y precarizado, jóvenes sin empleo, discapacitados,
familias monoparentales, personas mayores con bajos ingresos,
enfermos mentales desinstitucionalizados, adictos a sustancias
pepsicoactivas, minorías étnicas, etcétera.
Partiendo de los conceptos apuntados y sin conocer el texto del plan
de integración o exclusión -aunque algo nos ha apuntado ya el señor
ministro-, desde Izquierda Unida planteamos la necesidad para que
dicho plan establezca la existencia de una renta básica que, si bien
tiene que venir acompañada de otras medidas que aborden de forma
global el problema del origen y el método de incluir a los excluidos,
permita que la realización de los programas de integración cuenten
con un colchón económico que, cuando menos, permita que no se agrave
el problema. Señor ministro, como decía antes la portavoz del Grupo
Socialista, obras son amores y, en este sentido, quiero recordarle
que en el caso de Izquierda Unida todas las enmiendas que fueron
presentadas en los presupuestos del último año a estos capítulos
fueron rechazadas por el partido que sustenta al Gobierno.
Para terminar, me voy a permitir hacerle diez propuestas, con el fin
de que se tengan en cuenta a la hora de la redacción que se está
elaborando sobre este plan. Serían las siguientes. Uno, desarrollar
estructuras de inserción, elaborando medidas que faciliten el empleo
de los segmentos más desfavorecidos. Dos, realizar intervenciones
sociales de ámbito comunitario que superen la concepción meramente
asistencial y que conlleven la integración social de la parte de la
población más desfavorecida, sin perjuicio de la generación del
sistema de ingresos de integración para aquellos ciudadanos con
niveles absolutos de pobreza. Tres, dado que la exclusión social es
un proceso caracterizado por ser multicausal, multifactorial y, en
consecuencia, de múltiples variables, es necesario promover su
identidad cultural y social mediante programas y planes de las
distintas administraciones que posibiliten y faciliten su
participación en la sociedad con todos los segmentos de la población
y en las mismas condiciones. Cuatro, regulación flexible de la venta
ambulante o comercio no sedentario, para facilitar la inserción de
los sectores más desfavorecidos de la población, asegurándoles un
porcentaje de los puestos, incrementar el
número de municipios en los que se permite la venta ambulante,
asegurando la distribución equitativa con el principio de un
vendedor, un puesto. Cinco, promoción de actividades autónomas con la
recogida de reciclaje y recuperación de residuos sólidos urbanos.
Seis, garantizar un número de plazas en los proyectos de formación
ocupacional para asegurar la convivencia e integración en la sociedad
de estos sectores de la población. Siete, otorgar un tratamiento
discriminatorio favorable, tanto económico como fiscal, para las
empresas denominadas de reinserción social, con el fin de equiparar
sus producciones al resto de la economía. Ocho, generalizar la
cobertura sanitaria en la red pública así como ampliar los programas
de prevención, inmunización infantil, embarazos y partos, neonatos,
planificación familiar, nutrición y los de atención a los
toxicómanos. Nueve, elaborar planes de programas que faciliten el
acceso a la vivienda, erradicando núcleos chabolistas mediante
realojos en pisos y convivencia con la comunidad mayoritaria,
rechazando la alternativa de barrios guetos. Por último, diez,
considerar la educación de vital importancia. Para ello es urgente la
escolarización desde los dos años en escuelas infantiles públicas y
comunes, el seguimiento escolar que posibilite la relación escuela
infantil comunidad, aula para jóvenes entre 13 y 18 años para limitar
las consecuencias del abandono escolar prematuro y programa de
educación para adultos que conlleve la elevación del nivel de
formación de la comunidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario
de ConvergÍncia i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Agradecemos la comparecencia del señor
ministro y la petición de comparecencia realizada por el Grupo
Socialista, que nos permite conocer hoy en esta sesión aspectos
importantes del plan que está desarrollando el Gobierno.
De entrada he de decir que evidentemente es importante que la Unión
Europea haya decidido impulsar en el seno de sus actividades y sus
previsiones la dimensión social. Esa ausencia de dimensión social
seguramente durante muchos años ha constituido un déficit importante
de las políticas de la Unión y estoy seguro de que, para el Estado
español, la elaboración de este plan va a suponer una buena
oportunidad para hacer balance de nuestras políticas, para hacer una
buena radiografía y un buen mapa de nuestras necesidades sociales y
para abordar determinados debates que, si de verdad queremos
garantizar la cohesión social de nuestra sociedad, constituyen
urgencias para el conjunto de la población española. Y lo hacemos
además con la sensación de que el Estado del bienestar español es
relativamente joven y fruto de la democracia, que ha producido a lo
largo de estos ya cerca de 30 años un avance muy importante respecto
a las condiciones de vida del conjunto de la ciudadanía que, como ha
dicho el señor ministro, es mérito de todos; es mérito del conjunto
de la sociedad, de las administraciones, de las fuerzas sociales y de
las fuerzas políticas.
Pero el balance positivo sobre ese desarrollo del estado de bienestar
en España no debe hacer olvidar los déficit que se derivan entre
otras cosas de la juventud del propio Estado del bienestar. Hemos
sido capaces de desarrollar un buen sistema de salud pública, con sus
déficit, pero un buen sistema de salud pública, un buen sistema de
educación y una potente red de protección social alrededor del
sistema de pensiones, pero es evidente que, en el amplio terreno de
las políticas directamente relacionadas con la pobreza y la
exclusión, es donde existen los déficit más importantes. Además, las
transformaciones que vive nuestra sociedad -el resto de portavoces ha
hecho referencia a ello-, el cambio demográfico, con esa mayor
persistencia de vida de las personas, las transformaciones en las
relaciones del mundo del trabajo, de la nueva organización de las
empresas, de la irrupción de las nuevas tecnologías de la
información, la irrupción de la sociedad del conocimiento, etcétera,
configuran nuevas necesidades sociales que el conjunto de la sociedad
española deberá abordar en los próximos años. Por tanto, aunque sea
tan sólo para dibujar ese mapa y al mismo tiempo suscitar
determinados debates, bienvenida sea la elaboración de este plan.
Hemos de recordar también que los planes de empleo que se impulsan
desde la cumbre de Luxemburgo nos han dado a todos los ciudadanos de
Europa una buena visión comparativa sobre las políticas y las
situaciones de los diversos estados de la Unión. Estoy seguro de que
este plan nos va a dar pistas sobre cómo abordar estas cuestiones.
Entraré en algunas consideraciones que a nuestro entender forman
parte de la agenda de este plan. Es evidente que el conjunto de
previsiones de políticas que vaya a contemplar este plan y que en su
momento vamos a conocer con mayor detalle deben ir acompañadas de un
amplio acuerdo político e institucional entre todas las
administraciones implicadas en esta materia. Hoy en España es
imposible desarrollar una política social potente y ambiciosa sin un
acuerdo amplio con comunidades autónomas y administraciones locales.
Por tanto, en primer lugar, impulso político del Gobierno de ese
acuerdo de fondo con el resto de administraciones. En segundo lugar,
hoy todos ya asumimos que esa intervención en lo social no es ya
exclusiva responsabilidad de las administraciones públicas sino que
en la misma tiene un factor fundamental y estratégico, desde todos
los puntos de vista, el tercer sector. Un tercer sector que, a
nuestro entender, continúa necesitando legislaciones y políticas más
ambiciosas. Sabemos que, en la elaboración de este plan, el Gobierno
está consultando y trabajando con importantes y representativas
organizaciones sociales, lo cual nos parece positivo y necesario. En
todo caso, continuamos teniendo pendiente el desarrollo de esa visión
más amplia y ambiciosa de las políticas que afecten a ese tercer
sector.
La tercera cuestión de carácter previo, aparte de estos acuerdos de
fondo interinstitucionales y de carácter social, es que hay que
avanzar en una mejora sustancial de los niveles de financiación del
plan concertado. El señor ministro sabe que, desde la pasada
legislatura y al menos desde la perspectiva de las necesidades de
Cataluña, tanto el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió como el
propio Gobierno de la Generalitat han planteado la necesidad de
superar determinados déficit importantes de financiación del plan
concertado, resultado de un mal inicio en las previsiones cuando se
efectuaron los correspondientes traspasos de competencias. Ahí, y en
el caso específico de Cataluña, por ejemplo, pensando en las
políticas que afectan a las personas discapacitadas y en relación con
los centros de empleo, es evidente que las previsiones del plan
concertado hoy no pueden dar respuestas a las exigencias de una
sociedad y de unas administraciones como las catalanas, que se han
comprometido a fondo en la inserción laboral de las personas con
discapacidades. Este plan debe suponer también un aumento de las
actuaciones del plan concertado.
Junto a estas tres cuestiones previas, vamos a exponer cuatro
elementos como reflexiones que nos parece a nosotros que deberían
incluirse. La primera, y el señor Ministro ha hecho referencia a
ella, es que el plan debe ser un elemento de dinamización para
abordar una de las principales cuestiones hoy pendientes en nuestra
política social, que es la regulación de todo lo que está relacionado
con las dependencias. Se hace referencia, como ha dicho el señor
ministro, a que en el último acuerdo de mejora de la protección
social con Comisiones y con la CEE se incorpora un capítulo que hace
referencia a la cuestión de las dependencias, con un primer
calendario de trabajo que nos parece importante. Existe el
incumplimiento de una disposición que se aprobó, creo recordar, en
una ley de presupuestos, a la cual hacía referencia la señora
Cortajarena, el estudio de las posibilidades de un seguro privado de
dependencias. A nosotros nos parece que hoy el debate en España
supera las dimensiones que marcaba la petición de estudio de un
seguro privado y tiene una dimensión mucho más profunda. Es evidente
que ésta debe ser una cuestión central de ese plan de inclusión, con
la previsión de estar en condiciones en esta legislatura de aprobar
una ley reguladora de un derecho universal a prestaciones sociales
básicas y suficientes para atender a los mínimos vitales y a las
situaciones de exclusión de determinadas personas. Hemos de ir a una
ley que regule las dependencias, que regule ese derecho universal a
prestaciones básicas y, al mismo tiempo, al ejercicio de ese derecho
en determinadas condiciones, en función de los niveles de renta y de
los niveles de necesidad. Este es un debate realmente importante.
Nuestro grupo entiende que se debe ver en el seno de la Comisión del
Pacto de Toledo, tal como el propio acuerdo de mejora de la
protección social plantea. Vamos a ver si en las próximas semanas
podemos avanzar sobre ello. Sería importante
un compromiso claro del Gobierno en esa materia y también que se
reflejase en el plan de inclusión.
En segundo lugar, existe una cuestión pendiente, que es la
financiación o no por parte del Estado de determinados salarios
sociales o de las rentas mínimas. Diversos gobiernos autonómicos han
tenido estas iniciativas. Creo recordar que los primeros fueron el
vasco, el navarro, el cántabro y el catalán, y luego han seguido el
conjunto de las comunidades autónomas del Estado español. Nos parece
que esas rentas mínimas, que constituyen el último eslabón de los
niveles de protección social en el Estado español, deben ser asumidas
desde los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, sería bueno
también que, en esta reflexión sobre el plan de inclusión, fuésemos
capaces de avanzar en esta línea.
En tercer lugar, existe otra cuestión vieja y que yo espero que en
las próximas semanas, a finales de este mes, nuestro grupo
parlamentario pueda llevar a la consideración del Pleno de la Cámara,
como es la regulación de las empresas de inserción, precisamente un
instrumento muy acorde con las filosofías tanto de Luxemburgo como
del post Niza, que van orientadas a, desde la empleabilidad, reforzar
las capacidades de inclusión de determinados colectivos en los que,
precisamente por esa ausencia de empleabilidad, se hace muy difícil
su inclusión. Nos gustaría que el plan llevase no tan sólo el
compromiso de elaboración de esa normativa, sino además un compromiso
de políticas concretas que reforzasen ese papel del tercer sector en
la generación de empleo orientado hacia la inserción para los
sectores más desfavorecidos y marginales de nuestra sociedad.
Cuarto elemento. Al inicio de esta legislatura, a través de algunas
preguntas parlamentarias de nuestro grupo y de manifestaciones de los
propios miembros del Gobierno, se habló de la necesidad de avanzar
hacia una revisión de la Lismi del año 1982/83. Incluso creo recordar
que, en algún momento, desde el Gobierno, al menos en la campaña
electoral, se habló del concepto de una nueva Lismi. No sabemos si
sobre esa cuestión el plan va a incorporar compromisos concretos del
Gobierno y también nos gustaría conocer la opinión del ministro sobre
ello.
Cuando el plan esté definitivamente redactado y presentado ante la
Comisión, sería bueno otra comparecencia del ministro para
explicarnos cuál ha sido el plan que finalmente se ha presentado,
porque me parece que tenemos la oportunidad, a través del seguimiento
de este instrumento, de plantear debates rigurosos, importantes y
serios de todos los grupos con el Gobierno en relación con estas
cuestiones. Yo creo que los diputados y diputadas de esta Comisión,
en la agenda que nos marca este plan, vamos a tener un interés muy
especial en conocer su aplicación concreta, y estoy seguro de que al
Gobierno también le va a interesar encontrar la complicidad y el
apoyo de los grupos parlamentarios en su política en esta materia.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Gracias, señor ministro, por su comparecencia.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, también hay que
felicitarle por el contenido de la misma. Yo creo que ha sido
esencialmente claro y conciso, y por tanto no voy a hacer una
valoración ni voy a entrar en profundidad en lo que significa el
plan, aunque, si me lo permite, sí que quiero decir que supone un
gran avance. Yo creo que esa presentación del plan de inclusión
social es un gran avance en nuestro país, sobre todo si tenemos en
cuenta algunos datos o estudios comparativos, y yo me ofrezco
voluntariamente a hacérselos llegar a la señora Cortajarena, de los
índices de empleo, del propio bienestar social en nuestro país en
este momento en comparación con los que teníamos hace escasos años.
Sería bueno también, y me parece importante, que cambiemos el
lenguaje. Es bueno que hablemos en positivo y me parece lo adecuado
que hagamos políticas a favor de la inclusión. Por tanto, bienvenido
sea este plan que estoy segura de que se presentará con todo tipo de
parabienes por parte del Gobierno de España.
Quiero decir, igual que lo hacía el portavoz de Convergència i Unió,
que nos parece muy satisfactorio que haya sido una obligación asumida
por todos los países miembros en esa cumbre de Niza el compromiso de
luchar radicalmente contra la pobreza. El Partido Popular ya lo
presentó en su programa electoral, también ha sido un compromiso en
nuestro programa de Gobierno y, por tanto, no me cabe ninguna duda de
que va a ser un reto que seguro que vamos a superar. Efectivamente
-lo comentaba el señor ministro-, dentro de lo que ha supuesto el
plan de empleo del Reino de España presentado por el Gobierno hace
escasas semanas ya se habían apuntado medidas específicas para
favorecer la inclusión. Y hablaba el señor ministro en su
intervención de dos aspectos que nos parecen importantísimos. Hablaba
de esa igualdad de género que la propia Unión Europea asume como
imprescindible para alcanzar esa inclusión. A nuestro juicio, todas
las políticas que se están llevando a cabo a favor del empleo
femenino están viendo ahora el resultado. Después de esta
comparecencia, vamos a debatir una proposición no de ley presentada
por nuestro grupo para favorecer e incentivar el empresariado
femenino, y no me cabe ninguna duda, lo sé a ciencia cierta, de que
es un compromiso personal del propio ministro y de todo el Ministerio
que esa igualdad de género sea una realidad en el menor plazo
posible.
El señor ministro hablaba en su comparecencia de que hay que dar un
apoyo específico a los más desfavorecidos y hacía especial hincapié
en el área de los discapacitados. Nos complace recordar que en el
propio plan de empleo presentado en el año 1997, dicho además por el
propio Cermi, hubo una valoración muy muy positiva sobre las medidas
encaminadas a favorecer
la incorporación hacia el empleo del colectivo de los discapacitados,
tanto en el área de la formación como en el área propiamente del
acceso al empleo. El camino emprendido por este Gobierno en los
últimos años, con esas políticas destinadas a favorecer la inclusión,
sobre todo a través de la generación de empleo, está dando buenos
resultados y, a nuestro juicio, esos más de dos millones y medio de
trabajadores inscritos en la Seguridad Social en los últimos años son
una buena prueba de ello y además lo avalan. Quiero felicitarle por
las líneas marcadas en este plan y por el análisis que ha hecho de la
etiología de las causas de esas personas a las que deben ir
encaminadas las medidas que se contengan en el mismo.
No me voy a extender en algunas de las valoraciones que ha hecho la
señora portavoz del Grupo Socialista, la señora Cortajarena, pero sí
quiero decir que cuando habla de esos indicadores, de que por parte
de la Unión Europea se dice claramente que ha habido un importante
recorte en el gasto social, no me cabe ninguna duda de que usted, al
igual que los miembros de esta Comisión, sabe que en el año 1993 el
Gobierno que estaba al frente de este país era un Gobierno del
Partido Socialista. Nosotros compartimos con usted que se necesitaba
un cambio, porque los datos que usted da, y los ha repetido en varias
ocasiones, del año 1993 a 1997, ponen claramente de manifiesto que se
necesitaba ese cambio. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Yo
creo que se debería hacer -y es lo que ahora se está haciendo- otro
tipo de políticas, que se debería impulsar un ahorro en el gasto y,
además, una auténtica inversión en protección social. Y eso, señora
Cortajarena, es lo que estamos haciendo.
Cuando abordamos un aspecto tan importante como es la pobreza o la
exclusión social no nos cabe ninguna duda de que sabemos que se
adoptan formas complejas y pluridimensionales que nos obligan a
recurrir a un amplio abanico de políticas, dentro de ese marco de la
estrategia global. Paralelamente a la política de empleo, la
protección social juega un papel primordial. Conviene, pues, integrar
en los planos nacionales y comunitarios ese objetivo de lucha contra
la pobreza y que además lleve a cabo favorecer la inclusión social.
Nosotros pensamos que el empleo es la mejor protección contra la
exclusión social. Quiero reiterar que el camino emprendido por este
Gobierno, intentando adoptar todas las políticas necesarias para
favorecer el empleo, está dando sus resultados y para nosotros es la
mejor política para evitar la exclusión social y favorecer la
inclusión.
Según la estrategia que establece el propio Consejo Europeo, en los
próximos diez años la economía europea no sólo va a ser la más
competitiva y dinámica del mundo, sino que además deberá ir
acompañada de una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y de
una mayor cohesión social. Ya que esta ha sido la tónica marcada por
España, para nosotros es evidente que estamos por el buen camino. Es
más, nos parece adecuado y acertado que, dentro de ese documento base
del plan nacional de acción contra la exclusión social, se fijen los
objetivos comunes, que se establezca una coordinación en esas
políticas sociales y que se tengan en cuenta las diferentes
situaciones en los Estados miembros. Porque nuestro país no está a la
misma altura en cuanto a actuaciones que el resto de los países de la
Unión Europea. Nos parece adecuado que se fijen esos objetivos
comunes, pero que lo que se pretenda sea armonizar las políticas
sociales, teniendo siempre en cuenta esas diferencias. También nos
parece interesante y adecuado el método de coordinación abierto, en
el que se van a establecer objetivos a corto y medio plazo, e
indicadores para su puesta en marcha y la evaluación por cada país
miembro. El enfoque que se le da es el adecuado cuando se habla de
promoción de la calidad. Considerando que la política social sirve de
refuerzo de la política económica y que el empleo no sólo tiene un
valor económico sino también social, nos parece lo adecuado ya que en
nuestro país se está luchando por conseguir ese pleno empleo que hoy
-recalco hoy- vemos posible, pero que desgraciadamente hace algunos
años era simplemente una utopía. La calidad de las relaciones
laborales y de la política social, mediante la participación de todos
los actores a través del método abierto de coordinación, legislación
y diálogo social es la adecuada. El señor ministro hacía un análisis
de cuáles iban a ser los objetivos de ese plan y a nosotros nos
parece que recoge lo necesario favorecer la inclusión social. Creemos
que el fomento de la participación en el empleo y el acceso a los
recursos, derechos, bienes y servicios por parte de todos mediante el
acceso a un empleo para hombres y mujeres, especialmente para los
grupos más vulnerables; la articulación entre la vida profesional y
familiar y la utilización de las oportunidades de empleo de la
economía social, así como organizar los sistemas de protección
social, garantizando los recursos necesarios para todas las personas
y la aplicación de las políticas para el acceso a una vivienda digna,
a la salud, a la educación y a otros servicios públicos y privados,
debe ser una de las principales premisas, como prevenir los riegos de
exclusión, aprovechando la sociedad de la información, tal como
mencionaba el ministro, y aplicando políticas para evitar crisis en
las condiciones de vida que puedan desembocar en exclusión,
preservando fundamentalmente la solidaridad familiar en base a ese
plan de familia al que hacía referencia el señor ministro en su
intervención.
Se debe realizar una actuación muy concreta a favor de los más
vulnerables, favoreciendo la integración social de las personas que
por su minusvalía o su pertenencia a un grupo social determinado, de
los que se ha hecho una determinación de todos y cada uno de ellos,
corren el riesgo de la exclusión. Debemos eliminar de estas
situaciones fundamentalmente a los niños y también hacer actuaciones
concretas en esos territorios que todavía están muy por debajo de la
media. Es importante ese plan gerontológico de mayores, es necesario
ese plan de acción para las personas con discapacidad,
así como el plan estatal de accesibilidad y también el plan puesto en
marcha por el Gobierno contra la violencia doméstica. La movilización
de todos los agentes y la participación de los afectados, así como la
colaboración y coordinación de los agentes públicos y privados,
fundamentalmente comunidades autónomas y ayuntamientos, harán posible
la viabilidad de este plan.
En suma, nos parece importante crear desde el referente común, tanto
del Consejo Europeo de Lisboa como de la Comisión de comunicación,
celebrada en junio de 2000, un triángulo político cuyas tres aristas
sean la economía, el empleo y la política social, unidas todas ellas
por un espacio común de coordinación europea. Hay que trabajar con el
fin de conseguir todo lo anterior sobre la base de una comunicación
entre las diferentes áreas políticas, cooperando institucionalmente
en el intercambio de información sobre protección social y mejorando
el trabajo coordinado. Creemos necesario promover la calidad de todas
las áreas sociales, sin olvidar que la calidad en el trabajo es
sinónimo de más y mejores empleos e incluye más y mejor efectividad
en la protección social, así como una mayor adaptabilidad e igualdad
de oportunidades.
Por último, hay que hacer del crecimiento económico europeo, buena
parte del cual España es responsable, la llave que permita el pleno
empleo y una mayor cohesión social junto a un desarrollo sostenido.
Termino felicitándole, de nuevo, señor ministro, por las líneas que
contendrán este plan y que será presentado por el Reino de España.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Con
razonable brevedad porque tratándose, como se trata, de una
presentación no del propio documento en sí sino de sus líneas
maestras, ya ha habido ocasión de expresar cuáles son esas líneas
maestras, tanto en lo que al concepto se refiere como en directrices
y en acciones.
En primer lugar, debo agradecer especialmente las intervenciones que
han demostrado mayor nivel de sintonía o de comprensión con lo que es
-no digo con lo que nos gustaría que fuese sino con lo que es- el
diseño de un plan nacional de acción de inclusión social. Lo digo
porque, incluso en el aspecto formal, la Unión Europea, en este caso
la Comisión, nos pide que sean 40 folios para que se pueda entender
en algunos niveles de precisión y que incluye, como decía, una
estructura acorde con la que he tratado de definir.
Coincido plenamente con que algunas afirmaciones que se han hecho son
voluntaristas. Decir que en estos últimos años España ha retrocedido
en términos de inclusión me parece profundamente injusto porque si
todos aceptamos como indicador básico la existencia de mayor empleo
disponible y si, además, también concurre que ese empleo, al menos en
un indicador tan claro como es la temporalidad, ha ganado en calidad,
estaríamos hablando de mayor cantidad y mayor calidad
de empleo. Si esto se quiere trasladar no solamente a las cifras
que puedan resultar más conocidas, el total de empleos, en este caso
de ocupados, de 2.400.000 personas en el periodo de tiempo del
Gobierno popular, lo que ya sería expresivo, con un incremento
importante de la actividad, de más de 1.100.000 personas, con
reducciones cualitativas -y en esto sí me detengo- tan significativas
como haber logrado que el paro femenino se reduzca en más de siete
puntos, que ese elemento de preocupación que surgía antes sobre el
paro juvenil haya descendido desde el 43 al 25 por ciento, siendo
todavía una cifra enormemente alta, que nos debe mover a seguir
actuando pero con el estímulo indudable que produce esa reducción tan
significativa, o que el paro de larga duración, tantas veces citado
esta mañana, se haya reducido en diez puntos, y aún así sigue en
cifras muy altas como veremos, sería injusto hablar de un retroceso,
y menos aún hablar de un retroceso por razones de tipo ideológico o
conceptual, como tendré ocasión de explicar en la segunda parte.
Por el amable procedimiento del 'Diario de Sesiones', respondo al
señor Núñez, que me consta que tiene otras obligaciones. Ha hecho una
reflexión, que le agradezco, sobre cuál debería ser el concepto de un
plan de inclusión. Vuelvo a insistir en que, sobre esto, ha habido
suficiente número de debates y posiciones en los distintos consejos
de ministros de Empleo y Solidaridad como para que se haya llegado a
lo que no solamente definió la cumbre de Niza sino a lo que
instrumentalmente ha tenido ocasión de explicar la propia directora
general, la señora Quentin en distintos seminarios a todos los
agentes implicados, no solamente a las administraciones, como usted
decía, sino también a las ONG y creo que a la propia sociedad.
Sí debe quedar claro en este documento que estamos hablando de una
España con un diseño constitucional para mí admirable, pero con una
complejidad también clara. No se trata de hacer simples sumatorios,
se trata de que las acciones sean congruentes y consistentes, que se
guíen por el principio de leal cooperación entre administraciones y
que, al final, reflejen de la manera más fiel posible lo que España
en su conjunto está haciendo, lo que está haciendo a través del
Gobierno de la nación, lo que está haciendo a través de otras
administraciones. No es un simple sumatorio porque -también se ha
dicho esta mañana- afortunadamente ya ha calado en la opinión pública
que cualquier norma o disposición política hay que leerla también de
manera transversal, en igualdad de género, evitando por ejemplo que
pueda tener ese tipo de discriminaciones que todos deseamos evitar.
Una de las aportaciones que también realiza este plan es llevarnos a
la metodología de leer también en términos de inclusión, o de
exclusión, aquellas medidas que se adopten en el conjunto de
decisiones políticas, y creo que eso es realmente positivo.
En algún momento se ha hablado por algún grupo de la territorialidad
de la pobreza. Felizmente también,alguna de las comunidades autónomas
que tenía unos
indicadores previos más adversos, especialmente en los datos de
empleo, está superando este proceso, también con buena nota puesto
que está presentando ritmos de creación de empleo superiores a la
media, en este caso haciendo uso de lo que son sus grandes
potenciales.
Se ha hecho una apelación a los temas de inmigración. Ya le anuncio,
señora Julios, que estos temas probablemente sean objeto de atención
más intensa no solamente mediante el instrumento citado, el Plan
Greco, que indudablemente debe formar parte por sí de este plan, sino
también en la Presidencia belga, que ya anuncia que tiene interés en
ir buscando aquel desarrollo y directrices perfiladas en Tempere, que
siguen siendo una pauta perfectamente aceptable, incluso deseable,
para España.
La pobreza, que no es lo mismo que la exclusión -asumo alguna de las
reflexiones conceptuales que se han hecho, aunque suelen estar
inequívocamente asociadas o una es antesala de la otra en muchos
casos-, tiene algunos perfiles característicos en España. En nuestro
país la exclusión no está tan intensamente asociada a la vejez como
lo está en otros países europeos; en el caso español puede estar
asociada con más frecuencia a ciertas situaciones juveniles o de
edades intermedias; es curioso pero es cierto. Igualmente cabe decir
-eso sí- en qué coincidimos: en una mayor intensidad de la exclusión
que afecta a la mujer que de la de aquélla que afecta al hombre,
aunque también subrayo que hemos propuesto medidas específicas; como
decía antes, más del 60 por ciento de las acciones de inserción
laboral que plantea el Plan nacional para el empleo dan una idea del
esfuerzo a favor de la mujer.
Ha habido una reflexión de alguno de los grupos sobre lo que sería su
propio modelo de plan de acción e, incluso, la definición de la
inclusión o de la exclusión. Agradezco ese tipo de reflexiones, pero
insisto en que es un debate zanjado por la Unión Europea, que nos ha
dejado el terreno bastante tasado -e incluso bastante medido- en
cuanto al concepto y al método como para que no podamos ser más
explícitos. Anuncio que, si las comunidades autónomas u otros agentes
tienen un especial deseo de que quede constancia de su posición,
recurriremos, al igual que hicimos en el Plan nacional de acción para
el empleo, al instrumento hasta ahora bien utilizado de los anexos.
Se permitirá así que las administraciones o los agentes dejen
constancia por sí mismos de su posición por un método semejante
-insisto- al utilizado en el Plan nacional de acción para el empleo.
Se ha hecho una consideración importante desde mi punto de vista. Los
indicadores más tópicos de la pobreza -más que de la exclusión- se
sitúan por porcentajes de renta asociados a los ingresos de las
personas; a veces se han dado cifras de muchos millones de españoles.
Pues bien, curiosamente, si uno va a la cifra absoluta más llamativa
en número de millones, se encontrará con una sorpresa: que el
porcentaje de población que corresponde a España es el mismo que el
que corresponde a Alemania o a Francia. Alguien se puede llevar
la sorpresa de que, aplicando esos criterios, la distribución de
nuestra pobreza sería semejante a la de los países de referencia. Con
el que parece que más probablemente será fijado como indicador, que
es el 60 por ciento, les puedo decir que la posición española no es
la peor; está a un punto de la media. Además, los últimos datos
comparativos disponibles son del año 1996, y aquí me voy a detener
unos segundos. Felizmente, de 1996 a esta parte la evolución del
empleo ha sido la que ha sido, y la mentalización y la acción de las
administraciones han sido también enormemente positivas a la hora de
luchar contra la exclusión.
Por eso, aunque aceptásemos -que ya es difícil de aceptar- que nos
encontrábamos como en el año 1996, está claro que en términos de
empleo no es así; sobre todo, si hacemos la traslación a un indicador
aceptado por Eurostat como es el número de hogares en los que todos
sus miembros se hallan parados. A finales del año 1994, esa cifra
superaba el millón de hogares en España -casi 1.100.000-; hoy se
sitúa en 526.000. Creo que esa reducción de prácticamente la mitad de
la cantidad nos da una idea de que los datos han tenido felizmente
una evolución positiva; y vuelvo a subrayar, porque no tengo ningún
inconveniente en decirlo, que ello se ha debido a la acción conjunta
de las distintas administraciones y de los agentes sociales
implicados, como las ONG, que también han visto incrementada su
capacidad de acción.
Dicho esto, entiendo que hay cuestiones que pueden enganchar -dicho
en términos cololquiales- con lo que tenemos hoy; algún interviniente
hablaba de las empresas de inserción. Le puedo decir que la última
reforma laboral resuelve la bonificación de los contratos de
inserción, aunque tal vez no la figura jurídica de la empresa; no
sólo los permite, sino que apuesta por este tipo de contratos para
situaciones de especial riesgo. Me parece que se desprende de alguna
de las intervenciones que es lógico que se haya querido ampliar la
aplicación de los instrumentos reservados a los ciudadanos nacidos en
España a ciudadanos inmigrantes, como instrumentos de lucha efectiva
contra la exclusión o contra la marginación que podría derivarse de
la imposibilidad de disponer de esos instrumentos.
Se ha planteado algo que, en mi opinión, excede del marco de un plan
para la inclusión. Si algunas decisiones de las comunidades
autónomas, tomadas en su día libre y autónomamente y supongo que con
invocación clara de su responsabilidad, deben ser hoy reconducidas
hacia su asunción conjunta por parte del Gobierno de la nación, es un
asunto que tiene la suficiente complejidad como para que no parezca
que el Plan de inclusión sea su ubicación natural; como ocurre en
alguna medida -también debo decirlo- con la dependencia como materia
en la que están evidentemente involucradas las administraciones,
porque la dependencia no tiene una sola variable. Antes se ha hablado
-supongo, que ha sido un amabilísimo lapsus linguae- de la
multicasualidad -me ha parecido entender, cuando debe ser
multicausalidad- de algunos fenómenos de exclusión. Sin
duda ninguna la dimensión sanitaria, la dimensión social y otras
justifican que también sea, como se ha dicho, una cuestión a abordar
más en el plano de la cooperación que en el de la pura
reivindicación.
Me preguntan si creo que tiene un primer efecto contagioso positivo
este plan. Creo que sí. La mayor parte de las comunidades autónomas
se han expresado en el sentido de que redactarán, con la razonable
analogía y la capacidad de traslación que tengan, planes de carácter
autonómico de este mismo signo, porque también hay un segundo plano
en el que la coordinación o la concatenación de acciones que puedan
producirse entre administraciones locales, dentro del ámbito de cada
comunidad autónoma, puede ser muy interesante y puede ser también,
insisto, una buena metodología la traslación a este tipo de planes.
Debo añadir que al menos cuarenta grandes ayuntamientos se hallan en
este momento dispuestos a sistematizar su catálogo de recursos y de
acciones de lucha contra la exclusión y plantearlo en estos términos
semejantes o comparables para que al final cumplamos con ese objetivo
que antes citaba de evaluación conjunta, sobre todo de comparación
con nosotros mismos.
Dicho esto, me gustaría hacer una consideración. Se ha citado -y
perdóneme que le diga que afortunadamente la vida parlamentaria sigue
deparando sorpresas, a los que llevamos más años nos sigue resultando
muy grato encontrarnos con sorpresas- como un retroceso del gasto
social español el período 1993-1997. Cuando recordaba ese plazo,
máxime cuando el año 1996 funcionó con presupuesto prorrogado del
anterior Gobierno, me parecía que era interesante conocer el dato,
como siempre lo es con todos los datos estadísticos, pero el nivel de
imputación a la responsabilidad política es de difícil comprensión,
al menos por parte de quien le habla. Sí que le puedo decir que a
partir del año 1996 el primer bloque que podemos considerar como de
gasto social y que estaría integrado por pensiones, fomento del
empleo, sanidad, educación, vivienda, desempleo, incapacidad
temporal, presenta los siguientes porcentajes en aumento: 2,2 en
1997, bien que moderado; 5,4 en 1998; 4,9 en 1999; 3,1 en 2000 y 5,8
en 2001. Me gustaría quedarme con la imagen estática; se han
producido, afortunadamente, importantes crecimientos. En lo que se
denomina el bloque de gastos de acción social propio del Ministerio
en proporción directa, se ha pasado de los 15.931 millones en 1996 a
19.635, el incremento es del 23,2 por ciento en ese mismo período de
tiempo. Si nos vamos a partidas específicas, pensiones, que afectan
especialmente de manera intensa a algunos grupos en situación o
riesgo de exclusión, los crecimientos son: 5,1 en 1997; 5,2 en 1998;
5,5 en 1999 y en el 2001 también 5,5. ¿Esto a qué nos lleva?
Evidentemente nos sitúa hoy ya por encima de los 9 billones 800.000
millones de pesetas y da una idea de que, felizmente, hay una
continuidad en positivo. El fomento del empleo -lo recordábamos hace
unos pocos días cuando se presentó el Plan nacional de acción para el
empleo- ha tenido un crecimiento realmente importante: del billón
200.000 millones a los dos billones 100.000 millones movilizados este
año como recursos ante una afortunadamente menor población parada,
porque podría haber sido la excusa para no seguir manteniendo los
niveles de calidad y de cantidad en las acciones de inserción
laboral.
Querría hablar de una cuestión metodológica: el descenso del puesto 9
al 21 se debe a un cambio metodológico. Lo digo porque el dato puede
resultar muy espectacular, pero la serie no es homogénea. No discuto
la calidad científica e incluso la buena intención de Naciones
Unidas, pero a las que me remito, evidentemente, como elementos de
referencia son a las que España considera como suyas que son las
reconocibles por Eurostat. En esas comparaciones citaba la de hogares
y la propia encuesta de población activa como indicadores, en este
caso pacíficos, de cúal ha sido la evolución. Desde ese punto de
vista, son cambios metodológicos, no es que haya habido una
disminución per se de los gastos que se consideran y se ponderan,
porque también se ponderan -y lo sabe S.S.- un montón de causas
subjetivas de calidad, de satisfacción de los ciudadanos o incluso a
veces del clima, lo cual es muy admirable, pero difícil de medir.
Se ha citado el plan concertado. Indudablemente todos podemos pensar
que merece mayores esfuerzos presupuestarios. Le puedo decir que la
cifra en la que hoy se mueve, el año 2001: tenemos en torno a los
14.812 millones. En el año 1988, que se ha citado también como un año
de referencia, había 1.500 millones de pesetas; el crecimiento
porcentual en este caso es espectacular, es el 890 por ciento. Creo
que sí ha habido en este tipo de acciones, que además requieren ese
concurso de otras administraciones, esfuerzos muy claros y muy
importantes. No ha habido ningún retroceso. A alguien se le antojarán
insuficientes -a mí mismo se me antojan insuficientes- los recursos
que se movilizan frente a situaciones de necesidad, pero insisto en
que hablar de retroceso no sería lógico, sobre todo por lo que antes
he señalado.
Debo añadir que una dificultad con la que nos estamos encontrando en
algunas ocasiones es el que nos suministren información valiosa, y
digo valiosa porque creo que es útil para la causa que nos trae.
Sirvan, por ejemplo, los indicadores de la calidad en la enseñanza o,
si se prefiere en negativo, los indicadores del fracaso escolar, que
supongo que no es un dato agradable para algunas administraciones que
están gestionando su propia enseñanza y su educación. En esto sí que
tenemos que trascender de lo que puede ser la presentación más
política, en el peor sentido de la palabra, de los datos y tratar de
buscar aquellos datos que sean eficientes y que faciliten, sin duda
alguna, las acciones.
Decía que no solamente ocurre en los planes de empleo. No se trata de
aburrir a SS.SS. con datos y con cifras, pero en lo que no es
simplemente material, afortunadamente España en estos últimos años
-lo señalaba también alguno de los intervinientes- ha sabido
potenciar su tejido social, sus redes de voluntariado -me parece que
ese es un dato muy positivo-, ha sabido mejorar los foros de
encuentro y los órganos de cooperación en los que de forma habitual,
incluso sujetos a un método, se encuentran agentes sociales y
Gobierno. Estos datos también deben ponerse en valor, no solamente
para satisfacción del Gobierno, sino para reconocer el importantísimo
esfuerzo que las ONG y que el tejido social están haciendo a favor de
este común y deseable objetivo de evitar, hasta donde sea razonable y
posible, las situaciones de exclusión y de pobreza que llevan
asociadas.
Expondré unas últimas consideraciones. Se decía antes que en esta
materia no cabe, al igual que en otras áreas de la protección social,
es quedarse cruzado de brazos cuando estamos viviendo en una sociedad
tan intensamente cambiante y que nos va a requerir nuevas respuestas
a problemas hasta hace bien poco prácticamente desconocidos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Con esta intervención concluyen las dos comparecencias que ha
sustanciado y que figuran en el orden del día.
Se suspende unos segundos la sesión para despedir al ministro de
Trabajo. A continuación, seguiremos con el orden del día. (Pausa.)
Señorías, se reanuda la sesión.
PROPOSICIONES NO DE LEY (CONTINUACIÓN):
- PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPRESARIADO FEMENINO. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/000365)
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es el
relativo a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular
para la promoción del empresariado femenino.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra la señora Estarás.
La señora ESTARÁS FERRAGUT: El Grupo Popular presenta la iniciativa
de referencia en relación con la promoción del empresariado femenino.
Como saben SS.SS., el empleo de la mujer es el primer problema, la
gran oportunidad del mercado de trabajo español y el potencial de
crecimiento del empleo femenino es el mejor activo para aproximarnos
a Europa.
Las mujeres, sin ninguna duda, constituyen un objetivo prioritario en
la política de empleo que viene desarrollando el Gobierno en los
últimos años, de forma que hay dos objetivos prioritarios: en primer
lugar, la creación de empleo y el papel importantísimo que puede
jugar la creación de empleo para las mujeres y,
en segundo lugar, el principio de igualdad de oportunidades que
impregna todos esos planes de empleo y que en el marco de la
estrategia conjunta comunitaria han venido elaborándose desde 1998.
Este objetivo, primero de igualdad de oportunidades y segundo de
integración laboral en igualdad de condiciones, se ha ido
introduciendo en todas las políticas de manera transversal, tal como
recogía la propia cumbre de Pekín; también se han hecho políticas
específicas dirigidas al colectivo de mujeres. El empleo femenino es
en definitiva uno de los grandes retos y un objetivo prioritario de
la Unión Europea y también de nuestro país, como se evidencia en las
directrices comunitarias que deben orientar los planes de empleo
tanto del año 2000 como del año 2001, que ha sido recientemente
aprobado en Consejo de Ministros el día 27 de abril. Por lo tanto, en
el marco de este plan de empleo, tanto de 2000 como de 2001, y
contando con la cofinanciación del Fondo social europeo, se ha
insertado toda una serie de medidas que fomentan el empresariado
femenino y que promueven la posibilidad de que las mujeres generen
autoempleo, que es otra de las grandes posibilidades a las que
tenemos que animar a los colectivos de jóvenes y de mujeres; para
ello se ha llevado a cabo toda una serie de iniciativas, muy
diversas, que si quieren luego paso a mencionar muy por encima.
El objetivo principal de la iniciativa es que sobre la base de esas
dos premisas presentes siempre en las políticas del Gobierno igualdad
de oportunidades y creación de empleo, instamos al Gobierno a
continuar adoptando las medidas necesarias para promover ese
empresariado femenino como una fuente indiscutible de riqueza y de
empleo, al tiempo que garantizamos la plena igualdad de
oportunidades, porque qué duda cabe que uno de los grandes retos
pendientes, aparte de muchos temas de índole cultural, social o
deportivo, de cambio de mentalidades y de estructuras sociales, es la
igualdad de oportunidades en el trabajo.
Hay presentada una enmienda del Grupo Socialista. Mi grupo es
partidario de no aceptarla porque, tal como está redactada,
restringiríamos el concepto amplio de lo que es la promoción del
empresariado femenino. Por ejemplo, el primer punto de la enmienda
del PSOE habla de información de carácter socioeconómico a todas
aquellas mujeres emprendedoras que monten una actividad empresarial.
Esa iniciativa, como ustedes saben, se está dando y está siendo
insertada en el Plan de empleo 2001 con el plan de apoyo a las
mujeres empresarias, que se hace en colaboración con el Ministerio de
Economía, concretamente con la Dirección General de Política para
Pymes y el Instituto de la Mujer, que gestionan una iniciativa
comunitaria para Pymes. En el año 2000 se ha dirigido a más de 700
mujeres y se desarrolla en colaboración con el Instituto cameral para
la creación y desarrollo empresarial. Igualmente, el programa de
apoyo empresarial a mujeres, que se hace con el Consejo Superior de
Cámaras y en el que participan 31 cámaras de comercio de toda España,
en colaboración con el Inem y el Instituto de la
Mujer, da asesoramiento y apoyo a toda una serie de empresas creadas
por mujeres. Sin ir más lejos, en el año 2000 se dio asesoramiento a
3.500 empresarias. Lo que sería el primer punto de la enmienda del
Partido Socialista Obrero Español se ha venido realizando en el año
2000 y como objetivo prioritario está contenido en el plan del año
2001.
En cuanto al tema de la formación, que se apunta en la enmienda del
Partido Socialista Obrero Español, de cara a la gestión empresarial
para mujeres, ustedes saben que en el Plan nacional de empleo también
se habla del programa de formación en gestión empresarial, que
consiste en una tutoría individualizada a todas aquellas mujeres que
tienen un proyecto empresarial, y ese plan de formación se desarrolla
en cooperación con la fundación Escuela de Organización Industrial y
el Instituto de la Mujer. Sin ir más lejos, en el año 2000 se
impartieron un total de 13 cursos de formación.
El punto 3 de la enmienda del PSOE, que habla de la difusión, el
intercambio y el apoyo a las redes comerciales, también está
contendio en el Plan nacional de empleo 2000 y en el del 2001, ya que
se subvencionan todas las actividades relacionadas con la cooperación
empresarial de las mujeres, como son la celebración de ferias. Por lo
tanto, se da apoyo, y así lo dice el plan, a las redes de
empresarias.
Hemos mencionado el contenido del punto 4, que hace referencia a la
asistencia técnica a las mujeres empresarias, cuando hablábamos sobre
el programa de apoyo empresarial a mujeres o del plan de apoyo a
mujeres empresarias. En lo que se refiere al apoyo económico, las
ayudas ya están previstas en el Plan nacional de empleo con el nombre
de emprender en femenino. Son ayudas de hasta un millón de pesetas a
mujeres establecidas como autónomas o que han creado su propia
empresa en actividades encuadradas en los nuevos yacimientos de
empleo o en aquellos sectores en que las mujeres están
subrepresentadas. Estas ayudas se están solicitando de manera
intensa. Además, en los presupuestos ya existen unas líneas de ayudas
a federaciones de empresarias y a fundaciones, con un total de casi
30 millones para el año 2000 y una cantidad parecida figura también
para el año 2001. Todas las iniciativas que el Partido Socialista
Obrero Español presenta como enmienda están recogidas ya en el Plan
nacional de empleo y teniendo en cuenta que nosotros establecemos la
propuesta de continuar apoyando, promoviendo y adoptando las medidas
necesarias para fomentar el empresariado femenino creemos que si
aceptamos la enmienda restringiríamos una serie de políticas que se
están realizando; sin embargo hay más actuaciones todavía, como, por
ejemplo, de cara a la sensibilización social -a las mujeres y a la
sociedad en su conjunto- respecto al tema de igualdad de
oportunidades, al cambio de mentalidades, al cambio de estructuras
sociales, etcétera, porque todo ello subyace en las políticas de
igualdad de oportunidades y, en definitiva, de igualdad de
oportunidades para el empleo. Se está actuando también en otras
líneas, por ejemplo, en la participación en
todos los programas europeos relativos a la promoción del
empresariado en la red europea. Es decir, de aceptar su enmienda
quedaríamos circunscritos a estas cinco iniciativas y nuestra
propuesta es mucho más amplia, porque desde el Grupo Popular y desde
la sociedad en su conjunto vamos a seguir insistiendo en la necesidad
de crear empleo en el mercado de trabajo español para que la mujer,
que tiene una tasa de paro superior al hombre, ocupe puestos de
trabajo, se corrija esa desigualdad de oportunidades y, en
definitiva, el crecimiento del empleo femenino sea el mejor activo
para aproximarnos a Europa.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda presentada por el Grupo
Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Rodríguez
Díaz.
La señora RODRÍGUEZ DÍAZ: Señorías, sabemos que el número de
empresarias españolas se ha incrementado considerablemente en los
últimos años, hay que constatarlo como hecho cierto. Sin embargo,
este crecimiento debe interpretarse a tenor de los todavía muy bajos
índices de participación femenina en la actividad empresarial. Un
elevado número de esas empresas emplean entre uno y cinco
trabajadores/as. Es decir, que el empresario femenino tiene todavía
estructuras simples y poco expansivas, con una clara orientación de
pequeño negocio más que de empresa. Su actividad, por otra parte, se
limita a los sectores de servicios, principalmente el comercio y la
industria manufacturera. A pesar de que la proporción de empresarias
con estudios superiores supera la correspondiente a la de empresarios
varones, su perfil práctico no les otorga ninguna ventaja a la hora
de enfrentarse a los retos organizativos de sus negocios, quizá
también debido a la falta de conocimientos específicos relacionados
con la gestión, organización y administración empresarial. Apenas la
quinta parte de las emprendedoras han recibido alguna formación en
gestión comercial o de empresa.
La puesta en marcha de estructuras permanentes de información,
orientación y asistencia técnica que contribuyen a fomentar redes de
intercambio y a resolver también los distintos problemas
organizativos, financieros y de gestión a los que tiene que hacer
frente la mujer emprendedora puede servir de instrumento de despegue
y multiplicación de una actividad empresarial femenina más innovadora
y cualificada, pero la reciente reforma del mercado trabajo del
Gobierno del Partido Popular no sólo deja indefensas a muchas mujeres
que trabajan a tiempo parcial, sino que además abarata el despido
femenino promoviendo con ello una situación de desigualdad y
discriminación respecto a los varones; es decir, consolida
estructuralmente la desigualdad de las mujeres en el trabajo bajo una
pretendida igualdad nominal. También se ha constatado la pérdida de
actividad por parte del Instituto de la Mujer y su progresiva falta
de iniciativas; pérdida de recursos y eliminación de programas de
empleo, formación y creación de empresas, especialmente aquellas
dirigidas a
mujeres desfavorecidas y las que viven en el mundo rural, a lo que se
ha hecho muy poca alusión en los temas relativos a los planes de
igualdad de oportunidades. De esta manera no se contribuye a
garantizar la plena igualdad entre hombres y mujeres como dice la
iniciativa del Grupo Popular.
Nosotros creemos que hay que tomar medidas. De ahí que hayamos
presentado esta enmienda para reforzar la proposición no de ley del
Grupo Popular, que consideramos híbrida y con poco contenido.
Nosotros lo que pretendemos es reforzar esos cinco objetivos que se
contienen en nuestra propuesta, que la representante del Grupo
Popular nos dice que ya se están llevando a cabo en los planes de
empleo.
El día 15 de febrero la directora del Instituto de la Mujer, en su
comparecencia en la Comisión Mixta de Derechos de la Mujer, nos decía
que para fomentar el autoempleo y el empresariado femenino, partiendo
de la experiencia acumulada en los años anteriores, pondrían en
marcha un programa dirigido a las mujeres emprendedoras y
empresarias. Nosotros, con la enmienda presentada, coincidíamos en
las actuaciones que a través del Instituto de la Mujer se iban a
llevar a cabo. A nosotros nos hubiese gustado que esta proposición no
de ley, que consideramos interesante porque es una manera de seguir
promoviendo la actividad de la mujer emprendedora, se hubiera
completado con esa serie de medidas para reforzarla más. De todas
formas, aun a pesar de que el Grupo Popular no va a aceptar nuestra
enmienda, vamos a votar favorablemente la proposición no de ley del
Grupo Popular, pero continuaremos haciendo un seguimiento para que
esas medidas necesarias que recoge la proposición no de ley puedan
ser llevadas a cabo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra
el señor Ruiz López.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señor presidente, señorías, somos
conscientes de que una vez a la quincena el gobierno del señor Aznar
necesita que le jaleen en el ámbito de la igualdad de oportunidades y
hoy toca el fomento del ánimo empresarial. Quizás aportara más una
proposición que identificara los obstáculos que se detectan en este
campo que una de apoyo sumiso, como es en este caso; una proposición
que nos permitiera debatir los problemas reales que la experiencia
nos ha enseñado que existen.
La creación de empresas de mujeres ha sido uno de los temas en los
que más se ha trabajado en el marco de proyectos locales y regionales
de los últimos cuatro años a impulso de proyectos europeos,
fundamentalmente la iniciativa NOW. La mayor parte de las veces
estamos hablando de creación de autoempleo o de microempresas, aunque
también se ha trabajado con fórmulas de economía social. En esta
dirección nos parece que el Gobierno no está impulsando acción alguna
ni escucha las propuestas, algunas de ellas contenidas en su propio
programa electoral, para mejorar
la condición de autónomos y menos para fomentar la economía social, y
lo de microempresa ni se les ha pasado por la cabeza como instrumento
de creación de iniciativas empresariales.
Las mujeres emprendedoras, según las valoraciones realizadas de estos
programas, encuentran obstáculos que dificultan su camino hacia la
creación de su propio negocio tanto en su propia autoestima como en
la confianza que perciben en el entorno más cercano, en el acceso a
la financiación y en el propio mercado. La superación de estos
obstáculos debería ser el objetivo de la acción de Gobierno, desde la
sensibilización al apoyo a iniciativas locales y regionales y sobre
todo con nuevas fórmulas de financiación.
No es menos relevante identificar los sectores donde la creación de
empresas de mujeres se ha producido y puede suponer una oportunidad
para la propia mujer y para el desarrollo de determinadas zonas
económicas. El sector servicios, ocio y cultura, agroalimentación o
artesanía son los más dinámicos en esta dirección. Esta
identificación debería llevar a cualquier gestor razonable a impulsar
acuerdos con instituciones locales y autonómicas, más que a fuegos de
artificio de la Administración central, y a intervenir en el mercado
de la financiación y de los apoyos administrativos.
Hay dos aspectos que nos parecen especialmente relevantes. La
formación ocupa un lugar primordial en este entramado de servicios en
el que deben incorporarse conceptos ralacionados con la calidad, la
innovación, la creatividad y el uso de las nuevas tecnologías. En lo
que respecta a la financiación para la constitución de empresas deben
desarrollarse políticas de subvenciones, préstamos, contratos de
leasing subsidiado, avales o ayudas a la expansión externa de las
empresas, Esto es lo que demandamos del Gobierno y la interpretación
que hacemos de esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Nuestro grupo quiere manifestar nuestro apoyo a
la iniciativa que presenta el Grupo Popular en esta Comisión en la
confianza que esta será una proposición no de ley que producirá una
discriminación positiva de la mujer en el campo empresarial. No
debemos caer en la dinámica de discriminación de la mujer porque esta
ya ha sufrido bastante, error histórico que tenemos que resolver de
cara al futuro y para ello tenemos que crear un marco que sea capaz
de promover y acelerar las iniciativas empresariales. Por ello
nuestros objetivos para la promoción de las empresas en general deben
ser, primero, la creación de puestos de trabajo estables; segundo, la
coordinación de las acciones institucionales y, tercero, la dotación
de instrumentos para que se lleve a buen término la iniciativa
empresarial. Sobre la creación de puestos estables la Unión Europea
ha detectado que las nuevas empresas han tenido un alto índice de
fracasos, por las dificultades de organización y gestión, por la
falta de información previa que han tenido los empresarios a la
hora de plasmar su iniciativa empresarial o por la dificultad que han
tenido en encontrar fuentes de financiación al no haber sido capaces
de convencer o explicar bien su proyecto a quien podía aportar
capital al mismo, o por la ausencia de un plan previo empresarial que
delimitara todos los factores que se necesitaban para llevar adelante
el proyecto.
Creemos que esta proposición no de ley tiene que mejorar la
coordinación entre las instituciones porque hay que unificar todas
las acciones en un sólo organismo -la tan consabida ventanilla única-
y que no sean varios ministerios o instituciones los que generen
diferentes ayudas y las que informen, subvencionen o promocionen
determinadas iniciativas empresariales. Este sistema genera
inseguridad en la persona que ha llevado a cabo un proyecto y quizá
que no acuda a las ayudas que le corresponderían, motivo por el que
tal vez no salga adelante el proyecto que tenía.
Recuerdo que el Parlament de Catalunya, el 27 de octubre de 1994,
aprobó el servicio de autoempresa en el cual se coordinan las
acciones de formación, asesoramiento y ayuda. Además el Libro Blanco
de la política social europea recomienda la cooperación
interadministrativa, puesto que la competencia entre organismos
genera dificultades a las personas que tienen iniciativas. En el
citado informe se recomienda también la mejora de las relaciones
entre los gobiernos de los Estados miembros y los ayuntamientos.
Aplicando este principio a nuestro sistema administrativo, dado que
se han hecho transferencias a las comunidades autónomas, lo que
corresponde es mejorar las relaciones entre éstas y el Gobierno para
el desarrollo de las iniciativas empresariales.
También -y en esto nuestro grupo es especialmente sensible-, como
plasmación del éxito o de la consolidación del proyecto empresarial
creemos que hay que mejorar la contratación que hace el primer
empleador, porque, si miramos las estadísticas de las empresas de los
autónomos, se da el caso de que frente a los hombres, son el doble
las mujeres que tienen un solo empleado y esto es porque la mujer
acude a un proyecto por encontrar una categoría profesional mejor que
la que tendría como asalariada, porque son más las mujeres
asalariadas que las que están en autoocupación o proyectos
empresariales. Esto permitiría la mejora constante de este trabajo
femenino, con lo que se manifestaría que este colectivo cada vez
conseguiría mayores niveles de autonomía profesional en el campo
laboral.
El nivel de autónomos en la mujer implica una precarización creciente
del sector trabajo, pues sin niveles de cualificación adecuados, se
obligan a desempeñar todo tipo de trabajos.
Partiendo de estos tres principios que hemos enunciado anteriormente,
apoyaremos esta iniciativa del Partido Popular, en el bien entendido
de que va encaminada a la meta positiva de integrar a las mujeres
emprendedoras en el mundo empresarial.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de decir si acepta o rechaza
formalmente la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora Estarás.
La señora ESTARÁS FERRAGUT: Tal como he anunciado, restringiría lo
que es el objetivo de nuestra propuesta, pero agradezco a todos los
grupos el soporte dado.
El señor PRESIDENTE: Entonces vamos a proceder a las votaciones.
Suspendemos la sesión durante un minuto para ordenarlas. (Pausa.)
Votamos en primer lugar la proposición no de ley del Grupo Socialista
relativa al acuerdo de colaboración entre la Junta de Andalucía y el
Gobierno de la nación para garantizar el futuro industrial y el plan
de ayudas sociales de la empresa Santana Motor.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada Votamos la proposición no de ley
del Grupo Popular, para la promoción del empresariado femenino.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Señorías, concluido el orden del día y anunciando que la próxima
sesión de la Comisión, que es la de esta tarde, comenzará a las
dieciséis horas y que las votaciones no se producirán antes de las
veinte horas, se levanta la sesión.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.