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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 250, de 29/06/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 250
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 242
celebrada el martes, 29 de junio de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre transacciones efectuadas
mediante tarjetas como instrumento electrónico de pago. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, núm. 269-1, de 8 de febrero de
1999. (Número de expediente 122/000236.) . . . (Página 13320)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para la
inclusión como supuesto de prórroga para cumplimiento del Servicio
Militar Obligatorio y de la Prestación Social Sustitutoria, cuando el
interesado disponga de una relación laboral basada en contratos de
formación o prácticas o cualquiera de tipo temporal. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie B, núm. 227-1, de 17 de noviembre de 1998.
(Número de expediente 122/000200.) . . . (Página 13326)
Modificación del orden del día . . . (Página 13326)
Prórroga de subcomisiones:
- Sobre el estudio de un nuevo modelo de televisión y radio de
titularidad pública. (Número de expediente 158/000029.) . . . (Página 13327)
- Sobre el estudio de un nuevo modelo policial. (Número de expediente
154/000012.) . . . (Página 13327)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el marco
jurídico de protección patrimonial del minusválido. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie D, núm. 447, de 14 de junio de 1999. (Número
de expediente 162/000391, procedente del número de expediente 161/
001622.) . . . (Página 13327)
- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre el «Efecto
2000». «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 429, de 14 de
mayo de 1999. (Número de expediente 162/000372.) ... (Página 13332)
Creación de subcomisiones: - Creación de una subcomisión para el
estudio de la problemática del pueblo gitano. (Número de expediente
158/000047.) . . . (Página 13338)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política general del
Gobierno en aplicación de la normativa de incompatibilidades de los
miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la
Administración General del Estado. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 452, de 25 de junio de 1999. (Número de expediente 173/
000152.) . . . (Página 13339)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el futuro
del transporte ferroviario en España. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 453, de 28 de junio de 1999. (Número de
expediente 173/000153.) . . . (Página 13345)
Declaración institucional . . . (Página 13350)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . . (Página 13320)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre transacciones efectuadas
mediante tarjetas como instrumento electrónico de pago . . . (Página 13320)
Presenta la proposición de ley, en nombre del Grupo Socialista del
Congreso, el señor Gimeno Marín. Manifiesta en primer lugar que
aunque la situación ha mejorado como consecuencia de la presentación
en su momento de esta proposición de ley y de los acuerdos alcanzados
entre las entidades financieras y los comerciantes, todavía es
insatisfactoria y el problema sigue siendo serio. Explica que en las
últimas décadas se ha asistido a una auténtica revolución en el
funcionamiento de la utilización de medios
generales de pago, en concreto de las tarjetas electrónicas privadas,
que han transformado el dinero garantizado públicamente por el dinero
garantizado privadamente, pero se ha hecho sin una regulación
adecuada. Los comerciantes y los consumidores dicen que el sistema,
tal y como está funcionando, no es transparente ni justo, en contra
de la opinión del Gobierno y de las entidades financieras que se
negaban a bajar ni un punto de los porcentajes. La realidad ha venido
a dar la razón a los comerciantes y existe la intención de bajar las
tasas de intercambio. Expone la situación actual del mercado de las
tarjetas e insiste en que es necesario regular su funcionamiento,
para lo que su grupo presenta esta proposición de ley que, sin duda,
podrá mejorarse mediante enmiendas inspiradas muchas de ellas en las
ideas que dio el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia
en su reciente comparecencia ante esta Cámara.
En turno en contra de la iniciativa presentada interviene el señor
Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Zabalía Lezamiz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Guardans i Cambó, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Santiso
del Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
Gómez Darmemdrail, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para la inclusión
como supuesto de prórroga para cumplimiento del servicio militar
obligatorio y de la prestación social sustitutoria cuando el
interesado disponga de una relación laboral basada en contratos de
formación o prácticas o cualquiera de tipo temporal . . . (Página 13326)
El señor vicepresidente (Fernández-Miranda y Lozana) comunica a la
Cámara que este punto del orden del día ha sido retirado por el grupo
proponente.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Socialista del Congreso sobre transacciones efectuadas
mediante tarjetas como instrumento electrónico de pago, se rechaza
por 127 votos a favor, 145 en contra y una abstención.
Modificación del orden del día . . . (Página 13326)
El señor presidente, en nombre de la Mesa y oída la Junta de
Portavoces, somete al Pleno de la Cámara la inclusión en el orden del
día de un nuevo punto para debatir y, en su caso, votar sin debate la
creación de una subcomisión para el estudio de la problemática del
pueblo gitano, inclusión que se aprueba por asentimiento.
Prórroga de subcomisiones . . . (Página 13327)
Sobre el estudio de un nuevo modelo de televisión y radio de
titularidad pública . . . (Página 13327)
Sobre el estudio de un nuevo modelo policial . . . (Página 13327)
El señor presidente, en nombre de la Mesa y oída la Junta de
Portavoces, somete al Pleno de la Cámara,
la solicitud de prórroga del plazo de finalización de las
subcomisiones sobre el estudio de un nuevo modelo de televisión y
radio de titularidad pública y sobre el estudio de un nuevo modelo
policial, lo que se aprueba por asentimiento.
Proposiciones no de Ley . . . (Página 13327)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el marco
jurídico de protección patrimonial del minusválido . . . (Página 13327)
Presenta la proposición no de ley el señor MartínezPujalte López, en
nombre del Grupo Popular en el Congreso. Explica que se trata de
instar al Gobierno a estudiar una mejora en el marco jurídico-fiscal
del patrimonio de las personas discapacitadas que les otorgue mayor
seguridad en el futuro. Considera que se ha hecho mucho en los
últimos años en el derecho público y en las relaciones entre la
Administración y los discapacitados, pero es necesario promover
modificaciones en el ámbito del derecho privado que lo adapten a las
necesidades actuales de este colectivo, profundizando en los
artículos 49 y 9 de la Constitución. Argumenta que las innovaciones
tecnológicas y el avance de la medicina ha hecho posible que los
discapacitados tengan mayor esperanza de vida y, en muchos casos,
sobrevivan a sus padres, lo que exige un tratamiento adecuado del
derecho privado para que puedan ser protegidos. Explica algunos
puntos de la proposición no de ley que presenta en nombre de su
grupo, haciendo especial hincapié en dos aspectos esenciales en la
mejora de la calidad de vida de los discapacitados: la eliminación de
las barreras objetivas y subjetivas, arquitectónicas y formativas,
que les permitan una integración en el mundo social, laboral y
cultural, y la garantía de que los discapacitados tendrán los marcos
adecuados que les permita una vida digna en el futuro.
En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista del
Congreso, interviene la señora Fernández Sanz.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora
Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor
Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y la señora Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas del Grupo
Socialista del Congreso interviene el señor Martínez-Pujalte López.
Del Grupo Socialista del Congreso sobre el «Efecto 2000» . . . (Página 13332)
Presenta la proposición no de ley el señor Estrella Pedrola, en
nombre del Grupo Socialista del Congreso. Manifiesta en primer lugar
que el tema que hoy trae a la Cámara requiere el máximo consenso, la
máxima movilización y el máximo ejercicio de responsabilidad
política. Se trata de un problema político, de gestión y económico,
pero que sin duda tiene un componente tecnológico. Reconoce que se ha
recuperado algo del tiempo perdido, pero el retraso de dos años con
respecto a otros países del entorno supondrá un incremento de los
costes y de los riesgos de que algunos sistemas no estarán en
condiciones de afrontar al finalizar el año. Muestra su inquietud
e incertidumbre por la situación con que se van a encontrar las
pequeñas y medianas empresas y el 25 por ciento de la propia
Administración, que no van a finalizar el proceso de conversión en el
plazo previsto. En contra de la actitud del Gobierno, que ha sido,
según su grupo, la de procurar mantener desinformados a los
ciudadanos para no alarmar, el Grupo Socialista viene diciendo desde
hace más de dos años que una opinión pública no informada es una
opinión pública proclive al pánico y que hay que preparar a los
ciudadanos ante los fenómenos que se producirán antes y después.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida interviene el señor Ríos Martínez.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guardans i
Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Creación de subcomisiones . . . (Página 13338)
Creación de una subcomisión para el estudio de la problemática del
pueblo gitano . . . (Página 13338)
Sometida a votación la propuesta de creación de una subcomisión,
dentro de la Comisión de Política
Social y Empleo, para el estudio de la problemática del pueblo
gitano, se aprueba por unanimidad.
Proposiciones no de Ley (votaciones) ... (Página 13339)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el marco
jurídico de protección patrimonial del minusválido . . . (Página 13339)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre el marco jurídico de protección
patrimonial del minusválido, se aprueba por unanimidad.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el «Efecto 2000» . . .
(Página 13339)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso sobre el «efecto 2000», con la aceptación de la enmienda del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechaza por 128
votos a favor y 156 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 13339)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política general del
Gobierno en aplicación de la normativa de incompatibilidades de los
miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la
Administración General del Estado . . . (Página 13339)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Fernández Marugán, en nombre del Grupo Socialista del Congreso.
Reitera el argumento expuesto en la interpelación presentada en el
Pleno anterior en el sentido de que uno de los requisitos más
valorados en las sociedades democráticas es que el poder discurra
bajo los principios de independencia, de imparcialidad y de
transparencia, que junto con el deseo de alcanzar la máxima
publicidad, son los principios que llevan a su grupo a proponer una
modificación parcial de la normativa
existente actualmente en materia de incompatibilidades. El objetivo
de la moción, explica, no es otro que el de proteger el interés
público, elevando considerablemente la transparencia bajo la cual han
de actuar quienes se vean incursos en un régimen de
incompatibilidades, haciendo referencia a aquellos aspectos de
autogobierno de la Cámara, a las subvenciones públicas relacionadas
con el área de gestión de un determinado cargo y a las presidencias
de las empresas públicas.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Gil i Miró,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los señores
Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el futuro
del transporte ferroviario en España . . . (Página 13345)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Santiso del Valle.
Afirma que las políticas de infraestructuras necesitan una reflexión
profunda, huyendo de promesas electorales, el mayor consenso posible
en esta Cámara y en cada una de las comunidades autónomas y un apoyo
social significativo que sea capaz de sobrevivir incluso a varias
legislaturas, porque las comunicaciones son la garantía de la
cohesión social y territorial. Considera que la moción que hoy trae
su grupo es de baja intensidad, en el sentido de que se busca el
apoyo inicial de la Cámara, sin prefigurar ni concretar todavía
aspectos importantes, que luego podrán ser debatidos y consensuados.
Se pregunta quién puede estar en contra de la elaboración de un plan
estratégico ferroviario, para someterlo al debate político en el
Congreso de los Diputados, o de los objetivos que en él se
contemplan, como las actuaciones en la red básica ferroviaria y su
proyección respecto a actuaciones estratégicas para conseguir la
cohesión territorial y social o el estudio de las conexiones con las
redes europeas, en particular con Francia y Portugal.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Caldera
SánchezCapitán, del Grupo Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Carreño
Rodríguez-Maribona, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Santiso del Valle.
Declaración institucional . . . (Página 13350)
El señor presidente, en nombre de la Mesa y oída la Junta de
Portavoces, somete al Pleno de la Cámara una declaración
institucional en la que, en el marco de la normativa legal y de los
principios consagrados en la Constitución y al amparo, igualmente, de
anteriores resoluciones contra la pena de muerte, independientemente
de los hechos que en cada caso se juzguen, el Congreso de los
Diputados declara su inequívoca voluntad en contra de la ejecución de
la condena a muerte dictada en Turquía en el proceso seguido contra
el señor Ocalan, declaración que es aprobada por asentimiento.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (votaciones) . . .
(Página 13350)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política general del
Gobierno en aplicación de la normativa de incompatibilidades de los
miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la
Administración General del Estado . . . (Página 13350)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente,
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, se rechaza por 131
votos a favor, 147 en contra y cinco abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el futuro
del transporte ferroviario en España . . . (Página 13350)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente,
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se
rechaza por 136 votos a favor y 148 en contra.
Se suspende la sesión a las siete cuarenta y cinco minutos de la
tarde.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE TRANSACCIONES EFECTUADAS
MEDIANTE TARJETAS COMO INSTRUMENTO ELECTRÓNICO DE PAGO. (Número de
expediente 122/000236.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Comienza la
sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de
ley. Del Grupo Socialista del Congreso, sobre transacciones
efectuadas mediante tarjetas como instrumento electrónico de pago.
Para su presentación, y en nombre de su grupo parlamentario, tiene la
palabra el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Muchas gracias, señor presidente. Señoras
diputadas, señores diputados, la proposición de ley que hoy damos a
conocer a la Cámara y para la que pedimos su apoyo, tiene su origen
temporal a principios de este año. Quiero indicarles que fue un
origen temporal que, por el tiempo transcurrido, ya ha producido unos
efectos positivos. La presentación en su momento de esta proposición
de ley dio lugar, velozmente, a una iniciativa del Gobierno que dio
instrucciones a su grupo parlamentario para que presentara una
proposición no de ley. Es de agradecer el interés que mostró el
Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular por el tema. Dicha
iniciativa concluyó en una decisión unánime de esta Cámara de que se
articulara una comisión que empezara a negociar el tema de las
tarjetas. Todo ello ha coincidido al mismo tiempo con informes que
tiene que efectuar el Tribunal de Defensa de la Competencia, y
posiblemente con actuaciones de ese tribunal como consecuencia de
denuncias presentadas por los comerciantes ante el servicio de
Defensa de la Competencia que, previsiblemente, terminarán en el
Tribunal.
El otro día tuvimos la satisfacción de tener en la Comisión al
Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia. Tengo que
indicar que su comparecencia y los acuerdos que con anterioridad se
anunciaron por los medios de comunicación entre las entidades
financieras y los comerciantes compensarían el resultado de haber
presentado esta proposición. Pero quiero dejar claro que la situación
es todavía insatisfactoria. Aunque entiendo, y seguro que el Grupo
Parlamentario Popular me lo explicará, que los acuerdos a los que se
ha llegado entre las entidades financieras y los comerciantes son
positivos, quiero decirles dos cosas. Una, que personalmente todavía
no los conozco en profundidad; me gustaría saber en qué consisten
esos acuerdos, porque lo leí en los medios de comunicación, pero no
sé si el 3 por ciento al que se refieren, que entrará en vigor en el
próximo mes de julio que ya tenemos encima, va a
producir una disminución sustancial de lo que son las tasas de
descuento en las tasas de intercambio, o a qué se refería. Ya lo
veremos, porque los días pasan y ya falta poco para saber si ese
acuerdo fue real o virtual. Lo que sí sé es que los comerciantes
siguen muy enfadados, porque piensan que ese acuerdo es
manifiestamente insuficiente -bienvenido sea todo lo que mejore-
y que el problema es todavía grave y serio. ¿Y por qué lo es? Por lo
siguiente. Sus señorías saben que en las últimas décadas estamos
asistiendo a un cambio, en ocasiones digo a una auténtica revolución,
en el funcionamiento de la utilización de medios generales de pago,
en este caso concreto las tarjetas de plástico. Esas tarjetas
eléctronicas privadas, que han transformado el dinero garantizado
públicamente por el dinero garantizado privadamente, están
apareciendo de forma masiva, lo cual es una reforma fundamental, no
sólo en los hábitos y funcionamientos económicos, sino por las
consecuencias que han producido en los hábitos de consumo de los
consumidores. Todos esos aspectos, que hay que valorar positivamente,
se han producido en un marco de voluntad de regular pero con falta de
regulación, porque la realidad ha ido, casi siempre, muy por delante
de lo que han sido las posibilidades y la capacidad de los organismos
reguladores para poner límites a este tipo de utilización del dinero.
Como saben SS.SS., en España hay más de 32 millones de tarjetas de
débito, de crédito, etcétera, lo cual da una idea real del problema.
Una de las intenciones fundamentales de la proposición de ley que
presentamos es que el sistema de pagos mediante tarjeta debe ser más
transparente, y debe serlo porque en estos momentos ningún ciudadano,
ni siquiera los que estamos aquí, somos capaces de saber qué
porcentaje del precio de compra va a una entidad financiera, o qué
precio va al emisor de una tarjeta y que parte del precio de su
compra percibe el comerciante o establecimiento que efectúa la venta.
Sólo hay que reflexionar sobre uno mismo cuando paga con tarjeta para
saber si uno es capaz de resolver ese tipo de problemas. Pero es que
el sistema, tal como está funcionando, no es un sistema justo. Así lo
dicen los comerciantes; también lo podrían decir perfectamente los
consumidores. El Gobierno hasta ahora ha dicho que el sistema estaba
perfectamente medido, y las entidades financieras, para qué decir
más, decían que era imposible bajar ni un punto esos porcentajes. La
realidad ha demostrado que ni el Gobierno ni las entidades
crediticias tenían razón, porque ante la presión y la amenaza de
regularlo por ley se han bajado, parece ser, o hay voluntad de que
bajen las tasas de descuento o las tasas de intercambio.
El sistema, pues, debe ser más transparente, más justo, porque en
estos momentos para un comerciante o para cualquier establecimiento
en general no aceptar el pago con tarjeta no es lo mismo que hace
algún tiempo; hoy todo el mundo tiene que aceptar el pago con
tarjeta. Además, no es lo mismo pagar 1.000 pesetas con tarjeta de
plástico que pagar 1.000 pesetas con un billete del Banco de España.
En algunos casos para el comerciante esas 1.000 pesetas pagadas con
tarjeta
se convierten en 940 pesetas, y cuando se paga con dinero en efectivo
son 1.000 pesetas. Tan es así, que el otro día -y el portavoz del
Grupo Popular en este tema lo recordará- el presidente del Tribunal
de Defensa de la Competencia decía que este es un problema importante
y un problema real que hay que resolver, porque parece que en la
Comunidad también están abordando ese problema, es decir, que no se
produzca discriminación entre quien paga con tarjeta y quien no paga
con tarjeta. Dicho de otra manera, el que paga con dinero en
efectivo, ¿por qué tiene que pagar el precio del sistema con tarjeta
cuando él no paga con tarjeta? Y planteaba la necesidad de regular
este tipo de procedimientos. Pues bien, los emisores de tarjeta no
cobran lo mismo a dos comerciantes, tanto si son del mismo como de
distinto sector. En mi opinión, no hay ninguna razón que pueda
justificarlo, porque en definitiva el titular de la tarjeta sigue
siendo la misma persona, compre en un establecimiento o compre en
otro.
Si los datos que facilita el Gobierno son correctos, si una persona
compra 5.000 pesetas de gasolina y paga, por ejemplo, con tarjeta al
titular de la gasolinera, el banco le ingresará 4.956 pesetas, le
descuentan el 0,88 por ciento. Pero esto es una ficción, porque la
realidad es que cuando hablamos de determinados precios, como el
precio se determina por la totalidad del precio que paga un cliente,
cuando estamos hablando de gasolinas uno realmente sabe que el precio
del beneficio del litro de gasolina está delimitado, con lo cual no
pueden trasponer o trasladar el recargo que les supone la tarjeta al
precio, por lo que los porcentajes que se están pagando en estos
momentos están muy por encima incluso de la ficción que en términos
reales se está planteando. ¿Cuál es la situación en estos momentos
del mercado de las tarjetas? Pues que los consumidores cuando
utilizan la tarjeta como medio de pago están pagando mucho más que
cuando no la utilizan. En el caso de los créditos es obvio.
Cualquiera de ustedes que tenga un contrato para la utilización y uso
de la tarjeta, verá que en el propio contrato le pone que en
cualquier crédito que financie con esa tarjeta como mínimo va a pagar
a partir del 27 por ciento aproximadamente en términos de interés
anual, y sin embargo cuando está pagando un crédito normal al banco
se encuentra con que los tipos de interés en estos momentos están muy
por debajo. Estas situaciones están dando lugar a problemas en la
percepción del conjunto de los ciudadanos y, sobre todo, de los
sectores más afectados, como son los comerciantes.
Quiero insistir sobre todo en un tema que incide en lo que pretende
esta proposición de ley, que es regular el funcionamiento del
mercado. Es cierto que esta proposición de ley puede mejorarse en
todos sus aspectos sin ningún tipo de dudas, y puedo asegurar que
después de escuchar al presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia se me ocurren ya reformas importantes para introducir en
el texto que, lógicamente, se podrían presentar como enmiendas. El
tema de la competencia no funciona en este mercado. Lo reconocía el
mismo presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, cuando
establecía que en la metodología del establecimiento de los tipos de
interés, en lo que se llama tasa de intercambio y tasa de descuento
-la tasa de descuento es la tasa de intercambio más el margen con el
que juega la entidad financiera que acepta la tarjeta o que se
relaciona con el comerciante-, la tasa de intercambio -lo recordará
el portavoz del Grupo Popular- se fija de una forma nada
transparente, sin saber con qué criterios y por un comité técnico del
que tampoco sabe nadie quienes lo forman. Como consecuencia, el
presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia hacía unas
propuestas que establecían que para garantizar que a lo mejor el
sistema no se podía transformar en lo fundamental había que
garantizar un sistema lo suficientemente transparente e incluso
intervenirlo, para que no fuera posible que se produjeran posiciones
de dominio o de abuso de fijación de precios por las partes que
pueden ponerlo. Porque SS.SS. deberían saber, si no lo saben, que las
tasas de intercambio de las tarjetas se fijan en unas mesas en las
que están representadas todas las entidades financieras fundamental y
simplificadamente. En ese contexto, el Tribunal de Defensa de la
Competencia plantea la metodología de la necesidad de que esos tipos
de interés que se fijan como tasa de intercambio sean autorizados por
el Tribunal de Defensa de la Competencia. Es una fórmula de las
distintas posibles que se podrían plantear. Lo que deduje de esa
intervención del presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia
es que era necesaria una cierta regulación. Eso me confirmó todavía
algo más: la necesidad de que se regule el sistema de funcionamiento
del mercado de las tarjetas, no para fijar por ley los tipos de
interés que se paguen por ellas -que sería un absurdo-, sino para
establecer el marco en el que se produzca la regulación de ese
mercado. Esta regulación exige la posibilidad -necesaria posibilidad-
de que los comerciantes puedan participar en negociaciones con las
entidades financieras y con las entidades emisoras de tarjeta. Si
esto no ocurre, no estará funcionando realmente el mercado para
conseguir unos precios más bajos. No es posible que las entidades
financieras de forma global sean capaces de imponer concertadamente
un tipo de interés o una tasa de intercambio a los comerciantes, y
luego obliguen a cada comerciante individualmente a relacionarse con
cada una de las entidades financieras, porque la realidad de cada uno
de los comerciantes no es la misma. En cuanto a ellos, hay que
regular el procedimiento para que se pueda establecer la negociación
y, en cualquier caso, hay que prever las medidas necesarias para que,
si esos acuerdos no funcionan, sea posible una mínima intervención
para evitar que se puedan producir posiciones dominantes para la
fijación de tipos de interés por las entidades financieras.
En ese contexto, señorías, la proposición de ley aborda y regula ese
tipo de planteamientos. Pretende poner límites al funcionamiento de
un mercado que no está funcionando con transparencia ni
competitivamente, para que mejore la competencia; pretende defender
los intereses de los consumidores, garantizar los de los comerciantes
y que el mercado funcione. Es positivo que funcione, pero en
beneficio de todos: de los consumidores, de los comerciantes, y no
sólo de las entidades financieras.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gimeno. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en
contra de la iniciativa? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con toda brevedad para manifestar la posición del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria en esta cuestión de uso tan
popular, como es el dinero de plástico o tarjeta de crédito. Tanto
nuestra Constitución como el Código Civil reconocen el predominio,
vigencia y preferencia absoluta del principio de autonomía de la
voluntad, pero la realidad es que existen los contratos de adhesión,
que son vigilados por todos los regímenes de cultura occidental por
los abusos que pueden contener. En nuestro país se han dictado leyes
para evitar los efectos negativos que pueden tener los contratos de
adhesión, y recuerdo entre ellas la Ley de 1984 en defensa de
consumidores y usuarios.
Se ha traído aquí esta proposición de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, que nace como consecuencia del clamor de un sector de
ciudadanos que ha originado muchas iniciativas legislativas en esta
Cámara. Consideramos que la presentación de esta iniciativa es
acertada pero, a la vista de los pactos a que han llegado los sujetos
pasivos, activos y de intermediación que intervienen en el negocio
del dinero de plástico -desde la entidad emisora al consumidor,
pasando por la entidad adherida- y teniendo en cuenta el convenio que
han acordado en el que se señalan las pautas a seguir en el futuro a
fin de evitar posibles abusos, estimamos que debería dejarse esta
iniciativa legislativa para más adelante a fin de profundizar en
ella. Como ha dicho muy bien el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista en su magnífica intervención, tiene defectos de fondo y yo
diría que también de forma. No acierto a comprender para qué hace una
definición concreta de cada uno de los sujetos de la relación para
luego enumerarlos en el articulado olvidándose de que los ha definido
con frases concretas.
En resumen, señorías, estimamos que, pese a que es un tema de interés
general y de actualidad, está resuelto momentáneamente. Debemos
profundizar en esta cuestión y, pasados unos meses, traer esta
iniciativa legislativa para comprobar si ha funcionado el sistema
o si hay que mejorarlo en el fondo o en la forma.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Gómez.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a dar su apoyo a esta proposición de
ley porque consideramos que hay tres cuestiones que deben afrontarse
desde el punto de vista legal: una de ellas, la injusticia de la
situación que diferencia entre grandes y pequeños comercios, y entre
ellos incluso por sectores, en cuanto a los descuentos que pueden
realizar los bancos por utilizar tarjetas como instrumento
electrónico de pago; otra, que es una situación discriminatoria
territorial porque las tarjetas como instrumento electrónico de pago
están menos gravadas en la Unión Europea por término medio que en el
Estado español, donde los intereses son muy altos -pueden llegar
hasta el 7 por ciento-; y la tercera, que la situación es contraria a
la libertad de mercado y enfeuda al sector del comercio, en concreto
el sector financiero, estableciendo una especie de monopolio
obligado, ya que los comercios no pueden rechazar tarjetas por estar
generalizadas, y por lo tanto pensamos que es muy necesario un marco
legal que dé transparencia a esta situación.
Como se trata de tomar en consideración solamente la proposición de
ley para después entrar en un proceso de debate, pensamos que es un
momento políticamente oportuno y, si esto va adelante, intentaremos
incluso hacer alguna contribución para que quede claro que los bancos
que actúan en la Unión Europea deben tener un tratamiento igual en
todas las partes de su territorio.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra el
señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
La problemática de las tarjetas de crédito como instrumento para las
transacciones comerciales ha sido debatida en diversas ocasiones en
esta Cámara, la última vez -recordarán SS.SS.- el 9 de febrero de
este año, cuando el debate tuvo como consecuencia la aprobación de
una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a crear
una ponencia, una comisión, un grupo de trabajo integrado por las
asociaciones de comerciantes, por las entidades participantes en los
sistemas de pago mediante tarjeta y por expertos independientes. Se
aprobó esta proposición no de ley, el grupo ha estado trabajando, y
el objeto era llevar a cabo un análisis detallado de los costes que
integran la tasa de descuento. Es cierto que esta proposición de ley
que presenta el Grupo Socialista tiene un contenido y un objetivo más
amplios que los del grupo de trabajo, puesto que intenta no sólo
regular los aspectos relativos
al costo de comisiones, sino regular también legalmente la
utilización de las tarjetas como medio de pago. La cuestión nos
parece oportuna, y desde luego no nos oponemos a que sea regulado
este instrumento de pago dada la creciente utilización que está
teniendo en el mercado. Hay que recordar que el año pasado se
utilizaron 26,89 millones de tarjetas por un importe cercano a los 2
billones de pesetas -me estoy refiriendo a tarjetas de débito-, que
en operaciones de crédito fueron casi 3 billones de pesetas. Es
decir, este instrumento de pago está siendo utilizado de forma
masiva, creciente año tras año, y además hay que tener en cuenta que
con la entrada en vigor del euro el crecimiento va a ser todavía
mayor.
Junto con la utilización de la tarjeta de crédito como medio de pago,
existen desde luego, además de otros problemas, los relativos al
cobro de comisiones por las entidades financieras a los comerciantes,
lo que desde nuestro punto de vista hace necesario regular el uso de
este medio de pago. Sin embargo, sería necesario y lógico que
previamente el Gobierno enviara al Congreso de forma oficial el
estudio realizado por el grupo de trabajo que antes he comentado,
obligación que desde nuestro punto de vista se está incumpliendo
porque el Gobierno tenía el mandato de esta Cámara para que remitiera
en tres meses ese estudio. El plazo venció el 9 de mayo sin que en
nuestro grupo parlamentario sepamos de manera oficial que el informe
está terminado, cosa que sí sabemos por los medios de comunicación,
porque hemos podido leer en algunos medios que el informe está
terminado, incluso que a partir del 1 de julio se van a reducir al 3
por ciento las comisiones máximas del pago con tarjeta pero, como
digo, esto lo conocemos por los medios de comunicación. En cualquier
caso, sería necesario que la Cámara tuviese este informe realizado
por el grupo de trabajo. A partir de entonces sería conveniente o
quizás necesario que se estudiara la forma de establecer una
regulación más amplia de las tarjetas de crédito y ese sería el
momento oportuno para poder debatir una proposición no de ley, pero
ya conociendo todos esos extremos que, como digo, han tenido que ser
tratados en el informe efectuado por el grupo de trabajo.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene
la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Tiene razón el portavoz del Grupo Socialista cuando afirma que su
iniciativa ya tuvo efecto desde el mismo momento en que se presentó,
pues como han explicado los portavoces que me han precedido en el uso
de la palabra, el 9 de febrero de 1999 tuvo lugar en esta Cámara un
debate -que en cierto sentido fue provocado, al menos indirectamente,
por la presentación en el registro de la Cámara de la iniciativa que
hoy debatimos-
de una proposición no de ley -absolutamente apoyada por mi
grupo- por la que se instaba al Gobierno a poner en marcha una
comisión en la que realmente se pusieran juntos a las entidades
financieras y a los comerciantes para que intentaran aclarar
posiciones entre ellos. Ya en ese momento nos pareció que esa fórmula
era mucho mejor que la de pretender imponer desde la Cámara una serie
de condicionantes rompiendo o interrumpiendo lo que es el libre juego
de mercado. Nosotros somos absolutamente partidarios, no sólo de
principios tan obvios como la libertad de empresa, la libertad de
pactos, la autonomía de la voluntad, sino que incluso en los casos en
los que eso puede venir matizado por la fuerza predominante de una de
las dos partes entendemos que ya hay otros instrumentos que pueden
servir de protección para la parte más débil, en este caso el
comerciante negociando con la entidad financiera o emisora de la
tarjeta de crédito.
La comisión que nació de la puesta en práctica de esa proposición no
de ley ha tenido una serie de reuniones y efectivamente emitió su
informe que, como bien decía el portavoz del Grupo Parlamentario
Vasco, no conocemos oficialmente y sí extraoficialmente porque, que
yo sepa, no ha sido formalmente remitido a esta Cámara, supongo que
lo será en breve. La realidad es que, si bien las conclusiones de ese
informe no se puede decir que sean definitivas, y tiene razón el
portavoz socialista cuando dice que con ellas los comerciantes no se
consideran definitivamente satisfechos, también es cierto que en el
mismo informe las propias asociaciones de comerciantes piden al
Parlamento que por el momento no entre a legislar en este tema;
subrayan especialmente que quizás el acuerdo no es definitivo pero
piden que en este momento no se modifique el ordenamiento jurídico
vigente respecto de las tarjetas de crédito, a la espera de ver cómo
funciona lo que en él se ha acordado. Ese precedente nos parece
importante.
En todo caso, aun suponiendo que jurídicamente fuera posible, cosa
por otro lado discutible puesto que la fijación por ley de las tasas
de descuento y de intercambio es un tema que daría para discutir y
plantearse seriamente la posible validez de tal regulación, lo que sí
está claro es que en este momento los principales implicados no están
pidiendo una regulación expresa. Por tanto, compartimos el
diagnóstico hecho por el portavoz socialista sobre cuál es la
situación de las tarjetas de crédito. El mercado sigue sin ser
transparente, la parte débil sigue sin tener una clara protección,
los comerciantes siguen sin tener plena satisfacción por cómo
funciona. Pero hay que esperar a ver cómo se pone en práctica lo
acordado por ellos en esa Comisión y hay que esperar a ver cómo
funcionan otros mecanismos que tienen a su alcance, como por ejemplo,
y ha sido comentado también, la propia normativa general de derechos
de la competencia, directamente la normativa de competencia desleal o
la normativa aprobadaen esta Cámara relativa a las condiciones genera
les
de los contratos y que todavía no se ha puesto a rodar realmente.
Algunas de las cosas que se contienen en la proposición de ley del
Grupo Socialista son una simple traslación al ámbito de las tarjetas
de crédito de principios que están en la ley de condiciones generales
de la contratación, tales como exigencia de trasparencia y de
información al consumidor, y, por tanto, con la aplicación de esos
principios (principios que además conllevan una sanción en caso de
incumplimiento conforme a dicha ley), esa parte puede quedar más o
menos cubierta.
Por tanto, señor presidente, resumiendo, nosotros compartimos el
diagnóstico. Tenemos una cierta esperanza de que el acuerdo logrado
entre entidades emisoras de tarjetas de crédito, entidades
financieras y comerciantes puedan tener algún resultado práctico y no
creemos que sea éste el mejor momento para entrar a regular de forma
intervencionista un mercado que, si bien no funciona correctamente,
tiene otros mecanismos para corregirse. Nada impide que más adelante,
a corto o a medio plazo, cuando se vea realmente cuál es el efecto de
ese acuerdo y cuáles son los puntos que, aun así, no han podido ser
resueltos, pueda ser planteable la adopción de una nueva iniciativa.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Guardans.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo va a apoyar la toma en consideración de esta
proposición de ley, fundamentalmente por entender que es un problema
serio que afecta, como aquí se decía hace un momento, a los más
débiles, que no son solamente los comerciantes, sino la propia
indefensión de los usuarios que utilizamos ya masivamente las
tarjetas de crédito.
Siguen siendo desconocidos los criterios utilizados por las entidades
bancarias para fijar sus comisiones sobre las propias tarjetas de
crédito, sobre su emisión, o también para interpretar las diferencias
sustanciales que existen cuando, por ejemplo, uno utiliza la tarjeta
de crédito o de débito en una entidad bancaria distinta de la emisora
de la tarjeta. En ese sentido hemos visto que hay registrada una
iniciativa de Convergència i Unió que precisamente intenta hacer un
análisis sobre esta cuestión, un estudio sobre el coste que para el
usuario supone obtener dinero en efectivo en un cajero de una entidad
diferente a la entidad emisora de la tarjeta, sea de débito o de
crédito. Este aspecto no se contempla en esta proposición de ley, y
creemos que sería conveniente tomarlo en consideración para, junto
con otros, someterlo a discusión.
Ha habido dos debates, uno de ellos celebrado el 15 de abril de 1997,
en el que esta Cámara aprobó un amplio conjunto de medidas para
modernizar el comercio,
incluyéndose una que decía textualmente: Instrumentar los medios
legales para homogeneizar el tratamiento que ofrece la banca al
comercio en los pagos mediante tarjetas de crédito para evitar
cualquier discriminación al respecto entre grandes y pequeños
comerciantes. Después está la proposición no de ley del Grupo
Popular, de 9 de febrero, que se ha explicado aquí hace un momento.
Pero en todo caso es evidente que dejarlo simplemente al diálogo
entre las partes demuestra que no es suficiente, porque no es un
diálogo entre iguales, sino entre entidades financieras fuertes y con
mucha facilidad para ponerse de acuerdo al menos en los criterios
generales y marcar unas pautas. Sólo por el escándalo y la fuerte
reacción de presión de los comerciantes se ha abierto una mesa de
diálogo, pero siguen siendo sectores débiles, y yo no me imagino al
panadero de mi barrio o al dueño de una boutique dialogando con su
banco sobre cuánto le van a quitar por hacer uso de las tarjetas de
crédito, y mucho menos a un usuario normal, que bastantes problemas
tiene ya como para enfrentarse a una discusión con el director de su
banco sobre los cobros por la tarjeta de crédito.
Además, es un mercado que poco a poco se va cerrando, quedando
prácticamente dos o tres asociaciones de tarjetas de crédito como
elementos de negociación. Uno negocia con Visa, con MasterCard y poco
más, y son grandes entidades con capacidad de imponer sus decisiones.
Por lo tanto, creemos importante que exista un marco legal que
permita al menos fijar unos topes máximos. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Santiso. Discúlpeme.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Rumores.) Señorías, por favor.
Puede continuar, señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Nosotros creemos que es un tema
importante y yo entiendo que la mayoría de esta Cámara esté
encantada, por lo visto, de pagar todos los años más de 2.000 pesetas
por una tarjeta de crédito o 500 pesetas por sacar 5.000 de un
cajero, como se está pagando en este momento si uno no va a su red,
por decirlo así, sea 4B, sea Visa, etcétera. Creemos que son
elementos importantes. No sé si puede más el no querer enfrentarse a
estas realidades que afectan a millones de usuarios y que, por tanto,
deberíamos tener en consideración.
Por ello, nuestro grupo va a apoyar esta iniciativa y lógicamente
propondrá también enmiendas en el proceso de discusión, porque
entendemos que es un tema muy importante. El usuario no puede estar
en las manos de las grandes corporaciones bancarias. Por tanto,
creemos que es un elemento que sí afecta a la vida diaria de los
ciudadanos y que es el momento de que esta Cámara se convierta
precisamente en protectora de los débiles, que son los usuarios
consideradosaisladamente. Ojalá dentro de un tiempo la sociedad
tenga fuerza suficiente para que las organizaciones de consumidores
tengan a su vez fuerza de discusión y de diálogo con las grandes
entidades para acabar con esas prácticas abusivas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, trataré de fijar la posición del Grupo Popular sobre esta
proposición de ley, que se presentó precipitadamente en enero, cuando
el PSOE percibió que el Grupo Popular iba a tomar iniciativas al
respecto. Por su precipitación para ganarnos en la carrera del
registro y no por lo que ha dicho usted, señor Gimeno, ya nació
confusa, incoherente, llena de errores y a fecha de hoy, además,
innecesaria, como trataré de demostrar.
Aunque en la parte dispositiva de la proposición de ley que presenta
el Grupo Socialista falta una mención expresa a su finalidad y
alcance, como sería recomendable en una técnica legislativa correcta,
el objeto esencial parece ser evitar la imposición de tipos de
interés abusivos y discriminatorios, tanto a los consumidores como a
los comerciantes, en los pagos que se efectúan con tarjeta.
Pero, si bajamos de las musas al teatro, enseguida podremos comprobar
que se citan distintas fuentes que resultan ser contradictorias
respecto de los datos ofrecidos. Y, por ejemplo, la tasa de descuento
varía en función de que el origen de la información sean los
empresarios, la Administración o el Banco de España. Ya de entrada,
señorías, se produce un gran desconcierto, en cuanto que crea
inseguridad respecto de la fiabilidad de la información. O cuando se
comparan y equiparan confusamente los conceptos de tipo de interés
y de comisiones, cuando lo correcto sería diferenciar claramente al
menos dos conceptos tan fundamentales y básicos. Porque las
comisiones -y lo ha dicho aquí muy bien el señor Gimeno- son un
porcentaje total sobre el total de la transacción, compuesto por la
tasa de intercambio más los costes operativos del banco adquirente
más su margen de beneficio, algo que nada tiene que ver, señor Gimeno
-y usted no lo dice en la proposición de ley-, con el tipo de
interés, que consiste en el porcentaje que se cobra al consumidor por
la cantidad objeto de crédito. Además, está formado por un tipo de
referencia objetivo y variable y un tipo diferencial fijo durante
toda la operación y que depende de las características del crédito y
del contratante, entre otros factores.
Y para terminar la exposición de motivos, donde también encontramos
alguna demagógica falacia, al trasponer la cuantía de las comisiones
a unos tipos pretendidos de interés anual, me detendré un minuto en
la
famosa denuncia en la que basan ustedes la necesidad de regular.
Ya ha corregido el señor Gimeno desde esta tribuna su proposición de
ley diciendo que efectivamente la denuncia fue ante el Servicio de
Defensa de la Competencia, no ante el Tribunal de Defensa de la
Competencia, como ustedes ponen, que no es lo mismo, señor Gimeno. Y
si hubieran hecho sus deberes sabrían que la propia denuncia de la
Confederación Española de Comercio, por un pretendido abuso de
posición dominante por parte de los bancos y entidades emisoras de
tarjetas, pone de manifiesto que no se trata de regular legalmente la
utilización de tarjetas, sino de estudiar los problemas que de ello
puedan derivarse. Porque, ciertamente, diversos sectores del mundo
del comercio se quejaban del importe de esa tasa de descuento, pero
no por su homologación a los tipos de interés bancario aplicables a
las operaciones de crédito, sino por las diferencias que se producen
en las aplicadas según sectores.
Por eso, señorías, el Grupo Popular acertó al proponer una mesa de
negociación entre las entidades participantes en los sistemas de pago
mediante tarjeta y los comerciantes y se equivocan ustedes, señorías
del Grupo Socialista, al querer regular. Tan es así que en el punto 7
del acuerdo firmado entre los comerciantes y las entidades
financieras se dice textualmente: Los representantes de la
Confederación Española de Comercio promoverán que se retire la
denuncia presentada en España ante el Servicio de Defensa de la
Competencia. Blanco y en botella, señorías. Si este era uno de sus
argumentos más sólidos para regular, ahí tienen la respuesta de los
propios interesados.
Y si SS.SS. quieren más errores o más muestras de incoherencia
paséense por el articulado y verán ya en el artículo 1 cómo se
produce una descripción incompleta y confusa del ámbito de
aplicación, hasta tal punto que se olvidan millones de tarjetas. Por
ejemplo, en la tipología de tarjetas de pago no se mencionan las
tarjetas internacionales ni las de prestigio ni las monedero que, por
su naturaleza, deberían quedar igualmente incluidas en el régimen
legal propuesto como medio de pago que son.
La misma suerte corren las cajas de ahorro, que desaparecen de la faz
de la tierra. Señorías, ni David Copperfield, ese mago famoso que
hace desaparecer tanques y locomotoras, sería capaz de hacer
desaparecer de una sola tacada millones de tarjetas y todas las cajas
de ahorro. Son ustedes fantásticos en ese sentido, señorías.
Por otra parte, las definiciones de tasa de descuento e intercambio
no contemplan los componentes y las variables empleadas para su
cálculo que, por cierto, son los responsables del amplio abanico de
las actuales tasas de descuento. En cuanto a la definición propuesta
de tarjeta de débito puede resultar perfectamente admisible la
utilización de un término inglés, es perfectamente aceptable un
neologismo, pero, señorías, of line significa exactamente lo
contrario de lo que la proposición parece entender.
Los artículos 2, 3 y 4 pretenden regular la protección de
consumidores y comerciantes a través de instrumentos legales que ya
están contemplados en la normativa vigente, como ocurre con la Ley 26
de Disciplina e intervención de las instituciones de crédito, en la
orden de 12 de diciembre de 1989 del Ministerio de Economía y en las
circulares del Banco de España 8, 5 y 3 de los años 1990, 1994 y
1996, respectivamente. En este sentido, la propuesta legislativa que
presenta el Grupo Socialista es reiterativa del marco jurídico
vigente en nuestro país.
En el artículo 5 se introduce la expresión de comisiones en términos
de tasa anual equivalente. Pues bien, señorías, en mi grupo no
consideramos correcta, ni siquiera razonable, la equiparación entre
tipos de interés y comisiones con la subsiguiente pretensión de
explicitar éstas en términos de tasa anual equivalente vinculados a
un factor tiempo que no tiene encaje alguno en el concepto de
comisión.
Finalmente, señorías, esta proposición de ley concluye con dos
artículos sobre determinación y límites de los tipos de interés.
Nosotros entendemos que los tipos de interés son fijados en los
contratos bancarios y financieros formalizados en el ámbito del
derecho privado con aplicación del principio de autonomía y de
voluntad de las partes. Por tanto, se puede considerar muy discutible
cualquier intento de intromisión administrativa en el particular. Por
cierto, señor Gimeno, nos gustaría que alguien determinase con
exactitud qué es un crédito concedido en condiciones homogéneas.
Ustedes sabrán lo que es.
Por otra parte, el fomento del asociacionismo con vistas a mejorar la
capacidad de negociación de las PYME comerciales en nuestro sistema
de libre empresa y de libertad de mercado no debe requerir de una
fase legal específica ni de autorización del Tribunal de Defensa de
la Competencia. A juicio del Grupo Popular, la pretensión implícita
en la proposición de ley de lograr un mercado más transparente y
responsable en el uso y aceptación de las tarjetas de pago no se
articula acertadamente a través de los mecanismos de esta proposición
de ley que pretende regular materias propias del ámbito de las
relaciones de derecho privado. En este sentido, esta proposición de
ley sobre las tarjetas como medio de pago puede aparecer como
excesiva, innecesaria y quizá incluso contraproducente para el
correcto funcionamiento de las tarjetas de pago en nuestra economía
de libre mercado. Es innecesaria, y lo han dicho ya algunos
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, y no sólo
ellos, sino también los propios implicados, porque -como saben SS.
SS.- el 9 de febrero pasado el Congreso de los Diputados instó al
Gobierno a crear una comisión integrada por asociaciones de
comerciantes, entidades participantes en el sistema de pago mediante
tarjeta y expertos independientes, que ha sido pilotada por la
secretaria de Estado y moderada por el director general de Comercio,
con el objetivo de, a través del diálogo, llegar a un pacto con un
horizonte de rebaja en las tasas de descuento.
Pues bien, como todas SS.SS. conocen, las partes llegaron a un
acuerdo, no virtual como decía el señor Gimeno, sino un acuerdo
firmado por todas las partes, por cierto, muy positivo para el
pequeño comercio en concreto y para todo el comercio de bienes y
servicios en general, porque permite mejorar la competitividad y
eficiencia de ambos sectores en la consecución de un beneficio mutuo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gómez
Darmendrail, le ruego concluya.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Concluyo, señor presidente, diciendo
simplemente que el informe que acompaña al acuerdo alcanzado dice
exactamente que, a reserva de que el informe que está elaborando el
Tribunal de Defensa de la Competencia, a petición del Gobierno,
aconseje otra cosa, la Comisión no considera necesario proponer por
el momento al Gobierno ni al Parlamento ninguna medida de actuación
sobre el sistema de los pagos con tarjeta, que considera puede seguir
funcionando correctamente en un régimen de libre competencia. De ahí
que a mi grupo esta proposición de ley le parezca innecesaria. Los
propios interesados manifiestan que no hay que otorgar dimensión
legislativa a cuestiones que, al menos en buena parte, deben
inscribirse en el marco de los acuerdos entre particulares.
Por todas estas razones, señorías, y por algunas más que me dejo en
el tintero, votaremos negativamente a la proposición de ley del Grupo
Socialista.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gómez Darmendrail.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, PARA LA
INCLUSIÓN COMO SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO
MILITAR OBLIGATORIO Y DE LA PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA, CUANDO EL
INTERESADO DISPONGA DE UNA RELACIÓN LABORAL BASADA EN CONTRATOS DE
FORMACIÓN O PRÁCTICAS O CUALQUIERA DE TIPO TEMPORAL. (Número de
expediente 122/000200.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Les comunico a
SS.SS. que el punto 2 del orden del día, toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, ha sido retirado por este grupo parlamentario. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de pasar a las votaciones,
quería someter al Pleno, de acuerdo con la
Junta de Portavoces, la inclusión en el orden del día de la sesión de
un nuevo apartado para debatir, y en su caso votar sin debate, si así
lo estima oportuno el Pleno, la creación de una subcomisión para el
estudio de la problemática del pueblo gitano. ¿Lo acuerda así la
Cámara? (Asentimiento.)
Muchas gracias.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO SOBRE TRANSACCIONES EFECTUADAS
MEDIANTE TARJETAS COMO INSTRUMENTO ELECTRÓNICO DE PAGO. (Número de
expediente 122/000236.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación sobre la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista sobre
transacciones efectuadas mediante tarjetas como instrumento
electrónico de pago.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
273; a favor, 127; en contra, 145; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES:
- SOBRE EL ESTUDIO DE UN NUEVO MODELO DE TELEVISIÓN Y RADIO DE
TITULARIDAD PÚBLICA. (Número de expediente 158/000029.)
- SOBRE EL ESTUDIO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL. (Número de expediente
154/000012.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, también tenía que someter al Pleno dos
solicitudes de prórroga del plazo de finalización de subcomisiones,
la que estudia un nuevo modelo de televisión y radio de titularidad
pública y la del nuevo modelo policial. ¿Desea algún grupo
parlamentario que se sometan a votación electrónica o basta con el
asentimiento? (Pausa.) ¿Se aprueba el aplazamiento de la finalización
de los trabajos del nuevo modelo de televisión por asentimiento?
(Asentimiento.)
Muchas gracias. ¿Se aprueba asimismo el nuevo modelo policial?
(Asentimiento.)
Muchas gracias.
Por tanto, se entenderá que tienen hasta el 31 de diciembre para la
finalización de sus trabajos.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL MARCO
JURÍDICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL DEL MINUSVÁLIDO. (Número de
expediente 161/001622.)
El señor PRESIDENTE: Al haberse retirado la proposición de ley del
Grupo de Izquierda Unida, pasamos al punto siguiente del orden del
día, proposiciones no de ley, comenzando por la del Grupo Popular
sobre el marco jurídico de protección patrimonial del minusválido.
(Rumores.)
Señorías, por favor, guarden silencio.
Vamos a debatir la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular, para cuya presentación tiene la palabra, en nombre de dicho
grupo, el señor MartínezPujalte. (Continúan los rumores.)
Rogaría a SS.SS. que guardaran silencio. Señor Gómez Alba, por favor.
Señor Cuesta, don Álvaro. (Continúan los rumores.) Señorías, por
favor, silencio. Señor De Torres, Arqueros y demás. (Pausa.)
Adelante, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señorías, es para
mí una satisfacción presentar aquí esta tarde esta proposición no de
ley por la cual instamos al Gobierno a estudiar una mejora en el
marco jurídico-fiscal del patrimonio de las personas discapacitadas
que les otorgue mayor seguridad en el futuro. Se ha hecho mucho en
los últimos años en el derecho público y en las relaciones entre la
Administración y los discapacitados, y ahora conviene hacer una
reflexión importante para promover modificaciones en el ámbito del
derecho privado que lo adapten a las necesidades actuales de este
colectivo. Es necesario profundizar en el artículo 49 de la
Constitución, que señala que los poderes públicos deben... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, un momento.
Señor Jover Presa. Señor Cuesta, don Álvaro. Por favor.
Adelante, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Decía, señorías, que es necesario
profundizar en el artículo 49 de la Constitución, que señala que los
poderes públicos deben realizar una política de previsión,
tratamiento, rehabilitación y, sobre todo, de integración de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos en el mundo social,
laboral, cultural, etcétera. El artículo 9.2 de la Constitución habla
de promover una igualdad real y efectiva, y esto exige, para el
colectivo de discapacitados, la adopción de medidas positivas que les
igualen, porque parten de una situación de una cierta distancia.
El Código Civil, señorías, data de principios de siglo y las
circunstancias se han modificado notabilísimamente. Las innovaciones
tecnológicas y el avance de la medicina han hecho posible,
afortunadamente, que hoy
los discapacitados tengan mayor esperanza de vida y en muchos casos
sobrevivan a sus padres, y estos avances, que suponen un cambio en
sus circunstancias vitales, exigen un tratamiento adecuado del
derecho privado para que puedan ser protegidos. Conviene modificar la
regulación, por ejemplo, para que un discapacitado, cuando todavía
está en pleno uso de sus facultades, pueda designar tutor para cuando
en el futuro las pierda. Conviene modificar la legislación para que
los padres que tienen hijos discapacitados dispongan de un marco que
les facilite destinar una mayor parte de los bienes de la familia a
estos hijos, designar tutor para el hijo y tener una tributación
mejor en los impuestos de sucesiones, de donaciones, de transmisiones
y actos jurídicos documentados, para que las familias no tengan que
vivir con la angustia de qué será de mi hijo cuando nosotros
faltemos.
Es un aspecto de enorme trascendencia para un colectivo por el que el
Grupo Parlamentario Popular siempre ha manifestado una especial
sensibilidad, y lo ha reflejado en reformas importantes como la que
se ha llevado a cabo en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas. Señorías, hay dos aspectos esenciales para mejorar la
calidad de vida de los discapacitados: por una parte, la eliminación
de las barreras, objetivas y subjetivas, arquitectónicas y
formativas, que les permitan una integración en el mundo social,
laboral, cultural, etcétera y, por otra parte, garantizar a las
familias y a los propios discapacitados que, ante las nuevas
realidades sociales, tengan marcos adecuados para permitirles una
vida digna en el futuro, eliminando la angustia de muchas familias
que no saben qué hacer para proteger a los suyos y se preguntan y nos
preguntan: ¿Y después de nosotros, qué va a ser de nuestros hijos? La
afortunada longevidad que hoy disfrutan los discapacitados lleva a
que haya personas con discapacidad que están en pleno uso de sus
facultades, pero tienen una esperanza de vida digna que van perdiendo
progresivamente y necesitan asegurarse el futuro, y también lleva a
que haya familias que tienen hijos discapacitados que antes no les
sobrevivían, que ahora les van a sobrevivir y quieren destinar una
parte de su patrimonio para asegurar el futuro de sus hijos.
Cuando se elaboró el Código Civil nadie pensaba en la posibilidad de
que un discapacitado pudiera elegir un tutor para sí mismo cuando aún
no tuviera facultades, cuando se elaboró el Código Civil nadie
pensaba que los discapacitados iban a sobrevivir a sus padres, y eso
se ha modificado notabilísimamente y se han hecho reformas en el
marco del derecho público, pero esas reformas exigen que lleguen
también al derecho privado. En el nuevo IRPF se ha avanzado mucho,
consintiendo un sistema de previsión social que permite canalizar una
parte del ahorro de las familias en favor de los discapacitados o
permite que los propios discapacitados ahorren para su futuro.
En esta proposición no de ley no hablamos de derecho público; en esta
proposición no de ley, para la que pido el respaldo de toda la
Cámara, instamos al Gobierno a valorar la necesidad de proponer un
marco jurídico
patrimonial privado del minusválido y estudiar qué medidas
realizar en el derecho civil y procesal para dar respuesta a estas
necesidades y adaptar el marco fiscal para hacerlas atractivas y no
penalizar a las familias y a los discapacitados que quieren ahorrar
para buscar un mejor futuro.
No hay mejor manera para ayudar a los discapacitados que permitir una
mayor presencia suya en la vida laboral y social. En el nuevo IRPF se
ha querido primar precisamente esto; aparte de aumentar el mínimo
personal y familiar para los discapacitados, se han querido primar
las medidas positivas que faciliten la inserción laboral, que
faciliten la inserción social de los discapacitados. Desde el Grupo
Parlamentario Popular hemos estado reflexionando muy seriamente con
la Cermi, con la confederación que reúne a todas las asociaciones de
discapacitados, para seguir avanzando, para hacer que los
discapacitados tengan un futuro más estable y prometedor y, a la vez,
para hacer posible una mayor presencia de éstos en la vida social y
profesional.
Se ha trabajado mucho en estos años, se ha trabajado mucho desde que
la Constitución inició el camino al aprobar el artículo 49. En estos
años hemos seguido avanzando. Desde el Gobierno del Partido Popular
se ha impulsado un plan de medidas urgentes para la promoción del
empleo de personas con discapacidad, un plan, por cierto, consensuado
con la Cermi, que ha dado unos excelentes resultados. Se han
destinado casi 23.000 millones de pesetas y se han promovido en 1998
más de 15.000 puestos de trabajo para personas con minusvalía y en
1999, y ya casi estamos a mitad del año, se prevé que se van a
incorporar al mercado laboral casi 22.500 discapacitados más. Se ha
trabajado mucho en estos últimos años, se ha hecho un gran esfuerzo
para promover que los discapacitados tengan una presencia muy
positiva en la vida laboral y social, pero todavía hay deficiencias,
todavía cuando uno habla con las asociaciones de discapacitados se
encuentra con que te dicen que hay un 70 por ciento de personas
discapacitadas que se quieren incorporar al mundo laboral y no tienen
trabajo; todavía uno se encuentra con familias que te preguntan qué
será de sus hijos cuando no estén en la tierra; todavía hay muchos
problemas y es una obligación de los poderes públicos, es una
obligación de esta Cámara dar solución a un colectivo de personas
desfavorecidas por las que todos los políticos, todos los grupos
parlamentarios de esta Cámara debemos sentir una sensibilidad
especial.
Por eso, mi grupo ha querido presentar esta proposición no de ley;
por eso mi grupo quiere que esta proposición no de ley cuente con el
mayor respaldo posible; por eso a mi grupo le gustaría que fuera
aprobada por unanimidad, para decirle al Gobierno: se ha hecho mucho
desde la aprobación de la Constitución, se ha hecho bastante en los
tres últimos años, pero hay que seguir avanzando en reformas en el
derecho privado porque ya se ha hecho mucho en el campo del derecho
público y en el de las relaciones entre Administración
y discapacitados.
La sociedad española se siente orgullosa de que hoy los
discapacitados españoles estén más presentes en la vida laboral. Por
ejemplo, hoy los discapacitados españoles son los propios
presidentes, los directivos de sus asociaciones, pero tenemos que
seguir trabajando y proponiendo medidas.
Hoy es el inicio de un nuevo camino en la vida de los discapacitados
si somos capaces de estudiar, de reflexionar sobre las modificaciones
que vamos a introducir en el marco del derecho privado y si somos
capaces de procurar que esas iniciativas sean aprobadas por esta
Cámara y que los padres tengan un marco para destinar una parte del
patrimonio de su familia en favor de los discapacitados con la
garantía de que ellos sean los únicos beneficiarios.
Señorías, esta Cámara se podrá sentir orgullosa si somos capaces de
aprobar esta proposición no de ley y somos capaces luego de
concretarla en medidas prácticas que favorezcan a la familia y a los
discapacitados.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez- Pujalte.
Antes de pasar a dar la palabra al Grupo Socialista, que ha
presentado una enmienda a la proposición no de ley, quiero anunciar
al Pleno y, a través de los monitores, a los diputados que no se
encuentran presentes en el hemiciclo, que procederemos a las
votaciones de las proposiciones no de ley, ésta que se está
tramitando más la posterior del Grupo Socialista, después del debate
de ambas, es decir, al finalizar el punto II del orden del día y de
la misma forma con las mociones. O sea, agruparemos las votaciones
con los distintos puntos del orden del día. Por tanto, no habrá
votación tras el debate de esta proposición no de ley a la que, como
decía, ha presentado una enmienda el Grupo Socialista, para cuya
presentación y defensa tiene la palabra doña Matilde Fernández.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Gracias, señor presidente.
Señor Martínez-Pujalte, le ruego me disculpe porque durante el primer
minuto de su intervención yo estaba bajando las escaleras y no le he
podido escuchar.
El Grupo Socialista ha presentado dos enmiendas, pero que es una
porque es la misma. Se trata de incorporar en el primer párrafo que
no estamos hablando de todas las personas con algún tipo de
discapacidad, sino que estamos hablando de las personas gravemente
afectadas y que eso mismo se recoja en el segundo párrafo.
Habíamos pensado introducir algunas enmiendas más, pero nuestra
voluntad es la misma que usted ha expuesto en su intervención en el
hemiciclo, la voluntad de que esta proposición no de ley se apruebe
por unanimidad.
Voy a adelantarle por qué hemos presentado esta enmienda para que los
estudios y las propuestas que haga el Gobierno se refieran a las
personas más gravemente afectadas. Ha sido porque todo lo que usted
ha
dicho no puede dirigirse al conjunto de las personas con
discapacidad. Aquí aplicaría esa reflexión del pez y de la caña, que
se suele usar en muchos temas de política social, porque en este
país, desde la Constitución -como usted dice-, en los gobiernos de
UCD, en nuestros gobiernos y, ahora, en el Gobierno conservador, creo
que hay un elevado grado de acuerdo y de consenso acerca de que
preferimos enseñar a pescar y no dar el pez. Por eso introducíamos
ese elemento, para seguir hablando de un marco jurídico patrimonial
diferente, para seguir hablando de unos derechos civiles y procesales
con matizaciones específicas, del ordenamiento tributario visto de
nuevo hacia los colectivos con discapacidad, incluso de las tutorías
y las responsabilidades de las fundaciones que pueden hacer el papel
de un padre y de una madre cuando éstos desaparecen, etcétera.
Esto no puede dirigirse a todas las personas con discapacidad, debe
dirigirse sólo a aquellos que tienen una situación de discapacidad
grave, profunda, etcétera, y en cuanto al resto de los colectivos
debemos trabajaren lo que dice nuestra Constitución, en lo que dice
el Plan de integración de Naciones Unidas o en lo que dicen nuestros
planes integrales para las personas con discapacidad o el Plan de
empleo, que es el último que usted ha comentado.
Para el conjunto de personas que tienen algún tipo de discapacidad,
el consenso en este país es hablar de la integración, de su
incorporación al mundo del trabajo, de su incorporación a una
educación lo más normalizada posible, de su incorporación e
integración en la sociedad. Por lo tanto, no podemos estar hablando
de un derecho patrimonial, no podemos estar hablando de un derecho
fiscal, no podemos estar hablando de una peculiaridad para todos los
discapacitados. Ese es el fondo de nuestra pequeña enmienda.
Nos hemos quedado con las ganas de presentar alguna otra enmienda,
pero -insisto- no queríamos introducir polémica, y queríamos
conseguir esa unanimidad que usted busca, por lo que vamos a hacer
sólo una reflexión para ver si el grupo que sostiene al Gobierno y el
mismo Gobierno quiere escucharla, que es la siguiente. Desde el
movimiento de personas con discapacidad hay una tendencia a decir:
estamos solos y la familia tiene que resolverlo todo. Pero eso no es
del todo real, es un sentimiento subjetivo comprensible, porque
objetivamente los poderes públicos cada día, cada año cuentan con más
recursos, con más medios, cuentan con políticas monetarias y con
políticas de servicios, es decir, los poderes públicos, el Estado,
las administraciones están al servicio de la integración y de la
protección de las personas con discapacidad. A nosotros nos gustaría
que el Gobierno no viniera sólo con propuestas en defensa de
patrimonios privados, en defensa de intereses de familia, sino que
también hiciera una revisión acerca del papel que casi siempre juega
el Estado cuando desaparecen el padre y la madre de los minusválidos
y, por lo tanto, que se tengan en cuenta también los intereses que
los poderes públicos pueden tener con estas personas severamente
afectadas.
Esto es todo. Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández. ¿Grupos
parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez
Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Con toda brevedad, aunque ello no suponga mengua de la valoración que
se tiene de la iniciativa que ha presentado con todo acierto del
Grupo Parlamentario Popular.
Nosotros estimamos que no es una casualidad que en estos días que
vamos a celebrar el 50 aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos se haya traído esta iniciativa que estoy seguro que
va a tener el respaldo de todos los grupos de esta Cámara.
Desde el año 1981, se vienen haciendo declaraciones en Naciones
Unidas en favor de este grupo de personas, disminuidos psíquicos y
físicos, que tienen limitaciones en su actividades motrices o en su
desarrollo psíquico y en su adaptación a la sociedad. En España se ha
avanzado muchísimo, como bien ha señalado el portavoz del Grupo
Popular, don Vicente MartínezPujalte, en una legislación consecuente
con los principios que marca la propia Constitución española en sus
artículos 39 y 49. Todos recordamos la tramitación de la Ley del
Impuesto sobre el Rendimiento de las Personas Físicas -no impuesto
sobre las personas físicas, señor Martínez-Pujalte, sino impuesto
sobre los rendimientos, y usted lo sabe muy bien porque fue portavoz
defensor de este importante proyecto de ley- , y allí Coalición
Canaria no sólo apoyo la iniciativa del Gobierno, sino que presentó
enmiendas en favor de este grupo social y, al mismo tiempo, esas
enmiendas, que fueron modificadas después por el Grupo de
Convergència i Unió, fueron aceptadas por unanimidad.
Nosotros creemos que es un paso adelante decisivo que se tenga en
cuenta una posible y necesaria modificación de las normas del derecho
privado, del derecho civil y del derecho procesal, para buscar una
protección a este grupo de personas (en el mundo hay más de 500
millones de personas que están afectadas por estas deficiencias)
cuando lleguen a la tercera o cuarta edad o cuando sean mayores
-independientemente de la denominación-, para que tengan una
protección de la que hoy no pueden disfrutar por cuanto que nuestro
Código Civil y nuestras leyes procesales no han sido modificadas ni
actualizadas debidamente.
Por ello, Coalición Canaria, creyendo que se debía distinguir entre
esa denominación internacional que existe entre deficiente,
discapacitado y minusválido, no va a hacer muchas diferenciaciones
para que este grupo social siga mereciendo las normas de protección
tuitiva, y perdone la redundancia... (Dificultades en la megafonía
impiden oír al orador.)
El señor PRESIDENTE: No es redundancia, es un sonido, señor Gómez
Rodríguez, y ruego al equipo de sonido que lo corrija.
En cualquier caso, vaya concluyendo.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Repito que esto tiene mucha trascendencia, sobre todo porque, como
dije al principio, estamos en el 50 aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
Me hacen llegar que la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (PNV),
se había ausentado un minuto de la Cámara, justo en el momento de
pedir el turno, pero tiene la palabra, en nombre de su grupo, para
fijar posición, la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Nos trae hoy el Grupo Popular una iniciativa que, desde la
perspectiva del Grupo Vasco, es muy interesante, además de muy
necesaria.
Efectivamente, es cierto, como ha explicado el señor Martínez-
Pujalte, que los avances en la sanidad y en la calidad de vida hacen
que en muchísimas ocasiones personas consideradas disminuidas o
discapacitadas se encuentren con que, habiendo vivido protegidos por
un núcleo familiar, éste, de repente, desaparece y resulta difícil
saber como se puede proveer sobre la disposición de la persona y de
los bienes de estos ciudadanos. Ocurre también que personas que,
habiendo sido perfectamente capaces... (Dificultades en la megafonía
impiden oír al orador.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Uría, porque vuelve la
redundancia. ¿Cuál es el motivo del sonido extraño? ¿Algún
inalámbrico? (Pausa.) ¡Vaya por Dios! No parece que haya ningún
inalámbrico en este momento usándose. ¿El señor Múgica está en el
asunto? (Pausa.) No parece que esté tampoco muy por la labor.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: No encuentra usted culpables, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a tratar de seguir.
Adelante.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Ocurre, además, que determinadas personas que han sido perfectamente
capaces durante toda su vida, al llegar a una determinada edad se
encuentran en parecidas circunstancias, quedan en manos de
residencias o de instituciones y los poderes públicos, quienes
regentan estas instituciones, se preguntan qué hacer con
ellos y qué normas, queriendo ser todo lo justos que se pueda, habrán
de regir las capacidades y bienes de estas personas.
En algunas comunidades autónomas, como es el caso de la vasca, en las
que se están haciendo políticas socialmente avanzadas, ocurre que
cuando se pretende regular o atender a estas circunstancias uno
siempre se encuentra con el tropiezo de que determinadas materias son
competencia de la regulación estatal. A esta Cámara le corresponde
regular los aspectos civiles y procesales y no a las instituciones
propias de la comunidad autónoma y, por tanto, repito que es muy
necesario e incluso urgente atender a una regulación conveniente de
estas situaciones que han quedado expuestas por el representante del
Grupo Popular.
Nos choca, sin embargo, que, siendo el partido mayoritario el que
trae esta iniciativa a la Cámara, lo presente como proposición no de
ley. Teniendo a su favor el aparato burocrático y administrativo del
Estado, nos parecía que se podría haber hecho el esfuerzo de traerlo
ya articulado cuando menos como proposición de ley, o incluso haber
convencido al Gobierno para que lo presentase como proyecto de ley,
lo cual haría que fuese más fácil pensar que pudiese tramitarse en
los límites temporales de esta legislatura. En otro caso, nos tememos
que el apoyo que, por supuesto, nuestro grupo va a dar a esta
iniciativa no va a tener ni siquiera el poder de vinculación política
al Gobierno, puesto que queda de legislatura lo que queda; quizá sí
quede la vinculación moral de todos los grupos de la Cámara de
intentar que, cuando menos en la legislatura siguiente, esta ley tan
necesaria y tan urgente se haga realidad.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
El señor Silva, por el Grupo de Convergència i Unió.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Como ha sido dicho con anterioridad, a partir del artículo 49 de la
Constitución y la Ley de Integración Social de los Minusválidos han
sido numerosas las disposiciones que han establecido prestaciones de
carácter público en favor de minusválidos disminuidos físicos,
psíquicos y sensoriales y de sus familias, así como el compromiso
-como también ha recordado doña Matilde Fernández- cada vez mayor de
los diversos poderes públicos con actividades de carácter asistencial
respecto de los minusválidos y de sus familias.
Sin embargo, hay que decir que la preocupación por el minusválido ha
estado ajena el derecho civil. Da la impresión de que lo único que ha
preocupado, en principio -así lo establecía la disposición final
primera de la Ley de Integración Social de los Minusválidos-, era el
establecimiento de la tutela o de la curatela, en su caso, así como
el régimen de los internamientos. Tenemos que recordar que en estos
momentos en el debate en ponencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil
el tema de los internamientos es uno de los que ha salido a relucir.
El resto
de cuestiones que pueden afectar a los minusválidos en el ámbito del
derecho privado ha estado prácticamente al margen de nuestras
preocupaciones.
Sí ha existido una preocupación importante en favor de la inserción
sociolaboral de los minusválidos. Ahí tenemos la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, del año 1985, en la que se estableció
una cláusula social que ha sido ampliada por mi grupo y que
precisamente ha sido votada hoy en la Comisión de Administraciones
Públicas, de la misma manera que se han adoptado medidas en el nuevo
impuesto sobre la renta de las personas físicas, tanto en cuanto al
mínimo individual y familiar como en el régimen especial de planes de
pensiones y mutualidades de previsión social constituidos a favor de
personas con minusvalías.
Sin embargo, hay otros aspectos en el ámbito del derecho civil en los
que el legislador no ha entrado. Parece absolutamente incomprensible
mantener la legítima igual para los hijos en aquellos casos en que
uno de ellos es discapacitado grave, en el sentido que comentaba la
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y que cualquiera de sus
hermanos tenga derecho a exigir el complemento de la legítima en el
caso de que los padres, muy preocupados por el futuro de este hijo,
decidan en testamento atribuirle bienes por importe superior al que
atribuyen a sus hermanos y que no integren la mejora. Por tanto, hay
una serie de artículos en el Código Civil, al menos en el ámbito del
derecho común, los artículos 814, 815 y 816, en cuanto a la legítima
de los herederos forzosos, que sin lugar a dudas tendrán que ser
modificados, y quizá después habrá que atribuir un régimen tributario
especial a esta distribución de bienes. Desde luego, en el ámbito del
derecho sucesorio hay que ir a ese principio, que es el que establece
la Constitución, no de igualdad sino de no discriminación entre los
hermanos, porque dicho principio exige también tratar desigual a los
desiguales y, por tanto, la posibilidad de atribuir mayores bienes a
aquellos hijos, padres o parientes que se encuentren en esta
situación. Por tanto, votaremos favorablemente la proposición no de
ley.
Tenemos que decir que, como es habitual, don Vicente Martínez-
Pujalte, ha suplido con una gran pasión la parquedad de la
proposición no de ley que debía haber tenido un contenido más
concreto.
Finalmente, quiero hacer un llamamiento a SS.SS. Hay una ley prevista
en la Constitución, que todavía no hemos desarrollado, la ley del
servicio civil, que debería suponer para el colectivo de los
minusválidos, y más concretamente para aquellos grandes
discapacitados, un auxilio importante que no suple el patrimonio
familiar, en muchos casos escaso, así como tampoco las prestaciones
recogidas en la Lismi, ni siquiera la prestación por ayuda de tercera
persona o el subsidio de garantía de ingresos mínimos o por movilidad
y compensación por gastos de transporte. Reitero, esta ley de
servicio civil, prevista en la Constitución y que todavía no hemos
desarrollado, seguro que supondría un auxilio importante para
aumentar las posibilidades de participación y actuación de los
grandes discapacitados. Por
lo tanto, bienvenida sea la proposición no de ley. Esperemosque el
Gobierno tarde poco en enviar el proyecto y en dar fiel cumplimiento
al mismo, y reclamamos esas medidas en el ámbito del Código Civil,
fundamentalmente, y no sólo en el ámbito de derecho de sucesiones.
Ello permitirá que ese principio de igualdad se traslade al ámbito
del derecho privado, como lo ha sido al derecho público.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Sabanés.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, señor presidente.
Es cierto que en los últimos años se ha avanzado fundamentalmente en
el ámbito de las discapacidades y en los procesos de integración
social o laboral a través de la Lismi, a través de los planes
integrales o a través de las políticas y actuaciones de los poderes
públicos. Hoy se nos plantea una serie de reformas en el ámbito del
derecho privado, dirigidas a estos colectivos. Nosotros estaríamos de
acuerdo con las enmiendas del Grupo Socialista, si son aceptadas, por
cuanto nos estaríamos dirigiendo a discapacitados gravemente
afectados. También estamos de acuerdo en que esta proposición no de
ley se apruebe hoy por unanimidad, pero sobre todo estaríamos de
acuerdo en que fuera desarrollada por el Gobierno con un nivel de
celeridad. Quizá no hubiera sido excesivamente complicado traer hoy
un texto más articulado, dadas las fechas en las que nos encontramos
y la urgencia de algunos de los temas que se plantean.
No obstante, nuestro grupo va a votar favorablemente y va a formar
parte de ese consenso. Sólo le pedimos al Gobierno celeridad en la
articulación del proyecto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sabanés.
Tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte, sólo a efectos de aceptar
o rechazar las enmiendas del Grupo Socialista.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Queremos aprovechar la ocasión no sólo para decir que aceptamos las
enmiendas del Grupo Socialista, sino para agradecer a todos los
grupos el consenso, que va a ser muy importante para que el Gobierno
aplique una mayor celeridad en traernos un proyecto que dé respuesta
a un colectivo que seguro, señora Fernández, que todos en esta Cámara
deseamos que tenga un marco que le facilite una vida digna, desde la
protección de su patrimonio, y también, cómo no, cuando sea
necesario, desde la protección del sector público.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martinez- Pujalte.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EL EFECTO 2000. (Número de
expediente 162/000372.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de la proposición no de ley,
pasamos a la que corresponde al Grupo Socialista, sobre el Efecto
2000, para la que tiene la palabra, en nombre de dicho grupo, don
Rafael Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, señorías, hace un
momento se hablaba de consenso. El tema que hoy trae aquí el Grupo
Socialista es también un problema que requiere el máximo consenso, la
máxima movilización, el máximo ejercicio de responsabilidad política
por parte de todos nosotros. Esa es la intención de nuestra
proposición no de ley.
Hace dos años, a propuesta del Grupo Socialista, se aprobaba en esta
Cámara una proposición en la que se instaba al Gobierno a adoptar una
serie de medidas para prevenir las consecuencias del denominado
Efecto 2000, que afectará a buena parte de los sistema informáticos.
Advertíamos de los riesgos y se pedía al Gobierno una serie de
medidas. Un año más tarde, hoy mismo, se ha reunido por tercera vez
la Comisión Nacional sobre el Efecto 2000. Hoy el Gobierno ha
anunciado una campaña de difusión en medios informativos, que era una
de las propuestas que planteamos hace ya dos años.
Señorías, estamos ante un problema que es político, que es de
gestión, que es económico y sin duda también tiene un componente
tecnológico. Es cierto que se ha recuperado algo del tiempo perdido.
Íbamos con más de dos años de retraso con respecto a otros países de
nuestro entorno, y la realidad es que ese retraso ha incrementado los
costes y va a aumentar los riesgos de que algunos sistemas no estén
en condiciones. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la
Presidencia.)
Se habla por parte del Ministerio de Fomento de 300.000 millones de
pesetas, otra fuente habla de 400.000, alguna fuente de la
Administración norteamericana estima para nuestro país una pérdida
equiparable al 2 por ciento de nuestro PIB, y el propio Gobierno, en
menos de nueve meses, ha duplicado su estimación de costes solamente
para la Administración. En definitiva, nos encontramos ante una
situación en la que quizá lo más preocupante es la falta de
información y, sobre todo, la incertidumbre.
No hace mucho el ministro Piqué decía que no hay que prever que se
produzcan circunstancias graves por el Efecto 2000 en los sectores
críticos, y si se producen -decía el ministro- existen planes de
contingencia previstos. La verdad es que conociendo otras
experiencias del señor Piqué, como aquella de Moscú, uno no termina
de sentirse muy seguro después de escucharle,
porque la realidad es que se nos dice, al mismo tiempo, en las
propias encuestas de la Administración, que el 35 por ciento de las
empresas españolas no van a estar preparadas, y que ese porcentaje va
a ser mucho mayor en las pequeñas y medianas empresas. Vemos también
que en el 25 por ciento la propia Administración no va a finalizar
las pruebas, no va a finalizar el proceso de conversión en el plazo
previsto de este mes. Si observamos el comportamiento de los sectores
críticos, de aquellos que pueden provocar incidencias que afecten a
la seguridad de los ciudadanos, que afecten gravemente a la economía,
vemos cómo, por ejemplo, en el sector marítimo no se sabe cuál es la
situación del 80 por ciento de las empresas; en el sector energético,
por el contrario, el 80 por ciento parece que está ya en condiciones;
en transporte ferroviario no hay ninguna información sobre los
sistemas denominados empotrados, sobre los microprocesadores; en
telecomunicaciones solamente un 43 por ciento de los operadores van
a estar listos antes del tercer cuatrimestre, y no hay que olvidar que
luego debe llevar un largo proceso de pruebas; en el sector aéreo,
que es un tema recurrente en esta Cámara, sólo un 30 por ciento de
las compañías aéreas han contestado al cuestionario del Gobierno. La
propia AENA prevé finalizar su conversión justo en el límite, en
noviembre-diciembre de este año. Pero es que todavía no se ha
iniciado siquiera algo tan esencial como es la integración entre los
sistemas de AENA y de Aviación Civil.
De banca se dice -lo decía hoy el vicepresidente- que es uno de los
sectores más avanzados en afrontar los retos del Efecto 2000, y sin
duda es cierto, pero al mismo tiempo, por ser la banca un sector
donde las interrelaciones son enormes, con otros sectores y con otras
empresas de su propio sector, sí es preocupante saber que el 5 por
ciento de las empresas bancarias han realizado las pruebas de
integración y que sólo un 1 por ciento de esas empresas tienen planes
de contingencia. Los planes de contingencia son un requisito
indispensable en los acuerdos del Fondo Monetario Internacional y en
el acuerdo de hace cinco días de Naciones Unidas. Es esencial
disponer de planes de contingencia para evitar posibles consecuencias
catastróficas.
Esa es la situación. En el sector de agua, por ejemplo, no hay
información sobre los sistemas de microchips, que son varios millares
y pueden provocar catástrofes ecológicas.
En el sector de salud, otro enormemente sensible, hay una información
que valora muy positivamente la situación, pero la realidad es que
sólo el 48 por ciento de los proveedores han respondido a la
información; que sólo el 66 por ciento de los aparatos del Sistema
Nacional de Salud han sido certificados; que no se tiene información
sobre las comunidades autónomas o sobre el sector privado.
He hablado hace un momento de planes de contingencia. Pues bien, en
el sector privado esos planes de contingencia son o bien inexistentes
o simplemente desconocidos. En el sector público, por ejemplo el
Ministerio de Defensa tiene previstos 11 planes de contingencia y los
tiene todos programados y en fase de pruebas. El Ministerio de
Interior solamente tiene en funcionamiento 7 de los 19 que tendría
que tener en marcha. El Ministerio de Justicia -y algo ha dicho la
ministra de Justicia al respecto- solamente uno de 21 planes de
contingencia. Preocupante es el Ministerio de Medio Ambiente con cero
planes sobre un total de 13 que tiene que poner en marcha. Lo mismo
que Sanidad, con cero planes de 7.
Esta es la realidad del problema en España, de un problema que es
mundial. Hace pocos días lo decían en Naciones Unidas: no hay forma
de saber qué ocurrirá en el 2000. Vivimos en un mundo
interdependiente cuya cara negativa vamos a ver ahora, uno de los
elementos negativos de la mundialización, de la globalización. No
somos capaces de prever los fallos en un control aéreo en África o en
América latina.
Hasta ahora la política del Gobierno ha sido no informar para no
alarmar, procurar mantener desinformados a los ciudadanos. Venimos
diciendo desde hace más de dos años que esto es un grave error. Una
opinión pública no informada es una opinión pública proclive a estar
asustada, proclive al pánico. Esta ha sido otra de las conclusiones
importantes de la reciente reunión en Naciones Unidas: la necesidad
de difundir información honesta y ajustada sobre los retos, riesgos
y procesos de adaptación.
El 2000 no va a ser solamente una fecha, sino una serie de fenómenos
que se producirán antes y después, incluido el pánico de los
ciudadanos; se habla de gobiernos que van a imprimir moneda en mayor
proporción. Mientras tanto, el Gobierno sigue diciendo que todo está
controlado y en orden. No hace mucho que el presidente del Banco
Central Europeo pedía que el día 31 cerrase la banca, que fuese un
día festivo, precisamente para evitar posibles problemas. Numerosas
compañías aéreas ya han anunciado que no volarán o restringirán sus
vuelos ese día.
En otros países, los ciudadanos están siendo bombardeados con
información, aquí se empezará previsiblemente el mes que viene;
bienvenida sea. El problema es especialmente complejo en España
porque tenemos una estructura más atomizada en nuestros municipios y
también con una administración, que son las comunidades autónomas.
Existen sectores críticos transferidos a las comunidades autónomas.
Nos enfrentamos, señorías, a un problema que en nuestro país tiene
circunstancias más agudas.
El Fondo Monetario Internacional equiparaba este problema a una
emergencia, a un desastre natural; pero en este caso está previsto
que el desastre sea global ante el que no sabemos qué pasará. Pedimos
por eso al Gobierno que adopte una posición de liderazgo, que afronte
respuestas, que adopte una serie de medidas y que envíe a la Cámara
información constante en todos los ámbitos sobre los ministerios,
sobre los sectores críticos; que adopte también medidas para evitar
problemas legales que se van a producir; que desarrolle campañas de
información a los ciudadanos, y en particular
a las pequeñas y medianas empresas, que pueden hacer quebrar la
cadena de la actividad económica.
Si hacemos caso de la información del Gobierno a organismos
internacionales, nuestro país no está demasiado mal, ha mejorado. Hoy
somos el número 19 en preparación. Pero tenemos razones para dudar de
la veracidad de esa información, porque se nos dice que el Insalud
está preparado, pero al mismo tiempo la información que da el
Ministerio de Sanidad dice lo contrario. Por lo tanto, todas estas
medidas tienen que ser conocidas, tienen que ser verificadas,
certificadas y, sobre todo, señor presidente, tienen que ser creíbles
para la opinión pública.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Estrella, le ruego
que concluya, por favor.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Sí, señor presidente.
El Ministerio de Sanidad no puede decir simplemente que está
preparado, tiene que dar garantías a los ciudadanos. Estamos viendo
que, por ejemplo, las compañías aseguradoras se niegan a cubrir los
riesgos del 2000. Por eso planteamos, con la voluntad de diálogo, de
consenso, de asumir entre todos el impulso en la sociedad española,
en nuestros sectores económicos y sociales, una serie de medidas para
impulsar la acción que actualmente lleva a cabo el Gobierno en
relación con el Efecto 2000. Sus costes van a ser enormes para
nuestra economía -hablaba anteriormente de hasta 2 puntos de nuestro
PIB-, pero mucho mayores, y hoy desconocidos, serían los costes que
puede tener para nuestra economía si se producen fallos, si no
estamos suficientemente adaptados o si la sociedad española no
percibe las medidas que se están adoptando para la preparación de
España al año 2000. Por eso presentamos esta proposición no de ley.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Estrella.
A esta proposición no de ley del Grupo Socialista ha presentado una
enmienda el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Para su defensa, tiene la palabra don Pedro Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, la verdad es que
el debate de esta proposición no de ley que ha presentado el Grupo
Socialista es reiterado en el tiempo. El propio señor Estrella
defendía el día 3 de junio de 1997 una proposición similar, que fue
votada por la Cámara y que planteaba la adopción de medidas para
prevenir este efecto. Entonces el Gobierno respondía con mucha más
tranquilidad: tampoco es tan preocupante, estamos trabajando, estamos
poniendo en marcha las cosas, y un año después, precisamente el 10 de
junio de 1998, el ministro Rajoy decía: La Administración va a
afrontar el problema informático del año 2000 con un presupuesto de
17.000 millones de pesetas -luego parecía que eran 19.000 millones de
pesetas-, que va a significar que a finales de marzo de 1999
tendremos ya un proceso de conversión definitivo
que, después de una prueba, podrá llevar a la adaptación total el 30
de junio de 1999. El 30 de junio de 1999 es mañana, y parece ser que
la situación no está tan solucionada como en aquel momento decía el
ministro Rajoy. Y decía el ministro que había puesto en marcha planes
de contingencia para proteger a los ciudadanos de los fallos que
podían producirse en el cambio de milenio y, además, se había puesto
en marcha una comisión nacional que presidía el señor Rato. Eso es lo
que se decía hace un año.
Lo cierto y verdad es que el dichoso problema viene provocado, más
que por los relojes de los ordenadores, por los millones de
microprocesadores que están distribuidos por un sinfín de elementos
que pueden crear una complicación que es muy difícil medir y
precisar. Por eso decía el Grupo Socialista que la cosa no era tan
fácil como el Gobierno la veía, que además tenía un efecto proyectado
a sectores más amplios que la propia Administración, que debían
conjuntarse los esfuerzos de todas las administraciones y que tenía
que ser efectivo tanto para los ciudadanos en general como para las
pequeñas y medianas empresas, los medios de comunicación y, sobre
todo, lo que se podrían llamar sectores vitales.
Izquierda Unida, además de apoyar la propuesta que hace el Grupo
Socialista (bastante detallada y de fácil cumplimiento, no tendría
complicación y pone a los grupos parlamentarios en la disposición de
poder hacer un seguimiento en esta fase final; además, nada más
empezar la proposición no de ley hace referencia a los sectores en
los que por su naturaleza los posibles fallos podrían afectar a la
seguridad de los ciudadanos), propone en su enmienda añadir una
especificación que detalla, amplía un poquitín esa continuidad de los
servicios públicos en sectores vitales.
Nuestra enmienda no pretende corregir ni ampliar lo que propone el
Grupo Socialista, sino especificar en este primer párrafo lo que
viene en denominar la evolución que debe hacer el Gobierno en
sectores vitales, cosa que además es muy importante porque estamos
hablando de sectores de protección y de seguridad en los que uno sólo
de estos microprocesadores puede crear una complicación fuerte; como
digo, se trata de recoger una relación de estos sectores vitales,
incluyendo aquellos otros que se precisen, por lo que decimos «y en
especial». No queremos decir que no haya otros, sino lo que es el
aprovisionamiento de la energía y en especial la electricidad, que
hoy está totalmente automatizada en todas las ciudades y en todas las
empresas; la seguridad de las centrales nucleares, que por su propia
realidad serían un elemento a tener en cuenta; los sectores de
transporte, sobre todo aéreo y el de ferrocarril tecnificado, que
tienen una ordenación regulada y sistematizada que controlan
determinados centros neurálgicos; los semáforos en carretera y el
transporte en metro y en avión; los sistemas de telecomunicaciones,
que hoy en día están funcionando. Citaban un ejemplo en el mes de
septiembre de 1998 de cómo solamente con que fallase un chip de un
sistema concreto de un determinado satélite podía provocar
problemas de telefonía en todo un país; el ejemplo sucedió en Estados
Unidos, que durante una hora tuvo paralizada toda la información sólo
porque un chip de un satélite falló en aquel momento. Se trataría de
asegurar el seguimiento que propone el Grupo Socialista en sistemas
de telecomunicaciones, en seguridad de centros sanitarios, que es
otro problema que tenemos encima; en el sistema financiero, porque
uno puede encontrarse una complicación en un cajero y no poder seguir
y, por último, en las administraciones públicas.
Yo creo que la propuesta que hace el señor Estrella en nombre del
Grupo Socialista la abre después con la explicación a las empresas
pequeñas y medianas, con la campaña de información a los ciudadanos,
a todo lo que es el turismo y el funcionamiento de la economía. En
suma, en el seguimiento que nos propone da una amplitud general. Por
tanto, el objetivo de Izquierda Unida es precisar el primer punto con
la evaluación que el Gobierno debería hacer y remitirla a la Cámara
porque así tendremos la información o el seguimiento de lo que el
Gobierno está haciendo, debería estar haciendo o debería tener
información suficiente.
Estoy convencido de que esta proposición, al igual que la otra, puede
ser apoyada, y espero que, como está hecha por la oposición y
desconocemos cómo está funcionando la actividad del Gobierno, no se
tome como las que hacen los grupos mayoritarios que lo apoyan, porque
se hacen para declarar que se está haciendo pero luego se olvidan del
cumplimiento y el seguimiento. En todo caso, lo que sí garantizamos
como grupo parlamentario es el seguimiento a lo que aquí aprobemos en
todos y cada uno de los puntos. Se habla de remitir urgentemente a la
Cámara un informe sobre la adaptación del conjunto de las
administraciones al año 2000; remitir a la Cámara un informe urgente
de riesgos que pueden plantearse en España, así como un informe
detallado de los planes de contingencia, todo ello dentro del
presente período ordinario de sesiones. Fíjense SS.SS. que el período
de sesiones termina mañana, por lo que deberíamos hablar de la
presente legislatura, que sería una fórmula para poder seguirlo.
Nosotros hablábamos de ello en una propuesta que íbamos a hacer en el
debate del estado de la Nación; o en el mes de noviembre, como tope.
En suma, lo que estamos intentando argumentar es que, si lo
aprobamos, lo hagamos efectivo, para hacer perder a los ciudadanos el
miedo que pueda tenerse a lo desconocido. El miedo a lo desconocido
es muy importante, ya que impide al ciudadano mirar con tranquilidad,
sobre todo los que tenemos un pequeño aparato en casa y hemos creído
que podíamos poner en sus manos mucha información y muchas decisiones
y lo malo es que, como nos falle el microprocesador a partir del año
2000, tendremos una complicación vital hasta en lo más sencillo, como
es comunicarnos con cualquier vecino.
Nada más, señor presidente. Nada más, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ríos.
¿Grupos que desean fijar su posición en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Desde que hace unos años, básicamente en Estados Unidos por primera
vez, se planteó la problemática del entonces llamado Efecto 2000, lo
que parecía una anécdota dio lugar a una discusión de los
especialistas o milenaristas, gente que se alarmaba por el
advenimiento del segundo milenio, y poco a poco se ha ido
convirtiendo en un auténtico asunto de carácter político, en el que
todos los gobiernos del mundo occidental sin excepción se han visto
implicados. Lo que parecía algo de tono menor ha sido captado como
una enorme incertidumbre, que no tiene respuesta en este momento,
acerca de cuál va a ser su alcance y sus consecuencias. Es un
problema amplísimo, en el que los afectados son, en primer lugar, los
usuarios informáticos, entendiendo por tales el conjunto de
operadores económicos, desde la empresa más pequeña hasta la
Administración pública de mayor dimensión. Son todos ellos, por
tanto, los que tienen que reaccionar. En este contexto es donde
encaja el papel de los distintos gobiernos, también el del Gobierno
español, en primerísimo lugar como máximo responsable de una
Administración pública que a su vez es usuaria informática y que
puede sufrir en sus propias carnes, si se me permite la expresión, el
llamado Efecto 2000. Desde AENA hasta Renfe, pasando por los sistemas
de salud, por el sistema fiscal o por la propia gestión de los
recursos humanos, que está en manos de la Administración pública.
También tiene la Administración del Estado, así como las distintas
administraciones autonómicas, pero muy en particular la
Administración del Estado, un efecto pedagógico sobre el conjunto de
la sociedad y sobre el conjunto de sus operadores económicos,
llamando la atención sobre el problema en sí mismo y formulando
posibles soluciones; posibles porque ninguna es definitiva, porque ni
aquí ni en Estados Unidos, ni en Minnesota ni en Berlín nadie ha dado
con la fórmula mágica para tener la plena certeza de que este tema
está resuelto. Este tema, por definición, provoca incertidumbre
incluso en aquellas compañías que han gastado miles de millones para
prever cualquier hipótesis, puesto que, como bien decían los dos
portavoces que han intervenido antes que yo, no se sabe exactamente
dónde va a residir el problema, si en los microprocesadores o en los
sistemas centrales, ni cuáles van a ser las consecuencias.
Desde una perspectiva global, mi grupo entiende que la posición del
Gobierno español, la posición de la Administración española y la
posición de España en su conjunto no es ni mucho menos tan
catastrófica como parece deducirse del texto literal de la
proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista y no digamos
ya de la propia intervención de su portavoz, el señor Estrella.
Creemos que quien quiera ponerse en el peor
de los escenarios tiene argumentos para hacerlo; pero tiene
argumentos para hacerlo aquí y en Washington, aquí y en la sede de
Microsoft, aquí y en la sede de cualquier compañía norteamericana.
Seguirá teniendo argumentos para ser catastrofista, puesto que,
efectivamente, la mayor de las compañías americanas y la mayor de las
compañías japonesas tienen colgando sobre su cabeza la espada de
Damocles del Efecto 2000 por muchos millones que se hayan gastado en
publicidad y por muchos millones que se hayan gastado en revisar su
efecto informático. Por tanto, atendido ese dato y vista la situación
española en su conjunto, en el conjunto de los operadores económicos
españoles, incluyendo también en esta expresión a las pymes, a las
pequeñas y medianas empresas, nosotros entendemos que la actuación
del Gobierno hasta este momento no es en absoluto criticable, sino
que está por encima de lo que es el estándar medio europeo que ha
habido hasta este momento. Tanto en términos de información este
Parlamento y el Senado, donde han sido innumerables las
comparecencias que ha habido en distintos frentes, como en términos
de documentación aportada, como del volumen de actuaciones que se han
producido. No hay que olvidar, señorías, que en muchos casos han
tenido que darse en paralelo a las actuaciones propias de la
implantación del euro. En algunos casos, en términos informáticos,
son actuaciones que han ido en paralelo sobre los mismos
destinatarios. La puesta en funcionamiento del euro en términos
informáticos es algo que ha ocupado a las mismas personas y a veces
al mismo objeto final: a aquellos que tienen que ocuparse de
actualizar los sistemas informáticos para el Efecto 2000.
Por tanto, desde esta perspectiva no es que no compartamos la
inquietud que manifiesta el Grupo Socialista al plantear esta
iniciativa, sino que sencillamente creemos que está planteada en unos
términos como si hasta ahora no se hubiera hecho nada, como si
hubiera que empezar prácticamente desde cero, poniendo sobre la mesa
toda una serie de iniciativas que creemos que van mucho más allá de
lo que en este momento es y esperamos va a seguir siendo la actuación
del Gobierno, que, insisto, cuando hay que criticarla la criticamos
y cuando hay que decir que va bien lo decimos. En este caso creemos que
las cosas se han hecho bien, se están haciendo bien desde la
Administración pública española y que así se va a seguir haciendo en
los meses inmediatos que nos separan del día D del Efecto 2000.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor presidente, señoras y señores
diputados, faltan tan sólo 185 días para que al oír las campanadas de
media noche asistamos a la entrada de un nuevo año, de un nuevo siglo
y de un nuevo milenio, constituyendo esto una experiencia
única sin duda para todos nosotros, que nos abre una era de
posibilidades, de oportunidades, de avances y de desafíos. Por ello,
no deja de resultar paradójico que esas mismas campanadas conlleven
la primera prueba, y tal vez la más significativa, de cuál es nuestro
grado de preparación ante los retos de esta nueva era, que será sin
duda la de la información.
El llamado Efecto 2000 es fruto de decisiones tomadas en las décadas
de los sesenta y de los setenta, cuando administradores y
programadores trataron entonces de ahorrar costes empleando menos
memoria de computadora. Las fechas se representaron con dos dígitos
en lugar de cuatro y 1962 se convirtió en 62 simplemente. Se
ahorraron billones de pesetas en espacio de memoria y se creó el
cimiento de un inmenso problema.
El software informático no fue programado para leer el año 2000 y las
sucesivas olas tecnológicas no resolvieron el problema, no se
desecharon las versiones obsoletas con aquel fallo, sino que los
programas defectuosos se acumularon como hojas de cebolla en torno a
un núcleo viciado. Parte del problema reside en que se prestó
entonces poca o nula atención a esto hasta épocas muy recientes. El
software de nuestras grandes administraciones, como la financiera,
como la Bolsa, como la tributaria, ha ido sufriendo una evolución por
adición. No se sustituyó en su día lo obsoleto, aunque hace años que
se detectó el problema.
El Grupo Socialista trae hoy esta proposición no de ley, que sin duda
permite el debate -y esto es positivo-, pero que a nuestro entender
presenta una aproximación al problema, que no es al día de hoy ni
adecuada ni realista ni objetiva. Resalta de su exposición de motivos
la concesión que el señor Estrella hace al maniqueísmo y al
catastrofismo y mi grupo lo lamenta porque reconoce el interés y el
conocimiento que el señor Estrella tiene sobre estas cuestiones. Su
grupo desde luego tiene expertos en todo tipo de efectos, y usted lo
es sin duda también del Efecto 2000. Pero yo le preguntaría: ¿No hay
responsabilidad en la gestión del Gobierno anterior?
Todo el mundo sabe que esto empezó a ser una cuestión de dominio
público en 1991. Ni una línea en su proposición no de ley referida a
actuaciones anteriores. No pretenderá S.S. que el Efecto 2000 haya
surgido con el Gobierno popular. A esto no se aplica la teoría de las
dos velocidades y aquí el que no entra a la primera tendrá enormes
problemas. No podemos cambiar la fecha límite y sólo habrá una prueba
de eficacia. Desde luego es un problema complejo, que afecta desde
los hogares hasta los grandes centros tecnológicos. Y no es excesivo
pensar, como otros hacen, que estamos ante el reto administrativo más
complejo de la historia. No es cierta, entre otras, la afirmación que
usted hace de que el Gobierno haya sido remiso a adoptar decisiones y
que vaya a realizarse en un año lo que otros países van a desarrollar
en tres. Usted debería saber que el Gobierno tomó sus primeras
decisiones en 1996, nada más asumir esta responsabilidad, y desde
entonces no ha cesado de desarrollar acciones concretas
en este campo. Señorías, el Gobierno está actuando con rigor,
primero, poniendo en orden la propia casa para ser capaz de brindar
sus servicios asumiendo sus obligaciones y luego hacer lo posible
para que la sociedad entera asuma su parte en el esfuerzo.
La Administración general del Estado comenzó sus actuaciones en marzo
de 1996 analizando sus sistemas de información y evaluando los
resultados obtenidos. De este modo se elaboró una cláusula tipo para
ser incluida en los pliegos de condiciones de los contratos que se
formalizarían sobre sistemas informáticos. Señorías, desde febrero de
1997, la Administración viene adquiriendo tecnología preparada para
el año 2000. ¿Y antes de esa fecha? El acuerdo del Consejo de
Ministros del 12 de junio de 1998 marca un auténtico punto de
inflexión con dos grandes apartados de medidas dirigidas, por un
lado, al sector público y, por otro, al sector privado, para
conseguir la adaptación de toda la sociedad española y estimulando la
adopción de medidas por parte de la misma.
No es cierto que empezáramos con retraso cuando la primera cumbre
sobre el Efecto 2000 se celebró en Londres en octubre del año 1998,
cuando el informe final de la OCDE se presentó en Ottawa el 8 y el 9
de octubre del año 1998 o cuando la resolución del Consejo de Europa
sobre estas cuestiones fue ni más ni menos que del 22 de abril de
este año, 1999. Evidentemente, la posición de España ha sido la de
trabajar arduamente frente a esta problemática desde el primer
momento en que llega el Gobierno del Partido Popular.
Con referencia a la proposición no de ley que usted presenta en el
sentido de que España constituye uno de los países más retrasados,
sin duda, mi grupo tiene algo que decir. La Asociación Española de
Empresas de Tecnologías de la Información, Sedisi, que agrupa - como
usted sabe- a las empresas más importantes relacionadas con las
tecnologías de la información ha elaborado estadísticas continuadas
sobre el grado de evolución de la implicación de nuestras empresas en
este problema. A 31 de diciembre del año 1998, el 63,7 por ciento de
las empresas estaban adaptadas, luego es perfectamente factible a
este ritmo de evolución una adaptación cercana al cien por cien antes
de finalizar este año.
Por otro lado, el grupo coordinador Global 2000, que es una
agrupación de bancos, entidades financieras y compañías aseguradoras
que han unido sus esfuerzos para afrontar el problema del Efecto
2000, elaboró un informe del cual se desprende que a finales de 1998
la situación de España frente al resto de los países europeos era
realmente ventajosa. Por sectores puede indicarse que no existe
ningún país que supere a España en el nivel de adaptación de los
servicios financieros, únicamente nos igualan cinco países. En el
sector de las telecomunicaciones superaban a España solamente Holanda
y el Reino Unido y la igualaban la mayoría del resto de países. En
los transporte nadie supera a España y tan solo la iguala Francia. En
el sector energético tan solo Francia supera a nuestro país. En el
sector del agua -que usted ha nombrado- la posición de España
se corresponde básicamente con la de la mayoría del resto de los
países. Y en el grado de adaptación de nuestra Administración pública
ningún país supera a España, siendo únicamente igualados por Suiza y
por el Reino Unido.
Desde luego, señorías, hoy no puede afirmarse, sin faltar a la
verdad, que España ocupe los últimos puestos en cuanto a iniciativas
para abordar la adaptación al Efecto 2000. La Comisión nacional para
el Efecto 2000, que ha tenido varias reuniones, ha desarrollado todo
tipo de iniciativas en materias que preocupan a S.S. en la
proposición no de ley. Por no ser excesivamente prolijo, puesto que
las hay a docenas, señor Estrella, destacaría las siguientes
referencias. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales
están haciendo un esfuerzo muy importante de adaptación y sus logros
se incrementan día a día. El Plan de sensibilización de las pymes se
ha hecho extensivo a más de 8.000 municipios en este país, a quienes
se ha hecho llegar guía y disquetes de las empresas radicadas en su
territorio. El desarrollo de planes de contingencia y la creación de
comités de emergencia avanza día a día en todos los ámbitos del
sector público y privado y la realización de auditorías externas se
ha realizado en 48 sistemas de información críticos y sistemas
empotrados. Es evidente que todavía quedan muchas cosas por hacer,
pero también lo es que esta Cámara debe servir para lanzar un mensaje
de fiabilidad y para intentar acrecentar los esfuerzos para minimizar
las consecuencias de este efecto.
En relación con las auditorías que he citado, me gustaría destacar
que ha finalizado el análisis del impacto del 96 por ciento de los
órganos y que queda sólo un 1,6 por ciento por desarrollar; que la
fase de conversión y la fase de pruebas va superando el 80 por ciento
de los sistemas o de los órganos que están en adecuación; que el
coste estimado del proceso de adaptación asciende, señorías, a 29.000
millones de pesetas, correspondiendo a contratación externa una cifra
de 19.000 millones. El resto se abordará por las administraciones con
recursos humanos propios.
Se han identificado 351 procesos que requieren intercambio de datos
con entidades externas y los sistemas de información críticos en
nuestro país constan de cerca de 200.000 programas, de los cuales el
79 por ciento ya está adaptado y el 21 por ciento restante se está
adaptando en estos momentos. El 57 por ciento de los ministerios ha
finalizado la elaboración de los planes de contingencia y el resto ya
los tiene en marcha. Se han identificado 139 sistemas críticos y,
como decía, se ha suscrito contrato para realizar 48 auditorías de
los mismos.
En la proposición no de ley S.S. hace especial hincapié en la
situación de nuestras pequeñas y medianas empresas. Con independencia
del volumen de recursos destinados a esta sensibilización y de toda
la programación que viene llevándose a cabo, destacaría que esta
misma mañana la Comisión nacional ha puesto en marcha una nueva
campaña informativa dirigida a laspequeñas y medianas empresas, que
se desarrollará a
partir del mes de julio, para insistir, a quienes todavía faltan por
adaptarse, sobre la necesidad urgente de afrontar el problema, lo que
será posible gracias a la colaboración de Radiotelevisión Española y
de las televisiones autonómicas y privadas que deseen cooperar en la
emisión de esta campaña y en la prevención de este problema.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Burgos, le ruego
concluya.
El señor BURGOS GALLEGO: Voy concluyendo, señor presidente, diciendo
que las siete primeras propuestas que hace en su proposición no de
ley, que se refieren a una demanda de documentación o a una solicitud
de comparecencia, nos parece que no son el instrumento adecuado,
trayéndolas aquí, Los informes trimestrales que el ministro de
Administraciones Públicas viene presentando al Consejo de Ministros,
ya en cinco ocasiones, y las diferentes comparecencias de altos
cargos del Gobierno en esta Cámara y en el Senado son suficiente
expresión de la posición política de este Gobierno en relación con el
Efecto 2000, sin que sea necesario seguir luchando contra él a golpe
de documento y comparecencia, como pide S.S.
Creo muy importante destacar el esfuerzo que se ha hecho en materia
de concienciación a los consumidores y usuarios y, desde luego, la
propia Comisión Europea ha destacado el planteamiento desarrollado
por nuestro país, sobre todo en lo que se refiere a aquel aspecto
según el cual los productos que no llevan una etiqueta que indique su
no adaptación deben considerarse adaptados.
Señorías, señor Estrella, su proposición no de ley nos parece tardía
e innecesaria y, sobre todo, nos parece poco justa con el esfuerzo
que se está haciendo. Siempre podrá hacerse más, siempre podrán
emplearse más recursos y más personal, y lejos de nuestra intención
ningún asomo de triunfalismo. Pero este Gobierno ha puesto esfuerzo,
planificación y recursos acordes con nuestra dimensión. Además, está
trabajando con otras muchas instituciones, no ya para concienciar del
problema sino para adoptar medidas y planes de respaldo. Y es cierto
que en lo que resta de año se forzará el ritmo de todas las acciones,
especialmente en las de prueba con agentes externos y de
interrelación con otros usuarios, pero eso no será una particularidad
de nuestro país.
Para terminar, señorías, se impone una realidad. No podremos detectar
todos los microcircuitos que están funcionando, no podremos
reescribir todas las líneas de código, no podremos eliminar la
incidencia por completo, pero habremos hecho nuestra parte. No es
ésta una cuestión para la confrontación política, no se necesita
retórica sino colaboración, es un reto de todos y nos equivocaríamos
si pensáramos que es un problema del Gobierno porque todos tenemos
que hacer la parte que nos corresponde. Casi todo lo que usted
propone, señor Estrella, está en marcha y con un importante
grado de cumplimiento y resultado. Por eso, no vamos a votar
favorablemente la proposición no de ley.
El 1 de enero dimos la bienvenida al euro, el 31 de diciembre
comprobaremos nuestra capacidad de transición al 2000; no nos darán
las uvas, señorías -también podemos hacer esto-, y, a pesar de los
malos augurios de casi siempre y de los de siempre, lo haremos
correctamente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Burgos.
Señor Estrella, para manifestar la aceptación o no de la enmienda
planteada por Izquierda Unida, tiene la palabra.
El señor ESTRELLA PEDROLA: En primer lugar, querría agradecer la
enmienda presentada por Izquierda Unida porque denota un talante de
preocupación sin alharacas, sin alarmismo, con sentido de la
responsabilidad, que es el del texto que se va a poner a votación, no
el de su exposición de motivos.
Quería decir que lamentamos la arrogancia en este caso y la
irresponsabilidad del Gobierno, de ése que es el más eficaz
colaborador de Fidel Castro, y de su socio parlamentario.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Entiendo, señor Estrella
que acepta la enmienda de Izquierda Unida. (Asentimiento.) Muchas
gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
CREACIÓN DE SUBCOMISIONES:
- CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA DEL
PUEBLO GITANO. (Número de expediente 158/000047.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a votar, en primer
lugar, la propuesta de creación de una subcomisión, dentro de la
Comisión de Política Social y Empleo, que saben que se ha
incorporado, por decisión del Pleno, como nuevo punto del orden del
día. Por tanto, se trata de votar la propuesta de la Comisión de
Política Social y Empleo de creación de una subcomisión para el
estudio de la problemática del pueblo gitano.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
284; a favor, 284.
El señor PRESIDENTE: Todos los votos son favorables a la creación de
la subcomisión, que se apruebapor unanimidad.
PROPOSICIONES NO DE LEY (VOTACIONES):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL MARCO
JURÍDICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL DEL MINUSVÁLIDO. (Número de
expediente 162/000391, procedente de número de expediente 161/
001622.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular, sobre el marco jurídico de protección
patrimonial del minusválido.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
284; a favor, 284.
El señor PRESIDENTE: Todos los votos son también favorables a la
proposición no de ley, que queda aprobada por unanimidad.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE «EL EFECTO 2000». (Número
de expediente 162/000372.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo
Socialista, correspondiente al Efecto 2000, con la aceptación de la
enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
284; a favor, 128; en contra, 156.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLÍTICA GENERAL DEL
GOBIERNO EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS
MIEMBROS DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN Y DE LOS ALTOS CARGOS DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 173/000152.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero: mociones consecuencia
de las interpelaciones urgentes debatidas en el Pleno anterior al del
debate del estado de la Nación. Las dos que hay se votarán tras su
discusión. Comenzamos por la del Grupo Socialista, sobre política
general del Gobierno en aplicación de la normativa de
incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la nación y los
altos cargos de la Administración general del Estado.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Fernández Marugán, porque veo
que todavía tiene que despedirse el señor Lapuerta, y algún otro
diputado debe abandonar el hemiciclo.
Señor Albendea. Silencio, señorías, por favor. Señor Cámara.
Adelante, señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, en la interpelación que discutimos hace
quince días en el Pleno del Congreso mi grupo puso de relieve que uno
de los requisitos más valorados en las ciudades democráticas es que
el poder discurra bajo los principios de independencia, de
imparcialidad y de transparencia. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Esos principios,
junto con el deseo de alcanzar la máxima publicidad, son los que nos
llevan a proponer una modificación parcial de la normativa existente
actualmente en materia de incompatibilidades; es una normativa
reciente que nosotros creemos que es preciso perfeccionar a la luz de
los acontecimientos que han venido sucediendo a lo largo de los
últimos meses.
El objetivo de esta moción no es otro que el de proteger el interés
público, elevando considerablemente la transparencia bajo la cual han
de actuar quienes se vean incursos en un régimen de
incompatibilidades. En ese sentido, comenzaré mi intervención
haciendo referencia a aquellos aspectos de autogobierno de esta
Cámara.
Nosotros creemos que debemos preservar la libertad del diputado para
el ejercicio de su función, por tanto, no somos partidarios de poner
nuevas limitaciones a la libertad de los miembros de la Cámara,
puesto que, de ocurrir así, quedarían afectada en alguna medida su
eficacia. Esta moción no trata de añadir nuevas competencias a la
Comisión del Estatuto sino de reforzar las existentes actualmente.
Hoy podemos decir que la democracia española dispone de una Cámara
poseedora de una amplia variedad de procedencia y de actividades, y
que es preciso compatibilizar todas ellas con una actitud dirigida a
lograr una mayor revelación de los intereses que se puedan configurar
dentro del Congreso. Por tanto, nuestra idea es la de tratar de que
la Comisión del Estatuto de los Diputados pueda conocer si existen o
no colisiones de intereses entre determinadas actividades de los
diputados, como pueden ser la de defensa o la de asesoramiento y lo
que se decide en sede parlamentaria. En ese sentido, el diputado
tendrá que informar a la Comisión de los asuntos que puedan
interferir en su función de parlamentario y la Comisión a su vez
deberá requerir del diputado la información que precise
cuando tenga conocimiento de la existencia de un asunto de este tipo,
todo ello de acuerdo con la resolución que al efecto dicte la
Presidencia de la Cámara.
El segundo de los aspectos importantes que se integran en esta moción
es el que hace referencia a las subvenciones públicas relacionadas
con el área de gestión de un determinado alto cargo. La legislación
vigente ya prohibe que éstos se dediquen a asuntos estrictamente
particulares desde su función gubernamental.
Queremos dar un paso más: mi grupo quiere que el dinero público, el
dinero que sale de los presupuestos, ya sean nacionales o
comunitarios en forma de subvenciones en favor de una determinada
actividad, no pueda llegar a los bolsillos de un alto cargo o de sus
familiares mientras esté ejerciendo su función, con dos limitaciones:
la duración del mandato y la relación con la gestión que viene
realizando. Por decirlo claramente, mi grupo no tiene ningún
inconveniente en señalar que el secretario de Estado de Relaciones
con las Cortes perciba subvenciones por cultivar lino, pero es cierto
que mi grupo sí tiene inconveniente en que un alto cargo del
Ministerio de Agricultura las perciba; de eso se trata. Por tanto,
nos alejamos de un enfoque estrictamente sectorial que indicaría que
no se podrían encontrar personas adecuadas para el ejercicio de
determinadas funciones. Nosotros sí creemos que es posible encontrar
personas adecuadas para la gestión de la política agraria sin que
posean un acre de terreno y también expertos en urbanismo sin fincas
de esta naturaleza.
Sobre la no inhibición del señor Piqué se ha hablado y se seguirá
hablando en distintas instancias de esta Cámara. Estoy seguro,
señoras y señores diputados, de que todos ustedes, todos nosotros
deseamos que los ministros de España respeten al máximo las normas
legales y que, como consecuencia de ello, aseguren que no surge
ningún tipo de conflicto entre sus intereses privados y sus
obligaciones públicas. Claro está, siempre que no surja ningún tipo
de conflicto ni que lo parezca.
Igualmente, somos partidarios de que se logre la mayor transparencia
posible entre el Parlamento y también con el público y que los
ministros sean responsables de las políticas y las operaciones que se
lleven a cabo en sus respectivos departamentos y agencias. Esas
normas están en buena medida incorporadas a los procedimientos y a
las instituciones que a lo largo de los últimos años nos hemos ido
dando, con la finalidad de disuadir a quienes pretenden deslizarse
por ese difícil territorio que siempre existe entre la política y el
mundo de los negocios, para evitar los encontronazos que puedan
producirse cuando la conducción es imprecisa y acelerada.
Mi grupo cree que nos podemos sentir orgullosos de la legislación que
a lo largo de los últimos años se ha ido promulgando y que, como
consecuencia de ella, hoy tenemos un conjunto de exigencias altamente
valoradas por los españoles, que han vuelto a recuperar una parte
importante de la confianza y la esperanza en el cumplimiento de las
leyes. Esa actitud es la que ha
tenido la Cámara hasta ahora y debería seguir existiendo. Los
ciudadanos que están informados defienden que cuando un ministro
tiene un conflicto de intereses, es axiomático que ha de retirarse de
ese asunto y que la cuestión tiene que pasar a otro colega.
En nuestro caso no ha ocurrido así. Hoy sabemos que en tres ocasiones
el asunto Ercros fue discutido en la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos, en junio de 1996, en abril de 1997 y en
junio de 1998. En dos de estas tres ocasiones el asunto culminó en
sendos acuerdos que favorecieron a la empresa Fecsa y a la empresa
Ercros, en cuya dirección y administración participó el señor Piqué
antes de que fuera nombrado ministro de Industria.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández
Marugán, le ruego que vaya concluyendo.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Esos acuerdos comprometían de manera muy
importante una serie de recursos públicos. Cabría pensar que siendo
así la actitud del ministro de Industria, sería una actitud pulcra
que evitara cualquier tipo de colisión. El señor Piqué ha confundido
con reiteración -hoy lo sabemos- las responsabilidades que en su día
tuvo como presidente de Ercros con las que, a partir de 1996, tuvo
como ministro de Industria. Se ha podido comprobar fehacientemente
que el acuerdo de 1998 fue aprobado a propuesta del ministro de
Trabajo, del ministro de Economía y del ministro de Industria, y que
en él constan las firmas de los tres ministros. Además el acuerdo de
1997, aunque lo hemos pedido a través del artículo 7 del Reglamento
de la Cámara el día 23 de abril, aún no lo hemos recibido. Han
pasado, señoras y señores diputados, sesenta días. Hemos solicitado y
hemos obtenido el amparo del presidente, pero ese acuerdo no se nos
hace llegar, y tenemos la convicción moral de que no se nos hace
llegar porque el señor Piqué también tenía estampada la firma en el
mismo. Por lo tanto, apoyándonos en el acuerdo de 1998, consideramos
que la conducta del señor Piqué es constitutiva de infracción en la
medida que no cumple ninguna de las exigencias establecidas por el
ordenamiento jurídico respecto de la abstención. No se inhibe por
escrito, no hace constar la causa de esa inhibición y no la notifica
al superior jerárquico o al órgano que lo designó, en este caso el
presidente del Gobierno.
Estos hechos y estas carencias es lo que nos lleva a nosotros a
solicitar que se apoye el que sea el Consejo de Ministros el que
incoe al señor ministro de Industria el correspondiente expediente
sancionador.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández
Marugán, le ruego que lo haga con la máxima brevedad posible.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Con la máxima brevedad, señor presidente.
El último punto que quiero tomar en consideración es el que hace
referencia a las presidencias de las empresas públicas. Nosotros
consideramos que las lagunas normativas existentes han de suplirse, y
sostenemos que para ello los cargos de presidentes de las compañías
de capital mayoritariamente público o con posición de control del
sector público deben ser incompatibles con la intervención en
actividades privadas directamente relacionadas con la competencia del
cargo ocupado a lo largo de algunos años siguientes al cese; debe
prohibirse el que continúen como presidentes o como miembros del
consejo de administración de esas empresas una vez que hayan sido
privatizadas.
Finalmente -agradezco, señor presidente, la amabilidad que ha tenido-
queremos elevar la actividad de control del Congreso, posibilitando
la comparecencia de los presidentes de las empresas que prestan en
España servicios esenciales, que prestan servicios públicos de
titularidad estatal, junto con aquellos otros que están sujetos a
autorización administrativa y que se encuentran sometidos a escasos
márgenes de competencia.
La voluntad de mi grupo es la de incrementar el sistema de
transparencia en la vida pública española y la de posibilitar el que
la libertad de los diputados siga ejerciéndose en esta Cámara con
plena garantía para el desarrollo de la misma. Esos son los objetivos
de nuestra moción, y esperamos encontrar el apoyo de ustedes a la
misma.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández Marugán.
No han sido presentadas enmiendas a esta moción, por lo cual
corresponde la fijación de posición de los grupos parlamentarios.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente, señorías.
Leídas las broncas intervenciones que hubo hace dos semanas con
motivo de la interpelación, cuya moción hoy debatimos, y
perteneciendo, como pertenezco, a un partido con un férreo sistema
interno de incompatibilidades, sistema que ha intentado trasladar a
las administraciones en las que gobierna, me ha sorprendido siempre
en esta Cámara el planteamiento que se hace cuando se habla de
incompatibilidades. Nunca se habla del sistema en sí como garantía
del ejercicio de un poder político no contaminado, sino que siempre
es contra alguien, siempre tiene un cierto tono de ajuste de cuentas.
Nos quejamos del desprestigio de lo político y es claro que para la
dignificación del quehacer político hace falta claridad, sin rubores,
en el sistema retributivo de los cargos públicos y también un sistema
de financiación de partidos, por cierto en este momento paralizado,
que sea sincero. Hace falta que la contratación pública se haga con
concurrencia, con claridad y
posibilidades de control y un sistema de incompatibilidades ajustado
en el que realmente se crea.
Si uno contextualiza la Ley 12/1995, de 11 de mayo, es evidente que
el momento en el que se hizo no era fácil el juicio sereno que una
regulación de este estilo exigía. Pasa con el sistema de
incompatibilidades como se decía que pasaba con los funcionarios
soviéticos: Haga usted como que trabaja y el Estado hará como que le
paga. Aquí ocurre que cumplimos las obligaciones formales, hacemos
como que declaramos y nos creemos que tenemos un magnífico sistema de
incompatibilidades. Sin embargo, cuando llega el momento, o cuando se
quieren buscar como arma de control político determinados datos
contra alguien, entonces se empieza a hurgar, a escarbar. Este no es
un sistema señorías y de ahí viene, en gran medida el desprestigio
político al que antes me refería. Si quieren establecer un sistema de
incompatibilidades claro, sincero y todos con las cartas boca arriba,
contarán con el Grupo Vasco para su elaboración y discusión. En otro
caso, mientras el tenor de lo que se debata tenga el contenido de la
moción que hoy se pretende aprobar, de ajuste de cuentas, de revancha
de unos partidos contra otros, el Grupo Vasco considera que la
postura más acorde con su planteamiento es la de abstención.
Muchas gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
la señora Gil.
La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, en primer lugar quiero
manifestar que mi grupo no apoya la moción propuesta por el Grupo
Socialista, y no porque no responda a actitudes y conductas que
pueden suscitar nuestra preocupación y nuestra censura sino por otros
motivos significativos.
La moción puede entenderse, y yo así lo entiendo, como un discurso
político sobre la conducta ética de los políticos que ejercen el
poder y pretende cristalizarla con un recurso de regulación de
aquello que no debe hacerse, con un código siempre negativo, con la
identificación y sanción de los malos usos, y esta no es una
solución, porque siempre habrá nuevos silencios en la ley que nuevas
conductas inadecuadas pueden rellenar. No hay antídoto probablemente
porque el problema se encuentra en la tradición cultural pública de
este país, en el insuficiente acceso a la información pública de la
ciudadanía y en el impacto de la pseudoestética del triunfo de la
cultura empresarial que no necesariamente corresponde a principios
éticos, y porque hemos olvidado que en política la estética es, a los
ojos de la sociedad, la concreción visual de la conducta ética, y
estas son las leyes.
Mi grupo comparte con todas y todos ustedes que los altos cargos y
los políticos en general deben satisfacer patrones de responsabilidad
rigurosos porque no en balde aceptan y aceptamos el desempeño de debe
res
públicos, pero la sociedad no distingue entre altos cargos y entre
políticos. En un tiempo el comportamiento de unos pocos obligó a la
sanción de los malos usos, a las incompatibilidades, y dibujar hoy
viejos paisajes es inducir, quizá, a la sociedad civil a mantener en
la retina colectiva la imagen de la sociedad política como un almacén
de copias que nunca correspondieron a la realidad. Ha disminuido, y
lo sabemos, la confianza en los gobiernos, en los políticos, en los
partidos, y lo demuestra su desafecto a las formas de participación
política. Debemos preguntarnos por qué. ¿Porque ya no es necesaria la
política quizá? ¿Porque ya no somos los intermediarios responsables
de identificación y cohesión de las voluntades colectivas? ¿O quizá
porque hemos ido formando una lamentable opinión de nosotros mismos
con la sospecha insinuada, la denuncia ambigua o la permanente
acusación?
Es cierto que existen unos pocos hombres, unas pocas mujeres, unos
pocos políticos, y quizá los hubo ayer, los hay hoy, o quizá mañana,
que tienen dificultades para interpretar la ética y dignidad del
ejercicio del poder público, quizá porque es un ensamblaje en
equilibrio inestable entre la conducta pública y la conducta privada.
Señor Fernández Marugán, me atrevo a dirigirme directamente a usted,
porque sabe de mi respeto y afecto personal y no lo considerará una
alusión para la controversia. Usted ha observado qué grotesca
situación sufrimos los llamados políticos; usted, ustedes, todas y
todos nosotros, que fuera y dentro del ejercicio político hemos
deseado y trabajado por una sociedad sin clases, nos hemos visto
aturdidos por una sarcástica paradoja: esta misma sociedad que
queríamos sin clases nos ha calificado como clase política, y en este
concepto se encierran los de amiguismo, nepotismo, corrupción y
ambición dura, y lo hemos aceptado sin rubor.
Yo le aseguro que en mi imaginación y en la de mi grupo político el
ejercicio del poder debe de ser transparente, pero el núcleo de la
moción es en realidad la demanda de un expediente a un ministro, y no
me parece justo emitir una falsa alarma a la opinión pública, o dar
pábulo al comentario mediático. Conozco la ley y no se ha cometido
ilegalidad, pero sí ignorancia de la forma; no existe falsedad ni
infracción de ley; el defecto de forma no produce daño al interés
público ni repercusión en los administrados; no debe haber alarma.
Tampoco ha habido el debido rigor, es cierto. Por ello les sugiero a
ustedes, a las señoras y señores diputados del Grupo Popular, que
recuerden también que la seguridad, esta certeza sin dudas, ha traído
el escepticismo. Les sugeriría que ejercitaran la duda, porque la
duda no ofrece soluciones pero por lo menos demuestra que hay más de
una posible solución y una posible respuesta, e incluso una, la de la
autocorrección.
En nombre de mi grupo estoy obligada a no aceptar sombras sobre la
dignidad de todos los gobiernos democráticos -del mío y también de
éste-, de los altos cargos -de los míos y también de estos-, y de
todas las mujeres y hombres que hemos elegido la tarea
política como instrumento del progreso de la sociedad. Por estética
deben hallarse caminos distintos para fortalecer los principios
éticos. Nosotros decimos no a la elevación a categoría de aspectos
formales, decimos no a regulaciones coyunturales epidérmicas y por
encima de todo estamos diciendo no a la inducción, aunque sea
involuntaria, a la sospecha permanente sobre la conducta del
colectivo político.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo va a apoyar esta moción porque comparte el espíritu de
la misma y porque incluso ya ha debatido en esta Cámara algunas
propuestas en relación con hechos ocurridos recientemente, y otros no
tan recientes, y ha expresado siempre su preocupación por extremar
los controles públicos y tratar de evitar precisamente situaciones
que después son proclives a que aumente un cierto desprestigio, no sé
si de la clase política, pero sí de algunos políticos.
Sin embargo, esto no nos puede llevar a lo contrario, no nos puede
llevar a pensar que la existencia de normas sancionadoras, o de
normas reguladoras de incompatibilidades de altos cargos, o la
necesidad de inhibirse en determinados procesos, pueda extender
sospechas. Por esa regla de tres sería innecesario el Código Penal
porque el hecho de que existan normas punitivas está extendiendo
sospechas sobre toda la sociedad. Por tanto, nosotros no lo
consideramos una norma punitiva. Entendemos que hay un principio
básico que consiste en que alguien tiene que controlar a los
controladores, porque si no, en la medida en que se levantan los
controles públicos, surgen situaciones rocambolescas donde vemos a un
señor Roldán, por no citar situaciones de ahora, que por no tener
ningún control, podía libremente llenar la bolsa de deportes en la
propia caja fuerte de los fondos reservados.
Dicho esto, hay aspectos muy concretos de la moción que queremos
resaltar. Uno de ellos lo ha suscitado Convergencia i Unió en este
debate. Es el de la inhibición del señor Piqué. Hay dos aspectos
relacionados directamente con estos hechos. Vemos cómo un jefe de
gabinete del Gobierno anterior participa en negociaciones con el
grupo KIO y forma parte activa en la solución de un problema creado
por el señor De la Rosa, y por encargo del Gobierno se tiene que
reunir con el grupo para intentar solucionar la mayor quiebra que ha
tenido una empresa en este país en los últimos tiempos. Este mismo
señor participa, y está recogido en las actas, en las discusiones de
la concesión del crédito ICO. Este mismo señor, que ha participado
activamente tanto en la solución del problema con el grupo KIO como
en las dos sesiones de la Comisión Delegada en que se trata el caso
Ercros, después pasa a ser presidente
del grupo Ercros. Aquí es donde nos entran dudas sobre si a la hora
de pedir, como sabemos que se pidió, el informe de incompatibilidades
se reflejaban esas circunstancias que estoy citando. Es probable que
en razón de que se explique o no la actuación anterior con este
grupo, el informe jurídico sea diferente. Por eso también pedimos en
su momento ese documento y hasta ahora no lo hemos recibido.
En cuanto al ministro citado en la moción, no nos cabe duda de que
tenía que haberse inhibido formalmente. Hay un precedente que se
citaba el otro día. El propio señor Rato ha demostrado cómo hay que
inhibirse: publicándolo en el Boletín Oficial del Estado, porque
tiene que dirigirse a sus superiores, el presidente del Gobierno y el
propio jefe del Estado, que son los que en definitiva firman el
decreto, por ejemplo, en el caso del señor Rato. Creemos que ha
habido también una cierta soberbia por no reconocer algo que, como
mínimo, es no haber tenido en cuenta la legislación vigente. Por lo
menos ese primer paso se podía haber dado: reconocer que se omitió
hacer esa inhibición formal.
Nuestra lectura, como así haremos en otro aspecto, es más importante.
Pensamos que no sólo no hubo inhibición, sino que hubo participación
activa, puesto que el señor Zabalza, presidente de Ercros, reconoce
en una reciente comparecencia ante esta Cámara que él nunca pidió la
cancelación del crédito ICO formalmente. El único que la pidió
formalmente fue el señor Piqué, y la pide desde su cargo de
presidente del Ercros. Después, el señor Piqué reconoce en su
comparecencia que el asunto estaba encima de la mesa cuando él llega
al Consejo de Ministros. Sabemos que en 1996 se trata como primer
asunto en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, a instancias
del Ministerio de Industria que dirige el señor Piqué. Por lo tanto,
hay intervención activa, documento que tampoco ha sido remitido a
esta Cámara, aunque el señor Piqué reconoce que se trató en 1996.
Para terminar, cuando se cancela el crédito ICO en 1998, el señor
Piqué manda un fax, no firmado por él. Pero es que, además, el
ministro de Trabajo que presenta el informe de Ercros, lo hace, como
dice el acta de la Comisión, asistido por el señor Serra Peris, del
Ministerio de Industria. Por tanto, es un informe cuya base se
elabora en el propio Ministerio de Industria.
Esto es un ejemplo de lo que la opinión pública no puede entender. No
puede entender que el mismo que solicita la cancelación de un crédito
participe activamente, con su presencia o con su informe, en la
cancelación de un crédito. Este es uno de los aspectos que considera
esta moción.
También me parece importante intentar establecer que en esta Cámara,
en la que hay muchos e importantes juristas, se delimiten algunas
cuestiones para evitar que en algún momento, mientras se está
discutiendo una ley, tengamos asesores de partes. Aquí hemos tenido
el caso, por ejemplo, de los pilotos de Iberia, pero podríamos tener
asesores bancarios en un debate como
el de hoy, cuando estábamos discutiendo las comisiones o el
tratamiento de las tarjetas de crédito.
En consecuencia, para garantizar el buen nombre de toda esta Cámara,
hay que delimitar aspectos de incompatibilidaedes, hay que delimitar
claramente la actividad privada de la pública, hay que mantener una
distancia temporal entre la actividad privada y la pública y, por
último, hay que conseguir también, en lo relativo a la presencia en
empresas públicas significativas - y voy a citar un caso- que quien
era jefe de compras de una empresa pública no pase a ser al poco
tiempo director general del principal suministrador de esa empresa
pública, y hablo por ejemplo de Renfe.
Por tanto, hay elementos suficientes para reflexionar y para apoyar
este tipo de mociones, que no prejuzgan nada, sino que intentan ir
acortando las posibilidades para evitar fraudes o tentaciones o al
menos también para guardar no solamente la ética, sino también la
estética.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
López-Medel.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Señor presidente, señorías, subo a
esta tribuna para fijar la posición del Grupo Popular sobre la moción
que hoy se debate y que trae causa de la interpelación anterior.
Quisiera recordar que la última interpelación de este grupo tuvo
lugar el 11 de mayo, como consecuencia de que no hubo sesiones
plenarias durante prácticamente un mes y por otras circunstancias.
Tras la reanudación de las sesiones del Pleno, la primera
interpelación que presentó el Grupo Socialista era referida a la
política del Gobierno sobre aplicación de la normativa en materia de
incompatibilidades de altos cargos. Después de unas semanas sin
Pleno, se podía pensar que se iba a presentar alguna iniciativa sobre
la sanidad, sobre la educación, sobre infraestructuras o sobre
asuntos relativos al bienestar social de los españoles. Sin embargo,
el Grupo Socialista, legítimamente, ha entendido que era de gran
interés este asunto. Pero eso contrasta, señorías, con el grado de
preocupación que tiene la sociedad española acerca de estos temas.
Hoy en día, afortunadamente, y en estos tres últimos años, han
cambiado bastante las cosas y sin duda alguna entre las
preocupaciones de los españoles no están estos temas. Eso indica que
sin duda han cambiado las cosas.
La pasada semana, en el debate sobre el estado de la Nación, el
portavoz del Grupo Socialista en ningún momento hizo alusión a
ninguno de los supuestos que se mencionaban, sobre todo en la
intervención de hace quince días como consecuencia de la
interpelación. En todo caso, quisiera señalar en nombre de mi grupo
que nos da pena comprobar -como personas que ejercen una actividad
pública, política- cómo se intenta a veces agigantar un asunto o
manipularlo, o se intenta transmitir a la opinión pública, a través
de los medios
de comunicación, una imagen que realmente no es cierta. Desde luego,
no por el hecho de repetir una idea o un mismo concepto en cien
ocasiones se puede lograr ser creído por los ciudadanos de un país.
Nosotros propugnamos otro estilo de hacer política. A pesar de que mi
grupo podría tener fácil recordar la época anterior, indudablemente
no lo vamos a hacer. Entendemos que la actividad pública exige mirar
hacia el futuro, pues como diría Sören Kierkegaard, la vida se
escribe hacia atrás pero se vive hacia adelante. Y esa historia,
señorías, la tenemos que compartir entre todos, aprendiendo todos de
los errores de los unos y de los otros para evitar repetirlos.
En la moción que hoy se nos plantea sinceramente no hay nada
constructivo y, además, se asienta sobre una premisa que no sólo es
falsa, sino que también considero peligrosa en un sistema
democrático: hacer creer que existe un clima generalizado de
sospechas sobre la actividad de los responsables públicos. Desde
luego, pediría a los responsables de cualquiera de los partidos
políticos que existen en esta Cámara que no se obcequen en buscar
suciedad donde no la hay, porque además flaco favor se le hace a la
vida política española con ello. Decía que es poco consistente y, sin
perjuicio de hacer también otras referencias, voy a empezar
mencionando las alusiones que se han hecho al señor Piqué.
Sin duda alguna, las señorías del Grupo Socialista son demócratas y
aceptan los principios constitucionales. Entre los principios
constitucionales está la presunción de inocencia mientras que no se
demuestre otra cosa. Nos preocupa que se haya pretendido condenar al
señor Piqué antes de ser escuchado. La moción en la cual se pide su
inhabilitación fue presentada el día 17, el señor Piqué compareció en
la subcomisión el día 21, es decir, con posterioridad. Además, hay
que recordar manifestaciones que hicieron otros comparecientes en esa
subcomisión que revelan que no existe responsabilidad alguna. En todo
caso, hoy ha concluido sus trabajos la subcomisión y mañana serán
sometidos a votación en la Comisión. Queremos resaltar la idea de
transparencia que movió al Grupo Parlamentario Popular al permitir
que se constituyese esa subcomisión que, de hecho, ha funcionado como
una comisión.
A propósito de la vinculación por parentesco en el asunto del lino,
quisiera recordar que en España existe casi 1.850.000 de agricultores
y ganaderos que perciben subvenciones de la Unión Europea. Son
personas que tienen un derecho reconocido en la legislación y
entendemos que el grado de parentesco no puede ser limitativo del
derecho, sino motivo de inhibición o abstención por parte de quien
debe resolver el asunto, a lo sumo. También es manifestación de
transparencia la creación de una comisión constituida al efecto, en
la que los representantes del Grupo Parlamentario Popular estamos
abiertos a las propuestas que se hagan, siempre dentro de la sensatez
y la racionalidad.
La moción contenía otras propuestas a las que quisiera aludir aun
cuando no se han mencionado aquí. Respecto a la obligación del
ministro de informar, existe ya desde que está este Gobierno y, en
cumplimiento
de la Ley 12/1995, el Ministerio de Administraciones Públicas envía
semestralmente un informe a esta Cámara sobre el grado de
cumplimiento en materia de incompatibilidades. Existe, por tanto,
transparencia.
En cuanto al reforzamiento de los medios materiales y personales de
la inspección, tras la Ley 12/1995 se creó una unidad específica.
Además del director general, existen en este órgano dos
subdirecciones generales que, por cierto, siguen estando ocupadas por
las dos personas que estaban anteriormente, cuando gobernaba el
Partido Socialista. Ello es manifestación, sobre todo, de que se está
aplicando ahora el mismo criterio que antes.
Respecto a que la presidencia de sociedades mercantiles la ocupen
personas que han ejercido altos cargos, entendemos que es suficiente
lo que dice el artículo 2.4 de la Ley de 1995. Quisiera recordar,
además, que durante la elaboración de esta ley el portavoz
interviniente de Izquierda Unida pretendía lo mismo que propugna
ahora el Grupo Socialista, aunque en su momento el Grupo Socialista
rechazó esa pretensión con firmeza.
Se han hecho alusiones a las actividades de los parlamentarios.
Entendemos que esta Cámara tiene su propia Comisión del Estatuto del
Diputado y sus propios medios para conocer las actividades de los
diputados. No deben crearse sospechas infundadas en el totum
revolutum que constituye esta moción.
Quiero agradecer al señor Fernández Marugán el tono de su
intervención. Todos los parlamentarios de esta Cámara estamos
dispuestos a trabajar para dignificar la actividad política y buscar
una mayor transparencia y objetividad.
Permítame, señor presidente, concluir haciendo una llamada a la
reflexión y a la sensatez. Aun cuando el debate en esta Cámara ha
sido tranquilo y reflexivo, a veces, a nivel de opinión pública,
estos temas se debaten con excesiva pasión. Quiero traer a colación
unas frases que dijo el diputado López de Lerma en el debate sobre el
estado de la Nación a propósito de este asunto; le ruego, señor
Fernández Marugán que no se dé por aludido porque no están referidas
a usted, sino a todos en general. Decía el señor López de Lerma, y
repito sus palabras que hago mías y estoy seguro de que todos las
asumimos: Hay cierta abdicación de responsabilidad en el ejercicio de
la política cuando lo ocurrente sustituye a lo sustantivo y el
desahogo verbal a la exposición razonada; cuando la descalificación
del otro encabeza la información periodística de uno. Debemos
preguntarnos todos, nosotros también, todos -decía- si esta práctica
es la más apropiada para el fortalecimiento de la cultura democrática
cuando existe el círculo vicioso de la aniquilación del adversario.
Superemos todos el gusto morboso por la descalificación y el insulto,
pues siempre esconde vacíos intelectuales, agotamientos programáticos
y debilitamiento de valores. Trabajemos todos en definitiva
-concluía- por sustituir el griterío por la madurez.
Señor presidente, reitero mi agradecimiento por el tono empleado por
los intervinientes, especialmente por el señor Fernández Marugán.
A la vista de lo manifestado por este portavoz, vamos a votar en
contra de la moción presentada.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
López-Medel. (El señor Fernández Marugán pide la palabra.)
Señor Fernández Marugán, ¿a qué efectos solicita la palabra?
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, me he sentido aludido
por varios intervinientes, y rogaría de la amabilidad de S.S. que me
permitiera hacer una brevísima consideración.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández
Marugán, me temo que no es cuestión de amabilidad, sino de
Reglamento. La fijación de posición de todos los intervinientes ha
sido impecable; no ha habido ninguna alusión personal; ha habido
posiciones que sin duda alguna no coinciden con la que S.S. ha
mantenido, y por lo tanto no puede utilizar la palabra.
Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE EL FUTURO
DEL TRANSPORTE FERROVIARIO EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/
000153.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto 6 del orden del día: Moción consecuencia de interpelación
urgente del Grupo Federal de Izquierda Unida, sobre el futuro del
transporte ferroviario en España, para cuya presentación tiene la
palabra, en nombre de su grupo, el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Señor presidente, señorías, nuestro grupo
trae esta moción por entender que sobre determinados temas es
necesario hacer un debate tranquilo. Hace un momento se hacía
referencia a la necesidad de debatir algunas cosas con tranquilidad
cuando son importantes, cuando son de fondo, y nosotros venimos
insistiendo -y no nos vamos a cansar de hacerlo- en que las políticas
de infraestructuras necesitan una reflexión profunda y huir de
cánticos permanentes, de promesas electorales en cada ámbito
territorial y de añadir líneas inacabables hablando de alta
velocidad, velocidad alta, grandes infraestructuras, sin
cuantificarlas, sin saber cuáles son las líneas de actuación
preferentes. Sobre todo es necesario obtener consenso en esta Cámara,
consenso territorial, dada la importancia que tiene para la cohesión
del territorio, y un apoyo social significativo que tenga duración en
el tiempo, que sea capaz de sobrevivir incluso a varias legislaturas,
por entender que nos jugamos las líneas maestras de las
comunicaciones en nuestro país y de su cohesión social y territorial.
Creíamos que estábamos ante la oportunidad de abrir un debate de esas
características, y es por ello por lo que hemos traído una moción que
yo llamaría de
baja intensidad, en el sentido de que buscábamos el apoyo inicial de
esta Cámara, sin prefigurar ni concretar todavía aspectos muy
importantes, pero entendiendo que podía ser la puerta de entrada para
este debate tranquilo y necesario. Porque nos tememos, por los
anuncios que ya conocemos y que luego, en todo caso, concretaremos
cuando demos la opinión sobre las enmiendas, que siempre cabe la
tentación de que, ya que estamos de nuevo ante las puertas de unas
elecciones generales, nos veamos sometidos otra vez a un plan
improvisado que no haya oportunidad de debatir y al que no se pueda
dar consistencia y caigamos en antiguos vicios. Por tanto creemos que
esta es una oportunidad de oro para hacer este debate y para ir
afinando en muchas cuestiones y creemos que nuestra moción da pie
para ello.
En primer lugar, me gustaría saber quién está en contra -si es que
hay alguien que lo esté en esta Cámara- de elaborar un plan
estratégico ferroviario, para someterlo al debate político en el
Congreso, que asegure e impulse la cohesión social y territorial del
ferrocarril, y si alguien está en contra de que este plan contemple,
entre otros, los siguientes objetivos: Primero, actuaciones en la red
básica ferroviaria y su proyección respecto a actuaciones
estratégicas para conseguir la cohesión territorial y social y,
segundo, estudio de problemas muy importantes que están sobre la
mesa, como nuestras conexiones con las redes europeas, en particular
con Francia y Portugal. Incluso estamos asistiendo a debates entre
regiones dentro del propio ámbito del Partido Popular, entre
Extremadura, entre Castilla y León, en una bronca larvada donde todo
se soluciona apostando por decir que sí a todo, y por lo visto
tenemos billones de pesetas para poder afrontar simultáneamente la
conexión por Extremadura o por Castilla y León, o asegurar la
conexión de Coruña-Santiago con Portugal, por poner un ejemplo; o
para prometer a la vez la Y vasca o la conexión del Euromed con
Cataluña. Es decir, se puede prometer todo a la vez, pero nadie ha
cuantificado cuánto supone esto. También es verdad, como decía el
otro día, que incluso Convergència i Unió anunciaba como eje central
de su campaña electoral en Cataluña el fin de la Renfe.
Seguimos sin entender por qué van a estar en contra de estudiar estos
temas, de estudiar las relaciones interregionales; si podíamos
superar el debate ya reiterado de alta velocidad-velocidad alta.
Nosotros dábamos una propuesta, denominarlo ferrocarril de alta
calidad entendiendo que lo importante precisamente -aquí se ha dicho
en otras ocasiones- es establecer competencia en tiempos de viaje y
no en otras prestaciones, porque muchas veces si evaluamos
cuantitativamente cuánto supone la mejora de 15 minutos vemos que es
mucho más razonable construir un ferrocarril que tenga en cuenta las
dificultades geográficas y que busque elementos competitivos, en
primer lugar a nivel de viajeros, con el transporte en automóvil,
entendiendo que en distancias de 400 a 500 kilómetros aproximadamente
-si tomamos como referencia Madrid prácticamente se abarca todo el
país- podemos establecer tiempos
competitivos de viaje que suponen velocidades comerciales del orden
de 140-160 kilómetros por hora. Eso no descarta la posibilidad de que
en aquellos ámbitos geográficos en los que el territorio lo favorezca
no podamos alcanzar velocidades de 250 kilómetros por hora o más.
En segundo lugar, también nos parece muy importante abordar con
cierta prudencia el debate sobre el ancho de vía, y el otro día lo
advertimos. Sabemos que sigue pendiente -o tienen ustedes pendiente
como Gobierno- cuál va a ser la decisión sobre el ancho de vía de la
variante de Guadarrama y de otras futuras infraestructuras como la
variante de Pajares. Pensamos que es un tema muy serio que va a
provocar un importante debate en la sociedad de las regiones
afectadas por esos posibles cambios. Ustedes lo hacían todo posible
con el avance de los prototipos que Talgo está estudiando en estos
momentos, también para el cambio de eje en el material motor, pero
creo que es un debate inmaduro que necesita una reflexión seria para
evitar que continuemos ampliando los puntos de conflicto, por
denominarlos así, con los puntos de frontera dentro de la red
ferroviaria, porque si no estaremos construyendo una red en la que
los puntos de ruptura impedirán la circulación de mercancías por
muchos tramos de la misma. Se van a crear dificultades -también lo
decíamos el otro día- en la relación del Euromed con la frontera
francesa.
Seguimos insistiendo en la necesidad de una reflexión seria puesto
que no hay recursos suficientes para hacer lo que en el año 1986 se
decía, que era intentar cambiar el ancho de toda la red ferroviaria.
Estamos encaminados a ir a tres tipos de ferrocarriles, manteniendo
el ferrocarril de vía estrecha, manteniendo el ferrocarril de ancho
Renfe, y estamos incidiendo en la construcción de una nueva red con
dificultades para poder complementarse y tener el efecto de vasos
comunicantes con el resto de la red. Pensamos que ese debate está ya
maduro, pero sí se podría avanzar en los debates sobre la necesidad
de inversiones en cercanías y sobre todo en recuperar la necesidad de
que el 50 por ciento de la cuenta de resultados de las empresas
ferroviarias esté basado precisamente en el tráfico de mercancías,
con grandes ventajas también para descargar los gastos en
infraestructuras de carreteras dado el elevado coste que supone para
el Estado tener que gastarse, ya este año, más de 200.000 millones en
renovar y rebachear autovías prácticamente recién terminadas.
Si seguimos en esa dinámica imparable de ir acumulando tráfico pesado
en las carreteras, el coste es muy importante y además incide
directamente en la seguridad vial y en el número de muertos/año que
tenemos todavía en nuestro país. Creemos que ese es el marco de
referencia para discutir, pero si ustedes quieren quedarse con el
santo y la limosna y esperar de nuevo a un proceso electoral, están
en su derecho, y nosotros estaremos en el nuestro de seguir
insistiendo sin cansarnos, como venimos haciendo desde hace muchos
años, en buscar una política sensata de infraestructuras y de
ferrocarriles que se sostenga en el tiempo.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
A esta moción han sido presentadas enmiendas por los grupos
parlamentarios Mixto y Socialista. En primer lugar, para la
presentación de sus enmiendas, tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Compartimos con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida el criterio
de que esta moción tiene sin duda una intención loable y que intenta
reconducir un debate situándolo en una baja intensidad en cuanto que
aspira a un equilibrio territorial de todo el Estado español en
materia ferroviaria. De todas maneras pensamos que, cuando la
situación es tan desequilibrada, una operación de esta clase resulta
muy difícil, porque consciente o inconscientemente tendemos a
reproducir un poco el desequilibrio cuando se concreta abiertamente
determinado tipo de actuaciones y otras, sin embargo, quedan en el
terreno de la abstracción.
Nuestra enmienda va destinada, en el caso particular de Galicia, a
aclarar qué tipo de actuaciones habría que hacer. Espero que no
resulten escandalosas y que mantengan el tono del texto en la baja
intensidad porque, según el plano ferroviario aprobado por el
Parlamento de Galicia en 1995, se trata simplemente de que una parte
de los 1.000 kilómetros de red ferroviaria que tiene Galicia, en
concreto los correspondientes a A Coruña-Vigo-frontera con Portugal,
pasen a tener doble vía y electrificación y también doble vía y
electrificación lo que va de Santiago a Ourense para poder salir
camino de la meseta. Es decir, se trata de conseguir solamente
velocidades medias de 120-150 kilómetros por hora en un plazo de 10
años. Desgraciadamente la aplicación de este plan es sistemáticamente
negada por el Gobierno del Estado español, pero el Gobierno -y es
aquí donde quiero que se vea la oportunidad de nuestra enmienda-
acabó por ceder un dinero para actuaciones -se llama además así,
actuaciones en la red ferroviaria de Galicia-, que es un convenio
XuntaMinisterio de Fomento. En cinco años, en el quinquenio 1998-
2002, van a invertir 27.000 millones de pesetas y 3.000 millones la
Xunta de Galicia. Esta cantidad no va a cambiar cualitativamente nada
el ferrocarril en Galicia, es decir, lo sigue dejando colapsado y
obsoleto; no da para poner doble vía en ningún tramo ni
electrificación, se trata solamente de abrir más estaciones para que
se puedan hacer cruces, sobre todo en lo que se llama el eje
atlántico, con lo cual estaremos en la situación actual.
Yo creo que esto explica un poco la razón de la enumeración de
Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria y Asturias.
Convendría concretar, porque no es igual hablar de actuaciones en
Galicia que en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha, teniendo
zonas deficientes, como es la línea de Cuenca, hay que
reconocer que pasa un tren que desde luego para Galicia es jauja y
hay que reconocer que los planes para Valladolid están ahí, que
figuran en la iniciativa de Izquierda Unida y que los planes para
Asturias figuran con concreción. Desde luego esta inversión en
Galicia sería infinitamente menor que la del túnel de Pajares,
infinitamente menor que la de Guadarrama e infinitamente menor que
todas las que hay programadas para las altas velocidades o
velocidades altas o para el Euromed. Por tanto, espero que se atienda
esta mínima reclamación, que no saca al texto de su baja intensidad,
pero en el caso gallego tenemos que concretarlo porque si no la burla
sigue siendo constante.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Rodríguez.
Para la presentación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente.
Coincidimos con el fondo y la forma de la interpelación defendida por
el señor Santiso, pero quisiera manifestar una extrañeza. Yo he visto
que en el registro había enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
que parece que después han sido retiradas. Señor Santiso, sin duda
primará ese aspecto propagandístico de la gestión del Gobierno frente
a las realidades comprometidas del debate parlamentario.
Hasta ahora, señorías, si algo hemos comprobado en la gestión del
Ministerio de Fomento a lo largo de esta legislatura es la ausencia
de planificación, y en esta materia de forma especial: ausencia de
prioridades, de planes a los que sujetarse y ausencia de ordenación
de los planes de ejecución de las necesarias infraestructuras
ferroviarias. La iniciativa de Izquierda Unida simplemente plantea
que esta Cámara pueda abordar, como lo hizo en el pasado, un plan
estratégico de desarrollo ferroviario en el que todos podamos
pronunciarnos. De ahí nuestra aquiescencia y nuestro compromiso en
votar favorablemente la misma.
La enmienda que presento simplemente pretende algunas breves
concreciones. Hemos visto hasta ahora que en esta legislatura
actuaciones, señorías, en materia de ferrocarril ha habido muy pocas;
ha habido una caída clara de la inversión y una sola actuación, el
tren de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa, necesario
sin duda, pero también son necesarios otros corredores que han sido
absolutamente abandonados.
El otro día, en un debate similar, el señor Ortiz, con un entusiasmo
digno de mejor causa, afirmaba que la gestión del Ministerio de
Fomento estaba plagada de éxitos y que la oposición no era capaz de
encontrar ni una sola línea en la que asentar nuestras críticas.
Señorías, tengo aquí un estudio de La Caixa, que supongo no
considerarán demagógica su actitud, en el que se demuestra que el
gasto público de inversión en España ha caído de forma extraordinaria
a partir del año 1996.
Ese informe dice textualmente que en el descenso de esta inversión en
los últimos años la mayor caída relativa ha correspondido a la
Administración central. Tengo aquí informes de la Intervención
General de la Administración del Estado en los que en compromiso de
gastos, obligaciones reconocidas y pagos realizados en este
ejercicio, sobre el año anterior, la caída del Ministerio de Fomento
es espectacular, del orden del 30 por ciento para compromisos de
gastos, del 22 por ciento para obligaciones reconocidas, del 17 por
ciento para pagos realizados; es decir, que no sólo se presupuesta
poco, sino que se gasta menos aún. De ahí la necesidad de aprobar
esta iniciativa.
Hay un gran desconcierto, señorías; desconcierto en el diseño de la
red. Por cierto, ¿qué va a pasar con la variante de Guadarrama? ¿Qué
ancho va a tener? ¿Ancho internacional, como nos dice un día el
secretario de Estado, o ancho ibérico, como se nos dice otro día
desde el Ministerio? Si es ancho internacional, ¿cómo se va a
garantizar la interoperatividad de la red, la conexión con Atocha?
¿Hay que hacer un nuevo túnel bajo Madrid? Ni siquiera están hechos
los estudios informativos. Eso acumularía retrasos sobre retrasos a
la necesaria variante de Guadarrama. Hay desconcierto sobre las
características técnicas, sobre las prioridades, calendario de
realizaciones y financiación. Por eso es muy útil esta moción.
Este plan permitiría planificar, ordenar prioridades, pasar de la
propaganda a la realidad. Un plan así impediría, señorías, por
ejemplo, que cuando mi grupo parlamentario pregunta cómo van esas
abundantes promesas -verbigracia, el tren de alta velocidad Madrid-
Valencia-, fíjese lo que contesta el Gobierno: El Ministerio de
Fomento está adoptando las medidas necesarias para permitir que los
trenes puedan llegar desde Madrid hasta Alicante en un tiempo
inferior a dos horas. Y dice: El Ministerio de Fomento destinará a la
nueva línea AVE Madrid-Comunidad Valenciana el presupuesto que se
estime necesario para su realización. ¿Ustedes creen que esto es un
compromiso y un respeto a las funciones parlamentarias? Impediría
también lo que ha dicho el señor Santiso: esas ofertas abundantes en
período electoral como la protagonizada por el señor Barrero,
candidato del Partido Popular a la comunidad autónoma extremeña -por
cierto, desmentida después por el Gobierno-. El señor Barrero afirmó
en plena campaña electoral -el mejor momento para ello- que el tren
de alta velocidad España-Portugal (Madrid-Lisboa) pasaría por
Badajoz. Sin prejuzgar esa necesidad, que lo es, he de decirle,
señoría que el señor Barrero afirmó que le dijo el señor Aznar: Sé
prudente, que el tren de alta velocidad va a pasar por Badajoz. Si le
dice que fuera imprudente, él mismo se pone a montar las vías,
señorías.
Promesas, promesas y más promesas y, sin embargo, aquí no tenemos la
posibilidad de desarrollar el debate que más nos importa: que no haya
una creación de dos redes diferenciadas y segregadas en su gestión;
que se nos explique qué se quiere hacer con ese holding al que se va
a traspasar toda la infraestructura ferroviaria;
si va a disponer después del mismo o va a haber dos empresas, una
para la alta calidad o alta velocidad y otra para el ferrocarril
convencional; que se nos explique cómo se va a salir del grave
problema en que se encuentran en estos momentos las cercanías. Yo
tengo aquí un informe que exhibí el otro día de la propia Renfe,
señorías, que afirma que Madrid se colapsará en el 2004 si no se
amplía la red de cercanías. Y no vemos ni en los planes -que no se
presentan en la Cámara- ni en los presupuestos propuesta alguna de
inversión en la red de cercanías de Madrid para evitar esta triste
realidad.
Por último, las enmiendas las tienen ustedes en sus manos.
Simplemente pretenden concretar y en el apartado 3, además de una
serie de comunidades autónomas en las que se plantean una serie de
actuaciones, añadir Extremadura y Andalucía, y en la red de alta
calidad intentar, de forma abierta, que en un horizonte del año 2010,
incluso podía ser posterior, se acometan una serie de iniciativas que
yo creo que han de ser básicas en esa definición de la red de alta
calidad: La Y vasca, vertebración del eje atlántico, Pajares conexión
con Galicia, Córdoba-Malaga, Madrid-Valencia-Alicante, corredor
navarro, variante de Guadarrama, con compromisos de inicio de
ejecución de obras para varias de ellas. Y, por último, establecer en
proyectos coordinados con el Gobierno portugués las conexiones, desde
luego la de Extremadura, la posible de Castilla y León y la del eje
atlántico, la gallega.
Finalmente, me gustaría señalar que además de la necesidad de que
exista un contrato-programa para Renfe y FEVE, mi grupo parlamentario
considera que ha de existir un contrato-programa para el GIF porque
de lo contrario se dará una circunstancia cual es que el GIF, que
cada vez asume más presupuesto, más volumen de realización y de
ejecución y que seguramente asumirá una parte importantísima de la
infraestructura, no tendrá definidos claramente sus compromisos con
la Administración del Estado y eso nos parece que no es aceptable.
Por ello presentamos este conjunto de enmiendas que esperamos que
sean aceptadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caldera. ¿Algún grupo parlamentario desea fijar su posición?
(Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Carreño.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor
presidente.
El domingo 13 de junio se podían leer en la prensa dos noticias
relacionadas con el ferrocarril: España ha invertido 3,5 billones de
pesetas en ferrocarriles en 150 años, decía una; Todas las autonomías
exigen un AVE; atender el aluvión de peticiones de alta velocidad
costaría 3,5 billones de pesetas, decía la segunda.
El texto de la interpelación, hoy moción, de Izquierda Unida dice:
Tras años de languidecimiento en los que parecía que el ferrocarril
corría el riesgo de desaparecer, el prestigio ganado por los
servicios de cercanías y por otros de altas prestaciones ha provocado
que este medio de transporte sea de nuevo un punto de atracción tanto
social como político.
Efectivamente, el languidecimiento lo reflejaba el Plan director de
infraestructuras, que dejó sin concretar en 1995 un verdadero plan de
ferrocarriles. De hecho, esta moción de Izquierda Unida solicita un
plan de transporte ferroviario y señala cuál debe ser su contenido.
A aquella demanda de ferrocarril contribuyen además tres
consideraciones altamente positivas para el mismo: la seguridad, la
hoy puntualidad y la protección del medio ambiente.
La atracción política la acredita el gran número de iniciativas
parlamentarias. Sin salir de este mes de junio, el día 15, en
Comisión de Infraestructuras se debatió la mejora ferroviaria para la
Comunidad Autónoma de Murcia. El mismo día 15 en el Parlamento
gallego se debatía sobre el impulso del ferrocarril desde Valladolid
a Galicia en alta velocidad o en velocidad alta. Esta mañana, en la
Comisión de Infraestructuras, las comunicaciones de la meseta con
Cantabria, y ahora esta moción.
Decía ya hace unos años el profesor de ferrocarriles, García-Lomas,
en la Escuela de Caminos, que si el ferrocarril no se hubiera
inventado en el siglo XIX tendría que inventarse en el siglo XX. Pues
bien, de cara al siglo XXI las comunidades autónomas, desde Galicia,
con una red ferroviaria obsoleta más propia del siglo XIX que de
finales del XX, a otras como Andalucía, Cataluña o Madrid, que tienen
o van a disponer a muy corto plazo de trenes siglo XXI, ninguna
quiere perder el tren. El interés social y político va ahora hacia la
mejora de las infraestructuras ferroviarias.
El presidente del Gobierno, en el debate de la pasada semana, señaló
los ambiciosos objetivos de inversión con ayuda de los fondos
estructurales europeos para el período 2000-2006: 16 billones de
pesetas en infraestructuras. Y ello -decía- tras la aprobación en los
próximos meses de los programas de desarrollo regional que el
Gobierno, de acuerdo con las comunidades autónomas, presentará a la
Unión Europea, programas en los que será prioritaria la ampliación de
la red de ferrocarriles de alta velocidad. El ministro de Fomento ya
hace meses, exactamente el 9 de diciembre de 1998, anunció en este
Parlamento la presentación, en el segundo semestre de 1999, de un
documento con la prioridad de inversiones en los distintos corredores
ferroviarios, consecuencia siempre de los estudios de demanda y
rentabilidad, no sólo económica sino también social. Un ejemplo de
falta de previsión, de ausencia de estudios, lo hemos tenido, lo
tenemos, en la coincidencia AVE Madrid-Sevilla y la ampliación del
aeropuerto de Sevilla, hoy al 30 por ciento de su capacidad. El
secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes expuso aquí,
asimismo, las líneas generales
del contrato-programa Estado-Renfe que ha de aprobarse y entrar en
vigor este año 1999.
De las resoluciones sobre ferrocarriles votadas por el Pleno la
semana pasada, en el debate sobre el estado de la Nación, algunas de
las rechazadas reproducen en gran parte las de esta moción o las de
las enmiendas a ella presentadas, y voy a destacar las aprobadas,
propuestas por el Grupo Popular. Una de ellas es relativa al estudio
de los corredores ferroviarios e insta al Gobierno a definir las
situaciones en los principales corredores ferroviarios españoles,
considerando las necesidades, así como su óptima operatividad. Otra
enmienda, transaccional a una del Grupo Mixto, insta al Gobierno a
impulsar la mejora de la red ferroviaria gallega y su incorporación
en la red de corredores de altas prestaciones. Estas dos conclusiones
fueron aprobadas en el debate sobre el estado de la Nación y ya está
obligado el Gobierno a cumplirlas.
En consecuencia con ellas, ya se ha anunciado la presentación,
durante el próximo mes de julio, del avance del Plan de transporte
ferroviario, que naturalmente incluye todos los objetivos que plantea
la moción, por cierto ya en marcha, como voy a describir muy
rápidamente, no sin antes recordar dos indicadores del ferrocarril.
En el período 1996/1998, y por el Gobierno del Partido Popular, se
han invertido 543.000 millones en inversiones ferroviarias, frente a
512.000 en el trienio 1993/1995. En el trienio 1996/1998, con el
Gobierno del Partido Popular, el transporte de viajeros, con relación
al trienio 1993/1995, ha tenido un incremento del 9,2 por ciento y
del 9,5 por ciento el transporte de mercancías.
En cuanto a los objetivos de la moción, las conexiones con las redes
europeas, en particular con Francia, está clarísimo que se mantienen
los dos corredores, a través del País Vasco y a través del Madrid-
Barcelonafrontera francesa. En marcha avanzada está uno de los
proyectos y el otro pendiente de resolver problemas. En cuanto a las
conexiones con Portugal deben saber, señorías, que el Ministerio de
Fomento junto con el Gobierno portugués, está tramitando la
modificación del proyecto, que consistía en una autopista
LisboaValladolid, por el ferrocarril del eje atlántico gallego y la
conexión Fuentes de Oñoro-Salamanca-Medina del Campo-Valladolid. La
variante de Pajares está en período de respuesta a las alegaciones
presentadas al estudio informativo. La variante de Guadarrama tiene
dos partes, Madrid-Segovia norte y Segovia norte-Valladolid. El
estudio informativo del tramo Segovia norteValladolid se ha sometido
a información pública el 19 de marzo, y los proyectos de los dos
tramos, túnel y Segovia norte-Valladolid, se coordinarán para
concluir en el año 2004.
En la coordinación e impulso de los puntos de intercambio intermodal
está respondiendo el Ministerio, por ejemplo, con una actuación de
enlace con los puertos. Está llevando a cabo actuaciones en Bilbao;
en Barcelona, acceso al muelle sur de contenedores; en Valencia; en
Algeciras, estación de mercancías de San Roque; y en Marín, acceso
desde Pontevedra.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Carreño,
le ruego concluya.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Termino rápidamente, señor
presidente.
Plantea mejorar y extender el transporte de mercancías por
ferrocarril. Ya he indicado el avance en la mejora del transporte de
mercancías por ferrocarril y se va a proceder a la adquisición de
vagones, de locomotoras, que está en marcha en los planes de
inversión de Renfe y que ustedes debían conocer.
El ancho de vía a utilizar en las nuevas infraestructuras lo ha
concretado el ministro en la respuesta a la interpelación: se
adoptará, siempre que ello sea posible, y en particular en las de
alta velocidad, el ancho internacional.
Por todo ello, el Grupo Popular, considerando que los objetivos que
se marcan están de hecho redactados para su presentación por el
ministro de Fomento, votará en contra de la moción presentada por el
Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Carreño.
Señor Santiso, S.S. debe expresar la aceptación o no de las enmiendas
presentadas a su moción.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente, voy a
fijar la posición de mi grupo sobre las enmiendas.
En primer lugar, con relación a la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto, quiero decir que la aceptamos, puesto que recoge lo debatido
en el Parlamento gallego. Efectivamente, nuestra intención es
intentar dar un impulso a aquellas regiones que tienen más
dificultades o más atraso ferroviario. Por tanto, entendemos que debe
votarse con nuestro texto.
Igualmente aceptamos las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, que precisan y extienden el ámbito de nuestra propia
moción. Por supuesto aceptamos la de adición al apartado tres, número
1, letra c) que propone añadir, después de Castilla-La Mancha,
Extremadura y Andalucía. También aceptamos la adición al apartado
tres, número 2, que intenta precisar más lo que acabamos de escuchar
ahora, la relación con Portugal vertebrando el Eje Atlántico, Ferrol-
Coruña-Santiago-Pontevedra, la conexión Madrid-Lisboa por Extremadura
y la conexión con Portugal a través de Fuentes de Oñoro (Salamanca).
También precisa más la conexión con Galicia, Córdoba-Málaga, Madrid-
Valencia-Alicante, corredor navarro y otras. Por tanto quedaría
aceptada. Asimismo aceptamos la enmienda de adición al apartado tres,
número 2, que añade y Almería, después de Cartagena. En cuanto a la
de adición al apartado seis, que propone que exista un contrato-
programa, además de para Renfe y Feve, para el GIF, compartimos esa
filosofía.
También vamos a aceptar las dos enmiendas del Grupo Popular...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Santiso,
le agradezco la aclaración, pero están retiradas. Si S. S. ya ha
aceptado todas las enmiendas, le agradezco su intervención. Muchas
gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de someter a votación las
mociones que constituyen el último punto del orden del día para la
sesión de esta tarde y que acaban de debatirse, querría someter al
Pleno, con el aval de todos los portavoces de los grupos
parlamentarios, una declaración institucional que paso a leerles:
El Congreso de los Diputados, en el marco de la normativa legal y de
los principios consagrados en la Constitución, al amparo igualmente
de anteriores resoluciones contra la pena de muerte,
independientemente de los hechos que en cada caso se juzguen, declara
su inequívoca voluntad en contra de la ejecución de la condena a
muerte dictada en Turquía en el proceso seguido contra el señor
Ocalan. ¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES (VOTACIONES):
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO SOBRE POLÍTICA GENERAL DEL
GOBIERNO EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS
MIEMBROS DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN Y DE LOS ALTOS CARGOS DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 173/000152.)
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la moción del Grupo
Socialista sobre política general en aplicación de la normativa de
incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la nación y de los
altos cargos de la Administración general del Estado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
283; a favor, 131; en contra, 147; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE EL FUTURO
DEL TRANSPORTE FERROVIARIO EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/
000153.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre el
futuro del transporte ferroviario en España con la aceptación de las
enmiendas presentadas durante el debate, mantenidas, entre otros, por
el señor Santiso.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
284; a favor, 136; en contra, 148.
El señor PRESIDENTE: Queda por tanto rechazada la moción de Izquierda
Unida.
Concluido el orden del día fijado para la sesión de esta tarde, se
suspende la sesión hasta mañana a las dieciséis horas. Buenas tardes.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.