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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 84, de 21/05/1997
ES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997VI Legislatura Núm. 84
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 81
celebrada el miércoles, 21 de mayo de 1997
ORDEN DEL DIA:
Preguntas
Interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política del Gobierno para garantizar la
imparcialidad del Ministerio Fiscal (número de expediente 172/000046)
(Página 4140)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre las responsabilidades
políticas generales en las que ha incurrido el Gobierno por la filtración
de expedientes tributarios y la creación de un clima de inseguridad
jurídica para los ciudadanos en sus relaciones con la Administración
Tributaria (número de expediente 172/000047) (Página 4172)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Preguntas (Página 4140)
Del Diputado don Alvaro Cuesta Martínez, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro de la Presidencia: ¿Ha valorado el Gobierno el informe del
Consejo General del Poder Judicial antes de nombrar al nuevo Fiscal
General del Estado? (Número de expediente 180/000665) (Página 4140)
Del Diputado don Luis Yáñez-Barnuevo García, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro de la Presidencia: ¿Ratifica Vd. sus declaraciones del día 23 de
abril en las que, refieriéndose a la operación militar de asalto a la
embajada de Japón en Lima, afirmó que estaba «empañada» por la existencia
de víctimas y que por tanto el resultado «no se puede contemplar con
satisfacción»? (Número de expediente 180/000640) (Página 4141)
Del Diputado don Jerónimo Saavedra Acevedo, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda: ¿Qué piensa hacer el Gobierno para
defender los intereses económicos de Canarias ante la Unión Europea?
(Número de expediente 180/000641) (Página 4142)
Del Diputado don Josep Borrell Fontelles, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuándo piensa ingresar en el Tesoro
Público las retenciones de la Seguridad Social por impuestos directos?
(Número de expediente 180/000642) (Página 4144)
Del Diputado don Juan Manuel Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo ha valorado la
Comisión Europea el Plan de Convergencia Económica de 1997? (Número de
expediente 180/000650) (Página 4145)
Del Diputado don Luis Felipe Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al
Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y
Hacienda: ¿Qué medidas económicas, además de las previstas en el Plan de
Convergencia aprobado por el Gobierno, piensa adoptar para la creación de
empleo estable en nuestro país? (Número de expediente 180/000663)
(Página 4146)
Del Diputado don Ricard Burballa i Campabadal, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Gobierno: ¿Cuál es la
previsión del Gobierno respecto a la trasferencia de los centros de
enseñanza de Defensa a las Comunidades Autónomas? (Número de expediente
180/000638) (Página 4147)
De la Diputada doña María Jesús Aguirre Uribe, del Grupo Vasco (EAJ-PNV),
que formula al Gobierno: ¿En relación a la Central Nuclear de Garoña y su
plan de emergencia PENBU, cuántos simulacros se han realizado desde la
puesta en marcha del Plan? (Número de expediente 180/000606) (Página 4149)
De la Diputada doña Margarita Uría Echevarría, del Grupo Vasco (EAJ-PNV),
que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno abordar el problema
que se suscita en las Comunidades Autónomas con competencia en materia de
tráfico y seguridad vial, en relación con la competencia estatal sobre
los permisos de conducir? (Número de expediente 180/000637) (Página 4150)
Del Diputado don Guillerme Vázquez Vázquez, del Grupo Mixto, que formula
al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Qué causas explican el retraso en la
conclusión de las autovías de Galicia? (Número de expediente 180/000636)
(Página 4150)
Del Diputado don Angel Díaz Sol, del Grupo Socialista del Congreso, que
formula al Gobierno: ¿Va a constituir el Gobierno el Consejo Asesor de la
Alhambra? (Número de expediente 180/000644) (Página 4151)
Del Diputado don Joan Romero González, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Considera en serio la Ministra de Educación y
Cultura que la enseñanza privada debe ser objeto de desgravación fiscal?
(Número de expediente 180/000645) (Página 4153)
Del Diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera el Gobierno que la
tendencia del paro va a seguir bajando como pone de manifiesto la última
Encuesta de Población Activa (Diciembre 96-Febrero 97)? (Número de
expediente 180/000654) (Página 4154)
Del Diputado don Jaime Blanco García, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Va a respetar el Gobierno los acuerdos
alcanzados con los Sindicatos en el Plan estratégico de competitividad
que afecta a la división de construcción naval? (Número de expediente
180/000643) (Página 4155)
Del Diputado don Juan Carlos Ruiz López, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las medidas de la
Agencia Industrial del Estado en su División de Construcción Naval para
reforzar la situación comercial de sus astilleros en el mercado mundial
de la construcción naval? (Número de expediente 180/000655) (Página 4156)
De la Diputada doña María Angeles Amador Millán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa modificar los estatutos de las
Fundaciones públicas de los Hospitales de Manacor y Alcorcón para
adaptarlos a la Ley sobre nuevas formas de gestión del Sistema Nacional
de Salud? (Número de expediente 180/000646) (Página 4157)
Del Diputado don Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo tiene previsto el
Ministerio de Sanidad y Consumo repartir la productividad entre los
facultativos para el año 1997? (Número de expediente 180/000656) (Página 4159)
Del Diputado don Juan Antonio Gil Melgarejo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo tiene previsto el
Ministerio de Sanidad y Consumo desarrollar el programa de cirugía menor
en centros de atención primaria? (Número de expediente 180/000657)
(Página 4160)
De la Diputada doña María Visitación Pérez Vega, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede informar el
Ministro de Sanidad y Consumo del contenido del Convenio de Colaboración
suscrito el 31 de enero de 1997 entre el Ministro de Sanidad y Consumo,
la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Organización
Panamericana de Salud para la ejecución del Programa de Salud en América
Latina? (Número de expediente 180/000658) (Página 4161)
Del Diputado don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Tiene
intención el Gobierno de emprender nuevas acciones dirigidas a reducir
los gastos del sistema de salud pública, tal y como ha recomendado el
Ecofin? (Número de expediente 180/000664) (Página 4161)
Del Diputado don Jesús José Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que formula al Gobierno: ¿En qué situación se
encuentra el Antreproyecto de Ley sobre derechos de aprovechamiento por
turno de bienes inmuebles? (Número de expediente 180/000635) (Página 4163)
Interpelaciones urgentes (Página 4163)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política del Gobierno para garantizar la
imparcialidad del ministerio Fiscal (Página 4163)
Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Castellano Cardalliaguet. Desea
que este debate supere la anécdota y sirva para poner de manifiesto la
necesidad de una reforma del modelo de ministerio fiscal que, según el
interpelante, se sufre en el ordenamiento jurídico español. Añade que más
que ministerio fiscal se debería decir fiscal general del Estado, puesto
que el ministerio fiscal está compuesto por un conjunto de funcionarios
que abnegadamente, en sus correspondientes audiencias provinciales y
tribunales superiores de Justicia y otros organismos, cumplen con su
obligación. Sin embargo, considera que el esfuerzo denodado de los
fiscales de a pie no ha podido paliar la imagen que la Fiscalía General
del Estado lleva arrastrando desde hace bastante tiempo.
A continuación hace un relato de las vicisitudes por las que ha pasado la
figura del Fiscal General del Estado, desde un fiscal ilegalmente
elegido, según el interpelante, hasta un fiscal que ha acabado cayendo en
el cepo de una institución de la que nunca se habla, que es el Consejo
Fiscal. Por otra parte, manifiesta que no le ha producido sorpresa el
nombramiento del señor Cardenal como último Fiscal General, pero sí, en
cambio, la sensibilidad del Consejo General del Poder Judicial, con
ocasión de dicho nombramiento, ante temas como la interrupción del
embarazo, el divorcio, las uniones de hecho y alguna otra clase de
peculiaridades, que no se corresponde con el silencio de algunos de sus
miembros en asuntos como el GAL y los fondos reservados. En todo caso,
desea al señor Cardenal que pueda llevar adelante su cometido. Asimismo
se pregunta si después de tantos y tantos disparates en relación con esta
institución, no sería conveniente cambiar el modelo de ministerio fiscal.
Manifiesta que la Constitución quiso un modelo de fiscal constitucional
que no fuera un instrumento del Gobierno, sino un instrumento del Estado.
Añade que con esta interpelación se trata de propiciar, de una vez por
todas, un debate sobre el modelo de ministerio público, porque el que hay
está comprobado que no funciona. Opina que hay que atreverse a reformar
la Constitución si es necesario y, entre todos, conseguir un ministerio
público que, al no depender del Poder ejecutivo, sea imparcial e
independiente, para que la Fiscalía General del Estado pueda recuperar la
credibilidad de la que hoy, por unas u otras razones lamentables, carece
en absoluto.
En nombre del Gobierno contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal
de Gante y Mirón). Manifiesta, en primer lugar, que no está de acuerdo
con unas reflexiones vertidas en la interpelación escrita en las que se
habla de una serie de medidas legislativas tendentes a garantizar el
modelo constitucional del ministerio. Considera que desde mayo de 1996 el
Fiscal General del Estado ha cumplido con sus obligaciones
constitucionales, añadiendo que no responde de etapas anteriores. Tampoco
comparte otras reflexiones de la interpelación escrita y pasa a contestar
propiamente a la interpelación oral presentada por el señor Castellano en
el debate de hoy. Manifiesta que el señor interpelante ha extrapolado el
modelo de fiscal a la existencia de unas cuestiones concretas, achacando
como resultado de la política del Gobierno el que se hayan efectuado una
serie de inspecciones y expedientes a determinados fiscales, cuando lo
que ocurre es que, por primera vez, se ha cumplido escrupulosamente la
ley, y el Gobierno lo único que puede hacer es esperar a que finalice la
inspección, a que se reúna el Consejo Fiscal, a que el Fiscal General
escuche y atienda las propuestas del Consejo Fiscal, y, en su caso,
resolver, si es que se eleva alguna propuesta, que es lo que ha ocurrido
con ocasión de la propuesta de traslado de una funcionaria del ministerio
fiscal.
Por otra parte, no está de acuerdo en absoluto con que sea necesario
modificar el Estatuto del ministerio fiscal, puesto que en 1981 obtuvo el
consenso mayoritario de toda la Cámara. Añade que ahora, por primera vez,
se está aplicando escrupulosamente el Estatuto y es cuando se reprocha al
Gobierno que no actúe. Sin embargo, no se opone a debatir sobre algunos
aspectos concretos como las atribuciones
del Consejo Fiscal o si el Fiscal General debe ser nombrado y cesado con
alguna otra serie de requisitos.
Replica el señor Castellano Cardalliaguet, duplicando la señora Ministra
de Justicia.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Silva Sánchez, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Barrero López, del
Grupo Parlamentario Socialista, y Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario
Popular.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre las responsabilidades políticas
generales en las que ha incurrido el Gobierno por la filtración de
expedientes tributarios y la creación de un clima de inseguridad jurídica
para los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Tributaria
(Página 4172)
Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
el señor Eguiagaray Ucelay. Pregunta, en primer lugar, cuándo pedirán
perdón el señor Rato y el Gobierno al PSOE y a los españoles por lo que
está ocurriendo desde el 14 de enero, y hasta cuándo seguirán conculcando
el derecho a la intimidad de los ciudadanos, dañando el buen nombre de la
Hacienda Pública, favoreciendo los intereses objetivos de los
defraudadores e irritando a los funcionarios responsables de la Agencia
Tributaria, sólo para dar una apariencia de verdad a acusaciones falsas
contra el Partido Socialista. Acusa al señor Rato, al señor Aznar y a
otros miembros destacados del Gobierno de incurrir en responsabilidades
muy graves como es la filtración de expedientes tributarios, la creación
de apariencias, la violación de la intimidad de los contribuyentes o la
creación de la inseguridad jurídica de los ciudadanos, y le recuerda que,
de acuerdo con la Ley General Tributaria, los datos tributarios están
protegidos por la Ley.
A continuación hace un relato de los hechos, desde que se constituye la
Comisión de investigación, y de las noticias aparecidas en los medios de
comunicación afines al Gobierno referentes a expedientes, con nombres y
apellidos. Pregunta al señor Rato sobre las medidas adoptadas para
averiguar quién es el autor de las filtraciones y si ha remitido una
relación circunstanciada de hechos al ministerio fiscal. Asegura que en
este asunto hay que exigir responsabilidades, si no penales, políticas, a
un Gobierno que pretende combatir a la oposición con la calumnia y la
falsedad.
En nombre del Gobierno contesta el señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo) Reconoce
en primer lugar que el Gobierno del Partido Popular puso en conocimiento
de la opinión pública el 14 de enero la existencia de unos hechos que, en
su opinión, estaban probados y de los que, en estos momentos, la Comisión
de investigación tiene datos suficientes como para no discutirlos, y es
que se habían perdido más de 200.000 millones de pesetas de derechos
tributarios como consecuencia de unos extensos e injustificados retrasos.
Llama la atención sobre el hecho de que el señor Eguiagaray no se haya
acordado para nada de los retrasos injustificados que afectan a un número
muy pequeño de contribuyentes, pero que representan muchísimo dinero, ni
haya hablado del perjuicio causado a la Hacienda Pública. Añade que los
datos que se han remitido al Parlamento lo demuestra y no le cabe la
menor duda de que el gobierno anterior era plenamente consciente de los
hechos y de sus consecuencias. Afirma que los españoles tenían derecho a
saberlo y que el Parlamento tenía derecho a debatirlo. Manifiesta que la
primera reacción de los socialistas fue negar los hechos, y la segunda
dar nombres, porque fue don Felipe González Márquez el primero en dar
nombres de presuntos contribuyentes a los que les afectaba el tema. Por
otra parte, denuncia que les fue ocultada información por el anterior
Gobierno sobre las, consecuencias de la prescripción en la Delegación
Especial de Madrid y en la Oficina Nacional de Inspección.
Después de reiterar que el Gobierno actual hizo bien en informar a la
opinión pública del problema, se pregunta por qué el gobierno anterior lo
sabía, desde cuándo y para qué lo sabía, y no le cabe la menor duda de
que lo ocultan por una sóla razón: para no asumir sus responsabilidades
políticas.
A continuación se refiere a la seguridad jurídica que preocupa tanto al
señor Eguiagaray, considerando que es una pobre seguridad jurídica la que
se da a unos contribuyentes cuando se les tramitan sus expedientes en
seis meses mientras que a otros se hace en cuatro años.
En cuanto a los funcionarios, manifiesta que éstos no están
desmoralizados, sino que están trabajando sabiendo que en este momento
tienen el absoluto respaldo y la absoluta profesionalidad y neutralidad
de las autoridades políticas. Termina su intervención manifestando que el
Gobierno del Partido Popular
está perfectamente tranquilo en cuanto a su responsabilidad por haber
hecho público este debate; que está perfectamente seguro de la veracidad
de los datos que ha facilitado a la Comisión de investigación, y que está
plenamente satisfecho del trabajo de dicha Comisión, garantizando que ni
ahora ni en el futuro habrá datos tributarios en manos de quien no deba
tenerlos y se respetará escrupulosamente el ámbito de profesionalidad de
la actuación tributaria.
En turno por alusiones interviene el señor Leguina Herrán, del Grupo
Parlamentario Socialista, contestando el señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda.
En sucesivos turnos intervienen el señor Eguiagaray Ucelay, y el señor
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda.
En turno por alusiones al Grupo Parlamentario Socialista, interviene el
señor Almunia Amann.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Frutos Gras, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Se suspende la sesión a las ocho y veinte minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se reanuda la sesión.
Punto cuarto del orden del día: Preguntas orales al Gobierno en Pleno.
(Rumores.) Silencio, señorías. Señora Mato, señor Ministro de Fomento.
PREGUNTAS:
-- DEL DIPUTADO DON ALVARO CUESTA MARTINEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿HA VALORADO EL GOBIERNO EL INFORME DEL
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ANTES DE NOMBRAR AL NUEVO FISCAL
GENERAL DEL ESTADO? (Número de expediente 180/000665)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, que formula al Gobierno el
Diputado don Alvaro Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
¿Ha valorado el Gobierno el informe del Consejo General del Poder
Judicial antes de nombrar al nuevo Fiscal General del Estado?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
Señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor Diputado, el Gobierno ha valorado el
informe y lo ha tenido en cuenta a la hora de aprobar el nombramiento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: ¡Pues vaya forma de valorarlo, señor
Presidente! (Risas.)
El Consejo General del Poder Judicial, en su informe previo al
nombramiento, dijo: Por otra parte, este Consejo, para su consideración
por el Gobierno, acuerda mostrar su preocupación por las manifestaciones
institucionales efectuadas por don Jesús Cardenal, por entender que no
son acordes con algunos principios básicos de la Constitución española.
Las manifestaciones del nuevo fiscal contienen, entre otras, las
siguientes perlas: El clima de pluralismo sólo beneficia a los extremos
viciosos o a la media mediocre. El aborto, el divorcio, esas leyes
permisivas, son un descenso del nivel ético de la sociedad. Ante esta
situación, el portavoz del Gobierno se limitó a expresar su extrañeza por
el informe del Consejo General del Poder Judicial. En efecto, no nos
extraña esto en un Gobierno que está presidido por una persona que en
1979 estaba más preocupada en honrar al Generalísimo que en honrar a la
Constitución. (Fuertes protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor CUESTA MARTINEZ: Supongamos, señor Presidente, que algún
Secretario de Estado --es una suposición-- amenaza con llevar a la cárcel
a algún empresario de algún medio de comunicación. Si el fiscal, por
ejemplo, no fuera sensible a los principios del pluralismo político o de
la libertad de expresión, podría incurrir en la tentación de hacer un
seguimiento del mandato del Gobierno y acoger en persecución criminal los
designios del Gobierno de manera absolutamente amenazante y arbitraria.
En conclusión, señor Presidente, es clave que el fiscal asuma y crea en
la Constitución; es clave porque el Fiscal General del Estado tiene entre
sus funciones la de velar por el respeto de las instituciones
constitucionales,
de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
Señor Presidente, señorías, a la Fiscalía no se puede venir a hacer
apostolado. El único apostolado es el constitucional y, de eso, el
Gobierno no se entera. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
Señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor Presidente, a mí no me extrañan estas
discrepancias en relación con la forma en que el Grupo Socialista tiene
en cuenta los informes del Consejo General del Poder Judicial, porque lo
primero que ha tenido en cuenta el Gobierno es que el Consejo General del
Poder Judicial apreció, por unanimidad, que el señor Cardenal cumple los
requisitos de idoneidad. Digo esto porque, en tiempo no muy lejano, otro
Gobierno no valoró la no unanimidad, sino la mayoría (Rumores.), y eso
trajo como consecuencia que ese mismo Gobierno tuviera que cesar a un
Fiscal General del Estado un mes antes de que la sala correspondiente del
Tribunal Constitucional hubiera declarado nulo su nombramiento.
(Aplausos.--Rumores.)
Eso es lo relevante. Señor Presidente, hemos tenido en cuenta la
competencia técnica demostrada por el señor Cardenal en el desempeño de
unas funciones para las que fue nombrado, en su primer cargo en la
Audiencia Territorial de Bilbao, por el Ministro Ledesma, siendo Fiscal
General del Estado el señor Moscoso, y también la competencia técnica
demostrada en su cargo de Fiscal Jefe de la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, cargo para el que fue nombrado por
el Ministro Múgica, a propuesta del señor Moscoso. (El señor Cuesta
Martínez: Pero no Fiscal General del Estado.) Sí, sí, lo que usted
quiera. Hemos tenido en cuenta todas estas cosas.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Vicepresidente, no establezcan diálogo
cruzado.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Las consideraciones de carácter ideológico lo
único que demuestran es el fundamentalismo que caracteriza al señor
Diputado que ha hecho la pregunta.
Muchas gracias. (Rumores.--Aplausos.)
-- DEL DIPUTADO DON LUIS YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿RATIFICA USTED SUS DECLARACIONES DEL DIA 23
DE ABRIL EN LAS QUE, REFIRIENDOSE A LA OPERACION MILITAR DE ASALTO A LA
EMBAJADA DE JAPON EN LIMA, AFIRMO QUE ESTABA «EMPAÑADA» POR LA EXISTENCIA
DE VICTIMAS Y QUE POR TANTO EL RESULTADO «NO SE PUEDE CONTEMPLAR CON
SATISFACCION»? (Número de expediente 180/000640)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, que formula al Gobierno el
Diputado don Luis Yáñez-Barnuevo García, del Grupo Socialista. (Rumores.)
Un momento, señor Yáñez. (Continúan los rumores.)
¡Silencio, señorías!
Cuando quiera, señor Yáñez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Gracias, señor Presidente. Señor
Vicepresidente, ¿ratifica usted sus declaraciones del 23 de abril en las
que, refiriéndose al asalto militar a la Embajada de Japón en Lima,
afirmó que estaba «empañada» por la existencia de víctimas y que por
tanto el resultado «no se puede contemplar con satisfacción»?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yáñez-Barnuevo.
Señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Sí, señor Presidente.
Ratifico íntegramente mi declaración que, sintéticamente, contiene dos
afirmaciones: primera, la satisfacción por la liberación de los rehenes
después de un largo secuestro y, segunda, el pesar por la existencia de
víctimas humanas en la operación de rescate. Me gustaría que en su
respuesta el señor Diputado me dijera con cuál de las dos no está de
acuerdo para poder debatir sobre esta cuestión. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Yáñez-Barnuevo.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Vicepresidente, sin que sirva de
precedente, estoy de acuerdo con las dos. Yo estaba de acuerdo con sus
declaraciones íntegramente. El problema, señor Vicepresidente, es que en
la misma fecha hubo una carta del Presidente del Gobierno, señor Aznar,
al dictador Fujimori, carta que no se ha hecho pública, que no se conoce
por la opinión pública, y es lo que da sentido a esta pregunta. (Un señor
Diputado: ¿Cómo es que la conoces?--Otro señor Diputado: Se la ha mandado
el Embajador de Perú.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! (Prolongados rumores.)
!Guarden silencio, señorías! Continúe, señor Yáñez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Tengo la carta aquí, y la voy a leer,
pero, obviamente, lo que no voy a decir es quién me la ha dado, porque
ustedes... (Risas.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Continúe, señor Yáñez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Ustedes son muy aficionados a matar al
mensajero y no le vamos a dar muchas pistas. Pero, pensándolo mejor,
señor Vicepresidente, a lo mejor, lo protejo diciendo públicamente que ha
sido el Embajador de España en Lima quien me la ha facilitado. A ver si
ahora lo cesan ustedes. (Aplausos.)
En la carta, señor Vicepresidente --éste era el sentido de la pregunta--,
el señor Aznar dice cosas diferentes literalmente a las que usted dijo.
Dice: «Deseo expresarle» --al señor Fujimori-- «mi satisfacción personal
y la de mi Gobierno». Y añade: «Deseo, igualmente, alabar su coraje
personal» --el del señor Fujimori-- «en el difícil trance de resolver
esta crisis». No expresa, en ningún momento, lamento alguno por la
pérdida de vidas humanas en ese asalto. (Risas.)
Esa es la diferencia fundamental, señor Vicepresidente, y es por eso por
lo que le hago una repregunta en ésta mi última intervención: ¿Se siente
usted desautorizado, o tenemos que interpretar que practican ustedes un
doble lenguaje: el de usted, para la opinión pública española, que sabía
usted que era y es contrario a esos métodos del señor Fujimori, o el del
señor Aznar, dirigido a alabar el oído exclusivamente del señor Fujimori?
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yáñez-Barnuevo.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor Presidente, no sólo no me siento
desautorizado, sino que tengo la impresión de que el señor Diputado está
en trance de hacer el ridículo, una vez más, en esta Cámara. (Risas.)
Señor Presidente, la posición que yo personalmente expresé verbalmente en
el Senado ha sido reiterada por telegrama del Ministro de Asuntos
Exteriores al Ministro de Exteriores de Perú; en declaraciones del
Secretario de Estado, señor Villalonga, en entrevista con el señor
Fujimori; en la reacción oficial del Gobierno español distribuida por las
agencias; y también en el acuerdo que adoptó la Presidencia europea en
relación con este mismo asunto, en el que se recogen exactamente las dos
consideraciones: de satisfacción por la liberación y de lamento por la
pérdida de vidas humanas. Lo que ocurre es que yo ya no soy responsable
de quién es el que filtra las cartas que recibe el señor Yáñez.
(Rumores.) Yo la voy a leer. El primer párrafo que usted ha cercenado
dice: «Deseo expresarle mi satisfacción personal y la de mi Gobierno» --y
usted se ha callado ahí-- «por la liberación de los rehenes tras cuatro
largos meses de cautiverio». Usted ha omitido esta última parte.
(Rumores.) Sí, está en el «Diario de Sesiones». Continúa la carta: «El
secuestro se ha seguido con indignación por todos los españoles, y en
esta hora compartimos la alegría de quienes han recobrado su libertad y
la de sus familias, al tiempo que lamentamos la pérdida de vidas
humanas». Ha hecho usted el ridículo, señor Yáñez. (El señor
Yáñez-Barnuevo García: Lee el otro párrafo, sigue la
carta.--Rumores.--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
-- DEL DIPUTADO DON JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿QUE PIENSA HACER EL GOBIERNO PARA
DEFENDER LOS INTERESES ECONOMICOS DE CANARIAS ANTE LA UNION EUROPEA?
(Número de expediente 180/000641)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, que formula al Gobierno el
Diputado don Jerónimo Saavedra Acevedo, del Grupo Socialista.
Señor Saavedra.
El señor SAAVEDRA ACEVEDO: Gracias, señor Presidente.
Lamento que esta pregunta no entre en el tono jocoso y de aplausos que la
que le ha precedido.
Sé que el señor Ministro de Economía y Hacienda conoce mejor que algunos
peninsulares la historia de Canarias y la singularidad económico-fiscal
que tienen las islas desde hace muchos siglos. En estos momentos hay una
borrasca, con vientos huracanados, próxima al archipiélago canario, y no
existe catastrofismo en la formulación de esta pregunta, sino simplemente
el afán de interesar y de informar a todos los ciudadanos españoles de
los peligros y los riesgos que tiene en este momento la singularidad
económico-fiscal de Canarias, que afecta a la redacción propuesta al
artículo para el futuro Tratado de Maastricht sobre el Estatuto
específico para las regiones ultraperiféricas, entre las cuales está
Canarias, que afecta a la decisión última pendiente de recurso por parte
de la Unión Europea ante la Conferencia Mundial de Comercio sobre la
OCM del plátano, y que afecta, finalmente, a todos los aspectos de
carácter fiscal contenidos en la Ley de 1994, modificada en enero de
1996.
Ante esta situación, pregunto al señor Ministro de Economía y Hacienda
qué piensa hacer el Gobierno para defender los intereses económicos, y en
general los mencionados, de Canarias ante la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saavedra.
Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.
Efectivamente, el 6 de julio de 1994 se aprobaron por esta Cámara medidas
fiscales, el REF y la zona ZEC de Canarias, que en este momento están
siendo examinadas por la Comisión Europea para ver su idoneidad con
respecto a las normas europeas. Desde el punto de vista del Gobierno, la
solución de este problema es esencial, y así se lo hemos transmitido a la
Comisión Europea. En colaboración con el Gobierno de Canarias, estamos
exponiendo las razones que abundan en que el archipiélago de Canarias
mantenga unas condiciones económicas que no pretenden otorgar ventajas
competitivas a la economía de las islas, sino evitar el actual
desequilibrio que se deriva de la ultraperificidad y de otras desventajas
que están unidas a su distancia del continente europeo.
Con respecto al Estatuto permanente para regiones ultraperiféricas, le
diría al señor Diputado que no debemos ser pesimistas, no sólo porque el
pasado 10 de diciembre los gobiernos de Francia, Portugal y España
hicieron suyas estas aspiraciones, sino porque, posteriormente, la
presidencia holandesa, bajo cuyo mandato se celebra la Conferencia
Intergubernamental, ha presentado una propuesta recogiendo en un solo
artículo la propuesta elaborada por los tres Estados. Por tanto, creemos
que hay razones suficientes para ser optimistas en cuanto a la existencia
de una definición sobre...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Vicepresidente. Vuelvo a rogar a
SS. SS. que no hagan uso de inalámbricos en el hemiciclo.
Continúe, señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Creemos que hay razones suficientes para ser optimistas
en cuanto a este punto.
Como también sabrá el señor Diputado --quiero informar de ello a la
Cámara--, en este momento se está revisando, conjuntamente con los
servicios de la Unión Europea, el Poseican. Esta revisión irá acompañada
de una evaluación de las medidas aplicadas hasta el momento y de las que
se deducirán las propuestas de adaptación que se consideran necesarias
para profundizar en el desarrollo de Canarias. Como supongo que el señor
Diputado sabe también, en un próximo Consejo de la Unión Europea quedará
aprobada definitivamente la autorización a Canarias para mantener un
régimen de excepciones para la aplicación de la política comercial común.
Con respecto al tema del plátano que, efectivamente, en un primer panel
la Organización Mundial del Comercio ha fallado en contra de la Unión
Europea en cuanto a su política interna de cuotas con respecto a las
importaciones de plátano de terceros países, tengo que decir que el
Gobierno español se ha puesto en contacto no sólo con la Organización
Mundial de Comercio, sino, especialmente, con los Estados miembros de la
Unión Europea y con la presidencia de la Unión Europea para defender de
la manera más enérgica los intereses canarios en estos temas que nos
parecen esenciales.
Yo no hablaría de vendaval. Hay mucho trabajo por hacer. Espero la
colaboración de todos los grupos parlamentarios en este tema. Creo que
tiene aspectos positivos que debemos ser capaces de conseguir.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el señor Saavedra.
El señor SAAVEDRA ACEVEDO: Expreso mi satisfacción respecto al compromiso
de defensa de la OCM del plátano, pero manifiesto mi inquietud en los
aspectos económico-fiscales, dado que tengo en mi poder una carta enviada
al Gobierno de Canarias por el Director General de Cooperación... (Varios
señores Diputados: ¡Otra carta!--Rumores.) No se preocupen que me la
remite el Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias,
dirigida al Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias,
en la que me dice textualmente: «Te comunico, asimismo, que el Gobierno
ha trasladado al Ministerio de Economía y Hacienda su postura contraria
al contenido del documento». Esta carta es de fecha 15 de mayo y la del
Ministerio, Dirección General de Cooperación con las Haciendas Locales,
es de 7 de mayo. Contiene unas propuestas que indican que por parte del
Gobierno se va a acceder en una posición de debilidad y de pérdida de
beneficios que tiene actualmente Canarias.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saavedra.
--DEL DIPUTADO DON JOSEP BORRELL FONTELLES, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CUANDO PIENSA INGRESAR EN EL TESORO
PUBLICO LAS RETENCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR IMPUESTOS DIRECTOS?
(Número de expediente 180/000642)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, que formula al Gobierno el
Diputado don Josep Borrell Fontelles, del Grupo Socialista.
El señor BORRELL FONTELLES: Muchas gracias, señor Presidente. ¿Cuándo
piensa la Seguridad Social ingresar en el Tesoro público las retenciones
efectuadas en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Borrell.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, como viene siendo habitual los ingresos se producirán de
acuerdo con la disponibilidad de la Tesorería de la Seguridad Social.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el señor Borrell.
El señor BORRELL FONTELLES: Una respuesta concreta y precisa. ¡Sí, señor!
Señor Vicepresidente, el Gobierno ha justificado la caída de la
recaudación del IRPF en 1996 porque la Seguridad Social no ingresó en el
Tesoro público el importe de las retenciones por ella efectuada en los
dos últimos trimestres del pasado año, lo cual representa 160.000
millones de pesetas recaudados por la Seguridad Social y no ingresados en
el Tesoro público. Si eso lo hubiese hecho un empresario, estaríamos ante
el caso de una apropiación delictiva.
El día 6 de mayo pasado, el Secretario de Estado de Presupuestos confirmó
que la Seguridad Social todavía no había efectuado estos ingresos.
Pero es que tampoco la Seguridad Social ha ingresado en 1996 los 194.000
millones de pesetas que debía haber ingresado en concepto de compensación
por los gastos sanitarios asumidos por el País Vasco y Navarra. Y tampoco
ha ingresado, en el primer trimestre, los 60.000 millones que por este
concepto tienen ustedes presupuestados. Además, en el primer trimestre la
Seguridad Social ha consumido ya dos terceras partes del crédito previsto
para todo el año para garantizar su equilibrio financiero, y además, ha
recibido del Tesoro público, en tres meses, el doble de recursos de los
que recibió en el primer trimestre del año pasado. (Un señor Diputado:
¡Qué barbaridad!) Sí, ¡qué barbaridad, señorías!
¿Qué está pasando en la Seguridad Social, señor Vicepresidente? No lo
sabemos, porque ustedes, en ese esfuerzo de claridad que les caracteriza,
han dejado de emitir, de editar y de enviar a las Cortes los boletines
económicos de ingresos y gastos de la Seguridad Social, por lo cual no
conocemos qué está pasando, pero nos tememos que ustedes están poniendo
en grave peligro, a medio plazo, el equilibrio financiero del sistema, de
una forma que preocupa gravemente a este grupo, sobre todo después de oír
su respuesta, señor Rato. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Borrell. El señor Vicepresidente
tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.
Respecto a las diferencias que el señor Diputado aprecia en lo que
sucedería en el caso de una empresa privada, es indudable que el señor
Diputado conoce ampliamente el precedente de la Seguridad Social y de
otras administraciones públicas sobre este tema. Es una práctica sobre la
Tesorería de la Seguridad Social que viene funcionando... (El señor
Borrell Fontelles: Nunca había ocurrido.) Señor Diputado, el señor
Presidente no nos deja discutir en este trámite el uno con el otro, pero
es la misma situación, por ejemplo, que había en el año 1992.
Creo que eso no es lo importante, lo importante es no llevar a la
impresión de la opinión pública española que un problema de Tesorería
afecta a la realidad de la contabilidad de la Seguridad Social. Yo puedo
entender que usted no comparta estas prácticas, incluso que no las
compartiera cuando las hacía su Gobierno. Me parece lógico. Pero lo que
quiero explicarle, y usted lo sabe, es que una cosa son los criterios de
caja y otros los de contabilidad nacional. Y lo que usted ya sabe ahora
todos los meses, porque este Gobierno lo ha puesto en práctica, es que,
junto con los datos de caja, se dan los de contabilidad nacional. Luego,
el señor Borrell y el resto de la opinión pública española saben los
derechos que se han devengado en la Seguridad Social y en el conjunto de
las administraciones centrales, y pueden evaluar perfectamente cuál es la
evolución... (El señor Borrell pronuncia palabras que no se perciben.) Si
no lo sabe usted, señor Borrell, es porque no sabe saberlo, porque está
publicado. (Rumores.) Lo que tiene usted que hacer, señor Borrell, es
fijarse en los datos, reconocer que ...
El señor PRESIDENTE: ¡Señor Borrell! Un momento, señor Vicepresidente; un
momento. Señor Borrell, sabe S. S. que no se puede cruzar diálogo para
interrumpir el turno. No tiene más posibilidades de expresión de la
palabra que la que ya ha consumido.
Continúe, señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Sabe el señor Borrell y el conjunto de la Cámara que en
este momento se están publicando no sólo los datos de caja, sino los de
la contabilidad nacional y, por tanto, tiene toda la información que
necesita, más de la que teníamos nosotros en la oposición, sobre la
evolución del presupuesto, la evolución de los derechos reconocidos y de
las obligaciones reconocidas.
Por otra parte, quisiera indicarle que, como se ha hecho público hoy, y
seguramente tendrá oportunidad de debatirlo en la Comisión con el
Secretario de Estado, las necesidades de financiación del Estado, al mes
de abril, han mejorado un 35,4 por ciento. Y si descontamos el calendario
de vencimientos de la deuda, que no es homogéneo en el conjunto del año,
tenemos un superávit primario de un billón cien mil millones de pesetas.
Por otra parte, los impuestos directos están creciendo en derechos
reconocidos a un ritmo del 10,6 por ciento y los gastos, si descontamos
el agujero presupuestario que heredamos de S. S. --en especial de su
señoría--, están creciendo muy por debajo de los del año anterior.
Si S. S. está preocupado por controlar al Gobierno hace muy bien, porque
es su obligación, pero utilice todos los datos que le da el Gobierno y,
sobre todo, no quiera usted transmitir la sensación de que la Seguridad
Social española está en peligro, porque no es así, y me parece una
irresponsabilidad hacerlo. Otra cosa es que critique usted la política
presupuestaria del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
-- DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL ALBENDEA PABON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO HA VALORADO LA
COMISION EUROPEA EL PLAN DE CONVERGENCIA ECONOMICA DE 1997? (Número de
expediente 180/000650)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, que formula al Gobierno el
Diputado don Juan Manuel Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor Albendea tiene la palabra.
El señor ALBENDEA PABON: Gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente, la política económica del Gobierno está produciendo
una evolución de los principales indicadores económicos que ni los más
optimistas podían prever hace un año. Esta política no es, sin duda
alguna, fruto de la improvisación. Es la puesta en práctica del programa
electoral del Partido Popular, de los pactos de gobernabilidad y del
discurso de investidura del Presidente Aznar. No es, desde luego, una
política continuista, como ha defendido el portavoz socialista en la
Comisión de Economía; posición paradójica, sin duda, pues mientras acusan
al Gobierno de no llevar a cabo una política de centro, sino de derechas,
y de gobernar para los ricos, cuando los datos de la economía española
son brillantes, como ocurre en estos momentos, se quieren subir al carro
del éxito hablando de política continuista.
No, señores del Grupo Socialista, su política fracasó y sobre todo
fracasó la ejecución de esa política por la ausencia del más mínimo
rigor. En 1992, el Gobierno socialista presentó un plan de convergencia;
en 1994, hubo de reformarlo al no cumplirse sus previsiones, que tampoco
se cumplieron en ese año ni en el siguiente. El primer año en el que se
han cumplido los criterios de déficit y de tipos de interés a largo ha
sido 1996, tras siete meses de gobierno del Partido Popular. Actualmente,
ya cumplimos también el criterio de inflación.
Y si hay algo que destaca en estos momentos es la credibilidad doméstica
e internacional de la política económica del Gobierno, que tiene su
reflejo en muchos frentes, en muchas facetas. ¿Alguien cree que el pacto
para la reforma laboral se hubiera suscrito si no hubiera un escenario
económico prometedor para la competitividad de las empresas? La reducción
de la prima de riesgo, que, por cierto, ayer se situaba en 70 puntos
básicos, frente a 400, a principios de 1996; la fortaleza de la peseta,
el incremento notable de los índices bursátiles, la evolución del empleo,
son todos factores que avalan el prestigio de la política económica del
Gobierno y el rigor con que está siendo llevada a la práctica.
El Gobierno presentó recientemente a esta Cámara el Programa de
Convergencia. También ha acordado un pacto interno de estabilidad con las
comunidades autónomas. Finalmente, lo ha presentado a la Comisión
Europea.
Si ya teníamos el respaldo de los mercados financieros internacionales,
nos faltaba el respaldo institucional de la Unión Europea... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Albendea, ha concluido su tiempo.
El señor ALBENDEA PABON: Y le formulo la pregunta del orden del día.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Vicepresidente segundo del Gobierno. Sabe el
señor Vicepresidente que, en efecto, la pregunta es la que figura en el
orden del día.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Sí, la pregunta es la valoración de la Comisión Europea
al plan de convergencia.
La valoración de la Comisión Europea, tanto de la Comisión como del
Consejo Ecofin, tengo que decir que ha sido extraordinariamente positiva.
Por un lado, la Comisión considera el Programa de Convergencia
equilibrado y realista, considera que hay unos escenarios más sólidos y
creíbles que en anteriores programas españoles y que los fundamentos,
tanto microeconómicos como macroeconómicos, son mejores que en el pasado;
reconoce claramente el esfuerzo de consolidación fiscal, que ha permitido
una combinación, mucho más efectiva y eficiente para la economía
española, de las políticas monetaria y fiscal.
Por su parte, el Consejo Ecofin ha felicitado al Gobierno español, siendo
importante tener en cuenta que le felicita por la doble estrategia de
combinar una política presupuestaria restrictiva con reformas
estructurales, así como por el descenso de la inflación y el ajuste
presupuestario en nuestra economía.
Quisiera significar que en estos momentos la economía española se
encuentra en una fase de clara estabilidad, que esa estabilidad se ha
conseguido gracias a un política presupuestaria restrictiva, que, sin
embargo, ha mantenido los principales logros del Estado de bienestar, que
no ha supuesto un aumento de la presión fiscal de nuestra sociedad y que
está permitiendo a la sociedad española aprovechar de lleno todas las
buenas influencias que se derivan de una situación internacional
positiva.
En ese sentido, creo que no sólo es voluntad del Gobierno, sino del
conjunto de la sociedad española, no desaprovechar esta ocasión con
políticas expansivas que puedan llevarnos a una burbuja especulativa y
continuar claramente por un camino que en este momento sitúa, como ha
dicho el señor Diputado, a la economía española no sólo en una situación
de credibilidad internacional, en una situación de crecientes
expectativas en cuanto a la evolución de las variables macroeconómicas y,
sobre todo, del bienestar de los ciudadanos, que es, desde luego, el
principal objetivo del Gobierno y que se manifiesta en el aumento claro
de las cifras de empleo, tanto desde el punto de vista de las
estadísticas oficiales como del crecimiento de los cotizantes a la
Seguridad Social.
La doble estrategia que la propia Comisión y el Consejo Ecofin han
valorado positivamente, una política presupuestaria restrictiva y
reformas estructurales, va a ser continuada por el Gobierno en el futuro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
-- DEL DIPUTADO DON LUIS FELIPE ALCARAZ MASATS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL SEÑOR
VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE EconomIa Y HACIENDA:
¿QUE MEDIDAS ECONOMICAS, ADEMAS DE LAS PREVISTAS EN EL PLAN DE
CONVERGENCIA APROBADO POR EL GOBIERNO, SE PIENSA ADOPTAR PARA LA CREACION
DE EMPLEO ESTABLE EN NUESTRO PAIS? (Número de expediente 180/000663)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, que formula al Gobierno el
Diputado don Luis Felipe Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
Le veo muy tranquilo, señor Rato; dirá usted que los tiros van por otra
parte.
¿Me podría aclarar, con independencia de las que se contengan en el
Programa de Convergencia aprobado por este Congreso, qué otras medidas de
cara a la creación de empleo estable prevén ustedes?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, es indudable que la existencia de una situación
macroeconómica estable es una de las medidas imprescindibles para que se
pueda generar una actividad económica que mantenga y aumente las
posibilidades de empleo de los ciudadanos, pero, además, como el señor
Diputado seguramente sabe, el pasado viernes --es decir, hace escasamente
cinco días--, el Consejo de Ministros aprobó dos reales decretos-leyes,
que serán debatidos en esta Cámara, para incentivar la contratación y la
estabilidad en el empleo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Rato, a nuestro juicio, el Programa de
convergencia y estabilidad no contiene el objetivo de la creación de
empleo ni lo contiene el Tratado de la Unión Europea, ni siquiera la
reforma
a la que se va a proceder en el seno de la Conferencia
Intergubernamental. Se habla, eso sí, de crecimiento. Pero, señor Rato,
que crezca la tarta no quiere decir que se vaya a repartir mejor; en
segundo lugar, que crezca la tarta no quiere decir que crezca en función
de ingredientes adecuados. El crecimiento se está produciendo de manera
paralela, señor Rato, a un ajuste permanente del plan de estabilidad, al
ajuste de las nuevas pensiones, a la reducción en el precio del despido,
a la moderación salarial muy pregonada por ustedes en estos momentos, a
la congelación salarial de los funcionarios y a la reducción de
prestaciones sociales, por ejemplo, en el tema de desempleo y otras. Es
decir, el sacrificio de la gente no lo están transformando ustedes en
creación neta de empleo, y adoptan medidas ineficaces, a nuestro juicio,
y peligrosas, en relación a las cotizaciones de la Seguridad Social. El
sacrificio de la gente puede empezar a convertirse en un trasvase de
fondos públicos a las arcas de la empresa privada, señor Rato. Es la
propuesta que siempre ha mantenido la CEOE; un trasvase que, en
principio, puede proceder, es cierto, del presupuesto del Instituto
Nacional de Empleo, pero posiblemente esto, como precedente muy
peligroso, abra la puerta a que empiece a salir este fondo de la caja de
la Seguridad Social, lo cual, a nuestro juicio, conllevaría un peligro
cierto, que desestabilizaría el sistema de la Seguridad Social.
Por lo tanto, ustedes no van hacia la creación neta de empleo, sino
fundamentalmente a la sustitución de los contratos. Nosotros pensamos,
señor Rato, que su política económica en estos momentos es una burbuja de
purpurina que un poco resume el chiste que publicó Máximo: España va
bien, pero los españoles no van bien.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente.
Primero, el plan de convergencia sí contiene propuestas y previsiones de
creación de empleo, con una intensidad de más de 2 puntos anuales. Y
quiero decir al señor Diputado que esa afirmación no es cierta. Es más,
en este momento, si la situación económica española continúa por donde
va, podemos estar hablando de creaciones netas de empleo anuales de entre
230 y 260.000 empleos. Por lo tanto, el señor Diputado podrá decir que no
es suficiente --ésa es una afirmación que yo entendería--, pero lo que no
puede decir es que no se está creando empleo neto.
Segundo, la afirmación de que la moderación salarial es una medida
restrictiva. Lo sería si la inflación estuviera creciendo al cuatro por
ciento, pero con una inflación que está creciendo al dos por ciento es
posible tener moderación salarial y, aun así, que los salarios ganen
poder adquisitivo. Sí, claro que baja, pero bajan los precios también,
señor Alcaraz. Seamos conscientes de que, gracias a eso, por primera vez
en 1996 el poder adquisitivo de los pensionistas ha mejorado la previsión
que estaba en el presupuesto. Y puedo ponerle un ejemplo, y usted lo ha
mencionado, que es el de los funcionarios. Los funcionarios este año van
a tener menos pérdida de poder adquisitivo que otros años en los que se
les subía el salario en función de la inflación prevista, pero el fracaso
de la política antiinflacionista hacía que esa previsión no se cumpliera.
Por otra parte, quisiera insistir en que afirmar que el Gobierno sólo
pretende la modificación de contratos, que la pretende sin duda, para
pasar de contratos precarios a contratos estables, y que no va a fomentar
nuevos contratos no se compadece con la realidad. Y los reales
decretos-leyes que se van a debatir contienen importantes medidas de
reducciones de las cuotas de la Seguridad Social que están siendo
compensadas con la desaparición de otras medidas; por tanto, no hay
riesgo financiero para la contratación nueva.
Vamos a tener, seguro, mucho más tiempo para debatir las propuestas del
Gobierno, desde el punto de vista de la modificación de la legislación
laboral, sobre el acuerdo interconfederal entre sindicatos y empresarios,
y de las medidas de incentivación de la contratación estable, pero tengo
que decirle que las afirmaciones rotundas que ha hecho S. S. no son
ciertas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
-- DEL DIPUTADO DON RICARD BURBALLA I CAMPABADAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA
PREVISION DEL GOBIERNO RESPECTO A LA TRANSFERENCIA DE LOS CENTROS DE
ENSEÑANZA DE DEFENSA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS? (Número de expediente
180/000638)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, que formula al Gobierno el
Diputado don Ricard Burballa i Campabadal, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
Señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el 9 de octubre le hacía una pregunta en parecidos
términos y que afectaba a los centros que el Ministerio de Defensa tiene
en algunas comunidades autónomas. Yo hubiera querido, señor Ministro,
que, en la adjudicación de preguntas, la respuesta hubiera
venido a cargo de la señora Ministra de Educación y Cultura, porque usted
en su respuesta ya me dijo que actualmente no existen razones para que su
Ministerio tenga que seguir manteniendo centros escolares cuya
responsabilidad y competencia no le corresponden.
De todas formas, le agradezco su presencia, le agradezco en todo caso su
respuesta y repito la pregunta, porque yo creo que este es un tema que
deberíamos resolver con la máxima urgencia. ¿Cuál es la previsión del
Gobierno respecto a la transferencia de los centros de enseñanza de
Defensa a las comunidades autónomas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burballa.
Señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente.
Señoría, le agradezco la deferencia, pero con mucho gusto procedo a
contestar la pregunta.
Como ya dije en la comparecencia del 9 de octubre, el Ministerio de
Defensa está dispuesto a negociar la cesión del uso de centros escolares
que mantiene en distintas comunidades autónomas siempre que se cumplan
ciertos requisitos. Como S. S. conoce, la cesión o gestión de uso de
centros tiene aspectos diferentes, según se cedan a una comunidad
autónoma, al propio Ministerio de Educación y Cultura o a corporaciones
locales. El hecho es tan complejo que están involucradas distintas
administraciones y, dentro de la Administración central, como S. S. ha
reconocido, distintos departamentos ministeriales.
Centrándonos en las comunidades autónomas y a modo de ejemplo de la
complejidad de la cesión, puede decirse que ahí está la dificultad de
transferir las masas salariales de personal docente del Ministerio de
Educación y Cultura y del personal no docente por el Ministerio de
Defensa a las comunidades autónomas afectadas. Esta dificultad es
consecuencia de que en su momento se transfirieron las masas salariales y
los fondos correspondientes de acuerdo con fórmulas establecidas en
función de diversos indicadores, como el número de habitantes, etcétera.
En cuanto estas dificultades técnicas se resuelvan, el Ministerio de
Defensa y el Ministerio de Educación y Cultura iniciarán inmediatamente
los contactos, para que, una vez resueltas, repito, las dificultades
técnicas de transferencia de fondos, pueda llevarse a cabo la definitiva
transferencia en el uso y gestión de estos centros. Es decir, que,
iniciadas las gestiones, las ultimaremos y procederemos a la
transferencia en el momento --y por tanto es imposible hacer una
previsión más cercana en el tiempo-- en que estas dificultades técnicas
estén solventadas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Gracias, señor Ministro.
Verdaderamente le agradezco su respuesta, porque marca una línea, pero
yendo a la fecha en que le hice esa pregunta y buscando la evolución del
tema hasta el día de hoy, lo que podemos observar es que no ha cesado la
preocupación en la comunidad educativa y en todo caso no ha mejorado la
situación. Se han producido algunos hechos, y yo quiero citar
especialmente el caso del Colegio Capitán Massip, de Lleida, en el cual
una sustitución por maternidad puede comportar que los alumnos queden sin
clases algunas semanas, o que se diga a los centros, en este caso a uno
de enseñanza general básica y a uno de enseñanza media, que no pueden
matricular más que a los hijos de los militares que haya en Lleida, y en
este momento S. S. sabe que en Lleida no quedan militares y que el único
personal que tenemos relacionado con su Ministerio son funcionarios de la
delegación y los hijos de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, que además están completamente de acuerdo en
integrarse en el sistema educativo de Cataluña, que les garantiza calidad
de enseñanza y una convivencia ejemplar.
Le aseguro, señor Ministro, que su coordinación con el Ministerio de
Educación y Cultura es imprescindible para arreglar esta situación
absolutamente anacrónica que tenemos en el colegio Capitán Massip y en
otros centros de Cataluña y de otras comunidades autónomas. Desde nuestro
grupo, vamos a valorar mucho lo que pueda hacer en ese sentido,
coordinando el liderazgo que el Ministerio de Educación y Cultura ejerce
sobre este tema en la Comisión mixta que tienen ustedes, para que lo
antes posible se lleve a cabo esa transferencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Burballa.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente.
Señoría, no le quepa la menor duda de que tanto el Ministerio de
Educación y Cultura como el Ministerio de Defensa aceleraremos en todo lo
posible los trámites para que, una vez solventados los problemas
técnicos, que hacen referencia tanto a la Administración central del
Estado como a la comunidad autónoma y a la Generalitat de Cataluña, pueda
procederse con carácter inmediato --repito, una vez solventados los
problemas técnicos-- a la cesión del uso y disfrute, para que no se
produzcan situaciones como la actual, que son indeseables para todos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA JESUS AGUIRRE URIBE, DEL GRUPO VASCO
(EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: EN RELACION A LA CENTRAL NUCLEAR DE
GAROÑA Y SU PLAN DE EMERGENCIA PENBU, ¿CUANTOS SIMULACROS SE HAN
REALIZADO DESDE LA PUESTA EN MARCHA DE PLAN? (Número de expediente
180/000606)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, que formula al Gobierno la
Diputada doña María Jesús Aguirre Uribe, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).
Señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en el Estado español la directriz que regula las
competencias en materia de seguridad nuclear es la norma básica de
protección civil, norma que reserva la planificación y la intervención de
la protección civil exclusivamente a la Administración central. Por ello,
le formulo la siguiente pregunta: En relación a la central nuclear de
Garoña y su plan de emergencia Penbu, ¿cuántos simulacros se han
realizado desde la puesta en marcha del plan?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguirre.
Señor Ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor Presidente.
Señora Diputada, los simulacros de emergencia interior se han realizado
anualmente desde 1990 hasta 1996, esto es, se han hecho seis simulacros,
y está previsto el correspondiente a 1997 para el próximo 16 de octubre.
La información en estos supuestos de emergencia interior, como usted
sabe, es facilitada semestralmente a las cámaras parlamentarias por el
Consejo de Seguridad Nuclear.
En lo que se refiere a los planes exteriores de emergencia, lo que
significa la comprobación de la capacidad de respuesta del Penbu, del
plan de emergencia exterior de Santa María de Garoña, comenzaron a
realizarse en el año 1995, el 26 de junio; posteriormente, en 1996, el 27
de noviembre, y en el año 1997 está previsto el 18 de junio, día
programado para el ejercicio de preparación de una estación a estos
efectos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Ministro, pero, como usted
muy bien conoce, han pasado 27 años desde la construcción de esta Central
Nuclear de Garoña, central que se construyó con tecnología de los años
sesenta, y hace un mes se ha procedido a una nueva parada para el sellado
de una grieta en la vasija central. Y esta central tiene ya serios
problemas para el almacenamiento de los residuos de alta intensidad.
Yo he esperado casi un año para formularle esta pregunta, y le digo,
señor Ministro, que desde que hace seis años se aprobó el Plan de
emergencia los vecinos de la zona de influencia no conocen lo que deben
hacer ante una emergencia, no saben nada. La evacuación se ha diseñado
por carreteras que no existen. El comité asesor del plan no se ha reunido
nunca y al representante de la Comunidad Autónoma vasca no se le ha
convocado nunca. No obstante, señor Ministro, el Gobierno vasco continúa
trabajando intensamente, aportando iniciativas de prevención y actuación
ante posibles incidentes en la central de Garoña, ofrecimiento que no ha
sido nunca aceptado por el Gobierno español.
Por eso le transmito la preocupación social de la sociedad vasca, de la
sociedad que forma parte de los municipios del entorno de la Central
Nuclear de Garoña, preocupación social que, como usted bien conoce, ha
sido reflejada, tanto a nivel ciudadano como institucional, en las juntas
generales de Alava y en el Parlamento vasco. Yo le ruego que ponga en
marcha todas las medidas ante las emergencias y acepte la oferta del
Gobierno vasco, que ha elaborado un sistema de actuación ante emergencias
radiológicas a través del cual se articularían los recursos de la
Comunidad Autónoma vasca con los del Penbu, para trabajar de manera
coordinada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguirre.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señora
Diputada, en primer lugar, he de decirle que no hace falta descalificar
el Penbu, el Plan de emergencia nuclear exterior para Santa María de
Garoña, para justificar la necesidad del plan del Gobierno vasco que
vienen defendiendo.
Usted sabe que en estos momentos ese plan del Gobierno vasco no respeta
lo previsto en el Penbu, pero también le quiero decir que la Dirección
General de Protección Civil, a la vista de las modificaciones en la
Administración periférica del Estado, se está planteando ya proponer
alguna modificación del Plan básico de emergencia nuclear para que las
administraciones autónomas, en este caso, el Gobierno vasco, puedan tener
mayor responsabilidad. Pero no le oculto, y usted lo sabe muy bien, que
estamos hablando de una zona, la que rodea Santa María de Garoña,
caracterizada por un desarrollo económico que ciertamente no es el más
aconsejable, porque hace falta más de 3.000 millones
de pesetas para adecuar las infraestructuras necesarias para que estos
planes de emergencia tengan su virtualidad y su realidad.
En ese terreno, únicamente le reitero nuestra disposición al diálogo con
la Administración autónoma vasca, la posibilidad de reforma de ese plan
nacional de forma y manera que esos planes que propone el Gobierno vasco
tengan una virtualidad definitiva.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA URIA ECHEVARRIA, DEL GRUPO VASCO
(EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ABORDAR
EL PROBLEMA QUE SE SUSCITA EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CON COMPETENCIA
EN MATERIA DE TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL, EN RELACION CON LA COMPETENCIA
ESTATAL SOBRE LOS PERMISOS DE CONDUCIR? (Número de expediente 180/000637)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, que formula al Gobierno la
Diputada dona Margarita Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).
Señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Interior, sé que usted conoce sobradamente la situación
que le planteo al preguntarle si el Gobierno tiene previsto abordar el
problema que se suscita en las comunidades autónomas con competencia en
materia de tráfico y seguridad vial --de momento, sólo la vasca; en
breve, también la catalana-- en relación con la competencia estatal sobre
los permisos de conducir.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Señor Ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señoría, el Gobierno tiene
previsto abordar, dialogar y profundizar sobre todas las cuestiones que
se deriven de la actual delimitación de competencias en relación a los
permisos de conducir.
Desde el actual desarrollo competencial, desde la actual defensa de las
competencias que una y otra administración desempeñan en estas
determinadas decisiones, lo evidente es que el Gobierno reitera su
voluntad de dialogar para abordar todos los problemas judiciales y de
otra índole, que, sin duda ninguna, la actual delimitación de
competencias suscita todavía.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, le agradezco, como siempre, su voluntad de diálogo y
cooperación, pero en la pregunta que hoy le formulaba, además de la
reivindicación competencial, que usted sabe que alienta siempre nuestras
preguntas, estaba presente también un problema de seguridad jurídica de
los ciudadanos.
En el ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia, los tipos
infractores prevén con muchísima frecuencia la multa y la posible
retirada del permiso de conducir. Respecto de la multa, el Gobierno vasco
es competente y por las autoridades correspondientes se tramita un
expediente ajustado a todas las garantías de tipicidad, información de la
acusación, derecho de defensa, apreciación de la culpabilidad en relación
con la proporcionalidad de la respuesta sancionadora.
Tramitado todo esto, y creyendo el ciudadano que la respuesta punitiva es
la que hace referencia a la multa, llega después, sin ningún expediente,
como sanción de plano, el aviso, hasta ahora del Gobierno civil, ahora
será de la delegación del Gobierno, sobre la retirada del carnet. Esto
plantea, y los tribunales así nos lo manifiestan en la sala de lo
contencioso, problemas de posible bis in idem de falta de respeto a la
proporcionalidad y, sobre todo, de falta de respeto a la seguridad
jurídica de los ciudadanos.
Nos gustaría que, con independencia de lo que se resuelva sobre la
competencia definitiva en la expedición de los carnets, se pudiese
articular la posibilidad de que también sean las autoridades del Gobierno
vasco quienes acuerden la posible retirada o no retirada del carnet,
aunque ésta se haga efectiva de momento por las autoridades
correspondientes de la Administración del Estado. Creemos que con ello se
garantizaría y se ganaría en lo que he dicho que era el motivo de esta
pregunta de hoy, la seguridad jurídica de los ciudadanos, que sabrían qué
esperar y de qué defenderse mientras se tramita un expediente sancionador
en esta materia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
-- DEL DIPUTADO DON GUILLERME VAZQUEZ VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿QUE CAUSAS EXPLICAN EL
RETRASO EN LA CONCLUSION DE LAS AUTOVIAS DE GALICIA? (Número de
expediente 180/000636)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, que formula al Gobierno el
Diputado don Guillerme Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señor Ministro, como bien sabe, el 28 de noviembre de 1990 --es decir,
hace seis años y medio-- se firmaba un convenio entre el Ministerio de
Obras Públicas y la Xunta de Galicia en el que se preveía la construcción
de las autovías Rías Baixas y Noroeste, autovías que deberían estar
concluidas en diciembre de 1995. Es evidente que estas vías de
comunicación son fundamentales para nuestra comunidad autónoma y que el
anuncio de los responsables ministeriales de los sucesivos gobiernos no
hace más que prolongar los plazos para su puesta en funcionamiento.
Parece más que evidente que la conclusión de la totalidad de las obras,
en el mejor de los casos, se demorará hasta el año 2000, lo que supondría
cinco años de retraso sobre la fecha inicialmente prevista para su
inauguración y diez años desde la firma del convenio.
Dejando a un lado si para los sucesivos gobiernos que tuvo el Estado
español, desde el año 1990, constituyó una prioridad o no dotar a Galicia
de comunicaciones adecuadas por carretera, los ciudadanos gallegos,
cuando menos, deben conocer las causas del retraso y a qué las atribuye
el ministerio. Algunos expertos, señor Ministro, afirman que las causas
son fundamentalmente económicas, problemas en la financiación de esas
vías de comunicación, lo que nos gustaría que nos aclarase. Por eso,
formulo la siguiente pregunta: ¿Qué causas explican el retraso en la
conclusión de las autovías de Galicia?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, dada la magnitud de la obra y la magnitud de la inversión, no
hay retraso mínimamente significativo en la conclusión de las autovías
gallegas desde la llegada al poder del Gobierno del Partido Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
Siento oír una contestación tan decepcionante del señor Ministro de
Fomento. Yo hacía referencia, obviamente, a los retrasos en general. Si
usted sale diciendo que no hay sustantivos retrasos desde que está su
Gobierno, a mí me parece que es una flaca contestación a las demandas que
se plantean en la comunidad autónoma.
En todo caso, quiero decirle, señor Ministro, que no es una afirmación
mía. Dirigentes de la construcción afirman que el Ministerio de Fomento
tiene problemas financieros, que se agravaron desde que se licitaron los
tramos de Piedrafita y que las licitaciones, producidas a la baja --entre
un 40 y un 50 por ciento, en algunos casos--, llevan a que cualquier
modificación que se pretenda realizar no sea hecha por las empresas sin
el consentimiento del ministerio, porque están ahogadas financieramente.
Esto, de ser cierto, señor Ministro, comprenderá que es una grave
preocupación para nosotros.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, de los 31 tramos que tienen las autovías gallegas, solamente
siete van a tener un retraso de aproximadamente ocho semanas. En lo que
afecta a las Rías Bajas, señoría, en el tramo entre Vigo y Orense,
estarán en servicio a finales del presente año 56 kilómetros, de los 78,
es decir, el 72 por ciento; entre Orense y Benavente, también a finales
de 1997 estarán en servicio 156 kilómetros, de los 229, es decir, el 68
por ciento; en la autovía del Noroeste, señoría, en el tramo entre La
Coruña y Lugo, en diciembre de 1997 estarán en servicio 104 kilómetros,
es decir, la totalidad del tramo; entre Lugo y Benavente, se pondrán en
servicio 105 kilómetros, de los 220, es decir, el 48 por ciento,
excepción hecha de los cinco tramos de Piedrafita, que llevarán más
tiempo. Señoría, al final, en diciembre de 1997, le puedo decir que, de
los 632 kilómetros de las autovías de Galicia, 423 estarán en servicio,
lo que significa, en conjunto, un total del 70 por ciento de las autovías
gallegas a finales del presente año, gracias a la aceleración de la
inversión que se ha producido desde la llegada al Gobierno del Partido
Popular.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
-- DEL DIPUTADO DON ANGEL DIAZ SOL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿VA A CONSTITUIR EL GOBIERNO EL CONSEJO ASESOR
DE LA ALHAMBRA? (Número de expediente 180/000644)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, que formula al Gobierno el
Diputado don Angel Díaz Sol, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Díaz Sol.
El señor DIAZ SOL: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, como usted sabe, la Alhambra es un monumento emblemático
de la ciudad de Granada y de Andalucía y uno de los más importantes que
tiene nuestro país. Recientemente, el subsecretario de Cultura ha
anunciado la creación de un consejo asesor que pretende tutelar la
gestión de la Alhambra, que pertenece, por competencia exclusiva, a la
Junta de Andalucía. Este hecho ha levantado una importante polémica que
ha aumentado, si cabe aún más, la tensión que existe en Andalucía. El
Presidente de la Junta ha hecho una oferta de diálogo que ha sido bien
acogida por representantes institucionales de su partido. Pese a esta
oferta de diálogo, ¿piensa el Gobierno constituir el Consejo Asesor de la
Alhambra?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz Sol.
Señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, le repito exactamente lo mismo que contesté al Diputado de
Izquierda Unida, señor Vaquero del Pozo, el pasado día 23 de abril, y leo
textualmente el «Diario de Sesiones»: El Gobierno va a ejercer en defensa
de la Alhambra y de su entorno todas y cada uno de las funciones que le
corresponden de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, por
supuesto con total respeto a las competencias de la Junta de Andalucía.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Díaz Sol.
El señor DIAZ SOL: Señora Ministra, lamento realmente esta respuesta,
porque ustedes no han ejercido todas las competencias que tenían para
cuidar y velar por la conservación de la Alhambra. Existe una comisión
técnica dentro del patronato que dirige la gestión de la Alhambra que
tiene una plaza vacante desde hace mucho tiempo a disposición del
Ministerio de Educación y Cultura y que ustedes no han nombrado, a nadie,
demostrando un desprecio absoluto por la dirección técnica de este
monumento. No pueden venir ahora a desempolvar una previsión que ha
quedado superada por los estatutos del nuevo patronato que rige la
Alhambra desde hace diez años. Cuando esa previsión ha quedado superada,
no pueden venir ahora a revestirse de preocupación por un monumento en
cuya acción han participado tanto en el patronato como a medias en la
comisión técnica durante mucho tiempo, sin hacer ninguna una observación
y sin siquiera dar ninguna indicación que hiciera presumir una mala
gestión.
Sólo se puede explicar una cosa, ustedes únicamente tratan bien a
aquellos que están agachando la cabeza ante su forma de mandar.
(Rumores.) Andalucía no baja la cabeza y ustedes hostigan permanentemente
a la Junta de Andalucía, pero con Andalucía han topado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz Sol.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Si a S. S. le parece que es hacer dejación de nuestras competencias que
no nombremos a una persona en el comité técnico, yo no sé lo que le
parecerá a S. S. que no se haya constituido desde el año 1984 hasta el
año 1996 la comisión asesora que preveía el real decreto que la
administración socialista dictó. (Rumores.)
Señoría, usted dice que esa legislación ha quedado superada. Yo le
pediría a S. S. un poquito más de rigor. La legislación no queda
superada, las leyes sólo se derogan por otras leyes posteriores, y,
señoría, el real decreto en el que configuran las transferencias a la
Junta de Andalucía dice con toda claridad: En relación con el conjunto
monumental Alhambra y Generalife, de Granada, para facilitar la
colaboración entre ambas administraciones, existirá un consejo de la
Alhambra y el Generalife regulado por real decreto y presidido por el
Ministro de Cultura, que tiene las funciones de informar preceptivamente
la realización de inversiones, informar preceptivamente las
expropiaciones de edificios y terrenos, conocer e informar
preceptivamente el establecimiento dentro del recinto de las medidas que
se juzguen necesarias para su conservación y conocer e informar los
planes generales. Fíjese S. S. si esto es importante.
¿Sabe S. S. quién era primer ministro, quién era presidente del Gobierno
cuando se dictó este decreto? No necesito decírselo, don Felipe González
Márquez. ¿Qué partido estaba en la Junta de Andalucía? El Partido
Socialista Obrero Español. ¿Quién estaba en el Ayuntamiento de Granada?
También el Partido Socialista. Este real decreto no se dictó contra
nadie, señoría. Le repito lo que dije en la respuesta al Diputado de
Izquierda Unida: En materia de patrimonio, lo que quiere el Partido
Popular es que no sea una fuente de confrontación sino todo lo contrario,
que sea una fuente de acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Desde
luego, señoría, en lo que no está de acuerdo el Gobierno es en hacer
dejación de nuestras competencias. El Gobierno va a constituir el consejo
de la Alhambra y no para hacer política contra nada ni contra nadie,
simplemente para hacer dos cosas a las que los gobiernos de don Felipe
González y del partido de S. S. no nos tenían acostumbrados: defender el
patrimonio y cumplir la ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
--DEL DIPUTADO DON JOAN ROMERO GONZALEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EN SERIO LA MINISTRA DE
EDUCACION Y CULTURA QUE LA ENSEÑANZA PRIVADA DEBE SER OBJETO DE
DESGRAVACION FISCAL? (Número de expediente 180/000645)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, que formula al Gobierno el
Diputado don Joan Romero González, del Grupo Socialista.
Señor Romero.
El señor ROMERO GONZALEZ: Señora Ministra, ¿considera realmente en serio
que la enseñanza privada debe ser objeto de desgravación fiscal?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero. Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Se trataba, señoría, de una reflexión, y de una reflexión muy seria. En
todo caso, me sorprende que S. S. dude de la seriedad de mis palabras. Lo
que dije es lo que pienso y lo mantengo íntegramente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Romero.
El señor ROMERO GONZALEZ: No me extraña, señora Ministra, porque es
coherente con su política durante los últimos doce meses.
Señora Ministra, el sábado pasado quedó claro que usted ha dimitido como
Ministra de Educación de este país; que usted, desde hace doce meses que
no ejerce como Ministra de Educación de todos los españoles, sino
solamente de una parte que, por cierto, representa nada más que a grupos
de presión y sectores de negocio en el Ministerio de Educación. Señora
Ministra, usted no está siendo neutral y lo sabe. No le conozco una sola
opinión ni una sola medida en los últimos doce meses, desde que es
Ministra, favorable a la educación pública; le conozco muchas a favor de
la educación privada de este país, pero como ésta, tan insolente y tan
discriminatoria, ninguna.
Señora Ministra, usted ha dejado de construir 31 institutos en doce
meses, ha suprimido los programas de becas, ha reducido los programas
universitarios de becas; ayer mismo su grupo votó en contra de que haya
más becas para que los chicos de familias desfavorecidas puedan estudiar
en el extranjero. (Un señor Diputado: ¡Mentira!) Ayer mismo votaron en
contra, señora Ministra. Por cierto, perdieron. Sin embargo, señora
Ministra, en la educación concertada sí le conozco bastantes medidas, y
sabe cuáles son: un decreto de admisión, esta medida que anuncia ahora,
el incremento de presupuestos para educación concertada. Señora Ministra,
debería hacerlo, pero no voy a pedir su dimisión en nombre de mi grupo
porque, en realidad, usted no es la responsable, sino el Presidente del
Gobierno, que nunca ha hablado de educación desde el día que tomó
posesión, ni un solo día. Eso sí, este Presidente del Gobierno, que tiene
las propiedades del agua, incoloro, inodoro e insípido, con carácter
general, apoya, alienta y propicia este tipo de medidas que quedaron
claras el sábado pasado. (La señora García-Alcañiz Calvo: No es verdad.)
En nombre de 70.000 españoles, ciudadanos y ciudadanas, que no hacían
sino representar a varios millones, le digo a usted, señora Ministra, que
no es neutral, que no ejerce como auténtica Ministra de Educación de este
país. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Tiene razón S. S., no estoy siendo neutral, estoy apoyando la enseñanza
pública como no se ha apoyado jamás en este país. (Aplausos.) Se han
invertido 33.000 millones en los centros educativos públicos; ha habido
un 3,8 por ciento de incremento en el gasto en la educación pública por
alumno, y un incremento del 17 por ciento en los fondos de garantía
social. Eso es lo que estamos haciendo. Su señoría dice que apoyamos a la
privada, pero cuando se le pide que cite una medida dice: el real decreto
de libre elección del centro educativo. Pues, señoría, no estamos
dispuestos a renunciar; estamos dispuestos a que se cumpla la
Constitución y a que se cumpla la ley. Eso quiere decir que los españoles
tienen derecho a elegir el colegio o el instituto al que quieren llevar a
sus hijos. A eso no vamos a renunciar.
A la pregunta que S. S. formula le repito exactamente lo que dije.
Preguntada por qué no podían desgravar los gastos en educación, respondí
lo que leo textualmente: En el caso de la sanidad, que hoy es universal y
gratuita, cuando uno elige un médico privado, tiene una cierta
desgravación en la declaración de la renta hasta un cierto límite; en ese
sentido, parece injusto que en el tema de la educación no sea así. Esto
es lo que dije. Y dije también: En un momento en que se están obteniendo
unos resultados económicos tan buenos como los que consigue este Gobierno
--y yo lamento que ustedes no lo aplaudan o que cuando lo aplauden se lo
atribuyan a ustedes mismos--, como consecuencia de la política de
austeridad, no conviene disminuir los ingresos, que es lo que sucedería
si hiciéramos esa desgravación.
Señoría, tal vez esa desgravación hoy no pueda ser más que una reflexión,
pero creo sinceramente que es una reflexión acertada, seria y necesaria,
que probablemente en muy poco tiempo será realidad. Estoy segura también,
señoría, de que dentro de muchísimos años, cuando S. S. consiga ser
Ministro de Educación --está trabajando legítimamente para serlo--
mantendrá esa desgravación, como han mantenido la sanitaria.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Educación y Cultura.
-- DEL DIPUTADO DON LUIS DE TORRES GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LA
TENDENCIA DEL PARO VA A SEGUIR BAJANDO, COMO PONE DE MANIFIESTO LA ULTIMA
ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA (DICIEMBRE 96-FEBRERO 97)? (Número de
expediente 180/000654)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, que formula al Gobierno el
Diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor De Torres.
El señor DE TORRES GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Trabajo, como todo el mundo sabe, el paro es uno de los
problemas más acuciantes de los existentes en la sociedad española. Según
la encuesta de población activa correspondiente al trimestre de diciembre
de 1996 a febrero de 1997, el número de parados en España es de 3.474.200
personas, lo que supone una tasa de paro del 21,6 por ciento de la
población activa; 1,2 puntos por debajo de la de los doce meses
anteriores.
A pesar de lo alarmante de esta cifra, lo cierto es que, como pone de
manifiesto esta encuesta, el desempleo se redujo en 31.400 personas
respecto a diciembre de 1996. Existen otros datos que indirectamente
revelan la creación de empleo y, por tanto, la bajada del paro, tal como
indica el aumento de afiliaciones a la Seguridad Social que se ha
producido en marzo y en abril de 1997.
Señor Ministro, yo diría que estamos en el año del empleo. Una de las
medidas que influyen en la disminución de la población en paro es la
creación de empleo y para ello han de concurrir varios factores, como son
el aumento del PIB, que se está produciendo acompañado de otros cambios
estructurales, y fundamentalmente la flexibilidad del mercado de trabajo
que sin duda se producirá con la reforma del mercado laboral conseguida
mediante un pacto sin injerencias, como ha dicho el Presidente Aznar al
valorar este año, y en el que el Gobierno se ha limitado a propiciar un
buen clima de entendimiento y a colaborar en aquello que los agentes
sociales le han pedido para modernizar y racionalizar también una
normativa que contribuya así a la creación de empleo suficiente y
estable. Acuerdo que, aunque pueda molestar a alguien, se ha conseguido
durante el Gobierno del Partido Popular y ha sido plasmado en un
decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 16 de mayo
con el beneplácito de todas las partes.
En su virtud y de acuerdo con esto, le pregunto: Señor Ministro,
¿considera el Gobierno que la tendencia del paro va a seguir bajando como
pone de manifiesto la última encuesta de población activa?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Torres.
Señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer la pregunta al señor Diputado por la sensibilidad que
pone de manifiesto. (Risas.) Parece mentira que hablando de desempleo se
rían ustedes de esta forma, con lo grave que es este problema.
(Aplausos.) Parece mentira.
Señor Diputado, ante la sonrisa y comentarios de varios diputados y
diputadas, le vuelvo a decir que agradezco la sensibilidad de S. S. al
preguntar... (Risas.) Insiste la Diputada con risas; que el problema del
desempleo y del paro no es de risas, señora; no se ría más del problema
del paro, por favor. (Rumores.--La señora Rubiales Torrejón pronuncia
palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, señora Rubiales, no establezca diálogo
cruzado con el interpelado, por favor. Sabe que este trámite es muy
estricto y no debe establecer diálogos cruzados con el interpelado.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Diputado, le agradezco su pregunta y le vuelvo a decir que me parece muy
importante que los ciudadanos vean que la preocupación, y yo diría que la
obsesión, que tienen por el problema del empleo y el paro son objeto de
preguntas y de intervenciones parlamentarias, aunque esta atención no sea
homogénea en el conjunto de la Cámara.
Tengo que decirle que el Gobierno valora positivamente los datos de la
encuesta de población activa, que pone de manifiesto que en el registro
de paro que se efectúa en la misma hay una disminución de desempleados
de cerca de 49.500 personas. El dato es positivo, sobre todo teniendo en
cuenta que en el primer trimestre de 1996 se produjo un incremento de
paro de más de 38.000 personas.
Dicho esto, le quiero indicar que si nos atenemos al comportamiento de
nuestra economía, si nos atenemos a los indicadores que en este momento
ponen de manifiesto circunstancias excepcionalmente positivas en cuanto a
la evolución de la inflación, de los tipos de interés, al control del
déficit y muy especialmente en cuanto a la nueva confianza que hay en la
sociedad española, el Gobierno espera que se mantenga la tendencia y que
en 1997, tal como sucedió en 1996, estemos por encima de 200.000 puestos
de trabajo en la creación de empleo neto.
No obstante, quiero decirle que el Gobierno y este Ministro nunca van a
ser triunfalistas, aunque estemos hablando de una reducción de 1,5 puntos
con respecto al año anterior. No lo vamos a hacer porque nunca voy a
considerar a un parado como una cifra, como una estadística, sino siempre
como una circunstancia que invoca la tragedia personal, la tragedia
familiar, porque en este mundo una persona no se puede considerar
realizada si no tiene acceso al trabajo.
Por tanto, optimismo, sí; triunfalismo, ninguno. Quiero decirle que el
reciente acuerdo de los agentes sociales, a los que una vez más quiero
felicitar por el comportamiento responsable que han tenido, contribuirá
en mi opinión a que tengamos más empleo y a que sea más estable. Esto
debería ser aplaudido por el conjunto de la Cámara y parece mentira que
no lo sea.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
-- DEL DIPUTADO DON JAIME BLANCO GARCIA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿VA A RESPETAR EL GOBIERNO LOS
ACUERDOS ALCANZADOS CON LOS SINDICATOS EN EL PLAN ESTRATEGICO DE
COMPETITIVIDAD QUE AFECTA A LA DIVISION DE CONSTRUCCION NAVAL? (Número de
expediente 180/000643)
El señor PRESIDENTE: Pregunta numero 19, que formula al Gobierno el
Diputado don Jaime Blanco García, del Grupo Socialista. El señor Blanco
tiene la palabra.
El señor BLANCO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Industria, como usted bien sabe, a finales del año 1995
se firmó el plan estratégico de competitividad para la construcción
naval. Ese mismo año, y nada más aprobarlo el Gobierno, fue suscrito por
los sindicatos, yo diría que en un alarde de responsabilidad --y acabamos
de estar hablando de empleo-- porque si bien suponía una mejora de la
competitividad de las empresas, también era a costa de una reducción del
empleo en los astilleros.
Por acontecimientos recientes, y en concreto me estoy refiriendo al que
afecta a mi comunidad, los astilleros de Astander en Cantabria, da la
impresión de que por parte del Gobierno ha habido una ruptura unilateral
de ese acuerdo sindicatos-Gobierno del año 1995. Por ello formulo la
pregunta de si va a respetar el criterio, de acuerdo con los sindicatos,
de mantener el plan estratégico de competitividad para la construcción
naval.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blanco.
El señor Ministro de Industria y Energía tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, la respuesta es simple. El Gobierno va a mantener no sólo en el
espíritu sino en la letra el plan estratégico de competitividad que en su
día se firmó entre la empresa que agrupa a los astilleros públicos y los
sindicatos. Es verdad que el propio plan estratégico de competitividad
incluye la necesidad de efectuar ajustes cuando ello sea necesario, y que
ha sido necesario efectuar ajustes por una evolución que S. S. conoce
perfectamente en cuanto a que la desviación de los resultados era muy
importante en relación con lo previsto, en cuanto a que no existía un
marco de relaciones laborales, tal y como preveía el propio plan
estratégico de competitividad a partir del 1 de enero de 1996, ya que la
Comisión Europea no había dado su autorización definitiva a un paquete de
ayudas que supera en mucho, en muchísimo, las previstas en el propio plan
estratégico de competitividad. Ello ha obligado al Gobierno, de acuerdo
con los sindicatos y de acuerdo con la propia Comisión Europea, a
efectuar ajustes que tienen un resultado final que me gustaría
transmitirle con toda rotundidad. Los astilleros públicos van a seguir en
todos sus centros y las plantillas van a ser las pactadas en el plan
estratégico de competitividad. No hay motivo alguno para la inquietud
desde este punto de vista.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Blanco tiene la palabra.
El señor BLANCO GARCIA: Señor Presidente, señor Ministro, la pregunta no
es si se va a mantener el plan estratégico de competitividad. Esto ya lo
sé. Lo que le pregunto es si se va a mantener el acuerdo con los
sindicatos, que ya me está diciendo que no.
Señor Ministro, al menos en el astillero de Astander, como usted sabe,
esta nueva medida ha sido unilateral por parte del Gobierno, puesto que
la Comisión Europea --y le cito el Diario Oficial de la Comunidad Europea
número 53.3 letra C, de 22 de febrero de 1997-- reconocía los planes de
ayuda y el plan estratégico de competitividad íntegro como tal, sin
ningún tipo de discusión. Es verdad que habrá que hacer ajustes, pero le
ha venido a tocar la china al astillero de Cantabria, y le recuerdo que
estamos incluidos en una zona de declive industrial. Cuando el Gobierno
está haciendo alarde de que la economía va bien, he de decirle que la
zona del marco atlántico que corresponde a Cantabria, a Asturias, en
concreto a la cornisa cantábrica, está en proceso de declive, sobre todo,
de declive industrial y que se está perdiendo empleo. Por tanto, tocar un
astillero que en una comarca deprimida es una fuente de impulso y de
incitación al empleo, supone que están ejerciendo ustedes una política
negativa de cara a la industrialización y de cara al empleo en esa zona.
De todas maneras, la impresión que tengo es que se ha utilizado Astander
como moneda de cambio con otros astilleros. De ahí la reflexión
geográfica que le he hecho en cuanto a la ubicación de este astillero, en
el marco atlántico, en la cornisa cantábrica. Por tanto, señor Ministro,
no puedo estar de acuerdo con la contestación que me ha dado. Ha sido una
medida unilateral de un gobierno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blanco.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, puedo compartir muchas de las cosas que ha dicho, por ejemplo
que la cornisa cantábrica en general, Asturias, Cantabria, están en un
proceso de declive industrial. Este Gobierno es responsable de muchas
cosas, algunas de ellas buenas, creo que muchas de ellas, pero desde
luego no es responsable de ese declive. Estamos trabajando precisamente
para contrarrestarlo --por ejemplo, hay un plan muy ambicioso de
desarrollo alternativo de las cuencas mineras-- y estamos trabajando
conjuntamente con el Gobierno autónomo de Cantabria para la formulación
de un plan específico para la zona de Torrelavega y Reinosa, que
efectivamente están muy afectadas por una situación de declive industrial
que viene de años.
En el caso de Astander, es verdad que ha habido unos ajustes, pero no es
cierto que haya sido moneda de cambio de nada. Son ajustes que se han
aplicado a todos y cada uno de los astilleros públicos, con
reconocimientos de límites de capacidad, que no estaban en el plan
estratégico de competitividad y que, en el caso de Astano, suponen la
continuidad de la limitación en la producción a las plataformas offshore.
Usted podrá pensar y argumentar que eso podría haberse forzado más, pero
le digo que estoy enormemente satisfecho, no por mí precisamente sino por
los astilleros públicos y por el tejido industrial español, del acuerdo
que se ha conseguido con la Unión Europea, y que los trabajadores de
Astander no tengan ninguna inquietud porque no hay base ninguna para
ello.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
-- DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS RUIZ LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS MEDIDAS
DE LA AGENCIA INDUSTRIAL DEL ESTADO EN SU DIVISION DE CONSTRUCCION NAVAL
PARA REFORZAR LA SITUACION COMERCIAL DE SUS ASTILLEROS EN EL MERCADO
MUNDIAL DE LA CONSTRUCCION NAVAL? (Número de expediente 180/000655)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, que formula al Gobierno el
Diputado don Juan Carlos Ruiz López, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Ruiz.
El señor RUIZ LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Industria, el desarrollo del plan estratégico de
competitividad para los astilleros públicos obliga a situar, en 1998, a
estas empresas en el umbral de la rentabilidad.
Sin duda, el visto bueno comunitario al plan de ayudas y un nuevo marco
de relaciones laborales, más exigente y más acorde con las condiciones de
un mercado abierto y competitivo, son realizaciones incuestionables del
Gobierno del Partido Popular. Por otra parte, el buen momento por el que
atraviesa la demanda del sector de construcción naval añade optimismo
sobre el futuro del sector. Me refiero al incremento notable de la
cartera de AESA en relación a 1996 y al programa de fragatas y del LPD
para Bazán, y a que, gracias a la nueva política de distribución de
trabajo de esta empresa de construcción naval militar, por ejemplo,
Cartagena, qué es mi ciudad natal, tiene un importante aumento de horas
productivas al fabricarse en la factoría cartagenera la construcción de
los motores así como el sistema de control del citado buque de transporte
denominado LPD.
Sin embargo, como muy bien puntualizó usted, señor Ministro, en una de
sus primeras comparecencias, el 5 de junio de 1996, no puede perderse la
tensión o adoptarse una actitud acomodaticia. Efectivamente ha sido así,
puesto que no solamente ha mejorado la situación del sector, sino que
tenemos conocimiento de que se están sentando las bases para garantizar
el futuro estable de estas empresas. Entre ellas, se puede destacar
la puesta en marcha del centro tecnológico de la división de construcción
naval, con un claro apoyo a desarrollos innovadores a corto para las
factorías y la canalización de los fondos de I+D, asignados de forma que
se gane en eficiencia y en aplicabilidad.
Frente a esto, sabemos que se ha de afinar aún más en los resultados, por
lo que el Gobierno ha apostado por algunas medidas inmediatas, entre
ellas, cambios en la estructura directiva y, muy principalmente, mejoras
en la organización comercial internacional, con la idea de aprovechar las
economías que pudiera tener una gama de empresas especializadas que, en
su conjunto, permitan atender a cualquier pedido de la demanda de la
construcción naval.
Por ello, en la actual situación y dada la valoración de resultados y el
análisis de las causas que los han producido, señor Ministro, le formulo
la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las medidas de la Agencia Industrial
del Estado en su división de construcción naval para reforzar la
situación comercial de sus astilleros en el mercado mundial?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruiz.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor Presidente, muchas gracias también a S. S. porque creo que su
pregunta contribuye a poner de manifiesto algo muy positivo para los
astilleros públicos españoles y, por tanto, para sus trabajadores y para
todas las áreas afectadas.
Uno de los elementos fundamentales para la viabilidad y para lo que todos
esperamos, que a partir del año 1998 los astilleros sean competitivos en
sí mismos sin necesidad de ayudas especiales, que ya no están permitidas
por nuestra pertenencia a la Unión, es disponer de una carga de trabajo y
de un volumen de pedidos que además dé márgenes, porque lo que nos ha
sucedido en el pasado es que muchas veces había carga de trabajo, pero
con márgenes negativos y, por tanto, con implicaciones negativas sobre
las cuentas de resultados.
Por ello era necesario aplicar una política comercial muchísimo mas
agresiva, muchísimo más activa, que la nueva gestión ha implantado a
partir de la segunda mitad de 1996 y que se concreta en cosas tales como
visitas periódicas de los responsables de la división a todos los
armadores y clientes potenciales en Europa, América y Asia;
establecimiento de representaciones comerciales permanentes en los
lugares de mayor generación de negocio; apoyo a la acción comercial con
actuaciones de marketing activo y cercano a los clientes finales para
detectar lo antes posible las oportunidades; incrementar la implicación
de las factorías en la función comercial para poder ofrecer productos
especializados y con coste optimizado; la aplicación de los diseños
financieros similares a los que ofrece la competencia, tal como se
dispone en el Real Decreto de 11 de marzo de 1994, pero que ahora
aplicamos regulando en nuestro país las primas y la financiación naval
autorizadas en el ámbito de la Unión Europea; incrementar las alianzas
tecnológicas y comerciales con otras compañías, etcétera.
El resultado final es enormemente positivo. Puedo decirle que en estos
momentos la contratación de la división de construcción naval en los
primeros cuatro meses, de enero a abril de 1997, ha alcanzado ya 170.000
toneladas de registro bruto, lo que supera la cifra de contratos
conseguidos durante todo el año 1996, cuya totalidad fue de 162.500. Eso
significa que la cobertura total de la capacidad de la división es del
orden del 97 por ciento, prácticamente la totalidad para todo el año
1997, y cubrimos ya, al mes de abril de 1997, el 60 por ciento de la
carga de trabajo necesaria para el año siguiente. Por tanto, creo que es
una buena noticia para todos.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA ANGELES AMADOR MILLAN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA MODIFICAR LOS ESTATUTOS DE
LAS FUNDACIONES PUBLICAS DE LOS HOSPITALES DE MANACOR Y ALCORCON PARA
ADAPTARLOS A LA LEY SOBRE NUEVAS FORMAS DE GESTION DEL SISTEMA NACIONAL
DE SALUD? (Número de expediente 180/000646)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, que formula al Gobierno la
Diputada doña María Angeles Amador Millán, del Grupo Socialista.
Señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Señor Presidente, señor Ministro de Sanidad,
ante la negativa de su grupo parlamentario a debatir esta cuestión en la
Comisión de Sanidad, le pregunto: ¿Piensan modificar los estatutos de las
fundaciones públicas de los hospitales de Alcorcón y Manacor para
adaptarlos a la Ley sobre nuevas formas de gestión del Sistema Nacional
de Salud?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Amador.
Señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
No, señora Diputada. No pensamos en estos momentos modificar los
estatutos de las fundaciones de los hospitales de Manacor y Alcorcón,
aprobadas por el Consejo de Ministros el 22 de noviembre de 1996, puesto
que ambas fundaciones fueron constituidas al amparo de la disposición
final única del Real Decreto-ley 10/1996, de 17 de junio, sobre
habilitación de nuevas formas de gestión del Insalud y en la actualidad
están en funcionamiento .
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, esos estatutos se aprobaron con arreglo a un decreto-ley
que ha quedado derogado por la ley que se ha aprobado el día 10 de abril
último. Están ustedes, señor Ministro, tomando decisiones que no cumplen
esa ley y que ni siquiera cumplen lo que prevén los estatutos. Están
ustedes dando pasos en una dirección equivocada que muestra una gran
improvisación y una gran incompetencia, señor Ministro. Porque, ¿cómo es
posible que la selección del personal para cubrir las plazas de un
hospital público, facultad que los estatutos que S. S. me cita atribuyen
al gerente, se haya contratado con una empresa privada? ¿Dónde quedan los
principios de mérito, capacidad, concurrencia y publicidad que tienen
ustedes obligación de salvaguardar? ¿Cómo es posible que se contrate la
explotación de los laboratorios con empresas o entidades ajenas al propio
hospital? ¿Qué hospital en el mundo, señor Ministro, avala esas
decisiones? ¿Dónde está la separación entre la provisión y la
financiación, cuando es el presidente del Insalud el presidente del
patronato? ¿Dónde está la autonomía de gestión cuando ese bipresidente es
el que separa y nombra libremente a los demás vocales? ¿Qué experiencia
avala esas decisiones, señor Ministro? ¿Qué ha pasado con las enfermeras
de la fundación de Manacor? ¿Qué empresa en ningún sector, por seguir su
lógica empresarial, saca fuera la selección del personal o la tecnología?
¿El cerebro y la tecnología de una empresa se encomiendan a entidades
ajenas? ¿Quién avala esas decisiones, señor Ministro? ¿La experiencia de
Verín? Señor Ministro, le recomiendo que relea el informe del Defensor
del Pueblo gallego, porque cita el hospital de Verín en el marco de una
crítica durísima a la utilización que se ha hecho en Galicia de los
nuevos modos de gestión. Estamos hablando, señor Ministro, de hospitales
públicos, construidos con fondos públicos, y no pueden ustedes hacer
experimentos sin ninguna garantía, y nos preocupan, señor Ministro, las
fundaciones gestionadas por ustedes, porque hasta ahora permítame que le
diga que el único precepto que han cumplido a rajatabla es el artículo 2
de la Ley de Fundaciones cuando dice que se rigen por la voluntad del
fundador y permítame que le diga que, siendo el Gobierno el fundador, esa
voluntad no sea suficiente garantía para que pensemos que la sanidad
pública está en buenas manos.
Gracias, señor Ministro. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Amador. Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Permítame,
señora Amador, que le diga que me sorprende que, bajo el amparo de una
pregunta que se refiere teóricamente a una cuestión jurídica de si esos
estatutos tienen que adaptarse al reglamento que prevé la ley nueva,
plantee usted una serie de cuestiones, a las que yo contestaría con mucho
gusto en cualquier otro trámite, que afectan al funcionamiento de las
fundaciones, del que estamos absolutamente satisfechos.
La selección de personal la va a hacer la fundación a través de los
órganos que tienen competencia para ello, lo cual es perfectamente
compatible con que se pidan las asistencias externas necesarias a
empresas experimentadas en estos trabajos. Por lo mismo, se contrata la
gestión de los laboratorios como una medida de externalización de algunos
servicios en los que se puede hacer y que es perfectamente compatible con
el buen funcionamiento de esa institución.
No pretendemos presentar la separación de provisión y financiación de
estas fundaciones como algo ya acabado. Con estas instituciones queremos
iniciar el camino hacia ese modelo de organización de los servicios
sanitarios que supone la separación de la provisión de la gestión, y para
eso tenemos que ir empezando. Sería absolutamente imprudente que en estas
primeras fundaciones que hacemos no tuviéramos las cautelas necesarias
como para asegurar la presencia en sus órganos de dirección y de gestión
de los responsables del Insalud. Por este camino podríamos seguir todo lo
que usted quiera, pero no en el marco de la pregunta que S. S. me había
formulado.
En cuanto al hospital de Verín yo le digo a usted que estoy absolutamente
orgulloso y satisfecho de cómo funcionaba mientras yo dirigía la sanidad
gallega y creo que cualquier crítica como la que usted apunta es
injustificada. En el hospital de Verín habíamos conseguido al mismo
tiempo que los profesionales estuvieran más satisfechos que en ninguna
otra institución y mejor retribuidos y que los pacientes estuvieran más
satisfechos que en ninguna otra institución y que además eso fuera más
barato.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO GUTIERREZ MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO TIENE PREVISTO EL
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO REPARTIR LA PRODUCTIVIDAD ENTRE LOS
FACULTATIVOS PARA EL AÑO 1997? (Número de expediente 180/000656)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, que formula al Gobierno el
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Gutiérrez Molina.
El señor GUTIERREZ MOLINA: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, ya
hace unos meses, a finales de enero de este año y dentro del ciclo
Democracia y Alternancia, tuvimos ocasión de escucharle en el Club Siglo
XXI en una conferencia que dio sobre los retos de la sanidad en la
sociedad poscapitalista y en la que dijo que uno de los grandes retos de
la reforma sanitaria que el Gobierno y el Ministerio en concreto iban a
acometer era precisamente, primero, la autonomía de gestión de los
centros y, en segundo lugar, la libre elección por parte de los
ciudadanos de los centros dentro del sector público, con objeto de hacer
realidad este primer reto que le señalo de la reforma sanitaria. No cabe
duda, señor Ministro, que para que haya una autonomía de los centros
éstos tienen que ser eficaces, como usted acertadamente señaló en aquella
conferencia, y dentro de la eficacia de los centros había que buscar la
gestión ágil y eficaz, la optimización de los recursos y la elevación,
cada vez más, del dintel de los facultativos y de la calidad asistencial
de los mismos, con objeto de llegar a los parámetros que S. S. señalaba
en la conferencia.
Los que trabajamos como profesional en los centros y en la gestión de los
mismos, señor Ministro, cada vez somos más conscientes de que la
optimización del reparto de algo que no es aleatorio sino que es
fundamental en los mismos, como es la productividad, tiene muchas veces
una repercusión en el rendimiento funcional y en el de la calidad de los
facultativos de los centros. La productividad, como un elemento variable
o fijo muchas veces que va unido a los haberes de los mismos, siempre,
señor Ministro, es un parámetro para medir la eficiencia y la eficacia de
los servicios.
Señor Ministro, basándome en los parámetros anteriores y en los
razonamientos que brevemente he querido señalarle, el objeto de mi
pregunta es conocer cómo tiene previsto repartir el Ministerio de Sanidad
y Consumo en este año 1997 el concepto de productividad a los
facultativos que tratan de la gestión de los hospitales.
Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias señorías, y disculpe,
señor Ministro, si no le puedo ver bien, pero la luminosidad excesiva de
esta última fila me lo impide. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez Molina. Espero que
su queja sobre la luminosidad me la tramite adecuadamente, como ayer
pedí, y, si no, se la traslade al señor Martínez Sanjuán, que es el
responsable del asunto. (Risas.)
Señor Ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Su señoría señala con mucho acierto que una de las claves de la mejora en
los servicios sanitarios, como en cualquier otro campo, es la motivación
de los profesionales y eso tiene que ver también con que el sistema
retributivo contemple los estímulos adecuados para compensar mejor a
quienes se hacen más acreedores a esa recompensa. Una de las cuestiones
que tenía pendiente el Insalud, dentro de la política de personal, eran
esos complementos de productividad, que, tal como estaban fijados, no
reconocían las diferencias en los esfuerzos en el área asistencial y en
el área formativa. De ahí que esa fuera una de las cuestiones planteadas
en el conflicto médico de los meses de mayo, junio y julio de 1995 y que
se hiciera necesaria una solución a esa cuestión, para lo cual se llegó a
un acuerdo entre el Insalud y el sindicato CESM el 16 de abril pasado, en
el que se establecen los criterios de distribución de la productividad
variable en un marco estable y objetivo que prima la incentivación
individualizada de los profesionales sanitarios.
El complemento de productividad variable se distribuye en tres conceptos,
uno para actividad asistencial, que supone el 45 por ciento; otro 45 por
ciento retribuye objetivos de calidad y el tercero la firma de los
contratos programa. En esta ocasión se reconoce de forma individualizada
a nivel de cada servicio la actividad y la calidad de la atención
prestada, lo que supone una importante descentralización. La gerencia
comunicará periódicamente a cada servicio los resultados de su actividad
y su posible ajuste o desviación respecto a los objetivos pactados. Por
primera vez, dentro del contrato programa queda recogida la cuantía
inicial del complemento de productividad variable que corresponde a cada
centro y servicio. Este sistema va a permitir que aunque el centro
globalmente no cumpla los objetivos, si un servicio concreto los cumple,
ese servicio puede tener la compensación correspondiente al complemento
de productividad.
El acuerdo establece también de manera reglada la periodicidad del
reparto. Una primera entrega se produce en el mes de julio, después de
que la comisión mixta correspondiente evalúe la actividad realizada, y el
segundo pago, que también lleva implícito el acuerdo de las comisiones
mixtas de cada hospital, se produce en el mes de febrero del año
siguiente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
-- DEL DIPUTADO DON JUAN ANTONIO GIL MELGAREJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO TIENE PREVISTO EL
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO DESARROLLAR EL PROGRAMA DE CIRUGIA MENOR
EN CENTROS DE ATENCION PRIMARIA? (Número de expediente 180/000657)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, que formula al Gobierno el
Diputado don Juan Antonio Gil Melgarejo, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor GIL MELGAREJO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Sanidad y Consumo, uno de los problemas más importantes
que se han generado en un pasado no muy lejano en el Sistema Nacional de
Salud y en concreto en el ámbito de la atención especializada ha sido la
aparición, primero, y el paulatino incremento de intervalos, después,
entre la demanda de una determinada prestación sanitaria por parte del
usuario del Sistema Nacional de Salud y la satisfacción de dicha demanda.
Es, señor Ministro, lo que conocemos como listas de espera: de consulta,
diagnósticas y quirúrgicas, si bien es muy cierto que en ningún momento
se ha dado esta situación cuando se sospechara que los casos en cuestión
pudieran revestir de algún grado de gravedad y que, por lo tanto, para su
resolución precisaran atención urgente. Asimismo, el Gobierno del Partido
Popular consideró como uno de sus objetivos prioritarios la reducción
primero y la eliminación después de estas listas de espera,
manifestándolo expresamente en su discurso de investidura el Presidente
del Gobierno, señor Aznar.
Una vez cumplidos con éxito los objetivos comprometidos para 1996 en este
escenario, el Ministerio que usted dirige se propone, como uno de sus
objetivos para 1997, continuar con la disminución de los tiempos de
demora media y de espera para que el ciudadano que lo necesite pueda ser
intervenido quirúrgicamente en el Sistema Nacional de Salud en un tiempo
razonable. Para la consecución de este objetivo se van a utilizar
diversos recursos, siendo uno de ellos la realización de operaciones de
cirugía menor en centros de salud. Sabiendo que este tipo de
intervenciones serán las que sólo precisen de anestesia local para su
realización, que suponen además el 10 por ciento del total de las
intervenciones quirúrgicas demandadas al Sistema Nacional de Salud y que
el Insalud ha definido este plan en este ámbito concreto como plan
piloto, es por lo que, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, le
formulo la siguiente pregunta: ¿Cómo tiene previsto el Ministerio de
Sanidad y Consumo desarrollar el programa de cirugía menor en centros de
atención primaria?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gil Melgarejo.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señor
Presidente.
Una de las estrategias que inevitablemente hay que utilizar para
aprovechar mejor los recursos sanitarios es la que se conoce como fomento
de las alternativas a la hospitalización, es decir, tratar de buscar que
todo lo que se pueda hacer fuera del hospital se realice, y en esa línea
está el fomento de la cirugía mayor ambulatoria, la hospitalización a
domicilio, los cuidados paliativos y este año contemplamos también la
introducción de un programa de cirugía menor ambulatoria, lo cual nos va
a permitir descargar las consultas de los hospitales y,
consiguientemente, aprovechar mejor los recursos. Con este programa se
pretende obtener importantes beneficios en relación a la optimización de
la accesibilidad de los usuarios, disminuir las listas de espera de
atención ambulatoria en determinadas especialidades, fundamentalmente en
dermatología, e incrementar la eficiencia de los recursos sanitarios.
El plan se inició el pasado 15 de abril y finalizará el 15 de octubre. La
experiencia se ha establecido en 131 unidades funcionales, pertenecientes
a 40 áreas de salud de atención primaria del ámbito del Insalud en las
diez comunidades autónomas en que actúa, que van a realizar operaciones
quirúrgicas sencillas y de corta duración, en las que no se esperan
complicaciones quirúrgicas significativas y que suponen, efectivamente,
un 10 por ciento del total de intervenciones realizadas en los servicios
del Instituto Nacional de la Salud.
A fin de poder evaluar la ejecución del plan, hacer un seguimiento
cuidadoso, así como medir su efectividad, ha sido necesario articular
previamente la actividad del mismo sobre la base de un protocolo
homogéneo, que recoge las líneas generales del plan en cuanto a
estructura, proceso y criterios de evaluación. En todos los centros donde
se ha iniciado el mismo se ha exigido la disponibilidad tanto del espacio
físico necesario para la realización de la cirugía menor como del
material quirúrgico. Además de los profesionales adecuadamente formados
que se incorporan al plan, se cuenta con un responsable del proyecto que
garantiza el desarrollo del mismo en los distintos equipos de atención
primaria. Los procesos clínicos susceptibles de tratamiento son las
heridas cutáneas, abscesos cutáneos, lesiones cutáneas superficiales,
lesiones subcutáneas, patología dental, etcétera.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA VISITACION PEREZ VEGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE
INFORMAR EL MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO DEL CONTENIDO DEL CONVENIO DE
COLABORACION SUSCRITO EL 31 DE ENERO DE 1997 ENTRE EL MINISTRO DE SANIDAD
Y CONSUMO, LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL Y LA
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE
SALUD EN AMERICA LATINA? (Número de expediente 180/000658)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, que formula al Gobierno la
Diputada doña María Visitación Pérez Vega, del Grupo Popular.
Señora Pérez Vega.
La señora PEREZ VEGA: Gracias, señor Presidente.
En los países de América Latina la situación sanitaria dista mucho de ser
la deseable, hasta tal punto que hay ciertas enfermedades que en nuestro
entorno carecen de la mayor importancia y allí, por contra, presentan una
alta mortalidad, sobre todo entre la población infantil. La Organización
Panamericana de la Salud viene desarrollando actividades encaminadas a la
lucha contra estos problemas en los países de Iberoamérica en respuesta a
las necesidades y prioridades formuladas en las diferentes cumbres que se
han celebrado. Recientemente, y en concreto el pasado 31 de enero, el
Ministerio de Sanidad y Consumo suscribió un convenio de colaboración con
la Agencia Española de Cooperación Internacional y con la Organización
Panamericana de la Salud para la ejecución de diversas actuaciones dentro
del programa de salud en América Latina. En este sentido, ¿puede el señor
Ministro informar del contenido de dicho convenio suscrito el pasado 31
de enero?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez Vega.
Señor Ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señor
Presidente.
El plan al que se refiere S. S. se enmarca en las actividades de España
como país observador ante la Organización Panamericana de la salud y se
viene desarrollando a fin de colaborar con esa organización en
actividades conjuntas y programas de cooperación en el área de salud en
América Latina que responden a las prioridades planteadas en las
sucesivas cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno.
Nuestra cooperación se centra en programas y actividades tales como la
formación de recursos humanos, la erradicación del sarampión, el control
de las infecciones respiratorias agudas y de las enfermedades diarreicas,
la lucha contra el sida y las enfermedades de transmisión sexual, todas
ellas áreas clave en las estrategias de salud de los países
iberoamericanos. Además, está prevista la concesión de becas a
profesionales de países iberoamericanos para cursar estudios en España en
materia de salud pública, apoyar diferentes actuaciones en el área de
publicaciones e información científico-técnica de carácter sanitario,
financiar la adquisición de equipamiento sanitario básico o bien
reparaciones de alta tecnología, cuya puesta en servicio sea
imprescindible para atender necesidades asistenciales o para fortalecer
los servicios de salud, y financiar la colaboración de expertos asociados
y la aportación de consultorías de expertos españoles para asesorar en
áreas de interés preferente de los países incluidos en este programa. El
Ministerio de Sanidad y Consumo participa en este quinto plan de
actuaciones con una aportación económica de 44 millones de pesetas, que
se añaden a otros 213 millones que aportará la Agencia Española de
Cooperación Internacional.
Por último, puedo señalar a S. S. que durante el mes de marzo pasado y
con cargo al crédito señalado, hemos procedido a financiar, con una cifra
del orden de 20 millones de pesetas, la reparación de un acelerador
lineal en el hospital Amejeiras, de La Habana, actividad que se encuadra
en nuestra colaboración en el equipamiento sanitario básico al que antes
he hecho referencia, por cierto, acelerador lineal que era el único
disponible en todo el país y que gracias a esta ayuda de España podrá
repararse y seguirá prestando servicio a aquella población.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
-- DEL DIPUTADO DON JOAN SAURA LAPORTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿TIENE INTENCION EL GOBIERNO DE EMPRENDER NUEVAS ACCIONES DIRIGIDAS A
REDUCIR LOS GASTOS DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA, TAL Y COMO HA
RECOMENDADO EL ECOFIN? (Número de expediente 180/000664)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 33, que formula al Gobierno el
Diputado don Joan Saura Laporta,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿tiene intención el Gobierno de emprender acciones
dirigidas a reducir los gastos del sistema sanitario público español, tal
y como recientemente ha recomendado el Ecofin?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señor
Presidente.
No, el Gobierno español no tiene ninguna intención de reducir los gastos
del sistema sanitario público, sino que, al contrario, tiene el propósito
de aumentarlos. Sin embargo, no creo que esa sea la recomendación del
Ecofin, que en realidad de lo que habla es de la racionalización del
gasto sanitario pero no de su reducción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, me alegro de que usted diga en sede parlamentaria que el
Gobierno no tiene intención de reducir el gasto público del sistema
sanitario. Quisiera, no obstante, en primer lugar, que usted explicara
cómo casa esa afirmación con los objetivos del Programa de Convergencia
que el Gobierno ha aprobado recientemente, donde sí se habla de
limitación y de reducción del gasto sanitario.
En segundo lugar, permítame, señor Ministro, que le diga que la
recomendación del Ecofin habla de racionalización, entendida en el
sentido de limitación o de reducción, y permítame que critique su
silencio ante esta recomendación del Ecofin. Usted ha mantenido un
clamoroso silencio. Pienso que ante la recomendación del Ecofin, el
Gobierno y especialmente usted debieron responder de forma inmediata. ¿En
qué sentido? Diciendo claramente que el gasto del sistema sanitario
público español no es ni desorbitado ni exagerado; que la cifra que
España dedica a sanidad pública es del 5,9 por ciento del producto
interior bruto y que esta cifra es inferior a la media que dedican los
países de la Unión Europea. Pienso que además era importante insistir
desde el Gobierno en que hoy la sociedad española tiene nuevos retos
sociosanitarios, que esos retos van a significar un aumento del gasto
sanitario de forma ordenada y consensuada, pero que es necesario
incrementar dicho gasto sanitario. Por otro lado, pienso, señor Ministro,
que deberíamos también decir al Ecofin que la distribución del gasto
público en un Estado como el español no ha de ser objeto de recomendación
por parte de este órgano. España gastará en sanidad lo que los ciudadanos
y ciudadanas españolas quieran gastar, ¿o va a resultar que también el
Ecofin va a decir qué cantidad de dinero hemos de dedicar a sanidad o a
enseñanza?
La última aclaración hace referencia a lo que usted dice hoy aquí
relativo a si el Gobierno quiere aumentar los recursos sanitarios, y ante
la absoluta confusión...
El señor PRESIDENTE: Señor Saura, muchas gracias.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señor
Presidente.
Yo comparto con S. S. la apreciación de que el gasto sanitario no es
exagerado en España --está en límites razonables atendiendo a nuestro
nivel de renta--, pero de ninguna manera entendemos la recomendación del
Ecofin como una intromisión en el alcance del gasto sanitario en España.
Esa referencia a la racionalización es algo que tenemos que entender como
un objetivo que debemos perseguir todos, porque nadie está por una
utilización irracional de los recursos. Nuestro compromiso es avanzar en
la dirección de mejorar y consolidar el Sistema Nacional de Salud y,
asimismo, en la de mejorar su financiación pero también su eficiencia. El
Gobierno además tiene autoridad para manifestarse en estos términos,
porque el aumento de la financiación ya no es nuevo. En el presupuesto
del año 1997 no sólo se respetó el acuerdo de financiación de la sanidad
con una elevación del 6 por ciento, sino que, por primera vez, desde la
vigencia de ese acuerdo quedan a favor del Sistema Nacional de Salud
economías como las derivadas de la congelación de los salarios, ingresos
como los procedentes de las aportaciones de Farmaindustria o ahorros como
los obtenidos mediante la reducción de los márgenes de las oficinas de
farmacia.
Eso prueba el interés del Gobierno por mantener un gasto social que es
tan importante como el gasto sanitario.
Al mismo tiempo muchos tenemos la impresión de que tenemos que hacer
esfuerzos adicionales para racionalizar este gasto y para mejorar su
eficiencia. Puedo dar un dato muy reciente sobre los esfuerzos que
estamos haciendo para contener el crecimiento del gasto farmacéutico y
que están empezando a dar sus frutos. En el primer cuatrimestre de este
año el crecimiento de ese gasto ha sido del 5,38 por ciento frente al
11,67 por ciento del mismo período del año anterior o el 12,8 por ciento
del mismo período del año 1995. En esa línea tendremos que seguir
trabajando, motivando a los profesionales de nuestro sistema, dando
autonomía a nuestros centros, dando libertad de elección a los usuarios y
haciendo más competitivo también el sistema.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
-- DEL DIPUTADO DON JESUS JOSE GOMEZ RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE COALICION CANARIA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE SITUACION SE
ENCUENTRA EL ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO POR
TURNO DE BIENES INMUEBLES? (Número de expediente 180/000635)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, que formula al Gobierno el
Diputado don Jesús José Gómez Rodríguez, del Grupo de Coalición Canaria.
Señor Gómez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministro o señora Ministra --yo ya no sé cómo se dice--, existe un
vacío legal en la figura jurídica, no regulada en España, el time
sharing, también conocida con el nombre de propiedad compartida y como
aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles. Este nuevo producto, que
tiene ribetes turísticos e inmobiliarios y que naciera allá por los años
sesenta en Suiza, se ha extendido muchísimo en los Estados Unidos, que
ocupa el primer lugar del mundo. España ocupa el segundo lugar y canarias
es la autonomía que tiene mayor atención a este producto turístico, pero
no hay regulación legal en nuestro Estado, lo que produce, por tanto, una
situación de indefensión del propietario-usuario, aparte de que no haya
todavía, porque no existe una regulación, una armonía sobre los criterios
de si se trata de un derecho real o un derecho societario. A ello hay que
agregar que se han cometido muchísimos abusos en nuestro país, la mayor
parte de las veces --hay que decir la verdad-- por extranjeros a
extranjeros, lo cual ha originado que la Unión Europea haya dictado las
correspondientes directivas y haya habido resoluciones parlamentarias.
Habida cuenta de la importancia que tiene en nuestro país esta
institución turístico-jurídica y que al mismo tiempo ocupa a nada menos
que 120 empresas, por lo menos en Canarias, con 11.560 unidades de
alojamiento, 16.000 empleos directos y 11.000 empleos indirectos, con
salarios totales anuales de más de 5.000 millones de pesetas, y
existiendo desde el año 1988 cuatro borradores o proyectos legislativos,
preguntamos en qué situación se encuentra el actual anteproyecto de ley
sobre derechos de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Rodríguez. Como sabe, el
tratamiento adecuado para las miembros del Gobierno es el de señora
Ministra, según además el parecer de la Real Academia Española.
Señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, el anteproyecto de nombre tan largo, más conocido comúnmente
como de multipropiedad, se encuentra en trámite de informe del Consejo de
Estado desde el día 25 de febrero de 1997. Fue remitido a la Asociación
Nacional de Empresarios de Tiempo Compartido y a la Organización de
Consumidores y Usuarios, solicitando informe, que ha sido emitido y en
forma bastante favorable. Supongo que S. S. será consciente de que se ha
tenido muy en cuenta el parecer de los empresarios de su comunidad y que
realmente se encuentran satisfechos con el estado de regulación, que por
un lado trata de proteger el derecho del consumidor y por otro de
garantizar la prestación de los empresarios y la rigidez respecto a la
directiva, que, como S. S. ha indicado, procede del año 1994, bajo la
rúbrica número 47.
Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente, por lo que he
aprendido, que me hacía falta, y muchas gracias también por la
contestación de la señora Ministra, porque así a ver si a la quinta va la
vencida, ya que sería, repito, la primera vez que tuviésemos en nuestro
país esta regulación importantísima.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Rodríguez.
INTERPELACIONES URGENTES:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA
IMPARCIALIDAD DEL MINISTERIO FISCAL (Número de expediente 172/000046)
El señor PRESIDENTE: Concluido el trámite de preguntas orales que
constituye el punto cuarto del orden del día, pasamos al punto quinto,
interpelaciones urgentes al Gobierno.
En primer lugar, interpelación urgente formulada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya sobre la política del Gobierno para garantizar la
imparcialidad del ministerio fiscal.
Para su presentación y defensa ante el Pleno tiene la palabra el señor
Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, se tramita esta interpelación precisamente a
continuación de la comparecencia de S. S. ante la Comisión de Justicia, a
la que no pude asistir, aunque había sido peticionario también de la
misma, por estar ocupado en otras actividades parlamentarias, por lo que
creo que disculparía S. S. mi ausencia y no pensaría que fue por motivos
de ocio o de cualquier otro tipo. En todo caso sé que por parte de doña
Cristina Almeida tuvieron ustedes su intercambio de impresiones acerca de
lo que hemos dado en llamar los sucesos de la Audiencia Nacional. Celebro
enormemente que se haya producido en el día de ayer esa comparecencia de
S. S. y ese debate para que, si lo logro, esta interpelación procure
superar la anécdota e ir mucho más a un tema que, como sabe S. S., es
motivo de preocupación para nuestro grupo parlamentario desde hace
muchísimo tiempo y que, es fundamentalmente --y, repito, luego entraremos
en ello--, el modelo de ministerio fiscal del que gozamos o que sufrimos
en nuestro ordenamiento jurídico. Hago mal al decir ministerio fiscal,
porque debería decir Fiscal General del Estado, dado que al hablar de
ministerio fiscal podría parecer que me estoy refiriendo a todo ese
conjunto de funcionarios del ministerio público que abnegadamente, con
gran esfuerzo que le debe ser reconocido, a lo largo de todo lo ancho de
nuestro Estado, en sus correspondientes audiencias provinciales y
tribunales superiores de justicia y otros organismos, cumplen con su
obligación. Sin embargo, ese esfuerzo denodado de nuestros fiscales de a
pie --entiéndase la expresión coloquial-- no ha podido paliar la imagen
que la Fiscalía General del Estado lleva arrastrando desde hace bastante
tiempo. Pienso que el día que se asomen los historiadores amantes de las
instituciones a contemplar cuáles fueron las que nacieron con nuestra
democracia allá por el año de 1977, y hagan un repaso de ellas, es
evidente que el balance no va a ser nada positivo. La prueba es que
cuando se le pregunta a los ciudadanos qué opinan de la mayoría de ellas,
muy poquitas alcanzan el aprobado, empezando por el Tribunal
Constitucional, pasando por el Tribunal de Cuentas, el Consejo General
del Poder Judicial o el Defensor del Pueblo, y cuando llega el momento de
ver en ese triste balance quién alcanza el rango de menor credibilidad o
de mayor crítica, a la cabeza se sitúa ni más ni menos que el Fiscal
General del Estado.
No quiero hacer aquí un relato, que en alguna medida podría pensarse que
tendría algo de masoquista, pero lo creo indispensable para que mis
afirmaciones no parezcan carentes de base. Aquí, señora Ministra de
Justicia, y en lo que se refiere al Fiscal General del Estado, yo creo
que poquito nos falta ya por ensayar. Desde el Fiscal General del Estado,
que tiene que acabar dimitiendo porque desde el Gobierno se le dan unas
instrucciones muy radicales para la persecución del asunto de Banca
Catalana, y cuando los políticos se ponen de acuerdo inmediatamente se le
dice que haga todo lo contrario, lo que le conduce lógicamente a la
esquizofrenia, pasando por ese otro Fiscal General del Estado que cuando
llega el momento de presentar la Memoria ante el Tribunal Supremo, el
Ministerio de Justicia le requiere para que le enseñe el discurso --debe
ser en una prueba de respeto e independencia-- y, como lógicamente no
quiere enseñárselo, incurre en las iras del titular del Ministerio. Quizá
no se lo enseñó porque tenía una cierta proclividad a guardarse papeles,
porque luego se descubrió que, entre otras cosas, no le había querido dar
ninguna publicidad al informe del fiscal Navajas. A lo mejor resulta que
tenía un sentido ahorrador de lo que significa la documentación, y a eso
obedecía su comportamiento.
Ha habido otros fiscales, asunto que viene muy bien recordar en estos
días en que se discute acerca de cuál pueda ser la motivación por la que
un fiscal pueda llevar adelante o no una determinada querella en base a
una denuncia anónima o no, que llegaron incluso a interponer una querella
por un editorial del periódico ABC o, lo que es todavía más chistoso --y
perdonen la expresión--, por un chiste del periódico Ya, porque aquí ha
habido de todo. Para acabar con este rosario de absolutas incongruencias
y disparates que se están produciendo con respecto al Fiscal General del
Estado, hemos llegado a un Fiscal General del Estado ilegalmente elegido
y que luego, además, llevaba adelante su muy particular sentido de la
rehabilitación del delincuente, procurando entrevistarse a escondidas en
el despacho del abogado con el señor Amedo, quizá para ver si con ello
iba por buen camino.
Es evidente que hubo fiscales generales del estado cuya primera circular
o instrucción nada más llegar al poder fue, porque debía ser el tema más
importante que había en el país, pedir una absoluta radicalización de
posiciones en Fiscalía para acabar con los insumisos, pero luego
permanecía como los tres monitos (ciego, mudo y sordo) ante la corrupción
que estaba apestando por todo el país y no movía un solo dedo.
El último de nuestros fiscales generales del Estado o, por no decir el
último, el penúltimo, porque parece ser que ha habido un nombramiento de
Fiscal General del Estado en estos días, del que yo tengo un buen
recuerdo, ha acabado cayendo en el cepo de las intrigas de una
institución de la que nunca se habla, porque siempre es preferible hablar
de la politización del Consejo General del Poder Judicial y atribuir,
lógicamente, por el tema de la cuotificación determinadas maniobras en su
seno, y el Consejo Fiscal escapa a esta clase
de juicios. Pero yo creo que sería bueno que algún día se le dedicara un
buen apartado para saber qué pasa con esa institución y cómo ella está
cumpliendo ni más ni menos con los objetivos que debía con arreglo al
estatuto.
Al final, señora Ministra, usted ha nombrado o ha propuesto un Fiscal
General del Estado que ha suscitado una enorme cantidad de reacciones en
su nombramiento. Lo que me hubiera extrañado es que usted nombrara un
troskista. El que usted haya nombrado al señor Cardenal sinceramente no
me ha producido ninguna sorpresa. Lo que me la ha producido son las
reacciones. Me ha producido mucha sorpresa que en el Consejo General del
Poder Judicial haya habido una unanimidad entre todos, que pone de
manifiesto una sensibilidad, que yo valoro y aprecio, ante el tema de la
interrupción del embarazo, el divorcio, las uniones de hecho o las
uniones de deshecho y alguna otra clase de peculiaridades, sobre todo en
algunos que precisamente han tenido tiempo de sobra para mostrar su
progresismo en asuntos tan importantes como el GAL y los fondos
reservados y, sin embargo, han estado absolutamente silentes. Debe ser
que la progresía en algunos se reduce sólo a determinados temas de moral,
pero cuando llega el momento de los caudales públicos y de los crímenes
de Estado esa progresía desaparece.
En todo caso, desde esta tribuna ya le digo que le deseo al señor
Cardenal que pueda llevar adelante su cometido. Para que lo haga, hace
falta que no haya alguno que tenga voluntad de convertirlo sencillamente
en su monaguillo. Eso sería lo más importante y que haya un cierto
respeto a la institución.
Si yo le he hecho, señora Ministro de Justicia, este relato de
determinadas vicisitudes, ha sido porque cabe preguntarse, ante la imagen
que tiene la Fiscalía General del Estado, si después de tantos y tantos
disparates el problema está en la débil naturaleza humana o en otro
sitio. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.) Yo parto de la base de que la naturaleza humana es débil y
proclive, en muchos casos, a ser sensible frente al poder y a lo mejor no
tiene suficiente firmeza. Pero creo sinceramente que sería injusto
achacar a esta mala imagen de la Fiscalía General del Estado la causa de
lo que hayan sido las calidades personales de alguno de sus titulares.
Creo que hay algo más importante, y es la propia institución, la
configuración de la propia institución.
Habría que decir, como un día manifestaba nuestro recordado escritor Pío
Baroja cuando le acusaban de anticlerical, que él no era, porque no se
metía con la Iglesia, sino que iba al dogma, que era lo que le
preocupaba. Habría que ir al concepto; qué concepto de ministerio público
tenemos. El concepto de ministerio público que tenemos es absolutamente
bretoniano --me refiero a André Breton; si usted quiere, también en la
misma corriente surrealista, podemos hablar de Apollinaire--, porque es
una ficción que se pueda afirmar, ni más ni menos, que el estatuto del
ministerio público se incardina con autonomía en el Poder Judicial. La
Constitución no decía nada de eso. La Constitución quiso, sigue
queriendo, un modelo de fiscal --valga la expresión-- constitucional,
como una institución constitucional; un modelo de fiscal que
efectivamente no sea instrumento del Gobierno, sino que sea instrumento
del Estado: Fiscal General del Estado. Evidentemente, muchas de las cosas
que han ocurrido han llevado a que, con cierta exactitud, se les pueda
calificar a algunos más de abogados particulares del Gobierno que de
fiscales generales del Estado. Pero la Constitución lo que quiere es eso.
El artículo 124 quiere hablar de una institución absolutamente
constitucional. Después, llegado el momento de redactar el estatuto del
ministerio fiscal --por esa razón lógica que ocurre en los fiscales de
que como entran por la misma oposición pueden, al final, elegir un cuerpo
u otro y tienen una cierta necesidad de sentirse como jueces--,
incluyeron en el correspondiente artículo 2.º esa perla de que el
ministerio fiscal, integrado con autonomía funcional en el Poder
Judicial..., lo que es una auténtica aberración, porque no se puede ser
juez y parte. Y si el Poder Judicial...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castellano,
le ruego vaya concluyendo.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Voy a ir procurándolo. Lo que no sé es
si lo voy a conseguir, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Estoy seguro que
sí, señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: No le quiero engañar, pero voy a ir
procurándolo. (Risas.)
En todo caso, lo que es cierto es que ese modelo --y procuro acabar-- de
fiscal judicializado es una pura ficción, no existe, no ha existido
nunca. Aquí lo que existe es un modelo muy serio de fiscal gubernativo,
de fiscal, pura y sencillamente, que es propuesto por el Gobierno y que
depende del Gobierno. El Gobierno lo nombra, el Gobierno lo cesa, y no
sólo a él sino a los cargos más importantes de toda la fiscalía; son
nombramientos del Gobierno. Y por mucho que diga --en una frase
absolutamente eufemística-- que el Gobierno podrá no ordenar sino sugerir
determinadas actuaciones, la realidad es que el fiscal está convertido en
un apéndice del Poder Ejecutivo.
Contra esto llevan levantando la voz todas las asociaciones de los
fiscales, absolutamente todas. Entre otras cosas, llevan levantando la
voz hasta contra la falta de autonomía presupuestaria, porque es evidente
que sin autonomía presupuestaria, basta que se les prive de determinados
medios, se priva al fiscal de poder
cumplir determinados fines. Y, sobre todo, llevan levantando la voz
frente a una posible política de traslados, cuando realmente el fiscal,
si queremos que sea el fiscal constitucional que todos deseamos, debía
gozar, exactamente igual que el juez, de una cierta garantía de
inamovilidad, porque resulta harto sospechoso ese cambio de fiscales
cuando determinados asuntos no le resultan gratos al poder, para que sea
otro el que pueda acabar diciendo sí a la petición de libertad de alguien
que, ni más ni menos, está sometido a un proceso por torturas.
¿Qué se trata con esta interpelación, señora Ministra? Con esta
interpelación se trata, pura y sencillamente, de que pongamos de una vez
encima de la mesa un debate sobre el modelo de ministerio público porque,
el que hay, está comprobado que no funciona. Y no funciona no por la
debilidad de la naturaleza humana; no funciona porque está mal concebido
y porque los sucesivos gobiernos --y en ese sentido no tienen ustedes
nada que echarse en cara, absolutamente nada-- han utilizado al Fiscal
General del Estado en un proceso, repito, de --podíamos llamar--
guiñolesca utilización, de modo tal que va en perjuicio de su propia
figura. El último ejemplo lo tenemos en una mal llamada politización, que
ha llegado hasta el extremo de que haya habido cuatro expedientes a
fiscales que no se tienen de pie, porque si los criterios con los que se
han abierto esos expedientes a esos fiscales se aplican a todas las
fiscalías de este país, las cerramos. Rara es la fiscalía o raro es el
juzgado en que un juez no permite asomarse a los asuntos a los alumnos a
los que está preparando para las oposiciones a judicatura, sin desvelar
el secreto del sumario, y rara es, evidentemente, la situación en que, a
lo mejor, algún fiscal no se pueda extralimitar en algunas expresiones en
un escrito, como se extralimitan los abogados. Ahora bien, que una cierta
extralimitación en el lenguaje acerca de los jueces o acerca de la parte
pueda llevar ni más ni menos que aparejado el traslado forzoso, significa
que está empezando a considerarse como falta reglamentaria a lo mejor la
falta de educación, y por ahí no iban los tiros. Parece ser que las
faltas graves estaban contempladas para otra clase de supuestos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castellano,
le ruego concluya.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Ya acabo, señor Presidente.
Se trata --repito-- de iniciar un debate, y ese debate tiene que pasar
por un modelo de fiscal. Y si es necesario reformar la Constitución, hay
que atreverse a hacerlo. La Constitución está exigiendo ya a gritos,
desde que fue aprobada, bastantes reformas porque tiene incongruencias y
contradicciones bastante serias, entre otras, por ejemplo, a lo mejor las
del Título VIII, que no son mancas, y no tenemos a lo mejor por qué estar
absolutamente asustados de que aquí se invoque la reforma de la
Constitución. Pero cuando se invoca ni más ni menos que es para devolver
el carácter constitucional a una institución tan importante como el
ministerio público (nosotros no somos partidarios de la ficción del
fiscal judicializado, pero menos vamos a ser partidarios del fiscal
gubernativo, al que incluso en determinada legislación posterior se le
están dando hasta facultades instructoras), eso es ya, sinceramente,
rizar el rizo.
Lo que queremos en esta interpelación, señora Ministra, es que entre
dentro de las previsiones de su Ministerio, aunque no figurara en su
programa electoral, no por bien del Partido Popular ni por azares de la
discusión política, sino por necesidades de nuestro Estado de Derecho,
del que todos los días tanto se habla, el que nos podamos dotar de un
ministerio público que, al no depender del Poder Ejecutivo, además de ser
imparcial, sea absolutamente independiente.
Se suele decir que el fiscal no tiene por qué ser independiente. Ya hemos
visto las conclusiones a las que nos ha llevado la teoría de los fiscales
dependientes y de los fiscales serviles. Yo creo que vale la pena hacer
un esfuerzo serio por construir un modelo de fiscalía, tras la
experiencia que tenemos, sin ninguna agresividad, que nos permita
dotarnos de un Fiscal General del Estado que, cuando su nombre se
invoque, no merezca --como ya se me ha acabado el tiempo no se lo puedo
leer a usted-- las críticas que las propias asociaciones hacen de lo que
es el concepto de la fiscalía y de su credibilidad en sus diferentes
congresos. A lo mejor en la réplica tengo algo de tiempo para poder con
ellas no ilustrar a S. S., que estoy convencido que las conoce, pero
simplemente ayudarle a que lo recuerde.
Este es el contenido de esta interpelación para que, por encima de toda
situación partidista, porque el tema está por encima de situaciones
partidistas, de verdad por lo menos la Fiscalía General del Estado
recupere la credibilidad de la que hoy, por unas o por otras razones
lamentables, carece en absoluto y de la que debe ser dotado si queremos
que esto parezca mínimamente un Estado de Derecho.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora
Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
Presidente, señorías, señor Castellano, su compañera señora Almeida me
hizo la prevención ayer, antes de iniciar la Comisión, de que estaba
usted atendiendo otras cuestiones y que por eso no se encontraba
presente. Créame que lo sentí porque escucharle es siempre un placer para
mí, pero sabía que tenía usted que cumplir otro deber, y por ello no ha
tenido por qué pedirme ningún tipo de disculpa.
Su señoría ha hecho una reflexión en la interpelación escrita en la que
habla de una serie de medidas legislativas tendentes a garantizar el
modelo constitucional del ministerio fiscal, y yo tengo que decir a S. S.
que en este momento, al menos desde mayo de 1996, no puedo compartir que
el Fiscal General no esté cumpliendo con sus funciones constitucionales;
digo desde mayo de 1996. De etapas anteriores, ni respondo ni es objeto
mío el comentarlo.
Decir que hacen falta modificaciones legales sería, en opinión de esta
Ministra, echar encima de los distintos fiscales el que no cumplen la
Constitución. Creo que el ministerio fiscal, en su conjunto, no se
merece, como S. S. ha reconocido, que se eche encima de ellos esta seria
advertencia de parcialidad y de falta del principio de legalidad. Hay
decisiones que unos pueden compartir más o menos, porque, como S. S.
sabe, en Derecho, afortunadamente, todo es opinable; pero, en opinión de
esta Ministra y en opinión del Gobierno, este Fiscal General, que ejerce
sus funciones desde mayo de 1996, tiene a su disposición todos los
argumentos legales para poder desarrollar su función con todo respeto a
los principios constitucionales.
Del texto escrito de su interpelación tampoco puedo compartir que deban
promoverse medidas para garantizar la independencia respecto del
Ejecutivo y del resto de los poderes públicos, y ello por dos cuestiones.
Porque en opinión de este Gobierno, en opinión de la Ministra, el
ministerio fiscal no depende de las Cortes ni del Consejo General del
Poder Judicial, y eso viene recogido en el artículo 10 del estatuto.
Existe, claro es, un deber de colaboración, de comparecencia y de
información, pero eso no es un deber de dependencia o una dependencia en
sí misma.
Por otra parte, con respecto al Gobierno, en el día de ayer tuve ocasión
de decir en la Comisión correspondiente que el Gobierno defiende la
autonomía del ministerio fiscal en los límites del estatuto orgánico.
Esto significa que el Gobierno tiene una serie de atribuciones de los
órganos propios del ministerio fiscal. Su señoría ha criticado la
existencia de una serie de decisiones no compartidas respecto a episodios
muy concretos y muy recientes, queriendo extrapolar el modelo de fiscal a
la existencia de esas cuestiones concretas. Pero lo cierto es que S. S.
ha venido a achacar, como resultado de la política del Gobierno, el que
se hayan efectuado una serie de inspecciones y expedientes a determinados
fiscales. Su señoría conoce el estatuto orgánico del ministerio fiscal, y
lo que ocurre es que por primera vez se está cumpliendo escrupulosamente
y por primera vez el Fiscal General, en un momento dado, propone al
Gobierno, a través de la Ministra de Justicia, la remoción de un fiscal
jefe, dando una serie de razones objetivas. Es la primera vez que ocurre
y el Gobierno puede tomar dos decisiones: bien aceptarla o bien
rechazarla, pero es lo único que cabe hacer. No cabe que el Gobierno
indique o deje de indicar al Fiscal General ni al Consejo Fiscal qué es
lo que debe hacer con ese fiscal jefe.
El Fiscal General, en uso de sus atribuciones y por la competencia que le
otorga el estatuto orgánico del ministerio fiscal, decide ordenar una
inspección, y de esa inspección nacen seis expedientes, pero ni la
Ministra de Justicia ni el Gobierno pueden ni deben indicar al Fiscal
General si tiene o no que ordenar que se practique una inspección y mucho
menos dar indicación alguna al señor Martínez Zato acerca de cómo debe
practicar esa inspección. El Gobierno, si quiere de verdad cumplir con la
ley y con el estatuto, lo único que puede hacer es esperar a que finalice
el resultado de esa inspección, esperar a que se reúna el Consejo Fiscal,
a que el Fiscal General escuche y atienda las propuestas del Consejo
Fiscal y, en su caso, resolver si es que es elevada alguna propuesta. Lo
que ha ocurrido hasta ahora es que el Fiscal General eleva la propuesta
de traslado de una funcionario del ministerio fiscal, de conformidad con
el artículo 41, y la Ministra de Justicia --porque en este caso le
corresponde a la Ministra de Justicia-- ha decidido que existían razones
legales para acordar el traslado, de conformidad con la propuesta del
Fiscal General. En la mesa de la Ministra de Justicia se encuentran en
este momento cuatro expedientes disciplinarios porque los fiscales
sancionados han interpuesto recurso, en aplicación exclusiva del estatuto
orgánico del ministerio fiscal.
Si la Ministra de Justicia, si el Gobierno hubieran incidido de alguna
forma en la conducta del Consejo Fiscal o del Fiscal General, otra cosa
hubiera ocurrido quizá. Pero este Gobierno sí cree en la independencia y
en la autonomía del ministerio fiscal. Por eso ahora se están echando las
manos a la cabeza con respecto a si es necesario modificar el estatuto.
Señoría, el estatuto es el que es. En el año 1981 el estatuto lo que
recogió fue un consenso mayoritario de toda la Cámara para dotar de
cobertura constitucional a la figura del ministerio fiscal. Desde el año
1981 hasta ahora por primera vez se está aplicando escrupulosamente, y es
cuando parece que al Gobierno se le reprocha que no actúe.
En la Comisión de Justicia se me reprochaba ayer que no había nada.
Señorías, ¿cómo voy a hacerlo? Sería ir contra la ley. Lo que pasa es que
aquí nos hemos acostumbrado a que el Gobierno es el que tiene que decir a
los fiscales lo que deben hacer. Es todo lo contrario, el Gobierno lo que
tiene que hacer es respetar escrupulosamente el principio establecido en
el estatuto y en la Constitución. El Gobierno, cuando quiere que el
fiscal efectúe alguna actuación, tiene que interesarla por escrito. Y
este Gobierno lo ha hecho en una ocasión, el 14 de diciembre, por una
cuestión de amanezas de HB ante la familia de un secuestrado.
Ni una sola de las intervenciones que se produjeron en la Comisión de
Justicia, celebrada ayer, reflejó en qué había incumplido yo o qué
injerencia había cometido
la Ministra de Justicia o el Gobierno en la autonomía del ministerio
fiscal. Me acusaban de inacción, es decir, me acusaban de lo que había
estado practicándose hasta ese momento, pero este Gobierno, señoría, es
absolutamente respetuoso y se cree la autonomía del Fiscal General.
Si S. S. entiende que es momento de abrir un debate constitucional, en el
que se llegó al mayor consenso, y que es momento para reabrir lo que
supuso en el año 1981 la figura del Fiscal General, es muy libre de
hacerlo. Si tenemos puntos en los que podemos llegar a acuerdos respecto
a la modificación del estatuto orgánico del ministerio fiscal, respecto a
atribuciones de ese denominado órgano asesor --que al final, como S. S.
ha dicho, no es solamente un órgano asesor, sino que habría que hablar
alguna vez de la politización de ese órgano asesor del Fiscal General--,
y S. S. cree que debiéramos llegar a plantearnos que el Fiscal General
debe ser nombrado y cesado con arreglo a otros requisitos, o cree que
deberíamos pensar sobre cuáles son las atribuciones, en vía
administrativa, del titular de Justicia en régimen disciplinario, estimo
que sería el momento para hacerlo.
Sin embargo, reabrir el debate sobre la designación del Fiscal General,
que no parta del modelo constitucionalmente establecido en el artículo
124, creo que sería hacer un mal servicio a la ciudadanía y, en
definitiva, se pondría todavía más en entredicho una figura esencial para
la Administración de justicia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Ministra.
Señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Gracias, señor Presidente.
Bueno estaría que la señora Ministra reconociera, ni siquiera de la forma
más indirecta posible, que el fiscal forma parte del Poder Ejecutivo y
cumple sus instrucciones. Es lógico, y eso que usted ha puesto de
manifiesto se ha oído rigurosamente a todos y cada uno de los Ministros
de Justicia que ha habido desde la llamada «modélica» transición. Por
cierto, ruego a las señoras y señores taquífragos y estenotipistas que
cuando digo «modélica» transicción lo pongan entre comillas, porque será
modélica para unos, pero para mí no.
En consecuencia, sería curioso que usted lo admitiera. Es verdad que en
Derecho todo es opinable, pero hay cosas que no son opinables, hay cosas
que son hechos que están ahí, y hechos que luego se ponen de manifiesto.
Aquí mismo, por ejemplo, tengo el informe que en su día le costó el cese
ni más ni menos que a don Leopoldo Torres, por cierto un informe bastante
bien hecho y en el que dice de forma muy seria, muy seria no respecto a
ese momento sino respecto a la estructura del propio ministerio fiscal,
los condicionamientos que tiene, y los tiene por su propia legislación.
Es verdad que a lo mejor la letra, si nos quedamos a pie de letra, puede
tener muchas interpretaciones, pero hay quien siempre coge aquella que le
favorece, y es un hecho cierto que esa letra está permitiendo que haya
una permanente injerencia en los nombramientos y no podamos hablar de que
el ministerio público sea un ministerio público que merezca tal nombre;
estamos hablando --repito--, de un apéndice del Gobierno. En todo caso yo
acepto su ofrecimiento en cuanto usted piense que a lo mejor no es el
momento de abrir determinado debate constitucional. Pudo haber consenso;
yo estoy absolutamente convencido de que el consenso constitucional si
hubiera que recabarlo de nuevo a la luz de cómo se está interpretando y
aplicando la Constitución en este país no sería el mismo, porque a la
Constitución se la está vaciando sistemáticamente de contenido
institución por institución y, por tanto, a lo mejor algunos no
estaríamos por ese consenso constitucional, y a lo mejor hoy tampoco
estaríamos por el consenso en ese estatuto del ministerio fiscal. Si
usted ahora dice que ese estatuto del ministerio fiscal puede ser
perfeccionable, yo le voy a hacer algunas sugerencias, y a lo mejor en
esa línea va la moción de la semana que viene. Usted ha admitido la
necesidad de reformar el estatuto. Si están ustedes aplicando tan
escrupulosamente el estatuto ¿qué empece el que, sin reformar la
Constitución, se pueda decir pura y sencillamente que el Fiscal General
del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, obtenida
la confianza del Parlamento? No vulnera la Constitución y creo que a
nadie le podría sobrar en alguna medida que pasara por aquí el Fiscal
General del Estado, fuera objeto --entre comillas-- de una exploración
que pusiera de manifiesto cuáles son sus calidades. Sabe usted que éste
es un empecinamiento que tenemos precisamente desde determinados bancos a
los que siempre se nos acusa de ser muy poco parlamentarios, y es
procurar recabar la mayor intervención del Parlamento, tanto en esto como
en el Consejo del Poder Judicial, que también nos hubiera gustado que en
la última forma de elección hubieran pasado por aquí los vocales y
hubiéramos ido conociendo su biografía. Yo estoy convencido de que si los
vocales del Consejo General del Poder Judicial hubieran pasado por la
Comisión de Justicia y sido objeto de cierta exploración, el señor
Pascual Estevill nos habría dado muchísimos menos disgustos de los que
nos ha dado. En eso estoy seguro, absolutamente seguro; podría poner la
mano en el fuego. Esa puede ser una sugerencia.
¿Por qué no podemos, lógicamente, añadir en el estatuto del ministerio
fiscal una cláusula profesional, la cláusula profesional del derecho del
fiscal a mantener lo que es profesionalmente su criterio y no a que le
fije su criterio el jefe y, en el supuesto de que no coincida, sea objeto
de relevo? ¿Por qué no podemos mantener
cierta garantía de inamovilidad? ¿Por qué no podemos tener un período
fijo de nombramiento para que no pueda estar al albur de si obedece o no
obedece determinadas instrucciones? Y ¿por qué no, también, podemos
sustituir ese acto absolutamente retórico y que no sirve para nada, que
usted lo sabe, señora Ministra, que lo vamos a volver a repetir el
próximo mes de septiembre en la apertura de tribunales que se lee una
Memoria que ni se lee, se entrega un libro muy encuadernado y allí no se
discute nada? A lo mejor, sería muy bueno que la Memoria del ministerio
fiscal viniera a esta Cámara, a la Comisión de Justicia y aquí se
discutiera esa Memoria del ministerio fiscal.
Son pequeñas sugerencias que le hago pero en modo alguno significan que
me aparte de ninguno de mis anteriores presupuestos. En todo caso no me
resisto a leerle a usted unas conclusiones que no son de Izquierda Unida,
son ni más ni menos que de una de las asociaciones de fiscales, en las
que dice textualmente que parece bueno iniciar una reflexión sobre hasta
qué punto la forma constitucional de designación del Fiscal General del
Estado no es en buena medida la raíz del problema. Es cierto que en el
año 1978 era difícil pensar en ir más allá de donde fue el constituyente;
pero si aquella Constitución se fraguó sobre el equilibrio de poderes y
basado en el consenso, roto el consenso difícilmente puede mantenerse esa
situación de equilibrio si no es a costa de la propia imagen, y a lo
mejor parece que una designación parlamentaria fuera mucho más acorde con
el espíritu de la propia Constitución.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
cuando defiende este modelo de fiscal, hacia el que vamos a seguir
trabajando aunque de momento no obtengamos grandes frutos, no lo hacemos
porque sea una elucubración caprichosa por nuestra parte sino que somos,
en alguna medida, portavoces del sentir generalizado de quienes sufren
todos los días las vicisitudes de un trabajo y saben todos los días, por
encima de la letra, cuáles son las injerencias, cuáles son las
instrucciones, cuáles son, por qué no, los temores o peligros que se
pueden llegar a correr si hay un fiscal que se mantiene de forma seria en
el cumplimiento de su deber. Fíjese usted si se correrá peligro que,
hasta por el hecho simple de cumplir sus obligaciones, hay fiscales que
en esta época han merecido el calificativo de indomables, que debería ser
un halago, pero resulta que se ha vertido sobre ellos con intento de
descalificación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
Presidente, señoría, en la comparecencia que efectué el 20 de junio del
año pasado ante la Comisión de Justicia, ya hablé ante SS. SS. de que,
siendo voluntad decidida de este Gobierno potenciar la autonomía del
ministerio fiscal, si hacía falta algún retoque en el estatuto orgánico,
este Gobierno, si contaba con apoyo suficiente y necesario, era
partidario de efectuarlo. Sin embargo, potenciar la autonomía del
ministerio fiscal, en opinión de la Ministra que habla, no consiste en
destruir el principio de jerarquía, señoría, porque está en el artículo
124; no consiste en suprimir el principio de que los fiscales no son una
magistratura postulante, porque no lo son, señoría, hace ya tiempo que
dejaron de ser oposiciones únicas, son oposiciones distintas. Su señoría
se quejaba antes de que, en una cuestión extraña, por creerse casi
jueces, habían incluido en el estatuto orgánico que estaban dentro del
Poder Judicial.
Señorías, hagamos un ministerio fiscal que se corresponda con la función
del ministerio fiscal, que es la de parte en el procedimiento, no
tendamos a equipararlo a lo que es el Poder Judicial porque en la
confusión de funciones se terminan confundiendo los principios y, al
final, los fines salen como salen.
Evidentemente, señoría, me reservo a conocer el texto escrito y las
cuestiones concretas de la moción que, sin duda, seguirá a esta
interpelación, pero sepa S. S. que este Gobierno está mucho más cerca de
la idea de autonomía del ministerio fiscal de lo que anteriores gobiernos
podían decirle cuando usted subía a esta tribuna a solicitar una
modificación del estatuto.
Muchas gracias, señoría, muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Ministra.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
a señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Unicamente para mostrar la satisfacción con que mi grupo ha asistido a la
brillante interpelación, como siempre, del señor Castellano, con cuyo
contenido coincidimos pues ha apuntado aspectos que están incluidos en el
programa electoral del partido al que represento.
La mayor incidencia de la intervención parlamentaria, tanto en la fase de
nombramiento como en el posterior desenvolvimiento de la actividad del
ministerio fiscal, es una querencia de mi grupo, que creemos no lleva
necesariamente aparejada la necesidad de modificación del precepto
constitucional, el artículo 124, sino que, como ha indicado la señora
Ministra, podría ser objeto de encaje con la mera modificación del
estatuto orgánico del ministerio fiscal. Insisto, la profundización de
los aspectos de intervención parlamentaria nos parece fundamental, sobre
todo para garantizar
que efectivamente el ministerio público cumpla las funciones que la
Constitución le encomienda: la promoción de la acción de la justicia en
defensa de la legalidad y en defensa de los ciudadanos, que creemos es
prioritaria a la figura del fiscal entendido como ejecutor de la política
criminal del Gobierno. Creemos que para ello no es obstáculo el principio
de jerarquía y tiempo habrá, si el debate se abre, para que puedan ser
analizados estos aspectos.
Esperamos al contenido de la moción, que será consecuencia de esta
interpelación, pero desde ahora adelantamos nuestro interés como grupo
para participar en este debate que hoy ha abierto el señor Castellano.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Para felicitarnos, por un lado y también para felicitar a nuestro ilustre
colega y compañero, don Pablo Castellano, que siempre ilustra a esta
Cámara desde la altura de su experiencia y, por qué no decirlo también,
de su sabiduría, sobre problemas que son tremendamente relevantes.
No es la primera vez que tenemos una interpelación sobre el ministerio
fiscal, ni tampoco es la primera vez que se formulan preguntas, y la
Comisión de Justicia se ha tenido que pronunciar reiteradamente sobre los
múltiples problemas que afectan a esta institución.
No queremos adelantar acontecimientos, pero sí decir que el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en su programa electoral
plantea una mayor intervención del Parlamento en la designación del
Fiscal General del Estado. En cualquier caso, nosotros definiríamos
nuestra posición acotando un triángulo con tres bisectrices como las de
cualquier triángulo. Por un lado, autonomía del ministerio fiscal. En
segundo lugar, que esta autonomía en ningún caso puede suponer una
irresponsabilidad, y desde este punto de vista quiero decir que las
administraciones independientes nos pueden parecer bien, más que para la
política económica, para la política monetaria, pero, quizá, para la
política criminal no estemos tan de acuerdo en esas administraciones
independientes. En tercer lugar, obviamente el Gobierno debe tener una
importante iniciativa, porque así lo demanda la Constitución, en una
parte tan importante de la política interior como es la política
criminal.
Por tanto, dentro del área descrita en ese triángulo es en la que nos
moveremos. Quedamos obviamente a la espera de la moción, o de las
mociones que en su caso se presenten, e intentaremos generar el consenso
suficiente para que la institución del ministerio fiscal y su actuación
deje de convertirse en un elemento tan importante de controversia.
Querríamos decir una cosa: es importante la legitimidad o legitimación
por el origen en la designación, y ahí la participación del Parlamento es
importante, pero no podemos olvidar que fundamentalmente la legitimidad y
legitimación le vendrá a la institución por el cumplimiento de los
principios a los que debe estar sometida. Por tanto, lo importante es ver
cómo se sujeta a los principios de imparcialidad, a los principios de
legalidad, de unidad y de jerarquía.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LOPEZ: Señor Presidente, señora Ministra, como usted
sabe, mi grupo parlamentario ha tenido ocasión de manera reiterada de
mostrarle su posición acerca del modelo de estatuto del ministerio
fiscal, del Fiscal General del Estado y ponerle de manifiesto en más de
una ocasión --ayer mismo en la Comisión de Justicia e Interior-- los
serios reproches que para mi grupo supone la actuación del Ministerio de
Justicia y concretamente del Gobierno, con referencia a determinadas
actuaciones que se han realizado, que no parecen claramente coyunturales,
sino más bien estructurales, respecto a determinados problemas de la
Audiencia Nacional y concretamente de su fiscalía.
No voy a reiterar lo que ayer dijo el portavoz de mi grupo, señora
Ministra, ni tampoco lo que fue objeto de interpelación desde esta
tribuna por parte del Grupo Parlamentario Socialista hace apenas dos
meses, creo que fue el 13 de marzo de este mismo año. Por tanto
reiterándome en lo que ha dicho mi propio grupo en una fijación de
posiciones que debe ser obligadamente breve, incluso por delicadeza con
quien es titular hoy de la interpelación, quisiera llevar a su ánimo,
señora Ministra, algunas reflexiones cortas.
Ha insistido S. S. y la he escuchado con mucha atención, en que por
primera vez su Ministerio, por tanto este Gobierno, muestra una
sensibilidad especial acerca de la autonomía o independencia, a veces
usted da la impresión que confunde los conceptos, con referencia al
ministerio fiscal. Me permito decirle, sin entrar en el debate, que
también por primera vez, señora Ministra, se producen hechos
auténticamente insólitos. Lo que usted considera una aplicación correcta,
que estoy seguro que puede serlo, del artículo 41 del estatuto del
ministerio fiscal, y que dio lugar al cese del Fiscal Jefe de la
Audiencia Nacional, señor Aranda, es, quiero que usted lo sepa, no sólo
un hecho insólito sino la primera vez que se produce en democracia. Ni
siquiera el Gobierno de UCD, tampoco el Gobierno del
Partido Socialista, tuvo a bien, porque entendía que casaba mal
precisamente con esa independencia que usted y todos proclamamos, el
cese, con carácter político y en aplicación del artículo 41, del fiscal
jefe de una Audiencia.
Por tanto, señora Ministra, sí parece que precisamos todos en esta Cámara
de un debate serio para que sepamos bien los conceptos que amparan la
independencia o la autonomía --más la autonomía que la independencia--, y
por qué caminos deberíamos entrar para que ese modelo tenga una nueva
configuración o una nueva concreción de lo que dispuso en su momento la
Constitución.
Una política criminal, como bien sabe S. S., que depende exclusivamente
del Gobierno y que usted ejecuta, precisa también de una mínima
excitación, una instrumentalización si no excitación del ministerio
fiscal que debe hacer valer esa política criminal mediante la acción
judicial correspondiente.
Hay distintos modelos en esta Cámara; no es éste el primer debate, aunque
sí es la primera vez que se hacen debates del modelo fiscal, dos apenas
en un mes (debía usted, señora Ministra, reflexionar sobre ello), tanto
en el Pleno de esta Cámara como en Comisión. De estos debates se deduce
que hay al menos tres posturas, ninguna de ellas dogmática, todas
aceptables en lo que puede ser la concreción o interpretación que hacen
los legisladores, también incluso los teóricos, acerca no sólo de las
competencias sino de la dependencia (dependencia en el sentido, si me
permite, más metafísico de la palabra) del ministerio fiscal. Una que lo
enclava, como bien sabe, en terreno estrictamente judicial. Nos ha
advertido usted que esa no es su tesis; quiero recordarle que lo fue al
menos en esta Cámara por parte de alguno de sus portavoces. Nos alegra
que haya variado su tesis, pero fue tesis mantenida por alguno de sus
portavoces no hace mucho tiempo en esta Cámara. Otra tiene un encuadre
parlamentario, del que ha dado unas buenas razones el señor Diputado don
Pablo Castellano; y otra que, sin ser órgano administrativo, porque eso
llevaría al absurdo --el ministerio fiscal del Ejecutivo--, sí tiene una
dependencia, consecuencia del nombramiento y consecuencia de la política
criminal del propio Ejecutivo.
Usted sabe más o menos cual es nuestra posición, en todo caso abierta a
cualquier reflexión, pero además hemos intentado impulsar en otro pilar
importante a nuestro entender dentro del ministerio fiscal, y que debería
llevar por lo menos a cierto debate sosegado sobre el mismo. Piense ahora
que no estoy hablando ni recusándole acerca de temas estrictamente
coyunturales. Por ejemplo, el Gobierno socialista no hace mucho, hace año
y medio aproximadamente, aprobó la Ley del Jurado donde se abre un
camino, como usted sabe, para dar al fiscal capacidad de órgano
instructor en materia penal y en el proceso correspondiente. Por tanto,
se ha abierto un camino, en el que puede estarse o no de acuerdo, en el
que desde luego lo están (en eso estoy absolutamente en sintonía con el
señor Castellano) creo la mayoría o todas las asociaciones de fiscales, y
es dejar, por ejemplo, el posible camino de la instrucción en manos del
ministerio fiscal, al margen incluso de la dependencia que, en todo caso,
usted sabe cuál es nuestra tesis.
Ese es un motivo de reflexión, y debe ser un motivo de debate tranquilo y
sosegado que a nadie debe hacernos perder los modos ni las formas, pero
es un debate que ya hemos solicitado en el Parlamento muchos
parlamentarios (se lo solicitó hace apenas dos meses la señora De la
Vega, no obtuvo consecuencia brillante de aquella solicitud), y permite,
además, abrir otra espita que me parece fundamental, y es dar solución...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Barrero, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor BARRERO LOPEZ: Termino inmediatamente, señor Presidente.
Así se da solución también a un pequeño pero viejo problema que tenemos
en este Parlamento, y es dar cobertura legal a las competencias reales de
la Policía judicial. Me consta, o al menos usted así lo ha expresado en
esta Cámara, que hay cierta contradicción en el modelo que usted
mantiene, en cuanto a la Policía judicial, y el modelo que mantiene el
Ministerio del Interior de su propio Gobierno. Sospecho que esa
contradicción irá poco a poco paliándose, pero no sería malo empezar a
hablar, al menos en términos de reflexión, de una Policía judicial que,
consecuente con la instrucción por parte del ministerio fiscal,
dependiera orgánicamente de dicho ministerio fiscal.
Por tanto, señora Ministra, permítame decirle que tenemos bastantes temas
que debatir en un clima sereno, cambiando a ser posible de guionista en
el Ministerio de Justicia acerca de las herencias de otros gobiernos, en
un clima --repito-- sereno de debate, intentando canalizar esfuerzos de
todos los grupos parlamentarios por esta vía. Sé que algunas de estas
cuestiones llevan no ya a cambios constitucionales, que creo no son
necesarios, pero sí a determinados cambios legislativos como puede ser el
estatuto del ministerio fiscal, y más concretamente si hablamos de la
instrucción y de la Policía judicial, los cambios que pueden y, a nuestro
entender, deben operarse en el proceso penal.
En ese caso, señora Ministra, si usted atiende las voces de este
Parlamento, que son múltiples, para intentar hacer de verdad
independiente la figura del ministerio fiscal, y que los hechos sean
consecuentes con la teoría, nos tendrá a su lado en este consenso que
nosotros hemos ofrecido hace mucho tiempo, no sólo ahora sino en otras
legislaturas, a lo que nosotros llamábamos pacto por la justicia. Este
puede ser uno de los
caminos para ese pacto por la justicia que a ustedes asusta, y que a
nosotros nos parece debe ser motivo de consenso. Estaremos con nuestro
esfuerzo, señora Ministra, y espero que con su sensibilidad, a la espera
de que el martes, en la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, podamos encontrarnos, con más éxito que en la moción del Grupo
Parlamentario Socialista de hace dos meses, con alguna resolución de
carácter positivo sobre este tan importantísimo tema.
Gracias señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Barrero.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor Presidente.
Recuerdo cómo entre los amantes del cante jondo se suele reconocer en
determinados cantaores el dominio de todos los palos. Aquí en el
Parlamento ocurre igual. Hay algunas personas que tienen capacidad para
bordar cualquiera de las figuras parlamentarias (proposiciones de ley,
proposiciones no de ley, interpelaciones); hay incluso algunos cantaores
que dan un aire tan personal a lo que hacen que casi no encajan en la
figura. Esto es lo que ha pasado hoy, porque yo en este momento tengo mis
dudas de si ha existido una interpelación. ¿Se trata de una interpelación
al Gobierno para echarle en cara, por así decirlo, algo concreto que haya
hecho mal? ¿Se trata quizá de una figura novedosa, que es una
interpelación al Gobierno anterior? Parece que sí, porque aquí se ha
hablado de Banca Catalana, de un fiscal al que pidieron un discurso, de
un fiscal ilegalmente elegido, de un fiscal que recibe delincuentes en su
despacho para hacer no sé qué apaños, de fiscales que en vez de actuar
como Fiscal General del Estado lo hacen como abogados particulares del
Gobierno. Nada de eso es aplicable al Gobierno actual, lo sabe el señor
Castellano, y ha quedado de relieve, por eso no me extraña que el
portavoz socialista haya salido a la tribuna, porque realmente se ha
sentido interpelado.
Hemos asistido a una fórmula parlamentaria novedosa, con un título un
tanto kantiano, si me lo permite el señor Castellano. Hemos asistido
gozosamente, como no podía ser menos, a unos prolegómenos para una
proposición no de ley, disfrazada de moción consecuencia de
interpelación. Esto en alemán queda de miedo, se lo puedo asegurar. El
martes que viene vamos a tener tres, en vez de las dos proposiciones no
de ley habituales, porque ya se nos ha anunciado aquí parte del contenido
de la que se disfrazará de moción. Quiero felicitar al señor Castellano
por su iniciativa, porque gracias a ella hemos disfrutado de esta sesión,
cosa que no hubiera ocurrido de haber presentado una proposición no de
ley, como perfectamente podía haber hecho con ese mismo contenido.
Además, y dicho sea de paso, le ha dado unos recuerdos al Gobierno
anterior que a nosotros no nos vienen mal, o sea que estupendo.
(Rumores.)
La Ministra ya ha dejado claro, con su rigor y precisión habitual, que
ella no ha intervenido en la propuesta de remoción del señor Aranda, pero
se ha olvidado un detalle aquí en el debate, y es que por primera vez, al
menos que yo sepa, un Fiscal General del Estado ha propuesto la remoción
de un fiscal jefe con arreglo al estatuto, y esta Ministra y este
Gobierno han preferido pasar a la historia como la primera Ministra y el
primer Gobierno que apoyan a un Fiscal General del Estado en esa
propuesta, que pasar a la historia como la primera Ministra o el primer
Gobierno que no aceptan, por primera vez en la historia, esa propuesta.
La señora Ministra no ha dado instrucciones al señor Martínez Zato, muy
conocido de alguno de los presentes, sobre cuál debía ser el contenido de
su inspección, y tampoco ella ha dado instrucciones al Consejo Fiscal
sobre las propuestas de sanción ni al entonces Fiscal General sobre las
que iba a aceptar y las que no. Se ha limitado simplemente a aceptar la
propuesta de traslado de una fiscal y ahora, con arreglo a Derecho porque
es algo reglado, tendrá que sustanciar los recursos que se le han
planteado.
Creo que esto nos deja ya emplazados para el martes que viene, donde
nuestro grupo también se mostrará lo más receptivo posible para, dentro
de la Constitución por supuesto (a no ser que la queramos cambiar, cosa
que podemos hacer obviamente, aunque no parece que esté en el ánimo de
ninguno de los presentes), intentar que no solamente dependa del talante
de un Gobierno como éste el respeto a la independencia del Fiscal General
hasta causar asombro y llegar simplemente al límite de dudar si puede ser
verdad algo tan bonito, como parece que ha ocurrido aquí en algún
momento, sino que precisemos más los requisitos y los mecanismos, e
incluso nos planteemos si esa correlación, por ejemplo, de
inspección-Consejo Fiscal-Fiscal General del Estado-Ministerio, que hace
casi estadísticamente imposible que haya una coincidencia, es oportuna o
no lo es y cualquier otra sugerencia que se pueda plantear.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ollero.
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LAS RESPONSABILIDADES
POLITICAS GENERALES EN LAS QUE HA INCURRIDO EL GOBIERNO POR LA FILTRACION
DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS Y LA CREACION DE UN CLIMA DE INSEGURIDAD
JURIDICA PARA LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (Número de expediente 172/000047)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos a la
siguiente interpelación, dentro del punto quinto del orden del día.
Interpelación urgente del Grupo Socialista, sobre las responsabilidades
políticas generales en las que ha incurrido el Gobierno por la filtración
de expedientes tributarios y la creación de un clima de inseguridad
jurídica para los ciudadanos en su relaciones con la Administración
Tributaria.
Para su presentación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el
señor Eguiagaray tiene la palabra.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, señorías, señor
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda,
llevan ustedes un año de Gobierno y ya me parecen cien (La señora
García-Alcañiz Calvo: ¡Ya se nota!), por el cansancio que generan, por la
preocupación que producen y por la irritación que alimentan. (Rumores.)
Señor Rato, en relación con lo que está ocurriendo desde el 14 de enero,
¿qué más tendrá que ocurrir para que usted y el Gobierno que representa
pidan perdón? ¿Cuántos meses más piensan seguir conculcando el derecho a
la intimidad de los ciudadanos, dañando el buen nombre de la Hacienda
Pública, favoreciendo los intereses objetivos de los defraudadores,
irritando a los funcionarios responsables de la Agencia Tributaria, sólo
para dar una apariencia de verdad a acusaciones falsas contra el Partido
Socialista que, por serlo, ni se han probado ni se podrán jamás probar?
Dicho de otra forma, señor Rato para que me entienda, lo que es no
solamente algo profundamente injusto e irritante, sino un manifiesto
error político, ¿cuándo sacarán la pata y el cuerpo entero de donde ya es
un clamor público que la han metido contra toda razón y que, por cierto,
no da la sensación de saber cómo la van a sacar?
Vivimos, señor Rato, meses de ira política, de ejercicio autoritario y
arbitrario del poder, de crispación; y las evidencias de hoy iluminan el
panorama de lo que ha venido ocurriendo en los meses pasados. El primer
acto público de la campaña de la crispación, que su Gobierno inicia
oficialmente después del día de Reyes de 1997, es una decisión suya,
señor Rato; se produce el 14 de enero con la rueda de prensa y las
acusaciones de su Secretario de Estado, el señor Costa, a las que siguen
no sólo sus propias declaraciones, sino, y en el ámbito gubernamental,
las del señor Presidente del Gobierno, el señor Aznar.
¿Cuándo piensa usted, señor Vicepresidente, que el señor Aznar pedirá
disculpas al PSOE y a los españoles por proclamar urbi et orbi lo que es
manifiestamente una calumnia, esto es, la existencia de una amnistía
fiscal en favor de los amigos, que otros titularon amiguetes, del PSOE?
Si el señor Aznar, del que no puedo pensar que fuera tan irresponsable en
su condición de Presidente del Gobierno para decir lo que dijo, sin
contar con la información que usted, como responsable de Economía y
Hacienda le proporcionó, estuvo entonces mal informado, ¿asumirá usted
por él, señor Rato, personalmente, la responsabilidad de haber acusado
falsamente? Lo que está claro, señor Rato, es que usted --me temo-- no se
libra de ésta.
Aunque no se lo parezca, en un momento en que todos, por cierto, nos
complacemos por la reducción de la inflación o de los tipos de interés,
usted, señor Rato, señor Vicepresidente, pero responsable de Economía y
Hacienda y responsable máximo de este negociado, es, desde luego,
corresponsable, y en primera persona, de lo que está ocurriendo en
Hacienda. Ya sé que usted viene dando la impresión de que ni siquiera
pasaba por allí cuando estalló todo esto. Envió a su Secretario de
Estado, el señor Costa, al Parlamento, por no hacerlo usted, eludiendo su
responsabilidad; ha dejado el trabajo --por cierto, un trabajo nada
fino-- en manos de su grupo parlamentario, los mismos que ayer ya
concluían, antes de tiempo, el resultado de la Comisión de investigación
con una bella finta intelectual, tan bella que nos llamaban cretinos,
contribuyendo de esta sutil forma al razonamiento político; se ha puesto
de canto, señor Rato, para que no le manche la porquería que ha lanzado
cuando, como era previsible, rebotase inevitablemente contra usted, y se
ha buscado a quienes tratan de almidonar su tersa figura de
Vicepresidente para la convergencia transmitiendo con todo desparpajo que
ésta es una decisión del señor Aznar y, en todo caso, del señor
Alvarez-Cascos, que no cuenta ni con su apoyo ni con su acuerdo.
Yo entiendo que usted quiera librarse de esto, que es, por cierto, un
disparate. Lamentablemente --me temo--, usted no puede. Y no puede porque
imagino que no va a ser el señor Costa el malo de la película; el
Director de la Agencia Tributaria, el señor Bermejo, o los inspectores
fiscales que cumplían su obligación y que jamás recibieron instrucciones
contrarias a la ley ni, naturalmente, de haber existido las hubieran
seguido. Quien haya de asumir la responsabilidad por todo esto, señor
Rato, es algo que tendrán que dilucidar ustedes, el señor Aznar, usted
mismo, los demás miembros del Gobierno y quizás algunos otros de sus
subordinados.
Por no asumir las responsabilidades, incurren en otras nuevas; incurren
en unas muy graves que son las de la filtración de expedientes
tributarios, las de la creación de apariencias, las de la violación de la
intimidad de los contribuyentes, las de la creación de la inseguridad
jurídica para los ciudadanos. De acuerdo con la Ley General Tributaria,
los datos de la investigación, los datos tributarios están protegidos por
la ley. No sólo por el artículo 113 de la Ley General Tributaria en su
última versión, sino que lo están desde hace mucho tiempo, incluso
después de la Ley de reforma fiscal. Ya el Tribunal Constitucional, en
una sentencia del año 1984, recordaba --a pesar de que no hay un derecho
absoluto a la intimidad total, hay razones por las cuales se pueden
desvelar
determinados datos-- cómo la ley prevé con especial energía el deber de
sigilo que pesa sobre todas las autoridades y todos los funcionarios que
tengan conocimiento de los datos revelados en la investigación, sigilo
que ha de ser --decía el Tribunal Constitucional-- estricto y completo,
que está especialmente protegido porque la infracción del deber de
guardarlo será considerado siempre falta disciplinaria muy grave, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles y criminales que pudieran
corresponder. Y especial mención --decía el Tribunal Constitucional--
tiene este deber de sigilo que pesa sobre los que tengan conocimiento,
por razón de su cargo, de los datos descubiertos en la investigación.
Señor Rato, usted y su grupo, el Gobierno se ha jactado de defender el
derecho a la intimidad, tanto que lo ha vedado contra la interpretación
más cabal de la propia Ley General Tributaria y de su última modificación
en el artículo 113.1 c). Ha vedado el conocimiento de los datos a quienes
necesitaban defenderse de sus graves acusaciones; ha vedado el
conocimiento de los datos tributarios a la Comisión de investigación
creada en el Parlamento, y sin perjuicio de eso, sin perjuicio de hacer
así más difícil la defensa de aquellos que nos estamos defendiendo de sus
injustas acusaciones, están dedicándose a propagar por ahí, directa e
indirectamente, a través de los medios de comunicación más afines
exactamente aquello que les viene en gana y que puede contribuir a crear
una apariencia de razón a todo lo que han venido diciendo.
Miren, los hechos son tercos. Se constituye la Comisión de investigación
con el carácter deseado por el Gobierno, esto es, imposibilidad de
conocer nominativamente los contribuyentes a los que se refieren los
expedientes, con la interpretación más restrictiva que cabe de la propia
ley, contra la propia modificación que la ley había previsto, contra la
expresa mención al deber de colaboración con las comisiones de
investigación y, ciertamente, contra el sentido común, el sentido
político y la vocación de control parlamentario que tiene que tener esta
propia Cámara. Se solicitan por el Grupo Parlamentario Socialista los
expedientes y por los demás grupos los datos relativos a los expedientes
que no sean reservados, y el Gobierno no remite ningún expediente. Remite
datos elaborados ad hoc, que corrige o cambia totalmente en más de cuatro
ocasiones. A decir verdad, eso sí, con la primera remesa se envía un
expediente nominativo con nombres y apellidos, que se sabe tiene que ver
con una institución financiera catalana, precisamente una que, en
relación con ese expediente, no es objeto de la investigación por esta
Cámara.
A lo largo de estos meses aparecen en los medios de comunicación,
precisamente en los más hostiles al Gobierno --El Mundo, ABC, una cadena
especialmente bendita--, coincidiendo con momentos singulares del debate,
datos referentes a expedientes, con nombres y apellidos. El día de la
comparecencia del señor Costa el diario ABC se refería de nuevo a esa
institución financiera a propósito de un expediente que tampoco es objeto
de investigación, en relación con una decisión que había sido sometida a
consideración y conocimiento de esta Cámara en el año 1994.
En su comparecencia, en la de su Secretario de Estado, el señor Costa, se
cita a modo de ejemplo --sin duda alguna, de una manera completamente
casual-- la existencia de un posible contribuyente, que quizá se llamara
Carlos, que resultó ser posteriormente, a través de la información
oportunamente proporcionada por la cadena COPE y posteriormente
reproducida por el diario ABC y por el diario El Mundo, don Julio Feo, ex
Secretario General de la Presidencia del Gobierno. Una casualidad, sin
duda, fruto del rigor estadístico y la toma de muestras aleatoria que se
había practicado al confeccionar la lista. Se filtra al ABC
oportunamente, también a través del mismo medio de comunicación, el día
en el que el señor Costa va a comparecer de nuevo ante la Comisión de
investigación, el expediente del Instituto de la Vivienda de Madrid. Al
día siguiente el propio ABC da cuenta de su propio expediente en las
listas que habían sido remitidas. Aparece filtrado el expediente de la
empresa Lladró. El Mundo publica una versión falsa del expediente seguido
--por cierto, por delito fiscal en su momento-- contra la empresa Huarte
y, posteriormente, aparece la Agencia Tributaria acusando a la propia
empresa de haber filtrado el expediente. Un miembro de su grupo
parlamentario, el señor Del Burgo, acusa de amiguismo y trato de favor a
la funcionaria y ex directora de la Agencia, doña Juana Lázaro, respecto
de un sujeto tributario que está en las listas de los supuestos
expedientes y da sus nombres. De nuevo, la misma institución financiera
catalana. El mismo día dice --desde luego, ante la censura general--
tener el respaldo de su grupo parlamentario para hacer las acusaciones
que hace, refiriéndose a las instituciones que menciona en los términos
de comisión de hechos, desde luego absolutamente reprobables, que le
imputa a la funcionaria y responsable de la Agencia Tributaria. El diario
El Mundo, señor Rato, publica un informe solicitado por el Partido
Popular sobre un tema que ni siquiera es objeto de la Comisión; el
desistimiento, de nuevo, en un expediente de la Caixa que contiene
expresiones personales e insidiosas contra el anterior Director General
del Servicio Jurídico del Estado, el señor Jiménez Aparicio. Podría
seguir, señor Rato, créame, puedo seguir todavía tres o cuatro horas más
relatando irregularidades en la custodia de datos que son datos de la
intimidad, datos que revelan la utilización partidaria, partidista y
absolutamente inadecuada del poder por parte de quienes hoy tienen esta
responsabilidad.
Se desconoce la apertura de investigaciones por parte de los responsables
de la Agencia y sus resultados. ¿A quién tendría que acusar usted, señor
Rato? Cuando el señor Costa elige al contribuyente Carlos, que
casualmente
resulta ser después don Julio Feo, ¿a quién hay que preguntar por la
filtración? ¿Quizás al portavoz socialista? ¿Quizás a alguno de los
miembros socialistas de la Comisión de investigación? ¿Tal vez a alguno
de los funcionarios que han comparecido? ¿Por qué el señor Costa incluyó
el caso del señor Carlos? ¿Lo hizo, sin duda alguna, por esto de la
aleatoriedad?
Cuando desde la Agencia se acusa a la empresa Huarte de la filtración,
siendo así que se trata --y después se comprueba-- de un caso de
manifiesto fraude fiscal o de expediente fiscal ante los tribunales, ¿a
quién hay que preguntar una vez más, especialmente en la versión que se
da a través de ese diario de amplia circulación?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Eguiagaray,
le ruego vaya concluyendo.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Gracias, señor Presidente.
Señor Rato, yo quiero recordarle lo que dice el artículo 113 de la Ley
General Tributaria: cuantas autoridades o funcionarios tengan
conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al
más estricto y completo sigilo respecto de ello. Con independencia de las
responsabilidades penales o civiles que pudieran corresponder, la
infracción de este particular deber de sigilo se considerará siempre
falta disciplinaria muy grave. Recordarán, por cierto, el caso del señor
López Amor, condenado por esta razón. (La señora García-Alcañiz Calvo: Yo
recuerdo el de Feo.) ¿A quién ha abierto expediente el señor Ministro? ¿A
quién ha dado orden de que se abra? ¿Ha adoptado siquiera alguna medida,
señor Rato?
Permítame recordarle, igualmente, que el artículo 113 de la Ley General
Tributaria establece que, cuando se aprecie la existencia de un delito
público, la Administración tributaria se limitará a deducir el tanto de
culpa o a remitir al ministerio fiscal relación circunstanciada de los
hechos que se estimen constitutivos de delito, sin perjuicio de que pueda
iniciar directamente, a través del servicio jurídico competente, el
procedimiento oportuno mediante querella. Señor Rato, ¿ha remitido usted
relación circunstanciada de hechos, estas filtraciones, al ministerio
fiscal? ¿Ha dado instrucciones al servicio jurídico para que utilice los
procedimientos adecuados para la prosecución de lo que en derecho sea
oportuno? El siempre diligente y ya cesado Fiscal General del Estado, que
fue tan eficaz como para remitir al Fiscal anticorrupción una
comunicación el mismo día en que salía --no sé si antes de entrar o
después de salir-- el señor Costa de su primera comparecencia ante la
Comisión de Economía y Hacienda, ¿ha actuado ahora de igual forma, con la
misma diligencia, ante lo que son al menos indicios de la posible
comisión de delitos de revelación de secretos?
El Código Penal, señor Rato, artículos 197 a 200, tipifica y castiga el
descubrimiento y revelación de secretos. El artículo 198 dice --cito
textualmente-- que la autoridad o funcionario público que, fuera de los
casos permitidos por la ley, sin mediar causa legal por delito y
prevaliéndose de su cargo, realizase cualquiera de las conductas
descritas en el artículo anterior, será castigado con las penas
previstas, que pueden ir de tres a cinco años de prisión e inhabilitación
especial o absoluta por tiempo de seis a doce años.
Nada tiene de extraño, señor Rato, en estas circunstancias, que ayer
mismo alguien de un lugar que, como sabe usted, no es un lugar de
militancia para mí, como es una asociación profesional de inspectores
financieros y tributarios del Estado, que dice agrupar al 90 por ciento
de los funcionarios de esa casa, del Ministerio de Economía y Hacienda,
en esta respetable profesión, acabara por decir que no se sabe quién está
velando por el deber de confidencialidad, por el buen nombre de la
Hacienda pública, por el buen nombre de los funcionarios, y exigiera de
ustedes un rigor, un desvelo que hasta ahora no están, en absoluto,
poniendo de manifiesto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Eguiagaray,
le ruego concluya.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Termino, señor Presidente.
Señor Rato, aquí hay responsabilidades. Yo no sé si serán penales, en
todo caso, no me consta que ustedes hayan hecho nada por perseguirlas.
Pero de lo que sí estoy seguro es de que las hay políticas, las de un
Gobierno que pretende combatir a la oposición con la calumnia y la
falsedad (Rumores.); las de un Gobierno que no repara en el daño a la
moral cívica ni a los intereses de la Hacienda ni al buen nombre de la
Agencia Tributaria; las de un Gobierno que, incapaz de sostener, con
razón y con argumentos, sus graves imputaciones, trata de darles una
apariencia saltándose sus más graves deberes elementales de respeto hacia
los derechos individuales de los ciudadanos.
¿Pedirán perdón, señor Rato, usted o el señor Aznar? (Rumores.) ¿Tendrá
que pagar el señor Costa los platos rotos? ¿Lo hará el señor Bermejo? ¿Lo
harán entre todos? ¿Se lo repartirán? ¿No le parece que cuando se mete la
pata como la han metido es ya el momento de que no tengamos que soportar
muchos más meses esta campaña de crispación, de miedo, de intolerancia a
base de falta de respeto a los derechos de los ciudadanos? (Rumores y
Protestas.--Aplausos.) ¿No le parece, señor Rato, que no es sobre la base
del atropello, sobre la base de la irresponsabilidad, como se conseguirá
en este país no solamente restaurar unas adecuadas relaciones entre el
Gobierno y la oposición, sino incluso seguir avanzando en algo que a
usted y a mí nos importa, como es la Hacienda pública,
ca, el déficit público, la convergencia, la inflación y otras cosas? (La
señora Martínez Saiz: ¡Devolved el dinero!--La señora García-Alcañiz
Calvo: ¡Que devuelvan la pasta!) Señor Rato, usted está metido en esta
mêlée. Haga el favor de salir cuanto antes, porque tiene
responsabilidades. (Aplausos.--Algunos señores diputados: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Eguiagaray.
Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Señorías, si la memoria no me falla, ésta es la segunda
interpelación que contesto sobre este tema. (Una señora Diputada: ¡Y las
que quedan!) ¡Y las quedan!
Estoy seguro de que las contestaré todas mientras ocupe este cargo; la
primera, la del Grupo Socialista.
Lo primero que ha planteado el señor Eguiagaray es la falta de razón por
parte del Gobierno en su presentación de los hechos el 14 de enero y en
el resto de la evolución de este tema. Voy a empezar por ahí. Es verdad
que el Gobierno del Partido Popular puso en conocimiento de la opinión
pública, el 14 de enero, la existencia de unos hechos (que, en nuestra
opinión, estaban entonces probados y en estos momentos la Comisión de
investigación parlamentaria tiene datos suficientes --a los que haré
referencia-- para no discutirlo) por los cuales más de 200.000 millones
de pesetas de derechos tributarios habían sido perdidos como consecuencia
de unos extensos e injustificados retrasos.
Quiero llamar la atención de que el señor Eguiagaray --y ha hecho bien,
porque se conoce el tema-- en ningún momento ha dicho que no hubiera
habido retrasos, retrasos de cuatro años. Habrán visto ustedes señorías,
que el señor Eguiagaray sobre ese tema, que es una de las cuestiones, ha
pasado a toda velocidad, hasta el punto de que ni se ha acordado de los
retrasos, de los retrasos injustificados que afectan --de esto el señor
Eguiagaray tampoco se ha acordado-- a un número muy pequeño de
contribuyentes, pero que representan muchísimo dinero. Para que la Cámara
y los menos conocedores del tema --si es que los hay-- se acuerden, diré
que estamos hablando de más de 200.000 millones de pesetas, de los cuales
192.000, es decir, el 95 por ciento, se concentra en 562 contribuyentes y
40 contribuyentes acumulan una deuda tributaria superior a 100.000
millones.
Sigamos adelante. En la Oficina Nacional de Inspección, señorías --y es
importante que a lo largo de este debate nos acordemos de ella porque nos
va a aportar algunas luces sobre lo que el Gobierno anterior hacía y lo
que ocultaba--, donde se encuentran los contribuyentes más importantes,
no desde el punto de vista personal sino desde el punto de vista
recaudatorio, la deuda prescrita supone más del 40 por ciento de la deuda
total de las actas firmadas en disconformidad en Madrid --es decir, hay
un 60 por ciento a los que se les liquidó en tiempo y un 40 por ciento a
los que no-- y el 55 por ciento en Barcelona. Por lo tanto, hay un 55 por
ciento no liquidado en tiempo y un 45 por ciento que sí. Luego hemos
sabido, gracias al trabajo de la Inspección de los servicios del
Ministerio de Economía y Hacienda, que en los tribunales económicos y
administrativos la cantidad inicial de 200.00 millones se elevaba a
220.000. (Rumores.)
Ante estos hechos, la pregunta que el señor Eguiagaray legítimamente me
plantea es ¿qué debería haber hecho el Gobierno del Partido Popular?
¿Deberíamos haberlo silenciado o deberíamos haberlo expuesto en el debate
parlamentario, que es donde están? De lo que no cabe duda es de que el
perjuicio es un hecho cierto. (Rumores.) El señor Eguiagaray no ha dicho
nada sobre el perjuicio a la Hacienda pública. Los datos que se han
remitido al Parlamento lo demuestran. No cabe duda de que el Gobierno
anterior --y esto sí es importante-- era plenamente consciente --cosa que
ya hemos dicho en otras ocasiones-- de los hechos y de sus consecuencias.
Lo que yo voy a decir en este momento, y que la Comisión ya sabe, es que
el Gobierno anterior ocultó al Gobierno legítimo, elegido por el
Parlamento, en la transmisión de poderes, datos que tenía. Y no sólo eso,
sino que se llevó datos que justificaban esta situación. (Rumores y
Protestas.--Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Un momento. Yo me
alegro muchísimo de que me pidan responsabilidades. Eso, señorías, lo
hemos descubierto gracias a que había una Comisión de investigación, y lo
voy a explicar esta tarde aquí para que SS. SS. lo puedan conocer.
(Continúan los rumores.) A mí no me cabe ninguna duda de que los
españoles tenían derecho a saber esto y que el Parlamento tenía derecho a
debatirlo. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se
perciben.) ¡No, a ustedes no! ¿Cuál es la primera reacción cuando el
Gobierno pone en conocimiento de la opinión pública estos hechos el 14 de
enero? El señor Eguiagaray la ha descrito plenamente: negar los hechos.
¿Cuál es la segunda reacción? Dar nombres. La primera persona que da
nombres sobre presuntos contribuyentes a los que les achaca estar
afectados por esto es nada más y nada menos que don Felipe González
Márquez, ex Presidente del Gobierno. (Aplausos.--Varios señores diputados
pronuncian palabras que no se perciben.-- La señora Fernández de la Vega
Sanz: ¡Bermejo!) ¿Cómo sabía el señor González Márquez esto? Yo en el mes
de enero no le hubiera podido responder a esta pregunta con precisión;
hoy sí, gracias a la Comisión de investigación. (Varios señores
diputados: ¡Oh!) Sí, señorías. Las responsabilidades
des y las citas al Código Penal y al Tribunal Constitucional van a ser
especialmente relevantes esta tarde.
Hoy sabemos por la Comisión de investigación que, al menos desde hace un
año --ya más de un año, porque estamos hablando de febrero de 1996--, el
Gobierno anterior tenía una evaluación, sabía cuánto dinero podía suponer
esto; sabía las consecuencias de la prescripción en la Delegación
Especial de Madrid y en la Oficina Nacional de Inspección. Les he pedido
que se acordaran de ese nombre. Pues bien, la Oficina Nacional de
Inspección y la Delegación de Madrid suponen el 97 por ciento de la cifra
de la que estamos hablando. Luego, por lo menos hace más de un año que el
Gobierno anterior sabía el 97 por ciento del que estamos discutiendo en
este momento. Esa información nos fue ocultada --como les voy a
demostrar--, y parte de esa información no está en los archivos oficiales
de la Agencia Tributaria. (Rumores y protestas.) Todo eso está en las
declaraciones de ex altos cargos de la Comisión de investigación. Por lo
tanto, me alegro profundamente... Se las voy a leer, señor Eguiagaray;
vamos a tener el gusto de escucharlas.
Sigo adelante. En cuanto a la lista de supuestos beneficiados por la
prescripción, seguramente ustedes me puedan decir que el Presidente del
Gobierno las supo, pero es que las sabían también otros miembros de su
grupo parlamentario, antiguos miembros del Gobierno y otras personas que
ni siquiera estaban en la política nacional. Han hecho declaraciones
sobre esto. Esas declaraciones se encuentran en los medios de
comunicación, en las agencias, en las televisiones. Algunas de ellas se
las voy a citar. Pero, como usted me ha dicho, podríamos estar horas
citando declaraciones, y, si nos referimos al pasado, mucho más.
Una vez que nos hemos contestado la pregunta de si este Gobierno debía
haber puesto en conocimiento de la opinión pública este tema --y yo
contesto que sí--, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿Por
qué el Gobierno anterior lo sabía? ¿Cómo lo supo? ¿Desde cuándo lo sabía?
¿Y para qué lo sabía? De esas preguntas, yo puedo contestar a tres; hay
una que no puedo contestar, que es el para qué. (Rumores.) Como he dicho,
señor Presidente, al menos desde hace un año, el anterior Gobierno tenía
evaluaciones que decidió ocultar en el traspaso de poderes; pero otros
diputados sí hablaron. Sólo voy a citar a uno --y lamento que no esté,
entonces no lo citaré..., sí está-- que es el señor Leguina, que ha sido,
desde luego, el más locuaz. El señor Leguina ha llegado a decir en una
radio --y, sin poderse aguantar, palabras textuales, ha citado a un
contribuyente que nunca había salido en ningún sitio, y que lo ha
negado-- (El señor Leguina Herrán: ¡Claro!--Rumores.), textualmente, que
todas las grandes empresas estaban afectadas. Además, en la propia
Comisión, que es pública, a petición de su grupo parlamentario --y nos
alegramos mucho de que lo sea--, ha identificado expedientes en los que
no venían nombres, inmediatamente, nada más verlos (La señora
García-Alcañiz Calvo: ¡Qué listo!--Rumores.), lo que es una visión
realmente profunda del tema, y está en las actas. Este conocimiento de
una documentación que fue ocultada en el traspaso de poderes --y alguna
de ellas no está ni siquiera en los archivos-- era una información
profusamente conocida en el Gobierno anterior y, al parecer, en el grupo
parlamentario.
Seguiremos adelante. Yo espero esa moción, con verdadero interés, para
trasladar todas estas cosas adonde usted quiera trasladarlas. (Una señora
Diputada del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Al fiscal!) ¡Ahí!
Efectivamente, ahí las vamos a trasladar si ustedes nos lo piden.
(Fuertes rumores.--Varios señores diputados pronuncian palabras que no se
perciben.)
Vamos a seguir adelante. Durante todo ese tiempo, ¿qué declaraciones ha
hecho algún miembro del Gobierno, en sentido amplio, del Partido Popular,
sobre algún contribuyente --le reto que me cite una--, ni ningún miembro
del grupo parlamentario, que quebrante el secreto fiscal o aporte
novedades? Porque ante las declaraciones de un miembro de la Comisión, el
señor Del Burgo --al que ha hecho referencia el señor Eguiagaray--,
señorías, yo les emplazo a que lean el «Diario de Sesiones» de la
Comisión de Economía del año 1994. Eso lo ha contado el señor Solbes con
una profusión de detalles que no tenemos nada que ocultar. Eso se sabe,
es parte de la vida parlamentaria, está en el «Diario de Sesiones».
(Rumores.) Las valoraciones políticas, ustedes las podrán criticar; pero
los hechos se saben aquí de memoria, desde el año 1994, porque están en
el «Diario de Sesiones» de la Comisión de Economía del citado año, en una
comparecencia del antiguo Ministro de Economía, que, además, las
reconoce; no le queda más remedio que reconocerlo porque está en el
«Diario de Sesiones». (Rumores.)
Ninguna filtración de las que ha hecho referencia el señor Eguigaray --y
subrayo, ninguna-- ha aportado documentos oficiales. Y en cuanto a la de
Huarte, insisto en que el documento que aparece --como ya dijo la Agencia
Tributaria en una comunicación oficial-- no es un documento que esté en
poder de la Agencia Tributaria, sino del contribuyente. Usted puede
creerlo o no creerlo. Le hemos explicado en la nota la razón, pero se lo
volveremos a explicar.
Fíjense ustedes que nos han pedido deber de sigilo. Ha leído usted los
textos completos, lo cual le agradezco, sobre los hechos conocidos en el
ejercicio de su cargo, hoy y ayer. Me pregunto si aquéllos de ustedes que
han dado nombres de contribuyentes, afirmando que estaban en estas
listas, que yo no he hecho nunca... (El señor Caldera Sánchez-Capitán:
Tú, no; él, sí) Tenían deber de sigilo, supongo. (Rumores y Protestas.)
Vamos a seguir adelante. Respecto a la práctica de llevar a los
periódicos datos confidenciales, yo les emplazo, simplemente, a algunos
de ustedes, a que cojan los periódicos de 1992 y 1994, en los que los
responsables de Hacienda explicaban urbi et orbi las conversaciones, las
negociaciones, las actas que se iban a imponer, incumpliendo literalmente
la ley, como hoy ha recordado en la Comisión de investigación el entonces
Director General de la Agencia, señor Gaiteiro, que nos ha explicado
claramente que ningún responsable político puede intervenir en un
expediente tributario. Los periódicos de los años 1992 y 1994 están
llenos de declaraciones de responsables políticos, opinando sobre casos
concretos, lo que yo no voy a hacer en este momento. (Fuertes rumores y
protestas.)
Ahora vamos a los hechos políticamente relevantes de la Comisión de
investigación, que es lo que a mí me interesa que la Cámara conozca hoy.
¿Desde cuándo conocía el Gobierno anterior los hechos y sus
consecuencias? Según los informes internos de la Agencia Tributaria,
tenía el deber de haber sido consciente de los riesgos que corría desde
el año 1991. No tenía ninguna duda de los riesgos que corría desde 1993 y
no tomó ninguna medida. Pero lo más importante es qué sucede en el año
1996.
En 1996, cuando llega un nuevo Gobierno elegido por esta Cámara, el
Gobierno saliente del Partido Socialista nos entrega un informe de
traspaso de poderes. En ese informe de traspaso de poderes se nos dice
sobre este tema, primero, la insistencia en este criterio por parte de
los diferentes tribunales superiores de justicia hace presumibles
pronunciamientos del Tribunal Supremo en el mismo sentido. Por lo tanto
el Gobierno anterior reconoce que la prescripción en este momento es muy,
muy posible. Esto es importante que lo recuerden SS. SS., porque verán
cómo el Gobierno nos da un informe que no es el que le habían dado sus
servicios.
Segundo, se habían venido adoptando medidas desde las primeras sentencias
y esto los servicios después no lo ratifican.
Tercero, el problema estaba resuelto con la única excepción de la
delegación de Madrid. Nada se dice de la Oficina Nacional de Inspección.
Les recuerdo que hay 157.000 millones prescritos en la Oficina Nacional
de Inspección, que ni se mencionan en el traspaso de poderes. (El señor
Leguina Herrán: ¿Prescritos?)
Vamos a ver qué sucede. ¿Por qué el Gobierno hace este informe? ¿Es el
informe que le da la delegación especial de Madrid? No. Eso está en los
archivos de la Agencia La delegación especial de Madrid entrega el 15 de
marzo, prácticamente diez días después de las elecciones generales, un
informe de la dirección de la Agencia para el traspaso de poderes en el
que ya cifra en más de 10.000 millones las pérdidas consecuencia de la
prescripción. Y eso no aparece en el traspaso de poderes. Además, no deja
ninguna constancia de que se hubiera tomado ninguna medida, y menciona la
ONI.
Entre el informe que los servicios técnicos de la Agencia Tributaria dan
al Gobierno saliente y el que el Gobierno saliente nos da a nosotros hay
disparidades totales; no se hace referencia a que la delegación especial
de Hacienda de Madrid ya sabe que tiene pérdidas millonarias, no se hace
referencia a la ONI, donde están 157.000 millones de pérdidas, y, además,
en ningún momento, la Agencia Tributaria dice que se ha tomado ninguna
medida como consecuencia de las sentencias, cosa que ustedes en el
informe de traspaso de poderes nos dicen, y no es cierto. Pero no paran
aquí las cosas sobre el traspaso de poderes.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ministro, por
favor, le ruego que concluya.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Sí.
Cuando se produce la sentencia del Tribunal Supremo del 28 de febrero, el
entonces Director General de Inspección, el último de su Gobierno, el
señor López Ibáñez, solicita una nota evaluatoria a sus servicios. Y lo
ha dicho en la Comisión.
A título puramente personal, estamos hablando de un director general, a
mí en una nota se me hizo llegar un avance provisional de posibles
incidencias, siendo yo director. Piense que estamos hablando de finales
de febrero de 1996 y en los meses siguientes salimos, porque no éramos
ajenos al riesgo que, como he dicho antes, percibimos en esa sentencia.
Pero el señor López Ibáñez nos dice mucho más en la Comisión de
Investigación. Hubo alguna nota interna que se me envió de la Oficina
Nacional de Inspección, 157.000 millones prescritos --una nota interna de
la Oficina Nacional de Inspección no puede ser una nota sobre un millón
de pesetas--, aproximando la posible incidencia que pudiera tener, y esto
es muy interesante. Y qué empresas estaban. Luego hay una nota en que se
dice cuánto dinero y quiénes están afectados.
Lo que yo digo --sigue el señor Ibáñez-- es que a mí el jefe de
inspección me mandó alguna nota informal, una nota con algunas cifras de
algunas entidades que pudieran estar más o menos afectadas. Así dice en
la Comisión de investigación pública el señor López Ibáñez sobre una
nota, señorías, que no está en los archivos oficiales de la Agencia.
¿Quién la tiene? (Un señor Diputado: ¡Qué barbaridad!) ¿Quién la tiene,
señores? (Rumores.--El señor Leguina Herrán: No existe.)
No existe. Si está destruida, no lo sé. (Rumores y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¡Silencio,
señorías!
Señor Rato, le ruego concluya.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Todo esto lo hemos sabido gracias a la Comisión de
Investigación.
Señorías, a mí lo que me gustaría saber es por qué ustedes, cuando se
produce el traspaso de poderes --y son plenamente conscientes, ya lo eran
muchos de ustedes mucho antes porque era imposible no serlo, no sólo de
las consecuencias generales sino de las consecuencias económicas y
detalladas de contribuyentes-- ¿por qué ustedes nos lo ocultan? ¿Por qué?
Por una sola razón, señorías, para ocultar sus responsabilidades
políticas. Nada más y nada menos. Y señorías, para eso está este
Parlamento.
Hablemos ahora de la seguridad jurídica, que al señor Eguiagaray le
preocupa tanto. Una seguridad jurídica en la que a unos contribuyentes
les tramitan sus expedientes en seis meses y a otros, en cuatro años, es
pobre seguridad jurídica; una seguridad jurídica en la que a un
contribuyente le es notificada un acta y a otro contribuyente, no le es
notificada, es pobre seguridad jurídica; unos pocos contribuyentes con
altas deudas que ven prescribir sus derechos es pobre seguridad jurídica.
Eso pasaba y ya no pasa; hay más seguridad jurídica.
Sobre acusaciones falsas del Grupo Socialista, diré que no es la primera
sobre este tema; no es la primera. (Rumores.) El señor Eguiagaray aquí
presente,... (El señor Martínez Sanjuán: ¡Ya está bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez
Sanjuán, le ruego silencio.
¡Silencio, señorías!
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): El señor Eguiagaray ha dicho públicamente
que el Gobierno del Partido Popular había presionado en favor de un
contribuyente al Tribunal Económico Administrativo Central que había
dictado una sentencia favorable al contribuyente. Eso lo ha dicho el
señor Eguiagaray; él, personalmente, y menos mal que el ex Presidente del
Tribunal Económico Administrativo Central, nombrado por ustedes en su
momento, nos ha sacado a todos de dudas. Eso es falso y mentira.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Vicepresidente, le ruego que vaya concluyendo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Voy concluyendo.
Ya nada más quisiera hacer referencia a los funcionarios. Nosotros hemos
recibido a los inspectores, que nos han planteado una queja merecida. Yo
les trasladaré este debate para que me expliquen cómo son posibles las
declaraciones de antiguos responsables del Gobierno socialista dando
nombres de contribuyentes, pero si estamos tratando de convencer a la
opinión pública de que, como consecuencia de un debate democrático en el
Parlamento, con luz y taquígrafos, hay una desmoralización de los
funcionarios o de los contribuyentes, les voy a dar algunos datos para
que se queden ustedes muy tranquilos. Los servicios de gestión, es decir,
los funcionarios, han hecho un 30 por ciento más de declaraciones de
renta. El número de declaraciones realizadas en el programa Padre es un
25 por ciento más, los funcionarios. Se han confeccionado telefónicamente
un 271 por ciento más de declaraciones; es decir, los funcionarios. Se ha
atendido un 13 por ciento más de llamadas; es decir, los funcionarios. No
están desmoralizados, están trabajando sabiendo que en este momento
tienen el absoluto respaldo y la absoluta profesionalidad y neutralidad
de las autoridades políticas. (Aplausos.) Además, las devoluciones en
beneficio de los contribuyentes, que el año pasado eran el 84,54 por
ciento, los funcionarios, esos funcionarios que usted dice que están
desmoralizados, han conseguido que se eleven al 98,21. En materia de
lucha contra el fraude, esos mismos funcionarios han conseguido que la
inspección financiera y tributaria comprobara un 20 por ciento más de
contribuyentes, la deuda incoada es un 53 por ciento mayor y la
recaudación es un 10 por ciento mayor en el conjunto de los impuestos.
Por tanto, señor Eguiagaray, señores del Grupo Socialista, el Gobierno
del Partido Popular está perfectamente tranquilo en cuanto a su
responsabilidad de haber hecho público este debate. Segundo, está
perfectamente seguro de la veracidad de los datos que dimos y que ahora
están en poder de la Comisión. Tercero, está perfectamente satisfecho del
trabajo de la Comisión y de lo que hemos sabido gracias al trabajo de la
Comisión y eso se lo agradezco a todos los miembros de la Comisión, y es
perfectamente capaz de garantizar que ni ahora ni en el futuro habrá
datos tributarios en manos de quien no deba y capaz de respetar
escrupulosamente el ámbito de profesionalidad de la actuación tributaria.
Con todo eso, señor Eguiagaray, yo, Ministro de Economía y Hacienda, me
siento no sólo responsable, sino satisfecho del debate que hemos
planteado y comprendo que a S. S. le sea profundamente incómodo, lo
comprendo, lo comprendí desde el principio. (Protestas.) Pero nosotros
teníamos que decir a los españoles lo que estaba sucediendo y que ustedes
hicieron todo lo posible por ocultar.
Muchas gracias. (Aplausos prolongados.--El señor Leguina Herrán pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vicepresidente.
¿Señor Leguina?
El señor LEGUINA HERRAN: Señor Presidente, pido la palabra con arreglo al
artículo 71.1, puesto que he sido aludido.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):
señoría, tiene la palabra durante tres minutos.
El señor LEGUINA HERRAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Sin intención para nada de interrumpir este interesante debate; puesto
que el señor Rato me ha aludido respecto a dos cuestiones, este Pleno
debe quedar informado.
La primera cuestión es que, en un momento dado, por filtración que yo
supongo que es del Gobierno, aparece en El Mundo y en el ABC, diarios de
cámara, la información de que una empresa pública, concretamente el
Instituto de la Vivienda de Madrid, dependiente de la Comunidad de
Madrid, está en la lista. Ante tal digamos contundencia en señalar con el
dedo por parte del Gobierno a quien está hablando, que ha sido Presidente
de la Comunidad de Madrid, digo en público algo que estaba en el
ambiente, pero que no tenía confirmación. (Varios señores diputados:
¡Ah...!). Perdonen ustedes. Uno de los expedientes que está en la lista
remitida por el Gobierno es precisamente de uno de esos diarios,
concretamente de Prensa Española, del ABC, lo cual muestra el absoluto
cinismo o la ignorancia de los propios gestores del ABC. El ABC contesta
y da unos datos que permiten señalar qué expediente es y, para su
conocimiento, es el número 31, remitido por la Oficina Nacional de
Inspección a este Parlamento. O sea, el ABC, amiguete del PSOE de toda la
vida, está en la lista. (El señor Martínez-Pujalte López: ¿Cómo lo
sabía?)
Lo dice el ABC, que lo reproduce. (El señor Martínez-Pujalte López:
Antes, antes.) El ABC.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Leguina.
(Rumores.) ¡Señorías, les ruego guarden silencio!
Su señoría está consumiendo un turno de alusiones y les pido que le
respeten el uso de la palabra.
Le ruego concluya, señor Leguina, ateniéndose al tiempo de dos o tres
minutos.
El señor LEGUINA HERRAN: Rápidamente El ABC reproduce datos que permiten
identificar el expediente número 31 de la ONI, de Madrid. Compruébenlo.
Segunda cuestión, el señor Rato ha dicho que en la Comisión se señala un
expediente --qué casualidad, otra vez el del Ivima-- en una reunión
pública. Señor Rato, le han informado mal; es en una reunión secreta. Y
usted ¿por qué lo sabe? Supongo que porque se lo han contado estos
señores. ¿Por qué identifico yo que es el Ivima? Por la firma, señor
Rato. Por la firma. Usted no tenía que saber eso y si lo sabe alguien ha
roto el secreto en la parte que es secreta de esta Comisión.
Muchas gracias. (Aplausos.--El señor De Rato y Figaredo pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Leguina.
Tiene la palabra, señor Ministro
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Señor Leguina, el nombre estaba en el ambiente ¿en qué
ambiente? En el suyo. (Aplausos.--Varios señores Diputados pronuncian
palabras que no se perciben).
Estoy de acuerdo, es usted una joya en este debate, es mi mejor apoyo. En
mi ambiente, no, en el suyo. En el mío, nada. Segunda cuestión, fíjese la
cantidad de expedientes que usted conoce; al que yo me refería no era,
ese, es otra empresa que usted también identificó. Se las sabe usted
todas, señor Leguina. (Aplausos.) Se las sabe todas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene la palabra el
señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, señor Rato, dice un
proverbio bien conocido, o un refrán, lo saben ustedes... (Rumores y
protestas.) No les voy a decir nada nuevo. No se pongan nerviosos,
déjenme hablar (Aplausos.) ¿No tendrán miedo a los refranes?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Eguiagaray,
le ruego que no abra debates alternativos con los distintos diputados y
ruego a SS. SS. guarden silencio durante la intervención del resto de sus
señorías.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, ¿no seré yo quien abre
debates alternativos si me interrumpen cuando hablo? ¿no?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Eguiagaray,
esta Presidencia interrumpirá su intervención para ampararle, rogando
silencio a todas las señorías que ocupan el hemiciclo, pero le pido de
nuevo que no entable debates bilaterales (El señor Almunia Amann: Lo
entablan los de su grupo.)
Señor Almunia, si S. S. quiere la palabra, solicítemela. Sabe que voy a
dársela en cualquier caso. (Rumores.) ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio!
Señor Eguiagaray, puede usted continuar.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, les iba diciendo, con su
permiso, que después de lo que he escuchado del señor Rato tengo la
sensación de que no hay peor ciego que aquél que no quiere ver.
(Rumores.) Quería decirle, señor Rato, que yo he venido a decirle que, a
mi juicio, a juicio de mi grupo, usted, que es el máximo responsable de
la Hacienda de este país, tiene responsabilidades, y tiene
responsabilidades políticas, no sé si penales, pero en todo caso
políticas.
Y tiene responsabilidades políticas cuando derechos individuales de las
personas que afectan a la intimidad, que afectan a la intimidad,
señorías, no son debidamente guardados, celosamente guardados por el
máximo responsable. Usted no ha dicho ni una sola palabra de qué es lo
que ha hecho simplemente para conocer, investigar, depurar eventualmente
responsabilidades derivadas de posibles filtraciones. Se ha limitado a
hacer algo que a usted le divierte profundamente, un ejercicio que, si no
se lo toma personalmente, le llamaré de trilerismo político, que consiste
en coger por aquí y por allá un chiste, una broma, un dicho y tratar de
imputar exactamente aquello de lo que le están acusando a usted a los
demás. (Rumores.) Usted tiene la conciencia de seguir siendo la
oposición. (Aplausos.) Y desde la oposición cree que la responsabilidad
de velar por los expedientes de la Hacienda en este momento en el
ejercicio del poder es de quiénes estábamos anteriormente en el Gobierno.
Y, señor Rato, no es así. No es así no porque lo diga este humilde
Diputado, sino porque lo dice la ley, señor Rato.
Usted tenía que haberme contestado al menos diciendo: en el caso del
expediente de IVIMA vamos a hacer o hemos hecho esto y lo otro; no
solamente la broma que pretende hacer con mi compañero el señor Leguina,
que, como mínimo, reconocerá que al menos su firma es capaz de dilucidar
y de reconocer. Comprenderá, señor Rato, que lo mínimo que puede hacer es
abrir investigaciones para saber qué ha pasado con el expediente de ese
denominado Carlos que resulta ser el anterior Secretario General de la
Presidencia. Que cuando ustedes hablan de una empresa como Huarte y se
filtra y se filtra en el El Mundo y se pone en conexión con supuestas
operaciones ligadas a no sé qué historias oscuras que se le imputan al
Partido Socialista también, resulta ser un expediente que no solamente
está mal planteado sino que, además, no aparece en el segundo listado que
ustedes envían. Porque, señor Rato, usted ha dicho un montón de cosas,
ninguna respuesta a sus responsabilidades y nada que tenga que ver con su
intento de corregir la conducta; exclusivamente con el intento de lanzar
a los demás lo que es su responsabilidad.
Hablando de datos, me ha dicho y me ha acusado de pasar por aquí como de
puntillas por una cuestión como los retrasos. ¡No pretenderá que hagamos
el debate que hemos hecho, como usted ha recordado en otra interpelación
anterior, y que se está haciendo en este momento en la Comisión de
investigación! Su grupo ya ha decidido quién es el culpable, ya lo dijo
su grupo, y usted lo vuelve a repetir aquí al margen de lo que se está
discutiendo en la Comisión de investigación, y contra toda la evidencia
relevante no solamente a juicio de este grupo. Por cierto, yo estoy
asistiendo a algunas de las sesiones, señor Rato, y ha citado usted una
buena parte de los testimonios referentes a comparecencias de directores
de la Agencia u otros funcionarios que han pasado por esa Comisión no
sólo falsamente, sino a veces en manifiesta contradicción con lo que han
dicho. Y le aseguro que lo que ha dicho usted hoy del señor Gaiteiro es
exactamente lo contrario de lo que ha dicho el señor Gaiteiro. Pregunte a
don Jaime Ignacio del Burgo, a quien tiene detrás, si no le ha imputado
él al señor Gaiteiro una cosa como es desvelar secretos referentes a una
contribuyente, ya fallecida, por cierto. Y precisamente lo que le ha
dicho el señor Gaiteiro, entre otras cosas, es que esos datos eran
públicos y que no fue él quien los hizo públicos.
Señor Rato, usted tiene la virtud de tergiversarlo todo para convertirlo
en lo contrario de lo que es en su propio beneficio.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Eguiagaray,
le ruego vaya concluyendo.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Por ejemplo, pretende que fue el señor
González quien habló por primera vez del expediente o de expedientes de
la Caixa. Mire a su lado. ¿Quién habló en Barcelona el día 17 de enero de
esa cuestión? El día 17 de enero. Consulte cómo apareció dos días después
en el diario El Mundo, en el diario El Mundo, el día 19 de enero, y mire
de cuándo son las declaraciones del señor González sobre esa cuestión,
posteriores a las de la Biblia de su Gobierno, que es El Mundo y a las
declaraciones de su Vicepresidente Primero, que son del diecisiete.
(Rumores.)
Señor Rato, le diré algo más. De lo que estamos hablando es de que
ustedes no han dado respuesta ni han depurado responsabilidades, ni
siquiera después del 14 de enero, pero hasta por hechos anteriores. El 15
de noviembre de 1996, antes de que usted se reuniera con los responsables
en aquella comida o cena en la Agencia Tributaria en diciembre para
decidir lo que iban a hacer y que, después, empezarían, dentro de la
campaña de la crispación, en enero, antes de que usted se reuniera con
algunos, el 15 de noviembre, aparecía en el diario El Mundo, de nuevo, el
15 de noviembre, viernes, de 1996, unas referencias que solamente pueden
salir de datos sometidos a la custodia de la Agencia tributaria, que se
refieren a diferentes contribuyentes y que ponen incluso en cuestión el
buen nombre, la figura, de quien fue Presidente del Gobierno
anteriormente, don Adolfo Suárez. No se sabe nada de lo que usted
haya podido hacer para depurar responsabilidades por la filtración de
expedientes que son actas de la inspección final.
Nada de extraño tiene, señor Rato, que los funcionarios de Apife, no ya
el Partido Socialista --que naturalmente negará, porque es verdad, lo que
usted pretende imputar--, sino un montón de gente en este país estén
hartos de la basura que siguen ustedes vertiendo (Protestas.--Aplausos.)
en contra de los intereses de la Hacienda, en contra del buen nombre de
los funcionarios, en contra simplemente de los intereses de este país.
Le digo lo que he empezado por decirle, señor Rato. Más allá de su falta
absoluta de responsabilidad con este país en esta cuestión, más allá de
sus responsabilidades legales, las que pueda tener, lo que me parece
señor Rato, es que, además, es un inmenso error político no sacar el pie
de este cubo de basura en el que lo tiene usted metido y pretender que la
responsabilidad es de los demás. Yo me equivoco mucho, señor Rato, pero
creo que, en este momento, ninguno de los que están dispuestos a seguir
todavía, durante algún rato, la aventura de gobernar o contribuir a la
gobernación con ustedes, está dispuesto a pasar por que ustedes mientan,
por que ustedes calumnien, por que ustedes pretendan que nosotros hemos
favorecido a los amigos, o a los amiguetes, como dice el ABC, por que
ustedes sigan diciendo lo que están diciendo, por que ustedes violen
todas las reglas de la Comisión de investigación y algunas más y por que
el Presidente del Gobierno venga a esta Cámara a seguir diciendo todavía
lo mismo que dijo el primer día. Hasta su Secretario de Estado ha dicho,
ante el Juez, ante la Cámara y ante la Comisión, que no tiene ninguna
prueba de ello porque no se podrá probar la comisión de un delito, la
existencia de arbitrariedad, desmentida por todos aquellos que han sido
responsables de la solución de los expedientes, le guste a usted, señor
Rato, o le disguste. Y cuanto antes saque el pie de la basura, tanto
mejor para usted, tanto mejor para su Gobierno y, sobre todo, tanto mejor
para el país. Pero si el señor Aznar no pide perdón, ni lo hace usted, ni
lo hace Costa, ni lo hace el director de la Agencia, señor Rato, la
responsabilidad política, además de la legal, seguirá pesando sobre
usted.
Señor Rato, yo le dije al comienzo de esta...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Eguiagaray,
le ruego concluya.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Termino, señor Presidente.
Le dije al comienzo de este debate malhadado que usted no iba a salir de
rositas ni este Gobierno podía salir de rositas de lo que es la
utilización de la mentira y de la calumnia contra los adversarios
políticos. Cuando el Presidente del Gobierno miente a través de la
televisión, señor Rato, esto no queda, ni quedará, de esta forma.
Señor Rato, saquen cuanto antes las conclusiones y no pretendan que,
porque tienen coyunturalmente una mayoría en esta Cámara, lo que digan,
incluso la calumnia, se puede convertir en verdad. Para esto, ni el
trilerismo vale. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Eguiagaray.
Señor Vicepresidente Segundo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Señor Eguiagaray usted me ha acusado ahora, al final,
de que digo hoy lo mismo que decía en enero. Es verdad. Tiene usted toda
la razón. Digo lo mismo, absolutamente lo mismo. En enero yo sabía que
esto era así, y sigo pensando que es así. Es decir, ustedes, les guste o
no les guste, como consecuencia de unos retrasos absolutamente
injustificados, con un número de alarmas espectacular, a través de
informes internos y de sentencias, a muy pocos contribuyentes les han
prescrito muchos miles de millones. Eso lo dije en enero, lo digo hoy y
lo voy a seguir diciendo, porque, además, y si usted ha seguido la
Comisión, señor Eguiagaray --y dice que la ha seguido, yo le creo, porque
estoy seguro de que la ha seguido, es usted un Diputado muy trabajador--,
sabrá usted que la Comisión tiene el listado de los expedientes, porque
los van identificando, y además los ha visto personalmente, se han
llevado físicamente a la Comisión aquellos expedientes de más de 1.000
millones de pesetas. Y le recuerdo que están concentrados en muy pocos
contribuyentes. Por tanto, la Comisión ha visto todo lo que tenía que
ver. No, no. La Comisión ha visto todo lo que tenía que ver y sabe que lo
que yo acabo de decir ahora, que es lo que vengo diciendo desde el mes de
enero, es exactamente lo que sucedió. Pero lo grave, y lo que he
aprendido y no podía decir en enero y --fíjese lo que le voy a decir,
señor Eguiagaray-- no podía pensar en enero es que ustedes tuvieran más
de un documento que apuntara en esta dirección y nos engañaran. Eso no lo
pude pensar en enero, que nos mintieran, que nos engañaran, que nos
planteasen una realidad que era falsa y, además, desaparecieran
documentos que los justificaban. (Rumores.)
Sugiero a SS. SS. que, como están interesados en este debate, se lean las
páginas 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, de la comparecencia del señor López
Ibáñez, que es realmente muy interesante. También sugiero a SS. SS,
porque está en los documentos de la Comisión, que comparen lo que los
servicios técnicos del ministerio proponían que se nos dijera en el
traspaso de poderes y lo que se nos dijo.
Señor Eguiagaray, usted me pide cuentas de que yo siga opinando lo mismo.
Tiene todo el derecho a pedírmelas, pero sigo opinando lo mismo.
Segunda cuestión. No hay mayor ciego que el que no quiere ver. En este
caso es un proverbio que ni pintado. Desde el año 1991 ustedes no querían
ver nada. (Aplausos.) Está usted hoy de día de proverbios. Hace usted
bien en pedirme responsabilidades políticas. ¿A quién se las va usted a
pedir? A mí. Pídamelas. Las estoy dando y las daré cada vez que usted
quiera, pero no me diga que yo estoy hablando en broma, señor Eguiagaray.
De eso, nada. No se haga usted ilusiones. Cuando yo les digo a ustedes
que en el traspaso de poderes nos ocultaron información y no nos dijeron
lo que sus servicios técnicos proponían no estoy hablando en broma, señor
Eguiagaray. Para nada estoy hablando en broma. Otra cosa es que no
utilice calificativos innecesarios en algo tan serio como esto. Pero de
bromas, ninguna, señor Eguiagaray.
En cuanto a las medidas sobre filtraciones, señor Eguiagaray, la Agencia
Tributaria, y eso lo debían ustedes saber, cada vez que hay una
filtración en un periódico, no con un documento oficial, sino con una
referencia a un expediente, y yo no puedo ni voy a certificar si las
referencias que salen en los medios de comunicación son verdad o son
mentira, porque no puedo hacerlo, cada vez que hay una referencia a un
expediente, la Agencia abre un informe interno para saber qué
responsabilidades pueden haberse derivado en la Agencia, en todos los
casos. Supongo que sucedía antes. Ahora, desde luego, sucede.
Por último, señor Eguiagaray, si lo que usted pretende es que nos creamos
que todo lo que sucedió simplemente no es responsabilidad de nadie, que
nos hemos enterado de que 220.000 millones de derechos tributarios no
pueden ser cobrados, pero nos enteramos por los periódicos, como ustedes
se han enterado de un montón de cosas a lo largo de su gestión, está
usted completamente equivocado. Los españoles tienen derecho a que haya
este debate, tienen derecho a que cada cual asuma sus responsabilidades.
Yo asumo las mías. Asuman ustedes las suyas, que ya es hora de que las
empiecen a asumir.
Muchas gracias. (Aplausos.--El señor Eguiagaray Ucelay, pide la palabra )
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Eguiagaray,
sabe S. S. que el debate en las interpelaciones con la presentación,
contestación y réplicas concluye por parte de los grupos. No tiene S. S.
la palabra.
Señor Eguiagaray, S. S. sabe que ha agotado el turno y que corresponde la
fijación de posición de los grupos parlamentarios que no han intervenido.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, usted es quien ordena el
debate, pero quiero llamar a su consideración el hecho de que el señor
Rato en la última intervención ha vertido acusaciones que como mínimo me
parecen graves (Protestas.) y que tienen que ver con imputaciones de
ocultación de datos. Me gustaría, señor Presidente, tener la ocasión de
decir, en treinta segundos nada más, una cuestión para que conste.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¡Silencio,
señorías, silencio!
Tiene S. S. un minuto para contestar específicamente a esas alusiones a
que hace S. S. mención, y le ruego, señor Eguiagaray, que se limite
estrictamente, por favor, a la solicitud de palabra que me ha formulado.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Sin duda. Gracias, señor Presidente.
Quiero simplemente que conste y que se recabe, para el acta de esta
sesión, el testimonio de todos aquellos que han intervenido en el
traspaso de poderes del Gobierno anterior a éste, y si no es verdad que
la última Directora General de la Agencia Tributaria y el anterior
Secretario de Estado de Hacienda despacharon con los actuales
responsables en relación con lo que, por escrito además, se les había
advertido sobre los riesgos jurídicos derivados de posibles
interpretaciones de los tribunales.
Simplemente esto, señor Presidente, porque me parece falso de toda
falsedad que el Vicepresidente del Gobierno impute el haberle ocultado
información que estaba por escrito y que fue ampliada oralmente.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Eguiagaray.
Señor Ministro.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Señor Eguiagaray, la información a la que
he hecho yo referencia, que estaba por escrito, era sustancialmente
distinta de la que la Delegación Especial de Madrid entregó a la
dirección de la Agencia el 15 de marzo, y lo he dicho. De eso tenemos
copia y está en la Comisión. Por tanto, no pida usted recabar, pídasela a
la Comisión, que la tiene. Tiene el informe que la Delegación Especial de
Madrid dio para el traspaso de poderes; que no se nos dio. Se nos dio
otro en el que todo esto se presentaba de otra manera.
Además, señor Eguiagaray, la nota a la que hace referencia el señor López
Ibáñez, no está. No sé si está en el ambiente, pero no está en la
Agencia. (Risas.) Y si está en el ambiente, señorías, es en su ambiente.
Muchas gracias. (Aplausos.--El señor Vicepresidente Primero del Gobierno
y Ministro de la Presidencia, Alvarez-Cascos Fernández, pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vicepresidente.
Señor Vicepresidente Primero.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor Presidente, he sido aludido por el
señor Eguiagaray en términos genéricos, pero con una clara... (Rumores.)
Sí, sí, he sido aludido (El señor Caldera Sánchez-Capitán: Citado.) por
el señor Eguiagaray en términos genéricos para implicarme en la supuesta
publicidad de los nombres de los contribuyentes afectados.
Espero que el señor Eguiagaray haya traído la documentación. A mí me ha
dado tiempo de pedir la fotocopia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Vicepresidente, tiene S. S. la palabra tres minutos para responder a esas
alusiones. (Una señora Diputada: ¡Cuánto!)
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): No es necesario consumir tres minutos.
Señor Eguiagaray, es imposible que yo desvele nombres de contribuyentes,
porque ignoro el contenido de los expedientes y lo ignoraba en esa fecha.
Por tanto, no necesitaba recurrir a ningún boletín de prensa. (Rumores.)
En todo caso, señor Eguiagaray, le leo lo que dije. Yo dije, en la cita
que usted hace de mis declaraciones en Barcelona: El PSOE defraudó al
contribuyente en vez de combatir el fraude fiscal. Lo reitero en este
momento, señorías.
Por otra parte, señor Eguiagaray, a mí ya no me sorprende nada. Ustedes
ya han preparado una campaña para que los que están... (Rumores y
protestas.--El señor Almunia Amann pide la palabra.)
Déjenme hablar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Les ruego guarden
silencio, tendrán su momento SS. SS. sucesivamente. Les ruego silencio.
Señor Vicepresidente, puede continuar.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Están preparando una campaña, señor
Presidente, para que los que han luchado y van a seguir luchando por el
esclarecimiento del GAL se conviertan en culpables, y ahora están
iniciando otra. ( Rumores y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
guarden silencio.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Ahora están iniciando otra campaña para que
los que están luchando por el esclarecimiento del escándalo de los
200.000 millones de pesetas resulten los culpables. Esa es la mejor razón
que señala la culpabilidad y las responsabilidades políticas de los
gobiernos socialistas. Muchas gracias. (Aplausos.--El señor Almunia Amann
pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: En relación con las alusiones al Partido
Socialista Obrero Español que acaba de hacer el señor Vicepresidente
Primero (Protestas.) y para aclarar lo que el señor Vicepresidente
Primero parecía que iba a aclarar y no ha aclarado, pido la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Almunia,
tiene S. S. la palabra durante tres minutos por alusiones al Grupo
Parlamentario Socialista, estrictamente en los términos que S. S. nos ha
matizado.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, no se preocupe porque lo que
voy a decir se dice en menos de tres minutos, sin necesidad de hacer
demagogia como se acaba de hacer en la intervención anterior. (Rumores.)
El día 17 de enero, en esa actuación pública del señor Alvarez Cascos en
Cataluña, como Secretario General del Partido Popular y no como
Vicepresidente Primero del Gobierno, tuve oportunidad de ver por La
Primera de Televisión, por la suya (Protestas.), y en relación a las
afirmaciones, a mi modo de ver calumniosas, del señor Presidente del
Gobierno dos días antes, cómo el señor Vicepresidente Primero se refería
a las primas únicas, a las hermanas únicas y a las cuñadas únicas. ¿Se lo
dijo el señor Rodríguez? (Aplausos.--Rumores.--El señor Eguiagaray Ucelay
pide la palabra.--Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Eguiagaray,
le recuerdo que el debate está concluido. Exprese exactamente la
solicitud que va formular a la Presidencia.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: He hecho una referencia. Me contesta el señor
Alvarez-Cascos puntualizando una cuestión. (Rumores.) No debería quedar
en el ánimo de nadie de esta Cámara el que yo hubiera faltado a la
veracidad afirmando que el señor Alvarez-Cascos, quien no está
precisamente sobrado de credibilidad últimamente (Protestas.), el 17 de
enero se refirió a ...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Eguiagaray,
S. S. ha abusado de la concesión
de la palabra que esta Presidencia le ha dado y sinceramente lo lamento.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, ¿saben que es lo que temo de tanto ruido? (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, guarden
silencio. Les reitero la dificultad que tienen los diputados para fijar
su posición desde los escaños. (Pausa.)
Continúe, señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: ¿Saben qué es lo que temo de tanto silencio? Que no
se sepa nunca la realidad y las responsabilidades de lo que ha ocurrido
con 200.000 millones de pesetas. Además, me extraña que estando presente
el ex Ministro de Economía y Hacienda, no haya tomado la palabra, ya que
él era el responsable máximo y en este momento podría decir si hubo
ocultación o no. Como responsable máximo del expediente que se pasó al
Gobierno que ganó las elecciones, tenía que haber hecho uso de la
palabra. No era necesario todo este guirigay de intervenciones. El ex
Ministro de Economía y Hacienda sí era una persona absolutamente
cualificada.
¿Sabe que me da la impresión...? (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
que guarden silencio.
El señor FRUTOS GRAS: ¿Me permiten continuar? Es que no soy de su grupo,
lo siento. Soy del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, no
tengo su posición.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Frutos,
permítame que le ampare la Presidencia. Ruego a SS. SS. que guarden
silencio. No ocupen los pasillos y no hagan corrillos, se lo ruego.
Continúe.
El señor FRUTOS GRAS: Es decir, el señor Solbes podía haber tomado la
palabra, está aquí, la puede tomar todavía, estamos en el debate. A mí me
interesa más este debate vivo que no un debate muerto, donde parece que
todas las cosas están dichas. Me parece más vivo que salgan las cosas en
concreto. Porque, señor Rato y señor Eguiagaray, me da la impresión de
estar participando en una discusión sobre la retórica de los hechos o la
superficie de lo que ha ocurrido y que difícilmente vamos a enterarnos de
todo lo que ha ocurrido. ¿Saben qué es lo que me induce a pensar lo que
estoy diciendo en estos momentos concretos? Que aunque sea importante el
respeto a las leyes en relación a la identidad de las personas cuyo
secreto se debe mantener en la declaración de impuestos, etcétera, porque
es un derecho, lo que me induce a pensar lo que acabo de decir es que se
está poniendo más énfasis y más preocupación en esta batalla política
dialéctica de la superficie de los hechos, que en el descubrimiento
concreto de todo lo que ha ocurrido, de las responsabilidades si las hay
y de quien las tenga; si son responsabilidades técnicas, si son
responsabilidades políticas, si es por un funcionamiento caótico de la
Administración tributaria o si bien la Administración tributaria
funcionaba de forma perfecta, como se ha dicho por parte de
comparecientes que tenían una responsabilidad en aquellos momentos. A
nuestro grupo le interesa conocer tanto la filtración o las filtraciones
que se hayan podido producir, como la realidad concreta de los hechos, si
puede haber negligencia, responsabilidades políticas, mal funcionamiento
de la Agencia Tributaria. Se ha acusado a la Agencia Tributaria en
distintas intervenciones, de caos o de perfecto funcionamiento. Para
conocer eso precisamos tener toda la documentación, y por ello hemos ido
exigiendo de forma permanente al Gobierno que facilitara toda la
documentación a la Comisión de investigación, respecto a la cual a
algunas conclusiones ha llegado este Diputado. Mi grupo todavía tiene que
realizar unas conclusiones colectivas que sólo podrán ser hechas en el
momento en que terminen los trabajos de investigación de la Comisión,
pero ya hay algunas opiniones que están claras para este Diputado en
relación a lo que ha ocurrido.
En primer lugar, se ha perdido dinero. Esto es el elemento central, el
núcleo de lo que estamos debatiendo, no lo secundario. No ha beneficiado
precisamente esta pérdida de dinero a los contribuyentes más humildes, es
decir, a las rentas medias para abajo. Ha habido una descoordinación que
se ha puesto de relieve, por ejemplo, en una comparecencia a la cual he
asistido yo esta mañana, una descoordinación entre las diversas agencias
regionales y la ONI a nivel central. Necesidad de corrección, por todos
los datos que operan ya en nuestro poder, del funcionamiento. Y,
naturalmente, después de concluir los trabajos de la Comisión, depurar
todas las responsabilidades políticas o las negligencias que puedan
haber. Las cosas no pueden quedar de esta forma, en la medida en que se
ha hablado por parte del Gobierno, desde el 14 de enero, de que ha habido
aquí una responsabilidad política en la defraudación a Hacienda, es
decir, al conjunto de los contribuyentes, de más de 200.000 millones de
pesetas. Y ha habido luego una serie de comparecencias que han señalado
elementos contradictorios en el momento de establecer la realidad de los
hechos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Frutos, le
ruego vaya concluyendo.
El señor FRUTOS GRAS: Voy concluyendo, pero, señor Presidente, los que me
han precedido en el uso de la palabra están hablando y discutiendo desde
hace una hora y media.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Frutos, le
recuerdo, ya que usted me lo recuerda a mí, que su turno es de cinco
minutos. Le ruego que concluya.
El señor FRUTOS GRAS: Termino, señor Presidente.
En primer lugar, desde nuestro grupo denunciamos las filtraciones, si las
ha habido, por parte del Gobierno y exigimos, como hemos hecho en las
comparecencias y como hemos hecho en la Comisión de investigación, que
toda la documentación precisa se lleve allí, porque es la que debe
determinar las responsabilidades. Por tanto, que no haya filtraciones.
En segundo lugar, que no vayamos, finalmente, a una conclusión que ya me
veo venir ya: que después de todo este rifirrafe y de todo este ruido,
como seguramente habrá amigos en todos los grupos políticos, no en el
Grupo de Izquierda Unida, que pueden verse en las responsabilidades
concretas por haberse salvado de pagar a Hacienda unos cuantos miles de
millones de pesetas, anuncio desde este momento que desde nuestro grupo
denunciaremos cualquier actuación que tienda a pasar página sobre lo que
ha ocurrido en los últimos años en la Administración de Hacienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Frutos.
El Pleno se reanudará mañana, a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y veinte minutos de la noche.