CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2001 VII Legislatura Núm. 203



DEFENSA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROGELIO BAÓN RAMÍREZ



Sesión núm. 10



celebrada el lunes, 2 de abril de 2001



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor secretario de Estado de Defensa (Díez Moreno)
para informar sobre:



- El Plan director de infraestructuras. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000079) . . .

(Página 6086)



- Política a seguir por la Gerencia de Infraestructura de Defensa y
resultados obtenidos hasta hoy, con especial referencia a Galicia. A
solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/
000042) . . . (Página 6086)



- La situación presente y planes de futuro del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial (INTA). A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 212/000030) . . . href='#(Página6103)'>(Página 6103)

Página 6086



Preguntas:



- Del señor Castillo Jaén (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
repercusión para el Ministerio de Defensa de la nueva situación de la
Empresa Nacional Santa Bárbara. (Número de expediente 181/000073) . .


. (Página 6110)



- Del mismo señor diputado, sobre planes acerca del edificio del
Hospital Militar de Granada. (Número de expediente 181/000075) . . .

(Página 6112)



- Del señor Estrella Pedrola (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
proyectos relativos al Hospital Militar de Granada. (Número de
expediente 181/000222) . . . (Página 6112)



Se abre la sesión a las cinco de la tarde.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (DÍEZ MORENO)
PARA INFORMAR SOBRE:



- EL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000079.)



- POLÍTICA A SEGUIR POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA Y
RESULTADOS OBTENIDOS HASTA HOY, CON ESPECIAL REFERENCIA A GALICIA.

A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 212/
000042.)



El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras y señores diputados. Se
abre la sesión.

Conforme al orden del día, el cual estoy seguro que han recibido
todos ustedes con antelación, hoy comparece en esta Comisión el señor
Díez Moreno, secretario de Estado de Defensa. Se han solicitado tres
comparecencias, habiéndose acordado agrupar las números 1 y 3, puesto
que están relacionadas, y la número 2 se celebrará a continuación.

Les recuerdo la dinámica del debate. En primer lugar, intervendrá el
compareciente; a continuación, los peticionarios de la comparecencia
y después, de menor a mayor, los grupos que quieran fijar su
posición. Así pues, para no perder más tiempo, voy a dar la palabra
al señor secretario de Estado para que informe acerca de los
siguientes puntos: sobre el Plan director de infraestructuras,
solicitado por el Grupo Parlamentario Socialista, y sobre la política
a seguir por la Gerencia de Infraestructura de Defensa y los
resultados obtenidos hasta hoy, con especial referencia a Galicia, a
solicitud del Grupo Mixto.

Tiene la palabra el señor Díez Moreno.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Díez Moreno): Buenas
tardes, señorías. Como siempre, es un honor comparecer ante la
Comisión de Defensa, en este caso para explicar y debatir una parte
muy importante de la política de Defensa, como es la política de
infraestructuras. Agradezco que se hayan acumulado dos de las
comparecencias, ya que creo que la política de infraestructuras que
pretende llevar a cabo y ejecutar el Ministerio de Defensa no se
podría entender si no tuviéramos en cuenta lo que es la actuación de
la Gerencia de Infraestructuras. Puede incluso decirse que debe
distinguirse desde el principio claramente lo que es una política de
gestión de lo que es una política de realización de infraestructuras.


En torno a estos dos polos quiero articular mi intervención empezando
por la explicación del Plan director de infraestructuras. En esta
explicación pretendo abordar las siguientes cuestiones: en primer
lugar, la conexión del Plan director de infraestructuras con lo que
es la política de infraestructuras del departamento; en segundo
lugar, establecer qué criterios inspiran la política de
infraestructuras; en tercer lugar, cuáles son las prioridades y los
objetivos que están conformados e incluidos en el plan director; en
cuarto lugar, el escenario en que se mueve el Plan director de
infraestructuras; en quinto lugar su contenido y, finalmente, haré
una breve referencia a lo que es el instrumento más importante de su
ejecución, como es el plan anual de infraestructuras. El contenido de
mi intervención girará en torno a estos seis puntos.

No es necesario ocupar mucho tiempo para decir que la política de
defensa en este momento tiene como máxima prioridad la
profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas. De esta prioridad se
deducen bastantes consecuencias. Una de ellas es la racionalización,
que en concepto abstracto puede significar muchas cosas, pero
aplicado a la realidad significa que tenemos que racionalizar para
profesionalizar nuestras Fuerzas Armadas, nuestras estructuras
organizativas, nuestras estructuras territoriales y nuestras
infraestructuras. Aparece así, por tanto, la política de
infraestructuras como una política que tiende a adecuar las actuales



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infraestructuras a las necesidades derivadas de un ejército
profesional, y en esta adecuación se desenvuelven, se vacían y se
desarrollan todo lo que son los proyectos y la configuración del Plan
director de infraestructuras. La propia Directiva 1/2000, de defensa
nacional, establece claramente que en esta política de
racionalización, elevada a criterio básico, una parte muy importante
es precisamente la política de infraestructuras. Cuando hablamos de
infraestructuras en defensa, ¿de qué estamos hablando realmente?
Permítanme SS.SS. que les dé algunos datos.

El Ministerio de Defensa tiene un patrimonio -atención, es un
patrimonio del Estado afecto a Defensa; en principio, no es un
patrimonio del que sea propietario o titular dominical el Ministerio
de Defensa; es un patrimonio del Estado afecto a los fines de
defensa, en su mayor parte- con aproximadamente 1.500 millones de
metros cuadrados. El Ejército de Tierra tiene adscritas 1.496
propiedades, la Armada tiene adscritas más de 400 propiedades, el
Ejército del Aire, 355 propiedades, el Ministerio como órgano central
tiene 107 y la Gerencia de Infraestructura está en este momento
gestionando posibilidades de cesión de bienes inmuebles en torno a
los 500 -500 expedientes se están tramitando en este momento en la
Gerencia-. Para desarrollar estas cifras les diré que tenemos 62
campos de maniobras, 36 bases aéreas, 40 centros docentes, 48
polvorines, 260 acuartelamientos, 198 estaciones de transmisiones, 11
fábricas de armas y pólvoras, cinco arsenales, 71 baterías, 146
inmuebles destinados a viviendas, 31 hospitales y centros sanitarios,
83 residencias, 22 centros culturales y deportivos, 13 colegios e
institutos, 17 iglesias y capillas y hasta 1.290 bienes más entre
almacenes, viales, solares, edificios para archivos, edificios-sede
de capitanías, antiguos gobiernos militares, delegaciones de Defensa,
castillos, depósitos, antiguos fuertes, muelles, observatorios,
parques, cementerios. Perdónenme, pero quería que SS.SS. supiesen de
qué estamos hablando. (Rumores.- La señora García Manzanares: Lo
podíamos vender.) Gran parte de ello, señorías. Por tanto, creo que
quedan suficientemente claras las razones por las que he comenzado
diciendo que la política de infraestructuras trata de adecuar las
mismas a las necesidades de un ejército profesional; indudablemente,
exceden de esas necesidades.

Tenemos nada menos que 43 bienes declarados de interés cultural,
sobre los que debemos realizar una especial política de protección.

Cuatro están en Madrid, seis en Castilla y León, tres en Castilla-La
Mancha, ocho en Cartagena -no en vano saben de dónde es el ministro-
tres en Valencia, cinco en Andalucía, tres en Galicia, tres en Ceuta,
dos en Aragón, dos en Baleares, tres en Canarias y uno en
Extremadura. Pues bien, pretendemos abordar la política de
infraestructuras para adecuarlas, siguiendo las líneas de la
Directiva de defensa nacional 1/2000, a las necesidades
de un nuevo ejército profesional. En resumen, nuestras Fuerzas
Armadas profesionales a partir del 1 de enero del año 2002 necesitan
unas infraestructuras más modernas, exigen una mejora de la calidad
de vida especialmente en los establecimientos donde hay alojamientos
de tropa y marinería. Por otro lado, es precisa una mejor
infraestructura de apoyo para un material y un armamento cada vez más
sofisticado y moderno y unas infraestructuras que estén además
orientadas a mejorar la gestión medioambiental, puesto que en gran
parte de estos bienes que les acabo de citar -aproximadamente 922
fincas rústicas- nos hemos impuesto especiales medidas de protección
del medio ambiente. Para gestionar todo este complejo mundo hemos
aprobado el día 9 de enero el Plan director de infraestructuras, que
abarca el período 2000-2005. Las fuentes en las que se inspira este
plan director son el decreto que regula la estructura orgánica del
Ministerio de Defensa, que encomienda a la Secretaría de Estado la
preparación, dirección y desarrollo de la política de
infraestructuras del departamento; además, nos apoyamos en textos
tales como el Código Civil, que en uno de sus preceptos establece
como bienes de dominio público los castillos y demás instalaciones
destinados a la defensa nacional; en la Ley de Patrimonio del Estado,
que se nos aplica con carácter supletorio; en las normas reguladoras
de la Gerencia y, desde el punto de vista político, en la Directiva
de defensa nacional 1/2000, ya citada varias veces. Quiero advertir
que este plan director no es el objetivo de la política de
infraestructuras, sino el instrumento de la misma. Por tanto, tiene
un señalado carácter instrumental y hemos tenido en cuenta en su
elaboración las misiones que la defensa española debe cumplir y
también y muy especialmente -como es obvio- los recursos económicos
de que disponemos.

Paso a continuación a señalar cuáles son los criterios generales que
inspiran la política de infraestructuras. Casi se deducen de lo que
he dicho hasta ahora, pero intento resumirlo y concretarlo. En primer
lugar, debemos orientar el esfuerzo inversor al logro de una
infraestructura que dé respuesta a las nuevas necesidades de las
Fuerzas Armadas. Es tal vez el criterio más genérico y principio más
general. En segundo lugar, debemos adecuar la capacidad e
infraestructura del apoyo a la fuerza, concentrando instalaciones,
recursos y servicios. En tercer lugar, vamos a impulsar al máximo el
modelo de gerencia, de manera que la Gerencia de Infraestructura
pueda disponer de aquellos bienes que no son necesarios para los
fines de la defensa en un ejército profesionalizado. A ello me
referiré más adelante al realizar la comparecencia sobre la Gerencia
de Infraestructura. En cuarto lugar, queremos un máximo
aprovechamiento de la infraestructura existente con abandono -a veces
obligatorio- de las instalaciones inadecuadas o que no sirvan a los
nuevos fines de la defensa nacional. En quinto lugar, queremos un
escenario



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en que se alcance un mayor equilibrio entre recursos de inversión y
sostenimiento de la misma. En muchas ocasiones se olvida a veces el
sostenimiento especialmente difícil en inmuebles complejos o en
armamento también sofisticado. En sexto lugar, ya he aludido a la
calidad medioambiental de nuestras instalaciones. En séptimo lugar,
queremos reforzar nuestra cooperación con organismos públicos que
tengan relación con toda nuestra actuación. En octavo lugar, queremos
garantizar la protección y conservación del patrimonio histórico y
cultural de carácter inmobiliario de las Fuerzas Armadas -les he
dicho que hay 43 bienes de interés cultural-.

En noveno lugar, queremos promover una utilización conjunta de
instalaciones, fenómeno que se está produciendo en algunos casos,
como luego mencionaré, y, finalmente, queremos adecuar la estructura
logística a acuerdos de carácter interoperativo, no solamente entre
los ejércitos o cuarteles generales de nuestro país, sino también con
los países miembros de las organizaciones militares en las que
estamos inscritos y con las que participamos en misiones comunes.

¿Cuáles son las prioridades de este Plan director de
infraestructuras? La primera es mejorar la calidad de vida de la
tropa y marinería profesional. Es la gran prioridad. Un ejército
profesional no puede responder a las instalaciones existentes en
algunos lugares, porque no sólo debemos captar a este ejército
profesional, y en ello estamos, sino que debemos hacer cuanto sea
posible por retenerlo, y en esta retención su calidad de vida, sus
instalaciones y el lugar donde vivan y donde desempeñen su misión son
fundamentales. La segunda prioridad es racionalizar la utilización
del patrimonio de Defensa concentrando unidades, instalaciones y
recursos disponibles. En tercer lugar, queremos modernizar la
infraestructura de apoyo al nuevo armamento y material, al armamento
del que queremos de dotar a nuestras fuerzas profesionales.

Finalmente, queremos mejorar las condiciones ambientales. Estas
prioridades no son una mera declaración teórica; son las que inspiran
la selección de los proyectos y de las obras y la dedicación de los
recursos. Cada una de ellas podría ser objeto de un desarrollo
pormenorizado, pero considero que con su simple enunciado SS.SS.

pueden comprender perfectamente cuál es su alcance.

Hemos hablado hasta ahora de criterios generales y de prioridades;
vamos ahora con el escenario económico del Plan director de
infraestructuras. El plan director, por supuesto, tiene su fuente
fundamental de financiación en los presupuestos del Ministerio de
Defensa, concretamente en el subprograma 213 AU 650, que se titula
'modernización de las Fuerzas Armadas e infraestructuras', y en el
subprograma 214 A2 212, que se titula 'conservación de edificios e
instalaciones'. También tenemos una fuente de financiación en los
recursos procedentes de la Gerencia de Infraestructura. Los recursos
de esta Gerencia no sólo se dedican a la adquisición
de armamento sino también a obras de infraestructura, y está
surgiendo en estos momentos una tercera fuente posible, que es la
resultante de la enajenación de viviendas que está llevando a cabo el
Invifas. La resultante de estas enajenaciones y de esta operación irá
prácticamente íntegra destinada a la mejora de la calidad de nuestras
Fuerzas Armadas, de nuestra tropa y marinería. Por tanto, el Plan
director de infraestructuras no contempla en su escenario económico
los ingresos procedentes del Invifas, ya que este plan ha sido
elaborado con anterioridad, aunque ha sido aprobado en enero del
presente año.

Para el período 2001/2005 el plan de infraestructuras contempla unos
gastos que alcanzan la cifra de 193.673 millones, lo que da una media
de 40.000 millones por año. De esta cifra se dedican a gastos de
inversión 107.611 millones y a gastos de mantenimiento 84.064
millones. Tal vez un dato interesante pueda ser que esta cantidad se
distribuye entre el órgano central, incluido el Estado Mayor de la
Defensa, con 22.777 millones; el Ejército de Tierra, que es el que,
como es lógico, posee un patrimonio mayor, con 89.148 millones; la
Armada, con 30.116 millones, y el Ejército del Aire con 51.632
millones. Como estamos hablando de un plan director de 2001 a 2005,
es evidente que todas estas cifras y asignaciones están supeditadas a
las cantidades definitivas que cada año fijen los Presupuestos
Generales del Estado. Por tanto, el plan, como es propio de la
naturaleza de este tipo de documentos, tiene previsiones que después
deben materializarse o concretarse en los respectivos Presupuestos
Generales del Estado. ¿Cuál es el contenido del plan? El plan tiene
dos partes, una memoria, donde se analizan los antecedentes
históricos de la política de infraestructuras, el objeto, la
cobertura y el alcance del plan; los factores generales de carácter
económico, orgánico, patrimonial, tecnológico y de acción conjunta
que han incidido en su elaboración; el escenario patrimonial,
teniendo en cuenta las modificaciones del modelo territorial de
nuestras Fuerzas Armadas, entre otras incluidas en el plan Norte,
pero que afectan de manera muy distinta a cada uno de los tres
cuarteles generales; el escenario económico y factores para la
asignación de recursos, fundamentalmente de carácter económico y
político. Por último, el plan señala las prioridades a que antes me
he referido.

Tal vez les resulte interesante a SS.SS. conocer cuáles son, dentro
de la segunda parte del plan, es decir, en el cuadro de inversiones,
las que considero más destacables. Las he clasificado según
pertenezcan al órgano central o a cada uno de los cuarteles
generales. Dentro del órgano central, del Ministerio, y atendiendo a
la prioridad de la calidad de vida, destaco el programa de
actuaciones en infraestructuras en los acuartelamientos de la Guardia
Real. En la prioridad concentraciones de unidades, centros y
dependencias, destaco el traslado del polígono de experiencias de
Carabanchel a la fábricanacional de La Marañosa, así como la
concentración



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de los polígonos de experiencias Costilla y González Hontoria en el
llamado centro de ensayo de Torregorda, en San Fernando (Cádiz);
también, el traslado de las unidades actualmente ubicadas en el
edificio Telémaco -edificio de oficinas con un arrendamiento muy
alto-, así como el traslado del Archivo militar central al
acuartelamiento Infante don Juan, en el paseo Moret, y el plan de
establecimientos disciplinarios militares conjuntos de las Fuerzas
Armadas, así como el plan de concentración de centros docentes
dependientes de la Dirección General de Reclutamiento, que incluye la
creación de una Escuela central de idiomas. En la prioridad de
modernización, destaco como inversiones significativas las destinadas
al sistema de mando y control, al programa Santiago; los centros de
investigación y desarrollo dependientes de la Dirección General de
Armamento y la modernización de la estructura periférica del
Ministerio de Defensa. Finalmente, en los planes de medio ambiente
están previstas actividades relacionadas con el saneamiento y calidad
de las aguas, gestión de residuos, implantación de sistemas de
gestión medioambiental, etcétera.

En el Ejército de Tierra, destaco como proyectos en materia de
calidad de vida la nueva base de la Brigada Paracaidista de
Paracuellos, así como nuevas instalaciones, como la base de El
Empecinado, en Valladolid; como plan de concentración de centros, el
que afecta a las unidades de montaña en el acuartelamiento de San
Bernardo, en Jaca, a la concentración de las unidades de la zona
militar de Canarias en la base Alemán Ramírez, y a la concentración
en la base Alfonso XIII, en Melilla, de gran parte de los
acuartelamientos diseminados por la ciudad. Dentro del plan de
modernización, citaré la de las bases de Botoa, en Badajoz; Cerro
Muriano, en Córdoba; el Goloso, en Madrid; General Ricardos, en
Zaragoza, y Viator, en Almería, donde se encuentra la Legión.

La Armada quiere impulsar prioritariamente todas la estructuras de
alojamientos en bases, arsenales y acuartelamientos, teniendo en
cuenta las específicas características de la marinería, cuyos
servicios en gran parte los prestan en el mar, y en su plan de
calidad de vida da prioridad a los centros de enseñanza y formación y
a los acuartelamientos en bases y arsenales. Destaco el plan director
de la Brigada de Infantería de Marina, el anterior Tercio de la
Armada con sede en San Fernando; también, dentro del plan de
concentración, el traslado del parque de automóviles de Madrid a las
instalaciones de la Armada en Manoteras y el traslado de la factoría
de subsistencias y taller de óptica, ambos en Cartagena, a las
instalaciones que la Armada posee en la Algameca. Dentro del plan de
modernización, destaco las nuevas unidades de fuerza naval, con
especial relevancia en las fragatas F-100 y cazaminas clase Segura,
que obliga a invertir en las instalaciones de apoyo pertinentes, y un
plan de muelles en Cartagena, para remodelar las fosas de atraque de
submarinos.

Finalmente, en el Ejército del Aire, destaco los proyectos de
alojamientos, como en todos los cuarteles generales, de la tropa
profesional, el traslado de La Maestranza aérea de Sevilla, en la
zona militar del aeropuerto de San Pablo, el programa Simca -sistemas
de mando y control aéreo-, consistente en la nueva construcción o
reforma de los escuadrones de vigilancia aérea, los famosos EVA, y
asimismo la modernización de las bases aéreas más importantes,
fundamentalmente Torrejón, Zaragoza y Morón, y la modernización de
los centros de formación.

Como SS.SS. pueden comprobar, solamente esta pequeña cita -es pequeña
en relación con la cuantía, aunque no por su calidad- pudiera llevar
a la comprensión de lo que es el Plan director de infraestructuras en
cuanto a la parte de inventario de obras, proyectos y programas a
realizar.

Quiere decirse con ello que de aquí a 2005 sabemos lo que tenemos que
hacer y el plan director incorpora lo que tenemos que hacer, pero,
¿cómo ejecutamos este plan director? Les dije que, en el último punto
de mi exposición, quería hablarles de lo que es el plan anual de
infraestructuras. El plan director, que abarca varios ejercicios, se
descompone en dos tipos de documentos, el primero de los cuales es el
plan anual de infraestructuras recomendado. Ello quiere decir que en
agosto de cada año, tanto el Estado Mayor de la Defensa, como los
centros del departamento ministerial, como los cuarteles generales
remiten a la Dirección General de Infraestructuras los proyectos de
obras o inversiones que deseen hacer transcurridos dos años. Una vez
que se analizan estas propuestas y se estudia su viabilidad económica
o su concordancia con las prioridades del plan director, se autoriza
un documento que tiene carácter provisional y que sirve para elaborar
lo que es el plan anual en sentido estricto, de manera que durante
este tiempo permite la elaboración de los proyectos, el estudio de
viabilidad económica, el cumplimiento de los requisitos municipales
en materia de licencias, etcétera. Este documento permite, por tanto,
que anualmente exista un plan de obras o de infraestructuras,
desarrollo del plan director, de manera que en el año 2001, por
ejemplo, sabemos exactamente cuáles son las obras que estamos
ejecutando, que vamos a ejecutar y que han pasado por el tamiz de la
aplicación de los criterios de selección del plan director y por el
plan anual de infraestructuras recomendado. De esta manera y habida
cuenta de que la tramitación no siempre es fácil por la lógica y
legítima aspiración de cada cuartel general de aportar el máximo
número de obras posibles y de realizar actividades dentro de sus
instalaciones, tenemos que hacer una importante tarea de selección,
porque es material y financieramente imposible abordar todas las
propuestas que se nos hacen.

Con ello, señor presidente, considero expuesto, en sus líneas más
generales, el Plan director de infraestructuras y paso, con su
permiso, al segundo contenido



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de la comparecencia, que se refiere a la política a seguir por la
Gerencia de Infraestructura, con los resultados obtenidos y especial
referencia a Galicia. En esta segunda parte, quiero abordar las
siguientes cuestiones. En primer lugar, estableceré la conexión entre
la actuación de la Gerencia y la política de infraestructuras, que
prácticamente se puede deducir de cuanto dije anteriormente en
relación con la conexión de la política de infraestructuras y la
política de defensa en sentido amplio; en segundo lugar, me referiré
a las características del patrimonio de defensa en conexión con lo
que es la actuación de la Gerencia; en tercer lugar, a cómo actúa la
Gerencia, cuál es su régimen legal, sus funciones y los principios de
actuación; en cuarto lugar, informaré de cuáles han sido los
resultados económicos obtenidos hasta este momento; en quinto lugar,
citaré cuáles han sido los convenios más importantes que la Gerencia
ha suscrito y, finalmente, haré la referencia anunciada a Galicia.

Vuelvo a insistir en la idea expuesta al principio de que una cosa es
la política de infraestructuras del Ministerio de Defensa y otra la
política de realización de operaciones; una cosa es la política de
gestión y otra la política de ejecución. A la Gerencia le
corresponde, precisamente, introducir en el mercado aquellos
inmuebles que han sido declarados de no interés para la defensa y
aporta con ello unos ingresos complementarios a los previstos en los
Presupuestos Generales del Estado. Estos recursos van a ir destinados
principalmente a armamento y material y, en segundo lugar, a
infraestructuras. La actuación de la Gerencia tiene también una
conexión estrecha con la Directiva 1/2000, de defensa nacional, en
cuanto que forma parte de la política de racionalización de la
defensa.

Las características fundamentales de ese patrimonio tan inmenso al
que antes me he referido se pueden sintetizar en los siguientes
elementos. La mayor parte de nuestro suelo inmueble es suelo rústico
-casi un 93 por ciento-; por tanto estamos enfrentados a numerosas
propiedades de escaso valor inmobiliario. Esta es la regla general
predominante. Sin embargo, es cierto que en algunos casos existen
inmuebles de un alto valor urbanístico, por haber quedado en el
centro de las ciudades acuartelamientos que se construyeron en las
afueras, como consecuencia de la expansión urbanística de gran número
de ciudades en España. Otra característica de este patrimonio es su
enorme dispersión geográfica, de manera que estamos en condiciones de
sufrir la presión si no de todos los alcaldes de España sí de gran
parte de ellos en relación con las instalaciones existentes en su
término municipal. Por último, hay una característica no física sino
jurídica, que deriva del título de propiedad al que antes me he
referido. Muchas veces son bienes afectados del Patrimonio del
Estado, que si se declaran innecesarios para la defensa, deben volver
a dicha entidad. En otras ocasiones son bienes resultantes de
expropiación forzosa, por lo que si se
declaran innecesarios para la defensa, el propietario expropiado está
legitimado para ejercitar el derecho de reversión. En muchos caso,
debido a la antigüedad de las propiedades, su titulación jurídica y
su saneamiento jurídico y registral es costoso, porque ha de
procederse a matriculaciones iniciales. En fin, que cada una de las
operaciones que lleva a cabo la Gerencia no son siempre fáciles,
porque debe enfrentarse a criterios tanto de tipo político como
jurídico.

Dije antes que la Gerencia se regulaba por disposiciones contenidas
en la Ley de Patrimonio del Estado, que se le aplica con carácter
subsidiario, pero especialmente debe su régimen actual a la Ley 50/
1998, la ley que acompañaba a la de presupuestos para el siguiente
ejercicio, que en su artículo 71 otorga la actual configuración de la
Gerencia. Es un organismo autónomo, con un régimen de autonomía,
cuyos ingresos están afectados directamente a los fines de la
defensa; por tanto no se ingresan en los Presupuestos Generales del
Estado para fines generales, sino que son ingresos afectados. La
Gerencia debe hacer una importante gestión urbanística y enfrentarse
con mucha frecuencia a planes de ordenación y lleva fundamentalmente
a cabo un proceso importante de enajenación. Sin embargo y a pesar de
todo lo que he dicho hasta ahora, esto no supone un régimen
excepcional en cuanto a los regímenes de los inmuebles de Patrimonio
del Estado. Como he dicho, la Ley de Patrimonio del Estado se aplica
a la actividad de la Gerencia y los procedimientos de enajenación
regulados en la Ley de Patrimonio del Estado, tanto la subasta como
la adjudicación directa, son los aplicables a la Gerencia de
Infraestructura. La Gerencia cumple así unas funciones de enajenación
de bienes muebles e inmuebles, de adquisición de infraestructuras
o de armamento y material, de desarrollo de las directrices de la
política de Defensa en materia de patrimonio y cumple también
funciones relacionadas con la modificación de planes urbanísticos
cuando sea adecuado y conveniente a los fines e intereses no
solamente de la Gerencia sino también de la propia entidad local
interesada.

Permítanme, señorías, que les haga una descripción muy somera de lo
que tiene que hacer la Gerencia para proceder al cumplimiento de
estas funciones, dado que es lo más conocido y lo que está con más
frecuencia en los medios. En primer lugar, un determinado cuartel
general tiene que declarar que un determinado bien es innecesario a
los fines de la defensa, cuestión esta que se dice con mucha rapidez,
pero que obliga a todo un proceso de examen y análisis dentro del
respectivo cuartel general para ver si efectivamente ese bien
inmueble es o no necesario a los fines de la defensa. Una vez
declarado innecesario, el bien en cuestión debe ponerse a disposición
de la Dirección General de Patrimonio del Estado, por si algún otro
organismo público pudiera pretenderlo o pudiese necesitarlo. Caso de
que no sea así, se procede a la desafectación del bien



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a los fines de la defensa y a su correspondiente adscripción a la
Gerencia de Infraestructura. La Gerencia, con los bienes que le son
adscritos, inicia el proceso de depuración jurídica: examina si está
inscrito; examina si los lindes corresponden con la descripción;
examina la naturaleza jurídica de los anteriores propietarios, si
existen o no existen expropiados con posible derecho de reversión,
etcétera. Una vez depurado todo esto, la Gerencia pone en venta el
bien de que se trate, a subasta o negocia con una entidad
territorial, que puede ser desde comunidad autónoma hasta
ayuntamientos o provincias. Por tanto, los instrumentos que la
Gerencia utiliza son tres fundamentalmente: la subasta, la venta
directa en los casos previstos en la legislación de Patrimonio del
Estado o el convenio.

Quiero llamar la atención de SS.SS. sobre la importancia de los
convenios, que son el instrumento que estamos utilizando para poder
coordinar los intereses del Ministerio de Defensa con los de las
entidades territoriales afectadas. Sus señorías no desconocen que
existen muchas peticiones de adscripción de cesión de bienes
inmuebles a favor de determinados entes públicos para el cumplimiento
de fines de interés general. El convenio es el medio que nos permite
poder satisfacer o al menos coordinar esos intereses específicos,
porque el convenio intenta incluir dentro del mismo no un bien
concreto sino el conjunto de bienes que puedan radicar en un
determinado municipio, de manera que siendo conscientes como somos de
las dificultades financieras que no solamente afectan a Defensa sino
a muchas entidades públicas, habrá operaciones donde lo que proceda
será una pura y simple cesión gratuita, pero habrá otras operaciones
en que Defensa pueda resarcirse de esta gratuidad de forma que al
término de ejecución del convenio exista un equilibrio de
prestaciones y contraprestaciones entre las partes firmantes. Repito,
creo que el convenio es el instrumento más adecuado para poder
coordinar estos intereses como procede en el Ministerio de Defensa.

La Gerencia en su actuación en este ámbito se rige por estos tres
principios. El primero es el de prioridad de los intereses de la
defensa. Cuando una instalación o un bien siguen siendo necesarios a
los intereses de la defensa, lo sentimos mucho, pero sobre ese bien
no se puede negociar. En segundo lugar, acabo de decirlo, coordinar
los intereses de Defensa con los intereses de la entidad territorial
que desee la adscripción o cesión del reiterado bien. En tercer
lugar, el intento de lograr a través del convenio un equilibrio
financiero, de manera que no podamos ceder gratuitamente nada sin
compensación, porque crearía un precedente que limitaría y
dificultaría la continuidad de la política a través de la Gerencia de
Infraestructura.

Antes de mencionarles los convenios más importantes que hemos
firmado, cuya gran variedad y riqueza de contenido pueden comprender,
permítanme, en cuarto lugar, hablarles de los recursos que hemos
obtenido a través de la Gerencia. En el período de 1996 a
2000 han sido 86.393 millones de pesetas; de ellos, 20.097 por
convenios, 55.388 por subastas y 10.907 por venta directa. Por tanto,
en este período tenemos una media de ingresos de 17.278 millones de
pesetas. En 1996-2000 se han firmado más de 80 convenios y los más
importantes, según mi criterio, que es perfectamente discutible, son
los siguientes: con la Xunta de Galicia, sobre el hospital militar de
La Coruña; con la Mancomunidad de municipios del área metropolitana
de Barcelona; con el Ayuntamiento de Murcia, sobre el cuartel de
Jaime I; con la Junta de Castilla y León, sobre el hospital militar
de Valladolid; con la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en relación
con la zona militar de la Isleta; con el Ayuntamiento de Alicante,
sobre el cuartel de Benalúa; con el Ayuntamiento de Lérida, sobre la
meseta Gardeny; con la Comunidad Autónoma de Canarias, sobre el
hospital militar de Tenerife; con el organismo autónomo Parques
Nacionales, sobre el parque nacional de Cabañeros; con el
Ayuntamiento de Alcoy, sobre el cuartel del mismo nombre; con el
Ayuntamiento de San Roque, sobre el acuartelamiento Diego Salinas;
con la Generalidad de Cataluña, sobre el acuartelamiento Lepanto y
con el Consorcio de Tablada, sociedad anónima, sobre terreros de la
base aérea de Sevilla. Desde que ocupo mis actuales responsabilidades
he firmado convenios con el Ayuntamiento de Córdoba, donde se
incluyen todas las instalaciones existentes en la ciudad para lograr
los fines de equilibrio financiero y patrimonial a que antes me
refería, con el Ayuntamiento de Toledo, con la ciudad autónoma de
Melilla el 12 de octubre del año pasado y con el Ayuntamiento de
Zaragoza recientemente. Tenemos previsto en el año 2001 firmar
convenios con los Ayuntamientos de Cádiz, San Fernando, Ferrol, Vigo,
Ceuta y Salamanca, entre otros.

Paso finalmente a referirme a la especial incidencia de la actuación
de la Gerencia en Galicia, dado que forma parte de la petición de
comparecencia. Durante los ejercicios de 1996 al año 2000 hemos
firmado convenios con el Ayuntamiento de La Coruña sobre la batería
de costa B-8, con la Xunta de Galicia, como he mencionado antes,
sobre el hospital militar de La Coruña, dos convenios con el
Ayuntamiento de Orense 1997-1998, otro con la Xunta de Galicia sobre
la Ayudantía de Marina de Marín, con el Ayuntamiento de La Coruña
para el desarrollo del plan especial de reforma interior de 'La
Maestranza', con el Ayuntamiento de La Coruña en 1999 sobre cesión de
inmuebles, con el Ayuntamiento de Sada relativo a la antigua
Ayudantía militar de Marina y solar colindante, con el Ayuntamiento
de Vigo sobre los cuarteles Barreiro y batería de La Guía y con el
Ayuntamiento de Marín en relación con una parcela. Los ingresos
obtenidos por la firma de estos convenios con Galicia en general,
tanto comunidad autónoma como ayuntamientos, han sido 2.015 millones
de pesetas, lo que supone un 10 por ciento sobre los 20.000 que hemos
obtenido en convenios en



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el resto del territorio nacional. Puedo especificar que se han
realizado en este período 1996-2000 subastas adjudicadas en la
Comunidad de Galicia que afectaban en el municipio de La Coruña a una
parcela del polígono de Los Rosales, en el municipio del Ferrol a la
antigua sede del destacamento de la compañía obra regional, también
en el Ferrol a la Jefatura de intendencia o almacén local de
intendencia, en el municipio de Oleiros, en La Coruña, a Punta de
Seijoblanco en San Julián de Serantes, en Lugo a la residencia de
oficiales, en Ferrol al cuartelillo del grupo táctico o cuartelillo
de Cobac y al Gobierno militar, y en La Coruña los terrenos del
acuartelamiento de San Amaro recalificados para enajenar. El importe
de estas subastas ha sido de 2.556 millones de pesetas, que
representa el 4,5 por ciento de los 55.000 millones en el resto del
territorio nacional. Y finalmente como venta directa en el período
1996-2000, puedo citar dos ventas de parcelas en La Coruña, en el
municipio de Puebla de Caramiñal en La Coruña, y en Lugo la granja de
Garabelos; en total, 392 millones de pesetas. En el resto del
territorio nacional han sido 10.907 los millones obtenidos por ventas
directas en este período. ¿Qué haremos de aquí en adelante en
relación con Galicia? Tenemos negociando con el Ayuntamiento de
Pontevedra un convenio que afecta al cuartel de Campolongo en
Pontevedra, un convenio relativo a una parcela de la escuela de
transmisiones y guerra electrónica de la Armada en Vigo y una parcela
del aparcamiento del antiguo hospital militar de Vigo. Con el
Ayuntamiento de Lugo estamos negociando un convenio sobre una parcela
del polvorín de Las Gándaras de Piñeiro, de una extensión de 100.000
metros cuadrados, así como la propiedad denominada cuartel de San
Fernando. Con el Ayuntamiento del Ferrol tenemos en negociación un
convenio muy importante por el número de propiedades a que afecta, la
parcela La Casilla, un ex polígono de tiro en Catabois, la estación
torpedoista de la Armada, campamento de Cobas, panteón militar,
baterías de costa y antiaéreas, cuartelillo de marinería, etcétera.

Esperamos que este convenio con el Ferrol pueda ser firmado en muy
breves fechas o semanas. Hay también otros convenios en tramitación,
otras enajenaciones, como en la provincia de Lugo, el campamento de
San Cibrao, en el municipio de Bayona de Pontevedra una batería de
costa, y en el municipio de Pontevedra el antiguo parque y talleres
de automóviles del ejército en Poio.

Esta es, señor presidente, la información que he querido transmitir a
la Comisión y me someto ahora gustoso a cuantas consideraciones
quieran hacerme.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su excelente disposición y su
completa información.

Corresponde el turno a los portavoces de los grupos peticionarios de
la comparecencia. En primer lugar, el representante del Grupo
Socialista, don Jordi Marsal, tiene la palabra.

El señor MARSAL MUNTALÁ: Muchas gracias, señor secretario de Estado,
por su extensa, profunda y bien fundamentada información.

Poco tiempo después de nombrarse el nuevo Gobierno, hará ahora
aproximadamente unos ocho o nueve meses, este grupo pidió la
comparecencia del ministro o del secretario de Estado sobre tres
planes directores que tenían gran importancia y que estaban en
diverso estado de desarrollo, alguno estaba aprobado y otros estaban
en trámite. Se realizó de forma inmediata la comparecencia sobre el
Plan director de I+D y sobre el Plan director de armamento y
material. En aquel momento se nos pidió, dado que el Plan director de
infraestructuras aún estaba en un estado embrionario (tal vez
embrionario sería excesivo, digamos que no estaba totalmente
culminado), retrasar esta comparecencia hasta que se pudiese dar
información más fundada. Por nuestra parte no hubo inconveniente,
aunque hay que decir que en abril del año 2000 en la Revista de
Defensa salía una información bastante extensa sobre el Plan director
de infraestructuras en la que constaban muchos de los elementos tanto
generales como concretos a los que usted se ha referido hoy aquí.

Hoy nos ha expuesto usted este plan, que no es el primer plan
director sino que tiene unos antecedentes y trabajos diversos.

Recuerdo el estudio que se encargó cuatro años antes con el ministro
Serra a una consultora externa para hacer una valoración del
patrimonio de Defensa y las posibles formas de gestión para obtener
el máximo de ingresos de la parte que estaba desafectada o que
pudiera desafectarse en el futuro. La verdad es que de este extenso
estudio que tuvo su coste se han aprovechado algunas ideas, pero
tengo la impresión de que fue un estudio interesante pero al final ha
sido más académico que de efectos prácticos, y que, aunque tenía
algunos elementos de interés, también tenía elementos discutibles con
los que nosotros no estábamos de acuerdo, y aquellos elementos en los
que estaba menos de acuerdo el Ministerio no los tomó en cuenta, ni
los llevó a la práctica, lo cual permite en este momento un mayor
grado de acuerdo y consenso tanto en los aspectos generales del plan
director como en los aspectos de gestión de la Gerencia de
Infraestructura. Usted nos ha dado unas líneas generales de sentido
común que compartimos. Ha dado ejemplos concretos en los que es
difícil entrar porque requerirían un estudio, y no es mi intención
hacerlo, pero probablemente en el futuro usted tendrá ocasión de
responder en otras comparecencias a preguntas sobre algunos aspectos
concretos del desarrollo de este Plan director de infraestructuras.

Nosotros en esta ocasión lo que querríamos es compartir con usted
algunas reflexiones, ver hasta qué punto coinciden con las nuestras y
qué soluciones van a dar a algunos problemas que vemos. Ha empezado
la comparecencia con un largo resumen de todas las propiedades de
Defensa, que son muchas, como ya sabíamos, a pesar de que se han ido
vendiendo



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algunas. Somos conscientes de que los proyectos de modernización y
profesionalización de las Fuerzas Armadas significan un proceso
necesario para concentrar e invertir en la mejora y modernización de
los lugares que se mantienen, en los que hay una concentración, lo
cual comporta el cierre de muchas de estas instalaciones porque no
tienen interés para la defensa. No es una situación única de la
defensa española, en general es de todos los países. En la
introducción a los presupuestos de defensa para el año 2002 de
Estados Unidos se dice que sobra un 23 por ciento de las
instalaciones que actualmente tienen, por lo que se ha realizado un
proceso de cierre de las mismas mucho más elevado que el que se ha
realizado en España. Por tanto, este es un proceso que compartimos
todos los ejércitos, no únicamente los occidentales sino en general
en todos los países, y en algunos en un grado más elevado, lo que
crea una serie de problemas que aún son más graves que en el nuestro.


En Gran Bretaña el cierre de algunas instalaciones, teniendo en
cuenta el sistema inglés de vinculación del regimiento a un
territorio, comporta elementos todavía más traumáticos sentimental y
económicamente que en nuestro país. Es cierto que en nuestro país la
puesta en marcha del plan Norte ha supuesto ya una serie de problemas
de estas características y que el proceso de profesionalización y
todo lo que usted nos ha anunciado va a significar el cierre de más
instalaciones, lo cual en algunos lugares va a crear una situación
contradictoria porque en las autoridades locales hay una apetencia
legítima y lógica de alguna de estas instalaciones, pero al mismo
tiempo también hay un dolor -llamémosle así- por la desaparición de
instalaciones que en algunos casos llevan muchos años y están
arraigadas en la población del lugar.

Nos parece que en este momento sería importante que desaparecieran
las dudas. Lo peor que puede pasar en este proceso es que haya dudas
sobre el futuro de las instalaciones, si van a permanecer o no, y que
las informaciones sean contradictorias. Sé que en algunos casos va a
ser difícil incluso pronunciarse sobre si va a desaparecer una
instalación o no, pero creo que sería bueno que en el 99 por ciento
de los casos en las zonas afectadas se supiera cuál es el futuro y
también la previsión de tiempo, si va a ser en un año, en dos, en
tres o a más largo plazo. Pondré un ejemplo de estos días que ha
aparecido en alguna de las cadenas de televisión con motivo de la
jura de bandera. El Cimov número 1 de Cáceres es una instalación que
tiene fuerte arraigo, es la única que queda en la provincia de
Cáceres y sobre ella se están dando informaciones contradictorias. El
alcalde de la ciudad, de su grupo político, ha dicho que espera que
no se cierre pero que tal vez se cierre; informaciones lógicas por
parte de un alcalde pero que siembran cierta confusión. La Junta y
nuestros representantes en el ayuntamiento también tienen dudas y
están a la expectativa de lo que pueda suceder. Por eso le pregunto
si va a cerrarse o no. En general los centros
de características similares a los Cimov, que con el nuevo sistema de
reclutamiento y la total profesionalización van a dejar de tener el
sentido que tenían hasta ahora puesto que la formación va a
realizarse en academias, en principio tendría una cierta lógica que
no fuesen de interés para la defensa y que se cerraran; es una lógica
que el Ministerio de Defensa puede y debe poner sobre la mesa, pero
creo que no tendría que haber informaciones contradictorias para
evitar estas situaciones. En algunos casos seguramente no es lo más
político, sino que puede ser lo más problemático, pero creo que
tenemos la obligación, ustedes Gobierno y nosotros oposición, de no
aumentar la confusión y de dar informaciones ciertas.

Hay una serie de aspectos del Plan director de infraestructuras que
han ido surgiendo, a alguno de los cuales ha hecho usted referencia,
que tienen gran importancia por sus dimensiones. Pienso, por ejemplo,
en el plan Campamento en Madrid, en el que no voy a entrar, pues
posteriormente tendremos que hablar de él porque tiene gran
importancia para Defensa, tanto desde el punto de vista de proyecto
de pentágono como desde el punto de vista de la Comunidad Autónoma y
del Ayuntamiento de Madrid. O el tema relativo a los centros
hospitalarios del que, de acuerdo con el plan de racionalización que
presentó el subsecretario en esta Comisión y sobre el que hemos
tenido ocasión de hablar, nos gustaría que dejase constancia, como
también hizo el subsecretario, de que los ingresos que se puedan
obtener por la enajenación de los que ya no sean de interés para la
red hospitalaria militar, sean los que sean, afecten estrictamente a
finalidades de infraestructura sanitaria, a mejora de los otros
hospitales que sigan existiendo dentro de la red sanitaria, algunos
de los cuales van a necesitar inversiones muy importantes. Se ha
referido también a los bienes de interés cultural y ha señalado que
hay 43. Aparte de estos existen otros bienes de importancia cultural
que en algunos casos pueden tener alguna catalogación local o
autonómica, que tienen el problema importante de su mantenimiento
mientras se decide qué pasa con ellos, si se llega a un acuerdo con
el ente local o autonómico para la venta de estos bienes culturales.

En Galicia, Cartagena, Cádiz y muchas otras zonas -he citado algunas
de las más afectadas- hay instalaciones que están sufriendo un
deterioro importante. Querría preguntarle si en la distribución de
los recursos económicos de este plan director existe una cantidad
específica dedicada al mantenimiento de estas instalaciones que
tienen un valor cultural, sean de interés cultural general o tengan
un interés cultural local aunque no estén clasificadas como tales.

No sé si puede responder a esta pregunta pero creo que tengo la
obligación de hacérsela. De todas estas instalaciones que ha citado,
en términos generales, cuántas van a cerrarse y cuántas van a
venderse. ¿Se ha estudiado? De la misma manera que antes decía que
los



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americanos han calculado que sobra un 23 por ciento de las
instalaciones existentes, ¿en nuestro caso han calculado qué tanto
por ciento no van a ser de interés para la defensa?
Paso al tema de la Gerencia de Infraestructura, que en un primer
momento nació con la finalidad de obtener, a través de una gestión
más ágil, unos recursos enfocados a la adquisición o mejora de
infraestructuras existentes. Posteriormente se añadió otro objetivo,
como ustedes han señalado, que era la adquisición de material y
armamento, dadas las dificultades de obtener suficientes recursos de
los Presupuestos Generales del Estado para llevar a término todos los
programas de armamento previsibles. Permítame que haga un paréntesis.


Ni con todo el dinero que podamos obtener a través de la Gerencia de
Infraestructura ni con el que podamos conseguir a través del Invifas
vamos a tener suficiente, dadas las cantidades astronómicas que
durante estos días han aparecido en la prensa y que corresponden a
programas necesarios. La verdad es que hay muchos programas que no se
reflejan en la información escrita, algunos muy antiguos, que también
van a necesitar recursos, por ejemplo la segunda y la tercera serie
de los Pizarro, que necesitan unas cantidades de dinero que no vamos
a obtener porque ¿de dónde vamos a sacarlo? Se trata de un debate que
en su momento se hará, pero quería aprovechar la ocasión para hacer
este paréntesis.

Conocemos las ventajas pero también las dificultades de la gestión
diaria de la Gerencia, una forma de gestión que no conlleva la
suficiente agilización. Le voy a poner un ejemplo. La Gerencia, dos
municipios y la comunidad autónoma correspondiente estuvieron
negociando el precio de unos terrenos de difícil valoración.

Lógicamente, las cantidades de salida estaban un tanto lejanas,
aunque no excesivamente. La Gerencia de Infraestructura pedía 1.600
millones y la parte compradora ofrecía 1.150 millones. Pues bien,
después de haberse celebrado muchas reuniones, puesto que se trata de
un asunto que viene de hace muchos años, se llegó a un acuerdo según
el cuál los adquirentes tratarían de mejorar la cantidad de 1.150
millones para acercarse a los 1.600. Hicieron una oferta de 1.300
millones, cantidad que iban a pagar al contado, y según me han
informado la Gerencia de Infraestructura dijo que no, que habían
calculado mal y pedían 2.600 millones en lugar de 1.600. No sé qué
motivos o qué infrahistoria habrá. Situaciones como ésta pueden tener
alguna base, pero seguramente no son buenas para nadie, ni para la
imagen de la Gerencia de Infraestructura ni para aquellos adquirentes
que están dispuestos a hacer un esfuerzo económico y a ofrecer unas
cantidades que, sin ser totalmente satisfactorias para ninguna de las
partes, son mínimamente aceptables para ambas.

Acabo con otra reflexión relacionada con la Gerencia de
Infraestructura sobre el análisis de la liquidación de su presupuesto
del año 2000. Hay un elemento optimista
y otro preocupante. El optimista es que en el capítulo VI,
ingresos por enajenación de inversiones reales, la previsión era de
19.000 millones mientras que los derechos reconocidos están en torno
a 26.500 millones, como suele suceder últimamente en todos los
presupuestos, que la cantidad de los derechos reconocidos por la
enajenación de inversiones reales es superior a la prevista. En
cambio, en el capítulo VIII, ingresos por activos financieros, la
dotación inicial era de 12.363 millones modificable al alza a lo
largo del año en 1.176 más, con lo cual la dotación final previsible
era de 13.539 millones de pesetas mientras que los derechos
reconocidos suponen 6.500.000. Hablamos de una diferencia de 13.000
millones. Es algo sorprendente porque si a lo largo del año 2000
hubiese habido una modificación a la baja, en una primera visión
tendría una cierta comprensión, pero ¿qué es lo que está pasando? La
incidencia que esto tiene en el presupuesto general, es relativa
porque se ve compensada por la cifra que antes se ha citado, pero
¿qué pasa con estos 13.000 millones? Si esto sucede en el año 2000
puede volver a suceder en el año 2001, en que también hay una
cantidad parecida de ingresos del capítulo VIII. ¿Por qué ha sucedido
esto? ¿Tiene un carácter anecdótico que se va a subsanar a lo largo
del 2001 o estamos ante una situación estructural que va a afectar a
las previsiones de ingresos del capítulo VIII de la Gerencia de
Infraestructura para los próximos años? No estamos hablando de
cantidades pequeñas sino de cantidades importantes que tienen una
incidencia que puede notarse tanto en los gastos dedicados a
infraestructuras como en los programas de armamento.

Vuelvo a darle las gracias por toda la información que nos ha dado,
que ha sido extensa, y querría acabar con una petición. No sé si el
Plan director de infraestructuras tiene algún tipo de clasificación
que impida que pueda ser tramitado a esta Comisión para ser estudiado
más a fondo por todos los grupos. Si tiene algún tipo de
clasificación que lo impide, evidentemente no le pido que lo haga
llegar a la Presidencia de la Comisión, pero si no es el caso y no
hay ningún problema sí querría pedirle formalmente que haga llegar
este plan director a la Presidencia para que pueda ser estudiado con
detalle por todos los grupos.




El señor PRESIDENTE: A continuación, el señor Rodríguez Sánchez tiene
la palabra.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: En nombre del Bloque Nacionalista Galego
empiezo mi intervención hablando de la Gerencia de Infraestructura de
la Defensa y la afectación de su política en relación con Galicia y
de forma muy particular con el ayuntamiento que tiene una mayor
cantidad de bienes inmuebles desafectados y que no tienen interés
para la defensa delEstado español.




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Ferrol, y en general su comarca, es un caso paradigmático porque es
mucha la extensión tanto rústica como urbana de estos inmuebles y
porque es una ciudad que ha padecido un retroceso alarmante desde el
punto de vista de la presencia de Defensa en los últimos años. A esto
hay que añadir una relación de carácter fiscal de las actividades de
Defensa que no tiene parangón en el resto del Estado español.

Lógicamente, unas arcas municipales en esta situación están
especialmente diezmadas, por lo que teniendo en cuenta la dimensión
del problema son incapaces de hacer frente incluso a los bienes que
hasta ahora han sido desafectados. En todo caso, quería hacerle ver
al señor secretario de Estado que cuando dijo con ironía que no en
vano el señor ministro era de Cartagena, efectivamente, no en vano y
no de ahora; esto viene de muy atrás con la actitud y la posición
respecto a una ciudad como Ferrol. A mí me llama la atención que
Cartagena tenga 33 bienes de interés cultural. Usted dice que en
Galicia hay tres, y yo pregunto cuáles son. ¿El castillo de A Palma,
a la entrada de la ría de Ferrol, el monasterio de Montefaro de Santa
Catarina, el cuartel de Dolores, un edificio barroco sin parangón en
toda Cartagena y en Cádiz, el cuartel de Instrucción, un edificio
neoclásico impresionante que sería la admiración de cualquier
visitante, la herrería de San Campio, el dique de la Campana,
inusitado en todo el Estado español, y así sucesivamente? Me admira
que Ferrol, que es el conjunto patrimonial histórico-artístico y de
ingeniería más importante de las tres bases militares, tenga tres
bienes declarados de interés cultural. Por cierto, algunos de ellos
fueron declarados de interés cultural por la iniciativa del Bloque
Nacionalista Galego y la paliza que dio durante años. Efectivamente,
es una ciudad desprotegida y desamparada, por lo que se ve, y
recomiendo al señor secretario de Estado que observe todos los bienes
inmuebles que ahí allí porque se llevaría una gran sorpresa. Le diré
que visitantes, por ejemplo, de Estados de Latinoamérica, donde hay
patrimonios de la humanidad, se quedaron sorprendidos de que una
ciudad como ésa, con castillos mucho más impresionantes que el
castillo de entrada a La Habana, no figurara en ningún sitio ni
siquiera en los estudios que publica el Ministerio de Defensa;
sabrosas tesis doctorales pagadas con el dinero público lo ignoran
olímpicamente. Este fue uno de los motivos de desagrado y de
enfrentamiento en los últimos años de un sector muy importante de la
opinión pública ante la forma de actuar del Ministerio de Defensa
allí. En concreto, antes de que ustedes vendieran el castillo de San
Felipe por 160 millones de pesetas lo pusieron a pública subasta sin
que afortunadamente nadie lo comprara, pero sufrió un proceso de
expoliación y deterioro impresionante desde el año 1985. Cuando
ustedes lo abandonaron estaba en un determinado estado y ahora el
ayuntamiento lo ha comprado con todos los cañones robados, con las
garitas destruidas y, por supuesto, me imagino que con toda
la contribución documental en Madrid, como es ya tradicional en la
política del Estado español. Espero que esto no pase con el castillo
de A Palma, que ustedes también han abandonado. Si lo van a poner a
pública subasta lo menos que pueden hacer mientras tanto (que ya es
decir, bienes de semejante importancia puestos en el mercado
directamente no sé si es muy propio de la Ley de patrimonio del
Estado) es que no pase igual que con el castillo de San Felipe,
porque está claro que éste no lo va a poder comprar un ayuntamiento
de 7.000 habitantes como Mugardos; o el monasterio de Montefaro, que
después de mucha presión política -en la cual algo tuvimos que ver
nosotros- ustedes pasaron al Ayuntamiento de Ares, gobernado por el
Partido Popular, con la condición de 25 años de usufructo y todas las
inversiones por cuenta de un ayuntamiento de 7.000 habitantes, un
monasterio barroco impresionante que ha de ser devuelto cuando
ustedes quieran y sin compensación en caso de que haya inversiones
por parte de la Administración pública local. Esta forma de actuar no
creo que la tengan ustedes en ninguna parte del Estado español.

Por otra parte, hay muchos espacios de la zona de la que estoy
hablando que tienen una importancia paisajística o ecológica
fundamental; por ejemplo, todo lo que usted catalogó de suelo
rústico, no urbano, donde están las platerías de Prior y de Prioriño.


Por cierto que abandonaron el observatorio de Monteventoso y
prefirieron que se destruyese antes de cederlo gratuitamente -si
quiere vaya a observarlo y verá que está destruido-; un edificio que
no cuesta ni 25 millones de pesetas, menos posiblemente, prefirieron
destruirlo antes que hacer un convenio para cesión gratuita. Otro
tema que es muy importante allí y que será clave para los futuros
convenios que espero que vayan adelante y signifiquen un cambio
radical en el comportamiento del Ministerio de Defensa en la comarca
con las compensaciones lógicas es qué va a pasar con el cuartel
Sánchez Aguilera, nada menos que 11 hectáreas en territorio urbano.

¿Tienen planificado en ese Plan director de infraestructuras futuro
qué van a hacer con él? Hoy está infrautilizado; teóricamente es para
las funciones de un regimiento de artillería antiaérea pero en la
práctica no se usa, incluso la autoridad militar lo deja utilizar
para fines culturales con un teatro y un cine. Hay unos cuantos
edificios impresionantes y creo que una parte de él merecería ser
catalogado como prueba de la arquitectura franquista o fascista, que
hoy tiene una importancia artística interesante. ¿Qué va a pasar con
el campo de tiro de San Pablo, de 16.000 metros cuadrados en
Catabois, en zona también urbana, o con la factoría de subsistencia
de la Armada que está en pleno puerto. Ustedes tienen que comprender
que todo esto es demasiado para poder ser enfrentado en un convenio
donde las compensaciones sean solamente de una parte y no de otra. En
todo caso es muy alarmante esta situación porque está en franco
deterioro, incluso en territorio rural,



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en el que estaba instalado el polvorín de Mougá que debió ser
revertido a sus antiguos propietarios y solamente por desinformación
ya tradicional -no digo que ustedes actuaran mal pero sí hubo
desinformación de los vecinos- llegaron tarde a la posibilidad de que
fuese revertido, hoy está abandonado y espero que Defensa tenga una
actitud también lógica y de protección del medio ambiente en este
caso, y ya que no va a poder construir chalés por lo menos que lo
limpie y que cuando haya ese convenio general de todo Ferrol figure
también esta propiedad para disfrute de la ciudadanía.

Quiero hacerle unas preguntas de especial importancia y me
interesaría que usted me las respondiera. ¿Qué va a pasar con el
castillo de A Palma y con dos espacios urbanos de gran importancia,
uno como bien de interés cultural y el otro por su estructura en
medio de la ciudad y su gran extensión, con algunos edificios
simbólicos de la arquitectura fascista? Son los siguientes: el
cuartel de Dolores, que quisiera saber si ustedes lo van a dejar o no
de utilizar en el próximo Plan director de infraestructuras; el
cuartel Sánchez Aguilera, el castillo de A Palma y el campo de tiro
de San Pablo, que ya está prácticamente desafectado. De todas
maneras, esta posición crítica no obsta para que, como usted sabe,
haya una posición muy constructiva por parte del Ayuntamiento de
Ferrol de impulsar estos convenios que lleven esta situación tan
lamentable hacia un futuro positivo. Usted sabe que el ayuntamiento,
en la medida en que pudo, hizo un desembolso de 168 millones de
pesetas para poder acceder a la propiedad del castillo de San Felipe,
en estado calamitoso, después de tantos años de haber intentado
vender ustedes en pública subasta un bien de interés cultural tan
importante. Esperemos que este convenio se realice en el año 2001 con
beneficio para la comarca y también con legítimo beneficio para
Defensa. Otra pregunta es si la isla de Tambo, en la ría de
Pontevedra, la van ustedes a desafectar y va a servir para uso
público, teniendo en cuenta su situación privilegiada y su valor
ecológico, así como su importancia para el ecosistema.

Señor secretario de Estado, quiero hacerle una última pregunta.

Teniendo en cuenta que Ferrol, como es obvio, no está en la situación
de San Fernando ni de Cartagena, desde el punto de vista del interés
estratégico para la defensa, sino que es una base cada vez más
residual, ¿cómo le va a afectar el Plan director de infraestructuras
en relación con la operatividad de una parte de la Armada? ¿Se piensa
hacer algo en unos astilleros tan importantes o en el espacio del
arsenal de Ferrol para las fragatas F-100? ¿Será a un punto de
atraque de estas fragatas con cierta frecuencia? ¿Tendrá algún
interés el puerto desde el punto de vista de la operatividad de la
Armada?
Por último, quiero hacerle una sugerencia. Creo que usted mismo nota
cuando lee que hay un dislate en los textos derivado de la toponimia
de Galicia. No sé por que los nombres oficiales y legales no acaban
de
incrustarse en la Administración pública del Estado a nivel central.

Usted mismo ha tenido dificultades para leerlos. Quiero recordarle
que los nombres oficiales y legales de los municipios a los que se ha
referido, en la Administración autonómica, en la Administración
central del Estado y en la Administración local, revalidados por
leyes, son: Ferrol a secas, no El Ferrol; A Coruña, no La Coruña;
Ourense, no Orense; Pobra do Caramiñal, no Puebla de Caramiñal. Y
agradezco que haya citado a la Administración autonómica por su
nombre legal, como corresponde, que efectivamente es Xunta de
Galicia.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que van a fijar posición? Por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra don Luis
Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Vaya un saludo de cordial bienvenida al
señor secretario de Estado, agradeciéndole la amplia información que
nos ha facilitado en esta Comisión sobre el Plan director de
infraestructuras de la defensa, y lo ha hecho en un cumplimiento
estricto del control parlamentario. El señor secretario de Estado se
ha referido a lo que mi grupo y yo personalmente como portavoz del
mismo venimos haciendo, que es un seguimiento del presupuesto por
programas de inversiones, de los que el señor secretario de Estado ha
citado algunos, concretamente los que implican al organismo autónomo
de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa en los
programas 213.A y 214.A, en los que figuran estas dedicaciones.

Quiero señalarle, señor secretario de Estado, antes de entrar en
algunas preguntas muy concretas, que mi grupo celebra que se hayan
definido por parte de esa Secretaría de Estado del Ministerio de
Defensa unos criterios claros y transparentes para hacer frente a
estos problemas que surgen. Yo le diría más al secretario de Estado
-ya que hemos tenido experiencias conjuntas-, le diría que no se
trata sólo de que donde Defensa tenga un bien inventariable,
territorio o edificio, se pueda ver obligada a soportar la presión de
los alcaldes correspondientes, es que soportan ustedes la de los
alcaldes, la de los apoyos políticos, administrativos y de
autoridades e, incluso, la de parlamentarios, que en un sentido de
entendimiento de intereses generales de la defensa corresponde tanto
a autoridades de ámbito local o autonómico como a las
representaciones políticas legitimadas por nuestro sistema
democrático constitucional. Yo participo plenamente de estos
criterios de que se hagan las cosas y que, cuando tengan que
enajenarse los bienes, se enajenen, eso sí, con criterios de equidad,
de transparencia y según las prioridades que ha expuesto el señor
secretario de Estado; prioridades perfectamente objetivadas y
clarificadas, siempre poniendo la defensa como interés máximo, como
interés primero. Esto lo compartimos plenamente. Después, la
coordinación entre los distintos intereses



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de Defensa y las administraciones locales, con convenios para buscar
el equilibrio financiero entre todas las partes implicadas. Mi
recomendación ha sido siempre que cuando no rige ninguna de estas
prioridades y se entra libremente, en cualquiera de las vías
administrativas, en la puesta a disposición de los terrenos, se haga
por el sistema de subasta, por los órganos correspondientes, con
transparencia y de manera clara, porque esto siempre beneficiará a
los intereses comunes y legítimos y no habrá ninguna sombra de
sospecha ni cualquier otra cuestión que no pueda ser explicada en
cualquier comparecencia parlamentaria.

También quiero decirle, señor secretario de Estado, que mi grupo
apoya las líneas, los criterios de fondo del Plan director de
infraestructuras que discutimos aquí el pasado año en el presupuesto
por programas del Ministerio de Defensa, concretamente en lo que se
refiere a la Gerencia; estamos de acuerdo, en primer lugar, con los
criterios de atención al nuevo personal profesional. El señor
secretario de Estado ha dicho algo muy importante y que quiero
suscribir aquí: que no solamente se trata de dar unas condiciones de
máximo decoro al personal profesional (ya no estamos hablando de
tropa de remplazo, que por la masificación tenía un sistema de
habitabilidad, las denominadas compañías, que muchas veces eran
auténticos barracones; hemos tenido ocasión de ver cuál es el
material que se viene ofertando por las empresas privadas para
equipamiento del acuartelamiento: desde las raciones de comida hasta
los uniformes, taquillas para ropa o servicios de asistencia
interna), no se trata no solamente de atender a este personal
profesional, sino de retenerlo, que es el problema que tenemos con
tropa y marinería. Es muy importante, junto a las condiciones
económicas, de atención, de respeto a la condición de la persona
dentro del sistema de disciplina militar, el mantener el objetivo de
fuerza numérica de tropa y marinería. Tenemos dificultades para que
se incorporen todas las personas necesarias, hombres y mujeres; en
este ejército profesional hay necesidades cuantitativas y también
cualitativas, porque cuantos más se presenten a una plaza mejores
serán las posibilidades de selección y, por tanto, la cualificación
física y mental de estas personas. Cuantos más se presenten por
plaza, mayores posibilidades tendremos de selección. Por tanto,
atenderlos y retenerlos, lo que requiere una calidad de las
instalaciones.

Suscribimos y apoyamos también, señor secretario de Estado, una línea
de racionalización de las instalaciones, tanto en relación con el
Plan Norte como con cualquier otro. Esto también debe hacerse con una
gran transparencia -el señor secretario de Estado se ha referido a
una serie de instalaciones que es necesario reagrupar según los
nuevos objetivos de fuerzas-. Sólo haré la observación de que
tengamos siempre una sensación de consenso respecto a una serie de
instalaciones. Hay algunas decisiones de abandono de terrenos,
de acuartelamientos, etcétera, que han quedado obsoletos, que
son muy lógicas y necesarias; el Plan Norte conduce hacia esa
concentración de instalaciones, pero hay otras decisiones respecto a
las cuales se debe informar siempre previamente a esta Comisión, como
es el caso -y mi grupo hace la advertencia- de los hospitales
militares y, sobre todo, en relación con áreas estratégicas de
defensa como el archipiélago canario. El señor secretario de Estado
sabe la sensibilidad que tenemos en nuestro Archipiélago por la
presencia en el territorio de patrimonio del Ministerio de Defensa,
de instalaciones, terrenos y cuarteles. El señor secretario de Estado
ha tenido a bien referirse a dos casos concretos en Canarias, el del
ya cerrado hospital militar de Santa Cruz de Tenerife (por eso
nosotros pedimos el mantenimiento del hospital militar de Las Palmas
de Gran Canaria como hospital territorial y estratégico en el área
OTAN) y los terrenos de La Isleta. aunque se han firmado en este caso
convenios muy afortunados porque han permitido salvar una situación
que se podía haber agriado -vamos a emplear sólo esta expresión-
entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Ministerio
de Defensa. Señor secretario de Estado, creo que, por su forma de
referirse a ello, estamos en el recto camino del entendimiento para
compaginar los intereses, precisamente por vía de convenio, de una
ciudad estrechada y en expansión como Las Palmas y los amplios
terrenos militares de La Isleta. Yo creo que debe prevalecer siempre
el respeto mutuo, la inteligencia y el sentido común. En esa línea,
señor secretario de Estado, tendrá nuestro apoyo.

Qué voy a decirle de las líneas de disponibilidad presupuestaria. Mi
grupo ha apoyado siempre que la modernización del armamento sea
aplicada a todo el territorio nacional, teniendo en cuenta que hay
áreas estratégicas, como el archipiélago canario, que requieren un
armamento más de última hora para las unidades allí estacionadas,
desde la electrónica militar hasta la defensa antiaérea, así como la
mejora medioambiental, que siempre tiene una acogida muy favorable.

Respecto a la modernización de armamento, señor secretario de Estado,
la primera pregunta es si, para la compra del helicóptero de ataque,
las Fuerzas Armadas españolas han optado ya entre el modelo europeo y
el modelo norteamericano.

Señor secretario de Estado, en cuanto a otras cuestiones que pueden
relativizar el tema de los presupuestos, quisiéramos saber si hasta
ahora los programas 213.A y 214 se están ajustando a las dotaciones
que se aprobaron en los Presupuestos Generales del Estado. Algún
portavoz ha señalado aquí algunas cuestiones respecto a los ingresos
del capítulo VIII. Nosotros no lo hemos cuestionado porque hemos
entendido siempre, y con todos los gobiernos, que muchas veces hay
problemas a la hora de confeccionar el presupuesto por programas y
adjudicar cantidades, sobre todo cuandose habla del programa del
presupuesto de ingresos. Mi



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grupo es consciente, señor secretario de Estado, de que muchas veces
las cifras son asientos contables que están basados en un principio
de buena fe. Es decir, se hace una previsión de venta de terrenos
militares, por subasta, que muchas veces no se lleva a efecto, como
sabe usted, por una serie de problemas administrativos. El Ministerio
de Defensa se ha encontrado muchas veces con problemas que obedecen a
un recurso contencioso civil porque no se sabía cuál era el destino
prioritario por el cual una corporación local había cedido aquellos
terrenos al Ministerio. Esto viene de tan atrás, que hasta hay
escrituras de cesión al Ministerio de la Guerra, porque muchas se
hicieron en el tiempo de la República o del reinado de don Alfonso
XIII, y lo que existía entonces era el Ministerio de la Guerra,
después los ministerios de Marina, Aire y del Ejército de Tierra. El
señor secretario de Estado, con pleno respeto al derecho español,
como no podía ser menos, ha dicho que el propietario originario, en
el caso de que hubiera habido expropiación o cesión con unos fines
determinados, tendrá siempre el derecho de retracto o de recuperación
de la propiedad. No podía ser de otra manera viniendo de una persona
de su condición profesional en un Estado de derecho. Por tanto, estas
disparidades en asientos contables de ingresos y gastos obedecen en
muchas ocasiones a que había una previsión de un ingreso que luego no
se efectuaba por razones bien de titularidad, bien porque se valoraba
un bien y después la subasta quedaba desierta. Nosotros no tenemos
ninguna objeción.

En esta línea de apoyo y de diálogo informativo sobre estos temas,
que muchas veces nos demandan las corporaciones locales o los
propietarios a los diputados territoriales que nos ocupamos de estas
cuestiones, en esta línea de concordia y entendimiento e información
mutua y en la búsqueda del consenso y de las soluciones, mi grupo
apoyará siempre estos principios de prioridad y de conducta que ha
señalado el señor secretario de Estado.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra don Andrés Ayala.




El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor secretario de Estado,
no por una cuestión puramente formal o de cortesía, sino porque
realmente su intervención, en la que ha informado sobre los puntos de
estas dos comparecencias, nos ha facilitado ampliamente una serie de
datos concretos y claros.

En cuanto al Plan director de infraestructuras recientemente aprobado
por usted mismo, mi grupo quiere destacar un dato que se ha señalado
en su intervención con auténtica vocación de convertirlo en el
principio inspirador de dicho plan, y es que responda a las
necesidades de la profesionalización como uno de los retos que en
este momento tiene más ocupado al Ministerio de Defensa español. Una
profesionalización que, según
sus propias palabras, da coherencia y racionalización a este plan
director, que al fin y al cabo no deja de ser un plan director de
recursos para la programación a medio plazo y la previsión a largo
plazo -como ha sido también señalado por otros grupos que han hecho
uso de la palabra-, que trata de dar respuesta al objetivo de fuerza
conjunta del Plan estratégico conjunto. Coherencia que quiero
destacar en esta intervención -que pretendo que sea breve- por cuanto
responde al cumplimiento de la Directiva 1/2000, que en su punto
sexto, que se refiere a los objetivos, señala expresamente la
necesidad de la racionalización de las infraestructuras. Coherencia
que se incorpora de la misma manera en los cuatro objetivos generales
de este Plan director de infraestructuras, que usted ha destacado
aquí y yo he tenido ocasión de anotar, que son: En primer lugar, y
remarcando nuevamente la finalidad que informa todo el plan, la
mejora de la calidad de vida de la tropa y marinería profesional; en
segundo lugar, la concentración de unidades en un proceso de
racionalización de la utilización del patrimonio; en tercer lugar, la
modernización de las infraestructuras de apoyo, y en cuarto lugar,
las actuaciones en temas medioambientales y de recuperación del
patrimonio de Defensa, que evidentemente también marca una cuestión
de trascendencia en los tiempos actuales y que celebro que esté
dentro del punto de mira de las finalidades y objetivos de este plan
director.

Cabe destacar asimismo la flexibilidad de este plan director, no
solamente en cuanto a la adaptación que deberá de hacerse en cada
ejercicio presupuestario a los propios medios económicos que se le
faciliten, sino también en la vocación que debe tener de adaptarse a
las otras cuestiones especialmente señaladas en la Directiva 1/2000 y
que sin duda deberán influir en su análisis anual y su redacción, que
no podrá ser en ningún caso ajena a la revisión estratégica de la
defensa que aquí debemos señalar expresamente.

En cuanto a la financiación para llevar a cabo este Plan director de
infraestructuras, debo señalar no solamente la vía presupuestaria,
que se ha significado a través de los dos subprogramas contenidos
dentro de los programas 214.A y 213.A, sino también la afección de
los fondos de la Gerencia de Infraestructuras, a la que luego me
referiré, y la aplicación de los fondos que se obtengan por la
enajenación de viviendas del Invifas, debiendo significarse también
que van a ser destinados expresamente al primero de los objetivos, es
decir a la mejora de la calidad de vida de la tropa. Señor secretario
de Estado, debemos hacer expresa felicitación al Ministerio por esta
cuestión que permite, desde el principio, tener una vinculación clara
del destino presupuestario de unos fondos que también forman parte de
la política y la estrategia general de Defensa. La vinculación a esta
mejora de la calidad de la tropa va a incidir en el reto que tiene el
Ministerio y que estamos señalando de conseguir unas Fuerzas Armadas
profesionales



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y en coherencia con el resto de los países con los cuales, o bien
tenemos alianzas, o bien estamos globalizados dentro de la política
de seguridad y defensa.

No quisiera ocupar más esta intervención con el Plan director de
infraestructuras, por cuanto la intervención de los demás grupos
también ha sido coherente y de aprobación de las líneas generales y
básicas del mismo. Hay que destacar una de sus expresiones en cuanto
a la vocación de sostenibilidad. Hoy día no solamente se tiene que
hablar de desarrollo sostenible en los ámbitos medioambientales, sino
que hay que utilizar la terminología de la sostenibilidad en cuanto a
las infraestructuras de defensa, a su utilización, a la
racionalización de las mismas y, por qué no decirlo, en cuanto a una
vocación de utilización conjunta y de usos compartidos no solamente
con otras administraciones, sino incluso con la sociedad civil.

Por lo que se refiere a la comparecencia sobre la Gerencia de
Infraestructuras, en primer lugar, tal como usted ha dicho, no se
puede hablar de un Plan director de infraestructuras sin tener el
órgano adecuado para ejecutar las directrices que contenga dicho
plan. Por tanto, es totalmente oportuno unir estas dos cuestiones.

Con respecto a la Gerencia de Infraestructuras, quisiera destacar la
gran dificultad que supone para este organismo gestionar tal variedad
de suelo y las dificultades políticas y jurídicas de gestión que se
contienen no solamente por el origen, sino incluso por la situación
en la que muchos de estos inmuebles se encuentran. No podemos por
menos que apoyar los tres principios que usted ha destacado sobre la
política de la Gerencia, es decir, la prevalencia de los intereses de
defensa; la máxima colaboración entre el Ministerio de Defensa y el
resto de las administraciones públicas y que esa colaboración se
traduzca en unos convenios flexibles con las distintas
administraciones, fundamentalmente las municipales.

Señor secretario de Estado, me gustaría destacar que esos convenios
deben llevar a una función no solamente económica, sino también a una
función social. Es indudable -aquí se ha destacado en las
intervenciones de otros grupos- que la ubicación de determinados
bienes del Ministerio de Defensa en el seno de las poblaciones, la
consideración de un patrimonio local muy conectado con las distintas
sociedades civiles, implica tener una conciencia de su utilidad
económica y también el posible cumplimiento de una función social. En
el ámbito de esta doble misión que debe informar los convenios, sin
olvidar el principio básico de que deben prevalecer los intereses de
la defensa, puede incardinarse también la función de proponer
modificaciones de planes urbanísticos que puedan llevar a una
compensación de distinta naturaleza de la meramente económica para
los ayuntamientos. Yo creo que el marco de la nueva legislación del
suelo hace que los suelos rústicos que usted ha señalado que forman
parte del 93 por ciento del patrimonio de Defensa ya no
tengan tal consideración, ya no necesitan una clasificación especial
para su incorporación al proceso urbanístico. El suelo rústico
anterior ahora tiene la consideración de urbanizable, puesto que el
carácter es residual, ya que con la Ley 6/1998, a la que se están
adaptando todas las comunidades autónomas, los suelos expresamente
clasificados son el urbano, en sus distintas categorías, y el no
urbanizable, también en sus dos categorías, y el resto del suelo es
urbanizable. Entiendo que los convenios que puede obtener Defensa con
los distintos ayuntamientos, de acuerdo con las legislaciones
urbanísticas que se están desarrollando -precisamente hay más de seis
legislaciones a punto de ser aprobadas por comunidades autónomas-,
podrán dar lugar a mejores modificaciones en las condiciones
urbanísticas y van a permitir, como he dicho anteriormente, que
ayuntamientos, comunidades autónomas y el Ministerio de Defensa
obtengan mejores resultados, tanto para los fines propios de la
defensa como para la función que en la Directiva 1/2000 se ha
destacado expresamente, para que toda la sociedad pueda conocer mejor
la finalidad de la defensa y pueda incorporarse a los distintos
bienes patrimoniales que tiene, tanto en esa función estrictamente de
defensa como en esa función social.

Con relación a los datos que nos ha facilitado usted sobre Galicia,
que se enmarcan dentro de actuaciones similares en otras comunidades
autónomas, quiero destacar que no por ninguna referencia expresa,
sino también por mi condición de cartagenero, no son ocho sino tres
los bienes de interés cultural propiedad de Defensa, pero en
cualquier caso no es Defensa la que los califica como bien de interés
cultural, sino la Administración que tenga las competencias en
cultura, bien sea de la comunidad autónoma, bien sea del Estado. Por
tanto, es indudable que la voluntad del Ministerio de Defensa de
propiciar y consentir la consideración de bien de interés cultural
tiene que estar impulsada inicialmente por otras administraciones.

Sólo me resta, señor secretario, agradecerle la claridad de sus
datos. Como cualquier obra humana, creo que la política de la
Gerencia de Infraestructuras será mejorable, pero creo que los datos
que usted nos ha facilitado son suficientemente tranquilizados en
orden a cumplir las finalidades que tiene encomendadas.




El señor PRESIDENTE: A continuación, el señor Secretario de Estado va
a contestar. Quiero recordarles que como una comparecencia es un
debate informativo, no habrá réplica, como deben conocer las señoras
y señores diputados.

Puede empezar.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Díez Moreno): Quiero darles
las gracias con carácter general por el tono de sus intervenciones y
por las aportaciones que suponen para mi trabajo. Paso



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a contestar a las cuestiones planteadas, e intentaré hacerlo de la
manera más rápida posible.

Señor Marsal, tiene razón en que el Plan director de infraestructuras
estaba prácticamente preparado cuando en mayo del año pasado tomamos
posesión de nuestros cargos. Solamente obedece a la idea de que desde
el principio se quiso que esta legislatura comenzase con una nueva
Directiva de defensa nacional, la que se ha aprobado en diciembre, y
yo he querido supeditar al resultado y aprobación de esta directiva
la aprobación formal de los planes directores.

Es cierto que podíamos haber hecho la comparecencia igual que la
hicimos sobre el Plan director de armamento y material y de
investigación y desarrollo. No ha habido ninguna razón en el retraso
de la comparencia, salvo las puramente personales, porque el plan
prácticamente es el mismo que había, con la incorporación de lo que
ha supuesto la nueva Directiva de defensa nacional en la fijación de
los objetivos y de los criterios básicos de la defensa nacional.

El estudio de la etapa del ministro Serra creo que sirvió para dos
objetivos fundamentales: uno, inventariar el patrimonio de Defensa y,
otro, la nueva configuración de la Gerencia, que pasó a ser Gerencia
de infraestructuras y equipamiento. Por tanto, esa nueva
configuración que le dio la Ley de medidas aprobada en 1998 para 1999
es el resultado del estudio del ministro Serra. Sé también que se
plantearon alternativas al patrimonio de Defensa. Aquí caben dos
posibilidades: una, como hay experiencias en otros países,
especialmente en el Reino Unido, tomar el patrimonio como un conjunto
y privatizar en conjunto el patrimonio; o, por el contrario, ir paso
a paso, como estamos haciendo nosotros. En aquel momento tal vez
nuestras experiencias de privatización no eran tantas como para
abordar la privatización de un patrimonio tan complejo jurídica como
social y económicamente. Por tanto, esa idea se abandonó y se ha
seguido la que estamos aplicando en este momento.

Tiene también razón en que hay una gran contradicción en el cierre de
instalaciones, porque algunos municipios protestan de tener
instalaciones militares en su término municipal e incluso algunos han
llegado a plantear la conveniencia de una cierta compensación por las
molestias, por las situaciones negativas que pueda plantear la
permanencia de instalaciones militares; pero en el momento que se
anuncia que esa instalación se cierra o se traslada, la posición es
la contraria: que no se marchen, que se mantengan. Efectivamente, es
una situación contradictoria. Creo que, desde todos los puntos de
vista, es beneficiosa la existencia de instalaciones, pero los
objetivos de la política de defensa actual nos obligan, no sin cierto
dolor en muchos casos y sin ciertas dificultades, a tener que
proceder a un proceso de racionalización y, en consecuencia, de
reducción.

También coincido con S.S. en que hay que despejar las dudas lo más
pronto posible, esencia de la seguridad jurídica, hay que saber a qué
atenerse. Yo comprendo que en un proceso como el que estamos viviendo
de reducción y de reestructuración surgen dudas que no es difícil, a
veces, aclarar tan rápido como se desea. Tenga en cuenta que la
revisión estratégica que está en marcha va a configurar la política
de Defensa para los próximos años y de esa configuración van a
deducirse también las necesidades y los objetivos de fuerza conjunta.


Y de esos objetivos se derivan a su vez las necesidades de
infraestructuras. Por tanto, es un proceso lento, largo, e incluso
lento y largo una vez que se sabe que se va a abandonar una
instalación como tal. De todas formas, quiero decir a S.S., en el
caso concreto que ha planteado de Cáceres, que el ministro de Defensa
ha escrito personalmente al alcalde de la ciudad, y no sé si también
al presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, diciendo que
este acuartelamiento no se cerrará, en ningún caso, antes del año
2002.

Su señoría ha aludido al plan Campamento o al Pentágono. Pues bien,
como sabe S.S., son dos cosas distintas. El plan Campamento es una
técnica nueva: se intenta incorporar muchas instalaciones agrupadas
territorialmente y coordinar los intereses muy importantes de la
Comunidad Autónoma de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid en una zona
de especial sensibilidad para la ciudad. Estamos trabajando en ello.

Se ha constituido el grupo de trabajo que previó la firma de un
convenio entre las administraciones que incluye también al Ministerio
de Fomento. En este grupo de trabajo que presido personalmente tiene
reuniones mensuales y estamos avanzando en el diseño de la
determinación de las obligaciones de todo tipo que pesan sobre la
zona; desde obligaciones viarias hasta obligaciones de zonas verdes,
dotaciones, suministros, transportes, por ejemplo, una línea de metro
que está previsto que llegue hasta aquella zona. Es un estudio
complejo pero esperamos, antes de fin de año, tener un primer avance
para saber si la operación es viable o no. Espero, al ritmo que van
los trabajos, que antes de fin de año podamos cumplir este objetivo.

En cuanto a los centros hospitalarios, reitero las declaraciones que
el subsecretario del departamento hizo en su comparecencia: el
principio que rige es que no se cierre ningún hospital y que se
intente por todos los medios coordinar y convenir con las comunidades
autónomas o entidades locales interesadas. En cualquier caso, si
hubiera que vender alguna instalación hospitalaria, tenga la
seguridad S.S. que este importe se dedicaría a la mejora de la
gestión en su conjunto, como así está expresamente previsto.

En cuanto a los bienes de interés cultural, y aquí también quiero
anticipar una respuesta al señor Rodríguez Sánchez, indudablemente
hay una carencia, y yo reconozco el primero que tenemos un grave
problema en la protección no solamente de los bienes declarados



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de interés cultural, sino también en otras instalaciones abandonadas,
y es un problema fundamentalmente económico. Es muy largo el período
que transcurre desde un abandono efectivo hasta que se pueda disponer
de esa instalación. He descrito antes el procedimiento, que es muy
largo, y en ese tiempo se deterioran las instalaciones. Precisamente
en desarrollo y aplicación del plan director he encargado a la
Gerencia que estudie un plan de protección de las instalaciones
abandonadas. Este plan de protección ha dado ya sus primeros pasos en
el sentido de que hemos empezado por las que precisan más urgencia o
tienen más valor, y nos encontramos con el problema de siempre que es
el de personal. De manera que bien sea a través de las instalaciones
militares existentes que puedan desplazar patrullas de vigilancia,
bien sean las policías municipales con convenio, bien sea a través de
los cuarteles de la Guardia Civil, o incluso contratando compañías de
seguridad privada, estamos elaborando y estudiando un plan que va a
determinar qué tipo de protección va a llevar cada una de las
instalaciones abandonadas en este momento, desde una mera verja
protectora hasta una protección con personal especializado. Yo
lamento que se haya producido este deterioro y reconozco que no es ni
mucho menos la mejor imagen para el Ministerio de Defensa, y
precisamente por eso estoy ocupándome especial y expresamente de esta
situación.

No puedo decirle a S.S. de qué porcentaje de nuestro patrimonio se va
a disponer, porque dependerá, en primer lugar, de la revisión
estratégica que se está abordando y, en segundo lugar, de los
objetivos de fuerza. Su señoría sabe perfectamente que las misiones
de las Fuerzas Armadas españolas en este momento no son las mismas
que hace tan siquiera cinco o diez años. Por tanto, en función de
esas nuevas misiones y de esa nueva visión estratégica estará la
realización que hagamos de nuestro patrimonio.

Coincido con S.S. en que a pesar de que la Gerencia de
Infraestructuras está aportando recursos a los programas de
armamento, es insuficiente. En este punto S.S. y yo coincidimos en
que no es un problema de Gobierno ni de partido, sino de Estado. Si
quisiéramos abordar solamente los programas principales nuevos,
concretamente los aviones de transporte A 400M, los helicópteros de
ataque que ha mencionado el señor Mardones, que ahora no me oye
porque está hablando por teléfono (Risas.), o los submarinos S-80, si
quisiéramos abordar estos programas unidos a los programas
principales ya en curso, como son las fragatas, los aviones
Eurofigther y los carros de combate Leopard, estaríamos hablando de
obligaciones presupuestarias hasta el año 2026. La dotación de
programas principales y de armamento a nuestras Fuerzas Armadas
profesionalizadas que están cumpliendo misiones cada vez más
importantes en el plano internacional no es ni mucho menos cuestión
de un ejercicio presupuestario ni de una
legislatura. Estoy seguro que S.S. comprende que en este punto habrá
que ir siempre de la mano.

En todo caso le anticipo la idea en torno a la cual yo estoy
trabajando. Yo entiendo que programas extraordinarios solamente
pueden abordarse con recursos extraordinarios, y no estoy hablando de
incrementar los presupuestos del Estado, que deben cumplir su
objetivo de política de déficit cero. Por tanto, habrá que estimular
la imaginación para ver de qué manera estos recursos extraordinarios
pueden aportar la financiación de programas que por su naturaleza,
cuantía y duración en el tiempo son también extraordinarios.

Comprendo que a veces parezca que hay rigidez en la negociación
cuando hablamos de determinados bienes. En el caso que ha planteado
quiero decirle que la primera valoración a la que S.S. ha aludido se
hizo en 1989; es un caso más donde el paso del tiempo a veces hace
que se revaloricen, pero tenga S.S. la seguridad de que intentamos
ser flexibles y comprender los intereses de las entidades en juego.

Tenga en cuenta además S.S. una cosa, estamos hablando de bienes de
dominio público afectados a Defensa y desafectados a los fines de
Defensa, pero no pierden su condición de bienes del Estado. Nosotros
no somos un particular que negocia con otra parte la venta de un bien
y que tenemos absoluta libertad, sino que tenemos que someternos a
una serie de controles enormemente rígidos: la intervención delegada,
la asesoría jurídica, los trámites de desafectación. Por tanto, no
tenemos esa flexibilidad que tiene un particular. Cuando tenemos
dudas sobre la valoración, utilizamos el criterio más seguro para
nosotros, que es pedir la valoración al máximo órgano experto de la
Administración del Estado, como puede ser la Dirección General del
Patrimonio del Estado. Por tanto, no es que tengamos el deber de
ingresar lo más posible, es que tenemos el deber de disponer,
ejecutar y realizar bienes al precio más adecuado, y a ello nos
obliga nuestra condición de Estado y las limitaciones de todo tipo,
tanto financieras como jurídicas, a las que debemos someternos.

En cuanto al capítulo VIII, el señor Mardones, y se lo agradezco, ha
venido a contestar por mí, aun cuando le mandaré a S.S. por escrito
una clarificación de esta evolución. Efectivamente, se trata del
capítulo VIII, por tanto activos financieros, se trata también de
previsiones que a veces no se cumplen. No olvide S.S. que la Gerencia
de Infraestructuras, por su propia naturaleza y condición, puede
trasladar a ejercicios sucesivos las cantidades no ejecutadas o no
dispuestas en ejercicios anteriores. En todo caso, remitiré a S.S.

por escrito el desglose de este capítulo VIII, tanto en el ejercicio
2000 como en el ejercicio 2001. Finalmente, el texto del Plan
director de infraestructura no está clasificado. Se lo haré llegar al
presidente de la Comisión para que lo pueda distribuir entre los
grupos parlamentarios.

Tengo que comenzar pidiendo disculpas al señor Rodríguez Sánchez por
mi incorrecta pronunciación



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respecto a las denominaciones oficiales de algunas localidades en la
comunidad de Galicia. Efectivamente, Ferrol, A Coruña, etcétera, son
nombres oficiales que aparecen en todos los documentos y que debemos
respetar. Tal vez se deba a la costumbre que tenemos. Frente a ello,
gran parte de los bienes y de las riquezas que ha mencionado de
Galicia los conozco personalmente porque he recorrido a pie su región
en todas las direcciones como peregrino de Santiago. La admiro y
conozco la enorme riqueza de sus monumentos y sus edificios y
comparto con él la preocupación por el abandono de algunos de ellos.

Pero una cosa es la declaración oficial de bien de interés cultural,
que es una declaración procedente de la legislación del Estado y que
reúne una serie de requisitos, y otra cosa es el valor histórico,
artístico o arquitectónico de determinados bienes. Puede que muchos
de los bienes que ha mencionado S.S. no tengan este reconocimiento de
bien de interés cultural de manera oficial, porque para ello hace
falta todo un expediente que creo incluso termina mediante real
decreto de Consejo de Ministros o al menos acuerdo del Ministerio de
Educación y Cultura. Probablemente la propia legislación gallega
establecerá sus características, sus niveles y sus calificaciones,
y puede que algunos tengan esa calificación en el ámbito normativo
gallego, pero no en el ámbito normativo del Estado. En cualquier
caso, reitero a S.S. los principios que inspiran la actuación de la
Gerencia. Primero, los intereses de la defensa son bienes afectos a
los fines de la defensa. Si esos fines se mantienen y ese interés se
mantiene, nosotros debemos mantener este bien y soportar como podamos
las presiones que recibamos desde todos los flancos. En segundo
lugar, si no fuese así, coordinar los intereses de ambas
administraciones. Y, en tercer lugar, llegar a equilibrios económico-
financieros a través de convenio. Efectivamente, Ferrol es un caso
especial, por eso nuestra negociación con el alcalde de Ferrol es
también especial. Estamos comprometidos desde el mes de noviembre,
que visité la localidad y que asistí conjuntamente con el alcalde a
un acto, en que el convenio de Ferrol sea uno de los que este año
pueda firmarse, y cuanto antes mejor. Hay muchas instalaciones,
muchos bienes y tendremos que encontrar la fórmula para lograr ese
equilibrio financiero que debe ser la naturaleza del convenio.

En cuanto a las peticiones de información concreta que me pide,
efectivamente, el castillo de San Felipe fue abandonado en 1985, por
tanto puede que entrase en deterioro desde esa fecha, pero no me eche
a mí toda la culpa. Acepto la culpa que me corresponde y lo
reconozco, es lamentable. Es la dificultad añadida, y que también ha
planteado el señor Ayala, de proteger todas las instalaciones, por el
coste que supone el gran número de instalaciones a proteger, lo cual
no nos exime de que intentemos un plan de protección y lo financiemos
adecuadamente. En relación con el castillo de La Palma, se están
manteniendo en este momento conversaciones
para determinar su destino. En cuanto a Santa Catalina de
Ares, existe una utilización de uso demanial durante 25 años. Por el
momento no está previsto el abandono del cuartel de Dolores,
siguiendo afecto por tanto a los fines de la Defensa. Con respecto al
cuartel Sánchez Aguilera, está previsto que en un plazo aproximado de
cinco o seis años pueda ser desafectado a los fines de la Defensa,
con lo cual entraríamos a negociar. Se está estudiando la declaración
de no interés para la Defensa de la isla de Tambo. E indudablemente
será muy beneficioso para Ferrol la construcción de las fragatas F-
100, estando previsto los talleres como inversiones de
infraestructuras necesarias para su apoyo y mantenimiento. Con
respecto a las preguntas que no le he contestado, lo haré por
escrito, ya que en este momento no sabría responderle.

Al señor Mardones le agradezco su intervención y su comprensión. Me
ha hecho la pregunta, ajena a la comparecencia, de si habíamos
decidido la compra del helicóptero de combate y tengo que decirle que
aún no. Sabe que se manejan dos modelos, el Tigre y el Apache,
estando en conversaciones con Francia y con Alemania como
consecuencia de una demostración que se hizo aquí y de mis
conversaciones con los presidentes de Eurocopter para que se intente
por su parte aproximar el helicóptero Tigre a las especificaciones
operativas del Ejército español. Si esta aproximación se consiguiera,
estaríamos ante una alternativa en la que las diferencias no serían
tan grandes. Se está trabajando en ella y por el momento las
conversaciones que está manteniendo un grupo mixto de Eurocopter con
los representantes del cuartel general del Ejército de Tierra no han
finalizado.

Su señoría ha tenido la elegancia de no mencionar uno de los temas
más candentes, por no decir conflictivo, de su comunidad autónoma,
como es Arico. Quiero decirle que seguimos intentando buscar
soluciones a este problema y que próximamente voy a viajar a Canarias
y voy a mantener conversaciones personales para tratar de arreglarlo,
algo que sabe S.S. que no es fácil. En todo caso, muchas gracias por
esa elegancia.

Al señor Ayala le agradezco también sus palabras, especialmente por
comprender la complejidad y la dificultad de la gestión de este tipo
de patrimonio. Por supuesto todo es perfectible y nosotros estamos
dispuestos a perfeccionarlo. Por otra parte, ha mencionado un aspecto
relacionado con la sostenibilidad del Plan director de
infraestructuras, algo que yo agradezco. Me gustaría ampliarle al
respecto el sentido que tenemos de esta sostenibilidad en el
escenario patrimonial. Repito que este patrimonio tiene como
prioridad responder a las necesidades de una tropa profesional y por
tanto a la calidad de vida que esta tropa y marinería puede tener en
las instalaciones, por lo que entendemos que esta gestión patrimonial
tiene que basarse no solamente en los principios tradicionales de
funcionalidad,sino además en la incorporación de elementos tales



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como la seguridad, el bienestar y la protección ambiental que he
mencionado, hacerlo compatible y armónico con el sistema natural y
colaborar en la protección del medio ambiente, orientar el proceso de
inversión de forma que sea coherente con los objetivos operativos,
logísticos, sociales o culturales de las Fuerzas Armadas y promover y
estimular la generación de modernas redes de transportes y
comunicaciones, es decir, conexión con la sociedad. Este aspecto está
expresamente desarrollado en la memoria del Plan director de
infraestructuras y podrán comprobarlo cuando el documento sea
remitido.

Muchas gracias de nuevo a todos.




- LA SITUACIÓN PRESENTE Y PLANES DE FUTURO DEL INSTITUTO NACIONAL DE
TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000030.)



El señor PRESIDENTE: Damos por finalizado el debate de la primera
comparecencia, iniciando sin solución de continuidad el segundo, si
el secretario de Estado está dispuesto.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Díez Moreno): Estoy
dispuesto.




El señor PRESIDENTE: En ese caso, cuando quiera, señor secretario de
Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Díez Moreno): Voy a
informar sobre la situación presente y planes de futuro del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial, al que en adelante nos referiremos
como INTA, siglas tradicionales y muy conocidas del citado organismo.


En primer lugar quisiera encuadrar esta información en la política de
I+D del Ministerio de Defensa; en segundo lugar comentar la
naturaleza del INTA y sus problemas de personal; en tercer lugar
clasificar las áreas tecnológicas en las que desarrolla su actividad
el INTA; en cuarto lugar informar sobre el plan de actuaciones
aprobado; en quinto lugar hablar de los recursos económicos y,
finalmente, en sexto lugar las perspectivas de futuro de este
organismo.




Tampoco hacen falta muchas palabras para conectar cómo la
investigación, en el ámbito del Ministerio de Defensa, tiene unas
peculiaridades específicas. Al hablar del Plan director de armamento
y material y al Plan director de I+D tuve ocasión de referirme al
aspecto de I+D que hay en el Ministerio de Defensa, necesariamente
coordinado con la política de I+D del Gobierno, y de potenciación de
la investigación y la tecnología, como lo demuestra la aprobación del
plan nacional para los años 2000-2003, así como la creación propia de
un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sin
embargo, sí quiero resaltar que el I+D en Defensa tiene algunas
características especiales. En primer lugar, es competencia exclusiva
del Estado, como lo es la propia defensa; en segundo lugar, el
cliente de este I+D normalmente es también Defensa. De ahí que gran
parte de la actividad I+D se vuelque en lo que son sistemas de armas,
por tanto sistemas cuyo destinatario solamente puede ser el
Ministerio de Defensa, aun cuando estamos introduciendo como línea
importante de actuación los sistemas duales. En tercer lugar, los
compromisos de España en los organismos internacionales de carácter
de seguridad y defensa en los que estamos, así como en los convenios
o tratados a los que estamos adheridos, obligan, y convienen además,
a que nuestros programas de I+D puedan coordinarse o que podamos
participar en programas de I+D de los países de nuestro entorno y que
están con nosotros en estas organizaciones. Por último, en cuanto a
estas características, también el proceso de profesionalización y
modernización obliga a que en ningún caso pueda abandonarse un área
tan sensible como es la investigación y el desarrollo en el ámbito de
I+D.

El INTA fue creado en 1942 como organismo autónomo. Actualmente es un
organismo que cumple las exigencias de la Ley de organización y
funcionamiento de la Administración del Estado, la Lofage, la Ley 6/
1997, y precisamente en aplicación de esta norma se han aprobado el 2
de febrero de este año los estatutos del INTA. Por tanto podemos
decir que está en regla, que cumple las exigencias y limitaciones que
la Lofage impone a los organismos autónomos.

El INTA tiene un problema de personal, no quiero ocultarlo. En este
momento tiene un número de funcionarios en catálogo de 522, aunque
los efectivos reales son 473; tiene un personal laboral en plantilla
en catálogo de 719 y unos efectivos reales de 688 y tiene un personal
laboral eventual, en la modalidad de contrato para obras y servicios,
es decir, contrato para programa de investigación, de 130 personas.

Sin embargo, el porcentaje de personal estrictamente investigador es
muy bajo. Como todo porcentaje, depende de la base a la que se
aplique ese procedimiento. Podría decir que gran parte de los
servicios que presta la mayoría del personal podían ser servicios
perfectamente externalizables y contratados con empresas, y por tanto
este porcentaje de personal investigador subiría espectacularmente;
pero no voy a entrar en esa técnica. Reconozco que nuestro personal
es inferior al de organismos similares de países de nuestro entorno y
estamos decididos a mejorar esa ratio. De hecho, en la oferta pública
de empleo de este año 2001 todos los puestos conseguidos son para
personal investigador. No es suficiente y queremos en los próximos
años seguir profundizando en esta vía, de manera que todas las
incorporaciones que puedan resultar tanto de la oferta pública de
empleo como de contratos para programas específicos sean para
personal investigador y que mejoremos esa relación.




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Las áreas tecnológicas en que se distribuye la actividad del INTA
son: La primera, la tecnología aeronáutica. En ella se realizan
actividades relacionadas con el sector aeronáutico, dada la
naturaleza propia del Instituto, desde investigaciones básicas sobre
dinámica de fluidos y experimentación en túneles aerodinámicos a
pruebas de aeronavegabilidad, experimentación en vuelo y
certificación de aeronaves. Hay una especial relevancia en el
desarrollo de vehículos aéreos no tripulados y ensayos que se
realizan en las instalaciones del banco de turborreactores. Esto por
lo que se refiere al área tecnológica aeronáutica. En el área
tecnológica espacial se desarrollan actividades en el campo de las
antenas para telemedida y telecomando, robótica espacial, estructuras
y mecanismos espaciales y ensayos de compatibilidad electromagnética.


Hay un proyecto muy interesante de desarrollo de un radar de apertura
sintética que intentamos que se incorpore al futuro satélite de
comunicaciones, cualquiera que sea la opción del satélite de
comunicaciones. También en esta área de tecnología espacial están las
diversas familias de minisatélites y tres estaciones espaciales de
seguimiento en las que opera el INTA, así como estaciones de
teledetección que incluyen campañas de adquisición de datos, sensores
aerotransportados y distribución de imágenes por satélites.

La tercera de las áreas se refiere a las tecnologías de defensa y es
a la que se dedica un mayor porcentaje de actividad. Aquí se incluye
el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados para reconocimiento y
vigilancia, el SIVA, sistemas integrados de vigilancia aérea; se
incluye también el vehículo ALO, avión ligero de observación, y se
está desarrollando un sistema de blancos aéreos para pruebas de tiro
con artillería, el llamado avión ligero o blanco aéreo, ALBA; se
estudian firmas infrarrojas de equipos terrestres y navales, se hacen
ensayos de compatibilidad electromagnética sobre aeronaves,
especialmente el Eurofighter-2000. El INTA participa en el programa
Eurofighter, así como en vehículos terrestres como es el carro
blindado Pizarro. Quiero mencionar especialmente la actividad de
teledetección espacial para el reconocimiento militar a través del
programa Helios, ensayos de armamento y metrología y calibración de
una gama muy variada de equipos. La cuarta área se refiere a la
tecnología de materiales y en ella se realizan actividades para
definir y desarrollar estructuras avanzadas con materiales
compuestos, caracterización de superrelaciones y materiales
avanzados, barreras tribológicas y recubrimientos superficiales.

(Estoy seguro de que los miembros del INTA saben exactamente qué es
cada una de estas cosas.) (Risas.) Finalmente, una quinta área se
refiere a tecnologías diversas, donde se abordan actividades en
relación con las energías renovables, el medio ambiente, así como
seguridad activa y pasiva en el transporte.

El INTA tiene un Plan de actuaciones que abarca los años 2001-2004,
que ha sido aprobado el pasado mes
de febrero. En este Plan de actuaciones se contemplan 157 proyectos
de investigación, que no son el resultado de la mera acumulación,
sino de una selección, tanto los proyectos antiguos como los nuevos,
de la aplicación de los criterios de prioridad a los que
inmediatamente me referiré.

El INTA tiene las siguientes prioridades en su actuación,
especialmente para la selección de proyectos de investigación y
desarrollo. En primer lugar, el mantenimiento del nivel tecnológico
en las áreas en que desarrolla sus actividades. En segundo lugar, el
desarrollo de nuevas tecnologías en el ámbito aeroespacial. En tercer
lugar, el desarrollo de tecnologías de doble uso, a las que antes me
refería. En cuarto lugar, los proyectos de innovación tecnológica en
el ámbito aeroespacial. Y, finalmente, los proyectos que se
complementen con los que desarrollan centros europeos en el I+D del
sector aeroespacial.

Como consecuencia de estas cinco prioridades existen trece líneas
prioritarias de investigación. La tecnología espacial para pequeños
satélites y robótica espacial, la teledetección, aeronomía y
metrología, la guerra electrónica, la aerodinámica y propulsión,
materiales y estructuras, tecnologías de la información, aviones no
tripulados, guiado y control, sistemas electrónicos, seguridad activa
y pasiva en medios de transporte y, finalmente, astrofísica y física
fundamental. Si me pidieran que concretase las prioridades en
relación con las líneas de actuación, diría que son tres: en primer
lugar, el diseño, desarrollo y operación de pequeños satélites -no
olviden que tenemos lanzado el Minisat el 21 de abril de 1997 y que
en este momento está en operación y controlado por el INTA-; en
segundo lugar, el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados, tanto
para observación como para que sirvan de entrenamiento y, finalmente,
el desarrollo del radar de apertura sintética, una especie de radar
antiinterferencias que pretendemos que se incorpore al satélite
futuro de comunicaciones.

Asimismo, nuestra participación en programas europeos es importante.

Concretamente, estamos en el programa, del lanzador europeo Ariane-5,
y el viernes de la semana pasada hemos inaugurado uno de los
laboratorios donde se experimentan partes de este vehículo propulsor;
estamos en el consorcio Galileo; estamos en la red europea de centros
de certificación de la Agencia Europea del Espacio, etcétera. ¿Qué
recursos económicos tiene el INTA? En el ejercicio 2001 el
presupuesto del INTA asciende a 17.917 millones de pesetas. En
ejercicios anteriores, en 1997, se ha pasado de 13.991 millones, y el
importante aumento en relación con el presupuesto del año 2000, que
era de 14.695 millones se debe a las dotaciones hechas para la
participación en el programa del satélite de comunicaciones, sobre el
que tendremos que tomar una decisión en breve plazo, por cuanto en el
año 2003 finaliza el servicio que en este momento presta el satélite



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de Hispasat. Por tanto, repito, se tiene que tomar una decisión y
optar por alguna de las alternativas en este momento en estudio para
sustituir al satélite Hispasat, que finaliza su vida industrial. De
este presupuesto para el año 2001, de 17.917 millones, puedo decirles
que el 70 por ciento se destina a la realización de actividades de
desarrollo tecnológico, y un 30 por ciento a la investigación
aplicada. En la media de los últimos años el 46 por ciento del
presupuesto se ha dedicado a proyectos de I+D y el 54 por ciento a
obras de infraestructura y equipamiento. Además el INTA realiza
operaciones comerciales que le permiten obtener ingresos. De hecho,
con estos ingresos podemos subvenir el 40 por ciento de los gastos
corrientes de funcionamiento. Una tercera parte de estos ingresos
proviene de trabajos realizados para la industria nacional, otra
tercera parte de contratos realizados con organismos como la Agencia
Espacial Europea o de subvenciones que obtenemos de los programas de
la Unión Europea, y otra tercera parte proviene de trabajos
realizados para otros organismos del Estado o para los propios
cuarteles generales u organismos del Ministerio de Defensa. ¿Qué
perspectivas de futuro tenemos para el INTA? Desde un punto de vista
interno y organizativo el INTA ha sido seleccionado para una de las
iniciativas del plan Info XXI, recientemente aprobado por el
Gobierno. Se trata de una iniciativa de sistema de gestión integrada,
el proyecto Atlantis. Este sistema de gestión cuenta con el uso
masivo de las tecnologías de la información y su resultado será un
sistema de gestión que podrá aplicarse a industrias o empresas
privadas, a organismos de la Administración del Estado e incluso a
partidos políticos. Es decir, será un sistema integral de gestión,
aplicando los modernos medios informáticos. No solamente se ha
estudiado y desarrollado para aplicar a la propia gestión del INTA
sino que de él se podrá deducir un sistema informático perfectamente
comercializable.

En segundo lugar, el INTA tiene que seguir apoyando al Ministerio de
Defensa en el área propia de su competencia. He mencionado que el
INTA participa en el programa Eurofighter-2000 y participa también en
el programa de EADS Airbus-400. Tiene un papel decisivo en el futuro
desarrollo y aplicación de los satélites, tanto de comunicaciones,
que he mencionado, como en el satélite de observación, respecto al
que también tendremos que tomar una decisión dentro de poco tiempo,
y tiene un campo muy especial de aplicación y de actuación en materia
de vehículos no tripulados o en el radar de apertura sintética. Creo
que éstos son los proyectos más importantes y que en ellos debe
continuar el trabajo del INTA. Finalmente, el INTA quiere continuar
con su capacidad de apoyo a organismos e instituciones civiles
distintas de las oficiales. Destaco la actividad en materia de
ensayos de turborreactores, que realiza con ITP, estudios de
compatibilidad electromagnética
para todo tipo de empresas o trabajos de meteorología
y calibración.

No quiero dejar de mencionar que el INTA tiene un contrato con la
NASA, del que se deriva la gestión de las estaciones de seguimiento,
como Robledo de Chavela. En esta estación de seguimiento todo el
personal es español, lo que quiere decir que gozamos de la confianza
de la NASA para el seguimiento de los satélites que mandan al
espacio, no ya para el seguimiento de los vehículos tripulados, que
se hacía antes desde Robledo, sino que ahora la estación de Robledo
es una estación de seguimiento de satélites en el espacio.

Finalmente, diré que esperamos que este año, antes del mes de julio
o, en todo caso, inmediatamente después, inauguremos el centro de
astrobiología, en cooperación con la Comunidad de Madrid, y que desde
ese centro se apruebe un programa de minitelescopios robóticos, que
permitirá, tanto a universitarios como a alumnos en edad escolar,
observar y entender mejor el universo. El INTA desarrolla un
importante plan de formación para sus propios funcionarios y
empleados así como un programa de becas, de manera que en el último
ejercicio está prevista una importante convocatoria de becas para el
personal necesario para participar en las actuaciones que realiza el
INTA.

Con esto creo que ha dado respuesta a lo relativo al INTA que, por
ser un tema tan actual y en algunos casos apasionante, podría haber
merecido un desarrollo mucho más extenso. Pero, esencialmente, esto
es lo que hace y lo que es el INTA.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado. Para
su consuelo, he de decirle que imagino que será tema de reiteradas y
sucesivas comparecencias, porque vemos que es un organismo puntero en
cuanto a nuevas tecnologías. En cualquier caso, para la tarde de hoy,
el informe ha sido completo e intenso.

Por el grupo solicitante de la comparecencia, el Grupo Socialista,
tiene la palabra doña María Teresa Riera.




La señora RIERA MADURELL: Muchas gracias, señor secretario de Estado,
por comparecer hoy ante esta Comisión también en su calidad de
presidente del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA. Si
bien le agradecemos las explicaciones exhaustivas que nos ha dado en
relación a las actividades de I+D que allí se desarrollan y a los
servicios tecnológicos que presta el Instituto, la realidad de cada
día que viven los investigadores que allí trabajan, al menos hasta
ahora, es, según las informaciones que tenemos, bastante dura, como
usted ha reconocido. Yo quiero plantearle una serie de cuestiones que
usted no ha tratado, pero que, a nuestro entender, son muy
importantes.

Como probablemente usted conozca, el INTA vienesiendo motivo de
preocupación para el Grupo Socialista



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desde hace tiempo. En la anterior legislatura, concretamente en
noviembre de 1998, y también a petición de nuestro grupo, compareció
el entonces ministro de Defensa, señor Serra, y le planteamos algunos
de los problemas, a nuestro entender graves, que tenía el Instituto.

La mayoría de estos problemas, por desgracia, hoy siguen sin
resolverse del todo. En aquel momento ya planteamos al ministro
problemas, entre otros, de descoordinación, de falta de objetivos y
de falta de planificación a medio y largo plazo. También denunciamos,
y lo hemos repetido con posterioridad en diversas ocasiones,
problemas -que usted hoy ha reconocido- de personal, de escaso
crecimiento de la plantilla y de unas condiciones de trabajo que
crean malestar y falta de eficacia entre unos investigadores que son
muy profesionales y de competencia internacional reconocida. Con la
información que aportó el propio ministro en dicha comparecencia y
con posteriores respuestas del propio Ministerio de Defensa a
diversas cuestiones que esta portavoz fue planteando, nuestro grupo
elaboró, con el máximo rigor, una proposición no de ley que,
finalmente, pudo debatirse el pasado mes de noviembre y en la que se
instaba al Gobierno a tomar algunas medidas que mejorasen, al menos
en algunos aspectos, la deteriorada -a nuestro criterio y al criterio
de muchos investigadores- situación que sufría el Instituto. Ante
nuestra sorpresa, y demostrando -como usted mismo puede comprobar
leyendo el «Diario de Sesiones»- un claro desconocimiento de la
situación del Instituto, por parte de la persona que actuó como
portavoz del Grupo Popular, y sin escuchar las razones serias y
rigurosas que nuestro grupo planteaba, la proposición fue
agresivamente rechazada. Confiamos en que hoy el presidente del INTA
sí nos escuche y, en un futuro, podamos consensuar propuestas
constructivas que supongan mejoras claras para el INTA y, en
consecuencia, para el conjunto de la investigación y del desarrollo
en nuestro país.

Voy a pasar a plantearle aquellas cuestiones que nos siguen
preocupando y que quizá no nos han quedado suficientemente claras en
su explicación. Señor secretario de Estado, el Grupo Parlamentario
Socialista cree profundamente que el INTA debe ocupar un papel clave
en la investigación en el campo aeronáutico y aeroespacial, tanto en
nuestro país como a nivel europeo. También estamos convencidos de que
la actividad del INTA debe ser un catalizador, un impulsor de la
innovación de las empresas de nuestro país, y además queremos que el
INTA ocupe el papel que le corresponde por su importancia en nuestro
sistema de I+D+I. Por ello el principal escollo que sufre el
Instituto -y me atrevería a decir que toda la política de I+D del
Ministerio de Defensa, ya que usted lo ha encuadrado en ella- es la
descoordinación interna y, también, la descoordinación con el resto
de actividades de I+D que se realizan en los demás organismos
públicos de investigación y en las universidades.

Es cierto, como usted ha dicho, que el INTA presenta unas
características especiales, pero el INTA, reconocido como organismo
público de investigación por la ley de la ciencia, ha quedado al
margen de una operación tan importante en nuestro país -y esto es una
realidad- como es la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
Ministerio que no sólo se ocupa de la ciencia, sino que se ocupa,
además, de la promoción de la innovación en las empresas y también de
las nuevas tecnologías. Y esto, a nuestro entender, no es bueno para
el INTA. Aquí quería preguntarle si ha previsto algún mecanismo serio
y consistente de coordinación con el nuevo Ministerio. No me conteste
que la Cicyt cubre esta función porque es bien conocido que esta
Comisión está prácticamente inactiva, prácticamente inoperante, sobre
todo desde la creación del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología.

¿Cree sinceramente que el INTA puede quedar al margen de los ámbitos
en los cuales se decide la política científica y tecnológica en
nuestro país? Una prueba clara -y muy comentada por los expertos- de
lo que acabo de decir es que el INTA no participa en ningún programa
del actual Plan nacional de I+D+I que, como ustedes saben, es el
primer plan elaborado por el Gobierno del Partido Popular. Es
bastante irregular, señor secretario de Estado, que suceda esto
teniendo en cuenta que el plan nacional es el instrumento clave
previsto por la ley de la ciencia para la coordinación y
planificación de la investigación científica y tecnológica en nuestro
país. También debo decir aquí que la participación del INTA en el V
Programa marco de la Unión Europea es puramente testimonial. Han sido
los esfuerzos individuales del personal investigador de ciertos
laboratorios, como el laboratorio de aerodinámica computacional o el
de materiales no metálicos, los que han permitido una participación
cuantitativamente modesta, pero no ha habido una participación en el
V Programa marco a nivel institucional, como sucede con la mayoría de
institutos europeos de las mismas características.

También quiero decirle, señor Díez Moreno, que es demasiado
frecuente, en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado de los
sucesivos gobiernos del Partido Popular, tanto en los presupuestos
del Ministerio de Defensa como, y principalmente, en los del
Ministerio de Ciencia y Tecnología -aunque este Ministerio no sea
motivo de debate hoy aquí-, contabilizar como actividades de I+D
inversiones que lo que hacen es posibilitar la adquisición de
equipamientos para las Fuerzas Armadas o, como máximo, son
inversiones para financiar programas de transferencia de tecnología.

Sería, pues, importante dejar claramente separado lo que es
investigación y desarrollo de lo que no lo es. Lo digo porque el
porcentaje de gasto de I+D de Defensa sigue estando por debajo de la
media europea, y nos tememos que si de estas cifras se discriminara
lo que no es claramente I+D, el porcentaje pasaría a ser
insignificante. Esta cuestión es muy importante, señor



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secretario de Estado, porque usted conoce muy bien el efecto de
arrastre que la I+D en Defensa tiene sobre la industria civil,
fundamentalmente en lo que respecta a las nuevas tecnologías, como
son nuevos materiales y nuevas tecnologías de las telecomunicaciones.


Cambiar esta situación requiere, como hemos pedido en repetidas
ocasiones, una clara voluntad por parte del Gobierno de potenciar el
INTA, potenciación que exige ante todo -esto es así-, una política
clara y decidida de incremento de personal investigador -si no, no
podremos avanzar- y sobre todo de mejora de sus condiciones de
trabajo para que puedan hacer más y mejor I+D.

En relación con esta cuestión, vienen arrastrándose desde hace años
problemas graves que están lastrando la actividad del INTA. Señor
secretario de Estado, nos hemos dado cuenta -es consciente de ello y
nosotros lo hemos repetido en diversas ocasiones- que la estructura
de personal del INTA no le permite afrontar con éxito las funciones
del Instituto. El personal científico del Instituto -usted lo ha
confirmado- no alcanza el 40 por ciento de su plantilla, mientras
que, como usted sabe muy bien, en los organismos similares de otros
países europeos, como el CIRA de Italia, el DLR de Alemania, el DERA
de Gran Bretaña, el FFA de Suecia, el Onera de Francia o el NLR de
Holanda, el personal científico representa entre un 60 y un 80 por
ciento de la plantilla. Coincidirá con nosotros en que la diferencia
es extremadamente llamativa. Con esta estructura de personal es
imposible que el INTA cumpla sus fines con eficacia, a pesar de la
competencia y dedicación de su personal. Pues bien, en este sentido
ya denunciamos en su momento que la oferta pública de empleo para
1998 sólo incluía para el INTA una plaza de investigador; al año
siguiente denunciamos que la de 1999 sólo incluía cuatro plazas
-siempre oídos sordos, señor secretario de Estado- y lo mismo sucedió
el año 2000. ¿Cómo es posible que la oferta pública del año 2000 sólo
incluya cuatro plazas de titulado superior y además cambiando el
sistema de acceso sin ninguna justificación? ¿Cree usted que con esta
pauta de crecimiento del Instituto -y acepto la buena voluntad que ha
manifestado- podrá resolverse algún día el grave problema de la
estructura de la plantilla del INTA? La situación es todavía más
grave porque tenemos constancia de que alrededor del 25 por ciento de
la plantilla de titulados están contratados de forma precaria.

¿Existe realmente algún plan para regularizar la situación de este
personal que sabemos tiene una alta cualificación? ¿Podemos conocer
cuál es el plan real del INTA para favorecer la promoción profesional
y económica de su personal? No creemos que realmente exista ningún
plan, por cuanto la aprobación del catálogo se remonta a 1990, es
decir hace más de una década, sin que tengamos constancia de que con
posterioridad se haya revisado seriamente, como ha ocurrido con los
demás organismos públicos de investigación. ¿Qué
futuro tienen los titulados del INTA? ¿Cómo pueden mejorar la
situación laboral? ¿Cómo van a parar ustedes la huida masiva de
titulados del INTA y por tanto su destecnificación? Señor Díez
Moreno, ¿cree sinceramente que el INTA tiene algún porvenir sin que
se aborden seriamente, pero seriamente de verdad, sus problemas de
personal? Por esto, señor secretario de Estado, instábamos al
Gobierno en nuestra proposición no de ley a que en un plazo razonable
se aprobara un plan plurianual de crecimiento de la plantilla de
personal científico del INTA, de manera que la plantilla de este
organismo se pudiera homologar con la de organismos similares que
existen en Europa y que antes he citado. Nos parecía una propuesta
factible y razonable que fue votada en contra por el Grupo Popular
sin aportar ni datos ni alternativas, como usted mismo puede leer en
el «Diario de Sesiones». Nos gustaría que usted, como presidente del
INTA, considerara nuestra propuesta, que tranquilizaría a nuestros
investigadores, para que pudiéramos llegar a algún tipo de acuerdo
con relación a esta cuestión.

Dicho esto en cuanto a la política de personal del INTA, me gustaría
plantearle algunas cuestiones que nos preocupan, relativas a las
instalaciones del INTA y a los programas que usted ha mencionado y se
están desarrollando en este momento. Hemos denunciado en repetidas
ocasiones el desaprovechamiento que existe en el INTA con relación al
uso de sus instalaciones que, aun siendo suficientemente buenas y
habiendo supuesto elevadas inversiones, siguen estando subutilizadas
como consecuencia principalmente de la pérdida de convenios y
contratos con los organismos y las empresas más representativas del
sector, como bien queda demostrado en el resultado de sus operaciones
comerciales que en los últimos años no sólo no han aumentado sino que
han disminuido.

Con relación a los proyectos y programas, voy a referirme sólo a
algunos de ellos que nos inquietan especialmente. En primer lugar, el
programa Radomo del EFA. De todos es conocido que el INTA después de
muchos años de negociaciones y sobre la base de los retornos por
nuestra participación en el avión de combate europeo Eurofighter-
2000, consiguió participar en un consorcio europeo de empresas para
el programa Radomo. Además, durante años, el INTA viene realizando
importantes inversiones en infraestructura y en formación de personal
para afrontar este importante compromiso internacional asumido por el
Gobierno español. Pues bien, ante nuestra sorpresa, parece que
durante el año 2000 la responsabilidad de ejecución de este programa
se ha transferido a una empresa, concretamente de Sevilla, y todo
ello aparentemente por la ineficacia de la dirección del INTA para
resolver problemas administrativos internos, lo que viene a
confirmar, señor secretario de Estado, muchos de los problemas
generales del Instituto que he citado ya con anterioridad. ¿Cómo es
posible que un contrato



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de 3.500 millones de pesetas, con un nivel de desarrollo altísimo que
ha costado años de negociaciones conseguirlo, con unos gastos ya
realizados en equipos de unos 500 millones de pesetas se traspase a
una empresa privada y más si como parece esto ha sido
fundamentalmente por no poder atender las demandas del jefe de
proyecto y del jefe de área relativas a problemas de personal
fácilmente resolubles con voluntad política? Dígame si esto
corresponde a una política más general del Gobierno para privatizar
actividades de I+D que debe asumir la Administración pública ¿Tiene
el Ministerio previsto delegar más actividades del INTA a la empresa
privada? No entendemos bien qué sucede, por ejemplo, con algunas
actividades del centro de homologación de vehículos.

Es extraño que tras el éxito del Minisat-01 del que tanto ha hablado
el Gobierno actual, aunque fue el último Gobierno socialista quien
acabó este proyecto, no se sepa nada en estos momentos de la
continuación del programa.

Tras las palabras del director general del INTA en Telemadrid el
pasado 25 de marzo, afirmando que en unos meses sería lanzado el
Minisat-2, muchos investigadores del INTA se preguntan dónde está el
satélite, quién lo ha proyectado, dónde se está construyendo y si se
piensa construir un minisatélite en sólo unos pocos meses.

No quiero terminar sin aludir aunque sea brevemente al programa SIVA,
que usted ha mencionado y que se encuentra en un momento
especialmente crítico. Este programa, que se ha venido desarrollando
desde hace ocho años con un esfuerzo presupuestario de unos 5.000
millones de pesetas, está siendo arrinconado a pesar de que nuestras
Fuerzas Armadas necesitan disponer de este tipo de sistemas. Le
pedimos, señor secretario de Estado, que, como presidente del INTA
tome medidas urgentes y drásticas para que los esfuerzos
presupuestarios y humanos dedicados al SIVA durante tantos años no se
vean totalmente desperdiciados, igual que ocurrió con el lanzador
Capricornio, por mala gestión de los equipos anteriores que
dirigieron el INTA. Hablando de equipos directivos del Instituto,
quisiera rogarle, señor presidente del INTA, que pongan el máximo
cuidado en la elección del personal directivo incluyendo los
directores y los subdirectores generales, porque, al margen de su
competencia científica y técnica, que en principio no es objeto hoy
de este debate, sería importante que cuidaran de que su actuación
y declaraciones públicas, como algunas que tengo aquí, no dañaran la
credibilidad del organismo que usted preside. Créame, señor
secretario de Estado, que nuestro único interés es que al INTA se le
dé la importancia que debería tener para que ocupe el lugar relevante
que merece en nuestro sistema de ciencia y tecnología.

El señor PRESIDENTE: A continuación, en orden a fijar posiciones, el
representante del Grupo Popular, señor Ayala, tiene la palabra.




El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor secretario de Estado,
por su intervención, por sus explicaciones acerca del INTA y por su
sinceridad y la claridad con la que ha expuesto ante esta Comisión
las circunstancias en las que se encuentra el citado organismo en
este momento, no solamente desde el punto de vista interno sino
incluso desde el punto de vista de su proyección futura y de los
problemas que debe solucionar para seguir manteniéndose a la cabecera
de la investigación en España.

En primer lugar, quiero destacar el reconocimiento expreso que ha
realizado sobre la problemática del personal investigador y a su
clara apuesta y a su decidida manifestación de la mejora de dicho
personal investigador, tanto en la oferta de empleo de este año como
en las sucesivas, que sólo van a referirse a este tipo de personal y
que lo que harán será compensar los porcentajes que en principio
parecen tan perjudiciales o tan descompensados con relación a otros
organismos de similares actuaciones o características en otros países
europeos. Como ha manifestado el secretario de Estado y presidente
del INTA, no era una cuestión que se pudiera solventar en el plazo de
tres meses, tal y como aquí se había exigido en una proposición no de
ley anterior, sino que es una labor que debe desarrollarse en varios
ejercicios, tal y como ahora ha señalado, en el actual y en los
posteriores. Evidentemente queda claro que podemos quedarnos
tranquilos de que la presidencia del INTA es consciente del problema,
ha tomado las medidas oportunas y está atenta a que en los ejercicios
necesarios se dote a este organismo del personal investigador
preciso, como he dicho anteriormente, para seguir manteniendo el
prestigio de este organismo.

Asimismo, señor presidente del INTA, creo que la imbricación del plan
de actuación que nos ha comentado, 2001-2004, goza de la misma
coherencia que hemos señalado en su anterior comparecencia del día de
la fecha en cuanto al plan actual de infraestructuras y en cuanto a
la Gerencia de Infraestructura, por cuanto también está informado por
la Directiva 1/2000, y da una nueva idea de la complementariedad de
todos los organismos del Ministerio de Defensa para llevar a cabo y
desarrollar esta directiva tan importante para la legislatura actual
en materia de política de defensa. Respecto a este plan de actuación
2001-2004, me gustaría destacar de su intervención, por cuanto tiene
trascendencia a la hora de marcar y de fijar la posición y la
política de este grupo en cuanto a la materia de investigación, que
las líneas básicas de dicho plan se basan no sólo en la Directiva
nacional 1/2000, como ha señalado, sino también en el Plan director
I+D del Ministerio de Defensa, en el IV Plan nacional de I+D+I, es
decir,



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más innovación, marcado por la política del partido que en este
momento sostiene al Gobierno de la nación, en el II plan tecnológico
aeronáutico y en las áreas prioritarias del sector aeroespacial del
quinto programa de la Unión Europea. Esas líneas básicas soportan las
cinco prioridades que usted nos ha destacado de manera expresa y no
hay que hacer una nueva referencia a las mismas.

Hay que destacar, y usted lo ha manifestado, el crecimiento del 22
por ciento en los presupuestos asignados al INTA para el ejercicio
2001, con referencia al ejercicio anterior, que supone una clara y
decidida apuesta del Ministerio por seguir incrementando las
actuaciones del INTA. El prestigio al que me he venido refiriendo con
anterioridad se pone de manifiesto no sólo en los proyectos de futuro
sino con los proyectos desarrollados hasta la fecha,que creo que
deben minimizar el problema de personal y destacar la coordinación
y la actuación general que realiza este organismo. La puesta en
funcionamiento del Minisat-1 el 21 de abril de 1997 es uno de los
grandes éxitos que debemos destacar, junto con las apuestas decididas
y en vías de éxito de los nuevos proyectos, tanto de los vehículos no
tripulados como del radar de apertura sintética, temas cuyo contenido
yo también, señor secretario, estoy convencido que en el INTA conocen
perfectamente, así como los demás proyectos que usted nos ha señalado
expresamente.

En cuanto a las perspectivas de futuro, señor secretario de Estado,
por parte de mi grupo debemos subrayar no solamente los puntos
básicos que ha destacado usted de la mejora del sistema de gestión
interno, que luego pueda ser extrapolable a cualquier otra
administración, incluso a los partidos políticos, como hace el
proyecto Atlantis, y el apoyo sustancial al Ministerio de Defensa,
sino de forma fundamental, por cuanto que implica un modelo moderno
de gestión de intercambio tecnológico y de integración de todos los
capitales humanos y tecnológicos que puedan existir de la
investigación dual, la posibilidad de establecer convenios con las
distintas empresas para el desarrollo de las funciones propias que no
estén sometidas al secreto de las labores lógicas y sustanciales que
usted ha significado del Ministerio de Defensa. Con ese principio
básico podemos confiar en un futuro claro, decidido y de progreso del
Instituto que usted preside. Para finalizar quiero destacar no
solamente la colaboración con la NASA, sino que el centro de
Astrobiología, pendiente de su puesta en funcionamiento, es el único
con el cual existe un convenio a nivel internacional sobre el que la
NASA reconozca su propia capacidad individualizada, tal y como ha
significado con el centro de Robledo de Chavela.




El señor PRESIDENTE: Cierra el debate el secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Díez Moreno): Como es
lógico, señora Riera, había leído el «Diario de Sesiones» y el debate
sobre la proposición no de ley celebrado el pasado año y compruebo
que tiene usted una visión muy pesimista del INTA. Yo parto de la
base de que todas las visiones son enriquecedoras porque por lo menos
nos estimulan a ver qué es lo que de cierto puede haber en ellas, y
yo, que ya conocía ese debate, no solamente para preparar esta
comparecencia, me he preocupado desde entonces de comprobar si
efectivamente esta visión respondía a la realidad.

Yo no entiendo, señora Riera, que el INTA sea como usted lo describe
y que, sin embargo tengamos la confianza de los americanos nada menos
que para su programa de seguimiento de satélites al espacio
ultralejano; ni entiendo que el INTA sea como S.S. lo describe y, sin
embargo, tengamos la confianza de la Agencia Espacial Europea; ni que
el INTA sea como S.S. lo describe y, no obstante, participemos en
tantos proyectos comunes europeos o internacionales cuya primera
exigencia siempre es ver la garantía y el rigor de con quién se
comparte un programa. Me parece que su visión no es real, lo cual no
quiere decir que el INTA no deba ser mejorado. Como S.S. sabe, no es
el único organismo investigador que hay en España y, por tanto, a mí
como su presidente me gustaría poder hacer todo lo que S.S. dice y
poder poner al INTA en unas condiciones de personal, de presupuesto y
de instalaciones ideales, pero tenemos lo que tenemos y creo que
debemos trabajar por mejorarlo.

Hay algunas cosas que tampoco entiendo de su intervención, como es
fundamentalmente el tema de la descoordinación. La coordinación
interna en el INTA está garantizada, aparte de la coordinación de
gestión administrativa, con la aprobación del plan de actuaciones.

Como ha dicho S.S., este plan ha inventariado o sistematizado los
programas de investigación, ha establecido prioridades y ha
delimitado ámbitos específicos de actuación. Además, desde octubre
del año pasado existe una nueva composición de la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología presidida por el presidente
del Gobierno y de la que forma parte este secretario de Estado como
presidente del INTA. Dicha Comisión ha celebrado ya dos reuniones, el
4 de diciembre del año 2000 y en febrero de este año 2001, y de ella
ha salido la propuesta de la aprobación del programa Info-2000, en el
que existen proyectos de defensa. Asimismo la investigación en
defensa y los programas del INTA son una de las áreas sectoriales del
Plan nacional de I+D+I. Por tanto, yo creo que sí existe coordinación
entre la investigación del INTA y los planeamientos a nivel nacional
del I+D+I. Así, hay diversos proyectos que lleva a cabo el INTA y que
forman parte del plan nacional, como son, por ejemplo, el programa
Nanosat, el tema de recubrimiento de materiales, el sistema de
tráfico aéreo y navegación o las modificaciones de superficie



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de materiales metálicos, por no citar que se hable de descoordinación
y, sin embargo, que participemos en el programa mencionado de
contrato con la NASA o que tengamos permanentes relaciones, acuerdos
y programas con la Agencia Espacial Europea. Hace pocas semanas
entregamos a la Agencia una cámara para la incorporación en el
satélite integral que va a trabajar en condiciones extremas y el
viernes de la semana pasada los representantes de dicha Agencia
asistieron con nosotros a la inauguración de un laboratorio que es el
único en este momento en Europa que puede certificar las células
solares que se incorporan a los satélites. Por tanto, la presencia
internacional del INTA a través de su participación en programas y su
coordinación, incluso a efectos de financiación con programas
nacionales, a mi modo de ver no permiten aceptar esa calificación de
actuación descoordinada que se ha traslucido en la intervención de su
señoría.

Es cierto que hay un debate, que se renueva todos los años cuando se
discute el presupuesto, y es la financiación por parte de Ciencia y
Tecnología de algunos proyectos de defensa, especialmente en materia
de armamento. No es un debate nacional sino a todas las escalas,
incluida la doctrinal, pero yo creo, señoría, que nadie niega la
importante componente de investigación y tecnología implícita en los
programas que financia el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Teniendo en cuenta que esta financiación utiliza la técnica del
anticipo con cargo al capítulo 8, quiere decir que todo anticipo por
naturaleza debe ser reintegrado. En consecuencia, en la financiación
y presupuestación de los programas está prevista la devolución de
esos anticipos, por lo que no puede afirmarse, a efectos financieros
o presupuestarios al menos, que sea una financiación que se hace por
parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino un anticipo de
cantidades.

En el programa Eurofighter-2000, el INTA tiene una importante
participación dentro de lo que es la magnitud de este programa.

Recuerdo a S.S. que en la actualidad el Instituto es ya autoridad de
certificación de la aeronavegabilidad, es centro oficial de ensayos
en vuelo y presta asistencia técnica al programa. Una vez que entren
en servicio estos aviones, el Instituto podrá convertirse en centro
de apoyo y soporte de la flota adquiriendo una estructura de centro
de desarrollo que permita la puesta al día, adaptación o modificación
de estas aeronaves. Por tanto, esta participación es muy importante
como tal.

No puedo informar a S.S. en este momento de las razones por las que
se transfirió, según sus términos, un determinado programa.

Preguntaré y, en su caso, contestaré por escrito a su señoría. Lo que
sí puedo asegurarle es que no hay ninguna intención ni voluntad
política de transferir o privatizar de cara a empresas privadas
ninguna de las actividades que pueda realizar el INTA. Otro caso
serán aquellas actividades ajenas a lo que es la tarea investigadora,
que puedan
ser objeto de externalización por puras exigencias presupuestarias
y por la necesidad de concentrar al personal del INTA en la tarea de
investigación en la que estamos. Al hablar S.S. de las ofertas
públicas de los últimos años, que son ciertamente escasas, como lo
han sido para toda la Administración, ha omitido la oferta pública de
2001, que S.S. sabe que tiene una dotación de siete -es poco, lo
reconozco-, pero las siete plazas de la oferta pública del año 2001
son exclusivamente investigadores.




PREGUNTAS:



- DEL SEÑOR CASTILLO JAÉN (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO) SOBRE REPERCUSIÓN PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA NUEVA
SITUACIÓN DE LA EMPRESA NACIONAL SANTA BÁRBARA. (Número de expediente
181/000073.)



El señor PRESIDENTE: Entramos sin solución de continuidad en el
siguiente punto del orden del día, contestación a las preguntas que
se han formulado. La primera de ellas corresponde al diputado del
Grupo Parlamentario Popular don Eugenio Castillo Jaén, que tiene la
palabra. Ya conoce el formato de preguntas y en ese sentido le ruego
que se atenga al Reglamento.




El señor CASTILLO JAÉN: Voy a ser muy breve y voy a hacer mi
exposición en un solo bloque para no interrumpir la respuesta del
señor secretario de Estado. Antes de nada y como prolegómeno quiero
contestar a algunos compañeros que me han inquirido en tono de buen
humor que descarto que esta pregunta y su inclusión en el orden del
día haya provocado la decisión tan importante del Consejo de
Ministros del pasado viernes. Lo creo más bien motivo de una
casualidad cronológica. Paso a hablar de lo que me concierne, que es
sobre la empresa Santa Bárbara y su situación.

Esta empresa, que se creó en 1960, reagrupando una fábrica del
Ejército que ya existía en los siglos XVI y XVII con objeto de
proyectar, construir y comercializar todo el armamento para la
defensa y todo el suministro para los equipos de defensa, tiene
plantas en todas las comunidades autónomas de nuestro país y tiene
una plantilla actual de 2.022 personas, con unas características de
especialización muy profunda y difícilmente ubicables en otros
puestos de trabajo. Adolecía tradicionalmente de una estructura
obsoleta, que se ha ido transformando en estos años desde la llegada
del Partido Popular, de unas pérdidas muy elevadas y corría el
peligro inminente de desaparición, como otras empresas públicas que
no se sometieron a transformaciones durante gobiernos socialistas. En
los archivos de esta Cámara son abundantes las intervenciones
respecto a la situación caótica que esta empresa tenía desde hace
muchos años. Si recurrimos a dicha documentación,



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vemos que el Grupo Parlamentario Popular siempre ha tenido, desde la
oposición antes y ahora como grupo soporte del Gobierno, una posición
totalmente coherente con la política general de nuestro Gobierno,
manifestando, antes y ahora, que desde nuestro punto de vista
político y de repercusión social, eran fundamentales varias medidas
respecto a Santa Bárbara: mantenimiento de todas las plantas,
incluida, cómo no, la planta del Fargue, de Granada, desaparecida
como tal en otras ofertas diferentes a la solución que adoptó el
Gobierno; mantenimiento de los puestos de trabajo, 2.200 en España y
aproximadamente 200 en Granada, que también se perdían en la oferta
que ha sido desechada por el Gobierno, y reconversión de una empresa
que había entrado en importantes pérdidas durante el Gobierno
socialista y que estaba llamada a desaparecer por inviabilidad
absoluta. Se necesitaba una aportación económica racional dirigida a
un desarrollo tecnológico, una especialización y una modernización de
estructuras que aseguraran su viabilidad futura y poder enfocar con
cierto realismo su aseguramiento y crecimiento como empresa en un
mercado muy internacionalizado y con un alto poder competitivo.

Antes de formular la pregunta, con la intención de hacerlo, como he
dicho antes, en un solo bloque, quisiera trasladar, porque ha lugar
en esta intervención, una felicitación hecha al Gobierno por los
trabajadores de Santa Bárbara. Como prolegómeno, tengo que decir que
en décadas pasadas, estando el Partido Socialista en el Gobierno y
gobernando en la Junta de Andalucía, tuvieron la peregrina idea de
constituir una sociedad participada por ambos y de admitir como socio
a una empresa italiana llamada Cornello. Digo peregrina porque…



El señor PRESIDENTE: Le tengo que llamar a la cuestión, señor
Castillo.




El señor CASTILLO JAÉN: Es que viene a cuento, señor presidente.

(Risas.)



El señor PRESIDENTE: No viene a cuento. El presidente le ruega que se
ciña a la pregunta.




El señor CASTILLO JAÉN: Solamente quiero decir, señor presidente, que
el Ayuntamiento de Huétor- Santillán, gobernado por el Partido
Socialista, el comité de empresa y los trabajadores de Cornello
Internacional me han pedido que traslade al Ministerio y al ministro
personalmente su agradecimiento por su reincorporación a Santa
Bárbara, puesto que habían sido despedidos de la otra empresa por
suspensión de pagos. Dicho esto, formulo la pregunta: ¿qué opinión
tiene el Ministerio de Defensa sobre la nueva situación de la Empresa
Nacional Santa Bárbara?
Muchísimas gracias por su deferencia, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Díez Moreno): Señor
Castillo, se podrá decir lo que se quiera, pero no se puede negar que
su pregunta tiene por lo menos oportunidad. Lo que ocurre es que
habría que saber cuál es el contenido, porque, cuando S.S. dice en su
pregunta que quiere conocer la opinión que el Ministerio de Defensa
tiene de la nueva situación de la Empresa Nacional Santa Bárbara, ¿a
qué situación se refiere? En fin, puesto que el imperativo del tiempo
es el que es, entiendo que esta pregunta formulada hace meses puede
ser contestada ahora a la luz de los acontecimientos de la última
semana. No obstante, quiero advertir que la privatización de Santa
Bárbara no compete al Ministerio de Defensa sino al Ministerio de
Hacienda, que es de quien depende la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, SEPI. Por tanto, me voy a limitar a lo
que en su pregunta plantea, esto es, a la repercusión para el
Ministerio de Defensa de la nueva situación de la Empresa Nacional
Santa Bárbara surgida después del acuerdo del Consejo de Ministros
del pasado viernes.

Como S.S. ha manifestado, en este proceso de privatización la oferta
de la empresa americana General Dynamics tenía una gran ventaja sobre
la oferta competidora, tanto por lo que se refiere a la plantilla
como por lo que respecta a inversiones, a cartera o al mantenimiento
de los centros industriales. Cuando en abril del año pasado el
consejo de administración de la SEPI decidió adjudicar, a reserva de
las correspondientes autorizaciones del Gobierno o dictámenes
preceptivos, la Empresa Nacional Santa Bárbara a la americana General
Dynamics se hizo constar expresamente en ese acuerdo que la
privatización debía en todo caso respetar el programa Leopard, que en
ese momento había sido objeto de un contrato entre la propia Empresa
Nacional Santa Bárbara y la empresa alemana fabricante de esos carros
de combate, Krauss Maffei. Por tanto, el interés que el Ministerio de
Defensa ha tenido en todo momento en relación con la privatización de
Santa Bárbara fue que, fuera cual fuera el adjudicatario de la
privatización, el programa de fabricación de los carros de combate
Leopard no se viese incidido ni perturbado.Afortunadamente ha sido
así. El programa Leopard ha seguido cumpliendo sus etapas de
fabricación y sus plazos de pago, con independencia de las
vicisitudes que ha sufrido el proceso de privatización. De hecho, a
diciembre del año 2000, se habían satisfecho cantidades cercanas a
los 19.000 millones de pesetas. En este momento, a 2 de abril del año
2001, el programa sigue cumpliendo sus etapas.

Nadie desconoce que una vez que el consejo de administración de SEPI
toma su decisión, se produce una importante presión política por
parte del Gobierno alemán, con la intención, por una parte, de que la



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empresa alemana mejorase sustancialmente su oferta y, por otra, de
que el Gobierno español tuviese en cuenta en su decisión no solamente
los aspectos industriales de la oferta, sino la perspectiva europea
de la misma. Ha transcurrido el tiempo y el Gobierno, previo dictamen
del Consejo Consultivo de Privatizaciones, en su reunión del pasado
viernes, adoptó la decisión de autorizar a SEPI a continuar con el
proceso de adjudicar a General Dynamics la empresa Santa Bárbara. En
mi opinión, opinión de observador, porque el Ministerio de Defensa en
el proceso de privatización como tal no está, es que el propio
Gobierno alemán ha comprendido el escaso interés de su industria por
hacerse con la Empresa Nacional Santa Bárbara; escaso interés que se
manifiesta en que la oferta de Krauss Maffei no ha sido modificada ni
mejorada desde abril del año 2000.

Por otra parte, entiendo también que no se puede acusar al Gobierno
español de antieuropeísmo cuando el armamento para el Ejército de
Tierra es de tal complejidad y variedad en este momento que sería
difícil poder argumentar que la privatización de Santa Bárbara
a favor de la empresa alemana iba a favorecer una coordinación de
armamentos terrestres como existe, por ejemplo, en el ámbito
aeroespacial a través de EADS. Existen varios modelos de carros de
combate, existen varios modelos de todo tipo de armamento terrestre y
es muy difícil imaginar el momento en que se puede alcanzar un grado
de coordinación similar al que se ha podido lograr en el sector
aeroespacial o el que se pueda conseguir en el sector naval en su
caso. El armamento de Tierra sigue siendo fundamentalmente industria
nacional o industria de agrupaciones puntuales para programas y
objetivos concretos. De manera que en este momento y una vez que se
cumplan los trámites que han de seguir a la aprobación realizada el
pasado viernes por el Consejo de Ministros, partiendo de la hipótesis
de que se consume la privatización a favor de la empresa americana
General Dynamics, lo que puedo contestar a su pregunta es que el
Ministerio de Defensa se encuentra muy satisfecho de que la Empresa
Nacional Santa Bárbara haya sido privatizada a favor de quien lo ha
sido. ¿Por qué razón? Porque entendemos que los programas que en este
momento está llevando a cabo la Empresa Nacional Santa Bárbara para
el Ministerio de Defensa, el más importante el programa Leopard, pero
también el programa de modernización de la flota de los vehículos de
ruedas BMR o la terminación, el próximo año, de la primera serie de
construcción de los Pizarro o de los obuses 155/52 o incluso el
suministro de munición y mantenimiento, todos estos programas que en
este momento lleva Santa Bárbara no solamente se van a mantener y
cumplir, sino que van a estar dotados de un apoyo técnico
y tecnológico, financiero y de estabilidad que van a producir como
fruto un beneficio.

Más allá de los propios programas que en este momento tiene Santa
Bárbara, lo que significa la privatización
es que la empresa pasa de ser una empresa nacional a ser una
empresa privada, y aplicando los principios y la filosofía del
proceso y de la política de privatizaciones seguida por este Gobierno
y el anterior y teniendo en cuenta que en la pasada legislatura, en
mi condición de subsecretario de Economía y Hacienda, participé
decisivamente en lo que fueron las privatizaciones patrimoniales, es
decir, no las industriales de SEPI, sino las privatizaciones
patrimoniales que se llevaban a cabo a través de la Dirección General
de Patrimonio del Estado y, por tanto, perdónenme, firme defensor de
esta política porque entiendo que los resultados obtenidos en la
economía general han sido muy beneficiosos, entiendo que en este
momento la situación que se produce es que hay un competidor más en
el mercado. Por tanto, los futuros programas de armamento que vaya a
desarrollar el Ministerio de Defensa tendrán en la empresa Santa
Bárbara un competidor junto con otros competidores. Es decir, al no
ser empresa nacional tendrá que competir en igualdad de condiciones
con el resto del mercado y de la competencia surgirán beneficios
económicos tanto desde el punto de vista técnico como financiero o
económico para el Ministerio de Defensa.

El resumen de mi contestación es que para el Ministerio de Defensa la
nueva situación de Santa Bárbara es muy beneficiosa tanto por la
continuidad de los programas vigentes como por la contratación más
competitiva de los futuros programas.




- DEL SEÑOR CASTILLO JAÉN (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO) SOBRE PLANES ACERCA DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL MILITAR DE
GRANADA. (Número de expediente 181/000075.)



- DEL SEÑOR ESTRELLA PEDROLA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) SOBRE
PROYECTOS RELATIVOS AL HOSPITAL MILITAR DE GRANADA. (Número de
expediente 181/000222.)



El señor PRESIDENTE: Los dos puntos siguientes del orden del día
coinciden en el mismo tema, es decir, son dos preguntas que tienen
una unidad temática. En primer lugar las van a formular los
solicitantes y, a continuación, también de forma conjunta el
secretario de Estado les dará respuesta.

Tiene la palabra el señor Castillo Jaén para formular la primera
pregunta.




El señor CASTILLO JAÉN: El hospital militar de Granada, que dejó de
prestar sus servicios como tal en el año 1991, está ubicado en un
barrio histórico de Granada de aproximadamente 18.000 habitantes, con
un 40 por ciento de población de personas mayores. En 1992 se
iniciaron negociaciones entre el Ministerio de Defensa y la Junta de
Andalucía al objeto de transformar el



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vacío hospital en un centro de salud para servicio del barrio y se
procedió a su desafectación en diciembre de 1993. Esta instalación se
compone de un edificio principal y de otro anejo de consultas
externas, que es la parte a la que se refiere mi pregunta, con una
superficie total de 12.257 metros cuadrados. El 14 de julio de 1995
se estableció un convenio entre el Ministerio de Defensa y la
Universidad enajenándose 10.000 metros cuadrados que se destinaron a
la Facultad de Arquitectura, quedando 2.257 metros cuadrados para
consultas externas y que previamente fueron afectados en junio de
1994. Insisto en las fechas porque durante todo este período
coincidieron gobiernos socialistas en España, en la Junta de
Andalucía y en el Ayuntamiento de Granada. Después fue desafectado
para su uso como delegación del Ministerio de Defensa en Granada. En
el año 1995, en que el Ayuntamiento de Granada pasa a ser gobernado
por el Partido Popular, se retomaron las conversaciones y en un pleno
de la corporación municipal de entonces se manifestó públicamente el
deseo de que el edificio revirtiera directamente al patrimonio de la
ciudad y no pasara a la Junta de Andalucía, lo que aceptaron todos
los grupos, para luego ofrecerlo como centro de salud del Servicio
Andaluz de Salud. Así lo acordó de nuevo en un pleno de 1997 el
Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular y se aprobó por
unanimidad de todos los grupos. El 30 de septiembre de 1998 se
aprueba en este Congreso una proposición no de ley del Grupo de
Izquierda Unida, que aceptó una transaccional del Grupo Popular que
tuvo la suerte de defender este diputado que les habla, por la que se
insta al Ministerio de Defensa a acelerar todo lo posible las
negociaciones que están teniendo lugar en el Ayuntamiento de Granada
sobre el hospital militar. Me consta, porque lo he seguido muy de
cerca, que el Ministerio ha ido cumpliendo y desde este foro, aunque
no podemos instar al Ayuntamiento de Granada, sí podemos hacerle un
ruego al alcalde, antiguo compañero nuestro del Grupo Socialista
y que defendió en aquel momento aquella posición, para que convenza a
su marmóreo negociador con el Ministerio de Defensa para que
flexibilice su postura, se llegue a un acuerdo y podamos dotar de un
centro de salud a los habitantes de este importante barrio de
Granada. Por ello le pregunto al señor secretario de Estado en qué
situación se encuentran las conversaciones con el Ayuntamiento de
Granada.

Muchas gracias por su atención.




El señor PRESIDENTE: Cambia el enunciado de la pregunta, es singular
pero muy simpático y logra la comprensión de la Presidencia (Risas.).


En nombre de don Rafael Estrella el señor Moragues va a formular la
pregunta que corresponde al Grupo Socialista.




El señor MORAGUES GOMILA: Sin intención de ser tan simpático como el
señor Castillo, ni por supuesto
tan extenso, doy por formulada la pregunta del señor Estrella, que
por motivos de agenda no ha podido estar presente aquí esta tarde.

Por tanto, señor presidente, doy por formulada la pregunta y espero
que la respuesta que dé al extenso prolegómeno del señor Castillo me
permita traspasar la información a mi compañero.




El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra y
con ello cierra la sesión de esta tarde.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Díez Moreno): Muchas
gracias, señores Castillo y Moragues. Si hablábamos de oportunidad en
la respuesta a la pregunta anterior, debo manifestar en ésta que
también es especialmente oportuna, tal vez sin quererlo, porque este
caso me permite hacer un paradigma de lo que es la política de la
Gerencia de Infraestructura, a la que me he referido en la
comparecencia anterior. Como digo, es un típico ejemplo de la
política que estamos intentando aplicar a través de la Gerencia. ¿Por
qué? Primero, dando por aceptados los datos del señor Castillo,
señalo que estamos ante un caso en el que estas dependencias no son
necesarias para el interés de la defensa. Por tanto, el Ministerio de
Defensa está en disposición -me atrevería a decir que deseando- de
que estas dependencias puedan ser ocupadas para esos servicios
sanitarios que la población demanda, con lo que se cumple el primer
requisito de esa política que lleva a cabo la Gerencia. En segundo
lugar, por cohonestar la desafectación con los intereses de una
entidad territorial, en este caso el Ayuntamiento de Granada, regido
ahora por un compañero de ustedes en la pasada legislatura, lo cual
es una satisfacción. En tercer lugar, por intentar equilibrar las
prestaciones recíprocas de ambos intereses.

En este punto quiero añadir que no sólo el Ministerio de Defensa ha
manifestado una actitud y un deseo de poder llegar a un acuerdo, sino
que incluso ha realizado actuaciones positivas para que esto sea
posible cuanto antes y ha cambiado sus planes de traslado de la
delegación de Defensa que en este momento está en esas dependencias.

De manera que lo que ahora se quiere por parte del Ministerio de
Defensa es trasladar sus dependencias de la delegación a un edificio
llamado del Refino, y no al acuartelamiento de Mondragones, como se
hacía en los planes iniciales. Por tanto, hay que alcanzar un acuerdo
para valorar lo que vale el local. Yo no sé si las a posiciones serán
pétreas o marmóreas, pero está claro que ambas partes deben ponerse
de acuerdo en la valoración de ese local. En segundo lugar, el
Ministerio de Defensa está dispuesto a trasladarse en no más de año y
medio al edificio anteriormente mencionado, abandonando los locales
en los que está actualmente. En tercer lugar, si el equilibrio de
prestaciones tiene que pasar por la modificación delPlan general de
ordenación urbana, que se haga esa



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modificación en los términos acordados, y no una modificación
distinta a lo que se había acordado. Por tanto, señorías, toda la
disposición del Ministerio de Defensa, disposición positiva hasta el
punto de variar sus planes para hacer más rápido el traslado, pero
intentemos llegar a un acuerdo en la valoración y en el equilibrio
patrimonial que es necesario en convenios de esta naturaleza. Creo
que con ello explico por qué este caso es un ejemplo o paradigma de
lo que es nuestra política de infraestructuras.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.

Interpretando el sentir de todos los comisionados, le agradezco esta
comparecencia tan intensa, interesante e instructiva para los
miembros de la Comisión en lo tocante a los temas que tenía por
objeto. Muchas gracias, señor Díez Moreno.

Se levanta la sesión.




Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.