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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 117, de 18/11/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 117
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 113
celebrada el martes, 18 de noviembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 84-1, de 1 de octubre de
1997. (número de expediente 121/000082) (Continuación.) (Página 6011)
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SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 6011)
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998.
(Continuación.) (Página 6011)
Sección 25 (Página 6011)
El señor Vicepresidente primero y Ministro de la Presidencia,
(Alvarez-Cascos Fernández) presenta el contenido de la sección en la que
destaca cuatro ámbitos orgánicos claramente diferenciados y los diez
programas que enumera. Señala que la reforma de la Presidencia del
Gobierno y del Ministerio de la Presidencia llevada a cabo en 1996
significó una profunda transformación de la estructura orgánica
preexistente, implicando una sustancial disminución de los órganos
superiores o centros directivos. Consiguientemente, se produjo un
significativo descenso del número de altos cargos, que pasaron de 30 en
la organización precedente a 24 en la actualidad. Desde el punto de vista
cuantitativo, el presupuesto de la sección no es relevante, ascendiendo a
un total de 42.577 millones de pesetas, con un incremento del 0,16 por
ciento respecto al ejercicio anterior. Dentro de la sección, los mayores
incrementos se producen en el capítulo 1, de personal, con un aumento del
2,5 por ciento, que corresponde a la actualización de las retribuciones
del personal en un 2,1 por ciento y en el capítulo 2, gastos corrientes,
con un aumento del 4,2, que se desglosa en un 2 por ciento para mantener
el poder adquisitivo y el resto para atender dietas y gastos de viaje de
la Presidencia del Gobierno. Menciona asimismo la actualización de
alquileres y arrendamientos, en aplicación de las previsiones contenidas
en la Ley de arrendamientos urbanos.
Alude, finalmente, al presupuesto dedicado a organismos y entes públicos
dependientes o adscritos al departamento, como al Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Centro de Investigaciones Sociológicas,
Patrimonio Nacional del Estado, Boletín Oficial del Estado y
Radiotelevisión Española, resaltando las escasas variaciones habidas en
el mismo y haciendo hincapié en el relativo a Radiotelevisión Española.
Afirma que en el presupuesto presentado por la dirección del ente público
al consejo de administración se contemplan las medidas necesarias para
potenciar todas las actividades del grupo Radiotelevisión Española en un
contexto de austeridad, rigor y racionalización del gasto, así como
optimización de los recursos disponibles con el menor coste posible para
el ciudadano.
La señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto, significa que
se den por defendidas las enmiendas presentadas a la sección por la
señora Almeida Castro, del Grupo Mixto, al igual que las de Iniciativa
per Catalunya.
El señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, defiende la enmienda presentada por su grupo al programa de
relaciones con las Cortes, al entender que no cuadran las cifras
contenidas en el mismo, exactamente las que hacen referencia al contrato
que el Estado tiene con la Agencia EFE. Seguidamente expone la posición
de su grupo en relación con el contenido global de la sección y los
numerosos programas que abarca, explicando que no les convence ni la
cuantificación ni el contenido de esos programas. Por consiguiente, no
van a respaldar la propuesta del Gobierno, a pesar de que no hayan
presentado ninguna enmienda de totalidad a la sección.
El señor Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
defiende las enmiendas de su grupo. Comienza aludiendo al presupuesto de
Radiotelevisión Española mencionado por el señor vicepresidente del
Gobierno y que se debatirá posteriormente junto con el presupuesto global
del ente público, en cuyo momento dará cumplida respuesta sobre el mismo.
Respecto al presupuesto de esta sección 25, insiste en algunos de los
argumentos ya expuestos ampliamente, destacando el aumento de las
partidas de personal en un 5,52 por ciento en el programa del presidente
del Gobierno y el 8 por ciento en la Secretaría de Comunicación, no
respetándose la contención que se viene reclamando a los demás. En cuanto
a los gastos corrientes, tan vilipendiados anteriormente por el Grupo
Parlamentario Popular, hoy se incrementan con toda tranquilidad en un
16,54 por ciento en el programa 112. Asimismo, se aumentan en un 49 por
ciento las indemnizaciones por razones de servicio y un 69 por ciento los
transportes. Dado que no le han convencido las razones para dicha
actualización, siguen oponiéndose a la misma.
En cuanto al capítulo de inversiones, considera que se produce un
despilfarro al no haberse justificado la necesidad de esos gastos para el
correcto funcionamiento
de los servicios, por lo que mantienen su oposición a dicho capítulo.
Concluye coincidiendo con lo anteriormente expuesto de que se trata de
una sección poco importante cuantitativamente, aunque sí lo es desde el
punto de vista cualitativo, porque desde sus órganos emanan las
auténticas directrices políticas de este país y no pueden amparar el
desarrollo de una política informativa del Gobierno que califican de
desafortunada y cuyo objetivo fundamental no es mostrar lo mucho o poco
que haga el Gobierno sino ver de qué manera influye en los medios
públicos o se controlan los privados, lo cual tiene poco que ver con la
libertad de expresión e información. En definitiva, piensa que existen
razones suficientes tanto de gestión económica como políticas para
mostrar el rechazo a la sección.
En turno en contra de las enmiendas a la sección 25, interviene el señor
Núñez Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Expone que, una vez analizado el contenido de la sección, analizados
también los datos ofrecidos por el subsecretario de la Presidencia,
estudiadas las nueve enmiendas presentas por los distintos grupos
parlamentarios y escuchada la intervención del señor vicepresidente del
Gobierno, el Grupo Popular reitera lo expuesto en el debate de la
Comisión de Presupuestos y concluye afirmando que el presupuesto de esta
sección es austero y está elaborado con criterios de realismo y
racionalidad que permitirán una gestión eficiente y eficaz durante 1998.
Respecto a la enmienda de totalidad presentada a la sección por el Grupo
Socialista, señala que de totalidad sólo tiene el nombre, porque
únicamente se justifica en relación al capítulo 2 y más concretamente al
programa 112 A, del presidente del Gobierno. Considera que el propio
portavoz socialista no ha podido dar esta mañana argumentos sólidos en
apoyo de la enmienda. Algo parecido piensa que ocurre respecto la
enmienda de la señora Almeida, porque titulándola de totalidad se limita
a hablar de la insuficiencia presupuestaria para la realización de
determinados programas de la sección.
Agrega que se hallan ante un presupuesto prácticamente congelado, pues
crece por debajo del objetivo de la inflación prevista para 1998, lo que
es muy difícil de encontrar en la historia de los Presupuestos Generales
del Estado y más concretamente en los presupuestos de esta sección 25.
Añade que además de austero el presupuesto es racional y realista para
atender a las necesidades del Ministerio de la Presidencia del Gobierno y
también es transparente. Por todo ello el Grupo Popular apoyará la
sección 25 y rechazará todas y cada una de las enmiendas presentadas a la
misma.
Sección 21 (Página 6019)
La señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (De Palacio del
Valle-Lersundi) interviene para exponer el contenido de los Presupuestos
Generales del Estado para 1998 en lo que a su ministerio se refiere.
Explica que las cifras consolidadas que incluyen la actividad
presupuestaria de los organismos autónomos y los gastos financiados por
fondos europeos se elevan a un billón 172.000 millones de pesetas, lo que
supone un aumento del 2 por ciento respecto a la cifra inicial
correspondiente a los presupuestos de 1997.
Manifiesta, en primer término, que estos presupuestos deben considerarse
como la puesta en práctica de una política presupuestaria que tiene la
austeridad, el rigor y el control en el gasto como principios básicos y
los criterios de convergencia como marco de definición exigido no sólo
por nuestra incorporación a la Unión Monetaria sino por una platica sana
que impulsa la creación de empleo más espectacular de los últimos años
desde la premisa de un crecimiento equilibrado y sólido. Recuerda, en un
sentido más técnico y concreto, que para valorar el esfuerzo
presupuestario del departamento es preciso tener en cuenta que, a lo
largo del año 1997, se han producido dos hechos de trascendencia
presupuestaria. Por un lado, la continuación del proceso de
transferencias a las comunidades autónomas y, por otro, la aplicación de
la Ley Orgánica de funcionamiento de la Administración general del
Estado. se refiere también a la evolución de los recursos reales con
destinos auténticamente operativos que se deriva de aquellas partidas
presupuestarias destinadas a sufragar las correcciones financieras y,
particularmente, las que son consecuencia de la multa láctea. Estas
partidas descienden sensiblemente en el año 1998 y no reflejan recursos
operativos de los que puedan disponer los sectores agrarios, pesquero y
alimentario y, por tanto, deben ser descontadas cuando se realice el
cómputo de las disponibilidades reales del ministerio. Sin embargo, una
vez realizado el ajuste correspondiente a los presupuestos iniciales de
1997 y 1998, el crecimiento del presupuesto operativo del ministerio es
de un 10 por ciento real, presupuesto que, administrado con rigor y
eficacia, servirá para modernizar, vertebrar y hacer más competitivos los
sectores agrario, pesquero y alimentario.
A continuación expone las líneas básicas de la política del departamento
y destinatarias principales
del esfuerzo del ministerio. De entre ellas destaca el fomento de la
corresponsabilidad de agricultores y ganaderos para ofrecerles, a su vez,
una garantía de rentas -línea en la que ya se viene actuando-; la
política de vertebración del sector agrario y agroalimentario,
continuándose con el proceso de creación y puesta en marcha de
organizaciones interprofesionales y agroalimentarias, así como de
productores; la intensificación del esfuerzo presupuestario destinado a
modernizar el sector lácteo, y el establecimiento de un plan de fomento
de la apicultura. Añade que la actividad inversora, que es fundamental
para la productividad y competitividad del sector agrario, experimenta un
crecimiento del 15,5 por ciento, y entre los destinos de estas
inversiones deben destacarse la mejora de regadíos y usos alternativos
del agua y la mejora de la estructura productiva y desarrollo rural.
A continuación pasa a referirse a algunos aspectos incluidos en el
proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social
que también se proyectan sobre las áreas que son competencia del
departamento, como por ejemplo las modificaciones en el Impuesto sobre el
Valor Añadido que son necesarias para coordinar su aplicación al régimen
de signos, índices y módulos del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas respecto de aquellas actividades agrícolas que resultan también
incluidas en el citado régimen de módulos; la elevación al 4,5 por
ciento, con carácter transitorio, para alcanzar el 5 por ciento a partir
del ejercicio siguiente de la compensación a tanto alzado a que tienen
derecho quienes se encuentran acogidos al régimen especial del IVA para
la agricultura, ganadería y pesca, o la modificación del régimen jurídico
de la empresa Transformación Agraria, S. S.
Asimismo expone la evolución de las dotaciones presupuestarias por
capítulos, deteniéndose en aquellas actuaciones cuantitativas más
destacadas como la adecuación de la aportación financiera al plan anual
de seguros agrarios combinados. Añade que junto a esta notable variación
cuantitativa existe un cambio cualitativo derivado de la redistribución
de créditos, por lo que se produce no sólo un incremento sino también una
reasignación de recursos que se dirige a optimizar el rendimiento
presupuestario con el objetivo de potencias las políticas fundamentales
para el desarrollo de los sectores agrario y pesquero. Considera que una
de las modificaciones más significativas en este cambio cualitativo de
los presupuestos es la que se produce en la rúbrica destinada a
subvencionar intereses de los préstamos concedidos con ocasión de la
sequía, partida que se reduce en un 32 por ciento respecto a la dotación
de 1997, lo que permite disponer de 4.876 millones más en las políticas
activas del ministerio. Añade que también la actuaciones en favor del
desarrollo rural encuentran en el presupuesto para 1998 el máximo soporte
financiero posible y crecen en un 20 por ciento en el programa de mejora
de las estructuras productivas y desarrollo rural.
Termina su intervención manifestando que las políticas de su departamento
y su soporte financiero son perfectamente compatibles, e incluso
complementarias, con otras políticas generales del Gobierno, donde es
absolutamente prioritaria la generación de empleo. Con estas medidas se
pretende mantener la actividad rural, la actividad pesquera, así como
fomentar actividades como la modernización de la flota pesquera, lo que
va a suponer un incremento en la carga de trabajo de los astilleros.
Asegura que tanto los responsables del ministerio como sus funcionarios
actuarán con el máximo rigor y eficiencia en la administración de los
recursos para conseguir que su aplicación beneficie al mayor número de
agricultores, ganaderos y pescadores a los que se destina la política del
ministerio, que no es otra que la de transformar a estos sectores para
prepararlos y modernizarlos de cara al próximo siglo que se avecina.
La señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto, interviene
para defender su enmienda de devolución a la sección 21 de los
presupuestos de 1998 por considerar que son continuistas y no dan
respuesta a los retos a los que está enfrentado el sector agrario
español. Llama la atención en especial sobre la peste porcina que afecta
en especial a la provincia de Lérida y para la que considera que las
partidas destinadas son absolutamente insuficientes.
En defensa de las enmiendas de Unión Valenciana a la sección 21
interviene el señor Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto,
deteniéndose en especial en la enmienda 38 que hace referencia a la
solicitud de un aumento de la partida presupuestaria para la lucha contra
la enfermedad de la tristeza en los cítricos.
El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende las enmiendas que presenta el Bloque Nacionalista Galego al
presupuesto de esta sección, porque considera que tanto el sector
pesquero como el agroganadero, sectores claves de la economía de Galicia,
no van a encontrar el impulso necesario. Presentan las enmiendas 112,
113, 114, 115 y 116, de la que pedirán votación separada, para adecuar
mejor los presupuestos de Agricultura a las necesidades reales de los
sectores productivos y a la necesidad de apoyo
para poder competir en el actual contexto político-económico.
En defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida interviene el señor Centella Gómez, que manifiesta que han
presentado una enmienda a la totalidad de estos presupuestos porque
consideran que no afrontan con seriedad los problemas que existen en la
agricultura, en la ganadería y en la pesca. Opina que estos presupuestos,
después de tres años de congelación, suponen un incremento de la
indemnización complementaria básica totalmente insuficiente para frenar
la pérdida de empleo, recortan las previsiones de beneficiarios en un 18
por ciento, evidencian que el ministerio no apuesta por la incorporación
de los jóvenes a la actividad agraria ni por su formación profesional, no
atiende debidamente el apartado de la creación y modernización de
regadíos ni se señalan las hectáreas donde se va a invertir, se continúa
con la reducción en las inversiones en caminos o en la concentración
parcelaria y es insuficiente el dinero que se destina a la investigación
y experimentación. En definitiva son unos presupuestos que, según opinión
de su grupo, no afrontan con valentía los problemas y deficiencias que
tiene la agricultura y ganadería, pretendiendo con su enmienda de
totalidad que se elaboren unos presupuestos que hagan justicia a quienes
llevan años sufriendo el abandono de sucesivos gobiernos.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a esta sección interviene la
señora Leiva Díez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que
consigna el hecho de que el presupuesto del Ministerio de Agricultura
supone el uno por ciento de los Presupuestos Generales del Estado y añade
que los programas que son cofinanciados por la Unión Europea están
infradotados, lo que hace imposible aprovechar en su integridad los
fondos que podrían ir al sector agrario y a consolidar el medio rural.
Considera que en este presupuesto no hay objetivos claros, y los que hay
no son ambiciosos, porque sólo sirven para cubrir el trámite de ser
aprobados en la Cámara. Añade que las enmiendas que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso van dirigidas, en primer lugar, a
las organizaciones agrarias, a las que se congela su asignación, y opina
que se ha fracasado en el proyecto de reestructuración de la industria
azucarera, no sólo en las fusiones entre empresas, sino también en la
aplicación de las ayudas previstas en la Unión Europea. Asimismo,
considera que el desarrollo del medio rural vuelve a ser ignorado, que no
se atienden los regadíos, que no se apuesta por el rejuvenecimiento de la
población activa agraria, que tampoco se aborda la reestructuración del
sector lácteo, que bajan todos los programas destinados a la
reestructuración y ordenación del sector pesquero y que hay poca atención
a la prevención y saneamiento del ganado y a la investigación de sectores
estratégicos. Por último, añade que se habla mucho de empleo en el medio
rural, pero el Ministerio de Agricultura no apuesta fuerte, con fondos
propios, por frenar la pérdida de empleo en el sector. En definitiva,
considera que son unos presupuestos regresivos y le parece mentira que la
señora ministra no haya podido consolidar el presupuesto, habiendo
sufrido una bajada del 4 por ciento con respecto a los presupuestos del
año anterior.
El señor Madero Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
interviene para defender el dictamen de la Comisión de la sección 21, al
tiempo que el voto particular a la enmienda 1632. Lo hace convencido de
que son unos presupuestos adecuados a la realidad económica española y,
sobre todo, son la expresión contable de un propósito decidido de
impulsar la pesca, el campo y la sociedad rural en su conjunto. Por
tanto, el Grupo Parlamentario Popular apoya sin ambages estos
presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, porque
es evidente la sintonía que hay entre un proyecto global y el instrumento
presupuestario que se pone a su disposición. Expone que, dentro de las
limitaciones generales presupuestarias, estos presupuestos son
suficientes para las necesidades del sector y asignan a cada órgano
gestor uno o varios programas, lo que les hace absolutamente
transparentes en su seguimiento, y contemplan además una reordenación
jurídica y una redistribución competencial que hacen al ministerio más
eficaz, más funcional y con un ahorro sensible del gasto.
Por otra parte, considera que la mayoría de las enmiendas están
fundamentadas en algo falso, como es la insuficiencia presupuestaria, que
no existe, y dando por reproducidos los argumentos que se aportaron en la
Comisión, hace un análisis, con cifras y datos, de los presupuestos del
MAPA, comparándolos con los del ejercicio de 1997.
Sección 18 (Página 6030)
La señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de Biedma)
presenta los presupuestos de la sección, destacando que los mismos
contienen un aumento del 6,8 por ciento respecto a los correspondientes a
1997, incremento que en términos absolutos es de 68.627 millones, muy
superior al crecimiento
del conjunto de los presupuestos del Estado, con lo que la educación
adquiere un peso mucho mayor en el conjunto de los gastos del Estado. Se
trata, por tanto, de un indicador muy claro de que la educación es uno de
los objetivos prioritarios de este Gobierno. Agrega que los presupuestos
de esta sección permiten abordar con garantías los grandes retos que
nuestra sociedad tiene planteados y van a servir para proporcionar una
educación, especialmente la pública, de mayor calidad y más equitativa,
porque atenderá mejor a todos y, sobre todo, a los que más lo necesitan.
Van a significar también el perseverar en una línea de apuesta por la
investigación científica ya iniciada por el Gobierno el año anterior y,
asimismo, poner en marcha un ambicioso plan de inversiones en las grandes
instituciones culturales que va a traducirse en un cambio notorio en la
actividad cultural del Estado. Finalmente, son unos presupuestos que
apuestan eficazmente por el deporte, sobre todo, por el deporte escolar,
universitario y aficionado, además del deporte de alto nivel.
Respecto al gasto educativo informa la señora ministra que el gasto para
la enseñanza pública crece en un 7,7 por ciento, lo que permitirá ofrecer
en la enseñanza pública mejores instalaciones, más profesores, mejores
medios tecnológicos y, en general, una atención más personalizada. Este
presupuesto permitirá también extender la gratuidad de la enseñanza en el
tramo de los 14 a los 16 años.
Analiza seguidamente los capítulos más importantes de la sección,
comenzando por el primero, relativo a gastos de personal, que asciende a
662.000 millones de pesetas, con un aumento del 3,33 por ciento, que
permitirá ampliar en 1.740 la plantilla de profesores de enseñanza
secundaria a pesar de reducirse el número de alumnos. En la enseñanza
primaria se hará especial hincapié en los profesores especialistas, de
manera que la educación física, el inglés y la música están presentes,
por primera vez, en 1998 en todos los centros de enseñanza primaria.
El capítulo 2, gastos corrientes, asciende a 50.000 millones de pesetas,
reduciéndose de manera importante las partidas destinadas a
arrendamientos, comunicaciones, publicidad y propaganda y aumentándose,
en cambio, de manera significativa los gastos que revierten un servicio a
los ciudadanos, especialmente los servicios complementarios a la
educación, como son los de transporte y comedor.
Respecto al capítulo 4, transferencias corrientes, en el año 1998
ascienden a 320.000 millones con un incremento del 7 por ciento. En este
capítulo se aumentan los conciertos educativos, conforme a los
requerimientos de la Logse y cobran también especial importancia las
partidas destinadas a formación de profesorado, así como las de becas y
de ayuda al estudio. Por otra parte, en inversiones en educación se
realiza un gran esfuerzo, que se traduce en una dotación de 47.000
millones, que servirá para ampliar, modernizar y dotar de nuevas
tecnologías a la red de centros públicos. Permiten terminar los centros
iniciados el año 1997 y comenzar la construcción de 23 nuevos centros de
primaria y 50 nuevos centros de secundaria. Precisamente la educación
secundaria, así como la formación profesional, verán incrementadas sus
dotaciones en un 10,4 por ciento, en base a la apuesta hecha por el
Gobierno para mejorar su calidad.
Termina la señora ministra destacando las partidas destinadas a
investigación científica, cultura y deporte, con aumentos igualmente
importantes respecto del año anterior, y todo ello dentro de la política
de rigor y contención del gasto público, imprescindible para la creación
de empleo y el cumplimiento de los objetivos de convergencia.
La señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las
enmiendas presentadas pidiendo la devolución de los presupuestos
correspondientes a esta sección por tres razones fundamentales. En primer
lugar, porque considera que tienen una grave insuficiencia financiera, ya
que el aumento del gasto en un 5,9 por ciento apenas compensa los
recortes producidos el año anterior; en segundo lugar, porque se trata de
unos presupuestos tremendamente opacos, no definiéndose con claridad el
destino de los 55.730 millones de pesetas de incremento presupuestario; y
finalmente porque son unos presupuestos que favorecen extremadamente la
enseñanza privada, con un aumento del 9,5 por ciento en conciertos en los
niveles no obligatorios en educación infantil, cuando en los centros
públicos no están escolarizados todos los niños de tres años. En resumen,
se trata de unos presupuestos que, a su juicio, no compensan las
desiguladades individuales, sociales y territoriales, no son
transparentes ni es equitativa la distribución de los recursos.
Termina la señora Rivadulla pidiendo que se den por defendidas las
enmiendas de la señora Almeida Castro.
La señora Rahola i Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la
enmienda presentada, cuya voluntad es activar de una vez por todas una
promesa pendiente permanentemente y que nunca se ve realizada en
Barcelona, que es la biblioteca provincial. Pide que, por una vez, un
Ministerio claramente insensible a los intereses catalanes demuestre
una cierta voluntad de corregir las enormes discriminaciones que en
materia de inversiones viene padeciendo Cataluña.
El señor Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las
enmiendas 35 a 37, relativas a diversas inversiones en infraestructura
cultural del patrimonio histórico-artístico valenciano, que piensa que
debían haberse contemplado en los presupuestos de este departamento.
Realiza una especial defensa de la enmienda 89, en solicitud de
determinadas inversiones en la infraestructura cultural para la ciudad de
Valencia, que es candidata a la capitalidad europea de la cultura en el
año 2001.
La señora Lasagabaster Olazábal, también del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende las quince enmiendas que mantiene para este trámite. Un primer
grupo de estas enmiendas se refiere a cuestiones de competencia en
investigación científica y técnica y reclama su transferencia a la
Comunidad Autónoma Vasca dentro del marco competencial estatutario. Un
segundo paquete de enmiendas pide diversas inversiones en museos de
aquella comunidad autónoma y, finalmente, otro grupo de enmiendas hace
referencia a inversiones en cultura, especialmente en otras lenguas
distintas a la castellana.
El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende tres enmiendas, las números 151 a 153, cuyo contenido concreto
recuerda a la Cámara, a las que califica de justas, modestas y que
responden a necesidades no atendidas durante mucho tiempo y para las que
reclama el apoyo de todos.
El señor Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
defiende una enmienda pidiendo una consignación de cien millones de
pesetas en los presupuestos de 1998 para la continuación de las obras de
la Catedral de Santa Ana, el más importante monumento histórico-artístico
del archipiélago canario, y cuya terminación se ha pedido por todos los
agentes económicos y sociales de las islas.
La señora Aramburu del Río defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, comenzando por señalar que los presupuestos
de esta sección son restrictivos para la enseñanza pública y
despilfarradores para la privada, haciendo que las familias menos
pudientes paguen el ajuste presupuestario definido en el plan de
convergencia de acuerdo con el pacto de estabilidad. Ello origina, a su
juicio, un grave desastre educativo, no aumentando de manera suficiente
la financiación para la aplicación de la Logse. Considera, por otra
parte, que el aumento del 6,07 por ciento de esta sección implica una
trampa, ya que la tercera parte de este aumento está destinada a gastos
de personal, quedando tan sólo 38.000 millones destinados verdaderamente
a engrosar el gasto propiamente educativo. Ocurre, además, que la cifra
les merece escasa credibilidad, dado que el ministerio implica
manifiestamente su previsión presupuestaria anterior y que dicho aumento
se produce sobre una masa monetaria que está experimentando un aumento
del 1,7 por ciento sobre el presupuesto de 1996.
Menciona algunas otras razones, como la escasa incentivación salarial al
profesorado educativo y la no contemplación de la transferencia de
competencias en educación a diez comunidades autónomas el año próximo, lo
que, unido a la carencia del reajuste presupuestario de la sección, les
lleva a mantener la decisión de pedir la devolución de la misma y a
presentar las correspondientes enmiendas alternativas, que da por
defendidas en este momento, todo ello en aras a garantizar una enseñanza
pública de calidad.
Completa el turno en defensa de las enmiendas de Izquierda Unida la
señora Sabanés Nadal. Defiende dos bloques de enmiendas. El primero,
pidiendo diversos incrementos en los diferentes programas del Ministerio
por un total de casi mil millones de pesetas; y un segundo bloque de
enmiendas que abundan en la necesidad de una mayor participación del
Gobierno en las infraestructuras más específicas de las comunidades
autónomas, con un coste de 700 millones de pesetas. Se trata de mostrar
un apoyo más claro y un compromiso absolutamente real en términos
culturales para todo el Estado. Respecto al Consejo Superior de Deportes,
propone un incremento de 200 millones de pesetas, a través del programa
de enseñanzas deportivas.
Anuncia, finalmente, el apoyo a la inmensa mayoría de las enmiendas de
los demás grupos parlamentarios, pero no en el caso de aquellas que
proponen algunas bajas que les han suscitado ciertas dudas.
La señora Díez de Baldeón García defiende las enmiendas del Grupo
Socialista. Comienza refiriéndose a la enmienda de devolución, que
justifica en que el presupuesto de esa sección es absolutamente
insuficiente, insolidario y hace inviable la implantación de la Logse en
condiciones de calidad para todos. El presupuesto es insuficiente porque
no corrige el agujero generado por el recorte presupuestario del año
1997, dando lugar a un estancamiento especialmente grave en un año que
será decisivo para la aplicación de la reforma educativa prevista en la
Logse. La subida prevista prácticamente sirve
sólo para cubrir el incremento salarial, ya que los 1.749 profesores de
secundaria que se prometen ni siquiera repondrán las vacantes de
profesorado por jubilación voluntaria y forzosa.
Respecto al calificativo de insolidario para este presupuesto, señala que
profundiza en las desigualdades, ya que se incrementan en un 9,15 por
ciento los conciertos con la enseñanza privada, mientras que sólo se hace
en un 5,5 por ciento en la enseñanza pública.
Junto a la enmienda de devolución, el Grupo Socialista ha presentado
numerosas enmiendas parciales, dirigidas a mejorar la calidad de la
enseñanza pública en nuestro país, desde la educación infantil y
primaria, hasta la universitaria, con el convencimiento de que se trata
de medidas fundamentales para corregir desigualdades. Termina destacando,
brevemente, el contenido de aquellas enmiendas que consideran más
importantes.
En turno en contra de las enmiendas a la sección 18, interviene el señor
Guerra Zunzunegui, en nombre del Partido Popular. Expresa, en primer
lugar, su satisfacción por defender los presupuestos de una sección como
la de educación que en un momento de austeridad presupuestaria contiene
un incremento del 6,8 por ciento, cuando la inflación prevista para 1998
es de sólo el 2,2 por ciento. En consecuencia, al fijar su posición desde
los bancos del Partido Popular, quieren decir a la señora ministra y al
Gobierno que su postura es absolutamente positiva, porque se ha hecho
algo que pedía la sociedad española, no sólo los votantes del Partido
Popular, sino todos los votantes de España.
Añade que la enseñanza pública sigue siendo algo importante para el
Gobierno, con un 7,7 por ciento de aumento presupuestario. Otro capítulo
fundamental es el sexto, de inversiones, donde se establece una dotación
para el próximo año de 47.000 millones, previéndose la construcción de 23
nuevos centros de primaria y 50 de secundaria, paso muy importante en un
momento en que se produce, además, una disminución en el número de
alumnos. Otro paso igualmente importante tiene relación con el material
informático, donde se prevé la adquisición de 8.000 ordenadores para
equipar otras tantas aulas. Alude, por tanto, al presupuesto destinado a
cultura, donde se contempla un incremento de 10.000 millones de pesetas.
Secciones 19 y 60 (Página 6041)
El señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra) expone
las grandes líneas de los presupuestos que afectan a las secciones que se
refieren a Trabajo y Asuntos Sociales y también a la Seguridad Social.
Comienza diciendo que estos presupuestos tienen un marco global que viene
situado en la política presupuestaria del Gobierno que está orientada a
mantener el crecimiento económico para que se convierta en creación de
empleo. Sostiene que tanto la convergencia como el empleo son conceptos
complementarios que deben ir por la misma senda y representar las dos
caras de la moneda única. Considera que los presupuestos de Trabajo y
Asuntos Sociales y el de la Seguridad Social ponen de manifiesto que es
posible la reducción del déficit público, la disminución del peso global
del sector público y mantener a la vez las políticas de bienestar social.
Añade que estos dos grandes conceptos de competitividad y solidaridad son
perfectamente compatibles y además necesarios, favorecen el crecimiento
del empleo y significan un incremento importantísimo en las políticas
activas del empleo. Por otra parte, los presupuestos prestan una especial
atención, con incrementos muy significativos, al conjunto de las
políticas de solidaridad, representan también un avance en la mejora de
gestión y la lucha contra el fraude, destacando el incremento
importantísimo en políticas activas contra el desempleo que, excluyendo
el funcionamiento de las mismas, alcanzan un 33,6 por ciento en el año
1998. Reconoce que en el capítulo de desempleo se produce una reducción
del 2,7 por ciento en relación con 1997, pero esta reducción no obedece,
en absoluto, a un descenso de la tasa de cobertura ni al recorte de
ninguna de las prestaciones contempladas, sino a un crecimiento del
empleo previsto para 1998 muy significativo.
En lo que se refiere al presupuesto de la Seguridad Social, señala que
hay un incremento del 5,6 por ciento, muy superior a otros incrementos
presupuestarios, y supone la garantía del poder adquisitivo de las
pensiones. Asimismo, en el área de asuntos sociales hay un incremento, si
se excluyen gastos de funcionamiento, del 12,6 por ciento, lo que pone de
manifiesto la sensibilidad del Gobierno con respecto a las políticas de
asuntos sociales, máxime cuando se está ante unos Presupuestos Generales
del Estado que son, en su conjunto, extraordinariamente rigurosos y
restrictivos, muy especialmente en lo que significan los gastos de
funcionamiento y los gastos corrientes. Añade que los incrementos más
significativos en las políticas de asuntos sociales se refieren al ámbito
de igualdad de oportunidades para la mujer, al plan integral de
discapacitados, a la acción social que se deriva de los inmigrantes, al
presupuesto de la juventud y al plan concertado de servicios sociales.
También
hace mención a los programas que se refieren al voluntariado, a la
integración social de inmigrantes y, muy especialmente, al plan de
acogida de inmigrantes en Ceuta y Melilla.
En otro orden de cosas, anuncia que se van a mantener las medidas de
lucha contra el fraude y de mejora de la gestión. Cuestiones que en el
ámbito político no son gratas pero sí imprescindibles para el
mantenimiento de las prestaciones sociales. Concluye diciendo que la
mejor política social es aquella que crea empleo, que no se puede separar
el crecimiento económico de la creación de empleo y, muy especialmente,
del sistema de protección social y que a este objetivo es al que tiende
el presupuesto de su departamento. Confía asimismo en que este debate
enriquecerá los presupuestos con aportaciones de los distintos grupos
parlamentarios y se podrá construir una España cada día más competitiva y
a la vez más solidaria.
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende
dos enmiendas de totalidad presentadas a estas secciones. La primera se
refiere al Inem, y plantea a la Cámara que se está produciendo un
incumplimiento del Estatuto de Guernica en relación con el artículo 12.2,
porque la ejecución de la legislación laboral corresponde a la Comunidad
Autónoma del País Vasco. La segunda enmienda de totalidad es a la sección
60, relativa a la Seguridad Social, por razones similares de
incumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica del
Estatuto de Autonomía, donde se establece que la gestión del régimen
económico de la Seguridad Social corresponderá a esa comunidad.
El señor Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto, da por defendidas
las enmiendas presentadas por la señora Almeida Castro.
El señor Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), mantiene la enmienda 1620, que hace referencia al voluntariado.
Recuerda que hace menos de año y medio se votó por amplia mayoría la Ley
del Voluntariado, en cuya exposición de motivos se reconocía la acción
voluntaria como uno de los instrumentos básicos de actuación de la
sociedad civil en los ámbitos sociales. El Grupo Parlamentario Catalán
reconoce el esfuerzo del Gobierno y valora el plan estatal del
voluntariado aprobado el 24 de julio de este mismo año por el Consejo de
Ministros, pero entiende que esta dotación es insuficiente y conviene
incrementarla con 250 millones de pesetas más.
La señora Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, manifiesta que las enmiendas de fondo y parciales que su grupo
presenta a las secciones 19 y 60 expresan sus profundas y patentes
diferencias con las políticas diseñadas y practicadas por el Gobierno con
respecto a las políticas de empleo y prestaciones sociales. Por lo tanto,
votarán a favor de las enmiendas de devolución presentadas por el Grupo
Socialista y no apoyarán la 182 de Eusko Alkartasuna, pues estando de
acuerdo en que la gestión del Inem pase al Gobierno vasco, esto no quiere
decir que haya que desmantelar el Inem ni la unidad de caja de la
Seguridad Social. Asimismo anuncia su voto favorable a las enmiendas
parciales del Grupo Socialista y de la señora Almeida, del Grupo Mixto,
que implican mejoras e incremento del gasto en políticas sociales.
A continuación explica las enmiendas parciales que su grupo presenta a
las secciones 19 y 60, que hacen referencia a la adecuación y al
incremento de gasto en políticas sociales. Las divide en tres bloques: el
primero supone un incremento de 1.700 millones de pesetas y va dirigido a
las políticas de protección e integración de minorías étnicas nacionales,
a la lucha contra la exclusión social y al plan gerontológico; el segundo
supone un incremento de 152 millones en programas a favor de inmigrantes,
especialmente en las comunidades de Ceuta y Melilla; y el tercer bloque
supone un incremento de 800 millones destinado a la atención de menores
tutelados, atención a la tercera edad y, sobre todo atención integral en
favor de discapacitados. Por último opina que la enmienda 941 no
significa un incremento de transferencias al Consejo de la Juventud de
España, sino una adecuación para dar continuidad a los 28 millones que
recibe el Consejo a través de un convenio con el Injuve.
En segundo lugar, interviene por Izquierda Unida, la señora Aramburu del
Río. Considera que la subida de la partida relativa al Instituto de la
Mujer es insuficiente a todas luces para cumplir con los compromisos que
se tiene con la mitad de la población y, por lo tanto, no soluciona los
déficit en políticas de igualdad. Aclara que el montante de sus enmiendas
asciende a 3.000 millones de pesetas, cantidad que pone el acento en la
cobertura básica del colectivo más empobrecido de la sociedad y más
castigado por la consideración de la supuesta debilidad de su naturaleza.
Explica que sus enmiendas apuntan a la creación de empleo para mujeres,
especialmente para mujeres de ámbitos rurales, a la prevención de malos
tratos y apoyo a las víctimas, al fomento de la coeducación, a garantizar
las pensiones compensatorias, etcétera, denunciando que el Gobierno del
señor Aznar no destina ni siquiera
el 1 por ciento a estas políticas de igualdad cuando la media europea es
del 5 por ciento.
El señor Griñán Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, da por defendidas las enmiendas que se corresponden con la
sección 60 en los mismos términos en que lo hizo el portavoz socialista,
señor Cercás, y hace algunas reflexiones en defensa de las enmiendas
presentadas a la sección 19, correspondiente al Inem. Considera que la
sociedad española y la europea en su conjunto piden un crecimiento
sostenible que cree empleo, por un lado y, por otro, recursos suficientes
que puedan dar nuevas oportunidades a los que llevan meses, incluso años,
buscando oportunidades en el mercado de trabajo, crecimiento económico
que además ha de ser necesariamente competitivo. Su grupo no está de
acuerdo en que la receta sea simplemente la reducción de costes laborales
y sociales, sino que entienden que la mejor forma para ganar
competitividad es apostar por una política de educación, de formación, de
investigación, de calidad, de nuevas tecnologías, de infraestructuras y
algo más. Opina que también se debería profundizar en el debate sobre la
reducción del tiempo de trabajo, medida que tiene efectos en el medio y
largo plazo, por lo que serían necesarias también unas políticas de corto
plazo con el fin de conseguir no sólo que el crecimiento se tradujera en
más empleo, sino en dar oportunidad a los desempleados de larga duración.
En este sentido considera imprescindibles dos tipos de medidas: uno, las
nuevas políticas activas que impulsen la colocación de estas personas, y
otro, una reflexión compartida sobre la reducción de costes indirectos,
básicamente en los trabajos de más baja productividad. Por lo tanto, se
necesita una política de corto plazo que utilice recursos públicos, y
aconseja a los que critican el uso de recursos para este fin que comparen
el dinero que hay en los presupuestos del Estado destinado a favorecer
sectores privados y el que hay destinado a subvencionar iniciativas
sociales de interés colectivo. Como reflexión final se refiere al coste
del factor trabajo. En relación con que uno de los elementos que pueden
disuadir la competitividad del sistema puede ser el elevado coste
indirecto del factor trabajo, fundamentalmente en trabajos de baja
cualificación y competitividad, cree que la oportunidad está en la
reducción de la cuota de desempleo, fundamentalmente en aquellos trabajos
de menor productividad que compiten en otros países con sectores de menor
coste. Termina su intervención manifestado que con sus enmiendas tratan
de abrir un debate que lleve a introducir medidas que puedan favorecer el
crecimiento económico, lo que se traduciría en mayores oportunidades de
empleo para quienes más lo necesiten.
El señor Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
interviene para dar contestación sólo a aquellas enmiendas que tocan
aspectos globales, especialmente a las seis enmiendas de totalidad,
puesto que en Comisión ya dio contestación a muchas otras. En primer
lugar se refiere a las enmiendas del Grupo Mixto en relación con el
Instituto de la Mujer, que no pueden aceptar porque su propuesta no
contenía ninguna consignación presupuestaria, al margen de que muchos de
los programas que se contemplan en la enmienda están ya incluidos en el
plan integral de defensa de la mujer.
En cuanto a las dos enmiendas a la totalidad que presenta la portavoz de
Eusko Alkartasuna en base a una interpretación del Estatuto de Guernica,
se muestra contrario, puesto que supondría la ruptura de la unidad de
caja de la Seguridad Social.
También se refiere a las enmiendas parciales del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, en donde se apuesta por un incremento notable
en las dotaciones a las políticas pasivas que retrotraiga la situación a
la reforma de 1994, lo que considera innecesario.
Por otra parte, ruega al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) que retire su enmienda 1620 porque considera que ese programa se
incluye por primera vez en los Presupuestos Generales del Estado y,
aunque la dotación les pueda parecer insuficiente, es totalmente
rigurosa. Agradece las reflexiones formuladas por el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista acerca de sus 45 enmiendas a las secciones 19 y
60, reflexiones que en algunos casos comparte. De todas formas, afirma
que este no es un presupuesto neutro, que deje a la voluntad del mercado
la creación o no de empleo, sino que es beligerante y apuesta
decididamente por la creación de empleo, añadiendo que esta creación de
empleo no se hace sólo a través de la sección 19, sino mediante una
política integral que adopta medidas económicas que favorecen la creación
de empleo y que desarrollan y combinan las políticas económica,
presupuestaria, agrícola, industrial, ambiental, formativa, energética,
de servicios y también, por supuesto, las políticas laborales. No están
de acuerdo con la idea de plantear nuevos impuestos o incrementar los ya
existentes con carácter experimental, sino con la de reducir precisamente
esos costes indirectos laborales y salariales.
Termina su intervención afirmando que este presupuesto de la sección 19
apoya decididamente la reforma laboral, permite la penalización de las
horas
extraordinarias y la contratación temporal, apuesta por la formación
reglada profesional y continua, permite incrementar las políticas de
solidaridad, contempla importantes incrementos en los programas de la
juventud y de la mujer, así como en la lucha contra el fraude, y se
produce una reducción en los gastos de gestión, a pesar de la mejora de
la misma.
Se procede a las votaciones de las enmiendas y del texto del dictamen de
las secciones 25, 21, 18, 19 y 60 que se han debatido a lo largo de la
mañana.
Sección 13 (Página 6052)
La señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón) presenta los
presupuestos de la sección a los que califica como buenos, tanto en
términos cuantitativos como especialmente cualitativos. Aunque es obvio
que todos desearían disponer de más medios, sin embargo, en el marco de
una política presupuestaria rigurosa encaminada a reducir el déficit
público, entiende que el presupuesto de la sección 13 es el mejor posible
y suficiente para la consecución del objetivo previsto. Considerando
además que en el ejercicio de 1997 este presupuesto ha sido minorado en
37.100 millones de pesetas por traspasos de competencias a las
comunidades autónomas, en términos homogéneos y sin incluir los
organismos autónomos el presupuesto aumenta en un 9,7 por ciento respecto
al del año 1997, lo que está muy por encima de la inflación prevista del
2,1, lo que en términos absolutos supone un incremento de 15.000 millones
de pesetas.
Dentro de la sección, el programa de mayor importancia tanto cualitativa
como cuantitativamente es el 142, que representa el 89 por ciento de los
créditos de la sección por importe de 118.449 millones, con un aumento de
12.933 millones y en términos relativos el 9,1.
En el capítulo 2, gastos corrientes y servicios, el programa crece en
términos homogéneos en un 40,6 por ciento, que representa 4.633 millones
de pesetas, lo que unido a medidas de control y eficacia del gasto
permitirá la función de los órganos judiciales existentes y otros noventa
y dos nuevos previstos para 1998. Otro capítulo importante es el número
6, inversiones reales, y tiene un incremento en términos homogéneos del
21,6 por ciento y un aumento efectivo de 1.054 millones de pesetas.
Termina expresando su convencimiento en que el presupuesto para 1998
supone para todos un desafío con el objetivo de conseguir una mejor
administración de Justicia.
El señor Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las
enmiendas presentadas, una de devolución y otras parciales, cuya
justificación cree sencilla a la vista de la opinión existente en la
sociedad española sobre la insuficiencia de la justicia, tanto en
relación con su funcionamiento como respecto de los medios puestos a su
disposición. En los presupuestos de la sección no están presentes lo que
a su juicio serían cuatro ejes vertebradores de la actividad del
Ministerio, como son, en primer lugar, la creación de suficientes plazas
judiciales en aplicación de las previsiones del Libro Blanco de la
Justicia; en segundo lugar, la urgente puesta en funcionamiento de los
juzgados de lo Contencioso-Administrativo; en tercer lugar, la aplicación
efectiva del nuevo sistema de penas y, finalmente, la improrrogable
adaptación de las salas de la Audiencia junto a una adecuada información
a los ciudadanos para hacer efectiva la institución del jurado. De ahí
que insista en pedir la devolución de este presupuesto.
El señor Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las
enmiendas números 1 y 2, haciendo especial hincapié en la primera de
ellas referente a la administración de Justicia de Valencia que necesita
de una inyección presupuestaria adecuada, especialmente en materia de
infraestructura o instalaciones judiciales que redundan en la mejora de
la calidad de servicio.
El señor Silva Sánchez defiende la enmienda 1618 presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para corregir un error que,
a su juicio, se produjo en 1991 al disponer la supresión de las
franquicias postales y telegráficas de la administración de Justicia,
fijando un período transitorio de tres años que concluyó en 1994.
El señor Castellano Cardalliaguet defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, números 628 a 639, la primera de ellas
de totalidad. Menciona el número de asuntos pendientes en las distintas
Salas del Tribunal Supremo, así como en algunos juzgados de la Audiencia
Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Provincial
que sirven, a su juicio, para poner de manifiesto la existencia de una
patología que afecta al sistema de libertades, a algo tan importante como
es la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio sin dilación
excesiva, patología que no se corrige con el presupuesto presentado a la
Cámara.
Ante ese panorama cree que no es serio presentar un presupuesto como el
que presenta la señora ministra y el Gobierno, víctimas del síndrome de
Maastricht.
No puede decirse que se esté dando prioridad a la administración de
Justicia, en todo caso se estará dando prioridad a los beneficios de los
multinacionales, reforma laboral o a otros objetivos, pero nunca a la
administración de Justicia. Con las cifras contenidas en los presupuestos
cree que no se puede hablar de un auténtico Estado moderno cuando los
tres puntos flacos de este Gobierno son los relativos a la educación, la
sanidad y la justicia, que son los que más afectan a la ciudadanía en
general. Cuando se habla de que ha llegado la hora de la justicia cree
que se daría un buen ejemplo si hoy se devolviese este presupuesto al
Gobierno para hacerle ver la necesidad de realizar un esfuerzo serio. Si,
por el contrario, la señora ministra y el Gobierno quieren seguir con los
actuales planteamientos, por lo menos no deberían volver a hablar de que
les preocupa este tema.
Termina dando por defendidas las enmiendas parciales presentadas a la
sección.
La señora Fernández de la Vega Sanz defiende las enmiendas del Grupo
Socialista. Expone que el proyecto de presupuestos presentado por el
Gobierno para el Ministerio de Justicia muestra claramente la escasa
importancia que el Gobierno del Partido Popular otorga a la justicia como
servicio público, a la que no presta la atención que en opinión del Grupo
Socialista requiere. Recuerda que el año anterior su grupo denunciaba que
el presupuesto para 1997 no era el suficiente ni el adecuado para dar
respuesta a la demanda de los ciudadanos y hoy se ven obligados a
denunciar la misma situación, si cabe aún más grave, porque cuando la
economía va bien, la justicia cada día va peor y no va a poderse hacer
frente con este presupuesto ni siquiera al cumplimiento de obligaciones
derivadas de la aplicación del Código Penal, y menos aún a la entrada en
vigor de los proyectos de ley que están en tramitación en esta Cámara.
En esta situación el Grupo Socialista se ha visto obligado a presentar
una enmienda de devolución de la sección 13 y del programa más importante
de la misma, como es el 142.A, junto a seis enmiendas parciales al resto
de los programas de la sección para el caso de que no prosperase algunas
de las anteriores.
En turno en contra de las enmiendas a la sección 13 interviene el señor
Ollero Tassara en representación del Grupo Popular. Expone que podrá
hablarse o no del síndrome de Maastricht, pero curiosamente los mayores
incrementos de estos presupuestos se producen en la educación y en la
sanidad, así como en justicia, que aumentan en un 9,7 por ciento, lo que
cree que no está nada mal a la vista de cómo está la situación. Piensa
que estos presupuestos reflejan claramente la importancia que el Gobierno
atribuye a la justicia y a la necesidad de dotarla de mayores medios.
A la portavoz socialista tendría que decirle que comparara la dotación de
órganos judiciales y de plazas previstas para el año próximo con
cualesquiera de los años comprendidos entre 1982 y 1996, comparación que
servirá para que la administración de Justicia y el actual Gobierno estén
en una situación realmente favorable. Renuncia, por último, a entrar a
contestar a las enmiendas parciales formuladas a la sección, habida
cuenta de que muchas de ellas se refieren exclusivamente a peticiones muy
concretas que se reiteran anualmente en favor de diversas
circunscripciones judiciales.
Se suspende la sesión a las dos y treinta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Sección 16 (Página 6062)
El señor Ministro del Interior (Mayor Oreja) presenta los presupuestos de
la sección que de forma consolidada, sin incluir los organismos
autónomos, asciende a un total de 635.000 millones de pesetas, con un
aumento del 2,09 respecto a los de 1997, aunque el crecimiento real, una
vez contemplados ciertos traspasos al Ministerio de Administraciones
Públicas, sería del 4,54 por ciento, un crecimiento a su juicio
significativo, con un esfuerzo encomiable dentro de los márgenes de una
política general de austeridad económica y presupuestaria.
Como características fundamentales de estos presupuestos menciona la
corrección del principal desequilibrio de los presupuestos del Ministerio
del Interior en ejercicios anteriores, concretamente en el capítulo 6 de
inversiones. Por otra parte, se crea la Gerencia de Infraestructuras de
la Seguridad con la que se pretende mejorar lo que son mecanismos de
explotación de los medios materiales a cargo de las Fuerzas de Seguridad
del Estado. La renovación del parque automovilístico de la Policía es
otro punto a considerar con la incorporación de 1.500 nuevos coches el
próximo ejercicio.
El capítulo 1, de gastos de personal, en términos homogéneos tiene un
incremento de casi el 4 por ciento respecto al presupuesto de 1997, que
se va a traducir en mejoras retributivas de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y de instituciones
penitenciarias, especialmente en el País Vasco por razones obvias. En
cuanto al capítulo 2, gastos corrientes, en bienes y servicios se ha
producido una reducción derivada de la transferencia de servicios
periféricos del Ministerio del Interior, que ha supuesto un total de
2.119 millones de pesetas. También el capítulo 4 sobre transferencias
corrientes experimenta una reducción derivada de la disminución de la
subvención por gastos electorales a partidos políticos conforme al
calendario electoral.
Alude a continuación a los presupuestos de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, de la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas y al de la Dirección General de Tráfico; menciona
los aumentos de cada uno de ellos para concluir informando que en
cuestión de gastos reservados el presupuesto para 1998 ha sido congelado
porque se considera que las cantidades previstas y ejecutadas en 1997
están resultando suficientes para afrontar la acción antiterrorista y
aquellas otras acciones que hubiesen exigido la utilización de estos
fondos que ascienden a la cifra de 524,5 millones de pesetas.
El señor Alcaraz Ramos, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
presentadas por Nueva Izquierda referidas fundamentalmente a una serie de
instalaciones policiales y penitenciarias necesitadas con urgencia en el
País Valenciano.
La señora Rivadulla Gracia, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
números 240 y 241, limitándose a exponer el contenido de las mismas.
Pide, por otra parte, que se den por defendidas las enmiendas de su
compañero del Grupo Mixto, señor Chiquillo.
El señor Meyer Pleite defiende las enmiendas del Grupo de Izquierda
Unida. Comienza afirmando que los presupuestos presentados por el
Gobierno no resuelven las necesidades de avanzar hacia el nuevo modelo
policial federal racionalizado y, por tanto, dimensionado a las justas
necesidades territoriales de la Seguridad de España. Son unos
presupuestos que, además, siguen dando un trato desigual al Cuerpo
Nacional de Policía y a la Guardia Civil, duplican servicios y no
resuelven las reivindicaciones prometidas a los funcionarios.
Les preocupa que los gastos en bienes corrientes y servicios bajen como
sucede respecto a la energía eléctrica, combustible, telefonía,
transporte, con las posibles repercusiones negativas que tendrán para el
servicio. El lamentable estado de muchas comisarías tampoco podrá tener
una solución satisfactoria, y de ahí que presenten una serie de enmiendas
tendentes a dignificar las dependencias policiales al igual que sucede
con relación a muchos cuarteles de la Guardia Civil.
En definitiva, el Grupo de Izquierda Unida a través de sus enmiendas
pretende mejorar sensiblemente los servicios públicos dependientes del
Ministerio del Interior, atendiendo a las necesidades reales de los
servicios y de los funcionarios en la idea de que tales mejoras
redundarán en beneficio del conjunto de la sociedad.
El señor Cuesta Martínez defiende las enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza expresando sus escasas esperanzas en relación con unos
presupuestos que no se corresponden con lo que el señor ministro ha
intentado transmitir ya que, en su opinión, nunca había habido un
maquillaje más intenso y una imagen menos acorde a la realidad que la que
les presenta el presupuesto del Ministerio del Interior. Son unos
presupuestos que no tienen ninguna relación con la realidad en un momento
en el que no existe precisamente la euforia en los profesionales de la
Seguridad en España. La realidad es que mientras se están discutiendo
estos presupuestos, en la Dirección General de Policía están encerrados
los sindicatos policiales en apoyo de sus reivindicaciones.
El señor ministro ha hablado de aumentos del 2,09 y del 4,54 por ciento,
pero sea el que fuere, se trata, en todo caso, de un porcentaje muy
inferior al comprometido en el Consejo de Policía del 22 de julio pasado.
El crecimiento del 2,09 es incluso inferior al de los demás ministerios y
al del conjunto de los presupuestos del Estado, que se elevan a un 3,2
por ciento y piensa que, en consecuencia, con tal presupuesto no se
garantiza la operatividad, aun sin contemplar inversiones
imprescindibles. Sobre este particular, menciona algunos programas sobre
formación o seguridad ciudadana, en los que se producen incluso
disminuciones respecto al ejercicio anterior como ocurre en el capítulo
2, en energía eléctrica, combustible, comunicaciones telefónicas,
transportes e indemnizaciones por razón de servicio o dietas.
Pregunta, por otro parte, sobre la promesa y el objetivo de equiparación
retributiva de los funcionarios estatales policiales con los de las
comunidades autónomas, para concluir afirmando que se hallan ante una
situación de incumplimientos y, por tanto, también de fracasos.
En protección civil, máxime en las circunstancias que atravesamos, se
produce una disminución de 2.501 millones a 1.990 millones, no estando
ese programa, por tanto, a la altura de las circunstancias ni de las
necesidades expuestas por el propio
director general de Protección Civil. Algo similar sucede, por último, en
instituciones penitenciarias con los programas de seguridad vial y en
algunas partidas del Plan Nacional sobre Drogas.
En turno en contra de las enmiendas defendidas anteriormente, interviene
el señor Gil Lázaro, en nombre del Grupo Popular. Recuerda que en el
debate en Comisión tuvieron la oportunidad de exponer los criterios por
los que no iban a tomar en consideración el conjunto de enmiendas
presentadas a la sección 16, tanto las que pedían la devolución íntegra
de la sección, como las que afectaban a algunos de sus programas. Piensa
que entonces dieron detalladas razones técnicas y políticas de los
motivos que fundamentaban su posición. Da, por tanto, por reproducidas
aquellas justificaciones, limitándose consiguientemente a transmitir el
mensaje en virtud del cual consideran que se hallan ante un presupuesto
válido, coherente, realista y adecuado para los fines que les son
propios. Es un presupuesto que trasluce, por otra parte, una clara
definición de objetivos, y éste es el principal mensaje que debe llegar a
la ciudadanía.
Agrega que el presupuesto se orienta, en primer lugar, a profundizar en
la modernización y el desarrollo del servicio público de la seguridad; en
segundo lugar, en continuar la línea ya iniciada de innovación, de
gestión y de mejora en la administración de los recursos disponibles para
obtener la mejor y máxima rentabilidad; y en tercer lugar, en la voluntad
de desarrollo de una serie de políticas sectoriales y de objetivos
específicos que inciden en un compromiso de solidaridad y en vertebrar
claramente una gran vocación de servicio amplio a la sociedad a través de
determinadas medidas y políticas, algunas de carácter rehabilitador y
otras de carácter preventivo.
Termina el señor Gil Lázaro fijando la posición de su grupo en relación
con algunas de las enmiendas parciales presentadas a la sección.
Secciones 26 y 60 (Página 6074)
Presenta las secciones 26 y 60, en la parte correspondiente al Insalud,
el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). Explica, en
primer lugar, la sección 26, con un importe de 17.966 millones, que
comprende los gastos propios del Ministerio de Sanidad y Consumo, como la
lucha contra el sida, la promoción de hábitos saludables de vida, la
lucha contra el tabaquismo, la prevención contra las enfermedades
infectocontagiosas, la promoción y educación para la salud y la
protección frente a los riesgos medioambientales. En segundo lugar, se
refiere a la sección 60 en la parte correspondiente al Insalud. Asimismo
explica que las secciones que se someten a la aprobación de la Cámara
incluyen igualmente el presupuesto de asistencia sanitaria del Sistema
Nacional de Salud, con una dotación global de 3 billones 734.000
millones. Añade que este presupuesto para la asistencia sanitaria se ha
planteado a partir de una prórroga tácita del acuerdo de financiación de
la asistencia sanitaria de la Seguridad Social para el cuatrienio
1994/1997 sobre la base de una estimación del crecimiento del índice de
variación del PIB para 1997. Destaca que la aportación del Estado para la
financiación de la asistencia sanitaria experimenta un crecimeinto del
8,58 por ciento, con la consiguiente disminución de la aportación por
cotizaciones sociales. De todas formas, explica que estas cifras habrán
de adecuarse al acuerdo que adopte el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, por lo que será preciso esperar a dicho acuerdo.
Se refiere a continuación al gasto farmacéutico, manifestando que en
España se gasta en farmacia una media superior a la europea, más de la
quinta parte del presupuesto, por lo que considera un deber de las
administraciones sanitarias adoptar todas las medidas necesarias para
racionalizar ese gasto, actuando sobre todos los aspectos posibles sin
modificar el principio de equidad y la cobertura universal inherentes a
nuestro sistema.
Expone que el presupuesto del Insalud tiene una dotación inicial de un
billón 443.962 millones de pesetas, con un crecimiento de un 5.11 por
ciento sobre el año anterior, y tiene como objetivos para el próximo año
orientar los servicios hacia los ciudadanos, crear un sistema de
competencia regulada, propiciar una mayor motivación, participación e
incentivación de los profesionales sanitarios en la gestión e impulsar
una política de mejora continua y de gestión de la calidad. Añade que el
mayor incremento presupuestario corresponde al capítulo de las
inversiones, un 20 por ciento más que en 1997, y con el se pretende
reforzar la red asistencial y corregir los desequilibrios territoriales
existentes en infraestructuras sanitarias en un proceso gradual que tiene
su horizonte en el año 2001. En atención primaria el objetivo es extender
la cobertura con equipos de atención primaria al 90 por ciento de la
población protegida e incrementar la actividad asistencial dando
prioridad a los servicios relacionados con la atención integral a la
mujer, la implantación de la cirugía menor y la atención sociosanitaria,
así como a mejorar la atención de la salud mental, fisioterapia y salud
bucodental. En el ámbito de la
atención especializada las inversiones crecen un 18,22 por ciento,
presupuesto con el que se iniciaran las obras de reforma y ampliación en
19 hospitales, se continuarán en 6 y se finalizarán en 5. Además se
quiere potenciar la coordinación entre la atención primaria y la
especializada. Afirma que uno de los problemas a los que se ha prestado
principal atención han sido las listas de espera quirúrgicas, que se
espera rebajar de 210 a 135 días, y la demora máxima de más de dos años a
uno, estando previsto que la demora media no sobrepase los 85 días y la
máxima, salvo casos puntuales, los seis meses.
Por otro lado y con la intención de potenciar las actividades de control
económico, así como para extender el control financiero permanente en los
centros asistenciales del Insalud se diferencian los gastos destinados al
control interno y contabilidad del resto de los gastos administrativos.
Por lo que respeta a la política de consumo los objetivos se dirigen a
garantizar que los productos puestos a disposición del consumidor y
usuario se produzcan, suministren y ofrezcan en condiciones adecuadas,
propiciando además una elección racional en función de los legítimos
intereses de los consumidores.
Para finalizar plantea como objetivo último a alcanzar la consolidación y
modernización del Sistema Nacional de Salud como un sistema sanitario
público, eficiente, de calidad y equitativo, capaz de responder a las
demandas y necesidades actuales y futuras de los ciudadanos.
La señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto, da por
defendidas las enmiendas de la señora Almeida Castro.
La señora Maestro Martín, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, defiende las enmiendas a la totalidad de estas secciones.
Considera en primer lugar que si el debate de presupuestos caminaba ya
desde hace varios años en una carrera hacia ninguna parte, ahora se ha
llegado a la cuadratura del círculo por cuanto que se presentan unos
presupuestos del Ministerio de Sanidad que incluyen las fórmulas de
financiación de las comunidades autónomas que están pendientes de lo que
decida el Consejo de Política Fiscal y Financiera y cuando todavía no se
han terminado los trabajos de la lsubcomisión que ha estudiado la reforma
del Sistema Nacional de Salud. Considera que existe auténtica alarma
social en relación con las medidas que reiteradamente se anuncian desde
el Gobierno y que son desmentidas después por el propio Gobierno o por
sus socios. También considera un escándalo social que el Ministerio de
Sanidad y Consumo estime que se va a obtener una cifra no inferior a los
50.000 millones de pesetas de la lucha contra el fraude en la incapacidad
laboral transitoria, porque lo lógico sería que la administración de la
Seguridad Social asumiera sus competencias de lucha contra el fraude de
manera individualizada y no trasladando a la patronal la gestión de la
incapacidad laboral transitoria. Se refiere también al ahorro en
medicamentos. No cree que las medidas de las que habla el ministro para
controlar el gasto farmacéutico tengan que ver con el uso racional del
medicamento. Confiesa, sin embargo, que hay posibilidad de actuar
racionalmente en la política del medicamento, pero siempre desde una
atención primaria de calidad, no masificada, que permita la realización
de historias clínicas, exploraciones y diagnósticos. Por otra parte,
critica la congelación en el presupuesto de la partida destinada a la
formación continuada. Opina que la prescripción está en manos de la
industria farmacéutica, porque no hay ni un solo congreso científico que
no esté financiado al cien por cien por los laboratorios que
evidentemente presionarán al colectivo médico para que receten aquellos
medicamentos que mayores niveles de beneficios entrañan para la industria
farmacéutica. Como otro elemento importante de intervención sobre el uso
racional del medicamento propone el registro de medicamentos. También se
refiere al listado de epígrafes, que son fundamentalmente resultado del
acuerdo de la subcomisión parlamentario suscrito por el PP, Convergència
i Unió, PNV y Coalición Canaria, por lo que no cuenta con ningún consenso
parlamentario, y le parece inaceptable que se insista en extender al
conjunto de la sanidad pública aquellas medidas de gestión que sustraen
del régimen jurídico del derecho privado la gestión de los centros
sanitarios e introducen masivamente criterios de privatización de la
gestión en la atención sanitaria. Por lo tanto, no considera de recibo
las medidas que se proponen en los presupuestos y pide la votación en
contra de los mismos, porque son unos presupuestos que básicamente
recogen la insuficiencia de la dotación presupuestaria vinculada al
desarrollo de infraestructuras sanitarias públicas y porque, a medio
plazo, la privatización es el único objetivo que se prevé.
El señor Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las tres
enmiendas suscritas por la señora Almeida Castro al presupuesto del
Instituto Nacional de la Salud, que hacen referencia a la necesaria
construcción de un hospital en Fuenlabrada y otro en Valdebernardo, así
como a la dotación necesaria para la construcción de un centro
hospitalario de apoyo en Parla.
Para la defensa de la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario
Socialista interviene la señora Amador Millán. Sus primeras palabras son
para denunciar que hoy se debata un presupuesto que nada tiene que ver
con lo que va a ser la financiación de la sanidad en el próximo año y en
los sucesivos. Considera que no se puede sustraer al ámbito parlamentario
el debate de los presupuestos, porque ello contraviene las reglas de
funcionamiento de un Estado democrático. Añade que esta denuncia va
dirigida también a quienes están apoyando al Gobierno, cuya acreditada
sensibilidad democrática está segura que se verá dañada por estos
procedimientos. Estima que no se puede decir que se está pendiente de que
decida el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque la decisión de
la financiación sanitaria corresponde a la Cámara.
Por otra parte, no sabe qué es lo que se va a votar en estos presupuestos
y explica lo que sucedió en la reunión de la subcomisión parlamentaria
del día 7 de junio de este año cuando el señor ministro compareció ante
ella para decir que la propuesta del Gobierno para la financiación
sanitaria preveía un crecimiento estimado del PIB nominal para 1998 que
suponía 200.000 millones de pesetas y que además la suficiencia
financiera del sistema requería necesariamente la revisión de la base de
partida que se cifraba entre 100.000 millones y 120.000 millones de
pesetas. A continuación se refiere a la intervención del señor Rato en la
presentación de los presupuestos diciendo que sanidad dispondría de casi
300.000 millones de pesetas más en 1998, cosa que no se encuentra cuando
los diputados intentan estudiar los presupuestos.
Por otra parte considera que los presupuestos se están discutiendo en la
calle, en los medios de comunicación, entre interlocutores entre los que
no figura el ministro de Sanidad, y hay que estar muy atentos a las
tertulias, a los programas de radio, a los titulares de periódicos para
saber qué es lo que va a pasar con la financiación, lo que considera
inaceptable.
El señor Villalón Rico, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
manifiesta que su turno en contra sólo lo hará en relación con las
enmiendas de totalidad, limitándose a fijar su posición en relación con
las enmiendas parciales.
Considera que las diputadas del Grupo Socialista y de Izquierda Unida han
abierto un debate que en realidad no tiene nada que ver con los
presupuestos y aprovecha este turno para fijar su posición en relación
con las enmiendas de dichas diputadas y con las reflexiones vertidas por
ellas en sus intervenciones.
En cuanto al apoyo que su grupo presta a los presupuestos del Ministerio
de Sanidad y Consumo se refiere a las palabras del señor ministro en
cuanto que el Gobierno quiere alcanzar la consolidación y modernización
del Sistema Nacional de Salud como un sistema sanitario público,
eficiente, de calidad y equitativo, capaz de responder a las demandas y
necesidades actuales y futuras de los ciudadanos. Opina que el gobierno
lleva a cabo lo que son los mandatos del Pacto de Toledo y establece que
se incrementa la aportación del Estado a la asistencia sanitaria en un
8,6 por ciento.
Sección 20 (Página 6086)
El señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps) presenta el
presupuesto de su departamento y comienza manifestando que no ha podido
vencer la tentación de releer el «Diario de Sesiones» del año pasado para
preparar su intervención de hoy, y recuerda que ya entonces comentaba la
importancia de conocer los marcos externos e internos en que se
circunscribe la política económica en general y la política industrial en
particular, para así poder entender los principales condicionamientos y
limitaciones que afectan a las cuentas públicas. Recuerda asimismo las
predicciones de tinte dramático que se hicieron entonces sobre la
política de su departamento y considera que ahora es el momento de
valorar en qué medida las líneas de la política que configuraban el
presupuesto del año 1997, que son también las de 1998, han tenido efecto
o no, estimando que los datos son relevantes a este respecto. Explica a
continuación estos datos y afirma que el Gobierno ha impulsado una
política que está dando buenos resultados, que tiene el objetivo de
fortalecer el tejido productivo de nuestro país de cara a la Unión
Económica y Monetaria Europea y que es una política que en el ámbito
industrial gira en torno a tres ejes fundamentales. En primer lugar, las
políticas de apoyo directo a la industria, donde se incluyen las
actuaciones de carácter horizontal, en especial la innovación
tecnológica, y también las de carácter sectorial, concebidas como medidas
de apoyo a aquellos sectores que requieren algún tipo de tratamiento
específico; en segundo lugar, la modernización del sector público
empresarial; y en tercer lugar, la liberalización de los sectores
energéticos, puesto que el abaratamiento de la energía es decisivo para
que nuestras empresas puedan competir internacionalmente. Estos tres son
los ejes que configuran la estructura de la política industrial y
energética, que tienen un reflejo
directo sobre los Presupuestos Generales del Estado para 1998 y que pasa
a continuación a analizar.
Destaca que estas actuaciones horizontales y sectoriales también
pretenden reforzar la competitividad del tejido productivo y, hablando de
las políticas de reindustrialización, se refiere a aquellas zonas en las
que se están produciendo ajustes laborales, fundamentalmente en empresas
públicas en proceso de modernización, que se articulan a través del
llamado programa de reindustrialización. Expone que en el segundo gran
eje de la política industrial, que es la modernización del sector público
empresarial, figura la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales,
que tiene unas implicaciones presupuestarias considerables, que pasa a
detallar. Asimismo destaca en el tercer gran eje, que es la
liberalización de los mercados energéticos, el plan de la minería del
carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras que, además de
sentar las bases del ajuste de este complejo sector que afecta de forma
muy directa a determinadas zonas geográficas del país, tiene obviamente
unas implicaciones presupuestarias que comenta a continuación.
En definitiva, y termina con ello su intervención, afirma que el
Gobierno, a través de la sección 20 de los Presupuestos Generales del
Estado, apuesta decididamente por la modernización y reestructuración de
la industria española, centrando el esfuerzo en aquellas partidas que van
a permitir incrementar la competitividad del tejido productivo y su
consolidación en los mercados internacionales.
En defensa de la enmiendas presentadas a la sección 20 intervienen los
señores Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto; González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Santiso del
Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Hernández
Moltó, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno en contra interviene el señor Peón Torre, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Se someten a votación las enmiendas a las diferentes secciones, así como
el dictamen de las secciones 13, Justicia; 16, Interior; 26, Sanidad y
Consumo; 60, Insalud; y 20, Industria y Energía.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1998 (Número
de expediente 121/000082) (Continuación.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados.
Les ruego ocupen sus escaños. (Risas.) ¡Estaría bueno que hicieran lo
contrario!
Vamos a reanudar la sesión, que quedó ayer interrumpida tras las
votaciones correspondientes a los títulos del proyecto de ley de
presupuestos para 1998 y continúa ahora con las secciones.
Comenzamos por la sección número 25, que corresponde a Presidencia del
Gobierno. Para su presentación ante la Cámara tiene la palabra el
vicepresidente primero del Gobierno, señor Alvarez-Cascos.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor presidente, señorías, la sección 25 de
los Presupuestos Generales del Estado integra, como es bien conocido,
cuatro ámbitos orgánicos claramente diferenciados y diez programas.
El primero es el del presidente del Gobierno, en cuya órbita se agrupan
el programa 112.A, denominado Presidencia del Gobierno, y el 126.A,
titulado Infraestructura para situaciones de crisis y comunicaciones
especiales.
En el segundo, el Ministerio de la Presidencia propiamente dicho, se
insertan el programa 112.C, rubricado Relaciones con las Cortes,
Secretaría del Gobierno y apoyo a la alta dirección; el 455.C, titulado
Promoción y cooperación cultural, y el 800.X, que engloba las
transferencias corrientes y de capital a los organismos autónomos y entes
públicos adscritos al Ministerio.
El tercero, la Secretaría de Estado de la Comunicación, absorbe
exclusivamente el programa de gastos 126.B, denominado Cobertura
informativa. Y el cuarto, los organismos autónomos y entes públicos
dependientes o adscritos al departamento, que engloba los programas
542.B, Investigación y estudios sociológicos y constitucionales; 126.C,
Publicidad de las normas legales, y 458.A, Administración del patrimonio
histórico-nacional.
Al margen de los organismos aludidos aparece también incorporado
formalmente a la sección 25 el Consejo de Seguridad Nuclear, programa
151.A. No obstante, su autonomía orgánica, funcional y económica lo
excluye claramente del ámbito de la actuación del Ministerio de la
Presidencia.
La reforma de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de la
Presidencia llevada a cabo en el año 1996 ha significado una profunda y
radical transformación de las estructuras orgánicas preexistentes. De una
parte, tal reforma ha implicado una sustancial disminución de los órganos
superiores o centros directivos. En este sentido hay que subrayar el
significativo descenso del número de altos cargos que se produjo el
pasado año y que se mantiene para 1998, treinta en la organización
precedente y veinticuatro en la actualidad.
Desde esta óptica, es necesario subrayar que en el presupuesto de 1998
todavía se reflejan algunas adscripciones derivadas de las disposiciones
orgánicas aludidas, por lo que la comparación entre los presupuestos de
1997 y 1998 debe efectuarse desde una perspectiva global o de conjunto
que evite una imagen equívoca y distorsionada de la realidad.
El presupuesto de la sección 25 no puede tener, obviamente, una
transcendencia cuantitativa relevante. La razón es evidente, se trata de
un presupuesto esencialmente interno e institucional, como corresponde a
la naturaleza de este Ministerio.
Aclarada esta cuestión, hay que significar que los presupuestos de gastos
de la sección 25, globalmente considerados, es decir, integrando el
departamento y los organismos dependientes o adscritos al mismo,
ascienden a un total de 42.577 millones de pesetas. Esta cifra, comparada
con la del año precedente, 42.512 millones de pesetas, arroja un pequeño
incremento de 66 millones de pesetas equivalente al 0,16 por ciento.
Desglosado por organismos, y en términos de consolidación, el presupuesto
de la sección 25 presenta las siguientes cifras: El consolidado del
Estado, 26.418 millones de pesetas; el consolidado de los organismos
autónomos, 16.159 millones de pesetas; el total absoluto consolidado es
el importe que citaba antes de 42.577 millones de pesetas.
El presupuesto del Ministerio de la Presidencia, con estas cifras y
globalmente considerado, experimenta en el año 1998 un leve crecimiento.
En efecto, la cifra a la que ya me referí de 35.373 millones de pesetas
en 1998, antes de la consolidación, se corresponde con los 34.958
millones de pesetas para el año 1997. En consecuencia, se registra un
incremento de 415 millones de pesetas, equivalente al 1,2 por ciento. Tal
presupuesto departamental y sus variaciones con respecto al año
precedente se pueden glosar de la siguiente forma.
Capítulo 1, personal. El conjunto de los gastos de personal experimenta
un crecimiento desde los 6.858 millones de pesetas del año 1997 a los
7.032 millones del 1998, es decir, un incremento de 174 millones de
pesetas equivalente al 2,5 por ciento. Este aumento responde,
fundamentalmente, a la actualización de las retribuciones del personal,
que han sido incrementadas en un 2,1 por ciento, así como a la revisión
de las retribuciones del personal destinado en el extranjero,
agregadurías y consejerías de información en los distintos países del
exterior. Esta revisión trata de compensar las pérdidas retributivas
generadas por los cambios de la peseta en relación con otras divisas,
especialmente el dólar, y representa en su conjunto un incremento de
coste de 29 millones de pesetas.
Capítulo 2, gastos corrientes. Los gastos corrientes ascienden a un total
de 7.280 millones de pesetas y registran un aumento del 4,2 por ciento,
es decir, de 296 millones de pesetas. Hay que precisar que con carácter
general tales gastos han sido actualizados en un 2 por ciento para
mantener el poder adquisitivo, lo cual ya supone, por este automatismo,
un incremento de 127 millones de pesetas. El resto hasta ese 4,2 por
ciento está reflejado en algunas partidas concretas, como es el caso de
las dietas y de los gastos de viaje de la Presidencia del Gobierno, que
se incrementan en 118 millones de pesetas en el año 1998. Con ello
tratamos de subsanar el carácter deficitario crónico de estos créditos,
claramente insuficientes durante el último quinquenio. En el año 1993 fue
necesario suplementar estas dotaciones presupuestarias en 70 millones; en
1994, en 60 millones; en 1995, en 118 millones; en 1996, en 114, y en el
año 1997 asciende a más de 100 millones de pesetas. En definitiva, se
trataba de un presupuesto ficticio y aparentemente austero que era
incumplido sistemática e inevitablemente, obligando a las
correspondientes transferencias de crédito, bien de carácter interno,
bien procedentes del Ministerio de Economía y Hacienda.
Por último hay que referirse a la actualización de alquileres y
arrendamientos en aplicación de las previsiones contenidas en la Ley de
Arrendamientos Urbanos y al aumento del crédito previsto para el pago del
Impuesto de Bienes Inmuebles para hacer frente a estas obligaciones
tributarias.
En cuanto a las transferencias corrientes del capítulo 4 se produce una
leve disminución. Las transferencias corrientes experimentarán un
decrecimiento de 55 millones de pesetas, al pasar de los 18.587 millones
del año 1997 a 18.532 millones del 1998. Ello responde a las siguientes
pautas. Primero, congelación de la subvención otorgada al Ente Público
Radiotelevisión Española, que permanece en la misma cifra del año 1997,
11.043 millones de pesetas; segundo, congelación de la dotación para los
ex presidentes del Gobierno, 45 millones de pesetas; tercero, incremento
del 2 por ciento en las trasferencias a favor de los organismos autónomos
y entes públicos; cuarto, fuerte reducción de las trasferencias para el
abono de indemnizaciones a ex miembros del Gobierno y ex secretarios de
Estado, que ha sido ajustada a las previsiones de tales gastos y que
experimentan un fuerte decrecimiento a partir del mes de mayo de 1998
como consecuencia del cumplimiento del período máximo de percepción de
estas retribuciones diferidas.
En cuanto al capítulo 7, los 1.622 millones de pesetas no experimentan
aumento alguno. En términos
reales, por tanto, este capítulo experimenta una minoración.
Respecto al capítulo 6, inversiones, las inversiones reales ascienden a
un total de 898 millones de pesetas sin incremento alguno, lo que también
en términos reales supone una minoración. Estas cantidades dedicadas a
inversiones atienden cuatro tipos de atenciones diferentes. Primero, la
modernización de edificios; segundo, la reforma y reparación de
urbanizaciones y jardines; tercero, las instalaciones informáticas, y,
cuarto, la adquisición de otros equipos y de mobiliario. No debe
olvidarse que estos recursos económicos atienden las necesidades de 18
inmuebles o edificios de más de 67.000 metros cuadrados y una superficie
urbanizada que supera los 200.000 metros cuadrados.
Referente a los presupuestos de los organismos autónomos y entes públicos
dependientes o adscritos al departamento, el Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, recientemente reorganizado, cuenta con un presupuesto
de 516 millones de pesetas, financiándose 441 millones con fondos
procedentes de la transferencia del Ministerio y el resto, 75 millones de
pesetas, con cargo a recursos propios. El presupuesto de este organismo
experimenta un incremento del 1,95 por ciento para el año 1998.
El Centro de Investigaciones Sociológicas, reorganizado asimismo por el
Real Decreto de julio de 1997, tiene un presupuesto de 900 millones de
pesetas. También en este caso la mayor parte de sus recursos proceden de
transferencias del Estado a través del Ministerio de la Presidencia,
correspondiendo a financiación propia 166 millones de pesetas. En
conjunto, los créditos de este organismo aumentan el 1,96 por ciento.
El Patrimonio Nacional del Estado tiene un presupuesto de 10.112 millones
de pesetas, con unas aportaciones del Estado considerables de 7.780
millones de pesetas y un notable peso de los ingresos propios del
organismo, 2.332 millones de pesetas. El incremento del presupuesto de
esta entidad con relación al año 1997 es del 4,1 por ciento. En total,
400 millones de pesetas.
El presupuesto del Boletín Oficial del Estado presenta unos perfiles
totalmente diferentes a los de los organismos antes citados. Se trata de
un organismo que se financia íntegramente con cargo a sus propios
recursos y que no precisa de transferencia alguna del Estado, antes al
contrario, las saneadas finanzas del Boletín Oficial del Estado
permitirán ingresar en el Tesoro público, previsiblemente durante el año
1998, 6.880 millones de pesetas. En todo caso, conviene detallar que el
presupuesto para el próximo año de este organismo es de 11.511 millones
de pesetas, correspondiendo a gastos 4.632 millones de pesetas, con una
disminución del 12 por ciento, 633 millones de pesetas. A su vez, la
transferencia a favor del Estado de 6.880 millones de pesetas supone un
aumento de 840 millones de pesetas más que en el año 1997, un 14 por
ciento, que el Boletín Oficial del Estado incrementa en las arcas del
Estado.
Voy a hacer una referencia final al presupuesto de Radiotelevisión
Española, organismo que recibe su transferencia presupuestaria a través
de los presupuestos del Ministerio de la Presidencia, manteniendo su
independencia funcional en relación con el Gobierno y con el Ministerio.
El presupuesto consolidado del grupo de Radiotelevisión Española
presentado al Consejo de administración para el anteproyecto de
presupuestos para 1998, asciende, en cuanto a gasto corriente más
inversión, a 236.795 millones de pesetas frente a los 255.058 millones de
pesetas del año 1997, lo que supone una disminución en términos absolutos
de 18.263 millones de pesetas y en términos porcentuales una disminución
del 7,16 por ciento.
Contempla, asimismo, el presupuesto de Radiotelevisión Española la
capacidad financiera necesaria para que Radiotelevisión continúe siendo
el grupo que lidera el sector audiovisual español, al tiempo que se
procura la no saturación de los bloques publicitarios de Televisión
Española con la finalidad de mantener la calidad de la emisión.
El presupuesto que se presenta se ha elaborado partiendo de la asignación
de objetivos o límites cuantitativos de gasto para cada centro de coste,
lo que obligará a la implantación de un sistema de información interna
que impute los costes al centro respectivo, posibilitando las
herramientas necesarias para una adecuada toma de decisiones.
La apuesta por el mantenimiento del liderazgo mira al futuro de la
consolidación y ampliación de la televisión digital vía satélite, siete
canales se emiten en este momento, y su difusión internacional.
Disminuyen en términos estrictamente presupuestarios los gastos
corrientes, que ascienden a 226.588 millones de pesetas, decreciendo en
dos puntos porcentuales en términos reales. Crecen por rúbricas los de
personal, un 4,62 por ciento, y la necesidad de financiación ajena del
grupo Radiotelevisión Española disminuirá en 1998 en más de 300.000
millones de pesetas, pasando de 179.961 millones de pesetas en 1997 a
149.246 millones de pesetas en 1998.
El incumplimiento desde los años 80 de las obligaciones que al Estado
incumben de financiar la gestión directa del servicio público de
radiodifusión y televisión, obligan al grupo de Radiotelevisión Española
a asumir dicha función de financiación. La disminución de los gastos y la
mejora de los ingresos permitirá una reducción del nuevo endeudamiento en
30.000 millones de pesetas en 1998, situándose el endeudamiento de
Radiotelevisión Española cercano a los 600.000 millones de pesetas,
exactamente 593.370 e invirtiendo la tendencia al crecimiento de la
necesidad de financiación de estos últimos años.
El capítulo de compras, destinado fundamentalmente a la adquisición de
programas y de derechos de emisión
y de retransmisión, crece frente al presupuesto inicial de 1997 un 4,4
por ciento por causa no sólo del surgimiento de la televisión temática,
sino de la financiación de compromisos adquiridos en años anteriores en
materia de derechos cinematográficos y de la fluctuación de los tipos de
cambio, así como por el esfuerzo en aumentar la calidad de la
programación.
En lo que respecta a los servicios exteriores, que contempla los créditos
necesarios para hacer frente a las obligaciones derivadas de comisiones
de agencias y participación de productoras en publicidad de circuitos,
líneas radiofónicas, satélites, colaboración especial y servicio y
suministros, disminuyen en un 5 por ciento para adaptar la gestión del
grupo Radiotelevisión Española a este objetivo de gasto, que ha exigido
renegociar contratos en vigor y convocar concursos en aquellos casos
sujetos a prórroga.
Finalmente, los gastos financieros se sitúan en 35.877 millones de
pesetas, un 5,18 por ciento menos que en el presupuesto inicial del año
1997 por razones conocidas de disminución de los tipos de mercado, de
mejora de los márgenes sobre el mibor que se aplican a Radiotelevisión
Española y por la realización de importantes operaciones a tipo fijo por
debajo del tipo medio de la deuda de Radiotelevisión Española.
En el capítulo de ingresos, para el año 1998 se prevé un crecimiento del
5,1 por ciento, incluidos los derivados de televisión temática, y se
mantiene la subvención del Estado en 11.043 millones de pesetas.
En suma, señorías, el presupuesto que la Dirección General de
Radiotevisión Española presentó al Consejo de administración y que se
incluye en estos presupuestos supone la especificación de las medidas
necesarias para potenciar todas las actividades del Grupo Radiotelevisión
Española en un contexto de austeridad, rigor y racionalización, así como
de optimización de los recursos disponibles, con el menos coste posible
para el ciudadano.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente del Gobierno.
A la sección han presentado enmiendas el Grupo Mixto, el Grupo de
Izquierda Unida y el Grupo Socialista.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Almeida que, al no estar
presente, voy a dar por decaídas.
¿Señora Rivadulla?
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, es para dar por defendidas
las enmiendas de la señora Almeida, como es uso en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Como viene siendo uso desde ayer en que tampoco
asistió la señor Almeida. En cualquier caso, tiene la palabra la señora
Rivadulla para la defensa de su enmienda y, si lo desea, las de la señora
Almeida.
La señora RIVADULLA GRACIA: Doy por defendidas las enmiendas de la señora
Almeida y también las de Iniciativa per Catalunya-Els Verds.
El señor PRESIDENTE: ¿Las suyas también? (Asentimiento.) Gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida se ha presentado también
una enmienda, para cuya defensa tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a defender la enmienda que Izquierda Unida ha presentado al programa
de Relaciones con las Cortes, en el que hemos encontrado una defienciente
suma, para que cuadren los números que se han propuesto en este libro
que, al final, es el que recoge los programas del Ministerio. En la
Comisión se me dijo por el portavoz del Grupo Popular que esto ya lo
había explicado el secretario de Estado cuando compareció y que era
verdad. Si era verdad, lo mejor es aceptar la enmienda y ponerlo; así no
hay problema para que los números cuadren.
En este programa de Relaciones con las Cortes se hace referencia al
contrato que el Estado tiene con la Agencia Efe. Si suman en el programa
112.C el artículo 22, material, suministros y otros, son 5.644 millones
de pesetas, pero todas las partidas del libro, donde están combustible,
energía, etcétera, suman apenas 200 y pico millones, faltan 5.440
millones. Este diputado ha sacado la conclusión, que puede ser errónea,
de que el concepto 227 es el que suma ese dinero. Si no es así, debería
desglosarse para saber a qué parte obedece en cada uno de los casos. Si
en lugar de ser 5.400 millones para el contrato con la Agencia Efe, fuese
otra cifra y se especificaran otros conceptos, explicados por el
secretario de Estado, se podría aceptar la transacción y especificar
todos los subconceptos que suman esta cuantía, porque aprobar unos
presupuestos que no cuadran, también manda una relación complicada, por
no decir otra expresión que no viene al caso. En todo caso, señor
presidente, si miramos el anexo donde va especificada la Agencia Efe,
veremos las ventas nacionales de la Agencia y que el mayor porcentaje lo
tiene en relación con lo que el Estado consume de esa propia Agencia.
Señor presidente, a la vez que defiendo esta enmienda, voy a intentar
fijar la posición de mi grupo sobre esta sección, que suma unos 63.000
millones de pesetas y que tiene una relación un tanto sui géneris. La
verdad es que Presidencia de Gobierno, que tiene un programa sobre
situación de crisis, que le corresponde, que tiene un programa de
Presidencia de Gobierno, como le corresponde, que tiene un programa de
Relaciones con las Cortes, tiene luego un sinfín de programas pequeños,
uno de cada sitio, como si estuvieran colocados aquí porque tienen que
estar en algún sitio. Uno es cobertura informativa, otro es publicidad de
normas, otro es seguridad nuclear, respecto al que, por cierto, todas las
comparecencias de este Consejo se discuten en otro Ministerio. Otro es el
de promoción cultural, que en realidad se trata de la transferencia a
Radiotelevisión Española de 11.000 millones de pesetas, que ya digo que
es insuficiente, por lo que hemos presentado una enmienda para que se
llegue a los 26.000 millones. Otro es el Patrimonio Histórico Nacional,
relativo a todo lo que está ubicado en Madrid y en las demás provincias,
que no sé por qué no lo puede gestionar Cultura, pero que también está
ubicado aquí.
Hay otro programa nuevo en el que ustedes suman dos cosas:
investigaciones sociológicas y constitucionales. Por un lado debe ir la
investigación sociológica y por otro la investigación constitucional,
porque tienen poco que ver una con otra. Que investigaciones sociológicas
vaya en Presidencia tiene una razón, que es conocer de forma estable lo
que piensan nuestros ciudadanos para que así pueda reaccionar el
Gobierno. Yo creo que debía estar en otro, pero se ha puesto en
Presidencia.
En suma, no nos convence la propuesta en cuanto a la cuantificación y no
nos convencen los objetivos de los programas. Señor presidente, a la vez
que he defendido mi enmienda, manifiesto que no vamos a respaldar esta
propuesta presupuestaria, a pesar de no haber presentado una enmienda a
la totalidad, porque tampoco se trata de decir que todo no sirve, sino
que no está ubicado en su sitio, bajo nuestro punto de vista. No se
preocupen que cuando lleguemos al Gobierno, lo modificaremos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, el señor Morlán tiene la
palabra.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para defender las
enmiendas que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista. En primer
lugar, he de indicar, que aunque el señor vicepresidente del Gobierno ha
hecho referencia al presupuesto de Radiotelevisión Española, este se
discutirá mañana, globalmente, con el presupuesto del Ente. Por lo tanto,
será mi compañera doña Rosa Conde quien le dará cumplida satisfacción
cuando se discuta el mismo.
Decía el portavoz del Grupo Popular en la sesión de la Comisión de
Presupuestos celebrada hace unos días que no existían razones suficientes
para presentar una enmienda a la totalidad y que las únicas razones
aducidas en la justificación escrita --la no contención del gasto-- no
eran suficientes. Expuse en mi intervención las razones por las que no
aceptábamos este presupuesto de esta sección 25 y que voy a reproducir de
manera sucinta, porque me referiré a otras un poco más adelante.
Siguiendo la pauta que ha marcado el señor vicepresidente del Gobierno,
que ha hecho referencia al programa relativo a los gastos del presidente
del Gobierno y de comunicación, tengo que decir que, en materia de
personal, supone, en cada uno de los programas, un importante aumento. El
programa del presidente del Gobierno aumenta un 5,52 por ciento en
personal respecto a 1997; es decir, que no hay esa contención que parece
que se traduce de sus palabras. En la Secretaría de Comunicación también
existe un aumento del 8 por ciento en el programa de personal. El
presupuesto del conjunto de esta sección supone un incremento de un 2,48
por ciento, es decir, 1.578 millones de pesetas. No sé si consideran
adecuada esta evaluación. Yo lo que creo es que hay que considerarla
excesiva, para muestra, algunos ejemplos, aparte de este cómputo global
de la sección.
Los gastos corrientes, tan vilipendiados por ustedes, ahora los
justifican con absoluta tranquilidad. El programa 112.A se incrementa un
16,54 por ciento, las indemnizaciones por razones de servicio se
incrementan un 49 por ciento y los transportes en un 69 por ciento. El
señor vicepresidente del Gobierno decía que estos incrementos venían
motivados porque se trataba de normalizar una situación atípica que había
hasta estos momentos en los presupuestos de esta sección. Yo no me lo
creo, y perdonen y disculpen que sea tan poco crédulo a sus
manifestaciones. Si ustedes quieren que me lo crea, me tienen que
demostrar que eso se ha producido así, porque no estoy muy acostumbrado a
que me digan la verdad siempre. Por eso como es lógico, cuando ustedes me
ponen encima de la mesa que se trata únicamente de una actualización o de
evitar el que haya algún tipo de crédito complementario a lo largo del
ejercicio, la verdad es que, con la misma seriedad y con el mismo rigor
con que ustedes me ponen de manifiesto esa aseveración, yo les digo lo
contrario. Creo que no es necesario lo que ustedes están planteando, no
son necesarios estos incrementos y, desde luego, el programa del
presidente del Gobierno funcionaría de la misma manera que ha funcionado
hasta ahora, sin ningún tipo de dificultades, como lo hizo en este año
pasado, en 1997.
Si quiere que nos refiramos a otro apartado de estos presupuestos,
podríamos coger el capítulo de inversiones. Ustedes hacen referencia
únicamente a lo que se gasta en el año 1998, a lo que está previsto para
1998; sin embargo, tienen un programa plurianualizado para ordenación del
recinto de La Moncloa, edificios de la Presidencia y seguridad, que es,
por un lado, de 543 millones de pesetas y, por otro, este presupuesto
asciende a 1.304 millones en los próximos cuatro años. Sinceramente,
utilizando la terminología que ustedes
ya han empleado, creo que esto es un despilfarro y ustedes no me han dado
ninguna justificación que me demuestre y acredite que estos gastos son
necesarios. Si ustedes dicen que son necesarios y plantean que la
objetividad de esos gastos es conveniente para el funcionamiento de los
servicios, nosotros no vamos a poner ningún problema, lo que sucede es
que ustedes lo han planteado de tal manera que no es creíble y nos
gustaría saber, viendo cómo han gastados ustedes los recursos este año,
por qué razón se gastan el dinero así.
Me llama la atención --además se lo comenté a la Comisión-- que ustedes,
que no son amigos del despilfarro, se gasten dos millones de pesetas en
plantas y zonas de jardín. (El señor Núñez Pérez: ¡O en bonsáis!) Pues no
sé si será en bonsáis, o a lo mejor ustedes los han buscado algo más
creciditos, pero, indudablemente, se gastan dos millones. Si eso es un
gasto lógico, ustedes verán lo que hacen con los recursos que los
ciudadanos les estamos dando. ¿No sería mejor que ustedes gastaran estos
recursos en políticas sociales, en políticas de empleo, en políticas de
inversiones, en infraestructuras o en algo más, aunque sea poca la
cantidad? Porque es cierto que grano a grano se hace el granero y ustedes
lo podían poner de manifiesto en muchas de las actuaciones que están
llevando a cabo este último tiempo.
Ustedes, que han sido tan finos observadores de los entresijos
presupuestarios, seguro que si hubieran observado cómo en el programa
126.B, Secretaría de Estado de la Comunicación, capítulo 227.09, que dice
otros, en concepto de trabajos realizados por empresas y profesionales se
pasaba de ocho a 30 millones de pesetas en 1998 y cómo el capítulo
227.06, estudios y trabajos técnicos, se dobla en 1998 con respecto a
1997, habrían encendido la lucecita roja, esa lucecita que les llama la
atención y que les dice que aquí algo no funciona. Y me imagino, porque
es a lo que ustedes nos tienen habituados, ya que ha sido su pauta
tradicional en esta Cámara, que hubieran lanzado la crítica más ácida que
se puede lanzar contra la gestión del Gobierno diciendo alguna que otra
barbaridad sobre qué empresas y profesionales iban a ser beneficiados o
qué tipo de trabajos e informes se iban a desarrollar con cargo a esos
presupuestos. Nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a introducir el
término descalificativo tan fuerte que ustedes acostumbran a utilizar;
simplemente nos gustaría que, ejercitando nuestros derechos como
diputados, y supongo que ustedes están dispuestos a ello, se nos
facilitaran todos aquellos datos que vengan a justificar por qué razón se
gasta este dinero y en qué se gastan esos recursos, esos 30 millones de
pesetas, en qué tipo de informes, en qué tipo de trabajos, en qué tipo de
estudios, a qué hacen referencia. Me imagino que ustedes, de acuerdo a
esa transparencia de la que siempre han hecho gala, cuando llegue el
momento serán capaces de plantearnos que ese recurso está bien gastado,
que los estudios que se han hecho y los trabajos que se han llevado a
cabo benefician al conjunto de los ciudadanos, que no tienen nada que ver
con actuaciones particulares o partidarias y que, indudablemente, son
trabajos que repercutirán en beneficio de la gestión del propio Gobierno
y de la Presidencia del Gobierno.
Esta sección, como decía antes el señor vicepresidente del Gobierno, no
es importante cuantitativamente, sino cualitativamente. En eso sí que
tiene usted razón, porque, desde luego, es escasa, pero ¡cuánto cunde
esta sección! Efectivamente, tiene un presupuesto sin consolidar de
63.000 millones de pesetas, pero es el sitio de donde manan las
auténticas directrices políticas de este país y emanan hacia el conjunto
de la política general. No podemos aceptar una sección que ampara
económicamente el desarrollo de una política informativa del Gobierno
desafortunada, cuyo objetivo fundamental no es mostrar prioritariamente
lo poco o mucho que haga el Gobierno y lo bien que lo hace, pues ustedes
nunca reconocen que se equivocan o que lo hacen mal, sino ver de qué
manera se influye a los medios públicos o se controlan los privados para
que den el parte como decíamos hace unos años en este país.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Ahora mismo acabo, señor presidente.
Se controlan los medios --decíamos-- para que expongan las normas de
Gobierno del señor Aznar y den muestra de la magnificencia de su gestión.
¿De verdad piensan que la política informativa del Gobierno que ampara
esta sección tiene algo que ver con la libertad de expresión o de
información? ¿Podemos apoyar una sección como ésta en la que se halla
incluida la Oficina del Presupuesto, dirigida por el señor Barea, que
emite unos informes o hace unos estudios y trabajos que producen
convulsión nacional cada vez que ven la luz o que generan inquietud en
amplios colectivos de la población con alguna de sus resoluciones o
recomendaciones, aunque desde luego acaban siendo un anticipo de lo que
va a pasar, como está demostrado perfectamente que así suceden las cosas?
Podría poner algunos ejemplos, el de los 600.000 millones, el de la
sanidad, el de defensa, informes sobre esas materias que indudablemente
tienen trascendencia en el conjunto de la política nacional, temas que
desde luego son de profundo calado y que hacen referencia a
contradicciones internas que tienen ustedes como, por ejemplo, la
descalificación manifiesta del régimen fiscal que el Partido Popular
propone para Baleares.
¿Podemos apoyar, señorías, una sección como ésta que da cobertura a que
el fútbol se considere de interés general, como ha dicho el señor
vicepresidente del
Gobierno, aunque después se ha desdicho de lo que había manifestado? ¿De
verdad piensan que podemos apoyar una sección cuyos máximos responsables,
a pesar de lo que han hablado, dan cobertura a un director de
Radiotelevisión que ha multiplicado la deuda acumulada, pasando de
229.000 millones a 444.000 millones, y me imagino que mañana se hablará
claramente de esta deuda? ¿De verdad piensan ustedes que se puede apoyar
el presupuesto de una sección que tiene entre sus funciones dar cobertura
a los consejos de ministros y se monta semejante lío con la aprobación
del nuevo padrón de habitantes?
Nos parece, señorías --y acabo ya, señor presidente-- que hay suficientes
razones políticas y de gestión económica que justifican el no a esta
sección y, desde luego, no nos eche la culpa a nosotros, la culpa la
tienen ustedes, porque ustedes son los responsables de cómo están
gestionando este país y de qué manera invierten los pocos recursos que
tiene esta sección cometiendo semejantes barbaridades con algunos
aspectos importantes para la población española.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morlán.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor presidente, señorías, señor vicepresidente
primero del Gobierno, estudiada la sección 25, analizados los datos
ofrecidos en la comparecencia por el señor subsecretario de la
Presidencia --que los dio, señor Ríos--, analizadas también las nueve
enmiendas presentadas por distintos grupos parlamentarios y escuchada la
intervención del señor vicepresidente del Gobierno presentando la
sección, el Grupo Parlamentario Popular reitera lo expuesto en el debate
celebrado en la Comisión de Presupuestos y concluye diciendo, en palabras
de este portavoz, que el presupuesto de la sección 25 es un presupuesto
austero y elaborado con criterios de realismo y racionalidad y que
permitirá, por lo tanto, en 1998 una gestión eficiente y eficaz. Sin
embargo, al presupuesto de la sección 25 se han presentado dos enmiendas
a la totalidad, la 1409 del Grupo Parlamentario Socialista y la 466 de la
señora Almeida.
La enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Socialista, según se
nos acaba de decir, la titulan así, pero de totalidad no tiene más que el
nombre, porque sólo se justifica en relación a un capítulo del gasto, el
capítulo 2 y con un programa concreto, el 112.A, del presidente del
Gobierno. Mucho ruido para tan pocas nueces o, como le dije en comisión
recordando una frase de mi tierra, poca chicha para tanta empanada,
porque un poco de empanada sí que tienen ustedes al analizar esta sección
25. Los propios enmendantes no han podido dar esta mañana argumentos
sólidos para defender esta enmienda.
Algo parecido ocurre con la enmienda 466 de la señora Almeida, porque,
titulándola de totalidad, se limita a decir que hay insuficiencia
presupuestaria para la realización de determinados programas incluidos en
la sección que concreta en tres enmiendas referidas al Boletín Oficial
del Estado, a la Agencia Efe y al Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales y también a la subsistencia futura de la radio y
televisión públicas.
A primera vista, llama poderosamente la atención que un mismo presupuesto
pueda ser merecedor de valoraciones tan dispares, pues lo que para unos,
los diputados de Nueva Izquierda, parece insuficiente, para otros, los
diputados del Grupo Parlamentario Socialista, supone excesivo gasto y
ausencia de rigor presupuestario. Evidentemente, existe una clamorosa
contradicción entre dos enmiendas a la totalidad, y ello nos sirve de
sólido argumento para defender la totalidad de la sección 25. Pero
dejando a un lado valoraciones y atendiendo exclusivamente a las cifras,
lo que reflejan los números es que nos encontramos, como señalé al
principio de mi intervención, ante un presupuesto austero, el más austero
de todos los presupuestos que el Ministerio de la Presidencia haya
presentado nunca en esta Cámara, y lo demostraré.
Como señalaba el señor vicepresidente del Gobierno, el presupuesto de la
sección 25 va a tener durante 1997 un total de 35.373 millones de pesetas
--no voy a aludir al presupuesto consolidado--; comparada esta cifra con
la de 1997, 34.958 millones, supone un incremento en términos absolutos
de 415 millones, lo cual representa exactamente un 1,19 por ciento y
significa que crece por debajo del objetivo de la inflación prevista para
1998 que, como saben SS. SS., es exactamente del 2,1 por ciento. Estamos,
pues, ante un presupuesto prácticamente congelado, y eso es muy difícil
de encontrar por no decir imposible, en la historia de los Presupuestos
Generales del Estado y más concretamente en los presupuestos de la
sección 25.
Reté al señor Morlán en Comisión, reté a SS. SS. a que encontrasen un
presupuesto tan austero y lo trajesen aquí como ejemplo y con este mínimo
porcentaje de crecimiento. Como en la intervención de esta mañana no han
dicho ni pío, tengo que concluir que no lo han encontrado. Lo que sí
habrán encontrado son los porcentajes de crecimiento de los presupuestos
de la sección 25, que, cuando ustedes eran gobierno, presentaban siempre
cotas de crecimiento muy superiores a las que este presupuesto refleja.
Un dato, en 1995, el último presupuesto elaborado en la etapa socialista
creció en cifras absolutas 3.134, 725 millones de pesetas, con un
porcentaje del 6,25 por ciento. Sus declaraciones y valoraciones sobre el
aumento de gasto de esta sección no se tienen en pie. El derroche de sus
presupuestos está en las antípodas de la austeridad de éstos.
Además de austero este presupuesto es racional y realista porque crece
donde es necesario que lo haga, ajustándose partida por partida a las
necesidades reales del Ministerio y de la Presidencia del Gobierno con
miras a una correcta ejecución y para que no haya que acudir al tan
traído y llevado tema de las transferencias de créditos extraordinarios
para hacer frente a necesidades inicialmente no previstas, como luego
demostraré que ocurría en ejercicios presupuestarios anteriores a 1996,
cifras que en algún caso ya ha dado como ejemplo el señor vicepresidente
del Gobierno en su intervención. Quiere decir que a los adjetivos
calificativos que le estoy propinando a estos presupuestos tengo que
añadir otro, el de la transparencia.
Pasando al análisis de lo concreto, el Grupo Parlamentario Socialista
pone el acento en la falta de rigor presupuestario del capítulo 2, gastos
corrientes, que efectivamente crece por encima de un 4,2 por ciento, es
decir, los 296 millones más que en 1997. La explicación es muy sencilla,
ya se la dio aquí el señor vicepresidente del Gobierno, pero por si acaso
no la han aprendido yo se la voy a repetir. Además ustedes se lo saben
muy bien, saben explicar perfectamente cómo aumenta y por qué aumenta
esta cifra, pero de manera demagógica han ocultado la verdadera
explicación para acusar de algo que vende muy bien el derroche en
Presidencia en dietas y gastos de desplazamiento. Consiguieron titulares
sobre una monumental mentira o sobre un planteamiento más falso que
Judas; lo consiguieron y es mentira, según se ha demostrado y según voy
ha recordar aquí, porque estos 296 millones tienen una explicación muy
clara. Se ha dicho que sólo se aumentan los gastos para mantener su poder
adquisitivo en un 2 por ciento, y esta actualización unitaria supone ya
127 millones, donde están incluidos los 296. Por otro lado, en el
incremento del 4,2 por ciento se reflejan algunas modificaciones
presupuestarias de carácter muy singular y absolutamente justificadas.
Era tradicional que en el programa 112.A del presidente de Gobierno
hubiera un crédito de 183 millones claramente insuficiente, y se ha
incrementado en 118 millones la partida destinada a dietas y gastos de
viaje de la Presidencia de Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, por favor vaya concluyendo.
El señor NUÑEZ PEREZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Ello obedece, repito otra vez, a la necesidad de subsanar el carácter
deficitario crónico de estos créditos que desde hace muchos años pero
concretamente desde que lo hemos examinado, 1992, venían siendo a todas
luces insuficientes, requiriendo posteriores créditos extraordinarios
bien del propio Ministerio o bien del Ministerio de Economía y Hacienda a
través de la sección 31. El señor subsecretario de Hacienda en su
comparecencia del día 14 dio ejemplos muy elocuentes, y aquí se han
repetido esta vez, para recordar que en indemnizaciones por razones de
servicios, dietas y gastos de locomoción en los años 1993, 1994, 1995,
1996 y 1997 siempre se produjo un déficit, y muy considerable, de 100, de
114, de 115, de 60 y de 70, ahora yendo cronológicamente hacia atrás. En
definitiva, los antecedentes demuestran que aquéllos eran unos
presupuestos ficticios, aparentemente austeros pero totalmente
desajustados a las necesidades reales. El Gobierno del PP sencillamente
ha calculado los gastos reales del presidente del Gobierno en su
creciente necesidad de viajes hacia el exterior, aumentando en el crédito
la cantidad adecuada para evitar las transferencias, para evitar los
créditos extraordinarios, para evitar en suma la opacidad y hacer de este
capítulo un capítulo transparente.
En este programa también se incrementa en 24 millones la partida
destinada a alquileres o arrendamientos de bienes inmuebles, y ello se
hace por necesidades de actualización de acuerdo con las previsiones de
la Ley de Arrendamientos Urbanos. Igualmente, la partida destinada al
pago de tributos y cánones experimenta una incremento, porque por primera
vez tiene reflejo presupuestario el pago del IBI, pago que nunca figuraba
en anteriores presupuestos y que debía efectuarse a través de partidas o
créditos extraordinarios. Fíjense que fácil es la explicación del aumento
con el que tanto revuelo demagógico han levantado.
Por lo que se refiere a los gastos de personal, le voy a dar datos
elocuentes: los presupuestos, en líneas generales y sumadas todas las
plantillas, bajan exactamente en un 9,25 por ciento. Concretamente, las
plazas presupuestadas en 1998 para el Ministerio de la Presidencia son
1.524, frente a las 1.536 de 1997; y en los organismos autónomos, que
eran 2.608 en 1997, son 2.551, es decir 57 menos en gastos de personal.
Ya termino, señor presidente, pero tenía que contestar a una serie de
cuestiones que se han planteado. En el debate en comisión hicimos todas
las consideraciones porque sabíamos que aquí no se dan, pero como las di
yo, puedo hacer referencia a lo que dijimos entonces. Simplemente me
limitaré a decir que las enmiendas presentadas a la Agencia Efe, al
Boletín Oficial del Estado, al Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales y a las transferencias al Ente Público Radiotelevisión
Española, no las vamos a aceptar por las razones que detalladamente
expusimos, dándolas por reproducidas para no cansar a sus señorías.
Unicamente quiero decir dos cosas con respecto a la Agencia Efe y a
Radiotelevisión Española, sobre todo para contestar a algo que le
preocupa tanto al señor Ríos. Su enmienda número 1101, señor Ríos, el
alto incremento de los 5.440 millones, se pretende financiar con cargo al
artículo en el que se incluye el concepto afectado. Teniendo en cuenta
que dicho concepto representa el 93 por ciento del citado artículo,
parece difícil imaginarse
cómo se puede incrementar aquél disminuyendo éste. Además, tengo que
añadir a este argumento uno de fondo, la naturaleza contractual de la
relación jurídica que liga al Estado con la Agencia Efe. Como sabe usted,
el crédito que usted pretende enmendar tiene por finalidad cubrir el
coste de un contrato, cuyo importe no está en función de la viabilidad de
esta empresa, sino de la valoración de las contraprestaciones pactadas.
Cualquier otro planteamiento vulneraría los principios establecidos en el
Tratado de la Unión Europea, al representar una subvención encubierta a
favor de un empresa.
Por lo que se refiere a las transferencias al Ente Público
Radiotelevisión, tengo que decir sencillamente que no parece razonable
financiar el coste de una enmienda con cargo a los supuestos ingresos que
reportarían otras enmiendas de dudosa aprobación, pero, sobre todo,
existe un argumento de fondo con suficiente peso específico. Un
incremento presupuestario para 1998 no tiene sentido. No lo tiene porque
nos encontramos en un momento de transición en el ámbito de las
telecomunicaciones en el que se plantea la necesidad de redefinir el
papel de las televisiones públicas y, además, debemos hacerlo de acuerdo
con los planteamientos del Tratado de la Unión Europea y con lo que aquí
se acuerde en esta Cámara.
Por todo ello, señor presidente, manifestamos nuestro propósito de apoyar
la sección 25 y de rechazar todas y cada una de las enmiendas que a esta
sección se han presentado.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Núñez.
Concluido el debate de la sección 25, pasamos al correspondiente a la
sección 21, Agricultura, Pesca y Alimentación, para cuya presentación
tiene la palabra la ministra, señora De Palacio.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco ante esta Cámara para exponer el contenido de los
Presupuestos Generales del Estado para 1998, en lo que al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación se refiere. Las cifras consolidadas que
incluyen la actividad presupuestaria de los organismos autónomos y los
gastos financiados por fondos europeos se elevan a un billón 172.000
millones de pesetas, magnitud que supone un aumento del 2 por ciento
respecto a la cifra inicial correspondiente a los presupuestos de 1997.
Antes de entrar a darles cuenta de los principales destinos que el
Ministerio va a dar a estos recursos, debo trasladar a SS. SS. algunas
reflexiones iniciales. En primer término, estos presupuestos deben
considerarse como la expresión de una política económica y, con más
concreción, como la puesta en práctica de una política presupuestaria que
tiene la austeridad, el rigor y el control en el gasto como principios
básicos, y los criterios de convergencia como marco de definición exigido
no sólo por nuestra incorporación a la Unión Monetaria sino por una
política económica sana, que impulsa la creación de empleo más
espectacular de los últimos años desde la premisa de un crecimiento
equilibrado y sólido.
En segundo término, en un sentido más técnico y concreto, debo recordar
que para valorar el esfuerzo presupuestario del departamento es preciso
tener en cuenta que a lo largo del año 1997 se han producido dos hechos
de trascendencia presupuestaria. Por un lado, la continuación del proceso
de transferencias a las comunidades autónomas, ejecutado en virtud de los
decretos aprobados en el año 1997, y, por otro, la aplicación de la Ley
orgánica de funcionamiento de la Administración General del Estado que ha
implicado la transferencia al Ministerio de Administraciones Públicas de
una importante cantidad de recursos que en los presupuestos iniciales de
1997 aparecían consignados en el departamento.
No acaban ahí los ajustes cuantitativos necesarios para contemplar en su
auténtica dimensión lo que significa este presupuesto en cuanto a la
capacidad de actuación del Ministerio sobre los sectores de su
competencia y en cuanto a la comparación de esta capacidad con la que se
deduce el presupuesto del ejercicio actual.
El análisis presupuestario sobre el cual me voy a concentrar, que es el
referido al subsector Estado, haciendo abstracción de lo que van a ser
las transferencias previsibles a través de los fondos Feoga, para ser
riguroso deberá contemplar la evolución de los recursos reales con
destinos auténticamente operativos, que se deriva del descenso a aquellas
partidas presupuestarias destinadas a compensar al Tesoro público para
sufragar las correcciones financieras y, particularmente, las que son
consecuencia de la multa láctea. Es evidente que estas partidas, que
descienden sensiblemente en el año 1998, no reflejan recursos operativos
de los que puedan disponer los sectores agrarios, pesquero y alimentario
y, por tanto, deben ser descontadas cuando se realiza el cómputo de las
disponibilidades reales con que contará el Ministerio para llevar a cabo
sus políticas. Una vez realizado el ajuste correspondiente en los
presupuestos iniciales de 1997 y 1998, la comparación de ambas cifras
revela que el crecimiento, del que con toda veracidad podemos llamar
presupuesto operativo del Ministerio, es de un 10 por ciento real. Estos
presupuestos administrados con rigor y eficacia servirán, pues, para
modernizar, vertebrar y hacer más competitivos a nuestros sectores
agrario, pesquero y alimentario.
Sin perjuicio de que en el transcurso de la exposición proceda a detallar
actuaciones previstas en determinados
programas, les adelanto que las líneas básicas de la política del
departamento y destinatarias principales, por tanto, de nuestro esfuerzo,
serán las siguientes: continuar en el fomento de la corresponsabilidad de
agricultores y ganaderos para ofrecerles, a la vez, una garantía de sus
rentas. Con este objetivo se aumentan, de manera considerable, las
dotaciones dirigidas a extender y mejorar el seguro agrario. Este seguro,
que se gestiona a través de Enesa, Entidad Estatal de Seguros Agrarios,
contará en el año 1998 con unos recursos de 21.736 millones de pesetas,
es decir, un aumento de 6.000 millones respecto al año 1997, un 38 por
ciento más.
La política de vertebración del sector agrario y agroalimentario
constituye otra de las preocupaciones del Ministerio y ha tenido también
su correspondiente concreción en el presupuesto. En esta línea se
continuará fomentando el proceso de creación y puesta en marcha de
organizaciones interprofesionales y agroalimentarias y también de las
organizaciones de productores. Se intensificará también el esfuerzo
presupuestario destinado a modernizar el sector lácteo y se establecerá
un plan de fomento a la apicultura, al que se destinarán 300 millones de
pesetas.
Debo hacer aquí también una referencia específica a las inversiones
reales. La actividad inversora es fundamental para la productividad y
competitividad del sector agrario, especialmente cuando se dirige a la
creación y mejora de la infraestructura y al ahorro de recursos. Pues
bien, este capítulo experimenta un crecimiento del 15,5 por ciento y
entre los destinos de estas inversiones debe destacarse la mejora de
regadíos y usos alternativos del agua y la mejora de la estructura
productiva y desarrollo rural. Con las dotaciones correspondientes a este
segundo programa se aumentarán las actuaciones destinadas a la
forestación de tierras agrarias, modernización de estructuras de las
explotaciones y compensación de renta de agricultores y ganaderos en
zonas desfavorecidas.
En cuanto a la parte del presupuesto del departamento que se destina
específicamente a actuaciones al sector pesquero, la cifra presupuestada
asciende a 19.382 millones de pesetas, de la cual el 76,6 por ciento
corresponde a gastos de capital. Las actuaciones con este destino
sectorial van a permitir obtener 39.398 millones de pesetas adicionales
procedentes de fondos IFOP. Con estas dotaciones se podrá recuperar el
retraso que existía en cuanto a la gestión de fondos comunitarios, y se
conseguirá el objetivo de modernizar y renovar la flota pesquera
nacional. Se adquirirán también nuevos medios de vigilancia aérea y
pesquera. Con todo ello conseguiremos preservar los recursos pesqueros,
garantizar una explotación racional de nuestros recursos, así como
aumentar los rendimientos de nuestra flota mediante campañas y acciones
experimentales de pesca en busca de nuevos caladeros.
Una vez expuestas, señorías, las características principales de lo que va
a ser el gasto presupuestario del Ministerio, quiero referirme a otros
aspectos incluidos en el proyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y de orden social que también se proyectan sobre las
áreas que son competencia del departamento. Dentro de las modificaciones
de la Ley 3/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, debe destacarse,
en relación con el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca,
que el proyecto incorpora las modificaciones necesarias para coordinar su
aplicación con el régimen de signos, índices y módulos del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas respecto de aquellas actividades
agrícolas que resultan también incluidas en el citado régimen de módulos.
Otra sustancial modificación fiscal que ha sido propuesta directamente
por el Grupo Parlamentario Popular, a la que se referirá en el turno de
portavoces el señor Madero y que ha sido ya incorporada durante la
tramitación parlamentaria, es la que se refiere a la elevación al 4,5 por
ciento, con carácter transitorio, para alcanzar el 5 por ciento a partir
del ejercicio siguiente, de la compensación a tanto alzado a que tienen
derecho quienes se encuentran acogidos al régimen especial del IVA para
la agricultura, ganadería y pesca que, como muy bien saben SS. SS., va a
permitir un mayor descuento por parte de los agricultores y, por tanto,
un aumento real de sus rentas.
Otro aspecto digno de mención, que también está contemplado en el
proyecto de ley de medidas, es la modificación del régimen jurídico de la
empresa de Transformación Agraria, S. A. (Tragsa), sociedad estatal
adscrita al Ministerio, a través del FEGA, sociedad que constituye uno de
los elementos básicos del ejercicio de la política del Ministerio como
instrumento propio de la Administración. Con esta modificación, entre
otras cosas, se acomoda el régimen jurídico de la sociedad a la
distribución de competencias entre la Administración General del Estado y
las comunidades autónomas, para lo cual se autoriza la participación de
éstas en el capital social de Tragsa, garantizando mejor todavía la
pervivencia de Tragsa de cara al futuro. Ese es el objetivo del
Ministerio, garantizar, insisto, señorías, su futuro dentro de las
actividades que viene realizando.
Voy a exponer ahora la evolución de las dotaciones presupuestarias por
capítulos, deteniéndome en aquellas actuaciones en que se concretarán las
variaciones cuantitativas más destacadas. En el capítulo 4 del
presupuesto, donde se recogen las transferencias corrientes, se refleja
un importe de 53.092 millones de pesetas. En esta partida se produce, de
hecho, un incremento importante de los recursos destinados a la
agricultura, la pesca y la alimentación, a pesar de que en principio
plantea una disminución de fondos. Esto es así porque en el descenso
absoluto de las cifras se ve cómo ha pesado muy sobradamente, como ya he
indicado, lo que
corresponde a la deducción por las transferencias a comunidades autónomas
y al Ministerio de Administraciones Públicas y la disminución de la
partida destinada a las correcciones financieras, concretamente al pago
de la multa por sobrepasamiento de la cuota láctea en los años 1989 a
1992, como muy bien saben sus señorías. En el próximo ejercicio se
dispondrá de una dotación de recursos destinados a transferencias
corrientes que superarán en un 17,5 a la cifra comparable del presupuesto
de 1997, transferencias corrientes de las cuales excluyo, señorías, lo
que corresponde a transferencias al Tesoro para pagar correcciones
financieras de Bruselas, es decir, multas, para hablar en términos
coloquiales y más comprensibles.
Particular importancia tiene en el aspecto presupuestario la adecuación
de la aportación financiera al Plan anual de seguros agrarios combinados.
En este sentido, se ha optado por un cambio en el criterio a aplicar, con
lo que se dotará el concepto correspondiente de tal manera que se cubran
todas las obligaciones que se hayan de hacer en el propio ejercicio. Ello
ha requerido el importante esfuerzo presupuestario, al que antes me he
referido, de un aumento en un 38 por ciento, es decir, 6.000 millones de
pesetas. Este esfuerzo ha exigido que sea Enesa, de entre todos los
organismos autónomos existentes en la Administración General del Estado,
el que haya registrado un mayor crecimiento presupuestario. Creo que con
ello queda claramente demostrada la voluntad y la importancia que otorga
el Gobierno precisamente al Plan de seguros agrarios. Avanzaremos en este
terreno, en la universalidad de la protección que dispensa el sistema de
seguros agrarios, a través del perfeccionamiento de las actuales líneas
de seguro, de la incorporación de la cobertura de daños y de saneamiento
ganadero, en el caso del seguro del ganado vacuno, así como de la
incorporación definitiva de los daños por inundaciones cuyos efectos
estamos viendo. En el próximo ejercicio se incorporará también, en el
terreno de los seguros a los cultivos marinos --donde hemos incluido a lo
largo de este año la acuicultura--, lo que es la piscicultura marina, el
cultivo marino de la producción de mejillón, con una gran importancia
fundamentalmente en la zona gallega. A efectos de conseguir la
estabilización del sistema, se procederá también a analizar y
estabilizar, para un período de tres años, las condiciones de
aseguramiento de las 31 líneas de seguros, y se revisará el sistema de
subvenciones tanto de carácter individual como colectivo.
Señorías, en lo que se refiere a los capítulos 6 y 7 del presupuesto, el
crecimiento es de un 11,6 por ciento cuando analizamos la evolución
presupuestaria anual en términos de presupuesto consolidado. Este amplio
crecimiento se produce en virtud del aumento que experimentan los fondos
del Feoga-garantía que cofinancian, junto con el Estado, las medidas de
acompañamiento de la política agrícola común. Junto a esta notable
variación cuantitativa, tengo la convicción de que la eficacia de estas
dotaciones presupuestarias aumentará también por el cambio cualitativo
derivado de la redistribución de créditos que hemos llevado a cabo. Se
produce así no sólo un incremento, sino también una reasignación de
recursos, que se dirige a optimizar el rendimiento presupuestario con el
objetivo de potenciar las políticas que en el departamento se consideran
fundamentales para el desarrollo de los sectores agrario y pesquero.
He mencionado el cambio cualitativo como uno de los aspectos favorables
que resalta cuando este proyecto de presupuestos se analiza partida por
partida, y una de las modificaciones más significativas, dado el peso que
la dotación afectada tiene en el gasto total, es la que se produce en la
rúbrica destinada a subvencionar intereses de los préstamos concedidos
con ocasión de la sequía. Esta partida, sin reducir el apoyo financiero a
los agricultores afectados, desciende en un 32 por ciento respecto a la
dotación de 1997, lo que permite disponer de 4.876 millones más que en el
97 en las políticas activas del Ministerio. Señorías, la reducción de
esta partida obedece claramente al buen funcionamiento de la economía
española, que se produce gracias a una política económica global del
Gobierno, que permite reducir los intereses, a la gestión y al
aprovechamiento por parte del Ministerio de Agricultura de esos márgenes
que ofrecen y a la renegociación de las condiciones pactadas
anteriormente en este capítulo. Por lo tanto, se aumenta con ello las
disponibilidades financieras reales del presupuesto en casi 5.000
millones de pesetas, que permiten su incorporación a otros capítulos,
como los siguientes.
La dotación global del subprograma destinado a la utilización y ahorro
del agua de la agricultura crece en un 19,8 por ciento, y los recursos
dirigidos a la mejora de regadíos experimentan un elevado crecimiento.
Con tal iniciativa se sirve a un objetivo que se considera básico para
nuestra agricultura como es la mejora de la infraestructura de riego, no
sólo por los efectos beneficiosos que cualquier análisis que se realice,
tanto desde un punto de vista económico como social y ecológico,
demuestra que aportan en cuanto a lo que supone de beneficioso el ahorro
de agua, sino también porque la mejora de los regadíos supone una mayor
versatilidad de las técnicas de riego, lo que permite una mayor
diversidad en los cultivos aplicables y, por tanto, una mayor capacidad
por parte de los agricultores en cuanto a mejorar sus rentas y su calidad
de vida. Esta estrategia se completará con una política de nuevos
regadíos que valore estrictamente los mercados de las producciones
afectadas, y constituirá las bases del plan de regadíos próximo ya a
completarse, puesto que están prácticamente terminados los estudios
correspondientes. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)
Las actuaciones en favor del desarrollo rural también encuentran en el
presupuesto para 1998 el máximo soporte financiero posible, y ello porque
es criterio del departamento que deben considerarse en su justo valor las
funciones que cumple en la sociedad rural todo lo que es el sector
agrario, el desarrollo rural, en general. Estas funciones, además de
incluir la fundamental de abastecer, desde el punto de vista alimentario,
a nuestras ciudades con alimentos de calidad, y no sólo de calidad sino
también de seguridad desde el punto de vista de sanidad, tienen efectos
muy positivos en la defensa del medio ambiente, en la gestión del
territorio, en el mantenimiento de la población en el ámbito rural y, por
lo tanto, en el equilibrio territorial. Por ello, este presupuesto
reconoce la prioridad del mundo rural a través de consignaciones
presupuestarias, que crecen en un 20 por ciento en el programa de mejora
de las estructuras productivas y desarrollo rural. Los destinos, por la
importancia del objetivo que pretenden cumplir y por el crecimiento
cuantitativo registrado por las dotaciones, comprenden las líneas de
actuación destinadas a la forestación de tierras agrarias, cuyas ayudas
aumentan un 44 por ciento; las actuaciones destinadas a modernizar la
estructura de las explotaciones agrarias, con recursos que en 1998
superan en un 18 por ciento a los de 1997; los de compensación de rentas,
para zonas desfavorecidas, que aumentan una 14 por ciento, y las acciones
destinadas a promover y diversificar la economía rural. Estas acciones de
promoción y diversificación comprenden los recursos destinados a la
iniciativa Leader 2, de la Unión Europea, y cuentan con asignaciones
presupuestarias que en 1998 crecen un 18 por ciento respecto a 1997.
Otra gran línea de actuación ministerial es la que persigue la mejora de
nuestra producción agraria y de nuestros mercados agrarios. Para esta
línea, el presupuesto de capital de 1998 aumenta un 24,8 por ciento las
dotaciones globales de 1997. Entre los destinos concretos del programa,
además de los ya mencionados, destacan por su volumen y por su
significación para el sector las ayudas a las organizaciones y
agrupaciones de productores agrarios. Las ayudas a estas agrupaciones,
que en gran parte se dedican a la producción de frutas y hortalizas,
ascienden en el proyecto de presupuestos a 6.179 millones de pesetas, un
47 por ciento más que en 1997. Por otra parte, existe un fondo de
ordenación y gestión del sector de frutas y hortalizas, que en 1998
cuenta con 800 millones de pesetas, con un crecimiento del 33 por ciento
respecto al año 1997. Todas ellas son medidas destinadas a permitir el
máximo aprovechamiento de la nueva OCM de frutas y hortalizas.
Además, en estos presupuestos se contempla una partida de 200 millones de
pesetas, que se destinarán al pago de las ayudas contenidas en el real
decreto de ayudas a las agrupaciones de productores de patatas de
consumo, proyecto que está ya elaborado, que está en el Consejo de
Estado, que se aprobará por el Consejo de Ministros y se publicará en
breve. Nuestras proyecciones presupuestarias a más largo plazo prevén
dotaciones superiores para esto, a fin de aplicar al máximo la
posibilidades del mencionado real decreto, cuyas ayudas estarán, además,
cofinanciadas por las comunidades autónomas, cuya aprobación se acordó
precisamente en el ámbito de la sectorial de agricultura, que va a paliar
un problema que se produce desde hace tiempo en el sector: los
desequilibrios entre distintos años y los dientes de sierra en cuanto a
los precios en el sector de la patata y, por tanto, en las rentas de los
propios agricultores que se dedican a este cultivo. Dentro de este
programa de mejora de las estructuras productivas, el presupuesto de 1998
asigna 316 millones de pesetas a una línea de actuación nueva dedicada al
control de censos ganaderos.
Otras líneas de actuación, que verán reforzada su disponibilidad
presupuestaria en el próximo ejercicio, son las contenidas en el programa
de sanidad vegetal y animal, dentro del cual aumentan un 13 por ciento
las dotaciones dirigidas a erradicar enfermedades animales,
particularmente las que afectan al ganado porcino. También registran
crecimientos importantes las ayudas destinadas al fomento de la
industrialización agroalimentaria. Estas ayudas, que se cofinancian por
la Unión Europea a través del Feoga-orientación, aumentan sus dotaciones
en un 9,7 por ciento. Tengo que decir que es uno de los programas que
mejor está funcionando no sólo por parte del Ministerio, sino también de
las comunidades autónomas. Los recursos de capital asignados al programa
de comercialización, industrialización y coordinación alimentaria crecen
en un 7,5 respecto al año 1997.
El desarrollo de la política pesquera del departamento se lleva a cabo a
través de los recursos de capital asignados al programa de mejora de la
estructura productiva de los sistemas de producción pesquera,
contemplando este gasto como destinado fundamentalmente a la
modernización de flota y no al achatarramiento, por cuanto que el POP 4
--programa de ordenación plurianual--, aprobado en el ámbito comunitario
hace unos pocos meses y cuya programación concreta, desde el punto de
vista de España, ha sido ratificada hace apenas tres semanas por la
Administración comunitaria, nos permite enfrentarnos a este problema ya
no teniendo que reducir más desde el punto de vista de tonelaje y de
esfuerzo, sino pudiendo destinar los fondos a la modernización de nuestra
flota, que en algunos segmentos está francamente envejecida. El conjunto
de dotaciones de capital que se aplica a estos programas de investigación
pesquera y agraria aumenta un 7,1 por ciento respecto al año 1997. En
aquellas dotaciones destinadas a la investigación pesquera, quiero
destacar el crecimiento que registran los créditos dirigidos a la
evaluación de recursos pesqueros, que aumenta un 19,5 respecto al año
1997.
Les he expuesto una serie de cifras y de datos con los que he pretendido
sintetizar los objetivos al servicio de los cuales se pondrán en el año
1998 los presupuestos del departamento. Para la consecución de estos
objetivos tan importantes están el volumen de recursos y la capacidad de
gestión de los mismos. Uno de los indicadores que expresa con más
fiabilidad esta capacidad de gestión es el grado de ejecución de los
presupuestos y, particularmente, el grado de ejecución de los capítulos
4, 6 y 7, en los que se contienen los recursos que efectivamente el
Ministerio transfiere a los sectores de su competencia y lo que son
gastos, fundamentalmente, de capital. Pues bien, tengo que decirles que
en lo que fue el cierre efectivo del ejercicio 1996, las cifras del
Misterio arrojaron una ejecución que prácticamente alcanzaba el 98 por
ciento, cifras que pretendemos mejorar este año, en que esperamos
alcanzar una ejecución en torno al 98 ó 99 por ciento.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora ministra, por favor, vaya
concluyendo.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Concluyo, señorías.
Estas políticas y su soporte presupuestario son perfectamente compatibles
e incluso complementarias, como he dicho al principio, con otras
políticas generales del Gobierno, donde es absolutamente prioritario la
generación de empleo. Con todas estas medidas se pretende, desde el
ministerio, mantener la actividad rural, mantener la actividad pesquera,
así como fomentar actividades en la propia actividad agraria y pesquera,
como puede ser en el sector de la pesca la modernización de la flota.
Todo eso va a suponer una carga de trabajo para nuestros astilleros.
En el terreno pesquero, los programas a los que me he referido a lo largo
de los años 1998/1999 van a contribuir a la creación de 9.100 empleos
directos y 15.100 indirectos.
A todos estos objetivos servirá eficazmente y con seguridad el
presupuesto del departamento. Ello no sólo porque la programación y
características del gasto que acabo de exponerles obedece a criterios de
optimización en el uso de los recursos, sino porque tanto los
responsables del Ministerio como sus funcionarios actuarán con el máximo
rigor y la máxima eficiencia en la administración de estos recursos para
conseguir que su aplicación beneficie al mayor número de agricultores,
ganaderos y pescadores a los que se destina la política del ministerio,
política que no es otra que la de transformar a estos sectores para
prepararlos y modernizarlos de cara al próximo siglo que se nos avecina
para que sean lo más competitivos posible, garantizando de esta manera su
propia supervivencia.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora ministra.
A esta sección 21 se han presentado enmiendas por parte del Grupo
Parlamentario Mixto, en primer lugar del señor Saura y la señora
Rivadulla.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Iniciativa per Catalunya-Els Verds ha presentado una enmienda de
devolución a la sección 21 de los presupuestos de 1998 por considerar,
señora ministra, señorías, que son continuistas y que en absoluto dan
respuesta a los retos a los que está enfrentado el sector agrario
español.
Señora ministra, hay algunas partidas que se han incrementado, pero yo le
diría que el tanto por ciento de miseria es miseria. Si vemos las
partidas presupuestarias a lo largo de una secuencia de años, podemos
comprobar que en los últimos años no ha habido una respuesta
presupuestaria que los retos de incorporación de nuevos países y de
apertura de mercados exigen de nuestro país. Ya quisiéramos nosotros,
señoría, que hubiese una cofinanciación como la que puede haber en países
de nuestro entorno en los que solamente con un programa de las medidas de
acompañamiento de la PAC destinan mucho más dinero que nosotros a los
tres programas de las medidas de acompañamiento.
Señorías, no tengo mucho tiempo para expresar nuestras enmiendas, pero
quiero decir que son unos presupuestos totalmente insuficientes en
materia de infraestructuras agrarias. En seguros agrarios se incrementa
pero, señora ministra, hay una partida, no sé si de 18.000 millones de
pesetas, para pagar deudas anteriores.
Quiero llamar la atención sobre un tema: sanidad animal. Estoy hablando
ahora muy en serio de la peste porcina clásica que, como usted sabe,
afecta tremendamente a la provincia de Lleida. No sabemos si afecta
también a otros sitios, pero, desde luego, a esta provincia, sí.
Entendemos que esas partidas son absolutamente insuficientes, por lo que
presentamos una serie de enmiendas para que se incremente el programa de
erradicación de enfermedades animales porque, desgraciadamente, podemos
tener que sacrificar más animales y que pagar más subvenciones. Señora
ministra, hay que pagar también el período improductivo, no puede haber
gente con las granjas vacías desde hace ocho y nueve meses que perciban
sólo el dinero obtenido del sacrificio, esa cantidad que se han guardado,
por que dentro de poco, cuando se puedan abrir las granjas, tendrán que
volver a comprar lechones. ¿De qué viven durante esos ocho o nueve meses?
Señora ministra, yo le pido muy seria y muy amablemente que atienda, por
favor, esa demanda de que se pague el período improductivo en la peste
porcina africana.
Nada más, señora ministra, sólo recordarle que no creemos que estos
presupuestos sean suficientes. Me consta que usted hace algún esfuerzo,
pero no creemos que, de momento, la agricultura sea la prioridad del
Gobierno del Estado español.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rivadulla.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve en la defensa de las enmiendas de Unión Valenciana a
la sección 21, de Agricultura. Se trata de las enmiendas números 38, 39 y
40.
Me voy a detener muy especialmente en la enmienda 38, que hace referencia
a la solicitud de un aumento en la partida presupuestaria referente a la
lucha contra la enfermedad de la tristeza en los cítricos. El Ministerio
sabe la magnitud de este problema y sabe que en los últimos sesenta años
han desaparecido más de 25 millones de árboles. Asimismo, hay veinte
millones de árboles en diverso grado de afección, seis millones de ellos
en el máximo. También conoce el Ministerio que el coste de replantación
de un campo muerto por tristeza más las rentas que deja de percibir el
agricultor suman casi tres millones por hectárea y que el agricultor de
las comarcas valencianas más afectadas, Catellón y Valencia, tiene
verdaderos problemas para poder paliar estas pérdidas de renta y la
problemática que ello genera. La única solución, como usted bien sabe,
señora ministra, es cambiar el plantón de pie amargo por el de pie
tolerante, lo que supone un gran esfuerzo, ya que el 50 por cien de las
explotaciones citrícolas valencianas se sustentan sobre pie amargo y, por
tanto, son candidatos a desaparecer en los próximos años casi veinte
millones de árboles.
Como conclusión que obra en su Ministerio está el informe realizado por
el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias respecto al virus de
la tristeza y la última conclusión es de agosto de 1997. El panorama
puede parecer desolador; un aspecto optimista sería contemplar la
posibilidad de realizar una reestructuración de las plantaciones. Esa es
la única solución. Este virus sirvió como catalizador de una nueva
citricultura a finales de los años sesenta, cuando se reglamentó la
producción viverística, que, basado en un amplio panorama de mejora
sanitaria ejecutada en el Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias, puso a disposición de los agricultores de nuestro país material
libre de virus de todas las variedades comerciales. Actualmente, la
tristeza vuelve a servir de ocasión, entre comillas, para reemplazar las
viejas plantaciones sobre amargo, que frecuentemente ocupan las mejores
zonas.
La citricultura española tiene la oportunidad de reconvertirse y realizar
el cambio a patrones tolerantes de una forma ordenada y lógica. Nosotros
pensamos que con la exigua cantidad que destina el Ministerio para todo
el Estado español poco se puede hacer. Por tanto, les pido sensibilidad
para que esa partida presupuestaria, que se ha aumentado, se incremente
un poco más; si no la cuantía que solicita Unión Valenciana, de mil
millones de pesetas, una cantidad que atienda esa demanda del sector, que
es muy importante.
Respecto a las otras dos enmiendas, la número 39 y la 40, las doy por
reproducidas tal y como aparecen en su texto literal.
Muchas gracias, señora ministra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación son
para el Bloque Nacionalista Galego claramente insastisfactorios, porque
sectores clave de la economía de la Comunidad Autónoma de Galicia, como
el sector pesquero y el agroganadero, no van a encontrar el necesario
impulso a la necesaria defensa con las orientaciones políticas que
expresa. Por ello presentamos diversas enmiendas, que tratan de adecuar
mejor el presupuesto de agricultura a las necesidades reales de nuestros
sectores productivos y a la necesidad de apoyo para poder competir en el
actual contexto político-económico, que, por cierto, no es nada
favorable.
Con la enmienda número 116, de la que pediremos votación separada,
pretendemos que la Administración afronte el coste de la denominada
supertasa por exceso de producción láctea durante la campaña 1996-1997,
exceso de producción sobre el que ya hemos hablado repetidas veces en
esta Cámara, ya que la cuota que tiene asignada el Estado español es
absolutamente injusta e insuficiente. Dicha cantidad la cuantificamos en
3.600 millones de pesetas, en función más de las noticias filtradas a
través de diversos medios de que los datos aportados por el Ministerio,
que a estas alturas, si no estoy equivocado, no los ha hecho públicos
oficialmente. Por tanto, seguimos manteniendo contra viento y marea la
necesidad de que, mientras no se equipare cuando menos la cuota asignada
al Estado español a su producción, es imposible seguir por la vía que nos
marca el Ministerio. Desgraciadamente, parece que nos quedamos solos en
esta Cámara en la defensa de esta, para nosotros, justísima
reivindicación.
No sé si es necesario insistir hoy en que la política de intentar
equiparar la producción a la cuota asignada
nos lleva claramente a aplicar las directrices que interesan a otros
Estados europeos, a aquellos Estados que son excedentarios y que, por
tanto, utilizarán el mercado español para dar salida a una parte de sus
excedentes. Nosotros insistimos en que su señorías reflexionen sobre este
problema, un problema muy importante en nuestra comunidad autónoma. Con
la política que usted traza, señora ministra, con la política de su
Gobierno, desde luego, el sector lácteo en Galicia ni se moderniza, ni se
vertebra, ni se hace más competitivo. Le puedo asegurar que, en todo
caso, se hará más raquítico.
En la enmienda número 115, que hace referencia a otra problemática que se
nos va a plantear en este sector a partir de enero del año que viene,
pretendemos que, mediante convenio con la Xunta de Galicia, se aporten
los fondos para ayudar a muchas pequeñas explotaciones lácteas y
adecuarlas a la nueva normativa comunitaria sobre calidad. De no ser así,
y ya se han alzado voces autorizadas, incluso desde el punto de vista de
la Administración, muchas pequeñas explotaciones van a correr un serio
peligro de desaparición.
Hago también breve referencia, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muy breve, señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Sí señor presidente, muchas
gracias.
Decía que hago referencia a la enmienda número 112, que pretende
incrementar las partidas destinadas a investigación pesquera, que a
nosotros nos parecen insuficientes y es un campo muy importante a
desarrollar. La enmienda número 114 pretende también que, mediante
convenio con la Xunta, se dedique una partida a la potenciación del
marisqueo y la acuicultura. Tampoco voy a insistir en que Galicia puede
jugar un papel de primer orden en este terreno si se la apoya
adecuadamente. Y con la enmienda 113 tratamos de que se potencie la
modernización de la flota artesanal de bajura, flota que en muchos casos
está envejecida, como sabe la señora ministra, y de la que dependen
muchos puestos de trabajo.
Las enmiendas que presenta el Bloque Nacionalista Galego a esta sección
persiguen apoyar la economía productiva, a partir de las posibilidades de
una comunidad autónoma como la de Galicia que en estos campos tanto
tendría que aportar si se la apoyase adecuadamente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Izquierda Unida ha presentado una enmienda a la totalidad para este
presupuesto, porque entendemos que es la expresión de la política del
Gobierno, una política que no afronta con la seriedad que se merece la
resolución de los problemas de nuestra agricultura, de nuestra ganadería
y de nuestra pesca, y un Gobierno que está más preocupado --como también
ha señalado la señor ministra-- por cumplir con los parámetros que impone
la Unión Europea que por mejorar, por ejemplo, el paro o por sanear
realmente el sector ganadero.
Concretamente, unos presupuestos que, después de tres años de
congelación, suponen una subida de la indemnización complementaria básica
que para nosotros es totalmente insuficiente para frenar la pérdida de
empleo, pérdida de empleo que la propia Administración cifra en la
desaparición de 30.000 agricultores que vivían solamente de su trabajo.
España es el país que aporta menor cuantía por explotación, ya que todos
sabemos que la indemnización básica complementaria media en nuestro país
está en torno a los 522 ecus, frente a los 1.300 del resto de Europa, o
en 38 ecus, frente a los 75 por unidad de ganado mayor. Por otra parte,
en el proyecto de presupuestos que se nos presenta se recortan las
previsiones de beneficios, que ahora se cifran en 142.000, frente a los
172.882 de 1996; es decir, una reducción del 18 por ciento en sólo dos
años. Para nosotros, esta reducción del número de beneficiarios no es
sino el exponente del fracaso de la política agraria y rural realizada en
las zonas precisamente más desfavorecidas.
Los presupuestos también evidencias para nosotros cómo el Ministerio no
apuesta por la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria. El
Gobierno baja de una forma importante los objetivos de modernización de
estructuras, tanto en el número de agricultores jóvenes como en el de
planes de mejora. Todo esto se realiza, señora ministra, en el marco de
un sector agrícola que tiene el 57 por ciento de las explotaciones en
manos de personas de más de 55 años. Asimismo, estos presupuestos
evidencian cómo el Gobierno sigue sin apostar decididamente, sin realizar
los esfuerzos necesarios, para que la formación profesional agraria dé
los frutos que todos deseamos. Para que se produzcan estos frutos se
necesita, evidentemente, mucha mayor inversión y mucha mayor atención.
En el apartado a la creación y modernización de regadíos, tampoco salen
beneficiados en estos presupuestos, ya que el balance para nosotros es
claramente insuficiente. Además, seguimos esperando que se termine el
Plan nacional de regadíos. Mientras tanto, nosotros entendemos que en
este tema deberían ser fundamentales las inversiones para que se
mejorasen los regadíos, con el objetivo, que nosotros creemos posible, de
que se ahorre ese 50 por ciento de agua que todavía
se pierde por el mal estado de las canalizaciones. No es posible que
estos presupuestos marquen un objetivo muy inferior a los de 1997. Nos
preocupa que en estos presupuestos no se señalen ni las hectáreas ni
aquellos sitios donde se va a invertir para la mejora de estos regadíos.
Nosotros creemos que esto, al final, es una discreción en manos del
Gobierno, y no nos parece correcto.
Como ya sucedió en 1997, se continúa la reducción en otras líneas de
actuación, como son las inversiones en caminos, como son las obras
singulares o, en concreto, la concentración parcelaria. A nosotros el
abandono de estas líneas de inversión nos parece muy grave, sobre todo
cuando se trata de infraestructuras que directamente inciden en la
modernización del campo.
Queremos señalar que nos parece insuficiente el dinero que se sigue
dedicando a investigación y a experimentación. Aunque es verdad que se
frena lo que ya era un vergonzoso retroceso de los últimos años,
consideramos que no es ni mucho menos el impulso que se da en estos
presupuestos el necesario para conseguir una investigación que logre una
correcta utilización de los residuos ganaderos, tanto para uso agrícola
como para otros usos alternativos.
En definitiva, señorías, señora ministra, son unos presupuestos que para
nosotros no afrontan con valentía y con resolución los problemas y las
deficiencias que tiene nuestra agricultura y nuestra ganadería, unos
presupuestos que entendemos que, de no modificarse sustancialmente,
condenarían a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros
pescadores, al mantenimiento de las desigualdades que tan resignadamente
admitía el secretario general de Agricultura y Alimentación en su
comparecencia parlamentaria, cuando con una resignación rayana en lo
cristiano, venía a decir que los agricultores tendrían que seguir siempre
contando con menores recursos que el resto de los servicios, porque así
iba a ser siempre y no había remedio para que fuese de otra manera. No
nos podemos resignar a que nuestros agricultores no tengan la misma
calidad de vida que, por ejemplo, los trabajadores del sector servicios o
de otros sectores. Repito que son, y están en el «Diario de Sesiones»,
las palabras del propio secretario general de Agricultura y Alimentación.
Con nuestras enmiendas pretendemos que se elaboren unos presupuestos que
hagan justicia a quienes llevan años sufriendo abandono de sucesivos
gobiernos.
También hemos presentado una serie de enmiendas que tratan de abordar
actuaciones de mejora de regadíos que optimicen los recursos, que ahorren
el agua y su distribución, proyectos que, como los de Jódar, en Jaén, o
los de las actuaciones que proponemos para el río Mula, suelen anunciarse
una y otra vez, pero que nunca llegan a terminarse. También proponemos
enmiendas para la construcción de invernaderos, enmiendas que apuestan,
como decía antes, por la modernización del regadío. Y en otro sentido,
hemos señalado iniciativas que busquen utilizaciones de productos
alternativos, por ejemplo, al bromuro de metilo, cuyo uso pronto será ya
incluso imposible.
Por último, hemos presentado enmiendas para asegurar el cumplimiento del
acuerdo entre el Gobierno y el sector algodonero así como --y otro
portavoz se ha referido a ello-- para que se afronte con seriedad y con
efectividad la lucha contra la enfermedad de la tristeza del cítrico y
fomento de la apicultura, enmiendas todas ellas que lo que pretenden,
señora ministra, es que estos presupuestos sean un instrumento válido, un
instrumento útil al servicio de los hombres y mujeres más desfavorecidos
de nuestro país.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Centella.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a esta sección por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: Señor presidente, señoras y señores diputados,
ministra, es el único Ministerio inversor que baja los presupuestos con
respecto a los de 1997 un 4 por ciento.
La agricultura pierde peso con respecto al resto de los sectores
económicos de este país. El presupuesto del Ministerio de Agricultura es
el 1 por ciento de los presupuestos del Estado. También tenemos que
observar que los programas que son cofinanciados por la Unión Europea
están infradotados, lo que hace que no vayan a aprovechar en su
integridad los fondos que podrían ir al sector agrario y consolidar el
medio rural. Por tanto, podemos asegurar que España pierde financiación
comunitaria.
En este presupuesto no vemos programas nuevos. Los que estaban en marcha
están insuficientemente dotados, con lo cual va a ser difícil cubrir los
convenios que se han firmado con las comunidades autónomas o cumplir los
compromisos adquiridos con el sector agrario. Refleja una ausencia de
nuevas ideas, no hay objetivos claros y, además, lo que es peor, no son
ambiciosos. Sólo sirven para cubrir el trámite de ser aprobados ante esta
Cámara. Hay una reducción general de las cantidades previstas para el año
1998 en la programación plurianual de los ejercicios de 1997. Por tanto,
¿qué credibilidad nos dan para la aplicación de años sucesivos? Ninguna.
Respecto al debate de hoy, las enmiendas que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista van dirigidas, en primer lugar, a las
organizaciones agrarias, a las que se congela su asignación. Son los
principales activos del sector agrario y esta partida no recupera los
niveles de años anteriores. Por otra parte, el número de entidades objeto
de ayuda, según su memoria, pasa de 16, en 1996, a 30, presupuestadas
para el ejercicio de
1998. Coincidirá conmigo en que a las tres organizaciones agrarias
reconocidas les va a tocar bastante menos dinero. ¿No le preocupa?
Las frutas y las hortalizas españolas se encuentran actualmente en un
momento clave. Ministra, desarrolle usted la base legal, porque no vaya a
ser que tampoco puedan captar los fondos que usted ha puesto en el
Ministerio este año, como está ocurriendo con los años pasados, que
solamente algún fondo operativo, alguna entidad, ha conseguido tenerlos.
La mayoría, nada.
Las cooperativas agrarias y sus organizaciones carecen de apoyo
suficiente. El Ministerio, por segundo año consecutivo, no apuesta por la
consolidación de las cooperativas, a pesar de las promesas que lanzó la
ministra y que yo la oí en la clausura del congreso de las cooperativas
agrarias.
Con relación a la industria agroalimentaria, al llegar usted al
Ministerio dijo que en esta línea había un agujero de 10.000 millones de
pesetas. Y ¿qué ha hecho para solucionarlo? ¿Reconocer que no tenía
razón? Pues, no; no lo ha reconocido. Por el contrario, ha presupuestado
para el Real Decreto 1462/1986, por dos años consecutivos, 75 millones de
pesetas. Ministra, se necesitarían 133 ejercicios como éste para tapar su
agujero. Al ritmo de las subvenciones de años pasados, con los
socialistas, conmigo, con nosotros, que eran del orden de 6.500 millones
de pesetas, ya se había tapado ese agujero, ya se habían satisfecho las
demandas.
Si creen en las interprofesionales, ministra, no se refleja en estos
presupuestos. Cuarenta y tres millones de pesetas a repartir entre 15
sectores previstos. Es muy poco.
Han fracasado en el proyecto de reestructuración de la industria
azucarera, pero no sólo en las fusiones entre empresas, también en la
aplicación de las ayudas previstas en la Unión Europea. Hasta ahora sólo
se ha concedido el 30 por ciento de lo previsto.
El desarrollo del medido rural vuelve a ser ignorado. Basta ya de gestos
con el medio rural. Las insuficiencias en dotaciones es manifiesto en
sectores claves como la modernización de explotaciones, la explotación
familiar agraria, la forestación de tierras, medidas agroambientales, el
programa Lider, el programa Proder, la indemnización compensatoria en
zonas desfavorecidas por beneficiario es muy inferior todavía a la media
de la Unión Europea. Y también quiero hacer otras observaciones. El
Partido Popular, con usted a la cabeza, cuando estaba en la oposición,
propiciaba una política expansiva de los regadíos. Una vez en el
Gobierno, ni arregla los existentes ni hace ninguno nuevo. Con 10.000
millones de pesetas para el regadío poco se puede atender, ni siquiera
los compromisos asumidos por el propio Gobierno. En el plan nacional de
regadíos estaba prevista la financiación de un total de 350.000 millones
de pesetas para el primer año. Póngase de acuerdo con su compañera de
gabinete y que salga de una vez por todas el Plan nacional de regadíos.
Los regantes lo necesitan, ministra. A lo mejor, dudo, es el ministro
Rato quien no lo quiere sacar porque quiere ahorrar a costa de los
agricultores.
En este presupuesto no se apuesta por el rejuvenecimiento de la población
activa agraria. A pesar de las promesas electorales, por segundo año
consecutivo no hay voluntad ni de rebajar la edad ni de dotar con fondos
el cese anticipado, que permita el rejuvenecimiento de nuestros
agricultores, ganaderos y pescadores. Le diré que también por segundo año
consecutivo baja la instalación de jóvenes agricultores y el número de
planes de mejora. Tampoco se aborda la reestructuración del sector
lácteo, lo que supone un agravamiento progresivo, con los candentes
problemas de este sector. Se desconoce las acciones que se van a llevar a
cabo, cuando estamos pendientes de la reforma presupuestaria en la agenda
2000. Bajan todos los programas destinados a la reestructuración y
ordenación del sector pesquero, justo en momentos en los que el
dimensionamiento de la flota requiere una actuación rápida y eficaz.
Este ejercicio, ministra, hemos tenido un problema muy serio que ha
afectado a la sanidad ganadera. Con la peste porcina se han ocasionado
pérdidas elevadísimas al sector porcino. También hay poca atención en
este presupuesto a la prevención y saneamiento del ganado.
Con respecto a la investigación, se echa en falta la poca atención que se
presta a sectores estratégicos, de los que no es fácil importar
tecnología, por ejemplo, el sector del aceite de oliva, o nuevas
tecnologías como productos sustitutivos para el bromuro de metilo, que se
aplica en agriculturas intensivas en grandes zonas, muy amplias y muy
productivas, de España.
Por último, ministra, ustedes hablan mucho de empleo en el medio rural,
pero el MAPA no apuesta fuerte con fondos propios para frenar la pérdida
de empleo en el sector.
En definitiva, son unos presupuestos regresivos, fruto tan sólo de su
debilidad en este gabinete; más que los presupuestos suyos parecen, como
le decía, los presupuestos de Rato, pues parece mentira que usted no haya
podido consolidar el presupuesto y haya sufrido esa bajada del 4 por
ciento, como le decía, con respecto a los presupuestos del año pasado.
El Grupo Socialista, por tanto, confirma que este Gobierno no cree en el
sector agrario-pesquero como motor del desarrollo del medio rural porque,
si creyera, no habría dado este tratamiento al Ministerio de Agricultura
en estos Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Leiva.
Finalmente, el Grupo Parlamentario Popular tiene vivo un voto particular.
Señor Madero, junto con la defensa de su voto particular, en el mismo
turno, va a consumir un turno en contra o de fijación de posición
respecto a las enmiendas.
El señor MADERO JARABO: Sí, señor presidente.
Señorías, me corresponde, en nombre del Grupo Popular, hacer, tal como he
expresado al señor presidente de la Cámara, la defensa del dictamen de la
comisión de la sección 21, al tiempo que la defensa de voto particular a
la enmienda 1632. Lo hago, señorías, convencido de que son unos
presupuestos adecuados a la realidad económica española y que sobre todo
son la expresión contable de un propósito decidido de impulsar la pesca,
el campo y la sociedad rural, en su conjunto.
La señora ministra, en su intervención, nos ha presentado, entiendo que
de una manera exhaustiva, los presupuestos de su departamento.
Estamos de acuerdo con ella en que son adecuados para un razonable
desarrollo de las grandes líneas del Ministerio que se anunciaron y que
conviene reiterar. Es decir, se impulsará la modernización de nuestros
sistemas de cultivo y de producción ganadera, se mejorará la
competitividad de nuestros productos y habrá un progreso racional en la
reforma de las estructuras. Asimismo, entendemos que, con estos
presupuestos, en el capítulo pesquero, se impulsa una política de
recursos mediante la conservación y mejora de los recursos en explotación
así como la búsqueda de nuevas posibilidades de pesca en zonas
infraexplotadas.
Señorías, el Grupo Popular apoya sin ambages estos presupuestos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, porque es evidente la
sintonía que hay entre un proyecto global y el instrumento presupuestario
que se pone a su disposición para llevarlo a cabo. Los apoya porque,
dentro de la política económica del Gobierno de la nación, nos
encontramos con unos presupuestos de la sección 21 que responden
razonablemente bien a las demandas del sector primario. En definitiva, mi
grupo se identifica, como ya he dicho, con las grandes líneas de
actuación del Ministerio de Agricultura en favor del medio rural, se
identifica con la gestión de la señora ministra y con la seriedad y el
rigor de los presupuestos que ahora debatimos.
Es cierto que los presupuestos del Ministerio de Agricultura, la sección
21, para el ejercicio de 1998 se enmarcan dentro de la línea de
disciplina y de austeridad que está siendo llevada a cabo por el Gobierno
de la nación, como he dicho antes, para consolidar la etapa de
crecimiento estable y como capacidad de creación de empleo de que
disfruta actualmente nuestra economía.
Por tanto, y así lo define mi grupo, es un presupuesto austero, realista,
no restrictivo, transparente y riguroso y destinado a fomentar políticas
activas.
Efectivamente, dentro de las limitaciones generales presupuestarias,
estos presupuestos son suficientes para las necesidades del sector y
asigna a cada órgano gestor, tema muy importante, uno o varios programas,
lo cual los hace absolutamente transparentes en su seguimiento.
Contemplan, además, una reordenación jurídica y una redistribución
competencial, que hacen al Ministerio más eficaz, más funcional y con un
ahorro sensible de gasto.
Señorías, hemos oído hasta la saciedad, y quizás como argumento central
de la intervención de los distintos portavoces, que los presupuestos del
Ministerio que ahora debatimos han disminuido. Incluso se tiene la osadía
de cuantificar esa disminución. Se ha explicado en las comparecencias en
Comisión de los altos cargos del Ministerio, se ha explicado en el debate
de los presupuestos en Comisión, lo ha explicado la ministra en su
intervención, y parece ser que a mí me corresponde seguir con esa labor
pedagógica, que desde luego hago sin ningún entusiasmo, pero que me
corresponde hacer porque no hay peor sordo que el que no quiere oír.
Desde luego, las oscuras predicciones de antaño no se produjeron,
afortunadamente, porque ya hace un año se nos anunció desde la oposición
grandes catástrofes para el sector primario. Debo decir que ni hicimos
caso el año pasado ni tampoco lo hacemos de las negrísimas predicciones
que se hacen para el ejercicio de 1998. Y si quieren traduzco esta
actitud de falta de creencia en las propuestas que mediante las enmiendas
hacen los grupos de la oposición diciendo que mi grupo acertó en el
ejercicio pasado no aceptando enmiendas que nada aportaban, como la
realidad demostró, y así piensa hacerlo este año, pues no vemos que
aparezca nada positivo ni novedoso en las enmiendas que debatimos en
Comisión y que reiteramos en este Pleno. Además, repito, la mayoría de
las enmiendas están fundamentadas en algo falso, que es una insuficiencia
presupuestaria, que repetimos que no existe.
Dando por reproducidos los argumentos que aportamos en la Comisión, me
referiré en estos momentos, con cifras y datos, a quien quiera oírlo.
Señor presidente, señorías, si hacemos un análisis riguroso de los
presupuestos del MAPA y los comparamos con los del ejercicio de 1997,
observamos: en 1997, 186.000 millones como presupuesto operativo; en
1998, 179.000 millones. Dirán que, efectivamente, hay un decremento de
7.500 millones, con una disminución porcentual del 4 por ciento. Se ha
dicho y se ha repetido que esta circunstancia es debida fundamentalmente
a las transferencias realizadas a diversas comunidades autónomas y al
Ministerio de Administraciones Públicas, en virtud de la Lofage. Además,
hay que descontar la partida para compensar al Tesoro público --se ha
dicho y repetido hoy--, las correcciones financieras efectuadas por la
Unión Europea y que suponen un montante de unos 18.000 millones de
pesetas.
Dicho de manera más clara y en román paladino; en 1998, afortunadamente,
el plazo que hay que pagar de la vergonzosa multa de la leche es mucho
menor que el que hubo que pagar en 1997, con lo cual el presupuesto
operativo del Ministerio de Agricultura, hechas las aclaraciones
anteriores, es realmente el siguiente: 1997, 147.700 millones de pesetas;
ejercicio 1998, el que debatimos, 162.829 millones de pesetas, un
incremento de 15.000 millones, que supone un aumento porcentual del 10,
2. (Rumores.)
He dicho que no hay peor sordo que el que no quiere oír y parece que
cierta portavoz quiere seguir sin enterarse de la realidad. Lo cierto es
que de 1997 a 1998 ha habido un crecimiento del presupuesto operativo del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del 10,2, de 15.104
millones de pesetas. Pero, además, si a esta partida agregamos la del
Feoga --espero que no tenga que explicar lo que es el Feoga--, el
resultado del presupuesto consolidado es, para 1997, un billón 90.000
millones; para 1998, un billón 110.000 millones de pesetas; un incremento
de 20.000 millones de pesetas, lo que supone un 2,1 por ciento. Si
analizamos, además, la cuantía de los fondos europeos, nos encontramos
con que el total de 1997 eran 964.000 millones de pesetas, frente a un
billón 20.000 millones en 1998, es decir, un incremento --lo ha dicho la
ministra y lo reitera este portavoz-- del 5,5 por ciento, que son,
precisa y afortunadamente, ya lo he comentado, en 1998 frente a 1997, las
partidas del Feoga-Garantía, Feoga-Orientación, IFOP, Fondo Social
Europeo, Feder, Leader y otros.
Aclarado que el presupuesto de 1998 no disminuye, sino que se incrementa
respecto al anterior, y desmontada, por tanto, la base argumental del 99
por ciento de las enmiendas que se presentaron, que ya se debatieron en
Comisión y que reiteramos aquí en este Pleno, simplemente me queda
agregar algunas cosas.
Con respecto a temas como la peste porcina, no es posible presupuestar
una cantidad exacta, porque no sabemos cuál puede ser el alcance en cada
año, ya se trate de peste porcina o de cualquier otra incidencia
fitosanitaria o zoosanitaria que podamos tener. Sin embargo, el Gobierno
ya ha demostrado la sensibilidad suficiente como para aprobar los
créditos necesarios en el momento oportuno.
En relación con algunas enmiendas, como la 116, del Bloque Nacionalista
Galego, que nos diga el señor Vázquez cómo se puede hacer lo que el
pretende sin pisotear de la manera más flagrante la normativa
comunitaria. Desde luego, cuando desde Izquierda Unida se pide justicia
para el sector, que se mire para otro sitio y no para este Gobierno, y,
cuando se habla de investigaciones, debo decir, con respecto a las
enmiendas referidas a ese capítulo, que el INIA ya ha emprendido tareas
en la línea que el señor Centella pedía.
Con respecto a otras enmiendas, como las referidas, por ejemplo, al
supuesto abandono de temas como la industria agroalimentaria, entendemos
que no es así y, desde luego, no sé cómo desde esta tribuna, desde el
Grupo Parlamentario Socialista, se puede hablar de agujeros en el
Ministerio de Agricultura, cuando la nueva ministra, en el momento del
cambio del Gobierno anterior, se encontró con un desfase por encima de
los 100.000 millones de pesetas. Aquello no parecía un ministerio, sino
un queso de gruyer, y lo digo precisamente por los agujeros.
En cuanto a los regadíos, ¿hay plan? Porque la señora portavoz ha dicho
que el plan preveía no se qué. ¿Se supone que hay plan? Pues no, no lo
hay. Después de tantos años de Gobierno socialista, nos encontramos sin
un plan de regadíos, acometiéndose en estos momentos la confección de un
riguroso plan. Sin embargo, nadie ha comentado (y yo creo que es bueno, a
nadie le va a pasar nada ni le va a doler las muelas a la oposición por
decir algo bueno que ocurre en el campo, como es que este Gobierno tenga
sensibilidad con el campo, que sería una magnífica noticia) el que se
incremente en medio punto, solamente en medio punto, no ha sido posible
más, la compensación por el IVA. Pero es que eso supone bastantes miles
de millones de pesetas que van directamente al bolsillo del agricultor y
del ganadero.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Madero, vaya concluyendo.
El señor MADERO JARABO: Señor presidente, voy concluyendo, pero es
necesario en este minuto de cortesía que, sin duda, S. S. me da que haga
algunas aclaraciones.
Una de ellas es que, efectivamente, y a ello se ha referido la señora
ministra, la dotación para pagar los intereses de los préstamos por la
sequía ha disminuido notablemente, y mi grupo dice afortunadamente. Y
dice afortunadamente porque no es que el Ministerio de Agricultura no
vaya a hacer frente a sus obligaciones, como malévolamente se ha
difundido, sino porque los intereses de los créditos con este Gobierno
han disminuido de manera sustancial; es decir, que atender la obligación
del pago de intereses por la sequía, todas las obligaciones, supuso en
1997 más de 15.000 millones y, sin embargo, en 1998 apenas supondrá
10.000 millones de pesetas, con un ahorro de más de 5.000 millones, que
buena falta hace para otros programas del propio Ministerio.
Quisiera hacer otra precisión, señor presidente, porque creo que el
debate parlamentario en Pleno es el sitio donde hay que decir algunas de
las cosas que otros dicen por ahí fuera. Es una precisión que se refiere
a los pagos compensatorios de la PAC y sus medidas de acompañamiento.
Mediante dañinas declaraciones, por calificarlas de manera suave, y a
través de equívocas comunicaciones a los agricultores y ganaderos, se
trató de sembrar la duda respecto al cobro de esos pagos
y la continuidad de las medidas de acompañamiento. Tenemos los documentos
que prueban cuanto aquí se dice. La verdad es que fue un intento inútil y
a nadie engañaron, pero es momento de reiterar aquí en esta Cámara que en
1998 todos los agricultores y ganaderos afectados por la reforma de la
PAC tienen asegurado el cobro de las subvenciones a sus cultivos y
ganados, manteniéndose así el progresivo aumento de su nivel de rentas.
Aclaremos, asimismo, que la solicitud de las citadas subvenciones es
absolutamente gratuita y que, de la misma manera que en el capítulo 4 de
estos presupuestos está especificada la partida del Feoga de 950.000
millones de pesetas, en ninguna parte del tomo 11 ni en cualquier otro
documento de los Presupuestos Generales del Estado consta que el MAPA
vaya a cobrar ninguna tasa ni impuesto para efectuar la solicitud de las
subvenciones a las que tienen derecho los agricultores y ganaderos.
También, señor presidente, y con esto termino, se opinó torpemente en
escritos y en declaraciones en el coste y la cobertura de seguros
agrarios, y en este punto el Grupo Popular afirma con rotundidad que
estos presupuestos desmienten cualquier especulación contraria al buen
funcionamiento de los seguros agrarios. Efectivamente, el Ministerio de
Agricultura considera el sistema de seguros como una pieza básica en el
desarrollo de nuestra agricultura y nuestra ganadería, y prueba de ello
es que el Ministerio ha incrementado la partida presupuestaria
correspondiente en un 38 por ciento, para que, sin encarecimiento de lo
que paga el interesado, puedan acogerse al sistema todos los cultivos y
ganados que ya lo venían haciendo con anterioridad, ampliándose la
cobertura a nuevos riesgos, a nuevos cultivos, y abriéndose nuevas
posibilidades del seguro, como es el de multirriesgo y el plurianual.
Entendemos en tono positivo y afirmamos con rotundidad que los capítulos
6 y 7, con un incremento del 11 por ciento en el presupuesto, cogenerarán
importantes cantidades de fondos europeos y son suficientes para avanzar
un poco más en todos los sectores agrarios, dándose así un nuevo impulso
al medio rural y pesquero.
Señorías, porque estos presupuestos son creíbles, realistas y fomentan
las políticas activas y pesqueras, porque van a suponer un avance del
sector y porque, además, estamos orgullosos de la gestión que al frente
del MAPA está haciendo la señora ministra, es por lo que el Grupo Popular
asume el dictamen de la Comisión, que es lo mismo que decir que asume los
presupuestos que aquí debatimos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Algún grupo que no haya
participado en el debate quiere fijar su posición? (Pausa.)
Pasamos entonces al debate de la sección 18, Educación y Cultura.
Para la presentación del dictamen de la Comisión y, en último término,
del proyecto, tiene la palabra la señora ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el presupuesto del Ministerio de Educación y Cultura para 1998,
que tengo el honor de presentar, está incluido en la sección 18 de los
Presupuestos Generales del Estado y asciende a un billón 138.555 millones
de pesetas. Esta cifra supone un aumento del 6,8 por ciento respecto a
los presupuestos de 1997, incremento que en términos absolutos es de
68.627 millones. Este crecimiento del 6,8 por ciento es muy superior al
crecimiento del conjunto del presupuesto del Estado y de esta manera la
educación adquiere un peso mucho mayor en el conjunto de los gastos del
Estado.
Por otra parte, el incremento supera también con mucho al producto
interior bruto, y nos encontramos con que en la parte que corresponde al
Estado la educación tendrá en 1998 un porcentaje del PIB mayor que el que
tiene actualmente. Por tanto, estamos ante un indicador muy claro de que
la educación es uno de los objetivos prioritarios de este Gobierno. No en
vano este crecimiento, descontada la inflación, es el mayor desde que
comenzó a implantarse la Logse en el año 1991.
El proyecto de presupuestos que hoy les presento permite abordar con
garantías los grandes retos que nuestra sociedad tiene planteados. Estos
presupuestos, si SS. SS. los aprueban, van a servir para proporcionar una
educación, especialmente la pública, de mayor calidad y más equitativa,
porque atenderá mejor a todos, pero sobre todo atenderá mejor a los que
más lo necesitan. Van a significar también perseverar en una línea de
apuesta por la investigación científica ya iniciada por el Gobierno el
año pasado, de manera que la curva de inversión en I+D se afianza en su
tendencia al alza.
Al mismo tiempo los presupuestos del año 1998 nos van a permitir poner en
marcha un ambiciosísimo plan de inversiones en las grandes instituciones
culturales que va a traducirse en un cambio notorio en la actividad
cultural del Estado, que pasa a ser netamente inversora en lugar de
subvencionadora.
Finalmente, son unos presupuestos que apuestan eficazmente por el
deporte, especialmente por el deporte escolar, universitario y
aficionado, además del deporte de alto nivel.
Se trata, en definitiva, de un proyecto de presupuestos al servicio de
una política determinada, la del Gobierno, que ha colocado en el primer
rango de importancia a la educación, a la ciencia y a la cultura,
porque considera que son factores estratégicos para el futuro de España y
de los españoles.
Antes de entrar en un brevísimo análisis por capítulos, me gustaría hacer
una especial mención al gasto educativo. Como SS. SS. me han escuchado
decir en más de una ocasión en esta tribuna, la calidad del sistema
educativo no se puede medir sólo por los medios empleados en él, sino que
hay que medirlo, fundamentalmente, por los resultados obtenidos, por lo
que los alumnos aprenden, en definitiva. Sin embargo, no cabe duda de que
la mejora de la calidad lleva aparejado un incremento en los medios que
ponemos a disposición de los alumnos. Pues bien, en el proyecto de
presupuestos para 1998, que tengo el honor de presentar ante SS. SS., el
gasto por alumno en la enseñanza pública crece en un 7,7 por ciento,
gracias a lo cual vamos a poder ofrecer a cada uno de nuestros alumnos de
la enseñanza pública mejores instalaciones, más profesores, mejores
medios tecnológicos y, en general, una atención más personalizada.
El presupuesto de 1998 nos va a permitir además, de acuerdo con lo
preceptuado en la ley, extender la gratuidad de la enseñanza en el tramo
de los 14 a los 16 años. El capítulo 1 del presupuesto, que como saben
SS. SS., refleja los gastos de personal, asciende a 662.000 millones de
pesetas, lo que supone un incremento de un 3,33 por ciento, es decir, en
términos absolutos de 21.367 millones. Pese a que, por desgracia, hay una
tendencia imparable de reducir el número de alumnos cada año debido a la
demografía, el próximo año el Ministerio de Educación y Cultura ampliará
la plantilla de profesores de secundaria en 1.740 profesores; es decir,
habrá 70.000 alumnos menos pero 1.740 profesores más. En 1998 todos los
centros de secundaria contarán con su propio departamento de orientación
y cada uno de ellos dispondrá de un psicólogo, al menos.
En cuanto a los ratios, en la secundaria obligatoria la relación media de
alumnos por grupo es de 27,6; por tanto, muy por debajo de los 30 que
prevé la ley. En bachillerato es de 28,2, muy por debajo de los 35 que
establece la Logse, y en los ciclos formativos es de 21,1 frente a los 30
previstos. En cuanto a la primaria, se va a hacer un especial hincapié en
los profesores especialistas. Los especialistas de educación física, de
inglés y de música en 1998 van a estar presentes por primera vez en todos
los centros de enseñanza primaria, que además se completará con un
profesor de apoyo. En el curso 1997-1998 la ratio media de alumnos por
grupo en primaria será de 20 y la de alumnos por profesor será de 14.
En cuanto al capítulo 2, gastos corrientes, los créditos para 1998
ascienden a 50.000 millones de pesetas y en ellos se ha procurado
racionalizar los gastos y se han reducido de manera importante las
partidas destinadas a arrendamientos, comunicaciones, publicidad y
propaganda; en cambio, se han aumentado muy significativamente aquellos
gastos del capítulo 2 que revierten en servicios a los ciudadanos,
especialmente los servicios complementarios a la educación, como son los
de transporte y comedor. La partida destinada a transporte escolar se
incrementa en un 11,23 por ciento, y ello pese a que, como hay menos
alumnos, hay muchos menos que transportar. A pesar de la disminución del
número de alumnos, este año 70.000 en territorio MEC, el número de
beneficiarios del servicio de transporte pasa de los 194.000 del curso
1996-1997 a los 201.500 del curso actual; es decir, hay muchos más
beneficiarios pese a que disminuye el número de alumnos. Para atender
mejor a los alumnos transportados, tanto en la primaria como en la
secundaria obligatoria, se ha incrementado el número de rutas, que han
pasado de 5.251 del curso anterior a 5.527 del presente curso.
En cuanto al capítulo 4, transferencias corrientes, señalaré que en el
año 1998 ascienden a 320.000 millones, lo que supone un incremento del 7
por ciento. Los conciertos educativos se incrementan conforme a los
requerimientos de la Logse. Sin embargo, se mantiene estable la
proporción que existía entre la enseñanza pública, que es el 88 por
ciento del total de los gastos del Ministerio de Educación y Cultura, y
las partidas destinadas a los centros privados sostenidos por fondos
públicos, que continúan siendo del 12 por ciento. La asignación a los
centros concertados se ha incrementado en 10.792 millones de pesetas.
Como seguramente habrá un debate sobre ese asunto, diré con toda claridad
que el incremento de los centros concertados se debe, fundamentalmente, a
cuatro razones: Primero, a que se implanta con carácter generalizado el
primer ciclo de la ESO, lo que quiere decir que el módulo de concierto de
los niños de 12 y 13 años deja de ser un módulo de primaria y pasa a ser
un módulo de secundaria, y como es lógico eso cuesta más. Segunda razón,
porque ya se implanta parcialmente el segundo ciclo de la ESO, lo que
supone que el tramo de 14 a 16 años hay que hacerlo gratuito en aquellos
centros que antes no tenían el concierto. En tercer lugar, porque las
retribuciones del personal docente de la concertada se actualizan en la
misma cuantía que las de la pública. Y, en cuarto lugar, porque las
mejoras retributivas, consecuencia de la aplicación del acuerdo firmado
en el año 1995 entre las organizaciones sindicales de la enseñanza
privada y el anterior Ministerio de Educación y Ciencia, hacen que
paulatinamente tengan que irse equiparando las retribuciones de los
profesores de la concertada. Es decir, cuatro son las razones que
estrictamente determinan el crecimiento de la partida de conciertos
educativos.
Dentro de este capítulo 4, quisiera destacar la importancia de las
partidas destinadas a la formación del profesorado, así como las de becas
y de ayudas al estudio. La partida de becas se incrementa en 7.383
millones, que porcentualmente supone un 9,17 por ciento,
ascendiendo a un total de 88.000 millones de pesetas. Dentro de esta
partida de becas y ayudas, destacaré las nuevas becas para adquisición de
libros de texto en el tramo obligatorio, que son de 10.000 pesetas por
alumno y que beneficiarán a las 200.000 familias más desfavorecidas
económicamente. Por otra parte, las ayudas individualizadas al transporte
se incrementan en un 70 por ciento.
Hay que destacar el esfuerzo que el Ministerio va a realizar este año en
materia de inversiones, aquellas que se reflejan en los capítulos 6 y 7
del presupuesto. Respecto a las inversiones en educación, este esfuerzo
se traduce en una dotación de 47.000 millones de pesetas, que servirán
para ampliar, modernizar y dotar de nuevas tecnologías a la red de
centros públicos. En infantil y primaria las inversiones serán de 11.000
millones de pesetas, que supone un incremento del 18,41 por ciento sobre
el ejercicio anterior. En secundaria y en formación profesional las
inversiones serán de 28.670 millones, que significa un incremento del 125
por ciento respecto al presupuesto del año 1997, referido por supuesto al
ámbito de gestión del Ministerio.
Con estas inversiones se terminarán los centros iniciados en el año 1997
y, además, se comenzará la construcción de 23 nuevos centros de primaria
y de 50 nuevos centros de secundaria. También se potencia la dotación de
material informático con la adquisición de 8.000 ordenadores, que se
destinarán a equipar las aulas de informática tanto de los centros de
primaria como de los de secundaria. Además, se está impulsando a gran
ritmo la conexión con Internet de los centros de primaria y secundaria,
teniendo en cuenta las condiciones necesarias para que la conexión sea
educativamente eficaz. En la actualidad, 2.235 centros educativos están
ya conectados a Internet y nos proponemos que en el año 1998 el 83 por
ciento de los centros de primaria y secundaria tengan esta conexión.
En un análisis del presupuesto de educación no universitaria por
programas, me gustaría destacar la educación secundaria y la formación
profesional que van a ver incrementadas sus dotaciones en un 10,4 por
ciento, y quisiera decir que con ello el Gobierno ha hecho una apuesta
muy clara por la mejora de la calidad en la enseñanza secundaria y en la
formación profesional. En ambas se van a efectuar cuantiosas inversiones
en medios humanos y materiales, así como en medios tecnológicos de primer
nivel.
De nuevo quiero resaltar que en desarrollo del principio de equidad, que
constituye uno de los ejes vertebradores de las políticas educativas del
Ministerio, hemos previsto dotar el programa de educación especial con
40.000 millones de pesetas y se han incrementado las dotaciones del
programa de educación compensatoria en un 15 por ciento.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora ministra, vaya
concluyendo, por favor.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Sí,
señor Presidente. En cuanto a investigación científica, señorías, el
proyecto de presupuestos prevé más de 74.000 millones de pesetas, lo que
representa un incremento del 6,6 por ciento. Por segundo año consecutivo,
la inversión pública en I+D es muy superior al producto interior bruto,
o, lo que es lo mismo, la curva de inversión en I+D se hace netamente
alcista. El Ministerio da, una vez más, un importante paso en su esfuerzo
por aumentar la importancia de la investigación en España porque tenemos
el convencimiento de que se trata de una apuesta estratégica por el
desarrollo del país.
El fondo nacional de I+D se ha aumentado de 18.000 millones a 19.400
millones, en números redondos, en un 8 por ciento en total.
El Consejo de Investigaciones Científicas recibe en este presupuesto
35.000 millones de pesetas. Las becas para personal investigador aumentan
en un 10 por ciento y alcanzan la cifra de 3.580 millones. A ellos hay
que añadir los 8.219 millones destinados al programa general de
conocimiento.
Por otra parte, la Uned, la Menéndez y Pelayo y las reales academias
aumentan también sustancialmente el presupuesto.
Pero quería decir, señorías, que en lo que se refiere al presupuesto de
cultura, durante el año 1998, éste va a ser un total de 58.521 millones,
lo que supone un incremento en las dotaciones disponibles de 10.000
millones de pesetas, conforme a lo que aprobó la Comisión Delegada del
Gobierno, que decidió realizar un esfuerzo inversor en materia de
patrimonio histórico-artístico sin precedentes hasta ahora.
Así, los archivos ven incrementadas sus dotaciones en un 31 por ciento y
las bibliotecas dispondrán en 1998 de un incremento presupuestario del 44
por ciento. Los museos aumentan por su parte en un 28 por ciento, y
quisiera destacar la importancia que tienen las dotaciones destinadas a
la protección del patrimonio histórico-artístico, que crecen en este año
en un 42 por ciento. El Plan Nacional de Catedrales también recibe
aportaciones que cuadriplican las de 1997.
Se destinan 13.000 millones a la música, lo que supone un incremento del
23 por ciento, en relación con el presupuesto de 1997, y la
cinematografía aumenta también sus partidas en un 18 por ciento respecto
al año anterior, así como el teatro, que crece en un 22,5 por ciento.
En lo que se refiere al deporte, el incremento que se ha efectuado en
relación con las dotaciones previstas en 1997 es del 9,5 por ciento, y
esto supone una asignación global de 24.000 millones, de los cuales 8.000
millones se van a destinar a infraestructuras deportivas y 9.900 millones
al fomento de la práctica deportiva en todos los niveles. Para el
Gobierno, el deporte es un objetivo de primera magnitud, y por ello, al
igual que en el ejercicio anterior, estamos dispuestos a que a
nuestros deportistas y a nuestros técnicos no les falten los medios
necesarios para culminar los objetivos que tanta gloria nos dan a todos.
Señor Presidente, señorías, a grandes rasgos estas son las líneas del
presupuesto de Educación y Cultura que, como podrán comprobar, este año
experimenta un crecimiento sin precedentes, lo que revela la
trascendencia que para el Ejecutivo tiene la política educativa,
científica, cultural y deportiva.
Conviene, además, resaltar que este incremento entraña en el conjunto de
los presupuestos que España no se desvía del rigor y la contención del
gasto, que son imprescindibles para la creación de empleo y para el
cumplimiento de los objetivos de convergencia. Qué duda cabe, señorías,
el papel estratégico que la formación, la cultura y la investigación
tienen para el futuro de España. El Gobierno así lo considera y buena
prueba de ello es la sección 18 que acabo de presentarles.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora ministra.
A esta sección se han presentado, en primer lugar, por parte del Grupo
Parlamentario Mixto, enmiendas firmadas por el señor Saura y la señora
Rivadulla.
Tiene la palabra la señora Rivadulla para su defensa.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Desde Iniciativa per Catalunya-Els Verds hemos solicitado la devolución
de los presupuestos correspondientes a Educación y Cultura para 1998
fundamentalmente por tres razones: En primer lugar, porque consideramos
que tienen una grave insuficiencia financiera. El crecimiento del gasto
en un 5,9 por ciento apenas compensa los recortes que se han producido en
el año anterior. No se destina, señora ministra, por otra parte, ninguna
partida para realizar los traspasos de competencias que deben finalizar
este año. No se aplican recursos materiales y humanos para garantizar la
calidad y la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, se han congelado los
programas de formación del profesorado y apenas se podrán cubrir los
gastos derivados de la ampliación de 1.740 profesores de secundaria. En
segundo lugar, señorías, señora Ministra, porque, a nuestro entender, son
unos presupuestos tremendamente opacos. No se define con claridad el
destino de los 55.730 millones de incremento presupuestario. No se señala
el número exacto de centros públicos que se tienen que construir y no hay
cuantificación de la oferta de plazas escolares públicas para niños y
niñas de tres años. Y en tercer lugar, señorías, porque favorecen
extremadamente a la privada. Se produce un incremento del 9,15 por ciento
en conciertos en los niveles no obligatorios en educación infantil,
cuando en los centros públicos no están escolarizados todos los niños de
tres años.
Desde Iniciativa-Els Verds consideramos que este presupuesto no compensa
las desigualdades individuales, sociales y territoriales, no es
transparente y no es equitativa la distribución de los recursos. Seguimos
considerando que se necesita una ley de financiación del sistema
educativo, un plan plurianual de construcción de centros y una
negociación seria con los sindicatos para el establecimiento de
plantillas. Pero, señora ministra, si no estamos de acuerdo con los
recursos que usted asigna a la política educativa, menos estamos de
acuerdo en el talante que está imprimiendo a la política en la que, tras
el decreto de humanidades, insiste ahora en el tema de la censura de los
libros de texto. Señoría, nos preocupan mucho los recursos pero nos
preocupa, sobre todo, su política y su talante.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rivadulla.
Enmiendas presentadas por la señora Almeida. (Pausa.)
La señora RIVADULLA GRACIA: Se dan por defendidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): De acuerdo.
Enmienda presentada por la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor presidente.
Esta enmienda es fundamental y tiene por voluntad activar, de una vez por
todas, una promesa pendiente permanentemente, pero que nunca vemos
realizada en Barcelona, que es la biblioteca provincial.
Al margen de considerar como absolutamente discriminatorio que la única
de todas las bibliotecas del Estado que está por hacer aún es la de
Barcelona (cuando estamos ante una actividad cultural y universitaria de
primer orden en la ciudad de Barcelona), y al margen también de
considerar que es una pequeña tomadura de pelo que en una inversión que
representa 3.550 millones de pesetas se nos asigne una partida
presupuestaria de 150 millones, lo que significa que así vamos a poder
barrer un poco el Borne y no mucha cosa más, entendemos que, como mínimo,
tiene que hacerse un planteamiento de inversión de 1.000 millones de
pesetas para activar suficientemente la misma y, al mismo tiempo,
acometer el proyecto de regeneración urbana vinculado a la
infraestructura --estamos hablando de la regeneración del sector del
mercado del Borne-- y para demostrar que este Ministerio, que es un
Ministerio francamente insensible a los intereses catalanes, demuestre
por una vez y en una inversión concreta que tiene una cierta voluntad de
corregir la enorme discriminación en materia de inversión que, con estos
presupuestos, está padeciendo Cataluña.
Quiero recordar que el tanto por ciento de inversión en Cataluña está aún
por debajo de la media, está por debajo proporcionalmente a otras
comunidades y está muy por debajo de su propia población, puesto que
estamos hablando del 16 por ciento de la población y sólo vamos a recibir
el 9 por ciento de inversiones. En todo caso, este talante
discriminatorio para Cataluña también queda muy claro en cultura. Por
tanto, hay una necesidad de acelerar la inversión y de reequilibrar la
discriminación en inversiones.
Evidentemente, el debate que haríamos respecto a educación y cultura no
tiene tanto que ver en inversiones, que también, como en talantes, en
planteamientos de tipo centralista y jacobino, que me atrevería a decir
que son absolutamente regresivos en materia de pedagogía y en materia de
criterios universitarios. De todas formas, con esta enmienda se intenta
corregir, como mínimo, no el aspecto centralista y carrincló --déjeme
utilizar esta palabra-- de los planteamientos educativos de esta
ministra, sino la discriminación en materia de inversiones con que somete
a Cataluña. Por tanto, acelerar la inversión y reequilibrar esta
discriminación, es lo que pedimos en esta enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rahola.
El señor Chiquillo tiene la palabra para la defensa de sus enmiendas.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, intervengo en nombre de Unió Valenciana para defender
las enmiendas a la sección 18, Educación y Cultura, las números 35, 36 y
37, que se refieren a diversas inversiones en infraestructura cultural
del patrimonio histórico-artístico valenciano, que pensamos que deberían
haberse incorporado en este departamento. En concreto quiero hacer
defensa especial de la enmienda número 89, que es la relativa a una
solicitud de inversiones en la infraestructura cultural para la ciudad de
Valencia, que es candidata a la capitalidad europea de la cultura en el
2001. Nosotros pensamos que la simple nominación es un hecho a
reconocerle al Gobierno, pero solicitamos que se realicen inversiones y
que se apueste por esa capitalidad cultural. La única manera de hacerlo
es que en estos presupuestos se empiece ya con una previsión de
inversiones plurianuales de cara a las infraestructuras culturales para
que la ciudad de Valencia, nominada para la capitalidad europea de la
cultura del 2001, pueda optar y hacerse con tal nominación en las máximas
garantías. Por ello, hay diversos proyectos culturales iniciados, algunos
en fase de elaboración, y otros con vista a empezarse en los próximos
meses para dotar de infraestructura cultural a la ciudad de Valencia,
como son el Museo de la Ciutat, el Palacio de Congresos, la Ciudad de las
Artes, la Ciencia y la Cultura, diversos proyectos eminentemente
inversores, a los que están contribuyendo con su esfuerzo la Generalitat
Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia. Pensamos que el Gobierno
central y su departamento deberían ser sensibles a la hora de apostar por
esta capitalidad cultural de la ciudad de Valencia para el año 2001 y la
mejor manera de apoyarla políticamente después de la nominación es con
una política de inversiones, con previsión y sin imprevisiones. Por tanto
apelo a la sensibilidad de su departamento para que contribuya a que
Valencia sea nominada capital de la cultura, que es un evento que apoyan
todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y todos los ciudadanos y
ciudadanas de la ciudad de Valencia. Esperamos que el Gobierno central,
como ya hizo en otros proyectos, en la Expo 92, en los Juegos Olímpicos
de 1992 de Barcelona o en el de Madrid 92, capital cultural, apueste
decididamente con unas inversiones importantes para que la ciudad de
Valencia tenga una proyección exterior y sobre todo que podamos alcanzar
la nominación de esa capital europea de la cultura del 2001.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo.
Para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
Presento las quince enmiendas que quedan vivas en este trámite,
dividiendo la explicación de las mismas entres apartados. El primero hace
referencia a tres enmiendas de devolución o supresión de programas
relativos a la competencia de investigación científica y técnica. Hemos
hablado mucho de este tema en esta Cámara y no quiero extenderme; me voy
a limitar a lo que es el marco competencial del Estatuto de Autonomía y,
cómo no, también a un informe aprobado por todos los miembros de la
Cámara vasca, es decir, por unanimidad, reclamando como prioridad esa
transferencia que está dentro de lo que es la Ley orgánica del Estatuto.
Además, no solamente hacemos referencia a esa transferencia, sino que
mencionamos los pocos recursos e inversiones que se están realizando en
centros de investigación científica y técnica que existen en la Comunidad
Autónoma del País Vasco y Navarra.
Un segundo bloque de enmiendas es el relativo a inversiones en museos. En
concreto, solicitamos una inversión de 100 millones de pesetas en el
Centro-Museo de Arte Contemporáneo como fase inicial de creación en
Vitoria-Gasteiz. Creemos que puede ser una aportación muy interesante, en
la medida en que permitiría desarrollar una importante colección que ya
existe en el Museo de Bellas Artes de Alava. Por otra parte, solicitamos
una consignación de 300 millones para el Museo de San Telmo, debido al
deterioro del mismo, especialmente
de su claustro. Una tercera solicitud relativa a museos hace referencia
al Museo Naval y de la Industria en Bilbao, en la zona de Abandoibarra,
que, junto con otra serie de inversiones que ya se están realizando
(Palacio de Congresos y de la Música) conllevaría un desarrollo cultural
muy importante para la zona.
En el tercer paquete formulamos una serie de enmiendas relativas a
inversiones en culturas distintas, quizá de la española entendida como
castellana; son culturas de otro tenor y especialmente de otras lenguas.
Finalmente, haré referencia a una enmienda, que es la relativa a la
inversión en las cuevas de Ekain, esa reproducción que se está realizando
--hay un proyecto en el bajo Deba-- de unas cuevas que entendemos que
representan un santuario del arte prehistórico vasco. Creemos que este
proyecto del bajo Deba, de 1.500 millones de pesetas, es muy importante,
no sólo por el aspecto cultural sino porque además permitiría relanzar
una de las comarcas que tiene un grave problema de declive industrial;
además, ha recibido los apoyos de la Unión Europea, en concreto, de la
Dirección de Desarrollo Regional y por eso creemos que ese es un proyecto
interesante que ya está realizándose y que permitiría solventar no
solamente problemas a la hora de exhibir nuestro patrimonio cultural,
sino también, a la vez, de desarrollo socioeconómico y de la zona, que es
muy importante.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Lasagabaster.
Finalmente, dentro de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, para
la defensa de las presentadas por el Bloque Nacionalista Galego, tiene la
palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Según van las intervenciones, da la impresión de que andamos un poco
carentes de infraestructura cultural. En todo caso, el Bloque
Nacionalista Galego --animosamente, como siempre-- presenta tres
enmiendas a esta sección. Con la enmienda número 151 pretendemos que se
dote con una partida de 150 millones la construcción de la nueva sede de
la biblioteca pública del Estado en Santiago de Compostela; una ciudad
--ésta sí-- que va a ser nada menos que capital cultural en el año 2000 y
que en la actualidad carece de esta infraestructura elemental. Creemos
que sería bueno que SS. SS. reflexionasen --ya no sé si por interés en
estos temas o aunque sólo fuese por guardar las formas-- y apoyasen esta
enmienda. Es una ciudad, señoras y señores diputados, que recibió la
promesa de más de una ministra de Cultura de que esa biblioteca se iba a
construir de forma inmediata --incluso se llegó a firmar un convenio en
sí día, entre el conselleiro de Cultura y la correspondiente ministra--,
pero que hasta el momento nunca se materializó, pese a que se habló de
una ubicación concreta y a que en la actualidad el ayuntamiento ya ha
cedido los terrenos necesarios para su construcción. Es una enmienda
justa, porque la partida que figura destinada a este fin en los
presupuestos para el año 1998 es mejor no nombrarla, es una partida
innominable. Con esta enmienda, por lo tanto, pretendemos que se empiece
a cumplir una promesa largo tiempo demorada y que Santiago de Compostela
tenga una biblioteca pública del Estado antes del año 2000, fecha en la
que, como decía, será nada menos que capital cultural.
Con la enmienda número 152 pretendemos que una ciudad tan importante como
Vigo --porque también en Galicia hay ciudades importantes-- pueda contar
con un museo de arte contemporáneo que pueda albergar con dignidad los
fondos de los que ya dispone la ciudad y que es imposible exhibir y
conservar en buenas condiciones en tanto no exista este espacio. Es
--cómo no, también-- una vieja promesa incumplida y con esta enmienda
pretendemos que se empiece a materializar.
Con la enmienda número 153 --y concluyo-- hacemos referencia a la
necesidad de aportar las partidas presupuestarias dignas y necesarias
para hacer frente a la restauración y conservación de las murallas
romanas de Lugo, de una importancia histórica que estoy convencido que a
SS. SS. no se les escapa y que constituyen uno de los conjuntos
arquitectónicos de más valor de esa época. Estas murallas que son símbolo
de la ciudad, que resistieron el paso del tiempo y que además los
ciudadanos de Lugo supieron conservar no deberían ver el principio del
fin, a punto de entrar en el siglo XXI, por falta de apoyo de la
Administración.
En resumen, señoras y señores diputados, son tres enmiendas justas y
modestas, que responden a necesidades no atendidas durante mucho tiempo y
para las que pedimos su apoyo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y para la defensa de sus
enmiendas, tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Señora ministra, señorías, hay un dicho en Gran Canaria, que se utiliza
cuando alguien se encuentra frente a una tarea de larguísima duración. Se
le suele decir: tardará más que la catedral de Santa Ana. Y es que,
terminada la incorporación de la isla Gran Canaria, antiguamente llamada
Tamarán, a la Corona de
Castilla y León en 1483, se inicia la construcción de esta catedral,
llamada en un principio catedral de Canarias, y hace precisamente cinco
siglos --fue en 1497--. Fue abierta al culto hace dos siglos, pero aún no
se ha terminado el ala norte. La referida catedral de Santa Ana es el
monumento histórico-artístico más importante del Archipiélago; tiene
carácter nacional. Su terminación se ha pedido por todos los agentes
económicos y sociales de la isla por cuanto que, aparte del interés
religioso, tiene importancia en los aspectos culturales y turísticos. Por
la naturaleza de las obras de construcción de la referida ala norte será
necesario un plan de, como mínimo, siete años, con un presupuesto total
de unos 1.200 millones de pesetas, y será necesaria la lógica
colaboración de la Comunidad Autónoma, la del Cabildo Insular de Gran
Canaria, la del Ayuntamiento capitalino y, por supuesto, la del Gobierno
central, que viene preocupándose acertadamente en materia de
restauraciones y reparaciones de las catedrales españolas. La lentitud de
las obras está motivada por el necesario trabajo de labrantes y orfebres,
hoy en su mayor parte en situación de paro. Con esta enmienda Coalición
Canaria pretende que para firmar el correspondiente convenio fuera punto
de arranque que el Gobierno incluyese en los Presupuestos Generales del
Estado para 1998 una consignación de 100 millones de pesetas, sin que eso
afecte a las cantidades comprometidas para las otras catedrales de la
Península.
Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señora ministra.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gómez.
Para la presentación y defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Gracias, señor presidente.
Señorías, doña Esperanza, es un placer tenerla hoy entre nosotros, dado
lo cara que cotiza su presencia en esta Cámara; le reitero que es un
placer tenerla entre nosotros.
Quiero decir que los presupuestos presentados para educación por el
Gobierno Aznar y el departamento Aguirre son restrictivos para la
enseñanza pública y despilfarradores para la privada. Se trata de que las
familias menos pudientes paguen el ajuste presupuestario definido en el
Plan de convergencia de acuerdo con el pacto de estabilidad. Como usted
sabe, doña Esperanza, esto origina un grave desastre educativo, al no
aumentar de forma suficiente la financiación para la aplicación de la
Logse, y la no corrección del sesgo presupuestario de 1997 obliga al
propio PP a autoenmendarse para retrasar la implantación de la reforma
educativa.
En cuanto a los gastos correspondientes a la educación, los presupuestos
de la sección han experimentado un alza del 6,07 por ciento con respecto
al año pasado. ¿Dónde está la trampa? La trampa está en que la tercera
parte del incremento está destinada a gastos de personal, quedando tan
sólo 38.000 millones verdaderamente destinados a engrosar las cifras
correspondientes al gasto propiamente educativo. Esa exigua cifra ya
sería netamente insuficiente, pero, además, hay que tener en cuenta dos
puntualizaciones, la escasa credibilidad de la cifra, dado que el
Ministerio gestor ya incumplió manifiestamente su previsión
presupuestaria anterior, y que ese incremento se produce sobre una masa
monetaria que había experimentado tan sólo un aumento del 1,7 por ciento
sobre el presupuesto de 1996.
En segundo lugar, considerando como parámetro válido el porcentaje del
gasto educativo sobre el PIB, éste se ha incrementado de forma ridícula,
en cuatro milésimas; ha pasado de 1,238 por ciento en el año anterior a
1,242 en el presente proyecto presupuestario. De ello cabe deducir que la
educación sigue sin ser una prioridad para este Gobierno, lo cual no es
de extrañar dada la ideología e intereses que subyacen en la formación
política que lo sustenta, pero que se acentúa en el departamento Aguirre.
En tercer lugar, los funcionarios docentes experimentan subidas
salariales exactamente iguales a la inflación prevista. Este hecho, unido
a la congelación del ejercicio anterior, supone la simple actualización
de un salario completamente desfasado, con las graves repercusiones que
esto puede tener en la necesaria motivación del profesorado, en pleno
proceso de implantación de las enseñanzas previstas por la Logse. De la
misma forma, tampoco se avanza un solo paso en la equiparación salarial
de los trabajadores de la enseñanza concertada.
En cuarto lugar, sumados los presupuestos previstos en la memoria
económica de la Logse para la adecuada implantación de la misma, nos
encontramos con un grave incumplimiento tanto en gastos de inversión como
en gastos de funcionamiento, imposible de cuantificar con exactitud
debido a los cuatro retrasos que ustedes llevan en el calendario de la
reforma.
En quinto lugar, el próximo año corresponde transferir las competencias
en educación a 10 comunidades autónomas y en los presupuestos no se dice
una sola palabra que permita un mínimo desglose de los gastos que van a
gestionar tanto el MEC como las diferentes administraciones autonómicas.
En sexto lugar, tampoco se prevé adecuadamente la implantación
generalizada del tercer curso de la ESO y se silencia por completo la que
afecta al primer curso del bachillerato Logse.
En séptimo lugar, el número de becas en BUP y en COU baja un 22 por
ciento y se congela en el resto de los niveles educativos. Nuestra
formación política teme que la mayor parte del incremento nominal de la
partida para becas (9,1 por ciento) vaya destinada a incrementar
en un 11 por ciento los gastos de personal. La preocupación de este
Gobierno por la mejora de la calidad de la enseñanza superior se refleja
en la eliminación de la financiación destinada al programa doctorado de
calidad, que pasa, como usted sabe, de 433 millones a 0 pesetas; en el
recorte del plan de evaluación de la calidad de las universidades en un
18 por ciento (pasa de 189 a 150 millones) y, por último, en que los
créditos a universitarios se dotan con la exigua cantidad de 50 millones
de pesetas.
En noveno lugar, los conciertos educativos en la enseñanza secundaria
sufren un incremento de 10.654 millones de pesetas, cantidad en la que no
sólo se incluye la implantación progresiva de la ESO sino conciertos con
nuevos centros formalizados, sin tener en cuenta el cumplimiento de las
condiciones exigidas por la legislación vigente.
En décimo lugar, los presupuestos para la sección carecen del más mínimo
rigor presupuestario, aunque resulta por otro lado bastante fácil la
búsqueda de una explicación al desvío de 4.500 millones de pesetas de
inversiones educativas al plan integral de empleo de Canarias.
En undécimo lugar, los programas de garantía social experimentan un
incremento de 10 millones de pesetas, no alcanzándose la cifra de 5.000
alumnos en todo el territorio MEC. Ni siquiera se menciona partida alguna
que corresponda a la oferta pública de escolarización en el primer ciclo
de la educación infantil.
Por estas rezones, doña Esperanza, nosotros llegamos a tres conclusiones.
Primera, una ausencia de la financiación necesaria para garantizar el
desarrollo de la reforma y su implantación; segunda, la profundización en
la desestabilización del sistema educativo público, favoreciendo con
nitidez tendencias privatizadoras; tercera, la carencia del lógico
desglose de los presupuestos por comunidad autónoma lo que aumenta la ya
alarmante opacidad y falta de transparencia del proceso de trasferencias.
Por las razones anteriormente expuestas, Izquierda Unida, mi grupo, no ha
tenido otra alternativa que solicitar al Congreso de los Diputados la
devolución de la sección 18 del proyecto de los Presupuestos Generales
del Estado, presentando las correspondientes enmiendas alternativas que
doy por defendidas y que se enmarcan en un aumento presupuestario de
hasta un 6 por ciento del PIB, que es la media de los países de nuestro
entorno en su área.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Aramburu, le
ruego concluya. Su señoría ha pedido compartir su tiempo con la señora
Sabanés; por tanto, le ruego concluya.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Termino, señor presidente.
Mientras ella sube a la tribuna quería decirles exclusivamente que de lo
que se trata, señorías, es de dotarnos de unos presupuestos en materia
educativa que garanticen una enseñanza pública y de calidad.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):
Muchas gracias, señora Aramburu.
Tiene la palabra la señora Sabanés.
La señora SABANES NADAL: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, nuestro grupo ha presentado a los presupuesto de Cultura
fundamentalmente dos bloques de enmiendas que hacen referencia en primer
lugar a un tema que nos preocupa esencialmente, que son los incrementos
en diferentes programas del Ministerio, y en segundo lugar a la necesidad
de una mayor participación del Gobierno en las infraestructuras más
específicas de las comunidades autónomas. En el primer bloque planteamos
un incremento de casi 1.000 millones de pesetas y en el segundo, de 700
millones. Las enmiendas de nuestro grupo tienen coincidencias esenciales
con las de otros grupos de la Cámara y vienen a expresar la necesidad de
un apoyo más claro y un compromiso absolutamente real en términos
culturales para todo el Estado. Anunciamos que apoyaremos la mayoría de
las enmiendas de los otros grupos, pero no cuando las bajas que en ellas
se proponen nos suscitan dudas.
En lo que hace referencia al Consejo Superior de Deportes y, por tanto,
al desarrollo del deporte en aquellos aspectos que son competencia del
Estado, con la enmienda número 884 proponemos que el programa de
enseñanzas deportivas se incremente en 200 millones, ello con un primer
objetivo, garantizar la transferencia del INEF de Madrid a la Comunidad
Autónoma. Este tema es recurrente y es esencial que se adquiera el
compromiso definitivo de solución, ya que está suponiendo graves
problemas para este centro, que es el único que depende del Consejo
Superior de Deportes, lo cual significa un agravio comparativo con los
demás centros de otros territorios.
El resto del incremento que se contiene en nuestras enmiendas es para
garantizar vía transferencia a federaciones deportivas y a comunidades la
aplicación del nuevo decreto de titulaciones deportivas anunciado por el
secretario de Estado para el Deporte, y, asimismo para la mutualidad
general deportiva y para las federaciones deportivas, con el compromiso
de que un 50 por ciento se destine al deporte para discapacitados y a la
asociación de futbolistas profesionales.
En el presupuesto del Consejo Superior de Deportes no planteamos ningún
incremento, sino una diferente distribución, lo cual es también habitual
en nuestro grupo, y, por tanto, proponemos un incremento de 765
millones, que iría vía deducciones en las trasferencias a la Liga de
fútbol profesional. Significa que no obstante se mantiene para este
organismo un importante nivel de trasferencias de las quinielas y que,
dadas sus nuevas perspectivas económicas, hay que rescatar una pequeña
parte en concepto de anticipación de la deuda para su mejor
redistribución.
Sabe que estas enmiendas son posibles, porque aunque existan un decreto y
un plan de saneamiento, ambos temas se pueden reconsiderar, lo que
significaría un mejor tratamiento en el presupuesto del Consejo Superior
de Deportes.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Sabanés.
Para la presentación y defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la señora Díez de Baldeón.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de
devolución del presupuesto de Educación por entender que es insuficiente,
insolidario y que hace inviable la implantación de la Logse en
condiciones de calidad para todos.
En primer lugar, decimos que es insuficiente porque no corrige el agujero
generado por el recorte presupuestario en educación de 1997 y ni siquiera
repone el sistema educativo en los niveles presupuestarios en que lo
dejamos los socialistas. Semejante estancamiento es especialmente grave
si tenemos en cuenta que el año 1998 será decisivo para la aplicación de
la reforma educativa prevista en la Logse. Tanto las comunidades
autónomas del artículo 151 como las del 143 de la Constitución, que
deberán cerrar sus transferencias en los próximos meses, están reclamando
más financiación para hacer posible la reforma educativa con criterios de
calidad. Además, casi la mitad de lo que sube el presupuesto respecto al
año anterior está destinado a personal, sin que esto signifique aumento
de profesores. Esa subida sirve únicamente para incremento salarial y los
1.740 nuevos profesores de secundaria que se prometen ni siquiera
repondrán las vacantes de profesorado producidas por las jubilaciones
voluntarias y forzosas, que vienen siendo 2.500 anuales. El aparente
aumento de inversión no logra alcanzar la cota establecida en el proyecto
de presupuestos de 1996 por los socialistas. Por segundo año consecutivo,
8.500 millones se destinan a la Comunidad Autónoma de Canarias, que no
está dentro del ámbito de gestión del MEC. Eso significa que en el año
1998, decisivo para la aplicación de la Logse, se construirán casi dos
tercios de plazas menos que hace tres años. Todo ello evidencia que no
existe una voluntad política de destinar más fondos a la educación, a
pesar de ser éste un momento económico expansivo.
En segundo lugar este presupuesto es insolidario y profundiza en las
desigualdades. Los conciertos con la enseñanza privada se incrementan en
un 9,15 por ciento, mientras que la enseñanza pública lo hace sólo en un
5,5 por ciento. Esto marca una clara política de retroceso en la calidad
de la enseñanza pública, con una fuerte tendencia a aumentar los
desequilibrios entre la enseñanza pública y la privada concertada, que
aumenta prácticamente el doble.
Por otro lado, el aumento del programa de becas es sólo aparente y
aquellos programas dirigidos a compensar las desigualdades quedan
prácticamente congelados y, en muchos casos, no superan el nivel que
tenían en 1996. El presupuesto de 1998 ni siquiera restablece en pesetas
corrientes lo que se destinaba a los gastos de funcionamiento de los
centros públicos, sufriendo también un recorte los centros de enseñanza
primaria. También se evidencia que la formación del profesorado, clave
para elevar el calidad de la reforma educativa, no es en absoluto
priorizada por el Ministerio.
A la vista de estos presupuestos, el Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado una enmienda a la totalidad de los mismos, a la sección de
Educación, proponiendo una serie de enmiendas dirigidas a mejorar la
calidad de la enseñanza pública en nuestro país, desde la educación
infantil y primaria hasta la universitaria, con el convencimiento de que
tales medidas son fundamentales para corregir desigualdades.
Un primer bloque de enmiendas está encaminado a corregir la falta de
financiación necesaria para aplicar la reforma educativa con criterios de
calidad para todos. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista, en línea
con las peticiones de una mayor financiación para el desarrollo de la
Logse, reclamada por toda la comunidad educativa en su manifiesto en
favor de la educación, ha presupuestado fondos adicionales, tanto para
las comunidades autónomas del artículo 151 como para las del artículo
143, que deberán recibir el traspaso de competencias educativas en los
próximos meses. En concreto, proponemos asignar para transferencias a las
comunidades autónomas del artículo 151 33.000 millones de pesetas. Por lo
que respecta a las comunidades autónomas del artículo 143 proponemos un
incremento superior a los 40.000 millones, desglosados de forma que para
inversiones se destinen 20.000 millones de pesetas para centros de
educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional,
educación especial y enseñanzas artísticas. También proponemos que se
incrementen los gastos de funcionamiento en los centros, el dinero
dedicado a transportes y comedores, así como la dotación y formación del
profesorado.
Es necesario continuar con la oferta de plazas escolares para todos los
alumnos en el tramo de tres a seis años. Igualmente, a fin de avanzar
hacia la gratuidad de los libros de texto, el Grupo Socialista ha
propuesto
ayudas de 8.000 pesetas para todas y todos los escolares de la educación
primaria y secundaria obligatoria, presupuestando a tal fin 40.000
millones de pesetas.
La mejora del funcionamiento de la universidad y el desarrollo de los
programas de investigación son contemplados igualmente en otro bloque de
enmiendas.
Por lo que respecta a los presupuestos de gastos en la sección de Cultura
para 1998 habría que subrayar que descienden un 17,36 por ciento respecto
de los aprobados con el último Gobierno socialista. Asimismo y en contra
de las declaraciones de la responsable del Ministerio, tampoco crecen las
partidas específicas dedicadas a la inversión. Detrás del crecimiento
presupuestario en determinados programas se oculta un hecho básico que
define más que ningún otro cuál es la importancia que el Gobierno da a la
cultura. El presupuesto global de Cultura para el año siguiente es menor
que el de 1997, pues disminuye en concreto en 41 millones, a pesar de
quedar liberada la inversión de la Thyssen.
Es también publicidad engañosa decir que se han puesto a disposición del
sector cinematográfico los elementos necesarios para su consolidación
como industria. Los 3.500 millones con que se dota el fondo de protección
a la cinematografía están por debajo de lo previsto para dicha dotación,
4.000 millones, en los últimos presupuestos del Gobierno socialista.
A la vista de estos presupuestos el Grupo Socialista ha presentado 49
enmiendas que ascienden a 4.629 millones de pesetas, con la finalidad de
restablecer para Cultura unos créditos semejantes a los que tuvo en 1995
y en el proyecto de 1996, que no fue aprobado. Concretamente, proponemos
los siguientes incrementos: 1.400 millones para la Dirección General de
Bellas Artes; 1.206 millones para la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas; 260 millones para la Dirección General de
Cooperación y Comunicación Cultural: 620 millones en cinematografía y 122
millones para el INAEM.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Díez de Baldeón.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado un voto particular, para
cuya defensa tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, señoras y señores
diputados, en mi vida parlamentaria, que no es corta, una de las mayores
satisfacciones ha sido defender este presupuesto, tanto en Pleno como en
Comisión, porque cuando el presidente del Gobierno, señor Aznar, en su
discurso de investidura dijo que uno de los temas más importantes para su
Gobierno iba a ser el de Educación y Cultura, se vieron sonrisas en
algunos miembros de esta Cámara. Por eso digo que es una satisfacción
comprobar hoy cómo el presupuesto de Educación, en un momento de
austeridad de tipo presupuestario, asciende un 6,8 por ciento, máxime
cuando la inflación que se prevé para el año 1998 es del 2,2 por ciento.
Como bien indicaba antes la señora ministra, si comparamos este
presupuesto con los cinco anteriores, desde la Ley de reforma educativa,
vemos que, salvo en el año 1991 --que luego decreció en el mes de agosto
un 3 por ciento y el ministro Solana Madariaga dijo que eso había que
hacerlo en aras de un bien social como era el paro--, en estos cinco años
éste es el presupuesto más importante si lo medimos por la inflación. Por
eso digo que es una satisfacción, en nombre del Grupo Popular, fijar
nuestra posición respecto a este presupuesto. Esta posición es
absolutamente positiva, y queremos, desde los bancos del Partido Popular,
indicar a la señora ministra y al Gobierno del presidente Aznar que
realmente se ha hecho caso de algo que pedían los padres españoles, en
definitiva la sociedad, no solamente los votantes del Partido Popular,
sino todos los votantes en España.
La enseñanza pública sigue siendo algo importante para el Gobierno; sube
un 7,7 por ciento y se mantiene el 88 por ciento de la inversión. Las
ratio han bajado, lo que indudablemente es importante; estamos en
conjunto por debajo de las que fija la propia Logse.
En el capítulo de conciertos educativos yo quiero despejar una duda. Se
ha dicho una y otra vez que este Gobierno, la titular y el presidente
Aznar, defienden, a través de los conciertos educativos, la enseñanza
privada, que yo nunca la llamo privada, puesto que privada es aquella que
no tiene ninguna relación con los presupuestos, sino de iniciativa
social. Pues bien, ha explicado la ministra, y lo volvemos a reiterar
--aunque yo creo que es muy difícil que lo entiendan personas que no
quieren oír o que oyen pero no escuchan--, las cuatro razones por las
cuales se ha subido la iniciativa social un 12 por ciento, concretamente
10.792 millones de pesetas. Estas razones son como consecuencia de la
implantación generalizada del primer ciclo de la ESO y la implantación
parcial en el segundo ciclo también de la ESO, así como la subida hecha a
los profesores de iniciativa social en la misma proporción que los
profesores de la pública. Yo creo que esto está claro, y especialmente
para aquellos partidos que han tenido responsabilidades de gobierno. Pero
lo volvemos a repetir una y otra vez.
Decimos también, y es una satisfacción, que el capítulo 4 se incrementa
en un 9,17 por ciento.
En el capítulo 6, que para nosotros es fundamental porque son las
inversiones, volvemos a reiterar que la calidad en la educación no es
solamente un problema de inversiones y de centros, pero sí forma parte de
ello. Por eso tenemos una dotación este año de 47.000 millones de
pesetas. Cuando el año pasado fijaba posición en nombre del Grupo Popular
respecto al presupuesto del año anterior, algunas señorías y algún grupo
parlamentario de la oposición eran escépticos respecto del número de
centros que se iban a construir en el año 1997. Y, finalmente, como esos
centros se han construido, se nos dijo en Comisión que muchos de ellos
estaban iniciados anteriormente. Por supuesto, señorías, que este
Gobierno continúa lo que anteriormente se ha comenzado cuando es positivo
y lo rectifica cuando no lo es.
Concretamente, en el año 1998 está previsto el inicio de 23 nuevos
centros de primaria y 50 nuevos centros de secundaria. Realmente, este es
un paso muy importante, máxime con la disminución de alumnos que existe
por el problema de la natalidad. Estos centros fundamentalmente van en la
periferia de las grandes ciudades en donde hay expansión y familias
jóvenes. Es indudable que hemos tenido que retirar una serie de aulas,
especialmente en zonas urbanas, por el decrecimiento.
Hay otro tema que queremos subrayar, y también lo ha hecho la señora
ministra, pero es algo muy importante, me refiero a todo el material
informático. Ocho mil ordenadores se van a comprar este año destinados a
equipar las aulas de informática. En estos momentos, 2.235 centros están
ya conectados, y en 1998 lo estará el 83 por ciento de los centros de
primaria y de secundaria.
Seguiría desgranando el presupuesto, pero quizá no me dé tiempo. Por eso
voy a dar algunos datos fundamentales o reiterar, más bien, los que ha
dado la señora ministra, como es el incremento en un 15 por ciento de la
partida destinada a educación compensatoria. Yo no sé si algunos miembros
de la oposición no se quieren dar cuenta de lo que socialmente significa
un incremento del 15 por ciento en la educación compensatoria.
En lo que respecta a I+D, me gustaría tener por lo menos cinco o seis
minutos para hablar de ello, pero es imposible. Sí quiero decir que el
aumento en investigación es del 6,6 por ciento y en el fondo nacional de
19.400 millones.
Quiero hacer una referencia a cultura. En cultura subimos 10.000 millones
de pesetas porque también tengo que repetir lo que dije en la Comisión de
Presupuestos: había un crédito que era finalista para el Museo Thyssen;
ese crédito había terminado en el año 1997 y, por tanto, lo lógico
hubiese sido que esa partida no se hubiese considerado. Sin embargo, el
interés del presidente Aznar y de la ministra Aguirre por el tema
cultural han hecho que esos 10.000 millones figuren en estos momentos en
el presupuesto de cultura. Por ello, dicho presupuesto asciende a la
cifra más importante de los últimos años: 58.525 millones de pesetas.
Y hablando de cultura, yo sí quisiera decir --no me voy a detener en las
diferentes enmiendas, señor presidente, voy a ser breve--, que en lo que
respecta a Valencia las inversiones y el esfuerzo que hace el Gobierno
son considerables. Se lo dije al señor Chiquillo en la Comisión, pero se
lo vuelvo a reiterar. Primero, el Gobierno de Aznar y la ministra Aguirre
tiene un interés especial --y lo están defendiendo en los foros
internacionales-- en que en el año 2001 la capital cultural europea sea
Valencia. Conoce S. S. el esfuerzo que se está haciendo, y por citar
algunas inversiones indicaré que para el Museo de Bellas Artes en el año
1998 están previstos 550 millones y 190 en 1999; para el Museo Nacional
de Cerámica, 39 millones para 1998; también para la segunda fase de...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Guerra, le
ruego concluya.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Para la segunda fase, decía, de
rehabilitación se han presupuestado 95 millones. Le daré la nota, aunque
yo creo que la conoce porque ya se lo indiqué.
Finalmente, sí quisiera decir que yo esperaba de este presupuesto de la
sección 18 que algún partido de los que han tenido responsabilidad de
gobierno presentaran un presupuesto alternativo. Y digo alternativo
porque esperaba que dijera: bajamos en esta sección tanto, subimos en
esta tanto. Pero todas las partidas han ido alta en la sección 31. A mí
me parece, con todos los respetos, que eso no es un presupuesto
alternativo, y comprenderán SS. SS. que no podemos fijar una postura a
favor de algunas enmiendas, como por ejemplo la de los 40.000 millones
para libros de texto. No podemos fijar una posición positiva porque ya
hacemos un esfuerzo con los 2.000 millones en becas. Si se hubiese
iniciado el camino anteriormente, si se hubiesen presupuestado esos
40.000 millones para libros de texto, nos habríamos encontrado con un
camino más abierto, pero nos hemos encontrado con el camino absolutamente
cerrado.
Señor presidente, para concluir, quiero decir que en la enmienda a la
sección 18, página 219 del dictamen, procedente de la 1566 del Partido
Popular, falta indicar el proyecto donde se da la baja, que es el
9718130023. En la enmienda de esta misma sección, página 230 del
dictamen, procedente de la enmienda 1472 del Partido Nacionalista Vasco,
en la minoración falta indicar el organismo, que es el 02; el programa,
que es el 633.A; el concepto, que es el 630, y la repercusión en el
presupuesto del organismo, de acuerdo con la nota que se adjunta.
Quiero terminar...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene que concluir
de forma inmediata, señor Guerra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Inmediata, señor presidente.
Quiero decir solamente dos palabras. Adelante con presupuestos como
éstos. El Partido Popular se enorgullece
de los mismos y alentamos a la ministra Aguirre y al presidente del
Gobierno a que sigan por este camino.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Guerra.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Enmiendas a la sección 19, Trabajo y Asuntos Sociales, y a la sección 60,
Seguridad Social, salvo el Insalud. Para su presentación, en nombre del
Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, señoras y señores diputados, con la brevedad que me exige el
Reglamento y me recuerda la Presidencia voy a exponer las grandes líneas
de los presupuestos que afectan a las secciones que se refieren a Trabajo
y Asuntos Sociales y también la que se refiere a la Seguridad Social.
Empezaré diciendo que los presupuestos que hacen referencia tanto a
Trabajo y Asuntos Sociales como a Seguridad Social tienen un marco global
que viene situado en la política presupuestaria del Gobierno que, sobre
todo y muy especialmente, está orientada al cumplimiento del programa de
convergencia; que, sobre todo y muy especialmente, está orientada a
mantener el crecimiento económico; que, sobre todo y muy especialmente,
está orientada a que ese crecimiento económico se convierta en creación
de empleo.
Creemos, señorías, que es perfectamente posible en estos días, que
afortunadamente tanto se está discutiendo en Europa sobre el empleo,
mantener que tanto la convergencia como el empleo son conceptos
complementarios que deben ir por la misma senda y que, al final, deben
representar las dos caras de la moneda única. Quiero decir que los
presupuestos de Trabajo y Asuntos Sociales y el de la Seguridad Social,
en mi opinión, ponen de manifiesto cómo es posible el control del déficit
público, la reducción del déficit público; cómo es posible la disminución
del peso global del sector público y, a la vez, mantener las políticas de
bienestar social.
Si tuviera que resumir nuestros presupuestos, diría que los mismos ponen
de manifiesto cómo esos dos grandes conceptos, competitividad y
solidaridad, son perfectamente compatibles y además necesarios. Más
concretamente, nuestros presupuestos favorecen el crecimiento del empleo
y significan un incremento importantísimo en lo que son políticas
activas, siguiendo así con las políticas de empleo que se han puesto de
manifiesto en los últimos años tanto en España como en el marco de la
Unión Europea.
Los presupuestos prestan una especial atención, con incrementos muy
significativos, al conjunto de las políticas de solidaridad y,
finalmente, los presupuestos, muy amplios por lo que significan estas dos
secciones, representan también un avance en lo que consideramos
imprescindible, la mejora de gestión y la lucha contra el fraude, que no
sólo se plantea en los ámbitos de Economía y Hacienda, en los ámbitos
fiscales, sino también, desgraciadamente, en los ámbitos que se refieren
a las prestaciones de Seguridad Social.
En cuanto a empleo, hay que señalar que hay un incremento importantísimo
en políticas activas, que si excluimos los gastos de funcionamiento de
las mismas alcanza un 33,6 por ciento. Tengo que decir que en los
presupuestos para 1998, España es el país de la Unión Europea que más
incrementa porcentualmente los capítulos que se refieren a las políticas
activas, tanto en fomento y gestión de empleo como los que se refieren a
formación profesional; son presupuestos que creo que en el año próximo
tendrán un escenario importante de consolidación, porque espero,
señorías, que a lo largo de 1998 pueda ver la luz el segundo programa
nacional de formación profesional en base al diálogo con las comunidades
autónomas, con los agentes sociales y siempre desde la perspectiva de
vincular mucho más a la formación profesional con el mercado de trabajo,
con los futuros yacimientos de empleo y, sobre todo, contemplar la
formación desde una misma óptica, ya sea la que competencialmente se
refiere al Ministerio de Educación como la que se refiere al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.
Preguntarán SS. SS. qué sucede con los presupuestos de desempleo para
1998, y tenemos que reconocer que en el capítulo de desempleo se produce
una reducción del 2,7 por ciento en relación con 1997. Sin embargo, esta
reducción no obedece en absoluto a lo que significa un descenso de la
tasa de cobertura, ni tampoco obedece en absoluto al recorte de ninguna
de las prestaciones contempladas, sino sencillamente a que hay un
incremento de empleo previsto para 1998 muy significativo, hay
crecimiento de empleo muy significativo en 1997, y tenemos que decir
también que el éxito, hasta ahora, de la reforma que en su día pactaron
sindicatos y empresarios, que tuvo el respaldo del Gobierno y de la
mayoría del Parlamento, significa una reducción en estas prestaciones por
desempleo en su montante global, que no afecta a la tasa neta de
cobertura ni a lo que significa la conjunción de derechos, sino a la
evolución lógica del descenso del número de empleados. También esperamos
que se consolide una disminución en la rotación que hasta ahora se había
venido padeciendo.
En lo que se refiere al presupuesto de la Seguridad Social, hay un
incremento del 5,6 por ciento, muy superior a otros incrementos
presupuestarios, y supone la garantía del poder adquisitivo de nuestras
pensiones, que ya en este momento no depende de la voluntad de un
Gobierno, ni siquiera de la voluntad de las Cortes Generales, sino que, a
través de la correspondiente
ley, ese poder adquisitivo se revaloriza de acuerdo con la misma.
En el área de Asuntos Sociales tenemos que decir que hay un incremento,
si excluimos gastos de funcionamiento, del 12,6 por ciento, pasamos de
47.721 a 53.073 millones de pesetas, y esto me parece que pone de
manifiesto la sensibilidad del Gobierno con respecto a las políticas de
asuntos sociales, máxime cuando estamos ante unos Presupuestos Generales
del Estado que, en su conjunto, son extraordinariamente rigurosos y,
desde luego, restrictivos, muy especialmente en lo que significan los
gastos de funcionamiento, los gastos corrientes.
Con permiso del señor presidente, y con brevedad, diré que los
incrementos más significativos en las políticas de asuntos sociales se
refieren al ámbito del Plan de igualdad de oportunidades para la mujer,
con un 27,5 por ciento; al Plan integral de discapacitados, con un 25 por
ciento; a la acción social que se deriva de los inmigrantes, con un 17,4
por ciento; el presupuesto de juventud se incrementa un 9,3 por ciento;
el Plan gerontológico un 7,1, y el Plan concertado de servicios sociales
un 4,3 por ciento.
Permítanme que también signifique que hay nuevos programas que se
refieren al voluntariado, al Plan de integración social de inmigrantes y
muy especialmente al Plan de acogida a inmigrantes en Ceuta y Melilla.
En otro capítulo de cuestiones, como anunciaba al principio de mi
intervención, vamos a mantener las medidas de lucha contra el fraude y de
mejora de la gestión. En este sentido, hemos consolidado la estructura
orgánica del departamento con 12 centros gestores frente a los 23 centros
que existían en 1996. Se ha pasado de 22 programas en 1996 a 19, lo que,
sin merma de las políticas del Ministerio, está posibilitando un
seguimiento más eficaz y una definición más clara de objetivos y, como
decía, vamos a mantener la lucha contra el fraude, que reconocemos que
siempre, en el ámbito político, tiene sus dificultades y que no es grato,
pero es imprescindible para el mantenimiento de las prestaciones sociales
en España. Esta lucha contra el fraude en 1997 tiene una evaluación de
200.000 millones de pesetas en cuanto a su eficacia, y esperamos que se
mantenga ese montante o se incremente algo en 1998, muy especialmente en
lo que se refiere a las situaciones irregulares en incapacidad temporal,
que son aquellas que, a mi juicio, representan un mayor porcentaje de
fraude en este momento en el ámbito de las prestaciones de Seguridad
Social.
Quiero concluir, señorías, diciendo que para nosotros la mejor política
social, sin duda, es aquella que crea empleo. No podemos separar en
absoluto lo que significa crecimiento económico de creación de empleo, y
muy especialmente no podemos separar crecimiento, empleo y sistemas de
protección social. Creemos que nuestros presupuestos están al servicio
del objetivo de facilitar que el crecimiento económico se convierta en
creación de empleo, y consolidar, desde la racionalización, nuestro
sistema de protección social público.
Esperamos que a lo largo de todo este debate puedan enriquecerse los
presupuestos con las aportaciones que se hagan desde el ámbito de los
distintos grupos parlamentarios, pero con toda sinceridad nos parece que
estas dos secciones ponen de manifiesto cómo es posible construir una
España cada día más competitiva; cómo es posible que en España, cada día,
podamos ser, a través de una mejor formación, las españolas y los
españoles más competentes, y que esa competitividad sea complementada,
porque tienen que ir por la misma senda, con la solidaridad, que por
supuesto se defiende desde nuestro grupo parlamentario, el principal
apoyo que tenemos en la Cámara, y también desde el Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Por parte de los grupos Mixto, Catalán, Izquierda Unida y Socialista han
sido presentadas enmiendas a las secciones 19 y 60.
Para la presentación y defensa de las enmiendas del Grupo Mixto, tiene la
palabra, en primer lugar, la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
Hemos presentado dos enmiendas de totalidad. La primera es la relativa a
la sección 19, y en concreto al organismo 19101, que no es otro que el
Inem. Esta enmienda lo que pretende es volver a señalar en esta Cámara,
como ya han hecho mis predecesores a lo largo de las últimas
legislaturas, que se está produciendo un incumplimiento del Estatuto de
Gernika en relación con el artículo 12.2. Entendemos que la ejecución de
la legislación laboral corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco
y, por tanto, que en función de esa competencia el Inem tendría que ser
transferido a dicha comunidad. Creemos que esto es muy importante, en la
medida que permitiría una gestión propia de los recursos de las cuotas de
los trabajadores y, dentro de esa gestión propia, permitiría una mayor
eficiencia y eficacia.
También hemos presentado una enmienda de totalidad a la sección 60,
relativa a la Seguridad Social, por razones similares de cumplimiento de
lo establecido en el Estatuto de Autonomía, en su artículo 18. Ese
artículo, en el cual se establece que la gestión del régimen económico de
la Seguridad Social corresponderá a esa comunidad autónoma, tiene que ser
cumplimentado. Lo hemos dicho muchas veces, pero lo seguiremos diciendo,
nada tiene que ver con cuestiones de solidaridad ni con cuestiones que
afecten al menoscabo de los ciudadanos de otros territorios. Por el
contrario,
creemos que estas transferencias permitirían establecer mecanismos que
permitieran unas compensaciones y, por tanto, mayores cotas y niveles de
solidaridad entre unos y otros ciudadanos del Estado español.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
La señora Almeida también ha presentado enmiendas a esta sección. (El
señor Alcaraz Ramos pide la palabra.)
El señor Alcaraz tiene la palabra para defenderlas.
El señor ALCARAZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
Como uno de los firmantes de las enmiendas presentadas por la señora
Almeida, aunque la primera sea ella, quisiera dar por defendidas, en los
términos en los que figuran, las correspondientes a esta sección.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para
cuya presentación y defensa tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán mantiene únicamente la enmienda 1620, que
hace referencia, precisamente, al voluntariado. Querríamos recordar a
esta Cámara que hace poco más de año y medio, el 15 de enero de 1996,
votamos por muy amplia mayoría la Ley del Voluntariado, en cuya
exposición de motivos se reconocía la acción voluntaria como uno de los
instrumentos básicos de actuación de la sociedad civil en los ámbitos
sociales. Al mismo tiempo, la exposición de motivos se hacía eco de la
mayor exigencia de protagonismo y de intervención, de participación, en
suma, de esta acción voluntaria en el diseño y ejecución de las políticas
públicas sociales.
El Grupo Parlamentario Catalán valora y reconoce el esfuerzo del Gobierno
en el sector del voluntariado, y valora muy positivamente, desde luego,
el Plan estatal del voluntariado, aprobado el 24 de julio de este mismo
año por el Consejo de Ministros, con una dotación de 200 millones de
pesetas. Sin embargo, entiende que esta dotación es insuficiente y que,
por tanto, conviene incrementarla con 250 millones de pesetas más.
Téngase en cuenta que este Plan estatal del voluntariado comprende
actuaciones que deben realizarse a través de las comunidades autónomas y
que, por otra parte, la partida que se propone minorar en estos 250
millones de pesetas es una partida que tiene por objeto cubrir déficit o
cubrir transitoriamente lagunas en la tesorería y no supone una
reducción, por así decirlo, irrevocable de partida para ninguna de las
políticas que se incluyen en los presupuestos.
Por todo ello, y como he dicho anteriormente, reconociendo el papel
desarrollado por el Ministerio y por la Secretaría General de Asuntos
Sociales en esta materia, se mantiene y se espera con optimismo que pueda
ser aceptada la enmienda 1620.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
Para la presentación y defensa de las enmiendas del Grupo Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Sabanés.
La señora SABANES NADAL: Gracias, señor presidente.
Antes de nada quiero manifestar una cuestión importante en la
presentación de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. Nuestro grupo considera que las enmiendas de fondo, en lo que
afecta a Trabajo y Seguridad Social, se han materializado a través de la
ley de Presupuestos Generales del Estado y a través de la ley de
acompañamiento, donde hemos reflejado las modificaciones más sustanciales
e importantes en materia de empleo y protección social. Estas enmiendas
de fondo, más las parciales que presentamos a las secciones 19 y 60,
expresan nuestras profundas y patentes diferencias con las políticas
diseñadas y practicadas por el Gobierno con respecto a empleo y
prestaciones sociales.
Consecuentemente con nuestros criterios, votaremos a favor de las
enmiendas de devolución que ha presentado el Grupo Socialista y no vamos
a apoyar la 182, de Eusko Alkartasuna, pues estando de acuerdo en que la
gestión del Inem pase al Gobierno vasco, sin embargo defendemos que ello
no signifique desmantelar el Inem ni la unidad de caja de la Seguridad
Social, como elemento de solidaridad entre todos los trabajadores y
trabajadoras del Estado. Votaremos favorablemente también las enmiendas
parciales del Grupo Socialista que implican mejoras e incremento del
gasto en políticas sociales y las presentadas por el Grupo Mixto, a
través de la señora Almeida, en los mismo términos.
Las enmiendas parciales de nuestro grupo a las secciones 19 y 60 hacen
referencia a la adecuación y al incremento de gasto en políticas
sociales, con especial atención, en un bloque que compone un incremento
de 1.700 millones, a lo que significan políticas de protección e
integración de minorías étnicas nacionales, lucha contra la exclusión
social e incremento para el plan gerontológico.
En un segundo bloque proponemos un incremento de 152 millones en
programas a favor de inmigrantes, con un mayor incremento de
transferencia a las comunidades de Ceuta y Melilla.
Un tercer bloque, que significa un incremento de 800 millones, iría
destinado a la atención de menores tutelados, atención a la tercera edad
y, sobre todo, atención integral en favor de discapacitados. En este
último caso entendemos, además, que existía un compromiso real del
Gobierno en una mejora cuantitativamente superior a la que se ha
expresado en los presupuestos para destinar al Plan integrado de
discapacitados, tanto en este año como en años posteriores y, por tanto,
como no ha reflejado el compromiso real en lo que significa ese plan,
nosotros planteamos un incremento en ese concepto que se sitúa en los
términos en que se expresaba el compromiso del Gobierno.
La enmienda 941 no significa un incremento de transferencia al Consejo de
la Juventud de España, sino una adecuación, y pretende dar continuidad a
28 millones que recibe el Consejo a través de un convenio con el Injuve.
Por tanto, es una enmienda de corrección técnica para dar continuidad al
trabajo del Consejo de la Juventud de España en términos más
transparentes o más lógicos a efectos presupuestarios.
Finalmente, para la presentación de nuestras enmiendas y para el apoyo de
las del resto de los grupos que hemos expresado que íbamos a aceptar,
entendemos que hay que decir, en primer lugar, que es un momento
importante para priorizar el ámbito de las prestaciones sociales, no sólo
porque estamos supuestamente y según su propia argumentación en un buen
momento económico que tendría que tener una expresión de fondo en
políticas sociales, sino porque también esta circunstancia es
coincidente, según vemos en las diferentes subcomisiones (la de exclusión
social, la de emigración e inmigración e incluso en la subcomisión de
juventud), con problemas esenciales y fundamentales, problemas crecientes
que deberíamos intentar dotar presupuestariamente con una mayor
significación en este período.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Sabanés.
Tiene la palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Señorías, tras mi breve y consensuada
conversación con el presidente, voy a tratar sobre la dotación del
Instituto de la Mujer, que considero la hermana pobre de los Presupuestos
Generales del Estado.
La aparatosa pero frágil subida es insuficiente a todas luces para
cumplir los compromisos con la mitad de la población y, por lo tanto, no
palia los déficit en políticas de igualdad. El montante de nuestras
enmiendas asciende a 3.000 millones de pesetas, cantidad que pone el
acento en la cobertura básica del colectivo más empobrecido de la
sociedad y más castigado por la consideración de la supuesta debilidad de
su naturaleza. Dado el tratamiento desequilibrado hacia un gran sector de
las mujeres, parece de obligación social considerar los presupuestos como
parte de los elementos correctores para, a través de políticas de
discriminación positiva, ir evitando errores que agrandan diferencias y
desigualdades. Las partidas para la mujer, dada su precariedad
financiera, apuntan a la sacralización que se hace de la caridad en
detrimento de la solidaridad, presupuestos encorsetados en Maastricht
donde el criterio asistencial y de voluntariado son los pilares que le
abastecen frente a la prevención, el desarrollo y la participación. Por
estas razones, nuestras enmiendas presentadas apuntan hacia la creación
de empleo para mujeres, atención especial a las mujeres rurales,
prevención de malos tratos y apoyo a las víctimas de los delitos de estas
características, fomento de la coeducación, garantizar las pensiones
compensatorias, investigación y estudio para el reconocimiento contable
en el PIB del trabajo no remunerado en el ámbito doméstico, plan contra
la feminización de la pobreza, medios para el desarrollo de la IDE y
campañas de sensibilización del reparto de responsabilidades domésticas.
Termino, señorías, denunciando que el Gobierno Aznar no destina ni
siquiera el 1 por ciento a políticas de igualdad; no solamente no lo
destina sino que destina sólo el 0,000, cuando la media europea es del 5
por ciento para este objetivo. Entiendo, señorías, que este porcentaje,
si fuera así, daría credibilidad a este Instituto de la Mujer en el
camino de convertirlo en una herramienta relevante para la consecución de
una sociedad más justa y más igualitaria.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aramburu.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para la presentación y
defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Griñán.
El señor GRIÑAN MARTINEZ: Gracias, señor presidente.
En este trámite doy por defendidas las enmiendas que se corresponden con
la sección 60 en los mismos términos en que ayer lo hizo el portavoz
socialista, señor Cercas. No voy a hacer en esta intervención una crítica
global, como se hizo en Comisión; sí me voy a permitir hacer algunas
reflexiones en defensa de las enmiendas que hemos presentado a la sección
19, servicio 100, y al servicio 101, correspondiente al Inem. Me gustaría
que este trámite pudiera servir para que encontráramos respuestas o,
dicho de otra manera, para que estuviéramos más atentos a las ideas y las
palabras que a la mera aritmética parlamentaria.
La sociedad española, la sociedad europea en general en su conjunto nos
pide que seamos capaces de mantener una senda de crecimiento sostenible
para
que esa riqueza cree empleo, por un lado, y, por otro, genere recursos
suficientes que puedan dar nuevas oportunidades a los que llevan meses,
incluso años, buscando oportunidades en el mercado de trabajo; un
crecimiento económico que además ha de ser necesariamente competitivo.
¿Cómo conseguirlo? Nosotros no estamos de acuerdo en que la mejor receta,
como se proclama por algunos sectores, sea simplemente una reducción de
costes laborales y sociales --nos parece que sería una apuesta que nos
llevaría de una euforia inicial a una desesperación final--, sino que
entendemos que la mejor forma para ganar competitividad es apostar por el
factor más claro que tenemos para competir en una economía globalizada,
que es la inteligencia. Por lo tanto, apostaríamos por una política de
educación, de formación, de investigación, de calidad, de nuevas
tecnologías, de infraestructuras y algo más. Con eso conseguiríamos una
mayor elasticidad entre el crecimiento y el empleo, pero no sería
suficiente.
Consideramos que también deberíamos profundizar en el debate sobre la
reducción del tiempo de trabajo, y cuando menciono esta medida entiendo
que no tiene nunca efectos inmediatos pero que si los tiene,
necesariamente los tiene en el medio y en el largo plazo. Voy a leerles
una cita: La política para conseguir pleno empleo mediante la inversión
es sólo la aplicación particular de un teorema, se podría obtener el
mismo resultado bien consumiendo más, bien trabajando menos. Por lo que a
mí respecta considero la política de inversión como una cura de urgencia,
la solución definitiva es menos trabajo. Esta es una cita de Keynes,
1945. Es verdad que uno de los elementos que pueden contribuir a que en
el medio y en el largo plazo se abran las expectativas de empleo es
proceder, simultáneamente a las ganancias de productividad, a una
reducción del tiempo de trabajo; dicho de otra manera, que las ganancias
de productividad no vayan solamente a rentas sino que se inviertan
también en reducciones paulatinas y periódicas del tiempo de trabajo.
Para eso se necesita no sólo un diálogo social entre las partes sino un
apoyo público a medidas que permitan, primero, favorecer este proceso de
reducción de tiempo de trabajo y, segundo, conseguir a través de una
política fiscal que la reducción de tiempo de trabajo se organice
globalmente en la sociedad, repartiéndose equitativamente entre sectores
más productivos y sectores menos productivos.
Creemos que es bueno fijarse hoy el objetivo de 35 horas para el año
2000, teniendo en cuenta que en nuestra legislación ya hemos conseguido
el cómputo anual del tiempo de trabajo la regulación del empleo a tiempo
parcial y la compensación de las horas extraordinarias por tiempo de
descanso. Por cierto, ustedes, señores del Grupo Popular, no han
presentado enmienda a la iniciativa del Gobierno de aumentar la
cotización de las horas extraordinarias. Cuando el año pasado lo propuso
el Grupo Socialista nos decían que era demagógico, y por eso pensé que
este año ustedes iban a presentar una enmienda al presupuesto que
presenta el Gobierno. Me alegro de que no lo hayan hecho. Ahora el
objetivo sería proceder en la negociación colectiva a una reducción del
tiempo de trabajo mediante unas medidas, previstas por el Gobierno en los
presupuestos, que incentivaran este proceso de negociación. Con todo esto
se conseguiría que en el medio plazo el crecimiento económico se
tradujera en más empleo, pero no sería suficiente y menos en un país como
España que todavía mantiene una alta tasa de desempleo. Por lo tanto,
necesitaríamos políticas de choque, políticas de corto plazo que se
unieran a las políticas de largo alcance, para conseguir no solamente que
el crecimiento se traduzca en más empleo sino en dar una oportunidad a
los desempleados de larga duración. En este sentido, para mí son
absolutamente imprescindibles dos tipos de medidas: una, las nuevas
políticas activas que impulsen la colocación de estas personas y, la
otra, una reflexión compartida sobre la reducción de costes indirectos,
básicamente en los trabajos de más baja productividad.
En las sociedades europeas, como la nuestra, hay muchas necesidades
sociales que no están satisfechas porque quienes las sienten no disponen
de recursos suficientes para convertir su necesidad en una demanda
económica. Las hay en el terreno de los servicios sociales de la atención
a ancianos, del cuidado de niños, de los servicios medioambientales, de
la calidad de vida y de servicios culturales. Emplear recursos públicos
en una fase expansiva del ciclo económico como la que estamos viviendo,
para favorecer la satisfacción de estas necesidades y para que su
satisfacción llegue a ser con el tiempo un nuevo yacimiento de empleo, es
una política imprescindible para poder dar una oportunidad a esas
personas a las que el mercado no les va a resolver su problema. Habrá un
crecimiento económico y con él más empleo, pero habrá por lo menos un
millón de personas dentro de nuestra tasa de paro que no recibirá la
atención del mercado. Ustedes mismos nos dicen en el plan que han
presentado a la Unión Europea que su objetivo es que en el año 2000 haya
un paro del 17 por ciento, que es una tasa superior a la que había cuando
entramos en la crisis de 1992. Por consiguiente, necesitamos una política
de corto plazo que utilice recursos públicos para introducir medidas de
empleo que ayuden a esas personas que tienen poca esperanza de encontrar
una ocupación, fundamentalmente parados de larga duración.
A quienes critican el uso de recursos públicos para este fin podría
recordarles cuánto dinero hay en cada presupuesto del Estado destinado a
favorecer sectores privados o a subvencionar iniciativas sociales de
interés colectivo. Piensen ustedes cuánto dinero hay para destinar a
colegios privados subvencionados, clínicas universitarias, servicios
sociales concertados, etcétera.
Luego, hay recursos públicos para iniciativa social que satisfacen
demandas colectivas y que simultáneamente crean empleo y, por
consiguiente, lo único que solicitamos es más dinero para estas
iniciativas. El agente financiador debe ser el Estado a través del Inem,
los agentes impulsores serían los municipios o mancomunidades de
municipios y los agentes desarrollo serían cooperativas, asociaciones,
mutualidades, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, entidades
que no pertenecen a la esfera pública ni al sector tradicional de la
empresa privada. La metodología a seguir sería la de convenios con el
Inem, con programas específicos que previeran a medio y a largo plazo una
posible autofinanciación de estos programas. Para ello, juntamente,
pedimos también la creación en 1998 de mil servicios integrados de
promoción de empleo en ayuntamientos cabecera de comarca o en
mancomunidades municipales, o en distritos urbanos con altas tasas de
marginalidad.
Además, solicitamos también que se puedan invertir en cien nuevas casas
de oficio para parados de larga duración mayores de cuarenta años, que se
implanten en todas las escuelas-taller y casas de oficio unidades de
promoción y desarrollo y que se apoye también la creación de agencias
privadas de colocación sin ánimo de lucro en centros formativos que
orienten a los alumnos que estén terminando sus estudios.
Por último, la reflexión final sería sobre el coste del factor trabajo.
Estamos hablando de que uno de los elementos que puede disuadir la
competitividad del sistema es que en trabajos de baja productividad puede
ser elevado el coste indirecto del factor trabajo, fundamentalmente,
insisto, en trabajos de baja cualificación y de baja competitividad.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Griñán, le
ruego vaya concluyendo.
El señor GRIÑAN MARTINEZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Hay una oportunidad de hacerlo, que creemos está en la cuota de
desempleo. Por eso, hemos presentado una enmienda para que el Gobierno
inicie de forma inmediata un diálogo social, con agentes sociales y
económicos, para que, viendo cómo se pueden financiar las prestaciones
que ahora mismo se están atendiendo todavía con aportaciones del Estado,
una parte de la cuota pueda reducirse, sobre todo y fundamentalmente en
los trabajos de menor competitividad, en los trabajos de baja
productividad de aquellas personas que compiten con sectores de menos
coste en otros países, lo que puede producir un factor de competitividad
disuasorio respecto de nuestro sistema productivo.
Nada más que esto. Me gustaría empezar como terminé. No he pretendido dar
una visión del presupuesto, porque ya se hizo en Comisión. Quería
simplemente poner en valor las propuestas que hemos hecho desde nuestro
grupo y tratar de producir un debate que nos lleve a introducir medidas
que puedan favorecer que el crecimiento económico se traduzca en mayores
oportunidades de empleo para quienes más lo necesitan.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿Grupos que desean
fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre de mi grupo para dar contestación a
algunas de las 98 enmiendas que han sido presentadas a la sección 19 y a
la sección 60 a lo largo del debate presupuestario.
Tuve la oportunidad de contestar a muchas de ellas en Comisión, y por lo
tanto me permitirán que haga referencia a aquellas que he considerado más
importantes no por su dotación o por los programas que tocan, sino por la
globalización de los aspectos que tratan, haciendo especial hincapié en
esas seis enmiendas a la totalidad que los distintos grupos
parlamentarios han presentado.
En ese sentido, en primer lugar, tengo que referirme al Grupo Mixto y a
la señora Almeida, que habían presentado una enmienda a la totalidad en
relación con el Instituto de la Mujer. La hemos estudiado con atención,
pero como no existía consignación presupustaria de tipo alguno en ella,
era imposible aceptarla en un debate presupuestario como el que tenemos
en estos momentos. Al margen de ello, muchos de los programas que se
contemplaban en esa enmienda están incluidos ya en el Plan integral de
defensa de la mujer y, además, el propio Instituto de la Mujer para 1998
contempla uno de los mayores incrementos presupuestarios que nunca ha
tenido, un 20,5 por ciento, lo que sitúa el presupuesto, y con esto doy
contestación a la señora Aramburu, en 2.607 millones frente a los 2.164
contemplados en 1996. Esto supone que para 1998 ese plan integral para la
mujer tenga unos incrementos totales del 27,5 por ciento.
Por parte del Grupo Mixto, en lo que se refiere a la portavoz de Eusko
Alkartasuna, se han presentado dos enmiendas a la totalidad a las
secciones 60 y 19, de acuerdo con una interpretación del Estatuto de
Gernika que nosotros no consideramos adecuada porque supondría la ruptura
de la unidad de caja de la Seguridad Social, que es la garantía de la
defensa de todos los ciudadanos españoles en el tratamiento de políticas
pasivas y de protección de la Seguridad Social y que todos los
ciudadanos, independientemente del territorio al que pertenezcan, tengan
un trato similar y unas prestaciones iguales y equitativas.
El Grupo de Izquierda Unida no ha presentado ninguna enmienda a la
totalidad y, sin embargo, ha planteado un número importante de enmiendas
a los distintos capítulos de las dos secciones a las que nos estamos
refiriendo. Pretende incrementos en varias partidas y en diferentes
capítulos de estas dos secciones y apuesta fundamentalmente, quizá eso
sea lo más relevante, por un incremento notable de las dotaciones a las
políticas pasivas que retrotraiga la situación a la reforma de 1994.
Nosotros creemos que, en virtud de aquello por lo que está apostando o
por lo que ha apostado este Gobierno, que es reforzar las políticas
activas, se está permitiendo que se reduzcan los presupuestos para las
políticas pasivas. Por tanto, de estarse generando empleo, ello tiene un
efecto tan claro y tan importante que es innecesario volver a dar un paso
atrás en la protección por políticas pasivas. Al margen de eso algunas de
las enmiendas también plantean bajas de forma incorrecta.
Señora Sabanés, el plan de discapacitados, recientemente firmado, va a
tener una dotación presupuestaria suficiente. Sabe usted que este
acuerdo, que es muy importante, se ha firmado con las distintas
asociaciones de discapacitados, pero quiero garantizarle desde la tribuna
que si las dotaciones fueran insuficientes, haríamos un esfuerzo para
llevar a cabo algo tan interesante como ha sido la firma de un programa
en el que, por primera vez, han tenido cabida las asociaciones que
agrupan a todos estos colectivos, a los que desde este Gobierno y también
desde el resto de los grupos parlamentarios damos preferencia para su
apoyo y su defensa.
También usted ha hecho referencia a otra enmienda que pretende
incrementar las dotaciones al Consejo de la Juventud. Nosotros creemos
que con la dotación que se realiza al Instituto de la Juventud, que este
año cuya partida presupuestaria se sitúa este año en 3.047 millones,
existen dotaciones suficientes para atender a la juventud y a las
asociaciones juveniles. Asociaciones juveniles que, por otra parte, no
sólo se nutren, como usted sabe, de las dotaciones que vienen con cargo
al Instituto de la Juventud, sino que también pueden recibir otra serie
de subvenciones a través de otros programas del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales o incluso también de otros ministerios, como pueden ser
los programas de cooperación a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores.
Sigue manteniendo Convergència i Unió la enmienda 1620 para desarrollar o
incrementar las dotaciones al plan estatal del voluntariado. Les pediría
que retiraran su enmienda porque como este programa se incluye por
primera vez en los Presupuestos Generales del Estado, quizá a algunos no
les parezca suficiente su dotación pero a nosotros nos parece rigurosa.
Hemos contemplado 200 millones para el plan estatal del voluntariado y
creemos que va a ser suficiente. Por tanto, vuelvo a insistirles, al
igual que hice en el trámite de Comisión, en que retiren esta enmienda
porque creemos que si bien es un incremento de gasto, no es necesario
para el desarrollo y los objetivos marcados.
Por su parte el Grupo Socialista ha presentado también cerca de 45
enmiendas a las secciones 19 y 60, y quiero agradecer las reflexiones que
ha realizado su portavoz en esta tribuna y en la mañana de hoy;
reflexiones que en unos casos compartimos y en otros no es así.
Fundamentalmente esas enmiendas, aparte de las de totalidad o las más
llamativas, tienden a acelerar el proceso de separación de fuentes de la
Seguridad Social con unas dotaciones para complementos a mínimos de
200.000 millones. Esto, a nuestro juicio, tal como se han aplicado las
bajas, lo que hace es incrementar el déficit financiero del Estado.
Aparte de eso, esa separación de fuentes viene a través de tres enmiendas
que en algunos casos pueden ser contradictorias e incluso técnicamente
mal aplicadas y planteadas, porque no recogen en algunos casos recursos
suficientes.
Quiero decirle al señor Griñán que este no es un presupuesto neutro, no
es un presupuesto que pretenda ni mucho menos dejar a la voluntad del
mercado el que éste cree o no empleo, sino que es claramente beligerante
y apuesta decididamente por la creación de empleo. Es un presupuesto
ambicioso que tiene como primer objetivo la creación de empleo que no es
sólo de la sección 19, porque no sólo se crea empleo a través de dicha
sección, como ya han puesto de manifiesto otros intervinientes, sino que
también mediante una política integral que adopte medidas económicas que
favorezcan la creación de empleo y que desarrollen y combinen la política
económica con la presupuestaria, la agrícola, la industrial, la
ambiental, la formativa, la energética, la de servicios y también, por
supuesto, con las políticas laborales.
Ha hablado usted de apostar por la reducción de los costes indirectos.
Hemos observado que esa ha sido una de las propuestas que quizá algo
apresuradamente han planteado en el plan de empleo que públicamente han
presentado durante estos días. Un plan de empleo que a nuestro juicio
recoge incrementos impositivos, en algunos casos indudablemente
indefinidos, como es ese IVA social al que ustedes hacen referencia, y en
otros casos llegan más allá al plantear no sólo nuevos impuestos sino
impuestos ya existentes incrementándolos con carácter experimental. Creo
que hacer experimentos con los incrementos de impuestos no es algo que
sea razonable. No obstante, si lo es una línea del Gobierno que intenta
trabajar para reducir precisamente esos costes indirectos laborales y
salariales.
Además, el presupuesto de la sección 19 apoya decididamente la reforma
laboral, una reforma laboral que ha permitido encontrar empleo con
contrataciones indefinidas a muchos jóvenes en España y que aporta
112.000 millones precisamente en bonificaciones para
favorecer la contratación indefinida de los sectores más desfavorecidos,
de los parados de larga duración, de los jóvenes, de los discapacitados y
también de las mujeres subrepresentadas.
Es un presupuesto que permite, además, la penalización de las horas
extraordinarias y la contratación temporal, eliminando los incentivos a
dicha contratación, lo cual supone un claro cambio en la línea de avance,
diferente a la tendencia marcada desde 1984 con el Acuerdo Económico y
Social que apostó por el desarrollo, a mi juicio exacerbado, de esa
contratación temporal. Este cambio, señor Griñán, en el caso de las horas
extraordinarias, se hace en un momento en que tenemos ya resueltos otros
asuntos tan importantes como era el de la reforma laboral, que el año
pasado impedía aprobar las enmiendas que ustedes presentaron a este tema.
Es una de las obligaciones y también uno de los deseos del Gobierno --y
así lo ha manifestado-- desarrollar la contratación a tiempo parcial y
otras fórmulas de reducción de tiempo de trabajo, pero siempre en el
marco de lo que es la negociación colectiva. Desde luego esté usted
tranquilo en que desde el Gobierno y desde nuestro grupo parlamentario
vamos a incentivar esa negociación para que se llegue a acuerdos posibles
y plausibles para todos, que permitan compatibilizar lo que es la
competitividad con lo que es la creación de empleo.
Además es un presupuesto que apoya y apuesta por la formación reglada
profesional y continua, con un incremento en formación profesional
ocupacional del 28 por ciento, del 35 por ciento en fomento y gestión de
empleo, y también en escuelas taller, pasando hasta los 435.000 millones,
lo que supone 125.000 millones de incremento respecto a 1997, es decir,
un 33,6 por ciento. Este presupuesto --tal como ha expuesto el señor
ministro-- apuesta y permite incrementar también las políticas de
solidaridad, las políticas que van, en definitiva, a proteger a los más
desfavorecidos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Hernando, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente. Concluyo en breve.
Se produce un 5,8 por ciento de incremento del gasto sostenible en
pensiones, que por segundo año consecutivo consolida el incremento del
poder adquisitivo que nuestros pensionistas han obtenido gracias a la
reducción de la inflación sobre la prevista, y que permite incluir
partidas para discapacitados o para el plan gerontológico, con unos
incrementos cercanos al 25 por ciento. También se contemplan importantes
incrementos presupuestarios en los programas de la juventud o de la
mujer, a los que he hecho referencia. Además --como se ha manifestado--,
en la sección 19 se incrementan las medidas adoptadas en la lucha contra
el fraude, se pretende reducir la morosidad de los pagos a la Seguridad
Social y disminuir y eliminar definitivamente las percepciones ilegales,
en complementos a mínimos, en incapacidad laboral transitoria y
permanente o en prestaciones por desempleo, y se consolida el nivel de
protección por desempleo, a pesar de reducir sus partidas,
indudablemente, porque se está produciendo algo tan importante como que
en España se está creando empleo con una tasa de intensidad que, en estos
momentos, es la más alta de la Unión Europea. Asimismo, se produce una
reducción en los gastos de gestión, a pesar de que se mejora la misma.
Señorías, creemos que éste es un presupuesto que merece ser votado. Es un
presupuesto que incrementa la solidaridad social, que apuesta --como he
dicho al principio-- por el empleo, tanto en cantidad como en calidad, y
que permite acometer algunas de las propuestas que se van a hacer en la
cumbre de Luxemburgo respecto a la protección del paro de larga duración
o del paro de los jóvenes. Sin duda alguna, señorías, es el presupuesto
que algunos no pudieron o no supieron hacer y que algunos, por cuestiones
de posición política, no podrán votar, pero que hubieran deseado hacerlo.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Hernando.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones de las
enmiendas y del texto del dictamen de las secciones 25, 21, 18, 19 y 60,
que se han debatido a lo largo de la mañana.
Debo anunciar a SS. SS. que, finalizadas las votaciones, continuará el
Pleno con el debate de la sección de Justicia, para reanudar, en donde
hayamos dejado el desarrollo de esa sección, a las cuatro de la tarde.
Votaciones correspondientes a la sección 25, Presidencia del Gobierno.
Votamos, en primer lugar, la enmienda del Grupo Mixto número 467.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 22; 173, en contra; abstenciones, 131.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas suscritas por la señora Almeida, del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a
favor, 152; en contra, 173; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas. Enmienda 277 del
señor Saura y la señora Rivadulla. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327: a
favor, 152; en contra, 175.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida número 1101.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a
favor, 20; en contra, 175; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a
favor, 151; en contra, 173; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del dictamen de la sección 25.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a
favor, 174; en contra, 151; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen de la sección 25.
Sección 21, Agricultura, Pesca y Alimentación. En primer lugar, votamos
las enmiendas del Grupo Mixto, comenzando por las del señor Saura y la
señora Rivadulla.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a
favor, 153; en contra, 174; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 116 del señor Vázquez, del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a
favor, 155; en contra, 173; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del señor Vázquez, del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a
favor, 153; en contra, 175; abstencion, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas. Enmiendas del señor
Chiquillo. En primer lugar, se somete a votación la número 38.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a
favor, 23; en contra, 177; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 39 del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a
favor, 22; en contra, 175; abstenciones, 131.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 40 del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a
favor, 154; en contra, 174; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer
lugar, se someten a votación las números 958, 959 y 960. Comienza la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a
favor, 20; en contra, 176; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas. Restantes enmiendas
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Comienza la votación.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos. 327; a
favor, 149; en contra, 173; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a
favor, 152; con contra, 175; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo
Socialista.
Voto particular del Grupo Parlamentario Popular contra la incorporación
de la enmienda número 1632 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a
favor, 157; en contra, 171; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular.
Votación del dictamen correspondiente a la sección 21.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a
favor; 175; en contra, 151; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen. Enmiendas y dictamen a
la sección 18, Educación y Cultura.
En primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, comenzando
por las del señor Saura y la señora Rivadulla. De ellas, se somete a
votación la número 280.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a
favor, 143; en contra, 174; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas presentadas por el señor Saura y la señora Rivadulla.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a
favor, 153; en contra, 176; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas. Enmiendas de la
señora Almeida y del señor Alcaraz. Se someten a votación conjuntamente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a
favor, 155; en contra, 177.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Enmiendas de la señora
Lasagabaster, comenzando por la 168, 169 y 170, que se someten a
votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a
favor, ocho; en contra, 311; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 171 de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 20; en contra, 176; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 172.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 141; en contra, 173; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 173.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 154; en contra, 177.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a
favor, 155; en contra, 177.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Chiquillo. En primer lugar, la número 89.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a
favor, 153; en contra 175; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a
favor, 154; en contra 175.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a
favor, 21; en contra, 308; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 481 de la señora Rahola.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 155; en contra 175; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalizadas las del Grupo Mixto y retirada, que ha sido, la 1515 del
Grupo de Coalición Canaria, pasamos a votar las del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, comenzando por la número 848.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 21; en contra, 308; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 914, 915, 916, 847, 853, 854, 869, 870, 872, 873, 879,
880 y 881.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a
favor, 154; en contra, 178.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida a la sección 18.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a
favor, 155; en contra, 176; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar, la número 1263.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a
favor, 142; en contra, 177; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 1288, 1289 y 1290.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a
favor, 155; en contra, 174; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 155; en contra, 174; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Voto particular del Grupo Parlamentario Popular contra la incorporación
de la enmienda número 1626 del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 156; en contra, 173; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular. Ruego a SS. SS.
que no utilicen artefactos inalámbricos en el hemiciclo porque, como
pueden comprobar, se producen interconexiones de sonido que pueden
incidir sobre alguna votación. Votación del dictamen correspondiente a la
sección 18.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a
favor, 178; en contra, 151; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Sección 19, Trabajo y Asuntos Sociales. (El señor Homs i Ferret pide la
palabra.) Señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Señor presidente, comunico nuestro deseo de
retirar la enmienda número 1620 de mi grupo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Homs.
Comenzamos por la votación de las enmiendas del Grupo Mixto. En primer
lugar, se somete a votación la enmienda número 182 de la señora
Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a
favor, ocho; en contra, 194; abstenciones, 130.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a
favor, 152; en contra, 179; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Al haberse retirado la enmienda número 1620, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), pasamos a las enmiendas del Grupo de
Izquierda Unida. En primer lugar, se someten a votación las números 924,
927, 930, 931, 936 y 945.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a
favor, 20; en contra 307; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 938, 939, 940, 950 y 951, del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a
favor, 20; en contra, 179; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a
favor, 151; en contra, 177; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a
favor, 154; en contra, 178; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del dictamen de la sección 19.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a
favor, 174; en contra, 157; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen correspondiente a la
sección 19.
Sección 60, Seguridad Social salvo el Insalud. En primer lugar, votamos
la enmienda 190 de la señora Lasagabaster, del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a
favor, 21; en contra, 312.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida. En primer lugar, votamos la
enmienda 1109.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a
favor, 153; en contra, 179; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a
favor, 153; en contra, 178; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 1419 que subsiste, del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a
favor, 155; en contra, 177.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Socialista al Inserso.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a
favor, 154; en contra, 178; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 1420 del Grupo Socialista, Instituto Nacional de la Seguridad
Social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a
favor, 153; en contra, 177; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1421 del Grupo Socialista a la Tesorería General de la Seguridad
Social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a
favor, 152; en contra, 178; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación del dictamen de la sección 60, salvo el Insalud.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a
favor, 178; en contra, 153; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el dictamen
correspondiente a la sección 60 en los términos mencionados.
Entramos en el debate de la sección 13 correspondiente al Ministerio de
Justicia.
Para la presentación ante el Pleno, tiene la palabra la titular del
departamento, señora Mariscal de Gante. (Rumores.)
¡Señorías, guarden silencio! Vamos a continuar el debate. (Rumores.)
¡Silencio, señorías! Señora Fernández y señor López i Chamosa.
Señor Fernández de Mesa. Señor Echániz, ponga silencio por ahí, por
favor. Contengánse, señorías, no es el lugar adecuado para conversar.
Cuando quiera, señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la presidencia.)
Señorías, comparezco por segundo año para presentarles la sección 13 de
los Presupuestos Generales del Estado, esta vez correspondientes a 1998.
Lo hago partiendo de que se trata de un presupuesto calificable de bueno,
tanto en términos cualitativos como especialmente cuantitativos. Sin
duda, todos desearíamos más medios, pero, en el marco de una política
presupuestaria rigurosa, austera y encaminada a reducir el déficit
público, entiendo que el presupuesto de la sección 13 es, sin duda, el
mejor posible, siendo además suficiente para la consecución de los
objetivos que voy a exponer a SS. SS.
Para explicar las dimensiones y consecuencias de las cifras del
presupuesto para 1998 es necesario hacer referencia a que el presente
ejercicio de 1997 ha sido adelgazado o minorado en 37.100 millones de
pesetas por los traspasos de competencias a comunidades autónomas. En
consecuencia, la comparación interanual de variaciones 1997-1998 entre
presupuestos debe hacerse en términos homogéneos, consolidando dicha
minoración en ambos presupuestos para no dar lugar a los equívocos que
han circulado en relación al crecimiento del presupuesto de 1998.
En términos homogéneos, el total de créditos para 1998 de la sección 13,
sin incluir organismos autónomos, se incrementa en un 9,7 por ciento
respecto a los créditos del año 1997, lo que está muy por encima del
objetivo macroeconómico de inflación prevista, del 2,1 por ciento.
Además, se mantiene en el 0,9 por ciento el coeficiente de participación
del Ministerio de Justicia en el total de presupuestos generales del
Estado de gastos no financieros, a pesar de que éstos se incrementan en
un 3,2 por ciento. Traducido el incremento presupuestario a pesetas, el
presupuesto 1998 aumenta para toda la sección, sin organismos autónomos,
en 15.000 millones de pesetas, con la distribución de capítulos en
términos relativos y absolutos.
Como SS. SS. conocen, el departamento gestiona los cinco programas que
tradicionalmente tiene asignados, uno de ellos de carácter general y de
apoyo a los servicios comunes y el resto de carácter específico. Haré
mención, en primer lugar, a los dos programas presupuestarios de mayor
entidad cualitativa y cuantitativa, es decir, al 142.A, Tribunales de
Justicia y ministerio fiscal, y al 313.F, Prestación social sustitutoria
de objetores de conciencia.
El programa 142.A, tanto cualitativa como cuantitativamente, es el de
mayor importancia en el presupuesto del Ministerio y su objetivo es dotar
a los órganos que integran la Administración de justicia y servicios de
apoyo de los medios personales, materiales tecnológicos y financieros
necesarios para el ejercicio de la potestad jurisdiccional y promover la
acción de la justicia en defensa de la legalidad. Además, se incluyen en
este programa las relaciones con el Consejo General del Poder Judicial y
con los colegios de abogados y procuradores, financiándose a su cargo el
turno de oficio de asistencia al detenido y la asistencia jurídica
gratuita en los términos previstos en la Ley 1/1996.
El crédito presupuestario del programa, que alcanza la cifra de 118.449
millones de pesetas, es el 89 por ciento del total de los créditos de la
sección. En términos comparativos homogéneos, la variación positiva del
programa es de 12.933 millones de pesetas, lo que supone un incremento
del 9,1 por ciento. El calificativo de bueno respecto al presupuesto de
1998, que hacía al comienzo de mi intervención, lo era con referencia
especial a este programa. Para que SS. SS. se hagan una idea de la
prioridad que el Gobierno da a este programa en concreto y a la
Administración de justicia en general, deben saber que para encontrar un
presupuesto comparable al que estamos debatiendo tendríamos que
retrotraernos al período 1988-92, en que, como consecuencia del
desarrollo de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, existió un
apreciable esfuerzo presupuestario, que no obtuvo, sin embargo, los
resultados apetecidos.
Con posterioridad al año 1992, los presupuestos de este programa sufren
una casi congelación, a pesar de incumplir los objetivos y plazos
previstos en la citada ley, que además se prorroga, prórroga que tampoco
es suficiente para el cumplimiento de la ley y que nos lleva a la
situación puesta de manifiesto en el libro blanco elaborado por el
Consejo General del Poder Judicial sobre la necesidad de nuevos órganos
con referencia a las previsiones de la Ley de Demarcación y Planta.
En el último año del abundante lustro, 1992, fechas en que no importaba
cuánto había de gastarse, los incrementos de plantillas presupuestarias
en los cuerpos superiores de Justicia fueron: 10 plazas en la carrera
judicial, 40 en la carrera fiscal, 25 secretarios, 50 médicos forenses y,
para el resto de los cuerpos, 250 oficiales, 250 auxiliares y 100
agentes. Frente a ello, en una situación de rigor y austeridad
presupuestaria, las nuevas plazas dotadas para estos cuerpos en el
presupuesto que hoy explico ante SS. SS. son 114 de magistrados, 30 de
fiscales, 95 de secretarios, 21 de médicos forenses, 313 de oficiales,
395 de auxiliares y 293 de agentes. La consecuencia es evidente. El
esfuerzo presupuestario para 1998 en materia de personal es realmente
relevante dentro del departamento.
Volviendo al capítulo 1, gastos de personal, además de las plazas
indicadas, existe dotación presupuestaria para 149 nuevas plazas de
personal laboral con destino en los equipos de menores, peritos,
intérpretes y demás personal necesario en la Administración de justicia.
Con cargo a estos incrementos de plantilla, se ampliarán en 80 las
agrupaciones de juzgados de paz, que afectarán a 400 pequeños municipios,
y se pondrán en marcha 26 adscripciones permanentes de fiscalías creadas
sin dotación presupuestaria antes de 1996. Asimismo, se financiará un
plan de choque para órganos colegiados con especial atraso.
En cuanto al capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, el
programa crece en términos homogéneos un 40,6 por ciento, incrementándose
en 4.633 millones, lo que, unido a medidas de control y eficacia del
gasto, permitirá el funcionamiento de los órganos judiciales existentes
así como el de los 92 nuevos previstos para el año.
Frente a las críticas de la insuficiencia de este capítulo para los
objetivos previstos, quisiera desmentírselo con una cifra tan
significativa como que la participación máxima del capítulo 2 respecto al
total del programa, el 9,04 por ciento alcanzado en el año 1992, se
supera ampliamente en el presente presupuesto, que llega al 10,25 por
ciento de participación. Este dato supone la demostración matemática de
que los medios personales del capítulo 1 dispondrán este año de más
medios materiales que en los supuestamente mejores tiempos pasados
presupuestarios.
Por lo que respecta al capítulo 4, transferencias corrientes, el
presupuesto se incrementa, en términos homogéneos, en 298 millones, con
destino a la mejora de la financiación del turno de oficio y asistencia
jurídica gratuita así como a la transferencia al organismo autónomo
Centro de Estudios Jurídicos, de la Administración de justicia.
Finalmente, en el capítulo 6, inversiones reales, el incremento en
términos homogéneos es de un 21,6 por ciento, con un aumento efectivo de
1.054 millones de pesetas. A su cargo se financiarán las obras que SS.
SS. conocen por el anexo de inversiones, destacando, entre ellas, el
Palacio de Justicia de Oviedo, el de Palma de Mallorca, el de Cáceres, el
de Jaca, el de San Vicente de la Barquera, el de Avila o el de Santander.
También se financiarán edificios y equipamiento para 92 nuevos órganos
judiciales, entre ellos, 64 juzgados de lo Contencioso-Administrativo,
existiendo financiación en este capítulo --500 millones de pesetas-- para
continuar la informatización de los órganos judiciales y fiscalías con
los proyectos Libra y Linde, que se completarán en 1998, y el proyecto
Corte, a finalizar en 1999.
El programa 313.F, prestación social sustitutoria de objetores de
conciencia, tiene un incremento del 21,7 por ciento, pasando de un
crédito, en 1997, de 3.096 millones de pesetas a 3.768 millones en el
proyecto. Este importante aumento afecta especialmente al capítulo 1,
para financiar el denominado haber en mano, 26.000 nuevas plazas de
objetores, con lo cual tendríamos dotadas el próximo año casi 120.000
plazas de actividad.
El capítulo 2 sufre una minoración como consecuencia del nuevo
tratamiento legal dado al tema del vestuario por la Orden Ministerial de
26 de julio de 1996. El capítulo 4 se incrementa en un 60,2, pasando de
550 a 881 millones, para financiar el mayor número de convenios con
administraciones públicas y asociaciones. Por último, el capítulo 6 se
incrementa en 17 millones de pesetas para desarrollar una adecuada
aplicación informática propia que minore los gastos de servicios externos
desproporcionados desde el año 1990.
Pasando de forma resumida al resto de los programas de la sección, el
programa 141.B, dirección y servicios generales de justicia, tiene un
importante incremento del 17,5 por ciento, motivado fundamentalmente por
la corrección definitiva de los desajustes en materia de personal y
gastos corrientes, consecuencia de la separación del Ministerio del
Interior. Tengo que señalar asimismo que en este programa se incluyen dos
centros directivos de tanta importancia como la Secretaría General
Técnica y la dirección general de Asuntos Religiosos. El primero de ellos
destaca por su protagonismo en la promoción legislativa y por ser el
órgano de coordinación de la Comisión General de Codificación. En cuanto
a la dirección general de Asuntos Religiosos, en tiempos tuvo un programa
presupuestario propio, lo que indica la importancia de su función en la
tutela del derecho fundamental a la libertad religiosa.
El programa 146.A, registros vinculados con la fe pública, también se ve
afectado por los traspasos a comunidades autónomas, por lo que la
comparación debe hacerse en términos homogéneos, creciendo entonces
globalmente en un 3 por ciento. La minoración que figura en el capítulo 1
es aparente, ya que obedece a una redistribución de los efectivos
asignados a los registros civiles.
El crecimiento de un 40,8 por ciento del capítulo 2 está motivado por los
costes de impresos de últimas voluntades y de registro civil. El
incremento en un 97 por ciento del capítulo 6, que pasa de 67 a 132
millones de pesetas, viene motivado por las obras del Registro Civil en
la calle Pradillo, su reubicación en la calle Montera y la recuperación
del plan de informatización de los registros civiles, paralizado desde el
año 1993. En cuanto al programa 126.D, asesoramiento y defensa de los
intereses del Estado, aumenta sus créditos en un 5,2 por ciento. En
capítulo 1 se amplía la plantilla presupuestaria de abogados del Estado
con 12 nuevas plazas. El capítulo 2 se incrementa en un 38 por ciento, de
102 a 141 millones de pesetas. El capítulo 6, en un 52,8 por ciento,
pasando de 36 a 55 millones de pesetas, principalmente para equipos
informáticos.
Por último, señorías, haré referencia a los organismos autónomos del
departamento. El Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de
Justicia aumenta sus créditos en un 22,5 por ciento, al objeto de hacer
frente a una ambiciosa programación de cursos y seminarios, así como a
los nuevos planes de formación de personal, que afectarán tanto a los
funcionarios en prácticas como a los de la carrera. La Mutualidad General
Judicial aumenta su presupuesto en un 4 por ciento, como consecuencia,
fundamentalmente, del incremento en el número de mutualistas, por lo que
su mayor variación corresponde al capítulo 4.
Termino ya mi intervención, señorías, agradeciendo a los presentes la
atención prestada y transmitiéndoles mi convencimiento de que el
presupuesto de 1998 supone para todos un desafío en el objetivo de
conseguir una mejor Administración de justicia.
Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
Probablemente esta es una sección en la que es bastante fácil defender
una enmienda de devolución y algunas parciales, dado el elevado nivel de
conciencia que desgraciadamente existe en la sociedad española ante las
insuficiencias de la justicia, no solamente en su funcionamiento en
cuanto a actividad judicial, sino también en las insuficiencias
gravísimas que continúan existiendo en los medios puestos al servicio de
la realización de ese ideal cada vez más lejano de la justicia.
Tiene razón la señora ministra cuando dice que se han producido
transferencias a comunidades autónomas, pero hubiera sido deseable que el
esfuerzo inversor se hubiera mantenido para cubrir las enormes
deficiencias que todavía, en aquello que es competencia del Ministerio,
están bien presentes. En cualquier caso, el descenso del 0,7 por ciento
del PIB en inversiones de justicia es un dato más que alarmante, porque,
junto a algunos créditos previstos de difícil explicación e incluso
alguno de un carácter algo estrafalario como ese apoyo a una llamada
fundación de justicia en el mundo, a la que también hemos presentado una
enmienda de supresión, no están presentes los que a nuestro modo de ver
serían cuatro ejes vertebradores de una actividad del Ministerio que
debería ser mucho más vigorosa de lo que lo está siendo. En primer lugar,
la creación de suficientes plazas judiciales en aplicación de las
previsiones del Libro Blanco de la justicia; en segundo lugar, la urgente
puesta en funcionamiento de los juzgados de lo
Contencioso-Administrativo, que casi parece que es algo que se va
deslizando al terreno de lo mítico; en tercer lugar, la aplicación
efectiva del nuevo sistema de penas, sobre todo aquellas que, siendo
sustitutorias de la privativa de libertad, requieren una adaptación ya
inaplazable de algunas instalaciones, para que se pueda cumplir lo
previsto en el Código Penal y, finalmente, la también improrrogable
adaptación de las salas de la audiencia, junto con una adecuada
información a los ciudadanos, para que pueda ser absolutamente efectiva
la institución del jurado.
Con esta enmienda de devolución y esa enmienda de supresión a la que
aludía, también se presentan algunas enmiendas, fundamentalmente para el
País Valenciano, en concreto para Torrevieja, Alicante. Y yo citaría
especialmente el caso sangrante de la ausencia de un Juzgado de lo Social
en una ciudad como Alcoy, que, por su ubicación geográfica y por su
estructura socioeconómica, lo requiere y que no aparece tampoco en estos
Presupuestos Generales del Estado.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Alcaraz.
Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente. Señora ministra,
intervengo muy brevemente para defender las enmiendas 1 y 2, de Unión
Valenciana, a la sección 13, Justicia.
Voy a hacer una defensa más en profundidad en el menor tiempo posible de
la enmienda número 1, que es la referente a la Ciudad de la Justicia de
la ciudad de Valencia. Usted ha estado recientemente allí y creo que la
habrán transmitido la enorme preocupación por las instalaciones
judiciales, en concreto en la ciudad de Valencia. Las recién estrenadas
competencias en materia de justicia, de 1995, que entraron en vigor en
1996, fueron una transferencia que ha sido calificada como una losa por
lo defectuoso del traspaso. Realmente es una herencia que se ha recibido
y su Ministerio conoce bien que la Administración de justicia en la
ciudad de Valencia necesita una inyección presupuestaria, dado que la
transferencia no se hizo adecuadamente y cuantificando las necesidades en
concreto de las instalaciones.
Usted sabe que la justicia en la Comunidad Autónoma Valenciana atraviesa
en estos momentos una situación crítica respecto a dos aspectos que
inciden de una manera fundamental en la calidad del servicio que recibe
el ciudadano. Son las infraestructuras y el sistema informático.
Mi enmienda va dirigida a las infraestructuras en la ciudad de Valencia
de este proyecto de gran envergadura que es la Ciudad de la Justicia, a
la que entendemos que su departamento debería contribuir, porque es
necesario. Las infraestructuras son muy deficientes y están influyendo de
una manera muy importante en
la calidad del servicio. El propio presidente del Tribunal Superior de
Justicia ha puesto el dedo en la llaga diciendo que se necesita esa
inyección presupuestaria, en concreto, en las infraestructuras.
En la ciudad de Valencia, que es donde los problemas se hacen todavía
mayores, es necesaria una recuperación urgente, porque existen incluso
desprendimientos y un gran déficit en las instalaciones de la sede del
Tribunal Superior de Justicia. También está ese proyecto de gran
envergadura, que es por el que hemos presentado esta enmienda número 1,
la planificación de este gran proyecto que se conoce como la Ciudad de la
Justicia, de la ciudad de Valencia, a la que pensamos que el Ministerio
de Justicia debería contribuir con una aportación importante, porque es
necesario para su correcto funcionamiento. Apelo a la sensibilidad del
Ministerio, para que este gran proyecto, esta gran inversión, sea una
realidad con su participación.
Muchas gracias, señor ministra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
Para la presentación y defensa de las enmiendas del Grupo Catalán de
Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán únicamente conserva la enmienda 1618.
Querríamos recordar a la Cámara que en 1990 se produjo la transferencia
de medios materiales de la Administración de justicia a la Generalitat de
Cataluña. Precisamente, ese mismo año, en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1991, en el artículo 99.4, se dispuso ni más ni
menos que la supresión de las franquicias postales y telegráficas a las
administraciones públicas, estableciendo un plazo transitorio de tres
años. A partir de 1 de enero de 1994 las administraciones públicas no
gozan de esta franquicia.
Obviamente, cuando se efectuó la transferencia, la valoración se hizo
atendiendo a las circunstancias de ese momento, siendo imprevisible lo
que después ocurrió, que consistió precisamente en tal supresión de
tarifas. Desde luego, en el ámbito del puro Derecho administrativo eso
sería lo que se conoce con el nombre de factum principis y, por lo tanto,
la inserción en una relación equilibrada y por voluntad de una sola de
las partes de un elemento que supone una alteración total y absoluta de
la equivalencia de las prestaciones, por así decirlo.
Tampoco mi grupo ignora que el ámbito adecuado para tratar de este tema
debiera ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con un incremento
de financiación respecto de servicios y actividades ya transferidos. En
cualquier caso, el hecho de que hasta este momento no se haya producido
avance alguno en ese sentido es lo que viene determinando año tras año la
voluntad de presentar esta enmienda.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
Para la presentación y defensa de las enmiendas del Grupo Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a defender las enmiendas 628 a 639, lógicamente dando prioridad a la
628, que es una enmienda de petición de devolución del presupuesto, una
enmienda de totalidad. Podría haber hecho esta intervención desde el
escaño, pero me he visto obligado a ocupar la tribuna porque tendré que
manejar un conjunto de datos y quizás allá arriba, donde uno no tiene
mucha comodidad, incurriría en algún error.
Hemos escuchado muy atentamente a la señora ministra y no vamos a
contradecir ninguna de sus afirmaciones. Todo lo que ha expuesto es
absolutamente cierto y el «Diario de Sesiones» recoge con toda fidelidad
todo ese conjunto de aumentos porcentuales, esos millones y millones, que
nosotros lógicamente no vamos a negar. Pero, como usted se ha colocado en
el mundo de los números, sería bueno ver si efectivamente esos aumentos
presupuestarios, esa proclamada priorización de la justicia, ese
incremento de las inversiones y ese deseo final de contribuir todos a una
mejora de la Administración de justicia lo conseguimos o no con este
presupuesto. Las cosas son así de sencillas. Y a lo mejor tengo que
fatigar a la Cámara con alguna que otra cifra, pero es que son cifras
realmente alarmantes y que usted expone con un tono muy triunfalista. Que
en la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo haya 8.000 asuntos
pendientes quiere decir que ha aumentado un 12 por ciento la litigiosidad
en esa Sala de lo Civil; que en la Sala de lo Penal haya 3.435 asuntos
pendientes significa un aumento del 14,12 por ciento con respecto al año
1995, que en la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo haya 24.772
asuntos pendientes... Todo esto pone de manifiesto la verdadera situación
de la Administración de Justicia. En la Sala Cuarta de lo Social, 3.403;
en la Sala Quinta de lo Militar tienen mucha suerte porque sólo tienen 96
asuntos pendientes. Por cierto, sería bueno que, según repasamos estas
cifras, se tomara alguna medida en aquellas salas donde hay tan poco
trabajo, para que, en virtud del agravio comparativo, haya magistrados
que no sean tan bien tratados. Y me refiero a la Sala de lo Militar o a
las salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de
Justicia, donde cada vez que se convoca una plaza hay auténticos
movimientos telúricos para llegar a ellas. Sería bueno, digo, que hubiera
una cierta reorganización del trabajo. También los presupuestos suelen
servir para reorganizar el trabajo, con la ley de acompañamiento, por
ejemplo, pero en este caso no hemos visto que se haya hecho uso de ello.
Por si fueran poco estas cifras, podríamos ver las de la Audiencia
Nacional, y sólo les daré una, la de lo Contencioso-Administrativo:
22.751 asuntos pendientes. Las salas de lo Civil y de lo Penal de los
Tribunales Superiores de Justicia no merecen mucha consideración, aunque
luego nos referiremos a ellas. Tenga en cuenta que los Tribunales
Superiores de Justicia, en materia contenciosa, tienen pendientes 224.115
asuntos pendientes, con un aumento del 14,85 por ciento.
En las audiencias provinciales hay unos números que también son
llamativos: Jurisdicción Civil, 87.824 asuntos, y en la Penal, 20.455;
todas ellas con un aumento del 16, del 10, del 17. O sea, que no vemos
que se vaya sacando mucho papel fuera; al contrario, vemos cómo,
presupuesto a presupuesto --este presupuesto de usted, el del año
anterior, que también fue de ustedes, y el que nos tememos que será el
que viene--, se sigue permitiendo, por ejemplo, que el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción tenga 4.654.888 asuntos pendientes, que supone un
aumento de más del 20 por ciento. Iremos viendo que el presupuesto trata
de dar prioridad a la justicia, de mejorar su servicio, algo tan
elemental, que es una necesidad material y moral, que al ciudadano se le
resuelvan los conflictos, y algo más importante, de lo que no se suele
hablar, que es el Estado social y democrático de Derecho. Es evidente que
los tribunales ponen de manifiesto una patología, patología que afecta al
sistema de libertades, a algo tan importante como es la tutela judicial
efectiva y el derecho a un juicio sin dilaciones excesivas. Y esta
patología no se corrige.
Usted nos puede hablar a lo mejor de un aumento en inversiones del 20 por
ciento o nos puede hablar de un aumento del 0,17. Por este camino, cuando
volvamos aquí al año que viene y cojamos la nueva memoria del Consejo
General del Poder Judicial, nos encontraremos con que los cuatro millones
y medio de asuntos que hay en los juzgados se habrán convertido en cinco
millones, y lo que hay en el Tribunal Supremo habrá aumentado en un 12,
en un 13 ó en un 14 por ciento.
Yo creo que no es nada serio presentar ante este panorama un presupuesto
como el que presenta usted, o el que presenta su Gobierno, que no le echo
toda la culpa, doña Margarita; yo no le echo toda la culpa, es usted
víctima del síndrome de Maastricht, en virtud del cual para aproximarnos
a Europa tenemos que cumplir determinados parámetros, pero no el
parámetro de los servicios públicos, no el parámetro de cómo funciona
aquí la justicia. A mí me gustaría saber la actitud de estos inversores
extranjeros, europeos, que vienen aquí a hacer algo tan legítimo como es
ganarse la vida y procurar la prosperidad nacional, cuando se les diga:
como tenga usted muchos fallidos o deudas, a lo mejor va a tardar siete
años en lograr cobrarlas; y como tenga usted algún problema con la
Administración, a lo mejor tiene un recurso contencioso que le va a durar
doce años.
Sinceramente, esto es tercermundista.
No pueden ustedes decir que están dando prioridad a la justicia. Estarán
dando ustedes prioridad a los beneficios de las multinacionales, es
verdad, con la reforma laboral; estarán dando ustedes prioridad a otra
clase de anhelos y objetivos, que yo no se los voy a negar, pero lo que
es a la justicia darle prioridad, ninguna.
¡Qué casualidad que ese Gobierno tenga siempre tres puntos flacos! El
punto de la educación, el punto de la sanidad y el punto de la justicia,
que son los que más afectan, a la ciudadanía en general, que es lo que
permite hablar de un auténtico Estado moderno, porque usted comprenderá
que con estas cifras esto no es un Estado moderno, con estas cifras se le
cae a uno la cara de vergüenza cuando sale por ahí.
En este caso, yo creo, doña Margarita, que tenía usted las cosas bastante
más fáciles, no porque se lo diga la oposición, porque el primer
mandamiento es a la oposición ni agua; es que se lo dice la Asociación
Profesional de la Magistratura, es que se lo dice a usted el libro blanco
de la justicia, el libro blanco de la fiscalía, el libro blanco de los
secretarios, se lo dice a usted la Asociación de Consumidores y Usuarios,
lo dice todo el mundo y se lo dice su presidente, o por lo menos su
presidente lo dice aquí, y luego a lo mejor no repite en la sala recatada
del Consejo de Ministros: Ha llegado la hora de la justicia, éste es el
momento en que vamos a darle a esto la vuelta. Pero sinceramente no le
dan la vuelta. Sería un buen ejemplo que daríamos hoy si devolviéramos el
presupuesto al Gobierno y dijéramos: ¿De verdad quieren ustedes mantener
lo que han dicho en la apertura de los tribunales, lo que están ustedes
diciendo cada vez que les hacen una entrevista? Si lo quieren mantener,
de verdad, vamos a hacer un serio esfuerzo. ¿Usted cree de verdad que con
la población que tiene este país y esta litigiosidad podemos tener
exactamente en activo 3.400 jueces y magistrados? Porque hay trescientos
y pico que están en servicios especiales. ¿Usted cree que con eso podemos
dar abasto a todo lo que se está suscitando, a ese derecho que tiene el
ciudadano de que cuando no le pagan la renta en el plazo de uno, dos o
tres meses, si quiere usted seis meses, por lo menos se dicte una
sentencia de desahucio y recupere el inmueble, o es que para recuperar un
inmueble hace falta en este país dos años? ¿Usted cree que de verdad esto
se puede presentar? Yo creo que con esto bastaba.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castellano,
le ruego vaya concluyendo.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Acabo en seguida porque, señor
presidente, el esfuerzo inútil conduce a la melancolía y yo no tengo
ninguna gana de ser melancólico .
Lo normal y lo lógico es que, si quieren ustedes seguir con este
planteamiento, por lo menos hagan el favor de no volver a hablar de que
les preocupa el tema. Díganme ustedes que éste es un tema que sólo debe
preocupar a los que tienen pleitos, que por lo tanto a ustedes les tiene
sin cuidado, que no vale la pena invertir en justicia, porque invertir en
justicia afecta sólo, al fin y al cabo, a muy pocos ciudadanos, y ya nos
quedamos ahí.
Si después de contemplar estas cifras hablamos de las necesidades que
resultan de un nuevo código penal, de las que resultan de una ley de lo
contencioso, no pretenderán ustedes que se vaya a solucionar el problema
con 52 magistrados, que resultan de tener que ampliar las audiencias con
respecto a los antiguos juzgados de lo penal, pues sinceramente el
panorama va a ser aterrador.
Por eso le emplazo a usted, con lo cual fíjese lo que le deseo. Le deseo
que al año que viene esté usted sentada ahí. Yo no pediré nunca su
dimisión, lo que le pido es que cambie de criterio. Le emplazo a usted,
que se sentará ahí al año que viene, a cuando volvamos a leer la memoria
y venga usted con un presupuesto similar a éste, porque estarán ustedes
con el condicionamiento europeo, supongo que no hará usted una
intervención tan triunfalista y, además, tendrá la amabilidad --estoy
absolutamente convencido por su educación y su galanura-- de subir a la
tribuna y decir: No se puede hacer otra cosa. Este tema no nos interesa y
le estamos dedicando muy poca atención.
El resto de las enmiendas pido que se den por defendidas porque, punto
por punto, se limitan a pedir para algunos palacios de justicia, para
algunos juzgados alguna mejora.
Le tengo que decir a usted que hemos recibido más de 6.000 enmiendas de
nuestros queridos conmilitones para decirnos: preocuparos por este
juzgado o por el otro. Lógicamente, hemos separado algunas que son las
que hemos reflejado aquí y, a lo mejor, alguna de ellas merece atención.
No sé qué atención merecerán. Lo que sí quiero decir es que deben merecer
muy poca porque, de todos los datos que se han pedido en la Comisión de
Presupuestos cuando vinieron el subsecretario y altos cargos para poder
hacer las enmiendas, sigo esperando que me envíen una sola notificación.
No me han enviado ninguna. Lo cual significa que el desprecio hacia la
justicia se extiende también hacia los que intentamos que vaya mejorando.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Fernández de
la Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Señor Presidente, señorías, el
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998,
presentado por el Gobierno para el Ministerio de Justicia, muestra
claramente, en opinión del Grupo Socialista, la escasa o nula importancia
que el Gobierno del Partido Popular otorga a la justicia. No a la
justicia, evidentemente, como poder, que eso sí que parece que les
importa, sobre todo como poder corporativo, porque cada día se confirma o
consolida más la concepción corporativista que el Gobierno del Partido
Popular tiene, no sólo del Poder Judicial, sino del Ministerio de
Justicia, que se está convirtiendo, día a día, y estos presupuestos lo
muestran claramente, en el ministerio de las corporaciones. Cosa que no
nos debería sorprender, porque así lo anunciaban ya en el programa
electoral con el que concurrieron a las elecciones. Lo más sorprendente
es que no se trata de todas las corporaciones sino, obviamente, de las
que le son afines.
Lo que es evidente es que con estos presupuestos la justicia, como
servicio público, no es un concepto con el que esté familiarizado el
Gobierno, no entra dentro de sus parámetros culturales y, por tanto, no
se les presta la atención que, en opinión de mi grupo, requiere. Todos
sabemos que los problemas que aquejan a nuestra justicia son múltiples y
múltiples las razones por las que los ciudadanos, en los últimos
barómetros de opinión, consideran que la justicia está muy mal. Pero
también es verdad que si todo no se arregla con más medios, en un Estado
social y democrático de Derecho no se pueden abordar los problemas de la
justicia sin abordar los que tiene planteados como servicio público.
El año pasado, señorías, mi grupo denunciaba en este mismo debate que el
presupuesto de 1997 no era ni suficiente, ni adecuado, para dar respuesta
a la demanda de los ciudadanos, la legítima demanda a obtener una
respuesta del servicio público de justicia. Hoy, ante el presupuesto de
1998, nos vemos obligados a denunciar la misma situación que este año; si
cabe, es más grave, ya que no se va a poder hacer. Es más grave porque el
presupuesto crece, es más grave porque la economía va bien, España va
bien, señora ministra, pero la justicia cada día va peor. Y no se va a
poder hacer frente con este presupuesto ni al cumplimiento de
obligaciones derivadas de aplicación de leyes que están en vigor con el
Código Penal. Ya sabemos, señorías, que a ustedes no les gustaba el
Código Penal, pero va siendo hora que den algún medio para que se pueda
aplicar el Código Penal, o la Ley del Jurado, o la Ley de asistencia
gratuita, que está teniendo problemas en la constitución de las
comisiones de asistencia. Tampoco van a poder hacer frente al
cumplimiento de obligaciones derivadas de la entrada en vigor de
proyectos que ya están en esta Cámara, como la ley de lo
contencioso-administrativo, o que esperemos que estén en esta Cámara como
la ley de responsabilidad penal
del menor, ni a las necesidades, y esto es lo más grave, más urgentes de
la justicia que aparecen recogidas en el libro blanco recientemente
aprobado por el Consejo General del Poder Judicial, ni siquiera las
calificadas en dicho libro blanco como ineludibles a la luz de la carga
de trabajo existente, que consiste en la creación y puesta en
funcionamiento de 315 plazas de jueces y magistrados en órganos que se
considera han soprepasado la carga de trabajo y que, si no se crean, van
a entrar con toda seguridad, según dice el Consejo General del Poder
Judicial, en dilaciones indebidas.
Creo que con estos datos presupuestarios les quedará claro, o por lo
menos así está poniéndose de manifiesto, que el ofrecimiento que el
presidente del Gobierno, señor Aznar, hizo al presidente de mi grupo
parlamentario, señor Almumia, de intentar llegar a pactos sobre los temas
señalados en el libro blanco, como más importantes y urgentes para
mejorar el servicio público de la justicia, está vacío de contenido, es
pura retórica, no hay ni una sola dotación para ello. Hoy la ministra,
sorprendentemente, ha dicho que sí hay, pero cuando comparecieron aquí
los altos cargos de su departamento y les preguntamos qué dotaciones
había para el libro blanco dijeron que ninguna, que no las habían
previsto porque cuando elaboraron el presupuesto el libro blanco no
estaba aprobado.
Pero no sólo no hay ni una sola dotación para el libro blanco, sino que
tampoco hay ni una sola partida prevista para los juicios rápidos, ni
siquiera en la Audiencia Nacional, cuando ésta es una de las medidas
acordadas en el pacto antiterrorista de Madrid. No me diga usted que la
hay y que está en partidas globales, porque, por ejemplo, la partida de
peritos y testigos, que es fundamental para el funcionamiento del juicio
rápido, disminuye en un 27 por ciento en este presupuesto.
Por todo ello y porque, como veremos, lo mismo ocurre en el resto de
programas del Ministerio de Justicia, el Grupo Parlamentario Socialista
ha presentado una enmienda de totalidad, de devolución de la sección 13;
una enmienda de totalidad, de devolución del programa más importante, el
142.A, de tribunales de justicia y ministerio fiscal; una enmienda
parcial a este programa de incremento de dotaciones; y seis enmiendas
parciales al resto de los programas que integran la sección, por si no
prosperase alguna de las anteriores.
Con ocasión de la tramitación del presupuesto del año 1997, mi grupo
parlamentario puso de manifiesto la irresponsabilidad con que ustedes
habían elaborado este presupuesto, porque además de despriorizar la
justicia, que suponía la participación en los presupuestos de gastos no
financieros, pasábamos del 1,0 al 0,9, se presentaron unas cifras que ya
dijimos que eran insuficientes, inadecuadas, y en el presupuesto de 1998
han tenido que adoptar medidas para frenar ese mismo desastre, pero lo
hacen de nuevo de forma insuficiente y discriminatoria, incrementando
partidas como los estudios o trabajos técnicos, o reuniones o
conferencias, supuestamente destinadas al pago de favores inconfesables,
así decían ustedes cuando estaban en la oposición, y a los que había que
poner coto por razones de salud democrática. Pues ahora las incrementan
ustedes en un 437 por ciento, o en un 443 por ciento; o en gastos
diversos, que no explican a qué van a destinar, que incrementan en un 290
por ciento; o el 16 por ciento del aumento del grupo A, que usted ha
dicho en su intervención que todavía deriva de la separación del
Ministerio de Justicia e Interior; o el aumento de los gastos del
personal eventual en un 15 por ciento; o la aparición ya de una
subvención novedosa a la fundación Justicia en el Mundo, cuyos patrones
hemos podido averiguar por el registro --no porque ustedes nos lo dijeran
en las comparecencias-- que son, señora ministra, los miembros de la
Asociación Profesional de la Magistratura.
Señora ministra, si usted quería dar subvenciones a las fundaciones
patrocinadas por las asociaciones judiciales, se las debería haber dado a
todas, pero no, usted se las da sólo a la asociación conservadora de la
que usted formó parte. Esto es un escándalo, señora ministra.
Pues bien, estos y otros dislates se producen en todos los programas de
la sección 13, Ministerio de Justicia, no sólo en el principal programa,
sino en todos: en los registros vinculados a la fe pública, que parece
que ya desaparece esa dirección, a no ser que entendamos que la
disminución del 16 por ciento del capítulo 1 es porque realmente la
Dirección General de los Registros y del Notariado va a llenarse de
registradores y notarios que compatibilizan ello con sus registros y sus
notarías; lo mismo ocurre en objeción de conciencia que, a pesar de los
incrementos, tampoco hay dotaciones suficientes para hacer frente al
haber en mano, dado el incremento de objetores que es extraordinario.
La enmienda más trascendente que mi grupo ha presentado es la de
devolución del programa más importante, que es el de tribunales de
justicia y ministerio fiscal. Aquí, además de la enmienda de devolución,
hemos presentado también la enmienda de modificación, que la hemos hecho
además con unos criterios absolutamente razonables y prudentes, porque lo
único que pedimos es un incremento de 16.110 millones, señora ministra,
para hacer frente precisamente a eso que el Consejo General del Poder
Judicial ha dicho que era urgente e ineludible, si no queríamos que la
justicia al servicio de los ciudadanos fuese perjudicándose cada día más.
Para crear esas 315 plazas de jueces y magistrados, todo ello sin tener
en cuenta la necesidad de instaurar la figura del cuarto magistrado en
todas las secciones de las audiencias, lo que implicaría crear otros 100
más aproximadamente, desde luego con las dotaciones que existen en el
capítulo 1 del programa 142.A no va a ser suficiente. Ni siquiera para
esos 114 juzgados o plazas de jueces y magistrados a los que ustedes
hacen referencia, si descontamos de esas plazas los 64 de lo
contencioso-administrativo que dicen ustedes que van a crear.
Además, no son 64, porque la Ley de planta y la propia ley que ustedes
han remitido hablan de 115 juzgados, a no ser que ustedes quieran que los
juzgados de lo contencioso-administrativo entren en vigor en el año 2000,
cuando la ley se está tramitando aquí. Señora ministra, para poder poner
en funcionamiento esos 115 ó 120 juzgados de lo
contencioso-administrativo, con los 1.078 millones de pesetas que vemos
en los presupuestos, en el capítulo 6, no hay ni para empezar, porque con
eso no cubrimos los 120 jueces. Van a ser necesarios, como mínimo, 2.450
millones, sólo del capítulo 1, para la entrada en vigor de los juzgados
de lo contencioso-administrativo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Fernández de
la Vega, le ruego que vaya concluyendo.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Ya acabo, señor presidente.
Pero es que no sólo no va a poder poner usted en funcionamiento los
juzgados de lo contencioso-administrativo, sino que tampoco hay ni una
sola previsión para la ley de responsabilidad penal del menor. Todos
sabemos que ésa es una ley muy cara --yo también lo sé--, señora
ministra, pero es que no hay ni una sola dotación, con lo cual empezamos
a pensar que usted no va a traer esa ley a esta Cámara o que la va a
traer sin dotaciones económicas.
Además, el propio Consejo General del Poder Judicial establece que es
necesario crear juzgados de primera instancia e instrucción, juzgados de
lo social y juzgados de vigilancia penitenciaria, precisamente aquéllos
en los que hay que modificar el módulo que los jueces tienen ahora
establecido para dar salida a los numerosos asuntos que se acumulan, y es
necesario también la universalización del cuarto magistrado. Para esto,
señorías, mi grupo solicita un dinero --escaso, yo diría-- porque sabemos
que éste sigue siendo un presupuesto restrictivo, pero que no debería
serlo para la justicia, si no queremos que los ciudadanos sigan
considerando que uno de los poderes básicos del Estado sigue funcionando
cada día peor.
Por ello, solicitamos que apoyen esta enmienda, en la que lo único que
estamos pidiendo son esos 16.000 millones de pesetas que han de dar
satisfacción a las necesidades consideradas más urgentes por el Consejo
General del Poder Judicial. Si no se aprueba esta enmienda, señorías,
vamos a tener que seguir diciendo que, desde luego, el Gobierno es
insensible a la justicia, que no es el tema que más le importe y que las
dotaciones del Ministerio de Justicia están únicamente para algunas
corporaciones.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández de la Vega.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor presidente, señorías, estamos ante un
debate tradicionalmente comparativo y yo quiero resaltar, ante todo
--porque me parece muy positivo, por aquello de que rectificar es de
sabios--, que no se haya insistido por parte del Grupo Parlamentario
Socialista en malentender las cifras de este presupuesto sugiriendo que
se daba una restricción respecto al del año anterior, ya que --como ha
quedado reflejado en la intervención de la señora ministra-- se han
producido significativas transferencias a comunidades autónomas este año,
lo que hace que, una vez homogeneizadas las cifras de referencia, el
incremento del presupuesto de justicia sea del 9,7 por ciento. Se podrá
discutir al respecto, pero, cuando estamos bajo el síndrome de Maastricht
(o sea, por una parte, ante la necesidad de respetar unas líneas
presupuestarias generales de lucha contra el déficit y la deuda, de
control del gasto, etcétera, pero también con la otra cara del síndrome
de Maastricht, que es la de largar de manera inmediata un spot en el que
se dice: Maastricht igual a menos gastos sociales), curiosamente, los
mayores incrementos de este presupuesto se producen en educación y
sanidad --que han sido citados brillantemente, aunque fuera de contexto
en este caso--, y también en justicia, porque un incremento del 9,7 por
ciento no está nada mal --las cosas como son--, sobre todo, dado como
está el resto del patio.
El portavoz de Nueva Izquierda ha dicho que los gastos de justicia
equivalen al 0,7 del PIB; eso lo ha publicado algún periódico pero, entre
otras cosas, consultados los asesores, me dicen que es incluso
matemáticamente imposible, por tanto dejémoslo estar. Como no está aquí
el autor del cálculo, mejor será no repetir el sorteo en esta ocasión.
Yo creo que estos presupuestos reflejan claramente la importancia y la
relevancia que el Gobierno atribuye a la justicia y a la necesidad de
dotarla de mayores medios.
Me ahorro cualquier tipo de comentario sobre las distorsiones que estas
transferencias autonómicas producen, puesto que no se ha insistido en un
argumento en el que hasta ahora el Partido Socialista había fundado su
principal oposición, que en el fondo era que justificaba la enmienda de
totalidad.
La intervención del portavoz de Izquierda Unida por un momento me ha
hecho recordar que cuando compareció el presidente del Consejo General
del Poder Judicial, el Grupo Socialista hizo un debate de presupuestos, y
hoy, que tenemos un debate de presupuestos, Izquierda Unida hace un
debate sobre la comparecencia
del presidente del Consejo General del Poder Judicial, quizá por aquello
de hacer justicia y procurar equilibrar los desajustes, porque a no ser
que metabolicemos las pesetas en papel que sale, yo no sé cómo se
conseguiría eso. Yo creo que tiene mucho que ver con esos datos ciertos,
y tristemente reales que aquí se han dado, las reformas procesales que
este Gobierno y esta ministra están impulsando: la de lo contencioso, que
ya está en esta Cámara; la de lo civil, que ya hay un borrador que está
siendo ampliamente debatido; y en su momento llegará la de lo penal.
En cuanto a aspectos ya concretos, por ejemplo la asistencia jurídica
gratuita, a la que ha aludido la señora Fernández de la Vega, yo creo que
es un asunto bastante fácil. Como es algo que se hace de acuerdo con los
consejos generales de colegios de abogados y de procuradores, las
dotaciones se han acomodado precisamente a sus indicaciones. Por eso se
han aumentado las de los abogados y se han reducido las de los
procuradores, simplemente porque el crédito del año anterior se ha
demostrado que excedía a las necesidades existentes. En el Ministerio,
como sabe la señora Fernández de la Vega de sus mejores tiempos, se
cuentan con datos y eso permite hablar con mayor fundamento en este
aspecto.
Puestos a contar con datos, yo simplemente le voy a ofrecer a la portavoz
socialista un planteamiento facilón. Le voy a dar a elegir el año que
ella quiera, entre 1992 y 1996, para que lo compare a la dotación de
órganos judiciales y de plazas que hay para este año. Por ejemplo, en lo
que se refiere a plazas de jueces y magistrados, si elige el año 1992,
las de este año son el doble; si elige el año 1993, las de este año son
el doble; si elige 1994 queda peor parada porque las de este año son
cuatro veces más; si elige 1995, las de este año son el doble, y si elige
1996, las de este año son el triple. Elija usted el año que quiera, que
desde luego el Gobierno y la ministra quedan muy bien.
En cuanto a órganos judiciales, lo mismo le digo. Si elige usted el
emblemático 1992, por cada dos órganos que se crearon ese año se crean
este año tres; si elige usted el año 1993, se triplica en el año 1998 esa
cifra; si elige usted 1994 vuelve a salir malparada, cinco veces más
habrá en 1998; si se queda en 1995, simplemente lo cuadruplicamos en
1998, y si se va a 1996, una vez más, cinco veces más. Elija el año que
quiera porque la goleada la tiene asegurada. Esos son datos, lo demás son
cuentos de caballería.
La dotación de personal se completa con 30 fiscales más, con algo que se
había heredado de su gestión, de la gestión del Gobierno en el que estaba
usted integrada, y es el hecho de que hubiera 1.200 interinos, entre
otras cosas porque no se creaban plazas. En este momento se van a cubrir
todas las plazas de las plantillas y se va a acabar con los interinos, y
además se ha dado acomodo a figuras pintorescas que había fuera de
plantilla, como las secretarias de los magistrados del Tribunal Supremo o
de los fiscales de Sala, que ustedes no tuvieron siquiera la precaución
de preverlas en las plantillas.
De los juicios por jurado, también desde Nueva Izquierda, del Grupo
Mixto, se ha aludido al presupuesto. Teniendo en cuenta que en el primer
semestre de este año llevamos 55 juicios, manteniendo esa línea, habría
dos millones de pesetas por juicio con jurado para el año que viene, por
tanto no parece que sea un presupuesto reducido.
En cuanto a edificios, van a llevarse a cabo inversiones que hacía tiempo
que estaban paradas y algunas con el siguiente resultado, señora
Fernández de la Vega. A lo mejor se acuerda de que el Palacio de Justicia
de Oviedo se llegó a licitar en 1993; se licitó y no se consiguió
adjudicar, eso es un prodigio de gestión. Pues, mire por donde, en 1997
se ha licitado y se ha adjudicado por el 30 por ciento menos de su
precio. Y es que aquí hay otro aspecto; aquí sólo hablamos de números,
pero hay que hablar de gestión, de qué se hace con los números. Ustedes,
a veces, ponían muchos números, pero, a la hora de la verdad, conseguían
éxitos como el que acabo de comentar. Ahora sí que se está haciendo el
Palacio de Justicia de Oviedo.
No entro en las enmiendas de detalle, donde se dan unos tropismos
geográficos realmente originalísimos, que explican, por ejemplo, que
Izquierda Unida el año pasado presentara una enmienda sobre un juzgado en
Torrevieja y que este año la presente Nueva Izquierda, porque el diputado
ha cambiado de grupo. Se trata de una especie de mininacionalismo, según
el cual cada diputado presenta una enmienda que tiene que ver con su
circunscripción, porque de las 1.000 enmiendas acaban presentándose aquí
las vinculadas a los miembros concretos del grupo; quizá porque así las
puedan vender en la prensa local, lo cual es un favor que se le hace a la
prensa, que de algo tiene que hablar. Por tanto, no entro en la discusión
de esa curiosa distribución y sólo voy a resaltar una realidad: va a
haber más órganos judiciales.
La señora Fernández de la Vega estaba muy preocupada con el libro blanco.
El libro blanco habla de 300 nuevas plazas. Sólo en el año 1998 va a
haber 114; añada las 80 con las que se va a terminar este año 1997 y verá
que no es muy complicado llegar a conseguir ese objetivo. Hubiera sido
complicado si mantuviéramos el ritmo del año 1994, que se quedaron en 27
plazas. Entonces hubiéramos necesitado catorce años para llegar a 300,
pero, como hemos mejorado el ritmo y estamos en 114, la cosa es bastante
facilona, no es muy difícil.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Miranda y Lozana): Señor Ollero, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor OLLERO TASSARA: En efecto, se multiplican los cursos. A usted
eso le alarma, pero es así. Se
van a triplicar los alumnos en el Centro de Estudios Jurídicos, que
ustedes dejaron fuera del marco legal el otro día en una inteligentísima
votación; se van a cuadruplicar esos cursos y se van a triplicar los
alumnos que acuden a ellos.
También se ha mostrado usted muy sensible a la subvención a la asociación
Justicia en el Mundo, que tiene que ver con la Unión Internacional de
Magistrados, que no sé si le suena a usted. Es una unión que integra a 47
asociaciones judiciales. Desgraciadamente, a la suya no, y es un
problema, pero 47 asociaciones judiciales no está mal. Es un órgano
consultivo de las Naciones Unidas y asesor del Consejo de Europa, si bien
es verdad que tiene un defecto, que la asociación española a la que
representa es la mayoritaria, y eso a ustedes les produce alergia.
Ustedes son partidarios de un modelo de Consejo General del Poder
Judicial que permita que la asociación minoritaria controle los
nombramientos y no les gusta que a las mayoritarias se les reconozca
ningún tipo de relevancia.
Termino señalando, respecto a la única enmienda viva del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que como muy bien ha
señalado su portavoz, ese problema va a ser estudiado por la comisión
específica que se ha creado dentro del Consejo de Política Fiscal,
porque, como sabe, estas transferencias ya se han producido respecto a
otras comunidades autónomas, entre otras Andalucía, aunque en otras
circunstancias. Desde luego, me consta que el Gobierno tendrá en cuenta
el dictamen de esa comisión para subsanar la anomalía señalada.
(Aplausos.--El señor Silva Sánchez pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ollero.
¿A qué efectos solicita la palabra, señor Silva?
El señor SILVA SANCHEZ: Para poner de manifiesto la retirada de la
enmienda 1618 a la vista de las manifestaciones efectuadas por el
portavoz del Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
Queda retirada la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).
La sesión se reanudará a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Reanudamos la sesión con la
sección 16, Ministerio del Interior.
Tiene la palabra, en primer lugar, el señor ministro de Interior, don
Jaime Mayor Oreja.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoras y señores diputados, comparezco hoy ante SS. SS. para
presentarles los aspectos más relevantes de la sección 16 del proyecto de
ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998, correspondiente al
Ministerio de Interior.
El proyecto de presupuestos del Ministerio de Interior no consolidado
para el próximo ejercicio económico, sin incluir los organismos
autónomos, asciende a un total de 635.330 millones de pesetas, lo que
supone un incremento del 2,09 por ciento respecto al presupuesto
inicialmente aprobado en 1997. No obstante, no es el crecimiento real, ya
que en el presupuesto para 1998 se va a reflejar el traspaso de parte del
Ministerio al Ministerio de Administraciones Públicas, en concreto todo
lo que se refiere al coste de los servicios periféricos del Ministerio de
Interior, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de organización y
funcionamiento de la Administración general del Estado, Lofage. De esta
forma, el incremento real, en términos de homogeneidad, se produce en el
4,54 por ciento. En mi opinión, quiere decir que el crecimiento se sitúa
en un nivel significativo, habiéndose realizado un esfuerzo encomiable
dentro de los márgenes de una política general de austeridad económica y
presupuestaria, y pone de manifiesto la relevancia que para este Gobierno
tiene la seguridad del Estado.
Como primera aproximación general a este presupuesto, hemos pretendido
esencialmente corregir el principal desequilibrio de los presupuestos del
Ministerio de Interior, esto es el desequilibrio existente en el capítulo
6, de inversiones, en un proceso que se estaba produciendo en un conjunto
de años, y que no se corrigió tampoco el año pasado. Quiero poner de
manifiesto que es la importancia mayor en un balance general del
presupuesto, que viene a quebrar un desequilibrio creciente entre el
capítulo 6, inversiones, y el resto de presupuestos. Este desequilibrio
no se corrige del todo, pero es muy importante que haya un punto de
inflexión en esa dirección, porque aunque sigue siendo un presupuesto
desequilibrado en el capítulo 6, en función de lo que va a exigir el
futuro de la seguridad en España, al menos es bueno que esta inflexión se
haya producido en el ejercicio 1998.
Con carácter previo a lo que significa un análisis pormenorizado de los
distintos capítulos, voy a destacar lo que considero son aspectos más
novedosos de estos presupuestos de 1998. Se crea la Gerencia de
Infraestructuras de la Seguridad. Con este órgano se pretende mejorar lo
que son mecanismos de explotación de los medios materiales. Vamos a dar
más autonomía a la gestión de los medios materiales de las
infraestructuras que tienen a su cargo las Fuerzas de Seguridad
del Estado y que muchas veces, por estrictas rigideces, no permiten
criterios de flexibilidad para poner más en consonancia lo que son
demandas políticas, sociales y de seguridad, con lo que viene a
significar un esfuerzo en esta dirección. Nos va a permitir financiar, de
manera más ágil y eficaz, los recursos de infraestructuras que tienen las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La renovación del parque automovilístico de la Policía es un segundo
punto a considerar. Se introducen partidas específicas destinadas a la
implantación de un nuevo sistema; un sistema de alquiler de vehículos.
Por ello figura una partida de 1.200 millones de pesetas, dentro del
capítulo 2 del servicio 3, esto es Dirección General de la Policía, con
la idea también de introducir nuevos criterios destinados a la renovación
de la flota automovilística de la Policía, que es un objetivo
absolutamente necesario y que nos va a permitir acrecentar en 1.500
coches para el año próximo este conjunto de vehículos. Es la única
fórmula que tenemos en estos momentos para poder abordar lo que sí suele
ser una necesidad perentoria, como creo que SS. SS. bien conocen.
En tercer lugar, la participación de España en el proyecto europeo de
seguridad, con un incremento del 22,22 por ciento, que se traducirá en la
aportación española a la unidad central Schengen.
En cuarto lugar, el único plan territorial en materia de seguridad que
contempla este presupuesto. Es un plan integral para Canarias que viene a
significar, por razones obvias, una de las prioridades más relevantes en
materia de seguridad a lo largo de 1998. Además de un incremento en las
plantillas, que ya se está materializando en el presente ejercicio,
existe una previsión de inversiones que afecta tanto a la Policía como a
la Guardia Civil.
En quinto lugar, el desarrollo del Plan de policía de proximidad es otro
de los proyectos que cuenta con partidas del presupuesto para 1998 que
requiere un esfuerzo para el próximo ejercicio.
Esas son las novedades concretas más significativas, antes de pasar a
examinar los diferentes capítulos del presupuesto.
Respecto del capítulo 1, esto es gastos de personal, tiene una dotación
de 584.536 millones de pesetas, lo que supone el 46,34 por ciento del
proyecto de presupuestos. Esta dotación para 1998 supone un incremento,
en términos homogéneos, de casi el 4 por ciento respecto del presupuesto
inicial de 1997, incremento que se va a traducir, con todas las
limitaciones que se quiera, en mejoras retributivas de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y de Instituciones Penitenciarias, especialmente
en el País Vasco, en este caso por razones obvias.
Respecto del capítulo 2, relativo a gastos corrientes en bienes y
servicios, tiene una dotación de 50.862 millones de pesetas. Quiero decir
que se ha producido una reducción derivada de la transferencia de
servicios periféricos del Ministerio del Interior al Ministerio de
Administraciones Públicas y que esta transferencia ha supuesto un total
de 2.119 millones. Por ello, el incremento real de este capítulo ha sido,
casi en el mismo nivel que el conjunto del presupuesto, del 4,63 por
ciento. Se producen algunos incrementos, necesarios para garantizar la
operatividad policial y para adecuar las dotaciones alimentarias de la
población reclusa, productos alimenticios, de alrededor de 418 millones
de pesetas.
Respecto del capítulo 4, relativo a transferencias corrientes,
experimenta una reducción derivada de la disminución de la subvención por
gastos electorales a partidos políticos, conforme al calendario
electoral, así como por los créditos traspasados al Ministerio de
Administraciones Públicas. Quiero destacar que dentro de este capítulo se
incrementan las ayudas a víctimas del terrorismo gracias a las nuevas
líneas de ayuda cofinanciada con el Fondo Social Europeo, y hay otros
incrementos en cooperación internacional, en adecuación de la cuota
exigible por pertenencia a Europol e Interpol, que vienen a completar los
datos mas significativos de crecimiento de este capítulo 4 que, insisto y
reitero, desciende exclusivamente en razón de no estar en año electoral.
El capítulo 6, que como he señalado al comienzo de mi intervención
significa el principal cambio del referido presupuesto, se dota con
17.187 millones de pesetas. Eso significa un incremento del 45,2 por
ciento respecto del presupuesto inicial de 1997.
Paso a citar las principales inversiones previstas para el próximo
ejercicio. Para obras en acuartelamientos y edificios de la Guardia
Civil, 3.000 millones de pesetas; la Guardia Civil ve incrementado su
capítulo 6 en el 47,8 por ciento. Para reformas y equipamientos en
centros penitenciarios, 1.181 millones de pesetas, con un crecimiento del
34,4 por ciento. En material de transportes para Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, 3.282 millones de pesetas, que significan un incremento del
241,6 por ciento. También quiero destacar en medios de lucha contra la
droga, 1.282 millones de pesetas, con un incremento del 354,6 por ciento.
Y 603 millones de pesetas en equipamientos de las fuerzas y cuerpos, que
significan un incremento del 44,6 por ciento. Estas cifras confirman lo
que con todas las limitaciones y con toda la modestia que se quiera, creo
es el cambio principal del ejercicio 1998 en materia del Ministerio de
Interior.
Respecto del capítulo 7, es decir transferencias de capital, suponen un
total de 374 millones, fundamentalmente destinados para infraestructuras
de protección civil. También en este capítulo se ha experimentado un
incremento del 38,52 por ciento.
Estos son, señorías, los capítulos más significativos y más relevantes y
paso a destacar algunas referencias o consideraciones sobre lo que
significa la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, el Plan Nacional en la Lucha
contra la Droga y la Dirección General de Tráfico.
En la Dirección General de Instituciones Penitenciarias el presupuesto se
incrementa el 7 por ciento; se incluye el organismo autónomo Trabajos y
Prestaciones Penitenciarias. En el capítulo de personal quiero mencionar
aspectos tales como la mejora retributiva a los funcionarios que están
hoy en el País Vasco, insisto, por razones obvias; la importante oferta
pública de empleo con la que se efectuará la dotación de tres nuevos
centros penitenciarios, que nos van a permitir una mayor flexibilidad en
la política penitenciaria; o la duplicación del gasto en transporte, con
el objetivo de mejorar la seguridad en los desplazamientos de los
funcionarios. En el capítulo 2 se produce un incremento, como antes
decía, en la partida destinada a alimentación. Por último, las
transferencias a las corporaciones locales, para el cumplimiento
alternativo de las penas de arresto de fin de semana en los depósitos
municipales, aumentan el 10 por ciento.
Respecto a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas,
el presupuesto aumenta en 1.300 millones de pesetas y ello representa un
incremento del 28,5 por ciento. Esto significa la plasmación
presupuestaria del plan de medidas que aprobó el Gobierno el 24 de enero
de este año para dotar a las nuevas unidades Udyco, de droga y crimen
organizado, de los instrumentos necesarios para efectuar una de las
prioridades más esenciales en la seguridad del Estado. Hay un incremento
también, en la misma línea que marca el presupuesto, del 354,57 por
ciento en las inversiones reales relativas a actuaciones policiales en
materia de droga y se destinan 1.000 millones para un equipamiento
especializado de estas actuaciones y para la lucha contra el blanqueo de
capitales.
Por último, la Dirección General de Tráfico tiene un presupuesto que
significa un incremento del 9,94 por ciento respecto al presupuesto
inicial para 1997. En el capítulo de inversiones se produce un aumento de
8,50 por ciento, lo que redundará en una sustancial mejora de medios
materiales y humanos destinados a seguridad vial. El total presupuestado
para campañas de prevención de accidentes de circulación se incrementa el
5 por ciento respecto a 1997.
Y, por fin, no quería dejar de citarlo para dar la mayor transparencia
posible a lo que es este trámite parlamentario, quiero decirles que en
cuestión de gastos reservados el presupuesto para 1998 ha sido congelado
porque se considera que las cantidades previstas y ejecutadas en 1997
están resultando suficientes para afrontar la acción antiterrorista y
aquellas otras acciones que hubiesen exigido la utilización de estos
fondos. Estamos ante la misma cantidad que en 1997, esto es de 524,5
millones de pesetas.
Por último, señorías, para concluir, quiero insistir en que se ha hecho
un importante esfuerzo inversor en estos presupuestos para 1998 de forma
que, como antes señalaba, tratemos de cubrir uno de los desequilibrios
principales que, en mi opinión, tenían los anteriores ejercicios
presupuestarios en materia de seguridad del Estado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
Enmiendas del Grupo Mixto. En primer lugar, las firmadas por la señora
Almeida.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para defender aquellas enmiendas de Nueva Izquierda que hacen
referencia fundamentalmente a una serie de instalaciones policiales que
necesitan urgente renovación o construcción en el País Valenciano y que,
además, varias de ellas tienen un curioso común denominador. En los
presupuestos del año pasado, dentro de los compromisos plurianuales,
figuraba una inversión prevista para ejecutar en el presente año, y
ahora, de manera incomprensible, han desaparecido. Nos parece de todo
punto necesario resaltar esta paradoja, indicando que nos encontramos en
algunos casos con comisarías que no están en las mejores condiciones para
prestar el servicio público ni tampoco para que los policías puedan
desarrollar su trabajo en condiciones de suficiente dignidad.
Igualmente se introduce una enmienda donde se plantea una mejora en el
centro penitenciario de Foncalent; centro penitenciario aquejado de
muchos males. En concreto, en esa enmienda se pretende la construcción de
una vía de servicio, de tal manera que el enlace de ese centro
penitenciario, visitado por muchas personas constantemente, no tenga una
sola posibilidad de acceso a la carretera nacional, y ello tanto por
razones de seguridad como para evitar situaciones enojosas como la que se
produjo recientemente con motivo de inundaciones, que provocó que el
centro penitenciario de Foncalent quedara aislado.
Entendemos que es una de las reformas, y quizá no la más importante de
este centro, pero contrasta con la indefinición del Gobierno a la hora de
asegurar, de una vez por todas, si se va a construir otro centro
penitenciario en la provincia de Alicante, seguramente en Villena, pese a
que de nuevo en estos presupuestos aparece una importante partida
consignada, cuando el Gobierno ha sido incapaz en otras ocasiones de
contestar con toda certidumbre si se va a hacer, y en su caso cuándo,
este centro en Villena.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Enmiendas presentadas por el señor Saura y la señora Rivadulla. Tiene la
palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, para defender dos enmiendas concretas, la 240 y la 241,
que hacen referencia al programa de seguridad ciudadana, concretamente al
capítulo 6, de inversiones, relativo a la ciudad de Lleida.
En la enmienda 240 proponemos un incremento de 30 millones de pesetas
para la potenciación y mejora de los medios técnicos, materiales e
infraestructuras de dicho programa.
En la enmienda 241 se propone un incremento de 50 millones de pesetas en
inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los
servicios, porque la consignación presupuestaria prevista de 2.000.000 de
pesetas la consideramos claramente insuficiente. Por otra parte,
señorías, esta misma cantidad que aparecía en la ley de presupuestos de
1997, que nunca se llegó a ejecutar, teniendo en cuenta que el coste
total de la inversión es de 602 millones y que tiene una programación
plurianual hasta el año 2001, creemos que deben iniciarse en 1998
actuaciones por valor de la cantidad que se propone.
En segundo lugar, señorías, para defender las enmiendas números 227 a 239
que se refieren a la habilitación de oficinas en los centros de
seguridad, en las comisarías, a fin de dotarlas de personal femenino
cualificado para atender a las víctimas de delitos dolosos y violentos
con lesiones corporales y delitos contra la libertad sexual.
Señorías, con estas enmiendas pretendemos dar cumplimiento a la Ley
35/1995, de ayuda a las víctimas de dichos delitos. Es necesario que las
comisarías y las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado tengan dependencias en las que se pueda defender la privacidad y
la intimidad de las mujeres, evitando condiciones traumáticas en el
momento de presentar sus denuncias en base a dichos delitos.
Por otra parte, señorías, de ser aprobadas estas enmiendas también darían
credibilidad a la proposición no de ley que se votó por unanimidad en
esta misma Cámara en el Pleno del 11 de noviembre y en la que a
instancias del Partido Popular, hubo una enmienda transaccional que,
repito, fue votada por unanimidad, y en los puntos 7 y 8 se hace
referencia precisamente a los puntos para los cuales nosotros demandamos
ahora dotación presupuestaria, es decir que se introduzcan en los
procesos de formación del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y de la judicatura módulos específicos para una mejor atención
y asistencia a mujeres víctimas de la violencia. En el punto 8
solicitamos que se habiliten las necesarias oficinas de asistencia en las
dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para
atender las denuncias de las mujeres víctimas de la violencia, tanto
física como mental, y de delitos contra la libertad sexual. Señorías, en
este punto 8 queda también plasmada la necesidad y voluntad de instar al
Gobierno para que se dote a dichas dependencias del personal femenino
cualificado.
En estas enmiendas, Iniciativa per Catalunya-Els Verds, demandamos 100
millones de pesetas para la formación de personal cualificado femenino
para ser adscrito a estas dependencias y 200 millones de pesetas para
habilitar las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Rivadulla.
Enmiendas del señor Chiquillo.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, se dan por defendidas estas
enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Rivadulla.
Se dan por defendidas las enmiendas 3 y 4, del señor Chiquillo.
La enmienda 158, de la señora Lasagabaster, se ha comunicado a esta
Presidencia quedaba retirada. Por tanto, pasamos a las enmiendas del
Grupo de Izquierda Unida.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, es de agradecer que usted mismo reconozca que en estos
presupuestos, efectivamente, se sigue planteando cierto desequilibrio.
Partimos de la base de que los próximos presupuestos y los siguientes
serán desequilibrados mientras no resolvamos algo que la Cámara está
estudiando, como es el futuro modelo policial que, efectivamente, plantee
un concepto distinto, diferente y distante del modelo de seguridad que en
estos momentos tenemos planteado en el Estado. Es decir, los presupuestos
que nos presenta el Gobierno no resuelven precisamente la necesidad de
avanzar hacia este nuevo modelo policial federal, racionalizado y, por
tanto, dimensionado a las justas necesidades territoriales de la
seguridad de España.
Estos presupuestos siguen dando un trato desigual al Cuerpo Nacional de
Policía y a la Guardia Civil, duplica servicios y no resuelve las
reivindicaciones prometidas a los funcionarios. Hay que tener en cuenta
que en estos momentos hay un encierro de cinco de los seis sindicatos
policiales en la dirección general, demandando precisamente que se
cumplan estas reivindicaciones prometidas, referidas a que los
presupuestos no garantizan la necesidad del parque móvil, de gasolina; no
se cumple la promesa de igualar los salarios respecto a otras Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad,
en este caso territoriales, autónomos; la Guardia Civil sigue sin recibir
el pago adecuado y justo por las horas extraordinarias trabajadas; se da
un trato desigual en este presupuesto entre el Cuerpo Nacional de Policía
y la Guardia Civil, siendo cuerpos del Estado que realizan funciones
parecidas, idénticas en algunas ocasiones. Partimos de la idea de que un
Estado moderno debe garantizar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
estén bien coordinadas, suficientemente equipadas, bien pagadas, bien
formadas y, desde un concepto civil de la seguridad, huyendo de un
concepto militarizado de la seguridad del Estado.
Estos presupuestos, en su apuesta desequilibrada a favor de la Guardia
Civil, sumado a la voluntad gubernamental de mantener a ésta como cuerpo
militarizado, no contribuyen precisamente a resolver el modelo policial
civil, federal y, por tanto, descentralizado, un modelo que resuelva la
actual situación que tenemos de pirámide invertida. El 80 por ciento de
la policía de todo el Estado es central: 75.000 guardias civiles, 50.000
policías nacionales, es decir 125.000 funcionarios frente a 15.000
policías autónomos y 50.000 policías locales. Estamos ante una pirámide
invertida.
Esperamos y deseamos que el resultado de la subcomisión a que me refería,
encargada de elevar una propuesta de modelo policial, sea claramente
federal y autonomista, como la de países de nuestro entorno con una
parecida realidad territorial, como es el caso de la República Federal
Alemana, que ahí sí tenemos una pirámide no invertida: de los 230.000
policías sólo 30.000 son policía central o federal, el resto es policía
autonómica, policía de los Länder; el poderoso señor Khol, que manda
mucho en Europa, sólo manda en su país a 30.000 policías y no parece que
funcione mal la seguridad en Alemania desde ese concepto descentralizado,
racionalizado de modelo policial.
Señor ministro, nos preocupa que los gastos en bienes corrientes y
servicios bajen como lo hacen la energía eléctrica, combustible,
telefonía o transporte, por las posibles repercusiones negativas que
tendrá para el servicio. El lamentable estado de muchas comisarías
tampoco podrá tener una solución plenamente satisfactoria con estos
presupuestos, y por eso presentamos un conjunto de enmiendas para
dignificar las dependencias policiales. Igualmente, la realidad de muchos
cuarteles de la Guardia Civil exigiría un programa más eficaz y atrevido
para dignificarlos.
Con este conjunto de enmiendas proponemos las bases presupuestarias para
poner en funcionamiento la academia de suboficiales de la Guardia Civil
en Ubeda, tal como fue acordado por la Comisión de Justicia e Interior de
esta Cámara, y también pretendemos fortalecer la actuación del servicio
de Seprona, de la Guardia Civil; un servicio que está llamado a tener una
demanda creciente en todo lo relacionado con la protección y defensa del
medio ambiente. Hay comunidades que tienen un volumen mayor de demanda,
como Canarias, y otras que, dada la superficie de zonas a proteger, están
reclamando un mayor esfuerzo y una mayor presencia de este servicio que,
a nuestro entender, debe adquirir y va a adquirir una dimensión
fundamental en la protección de la naturaleza.
En el Plan nacional sobre la droga proponemos incrementar la
transferencia a las comunidades autónomas en gasto corriente, para que
puedan participar en todas las actuaciones de prevención que debe recoger
dicho plan. Creo que para todos está claro que la política preventiva y
de ayuda social al toxicómano merecería un mayor esfuerzo.
En relación a la política penitenciaria, en este conjunto de enmiendas
proponemos acabar con la teoría de las grandes macroactuaciones que
estaban en marcha y apostar claramente por una alternativa de
microactuaciones o pequeñas actuaciones. Pretendemos dignificar la
situación de nuestros centros penitenciarios y, en concreto, los centros
de Aragón, de Basauri y otros que reclaman una mayor rapidez en la
actuación, dada su situación. Entendemos que se debe realizar también un
mayor esfuerzo de inversión para acabar con el hacinamiento de muchos
centros penitenciarios y la consiguiente degradación del servicio, tanto
de los funcionarios de prisiones como de los internos e internas.
En definitiva, señor presidente, señor ministro, con estas enmiendas
Izquierda Unida pretende mejorar sensiblemente los servicios públicos
dependientes del Ministerio de Interior atendiendo a las necesidades
reales de los servicios y de los funcionarios, en la idea de que estas
mejoras redundarán en beneficio del conjunto de la sociedad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Meyer.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la
palabra el señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la verdad es que viendo los presupuestos del Ministerio de
Interior uno pierde el ánimo a la hora de intentar aplicar un mínimo
resquicio a la esperanza, porque los presupuestos no son exactamente lo
que el señor ministro nos ha transmitido en su presentación.
He hecho un ejercicio en los presupuestos y he buscado el gasto en
cosmética, y la verdad es que no hay un gasto alto en cosmética, sin
embargo, ahí sí que hay una optimización de la gestión; nunca ha habido
un maquillaje más intenso o una imagen menos acorde a la realidad que la
que nos presenta el presupuesto del Ministerio de Interior. No tienen
ninguna relación con la realidad porque ésta es bien distinta. Hay una
falta de prioridad en los temas de seguridad ciudadana, en
los temas relativos a instituciones penitenciarias, una falta de
adaptación de todos los programas de asistencia a reclusos o de
orientación de la política penitenciaria a las resoluciones de esta
Cámara o a lo que son los criterios que derivan del propio Código Penal,
e incluso, desde el punto de vista subjetivo de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, porque no es cierto que exista en estos momentos un clima del
que se desprenda un especial ánimo, un especial estado de euforia por
parte de los profesionales de la seguridad en España. Qué casualidad,
digo, pues aunque las partidas en cosmética y en maquillaje son mínimas
en los presupuestos del Ministerio de Interior, la realidad es que hoy,
en estos momentos, estamos discutiendo unos presupuestos y en la
Dirección General de Policía están encerrados los sindicatos policiales
--por algo será-- protestando y reivindicando algo; me imagino que algo
en relación con estos presupuestos del Estado.
Lo cierto es que se produce un crecimiento --el señor ministro lo ha
dicho-- del 2,09 por ciento, incluso ha llegado a hablar, en virtud de
los traspasos de servicios al Ministerio de Administraciones Públicas, de
un 4,54 por ciento. Sea cual sea el porcentaje, en todo caso es muy
inferior al comprometido. No me voy a detener en ello, pero podríamos
remirar en las actas del Consejo de Policía del 22 de julio pasado, donde
se hablaba de unas magnitudes de crecimiento que, desde luego, no se
diseñan ni se contemplan en estos presupuestos. Es más, el presupuesto
crece un 2,09 por ciento, cuando el conjunto de los presupuestos del
Estado crece en un 3,2 por ciento. Por tanto, no sólo no va bien el
Ministerio de Interior sino que, además, el peso del Ministerio de
Interior en el conjunto de los Presupuestos Generales del Estado sigue
siendo exactamente el del año pasado, es decir, menor que en ejercicios
anteriores, lo cual da imagen de lo que decíamos al principio de esta
intervención: una clara despriorización de los programas y efectivos del
Ministerio en materia de seguridad ciudadana, de seguridad vial, de
rehabilitación o resocialización de reclusos, de instituciones
penitenciarias, de partidos políticos --también podemos hablar de ello--
e incluso de los programas relativos a protección civil, tema de especial
importancia en los tiempos que vivimos. Con estos presupuestos no se
garantiza la operatividad, señor ministro, y siguen sin contemplarse
inversiones imprescindibles. Aquí aparecen datos muy curiosos. Por
ejemplo, cuando analizamos algunas casas-cuartel de la Guardia Civil o
algunas instalaciones policiales, nos encontramos con que desaparecen
algunas inversiones comprometidas con carácter plurianual en el
presupuesto del año pasado; no fueron ejecutadas en 1997, pero
desaparecen como compromiso para los ejercicios posteriores, lo cual
daría lugar a un rosario importantísimo de enmiendas para reponer
determinadas inversiones que hoy han desaparecido.
Asimismo, hay un incumplimiento grave. El señor ministro, en el pleno del
Consejo de Policía del 22 de julio, llegó a manifestar que las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado --no el Ministerio de Interior--serían,
junto con sanidad, educación y defensa, una de las prioridades del
Gobierno para 1998. Pues bien, no son, por las cifras, una prioridad. Es
más, el presupuesto de los programas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
--no el total del Ministerio, sino el presupuesto de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad--crece un 1,58 por ciento, es decir, menos del 2,1 por ciento;
por supuesto, menos de ese 4,5 por ciento del que nos hablaba el ministro
y lejos de aquel 6 por ciento que comprometía en julio del presente año.
Los programas de formación, por ejemplo, disminuyen; se repiten en la
práctica dotaciones presupuestarias, pero en realidad hay una disminución
en el área de formación. Hay un dato muy claro, y es que las previsiones
para 1997 no se habían cumplido, por tanto, las previsiones de 1998 nos
provocan un cierto escepticismo. Lo que está claro es que va a haber una
reducción de cursos de formación y de promoción interna, y algunos de
ellos no se han celebrado, por lo que las previsiones no se han cumplido
en el ejercicio para 1997.
Si analizamos el programa 222.A, de seguridad ciudadana, en el servicio
03, de la Dirección General de Policía, observamos importantes problemas
en relación, por ejemplo, con las retribuciones o en relación con las
inversiones, que no aumentan en la medida comprometida, o en relación a
los gastos, que hacen que no exista una presunción precisamente de
operatividad a la vista de este presupuesto. Porque si analizamos el
capítulo 1, artículo 5, incentivos al rendimiento, la productividad sufre
un incremento, pero ese incremento queda lejos de los compromisos
asumidos por el propio ministro en el Consejo de Policía. Sigue habiendo
un grave problema en el capítulo 2, gastos en bienes corrientes y
servicios, donde se produce una reducción en energía eléctrica, en
combustible, en comunicaciones telefónicas, en transporte, en
indemnizaciones por razón de servicio, por dietas. Fíjese usted que
estábamos hablando de nuevos materiales, del plan de policía en
proximidad, y sin embargo los gastos operativos disminuyen. No acabo de
ver cómo vamos a conseguir esos grandes objetivos. Pero por entrar en el
capítulo de dietas, fíjense ustedes, señorías, lo que, por ejemplo, el
Sindicato Unificado de Policía nos dice. Les leo literalmente un
comentario publicado por el propio sindicato en relación a los
presupuestos en esta materia. Dice así: Si durante el año 1997 ha habido
muchos problemas con las dietas por falta de dotación presupuestaria
suficiente --recordemos los problemas con la cumbre de la OTAN, la boda
de la Infanta, casos de compañeros que no abonan la factura del hotel
porque la Dirección General de Policía no paga las dietas argumentando
que está a la espera de un crédito extraordinario, o compañeros a los que
se les adeuda más de un mes de dietas y que tienen que hacer frente a los
pagos de alojamiento y comidas--,
durante el año 1998 podemos asegurar, sin llegar a equivocarnos, que esta
partida estará consumida en el mes de abril.
Estas son las previsiones del Sindicato Unificado de Policía, de los que
están hoy encerrados. Pero a mí y a este grupo lo que nos llama la
atención es que no se paguen hoteles en la prestación de determinados
servicios o que por el problema de dietas exista una situación delicada
en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es un documento donde
se comentan los presupuestos, está publicado y a nosotros, desde luego,
nos produce una seria alarma porque nos lleva a la conclusión de que no
es ninguna exageración decir que se está atentando contra la operatividad
de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado con esta concepción
presupuestaria. (Varios señores diputados: ¡Qué barbaridad!--El señor
Caldera Sánchez-Capitán: ¡Qué barbaridad, ya lo creo!)
Si hablamos de otros compromisos, ¿qué tiene que decir, señor ministro,
de aquella maximalista promesa y de aquel objetivo de equiparación
retributiva de los funcionarios policiales con los de las comunidades
autónomas? Fíjense, yo tengo aquí un escrito de hace poco tiempo --no
tiene excesivo polvo, el tiempo no lo ha deteriorado, está muy próximo en
el tiempo-- del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, fechado el 9
de febrero de 1995. Insta el Grupo Popular en el Congreso de los
Diputados, con la firma del vicepresidente segundo y ministro de
Economía, don Rodrigo Rato Figaredo, a lo siguiente: Que dé cumplimiento
inmediato a las previsiones establecidas en el acuerdo marco para la
mejora, modernización y retribuciones del Cuerpo Nacional de Policía, de
30 de junio de 1992, asimilándose a las percibidas por los funcionarios
de escala y categoría similares de los cuerpos policiales dependientes de
las administraciones autonómicas y locales.
Esta es una propuesta seria, meditada, cuantificada económicamente por el
que hoy es ministro de Economía y responsable de los trabajos
presupuestarios, señor don Rodrigo Rato; ya digo, 9 de febrero de 1995.
Pues bien, ¿dónde estamos en esa equiparación? Los propios sindicatos nos
presentan una serie de cifras. Nos dice también la nota del Sindicato
Unificado de Policía: Lo absurdo es que un mosso d'esquadra de Cataluña
perciba cada mes 80.000 pesetas más que un policía; un cabo mosso, 87.000
pesetas más que un oficial de Policía; un sargento mosso, 95.000 pesetas
más que un subinspector de Policía; un subinspector mosso, 90.000 pesetas
más que un inspector de Policía; un inspector mosso, 127.000 pesetas más
que un inspector jefe de Policía; un intendente mosso, 175.000 pesetas
más que un comisario de Policía, y un comisario mosso, 186.000 pesetas
más que un comisario principal de Policía.
No voy a leer el resto de los comentarios que el sindicato hace en
relación a los presupuestos del Ministerio del Interior, pero la pregunta
es: ¿dónde quedaron aquellas promesas y aquellos objetivos que se
defendían en unos documentos que no ha habido que desempolvar, porque el
paso del tiempo no los ha convertido en documentos añejos, ya que son
próximos en el tiempo? (Rumores.) Esta es la situación del Ministerio del
Interior.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vaya concluyendo, señor
Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Sí, señor presidente, voy concluyendo.
Esta es la situación de los incumplimientos, esta es la situación,
también, de fracaso. (Rumores.--El señor Isasi Gómez pronuncia palabras
que no se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Isasi, por favor.
Guarden silencio y dejen expresarse al orador con total libertad.
Continúe.
El señor CUESTA MARTINEZ: Y digo fracasos, señor presidente, porque en el
ejercicio anterior se nos decía que la razón de una serie de rebajas en
los gastos operativos era que se iba a optimizar la gestión --ese término
mágico-- a través de una magnífica Dirección General de Administración de
la Seguridad del Estado. ¿Qué es lo cierto? Lo primero es que la
Dirección General de Administración de la Seguridad no tiene un servicio
presupuestario propio, parece que no hay demasiadas esperanzas en esa
Dirección General porque se diluye dentro de la Secretaría de Estado,
pero lo cierto es que, aunque es creada por el Real Decreto 1885/1996, no
es menos cierto que con ulteriores decretos su cometido ha sido
disminuido, de tal manera que no ha llegado a ejercer una plena
operatividad. No le voy a recordar sus propios actos, pero ahí está, por
ejemplo, la resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad
estableciendo una encomienda de gestión para las direcciones generales de
Policía y de la Guardia Civil, es decir, vaciando los contenidos de la
tal Dirección General de Administración de la Seguridad del Estado, que
ahora, curiosamente, si prospera tal disparate, va a ser la responsable
de una nueva gerencia --otra más-- de infraestructuras de la Seguridad
del Estado para optimizar más la gestión, los inmuebles y la realización
de determinados activos del Ministerio del Interior. ¿Está en liquidación
el Ministerio del Interior? No puede ser ese disparate y no debería
crearse tal organismo autónomo ni presupuestarse de la manera que se
presupuesta esta Dirección General de Administración.
Se incumplen determinados objetivos. Señor presidente, señorías uno de
los temas que más nos preocupa a todos es protección civil, máxime en las
circunstancias
por las que atravesamos. No quiero hacer el discurso fácil de remitirme a
los últimos acontecimientos catastróficos y luctuosos en nuestros país,
pero sí quiero dejar clara constancia en esta Cámara de que, por ejemplo,
el programa 223.A, protección civil, pasa de 2.501 millones de pesetas en
1997 a 1.990 millones en 1998; que ese programa, por ejemplo, no está a
la altura de las circunstancias, pero digo más, no está a la altura ni
del plan de objetivos ni de las necesidades que en la propia memoria
presupuestaria redacta el mismísimo director general de Protección Civil.
Porque el director general de Protección Civil dice que las magnitudes en
materia de equipamientos y de instalaciones, por ejemplo, en la nueva
escuela nacional de protección civil o los indicadores que contemplan la
cooperación con otros organismos de la Administración general o de otras
administraciones tiene serios problemas presupuestarios. O cuando el
propio director general habla de las prioridades en la memoria de
objetivos y dice: Se resalta la necesidad de la mejora de equipamientos
de la sala de coordinación operativa de la Dirección General de
Protección Civil. Estas mejoras deben contemplar --dice-- la renovación
del sistema de comunicaciones y la potenciación del sistema informático.
Esta infraestructura de comunicaciones y la red de mando data de 1982,
está desfasada tecnológicamente, lo que imposibilita su operatividad a
nivel adecuado. Lo dice el director general de Protección Civil, y aquí
le metemos un hachazo a los presupuestos de protección civil. Se
disminuyen claramente los presupuestos en temas tan importantes como la
formación, la inversión en la nueva escuela de protección civil o en
materia de convenios de colaboración con otras administraciones.
No me voy a extender --ya lo hemos hecho en otros trámites
presupuestarios-- en relación a los centros de Instituciones
Penitenciarias, a los programas 144.A, o al organismo autónomo trabajo,
formación y asistencia de reclusos, pero le voy a dar un dato. Usted, por
ejemplo, nos presentaba un incremento de un 6 por ciento en alimentación
de reclusos. Yo le voy a decir una cosa: ustedes lo incrementan porque lo
que presupuestaron el año pasado era insuficiente, ya se lo habíamos
advertido. Con unas ratios de población reclusa similares a las de hace
dos años, ustedes presupuestaban exactamente lo mismo en gastos de
alimentación. Como esa presupuestación fue una clara utopía, esa
frustración llevó a que ahora haya que ampliar en un 6 por ciento los
gastos de alimentación, que siguen siendo insuficientes.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Cuesta, concluya, por
favor.
El señor CUESTA MARTINEZ: Concluyo, señor presidente.
Resumo mi intervención dejando claro que en Instituciones Penitenciarias
disminuyen los gastos en materia sanitaria; los conciertos sanitarios se
congelan; se congelan determinadas ratios operativas de los centros de
Instituciones Penitenciarias; disminuyen los gastos de inversión en el
organismo autónomo trabajo, formación y asistencia a reclusos. Los
programas de seguridad vial no están tampoco a la altura de las
circunstancias. Es cierto que hay un incremento presupuestario, pero hay
una congelación en objetivos que son básicos: en materia de formación, en
materia de investigación, en campañas de educación en la seguridad vial,
que están en los últimos compromisos del Ministerio y que no figuran
tratados adecuadamente en los presupuestos. Y qué decir de alguna de las
partidas que aumentan insuficientemente en relación al Plan nacional
sobre drogas. Ahí tenemos un importante elenco de enmiendas que intentan
reforzar los programas autonómicos del plan nacional, los programas para
situaciones de alto riesgo desarrollados por entes locales, los programas
de asistencia y formación e intervención en el ámbito local, los
programas de rehabilitación y reinserción de toxicómano con problemas
jurídico-penales, programas de desarrollo con las comunidades autónomas,
o programas en favor de las organizaciones no gubernamentales para el
desarrollo de programas supracomunitarios en materia de lucha contra la
droga.
Nuestras enmiendas están presentadas y son una importante radiografía de
un Ministerio que, como decía al principio de mi intervención, señor
presidente, señorías, tiene un acierto: no gasta en exceso en maquillaje.
El presupuesto de cosmética, desde luego, no es excesivamente alto, pero
tienen ustedes suerte en la imagen, porque con este presupuesto el
Ministerio no es operativo, la seguridad ciudadana se resiente, los
compromisos en materia de instituciones penitenciarias no se adecuan al
Código Penal, la protección civil no está tratada a la altura de las
necesidades objetivas de este país y los protagonistas de la seguridad
ciudadana denuncian permanentemente el incumplimiento del Ministerio, por
sus dotaciones presupuestarias, a través de actos contundentes como es el
encierro que en el mismo día de hoy está produciéndose por parte de los
sindicatos en la Dirección General de Policía.
Nada más y muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!--Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Cuesta.
¿Grupos que desean fijar su posición en el debate? (Pausa.)
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Señor presidente, señorías, con ocasión del debate
en Comisión tuvimos oportunidad de señalar los criterios por los cuales
el Grupo Parlamentario Popular no iba a tomar en consideración
el conjunto de las enmiendas presentadas a la sección 16 en su diferente
naturaleza, tanto aquellas que afectaban a la devolución integra de la
sección como aquellas que afectaban a algunos de sus programas o
enmiendas particulares a conceptos e inversiones, y dimos detallada razón
técnica y política de los motivos que fundamentaban nuestra posición. Por
tanto, doy por reproducidas en este acto esas justificaciones para
centrarnos en lo que nos parece esencialmente importante, es decir, en la
transmisión del mensaje en virtud del cual el Grupo Parlamentario Popular
considera que el presupuesto de la sección 16 es un presupuesto válido,
coherente, realista y adecuado para los fines que le son propios.
Es un presupuesto coherente, sin lugar a dudas, con lo que tiene que
serlo por definición; es decir, con el diseño general de la política
presupuestaria del Gobierno en términos de poder acceder con suficiencia
y en primera línea a los retos que nos vienen marcados por la aventura
europea. A partir de esa consideración, es un presupuesto realista, en la
medida en que aplica los recursos suficientes y disponibles para poder
hacer de él un presupuesto adecuado, es decir, un presupuesto acorde para
cumplimentar con suficiencia aquellas políticas sectoriales, grandes
líneas y objetivos propios de la acción específica de este departamento.
Por todo lo expuesto, se entenderá perfectamente que para nosotros sea
nota esencial de este presupuesto, y no solamente del presupuesto en sí,
sino de lo que trasluce como compromiso general del Gobierno en relación
con las políticas del Ministerio del Interior, el hecho de que crece por
encima de la media de los departamentos, lo que acredita que existe por
parte del conjunto del Gobierno y de su política presupuestaria una clara
determinación, una clara conciencia y certeza de lo que son las funciones
propias de este departamento en la garantía de ese equilibrio, libertad y
seguridad tradicional, y no solamente de ello, sino en la aplicación, a
través de esas políticas específicas, de determinados compromisos muy
rigurosos y concretos que pueden entenderse insertos en una política
global de solidaridad.
A partir de esta afirmación, damos por no consistente la primera de las
grandes afirmaciones que, a lo largo de este debate, nos ha hecho el
Grupo Parlamentario Socialista y que ha vuelto a reiterar hoy aquí. El
presupuesto del Ministerio del Interior --se nos ha dicho-- es un
presupuesto que pierde peso en el conjunto de la política presupuestaria
del Gobierno y es un presupuesto que, además, desprioriza programas y
políticas sectoriales de ese Ministerio. Nos da la sensación que ésa es,
sin lugar a dudas, una licencia parlamentaria absolutamente legítima; es,
incluso, una legítima argumentación política, pero está muy poco centrada
en la realidad de lo que el presupuesto significa en sus números y en el
alcance que a partir de esos números se quiere dar a determinadas
políticas. Por cierto, hemos observado felizmente que algunas de las
licencias que se venían utilizando el año pasado, y sin ir más lejos en
el debate en Comisión, y que nosotros nos permitimos bautizar en esos
propios términos de licencia, para no hacer especial sangre dialéctica
con ello, ha sido retirada de este debate en Pleno, lo cual, sin lugar a
dudas, nos congratula, porque al menos hemos visto que el señor Cuesta no
ha vuelto a reiterar la vieja oración en relación con los programas de
financiación de los partidos políticos. Por tanto, queremos decir que
este presupuesto, a partir de estas consideraciones, trasluce una clara
definición de objetivos. Ese es el principal mensaje que en este acto y
desde esta tribuna debe llegar a la ciudadanía. Ese es, sin lugar a
dudas, el principal mensaje que, probablemente, todos los grupos
políticos debieran tener claro, y especialmente aquellos que han tenido
una responsabilidad inmediata en la gestión y en el Gobierno de la nación
y, por consiguiente, en la aplicación de las políticas sectoriales
propias de este Ministerio.
Si hay algo que queda meridianamente claro a partir del análisis de los
números, de las partidas, de los proyectos de inversión de este
presupuesto es que se orienta en una triple línea de objetivos básicos.
En primer lugar, en profundizar en la modernización y en el desarrollo
del servicio público de la seguridad. En segundo lugar, en continuar en
la línea ya iniciada, necesariamente iniciada, a partir de algunas
experiencias históricas recientes de las que luego someramente haré
siquiera una breve referencia --al hilo de lo que ha sido el debate de
esta tarde--, una línea de innovación, de gestión y de mejora en la
administración de los recursos disponibles, precisamente para obtener de
ellos la mejor y la máxima rentabilidad. Y, en tercer lugar, como tercera
gran línea de acción y de objetivos, hay, evidentemente, la aplicación y
la voluntad de desarrollo de una serie de políticas sectoriales y de
objetivos específicos que inciden, por una parte, en un compromiso de
solidaridad y que, por otra, viene a vertebrar claramente y sin lugar a
dudas una gran vocación de servicio amplio a la sociedad a través de
determinadas medidas y políticas, algunas de ellas de carácter
rehabilitador y otras de carácter preventivo. Decir --como se ha dicho--
que en este momento hay una falta de prioridad en los objetivos, que hay
una desmotivación de los profesionales o que no se garantiza la
operatividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado supone
ignorar que las previsiones presupuestarias del departamento vienen
orientadas básicamente, en primer lugar, a desarrollar un proyecto que se
ha iniciado y que está teniendo un profundo eco de aceptación no sólo en
la ciudadanía sino también entre los profesionales. Es decir, hay una
motivación de los profesionales y hay una comunión de la ciudadanía con
ese proyecto de seguridad, que es el proyecto de policía de proximidad.
Por otra parte, hubiéramos deseado que algún grupo parlamentario hubiera
aceptado la invitación que se les
ha cursado para poder ver, entender y oír de cerca lo que ese proyecto de
policía de proximidad está significando, sin lugar a dudas, insisto, en
el ámbito de los profesionales, es decir de quienes tienen que
protagonizar el servicio, y en el ámbito de los propios ciudadanos.
Porque ese proyecto de policía de proximidad tiende esencialmente a
intentar aplicar el concepto de la seguridad como lo que tiene que ser,
es decir como una orientación hacia la demanda subjetiva de seguridad,
nunca simplemente hacia la definición de parámetros puramente fríos y
objetivos que probablemente no casan con el sentimiento y las necesidades
que la ciudadanía tiene en orden a esa seguridad. Y la implicación de los
profesionales de la seguridad con el tejido social sobre el que tienen
que desarrollar sus servicios, con asociaciones cívicas, con entidades y
movimientos asociativos para, juntos, vertebrar y participar en esa idea
común de la seguridad --mal que les pese a algunos y yo entiendo que les
pueda mal pesar a algunos--, está teniendo un eco profundo entre los
propios profesionales y entre los ciudadanos que, al fin y al cabo, es
esencialmente lo que importa.
Que en este momento se quiera desconocer que en este presupuesto hay un
esfuerzo importantísimo --obviamente dentro de los límites de los
recursos disponibles, pero me parece una idea tan obvia sobre la que no
es necesario remarcar ni poner especial acento--, que hay un esfuerzo
especial para la potenciación de determinadas unidades especiales que son
absolutamente claves para la vertebración de un concepto moderno de la
seguridad, es decir aquéllas que fundamentalmente atienden a la
prevención y evitación del delito y, en su caso, investigación y
persecución de los delitos vinculados al narcotráfico y a grandes redes
profesionales de delincuencia organizada; querer desconocer que en este
presupuesto hay, por vez primera, una aplicación rigurosa e intensa de
recursos orientada precisamente a eso, es desconocer la realidad y es
volver a desconocer que, a partir de esa vertebración, hay un compromiso
de satisfacción de los profesionales, de la Policía, de la Guardia Civil,
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y hay un inicio de tranquilidad
entre los propios ciudadanos que ven que, por fin, no sólo se definen
grandes líneas de objetivos en la pura letra política sino que, además,
se aplican los recursos para poder efectivamente desarrollar esos grandes
objetivos. Vuelvo a insistir: que se desconozca desde esta tribuna el
incremento en más de 1.000 millones de pesetas destinado precisamente a
la potenciación de este tipo de unidades especializadas es, cuanto menos,
una pura licencia, por no calificarlo de una frivolidad.
Yo no quiero recordar lo que ha podido ser una situación muy próxima, muy
reciente, de desvertebración y desmotivación real de una pieza básica
para el desarrollo del concepto de seguridad como son los servicios de
información. No quiero recordarlo porque está en la memoria de todos,
pero sí quiero recordar que en este presupuesto hay, por vez primera, un
esfuerzo importante destinado a la mejor dotación de todos esos recursos
materiales imprescindibles para que los servicios de información puedan
desarrollar adecuadamente sus misiones, que es lo mismo que decir que hay
un compromiso claro porque la tarea de seguridad se sitúe en términos de
prevención y de evitación del delito, es decir anterior a la comisión del
delito, y no de pura persecución una vez cometido el delito. Y cuando
hablamos de delitos --lo podrán entender perfectamente SS. SS.--, cuando
vinculamos ese esfuerzo material en orden a la mejor dotación de los
servicios de información, no estamos hablando exclusivamente del pequeño
delito, aunque sea grave porque afecta a las condiciones y a la
interpretación subjetiva de la seguridad, estamos hablando de un delito
de naturaleza mucho más seria, de un delito de mayor incidencia, de mayor
alarma social, como son los delitos vinculados a esas redes de
delincuencia profesional organizada, muchas veces de naturaleza
transnacional, vinculados al tráfico de drogas y vinculados al
terrorismo. Aquí hay también un principio de coherencia, porque si hemos
dicho: vamos a desarrollar una política preventiva en el terreno de la
seguridad ciudadana, en el terreno del pequeño delito, estableciendo una
comunión entre los profesionales y el tejido social, dotando de los
medios para que ese proyecto de policía de proximidad pueda salir
adelante, es absolutamente coherente con eso establecer la afirmación de
la necesidad de que aquellos instrumentos policiales singularmente
especializados, como son los servicios de información, puedan contar no
solamente con lo que cuentan y vienen contando, que es con la enorme
profesionalidad, abnegación, capacidad de sacrificio y de entrega de los
profesionales sino, además, con las dotaciones instrumentales adecuadas
para que esas condiciones personales de los profesionales puedan obtener,
precisamente por disponer de los mejores medios, muchos mejores
resultados.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vaya concluyendo, señor Gil
Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Voy concluyendo.
Y es absurdo ignorar que en este presupuesto se fundamentan y se vinculan
políticas muy claras orientadas a una mejor gestión de la formación
inicial, de la selección y de la formación continuada de los
profesionales de la seguridad. Es absurdo ignorar que en este presupuesto
hay un compromiso clarísimo por reforzar la capacidad de atención al
ciudadano de esos profesionales de la seguridad y por tratar de servir a
esos profesionales unas mejores condiciones para el desarrollo de su
tarea profesional. A mí me parece fundamental, me parece absolutamente
fundamental en ese concepto y en ese marco de lo que es la seguridad, al
que he venido refiriéndome, producir un cambio como
se produce en este presupuesto de las macroobras, de los macroproyectos,
de aquellas predisposiciones faraónicas que nunca se supo a dónde
condujeron, o que sí que se viene sabiendo y se sabrá finalmente a dónde
condujeron, subvertir eso por la obra pequeña, por ese conjunto de obras
aparentemente pequeñas que este presupuesto asume, pero que tienen una
importancia trascendental, porque es la pequeña obra en la pequeña
comisaría, la pequeña obra en el cuartel de la Guardia Civil, la obra que
hace que ese miembro de la Guardia Civil o que ese funcionario del Cuerpo
Nacional de Policía estén, valga la expresión porque esa es la expresión,
más cómodos y, por tanto, con mayor capacidad de desarrollar mejor su
cometido profesional en el ejercicio de ese cometido profesional, pero
que, al mismo tiempo, en el diseño y realización de esas pequeñas obras
el ciudadano se sienta igualmente más cómodo cuando acude a la
dependencia policial, mejor atendido, en un marco mucho más adecuado para
poder desarrollar esa comunicación, ese contacto y la afirmación de ese
principio de confianza que para nosotros es esencial entre funcionarios y
profesionales de la seguridad y los ciudadanos.
La segunda gran línea la doy por obvia. La mejora y la innovación en los
mecanismos de gestión, se diga lo que se diga, ha producido ya resultados
y resultados satisfactorios en este ejercicio que agotamos, y los va a
seguir produciendo en el ejercicio que inauguraremos a partir de la
aprobación de estos presupuestos. La prueba de ello es que precisamente
merced a esos resultados se va a poder innovar con la aplicación de un
sistema renting para la renovación de la flota de vehículos. Cuando se
pregunta desde esta tribuna o se afirma desde esta tribuna que este
presupuesto pone en riesgo la operatividad, yo recordaría que la
operatividad se pone en riesgo cuando los vehículos policiales se
almacenaban en Carabanchel (El señor Cuesta Martínez pronuncia palabras
que no se perciben.), no en el centro penitenciario, en Carabanchel --y
sabe perfectamente el señor Cuesta a lo que me estoy refiriendo--, con
pequeñas reparaciones que en un momento adecuado de atención hubieran
podido ser perfectamente puestos en funcionamiento nuevamente, pero que
ahí se quedaban. (El señor Cuesta Martínez pronuncia palabras que no se
perciben.) Y cuando se dice que se pone en riesgo la operatividad, se
olvida que, efectivamente, hubo quien en algún momento dado se olvidó de
que a la hora de formular las debidas consignaciones presupuestarias no
se podía ir dejando, como se dejaban, cuentas pendientes en este o en
aquel lugar, porque entonces las cuentas pendientes en este o en aquel
lugar lo único que producen es la falta de crédito, y la falta de crédito
al final conduce a la falta de suministro. Y, desde luego, de esto este
Gobierno no sabe, pero quizá otros sí. Mire usted, cuando se cuestiona
como un disparate --se ha dicho desde esta tribuna-- la creación de la
Gerencia de Infraestructuras para la Seguridad, que es un instrumento
patrimonialmente eficaz y que va a ser un instrumento útil para
desarrollar esa política de mejor aplicación de los recursos, uno se
tiene que preguntar: y la creación de la Gerencia de Infraestructuras de
la Defensa, en su momento, que no la creó este Gobierno, ¿era o no era un
disparate? O, dentro del ámbito de este Ministerio, la creación, en su
momento, de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, ¿era o no era un disparate? (El señor Cuesta Martínez
pronuncia palabras que no se perciben.) Probablemente lo que sí era un
disparate, señor Cuesta, era establecer planes de amortización
absolutamente ficticios, como se hizo en su momento, para financiar la
gestión de esa sociedad estatal, estableciéndose, por ejemplo, ingresos
valorados en 60.000 millones de pesetas que no se podían producir porque
no se tenía la titularidad por parte del Estado de los bienes que
supuestamente se tenían que enajenar.
Concluyo, señor presidente, diciendo que el tercero de los grandes
objetivos es, sin duda, la voluntad de consolidar la capacidad de
respuesta progresista y solidaria, y subrayo esos términos porque forman
parte del compromiso, de la acción política del Ministerio de Interior en
el ámbito que le es propio y del conjunto de la política presupuestaria
del Gobierno; vocación progresista y solidaria con determinadas funciones
y determinados colectivos, con determinadas políticas y con determinados
núcleos de población sometidos a una relación de sujeción especial con el
Ministerio de Interior.
Y quiero hacer una referencia muy somera, en primer lugar, a la
Administración penitenciaria. Mire usted, como licencia --vuelvo a
insistir-- se puede decir lo que se quiera, pero en términos de realidad,
visto lo que ha sido el trasunto de la Administración penitenciaria en
los últimos años y lo que se está haciendo en este momento en el ámbito
de la Administración penitenciaria, decir que este presupuesto pone en
riesgo el desarrollo de los fines propios de la Administración
penitenciaria es, cuando menos, en términos benévolos, lo que acabo de
decir: simple, pura y llanamente una licencia; además, una licencia muy
poco afortunada. Desde este presupuesto se está garantizando la
modernización de la infraestructura penitenciaria; se está trabajando ya
en la línea de un segundo plan de infraestructuras, mucho más centrado en
la realidad, mucho más centrado en la experiencia penitenciaria, mucho
más centrado en las posibilidades reales presupuestarias, mucho más
centrado y comprometido, sin lugar a dudas, con lo que son los fines
constitucionales de aplicación de la pena, mucho más acorde con lo que
son las nuevas exigencias del Código Penal y, sin lugar a dudas, mucho
más vinculado a lo que son las aspiraciones de la inmensa mayoría de los
profesionales de la Administración penitenciaria y, desde luego, de la
inmensa mayoría de los grupos de esta
Cámara, en orden precisamente a que la ejecución de las penas privativas
de libertad tengan sobre todo y ante todo la función constitucional que
todos quisimos dar a ese cumplimiento de las penas. Que ahora, visto lo
que han sido las experiencias anteriores, se pueda cuestionar el
funcionamiento del organismo autónomo Trabajos y Prestaciones
Penitenciarias, que ha sido sometido a un proceso riguroso de renovación
interior en sus procedimientos de gestión, de transparencia, de fijación
y de ordenación de sus criterios de inversión, cuando en este momento
todavía existe pendiente de vista oral un fraude por más de 1.000
millones de pesetas cometido en el antiguo organismo Trabajos y
Prestaciones Penitenciarias, vuelvo a repetir que traerlo a colación en
esta tribuna me parece, cuanto menos, una soberana imprudencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Gil Lázaro, concluya,
por favor.
El señor GIL LAZARO: Concluyo diciendo que este presupuesto también
incorpora esa función y ese compromiso social. Lo hace mejorando todas
las posibilidades de inversión en una materia tan sensible como es la
seguridad vial, y baste recordar las intervenciones del señor ministro de
Interior y los objetivos que se han señalado en ese orden de cosas, y lo
hace también, sin lugar a dudas, en materia de protección civil, en el
ámbito de las competencias de lo que es la protección civil en este país.
Me parece que la cita que se ha traído a colación es esencialmente
oportuna y felicito al señor portavoz del Grupo Socialista por ello,
porque esa cita lo único que viene a evidenciar es lo que no se ha hecho
en catorce años. Este Gobierno va a ser quien modernice la sala central
de protección civil; este Gobierno es el que va a aprobar los planes
específicos de protección civil en materias muy sensibles de riesgo que
se tenían que haber desarrollado y no se han desarrollado. Y, además, es
este Gobierno el que va a saber vertebrar una política adecuada de
diálogo con las comunidades autónomas y las corporaciones locales para
entender lo que no tiene discusión --y que a lo mejor otros antes no
entendieron--, es decir, que el desarrollo de una política moderna y
rigurosa de protección civil es el desarrollo de una política de diálogo,
de comunión de competencias y de respeto de los ámbitos competenciales y
de coordinación.
Quiero concluir haciendo una referencia de naturaleza política que me
parece especialmente sensible o que lo es para mi grupo (Rumores.) Lo
señalé ya en el debate en Comisión y vuelvo a reiterarlo hoy aquí. El
hecho de que se vaya a votar en contra de una serie de enmiendas
presentadas por la señora Rivadulla, que afectan a la potenciación y
desarrollo del servicio de atención a la mujer y, en general, de las
medidas oportunas para la atención a víctimas de delitos de naturaleza
sexual, no quiere decir en modo alguno, y no tiene ni ese alcance ni ese
significado, que no compartamos esa preocupación. Quiere decir, simple y
llanamente, que desde una vertiente técnica y operativa son mejores,
puede ser mucho más útil para el desarrollo de ese servicio, las
previsiones que este Gobierno, a través del ministro de Interior --no
hace más de dos semanas y a pregunta de mi compañera la señora Torme--,
tuvo la oportunidad de especificar ante el Pleno de la Cámara. Hay, como
conoce la señora Rivadulla, todo un compromiso concreto de apertura de
estos servicios, de ampliación de estos servicios, de mejor desarrollo de
estos servicios en unos calendarios específicos, no en pura letra, de los
que el señor ministro dio cuenta a la Cámara. Al señor Meyer quiero
decirle simplemente, para finalizar, que ha trazado a lo largo del debate
presupuestario una serie de consideraciones de política general de
seguridad que podemos compartir en sus inquietudes de fondo y habrá
ocasión, como ha señalado usted, precisamente en el seno de esta
subcomisión que ya ha iniciado sus trabajos, de poderlas debatir
adecuadamente. Entendemos, con un profundo respeto personal y político,
que las enmiendas presentadas por su grupo al conjunto del presupuesto de
la sección 16 no aportan técnicamente un plus de mejora de lo que es el
diseño global de la política presupuestaria, de la definición de
objetivos realizada por el Gobierno y por el Ministerio de Interior y
establecida en este presupuesto.
Concluyo simplemente (Varios señores diputados: Sí, sí, sí.), tomando, si
me permite, el toro por los cuernos (El señor Aguiriano Forniés: Deja los
cuernos.) Desde esta tribuna se han dicho muchas cosas y el señor Cuesta,
que me conoce, sabe que soy profundamente partidario de mirar siempre
hacia el futuro, de pensar en el futuro, de avanzar en aquellos puntos de
común acuerdo entre todos los grupos parlamentarios, porque solamente ese
es el camino posible para vertebrar una política moderna y eficaz de
seguridad. Sabe sobradamente el señor Cuesta y el Grupo Parlamentario
Socialista, y creo que todos los grupos parlamentarios, que a lo largo de
estos meses, desde mi responsabilidad como portavoz de Interior, jamás he
hecho una mención política al pasado como elemento dialéctico de motu
proprio. Simplemente cuando en alguna ocasión se me requiere a ello o se
me plantea, como hoy se plantea, una pregunta muy concreta tengo que
contestar. El señor Cuesta me ha preguntado: ¿dónde quedaron aquellas
promesas electorales del Partido Popular? Señor Cuesta, lamento
profundamente, porque no es mi estilo, decirle que aquellas promesas
electorales quedaron en los 200.000 millones de pesetas de deuda
tributaria no cobrados (El señor Cuesta Martínez: ¡Oh, oh!.--Aplausos);
que aquellas promesas electorales quedaron en los 700.000 millones de
agujero presupuestario no contado; que aquellas promesas electorales
quedaron probablemente en la
afirmación de los que dijeron que con la Exposición Universal de Sevilla
se habían ganado 15.000 millones de pesetas y en esta misma semana
alguien responsable nos dice que las pérdidas se contabilizarán en
términos de 120.000 millones de pesetas. Por eso me permito, simplemente,
citar estos datos en respuesta a su pregunta. Hubiera deseado que esa
pregunta no me la formulara. Precisamente porque el compromiso de todos,
señor Cuesta, desde luego el compromiso de este portavoz y del grupo
parlamentario al que representa, es el de seguir caminando en la senda
del futuro, que es la del acuerdo y la del respeto entre los grupos
políticos para construir juntos ese binomio de libertad y seguridad,
desearía quedarme con una idea, también expresada por el señor Cuesta,
con la que estoy absolutamente de acuerdo y para terminar, precisamente,
en términos de acuerdo. Tiene toda la razón el señor Cuesta cuando dice
que este presupuesto del Ministerio de Interior --me atrevo a decir el
conjunto de la política del Ministerio de Interior-- incorpora muy poco
de maquillaje. Nosotros entendemos que en la defensa de la seguridad, que
es la defensa de la libertad, hay que actuar con las manos muy limpias y
con un profundo concepto de la transparencia. (Aplausos.)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Gil
Lázaro.
Pasamos al debate de la sección 26 y la sección 60, en la parte relativa
al Insalud.
Para su presentación, tiene la palabra el señor ministro de Sanidad y
Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor
presidente, señoras y señores diputados. Tengo el honor de presentar a
SS. SS. el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado
correspondiente a la sección 26 y a la sección 60, en la parte
correspondiente al Insalud. Estas secciones comprenden, en primer lugar,
los gastos propios del Ministerio de Sanidad y Consumo, con un importe de
17.966 millones, ligeramente inferior al consignado en el presupuesto del
año anterior, por efecto de la aplicación de la Lofage, así como al
traspaso de recursos financieros a la Agencia Española del Medicamento
que se creará, según lo previsto en el proyecto de ley de medidas
fiscales, administrativas y de orden social.
Para los servicios dependientes directamente del Ministerio, constituyen
acciones prioritarias la lucha contra el sida, la promoción de hábitos
saludables de vida, la lucha contra el tabaquismo y la prevención contra
las enfermedades infectocontagiosas, la promoción y educación para la
salud y la protección frente a los riesgos medioambientales. El
presupuesto de 1998 destinado a lucha contra el sida crece en 1.178
millones, lo que supone un incremento de un 77,3 por ciento respecto a
1997. La vigilancia y el control de enfermedades emergentes, reemergentes
y de especial relevancia, tuberculosis, meningitis, enfermedad de
Creutzfeld-Jakob, anorexia y bulimia, reciben una dotación nueva de 375
millones. La lucha contra el tabaquismo tiene, igualmente, una dotación
nueva de 68,6 millones de pesetas. El programa relativo a oferta y uso
racional de medicamentos y productos sanitarios tiene una dotación global
de 1.751,4 millones. Este programa se desarrollará a través de la
Dirección General de Farmacia y de la nueva Agencia Española del
Medicamento. La Agencia se centrará en la evaluación y el control de
medicamentos, para lo que se integran en la misma las áreas respectivas
de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios y el Centro
Nacional de Farmacobiología.
Por lo que respecta al Instituto de Salud Carlos III, se ha situado en
este organismo la formación postgraduada en salud pública y
administración sanitaria y las correspondientes a la investigación
sanitaria, la ordenación de la propia investigación y el apoyo
científico-técnico al Sistema Nacional de Salud. Para estas actividades
se ha previsto un presupuesto de 14.448 millones, con un incremento
respecto del ejercicio anterior del 8,2 por ciento, lo que permitirá
reforzar el funcionamiento de los laboratorios de control e investigación
del complejo de Majadahonda y Chamartín. Se produce, además, un
incremento del 5,9 por ciento en los créditos destinados a becas y
proyectos relacionados con la investigación sanitaria. Las secciones que
someto a la aprobación de SS. SS. incluyen igualmente el presupuesto de
asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud, con una dotación
global de tres billones 734.000 millones.
La elaboración de este proyecto de presupuesto para la asistencia
sanitaria se ha planteado a partir de una prórroga tácita del acuerdo de
financiación de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social para el
cuatrienio 1994-97, sobre la base de una estimación del crecimiento del
índice de variación del PIB para 1997, que pasa del 6 por ciento, que fue
el empleado inicialmente en el cálculo del escenario para 1997, al 5,2
por ciento, al ser éste el crecimiento real experimentado. La cantidad
resultante se ha incrementado, además, en 25.000 millones, en concepto de
aportación a cuenta de la financiación que resulte de la aplicación del
modelo que se acuerde para el cuatrienio 1998-2001, por el Consejo de
Política Fiscal y Financiera.
En este presupuesto quiero destacar que la aportación del Estado para la
financiación de la asistencia sanitaria experimenta un crecimiento del
8,58 por ciento, con la consiguiente disminución de la aportación por
cotizaciones sociales, que ha pasado de ser el 5,61 por ciento, en el
presupuesto de 1997, al 2,76, en 1998. Estas cifras, que habrán de
adecuarse al acuerdo que adopte el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, son ya concluyentes en cuanto a la voluntad del Gobierno por
el mantenimiento del gasto social y el cumplimiento
de los acuerdos del Pacto de Toledo, y su objetivo prioritario se dirige
a la mejora y consolidación del Sistema Nacional de Salud.
Será preciso, pues, esperar a que se adopten los acuerdos en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera para conocer el marco financiero final
del Sistema Nacional de Salud en el cuatrienio 1998-2001, con las
correspondientes repercusiones en el presupuesto de 1998. Lo que sí puedo
decir es que estamos a las puertas de decisiones de enorme alcance, que
van a suponer el equilibrio financiero del sistema alcanzado por primera
vez después de muchos años de insuficiencias crónicas. Los servicios de
salud de la Administración central del Estado y de las comunidades
autónomas que los tienen transferidos han planteado sus necesidades en
términos realistas, que suponen un crecimiento de la financiación de la
sanidad para 1998 próximo a los 400.000 millones de pesetas. Atender
debidamente estas necesidades va a requerir un enorme esfuerzo financiero
para el Tesoro, pero se hace preciso, además, un esfuerzo de gestión por
parte de los servicios sanitarios para reducir sus costes no
imprescindibles y contribuir, de este modo, a satisfacer las necesidades
que se señalan como prioritarias y evitar déficit futuros.
Dentro de la discusión, siempre abierta, sobre la forma más adecuada de
racionalizar el gasto sanitario, sobre cuya necesidad no creo preciso
insistir, hay un capítulo en el que, como todos los expertos coinciden,
España se distancia sensiblemente de lo que ocurre en los países de
nuestro entorno: el gasto farmacéutico. Para resumir el problema sin
abrumar con cifras, nos gastamos en farmacia una proporción de lo que
dedicamos a sanidad sensiblemente superior a la media europea, más de la
quinta parte del presupuesto, y, además, esta partida ha venido creciendo
muy por encima del resto de los gastos o los ingresos del Estado. La
conclusión parece bastante obvia: se trata de una situación imposible de
mantener sine die. Si esto es así, constituye un deber de las
administraciones sanitarias adoptar todas las medidas necesarias para
racionalizar este gasto, actuando sobre todos los aspectos posibles, sin
modificar el principio de equidad y la cobertura universal inherentes a
nuestro sistema. Es en este contexto en el que hay que situar el debate
sobre la exclusión de la prestación farmacéutica de la Seguridad Social
de una nueva lista de medicamentos de baja utilidad terapéutica u otros
formados por asociaciones de principios activos injustificados, cuya no
prescripción venía, por lo demás, siendo ya recomendada por los órganos
técnicos del Insalud y por los servicios sanitarios de algunas
comunidades autónomas. Una exclusión así concebida y arropada por otras
medidas ya puestas en práctica: genéricos, precios de referencia,
difusión de guías farmaterapéuticas, etcétera, podría resultar mucho más
efectiva que la misma medida adoptada en 1993. Debe quedar claro que no
se propone la retirada de ninguna especialidad de utilidad demostrada y
que sea imprescindible para la salud del ciudadano. Sobre esta medida,
como sobre el conjunto del nuevo sistema de financiación, tendrá que
pronunciarse el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con presencia de
la Administración del Estado y de las comunidades autónomas, y a sus
acuerdos me remito.
El presupuesto del Insalud tiene una dotación inicial de un billón
443.962 millones de pesetas, con un crecimiento inicial de un 5,11 por
ciento sobre el año anterior. Los objetivos del Insalud para el próximo
año son los siguientes: orientar los servicios hacia los ciudadanos,
crear un sistema de competencia regulada con definición y separación de
las funciones de compra y provisión, propiciar una mayor motivación,
participación e incentivación de los profesionales sanitarios en la
gestión e impulsar una política de mejora continua y de gestión de la
calidad, entendiendo no sólo la calidad técnica de los servicios sino la
calidad total de los servicios prestados. El mayor incremento
presupuestario corresponde al capítulo de inversores, con 46.050
millones, un 20 por ciento más que en 1997. Con este esfuerzo inversor,
el Insalud quiere reforzar su red asistencial y corregir los
desequilibrios territoriales existentes en infraestructuras sanitarias en
un proceso gradual que tiene su horizonte en el año 2001, fecha en la que
prácticamente habrán desaparecido.
En atención primaria, el objetivo es extender la cobertura con equipos de
atención primaria al 90 por ciento de la población protegida. Para ello
se implantarán 34 nuevos equipos de atención primaria. Asimismo se
incrementará la actividad asistencial, dando prioridad a los servicios
relacionados con la atención integral a la mujer, la implantación de la
cirugía menor y la atención sociosanitaria, así como a mejorar la
atención a la salud mental, fisioterapia y salud bucodental. En este
ámbito de la atención primaria, se iniciarán obras en 29 centros de
salud, se continuarán las actuaciones en curso de 18 y se finalizarán, en
el año 1998, las correspondientes a 21, lo que permitirá alcanzar la
cifra de 1.098 centros de salud. En el ámbito de la atención
especializada, las inversiones crecen un 18,22 por ciento. Con este
presupuesto se iniciarán las obras de reforma y ampliación en 19
hospitales, se continuarán en 6 y se finalizarán en 5. La inversión en
obra nueva se destina a la continuación de las obras de construcción de
los nuevos hospitales de Palma 2, en Baleares, y de Calahorra, en La
Rioja, al inicio de la construcción de los nuevos hospitales de
Fuenlabrada, en Madrid, y San Pedro, en La Rioja. Además, queremos
potenciar la coordinación entre la atención primaria y la atención
especializada. Para ello se van a orientar los trabajos de las comisiones
paritarias de área, se van a elaborar protocolos de derivación de
pacientes entre ambos niveles asistenciales, se va a fijar el catálogo de
pruebas diagnósticas de acceso por el
médico de atención primaria, al tiempo que se optimizan los circuitos de
información clínica y de gestión de las citaciones de interconsultas.
Uno de los problemas a que hemos prestado mayor atención ha sido el de
reducir la demora quirúrgica, que constituye un elemento de inequidad del
sistema y una limitación efectiva en el acceso a las prestaciones
sanitarias. En el año 1996 conseguimos rebajar la demora media de 210 a
135 día y la demora máxima de más de dos años a un año. En el año 1997 la
demora media se va a situar en 100 días y la máxima en nueve meses. Para
el año 1998, considerando los resultados obtenidos, el objetivo previsto
es que la demora media no sobrepase los 85 días y la demora máxima, salvo
casos puntuales, los seis meses, para lo que va a continuarse la
extensión de la cirugía mayor ambulatoria y la garantía de los tiempos
máximos de espera para intervenciones quirúrgicas. Por otro lado y con la
intención de potenciar las actividades de control económico, así como
para extender el control financiero permanente en los centros
asistenciales del Insalud, en el proyecto de presupuestos se diferencian
los gastos destinados al control interno y contabilidad del resto de los
gastos administrativos.
Para finalizar y por lo que respecta a la política de consumo, área en la
que España tiene menos tradición que el resto de los países de la Unión,
los objetivos se dirigen, de una parte, a garantizar que los productos
puestos a disposición del consumidor y usuario se produzcan, suministren
y ofrezcan en condiciones adecuadas, propiciando además una elección
racional en función de los legítimos intereses de los consumidores. De
otra parte se orientan a la defensa de los consumidores y usuarios,
mediante la potenciación del movimiento asociativo y el desarrollo del
adecuado marco jurídico del Consejo de Consumidores, a la información,
formación y educación de los ciudadanos como consumidores y usuarios, en
especial sobre los efectos de la introducción del euro, y al impulso y
consolidación del arbitraje de consumo, instrumento que se ha revelado
muy efectivo para dar solución a los problemas que puedan plantearse
entre los consumidores y los productores o suministradores de bienes de
consumo o de servicios. Para estas actividades se ha dispuesto una
dotación presupuestaria de 1.635 millones, que supone un incremento del
3,88 por ciento, ligeramente por encima del crecimiento medio de los
Presupuestos Generales del Estado para este año.
En conclusión, señoras y señores diputados, estas son las líneas
generales de la política sanitaria y de consumo que nos proponemos
desarrollar y para cuya consecución pedimos el apoyo de SS. SS. El
objetivo último que queremos alcanzar es la consolidación y modernización
de nuestro Sistema Nacional de Salud como un sistema sanitario público,
eficiente, de calidad y equitativo, capaz de responder a las demandas y
necesidades actuales y futuras de los ciudadanos. Como he señalado al
inicio de mi intervención, este presupuesto deberá adecuarse al acuerdo
que finalmente se alcance en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
sobre la financiación de la asistencia sanitaria para el próximo
cuatrienio, y se sitúa en el contexto de las conclusiones y
recomendaciones que acuerden SS. SS. sobre los trabajos desarrollados por
la ponencia parlamentaria para la consolidación y modernización del
Sistema Nacional de Salud, para la que deseamos se alcance el máximo
acuerdo y consenso parlamentario posible. La asistencia sanitaria
pública, universal y financiada fundamentalmente por los impuestos es una
conquista social ampliamente asumida por nuestros ciudadanos, que
constituye un elemento de justicia distributiva y de cohesión social que
el Gobierno, con el apoyo de todos, quiere preservar, sin perjuicio de
que es necesario superar los problemas de financiación, de gestión, de
libertad y de participación del ciudadano que en la actualidad le
aquejan.
Señor presidente, señorías, muchas gracias por su atención.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
A estas secciones que debatimos conjuntamente, la sección 26 y la parte
de Insalud de la sección 60, hay presentadas, en primer lugar, unas
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto suscritas por la señora Almeida.
(La señora Rivadulla Gracia pide la palabra.)
Señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, doy por defendidas dichas
enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias.
Pasamos, por tanto, a la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida. Para su defensa tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor presidente.
Señorías, si el debate de los presupuestos caminaba ya, desde hace varios
años, en una carrera hacia ninguna parte, en el sentido de que la
adecuación entre el debate parlamentario de los mismos y la realidad de
los propios presupuestos y de la sociedad caminaba en sentido divergente,
evidentemente este año hemos llegado a la cuadratura del círculo, por
cuanto que se nos presentan unos presupuestos del Insalud y del
Ministerio de Sanidad que incluyen las fórmulas de financiación de las
comunidades autónomas que están sin decidir, están pendientes de lo que
el Consejo de Política Fiscal y Financiera decida, todo ello a pesar de
que apenas han terminado los trabajos de la subcomisión que ha estudiado
la reforma del Sistema Nacional de Salud. Además, estamos en pleno debate
social, en plena
alarma social en relación con medidas que reiteradamente se anuncian
desde el Gobierno y que son desmentidas días después bien por el propio
Gobierno, bien por quienes sostienen la acción del Gobierno, muy
significativamente el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, y que
afectan a secciones tan irrelevantes como la fórmula de financiación de
las comunidades autónomas, que en este contexto explícito se saca del
contexto --valga la redundancia-- de los Presupuestos Generales del
Estado, y el debate en torno a las decisiones del Consejo de Política
Fiscal y Financiera se sitúa en dónde van a generarse los fondos
necesarios para el pago de la deuda sanitaria, además de haberse incluido
medidas que no están en absoluto claras en la ley de acompañamiento de
los presupuestos, como es el traslado de las competencias en relación con
la incapacidad laboral transitoria a las mutuas de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, en una decisión inédita que sustrae a la
sanidad pública de la decisión última sobre la forma en los trabajadores
en activo acceden o no a las prestaciones por incapacidad laboral
transitoria. Creemos que también es un escándalo social que el Ministerio
de Sanidad y Consumo estime que se va a obtener una cifra no inferior en
ningún caso a los 50.000 millones de pesetas de la lucha contra el fraude
en la incapacidad laboral transitoria. Señor ministro, ¿cuáles han sido
los estudios del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Sanidad que
indentifiquen la existencia de fraude y su cuantía? En caso de existir
fraude en esta prestación, lo lógico es que la administración de la
Seguridad Social asuma sus competencias de lucha contra el fraude
identificándolo individualmente y de ninguna manera trasladando a la
patronal la gestión de la incapacidad laboral transitoria que, hablando
en castellano, señorías, supone exactamente poner a la patronal a
controlar la enfermedad en aras de la mayor competitividad y
productividad de las empresas, es decir, señorías, subordinar la salud,
las garantías de protección de la enfermedad a las cuentas de resultados
de las empresas; todo ello en un contexto que ustedes deben conocer tan
bien como yo y en el cual la reforma laboral, la precariedad en los
contratos, el miedo de los trabajadores a perder la posibilidad de
renovación del contrato por enfermedad está haciendo que haya unos
niveles de autocensura muy fuertes en los trabajadores que piden que no
se les dé la baja por enfermedad por miedo a perder su contrato de
trabajo, y de ahí, señorías, de esa situación ustedes pretenden sacar un
ahorro de 50.000 millones de pesetas.
Otro elemento es el ahorro en medicamentos. Señor ministro de Sanidad, yo
no sé si alguien en la sociedad le puede creer cuando argumenta aquí que
el objetivo del Ministerio de Sanidad, en relación con las medidas de las
que se habla sobre el medicamento, tiene algo que ver con el uso racional
del medicamento. Ni con la mejor dosis de buena voluntad estoy en
condiciones de creerle. El Ministerio de Sanidad no pretende que se
utilice racionalmente el medicamento. El Ministerio de Sanidad pretende
conseguir, como sea, 60.000 millones de pesetas para el pago de la deuda
contraída por las comunidades autónomas con competencias sanitarias
plenas.
Es evidente que la posibilidad de excluir medicamentos de la financiación
de la sanidad pública, alegando su baja utilidad terapéutica, es una
falacia que atenta contra la facultad --ésa no transferida porque es
intransferible-- del Ministerio de Sanidad como responsable máximo y
garante de la eficacia y seguridad de los medicamentos registrados, es
decir, de los medicamentos que se ponen a disposición de la población
para su uso en tratamientos determinados. Si hay medicamentos que no
sirven, que han quedado obsoletos y hay que sustituir, el Ministerio de
Sanidad tiene herramientas, instrumentos para hacerlo, fundamentalmente a
través del programa de revisión selectiva de medicamentos. El Ministerio
de Sanidad está incumpliendo sus obligaciones y sus competencias si
mantiene registrados medicamentos de baja utilidad terapéutica porque
están siendo un fraude al conjunto de la población, máxime cuando, como
usted sabe muy bien, la ley del Medicamento, contra la cual nosotros
votamos, permite que precisamente aquellos medicamentos que salen de la
financiación de la sanidad pública sean objeto de publicidad masiva e
intensiva desde los medios de comunicación, con lo cual se está
potenciando la automedicación en la población y el consumo de
medicamentos con baja utilidad terapéutica. Señor ministro, estamos ante
la máxima política de irracionalidad por parte del Ministerio de Sanidad.
Es evidente que hay posibilidades de actuar en política racional del
medicamento. En el debate que está habiendo estos días se señala con
insistencia el principal elemento que influye en el uso racional de los
medicamentos. El principal elemento es una atención primaria de calidad,
una atención primaria no masificada que permita la realización de
historias clínicas, exploraciones, diagnósticos que merezcan tal nombre,
cosa que hace mucho tiempo que no se realiza en la inmensa mayoría del
sistema sanitario público que, como usted sabe, en atención primaria
mantiene un tiempo de dedicación al paciente absolutamente irrisorio, por
debajo de los tres minutos de promedio. ¿Qué van a hacer ustedes, señor
ministro? Dice usted aquí, y queda bien, que van a extender la reforma de
la atención primaria al 90 por ciento de la población. Perdone que le
diga, señor ministro, que en las condiciones actuales, cuando tienen un
nivel de dedicación al paciente en tiempo real como el que he dicho,
ustedes congelan la plantilla de trabajadores en atención primaria. Si
ustedes pretenden abrir --como dicen en los presupuestos-- 19 centros de
salud en este próximo año, es evidente que con la misma plantilla lo
único que va a suceder es que se va a disminuir el tiempo dedicado al
paciente en atención primaria.
Después de muchos años ustedes congelan el presupuesto de formación
continuada. Usted sabe tan bien como yo, señor ministro --como creo que
cada vez lo sabe más el conjunto de la población--, que la prescripción
está en manos de la industria farmacéutica; que si hace unos años yo
esgrimía la cifra de que por cada peseta que el Ministerio de Sanidad
gastaba en información independiente sobre medicamentos a los médicos los
laboratorios gastaban cuatrocientas, esa cifra ya no tiene nada que ver
con la realidad porque esa peseta se está viendo cada vez más reducida y
la prescripción está en manos de la industria farmacéutica que controla
toda la formación que se da en este país. No hay ni un solo congreso
científico que no esté financiado al cien por cien por los laboratorios,
que evidentemente lo hacen porque eso garantiza suficientes formas de
presión respecto al colectivo médico para que se receten aquellos
medicamentos que mayores niveles de beneficios entrañan para la industria
farmacéutica. No estoy haciendo afirmaciones de corrupción generalizada
por parte de los profesionales sanitarios, pero el invento funciona, y no
hay más que ver qué medicamentos se están prescribiendo y cuáles se están
dejando de prescribir.
Hay muchos elementos de intervención sobre el uso racional del
medicamento. Hay un clamor ya, porque es de sentido común, porqué no
proponen la reforma de la Ley del Medicamento a este Congreso de los
Diputados planteando una enmienda que el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida ha defendido históricamente, algo tan elemental como la adecuación
de las unidades de cada envase a los criterios generales de tratamiento.
Es algo de sentido común. Es un escarnio para la gente que recibe envases
demasiado grandes o demasiado pequeños, de manera que para realizar
correctamente el tratamiento tienen que comprarse varios envases. Hay
elementos importantísimos como, por ejemplo, el plantear criterios de
registro de medicamentos. Nuestro país está manteniendo un número
exageradísimo de especialidades farmacéuticas registradas, no
financiadas, que prácticamente multiplican por diez la de otros países
europeos con un nivel de desarrollo económico, social, cultural y
sanitario que ya quisiéramos para nuestro país. Ustedes, al igual que
otros gobiernos, en este tema han tomado medidas de emergencia que sólo
consiguen plantear situaciones de ineficacia, como ya se demostró y mi
grupo parlamentario señaló. Cuando el Gobierno del PSOE aprobó el Real
Decreto de financiación selectiva del medicamento nosotros dijimos que
pasaría lo que ha sucedido en otros países que han adoptado esas medidas,
que el efecto sustitución se produce y que al final la factura de gasto
farmacéutico aumenta.
Finalmente, a la hora de la presentación de los presupuestos, usted ha
hecho referencia al listado de epígrafes que son, fundamentalmente, los
resultados del acuerdo de la subcomisión parlamentaria suscrito por el
PP, Convergència i Unió, PNV y Coalición Canaria y, por tanto, señor
ministro, ningún elemento de consenso parlamentario. Ustedes insisten,
señor ministro, en extender al conjunto de la sanidad pública aquellas
medidas que sustraen del régimen jurídico del Derecho privado la gestión
de los centros sanitarios e introducen masivamente criterios de
privatización de la gestión en la atención sanitaria. Quiero decir aquí,
por si no tenemos oportunidad de debatir lo que realmente está en el
centro de la atención de los ciudadanos, que si desde el punto de vista
del uso racional del medicamento no son de recibo las medidas que ustedes
están proponiendo, éstas lo son mucho menos y están deslegitimadas en
función del objetivo previsto. Se está pretendiendo trasladar al conjunto
de la población, específicamente al sector de la población que lo
necesita porque está enferma, porque son jubilados y pensionistas o
porque son enfermos crónicos, la deuda sanitaria contraída. Insisto en
ello porque me parece central. No es una deuda sanitaria contraída por
comunidades autónomas que se han visto sometidas a situaciones de
emergencia sanitaria o que han abordado más allá del presupuesto el
desarrollo de sus propias infraestructuras sanitarias públicas o de
personal. Eso no ha sucedido en Cataluña, eso no ha sucedido en
Andalucía, eso no ha sucedido en el País Valenciano. En ninguna comunidad
autónoma se ha contraído la deuda por desarrollo del sistema sanitario.
La deuda se ha contraído --y usted lo sabe muy bien-- porque se ha
despilfarrado presupuesto sanitario público incrementando sin control
alguno el pago a intermediarios sanitarios, a clínicas privadas o a
sectores a los cuales se han atribuido determinados servicios sanitarios
o parasanitarios como son cocinas, lavanderías, laboratorios,
electromedicina y un largo etcétera. Visto el éxito de Cataluña, visto el
éxito de la Comunidad Autónoma andaluza, a ustedes les parecen tan
excepcionales los resultados obtenidos, que sin mejor calidad de la
atención y sin mejores infraestructuras haya aumentado desmesuradamente
el gasto, que pretenden extenderlo al conjunto de la población. Así se
cumplirá la profecía, señor ministro, de que la sanidad pública es
infinanciable, insostenible. ¿Por mala gestión, por burocracia? No,
señor; por beneficios privados obtenidos a través de presupuestos
públicos que a corto plazo no van a ser capaces de sostener las
necesidades de atención en el sistema sanitario. Por tanto, señor
ministro...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Concluya, por favor, señora
Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Termino ahora mismo, señor presidente.
Por tanto, señor ministro, por el debate social, por los globos sonda que
ustedes plantean, porque son unos presupuestos que básicamente recogen la
insuficiencia
de la dotación presupuestaria vinculada al desarrollo de infraestructuras
sanitarias públicas y porque a medio plazo la privatización es el único
objetivo que se prevé, es por lo que mi grupo parlamentario pide a esta
Cámara la votación en contra de los Presupuestos Generales del Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Maestro.
Vamos a recuperar la intervención sobre las enmiendas suscritas por la
señora Almeida, del Grupo Mixto. Otro miembro del mismo grupo, el señor
Peralta, tiene la palabra para su defensa.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
En nombre de Nueva Izquierda intervengo muy brevemente para poner de
manifiesto que lamentamos que, en este trámite del debate presupuestario,
una parte muy significativa del debate político que hoy está en la calle
no tenga reflejo en esta ley presupuestaria y, por tanto, no podamos
discutir con una base presupuestaria sobre el mismo y, en todo caso,
tengamos que limitarnos a hablar de lo que nos dice o nos deja de decir
el señor Pujol y lo que nos dice o nos deja de decir el Gobierno del
Estado; digo el Gobierno del Estado, y especialmente el señor Aznar,
porque el ministro hasta la fecha ha dicho poco sobre este tema concreto,
han sido otras personas las que han hablado.
Lamentando lo anterior, nosotros hemos presentado tres enmiendas muy
concretas al presupuesto del Instituto Nacional de la Salud que hacen
referencia a la necesaria construcción, tal como se había prometido, de
un hospital en Fuenlabrada y en Valdebernardo, así como la dotación
necesaria para la construcción de un centro hospitalario de apoyo en
Parla. Son medidas concretas referidas al territorio de competencia del
Insalud y desde Nueva Izquierda pedimos el voto favorable a las mismas.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Peralta.
Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la
palabra la señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, voy a defender, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
la enmienda a la totalidad, solicitando la devolución del presupuesto de
la sección 26, que incluye el del Insalud.
Señor presidente, señoras y señores diputados, me parece que no tiene
precedente en la historia parlamentaria reciente de nuestro país que
debatamos hoy aquí un presupuesto, el que ha presentado el Gobierno en
esta Cámara, que nada tiene que ver con lo que va a ser la financiación
de la sanidad para el próximo año y para los sucesivos, según parece.
Ello hace que mi primera afirmación al ocupar el turno en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista sea de denuncia de esta situación. Quiero
poner de manifiesto hoy que la mayoría de un grupo político no puede
servir para utilizar de esta manera el Parlamento. No se puede sustraer
al debate parlamentario el debate más importante, que es el de los
presupuestos; y no se puede sustraer porque ello contraviene las reglas
de funcionamiento de un Estado democrático de Derecho como el nuestro.
Esta denuncia que con toda claridad quiero hacer pero también con toda
firmeza, va dirigida también a quien está apoyando al Gobierno y cuya
acreditada sensibilidad democrática estoy segura de que se ve dañada por
estos procedimientos. No se nos puede decir hoy aquí, como se nos acaba
de decir por el señor ministro (cuya presencia en este debate celebro
porque he lamentado previamente su ausencia en el debate del presupuesto
sanitario que estamos teniendo públicamente en los últimos días), no se
nos puede decir hoy aquí que estamos pendientes de que decida un órgano
como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque la decisión de la
financiación sanitaria corresponde a esta Cámara. Y por respeto a las
instituciones democráticas, por respeto institucional, por autoestima,
yo, como parlamentaria y como portavoz del Grupo Socialista, tengo que
decir hoy aquí que estamos haciendo un papelón, señorías. (El señor
Presidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.)
Yo quiero preguntarles a todos ustedes qué vamos a votar hoy aquí en la
sección 26. ¿Vamos a votar un presupuesto, que es el que se ha presentado
en esta Cámara, cuyos números reflejan, por ejemplo, un crecimiento en el
capítulo de farmacia del Insalud de un 5 por ciento, o vamos a votar una
disminución del gasto farmacéutico, por lo que el señor ministro nos
acaba de exponer, o vamos a votar sin saber lo que votamos? El proceso de
estos presupuestos, señorías, requiere una explicación y yo voy a tratar
de darla rápidamente.
En la subcomisión parlamentaria que hemos tenido aquí compareció el
ministro de Sanidad el día 7 de junio de este año, y lo hizo excusando el
retraso en esa comparecencia debido a que la complejidad del modelo de
financiación sanitaria había requerido más tiempo; compareció para
decirnos que la propuesta del Gobierno para la financiación sanitaria
preveía un crecimiento estimado del PIB nominal para 1998 que suponía
200.000 millones de pesetas, y que, además, la suficiencia financiera del
sistema requería necesariamente la revisión de la base de partida, que se
cifraba entre 100.000 y 120.000 millones de pesetas, páginas 1 y 5 de la
comparecencia del señor ministro de Sanidad, junio de 1997. A
continuación, el vicepresidente del Gobierno, señor Rato, presenta los
presupuestos, y
lo hace diciendo que Sanidad dispondrá de casi 300.000 millones de
pesetas más en 1998; fuerte subida de la inversión y del gasto en
Sanidad; pensiones, gastos sanitarios y educación los primados de 1998,
la inversión en Sanidad y Educación se salva de la austeridad
presupuestaria; el gasto de Sanidad crece el 8,6 por ciento. Esto es lo
que dice el señor Rato cuando trae los presupuestos a la Cámara y esto es
lo que reflejan los periodistas en sus medios, Pero cuando uno coge los
tomos de los presupuestos, en el tomo del informe económico-financiero
(que ha elaborado el Gobierno y ha traído a esta Cámara, y es el que
tenemos los diputados para estudiar), en la página 208, se dice que la
función sanidad crece el 4,5 por ciento; y cuando se desglosa el
presupuesto sanitario, en la página 209, la comparación del presupuesto
de 1997 con el presupuesto de 1998 da un incremento del 4,8 por ciento. Y
en este 4,8 por ciento, que son exactamente 172.000 millones de pesetas,
resulta que están incluidos 25.000 millones de pesetas de mayor
aportación del Estado (y hoy el ministro nos confirma lo que habíamos
leído en el periódico, dicho por el secretario de Estado de Presupuestos,
y es que estos 25.000 millones de pesetas son la mayor aportación de
financiación adicional). Por tanto, crece un 4,8 por ciento con 25.000
millones de pesetas adicionales que, como ahora se nos contabiliza otra
vez, si los deducimos, el crecimiento es del 4,1 por ciento.
Estos presupuestos, señorías, que son los presupuestos que tenemos que
estudiar los diputados para fijar nuestra posición, para hacer las
enmiendas, consignan un crecimiento del gasto sanitario de 172.000
millones de pesetas. Si deducimos los 25.000 millones de pesetas, que nos
acaban de confirmar que son adicionales, se quedan en 147.000 millones de
pesetas. El crecimiento se queda en el 4,1 por ciento, el PIB es el 5,7
por ciento. El ministro anunció por PIB sólo 200.000 millones de pesetas;
ya nos faltan 60.000 millones de pesetas. Y en estos presupuestos, en los
que no se consigna un crecimiento con el PIB nominal, como digo, su
desglose consigna, por ejemplo, un crecimiento en la partida de farmacia
del 5 por ciento. Es la primera vez, señorías, que para preparar una
intervención parlamentaria papeles de los presupuestos tengo pocos, pero
lo que tengo son recortes de prensa, porque el debate de los presupuestos
se está produciendo en la calle, se está produciendo en los medios de
comunicación, se está produciendo entre interlocutores entre los que no
se encuentra el ministro de Sanidad, y tenemos que estar muy atentos a
las tertulias, a los programas de radio, a los titulares de periódicos
para saber qué es lo que va a pasar con la financiación sanitaria. Y
después de recopilar todos estos documentos periodísticos que suscitan
--y no es ironía, señorías-- una gravísima preocupación en la diputada
que les dirige la palabra, a lo mejor no tenemos que reformar el
Reglamento de esta Cámara, tenemos que modificar más cosas. Porque si en
lugar de ser informados los periodistas por los diputados, somos los
diputados los que tenemos que recabar la información de los periodistas,
a lo mejor no se trata sólo de modificar el Reglamento, sino de modificar
algo más para conservar la autoestima y para no hacer el juego a un
proceso que es el peor de los que se pueden producir: hacer creer a esta
sociedad que aquí se está debatiendo el presupuesto, hacer creer que los
grupos tenemos elementos para poder fijar posiciones, hacer enmiendas,
oponernos, porque no es verdad; insisto, no es verdad; lo que vayamos a
votar hoy cuando votemos la sección 26, señorías, no sabemos lo que es.
Por ello mi grupo sólo ha presentado una enmienda de totalidad
solicitando la devolución y no hemos entrado en enmiendas parciales,
porque, como se nos ha dicho por el propio Gobierno en las comparecencias
ante la Comisión de Sanidad, estos presupuestos son a cuenta. Al
Parlamento se ha traído un presupuesto a cuenta, el presupuesto se está
decidiendo no se sabe dónde y se va a decidir finalmente en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera. Y ese Consejo de Política Fiscal y
Financiera, que se reunió el día 15 de septiembre y se dio un plazo de
cuarenta días para alcanzar el acuerdo, no se ha vuelto a reunir,
señorías, y han pasado los cuarenta días y seguimos sin tener acuerdo. Y
como el Consejo de Política Fiscal y Financiera no habla, pues habla todo
el mundo, y por los periódicos sabemos que hay distintas propuestas para
añadir financiación a lo que aquí se consigna, que es claramente
insuficiente, señorías.
Es la primera vez, en los últimos cuatro años, que el presupuesto de
Sanidad no va a crecer con arreglo al producto interior bruto nominal. Es
más, se queda más de un punto por debajo. El presupuesto tiene 170.000
millones más y el PIB calculado por el ministro de Sanidad era de 200.000
millones, no hablemos ya de cantidades adicionales. Se nos dice que hay
una financiación adicional, y si lo que nos dicen los periódicos es
verdad y lo que dice el ministro de Economía, el secretario de Estado de
Hacienda, el ministro de Administraciones Públicas, el jefe de la Oficina
Presupuestaria, todos, menos usted, señor ministro de Sanidad --y
deberían estar hoy aquí en el debate del presupuesto sanitario, porque no
paran de hablar del presupuesto sanitario--, si todo eso es verdad, se
nos anuncia una financiación adicional de varios fondos. Se nos habla de
50.000 millones de pesetas que van a proceder de un ahorro en incapacidad
temporal. Y si eso es verdad, señor ministro, quiero hacerle una pregunta
muy concreta que espero me conteste, y es si usted como ministro y el
Ministerio de Sanidad avalan el artículo 32 de la ley de acompañamiento;
si usted acepta que los médicos adscritos al Instituto Nacional de la
Seguridad Social vayan a dar las altas médicas sin conexión alguna con
los médicos del sistema sanitario público. Porque yo le aseguro que a
esta fecha, aprobado ya en Comisión, rechazadas las enmiendas,
no puedo creer que el Ministerio de Sanidad y usted como ministro avale
eso. Por tanto, va a ser fácil ahorrar en IT, en incapacidad temporal, si
las altas médicas las van a dar unos médicos que nada tienen que ver con
el que sigue al paciente, darán todas las que quieran, hasta que cuadren
las cuentas. Estos 50.000 millones, procedentes de la incapacidad
temporal, son financiación adicional para la sanidad, no así para el
gasto social, el gasto social en su conjunto, la función bienestar
social, no va a aumentar; luego esas prioridades del Gobierno empiezan a
ponerse en entredicho.
Pero llegamos a los 60.000 millones del medicamento, señor ministro.
Sobre los 60.000 millones que se van a ahorrar, según se nos dice en
debates públicos (y hoy de su intervención deduzco que se está preparando
esa actuación) quiero hacer unas precisiones, señor ministro. Esos 60.000
millones de ahorro en medicamentos financiados públicamente no son
financiación adicional. No hay ni una peseta de financiación adicional.
Hay una reasignación interna y, por tanto, no se les puede decir a las
comunidades autónomas que se les atribuyen tantos miles de millones por
el ahorro en farmacia, porque previamente se les ha deducido para formar
esa partida. Por tanto, financiación adicional, no, reasignación interna,
sí. En vez de crecer unos 40.000 millones, que es lo que contiene el
presupuesto, se van a reducir 60.000 millones.
Quiero decirle, señor ministro, que el Grupo Socialista, afortunadamente,
puede sostener hoy aquí, y desde la oposición, lo mismo que sostenía
cuando tenía la responsabilidad de gobernar, no así el Grupo
Parlamentario Popular. Por consideración personal hacia usted, no voy a
caer en la tentación de leer ni uno solo de los titulares contenidos en
este dossier que se refieren a lo que el Grupo Parlamentario Popular dijo
cuando el Gobierno socialista decidió la financiación selectiva de
medicamentos; ni uno le voy a leer. Y digo financiación selectiva de
medicamentos porque ese término tan zafio y tan agresivo que acuñó el
Partido Popular yo no lo voy a repetir. (Un señor diputado: ¡Muy bien!)
Lo que sí le voy a decir es que no es financiación adicional; que, tal
como se ha planteado, no se hace con criterios sanitarios. La
financiación selectiva que se planteó por el Gobierno socialista era una
cuestión sanitaria, señor ministro, se enmarcaba en una política de uso
racional del medicamento y, de paso, ahorraba dinero, pero no se hacía
desde el Ministerio de Economía y Hacienda; no se hacía para allegar
fondos para cuadrar el presupuesto a última hora, como se está haciendo
ahora; no se hacía con una Dirección General de Farmacia sin titular, ni
siquiera hay responsable en la Dirección General de Farmacia mientras se
debate en los periódicos qué medicamentos van a estar en esa lista.
Yo quiero felicitar a todos los que tienen tan evaluado el efecto
sustitución y saben qué efecto económico produjo. Les quiero decir que
cuando se adoptó esa decisión desde el Gobierno no estaba tan claro
cuánto cabía asignar al efecto sustitución, cuánto se ahorró por esa
lista, cuánto aumenta el gasto; tampoco es fácil evaluar cuánto hubiera
aumentado si esa lista no se hubiera producido.
En todo caso, señor ministro, nosotros decimos lo mismo que decíamos
entonces: financiación selectiva de los medicamentos, sí; política de uso
racional del medicamento, sí, cuando conozcamos esa lista, y quién la
hace. Que diga usted que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera el
que ha de pronunciarse sobre la utilidad terapéutica nos asusta un poco,
señor ministro. En Hacienda saben --los que saben-- de algunas cosas,
pero no de utilidad terapéutica de los medicamentos; señor ministro, no
confíe en eso, porque nos preocupa. ¿O es que todo este debate está
preparando otras medidas? Porque cuando oímos que el presidente del
Gobierno ha dicho: o financiación selectiva de los medicamentos o copago,
tenemos que contestar, señor ministro, que el debate no es ése. El debate
cuando hablamos de gasto sanitario público no es un debate fiscal. Señor
Romay, han comparecido hoy antes que usted en el debate otros ministros
del Gobierno. A ninguno se le ha pedido que diga con qué fondos se van a
financiar las actuaciones que va a hacer, ni a la ministra de Educación
cómo se van a financiar los ordenadores de las aulas, ni al ministro de
Fomento cómo se va a hacer el tramo León-Benavente, ni al ministro de
Interior cómo se van a financiar las prisiones. ¿Por qué en Sanidad el
debate del gasto sanitario es un debate fiscal? ¿Por qué se vincula el
gasto al ingreso? ¿Por qué, señor ministro? ¿Para compartir decisiones
impopulares que ustedes tienen decido adoptar? Pues no se puede hacer
eso; no se debe hacer eso, señor ministro, porque, si hacemos el debate
fiscal, no es copago o exclusión de medicamentos.
Si les interesa nuestra opinión, nosotros tenemos ideas. Ayer, el
portavoz socialista de economía, señor Martínez Noval, explicaba cómo los
gastos fiscales del IRPF suponen una disminución de ingresos públicos,
para el año 1998, de 300.000 millones. ¿Necesitan 165.000 millones para
la sanidad? Aquí hay 300.000 millones. Hacemos ese debate, pero no nos
sitúen en el callejón de debatir entre la financiación selectiva de
medicamentos o el copago; es un falso debate, señor ministro; es un
debate que contradice las promesas del presidente del Gobierno, y del
Gobierno, sobre la prioridad sanitaria.
Finalmente, señor ministro, hay un fondo del que se habla en los
periódicos, un fondo que de verdad puede ser el adicional, un fondo del
que forman parte los 25.000 millones que están en el presupuesto, un
fondo que dicen que es de 55.000 millones y que se va a repartir, no sé
con arreglo a qué criterios, pero se dice --y yo no puedo perder esta
oportunidad de decirlo-- que no puede ser verdad, no pude ser verdad que
de un fondo
de 55.000 millones adicionales para Sanidad, al Insalud, que agrupa al 38
por ciento de la población, a diez comunidades autónomas: Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Extremadura, Aragón, La Rioja, Murcia, Baleares,
Cantabria, Asturias...
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señora Amador, vaya
terminando, por favor.
La señora AMADOR MILLAN: Acabo, señor presidente.
No puede ser que de ese fondo de 55.000 millones al Insalud le vayan
6.600 millones, que es el 12 por ciento, y por cuatro años. Señor
ministro, si eso fuera así, el nuevo modelo de financiación lo que supone
es el fin del Sistema Nacional de Salud. Cuatro años de esa desigualdad
en el reparto, de esa escasez en los fondos, suponen el fin del sistema.
Esta forma de elaborar el presupuesto, señor ministro, que va a hacer que
cualquier coincidencia entre las necesidades de salud de la población y
los fondos disponibles en sanidad sea pura casualidad; esta forma de
elaborar el presupuesto que parece un algoritmo: sobra de aquí, arañamos
de allí...; esta forma de hacer el presupuesto, señor ministro, no puede
atentar contra los dos principios básicos del sistema: el principio de
equidad en la distribución y el principio de solidaridad. Los dos se ven
vulnerados con este debate que hacemos en los periódicos, porque si se
vincula el gasto a la fuente de ingresos, y si se reparte por criterios
ajenos a los criterios de necesidad, eso, señor ministro, atenta contra
el sistema, contra el corazón del sistema, supone el fin del sistema, y
yo lo tengo que decir hoy aquí. Por no hablar de las transferencias de
sanidad; con este modelo de financiación no hay transferencia que valga.
Por tanto, señor ministro --que con sus gestos dice no, no--, confío en
que todo esto que se está diciendo en los periódicos, que lo dice el
Gobierno también, no sea verdad. Y aunque no sea verdad todo lo que se
dice, y no puede ser verdad, resulta que el presupuesto que debatimos
aquí no es la verdad. Eso lo sabemos. Este presupuesto no es la verdad. Y
yo, como parlamentaria, señor ministro, y como portavoz del grupo
parlamentario, le reitero que, por respeto a las instituciones, por
respeto a la reglas del juego democrático en un Estado de Derecho y por
autoestima porque produce no ya melancolía, sino desesperación trabajar
en estas condiciones y no poder hacer frente a la responsabilidad que
tenemos contraída, no estamos debatiendo el presupuesto de Sanidad, no
sabemos cuál es el presupuesto de Sanidad, no tenemos capacidad de hacer
enmiendas. Todo eso, señor ministro, constituye una burla a este
Parlamento que yo quiero denunciar.
Finalmente, usted ha hecho referencia a la Agencia del Medicamento, señor
ministro, que está en el presupuesto del Ministerio de Sanidad. No es
posible esa Agencia del Medicamento, no es posible que usted entregue la
autoridad del medicamento a ese organismo configurado de esa manera tan
extravagante y no es posible que se financie privadamente. En vez de
notas de prensa, señor ministro, acepte la enmienda que muchos grupos de
esta Cámara hemos presentado y haga que un organismo que va a ser la
máxima autoridad del medicamento en nuestro país se financie como se debe
de financiar, que es con fondos públicos, porque el interés general es
una cosa a veces coincidente y a veces contrapuesta al interés
particular.
Señor ministro ¿quién es el responsable de este desastre en el
presupuesto de Sanidad del año 1998? ¿Quién es el responsable de la falta
de respeto a este Parlamento?
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señora Amador,
finalice, por favor.
La señora AMADOR MILLAN: Yo le pido, señor ministro, que dé usted una
explicación sobre la situación en la que nos ha colocado a los
parlamentarios que hoy aquí tenemos que hacer uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Amador.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.) ¿Fijación de
posición? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Villalón Rico.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo en nombre del Grupo Popular para
fijar su posición en relación al presupuesto de la sección 26, Ministerio
de Sanidad, y sección 60, Insalud. En principio, tenía previsto consumir
un turno en contra de las enmiendas que habían presentado los grupos de
la oposición.
Parece ser que, según ha ido el debate que han presentado las diputadas
del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida, habría que entrar en
un tercer debate que ellas han traído aquí a colación y que no era el
motivo del debate en sí mismo, sino noticias que aparecen en diferentes
medios de comunicación, noticias que en su momento debatiremos si son
realidad y si los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera se
atienen a lo que estamos viendo; ése sería un tercer aspecto del debate
de esta tarde.
Me referiré ahora a las enmiendas de totalidad que han presentado el
Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida, ya que aquellas enmiendas
parciales que presentaron los diferentes grupos de la oposición, tanto a
la sección 26, como a la sección 60, creo que eran enmiendas puntuales
que se debatieron en la Comisión de Presupuestos y no parece razonable
volver a ellas.
Pero quiero aprovechar esta oportunidad que tengo al hablar de las
enmiendas parciales a las diferentes secciones para decirle a la señora
Amador que ustedes han presentado una enmienda de totalidad al Ministerio
de Sanidad basándose en la Agencia Española del Medicamento y a la
evolución del presupuesto del Insalud, ya que dicen ustedes que no es un
presupuesto definitivo y que por eso no han entrado en las enmiendas
parciales. Yo le quiero recordar a la señora Amador que las
circunstancias del año anterior eran diferentes a las de este año y
ustedes tampoco presentaron enmiendas parciales y se contentaron con una
enmienda a la totalidad, también a la sección 60, y una enmienda a la
totalidad del Ministerio de Sanidad.
Señor presidente, para fijar la posición del Grupo Popular, de apoyo a
los presupuestos del Ministerio de Sanidad y del Insalud que ha
presentado el Gobierno, me parece oportuno hacer referencia a las últimas
palabras del ministro en su intervención de esta tarde. El señor ministro
ha dicho, más o menos, que el objetivo último que el Gobierno quiere
alcanzar es la consolidación y modernización de nuestro Sistema Nacional
de Salud como un sistema sanitario público, eficiente, de calidad y
equitativo, capaz de responder a las demandas y necesidades actuales y
futuras de los ciudadanos. Y basándose en esta argumentación, en esta
afirmación, el Gobierno tiene, por vía del Estado, los presupuestos del
Ministerio de Sanidad y del Insalud que en este momento estamos
debatiendo.
¿Cuál es el marco general de los presupuestos del Ministerio de Sanidad y
del Insalud? El marco general de estos presupuestos está dentro del marco
general --como no puede ser de otra forma-- de la política económica y
presupuestaria del Gobierno, donde se establece un esfuerzo inversor para
conseguir los objetivos asistenciales, así como el rigor y la austeridad
en el gasto. Estos son los denominadores comunes del presupuesto del
Ministerio de Sanidad y del Insalud, pero seguramente hay que tratar
algunos temas puntuales, a los que algunas de las diputadas que
anteriormente han intervenido han hecho referencia, respecto a cómo crece
el presupuesto del Ministerio de Sanidad y del Insalud.
La verdad es que el Gobierno lleva a cabo lo que son los mandatos del
Pacto de Toledo y establece que se incrementa la aportación del Estado a
la asistencia sanitaria en un 8,6 por ciento, fijándose de una forma
definitiva en el 95,2 por ciento, que con el paso de los años será al 100
por cien del presupuesto de la asistencia sanitaria del Sistema Nacional
de Salud. Y por esa vía, por la disminución de las contribuciones de las
cuotas de la Seguridad Social --el ministro lo ha dicho--, se realiza una
disminución del 48,5 por ciento de estas cuotas de la Seguridad Social,
estableciéndose en el 2,76 por ciento del presupuesto del Sistema
Nacional de Salud.
Yo tengo que decir a la ilustre diputada del Grupo Socialista, doña
Angeles Amador, que en ningún momento el Gobierno estableció que el
presupuesto de Sanidad se incrementaba en el 8,6 por ciento, sino que la
aportación del Estado a la asistencia sanitaria se incrementaba en ese
porcentaje que acabo de señalar.
La preocupación del Gobierno es manifiesta en relación a lo que es la
asistencia sanitaria, en base a que el gasto sanitario se establece en el
56 por ciento del gasto de la política social del Estado y que el gasto
sanitario viene a ser el 13,3 por ciento del gasto total que se establece
en el gasto público, ocupando el segundo lugar, después de la deuda
pública en el gasto público que en estos momentos tiene el Estado
español.
Sin embargo, la señora Amador también ha hecho referencia a lo que en
relación con el PIB nominal se incrementa el presupuesto y la inversión
del Ministerio de Sanidad y del Insalud; y yo creo que ha confundido las
cifras, las sigue confundiendo, porque a lo largo del debate de los
Presupuestos Generales del Estado, a lo largo del debate del presupuesto
del Ministerio de Sanidad (en los que llevamos más o menos dos meses) la
señora Amador sigue planteando la misma disyuntiva, lo que a mí me hace
pensar que o confunde las cifras o quiere confundir a los ciudadanos.
Señora Amador, en economía --y yo no soy un experto en economía, usted lo
sabe-- no se puede hacer una simple regla aritmética y decir que resta lo
que fue la inversión o el gasto del año 1997 respecto a la de 1998. Es
verdad que si usted realiza esa simple regla aritmética el crecimiento
del presupuesto es un 4,8 por ciento con respecto a las partidas
presupuestarias de 1997 y 1998. Pero es que cuando se hace ese cálculo de
diferenciación entre lo que supone el presupuesto de un año y del
anterior hay que hacerlo en el mismo marco, en el mismo escenario, y
cumpliendo todos aquellos objetivos y acuerdos que en su momento se
establecieron. Y, mire usted, señora Amador, en el año 1997 había cuatro
partidas que no se contabilizan en el año 1998, son la liquidación a
cuenta por actualización del producto interior bruto de 1995, que suponen
7.200 millones de pesetas, la compensación por desequilibrios
interterritoriales, que suponen 16.113 millones de pesetas, el fondo de
investigación sanitaria, que antes se contabilizaba dentro del Instituto
Nacional de la Salud y que, como usted sabe, ahora pertenece al
Ministerio de Sanidad dentro del Instituto de Salud Carlos III, y el
ajuste por actualización a la baja del producto interior bruto previsto
para el año 1997, que suponen 26.700 millones aproximadamente. Si estas
cifras que se daban en el año 1997 no las podemos computar en el año 1998
y a ello le añadimos los 25.000 millones a los que usted hacía referencia
(y que es verdad que se dijo en la comparecencia de los altos cargos con
respecto a cómo se incrementaba el presupuesto del año 1998, financiación
por adecuación del cierre de modelo), la sencilla resta de esas partidas
en el mismo escenario nos da una diferencia que supone el 5,7 por ciento,
que es el previsto en el PIB nominal
para el año 1998. Y estas cifras son la realidad, y aunque usted lo haya
repetido en varias ocasiones, aunque usted lo haya repetido en distintos
foros, ya sea en la Cámara, en Comisión, en el Pleno, aunque usted lo
haya dicho en repetidas ocasiones, no es la verdad. Usted o se confunde o
intenta confundir a los ciudadanos, intenta confundir a la Cámara, porque
la realidad es que el presupuesto con respecto a 1997 crece un 5,7 por
ciento. Estos son los datos y esta es la realidad unida a lo que es la
cifra global de la asistencia sanitaria, o sea, el Sistema Nacional de
Salud que se cifra en tres billones 800.000 millones aproximadamente. Y
con la realidad del incremento del presupuesto y con la realidad de la
cifra global, ¿qué es lo que pretende el Gobierno de la nación? El
Gobierno de la nación pretende alcanzar los objetivos asistenciales que
van desde asegurar a los ciudadanos las prestaciones sanitarias, asegurar
la calidad asistencial hasta alcanzar lo que se considera óptimo, que es
un buen nivel de equidad en el acceso al sistema sanitario; y esos son
los grandes objetivos a través del instrumento que suponen los
presupuestos y las medidas económicas. Pero es que, además, señora
Armador, también le tengo que decir que, dentro de la asistencia
sanitaria, se podría hacer una amplia relación de los objetivos de la
atención primaria, y el ministro ha hecho una relación de algunas de las
partes de lo que son los objetivos en la atención primaria. Yo voy a
añadir algunas puntualizaciones a lo que aquí se ha dicho.
En 1998 se pretende que se incorporen cincuenta o sesenta centros de
salud a la informatización del sistema sanitario; la implantación del 061
en tres comunidades autónomas; en el año 1997 se incorporaron a este
sistema Cantabria y Castilla-La Mancha y ahora se pretende incorporar a
tres nuevas comunidades autónomas; que la cobertura de la población por
los centros de atención primaria sea el 90 por ciento.
También tengo que aprovechar esta ocasión de hacer referencia a la
atención primaria para negar la evidencia de algunas cuestiones que
planteaba la señora Maestro, cuando ella decía que no se incrementa el
capítulo 1, de personal, y preguntaba que con qué personal se iban a
atender los nuevos centros de salud o los nuevos hospitales.
Pues, mire usted, señora Maestro, realmente sí que se incrementa el
capítulo 1; se incrementa en el 4,06 por ciento debido al incremento del
IPC que está establecido del 2,1 por ciento, pero, sobre todo (y se
explica en los objetivos del Gobierno cuando se dice que se incrementa
ese 4,06 por ciento), porque entran en funcionamiento muchos centros de
salud, se abren nuevos hospitales y, por tanto, el personal que se va a
ocupar de la asistencia sanitaria en estos centros incrementa el capítulo
1 en el 4,06 por ciento.
Señoras y señores diputados, también hay que hacer referencia a los
objetivos en la atención especializada con respecto a la intención (el
gran objetivo del Gobierno) de reducir los desequilibrios territoriales
desde lo que son los recursos materiales, incluso los recursos humanos de
los profesionales sanitarios que hay en las diferentes comunidades
autónomas.
Asimismo, se establece el objetivo de la demora media de intervención
quirúrgica en 85 días. Aquí suben diputados que han tenido
responsabilidades de Gobierno y lo que hacen es criticar al Ejecutivo de
una forma dura, como se ha hecho a lo largo de esta tarde, pero si
pasamos examen a lo que ha sido la gestión, a cómo ha sido el control del
gasto público, a cómo ha sido la gestión en la asistencia sanitaria, es
interesante poner de manifiesto que este año se termina con unas listas
de espera superiores a los cien días en lo que son las demoras respecto a
las intervenciones quirúrgicas.
Decimos que la lista de espera por encima de los nueve meses se va a
terminar en el año 1997 y que el gran objetivo es que la lista de espera
superior a seis meses en los tratamientos quirúrgicos no supere el 50 por
ciento de lo que tenemos a lo largo del año 1997. A mí me parece que la
intervención de la señora Amador ha sido dura en el fondo, ha sido dura
en la forma, pero no recuerda su época de gestión al frente del
Ministerio. Cuando hace referencia a la financiación del Sistema Nacional
de Salud y pregunta por qué en este momento, sin haber terminado el año
1997 --el pacto de financiación termina el 31 de diciembre de este año--
estamos haciendo un presupuesto que puede incrementarse a posteriori en
relación a los acuerdos que salgan del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, olvida que ustedes hicieron un presupuesto en 1993 para 1994,
y que el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ese pacto
de financiación que termina el 31 de diciembre, ustedes lo aprobaron en
torno al 14 ó 15 de octubre con efectos retroactivos. Si ahora es tan
criticable que el Gobierno haya traído un presupuesto en razón del pacto
de financiación que está vigente, en razón del pacto que hay hasta el 31
de diciembre y, por tanto, con los recursos económicos que el Gobierno
tiene a su alcance; si usted lo critica --y bien es verdad que si se
incorporan a posteriori nuevos recursos económicos por acuerdo del
Consejo de Política Fiscal y Financiera se pueden incrementar a través de
las enmiendas que se puedan hacer en el Senado en los próximos días--,
¿cómo es posible que en su momento pudieran defender que se llegara al
pacto, al acuerdo de financiación para el cuatrienio 1994-1997 con nueve
meses de retraso y con efectos retroactivos del 1 de enero de 1994? A mí
me parece que en esta vida hay que ser coherente, y cuando se critican
algunas cosas hay que recordar lo que se hacía anteriormente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Villalón, vaya
terminando, por favor.
El señor VILLALON RICO: Realmente, el debate de hoy no ha sido un debate
presupuestario, porque si
bien los diputados del Grupo Parlamentario Mixto han tenido una breve
intervención y han hecho referencia a las enmiendas que habían
presentado, las dos diputadas y portavoces de los grupos mayoritarios de
la oposición no han hecho, como digo, un debate presupuestario. La
diputada de Izquierda Unida ha venido a soltarnos la soflama típica y
habitual en ella en relación con los medicamentos, con la industria
farmacéutica y la situación tan mala --dice ella-- del sistema sanitario
de nuestro país, y me ha sorprendido, por supuesto, la intervención de la
señora Amador con respecto a algunas de las cuestiones que se han dicho,
olvidando, como decía antes, su gestión al frente del Ministerio de
Sanidad durante tres años y medio. Por eso, señor presidente, tengo que
hacer una referencia a las enmiendas a la totalidad que han presentado
los Grupos Socialista y de Izquierda Unida.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad, una
enmienda de devolución de los presupuestos del Ministerio de Sanidad y
del Insalud, basada en dos criterios fundamentalmente. La enmienda dice:
La transparencia para la gestión de la asistencia sanitaria del Insalud
va a ser modificada de acuerdo a la propuesta del Consejo de Política
Fiscal y Financiera. Y, posteriormente, dice que el presupuesto del
Ministerio de Sanidad sea devuelto por el presupuesto de la Agencia
Española del Medicamento, presupuesto a cuya supresión, a causa de las
características de su configuración, se opone este grupo parlamentario. Y
se refiere, lógicamente, al Grupo Parlamentario Popular.
Señora Amador, cuando usted hace referencia a que éste es el presupuesto
a cuenta, debo decirle que no es así; este es el presupuesto que realizan
el Ministerio y el Insalud en relación a lo que está vigente en este
momento; es el presupuesto dentro del escenario económico que hay en la
actualidad, y es el presupuesto que se ajusta para conseguir los
objetivos del Gobierno.
Por otra parte, usted admite que a través del acuerdo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera se van a incorporar nuevos recursos
económicos al sistema; es decir, está usted admitiendo que el Gobierno,
como ha anunciado, hace un gran esfuerzo presupuestario inversor en el
sistema sanitario que no solamente va a incidir en lo que es el Insalud,
o sea el organismo de gestión del Gobierno, sino en los organismos de
gestión regionales de aquellas comunidades autónomas que tienen
transferida la gestión del sistema sanitario.
También hace referencia usted a que el presupuesto del Ministerio de
Sanidad sea devuelto en base a la Agencia Española del Medicamento, pero
la realidad le puede gustar o no, y está dentro de la libertad de
presentar esa enmienda a la totalidad, sin embargo, tenemos que decirle
que el presupuesto es congruente con la política del Gobierno y con las
leyes que se han aprobado en esta legislatura. Este organismo autónomo se
constituye según los requisitos para la creación de organismos públicos
que establece el título III de la Ley 6/1997, la Lofage. Por tanto, los
argumentos que presenta usted son de poca base; en este momento no tiene
razón de ser que solicite la devolución de estos presupuestos al
Gobierno.
Habría que hacer, señor presidente, una referencia a la enmienda a la
totalidad que ha presentado Izquierda Unida. Este grupo propone una
enmienda a la totalidad basada en cinco puntos. Dice que el presupuesto
de Sanidad y del Insalud crece por debajo del PIB nominal en el año 1998.
Ya le he contestado cuando hacía referencia a la señora Amador, y es
evidente que confunde usted las cifras o las quiere confundir. No es
cierto que crezca por debajo del PIB nominal y, por tanto, se ajusta al
crecimiento del mismo. Dice que la inversión es insuficiente, pero el
crecimiento de las inversiones es importante. Señora Maestro, la cifra
global es de 46.000 millones de pesetas y representa un porcentaje del
16,45 por ciento con respecto al año 1997.
Dice usted que el crecimiento del capítulo 1 es insignificante y ya le he
contestado antes. No se lee las cifras, no estudia el presupuesto, porque
este presupuesto, en el capítulo 1, se incrementa en el 4,06 por ciento
en base a que se abren nuevos centros de salud, nuevos hospitales y, por
tanto, se incrementa el personal del sistema sanitario.
Se refiere a que el Fondo de Investigaciones Sanitarias tiene un
crecimiento por debajo de lo que es el crecimiento del PIB nominal.
Tampoco es cierto, se incrementa en el 5,9 por ciento sobre lo asignado
en el año 1997.
En conclusión, señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular va a
apoyar los presupuestos del Ministerio de Sanidad y de la sección 60 del
Insalud en base a que es un presupuesto decidido en la defensa del
sistema público, de la modernización y consolidación del Sistema Nacional
de Salud; asegura las prestaciones sanitarias de los ciudadanos; mejora
la calidad asistencial; satisface las necesidades --como decía el
ministro en su intervención--, las demandas de los ciudadanos, y hace
participar a los profesionales en los objetivos que se fija el sistema
sanitario, ya sea del Insalud o de los otros servicios regionales de
salud. Por esto, señor presidente, apoyamos este presupuesto.
Para terminar, me parece oportuno hacer referencia a algunas de las
cuestiones que se han planteado aquí fuera del marco presupuestario.
Ustedes deberían hacer más caso de los documentos que presenta el
Gobierno en las Cámaras, en el Congreso y en el Senado, y menos caso de
las cosas que se publican en los medios de comunicación. No estamos
diciendo que estén equivocados, sino que lo riguroso y coherente es
atender a las declaraciones de los ministros, atender a lo que el
Gobierno dice en su momento, y el Gobierno ha dicho dos cosas muy claras:
una de ellas es que hay una apuesta decidida por incrementar los recursos
económicos del sistema sanitario. Lo expuso el ministro, como usted decía
muy bien, en aquella comparecencia en la Comisión de Sanidad; lo dijo el
Ministro y lo está diciendo todo el Gobierno, pero también es verdad que
nos estamos remitiendo al Consejo de Política Fiscal y Financiera, y éste
no tiene que establecer --y estaba usted confundiendo los términos
anteriormente-- cuáles son las partidas presupuestarias del Ministerio,
sin embargo, sí tiene que establecer cuáles son las vías de financiación.
Decía usted que por qué pasa esto en el Ministerio de Sanidad y no ocurre
en otros ministerios, pues porque la financiación del sistema sanitario
es diferente a la financiación del resto de los ministerios, ustedes lo
pusieron en práctica hace cuatro años, y anteriormente lo único que
originaba aquello era un déficit impresionante, por eso hubo que realizar
tres operaciones de saneamiento que alcanzaron un billón de pesetas. Este
es el motivo de que la financiación del sistema sanitario sea distinta.
Ustedes pusieron en práctica un nuevo acuerdo o pacto de financiación en
el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Gobierno actual
lo único que pretende es que la financiación del sistema sanitario sea
por acuerdo de ese Consejo, donde están las comunidades autónomas, donde
están los partidos que tienen responsabilidad de Gobierno en esas
comunidades autónomas y, por tanto, ese acuerdo sea un acuerdo global
donde intervienen no solamente el arco parlamentario sino los intereses
de cada comunidad autónoma. Todo esto hay que planteárselo cuando se hace
referencia a medidas de ahorro desde el punto de vista de lo que puede
ser el gasto farmacéutico, lo ha dicho el ministro y lo sabemos todos.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Villalón, vaya
terminando, por favor. Gracias.
El señor VILLALON RICO: Sí, señor presidente.
El gasto farmacéutico representa el 20 por ciento del gasto sanitario en
nuestro país. Este Gobierno ha sido el único que ha tomado medidas para
reducir ese gasto. Este Gobierno ha tomado medidas como son los
genéricos, los precios de referencia y el decreto de márgenes que, en su
momento, parece ser que incluso ustedes se opusieron. Este Gobierno ha
tomado medidas, y si próximamente hay una lista negativa de medicamentos
que, conjuntamente con las medidas anteriores tomadas por el Gobierno,
llevan a ahorrar en el gasto farmacéutico, bienvenido sea; pero lo que no
se puede pretender, señora Maestro y señora Amador, es criticar al
Gobierno per se, sin tener conocimiento alguno de los números, de lo que
es el presupuesto, el gasto sanitario y el farmacéutico en particular.
A lo largo de los años de Gobierno socialista, la desviación, el
incremento del gasto farmacéutico con respecto a años anteriores solía
estar entre el 10 o 15 por ciento del año anterior, y este año el
Gobierno ha controlado ese gasto farmacéutico, una de las cosas que usted
estaba demandando y que decía que no lo pueden hacer las comunidades
autónomas. Este año el gasto farmacéutico, a 31 de diciembre, no va a
sobrepasar el 4,5 o 5 por ciento con respecto al gasto del año 1996. Y
ello es debido a que esas medidas son coherentes para mejorar la
financiación, el ahorro y el rigor presupuestario, cosa que ustedes en
ningún momento hacían. Por tanto, me resulta muy difícil escuchar a una
diputada que ha tenido responsabilidades de Gobierno hacer el mitin que
ha presentado esta tarde con respecto al ataque al Gobierno y al ministro
en particular. (Rumores.)
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Villalón.
Finalizado el debate de la sección número 26, vamos a proceder a abrirlo
respecto de la sección 20.
Para presentar la sección número 20, tiene la palabra el señor ministro
de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchísimas
gracias, señor presidente.
Señorías, para preparar la defensa que me corresponde de la sección 20 de
los Presupuestos Generales del Estado para el año 1998 lo primero que
tengo que decir es que no he podido vencer la tentación de releer el
«Diario de Sesiones» del año pasado. Si lo recuerdan, ya entonces les
comentaba la importancia de conocer los marcos externo e interno en que
se circunscribe la política económica en general y la política industrial
en particular, para así poder entender los principales condicionamientos
y limitaciones que afectan a las cuentas públicas.
En lo que respecta al marco externo, insistía en que con la entrada de
España en la Unión Económica y Monetaria Europea culmina el proceso de
integración de nuestro país en las instituciones europeas, lo que nos va
a exigir el cumplimiento de una serie de condiciones que limitan
directamente nuestro margen de maniobra, especialmente en lo que respecta
a la elaboración del presupuesto.
En cuanto a los condicionantes interiores, hacía referencia a una
coyuntura económica que por aquel entonces, hace doce meses, ya daba
claros síntomas de recuperación. En todo caso, yo me manifesté en aquel
momento suficientemente optimista de cara a este año, consciente de que
la política económica diseñada por el Gobierno supondría un respaldo para
la consolidación de la recuperación económica, y especialmente para la
actividad industrial.
Alguna de SS. SS., como es natural, se mostró en desacuerdo y, además de
manifestar sus discrepancias con la política de mi departamento, lanzó
determinadas
predicciones con un tinte, si me permiten entre comillas, un poco
«catastrofista». Un año después nos volvemos a ver aquí para debatir el
nuevo proyecto de presupuestos. Ahora es el momento de valorar en qué
medida las líneas de la política que configuraban el presupuesto del año
1997, que son también las de 1998, han tenido efecto o no. Son la
actividad industrial de nuestro país, y los datos resultan
suficientemente relevantes.
El producto interior bruto, a precios constantes de 1986, como SS. SS.
conocen, crece por encima del tres por ciento respecto a los niveles del
mismo período del año anterior, confirmándose el despegue tanto de la
formación bruta de capital fijo como del consumo privado. Estos datos
tienen su corolario en los resultados de la encuesta de población activa
del mes de julio que el Instituto Nacional de Estadística ha hecho
públicos a principios de noviembre, y que apuntan a un aumento del número
de ocupados de 325.000 personas a lo largo de los últimos doce meses, y
una reducción del número de desempleados de más de 128.000 personas, lo
que sitúa la tasa de paro en el 20,79 por ciento, que es una cifra que no
alcanzábamos desde el año 1992. Por tanto, si la economía general va
bien, hay que decir que la industria en particular va especialmente bien.
Durante el segundo trimestre, las ramas industriales han crecido un 3,5
por ciento, cifra que se eleva al 4,4 por ciento si exceptuamos el sector
de la construcción. Los indicadores más recientes señalan que en lo que
va de año, hasta agosto, la producción industrial ha crecido un 5,7 por
ciento respecto a los niveles del mismo período del año anterior. La
previsión última que tenemos en el Ministerio de Industria y Energía es
que la tasa de crecimiento del sector industrial en el conjunto del año
1997 va estar en torno al 6,6 por ciento que, si me permite una expresión
un tanto coloquial, es una tasa asiática de crecimiento.
De cara a hacer valoraciones de futuro, y en base a la encuesta de
coyuntura industrial que elabora mi departamento, el Ministerio de
Industria y Energía, el índice de clima industrial del mes de septiembre
ha registrado su mejor resultado desde 1973, es decir, desde antes de la
primera crisis del petróleo. Tras un incremento de más de tres puntos
respecto al mes precedente y un avance especialmente significativo en el
sector de bienes de inversión, que revela, además, un grado de
utilización de la capacidad productiva, está por encima del 80 por
ciento. En consecuencia, de la encuesta se desprende que las expectativas
empresariales para los próximos tres meses permanecen en cotas muy
elevadas, tanto respecto a los indicadores de producción como a los de
demanda.
Todo esto creo sinceramente que obliga a que el ejercicio de autocrítica
que debemos practicar, y yo procuro hacerlo, sea también patrimonio de
todos, y en particular de los que dibujaban ciertos escenarios. En estos
momentos no cabe ninguna duda que las cosas van bien. Lo cierto es que el
Gobierno ha impulsado una política que está dando buenos resultados, que
tiene el objetivo de fortalecer el tejido productivo de nuestro país de
cara a la Unión Económica y Monetaria Europea y que es una política que
en el ámbito industrial gira en torno a tres ejes fundamentales. En
primer lugar, las políticas de apoyo directo a la industria, donde se
incluyen tres tipos de actuaciones: actuaciones de carácter horizontal,
destinadas a apoyar aquellos factores que permiten la diferenciación del
producto más allá del precio, me refiero, obviamente, a las políticas de
apoyo a la innovación tecnológica, a la calidad y a la seguridad
industrial; también políticas de carácter sectorial concebidas como
medidas de apoyo a aquellos sectores que requieren algún tipo de
tratamiento específico, y, finalmente, políticas de carácter territorial
destinadas a la reindustrialización de las zonas en las que
fundamentalmente se están produciendo procesos de ajustes laborales de
empresas del sector público como consecuencia de su necesaria
modernización.
Quiero referirme, como segundo eje, a la modernización del sector público
empresarial, según se recoge en el acuerdo del Consejo de Ministros del
28 de julio de 1996. El último eje es la liberalización de los sectores
energéticos, puesto que el abaratamiento de la energía es decisivo para
que nuestras empresas puedan competir internacionalmente, al tiempo que
ello favorece la lucha contra la inflación.
Estos tres ejes de actuación, que configuran la estructura de la política
industrial y energética de nuestro país, tienen un reflejo directo sobre
los Presupuestos Generales del Estado para 1998, que paso a continuación
a analizar.
Las grandes cifras son suficientemente significativas del carácter
prioritario que adquiere la política industrial para el año próximo. El
presupuesto inicial de gastos del Ministerio de Industria y Energía pasa
de un total de 176.660 millones de pesetas en 1997 a 372.141 millones en
1998. Se trata, por tanto, de un incremento de casi el 111 por ciento,
que se debe, por una parte, a la creación del Instituto para la
reestructuración de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las
comarcas mineras y, por otra, a una decidida política de apoyo a todo un
conjunto de programas que apuestan por la investigación y por el
desarrollo tecnológico.
En referencia al apoyo a la industria, y en concreto a la política
tecnológica, quisiera subrayar que el Gobierno la considera un pilar
fundamental de la política industrial. De ahí la puesta en marcha, el
pasado año, de la denominada iniciativa de apoyo a la tecnología, a la
seguridad y la calidad industrial, iniciativa Atyca, para el período
1997-1999, que además de introducir mejoras en la gestión de las ayudas,
dedica una atención especial a las pequeñas y medianas empresas e
introduce
un importante incremento de las asignaciones presupuestarias. Así, en su
vertiente tecnológica, que se articula en torno al programa de fomento de
la tecnología industrial, hemos pasado de los 18.603 millones de pesetas
de 1997 a 19.600 millones de pesetas en 1998. Es un aumento del 5,3 por
ciento respecto al gasto de 1997, aumento que se eleva a casi el 60 por
ciento si lo comparamos con los niveles que figuraban en el presupuesto
de 1996.
Esta línea de apoyo a la investigación y al desarrollo tecnológico se
complementa, como ustedes saben, con las actividades del CDTI, el Centro
para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, que contará para 1998 con
aportaciones del Estado superiores a los 20.000 millones de pesetas,
además de los fondos Feder, destinados por la Comisión Europea a
actuaciones tecnológicas en regiones objetivo 1, así como con la
participación de nuestras empresas en programas europeos, como Eureka, el
cuarto programa marco de I+D o también el programa Iberoeka.
En cuanto al Ciemat, que, como saben, es el organismo autónomo
dependiente del Ministerio de Industria y Energía que fomenta actividades
de investigación y desarrollo tecnológico en temas energéticos y
medioambientales, contará el año próximo con 6.300 millones de pesetas,
que es un 2,4 por ciento más que en el presupuesto del año anterior. Al
mismo tiempo, se mantiene en el presupuesto el crédito destinado a la
investigación y desarrollo tecnológico en la minería en los mismos
niveles del año anterior.
Sin embargo, los programas de I+D que se ven más favorecidos en el
presupuesto del próximo año son aquellos asociados a proyectos de
defensa, que se instrumentan a través del capítulo 8 del presupuesto. Se
trata de algo novedoso en nuestro país. Por primera vez, el Gobierno ha
decidido vincular las necesidades de la defensa nacional, las necesidades
de equipamiento del Ministerio de Defensa, al futuro de nuestro tejido
industrial. Así, se decide romper con un modelo anterior basado en la
compra de equipamiento en el exterior con compensaciones --recuerden el
caso del avión de combate F-18 comprado a los estados Unidos-- y se
decide cubrir dicha demanda con productos en los que participen
mayoritariamente empresas españolas y que tengan un efecto dinamizador
sobre toda la industria nacional a través de subcontrataciones y de
empresas auxiliares. Son los casos del avión de combate Eurofighter, el
Programa Efa-2000, las fragatas F-100 o el carro de combate Leopard, a
los que hay que añadir los programas tradicionales del CASA-295, los
programas del Airbus y los programas horizontales de I+D que gestiona la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. Estos últimos han
incrementado su asignación presupuestaria en 3.000 millones de pesetas,
más de un 70 por ciento de lo presupuestado en el año 1997, al sumarse al
tradicional programa tecnológico horizontal aeronáutico un nuevo programa
dirigido a los sectores espacial, de telecomunicaciones y de la sociedad
de la información. En total, el volumen de préstamos para este tipo de
proyectos en el presupuesto del año 1998 se eleva a 111.745 millones de
pesetas, frente a los 45.460 millones de este año, es decir, un 146 por
ciento más. Con estos créditos, que están destinados a financiar
inversiones, e inversiones rentables, esperamos colaborar al
fortalecimiento de nuestro tejido industrial a través de la cooperación
tecnológica a nivel internacional, y todo ello en beneficio de la
producción y en beneficio del empleo.
Repito que lo importante de esta política es que el valor añadido y el
empleo se generan en España, al tiempo que se desarrollan proyectos de
alto contenido tecnológico, que sin duda tendrán efectos indirectos sobre
el resto de la industria, incluido, por supuesto, el campo civil. En
total, considerando todas aquellas partidas de gasto relacionadas con el
apoyo a las actividades de I+D, estamos hablando de un incremento que
está próximo al 80 por ciento; incremento suficientemente significativo
del esfuerzo que estamos realizando desde el Gobierno para que, en los
próximos años, nuestras empresas no pierdan esa durísima carrera por la
competitividad.
En cuanto a la política de calidad y seguridad industrial que, como saben
SS. SS., desde el año 1997 se articula en base al programa diseñado en el
marco de la iniciativa Atyca, antes mencionada, cuenta con 2.700 millones
de pesetas, cifra prácticamente igual a la presupuestada el año pasado,
pero que, en todo caso, es superior en casi un 11 por ciento a lo
consignado en 1996.
Yendo ahora a las políticas horizontales y sectoriales, quisiera destacar
también que esas actuaciones de tipo horizontal o sectorial pretenden
reforzar la competitividad de nuestro tejido productivo. Por ejemplo, el
Programa de promoción del diseño industrial, con una dotación de 1.239
millones; el Plan de competitividad de la industria textil y de la
confección, el llamado Retex, con 2.747 millones; el antiguo plan Renove
industrial, puesto en marcha por el Gobierno anterior, con 3.000 millones
de pesetas, complemento hoy del nuevo programa Prever, que esta Cámara
conoce perfectamente, que aprobó en su día y que estimula con carácter
permanente la renovación del parque de vehículos a través de
bonificaciones fiscales. Finalmente, una mención a las primas y los
intereses a la construcción naval, con 22.000 y 6.000 millones de
pesetas, respectivamente.
Hablando de las políticas de reindustrialización, quisiera referirme a
aquellas zonas en las que se están produciendo ajustes laborales,
fundamentalmente de empresas públicas en proceso de modernización, que,
como saben SS. SS., se articulan a través del llamado programa de
reindustrialización. El tratamiento que este programa da a la renovación
estructural del tejido
industrial de las regiones afectadas resulta también novedoso, puesto que
lo que se pretende es crear unas condiciones objetivas que faciliten el
desarrollo de un sector industria sólido, trasladando el liderazgo y el
protagonismo a la iniciativa privada y no convirtiendo al Estado en un
agente empresarial sustitutivo de aquélla, como, por otra parte, ha
venido siendo tradicional en muchos sectores y regiones. El programa
actúa a través de la mejora de la capacitación profesional y técnica de
los recursos humanos, de la potenciación de la infraestructura básica
soporte de la industria, del fortalecimiento del tejido industrial
autóctono y del reforzamiento de los mecanismos de financiación de la
actividad industrial. Aunque, en principio, el programa nació con una
acción limitada para el ejercicio del año 1997, los buenos resultados que
se están consiguiendo en regiones como la ría del Nervión, como el caso
de Ferrol y su comarca, la bahía de Cádiz, Murcia o Cartagena, nos han
llevado a prorrogarlo consignando 3.000 millones para subvenciones y
15.000 millones para préstamos en el presupuesto del año 1998.
Como también les comentaba al principio, el segundo gran eje de actuación
de la política industrial del Gobierno es la modernización del sector
público empresarial. En este sentido, el Real Decreto-ley 15/1997,
aprobado el pasado 5 de septiembre, por el que se suprime la Agencia
Industrial del Estado y se transfieren sus activos y pasivos a la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, tiene unas
implicaciones presupuestarias considerables que me exigen insistir en la
importancia de esta medida. En primer lugar, quiero dejar claro que su
motivación no responde a argumentos presupuestarios, sino a una mínima
lógica económica y financiera. En efecto, todo inversor racional debe
tomar sus decisiones con el objetivo de hacer máximo el valor actual de
los rendimientos esperados de su cartera, y esto en nuestro caso pasa
necesariamente por agrupar todo el conjunto de empresas industriales bajo
una misma unidad de gestión, de manera que sea posible aprovechar los
beneficios de aquellos activos más rentables para compensar las cargas de
las menos rentables, mayoritariamente, por otra parte, heredadas del
pasado.
En este sentido, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
tiene previsto ingresar a lo largo de 1998 alrededor de un billón 50.000
millones de pesetas por privatizaciones y con dichos recursos está
previsto cancelar 100.000 millones de la deuda histórica del INI; para
1999, por tanto, quedarían sólo 80.000 millones por amortizar. Se
ingresarán 110.000 millones en la cuenta del Tesoro como dividendos al
Estado y se destinan algo más de 160.000 millones a tesorería para cubrir
la autorización prevista en el mencionado real decreto-ley de que los
fondos propios de la SEPI lleguen a 900.000 millones de pesetas para
llevar a cabo el saneamiento de empresas en los próximos años.
El resto, cifra que supera los 700.000 millones, se destina íntegramente
al saneamiento de empresas en reestructuración. De esta cifra unos
250.000 millones corresponden a la externalización de una parte de los
compromisos laborales con el personal no productivo que fueron contraídos
en su día --hay que decir que sin ser debidamente provisionados-- y que
lastran en la actualidad la cuenta de resultados de la mayor parte de
empresas en reestructuración recientemente incorporadas a la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales.
Tengan SS. SS. en cuenta que la existencia de estas obligaciones, hasta
ahora en cierto sentido ocultas dado que desde un punto de vista contable
no pasaban por la cuenta de resultados, pero que en cualquier caso
deberán hacerse efectivas en los próximos años, dificulta una adecuada
gestión de las empresas en la medida en que impide una separación clara
entre lo que son propiamente resultados de explotación correspondientes a
cada ejercicio y lo que son obligaciones de pago contraídas en ejercicios
pasados. Por ello, con el objetivo de mejorar la gestión y de garantizar
su pago, hemos optado por la externalización progresiva de dichos
compromisos.
El resto hasta los setecientos y pico mil millones se desglosa de la
siguiente forma. Cerca de 380.000 millones para cancelación de deuda
bancaria de las empresas de la extinta Agencia Industrial del Estado,
12.000 millones para cancelar deudas pendientes con la Hacienda pública y
la Seguridad Social de las mismas empresas; y, por último, 96.000
millones para reposición de pérdidas de esas mismas compañías.
De cara a los próximos años y en concepto de externalización de esos
compromisos laborales, la previsión hoy es que deberemos pagar 253.000
millones en 1999; 190.000 millones en el año 2000 y 318.000 millones en
el año 2001. Quisiera recordar que se trata de obligaciones ya existentes
y que vienen del pasado. Si a esto le sumamos deudas bancarias,
cancelación de deudas antiguas con Hacienda y Seguridad Social y
reposición de pérdidas, nos colocamos al final en un total de un billón
574.000 millones hasta el año 2001, cifra que hay que decir que queda
cubierta holgadamente con los ingresos que prevemos obtener de las
privatizaciones, quedando todavía un remanente de fondos propios de
alrededor de un cuarto de billón de pesetas.
Por tanto, contamos con los medios económicos necesarios para lograr el
saneamiento de nuestro sector público industrial, de manera que para el
año 2001, y con la obvia excepción de la minería del carbón, podamos
decir que en nuestro país no existen ya empresas públicas industriales
deficitarias.
El tercer pilar en torno al que gira la política industrial del Gobierno
es la liberalización de los mercados energéticos. En este sentido tengo
que destacar, desde el punto de vista presupuestario, el plan de la
minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras
que, además de sentar las bases del ajuste de este complejo sector que
afecta de forma muy directa a determinadas zonas geográficas de nuestro
país, tiene obviamente unas implicaciones presupuestarias que tengo la
obligación de comentar.
En primer lugar, el plan prevé el cumplimiento de la cláusula que figura
en la famosa Decisión 3632/93 de la CECA sobre condiciones de las ayudas
que exige la inclusión de éstas en los presupuestos públicos, algo que
los gobiernos anteriores no hicieron, de hecho, la CECA concedía un
período de tres años, hasta finales del año 1996, para adaptar el sistema
de ayudas a los criterios de la decisión y que, por tanto, va a tener un
importante impacto en el presupuesto de 1998.
En principio, la presupuestación de los ingresos antes recaudados por la
Oficina de Compensación de la Energía Eléctrica --la llamada Ofico-- a
través de una externalidad en la tarifa eléctrica, exige la creación de
un nuevo impuesto especial sobre la producción e importación de la
energía eléctrica a un tipo impositivo que es idéntico al que se venía
aplicando hasta ahora, es decir, el 4,864 por ciento. De manera que con
ello no aumenta la presión fiscal, porque de facto el impuesto ya
existía, aunque formalmente no se considerase como tal. Consecuentemente,
la Ley del Sector Eléctrico, que ha sido ya aprobada, prevé la extinción
de la mencionada Oficina de compensación.
Al mismo tiempo, se crea el instituto para la reestructuración de la
minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras,
organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propia,
adscrito al Ministerio de Industria y Energía, que se encargará de la
ejecución de la política de reestructuración de la minería del carbón,
así como de desarrollar y ejecutar cuantas medidas se dirijan a fomentar
el desarrollo económico de aquellas zonas que, de acuerdo con la
normativa aplicable, tengan la consideración de municipios mineros del
carbón. En este sentido. el instituto destinará más de 85.000 millones de
pesetas a cubrir los costes de explotación de las empresas, más de 4.000
millones a la financiación de los «stocks» de carbón en las centrales
térmicas, casi 800 millones a subvencionar los costes del transporte de
carbón entre cuencas mineras, casi 20.500 millones a cubrir los costes
sociales y técnicos derivados de la reordenación del sector y, por
último, 38.000 millones a la reactivación económica de las comarcas,
teniendo este último crédito carácter de ampliable hasta 60.000 millones,
en función de los proyectos que se presenten a lo largo del próximo año.
Para ello, el instituto contará en el año 1998 con los fondos procedentes
de la recaudación de la tarifa eléctrica que se encuentren pendientes de
asignación por parte de Ofico y con ingresos procedentes de
transferencias del Estado. Casi 106.000 millones de carácter corriente y
35.000 millones de carácter de capital, teniendo igualmente este último
crédito carácter de ampliable.
En definitiva, este nuevo organismo autónomo que se crea hereda gran
parte de las funciones que antes realizaba la Oficina de compensación,
Ofico, en materia de ayudas al funcionamiento y a la reestructuración de
la actividad minera, así como a la reactivación de las comarcas, aunque
en este último caso con un presupuesto sensiblemente superior al de años
anteriores dado el carácter prioritario que concede el Gobierno al
desarrollo alternativo de dichas comarcas. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
La política energética también tiene su reflejo presupuestario en el
apoyo al programa de ahorro y eficiencia energética, cuyo presupuesto se
mantiene a los niveles de 1997 que, como recordarán, eran ya un 16 por
ciento superiores a los de 1966, y en el fomento a las actividades de
exploración, ordenación y seguridad minera, que duplican su presupuesto
en el año 1998 frente a las cifras consignadas en el año 1997.
En definitiva, y con esto termino, a través de la sección 20 de los
Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno apuesta decididamente por
la modernización y reestructuración de la industria española, centrando
el esfuerzo en aquellas partidas que permitirán incrementar la
competitividad de nuestro tejido productivo y su consolidación en los
mercados internacionales.
Señorías, apostar por esta política ha supuesto un auténtico esfuerzo,
dada la austeridad que caracteriza la elaboración de estos presupuestos,
pero, al mismo tiempo, es una prueba del carácter prioritario que tienen
para el Gobierno todas aquellas medidas que significan la modernización
del país y la creación de empleo.
Por ello, me permito, ante esta Cámara, solicitar a los diferentes grupos
parlamentarios su apoyo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):
Muchas gracias, señor ministro.
Han sido presentadas enmiendas a la sección 20 por el Grupo Mixto, por el
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Federal de Izquierda Unida,
Socialista, y votos particulares por el Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar, para la presentación y defensa de las enmiendas del
Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Entenderá, señor ministro, que no compartamos su
euforia o su alegría por estos presupuestos, porque sin duda hay que
establecer una ligazón entre lo que en ellos aparece y con el conjunto de
la política industrial que desarrolla el Gobierno. El Partido Democrático
de la Nueva Izquierda no puede estar de acuerdo ni con el fondo ni con la
forma como se desarrolla la política privatizadora. Sin embargo, en aras
de la brevedad y en aras de buscar un elemento que sintetice lo que para
nosotros es especialmente preocupante, como es la defensa de la empresa
pública, presentamos dos enmiendas de modificación que inciden en dos
empresas muy importantes. En la primera se alude a la empresa Astander,
Astilleros de Santander, en la que las políticas de reducciones que se
han querido imponer han provocado movilizaciones importantes y
situaciones de crispación social indeseable, como SS. SS. saben. Por
ello, nosotros introducimos la enmienda de petición de una inyección
económica importante que permita la revitalización de la empresa y, en
definitiva, el mantenimiento de los puestos de trabajo.
La otra enmienda hace referencia al grupo Tabacalera. Probablemente esta
Cámara tendrá que vivir, en los próximos meses, debates sobre el futuro
de Tabacalera, desde diversos puntos de vista, pero, de entre todas las
fábricas, hemos elegido una que nos parece que tiene una serie de
elementos o de peculiaridades importantes, y no es la menos preocupante
de ellas el que según informaciones periodísticas, el Ministerio
dispondría de algunos informes en los que se califica de obsoleta la
maquinaria de la emblemática fábrica de Tabacalera de Alicante. En este
momento, existe una preocupación grave por parte de las fuerzas
sindicales y los trabajadores de esta fábrica, que da trabajo a varios
cientos de personas, con una media de edad elevada y con un 75 por ciento
de empleo femenino, lo cual nos parece que es un elemento, por sí mismo,
muy importante. Igualmente, a través de esta enmienda hacemos una
petición de transferencia de capital por una cantidad simbólica, 100
millones de pesetas. Somos conscientes de que esa cantidad no puede
solucionar los problemas, pero nos parece importante traer a la Cámara
esa cuestión. La fábrica de Alicante, ubicada en el centro urbano en un
edificio de valor histórico-artístico, requiere urgentemente su salida
del centro de la ciudad, su traslado a una zona industrial, la
modernización de la maquinaria y el rejuvenecimiento de las personas que
componen la plantilla, sobre el principio siempre establecido de
conservación de la misma.
Estas dos enmiendas, de alguna forma, suponen un aviso, que nuestro grupo
quiere hacer constar en este debate presupuestario, de algo que nos
preocupa en dos lugares concretos, afectados de manera especial por la
crisis industrial y por la crisis de la empresa pública y, por ello,
insistimos en las mismas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
Para la presentación y defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Escuchada la intervención del señor ministro, el Grupo Parlamentario
Vasco anuncia la retirada de la única enmienda que mantenía viva a esta
sección de industria y energía.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Señor presidente, señorías.
Señor ministro, hemos presentado una enmienda de devolución de acuerdo
con nuestro propio pensamiento ideológico, así como ustedes han planteado
unos presupuestos y una política industrial durante su mandato, que hay
que reconocer que es muy coherente con su propio pensamiento.
En nuestra opinión, esta política industrial se caracteriza por ir
desprendiéndose, poco a poco, de aquellos instrumentos que tiene el
Estado para incidir en sectores industriales hasta ahora estratégicos.
Por ello nos encontramos, después de un año, con una disminución del
sector público industrial, que ustedes defienden como instrumento de
modernización y del que nosotros discrepamos profundamente. He seguido
atentamente su intervención de hace un momento y usted planteaba tres
grandes líneas de actuación. En una primera consideración de ámbito
general, que es el discurso oficial del Gobierno de que España va bien,
dice que el 20 por ciento de desempleo es una cifra razonable y
esperanzadora, cuando sigue sin ser una cifra razonable y sigue siendo
casi el doble de la media de desempleo en Europa. Por tanto, que mejora
ligeramente el empleo, cosa que saludamos, tampoco nos puede hacer
instalarnos en un optimismo falso, cuando además todavía hoy el empleo
que se genera sigue siendo fundamentalmente precario y sigue siendo un
empleo que todavía no tiene en el sector industrial un incremento
significativo. Creemos que aún es posible generar en nuestro país un
número importantísimo de empleos en la actividad industrial, que además
suelen ser bastante estables, precisamente para asentar y terminar de
corregir esa tendencia al empleo en precario. Por ello, lógicamente no
estamos satisfechos, creo que ninguno de ese 20 por ciento de españoles
que continúan en desempleo puede estarlo, y de los otros, hay muchos que,
día a día, se van encontrando con un tipo de contratación que no es
precisamente como para estar orgullosos; es decir, contratos de 50.000,
de 60.000 pesetas por tres meses, por seis meses, no creo que puedan ser
como para caer en la euforia de decir que este país va bien. En todo
caso, podemos hablar de un frenazo en la situación de pérdida del empleo,
pero
desde luego, estamos muy lejos de los parámetros europeos, como decíamos
anteriormente. Hago esta referencia porque usted la hacía inicialmente
para instalarse en esta especie de mensaje común que tienen siempre de
que todo va muy bien.
En segundo lugar, usted hablaba de que habían actuado en tres líneas:
diferenciación de los productos, es decir, lo que es calidad y
tecnología; segundo, actividades sectoriales y, tercero, territoriales.
Señoría, en el tema de I+D, reconociendo que hay un incremento en las
partidas de I+D en el programa Atyca, entre otros, quiero decirles que
seguimos sin atacar el problema fundamental de nuestro país y es que el
I+D sigue haciéndolo principalmente el sector público, con sus distintos
instrumentos, y que nuestros empresarios siguen estando a la mitad,
comparativamente de la inversión en I+D que hace la medida de las
empresas privadas europeas. Este es un toque de atención importante que
hay que dar al sector privado, porque hablamos en reiteradas ocasiones de
ayudas de todo tipo al sector privado, que se traducen casi siempre en
desfiscalización, en facilitar y abaratar la contratación de mano de obra
por una parte, pero, por otra, también en importantes ayudas fiscales,
sobre las que nosotros seguimos pensando que luego no son controladas
suficientemente. Estas ayudas fiscales tienen un coste muy importante en
estos presupuestos, pero luego no van acompañadas de criterios de
seguimiento de eficacia, de si verdaderamente, en primer lugar, esa
desfiscalización ha servido para los objetivos, es decir, si son ayudas
fiscales por programas de I+D, por ejemplo, si hay un seguimiento
efectivo de cómo se han traducido esas ayudas fiscales o simplemente se
desfiscaliza y luego que pase lo que sea, ya que en los sectores por sí
solos tendrá un efecto de abataramiento. Es como las nuevas ideas que
vienen de Europa de bajar el IVA para ver si así afloran nuevas
actividades, pero no hay realmente un programa riguroso de control de
esos miles de millones de desfiscalización que todos los años, y este año
una vez más, aparecen en los presupuestos del Estado.
Por tanto, saludo ese campo de actuación que, en la práctica, es casi el
que les va a quedar en muy poco tiempo, porque siempre digo que, al paso
que van, dentro de una legislatura sería conveniente reducir el número de
ministerios e incorporales a ustedes al Ministerio de Economía y
Hacienda, puesto que, una vez que vendan todo el sector público o una
gran parte, les queda dictar normas, leyes, que las podían redactar
tranquilamente con un departamento mucho más reducido, y les quedan
también estas iniciativas de I+D que están a medias entre la política
económica y la política de investigación de las universidades.
Quiero decirle que también en ese primer aspecto de I+D seguimos
detectando una gran descoordinación, una especie de mare magnum, donde
las comunidades autónomas tienen programas recurrentes que se entrecruzan
entre sí. Hay comunidades autónomas que están haciendo lo mismo que
otras, duplicando esfuerzos, sin saber muy bien cuáles son los objetivos
finales y, desde luego, aunque el presidente, señor Aznar, presida esta
Comisión, no se ha caracterizado, hasta ahora, por un mínimo de
tranquilidad y de coordinación en I+D.
Actuaciones sectoriales. Yo haría una excepción en ellas. Es verdad que
le han dedicado un tiempo muy importante a todo el sector eléctrico,
primero, con el llamado protocolo eléctrico, que en nuestra opinión está
viciado de origen por el peso específico que han tenido las empresas
eléctricas en su propia redacción, lo que ha impedido que sea un
instrumento conveniente y útil para poner un poco de orden en este
sector, luego traducido ya en la nueva Ley del Sector Eléctrico, que
ustedes han tenido tanta prisa estos días en cerrar cuanto antes. Todas
las actuaciones relativas a la minería del carbón están relacionadas con
lo anterior. Hay que reconocer, por una parte, que la presión que
inicialmente ejercieron las comarcas mineras, especialmente en Castilla y
León, culminó con un acuerdo sindical positivo fijando en el plan del
carbón cuáles iban a ser las ayudas para estas comarcas mineras. Yo
quiero felicitarle en este apartado en el sentido de haber alcanzado este
acuerdo. Ahora bien, esta felicitación no nos lleva tampoco a levantar la
guardia, nos produce cierta inquietud todavía, primero, su posible
cumplimiento en un futuro y, segundo, nos hubiera gustado que esta
agilidad que se ha demostrado en otras cuestiones se hubiera hecho
también adelantando ya más claramente cómo se va a gestionar el famoso
instituto que va a gestionar, valga la redundancia, todas las ayudas.
Porque ha habido noticias contradictorias. Es un elemento fundamental
para impedir que primen criterios políticos sobre criterios de
racionalidad en estas comarcas mineras. Nosotros saludamos que se haya
tenido en cuenta una aportación nuestra que trajimos aquí en varios
debates y también otros grupos sobre la necesidad de contar con los
ayuntamientos de las comarcas mineras y también con las comunidades
autónomas. Ahora bien, si la toma en consideración de estas opiniones lo
convierte al final en un organismo, donde la mitad de la representación
la obtenga la Administración, y finalmente sea una decisión política de
otro orden la que vaya a fijar el reparto del maná de las ayudas, me temo
que nos podemos ver dentro de poco en un problema bastante complejo de
resolver en nuestras comunidades autónomas.
La verdad es que tenemos bastante prevención porque, a pesar de que se ha
hablado muchas veces de que existe una fórmula polinómica que relaciona
el empleo perdido y el empleo por perder con la distribución de estas
ayudas, luego, sin embargo, los mensajes que se van transmitiendo son
otros, prácticamente la aparición de la posible discrecionalidad en el
reparto
de estas ayudas. Nosotros advertimos que queremos que se respeten esos
criterios comarcales que tengan fundamentalmente su base en el empleo
perdido y en el empleo por perder y no en otro tipo de juegos de manos
que puedan terminar desviando las ayudas a otros ayuntamientos no tan
afectados, pero que por el juego aquel de las correlaciones de fuerzas o
similares se vayan distorsionando. Estaremos, lógicamente, muy atentos a
todo ese tipo de operaciones.
Nos preocupa también que para este año las aportaciones en ese plan del
carbón aparezcan como aparecen, y además se ha hecho hincapié por parte
del propio Ministerio en esa seudoadvertencia o amenaza de que corran
rápidamente a gastárselo no vaya a ser que no dé tiempo a gastarse a una
parte del dinero. Es decir, los 40.000 millones de pesetas que hay por
una parte más los otros 20.000 millones de pesetas aproximadamente en
créditos ampliables. Nos gustaría que se garantizaran todas aquellas
cantidades que este año no se pudieran gastar --entre comillas-- por la
propia situación de los proyectos, teniendo en cuenta además que hay
proyectos que por su elaboración son muy considerables. Por poner un
ejemplo, un proyecto para un campus universitario lleva lógicamente una
inversión, unos gastos importantes de elaboración; y creemos que hay que
buscar mecanismos que permitan después también incorporar o recuperar el
coste de ese tipo de proyectos, porque hay municipios que no pueden
abordar por sí solos elaboraciones de proyectos muy costosos y más si hay
incertidumbre sobre la posible recuperación de la inversión. Sabemos que
hay una parte que se ha corregido, que en su día lo habíamos sugerido, y
era la posibilidad de financiar al cien por cien proyectos de algunos
municipios que antes no podían entrar porque necesariamente tenían que
aportar, con los criterios anteriores, el 50 por ciento aproximadamente,
de la inversión. Ahora parece ser que esos criterios siguen estando en el
aire y son fruto simplemente de comparecencias o declaraciones en algunos
foros, pero no están consolidados mientras no aparezca, lógicamente, el
borrador del estatuto de este instituto, su composición, cuál va a ser el
personal con el que va a contar y cuáles van a ser los criterios
definitivos. Le dejo sobre la mesa algunas de las preocupaciones que
suscitan estas cuestiones.
Nos preocupa también el apartado relativo a garantizar las pensiones de
los mineros de la minería privada. Sabe que hay un dilema sobre si se va
a realizar con una prima única, de pago único --valga la redundancia--, o
con otro tipo de criterio. Los mineros tienen reticencias o dudas de si
no se hace de esta manera y nosotros seguimos pensando que hay que
despejar incertidumbres y garantizar todo lo relacionado con este plan y,
especialmente, con aquello que son derechos de los trabajadores mineros.
Creemos que hay que hacer un esfuerzo en esa negociación para cerrar uno
de estos flecos, que es precisamente garantizar las pensiones de los
mineros procedentes de la minería privada.
Ha terminado su intervención diciendo, señor ministro, que para el año
2001 no existirían empresas públicas deficitarias. Yo creo que no se ha
expresado bien. No existirán empresas públicas, aunque las deficitarias
quedarán --léase Unosa, etcétera--, porque ustedes venderán todas las
empresas públicas que puedan. Esto lo digo recogiendo simplemente sus
expresiones y los programas de actuación que ustedes tienen, no hay más
que dar un repaso a lo poquito que nos va quedando. Nos queda una parte
de Endesa, nos queda todavía la operación de Aceralia, Inespal y otras
cuantas. Pero, por su propia lógica, en el año 2001 prácticamente no
quedará ninguna. Por tanto, yo creo que debería corregir esa expresión y
decir que, efectivamente, en el año 2001 no existirá empresa pública
industrial, en todo caso quedarán aquellas que todavía no haya sido
posible recolocar.
A nosotros todo esto nos sigue preocupando. No es un problema ideológico
exclusivamente. El resto de países comunitarios sigue manteniendo una
presencia, al menos significativa o que permite incidir en los sectores
estratégicos, leyendo por tales, sectores como los de la energía, la
siderurgia o el aluminio, que permitan a estos países tener alguna
influencia. Así sucede en Francia, Alemania, etcétera, como usted sabe
muy bien, no necesito repetírselo, o como el caso curioso de Aceralia
donde al final es Luxemburgo la que se convierte en la propietaria
indirecta de la siderurgia española, que sigue siendo un Estado, que
curiosamente ahora parece que llega a un acuerdo definitivo con Usinor y
que terminará con una alianza conjunta Usinor-Arbed. Esto sí nos
preocupa, porque, fundamentalmente, pone en cuestión las inversiones que
se anunciaron por parte de Arbed cuando se llegó al compromiso de venta
de Aceralia y, por lo tanto, crea incertidumbres en algunas regiones,
sobre todo en Asturias, porque parece poco lógico que al final vaya a
haber una planta de galvanizado en Valencia, otra en Asturias, y no se
sabe muy bien dónde se ha quedado ese plan de reindustrialización de
Arbed que usted mismo reconocía que no estaba esculpido en piedra y que
poco tiempo ya se ha empezado a mover. No sé si al final esto puede
acabar diluyéndose poco a poco y más que esculpido en piedra fuera como
un terrón de azúcar porque se vaya disolviendo los frutos de los nuevos
acuerdos que se vayan produciendo entre las dos grandes siderurgias
europeas. Por tanto, produce inquietud y seguimos insistiendo en la
necesidad de mantener un porcentaje en manos públicas. Creemos que no es
una posición maximalista, es una posición que permite la participación de
sectores privados también en el sector siderúrgico, como ocurre en otros
países, pero nosotros sugerimos que esa garantía que, en teoría, Aceralia
va a mantener sobre Arbed, se podría traducir en acciones públicas del
Ministerio
de Industria, bien sea de SEPI o de quien corresponda.
Esto mismo planteamos en Endesa y ha sido bastante vergonzante y
vergonzosa, aunque nadie ha pedido responsabilidades, ni desde el
Ministerio ni desde Endesa, a los responsables de la operación clamorosa
que se está efectuando en Chile. Nos gustaría saber si tienen ustedes
noticias sobre si en el futuro consejo de administración de Endesa, en la
medida que ustedes son todavía parte de ese consejo, al final y después
de tantos avatares, va a tener presencia el señor José Yuraszeck, que
pretendía ganarse él solito, simplemente por su posición dominante en
Enersis, 250 millones de dólares, que es el valor en que ustedes habían
evaluado --valga la redundancia-- esas acciones B que él tenía, que
siendo aproximadamente el 0,06 de Enersis valían 500 millones, mientras
que el resto, de las acciones valían 1.000 millones de dólares, lo cual
produjo gran escándalo en Chile. Los titulares de la prensa chilena
decían algo así como: Endesa cómplice del robo del siglo en Chile.
En este tipo de situaciones, la presencia pública permite precisamente
estar vigilante para evitar errores que yo considero son de gestión, no
creo que haya ningún intento extraño. Lo que pienso es que ha sido una
operación muy torpe por no evaluar las consecuencias al no contar con los
fondos de pensiones, que produjo una pérdida de valor a la salida del
último tramo de acciones, que ustedes mismos evaluaron en más de 100.000
millones de pesetas, pérdida producida por las noticias que llegaban de
Chile, que eran realmente preocupantes y que están obligando todavía hoy
a su presidente a continuar negociando una solución definitiva. Insisto
que la presencia pública permite precisamente estar vigilante en
operaciones extrañas que no dejan en muy buen lugar a nuestro país.
Lo mismo sucede con la presencia en Inespal. No le voy a reiterar los
argumentos que puede usted extraer de las muchas intervenciones que ha
habido en esta Cámara. En definitiva, voy a que están quedándose ustedes
realmente sin un papel que jugar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Santiso, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor SANTISO DEL VALLE: De acuerdo. Muchas gracias, señor presidente,
y termino enseguida.
Por último quiero decirle que también echamos en falta en estos
presupuestos una apuesta más decisiva por los planes de ahorro
energético, que han quedado prácticamente reducidos al mínimo en la
propia redacción de la Ley del Sector Eléctrico. Hay pequeñas cosas que
se están haciendo incluso por las propias compañías, pero son poco
significativas. Creo que hay que fijarse objetivos reales de reducción
que son más importantes que la hipotética reducción de tarifas eléctricas
que, no nos engañemos, ha sido propiciada fundamentalmente por la bajada
de tipos de interés; solamente la reducción de tipos de interés incluso
permitía haber bajado al consumidor la energía bastante más de lo que se
ha bajado.
Tampoco vemos considerables esfuerzos para la reducción de CO2. A pesar
de que de vez en cuando la ministra de Medio Ambiente empieza a hablar de
la preocupación que tiene nuestro país por esta situación, lo cierto es
que en foros internacionales seguimos sin tener una postura decidida de
reducción de emisiones de CO2, con lo que ello implica también para la
conservación del medio ambiente.
Por todo ello presentamos esta enmienda de devolución. Hemos expresado
nuestras preocupaciones y seguimos pensando que aunque el presupuesto del
Ministerio de Industria crece, es simplemente porque hemos vendido los
muebles del edificio.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Hernández Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor presidente.
Subo a la tribuna a consumir el turno que mi grupo quiere realizar hoy
para pedir la devolución al Gobierno de la sección 20 de los
presupuestos, por tanto desde una posición de enmienda de totalidad a esa
sección.
No sé si el año pasado, cuando discutíamos los presupuestos, habría
alguna desmesura a la hora de analizar la situación económica que el
sector industrial tenía en aquel momento, o las proyecciones de lo que
iba a suceder a lo largo del año. En cualquier caso, no ha habido hoy
mesura cuando ha habido una vinculación y un sentido de la apropiación,
que yo entiendo legítima del Gobierno --además sin complejos, es decir,
sin modestia-- que venía a vincular, yo creo que de una forma un tanto
chocante en el debate parlamentario, el crecimiento de la actividad en el
sector industrial con aquellos presupuestos que aprobábamos hace algunos
años, dicho además por un Gobierno liberal, que justo debería reclamar lo
contrario, es decir que cuanto más disminuyeran los presupuestos públicos
más beneficioso sería para el sector industrial.
Ya que se ha hecho alguna referencia, y puesto que consta en el «Diario
de Sesiones» y los historiadores después no deberían llevarse a
confusión, no sería malo hacer un ajuste de lo que ha sido la evolución
del sector industrial durante este año. Creo que es justo y notorio
reconocer que tiene una situación mejor que hace tres años, y digo yo que
algo tendrá que ver el cambio de coyuntura económica, algo tendrá que ver
la bajada de las variables macroeconómicas españolas
internacionales, algo tendrá que ver la posibilidad de haber bajado los
tipos de interés, algo tendrá que ver, digo yo, el aprovechamiento de los
potenciales de políticas industriales que se van realizando hace muchos
años y que en el cambio de ciclo, evidentemente, se han concretado; sin
duda alguna tendrá mucho que ver también la posibilidad de
aprovechamiento de mercados que se han ido madurando y que se han ido
generando durante los últimos años.
En definitiva, hay un buen número de motivos para explicar una evolución
industrial satisfactoria, al mismo tiempo que señalar una preocupación
evidente por el exceso de vinculación que, desde nuestro punto de vista,
tiene en este momento el sector industrial con la coyuntura económica. No
haríamos un buen servicio al diagnóstico y al análisis del sector
industrial en este país si no pusiéramos de manifiesto que ese exceso de
vinculación al ciclo puede hacer que mañana tenga unas consecuencias de
caída desproporcionadas. Se ha ido poniendo de manifiesto que los
estabilizadores del sector industrial se están vaciando, que el sector
industrial --repito--, demasiado vinculado al ciclo económico, en un
cambio de ciclo puede hacer peligrar la actividad de las industrias de
este país, probablemente de forma irreversible.
Señor ministro, señoras y señores diputados, parece evidente que al
margen de que el crecimiento del sector industrial pueda ser europeo o
asiático en relación a los porcentajes que ha ido adquiriendo, no es
verdad que se haya acometido o se haya hecho frente a las reformas
estructurales que el sector industrial requiere. Sinceramente, no es
verdad que el sector público empresarial e industrial de este país esté
mejor hoy que hace un año cuando aprobamos los presupuestos.
¿Está mejor Telefónica desde el punto de vista de la organización, de su
activo, de su posición en los mercados, de su prestigio internacional?
¿Está mejor Endesa? (El señor Medina Toledo: Sí.) Ahora habrá una
oportunidad de hablar sobre el asunto; el señor Medina no se puede
contener cuando hablamos de Endesa. ¿Está realmente ajustada la
fiscalidad de la pequeñas y medianas empresas internacionales? ¿Se ha
hecho frente realmente a lo que es la fiscalidad en la exportación de las
pequeñas empresas industriales? ¿Realmente se ha hecho frente a una
dinámica de actividad en todas aquellas empresas públicas no rentables
(que el señor Santiso decía, con razón, que dentro de tres años o son
deficitarias o no serán empresas); se ha hecho frente por parte del
Gobierno a las dinámicas, a las políticas que se venían acometiendo hace
algunos años? Sinceramente, pienso que no. Por eso nos preocupa, por eso
estábamos entonces en contra de los presupuestos y estamos en contra de
los presupuestos este año.
Si me permite la licencia, señor ministro, son unos presupuestos que yo
espero consigamos entre todos ir reforzando o nos quedamos sin
presupuesto a este paso dentro de poco, porque la actividad industrial
dentro del Gobierno va cayendo presupuestariamente. Es verdad que este
año, si se contemplan los presupuestos del Gobierno de una forma global,
daría la sensación de que el Gobierno ha hecho un esfuerzo meritorio para
darle el peso que el sector requiere; sin embargo, cuando se pone la lupa
presupuestaria, uno percibe la decepción, percibe cómo en el Ministerio
de Industria el sector industrial, el sector público empresarial ha caído
casi dos puntos en términos absolutos. Con los presupuestos sucede lo
mismo que con los obsequios de Navidad, que uno se preocupa más del
envoltorio que del contenido; pero cuando empezamos a ir quitando y nos
encontramos con el fondo, con la almendra de la cuestión, vemos que si
quitamos el Instituto Minero, 140.000 millones de pesetas de los 190.000
que ya ha aumentado el propio presupuesto que es de una vez y, por
cierto, no recoge nada que no fuera una actividad que en el decreto de
enero de 1996 y con la legislación minera anterior no estuviera ya
recogido; son por tanto 140.000 millones de pesetas. Si eliminamos esta
especie de ingeniería financiera o contable, como la llaman algunos,
otros peritaje, otros más sinceros simplemente trucos contables que tiene
el presupuesto; que si desde el punto de vista macroeconómico los
llamamos trucos, bajando el tono del concepto, desde el punto de vista
industrial serían truquillos, que evidentemente esconden más de 40.000
millones de pesetas, y que están reflejados en términos de capítulo 8 en
el presupuesto, como dicen en La Mancha, se pagará con el ya te veré.
Esto que figura en los Presupuestos Generales del Estado, está
escondiendo la realidad presupuestaria y describiendo una situación que
no refleja la realidad.
Si vamos descubriendo, limpiando estas brozas presupuestarias nos
encontramos con que realmente el presupuesto industrial de este país
decrece casi en dos puntos. Y nos preocupa; nos preocupa porque creo que
sería una buena oportunidad aprovechar este gordo de Navidad que suponen
las privatizaciones --usted sabe como yo, señor ministro, que no pasan
todos los años ni todas las legislaturas-- para armar industrialmente
este país, haciendo un reconocimiento de lo mucho que se ha hecho, sin
duda alguna, y de las carencias que, también sin duda alguna, tiene aún
el propio sector industrial. Lamentamos que se estén llevando con
cuentagotas las políticas activas en política industrial, con las que
realmente no podemos estar en desacuerdo porque son las mismas que han
venido haciéndose en los Presupuestos Generales del Estado en los últimos
años, pero mucho más timoratas y es verdad, además, que en un momento en
que la situación económica y presupuestaria permitiría haber apostado
definitivamente por la industria, y no estoy hablando aún del sector
público empresarial, sino apostar por la industria de este país. Yo creo
que hubiera sido un buen momento para poner de manifiesto aquello con
que se nos llena la boca, y cuando se gobierna aún se llena más. A los
ministros se les llena mucho más la boca que a los diputados respecto a
las políticas de diseño, de modernización industrial, de nuevas
tecnologías, de calidad, etcétera. Todo este tipo de políticas, algunas
activas, verticales, industriales, otras de carácter horizontal, que aquí
parece que se cogen porque no se pueden dejar; parece que se va forzado.
Ya sé que ustedes no creen realmente en el papel del sector público, en
el impulso de la actividad económica del sector industrial, pero
sinceramente pensamos que se pierde una gran oportunidad. De igual modo
que vemos cómo, peligrosamente, no se aprovecha la situación económica,
y, repito, con circunstancias presupuestarias que serán absolutamente
irrepetibles en este país, para armar y devolver la estabilidad
presupuestaria a los planes no sólo de reestructuración de un sector como
el de la minería sino de potenciación de actividades industriales
territoriales. No le voy a dar un consejo, pero admítame la reflexión:
aprovechemos esta oportunidad.
Aprovechemos esta oportunidad para recoger impulsos, sinergias que se han
ido produciendo en los últimos años en comunidades autónomas que
tradicionalmente no tenían capacidad para generar demanda de proyectos
industriales y darles una solución, porque se está retrocediendo. Ya sé
que las competencias son de muchas administraciones, pero sin duda alguna
la esencia está en los Presupuestos Generales del Estado, y en este punto
vemos que pasan como de puntillas, del mismo modo que no se apuesta por
los grandes proyectos industriales. Precisamente los proyectos de
industria naval, industria armamentística militar, industrias
aeronáuticas son aquellos programas y créditos que están condicionados al
capítulo 8, no a la voluntad de asumir el Gobierno, y por tanto los
Presupuestos Generales del Estado, ese papel; y son aquellos que se ven
condenados a la inestabilidad presupuestaria. Los programas de los
Leopard, de las fragatas F-100, del Airbus, ese tipo de programas tienen
riesgo de futuro, y creo que hubiera sido una buena oportunidad este año
--reconocerán conmigo que en los Presupuestos Generales del Estado tenía
hueco para hacerlo-- haber hecho una apuesta de estabilidad para que esa
actividad industrial se hubiera reforzado. Hubiera eliminado
incertidumbres de futuro y hubiera empezado a generar realmente las
economías externas que estos motores de la actividad empresaria e
industrial generan. Por tanto, es obvio que en un debate como este
estamos contra los presupuestos del Gobierno fundamentalmente porque
estamos contra su política industrial; una política industrial que ya he
tenido oportunidad de ir desgranando como timorata; una política
industrial tibia, una política industrial que no está generando los
mecanismos de garantía de futuro --ojalá sea un error de este diputado en
este momento-- para que no se cumpla el riesgo en el sector industrial de
vincularse en exceso al ciclo económico nacional e internacional sin
estabilizadores, sin presencia del amortiguador del presupuesto del
Estado, sin presencia de la garantía que supone el sector público
empresarial. En un cambio de ciclo no produzcamos un problema
irreversible que por otra parte, puestos también a disminuir el nivel de
autosatisfacción del Gobierno en este asunto, tampoco ha generado el
efecto que desde nuestro punto de vista debería ser el más importante: la
generación de empleo que tenía que haber creado. Ya sé que no es el único
objetivo que debe tener una política industrial y que ganar mercados,
ganar competitividad, ganar estabilidad son también objetivos que debe
tener la política industrial, pero desde luego no pueden ser políticas
simplemente en la abstracción, sino que deberían ser políticas que
trajeran como consecuencia el objetivo principal, y el objetivo principal
debe ser el empleo.
Decía, por tanto, que estamos contra la política industrial del Gobierno.
Por eso un debate general de estas características tiene que traer como
consecuencia un debate también genérico, entre otras razones porque si no
fuera un debate contra la política industrial del Estado estaríamos
hablando exclusivamente de un debate sobre los presupuestos del instituto
del carbón y la reestructuración de las cuencas mineras, y eso además de
ser empobrecedor nos haría perder la oportunidad de debatir con usted en
las pocas ocasiones que tenemos de traerlo a esta Cámara.
Además, la posición del Grupo Parlamentario Socialista también quiere
poner de manifiesto algo que quizá no está cuantitativamente en los
presupuestos pero que, desde luego, hemos tenido oportunidad de
manifestarlo y lo reiteramos aquí hoy: estamos contra la política
energética del Gobierno. Estamos contra la política energética al margen
de los esfuerzos que algunos de los diputados aquí presentes hacen para
convencernos de lo contrario; y estamos contra la política energética por
varias razones. Algunas tienen que ver con lo que aún no ha sido, por
cierto, la política energética hace tan sólo unos días tenía su cita con
esta Cámara y con el Boletín Oficial del Estado con la publicación del
nuevo decreto-ley de liberalización del acceso a la red de gas, y este
debate presupuestario es una buena oportunidad para decir: ¿qué hay de
eso? Me temo que la conversación que estoy viendo tiene relación que no
vaya con mucha prisa ese debate, que no vaya con mucha prisa; me temo que
esa conversación y previas tienen que ver, repito, con la pérdida de
prisas que el Gobierno ha tenido en relación con el decreto-ley del gas;
pero también estamos pendientes de ver un escenario futuro de
liberalización del sector de hidrocarburos. Hace año y medio que lo
estamos oyendo, reconocerán SS. SS. conmigo que con escasa repercusión en
lo que a producción de iniciativas se refiere, pero sí es verdad que ha
generado muchos conflictos. Uno de los conflictos importantes que tiene
este presupuesto es precisamente
no haber hecho frente a ese debate a tiempo. Estoy hablando
fundamentalmente del conflicto entre el sector transporte y el sector
distribución de petróleo, que sin duda alguna no sólo no es una solución
sino que es un problema lo que el Gobierno ha generado. Estoy haciendo
este debate --aprovechando la generosidad del señor presidente-- para
retrotraerme a algo que hace tan sólo una semana debatíamos en esta
Cámara: la ley eléctrica. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Hernández
Moltó, le ruego vaya concluyendo.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Voy concluyendo. No se preocupe, señor Medina,
que voy a pasar muy rápido sobre el asunto.
No es un mal momento el debate presupuestario, que en definitiva es un
debate de políticas, no sólo de créditos presupuestarios sino de
políticas, no es un mal momento para ver señor Medina --perdón, señor
ministro, por la falta de deferencia--, que teníamos razón. Teníamos
razón por una cuestión fundamental: ¿recuerdan ustedes los motivos por
los que había que modificar la estructura normativa del sector eléctrico?
¿Los recuerdan? Necesidad, modernidad, liberalización, pero en todo este
proceso, sin duda alguna loable y en el que coincidíamos, había un
problema y es que las empresas eléctricas, las compañías podían perder
competitividad, podían perder solvencia, podían perder estabilidad.
Pues, miren, no hay nada más que ver que han sonado los teletipos, han
repiqueteado esta mañana para mandarnos la noticia, eso sí, cuando ya no
es posible echar abajo aquella ley, de cómo el sector eléctrico, Unesa se
ha pronunciado sobre la evolución del sector eléctrico en los últimos
años. Sólo ha faltado hacerles un homenaje a los tres últimos ministros
de Industria --no se preocupe, señor Piqué; seguro que a usted también le
llegará-- respecto a la evolución habida en los últimos años por las
compañías eléctricas: el nivel de endeudamiento se ha reducido en billón
y medio, los gastos financieros derivados de la deuda han bajado del 36
al 15 por ciento, las empresas han tenido un volumen de contratación
insólito en las bolsas. La verdad es que se había hecho un gran trabajo
en el sector eléctrico, y lo fundamental --lo digo para su tranquilidad,
señor ministro--, parece que no necesitan los dos billones de pesetas.
Aproveche usted la oportunidad; cójales la palabra y traiga dentro de
poco una norma que realmente baje la tarifa no el 3 o 3,5 por ciento, que
es lo que al final va a bajar para el año que viene, sino el 5 o 6 por
ciento, que sería posible si no reconocemos los dos billones que la
compañía eléctrica, en este acto de autobombo de Unesa --a quien yo
felicito--, ha reconocido que no son necesarios y, por tanto, que los
usuarios del sector eléctrico no tienen necesidad de desembolsar todos
los años en torno a doscientos y pico mil millones de pesetas para que se
modernice el sector. Por eso, también pedimos la devolución al Gobierno
de la sección 20; porque la política energética anda falta de potencia,
muy falta de potencia. Donde se ha hecho, mal; y donde quizá hace falta,
no llega. Por tanto, señor ministro, entienda que, en ese sentido, nos
vemos obligados a efectuar una crítica.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Moltó, le
ruego concluya.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Concluyo, señor presidente.
Finalizo con nuestra última insatisfacción: la insatisfacción respecto al
sector público empresarial. Es difícil encontrarlo en los presupuestos y
ésta es nuestra crítica; es difícil encontrarlo en los presupuestos
porque precisamente es un presupuesto que ha tenido antecedentes
ejecutivos que están impidiendo que hoy podamos hablar del sector público
empresarial porque se ha escapado del presupuesto, ha ido demasiado
rápido. Ha ido demasiado rápido y lo que eran sectores en
reestructuración, lo que eran empresas sensibles, fundamentales,
trascendentales para la economía nacional no pueden ser debatidas hoy en
este presupuesto. Los contratos-programas o las empresas que estaban
acogidas en su subvención en aquella corta, pero creo que eficaz Agencia
Industrial del Estado, hoy lo único que podemos hacer por ellas es rezar
un responso. Al mismo tiempo, manifestamos nuestra preocupación porque el
sector público no tenga en los presupuestos el nivel de control que
debería tener.
Es evidente que ya no puedo abusar del presidente y, por tanto, quedamos
emplazados para dentro de unos días seguir hablando del sector público
empresarial. Sólo una última cuestión: si hace un año nosotros
criticábamos el sector público empresarial, si pedíamos la devolución al
Gobierno de los presupuestos del Ministerio de Industria, era
fundamentalmente por una cuestión que un año después se ha confirmado:
hoy tenemos un sector empresarial más débil, menos potente, menos
reconocido en el mundo económico nacional e internacional; no sé si sirve
a algún interés particular, pero desde luego hoy sirve mucho menos a los
intereses generales de este país.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Hernández Moltó.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Peón.
El señor PEON TORRE: Gracias, señor presidente.
Señorías, tomo la palabra para intentar hacer un debate de política
presupuestaria y algunos portavoces han tratado de definir lo que debe
ser un debate de política
presupuestaria. Es verdad que debe ser un debate sobre políticas, no sólo
sobre partidas, pero también debe ser un debate en que la crítica
--además, una crítica teórica, de ideas, huérfana de dato alguno-- vaya
acompañada de alguna alternativa que pretende remediar la supuesta laguna
que ofrece la política del Gobierno.
Sinceramente, señorías, nos parece que sí hemos escuchado la crítica
teórica, ideológica, pero no hemos visto contraste de datos de la
realidad que apuntale esas críticas y mucho menos hemos visto una
alternativa que haga pensar a los miembros de esta Cámara que hay otras
propuestas de política industrial mejores que las que presenta en este
momento el Gobierno.
Señorías, este debate no se produce en el vacío. El primer año de
Gobierno sustentado por el Partido Popular existía una confrontación más
teórica, todavía tenían que ensayarse en el plano de la realidad
industrial las fórmulas propuestas y las alternativas que el Gobierno del
Partido Popular iba a desarrollar y que contenían los presupuestos para
1997. Eso ocurría hace un año y entonces algunos grupos de la oposición,
como ya ha explicitado el ministro anteriormente, hacían un discurso
catastrofista llegando a afirmar que con esa política presupuestaria para
el Ministerio de Industria íbamos a acabar cerrando el Ministerio o que
era el antipresupuesto de Industria; que era la perversión de lo que
debería ser un Ministerio de Industria y que íbamos a llevar a la
realidad industrial del país al más absoluto de los desastres.
La realidad es tozuda, señorías, por eso en ocasiones no se traen datos
de la realidad a esta Cámara para apostillar las críticas que se hacen a
la gestión del Gobierno, y la realidad --ya se han dado los datos por el
ministro y por eso no haré uso de todos los que he traído a esta
tribuna--, la realidad económica, la realidad industrial, afortunadamente
para nuestro país, es menor, sensiblemente mejor en comparación con la de
hace un año. Además, se ha reconocido por algunos portavoces de los
grupos de la oposición.
Se dice que esa mejor realidad industrial es consecuencia de la mejor
coyuntura internacional. Es cierto que la coyuntura internacional es
mejor que hace algunos años; también es cierto que el progreso de nuestra
realidad económica del proyecto industrial español crece a unos ritmos
muy superiores a nuestros socios europeos. En un mismo contexto
internacional España va mejor que otros países europeos como Alemania o
Francia que son potencias económicas e industriales. Por tanto, al margen
de un mejor contexto internacional en algo habremos acertado los
españoles, en algo habrán acertado las empresas de nuestro país, los
agentes económicos y sociales y el Gobierno a la hora de conseguir ese
objetivo --celebrado por todos-- de que nuestro país tenga un mayor
crecimiento que nuestros socios europeos en la realidad económica
industrial que tenemos ahora delante.
Se ha hablado, asimismo, de los datos macroeconómicos, de las políticas
horizontales que favorecen a nuestra industria. ¡Cómo no va a favorecer a
un industrial que los tipos de interés estén al 5 por ciento en lugar de
al 9, al 10 o al 11 por ciento! ¡Cómo no va a favorecer a la industria
española que la tarifa eléctrica disminuya de precio en cuanto al año
anterior! ¡Cómo no va a beneficiar a nuestra industria a nuestras
empresas que tienen que competir en el exterior, el hecho de que se
liberalice el suelo y permita el abaratamiento del suelo industrial! (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)
Por supuesto que hay políticas horizontales macroeconómicas que inciden
en un mejor contexto interno, que favorece la competencia externa; no
obstante, señorías, estaremos todos de acuerdo en que no es mérito de la
coyuntura internacional, es un acierto de las políticas macroeconómicas,
de las políticas horizontales que está desarrollando el Gobierno.
En este sentido se han tomado medidas, como hemos dicho, de
liberalización del suelo, de liberalización de colegios profesionales. Se
ha conseguido corregir los datos de tipo de interés, de inflación. Se ha
conseguido el mantenimiento del cambio de la peseta estable desde marzo
de 1996. Se han iniciado medidas liberalizadoras en telecomunicaciones.
En definitiva, hay un gran paquete de políticas horizontales que han
conseguido ese mejor contexto para la competitividad de nuestras empresas
industriales y para poder competir con más garantía en el exterior.
El protocolo eléctrico, como instrumento de liberalización de algunos
mercados, y por tanto de favorecimiento de la competitividad de nuestras
empresas, ha sido uno de los grandes aciertos del Gobierno y ahora se
pueden tratar de apuntar todos los éxitos de este Gobierno o al menos la
contribución del Gobierno a esos éxitos en el haber del Gobierno
anterior. Eso entra en el ámbito de la interpretación, nosotros estamos
convencidos de que no es así, de que algo se hizo bien por parte del
Gobierno anterior --luego detallaremos qué se hizo bien-- y muchas cosas
se hicieron terriblemente mal. Afortunadamente, eso se ha corregido en un
año y, además, en la buena dirección.
Señorías, el protocolo eléctrico no sólo pretende mejorar la
competitividad de las empresas eléctricas, que también, sino que pretende
conseguir un marco más competitivo para las industrias de este país, de
todas, no sólo las eléctricas, y eso es lo que no se conseguía con la
política del Gobierno anterior que derivaba en un incremento permanente y
continuo de las tarifas eléctricas; este año se ha quedado con una
disminución de las tarifas que será aún mayor en los próximos años. El
acierto, señorías, no es del Grupo Socialista, no es del Gobierno
anterior, sino de este Gobierno y de los grupos que lo apoyan.
Señorías, dejando el primer capítulo de políticas horizontales, vamos a
hablar de las políticas específicas,
lo que se llaman políticas activas. Ahí nos queremos detener en un
discurso que ya huele un poco a viejo, porque estar todo el día
pretendiendo que el gran desacierto de este Gobierno y de este Ministerio
de Industria es la política de privatizaciones, el haber apostado por la
privatización de algunas empresas públicas como instrumento de
racionalización y modernización del sector industrial público español,
nos parece que huele a viejo. Además, huele a viejo por una razón, porque
se nos dice que hacemos ideología con esa cuestión, y la sensación que
nosotros tenemos, señorías, es que quien hace ideología es quien se queda
en el discurso de que la privatización es un fin en sí mismo y además es
un fin que hay que satanizar. Nosotros no estamos de acuerdo con eso.
Nosotros, señorías, creemos que las privatizaciones no son un fin en sí
mismo; por tanto, no hacemos de ello un debate ideológico. Las
privatizaciones, señorías, son un instrumento de modernización y
racionalización del sector público empresarial español; un instrumento,
no un fin en sí mismo. Por tanto, ese debate sobre si la privatización es
el gran desmadre de este Gobierno huelga, porque es un debate ideológico.
Izquierda Unida tiene la coherencia de que siempre ha mantenido el
discurso contrario a las privatizaciones, pero otros grupos de la Cámara,
no, señorías. Otros grupos de la Cámara, cuando han apoyado a un
Gobierno, se han caracterizado por un proceso salvaje en lo que al
desorden de las privatizaciones se refiere, proceso que este Gobierno ha
ordenado mediante una serie de cauces y de controles que antes no
existían. Por tanto, no nos quedemos en la satanización del concepto de
privatizaciones; veamos para qué se hacen las privatizaciones y cómo se
hacen.
Señorías, las privatizaciones se hacen para conseguir la viabilidad
industrial de aquellas empresas que son objeto de privatización, para
conseguir su apuntalamiento como tejido industrial, como actividad
generadora y mantenedora de empleo.
El señor PRESIDENTE: Señor Peón, concluya, por favor.
El señor PEON TORRE: Sí, señor presidente, iré concluyendo.
Por tanto, ese es el fin al que tienden las privatizaciones, y habrá que
analizar si en los procesos de privatización ya en marcha, algunos
culminados y los que se harán en el futuro, se ha alcanzado ese fin o no,
para poder valorar si el cauce emprendido por el Gobierno va en la buena
dirección. Nosotros, señorías, estamos convencidos de que van en la buena
dirección. Van en la buena dirección porque en todos los procesos de
privatización ya culminados, incluso algunos como Aceralia o Inespal, que
aquí se han puesto en solfa, han apostado y se han preocupado,
precisamente, de garantizar el concepto de viabilidad industrial de esos
grupos. En el caso de Aceralia, por ejemplo, pasando a formar parte del
principal grupo siderúrgico de Europa y el tercero del mundo; y, en el
caso de Inespal, pasando a formar parte del primer grupo del mundo del
aluminio, como es Alcoa. Por tanto, ¿dónde está la crítica a que la
industria española esté sumando sus esfuerzos a grandes grupos
industriales europeos y mundiales que apuntalan su futuro industrial y su
nivel de empleo? En todos esos casos se han garantizado el mantenimiento
del centro de trabajo, el mantenimiento del nivel de empleo, el
compromiso de inversiones multimillonarias en diversos centros, tanto en
el caso de Aceralia como en el caso de Inespal. Se ha apostado, en
definitiva, por una política de privatizaciones que persiga el
mantenimiento industrial de esas empresas y sus niveles de empleo.
Por otra parte, ¿qué se va a hacer con los ingresos de esas
privatizaciones? Se insiste por parte de algunos grupos, de forma
machacona pero queriendo obviar la realidad que tenemos delante, en que
esos ingresos son para financiar el déficit, y no es así, señorías. No
sólo es así porque lo prohíba la Unión Europea, sino porque este Gobierno
ya ha reiterado hasta la saciedad que el destino de esos ingresos
presupuestarios...
El señor PRESIDENTE: Señor Peón, ha de concluir.
El señor PEON TORRE: Voy terminando, señor presidente.
El destino de esos ingresos presupuestarios no tiene carácter de política
presupuestaria.
Se ha hablado antes de cómo se está amortizando deuda a un nivel muy
superior a lo que habían hecho gobiernos anteriores, hasta el punto de
que en el año 1999 quedará amortizada totalmente la deuda histórica del
INI. Se está amortizando deuda y eso influye en que, al final, bajen los
tipos de interés y se corrijan las variables macroeconómicas, pero no se
está financiando déficit. Por tanto, la política de privatizaciones no es
una parte de la política presupuestaria como tal, sino una política
estrictamente industrial.
Termino, señorías, haciendo una muy rápida mención a una cantinela que a
veces escucha nuestro grupo, y que nos parece injusta, sobre cómo se está
conduciendo este proceso clave de política industrial: la transparencia.
Señorías, la transparencia en la política de privatizaciones se pone en
duda siempre pero sin dar datos, y el dato es que el régimen jurídico por
el cual se regulan los procesos de privatización de este Gobierno es
exactamente el mismo que el que regulaba las privatizaciones del Gobierno
anterior. Un intento de Izquierda Unida de modificar esa legislación en
esta Cámara y en esta legislatura fue rechazado con el voto mayoritario
de la Cámara, incluso de algún grupo que hoy en esta tribuna critica la
transparencia del proceso de privatizaciones. Dígase en qué caso ha
incumplido el Gobierno el procedimiento establecido legalmente,
porque daríamos la razón en que se ha incumplido un trámite de
transparencia. Pero no es así. Se cumple escrupulosamente el régimen
jurídico aprobado por el Gobierno anterior y ratificado en esta
legislatura. Ello al margen de que, además, han existido nuevos controles
con este Gobierno, como un nuevo Consejo consultivo de privatizaciones,
como la fiscalización del Tribunal de Cuentas, como la intervención del
interventor general del Estado. Es decir, se han añadido controles
nuevos, además de la legislación que ya existía.
El señor PRESIDENTE: Señor Peón, le ruego concluya.
El señor PEON TORRE: Sí, señor presidente, voy terminando, pero la
extensión de algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra
me obliga a extenderme un minuto más.
El señor PRESIDENTE: Un minuto, y concluya.
El señor PEON TORRE: Políticas industriales y datos. No me referiré a los
que ha dado el ministro sobre cuál es el índice de producción industrial,
etcétera, pero sí queremos reiterar que las principales políticas activas
del Ministerio, que intensifican y apuntalan lo que ha salido bien del
ejercicio anterior, nos merecen todo el respaldo. Es un presupuesto
equilibrado y, además, coherente con el contexto del presupuesto en
cuanto a los criterios de austeridad y, al mismo tiempo, de incentivación
de la inversión en I+D, en proyectos que son del capítulo 8 pero que son
claves para la industria de nuestro país, en áreas tecnológicas
industriales avanzadas como es la aeronáutica, como es la naval, que
dependen de contrataciones del Ministerio de Defensa. Por eso es
necesario recurrir a la fórmula del convenio e ir al capítulo 8, porque
son actividades industriales claves para el desarrollo tecnológico de
nuestro país. Hay un aumento espectacular del presupuesto y se ha
reconocido. Siempre se puede decir que hace falta más, pero comparando la
situación actual con la de hace unos años, sinceramente, señorías, la
realidad es la que es. Si hubiéramos tenido más tiempo, hubiera podido
dar todos los datos, pero incluso hemos escuchado el reconocimiento de
algunos grupos de que la situación era sensiblemente mejor que la de hace
unos años.
Termino ya, señor presidente. Señorías, la realidad, afortunadamente, es
mucho más positiva, no sólo en políticas de I+D, sino también en
políticas que afectan a comarcas muy sensibilizadas, con industrias de
monocultivo en sus respectivas regiones. Es el caso del carbón. Nunca en
ningún presupuesto en el pasado se habían contemplado cantidades tan
importantes como las que se recogen este año para el sector de la
minería. Hablar de un plan que prevé unas inversiones de 600.000 millones
en los próximos años, que ya este año contempla 220.000 millones para
esos sectores de la minería, es un motivo de satisfacción, sobre todo
cuando se realiza en un contexto de austeridad presupuestarla, de
esfuerzo de todos los españoles y también del Gobierno por conseguir
cuadrar esos datos macroeconómicos que luego son fundamentales para que
el conjunto de la economía, y también nuestras empresas, vayan bien.
Señorías, el balance se sustenta en datos que están ahí, a la vista de
todos. Hemos trazado algunas pinceladas de cuáles creemos que son los más
significativos, pero me gustaría terminar nuestra intervención con una
pequeña reflexión sobre cómo en ocasiones el sustentar el debate sobre
ideas y no sobre la realidad, sobre los datos objetivos que tenemos
delante, puede llegar a distorsionarlo. Existía una señora en el siglo
pasado, la conocerán los grupos de la izquierda, Simone de Beauvoir, que
tenía una cierta vinculación con el señor Sartre y se autocalificaba de
izquierdas. Esta ilustre escritora, señorías, que se autotitulaba de
izquierdas, solía referirse al pensamiento político de la derecha con una
frase que decía algo así como que la verdad es una y los errores son
múltiples, y que por eso la derecha profesaba el pluralismo. Desde luego,
yo no comparto esta humilde frase sobre la verdad única de la izquierda,
sinceramente creo que la verdad no es una casi nunca porque como
entelequia teórica puede permitir múltiples interpretaciones. Lo que sí
creo, señorías, es que la realidad es una y no múltiple. La realidad es
una y, por eso, señorías, al final lo importante es que seamos capaces de
reconocer cuál es la realidad, no vaya a ser que nos ocurra lo que aquel
escritor del pasado, Bini, decía, que la felicidad consiste en saber
engañarse.
Nada más y muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes a las secciones que se
han debatido desde la última votación de la mañana, y que corresponden a
Justicia, sección 13; Interior, sección 16; Sanidad y Consumo, sección
26; Insalud, sección 60, e Industria y Energía, sección 20.
Comenzamos las votaciones correspondientes a la sección 13, Justicia.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas de la señora Almeida y el señor
Alcaraz.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a
favor, 152; en contra, 177.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a
favor, 152; en contra, 177; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Al haberse retirado la que subsistía del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, pasamos a las del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. En primer lugar, las números 629, 630, 631, 634, 637 y
638.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a
favor, 150; en contra, 177; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a
favor, 151; en contra, 177; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar, la número 1223.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 153; en contra, 178.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 153; en contra, 177; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación del dictamen correspondiente a la sección 13.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 174; en contra, 156; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votaciones en relación a la sección 16, Interior. Por el Grupo Mixto
mantienen enmiendas la señora Almeida, el señor Saura y el señor
Chiquillo, y ha retirado su enmienda la señora Lasagabaster.
En primer lugar, enmiendas de la señora Almeida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 24; en contra, 179; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Saura y la señora Rivadulla.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 19; en contra, 178; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331: a
favor, 21; en contra, 178; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer
lugar, las números 657, 658 y 660.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 20; en contra, 307; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 663 y 667.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor 152; en contra, 178; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 664.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 19; en contra, 311; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a
favor, 19; en contra, 178; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo
Federal de Izquierda Unida.
Enmiendas del Grupo Socialista, empezando por la 1244.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 153; en contra, 178.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 152; en contra, 178; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo
Socialista.
Votación del dictamen de la sección 16.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a
favor, 177; en contra, 151; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Pasamos a la sección 26, Sanidad y Consumo.
En primer lugar, enmienda 1103, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 151; en contra, 179; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a
favor, 22; en contra, 177; abstenciones, 131.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 1412, del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 151; en contra, 178; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votación del dictamen de la sección 26.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 179; en contra, 151; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen de la sección 26, Sanidad
y Consumo.
Pasamos a la sección 60, Insalud. En primer lugar, se someten a votación
las enmiendas que subsisten del Grupo Mixto, a nombre del señor Alcaraz y
de la señora Almeida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 20; en contra, 177; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las
números 1112, 1113, 1114, 1117, 1126, 1127 y 1128.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 20; en contra, 177; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a
favor, 19; en contra, 177; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación relativa al dictamen de la sección 60, Insalud.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 178; en contra, 151; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votaciones relativas a la sección 20, Industria y Energía. En primer
lugar, enmiendas del Grupo Mixto, del que subsisten dos. Se somete a
votación la número 439.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 20; en contra, 311.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 440, del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a
favor, 21; en contra, 177; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Al haberse retirado la que subsistía del Grupo Vasco, pasamos a las del
Grupo Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las números 952 y 954.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 151; en contra, 177; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 19; en contra, 310; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a
favor, 151; en contra, 177; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Se someten a votación conjunta los cuatro votos particulares del Grupo
Parlamentario Popular contra la incorporación de las enmiendas del Grupo
Vasco números 1490, 1491, 1492 y 1493.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 176; en contra, 154; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los votos particulares.
Votación del dictamen de la sección 20.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 178 en contra, 152; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
El Pleno se reanudará mañana a las 10 de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.