Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Senado, serie II, núm. 64-c, de 09/12/1997
BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SENADO
VI LEGISLATURA
Serie II: 9 de diciembre de 1997 Núm. 64 (c)
PROYECTOS DE LEY (Cong. Diputados, Serie A, núm. 84
Núm. exp. 121/000082)
PROYECTO DE LEY
621/000064 De Presupuestos Generales del Estado para 1998.
PROPUESTAS DE VETO
621/000064
PRESIDENCIA DEL SENADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del
Senado, se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES de las propuestas de veto presentadas al Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Palacio del Senado, 2 de diciembre de 1997.--El Presidente del Senado,
Juan Ignacio Barrero Valverde.--La Secretaria primera del Senado, María
Cruz Rodríguez Saldaña.
PROPUESTA DE VETO NUM. 1
De doña Inmaculada de Boneta y Piedra (GPMX).
La Senadora Inmaculada de Boneta y Piedra, al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de
veto.
Se solicita su devolución al Gobierno.
JUSTIFICACION
La enmienda a la totalidad con petición de devolución al Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1998 que se plantea, se basa en
las siguientes consideraciones:
En primer lugar cabe destacar el incumplimiento de la atribución
competencial establecida en el Estatuto de Autonomía del País Vasco (LO
3/1979, de 18 de diciembre) en materias básicas para el desarrollo del
autogobierno como son las relativas a la transferencia del régimen
económico de la Seguridad Social (artículo 18 del Estatuto de Autonomía
del País Vasco), INEM, políticas de empleo y ejecución de la legislación
laboral (artículo 12.2 EAPV), así como de la Investigación Científica y
Técnica --en coordinación con el Estado-- (artículo 10.16 EAPV).
Las citadas transferencias pendientes, vitales para el desarrollo de
políticas sociales y económicas, que redunden en la calidad de vida y
bienestar de la ciudadanía vasca, se presupuestan y ejecutan a través de
los Presupuestos Generales del Estado y, concretamente, se contemplan en
el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1998, al igual que
un listado de 39 materias pendientes de transferencia. Desde el punto de
vista de Eusko Alkartasuna, sólo esta situación, justifica el rechazo de
esta formación a los Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Desde Eusko Alkartasuna, consideramos, además que este Proyecto de Ley
confía más en el buen comportamiento de la evolución de la Economía y,
por consiguiente, del ingreso. Por el contrario, no aborda con decisión
la contención del gasto público, política que permite mantener con
seguridad objetivos presupuestarios y la entrada en la moneda única.
Desde una visión macroeconómica, este Proyecto de Presupuestos sólo puede
calificarse de continuista porque carece de iniciativa política. No
abordan reformas estructurales, una opción que es factible en una
situación de bonanza económica. En la atonía de sus programas no se
observa el desarrollo de nuevas políticas activas de creación de empleo,
ni la adopción de medidas tendentes a corregir y superar el problema más
importante y preocupante para el conjunto de los ciudadanos y las
ciudadanas del Estado, los altos índices de paro. El comportamiento del
empleo que ha vuelto a descender en el mes de octubre y los datos que
apoyan la duda sobre su recuperación significaría, aún en momentos
óptimos de crecimiento económico, exigen la adopción de medidas que no se
observan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Junto a la ausencia de una política que impulse la creación de empleo, se
observa una regresión en la cobertura del desempleo que sufre una caída
del 2,7%.
En otro orden de cosas las inversiones previstas en la Comunidad Autónoma
del País Vasco y en Navarra, distan mucho de aproximarse a las que
corresponderían en relación a las aportaciones realizadas vía cupo, en
aquellas competencias no transferidas. Sirva de muestra la escasa
participación en términos porcentuales en el reparto de los Fondos
estructurales o en otras inversiones estatales en costas, puertos,
aeropuertos, etc.
Por el contrario, proyectos tan importantes para estos territorios como
«Y» ferroviaria vasca o el Canal de Navarra, reciben una dotación de 250
millones de pesetas en el primer caso y un tratamiento similar en el
segundo. Desconociéndose la posición del Gobierno en torno al canal que
carece de partida concreta. En general la inversión en infraestructuras
vitales para el desarrollo económico es restrictiva, cuestión
difícilmente justificable ni tan siquiera aduciendo la política de
austeridad que requiere el cumplimiento de criterios para alcanzar en la
primavera del 1998, la entrada en la moneda única.
Por lo que se refiere a los Presupuestos previstos para I+D, adscritos en
su mayor parte a los Ministerios de Industria y Educación, siguen
anclados en porcentajes inferiores en relación con el PIB, reduciendo el
peso relativo de estas dotaciones respecto al de países del entorno
comunitario, quedando también muy por debajo del nivel relativo de lo
consignado en la mayor parte de las Comunidades Autónomas. En este
sentido, se puede afirmar que este Proyecto de Ley no apuesta por un
futuro de progreso ni por una industria científica y tecnológicamente
puntera.
Por último, Eusko Alkartasuna considera que la solidaridad con los Países
en vías de desarrollo sigue siendo una asignatura con calificación de
«deficiente»; alejándose del 0,7% que insistentemente se viene
demandando.
Palacio del Senado, 26 de noviembre de 1997.--Inmaculada de Boneta y
Piedra.
Los Senadores José Luis Nieto Cicuéndez y José Fermín Román Clemente, IU
(Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Palacio del Senado, 27 de noviembre de 1997.--José Luis Nieto Cicuéndez y
José Fermín Román Clemente.
PROPUESTA DE VETO NUM. 2
De don José Luis Nieto Cicuéndez y
don José Fermín Román Clemente
(GPMX).
Los Senadores José Luis Nieto Cicuéndez y José Fermín Román Clemente, IU
(Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.
VETO AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1998
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida solicita la devolución
al Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1998, por las siguientes razones:
-- Se trata de unos presupuestos elaborados independientemente de las
necesidades de la economía real y, muy especialmente, por no orientarse a
la creación de empleo y la reducción sustancial de la alta tasa de
desempleo que padece nuestro país, y que podríamos abordar con un
desarrollo solidario del crecimiento económico actual.
-- Consolidan un modelo de crecimiento desigual tanto en los ingresos
como en los gastos: el crecimiento económico no significa mayores
ingresos por impuestos directos de los beneficiarios de este crecimiento
y por contra se produce un incremento de la imposición indirecta,
consumo, tasas, precios públicos; con un fuerte incremento de los gastos
fiscales que hace más regresiva la política impositiva y los gastos son
regresivos e insolidarios por no hacer frente a las necesidades
prioritarias de los ciudadanos: el empleo, corrección de desequilibrios
territoriales y las desigualdades sociales.
-- Se cimenta en un concepto ultraliberal que desmonta el sector público
y deteriora sus servicios al reducir el peso del gasto del Estado con
relación al incremento de los ingresos y trasladar a la iniciativa
privada la prestación de los servicios públicos como la educación y la
sanidad.
-- Maquillan las cifras de los Presupuestos y déficit público, agudizando
las privatizaciones hasta 1,5 billones de pesetas, reduciendo las
transferencias del Estado a organismos prestadores de servicios y
empresas públicas en general e hipotecando futuros presupuestos con una
economía creativa que le cuesta arrancar (en el año 1997 no ha
funcionado), y que camufla contablemente para años futuros un gasto que
se ejecuta en éste.
-- El mal ejemplo del Estado como el mayor empresario del país que
renuncia a la oferta pública de empleo para mantener la calidad de los
servicios públicos (mientras que incrementan en 500 el personal de
confianza del
Presidente y los Ministros) y renuncia al mantenimiento del poder
adquisitivo de los dos millones de empleados públicos y la revalorización
de la pensión mínima acercándola al salario mínimo.
-- Constatan el fracaso del sistema de financiación autonómica al no
garantizar las transferencias de educación y por tanto la cesión del 30%
del IRPF, a la vez que ofrecen una imprevisión presupuestaria de las
cuantías a cada Comunidad Autónoma por la participación en los ingresos
del Estado, no precisan la distribución del Fondo de Nivelación, anulan
la deuda histórica a las Comunidades que lo tenían reconocido por el
Estatuto de Autonomía, mientras que los presupuestos son un verdadero
almacén que cuantifica las partidas precisas para el apoyo de CiU y
Coalición Canaria.
-- Son unos presupuestos condicionados por una política monetaria cuyo
único objetivo es el euro lo más rápidamente posible y al menor costo, al
que se supeditan criterios macroeconómicos que alejan la cohesión social
y económica de España en Europa y abren un marco presupuestario exigido
por el Pacto de Estabilidad que debilitará nuestra economía a favor de
las grandes economías y sus beneficiarios.
Por todo ello Izquierda Unida propone la devolución al Gobierno para su
reelaboración sobre la base de los siguientes criterios:
1. Una política fiscal sin privatizaciones, con una reducción
significativa de los gastos fiscales, un incremento de la progresividad
fiscal hacia plusvalías, rentas del capital, una reducción de la
imposición indirecta y de las tasas y la incorporación de tasas con
finalidad medioambiental.
2. Una política de gasto centrada en el incremento del empleo estable y
la drástica reducción de la contratación temporal con reformas legales y
fomento de ayudas al contrato de sustitución, drástica reducción de las
horas extraordinarias y reducción de la jornada laboral, todo ello unido
a un plan social de empleo de contratación pública a través de las
distintas Administraciones, así como la recuperación de capacidad
adquisitiva de los empleados públicos.
3. Un mayor protagonismo de la Administración Pública en políticas
activas, el incremento sustancial de la inversión y contención del gasto
militar reduciendo gasto corriente y modernización en el proceso de
ejército profesional, y destinando un incremento sustancial de la
inversión para corregir los desequilibrios territoriales, incidiendo
especialmente en la potenciación del transporte ferroviario y las
inversiones medioambientales.
4. Un aumento en la calidad y cantidad de los servicios públicos como
educación, investigación y desarrollo, justicia, cultura, sanidad, etc.,
elevando esas partidas presupuestarias para mejorar los servicios
públicos que proporcionan.
5. Un sistema de financiación de los entes territoriales basado en mayor
dotación para los Municipios, sistema de financiación autonómica más
solidario y con reconocimiento de deuda histórica y una Administración
periférica más reducida y eficaz que facilite la ventanilla única.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el
Reglamento del Senado, formula 1 propuesta de veto al Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Palacio del Senado, 1 de diciembre de 1997.--El Portavoz, Juan José
Laborda Martín.
PROPUESTA DE VETO NUM. 3
Del Grupo Parlamentario Socialista
(GPS).
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de
veto a la totalidad.
JUSTIFICACION
Los socialistas hemos impulsado desde el Gobierno y dado pruebas
suficientes desde la oposición de nuestro apoyo al proceso de
convergencia y a los ajustes necesarios en nuestro sistema económico para
lograr la integración en la Unión Económica y Monetaria. Sin embargo, no
podemos compartir las vías y procedimientos utilizados por el Gobierno
para conseguir dicho objetivo, que sólo sirve de excusa al Gobierno del
PP para proceder a un ajuste presupuestario insolidario e injusto en el
reparto de sus costes.
Este ajuste ha venido recayendo en la población con menores rentas y se
ha basado en una descapitalización del patrimonio colectivo y el abandono
de las responsabilidades que corresponden al sector público. De esta
forma, en los Presupuestos de 1998, ni se recupera el nivel de inversión
pública en infraestructuras y equipamientos, ni se dota suficientemente
el sistema de Salud y de Educación con lo que aumentarán las
desigualdades en el acceso a servicios públicos esenciales.
El Presupuesto utiliza procedimientos contables, que hurtan al Parlamento
la responsabilidad constitucional que tiene encomendada y le privan de la
información precisa para tomar decisiones.
Prueba de lo anterior es la despresupuestación de los ingresos por
privatizaciones, el tratamiento de las subvenciones a las empresas
públicas y la utilización que se hace de las cotizaciones contributivas
de la Seguridad Social, que pueden llevar a ésta a una situación
financiera grave.
En cuanto a los Ingresos, los Presupuestos para 1998 reflejan la pérdida
de capacidad recaudatoria del sistema fiscal, como consecuencia de las
medidas que sigue adoptando el Partido Popular en materia de tributación
de las rentas del capital y en beneficio de los sujetos pasivos de mayor
capacidad económica, trasvasando recursos desde el Sector Público al
privado que no garantizan que se produzca la necesaria traslación del
ahorro nacional hacia la inversión productiva; prueba de ello es la menor
capacidad estimada de generación de empleo del año 1998 respecto a los
anteriores.
El cumplimiento del objetivo de déficit se apoya así en un crecimiento de
los ingresos asociados a la fase expansiva del ciclo económico y en
fenómenos coyunturales (ingresos de privatizaciones, bajada de los tipos
de interés que será difícil mantener en el futuro), o en el diferimiento
de las obligaciones hacia ejercicios futuros, lo que compromete
gravemente la estabilidad exigida para el mantenimiento de nuestro país
en la Unión Económica y Monetaria.