Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 147, de 01/04/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 147
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 142
celebrada el miércoles, 1 de abril de 1998
ORDEN DEL DIA:
Preguntas (Página 7769)
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento:
--Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento, para informar acerca
de la situación de la economía española a efectos del procedimiento
recogido en el artículo 109.j del Tratado de la Unión Europea, así como
del proceso a seguir hasta la selección de los países participantes en la
Tercera Fase de la Unión Europea (número de expediente 210/000015)
(Página 7794)
*
*
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas (Página 7769)
De la Diputada doña Rosa Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:
¿Qué criterios objetivos y ponderados sostiene el Presidente del Gobierno
para la cobertura de las vacantes producidas en el Tribunal
Constitucional? (Número de expediente 180/001105) (Página 7769)
Del Diputado don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede garantizar el
Sr. Presidente del Gobierno, ante la Cámara, que España mantendrá su
posición actual en el reparto europeo de los Fondos Estructurales y de
Cohesión? (Número de expediente 180/001108) (Página 7770)
Del Diputado don Rafael Estrella Pedrola, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo va a designar
el Gobierno el Embajador de España en Cuba? (Número de expediente
180/001110) (Página 7772)
De la Diputada doña María Cristina Almeida Castro, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del
Gobierno y Ministro de la Presidencia: ¿Va el Gobierno a formalizar la
solicitud de comparecencia ante esta Cámara de su Vicepresidente Primero,
señor Alvarez-Cascos, al objeto de informar del contenido de sus
reuniones con el abogado del señor Amedo, en coherencia con la posición
expuesta por el Portavoz del Gobierno el pasado día 20 de marzo? (Número
de expediente 180/001107) (Página 7773)
Del Diputado don Pablo Marcial Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál ha sido el balance
de la cooperación española para el desarrollo en 1997? (Número de
expediente 180/001120) (Página 7774)
Del Diputado don Francisco Ricoma de Castellarnau, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es
la opinión del Gobierno sobre las acciones de la Unión Europea y de la
Comunidad Internacional para evitar el agravamiento de la crisis de
Kosovo? (Número de expediente 180/001121) (Página 7775)
Del Diputado don Jordi Marsal i Muntalá, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo piensa garantizar el Gobierno el
uso correcto de los datos correspondientes a 2.000.000 de jóvenes
españoles en relación con la campaña de promoción del Ejército
profesional? (Número de expediente 180/001131) (Página 7776)
Del Diputado don Ramón Antonio Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué ventajas se piensa
obtener gracias al acuerdo firmado entre el Ministerio de Defensa y el
«Anderson Center» en materia de asistencia oncológica? (Número de
expediente 180/001125) (Página 7777)
Del Diputado don Jon Zabalía Lezamiz, del Grupo Vasco (EAJ-PNV), que
formula al Gobierno: ¿No cree el Gobierno que está faltando voluntad
política y está sobrando exceso de lentitud burocrática a la hora de
iniciar las obras del nuevo acceso ferroviario al puerto de Bilbao
conocido como Túnel de Serantes? (Número de expediente 180/001104)
(Página 7778)
Del Diputado don José Francisco Herrera Antonaya, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué efectos económicos
tendrá el proyecto de ampliación de la terminal de carga del aeropuerto
de Madrid-Barajas
para la Comunidad de Madrid? (Número de expediente 180/001127) (Página 7779)
Del Diputado don Joaquín Leguina Herrán, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo va a convencer
la señora Ministra de Educación y Cultura al Ayuntamiento de Madrid de
que reingrese en el Patronato del Teatro Real? (Número de expediente
180/001113) (Página 7780)
De la Diputada doña Clementina Díez de Baldeón García, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
financiación garantiza el Gobierno para implantar la reforma educativa
con criterios de calidad e igualdad para todos? (Número de expediente
180/001114) (Página 7781)
Del Diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Va a responder el
Gobierno con amenazas cada vez que se le pregunte por los casos de
corrupción que afectan a miembros del Partido Popular? (Número de
expediente 180/001109) (Página 7783)
De la Diputada doña María Amparo Rubiales Torrejón, el Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
razones tiene el Gobierno para anunciar que da por finalizadas las
trasnferencias a las Comunidades Autónomas? (Número de expediente
180/001111) (Página 7784)
Del Diputado don Alfonso Perales Pizarro, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cree el Ministro de Administraciones
Públicas que se fomenta la cooperación entre instituciones acusando a la
Junta de Andalucía de «gamberrismo institucional» por ejercer la defensa
de sus derechos? (Número de expediente 180/001130) (Página 7785)
De la Diputada doña Isabel Pozuelo Meño, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa
adoptar el Gobierno en relación con el proceso de selección de personal
del Hospital de Alcorcón, a la vista de las denuncias de irregularidades
y del informe del Defensor del Pueblo? (Número de expediente 180/001117)
(Página 7787)
Del Diputado don José Ignacio Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede explicar el
Gobierno en qué consiste el proyecto de creación del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas? (Número de expediente 180/001122) (Página 7788)
Del Diputado don Juan Antonio Gil Melgarejo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el
Ministerio de Sanidad y Consumo el descenso del número de casos de SIDA
en más de un 20% en el año 1997, en relación con el año 1996? (Número de
expediente 180/001123) (Página 7789)
Del Diputado don Tomás Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la situación actual del
Sistema Arbitral de Consumo? (Número de expediente 180/001124) (Página 7790)
Del Diputado don José Alarcón Molina, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué inversiones tiene previsto
realizar el INSALUD en Atención Primaria y Especializada en 1998, en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha? (Número de expediente
180/001126) (Página 7791)
De la Diputada doña María del Carmen Heras Pablo, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha tomado
el Gobierno ante las prácticas concertadas en materia de comisiones
bancarias? (Número de expediente 180/001115) (Página 7792)
Del Diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuáles son los criterios
que, en su opinión, deben inspirar la por usted propuesta modificación
del Pacto de Toledo? (Número de expediente 180/001116) (Página 7793)
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento (Página 7794)
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento, para informar acerca de
la situación de la economía española a efectos del procedimiento recogido
en el artículo 109.j del Tratado de la Unión Europea, así como del
proceso a seguir hasta la selección de los países participantes en la
tercera fase de la Unión Europea (Página 7794)
El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y
Hacienda (De Rato Figaredo) comparece ante la Cámara para presentar, en
nombre del Gobierno, los informes que la Comisión Europea y el Instituto
Monetario Europeo hicieron públicos el pasado 25 de marzo sobre la
convergencia, en los que se ha evaluado el cumplimiento de los criterios
de cada uno de los países miembros de la Unión Europea y donde se
reconoce que España cumple todos los criterios de la convergencia de
forma duradera y convincente.
Expone brevemente el proceso iniciado con la publicación de dichos
informes y pasa a comentar la situación de convergencia del conjunto de
los Estados sometidos a examen, deteniéndose en especial en el caso de
España. Manifiesta que la convergencia no es efecto de la casualidad sino
el resultado de un compromiso de esfuerzo y de rectificación, que
responde al convencimiento de que sólo en un marco de estabilidad es
posible crecer de forma sostenida, reducir el paro y aumentar el empleo
en nuestro país. Se refiere a continuación a la parte del informe de la
Comisión donde se pone de relieve que la consolidación presupuestaria
llevada a cabo por la mayoría de los gobiernos ha supuesto una ruptura
con las prácticas presupuestarias del pasado, de tal forma que la mejora
de los déficit públicos ha sido, como tónica general, el resultado de
medidas que han actuado sobre lo que, en términos técnicos, podemos
denominar el componente no cíclico del déficit y, en términos políticos,
las medidas que dependen de la voluntad del Gobierno, que es lo que,
según su opinión, otorga credibilidad al proceso y produce reducciones
importantes en el gasto corriente.
En cuanto a la existencia de un euro amplio, frente a las posiciones
mantenidas a lo largo de los últimos años respecto a la existencia de un
euro limitado a un número pequeño de países, opina que supone un hito
fundamental hacia la integración europea y que el estricto cumplimiento
de los criterios por el mayor número posible de países es un importante
respaldo al proceso de unión económica y monetaria, ofreciendo a su vez
la moneda común garantías de estabilidad y fortaleza a todo el proyecto
de integración europea, pues es indudable que una participación amplia en
la Unión Económica y Monetaria generará una moneda más fuerte, con un
mayor peso dentro del sistema financiero internacional, como
representante último de un área económica caracterizada por la apertura,
la estabilidad y el crecimiento. En cuanto a la posición de España en el
contexto de un euro amplio afirma que ésta ha contribuido a la
construcción de un euro amplio y fuerte, cuando hace tan sólo dos años se
daba por supuesta su incapacidad para formar parte del euro y se apostaba
por el establecimiento de una Europa de dos o más velocidades. Añade que
el actual Gobierno eligió desde el primer momento aplicar todas las
medidas necesarias para que España cumpliera estrictamente los criterios
fijados en el Tratado de Maastrich en la fecha prevista y compara esa
voluntad, compartida e impulsada por los grupos parlamentarios que apoyan
al Gobierno, con la estrategia de negociación política seguida por
gobiernos anteriores. Resalta que, tal y como constatan los informes de
la Comisión y del Instituto Monetario Europea, España ha cumplido limpia
y estrictamente los criterios de convergencia establecidos en el Tratado,
lo que supone no sólo que la inflación, el déficit público, la deuda, el
tipo de cambio, los tipos de interés, se encuentren dentro de los valores
de referencia que se fijaban en el Tratado de Maastrich, sino que, según
se reconoce en dichos informes, este proceso de convergencia, en el caso
de España es claramente sostenible y duradero, creciendo más y creando
más empleo. Añade que desde que el Partido Popular asumió las
responsabilidades de Gobierno, ha aplicado una política económica global
en la dirección de conseguir la incorporación de España al núcleo de
países
europeos más estables como mejor camino para la creación de empleo.
Asimismo analiza el contenido de los informes respecto a la inflación,
al proceso de consolidación de las finanzas públicas, a la reducción del
déficit, a la estabilidad cambiaria, que es otro de los criterios
exigidos por Maastrich, siendo la peseta en el momento actual una de las
monedas más estables del sistema, y a los tipos de interés. Por último se
refiere al denominado criterio de convergencia legal y afirma que la
legislación española, conforme a lo señalado en los informes, es
plenamente compatible con los requisitos exigidos en el orden legal,
tanto en los tratados como en el Estatuto del sistema europeo de bancos
centrales, una vez culmine la tramitación parlamentaria del proyecto de
ley de modificación de la Ley de Autonomía del Banco de España, que debe
producirse antes de la constitución del sistema.
Termina su intervención planteando a la Cámara lo que, en opinión del
Gobierno, representa el inicio de una nueva etapa histórica, y extrae de
lo sucedido en los dos últimos años una lección especialmente valiosa, y
es que el camino de la estabilidad no sólo lleva al euro sino que
conducirá a un crecimiento duradero que creará empleo. Opina que hay que
continuar avanzando para consolidar la posición de España en Europa y
sacar los mayores rendimientos de la moneda única, objetivos que obligan
a garantizar un contexto de estabilidad macroeconómica, caracterizada por
un nivel reducido de inflación, que permita bajos tipos de interés en el
conjunto europeo, un ambiente propicio para la toma de decisiones, desde
el punto de vista de la inversión, y la generación de empleo, y esto sólo
será posible con una política presupuestaria que reduzca el déficit
público sin aumentar los impuestos.
Manifiesta, por último, que se puede estar satisfecho del esfuerzo
realizado y del éxito conseguido, pero no hay que olvidar los retos
importantes que España tiene por delante, pues la economía española
demanda todavía dosis importantes de flexibilidad y de competencia para
aprovechar plenamente la potencialidad de crecimiento y las oportunidades
que ofrece la moneda única.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez
Noval, del Grupo Socialista del Congreso; Alcaraz Masats, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Homs i Ferret, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Zabalía Lezamiz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Mauricio Rodríguez, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Saura Laporta, la señora Lasagabaster
Olazábal y los señores Chiquillo Barber y Rodríguez Sánchez, del Grupo
Parlamentario Mixto, y el señor Aguirre Rodríguez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En un segundo turno interviene el señor vicepresidente segundo del
Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (De Rato Figaredo).
Se suspende la sesión a las diez y cinco minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
--DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA AGUILAR RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO:
¿QUE CRITERIOS OBJETIVOS Y PONDERADOS SOSTIENE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
PARA LA COBERTURA DE LAS VACANTES PRODUCIDAS EN EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL? (Número de expediente 180/001105)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas al Gobierno en el Pleno.
Pregunta número 12, que formula al Gobierno el diputado don Pablo
Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Señor castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Discúlpeme que, con carácter previo, y aunque ello suponga agotar parte
de nuestro tiempo, nuestro grupo deje constancia en acta de nuestro pesar
por el fallecimiento de la señora Amorós, y trasladamos la condolencia al
Gobierno, al Ministerio de Justicia y a todos sus familiares.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Castellano, en nombre de
todos cuantos en esta Cámara conocimos y apreciamos a la señora Amorós.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Señor presidente del Gobierno, ¿qué
criterios objetivos y ponderados sostiene S. S. para la cobertura de las
vacantes producidas en el Tribunal Constitucional?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castellano.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, señor
diputado, exactamente el criterio y los objetivos que señala el artículo
159.2 de la Constitución, que dice que los miembros del Tribunal deben
ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad,
funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida
competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Este es el
criterio del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Debería S. S. habernos agradecido que le formulásemos esta pregunta
porque esos criterios que usted expone se desdicen enormemente de la
imagen que se está dando cuando se traduce a los medios de comunicación
que la cobertura de estas vacantes en el Tribunal Constitucional no se va
a hacer sólo recayendo en aquellos que reúnan esas condiciones y por
mérito y capacidad, sino que, al parecer, se va a hacer en un reparto
amistoso y equitativo entre usted y su complementario-contrario,
utilizando la expresión machadiana, señor Almunia. Y lógicamente
entenderá usted que esta forma de proceder, que enlaza con el
nombramiento del presidente del Tribunal de Cuentas y que a su vez supone
seguir en la tendencia de la cuotificación, en modo alguno pueda
contribuir a que la imagen de estas altas instituciones sea la de que
están al servicio del interés general y más bien da la imagen de que, al
servicio del bipartidismo, los así nombrados se preocupan más de los
intereses particulares que de los de toda la nación.
Señor Aznar, desde el más absoluto respeto pero desde la mayor firmeza
hacia lo que tienen que ser las instituciones constitucionales, le
convocamos a que, de una vez por todas, se acabe con este sistema de
cuotificación, porque no está tan lejano de ese proceder el hecho de que
un 88,4 por ciento de los ciudadanos tenga muy escasa confianza o ninguna
confianza en los tribunales y en las altas instituciones.
Por el bien de ustedes, de las instituciones y de nosotros mismos, le
rogamos que, de una vez por todas, ponga encima de la mesa los nombres de
los candidatos, sean examinados parlamentariamente y salgamos de esta
forma de comportamiento, que hasta ahora no nos ha traído más que malas
imágenes y desgracia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castellano.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, señor
diputado, como sabe muy bien S. S., no es el presidente del Gobierno el
que elige los nuevos miembros del Tribunal Constitucional ni cubre las
vacantes que se producen en el Tribunal. Quiero decir que, como sabe muy
bien S. S. también, eso le corresponde en este caso al Senado y, por lo
tanto, creo que debemos todos respetar lo que es el trabajo del Senado.
Mi deseo es que los grupos parlamentarios en el Senado consigan el más
amplio acuerdo posible, sin el cual legalmente es imposible, señoría,
como sabe muy bien, renovar el Tribunal Constitucional y que eso recaiga,
de acuerdo con los criterios constitucionales, en personas que garanticen
por su solvencia, por su prestigio, por su capacidad que son capaces,
efectivamente, de prestar unos servicios a tan alta institución y a tan
alto Tribunal. Lo que les puedo decir, señorías, es que el Gobierno hará
lo posible para que se encuentre ese acuerdo y el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado también hará lo posible y, desde luego, nosotros
estamos en disposición de proceder a esa renovación inmediatamente.
Además, le tengo que decir, señoría, que, si no se ha hecho ya, es
probablemente porque algún otro grupo ha entendido o que no le interesa o
que no le conviene o simplemente está en este momento en otros asuntos
que le parecen más importantes o trascendentes que renovar el Tribunal
Constitucional.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor presidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE GARANTIZAR EL
SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO, ANTE LA CAMARA, QUE ESPAÑA MANTENDRA SU
POSICION ACTUAL EN EL REPARTO EUROPEO DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE
COHESION? (Número de expediente 180/001108)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, que formula al Gobierno don Juan
Manuel Eguiagaray Ucelay, portavoz del Grupo Socialista. (Rumores.)
Silencio, señorías.
Adelante, señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Aznar, no es cierto lo que acaba de
decir, pero, en todo caso, con la clarividencia que le asiste, señalaba
usted en octubre de 1993 que era necesario repensar el Tratado de
Maastricht. Decía que no se correspondía ni con la realidad europea ni
con la española y añadía que esta
Unión Económica y Monetaria era imposible de cumplir. Bueno, pues ya
estamos en la Unión Económica y Monetaria y ahora, señor Aznar, ¿qué va a
pasar? ¿Está usted en condiciones de garantizar que España no perderá los
fondos que actualmente recibe?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Efectivamente, con la
situación de entonces era imposible que España llegase a la Unión
Económica y Monetaria. (Aplausos.) Era imposible. Afortunadamente, como
la situación ahora es distinta, ha llegado y, además, ha llegado con
alguna solvencia que espero que, por una vez y sin que sirva de
precedente, hasta eso le alegre a su señoría.
Lo que sí le puedo decir y garantizar es que España, naturalmente,
defenderá en el proceso de negociaciones de la Agenda 2000, del que
forman parte los fondos estructurales, los intereses nacionales, espero
que con el apoyo de esta Cámara y, si es posible también, con el apoyo de
su grupo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor presidente.
Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Su capacidad de profecía, señor Aznar, es
infinita. Usted ha renunciado ya a mejorar lo que existe, más aún, sería
un alivio para todos que, al menos, nos quedáramos como estamos. Sin
embargo, durante la catastrófica gestión del Gobierno anterior, la
política de cohesión pudo introducirse en el Acta Unica, los fondos
estructurales se duplicaron, se creó el de cohesión y entre 1993 y 1999
nuestro país recibirá alrededor de seis billones de pesetas. ¿Recuerda,
señor Aznar, cuando le llamó pedigüeño al anterior presidente del
Gobierno? ¿Qué tenemos ahora? Cataluña y Valencia pueden salir del
Objetivo 1; en vez de crecer el gasto de estructuras de solidaridad, se
va a reducir en casi un 17 por ciento y, por si fuera poco, las cifras
que les dan a ustedes, señor Aznar, se pueden convertir en papel mojado
si efectivamente son techos máximos de gasto. Me temo que en Bruselas le
han tomado la medida, le visten bien el muñeco pero no le garantizan los
fondos, saben que usted critica a los pedigüeños y que se lo pone fácil a
los que son contribuyentes, a Alemania y a Holanda. Además, ¿por qué
darle tanto dinero si a usted le sobra, si le sale por las orejas, si
está que lo tira? Usted habla de reclamar ayudas y a la vez pide que se
bajen los impuestos. ¿Cree de verdad que los socios europeos van a
compensarle con fondos aquellos impuestos que usted deje de recaudar?
¡Hombre!, son socios, pero no son tontos.
Señor Aznar, usted se equivocaba en 1993 y se equivoca en este momento. Y
se sigue equivocando porque no entiende ni Europa ni los intereses
generales de España, por eso no puede usted garantizar hoy ni el presente
ni el futuro de nuestro país, ni siquiera los fondos que hasta ahora
teníamos y que estamos en riesgo de perder. (Aplausos.) El señor
PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor diputado, comprendo
que a veces es difícil reconocer las cosas, pero le quiero decir que por
mi parte tampoco aspiro a tanto, es decir, me conformo con que sea el
Instituto Monetario Europeo, la Comisión Europea, el Bundesbank y la OCDE
los que reconozcan lo que es la situación de España, el presente y, por
lo tanto, el futuro que puede tener España en el grupo más fuerte y
poderoso dentro de la Unión Europea, al cual nunca hubiésemos llegado en
la situación anterior, que es lo que usted debe reconocer. (Aplausos.) El
señor PRESIDENTE: ¡Silencio!, señorías. (Pausa.)
Adelante.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): También comprendo que
ejercer todos los miércoles de profeta de catástrofes que nunca se
producen, es bastante lamentable. ¡Qué le vamos a decir! (Aplausos.)
Cuando uno defiende una posición, cuando defiende los intereses
nacionales, también desde la oposición se debe hacer lo posible --como le
decía la semana anterior-- por arrimar el hombro, y a ustedes, a usted
especialmente se le nota demasiado que no desea, en ningún caso, arrimar
el hombro.
Cuando se habla de fondos de cohesión y cuando se habla de la Agenda
2000, se está hablando de fondos estructurales, de fondos de cohesión, de
políticas agrarias y se está hablando también de la ampliación y la
reforma institucional. Todo eso será debidamente tratado en la Comisión
Mixta Congreso-Senado para las relaciones con la Unión Europea y espero
que ahí se vea cuál es la posición de cada uno y cómo cada uno puede
aportar su trabajo y su interés en defensa del interés nacional, pero
también espero --estando seguro de una solución positiva para España--
que entendamos la lógica del funcionamiento de esos fondos. Usted ha
citado el ejemplo de Cataluña y de Valencia. Uno no está, que es
Cataluña, y el segundo, que es Valencia, espero que no nos quejemos, en
ningún caso, de que una comunidad autónoma de España prospere y progrese,
porque lo mejor que le puede pasar a nuestro país es que la diferencia de
rentas que nos separan de los países europeos no se agrande, sino se
acorte. Y en el proceso actual español --que yo sé también que a ustedes
les molesta algo-- no se ha producido sólo una
convergencia nominal, se ha producido una convergencia real de rentas
entre los ciudadanos españoles y los europeos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
--DEL DIPUTADO DON RAFAEL ESTRELLA PEDROLA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO VA A DESIGNAR EL GOBIERNO EL
EMBAJADOR DE ESPAÑA EN CUBA? (Número de expediente 180/001110)
El señor PRESIDENTE: Al haberse retirado la pregunta número 25, pasamos a
la número 16, que formula al Gobierno el diputado don Rafael Estrella
Pedrola, del Grupo Socialista.
Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, dentro de poco se cumplirán
500 días sin que España tenga embajador en Cuba. La última vez que le
pregunté por esta cuestión fue hace unos 300 días, y entonces decía usted
que no había ninguna razón política detrás de la no designación. Hoy, la
verdad es que eso no lo cree nadie. Por eso le pregunto: ¿Cuándo se va a
designar embajador de España en Cuba?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Estrella.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Mañana. (Aplausos.) El
señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
Señor Estrella. (Rumores.) Un momento, señor Estrella. ¡Silencio!,
señorías. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio. Señor Isasi. (Pausa.)
Adelante, señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, al saber esta mañana que iba
a responder el presidente del Gobierno a esta pregunta, tenía una duda.
No sabía si había elegido esta pregunta porque consideraba la cuestión
una prioridad de nuestra política exterior o, simplemente, porque le
apetecía. Afortunadamente, no ha sido así. Afortunadamente, no ha sido un
cuando toque, sino que ha tocado ya mañana, y menos mal, porque esto,
quizá, borra un poco algunas respuestas imprudentes que ha dado el
presidente a preguntas de este tipo, por los medios de comunicación, hace
muy pocos días, que afectaban a viajes de responsables máximos del
Estado, y respondiendo de una manera, cuanto menos, imprudente.
(Protestas.)
Cerramos con esto, señor presidente --espero-- una etapa negativa, que se
inició con la diplomacia de la corbata; que llevó a España a una
situación de absoluta falta de presencia y de capacidad de influencia en
el proceso de transformación de Cuba; que llevó a España a perder también
influencia, credibilidad y peso en la región de América Latina; que
favoreció que otros países de nuestro ámbito europeo fueran ocupando
espacios en esta región. Por cierto, señor presidente, no se arrogue
usted el progreso de nuestro comercio y de nuestras inversiones.
(Rumores.) El señor PRESIDENTE: Señorías, señor Vaquero, silencio.
(Pausa.)
Señor Estrella, puede continuar.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Parece que ha sorprendido más al Grupo
Parlamentario Popular que a este diputado. No se lo arrogue, señor
presidente, delante de esos inversores españoles que precisamente hoy
están reunidos en Madrid con el viceministro cubano.
Finalmente, señor presidente, sabemos que le gusta ir despacito, 500 días
son bastantes y usted ha pedido hoy, como en días anteriores, la
colaboración de la oposición para la política exterior, ha pedido que se
arrime el hombro. Tiene ese apoyo desde el Partido Socialista pero con
dos condiciones: que esa política exterior tenga unos objetivos
conocidos, identificables, y que no sea contraria a los intereses de
España.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Estrella.
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Como le he dicho, señor
diputado, el Gobierno designará embajador de España en Cuba mañana, y
tengo que decirle que el plácet se ha producido de una manera
absolutamente normal y en un plazo de tiempo muy breve.
Quiero añadir, señoría, que si España no ha tenido embajador en La Habana
durante cierto tiempo, no ha sido por una decisión de este Gobierno.
(Rumores.) Como usted sabe muy bien, el Gobierno español nombró un
embajador cuyo plácet fue concedido y posteriormente fue retirado. Por
tanto, no es por causa del Gobierno español, como no fue por causa del
Gobierno anterior, que tuvo que llamar a consultas al embajador en La
Habana, ni fue por causa del anterior presidente de la Cámara, ni de
otros ministros de Asuntos Exteriores, que han tenido distintos
incidentes con el Gobierno de la República de Cuba.
En todo caso, su señoría y su grupo, en vez de tener tanta obsesión por
criticar al Gobierno, deberían reflexionar sobre que a veces el
nombramiento de embajadores supone que se den todas las circunstancias
que
se consideran necesarias para ello, y que el Gobierno también así lo
considere, y, por supuesto, que se dé una relación plena con un país. El
Gobierno español tiene interés en mantener unas relaciones plenas con
Cuba, y espera que Cuba también lo tenga con España. Eso es, en defensa
del interés español, lo que aconsejan los principios de nuestra política
exterior, en la cual también se encuadran, sin la menor duda, la defensa
de los valores democráticos y de los derechos humanos, que estoy seguro
que su señoría comparte.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
--PREGUNTA DE DOÑA MARIA CRISTINA ALMEIDA CASTRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿VA EL GOBIERNO A FORMALIZAR LA SOLICITUD DE
COMPARECENCIA ANTE ESTA CAMARA DE SU VICEPRESIDENTE PRIMERO, SEÑOR
ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ, AL OBJETO DE INFORMAR DEL CONTENIDO DE SUS
REUNIONES CON EL ABOGADO DEL SEÑOR AMEDO, EN COHERENCIA CON LA POSICION
EXPUESTA POR EL PORTAVOZ DEL GOBIERNO EL PASADO DIA 20 DE MARZO? (Número
de expediente 180/001107)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, que formula al Gobierno la
diputada doña Cristina Almeida Castro, del Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente del Gobierno, desde el mes de marzo, distintos
grupos parlamentarios de esta Cámara han intentado que venga a dar usted
explicaciones sobre determinadas noticias publicadas, no para intentar
atacar su derecho de reunión, pero sí para manifestar la preocupación por
su reunión con determinadas personas no muy recomendables que, en
cualquier caso, podían hacer que sus compromisos con ellas perjudicaran
la labor del Gobierno o los intereses de España. No ha encontrado usted
cauce para venir y le queremos preguntar si va a encontrarlo para
comparecer ante el Pleno de esta Cámara a dar noticias de la reunión que
ha mantenido usted con el abogado de los señores Amedo y Domínguez en el
despacho de otro director de un periódico, interesándonos por si de
verdad ha tenido usted algún compromiso al que esté vinculado hoy en su
situación de vicepresidente de Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Almeida.
Tiene la palabra el señor vicepresidente primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor Presidente.
Señora Almeida, sabe usted que esa comparecencia ha sido aprobada ayer
por la Mesa de la Comisión Constitucional, a petición de los grupos, uno
de ellos el suyo, y se celebrará el próximo viernes por la mañana.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente del Gobierno.
Tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Es verdad que cuando le hemos hecho esta pregunta sabíamos que está
convocada la Comisión Constitucional. Yo no sé si ha elegido comparecer
ante esa Comisión cuando ya se le había pedido, tanto por mi grupo, que
lo ha reiterado en la Comisión Constitucional, como por el Grupo
Socialista y por el Grupo Parlamentario Mixto que compareciera ante el
Pleno de esta Cámara. El portavoz del Gobierno ha dicho que tenía usted
ganas de comparecer, que no se le iba a hurtar nada a la Cámara, que
tenía ganas de venir a contarlo y, si es así, tenía un sistema muy rápido
para ello. Es verdad que la Presidencia, la Junta de Portavoces, su grupo
parlamentario no le dejaban venir a hablar, pero si por el artículo 203
del Reglamento usted solicita una comparecencia a petición propia, viene
tranquilamente y nos cuenta lo que quiere. Me parece que es un desprecio
a la Cámara, una falta de respeto venir a la Comisión Constitucional en
vez de, como vicepresidente del Gobierno, venir al Pleno de la Cámara. Lo
sentimos como una falta de respeto al conjunto del Parlamento. Además,
quiero recordarle que entre todas las cosas malas que hacía el anterior
Gobierno y que nosotros hemos criticado, ha habido dos veces en que dos
vicepresidentes del Gobierno, por motivos que afectaban a su
comportamiento, han comparecido, uno a petición propia y otro a petición
de los grupos, en el Pleno de esta Cámara. Nosotros creemos que, en
coherencia con la preocupación, debería usted comparecer ante el Pleno de
esta Cámara. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Almeida.
¡Señor Pascual! ¡Señor Isasi!
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señora diputada, creo que, además de
Izquierda Unida, también había solicitado
la comparecencia el Grupo Mixto. Si no es así, ha sido a petición de
Izquierda Unida. Rectifico.
Constato, señora diputada, que usted tiene un extraordinario celo en
controlar las actividades de la oposición, porque está preguntándome por
mis actividades como portavoz de la Comisión de Interior y como
secretario general del partido en la oposición. (Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor vicepresidente.
Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señora diputada, no hay peor falta de respeto
en un Parlamento que no cumplir el Reglamento. (Varios señores diputados:
¡Ah!) Y el Reglamento significa aceptar las decisiones del presidente de
la Mesa o de la Junta de Portavoces. (Varios señores diputados: ¡Ah!) Yo
no he faltado a ninguna de esas decisiones. Lo que no tiene que hacer un
miembro del Gobierno es suplir las insuficiencias de la oposición.
(Varios señores diputados: ¡No!)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor vicepresidente.
¡Señora Cunillera, le llamo al orden! ¡Le llamo al orden, señora
Cunillera! (Denegaciones.) Pues a usted, señoría (Risas.), que, si en vez
de estar hablando hubiese estado atenta a la primera llamada al orden, no
le habría tenido que realizar la segunda.
Señorías, les llamo al orden y a la seriedad. El vicepresidente del
Gobierno está haciendo un esfuerzo evidente, en condiciones físicas que
no voy a calificar porque son notorias, y, por tanto, ruego que por
respeto al vicepresidente y a la preguntante guarden silencio.
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Si la oposición formula una iniciativa
calificada como no tramitable o presenta una iniciativa que no se
considera adecuada para el Pleno, el Parlamento está en su legítimo
derecho de no aceptar esas iniciativas. Lo que hay que hacer es
formularlas bien y le recuerdo la anécdota del abad. Si al abad se le
pregunta si se puede rezar mientras se fuma, dirá que sí; si se le
pregunta si se puede fumar mientras se reza, dirá que no.
Muchas gracias. (Aplausos.--Rumores.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor
vicepresidente.
¡Señorías! ¡Señorías! ¡Señorías, guarden silencio!
¡Señora Matador! ¡Señora Martínez! ¡Señora Martínez!
Silencio, por favor.
--DEL DIPUTADO DON PABLO MARCIAL IZQUIERDO JUAREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL HA
SIDO EL BALANCE DE LA COOPERACION ESPAÑOLA PARA EL DESARROLLO EN 1997?
(Número de expediente 180/001120)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, que formula al Gobierno el
diputado don Pablo Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Si puedo, a pesar del murmullo, formularé la
pregunta.
El señor PRESIDENTE: Puede, puede. Adelante.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor ministro de Asuntos Exteriores, desde
que iniciamos la legislatura, ya hace dos años, y con motivo del
compromiso electoral del Partido Popular, se están impulsando de modo
decidido las políticas de cooperación para el desarrollo, porque nuestro
grupo parlamentario considera que las políticas de cooperación, que sin
duda alguna han sido importantes, tienen que pasar a ser, además de
importantes, prioritarias en nuestra política exterior y, además, tienen
que pasar de ser una moda a ser uno de los valores... (Rumores.)
Señor presidente, es imposible...
El señor PRESIDENTE: Un momento.
¡Señor Saura, señor Peralta, señor González de Txabarri, por favor!
(Pausa.) Gracias, señor Hernández Moltó. Señor Trías Sagnier, despeje.
Señora Castro. Señor Isasi, si despeja, cuanto antes mejor, francamente.
(Risas.--Pausa.)
Adelante, señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Gracias, señor presidente.
Decía que el Grupo Parlamentario Popular está empeñado, señor ministro,
en que la política de cooperación para el desarrollo deje de ser una moda
y pase a formar parte de un valor importante de nuestra cultura
democrática. A esa intensa actividad no ha sido ajeno el Gobierno y
tampoco este Parlamento y prueba de ello, señorías, es que esta mañana,
por fin, en la Comisión de Asuntos Exteriores hemos empezado a debatir y
dictaminar la ley de cooperación, con un grado importantísimo de acuerdo
y de consenso sobre aspectos fundamentales.
Quisiera, señor ministro, terminar mi pregunta enlazando con las palabras
que el presidente del Gobierno acaba de pronunciar. Nuestro grupo
parlamentario piensa que la proyección exterior de España tiene que estar
orientada de modo fundamental a la defensa de
los derechos humanos, de las libertades, de la paz y, cómo no, del
desarrollo. En ese sentido, señor ministro, ¿cuál ha sido el balance de
la cooperación española para el desarrollo en 1997?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Izquierdo.
Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Gracias, señor
presidente.
Creo que el balance ha sido claramente positivo. El Comité de Ayuda al
Desarrollo de la OCDE ha avalado en su reciente dictamen la política de
cooperación del Gobierno. Al examinar la ayuda española ha destacado que
el Gobierno español realiza esfuerzos notables para consolidar el marco
político de la cooperación y mejorar la calidad y trasparencia de su
ayuda. La OCDE también ha destacado el aumento de recursos para la
cooperación, a pesar de las restricciones presupuestarias, la mejora en
la gestión del FAD y el incremento de la cooperación descentralizada.
España contribuye en especial a la cooperación en Iberoamérica y
representa un papel ciertamente importante en las complejas tareas de la
construcción de la paz y la gobernabilidad en América y Africa. Han
aumentado los recursos para las ONG y se ha establecido un régimen nuevo
de subvenciones, basado en el principio de gasto público social eficiente
y en el control de los fondos de procedencia presupuestaria. Se ha creado
ex novo el crédito al desarrollo, que se financia con 8.000 millones de
pesetas en este año. Además, como muy bien ha relatado su señoría, el
Gobierno remitió el proyecto de ley de cooperación internacional que
desde hacía 14 años que se esperaba en estas Cámaras.
En definitiva, esta ley pretende favorecer el consenso con las fuerzas
políticas y sociales y seguir orientando sus objetivos, que han sido la
ayuda en la lucha contra la pobreza, la mejora en la sanidad y en la
educación, así como lograr la plena integración de la mujer en el mundo
del trabajo y de la sociedad en general.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO RICOMA DE CASTELLARNAU, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES
LA OPINION DEL GOBIERNO SOBRE LAS ACCIONES DE LA UNION EUROPEA Y DE LA
COMUNIDAD INTERNACIONAL PARA EVITAR EL AGRAVAMIENTO DE LA CRISIS DE
KOSOVO? (Número de expediente 180/001121)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, que formula al Gobierno el
Diputado don Francisco Ricoma de Castellarnau, del Grupo Parlamentario
Popular.
Tiene la palabra el señor Ricoma.
El señor RICOMA DE CASTELLARNAU: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, la situación en Kosovo no ha cesado de agravarse y
acrecentarse en los últimos días. Las diferentes acciones emprendidas por
el Gobierno de Belgrado desde 1989, fecha en la que disuelve las
instituciones políticas albanesas y suprime el estatuto de autonomía que
Kosovo disfrutaba desde hacía casi 15 años, han derivado ya en
enfrentamientos, dando lugar a una sangrienta represión que ha dejado
como saldo decenas de muertos y ha destruido poblados enteros. El régimen
central no ha cesado de limitar o negar los derechos de los kosovares,
discriminándolos en el acceso a la educación, a los servicios públicos,
prohibiendo la enseñanza en lengua albanesa y obstaculizando también su
acceso a los puestos de trabajo.
Frente a esta situación, y ante el temor de que pueda producirse la
expansión del conflicto, la comunidad internacional ha reaccionado con
prontitud y desde diversas organizaciones internacionales --al margen,
lógicamente, de condenar las acciones violentas de ambas partes-- se han
efectuado llamamientos y adoptado medidas para conseguir recuperar el
diálogo entre las dos partes como la mejor vía para la definitiva
solución del conflicto. Diálogo que, con presencia de observadores
extranjeros, debería empezar en breve y que hoy mismo, aunque sea un
pequeño detalle, ha recibido un gesto en su favor al restituir los
serbios el Instituto de Albanología a los estudiantes albaneses.
El denominado Grupo de Contacto ha promovido diversas actuaciones. La
OSCE, que recuerdo que tiene suspendida de participación a Yugoslavia, ha
reclamado a las autoridades de Belgrado la participación internacional en
la solución del conflicto en los ámbitos tanto político como humanitario.
Finalmente, la Unión Europea, a través del Consejo de Ministros de
Asuntos Exteriores, acordó una serie de medida que incluyen un embargo
sobre las armas, la negativa a facilitar material que pueda ser utilizado
con fines de represión interna o de terrorismo, una moratoria sobre los
créditos a la exportación y la prohibición de expedir visados a cierto
número de personalidades serbias que posean atribuciones bien definidas
en materia de seguridad en Kosovo. Asimismo, reiteró ayer a los
dirigentes serbios que retirasen sus fuerzas especiales en Kosovo. Por
todo ello, señor ministro, le pregunto cuál es la opinión del Gobierno
sobre las acciones de la Unión Europea y de la comunidad internacional
para evitar el agravamiento de la crisis en Kosovo.
Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ricoma.
Señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas gracias,
señor presidente.
El Gobierno valora positivamente, en términos generales... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro.
Ruego al señor y a la señora ministra que están despachando en el
hemiciclo que, si desean hacerlo, lo hagan en la zona del Gobierno.
¡Señor Arias-Salgado! Señor Anasagasti. Por favor.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Decía que el
Gobierno valora positivamente, en términos generales, la respuesta
internacional a la crisis suscitada por la actuación desproporcionada de
las fuerzas serbias en Kosovo.
La respuesta internacional en esta ocasión ha sido rápida. La operación
policial desproporcionada a la que me referido, montada el 28 de febrero,
ya encontró el 3 de marzo una primera respuesta de la Unión Europea.
Posteriormente, el 9 de marzo, y cuando la operación policial estaba
todavía desarrollándose, los países que integran el denominado Grupo de
Contacto tuvieron una reunión ministerial en Londres en la que se aprobó
un plan de actuaciones que refleja la firme respuesta de los países
miembros de este grupo al conflicto kosovar, al que S. S. se ha referido.
La decisión del Grupo de Contacto, que tuve ocasión de conocer de primera
mano el mismo día a través de la visita a Madrid de la señora Albright,
fue apoyada por el Gobierno español. En esta decisión, en cuyo detalle no
voy a entrar porque a ella se ha referido muy bien S. S., se establecían
una serie de condiciones y sanciones en caso de incumplimiento. El día 19
de marzo, la Unión Europea adoptó una posición común en la que se acuerda
aplicar estas medidas adoptadas por el Grupo de Contacto. En ese mismo
día se decide el nombramiento de don Felipe González como representante
especial de la Unión Europea para la República Federal Yugoslava. Y la
pasada semana, en Bonn, se reúne de nuevo el Grupo de Contacto para
estudiar nuevas medidas.
En resumen, señorías, la comunidad internacional sigue muy de cerca el
conflicto y está actuando con carácter preventivo para evitar que se
reproduzcan conflictos y situaciones ya padecidas en anteriores ocasiones
en los Balcanes. Es y será --termino, señor presidente-- política del
Gobierno español en esta materia contribuir a la preservación de la
unidad de acción de la Unión Europea y de la comunidad internacional en
ese tema.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON JORDI MARSAL MUNTALA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO PIENSA GARANTIZAR EL GOBIERNO EL
USO CORRECTO DE LOS DATOS CORRESPONDIENTES A 2.000.000 DE JOVENES
ESPAÑOLES, EN RELACION CON LA CAMPAÑA DE PROMOCION DEL EJERCITO
PROFESIONAL? (Número de expediente 180/001131)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, de nueva formulación, que
realiza el diputado don Jordi Marsal Muntalá, del Grupo Socialista.
Señor Marsal.
El señor MARSAL MUNTALA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Defensa, el concurso para la adjudicación de la campaña
para la profesionalización de las Fuerzas Armadas prevé la cesión de
datos personales de unos dos millones de jóvenes a una empresa privada.
Han surgido dudas sobre la legalidad de esta cesión y las condiciones
fijadas. Para clarificar esta situación le hemos formulado esta pregunta,
de la que esperamos su respuesta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marsal.
Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoría, como parte de la campaña de difusión de la tropa y marinería
profesional se convocó, con fecha 20 de febrero pasado, un concurso, cuyo
lote número 6 contempla el mailing a dos millones de potenciales
aspirantes a integrarse en la tropa y marinería profesionales, lo cual
implicaría el servicio por parte de la empresa adjudicataria de enviar,
además de la carta, un folleto explicativo con la relación de plazas
ofertadas, así como un modelo de la instancia para el que estuviera
interesado.
Desde ese punto de vista, el Ministerio de Defensa facilitará al
adjudicatario las direcciones en un soporte informático, los
correspondientes sobres-bolsa, el franqueo oficial, folleto y la
instancia. El adjudicatario tendrá que imprimir las etiquetas, imprimir
la carta, embuchar la información y depositar los sobres en correos. Todo
ello está especificado con carácter confidencial. Los servicios jurídicos
del Ministerio no han apreciado la mínima duda en cuanto a la legalidad,
tanto en lo que respecta a la Ley de Contratos del Estado, como a la Ley
de tratamiento automatizado de los
datos de carácter personal. En cualquier caso, por si las dudas que han
surgido pudieran estar fundadas, se ha solicitado informe a la Agencia de
Protección de Datos porque no habría inconveniente, dado el carácter
modular del concurso, en prescindir de esta forma de difusión si se
apreciaran dudas sobre su legalidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Marsal.
El señor MARSAL MUNTALA: Muchas gracias, señor ministro.
Esta cesión de datos, desde nuestra perspectiva, presenta como mínimo
tres problemas. En primer lugar, la propia legalidad de la cesión, si
está acorde con el artículo 4.2 de la Ley de protección de datos por el
que se fija que los datos de carácter personal objeto de tratamiento
automatizado no podrán usarse para finalidades distintas de aquéllas para
las que los datos hubieran sido recogidos. Y no parece que la fuente, los
ayuntamientos, tuviesen esta finalidad.
En segundo lugar, puede haber dudas respecto al cumplimiento del artículo
19 en sus apartados 1 y 3, que regulan la cesión de datos obtenidos por
una administración y cedidos a otra administración. El número l determina
que no pueden utilizarse con otra finalidad distinta de la que han sido
recogidos, excepto que ello se haga por ley o mandato superior a la
disposición originaria, y el número 3 exige que en este caso se cuente
con el consentimiento de las personas afectadas, cosa evidentemente muy
difícil de cumplir ante dos millones de personas.
En tercer lugar, suscita algunos problemas respecto a las garantías
fijadas a la empresa adjudicataria, pues si bien es cierto que en las
condiciones del lote número 6 se fija el carácter confidencial de los
datos que se van a ceder, no se acaba de especificar lo que preceptúa el
artículo 27, cuyo apartado segundo obliga a la destrucción posterior una
vez utilizados por la empresa concesionaria. Se abre un nuevo
interrogante ya que podrían almacenarlos durante un período de cinco
años, lo cual abre aún más dudas sobre esta finalidad. La decisión de
profesionalizar es relativamente fácil, la gestión es mucho más difícil y
compleja.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marsal.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
presidente.
Su Señoría dice que tiene tres posibles reparos respecto a la discutida
legalidad de la medida que hasta ahora está esbozada en el concurso.
Primero, la finalidad. Quiero recordarle a S. S. que la finalidad del
mismo --y cito literalmente-- es permitir ejecutar las funciones que en
materia del servicio militar y militares de empleo en categoría de tropa
y marinería profesionales tiene atribuidas el director general del
Servicio Militar. Son datos que recogen los ayuntamientos, que no son
propiedad de éstos sino que quedan en el registro-fichero automatizado
del servicio militar y militares de empleo, regulado por la Orden
75/1994, de 26 de julio, en la que se señala como órgano responsable a la
citada dirección del Ministerio de Defensa. Por tanto, no hay
incumplimiento del artículo 19 en cuanto a cesión de administraciones y
la finalidad es exactamente la misma para la que fue constituida.
Por lo que respecta al artículo 27, la propia ley orgánica dice que...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro, se da por supuesto que lo
conoce S. S. y ha acabado su tiempo.
--DEL DIPUTADO DON RAMON ANTONIO MORENO BUSTOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VENTAJAS SE PIENSA
OBTENER GRACIAS AL ACUERDO FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y EL
ANDERSON CENTER EN MATERIA DE ASISTENCIA ONCOLOGICA?(Número de expediente
180/001125)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, que formula al Gobierno el
diputado don Antonio Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Defensa, tenemos conocimiento de que el pasado día 18
se firmó por parte de su Ministerio y por el MDA holding Spain un
convenio por el cual el MD Anderson Cancer Center de la ciudad de Houston
se va a instalar en una zona de la policlínica naval Nuestra Señora del
Carmen.
El centro americano, del que sabemos está catalogado como uno de los más
prestigiosos centros médicos y científicos del mundo en investigación y
tratamiento del cáncer, va a hacer posible algo tan importante como que
tanto tratamientos como diagnósticos sean posibles de obtener sin
efectuar los complejos y costosos desplazamientos que se han venido
realizando hasta este centro situado en los Estados Unidos. Asimismo, la
elección por parte del MDA holding Spain, el centro español, en este caso
la policlínica naval, no ha sido una casualidad sino que ha sido posible
no sólo por la mediación del propio Ministerio de Defensa sino también
porque nuestro centro reunía las condiciones idóneas
de tamaño, ubicación, infraestructuras y medios, entre otros.
Estamos seguros, señor ministro, de que dicho convenio tiene que
favorecer dos vertientes muy importantes. Una, la de la formación y la
enseñanza continua en el área oncológica, favoreciendo el ámbito tanto
asistencial como el de la investigación conjunta. En segundo lugar, la de
atender, apoyado en las últimas y más avanzadas técnicas y
procedimientos, a los pacientes que padecen la enfermedad de cáncer para
su diagnóstico o asistencia en la unidad funcional de oncología
multidisplinar que se va a desarrollar a tal efecto.
Por tal motivo, señor ministro, y felicitando a su departamento por la
obtención no sólo de este magnífico convenio sino también por la
sensibilidad manifestada, que hará posible una mayor esperanza entre los
afectados por esta dolencia, quiero hacerle la siguiente pregunta: ¿Qué
ventajas se piensan obtener gracias al acuerdo firmado entre el
Ministerio de Defensa y el Anderson Center en materia de asistencia
oncológica?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moreno.
Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoría, vemos ventajas de distinta índole, alguna de las cuales ha sido
resaltada por SS. SS. en su intervención.
En primer lugar, hay que hacer mención del tiempo transcurrido en la
negociación, porque las negociaciones han sido arduas y han durado casi
dos años. La finalidad, como se ha dicho, es dotar a nuestro país de uno
--no digo el único-- de los centros con las técnicas más avanzadas y
depuradas en materia oncológica, en lo que se ha estado en apretada
competencia con otras naciones europeas. No es necesario repetir el
prestigio del que goza el Anderson Cancer Center de Houston en el campo
de la oncología, especialmente en los tratamientos basados en quimio y
radioterapia. Eso permitirá que, atendiéndose la clínica por personal
sanitario perteneciente tanto a la sanidad civil como a la militar, estos
profesionales tengan acceso a una formación científica y profesional de
vanguardia, lo que colocará a nuestro país a la cabeza de los más
sofisticados tratamientos oncológicos actualmente existentes, que serán
más fácilmente proporcionados a los ciudadanos españoles que los
soliciten.
Se ha resaltado --y es otro objetivo-- el acceso a la formación y la
enseñanza continuada, especial y preferentemente en el área oncológica, y
también se ha comprometido el MDA holding Spain a colaborar con el
Ministerio en el ámbito asistencial y de investigación. Por último, y no
lo menos importante, desde el punto de vista económico, la cesión de una
parte de la policlínica naval para articular la colaboración entre el
Ministerio de Defensa y el referido centro oncológico implica que, además
de poder ser la policlínica la suministradora de todos los productos
intermedios que esta unidad funcional pueda necesitar, se pagará un canon
mensual de tres millones de pesetas y todos los gastos derivados de la
utilización de esa parcela clínica serán abonados por Anderson Center.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro de Defensa.
--DEL DIPUTADO DON JON ZABALIA LEZAMIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO
(EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿NO CREE EL GOBIERNO QUE ESTA
FALTANDO VOLUNTAD POLITICA Y ESTA SOBRANDO EXCESO DE LENTITUD BUROCRATICA
A LA HORA DE INICIAR LAS OBRAS DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO AL PUERTO DE
BILBAO CONOCIDO COMO TUNEL DE SERANTES? (Número de expediente 180/001104)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, que formula al Gobierno, al
Ministerio de Fomento, el diputado don Jon Zabalía Lezamiz, del Grupo
Nacionalista Vasco.
Señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Fomento, supongo que usted es consciente de lo que
significa el puerto de Bilbao no sólo para la economía de Euskadi sino
también para la economía del Estado, tanto por su localización geográfica
estratégica como por el tráfico de mercancías que mueve. Supongo que es
consciente de la importancia que tiene acelerar al máximo las obras de la
nueva estación de mercancías del puerto de Bilbao, en concreto el
ferrocarril del Serantes. Sin embargo, según las últimas estimaciones de
las autoridades portuarias, estas obras de infraestructura no se
culminarán hasta el año 2000, y, en concreto, la obra de infraestructura
ferroviaria denominada túnel del Serantes parece ser que no va a estar
terminada hasta el año 2003. De ahí nuestra pregunta acompañada de una
reflexión lógica: ¿No cree el Gobierno que está faltando voluntad
política y está sobrando exceso de lentitud burocrática a la hora de
iniciar las obras del nuevo acceso ferroviario del puerto de Bilbao,
conocido --como he dicho antes-- como túnel del Serantes?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señor
presidente.
Señoría, en primer término, le agradezco la pregunta porque me permite,
por una parte, compartir sus planteamientos en lo que afecta a la
expansión del puerto de Bilbao y a la satisfacción de sus necesidades, y,
por otro lado, me permite compartir su impaciencia por la construcción
del llamado túnel del Serantes. Si hay alguien verdaderamente impaciente
por poner en marcha inversión e infraestructuras es justamente el
ministro de Fomento, pero yo llamaría a S. S. a la reflexión. Las leyes
que se han hecho en este Parlamento, no solamente las que regulan la
contratación de las administraciones públicas, sino todas las que inciden
en el procedimiento administrativo para decidir finalmente una inversión
y ponerla en práctica, hacen imposible prácticamente poner una primera
piedra en un plazo menor de entre dieciocho y veinticuatro meses; por
mucha voluntad política que tengamos y por mucho que empujemos los
trámites administrativos.
En lo que afecta al túnel del Serantes, señoría, hemos de ser una vez más
pacientes. El estudio informativo se adjudicó el 11 de diciembre de 1997,
hace tres meses, y tiene un plazo para su formulación de nueve meses.
Lógicamente, estará concluido hacia el mes de septiembre del presente
año, y a partir de ese momento se abre un procedimiento administrativo de
distintas fases, que no tengo tiempo de explicar aquí, en el que no menos
de dieciocho meses serán necesarios para tener la construcción en marcha.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, le voy a ganar en impaciencia porque me va a estar usted
contestando a esta pregunta permanentemente hasta que las obras estén
finalizadas, así que veremos quién es el que gana en el ranking de
impaciencia.
Lo que le puedo decir es que en los Presupuestos Generales del Estado del
año 1997 se consignó una partida presupuestaria de 500 millones, que creo
no se han gastado. En el año 1997 se gastó un millón y en el año 1998
están presupuestados 29 millones, con lo cual hay 30 millones de pesetas
presupuestados para estas obras en dos años. Además, que yo sepa, no
existe un compromiso firme para acometer con urgencia y decisión estas
obras. Me remite S. S. al procedimiento administrativo. Todos sabemos que
el procedimiento administrativo, además de ser una ley que hay que
cumplir, tiene un componente de voluntad política, como lo tienen
absolutamente todas las leyes.
No conocemos ni los estudios previos, ni el trazado, ni que exista el
anteproyecto. En su día estaba previsto finalizar las obras de la primera
fase de ampliación del puerto a mediados de 1998 y la puesta en servicio
del primer muelle para un año más tarde. Desconocemos todos estos plazos
que usted me dice que no me puede contestar, por lo que le agradecería
que me los enviara por escrito. En definitiva, lo que quiero decir es que
el tiempo pasa y estos proyectos, fundamentales para el desarrollo del
puerto de Bilbao, siguen paralizados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zabalía.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.
Su señoría sabe muy bien, como diputado con experiencia en esta Cámara,
que la consignación presupuestaria que no se puede gastar carece de
sentido. Justamente la lentitud de los procedimientos administrativos es
lo que hace inútil la consignación de una cantidad en los presupuestos,
porque hasta que no se adjudique la obra ese dinero no se puede gastar.
Lo que sí puedo afirmar es que este Gobierno ha puesto en marcha el
procedimiento administrativo y va a cumplir todas las etapas que le
marcan las leyes con la mayor celeridad posible.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE FRANCISCO HERRERA ANTONAYA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
EFECTOS ECONOMICOS TENDRA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA TERMINAL DE
CARGA DEL AEROPUERTO DE MADRID-BARAJAS PARA LA COMUNIDAD DE MADRID?
(Número de expediente 180/001127)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 33 que formula al Gobierno el
diputado don Francisco Herrera Antonaya, del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA ANTONAYA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, como ya hiciera hace algunas semanas mi compañero de
grupo parlamentario Ismael Bardisa, traigo a este sesión plenaria una
pregunta relacionada con la importante ampliación del aeropuerto de
Barajas emprendida por el Ministerio de Fomento, en concreto, con la
nueva terminal de carga.
No cabe duda de que los efectos derivados de la ampliación de una
infraestructura tan importante como un aeropuerto son muy diversos y, por
tanto, difíciles de cuantificar. Hay aspectos más perceptibles por los
usuarios, como aquellos que están relacionados
con la mejora y ampliación de las instalaciones, destinados a los
pasajeros como, por ejemplo, el número de vuelos, el confort durante los
tiempos de espera o la rapidez de tránsitos y operaciones. Por otra
parte, hay aspectos menos perceptibles pero igualmente importantes, ya
que forman parte de lo que pudiéramos llamar la tramoya de la vida diaria
del aeropuerto, entre los que cabe citar, por su importancia desde el
punto de vista comercial, las tareas de traslado y almacenaje de carga.
Para dar cuenta de lo que supone la ampliación de la terminal de carga de
Barajas, me permito recordar tres datos aparecidos en la prensa en los
últimos días. Con la ampliación, la capacidad de almacenaje aumenta hasta
300.000 metros cuadrados, multiplicándose por siete respecto a la actual.
En segundo lugar, la nueva terminal va a dar cabida a 300 empresas que
van a crear 6.000 puestos de trabajo directos y a otros 6.000 indirectos,
relacionados con el tráfico de mercancías. Por último, hay que decir
también que el movimiento anual de cargas rondará en el año 2000 las
750.000 toneladas, triplicando el volumen actual. Los datos son
suficientemente elocuentes, pero como diputado madrileño quiero recordar
también --me produce especial orgullo-- la importancia que inversiones de
ese tipo tienen para nuestra región y para una zona tan importante como
el corredor del Henares.
Me voy a permitir afirmar que comparada con sus efectos, la inversión de
16.000 millones de pesetas parece una cantidad pequeña y una inversión
magnífica que va a permitir a nuestro remozado aeropuerto convertirse en
la principal puerta de comunicación entre Iberoamérica y Europa, en
cuanto al tráfico de cargas, compitiendo con aeropuertos tan importantes
como París o Amsterdam.
Por todo ello, señor ministro, le formulo la pregunta que figura en el
orden del día, referente a los efectos económicos de la ampliación de la
terminal de carga del aeropuerto de Barajas.
Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Como S. S. ha puesto de relieve, la
ampliación del centro de carga en el aeropuerto de Barajas, que ha
supuesto una inversión de 16.000 millones de pesetas, todavía no
concluida, supone un incremento de actividad que afecta por lo menos a
ocho líneas de actuación empresarial: la actuación estrictamente
aeroportuaria, la actuación de líneas aéreas, la actuación de operadores
de handling de carga, la actuación de operadores courier en primera
línea, la actuación de las llamadas empresas dedicadas al tráfico
transitario, la actividad de los agentes de carga, agentes de aduanas y
operadores logísticos.
En estos momentos, en la actual central de carga ya funcionando están
ubicadas 137 empresas en el edificio de servicios generales y 12 en las
llamadas edificaciones de segunda línea, cuya actividad económica se
habría desarrollado en menor medida de no haber existido el centro de
carga. Estas empresas se benefician de su mayor capacidad de
almacenamiento, de su proximidad a la primera línea de cuyos operadores
son clientes, de la amplia dotación de servicios de red: red de
comunicación, red informática, etcétera; todo ello, con una reducción de
costes. Al mismo tiempo, hay un incremento de actividad en el área de
servicios administrativos, aduanas y sanidad, servicios terciarios:
seguridad, restauración y aparcamientos; en definitiva, nuevos servicios
que están siempre vinculados a la creación o ampliación de una central de
carga.
En conjunto, señoría, era una actuación altamente necesaria dada la
creciente importancia del aeropuerto de Barajas, donde no solamente está
saturado en estos momentos en lo que afecta al tráfico de pasajeros, sino
que requería imperiosamente una amplísima --valga la redundancia--
ampliación para poder canalizar la constante presión de tráfico de carga
que existe sobre el aeropuerto de Barajas, que ya es uno de los
principales aeropuertos de Europa pero que está predestinado a subir en
el ranking rápidamente durante los próximos cinco años en la medida en
que vayamos mejorando las infraestructuras que ahora tiene.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro de Fomento.
--DEL DIPUTADO DON JOAQUIN LEGUINA HERRAN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO VA A CONVENCER LA SEÑORA
MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA AL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE QUE
REINGRESE EN EL PATRONATO DEL TEATRO REAL? (Número de expediente
180/001113)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, que formula al Gobierno,
Ministerio de Educación y Cultura, el diputado don Joaquín Leguina
Herrán, del Grupo Socialista.
Señor Leguina.
El señor LEGUINA HERRAN: Señor presidente, esta pregunta requiere algún
antecedente sobre las actividades públicas de la señora Aguirre, que
antes de ser ministra fue concejala del Ayuntamiento de Madrid y éste
pertenecía al Patronato del Teatro Real. Un buen día, de improviso, como
quien no quiere la cosa, la señora
Aguirre, por su voluntad y firmeza, sacó --digo sacó-- al Ayuntamiento de
Madrid del Patronato. ¡Las vueltas que da el mundo!. Se encuentra la
señora ministra con que un socio importante para subvencionar los
trabajos del Real está fuera. La pregunta obvia es cuándo va a desfacer
el entuerto que ella misma produjo y reintegrar al Ayuntamiento de
Madrid, con buena convicción como siempre, en el Patronato.
El argumento que empleó la ministra no tiene pérdidas. Dijo: ¿Cómo van
los ciudadanos de Orcasitas a subvencionar a cuatro aficionados a la
ópera, generalmente ricos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Leguina.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor presidente.
La respuesta a esta pregunta también requiere alguna información sobre
las actividades previas del diputado señor Leguina, que a la sazón era
presidente de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la memoria en este
momento le falla porque el Ayuntamiento de Madrid nunca perteneció al
Patronato de la Fundación Teatro Lírico, sí perteneció a la fórmula
anterior al Patronato, que era el consorcio que formábamos las tres
administraciones: Ayuntamiento, Comunidad y Ministerio. Aquel consorcio
tenía una diferencia respecto del Patronato, y es que las
administraciones en él consorciadas podíamos decidir respecto al
presupuesto que queríamos aportar cada año, dependiendo de cada una de
las necesidades de las administraciones, al Teatro Real de Madrid.
Sin embargo, no ocurría lo mismo en el Patronato. Por eso, siendo yo
concejala de Cultura entendí que lo mejor para el Ayuntamiento de Madrid
era ser el principal patrocinador de la Fundación Teatro Lírico, y, así,
el Ayuntamiento de Madrid ha venido haciéndolo, convirtiéndose con los
200 millones que aporta en el principal patrocinador, que sigue siéndolo,
del Teatro Real de Madrid.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor Leguina.
El señor LEGUINA HERRANZ: Pues no sabemos si entra o no el Ayuntamiento
de Madrid en el Patronato. De todas formas, no ha contestado.
Señora ministra, le recordaré una vez más su famoso argumento: Que los de
Orcasitas no subvencionen a los aficionados a la ópera. En una encuesta
rápida, hecha en la cola de la entrada del Real no había ninguno de
Orcasitas. Le aseguro a usted, señora ministra, que vamos a presentar una
proposición no de ley para arreglar también ese entuerto y ponerle las
cosas fáciles.
El empecinamiento en política, señora ministra, a veces es bueno; otras
veces, con todos los respetos, es insoportable.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Leguina.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor presidente.
El señor Leguina no ha formulado la pregunta, pero como figura en el
orden del día yo se la respondo.
El Ayuntamiento de Madrid, además de los 200 millones que, como
patrocinador, quiere dar a la Fundación Teatro Lírico, ha solicitado
integrarse en el Patronato. Como usted sabe, en los estatutos, el
artículo 6 g) prevé la incorporación de patronos designados por el
Patronato con motivo de aportaciones de particulares o de otros entes
públicos, y ésta se realizará en las condiciones específicas que
determine el propio Patronato.
Está pendiente la determinación de las condiciones y en el momento que lo
haga el Ayuntamiento de Madrid, como otros patrocinadores privados que
han colaborado en la Fundación Teatro Lírico, podrá incorporarse con la
limitación del máximo de cuatro que prevén los estatutos.
Quiero decir al señor Leguina que hasta el momento, en los cinco meses y
medio que lleva funcionando el Teatro Real, las aportaciones privadas han
supuesto ya 755 millones de pesetas, no las de los ciudadanos de
Orcasitas, sino las privadas, y se han recaudado por entradas en este
corto espacio de tiempo más de 600 millones de pesetas.
Por tanto, le recuerdo que el Grupo Socialista que dijo, cuando cerró el
Teatro Real en el año 1987, que costaría 6.000 millones y que se abriría
en el año 1992, cuando me hice cargo del Ministerio ya se habían gastado
20.000 millones de pesetas y corría el año 1996. Por tanto, señoría,
puedo comprender su frustración por no poder capitalizar este éxito en la
Fundación Teatro Lírico, pero S. S. no va a poder empañarlo, porque los
datos y los hechos están ahí a la vista de todos.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias,
señora Ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA CLEMENTINA DIEZ DE BALDEON GARCIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
FINANCIACION GARANTIZA EL GOBIERNO PARA IMPLANTAR LA REFORMA EDUCATIVA
CON CRITERIOS DE CALIDAD E IGUALDAD PARA TODOS? (Número de expediente
180/001114)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20 que formula al Gobierno la
Diputada doña Clementina Díez de Baldeón García.
Señora Díez de Baldeón.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿qué financiación garantiza el Gobierno para implantar
la reforma educativa con criterios de calidad e igualdad para todos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez de Baldeón.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno garantiza toda la financiación necesaria para
implantar la reforma educativa con criterios de calidad e igualdad, tal y
como hemos anunciado en repetidas ocasiones.
Aprovecho para recordarle que el Grupo Socialista que reiteradamente dijo
que garantizaría las necesidades de financiación en la memoria de la
Logse, sin embargo, no llegó a cumplirlo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora Díez de Baldeón.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Señora ministra, como usted sabe bien,
los dos próximos años van a ser decisivos para la implantación de la
reforme educativa. Algo trascendental porque es precisamente en los dos
próximos años cuando la implantación de la enseñanza obligatoria de los
alumnos de 14 a 16 años está exigiendo más centros y, sobre todo, atender
con criterios de calidad aquellas zonas más problemáticas que necesitan
una atención preferente, especial. Sin embargo, señora ministra, estamos
francamente preocupados porque el Ministerio no sólo ha perdido demasiado
tiempo sino que en ocasiones ha ido también en la dirección contraria. Le
voy a dar solamente algunos ejemplos, a pesar de las operaciones de
imagen que no logran ocultar algunos datos evidentes.
Por ejemplo, los presupuestos de 1997 impidieron empezar la construcción
de nuevos institutos. Han incumplido, y lo sabe usted bien, el decreto
sobre educación compensatoria en el que se establecía un plazo de seis
meses --se hizo en 1995-- para señalar las zonas prioritarias de
actuación y los recursos extraordinarios que debían recibir los centros
situados en ellas. Sabe usted muy bien que las transferencias educativas
están paralizadas por una oferta claramente insuficiente a las
comunidades autónomas del artículo 143. También ha hecho cosas como
elaborar un decreto de centros integrados que permite mezclar en la misma
aula alumnos de cursos y edades distintas, y eso nos hace retroceder
décadas en el sistema educativo. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Finalmente, señora
ministra, el plan de aldea digital es una iniciativa que nos parece muy
loable, pero francamente insuficiente, escasa. Resulta paradójico que las
inversiones del Gobierno en nuevas tecnologías, que ustedes han
publicitado de forma especial, sean de 300 millones menos en este curso
1998 que las del presupuesto de los socialistas en 1995. Este año con su
presupuesto son de 1.238 millones, frente a los 1.505 del curso 1995. Eso
sí, señora ministra, ustedes venden mejor, incluso los recortes
presupuestarios. Una foto vale más que atender las carencias de los
centros con menos recursos y asegurar el incremento de financiación que
está reclamando toda la comunidad educativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Díez de Baldeón.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor presidente.
Le agradezco mucho a la señora Díez de Baldeón que diga que le parece
bien el proyecto de aldea digital. A mí me parece que es un gran avance y
yo le agradezco que lo reconozca. Creo que ello le honra. Sin embargo,
quiero aclararle que no es cierto que el programa de nuevas tecnologías
tenga este año un presupuesto de mil y pico millones de pesetas de
pesetas; son 2.100 millones de pesetas. Hay que sumar lo que gasta la
Gerencia de Infraestructuras Educativas, con lo que gasta la propia
Secretaría General de Educación; todo ello se invierte en los programas
de nuevas tecnologías.
En cuanto a que los dos próximos años son cruciales, yo estoy de acuerdo
con la señora Díez de Baldeón, los dos próximos y los dos siguientes.
Como no ignora S. S., por acuerdo unánime de la conferencia sectorial se
ha prorrogado en dos años la entrada en vigor de la reforma y, por tanto,
estos dos años son cruciales para la implantación de las enseñanzas
obligatorias, pero no lo son menos los dos siguientes en los que habrá
que tener en cuenta que el bachillerato nuevo consta de cuatro
modalidades diferentes, y ello entraña un coste superior.
Por eso, el Gobierno, que ha hecho los cálculos de lo que cuesta el
sistema educativo actual en el territorio de gestión del Ministerio y de
lo que va a costar la implantación de la reforma, tiene garantizado que
al coste efectivo actual, que son 827.000 millones de pesetas, habrá que
añadir 230.000 millones de pesetas más para garantizar: primero, la
ampliación de la gratuidad a los 16 años; segundo, la construcción de las
nuevas instalaciones que supone un gasto de inversión; tercero, la
dotación de esas instalaciones con profesorado, con gastos de
funcionamiento, etcétera.
Los nuevos bachilleratos de los que habla su señoría y todo lo que
supone la implantación de la reforma,
según los cálculos que ha hecho la Gerencia de Infraestructuras, son
230.000 millones de pesetas. Eso supone que durante todos estos cuatro
años tendrá que haber un crecimiento en el presupuesto del Ministerio de
Educación, que en el año 1998 ya se ha cumplido sobradamente; hemos
crecido en un 6,8 por ciento, y en esos mismos términos nos comprometemos
a cumplirlo en los próximos años.
Estamos convencidos de que hemos cumplido lo de 1998 con creces, y el
cumplimiento en los próximos años va a hacer posible que la reforma se
implante en las condiciones de calidad que el Gobierno garantiza.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
--DEL DIPUTADO DON JESUS CALDERA SANCHEZ-CAPITAN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿VA A RESPONDER EL GOBIERNO CON
AMENAZAS CADA VEZ QUE SE LE PREGUNTE POR LOS CASOS DE CORRUPCION QUE
AFECTAN A LOS MIEMBROS DEL PARTIDO POPULAR? (Número de expediente
180/001109)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 15,
que formula don Jesús Caldera Sánchez-Capitán al ministro de
Administraciones Públicas.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, presidente.
Señor Rajoy, cada día es más difícil que oculten ustedes su nerviosismo y
preocupación, hasta el punto de que un hombre aparentemente moderado
parece contagiarse, en esos maitines que celebran ustedes los lunes en La
Moncloa, de la actitud del señor Cascos y se convierte en un amenazador
profesional: un día frente a la Junta de Andalucía, por defender sus
derechos; otro día frente a un diputado socialista, que le formula
preguntas.
¿Como puede comparar usted, señor Rajoy, las declaraciones del señor Ros
tachando de fascista a unos violentos energúmenos con las actividades,
entre comillas, del señor Tomey? ¿Nos va a amenazar cada vez que
descubramos los casos de corrupción que afectan al Partido Popular y los
traigamos a la Cámara? (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Caldera.
Señor ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor
presidente, yo no tengo conciencia de haber amenazado a nadie, ni
siquiera al señor Ros. Simplemente hice una pregunta que parece algo
razonable, que es qué va a hacer el Grupo Socialista en el supuesto de
que el Tribunal Supremo pida el suplicatorio del señor Ros. Esa no es una
amenaza sino una pregunta, que son conceptos diferentes. (Aplausos.) El
señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: También dijo que era la primera vez que
preguntábamos por casos de corrupción, y le recomiendo tomar tila porque
vamos a tener que preguntar muchas veces.
Sí fue una amenaza, señor Rajoy. Llevan ustedes ya cuatro suplicatorios
concedidos en el Senado, y se mueven en un compromiso ético que
ofrecieron que hace aguas por todas partes.
Sí le voy a conceder una cosa. Ustedes están cumpliendo a rajatabla una
parte de su programa. Aquí lo tengo. Se titulaba: política a favor de la
familia y del menor. ¿Y sabe lo que decían ustedes? El PP considera
urgente, señorías, establecer una eficaz política en favor de la familia
en España. Es la mejor red de seguridad frente a cualquier contingencia.
España tiene el nivel más bajo de apoyo a la familia de todos los países
de la Unión Europea.
Claro que están cumpliendo esta parte de su programa electoral, colocando
al mayor número posible de familiares en las administraciones públicas
que dependen de ustedes, señoría. Están incluso descubriendo nuevos
conceptos políticos. Que se discute si es conveniente elegir a los
alcaldes en primera o segunda vuelta, ustedes discuten si lo es en
primera o segunda generación, por vía hereditaria. Que se discute, según
decían ustedes en su programa, que los políticos deben elegir la vía del
sacrificio, ustedes crean, como dice hoy un periódico, sociedades de
socorros mutuos, como han hecho en la Diputación de Zamora. Los diputados
del Partido Popular se conceden la firma unos a otros para obtener
subvenciones para pagar créditos agrarios. Menos amenazas, señor Rajoy.
Aplíquense a ordenar al fiscal que investigue al alcalde de La Oliva,
aunque sea el primer ciudadano de la isla, al menos para una cosa: para
que podamos continuar preguntándole cada miércoles por los casos de
corrupción que afectan al Partido Popular, que ya son cientos.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro de
Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor presidente.
Nos hemos enterado de que son cientos los casos de corrupción; la semana
pasada eran 163, según dijo el señor Ros, y aquí está el «Diario de
Sesiones». Desde luego, actuamos con una enorme diligencia y rapidez.
Pero yo lo que quiero demostrar aquí al señor Caldera es simplemente que
yo no he amenazado a nadie.
Fíjese usted, el otro día el señor Ros en su intervención, que está en el
«Diario de Sesiones» , por tanto, es absolutamente imposible que pueda
engañarles a ustedes, dijo que el Partido Popular estaba instalado en el
enchufismo, la corrupción, la prevaricación, la falsificación de
documentos y la malversación de fondos. Y dijo más: El señor Aznar es el
responsable y muñidor de esta forma de hacer política; y el señor Rajoy,
que es quien le habla con mucho gusto, sólo dijo lo siguiente: Ningún
miembro de este Gobierno ha sido preguntado o interpelado por casos de
corrupción suyos o de sus colaboradores; y es verdad. Segundo, esto creo
que es una buena noticia para España; creo que es verdad. Tercero,
ustedes deberían alegrarse de que esto fuera así; creo que sería bueno
que se alegraran. Cuarto, me daba la sensación de que no se alegraban, y
es verdad, no se alegran, por eso hacían un colosal esfuerzo para buscar
asuntos. Antes eran 16, hoy ya son cientos, la semana que viene, como
usted ha anunciado más preguntas, serán miles.
Luego hice dos preguntas, que no son amenazas, dije: ¿Hay algún diputado
del Grupo Popular procesado sentado en esta Cámara? Ni siquiera respondí,
y pregunté: ¿Hay algún diputado del Grupo Socialista procesado en esta
Cámara? Ni siquiera respondí.
Respecto al señor Ros, no dije nada. Pregunté, como he señalado antes, si
el señor Ros veía como el Tribunal Supremo le pedía un suplicatorio, qué
iba a hacer. Siguen sin responderme, lo cual, es ciertamente lamentable.
Lo siento mucho, señor Caldera. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA AMPARO RUBIALES TORREJON, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE RAZONES TIENE EL
GOBIERNO PARA ANUNCIAR QUE DA POR FINALIZADAS LAS TRANSFERENCIAS A LAS
COMUNIDADES AUTONOMAS? (Número de expediente 180/001111)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 17,
que formula doña Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, hace unos días decía usted que el Gobierno daba por
concluido los traspasos a las comunidades autónomas. No sabemos, señor
Rajoy, si se trataba de esos otros muchos globos sonda a los que este
Gobierno nos tiene tan acostumbrados o si era simplemente una más de esas
tantas afirmaciones que usted realiza en materia autonómica, en la que un
día dice una cosa y al siguiente la contraria.
Señor Rajoy, le pregunto: ¿Qué razones tiene el Gobierno para anunciar
que da por finalizada las transferencias a las comunidades autónomas? Le
recuerdo que el ministro es usted; usted tiene que contestar, porque mi
obligación es preguntar. Conteste usted, señor Rajoy, haga el favor.
(Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señora Rubiales.
Señorías les ruego silencio.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): De verdad
nada sería más placentero para mí que contestarle a usted, señora
Rubiales. Va a dar la impresión de que le tengo manía, y le doy mi
palabra de honor de que no es verdad. Pero yo nunca he dicho que se haya
finalizado el traspaso de competencias a las comunidades autónomas; por
tanto, lamentándolo mucho, no sé si el presidente tendrá que llamarme al
orden, no puedo contestarle a esa pregunta; qué quiere que le diga.
(Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señor ministro.
Señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Señor Rajoy, como usted comprenderá, a estas
alturas conozco perfectamente cuáles son las respuestas que le da a esta
diputada. No le gusta que le preguntemos, y la prueba está en que una vez
tras otra repite usted que le contestemos a las preguntas.
Señor Rajoy, usted también llevaba mucho tiempo diciéndonos que quería
que el Grupo Socialista le diera alguna respuesta a las alternativas que
presentábamos. Señor ministro, le hemos presentado nuestras alternativas,
le hemos dado nuestro documento, se reunió usted con el secretario de
política autonómica de mi partido la semana pasada, el día 25, y él le
explicó el documento socialista y le propuso un diálogo de Estado.
También nos enteramos --igual que de las transferencias-- por los medios
de comunicación de que las cosas habían ido relativamente bien. Pero
apenas transcurren 24 horas, su verdadero talante vuelve a demostrarse y
nos damos cuenta de que no, de que ustedes
hacen comparecer a un presidente autonómico del Partido Popular para
decir que el documento es malo, es inservible para la política
autonómica. Y lo que es igualmente grave, señoría, utiliza usted la rueda
de prensa del Consejo de Ministros para decir que una institución como la
Junta de Andalucía hace gamberrismo institucional. Señor ministro, no
tenemos más remedio que decirlo, así empezó la Unión de Centro
Democrático, despreciando Andalucía, y fíjese como han terminado ustedes
en mi comunidad autónoma, señorías. (Aplausos.) Señor ministro, si le
reprochamos eso, es por lo grave que es que el ministro de las autonomías
diga esas cosas. Señor Rajoy, creo que no he sido buena chica y, por
tanto, tampoco me contestará usted en este último turno, pero le aseguro
que le seguiremos preguntando, porque es mi obligación preguntar y la
suya contestar de una vez por todas. (Aplausos.--Rumores.) El señor
VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora
Rubiales.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor presidente.
Quisiera comenzar mi intervención diciendo una cosa. Me encanta que me
pregunten, de verdad, es uno de los pocos sitios donde lo paso bien en la
actividad política, en el Parlamento; por tanto, le invito a que me siga
preguntando.
Dicho esto, no me parece serio decir que el Gobierno paraliza el proceso
de traspasos a las comunidades autónomas, cuando mañana, que se celebra
Consejo de Ministros, llevamos dos acuerdos de traspasos, y cuando
durante 1998 hemos aprobado 21 y 126 desde que asumimos la
responsabilidad de gobernar. Además, en este momento estamos negociando
con las comunidades del artículo 143, la educación, el Inem, las FPO, la
Administración de Justicia, y otras muchas competencias con las del 151,
tanto con el País Vasco, como con Cataluña, Canarias, Valencia y
Andalucía.
Efectivamente, he tenido una reunión con el señor Jáuregui, que tengo que
decir que fue muy provechosa. El señor Jáuregui es un señor sensato y
equilibrado y creo que podemos y debemos conseguir acuerdos con él. Pero
una de las cosas que le dije al señor Jáuregui
--de esto hablaré luego, pero ahora voy a hacer un pequeño prólogo--
fue que la Junta de Andalucía --que no es Andalucía-- debía cambiar de
actitud. Porque es francamente complejo y difícil entenderse con quien no
tiene ninguna intención de hacerlo. (Rumores.) En cualquier caso, señora
Rubiales, mi disposición al diálogo está ahí. Creo que lo he acreditado
cuando estaba en la oposición, donde hice dos pactos importantes con el
Grupo Socialista. El señor Perales, que me va a preguntar a continuación,
puede decir que es así, porque le he pedido que pacte conmigo el pacto
local, y también se lo he pedido al principio de esta legislatura al
Grupo Socialista, que no quiso. Si quiere ahora, ya sabe que estoy
siempre a su disposición, a la suya y a la del Grupo Socialista
incondicionalmente e incluso en primer tiempo de saludo. Más no se me
puede pedir. (Risas.--Aplausos.--Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ALFONSO PERALES PIZARRO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CREE EL MINISTRO DE ADMINISTRACIONES
PUBLICAS QUE SE FOMENTA LA COOPERACION ENTRE INSTITUCIONES ACUSANDO A LA
JUNTA DE ANDALUCIA DE «GAMBERRISMO INSTITUCIONAL» POR EJERCER LA DEFENSA
DE SUS DERECHOS? (Número de expediente 180/001130)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 18
que formula don Alfonso Perales Pizarro, del Grupo Parlamentario
Socialista .
El señor PERALES PIZARRO: Muchas gracias, señor presidente.
Iba empezar diciendo que el señor ministro concluye siempre sus
intervenciones haciendo referencias ad hominem, no laudatorias sino de
descalificación, como la última semana. Hoy tiene un tono más simpático,
y más agradable y han cambiado las cosas, con lo cual nosotros también
nos alegramos.
Esa política de descalificación tiene como destinatario privilegiado,
aunque no único, a la institución que representa a todos los andaluces.
Usted, señor ministro, se está convirtiendo precisamente en el ariete del
Partido Popular contra Andalucía. No hay justificación para esa
descalificación ni en relación con el censo de población, ni con la
Alhambra de Granada, ni ha habido deslealtad de la Junta de Andalucía en
relación con el recetazo, porque el Gobierno no consultó como era
obligatorio, según consta en el Consejo de Política Fiscal. Ni en
relación con el plan de empleo, ni siquiera con otras descalificaciones
que usted pueda rebuscar en las hemerotecas hay justificación para que
usted califique de gamberrismo la actitud de la Junta de Andalucía.
Por ello, le pregunto, señor ministro, si cree que se fomenta la
cooperación entre instituciones acusando a la Junta de gamberrismo
institucional por ejercer la defensa de sus derechos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Perales.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias.
Como cuestión previa, señor presidente, pediré que se cambie el
reglamento de la Cámara para no ser yo el último que hable, sino las
personas que me hacen las preguntas.
En cualquier caso, yo no he actuado de ariete, señor Perales, sino, más
bien, de defensa, que son conceptos muy diferentes y son términos
futbolísticos que usted sin duda conoce muy bien. Mi crítica a la Junta
de Andalucía, en la que tengo que decir con absoluta claridad que he sido
enormemente moderado, ha sido lisa y llanamente porque el presidente de
la Junta de Andalucía no cumple su palabra y falta a los acuerdos , a los
pocos que llega, con el Gobierno y con el resto de las comunidades
autónomas, y porque la actitud de la Junta con el Gobierno a lo largo de
estos últimos años raya mucho en lo que es la deslealtad institucional.
Siento mucho tener que decirlo así, sin embargo quiero aprovechar esta
ocasión para, una vez más, tender la mano a la Junta de Andalucía.
(Aplausos.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Tiene la palabra el señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: Señor ministro, sabe muchísimo de fútbol y de
ciclismo, pero no ha rectificado su calificación de gamberrismo
institucional, lo cual nos hubiera llenado de satisfacción. (Rumores.) La
Junta no ha hecho otra cosa que ejercer sus derechos constitucionales y
estatutarios, y usted está en su derecho de considerar que no son
procedentes, pero no debe insultar a quien camina por la senda del
Derecho y de la ley. Nadie de un gobierno democrático, actuando como
portavoz oficial, ha cometido el desaire institucional del que usted se
jacta con reiteración.
Usted no ha insultado a quienes han denunciado al Gobierno de España ante
el Tribunal de los Derechos Humanos por su política penitenciaria. Usted
no ha descalificado a quien plantea la soberanía compartida y ha hecho
bien no insultando. Sin embargo, utiliza esa vía penosa con quienes desde
la legalidad exigen lo que corresponde en derecho a Andalucía. Y no se
engañe, señor ministro, otros antes que usted pensaron que a Andalucía se
la podía maltratar y ya sabe usted lo que pasó. Y seguirá pasando si
ustedes siguen con ese carrusel de insultos y agravios hacia los
andaluces.
Termino, señor ministro, diciéndole que ayer mismo el presidente de la
Junta de Andalucía pedía el abandono de esa dinámica y la apertura de una
colaboración fructífera. Acepten esa propuesta, pero no pidan que se
renuncie a lo que en justicia corresponde a Andalucía.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias.
Señor Perales, permítame algunos comentarios. Tengo aquí a su disposición
las fechas y medios en los que se publicaron las ofertas de cooperación,
ciertamente curiosas, de la Junta al Gobierno. A lo largo de estos meses,
el señor consejero de la Presidencia, hombre sin duda enormemente
ponderado y miembro de la Junta de Andalucía, ha calificado al señor
ministro de Trabajo de frívolo, le ha acusado de apoyar a los mafiosos,
exigiendo varias veces su dimisión, de hurtarle 20.000 millones del plan
de empleo a Andalucía, de ser un fullero, de ser un mentiroso, de
traicionar a su tierra por un sillón, de machista y le ha pedido al
presidente del Gobierno que devuelva los tres millones de pesetas de
aumento de sueldo, que usted sabe que no se ha producido. (Rumores.) El
propio presidente de la Junta de Andalucía, el señor Chaves, ha acusado
al señor Arenas de filtrar secretos oficiales, de ser un mentiroso. Ha
acusado al Gobierno de alterar la paz social, utilizando tácticas
goebbelsianas y al Gobierno de tener tics autoritarios. Y permítame que
no haga alusión a lo que se dijo de mi persona, por modestia (Rumores.),
pero valga esta otra perla para que ustedes la recuerden: el señor
consejero de Presidencia de la Junta, que sin duda terminará en la Cámara
de los Lores (Risas.), calificó hace poco a la ministra Loyola de Palacio
de irresponsable, ridícula e imbécil.
Pero lo más grave no es esto, señor Perales; lo más grave no es que todos
y cada uno de los asuntos se plantee como lucha total y absoluta contra
el Gobierno. Lo peor es cuando se incumplen los pactos a los que se
llega. En el caso del famoso medicamentazo sucedió que el Gobierno y
todas las comunidades autónomas se pusieron de acuerdo. (Rumores.) Todos
cedieron y algunos en parte importante de sus planteamientos junto con la
Junta de Andalucía y después el señor Chaves, que nos garantizó que iba a
aprobar el planteamiento realizado por el Gobierno, se quedó con lo que
le conviene, que son los fondos, y se desmarcó en perjuicio del resto de
las comunidades autónomas. (Rumores.) Eso no es un comportamiento
honorable ni un comportamiento institucional y desde luego dice muy
poco... (Rumores.--Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda
y Lozana): Señor ministro, muchas gracias.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL POZUELO MEÑO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO EN RELACION CON EL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL DEL HOSPITAL
DE ALCORCON, A LA VISTA DE LAS DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES Y DEL INFORME
DEL DEFENSOR DEL PUEBLO? (Número de expediente 180/001117 )
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, que formula doña Isabel Pozuelo
Meño, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el Hospital de Alcorcón es el buque insignia de los
nuevos modos de gestión sanitaria que usted ha puesto en marcha,
introduciendo formas privadas de gestión empresarial en un servicio
público. La confusión y la ambigüedad entre lo público y lo privado les
ha llevado a que la apertura del hospital esté siendo un absoluto
despropósito. La selección de personal se ha realizado con opacidad,
arbitrariedad, sin seguridad ni garantía jurídica, sin cumplir los más
elementales requisitos de igualdad, mérito y capacidad exigidos para
acceder a un empleo público. Han vulnerado los derechos de 76.000
personas, que han solicitado algunas de las 756 plazas ofertadas; han
entregado la selección a una empresa privada sin establecer previamente
las bases de convocatoria; han cobrado tasas indebidamente. Diga usted
dónde se han ingresado los 200 millones recaudados. ¿En la empresa
privada o en el Insalud?
No han garantizado el anonimato en el desarrollo de las pruebas, no han
hecho públicas las listas de admitidos ni las puntuaciones obtenidas, no
han establecido plazos de reclamación, han contratado al personal antes
de terminar el proceso de selección. Por ello, le pregunto, ¿qué medidas
va a adoptar ante las denuncias de irregularidades y el informe del
Defensor del Pueblo?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Pozuelo.
Señor ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, de los 76.191 participantes en el proceso de selección del
personal de la Fundación Hospital de Alcorcón tan sólo se ha presentado
una denuncia en relación con el parentesco de una enfermera con un
miembro de la mesa de seguimiento del proceso de selección. Como
consecuencia de esa denuncia se ha producido ya el cese del asesor
jurídico de la mesa de seguimiento.
En relación con la recomendación del Defensor del Pueblo, puedo decir a
S. S. que sus recomendaciones, antes de que se formularan, ya habían sido
tenidas en cuenta en este proceso y así se le hizo saber.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, le tienen muy mal informado. ¿De verdad cree usted que
todo ha ido bien? Efectivamente, ha tomado una sola medida: cesar al
asesor jurídico, al señor Palou, a quien presentó en esta Cámara como
experto ideólogo de su novedosa forma de gestión sanitaria y asesor del
Plan estratégico del Insalud, pero su cese no soluciona el cúmulo de
irregularidades que ustedes han cometido.
Señor ministro, asuma su responsabilidad, anule este proceso contaminado,
cumpla los estatutos de la Fundación Hospital de Alcorcón, ejerza las
funciones que son de su competencia y no las entregue a una empresa
privada, garantice el cumplimiento de los principios de publicidad,
mérito y capacidad, exija el anonimato de las pruebas y preserve la
condición de servicio público que tiene el hospital. Cumpla, en
definitiva, con lo que le ha requerido el Defensor del Pueblo y no
vulnere los derechos de esas 76.000 personas que han solicitado un puesto
de trabajo en el Hospital de Alcorcón. (Aplausos.) El señor
VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro de Sanidad y
Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Mire usted,
señoría, estamos muy orgullosos de todo lo que se está haciendo en el
Hospital de Alcorcón, que está resultando un hospital modélico.
El número total de quejas, denuncias o reclamaciones producidas contra el
proceso de selección ha sido del 0,69 por ciento con respecto al total de
solicitudes, por lo que podemos afirmar que las mismas son sensiblemente
inferiores a cualquier otro proceso de selección en el ámbito del
Insalud. No se ha entregado nada a ninguna empresa privada que no fuera
una colaboración perfectamente legítima, los ingresos fueron a la
fundación y, conocida esta denuncia a la que antes me he referido, se
comprobó que efectivamente una de las enfermeras que participó en el
proceso tenía parentesco con el asesor jurídico de la fundación, que, a
su vez, actuaba de secretario de la mesa de seguimiento del proceso de
selección. Las funciones de asesor jurídico
como secretario de la mesa se limitaban al asesoramiento legal e incluso
administrativo en el proceso, sin que tuviera intervención ni influencia
alguna en la elaboración o corrección de los test, en la baremación de
los curricula o en la realización de la entrevista, que son las fases que
constituyen la selección.
Por tanto, aún siendo cierta la circunstancia del parentesco apuntada en
la denuncia, este hecho no ha tenido incidencia en la selección de la
citada enfermera, por lo que se ha considerado que no debía procederse a
la adopción de ninguna medida en relación con el proceso de selección, el
cual se ha desarrollado con absoluta transparencia y con respeto a los
principios de igualdad, mérito y capacidad, opinión ésta compartida
también por unanimidad por los sindicatos participantes, Comisiones
Obreras y UGT. Cuestión distinta fue la actuación de ese asesor jurídico,
que, ciertamente, ha quebrado la confianza que en él se había depositado
y por esa razón ha sido cesado.
En relación con la recomendación del Defensor del Pueblo, le reitero que
sus recomendaciones, antes de haber sido formuladas, habían sido ya
tenidas en cuenta. El proceso se practicó con toda transparencia y
objetividad y así se hizo saber al Defensor del Pueblo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE IGNACIO ECHANIZ SALGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EXPLICAR EL
GOBIERNO EN QUE CONSISTE EL PROYECTO DE CREACION DEL CENTRO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS? (Número de expediente 180/001122)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 28,
que formula don José Ignacio Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Echániz.
El señor ECHANIZ SALGADO: Señor presidente, señor ministro de Sanidad,
frente al estéril: que investiguen otros, nadie cuestiona en estos
momentos el cada vez más relevante papel que juegan los científicos
españoles en el conjunto de la investigación mundial. En este contexto,
el Gobierno español ha apostado claramente por potenciar la investigación
y las formas científicas del conocimiento en nuestro país.
El incremento del 5 por ciento en los capítulos dedicados a la
investigación en los Presupuestos Generales del Estado para 1998, las
enmiendas aprobadas para dotar nuevos centros de investigación, la
creación de la oficina de ciencia y de tecnología para impulsar la
investigación científica y el desarrollo tecnológico bajo la dependencia
directa de la Presidencia del Gobierno y la recuperación de un buen
número de prestigiosos investigadores que trabajan desde hace muchos años
en el extranjero, como los doctores Manuel Perucho, Mariano Esteban,
Angel Pellicer, Eugenio Santos o Mariano Barbacid, descubridor con su
equipo del primer oncogén humano y uno de los mayores expertos mundiales
en biología molecular, que trabajaba desde hace 24 años en los Estados
Unidos, demuestran el caldo de cultivo que se está creando, el compromiso
de largo alcance por parte del Gobierno para apoyar la investigación
biomédica y el buen momento científico que vive España.
Por otra parte, las enfermedades oncológicas son la segunda causa de
muerte de los españoles: un 27 por ciento en varones y un 22 por ciento
en mujeres, habiéndose incrementado en los últimos 10 años la tasa de
mortalidad en un 14 y en un 3 por ciento respectivamente. Por estos
motivos, y porque España era el único país de Europa occidental que
carecía de un centro científico nacional sobre el cáncer que unificase
los trabajos de los diversos grupos de investigación en biología
molecular y coordinase las investigaciones básica y clínica, para mejorar
en cualquier caso la salud de los españoles, le formulo la pregunta: ¿En
qué consiste el proyecto de creación del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Echániz.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Como sabe S. S., España es, hasta este momento, el único de los grandes
países de la Unión Europea que carece de un centro de investigación
oncológica acorde con su desarrollo económico e industrial. La Federación
de Sociedades Españolas de oncología, en su segundo Libro Blanco de la
oncología en España, de 1995, recomienda la creación de un plan nacional
del cáncer, cuya primera necesidad debería ser --dice-- la creación de un
centro de investigación oncológica de ámbito nacional. Si a eso se añade
la oportunidad de recuperar para España un investigador de la categoría
internacional de don Mariano Barbacid y ponerlo al frente de esta
institución, ya se comprenderá que está perfectamente justificada la
creación de este Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos
III.
Los objetivos principales del centro serán: desarrollar una investigación
de calidad que permita obtener nuevos y más eficaces métodos de
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oncológicas; conseguir
que los avances científicos logrados repercutan sobre nuestro sistema
sanitario y, por tanto, sobre el bienestar de los pacientes; alcanzar
acuerdos y convenios de colaboración con entidades públicas y privadas;
instrumentar y desarrollar un programa de actividad docente; colaborar,
dentro de la estructura del Instituto Carlos III, en la coordinación e
investigación de carácter oncológico que se lleva a cabo en España.
Las principales áreas de investigación previstas se estructuran en tres
subáreas: investigación básica, que incluirá los departamentos de
oncología molecular y genética oncológica; investigación aplicada, que
incluirá los de patología molecular y desarrollo de fármacos
experimentales, y grupos de apoyo, que incluirá, a su vez, un
departamento de biotecnología y un animalario.
El centro ocupará una superficie global de 10.000 metros cuadrados, dará
trabajo a 300 personas, se ubicará en el antiguo hospital Victoria
Eugenia, en el campus de Chamartín del Instituto de Salud Carlos III,
aunque también tendrá un espacio adicional en las instalaciones del
Instituto en Majadahonda. Las obras de acondicionamiento y puesta en
marcha del proyecto tienen un coste estimado de 4.470 millones de
pesetas; en los presupuestos de este año ya se ha aprobado una asignación
de 1.000 millones de pesetas para las mismas y el presupuesto del centro,
cuando esté en pleno funcionamiento, ascenderá a unos 3.000 millones de
pesetas anuales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON JUAN ANTONIO GIL MELGAREJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO EL DESCENSO DEL NUMERO DE CASOS DE SIDA
EN MAS DE UN 20 POR CIENTO EN EL AÑO 1997, EN RELACION CON EL AÑO 1996?
(Número de expediente 180/001123)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 29,
que formula don Juan Antonio Gil Melgarejo, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Gil Melgarejo.
El señor GIL MELGAREJO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Sanidad y Consumo, lamentablemente --y como bien
sabe--, el VIH-sida afecta al mundo entero y, a pesar de que esta
epidemia está presente desde principios de los años ochenta, el VIH-sida
sigue siendo un problema que desconocemos. Ciertamente, se ha realizado
un considerable progreso para comprender cómo prevenir la epidemia, pero
todavía somos incapaces de contener su expansión. En este contexto, las
preguntas inmediatas que nos podríamos formular bien podrían ser las
siguientes: ¿Es el VIH-sida un problema prioritario y debemos asegurar
una respuesta rápida y eficaz? ¿Llegará el VIH-sida a ser una amenaza de
igual magnitud a la actual en los próximos años? ¿Puede afectar a la
estabilidad socioeconómica mundial en la presente década? ¿Puede el
VIH-sida hipotecar el futuro de la humanidad?
Señorías, con más de 22 millones de personas viviendo con el VIH-sida en
todo el mundo, 9.200.000 mujeres y casi un millón de niños, con 3.100.000
infecciones nuevas en 1996 y con más de seis millones de personas que ya
han muerto, nos hallamos, sin duda alguna, ante un desastre humano sin
precedentes. Hasta ahora, ningún país del mundo ha podido evitar la
propagación del VIH-sida y, con toda seguridad, las generaciones futuras
nos juzgarán por los esfuerzos colectivos que hoy emprendamos para evitar
que el VIH-sida siga progresando en el mundo entero.
El que por primera vez, desde 1981, se haya producido un descenso en
España en el número de casos de sida (más de un 20 por ciento en 1997 en
relación con 1996, aunque ya en 1996 apareció una nueva orientación) abre
una puerta a la esperanza en la lucha contra el VIH-sida.
Por todo ello, señor ministro, y en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cómo valora el departamento
que usted dirige esta nueva realidad en la evolución del VIH-sida en
España?
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gil Melgarejo.
Señor Ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Naturalmente que comparto con S. S. la preocupación por este
importantísimo problema de salud.
Le puedo decir que desde 1995 la evolución de la epidemia en España se ha
caracterizado por la estabilidad global en el número de casos y por un
descenso en determinados colectivos con conductas de riesgo. Según el
último informe del Registro de casos de sida, en el año 1997 éstos han
disminuido en un 21,2 por ciento. Por primera vez han disminuido todas
las categorías de transmisión, incluyendo la transmisión heterosexual,
que descendió en un 14,65 por ciento, y en especial la transmisión en
usuarios de drogas por vía intravenosa, que lo hizo en un 25,23 por
ciento en relación con 1996. Es obvio que el Ministerio de Sanidad y
Consumo valora muy positivamente estos cambios tan
trascendentes en la tendencia de la epidemia del sida en España. Este
descenso es el resultado del esfuerzo desarrollado en los últimos años en
todas las estrategias de prevención, en especial en aquellas basadas en
programas de reducción de daños, de información a la población en general
y de educación para la salud de jóvenes y adolescentes.
El esfuerzo que el Sistema Nacional de Salud está haciendo para
proporcionar los más modernos tratamientos antirretrovirales, que suponen
un gasto de 30.000 millones de pesetas anuales para el Sistema Nacional
de Salud, ha logrado tener un impacto positivo en la epidemia del sida,
disminuyendo la morbi-mortalidad de las personas infectadas por el VIH y
proporcionándoles una mejor calidad de vida. No obstante, el Ministerio
de Sanidad y Consumo, a través de la Secretaría del Plan Nacional sobre
el Sida, en coordinación con las comunidades autónomas, intenta evitar
que se interpreten estos avances en el control de la epidemia con un
carácter triunfalista.
Por otra parte, en un momento en el que los tratamientos aumentan la
supervivencia de los pacientes infectados por VIH, es imprescindible
intensificar las medidas de prevención, tanto a nivel individual como
institucional. En este sentido, con el Plan multisectorial de lucha
contra el sida, cuyo presupuesto se ha aumentado en 2.000 millones de
pesetas este año 1998, lo que supone un 300 por ciento más que en 1997,
el Ministerio de Sanidad y Consumo pretende incrementar todos los
recursos destinados a estrategias de prevención, priorizando los
destinados a evitar la transmisión sexual en los usuarios de drogas por
vía intravenosa, el trabajo con jóvenes dentro y fuera del ámbito escolar
y el trabajo específico en colectivos de mayor riesgo.
Por último, el Ministerio, consciente de las limitaciones del Registro de
casos del sida, a la vista del impacto de los nuevos tratamientos
antirretrovirales, está iniciando un trabajo conjunto, en coordinación
con las comunidades autónomas, para el desarrollo de nuevos sistemas de
vigilancia de esta infección.
Muchas gracias, señor presidente.
--DE DON TOMAS BURGOS GALLEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA SITUACION ACTUAL DEL
SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO? (Número de expediente 180/001124)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 30,
que formula don Tomás Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, han transcurrido doce años desde la puesta en marcha, con
carácter experimental, del sistema arbitral de consumo en nuestro país y
cinco desde su regulación definitiva por el Real Decreto 636/1993. A lo
largo de este período ha demostrado ser un instrumento útil y eficaz para
la defensa de los consumidores, ha superado desajustes de desarrollo e
incluso la pasividad de la Administración anterior, que fue incapaz de
conseguir una cobertura geográfica plena.
Este sistema de resolución extrajudicial de los conflictos entre
consumidores, productores y prestadores de servicios ha recibido y
resuelto decenas de reclamaciones de solicitudes de arbitraje, y la
mayoría de ellas favorables a los consumidores. Su calado paulatino, su
extensión local, provincial y nacional, la incorporación al mismo de más
de 30.000 empresas de todos los sectores, las últimas del sector
asegurador o del de la telefonía móvil y las comunicaciones, e incluso el
impulso que le dio esta Cámara aprobando una proposición no de ley para
extenderlo a todas las empresas públicas del país, nos convencen cada día
más de la conveniencia de su progresiva difusión. La adhesión, señor
ministro, es útil para los consumidores y para los distintos sectores,
constituye un valor añadido a los productos, un símbolo de calidad, y
ofrece además un sistema objetivo, imparcial y cómodo a los clientes.
El Grupo Parlamentario Popular, atento siempre a las reclamaciones de las
asociaciones de consumidores y del propio Consejo que las agrupa, ha
querido traer hoy a esta Cámara una de las propuestas que este Consejo de
Consumidores ha hecho pública recientemente a través de un documento
sobre política de consumo: la de impulsar aún más este sistema arbitral,
incrementando la repercusión, la información pública sobre el mismo y la
adhesión de todos los sectores y servicios que aún están ajenos.
Señor ministro, este Gobierno le está dando a la protección de los
consumidores la relevancia que no había tenido nunca en este país. A
algún grupo de la Cámara esto no le importa absolutamente nada. Ayer
mismo, los que no acaban de admitir estar en la oposición se fueron de la
Comisión de Sanidad y Consumo precisamente cuando se iba a debatir la
protección de los consumidores ante el euro, ante la Unión Monetaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor ministro, con estos bueyes tenemos que
arar y, por eso, le hago la pregunta que figura en el orden del día.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Burgos.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
La importancia que los responsables de la política de consumo del Estado
español, tanto autonómicos como estatales, concedemos al sistema arbitral
de consumo, ese sistema de resolución extrajudicial de conflictos al que
con razón se refería S. S., se refleja en el Plan estratégico de
protección al consumidor para el período 1998-2001, aprobado en la IX
conferencia sectorial de consumo. Dicho plan está definido como pieza
clave del acceso real de los consumidores y usuarios a la justicia en la
vía extrajudicial. La estructura actual del sistema arbitral de consumo
se concreta en la existencia de 60 juntas arbitrales distribuidas a lo
largo de todo el territorio nacional: una nacional, 17 autonómicas,
cuatro provinciales, una de mancomunidad de municipios y 37 municipales.
Actualmente, se está considerando la constitución de nuevas juntas
arbitrales.
En cuanto a las actuaciones, hay que señalar que el número de solicitudes
de arbitraje recibidas en el año 1997 ascendió a 12.264, lo que supuso un
incremento del 29,27 por ciento respecto del año anterior. Desde el año
1993, el incremento ha sido constante y significativo. La respuesta del
sector empresarial ha tenido un importante impulso, fundamentalmente en
los dos últimos años. Así, a 31 de diciembre de 1997 había 37.709
empresas adheridas al sistema arbitral, con un incremento del 25,74 por
ciento respecto a 1996. En 1996 el aumento de las ofertas públicas de
sometimiento fue particularmente significativo, rondando cifras del 55
por ciento. Frente a las 19.411 empresas censadas en diciembre de 1995, a
finales de 1996 estaban registradas 30.055 adhesiones. Los laudos
dictados han pasado de 3.896 en 1996 a 4.925 en 1997, con un incremento
del 27 por ciento. El porcentaje de laudos impugnados por las partes fue
del 0,16 por ciento, de los que el 0,41 no fueron cumplidos
voluntariamente, teniendo que recurrir a la ejecución forzosa.
En consecuencia, el Ministerio, a la vista de estos datos, efectúa una
valoración positiva de la evolución y desarrollo del sistema arbitral. No
obstante, somos conscientes de que aún existen retos a los que hay que
dar respuesta, como es la formación y especialización de los árbitros y
el incremento de las adhesiones al sistema.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): muchas gracias,
señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE ALARCON MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE INVERSIONES TIENE PREVISTO
REALIZAR EL INSALUD EN ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA EN 1998, EN LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA? (Número de expediente
180/001126)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 32,
que formula don José Alarcón Molina, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Alarcón.
El señor ALARCON MOLINA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Sanidad y Consumo, muchos castellano-manchegos estamos
yendo de sorpresa en sorpresa en los últimos tiempos en un asunto tan
importante como el de la sanidad, ya que hasta mayo de 1996, en que llegó
al Gobierno de España el Partido Popular, creíamos que todo funcionaba de
maravilla en la región. Al menos, daba la impresión de que en el número
de camas, en la evacuación y movimiento de enfermos y en las listas de
espera estábamos en un alto nivel, y no digamos en el aspecto económico,
donde últimamente se están barajando cifras comparativas a las cuales hay
que darles la mitad de la credibilidad que se merecen. O sea, que el
centro hospitalario que el señor ministro inauguraba en Albacete hace
pocos meses, donde tuve el honor de acompañarle, casi nos situaba en la
órbita. Pues bien, puro espejismo, señor ministro, porque el Gobierno
autonómico lleva unos meses informando a la opinión pública de la
cantidad de deficiencias y fallos que arrastraba el campo sanitario de la
región. El propio señor ministro, a finales de febrero, informaba a la
Junta de comunidades de una serie de inversiones, y de eso públicamente
no nos hemos enterado. Debido a lo cual, y para informar a la opinión
pública de esa situación, es por lo que le pregunto: ¿Qué inversiones
tiene previsto realizar el Insalud en atención primaria y especializada
en 1998 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alarcón.
Señor ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
El nuevo modelo de financiación de la sanidad y el crecimiento del
capítulo de inversiones del Instituto que ese nuevo modelo ha hecho
posible le va a permitir al Insalud impulsar la construcción de nuevos
centros, así como la reposición de instalaciones y equipamiento con
carácter general. Esta inyección de recursos a la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha le va a suponer un total de inversiones programadas
para 1998 de 3.181 millones, lo que se traduce en un incremento del 8,31
por ciento en relación con el ejercicio de 1997 y del 35,88 por ciento en
relación con el ejercicio de 1996. Los proyectos programados suponen un
compromiso del Insalud para invertir en dicha comunidad autónoma 26.456
millones en el período 1997-2001, lo que se traduce en un incremento
del 137 por ciento respecto a los 11.159 millones invertidos en el
período 1992-1996.
En atención primaria, las inversiones para 1998 ascienden a 282 millones
de pesetas, desglosados de la siguiente manera: 50 millones para redactar
los proyectos de los centros de salud de Almadén y Villacañas; 125
millones para iniciar las obras del centro de salud de la zona sexta de
Albacete; 77 millones para el centro de salud Este Alamín, de
Guadalajara; 26 millones para finalizar las obras del centro de salud de
Tomelloso.
En atención especializada, en 1998 se va a invertir la cifra de 2.899
millones del modo siguiente: 75 millones se van a destinar a redacción de
los proyectos de reforma de la fase I de urgencias en Toledo y la reforma
del hospital de Cuenca; 2.000 millones se van a destinar para el inicio
de las obras del nuevo hospital de Ciudad Real; 250 millones para la
reforma del hospital de Talavera de la Reina; 75 millones para la reforma
de la radioterapia del hospital de Albacete y 350 millones para la
reforma de urgencias de Manzanares, en Ciudad Real. Al mismo tiempo, 149
millones para finalizar las obras de reforma y ampliación del hospital de
Valdepeñas. Todo eso da la inversión de 2.899 millones en atención
especializada en la Comunidad de Castilla-La Mancha para 1998.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DEL CARMEN HERAS PABLO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS HA TOMADO EL GOBIERNO
ANTE LAS PRACTICAS CONCERTADAS EN MATERIA DE COMISIONES BANCARIAS?
(Número de expediente 180/001115)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, que formula al Gobierno la
diputada doña Carmen Heras Pablo, del Grupo Socialista.
Señora Heras.
La señora HERAS PABLO: Muchas gracias, señor presidente.
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno ante las prácticas concertadas en
materia de comisiones bancarias?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Heras.
Señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente; gracias, señora
diputada.
Como S. S. conoce, no corresponde directamente al Gobierno, sino al
Tribunal de Defensa de la Competencia, tomar medidas, cosa que ya han
hecho.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señora Heras.
La señora HERAS PABLO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Economía, le pregunto qué piensa hacer el Gobierno en
relación con este tema porque, como muy bien ha dicho usted, el Tribunal
de Defensa de la Competencia ha tenido que obligar, mediante una
resolución, al Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente de
Economía, a que reabra un expediente que se inició debido a una denuncia
de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, expediente que, de
manera incomprensible, se archivó el pasado mes de octubre, haciendo caso
omiso a una de las razones de su existencia, que es la de investigar y la
de inspeccionar. La denuncia de la Asociación de Usuarios está hecha
contra la Asociación Española de Banca Privada, al existir indicios
claros de que los bancos de dicha Asociación han establecido una
concertación para cobrar comisiones a los clientes a los que se devuelven
efectos, y aunque la aplicación de esa comisión es opcional, se cobra de
manera generalizada, alentados los bancos por su Asociación con el
argumento de que, caso de que no se haga, los bancos sufrirían un gran
perjuicio económico. La legalidad de este cobro de comisión está muy
cuestionada por los usuarios, que se apoyan en diversas sentencias
judiciales e incluso en resoluciones del Servicio de Reclamaciones del
Banco de España. La Asociación Española de la Banca Privada ha elaborado
un informe, que envió a sus bancos asociados, que contraviene la
neutralidad que entendemos deber ser norma y que parece buscar solamente
la defensa de sus beneficios económicos, que en el año 1996 ascendieron a
30.000 millones de pesetas. Las recomendaciones del informe producen un
efecto restrictivo de la competencia porque justifican y potencian el
cobro de estas comisiones cuando ya las entidades bancarias están
cobrando comisiones por gestión general, como es sabido, imponiendo una
doctrina a sus bancos. La denuncia de la Asociación de Usuarios consiguió
que se abriera un expediente, que fue archivado.
Señor ministro, no puede ser que los ciudadanos tengan que defenderse
también de la Administración cuando buscan la defensa de sus derechos
como consumidores. No puede ser que la Administración tenga unos
servicios instrumentalizados que rehuyen sus obligaciones. Yo creo, señor
ministro, que es responsabilidad del Servicio, pero también de Economía,
velar por que los ciudadanos no se sientan indefensos. Lo esperamos de
usted.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Heras.
Señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Muchas gracias, señor presidente.
Señora diputada, como S. S. conoce, la defensa de la competencia, tal
como expresa nuestra Ley de Defensa de la Competencia, establece una
dependencia orgánica de dos servicios, el Servicio del Tribunal y el del
Ministerio de Economía y Hacienda, pero son absolutamente independientes.
No es ni la primera ni la segunda ni la décima vez que el Servicio
archiva un expediente y el Tribunal lo reabre. Es parte del sistema de
garantías que establece la ley citada anteriormente, y yo creo que S. S.
exagera, si me permite la expresión, al considerar que el Servicio no ha
tenido sus criterios.
El Gobierno no entra a valorar esos criterios. El Gobierno conoce en
estos momentos que el Tribunal, por resolución del 30 de diciembre de
1997, ha ordenado al Servicio de Defensa de la Competencia incoar
expediente sancionador contra la AEB y contra todos sus miembros. Por lo
tanto, es el Tribunal el que ordena al Servicio que reabra un expediente,
como S. S. ha dicho.
Después de esta instrucción --estamos en un periodo de instrucción y, por
lo tanto, a mí me es imposible pronunciarme y creo que sería incorrecto
por mi parte hacerlo; S. S., sin duda, tiene otras posibilidades pero yo
no las tengo--, el Servicio puede decidir dos cosas, que las va a decidir
el Servicio: sobreseer el expediente, si no existen indicios de
infracción, o formular al Tribunal una propuesta para que, tras la
tramitación del oportuno expediente, se declare la existencia de
prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia. Si esto
fuera así, no le quepa ninguna duda a S. S. de que el Gobierno utilizará
todos los medios a su alcance para aplicar lo que previene nuestra Ley de
Defensa de la Competencia.
Hay un procedimiento en marcha, un procedimiento exigido por el Tribunal
de Defensa de la Competencia, que está siendo incoado por el Servicio de
Defensa de la Competencia. Por lo tanto, S. S., que ha expresado unas
preocupaciones que son perfectamente entendibles, puede estar totalmente
tranquila porque los derechos de los ciudadanos están perfectamente
defendidos por la Ley de Defensa de la Competencia --que, por cierto,
nosotros no enviamos al Parlamento pero sí la aprobamos y respaldamos en
su momento--, que en estos momentos está sentando unos principios de
transparencia y funcionamiento de nuestro mercado realmente importantes.
Estoy seguro de que este problema se solucionará por el Servicio de
Defensa de la Competencia y por el Tribunal de manera satisfactoria para
la sociedad y, estoy seguro, también para S. S.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON LUIS MARTINEZ NOVAL, DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CUALES SON LOS CRITERIOS QUE, EN SU
OPINION, DEBEN INSPIRAR LA POR USTED PROPUESTA MODIFICACION DEL PACTO DE
TOLEDO? (Número de expediente 180/001116)
El señor PRESIDENTE: Ultima pregunta, número 22, que formula al Gobierno
el diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Socialista.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda:
¿Cuáles son los criterios que, en su opinión, deben inspirar la por usted
propuesta modificación del Pacto de Toledo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado, yo no he propuesto ninguna modificación del Pacto de
Toledo. Simplemente he propuesto su renovación cuando llegue el momento,
es decir, en el año 2000.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, en cualquier caso, usted propone un cambio en las
bases sobre las que se asienta el Pacto de Toledo. Verá por qué le hago
esta pregunta.
Hace pocas semanas, asistí a un acto público en el que le escuché
desgranar los cambios y modificaciones que debían de producirse en la
realidad económica española, y entre ellas citó usted esta cuestión
relativa a la modificación, al cambio, a la innovación, a la
revitalización --como usted quiera llamarlo-- del Pacto de Toledo. La
pregunta además tiene sentido porque estamos en vísperas de que se
cumplan tres años desde la firma de aquel pacto, que se produjo un día 25
de este
mismo mes, estamos muy cercanos a los tres años. En ese período de
tiempo, señor Rato, ustedes lo han ciudado muy poco. Le digo, entre otras
cosas, por ejemplo, una cuestión que parece incomprensible. Desde
entonces, y teniendo ustedes responsabilidades de gobierno, no han
reunido ni una sola vez a los firmantes, a los signatarios de ese pacto,
siquiera para informarnos de qué rumbo había tomado y cuáles eran los
resultados del pacto en términos económicos y sociales. Por eso, señor
Rato, si usted en este momento no tiene criterios respecto de cuál puede
ser esa modificación, yo le hago una recomendación: no vuelva a repetir
otra vez frívolamente que hay que modificar el Pacto de Toledo. Y si
tiene criterios, señor vicepresidente del Gobierno, si los tiene, si
usted sabe qué es lo que hay que modificar en ese pacto, díganoslo hoy en
esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, no es lo mismo una modificación que una renovación. Es
indudable que cuando usted me escuchó en esa conferencia, refiriéndome a
cuales son los temas importantes en el futuro de la sociedad española, me
refería al Pacto de Toledo. Indudablemente, porque el propio Pacto de
Toledo, que va a cumplir tres años, establece un mecanismo de seguimiento
y evaluación periódica de la evolución del sistema. Además, establece que
a los cinco años, los firmantes, es decir, los grupos parlamentarios,
tendrán que reunirse para evaluar cuál es la situación, desde el punto de
vista de garantizar el equilibrio financiero. Yo respaldo absolutamente
esa posición, entre otras cosas, porque mi grupo parlamentario fue
firmante de ello.
Este Gobierno ha planteado una evolución importante, un desarrollo del
Pacto de Toledo que fue fruto de un consenso de la pasada legislatura, y
quiero recordar a S. S. la elaboración y remisión a las Cámaras y
posterior aprobación de la ley de consolidación y racionalización del
Sistema de la Seguridad Social, el instaurar en esa ley el mantenimiento
del poder adquisitivo de las pensiones, el aumento del disfrute de las
pensiones de orfandad cuando el beneficiario no efectúe trabajos
lucrativos, la mejora de la gestión de las prestaciones por incapacidad
laboral permanente y la mejora de los mecanismos de recaudación de las
cotizaciones que posibiliten la reducción de la morosidad. En cualquier
caso, hemos conseguido algo que me parece importante y es que el Pacto de
Toledo esté refrendado también por los interlocutores sociales, y a tal
fin se ha creado una comisión permanente de seguimiento del Pacto de
Toledo.
De su pregunta quiero extraer, además de las criticas que puedo entender
en el juego Gobierno-oposición, una idea que me parece muy positiva y es
que los grupos parlamentarios soliciten la comparecencia del Gobierno --y
si no, lo hará el Gobierno-- para estudiar en los próximos períodos de
sesiones cuál es el desarrollo de la primera fase del Pacto de Toledo. No
le quepa a S. S. ninguna duda de que el Gobierno del Partido Popular y el
Grupo Parlamentario Popular respaldarán la continuidad y la renovación de
los acuerdos del Pacto de Toledo, que supusieron una garantía de
estabilidad para el sistema de Seguridad Social público en España.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO:
--COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO, PARA INFORMAR ACERCA
DE LA SITUACION DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA A EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO
RECOGIDO EN EL ARTICULO 109.J DEL TRATADO DE LA UNION EUROPEA, ASI COMO
DEL PROCESO A SEGUIR HASTA LA SELECCION DE LOS PAISES PARTICIPANTES EN LA
TERCERA FASE DE LA UNION EUROPEA (Número de expediente 210/000015)
El señor PRESIDENTE: Finalizado el punto IV del orden del día, pasamos al
punto V: Comparecencia del Gobierno ante el Pleno, de conformidad con lo
establecido en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara, para informar
acerca de la situación de la economía española a efectos del
procedimiento recogido en el artículo 109, apartado J, del Tratado de la
Unión Europea, así como del proceso a seguir hasta la selección de los
países participantes en la tercera fase de la Unión Europea.
Para exponer ante el Pleno la posición del Gobierno, tiene la palabra, en
su nombre, el vicepresidente para Asuntos Económicos, don Rodrigo de Rato
Figaredo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en cumplimiento del apartado 1 del artículo 109 J del Tratado
de Maastricht, la Comisión Europea
y el Instituto Monetario Europeo hicieron públicos, el pasado 25 de
marzo, sendos informes sobre la convergencia, en los que han evaluado el
cumplimiento de los criterios de cada uno de los países miembros de la
Unión Europea. Tanto la Comisión como el Instituto Monetario Europeo
reconocen que España cumple todos los criterios de convergencia y que lo
hace de forma duradera y convincente. Estamos, pues, en el euro por
derecho propio, reduciendo el déficit y la inflación como nuestros
socios, pero crecemos más y creamos más empleo al mismo tiempo.
Tengo el honor de informar a la Cámara, en nombre del Gobierno, del
contenido de dichos informes y de sus consecuencias para el proceso de
Unión Económica y Monetaria.
Quisiera comenzar, señor presidente, exponiendo brevemente a SS. SS. el
proceso iniciado con la publicación de estos informes y a continuación me
referiré a la situación de convergencia del conjunto de los Estados
sometidos a examen, en particular a España, para concluir planteando a la
Cámara lo que en opinión del Gobierno representa el inicio de lo que a
todas luces es una nueva etapa histórica.
Efectivamente, señorías, desde el punto de vista de la integración
europea, estamos viviendo momentos históricos. Lo que hace apenas un par
de años parecía un proyecto inalcanzable es hoy una realidad, y lo será
más aún cuando, exactamente dentro de un mes, se haga oficial la lista de
los países seleccionados para la puesta en marcha de la moneda única,
lista que tendrá su origen en el informe de la Comisión que debatirán los
jefes de Estado y Gobierno en Bruselas el primer fin de semana de mayo.
Sin duda --y quiero decirlo al principio de mi intervención-- éste es un
logro que hemos de celebrar la mayoría de esta Cámara y de la sociedad
española, que hemos respaldado el proceso de integración de España en el
euro. De hecho, el Gobierno considera que la coincidencia en el objetivo
de participar en el euro es un importante activo social y político para
España, que ha facilitado el camino recorrido y nos sitúa en mejor
posición para afrontar las oportunidades que se presentan.
¿Cuál es en este momento la situación del proceso de convergencia, una
vez que se han hecho públicos los informes del Instituto Monetario
Europeo y de la Comisión? Hoy sabemos que un elevado número de países,
más de once, reúnen las condiciones de convergencia en unas economías que
están en un claro proceso de estabilidad. Esto supone claramente una
decisión histórica en el proceso de construcción europea y respalda
plenamente la estrategia seguida por el Gobierno español de un euro --y
esto creo que es muy importante-- basado en el cumplimiento estricto de
los criterios, frente a lo sostenido anteriormente de apostar por un
pacto político en la construcción europea.
Por tanto, la convergencia no es efecto de la casualidad sino el
resultado de un compromiso de esfuerzo y de rectificación. Este
compromiso responde al convencimiento de que sólo en un marco de
estabilidad es posible crecer de forma sostenida, y sólo creciendo de
forma sostenida podemos reducir el paro y aumentar el empleo en nuestro
país.
Desde el principio de la segunda fase --quiero recordar a la Cámara que
comienza en el año 1993 y finaliza en 1999--, la mayor parte de los
Estados miembros han aplicado políticas orientadas a lograr un marco de
estabilidad que describe el cumplimiento de los criterios de
convergencia. Estas políticas --creo que todos somos conscientes de
ello-- en nuestro país y en el conjunto de Europa han producido profundos
cambios que aseguran el carácter duradero de esta situación, y es aquí
donde radica la credibilidad del proyecto europeo.
La aportación a esta situación de la recuperación económica o de las
medidas que sólo tienen efectos temporales, cuestión que ha estado y está
en debate en los medios de comunicación y en las opiniones públicas
europeas, ha sido, según todos los informes, extraordinariamente
menguada. En el caso concreto de España sólo asciende a una décima del
producto interior bruto.
La Comisión pone de relieve que la consolidación presupuestaria llevada a
cabo por la mayoría de los gobiernos ha supuesto una ruptura con las
prácticas presupuestarias del pasado, de tal forma que la mejora de los
déficit públicos ha sido, como tónica general, el resultado de medidas
que han actuado sobre lo que, en términos técnicos, podemos denominar el
componente no cíclico del déficit, y en términos políticos podemos
denominar las medidas que dependen de la voluntad del Gobierno. Creo que
eso es lo que otorga en este momento credibilidad al proceso y produce,
además, reducciones importantes en el gasto corriente.
La primera pregunta que me gustaría plantear a
SS. SS., una vez que conocemos el informe del Instituto Monetario Europeo
y de la Comisión y que sabemos el alto grado de convergencia que ha
alcanzado un número importante de países, es qué evaluación política hace
el Gobierno sobre la existencia de un euro amplio, frente a las
posiciones mantenidas a lo largo de los últimos años respecto a la
existencia de un euro limitado a un número pequeño de países.
En opinión del Gobierno, la constitución de un euro amplio supone un hito
fundamental hacia la integración europea. Para aquellos que consideran
que el proceso de la moneda única y de un único Banco Central es
simplemente un proceso económico, el Gobierno afirma que éste es un
proceso extraordinariamente importante en la historia europea y en el
proceso de integración europeo. El cumplimiento estricto de los criterios
por el mayor número posible de países supone un importante respaldo al
proceso de Unión Económica y
Monetaria, sin duda, y la moneda común, a su vez, ofrece garantías de
estabilidad y fortaleza a todo el proyecto de integración europea. Esta
unión monetaria amplia estará formada por 300 millones de ciudadanos y el
hecho de que un espacio económico, social y monetario de estas
características cuente con una moneda común servirá para potenciar el
desarrollo, para profundizar en el proceso de mercado único europeo,
favorecer la competitividad y la transparencia dentro y fuera de Europa
y, desde luego, a través de todo ello, dar nuevas e importantes
posibilidades al empleo en la Europa unida.
El euro será la moneda que represente un mayor porcentaje de renta
mundial, lo que proporcionará mayor competencia y estabilidad a las
economías europeas. Europa, a partir de la aparición del euro, contará
con un peso específico propio en los mercados financieros, con una moneda
de reserva a la altura de las otras dos del sistema financiero
internacional y claramente podrá actuar de manera autónoma con respecto a
las políticas económicas del resto de los bloques económicos. Es
indudable que una participación amplia en la Unión Económica y Monetaria
generará una moneda más fuerte, con un mayor peso dentro del sistema
financiero internacional, como representante último de un área económica
caracterizada por la apertura, la estabilidad y el crecimiento.
Cuál es la posición de España en este contexto de un euro amplio, cuál ha
sido la contribución de España y cuál es su realidad en este momento.
España claramente ha contribuido a la construcción de un proyecto euro
amplio y fuerte. No podemos olvidar, y creo que todos los aquí presentes
somos plenamente conscientes de ello, que hace tan sólo dos años se daba
por supuesta nuestra incapacidad para formar parte del euro y se apostaba
por el establecimiento de una Europa de dos o más velocidades. Sin
embargo, este Gobierno eligió desde el primer momento aplicar todas las
medidas que fueran necesarias para que España cumpliera estrictamente los
criterios fijados en el Tratado de Maastrich y que los cumpliera también
en la fecha prevista.
Esta voluntad de avanzar hacia el cumplimiento estricto de los criterios,
compartida e impulsada por los grupos parlamentarios que apoyan al
Gobierno, supuso un giro radical de la política europea española. Hasta
entonces, nuestro Gobierno había optado por resolver el difícil, e
incluso casi improbable, cumplimiento de la convergencia nominal,
recurriendo a una estrategia de negociación política que podía haber dado
resultado o no. La opinión del Gobierno, a estas alturas, es que no
hubiera dado el resultado apetecido. España hoy, si hubiéramos basado
nuestras posibilidades en la negociación política, no sería parte del
euro. Así lo hicimos ver no sólo a la opinión pública española --así lo
hizo saber el presidente Aznar en su discurso de investidura--, sino
claramente a nuestros socios comunitarios desde el mismo verano de 1996
en que anunciamos públicamente nuestro compromiso ineludible con el
cumplimiento estricto de los criterios como único camino para acceder al
euro y el rechazo a cualquier negociación política.
El Gobierno del Partido Popular, y los grupos que lo apoyan, decidieron
claramente que España no podía dejar al azar de una supuesta negociación
política su incorporación a este proceso histórico y defendimos, desde el
principio, que el estricto cumplimiento económico de los requisitos de
convergencia era nuestra mejor garantía para que ninguna interpretación
política pudiera impedir nuestro acceso a la moneda única; y el tiempo
claramente nos ha dado la razón. Esa fue nuestra decisión y hoy formamos
parte del euro por méritos propios; hoy estamos ante un euro amplio y no
ante una Europa de dos velocidades y en parte
--y eso hemos de decirlo claramente-- es gracias a España.
Tal y como constatan los informes de la Comisión y el Instituto Monetario
Europeo, España ha cumplido, limpia y estrictamente, los criterios de
convergencia establecidos en el Tratado. Ello supone no sólo que la
inflación, el déficit público, la deuda, el tipo de cambio, los tipos de
interés, se encuentran dentro de los valores de referencia que se fijaban
en el Tratado de Maastricht, sino, lo que en mi opinión es más
importante, que estos dos informes reconocen, sin lugar a dudas, que este
proceso de convergencia, en el caso de España, es claramente sostenible y
duradero. Pero, además, como los informes recogen, hemos llegado, y hemos
llegado a tiempo, en condiciones claras y estamos creciendo más y creando
más empleo que la media.
Desde que el Partido Popular asumió las responsabilidades de Gobierno...
(Se producen interferencias en la megafonía.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor vicepresidente.
Ruego a SS. SS. que desconecten los artefactos inalámbricos, los
aparatos.
Puede continuar. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Desde que el Partido Popular asumió las
responsabilidades de gobierno, ha aplicado una política económica global
y coherente en la que todas las medidas estaban orientadas --y están
orientadas-- en la misma dirección: la incorporación de España al núcleo
de países europeos más estables, como mejor camino para la creación de
empleo. El euro claramente --y creo que en eso compartimos todos la misma
opinión-- no es un fin en sí mismo, sino la vía para elevar la calidad de
vida de los españoles, potenciando la creación de empleo y la
prosperidad.
En mayo de 1996 España tenía ante sí una oportunidad histórica de
incorporarse al progreso europeo, que no podíamos desaprovechar. A esas
alturas ya se había desperdiciado mucho tiempo y la dificultad de los
retos en algunos casos se había agravado. Hoy podemos comprobar
claramente la diferencia entre un planteamiento y otro. España hoy forma
parte del euro --el euro representa la mayor parte de los países
europeos-- en un marco de estabilidad y credibilidad que abre las puertas
para un claro crecimiento del empleo en toda Europa.
Pasemos ahora, señor presidente, a ver cuál ha sido el proceso de
convergencia español, tal y como se desprende de los informes del
Instituto Monetario Europeo y de la Comisión. Con respecto al criterio de
inflación, el crecimiento de los precios en España no se situó en el
punto exigido por el Tratado de Maastricht hasta julio de 1997. Durante
el proceso de la segunda fase, es decir, entre 1993 y 1999, en el caso de
la inflación se aprecian claramente dos períodos: entre 1993 y 1995 la
inflación se mantuvo estancada ligeramente por debajo del 5 por ciento,
en concreto, en el 4,7. En 1996 se redujo hasta el 3,6 y en el verano
pasado, como he dicho a SS. SS., se situó en el punto de referencia, en
el 2 por ciento. Es importante constatar que, además, se ha mantenido en
el 2 por ciento o por debajo del 2 por ciento desde entonces. Pero
también es importante resaltar que esta reducción considerable de la
inflación entre 1996 y 1997 se hace en un contexto de recuperación
económica muy intenso, en un contexto de recuperación económica basado en
la demanda interna y en un contexto de recuperación económica que
coincide con una intensa creación de empleo. Este novedoso rasgo
--claramente novedoso-- del comportamiento de la inflación en la economía
española, una inflación que baja constantemente frente a una economía que
crece, es expresivo de la naturaleza duradera de nuestro proceso de
corrección de desequilibrios y de la firmeza de este proceso de
corrección.
Tanto la Comisión como el Instituto Monetario Europeo coinciden en
señalar que estos resultados se han producido como consecuencia de la
aplicación de una política presupuestaria coherente con la reducción de
la inflación, con la firme orientación de la política monetaria hacia la
estabilidad de precios, especialmente a partir del año 1995 en que el
Banco de España tiene un estatuto de autonomía, en las reformas
estructurales llevadas a cabo en el mercado de trabajo y en los mercados
de bienes y servicios y claramente en la adaptación de los agentes
sociales al nuevo marco de estabilidad manifestada en la moderación
salarial.
Paso ahora, señor presidente, a analizar el contenido de los informes
respecto al proceso de consolidación de las finanzas públicas. También en
el proceso de consolidación de las finanzas públicas durante toda la
segunda fase podemos apreciar dos etapas distintas: la de 1993 a 1995 y
la de 1996 a 1997, que probablemente tienen que ver con la aplicación de
políticas económicas diferenciadas.
Es claro que a partir de 1993 se somete a revisión una política que hasta
entonces, y casi durante una década, había estado basada en el incremento
incontrolado del gasto, que exigía cada vez más ingresos y un
endeudamiento para financiarlo. Sin duda, el comportamiento del sector
público en los años anteriores, es decir, desde 1992 hacia atrás, fue una
parte importante de la explicación y de las causas de la profunda crisis
económica que tuvo España en el año 1993.
El mayor esfuerzo de los responsables económicos durante el período
1993-1995 fue claramente recuperar la credibilidad. Sin embargo, este
cambio de actitud no fue suficiente para enderezar una situación
presupuestaria hipotecada por endeudamiento de ejercicios anteriores y
por una falta de disciplina muy arraigada en otros ámbitos del Gobierno.
En suma, la falta de coherencia del conjunto de las políticas llevadas a
cabo durante los años 1993 y 1995 hizo imposible cumplir ninguna de las
previsiones del programa de convergencia actualizado, que a su vez había
sido actualizado porque no se había cumplido ninguna de las previsiones
del programa de convergencia inicial.
Según la Comisión Europea, entre 1993 y 1995 el déficit público no
disminuyó sino que aumentó, pasando del 6,9 al 7,3. Sin duda, sería
absurdo e injusto no reconocerlo, la mitad de este empeoramiento de saldo
presupuestario fue imputable a factores coyunturales, es decir, a la
crisis económica. Pero en ausencias de medidas también se deterioró el
comportamiento no cíclico, es decir, el que depende de las decisiones
voluntarias del Gobierno, como se pone de manifiesto en el informe de la
Comisión, ya que aumenta dos décimas del producto interior bruto.
Si el programa de convergencia actualizado aprobado en 1994 planteaba que
dos tercios del esfuerzo había que realizarlos al final del período, es
decir, en los años 1996 y 1997, la realidad es que en 1996 era necesario
realizar el 115 por ciento del esfuerzo, habida cuenta de que no se había
mejorado la situación del déficit público sino que había empeorado. Hoy
sabemos que entre 1996 y 1997 se realizó el 125 por ciento del esfuerzo,
habida cuenta de que la reducción del déficit público en 1997 ha sido
superior a la exigida por el Tratado de Maastricht, como SS. SS. conocen.
Entre 1996 y 1997 el déficit se redujo hasta el 2,6 por ciento del
producto interior bruto, 4,7 puntos del producto interior bruto. Más del
95 por ciento de este esfuerzo recayó sobre el componente estructural del
déficit, es decir, el que depende de la voluntad discrecional del
Gobierno. El ciclo contribuyó, como pone de relieve la Comisión, sólo en
dos décimas de producto interior bruto en la reducción del déficit
público en España en 1996 y 1997.
No sólo la importancia del esfuerzo de reducción del déficit estructural
pone de manifiesto la permanencia del proceso de consolidación
presupuestaria, sino también la composición del ajuste y el hecho de que
descansa en medidas duraderas, como reconocen tanto la Comisión como el
Instituto Monetario Europeo, y también otros bancos centrales, como el
Banco Central alemán.
Por primera vez desde 1992, en 1997 el sector público sólo ha recurrido
al déficit para invertir y aumentar la dotación de infraestructuras y no
para cubrir gasto corriente. También por primera vez, pero esta vez ya
desde 1996, se registró un exceso de ingresos sobre gastos, una vez
descontados los intereses, es decir, se produjo un superávit primario que
alcanzó seis décimas del producto interior bruto. Esto es especialmente
importante porque a partir de este superávit primario es como podemos
consolidar la reducción de la deuda. En efecto, en 1997 este superávit
primario, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, sin tener en
cuenta los intereses de la deuda, pasó a ser el equivalente a un 1,9 del
producto interior bruto, un punto y dos décimas superiores a lo necesario
para reducir la deuda; y en 1998 la Comisión Europea prevé que esta
situación mejore todavía a un equivalente de dos puntos dos décimas del
producto interior bruto, lo cual supone reconocer que el esfuerzo
presupuestario de 1998 será todavía más intenso del que se había
planteado inicialmente a la Cámara.
En el año 1998 la política presupuestaria, como he tenido ocasión de
exponer a esta Cámara a partir de la presentación de la Ley General de
Presupuestos del Estado, ha ganado margen de maniobra. De alguna manera
podríamos decir que hemos recogido los frutos del esfuerzo realizado en
los años 1996 y 1997, y eso nos ha permitido una reestructuración del
gasto en el que hemos dado prioridad a las políticas que están más
relacionadas con la mejora duradera del bienestar de los españoles: las
que permiten mejorar la competitividad de nuestra economía y crear más
empleo, como la inversión en infraestructuras, en investigación y
desarrollo y en capital humano, y las políticas de protección social,
entre las que claramente destaca el esfuerzo realizado para mejorar la
financiación de la sanidad.
Pero quisiera decir, como lo dije en la presentación de la ley de
presupuestos, que esta orientación presupuestaria del año 1998 en ningún
caso supone un cambio en la orientación de la política presupuestaria
seguida por el Gobierno. El gasto en 1998 continuará creciendo menos que
el producto interior bruto. El superávit primario, como he dicho, se
ampliará hasta dos puntos y una décima del producto interior bruto y la
relación entre deuda y producto interior bruto caerá un punto y cuatro
décimas, hasta el 67,4. La propia Comisión estima que con esta política
presupuestaria España reducirá la deuda pública en un plazo inferior a la
media de los países europeos en el nivel de referencia del 60 por ciento.
Otro de los criterios que exige el Tratado de Maastricht para pertenecer
a la moneda única es la estabilidad cambiaria. La peseta ha participado
en el sistema monetario europeo por un tiempo superior a los dos años
requerido por el tratado y durante este período ha sido una de las
monedas más estables del sistema, lo que no es sino un fiel reflejo de la
estabilidad de nuestra economía, y lo ha sido en momentos de tranquilidad
de los mercados financieros o en momentos de turbulencias, como SS. SS.
son plenamente conscientes.
El cuarto criterio es el de los tipos de interés. Por lo que se refiere a
los tipos de interés a largo plazo, la media anual en enero de 1998 era
del 6,3 por ciento, claramente por debajo del valor de referencia del 7,8
--esto creo que es importante-- y 500 puntos básicos inferior a la media
anual de finales de 1995.
El criterio de tipos de interés a largo plazo, como la Cámara conoce, lo
que viene a reflejar es la confianza en la capacidad de un Estado miembro
para lograr, de forma duradera, la convergencia en precios, la
sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del tipo de
cambio. Esta confianza no es discrecional de los gobiernos, sino que es
claramente otorgada por los ahorradores nacionales e internacionales. El
diferencial de tipos de interés, respecto al de otras economías más
estables, es claramente una medida de credibilidad de las políticas
aplicadas para acercarse, para converger por parte de las economías menos
estables hacia las más estables. Por tanto, la evolución del diferencial
español, entre nuestros tipos de interés a largo y el tipo de interés a
largo, por ejemplo de Alemania, es un punto claro de la credibilidad de
la política económica española.
Veamos qué ha sucedido en el período de la segunda fase. A principios del
año 1994, se produjo una reducción del diferencial con Alemania que se
situó en torno a 200 puntos básicos; es decir, en aquel momento, a
principios de 1994, claramente hubo una mejora de las expectativas de la
economía española y de las políticas económicas españolas para converger
con los países centrales europeos. Sin embargo, a finales del segundo
trimestre del mismo año 1994, es decir, escasamente cinco meses después,
volvió a aumentar el diferencial con Alemania, que se situó por encima de
los 350 puntos básicos, y ya no abandonó esa situación hasta el segundo
trimestre de 1996.
Ya a principios del año 1997, exactamente el 2 de enero, es decir, recién
aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 1997 --los primeros
Presupuestos Generales del Estado del Partido Popular--, el diferencial
con Alemania se redujo a 100 puntos básicos. Desde entonces se ha
producido una fuerte corrección, alentada por la aplicación desde un
primer momento de una política económica creíble y coherente
con el objetivo de lograr el cumplimiento de los criterios de
convergencia anunciado por el Gobierno, y durante los últimos meses, como
SS. SS. saben, el diferencial de tipos de interés a largo con Alemania se
sitúa por debajo de los 20 puntos básicos.
Por último, quisiera hacer referencia, señor presidente, respecto a los
criterios de convergencia, al denominado criterio de convergencia legal.
La legislación española, conforme a lo señalado en los informes, tanto de
la Comisión como del Instituto Monetario Europeo, es plenamente
compatible con los requisitos exigidos en el orden legal, tanto en los
tratados como en el estatuto del sistema europeo de bancos centrales, una
vez culmine la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de
modificación de la Ley de autonomía del Banco de España, que debe
producirse antes de la constitución del sistema.
¿Qué está sucediendo en el contexto europeo, señor presidente, señorías,
una vez que se ha producido este intenso proceso de convergencia? Para
Europa la convergencia se ha dejado notar más allá del cumplimiento
estricto de los criterios. En 1997 se ha confirmado a nivel europeo la
fortaleza de la recuperación, con un crecimiento medio en la Unión
Europea del 2,7 por ciento; y respecto a 1998, las estimaciones de la
Comisión prevén un aumento del crecimiento entre el 2,8 y el 3 por
ciento, pese a los efectos en algunas economías de la crisis asiática.
Los precios, por su parte, se mantendrán estables en este contexto de
expansión económica en torno al 2 por ciento en el conjunto de la Unión
Europea, y claramente se continuará avanzando en el proceso de
consolidación fiscal de reducción de los déficit públicos.
En este contexto de crecimiento estable y equilibrado en el conjunto de
Europa será posible crear empleo más intensamente. En el período
1998-1999 se creará empleo a un ritmo medio en el conjunto de la Unión
Europea del 0,8.
¿Cuál es la situación en España respecto al proceso durante el año 1998,
una vez que ha culminado el período 1996 y 1997? Es claro que España ha
obtenido mayores beneficios del proceso de convergencia. Como he dicho al
comienzo de mi intervención, crecemos más y crecemos en empleo más
intensamente que el resto de los países europeos. Para 1998 la previsión
de crecimiento ha sido revisada por el Gobierno desde el 3,4 en el cuadro
macroeconómico que acompañó a los Presupuestos Generales del Estado hasta
el 3,7, con lo que el crecimiento se sitúa dentro de lo que podríamos
denominar el escenario más optimista previsto en el programa de
convergencia, que fue debatido por esta Cámara en mayo de 1997.
Este mayor dinamismo de la actividad económica no va a introducir
tensiones en los precios, y la inflación se estabilizará en España en
torno al 2 por ciento, es decir, en una cifra similar a la del conjunto
de la Unión Europea y, sin embargo, creceremos claramente por encima.
Este mayor crecimiento y los avances en la reducción del déficit público
se van a traducir en un aumento del empleo más intenso, no sólo del de la
Unión Europea, sino de lo esperado.
En la documentación que acompañaba a los Presupuestos Generales del
Estado el Gobierno indicaba que el crecimiento del empleo en 1998 sería
en España del 2,5 por ciento frente al 0,8 en Europa. Puedo ahora
anunciar a SS. SS. que el empleo, en opinión del Gobierno y en previsión
del Gobierno, en 1998 será no del 2,5 sino del 2,9, lo que supone la
creación de 370.000 empleos nuevos en 1998.
La convergencia alcanzada por España --y esto creo que es importante que
la Cámara lo aprecie-- no es el resultado de la mejoría de la situación
económica sino al contrario. Gracias a la reducción de la inflación y a
la reducción del déficit público, a la rebaja de los tipos de interés y a
la estabilidad del tipo de cambio, se ha consolidado una recuperación
económica que no podría haberlo hecho en otras circunstancias. Y esto no
es un ejercicio de voluntad política, señorías; esto lo reconocen
explícitamente todas las instituciones económicas mundiales y, desde
luego, los informes que acabo de mencionar de la Comisión y del Instituto
Monetario Europeo.
Lo que el Gobierno trata de transmitir a la Cámara es que son necesarios
unos fundamentos económicos saneados para que los españoles obtengan los
máximos beneficios de un crecimiento que tenga un carácter duradero y
estable. Llegar a la Unión Económica y Monetaria es, sin duda, haber
cumplido un objetivo y un objetivo que compartimos la mayor parte de las
fuerzas políticas y de las fuerzas sociales en España. Pero no es ni
mucho menos la meta final. Supone el principio de una nueva etapa de
estabilidad, crecimiento y empleo que debemos aprovechar.
Así, brevemente, señor presidente, quisiera indicar lo que esta nueva
etapa puede suponer para la economía española y para los españoles. Hasta
aquí he hecho un repaso del esfuerzo de convergencia que han realizado
los países europeos y en concreto España, y ahora me gustaría,
brevemente, como he dicho, señor presidente, plantear cuál es nuestro
horizonte.
De lo que ha sucedido en estos dos últimos años podemos extraer una
lección especialmente valiosa para el futuro. El camino de la estabilidad
no es sólo el que nos ha llevado al euro, es el que nos conduce a un
crecimiento duradero y a un crecimiento que crea empleo intensamente. Por
tanto, en este momento, la sociedad española y claramente esta Cámara
saben qué políticas económicas producen resultados, desde el punto de
vista del crecimiento y desde el punto de vista del empleo. Pero hay algo
especialmente relevante para los que hemos seguido el debate económico en
España en los últimos años, en más de un decenio, y es que la política
necesaria, la política que produce resultados, es al mismo tiempo una
política entendida, aceptada y
respaldada por la sociedad española. No es imposible en España llevar a
cabo una política de estabilidad, una política de rigor, una política de
reducción del déficit público, porque la opinión pública española la
entiende y, lo que es más importante, la acepta, ya que al final es la
sociedad la que tiene que ser la protagonista de estos importantes
cambios. Pero también, señor presidente, es claro que no tiene ningún
sentido detenerse en lo que ya hemos conseguido.
En este momento, en un momento claramente histórico para nuestra
economía, para nosotros y para el conjunto de Europa, hay que continuar
avanzando para consolidar nuestra posición en Europa y sacar los mayores
rendimientos de la moneda única. La consecución de este objetivo de
continuar avanzando y sacar los mayores rendimientos es indudable que
pasa por garantizar, en primer lugar, un contexto de estabilidad
macroeconómica que esté caracterizado por un nivel reducido de inflación,
lo que permita bajos tipos de interés en el conjunto europeo, un ambiente
propicio para la toma de decisiones, desde el punto de vista de la
inversión, y la generación de empleo. Y esto sólo será posible con una
política presupuestaria que reduzca el déficit público sin aumentar los
impuestos y contribuya claramente a la estabilidad.
En el futuro de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria que
comenzará el 1 de enero de 1999, la estrategia de la política económica
española, en opinión del Gobierno, debe centrarse aún más en el esfuerzo
de mejorar el funcionamiento de nuestros mercados, en la liberalización
de mercados, para elevar el potencial de crecimiento de nuestra economía.
Por decirlo de un modo, si quieren SS.SS, simple, la política económica a
partir de ahora debe ser claramente más de oferta y menos de demanda.
En definitiva, señor presidente, creo que todos podemos sentirnos
satisfechos del esfuerzo que se ha realizado en nuestro país y del éxito
conseguido. Por primera vez, España consigue incorporarse, desde su
inicio, a un proceso de integración europea, pero también, y esto es
igual de importante, nos incorporamos desde el inicio y nos incorporamos
por méritos propios, sin ningún tipo de negociación política al margen.
Esta incorporación de trascendente relevancia económica y política hemos
de ser conscientes que elimina gran parte de los obstáculos que han
dificultado en los últimos 20 años la mejora del nivel de renta y del
empleo de los españoles.
No obstante esta situación, sería claramente negativo y contraproducente
olvidar que tenemos por delante de nosotros importantes retos. La
economía española demanda todavía dosis importantes de flexibilidad y de
competencia para aprovechar plenamente la potencialidad que tenemos de
crecimiento y las oportunidades que ofrece la moneda única. Pero es claro
que hoy sabemos que, si avanzamos en esta estrategia, los resultados que
se pueden obtener, como hemos podido comprobar en 1996 y 1997, pueden ser
desconocidos por positivos en términos de fomento del empleo, de renta y
de bienestar. Después de un largo camino recorrido y de muchos esfuerzos,
la economía española cuenta ahora con dos características decisivas para
resolver nuestro principal problema, el problema del paro: la estabilidad
macroeconómica y la pertenencia a la Unión Económica y Monetaria desde un
principio.
Si tomamos como referencia, por ejemplo, los resultados que hemos
obtenido en términos de empleo en 1997 y nos marcamos como objetivo, como
desafío, mantenerlos y mejorarlos en el medio plazo, SS. SS. son
conscientes del cambio que se producirá en el panorama laboral español,
que será sin duda decisivo. Hemos demostrado que se puede hacer. Es un
resultado de todos y para todos y el Gobierno quiere agradecer
expresamente los consensos sociales y parlamentarios respecto a la
integración europea, los apoyos y también las alternativas. Sobre todo,
debemos hoy reconocer a la sociedad española su capacidad para cumplir
sus objetivos históricos.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente del Gobierno.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Muchas gracias, señor presidente.
Fijo en estos momentos la posición del Grupo Parlamentario Socialista en
relación con la consecución de los objetivos que desde hace mucho tiempo
se había planteado la sociedad española sobre la materialización de la
Unión Económica y Monetaria. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento,
señor Martínez Noval.
¡Señorías, guarden silencio!
Adelante.
El señor MARTINEZ NOVAL: La más elemental norma de objetividad, que yo
creo que debe estar presente en toda persona que sube a esta tribuna, me
lleva a reconocer lo alcanzado, señorías. Es cierto que, de los quince
países de la Unión Europea, catorce, incluso los que no pretenden
integrarse en la Unión Monetaria, cumplen las condiciones fijadas en el
año 1992 en el Tratado de Maastricht. Y dicho sin ninguna ironía, señor
vicepresidente, es un hecho que los partidarios de todo este proceso de
integración europea desde los inicios tenemos que reconocer y, a la vez,
saludar con alborozo.
Quiero repetir lo que usted ha dicho. Le reconozco su buena disposición a
generalizar a toda la sociedad
española la consecución de estos objetivos. Y he de insistir y reiterar
en que el euro, la consecución de esa moneda única, es un logro de toda
la sociedad española. Efectivamente, así es. Y así hemos presentado los
socialistas todos los pasos que hemos ido dando a lo largo de tantos años
para llegar a donde hoy estamos. Yo pienso que hoy habría que recordar
aquí a todos los presidentes de Gobierno de la democracia española, a don
Adolfo Suárez, a don Leopoldo Calvo-Sotelo, a don Felipe González, cómo
no. Permítanme que sea en este terreno un punto sectario para decir que
gobernó un período fundamental en este país de la integración en Europa y
que lo hizo además con un empeño y con una ilusión muy considerables. Y,
por último, cómo no, al presidente de su partido y actual presidente del
Gobierno español, el señor don José María Aznar. Todos ellos, en
representación de la gran mayoría del pueblo español, no de toda la
sociedad española, efectivamente, porque incluso en esta Cámara hay que
respetar y hay que tener en consideración las opiniones de grupos que
representan a españoles que no han sido siempre partidarios de los
avances en este proceso. Sin embargo, a mí me parece que este es el
momento de reconocer que este éxito, que compartimos con la gran mayoría
de la sociedad española, no es una cuestión de un día ni de un breve
período de tiempo; es el fruto de un largo proceso en el que, si me lo
permiten, afirmo que los socialistas hemos tenido un papel importante.
Permítanme esa pequeña vanidad.
El tracto histórico de la integración europea es muy sencillo de
recordar, al menos para los españoles. Comienza en la integración del año
1986 y, en términos que hoy estamos discutiendo en esta Cámara, en
términos monetarios, tiene una fecha muy importante en la Cumbre de
Hannover del año 1987, cuando se decide crear el famoso Comité Delors,
que estudia la posibilidad de alcanzar la Unión Económica y Monetaria.
Sigue después, señorías, con la Cumbre de Madrid, en el año 1989, que
impulsa la creación de esa CIG, esa Comisión Intergubernamental, que es
sin duda el origen de lo que después sería, en el año 1992, el Tratado de
Maastricht, el Tratado de la Unión Europea. Después de eso, cómo no
recordarlo también hoy aquí, porque creo que es de justicia, está la
integración de la peseta en el Sistema Monetario Europeo y en el
mecanismo de cambios. Y, por último, señorías, está la segunda Cumbre de
Madrid, en el año 1995, en la que se hicieron y se impulsaron cosas
importantísimas en relación con el hecho que hoy festejamos y que estamos
analizando. Hay que reconocer, señorías, toda esa trayectoria para
valorar hoy todos los esfuerzos que en este país se han hecho, desde el
año 1977, para llegar a donde hoy estamos.
Dije anteriormente que aquellos grupos y toda esa inmensa mayoría de
españoles que están a favor de este objetivo histórico para nuestro país
tienen que congratularse de algunas cosas, entre otras, parte importante
de estos objetivos que se han cumplido en el año 1977 se deben sin duda a
algunos hechos que no tienen que ver en toda su magnitud con las
políticas económicas llevadas a cabo por los distintos gobiernos. Yo
quiero resaltar algunas de ellas. En primer lugar, en este último
período, en esta última fase del camino hacia la moneda única ha habido
tranquilidad en los mercados financieros. Usted me puede decir, señor
Rato, efectivamente, que esa tranquilidad proviene de las políticas, pero
proviene también de otras cosas distintas a las políticas de los
gobiernos, al menos de los gobiernos europeos.
En segundo lugar, hemos vivido, estamos viviendo y ojalá que dure mucho,
la fase alcista del ciclo económico, porque otros gobiernos tuvieron que
acometer esa tarea de empujar la economía española hacia las condiciones
de convergencia, primero en condiciones de fase alcista del ciclo y
después en condiciones de fase recesiva del ciclo.
Y, en tercer lugar, señor Rato, por qué no vamos a reconocerlo, lo
reconoce incluso el informe del Instituto Monetario Europeo, se ha puesto
en práctica una considerable contabilidad creativa para que las cuentas,
para que las finanzas públicas presentaran, lucieran, en último término,
en las condiciones de saldo, de resultado, que exigía el Tratado de
Maastricht.
Por tanto, señor Rato, yo quiero concluir esta primera parte de mi
intervención asegurando que nosotros reivindicamos nuestra
responsabilidad en el objetivo que hoy estamos discutiendo y estamos
festejando, entre comillas, en esta Cámara.
Quiero contradecir una de sus afirmaciones. No es cierto, señor Rato, que
el Gobierno socialista subsiguiente al Tratado de Maastricht, al año 1993
en concreto, hubiera perseguido por la vía de la negociación política los
resultados que ustedes dicen haber alcanzado estrictamente por la vía del
cumplimiento de las condiciones. No es cierto. Yo le quiero recordar que
en el año 1995, no hace tanto, sólo un país, Luxemburgo, cumplía las
condiciones del Tratado; sólo Luxemburgo. Lo que ocurrió, señor Rato, es
que después de 1995 se dio un conjunto de circunstancias, entre ellas la
voluntad y el empeño de muchos gobiernos europeos de cumplir esas
condiciones, cómo no voy a reconocer eso. Pero también tengo que decirle,
señor vicepresidente, que el presidente del Gobierno español, un año
después, en el año 1996, dudaba, y lo hacía públicamente, de que Italia
pudiera cumplir las condiciones. Pues ahí está Italia, las ha cumplido
también, a pesar de todos los recelos o de los temores que tuviera el
presidente del Gobierno español de que eso pudiera ser. Fue posible,
señor Rato, y supongo que ustedes se congratulan por ello. Y nosotros
también. De manera que ya está, ustedes, el día 1 de mayo, en el Ecofin y
al día siguiente el Consejo Europeo determinarán que se cumplen en 14
países todas las condiciones para echar a andar la moneda única, el euro,
el 1 de enero de
1999, y que hay países que no quieren estar en ese proceso. Muy bien.
Habrá 11 países que participan en esa nueva etapa.
Señor Rato, ¿a dónde vamos? Usted mismo se hacía esa pregunta en la
tribuna. ¿A dónde vamos, señor Rato, con una economía que se encuentra en
condiciones coyunturales que se corresponden con todos los elementos que
caracterizan la fase alcista de un ciclo? Yo quiero dar una respuesta a
esa pregunta, al menos en dos aspectos que tienen que ver con las
condiciones cumplidas en el año 1997, pero que a nosotros, los
socialistas, nos preocupan sobremanera. Primero, la inflación. Es cierto
que estamos en una tasa de inflación en el entorno del 2 por ciento. Lo
es. Y usted se refería a que la tasa de inflación se puede desviar hacia
un 2,5 por ciento. No es una desviación baladí, no, porque es un 25 por
ciento respecto de la tasa del 2 por ciento. De manera que ya tomo nota
de que ustedes creen que la inflación, en el año 1998-1999, se pueda
deslizar desde el 2 por ciento actual hasta el 2,5 por ciento. Lo que yo
quiero decir, señor Rato, es que el dato de la inflación de febrero es
muy bueno, ciertamente --cómo no iba a serlo, ahí están las cifras--,
pero hay otro dato que no es tranquilizador. En ese mismo mes, la
inflación tendencial se incrementó también en dos décimas y todos los que
se ocupan de estas cuestiones conocen perfectamente que, a fin de
cuentas, el IPC acaba siempre tendiendo a la inflación tendencial. O sea
que, en un mes tan bueno como febrero, en términos de IPC, es posible que
se haya producido en paralelo un incremento de la inflación tendencial,
de aquella inflación que incorpora los precios de los servicios y bienes
elaborados no energéticos y que excluye los aceites, las grasas y el
tabaco, como muy bien sabe usted, señor Rato, y como saben todas las
personas que siempre pierden momentos de tranquilidad al inicio del mes
pensando en cuáles serán los resultados de la inflación en el mes
anterior.
Y, señor Rato, es fundamental que la economía española no se separe de la
inflación media de los países que compartimos la moneda única; es
sustancial e importantísimo que eso no ocurra. Y para que eso no sea así,
tiene que producirse un conjunto de medidas que ustedes --permítame que
se lo diga-- no han tomado. Porque en el dato del IPC hay oculto un hecho
muy importante y es que los precios de los servicios se resisten a bajar,
siguen anclados en el 3,5 por ciento. Ese dato, analizado en paralelo con
ese otro que yo le doy de que en febrero ha aumentado la inflación
tendencial de la economía española, permite conjeturar que, en los meses
venideros, la tasa de inflación española se puede seguir separando de la
tasa media de inflación de los países comunitarios y, por supuesto,
separando de la tasa de inflación más baja de los tres países, de
Austria, de Francia y de Irlanda, que en estos momentos está en el
1,1/1,2 por ciento. Para nosotros, eso es fundamental, por un motivo que
supongo que usted compartirá conmigo y con nosotros, porque creemos que
es un error que la sociedad española siga pensando que a partir del 1 de
enero de 1999 los salarios españoles se pueden negociar en términos de
inflación española. Eso no va a ser así. Y como no va a ser así, va a ser
crucial para los intereses de los trabajadores españoles, para su
capacidad adquisitiva, en definitiva, para las rentas de las familias de
todos los españoles, que la inflación española, incluso, se reduzca más,
para situarse en los términos y en los límites en los que en estos
momentos están no ya los países con inflación más baja --esos tres a los
que me refería--, sino la inflación media de la economía europea.
En segundo lugar, y abandono el tema de la inflación, señor Rato, está el
problema de la sostenibilidad, de la consolidación fiscal que se ha
alcanzado situando el déficit público, en el año 1997, en un 2,6 por
ciento. Sin duda que la política fiscal es la única que tendrá usted a su
alcance a partir del 1 de enero de 1999 y, por eso, es a esa política a
la que conviene dedicar una mayor atención y analizarla con un mayor
detenimiento. En esa política fiscal hay dos aspectos. Por una parte está
la incidencia de la Agenda 2000 y, en particular, la incidencia de las
perspectivas financieras.
Señor Rato, se lo dijo antes el portavoz de mi grupo parlamentario al
señor presidente del Gobierno. Tómense muy en serio la negociación de las
perspectivas financieras en el horizonte del año 2006. Muy en serio. No
podemos renunciar a lo conseguido en la famosa Cumbre de Edimburgo. Usted
sabe exactamente igual que yo que los fondos estructurales y los fondos
de cohesión no es que sean muy importantes para los intereses de millones
de españoles, es que son muy importantes para cosas a veces tan olvidadas
como los presupuestos de nuestras comunidades autónomas. Los fondos
estructurales y los fondos de cohesión son cuestiones importantísimas
para poder seguir manteniendo, por ejemplo, el superávit de la balanza
por cuenta corriente de nuestro país; usted lo sabe bien. Las
transferencias de la Comunidad a España. Somos un país con un saldo muy
considerable. En el año 1998, nada menos que 938.000 millones de pesetas
de diferencia entre la aportación española y los saldos que recibimos de
la Unión Europea. Señor Rato, los fondos estructurales, los fondos de
cohesión, son una cuestión importantísima para este país y, por lo tanto,
creo que es bueno en este momento recordar a su Gobierno que estamos ante
un elemento capital para el futuro de nuestro desenvolvimiento económico
y social en el marco del euro.
En tercer lugar está, señor Rato, la política fiscal nacional, lo que
tiene que ver con sus decisiones. Y yo ahí quiero hacerle una serie de
preguntas y alguna consideración. Quiero preguntarle si ustedes, en sus
perspectivas financieras hacia los años 2001/2002/2003, han tenido en
cuenta esas partidas de gasto y qué solución le van a dar en las
proyecciones que ustedes hacen, que
ahora ya son muy comprometedoras. Por un doble motivo: uno, por el
cumplimiento del Pacto de Estabilidad, que lleva aparejada una sanción en
el caso de incumplimiento, y dos, por la condición que se incorpora en el
documento de la Agenda 2000 en relación con la percepción de los fondos
de cohesión. Son, pues, dos condiciones. A nosotros nos preocupa mucho
que ustedes hagan bien las cuentas, sobre todo en lo que tiene que ver
con el futuro.
Le voy a exponer algunas cuestiones que a nosotros nos preocupan.
Primero, las cuentas de Radiotelevisión Española, señor Rato. ¿Qué va a
ocurrir con los casi ochocientos y pico mil millones de pesetas de
endeudamiento que el ente público tendrá a finales del año 1998? Ustedes
han escogido un procedimiento que es que no subvencionan pérdidas en
presupuestos, sino que admiten endeudamientos de la televisión con
avales. Eso tiene un límite, señor Rato. Lo tiene. Y ese límite puede que
esté a las puertas, porque ya le digo que a finales de 1998 el
endeudamiento de esa televisión pública será de más de 800.000 millones
de pesetas. ¿Qué va a ocurrir con esa cuestión?
En segundo lugar, señor Rato, está la profesionalización de las Fuerzas
Armadas. Tenemos noticias de que ustedes no lo han considerado en sus
proyecciones presupuestarias hacia el año 2001, 2002. Estamos hablando de
cifras muy importantes, no sólo del gasto corriente que supone la
profesionalización del ejército, sino también de la cantidad de
recepciones de material militar muy necesario: aviones, blindados,
fragatas, que ustedes tienen que financiar a partir del año 2001 ó 2002.
No lo sabemos todavía con exactitud.
En tercer lugar, está también el problema de la transferencia de la
educación. Sin duda que es un problema financiero muy importante, que
cobra en esta ocasión mayor magnitud de la que tenía en el pasado.
Suponemos en mi grupo parlamentario que ustedes habrán previsto la
evolución del gasto en educación con parámetros que no se acercarán al
PIB nominal, que estarán un poco por debajo. Si no, no vemos manera de
que podamos cumplir las condiciones del Pacto de Estabilidad y
crecimiento. Y si la educación se transfiere, y nosotros somos
partidarios de la transferencia, los créditos de la educación
desaparecerán de la sección 16, Ministerio de Educación, y pasarán a la
sección 32, entes territoriales, en la que ustedes tienen comprometido
hasta el año 2001 que el crecimiento de los créditos sea exactamente el
del PIB nominal. Luego ahí, en la transferencia de la educación a todas
las comunidades autónomas del 143, hay también un potencial riesgo --digo
potencial, es casi un riesgo seguro-- de que se incrementen
considerablemente los créditos para la educación.
En cuarto lugar, todos tenemos en mente, sobre todo los que hemos tenido
algo que ver con este problema que se arrastra desde hace tanto tiempo,
¿qué va a pasar con las indemnizaciones de la colza? Es una cifra muy
importante. ¿La tienen ustedes presupuestada o estimada en su proyección
de presupuestos?
En quinto lugar, y usted lo conoce perfectamente
--lo hemos discutido muchas veces, pero estoy obligado a traerlo a
esta tribuna--, los 685.000 millones de complemento de mínimos. Señor
vicepresidente, el Pacto de Toledo --acabamos de discutir sobre ello--
concluye en el año 2000. ¿Quién va a financiar los 685.000 millones a
partir del año 2000? Nosotros somos contrarios a que esto sea
considerado, contra toda lógica y contra toda razón, una prestación
contributiva. No lo es, señor Rato, y tendrá que ser el Estado, a partir
de ese compromiso que adquirió el Gobierno. Nosotros no éramos
partidarios de ese compromiso, no del compromiso con las centrales
sindicales, de ese sí, de ese compromiso en relación con qué es
contributivo y qué no es contributivo. En el año 2000 o en el 2001
nosotros seremos partidarios de que los 685.000 millones de complemento
de mínimos los financie el Estado.
En sexto lugar, señor Rato, tienen ustedes un problema serio en materia
de gastos, y aquí sí que queremos ser muy taxativos y queremos de usted
respuestas muy concretas. Es la prórroga de los contratos indefinidos.
Afortunadamente, estos días se ha dado a conocer que, después de la
reforma laboral pactada, del acuerdo social entre patronal y sindicatos
del año 1997, se han signado casi un millón de contratos indefinidos
entre empresarios y trabajadores. Es una buena cifra, aunque también hay
que matizarla y decir que el empleo indefinido no ha crecido en la misma
magnitud, lo cual indica que se está produciendo un proceso de
sustitución de viejos contratos indefinidos por nuevos contratos
indefinidos. De cualquier modo, bien venido sea ese millón de contratos
indefinidos nuevos. Pero ese millón de contratos, señor Rato, usted sabe,
igual que yo, que tienen una bonificación del 50 por ciento de sus
cotizaciones. ¿Qué va a ocurrir cuando venza el plazo de dos años? ¿Quién
va a financiar esos 14 puntos de diferencia que hay en estos momentos y
que benefician esa contratación? Porque prorrogar esos contratos
significaría hacer una reforma cruenta del sistema público de Seguridad
Social por una puerta falsa y, si no se prorrogan esas bonificaciones,
tenga por seguro, señor Rato, que los empresarios van a proceder a
numerosos despidos, por una razón muy sencilla: porque esa bonificación
anual supone 520.000 pesetas para un empresario mientras que el despido
después de dos años de contrato, en las condiciones que pactaron
empresarios y trabajadores, pasa ligeramente de las 300.000 pesetas.
Luego, los empresarios tendrán incentivos para despedir trabajadores.
En último término, señor Rato, están los gastos de inversión. ¿Van a
mantener ustedes el porcentaje del año 1997, del 2,9 por ciento de la
inversión pública en términos de PIB? Eso es muy poco para este país. Hay
que volver a tasas del 4 por ciento. ¿Se acuerda usted de aquella
discusión del 5 por ciento del PIB sobre la inversión pública? Estamos en
el 2,9 por ciento.
No tengo más tiempo, señor Rato, pero sí quiero recordarle un hecho muy
importante en términos presupuestarios y que me gustaría saber si han
tenido en cuenta. Usted sabe, como yo, que el 17 de diciembre pasado
Eurostat ha cambiado los criterios de contabilización de alguna parte de
los beneficios del Banco de España, que hasta ahora ingresaban en el
capítulo 5, ingresos patrimoniales, y lo ha cambiado para decir que un
buen montante de esos beneficios del Banco de España son transacciones
financieras, con lo cual bajan de la línea del capítulo 7, pasan al
capítulo 8 y dejan de poder financiar déficit. ¿Han tenido ustedes en
cuenta esa modificación, que tendrán que aplicar ya en el año 1998?
En definitiva, señor Rato, ustedes están ante una disyuntiva muy
importante; muy importante porque en todo este panorama de gastos
aplazados ustedes se empeñan en reducir los ingresos por la vía de la
modificación de las normas que regulan el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, concluya por favor.
El señor MARTINEZ NOVAL: Por una parte --lo decía antes el portavoz de mi
grupo--, ustedes piden más dinero a la Unión Europea --al menos, creemos
que deben aspirar a mantener el dinero que en estos momentos llega a
España procedente de esa institución-- y, a la vez, les están diciendo a
los contribuyentes alemanes, ingleses o franceses, que financian la
cohesión, que financian la mayor parte del presupuesto de la Unión
Europea, que pueden renunciar a ingresos fiscales españoles. Esa es una
contradicción, señor Rato, que no se puede sostener por mucho tiempo. Si
lo hacen, no lo digan; no lo digan, porque esas palabras, esas posiciones
llegan fuera de nuestras fronteras y fuera de nuestras fronteras muchos
ciudadanos se van a empezar a preguntar por qué tienen que pagar
impuestos para beneficiar proyectos, obras, infraestructuras en España si
no han podido reducir sus propios impuestos --es el caso de los
alemanes-- cuando los ciudadanos españoles y el Gobierno español están
festejando una reducción de impuestos.
Señor Rato, en esos términos ustedes pretenden hacer una cosa que está
bien, que a todo el mundo le gusta mucho, pero que al cabo del tiempo
acaba siendo trágica. En ese terreno, ustedes están ofreciendo más por
menos, más gasto, más bienestar con menos ingresos. Eso, señor Rato,
tarde o temprano acaba convirtiéndose en una tragedia. Lo malo de este
caso es que es una tragedia que puede afectar a millones de españoles.
Muchas gracias, señor presidente. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, nosotros no tenemos que hacer
excesivos esfuerzos para buscar un margen de maniobra a la hora de
elaborar un discurso contradictorio con el del señor Rato. Quizá por eso
nuestro discurso sea más breve, pero mucho más directo. No estamos de
acuerdo ni en la estrategia ni en la operación que se ha realizado ni en
cómo se ha realizado ni en el análisis que ha hecho de manera
superficial, pero sí tocándolo a lo largo del discurso, de la coyuntura,
del momento real que vivimos. No estamos de acuerdo y no lo estamos no
sólo porque opinemos desde otra matriz, desde una alternativa por la
izquierda y desde la alternativa que ha intentado --hay frutos sobre el
tapete y ahora hablaré de ellos-- una cohesión económica y social.
Tampoco estamos de acuerdo porque usted ha hecho la descripción que
podría hacer un dirigente empresarial ante un consejo de administración.
Fundamentalmente ha hecho una descripción operativa, formal, nominal,
monetaria en todo caso, pero en absoluto ha conectado con las
consecuencias de tipo económico, social y político. Eso lo ha obviado,
como si no fuesen datos de la realidad y como si estuviésemos simplemente
ante una operación financiera más, de la cual hay que rendir cuentas ante
un consejo de administración, lo que no es precisamente esta Cámara, que
esencialmente es una Cámara política.
Consiguientemente, desde ese punto de vista yo voy a hablar partiendo de
un dato político que usted ha dado al paso y que sí es de enorme
importancia. Usted desde esta tribuna ha agradecido el consenso social y
político, que ha sido la condición para que los informes de la Comisión y
del Instituto Monetario tengan el contenido que tienen, aceptando a
España, sin duda, como a uno de los primeros de la clase dentro de la
construcción del euro en esta primera fase, en este primer preexamen.
Usted ha agradecido el consenso político y social y es cierto que ese
consenso era amplio a esos dos niveles, bastante amplio, consenso --hay
que recordarlo aquí-- en el que nosotros, sin duda, tampoco estábamos por
razones que hemos ido desgranando a lo largo del último período de esta
historia reciente. Pero la gran novedad del momento --y ahora me referiré
no sólo al caso español, que posiblemente vaya un poco más retrasado en
esto, sino al resto de los países-- es que ese consenso empieza a
cuartearse fundamentalmente a nivel social, y a nivel político empiezan a
iniciarse atisbos de una serie de encuentros nuevos de cara a una
alternativa con respecto a la política económica y social que se deriva
de la aplicación stricto sensu de Maastricht y del Tratado de Amsterdam.
Esa
es la novedad. En eso radica fundamentalmente la nueva fase que empezamos
a vivir: que hay una respuesta social nueva, distinta y contradictoria
con respecto a la política social y económica y sus consecuencias y,
singularmente, respecto al problema de la creación de empleo. No más allá
de 24 horas, los principales sindicatos han anunciado movilizaciones,
incluso incluyendo el término general respecto de las características que
pueden tener esas movilizaciones, si no se acomete de verdad, de manera
intensa, directa y estructurada, una política de empleo.
Han tenido ustedes un punto de llegada brillante --entre comillas-- que
casi han convertido, según los medios de comunicación, en una especie de
ciclo eufórico. La política de ajuste ha tenido ese punto de llegada a
través del consenso social y político que ustedes consiguieron a lo largo
del trayecto. Todo se hacía de acuerdo a una serie de parámetros y
elementos que nucleaban ese consenso: el acuerdo sanitario, el acuerdo
sobre pensiones, la reforma laboral, el tema de una política social de
sosiego, de una paz social que indudablemente se podía detectar en la
calle y en las empresas. Han conseguido una cierta resignación ante el
proceso rapidísimo de privatizaciones. Es cierto que habían tenido lugar
muchas privatizaciones entre 1982 y 1993, alrededor de 40; y es cierto
que en otros países, por ejemplo a través de la estrategia Thatcher, se
hicieron muchas privatizaciones, pero a lo largo de siete u ocho años. El
proceso radical que ustedes han iniciado aquí no tiene parangón en ningún
país de Europa por lo que hace a servicios fundamentales como son
teléfonos y otros. No tiene ningún parecido con lo que se está haciendo
en estos momentos en el resto de Europa. Pues bien, ese consenso social y
político que les arrastraba al ciclo eufórico se ha roto, y en algo que
ustedes van a aprobar concretamente mañana en el Consejo de Ministros: el
Plan para la creación de empleo, el plan sobre el paro que dentro de muy
pocas semanas van a presentar en Cardiff. Pero ya no van a poder
presentarlo con el consenso social de que anteriormente disfrutaron. Esto
es una gran novedad, al menos para nosotros, que estamos intentando ver
cómo crece la hierba en Europa de cara a dar una respuesta seria y
contundente ante esta política económica y social que se deriva de la
lectura dogmática del Tratado de Maastricht y del Tratado de Amsterdam.
Ahora, a la vista de las consecuencias del ajuste, fundamentalmente el
paro, la precariedad y la poca protección social --poca en Europa, pero
mucha menos en España-- y, sobre todo, repito, del paro estructural
endémico que estamos sufriendo, aparece la posibilidad de un nuevo
consenso social. No sólo se ha roto. Se ha empezado a romper. No estoy
lanzando campanas al vuelo. Estoy intentando estudiarlo desde fuera del
análisis que ustedes han hecho en intervenciones anteriores. Se ha
empezado a romper el consenso anterior y empieza a construirse, a
fraguarse, quizá lentamente pero con seguridad, con cierta esperanza,
otro consenso, fundamentalmente social pero también político, en torno a
contenidos muy ciertos --no sólo hay respuesta cabreada de la sociedad--
en un discurso muy hilvanado, por ejemplo, la Ley de Reducción de jornada
de 35 horas sin reducción salarial; por ejemplo, la protección social
universal, la protección social completa a través de la protección de los
subsidios y de la necesidad de un salario social según las distintas
consecuencias que sufre la población; la necesidad del protagonismo de lo
público, que se ha matizado muy mucho en Francia, en Italia, en
Inglaterra y en otros países y que aquí ha tenido un barrido a pelo que
no sabemos por qué ni en razón de qué radicalidad ni las consecuencias
que va a tener --ahora hablaré de ello-- cuando, en función de que no
tengamos posibilidad de cambiar políticas monetarias, podamos empezar a
sufrir lo que el señor Rojo, en 1989, llamó shock asimétrico respecto de
economías que tienen estructuras muy débiles, como le sucede a la
española. Y también la necesidad que está generando este nuevo consenso
de una política económica diferente y de mantener como sea las débiles
conquistas que en este país se han logrado a favor de la instauración del
Estado del bienestar.
Nosotros pensamos que este nuevo consenso intenta, como decía Jospin,
sobrepasar Maastricht. Es una idea a mitad de camino entre lo que
nosotros mantenemos y lo que se ha mantenido en razón de ciertos impulsos
políticos electorales y sociales nuevos que están ocurriendo en toda
Europa. Porque ustedes, desde el ciclo eufórico no están manejando bien
la coyuntura. Ustedes, desde el ciclo eufórico de la economía, entendida
como economía neoliberal, es decir, la estabilidad de las cifra
macroeconómicas, no están conectando con la calle, con lo que en este
momento está pasando en la calle. A la vez que la Comisión Europea y el
Instituto Monetario decían que podíamos entrar en el euro en este
preexamen, los parados españoles entraban en la Bolsa tirando octavillas.
Un símbolo, una golondrina, no es la primavera todavía. A la vez se ha
iniciado en la Asamblea francesa el camino final de la ley de las 35
horas sin reducción salarial. Al mismo tiempo en Italia el decreto está
listo para la aplicación de las 35 horas. Así mismo hay una respuesta de
los parados en Italia y fundamentalmente en Alemania con un 10 por ciento
de paro y en Francia con un 11,8 ó un 12 por ciento de paro, dando una
respuesta organizada, permanente, movilizadora y muy seria. Si eso es
allí con un 10 ó un 12 por ciento de paro, por razones objetivas, todavía
no subjetivas, aquí con un 20 por ciento o en territorios como Andalucía
y otros con un 30 ó 32 por ciento de paro, esperemos que esta respuesta
se vaya concatenando y organizando.
Usted ha dicho aquí: más de once países cumplen las condiciones de
convergencia, pero eso hay que explicarlo. Muchos, cuando leen la noticia
que dice que
once países se incorporan a la primera velocidad, me preguntan ¿pero no
son quince los países de la Unión Europea? Eso hay que explicarlo para
ver las deficiencias y las consecuencias que ha tenido una lectura
radical, stricto sensu, del Tratado de Maastricht o de Amsterdam. Suecia,
Inglaterra y Dinamarca no aceptan entrar en el euro. Usted me dirá ahora,
es que Suecia no cumplía. No, no. Suecia no cumplía porque de antemano
había decidido no someterse a ajustes presupuestarios derivados del plan
de estabilidad y crecimiento. Inglaterra y Dinamarca, incluso cumpliendo
los parámetros, los indicadores nominales de convergencia, han decidido
no entrar, no optar a la entrada, por dos razones fundamentales, por no
ceder en soberanía nacional --de acuerdo, en el caso de Inglaterra-- pero
también y lo han dicho directamente, incluso el señor Tony Blair desde su
posición de centrismo radical, desde la necesidad de no someterse a los
ajustes presupuestarios y a la reducción de gastos sociales que implicaba
el Tratado de Maastricht. Eso también hay que explicarlo. Y hay que
explicar algo más, porque se han maquillado muchas cuentas. La mayoría de
los países no cumplían el indicador de la deuda --y usted lo sabe, señor
Rato--, y usted sabe como yo, y ahí está un informe, un poco exótico
porque era inesperado, del Banco Central holandés, que decía que ni
Italia, ni Bélgica y mucho menos Bélgica cumplían en el tema de la deuda.
Han sobrepasado con mucho el tema de las previsiones con respecto a los
indicadores nominales. ¿Y por qué han entrado? No sucede lo mismo con
Grecia, porque en cuanto a inflación y otros indicadores sobrepasa con
mucho lo que se había previsto, pero ha habido una lectura política para
que entren Bélgica e Italia; sin duda. Usted dice que no. Lo que pasa es
que ustedes, que son los primeros de la clase, han achicado todos los
márgenes posibles, entre ellos el del déficit, para ser los primeros de
la clase, para vender esto como un triunfo mientras otros países se han
beneficiado de una lectura política y se van a beneficiar de ella el 2 de
mayo a la hora de entrar en la primera velocidad de Maastricht.
Eso sí, también hay que decirlo, a la vez, y en política no hay
casualidades, se producen contraofertas, propuestas a contra corazón muy
importantes. La OCDE de inmediato dice que hay que vender Televisión
Española, que hay que vender Renfe, que hay que ir a flexibilizar a fondo
el tema laboral, reduciendo muchísimo el despido y estableciendo una
reforma laboral en profundidad. Lo ha dicho la OCDE, si leen los informes
de estos veintitantos países o leen las consecuencias que tienen en los
medios de comunicación. La CEOE dice exactamente igual y el gobernador
del Banco de España, cómo no, faltaría más, ha ido por la misma senda, e
incluso más allá al referirse al tipo de reforma laboral que habría que
hacer en este país. Ha dicho que no se trataría de la reforma laboral
sucesiva que se ha hecho en Estados Unidos y que ha supuesto la
instauración de un mercado absolutamente libre. Tampoco se trata de
mantenerse en la situación actual de este país, pero sí habría que ir a
un término intermedio entre la situación de Estados Unidos y la situación
actual de España. Eso ha dicho don Angel Rojo Duque ayer mismo, en la
Comisión de Economía y Hacienda de este Congreso.
Es decir, frente a temas que anuncian una respuesta y posiblemente la
constitución de un bloque social y político alternativo a esta situación,
se produce en este momento la necesidad para muchos organismos de corte
neoliberal de dar un apretón a fondo en el ciclo eufórico, en el ciclo
alcista. Precisamente en este momento en que se detectan a otros niveles
ciertas anemias sociales que pueden permitir este último apretón de cara
a consolidar la situación en el próximo período. Pero en España no
vivimos exactamente igual a lo que se ha descrito según los discursos que
estamos oyendo, de cara a la conquista de los indicadores nominales de
convergencia.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Sí, señor presidente.
Ustedes mantienen que España va bien. Pero decía el campesino andaluz: Y
si vamos tan bien, ¿por qué vamos tan mal? Efectivamente, una cosa es una
serie de indicadores financieros, nominales, convergentes, que tienden a
referenciarse a través de la Bolsa y otros organismos de tipo
macroeconómicos --hemos pasado de la etapa del pelotazo a la etapa del
bolsazo, de la llamarada especulativa-- y otra cosa es la vida social.
Una de las características de esta situación de política económica es que
no es una política económica socialmente imbricada y controlada. Es una
política económica que se separa absolutamente de la cuestión social, y
que se empieza a separar de manera fundamental. De ahí viene la
contestación sindical, que ya ha empezado, respecto a la estructura
laboral. Nosotros estamos estudiando a fondo, porque nos parece un
anuncio muy interesante, los acuerdos del último congreso de la Unión
General de Trabajadores y van en la dirección, que yo estoy aquí de
alguna manera anunciando, de constituir, poco a poco, un nuevo consenso
de cara a una alternativa social y política a esta situación, en un país,
España, del que según uno de los últimos informes de la central de
balances del Banco de España, analizando los beneficios empresariales de
los tres primeros trimestres de 1997, se dice que las empresas han
obtenido beneficios por encima del 30 por ciento e incluso se habla del
35 por ciento. Beneficios históricos, beneficios por encima de cualquier
previsión, en este momento, que es de un trasvase de renta tremendo entre
las rentas del trabajo, que el último año han crecido un 20 por ciento
menos que la productividad mientras que las rentas del capital aumentan
constantemente.
Y si el problema es la inflación, ¿por qué seguimos hablando solamente de
congelar los salarios --iniciativa pública e iniciativa privada-- y no
empezamos a hablar de una ley de beneficios para ver cómo se reinvierten
los mismos, cuando los beneficios causan incluso --y hay estudios
técnicos algunos de ellos conectados con ustedes por razones ideológicas
y políticas-- mayor tasa de inflación que los salarios? Y ustedes se han
olvidado completamente del tema de los beneficios en este país, donde se
han disparado de una manera absolutamente escandalosa. Empecemos a hablar
de beneficios. ¿Quieren ustedes --como dicen en el Plan de empleo--
hablar de bajar las cotizaciones sociales? De acuerdo. Pero al mismo
tiempo hablemos de los beneficios, de su reinversión, de la constitución
de fondos de inversión obligatorios, si no, no se puede hablar de la
reducción de esos costes no salariales. No se puede hablar, no sería
lógico desde el punto de vista --claro está-- de la izquierda que
nosotros representamos. En un momento en que ustedes hablan de
profundizar la reforma laboral, en un momento en que la privatizaciones
se han lanzado a una velocidad de vértigo, que no comprendemos y que va a
tener consecuencias muy serias, porque cuando llegue la posibilidad de un
shock asimétrico, en función de nuestra estructura, ya sin dinero
ingresado por privatizaciones, con una reforma del IRPF que va a impedir
el ingreso de unos 500.000 millones de pesetas, ¿qué tipo de gastos
sociales vamos a quitar de en medio, señor Rato, en un momento que
probablemente será, en un período determinado, de ciclo recesivo? ¿Qué va
a pasar entonces, vamos a la confrontación social real y seria? ¿Eso es
lo que se está buscando? Usted pensará en este momento: a lo mejor para
entonces nosotros ya no gobernamos, pero yo le estoy planteando una
cuestión social de primerísima magnitud.
En el ciclo alcista ustedes están procediendo a un ajuste tremendo que
liquida conquistas históricas y liquida conquistas laborales de
primerísima magnitud. En el ciclo alcista ustedes están apretando a tope
y vuelven a apretar de cara al próximo período. El Plan de empleo no
contiene nada serio en una situación tremenda que después va a
desembocar, a partir de la entrada en el euro, cuando ya no tengamos
margen para variar políticas monetarias, en peligros muy serios de
descontrol asimétrico con respecto a nuestras posibilidades de
crecimiento o de creación de empleo.
El paro en este país es un drama, señor Rato.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, vaya concluyendo, por favor.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor presidente.
Es un drama; 20 por ciento de desempleo. En Europa el empleo precario es
del 14 por ciento o del 15 por ciento, aquí del 33 por ciento. La
protección social de los parados aquí no pasa del 35 por ciento. Hay
indicadores de todo tipo que conducen a ver que la estructura del
desempleo en este país es insoportable. Tan insoportable que, por razones
de dialéctica interna propia, las organizaciones sociales se han
planteado las movilizaciones de cara al futuro y se han planteado la
ruptura del consenso social en la pieza más importante de cara a la
aplicación del Tratado de Maastrich y de la reunión de Luxemburgo en el
apéndice del paro. Ustedes van a ir a Cardiff sin consenso social.
Termino, señor presidente. Pensamos que la situación, desde el punto de
vista de la izquierda, está cubierta por el ciclo alcista, por el ciclo
eufórico, por el cumplimiento de los indicadores de convergencia, porque
ustedes tuvieron un gran consenso político y social --el mismo o quizá
más que el Gobierno anterior-- y si eso indica en ciertos grupos que hay
que mantener dinámicas, en otros empiezan a cambiar esas dinámicas.
Pensamos que esa es la situación que se está viviendo, con un inicio de
respuesta social muy seria que se ha visto en el tema del olivar y se va
a seguir viendo; que se va a dar en el vino, en la cuota del algodón, en
la leche; que se va a dar fundamentalmente en la cuestión del paro en un
país donde también
--y se lo digo seriamente-- se están organizando y se terminarán de
organizar en serio los parados, los que parecía que no se podían
organizar.
Pensamos que hay una alternativa muy seria de nuevo consenso social y
político. Ya lo ha dicho SchrÜeder, Maastrich no crea empleo; lo dijo
anteriormente el Instituto Alfametric de Cambridge, Maastrich no crea
empleo, incluso habló de la creación de 10 millones de parados más. El
Instituto Alfametric de Cambridge, no Izquierda Unida. A partir de ahí,
nosotros pensamos que hay que democratizar el euro. El euro no es de
todos, el euro no es para todos; el euro es una invención, también
derivada de la enorme autonomía del sistema europeo de bancos centrales,
donde no estamos participando todos. Hay que politizar los presupuestos;
hay que conseguir que los Parlamentos dirijan los presupuestos, no como
se pretende a partir de ahora que se dirijan --ya lo dijo Tietmeyer en
Davos-- desde el sistema financiero y desde el sistema europeo de bancos
centrales. Hay que ir --nosotros hemos luchado por ello en la reforma
dentro de la Conferencia Intergubernamental del Tratado de Maastrich-- a
una cohesión económica y social. Hay que ir al empleo, a la creación de
empleo, a la reducción de jornada a 35 horas, a la reducción drástica
casi de todas las horas extraordinarias, a una prestación universal del
desempleo, a un protagonismo de lo público y a una reinversión de los
beneficios. Ese es el discurso que empieza a tener cierta virtualidad,
señor Rato, y ese es el discurso que, a mi juicio, tal como ha pasado ya
en otros países incluso con consecuencias electorales, va a convocar un
nuevo consenso político y social.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la decisión adoptada por la Comisión Europea y por el
Instituto Monetario Europeo en sus informes presentados ante el
Parlamento Europeo, por los que se valora satisfactoriamente que España
cumple todos los requisitos establecidos en el Tratado de la Unión
Europea aprobados en Maastricht para poder incorporarse a partir del 1 de
enero de 1999 a la Unión Monetaria, es, a nuestro juicio una gran noticia
que ha sido positivamente acogida por la sociedad. Nuestro grupo se
congratula de ello, felicita al Gobierno, a esta Cámara y a toda la
sociedad, puesto que entendemos que este es un éxito colectivo de gran
trascendencia para el futuro del país.
Estamos, pues, en el umbral de un gran acontecimiento histórico, señor
ministro. A lo largo de la historia, jamás once países desarrollados
habían conseguido alcanzar un grado tan sólido de convergencia económica
estable para poder sustituir sus monedas por una, el euro, sin que ello
suponga peligro de desestabilización. El proyecto de construir la Unión
Económica y Monetaria no tiene precedentes en la historia de la humanidad
y constituye uno de los más ambiciosos proyectos políticos y económicos
que vamos a protagonizar. No podíamos quedar fuera de este proceso y no
va a ser así. Es más, es necesario que nos integremos en él con
posiciones decididas en este gran mercado económico, puesto que de ello
depende básicamente el bienestar futuro de todos los ciudadanos.
La coalición política que represento, señor ministro, la principal fuerza
nacionalista en Cataluña, ha sido partidaria siempre de conducir la
actividad social y la política económica de nuestro país para
incorporarlo a la Unión Europea. Jamás hemos dudado de la conveniencia de
este objetivo; siempre hemos defendido que incorporar la peseta al euro e
integrar plenamente nuestra economía a la Unión Económica y Monetaria era
totalmente positivo para el futuro bienestar de los ciudadanos. Ahora
bien, sabíamos de las dificultades de este proceso y sabemos hoy también
de las transformaciones que todavía pueden operarse y que pueden
comportar problemas y dificultades, pero siempre hemos defendido que
cuanto más pronto nos adaptemos para competir en un mercado más
internacionalizado como el europeo, más rápida y sólidamente afianzaremos
nuestra propia capacidad de generar crecimiento, riqueza y de consolidar
nuestros niveles de bienestar general.
Tanto en el plano político como en el económico, siempre hemos sido
partidarios de que el Gobierno, sea del signo político que sea, conduzca
las políticas europea y económica de forma que nos asegure nuestra plena
integración al proyecto de la Unión Europea y, más concretamente, al
proyecto de la Unión Económica y Monetaria. En este sentido dimos nuestro
pleno apoyo a la solicitud de adhesión a la Comunidad Económica Europea
en 1977, un mes después de la celebración de las primeras elecciones
generales; aprobamos plenamente el acuerdo de integración en 1985 y nos
adherimos a los compromisos de Maastricht en 1992. A partir de entonces,
a partir del Tratado de Maastricht, nuestro grupo exigió en todo momento
una inflexión de la política económica que se venía practicando entonces,
para poder iniciar con eficacia el proceso de convergencia económica que
nos imponía Maastricht. El entonces Gobierno socialista, con el apoyo de
nuestro grupo parlamentario, propugnó la estabilidad política necesaria
para introducir cambios en la política monetaria. Se devaluó la peseta,
se empezó con el ministro Solbes una política presupuestaria más
exigente, se estimuló la actividad productiva desde la fiscalidad, se
afrontó la reforma laboral de 1994, se empezaron a reducir
significativamente los tipos de interés y se inició el proceso de
privatización.
Ahora bien, señorías, es a partir de 1996, con el Gobierno del Partido
Popular, con el apoyo de nuestro grupo parlamentario y con el de otros
grupos parlamentarios de la Cámara, cuando se ha dado un nuevo e
importante impulso a la política económica de convergencia con Europa,
intensificando, a nuestro juicio con acierto, las medidas necesarias en
materia económica para lograr este objetivo. (El señor vicepresidente
Fernández-Miranda y Lozana ocupa la Presidencia.) Señorías, se reactiva
la demanda interna a partir de entonces. Recuerden los decretos de junio
de 1996, que permiten dinamizar la inversión. Se refuerza la política de
control presupuestario, que permite reducir substantivamente el déficit
público. Se avanza en el control de la inflación, mediante la combinación
de políticas de moderación de rentas y de liberalización de sectores y
actividades de la economía, como telecomunicaciones, energía, suelo,
transporte, etcétera. Se favorece la estabilidad laboral frente a la
precariedad, alcanzando acuerdos consensuados con los agentes sociales
que permiten abordar la segunda reforma laboral en este país. Se avanza
en la revisión selectiva de la fiscalidad, tendente a favorecer la
inversión y la creación de empleo en la actividad productiva y
preferentemente en la pequeña y mediana empresa. Se intensifica la
reducción de los tipos de interés, haciendo más asequible el coste del
dinero a las rentas medias del país. Se mantiene el marco general de la
estabilidad del tipo de cambio de nuestra moneda en relación con las
restantes divisas. Todo ello ha permitido, señor ministro, que la
economía crezca de forma sostenible y a la vez cree empleo neto en
nuestra sociedad, principal
objetivo político al que nuestro grupo entiende deben confluir los
restantes objetivos económicos.
Es cierto, no obstante, que al finalizar la anterior legislatura no
cumplíamos ninguno de los compromisos de Maastricht y ahora prácticamente
los cumplimos todos. Por lo tanto, se han hecho bien las cosas, señor
ministro, y nuestro grupo tiene que reconocerlo hoy. Así lo juzgan la
Comisión Europea, el Instituto Monetario Europeo e incluso el propio
informe de la OCDE. A todos nos resulta satisfactorio saber, y también a
la sociedad, que el éxito conseguido ha sido fruto, en primer lugar, de
un amplio consenso político que todos nos propusimos alcanzar a lo largo
de los últimos años --y es positivo que así sea, señorías--; en segundo
lugar, de la estabilidad política existente en esta legislatura que
garantiza preferentemente la coalición política que represento, y, en
tercer lugar, del consenso político que hemos alcanzado en esta
legislatura con varios grupos parlamentarios de esta Cámara, entre los
que me incluyo, para definir la actual política económica que se está
aplicando que juzgamos positiva y causante de que hoy la economía esté
creciendo a tasas superiores al 3 por ciento, esté creando un promedio de
más de 300.000 nuevos puestos de trabajo, se haya alcanzado una
espectacular reducción de los tipos de interés, llegando al 4,75 por
ciento del tipo oficial del mercado, se haya obtenido una reducción del
déficit público en torno al 2,5 en términos de PIB, y estemos, en
definitiva, en condiciones de incorporarnos plenamente a la Unión
Monetaria. Todo ello, si me permiten, con un cierto importante grado de
consenso y de diálogo social porque hay que señalar que en todas estas
cuestiones ha habido grados importantes de consenso y de diálogo social.
La conclusión, señorías, señor ministro, es que todos deseábamos alcanzar
el objetivo de integrar la peseta al euro en la tercera fase en la Unión
Económica y Monetaria, y se ha logrado.
Hay que reconocer que se han hecho las cosas bien, las que se debían
hacer, para poder estar donde hoy estamos. No obstante, señor ministro,
si me permite, quisiera, en nombre de mi grupo, transmitirle algunas
reflexiones en torno a lo que se debería hacer en ese período transitorio
hasta la finalización de la tercera fase, en junio del año 2002. Para
nuestro grupo, dos aspectos son clave en el actual momento económico y en
el proceso de integración plena a la tercera fase. Los elementos clave
son, en primer lugar, conocer la determinación de la paridad definitiva
de la peseta frente al euro y clarificar, en segundo lugar, todo lo
relativo a la determinación del nuevo tipo de interés oficial
interbancario del mercado europeo. Estas son las dos cuestiones claves
para poder valorar el impacto económico inmediato de la incorporación de
nuestra economía al nuevo mecanismo del euro.
No obstante, quisiera, en nombre de mi grupo, transmitirle algunas de las
consideraciones. Estimamos que el Gobierno español debe defender la
congelación inmediata de los tipos de cambio en torno a sus respectivas
paridades centrales de cambio. No demoren esas decisiones. Súmese usted,
señor ministro, a la decisión de congelar lo más rápidamente posible los
actuales tipos de cambio en el nivel central mantenido en los dos últimos
años. Justificamos esta posición por la gran estabilidad cambiaria que ha
tenido nueva moneda desde marzo de 1996 a febrero de 1998, que no se ha
separado más allá de la fluctuación del más menos 2,25, lo que ha
permitido una importante expansión económica internacional y
concretamente una expansión de nuestras exportaciones al mundo. Cualquier
otro criterio mediante la aplicación de medias ponderadas y algunas otras
valoraciones al respecto podría introducir un cierto factor de
incertidumbre sobre el impacto del euro sobre nuestra propia economía.
En cuanto al criterio de tipo de interés europeo, la tendencia esperada
es que, a partir de 1999, éste se fije ligeramente por debajo de nuestro
actual tipo de interés oficial a largo plazo y, en consecuencia, nuestra
economía reciba, a lo largo de los próximos meses, un impulso adicional
de reactivación y a la vez de reducción de costes financieros que hemos
de saber aprovechar porque ello va a repercutir positivamente sobre la
inversión y especialmente sobre la creación de empleo. Como usted muy
bien ha anunciado, se prevé para el ejercicio de 1998 una tasa superior
de creación de empleo y, como consecuencia, ello se genera de las
expectativas que nos producen la todavía creciente disminución de los
tipos de interés de nuestro mercado.
Ahora bien, hay otros aspectos específicos que quisiéramos transmitirle
en el actual proceso de integración sobre el que nuestro grupo tiene
algunas posiciones que le inquietan, cual es la necesidad de que el
Gobierno español defienda en todo momento la pervivencia de los fondos de
cohesión en la Unión Europea. Es verdad, señor ministro, que la nueva
perspectiva de ampliación de la Unión Europea hacia el Este está
influyendo en el replanteamiento de la capacidad de la financiación
futura de la Unión Europea. Mi grupo ve con preocupación el intento de
justificar este proceso para introducir aspectos hasta hoy fundamentales
de la construcción europea sobre la política agraria común y sobre la
cohesión económica y social. La ampliación es, sin duda, una prioridad y
habrá que prever los períodos transitorios para poder llegar hasta ella,
pero hemos conocido en las últimas semanas informaciones contradictorias
de los principales responsables económicos de los países de la Unión.
Creo necesario profundizar en este tema esta tarde y conocer
definitivamente la posición del Gobierno español sobre el mantenimiento
de los fondos de cohesión y de los fondos Feoga, así como de todos los
restantes fondos estructurales y poder esclarecer algunas incertidumbres
hoy existentes. Señor ministro, si hubiera modificaciones ello podría
tener importantes consecuencias sobre la reforma de la política agraria
que propugnamos, así
como también sobre la financiación de los grandes proyectos de
infraestructuras de comunicaciones que irremediablemente necesita nuestra
sociedad.
Hay un tercer aspecto que quisiéramos transmitirle y que hace referencia
a las ayudas y actuaciones a desarrollar en los próximos meses, para
favorecer la necesaria adaptación de la actividad productiva a la
implantación del nuevo euro, pensando especialmente en su impacto en la
economía productiva, el comercio y la pequeña actividad. Hay que tener
presente el esfuerzo que va a tener que hacer la sociedad en ese proceso
de adaptación y de conversión de la peseta al euro. Es necesario definir
un conjunto de medidas dirigidas específicamente a la revisión de la
fiscalización que interviene en todos los actos derivados de la
conversión documental y contractual de las pesetas al euro. Asimismo, hay
que permitir la amortización acelerada de todas aquellas inversiones que
obligatoriamente van a tener que realizar para modificar los sistemas
contables, informáticos, de gestión y adaptarlos de la peseta al euro.
Por otra parte, hay que prever un conjunto de actuaciones dirigidas a
reforzar los procesos de formación e información en la etapa transitoria
de la plena incorporación de la nueva moneda, a partir de junio del año
2002, a lo que deberíamos dedicar un esfuerzo adicional de los recursos
hoy existentes en materia de formación.
Señor ministro, quisiera, en último lugar, transmitirle también algunas
observaciones a lo que nuestro grupo viene ya denominando la necesidad de
preparar la etapa posterior al euro. Hemos de empezar a hablar ya de la
etapa posterior al euro y de las orientaciones que tiene que tomar la
política económica para hacer frente a las incertidumbres y las
circunstancias que van a acompañar esta etapa. Con el euro empieza un
nuevo proceso que obligará a revisar todos los instrumentos económicos
aplicables hoy en la economía española. Los agentes sociales y económicos
deberán también adaptar sus estrategias a las nuevas reglas de
funcionamiento de un mercado de 300 millones de ciudadanos con una sola
moneda tan sólida, tan estable y con tanta capacidad como la del dólar y
el yen. El grupo parlamentario que represento cree que debemos empezar a
hablar más de esta etapa posterior al euro y de las actuaciones que hay
que impulsar. Quisiera, señor ministro, transmitirle que conocemos los
posibles efectos, incertidumbres y dificultades que en esa etapa se van a
despertar. Tenemos presente todas las complicaciones y dificultades que
se van a abrir a partir de la incorporación de la peseta al euro, pero
debemos ser conscientes de que continuamos manteniendo déficit de
convergencia y destaco algunos de los más importantes: el déficit social
derivado de la todavía elevada tasa de nivel de paro, así como el déficit
de infraestructuras; déficit que constituyen los dos elementos
prioritarios en donde tendríamos que actuar de forma preferente en esa
etapa post-euro.
La política económica a desarrollar a partir de ahora debe asegurar el
crecimiento ligeramente por encima de la media europea, de forma
sostenida, para poder garantizar a su vez la dimensión social de este
crecimiento que es para nosotros reducir mucho más el paro y consolidar
el Estado de bienestar. Esto quiere decir que habrá que tener muy
presente las mayores necesidades en estos ámbitos y concretamente en
cuanto significa incrementar el volumen de inversión en infraestructuras.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Homs, le
ruego vaya concluyendo.
El señor HOMS I FERRET: Voy a terminar, señor presidente, indicando que
la política económica a introducir en los próximos ejercicios debe seguir
controlando la tasa de inflación en la dirección en que lo hemos estado
haciendo en los dos últimos ejercicios, pero especialmente tendrá que
incidir en la estructura productiva para incrementar los niveles de
competitividad y asegurar ese crecimiento medio superior al que
experimenten los demás países de Europa.
Habrá que reforzar la inversión en infraestructuras; habrá que revisar la
fiscalidad para armonizarnos con nuestros socios comunitarios; habrá que
seguir las recomendaciones de la propia Comisión de la Unión Europea para
aprovechar la oportunidad que nos da en estos momentos la aplicación de
políticas favorables para la creación de empleo con perspectiva
comunitaria e introducir cambios que contemplen los problemas derivados
de la movilidad, la formación, las políticas activas de empleo, la
flexibilización o la afloración incluso de economía sumergida; habrá que
abordar una reforma del sector financiero para abrir nuevas expectativas
y ampliar los activos financieros hoy en el mercado para poder estimular
una más amplia canalización del ahorro hacia la inversión y la actividad
productiva; y habrá que incrementar los esfuerzos para aumentar la
capacidad de I + D en nuestra sociedad y en nuestra economía.
Señor ministro, señor presidente, quisiera terminar reiterando lo que ya
he expresado al comienzo: estamos en buenas condiciones económicas que
nos permiten cumplir con las exigencias de Maastricht. De ello se
desprende que hemos de sentirnos satisfechos y congratularnos de poder
presentar hoy a la sociedad española el balance de esta gran posibilidad
de que España se incorpore a la tercera fase de la Unión Económica y
Monetaria. Se han hecho muchos esfuerzos y se ha hecho todo lo que se
tenía que hacer para lograr este gran objetivo en los dos últimos
ejercicios económicos de esta presente legislatura. Señor ministro,
reiteramos nuestras felicitaciones al Gobierno, a todos los grupos de
esta Cámara y a toda la sociedad porque creemos que toda ella es la
protagonista más transcendente del cambio que se ha hecho y del que se va
a hacer
a partir de ahora en la fase que empezamos, con posterioridad a la
incorporación de la peseta al euro.
Señor ministro, tiene a nuestro grupo a su disposición para continuar
trabajando en esta dirección, para continuar aplicando las
recomendaciones y las propuestas que nuestro grupo le hace para
consolidar ese crecimiento estable capaz de redistribuir la riqueza entre
los ciudadanos de nuestra sociedad y poder modernizarla y consolidar el
nivel de bienestar que actualmente tenemos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
En nombre del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, la integración en la Unión Monetaria va
cubriendo sus etapas. Como era previsible, la Comisión Europea hizo
oficial la lista de los once países preseleccionados que lógicamente
integrarán, en una primera fase, la Unión Monetaria, el club del euro
como se ha venido a llamar, entre los que está el Estado español.
El calendario de la Unión Europea sigue adelante. El primero de enero de
1999 va a ser una fecha muy importante para la consolidación del proyecto
de la Unión Europea. Lo que se inició en el año 1951 como Unión
Económica, limitando su alcance a los sectores del carbón y del acero, se
está convirtiendo en un proyecto firme de Unión Europea que además de
Unión Económica va a pasar en breve a ser Unión Monetaria, y que debe
continuar hacia un verdadero proyecto político europeo.
No ha sido fácil el camino recorrido ni lo va a ser el que queda por
recorrer. Existían muchas dudas cuando se firmó el Tratado de Maastricht
sobre la posibilidad de algunos Estados de alcanzar los parámetros de
convergencia, sobre todo los países del sur de Europa, con unas economías
fuertemente endeudadas, altos déficit públicos, inflaciones no
controladas, altos tipos de interés a largo plazo, además de otros
desequilibrios. En definitiva, todo apuntaba hacia un club del euro mucho
más reducido, integrado por Estados del centro y norte de Europa.
Curiosamente, a lo largo de este tiempo, mientras la economía de estos
países iba mejorando, aparecían los problemas en los más sólidos, como
Alemania y Francia. Todo hacía presagiar dificultades para cumplir con
las fechas señaladas y muchos eran los partidarios de demorar el proceso
de integración monetaria. Los obstáculos se han podido salvar y se puede
dar por hecho que el 2 de mayo estos once Estados serán los fundadores
del euro.
No va a terminar aquí, como decía anteriormente, las dificultades. Esto
no es más que una etapa en el camino, casi me atrevería a decir,
aplicando un símil ciclista, que es una meta volante. Lo más duro queda
por recorrer. Si se ha conseguido converger en parámetros macroeconómicos
nominales ha sido, desde luego, por una política económica basada en
presupuestos restrictivos, en un proceso de liberalización y de
privatización de la economía apoyado en un contexto internacional
favorable que ha permitido reducir el déficit público, contener la
inflación y reducir los tipos de interés. Toda una serie de medidas y
circunstancias ayudadas, entre comillas, por la llamada contabilidad
creativa que, por cierto, tiene más de creativa que de contabilidad, que
no se sabe muy bien qué es, pero que a todos nos suena a ciertos arreglos
contables no demasiado ortodoxos y que ha permitido en un año, o poco
más, presentar unas cuentas públicas saneadas.
Al margen de planteamientos de estricto rigor contable, lo que queda
demostrado es que la Unión Económica y Monetaria, en definitiva el
proyecto europeo, es una decisión política que cuenta con la firme
voluntad de los Estados para conseguir estos objetivos. Salvo Grecia, por
no cumplir con los parámetros de convergencia, Gran Bretaña y Dinamarca,
haciendo uso de la cláusula de exclusión y Suecia que, aun cumpliendo con
los requisitos no quiere integrarse todavía, el resto de los Estados han
demostrado una firme voluntad en caminar hacia el proyecto europeo. Esto
hace mirar al futuro con optimismo; un optimismo necesario, porque el
camino es largo y complicado. Se ha conseguido converger en déficit
público, en inflación, en tipos de interés, además de la estabilidad de
los tipos de cambio de las monedas. Sin embargo, se mantiene una elevada
deuda pública, sobre todo en Bélgica y en Italia, lo que obliga a
persistir en la consolidación fiscal de todos los países.
El Estado español no ha sido una excepción y ha hecho los deberes como
un buen alumno, con lo cual ha conseguido el aprobado. El mérito hay que
atribuirlo fundamentalmente al éxito de una política económica que va en
el camino adecuado pero que, como dijo el vicepresidente segundo del
Gobierno en la última comparecencia en la Comisión de Economía, la
estabilidad económica es necesaria para crear empleo, y es cierto. Sin
embargo, para que exista estabilidad económica es necesario que exista
estabilidad política, y esto conlleva también la estabilidad
parlamentaria. En este aspecto, nuestro grupo parlamentario deja
constancia de la responsabilidad que en todo el proceso ha tenido para
poder conseguir precisamente esta estabilidad parlamentaria que ha
llevado consigo llegar a los parámetros económicos que en estos momentos
hacen posible que el Estado español esté dentro de la Unión Monetaria.
Hablaba del éxito de una política económica adecuada pero con algunos
matices porque salvo la deuda pública, que es uno de los parámetros
previstos que no podremos alcanzar, el paro sigue siendo el gran problema
de la economía europea y principalmente
del Estado español, que sitúa su tasa de desempleo por encima del doble
de la media europea: el 20,9 por ciento frente al 10,7 en 1977. A esto
hay que añadir una alta temporalidad en el empleo y un alto componente de
paro de larga duración.
Es cierto que se está creando empleo. Hace unos momentos el
vicepresidente segundo del Gobierno ha anunciado que para el año 1998 se
prevé la creación de 390.000 empleos aproximadamente, lo que supone un
incremento del 2,9 por ciento. Repito que es cierto que se está creando
empleo, fundamentalmente por el empuje económico o el ciclo económico,
pero, en cualquier caso, ni es suficiente ni es estructural. El informe
de la Comisión Europea estudia la reducción del paro en la Unión Europea
con una evolución que va del 11 por ciento en 1996 al 9,8 por ciento en
1999. A este ritmo, un 0,4 por ciento anual de reducción, el Estado
español se encontraría con que en el año 1999 tendría una tasa de paro
del 20 por ciento. Ya sé que las previsiones de creación de empleo son
mayores en el Estado español que en el resto de los países, pero en
ningún caso son suficientes para llegar a las medias europeas a medio
plazo, entre otros motivos porque partimos de situaciones diferentes.
El desempleo es el mayor problema de la Unión Europea, pero
fundamentalmente del Estado español o, al menos, así lo dicen las cifras
de paro, aunque no sabemos muy bien si parte de este paro oficial está
dentro de la economía sumergida, valorada por la Comisión Europea entre
un 10 y un 23 por ciento del producto interior bruto, es decir, entre 7 y
16 billones de pesetas en el Estado español, la mayor de la Comunidad
Europea. Frente a este panorama, el Gobierno español no ha querido
comprometerse, en la pasada cumbre extraordinaria sobre el empleo
celebrad en Luxemburgo, a aplicar en cinco años las medidas relacionadas
con el empleo juvenil y el paro de larga duración. Esta postura llama la
atención por cuanto que desde el Gobierno se está reconociendo que el
paro es el principal problema de la economía española. Bien es cierto que
difícilmente se puede combatir eficazmente contra el mismo sin la
implicación activa de los agentes sociales, empresarios y trabajadores.
Es necesario que estos agentes abandonen posturas inmovilistas ancladas
en reivindicaciones del pasado, y emprendan actuaciones más en relación
con una política de relaciones laborales moderna y adaptada a los nuevos
tiempos. No olvidemos que el paro es consecuencia del sistema económico y
social, y éste es, a su vez, el reflejo de las políticas que establece el
Gobierno. Si no somos capaces de establecer un modelo de crecimiento
económico que se traduzca en mayor generación de puestos de trabajo, que
nos lleve a una convergencia real con los países más adelantados de
Europa y no consigamos la solidaridad social necesaria para el
mantenimiento del Estado de bienestar, habremos fracasado. Esto obliga al
Gobierno español a profundizar con mayor agresividad en las reformas
estructurales iniciadas.
Es necesario consolidar la economía más que en base al crecimiento
económico, a la consolidación fiscal, lo que obliga a mantener una
política presupuestaria que tienda a déficit cero. Es necesario acelerar
el proceso de liberalización y privatización de la economía con la
desaparición de los monopolios, que se traduce en una mayor
competitividad de los sectores. Es necesario profundizar en una reforma
laboral más efectiva, ligando los incrementos salariales al índice de
productividad, modificando los contenidos de los convenios colectivos y
acercando los costos salariales a los de nuestros competidores, además de
seguir desarrollando las recomendaciones del Pacto de Toledo si queremos
equilibrar el sistema financiero de la Seguridad Social.
Vamos a reformar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
dentro de breves fechas, uno de los mayores retos de la reforma
tributaria, pero aún quedarán pendientes la reforma de la Ley General
Tributaria, la reforma de la imposición indirecta, principalmente del
Impuesto sobre el Valor Añadido, y la financiación de las haciendas
locales. Hay que aprovechar la actual coyuntura con un crecimiento
económico de momento estable, en un contexto favorable por haber
alcanzado los parámetros de convergencia que permiten ser los fundadores
de la moneda europea, con una creciente competitividad empresarial, como
se deduce de la evolución de nuestras exportaciones, que vuelven a
aportar tasas positivas al producto interior bruto. Al margen de la
política económica y presupuestaria, al margen de las reformas
estructurales necesarias, no hay que olvidarse del papel que están
jugando los fondos de cohesión y los fondos estructurales europeos en
nuestro crecimiento económico. Es algo sobre lo que quiero detenerme.
El Bundesbank y el propio canciller Helmut Kohl en su reciente visita a
España han echado un jarro de agua fría a las pretensiones españolas de
seguir siendo uno de los Estados privilegiados en la financiación
comunitaria. Sin embargo, parece ser que desde la Comisión Europea se
confirma que los países con más alto grado de desempleo, como son España,
Alemania y Francia, recibirán más ayudas estructurales. Esto es
importante. El Estado español no puede permitirse el lujo de perder los
fondos al nivel que los está percibiendo actualmente, si no quiere poner
en peligro la consolidación de nuestra economía. Si bien se está
convergiendo en términos nominales, las diferencias entre unos países y
otros, entre unos ciudadanos y otros siguen existiendo y en algunos casos
se han incrementado. En concreto, y por lo que hace referencia a Euskadi,
en el período comprendido entre 1994 y 1999, habrá recibido 231.743
millones de pesetas, que supone el 3,3 por ciento de lo percibido por el
Estado español en este período. Como dato, cabe señalar que
en la margen izquierda del Nervión, que comprende 11 municipios y 400.000
habitantes, el producto interior bruto per cápita es inferior al 75 por
ciento de la media comunitaria, con un 33 por ciento de paro. Esta zona,
lejos de converger, está comparativamente en peor situación que en el año
1994.
Si, finalmente, se materializan las propuestas de modificación de los
fondos de la Unión Europea podría llegar a perder la mitad de los
ingresos percibidos en el período 1994-1999. Países como Alemania,
Austria, Holanda y Suecia demandan reducir su contribución neta a los
presupuestos comunitarios del 0,6 por ciento de producto interior bruto
al 0,4 por ciento. En la Agenda del año 2000 se reafirma el techo del
1,27 por ciento del producto interior del presupuesto del gasto. En
Estados Unidos, por ejemplo, el presupuesto del Estado es del 33,4 por
ciento del producto interior bruto. Esto evidencia que hay una gran
diferencia entre estas dos uniones y que con este presupuesto comunitario
tan reducido no se podrán acometer las reformas suficientes para alcanzar
la convergencia real entre unos ciudadanos y otros. En estos momentos se
está en una ampliación a países cuya contribución neta al presupuesto de
la Unión Europea será negativa.
En definitiva, estamos en un momento importante, señorías. Se han
cumplido los objetivos de estar en la moneda única hoy como
preseleccionados y mañana, es decir, el 2 de mayo, como pertenecientes de
facto, una vez que se decida definitivamente los países que acceden al
euro. Pero esto no es más que el principio de un proceso cuyo compromiso
exige seguir cumpliendo con los parámetros de convergencia, dentro de las
bandas de fluctuación admitidas; un proceso que tendrá que hacer frente a
una próxima ampliación con los países del Este europeo; un proceso en el
que, no olvidemos, sus objetivos no se podrán dar por cumplidos hasta que
no logremos una verdadera unión política, en la que todos los pueblos y
regiones de la Unión Europea estemos plenamente integrados.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Muchísimas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, mi grupo quiere ocupar la tribuna, aunque
sea brevemente, ante el hemiciclo poblado de SS. SS., para opinar que
éste es uno de los debates más importantes que hemos tenido este año.
Desgraciadamente se hace a una hora absolutamente inapropiada, y parece
que los ciudadanos están más preocupados, igual que los diputados, del
partido que se celebra esta tarde. Por tanto, estarán muy poco atentos a
mi intervención, deseando que sea lo más corta posible, porque parece que
preocupa más la Copa de Europa que el problema del proyecto español en
Europa.
Lamento que se le haya dado tan poco relieve a un debate político que me
parece fundamental, en el que la Unión Europea, la Comisión Europea y el
Banco Europeo acaban de aprobar los informes por los cuales 11 países se
integran en el proyecto del euro, en la Unión Monetaria, a partir de 1 de
enero de 1999.
Yo, muy brevemente, sólo quiero decir que me parece un momento clave,
decisivo, del proceso de construcción europea, no sólo del mercado
europeo, como se ha dicho aquí, sino del proceso de la construcción
política y económica de Europa, y que éste es un acontecimiento
fundamental a finales del siglo XX.
En segundo lugar, España ha cumplido sobradamente los criterios de
convergencia y esto, se diga lo que se diga, ya no es un elemento de duda
o de subjetividad política, sino que es un hecho que hay un éxito
político indudable del Gobierno y, en la escala que a cada uno nos
corresponde, de los grupos parlamentarios que le apoyamos; es un éxito
fundamental.
En esta intervención quiero hacer una breve reflexión de lo que entiendo
son las claves del éxito, no tanto para hacer un festejo o una
celebración de un acontecimiento tan importante como éste, sino para
acumular a nuestro patrimonio político e histórico los elementos que han
permitido este éxito político indudable, y que yo creo que hay que
mantener, porque a partir de este momento empieza lo más difícil. Hemos
pasado dos años claves, dos años complicados, en los que hemos obtenido
este brillante resultado, pero el principal peligro sería que pensáramos
que las cosas se han resuelto y que a partir de ahora empieza la parte
fácil. Ahora, probablemente, comienza la más difícil, porque lo
importante no sólo era entrar, sino que la clave era llegar a la meta,
como decía hace muy pocos días el gobernador del Banco de España.
Yo creo que las claves del éxito son, en primer lugar, una brillante
gestión económica basada en el rigor presupuestario, en el económico y en
el rigor de toda la política fiscal, de ingreso y de gastos. La batalla
por conseguir la bajada de la inflación, del déficit público y de los
tipos de interés, el control de la deuda y su crecimiento son elementos
básicos que ha sido necesario que se hayan planteado como objetivos
fundamentales de este Gobierno.
Yo no coincido con que ese proceso se inicia, como ha dicho mi amigo del
Grupo Catalán, en el año 1994. Es verdad que desde ese año había esa
voluntad; es verdad que Convergència i Unió apoyaba al Gobierno anterior
y buscaba esos objetivos, pero los resultados de 1994-1996 no fueron
precisamente brillantes. Eso fue así, quizás no sólo porque desde el área
de la política económica hubiera una voluntad de conseguir esos
resultados, que la había, sino porque también hacía falta no sólo que un
ministro de Economía, como
era el señor Solbes, quisiera alcanzar esos resultados; hacía falta que
hubiera un gobierno fuerte, que hubiera una cohesión política, que
hubiera una autoridad desde ese Ministerio, que probablemente en ese
tiempo no la había por falta de cohesión, y que hubiera un presidente del
Gobierno dispuesto a apoyar objetivos políticos que a veces tienen un
coste.
En ese sentido, repito, yo creo que se han conseguido objetivos
importantes a partir de 1996, con una voluntad política que se inicia un
poco antes, pero con resultados que son explícitos en los dos últimos
años, y esos resultados, como decía, han sido una gestión económica. Yo
quisiera decirles a nuestros compañeros y amigos del Partido Popular que
no ha sido la aplicación de las recetas de la derecha ni, como algunos
creen, una cuestión de que las políticas económicas, en los temas de la
gestión entre una economía de mercado; son problemas de gestión de una
política de derechas o de izquierdas. Coincido con lo que decía el señor
Blair hace unos días en la Asamblea francesa de que los problemas de la
buena gestión económica no son de derechas ni de izquierdas, sino que se
trata de buena o mala gestión; y yo creo que estamos en el terreno de la
buena gestión. En ese sentido, lo que hay que hacer a partir de ahora, y
tendremos los presupuestos de 1999 y del 2000, es continuar marcando la
misma disciplina presupuestaria, el mismo rigor y los mismos objetivos
para que este éxito no nos emborrache, nos llene de euforia y pensemos
que se pueden relajar y que se pueden lograr los mismos objetivos por
otras vías distintas a las empleadas.
Por tanto, la primera de las claves del éxito es la gestión y la segunda
la que acabo de señalar, la autoridad política con que esa gestión se ha
podido hacer. No siempre vale el decir que hay que hacer un control del
gasto público si realmente después no hay la disciplina, la fuerza, la
autoridad política necesaria para que ese control se realice. Por tanto,
yo espero que este éxito refuerce las posiciones de los que han dirigido
esa política económica para que no haya en ningún momento titubeos ni
vacilaciones en el desarrollo de esa política.
En tercer lugar --y a esto sí quisiera referirme con mucha insistencia--,
ha existido también el problema de que toda esa política se ha hecho en
el marco del consenso social. Alguien ha dicho que se empieza la fractura
del consenso social. En mi opinión, no hay bases, al menos por ahora,
para que se produzca esa fractura. No es un problema de éxito de la
política macroeconómica. Esta se ha traducido para los ciudadanos en
mejora de la capacidad adquisitiva de los salarios y de las pensiones
respecto a la inflación, en bajadas de los tipos de interés y de las
hipotecas, en efectos que los ciudadanos han apreciado directamente. Por
tanto, hay bases para el consenso social. Pero si a partir de ahora se
plantearan políticas mucho más audaces --entre comillas--, y por tanto
irresponsables, en la política fiscal y económica, habría que afrontar
recortes del Estado de bienestar (como algunos informes europeos
preconizan, sobre todo en relación con las pensiones y la sanidad), que
nos llevarían a esa fractura del consenso social, que me parece muy
peligroso. Deberíamos hacer un enorme esfuerzo por seguir manteniendo el
diálogo social para que se produzca el consenso, por activa o por pasiva.
Unas veces, los sindicatos muestran su apoyo por activa y, otras, por
pasiva. A veces, hay que hacer declaraciones en contra de una política
económica, pero no hay convicción de fondo de que hay que enfrentarse a
esa política económica; en ocasiones, son declaraciones de cara a la
galería y, en otras, son de verdad, porque se está rompiendo las bases
del consenso social. Yo creo que no se está produciendo en este país,
pero espero que el Gobierno no tenga esa tentación
--por los peligros--, sobre todo cuando observo que, a la hora de la
elaboración del Plan nacional de empleo que se lleva mañana al Consejo de
Ministros, ha habido una necesidad de hacer un plan nacional de empleo,
no tanto por convicción, sino más bien porque lo pide la Cumbre de
Cardiff, que se va a celebrar el próximo mes de junio en el Reino Unido.
A mí me parece que era un momento importante para la elaboración, en
activo político, de lo que es un gran Plan nacional de empleo, con
políticas activas de empleo, que son la base para mantener el consenso
social. Porque el actual grado de paro de este país exige no sólo el
mantenimiento de un marco económico que cree empleo --y en eso estamos--,
sino políticas activas de empleo, que son fundamentales para reducir los
costes sociales y económicos que acarrean el gravísimo nivel de desempleo
que tenemos.
Por último, el cuarto elemento del éxito --al que también me quiero
referir-- es la estabilidad parlamentaria y, con ella, la alianza que hay
en este Parlamento en este momento, que produce, entre otras cosas, no
sólo un consenso social, sino un consenso territorial.
Imagínense la crisis y el conflicto, no sólo social y económico, sino
territorial, que se hubiese producido en este país si el Partido Popular
hubiese alcanzado
--como deseaban, por supuesto-- la mayoría absoluta y no hubiera un
gran acuerdo con las fuerzas nacionalistas. Creo que este país ha tenido
la suerte de encontrar ese equilibrio parlamentario y será muy importante
mantenerlo. Lo único que quiero decir es que me parece que el problema de
la sostenibilidad está basado en el mantenimiento del rigor económico,
para lo que hace falta consenso parlamentario y un Gobierno fuerte, y
Coalición Canaria va a seguir apostando por ello. Hace falta mantener
diálogo social y consenso social; hace falta poner en el eje de nuestros
objetivos el Plan nacional de empleo y la política de empleo; hace falta
autoridad política --antes ya señalé que es producto también de ese
consenso parlamentario--, así
como que las fuerzas parlamentarias, en los dos próximos años, no
entremos todos en un debate de elecciones primarias. Y no me refiero con
eso sólo al Partido Socialista, sino a las elecciones vascas, elecciones
catalanas, elecciones municipales que vamos a tener, y al peligro que hay
de que se resquebraje esta alianza parlamentaria, que es fundamental para
conseguir esos cuatro objetivos en los próximos años.
Yo tengo alguna sensación de que lo que queda del año 1998 y el año 1999
pueden ser más frágiles, desde el punto de vista de la cohesión
parlamentaria, si todos nos metemos en campaña electoral y en elecciones
primarias. Mantengamos esos cuatro objetivos. Creo que España no sólo ha
cumplido bien, sino que lo hará mejor. Si se sigue manteniendo estos
criterios dentro de cuatro años con estabilidad y si se sostiene el pacto
de convergencia, se podrá alcanzar niveles muy importantes en el
protagonismo de la construcción europea.
Señor Rato, creo que su Gobierno y usted en particular han tenido un
brillante éxito, pero a veces el éxito produce euforia; la euforia
produce prepotencia; la prepotencia, malas políticas, y las malas
políticas, declive o crisis. Por tanto, colóquese usted con la misma
actitud, con la misma modestia y con la misma responsabilidad que en el
año 1996 y seguiremos teniendo éxitos, éxitos que son de todos los
españoles y de todos los territorios.
Nada más, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mauricio.
¿Cuántas de SS. SS. van a querer intervenir por el Grupo Parlamentario
Mixto? (Pausa.)
En primer lugar, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, en el poco tiempo del que dispongo voy a
fijar la posición de los diputados y diputadas de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya-- Els Verds.
Posiblemente el resumen de lo que el vicepresidente del Gobierno pretende
retransmitir es: como primer gran titular, las excelencias de la política
económica del Gobierno con motivo de la aprobación de los criterios de
convergencia y, como segundo titular, la importancia histórica del
proceso de convergencia económica en el proceso de integración europea.
En el poco tiempo que tengo voy a concentrar fundamentalmente mis
palabras en el primer gran tema de este debate, en las excelencias de la
política económica del Gobierno --según él-- a raíz de la aprobación de
los criterios de Maastricht. Pero antes, quiero referirme a tres o cuatro
aspectos del proceso de integración de la Unión Europea.
No comparto las opiniones de que el proceso de unidad monetaria es
prácticamente un hito histórico que resuelve el proceso de integración
europea. Es una cuestión importante, pero quiero exponer, para que conste
en el «Diario de Sesiones», que los grandes retos de la integración
europea pasan por superar el déficit democrático y por incorporar el
espacio social europeo al proceso de integración europea. En muchas de
las intervenciones de los grupos parlamentarios de la mayoría se echa en
falta referencias claras a estos dos aspectos.
Quiero recordar también al señor Rato --lo hacemos siempre pero él lo
olvida--, cuando canta las excelencias de la política económica del
Gobierno, diciendo que hace tres años España no cumplía prácticamente
ningún criterio de los de convergencia de Maastricht, que es cierto, pero
ya se mencionó en el año 1995 quesólo un país los cumplía. Además, el
hecho fundamental de que hoy una gran mayoría de países cumplan los
criterios de convergencia viene motivado por una decisión de una voluntad
política de los gobiernos europeos, que ha legitimado y legalizado
prácticas importantes de contabilidad creativa que tarde o temprano
aflorarán y que se deberán asumir.
Dicho esto, simplemente quiero hacer dos tipos de consideraciones: la
primera es rebatir la idea de que del cumplimiento de los criterios
económicos de Maastricht por parte de España se desprende automáticamente
la bondad de la política económica del Gobierno. Cumplir los criterios de
convergencia económica es bueno pero ése no puede ser el único para
decidir si la política económica del Gobierno es buena o no. A mi
entender, tan o más importante que el cumplimiento de los criterios es la
respuesta a dos preguntas. La primera pregunta es si usted cree que el
Gobierno ha exigido, ha pedido esfuerzos iguales a los diferentes
sectores de la sociedad española en este proceso de convergencia. La
segunda pregunta es la siguiente: hoy, cuando España cumple los criterios
de Maastricht, no voy a decir si España es una sociedad más justa o menos
injusta, ¿es un poco más justa o es un poco más injusta? Yo creo que la
respuesta a estas dos preguntas dice claramente que la política económica
del Gobierno no ha sido buena. ¿Por qué? En primer lugar, porque el
Gobierno ha realizado una política que ha hecho gravitar los esfuerzos
del ajuste en el proceso de convergencia sobre los sectores menos
poderosos de la sociedad y, en segundo lugar, porque como consecuencia de
esa política económica hoy la sociedad española es, como mínimo, y
permítanme que se lo diga, un poco más injusta.
¿Sobre qué carriles han hecho el ajuste en estos dos años? Por ejemplo,
sobre el carril de la congelación salarial de los funcionarios en el año
1997; sobre una moderación salarial que, según el informe del Instituto
Monetario Europeo, está muy por debajo de la media de salarios, a pesar
de que los costes laborales unitarios se disparan.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura, le
ruego concluya.
El señor SAURA LAPORTA: Voy concluyendo, señor presidente.
Ustedes han hecho un ajuste sobre una disminución sin precedentes en la
inversión pública; han hecho un proceso de convergencia con el
medicamentazo y están haciendo el proceso de convergencia dejando que el
actual Estado del bienestar de la sociedad española, que aún está muy
lejos del Estado del bienestar europeo, no se pueda mantener. Sobre eso
se ha hecho el proceso de convergencia.
Además, este proceso de convergencia se ha hecho olvidando el empleo, que
no ha aparecido como un asunto central en la política económica del
Gobierno y esto lo han repetido incluso sus socios parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura, debe
concluir; sabe que está compartiendo su tiempo con el Grupo Mixto.
El señor SAURA LAPORTA: Acabo ahora mismo, señor presidente. Estoy
concluyendo, pero habíamos acordado un determinado tiempo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura, le
insisto en que su tiempo va a ser compartido por cuatro miembros del
Grupo Mixto. Los grupos parlamentarios han dispuesto de 15 minutos; S. S.
disponía de cinco, no me obligue a hacer la división. Le ruego concluya.
El señor SAURA LAPORTA: Señor presidente, posiblemente el cambio de
Presidencia ha hecho que no se cumpla el acuerdo de reparto de tiempo que
teníamos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura, no es
así y le insisto en que concluya.
El señor SAURA LAPORTA: Señor presidente, es así, pero voy a concluir.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Me gustaría que no
entrara en diálogo con la Presidencia y mucho menos discuta sus
decisiones. Le ruego concluya.
El señor SAURA LAPORTA: Concluyo.
Simplemente pondré un ejemplo que demuestra claramente que la política
económica del Gobierno no es una política buena.
Señor Rato, ¿es posible que usted suba a esta tribuna o que el Gobierno
diga que la política económica es buena cuando en 1996 y en 1997 la tasa
de prestación del desempleo ha ido disminuyendo y se ha situado por
debajo del 50 por ciento? ¿Un ministro de Economía puede subir a esta
tribuna diciendo que la política económica de su Gobierno es buena cuando
menos de la mitad de las personas paradas no cobran seguro de desempleo?
¿Era posible hacer otra política? Sí.
Y ahora sí acabo, y simplemente diré, señor Rato, que en lo relativo al
futuro hay una ecuación de cuatro variables que no puede cuadrar, es
imposible que cuadre: cumplir con el Pacto de Estabilidad, producir una
reforma fiscal de disminución de ingresos, mantener las inversiones
públicas y mantener o mejorar el Estado del bienestar. Eso es
absolutamente imposible y creo, señor Rato, que sería bueno que usted
pudiera contestar acerca de esta ecuación.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saura.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
No sé si me corresponde a mí o al señor Rodríguez, la Presidencia es la
que tiene que establecer el orden.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Lasagabaster, manteníamos el turno habitual, de menor a mayor. Quizá
debíamos haberlo invertido; lo haremos como SS. SS. quieran.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: No se preocupe, señor presidente.
Además, como no voy a acercarme a la tribuna, no emplearé tiempo en
llegar allí.
Intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna y no voy a referirme a la
primera parte, de descripción, que ha hecho el señor vicepresidente
segundo sobre el cumplimiento de los criterios de convergencia nominales.
A raíz de lo que señalaba el artículo 109.J del Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea, el Instituto Monetario Europeo, así como la
Comisión, han emitido sus informes, que yo creo que han sido positivos.
Pero nos queda todavía las resoluciones del Ecofin, del Parlamento
Europeo y del Consejo Europeo.
Nuestra preocupación radica más en lo que ha sido la exposición del señor
Rato en su segunda parte. Y no podía ser de otra manera, porque, aunque
estamos hablando de criterios de convergencia nominales, sólo debieran
ser un mero instrumento para alcanzar la convergencia real o lo que es lo
mismo, y así lo ha descrito el señor Rato, mejorar el nivel de vida de
los ciudadanos. Y, por eso, sí tenemos que manifestar una serie de
preocupaciones e incluso reflexiones.
En primer lugar, se ha hablado por el señor Rato, y no es la primera vez
sino que ha sido constante en sus intervenciones, de que el crecimiento
económico puede ser suficiente para aliviar el problema del paro.
Creemos que esto no es así. No dudamos de que el crecimiento de la
economía, incluso la bonanza económica que existe al día de hoy, permite
aumentar el número de empleos en nuestra sociedad. Pero, para paliar el
grave problema estructural del 20,8 por ciento de paro, hay que ponerle
un coeficiente corrector a la política económica y no tender meramente al
cumplimiento de los criterios nominales. Esto ya se hablaba en las
propias conclusiones de la Presidencia de Luxemburgo. En ese campo habría
que hacer un esfuerzo mayor para desarrollar las políticas activas. Eso
lo hemos dicho en múltiples ocasiones y se nos ha hablado de que el
aumento ha sido importante. Cuantitativamente sí, pero de lo que hablamos
es de si porcentualmente ese aumento es importante en relación con el
momento económico que estamos viviendo. Entendemos que se debe hacer
mucho más a ese respecto. También aludimos a que sería importante en el
País Vasco, en la comunidad autónoma, una transferencia de políticas
activas, que permitiría coordinar más los problemas con las soluciones.
En segundo lugar, para no extenderme, hablaría de cómo mejorar el nivel
de competitividad y en ese sentido tenemos que mencionar las inversiones
públicas. En los presupuestos tampoco se ha hecho todo lo posible. Cuando
tratamos de inversiones públicas, lógicamentenos referimos a
infraestructuras, pero me centraré en lo que es la inversión en I+D o
ciencia y tecnología. Esta es una de las cuestiones claves para saber si
nuestras empresas van a ser competitivas, aunque sea en el marco de
estabilidad económica, ya que vamos a tener que competir con otra serie
de empresas europeas y de fuera de Europa. En este sentido, pensamos que
una de las cuestiones claves es esa inversión pública.
También quería señalar que hoy por hoy se habla de una zona fuerte, de
una zona del euro. Pero quiero preguntar si esta zona fuerte va a
resistir, si no va a haber otra serie de preocupaciones y si esto se va a
mantener.
No me voy a extender. Quedo dentro del tiempo y se lo cedo a mis
compañeros.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
Tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser breve. Señorías, señor ministro, en primer lugar, debemos
felicitarle desde Unió Valenciana por haber conseguido cuadrar los
números del euro y aprobar el examen de la tercera fase de la Unión
Económica y Monetaria. Pero también hemos de felicitar a todos los
ciudadanos que durante este tiempo hemos sufrido los ajustes de sucesivos
gobiernos, sobre todo en aquellas comunidades, como la valenciana, que
han sufrido reducciones drásticas en sus inversiones con tal de conseguir
ese anhelado objetivo.
El Estado empieza a converger con Europa, con la loada integración
económica. Suponemos que a esa convergencia nominal le seguirá con la
misma intensidad la fiscal en un corto plazo de tiempo. Pero, señor
ministro, la gran pregunta es para cuándo la convergencia real.
Usted sabe que nuestra situación con respecto a otros países no es nada
ventajosa. La tasa de paro, como han apuntado otros portavoces, es la más
alta de la Unión Europea y parece muy difícil que se pueda llegar a
situar por debajo del 10 por ciento en los próximos años. España sigue
siendo, además, un país sin una clara política industrial que no sea la
privatización de la industria pública, como también se ha apuntado por
otros portavoces, y se piden más esfuerzos y sacrificios. ¿A quién? A la
agricultura. Usted sabe que la agricultura está en un momento decisivo,
la española y la europea. Pero, señor ministro, casi un millón de
agricultores poco a poco ven desvanecidas sus esperanzas, porque en
Europa se va perdiendo, batalla tras batalla, capacidad de decisión en
cuestiones tan importantes como la Agenda 2000, la reforma de la PAC, las
OCM de los lácteos, de frutas y hortalizas, del aceite, del vino y un
largo etcétera. Esta es la integración que entienden nuestros
agricultores, que se ven perjudicados por una Europa a la que ya empiezan
a conocer. Y digo que la empiezan a conocer porque con la integración de
nuevos países, los acuerdos preferenciales y las OCM que todavía no nos
han impuesto
--porque, lo de negociar con Europa, a nuestros agricultores les
suena a chiste--, ya me dirá usted, señor ministro, cómo explican a los
agricultores los beneficios de la integración económica.
El problema de la agricultura es grave. Los productos agrarios
mediterráneos tienen a las puertas otras decisiones de gran importancia.
Pero, señor ministro, ¿qué va a ocurrir a partir de ahora? ¿Seguirá su
Gobierno recortando el gasto social y la inversión para mantener ese
déficit público? ¿Seguiremos viendo en la Comunidad Valenciana pasar de
largo las inversiones? ¿Perderemos los fondos estructurales? ¿Y los de
Cohesión?
Señor ministro, la Comunidad Valenciana podría ser el motor de la Unión
Europea, pero ha visto pasar de largo las inversiones en la época del
dispendio y ahora, por los sacrificios, también estamos sufriendo.
Esperamos que la convergencia real con Europa llegue algún día a ser un
hecho en la Comunidad Valenciana; pero, desgraciadamente, ese día sigue
estando muy lejos.
Tenga por seguro que, como europeo, le puedo felicitar, señor ministro,
le felicito por la integración económica. Como valenciano, le felicitaré
cuando realmente seamos europeos en lo social, en lo laboral, en el nivel
de infraestructuras, pero, sobre todo, en las
cuestiones agrícolas, pues estamos tan lejos como el primer día de la
integración en la Unión Europea.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
Señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, sin duda alguna estamos pasando de la euforia y
el papanatismo comunitario al escepticismo, la resignación y la apatía
que, a pesar de todas las felicitaciones, son bien evidentes en este
debate. Y posiblemente todos, unos de una manera por unos motivos y otros
por otros, estamos viviendo la política de integración en la tercera fase
de la Unión Económica y Monetaria como algo inevitable; pero lo
inevitable no quiere decir nunca lo bueno, lo mejor ni incluso lo asumido
de forma correcta. Por eso, me limitaré a cinco cañonazos, por ser
excesivamente poco matizados en función del tiempo.
El primero es que, sin duda alguna, coincidimos en que estamos en un
hito, pero un hito que tiene más que ver con la creación de la libre
circulación de capitales y de mercancías en términos absolutos y al
servicio del capital trasnacionalizado. Quien se sienta formando parte de
este capital tomará este hito como muy positivo. Los que no lo sentimos
así, cuando menos, estamos distanciados, escépticos, resignados y
combativos o con ánimos de combatir. En todo caso, está claro que no
solamente los radicales, sino personas muy ponderadas, anuncian ya que
las convergencias formales no garantizan en absoluto la igualdad real, y
sería interesante que el Gobierno, aun desde esa posición concesional,
nos dijera qué va a pasar con el euro a la hora de importar bienes de
equipo de otras partes de la Unión Europea, qué va a pasar con la
concentración del capital, si va a haber mayor desigualdad territorial,
como pasa dentro del Estado español, o si iremos francamente hacia un
paraíso feliz sin desigualdades.
El segundo es que es indudable --y estos días lo estamos viendo en la
prensa-- que todo este proceso se da paralelo a un discurso de alienación
economicista y de irresponsabilidad político-social --cuando menos, en el
Estado español--, evidente en las citas que antes se hicieron, los
informes de la OCDE, que hablan de más desregulación laboral, de más
flexibilidad, de más privatizaciones, de menos gastos sociales, la Agenda
2000 y todo lo derivado de la OCM, en concreto, una regulación
burocrática y un reparto desigual de lo que es la base agraria, y,
volvemos a repetir, pensamos que es nefasto para la Unión Europea y para
el mundo que cada país no pueda contar con su base agropecuaria. Nos
gustaría saber cómo van a hacer para crear empleo, con una economía que
está destruyendo los sectores productivos, en concreto el sector
agropecuario y particularmente, en el caso del Estado español, el sector
lechero o un sector industrial tan importante como es el naval. ¿Por qué
razón tenemos que aceptar una agricultura intensiva que crea problemas de
higiene y de salud?
El tercero, señor ministro, es que se está reforzando un marco
institucional jerárquico y antidemocrático. El Banco Central Europeo va a
tener la independencia de un dios insensible ante el dolor humano. Y
aunque pueda parecer excesivo, pienso que se está creando un espacio
económico excesivamente centrado en el dominio de Alemania, que recuerda,
en este sentido, lo que eran los objetivos del III Reich.
En la prensa italiana, curiosamente, porque Italia parece un país muy
disparatado pero muy sensato desde el punto de vista crítico, se empieza
a hablar de una posible colonización mayor que la actual de los Estados
periféricos. En el Estado español no hay problemas, ya se ve; es
secundario, es subsidiario, pero tiene tal vocación seguidista que yo,
como gallego, les quiero preguntar una cosa. ¿Ustedes piensan que esto no
va a incidir --y habría que pensarlo, y como nacionalista lo digo-- en un
Estado de las autonomías que está continuamente tensionado entre un ansia
centralista y un ansia legítima de descentralización? ¿Es que esto no va
a afectar para nada al marco competencial que tenemos en el Estado
español? ¿Es que no está afectando ya al ansia del Estado por ser un
aparato ideológico y cultural muy claro al servicio de una determinada
mentalidad? No sé si ustedes lo ven; desde luego, nosotros lo vemos
clarísimo. Nos gustaría que la colonización europea no repercutiese en un
reforzamiento de la colonización interna, discutiendo además la mayor.
Por fin, señor ministro, ¿es que no va a hacer un referéndum Portugal, es
que no va a hacer un posible referéndum Inglaterra, caso de entrar, es
que no hay dudas de que lo tenga que hacer Francia, no lo va a hacer
Dinamarca, caso de que entre? ¿Por qué las precauciones y cautelas de
otros Estados y por qué, sin embargo, esta alegría de vivir del Estado
español? Perdonen, pero yo, como nacionalista gallego, pienso que tengo
que convivir con mis vecinos y sería muy importante que esto lo
discutiésemos claramente, de una manera interna, entre nosotros. Señor
ministro, dígame cómo vamos a mantener un tipo de economía competitiva
sin poder devaluar la moneda y, en definitiva, sin tener una masa crítica
clara dentro del Estado, sabiendo que nos jugamos mucho de cara al
futuro.
Antes se dijo que estamos once porque fue una operación de maquillaje.
Indudablemente, no negamos que se hayan hecho esfuerzos dentro de la
órbita de la trasnacionalización, dentro de la órbita monetaria, pero,
sin duda, la operación final es política, porque economía y política no
se pueden separar y en este Parlamento continuamente se está separando
como si los
demás Estados hiciesen lo mismo. Les puedo asegurar que no hay nada más
que leer la prensa para observar que no es así. El Bundesbank tiene sus
criterios y sus miedos, incluso respecto de su modelo; los señores de
Cofindustria, en Italia, los tienen también; el IME, en secreto o no tan
en secreto, los tiene; el señor Paul Kruman, exactamente igual. Yo, como
ciudadano gallego, los tengo muy poderosos porque la realidad contrastada
de mi país me dice que vamos por un camino que no es el aceptable. Por
esto, permítame que no le pueda felicitar porque, en todo caso, me estoy
aguando la fiesta a mí mismo y a los nacionalistas gallegos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor presidente.
Mi grupo, señor vicepresidente, sí le felicita. Subo a esta tribuna con
el convencimiento de que integración europea es igual a crecimiento
estable, crecimiento estable es igual a estabilidad política y
estabilidad política es igual a creación de empleo. Desde ese
convencimiento y desde esa vocación europeísta asistimos con satisfacción
al largo pero interesante debate de esta tarde, por todas las
aportaciones de los grupos parlamentarios.
De todos es conocido que para el 1 de enero de 1999 será necesario tener
un análisis de los estados de convergencia de los países de la Unión
Europea, para poder determinar cuáles están en condiciones de adoptar el
euro como moneda única. El Tratado de la Unión definió que para examinar
la situación de convergencia de los Estados miembros se deberían evaluar
cinco criterios para garantizar unas condiciones macroeconómicas
armonizadas que permitieran, por un lado, sustituir todas sus monedas por
una sola y, por otro lado, impedir desequilibrios que afectaran a la
estabilidad del área euro.
Creo, señorías, que estamos ante un hecho histórico sin precedentes. Creo
que nunca, en ningún proceso de integración, en ningún proceso de unión,
se había planteado alcanzar una unión monetaria sin previamente haber
alcanzado una unión política. Pero hoy nos situamos ante el reto de
impulsar la moneda única como primera coronación de la integración
europea, puesto que, como se indica desde la teoría política, la moneda,
la hacienda y la defensa son los tres ejes fundamentales que definen un
Estado o una unión política moderna.
A mi entender y al del Grupo Popular, estamos en el punto de inflexión de
un proceso de integración que arrancó, en sus principios, ni más ni menos
que en 1957, con la firma del Tratado de Roma. Para mí, el Tratado de
Roma es un monumento de diálogo y de negociación que dura ya 41 años, que
se ha forjado a base de aciertos y de errores muy ilustrativos para el
presente y para el futuro; un proceso que ha conocido estancamientos
cuando había recesiones económicas y en el que, curiosamente, los mejores
avances han coincidido con los períodos de bonanzas económicas.
No parece que en este trámite añadiera mucho una declaración política
desde el grupo parlamentario, una vez leídos los informes de la Comisión,
del Instituto y del Banco emisor, porque no hay que olvidar el informe
del Banco de España. Pero creo que no resultaría ocioso si subrayo que la
satisfacción que hoy tenemos los europeístas ha sido gracias --y quiero
de esta manera subrayarlo-- a que la política de horizonte en pos de la
Unión Europea ha gozado de un gran consenso social y parlamentario. Un
consenso social y parlamentario muy amplio --yo diría que amplísimo--, y
creo que ésa es precisamente la razón del éxito. Por eso creo que hoy hay
que felicitar a toda la sociedad española, que ha respaldado este
proceso. En esta Cámara somos la inmensa mayoría los que, con matices
pero sin ningún tipo de fisura, seguimos impulsando nuestro firme
proyecto europeo para que España no vuelva a repetir épocas tristes de
aislamiento y para que España nunca se vuelva a colocar de espaldas a los
ritmos de la historia, a los ritmos europeos.
Mencionaba antes especialmente el informe del Banco de España porque en
ese informe hay una frase de la que quiero que quede constancia en el
«Diario de Sesiones». Dice el informe del Banco de España que la
convergencia en España no ha sido nunca tan elevada como en el momento
presente, lo que augura un inicio de la moneda única sobre bases muy
sólidas. Es bueno recordar el debate, la polémica que había no hace mucho
alrededor de un interrogante: qué número y qué países iban a formar el
euro, y en ese momento de la polémica España siempre estaba descartada.
Cuando los nubarrones se despejaron sobre los sombríos horizontes de la
integración de España en Europa, creo que se puso a debate otra cuestión,
aquella en la que alguien venía a decir que todos éramos coincidentes en
los objetivos pero que las medidas que llevaba a cabo el Gobierno del
Partido Popular no eran las acertadas. Pues bien, hoy, después de leer
los informes de la Comisión y el informe del Instituto Monetario, en los
que se recomienda que España esté en el área euro, sería también justo
reconocer que no sólo se han cumplido los objetivos, sino que aquellas
medidas que fueron de alguna manera criticadas no eran tan malas, porque
son las que han servido como instrumento y mecanismo para llevar a España
a esta integración en el proceso europeo. Es decir, esas medidas han
conseguido traducir aquella España que era un valor descartado en la
España que es hoy un valor seguro en el área euro.
Creo que es bueno que recordemos en esta Cámara --y no voy a citar a
ningún parlamentario del Grupo Popular, sino también el informe del Banco
de España-- que España partía de una situación singular y diferente.
Teníamos una brecha mayor que el resto de los países. Dice el Banco de
España que España partía de desequilibrios acumulados, inestabilidad
cambiaria, inflación elevada y déficit público ampliado. Una desventaja
que ha hecho redoblar el esfuerzo, pero que hemos visto
satisfactoriamente compensado con la lectura de estos informes, el de la
Comisión y el del Instituto Monetario. Son informes --yo quiero dejar
aquí constancia de ello-- coincidentes, no tienen apenas ningún tipo de
discrepancia; pero lo más importante que contienen estos informes,
señorías --y es bueno para España saberlo--, es que no contienen ninguna
advertencia a la autoridad económica española, lo que contrasta
positivamente con el hecho de que los grandes Estados miembros sí tienen
algunas advertencias en esos informes.
Señorías, considero oportuno dejar constancia y valorar algunos aspectos
que contienen estos informes en relación con los criterios de
convergencia. Sin extenderme en demasía, porque ya lo han hecho otros
portavoces, hay algunos asuntos que conviene subrayar. Cabe resaltar que
el criterio de tipos de cambio no ocupa apenas espacio en los informes.
Esto sería, de alguna manera, una confirmación, una expresión de que a
las autoridades europeas no les inquietan ni ven datos preocupantes en lo
que a la variable de cambio se refiere. El tratamiento que recibe la
variable de tipos de interés es parecido al anterior, pero quiero
destacar que en estos informes se dice claramente que el inicio de la
caída de los tipos de interés comenzó a finales de 1995 y que su
intensidad, mayor reflejo y mayor aceleración se recogen en los
ejercicios de 1996 y 1997. Pero, siendo esto importante, es más
importante y principal que se reitere de manera insistente que la caída
de los tipos de interés tiene su justificación fundamentalmente en que
España consiguió estrechar su tremendo diferencial de inflación. Creo que
este es un señalamiento del informe que conviene tener presente de cara
al futuro.
Los informes de la Comisión Europea y del Instituto Monetario separan de
forma muy especial --aquí sí-- cuando valoran la evolución de la
inflación en España. Para mí y para mi grupo genera confianza poder
reproducir hoy aquí alguna de las frases que, en relación con la
inflación, viene a decirnos el informe. Lo digo, sobre todo, porque creo
que para algunos que están en la permanente duda, o por lo menos
intentando artificialmente crear esa duda, o que se sienten cómodos
instalándose en la catástrofe sobre el comportamiento de la inflación,
sería bueno que se leyeran este párrafo que contienen los informes.
Cuando se habla de la inflación respecto a España se puede leer: La tasa
interanual de los precios al consumo en España está estabilizada en el 2
por ciento y no hay indicios de presiones alcistas en el inmediato
futuro. Y todavía, por si esto fuera poco, para aquellos que siempre
están poniendo en duda cuál es el comportamiento de la inflación o
situándose siempre en las sombras sobre la variable de la inflación, dice
el informe que sólo los riesgos o las tensiones que la variable de
inflación podría sufrir vendrían asociados a una evolución inmoderada de
los salarios, a una insuficiente competencia en los mercados de bienes
--y, curiosamente, no cita los de servicios, insiste en los mercados de
bienes-- y a una escasa consolidación fiscal.
Creo que estas tres recomendaciones, no ir a la inmoderación salarial, no
abrir más la competencia en los mercados de bienes y de servicios y
resistir a la tentación de hacer políticas laxas en materia
presupuestaria, son buenas; son tres buenas recomendaciones para el
horizonte de la política económica de cualquier Gobierno que quiera tener
no sólo el orgullo de haber llevado a España a la integración europea,
sino de crear las condiciones para mantener a España con el mayor grado
de competitividad. Sería bueno que después de esta confirmación que acabo
de leer, que da la garantía de la estabilidad de los precios, no sigamos
alimentando dudas ni construyamos artificialmente nubarrones, actitud que
estoy convencido de que sabría remunerarnos muy bien la estabilidad
económica.
Los informes tienen su espacio más amplio fundamentalmente cuando se
refieren a la consolidación fiscal, de la que a mi grupo le importa
destacar el reconocimiento que hacen los informes, de manera
absolutamente nítida, expresa y clara, de que el ajuste, el esfuerzo
presupuestario ha recaído sobre los ejercicios de 1996 y de 1997. Es en
esos años cuando se ha producido el gran avance, y no sólo lo dicen los
informes de la Comisión y del Instituto, lo dijo ayer mismo el gobernador
del Banco de España; es en esos ejercicios cuando se logran avances en
este capítulo. Es cierto que los dos informes aconsejan que, de cara al
futuro, habrá que hacer también un esfuerzo adicional de consolidación
fiscal, si es el deseo del Gobierno corregir --por así decirlo-- la parte
más crítica que hay en todos los informes en relación con España, que es
la deuda. Digo crítica porque hay otros países que están en situación
mucho peor que la nuestra, nosotros estamos en el abanico del 60 al 70
por ciento, en la primera franja, pero ciertamente se recomienda que se
haga un esfuerzo adicional de consolidación fiscal si queremos alcanzar
un horizonte de saldo equilibrado que nos permita, allá por el año 2001,
estar en la referencia del 60 por ciento del nivel de deuda.
Señorías, termino con una sola mención respecto a este capítulo de la
consolidación fiscal. Creo que lo importante de estos informes es que
despejan ese debate que se pretende montar y que creo que también es un
debate artificial. Porque primero era que podíamos o no podíamos entrar;
segundo era que los objetivos
eran coincidentes pero las medidas no eran las adecuadas; y ahora, cuando
las medidas se han demostrado como mínimo buenas para llegar a la
integración europea, el debate va a ser si esto es o no sostenible, si la
consolidación fiscal es o no es sostenible. Pues yo creo precisamente que
los informes vienen a certificar y a confirmar que el esfuerzo
presupuestario hecho en España de disciplina, de ortodoxia, de rigor,
está en el buen camino y es perfectamente sostenible. ¿Y por qué puede
decir la Comisión Europea que es sostenible la consolidación fiscal
iniciada por el Gobierno del Partido Popular? Por una sencillísima razón,
porque se ha leído los programas de convergencias y en ellos se ve con
claridad que todas las tensiones que podrían provenir por materias de
educación, de transferencias de educación, de política fiscal, de
políticas de inversiones, están contempladas en los programas de
convergencia y hacen un todo que lo hace absolutamente sostenible en el
horizonte del 2001. Precisamente eso es lo que confirman los informes de
la Comisión y del Instituto.
Señorías, señor presidente, creo que España ha logrado un círculo
virtuoso de la economía, una concatenación de efectos beneficiosos;
efectos beneficiosos que han tenido su base en la estabilidad política,
en la estabilidad parlamentaria, que han tenido su base en que hemos
alcanzado la estabilidad de precios, que han tenido su base en que hemos
alcanzado una buena consolidación fiscal que ha derivado directamente en
la reducción de intereses, reducción de intereses, señorías, con la que
los niveles de bienestar y de cohesión social se han visto incrementados
y caminan fortalecidos hacia las medias europeas, que tiene que ser --y
es, desde luego, para el Grupo Popular-- nuestro único objetivo:
converger en materia de cohesión social con las medias europeas.
Señor presidente, señorías, hoy, para el Grupo Popular, es un día feliz
porque estamos en el camino de la estabilidad social y de la paz social
en España a través de la integración europea.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Aguirre.
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.
Señorías, trataré de ser breve y, al mismo tiempo, de no obviar ninguno
de los temas que se han planteado, porque todos ellos me parecen de gran
importancia.
Ante todo, quiero agradecer a todos los portavoces que han intervenido
sus aportaciones al debate, tanto a los que han compartido la posición
del Gobierno no sólo en cuanto al objetivo de convergencia nominal de
entrada en el euro, sino también en cuanto a lo que eso supone de abrir
puertas a la solución de nuestros problemas más importantes, como a
aquellos que creen que existen caminos alternativos a esa solución. Creo
que eso enriquece el debate; además, me parece que en un país que tiene
una tasa del paro del 20 por ciento, cuantos más debates tengamos sobre
cómo solucionarlo, pudiendo contrastar nuestras opiniones, nuestras
posiciones y la realidad, creo que será mejor desde el punto de vista del
cumplimiento de nuestras obligaciones.
Coincido con el señor Martínez Noval, que ha intervenido en nombre del
Grupo Socialista, en que es importante que hoy en Europa haya un grado de
convergencia amplio. Lo he dicho en mi primera intervención y lo reitero
en ésta, como creo que es importante que ese grado de convergencia esté
basado en la realidad marcroeconómica. El hecho de que hoy en el espacio
económico europeo, incluidos los países que hoy por hoy dicen que no van
a pertenecer al euro en una primera fase, tengamos bajos niveles de
inflación, bajos niveles de déficit público y altos grados de
liberalización de nuestras economías es la gran esperanza para que Europa
solucione su problema más importantes, como es sin duda el problema del
desempleo. Por lo tanto, yo coincido con él en que el que hoy nos
enfrentemos no a una Europa de dos o tres velocidades sino a una Europa
de una sola velocidad es una garantía de futuro. Creo que sus frases y su
pensamiento sobre que el euro es el logro de toda una sociedad, así como
el papel que su partido ha jugado desde el punto de vista europeo,
incluso se ha remontado a los principios de la vida parlamentaria
democrática, todo eso me parece muy pertinente, y por lo tanto no voy a
comentarlo nada más que desde el punto de vista de la coincidencia. Me
parece muy bien que el señor Martínez Noval y su grupo parlamentario
recuerden sus responsabilidades en la política europea, en la oposición
en los años setenta, en el Gobierno en los años ochenta y en la oposición
en los años noventa; todo ello me parece relevante e importante y creo
que no produce debate político.
Simplemente quisiera hacer referencia a una cuestión que no sólo el señor
Martínez Noval sino otros portavoces han mencionado, que es que estamos
en la fase alcista, las cosas van bien, ¿qué va a suceder cuando las
cosas vayan mal? Indudablemente, estamos en una fase de recuperación
económica, pero la estabilidad macroeconómica no ha solido, por decirlo
suavemente, acompañar a nuestras recuperaciones económicas. Por lo tanto,
el hecho de que hoy estemos creciendo a un ritmo intenso, creando empleo
en relación al crecimiento al ritmo más intenso que lo hemos hecho nunca
y que, al mismo tiempo, seamos capaces de tener una muy baja inflación,
un déficit público que se reduce y una situación de balanza por cuenta
corriente excedentaria, basada en una pujanza extraordinaria de nuestras
exportaciones y en un sector turístico
altamente competitivo a nivel mundial, son una serie de cuestiones que
han cambiado la economía española. Es decir, lo que hoy venimos a
discutir aquí no es que hayamos llegado a unos niveles de convergencia
determinados por casualidad, ni siquiera porque estemos haciendo un
esfuerzo insostenible; lo importante es que hemos llegado a esos niveles
de convergencia porque la economía española se ha transformado y se está
transformando. Eso es lo importante del proceso, eso es lo que tenemos
que entender. Lo que tenemos que entender es que, si queremos crear
empleo en un mundo interrelacionado, con libertad de movimientos de
personas, de capitales, de bienes, de servicios, tenemos que ser
competitivos y lo estamos demostrando. Lo estamos demostrando porque
nuestras exportaciones crecen a un determinado ritmo, muy por encima del
comercio mundial, o porque, al mismo tiempo que estamos siendo capaces de
mantener la misma inflación que los países centrales de Europa, estamos
siendo capaces de crear más empleo del que ellos crean.
En ese sentido es verdad que estamos en una fase expansiva. Pero es
verdad que, por primera vez en una fase expansiva, suceden muchas cosas
que antes no sucedían. Por ejemplo, nuestra industria no sube los
precios; estamos reduciendo el déficit público a un ritmo mucho más
intenso que en otras fases sin aumentar la tributación; estamos haciendo
cosas distintas de las que hemos hecho en otros momentos, que sabemos que
no nos dieron demasiado buen resultado y en este momento estamos haciendo
cosas que, como decía el señor Martínez Noval, otros países también están
haciendo.
Otros países también han aprendido la lección. Los años setenta y ochenta
han enseñado muchas lecciones a muchos países. Me parece importante que
hoy España pueda decir, y no enfáticamente, pero si con solidez, que
nosotros estamos haciendo las cosas con la misma o mayor eficiencia que
otros países, porque esa es la única garantía de futuro.
En ese sentido la referencia a la contabilidad creativa me parece
indudablemente importante; pero también --digámoslos todo, porque ¿por
qué no vamos a reconocer la realidad?-- el Bundesbank ha publicado una
tabla sobre efectos de contabilidad creativa y estamos entre los países
que menos efectos producen. Es decir, nos encontramos con que países como
Francia, Finlandia, Bélgica, Austria, Portugal y el Reino Unido tienen
unas calificaciones distintas. No me parece que tengamos que debatir
eternamente sobre lo que hacen los demás, pero creo que es interesante
comprobar que nosotros hemos hecho un esfuerzo que no sólo es importante
en cuanto a nuestra propia realidad de hace dos años, sino que es
importante en cuanto a la realidad de los demás. Eso le debe dar
confianza --y le da confianza-- a la sociedad española. La sociedad
española sabe perfectamente esto porque es la que está haciendo ese
esfuerzo. Después hablaré sobre temas que ha planteado izquierda Unida
que me parecen muy interesantes.
El señor Martínez Noval ha dicho que la negociación política no era una
opción en el año 1996. Yo tengo que decir que la opción de la negociación
política de los países del sur se acaba en la cumbre de Valencia. Eso es
tan obvio, es tan conocido y los efectos sobre políticas de otros países
han sido tan claros que no creo que tengamos que perder demasiado tiempo
en esa dirección pero, en cualquier caso, recojo las manifestaciones que
me ha hecho.
Después ha planteado el señor Martínez Noval la pregunta más importante,
que es a dónde vamos, y ha dicho que estamos en unas condiciones
coyunturales. Es verdad, señor Martínez Noval, siempre estamos en
condiciones coyunturales pero, vuelvo a insistir, éstas son muy
distintas, porque la economía española no ha sido capaz nunca de combinar
estabilidad con crecimiento y ahora lo está combinando. Y lo está
combinando en una situación mejor que otras economías. Esto quiere decir,
señor Martínez Noval, que estamos haciendo cosas que probablemente otros
no las están haciendo al mismo ritmo que nosotros. Por ejemplo,
liberalizar y reformar la tributación. Son dos ejemplos a los que S. S.
se ha referido, y lo ha hecho, en algunos casos, no coincidiendo con las
posiciones del Gobierno, cosa que me parece absolutamente legítimo.
La aportación del ciclo al esfuerzo de saneamiento es reconocida por la
Comisión, que en el caso español no es significativa. El 95 por ciento
del saneamiento presupuestario se hace con medidas estructurales, con
medidas que dependen de la voluntad del Gobierno. Por tanto, estamos en
una determinada coyuntura, pero el 95 por ciento de nuestro saneamiento
no depende de esto, depende de la voluntad que hemos tomado en una serie
de políticas que han tenido efectos sobre la evolución del déficit
público.
Planteaba también el señor Martínez Noval con toda certeza, en mi
opinión, que la inflación es un elemento esencial. Sin duda. Una de las
razones por las que la economía española no ha podido competir ha sido
porque la economía ha sido inflacionista. ¿Cuál ha sido la estrategia del
Gobierno --y no descubro nada-- en reducir la inflación? Por un lado,
estábamos convencidos de que reducir el déficit público quitaba presión
inflacionista a la economía. Por otro lado, estábamos convencidos de que
la liberalización de sectores energéticos, de telecomunicaciones, quita
presión inflacionista y da oportunidades de empleo a la economía.
En ese sentido yo creo que la experiencia nos da la razón. Fíjense
ustedes que la inflación de servicios, que el señor Martínez Noval ha
destacado como la presión inflacionista menos abierta a la competencia
internacional, y tiene toda la razón, en el año 1995, con una economía
cuyo crecimiento no llegaba al 2 por ciento, era del 5,1. Esa misma
inflación en el año
1998, con una economía que crece al 3,7 por ciento, es del 3,5. Es decir,
nuestro crecimiento era inferior a la inflación en 1995 y nuestra
inflación es inferior al crecimiento en 1998. Ese es un cambio. Dice el
señor Martínez Noval que no es suficiente. Desde luego que no lo es,
porque tiene razón, países con los que estamos compitiendo tienen menor
inflación que nosotros, pero ya sabemos cuál es el camino, no tenemos que
ir a oscuras, sabemos que tenemos que ir a una política de
liberalización. Los grupos parlamentarios, y desde luego uno tan
importante como el Grupo Socialista, tienen mucho que aportar en los
debates que plantee el Gobierno en esta Cámara o los grupos
parlamentarios, pero no hay ningún secreto.
Creo que lo que ha dicho el señor Martínez Noval respecto a los salarios
es muy importante y yo coincido completamente con él. La importancia de
la moderación salarial en España ha demostrado que, con una baja
inflación, puede haber moderación salarial, puede haber aumento de la
capacidad adquisitiva y puede haber creación de empleo. Pero para que
haya moderación salarial también es importante que haya confianza, porque
la moderación salarial se genera como consecuencia de las expectativas de
los negociadores. Si los negociadores apuestan porque la inflación va a
subir, nos encontraremos con dificultades en la moderación salarial. Por
el contrario, si tomamos medidas, y la sociedad sabe cuáles son (la
liberalización de sectores o la reducción del déficit público sabe
perfectamente la sociedad española que inciden en la inflación),
estaremos retroalimentando la confianza de los españoles en que el futuro
va a ser de mayor estabilidad. Y cuando los ciudadanos crean que los
precios en el futuro se van a comportar como en el presente, es decir, de
una manera estable, no sólo vamos a tener moderación salarial para dar
márgenes a la creación de empleo o a la competitividad, sino que vamos a
tener inversión sostenida y vamos a tener una sociedad mucho más estable
en términos no sólo económicos sino también sociales.
Plantea después el señor Martínez Noval, respecto de dónde vamos, una
pregunta muy importante, que es la de la sostenibilidad, de la
perdurabilidad de nuestra situación presupuestaria, y que la política
fiscal es ya el único recurso que le queda al Gobierno. Yo creo que el
recurso más importante que les queda a los gobiernos europeos --lo he
dicho en mi primera intervención-- es la política de reformas
estructurales, porque la política fiscal también está determinada por el
proceso de integración europea de manera muy importante, no sólo por el
pacto de estabilidad, sino por los efectos que tiene sobre la estabilidad
macroeconómica en general.
Se ha referido al debate de la Agenda 2000, que después ha sido planteado
por varios portavoces, en términos de preocupación. Primero quisiera
decirles a todos los portavoces que han planteado esta cuestión que el
debate de las perspectivas financieras para los años 2000-2006 seguro que
va a ser largo, y además es lógico que sea así. Sería absurdo que los
gobiernos europeos despachasen nada más y nada menos que las perspectivas
financieras de seis años en un debate corto. No debemos creer que todas y
cada una de las declaraciones que se producen en unos países, en algunos
de ellos en este momento con elecciones generales, son determinantes de
lo que va a suceder.
Segunda reflexión. Nosotros no estamos defendiendo que nos den fondos,
sino que se mantengan o no políticas, y yo creo que ahí está nuestra
fuerza. Nuestra fuerza no es decir qué va usted a hacer con mis fondos.
Nuestra fuerza es decir que hay una política europea definida no sólo
sobre la agricultura mediterránea, sino también sobre la ganadería en
Dinamarca, o una política decidida sobre investigación y desarrollo, o
una política decidida sobre infraestructuras, y una política sobre
cohesión social, una política que no hemos decidido nosotros en
solitario.
No somos los españoles en solitario los que hemos decidido cómo se
redactaba el Tratado de Maastricht sobre fondos estructurales o de
cohesión social, es una política europea. Yo creo que nuestra fuerza y
nuestra razón es decir: nosotros queremos que se apliquen políticas
europeas. Y si España no tiene el 90 por ciento de la renta europea y
cumple con los criterios de déficit excesivo, tiene derecho a unas
determinadas políticas y si no, no. Me sorprende, señor Martínez Noval,
que me diga que porque Dinamarca no es contribuyente neto va a haber
críticas en otros países a la política tributaria de Dinamarca. Me
sorprende que se pretenda decir que la política tributaria de un
determinado país va a estar comprometida por cuántos fondos reciba sobre
la política europea, porque no recibimos los fondos discrecionalmente, y
sería un grave error que lo planteáramos así. Recibimos los fondos como
consecuencia de unas políticas europeas que no hemos decidido nosotros en
solitario y que configuran el equilibrio europeo en un proceso también de
integración social y económica muy importante.
Ya hemos reducido de manera importante los impuestos de las pequeñas y
medianas empresas. ¿Qué cree usted que han pensado los demás países
europeos? Que hacíamos bien. Primero, porque no vamos a ir ahora, a estas
alturas del debate y de la noche, a discutir si reducir impuestos es lo
mismo que reducir recaudación, tendríamos que tener mucho tiempo para
debatir. Sé que ustedes mantienen esa posición, la han mantenido siempre,
pero tengo que decir que los hechos nunca les han dado la razón, aunque
no quiero entrar en ese debate en este momento, no. (Rumores.--Aplausos)
Lamentablemente, en más de una ocasión les hemos advertido que subir
impuestos les iba a llevar a ustedes por el mal camino de la recaudación
y no nos han hecho caso, pero eso era cuando todos éramos más jóvenes
y ustedes estaban en el Gobierno. En cualquier caso, España no puede
renunciar a modernizar su sistema tributario, de ninguna de las maneras.
Es más, estoy convencido de que muchos de los países más importantes de
Europa o ya han modernizado o van a modernizar su sistema tributario y,
entre esas modernizaciones, la del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Y una configuración de dicho impuesto muy similar a la
que nosotros proponemos se va a plantear en todos los países europeos,
empezando por los centrales. Comprendo que desde el punto de vista
dialéctico, cuando no se quiere discutir un proyecto, se diga: si toma
usted este proyecto es que va a haber una derivada. Antes se nos decía:
si afectan ustedes a los impuestos no podrán mantener las pensiones. Y
ahora nos dicen --como eso no han podido demostrarlo nunca, sino al
contrario-: si afectan ustedes a los impuestos verán lo que les van a
decir en Europa con los fondos de cohesión; nada, señor Martínez Noval,
nada. En Europa el debate va a ser otro, muy largo y muy difícil en el
que, sin duda, estoy convencido de que vamos a contar con el Grupo
Socialista aquí y en el Parlamento Europeo, no me cabe ninguna duda,
desde la crítica y desde la colaboración, tengo ejemplos de ello.
Aquí hay dos argumentos en los que no coincido con su señoría. El primero
es que podamos medir los fondos estructurales como fondos discrecionales
en favor de España. No, son fondos europeos a favor de políticas
europeas, y es la única defensa que tienen. No sería aceptable de otra
manera, y no creo que los que los negociaron --que, por cierto, fueron
ustedes-- los hayan planteado de otra manera. Nuestro derecho está en que
son políticas europeas, y es verdad que se producen en un contexto de
ampliación. La posición del Gobierno español, antes y después del cambio
político de marzo de 1996, es que España no discute que haya que hacer
esfuerzos para la ampliación, pero sí discute que se quiera hacer la
ampliación sobre una sola política, en este caso, una determinada
política de cohesión. En cualquier caso, el Gobierno, sin duda, va a
tener muchas ocasiones de explicar a la Cámara, como es su obligación,
qué es lo que sucede en la discusión de la Agenda 2000, en la que los
grupos parlamentarios tienen mucho que aportar.
Me plantea después el señor Martínez Noval una retahíla de cuestiones,
todas ellas importantes, sobre la sostenibilidad presupuestaria. Tengo
que contestárselas deprisa. Lo comprenderá usted porque cada una de ellas
merecería un debate aparte. Señor Martínez Noval, es indudable que el
Gobierno ha abordado muchos de los problemas de Radiotelevisión Española
--que no le quedaba más remedio que abordar porque es su obligación-- con
los que se encontró cuando llegó a las responsabilidades en mayo de 1996,
en la empresa pública, en el saneamiento de la misma, en la financiación
de todas las prestaciones que se derivaban de los acuerdos de la
reconversión industrial. En Radiotelevisión Española, no le quepa a S. S.
ninguna duda de que el Gobierno planteará las soluciones que sean
acordes: por un lado, con el mantenimiento de los escenarios de reducción
del déficit público, el saneamiento de la economía española y también la
necesidad de mantener determinadas políticas que gozan de un consenso
suficiente desde el punto de vista político y de la opinión pública.
¿Está prevista en el programa de convergencia la profesionalización de
las Fuerzas Armadas? Su señoría puede plantear el debate en concreto y
tendremos ocasión de hacerlo cuantas veces le parezca.
En el debate de la educación y del coste, desde el punto de vista de las
transferencias, como no podía ser de otra manera, la posición del
Gobierno, y creo que es la más favorable, es que se transfiera al coste
efectivo. Desde el punto de vista de si los ingresos de las comunidades
autónomas deben o no evolucionar al ritmo del PIB nominal, me gustaría
saber la posición de su grupo. No quiero hacer interpretaciones, pero es
muy importante saberla. ¿Las comunidades autónomas tienen o no derecho a
que sus ingresos evolucionen al ritmo que lo hacen los ingresos del
Estado o debemos pensar que el sistema de financiación de las
administraciones públicas españolas debe ser que los ingresos del Estado
crezcan más rápido que lo que crecen los de las comunidades autónomas? Es
una pregunta importante que nos lleva mucho más lejos. En cualquier caso,
la posición del Gobierno a su pregunta es: coste efectivo de la
educación.
En cuanto a la colza, como S. S. sabe, deben ser los tribunales los que
fijen el montante de la indemnización y los plazos para su pago. Nosotros
estamos a lo que digan los tribunales, pero no le quepa ninguna duda de
que cumpliremos las sentencias, porque eso es lo lógico, y plantearemos a
esta Cámara las soluciones necesarias para cumplirlas.
Respecto a los complementos a mínimos, me alegro que S. S. nos haya dicho
cuál es la posición de su grupo en el año 2000. La ley establece que
hasta el año 2000 no vamos a debatir esa cuestión. Su señoría me avanza
su posición y yo la recojo, aunque tengo que decirle que si cambian de
opinión de aquí al año 2000 tampoco nos tenemos que enfadar. Antes de esa
fecha estoy seguro de que, al hilo de su pregunta anterior, los grupos
parlamentarios y el Gobierno habrán comenzado a ver el Pacto de Toledo y
refrendarlo una vez más, y podremos analizar la evolución de la Seguridad
Social con temas tan importantes como la separación de fuentes. Su
señoría tiene que reconocer que se está haciendo un esfuerzo. Su señoría
me plantea que en el próximo período del Pacto de Toledo el esfuerzo
tendrá que afectar a los complementos a mínimos, que esa es la posición
cerrada de su grupo. Yo la escucho, pero en este momento tengo que
decirle que la ley dice claramente que hasta el año 2000 no abordaremos
cuál es la naturaleza de los complementos a mínimos, y será el momento de
pronunciarnos unos y otros. Su
señoría lo ha hecho antes y seguramente tendrá ocasión de hacerlo otra
vez.
En cuanto a la prórroga de los contratos indefinidos, señor Martínez
Noval, yo no comparto la teoría de que la única razón por la que se está
contratando gente en España es por la reducción de las cotizaciones
sociales. A lo mejor también los contratan porque son necesarios en la
expansión económica. A lo mejor también los contratan porque son personas
que aportan a la producción de una determinada empresa. A lo mejor
también los contratan porque son personas que en ese momento están
proporcionando expansión económica a esa determinada empresa. ¿Qué sucede
con las reducciones de las cotizaciones sociales? Que ayudan a la primera
contratación, ayudan a adquirir el coste antes de estar seguro de cuáles
van a ser los resultados. Pero no estoy nada seguro de la teoría de
S. S., de que todos los contratos indefinidos que se han producido sólo
han sido por esa cuestión. La experiencia demuestra que no es
necesariamente así. En cualquier caso, incentivar a través de
cotizaciones sociales determinadas contrataciones estables, determinados
colectivos, jóvenes o parados de larga duración o las contrataciones a
tiempo parcial, creo que es una política válida y que da resultados, pero
no estoy convencido del apriorismo que hace de que automáticamente,
cuando una persona ya está integrada en una empresa, ya se le conoce su
valìa, ya pertenece a una determinada cultura empresarial en una empresa
que tiene una expansión determinada, en un contexto de estabilidad
macroeconómica y de crecimiento económico. No creo que ese críterio vaya
a producir lo que S. S. prevé que son despidos masivos. No creo que esa
sea la experiencia ni creo que se vaya a producir.
En cuanto a los gastos en inversión, es verdad que en 1996 y en 1997 no
han crecido al ritmo de años anteriores, pero también es cierto que en
1998 ya recuperan tasa de crecimiento, que van a aumentar su porcentaje
de participación en el producto interior bruto y que el Gobierno ha
anunciado en su plan de convergencia que en el año 2000 la inversión
estará en el equivalente al 4,5 del PIB.
Nosotros vamos a seguir las recomendaciones de Eurostat sobre todo, los
beneficios del Banco de España, la contabilización de los intereses y
cualquier otra indicación. Como comprenderá, no tenemos alternativa y,
además, nos parece razonable que todos los Estados europeos cumplan los
mismos criterios de contabilidad. Tenemos previstas las decisiones de
Eurostat de 17 de diciembre.
Sobre el IRPF creo que le he contestado y pienso que no debemos hablar en
términos de tragedia. No creo que la negociación de la Agenda 2000 para
España se tenga que colocar en términos de tragedia. Es una negociación
compleja, importante, sin duda, en la que tenemos bazas que jugar. La
reducción de nuestros desequilibrios, el que seamos uno de los países que
ha cumplido con mayor sostenibilidad los criterios de convergencia,
también es un argumento para decir que los españoles somos capaces de
hacer esfuerzos importantes. El hecho de que al mismo tiempo que nos
planteamos una modernización del sistema tributario vayamos a reducir el
déficit público hasta un equivalente, por lo menos, del 1,6 del producto
interior bruto, nos da fuerza para tomar políticas nacionales que, por
otra parte, nadie va a discutir, ni en nuestro caso ni en el de nadie.
El señor Alcaraz, entre otras muchas cosas, ha dicho que existe una
respuesta naciente contra la situación de política europea o de política
económica del Gobierno o de política de euro. Señor Alcaraz, existe una
respuesta, pero no es exactamente toda la que S. S. ha descrito. El
índice de confianza del consumidor elaborado por la Unión Europea, que es
un índice como otro cualquiera, pero no está mal, está en España en
máximos históricos. (El señor Martínez Noval pronuncia palabras que no se
perciben.) Su señoría me plantea cuestiones concretas, de protestas
concretas, pero veámoslo. Los últimos datos, señor Martínez Noval --ya sé
que la Presidencia no nos deja dialogar-- dicen eso. Pero aunque fuera el
de 1991, no me importaría para el argumento que estoy utilizando. Mi
última información no coincide con la de S. S. Chequearemos las dos.
Estamos en máximos históricos. El señor Martínez Noval me dice que no,
que en 1991 estábamos igual de máximos históricos. No importa para mi
argumentación. En un país en el que hay 350.000 empleos nuevos en un año,
800.000 personas que se han dado de alta en cotizaciones a la Seguridad
Social desde marzo de 1996 hasta febrero de 1998, en el que la capacidad
adquisitiva ha crecido en los pensionistas y en los asalariados durante
dos años consecutivos, en el que la familia media española con una
hipoteca de 15 millones y de 10 años de duración está mejorando su renta
disponible en 40.000 pesetas al mes, en el que se está produciendo un
incremento del consumo por encima del 3 por ciento (ventas de
automóviles, de casas), S. S. me puede decir que nos queda mucho camino
por recorrer para acabar con las desigualdades; tiene toda la razón. Que
el Gobierno tiene que hacer muchas cosas para mejorar las prestaciones
sociales; tiene toda la razón. Que nos queda mucho camino por recorrer
para reducir el paro; tiene toda la razón. Pero no me puede decir que no
hay una respuesta social positiva a estas cuestiones, aunque al discurso
político de S. S. no le convenga. Su señoría es muy dueño de decir lo que
quiera, pero reconocerá que los datos objetivos no sólo son los que S. S.
utiliza. Los datos más amplios de la economía española, de la realidad
social española, indican otra cosa.
Si hay una respuesta social como la que S. S. indica es para agrandar las
posibilidades de crecimiento de nuestra economía. Su señoría me plantea
si hemos de seguir el ejemplo de países que están tomando decisiones
legislativas. Vamos a seguir el ejemplo de los que creen más empleo, si
S. S. quiere. Vamos a ver quién crea más empleo. Se está debatiendo en
Europa fórmulas distintas, desde posiciones incluso de centroizquierda en
ambos casos. Vamos a ver lo que sucede con la tasa de paro en un país y
en otro. Además, lo importante es lo que sucede con la nuestra. ¿Estamos
o no creando empleo a un ritmo de 350.000 personas anuales? ¿Qué
sucedería en la economía española --y vuelvo a hacer la misma pregunta--
si fuéramos capaces, esta Cámara, el Gobierno que tenga que gobernar, de
que este ritmo se mantenga a medio plazo? Me dirán que no va a haber toda
la vida una recuperación económica, pero es verdad que en este momento
hay países europeos que llevan 3, 4 y 5 años de recuperación económica.
Si hubiera una recuperación económica de 5, 6 años en España, a este
ritmo de creación de empleo, ¿cree sinceramente que no habríamos dado un
paso sustancial? ¿Cree que ese ritmo de creación de empleo es posible si
bajamos algunas de las decisiones o si reducimos algunas de las
determinaciones con respecto a la inflación o al déficit público? Señor
Alcaraz, yo creo que no. Otra cosa es que debatamos el plan de empleo.
Su señoría dice que no está de acuerdo con el plan de empleo. Bien, pues
debatámoslo, porque va a venir a la Cámara y va a ir al debate europeo.
Veamos cuáles son las alternativas para mejorar las políticas activas,
veamos cuáles son las alternativas para mejorar la capacidad de crear
empleo de nuestras empresas, la capacidad de que aparezcan nuevas
empresas. Creo que ahí hay un campo inmenso para colaborar y para
proponer alternativas, pero es indudable que el modelo que se está
planteando en este momento en algunos países tenemos que ver hasta dónde
lo llevan. Algunos países nos han dicho que van a tomar decisiones sobre
su mercado laboral y que las pondrán en vigor en el año 2000, y yo hago
aquí la pregunta que formulé en el debate de los presupuestos: si son tan
buenas, ¿por qué no tomarlas ahora? ¿Me quiere alguien explicar por qué
hay gobiernos europeos que plantean decisiones sobre temas laborales y
dicen que no las van a poner en práctica hasta el año 2000? ¿Qué le
dirían ustedes al ministro de Economía español si llegara aquí y les
dijera que tiene grandes proyectos sobre el empleo en España, pero que ya
los discutiremos en el año 2000 ó que traemos una legislación para que se
ponga en práctica en el año 2000? Estoy seguro de que
SS. SS., con muchísima razón, me dirían que el Gobierno tiene poca
confianza en sus propias medidas.
Yo creo que nosotros no tenemos por qué hacer aquí el debate de otros
parlamentos y, por cierto, como habrán comprobado SS. SS., algunas de las
propuestas sobre jornada laboral ya se están planteando en jornada anual,
que tiene sus matices. Además, en España, por lo menos en la posición del
Gobierno, el grado de madurez de la interlocución social está permitiendo
que ese tema se esté resolviendo donde se tiene que resolver. Pues bien,
yo creo que hay cosas que los interlocutores sociales hacen muy
eficientemente en nuestro país y puede que S. S. quiera hacerlas más
eficientemente; pero nosotros creemos que ellos las están haciendo muy
eficientemente en nuestro país.
Yo no creo que estemos en un ciclo eufórico para nada. Además, creo que
no deberíamos estar en un ciclo eufórico. Creo que estamos en un ciclo
realista. La economía española tiene delante de sí una perspectiva de
estabilidad que no la ha tenido en mucho tiempo y debe aprovecharla.
Además, como he dicho en mi primera intervención, sabemos lo que tenemos
que hacer y sabemos que la sociedad española lo entiende y lo acepta
claramente. Si no, ¿cómo es posible el ritmo de inversión industrial que
se está produciendo? Su señoría ha dicho muy alegremente que tenemos que
plantearnos una política de reinversión de dividendos y yo digo que se
está produciendo a un ritmo impresionante. Estamos en un aumento de la
inversión en formación bruta de capital muy intenso y, además, creciente
en la industria y en la construcción. Por lo tanto, ¿está S. S. seguro de
que no se está produciendo una reinversión? Se está produciendo por
primera vez, lo he dicho antes y lo reitero ahora, un crecimiento de la
producción industrial del 7 y del 8 por ciento y, sin embargo, un aumento
de los precios industriales del 1 y del 1,5. ¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir que nuestros industriales no están trasladando a los precios
la demanda, sino que están haciéndose cada vez más competitivos y ahí no
le quepa ninguna duda a S. S. que está el empleo. No se lo digo yo, se lo
dice la realidad, se está creando empleo industrial en nuestro país a un
ritmo que no se había creado en mucho tiempo.
España va bien. Indicadores nominales. Creo que los indicadores nominales
no demuestran que España va bien, sino que lo que lo demuestra en este
momento son los indicadores reales: el empleo, la renta de las familias y
el poder adquisitivo de las pensiones. Esto es lo que indica claramente
la situación de la economía española.
No se está planteando una política de congelación de salarios, se está
planteando una política de moderación salarial. Los salarios en España
crecen por encima de la inflación y, sin embargo, están permitiendo una
moderación salarial. Es que no es lo mismo tener una inflación del 1,8 ó
del 1,5 que una inflación del 7, y es mucho mejor para los salarios, para
las pensiones y para el empleo una inflación del 1,8 que una inflación
del 7 por ciento. Ninguna negociación salarial ha ganado en la carrera de
la inflación, ni en nuestro país ni en ningún otro. En cambio, si el
Gobierno es capaz de reducir las presiones sobre los precios con una
política liberalizadora en sectores donde se expanden las posibilidades
de crear empleo, estamos dando oportunidades a que haya moderación
salarial, poder adquisitivo al alza y creación de empleo.
Me habla su señoría de un shock asimétrico. El problema es que ya no
somos asimétricos. El problema es que nosotros, en este momento, podemos
compararnos en estabilidad con otros países y, por eso, podemos estar de
manera sostenida en el euro. Así, como decía el señor Aguirre, cuando se
repasan los informes del Instituto Monetario Europeo y de la Comisión
Europea se ve que no se hacen referencias a España sobre su incapacidad
de sostener la situación. No se nos sitúa entre los países que han tomado
medidas de una sola vez para reducir el presupuesto y que no tienen
efectos en varios años. Eso es lo que hace que ya no seamos asimétricos.
Y es importante que no lo seamos, porque es nuestra garantía de que
podemos beneficiarnos del impulso de una integración europea.
En cuanto a la democratización del euro, y también lo ha planteado otro
portavoz después, yo creo que esta Cámara representa claramente la
voluntad popular. Supongo que no hay discusiones sobre eso; en cualquier
caso, yo no tengo ninguna duda. Y aquí se han tomado decisiones
importantes sobre estas cuestiones, decisiones que están por completo
respaldadas democráticamente en nuestro país y que, además --como
demuestra el debate de hoy--, con las diferencias que pueda haber, existe
un consenso amplísimo, no de los grupos parlamentarios, sino de la
voluntad popular que los respalda, en el proceso que estamos siguiendo.
El señor Homs ha descrito como una gran noticia y como positivamente
acogido por la sociedad la entrada de España en el euro. Yo coincido
absolutamente con su apreciación, así como con el carácter ambicioso de
este proyecto. Creo que éste es un proyecto de una ambición europea como
no había tenido Europa en mucho tiempo. El hecho de que Europa quiera y
ponga, no sólo la voluntad, no sólo la intención, sino los medios para
convertirse en una potencia económica mundial, con una moneda de carácter
mundial, con unos mercados de capitales integrados y que busque su propia
autonomía económica, es el proyecto más ambicioso que se ha planteado en
los últimos tiempos en Europa, sin ninguna duda. Y es muy importante el
hecho de que tantos países hayan sido capaces de movilizar a sus
opiniones públicas para respaldar ese tipo de política, porque cuando
hablamos de la convergencia de los países europeos estamos hablando de
parlamentos iguales a éste, que han respaldado déficit públicos en
reducción o políticas liberalizadoras iguales que las que se han hecho
aquí. Luego no estamos hablando de decisiones de gobiernos, estamos
hablando de decisiones políticas tomadas por parlamentos, por mayorías
parlamentarias, por consensos parlamentarios, que están produciendo ese
tipo de política en toda Europa. Y decir que este tipo de política no
tiene el respaldo de los ciudadanos cuando Europa es el continente con
más alto grado de democracia en el mundo es simplemente no querer ver la
realidad. ¿Cómo se puede decir que en Holanda, en Bélgica, en Italia, en
España, en Francia, en Portugal o en Alemania, el proceso de convergencia
no está respaldado por la voluntad de los ciudadanos, cuando van a votar
a las urnas continuamente y son sociedades democráticas sometidas a
controles que no tienen parangón en el resto del mundo? En ese sentido,
la ambición del proyecto es, sin duda, muy importante y sitúa a Europa en
condiciones de enfrentarse a un mundo nuevo y globalizado, como lo ha
demostrado la crisis asiática.
Coincido con el señor Homs en cuanto a que España debe integrarse y se
está integrando con decisión; creo que eso está claro por el resultado de
este debate y también por lo que ha sucedido en los últimos años. Es
cierto que su grupo ha sido siempre decidido partidario de este proceso,
igual que el Grupo Parlamentario Popular, y nosotros somos testigos de
ello desde el año 1986, y antes, como lo son los registros de esta
Cámara. Creo que, efectivamente, las medidas que este Gobierno tomó a
partir de junio de 1996, con el respaldo de los grupos parlamentarios que
le apoyan, fueron muy importantes. El hecho de que, en muy pocas semanas,
la opinión pública nacional supiera cuál era la estrategia política del
Gobierno y que el Gobierno comprometiera todo su prestigio político y su
futuro político a cumplir los criterios de convergencia de manera
estricta ha sido determinante. Sería difícil que la sociedad española
hubiera confiado en una mayoría parlamentaria que no tuviera confianza en
sí misma. Si esta mayoría parlamentaria no hubiera tenido la confianza en
sí misma de colocar el cumplimiento estricto de los criterios como el
principal objetivo de su compromiso político, probablemente la sociedad
española no hubiera confiado en nosotros, no hubiéramos tenido el cambio
de expectativas sin el cual hubiera sido muy difícil completar este
proyecto. Efectivamente, el amplio consenso político, la estabilidad
política han jugado un papel muy importante.
Como decía el señor Aguirre, la estabilidad política ha tenido un papel
desde el punto de vista económico. Es importante, y lo ha dicho asimismo
el señor Mauricio, que las estabilidades políticas se mantengan y que lo
hagan en momentos en los que España, en los años 1998 y 1999, va a tener
ante de sí decisiones muy importantes, no sólo la de la Agenda 2000, sino
también decisiones económicas internas para prepararse en un proceso, un
proceso de coordinación de políticas económicas y de integración europea
muy considerable, en un mundo en el que la competitividad y la
globalización son los elementos definitorios del futuro.
En cuanto a las paridades de las monedas, en este momento no tengo ningún
elemento para dudar de la propuesta que su señoría plantea y que coincide
con la que los países han expuesto en el Comité monetario último, cuando
se decidió la incorporación del dracma griego al sistema monetario y la
revaluación de la libra irlandesa. Van a ser las paridades centrales, así
ha sido reconocido por los miembros de los distintos países en
el Comité monetario. Pero su señoría sabe que esa decisión se tomará
también en el fin de semana decisivo del lanzamiento de los países euro.
Creo que en el caso español reflejan perfectamente los fundamentos de
nuestra economía y que efectivamente estamos siendo capaces de ser una
economía competitiva, con alto nivel de exportación y con una estabilidad
cambiaria durante dos años muy considerable.
La evolución del tipo de interés europeo es una cuestión que ha suscitado
muchos debates y que seguramente los seguirá suscitando. En el caso
español, la evolución, si se produce en la tendencia que S. S. apunta, es
decir, una reducción de nuestro tipo de interés más tendente hacia el de
los países centrales, eso daría todavía más importancia a la política
presupuestaria. En ese sentido, el Gobierno ha anunciado, no únicamente
con esa intención, pero también con ella, que nuestro objetivo de déficit
público en 1998 será inferior al previsto. Vamos a reducir más el déficit
público, no sólo porque la política monetaria pueda encontrarse en una
fase de reducción, sino también porque creemos que el aumento que se
pueda producir del crecimiento económico hemos de trasladarlo al proceso
de sostenibilidad.
El debate de los fondos de cohesión y la ampliación va a ser uno de los
grandes debates de los próximos años. Con eso no quiero decir que no
quiera entrar en el tema. He descrito un poco cuál creo que es el marco y
a lo largo de los próximos meses e incluso de los próximos años iremos
viendo cuáles son las decisiones finales.
Sí quisiera añadir a las reflexiones que he hecho antes algo de lo que
sus señorías son conscientes. En una negociación de esta complejidad,
nada va a estar cerrado hasta que todo no esté cerrado, por tanto
determinadas posiciones de países, muchas de ellas matizadas por sus
situaciones electorales y de negociación, van a estar evolucionando
continuamente. Creo que la Cámara tiene, no sólo el derecho, sino el
deber de exigir al Gobierno explicaciones; también de trabajar en la
Comisión Mixta o en otras comisiones sobre esta cuestión: Pero,
indudablemente, la negociación va a ser larga, en la que la coordinación
entre el Gobierno, las fuerzas políticas parlamentarias y el Parlamento
Europeo es una coordinación que ya existe y es intención de este Gobierno
profundizarla, porque España, no diré que se juega mucho, pero sí que
tiene derecho a esperar de las políticas preventivas financieras una
profundización de las políticas europeas y también un aumento de nuestra
responsabilidad en Europa. Y creo que a eso no nos negamos ninguno.
La puesta en marcha del euro es el gran desafío de los próximos años, no
sólo en términos políticos, sino también en términos de formación, en
términos de información, en términos de solucionar problemas. Quisiera
decir a su señoría que, igual que los tipos de interés van a beneficiar a
muchas empresas como consecuencia del proceso euro, va a haber otros
esfuerzos. Comprendo que podemos tener la tentación de querer hacer sólo
una cosa y no la otra, pero yo sé que su señoría lo entiende. En
cualquier caso, yo estoy plenamente dispuesto, mi grupo parlamentario y
el Gobierno lo están, a estudiar las propuestas que se tengan que
plantear, siempre que lo hagamos en un marco razonable, entendiendo que
el proceso euro no debe ser financiado por los Presupuestos Generales del
Estado, sino que es un proceso de transformación de nuestra sociedad, que
va a tener indudables ventajas económicas, de costes concretos, mucho más
importantes que cualquier situación que pueda suponer un cambio de
tecnología, de maquinaria o de cualquier otra cosa.
Hemos de crecer por encima de la media comunitaria, ese es nuestro
desafío, y hemos de hacerlo creando empleo. Ahí es donde está el desafío
de la economía española. Ese desafío lo hemos sorteado bien en el año
1997 y en el año 1998 vamos por un camino adecuado, pero hemos de
continuar en esa dirección durante muchos años.
Sin duda, lo ha dicho antes el señor Martínez Noval, la inflación
requiere una política de reducción del déficit público y de reformas
estructurales. Ahí está el papel de esta Cámara. La dificultad que a
veces se constata en sectores concretos de la sociedad española para
aceptar reformas estructurales que les afectan juega un papel
determinante; los grupos parlamentarios saben perfectamente a lo que me
refiero y el esfuerzo que todos hemos de hacer para aumentar los grados
de competencia en nuestra economía en beneficio del empleo.
Coincido absolutamente con que la revisión de la fiscalidad es un
elemento determinante. Todos nuestros competidores y socios están
revisando su fiscalidad y cometeríamos un gravísimo error si creyésemos
que ése no es uno de los caminos de modernización y de reforma
estructural.
El señor Zabalía, y después volveré a referirme a él, apunta a que,
además de la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
hemos de plantearnos otras en el futuro. Sin ninguna duda; creo que hemos
hecho un avance importante en la reforma de las pequeñas y medianas
empresas, creo que ahora el Gobierno va a plantear claramente un debate
muy importante sobre la fiscalidad directa de las personas físicas, pero,
sin duda, la fiscalidad juega un papel determinante en la competitividad
y no sólo en esta sino también en la política fiscal y, por tanto, es un
elemento de modernización. Agradezco la disposición de su grupo a
continuar profundizando en la política que se va a llevar a cabo. Es
imprescindible que el mensaje que hoy pueda salir de esta Cámara, al
menos de los grupos que apoyan al Gobierno, es que no se trata de darnos
por satisfechos de lo que hemos hecho, sino de profundizar en lo que
haremos en los próximos años,
teniendo en cuenta que esos años son decisorios desde el punto de vista
de qué posición vamos a tener en el euro y de qué ventajas podemos
aprovechar de una gran oportunidad.
El señor Zabalía recuerda algo que yo también he recordado en mi
intervención y es que hace escasamente un año se hablaba del club
reducido del euro. Creo, como he dicho en mi primera intervención, que
hubiera sido un gravísimo error europeo y que, además, el hecho de que
estemos hablando de un euro amplio, sobre bases sólidas de estabilidad,
también apunta a que los cuatro países que no formarán parte del euro
desde el inicio están demostrando que tienen voluntad de plantearse su
incorporación en un plazo muy reducido, muy reducido. Cuando llegue el
año 2002 y el euro sea una realidad en la vida cotidiana de los
ciudadanos, es posible que no sean sólo once países, sino algunos más y
en parte eso es consecuencia de que hoy sean once. Si, en vez de ser
once, hoy fueran seis o siete, en el año 2002 no serían quince, ni
catorce, y estaríamos ya apostando por la Europa de dos velocidades. Y
una Europa de dos velocidades no sólo sería un mal camino para la
integración política, sino que sería claramente un pésimo camino para que
Europa pudiera competir en el mundo. No podríamos hablar de un euro como
moneda de reserva, no podríamos hablar de los mercados de capitales
europeos, no podríamos hablar de una zona integrada europea, si ahora
estuviéramos hablando de cinco o seis países, independientemente de que
España fuera uno de ellos o no. Independientemente.
Sobre la contabilidad creativa ya he dicho que es una discusión
importante, pero que los españoles tenemos que saber que los informes del
Instituto Monetario Europeo, de otros bancos centrales, de nuestro banco
central y de la Comisión no apuntan a España como uno de los países que
ha incurrido en ese tipo de prácticas.
Sin duda, la estabilidad política y parlamentaria es imprescindible; es
imprescindible no sólo para que un gobierno desarrolle su programa, que
desde luego, sino también para que la sociedad tenga confianza en ese
programa. Los ciudadanos no sólo toman decisiones en función de la
inflación o de los tipos de interés; también toman decisiones en función
de las estabilidades políticas. Y creo que la experiencia que se está
produciendo en este momento en España de gobernar en colaboración con los
partidos nacionalistas moderados es muy positiva, como lo demuestra la
reacción que tienen los ciudadanos hacia el futuro y su creencia de que
el futuro va a ser mejor que el presente. Eso nos debe ratificar en la
colaboración y en los objetivos que nos marcamos.
El paro es, sin ninguna duda, el gran desafío. ¿370.000 empleos suponen
la solución del problema? Un año, no. Pero vuelvo a plantear la pregunta
retórica ¿los gobiernos que se sucedan en este país durante los próximos
cuatro, cinco o seis años podrán mantener ese ritmo de empleo? ¿Cuál será
la faz de la sociedad española si se mantiene así? ¿Cuál será la sociedad
española de los años 2002 ó 2003 si somos capaces de mantener este ritmo
de creación de empleo o de mejorarlo? ¿Cuál es el camino? El camino lo
sabemos. Sabemos que es la reducción de la inflación, del déficit
público, la flexibilidad de mercados. Ese es el camino y, por lo tanto,
apostemos en esa dirección. Muchos países están apostando en esa
dirección. Yo creo que al final todos van a apostar en esta misma
dirección y lo vamos a ver muy pronto en la Cumbre de Cardiff, cuando
cada país traiga su plan de empleo; vamos a ver cómo la política de la
pequeña y mediana empresa, la política de estabilidad macroeconómica, la
política de liberalización de mercados, son las políticas ejes de todos
los países europeos en este momento en la creación de empleo.
Sobre la reforma del IRPF, aprovecho lo que he contestado a otros grupos
parlamentarios. Y sobre los fondos de cohesión, no sólo es el debate de
los fondos de cohesión, sino de los fondos estructurales. Y aunque sólo
sean avanzar cuestiones que se están planteando, al mismo tiempo que se
nos discute una cuestión como la de los fondos de cohesión, se nos quiere
discutir o se nos podría querer discutir, se nos está planteando que el
Objetivo 2 de los fondos estructurales gire alrededor del desempleo. Por
consiguiente, no todo el panorama que se nos ofrece, ni siquiera por
determinados países, es negativo para nosotros, lo cual no quiere decir
que vayamos a aceptar cambios que no sean justos desde el punto de vista
de políticas europeas. Pero se proyecta un nuevo Objetivo 2, que hay que
estudiar en detalle. Es un objetivo que va a girar en torno a la creación
de empleo, a los niveles de desempleo y que indudablemente tiene un grave
interés para España, que es uno de los países con mayores problemas en
ese sentido. Puede ser muy beneficioso para nosotros. Al mismo tiempo,
también se habla de que incluso ese criterio esté inmerso en el Objetivo
1, lo cual puede beneficiarnos en esa dirección. Por lo tanto, pienso que
vamos a tener mucho tiempo para debatir estas cuestiones y el Gobierno,
desde luego, siempre estará dispuesto a ello.
El Gobierno ha dicho claramente que el techo del 1,27 no es un techo
aceptable sin saber qué vamos a hacer y que el 1,27 como techo de
crecimiento del presupuesto europeo no puede tenerse como un techo que
incluya la ampliación hasta que no sepamos cuáles son las condiciones de
esa ampliación. Es verdad que ésa es una posición no compartida por todos
los gobiernos, pero también tengo que decir que la contraria tampoco es
compartida por todos los gobiernos y que, por consiguiente, hay un gran
camino para hablar. Pero España, como otros países, ha indicado
claramente que el techo del 1,27 no es aceptable en este momento hasta
que sepamos exactamente qué contienen las políticas
europeas y cuál va a ser el proceso de ampliación, en el que España está
seriamente comprometido.
El señor Mauricio resalta la importancia del debate, y yo coincido con él
plenamente. Las claves del éxito son, sin duda, el rigor presupuestario y
la bajada de la inflación, como lo demuestra que son los criterios de
convergencia más importantes. La evolución de los años 1993, 1995, 1996 y
1997 está descrita por la Comisión y yo coincido con la apreciación que
ha hecho su señoría, pero ya no se trata de discusiones políticas. La
Comisión Europea nos explica cuál ha sido la evolución de nuestra
inflación, de nuestro déficit público, que, por otra parte, conocíamos,
y, por consiguiente, las consecuencias son indudables.
No es esta una política, ha dicho el señor Mauricio, tradicional, de lo
que podría considerarse una política económica de derechas. No, esta es
una política claramente liberalizadora y centrista, lo ha sido desde un
principio, y eso ha generado una confianza en nuestro país que se ha
trasmitido a muchas expectativas modificadas y a muchas capacidades de
diálogo. Y esa confianza continúa. Hemos de ser conscientes del esfuerzo
que se ha hecho por parte del Gobierno en el mantenimiento de políticas
sociales y en que las propias previsiones de gasto del Gobierno para el
plan de convergencia mantienen el porcentaje en términos de producto
interior bruto de las políticas sociales y que esta Cámara ha aprobado
aumentos muy importantes de políticas sociales, como la política
sanitaria, con crecimientos como no se habían conocido nunca en la
historia presupuestaria española en los años 1997 y 1998.
El efecto sobre los ciudadanos de la situación es indudable. Me parece
que es negar la evidencia no ver que hay un cambio no sólo de
expectativas, sino de realidades, como también acepto plenamente que
tenemos mucho camino que recorrer para que la prosperidad y el beneficio
de una situación económica de crecimiento llegue a todos los ciudadanos.
Sin duda, uno de los requisitos imprescindibles para que una situación
económica beneficie a un gran número de personas es que dure. Este es el
primer requisito. Después, hay otros; pero si no dura, si estamos en una
recuperación de dos años y una crisis como consecuencia del
estrangulamiento de la economía española, entonces, señorías, no habremos
sido capaces, no sólo de no llegar a todos los ciudadanos, sino
probablemente de quitar a los que haya llegado la recuperación lo que
hayan podido conseguir.
Por lo tanto, la sostenibilidad, la estabilidad, la duración del proceso,
es un elemento clave. Y, además, otras economías parecidas a la nuestra
de la OCDE nos han demostrado que ése es el elemento clave: sostener el
crecimiento, tener crecimientos sostenidos a lo largo del tiempo. Eso es
lo que transforma una sociedad. Y quizás las fuerzas políticas tenemos
que aceptar ese principio. Las sociedades se transforman como
consecuencia de largos procesos económicos en los que pueden expandirse.
Si esos largos procesos económicos se quiebran, no hay transformación de
la sociedad, sólo hay regresión. Y en ese sentido, creo que la
sostenibilidad del proceso no permite mirar el horizonte con una cierta
confianza y darnos cuenta de que se ha abierto una puerta para solucionar
nuestro problema más grave, que es el desempleo, que tenemos que cruzarla
con decisión y continuar caminando en la misma senda. Y la
sostenibilidad, como el señor Mauricio ha puesto de relieve, está basada
en el rigor económico y en el consenso político. Sin duda. Sin un grado
alto de consenso político y de consenso social es muy difícil mantener
una política económica o de cualquier otro tipo. Y creo que el consenso
debe girar alrededor del Plan nacional de empleo. Ya hay un consenso con
muchas comunidades autónomas y puede y debe haberlo con los
interlocutores sociales y con las fuerzas políticas. Un consenso en el
que las aportaciones, como siempre, serán bien venidas, y el debate debe
responder a la verdadera intención de la creación de empleo en el
contexto europeo.
Me daba al final S. S. un consejo, entiendo que personal, aunque público,
sobre que el éxito no debe llevar a la euforia, ni a la prepotencia, ni a
las malas políticas. Espero seguirlo al pie de la letra.
El señor Saura, del Grupo Mixto, ha hablado de la necesidad de que exista
un espacio social europeo. Creo que la cumbre de Cardiff abre esas
expectativas o quizás las abrió la cumbre de Luxemburgo. Y ahí vamos a
tener un campo para estudiar el aumento de las políticas activas y de
creación de empleo en Europa en los próximos años y también el papel de
los gobiernos, el papel de la sociedad, el papel de los interlocutores
sociales, en un debate abierto y que no se va a cerrar en Cardiff, sino
que vamos a continuar. Y tenemos un instrumento que es el plan de empleo
que el Gobierno va a traer a esta Cámara y sin duda será muy interesante
escuchar sus aportaciones.
¿Los criterios de convergencia son o no una buena política? Los criterios
de convergencia sólo se pueden obtener si hay debajo una situación de
cambio económico. No es posible reducir la inflación con política
monetaria. España lo ha intentado a lo largo de los últimos 14 años, a lo
largo de los últimos 20 años, por todas las fórmulas imaginables. Pero no
sólo España, sino un montón de países de la OCDE y la mayor parte de los
países en desarrollo. Y no lo han conseguido. La inflación se reduce como
consecuencia de reformas estructurales que hacen que la economía funcione
mejor.
Y esa lección, que ha costado tanto y que en algunos casos ha sido tan
costosa en términos sociales, hoy es una lección que está respaldada por
todos los gobiernos europeos. Entonces, ¿reducir el déficit público
produce malos efectos? Al contrario. Abre posibilidades de nuevas
políticas presupuestarias --sé que S. S. no lo ha dicho, pero me ha hecho
una pregunta y yo
estoy tratando de contestarle-- como demuestra la propia experiencia
española. El presupuesto de 1998 ha tenido muchas más posibilidades que
el de 1997. Y si continuamos reduciendo el déficit público, los
presupuestos de los años 2001, 2002, 2003 tendrán muchas más
posibilidades de desarrollar políticas que interesan a los ciudadanos, no
la política de pagar la deuda, sino la política de la sanidad, de las
infraestructuras o de la educación.
Me ha preguntado el señor Saura si los sacrificios son iguales para
todos. Creo que la mejora del poder adquisitivo ha sido notable para
todos y especialmente para las rentas salariales y para las pensiones.
Este Gobierno ha pedido un importante sacrificio, a los funcionarios en
el año 1997. Nunca más hemos hablado de sacrificios. Hemos hablado de
esfuerzos. Sí, ésa es la realidad. De la política de hablar de
sacrificios tiene usted páginas enteras en la historia económica española
de los últimos 15 años. No con este Gobierno. Este Gobierno lo que ha
pedido es el esfuerzo del sector público en dar políticas y reducir el
déficit al mismo tiempo. Cuando hemos pedido un esfuerzo especial a los
funcionarios en el año 1997, ese esfuerzo ha producido un efecto muy
positivo y es que la inflación en 1997 ha sido menor de la prevista. Eso
es muy importante. Una inflación del 2 por ciento en 1997 supone que los
funcionarios han perdido menos poder adquisitivo en 1997 del que
perdieron en 1995, sin ningún tipo de congelación salarial. Me dirá S. S.
que eso no les consuela. Tiene toda la razón, pero ese es el ejemplo que
S. S. me puede poner; no me puede poner otro ejemplo de pedir
sacrificios.
¿La sociedad es más justa? ¿Una sociedad con 800.000 personas más
cotizando a la Seguridad Social es más justa? Es una pregunta un poco
filosófica. ¿Con 350.000 empleos más es más justa? ¿Una sociedad en la
que una familia media con una hipoteca de 15 millones paga 40.000 pesetas
menos es más justa? Desde luego, no es más injusta. Yo creo que es más
justa. Pero, ¿hemos llegado al grado total de justicia? Sin duda, no.
Pero, creo que la estabilidad no produce efectos injustos, si es ésa la
pregunta que me plantea S. S., que es una pregunta filosófica, como digo,
muy amplia.
Me dice S. S. que va a haber cuatro variables que no vamos a cuadrar. Las
vamos a cuadrar, señor Saura, y estoy convencido de que lo podremos
debatir. Vamos a reducir el déficit público en el año 2000 al 1,6, vamos
a hacer la reforma del IRPF, vamos a mantener las políticas sociales y va
a aumentar el empleo. Señor Saura, usted lo va a comprobar y yo también.
La señora Lasagabaster me plantea la importancia de la convergencia real.
Ese es el tema. De nada sirve tener la misma inflación que Alemania y
resignarnos a ser siempre menos prósperos que los alemanes. Pero si
Alemania está creciendo al 2 por ciento y nosotros al 3,7, reconocerá S.
S. que vamos en el camino adecuado. Ahora, S. S. también es consciente de
que nos falta un largo camino por recorrer. ¿Quiere decir que debemos
desanimarnos o quiere decir que debemos perseverar? Esa es una pregunta
importante. Yo creo que debemos perseverar. Indudablemente, cada cual
debe responder a esa pregunta de la manera que le parezca conveniente.
Estoy de acuerdo en que el crecimiento económico no es la única solución
para resolver el problema del paro. Puede haber crecimiento económico y
no creación de empleo en una economía que, en vez de reducir, aumente la
relación entre crecimiento y empleo. Pero, nosotros la hemos reducido. Se
crea hoy por crecimiento más empleo que antes, que el año 1995 ó 1996.
Ese es un camino lógico para que el crecimiento se transforme en empleo.
A partir de ahí, sin duda, el debate de la creación de empleo es un
debate abierto en el que las recetas no son mágicas, pero hay algunas que
funcionan y otras, vuelvo a ponerlo de relieve, que los que las proponen,
lo hacen para el año 2000; por algo será.
En cuanto a la competitividad, las infraestructuras juegan un papel
determinante y las previsiones del presupuesto del año 1998, el hecho de
que el Gobierno trajera un crédito extraordinario para aumentar la
inversión pública en 1997, cuando vimos los márgenes presupuestarios que
teníamos, indican que coincidimos con la apreciación de su señoría.
El señor Chiquillo habla del mismo tema de la convergencia real y también
de la política industrial. El año 1997 ha sido un año en el que la
política industrial ha tenido una evolución más positiva. Hay batallas en
Europa, no sé si la palabra son batallas, pero desde luego hay
discusiones e intereses contrapuestos en temas muy importantes, agrícolas
y de otro tipo. Los ha habido siempre y seguramente no se van a acabar.
Pero, no estoy seguro de que las decisiones que se están tomando cuando
son estables y definitivas hayan sido perjudiciales para España. Más bien
tengo la sensación de que no ha sido así.
El señor Rodríguez me dice que hemos pasado de la euforia a la
resignación. No estoy de acuerdo. Desde luego, no los parlamentarios que
respaldan la política del Gobierno. En cuanto a otras personas he de
decir que no tengo nada que juzgar, pero me parece que en este momento no
debemos estar ni en la euforia ni en la resignación sino en el realismo.
La economía española tiene delante de sí importantes perspectivas. Lo
reconocen nuestros vecinos, lo reconocen nuestros socios, lo reconoce la
Convención Europea, lo reconoce el Instituto Monetario Europeo, lo
reconoce la OCDE, ¿es que no lo vamos a reconocer nosotros? ¿Es que
cuando los institutos económicos más importantes del mundo nos dicen:
señores, tienen ustedes buenas posibilidades, independientemente de que
después, cuando nos recomiendan una cosa nos guste más o menos, si nos
dicen que tenemos buenas posibilidades, de ninguna manera vamos a aceptar
que
estos señores nos digan que tenemos buenas posibilidades? Me parece un
exceso. Las buenas posibilidades de la economía española son un hecho.
(Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Trato
de contestar a los grupos parlamentarios. A partir de ahí no veo por qué
tenemos que sentirnos resignados ante esa situación.
No se están destruyendo sectores productivos. En muchos años no ha habido
un crecimiento de la industria como el que estamos teniendo en este
momento, entonces, ¿por qué se hacen afirmaciones que no son reales? Se
está creando empleo en sectores como el textil que durante muchos años
hemos creído que no tenía solución y en el que se están creando 5.000
empleos este año. ¿Por qué afirmamos rotundamente que se están
destruyendo sectores productivos, para hacer un discurso político? En
esas condiciones no tengo nada que decir, pero creo que la realidad no es
ésa.
En cuanto a la colonización de los Estados periféricos, el ser nosotros
el primer país receptor de turistas de la Unión Europea, ¿es una
colonización? ¿De quién? El que nosotros estemos aumentando nuestras
exportaciones en ocho puntos por encima de lo que crece el comercio
mundial, ¿es una colonización? ¿De quién? Creemos en el proceso de
integración europea o no creemos en él, y a partir de ahí creo que no
estamos en un proceso de colonización, ni muchísimo menos, y que el vigor
de la economía española es más que suficiente para que podamos jugar un
papel como el que estamos demostrando en el proceso euro.
Plantea el tema de los referéndum y yo estoy de acuerdo en que es una
posición política como otra cualquiera, pero lo que no puede negar es que
esta Cámara tiene posiciones políticas que no coinciden con las de S. S.,
no la de mi grupo sino la de la mayoría de la Cámara. En cuanto a la
afirmación de que no podremos devaluar, con lo que no podremos competir,
señor Rodríguez, si estuviéramos devaluando no podríamos competir,
seguro. Porque querría decir que teníamos una inflación muy superior a la
de nuestros competidores. Y la manera de competir no es devaluar, es
bajar la inflación. Eso es lo que hemos aprendido todos los países
europeos, todos los países de la OCDE y casi todos los países del Fondo
Monetario Internacional en los últimos 20 años. Su señoría puede hacer
las afirmaciones que le parezca, pero ésa es la realidad.
El señor Aguirre indica claramente su satisfacción por el proceso de
integración y que estamos ante un hecho histórico sin precedentes, sin
ninguna duda, un hecho histórico que produce efectos políticos muy
importantes. Estamos ante un punto de inflexión en la evolución que
comienza con el Tratado de Roma, eso es sin duda una realidad, y se
cierra el siglo XX en Europa con grandes posibilidades de resolver
problemas históricos europeos que no habían tenido solución hasta ahora.
Creo que efectivamente el conseguir la realidad española de este momento
es una satisfacción para la política europeísta, como la ha calificado el
señor Aguirre. Simplemente he hecho referencia a alguna parte de su
intervención como que los informes no contienen advertencias especiales a
la economía española, y creo que eso no es para que nos sintamos
satisfechos sino para que perseveremos en unas determinadas políticas que
nos están dando resultados.
En este momento la economía española está en un círculo virtuoso, pero no
es mantenible si no perseveramos en las políticas que nos han llevado a
él. De nada sirve lo que hayamos hecho en el año 1997 si no hacemos
mayores o mejores esfuerzos en el año 1998. Esa es una de las lecciones
que debemos extraer de nuestra propia experiencia y sin duda al final,
como ha dicho el señor Aguirre, no hay resultados buenos de una política
económica si no aumentan la cohesión y la estabilidad social. Creo que la
actual lo está haciendo y espero contar con el consenso de la Cámara para
continuar haciéndolo en los próximos años.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor vicepresidente.
El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y cinco minutos de la noche.