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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 62, de 24/06/1997
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1997 VI Legislatura Núm. 62
PARA LA UNION EUROPEA
PRESIDENTE: DON PEDRO SOLBES MIRA
Sesión núm. 15
celebrada el martes, 24 de junio de 1997,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de Ley:
--Sobre la defensa del plátano canario en el mercado europeo. Presentada
por los Grupos Parlamentarios Popular y de Coalición Canaria. (Número de
expediente Congreso 161/000488 y número de expediente Senado 663/000022)
(Página 1229)
--Moción por la que se insta al Gobierno a que adopte las medidas de
impugnación, administrativas y políticas precisas ante la Unión Europea
para anular el Acuerdo de la Comisión relativo a la suspensión de las
ayudas estructurales al sector pesquero español. Presentada por el
Senado-Grupo Parlamentario de Senadores Vascos. ( Número de expediente
Congreso 161/000429 y número de expediente Senado 661/000062) (Página 1235)
--Proposición no de Ley (moción) por la que se insta al Gobierno a
expresar ante las autoridades irlandesas el malestar y desagrado por las
actuaciones de que fueron objeto las tripulaciones y los barcos españoles
los días 13 y 19 de marzo de 1997, a dirigirse a la Comisión Europea para
que los Reglamentos de inspección sean respetados y a poner en marcha un
programa de información y defensa de los pescadores españoles ante las
opiniones públicas de Inglaterra e Irlanda. Presentada por el
Senado-Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente Congreso
161/000474 y número de expediente Senado 661/000070) (Página 1237)
--Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de las medidas
administrativas y jurídicas que procedan, bien ante la Comisión Europea o
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como consecuencia de la
violación del principio fundamental de no discriminación por razón de la
nacionalidad, en que han incurrido las autoridades irlandesas en las
inspecciones y apresamientos de buques de la flota pesquera española, así
como a que exija la adecuación de los controles e inspecciones que se
realicen en alta mar a dichos buques, a los requerimientos del derecho
marítimo internacional, y a que la representación consular española en
Irlanda preste asistencia, a su llegada a puerto, a las embarcaciones
españolas objeto de apresamiento por parte de las autoridades de dicho
país. Presentada por el Senado-Grupo Parlamentario de Senadores Vascos.
(Número de expediente Congreso 161/000551 y número de expediente Senado
681/000085) (Página 1238)
--Proposición no de Ley (moción), por la que se insta al Gobierno a
solicitar de la Unión Europea que gestione una reunión extraordinaria de
la Comisión de Pesquerías de la Organización de Pesquerías del Atlántico
Noroeste (NAFO), para fijar un total admisible de capturas (TAC), para el
bacalao que se capture en aguas de la zona 3NO del sur de Terranova, del
que se beneficie la flota pesquera española. Presentada por el
Senado-Grupo Parlamentario de Senadores Vascos. (Número de expediente
Congreso 161/000552 y número de expediente Senado 661/000087) (Página 1243)
--Relativa a las medidas contra el ataque a mercancías. Presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
Congreso 161/000582 y número de expediente Senado 663/000024) (Página 1247)
--Sobre liberación del buque español «Arpón», apresado ilegalmente por
Argentina. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número
de expediente Congreso 161/000619 y número de expediente Senado
663/000029) (Página 1250)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
El señor VICEPRESIDENTE (Pascual Monzó): Senorías, vamos a iniciar la
sesión número 15 de esta Comisión Mixta para la Unión Europea, con un
orden del día donde se contemplan seis puntos, que son debates y
votaciones de proposiciones no de ley sobre diferentes temas.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Pido la palabra por una cuestión de
orden. (El señor Presidente ocupa la Presidencia) Nuestro grupo
parlamentario en este momento solicita de la Mesa, y quería dar copia
también a los portavoces de los grupos parlamentarios, se acepte la
presentación de una iniciativa parlamentaria urgente, porque en este
momento existe un barco español apresado en Argentina en aguas
internacionales. De conformidad con el artículo 68.2 del reglamento,
planteamos a la Mesa y a los portavoces de los diferentes grupos
parlamentarios la alteración del orden del día de la Comisión, de manera
que se pudiera incluir también esta proposición no de ley presentada,
puesto que la Mesa de la Cámara nos ha comunicado que ha quedado
calificada automáticamente en la reunión de hoy. Por lo tanto, habiéndose
obviado ese requisito previo de la admisión y de la calificación,
solicitamos de la Mesa y de los portavoces el consentimiento para ello.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún problema por parte de algún grupo sobre
el tema que ha planteado el señor Gatzagaetxebarría?
El señor MARTINEZ CASAÑ: Por parte del Grupo Popular no hay ningún
problema.
El señor PRESIDENTE: ¿Por parte del Grupo Socialista?
El señor COSTA COSTA: Por parte del Grupo Socialista no hay ningún
problema, simplemente queremos asegurar que la Mesa efectivamente ha
clasificado esta proposición de ley, ya que si esto no fuera así lo que
estaríamos es sentando un precedente que podría ser invocado para
posteriores tramitaciones. Por lo tanto creemos
que no se debe introducir un precedente de esa magnitud, que una
proposición no de ley que no haya sido tratada por la Mesa de la Cámara
pueda entrar directamente en la Comisión, porque estaríamos ante órdenes
del día siempre absolutamente abiertos. No sé si eso es posible, pero
pido que se confirme que ha sido calificada por la Mesa antes de proceder
a su tramitación.
El señor PRESIDENTE: ¿Por parte de Convergència i Unió?
El señor GUARDANS I CAMBO: También en términos de puro respeto a que no
queden precedentes que se acabarían volviendo contra cualquiera de
nosotros en el futuro. Constato que no está presente en esta sala ningún
representante del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Nosotros condicionamos nuestra aprobación de la modificación del orden
del día a que también el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
dé su visto bueno para la modificación. Si no es con absoluta unanimidad
de todas las fuerzas parlamentarias, no estamos dispuestos a admitirla.
El señor PRESIDENTE: Señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, para manifestarle
que, de conformidad con el artículo 68 del reglamento, es requisito
previo la calificación. Ruego por lo tanto que hablen con el Director de
Asistencia Técnico-parlamentaria. Este portavoz del Grupo Nacionalista
Vasco acaba de hablar con el letrado Director de Asistencia
Técnico-parlamentaria de la Mesa de la Cámara, y ha dicho que no hay
ningún problema. Si hay algún requisito o alguna otra cuestión, solicito
al letrado de la Comisión que se ponga en contacto con el letrado jefe de
la Mesa de la Cámara para que se cerciore de que efectivamente eso ha
sido así.
También quería recordar al portavoz de CiU que el articulo 68.2 del
reglamento dice que basta acuerdo de la mayoría de la Comisión, que no
hace falta unanimidad.
Solicitaría generosidad sobre esta cuestión, porque es una petición que
nuestro grupo hace dada la urgencia que tiene el tema. No es necesaria la
unanimidad, sino la mayoría, según el articulo 68.2.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-- SOBRE LA DEFENSA DEL PLATANO CANARIO EN EL MERCADO EUROPEO. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR Y POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE
COALICION CANARIA (Número de expediente Congreso 161/000488 y número de
expediente Senado 663/000022)
El señor PRESIDENTE: Si yo entiendo bien, para modificar el orden del día
sin haberlo previsto inicialmente, es precisa la unanimidad. Respecto a
eso hubo una consulta con el Presidente de la Cámara sobre un debatido
tema en la Comisión de Economía y tenemos instrucciones sobre ese punto
muy claras. Por lo tanto, esperaría hasta ver si comparece algún
responsable de Izquierda Unida. En todo caso, como ese tema pasaría al
final del orden del día, tenemos algún tiempo para tomar la decisión.
Empezaríamos con los restantes puntos y a esa propuesta no decimos que
no, sino simplemente queda pendiente de confirmar si hay unanimidad sobre
este punto.
Además de eso hay una segunda cuestión, planteada tanto por el señor
Soriano Benítez de Lugo como por el señor Segura, para que el problema
del plátano se tratase como primer punto del orden del día. ¿Hay alguna
dificultad para ese tratamiento?
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Es la misma situación. Nuestro grupo
parlamentario es flexible y no le importa, lo que no entiendo son las
rigideces que se establecen al respecto cuando los grupos mayoritarios
estamos de acuerdo en otro tema que afecta a las comunidades autónomas
pesqueras. Yo solicitaría benevolencia porque obviamente nuestro grupo
parlamentario ahora, por razones de oportunidad, no se va a oponer a lo
que plantea el Senador Segura o el otro, somos magnánimos en eso. Pero si
yo me opongo ahora, ¿qué pasa, que tampoco se puede cambiar? Nuestro
grupo parlamentario no se va a oponer a eso, porque me parece que es de
sentido común. Esto nunca había pasado y, la verdad, no entiendo por qué
los grupos parlamentarios, existiendo una mayoría sobre ello, no vamos a
tratar esta cuestión.
Tampoco está Izquierda Unida ahora y, ¿por eso vamos a esperar a que
venga? Si el portavoz no viene, no pasa nada. Yo le diría al Grupo
Catalán (Convergència i Unió) que el grupo Nacionalista Vasco le pide
como un favor político que dé su visto bueno sobre esa cuestión. Nada
más. Estoy de acuerdo en alterar el orden del día con el tema del
plátano, ningún problema, pero pediría también reciprocidad al portavoz
de Convergència i Unió, porque nunca habíamos tenido semejante disparidad
de opiniones, es la primera vez que me ocurre con el Grupo Catalán
(Convergència i Unió). Por eso solicitaría al señor Guardans que, por
favor, diera su visto bueno.
El señor PRESIDENTE: Yo creo que son dos temas radicalmente diferentes.
Por lo tanto, si no hay ningún problema con el tema del plátano que
simplemente se trata de iniciar el tema antes que después, empezaríamos
con esa proposición. Evidentemente a la otra propuesta no se ha dicho que
no, sino que simplemente queda abierto de aquí al final de la sesión.
Las votaciones las tendremos al final, a partir de las doce y media.
(Rumores.)
Perdón, los debates sobre los temas procedimentales es mejor tenerlos
fuera.
Señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Todo sea por la paz y la tranquilidad,
agradeciendo a los representantes
de los demás grupos políticos la benevolencia para alterar el orden del
día.
Como es bien conocido, el mercado comunitario del plátano se encuentra
regulado desde el día 1 de julio de 1993 por el Reglamento 404/1993, que
instaura la organización común de mercado en el sector del plátano. En
estos casi cuatro años de existencia de la OCM del plátano se ha podido
constatar que los mecanismos que contiene se han manifestado eficaces
para el logro de los objetivos que se habían propuesto: protección de la
producción comunitaria, cumplimiento de los compromisos contraídos por la
Comunidad Europea con los países ACP en el marco de la Convención de Lomé
y mantenimiento con posibilidades de expansión de los flujos con los
países latinoamericanos abastecedores tradicionales del mercado
comunitario. Asegurar, en definitiva, al consumidor un precio razonable y
uniforme en toda la Comunidad, proporcionándole al mismo tiempo una
variada oferta de plátanos de diversas procedencias.
En consecuencia, tenemos que decir que sin duda alguna este es un tema
capital para la Comunidad Autónoma de Canarias y así se ha puesto de
manifiesto en cuantas iniciativas se han presentado en esta Cámara en las
distintas comisiones. Me parece conveniente hacer especial hincapié en
que este es asunto en el que todas las fuerzas políticas de Canarias
hemos estado siempre de acuerdo, porque en definitiva los resultados de
la OCM del plátano han sido altamente beneficiosos para la Comunidad
Autónoma de Canarias. Esto no es política de partido, sino que es
política de Estado, digamos, en relación con un aspecto tan importante
para Canarias como es el sector platanero.
La Administración española, consciente de la importancia estratégica que
cobra el cultivo del plátano en las islas Canarias, impulsó y auspició en
gran medida la aprobación y posterior desarrollo de la OCM del plátano.
El funcionamiento a nivel comunitario de la OCM del plátano en sus casi
cuatro primeros años de vida, ha sido juzgado unánimemente por todas las
partes implicadas en España como altamente satisfactorio, ya que se han
mantenido las rentas de todos los productores comunitarios, incluyendo
naturalmente los canarios, garantizando al mismo tiempo, como he dicho
anteriormente, un acceso equitativo al mercado de la Unión Europea para
todos los países terceros abastecedores, lo cual a su vez ha asegurado a
los consumidores europeos un suministro continuo a precios razonables.
Esta OCM ha sido objeto de un intenso cuestionamiento, tanto a nivel
interno de la Unión Europea, fundamentalmente a cargo de Alemania y otros
países con intereses similares, como a nivel externo en el seno de la
Organización Mundial de Comercio, antes de 1995 llamada GATT, esta vez a
cargo de los países exportadores latinoamericanos. Todos los intentos de
Alemania de invalidar el Reglamento 404/1993 en el Tribunal de Justicia
de Luxemburgo han fracasado hasta el momento, habiéndose consolidado
jurídicamente el citado reglamento. Sin embargo, los procedimientos
abiertos en el seno de la Organización Mundial de Comercio, que se han
traducido en la interposición de dos paneles resueltos en 1993 y 1994,
han resultado siempre desfavorables a la reglamentación comunitaria,
aunque su adopción se consiguió evitar mediante distintas vías.
El 18 de marzo de 1997 el panel o grupo de expertos constituido a
instancias de Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras y Ecuador con
el objetivo de examinar la conformidad de la reglamentación comunitaria
del plátano, la OCM del plátano, con las normas de la Organización
Mundial de Comercio, comunicó y entregó a las partes implicadas su
informe provisional sobre este contencioso. Tal como se expone en la
exposición de motivos de la proposición no de ley, las conclusiones del
informe provisional son negativas, ya que califican ciertos aspectos
esenciales de la reglamentación comunitaria de importación de plátanos
como incompatibles con las normas de la Organización Mundial de Comercio,
tanto en lo que respecta a su vertiente del comercio de productos GATT
como la del comercio de servicios GATS. En particular, el panel ha
concluido que con la concesión de licencias de importación del
contingente arancelario a los operadores que comercializan plátanos ACP o
comunitarios, entre los que se encuentran los maduradores, se vulneran
las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Resulta especialmente
preocupante la condena de la reglamentación comunitaria del plátano en el
ámbito del GATS, puesto que legitima a Estados Unidos como parte
demandante, a pesar de ser un país no productor de plátanos.
Las conclusiones del informe provisional han sido objeto de una serie de
alegaciones realizadas por la parte demandada, Unión Europea, y por las
partes demandantes, los países americanos antes citados, se han debatido
y discutido en la reunión que sostuvieron los días 14 y 15 del pasado mes
de abril los miembros del panel y las partes implicadas. No obstante, la
emisión del informe definitivo por el panel no cierra las posibilidades
de actuación de la Unión Europea a la hora de defender la OCM del plátano
en este contencioso, sino que, haciendo uso de los recursos procesales
que la propia Organización Mundial de Comercio brinda, se abre la vía de
su apelación, la cual se realizará muy probablemente en el próximo mes de
julio.
En este proceso de apelación, cuyo resultado será decidido por una serie
de expertos diferentes a los que emitieron el informe definitivo del
panel, la Comisión empleará todos los argumentos jurídicos de fondo que
defienden la OCM del plátano y que no fueron debidamente considerados por
los miembros del panel. Por tanto, las probabilidades de una modificación
favorable a las tesis de la Unión Europea de las conclusiones del informe
por parte del órgano de apelación son bastante altas. Se espera que el
resultado final de este proceso de apelación se pueda conocer
aproximadamente en el mes de septiembre de este año. La comunicación del
citado informe provisional del panel ha sido acogida muy
desfavorablemente por el Grupo Popular y por el Gobierno al que sustenta
el grupo, siendo conscientes como somos de la enorme importancia que
tiene la regulación adecuada
del mercado comunitario del plátano para el sector productor canario
mediante los instrumentos que posee la OCM del plátano.
En efecto, el Grupo Popular estima que la actual OCM del plátano fue el
resultado de un largo proceso normativo comunitario, fruto a su vez de un
delicado equilibrio de intereses contrapuestos de la Unión Europea. Estas
condiciones han permitido a la OCM del plátano regular adecuadamente el
mercado comunitario del plátano, garantizando a los consumidores del
norte de Europa un suministro continuo y a un precio razonable, otorgando
al mismo tiempo una efectiva protección a la producción comunitaria, y
por ende canaria, y finalmente respetando los compromisos internacionales
contraídos por la Unión Europea, no sólo con los países ACP, sino también
incluso con los países latinoamericanos. Por ello, la política seguida
por la Administración española, anterior y actual, en la regulación de la
producción comunitaria del plátano, ha sido siempre la defensa y apoyo de
la actual OCM del plátano, a cuyo establecimiento contribuyó en gran
medida.
Esta línea de actuación de la Administración española se ha puesto de
manifiesto cada vez que la OCM del plátano ha sido cuestionada, tanto a
nivel interno comunitario como a nivel externo, y se ha traducido en las
siguientes acciones: oponiéndose a las propuestas de reformar la OCM del
plátano en una dirección similar a las apuntadas por las conclusiones
provisionales del panel, que sólo pretenden satisfacer los deseos de los
países del norte de Europa, contrarios a la OCM del plátano; apoyando a
la Comisión en todos los recursos planteados en el Tribunal de Justicia
de Luxemburgo por Alemania y otros países, tendentes a modificar
sustancialmente o declarar nula la OCM del plátano; y por fin,
colaborando activamente con la Comisión en la defensa de la OCM, en todos
los foros internacionales, especialmente en el actual proceso del panel
de la OCM.
Huelga decir que este modo de actuación de la Administración española se
repetirá una vez más en el proceso de apelación del resultado del informe
definitivo del panel, fortalecido aún más, si cabe, dada la seriedad de
la situación de la OCM del plátano en el seno de la Organización Mundial
de Comercio.
Por otra parte, es necesario subrayar la importancia de coordinar los
esfuerzos arriba descritos con los que cada pais defensor de la OCM,
especialmente Francia, Gran Bretaña y España, han efectuado o efectuarán
en un futuro inmediato en aras de conseguir una defensa de la
reglamentación comunitaria lo más eficaz posible. Igualmente, resulta
imprescindible cooperar con los países terceros que se muestran
favorables a la OCM del plátano, bien sean los ACP o signatarios del
acuerdo marco, con el objeto de obtener un apoyo internacional en los
distintos foros internacionales, Organización Mundial de Comercio o FAO,
a la reglamentación comunitaria.
Por último, no se puede olvidar el estrecho cauce de comunicación que se
ha establecido entre la Administración central y las autoridades
regionales canarias, que han posibilitado un intercambio de información
que resultará sin duda beneficioso para la defensa común de la OCM del
plátano. En definitiva, y como quiera que hace escasos días, hasta el
punto de que aún no se ha publicado el Boletín correspondiente, en la
Comisión de Agricultura se debatió una proposición no de ley del Grupo
Socialista, tendente al igual que ésta a la defensa de la organización
común de mercado del plátano, huelga decir que los mismos planteamientos
que se hicieron entonces son válidos en estos momentos.
En consecuencia, a efectos de mantener la debida coordinación entre los
planteamientos que se hacen en el Congreso, y si el Grupo Socialista
estuviera de acuerdo, sería conveniente aprobar aquí lo mismo que
aprobamos hace escasos días en la Comisión de Agricultura, fruto de una
transaccional por la que la proposición no de ley socialista se venía a
refundir en la proposición no de ley del Grupo Popular. Si el Grupo
Socialista estuviera de acuerdo, entendiendo que los demás grupos que no
han tomado la iniciativa, y puesto que Coalición Canaria, que también
está representada aquí, en la Comisión de Agricultura mantuvo el mismo
planteamiento, nosotros seríamos de la opinión de que podría aprobarse
hoy en esta Comisión lo mismo que hace escasos días se aprobó en la
Comisión de Agricultura.
Por último, quiero indicar la extrañeza, sin duda alguna por parte del
Grupo Popular, y supongo que será extensiva por parte de los demás
grupos, a causa de que en el Tribunal de la Organización Mundial de
Comercio se haya designado Presidente del tribunal sancionador de la
politica bananera de la Unión Europea a un político americano, que como
ya hemos indicado no es un país productor de plátanos. Sin duda alguna no
deja de resultar sorprendente y extraño el hecho que sea precisamente un
norteamericano quien esté al frente de este Comité cuando las
multinacionales de ese país son precisamente las que han denunciado ante
la Organización Mundial de Comercio a la OCM del plátano.
Insisto una vez más, como ya pusimos de manifiesto en la Comisión de
Agricultura, que en la política referente a la OCM del plátano todas las
fuerzas políticas en Canarias hemos coincidido en su planteamiento. En
consecuencia, espero y confío en que se vuelva a obtener aquí, como
siempre en cuantas iniciativas se han planteado en este Parlamento, la
unanimidad de las fuerzas políticas en un asunto tan capital para
Canarias, y el apoyo unánime de esta Comisión. Con ello doy por
finalizada mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Antes de ceder la palabra a Coalición Canaria, que
es coproponente de esta proposición no de ley, querría recordar que esta
Comisión ha sido en general muy flexible con los tiempos. Hoy, sin
embargo, tenemos muchos temas en el orden del día, por lo tanto rogaría a
todo el mundo que limitara al máximo al tiempo preceptivo máximo de diez
minutos.
Coalición Canaria tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Me ajustaré a su indicación. Esta proposición
fue presentada hace ya casi dos meses y medio, el 15 de abril, en su
número de registro,
conjuntamente por Coalición Canaria y por el Grupo Popular, y los
exhaustivos datos que ha facilitado el coproponente, señor Soriano en
nombre del Grupo Popular, me eximen de reiterarlos.
Quisiera solamente llevar al ánimo de esta Comisión dos planteamientos.
Uno, el unitario de todas nuestras fuerzas políticas en el seno del
Congreso de los Diputados, y que al coincidir también que la Comisión de
Agricultura ya debatió y acordó un texto consensuado común sobre la
iniciativa que había presentado el Grupo Parlamentario Socialista, todos
hagamos, en las dos comisiones, la misma partitura de unidad. ¿Esto por
qué? Porque es la segunda condición, señor Presidente. Este es un
problema político, con un fundamento económico, que solamente puede
beneficiar a largo plazo a las multinacionales norteamericanas bananeras
que ocupan precisamente los intereses máximos y arrogándose incluso la
representación de los cuatro países productores, como son Ecuador,
Honduras, Guatemala y México, en el contencioso que plantearon ante la
Organización Mundial de Comercio.
Si la batalla está, señor Presidente, en la validez de las licencias de
importación que se conceden a los operadores de plátanos comunitarios y
Europa renuncia a este principio, que estaba sustentado por el principio
fundamental del Tratado de Roma de la preferencia comunitaria, es un
problema político. Si se cuestiona la validez de las licencias de
importación que se conceden a estos operadores y las multinacionales
norteamericanas van a ser los albaceas del testamento que les entreguen
la Unión Europea y los países productores europeos, en ese momento sería
un problema económico por la expulsión del plátano canario del mercado
europeo. Tengamos en cuenta que, si la producción canaria, en verdad, con
sus 400.000 toneladas abastece solamente el tradicional y antiguo mercado
peninsular que tenía por reserva de ley en la legislación comercial
española, ello va a significar que la unidad de mercado europeo no puede
permitir que haya un diferencial de precios plátano de entrada entre
España y Alemania o Italia o el Reino Unido o Holanda o Dinamarca, por
poner unos ejemplos. ¿A qué llevaría eso? A la expulsión del plátano
canario del mercado europeo, es decir, del propio mercado español
peninsular. Y entonces, eso, que podía tener para unos una lectura
económica, para nosotros, desde Canarias y desde España, señor
Presidente, tiene una lectura política. En esas cuadraturas políticas es
donde nosotros enmarcamos la defensa de esta proposición no de ley,
pidiendo a todos los grupos parlamentarios, como se hizo también en la
Comisión de Agricultura, que suscribamos, con el mismo texto común que se
decida, la proposición no de ley que aquí nos ha traído hoy para su
defensa
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa).
El señor Segura, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
El señor SEGURA CLAVELL: En efecto, tal como se ha manifestado por los
anteriores intervinientes, señores Soriano y Mardones, de los Grupos
Parlamentarios Popular y de Coalición Canaria, que son los proponentes de
esta proposición no de ley, una proposición no de ley equivalente a ésta,
del Grupo Parlamentario Socialista, se debatió hace algo más de tres
semanas en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados de
manera extensa y exhaustiva, habiéndose llegado a un acuerdo que se
aprobó por unanimidad y que constituye una resolución de naturaleza
política, cuyo texto es: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
de la Nación a defender con firmeza el mantenimiento de los principios y
mecanismos establecidos en la vigente OCM del plátano, así como los
legítimos intereses de los productores y comercializadores del producido
en las islas Canarias, de forma tal que en el Consejo de la Unión Europea
se conforme una voluntad favorable a dicho objetivo, a efectos de que la
Comisión Europea defienda con la máxima energía el actual régimen común
en el seno de la Organización Mundial de Comercio, debiendo utilizar para
ello todos los medios a su alcance que permitan concluir un acuerdo
razonable entre las diferentes partes implicadas, sin menoscabo alguno de
los legítimos intereses de los productores comunitarios. Y todo ello como
continuación lógica de una política de modernización de estructuras
agrarias productivas y de su cadena comercializadora, que ha posibilitado
el desarrollo y mejora de la calidad de la producción de las islas
Canarias.
Esta es la resolución consensuada en Comisión de Agricultura, aprobado
por unanimidad y que casi con toda probabilidad lo será en esta Comisión
Mixta para la Unión Europea.
El plátano es un producto que se cultiva únicamente en España y que en la
Comunidad Autónoma de Canarias tiene una importancia extraordinaria tanto
desde la perspectiva social y medioambiental, como desde la perspectiva
de consolidación incluso de nuestro suelo, ya que en algunas áreas de
cada una de las islas de la Comunidad Autónoma de Canarias está sometido
a mecanismos de explotación de esa reserva tan escasa como es el suelo
del archipiélago canario. En consecuencia, esta resolución pone de
manifiesto una vez más la unanimidad y el planteamiento de defensa que
existe de un sector tan básico.
Señorías, la protección que la actual Organización Común de Mercado del
plátano supone, y que viene funcionando desde el mes de julio de 1993,
constituyó, como hemos dicho en otras ocasiones, un logro político de
considerable alcance, por cuanto que después de algo más de treinta años
de aplicación de la política agrícola común los órganos de decisión de la
Comunidad Europea no habían sido capaces de desarrollar un sistema común
que lograse armonizar los legítimos intereses de los productores
comunitarios con los compromisos adquiridos por los países ACP y por las
aspiraciones de acceso al mercado de terceros países, en particular del
área iberoamericana.
Por ello, señorías, podemos afirmar que el Reglamento comunitario
404/1993, mediante el cual se creó la Organización Común de Mercado del
plátano, constituyó realmente un hito notable en la vertebración
jurídico-política
comunitaria, reglamento cuya consecución requirió un notable esfuerzo,
tanto a nivel interno de la Comisión Europea como del posterior proceso
de negociación en el seno del Consejo, hasta obtenerse en aquel momento
la necesaria mayoría cualificada exigida por el artículo 43 del Tratado
de Roma.
A este interviniente le viene a la memoria, precisamente como
parlamentario también en representación de una circunscripción de la
Comunidad Autónoma Canaria, como el actual Presidente de esta Comisión
Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, en los años 1991, 1992 y
1993, en su condición de Ministro de Agricultura del Gobierno español,
jugó un papel esencial precisamente en la vertebración y en la
consecución de esta Organización Común de Mercado para el plátano. Ello
ha sido reconocido por todas las organizaciones de productores de la
Comunidad Autónoma canaria. Y fue precisamente el Gobierno español quien
jugó ese papel básico vertebrador de voluntades de los restantes
Gobiernos de países comunitarios con sectores productivos, esencialmente
Portugal y Francia.
La realidad es que, en efecto, a partir de julio de 1993 comenzó a
funcionar la Organización Común de Mercado con unos resultados
excepcionales.
Han sido suficientemente expuestas, fundamentalmente por el proponente,
señor Soriano, las características de la situación política que hoy vive
el sector platanero ante las instituciones de la Organización Mundial de
Comercio. Ha hecho referencia al panel, etcétera. Sin embargo, yo no
puedo dejar de leer algunos párrafos, por introducir elementos nuevos en
este debate, algunos párrafos del escrito que el actual eurodiputado
francés, antiguo Primer Ministro, Michel Rocard, dirigió hace unos meses
al Presidente de la Comisión Europea, señor Santer, con cuyos contenidos
al menos este interviniente se identifica plenamente.
Dice el señor Rocard en un escrito que ha sido publicitado y en
consecuencia no se trata, como es obvio, dada la importancia del asunto,
de un escrito privado: Sin embargo, los resultados de esta Organización
Común de Mercado son impresionantes. En primer lugar, se consiguió un
mercado europeo del plátano que se ha establecido efectivamente, ya que
en los cinco años los flujos comunitarios se han multiplicado por siete,
pasando de 157.000 toneladas en 1990 a 1.146.000 toneladas en 1995, de
las cuales la mitad pasa por Alemania. En segundo lugar, esta apertura de
mercados y esta mezcla de las fuentes de abastecimiento han sido
acompañadas por un importante movimiento de convergencia de precios; las
diferencias de los precios a la importación se han reducido, pasando de 3
veces a 1,5 veces, etcétera. En tercer lugar, el establecimiento de la
OCM ha conducido a un retorno a la confianza, lo que se ha traducido en
la creación de miles de empleos locales. En cuarto lugar, una última
consecuencia que se refiere a la evolución de
los porcentajes de mercado que ostentan los operadores
multinacionales globalmente, los tres operadores USA
--Chiquita, Dole y Del Monte-- han visto crecer su participación entre
1991 y 1995 del 41,5 por ciento al 43,5; y los dos operadores europeos,
Fyffes y Geest, del 10 al 14,5 por ciento. Si entramos más en el detalle,
Chiquita es la única que ha perdido porcentaje en el mercado, pasando del
25 al 17 por ciento, mientras que Dole ha aumentado del 11 al 16, 5, y
Del Monte del 7,5 al 8,5. Así, la participación en el mercado de estos
cinco grupos ha crecido, pasando del 53,5 al 56. Al mismo tiempo, estas
compañías han aumentado su participación en la producción, principalmente
en Africa y en Martinica, así como en los circuitos de comercialización
en Europa. Si Chiquita ha perdido parte del mercado se debe de hecho a
ella misma y a la estrategia que ha elegido, ya que las otras
multinacionales, en el mismo contexto reglamentario, han progresado. Por
otro lado, se constata que ni Dole ni Del Monte ni ninguna otra
multinacional europea se han asociado a la demanda de Estados Unidos. Por
el contrario, estas compañías han declarado públicamente querer trabajar
desde ahora dentro del sistema al que se han adaptado y en el que han
prosperado y progresado.
Curiosamente, con una notable valentía, el señor Rocard continúa
diciendo: Por tanto, Chiquita es la única que se opone al sistema
original y visiblemente eficaz de la Comunidad en materia de organización
común de mercado del plátano, pero es verdad que se trata de una compañía
que ha permanecido con costumbres tipo colonial y que se ha habituado
desde hace tiempo a imponer su voluntad por la fuerza, tanto a sus
asociados como a las autoridades de los países donde se ha instalado, lo
que según parece incluye también a los Estados Unidos. Lo sorprendente
--continúa diciendo el señor Rocard-- es que la Administración de Estados
Unidos haya apoyado a esta compañía, como en el fondo ha hecho referencia
a ello precisamente el señor Soriano. Y así, sucesivamente una serie de
reflexiones.
Sigue diciendo el señor Rocard: Yo lo rechazo, igual que rechazo imaginar
que Europa pueda dejar imponer a un panel, cuyo nivel de apreciación de
la situación real parece criticable, una decisión que sería incompatible
con el proyecto económico y social todavía en gestación. Porque yo creo
que el hombre y la democracia son elementos fundamentales del equilibrio
de una sociedad. Yo me sitúo en el lado de los países productores, en el
lado del binomio de la Unión Europea y los países ACP, aunque ellos sólo
produzcan un pequeño porcentaje del mercado mundial del plátano, y no me
sitúo en el lado de las miltinacionales, que siendo tres, controlan más
de lo dos tercios. Porque yo creo en las virtudes del mercado, rechazo
que Europa pueda aceptar la legitimidad de un arbitraje que favorezca la
dominación absoluta de un oligopolio de hecho, animado por una sociedad
especializada en el abuso de posición dominante, porque yo creo en la
necesidad de una cláusula social en los acuerdos de comercio
internacional. Y por ello rechazo conceder en el mercado una ventaja
decisiva a compañías que ejercen prácticas sociales que datan de la época
colonial. Para acabar, no existe otra solución alternativa válida que
pueda sustituir un sistema establecido, no sin dificultad, por Europa, en
julio de 1993. Yo no aceptaría que un procedimiento evidentemente
mixtificado nos impida continuar
manteniendo la marcha valiente de este binomio de unidad de países Unión
Europea-ACP hacia un mejor equilibrio económico y social. Además, por el
contrario, creo que Europa debería proponer a los países de América
Latina que lo deseen ayuda suficiente para lograr condiciones de
producción, de comercialización de plátanos que sean mejores para sus
economías, y por tanto para sus democracias, que las condiciones actuales
que le son impuestas.
Y termino, señor Presidente. Con la filosofía contenida en el escrito que
el hoy eurodiputado socialista, del Grupo Socialista Europeo, señor
Rocard, ha dirigido al Presidente de la Comisión Europea, con esa
filosofía, los socialistas españoles nos identificamos. En esa filosofía
está el contenido de la gran batalla que hoy se está dando en la
organización mundial de comercio y que amenaza con paralizar y con
debilitar uno de los logros más relevantes que, entre otros, ha obtenido
el Gobierno español, junto a otros gobiernos, y que desde 1993 para acá
marca una línea directriz de un desarrollo con el que nos sentimos muy
satisfechos.
La posición del Grupo Parlamentario Socialista será obviamente, como lo
fue en la Comisión de Agricultura, tal como hemos dicho, de apoyo;
daremos nuestro voto favorable a esta resolución consensuada.
El señor PRESIDENTE: El señor Guardans tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBO: Ante todo querría hacer un mínimo comentario a
una cuestión de orden o de fondo, mejor dicho, no de fondo, sino más bien
formal, como es el hecho de que, una vez más, una iniciativa que, en
términos jurídicos, podríamos decir que tiene identidad de partes, de
objeto y de causa, con otra iniciativa equivalente, haya sido discutida
hace escasos días en la Comisión de Agricultura y hoy se discuta en esta
Comisión.
Yo ruego al Presidente de esta Comisión Mixta para la Unión Europea que
tome buena nota y que transmita por lo menos la protesta de mi grupo--no
sé si se sumarán también, probablemente sí, los portavoces de los demás
grupos-- a la Mesa de la Cámara, instándole a clarificar sus criterios de
calificación. No pretendo abrir ahora el debate de cuáles deben ser estos
criterios, pero sí entiendo que tiene que haber un poco más de rigor por
parte de los servicios de la Cámara y de la decisión que finalmente se
adopte, para que proposiciones que tienen idéntico alcance e idéntico
contenido desde el punto de vista del objeto que traten no sean
discutidas en comisiones distintas. Sencillamente no se sabe cuál es el
criterio que ha provocado esa diferenciación. Van de Economía a la Mixta
para la Unión Europea; van de Agricultura a la Mixta para la Unión
Europea; van de Asuntos Exteriores a la Mixta para la Unión Europea. Y
eso afecta a proposiciones, a preguntas al Gobierno y a tantos otros
aspectos.
Este es un tema que evidentemente hay que afrontar, y hay que hacerlo con
un poco de valentía por parte de todos. Clarificar. No sé si eso supone
incremento o decremento de las competencias de esta Comisión, pero lo que
creo que sí es importante, desde el punto de vista del rigor y del
respeto al sistema de funcionamiento de estas Cámaras, las dos, Congreso
y Senado, es que sepamos exactamente a qué atenernos y no nos encontremos
un día debatiendo un tema en la Comisión de Agricultura y quince días
después debatiendo exactamente el mismo tema y desde la misma perspectiva
en la Comisión Mixta para la Unión Europea.
Dicho eso, y entrando brevísimamente en el fondo de la iniciativa que se
debate del Grupo Parlamentario Popular y de Coalición Canaria, a la que
nosotros daremos nuestro pleno apoyo, yo comparto algunas de las
observaciones que hacía el portavoz de Coalición Canaria, señor Mardones,
dando un claro contenido político, mucho más que la simple perspectiva
económica, a este problema del plátano y de la resolución tomada por el
panel de la organización mundial de comercio. No en vano la organización
mundial de comercio, y en concreto su órgano de solución de diferencias,
no ha sido precisamente exaltada o reconocida por parte de los Estados
Unidos y sin embargo esta decisión favorece clarísimamente a los Estados
Unidos. Si sumamos a eso la evolución que ha tenido en la organización
mundial de comercio el conflicto relativo a la Ley Helms Burton, el
conflicto con la Unión Europea y la suspensión del litigio en el panel de
la OMC, vemos un tufillo (permítaseme la expresión), un tufillo político
en esta decisión de dar una cierta aproximación a los Estados Unidos en
una decisión que claramente favorece sus intereses, no como país
productor de plátano, que no lo es, pero sí como país con inmensos
intereses en el ámbito de la comercialización del plátano y en grave
perjuicio de los intereses de la Unión Europea y, en concreto en nuestro
caso, de los intereses canarios. Por tanto, evidentemente estamos ante un
problema político, al margen de que el problema económico de fondo deba
ser resuelto y no se resuelva sencillamente con un dictamen, en un
sentido o en otro, de la organización mundial de comercio.
El precedente que puede suponer el hecho de que las entidades que
controlan la distribución y venta puedan dedicarse a impugnar ante la OMC
acuerdos como éste en materia de ayudas a la producción del plátano sería
un precedente gravísimo que puede trastocar en muchos otros frentes los
actuales principios también de la política agrícola común. Si a eso
sumamos algo que decía con mucha razón el señor Segura, como es el hecho
de que estas grandes multinacionales americanas, que son las únicas
beneficiadas por esta decisión de la OMC, están actuando al margen de lo
que podríamos llamar una cláusula social o una auténtica dimensión social
en el comercio internacional, y por tanto son un neto y claro ejemplo de
que una cosa es la globalización teórica del comercio y otra la
globalización por un lado y el dumping social por otro, utilizando
salarios de hambre, que provocan después precios de hambre, para su
comercialización y para introducir sus elementos de competitividad,
existe entonces un gravísimo desequilibrio que contradice los principios
mismos de la organización mundial de comercio. Y de ahí la conveniencia,
una vez más, y es buen
momento para recordarlo, de que la apertura de todos los mercados vaya
acompañada de un cierto control de la dimensión social en el comercio
internacional.
Por tanto, sin más, nosotros sí daremos claramente nuestro apoyo a esta
iniciativa.
-- MOCION POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE ADOPTE LAS MEDIDAS DE
IMPUGNACION, ADMINISTRATIVAS Y POLITICAS PRECISAS ANTE LA UNION EUROPEA,
PARA ANULAR EL ACUERDO DE LA COMISION RELATIVO A LA SUSPENSION DE LAS
AYUDAS ESTRUCTURALES AL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL. PRESENTADA POR EL
SENADO-GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES VASCOS. (Número de expediente
Congreso 161/000429 y número de expediente Senado 661/000062)
El señor PRESIDENTE: Terminamos el debate del primer punto del orden del
día, que es el tres, la proposición no de ley sobre la defensa del
plátano canario, y pasamos al primer punto del orden del día, que es:
Moción por la que se insta al Gobierno a que adopte las medidas de
impugnación, administrativas y políticas precisas ante la Unión Europea,
para anular el acuerdo de la Comisión relativo a la suspensión de las
ayudas estructurales al sector pesquero español.
Antes de esto, sin embargo, querría comentar dos cosas. Primero, por
parte de Izquierda Unida se me ha comunicado que no hay inconveniente en
incluir la petición del Senador Gatzagaetxebarría en el orden del día de
hoy. Y, por otra parte, por el director de Asistencia Técnica
Parlamentaria se me ha comunicado formalmente que existe acuerdo de la
Mesa para la posibilidad de incluir en el debate de la Comisión en el día
de hoy el tema que planteaba el señor Gatzagaetxebarría.
Hechos estos comentarios, pasamos a ver el punto uno del orden del día,
porque imagino que el otro punto lo dejaremos para el final.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Nuestro grupo parlamentario había
presentado esta iniciativa juntamente con algunas otras preguntas,
también orales, a las que ya hemos tenido contestación de la Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre la problemática de la suspensión
de las ayudas estructurales a la flota pesquera.
En diciembre de 1996, dentro del Consejo de Ministros de final de año,
que usted bien conoce, señor Presidente, porque ha participado en el
mismo y fundamentalmente porque era habitual celebrar un Consejo de
Ministros para la financiación del TAC y el reparto de cuotas, en ese
Consejo de Ministros se debatió cómo iba a quedar el plan de orientación
plurianual número 3. No se llegó a un acuerdo. Ese plan de orientación
plurianual estaba basado en los informes del Instituto de Investigaciones
Marinas de Copenhague y planteaba una serie de cuestiones, reducciones
fundamentalmente, de capacidad estructural y de esfuerzo pesquero,
homónimas en un 40 por ciento, entre la flota del norte y la del sur.
Obviamente, las pesquerías en el norte están peor que en el sur. Se veía
que había una filosofía un tanto de contenido político. Y no se llegó a
un acuerdo. El plan de orientación plurianual vencía el 31 de diciembre
de 1996 y, al no haber acuerdo sobre ello, cabía la duda de si se
prorrogaba o se quedaba sin plan. En este momento nos encontramos con un
plan nuevo, pero ha habido cuatro meses de suspensión de las ayudas que
la Unión Europea otorga dentro de su política estructural de
modernización y de nuevas construcciones.
Así, señor Presidente, el plan de orientación plurianual 1993-1996 ha
sido cumplido por cuatro Estados: España, Portugal, Dinamarca y Alemania.
Y estos dos países lo han cumplido en sus dos requisitos. Primero,
reducción del tonelaje del total de buques, y segundo, la potencia
pesquera. En segundo lugar, hay un grupo de países que cumplen
parcialmente el POP número 3, puesto que reducen tonelaje o potencia, y
en este caso están Bélgica, Grecia y Francia. Y, en tercer lugar, hay un
grupo de países, que son el Reino Unido, Italia, Irlanda y Holanda, que
incumplen los dos requisitos, la reducción de potencia y la reducción del
tonelaje de los buques pesqueros. Como dato, señor Presidente, el Reino
Unido debía efectuar una reducción de tonelaje y potencia del 20 por
ciento y lo hace en un 2 por ciento en tonelaje y en un 9 por ciento en
potencia.
En definitiva, la decisión del Consejo de Ministros es suspender todas
las ayudas estructurales, decía la Comisaría de Pesca, ligadas al IFOP.
Se planteó incluso una duda jurídica, porque España, el Gobierno español,
el servicio jurídico del Estado ha estudiado si tenía competencia la
Comisaría de Pesca, el Colegio de Comisarios, porque en definitiva es un
órgano colegiado, para poder suspender la aplicación del fondo
estructural del IFOP al no haber un POP 4. Hay unas divergencias
jurídicas al respecto y nosotros creemos que había incluso indicio de
incompetencia, que la Comisión no podía acordar, en la medida en que los
fondos estructurales están aprobados por el Consejo de Ministros.
Eso ha supuesto que durante cuatro meses hayan estado suspendidas ayudas
que hay para la modernización, para nuevas construcciones, inversiones,
que estaban esperando empresas del sector de la pesca, de la bajura, de
la altura, de los atuneros congeladores, fundamentalmente éstos, y sabe
usted, señor Presidente, que si España es competitiva en el mundo en
algún sector es en éste, en el subsector del atunero congelador, donde
hay una flota más moderna, con las inversiones más actualizadas y con la
tecnología más puntera. Han estado pendientes de la aplicación de estas
ayudas suspendidas durante cuatro meses. A nosotros esta cuestión nos
preocupaba y sobre todo le preocupaba al sector pesquero, que es el que
nos ha transmitido la grave inquietud que existía en esta cuestión,
porque se estaba jugando la viabilidad de unas empresas que tenían unos
planes de inversiones. Fundamentalmente
en las comunidades autónomas con litoral español, el País Vasco, las
islas Baleares, Galicia, Cataluña, Euskadi, ha habido una honda
preocupación sobre esta cuestión.
Eso entronca, señor Presidente, con otra cuestión más importante, y es el
déficit estructural de la construcción europea. En la política pesquera
común el incumplimiento de la normativa no origina ningún efecto
sancionador. Usted sabe mejor que nadie, porque ha sido Ministro, que en
el ámbito de la política agraria comunitaria el no cumplimiento de los
requerimientos, por ejemplo, en la OCM del sector lácteo o en la OCM de
los cultivos herbáceos, origina, por ejemplo, en la de los cultivos
herbáceos, la aplicación de un índice corrector a la hora del abono del
estabilizador de los rendimientos. En el caso de las cuotas lácteas, el
sobrepasamiento origina el pago de la supertasa. Pues en la política
pesquera común el incumplimiento del POP 3 no origina efecto sancionador.
El único efecto sancionador es que los países que lo han incumplido no
pueden destinar fondos del IFOP a nueva construcción y modernización,
pero sí a otras acciones estructurales: equipamientos portuarios,
acciones de apicultura, constitución de sociedades mixtas, exportaciones,
etcétera. Ahí hay un déficit estructural en la constitución y en la
ingeniería, en el armazón jurídico y político de la Unión Europea, porque
no origina ningún efecto, cosa que sí está prevista en la política
agraria comunitaria.
Ese es un grave defecto que tiene la política pesquera común, que es
fruto de que no se ha llegado a un acuerdo político en el Consejo de
Ministros y que no acarrea efectos sancionadores, porque el reglamento
base del IFOP y la decisión que regula el plan de orientación plurianual
no prevén que su incumplimiento suponga la no percepción de fondos, salvo
para las modernizaciones y nuevas construcciones. Todos los demás fondos
sí son percibidos por los Estados miembros.
Y por lo tanto --esta es una reflexión de orden político-- ahí
tendríamos, y en España yo creo que se ha trabajado en ello por el
anterior y por este Gobierno, que intentar modificar la política pesquera
común, en la medida en que es necesario en la materia de estructuras
fijar unos requerimientos y una serie de regulaciones específicas que
prevean efectos, efectos jurídicos y efectos sancionadores, para aquellos
países que no cumplan con los requerimientos de los planes de orientación
plurianual.
El Consejo de Ministros del mes de abril logró un acuerdo político
importante, que ha supuesto que para España prácticamente no haya ninguna
reducción. ¿Por qué? Porque España, en todos los segmentos de flota del
POP, tanto en la flota de cerco, como en la de altura, que faena en el
Atlántico, como en la flota arrastrera congeladora, en la bacaladera, en
la atunero congeladora, en todas, en todos estos segmentos de flota
estaba, tanto en tonelaje como en potencia pesquera, muy por debajo del
POP número 3. Y la reducción que se ha establecido en el POP número 4
prácticamente podemos decir que no afecta a la flota pesquera española.
Nos ha alegrado la aprobación de este POP número 4, porque ha supuesto el
renacer, la suspensión de la suspensión, valga el juego de palabras, de
la Comisaria Bonino, de las ayudas estructurales, el levantamiento de la
suspensión en definitiva y que las comunidades autónomas puedan gestionar
y pagar a los operadores pesqueros, a los agentes pesqueros, en
definitiva a las empresas y a todo el entramado pesquero español, de la
comercialización, del sector de la transformación y de los extractivos,
los fondos del instrumento financiero para la orientación de la pesca.
Señor Presidente, obviamente la parte resolutiva que planteaba nuestra
moción ha decaído, porque se ha logrado un acuerdo jurídico. Era una de
las cosas que nuestra moción decía, que se hicieran gestiones
administrativas y políticas para el levantamiento de la suspensión, cosa
que se ha logrado. Y el estudio jurídico que se estaba realizando para la
adopción de medidas impugnatorias ante el Tribunal de Justicia ya no
procede, porque ese levantamiento de la suspensión de las ayudas se ha
producido. No obstante, a nuestro grupo parlamentario le parece
interesante la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y estaríamos
dispuestos a aceptarla en sus justos términos. Porque en definitiva se
plantea una cuestión importante también en el sector pesquero español.
Creo que es un detalle curioso y que puede tener trascendencia que se
pida desde el sector pesquero español que haya una vinculación entre la
vigencia del plan de orientación plurianual número 4, que va a estar
vigente hasta el 31 de diciembre del 2001, y la vigencia de los fondos
estructurales del IFOP. Sabemos que estos fondos estructurales del IFOP
dependen del paquete Santer, de los acuerdos a que se llegaron en su
momento en la Unión Europea, entre los jefes de Estado y los jefes de
Gobierno, y que en definitiva ahí puede haber un problema. Pero
políticamente es bueno que haya una correlación, que siga vigente el POP
4 (1996-2001) y que el IFOP siga subsistiendo hasta el 2001 y que no
termine en el año 1999. ¿Por qué? Porque el POP 4 sigue haciendo
referencia también a política estructural y hacer una política
estructural sin tener ese fondo estructural no parece coherente. Por ello
nosotros aceptaríamos íntegramente este planteamiento que nos hace el
Grupo Parlamentario Popular, sabiendo que en este momento hay un debate
abierto en el segundo semestre, después de la Presidencia holandesa, en
el Consejo de Ministros, de la revisión de los fondos estructurales, de
cómo van a quedar.
Recientemente tuvimos ocasión de reunirnos en Bruselas con la Comisaria
de Pesca y no se sabía cómo iba a quedar exactamente el IFOP, si dentro
de una nueva revisión de los fondos estructurales, con una reducción de
los mismos, o si únicamente la iniciativa de pesca iba a entrar en este
nuevo paquete de fondos de desarrollo regional, junto con el fondo social
europeo y con el FEOGA-garantía, y el IFOP quedaría aparte, dependiendo
de la DG-14. Esa es una cuestión que en este momento está abierta, hay un
debate político muy interesante entre los
Estados, y nosotros coincidimos con esa enmienda que nos hace el Grupo
Parlamentario Popular y la aceptaríamos, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Murcia.
El señor MURCIA BARCELO: Muy brevemente, en aras de economía procesal,
porque, tal como ha dicho mi predecesor en la palabra, los problemas que
se habían suscitado y que habían dado causas a la moción presentada por
el Grupo Nacionalista Vasco en el Senado creo que se han superado. Y como
también ha dicho, gracias, entre otras cosas, a la buena intervención del
Gobierno de España en este problema. Nosotros siempre entendimos que no
había existido tal suspensión, por cuanto era el Consejo de Ministros
europeos el que debía determinar y en ningún caso la Comisión, como hizo
en su día.
No quiero extenderme, porque ya hemos dicho que a partir de abril, del 15
de abril, se superó este problema, en cuanto que el Consejo de Ministros
de Pesca de la Unión Europea aprobó los programas de orientación
plurianual, en este caso el POP 4. Tras esa aprobación, lógicamente
quedaron desbloqueadas las ayudas procedentes de la Unión Europea con
destino a la reestructuración de la flota pesquera y además se
desbloqueaban con fecha 1 de enero de este año. Por lo tanto, la
incidencia que tuvo sobre el sector pesquero español fue prácticamente
nula. No obstante, entendemos que, teniendo en cuenta el impacto y el
relieve del tema objeto de la moción, aunque ya pasado en el tiempo, como
hemos dicho, por cuanto se presentó esta moción el 28 de febrero y la
solución se produjo el día 15 de abril, sí nos interesaría, si es
posible, señor Presidente, la presentación de una enmienda transaccional
que yo pasaría in voce a manifestarle, si pudiera ser, dentro del
procedimiento de este acto.
La enmienda sería: La Comisión Mixta para la Unión Europea insta al
Gobierno a seguir tomando las medidas adecuadas para garantizar que en el
futuro el apoyo a la flota pesquera española se siga financiando con
fondos de la Unión Europea y que los fondos del instrumento financiero de
orientación de pesca (IFOP) se renueven por lo menos hasta la vigencia
del POP 4, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2001.
Yo les facilitaría el texto.
El señor PRESIDENTE: Repartiremos inmediatamente la enmienda in voce para
que los restantes grupos la puedan ver.
¿Restante grupos que quieran intervenir? Grupo Socialista. El señor
Príncipe tiene la palabra.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Nos vamos a centrar en la enmienda presentada
conjuntamente con el Grupo Popular y los demás grupos, puesto que la
formulación inicial presentada por el Grupo Nacionalista Vasco decaía por
la situación de desbloqueo a que se llegó aprobando el POP 4.
Nosotros mostramos nuestro apoyo a esta enmienda transaccional, porque
esta es la política y los objetivos que han defendido los socialistas.
Recuero a SS. SS. que cuando entramos en la Unión Europea, en el año
1986, no había ningún fondo estructural destinado a pesca. Y fue el
trabajo del Gobierno socialista y de Felipe González en la cumbre de
Edimburgo lo que consiguió crear el IFOP, un instrumento financiero
similar a un fondo estructural que permitiera abordar la reordenación,
modernización y las políticas de acompañamiento social necesarias en el
sector pesquero, teniendo en cuenta que el sector pesquero es para España
un sector estratégico, pues somos la primera potencia pesquera dentro de
la Unión Europea.
Señores del Grupo Popular, nos alegra que hayan cambiado de posición, que
reconozcan aquel calificativo desgraciado y poco oportuno llamando
pedigüeño al Presidente del Gobierno, y hoy ustedes se hayan unido a esta
banda de pedigüeños de los socialistas, que pedimos que la pesca, como
sector primario, tenga el mismo grado de ayudas o el grado proporcional
de ayudas necesario, igual que lo tiene la agricultura. Les daré un dato:
cuando entramos en 1986 los fondos destinados a pesca eran inferiores a
los que se destinaba, por ejemplo, a la política de la almendra. Y yo
creo que nos podemos sentir legítimamente orgullosos los españoles, y muy
especialmente los socialistas, por haber conseguido un tratamiento más
ajustado a la realidad del sector pesquero.
Hemos aceptado la fecha del 31 de diciembre del 2001. Pero también quiero
que quede constancia en el «Diario de Sesiones» de que por parte
socialista nos gustaría llevar la prolongación hasta el año 2005, en el
conjunto del paquete financiero que se va a discutir; desde 1999 al 2005.
Nuestro objetivo permanente será llegar hasta el 2005 y que se mantenga
el IFOP, que fue --insisto-- un triunfo político y colectivo de España y
de su Presidente de Gobierno, Felipe González, en la cumbre de Edimburgo.
-- MOCION POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A EXPRESAR ANTE LAS AUTORIDADES
IRLANDESAS EL MALESTAR Y DESAGRADO POR LAS ACTUACIONES DE QUE FUERON
OBJETO LAS TRIPULACIONES Y LOS BARCOS ESPAÑOLES LOS DIAS 13 Y 19 DE MARZO
DE 1997, A DIRIGIRSE A LA COMISION EUROPEA PARA QUE LOS REGLAMENTOS DE
INSPECCION SEAN RESPETADOS Y A PONER EN MARCHA UN PROGRAMA DE INFORMACION
Y DEFENSA DE LOS PESCADORES ESPAÑOLES ANTE LAS OPINIONES PUBLICAS DE
INGLATERRA E IRLANDA. PRESENTADA POR EL SENADO-GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente Congreso 161/000474 y número de
expediente Senado 661/000070)
-- MOCION POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCION DE LAS MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS QUE PROCEDAN, BIEN ANTE LA COMISION EUROPEA O
ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNION EUROPEA, COMO CONSECUENCIA DE LA
VIOLACION DEL PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE NO DISCRIMINACION POR RAZON DE LA
NACIONALIDAD, EN QUE HAN INCURRIDO LAS AUTORIDADES IRLANDESAS EN LAS
INSPECCIONES Y APRESAMIENTOS DE BUQUES DE LA FLOTA PESQUERA ESPAÑOLA, ASI
COMO A QUE EXIJA LA ADECUACION DE LOS CONTROLES E INSPECCIONES QUE SE
REALICEN EN ALTA MAR A DICHOS BUQUES, A LOS REQUERIMIENTOS DEL DERECHO
MARITIMO INTERNACIONAL Y A QUE LA REPRESENTACION CONSULAR ESPAÑOLA EN
IRLANDA PRESTE ASISTENCIA, A SU LLEGADA A PUERTO, A LAS EMBARCACIONES
ESPAÑOLAS OBJETO DE APRESAMIENTO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DE DICHO
PAIS. PRESENTADA POR EL SENADO-GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES VASCOS.
(Número de expediente Congreso 161/000551 y número de expediente Senado
681/000085)
El señor PRESIDENTE: Dado que ningún otro grupo quiere intervenir,
pasaríamos al punto siguiente del orden del día.
Se me ha pedido por los grupos proponentes acumular el punto 2 y el punto
4 del orden día, que hacen referencia a las actuaciones de la flota
pesquera, básicamente en Irlanda. Tendrían que intervenir, si entiendo
bien, tres grupos, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo EAJ-PNV y
el Grupo Popular, como grupo proponentes. Iniciaríamos la intervención
con el Grupo Socialista.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: El motivo fundamental de la proposición no de
ley, o de la moción, llámenle como quieran, que presenta el Grupo
Socialista es intentar abordar una solución global a un problema crónico
que tiene nuestra flota pesquera que ha accedido a los caladeros del Gran
Sol y que ha accedido a partir de enero de 1996 al box irlandés y a
aquellas zonas que inicialmente estaban vedadas a nuestra flota y que,
con motivo de la ampliación de la Unión, se consiguió adelantar la fecha
de acceso para nuestros buques.
Nos encontramos, y sin ningún tipo de complejos, hay que decirlo, con que
una flota modernizada y competitiva como la española está siendo
presentada ante las opiniones públicas de Irlanda y de Inglaterra, sea
cual sea el Gobierno inglés y sea cual sea el Gobierno irlandés, como los
causantes de las desgracias de un sector pesquero, el irlandés y el
británico, en general menos desarrollado y menos competitivo que el
español.
Estas manifestaciones habituales que rezan en la xenofobia, sobre todo en
los tabloides, en los periódicos amarillos, tienen como blanco preferido
la actuación de nuestros marineros y de nuestras embarcaciones, que son
presentados prácticamente como depredadores marinos, cuando tendremos que
decir, y me remito a los últimos informes comunitarios del balance de
inspecciones de final de año y de las sanciones que la flota española que
actúa en el Gran Sol es la que mejor respeta la normativa comunitaria y
la que mejor respeta aquel concepto de pesca responsable que el Gobierno
español lanzó a principios de los años 90.
Para nosotros hay que actuar en tres frentes. Primero, proponíamos en
esta moción un primer comunicado al Gobierno de Irlanda y al Gobierno de
Inglaterra para que cada vez que tengan elecciones no utilicen a nuestros
marineros. Porque les voy a decir una cosa, los apresamientos que se
produjeron en los meses de marzo y abril no resultaron al final en
ninguna infracción. Y en algunos casos se produjeron vulneraciones claras
del Derecho marítimo internacional y de los derechos de los ciudadanos,
en este caso de los trabajadores que estaban allí, de las personas que
estaban allí. Y nos parece que en primer lugar hay que expresar nuestra
protesta. Segundo, creemos que debe estudiarse una reforma, más que una
reforma una clarificación de los reglamentos de inspección comunitarios,
para que se adecuen perfectamente al Derecho marítimo internacional y se
garanticen los derechos de las personas. Tercero --y ya les anuncio que
no podemos aceptar su transaccional, porque no entendemos la posición,
fundamentalmente del Partido Popular--, nosotros decimos claramente que
hay que plantearse una campaña de información permanente a las opiniones
públicas de Irlanda y de Inglaterra para explicar lo que hacen nuestros
marineros, lo que hacen nuestras tripulaciones, lo que hacen nuestros
barcos y cuál es nuestro concepto de pesca. Porque no podemos tolerar que
se presente a esos trabajadores y a esas empresas españolas como las
culpables de las desgracias de un sector no suficientemente desarrollado,
no suficientemente capitalizado, no suficientemente modernizado, como el
sector pesquero inglés e irlandés. Es injusto. No queremos que nuestros
marineros y nuestros barcos sean el muñeco del pimpampum. Creemos que
tenemos el mismo derecho que tuvo cualquier otro Gobierno para hacer
lobby y explicar cuáles son nuestros objetivos y defender nuestros
intereses estratégicos, sin ofender a nadie. Y en ese sentido reclamamos
la autonomía del Gobierno de nuestra nación para defender a nuestros
nacionales, a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas, nuestros
intereses. Y reclamamos nuestro derecho para informar de nuestra visión
del problema, para que los ciudadanos británicos y los ciudadanos
irlandeses no caigan presos de las campañas xenófobas que en algunos
casos se montan contra nuestros barcos y nuestras tripulaciones.
No podemos entender, señorías, por qué el Gobierno del Partido Popular,
que ha jugado al españolismo y a la bandera casi de guerra durante años,
por qué tiene miedo el Gobierno del Partido Popular a que informemos a la
opinión pública inglesa e irlandesa de lo que pacifica y yo creo que
respetuosamente, hacen nuestros marineros y nuestras embarcaciones. Y
desde luego no podemos admitir, le guste más al señor Blair o al señor
Major, nos da exactamente igual quién esté, no podemos admitir que ellos
condicionen que nosotros podamos expresar la defensa de nuestros
ciudadanos y de nuestras empresas.
Y por eso, fíjense, el texto que proponemos es bien claro. Porque además
el texto que traemos no es una proposición socialista, lo voy a decir así
de claro. Aquí el partido, el grupo parlamentario está haciendo de
portavoz del sector. Proponemos poner en marcha con carácter permanente
un programa exhaustivo de información, explicación y defensa de los
pescadores españoles ante las opiniones públicas de Inglaterra e Irlanda.
Los contenidos de este programa serán consultados y discutidos con
representantes de los armadores, fundamentalmente vascos y gallegos, que
son los que están en ese caladero, y con los sindicatos representativos
de los pescadores.
¿Por qué se puede molestar el señor Blair o el Gobierno irlandés porque
hagamos esto? ¿Por qué tienen ustedes tanto miedo a votar este punto que
es absolutamente inocuo?
Nuestra experiencia personal dice que desde posiciones de debilidad...
(Rumores.) Entre el PNV y el Partido Popular hay una fluida relación en
temas pesqueros, pero podrían atender las explicaciones del proponente
socialista, porque si no creo que se van a perder parte de mis
argumentos. (Un señor Diputado ¡Para lo que sirven!) Pues sirven para
tener la palabra y la razón aunque no tenga los votos; algún día tendré
los votos, pero de momento voy teniendo la razón, que es una forma para
tener algún día los votos. Nosotros, por esta razón, no podemos
transaccionar lo que ustedes nos proponen, porque lo que ustedes nos
proponen es un gesto de absoluta debilidad y de renuncia a la capacidad
autónoma de nuestro Gobierno de defender a nuestros ciudadanos.
¿Cómo me pueden decir los señores del Partido Popular que no podemos
votar este punto porque puede molestar al Gobierno inglés o al Gobierno
irlandés? No es de recibo. Esto no le puede molestar a nadie, porque
cuando el Gobierno inglés informa a sus turistas de que no deben consumir
agua o no deben consumir pescado, a mí no me parece mal; no me parece
mal. Algunas veces me puede parecer mal que digan que tenemos más
problemas de los que tenemos en nuestro país; ¿pero que yo defienda, que
nosotros defendamos que nuestros marineros son gente honrada que se gana
la vida, que tienen un salario insuficiente, que tienen unas condiciones
de trabajo duras y que no son ningún pirata que anda suelto por el mar?
Es un orgullo para los socialistas decirlo. Para nosotros es un orgullo
decir que nuestros marineros y nuestros armadores, en general, la inmensa
mayoría cumplen con el concepto de pesca responsable que nuestro Gobierno
acuñó y lanzó y de algún modo convenció a los demás países de la Unión
Europea de que ese era el concepto por donde había que avanzar en este
final de siglo.
Por esta razón, nosotros mantenemos nuestra propuesta de defensa de
nuestros marineros y de nuestra flota en Gran Sol frente a los ataques
xenófobos que con demasiada frecuencia se practican desde algunos medios
amarillos de comunicación y que utilizan a nuestros marineros como el
pimpampum de los problemas internos del sector pesquero inglés o
irlandés.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo de Senadores Vascos (EAJ-PNV),
tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Quiero decirle cariñosamente a mi
compañero Carlos Príncipe que aunque estaba hablando con Carlos Mantilla
le estaba escuchando también ya a él que siempre dice cosas de interés,
sobre todo, porque es parlamentario de la provincia de Pontevedra y es
buen conocedor de la pesca en Galicia. Por lo tanto, estimado Carlos, sí
te estaba escuchando, aunque estaba hablando con tu homónimo de
Pontevedra, Carlos Mantilla.
Entrando en el orden del día, señor Presidente, debo manifestar lo
siguiente. Nosotros tenemos planteada también una moción por esta misma
cuestión y queríamos hacer unas consideraciones previamente de orden
general sobre la política pesquera comunitaria. Esta política es una de
las materias más comunitarizada en el ámbito o en el haz de competencias
de la Unión Europea, lo cual implica la existencia de un mínimo común
denominador pesquero para los distintos países miembros. Así, la política
pesquera de la Unión dispone de una base uniforme en recursos, en
estructuras, en mercados, pero habilita a desarrollar a los diferentes
Estados miembros políticas propias respetando esta base uniforme en
recursos, en estructuras y mercados.
Así, al margen de la normativa comunitaria reguladora del acceso a los
recursos --en los diferentes países es disciplina habitual y normal--,
también la hay en materias pesqueras, como el acceso a caladeros, las
artes de pesca, los días de mar, los planes de pesca, ahora desaparecidos
con la plena «integración», entre comillas, digamos, desde el 31 de
diciembre de 1994, el censo de buques, las tallas de especies; por tanto
hay capacidad normativa, es decir, extrapolándolo al ámbito
constitucional o jurídico político, sería como si la Unión Europea fijara
las bases y los Estados fijaran el desarrollo legislativo y la ejecución.
No es exactamente lo mismo, no son idénticos los parámetros que funcionan
en el Derecho Constitucional y Administrativo español, pero sí que
tendría algún parecido o alguna analogía. Así, España regula en todas
estas cuestiones de artes de pesca y de acceso a caladeros y es curioso
cómo en el caso de las artes de pesca, mientras el reglamento comunitario
permite la utilización de las redes de enmalle a la deriva, la normativa
española lo prohíbe. Esta situación está generando que los diferentes
países miembros legislen sobre estas materias con carácter y naturaleza
distinta. Así, en países como Francia e Irlanda, la infracción de la
normativa pesquera es constitutiva de un delito juzgado por los
tribunales de lo Penal, es decir, las irregularidades o las infracciones
en materia pesquera tienen una gran trascendencia
infractora. En cambio, en España, las infracciones en materia pesquera
constituyen un simple ilícito de carácter administrativo, no teniendo por
lo tanto trascendencia de carácter penal o punitiva en el ámbito
sancionador penal; sí lo tiene en el administrativo.
Así, señor Presidente, en base al principio de subsidiariedad, la
aplicación, el control y la ejecución de las distintas y diversas
legalidades pesqueras corresponde a los países miembros, produciéndose,
ante infracciones pesqueras idénticas, tratamientos y sanciones muy
distintas, en función de las autoridades estatales que conocen o
intervienen en cada caso. El Derecho interno es distinto y por lo tanto
ahí también hay una disfunción de la política pesquera, en la medida en
que, por el principio de subsidiariedad, corresponde a los Estados la
ejecución, pero la normativa de organización interna del Derecho punitivo
de cada Estado es distinta, en unos casos es administrativo y en otros es
jurisdiccional.
En el caso de la legislación pesquera sancionadora de Irlanda estamos
constatando que la flota pesquera española sufre una constante
persecución por parte de las autoridades de ese país, aspecto que se
manifiesta en el elevado de número de apresamientos efectuados y en que
el número de buques pesqueros españoles apresados y posteriormente
sancionados ha ido incrementándose en el transcurso de los tres últimos
años. Tenemos que tener en cuenta que la legislación pesquera irlandesa
ha sido modificada, pero lo ha sido en la línea de agravar las
infracciones o los ilícitos por los que se apresaba a los barcos
españoles, y, en cambio, aquellos tipos infractores que han sido
habitualmente cometidos por la flota irlandesa no han sido objeto de
modificación interna de la legislación propia. Es decir, para aquellas
irregularidades que haya podido cometer la flota española se establece
una pena, un Derecho punitivo sancionador mucho mayor, y aquellas
irregularidades o infracciones que habitualmente ha solido cometer la
flota irlandesa se mantienen en la legislación. Vemos ahí una posición
que desde el punto de vista jurídico del entendimiento de la Unión, que
es el artículo 6 del Tratado, principio de la no discriminación, nos
suscite una gran duda jurídica en cuanto a esta legalidad, y en eso me
remito a un informe jurídico importantísimo y profesional realizado por
la anterior Administración socialista, de los tiempos de Luis Atienza
efectuado por el catedrático Díez Hochleitner, que analizaba esta
cuestión, encargo que le hizo el anterior Gobierno. Yo he tenido ocasión
de conocer dicho informe y en éste se explicitaban una serie de vías a
ser utilizadas por el Gobierno español. Este informe vale prácticamente
para el anterior Gobierno, pero éste también lo tiene. El informe de Díez
Hochleitner estableció diversas posibilidades de actuación por esta
infracción del artículo 6 del Tratado de la Unión, que está inspirando la
legislación interna pesquera sancionadora irlandesa. Es un dato que yo
ofrezco como reflexión, que el Gobierno tiene en sus manos y que podrá
utilizarlo por los cauces administrativos, políticos y judiciales que
estime oportunos.
Yendo más a la práctica, señor Presidente, en los cuatro o cinco últimos
meses, la Marina irlandesa ha procedido al apresamiento de 17 buques
pesqueros, además de haber practicado actuaciones inspectoras irregulares
que, a nuestro juicio, infringen gravemente la normativa internacional
sobre inspecciones en alta mar. Así, se ha dado a conocer por parte del
sector cómo se han producido apresamientos en plena noche, sin luces de
posicionamiento, sin enarbolar el gallardete de inspección que exige el
Reglamento 1382/1987 de la Comisión Europea, y, en fin, sin haber
solicitado al patrón, al capitán de pesca, la preceptiva autorización
contemplada en el Derecho marítimo internacional para subir a bordo y
proceder a las labores de inspección.
Pero es que más allá de las irregularidades que se puedan haber detectado
en el diario de a bordo respecto a la normativa comunitaria, nos parece
que el servicio de control pesquero de la Marina irlandesa está
claramente transgrediendo la legislación vigente en materia de inspección
de los buques que desarrollan actividades pesqueras en el Atlántico
Nordeste, es decir, en aguas reguladas por la NEAFC, la Comisión de
Pesquerías del Atlántico del Nordeste. Esta actitud es más propia del
siglo XVI que de hoy en día, deja mucho que desear por parte de los
inspectores irlandeses y, a la par, está poniendo en peligro sus propias
vidas, ya que los mismos inspectores suben al buque pesquero español en
plena maniobra pesquera, cuando la labor está en marcha, cuando la red,
bien de abertura vertical o la de fondo está en ese momento girando, y
eso está originando una responsabilidad. Digo esto no vaya a ser que, al
final, la culpa de que ocurra un grave accidente, y un inspector irlandés
caiga a la mar, fallezca o tenga una grave lesión sea del buque pesquero
español, porque se han realizado inspecciones cuando el buque estaba en
plena maniobra de la actividad pesquera. Por lo tanto, nosotros queremos
transmitir esta preocupación.
Y juntamente con ello y con la regulación interna del Derecho
administrativo y sancionador pesquero inglés, en el caso irlandés se da
una cuestión muy particular y que es preocupante, y es que en la práctica
se produce una negociación, un chalaneo, un intercambio entre el fiscal y
el abogado defensor, porque la cuestión se judicializa, no se lleva en el
ámbito sancionador, y a veces ocurre, y lo digo porque he tenido
experiencia de conocerlo, que cuando el fiscal pide la declaración de
culpabilidad o de inocencia, en la negociación del Derecho anglosajón a
veces se producen tintes aberrantes, como es el hecho de que los propios
abogados defensores del buque o del capitán español aconsejen la
declaración de autoculpabilidad respecto a algunos cargos con una
finalidad, para evitar que el buque siga retenido en el puerto, con todos
los costes que eso origina, con todos los costes laborales, implicaciones
sociales, regulaciones de empleo, costes de Seguridad Social,
mantenimiento del buque; es mejor autoinculparse y recibir la sanción --y
eso lo negocian, así funciona, los abogados de la empresa o del capitán
español con el fiscal irlandés-- que mantener el buque allí, porque hay
una serie de dilaciones en el funcionamiento burocrático judicial que es
peor que autoinculparse en algunos casos. Eso también se está
produciendo.
Esta no es práctica común sólo con los buques de pabellón español, sino
que también se ha producido con algunos británicos, y por ello, señor
Presidente, nos parece que este método que está utilizando la Marina
irlandesa es inadmisible, lo realiza con total extralimitación de la
normativa internacional y europea sobre la realización de los controles
en el mar, además del hecho de que a veces se ha producido por meras
inobservancias no por irregularidades de estar en un caladero para el que
no se está autorizado o por pescar una especie que no es multiespecie y
por lo tanto no se tiene capacidad para hacerlo o por utilizar un arte
antirreglamentario, sino por meras inobservancias de documentos
administrativos que la legislación de marina mercante exige que debe
llevar el capitán del buque; por eso mismo se ha procedido al
apresamiento de un buque, liberado dos días más tarde. Eso tiene unas
implicaciones económicas para el titular de ese negocio, para los
tripulantes y para la actividad económica impresionantes. Por meras
inobservancias también se han producido apresamientos, como digo.
Este es el contexto de los problemas que está padeciendo en este momento
la flota pesquera española. Nosotros sabemos, porque hemos tenido
información del Gobierno, de las gestiones que se han realizado, de este
Gobierno y del anterior, pues prácticamente los gobiernos en estas
circunstancias tienen los mismos medios políticos y
jurídico-administrativos, y vemos que tanto el anterior como este
Gobierno han realizado sus gestiones, han manifestado sus protestas, se
han reunido con los embajadores respectivos de España e Irlanda allí y
aquí y, en definitiva, vemos que ha habido una labor en ese sentido, que
creemos que también hay que reconocerle.
Pero es necesario también, a nuestro juicio, que los tripulantes
españoles de los buques apresados cuenten con asistencia diplomática y
consular y que, aunque en el marco de la política comunitaria la
competencia sancionadora corresponde a los Estados miembros, es
necesario, señor Presidente, que nos inspiremos en esta declaración o en
este informe importantísimo que tiene el Gobierno de que el artículo 6
del Tratado de la Unión, de la no discriminación, puede estar siendo en
este momento infringido por la legislación pesquera irlandesa y también
por la aplicación de la misma, tanto por las autoridades administrativas
como por las autoridades judiciales. También existe responsabilidad
parlamentaria y es una cuestión de orden político importante de por qué
se ha modificado la legislación irlandesa estableciendo tipos penales con
mayor sanción únicamente en aquellas infracciones que han sido imputadas
a la flota pesquera española; también ahí, lo dejo como reflexión, puede
haber una responsabilidad administrativa, judicial y parlamentaria en el
orden interno de la República irlandesa, al poder otorgar un trato más
favorable a sus nacionales que a otros nacionales de países miembros de
la Unión.
Señor Presidente, voy a terminar. La dinámica de las autoridades
irlandesas refleja indicios fundados y racionales de discriminación hacia
la flota pesquera española, en cuanto que en los supuestos de
apresamiento de buques españoles, además de la sanción, se ha producido
en multitud de ocasiones un decomiso de la pesca y de las artes de pesca,
y en cambio, cuando por hechos parecidos se ha procedido al apresamiento
de buques irlandeses, nunca se ha producido al decomiso del pescado
capturado ni al decomiso de las artes de pesca. Por lo tanto, yo creo que
esta cuestión es importante y que es necesario actuar política,
diplomática y jurídicamente para resolver esta cuestión.
Nuestro grupo parlamentario, a la vista del período transcurrido desde la
presentación de la moción hasta el debate del día de hoy, ve que ha
habido gestiones de todo tipo en esta cuestión; la Comisión Europea ha
hecho de intermediaria, la Comisaria Bonino también, el Gobierno español
ha actuado. Hemos presentado una autoenmienda, es decir una enmienda a
nuestra iniciativa parlamentaria y, a su vez, hemos alcanzado con el
Grupo Parlamentario del Partido Popular una transacción sobre esta
cuestión que nuestro grupo hará llegar a la Mesa para que sea objeto de
votación. Lo que en definitiva allí planteamos es que se desarrolle el
procedimiento para el mecanismo de la inspección comunitaria. No hay una
inspección comunitaria de pesca, no hay un procedimiento comunitario
normado con carácter general de cómo se deben realizar las inspecciones
en la Unión Europea y por eso es importante desarrollar el Reglamento
3847/1993. En segundo lugar, es importante que las autoridades españolas
gestionen el cumplimiento de la normativa actualmente vigente, que
contiene algunos vacíos, por lo cual es necesario su desarrollo. En
tercer lugar, es necesario también que se analicen las posibles acciones,
que el Gobierno está también estudiando, por las informaciones que se nos
han dado, que procede realizar --ya tiene datos jurídicos suficientes--
tanto en el ámbito administrativo, ante la Comisión, como en el ámbito
judicial, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Igualmente es
importante, como se plantea en la transacción que realiza el Grupo
Parlamentario Popular, establecer las acciones necesarias para la mejora
de las relaciones de los tripulantes españoles con sus homólogos ingleses
e irlandeses. Nos parece también una posición que aceptaríamos también en
esta transacción. Y como último punto proponemos que exista también un
comité bilateral. Recientemente en el Senado se aprobó una iniciativa al
respecto y sería ratificarla. Se trataría de un comité bilateral de
relaciones permanentes de pesquerías entre España e Irlanda. La
experiencia política que existe entre Francia y España está funcionando
muy bien tanto en la flota de altura como en la flota de bajura. Por
tanto, en ese sentido iría la transacción que nos plantea el Grupo
Popular, nosotros la aceptamos y la firmaríamos conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Ortiz.
El señor ORTIZ CLIMENT: Es evidente que la política pesquera interesa a
todos los grupos parlamentarios de forma especial, por la sensibilidad
que existe respecto a nuestras áreas, a nuestros pescadores y a nuestros
armadores,
así como por la industria y el comercio, por la actividad de tipo
económico y social que implica para toda la costa española en la que
faenan los pescadores españoles. Por supuesto que nadie puede poner en
duda que el grupo que sustenta al Gobierno, el Grupo Popular, es muy
sensible a los problemas pesqueros dentro del contexto comunitario. Ya en
el programa del Partido Popular en el momento de las elecciones se
hablaba textualmente de que había un propósito de firme defensa exterior
de nuestros intereses pesqueros en igualdad de condiciones con los
restantes países de la Unión Europea, es decir, sin discriminaciones, y,
a su vez, de defensa en el seno de la Unión Europea del libre acceso de
la flota española a todos los caladeros comunitarios en igualdad de
condiciones con las flotas de los restantes países miembros. Queda fuera
de cualquier duda que el compromiso del Gobierno en estos momentos en el
poder es un compromiso serio y meditado sobre las posibilidades y la
defensa que había que hacer del sector pesquero en el contexto
internacional y en particular en el contexto de la Unión Europea. Por lo
tanto, aun siendo crónico, como se ha mencionado, y que de vez en cuando
se vuelve más grave, en momentos electorales, sea en el Reino Unido, sea
en Irlanda o en otros países, en cualquier caso es un problema serio, un
problema en el que hay que adoptar medidas importantes y en el que hay
que tomar decisiones de las cuales el Gobierno ha informado y sigue
informando en comparecencias parlamentarias, tanto en el Congreso como en
el Senado, por distintos medios, ya sea por la Ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación, o bien por el propio Ministro de Asuntos Exteriores
o sus representantes, concretamente el Secretario de Estado de Política
Exterior y para la Unión Europea. Existen antecedentes parlamentarios en
los que se ha dado justa medida y justa información de aquellas gestiones
realizadas por el Gobierno, que es lo que con sentido de responsabilidad
había que hacer y hasta ahora se ha venido haciendo.
También entiendo perfectamente, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, que esta sensibilidad lleve a presentar estas mociones por parte
del Grupo Socialista y por parte del Grupo Parlamentario de Senadores
Vascos sobre la actuación de las autoridades irlandesas, en el mes de
marzo en particular. Creo recordar que han sido apresados siete barcos en
el primer cuatrimestre de 1997, pero efectivamente el problema es
crónico, porque ya en 1993 se apresaron 25 barcos; en 1994, 13; en 1995,
17; en 1996, cuatro, y ahora, en 1997, siete. Es cierto que el problema
está ahí y que dentro del contexto europeo, respetando la jurisprudencia
que tiene cada uno de los países miembros en esta materia, todos estamos
preocupados por tratar de defender a los pescadores, de defender la flota
pesquera española en cualquier territorio y en particular en el
territorio comunitario.
Esta preocupación del Gobierno español por los últimos apresamientos de
buques pesqueros españoles por autoridades irlandesas ha llevado a
procedimientos diplomáticos internacionales, es decir, con Irlanda y con
la Unión Europea. Ha habido gestiones en ambos sentidos y realmente la
gestión del Gobierno ha sido contundente y eficaz. Es cierto que el tema
no está resuelto, porque no pensemos que con esto se ha resuelto todo. El
Gobierno sigue, con sentido de responsabilidad, realizando las gestiones
pertinentes ante las autoridades irlandesas de forma bilateral y ante las
autoridades comunitarias, con un criterio claro, en el sentido de hacer
respetar la legislación comunitaria. No podemos dejar de desarrollar el
Reglamento 2447/1993, que debe desarrollarse en aquellos aspectos que son
vitales para tratar de evitar de la forma más justa y más coherente los
procedimientos que han provocado estos atentados a los pescadores
españoles y a la flota pesquera española, mediante abordaje a buques en
condiciones que al parecer no han sido las más idóneas. Se han tomado
medidas de pedir explicaciones a las autoridades irlandesas de cómo se
han hecho estos arrestos. La versión de los hechos se está intentando
aclarar por vía diplomática y por escritos concretos, tanto de la
Ministra de Agricultura a la Comisión como del Ministerio de Asuntos
Exteriores a las autoridades irlandesas, y realmente uno de los aspectos
fundamentales en los que nos tenemos que basar es el de aquellas
condiciones que fija el reglamento comunitario por lo que respecta a
comprobar el desarrollo de los artículos en materia de inspección a bordo
de la flota pesquera o de los barcos españoles. En particular, hay que
insistir en que en lo referente al procedimiento que se deba seguir, por
parte de los inspectores y los capitanes de los buques pesqueros cuando
un inspector se proponga efectuar una inspección a bordo, hay que instar
a la Comisión para que esas condiciones sean fijadas de forma general
para todos los miembros de la Unión Europea, e igualmente en aquellos
procedimientos que deban seguir los inspectores cuando estando a bordo de
un buque pesquero inspeccionen el buque, sus artes o sus capturas. Y un
tercer aspecto importante del artículo 5 del citado reglamento es el
informe que los inspectores deberán elaborar después de cada inspección a
bordo.
Esos tres elementos clave, que son los que pueden generar y aportar luz
sobre cómo han actuado las autoridades irlandesas, han sido reclamados
formalmente por parte del Gobierno español a las autoridades irlandesas,
y, a su vez, ha sido transmitido, tal como se informó en su día por parte
del Secretario de Estado de Política Exterior para la Unión Europea en
una comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la que daba amplia
y detallada cuenta de aquellas gestiones que había hecho con el Ministro
de Asuntos Exteriores, su colega el señor Dick Spring, quien le dio
seguridad de que estos hechos no volverían a repetirse. Por otro lado, el
Ministro de Agricultura y Pesca irlandés se ha dirigido por carta a la
Ministra de Agricultura lamentando los acontecimientos y proponiendo
formalizar la construcción de un mecanismo de diálogo y de prevención de
incidentes de este tipo. Igualmente se ha abordado a la Comisaria de
Pesca, la señora Bonino, en la misma línea para informarnos puntualmente
de aquellas actuaciones de la Comisión y tratar de conseguir que se
desarrolle el reglamento, sobre el que, al final, la Comisaria Bonino
coincidió plenamente
en que consta un interés en la Comisión por tratar de desarrollarlo y
ponerlo en práctica, es decir, que sea aceptado y aplicado por todos los
países miembros de la Unión Europea.
Estas son las medidas correctoras adoptadas por el Gobierno que han sido
debidamente explicadas y clarificadas y que van a seguir en la misma
línea hasta obtener la máxima garantía, la garantía absoluta, diría yo,
de que no van a repetirse este tipo de actuaciones supuestamente
irregulares, que realmente han perjudicado la imagen, han perjudicado a
los marineros, a los armadores y a muchos de nuestros ciudadanos, a los
intereses españoles en definitiva; que no se vuelvan a repetir estos
hechos y que, en consecuencia, se clarifique cuál ha sido la actuación.
Hemos intentado dar satisfacción a ambas proposiciones no de ley, es
decir, a los grupos proponentes de ambas proposiciones no de ley, al
Grupo Socialista y al Grupo Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) con una
transaccional en la que realmente hay un aspecto que el Grupo Socialista
ha destacado y que tiene especial interés por su parte, pero tengo que
decirle que ni el Gobierno ni este grupo que le sustenta tienen ningún
miedo en actuar como crean oportuno, pero el Gobierno no quiere hacerlo
de ninguna forma encorsetado por medidas que se proponen con una sana
intención, pero el Gobierno tiene perfecto derecho a tomar las medidas
que crea oportunas en los momentos y en los lugares que crea pertinentes.
Por eso se añade a la enmienda transaccional que hemos consensuado con el
Grupo Vasco un quinto punto, que dice: impulsar la creación de un comité
de pesquerías entre España e Irlanda. Se ha dicho ya en esta sala que eso
ha resultado eficaz en las relaciones de España con Francia y por qué no
va a resultar eficaz en las relaciones entre España e Irlanda. Yo invito
al Grupo Socialista a que contemple en este quinto punto añadido la
enmienda transaccional que el Grupo Vasco ha aceptado, acción que
agradecemos sensiblemente, que reflexione si con este nuevo punto de
impulsar la creación de un comité de pesquerías entre España e Irlanda
podemos dar por realmente convenido el interés manifestado por todos los
grupos parlamentarios. En nombre del grupo parlamentario que sustenta al
Gobierno, puedo ratificar que el Gobierno tiene firme interés en terminar
de forma apropiada con este tipo de actuaciones contra los pesqueros
españoles y contra los pescadores españoles. Creemos que tal como lo está
haciendo, con las iniciativas que el Gobierno español está tomando, se le
puede dar la confianza, porque es consciente de sus responsabilidades, de
que hará aquello que crea oportuno para mejorar, si hace falta en un
momento determinado, la imagen, mejorar la actuación y mejorar el futuro
y la estabilidad de nuestros pescadores españoles.
A continuación paso la enmienda transaccional a la Mesa para que así
conste y pueda ser leída en el momento de la votación.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir? (Pausa.) Si no hay
ningún otro grupo que quiera intervenir, pasaríamos al punto quinto del
orden del día.
-- PROPOSICION NO DE LEY (MOCION) POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
SOLICITAR DE LA UNION EUROPEA QUE GESTIONE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE
LA COMISION DE PESQUERIAS DE LA ORGANIZACION DE PESQUERIAS DEL ATLANTICO
NOROESTE (NAFO), PARA FIJAR UN TOTAL ADMISIBLE DE CAPTURAS (TAC) PARA EL
BACALAO QUE SE CAPTURE EN AGUAS DE LA ZONA 3NO DEL SUR DE TERRANOVA, DEL
QUE SE BENEFICIE LA FLOTA PESQUERA ESPAÑOLA. PRESENTADA POR EL
SENADO-GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES VASCOS (Numero de expediente
Congreso 161/000552 y numero de expediente Senado (661/000087)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley para fijar un total admisible
de capturas para el bacalao que se capture en aguas de la zona 3NO del
sur de Terranova.
Tiene la palabra el proponente, el Grupo Parlamentario de Senadores
Vascos y, en su nombre, el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Efectivamente, nuestro grupo
parlamentario ha presentado esta moción, dirigida a solucionar una
cuestión conflictiva que se ha suscitado en el Atlántico Noroeste, en
concreto en las pesquerías reguladas por el organismo NAFO.
La actividad pesquera española de la flota bacaladera que faena en aguas
de NAFO, en la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroccidental, se
ha visto drásticamente afectada por las resoluciones adoptadas en los
últimos tres años.
La clave de todas las relaciones, del entramado de relaciones de tipo
político y económico con Canadá ha de basarse en un punto de partida, que
es el acuerdo de 1992 de carácter comercial. Ahí la Comisión Europea
estableció --y consta en una decisión de este organismo-- la necesidad de
normalizar relaciones políticas, ese es el término expresamente utilizado
por la Comisión, con Canadá.
No sé si recuerdan SS. SS., yo era parlamentario en esta Cámara, cuando
una delegación del Parlamento de Canadá realizó, también en colaboración
con el Gobierno de Canadá, una gira y una visita internacional a todos
los países miembros de la Unión Europea para dar a conocer este gesto de
normalizar relaciones políticas con la Unión Europea y para, en
definitiva, ir sensibilizándonos sobre lo que iba a venir, y estoy
hablando de abril de 1992. Recuerdo que la Mesa y portavoces de la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso tuvieron una
reunión con parlamentarios del Parlamento federal canadiense. Allí ya se
veía venir qué es lo que iba a ocurrir y en definitiva luego los hechos
han determinado y han dado a conocer de manera palmaria los incidentes
que se originaron.
Desde el año 1992, partiendo de esa normalización de relaciones, que en
definitiva supuso una cesación en la
defensa de los intereses pesqueros europeos, pero fundamentalmente de
España y Portugal, que es de lo que estamos hablando cuando se pesca en
el Atlántico Norte, se ha venido acordando en el seno de NAFO una
progresiva reducción de las posibilidades de pesca de bacalao en las tres
divisiones o zonas, la 3L, la 3M y la 3NO. Estas divisiones son aquellas
pesquerías o zonas de pesca reguladas por NAFO, puesto que la plataforma
continental de especies demersales llega hasta las 200 millas de
jurisdicción o de zona económica exclusiva de Canadá, y lo que excede de
ahí de la plataforma es regulada por el organismo NAFO, es lo que en
términos coloquiales pesqueros es conocido como el gran banco de
Terranova. Pues bien, la zona 3L sería lo que en términos pesqueros se
llama la nariz, lo que sobresale del norte del gran banco de Terranova,
la zona 3NO sería la cola del gran banco de Terranova, y la zona 3M es lo
que se denomina el Flemish Cap o plataforma continental autónoma, puesto
que propiamente no existe una prolongación o solución de continuidad
entre el gran banco y el Flemish Cap, y podría considerarse un caladero
en plataforma continental propia, diferenciada de la del gran banco.
En la división 3L, es decir, en la nariz del gran banco, desde el año
1993 la cuota de bacalao es de cero toneladas. Podemos decir por lo tanto
que la pesquería está cerrada y que hay una moratoria. Desde el año 1994
en la zona 3NO, es decir, en la cola del gran banco, también está fijado
un TAC de cero toneladas. Y en la zona 3M, el Flemish Cap desde 1994, la
cuota de bacalao es totalmente insuficiente. Para el año 1997, en base a
los acuerdos del Consejo Científico y de la Comisión de Pesquerías, de
septiembre de 1996, de NAFO en San Petersburgo, se fijó un TAC y una
cuota que asignada a la flota pesquera española es de 858 toneladas. Como
verán SS. SS., es una cifra irrisoria. Incluso hay empresas que por esta
cantidad no han ejercido este año ni han ido a NAFO, puesto que
evidentemente no es rentable y están destinando su actividad al océano
Artico, a la zona de Svalvard.
Todo esto, señor Presidente, refleja que las posibilidades de la flota
bacaladera española de ejercer la actividad en dichas zonas son muy
pequeñas. Esta flota es muy importante o ha sido muy importante en el
puerto de Pasajes, en Guipúzcoa, habiendo sido el puerto puntero y
principal de la cornisa cantábrica, y en este momento solamente hay cinco
parejas bacaladeras en Pasajes y seis en Vigo. Por tanto, es necesario
reconocer de cara al futuro la viabilidad de estas empresas, que han
realizado una reconversión impresionante mediante la acumulación de
derechos de pesca del bacalao y de especies afines, y en eso, en el
diagnóstico, hemos coincidido todos los grupos parlamentarios.
Decía, señor Presidente, que en la última reunión de los órganos de
decisión de NAFO en San Petersburgo, en septiembre, se fijó la moratoria,
tanto en la nariz como en la cola, en la 3L y en la 3NO. Canadá defendió
en el seno de NAFO que debido a la existencia de informes científicos,
era necesario acordar una moratoria de la pesquería del bacalao con
carácter general, debido a la mala situación en que se encontraba el
recurso, es decir, Canadá aportó sus informes científicos. Tenemos que
tener en cuenta que el bacalao es una especie demersal, de fondo, que
vive en la plataforma continental y que es conocida, a efectos de la
Convención de la ONU de Derechos del Mar, como especie a caballo o
especie transzonal, es decir, aquella que habita en zonas económicas,
bien sean de un país o de aguas internacionales, porque la plataforma
excede de las 200 millas; es la conocida como especie transzonal o a
caballo, que en este momento también está siendo objeto de regulación
específica por el convenio de las Naciones Unidas de agosto de 1995, que
es el convenio sobre especies altamente migratorias y transzonales, en
fase de negociación política por parte de cada uno de los Estados
miembros y de ratificación, ya que, como sabe el señor Presidente, para
la entrada en vigor del nuevo convenio de las Naciones Unidas es
necesaria la ratificación de 30 Estados. En este momento hay depositadas
en las Naciones Unidas, en la División de Asuntos Oceánicos, 13
documentos de ratificación de Estados, y es previsible que a finales de
este año pueda entrar ya en vigor esta convención, que afectaría también
al bacalao como especie de carácter transzonal.
Pues bien, Canadá planteaba ahí que en base a los informes científicos
era necesaria una moratoria y por primera vez la Unión Europea aportaba
también informes rigurosos, fundamentalmente por la labor realizada por
el Gobierno español, que es el que verdaderamente tiene un interés
económico y pesquero en las pesquerías del Atlántico Norte. El Gobierno
español fundamentalmente ha desplegado sus actividades con ocasión del
conflicto que se suscitó en marzo de 1995 con la captura ilegal en aguas
internacionales del Atlántico Norte del buque arrastrero congelador
Estai. Como consecuencia se produjo un incremento de las campañas de
evaluación de recursos pesqueros, lo que, a nuestro juicio, se hizo muy
tarde; fue quizás un error que la anterior Administración no hubiera
podido aportar documentos de evaluación de recursos pesqueros con el
suficiente soporte científico, que servirían luego para adoptar criterios
y decisiones políticas. No obstante, después se efectuó por parte del
Instituto Español de Oceanografía un gran esfuerzo presupuestario, y este
año, en 1997, en los presupuestos que se aprobaron en diciembre del año
pasado, se ha incrementado también el presupuesto destinado a las
campañas de evaluación y se están realizando en estos momentos, tanto en
el Atlántico noroeste, de NAFO, como en el Artico, campañas de
evaluación. Eso le ha supuesto a la Unión Europea poder ir con informes
científicos que avalen la posición política de la Unión como parte
contratante que opera en NAFO. Por lo tanto, por lo menos hemos
conseguido un avance en esa cuestión de desplegar medios económicos
destinados a las campañas de evaluación de los recursos científicos. Pues
bien, se acordó ahí, en base a la constatación de los informes que
aportaban la parte canadiense y la parte de la Unión Europea, a instancia
de España, que efectivamente había una gran problemática, que la biomasa
o el recurso estaba mal y se aceptó la moratoria, y como la especie es
única y es
transzonal, obviamente esa moratoria tiene que ser en la zona económica
exclusiva de Canadá, pero también en la zona del gran banco que sale de
las 200 millas, la nariz, la cola y el Flemish Cap. Se acordó, pues, esa
moratoria.
Nos hemos visto desagradablemente sorprendidos, sin embargo, porque el
Gobierno canadiense, el pasado 17 de abril de 1997, ha levantado
parcialmente la prohibición de pescar bacalao en sus aguas, fijando un
TAC autónomo de 16.000 toneladas, con lo que decae el argumento de
septiembre de 1996 de Canadá de que los informes científicos avalan la
precariedad y el mal estado del recurso. Por ello es necesario que la
Unión Europea --el Gobierno español como tal no puede operar porque la
parte contratante es la Unión Europea y no propiamente el Gobierno
español, desde que se ingresó en la política pesquera común en 1992--
actúe y opere políticamente para que en la siguiente reunión del Consejo
Científico y de la Comisión de Pesquerías de NAFO se revise esta cuestión
y se constate si verdaderamente hay una mejora del recurso o simplemente
es una decisión política fundamentada en que recientemente ha habido
elecciones generales en Canadá, por lo que en una zona altamente
dependiente de la pesca, como puede ser Terranova, se habría fijado una
suspensión o un levantamiento de la moratoria.
Recientemente la Comisaria de Pesca, en una reunión que tuvo con los
portavoces de diferentes grupos parlamentarios a la que yo tuve ocasión
de acudir, dijo: Efectivamente, hay que aprovechar en política el tiempo,
el momento oportuno, y esta decisión de Canadá hay que aprovecharla y hay
que saberla utilizar correctamente en las relaciones bilaterales que
existen entre la Unión Europea y Canadá y sacarle el provecho que sea
necesario. Nosotros confiamos en lo que pueda hacer la Comisión Europea
al respecto y para aprovechar políticamente este argumento unilateral que
ha realizado Canadá para que en la siguiente reunión de pesquerías, de
septiembre de 1997, se pueda, en base a estos datos científicos, fijar un
TAC propiamente para la Unión Europea, pero ese TAC obviamente, como
sabe, señor Presidente, beneficia principalmente a España y a Portugal,
que son las que acreditan habitualidad en la pesquería del Atlántico
norte en la especie del bacalao. Por eso es por lo que hemos presentado
esta moción desde nuestro grupo parlamentario y es urgente actuar en este
sentido.
El Grupo Parlamentario Popular había presentado una enmienda y nosotros
también habíamos formulado una autoenmienda, por la razón de que esta
cuestión se había suscitado y se había debatido también a iniciativa del
Partido Socialista Obrero Español en el Senado. Vimos cuáles fueron los
planteamientos en aquel momento, no hubo posibilidad de acercar
posiciones políticas ni de hacer una transacción, y obviamente en
política son necesarias la aproximación y el acuerdo, y el acuerdo forma
parte del consenso y sobre todo de la cultura que debe existir en el
Parlamento. Nosotros, visto aquel debate, cambiamos parcialmente nuestra
posición. No solicitamos esa reunión extraordinaria urgente, pero sí que
para la próxima reunión ordinaria de septiembre de 1997 se trate esta
cuestión, se revisen los informes científicos y se pueda fijar un TAC
propiamente para la Unión Europea para que sea repartido entre España y
Portugal.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular se ha presentado una
enmienda. Tiene la palabra el señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: En principio quisiera decir que esta moción
prácticamente se ha debatido en el Pleno del Senado del pasado 20 de
mayo, o sea, hace escasamente un mes, y en aquel entonces, por parte de
mi compañero José Manuel Chapela, se hizo el planteamiento del Grupo
Popular, que va a ser totalmente coincidente con el que vamos a defender
en estos momentos.
El planteamiento que hace el señor Gatzagaetxebarría es el correcto, es
decir, que la situación de la flota bacaladera ha pasado por unas
tremendas vicisitudes y está prácticamente a punto de desaparecer. Señor
Presidente, en 1976 existían más de 120 parejas bacaladeras. Hoy tan sólo
existen o malviven 11 de ellas y muchas veces tienen que acumular los
cupos que tienen una en otra para poder así hacer rentable una marea.
Está claro que, como decía el portavoz anterior, la situación lógicamente
cada vez se hace mucho más dificultosa para la supervivencia de una flota
que --repito-- ha soportado grandes restricciones y reestructuraciones.
Esa situación no puede seguir así y hay que darle una estabilidad de
futuro para que esta ya microflota pueda seguir con su actividad
económica.
En estos momentos, la zona NAFO, como decía el señor Gatzagaetxebarría,
en la zona 2J-3KL, desde 1993 no se permite la pesca de bacalao. En la
3NO, que es el motivo del debate, también está por el momento totalmente
prohibida la pesca fuera de las 200 millas para la zona NAFO, y tenemos
tan sólo la 3M donde se pueden capturar un poco más de 800 toneladas
vivas. Si a todo esto le hacemos la reconversión de una tonelada viva por
más o menos 2,4 salada, ocurre que quedarían unas capturas en zona NAFO
de 355 toneladas tan sólo, que no hacen rentable ni siquiera una marea
para una pareja bacaladera. Tanto es así que el año pasado han renunciado
a la captura de esta cuota y este año han acumulado todas las cuotas de
las demás parejas bacaladeras para intentar pescar esta cuota, porque si
no se pesca, podemos darle todavía bazas a Canadá para intentar eliminar
lo poco que tenemos.
¿Entonces, qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que, por
desgracia, en el sector pesquero está influyendo demasiado la situación
política que atraviesan los distintos países. Así, estamos viendo que
Inglaterra está persiguiendo a los barcos con pabellón británico pero de
capital español. También ocurre en este momento que en Canadá, con
elecciones próximas, están intentando lógicamente perjudicarnos. Estas
elecciones, debido a la presión de sus propios marineros, que tienen un
elevado índice de paro, se habla de que tienen 40.000 parados en la zona
de Terranova, han supuesto que Canadá haya
abierto su zona 3NO, dentro de las 200 millas, para la captura de unas
10.000 toneladas de bacalao, pero manteniéndola cerrada, con cuota 0,
fuera de las 200 millas. ¿Esto está avalado por alguna investigación
científica? Consideramos que no.
Por eso, estamos totalmente de acuerdo con la moción que se nos presenta
hoy. Es decir, si las investigaciones científicas son positivas,
lógicamente nosotros tenemos que exigir que la zona 3NO, si se abre
dentro de las 200 millas, se abra también fuera de las 200 millas, y
lógicamente con unas cuotas lo suficientemente rentables como para que se
permitan esas capturas por cualquiera de las parejas bacaladeras que hay.
Reiteramos que nosotros tenemos serias dudas de que esté avalada
científicamente esta apertura del caladero dentro de las 200 millas.
Igualmente insistimos en que apoyamos sin duda la moción inicial, en el
sentido de que si los informes científicos son positivos, hay que abrir
la 3NO también para la Unión Europea, en la cual fundamentalmente están
la flota bacaladera gallega, vasca y portuguesa. Sin embargo, por si esto
no fuera así, mediante nuestra enmienda, instábamos a que el Gobierno
para que en las próximas reuniones que se celebren sobre la zona de NAFO,
tanto de la Comisión de Pesca como del Comité Científico, se evalúen los
informes científicos y, en caso de ser positivos, se abra ese caladero a
la flota de la Unión Europea para beneficiar fundamentalmente a la flota
pesquera española, pero que en caso contrario, es decir, que no haya
informes científicos que lo avalen, se presione para que se reconsidere
la postura de Canadá. Tenemos que recordar a SS. SS. que donde se cría y
donde genera la pesca es dentro de las 200 millas y fundamentalmente
dentro de las 12, en alta mar, y que, fuera de las 200 millas el
perjuicio que se pueda causar ya a los Estados lógicamente es menor. Por
eso decíamos que si abrimos precisamente la zona más peligrosa,
lógicamente eso conlleva que haga peligrar la flota fuera de las 200
millas.
Por tanto, nosotros hemos formulado una transacción con el Grupo Vasco
(EAJ-PNV) que en principio parece ser que también cuenta con el
beneplácito del PSOE, en el sentido de que en la próxima reunión a
celebrar en NAFO se contemplen, se analicen y se estudien esos informes
científicos, para que según su resultado se presione a habilitar para la
flota de la Unión Europea, y en especial para la española, la zona 3NO;
pero que, en caso contrario, se presione para que reconsidere la postura
canadiense y que también se le impida a Canadá faenar dentro de las 200
millas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor González
Príncipe.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Aquí lo que estamos discutiendo es una
muestra más de la debilidad del Gobierno del Grupo Popular en materia
pesquera.
Lo voy a explicar muy claramente: el Gobierno de Canadá ha descubierto
que en España hay un Gobierno débil, un Gobierno que ha arriado la
bandera de defensa de los intereses nacionales en materia pesquera en la
flota de altura, y está jugando con nosotros. Lo que estamos discutiendo
hoy es que los señores de Canadá levantan unilateralmente una moratoria
que impedía pescar bacalao dentro de su zona económica exclusiva, que es
donde se reproduce el bacalao, donde empieza el ciclo biológico, y sin
embargo se mantienen para nuestra flota las limitaciones fuera de las 200
millas.
¿El Gobierno canadiense cuándo toma esta decisión? A finales del mes de
abril. ¿Saben ustedes por qué? Porque el señor Tobin, el ministro que
insultó gravemente y apresó ilegalmente un barco español, es el
Presidente del Gobierno regional de Terranova y había elecciones el 2 de
junio.
El Partido Popular, con el señor Aznar, en el mes de diciembre, en el
Consejo de Dublín decidió levantar el veto que tenía el Gobierno español
para aprobar la agenda trasatlántica con Canadá, y lo presentaron como un
gran triunfo, dijeron: «Nada, llegó Aznar, llegó el Gobierno mundial,
arreglado». No, miren ustedes, es una coña, es una coña marinera. En el
mes de diciembre, el Gobierno español del señor Aznar desbloquea el veto
que había impuesto el Gobierno español del señor González en la agenda
trasatlántica mientras las leyes canadienses no se ajustaran al Derecho
internacional, y ustedes se pasaron el Derecho internacional por el arco
de triunfo... (Rumores.) El Arco de Triunfo de la Moncloa, el que queda
cerca del palacio que ocupa el señor Aznar, se lo pasaron por ahí. A
partir de ese momento, el Gobierno canadiense sabe que ustedes son poco
serios. Hoy estamos discutiendo exactamente esto, señorías, que el
Gobierno canadiense dice que para sus marineros hay bacalao y que para
los nuestros no. Y los criterios científicos, los criterios de los
institutos oceanográficos quedan absolutamente postergados.
Los socialistas habíamos planteado en el Senado que si se levanta la
veda, por decir, la moratoria de pesca de bacalao para los pesqueros
canadienses porque vienen las elecciones, a los nuestros, que también hay
elecciones en Galicia en octubre, el señor Fraga y los señores del PP les
podrían regalar algunas toneladas más de bacalao. Pues no, las elecciones
gallegas sólo sirven, lo voy a decir muy serio, para que pesquen los
canadienses y sólo sirven para otra cosa también, para que el señor
Blair, viendo la debilidad del Gobierno español, nos quiera obligar, con
una carta del señor Santer, a pisotear los derechos de nuestras empresas,
de empresas inglesas con mayoría de capital español, y de tripulaciones
con bandera inglesa de origen español o de origen portugués, eso de la
quota-hopping. Ya verán ustedes cómo después de octubre el señor Blair
hará efectiva la carta de Santer. Hace dos años proponían la guerra
cuando sensatamente nosotros lo que proponíamos era una batalla jurídica
y diplomática, que ahí sigue, y bloqueamos un acuerdo general, que
ustedes unilateralmente, yo creo que con poco rigor, como se está
demostrando, desbloquearon en el Consejo de Dublín, y hoy han arriado la
bandera de defensa de nuestra flota. No es de recibo que Tobin, el que
apresó y pirateó con el Estai, porque necesite los votos el 2 de junio,
levante la moratoria del bacalao y condene a la miseria y a no pescar a
nuestras pobres 11 parejas de bacaladeros. No es justo. Y como no es
justo, no entendemos por qué ustedes se pliegan siempre, antes hablamos
del Gobierno irlandés, después del Gobierno inglés y ahora del Gobierno
canadiense.
De verdad que, en este sentido podíamos decir de ustedes aquello de quién
les ha visto y quién les ve. Pero lo más grave es que ustedes no están
teniendo una actitud firme de defensa de los intereses nacionales y que,
desgraciadamente, son un Gobierno débil para los intereses pesqueros.
A pesar de todo esto, como somos bastante más responsables que ustedes,
creemos que la pesca es una cuestión de Estado, y así lo fue diciendo el
que hoy es Presidente de esta Comisión cuando fue ministro y recabó en la
II Conferencia de Ministros de La Toja un gran acuerdo sobre la pesca
responsable y un gran acuerdo nacional para hacer de la pesca una
cuestión de Estado. Como somos serios, vamos a votar una enmienda
transaccional entre ustedes y el PNV, que sigue siendo débil, porque lo
que tendríamos que decir es que en NAFO se nos aplique el mismo criterio
a la flota española que el que se ha aplicado a la flota canadiense, que
nos den el mismo trato. No queremos trato mejor, el mismo.
Para que vean ustedes que sentimos esa responsabilidad, no vamos a
debilitar la posición del Gobierno, que ya es suficientemente débil. Por
nosotros no va a quedar. Mucho me temo que la reunión de NAFO de
septiembre va a ser otro desastre y otra frustración para nuestra flota,
pero que al menos quede constancia, ante la opinión pública española,
ante los trabajadores del mar y ante los armadores, de que los
socialistas sí hemos hecho de la pesca, en la oposición también, una
cuestión de Estado. Vamos a votar una propuesta que nos parece
excesivamente débil y que --insistimos-- no defiende suficientemente los
intereses de nuestra flota bacaladera. Quede constancia, por el consenso
nacional, por los acuerdos entre todos los grupos parlamentarios, de que
una vez más nosotros cedemos, pero denunciamos que detrás de esa política
de renuncia y debilidad de ustedes no podemos esperar más que una
progresiva liquidación de nuestra flota en los caladeros internacionales.
-- RELATIVA A LAS MEDIDAS CONTRA EL ATAQUE A MERCANCIAS. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
Congreso 161/000582 y número de expediente Senado 663/000024)
El señor PRESIDENTE: Terminado el punto quinto del orden del día, pasamos
al punto sexto, la proposición no de ley relativa a las medidas contra el
ataque a mercancías.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: Efectivamente, la proposición no de ley que
presenta el Grupo Parlamentario Popular es sobre un tema ya muy debatido
en esta Cámara por parte de los distintos grupos parlamentarios. Se trata
de los reiterados ataques que vienen sufriendo los productos españoles
cuando cruzan nuestras fronteras buscando nuevos mercados.
Señorías, me gustaría destacar, en primer lugar, y tal como lo
describimos en la exposición de motivos de la proposición no de ley, que
los ataques perpetrados por los agricultores franceses sobre mercancías
hortofrutícolas españolas en tránsito sobre territorio galo se han venido
sucediendo durante los últimos diez años de forma periódica, sin que se
haya detectado ninguna actuación firme y contundente por parte de las
fuerzas de orden público francesas para evitar estos actos.
Ante esta situación, señorías, hay que subrayar que tanto los delitos
cometidos por los productores galos, como la pasividad de la policía
francesa ante estos sucesos, han merecido la más enérgica condena por
parte de las autoridades españolas, que han denunciado esta situación
inaceptable en todos los foros posibles comunitarios, como el Consejo de
Agricultura, Consejo de Asuntos Generales, Consejo de Mercado Interior,
Comité Especial de Agricultura o el Comité de Gestión de Frutas y
Hortalizas, trasladando igualmente esta condena e indignación a las
autoridades francesas pertinentes.
Señorías, la delegación española no se ha limitado a la simple condena
verbal de los hechos acaecidos sino que ejerciendo las responsabilidades
que poseen, ha emprendido serias iniciativas en el seno de la Unión
Europea, tendentes a establecer una base jurídica definida que permita a
la Comisión Europea sancionar a los Estados miembros que no garanticen el
cumplimiento del Derecho comunitario en su territorio.
De esta forma, quiero recordar que durante la reunión de la Conferencia
intergubernamental que tuvo lugar el pasado día 3 de este mes de junio,
la delegación española sugirió modificar el Tratado de la Comunidad
Europea, con vistas a dotar a la Comisión Europea de instrumentos
coercitivos eficaces que sancionen económicamente a aquellos Estados que
no garanticen el respeto de los principios comunitarios, sobre todo los
relacionados con el Mercado Unico, tales como la libre circulación de
bienes y personas.
En este sentido, España propuso que el artículo 100 A) contuviera un
nuevo párrafo, en el que por derogación de las disposiciones del artículo
169, si la Comisión estima que un Estado miembro no ha cumplido con
alguna de las obligaciones que se derivan de las disposiciones relativas
al mercado interior en el sentido del apartado 2 del artículo 7A), y que
la violación afecta a los intercambios entre Estados miembros de forma
contraria al interés común, hará constar esta violación con una decisión,
después de haber dado la oportunidad a dicho Estado miembro de presentar
sus observaciones. En su decisión, la Comisión podrá imponer al Estado
miembro afectado la obligación de pagar una multa coercitiva o una
sanción económica. El Estado en cuestión deberá cumplir con esta decisión
en el plazo fijado por la Comisión.
Por otra parte, señorías, y paralelamente a estas acciones aludidas, hay
que destacar igualmente que en el transcurso del Consejo de Ministros de
Agricultura celebrado el día 20 de mayo del presente año, la delegación
española propuso de forma preliminar y exploratoria que la Comisión
evaluase la posibilidad de penalizar a los Estados miembros que no
respeten el mercado interior ni cumplan los objetivos de la política
agraria común, mediante la retirada parcial o total de los desembolsos
que reciben del Feoga. Esta propuesta se encuentra aún en fase de estudio
en espera de plasmarse formalmente.
Al margen de estas acciones, la Administración española ha llevado a cabo
otras tendentes, por un lado, a asistir a los operadores españoles
afectados por las agresiones en todos los trámites que deban efectuar
para obtener las correspondientes indemnizaciones, así como sancionar
debidamente a los responsables de tales agresiones, y, por otro, a
conseguir una condena explícita por parte del Tribunal de Justicia de
Luxemburgo del comportamiento de los agricultores y autoridades
francesas, instando y ayudando a la Comisión Europea a la presentación
del recurso C/265/1995 contra Francia por incumplimiento del Derecho
comunitario.
Señorías, por todas estas acciones se deduce fácilmente que la
Administración española sigue desplegando una labor ingente, tanto en el
ámbito diplomático, ante las distintas autoridades de la Unión Europea,
como en el ámbito judicial en diferentes instancias comunitarias o
francesas, para conseguir por parte del Gobierno de la República francesa
la garantía de la libre circulación de las mercancías hortofrutícolas
españolas por su territorio. También cabe destacar que por primera vez se
ha logrado ya un hecho importante, que ha sido la detención de alguno de
los autores de los ataques perpetrados.
El Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición no de ley para
respaldar una vez más desde esta Cámara las acciones que está llevando a
cabo el Gobierno de la nación, para que ante la Unión Europea y ante el
Gobierno francés se vea que desde esta Cámara el Gobierno de la nación
cuenta con el respaldo total.
Su texto concreto dice que el Congreso insta al Gobierno a plantear ante
la Unión Europea que se tomen medidas para garantizar el ejercicio del
derecho a la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y mano
de obra en los países miembros de la Unión, tal y como se consagra en el
artículo número 48 del Tratado de la Unión Europea, poniendo todos los
medios materiales y legales necesarios a su alcance para que en el menor
tiempo posible se restablezca la libre circulación, hoy en día
restringida por acciones de grupos incontrolados.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por parte
del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Madrid.
El señor MADRID LOPEZ: Vaya por delante una vez más nuestra disposición y
acuerdo permanente no solamente para la defensa de los intereses de
España y de los españoles dentro y fuera de la Unión Europea, sino para
todo lo que supone el ejercicio y la pedagogía de la construcción de la
propia Unión Europea y de las relaciones que entre los países miembros se
trata de hacer este acercamiento para conseguir efectivamente los
objetivos del mercado único, de la acción única del campo, en lo
económico, en lo social, y también podríamos decir en las relaciones
entre los propios vecinos y los propios comunitarios. Por lo tanto, nada
que oponer a iniciativas de esta naturaleza.
Sin embargo, nos parece excesivo, y por otro lado podría llamar a engaño,
que la resolución de la proposición no de ley no se refiera solamente a
lo que es el problema de fondo, en este caso las dificultades o los
sufrimientos de los camioneros españoles y por tanto los intereses
españoles en el transporte de mercancía, sino que se amplíe también a la
libre circulación de servicios, capitales y mano de obra de los países
dentro de la Unión.
Nos parece que es aprovechar una circunstancia, que aunque se repite de
una manera sistemática, y ya preocupante no por eso deja de ser
coyuntural, y que con ello aquí se abre a aspectos que en estos momentos,
desde nuestro punto de vista, no están en peligro en lo que se refiere a
la construcción de la Unión Europea.
Por tanto, nos gustaría que esta proposición no de ley se circunscribiera
en concreto al problema del transporte de mercancías y a las dificultades
concretas, porque es que si no podría ser una declaración de intenciones
en términos generales, de apoyo de este Parlamento al Gobierno, cuestión
que yo creo que no se discute en ningún momento para ésta y para todas
las acciones que supongan la defensa de los intereses no solamente
españoles, sino, como se ha dicho también en otra dimensión política, en
la visión del conjunto de la construcción europea. No está mal que
hagamos apelaciones exclusivas a nuestro país, pero la preocupación de
nuestro Gobierno, de esta Cámara y de estas Cortes debe de ir más allá de
iniciativas en defensa unilateral de nuestro país. Es decir, para lo que
es la construcción de la Unión Europea, el equilibrio entre los intereses
de unos países y otros ha de producirse tal como se ha venido formulando
y tal como se ha venido comprometiendo.
En definitiva, yo le diría al grupo proponente que, si es posible
todavía, esta proposición no de ley se circunscribiera a las
circunstancias que la producen, aunque si el Gobierno que está
sosteniendo el grupo que lo propone viera dificultades y que peligrara el
derecho de la libre circulación de la mano de obra y de los servicios y
de los capitales, entonces nosotros estaríamos en disposición también de
poder entrar en ese debate. En estos momentos creemos que no es ese el
problema. A pesar de todo, nosotros vamos a dar el apoyo, como no podía
ser de otra manera, pero nos gustaría un poco más de rigor en el
planteamiento, no sea que estemos haciendo fuegos artificiales
permanentemente y coartando con este tipo de propaganda otros problemas
que nos parecen más de fondo.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Brevemente y sin que de mi intervención se
pueda sacar más calado político del que pueda tener, que no lo tiene;
diré que comparto el 99,9, por dejar una décima de discrepancia formal al
menos, toda la intervención del portavoz socialista que me acaba de
preceder.
Efectivamente, hay un problema sobre la mesa, no es la primera vez que
esta Cámara se va a pronunciar sobre él, como es la obstaculización a la
libre circulación de mercancías por parte de agricultores franceses con
la connivencia, más o menos tácita --negada recientemente en carta
dirigida al Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso
por parte del embajador francés-- de las autoridades francesas, y quizá
connivencia de la policía francesa a su nivel más bajo. Es discutible si
tal connivencia se ha dado o no, pero en todo caso hay un problema
concreto y es sobre ese problema concreto sobre el que tiene sentido que
se pronuncie esta Cámara, o en este caso la Comisión Mixta.
Nosotros no acabamos de ver que exista una dificultad en el mercado
interior en cuanto a la libre circulación de mercancías fuera de ese
problema, o en cuanto a la libre circulación de servicios, de capitales,
de mano de obra, que provoque o justifique un pronunciamiento por parte
de esta Comisión Mixta instando al Gobierno a remover no sé qué
obstáculos ante un problema que, salvo que alguien nos lo explique, no
conocemos. Evidentemente, eso no es motivo para que acabemos votando en
contra y dé la sensación de que nos desentendemos del problema que está
planteado por parte de los agricultores franceses respecto de los
camioneros españoles pero sí comparto el razonamiento que hacía el
portavoz del Grupo Socialista: si hay un problema, pronunciémonos sobre
ese problema. Si simplemente disparamos por elevación, lo que hacemos es
instar al Gobierno a que proteja el funcionamiento del libre mercado, que
todas las cosas funcionen bien y que el sistema sea correctamente
defendido. Entre decir eso y no decir nada hay muy poca diferencia.
Por tanto propondría al Grupo Popular que modificara el texto mediante
una enmienda in voce, sin entrar en el detalle de la redacción, o quizá
incluso formulando el propio detalle de la redacción, que sería suprimir
esa referencia y limitarnos a instar a que se tomen medidas para
garantizar el ejercicio del derecho a la libre circulación de mercancías,
tal como se consagra en el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea.
Ese es el problema y sobre eso es sobre lo que creo que merece la pena
que esta Comisión Mixta se pronuncie, salvo que el Grupo Popular sea
capaz de explicarnos qué dificultades conoce que justifiquen un
pronunciamiento de la Comisión Mixta en materia de circulación de
capitales, prestación de servicios, y mano de obra. Si eso no se
justifica, propongo la supresión de ese inciso.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra la
señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Intervengo en este caso como portavoz
del Grupo Mixto, pero al existir diversas formaciones políticas dentro
del mismo, quiero realizar esta intervención para precisar el apoyo
concreto no sólo de la formación política Eusko Alkartasuna, sino también
de Unión Valenciana a esta proposición no de ley relativa a las medidas
contra ataques a mercancías.
Votaremos a favor de las demás proposiciones que aquí se han defendido
sobre temas de pesca, lógicamente, pero en este caso nuestro voto a favor
también englobaría a la formación política Unión Valenciana, que me ha
pedido que haga esta precisión para que conste en acta.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Brevemente también, para manifestar
nuestra posición favorable. Creemos que, en definitiva, nuevamente esta
cuestión de las agresiones al transporte en territorio francés de frutas
y hortalizas españolas pone en tela de juicio defectos que tiene la
construcción europea y, en definitiva, la aplicación del principio de
subsidiariedad. Nuevamente nos encontramos con que la legislación, tanto
la política agraria comunitaria como la del mercado interior corresponde
ordenarla a los estados miembros de acuerdo a ese principio que inspira
Maastrich. En consecuencia, tanto en lo que se refiere a la política
pesquera común como también respecto a lo que aquí se debate, hay que
plantearse la cuestión de quién debe de realizar en definitiva los
mecanismos de control o si caben medidas sancionadoras.
En primer lugar, dos consideraciones. Se da el mismo problema que existía
en la política pesquera común, cuyo control deben realizar los Estados.
¿Qué pasa si los Estados no lo realizan? Segundo efecto, como pasaba
también con el incumplimiento de los POP. ¿Qué efectos origina si no se
cumplen? Aquí se plantea, con el plan de mercado interior, la posibilidad
de incluir, dentro de las reformas institucionales del Tratado de la
Unión, que las instituciones comunes tengan actuaciones o capacidad
interventora, en este caso el órgano colegiado de gobierno, que es la
Comisión.
Yo creo que quizás para España esto sería bueno, pero hay que ser también
coherentes en la aplicación del principio de subsidiariedad, puesto que
esta cuestión, que puede ser esencial en la libre circulación de
mercancías, puede ir también en contra de otra serie de planteamientos
respecto a otras políticas comunes, como pueden ser la agricultura o la
pesca.
Nuestro grupo parlamentario cree, no obstante, que la libre circulación,
el Mercado único, es la esencia del Tratado de la Unión, y nos parecería
bien la posición que ha manifestado recientemente el Gobierno español de
que se pueda incluir, de conformidad con las modificaciones
estructurales, una competencia y una función pública de la Comisión
Europea, de los organismos institucionales comunes, para poder establecer
penalizaciones a aquellos Estados que atenten contra el principio
esencial del Mercado único. Con ese espíritu que inspira la proposición
no de ley del Grupo Popular, nosotros la vamos a apoyar.
El señor PRESIDENTE: El señor Pascual, por parte del Grupo Popular, tiene
la palabra.
El señor PASCUAL MONZO: En aras de la unanimidad de criterio que había
solicitado este portavoz en su intervención, voy a recoger las dos
propuestas realizadas por parte del Grupo Socialista y del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) en el sentido de proponer una enmienda in voce a la
proposición no de ley con el texto siguiente: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a plantear ante la Unión Europea que se tomen
medidas para garantizar el ejercicio del derecho a la libre circulación
de mercancías en los países miembros de la Unión Europea, tal y como se
consagra en el artículo número 48 del Tratado de la Unión Europea,
poniendo todos los medios materiales y legales necesarios a su alcance
para que, en el menor tiempo posible, se restablezca la libre
circulación, hoy día restringida por acciones de grupos incontrolados.
-- SOBRE LIBERACION DEL BUQUE ESPAÑOL ARPON, APRESADO ILEGALMENTE POR
ARGENTINA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número
de expediente Congreso 161/000619 y número de expediente Senado
663/000029)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que es la
adenda presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y referida a
la proposición no de ley sobre liberación del buque español Arpón,
apresado ilegalmente en Argentina. Tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Efectivamente, nuestro grupo
parlamentario ha presentado esta proposición no de ley con carácter de
urgencia, porque, aunque no está teniendo trascendencia pública, hay un
apresamiento producido en aguas internacionales del Atlántico
sudoccidental que tiene los mismos caracteres, la misma naturaleza y los
mismos matices que el apresamiento que se produjo en marzo de 1995 del
Estai en aguas internacionales, del Atlántico norte en ese caso,
reguladas por NAFO, fuera de la zona económica exclusiva de Canadá.
Ese apresamiento se produjo hace unos 40 días --creo recordar que fue
exactamente el 13 de mayo-- y hay un problema político que se ha
suscitado entre la Unión Europea por un lado, y Argentina por otro,
porque este buque operaba en aguas internacionales.
Las argumentaciones esgrimidas por la República Argentina no se ajustan a
la realidad, porque el buque, de conformidad con los criterios de la
normativa internacional, en este caso el artículo 75 de la Convención del
Derecho del Mar de las Naciones Unidas, que determina las cartas marinas
y los límites de coordenadas geográficas... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Gatzagaetxebarría. Por favor,
suprimamos los grupos y los corrillos de comentarios. Continúe, señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Como decía, los parámetros de
medición jurídica internacional de la actividad marítima, y en este caso
la pesquera, se basan en la Convención del Derecho del Mar, de 1982, y
principalmente en el artículo 75, que es el que habla de las cartas
marinas y las listas coordenadas geográficas. En base a esta Convención,
que fue ratificada por parte del Parlamento español --Congreso y Senado--
el pasado mes de febrero de 1997, podemos calificar el apresamiento de
ilegal. Porque cuando se hace un posicionamiento político o una
plasmación de voluntad de que una acción es ilegal, deberá ser de
conformidad a una comparación con el ordenamiento vigente, y el
ordenamiento vigente es éste, el artículo 75 de la Convención del Derecho
del Mar. Con arreglo a ese artículo, el buque pesquero español,
arrastrero de Vigo, tenía su posición geográfica a 200,44 millas de la
costa argentina y, por lo tanto, fuera de la zona económica exclusiva de
este país.
Quiero manifestar, señor Presidente, que, según las informaciones que me
han suministrado, el capitán del buque vio cómo venía una patrullera de
control de las autoridades argentinas, pero encontrándose en una posición
ajustada a la Convención del Derecho del Mar y por lo tanto fuera de la
zona económica exclusiva, ni emprendió la huida ni se produjo
enfrentamiento alguno, sino que evidentemente se dejó medir, y cuál fue
su sorpresa cuando fue apresado. Por lo tanto, nos encontramos ante un
apresamiento ilegal. Es ilegal no sólo porque lo diga el artículo 75 de
la Convención del Derecho del Mar, sino porque Argentina, en la Ley
recientemente aprobada de espacios marítimos, toma como referencia de
delimitación de su zona económica exclusiva un punto cuyas
coordenadas no aparecen reflejadas en las grandes cartas náuticas,
que son el anexo a la Ley de espacios marítimos.
Las cartas náuticas que la República Argentina comunica a la División de
Asuntos Oceánicos de las Naciones Unidas, organismo depositario de la
información internacional y del Derecho internacional para la
delimitación de la jurisdicción y de la zona económica exclusiva de cada
país, toma nota de la Ley de espacios marítimos argentinos y de las
cartas que ella aporta, que son las cartas H50, H1, H2 y H5, que son
grandes cartas náuticas que, de conformidad al artículo 75, se deben
aportar para determinar cuáles son las coordenadas y para que la
comunidad internacional, terceros países, los operadores que actúan en
aguas internacionales, sepan dónde empieza el límite exterior de la zona
económica exclusiva.
Pues bien, en esa información oficial que el Gobierno argentino ha
depositado en las Naciones Unidas, concretamente en la División de
Asuntos Oceánicos y en la Convención del Mar de las Naciones Unidas, no
aparece un punto de coordenada que en este momento está utilizando
Argentina para la delimitación de su zona económica exclusiva en cuanto
al límite exterior. Y es que se está utilizando como punto una roca que
se encuentra cubierta cuando hay pleamar y que está al descubierto cuando
se produce la bajamar. Esta roca, este punto de delimitación, no aparece
en las cartas comunicadas a la
División de Asuntos Oceánicos de las Naciones Unidas, y por lo tanto,
toda la flota europea, y fundamentalmente española, que opera en el
Atlántico sudoccidental con esos parámetros sabe cuando entra y cuando
sale de la zona económica exclusiva. Según la información de todos los
peritajes de astronomía y de ubicación física del buque (yo tengo
conocimiento de ello porque me lo han mandado desde Argentina la semana
pasada), se encuentra en este punto geográfico --no decimos fuera, sino
que señalamos dónde estaba--, exactamente a 200,44 millas de la costa
argentina.
Esta roca es denominada por parte de la República Argentina como un punto
que no consta en estas grandes cartas, sino que consta en una carta
interna. No es la gran carta náutica que exige el artículo 75 de la
Convención de Derecho del Mar, sino que es una pequeña carta, la carta
H210, que toma como referencia esta roca y la califica técnicamente como
punto geográfico argentino, punto Restringa-sur-Balneario Los Angeles.
Cuando las grandes cartas H50, H1, H2 y H5 parten --y así se ha dado a
conocer a la comunidad internacional-- del punto geográfico denominado
Restringa-este, puerto de Quequen.
En definitiva, en base a esa posición se encontraba este buque a 200,44
millas de la costa del límite interior de las líneas de base. Como sabe
el señor Presidente, para la delimitación de las líneas de base se
cuentan las 200 millas, sin contar las aguas interiores, por el trazado
que se realiza de las líneas de base y lo que queda adentro de las líneas
de base no se toma en cuenta, porque son aguas interiores, y a partir de
las líneas de base se empieza a fijar el punto interior de delimitación y
la gran carta náutica debe fijar el punto exterior de limitación. Por eso
decimos, señor Presidente, que hay un apresamiento ilegal que no se
ajusta a los requerimientos del artículo 75 de la Convención del Derecho
del Mar de las Naciones Unidas, porque no consta en las Naciones Unidas y
porque se ha producido de mala fe por parte de las autoridades
argentinas.
Aquí hay un doble motivo, señor Presidente, y usted lo sabe porque ha
sido Ministro de Agricultura. Permítame que haga estas consideraciones,
porque al verle ahí me recuerda la etapa en que usted y yo debatíamos
sobre temas pesqueros. Hay, en definitiva, una puesta en común de
intereses entre gente del Atlántico norte y del Atlántico sur, entre
Noruega y Canadá por un lado y Argentina y Chile por otro; es decir,
países con gran plataforma continental, que han sido los primeros en
ratificar el Convenio internacional, de agosto de 1995, sobre especies
transzonales y altamente migratorias, sobre todo con la teoría de
Argentina y Chile sobre el mar presencial que, según las tesis de esos
países, llega hasta las 400 millas. Lo que subyace ahí es la expulsión en
esas zonas internacionales de la flota pesquera española que va a
especies demersales, al calamar, a la pota, a la merluza hubssi, y al
marisco.
Ese es el problema de fondo. Como sucede con la ley interna de Canadá
cuyo desarrollo reglamentario permite apresar fuera de las 200 millas a
buques españoles y portugueses, Argentina lo hace de otra manera: aprueba
una ley acorde con el artículo 75 de la Convención, pero luego unas
cartas náuticas no grandes, como establece el citado artículo 75, sino
una carta de delimitación interna suscita el problema. El problema, en
definitiva, es económico y político: que ahí no pueda operar flota
pesquera española, flota que proporciona empleo de tripulantes españoles
y que luego comercializa el mercado español. ¿Para qué? Para que pueda
ser capturado ese mismo pescado por la flota de Argentina y de Chile,
comercializarlo en el mismo mercado y nos pueda venir el calamar, la
pota, la merluza, el marisco, de ese mismo caladero, pero no por buques
españoles ni con empleo de España. Ese es el trasfondo de la cuestión.
En este momento lo que estamos detallando es la existencia de ese
apresamiento ilegal, que es parecido al del Estai, tiene una enorme
analogía, porque se ha producido en aguas internacionales y, aunque, no
ha tenido esa repercusión en los medios, nosotros sabemos qué es lo que
está haciendo el Gobierno, porque tenemos información directa de qué es
lo que está pasando. El Gobierno se ha movido. Sabemos incluso que ha
habido algunas gestiones de José María Aznar sobre esta cuestión.
Nosotros hemos hecho también nuestras gestiones como Partido Nacionalista
Vasco, por los canales habituales de información que tenemos, para
solucionar el apresamiento ilegal de este buque, puesto que este momento
se encuentra detenido en el puerto de Bahía Blanca y los 26 tripulantes
están todavía retenidos allí. Las autoridades administrativas argentinas
le han impuesto una multa de 800.000 dólares, que son 116 millones de
pesetas. ¡116 millones de pesetas! Estamos jugando con la viabilidad de
una empresa, de todo un sector y de unos tripulantes que como usted sabe,
señor Presidente, por una serie de efectos inducidos como es la
regulación de empleo, con la problemática que ello origina, e incluso,
como se produjo con el apresamiento del Estai, con el abanderamiento en
otro país, por ejemplo, en Malvinas, supondría una gran pérdida para el
empleo español.
Ciento dieciséis millones de pesetas es la cantidad que consta en el
pliego de cargos que las autoridades argentinas han notificado al titular
de la empresa del buque; y 26 tripulantes se mantienen allí, con el coste
económico de mantenimiento y el perjuicio que ello supone. Por otra
parte, en este momento el buque tiene sus bodegas prácticamente repletas,
tiene 600 toneladas de calamar, unas 40 toneladas de merluza, pero ya se
le han decomisado, como medida cautelar, 100 toneladas de calamar.
La situación es preocupante. Sabemos que se están
realizando gestiones, pero nosotros, señor Presidente, tenemos la
responsabilidad política de actuar, porque el pueblo nos ha mandatado y
nos ha elegido para traer al Parlamento los problemas que existen en el
sector pesquero español. Por eso lo hemos traídos aquí. Sabemos que no
hay inactividad, que el Gobierno está haciendo gestiones, que la Unión
Europea también las está haciendo, pero nosotros tenemos la obligación de
traer este tema al Parlamento porque el ciudadano, la sociedad civil nos
ha pedido que actuemos políticamente y que hagamos gestiones. Hemos
traído aquí este asunto, reitero, para
que quede constancia de la necesidad de defenderlo. Lo que subyace, en
definitiva --ése es otro debate y éste no es el momento procesal oportuno
para analizarlo--, es el futuro de la flota pesquera española. Usted
sabe, señor Presidente, que no existe flota pesquera española, existe
flota en terceros países, sociedades mixtas, asociaciones temporales o
abanderamientos en otros países porque no tenemos plataforma continental.
Pero sí se produce empleo y, sobre todo, una fuerte carga de ingresos al
Instituto Social de la Marina por el empleo de tripulantes españoles que
trabajan en esos buques que operan en el Atlántico sudoccidental.
Finalizo, señor Presidente, haciendo una reflexión.
Además de la expulsión, ¿qué hay en este momento? Hay la necesidad de que
se llege a un acuerdo político entre Malvinas, región autónoma del Reino
Unido, y Argentina. Porque se está en este momento, y yo lo he conocido,
hay un borrador de lo que se llama el SAFO. SAFO es el NAFO del norte, la
Comisión de Pesquerías del Atlántico suroccidental. ¿Y qué
características va a tener ese organismo, va a ser como el NAFO del norte
o va a ser una institución que no tenga esas potestades de ordenación o
de fijación de TAC, como es la del Camlar en la Antártida, o como va a
ser el Iccat en el Atlántico.
Esa es una reflexión final que quería hacer. Señor Presidente, nuestro
grupo parlamentario quería traer este tema al Parlamento para apoyar esta
cuestión. Sabemos que el Gobierno está realizando gestiones y nuestro
grupo y el Partido Popular hemos presentado, con el acuerdo del grupo
parlamentario socialista, una enmienda transaccional para que se sigan
haciendo gestiones diplomáticas sobre esta cuestión, se estudien las vías
jurídicas necesarias a efectos administrativos europeos o judiciales, y
sobre todo para que se concrete el punto de delimitación exterior de la
zona económica exclusiva, no utilizándose lo que en términos coloquiales
se denomina en el Atlántico sudoccidental la roca en cuestión, el punto
Balneario-Los Angeles, sino el conocido como puerto Quequen.
El señor PRESIDENTE: A ver si el mandato del pueblo es compatible con los
diez minutos.
¿Otros grupos que desean intervenir? Por el Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Príncipe.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Intentaré no abusar de su generosidad, señor
Presidente, ni de la paciencia de los miembros de la Comisión Mixta.
Una cuestión de principios para nosotros es no cobrar políticamente una
pieza como ésta, porque apresamientos tan ilegales como el del Arpón
también se produjeron cuando nosotros tuvimos responsabilidades de
Gobierno. Lo que pasa es que cuando nosotros estábamos en el Gobierno, la
oposición decía algunas cosas que no eran de recibo.
Aquí hay un tema muy grave y es que el Gobierno argentino está utilizando
a los marineros y a los barcos españoles, que están pescando con
licencias dadas por las autoridades malvinas, como rehenes. Y
cíclicamente, periódicamente, a cuenta de esa roca que tapa el mar en
determinados momentos, apresa a algunos de los barcos.
Nosotros estamos firmemente convencidos de que la pesca de altura, desde
hace un año, no va tan bien, los indicadores nos lo dicen. Pero estamos
también muy sorprendidos de que, después del periplo victorioso y exitoso
del Presidente Aznar a Argentina, todavía este pequeño incidente, que
cíclicamente permite apresar ilegalmente barcos españoles, se mantenga.
Como la pesca es una cuestión de Estado y no se puede cobrar
políticamente una pieza que se fundamenta en la actuación ilegal de un
Gobierno de teóricamente hermanos nuestros, en un país donde hay una
tremenda comunidad gallega, y buena prueba es que los mismos que están en
el barco apresado ilegalmente son gallegos, nosotros pensamos que hay que
llevar este asunto por la vía de la racionalidad. Por eso hemos pedido
que se introdujera en la enmienda transaccional que estaban pactando los
portavoces del Grupo Popular y del Partido Nacionalista Vasco, que, de
una vez por todas, se intenten fijar con el Gobierno argentino los
límites de tierra, donde está la tierra, que no nos la cambien para
utilizar a nuestros barcos como chantaje con el contencioso que el
Gobierno argentino tiene con el Gobierno británico en relación a la
región autónoma de Malvinas.
Desgraciadamente es así, pero también les digo una cosa. Como decía
Adenauer, todo puede empeorar. Nosotros estamos convencidos de que la
debilidad de este Gobierno, de que la ratificación del Convenio de
Naciones Unidas sobre los caladeros transzonales --por cierto, firmado
por el Gobierno del señor Aznar en diciembre, diciembre fue un mes
trágico: Canadá, la firma de esto-- nos va a perjudicar gravemente y a
este humilde portavoz le gustaría equivocarse.
La pesca no va tan bien como va el país. Sería bueno que cuando nuestro
glorioso Presidente hablara con el glorioso Presidente Menem pudieran
fijar ese pequeño punto de la roca que se tapa y se descubre con las
mareas, para que no haya más familias gallegas que tengan que sufrir el
infortunio de ver a sus hermanos o padres apresados ilegalmente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz de Convergència i Unió,
señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Yo quería, en primer lugar, manifestar la
profunda satisfacción que le produce a mi grupo el que el portavoz del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos haya conseguido finalmente
introducir en el orden del día de esta Comisión un punto de la
importancia del que estamos aquí debatiendo y que, con la unanimidad de
todas las fuerzas políticas, se someta a votación un punto de esta
trascendencia pues habría sido sorprendente que se hubiera debatido a
espaldas de algún grupo parlamentario que no supiera de su inclusión en
el orden del día. Nos produce gran satisfacción que podamos estar
hablando de este asunto.
En segundo lugar, damos nuestro apoyo claro al contenido de la
proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
brillante, apasionada y exuberantemente defendida por el Senador, señor
Gatzagaetxebarría,
que nos ha ilustrado con todo detalle --lo digo sin ironía, aunque lo
pueda parecer, no tiene ningún tipo de ironía mi comentario-- y con gran
profusión de detalle acerca del contenido, el alcance y la problemática
que está en este momento planteada y de la que no teníamos noticia hasta
la presentación de esta proposición no de ley.
Nosotros daremos nuestro voto positivo a este texto. En el caso de que
exista la enmienda transaccional suscrita no sé muy bien por quién,
queríamos saber quién la presenta; se nos ha pasado una copia del texto,
pero queríamos que se aclarara eso antes de ser sometido a votación, pues
no es lo mismo votar una enmienda ajena que otra suscrita por todos los
grupos que podríamos incluso suscribirla nosotros también. Querría que se
aclarara este tema y reitero que, sobre el fondo del asunto, claramente
damos nuestro apoyo.
El señor PRESIDENTE: Señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Yo pensé cuando vine a Madrid que me había
despistado del señor Príncipe, a quien he tenido que soportar durante
ocho años de portavoz del Ayuntamiento de Vigo, pero he visto que mis
intenciones han sido baldías. (El señor González Príncipe: ¡Dios siempre
castiga!) Tengo que recordarle al señor Príncipe que si revisa el «Diario
de Sesiones» verá que cuando estábamos en la oposición, cuando el
Gobierno no estaba apoyado por el Grupo Popular, sino por otros grupos, y
había cualquier apresamiento de buques como el Puente Arnales, en
Argentina, siempre contó con nuestro total apoyo y nunca con nuestra
crítica.
Yo quisiera decirle al señor portavoz del Grupo Socialista que la
situación pesquera ha mejorado notoriamente con el Gobierno Popular. Las
comparaciones son odiosas y, como decía antes el señor Gatzagaetxebarría,
está presidiendo la Comisión un ex Ministro de Agricultura, por lo que
por respeto y consideración, no vamos a entrar en ningún debate sobre
este tema.
Quisiera decirle al señor Príncipe que el Convenio transzonal todavía no
está ratificado y, por lo tanto, no ha entrado en vigor. Es cierto que
estamos asistiendo en estos momentos a una situación un tanto delicada y
dramática para los tripulantes que pertenecen al buque Arpón, que ha sido
apresado por las autoridades argentinas en una situación que ya han
comentado otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.
Ocurrió ya no hace mucho tiempo la misma situación, el apresamiento de
otro buque pesquero, porque no sabe exactamente desde dónde comienzan a
medir las autoridades argentinas: si es una roca, como dice el señor
Gatzagaetxebarría, o es una punta de arena que emerge y se sumerge en
función de la marea.
La enmienda transaccional que presentamos, que ha sido transada por el
Grupo Popular y por el Grupo EAJ-PNV con la aquiescencia del Grupo
Socialista, hay tres aspectos importantes a considerar. Uno de ellos es
el relativo a apoyar a instar al Gobierno a que siga haciendo las
gestiones oportunas para la inmediata liberación del Arpón. Otro punto,
que es el que nosotros consideramos más importante, es el de que de una
vez por todas se fije la delimitación de la zona exclusiva económica de
Argentina, la ZEE, porque con eso evitaremos grandes problemas. Tengo que
recordarles a SS. SS. que los acuerdos bilaterales con Argentina, cuando
tienen que funcionar, funcionan bien. Había una inquietud por parte del
sector en el sentido de que los tripulantes españoles en empresas mixtas
argentinas no se podían acoger a la Seguridad Social española. En el
reciente acuerdo bilateral firmado entre Argentina y España eso se ha
superado y, por tanto, los tripulantes que están en empresas mixtas
argentinas se pueden acoger a la Seguridad Social española. Creo que es
una reivindicación importante del sector y que las autoridades argentinas
así lo han aceptado.
En este momento nos encontramos con una situación en la que tenemos un
buque apresado, una propuesta de sanción de 800.000 dólares e incautada
la pesca y los aparejos, cuando los aparejos de un barco también valen
muchos millones de pesetas. Se han dado cinco días para el recurso y
suponemos que el armador presentará el pertinente recurso, porque está
avalado por dos dictámenes jurídicos: uno, de un abogado que presta sus
funciones en Naciones Unidas, y otro del asesor jurídico de Asuntos
Exteriores. Ambos dictámenes aseguran que el apresamiento del Arpón ha
sido ilegal. Las autoridades españolas han llevado a cabo gestiones del
más alto nivel para la inmediata liberación del Arpón; por desgracia, de
momento no han tenido los frutos apetecidos.
Siendo un problema tremendamente delicado, ningún grupo tiene que liderar
este tema porque, como digo, todos los grupos políticos estamos
tremendamente preocupados, nuestra Administración, nuestro Gobierno. Por
eso hemos propuesto esa enmienda transaccional que tiene encima de la
mesa el señor letrado y que vamos a apoyar.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Nada más lejos de mi intención parecer que
obstaculizo, ni siquiera remotamente, la aprobación de esta proposición
no de ley. Pero si el texto que se nos ha entregado es también la
transaccional que se va a someter a votación, mi grupo no le puede dar el
voto favorable y, además, pediría que se aclarara exactamente qué es lo
que estamos votando. Porque el texto dice: La Comisión Mixta para la
Unión Europea apoya e insta al Gobierno a: 1.º Continuar con las
gestiones diplomáticas y administrativas para la inmediata liberación del
buque Arpón. Hasta aquí está claro.
2.º Estudiar la posibilidad de iniciar vías jurídicas que procedan. Eso
dice el texto que a mí se me ha entregado. Las vías jurídicas que
procedan para qué, en qué a qué objeto, porque esta es una proposición
que se está votando. Yo agradecería que esa frase se completara y se
redactara de otra forma. Estamos instando al Gobierno a que estudie la
posibilidad de iniciar las vías jurídicas que
procedan para la liberación de la tripulación del Arpón, para que
modifique la cuantía de la multa, para que se solucionen definitivamente
los problemas de extraterritorialidad en materia pesquera, etcétera. Yo
pediría que se aclarara ese punto segundo.
3.º Apoya e insta al Gobierno a gestionar para la búsqueda de solución
definitiva (soluciones definitivas supongo que debe querer decir) para la
delimitación de la zona económica exclusiva argentina. Ese tercer punto
tampoco nos convence desde el punto de vista de redacción, puesto que no
entiendo muy bien el papel del Gobierno para gestionar en la búsqueda.
Creo que puede hacer otras cosas.
En todo caso, sí pediría que el segundo punto quedara redactado de otra
forma.
El señor PRESIDENTE: Señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy a aclarar esta cuestión. Cuando
se plantea la posibilidad de iniciar acciones jurídicas se refiere a algo
que es precedente, que es lo que figura en la parte expositiva de la
proposición no de ley. Por tanto, si quiere que se hable de: «estudiar la
posibilidad de iniciar las medidas jurídicas que procedan sobre el asunto
indicado», no nos importaría nada. Ahora bien, si quiere votar en contra,
hágalo. Si tiene tantas pegas, si ve tantos defectos, vote en contra
porque por nuestra parte no hay problema alguno, existe consenso con el
resto de los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Señor González Príncipe.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Yo creo que tiene razón el señor portavoz de
Convergència i Unió, porque la verdad es que tenemos al Partido Popular
tan complaciente con el Gobierno, que nos ha hecho un aleluya en vez de
una proposición no de ley, pero las aleluyas normalmente se producen en
otros ámbitos, no en el ámbito de la vida parlamentaria.
A nosotros nos parece que el texto inicialmente propuesto por los señores
Senadores y Diputados del Grupo Nacionalista Vasco es más preciso. Y
desde luego en el punto segundo para nosotros es condición sine qua non
que tiene que figurar que hay un apresamiento ilegal, porque si
estudiamos iniciar acciones jurídicas será porque hay algo ilegal.
Nosotros estamos convencidos de que nuestro barco y nuestra tripulación
fueron ilegalmente apresados por las autoridades argentinas.
El tercer punto habría que redactarlo de otra forma, instando a que el
Gobierno español y el Gobierno argentino se pongan de acuerdo para fijar
los límites de tierra firme, lo de la roca esa que se tapa y que se
destapa y que, si se cuenta la roca, entonces nos cogen los barcos y si
no se cuenta, no.
Por último, para su información quiero decirle al señor de Convergència i
Unió que tiene un fino instinto pesquero, porque el Estai ha sido
exportado y está actuando ya en el mar de Malvinas, con lo cual, con otro
nombre, podremos encontrárnoslo en breve apresado por el Gobierno del
hermano Menem.
El señor PRESIDENTE: Señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Muy breve, señor Presidente. Obviamente, el
punto segundo se refiere a las acciones jurídicas que pueden ser
pertinentes ante los tribunales que pueden corresponder, si es que
corresponde alguna acción jurídica. (El señor González Príncipe: ¿Es
ilegal o no es ilegal, señor Mantilla?)
Señor Príncipe, yo no le he interrumpido nunca. Creo que usted está
recordando todavía los tiempos en que gobernaba obviamente en el
Ayuntamiento de Vigo, pero estos ademanes aquí no se utilizan
habitualmente.
Decía, señor Presidente, que nosotros no podemos decir si es ilegal o no
es ilegal. Hemos dicho en nuestra exposición que hay dos informes que
dicen que son ilegales, pero lógicamente quien tiene que dirimir esto son
los tribunales. Por lo tanto, el segundo punto es: estudiar las vías
jurídicas que procedan ante los tribunales que correspondan, si es que
proceden.
El tercer punto es el más importante, el que estábamos diciendo antes, es
la delimitación de la zona de exclusividad económica de Argentina.
Obviamente, si el señor letrado puede mejorar la redacción, nosotros
estaremos encantados.
El señor PRESIDENTE: El problema de los temas que se plantean en el
último minuto es este, que al final tenemos una redacción que no sabemos
muy bien lo que quiere decir. En este momento yo no sé qué se va a votar
por parte de la Comisión. Tengo la impresión de que hay un acuerdo sobre
el primer punto. Se han sugerido verbalmente fórmulas alternativas sobre
el segundo, aunque yo no acabo de ver muy bien eso de estudiar las
posibilidades de iniciar las vías jurídicas que procedan en caso de que
haya actuaciones legales, porque ¿dónde, cuándo y cómo? No tengo nada en
contra ni de una fórmula ni de otra, lo que quiero decir es que me
gustaría saber qué fórmula indican los proponentes, si es la que hay o es
otra. Es decir, entiendo que pedirle al letrado que nos redacte algo está
muy bien, siempre y cuando le digamos qué queremos que nos redacte,
porque si no la verdad es que el tema es complejo.
También detecto una cierta dificultad, porque veo dos proposiciones en el
tercer punto, por un lado se dice gestionar la búsqueda de solución
definitiva, por otro, que se pacte entre España y Argentina cuál es la
zona económica argentina, tema obviamente muy difícil de pactar con
Argentina.
El señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Vistas las posiciones de los
portavoces, yo plantearía, como cuestión ya para ver si podemos zanjar el
tema, que el punto 2.º dijera: Estudiar la posibilidad de iniciar las
vías administrativas y judiciales precisas para resolver el problema. Al
decir las vías jurídicas y administrativas ya
se concreta, es decir, eso supone una vía jurisdiccional o una vía
administrativa, porque en este momento el apresamiento está en vía
administrativa ante la prefectura naval y puede pasar a la vía
jurisdiccional. No sé si concretando más y oyendo a los portavoces,
porque me parece razonable que se pueda pedir mayor aclaración, podremos
redactarla entre todos; si es así, mejor.
El señor PRESIDENTE: ¿El apartado 3.º quedaría como está o cuál sería el
apartado? Le recuerdo que la propuesta inicial es suya.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: El 3.º diría: Gestionar la búsqueda
de soluciones definitivas en aras a la delimitación de la zona económica
exclusiva argentina. ¿Soluciones definitivas en aras a qué? A la
delimitación. Y las gestiones van en varias vías, van en vía
gubernamental española, van en la vía de la Unión Europea. Eso es lo que
plantearíamos, y por lo menos así yo creo que podríamos aclarar la
cuestión.
El señor PRESIDENTE: Señor González Príncipe.
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Con todo respeto, Presidente. Los
socialistas, en nuestra limitación, no alcanzamos a entender por qué en
los medios de comunicación decimos todos --y digo todos los que hemos
hablado aquí, en este debate, que por lo menos en la prensa diaria han
hecho páginas-- que es ilegal el apresamiento del Arpón, en el debate
parlamentario todos los portavoces han dicho que es ilegal el
apresamiento del Arpón y de pronto aquí, en la resolución, no figura que
es ilegal el apresamiento. Nos parece una muestra de debilidad y nos
parece un engaño al pueblo. No se puede decir una cosa y después escribir
otra. Simplemente pido que seamos consecuentes. Si nosotros decimos que
es un apresamiento ilegal, que figure expresamente la palabra ilegal,
porque es fundamental para la tripulación que está allí, señores, es
fundamental para que la presión diplomática tenga fuerza ante el Gobierno
del señor Menem. Es fundamental que sepa que el Parlamento español está
convencido de que es un apresamiento ilegal, recogiendo la verdad y
defendiendo con honestidad y con honradez a nuestra flota y a nuestros
marineros.
El señor PRESIDENTE: Señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Estamos entrando nuevamente en un debate,
señor Presidente.
Primero, el señor González Príncipe era conocedor de la transaccional al
principio. Si no lo ha leído y la ha aceptado, será su problema. Es
decir, antes de presentarla en la Mesa, la ha aceptado tal como estaba
redactada. Punto primero.
Punto segundo, considero que en principio no se puede decir que es ilegal
o no ilegal. En nuestra intervención hemos señalado que hay dos informes
jurídicos que consideran que es ilegal, y así lo decimos. Ahora,
personalmente considero que en nuestra proposición --no sé si el señor
letrado nos puede ilustrar más-- no podemos decir que es ilegal porque no
tenemos datos que hoy lo prueben. O sea, popularmente, como dice el señor
González Príncipe, podemos comentar que a tenor de los informes jurídicos
es ilegal, pero recogido en un «Diario de Sesiones», considero que no
procede la palabra ilegalidad hasta que no se demuestre lo contrario. (El
señor González Príncipe: Presuntamente.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor González Príncipe. Antes de dar la
palabra a los restantes portavoces, me gustaría aclarar la situación
procesal en la que estamos.
Tenemos, incluido por decisión unánime de todos los grupos, una
proposición del Grupo Nacionalista Vasco, a debatir aquí. De acuerdo con
el procedimiento establecido, lo que estamos discutiendo es el texto del
Grupo Vasco (EAJ-PNV). Ese texto sólo puede o enmendarse o ir a una
transaccional. La transaccional exige el acuerdo unánime de todos los
grupos. Por lo tanto, si no tenemos acuerdo unánime de todos los grupos,
lo que procede es la votación de la propuesta del Grupo Vasco (EAJ-PNV).
Eso es lo que les quiero recordar a efectos prácticos.
Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Fieles a nuestro sentido habitual de pacto y
de vía transaccional, nosotros propondríamos una transacción de la
transacción de la transacción y por tanto un texto que quizá pudiera ser
aceptado por todos y que diría lo siguiente: La Comisión Mixta para la
Unión Europea apoya e insta al Gobierno a: 1.º continuar con las
gestiones diplomáticas y administrativas para la inmediata liberación del
buque Arpón; 2.º estudiar la posibilidad de iniciar las vías
administrativas y judiciales precisas para resolver el problema planteado
por el apresamiento, aparentemente ilegal, del Arpón; 3.º gestionar ante
el Gobierno argentino la búsqueda de soluciones definitivas para la
delimitación de su zona económica exclusiva.
El señor PRESIDENTE: Yo siento intervenir en este debate porque
normalmente no es esa la función del Presidente. A mí personalmente la
tercera fórmula me parece, de todo lo que se ha planteado, la más dura.
Reflexionen ustedes, señores portavoces, sobre ese punto. No es una
búsqueda de la solución definitiva, porque la solución definitiva sobre
la delimitación de la ZEE corresponde al Gobierno argentino, a nadie más.
A nosotros lo que nos corresponde es conocer cuál es la solución
definitiva del Gobierno argentino. Eso de que negociemos o busquemos una
solución definitiva con el Gobierno argentino, me parece un poco duro.
Pero, en fin, si ustedes prefieren esa fórmula, yo no tengo nada en
contra.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: A mí me parecería bien lo que ha
planteado el portavoz de Convergència i Unió, porque va en la misma
línea. Unicamente recordar que en la parte introductoria diría: El
Gobierno en colaboración con la Unión Europea... Eso es lo
que decía el texto inicial de nuestra proposición no de ley. Porque en
esta cuestión está interviniendo también la Unión Europea, obviamente,
tanto la Comisaría de Pesca como el Comisario Internacional de Relaciones
con Latinoamérica, que es Manuel Marín. Repito que estoy de acuerdo con
el planteamiento que ha hecho el portavoz de Convergència i Unió.
Recordar únicamente que en nuestra moción se decía: El Gobierno en
colaboración con la Unión Europea. Evidentemente, tal como se produjo con
el tema de Canadá, hay en este caso una incidencia internacional con
competencias españolas y con competencias de la Unión Europea. Estaría de
acuerdo con ese texto.
El señor PRESIDENTE: Volvemos a tener tres textos. ¿Cuál es el texto que
vale en este momento? ¿Se acepta la referencia a la Comisión Europea? ¿Se
acepta el texto del señor Guardans con la referencia a la Comisión
Europea? Parece que el señor Guardans no acepta su texto. (Risas.)
El señor GUARDANS I CAMBO: El señor Guardans, portavoz de Convergència i
Unió, que conoce la larga experiencia del Presidente de esta Comisión, y
que por tanto no podía hacer caer en saco roto una aguda observación
hecha por él, modifica brevísimamente su propuesta, por lo que el tercer
punto vendría a decir: La Comisión Mixta para la Comisión Europea apoya e
insta al Gobierno, en colaboración con la Unión Europea a (en lugar de
gestionar) plantear ante el Gobierno argentino la búsqueda de soluciones
definitivas para la delimitación de su zona económica exclusiva.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna variación sobre ese punto? Muchas gracias,
ésa queda como enmienda final transaccional.
Dicho esto, pasamos a la votación de los distintos puntos planteados en
el orden del día.
Empezaríamos con el punto 1: Moción por la que se insta al Gobierno a que
adopte las medidas de impugnación, administrativas y políticas precisas
ante la Unión Europea para anular el acuerdo de la Comisión relativa a la
suspensión de las ayudas estructurales al sector pesquero español.
Existía una enmienda del Grupo Parlamentario Popular y el proponente era
el Grupo Vasco (EAJ-PNV). ¿Acepta la enmienda? (Asentimiento.) Pasamos a
votación, por lo tanto, de la propuesta de EAJ-PNV con la enmienda del
Partido Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Punto 2: Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a expresar
ante las autoridades irlandesas, etcétera, planteada por el Grupo
Parlamentario Socialista. Había una enmienda del Grupo Popular. ¿Se
acepta la enmienda? (Denegaciones.) No se acepta la enmienda.
Por lo tanto se plantea para votar la propuesta tal como está suscitada
por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 16; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.
Tercer punto: Proposición no de ley sobre la defensa del plátano canario
en el mercado europeo.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Punto 4.º: Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la
adopción de las medidas, etcétera, la de Irlanda. Sobre este punto hay
una transaccional. ¿Hay algún inconveniente por parte de algún grupo en
aceptar la transaccional? ¿Existía la transaccional, señor
Gatzagaetxebarría?
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí, la transaccional por lo menos la
suscribimos el Grupo Popular y el Grupo Nacionalista Vasco, y sería
esclarecedor que se diera a conocer. No sé si se ha suministrado a los
portavoces o si no que en este momento se leyera para saber exactamente
el contenido de la misma.
El señor PRESIDENTE: En la transaccional, como saben ustedes, tenemos dos
fases distintas. Una, si se acepta o no ponerla a votación, y otra, si se
acepta o no la transaccional. Lo que estoy planteando en este momento es
si algún grupo está en contra de que se plantee la transaccional.
(Pausa.) Parece que el Partido Socialista quiere conocer la
transaccional.
El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, no nos oponemos a que se tramite
la transaccional; no nos oponemos a que se tramite.
El señor PRESIDENTE: Segundo punto, ¿la transaccional es conocida por
todo el mundo?
El señor GONZALEZ PRINCIPE: Es que conocen también dos versiones.
El señor PRESIDENTE: Rogaría al letrado que nos la leyera.
El señor LETRADO: La Comisión Mixta para la Unión Europea insta al
Gobierno a:
1.º) Seguir instando ante la Comisión Europea por el establecimiento de
un texto sobre la inspección pesquera comunitaria que, sin menoscabar la
eficacia de la acción inspectora, dé garantías suficientes de seguridad
jurídica a las tripulaciones y buques concernidos, en desarrollo del
Reglamento 2.847/1993.
2.º) Gestionar de las autoridades irlandesas la adecuación de los
controles e inspecciones a los buques españoles, a los requerimientos de
la normativa comunitaria y del Derecho marítimo internacional.
3.º) Analizar las posibles acciones que pudieran ser llevadas a cabo por
el Gobierno en el ámbito europeo con ocasión de la aplicación de la
normativa comunitaria por parte de las autoridades irlandesas.
4.º)Llevar a cabo las acciones necesarias para la mejora de relaciones de
las tripulaciones españolas con sus homónimas inglesas e irlandesas.
5.º) Impulsar la creación de un comité de pesquerías entre España e
Irlanda.
El señor PRESIDENTE: Sí, señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí, como me comentaban algunos
compañeros del Grupo Parlamentario Popular, parece que hay un juego de
palabras al inicio de la parte resolutiva de la proposición no de ley,
una cacofonía. Por tanto, quizá sería mejor decir «seguir gestionando»,
en vez de «seguir instando», porque la palabra instar ya aparece
previamente.
El señor PRESIDENTE: Con esa corrección técnica, planteamos la votación
de la enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos al punto 5.º del orden el día, la proposición no de ley por la
que se insta al Gobierno a solicitar de la Unión Europea que gestione una
reunión extraordinaria de la Comisión de Pesquerías de la Organización
del Atlántico Norte. También en este punto hay una transaccional. ¿Es
conocida por todos los grupos o la planteamos para leer?
En primer lugar, ¿se aprueba que se suscite la votación de la
transaccional? (Asentimiento.) Si no hay ningún problema, entonces
votamos la transaccional.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
El punto siguiente del orden del día sería la proposición no de ley
relativa a las medidas contra el ataque a mercancías. En este caso
concreto hemos tenido una enmienda in voce que pediría al letrado que nos
leyera para luego no aprobar otra cosa totalmente diferente.
El señor LETRADO: Dice: El Congreso de los Diputados (se supone que es la
Comisión Mixta para la Unión Europea) insta al Gobierno a plantear ante
la Unión Europea que se tomen medidas para garantizar el ejercicio del
derecho a la libre circulación de mercancías en los países miembros de la
Unión, tal y como se consagra en el artículo número 48 del Tratado de la
Unión Europea, poniendo todos los medios materiales y legales necesarios
a su alcance para que en el menor tiempo posible se restablezca la libre
circulación, hoy día restringida por acciones de grupos incontrolados.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
El punto séptimo es el último incluido. Vamos a intentar leer, a ver si
estamos medianamente de acuerdo, la redacción elaborada por el señor
Guardans.
El señor LETRADO: La Comisión Mixta para la Unión Europea apoya e insta
al Gobierno a que, en colaboración con la Unión Europea: 1.º) continúe
con las gestiones diplomáticas y administrativas para la inmediata
liberación del buque Arpón; 2.º) estudie la posibilidad de iniciar las
vías administrativas y judiciales precisas para resolver el problema
planteado por el apresamiento, aparentemente ilegal, del Arpón; 3.º)
plantee ante el Gobierno argentino la búsqueda de soluciones definitivas
para la delimitación de su zona económica exclusiva.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Muchas gracias y buen verano.
Se levanta la sesión.
Eran las trece y veinticinco minutos de la tarde.