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BOCG. Sección Cortes Generales, serie A, núm. 390, de 23/11/1999
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SECCION CORTES GENERALES
VI LEGISLATURA
Serie A: 23 de noviembre de 1999 Núm. 390 ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
Otros textos
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000020 (CD) 573/000005 (S) Informe aprobado por la ponencia, creada
en el seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea, para el
estudio y discusión del proceso de ampliación de la Unión Europea y
Agenda 2000, así como voto particular.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES del Informe emitido por la Ponencia para el estudio
y discusión del proceso de ampliación de la Unión Europea y Agenda
2000 (núm. expte. 154/000020), así como de el voto particular
presentado al mismo.
Palacio del congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
INFORME DE LA PONENCIA PARA EL ESTUDIO Y DISCUSIÓN DEL PROCESO DE
AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y AGENDA 2000
ÍNDICE
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PONENCIA
I. ACUERDO DE CREACIÓN DE LAPONENCIA
II. COMPOSICIÓN
III. REUNIONES DE LA PONENCIA
IV. VIAJE DE LA PONECIA A LA REPÚBLICA DE HUNGRÍA Y A LA REPÚBLICA CHECA
LA AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
I. INTRODUCCIÓN
II. LA UNIÓN EUROPEA Y LA AMPLIACIÓN
III. LOS ESTADOS CANDIDATOS A LA ADHESIÓN
PROPUESTAS DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PONENCIA
I. ACUERDO DE CREACIÓN DE LA PONENCIA
La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su sesión del día 4 de
marzo de 1998, tras debatir acumuladamente las propuestas de creación
de una Subcomisión de seguimiento, encargada de estudiar y discutir
el proceso de ampliación de la Unión Europea (UE) hacia los países
del Este de Europa y del Mediterráneo (núm. expte. 158/32) y de una
Subcomisión para el estudio y discusión del proceso abierto por el
programa «Agenda 2000» (núm. expte. 158/33) aprobó la propuesta de
creación de una Ponencia para el estudio y discusión del proceso de
ampliación de la Unión Europea y Agenda 2000.
La Ponencia, siguiendo el modelo de la Subcomisión especial de
seguimiento, encargada de estudiar y discutir
el proceso abierto por la Conferencia Intergubernamental, se integró
por tres parlamentarios del Grupo Popular, dos parlamentarios del
Grupo Socialista y un parlamentario de cada uno de los Grupos
restantes.
II. COMPOSICIÓN
A) La Ponencia se constituyó el día 14 de mayo de 1998 con los
siguientes miembros:
SOLBES MIRA, Pedro (GS), Presidente de la Comisión Mixta para la
Unión Europea. MARTINEZ CASAÑ, Guillermo (GP), Diputado. PASCUAL
MONZO, José Ramón (GP), Diputado. ORTIZ CLIMENT, Leopoldo (GP),
Senador. COSTA COSTA, Antonio (GS), Diputado. GONZALEZ LAXE, Fernando
Ignacio (GS), Senador. GUARDANS I CAMBO, Ignasi (GC-CiU), Diputado.
NAVAS AMORES, José (GIU), Diputado. ANASAGASTI OLABEAGA, Iñaki M.
(GV-PNV), Diputado. MARDONES SEVILLA, Luis (GCC), Diputado.
LASAGABASTER OLAZABAL, Begoña (GMx), Diputada.
Con fecha 16 de noviembre de 1998, doña Pilar Pulgar Fraile sustituyó
a don Ramón Pascual Monzó.
B) Por acuerdo adoptado por asentimiento por la Comisión Mixta para
la Unión Europea el día 26 de noviembre de 1998, se aprobó la
modificación de la composición de la Ponencia en los siguientes
términos:
«Modificar la composición de la Ponencia para el estudio y discusión
del proceso de ampliación de la Unión Europea y Agenda 2000 que en
adelante estará integrada por tres miembros de aquellos Grupos que,
entre el Congreso de los Diputados y el Senado, tengan más de cien
parlamentarios; por dos miembros de aquellos que tengan más de diez y
por un representante de aquellos que tengan menos de diez.»
La Ponencia quedó entonces integrada por los siguientes miembros:
SOLBES MIRA, Pedro (GS), Presidente de la Comisión Mixta para la
Unión Europea. MARTINEZ CASAÑ, Guillermo (GP), Diputado. PULGAR
FRAILE, Pilar (GP), Diputada. ORTIZ CLIMENT, Leopoldo (GP), Senador.
COSTA COSTA, Antonio (GS), Diputado. GONZALEZ LAXE, Fernando Ignacio
(GS), Senador. COMPANYS I SANFELIU, Ramón (GC-CiU), Diputado.
GUARDANS I CAMBO, Ignasi (GC-CiU), Diputado. ANASAGASTI OLABEAGA,
Iñaki M. (GV-PNV), Diputado. GANGOITI LLAGUNO, Jon [GV (SNV)],
Senador. NAVAS AMORES, José (GIU), Diputado. MARDONES SEVILLA, Luis
(GCC), Diputado. LASAGABASTER OLAZABAL, Begoña (GMx), Diputada.
Con fecha 9 de febrero de 1999, doña María Carme Solsona i Piñol
sustituyó a don Ramón Companys i Sanfeliú.
Con fecha 15 de septiembre de 1999 renunció al alta de Diputado don
Pedro Solbes Mira. Con fecha 22 de septiembre
de 1999 asumió la Presidencia de la Comisión Mixta para la
Unión Europea Josep Borrell Fontelles.
La lista definitiva de los parlamentarios integrantes de la Ponencia
como consecuencia de las modificaciones citadas, es la siguiente:
BORRELL FONTELLES, Josep (GS), Presidente de la Comisión Mixta para
la Unión Europea. MARTINEZ CASAÑ, Guillermo (GP), Diputado. PULGAR
FRAILE, Pilar (GP), Diputada. ORTIZ CLIMENT, Leopoldo (GP), Senador.
COSTA COSTA, Antonio (GS), Diputado. GONZALEZ LAXE, Fernando Ignacio
(GS), Senador. GUARDANS I CAMBO, Ignasi (GC-CiU), Diputado. SOLSONA I
PIÑOL, María Carme (GC-CiU), Diputada. ANASAGASTI OLABEAGA, Iñaki
(GV-PNV), Diputado. GANGOITI LLAGUNO, Jon [GV (SNV)], Senador. NAVAS
AMORES, José (GIU), Diputado. MARDONES SEVILLA, Luis (GCC), Diputado.
LASAGABASTER OLAZABAL, Begoña (GMx), Diputada.
La Ponencia ha estado asistida en sus trabajos por los Letrados de
las Cortes Generales: doña Isabel Revuelta de Rojas y don José Manuel
Bretal Vázquez.
III. REUNIONES DE LA PONENCIA
14ü
27 de mayo de 1998.-Se adopta un programa provisional de trabajo.
3 de junio de 1998.-Se celebra la comparecencia del Secretario de
Estado de Política Exterior y para la Unión Europea (212/1406).
19 de junio de 1998.-Se celebra la comparecencia del Embajador de
Polonia (219/383).
8 de octubre de 1998.-Se celebra la comparecencia del Embajador de
Hungría (219/384).
15 de octubre de 1998.-Se celebra la comparecencia del Embajador de
Chipre (219/391).
19 de noviembre de 1998.-Se celebra la comparecencia del Embajador de
la República Checa (219/385).
25 de marzo de 1999.-Se celebra la comparecencia del Embajador de la
República de Estonia (219/386). (Compareció don Andrés Rundu,
Encargado de Negocios de la Embajada.)
29 de abril de 1999.-Se celebra la comparecencia del Embajador de la
República de Eslovenia (219/383).
IV. VIAJE DE LA PONENCIA A LA REPÚBLICA DE HUNGRÍA YA LA REPÚBLICA
CHECA
Participantes:
Señores Solbes Mira, Presidente de la Comisión, don Guillermo
Martínez Casañ, don Antoni Costa Costa, don Ignasi Guardans i Cambó,
don José Navas Amores, don Jon Gangoiti Llaguno, don Jesús Gómez
Rodríguez y la Letradade las Cortes Generales doña Isabel Revuelta de
Rojas.
Objeto:
Reuniones con las Comisiones homólogas.
Fechas del viaje:
- Días 3 y 4 de mayo de 1999: Comisión para la Unión Europea de la
Cámara de los Diputados de la República Checa.
- Días 5, 6 y 7 de mayo de 1999: Comisión de Asuntos de Integración
del Parlamento Húngaro.
LAAMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
I. INTRODUCCIÓN
La construcción comunitaria europea ha tenido un fundamento inmediato
esencialmente económico: reparar las consecuencias de la II Guerra
Mundial, mejorar la capacidad económica y técnica de los países
europeos occidentales y aumentar su eficacia en las condiciones
impuestas por el mundo moderno, con el fin de procurar la prosperidad
de los pueblos europeos. Pero la cooperación en el terreno económico
conduce necesariamente a objetivos de coordinación y unión política.
Este hecho está presente en las concepciones de los Padres
fundadores, es conforme al espíritu de los Tratados y concuerda con
la lógica que liga economía y política. La Unión Europea no
constituye un conjunto de políticas, sino una política de conjunto;
ello se confirma especialmente en las situaciones de crisis (por
ejemplo, la de la energía, en los años setenta), cuya gestión sólo
puede efectuarse con eficacia con objetivos y mecanismos o
instrumentos políticos.
La prevista ampliación hacia países de Europa central y oriental
corrobora de manera inequívoca el anterior aserto: aunque la
operación haya de tener un contenido y unas implicaciones de enorme
importancia económica, tanto para los países miembros como para los
países candidatos, no puede ser esencialmente económica (en el
sentido de asignación óptima de medios para la consecución de fines),
por una razón principal: la Unión ampliada no puede ser considerada a
corto, ni probablemente a medio, plazo una zona monetaria óptima,
pues no cumplirá los requisitos que suelen considerarse necesarios
para que se dé la situación antes aludida: flexibilidad del mercado
de trabajo, movilidad de los factores productivos, diversificación de
la producción, federalismo fiscal. Aunque cabe imaginar que la
ampliación reporte un beneficio económico cierto a algunos Estados
miembros actuales (la República Federal de Alemania; quizá, en menor
medida, Francia), tal mejora, en términos estrictamente financieros,
no es evidente para otros Estados miembros, como es el caso de
España.
La justificación y los objetivos de la ampliación van, por tanto, más
allá de lo económico y tienen que ver, principalmente, con la
consecución de la estabilidad geopolítica y la consolidación de la
paz en Europa. El Imperio soviético, que supuso, en su momento, un
factor de equilibrio (armado, pero innegable) en Europa, ha dejado,
tras su colapso, una situación geopolítica inestable y
de futuro incierto. La ampliación representa un intento de
reordenación política, social y económica de una gran parte de la
antigua zona de influencia soviética. El objetivo último es la
creación de una gran área geográfica y humana que debe cumplir dos
requisitos esenciales: integración de sistemas políticos democráticos
y funcionamiento económico según las leyes del mercado.
Estas condiciones se cumplen ya en el área receptora, es decir, la
Unión actual, pero no aún, con grandes diferencias, en los países
candidatos a la integración. Las bases de partida son de una gran
complejidad. La propia Unión actual se caracteriza ya por una cierta
heterogeneidad, como muestran muchos indicadores, tanto económicos
como de otro tipo, así social, lingüístico, etc.; una de las
consecuencias de este estado de cosas es el insatisfactorio
funcionamiento del aparato institucional comunitario y la necesidad,
solo parcialmente satisfecha por el Tratado de Amsterdam, de
reformarlo. Pero la heterogeneidad se acrecienta si se considera el
estado y la situación de los países candidatos, tanto entre sí, como
en relación con los Estados miembros actuales. Los países candidatos
se encuentran, en diferentes fases, inmersos en procesos de
transición de Estados de estructura autoritaria a otros de carácter y
funcionamiento democráticos; de paso de economías planificadas y de
propiedad estatal de los medios de producción a economías de mercado
y de privatización de aquellos medios. Esos cambios exigen la
implantación, adecuación o modernización de aparatos institucionales
productiva, muy distinta de unos a otros países, se aleja también
sustancialmente de la de los actuales Estados miembros, con un gran
predominio del sector primario. La distribución de la riqueza
(heredera, paradójicamente, del pretendido igualitarismo comunista)
es bastante desigual y la presión demográfica, especialmente hacia el
Oeste de Europa, es aún fuerte.
Pero, a pesar de los factores negativos citados, es razonable
concebir esperanzas. La evolución reciente de muchos de los países
candidatos ha sido muy positiva, con resultados que habría que
calificar, en ocasiones, de sorprendentes. La explicación cabe
encontrarla, al menos, en dos tipos de elementos: una clase política
decidida, apoyada por una opinión pública, en su gran mayoría,
favorable al proceso de cambio y una educación pública generalizada y
de nivel muy estimable.
Se examina seguidamente el proceso de ampliación desde la perspectiva
de la Unión Europea actual, siguiendo, en lo esencial, el esquema de
cuestiones objeto del Tratado de Amsterdam, para continuar con el
análisis de la situación de los países candidatos a la adhesión.
II. LA UNIÓN EUROPEA Y LAAMPLIACIÓN
1. Historial de la ampliación
1.1 Decisión
La decisión de principio relativa a al ampliación de la Unión Europea
a los países de Europa central y oriental se adoptó en el Consejo
Europeo de Copenhague, en
junio de 1993. Las conclusiones, a este respecto, fueron las
siguientes:
«El Consejo europeo acordó en el día de la fecha que los países
asociados de la Europa central y oriental que lo deseen se conviertan
en miembros de la Unión Europea. El ingreso tendrá lugar en cuanto un
país asociado pueda asumir las obligaciones de adhesión cuando cumpla
las condiciones económicas y políticas requeridas.
La adhesión requiere que el país candidato haya alcanzado una
estabilidad de instituciones que garantice la democracia, el Estado
de Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las
minorías, la existencia de una economía de mercado en funcionamiento,
así como la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y las
fuerzas del mercado dentro de la Unión. La adhesión presupone la
capacidad del candidato de asumir las obligaciones de adhesión,
incluida la observancia de los fines de la unión política, económica
y monetaria.
La capacidad de la Unión de absorber nuevos miembros, sin dejar de
mantener el impulso de la integración europea, es también una
consideración importante en el interés general tanto de la Unión como
de los países candidatos.»
De lo anterior deriva que la adhesión depende, esencialmente, del
cumplimiento por los países candidatos de los requisitos que se
establecen, pero también, en alguna medida, de un factor propio de la
Unión, su «capacidad de absorber nuevos miembros».
El Consejo Europeo de Madrid, en diciembre de 1995, confirmó y
precisó esos criterios, fijando el comienzo de las negociaciones para
seis meses tras la conclusión de la Conferencia Intergubernamental de
1996. El Consejo Europeo de Florencia, en junio de 1996, ratificó esa
decisión.
1.2 Los países candidatos
Desde 1993, fecha de la decisión, la lista de países candidatos se ha
modificado. Aparte Turquía y Chipre, cuya demanda de adhesión era
anterior a aquella fecha, tras la retirada de la candidatura de Malta
y la presentación de la de Eslovenia, permanece la candidatura de los
siguientes países: Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría,
Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumania. Estos países
han concluido los llamados «acuerdos europeos» con la Unión; tales
acuerdos prevén una liberalización progresiva de los intercambios, en
particular industriales, más rápida por lo que respecta a los países
de la Unión, y un programa de ayuda financiera a la reestructuración
económica (PHARE).
1.3 Procedimiento
La ampliación de la Unión está reglamentada en el artículo 49
(antiguo artículo O) del Tratado de la Unión europea, en los
siguientes términos:
«Cualquier Estado europeo que respete los principios enunciados en el
apartado 1 del artículo 6 podrá solicitar el ingreso como miembro en
la Unión. Dirigirá su solicitud
al Consejo, que se pronunciará por unanimidad después de haber
consultado a la Comisión y previo dictamen conforme del Parlamento
Europeo, el cual se pronunciará por mayoría absoluta de los miembros
que lo componen.
Las condiciones de admisión y las adaptaciones que esta admisión
supone en lo relativo a los Tratados sobre los que se funda la Unión
serán objeto de un acuerdo entre los Estados miembros y el Estado
solicitante. Dicho acuerdo se someterá a la ratificación de todos los
Estados contratantes, de conformidad con sus respectivas normas
constitucionales.»
En cumplimiento del calendario previsto, en julio de 1997, es decir,
un mes tras la conclusión de la Conferencia Intergubernamental, la
Comisión presentó sus dictámenes sobre las solicitudes de adhesión.
Anteriormente, en junio de 1993, la Comisión había emitido un
dictamen favorable sobre la elegibilidad de Chipre, aunque la
integración de este país en la Unión se ligaba a una solución
pacífica, equilibrada y duradera del conflicto chipriota. Respecto a
Turquía, que había solicitado la adhesión en abril de 1987, la
Comisión, en un dictamen publicado en febrero de 1990, concluía que
las futuras relaciones de la Unión con ese país debían desarrollarse
sobre la base del Acuerdo de Asociación existente.
Las principales conclusiones que se contienen en los dictámenes de la
Comisión sobre los países candidatos son las siguientes:
1.a Se propone la apertura de negociaciones de adhesión con cinco
países: Eslovenia, Estonia, Hungría, Polonia y República Checa.
2.a Se examinará anualmente la situación de los otros países
candidatos.
3.ª La Comisión recuerda que el Consejo Europeo ya adoptó la decisión
de abrir negociaciones de adhesión con Chipre a los seis meses de la
conclusión de la Conferencia Intergubernamental.
4.a Aun reafirmando la elegibilidad de Turquía para la adhesión, no
se propone la apertura de negociaciones a ese fin con ese país.
5.a La Comisión propone la celebración de una «Conferencia Europea»,
que reúna a los Estados miembros de la Unión y los países europeos
con vocación de integrarse en ella y ligados a la misma por acuerdos
de asociación, para proceder a consultas sobre un amplio espectro de
cuestiones en los ámbitos de la política exterior y de seguridad
común y de justicia e interior.
El Parlamento Europeo, en su Resolución de 4 de diciembre de 1997
sobre la Agenda 2000, muestra serias discrepancias con esta
estrategia de la Comisión. Así, declara que:
«La decisión tomada por la Comisión de preseleccionar los países que
estarán en condiciones de asumir a medio plazo las obligaciones
derivadas de su pertenencia a la Unión Europea no es apropiada ni
desde el punto de vista político, ya que así se crea una nueva
división entrelos países candidatos, ni desde el punto de vista
económico,
puesto que debilita la capacidad de atraer inversiones extranjeras
directas de los países de Europa Central y Oriental no tomados en
consideración, por razones económicas, al comienzo de las
negociaciones sobre la adhesión.»
Por ello:
«Pide al Consejo Europeo que ponga en marcha el proceso de ampliación
mediante un acto común con todos los países candidatos; considera que
todos los países candidatos que satisfacen en este momento los
criterios de un orden democrático estable, respeto de los derechos
humanos y protección de las minorías, establecidos en Copenhague,
tienen derecho a iniciar los procesos de adhesión y de negociación
reforzados al mismo tiempo, y que este proceso debería iniciarse para
todos estos países a principios de 1998.
Estima, en cambio, que la duración y el ritmo del desarrollo de las
negociaciones podrá variar según los países y su capacidad para
aceptar el acervo comunitario, desarrollar una economía de mercado
capaz de hacer frente a las presiones del mercado único y disponer de
instituciones estables que respeten el Estado de derecho, la
democracia, los derechos humanos y los derechos de las minorías.»
El Consejo de Luxemburgo, en diciembre de 1997, aprobó la propuesta
de la Comisión relativa a la Conferencia Europea, cuya sesión
inaugural tuvo lugar en Londres el 12 de marzo de 1998. Turquía,
invitada, declinó su asistencia. La Conferencia debatió sobre la
delincuencia organizada internacional, el tráfico de drogas, la
protección del medio ambiente, la política exterior y de seguridad,
las políticas económicas y sociales, la cooperación regional y la
situación en Kosovo.
La celebración de esta Conferencia plantea incertidumbres sobre el
carácter de la misma, aparentemente intergubernamental, su eventual
permanencia o institucionalización y su posible interferencia con las
negociaciones de ampliación.
Estas negociaciones han comenzado el 31 de marzo de 1998 con los seis
países que la Comisión ha declarado preparados para la adhesión:
Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Polonia y la República Checa.
El Consejo Europeo de Colonia, celebrado los días 3 y 4 de junio de
1999, en sus conclusiones 57 a 61, examina la evolución del proceso
de ampliación. Se felicita de que las negociaciones «han adquirido
mayor dinamismo y van por buen camino». Reafirma, en lo esencial, las
decisiones del Consejo Europeo de Luxemburgo. Respecto de los países
de la segunda tanda, acoge favorablemente el que se haya pasado de la
fase multilateral a la fase bilateral decisiva. En un tono algo
paternalista, el Consejo Europeo declara que «ha acogido
favorablemente los progresos permanentes realizados en los Estados
candidatos a la adhesión y les anima a que perseveren en sus reformas
y en sus esfuerzos de adaptación».
Con fecha 13 de octubre de 1999, la Comisión ha adoptado una decisión
con recomendaciones que va a presentar al Consejo Europeo que se
reunirá en diciembre
de 1999 en Helsinki. Tal decisión incluye una nueva estrategia de
adhesión que, en la práctica, difumina las diferencias entre los
países candidatos de la primera y la segunda tanda de adhesiones; es
así, pues se propone comenzar en el año 2000 negociaciones de
adhesión con los países de la segunda tanda, aunque de forma
diferenciada según los progresos de cada país. Dos límites o
excepciones importantes se prevén en relación con dos concretos
países: a) Bulgaria, con quien sólo comenzarán las negociaciones de
adhesión si sus autoridades deciden, antes de finales de 1999, fechas
aceptables de cierre de las unidades 1 a 4 de la central nuclear de
Kozloduy y si se confirman progresos significativos en su proceso de
reformas económicas, y b) Rumania, respecto del cual las
negociaciones dependerán de la introducción de reformas estructurales
en las instituciones de protección de los menores y la aprobación de
los recursos presupuestarios adecuados a ese objetivo antes de
finales de 1999, e igualmente de la adopción de medidas destinadas
a enderezar la situación macroeconómica.
Además, Turquía deberá ser considerado país candidato, aunque, de
momento, no se abran negociaciones y se pretende ampliar las
relaciones con los países surgidos de la antigua Yugoslavia y
Albania, por un lado, y con Rusia, Ucrania, los países del Cáucaso y
del Magreb, por otro. Finalmente, se proponen nuevos acuerdos de
asociación (partenariats) a todos los países candidatos, Malta y
Chipre incluidos.
Respecto de los periodos de transición, se distinguen dos casos:
1. En los ámbitos relativos al mercado único, deberán adoptarse
rápidamente los reglamentos necesarios y los periodos de transición
deberán ser cortos y poco numerosos.
2. En los ámbitos que exijan adaptaciones considerables,
especialmente en términos presupuestarios (medio ambiente, energía,
infraestructuras), las disposiciones transitorias pueden alargarse,
pero por periodos predefinidos y con programas precisos, detallados y
realistas.
En cuanto a la propia Unión, se va a proponer en Helsinki que el
Consejo se comprometa a decidir la adhesión, a partir del año 2002,
de los países candidatos que satisfagan los criterios establecidos.
Para ello, en base a la hipótesis de una ampliación que se produzca
en el periodo 2002-2006, el Consejo debe aprobar los créditos
correspondientes y la reforma institucional necesaria debe entrar en
vigor el año 2002.
2. Materias de la ampliación
2.1 La Unión y los ciudadanos
2.1.1 La democracia, los derechos fundamentales y la no
discriminación
El Tratado de Amsterdam (nuevo artículo 6) consagra el principio de
que «la Unión se basa en los principios delibertad, democracia,
respeto de los derechos humanos y
de las libertades fundamentales, así como del Estado de Derecho,
principios que son comunes a los Estados miembros». En virtud de este
precepto, se modificó el artículo O (nuevo artículo 49), para
condicionar el ingreso en la Unión Europea al respeto a los
principios contenidos en el artículo antes citado. Además, la Unión
ha incorporado a sus disposiciones constitucionales (artículo 6.2 y
46) el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y
las Libertades Fundamentales; así, esta norma, que no tiene su origen
en la propia Unión, sino en el Consejo de Europa, se convierte en la
pauta para juzgar el cumplimiento por los países candidatos de este
principal requisito.
La Comisión, en la Agenda 2000, realizó una evaluación global de la
situación en los países candidatos respecto a este criterio,
pronunciándose de la forma siguiente:
Democracia y Estado de Derecho:
«En conjunto, las Constituciones de los países candidatos garantizan
las libertades democráticas, tales como el pluralismo político, la
libertad de expresión y la libertad de culto. Dichos países han
creado instituciones democráticas y designado autoridades judiciales
y constitucionales independientes, de manera que los distintos
organismos estatales puedan funcionar con normalidad. Asimismo, se
han celebrado elecciones libres que han hecho posible la alternancia
en el poder de los distintos partidos políticos y, en general,
reconocen el papel de la oposición.
En algunos de los países candidatos las instituciones no han logrado
una estabilidad que permita un funcionamiento normal de los poderes
públicos y la consolidación de la democracia. En todos los países
aspirantes se observan deficiencias en el Estado de Derecho. No hay
bastantes jueces suficientemente cualificados y su independencia no
está garantizada. Las fuerzas policiales están escasamente
remuneradas y necesitarían una mejor formación y mayor disciplina. En
algunos casos, la autonomía de las entidades locales exige asimismo
un fundamento jurídico más sólido.
Derechos humanos:
En principio, la mayoría de los países candidatos garantizan el
respeto de los derechos humanos. Todos ellos han suscrito el Convenio
del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y
las Libertades Fundamentales, así como el Protocolo por el que se
autoriza a los ciudadanos a interponer demandas ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos.
Aunque en todos los países solicitantes están garantizadas las
libertades de expresión y de asociación, en algunos casos es
necesario reforzar la independencia de la radio y la televisión.
Respeto de las minorías:
Varios de los países candidatos cuentan entre su población con
minorías, cuya integración en la sociedad constituye una de las
condiciones fundamentales para el
logro de la estabilidad democrática. El Convenio marco de 1993 para
la protección de la minorías nacionales del Consejo de Europa
garantiza los derechos individuales de las personas pertenecientes a
grupos minoritarios. Bulgaria aún no ha firmado dicho Convenio,
mientras que la República Checa, Letonia, Lituania, Polonia y
Eslovenia están pendientes de ratificarlo.
Salvo en el caso de la comunidad gitana, cuya situación en algunos de
los países candidatos es motivo de preocupación, puede decirse que en
general la integración de las minorías en la sociedad ha alcanzado un
nivel satisfactorio.»
Y, como juicio general, la Comisión declara:
«Aunque en varios países candidatos hay que realizar aún grandes
progresos por lo que respecta al ejercicio efectivo de la democracia
y la protección de la minorías, sólo uno de ellos, Eslovaquia, no
cumple las condiciones políticas fijadas en el Consejo Europeo de
Copenhague.»
El Tratado de Amsterdam consagra por primera vez, entre los
principios fundamentales de la Unión, la igualdad entre hombre y
mujer (artículo 2) y establece en otros preceptos diversas
consecuencias del mismo, como la eliminación de las desigualdades en
el ámbito del empleo y las acciones comunitarias (artículos 3.2, 137
orientación sexual (artículo 13).
En los países candidatos a la adhesión, el principio de la igualdad
entre el hombre y la mujer está, en general, constitucional o
legalmente, reconocido, pero su aplicación en la realidad práctica se
encuentra aun muy lejos de lo que sería deseable, en buena medida por
consecuencia de las dificultades económicas a que esos países han de
hacer frente. Estas mismas razones explican el grave problema que
supone la trata de mujeres y la prostitución, siendo aquellos países,
respecto de estos tráficos, lugar tanto de origen, como de tránsito y
de destino. La Unión contribuye a la ayuda a las víctimas en sus
programas STOP y DAPHNE, aparte la cooperación general en materia
judicial y policial.
El Parlamento Europeo, en su Resolución de 4 de diciembre de 1997
sobre la Agenda 2000, reafirma la mayoría de las tesis de la
Comisión, pero pone especial énfasis en algunos puntos como la
abolición de la pena de muerte, la abolición de la tortura y los
malos tratos, el reconocimiento del principio de objeción de
conciencia, la realización de los principios de igualdad de trato e
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la lucha contra
la trata de personas, especialmente mujeres, en los países
candidatos.
Además, el Parlamento Europeo opina que la intensidad de las
negociaciones y el calendario establecido para su conclusión
dependerán de la medida en la que el país candidato cumpla los
criterios de adhesión.
El Consejo Europeo de Colonia, celebrado los días 3 y 4 de junio de
1999, ha adoptado la decisión de elaborar una Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (conclusiones 44 y 45 y anexo IV).
El proyecto debería estar redactado para el Consejo Europeo de
diciembre
del año 2000. Dado que en el ámbito de la Unión se aplica ya el
Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales, quizá el factor distintivo
principal del futuro texto sean «los derechos básicos que
corresponden únicamente a los ciudadanos de la Unión» (anexo IV). En
todo caso, ese futuro texto deberá incorporarse al acervo comunitario
y ser, por tanto, de obligatoriedad general.
2.1.2 Justicia y asuntos de interior
El Tratado de Amsterdam introduce importantes cambios en esta
materia. El nuevo título IV (antiguo título III A) establece que el
Consejo, en un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor
del Tratado, podrá adoptar, por unanimidad, medidas relacionadas con
la libre circulación de las personas en las siguientes materias:
- La supresión de los controles a las personas en las fronteras
interiores;
- el cruce de las fronteras exteriores;
- las condiciones aplicables a la libre circulación de nacionales de
terceros países;
- normas mínimas y Estado miembro responsable en cuestiones de asilo;
- normas mínimas para la protección de refugiados y personas
desplazadas y reparto de las cargas que ello implica;
- política de inmigración.
El Tratado incluye disposiciones sobre la cooperación policial
(ampliación de las competencias de Europol) y judicial. Integra
además el acervo de Schengen en la Unión Europea, lo que supone que,
en el momento de la adhesión, deberá establecerse la libre
circulación de personas entre los Estados candidatos y los Estados
miembros parte del acuerdo de Schengen (hoy, todos, excepto el Reino
Unido e Irlanda). Este acervo contiene también normas en materia de
visados, solicitudes de asilo, extradición; establece un sistema
informático gestionado conjuntamente por los Estados signatarios.
El análisis que hace la Comisión en la Agenda 2000 de la situación de
los países candidatos en este terreno pone de relieve los serios
problemas que se plantean. Esos países, por su situación geográfica,
deberán controlar las fronteras exteriores de la Unión y la mayoría
no disponen de los instrumentos institucionales y legales adecuados
ni de los medios técnicos y humanos preparados para desarrollar
eficazmente aquella tarea. Además de ese control exterior, será
necesaria una estructura policial y judicial eficaz y respetuosa de
la legalidad democrática para hacer frente al crimen organizado, al
terrorismo, al blanqueo de dinero y al tráfico de drogas. Los
exámenes pormenorizados de los distintos países llevan a una
conclusión, sobre la situación a medio plazo, satisfactoria respecto
de la República Checa y Hungría, y moderadamente optimista en cuanto
a Polonia y Eslovenia. Los demás candidatos no parecen estar ahora
preparados para responder a las exigencias de la Unión en este
terreno, alguno (Eslovaquia) por razones predominantemente
políticas, los demás por razones técnicas o de grado de
desarrollo institucional, social o económico. A dos de esos países
(Rumania y Bulgaria) el Consejo ha impuesto la exigencia de visado
para que sus nacionales puedan cruzar las fronteras exteriores de los
Estados miembros.
El Parlamento Europeo, en su Resolución de 4 de diciembre de 1997
sobre la Agenda 2000, propone en este ámbito:
1. Respecto de la libre circulación de personas, evitar los períodos
de transición excesivamente largos, adoptando las medidas necesarias
para llegar, cuanto antes, a la supresión de las fronteras
interiores.
2. Respecto de la libre circulación de trabajadores, acordar los
períodos de transición adecuados.
3. Colaborar con los países candidatos para desarrollar instrumentos
que limiten y castiguen la corrupción en la Administración pública.
4. Los países candidatos deben ratificar y aplicar urgentemente la
Convención de Ginebra sobre los refugiados y establecer
procedimientos de asilo conformes con el acervo comunitario.
5. La abolición, cuanto antes, de la obligación de visado para los
nacionales de algunos de los países candidatos.
El Parlamento ha propugnado además la cooperación de EUROPOL con las
autoridades policiales de los países candidatos y la formación
continuada de los funcionarios de policía y justicia de esos países.
El instrumento comunitario principal de colaboración en este ámbito
con los países candidatos es el programa PHARE, que financia varios
programas transnacionales en materia de justicia y asuntos de
interior, de lucha contra los estupefacientes, de simplificación del
tránsito y de modernización de las fronteras.
Otros programas específicos en estas materias son los siguientes:
- GROTIUS, para las profesiones relacionadas con la justicia,
- OLSIN, para las autoridades ejecutorias de la ley,
- STOP, para las personas responsables de la adopción de medidas para
combatir el tráfico de personas y la explotación sexual de los niños
y niñas,
- ODYSSEUS, en los ámbitos del asilo, la inmigración y el cruce de
las fronteras exteriores,
- FALCONE, para las personas con competencias en materia de lucha
contra la delincuencia organizada.
El Consejo Europeo celebrado los días 15 y 16 de octubre de 1999 en
Tampere ha tenido por objetivo la creación de un espacio de libertad,
seguridad y justicia en la Unión Europea. Sus 62 conclusiones dibujan
un amplio proyecto para alcanzar la meta antes citada. En primer
lugar, se prevé una política europea común en materia de asilo e
inmigración. Esta incluye la asociación con los países de origen de
los flujos migratorios, el establecimientode un régimen de asilo
europeo común, un tratamiento
equitativo para los nacionales de los países terceros y una gestión
más eficaz de los flujos migratorios.
En segundo lugar, se describe lo que se denomina un verdadero espacio
europeo de justicia. Este incluye mecanismos para facilitar el acceso
a la justicia en Europa, el mutuo reconocimiento de las decisiones
judiciales y la aproximación en el ámbito del Derecho civil.
En tercer lugar, se describen una serie de acciones para luchar
contra la criminalidad en el ámbito de la Unión. Esto comprende la
prevención de la criminalidad en el ámbito de la Unión, la
intensificación de la lucha contra la criminalidad, reforzando a
EUROPOL, y acciones específicas contra el blanqueo de dinero.
Una acción exterior más fuerte debe potenciar las medidas antes
citadas.
Finalmente, se regula en detalle la composición y métodos de trabajo
de un órgano encargado de elaborar un proyecto de Carta de los
derechos fundamentales de la Unión Europea, previsto ya en el Consejo
de Colonia. Este órgano, de amplia composición, incluye una numerosa
representación de los Parlamentos nacionales.
2.1.3 Empleo y política social
La situación del empleo y de la política social guarda, como cabe
esperar, una estrecha relación con el estado de la economía en los
países candidatos. Es, por ello, lógico que un país como Chipre, con
una elevada renta per cápita y muy bajo desempleo, disfrute de una
favorable política social. El panorama difiere en los restantes
países candidatos. Aunque con importantes diferencias entre ellos,
sufren, en mayor o menor medida, de las limitaciones siguientes: un
elevado desempleo o subempleo, consecuencia del desmantelamiento de
numerosas instalaciones industriales obsoletas e ineficaces y de la
reducción del superabundante empleo en el sector agrícola; el aumento
de la pobreza de algunos sectores sociales; servicios sanitarios
deteriorados y graves insuficiencias de los sistemas de seguridad
social, por ineficacia administrativa, disminución de los recursos
estatales y, en ocasiones, práctica insolvencia de las
administraciones públicas; escasa seguridad e higiene en el trabajo;
dificultades o rigidez para el diálogo de los interlocutores
sociales; frecuente inaplicación en la práctica de las disposiciones
legales en materia de igualdad entre hombres y mujeres, con la
consiguiente discriminación, especialmente en materia de empleo, de
estas últimas; penosa incidencia en la política social y la calidad
de vida del deteriorado estado del medio ambiente.
En relación con la libre circulación de trabajadores, el Parlamento
Europeo pide flexibilidad en los periodos de transición, con el fin
de garantizar un proceso de integración socialmente compatible,
reducir la presión sobre el modelo social europeo y garantizar un
desarrollo social y regional creciente en los países candidatos.
De otra parte, el Parlamento Europeo considera que el proceso de
ampliación no debe realizarse en detrimento de las normas de
protección social y ambiental actualmente en vigor en los países de
la Unión Europea y que, por el contrario, debe contribuirse a la
elevación progresiva de estos indicadores en los países candidatos a
la adhesión.
La Comisión Europea, en su Programa de Acción Social 1998-2000
declara como objetivo que los ciudadanos de los países candidatos
alcancen el nivel de las condiciones de vida y trabajo de que
disfrutan los ciudadanos de los Estados miembros; ello debe ser
posible porque la adhesión aceleraría el rápido proceso de cambios
económicos y sociales en que esos países están ya inmersos. Así, la
Comisión «trabajará para garantizar la participación gradual de los
países candidatos en programas y actividades de política social, y en
particular en la estrategia de empleo, a la vez que fomenta el
diálogo social y civil como pilar esencial del modelo social europeo;
ayudará a los países candidatos a prepararse para la adhesión, en
particular, mediante las Asociaciones para la Adhesión, con el fin de
garantizar la total adopción y aplicación del acervo comunitario en
el ámbito de la política social, y contribuirá mediante asistencia
financiera, en particular a través del programa PHARE, al desarrollo
candidatos.» En cumplimiento de estos propósitos, el Programa PHARE
ha destinado, durante el periodo 1990-1997, 369,8 millones de ecus a
favorecer el desarrollo social, el empleo y la sanidad pública de los
países candidatos.
El Parlamento Europeo, en su Resolución de 4 de diciembre de 1997
sobre la Agenda 2000:
«Observa críticamente que la cuestión social sólo se menciona en la
Agenda 2000 en cuanto problemática y que al examen de la propia
dimensión social sólo se le atribuye una importancia subordinada;
pide, por ello, que ya en el marco de la estrategia de preadhesión se
elabore un Libro Blanco sobre la situación social y sobre la política
social de los países candidatos a la adhesión, en el que:
- Se tome en consideración con carácter urgente una estrategia de
empleo común sobre la base de la situación en materia de desempleo en
los Estados miembros de la UE y de los problemas de las regiones
fronterizas,
- se preste una atención particular a la importancia de la formación
inicial y continuada para la integración social,
- se adopte, además, un amplio enfoque para los planteamientos
sociales y se tomen en consideración, entre otros, también ámbitos
como las repercusiones sociales de las tendencias regionales de
desarrollo, las repercusiones socioculturales de las presiones
migratorias y las consecuencias sociales de los procesos de
transformación en las agriculturas.»
El Parlamento, además, constata «que la adaptación de los Estados
candidatos al modelo social europeo constituye una necesidad absoluta
para garantizar la paz social» y opina que «la base para una amplia
aceptación social en lo relativo a la cuestión de la ampliación
radica en un diálogo social institucionalizado entre los
interlocutores sociales autónomos».
La Cámara considera además que, antes de cualquier adhesión, los
países candidatos deben ratificar los Convenios 138 y 29 de la OIT
relativos al trabajo forzado y al trabajo de los niños. Estos países
deben también incorporar
el acervo comunitario en materia de política de igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres. Finalmente, el Parlamento
expresa su preocupación por el tráfico ilícito de seres humanos,
sobre todo mujeres, oriundos de los PECO, para su explotación sexual
en los Estados de la Unión y pide la adopción de medidas urgentes por
parte de las autoridades de ambos grupos de Estados para acabar con
esa inmigración y ese comercio.
El Consejo Europeo de Colonia, del 3 y 4 de junio de 1999, ha
prestado principal atención al problema del empleo, dedicándole sus
conclusiones 5 a 17 y el anexo I. La iniciativa principal en este
ámbito es la puesta en marcha de un Pacto Europeo para el Empleo, que
los textos citados describen en detalle. Respecto de la ampliación,
el Consejo Europeo insta al Banco Europeo de Inversiones a que:
«Apoye la estrategia comunitaria en materia de preadhesión mediante
la ampliación de la concesión de créditos a los Estados candidatos.
Un desarrollo dinámico de la economía en dichos Estados tiene efectos
positivos sobre el empleo en la Unión Europea (conclusión núm. 14).»
2.1.4 Medio ambiente
La conservación o, más bien, la restauración, a unos niveles
aceptables para la vida humana y la convivencia social, del medio
ambiente, es uno de los grandes problemas del proceso de ampliación
de la Unión Europea. El problema es grande por su dimensión o
alcance, por la dificultad técnica de las soluciones y por su elevado
coste. El origen como es sabido, está en una carrera al desarrollo
económico con descuido de las consecuencias sobre la naturaleza o el
medio ambiente. El mal es, desde luego, universal, pero la evolución
política de los PECO hasta tiempos recientes (es decir, Estados
autoritarios y peso escaso de la opinión pública y de la ideología
ecologista) ha agravado considerablemente la situación. La incidencia
actual o potencial (riesgos de accidentes nucleares, por ejemplo) no
se limita al país o la zona donde tienen lugar las agresiones al
medio, sino que tiene carácter global; de ahí la preocupación y, en
alguna medida, la responsabilidad general. Los enormes costes que
implica la aproximación de las situaciones con normativas más
estrictas (así, los países nórdicos europeos) y aquellas más laxas
tienen no sólo unos efectos directos (de financiación, realización de
obras, etc.) sino también indirectos (posibles distorsiones de la
competencia).
La Unión Europea se ha dotado de un corpus de disposiciones
destinadas, esencialmente, a garantizar la calidad del aire, del agua
y del suelo: este incluye unos 300 actos jurídicos, reglamentos,
directivas, decisiones y recomendaciones. El detalle de estos
instrumentos se encuentra en la «Guía para la aproximación del
Derecho ambiental europeo», que enlaza con el Libro Blanco sobre el
mercado interior. Se distinguen los siguientes sectores: legislación
horizontal, aire, residuos, agua, protección de la naturaleza,
contaminación industrial y gestión del riesgo, productos químicos y
organismos modificados genéticamente, ruido y seguridad nuclear. El
Consejo y la Comisión han establecido como condición indispensable
para la adhesión la asunción completa de ese acervo, pero está
generalmente admitido, en primer lugar por la propia Comisión, que
ello es de imposible realización a corto plazo. Se impone, pues, la
fijación de periodos transitorios. La Comisión señala que la asunción
del acervo comunitario exige una gran inversión de capital, que está
fuera del alcance de los presupuestos nacionales de los países
candidatos.
Es especialmente delicada la situación en lo que se refiere a la
seguridad nuclear. Los países candidatos, con distintos grados, son
muy dependientes de la energía nuclear para el suministro de
electricidad. Pero, al mismo tiempo, sus centrales nucleares, en la
mayoría de los casos, incumplen los criterios internacionales de
seguridad. Por razones económicas, es imposible su sustitución
a corto plazo por fuentes alternativas de energía, lo que impone
realizar las inversiones necesarias para elevar el nivel de seguridad
de las principales instalaciones en funcionamiento y quizá proceder
al cierre de algunas cuya modernización exigiese inversiones
desproporcionadas.
En líneas generales, la Comisión estima que Hungría, Polonia y la
República Checa pueden alcanzar, a medio plazo, niveles aceptables de
protección del medio ambiente, si continúan sus actuales políticas.
El resto de los países candidatos (aparte Chipre) podrían lograr
aquel objetivo, a más largo plazo, con esfuerzos adicionales.
La cooperación de la Unión Europea en este ámbito es, como ya se
apuntó, indispensable. El instrumento esencial ha sido el Programa
PHARE, que, entre 1990 y 1996, invirtió en el sector medioambiental
600 millones de ecus. Este programa general ha sido complementado con
otros, denominados DISAE, TAIEX, IMPEL y LIFE.
El Parlamento Europeo que, en su Resolución de 4 de diciembre de
1997, se ha mostrado crítico con la decisión de separar en dos grupos
a los países candidatos de cara a la negociación de adhesión, pide a
la Comisión «aplicar criterios de adhesión realistas», estableciendo
«una lista en la que figuren las disposiciones legislativas más
importantes de la UE en materia medioambiental que deberán cumplir
los países candidatos para poder convertirse en miembros...». La
Cámara considera además «que a la hora de fijar disposiciones
transitorias, deberá prestarse especial atención a la aplicación
prioritaria de las disposiciones relativas a la mejora de la calidad
del aire, del agua y del suelo, así como a la seguridad de los
alimentos y la protección de la salud, ya que las condiciones
medioambientales de los PECO, en parte muy deficientes, ya están
acarreando daños a la salud y reduciendo la esperanza de vida de los
ciudadanos de los PECO».
Es decir, que el Parlamento reconoce la situación de partida poco
favorable de los países candidatos y admite la necesidad de una
aplicación flexible de los criterios en este ámbito. El Parlamento,
además, llama la atención sobre el sector nuclear de esos países y
pide a la Comisión que prepare, antes de la adhesión, un programa
negociado para, entre otras cosas, adecuar las instalaciones actuales
a las normas de seguridad occidentales, introducir procedimientos de
control conformes al Tratado
Euratom y clausurar aquellas centrales nucleares que no puedan
alcanzar el necesario nivel de seguridad internacional.
El Consejo Europeo de Colonia, del 3 y 4 de junio de 1999, ha
aprobado cuatro conclusiones sobre el clima y el medio ambiente. La
principal es la voluntad de la Unión de cumplir los compromisos
contraídos en Kioto para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero. Pero, respecto de la ampliación, es de especial interés
la conclusión 60, según la cual «el Consejo Europeo ha subrayado la
importancia de unos elevados niveles de seguridad nuclear en Europa
central y oriental, destacando la importancia de este tema en el
contexto de la ampliación de la Unión, y ha invitado a la Comisión a
examinar en detalle esta cuestión en sus informes intermedios
periódicos sobre los países candidatos previstos para otoño de 1999».
2.2 Las instituciones comunitarias
El Tratado de Amsterdam ha reafirmado los principios que, desde su
fundación, inspiran el aparato institucional comunitario:
mantenimiento del triángulo básico que forman el Parlamento, el
Consejo y la Comisión, atribución de competencias por los Tratados y
cooperación entre los órganos citados. Siguen además en vigor dos
elementos esenciales: en cada institución debe integrarse, al menos,
un miembro por cada Estado miembro; y la adopción de decisiones se
realiza, en general, por la regla de la mayoría, excepto en el
Consejo en que, aparte un uso frecuente de la técnica del consenso,
el voto es ponderado, aunque la ponderación no sea estrictamente
proporcional al tamaño o la población de los Estados. Otro
fundamental factor que se ha mantenido a lo largo de sucesivas
ampliaciones ha sido la incorporación de las lenguas oficiales
nacionales de todos los Estados miembros. Así, el nuevo artículo 21
[antiguo 8 D)] establece que «todo ciudadano de la Unión podrá
dirigirse por escrito a cualquiera de las instituciones u organismos
contemplados en el presente artículo o en el artículo 7 (Parlamento,
Consejo, Comisión, Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas, Comité
Económico y Social y Comité de las Regiones) en una de las lenguas
mencionadas en el artículo 314 (las doce actualmente oficiales)
y recibir una contestación en esa misma lengua».
Actualmente, no se discute ya que la aplicación mecánica de los
anteriores principios a sucesivas ampliaciones puede dar origen a
serios problemas o desequilibrios, como los siguientes:
a) Déficit de legitimidad, otorgando representación desproporcionada
a ciertos Estados o grupos de Estados;
b) distorsión en los procesos de toma de decisiones, como
consecuencia del fenómeno antes citado, además de la complejidad en
el funcionamiento de ciertos órganos que viesen su composición actual
sustancialmente ampliada;
c) imposibilidad de aplicación de algunas decisiones adoptadas en
Amsterdam, como la limitación a 700 del número de los miembros del
Parlamento Europeo;
d) dificultades de disposición de los medios necesarios para aplicar
las normas lingüísticas y coste, prácticamente inasumible, en el caso
de una ampliación a todos los actuales Estados candidatos.
El Consejo, en varias reuniones, ha tratado la necesidad de la
reforma institucional. A título de ejemplo, el Consejo Europeo de
Luxemburgo, en diciembre de 1997, declaró, en su conclusión número 3,
que «la ampliación de la Unión requiere de forma previa un refuerzo y
una mejora del funcionamiento de las instituciones conforme a las
disposiciones del tratado de Amsterdam sobre las instituciones».
El Tratado de Amsterdam regula la materia en su Protocolo número 7,
sobre las instituciones en la perspectiva de la ampliación de la
Unión Europea. Establece que, cuando entre en vigor la primera
ampliación que no incorpore más de cinco nuevos Estados miembros, la
Comisión comprenderá un nacional de cada uno de los Estados miembros
siempre que se haya modificado la ponderación de votos en el Consejo
de manera aceptable (es decir, a través de un acuerdo) para todos los
Estados miembros, bien mediante una nueva ponderación de los votos o
bien por doble mayoría, compensando a aquellos Estados miembros que
renuncien a la posibilidad de designar un segundo miembro en la
Comisión. Al menos un año antes de que la Unión cuente con más de
veinte miembros, se convocaría una nueva Conferencia
Intergubernamental, que ha de efectuar una revisión global de las
disposiciones de los Tratados sobre la composición y el
funcionamiento de las instituciones.
El Tratado aplaza, pues, la necesaria reforma institucional y la hace
coincidir con una nueva ampliación. El instrumento de la conferencia
intergubernamental, que ha mostrado sus límites en una Unión de
quince miembros, podría presentar mayores dificultades aún en una
Comunidad ampliada y, probablemente, más heterogénea que la actual.
La Comisión, en la Introducción a la Agenda 2000, proclama que «habrá
que proceder a tiempo al fortalecimiento de las instituciones y de su
funcionamiento», pues «todo retraso comprometería la ampliación
efectiva de la Unión». Con este objetivo, propone fijar ya una fecha
para reformar el sistema de ponderación de votos en el Consejo y la
reducción del número de miembros de la Comisión a uno por Estado
miembro. En una segunda fase, lo antes posible tras el año 2000, una
nueva Conferencia Intergubernamental debería reformar en profundidad
las disposiciones del Tratado relativas a la composición y al
funcionamiento de las instituciones, incluyendo la introducción
generalizada del voto por mayoría cualificada. La Comisión se
comprometió, en el debate plenario del 19 de noviembre de 1997 sobre
el Tratado de Amsterdam, a presentar el informe pedido por el
Parlamento Europeo para antes del Consejo Europeo de diciembre de
1998 sobre la reforma de los Tratados, en particular en el ámbito
institucional y en relación con la ampliación. Dicho informe no ha
sido, hasta la fecha, presentado y figura aún en el Programa de
trabajo de la Comisión para 1999.
El Parlamento Europeo se ha pronunciado ya en diversas ocasiones en
favor de la reforma de las instituciones comunitarias. La mencionada
Resolución de 19 de noviembre de 1997 «lamenta la ausencia en el
Tratado de Amsterdam de las reformas institucionales necesarias para
el funcionamiento eficaz y democrático de una Unión ampliada y afirma
que tales reformas tienen que realizarse antes de la ampliación y en
el plazo más breve posible, para no retrasar las adhesiones». Ese
criterio se refuerza al pedir al Consejo Europeo «que confirme que no
entrará en vigor ninguna adhesión antes de que se concluyan
satisfactoriamente las reformas institucionales necesarias para el
buen funcionamiento de una Unión ampliada». Entrando ya en algún
detalle, la Cámara pide, en particular que, antes de toda ampliación:
- Se ajuste la ponderación de los votos en el Consejo y el número de
Miembros de la Comisión, manteniendo los Estados miembros el mismo
rango unos frente a otros;
- la decisión por mayoría cualificada en el Consejo se convierta en
norma general;
- el requisito de la unanimidad se limite a las decisiones de
carácter constitucional (modificaciones del Tratado, adhesiones,
decisiones sobre los recursos propios, procedimientos electorales,
aplicación del artículo 308 (antiguo 235) del Tratado CE);
- se adopten todas las reformas necesarias para la ampliación.
La Resolución de 4 de diciembre de 1997 sobre la Agenda 2000 incluye
la rotunda afirmación de que «el marco institucional surgido del
Tratado de Amsterdam no reúne las condiciones necesarias para
realizar la ampliación sin poner en peligro el funcionamiento de la
Unión y la eficacia de su acción». A renglón seguido, la Cámara
confirma, en sus términos, las exigencias de reforma institucional
contenidas en su Resolución de 19 de noviembre de 1997 arriba
citadas.
El Consejo Europeo de Colonia, de los días 3 y 4 de junio de 1999,
consagra sus conclusiones 47 a 54 a las cuestiones institucionales.
Lo más destacado es la intención de convocar a principios del año
2000 una nueva Conferencia Intergubernamental sobre las
modificaciones necesarias de los Tratados, pero, principalmente,
sobre los temas siguientes:
- Magnitud y composición de la Comisión Europea;
- ponderación de votos en el Consejo (nueva ponderación; introducción
de una doble mayoría; umbral para decisiones por mayoría
cualificada);
- cuestión de la posible extensión del sistema de votación por
mayoría cualificada en el Consejo.
El Grupo de expertos independientes, presidido por el Sr. Dehaene,
presentó el 18 de octubre de 1999 su Informe sobre las implicaciones
institucionales de la ampliación. Es un documento un tanto genérico,
aunque contiene algunas propuestas de importante alcance político e
institucional. Comienza declarando el carácter imperativo de la
ampliación y, a partir de ahí, se afirma la necesidad
de emprender de inmediato una reforma global de las instituciones
comunitarias. En síntesis, los principales cambios que se propugnan
son los que siguen:
- En cuanto a la Comisión, reforzar la autoridad de su Presidente e
incluir en el Tratado la responsabilidad individual de sus miembros;
- en cuanto al Consejo, clarificar la distinción entre sus funciones
legislativas y ejecutivas;
- en cuanto al Parlamento, regular la atribución de escaños a los
Estados miembros una vez alcanzado el límite máximo de los 700;
- además, se ha de establecer como norma el voto por mayoría
cualificada, no sólo en el primer pilar sino también en los otros,
así como la reponderación de votos;
- los Tratados deben ser reordenados, con una parte fundamental que,
cabe esperar, tuviese vocación de permanencia y el resto de las
disposiciones;
- teniendo en cuenta los factores de heterogeneidad que aportará la
ampliación, convendría fomentar la flexibilidad.
2.2.1 El Parlamento Europeo
El Tratado de Amsterdam ha reforzado los poderes del Parlamento
Europeo, en particular, por lo que se refiere a la extensión del
procedimiento de codecisión y la simplificación notable de éste, pero
la novedad más importante en lo que concierne a la ampliación es la
modificación de su estructura, fijando en un máximo de 700 el número
de miembros de la institución. La extrapolación matemática del
sistema actual, en el supuesto de la ampliación a diez miembros,
rebasa notablemente la cifra hoy fijada. Si se quieren evitar los
inconvenientes de una asamblea excesivamente numerosa, puede
plantearse el problema de la imposibilidad de asegurar una
representación suficiente de las fuerzas políticas, particularmente
de los Estados pequeños. Esta exigencia de representación adecuada se
formalizó en el Acta relativa a la elección de los representantes en
el Parlamento Europeo de 1976.
En todo caso, una cuestión de método, aún no resuelta, es si la
distribución de escaños ha de actualizarse cada vez que se produzca
una ampliación o si cabe imaginar una fórmula aplicable de forma
regular para todas las ampliaciones, las hoy previstas y las que aún
pudieran producirse. Respecto de la cuestión lingüística, un grupo de
trabajo examina actualmente las consecuencias que pueda tener la
ampliación.
2.2.2 Parlamentos nacionales
Bien que los Parlamentos nacionales no formen parte de la estructura
institucional comunitaria, tradicionalmente se ha cuidado de mantener
una vinculación estrecha entre las distintas instituciones de la
Unión, muy particularmente su Parlamento, y los Parlamentos de los
Estados miembros. Rechazada la pretensión de algunos Estados miembros
de crear una nueva institución comunitaria que integrase
representantes de los Parlamentosnacionales (una especie de Senado
comunitario), funciona
desde 1989 un foro de representantes miembros de los órganos
parlamentarios que controlan la actividad comunitaria de sus
respectivos Gobiernos, la COSAC (Conferencia de Órganos
Especializados en Asuntos Comunitarios).
El Tratado de Amsterdam ha formalizado y reforzado el papel de los
Parlamentos nacionales y, en alguna medida, institucionalizado la
COSAC. Su Protocolo número 9 sobre el cometido de los Parlamentos
nacionales en la Unión Europea obliga a la Comisión a transmitir
puntualmente sus documentos de consulta a los Parlamentos nacionales
y las propuestas legislativas a los Gobiernos, para que estos las
transmitan a sus Parlamentos, señalando plazos taxativos de
cumplimiento de esas obligaciones.
A la COSAC se atribuye la facultad de dirigir a las instituciones
europeas las contribuciones que juzgue convenientes sobre las
actividades legislativas de la Unión, más amplias facultades de
iniciativa legislativa en materias que afecten a los derechos y
libertades de las personas.
Aunque la COSAC se haya dotado de un Reglamento, persiste, como
cuestión no resuelta, que tiene causa en la falta de
representatividad de sus miembros, la dificultad para tomar
decisiones o llegar a acuerdos; ello supone que, a la conclusión de
sus reuniones, se emiten (y no siempre) comunicados con simple valor
informativo y nula fuerza vinculante.
Desde la XVII reunión, celebrada en noviembre de 1997 en Luxemburgo,
han participado como observadores miembros de los Parlamentos de los
países candidatos a la adhesión. Sus intervenciones se han limitado
generalmente a los debates relativos a la ampliación de la Unión.
También, con carácter general, los parlamentarios de los países
admitidos a la primera tanda de negociaciones por la Comisión se han
mostrado favorables a este procedimiento, mientras los parlamentarios
de los otros países han expresado opiniones en favor de una
negociación conjunta con todos los países candidatos.
Los principales marcos de diálogo parlamentario con los países de
Europa central y oriental son: la COSAC y las Comisiones Mixtas
previstas en los Acuerdos de Asociación.
2.2.3 Consejo
Su reforma es una de las grandes cuestiones pendientes cara a una
Unión ampliada. Su Presidencia tiene un carácter no sólo
representativo, sino también político, por los poderes que ostenta
para la dirección e impulso de los trabajos y la conciliación de los
intereses nacionales. Los inconvenientes que se han atribuido al
actual sistema de turno semestral (mandato excesivamente corto,
diferencias entre Presidencias «débiles» y «fuertes», largos períodos
de tiempo entre presidencias para un mismo Estado, etc.) pueden verse
acentuados con la ampliación. Una propuesta española de 1995 de
presidencia de un grupo de países y alargamiento del mandato puede
ser una opción, entre otras, para resolver este problema.
La ponderación de votos es otra de las cuestiones que quedó sin
resolver en la Conferencia Intergubernamental. El problema es
mantener, tras la ampliación, el sistema de equilibrios al que sirve
la ponderación: impedir la
adopción de acuerdos contrarios a los intereses de los Estados más
poblados y también impedir que aquellos Estados sumen sus votos
contra los intereses de los Estados medianos y pequeños. Si la
ampliación se produce sin alterar las reglas en este punto, el
porcentaje de población que permite a coaliciones de Estados alcanzar
la mayoría cualificada disminuye.
El Parlamento Europeo se pronunció en favor de la reducción del
umbral (actualmente en torno al 71 por ciento), pero ni la Comisión
ni los Estados miembros han apoyado esa postura. Con el tiempo, los
sistemas discutidos han ido reduciéndose esencialmente a dos:
reponderación de votos para ajustarla a la población de los Estados y
establecimiento de una doble mayoría, la de Estados y la de un
porcentaje de la población de la Unión.
2.2.4 Comisión
El gran problema de cara a la ampliación es la reducción del número
de sus miembros para mantener su coherencia y eficacia. Un criterio
diferente, que pretende mantener una cierta legitimidad,
aceptabilidad o incluso representatividad, del órgano apoya la
presencia, cuando menos, de un nacional de cada Estado miembro. Como
se apuntó, el Tratado de Amsterdam liga esta reordenación a la
ponderación de votos del Consejo. Pero, incluso con la fórmula de
limitar el número de comisarios a uno por Estado miembro, se estima
que cuando la Unión sobrepase los veinte Estados, la Comisión podría
perder parte de sus actuales cualidades. Se han propuesto, por ello,
varias fórmulas. Una sería que sólo los Estados más poblados
tuviesen, de forma permanente, un nacional como comisario y se
estableciese un sistema de rotación para los demás Estados. Otra
posibilidad sería que algunos comisarios fuesen considerados como
procedentes de un grupo de Estados. Otra, finalmente, establece unos
comisarios con carácter pleno y otros adjuntos.
2.2.5 Tribunal de Justicia
La ampliación de la Unión, manteniendo el actual sistema de elección
de los jueces del TJ, aunque pueda reforzar su legitimidad y la
aceptación de sus decisiones, puede perjudicar su funcionamiento y,
en última instancia, su eficacia. Por ello, y desde varias
instancias, incluído el propio Tribunal, que emitió en mayo de 1995
un Informe sobre determinados aspectos de la ampliación del Tratado
de la Unión Europea, se han propuesto varias posibles fórmulas. A
título de ejemplo, cabe mencionar:
1. Mantener el principio de igualdad del número de jueces con el
número de Estados y trasladar la mayoría de los asuntos a las salas.
Esto podría dar un carácter más deliberante al pleno y afectar a la
unidad de la jurisprudencia.
2. Creación de órganos jurisdiccionales especializados o varios
tribunales de primera instancia. La unidad de jurisprudencia podría
mantenerse con un pleno que preserve la unidad de interpretación por
medio de mecanismos prejudiciales o un recurso de casación.
3. Reducir el número de los jueces. Esto, aparte de exigir la reforma
del Tratado, encontraría la lógica oposición de los Estados que se
sintiesen perjudicados.
4. Considerar globalmente la elección de los jueces y los abogados
generales, respetando la proporción de un elegido por un Estado
miembro.
5. Alguna modalidad de rotación de los jueces.
2.2.6 Tribunal de Cuentas
La ausencia de relación directa entre los miembros del Tribunal de
Cuentas y los Estados miembros no parece plantear a priori serios
problemas de cara a la ampliación de la Unión; dado el número tasado
de sus miembros (15, según el artículo 247.1), el mecanismo de su
nombramiento (por el Consejo, por unanimidad, previa consulta al
Parlamento Europeo) puede funcionar normalmente en una Unión
ampliada. No obstante, dada la reciente institucionalización de este
órgano y el incremento de sus tareas y responsabilidades, cabe
imaginar una composición aumentada para el mismo y reformas en su
organización y funcionamiento que permitieran mantener sus actuales
cualidades.
2.2.7 Comité Económico y Social y Comité de las Regiones
Son dos órganos consultivos de 222 miembros cada uno en la
actualidad, cuyas competencia e influencia se refuerzan
progresivamente. La ampliación supondría la atribución a los nuevos
Estados de la Unión de un número de miembros conforme a los criterios
seguidos hasta ahora. Ese aumento de composición podría dar lugar a
algunos cambios en sus métodos de trabajo.
2.3 Cuestiones diversas
2.3.1 El Presupuesto
La estructura actual del presupuesto comunitario parte del Acuerdo
Interinstitucional de 1993 entre el Consejo, la Comisión y el
Parlamento Europeo, que estableció el marco financiero para el
periodo 1993-1999. Según el artículo 269 del Tratado (antiguo
artículo 201) «sin perjuicio del concurso de otros ingresos, el
presupuesto será financiado íntegramente con cargo a los recursos
propios». Las cuatro fuentes de ingresos son:
- Exacciones reguladoras agrícolas, contribuciones por azúcar e
isoglucosa;
- derechos de aduana;
- contribución por IVA;
- porcentaje fijo del PNB de los Estados miembros.
El Acuerdo antes citado cifró en el 1,27 por ciento del PNB de los
Estados miembros el límite que no deberán superar en 1999 los
ingresos de la Unión.
De cara a la ampliación, la Comisión mantiene el límite citado de
recursos propios. En la Agenda 2000 (III. Sistema de financiación) se
afirma: «Durante el período cubierto por las próximas perspectivas
financieras
será posible, sin rebasar el límite actual de los recursos
propios (1,27 por ciento del PNB), hacer frente a los desafíos que se
derivan de la reforma necesaria de algunas de las principales
políticas comunitarias, relacionadas con la primera ola de
adhesiones. Por lo tanto, no hay razones de carácter técnico o
jurídico que impongan una modificación de la decisión en que se basa
el sistema de financiación. La actual decisión de recursos propios
seguirá vigente mientras no sea modificada por una nueva decisión».
La Comisión propone también mantener con un tope del 0,46 por 100 del
PNB las intervenciones estructurales (Fondos Estructurales y Fondo de
Cohesión) y la dotación para el periodo 2000-2006 sumaría unos
275.000 millones de ecus.
A partir del criterio mencionado, son esenciales las hipótesis
económicas de la Comisión, pues los dos recursos propios más
importantes, la contribución por IVA y el porcentaje del PNB,
dependen de la evolución económica de los Estados miembros. En el
anexo de cuadros de la Agenda 2000, la Comisión estima el crecimiento
medio del PNB de los Estados miembros actuales en un 2,5 por ciento y
el de los países candidatos un 4 por ciento. Esas diferentes tasas de
crecimiento deberían reducir la distancia macroeconómica entre los
Estados miembros actuales y los países candidatos.
Estos criterios han encontrado fuerte oposición en la opinión pública
de los Estados miembros, en particular las asociaciones de
agricultores y los receptores de las acciones estructurales. Dado el
peso del sector agrícola en los países candidatos, los gastos de la
PAC deberán necesariamente repartirse entre muchos más beneficiarios.
Otro tanto cabe decir de las acciones estructurales; teniendo en
cuenta el nivel de desarrollo económico de los países candidatos, su
posible inclusión en las regiones del Objetivo 1 alteraría
sustancialmente la inclusión de otras áreas geográficas de los
actuales Estados miembros y, en consecuencia, las modalidades de
reparto de los correspondientes fondos.
El Parlamento Europeo se ha mostrado muy crítico a este respecto. Su
Comisión de Presupuestos se ha manifestado en varias ocasiones en
favor de la reforma de los gastos antes de la adhesión, en
particular, los de la PAC. El Pleno del Parlamento, en su Resolución
de 4 de diciembre de 1997, sobre el marco financiero de la Unión
2000-2006, el sistema de financiación futuro, pone abiertamente en
duda la validez de las previsiones financieras de la Comisión. Así,
sobre los fundamentos macroeconómicos:
«Manifiesta su asombro por el marco macroeconómico presentado por la
Comisión y señala a la atención del Consejo Europeo los riesgos que
se derivan de basar todo el análisis financiero en previsiones
demasiado aleatorias;
Considera que el crecimiento del 2,5 por ciento anual podría estar
sobrestimado y que podría crear falsas expectativas sobre la
posibilidad de abrir un proceso histórico de semejante envergadura
sin costes suplementarios.»
Sobre el sistema de recursos propios:
«Observa que la Comisión en su comunicación no procedió
verdaderamente a realizar un cálculo de las necesidades para el
futuro de las políticas comunitarias para los Quince y para los
países candidatos, sino que se limitó a declarar intangible el actual
límite máximo de los recursos propios del 1,27 por ciento del PNB;
Considera que este planteamiento no está a la altura de la ambición
del proyecto presentado; considera que un análisis serio y en
profundidad de la situación lleva a la conclusión de que el hecho de
declarar desde ahora la intangibilidad del límite máximo de los
recursos propios resulta prematuro y se corre el riesgo de subestimar
los problemas reales, aun cuando ello pueda resultar ventajoso para
evitar el debate en el seno del Consejo Europeo;
Considera que el límite máximo actual de los recursos propios sólo
permitirá financiar las perspectivas financieras después de la
ampliación si el Consejo adopta las decisiones que le competen para
la reforma de las políticas existentes;
Subraya que la Agenda 2000 no propone cambio alguno en el sistema de
financiación de la Comunidad, calla en cuanto a la necesidad de
autonomía financiera de la Unión y no crea el elemento financiero de
vinculación entre el contribuyente y las instituciones europeas.
Lamenta que la Comisión haya querido evitar que se aborde la cuestión
ineludible del sistema de los recursos propios; considera que ha
llegado el momento de demostrar coraje político e imaginación para
abordar la revisión de un sistema que, si bien ha tenido el mérito de
permitir la financiación de la Unión, en la actualidad ya no parece
adaptado para garantizar un reparto equilibrado de la carga fiscal
europea;
Pide a la Comisión que presente en breve plazo una comunicación sobre
el sistema de los recursos propios, con objeto de que se abra un
debate entre las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria y que pueda
adoptarse una decisión antes de que concluyan las próximas
negociaciones de adhesión y la posible Conferencia
Intergubernamental.»
Y sobre la financiación de la ampliación:
«Observa que la Comisión ha presentado una previsión por el importe
necesario después de la adhesión de los Estados candidatos; señala el
hecho de que dicho importe -incluidas las estimaciones de todos los
costes de cualesquiera períodos transitorios- sólo tiene carácter
indicativo y de que su dimensión real sólo podrá constatarse al final
de las negociaciones de adhesión;
Constata, asimismo, que, según la Comisión, los márgenes que deberán
liberarse para permitir la ampliación, a falta de recursos
suplementarios, sólo podrán liberarse mediante reducciones
importantes en las políticas existentes, en particular la agricultura
y los Fondos estructurales;
Considera que solamente tras la adopción de estas reformas por parte
del Consejo será posible evaluar los ahorros reales liberados y que,
por otra parte, el coste
más exacto sólo se conocerá tras la conclusión de las negociaciones;
considera que, sólo en estas circunstancias, podría tomarse
definitivamente la decisión sobre el posible mantenimiento del límite
máximo actual de los recursos propios;
Propone que el conjunto de los gastos con vistas a la adhesión se
consigne en una nueva rúbrica de las perspectivas financieras;
Pide al Consejo Europeo que tome en consideración alternativas a la
financiación de la ampliación en caso de que las decisiones del
Consejo sobre las propuestas de reforma de la Comisión den lugar a
ahorros inferiores a los previstos por la Comisión, o de que cambie
el número de países que se adhieran o incluso en el caso de que el
calendario de adhesión difiera del previsto por la Comisión.»
El Consejo Europeo de Berlín de 24 y 25 de marzo de 1999 acordó las
perspectivas financieras para el período 2000-2006, cumpliendo con
las condiciones de Cardiff de que en la presentación y ejecución del
marco financiero debe establecerse una clara distinción entre el
correspondiente a la Unión a quince y a los futuros países miembros,
antes y después de la adhesión.
Sin embargo, en su apartado 16 establece que las perspectivas
financieras de la UE de los quince se ajustarán en el momento de su
ampliación. Este ajuste se podrá realizar por una decisión
mayoritaria del Consejo.
Asimismo, en el apartado 22 insta a la Comisión a presentar al
Consejo en el año 2002 un informe sobre la evaluación del gasto
agrario así como de las propuestas y reformas adecuadas al objetivo
de la política agrícola común.
2.3.2 El control y la protección de las finanzas comunitarias
La Comisión, en la Agenda 2000, no proporciona informaciones muy
precisas sobre la capacidad de los países candidatos para gestionar
adecuadamente el gasto, controlar las finanzas públicas y prevenir y
reprimir el fraude. En los análisis referentes a cada uno de los
países candidatos, una rúbrica «capacidad administrativa y
jurisdiccional» proporciona sumarias indicaciones a ese respecto. Con
pocas variantes, de los países admitidos a la primera tanda de
negociaciones se suele decir que si el país en cuestión continúa las
reformas emprendidas en el ámbito administrativo, cabe esperar que, a
medio plazo, funcionen las estructuras administrativas necesarias
para la aplicación del acervo comunitario. Respecto de los otros
países, es frecuente la afirmación de que el país en cuestión deberá
realizar esfuerzos importantes y prolongados de reforma para poder
disponer, a medio plazo, de las estructuras que permitan aplicar
efectivamente el acervo comunitario.
El Parlamento Europeo ha mostrado su preocupación a este respecto. En
su Resolución de 4 de diciembre de 1997 sobre la Agenda 2000, se
contienen afirmaciones como las siguientes:
«(El Parlamento) opina que una administración pública eficaz y fiable
es un elemento vital de los preparativos
de adhesión a la UE para reforzar el Estado de Derecho y la cohesión
económica y social, y que las medidas para mejorar la calidad de la
administración pública en todos los países candidatos deben incluirse
en gran medida en la estrategia de preadhesión.»
Además:
«Pide a los países candidatos que, en el marco de sus ordenamientos
constitucionales, establezcan estructuras administrativas locales,
regionales y nacionales eficaces que ayuden a los agentes no
estatales en estos ámbitos, y que mejoren los sistemas de control
financiero, de manera que, como futuros miembros, puedan utilizar de
manera eficaz los Fondos estructurales...»
Y, en unas consideraciones sectoriales, contenidas en la Resolución
de 4 de diciembre de 1997 sobre el marco financiero de la Unión 2000-
2006, el sistema de financiación futuro, la Cámara, respecto del
control presupuestario,
«Señala que, en el marco financiero propuesto, la Comisión debe
subordinar la concesión de los fondos de preadhesión y de cualquier
otro fondo comunitario a la realización por parte de cada
beneficiario, en el contexto de la «colaboración para la adhesión»,
de un programa obligatorio destinado a dotar a cada país, cuando no
cuente con ello:
- De un sistema de gestión administrativa y de control interno de
calidad, así como de sistema de control exterior autónomo y eficaz,
- de un mecanismo administrativo y jurídico adecuado de protección de
los créditos comunitarios,
- de una formación intensificada de los servicios fiscales y
aduaneros en la perspectiva de la ampliación,
- de un mecanismo de colaboración con el Tribunal de Cuentas
europeo.»
2.3.3 La política agrícola
La política agrícola constituye quizá el principal problema que
planteará la integración de los diez PECO en la Unión Europea, tanto
por el peso que tiene el sector agrícola en aquellos países, como por
la importancia de la Política agrícola común (PAC) para algunos
Estados miembros actuales y para las finanzas comunitarias.
Según cifras de la Comisión, la agricultura supone el 9 por ciento
del PIB de los países candidatos frente al 2,4 por ciento en la
Unión, dando empleo a un 22 por ciento de la mano de obra, frente al
5 por ciento en la Unión. Con la ampliación, la superficie de la
Unión dedicada a la agricultura aumentaría en 60 millones de
hectáreas, llegando a un total de 200 millones. Si se adhirieran
todos los países asociados, se añadirían 100 millones de consumidores
al mercado interior, pero con un poder adquisitivo per cápita de un
tercio del de la UE actual. En los últimos años, la producción
agraria de los países candidatos se ha visto negativamente afectada
por la caída de la demanda, al desaparecer las subvenciones al
consumo, la degradación de la situación económica general y los
desfases de precios y costes. Este sector ha experimentado además una
intensa reestructuración, consecuencia de la privatización de la
tierra y de los diferentes activos; esta reforma estructural continúa
hacia un verdadero mercado de compra y venta de tierras, pero se ve
retrasada por los conflictos sobre los derechos de propiedad. Los
precios agrarios en los países candidatos son, en general, bastante
inferiores a los de la Unión, pero existen amplias diferencias de
unos a otros países y de unos a otros productos.
De cara a la adhesión, hay que prever un incremento de la producción
agrícola de los países candidatos, consecuencia de la modernización
de las explotaciones y de la aproximación de sus precios a los
precios comunitarios. La integración, sin medidas correctoras, de la
agricultura de los países candidatos en la PAC podría provocar serias
dificultades; principalmente aumentando los excedentes de producción
que deberían venderse en los mercados exteriores, lo que haría
necesario el incremento de las restituciones a la exportación, con
una incidencia presupuestaria que se ha estimado en unos 45.000
millones de ecus. Pero esta expansión está necesariamente limitada
por los compromisos asumidos, tanto por los Estados miembros de la
Unión como por los países candidatos, en las negociaciones GATT/OMC,
de limitar las subvenciones a la exportación.
Para resolver el problema, se han imaginado diversas fórmulas:
exclusión de la agricultura del mercado interior de la Unión
ampliada, largos periodos de transición, integración completa de la
agricultura PECO en la PAC, imponiendo cuotas y sistemas de barbecho.
Las exigencias del mercado mundial han impulsado a la disminución
progresiva de los precios de apoyo para acercarlos a los precios de
los mercados mundiales para reducir los gastos de restitución,
compensando a los agricultores por medio de ayudas directas a los
ingresos.
El Parlamento Europeo censura lo que considera un enfoque
fragmentario de la materia por parte de la Comisión. En su Resolución
del 4 de diciembre de 1997 sobre la Agenda 2000, entre otras
afirmaciones, declara:
«Recuerda, sin embargo que, para que la integración decidida y
racional de los PECO sea un éxito para ambas partes, es necesario
proceder a una adaptación eficaz de la UE y llevar a cabo las
reformas estructurales, en particular, la reforma de la política
agrícola común;
Lamenta, por lo que se refiere al sector agrícola, que en la Agenda
2000 la Comisión sólo presente propuestas fragmentarias para
diferentes sectores de producción, y no una visión global que hubiera
permitido orientar a todos los sectores de producción agrícola;
Lamenta que, contrariamente a lo que se anunció en la Conferencia de
Cork, la Comisión no haya elaborado un concepto específico relativo
al mundo rural; teme que, dispersos entre diferentes objetivos y
marcos de apoyo, los medios destinados a las estructuras agrícolas no
puedan aplicarse con toda la eficacia necesaria;
Destaca que la situación económica de los países candidatos, en
particular en el ámbito agrícola, no es homogénea, por lo que
convendría tener en cuenta la situación concreta de dichos países en
el momento de establecer
las medidas y calendarios preparatorios para la adhesión, así como
las medidas y los plazos de transición posteriores a la integración;
Considera que, debido a las diferencias notables de precios y vista
la oportunidad de favorecer una política de desarrollo rural, la
ampliación a los nuevos miembros de la política agrícola común en su
forma actual no es deseable y que, en consecuencia, tal vez
convendría reflexionar sobre la conveniencia de fijar periodos
transitorios largos en materia de aplicación de la política agrícola
común a dichos nuevos miembros.»
El Consejo Europeo de Luxemburgo, de diciembre de 1997, asumió la
estrategia para la ampliación contenida en la Agenda 2000.
La Comisión presentó en marzo de 1998 unas propuestas legislativas
desarrollando los principios contenidos en la Agenda 2000 y regulando
los instrumentos de ayuda de preadhesión. Estos últimos son:
- Un reglamento sobre la coordinación de la asistencia a los países
candidatos;
- el reglamento PHARE;
- un instrumento de preadhesión para las políticas estructurales
(IPAE), y
- un instrumento de preadhesión agrícola.
Los fondos de asistencia de preadhesión agrícola financian las
acciones destinadas a mejorar las estructuras de las explotaciones
agrícolas, la transformación y comercialización de los productos
agrícolas y la pesca y el control fitosanitario, veterinario y de
calidad de los productos alimenticios.
Los recursos del FEOGA para la ayuda agrícola de preadhesión suman
500 millones de ecus (precio constante de 1997). La asignación a cada
país candidato se hace en función de criterios como la población
agrícola, la superficie agrícola, el PIB y la situación territorial.
2.3.4 La Política Pesquera Común
En opinión del Parlamento Europeo, como política común que es, la
política de pesca no está recibiendo tanta atención en el proceso de
ampliación como debiera. La próxima ampliación de la Unión Europea
llega en un momento de incertidumbre sobre la Política Pesquera Común
(PPC). En 1991, la Comisión Europea estableció los siguientes
objetivos de la PPC: conseguir una pesca sostenible, evitar los
efectos secundarios que perjudican a las comunidades pesqueras que
dependen en gran medida de esa actividad; garantizar un suministro
estable a precios razonables para los consumidores, y contribuir a la
cohesión económica y social en el mercado único europeo.
Polonia y Estonia son los únicos países de la primera fase que
cuentan con una industria de pesca marítima relevante. Con la
adhesión de estos países, el Mar Báltico, con sus grandes reservas de
peces, se convertirá en parte integrante de las aguas de la Comunidad
Europea. Eslovenia también tiene salida al mar, pero su industria
pesquera es reducida.
2.3.5 La Política Industrial
La Comisión Europea considera que el ajuste industrial es uno de los
aspectos que requiere actuaciones más urgentes por parte de los
países candidatos para el éxito de su adhesión a la Unión Europea. El
Parlamento Europeo considera que la reestructuración industrial podrá
tener efectos secundarios negativos en regiones y sectores
específicos de estos países, y, en el caso de ciertas industrias
pesadas, comportará la pérdida de un número importante de puestos de
trabajo. Por ello, es previsible que algunos países candidatos pidan
medidas de protección para su industria durante un período de
transición.
De otra parte, aunque el sector industrial de los actuales miembros
de la UE se beneficiará globalmente de la ampliación, la industria
siderúrgica, la construcción naval y, en general, las industrias que
hacen un uso intensivo de mano de obra, como el textil, el calzado y
el juguete, podrían salir perdiendo por la ventaja que en términos de
costes laborales disfrutan los industriales de los países candidatos.
También ganarán aquellas empresas que sean capaces de encontrar
nuevos mercados de venta o nuevas bases de producción en dichos
países.
2.3.6 La Unión Económica y Monetaria
La Agenda 2000 describe la situación de los países candidatos en
relación con la UEM y recuerda las reglas que deben regir su
integración en este mecanismo monetario. Afirma que «la ampliación
tendrá lugar, con toda probabilidad, en la tercera fase de la Unión
Económica y Monetaria. Todos los Estados miembros deben asociarse al
objetivo de la UEM, y, por tanto, estar capacitados para participar
en la zona del euro. Aunque es improbable que, en el momento de la
adhesión, los nuevos Estados miembros puedan integrarse plenamente en
dicha zona, el principal reto al que se enfrentarán no será entrar en
ella o no, sino adoptar el acervo comunitario de la UEM, aun en
calidad de países no participantes.
La participación de los nuevos Estados miembros en la zona del euro
se decidirá siguiendo los criterios de convergencia fijados en el
TUE, vigentes para todos los Estados miembros sin excepción. Sin
embargo, debe observarse que no se trata de criterios de adhesión, y
un empeño excesivo en su cumplimiento puede resultar inadecuado para
unas economías en transición. De hecho, en este tipo de economías,
conceptos tales como tipos de interés a largo plazo o déficit
presupuestarios no tienen exactamente la misma dimensión que en las
economías de mercado más consolidadas.
Asimismo, es importante que los nuevos miembros emprendan las
reformas necesarias para estabilizar a largo plazo la economía. Aun
en calidad de no participantes, estos países deberían estar
capacitados para evitar fluctuaciones y variaciones bruscas de los
tipos de cambio nominales, así como desarrollar unas políticas
monetarias disciplinadas y responsables, sin arriesgar el objetivo de
la estabilidad de precios».
La situación de los países candidatos, en relación con los criterios
para la participación en la UEM es la siguiente:
1. Criterio de inflación.-Consiste en no superar en 1,5 puntos la
media de los tres países de inflación más baja. La media de la UE, a
principios de 1998 era de 1,3 por ciento. La transición a la economía
de mercado provocó elevadas tasas de inflación en los países
candidatos, excepto Chipre y Malta. Las reformas estructurales han
hecho descender notablemente esos índices, pero están aún lejos del
criterio de convergencia y las reducciones marginales son difíciles.
2. Criterio de los tipos de interés.-Consiste en que los tipos de
interés a largo plazo no superen en 2 puntos la media de los de los
tres países de inflación más baja. Los elevados niveles de inflación,
antes comentados, de los países candidatos provocaron elevados tipos
de interés a corto y largo plazo. La aplicación de este criterio no
es fácil; al ser tipos a largo plazo que fijan los mercados y estar
estos poco desarrollados, sólo caben estimaciones provisionales. Si
se parte de una previsión de tipos a largo plazo en la zona euro de 5
ó 5,5 por ciento, Chipre, la República Checa y los Estados bálticos
quizá sean los Estados que más se aproximen, mientras que Hungría y
Rumanía sean los más alejados.
3. Criterio del déficit público.-Consiste en que aquel no supere el 3
por ciento del PIB o que tenga tendencia a acercarse a ese nivel. La
mayoría de los países han tenido bajos déficits, aunque la recesión
consecuencia de la transición política ha provocado algún aumento en
los mismos. Esto se está corrigiendo y no parece difícil, en
principio, el cumplimiento de este criterio, si las circunstancias no
se degradan, cuando llegue el momento de la adhesión.
4. Criterio de la deuda pública.-Consiste en que aquella no exceda
del 60 por ciento del PIB o tenga tendencia a acercarse a ese nivel.
La mayoría de los países candidatos cumplen este criterio, con las
excepciones de Bulgaria y Hungría.
5. Criterio de los tipos de cambio.-Consiste en que el tipo de cambio
de la moneda se haya mantenido en la banda del Mecanismo de los Tipos
de Cambio del Sistema Monetario Europeo durante dos años.
Este criterio es difícil de aplicar, ya que los países candidatos no
pertenecen al mecanismo de tipos de cambio del SME ni del SME II. En
todo caso, en tiempos recientes, los divisas de los países candidatos
se han visto afectadas por fuerte variabilidad y volatilidad, lo que,
previsiblemente, hará difícil para muchos el cumplimiento de este
criterio. Sin embargo, a medio y largo plazo, esos países tienen
intención de vincular sus divisas al euro, lo que, por otra parte, es
inevitable de cara a la adhesión.
Precisamente, el Parlamento Europeo, en su Resolución de 4 de
diciembre de 1997 sobre la Agenda 2000 estima que «los acuerdos
relativos al SME II constituyen
un marco extraordinariamente adecuado para facilitar a los PECO la
entrada en la Unión Monetaria y considera que merece examinarse la
idea de que los PECO que lo deseen y puedan hacerlo obtengan ya en el
SME II el estatuto de miembro asociado.»
Independencia de los Bancos Centrales.-La situación no es uniforme en
los países candidatos. Es general una amplia autonomía respecto del
Gobierno, pero cierta influencia de éste y la posibilidad de
financiación de los déficits públicos se producen en algunos países.
3. Acción exterior de la Unión
3.1 La política exterior y de seguridad común (PESC)
Es generalmente reconocida la falta de coherencia entre la PESC y las
relaciones económicas comunitarias; ello conlleva una limitada
influencia de la acción exterior de la Unión, en particular en sus
vertientes más específicamente política y militar, como ha puesto de
relieve la historia reciente en múltiples ocasiones. Las causas son
probablemente diversas, pero una destaca sobre las demás: la
resistencia de los Estados nacionales a ceder competencias en el
reducto más tradicional de su soberanía, que es la acción exterior.
De ahí deriva el carácter intergubernamental de la PESC y la
unanimidad como requisito para la toma de decisiones.
El Tratado de Amsterdam introdujo algunas modificaciones, aunque no
de los aspectos esenciales mencionados. Clarificó y ordenó los
instrumentos (principios y orientaciones generales, estrategias
comunes, acciones comunes, posiciones comunes, cooperación de los
Estados miembros). También es novedosa la Alta Representación de la
PESC, que se atribuye al Secretario General del Consejo y que debiera
asegurar una mayor continuidad en este ámbito. La otra principal
novedad es la Unidad de planificación de la política y de alerta
rápida. No se introdujeron cambios esenciales en los papeles de la
Comisión y del Parlamento Europeo, aunque la financiación de los
gastos administrativos y operativos de la PESC con cargo al
presupuesto comunitario amplía las competencias de la Cámara.
De cara a la ampliación de la Unión, el Tratado de Amsterdam también
introduce algunos cambios. En primer lugar, respecto de los objetivos
de la PESC, hay que señalar la cláusula de solidaridad política
contenida en el artículo 11 (antiguo J.1), aunque su eficacia parece
menor que las equivalentes de otras alianzas, como, por ejemplo, la
OTAN.
Las necesidades de la planificación debieran tener respuesta con la
nueva Unidad de planificación de la política y de alerta rápida. Su
composición (personal procedente de la Secretaría General, los
Estados miembros, la Comisión y la UEO) parece favorecer el carácter
intergubernamental. Con la incorporación de nuevos Estados miembros,
su composición deberá ampliarse, lo que puede plantear cuestiones
sobre su eficacia. La posibilidad de que la Comisión contribuya a la
planificación parece limitarse a facilitar información pertinente
(núm. 5 de la Declaración que crea la Unidad).
Respecto de la toma de decisiones, el mecanismo principal es la
unanimidad, aunque es también posible la abstención constructiva
[artículo 23 (antiguo J.13)]. Como excepción, se prevé la adopción
por mayoría cualificada de acciones comunes, posiciones comunes o
cualquier decisión basada en una estrategia común; y cualquier
decisión por la que se aplique una acción común o una decisión común.
Esta excepción, sin embargo, no es aplicable si un Estado miembro se
opone por «motivos importantes y explícitos de política nacional», en
cuyo caso la decisión deberá tomarse por unanimidad. El aumento del
número de Estados miembros debiera, en principio, hacer más difícil
la toma de decisiones, al multiplicar las posibilidades de alegar
esos motivos importantes de interés nacional.
La ejecución de la PESC deberá en el futuro descansar en los nuevos
instrumentos establecidos por el Tratado de Amsterdam. Hasta el
presente la eficacia en este terreno ha dependido de la voluntad de
los Estados miembros, a menudo tras el acicate del Parlamento
Europeo. La ampliación plantea, obviamente, la incógnita de la
actitud que puedan adoptar, en su momento, los nuevos Estados. La
experiencia hasta ahora es que los países candidatos han compartido
con frecuencia los criterios y la estrategia de la Unión en el ámbito
analizado.
La posición de la Comisión sobre la PESC se contiene en la Agenda
2000, que incluye toda una larga y expresiva declaración de
principios sobre la necesidad de reforzar el peso y la influencia de
la Unión en el marco internacional. A título de ejemplo, la Comisión
proclama:
«Europa debe fortalecer imperativamente su actuación en el ámbito de
las relaciones exteriores. El proyecto europeo sólo será verosímil si
responde a la demanda creciente de sus ciudadanos de una mayor unidad
y de una mayor eficacia para construir y defender la paz, la
estabilidad y la prosperidad en el continente europeo y en el mundo.
Los Estados miembros de la Unión Europea tienen numerosos intereses
comunes. La Unión Europea debe aumentar su influencia en los asuntos
internacionales, fomentar valores como la paz y la seguridad, la
democracia y los derechos humanos, aportar su ayuda a los países
menos desarrollados, defender su concepción de modelo social y
afirmar su presencia en los mercados internacionales. Más allá del
mantenimiento de la integridad territorial de la Unión, los Estados
miembros deben unir sus fuerzas para luchar contra la delincuencia
organizada, el terrorismo y la proliferación nuclear, bacteriológica
garantizar un crecimiento duradero con una utilización óptima de los
recursos mundiales.
La ampliación de la Unión Europea no afectará exclusivamente al
destino de los europeos, de los Estados miembros y de los países
candidatos. Por sus repercusiones internacionales, la ampliación
también dejará sentir sus efectos allende las nuevas fronteras de una
Europa ampliada, porque aumentará el peso de Europa en el mundo,
porque dará a Europa nuevos vecinos y porque convertirá a Europa en
un espacio unido y estable. Las
repercusiones geopolíticas del proceso de ampliación ya se pusieron
de manifiesto en las conclusiones sobre la 'Agenda política de
Europa' del Consejo Europeo de Madrid.
La Europa ampliada mantendrá relaciones más ricas, pero
necesariamente más complejas, con el resto del mundo. Para ser más
eficaz y estar más presente, para prepararse lo mejor posible para
ejercer más y mayores responsabilidades, para asumir la misión que le
corresponde en la escena internacional, Europa tiene que procurar
desde ahora mismo reforzar su capacidad para tomar decisiones
políticas y garantizar la coherencia del conjunto de sus acciones.
La Unión Europea tiene interés en asumir unas responsabilidades
políticas que estén en consonancia con su poder económico. La
interdependencia de las economías modernas y la creciente importancia
de los factores internacionales hacen que una política exterior
activa y eficaz no pueda limitarse a los aspectos más tradicionales
de las relaciones internacionales. Este principio puede aplicarse en
especial a la Unión Europea, que sigue estando en gran medida
caracterizada por su dimensión económica. De hecho, la política
exterior y de seguridad común sólo podrá consolidarse si los Estados
miembros, tanto con respecto a los métodos de trabajo como al fondo,
aceptan elaborar de manera progresiva una concepción integrada de las
relaciones exteriores.
Esta concepción integrada permitirá poner al servicio de una voluntad
política común los instrumentos de la PESC, de la política comercial,
de la ayuda al desarrollo o de otras políticas comunitarias así como
la capacidad operativa de la Unión de Europa Occidental para las
misiones recientemente incluidas en el Tratado. Esa concepción
integrada deberá asimismo reforzar la complementariedad, en la
actualidad insuficiente, entre las intervenciones de la Unión y las
intervenciones de los Estados miembros.»
El Consejo ha ido, en sus diversas reuniones, preparando el camino de
la ampliación, que concluyó con la decisión definitiva, adoptada en
el Consejo de Luxemburgo, de diciembre de 1997, de iniciar el proceso
en su conjunto. Pero, en relación con la PESC, ya se habían adoptado
una serie de decisiones para ir integrando a los países candidatos.
El elemento esencial eran las llamadas «relaciones estructuradas»
entre los países asociados PECO y las instituciones comunitarias. Se
perseguía, en este ámbito, dar la posibilidad a los países PECO de
adherirse a determinadas actividades de la PESC, como declaraciones o
acciones conjuntas. Los objetivos, entre otros, eran superar la
inseguridad existente en Europa Central y Oriental y potenciar las
actividades desarrolladas en los marcos de la UEO, la OTAN, la CSCE y
el Pacto de Estabilidad.
El papel del Parlamento Europeo, poco relevante, está especificado en
el artículo 21 (antiguo J.11) en los términos siguientes:
«La Presidencia consultará con el Parlamento Europeo sobre los
aspectos principales y las opciones básicas de la política exterior y
de seguridad común y velará por
que se tengan debidamente en cuenta las opiniones del Parlamento
Europeo. La Presidencia y la Comisión mantendrán regularmente
informado al Parlamento Europeo sobre el desarrollo de la política
exterior y de seguridad de la Unión.
El Parlamento Europeo podrá dirigir preguntas o formular
recomendaciones al Consejo. Cada año procederá a un debate sobre los
progresos realizados en el desarrollo de la política exterior y de
seguridad común.»
El Parlamento, en su Resolución de 19 de noviembre de 1997 sobre el
Tratado de Amsterdam, reivindica competencias reforzadas en este
terreno y, sobre todo, un nuevo método en la conducción de las
relaciones internacionales. Así, entre otras declaraciones, afirma
que:
«La Unidad de planificación de la política y de alerta rápida debe
realizar sus funciones desde una perspectiva común de la Unión»; «los
acuerdos internacionales importantes estén sujetos al dictamen
conforme del Parlamento Europeo»; «pide a los Estados miembros que
utilicen sólo en casos extremos la posibilidad de impedir una
decisión por mayoría invocando razones importantes de política
nacional que el Tratado de Amsterdam prevé en materia de política
exterior y en relación con la cooperación reforzada»; «observa que
con el Tratado de Amsterdam ha concluido una época histórica en la
que, con los medios de la diplomacia clásica, ha podido impulsarse
paso a paso la obra de unificación europea»; «está convencido de que,
ahora, es la política la que debe asumir la primacía en la nueva
configuración de la Unión Europea y de que en este proceso el
Parlamento Europeo y los Parlamentos de los Estados miembros deben
ejercer sus derechos.»
Posteriormente, con fecha 28 de mayo de 1998, el Parlamento Europeo
aprobó una Resolución sobre el papel de la Unión en el mundo:
desarrollo de la Política Exterior y de Seguridad Común en 1997, que
comienza con las lamentaciones siguientes:
«Señala que:
a) La opinión pública no ha percibido progresos en el desarrollo de
una política exterior europea;
b) no se ha concluido un acuerdo Interinstitucional sobre el derecho
del Parlamento a ser informado y consultado;
c) la Comisión todavía no ha hecho pleno uso de su derecho a
presentar propuestas al Consejo;
d) los progresos realizados en el desarrollo de una política de
seguridad común, en la coordinación de las políticas de defensa, en
el desarrollo de una verdadera política común en materia de armas y
en la incorporación de la UEO a la UE siguieron siendo escasos;
e) han persistido los desequilibrios entre la política exterior de la
UE y sus actividades comerciales.»
destinadas tanto a reforzar la propia PESC como a reclamar las
competencias que, estima, le corresponden en este ámbito.
Con fecha 5 de mayo de 1999, el Parlamento aprobó una Resolución
sobre el papel de la Unión Europea en el mundo: Aplicación de la
política exterior y de seguridad común en 1998; entre otras cosas:
- Afirma que, en el año del nacimiento del euro, es esencial que la
PESC funcione eficazmente;
- constata la tendencia creciente de los Gobiernos europeos a asumir
responsabilidades políticas a favor de la paz y la seguridad en el
continente;
- analiza la situación en diversas áreas y los conflictos aún en
curso, alentando la puesta en marcha de estrategias comunes;
- reafirma la importancia de los derechos humanos en la construcción
de la democracia;
- insta a la realización de una identidad europea en materia de
seguridad;
- lamenta el silencio europeo en relación con varios graves
conflictos internacionales, y
- preconiza una nueva diplomacia europea y la creación, a su
servicio, de una «Escuela Diplomática» de la Unión Europea.
El Consejo Europeo de Colonia, de los días 3 y 4 de junio de 1999,
consagra especial atención a las relaciones exteriores de la Unión,
fijando una serie de principios y líneas de actuación respecto de los
principales países y áreas geográficas donde se ejerce la acción
comunitaria o cuyos acontecimientos pueden afectar particularmente a
la UE. A título indicativo, se realizan declaraciones sobre Kosovo
(que incluye el anexo V), los Balcanes Occidentales, el Pacto de
Estabilidad para Europa sudoriental, la Estrategia común para Rusia
(que incluye el anexo II), otras estrategias comunes, Ucrania,
relaciones transatlánticas, relaciones UE-Japón, cooperación
euromediterránea, Latinoamérica y Caribe, dimensión nórdica, Cumbre
transcaucásica, Timor Oriental, Macao y Organización Mundial del
Comercio.
3.2 Seguridad y defensa
Según el artículo 13 (antiguo J.3) del Tratado «el Consejo Europeo
definirá los principios y las orientaciones generales de la política
exterior y de seguridad común, incluidos los asuntos que tengan
repercusiones en el ámbito de la defensa». Y, el artículo 17.3
(antiguo J.7) declara que «la Unión recurrirá a la UEO para que
elabore y ponga en práctica las decisiones y acciones de la Unión que
tengan repercusiones en el ámbito de la defensa».
La UEO es la organización de defensa europea; dispone de 4 estatutos
diferentes y cuenta con 28 miembros:
- Diez países son miembros activos (Alemania, Francia, Reino Unido,
Italia, Luxemburgo, Bélgica, Grecia, España, Portugal y Países
Bajos).
- Cinco países tienen el estatuto de observadores (Irlanda, Austria,
Suecia, Finlandia y Dinamarca).
- Tres países tienen el estatuto de miembros asociados (Turquía,
Islandia y Noruega) que les confiere el derecho a participar en las
votaciones cuando se abordan cuestiones relativas a la OTAN.
- Diez países tienen el estatuto de interlocutores asociados
(partenaire associé) (Bulgaria, Eslovaquia, la República Checa,
Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania).
La UEO tiene atribuida, como misión esencial, la defensa, pero,
además, han cobrado especial importancia en los últimos tiempos las
denominadas misiones Petersberg, enumeradas en el artículo 17.2:
misiones humanitarias y de rescate, misiones de mantenimiento de la
paz y misiones en las que intervengan fuerzas de combate para la
gestión de crisis, incluidas las misiones de restablecimiento de la
paz.
De todas formas, en la Declaración B «Relaciones entre la UEO y la
OTAN en el marco del desarrollo de una IESD (identidad europea de
seguridad y defensa) dentro de la Alianza Atlántica», contenida en la
Declaración de la Unión Europea Occidental sobre el papel de la Unión
Europea Occidental y sus relaciones con la Unión Europea y la Alianza
Atlántica, se asegura que «la Alianza Atlántica sigue siendo la base
de la defensa colectiva en virtud del Tratado del Atlántico Norte».
Los PECO, como antes se indica, tienen estatuto de interlocutores
asociados en la UEO y, por diversas vías, han sido vinculados a las
actividades de la organización; las principales son la participación
en la Asamblea de la UEO y en la recientemente creada unidad de
planificación. Además, el Consejo de la UEO, en abril de 1997, ha
abierto la posibilidad de que fuerzas de los países asociados
participen en la llamada Fuerza Operativa Combinada Conjunta.
Sin embargo, la búsqueda de la seguridad ha llevado a los países
candidatos, a partir de 1997, a solicitar su ingreso en la OTAN. Este
se ha producido, para la República Checa, Hungría y Polonia, con
fecha 12 de marzo de 1999 y el proceso no está terminado, pues la
posibilidad de ingreso sigue abierta para otros países de Europa
Central y Oriental.
El Parlamento Europeo aprobó una Resolución el 14 de mayo de 1998
sobre la instauración progresiva de una política de defensa común de
la Unión Europea; entre otras cosas:
- Distingue entre las nociones de seguridad y defensa; la primera
incluye las operaciones de tipo Petersberg, mientras que el concepto
de defensa incluye la protección del territorio y de los intereses
vitales de los Estados miembros;
- afirma que la prevención de las crisis es parte integrante de la
política de seguridad y defensa común;
- recuerda que, en virtud de los artículos 51 y 52 de la Carta de las
Naciones Unidas, la Unión Europea está capacitada para desarrollar
una política de defensa común;
- reafirma las nociones de «integridad de la Unión», solidaridad
política mutua» y «fronteras exteriores»;
- acepta que, actualmente, la seguridad de una mayoría de los Estados
miembros de la Unión está garantizada por una participación en la
OTAN;
- considera, sin embargo, que la ampliación contribuirá a la
seguridad global del continente;
- recuerda la necesidad de cooperación en el sector de los
armamentos;
- reafirma el objetivo de la integración de la UEO en la Unión
Europea, y
- afirma la utilidad, a la luz de la experiencia, de hacer posible,
en caso necesario, un rápido despliegue de fuerzas policiales.
El Consejo Europeo de Colonia, de los días 3 y 4 de junio de 1999,
trata en sus conclusiones números 55 y 56 de la política de seguridad
y defensa. Son declaraciones genéricas que reenvían al anexo III
«Declaración del Consejo Europeo sobre el refuerzo de la política
europea común de seguridad y defensa». El número 1 de este texto
contiene una declaración de principios en términos, aparentemente,
determinados y enérgicos. Así, «los miembros del Consejo Europeo
estamos decididos a que la Unión Europea desempeñe plenamente su
papel en la escena internacional. Para ello, nos proponemos dotar a
la Unión Europea de los medios y recursos necesarios para asumir sus
responsabilidades respecto de una política europea común de seguridad
y de defensa». Y «con la vista puesta en los objetivos de nuestra
política exterior y de seguridad común, y de la paulatina definición
de una política de defensa común, estamos convencidos de que el
Consejo debe tener la capacidad de tomar decisiones en toda la serie
de tareas de prevención de conflictos y gestión de crisis definidas
en el Tratado de la Unión Europea, las «misiones de Petersberg». A
tal fin, la Unión debe tener una capacidad de acción autónoma,
respaldada por unos recursos militares creíbles, los medios para
decidir emplearlos y la disposición para hacerlo, con objeto de
responder a las crisis internacionales.
El documento, que incluye un Informe de la Presidencia alemana sobre
el refuerzo de la PESC, continúa desarrollando principios y
declaraciones no muy diferentes de otros formulados en el pasado.
Quizá lo más concreto, aunque siga manteniéndose en el terreno de los
desiderata, sean los textos consagrados a la toma de decisiones, en
los siguientes términos:
«Por lo que respecta a la toma de decisiones de la UE en materia de
seguridad y defensa, deberán adoptarse las medidas necesarias para
garantizar el control político y la dirección estratégica de las
operaciones Petersberg dirigidas por la UE, de modo que la UE pueda
decidir y llevar a cabo eficazmente estas operaciones militares.
Además, la UE deberá contar con la capacidad de analizar situaciones,
de acceder a la información militar y de realizar la necesaria
planificación estratégica.
Para ello podrán ser necesarios:
- Reuniones periódicas (o especiales) del Consejo de Asuntos
Generales, en las que participarán cuando sea necesario los Ministros
de Defensa;
- un órgano permanente situado en Bruselas (Comité Político y de
Seguridad) formado por representantes con conocimientos políticos y
militares;
- un Comité Militar de la UE integrado por Representantes Militares,
que hará recomendaciones al Comité Político y de Seguridad;
- un Estado Mayor de la UE, que incluirá un Centro de Situación;
- otros recursos, como un Centro de Satélites y un Instituto de
Estudios sobre la Seguridad.»
Pero se reconoce que «la Alianza sigue constituyendo los cimientos de
la defensa colectiva de sus Estados miembros» (núm. 5 del anexo III).
3.3 Relaciones económicas exteriores
La Unión Europea es un mercado bastante abierto, pues sus aranceles
son bajos y en su desarrollo futuro tenderá a una mayor
liberalización, como consecuencia de los Acuerdos Europeos en vigor,
otras áreas de comercio existentes y las decisiones adoptadas y
futuras en el seno de la OMC.
Desde el colapso de la Unión Soviética, el desarrollo de las
relaciones comerciales entre la UE y los PECO ha sido espectacular.
Según estimaciones aproximadas, a fines de los ochenta, mientras un
elevado porcentaje del comercio de los PECO se realizaba en el seno
del COMECON, el comercio con la UE apenas alcanzaba un 10 por ciento.
Amediados de los noventa, el comercio con la UE representaba ya el 80
por ciento, para los países de Europa central y el 65 por ciento para
los de Europa oriental. Y es de notar que esa modificación del
sentido de los intercambios se produjo, en gran medida, antes de que
se establecieran los distintos mecanismos de ayuda (acuerdos de
asociación, preadhesión) que hoy ligan los PECO a la UE. La causa
principal del fenómeno sin duda ha sido satisfacer las necesidades de
abastecimiento, defectuosamente cubiertas antes. El país europeo
occidental más beneficiado con este proceso ha sido Alemania y la
principal consecuencia es el práctico establecimiento de una zona de
librecambio industrial, aunque persistan barreras para ciertos
productos. Por contra, la liberalización es mucho más lenta para los
productos agrícolas.
La ampliación prevista de la UE no parece que vaya a suponer
profundos cambios en este ámbito. Es impensable una Unión más amplia
encerrada en sí misma, pues el proceso liberalizador, como se apuntó,
no parece tener marcha atrás. Más bien, aunque sea probablemente
imposible cuantificar el impacto de la ampliación en el comercio
mundial, cabe imaginar un incremento general de los intercambios
comerciales, tanto intracomunitarios como de la Unión con terceros
países. De una parte, las necesidades de modernización de los países
candidatos y la mejora en ellos del sector servicios deben propulsar
un incremento de la inversión exterior directa, con la consiguiente
aceleración de su desarrollo económico. Los nuevos Estados
miembros deberán adaptar sus políticas comerciales a las vigentes en
la Unión; una consecuencia será aplicar el trato preferente a
terceros países establecido en los acuerdos que obligan a la Unión
(Lomé, Sistema de Preferencias Generalizadas). La ampliación dará
origen a un mercado europeo de mayores dimensiones, pero puede
también provocar desviaciones del comercio que afecten a otros
bloques comerciales como, por ejemplo, América Latina.
En cualquier caso, será necesario garantizar que la ampliación no
obstaculice la actitud abierta y responsable de la Unión Europea
hacia el resto del mundo y, en particular, que no afecte
negativamente a los intercambios comerciales y a la cooperación con
los países mediterráneos y con América Latina.
La Agenda 2000 hace un examen del desarrollo posible de las políticas
de una UE ampliada con terceros países y regiones y con
organizaciones internacionales y advierte que se reforzará el peso y
el poder negociador de la Unión si ésta actúa de forma coherente.
Esto es especialmente relevante en las relaciones con las
organizaciones internacionales, muy en particular la OMC.
El Parlamento Europeo se ha pronunciado también en esta materia. En
su Resolución de 19 de noviembre de 1997 sobre el Tratado de
Amsterdam afirma que:
«En el ámbito de las relaciones económicas exteriores, la Comunidad
deberá ser competente para todas las cuestiones que se traten en el
marco de la Organización Mundial de Comercio; hasta la modificación
del Tratado en este sentido, la Comisión debe mostrar a los Estados
miembros, a tiempo y claramente, los perjuicios que, como
consecuencia del fraccionamiento de la competencia, amenazan a la
Comunidad en las futuras negociaciones, y proponer al Consejo las
necesarias transferencias de competencia para una urgente toma de
decisiones al respecto; estas transferencias de competencia no
deberían, sin embargo, debilitar el control democrático sobre la
actuación del Ejecutivo en cuestiones de relaciones económicas
exteriores.»
Y, en su Resolución de 4 de diciembre de 1997 sobre la Agenda 2000:
«Recuerda el balance globalmente positivo de las ampliaciones
anteriores que han mejorado la posición de la Unión en los mercados
internacionales, aumentado los intercambios entre los Estados
miembros e incrementado la dimensión internacional de la Unión,
aumentando con ello los recursos totales disponibles para los países
miembros y la Unión;
Considera que la ampliación reforzará el peso y la influencia de la
Unión Europea en el sistema económico internacional, en las
organizaciones internacionales y, muy especialmente, en la
Organización Mundial del Comercio (OMC); a este respecto, desea que
la Unión Europea y los países candidatos determinen desde ahora mismo
una estrategia coordinada en cuanto a los compromisos que se
contraerán en el marco de la OMC (asuntosde la nueva Agenda) y de la
OCDE y en cuanto a los otros
organismos económicos y financieros multilaterales en los que es
posible realizar una actuación concertada;
Considera indispensable que la integración progresiva de los países
candidatos en el mercado interior vaya a la par con una política más
decidida de armonización de los aspectos exteriores de ese mercado y
de coordinación de las políticas comerciales de los países candidatos
a la adhesión y que ello ofrecerá numerosas ventajas, habida cuenta
de los elementos positivos de los países candidatos (posición
geográfica, recursos naturales, oportunidades de inversión), y de que
de este modo aumentará el crecimiento económico de los países
miembros, ampliándose así los ingresos totales de la Unión.»
III. LOS ESTADOS CANDIDATOS ALAADHESIÓN
1. Observaciones generales
Los países del centro y este de Europa candidatos a la adhesión a la
Unión Europea están inmersos en un proceso de transición de una
economía planificada a una economía de mercado, lo que,
simplificando, supone:
a) Modificar esencialmente el procedimiento de asignación de recursos
económicos con el fin de crear un mercado libre, mediante un sistema
realista de precios;
b) modificar el aparato institucional y jurídico para adecuarlo al
carácter democrático del Estado y a las necesidades de una economía
libre;
c) introducir cambios en el derecho de propiedad, el principal de los
cuales es la privatización de los medios de producción en manos de
entes públicos;
d) reestructurar las empresas para adaptarlas al nuevo contexto
económico y jurídico;
e) cambiar los principios de gestión pública, imponiendo equilibrios
presupuestarios ortodoxos y un estricto control monetario;
f) modificar la filosofía social, para fomentar la libre iniciativa y
la aceptación general del principio de intervención pública mínima.
Todos los países candidatos partían de una situación de estancamiento
económico en relación con los países de la Unión y de una estructura
productiva y un PNB alejados de los de los actuales Estados miembros.
Pero las diferencias entre ellos eran importantes; así, por ejemplo,
Hungría, que había introducido gradualmente en el pasado cambios
importantes en su estructura productiva, se ha encontrado en posición
de ventaja para afrontar los cambios. También Eslovenia, país pequeño
y comparativamente próspero, estaba en una buena situación de
partida. Como rasgos comunes a la mayoría de los países candidatos se
han señalado: un sector agrario desproporcionado, una estructura
industrial obsoleta y poco competitiva, una dotación en capital
(infraestructuras, servicios públicos, telecomunicaciones)
insuficiente y un aparato financiero débil e inadaptado. Como
contrapartida, hay que mencionar un capital humano bien preparado.
La vía seguida para los cambios ha sido, en líneas generales y con
variantes de país a país, los métodos de estabilización clásicos:
liberalización de precios con
acercamiento a los costes reales, liberalización del comercio
exterior, introducción de la convertibilidad, política monetaria y
fiscal antinflacionista, controles salariales, privatizaciones. Dos
factores han contribuido poderosamente a impulsar los cambios: una
opinión pública mayoritaria, aunque no unánimemente, favorable a los
mismos y la inversión extranjera.
Los resultados del proceso han sido notables: alteración en el tamaño
de las economías y en su composición interna, con fenómenos de
destrucción y regeneración selectiva del aparato de producción,
reducción de la participación del Estado y creación de nuevas
empresas; desplome, en una primera fase, de los niveles de
producción, sobre todo en la industria, y recuperación posterior más
o menos rápida, según los casos; sustanciales alteraciones en los
flujos comerciales; deterioro de las balanzas de pagos compensado por
la inversión extranjera; desarrollo de los servicios; incremento de
la productividad.
La situación actual de los países candidatos sigue siendo heterogénea
e importantes cambios serán necesarios para culminar el proceso de
adhesión, entre ellos, la consecución de ciertos objetivos:
administraciones públicas eficaces y poco costosas, un marco
institucional y legal democrático y estable, instituciones
financieras competentes, empresas bien gestionadas.
En todo caso, en el inmediato futuro, parece que esos países han de
seguir caracterizados por un peso elevado de la agricultura, y una
especialización de la producción en sectores industriales
tradicionales, como ensamblado, productos agrícolas, servicios
turísticos, etc. La apertura hacia el Oeste puede dar lugar a una
cierta colonización de determinados sectores, al nacimiento de nuevos
mercados y, quizá, al establecimiento de plataformas comerciales
enfocadas a zonas económicas exteriores a la Unión (Rusia, Asia
central, etc.).
2. Consideración específica de los Estados candidatos
Se expone seguidamente la situación de cada uno de los países
candidatos a la adhesión que han sido incluidos por la Comisión
Europea en la primera tanda de negociaciones. La mayoría de los datos
e informaciones que se transcriben proceden de las fichas temáticas
elaboradas por el grupo de trabajo «Ampliación» de la Secretaria del
Parlamento Europeo.
Tras la información relativa a cada país, se incluye un resumen de la
exposición realizada por su Embajador en España ante la Ponencia para
el estudio y discusión del proceso de ampliación de la Unión Europea
y Agenda 2000, de la Comisión Mixta para la Unión Europea.
CHIPRE
Chipre es un país insular, con una superficie de 9.251 kilómetros
cuadrados, y una población de unos 741.000 habitantes, repartidos en
una comunidad greco-chipriota (630.000 habitantes), una comunidad
turco-chipriota (89.000 habitantes) y otros 22.000 habitantes de
diferente origen.
Chipre, antigua colonia británica, alcanzó la independencia el 16 de
agosto de 1960. La Constitución de 1960
instituyó una República presidencialista y un Estado único, en cuyo
seno la comunidad greco-chipriota (en aquella época, el 82 por ciento
de la población) y la comunidad turco-chipriota (aproximadamente, el
18 por ciento de la población) se repartían el poder en una
proporción del 70 por ciento-30 por ciento. A partir de finales de
1963 se produjeron enfrentamientos violentos entre las dos
comunidades. La ONU estimó que ello representaba una amenaza para la
seguridad internacional, por lo que su Consejo de Seguridad creó la
llamada UNFICYP, cuya misión era mantener la paz y la seguridad en la
isla. En 1974, las medidas en favor de la Enosis (unión con Grecia)
apoyadas por la Junta militar griega desembocaron en un golpe de
Estado contra el Presidente Makarios el 15 de julio de 1974. Como
consecuencia, Turquía intervino militarmente en el norte de Chipre el
20 de julio de 1974, ocupando el 37 por ciento del territorio de la
isla. El 18 de agosto de 1974 entró en vigor un alto el fuego. El
periodo subsiguiente se caracterizó por el desplazamiento de la
población greco-chipriota y la destrucción de su patrimonio cultural
en la zona norte. En esta última se proclamó en noviembre de 1983 la
República turca del norte de Chipre. El Consejo de Seguridad de la
ONU consideró ilegal esta declaración. Desde entonces, la ONU ha
realizado varios intentos para solucionar el conflicto por medios
pacíficos. No se han alcanzado resultados y hoy persiste la división
de la isla.
De conformidad con la Constitución de 1960, Chipre es una República
presidencialista. Su Presidente es elegido para un mandato de cinco
años y ejerce el poder ejecutivo por medio de un Consejo de ministros
designado por él. Las últimas elecciones presidenciales tuvieron
lugar en febrero de 1998, siendo reelegido el Presidente saliente,
señor Glafcos Clerides. El poder legislativo lo ejerce la Cámara de
Representantes; antes de la división de la isla estaba integrada por
56 miembros greco chipriotas y 24 turco-chipriotas; en la actualidad,
se compone exclusivamente de los 56 arriba citados.
La división del país ha venido causando una situación de tensión
política y militar en la zona, de enfrentamiento, latente o actual,
entre Grecia y Turquía, de transferencias de población y de
restricciones a la libertad de desplazamiento de las personas.
Situación económica
La estructura económica es la de un país moderno, con un sector
agrario que, en 1997, representaba un 4 por ciento del PIB, un sector
industrial, con el 23 por ciento, y un sector servicios que alcanzaba
el 73 por ciento. La renta per cápita se eleva, según el Banco
Mundial, a 13.000 dólares. La situación del mercado de trabajo es de
práctico pleno empleo, pues la tasa media de paro en el período 1993-
97 ha sido del 2,9 por ciento. La tasa de inflación ha pasado del 2,6
por ciento en 1995 a 3,6 por ciento en 1997, algo superior a la
comunitaria. Recientemente, el déficit presupuestario se ha
incrementado, pasando del 1 por ciento en 1995 al 5,1 por ciento en
1997. También aumentó la deuda pública, pasando del 51,9 por ciento
del PIB en 1995 al 55,5 por ciento en 1997.
La política macroeconómica pretende mantener la estabilidad
macroeconómica para lograr un crecimiento sostenido. Chipre se
compromete a cumplir los criterios de convergencia durante los
próximos cinco años para poder participar en la UEM poco después del
ingreso en la Unión. Asimismo, se desarrollan reformas estructurales
para reducir las rigideces del mercado y mejorar la asignación de
recursos. Recientemente, el Gobierno aprobó un programa
presupuestario para reducir el déficit por debajo del 3 por ciento
del PIB en los próximos cinco años, manteniendo la deuda pública por
debajo de 60 por ciento del PIB.
En el sector financiero, se están liberalizando los movimientos de
capital, pero fortaleciendo la supervisión bancaria. En cuanto a la
política cambiaria, la libra chipriota está vinculada al ecu desde
1992 y tiene un margen de fluctuación del 2,25 por ciento. Las
autoridades han anunciado que la moneda se vinculará al euro,
manteniendo la paridad.
Relaciones con la Unión Europea
Parten del Acuerdo de asociación de 1972. Un protocolo de 1978 prevé
el establecimiento de una unión aduanera. Desde el 1 de enero de 1998
sólo algunos productos agrícolas e industriales están excluidos del
régimen de libre circulación de mercancías. La UE es el principal
socio comercial de Chipre, destacando la participación del Reino
Unido. Ahora bien, el país tiene un déficit comercial con la Unión
que en 1997 ascendió a cerca de 1.560 millones de ecus. La UE ha
concedido a Chipre asistencia financiera por unos 136 millones de
ecus en forma de ayudas no reembolsables y préstamos del BEI; además
se beneficia del programa MEDA, establecido a raíz de la Conferencia
de Barcelona de 1995.
Los órganos de cooperación son el Consejo de Asociación y la Comisión
Parlamentaria Mixta.
La República de Chipre solicitó la adhesión el 4 de julio de 1990 y
la solicitud se refería a la totalidad de la isla. Los dirigentes de
la zona turco-chipriota han rehusado participar en este proceso y
amenazado con integrar la zona norte en Turquía.
La Comisión emitió el 30 de junio de 1993 un dictamen favorable a la
elegibilidad de Chipre.
En la Agenda 2000, la Comisión declara que las negociaciones de
adhesión con Chipre deberán iniciarse seis meses después de la
conclusión de la CIG. La Comisión destaca el elevado grado de
desarrollo económico y el dinamismo de Chipre, pero insiste en el
problema de la división del país. Hace referencia a los intentos de
solución del conflicto para finalizar afirmando que «si no se avanza
en este sentido (la solución política del conflicto) antes de la
fecha prevista para el inicio de las negociaciones, éstas se
iniciarían con el Gobierno de la República de Chipre, la única
autoridad que goza de reconocimiento internacional».
El Parlamento Europeo, en su Resolución de 4 de diciembre de 1997
sobre la Agenda 2000 formula una declaración del impuso político, al
proponer «que la Unión emprenda una política más activa con respecto
a Chipre, con vistas a contribuir de forma efectiva a la restauración
de su integridad y a promover la búsqueda de una solución política».
Seguidamente, se refiere, con detalle, a la situación del país cara a
la adhesión. La Cámara:
«Confirma su posición expresada en la mencionada Resolución de 12 de
julio de 1995 y que las negociaciones de adhesión con Chipre deben
iniciarse en un plazo de seis meses tras la conclusión de la
Conferencia Intergubernamental, tal y como ya ha señalado en
distintas ocasiones el Consejo Europeo»; «insta al Consejo y a la
Comisión a que hagan todo lo posible para favorecer una solución
pacífica de la cuestión chipriota, de conformidad con las
Resoluciones de las Naciones Unidas, sin que las negociaciones de
adhesión con el Gobierno chipriota se asocien a la solución de esta
diferencia y pide a la Comisión que convenza a las dos comunidades de
la isla acerca de las ventajas que representa la adhesión a la Unión
Europea y que asocie a ambas comunidades en el proceso de
ampliación»; «insta a la Comisión y al Consejo a tener en cuenta la
óptima situación económica y financiera de la República de Chipre,
que permitiría a la isla respetar desde el principio los criterios
para la UEM, situación que facilita las negociaciones de adhesión,
las cuales no deben depender en modo alguno de la evolución de las
relaciones con Turquía y deberán terminarse en breve».
El Consejo Europeo de Luxemburgo de diciembre de 1997 decidió que el
proceso de ampliación se iniciase el 30 de marzo de 1998, mediante la
creación de un dispositivo marco único para todos los Estados
candidatos. La apertura oficial de negociaciones tuvo lugar el 30 de
marzo de 1998.
El 31 de marzo de 1998 se convocó una conferencia intergubernamental
bilateral para comenzar las negociaciones con Chipre sobre las
condiciones de su admisión en la Unión y las adaptaciones de los
Tratados que se derivan de esta admisión. Las instituciones europeas
han lamentado que la oferta de incluir a un representante de la
comunidad turco-chipriota en el equipo de negociaciones hecha por el
Presidente Clerides inmediatamente después de su reelección haya sido
rechazada por el Sr. Denktash. Esta oferta, sin embargo, se mantiene.
La situación de bloqueo actual no debería tener influencia alguna en
el proceso de negociaciones emprendido exclusivamente con la
República de Chipre.
El Consejo de los días 12 y 13 de diciembre de 1997 decidió una
estrategia de preadhesión particular para Chipre, basada en:
- La participación en distintas acciones concretas, en particular en
los ámbitos del refuerzo de la capacidad administrativa y
jurisdiccional, de la justicia y de los asuntos de interior;
- la participación en determinados programas y en distintas agencias
comunitarias (siguiendo la pauta marcada para los demás Estados
candidatos a la adhesión), como Leonardo, Sócrates, La juventud por
Europa, Ariane, Raphael, Caleidoscopio, y el Cuarto Programa Marco de
Investigación Científica y Tecnológica. El Quinto
Programa Marco de Investigación debería firmarse próximamente.
- la utilización de la asistencia técnica ofrecida por TAIEX
(Technical Assistance Information Exchange Office).
A diferencia de los países de la Europa Central y Oriental, Chipre no
necesita una colaboración de cara a la adhesión financiada en el
marco del Programa Phare. Sin embargo, Chipre debe participar con los
demás países de la Europa Central y Oriental en los aspectos de la
estrategia de preadhesión que figuran a continuación:
- La familiarización con el funcionamiento y las instituciones de la
Unión Europea,
- los programas comunitarios,
- la asistencia técnica para la adopción del acervo comunitario.
Estas actividades podrían financiarse en el marco del Cuarto
Protocolo financiero, que incluye 74 millones de ecus. La parte
chipriota desea además que se incluya a Chipre en la lista de países
beneficiarios de los Fondos estructurales y de ayudas en materia de
agricultura.
El examen analítico o screening empezó en abril de 1998 y se
prolongará hasta julio de 1999.
El informe de la Comisión, que no se puede referir al conjunto de la
isla debido a la negativa de la parte norte de participar en las
negociaciones, es muy positivo en lo que respecta a la adopción por
Chipre del acervo comunitario, sobre todo en lo relativo a la Unión
Aduanera. La Comisión indica los sectores en los que se deben llevar
a cabo esfuerzos, en particular: las actividades extraterritoriales,
el sector financiero, los transportes marítimos, las
telecomunicaciones, la justicia y los asuntos de interior. Por otra
parte, y en relación con estos mismos sectores, Chipre debe reforzar
su capacidad administrativa.
Cuatro Estados miembros (Francia, Italia, Alemania y Países Bajos)
expresaron el 9 de noviembre de 1998 reservas respecto de la adhesión
de Chipre en tanto que persista la división del país.
El Parlamento Europeo ha adoptado el 15 de abril del presente año una
Resolución sobre el Informe Periódico de la Comisión sobre los
progresos realizados por Chipre en la vía de la adhesión. El texto es
muy elogioso, aunque breve, en cuanto a los progresos realizados por
el país cara a la adhesión pero, más que entrar en detalle sobre las
cuestiones técnicas relativas a la integración, se ocupa de los
problemas políticos de la participación. Así, lamenta la declaración
de varios Estados miembros, antes mencionada, expresando reservas
sobre la adhesión y expone toda una serie de declaraciones y
propuestas dirigidas a las partes en conflicto, a las instituciones
comunitarias, a los Estados miembros de la Unión y a los órganos de
las Naciones Unidas destinadas a alcanzar una solución negociada del
contencioso.
El Informe de la Comisión de 13 de octubre de 1999 mantiene, en
general, la línea de opiniones precedentes. Se señalan, sin embargo,
ciertas insuficiencias en cuanto a la incorporación de algunas normas
comunitarias, en particular por lo que respecta al medio ambiente, la
política
social, la justicia y los asuntos de interior. Además, han de
establecerse algunas instituciones en las áreas de
telecomunicaciones, libre circulación de mercancías, justicia
y asuntos de interior.
Resumen de la exposición del Embajador de Chipre, Excmo. Sr. D.
Christos Psilogenis, ante la Ponencia para el estudio y discusión del
proceso de ampliación de la Unión Europea y Agenda 2000, de la
Comisión Mixta para la Unión Europea
El Embajador señala que el primer Acuerdo de Asociación entre la UE y
Chipre se firmó en diciembre de 1972. La invasión turca de la isla
tuvo lugar en 1974, con repercusiones económicas muy serias y amplios
desplazamientos de población. En julio de 1990 Chipre solicitó la
adhesión a la UE y el 30 de junio de 1993 la Comisión emitió una
opinión favorable a la candidatura chipriota. En abril de 1993
comenzaron las negociaciones de adhesión. Desde 1997 se han firmado
cuatro protocolos financieros entre Chipre y la UE; el último llega
hasta 1999, con una dotación de 74 millones de ecus. Estos protocolos
se destinan a preparar la economía chipriota para la adhesión.
El Embajador alude seguidamente a los criterios de Copenhague. El
país cumple las exigencias de estabilidad política, régimen
democrático, imperio de la ley, respeto de los derechos humanos y
protección de las minorías. Ahora bien, la situación en esta materia
aparece condicionada por la partición del país. En la zona ocupada
turco-chipriota, los derechos humanos básicos, en particular, de los
refugiados griegos, han sido seriamente afectados, sobre todo, la
libertad de movimientos, la propiedad y el derecho de instalación. En
la zona greco-chipriota hay pleno respeto de los derechos humanos y
respeto de las minorías. En la zona ocupada por los turcos, en su
momento la más rica de la isla, hoy el PIB per cápita es de unos
4.000 dólares, mientras que en la zona greco-chipriota el mismo
indicador alcanza los 13.000 dólares Respecto de la economía de
mercado, Chipre está ya funcionando con un régimen similar al de la
UE y no cabe esperar cambios sustanciales. También en materia de
política exterior y de seguridad común, hay una esencial conformidad
entre la política chipriota y las decisiones comunitarias.
Los indicadores económicos principales son los siguientes: la tasa de
desempleo es de un 3,5 por ciento de la población activa; la
inflación, un 3,6 por ciento para 1997; el tipo de interés a largo
plazo, 6,8 por ciento; el déficit fiscal, único criterio de
Maastricht que no se cumple, es del 5,1 por ciento; la deuda pública,
el 56,7 por ciento del PNB; la moneda es estable y está ya vinculada
al ecu. Se han establecido veintitrés grupos de trabajo para ocuparse
de la incorporación del acervo comunitario.
La adhesión a la Unión es un gran desafío para los chipriotas. Se ha
ofrecido a los turco-chipriotas la posibilidad de participar en el
proceso y la han rechazado. No sería lógico castigar por ello a la
población chipriota,
bloqueando la adhesión: ésta no es sólo para los griegos, es también
para los chipriotas turcos, para toda la población de Chipre.
ESLOVENIA
Tiene una superficie de 20.273 kilómetros cuadrados y una población
algo inferior a dos millones de habitantes. La población está
compuesta, mayoritariamente de eslovenos (87,8 por ciento), pero hay
minorías significativas de croatas, serbios, musulmanes, húngaros,
italianos y alemanes.
El país se declaró independiente de la República Federal de
Yugoslavia el 25 de junio de 1991. La Unión Europea reconoció su
independencia en 1992. El país mantiene algunos conflictos con
Croacia y con la República Federal de Yugoslavia y no tiene
relaciones diplomáticas con esta última.
De acuerdo con la Constitución de 1993, Eslovenia es un Estado social
y democrático de Derecho. Su Parlamento es bicameral. La primera
Cámara es la Asamblea Nacional, compuesta por 90 miembros, que tienen
un mandato de cuatro años. La segunda Cámara, con funciones
esencialmente consultivas, es el Consejo Nacional, de 40 miembros;
estos tienen un mandato de cinco años y representan a municipios y
asociaciones profesionales, sociales, económicas y comerciales. El
Presidente, con funciones representativas, es actualmente el señor
Milan Kukan. El Gobierno lo ejerce una coalición de partidos, siendo
Primer Ministro el Sr. Janez Drnovsek, del Partido de la Democracia
Liberal (LDS).
Situación económica
Con un nivel de desarrollo relativamente alto, destaca respecto de
los demás países surgidos de la antigua Yugoslavia. Como los demás
países de la zona, a comienzos de los años cincuenta su estructura de
base era esencialmente agrícola. El régimen comunista desarrolló la
industria, principalmente de transformación de metales básicos,
fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipos. A partir de
ahí, se ha producido una diversificación hacia sectores como el
químico, eléctrico, alimentario y maderero. En los últimos años, la
inversión bruta ha ido aumentando, del 18,6 por ciento del PIB en
1992 al 22,1 por ciento del PIB en 1996, pero esta tendencia debe
continuar para alcanzar los niveles de los Estados miembros actuales.
El país ha avanzado en los dos objetivos de estabilizar la economía y
reducir la inflación. Esta última se ha visto influida, a la baja por
la moderación salarial y al alza por la liberalización de los precios
de la energía; por ello, en el bienio 1996-1997, el índice de precios
al consumo ha superado el 9 por ciento. El PIB ha crecido un 3,8 por
ciento en 1997 y esto debería continuar, impulsado, en buena medida,
por las exportaciones. Este crecimiento se distribuyó de forma
equilibrada entre los diferentes sectores industriales y los
servicios. El crecimiento superior de las exportaciones respecto de
las importaciones ha permitido reducir entre 1996 y 1997 el déficit
comercial en cuatro décimas del PIB. La tasa de
desempleo se ha mantenido estable los últimos años en torno al 14,3
por ciento. El déficit público se agravó en 1997, pero se pretende
reducirlo a un 1 por ciento del PIB. El 1º de julio de 1999 se
pretende implantar el IVA.
La reestructuración del sistema productivo sigue su curso en el
sector industrial, habiendo casi finalizado el proceso de
privatización. Por contra, se retrasa la reestructuración del sector
financiero, poco competitivo y faltan por privatizar dos bancos
públicos.
Relaciones con la Unión Europea
El 1 de septiembre de 1993 Eslovenia asumió los derechos y
obligaciones derivados del Acuerdo de cooperación de 1980 con la
antigua Yugoslavia. Este Acuerdo fue sustituido por el Acuerdo
Europeo de 10 de junio de 1996. Se puede dividir en tres partes. La
primera trata de cuestiones políticas; la segunda se refiere al
comercio entre la Unión y Eslovenia; la tercera es relativa a la
cooperación técnica y financiera. El Acuerdo prevé tres
instituciones: el Consejo de Asociación, formado por los Ministros de
Asuntos Exteriores, el Comité de Asociación, formado por altos
funcionarios, y el Comité Parlamentario Mixto, formado por miembros
del Parlamento Esloveno y miembros del Parlamento Europeo.
Eslovenia recibe ayuda técnica y financiera de la Unión en el marco
de los programas PHARE. Los créditos PHARE para Eslovenia ascendieron
entre 1992 y 1998 a 107 millones de ecus. El programa PHARE para
Eslovenia se dividió en los siguientes sectores:
- Administración e instituciones públicas.
- Formación, investigación y ciencia.
- Infraestructuras (energía, transporte, telecomunicaciones).
- Sector privado, reconstrucción y privatización.
- Programas sociales y fomento del empleo, así como programas
multidisciplinarios.
El 10 de junio de 1996, día de la firma del Acuerdo Europeo,
Eslovenia presentó su solicitud de adhesión a la UE.
La Comisión, en la Agenda 2000, recomendó la apertura de
negociaciones de adhesión con Eslovenia, al estimar que el país
cumple las garantías necesarias para un desarrollo democrático y
respetuoso de los derechos humanos y se encuentra en el camino
adecuado para cumplir el criterio económico, así como para asumir el
acervo comunitario.
El Parlamento Europeo en su Resolución de 4 de diciembre de 1997
sobre la Agenda 2000, respecto de Eslovenia:
«Reconoce el dinamismo económico que caracteriza a Eslovenia y que ha
permitido a este país alcanzar el nivel más alto de renta per cápita
de los países candidatos;
Toma nota del hecho de que este país respeta los criterios
establecidos en Copenhague y de la decisión del Parlamento esloveno
de ratificar el acuerdo europeo con la Unión y de adoptar las
modificaciones constitucionales exigidas.»
El Consejo Europeo de Luxemburgo, el 12 y 13 de diciembre de 1997,
acordó que el proceso de adhesión comenzase el 30 de marzo de 1998.
La Comisión presentó en el Consejo el 15 de marzo de 1998 las
prioridades a corto y medio plazo que debería cumplir Eslovenia.
Prioridades a corto plazo (que se deberían cumplir antes del final de
1998):
- Reforma económica (reforma de las pensiones, reconversión de
empresas y del sector bancario y financiero con una orientación al
mercado).
- Mercado interior (armonización fiscal, liberalización del mercado
de capitales).
- Reforma de las capacidades institucionales y administrativas
(mejora de la administración de justicia, mejora institucional en los
asuntos medioambientales).
- Derecho de la propiedad (aclaración de las modalidades en la
adquisición de propiedad).
- Medio ambiente (planificación y aplicación de normas).
Prioridades a medio plazo:
- Criterios políticos (mejora de la administración de justicia y de
la devolución de propiedades).
- Política económica (aproximación de la economía al nivel de la UE,
aplicación del acervo, aproximación a los criterios de convergencia
del euro).
- Reforma de las capacidades institucionales y administrativas
(supervisión del mercado de seguros, culminación de la legislación
sobre competencia, mejora del nivel de formación del personal).
- Mercado interior (liberalización del mercado de capitales y mejora
de la legislación parra inversiones extranjeras, protección del
consumidor).
- Política en el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior
(culminación de la adaptación a los convenios internacionales, en
especial en los campos de la delincuencia, la lucha contra el crimen
organizado y la corrupción, transposición de la legislación de
inmigración, así como de procedimientos de asilo, conforme al Acuerdo
de Schengen).
- Seguridad nuclear (en lo tocante a la central nuclear de Krsko).
- Agricultura (reconversión del sector alimentario agrícola).
- Transportes (mejora de las infraestructuras en los ferrocarriles y
carreteras).
- Empleo y asuntos sociales (mejora de las estructuras del mercado
laboral, mejora de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres).
- Medio ambiente (vigilancia de las normas de medio ambiente, mejores
controles de la contaminación industrial).
- Política regional y cohesión (garantía de un marco administrativo y
financiero para las disparidades de las diferentes regiones).
El 30 de marzo de 1998, Eslovenia presentó su programa nacional para
la adopción del acervo comunitario (PNAA), documento en que se
identifican las prioridades que corresponden a la asociación para la
adhesión. Pero, Eslovenia se ha limitado a las prioridades a corto
plazo, que debían cumplirse antes del final de 1998.
La Comisión ha realizado un examen analítico (screening), capítulo
por capítulo, sobre el estado de integración del acervo comunitario
y, en diciembre de 1998, presentó un informe a este respecto. La
situación eslovena se caracteriza, de modo general, por la lentitud
de la armonización de la legislación con el acervo comunitario.
Para concluir, el informe de la Comisión señala que Eslovenia debe:
- Insistir en los procesos judicial y parlamentario y velar por que
se respeten las obligaciones derivadas del acuerdo europeo en materia
de adquisición de bienes inmuebles;
- en el aspecto económico, acelerar las reformas estructurales y
reforzar los mecanismos de mercado liberalizando los movimientos de
capitales, suprimiendo la indexación y limitando la intervención del
Estado en la economía;
- adecuar su legislación sobre mercados públicos, bancos, seguros,
derecho de sociedades y productos industriales (de hecho, se trata de
prioridades a corto plazo que no se han cumplido).
En cambio, Eslovenia ha demostrado su compromiso integral respecto a
los objetivos de la PESC.
El Parlamento Europeo ha adoptado el 15 de abril del presente año una
Resolución sobre los progresos realizados por Eslovenia en la vía de
la adhesión. Se refiere detalladamente tanto a los avances como a las
insuficiencias del proceso. Así, mientras «toma nota de los progresos
realizados por Eslovenia en la vía de la adhesión, en particular en
lo relativo a la convergencia de las posiciones en materia de
política exterior y de seguridad y la mejora continua de los
principales indicadores macroeconómicos», por otro lado «lamenta los
escasos progresos realizados en materia de adopción del acervo
comunitario, lo que ha valido las críticas de la Comisión,
compartidas por las propias autoridades eslovenas».
Posteriormente, en su Informe de 13 de octubre de 1999, la Comisión
reconoce que el país ha realizado considerables esfuerzos para
corregir las insuficiencias señaladas. Así, se declaran progresos en
la legislación sobre mercado interior y en materia de empleo y
asuntos sociales. Por contra, es menos satisfactoria la situación
respecto de la reforma de la Administración pública y del aparato
judicial; falta también bastante por hacer para la puesta en marcha
de numerosas instituciones creadas recientemente y para la aplicación
efectiva de muchas medidas, entre otras razones, por la insuficiencia
de las dotaciones presupuestarias.
Resumen de la exposición del Embajador de Eslovenia, Excmo. Sr. D.
Ciril Çtokelj, ante la Ponencia para el estudio y discusión del
proceso de ampliación de la Unión Europea y Agenda 2000, de la
Comisión Mixta para la Unión Europea
El Embajador comienza afirmando que Eslovenia era, en el momento de
su independencia, una de las repúblicas yugoslavas más desarrolladas
y orientadas hacia el mercado europeo y que hoy es un país
relativamente bien preparado para integrarse de pleno derecho en la
Unión, con cuyos Estados miembros comparte valores culturales,
humanísticos y sociales. Eslovenia suscribió el Acuerdo Europeo con
la Unión el 10 de junio de 1996, solicitando a la vez formar parte de
la Unión Europea como miembro de pleno derecho. El Parlamento
esloveno ratificó aquel Acuerdo el 15 de julio de 1997, tras aceptar
las enmiendas constitucionales referidas al derecho de los
extranjeros de detentar la propiedad de inmuebles. Eslovenia, como ha
confirmado la Comisión Europea en su primera opinión, está cumpliendo
en gran medida las condiciones y los objetivos fijados en Copenhague:
su sistema legal y su Administración se inspiran en los principios
democráticos fundamentales, la economía de mercado y el respeto de
los derechos humanos y el Gobierno está comprometido en una rápida
incorporación del acervo comunitario. Esto último es la tarea
prioritaria y las autoridades son conscientes de lo que falta por
hacer en varios ámbitos: reducción en la demora de los procesos
judiciales, postura más favorable hacia la inversión extranjera,
mayor transparencia en los concursos públicos y en las aportaciones a
las empresas privadas, reforma del sistema de pensiones, formación de
los empleados públicos, implantación del IVA.
Los objetivos políticos están, en gran medida, cumplidos. Las
elecciones parlamentarias de 1992 y 1996 fueron libres, transparentes
y carentes de irregularidades. Los partidos de la oposición son
respetados. Los derechos humanos son protegidos. Quizá haya que
lamentar la lentitud del sistema judicial en el proceso de devolución
de los inmuebles arrebatados a sus propietarios tras la II Guerra
Mundial.
En el terreno económico, Eslovenia ha reorientado su comercio hacia
los mercados de la Unión Europea, que supone casi un 65 por ciento de
sus intercambios. Los últimos años, las tasas de crecimiento han sido
un 5,3 por ciento en 1993, 3,9 por ciento en 1994, 3,1 por ciento en
1995 y 1996 y el año pasado un 3,8 por ciento. El PIB per cápita es
casi el 60 por ciento del promedio comunitario. La estructura del PIB
es la siguiente: la agricultura representa el 4,3 por ciento, la
industria un 38,3 por ciento y los servicios el 57 por ciento
restante. El sector agrario se compone principalmente de pequeñas
explotaciones, de productividad baja; su rama más importante es la
ganadería. El país es importador neto de productos agrícolas y no
cabe pensar que el sector agrario suponga una carga grave para la
Unión Europea.
Respecto de la economía en general, la mano de obra es altamente
cualificada y el desempleo se sitúa en un 7,1 por ciento. La
inflación ha bajado drásticamente en los últimos años: de ser un 550
por ciento en 1990, pasó
al 20 por ciento en 1994, un 6,5 por ciento el año pasado y se espera
que este año sea el 5 ó 6 por ciento. El déficit presupuestario se
estima en un 0,8 por ciento del PIB y la deuda pública un 28,8 por
ciento.
La privatización ha concluido en gran medida, pero falta aún por
hacer en los sectores bancarios, las aseguradoras y las
telecomunicaciones. También faltan por concluir las reformas fiscal y
de la Seguridad Social.
Respecto de las negociaciones para la adhesión, desde 1997 funciona
la Oficina del Gobierno para los Asuntos Europeos y se ha nombrado un
ministro para los Asuntos Europeos, que coordina todas las
actividades del proceso negociador. En cuanto a la negociación
propiamente dicha, Eslovenia ha pasado satisfactoriamente la fase de
screening y ha presentado sus posiciones negociadoras en quince
áreas. No se prevén problemas ni se consideran necesarios períodos
transitorios en política industrial, pequeña y mediana empresa,
investigación y ciencia, formación, telecomunicaciones y tecnología
de la información, seguridad y asuntos exteriores, pesca,
estadística, protección de los consumidores y salud. Por contra, se
estima la necesidad de períodos transitorios para los sectores de
cultura y política audiovisual, unión aduanera, relaciones económicas
exteriores y ayudas al desarrollo y libre circulación de bienes.
El embajador finaliza declarando que la opinión pública eslovena es
mayoritariamente (el año pasado un 64 por ciento) favorable a la
integración en la UE y que estima que el coste del proceso para la
Unión no será elevado.
POLONIA
El país tiene una superficie de 313.895 kilómetros cuadrados y una
población de 38,8 millones de habitantes, compuesta mayoritariamente
de polacos (98 por ciento), aunque hay minorías significativas de
alemanes, ucranianos y bielorrusos; de todas formas, no hay tensiones
étnicas o nacionalistas.
Desde la caída del régimen comunista, se ha producido una cierta
alternancia política. El primer gobierno conservador fue perdiendo
apoyo por la dureza e impopularidad de las reformas, que provocaron
la contracción de la actividad económica, aumento del paro y descenso
del nivel de vida. Ello propició que, entre 1995 y 1997, gobernara la
Alianza de la Izquierda Democrática, es decir, los antiguos
comunistas. En las elecciones de septiembre de 1997, el
reagrupamiento de la derecha conquistó de nuevo el poder.
Hoy, Polonia es una República, cuya Constitución vigente data de
1997. Su Presidente es el Sr. Aleksander Kwasniewski. El Presidente
del Gobierno es el Sr. Jerzy Buzek, de la Alianza Electoral
Solidaridad (AWS). La Asamblea legislativa o SEJM tiene 460 escaños y
el Senado 100.
La situación social es razonablemente estable, aunque siguen
presentes los sacrificios del pasado, lejano y reciente. En ocasiones
se producen episodios de descontento social, como la venta de los
astilleros de Gdansk, en septiembre de 1998, con los consiguientes
despidos.
Situación económica
La participación del sector público en la economía ha ido
disminuyendo regularmente desde comienzos de los años 90, y hoy se
estima aproximadamente en un 30 por ciento. Se ha privatizado la
mayoría de las pequeñas empresas, pero queda por hacer la
privatización de las más grandes, especialmente en los sectores de
las telecomunicaciones, la banca, los seguros y la energía. En 1997,
el sector primario representaba aproximadamente un 6 por ciento del
PIB (aunque emplea casi a la cuarta parte de la población activa), la
industria un 39 por ciento y los servicios un 55 por ciento.
La tasa de crecimiento ha sido elevada los últimos años, incluso en
torno al 7 por ciento en 1995 y 1997; para 1999 se estima en un 5,2
por ciento. El crecimiento está impulsado por un sector privado muy
dinámico, una fuerte demanda interna, un elevado consumo, sobre todo
privado, y una cuantiosa inversión bruta en bienes de equipo. La
inflación ha pasado del 35,3 por ciento en 1993 al 15,9 por ciento en
1997, como consecuencia de las medidas de política económica y de
ajuste; se espera que en 1999 se sitúe en torno al 11 por ciento. El
déficit era de un 4,2 por ciento en 1997 y el Gobierno pretende
eliminarlo hacia el 2001 ó 2002. La tasa de paro, que era de un 14,3
por ciento en 1992 bajó al 10,6 por ciento en 1997; de todas formas,
las privatizaciones previstas deberán lógicamente incrementar la tasa
de paro en un próximo futuro.
El sector primario se compone principalmente de pequeñas
explotaciones, que se han modernizado y que pueden suponer un fuerte
desafío para el sector agrario de la Unión actual. El país es un
importante productor de patata y remolacha y tiene un buen potencial
exportador de cereales.
La industria se ha desarrollado rápidamente, sobre todo en el sector
privado. Destacan los transportes, los productos eléctricos y
electrónicos, los textiles y el papel.
La minería del carbón y la siderurgia, sectores tradicionalmente
básicos de la economía del país, deberán afrontar reestructuraciones
costosas, con sustanciales reducciones de empleo.
En los servicios, el turismo, que parte con unas condiciones de baja
calidad, tiene un buen futuro.
El sector financiero está en plena fase de reestructuración
y privatización.
El Gobierno se ha comprometido a una política fiscal rigurosa, a la
que deben contribuir el fuerte crecimiento económico y los beneficios
de la privatización.
El país atraviesa una situación histórica de gran interés. Tiene aún
que llevar a cabo importantes reformas y la incorporación del acervo
comunitario impone cambios sustanciales en su aparato institucional y
legal, pero el dinamismo de la sociedad polaca y la calidad de sus
dirigentes infunden confianza en los inversores occidentales.
Relaciones con la Unión Europea
El Acuerdo europeo entre Polonia y la UE se firmó en diciembre de
1991 y entró en vigor el 1 de febrero de 1994, tras un período
transitorio de dos años. Sus instituciones son el Consejo de
Asociación, un Comité de Asociación, que dirige las operaciones de
gestión interna, y la Comisión Parlamentaria Mixta.
Polonia presentó su solicitud de adhesión a la UE el 5 de abril de
1994.
La Comisión emitió su opinión en la Agenda 2000. Constata que Polonia
reúne las características propias de una democracia dotada de
instituciones sólidamente establecidas y que garantizan la existencia
de un Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos, así como
el respeto y la protección de las minorías. Sería deseable, a medio
plazo, una participación de pleno derecho de Polonia en el mercado
único, siempre y cuando el país asuma nuevos esfuerzos a fin de
satisfacer el acervo en materia de agricultura, medio ambiente y
transportes. Por ello, la Comisión recomienda iniciar las
negociaciones de adhesión con Polonia.
El Parlamento Europeo, en su Resolución de 4 de diciembre de 1997
sobre la Agenda 2000, respecto de Polonia:
«Es consciente de que Polonia es con ventaja el mayor de los países
candidatos y de que su adhesión tendrá un efecto muy importante en
las actuales políticas de la UE; toma nota de los enormes progresos
de reforma realizados desde 1989, pero señala que siguen siendo
necesarios nuevos cambios y medidas de reforma en sectores como las
industrias de propiedad estatal, la agricultura, el transporte, el
medio ambiente y el control de las fronteras;
Da por supuesto que una estrategia de preadhesión reforzada ayudará a
resolver a medio plazo los problemas estructurales, económicos y
medioambientales de Polonia así como a mejorar su capacidad para
controlar efectivamente sus fronteras exteriores.»
El Consejo Europeo de Luxemburgo, de diciembre de 1997, decidió que
el proceso de adhesión se iniciase el 30 de marzo de 1998. En la
primavera de 1998 se convocó una conferencia gubernamental bilateral
con Polonia (como con los otros candidatos de la primera tanda).
La estrategia de preadhesión ha supuesto la fijación de prioridades a
corto y a medio plazo. Son las siguientes:
Prioridades a corto plazo (se han de alcanzar antes del final de
1998):
- Reforma económica (reducción del déficit comercial, aceleración de
la privatización de las empresas públicas, reestructuración de la
industria del carbón y del acero y saneamiento del sector
financiero).
- Mercado interior (regulación de las ayudas estatales,
liberalización del mercado de capitales).
- Reforma de las capacidades institucionales y administrativas
(especialmente en materia de: aduanas, supervisión de ayudas
estatales, justicia, control financiero, sector veterinario,
fiscalidad ambiental y política regional).
- Política judicial y política interior (mejora de los trámites
aduaneros, de los sistemas de control y formalización de visados, en
especial en las fronteras con Bielorrusia y Ucrania).
- Medio ambiente (desarrollo y ejecución de programas y estrategias).
- Agricultura (elaboración de una política de desarrollo estructural
y rural coherente, adopción de medidas de ejecución en el sector
veterinario, sobre todo en lo que respecta a inspecciones y controles
de cara a proteger las futuras fronteras exteriores de la UE).
Prioridades a medio plazo:
- Criterios políticos (garantía constante de la libertad de prensa y
acceso con igualdad de derechos a los servicios públicos). El
Parlamento Europeo es de la opinión de que esto debería constituir
una prioridad a corto plazo.
- Política económica (adaptación de la política económica y monetaria
a los criterios de convergencia de la Unión Monetaria).
- Reforma de las capacidades institucionales y administrativas
(creación de un departamento anticorrupción y de un Tribunal de
Cuentas nacional, fortalecimiento de las capacidades de control
financiero, perfeccionamiento del sistema judicial).
- Mercado interior (mejora de la legislación sobre competencia,
mejora de las prestaciones financieras, protección del consumidor).
- Política judicial y política interior (aumento de la eficacia de la
lucha contra el crimen organizado, introducción del nuevo
procedimiento de concesión de asilo, introducción del derecho de
extranjería), puesta en marcha de la reforma.
- Agricultura (conversión del sector alimentario, mejora de los
procedimientos del sector alimentario, armonización de conjunto de
acuerdo con el acervo comunitario con vistas a una política agrícola
común (PAC)).
- Transporte (mejora de las infraestructuras del transporte con vista
a las redes transeuropeas).
- Empleo y asuntos sociales (mejora de las estructuras del mercado de
trabajo, adaptación, lo más rápida posible, de la legislación a las
normas de la UE en materia de protección del trabajo y la salud).
- Medio ambiente (creación y desarrollo de estructuras y capacidades
de control, mejora de la gestión de los recursos hídricos y de la
eliminación de residuos).
- Política regional y cohesión (creación y adaptación de las
estructuras administrativas y de las fuentes de financiación con
vistas a la participación en las medidas estructurales de la UE).
Las negociaciones bilaterales comenzaron el 31 de marzo de 1998 y a
fines de abril se inició la evaluación analítica o screening, que
continúa.
En mayo de 1998, la Comisión polaca para la integración europea (KIE)
presentó el programa nacional polaco de preparación para la adhesión
(PNAA). Este documento debe ser revisado y actualizado cada año.
La ayuda financiera obtenida por Polonia ha sido, en líneas
generales, la siguiente:
En el marco de PHARE, obtuvo 2024 millones de ecus en el período
1990-1999. El importe de 1998 fue de 178 millones de ecus.
La ayuda financiera en el marco de PHARE se repartirá de la manera
siguiente:
- 30 por ciento para la consolidación de las instituciones
democráticas, consolidación de estructuras administrativas, formación
del personal para la aplicación del acervo comunitario;
- 70 por ciento para inversiones en sectores específicos que permitan
la adaptación al conjunto de disposiciones: agricultura, medio
ambiente, cofinanciación de proyectos de infraestructura, desarrollo
de las PYME.
En noviembre de 1998, la Comisión transmitió su informe sobre el
progreso realizado hacia la adhesión por este país. Considera que los
resultados económicos de Polonia son alentadores; a pesar del impacto
de la crisis rusa, los inversores comunitarios se mantienen en
Polonia. No obstante, algunos ámbitos exigen progresos importantes:
el sector judicial, la privatización de la economía, la continuación
de las reestructuraciones (carbón, acero) y la modernización de la
agricultura, así como el medio ambiente y las ayudas estatales.
En otro orden de cosas, Polonia se ha ajustado a la PESC, a pesar de
la divergencia sobre Bielorrusia.
El Parlamento Europeo, en su Resolución de 25 de abril de 1999 sobre
el informe periódico de la Comisión relativo a los progresos
realizados por Polonia en la vía de adhesión, distribuye tanto
elogios como advertencias sobre la marcha del proceso de adhesión.
Así, mientras «manifiesta su satisfacción por los rápidos progresos
en el screening del acervo comunitario y el comienzo del proceso de
negociaciones», declara la necesidad de profundas reestructuraciones
en sectores tan sensibles como el siderúrgico y el agrario y urge a
la pronta realización de las privatizaciones de los grandes
consorcios estatales. Insta también a la adopción de toda una serie
de medidas, de las que se pueden señalar, a título indicativo, las
relacionadas con la conservación del medio ambiente y la lucha contra
la corrupción.
El Informe de la Comisión de 13 de octubre de 1999 contiene tanto
elogios sobre los progresos realizados en algunos ámbitos como
críticas sobre la lentitud en el desarrollo de otros o las
insuficiencias que persisten para alcanzar los niveles exigibles.
Así, se consideran satisfactorios los avances en algunos sectores de
la organización administrativa, de la reestructuración industrial y
en los ámbitos de justicia y asuntos de interior. Por contra, se
estima insuficiente la incorporación de la legislación comunitaria en
lo que respecta al mercado interior, libre circulación de las
personas, ayudas estatales y medio ambiente. Una tarea especialmente
importante para la economía del país, que es la reforma de las
estructuras agrícolas, no se está desarrollando a ritmo
satisfactorio, lo que pudiera dificultar la aplicación, en su
momento, de la Política Agrícola Común.
Resumen de la exposición del Embajador de Polonia, Excmo. Sr. D.
Wladyslaw Klaczynsti, ante la Ponencia para el estudio y discusión
del proceso de ampliación de la Unión Europea y Agenda 2000, de la
Comisión Mixta para la Unión Europea
El Embajador comienza afirmando que la ampliación significa que
Europa será más estable, más democrática y más segura. Polonia quiere
ser miembro de la Unión Europea por motivos históricos, políticos y
económicos. Polonia es un país europeo, vinculado a la historia y la
cultura del continente. Además, es miembro de la OTAN
libertades democráticas de sus ciudadanos; ello debe servir también
para liquidar las tensiones étnicas y políticas. En lo económico, la
ampliación supone la apertura de nuevos mercados, 60 millones más de
consumidores en una primera fase, 100 millones, en una fase ulterior.
El precio de esta operación es difícil de calcular, pero,
probablemente hubiera sido mayor el de la continuación de la guerra
fría. Es necesario aumentar el techo de los ingresos presupuestarios
del 1,27 al 1,31.
Hoy Polonia no está todavía preparada para la ampliación, pero está
obteniendo muy buenos resultados económicos y sigue realizando los
cambios necesarios para la integración del acervo comunitario.
Polonia cumple sin duda las exigencias políticas: es un Estado
democrático y sus instituciones y sus leyes garantizan y protegen las
libertades de los ciudadanos. No hay problemas con minorías étnicas.
La prensa, radio y televisión son independientes y libres. El país
mantiene relaciones amistosas con todos los vecinos, incluida Rusia.
En cuanto al sistema económico, las tendencias son muy positivas
desde hace tres o cuatro años. En 1997, el crecimiento del PIB era un
6,9 por ciento, uno de los más altos de Europa. La tasa de inflación
pasó del 13 por ciento a menos del 10 por ciento este año,
esperándose que sea del 5 por ciento para el 2000-2001. Los últimos
ocho años, el valor de 500 inversiones extranjeras ha superado los
20.000 millones de dólares. Queda por realizar la privatización de
los sectores estratégicos: minería, siderurgia, astilleros,
combustibles, energía, pero más del 60 por ciento del PIB está creado
por el sector privado. Se prevén este año un déficit del 1,8 por
ciento del PIB y una deuda pública de menos del 50 por ciento del
PIB. El talón de Aquiles de la economía es el elevado déficit del
comercio exterior: en 1997 las importaciones de bienes de la UE
alcanzaron la cifra de 31.000 millones de dólares y las exportaciones
polacas a esa área se cifraron en 18.000 millones de dólares.
Las relaciones entre Polonia y España son muy buenas y las relaciones
bilaterales se han elevado a un nivel especial y privilegiado. Los
intereses de los dos países son comunes y apenas hay competición
seria entre ellos. La visión de las instituciones europeas es también
parecida: los dos países persiguen una unión integrada, solidaria,
social, dotada de mecanismos eficaces para la toma de decisiones y
con buenos instrumentos de control democrático.
Respecto del estado actual de las negociaciones con la Unión, no hay
serios problemas de política exterior ni en los sectores de la
ciencia, las telecomunicaciones, la educación, la cultura, la
política audiovisual, la legislación de sociedades y la política
industrial. La parte polaca tiene reservas en cuanto a la duración
del proceso de screening, que, estima, se está alargando demasiado.
No debiera ser necesario tener que esperar a que la Unión resuelva
sus problemas financieros y de reforma de las instituciones.
En cuanto a la opinión pública, esta es mayoritariamente (quizá un 70
por ciento) favorable a la integración, aunque algunos sectores
sociales, como los agricultores, tienen dudas y temores.
El Embajador hace también observaciones sobre los problemas de
algunos sectores sensibles de la economía polaca, como la
agricultura, la minería, la siderurgia o el sector energético.
Recuerda la colaboración de las autoridades polacas con las
comunitarias en diversos ámbitos, como el policial y el control de
fronteras, y se declara convencido de que su país podrá formar parte
de la Unión Económica y Monetaria para el año 2005.
REPÚBLICA CHECA
La República Checa tiene una superficie de 78.886 kilómetros
cuadrados y una población de 10.304.302 millones de habitantes. Hay
que prestar especial atención a la existencia de la minoría de la
etnia «roma».
Nació tras la disolución de la República Federal Checoslovaca el 1 de
enero de 1993, disolución que fue aprobada por el Parlamento pero que
no contó con la aprobación mayoritaria de los ciudadanos, a tenor de
las encuestas. En 1989 la llamada «Revolución de terciopelo» había
acabado con el sistema comunista llegado al poder en 1949. El foro
cívico fue la plataforma de organizaciones aglutinadora de las
exigencias de cambio. En 1990 las elecciones fueron ganadas por el
foro cívico, del que luego derivó su escisión el Partido Democrático
Cívico (ODS) bajo la dirección del Ministro de Economía Vaclav Klaus.
El ODS ha mantenido la mayoría hasta las elecciones de junio de 1998
en que el principal partido de la oposición, Partido Socialdemócrata
Checo (CSSD) obtuvo 74 escaños mientras que el Partido Cívico
Democrático (ODS) obtuvo 63. El Gobierno actual está liderado por el
Partido Socialdemócrata Checo bajo la dirección de Milos Zeman y
cuenta con el apoyo del Partido Cívico Democrático bajo la dirección
de Vaclav Klaus.
La Constitución fue aprobada en diciembre de 1992 e instituyó un
poder judicial independiente con cinco niveles jurisdiccionales y un
Tribunal Constitucional formado por 15 jueces nombrados por el
Presidente a propuesta del Senado. Existen dos Cámaras: la Cámara
Baja tiene 200 miembros elegidos por 4 años por un sistema de
representación proporcional y un umbral del 5 por ciento para obtener
representación. La Cámara Alta o Senado tiene 81 representantes de
circunscripciones electorales que son elegidos por mayoría relativa a
dos vueltas. El Presidente es elegido por ambas Cámaras y tiene
poderes limitados. Desde 1998 ostenta la Presidencia de la República
Vaclav Havel líder del conocido documento Carta 77 que estuvo en el
origen del forum cívico.
La situación política actual está marcada por tensiones continuas
entre el Gobierno socialdemócrata y los demócratas cívicos. A pesar
de ello, sus respectivos líderes afirman que se mantendrá la
estabilidad. Además del Partido Comunista, existe una coalición
cuatripartita que se ha formado con la finalidad de oponerse a los
acuerdos entre el CSSD y el ODS. En abril de 1999 la República Checa
ingresó en la OTAN. Existe una campaña contra la corrupción generada
en los múltiples procesos de privatización de las empresas
nacionales. Hay diversos problemas en torno a la seguridad de la
construcción de la central nuclear de Temelín, problemas que han
llevado a Austria a poner de manifiesto su oposición, dado
que se construye en un lugar próximo a su frontera. También debe
resaltarse algún problema con Alemania debido a que no se ha
producido ninguna devolución a los ciudadanos alemanes que vieron
confiscadas sus propiedades en los Sudetes. Sin embargo, el Ministro
de Asuntos Exteriores alemán Joschka Fischer ha manifestado que
Alemania no pondrá reparos a la ampliación por ese motivo.
Situación económica
La herencia del sistema comunista es una economía basada en el
desarrollo de la industria pesada con un sector agrícola pequeño. En
1992 comenzó un programa de privatizaciones con participación de los
ciudadanos a través de los Fondos de Inversión para la Privatización.
Las intromisiones de los bancos han provocado diversas dificultades
que llevaron al Gobierno en abril de 1997 a introducir un «paquete de
estabilización» de la economía que hiciera frente al creciente
déficit presupuestario y a los desequilibrios en el comercio
exterior. Algunas de las medidas consistían en la reducción de la
carga fiscal de las empresas, recortes del gasto, limitación de los
salarios del sector público, depósitos obligatorios para las
importaciones y en general medidas de reforma estructural. A pesar
del paquete de medidas, en mayo de 1997 el país abandonaba el tipo de
cambio fijo optando por una flotación gestionada y medidas aún más
estrictas para la estabilización. Entre las reformas estructurales
cabe destacar la aceleración de la privatización de empresas
estratégicas, así como de los bancos, la creación de la Comisión de
Valores y Cambios en abril de 1998, la mejora de la legislación
mercantil y de prevención de la delincuencia financiera y diversos
incentivos para la inversión extranjera.
Aún no ha terminado la privatización prevista por el Gobierno de los
cuatro bancos principales, pero está muy avanzada. El sector bancario
tiene importantes puntos débiles entre los que cabe destacar la baja
calidad de los préstamos y una capitalización insuficiente. Además
existen diferencias entre las opiniones económicas del Gobierno y la
autonomía del Banco Central, que provocan roces entre ambos.
Desde 1993 hasta 1996 la tasa de desempleo fue relativamente baja.
Desde 1996 ha ido aumentado paulatinamente hasta llegar al 7,5 por
ciento de la población activa en la actualidad.
En enero de 1999 el Parlamento aprobó el Presupuesto para este año
basado en la estimulación de la economía. Se prevé un déficit del 1,7
por ciento del PIB. El Banco Central ha reducido los tipos de interés
hasta el 8,75 por ciento. En diciembre de 1998 se produjo una caída
de precios de un 0,2 por ciento que puso de relieve las dificultades
económicas. En enero de 1999 la tasa de inflación interanual era de
6,8 por ciento y el índice de inflación neta del 1,7 por ciento
anual. El Gobierno afronta en la actualidad la tarea de evitar que se
agrande el déficit por cuenta corriente así como de aumentar la
competitividad de las exportaciones para facilitar la inversión
extranjera directa que permita un reestructuración de todo el sector
de industria pesada.
Las previsiones para 1999 no son optimistas, habiéndose reducido la
previsión del producto interno bruto del 1,5 por ciento de
crecimiento que preveía el Presupuesto a una contratación anual en
términos reales del 0,2 por ciento. El Gobierno también rebajó su
aspiración final del PIB de 1998 a una contracción del 2,6 por
ciento.
Se espera que el desempleo aumente hasta el 8,4 por ciento durante
este año y que la inflación media se rebaje del 6,9 por ciento en
1998 al 5,1 por ciento. El Banco Central ha reducido progresivamente
los tipos de interés conforme disminuye la inflación.
En resumen, se puede señalar que los problemas más importantes se
centran en la necesidad de completar la privatización de los cuatro
bancos principales (en la actualidad se ha privatizado uno y medio)
así como la reestructuración y reconversión de la industria pesada y
armamentística que permanece todavía muy obsoleta. Todo ello debería
incentivar la inversión extranjera directa que tanto se necesita.
Relaciones con la Unión Europea
El Parlamento Europeo, aprobó una Resolución el 4 de diciembre de
1997 sobre la comunicación de la Comisión: «Agenda 2000». En ella, el
Parlamento «pide a las autoridades checas que mejoren sensiblemente
el funcionamiento del sistema judicial especialmente con el fin de
garantizar juicios equitativos en períodos de tiempo aceptables y
establecer rápidamente una política global que tenga como objetivo
evitar cualquier tipo de discriminación o marginación de la minoría
roma». Además «opina que la estrategia hacia la adhesión constituye
una buena oportunidad para que la República Checa proceda a la
necesaria modernización de la Administración del Estado reformándola
según los principios de calidad y de eficacia, y para proceder a
aquellas reformas económicas que sean compatibles, por una parte, con
el funcionamiento del mercado interior de la Unión Europea (por
ejemplo sobre la estructura bancaria y financiera nacional) y, por
otra, con la construcción de un modelo social de tipo europeo que
permita una fuerte lucha contra el desempleo y el mantenimiento de un
estado social próximo a las exigencias de la población».
Las negociaciones de adhesión con la República Checa comenzaron en
mayo de 1998 después de la Conferencia de Londres. En septiembre de
1998 había finalizado el escrutinio de doce capítulos de la acervo
señalándose por la Comisión que existían claras dificultades en su
aplicación si bien no se apreciaban problemas importantes en la
adopción de la acervo. Después de haber presentado la República Checa
su posición respecto a las negociaciones sobre los primeros
capítulos, durante la Presidencia austríaca se iniciaron las
negociaciones detalladas sobre los cinco primeros.
En noviembre de 1998 la Comisión publicó su primer informe periódico.
En él señalaba que «la República Checa sigue cumpliendo los criterios
políticos establecidos en Copenhague, si bien hay que prestar
especial atención a la situación de la etnia roma en la sociedad
checa» y añadía «puede considerarse que la República Checa constituye
una economía de mercado que funciona y que
debería poder hacer frente a las presiones competitivas de las
fuerzas de mercado dentro de la Unión Europea a medio plazo, siempre
que mejore la gestión de las empresas y acelere la reestructuración
de las mismas». Finaliza indicando « la República Checa debería poder
asumir las obligaciones de la adhesión siempre que impulse con
prontitud la adopción del acervo comunitario y el fortalecimiento de
las estructuras administrativas conexas a fin de compensar la
lentitud de los avances del año precedente, en particular en los
ámbitos del mercado interior, la agricultura y la justicia y asuntos
de interior».
Durante la Presidencia alemana de la Unión Europea se iniciaron
negociaciones detalladas sobre los capítulos relativos a política
industrial, telecomunicaciones, pesca, estadísticas, protección de
consumidores, unión aduanera, relaciones exteriores, derecho de
sociedades y política de competencia. El 22 de junio de 1999 se
inició (en el marco de conferencias intergubernamentales bilaterales
entre los 15 y cada uno de los 6 candidatos) la confirmación
y aprobación formal de los resultados de las negociaciones celebradas
entre los Embajadores de los Estados Miembros ante la Unión Europea y
los Jefes Negociadores de los seis países candidatos el 19 de abril
y el 19 de mayo de 1999. Además comenzó la negociación del capítulo de
libre circulación de mercancías. Las negociaciones ya se han cerrado
de forma provisional para la República Checa en materia de protección
de consumidores, pesca, estadísticas y telecomunicaciones.
El Consejo Europeo de Colonia celebrado los días 3 y 4 de junio de
1999 acogió favorablemente los resultados positivos de la segunda
ronda de negociaciones sustanciales en el primer semestre del 99 con
la República Checa. Existió además una referencia expresa a los
niveles de seguridad nuclear en Europea central y oriental, lo que
podría interpretarse como una señal positiva para la construcción de
la central nuclear de Temelín.
Al finalizar septiembre de 1999 los capítulos de: política
industrial, investigación, pequeña y mediana empresa, así como
educación, se han considerado provisionalmente cerrados.
En octubre de 1999 la Comisión ha elaborado un nuevo informe sobre la
adhesión en el que señala que el Gobierno de la República Checa ha
tenido problemas en el campo de la legislación, al no haber obtenido
la cooperación necesaria de su Parlamento.
Los mayores problemas legislativos se localizan en: propiedad
intelectual, protección de datos, seguros, normas anti-trust, ayudas
estatales y medio ambiente.
Se reconocen sin embargo los esfuerzos en materia de política
regional y estructural, liberalización de los mercados de capitales,
y reforma de la administración y de la justicia.
Es necesario incidir en la política de transporte, agricultura,
veterinaria, salud e higiene laboral y lucha contra el crimen y la
corrupción.
En términos generales la Comisión ha considerado que la República
Checa no ha hecho todos los esfuerzos que puede y aunque va
cumpliendo en cuanto a sus reformas económicas, homologación de
standars y certificaciones, desarrollo regional y veterinaria, no
está abordando con igual eficacia la reestructuración industrial, el
aumento de la capacidad administrativa, el mercado interno, la
justicia y el medio ambiente.
Resumen de la exposición del Embajador de la República Checa, Excmo.
Sr. D. Milos Lexa, ante la Ponencia para el estudio y discusión del
proceso de ampliación de la Unión Europea y Agenda 2000, de la
Comisión Mixta para la Unión Europea
El Embajador se refirió en primer lugar a los dos motivos principales
por los que la República Checa desea incorporarse a la Unión Europea.
El primero es un motivo político y está directamente relacionado con
la confirmación de la posición checa en Europa, en un mundo
democrático. Si bien la integración del estado checo en Europa ha
sido históricamente grande, desde el dictado de Munich se inició la
«mala suerte histórica de Chequia», pasando a ser ocupada por la
Alemania nazi y posteriormente por el imperialismo soviético. Con la
vuelta de la democracia en 1989 después de cincuenta años, la
República no quiere quedarse nunca más aislada tal y como sucedió en
los años 1938, 1948 y 1968. El segundo motivo para desear la adhesión
a la Unión Europea es la voluntad de buscar en el Mercado Único de la
Unión Europea nuevas oportunidades comerciales y económicas. Tal y
como ha reconocido la Comisión, la República Checa fue siempre un
país bastante desarrollado especialmente en el período de
entreguerras no sólo política sino también económicamente.
Tras la caída del comunismo se han producido amplios cambios sociales
y reestructuraciones difíciles. En primer lugar se llevó a cabo la
transformación del sistema económico, lo que significaba resolver la
cuestión de la propiedad, es decir, «privatizar toda la esfera de la
producción, comercio y servicios en una escala en la que en ningún
lugar se había abordado antes, y restituir la función del libre
mercado» para ello y como requisito previo, fue necesaria la creación
de una nueva legislación con estabilización de la moneda, eliminación
del sistema de subvenciones, adaptación de nuevos mecanismos
sociales, etc.
En la actualidad el sector privado participa en la producción del PIB
en casi un 80 por ciento y la privatización continúa.
A pesar de los esfuerzos realizados, el Gobierno checo considera que
se puede mejorar. En el contexto económico, el Embajador señaló que
su país ocupaba el segundo lugar entre los candidatos de primera fila
tras Eslovenia. La inflación ha variado en los últimos años entre un
8 y un 10 por ciento lo cual no cumple los criterios de Maastricht. A
pesar de todo, esta cifra es una de los mejores resultados entre los
países de Europea central y del este. Un aspecto positivo es el
funcionamiento de la agricultura. En este sector trabaja menos del 5
por ciento de los trabajadores y la cifra sigue disminuyendo;
participan un 4,5 por ciento del PIB, pudiendo considerarse como una
agricultura de buenos rendimientos. Los agricultores checos reciben
un volumen de subsidios tres veces menor del que reciben los
agricultores de la Unión, y así lo ha señalado la OCDE.
El mercado interior está ampliamente liberalizado quedando sólo
algunos sectores por privatizar por motivos sociales y que
gradualmente se irán liberalizando.
El paro se situaba en 1998 en un 6,5 por ciento siendo las
expectativas para el año 1999, de un 8 por ciento.
Parte del éxito económico de la República se basa en el crecimiento
del intercambio de mercancías con el extranjero. El comercio con la
Unión Soviética había alcanzado en los años 80 el 70 por ciento del
total del comercio exterior de Chequia, y en la actualidad ha
disminuido a un 5 por ciento mientras que los países de la Unión
acaparan hoy el 60 por ciento de las transacciones comerciales
exteriores.
En cuanto a las estructuras que preparan la adhesión, en el Gobierno
se ha creado un Comité Gubernamental para la Integración Europea
encabezado por el Viceprimer Ministro. En el Parlamento existe la
Comisión para la integración europea. Se ha elaborado un programa
nacional de preparación para la adhesión. Se calcula que será
necesaria la redacción de unas 500 leyes para la transposición del
acervo y se prepara la codificación de la superioridad de los
Convenios Internacionales de derechos humanos frente al derecho
nacional.
El apoyo de la opinión pública ha crecido en los últimos años desde
un 48 por ciento en 1996 a un 58 por ciento en 1997, cifra que se
mantuvo durante el año 98. La población contraria a la adhesión es un
22 por ciento mientras que el 20 por ciento no tiene opinión. El
Gobierno checo reconoce la importancia de las reformas
institucionales y financieras en el seno de la Unión y sólo espera
que las mismas no vayan en perjuicio de los futuros miembros. La
ratificación de dicha reforma podría realizarse junto con la
ratificación de los acuerdos de la adhesión.
Se trabaja con la fecha del año 2003 para estar preparados.
Los sectores que más necesitarán el apoyo económico de la Unión
Europea son: medio ambiente e infraestructuras.
Conclusiones del viaje realizado por una delegación de la Ponencia
para el estudio y discusión del proceso de ampliación de la Unión
Europea y Agenda 2000 a la República Checa, los días 3 a 5 de mayo de
1999
Está asegurada la estabilidad política a medio y largo plazo pese al
complejo panorama de alianzas en el Gobierno.
No existen graves problemas económicos aunque quedan diversos
sectores por privatizar, fundamentalmente el bancario, así como es
necesario continuar con la reconversión de la industria pesada y
armamentística.
Los ciudadanos alemanes cuyas tierras fueron confiscadas en los
Sudetes por el Gobierno checo después de la II Guerra Mundial, no han
visto satisfechas sus pretensiones de devolución puesto que sólo se
ha devuelto lo expropiado desde 1948. La única excepción a esta regla
es que la devolución se produce siempre a los ciudadanos de religión
judía.
Las dos cuestiones básicas son :
- Necesidad de consolidación de las estructuras jurídicas públicas y
privadas, tanto a nivel de formación de abogados y juristas como a
nivel legislativo.
- Lenta adaptación de la mentalidad a la sociedad de mercado.
En términos generales se han producido cambios muy importantes en muy
poco tiempo, por lo que el conjunto del proceso debe valorarse de
forma positiva.
ESTONIA
Estonia tiene una superficie de 45.227 kilómetros cuadrados y una
población de 1.453.200 habitantes existiendo una importante minoría
rusa.
A lo largo de su historia sólo ha sido independiente desde el año
1918 a 1940. Desde junio de 1941 hasta 1944 permaneció ocupada por el
ejército alemán; y desde 1944 hasta 1991 se prolongó la ocupación por
las tropas soviéticas.
La evolución política desde el año 1991 se ha caracterizado por la
inestabilidad en los pactos de gobierno. Si en las elecciones
legislativas de marzo de 1995 asumió el poder una coalición de centro
izquierda, los comicios de marzo de 1999 dieron el poder a una nueva
coalición formada por tres partidos, esta vez de centro derecha.
La Constitución data de junio de 1992 y establece la existencia de un
Parlamento Nacional formado por una Asamblea unicameral con 101
escaños, cuyos Diputados son elegidos directamente con un umbral del
5 por ciento de los votos. La duración de la legislatura es de cuatro
años. El sistema electoral consagra una representación proporcional y
no permite el voto de las minorías en las elecciones generales, pero
sí pueden hacerlo en las municipales. El Jefe del Estado es en la
actualidad Lennart Meri, que ostenta su cargo desde octubre de 1992,
habiendo sido reelegido en septiembre de 1996. La Constitución
consagra la independiencia del Poder Judicial, la existencia de
Tribunales de distrito, así como de un Tribunal Nacional que es el
tribunal más alto del país.
Existe un alto grado de consenso político acerca de las reformas
económicas, jurídicas y estructurales necesarias para la adhesión a
la Unión Europea.
Algunas de las tareas más importantes que tiene que abordar el nuevo
Gobierno, según el Parlamento Europeo son: la reforma agraria, la
reorganización judicial, el descontento de ciertos sectores de la
población, el desarrollo regional y la puesta en marcha del programa
nacional de integración de los no estonianos (la minoría rusa
representa un 28,5 por ciento de la población).
Situación económica
Estonia ha sido una de las zonas más ricas de la Unión Soviética. No
obstante, la rápida transición a la economía de mercado provocó una
gravísima decadencia económica en 1991 y 1992. Apartir de 1995 se ha
producido una recuperación muy rápida debido al gran crecimiento del
sector servicios y a la recuperación de industrias tradicionales,
como la industria manufacturera y el trabajo de la madera.
En 1997 el PIB aumenta en un 11,7 por ciento siendo este índice uno
de los más elevados del mundo, y su inflación baja hasta el 11,2 por
ciento, con un nivel de desempleo del 3,6 por ciento y un aumento de
la productividad de un 14 por ciento. Sólo existen dos indicadores
preocupantes que son el déficit de la balanza comercial y la deuda
exterior, ambos con tendencia ascendente.
Algunos de los sectores que han sufrido un desarrollo más
espectacular han sido la industria papelera, la electromecánica y la
industria maderera. En el año 1998 el crecimiento se mantuvo pero no
alcanzó las cifras altísimas de 1997. Las privatizaciones se han
llevado a cabo con éxito especialmente en cuanto a los servicios
públicos y la propiedad de la tierra.
Las expectativas de crecimiento para 1999 son muy positivas y se
mantiene la tendencia alcista de los dos indicadores señalados.
Relaciones con la Unión Europea
El 11 de mayo de 1992, Estonia firmó un Acuerdo de Comercio y
Cooperación económica con la Unión Europea.
El 18 de julio de 1994 firmó otro Acuerdo con la Unión, esta vez, de
Libre Cambio.
El 12 de junio de 1995 se firmaba el Acuerdo de Asociación con la
Unión Europea, y el 24 de noviembre del mismo año, Estonia depositaba
su demanda oficial de adhesión.
El 16 de julio de 1997 la Comisión europea presentó la Agenda 2000 en
la que recomendaba admitir desde 1998, las negociaciones de adhesión
con Estonia además de con otros países.
El 4 de diciembre de 1997 el Parlamento Europeo señalaba en una
Resolución sobre la Agenda 2000 que acogía con satisfacción los
avances positivos realizados por Estonia, pero indicó que era
necesario continuar los esfuerzos para la aplicación del acervo
comunitario, la mejora de la calidad de la administración pública, la
ampliación de la ciudadanía a los miembros de los grupos
minoritarios. El 11 de marzo de 1998 el Parlamento Europeo volvió a
aprobar dos Resoluciones; la primera sobre la propuesta de Reglamento
relativo a la asistencia a favor de los países de Europea central y
oriental candidatos a la adhesión a la Unión Europea en el marco de
una estrategia de pre-adhesión, y la segunda sobre las propuestas de
decisión del Consejo relativas a los principios, prioridades,
objetivos intermedios y condiciones de las asociaciones para la
adhesión con países candidatos. Respecto a Estonia se subrayaron dos
temas importantes: reconocimiento pleno de los derechos de la minoría
rusa y de las demás minorías residentes en Estonia así como necesidad
de abolición de la pena de muerte.
El 16 de marzo de 1998 el Consejo adoptaba sin debate el Reglamento
de base por el que se establece el marco jurídico para las distintas
asociaciones de adhesión.
El 30 de marzo de 1998 la Presidencia británica del Consejo
felicitaba al Parlamento de Estonia por la ratificación del protocolo
número 6 del Convenio europeo para la protección de los derechos
humanos, por el que queda abolida la pena de muerte.
En el marco de una Conferencia Intergubernamental Bilateral el 31 de
marzo de 1998 se abrían las negociaciones de adhesión de Estonia,
destacándose la armonización en materia de política regional, social
y de medio ambiente, como la cuestión que mayor atención requería.
La Comisión ha manifestado su opinión respecto a Estonia indicando
que es un sistema democrático eficaz en el que se debe mejorar el
funcionamiento de la justicia y prestar atención a la lucha contra la
corrupción. Debe procederse a la equiparación de los rusos con los
nativos. Las tasas de crecimiento económico interior son muy elevadas
y la inflación decreciente, pero es necesario llevar a cabo la
reforma del suelo y del sistema de pensiones. Deben realizarse
inversiones en infraestructuras, en transporte, pesca y agricultura y
no descuidar el proceso de reforma de la legislación. Un objetivo
importante debe ser la formación de la infraestructura administrativa
necesaria para la aplicación eficaz del acervo comunitario.
El 22 de junio de 1999, siempre en el marco de la Conferencia
Intergubernamental entre los quince y Estonia, se produjo una reunión
de sus respectivos Ministros de Asuntos Exteriores cuyo objetivo fue
formalizar y aprobar formalmente los resultados de las negociaciones
celebradas durante la Presidencia alemana, que afectaron a ocho
capítulos del acervo comunitario.
En los capítulos de política industrial, protección de consumidores,
estadísticas, telecomunicaciones, pequeña y mediana empresa,
educación e investigación las negociaciones entre Estonia y la Unión
Europea ya se han cerrado provisionalmente.
El 15 de abril de 1999 el Parlamento Europeo aprobó una Resolución
sobre el Informe periódico de la Comisión sobre los progresos
realizados por Estonia en la vía de la adhesión. En dicha Resolución
el Parlamento Europeo:
- Toma nota del amplio apoyo con que cuenta en Estonia la adhesión a
la Unión Europea.
- Acoge con satisfacción la abolición de la pena de muerte en Estonia
en marzo de 1998 y solicita que se realicen más mejoras en las
condiciones de detención preventiva y penitenciarias.
- Acoge con satisfacción las enmiendas a la Ley de nacionalidad
aprobadas en diciembre de 1998.
- Pide a la Comisión y al Gobierno de Estonia que compensen los
costes sociales asociados al proceso de reestructuración económica y
financiera con mayores medidas de acompañamiento sociales y
económicas, así como apoya la propuesta de la Presidencia alemana de
ampliar el ámbito del programa Phare al ámbito social.
- Subraya la necesidad de reforzar las medidas anticorrupción.
- Hace hincapié en la importancia de la construcción de fronteras
exteriores seguras.
- Pide a la Comisión que fomente al máximo la capacidad de Estonia a
participar en la política relativa a la dimensión septentrional, por
ejemplo mediante ayudas al desarrollo de sus infraestructuras y
transporte, telecomunicaciones y energía.
- Reitera su opinión de que debería juzgarse a cada país candidato
por sus propios méritos.
- Pide al Consejo y a la Comisión que en cooperación con el Gobierno
de Estonia, elaboren un calendario específico para las negociaciones
de adhesión.
- Pide que se permita a los representantes de los Parlamentos de los
países candidatos, además del intercambio de información e ideas con
las Comisiones parlamentarias mixtas, asistir a reuniones de las
Comisiones del Parlamento Europeo como observadores cuando traten
asuntos relativos a la ampliación.
El Consejo Europeo de Colonia los días 3 y 4 de junio de 1999 acogió
favorablemente los resultados positivos de la segunda ronda de
negociaciones sustanciadas en el primer semestre de 1999 con Estonia
e indicó que la Unión abrirá las negociaciones lo antes posible en
todos los capítulos de negociación durante el año próximo.
En octubre de 1999 el nuevo documento de la Comisión sobre la
ampliación ha señalado que los avances de Estonia en materia de:
veterinaria, agricultura, mercado interno, empleo, y asuntos
sociales, han sufrido una ralentización. Hay que remarcar
especialmente el área de homologación standars y certificaciones, así
como el sector clientes.
Los progresos en el ámbito de la administración y la justicia son
limitados, y faltan expertos en Derecho Comunitario; la gente más
cualificada de la administración prefiere trabajar en el sector
privado, a falta de incentivos públicos suficientes. En definitiva,
deben redoblarse los esfuerzos en cuanto a la capacidad y formación
de la administración, así como en el mercado interno.
Resumen de la comparecencia del Encargado de Negocios de Estonia
Excmo. Sr. D. Andrés Tomasberg ante la Ponencia para el estudio y
discusión del proceso de ampliación de la Unión Europea y Agenda 2000
de la Comisión Mixta para la Unión Europea
El Encargado de Negocios se refirió a cuatro asuntos:
Reformas realizadas después de la independencia en 1991: Se han
llevado a cabo dos grandes tareas que son la reconstrucción del
Estado y de las instituciones democráticas así como la creación de
una economía de mercado libre. Los primeros pasos hacia la economía
de mercado fueron difíciles. El 18 de julio de 1994 Estonia firmó un
Acuerdo de Libre Comercio con la Unión que entró en vigor en enero de
1995. Estonia fue el único país que no necesitó ningún período
transitorio. El 12 de junio de ese mismo año firmó un Acuerdo por el
que se convertía en Estado asociado de la Unión. En la actualidad
Estonia aspira a convertirse en miembro de la Organización Mundial de
Comercio y considera que puede asumir un papel relevante en lo
referente a la apertura de nuevos mercados en el Este. La política
económica estoniana tiene como característica la ausencia de cuotas,
nuevo sistema liberal de licencias, bajas tasas, impuestos seguros
y estables y la ausencia de tasación de los artículos en tránsito a
través de su territorio. Los pilares de su política
financiera y monetaria son dos: el equilibrio del presupuesto del
Estado y el sistema monetario basado en el criterio del Comité
Monetario. En 1998 el PIB creció aproximadamente en un 6 por ciento y
se espera que en 1999 crezca alrededor de un 4 por ciento. Se ha
producido la adhesión a cerca de 200 Convenios y Acuerdos
Internacionales sobre promoción y protección de inversiones,
prevención de la doble imposición y libre comercio así como también
diversos Convenios de garantía de los derechos humanos. Con una
moneda estable, una baja inflación, mano de obra altamente
cualificada, economía aperturista y un Gobierno dedicado a la
reforma, las expectativas son favorables a la adhesión.
En segundo lugar se refirió al cumplimiento de los criterios de
Copenhague, indicando que la Comisión Europea ha considerado respecto
a su país, que se produce el cumplimiento de estos criterios. Los
asuntos que deben mejorarse son el proceso de naturalización de los
no ciudadanos, el fortalecimiento del sistema judicial, el
mantenimiento del crecimiento económico con aumento de las reservas
estatales e impulso de la reforma agraria, la mejora de la capacidad
administrativa y la protección del medio ambiente. El Parlamento
estoniano ha aprobado las enmiendas de la Ley de ciudadanía en
diciembre de 1998 para facilitar la integración de los hijos de no
ciudadanos. La estrategia de desarrollo económico de medio plazo
contiene las medidas aplicadas para el año 2002 y la reforma agraria
está acelerándose, esperando que para el año 2000 se haya producido
un 90 por ciento de la misma. Gracias a la valoración de la Comisión
Europea sobre el cumplimiento de los criterios de Copenhague, en
diciembre de 1997 los quince miembros de la Unión aprobaron en
Luxemburgo la propuesta de la Comisión Europea de iniciar las
negociaciones siguiendo el modelo de 5 + 1. Como resultado, en marzo
de 1998 comenzó el screening revisándose por capítulos la capacidad
de los aspirantes. Para abordar este proceso Estonia, creó en 1997 la
Oficina Nacional de Eurointegración bajo el control directo del
Primer Ministro que lleva a cabo la coordinación de las tareas
preparatorias. Esta Oficina ha elaborado un documento que lleva por
título «Los planes de Estonia para la futura integración en la Unión
Europea» que contiene los planes de desarrollo hasta el año 2002 para
adoptar el acervo comunitario y cumplir los criterios de Copenhague.
En septiembre de 1998 Estonia entregó a la Comisión el documento
sobre los progresos experimentados en el último año en dicho ámbito y
en octubre se presentó un anexo al documento recogiendo las
modificaciones efectuadas en el marco administrativo.
En tercer lugar se refirió a las negociaciones, la forma en la que se
han efectuado y los capítulos más problemáticos: el resultado de las
negociaciones de la Cumbre de Luxemburgo fue la creación de una
delegación encabezada por el Ministro de Asuntos Exteriores y
compuesta por 15 miembros especialistas representantes de cada uno de
los Ministerios excepto el de Defensa así como 33 grupos de trabajo.
La delegación ha preparado un proyecto con la postura estoniana que
habrá de ser aprobado por el Gobierno bajo el control de la Comisión
sobre Asuntos para la Unión Europea del Parlamento. La delegación
negociadora se subdivide en dos grandes niveles: la delegación
principal y los jefes de cada grupo de trabajo. Cada grupo se
encarga de un capítulo de la negociación preparando las negociaciones
en el marco del acervo comunitario y efectuando un análisis
comparativo de dicho acervo con la legislación estoniana, elaborando
borradores desde su posición de expertos. En septiembre de 1998
Estonia entregó a Austria su postura acerca de los 12 capítulos
revisados en Bruselas durante el proceso de screening. El 10 de
noviembre se abrieron las verdaderas negociaciones sobre los primeros
siete capítulos. El 27 de enero de 1999 Estonia ha entregado a
Alemania tres posturas más sobre unión aduanera, relaciones
exteriores y política de competitividad. El Gobierno estoniano desea
incrementar los encuentros oficiales entre las comisiones
negociadoras para tratar el mayor número de capítulos y estudiar la
experiencia vivida con anterioridad por los últimos países miembros.
Estonia quiere mantener el derecho de utilizar en su mercado interior
ciertas marcas de fábrica que puedan tener análogos en la Unión
Europea. Son necesarios esfuerzos de protección de la propiedad
intelectual y derechos de autor. Estonia quiere mantener también los
Convenios de libre comercio con Letonia y Lituania hasta que se
produzca la adhesión de ambos países, así como con Ucrania para
algunos grupos de mercancías reglamentadas. El Gobierno estoniano
quiere igualmente conservar los derechos de faenar y las cuotas que
posee actualmente en los Convenios otorgadas por los Convenios
Internacionales en vigor. En el repaso de los distintos capítulos de
la negociación destaca la voluntad de mantener ciertas restricciones
a las inversiones extranjeras en bienes inmuebles y terrenos; como
mínimo se pedirá un periodo transitorio para algunas islas y regiones
fronterizas con Rusia. En el capítulo de Unión Económica y Monetaria
Estonia ha demostrado ser el país mejor preparado y es capaz de
integrarse de forma inmediata en la Unión Monetaria salvo en su
tercera etapa, el uso del Euro. De momento Estonia cumple tres de los
cinco criterios de Maastricht (falta la tasa de inflación e
intereses). Estonia solicitará un periodo transitorio hasta el año
2010 para garantizar los ahorros depositados en las entidades
financieras, periodo transitorio que supone una excepción a la libre
circulación de servicios. También es necesario un periodo transitorio
hasta el año 2010 para poder alcanzar una reserva de combustible
líquido suficiente para 90 días en supuestos de crisis, en lo que se
refiere al capítulo de energía. Para conseguir la apertura del
mercado de producción de electricidad y gas natural se necesita un
periodo transitorio hasta el año 2006. El aspecto más complicado es
la protección del medio ambiente, que también necesita varios
periodos transitorios. Se quieren mantener los derechos de caza de
lobos, osos, linces y castores y en consecuencia se solicitarán los
correspondientes periodos transitorios.
Por último, el Encargado de Negocios se refirió a la opinión pública:
no existe ningún partido político que haya declarado oficialmente su
postura contraria a la adhesión a la Unión Europea. Hace dos años
algunos euroescépticos intentaron crear un partido propio que agrupa
a todos los ciudadanos contrarios a la adhesión alcanzando la cifra
de 200.000 militantes. Pero antes de la celebración de los últimos
comicios se disolvió. ElGobierno anterior y el actual están a favor
de solicitar
periodos transitorios lo más cortos posibles. La Oficina de
Eurointegración ha creado una Subdirección para la información sobre
la Unión Europea que tiene oficinas en todos los municipios y ha
abierto una página web en Internet. Después de cada ronda de
negociación el Ministerio de Asuntos Exteriores está organizando una
sesión informativa. El último sondeo ponía de manifiesto que un 27
por ciento votaría a favor de la adhesión, un 12 por ciento de la
población en contra y un 40 por ciento no lo ha decidido aún.
Comparado con los resultados de 1997 el porcentaje a favor así como
el porcentaje en contra han disminuido. Entre la población de origen
no estoniano el porcentaje a favor es de un 30 por ciento.
HUNGRÍA
Tiene una superficie de 93.030 kilómetros cuadrados con una población
de 10.300.000 millones de habitantes. Existen numerosos grupos de
población de origen húngaro en los países colindantes, especialmente
en Rumanía y en Eslovaquia. Hungría y Rumanía firmaron un Tratado de
Amistad en septiembre de 1996 aunque queda sin resolver la cuestión
de la educación en lengua húngara a nivel universitario en Rumanía.
Las relaciones con Eslovaquia han mejorado desde la reunión de sus
respectivos Ministros de Asuntos Exteriores en noviembre de 1998.
Apartir de esta reunión se acordó la creación de 11 Comités conjuntos
independientes destinados a controlar la aplicación del Tratado de
Base en ámbitos específicos. La República Húngara ha recibido
favorablemente la nueva Ley sobre lenguajes minoritarios.
La Constitución vigente fue aprobada durante el periodo comunista en
1949 y sufrió importantes modificaciones en 1972. A finales de 1989
el Parlamento elegido en 1985 introdujo nuevas modificaciones, y en
el transcurso de los últimos años una Comisión multipartidista ha
estado trabajando sobre una nueva Constitución.
Existe un sistema parlamentario unicameral con una Asamblea Nacional.
De sus 386 escaños 176 se eligen en circunscripciones uninominales
por mayoría absoluta de los votos en primera vuelta o en caso de no
obtenerse la misma por mayoría simple que elija los dos o tres
candidatos más votados en la primera. El resto de escaños se atribuye
en forma proporcional de acuerdo con el número de votos obtenido por
las listas de los distintos partidos a nivel nacional y regional.
Desde 1994 el umbral para la obtención de representación es del 5 por
ciento de los votos.
El Presidente de la República es elegido por un período de cinco
años, por el Parlamento, sus funciones son de tipo protocolario y es
el responsable de gran número de nombramientos políticos.
En las elecciones de mayo de 1998 la Liga de los Jóvenes Demócratas
Partido Cívico Húngaro (FIDESZ) obtuvo 148 escaños y el Partido
Socialista Húngaro (PSH) 134. El Partido de los Pequeños Propietarios
(PPP) obtuvo 48 escaños. La Alianza de los Demócratas Libres (ADL)
24. El Foro Democrático Húngaro (FDH), que fue el partido más votado
en las elecciones legislativas de marzo 1990, obtuvo en 1998 14
escaños.
Las elecciones locales celebradas en octubre de 1998 confirmaron en
líneas generales las tendencias existentes.
Dos asuntos de interés son: la alta tasa de delincuencia organizada y
la polémica social originada en torno a la Ley del aborto de 1992.
Situación económica
A pesar de ser el país más avanzado en el proceso de transición de la
economía planificada hacia una economía de mercado, la caída del
COMECON originó una crisis importante entre 1990 y 1994. En marzo de
1995 el Gobierno estableció un programa de estabilización basado en
una política monetaria y una política presupuestaria. La política
monetaria se caracterizó por la aplicación de un sistema de paridad
con estrechos márgenes de fluctuación que permitió al forinto
mantenerse ligeramente por encima del límite inferior del margen. La
política presupuestaria se basó en una reducción drástica de los
gastos y en fuertes recortes en las transferencias presupuestarias
a las cajas de seguridad social.
Las reformas estructurales más importantes han afectado a la
privatización del sector bancario que se ha realizado en su práctica
totalidad, así como del sector de telecomunicaciones, gas, bancos e
industrias. El resultado del programa de estabilización de 1995 ha
sido una reducción del déficit de la balanza comercial, disminución
de la inflación y disminución de la tasa de paro.
El crecimiento de las exportaciones como consecuencia de la
devaluación del forinto de 1995 se ha visto acompañado por un volumen
regular de inversiones extranjeras directas.
Todo ello ha provocado una aceleración del crecimiento especialmente
en el sector industrial muy desarrollado en sectores como: maquinaria
y herramientas, telecomunicaciones, ofimática y sector del automóvil.
En 1998 el PIB sufrió un aumento del 4,7 por ciento y las inversiones
en capital aumentaron en un 12,1 por ciento.
La evolución del consumo se ha basado en el aumento continuado de los
salarios y la reducción del desempleo, la favorable evolución de la
inflación que en 1998 alcanzó un 14,2 por ciento y la progresiva
disminución de la tasa de paro.
Dos de las más importantes reformas estructurales han afectado a la
adopción de un nuevo régimen de pensiones con reducción de la
cotización patronal y a la terminación de la privatización del sector
bancario.
El Presupuesto previsto para 1999 se basa en un déficit del 4 por
ciento del PIB, y se espera que este déficit sea reducido al 3 por
ciento en el año 2001.
La previsión de crecimiento para el año 1999 es del 5 por ciento, y
la previsión de la tasa de inflación alcanzaría un 10-11 por ciento.
Los últimos análisis económicos indican que la única amenaza real
para la economía húngara consiste en una posible desaceleración del
crecimiento en la Unión Europea, y que son factores de riesgo el
crecimiento constante de los déficits sociales y la decisión del
Gobierno de incrementar las subvenciones agrícolas.
Relaciones con la Unión Europea
Las relaciones diplomáticas entre la Comunidad Europea y Hungría
comenzaron en 1988. En diciembre de 1991 se firmó el Acuerdo europeo
que entró en vigor el 1 de febrero de 1994. Después de haberse
establecido en 1993 los criterios de Copenhague, el 31 de marzo de
1994, Hungría solicitaba la adhesión a la Unión Europea. Tras la
puesta en marcha de la estrategia de pre-adhesión del Consejo Europeo
de Hessen y la elaboración del Libro Blanco aprobado por el Consejo
Europeo de Caen, la Comisión presentó en julio de 1997 su dictamen
sobre Hungría. El 4 de diciembre de 1997 el Parlamento Europeo adoptó
una Resolución sobre la Agenda 2000 en la que respecto a Hungría
repetía la valoración realizada por la Comisión y expresaba su
confianza en que la estrategia de pre-adhesión ayudase a Hungría a
hacer frente a las obligaciones de la adhesión.
Después de la decisión de Luxemburgo el 30 de marzo de 1998 se abría
el proceso de ampliación y el 31 de marzo se iniciaban las
negociaciones.
En noviembre de 1998 la Comisión publicó su primer informe periódico
sobre el progreso realizado con Hungría indicando que ésta seguía
cumpliendo los principales criterios de Copenhague y señalando que
debía luchar más eficazmente contra la corrupción y mejorar la
situación de los gitanos. El Parlamento Europeo no consideró
apropiada la inclusión por parte de la Comisión de la solicitud de
que Hungría mejorase su integración de la minoría gitana. El ritmo de
la transposición se ha mantenido constante y se ha acompañado de
disposiciones institucionales y financieras adecuadas según el
criterio de la Comisión. Es necesario reforzar la transposición en el
ámbito del medio ambiente.
El 15 de abril de 1999 el Parlamento Europeo aprobó una Resolución
sobre el Informe periódico de la Comisión sobre los progresos
realizados por Hungría en la vía de la adhesión, en el que se señala
que:
- El Parlamento se complace de los enormes progresos logrados en la
verificación del acervo comunitario y en el comienzo del proceso de
negociación.
- Insta a la Comisión y al Gobierno húngaro a contrarrestar el coste
social con mayores medidas de acompañamiento y apoya la propuesta de
la Presidencia alemana de ampliar el ámbito de aplicación del
programa PHARE al sector social.
- Acoge con satisfacción la considerable mejora de las relaciones de
Hungría con sus Estados vecinos.
- Opina que el Gobierno húngaro ha realizado un gran esfuerzo desde
1997 para mejorar la calidad de vida de la etnia roma.
- Reconoce los esfuerzos de Hungría por adaptar su legislación a las
disposiciones de la Unión Europea en lo que se refiere a delincuencia
organizada.
- Lucha contra la corrupción y seguridad interior.
- Insta a la Comisión a que en la planificación y gestión de los
recursos PHARE e ISPAparticipen los responsables de la toma de
decisiones a nivel regional y local así como los interlocutores
sociales y las ONG.
- Señala a la Comisión que los recursos destinados a la cooperación
transfronteriza en el marco del programa
PHARE servirán mejor a los modelos de desarrollo mediante la
cooperación en las regiones fronterizas con la Unión Europea si se
utilizan en relación con INTERREG.
- Se refiere a los problemas todavía existentes en el ámbito del
medio ambiente aunque acoge con satisfacción el programa presentado
para los próximos seis años.
- Insta a la Comisión y al Gobierno húngaro a tener en cuenta las
consecuencias sociales de la progresiva liberalización de la compra-
venta e hipotecabilidad de bienes inmuebles y a garantizar, a imagen
de las normativas existentes ya dentro de la Unión Europea los
derechos de posesión, como la imposibilidad de comercializar reservas
naturales y el libre acceso e imposibilidad de privatizar zonas de
recreo y de vacaciones, así como facilitar la adopción de
disposiciones transitorias teniendo en cuenta las desiguales
situaciones económicas de los ciudadanos extranjeros a la hora de
adquirir inmuebles y tierras.
- Acoge con satisfacción que Hungría participe en la actualidad en la
realización de la PESC y apoya expresamente la integración de Hungría
en la OTAN que se produjo el 12 de marzo de 1999.
- Aboga porque los representantes de los Parlamentos de los países
candidatos a la adhesión puedan asistir, además del intercambio de
información y opiniones en las Comisiones interparlamentarias, a las
reuniones de las Comisiones del Parlamento Europeo que traten
cuestiones relevantes para la adhesión en calidad de observadores.
- Pide al Consejo y a la Comisión que en cooperación con el Gobierno
húngaro tras la conclusión del proceso de verificación del acervo y
una vez establecidas las plataformas de negociación y publicado el
segundo Informe periódico en otoño de 1999, establezcan un calendario
concreto para las negociaciones de adhesión y su posible conclusión.
Los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reunieron
con el Ministro de Asuntos Exteriores de Hungría el lunes 21 de junio
de 1999 para confirmar y aprobar formalmente los resultados de las
negociaciones celebradas en las reuniones de 19 de abril y 19 de mayo
del mismo año entre los Embajadores de los Estados Miembros ante la
Unión Europea y el Jefe Negociador de Hungría.
Las negociaciones ya se han cerrado provisionalmente con Hungría en
materia de pesca, estadísticas, telecomunicaciones, política
industrial, protección del consumidor, investigación, pequeña y
mediana empresa, y educación.
El Consejo de Colonia de 3 y 4 de junio de 1999 acogió favorablemente
los resultados positivos a favor en la segunda ronda de negociaciones
sustanciales en el primer semestre de 1999 con Hungría y se señaló
como objetivo la apertura de negociaciones lo antes posible en todos
los capítulos de negociación durante el año próximo.
En el último informe de la Comisión Europea sobre la ampliación, de
octubre de 1999, se ha señalado que Hungría ha realizado importantes
progresos en su adaptación legislativa, fundamentalmente en sectores
como ayudas estatales, autoempleo o propiedad intelectual. La
Comisión acoge favorablemente los esfuerzos que se han realizado por
incrementar la capacidad administrativa. Es necesario que se
refuercen tres sectores fundamentales como son la potenciación
administrativa para el desarrollo
regional, el medio ambiente y la reestructuración del sector
metalúrgico. Otras áreas a mejorar son la audiovisual y el consumo.
Resumen de la comparecencia del Excmo. Sr. Embajador de Hungría Don
Pal Varga Koritár ante la Ponencia para el estudio y discusión del
proceso de ampliación de la Unión Europea y Agenda 2000
El Embajador estructuró su comparecencia en cuatro puntos.
En primer lugar se refirió al actual Gobierno húngaro formado por una
Coalición de tres partidos de centroderecha, e indicó que el mismo
continuaba las líneas maestras de la política exterior de Hungría
iniciadas con anterioridad. El nuevo Primer Ministro fue Presidente
durante cuatro años de la Comisión de Asuntos Europeos.
En segundo lugar se refirió al cumplimiento de las condiciones
establecidas en Copenhague. La reforma realizada a partir de 1989 por
la Constitución húngara ha permitido una transición sin tropiezos
hacia una democracia parlamentaria en la que el poder legislativo,
ejecutivo y judicial son independientes. Las elecciones se celebran
cada cuatro años y la Constitución garantiza la independencia del
Poder Judicial. El Presidente del Tribunal Supremo es nombrado por el
Parlamento a propuesta del Presidente de la República y el Fiscal
General del Estado es elegido por la Asamblea Nacional y es
responsable ante la misma.
El Tribunal Constitucional lleva a cabo el control de la
constitucionalidad de las Leyes y de los Tratados Internacionales.
Existe la figura del Defensor del Pueblo que es nombrado por el
Parlamento. En Hungría diversas normas internas garantizan el respeto
de los derechos humanos y de los derechos de las minorías. En 1993
entra en vigor la Ley sobre los Derechos de las Minorías Nacionales y
Etnicas según la cual las minorías disponen de un derecho de veto
sobre los asuntos relativos a la educación, la cultura, los medios de
comunicación locales, el desarrollo de las televisiones y el uso de
las lenguas de las minorías, para todo lo demás tiene una función
consultiva. Recientemente se puso en marcha un programa de reducción
de la desigualdad de oportunidades de los miembros de la etnia roma.
En cuanto a los criterios económicos de Copenhague las reformas se
han culminado con éxito y en la actualidad un 80 por ciento del PIB
es producido por el sector privado. Más del 65,6 por ciento del
comercio de Hungría se realiza con la Unión Europea. En 1995 se
estableció un programa de austeridad que ha resultado favorable y
como consecuencia el PIB crecerá en 1999 entre un 4,5 y un 5 por
ciento. Las exportaciones crecen y disminuye la deuda pública, la
inflación y el paro. Además Hungría se revela como un buen destino
para las inversiones extranjeras directas ya que un 4,5 por ciento
del total de inversiones directas realizadas en Europa tienen como
destino Hungría.
Respecto a la capacidad de aplicar el acervo comunitario en marzo de
1998 Hungría aprobó el Plan Nacional de la Adaptación del Acuerdo
Comunitario que abarca todos los aspectos del acervo: mercado único,
cooperación
en asuntos de interior y justicia, telecomunicaciones, asuntos
económicos, financieros, políticas sectoriales, cohesión económica y
social, medio ambiente, protección de consumidores, sistema de
aduanas, política audiovisual, etc. La armonización de la legislación
tiene dos vertientes: la modificación de la legislación vigente y las
nuevas leyes elaboradas.
En tercer lugar el Embajador se refirió a la evolución de las
negociaciones y los problemas que se plantean. Después de hacer un
repaso histórico de las relaciones entre Hungría y la Unión Europea
indicó que hasta la fecha de la comparecencia se había efectuado la
revisión de doce capítulos: ciencias de investigación,
telecomunicaciones, educación y formación profesional, cultura y
política audiovisual, industria, pymes, política exterior y de
seguridad, derecho empresarial, protección de consumidores, pesca y
estadísticas y la primera parte del capítulo sobre la libre
circulación de productos.
Se han solicitado periodos transitorios en materia de
telecomunicaciones, derecho empresarial y protección de los
consumidores.
Se aceptan los objetivos de la Unión Económica y Monetaria aunque no
vayan a ser partícipes desde el primer momento, pero sí se desea una
integración en un plazo razonablemente corto. Desde el principio
quienes forman parte de la Unión Europea Occidental así como cumplir
el acervo de Schengen y la normativa concerniente a la emigración y
extranjería y la lucha contra la emigración ilegal. Manifestó la
conformidad de su país a cooperar en todos los terrenos de
cooperación policial y en materia de justicia y asuntos penales, así
como en cualquier aspecto de lucha contra la criminalidad.
Algo que preocupa especialmente a Hungría es la fecha para la
adhesión. Todos sus planes se organizan para el 1 de enero del año
2002.
Finalmente, se refirió a la posición de la opinión pública y de los
partidos políticos. El 65 por ciento de la opinión pública está a
favor de la integración y la considera primordial desde el punto de
vista de la modernización del país, teniendo expectativas en lo que
se refiere a la mejora de su situación económica. La entrada en la
OTAN no bajará el apoyo a la adhesión a la Unión Europea. El Gobierno
ha puesto en marcha una estrategia de comunicación con el fin de
informar tanto a la opinión pública en general como a la opinión
profesional y sectorial sobre el funcionamiento de las instituciones
comunitarias y las posibilidades que se abrirían para cada segmento
de la sociedad.
Existe un consenso entre los partidos políticos sobre la necesidad de
la integración lo que no ha cambiado con ocasión del cambio de
gobierno.
Conclusiones del viaje realizado por una delegación de la Ponencia
para el estudio y discusión del proceso de ampliación de la Unión
Europea y Agenda 2000 a Hungría los días 5 a 7 de mayo de 1999
Evolución económica: en los dos últimos años la economía ha sufrido
un incremento de cinco puntos en partegracias al crecimiento de las
inversiones extranjeras
directas; el sector más favorecido ha sido el industrial. Esta
situación ha permitido una importante estabilización de la balanza de
pagos y la reducción de la deuda externa. Las inversiones extranjeras
superaron en el último año los 20 millones de dólares. La inflación
en 1998 se aproximó a un 13 por ciento y se prevé que en 1999 sea de
un 11 por ciento. Las reservas estatales no pueden tocarse en ningún
caso. En cuanto a la situación macroeconómica, la crisis rusa y
oriental les ha afectado en sectores como farmacia o alimentación y
la crisis de Kosovo ha provocado un descenso del turismo.
Agricultura: La política agrícola tiene un peso importante en la
balanza de pagos. En el último año se decidió incrementar las
subvenciones agrícolas en 50.000 millones de forintos sobre las
cifras anteriores lo que supone un elemento de déficit
presupuestario. Otros sectores como el industrial han sufrido un
crecimiento importante siendo éste de un 11 por ciento en 1997.
También en ese año se produjo un fuerte aumento de las exportaciones
de herramientas y maquinaria pesada.
El 75 por ciento de las exportaciones industriales húngaras van
destinadas a países de la EFTA y un 8 por ciento a países en vías de
desarrollo. El Gobierno húngaro quiere mantener la productividad de
su agricultura pero centra sus esfuerzos en potenciar la industria.
Futuro del empleo: A principios de la década de los 90 había un
desempleo de un 15 por ciento mientras que en la actualidad se
aproxima a un 8 por ciento.
Privatizaciones: En 1995 se produjeron la mayor parte de las
privatizaciones en la industria, en el sector bancario y en las
telecomunicaciones. Existe un problema en cuanto a la compra de suelo
agrícola por personas jurídicas extranjeras ya que Hungría no quiere
que los bajos precios actualmente existentes en el país permitan que
su suelo caiga en manos extranjeras mayoritariamente. Posiblemente
solicitarán un período transitorio en la adhesión sobre este punto.
Déficit, sistema fiscal y seguridad social: El déficit presupuestario
en 1998 fue de un 4,8 por ciento del PIB. Las previsiones
presupuestarias estrictas para 1999 permiten augurar un déficit del 4
por ciento del PIB; en el año 2000 se espera que sea del 3,5 por
ciento del PIB; en el año 2001 las previsiones más optimistas
permiten augurar un descenso del déficit hasta llegar a constituir un
3 por ciento del PIB. Existen diversos problemas fiscales puesto que
la imposición es muy alta alcanzando un 23 por ciento las cuotas
empresariales y un 42 por ciento máximo para las personas físicas. La
evasión fiscal es bastante elevada. En cuanto al sistema de pensiones
se ha producido la adopción de un nuevo régimen que se basa en la
reducción de la cotización patronal y, además, permite elegir entre
la suscripción de una pensión privada o de una pensión pública.
Existe un importante crecimiento del déficit de la seguridad social
que en 1998 alcanzó la cifra de 77.000 millones de forintos, siendo
sufragado por el presupuesto del Estado.
Unos cuatro millones de ciudadanos de origen húngaro residen fuera de
las fronteras del país. No existe ningún riesgo de reivindicaciones
territoriales por parte de Hungría, pero sí se solicita mayor
flexibilidad con estas
minorías húngaras en países vecinos, como por ejemplo, en Serbia.
Condiciones internas de Hungría para la adhesión: En el plano
económico hubo un crecimiento del 5,1 por ciento en 1998 y se espera
que se mantenga para 1999. Ya se han hecho las principales reformas
estructurales, constituyendo el sector servicios las dos terceras
partes del PIB mientras que la agricultura supone el 7 por ciento del
PIB. Algunos cambios que todavía quedan por hacer crearán tensiones
sociales, pero son indispensables y los cambios futuros no son
excesivos. Existe un presupuesto de tres años que tiene como fecha
tope el 1 de enero del 2002, y que contempla al detalle todos los
requisitos de una planificación para la adhesión. Hungría es
consciente de que forma parte de un grupo y de hecho tiene mucho
interés en que sus países vecinos también ingresen en la UE, ya que
constituyen una unidad económica. Durante la Presidencia portuguesa
esperan que todos los temas de negociación estén ya sobre la mesa, de
forma que se pueda llegar a tomar decisiones esenciales durante la
Presidencia francesa.
PROPUESTAS DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA
I. La Comisión Mixta para la Unión Europea reitera su más decidido
apoyo al actual proceso de adhesión a la UE de los países candidatos
de Europa Central y Oriental, Chipre y Malta. Este apoyo debe
ampliarse procurando el mayor respaldo a este proceso por parte de la
sociedad española, sensible por su propia experiencia, a lo que para
estos países representa la perspectiva de su futura integración en la
Unión Europea. Para ello, la Comisión Mixta considera pertinente que
se continúe proporcionando a los ciudadanos y a sus organizaciones
sociales una información precisa, con el fin de facilitar el mayor
grado posible de transparencia y de participación en este proceso.
II. La ampliación se justifica, no sólo por razones de índole ética y
moral, sino que constituye por sí misma una oportunidad histórica que
sólo puede aportar a Europa grandes beneficios políticos y
económicos.
III. La integración europea, que comenzó con una dimensión económica,
ha sido sobre todo un gran proyecto político y, especialmente, una
estrategia de paz. Del mismo modo, la adhesión de los países
candidatos es también una gran tarea política. Su objetivo no es sólo
económico, sino fundamentalmente político: asegurar la paz, la
democracia y la defensa de los derechos humanos y de las minorías,
que es condición imprescindible para nuestra propia seguridad. La
experiencia de Kosovo nos ha demostrado de una forma trágica cuál
puede ser el precio de la no Europa.
IV. Desde el punto de vista económico, la futura ampliación de la
Unión Europea debe reportar importantes ventajas, tanto para los
Estados miembros actuales como para los países candidatos. La
expansión del mercado
único y el fortalecimiento de la posición de la Unión en el mercado
mundial son dos claros ejemplos de ese beneficio mutuo.
Aunque los efectos económicos de la ampliación se harán sentir de
forma desigual entre los Estados miembros, también ésta aportará
ventajas para España. El sostenido incremento de nuestras
exportaciones hacia estos países en los últimos años demuestra ya las
oportunidades que con la ampliación se abren para nuestras empresas
en aquellos mercados cada vez más pujantes.
El estudio del impacto de la ampliación para España y sus Comunidades
Autónomas, especialmente en sectores sensibles como pueden ser la
agricultura y la industria, así como en materia de empleo, de
importaciones y de exportaciones, deberá permitir un mejor
conocimiento de estas oportunidades.
España, apartada durante largos años de esos países, tendrá la
oportunidad de incrementar y afianzar sus relaciones con ellos cuando
éstos se integren en la Unión Europea.
V. El acuerdo final alcanzado en Berlín sobre las próximas
perspectivas financieras debe servir para iniciar el camino de la
ampliación. La previsión de una financiación sustancial específica
para los países candidatos y para los futuros nuevos Estados miembros
debería hacer posible su incorporación progresiva a las políticas de
la Unión, sin que ello suponga disminuir la financiación necesaria
para el mantenimiento de tales políticas en beneficio de los Estados
miembros actuales.
La Comisión Mixta para la Unión Europea expresa su convencimiento de
que el creciente apoyo financiero que necesitan los Estados
candidatos y futuros Estados miembros no puede ser causa ni excusa
para disminuir los flujos financieros de las regiones y países de la
Unión inmersos aún en un proceso de convergencia que hoy, más que
nunca, en el tránsito a la moneda única, es necesario mantener.
Por ello, España debe velar en todo momento por el respeto del
principio de la suficiencia de medios, especialmente cuando se
aplique la cláusula de revisión de las perspectivas financieras
prevista en el marco de la Agenda 2000, en cuyo caso, el Gobierno
informará a las Cortes Generales, para su debate, de la posición de
España en esta materia.
VI. La futura convocatoria de una Conferencia Intergubernamental para
resolver las cuestiones institucionales pendientes de Amsterdam debe
permitir completar el proceso de reformas internas de la Unión
necesarias para la ampliación.
La Comisión Mixta para la Unión Europea considera que la cuestión
esencial de esta reforma institucional es la de asegurar una mayor
legitimidad democrática en la toma de decisiones por el Consejo, lo
que exige una solución basada en la reponderación del voto y/o en un
sistema de doble mayoría.
La solución que finalmente pueda acordarse debe tener en cuenta,
conforme a lo dispuesto en la Declaración número 50 de la Conferencia
que aprobó el Tratado
de Amsterdam, el caso especial de España. La Comisión Mixta para la
Unión Europea mantiene la posición de que España sólo debería
renunciar a uno de sus Comisarios si se alcanza un acuerdo
satisfactorio sobre la reforma del sistema del voto en el Consejo.
VII. La Comisión Mixta para la Unión Europea se congratula de los
notables progresos realizados desde Luxemburgo en la preparación de
la ampliación, y, en particular, por el dinamismo adquirido en las
negociaciones sustantivas iniciadas en noviembre de 1998 con seis de
los países candidatos.
VIII. La Comisión Mixta para la Unión Europea comparte plenamente los
principios acordados en Luxemburgo que consagran el carácter global,
inclusivo y evolutivo del proceso de ampliación, en el que cada
Estado candidato será juzgado con los mismos criterios y avanzará a
su propio ritmo en función de su nivel de preparación.
IX. El panorama político europeo ha sido sustancialmente modificado
tras la crisis de Kosovo. En estas circunstancias, y, teniendo
asimismo en cuenta los progresos en mayor o menor medida realizados
por aquellos países candidatos que no pertenecen al primer grupo, la
Comisión Mixta para la Unión Europea se declara favorable al inicio
de las negociaciones con este grupo de países. En consecuencia, insta
al Gobierno a que se pronuncie en dicho sentido en el próximo Consejo
Europeo de Helsinki, que deberá decidir al respecto.
Pronunciarse a favor del inicio de las negociaciones con todos los
países candidatos no significa desconocer y pretender hacer tabla
rasa de las evidentes diferencias existentes en el nivel de
preparación de los mismos, sino, por el contrario, situarlos en un
mismo punto de partida y permitir un desarrollo diferenciado de las
negociaciones y su conclusión.
X. Las características del actual proceso de la ampliación lo hacen
totalmente diferente de los anteriores. En efecto, el elevado número
de países candidatos, su menor nivel de desarrollo económico, los
procesos de transición hacia una economía de mercado en los que aún
están inmersos, unido al hecho de que la Unión Europea es hoy más
compleja y desarrollada tras la culminación del mercado único, la
transición a la moneda única y la entrada en vigor del Tratado de
Amsterdam, hacen que esta ampliación sea especialmente complicada y
difícil.
XI. Los criterios de Copenhague constituyen el baremo para valorar
los progresos de los países candidatos y para poder determinar el
momento en que estarán en condiciones de adherirse a la Unión
Europea. En estas circunstancias, las negociaciones de adhesión
deberían tener una naturaleza y finalidad doble: por un lado,
examinar y llegar a acuerdos sobre los períodos transitorios para la
aplicación del acervo comunitario solicitados tanto por los Estados
candidatos como por la propia Unión Europea y, por otro, verificar el
grado de cumplimiento de los criterios de Copenhague por los países
candidatos.
En ese proceso de evaluación de los progresos de los candidatos, la
Comisión juega un papel fundamental, a través de los informes anuales
de progresos. El Consejo debería, asimismo, verificar dicha
evaluación en el curso de las negociaciones y sacar las conclusiones
oportunas, de forma que el ritmo de las negociaciones se incremente
o reduzca en función de los progresos realizados.
En este contexto, la Comisión Mixta para la Unión Europea considera
que en los futuros informes de progreso de los candidatos, la
Comisión debería valorar si los calendarios de adopción del acervo
comunitario por parte de dichos países son realistas y, asimismo,
poner el acento de una forma especial en la valoración de su
capacidad de aplicar correctamente dicho acervo en esa fecha.
XII. La Comisión Mixta para la Unión Europea considera que las
primeras ampliaciones deberían tener lugar tan pronto como sea
posible, aunque pueda ser conveniente establecer períodos
transitorios adecuados que respondan a las coyunturas económicas y
sociales de la Unión Europea y de cada país candidato. Ello dependerá
fundamentalmente del ritmo de progreso de los propios países
candidatos en el cumplimiento de los criterios de Copenhague y de las
reformas necesarias en el seno de la propia Unión Europea. Es
necesario mantener un equilibrio entre la velocidad y la calidad del
proceso. Una adhesión prematura, precipitada por razones políticas,
tendría consecuencias muy negativas tanto para los países candidatos
como para la propia Unión Europea.
XIII. La Comisión Mixta para la Unión Europea comparte la opinión de
la Comisión de que los países candidatos, en el momento de la
adhesión, deben haber adoptado todo el acervo comunitario relativo al
mercado interior y ser asimismo capaces de aplicarlo de una manera
efectiva. La culminación del mercado interior hace, a diferencia de
otras ampliaciones, difícil aceptar períodos transitorios en este
ámbito, salvo los que resulte necesario establecer para los productos
agrícolas. En todo caso, es necesario asegurar que todo período
transitorio que pueda finalmente aceptarse no implique una distorsión
del mercado interior. Por ello, la Comisión Mixta para la Unión
Europea insta al Gobierno a que se mantenga, de una forma especial,
vigilante en lo relativo a la adopción y aplicación por parte de los
países candidatos de la legislación comunitaria sobre la competencia.
XIV. La agricultura constituirá sin duda uno de los capítulos más
difíciles de la negociación. La Comisión Mixta para la Unión Europea
recomienda al Gobierno que defienda en este ámbito una posición que
permita conciliar, por un lado, una creciente liberalización de los
intercambios agrícolas y, por otro lado, el mantenimiento
y perfeccionamiento de los rasgos fundamentales del actual PAC en el
marco de los límites financieros establecidos por el Consejo Europeo
de Berlín, todo ello teniendo en cuenta los intereses de los
agricultores y ganaderos españoles, la vigilancia en el
establecimiento de períodos transitorios y la necesidad de
reestructurar y hacer competitivo el, por lo general,
sobredimensionado sector agrícola de los países candidatos.
Asimismo, deberá prestarse atención a las repercusiones de la
ampliación en el sector pesquero, debido a la mayor integración del
Mar Báltico en las aguas de la Comunidad Europea y a las adhesiones
de Polonia y de Estonia, únicos países que cuentan con una industria
de pesca relevante.
XV. La Comisión Mixta para la Unión Europea advierte del riesgo de
impactos negativos sobre algunos sectores industriales, como pueden
ser la siderurgia y la construcción naval.
XVI. Varios países candidatos atraviesan una difícil fase de
transición de sus economías centralizadas del pasado a la economía de
mercado. En este sentido, la Comisión Mixta para la Unión Europea
aboga por que se garantice en estos países la igualdad de trato y de
oportunidades entre hombres y mujeres.
XVII. La política de protección del medio ambiente es un gran desafío
del proceso de ampliación. Por ello, no deberían concederse
exenciones de las normas comunitarias más importantes en materia de
protección del aire, del agua y del suelo, salvo en casos
excepcionales debidamente justificados, prestándose una particular
atención a la seguridad nuclear y exigiendo el cierre de las
centrales nucleares que no puedan alcanzar las normas europeas de
seguridad.
XVIII. Los países candidatos deben aún recorrer un largo camino en el
fortalecimiento de los controles de sus fronteras exteriores. Por
ello, parece improbable que estos países, en el momento de su
adhesión, estén en condiciones de aplicar plenamente el acervo
Schengen que, además de la introducción de controles adecuados de las
fronteras exteriores, exige medidas avanzadas compensatorias antes de
hacer posible la abolición de las fronteras interiores. La Comisión
Mixta para la Unión Europea pide al Gobierno que haga gala de una
especial prudencia a la hora de abordar estas cuestiones en el marco
de las negociaciones.
XIX. La Comisión Mixta para la Unión Europea resalta la importancia
de apoyar el proceso de preparación de los países candidatos mediante
el reforzamiento de la estrategia pre-adhesión. En este contexto,
señala la importancia que en su opinión tiene el programa de
«hermanamientos» entre los Estados miembros y Estados candidatos que
se viene desarrollando en el marco de PHARE. La Comisión Mixta para
la Unión Europea se congratula de la creciente participación de la
Administración española en diversos proyectos, pero considera que
deberían intensificarse los esfuerzos para hacer posible una mayor
presencia en futuras convocatorias y, a tal efecto, hace un
llamamiento al Gobierno para que instruya a los diversos Ministerios
afectados a participar lo más posible en dichos proyectos.
XX. La Comisión Mixta para la Unión Europea considera que la
ampliación es una magnífica oportunidad para potenciar la presencia
de España en todos los
ámbitos, y, de una forma especial, en el comercial y económico, en
los países candidatos. Por ello, se congratula de los planes puestos
en marcha por la Administración para apoyar las actividades de
nuestras empresas en aquella zona y la anima a que continúe e
intensifique sus esfuerzos en dicha dirección.
En este sentido, la Comisión Mixta para la Unión Europea considera
imprescindible intensificar nuestra presencia institucional y
actividad diplomática y comercial en aquellos países. Recomienda, por
tanto, al Gobierno que considere con carácter preferente la
posibilidad de abrir, en el período más breve posible,
representaciones diplomáticas en aquellos países candidatos que aún
carecen de ellas y que refuerce las actualmente existentes.
XXI. La Comisión Mixta para la Unión Europea suscribe plenamente la
estrategia de la Unión Europea definida en el Consejo Europeo de
Luxemburgo sobre la adhesión de Chipre, basada en el convencimiento
de que las negociaciones de ampliación pueden y deben tener un efecto
catalizador para solucionar el problema político de la isla. Por
ello, la Comisión Mixta para la Unión Europea apoya firmemente toda
iniciativa dirigida a la búsqueda de una solución justa y viable que
contribuya a lograr la paz civil y la reconciliación en toda la isla
y haga posible que la parte turcochipriota acepte participar en la
delegación de Chipre para la negociación de su adhesión a la UE.
XXII. La Comisión Mixta para la Unión Europea espera que las
circunstancias permitan que el próximo Consejo Europeo de Helsinki
avance en el reconocimiento del estatuto de candidato a Turquía, en
función de los progresos que puedan verificarse en el cumplimiento de
los llamados criterios de Copenhague, sobre todo en materia de
derechos humanos y de reconocimiento de las minorías. Por su parte,
las autoridades turcas deben utilizar sus relaciones privilegiadas
con la comunidad turco-chipriota para contribuir al logro de una
solución del problema de Chipre ajustada a las resoluciones de
Naciones Unidas. En este sentido, se congratula del nuevo clima en
las relaciones greco-turcas, que permite albergar serias expectativas
de que este reconocimiento pueda producirse.
XXIII. La Comisión Mixta para la Unión Europea espera del Gobierno
que a lo largo de todo el proceso de
ampliación continúe informándola de la forma más precisa, completa y
oportuna posible sobre la evolución de las negociaciones con los
distintos países candidatos.
Al presente Informe se ha presentado el siguiente voto particular por
el Grupo Parlamentario Socialista:
Modificación del apartado tercero del Informe en los términos que
siguen:
Al apartado VI de la parte tercera del Informe
De sustitución.
«La Conferencia Intergubernamental debe tener por objetivo un
planteamiento global de la reforma institucional, incluida la
reorganización de los actuales Tratados. El enfoque en dos fases
previsto en el Tratado de Amsterdam se ha visto superado por la
ampliación y la aceleración del proceso de adhesión. Además los
aspectos abordados en las conclusiones del Consejo Europeo de Colonia
tienen consecuencias que van mucho más allá que los asuntos
específicos a que se refieren. Finalmente existe una oportunidad
temporal, en el futuro inmediato no cabe imaginar mejor momento para
una reforma institucional como la que sin duda hace necesaria la
ampliación de la Unión.
Por ello instamos al Gobierno a aportar y negociar a lo largo del año
próximo un conjunto sustancial y global de reformas institucionales
que deben culminar antes del año 2002 en cualquier caso antes de la
próxima ampliación.
La Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea considera,
que los debates celebrados durante las negociaciones para el Tratado
de Amsterdam, las reflexiones que desde entonces se vienen llevando a
cabo tanto en las instituciones como en el mundo académico, permiten
afrontar desde pilares sólidos una reforma institucional que combine
la ambición con el realismo.
La ampliación constituye un desafío histórico que reviste una
importancia fundamental y presenta serias dificultades, tanto para la
Unión como para los países candidatos. Este momento crucial de su
desarrollo, la Unión Europea debe reafirmar sus aspiraciones,
afrontando el ambicioso reto con los mecanismos institucionales
adecuados para el éxito de la empresa.»