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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 67, de 13/03/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 67
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 64
celebrada el jueves, 13 de marzo de 1997
ORDEN DEL DIA:
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
-- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (núm. reg. 16493)
(Página 3270)
Enmiendas del Senado:
-- Proyecto de Ley de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie A, número 3.1, de 21 de julio de 1996 (número de
expediente 121/000001) (Página 3270)
-- Proposición de Ley sobre reforma del Texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 13.1, de 12 de
abril de 1996 (número de expediente 122/000002) (Página 3276)
-- Proposición de Ley sobre Sociedades Laborales. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie B, número 14.1, de 12 de abril de 1996
(número de expediente 122/000003) (Página 3280)
-- Proposición de Ley sobre recuperación automática de las pensiones de
invalidez en la modalidad no contributiva. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 15.1, de 12 de abril de 1996 (número de
expediente 122/000004) (Página 3285)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
-- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna
silvestres. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número
25.1, de 18 de diciembre de 1996 (número de expediente 121/000023)
(Página 3287)
Avocación por el Pleno (Página 3303)
-- Del proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna
silvestres (Página 3303)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (continuación):
-- Proyecto de Ley de derechos y garantías de los contribuyentes.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 28.1, de 3 de
febrero de 1997 (número de expediente 121/000026) (Página 3303)
Avocación por el Pleno de proyectos de ley y de proposiciones de ley
(Página 3303)
-- Proyecto de Ley del Gobierno (número de expediente 121/000025)
(Página 3321)
-- Proposición de Ley para el desarrollo de las previsiones del
artículo 62 de la Ley Orgánica número 10/82, de 10 de agosto, del
Estatuto de Autonomía de Canarias (número de expediente 125/000005)
(Página 3321)
-- Proyecto de Ley de derechos y garantías de los contribuyentes
(Página 3321)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana con
carácter secreto, para debatir sobre el dictamen de la Comisión del
Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de señores
Diputados. Se da por decaído y se retira el dictamen, al no haber sido
distribuido en tiempo y forma.
Continúa la sesión con carácter público.
Enmiendas del Senado (Página 3270)
Proyecto de ley de organización y funcionamiento de la Administración
General del Estado (Página 3270)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Gómez Rodríguez,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Gil i Miró, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los señores Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; Rodríguez Zapatero, del Grupo Parlamentario Socialista, y
López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular.
Proposición de ley sobre reforma del texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Página 3276)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Cuesta Martínez,
del Grupo Parlamentario Socialista, y Seco Gordillo, del Grupo
Parlamentario Popular.
Proposición de ley sobre Sociedades Laborales (Página 3280)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria; Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Arnau Navarro, del Grupo
Parlamentario Socialista, y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario
Popular.
Interviene de nuevo el señor Arnau Navarro para una cuestión de orden.
Proposición de ley sobre recuperación automática de las pensiones de
invalidez en la modalidad no contributiva (Página 3285)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Aguirre Uribe,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Barrionuevo Peña,
del Grupo Parlamentario Socialista, y Camps Devesa, del Grupo
Parlamentario Popular.
Se procede a la votación de las enmiendas del Senado al proyecto y a las
proposiciones de ley debatidas anteriormente.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 3287)
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres
(Página 3287)
Para la defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo
Socialista interviene el señor Ros Maorad. Pone de relieve en primer
lugar la ausencia de la señora Ministra de Medio Ambiente. A continuación
pasa a defender la enmienda de totalidad al proyecto de ley que intenta
modificar la Ley 4/1989, de conservación de espacios naturales, flora y
fauna silvestres, que hizo el Gobierno socialista, que supuso un avance
muy importante para el movimiento ecológico del país e hizo posible que
en España hubiera 700 espacios protegidos.
Se refiere a continuación a los recursos de inconstitucionalidad,
aclarando que la sentencia 102/1995, del Tribunal Constitucional,
solamente declara inconstitucional la disposición adicional quinta, en
cuanto que considera básicos los artículos 21, números 3 y 4; 22, en su
número 1, y 35, en sus números 1 y 2, y no está de acuerdo con las
primeras soluciones que ha adoptado el Gobierno respecto de la sentencia.
Se refiere a continuación a algunas innovaciones introducidas en relación
con los parques nacionales que quieren subsanar con su enmienda a la
totalidad, incorporando asimismo a nuestro derecho interno las nuevas
directivas europeas sobre hábitat y conservación de las aves silvestres.
Manifiesta que el origen de su enmienda de totalidad con texto
alternativo está fundamentalmente en el Convenio de Naciones Unidas sobre
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, derivado de la
Cumbre de Río, que obliga a los países miembros a desarrollar una
estrategia nacional en la que se incluyan, entre otras medidas, la
conservación »in situ» de los recursos naturales.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
presenta la enmienda el señor Frutos Gras. Comienza su intervención
poniendo de manifiesto que existe una creciente decepción y contestación
al conjunto de las medidas que se están tomando por el Ministerio por
parte del movimiento ecologista. Reconoce que el discurso de la Ministra
ante el Parlamento fue interesante y se presentaron líneas de trabajo
adecuadas, pero que éstas se han ido diluyendo. Presenta sus críticas a
aspectos concretos como, por ejemplo, la Ley de Envases. Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya presenta la enmienda de totalidad con
texto alternativo porque piensa que en el proyecto del Gobierno no se
tienen en cuenta mínimamente lo que son las recomendaciones de la Cumbre
de Río ni se trasponen debidamente las directivas sobre las aves o el
hábitat. Asimismo considera que se pierde la oportunidad de hacer
adecuadamente la reforma de la Ley 4/1989 y la trasposición de las
directivas 409/79 y 92/43 de la Comunidad Europea. Se refiere a
continuación a que el proyecto de ley no es una buena ley básica porque
se parte de defectos estructurales del Ministerio de Medio Ambiente en
los diez meses escasos que lleva funcionando y porque no se ha contado
con el movimiento ecologista.
A continuación expone las propuestas de su texto alternativo referentes a
la cogestión de comunidades autónomas, Administración central,
ayuntamientos, etcétera; a la puesta en marcha de los corredores
ecológicos y a la participación de los movimientos popular, asociativo y
ecologista.
Interviene la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga),
quien pide disculpas por no encontrarse en la Cámara al comienzo del
debate. Anuncia que no podrá contestar a la primera parte de la
intervención del representante socialista, pero sí se referirá a su
enmienda de totalidad.
Explica a continuación las razones que han llevado al Gobierno a
presentar este proyecto de ley. Considera
que los que acusan a la ley de ser un parche, no se han leído la
exposición de motivos, donde se dice que la finalidad de la modificación
urgente es la situación de inconstitucionalidad en que se encuentra la
gestión de los parques nacionales. Por lo tanto, antes de entrar en un
debate de totalidad, que el Grupo Socialista ha hecho a su propia ley
socialista, hay que solucionar dicha situación, aunque está de acuerdo en
que hay que seguir trabajando en la futura reforma de toda la ley, para
lo que se contará con los sectores sociales, con el consejo asesor de
medio ambiente y con la conferencia sectorial, y explica a continuación
los pasos que se van a dar. Termina su intervención manifestando que la
modificación que ahora presentan trata simplemente de centrarse en tres
artículos que eran inconstitucionales y que estaban reclamando un nuevo
modelo de organización. Se pretende con ello consolidar el valor
simbólico de los parques nacionales, asumir la necesidad de la
homogeneidad de la gestión de los parques nacionales integrados en la red
estatal, pero teniendo en cuenta la voluntad de proyección global en un
sistema que reconozca al mismo tiempo las particularidades de cada una de
las partes integradas en él, lo que se hará a través de la tramitación
parlamentaria de las enmiendas que se presenten. Asimismo anuncia que no
van a aceptar ninguna de las dos enmiendas de totalidad que se han
presentado y solicita a los grupos enmendantes que las retiren.
Replica los señores Ros Maorad y Frutos Gras, duplicando la señora
Ministra de Medio Ambiente.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Mixto; Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV);
Companys Sanfeliu, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y la señora Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular.
Se someten a votación las enmiendas de totalidad, que son rechazadas.
Avocación por el Pleno (Página 3303)
Del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna
silvestres (Página 3303)
El señor Presidente somete a la Cámara la avocación por el Pleno del
proyecto de ley por el que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres,
que se aprueba por asentimiento.
Proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes (Página 3303)
Para la presentación del proyecto, en nombre del Gobierno, interviene el
señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y
Hacienda (De Rato y Figaredo). Manifiesta que es para él una satisfacción
presentar un proyecto de ley que va a significar un paso fundamental en
las relaciones de los contribuyentes y de la administración tributaria y
es fiel reflejo de la voluntad del Grupo Parlamentario Popular,
manifestada en diversas legislaturas, y del Partido Popular en
convocatorias electorales. Añade que esta iniciativa responde a la
convicción de que en una sociedad democrática avanzada las relaciones
entre el administrado y la Administración deben estar basadas, según
proclama el texto constitucional, en la justicia y en la igualdad. Agrega
que la colaboración y la percepción del ciudadano son esenciales para el
cumplimiento del objetivo de que todos soporten las cargas públicas según
su capacidad económica. Por otra parte, considera que el fraude fiscal
constituye una clara manifestación de insolidaridad e injusticia, por lo
que han situado la lucha contra el fraude entre sus objetivos
prioritarios. Considera que el reconocimiento de los derechos y garantías
de los contribuyentes en sus relaciones con la Administración, así como
las concreciones que se imponen a la actuación administrativa en materia
tributaria son instrumentos imprescindibles para potenciar e incentivar
el cumplimiento voluntario de las obligaciones y tener un respaldo
democrático de la actuación tributaria.
Por otra parte, considera imprescindible avanzar en la simplificación del
sistema tributario, reforzando las actuaciones de información y
asistencia al contribuyente, y explica a continuación los principios
esenciales en torno a los que se debe orientar la labor de la
administración tributaria. A continuación pasa a analizar el contenido
del proyecto en sus campos de actuación: los derechos y las garantías.
Asimismo se refiere a las modificaciones que existen en algunos aspectos
del proyecto de ley, entre los que destaca el artículo 8, en materia de
información y asistencia al contribuyente; el artículo 9.10, la
equiparación de los intereses de demora; el artículo 10, con el abono
automático de intereses; el artículo 24, que reduce los plazos de
prescripción; el artículo 10, con la reducción del plazo de las
devoluciones de oficio en un mes, y el artículo
11, respecto al reembolso de costes de los avales y otras garantías.
También hace mención, desde el punto de vista de los derechos generales
del contribuyente, a que éstos tendrán derecho a conocer el estado de
tramitación en que se encuentran los procedimientos de la gestión
tributaria, a conocer la identidad de los responsables de la tramitación
de los procedimientos, a solicitar que se les expida certificación de las
declaraciones tributarias que hubieran presentado y a presentar los
documentos en la lengua cooficial de su comunidad, así como a solicitar
que les sean traducidos los documentos que expida la Administración.
Considera de especial importancia desde el punto de vista político, la
publicidad de los planes de inspección, que garantizan que la actuación
inspectora se ajuste a criterios transparentes, facilitando así su
control.
Concluye su intervención manifestando que con este proyecto de ley, para
el que pide la aprobación de la Cámara, se da un paso definitivo que
implica un serio compromiso para la administración tributaria en la
mejora de las relaciones con el contribuyente, lo que sin duda redundará
en beneficio de un mejor cumplimiento de las obligaciones tributarias.
En defensa de la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) interviene el señor Zabalía Lezamiz. Empieza su intervención
manifestando que quiere dejar bien claro que no se oponen a regular los
derechos y garantías que deben asistir a los contribuyentes, pero
considera que el proyecto de ley que presenta el Gobierno carece del
contenido mínimo necesario para ostentar el título de ley de derechos y
garantías del contribuyente o de estatuto del contribuyente, y añade que,
a su modo de ver, es una copia literal de los derechos que con carácter
de regulación básica se encuentran recogidos en la Ley 30/1992, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Se pregunta si este proyecto de ley, en realidad,
es necesario y entiende, según lo que se dice en la exposición de
motivos, que se trata más bien de un parche de carácter transitorio a la
Ley General Tributaria.
Por otra parte resalta la uniformidad obligatoria para todas las
haciendas, sin respetar las iniciativas que las comunidades hayan podido
adoptar en esta materia. En este sentido, considera que el Gobierno
debería limitarse a establecer unas reglas mínimas de juego, y expone las
materias en las que, sin embargo, echa en falta el compromiso del
Gobierno. Admite que el proyecto de ley contiene algunas mejoras, pero
las considera tímidas, por lo que su grupo ha presentado la enmienda de
totalidad.
En defensa de la enmienda a la totalidad presentada por Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya interviene el
señor Saura Laporta, quien suscribe practicamente la totalidad de la
primera parte de la intervención del señor Zabalía, y plantea sus dudas
sobre si no se estará ante un juicio de artificio que lleva al señor Rato
a presentar el proyecto con gran satisfacción. Está de acuerdo en que se
ha de aumentar los derechos y las garantías de los contribuyentes, pero
estima que ha de hacerse con otro procedimiento, con otro instrumento
legislativo y con otro contenido.
Por otra parte, resalta que su grupo no comparte el diagnóstico que hace
el Gobierno sobre el sistema tributario español en el sentido de que éste
es asfixiante para el contribuyente y no tiene las suficientes garantías.
Para su grupo el principal problema del sistema tributario español es la
progresiva y acelerada pérdida de equidad del mismo. Considera que, por
lo tanto, a cada uno de estos diagnósticos responden políticas distintas
y no se puede hablar de derechos y garantías de los contribuyentes sin
hablar simultáneamente de las potestades públicas de la administración
tributaria y establecer con la máxima claridad posible qué relación se
establece entre derechos y obligaciones.
En turno en contra de las enmiendas a la totalidad interviene el señor
Cabrera Pérez-Camacho, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno de réplica intervienen los señores Zabalía Lezamiz y Saura
Laporta, duplicando el señor Cabrera Pérez-Camacho.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista.
Avocación por el Pleno de proyectos de ley y de proposiciones de ley
(Página 3321)
Proyecto de ley del Gobierno (Página 3321)
Proposición de ley para el desarrollo de las previsiones del artículo 62
de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de
Canarias (Página 3321)
El señor Presidente somete a la Cámara la avocación por el Pleno del
proyecto de ley del Gobierno, que es aprobado por asentimiento.
El señor Presidente somete a la Cámara la avocación por el Pleno de la
proposición de ley para el desarrollo de las previsiones del artículo 62
de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de
Canarias, que se aprueba por asentimiento.
Proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes
(continuación) (Página 3321)
Sometidas a votación las dos enmiendas de totalidad de devolución del
proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes, se
rechazan por 20 votos a favor, 159 en contra y 120 abstenciones.
Avocación por el Pleno de proyectos de ley (Página 3321)
Proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes (Página 3321)
El señor Presidente somete a la Cámara la avocación por el Pleno del
proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes, que se
aprueba por asentimiento.
Se levanta la sesión a las tres y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con
carácter secreto.
DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:
-- DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS (Número de Registro
16493)
Se da por decaído y se retira el dictamen, al no haber sido distribuido
en tiempo y forma.
Continúa la sesión con carácter público.
ENMIENDAS DEL SENADO:
-- PROYECTO DE LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION
GENERAL DEL ESTADO (Número de expediente 121/000001)
El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día, enmiendas del Senado.
Enmiendas al proyecto de ley de organización y funcionamiento de la
Administración general del Estado.
¿Qué grupos desean fijar posición sobre las enmiendas propuestas por el
Senado al proyecto de ley de organización y funcionamiento de la
Administración general del Estado? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, de acuerdo con lo que se señala en el artículo 121 del
Reglamento de esta Cámara, intervengo brevemente para fijar la posición
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en relación con el proyecto
de ley Lofage.
Aceptamos el texto remitido y aprobado por la Cámara Alta por lo que
supone de avance en la construcción del mapa administrativo público del
Estado español y por seguir los principios que se señalan en el artículo
103 de la Constitución española, aunque consideramos que, como toda obra
humana, es mejorable, máxime cuando tenemos una Administración y unos
administrados que necesitan acercarse mucho más cada vez.
Lo aprobamos también por respeto a las autonomías, cuando se trata de la
Administración central periférica. Concretamente, en el Estatuto de
Canarias, aprobado por este Parlamento en diciembre último, se acordó que
la sede del Parlamento de Canarias, como órgano legislativo del
Archipiélago, se estableciera en Santa Cruz de Tenerife, y la sede del
delegado del Gobierno central en Las Palmas de Gran Canaria. Ello
consagra un equilibrio institucional que es necesario mantener a toda
costa, en un territorio fragmentado en siete islas y con la peculiaridad
de una capitalidad compartida, ya que hay que defender y apoyar la idea
de un solo gobierno regional, de una sola autonomía, porque somos un solo
pueblo.
Pues bien, en esta ley de organización y funcionamiento de la
Administración general del Estado, como hemos sabido, se señala que habrá
un delegado del Gobierno y subdelegados del Gobierno en las provincias.
En las comunidades archipielágicas, habrá además directores insulares,
salvo en aquellas islas en las que haya subdelegado; también se debía
consignar donde haya delegados.
Los delegados del Gobierno representan al Gobierno central en el
territorio de las comunidades autónomas, ejercen la dirección y la
supervisión de todos los servicios de la Administración general y sus
organismos públicos, dependiendo en unos casos del Ministerio de
Administraciones Públicas y en otros del Ministerio de Interior. El
delegado del Gobierno nombra a los subdelegados del Gobierno en las
provincias, siendo su superior
jerárquico, y les asigna competencias para organizar la estructura y la
relación con otras administraciones territoriales. Al mismo tiempo, se
crea en cada una de las comunidades autónomas pluriprovinciales una
comisión territorial presidida por dichos delegados del Gobierno.
Lamentamos, señorías, que no hayan prosperado en la Cámara Alta las
enmiendas que se presentaron para que, en el caso del archipiélago
canario, en la isla donde resida el delegado del Gobierno, no coincida
con un subdelegado del Gobierno y menos con un director insular. Razones
de economía presupuestaria y razones de economía de problemas
aconsejarían que se hubiesen recogido estas enmiendas del Grupo Mixto.
Actualmente, en Las Palmas de Gran Canaria hay un delegado del Gobierno
para todo el Archipiélago y no hay gobernador civil provincial. Por otro
lado, es curioso señalar que en cada una de las islas, donde hay una
institución administrativa de tanto señorío como son los cabildos
insulares, hay una representación parlamentaria, por isla, como es el
Senador, y por provincias, como somos nosotros, los Diputados. Pero es
curioso que donde hay una administración local, donde hay una
administración parlamentaria, no hay una administración estatal
administrativa. Es posible que no existan directores insulares en alguna
de las islas, porque ello dependerá de la decisión del jefe supremo, que
será el delegado del Gobierno.
Apoyamos asimismo, señorías, las correcciones ortográficas, sintácticas y
terminológicas de este proyecto de ley. Por tanto, votaremos
favorablemente su contenido.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Estamos, por fin, señorías, en el trámite final de la aprobación de la
ley de organización y funcionamiento de la Administración general del
Estado, adecuando ésta a los principios constitucionales, recogidos
fundamentalmente en el artículo 103 de la Constitución, e introduciendo,
en su actuar, la adecuación a la estructura de un Estado que se define
como autonómico, tras diecisiete años de aprobación del texto
constitucional.
Después de repasar detenidamente las enmiendas del Senado a la ley, la
verdad es que hay poco que decir. En su inmensa mayoría son correcciones
tipográficas o de estilo; las demás son correcciones de técnica
legislativa, en muchos casos sugeridas por los propios servicios
jurídicos de la Cámara, o de ajuste con la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, o adecuación a otras leyes.
Por tanto, sólo nos cabría reiterar lo ya expuesto en su trámite en el
Congreso y resaltar que, aunque el juicio general que nos merece la ley
es favorable, apenas se han corregido los defectos apuntados en su
momento, lo cual habría atenuado la perspectiva demasiado estatalista, a
nuestro juicio, que se percibe en su articulado y a lo que se dirigía
buena parte de nuestras enmiendas.
Se comprueba nuevamente el escaso valor añadido que el bicameralismo
existente aporta a la labor legislativa y, sobre todo, a la expresión de
los planteamientos autonómicos. Queda ahora en el aire en qué se
concretará la eterna apelación a la reforma de la Administración
periférica y permanecen inéditas, por último, las posibilidades
racionalizadoras y descentralizadoras que permitirían un uso inteligente
y generoso del mecanismo previsto al artículo 150.2 del texto
constitucional, una vía que podría, y podrá, solventar dificultades de
gestión, solapamientos de servicios y necesidades teóricas o reales de
coordinación.
Con estos apuntes, nuestro voto será favorable a la totalidad de lo que
se ha aprobado por el Senado.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Catalán, tiene la palabra la señora Gil.
La señora GIL I MIRO: Señor Presidente, señoras Diputadas, señorías, en
nombre del Grup Parlamentari Català expreso nuestra satisfacción por la
aprobación de la ley de organización y funcionamiento de la
Administración general del Estado, proyecto que en los diversos trámites
de estudio y enmiendas en el Congreso y en el Senado ha asumido notables
mejoras en la exposición de motivos y en el articulado.
Nos parece adecuado despedir las últimas enmiendas y con ellas el
proyecto con unos apuntes sobre los aspectos más relevantes, a nuestro
parecer, de la crónica de este proceso.
Como ustedes saben, los principios constitucionales de 1978 sobre la
organización territorial del Estado español impusieron un proceso,
todavía no cerrado, de redistribución de poderes normativos y ejecutivos
entre los diversos niveles de dicha organización y comportaron un cambio
sustancial, cuantitativo y cualitativo, en las funciones de la
Administración general del Estado y las administraciones autonómicas, que
obligaba a la redefinición del cometido genérico de ambas y a reformar la
estructura de la llamada administración periférica del Estado.
Para entender en su extensión el avance que en la cultura administrativa
de este país comprende el proyecto, debemos remontarnos a una historia
cuyo punto de partida se encuentra en la aprobación de la Constitución de
Cádiz de 1812, que trató ya de impulsar la modernización y reforma de las
estructuras del Estado, basado en los principios del centralismo liberal,
concretándolo en la división provincial y la regulación de los
subdelegados.
El modelo fracasó prontamente y las guerras carlistas de la época y la
tensión política lo derivaron en seguida hacia el centralismo represivo
que tenía como única finalidad la garantía, aunque fuera recurriendo a la
fuerza, del orden público y la unidad, llamada patriótica, del territorio
del Estado.
El 28 de diciembre de 1849 se reguló normativamente por vez primera la
figura del gobernador civil provincial, cuyas características dominantes
se mantendrían hasta hoy: un órgano de control electoral, el garante del
orden público, fiscalizador y que actuó de hecho durante casi toda su
historia sometido a la autoridad militar. Una figura que, nacida de los
principios centralistas liberales, se convirtió en la encarnación del
centralismo represivo, de especial significación en Cataluña.
A su vez, la Administración consolidó el mítico centralismo y conllevó a
un crecimiento desmesurado y sostenido de la Administración periférica,
que jamás se tradujo en un interés legislador que lo encauzara.
Estas seguían siendo las notas dominantes del paisaje de la
Administración en 1978 y, sorprendentemente, las primeras medidas
reformistas postconstitucionales de los años ochenta y ochenta y tres
para adecuar la Administración periférica al nuevo Estado compuesto no
fueron una reforma de progreso, sino la consolidación de la organización
existente. Se creó la figura del delegado del Gobierno, de acuerdo con el
artículo 154 de la Constitución, y se reforzó, a su vez, la figura del
gobernador civil, manteniendo la ostentación, con esta expresión, del
Gobierno, de poder llevar un banderín, de recibir honores militares,
etcétera, cuando todo el mundo sabe, o debería saber, que la palabra
ostentar significa mostrar algo con lujo y boato. Esta era la figura del
gobernador civil. Se convirtió así también la dirección de la
Administración periférica en una dirección bicéfala e incapaz.
Pero la Constitución había dejado un amplio horizonte a soluciones
organizativas, que nunca fueron abordadas hasta hoy. La novedad normativa
era el artículo 154 y la creación de la figura del delegado del Gobierno,
con escasos antecedentes que sólo hallamos en el proyecto de Constitución
republicana de 1873, en la Constitución de la Segunda República y en los
Estatutos de Autonomía, del año 1932, de Cataluña, y del año 1933, del
País Vasco.
El impulso decisivo para la formalización del proyecto de hoy se
encuentra en el acuerdo 11 del pacto de gobernabilidad suscrito entre el
Partido Popular y Convergència i Unió, que establecía que el Gobierno
remitiría a las Cortes un proyecto de ley de reforma de la Administración
general del Estado, que adaptaría la Administración periférica a las
exigencias del Estado autonómico, que eliminaría posibles dualidades y
que desaparecería la figura del gobernador civil.
El proyecto de ley que hoy se aprueba responde a estos dos planteamientos
de manera razonable, pero satisfactoriamente desigual. Por lo que
respecta al concepto de Administración única, se entiende como el
principio de simplificación, y en este sentido el proyecto es todavía
tímido, aunque también entendemos que inicia un camino posible, enmarcado
en el proceso todavía inacabado de la distribución de competencias y en
la exigencia cultural administrativa del pasado.
La desaparición de la figura del gobernador civil formaba parte del
pacto, pero también de la racionalidad organizativa. Es pedagógico
recordar que hoy desaparece una figura que encarnó durante casi 150 años
el centralismo represivo, de manera significativa en Cataluña, y ya la
Generalitat republicana, por decreto, en 1934, dispuso su cese. Una
figura cuyo componente fue patente durante la dictadura franquista, en la
que se centró en tareas de orden público, de control sobre los entes
locales y de control político, que se reforzó al convertirse en jefe
provincial de la FET y de las JONS. Por ello, su desaparición tiene para
mi grupo un valor simbólico político.
El diagnóstico de nuestro grupo sobre la bondad del proyecto es positivo
y también esperanzado, porque la Lofage orienta firmemente la acción de
la Administración general del Estado en su actividad territorial a
superar el pasado centralista, a eliminar los restos escenográficos y
ostentosos, a nuevos progresos en racionalidad administrativa y a la
búsqueda de una gestión simplificada y masificada.
Desde mi grupo, estaremos atentos al desarrollo de la ley, en especial a
la concreción del tipo de servicios que se integran o no en la estructura
de la delegación del Gobierno, que esperamos que será coherente y
significativa. Seguiremos también con atención que, una vez roto el molde
de la Administración centralista, no se mantengan en pie, en la
Administración periférica, sus copias.
Nos sentimos, pues, razonablemente satisfechos y adaptamos hoy nuestros
deseos, que son más amplios, a las posibilidades que la Lofage ofrece,
pero, a la vez, proseguiremos impulsando un mayor cambio, porque mi
gobierno quiere --ya que tiene la capacidad, la voluntad y no sólo la
aspiración-- administrar en solitario o participar en la administración
de otros espacios públicos de la Administración general del Estado con
incidencia y actividad en Cataluña o de aquellos que en el exterior
tratan asuntos de interés para mi país. Y proseguiremos, porque creemos
firmemente que en el horizonte político, como hoy aquí se demuestra, las
simples posibilidades, e incluso las aspiraciones que parecen utópicas,
las de hoy, son sin duda alguna las realidades de mañana.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gil.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
Señorías, la Presidencia, para la mejor ordenación del debate y
previsiones de SS.SS. para la ordenación a su vez de sus trabajos, quiere
anunciar que las votaciones de las enmiendas del Senado a este proyecto
de ley las acumularemos a las de los siguientes proyectos y proposiciones
que constituyen los puntos 36, 37 y 38 del orden del día y que cierran
todas las enmiendas del Senado, de forma tal que las votaciones no se
producirán antes de una hora.
Cuando quiera, señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nos encontramos ante la discusión de las modificaciones que el
Senado ha introducido a esta proposición de ley de organización de la
Administración general del Estado. Por tanto, deberíamos referirnos, más
que a la discusión general, que ya fue ampliamente discutida en su
primera fase, a si es verdad que reducimos la Administración periférica o
no; es decir, si hemos cambiado el hábito pero hemos dejado el mismo
monje, porque en lugar de llamarle gobernador le llamamos subdelegado del
Gobierno; si es verdad que le hemos quitado competencias o no; si es
verdad que las hemos transferido o las vamos a transferir a otra
administración como las comunidades autónomas o si de verdad vamos a
fortalecer una organización del Estado de manera diferente.
Y permítanme SS.SS. que diga que la ley ha sido anunciada más a bombo y
platillo que cambios sustanciales en realidad tiene. Quizá por las
informaciones que hemos recibido de cómo va a producirse el desarrollo de
esos plazos de seis meses de reducción, de reubicación de las
competencias, y de funcionamiento mínimo de la Administración periférica,
un Estado que aquí llamamos de las autonomías, hay presidentes de
comunidades autónomas que dicen que el Estado de las autonomía no coloca
bien a no sé qué parte del Estado, aunque este es un problema
constitucional y cada uno debe verse bien ubicado, pero no quería
referirme a eso. Queremos saber si una ordenación del Estado debe
referirse a una fuerte Administración central en comunidades autónomas,
una fuerte Administración en los municipios cercanos a los ciudadanos y
un aparato administrativo del Estado federal más reducido en la
ordenación territorial, es decir, menos peso territorial de directores
provinciales, menos peso territorial de los gobernadores o delegados o
subdelegados del Gobierno; si eso es verdad que se concreta. Además de
esto, la ley llevaba --por eso, permítanme SS.SS. que me centre más en
esta parte-- una especie de simplificación, de reordenación, de reducción
de organismos autónomos y comerciales del Estado. La verdad es que
nosotros éramos optimistas ante la propuesta y, sin embargo, la
organización definitiva no nos parece tan feliz.
Me voy a referir a tres bloques de enmiendas que se han introducido en el
Senado. El Senado sigue siendo una buena Cámara de revisión de nuestras
declaraciones; corrigen las mayúsculas y minúsculas y algunas otras
cosas, hay un porcentaje de enmiendas que suponen el desarrollo de un
trabajo importante. Pero hay algunas apreciaciones que afectan a algunas
de las discusiones que mantenemos aquí. La primera parte de la Lofage
habla de la organización del Gobierno, de los ministros, de los
vicepresidentes, cosas que están a medio camino entre la ley de Gobierno,
que discutiremos próximamente, y esta ley. El Senado, en el artículo 12,
de los ministros, ha añadido una enmienda por la que declaran como
potestad reglamentaria incluida en la legislación reguladora del propio
Gobierno --en la que hagamos después-- esa capacidad normativa o
reglamentaria de los ministros. De acuerdo, pero es que la ley que han
presentado en la Cámara incluye también a los ministros sin cartera. ¿Los
ministros sin cartera también van a tener capacidad reglamentaria? ¿Sobre
qué? Hay ciertas contradicciones en lo que debe ser la organización
legal, por eso decíamos que hubiera sido bueno tramitar las dos leyes
juntas y, así, haber evitado estas pequeñas contradicciones que pueden
derivarnos de una ley a otra.
Permítanme SS.SS. que ahora haga referencia a las enmiendas que, desde
nuestro punto de vista, no son positivas. La primera es, más o menos,
contradictoria con la ordenación y está referida a la Administración
periférica. El Senado, para Canarias y Baleares, ha añadido una
estructuración de la presencia territorial del Estado aún más farragosa
de la que hicimos aquí. Según esta estructuración, el Estado tendrá
delegado del Gobierno, subdelegado del Gobierno en cada isla y, en las
islas como Tenerife y Gran Canaria, además de Subdelegado, tendrán el
otro subdelegado insular. ¿Las competencias están en los cabildos, en la
comunidad autónoma, o este aparato es más descentralizador? Bajo mi punto
de vista no es más descentralizador, sino más controlador, so pena de que
estemos pensando en las personas que van a ocupar esos cargos; es decir,
que estemos pensando que así hay un abanico más grande para colocar a
unas cuantas personas. Si es así, tendremos más empleados de
nombramiento, lo que es una buena medida para los que tengan capacidad
para nombrar a personas para estos puestos.
También quiero referirme a algunas enmiendas que se nos rechazaron en el
Congreso y que han sido recogidas en el Senado; por ejemplo, enmiendas
nuestras al artículo 31, sobre las delegaciones y subdelegaciones, en las
que se decía que el número de áreas se debería fijar en atención a los
distintos sectores orgánicamente similares, con una estructura que
suponga un funcionamiento mejor. Aquí se rechazó y en el Senado se ha
añadido; es positivo.
Por último, señor Presidente, vamos a referirnos a las enmiendas
dirigidas a estos organismos autónomos.
En las enmiendas del Senado hay una parte positiva, añaden algo bueno, de
forma que la modificación, creación o refundición de estos organismos
--parece que es una cosa rara, pero son organismos que funcionan como
Correos u otras actuaciones de la Administración-- se va a hacer por
medio de ley, aunque luego se deja una puerta abierta y, en caso de que
no se cambien los fines ni algunas cosas sustanciales, se podrá hacer por
decreto-ley. Finalmente, dice que algunas cosas se podrán matizar por
orden ministerial. En todo caso, hay que decir que estas enmiendas del
Senado mejoran lo que aquí aprobamos, que todavía era más farragoso.
Permítanme que me refiera a la parte final, en la que vienen a plantear
una modificación sustancial de la organización del régimen específico de
determinados organismos públicos. El Senado ha ido más allá en lo que
aquí fue un pacto, un consenso entre todos los grupos para definir la
actuación de Correos y Telégrafos. El Senado ha añadido que el organismo
autónomo de Correos y Telégrafos tendrá la condición de entidad pública
empresarial. Mal camino lleva esto, y lo digo porque huele a que pueden
ir a actuaciones por áreas para privatizar Correos. Si esto es así,
tendríamos que tener la valentía, la gallardía de decirlo claramente;
negociarlo y discutirlo con los agentes sociales, no vaya a ser que, a
hurtadillas, estemos cambiando sustancialmente la relación con un cuerpo
con un funcionamiento y una organización del propio Estado. Creo que el
Senado, en este punto --nosotros vamos a pedir votación separada--, ha
empeorado el proyecto del Gobierno.
En suma, este trámite del Senado ha añadido confusión y una ordenación
más farragosa a algo que era más bien una declaración de intenciones que
una voluntad decidida, por lo menos desde nuestro punto de vista, de
simplificar la organización del Estado y facilitar su funcionamiento.
Señorías, lo público es bueno en la medida en que es útil y funciona
bien, al igual que lo privado. El antagonismo entre lo público y lo
privado es una falacia que no nos llevará a buen camino, y en los
organismos públicos y comerciales esa voluntad que se plantea por parte
del Gobierno o por los grupos mayoritarios que le apoyan nos puede llevar
a conflictos, porque se está imponiendo por ley y no negociando y
discutiendo con todos los agentes sociales y con las propias fuerzas
políticas.
En todo caso, espero que el desarrollo de la ley sea acorde con lo que
aquí se pone y veamos de verdad concretada en seis meses la organización
de la Administración periférica y en dos años este proceso de refundición
de organismos públicos, sin que vaya en detrimento de la calidad de la
prestación de los servicios para todos los ciudadanos de España.
Nada más, señorías. Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir brevemente, para fijar la posición del Grupo Socialista
en relación con las modificaciones introducidas por el Senado. Bien es
cierto que algunas de las intervenciones que han precedido a ésta han
pretendido incorporar un debate de carácter más general, creo que agotado
ya en la discusión que mantuvimos en el Congreso. En todo caso, sí parece
evidente que el poco tiempo que normalmente estas Cámaras dedican a la
reflexión en torno a la propia Administración general del Estado, o el
poco tiempo que han dedicado estos años en comparación con otras
administraciones públicas, justifica plenamente esa incorporación.
Desde el punto de vista del Grupo Socialista, como es conocido, hemos
mantenido el apoyo a buena parte de este proyecto de ley por razones de
coherencia. Es verdad que la lectura final nos produce una cierta
inquietud. Creo que al final el proyecto de ley tiene mucho más de
organización que de funcionammiento de la propia Administración general
del Estado, cuando seguramente la demanda ciudadana estaría más
preocupada por una mejora del funcionamiento que de la propia
organización, o por un cambio de modelo organizativo que, como se sabe,
habitualmente suele acabar en aquella reflexión de que las cosas cambian,
pero para que sigan básicamente lo mismo. Esperemos que en algunas cosas
no sea así.
Vamos a votar en contra de algunas enmiendas que ha introducido el Senado
y que son las que más nos preocupan, en concreto las referidas, en primer
lugar, a todo el proceso que se avecina --respecto del que el Senado ha
introducido alguna modificación, dejándolo en una posición mucho más
compleja-- de adecuación de la actual Administración institucional a lo
que a partir de ahora llamaremos organismos públicos, es decir, de
organismos autónomos y entidades públicas empresariales. La verdad es que
la ley ha dejado en este sentido farragoso y complejo el ámbito de lo que
deben hacer el Gobierno y esta Cámara.
Nos preocupa la disposición relativa al nuevo estatus del organismo
autónomo comercial, hasta este momento Correos, que se transforma en
entidad pública empresarial. En eso coincidimos con el representante de
Izquierda Unida, en tanto en cuanto esa podría ser la intención del
Gobierno respecto de otros organismos autónomos de carácter comercial. En
este punto nos preocupan, sobre todo, los organismos públicos de
investigación. Hay un número importante que cumple una tarea fundamental,
que necesita una naturaleza orgánica adecuada, y parece ser que su futuro
puede estar en entredicho.
Desde el punto de vista de lo que ha sido la nueva construcción de la
Administración periférica, hemos manifestado, señorías, que la
racionalidad y la simplificación de la Administración periférica del
Estado, valores que todos compartimos, no era incompatible con esa
especie de actitud de repliegue de la representación del Estado que la
mayoría de esta Cámara va a plasmar en la ley. Es más, creemos que
seguramente no es una buena aportación, que el Estado debería tener una
representación adecuada en el territorio y que eso nada tiene que ver ni
con el centralismo ni con la represión, salvo que tenga que ver con el
propio discurso estratégico político de cada grupo, sea nacionalista o
no, que por cierto es muy legítimo.
Tampoco nos gusta cómo queda todo el entramado de la Administración
periférica en relación con las islas, y nuestro voto en ese sentido
también va a ser negativo.
En definitiva, señorías, creo que la intención de esta ley, cuando el
Gobierno remitió el proyecto --proyecto que en su día ya fue remitido por
el Gobierno anterior--, fue la de abrir una expectativa importante. Desde
luego, en estos momentos tenemos alguna duda. Queremos seguir
apuntándonos a la expectativa del horizonte en positivo, de cara a la
reforma y a la racionalización de la Administración del Estado, pero
queda un importantísimo trecho de desarrollo, que seguramente es donde el
Grupo Popular y el Gobierno deberían tener una actitud algo más abierta
al diálogo de la que han tenido en la tramitación del actual proyecto.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
López-Medel.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Señor Presidente, señorías, concluimos hoy
los debates parlamentarios a propósito de la ley de organización y
funcionamiento de la Administración General del Estado.
El día 3 de mayo, en el discurso de investidura, el candidato a
Presidente de Gobierno se comprometió ante esta Cámara a remitir, en el
plazo más breve posible, un proyecto de ley que regulase de forma
armónica, de forma más racional y de forma más adecuada a lo que es la
realidad del Estado autonómico la Administración General del Estado,
dando cumplimiento al compromiso que adquiríamos en nuestro programa
electoral de desarrollar y hacer efectivo el principio de Administración
única.
En su comparecencia ante el Pleno de esta Cámara, el Ministro de
Administraciones Públicas, don Mariano Rajoy, también se comprometió a
remitir este proyecto en muy breve plazo. Así se hizo y hoy, apenas diez
meses más tarde, va a ser definitivamente aprobado, tras su tramitación
por el Congreso y por el Senado.
En este punto he de decir que el proyecto de ley, tal y como fue remitido
en su momento, ha sido mejorado en el trabajo parlamentario. De hecho, se
aceptaron 89 enmiendas en el Congreso y 51 en el Senado, en total 140
enmiendas, habiéndose incorporado 14 enmiendas del Grupo Socialista, así
como de Izquierda Unida, del Partido Nacionalista Vasco, de Convergència
i Unió, Coalición Canaria y Eusko Alkartasuna. Algunas de estas enmiendas
tenían ciertamente carácter técnico, pero otras tenían un sentido
político, entre las cuales algunas habían recogido propuestas del Grupo
Socialista. Con ello quiero resaltar el espíritu de apertura y diálogo
que ha mantenido en todo momento el Grupo Parlamentario Popular en la
tramitación de este proyecto de ley.
Resulta evidente que las enmiendas de gran calado político fueron
debatidas en su momento precisamente en el Congreso, y algunas de ellas
se incorporaron, por lo que no voy a volver a plantear cuestiones de
fondo frente a lo que han hecho otros portavoces.
Las enmiendas del Senado tienen un carácter básicamente técnico,
consiguen una mayor precisión en aras de mejorar no sólo la técnica
legislativa, sino de dar una mayor claridad a los conceptos y a su
aplicación en diversos extremos.
Voy a referirme a una enmienda a la cual anteriormente el portavoz de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha hecho alusión. El Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso va a solicitar que se vuelva al
texto originario aprobado en su momento en esta Cámara. Es la referida al
artículo 12.2.a), en el que, a propósito de la potestad reglamentaria que
pueden ejercer los ministros, se decía --y así figuraba en el texto
aprobado en su momento por el Congreso de los Diputados-- que el
ejercicio de esta potestad reglamentaria se llevaría a cabo de
conformidad con lo que estableciera la legislación específica. El Senado,
en un intento de precisar la legislación específica, lo ha circunscrito
exclusivamente a la ley del Gobierno. Nosotros entendemos que la ley del
Gobierno, que ciertamente regula la potestad reglamentaria, sin embargo
no agota de una manera completa la regulación de esta materia. Por ello,
tal y como he dicho, anuncio que, a propósito del artículo 12.2.a),
nosotros solicitamos la vuelta al texto aprobado por el Congreso.
Los portavoces de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo
Socialista se han referido a la enmienda introducida en el Senado sobre
el organismo autónomo Correos y Telégrafos. Decía que esta nueva
configuración tiene su origen en la enmienda que tanto el Grupo
Parlamentario Popular como Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
introdujeron en el Congreso, donde se trataba de garantizar el régimen
jurídico aplicable al personal de este organismo autónomo. Ahora lo que
se hace es definir, nada más y nada menos,
cuál es el futuro de este organismo autónomo. Es conocido por todos,
señorías, que desde hace tiempo se está trabajando en la transformación
del organismo Correos y Telégrafos, y es de dominio público que lo que se
hace en la disposición adicional es adelantar, ganar el mayor tiempo
posible a la hora de definir el marco jurídico adecuado que debe ser de
aplicación a este organismo en el futuro. Entendemos que con la decisión
que se ha tomado en el Senado de calificarlo como ente público
empresarial lo que se hace es ganar tiempo, lo que se hace es calificarlo
de forma correcta, de tal forma que ni siquiera los sindicatos se han
opuesto a la nueva configuración. Se quiere y se apuesta por una entidad
pública empresarial mucho más ágil, mucho más operativa y tratando de
evitar que siga teniendo el déficit tan terrible que ha tenido hasta
estos momentos y que pueda beneficiar a los 65.000 trabajadores que
prestan sus servicios en este organismo público.
Quiero resaltar de una manera muy breve que con la aprobación de esta ley
nosotros ponemos las bases para que tengamos una Administración más
simplificada y mejor coordinada. Además de dejar sin efecto leyes del año
1957 o del año 1958, con las cuales parece que el anterior Gobierno
estuvo ejerciendo su labor con cierta comodidad, nosotros hemos reflejado
en esta ley no sólo una visión más constitucional, sino también más
integradora y más armónica de lo que es la Administración general del
Estado. Se regula en esta ley no sólo la Administración central, sino
también la Administración periférica y la Administración institucional,
al igual que la Administración general del Estado en el exterior, y todo
ello de una forma armónica y sincronizada.
En cuanto a la primera, a la Administración central, se produce una
delimitación muy clara de lo que son los altos cargos. En cuanto a la
segunda, la Administración territorial, la reforma va a ser de gran
envergadura: se potencia el único órgano previsto en la Constitución, las
delegaciones de Gobierno, y se suprime la figura del delegado del
Gobierno. Nosotros no nos fijamos en cómo actuaron en otro momento o cuál
era su configuración. Lo que sí decimos es que en la realidad actual, en
lo que es el Estado autonómico hoy en día, esta figura no tiene mucho
futuro. En todo caso, en modo alguno se debilita por ello la presencia
política del Estado, la representación del Estado. Se refuerza la
presencia política del Estado en aquellos sitios donde existe más
autonomía política, en las comunidades autónomas. Y donde existe más
autonomía administrativa, lo que se hace es configurar los subdelegados
como órganos con carácter más administrativo, pero sin que ello suponga
un debilitamiento; por el contrario, se consigue un mayor reforzamiento
de la representación política del Estado.
En cuanto a la Administración institucional, se pretende delimitar con
mayor precisión la tipología de organismos públicos que ya se contemplan.
Simplemente --y con ello concluyo, señor Presidente--, me queda desear
que se lleve pronto a cabo el desarrollo reglamentario y que la puesta en
marcha de esta ley, de la Lofage, suponga lo que creo que todos los
parlamentarios de esta Cámara deseamos, una Administración más eficaz al
servicio de los ciudadanos.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López-Medel.
-- PROPOSICION DE LEY SOBRE REFORMA DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE
TRAFICO, CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL (Número de
expediente 122/000002)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate relativo a las enmiendas del
Senado sobre el proyecto de ley de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado, pasamos al debate sobre las enmiendas
del Senado a la proposición de ley sobre reforma del texto articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
¿Grupos que desean fijar su posición al respecto? (Pausa.) Por el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, a la hora de valorar las enmiendas introducidas por el Senado,
encontramos que, con respecto al texto inicial sobre el que presentamos
las enmiendas, se ha incluido la facultad de inmovilización de vehículos
cuando se hallen provistos de título que habilite el estacionamiento en
zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta
que se logre la identificación del conductor, en referencia a los
artículos 7.c, 38.4 y 70. El supuesto de
inmovilización---entrecomillado-- no está recogido en el actual artículo
70 y creemos que puede tener inconvenientes en su interpretación. No se
establecen criterios para determinar cuándo procede la inmovilización y
cuándo la retirada; sólo se sabe que esta última, en caso de exceso
horario, únicamente cabe cuando se rebase el doble de tiempo abonado,
según la nueva redacción dada al artículo 71.1.e), de lo que se infiere
que en los demás casos de exceso horario inferior, sólo cabrá la
inmovilización. Pero en lo referente al otro supuesto, de no haberse
provisto de título, creemos que la confusión que aporta el texto
definitivo del Senado es grande.
La inmovilización puede ser una medida desproporcionada si no se
justifica en la necesidad de salvaguardar algún otro valor
constitucional. La inmovilización podría estar justificada si es una
medida para la identificación
del infractor, pero esto no queda claro en la norma. La retirada, en
cambio, sí encuentra justificación en la evitación de riesgos para la
seguridad del tráfico y en la facultad que tienen las autoridades locales
de intervenir en la más racional utilización del espacio público urbano,
que es un fin público, un interés público justificante del sacrificio que
la retirada supone.
Sí nos parece interesante la distinción que introduce la enmienda del
Senado en el artículo 39 entre parar y estacionar. Aporta precisión, pues
contempla la diferencia existente entre los conceptos parar y estacionar,
diferencia referida al tiempo de la ocupación de la zona por el vehículo,
e incluso a la finalidad de la misma.
Igualmente, nos merece un criterio favorable la diferencia que se ha
establecido entre conducción negligente y conducción temeraria, que puede
excluir el riesgo de bis in idem que habíamos apuntado durante la
tramitación en el Congreso respecto al tipo penal establecido en el
artículo 389.1 del Código Penal. La conducción negligente, sin más, sería
entonces infracción administrativa grave, según el artículo 65.4.1º. La
conducción negligente con riesgo para las personas sería también
infracción administrativa, en este caso muy grave, según el artículo
65.4.1º en relación con el 65.5.1º. La conducción temeraria sin ese
riesgo sería infracción muy grave, según el artículo 65.5.2, y la
conducción manifiestamente temeraria con dicho riesgo sería entonces
ilícito penal, según el artículo 381 del Código. Como se ve, puede
establecerse la distinción entre las distintas tipificaciones, pero ello
no resulta sencillo. En cualquier caso, parece que el principio de non
bis in idem, que preocupaba a nuestro grupo, queda con esto salvado.
Por lo que hace a la ingesta de bebidas alcohólicas y otras sustancias,
seguimos pensando lo que dijimos en las enmiendas, si bien la
incorporación de la referencia a las tasas reglamentarias puede apoyar la
tesis de que la infracción administrativa queda reservada a los supuestos
de simple ingesta en límites superiores a los autorizados
reglamentariamente, mientras que el tipo penal se aplicaría a los
supuestos de influencia de las sustancias en la conducción, con
independencia del dato objetivo de la tasa. En fin, se salva así, una vez
más, el principio de non bis in idem, aunque se hace por los pelos y a
costa de una gran imprecisión de los límites entre los dos ilícitos.
No se puede decir lo mismo respecto del incumplimiento de la obligación
de someterse a los controles de alcoholemia o de otras sustancias. Aquí
la afectación del principio aludido es clara, pero en esto no ha sido
retocado el texto por el Senado y así salió del Congreso, por lo que ya
es imposible cualquier alteración.
Nos parece correcto sustituir la expresión circulación, que figuraba en
el texto del Congreso, por la de conducción, en el apartado d) del
artículo 65.5.2º.a), porque permite remitir la autoría en relación con la
materia de que se trata. Sin embargo, no vemos tan adecuada la referencia
que se hace en relación con los estupefacientes y psicotropos, así como
otras sustancias análogas, no exigiendo respecto de éstas la superación
de tasas reglamentarias. Encontramos que esta técnica legislativa es
defectuosa, porque no se trata de sancionar en esta norma el consumo de
drogas, sino de ver en qué medida puede alterar o afectar a la conducción
su consumo. No confundamos las cosas. No estamos en el marco de una
normativa contra la droga, sino ante una normativa que pretende la
seguridad del tráfico y la protección de los valores y derechos en él
implicados. Nos consuela el hecho de que se emplee la expresión: bajo los
efectos, lo que puede llevar a pensar que se está hablando de alguna
afectación de tales sustancias en la conducción.
Igualmente, nos parece que queda confusa, aunque es salvable, la
redacción que se le ha dado al artículo 67.1, que parece consagrar la
existencia de un bis in idem cuando establece que en los casos de
concurrencia de sanción administrativa e inclusión en un ilícito penal,
procederá la rebaja de la sanción administrativa si ésta no está incluida
en ilícito penal. Esto nos parece que es consagrar por el legislador la
posibilidad de la doble sanción. Sin embargo, tampoco haremos objeción a
lo que se plasma, en el bien entendido supuesto de que el aplicador
jurídico podrá entender que la rebaja que se hace respecto de los
infractores lo es sólo para aquellos supuestos en los que definitivamente
resulte que la conducta no es propia de las tipificadas en el Código
Penal.
Por ello, a pesar de que el juicio que nos merece la nueva redacción que
se da a la Ley de tráfico y seguridad vial en cuanto a la técnica
legislativa no es excesivamente favorable, sí anuncio que mi grupo votará
favorablemente las enmiendas, tal y como han sido enviadas a esta Cámara
por el Senado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero manifestar
nuestra satisfacción porque finalicemos la tramitación de una proposición
de ley que fue presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y que ha
merecido no solamente el consenso de la mayor parte de las fuerzas
parlamentarias de esta Cámara, el consenso y el trabajo constructivo y
positivo desde el ámbito legislativo del Senado y de los grupos
parlamentarios del mismo, sino el enriquecimiento de sus contenidos con
la participación, con la aportación, basada en la experiencia, pero
también en la prudencia y en un anhelo de desarrollar la idea de
autonomía
local, de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Esta proposición surge excitada por la propia Federación Española de
Municipios y Provincias, y muy especialmente inspirada por el
Ayuntamiento de Gijón, cuyos planteamientos fueron asumidos en el ámbito
de la federación y fueron, además, impulsados por el Presidente de la
Comisión de Circulación y Transportes, de la comisión especializada en
estos temas en el ámbito de la citada Federación Española de Municipios y
Provincias.
Ha habido aportaciones basadas en la experiencia de muchos alcaldes, de
muchos munícipes españoles y el legislador ha sido permeable y ha sido
también capaz de enriquecer y coordinar, desde el punto de vista técnico,
las necesidades que se nos planteaban. Hemos logrado, desde el diálogo
abierto y sereno, desde una reflexión conjunta, desde un planteamiento
positivo que quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios, un
amplio nivel de consenso que hoy hace que sea realidad la aprobación de
una disposición legislativa que quisiera resaltar en cuanto a sus
características.
¿Cuál es la principal virtualidad o el principal componente de esta
proposición en cuanto a su contenido? Ni más ni menos que algo tan
importante y tan necesario de desarrollo como es el concepto de autonomía
local. Esta proposición de ley tiene un contenido normativo que traslada
a los ayuntamientos la responsabilidad política y la capacidad de
regulación de aspectos claros que afectan no sólo a la seguridad vial
sino a la ordenación de los espacios, a la lucha en la protección del
medio ambiente urbano, a una regulación y a un uso más adecuado de los
espacios y de las zonas de estacionamiento, desde el punto de vista
municipal y urbano. Por tanto, en primer lugar es una ley que potencia,
aclara y consolida algunas dudas, algunos cuestionamientos que se hacían
por parte de los tribunales y desarrolla las previsiones de la Ley
Reguladora de Bases de Régimen Local, creando un espacio claro y cierto
de autonomía local.
Cuando entre en vigor esta ley, los ciudadanos tienen que saber que la
regulación y el uso, tanto del régimen de espacios de aparcamiento como
de infracciones y sanciones, es competencia de los ayuntamientos. Los
ayuntamientos deberán hacer un uso prudente de su competencia en las
ordenanzas municipales y responder ante los ciudadanos del uso de esta
competencia. Es una disposición que está basada en un principio
fundamental, el principio de solidaridad cívica, el principio de la
distribución de espacios de aparcamiento en el medio urbano; una
disposición que potencia también la seguridad vial y la fluidez del
tráfico; una adecuada ordenación de los aparcamientos desde la
perspectiva municipal como competencia propia es una aportación
fundamental también a la fluidez y a la seguridad vial. Es una
disposición normativa que está inspirada en el derecho de los ciudadanos
al uso peatonal de las ciudades y de nuestros pueblos. Es una disposición
que, como toda disposición, tiene una proyección claramente
medioambiental a la hora de ordenar el tráfico urbano. Está en la línea
de garantizar un mejor ámbito, una mejor habitabilidad desde la óptica
medioambiental de nuestras ciudades y municipios.
La proposición que hoy aprobamos ha sido enriquecida por el Senado. El
Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente a todas las
enmiendas que sugiere el Senado, porque enriquecen, ordenan, mejoran
técnicamente y consiguen una mejor distribución sistemática de algunas de
las disposiciones de la tipificación del régimen de infracciones y de
sanciones. Esta proposición de ley no sólo se queda en el ámbito de la
ordenación de espacios o de la regulación de la seguridad vial urbana,
hace importantes aportaciones a la hora de regular un régimen de
calificación y de tipificación de las infracciones mucho más adecuado de
cómo venía hasta ahora recogido en la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Está basada en una preocupación común
en la lucha, por ejemplo, contra la imprudencia y contra la conducción
bajo los efectos de intoxicación alcohólica o de estupefacientes; en
crear mecanismos que garanticen elementos de prevención, de prevención
ante algo que constituye una gran preocupación de todos, de esta Cámara,
del Grupo Parlamentario Socialista, cual es precisamente el alto índice
de accidentalidad y de siniestralidad. Es una ley, por tanto, también de
ordenación de seguridad vial y es una ley preventiva.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, le ruego concluya.
El señor CUESTA MARTINEZ: Quisiera finalizar, señor Presidente, señorías,
diciendo que con esta ley no se acaban de resolver todos los problemas.
Potenciamos un concepto de autonomía local. Los ayuntamientos tienen
ahora que regular, por ordenanza municipal de tráfico y circulación,
aspectos que se les reconoce como competencia en esta proposición de ley,
y deben hacerlo desde lo que es la voluntad del legislador y de esta
Cámara. Esta ley no está hecha con mentalidad represiva. Esta ley no es
una ley fiscal. Los ayuntamientos no deben ver en esta ley un instrumento
de recaudación fiscal. Esta es una ley de ordenación del tráfico, de
solidaridad, de reparto de espacios, de mejora de la habitabilidad y la
accesibilidad del medio urbano. Por tanto, debe ser desarrollada,
aplicada desde la responsabilidad, desde la proporcionalidad, desde la
racionalidad y, sobre todo, desde el diálogo democrático, combinando y
recogiendo todos los intereses: los del conductor, los del usuario, los
del peatón, los intereses de toda la colectividad, que es hacia quien va
dirigida esta proposición de ley que hoy aprobamos. Y anuncio, en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista, que es para nosotros una satisfacción
y,
sobre todo, queremos constatar nuestra coincidencia con las enmiendas que
mejoran el texto por parte del Senado, nuestra coincidencia, repito, con
muchas de las aportaciones que se han hecho en este debate, nuestra plena
convicción de la constitucionalidad también de esta disposición y, sobre
todo, nuestra satisfacción por haber logrado un alto nivel de consenso.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, concluimos en el día de hoy la tramitación parlamentaria de la
proposición de ley de reforma parcial del texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por el Real Decreto-legislativo 339/1990, de 2 de marzo, con la
consideración de las enmiendas introducidas por el Senado.
Como ya se ha dicho, se trata de una reforma parcial de una iniciativa
parlamentaria cuyo objeto lo constituye la reforma parcial de la ley de
tráfico. No se ha pretendido, en consecuencia, una reforma global y en
profundidad de la misma, sino sólo atender, mediante la revisión de parte
de su contenido, a una serie de aspiraciones sentidas desde finales de
1995 por la Federación Española de Municipios y Provincias y puesta de
manifiesto también en los debates mantenidos en el seno del Consejo
Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial de la Dirección
General de Tráfico; aspiraciones que han sido recogidas por todos los
grupos con un alto grado de consenso. Por esta razón, el contenido de la
reforma es limitado, sin perjuicio de la trascendencia de la misma, a la
que luego haremos referencia.
En orden a las cuestiones de fondo de la reforma parcial, las
modificaciones concretas afectan, en primer lugar, a la especificación en
la ley de la competencia de los ayuntamientos para establecer, mediante
ordenanza municipal de circulación, la regulación de los estacionamientos
de vehículos, así como la posibilidad de establecer limitaciones horarias
o temporales al estacionamiento de vehículos en las vías urbanas. Afecta,
en segundo lugar, al régimen de estacionamiento y parada de vehículos; en
tercer lugar, al régimen de infracciones a la ley y las sanciones
correspondientes, dándole, como ya se ha dicho, una mejor y mayor
sistemática; y, en cuarto lugar, al régimen de inmovilización y retirada
de vehículos de las vías urbanas y al régimen de retirada de vehículos de
las vías interurbanas.
Por otra parte, subyace en esta reforma la voluntad de perfeccionar
nuestra normativa, nuestro ordenamiento jurídico en esta materia, con la
finalidad de acabar con las contradictorias resoluciones judiciales que
se han venido produciendo en la interpretación de las normas reguladoras
de las competencias municipales en materia de tráfico y estacionamiento,
cumpliendo de este modo, además, el compromiso contraído en los debates
del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial de
abordar las modificaciones normativas precisas para reforzar la autoridad
municipal y sus competencias en esta materia.
En cuanto a las modificaciones introducidas por el Senado al texto de
esta proposición de ley, debo comenzar mostrando la satisfacción del
Grupo Parlamentario Popular por el trabajo desarrollado por el Senado,
donde se presentaron 24 enmiendas al texto habiendo ampliado de seis a
nueve los artículos de la ley de tráfico modificados a lo largo de la
tramitación parlamentaria de la proposición de ley que debatimos.
No voy a entrar en el detalle de las enmiendas introducidas por el
Senado, que tan brillantemente han realizado la señora Uría y el señor
Cuesta, pero sí quiero decir que, en definitiva, se trata de
modificaciones que vienen a enriquecer el texto que salió de la Comisión
de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados que vienen a
mejorar, desde el punto de vista de técnica legislativa y de expresión
lingüística, tanto el fondo como la forma de la proposición de ley de
modificación que debatimos. En coherencia con ello anuncio el voto
favorable del Grupo Parlamentario Popular a las enmiendas introducidas
por el Senado.
Señor Presidente, señorías, somos conscientes de que aprobamos hoy una
modificación de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial que va a tener una gran importancia en orden a la
efectividad del cumplimiento de las competencias municipales de
ordenación del tráfico en nuestras ciudades, no en vano la declaración
final de las primeras jornadas sobre estacionamiento en la vía pública
celebradas en Toledo en octubre de 1996, bajo los auspicios de la
Federación Española de Municipios y Provincias, concluía que es necesario
adoptar sistemas de regulación de estacionamientos en los centros de las
ciudades para ordenar racionalmente la circulación y mejorar la calidad
de vida y el hábitat de los ciudadanos, excluyendo cualquier afán
recaudatorio, en aras de compatibilizar el uso y disfrute de los
servicios ciudadanos con el libre ejercicio de sus derechos cívicos, para
de esta manera garantizar una mayor aceptación por todos los usuarios de
los sistemas de regulación de tráfico y estacionamiento de vehículos.
Dicho de otro modo, la ordenación del tráfico urbano adquiere en nuestros
días una nueva y muy relevante dimensión pública, pudiendo afirmarse, sin
caer en exageraciones, que la correcta regulación del tráfico influye no
sólo en la libre circulación de vehículos y personas, sino también en el
efectivo ejercicio de otros derechos como el acceso al puesto de trabajo
o el disfrute de servicios tan esenciales como los sanitarios, los
educativos o los culturales, sin excluir, desde
luego, su íntima relación con el medio ambiente urbano y con la defensa
del patrimonio histórico-artístico amenazados uno y otro por diversas
agresiones que tienen su origen, precisamente, en el tráfico urbano.
Por esta razón no debe considerarse casual que la Unión Europea, en el
libro verde sobre el medio ambiente urbano, defienda medidas como la que
esta proposición de ley regula en el sentido de ser muy beneficiosas para
la mejora de la calidad ambiental de nuestras ciudades, como consecuencia
del efecto que origina la reducción de la circulación de vehículos
privados en determinadas zonas de la ciudad, especialmente las de
atmósfera más contaminada.
Concluyo, señor Presidente, señorías, señalando que el consenso ha sido
la tónica dominante en todo el proceso de elaboración de esta reforma,
pero que si hubo consenso previo en la Federación Española de Municipios
y Provincias y en el Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la
Circulación Vial sobre la necesidad misma de la reforma y si ha habido un
alto grado de consenso en la tramitación parlamentaria en ambas Cámaras
de esta proposición de ley, debemos advertir, sin embargo, que el éxito
futuro de esta reforma depende, en gran medida, de que las entidades, de
que las instituciones encargadas del desarrollo y aplicación de los
instrumentos que hoy les concedemos, es decir, los municipios, sean
capaces de suscitar en torno a sí el necesario consenso social sobre la
conveniencia, por las razones apuntadas, de la reforma de nuestro
ordenamiento en materia de estacionamiento en nuestras ciudades.
Por eso, me va a permitir, señor Presidente, que termine esta
intervención haciendo un llamamiento a todos los grupos parlamentarios,
en general a todas las administraciones públicas y muy especialmente a
las administraciones locales, en orden a buscar ese necesario consenso
social que garantice la efectividad y el éxito de esta reforma.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Seco.
-- PROPOSICION DE LEY SOBRE SOCIEDADES LABORALES (Número de expediente
122/000003)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de las enmiendas a la
proposición de ley sobre reforma del texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, pasamos al de
las enmiendas del Senado a la proposición de ley sobre sociedades
laborales.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria, por boca de este portavoz, manifiesta que entiende que
el Senado ha introducido, en esta proposición de ley sobre sociedades
laborales que nosotros en su día consideramos iniciativa parlamentaria
muy afortunada y oportuna, una serie de enmiendas, y quitando aquéllas
que son puramente de mejora técnica, gramatical y de coordinación de la
sintaxis, voy a entrar fundamentalmente en las que merecen destacarse por
el apoyo positivo que las daremos.
En primer lugar, que se hayan suprimido en su contexto general, señor
Presidente, una serie de indefiniciones que introducían un principio de
inseguridad jurídica inaceptable en todo proyecto de ley; por ejemplo, la
enmienda que se introduce al párrafo sexto de la exposición de motivos,
que se había mantenido en el texto que salió del Congreso, pese a nuestra
enmienda al artículo 8, que se introdujo aquí, en el Congreso de los
Diputados, con la expresión «registrador mercantil», que ahora se
sustituye por «administradores».
Al artículo 1, punto 2,... (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento,
señor Mardones.
Señorías, les ruego que guarden silencio.
Continúe, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Creemos que la enmienda del Senado al punto 2 del artículo 1 es también
muy afortunada, dado que añade un párrafo final --es enmienda de adición
que complementa y perfecciona el texto del Congreso--, haciendo la
previsión de obligar a la comunicación al Registro de Sociedades
Laborales, para la autorización respectiva, de la superación del límite
del número de horas trabajadas por los trabajadores no socios. Esto había
quedado en un vacío que introducía, por tanto, un principio de
inseguridad jurídica inaceptable.
La enmienda al punto 2 del artículo 2, señor Presidente, viene a resolver
algo que quedó indeterminado en el texto del Congreso, pues da una nueva
redacción y especifica concretamente el criterio de inscripción en el
Registro de Sociedades Laborales como paso procedimental previo a la
inscripción en el Registro Mercantil, lo cual no merma las competencias
del Registro Mercantil, sino precisamente todo lo contrario.
La enmienda dirigida al párrafo primero del punto 3 del artículo 5, que
lo suprimen del texto del Congreso, en verdad era innecesaria, sobre todo
cuando ya se hacía una clarificación en el propio texto del Congreso del
tipo de sociedades, con la mayoría de capital social, que aquí se
especificaba claramente que debe pertenecer a los trabajadores que
prestan en ellas sus servicios retribuidos.
Igual diríamos de la enmienda al punto 8 del artículo 7 y del nuevo punto
4 al artículo 15, que introduce algo que sí quiero destacar, señor
Presidente, y que es la facultad de permitir a la junta que, cuando haya
exclusión, a efecto de sanciones o participaciones de la clase laboral,
fije libremente el importe de la prima. Esto, que ya lo tienen las
sociedades anónimas como, por ejemplo, los bancos, y que lo vienen
realizando con toda naturalidad en sus juntas generales de accionistas,
proponiéndolo en el orden del día, era necesario que las sociedades
laborales lo pudieran recoger.
En la enmienda al artículo 18 del título, era necesario suprimir la
expresión «sanción», dado que se prestaba a la ambigüedad de interpretar
si se estaba sancionando un hecho puramente administrativo o era una
sanción punitiva.
En el artículo 21 del título creemos que es también muy acertada la
enmienda del Senado, porque viene a hacer una corrección en la redacción
que permite incluir y dejar claro que la afiliación al Régimen General de
la Seguridad Social es compatible con los demás regímenes especiales que
procedan.
La supresión del título de la disposición final primera es concordante
con estas enmiendas y, por tanto, también es acertada.
Por todas estas razones, señor Presidente, vamos a votar afirmativamente
todas y cada una de las enmiendas que nos ha remitido el Senado a este
proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para anunciar el voto favorable de nuestro grupo a la
proposición de ley de sociedades laborales porque entendemos que las 22
modificaciones que plantea el Senado a la proposición, tal y como salió
del Congreso, introducen algunos cambios que no son sólo de mejora
técnica o de estilo, sino que son sustantivos. Creemos que esta
proposición de ley va a introducir una mejora global en las condiciones
de inserción de colectivos de trabajadores autónomos o de trabajadores
que puedan estar en el futuro en el Régimen General de la Seguridad
Social, lo que para nosotros es muy positivo. Por ello, a pesar de que
hay cambios que podrían presentar elementos contradictorios con lo que en
el Congreso se planteó y que modifican a la baja estas condiciones,
nosotros creemos que, en términos generales, debemos apoyar esta
proposición de ley.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vaquero.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, llegamos al último trámite parlamentario de la proposición de
ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre sociedades laborales, que
fue tomada en consideración por la Cámara --como todas SS.SS. saben--
prácticamente por unanimidad. Nos proponíamos entonces una doble
finalidad: por una parte, permitir que la forma societaria de sociedad de
responsabilidad limitada pudiera ser adecuada para las sociedades
laborales y, por otra, perfeccionar el régimen jurídico de las sociedades
laborales, anónimas o de responsabilidad limitada, a la vista de la
experiencia, ya larga --desde el año 1986--, en que se aprobó la Ley de
Sociedades Anónimas Laborales.
Hoy podemos decir que el primer objetivo se ha cumplido --se permite la
fórmula societaria de sociedad de responsabilidad limitada para las
sociedades laborales--, pero ha sido, en gran medida, a costa de
destrozar o arruinar una proposición de ley que en principio nos parecía
buena. El derribo empezó en la Comisión de Política Social y Empleo del
Congreso, al aprobarse enmiendas que desnaturalizaban la sociedad
laboral, gracias a los votos del Partido Popular y de su socio,
Convergència i Unió. En el trámite del Senado, nosotros --el Grupo
Parlamentario Socialista-- intentamos deshacer este entuerto, pero no se
aceptaron nuestras enmiendas. Hoy, en gran parte, vamos a ver los
despojos que quedan de una proposición de ley del Grupo Parlamentario
Socialista que todos aceptaron en la Cámara que era buena.
Como el Grupo Popular no entiende lo que es una sociedad laboral,
posibilitan, por ejemplo, privilegios y discriminaciones y permiten que
haya dividendos preferentes, trechos especiales en la cuota de
liquidación, incluso el propio voto plural. ¡Ah!, eso sí, espectacular
avance. Dicen: No será válida la creación de acciones de la clase
laboral, privadas del derecho de voto (artículo 5.2.) ¡Faltaría más! Las
sociedades laborales, que son el paradigma de la democracia industrial,
que permiten o deben permitir la cohesión social, ¿cómo no iban a
permitir que existiera el derecho de voto en cada una de las acciones y
participaciones.? Dicen: no será válida la creación de acciones de la
clase laboral privadas del derecho de voto. Pero empiezan ya las
chapuzas. Como no se refieren a las participaciones, se refieren
exclusivamente a las acciones, como se deduce del texto que viene del
Senado, cabrían participaciones en el capital de una sociedad de
responsabilidad limitada, privadas del derecho de voto. Analícenlo,
porque nosotros, en este caso, presentaremos además las iniciativas
parlamentarias correspondientes para eliminar esta chapuza.
La limitación del tiempo nos impide entrar a fondo en las enmiendas al
artículo 5.3 y al artículo 6.3. En la enmienda al artículo 5.3, el Senado
suprime el párrafo que dispone que las acciones o participaciones de la
clase laboral deben representar cuando menos el 51 por ciento del capital
social. Analizaremos esto después.
En relación con las limitaciones en la transmisión de acciones, es
natural que existan para los socios trabajadores respecto a las acciones
y participaciones de la clase laboral, sin embargo es contraproducente
para el resto de los socios respecto a las acciones y participaciones de
la clase general. ¿Por qué? La clase laboral implica trabajo compartido,
mientras que la clase general implica financiación. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Si ponemos trabas a la transmisión de las acciones o participaciones
generales, en definitiva estamos limitando la adquisición y por tanto la
financiación de las sociedades laborales. Concuerda esto perfectamente
con la línea del Partido Popular que considera marginal la economía
social, reproduce sus enmiendas a la Ley de Cooperativas en materia tan
importante como la figura del asociado, y concuerda también con la
posibilidad permitida por el Partido Popular de que existan cláusulas
estatutarias que prohiban la transmisión voluntaria de acciones y
participaciones que nuestra proposición consideraba nulas.
Ya he dicho que hemos aprovechado la proposición de ley para mejorar el
régimen jurídico de las sociedades laborales, resolviendo algunos
problemas sobre encuadramiento en la Seguridad Social y sobre posibilidad
de financiación, por ejemplo, a través de la exención en el IRPF de las
prestaciones por desempleo percibidas en la modalidad de pago único,
sometida esta exención a determinadas condiciones. Esto era un sistema de
financiación de las sociedades laborales; sin embargo, esto fue rechazado
por el Partido Popular, coherentemente con su posición ideológica.
Por otra parte, en relación ya al artículo 21 en materia de Seguridad
Social de los socios trabajadores, había que resolver dos problemas. En
primer lugar, evitar que los consejeros de administración estuvieran
afiliados al régimen de autónomos; en segundo lugar, conseguir el acceso
de los socios, al margen de determinadas interpretaciones judiciales, a
las prestaciones por desempleo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Arnau, le
ruego vaya concluyendo.
El señor ARNAU NAVARRO: Nuestra enmienda del Congreso resolvía ambos
problemas, pero no se aceptó nuestra enmienda. ¿Cómo queda esto? Primero,
el régimen de afiliación de la Seguridad Social de los socios
trabajadores queda encuadrado en el sistema tributario de la proposición
de ley, es decir, la ubicación material técnicamente es perfecta
--sistema tributario-Seguridad Social--, pero, en segundo lugar, la
lectura del artículo 21, tal y como viene redactado, después de la
aceptación de la enmienda 53 del Partido Popular, provoca realmente
hilaridad, es de risa. Dice el artículo 21 que todos los socios
trabajadores de las sociedades laborales estarán afiliados al Régimen
General de la Seguridad Social o a algunos de los regímenes especiales,
según proceda. ¡Faltaría más que los trabajadores de una sociedad laboral
no estuvieran afiliados o al régimen general o a uno de los regímenes
especiales, según procediera! Pero, como he dicho, señorías, esto no
resuelve los problemas.
Por si fuera poco, donde se carga ya realmente la naturaleza de la
sociedad laboral es en los artículos 1 y 5. En la sociedad laboral la
mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores con contrato
indefinido. Sobre estos trabajadores recae la obligación de sacar
adelante la sociedad. De esto se deduce que hay que limitar o bien el
número de trabajadores no socios, como hace la Ley de Sociedades Anónimas
Laborales, o bien las horas que trabajan, como hace la proposición de
ley, en función del número de horas que trabajan los socios.
Pero llega el Partido Popular y nos dice que esto no tiene ninguna
importancia, que el límite está bien, pero que, si se incumple, tienen
tres años para arreglarlo las sociedades laborales.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Arnau,
termine, por favor.
El señor ARNAU NAVARRO: Termino en dos minutos, señor Presidente. El tema
es importante y como se ha desnaturalizado, en gran medida, la
proposición de ley, creo que la Cámara debe estar informada al respecto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Su señoría sabe que
todos los intervinientes han respetado el tiempo marcado por la
Presidencia, por lo cual le ruego concluya en un plazo inmediato.
El señor ARNAU NAVARRO: Como en el Senado se les hizo ver que esto era un
disparate, añaden una enmienda al artículo 1º que mantiene los tres años
posibles de incumplimiento de este límite. Establecen que tiene que
autorizarse, pero no se sabe por quién, ni cómo, ni cuándo. Ya lo dirá el
reglamento. Otra chapuza en la proposición de ley.
No entro en el artículo 5º, porque me lo impide el Presidente. En todo
caso, sepan SS.SS. que la aplicación de esta ley podría dar lugar a
situaciones absolutamente disparatadas. Cabría que los asalariados no
socios sean los que trabajen, los que llevan la carga del
trabajo; que los socios trabajadores dirijan trabajando menos; que un
capitalista pudiera tener la mayoría del capital, al menos dentro de un
año, que es el límite que se le otorga. ¿Qué prevalece: el artículo 1º o
el artículo 5º de la proposición de ley? Podríamos enumerar un sinfín de
situaciones, repito, disparatadas.
Y todo esto se produce, señorías del Partido Popular, porque ustedes no
saben qué hacer con la economía social. O lo saben demasiado bien y
abonan el terreno de la confusión para que, al final, confundido lo
mercantil y lo social, indiferenciada la sociedad anónima mercantil de la
sociedad anónima laboral, no exista motivo alguno para fomentar, por
parte de los poderes públicos, la participación de los trabajadores en la
empresa como ordena la Constitución. Es ahí donde les duele. Lo malo es
que no sólo carecen de sentido social -al fin y al cabo, son ustedes la
derecha-, sino que también en el terreno jurídico-técnico son ustedes
unos auténticos chapuceros.
Ya me referiré otro día a la propuesta del Ministro Arenas, de
mantenimiento del Infes, Instituto Nacional de Fomento de la Economía
Social. El Ministro Arenas decía el 1 de octubre ante el consejo del
Infes: Hoy se institucionaliza la nueva etapa de este Instituto para el
fomento de la economía social. Por ello, este Gobierno no sólo ha
decidido mantener el Infes, sino potenciarlo, animando y propiciando las
iniciativas que surjan de las organizaciones que hilvanan el tejido de la
economía social en España. La nueva etapa del Infes tiene que reavivar la
responsabilidad colectiva en el fomento de políticas activas de empleo.
Pues bien, no sólo se han cargado la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, en gran medida, sino que también se han cargado
el Infes. Esto lo decían el 1 de octubre. En los Presupuestos Generales
del Estado redujeron su presupuesto en un 6 por ciento...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Y en el mes de febrero han acabado eliminando el
Infes de la estructura presupuestaria y, sobre todo, de la parte
importante que le incumbía en materia de promoción de la economía social
y, en concreto, de las sociedades laborales.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Arnau.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor Presidente.
Iba a haber empleado dos palabras porque creía que estábamos en un debate
de análisis de las enmiendas del Senado, pero, siguiendo los usos
parlamentarios, siempre hay una interpretación amplia y, al final, se
habla de esto y de lo que cada uno quiere.
En cuanto al debate concreto que me trae aquí como representante del
Grupo Popular, voy a mostrar nuestra posición respecto a las 22 enmiendas
que incorporó el Senado a la proposición de ley de sociedades laborales.
Como muy bien ha expuesto el señor Mardones, 18 son técnicas y tres
suponen unas mejoras de fondo, como son las aludidas al artículo 2º.2,
que implica que la inscripción en el registro de sociedades laborales es
previa al mercantil y se clarifica una contradicción emanada del texto
aprobado por el Congreso; la relativa a la adición de un punto 4 al
artículo 15, sobre la exclusión del derecho de suscripción preferente; y
la que se refiere al artículo 21, artículo introducido en una enmienda
por el grupo al que me honro en representar, que resolvía una cuestión
que la sensibilidad del Grupo Socialista no había recogido siquiera en su
proposición de ley inicial, cual era el encuadramiento de los
administradores de las sociedades laborales, problema que no generó este
Gobierno y que no resolvió el anterior. Aquí se dice gratuitamente que
nosotros derribamos la economía social, que no tenemos ninguna
sensibilidad a la economía social y que la consideramos marginal, pero la
verdad es que los hechos acreditan lo contrario.
La proposición de ley perseguía como primer objetivo --me permitirá el
señor Presidente que haga esta digresión, obligada por las alusiones
reiteradas del portavoz del Grupo Socialista-- la posibilidad de que las
sociedades laborales pudieran adoptar la forma social de responsabilidad
limitada, puesto que hasta entonces tan sólo tenían el instrumento de las
sociedades anónimas laborales. Es una adecuación a la modificación
general de la Ley de sociedades limitadas.
Pretendía también recoger algunas peculiaridades y propuestas de la
economía social. Este grupo, en concordancia con la sensibilidad
acreditada de todos los grupos de la Cámara porque no se va a arrogar
ningún protagonismo que no hayan compartido las demás fuerzas aquí
representadas a la hora de apoyar con medidas concretas a la economía
social, este grupo, digo, ha introducido un artículo que resolvía un
viejo contencioso reivindicado por la economía social, cual era que los
administradores únicos, socios, trabajadores o miembros del consejo de
administración pudieran estar afiliados al régimen general y no al
régimen de autónomos, para poder en su caso ser beneficiarios del derecho
de desempleo si debido al cierre de la empresa como trabajadores, y en su
doble condición de líderes de esa empresa, tenían que recurrir a las
prestaciones del Inem. Cuando se habla de la economía social y de las
sociedades laborales hay que saber de qué se habla. Nos estamos
refiriendo normalmente a pequeñas empresas con escasas plantillas, en las
cuales el hecho de que los administradores o miembros del consejo
tuvieran vedada la afiliación al régimen general
implicaba necesariamente un perjuicio en el debido liderazgo que esos
trabajadores, haciendo horas extras, tienen que desempeñar para sacar
adelante la gestión y la gerencia de su empresa.
Y aunque no debería venir al caso citado, diré que había otra cuestión, y
es que, parcialmente al menos --hay que reconocer el mérito en un momento
de rigor y austeridad presupuestaria--, en la ley de acompañamiento se
recogió una exención de 500.000 pesetas a la capitalización de desempleo
cuando se destinaba al fin legal de constituir una sociedad laboral o una
cooperativa.
Pues bien, el Grupo Popular y la economía social han heredado esta
cuestión, se ha aportado una solución parcial, haciendo un esfuerzo en
este momento de penuria económica. Confiamos --lo digo públicamente-- que
en el futuro se pueda resolver todavía mejor esta cuestión. Pero cuando
se adoptan medidas que a lo largo del tiempo no se han aprobado; cuando
se adoptan medidas que no venían incluidas en la proposición de ley
inicial; cuando la propia proposición de ley al fin resulta enmendada por
sus propios autores para corregir estas desviaciones, resulta inasumible,
inadmisible, injusto y es incierto que se diga aquí que el Grupo Popular,
el Partido Popular y el Gobierno no son defensores de la economía social,
porque en este momento lo están haciendo tanto o mejor de lo que en el
pasado se ha hecho. Animamos a que colaboren en todas las mejoras de
aquellos errores que pueda haber. Estaremos atentos, seremos sensibles y
reivindicaremos su colaboración, pero si nosotros reconocemos que han
acertado en el planteamiento de la proposición, reconozcan ustedes las
mejoras que hemos introducido, el esfuerzo que se ha hecho y las
soluciones que ustedes en su día no proporcionaron a la economía social.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Azpiroz. (El señor Arnau Navarro pide la
palabra.) Señor Arnau, ¿con qué motivo solicita la palabra?
El señor ARNAU NAVARRO: Ha dicho el representante del Partido Popular que
nosotros éramos los culpables de que los socios del consejo de
administración estuvieran en el régimen especial de autónomos. No es así,
ni mucho menos. Se me ha contradicho, aparte de que ya no me ha dejado
usted hablar el tiempo correspondiente, ni siquiera los diez minutos...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿Me permite, señor
Arnau? Su señoría ha utilizado el doble del tiempo reglamentario.
El señor ARNAU NAVARRO: No el doble del tiempo reglamentario, sino el
doble del tiempo que ha utilizado el resto de los grupos. (Un Diputado
del Grupo Popular pronuncia palabras que no se perciben.-- El señor
Yáñez-Barnuevo García: ¡Cállate tú, que habla el Presidente!)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señoría, estaba
hablando. No tiene usted el uso de la palabra. Permita que finalice mi
intervención. (Rumores.) ¡Silencio, señorías!
El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, si me permite, cuando he subido
a la tribuna, el Presidente...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Arnau, no
está en el uso de la palabra.
El señor ARNAU NAVARRO: ... me ha dicho que el resto de los
intervinientes...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Arnau, le
llamo al orden.
Su Señoría tendrá tiempo de intervenir cuando la Presidencia le dé la
palabra. Permítame que finalice yo mi exposición.
El señor ARNAU NAVARRO: ¿Me da la palabra, entonces?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No.
El señor AGUIRIANO FORNIES: No es la primera vez que lo montas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Aguiriano, le
llamo al orden.
Un señor DIPUTADO: ¡No hay desorden! (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿Tienen SS.SS.
alguna otra expresión fuera del Reglamento?
Señor Arnau, el señor Azpiroz ha utilizado su turno de fijación de
posición con respecto a las enmiendas del Senado con las mismas
características con que S.S. lo ha hecho. Por tanto, con la intervención
del señor Azpiroz no se abre un posible turno de réplica, que es para lo
que S.S. me solicitaba la palabra. En ese sentido, S.S. no tiene la
palabra. Si a pesar de ello, quiere usted hacer alguna otra aclaración
con respecto a la intervención que S.S. iniciaba sobre el tiempo
concedido por la Presidencia y al tiempo utilizado por S.S., brevemente
está en el uso de ella.
El señor ARNAU NAVARRO: En relación con el tiempo que me ha concedido el
Presidente del Congreso, me ha comunicado, cuando yo he subido a la
tribuna, que el resto de los intervinientes habían intervenido sólo
durante tres minutos. Esto no marca mi intervención. El tiempo de mi
intervención lo marca el Reglamento, como S.S. sabe perfectamente, que es
de diez minutos.
En relación con la intervención del señor Azpiroz, le tengo que decir...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Arnau, no
tiene usted la palabra para responder. (Rumores.) Señor Griñán, le ruego
permita a la Presidencia, como mínimo, expresarse.
Señor Arnau, repito, no tiene usted la palabra para ninguna réplica
posible al señor Azpiroz. Con respecto a los tiempos, señor Arnau, los
decide la Presidencia y los comunica al principio de cada intervención.
El señor ARNAU NAVARRO: La Presidencia es voluble, según quién preside.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No tiene S.S. la
palabra.
El señor ARNAU NAVARRO: Muchas gracias, señor Presidente.
-- PROPOSICION DE LEY SOBRE RECUPERACION AUTOMATICA DE LAS PENSIONES DE
INVALIDEZ EN LA MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA (Número de expediente
122/000004)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Enmiendas del
Senado a la proposición de ley sobre recuperación automática de las
pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) En nombre del Grupo de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Vamos a votar a favor de las tres enmiendas que nos remite el Senado a
esta proposición de ley, que nace y tiene sus orígenes tanto en una
iniciativa del Grupo Socialista,que apoyamos aquí todos los grupos, como
de la moción que en el Senado presentaron en la pasada legislatura todos
los grupos, a la que el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en el
Senado también apoyó con su voto afirmativo.
Las modificaciones en verdad son importantes, aunque sean solamente tres
enmiendas. La ley quedará reducida a un solo artículo al suprimirse en el
Senado el artículo 1º de la proposición de ley. Todo ello en razón a que
las Cortes Generales votaron definitivamente el año pasado, en el mes de
diciembre, la Ley 13/1996, sobre medidas fiscales, administrativas y del
orden social. Era ahí donde se recogió precisamente la recuperación
automática de las pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva.
Eso justifica que la enmienda del Senado modifique el propio título de la
proposición de ley, que pasa a llamarse sobre recuperación automática del
subsidio de garantía de ingresos mínimos. Es una pura concordancia con la
Ley 13/1996, por lo que entendemos que la modificación es lógica,
razonable, concordante y positiva y vamos a votar a favor de las tres
enmiendas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. El señor
VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor
Mardones.
En nombre del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente. El Grupo Vasco va a apoyar las enmiendas introducidas a
esta proposición de ley en el Senado, sobre recuperación automática de
las pensiones de invalidez no contributivas. El Senado ha decidido
modificar el texto aprobado en la Comisión de Política Social de esta
Cámara y lo ha modificado al constatar que la Ley 13/1996, de medidas
fiscales, ya había aprobado el contenido del artículo 1º, quedando
reducida la proposición de ley al artículo 2º. Como consecuencia de esta
modificación se ha alterado el título de la proposición de ley a
iniciativa del Grupo Socialista, que diría, como consta en el informe de
la Ponencia del Senado que fue aprobado por unanimidad: proposición de
ley sobre recuperación automática del subsidio de garantía de ingresos
mínimos y, por otra parte, también ha alterado, como conocen SS.SS., la
exposición de motivos.
El Grupo de Nacionalistas Vascos en el Senado aprobó estas enmiendas y
ahora el Grupo Vasco (PNV) del Congreso va a apoyar las enmiendas
introducidas en el Senado a esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aguirre.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Barrionuevo.
El señor BARRIONUEVO PEÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nosotros quisiéramos expresar nuestro reconocimiento a todos
los grupos por haber apoyado esta proposición de ley, que formulamos en
el pasado mes de junio y que traía su causa de otra proposición
aprobada por unanimidad en el Senado en la pasada legislatura.
Nos parece de especial justicia expresar nuestro reconocimiento, dentro
del reconocimiento general, al Grupo Parlamentario Popular y también al
Gobierno. Porque estamos gratamente sorprendidos de que ante una
proposición del Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario
Popular no nos ha regañado, no nos ha mandado callar y se ha limitado, de
una forma razonable, a apoyar nuestra proposición. Pero no sólo eso, sino
que el Gobierno ha sido tan diligente que el contenido de la proposición
de ley ha entrado en vigor antes de la aprobación que vamos a realizar
aquí, incluyendo el contenido básico en la ley de acompañamiento, es
decir, que lo básico de nuestra proposición de ley está ya en vigor,
señor Presidente.
Esta actitud tan racional y tan diligente hacia una proposición nuestra
nos tiene sinceramente emocionados. (Rumores.). Tan emocionados que
confío que esa emoción, señor Presidente, nos permita mantener la
serenidad suficiente para atinar con el botón del voto positivo, que es
el que se merecen estas enmiendas del Senado.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Barrionuevo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor Presidente.
Procedo a fijar, en último lugar, como corresponde evidentemente al grupo
mayoritario de esta Cámara, mal que les pese a algunos, el debate final
sobre lo que fue en su día la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Socialista de recuperación de las prestaciones no contributivas de las
pensiones de invalidez en materia no contributiva. Un proyecto de ley
que, en efecto, va a contar con el consenso de toda la Cámara y que
demuestra bien a las claras --y la intervención del señor Barrionuevo así
lo ha puesto de manifiesto-- que éste es un Gobierno y un grupo
parlamentario que lo apoya consciente de los problemas que atañen a
colectivos tan importantes, como es el de los minusválidos, que atiende a
las medidas que solucionen esos problemas, vengan de donde vengan, y,
sobre todo, se felicita de que también de vez en cuando la oposición
actúe de manera moderada y no de esa manera crítica en exceso o incluso
crispadora, que tan poco predican pero que posteriormente tanto ejercitan
en este hemiciclo.
Cuando hay problemas reales y verdaderos, como era el de nuestros
minusválidos o el de los pensionistas que recibían pensiones de invalidez
de carácter no contributivo, que eran extinguidas ante una posible
relación laboral que mantuvieran; cuando esos problemas necesitan del
apoyo de toda la Cámara para su solución; cuando, además, esos problemas
se convierten, vengan de donde vengan, en un punto de toque, es cuando se
demuestra si esta Cámara verdaderamente está relacionada con la sociedad,
porque una sociedad es más justa y solidaria cuando atiende a la gente
más necesitada. Hoy, en este último trámite parlamentario, se van a
asumir todas esas responsabilidades por el conjunto de grupos que
conformamos esta Cámara. Hoy podemos decir que este Parlamento, en su
conjunto, responde a esa sociedad justa y solidaria y, además, que tiene
un claro refrendo en la propia actitud del Gobierno, que se anticipó a
parte de esas medidas --hoy aún se mantiene un artículo 2º, convertido en
único--, puesto que ya están en vigor desde finales del presente año con
la que vulgarmente llamamos ley de acompañamiento. Eso demuestra a las
claras, señor Barrionuevo --y en eso coincidimos--, la sensibilidad
social de este Gobierno, pero también de este Parlamento, ya que hoy
nadie se tiene que poner la medalla individualmente. Se trata de un
triunfo de este Parlamento, del consenso parlamentario y, sobre todo, de
aquellos colectivos más necesitados, nuestros minusválidos, porque
verdaderamente empezamos a hacer reales y efectivas la libertad y la
igualdad en su condición, la libertad y la igualdad en su integración
social, porque la mejor integración social es la integración laboral, y
hoy estamos removiendo los obstáculos que puedan impedirla.
Por tanto, felicitémonos sin acritud por la aprobación de esta
proposición de ley. Desde el grupo parlamentario popular esperamos que
estas situaciones, que ponen de relieve la solidez y la seriedad del
Gobierno y de esta Cámara, se repitan en momentos venideros y demuestren
que realmente estamos preocupados por los problemas de los ciudadanos y
no por los que puedan tener algunos individualmente o en grupo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Camps.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones de
las enmiendas del Senado al proyecto de ley y a las proposiciones de ley
que acaban de debatirse. Comenzamos por las votaciones al proyecto de ley
de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado,
que desglosaremos en cuatro bloques.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Senado al artículo 12.2.a)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, cinco; en contra, 312; abstenciones dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas del Senado a los artículos 6.3, 23.1, 26.1 y
31.1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 173; en contra, 144; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas del Senado a los artículos 29 bis, 62,
disposición adicional tercera, antes 20; disposición adicional undécima,
antes 13 y disposición transitoria tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 174; en contra, 143; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 318.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad las restantes
enmiendas del Senado.
Votación correspondiente a la proposición de ley sobre reforma del texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial. Se producirá una sola votación de conjunto sobre las
enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 319.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas, por unanimidad del Congreso, las
enmiendas del Senado.
Votaciones correspondientes a enmiendas del Senado a la proposición de
ley sobre sociedades laborales. Votamos, en primer lugar, las enmiendas
al artículo 3º.3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 318.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada.
Votación relativa a las enmiendas que hacen referencia a los artículos
5º.3, 7º.8, y 21.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 190; en contra, 129; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Restantes enmiendas del Senado a la proposición de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 189; en contra, tres; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas a la
proposición de ley.
Votación, una sola, sobre las enmiendas del Senado a la proposición de
ley sobre recuperación automática de las pensiones de invalidez en la
modalidad no contributiva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 320.
El señor PRESIDENTE: Quedan así aprobadas, por unanimidad de la Cámara,
las enmiendas del Senado.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 4/1989, DE 27 DE MARZO,
DE CONSERVACION DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA
SILVESTRES (Número de expediente 121/000023)
El señor PRESIDENTE: Punto X del orden del día: debates de totalidad de
iniciativas legislativas.
En primer lugar, enmiendas de totalidad al proyecto de ley por el que se
modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios
naturales y de la flora y fauna silvestres.
Para la presentación del proyecto... (Rumores.) ¡Silencio, señorías!
(Pausa.) Han presentado enmiendas de totalidad los grupos parlamentarios
Socialista y Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Por el Grupo Socialista y para la defensa de su enmienda de totalidad,
tiene la palabra el señor Ros. (Rumores.) Señor Ros, un momento.
Silencio, señorías. (Continúan los rumores.) Señorías, les ruego guarden
silencio para que pueda continuar el debate. (Pausa.) Señorías. Señor
Hernández Moltó. Señor Cisneros. Señora García-Alcañiz. Señorías, les
ruego guarden silencio para que pueda intervenir el señor Ros.
Adelante.
El señor ROS MAORAD: Gracias, señor Presidente.
Señorías, es evidente que yo no soy la Ministra de Medio Ambiente.
(Risas.--Aplausos.) Es la segunda vez en esta semana que la señora
Ministra da plantón importante cuando hay que tratar asuntos que afectan
al medio ambiente. (Aplausos.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) El
primer plantón lo dio a los representantes del Consejo Asesor del Medio
Ambiente esta misma semana bajo la excusa de una visita oficial. El
segundo, siendo éste muy importante, lo ha dado esta mañana al Congreso
de los Diputados cuando su deber era estar aquí para defender el proyecto
de ley que hoy trae el Gobierno a esta Cámara. Me temo que la señora
Ministra --lo cual es muy habitual en ella-- se estará haciendo alguna
foto por ahí para mañana justificar lo injustificable. (Varios señores
Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.) Dicho esto, señorías, me propongo
defender la enmienda a la totalidad de un proyecto de ley que intenta
modificar una ley que el Gobierno socialista hizo, la Ley 4/1989, de
Conservación de Espacios Naturales, Flora y Fauna Silvestres. Quiero que
mi primera referencia sea precisamente a esa ley y al valor que esa ley
tuvo. Para el movimiento ecológico de este país en general, supuso un
avance muy importante y se ha demostrado como un instrumento eficaz, como
un buen instrumento que a lo largo del tiempo ha hecho posible que en
España haya 700 espacios protegidos. A pesar de que algunos han intentado
decir machaconamente que esta ley fue mal recibida, no es cierto, fue
bien recibida por los movimientos ecologistas de España; cosa muy
distinta es decir que esa ley no ha tenido desarrollo reglamentario
suficiente o que debido a los distintos recursos ante el Tribunal
Constitucional no ha tenido toda su eficacia, pero es una buena ley.
Me gustaría empezar por aclarar que la sentencia del Tribunal
Constitucional, Sentencia 102/1995 declara solamente inconstitucional la
disposición adicional quinta en cuanto considera básicos los artículos
21, en sus números 3 y 4; el artículo 22, en su número 1; y el artículo
35, en sus números 1 y 2. Baste decir a SS.SS. que el Tribunal
Constitucional, máximo garante de la interpretación de la Constitución,
declara constitucionales 41 artículos de esta ley más 13 disposiciones;
por tanto, la sentencia en nada afecta a los principios conservacionistas
avanzados de la ley, ni modifica las medidas de conservación de los
espacios naturales de la flora y fauna silvestres, simplemente entra a
emitir doctrinas sobre aspectos de competencias, donde se da competencia
exclusiva para declaración y gestión de espacios naturales a las
comunidades autónomas, se faculta especialmente al Estado, mediante una
ley también específica para declaración de parque nacional, no en cuanto
a su gestión que siendo de las comunidades autónomas se dará
participación al Estado y, por último, se da competencia a las
comunidades autónomas para el examen y la licencia del cazador.
Quiero decirles, señorías, que mi grupo se ha visto en la necesidad de
presentar una enmienda a la totalidad porque la ley que el Gobierno debía
haber presentado en esta Cámara --y que no ha venido a hacerlo-- presenta
unas soluciones que no compartimos respecto a la propia sentencia. Las
primeras soluciones, las derivadas de la sentencia, el proyecto de la
señora Tocino las soluciona de forma expeditiva y eficaz, es decir al
estilo del Partido Popular y del Gobierno Popular. Todavía recordarán
SS.SS. aquello de que había 140 emigrantes en Melilla, había un problema
y lo hemos solucionado. Digo esto porque muy en concordancia con el
espíritu de la frontera que la Ministra de Medio Ambiente ha impuesto en
su ministerio --y que ha hecho la vida muy peligrosa para muchos de sus
colaboradores--, la Ministra tira en este caso por la cañada o vereda del
medio en esa trashumancia hacia ningún sitio en que ha convertido la
política medioambiental de España y deroga sin más los apartados 3 y 4
del artículo 21 y los correspondientes al artículo 22.
Más aún, señor Presidente, resulta a nuestro juicio de una gran
irresponsabilidad derogar lo dispuesto en el artículo 35, apartados 1 y 2
en cuanto al examen del cazador y el pescador. La necesidad de realizar
una prueba que permita comprobar la aptitud y conocimiento precisos para
la práctica de la caza y de la pesca, es una reivindicación histórica del
movimiento ecologista que ya mencionaba la Ley de Caza de 1970, pero que
con la aprobación de la Ley 4/1989 se estableció como obligatoria. Es
incomprensible que en el proyecto de ley se deroguen los apartados 1 y 2
del artículo 35, cuando se podía haber recogido la obligación de
establecer el examen, siendo ello competencia de las comunidades
autónomas. Con lo que propone la ley Tocino --ausente--, se elimina ya
totalmente la obligación de dichos exámenes y se da un grave y gran paso
atrás.
En fin, señor Presidente, para estudiar y modificar estas cuestiones
derivadas de la Sentencia del Tribunal Constitucional hace falta
dedicación y tener ideas. La propia ausencia de la Ministra demuestra que
ni una cosa ni la otra; a este Diputado y a estas alturas ya le parece
estéril preguntar por el programa del Partido Popular y sus
incumplimientos. La señora Ministra de Medio Ambiente da más la impresión
de andar persiguiendo topos --en su propia terminología--, por las
dependencias del ministerio que en pensar un a política medioambiental
para España Por otra parte, a nuestro juicio, en la adaptación del
párrafo 1 del artículo 22, el proyecto se aparta del criterio
jurisprudencial y atribuye competencias excluyentes en los órganos de
gestión y dirección de los parques nacionales, añadiendo un plus de mala
fe en su deslealtad constitucional, pues a pesar del título el proyecto
de ley en su articulado hace imposible en la práctica acatar la doctrina
del Tribunal Constitucional.
Señor Presidente, me referiré ahora a alguna de las innovaciones que nos
obligan a presentar la enmienda a la totalidad y que tienen
representación en el proyecto; y no seré yo quien diga que son reflejo
del carácter que inspira la concepción del medio ambiente de la señora
Ministra, pero los hechos son tozudos. Respecto a los parques nacionales,
mi grupo parlamentario piensa que la red de parques nacionales constituye
un instrumento de importancia estratégica para la conservación in situ de
la biodiversidad, ya que debe abarcar los espacios y especies más
emblemáticos y representativos de España; por ello, su regulación debe
ser modélica en cuanto a la aplicación de los criterios más rigurosos y
eficaces diseñados a nivel internacional, sin perjuicio de la
consideración de los elementos específicos de cada hábitat, así como de
las características socioeconómicas de las zonas donde se ubiquen. La
estructura y funciones de sus órganos de gestión participación y
asesoramiento, así como la jerarquía de los procesos de planificación que
correspondan, deben por tanto garantizar el adecuado equilibrio entre su
consideración como patrimonio de interés público general, sujeto a los
compromisos vigentes a nivel internacional y el legítimo ejercicio de las
competencias autonómicas ya señaladas, así como la participación de las
corporaciones locales y de las organizaciones de defensa y conservación
de la naturaleza.
Frente a ello, el proyecto de la señora Ministra a una declaración
puramente nominal y vacía de contenido de la gestión de los parques
nacionales, adjunta una financiación mixta. Mi grupo quiere manifestar su
oposición frontal a tal picardía, por decirlo en tono menor, que no tiene
base en la Ley 4/1989 ni en la sentencia del Tribunal Constitucional a
que me he referido. La confusión de la modificación y del contenido de
los instrumentos de planificación, junto con la aparición en la ley de
las comisiones mixtas de gestión y el consejo rector de la red, ignorando
órganos consultivos previstos, como son la Comisión nacional de
protección de la naturaleza, que a su vez tiene adscritos el comité de
espacios naturales protegidos y el comité de flora y fauna, con el
añadido, además, de órganos duplicados, son un reflejo palpable de la
absoluta descoordinación interna del Ministerio de Medio Ambiente y de su
absoluta falta de voluntad política para presentar un proyecto de ley
coherente. Da la impresión de que a esta ley --a los hechos y ausencias
me remito-- no se le ha prestado por la señora Tocino el mismo interés
que ha prestado a otros asuntos detrás de los cuales están los beneficios
del sector eléctrico.
Por otra parte, señorías, el proyecto de ley está plagado de carencias y
olvidos muy significativos, perdiendo la oportunidad de incorporar a la
misma la legislación medioambiental que tiene su origen en convenios
internacionales como la cumbre de Río, el Convenio Ramsar y las
directivas comunitarias de aves y de hábitat; no se interesa por el
catálogo nacional de especies amenazadas ni por su revisión, etcétera,
etc.
Este hecho, junto a los que anteriormente he citado, viene a demostrar el
escaso interés del Gobierno Aznar por el medio ambiente, que se pone de
manifiesto en la reducción del presupuesto en un 50 por ciento respecto
al anterior y en una obsesión de la señora Ministra por la foto y pare
usted de contar. Mientras tanto, trae a este Congreso --o debía haber
traído-- un proyecto de ley canijo y clandestino, ya que se ha tenido
cuidado exquisito en hurtarlo al conocimiento de los cauces de
participación ciudadana y de cooperación interadministrativa, Consejo
Asesor del Medio Ambiente y conferencia sectorial del medio ambiente.
Además, está intentando vaciar de contenido estos consejos. La opacidad,
no sólo presupuestaria, que es un hecho ya innegable, lleva camino de
convertirse en la única orientación política de la señora Tocino, como
demuestra bien a las claras esta ley.
Nuestra enmienda a la totalidad quiere subsanar las múltiples carencias
del proyecto de ley. El anterior Gobierno socialista realizó un esfuerzo
por adecuar nuestra legislación para la conservación de la naturaleza a
la requerida por la Unión Europea, esfuerzo que fue reconocido
prácticamente por todos los grupos políticos; pero, a pesar de ello, no
es menos cierto que continúan sin trasponer partes fundamentales de
normas y convenios internacionales, a los que ya he hecho referencia
anteriormente, o como el programa marco de la Unión Europea hacia un
desarrollo sostenible.
Por otra parte, el proyecto de ley debe actualizar la Ley 4/1989, para
incorporar a nuestro Derecho interno con rango de ley formal las nuevas
directivas europeas sobre hábitat, la 92/43 y la 92/24, que modifica el
anexo segundo de la Directiva 79/409, relativa a la conservación de aves
silvestres, además de las carencias concretas que se han detectado en la
legislación europea que tenemos obligación de transponer a nuestro
Derecho interno y a las que me referiré a continuación.
Quiero señalar a SS.SS. que el proyecto de ley ignora el creciente peso
social del movimiento ecologista y no introduce nuevos mecanismos para
fomentar el desarrollo de los órganos de participación ciudadana
previstos en la Ley 4/1989. El proyecto de ley que trae la señora
Ministra está hecho a espaldas de los movimientos sociales y ecologistas
defensores del medio ambiente.
En cuanto a la Directiva 79/409, de conservación de las aves silvestres,
falta su trasposición en los siguientes puntos: aquellos que afectan a
las zonas especiales de conservación y a las zonas especiales de
protección de aves. No están reguladas las excepciones a las medidas
proteccionistas de las directivas de aves en su artículo 9º, no se hace
mención en nuestra legislación a la necesidad de fomentar la
investigación en estas materias y no están tranpuestos ninguno de los
cinco anexos de la directiva sobre aves.
En cuanto a la Directiva 92/43, sobre protección de los hábitat
naturales, no se ha traspuesto el artículo 12.4, de la directiva de
hábitat referente al control de captura o sacrificios accidentales de los
animales, que vienen reflejados en el anexo cuatro y tampoco el
artículo...
El señor PRESIDENTE: Señor Ros, le ruego que concluya.
El señor ROS MAORAD: Voy terminando, señor Presidente.
Debido a todas estas cuestiones, mi grupo presenta una enmienda a la
totalidad con texto alternativo que tiene su origen fundamentalmente en
el Convenio de Naciones Unidas sobre conservación y uso sostenible de la
diversidad biológica, derivado de la cumbre de Rio, que obliga a los
países miembros a desarrollar una estrategia nacional en la que se
incluyan, entre otras medidas, la conservación in situ de los recursos
naturales. España, como país firmante del convenio arriba indicado y país
miembro de la Unión Europea, debe completar el marco legislativo diseñado
a partir de la aprobación de la Ley 4/1989. Con esta Ley, sobre la que ha
he dicho que supuso un hito fundamental, pretendemos arrancar aspectos
importantes y esenciales que deben ser mantenidos, fortalecidos y
desarrollados, para que sean ajustados a la sentencia del Tribunal
Constitucional y, al mismo tiempo, se incorporen aquellos aspectos de los
convenios y compromisos internacionales españoles.
Para terminar, si ése es el marco de actuación, sí me dejará el señor
Presidente que diga al menos que en particular los Presupuestos Generales
del Estado deben garantizar el correcto mantenimiento de los parques
nacionales, cuyo número actual debe ampliarse para consolidar la
inclusión de espacios representativos de todos los hábitat del Estado
español. Para nosotros sigue teniendo pleno vigor la Comisión nacional de
protección a la naturaleza como elemento básico de coordinación y de
impulso de cualquier actuación medioambiental. El modelo de gestión de
los parques nacionales que se establece en el presente texto, respeta
escrupulosamente el contenido de la sentencia 102, manteniendo la
presencia de la Administración general del Estado en los correspondientes
órganos de gestión, sólo en función del cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la consideración de los parques nacionales como bienes de
interés general del Estado.
Finalmente, señor Presidente, el texto incluye, asimismo, la trasposición
de determinadas disposiciones de las Directivas 79/409 y 92/43, relativas
a la conservación de los hábitat naturales que están todavía pendientes
de incorporarse al Derecho español. Asimismo, se establecen plazos para
el desarrollo, por parte de las comunidades autónomas, de planes
específicos de protección.
Gracias, señor Presidente. Lamento que en este debate haya estado ausente
la máxima responsable de este desaguisado que se ha generado en este país
respecto al medio ambiente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor Ros.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Frutos para la defensa de su enmienda de
totalidad.
El señor FRUTOS GRAS: Espero que el Legislativo sea más generoso con la
enmienda a la totalidad que el Ejecutivo, y podamos avanzar en algo que
es importante. (La señora Ministra de Medio Ambiente, Tocino
Biscarolasaga, se incorpora al salón de sesiones.) Buenos días, señora
Ministra.
De todas formas y sin acritud quería decir que, últimamente, en todos los
grupos y personas que se preocupan y trabajan en el ámbito de la
protección del medio ambiente, en el movimiento ecologísta en general o
dentro de las organizaciones los grupos que se ocupan de estas historias,
empieza a haber una creciente decepción, un cabreo sordo y una
contestación al conjunto de medidas que se están tomando por el
ministerio. Este ministerio levantó --creo yo-- justas esperanzas y
expectativas en su momento. El discurso de la Ministra en su presentación
ante este Parlamento fue un discurso interesante, sonaba bien, había una
serie de líneas de trabajo sumamente interesantes que luego se han ido
diluyendo en añadidos colaterales por parte de diversos secretarios y por
ella misma. Se está deshinchando el globo en cosas importantes. No estoy
haciendo críticas abstractas, sino cosas concretas que hemos criticado
desde esta tribuna, como, por ejemplo, lo poco que se ha avanzado en la
Ley de Envases, incluso peligra en el Senado la posibilidad de
eliminación del 10 por ciento de residuos en el debate, o la propia
agresión, a nuestro entender, que representa la aprobación de la Ley del
Suelo --en este momento concreto prácticamente ya todo es urbanizable--,
o bien el retroceso que ha habido en el debate que tuvimos anteayer sobre
la aprobación de la ley que reforma la 4/1989, y que va en la misma
línea, incluso con argumentaciones --que oímos el otro día-- peregrinas y
en cierta manera tramposas en relación al debate que hubo sobre la
proposición de ley que hizo el Grupo del Partido Nacionalista Vasco,
diciendo: ¿cómo es posible que haya unas normas aquí y veinte metros más
allá, en Francia, haya otras diferentes? Pues bien, debemos decir que
incluso también estas cosas que están ocurriendo veinte metros más allá
están siendo recurridas por la Comisión Europea, hay sentencias del
Tribunal de Luxemburgo que van en la línea que hemos defendido nosotros
en este tema, señor González de Txabarrí. Pero usted no es el
protagonista hoy, el protagonista es la ley y la señora Ministra.
Bien, ¿y ahora qué? Ahora tenemos ya un proyecto de ley, nosotros
presentamos una enmienda a la totalidad, y les aseguro que no la
presentamos porque nos place presentar una enmienda a la totalidad. A mi
me produce melancolía venir a esta tribuna a defender cosas que es
imposible salgan adelante, pero ¿por qué presentamos la enmienda a al
totalidad? Por razones que son muy comprensibles, a nuestro entender, y
esperamos que sean comprensibles para el conjunto de la Cámara, para el
conjunto de los grupos parlamentarios, y luego ya, aunque sea derrotada
como me temo esta enmienda a la totalidad por parte de este plenario, en
Comisión habrá posibilidad de trabajar en una línea que conduzca a
resultados más positivos que los que encierra el propio proyecto de ley.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta una enmienda a la
totalidad con texto alternativo, porque pensamos que en el proyecto del
Gobierno no se tienen en cuenta adecuadamente o mínimamente lo que son
las recomendaciones de la cumbre de Río, por ejemplo, porque no se
trasponen debidamente directivas como la de aves, de 1979, o la de
hábitat, de 1992, que son muy importantes. Nosotros lo planteamos en
nuestra enmienda a la totalidad y luego vamos a defender,
consecuentemente con esto, las enmiendas parciales en la Comisión en la
misma línea.
A nuestro entender, se pierde la oportunidad de hacer dos cosas
importantes que hubieran mejorado de forma efectiva y sustantiva la ley.
En primer lugar, una reforma adecuada de la Ley 4/1989, es decir, un
desarrollo de esta ley que lo ha sido escasamente. Señalaba el
representante del Grupo Socialista que luego no ha habido una
reglamentación, un desarrollo reglamentario, etcétera. Es verdad, ha
quedado estancada esta ley. Por tanto, había la posibilidad de una
reforma adecuada de la Ley 4/1989 para avanzar. En segundo lugar, había
la posibilidad de una trasposición adecuada de las directivas 79/409 y
92/43 de la Comunidad Europea, y a partir de esta base que se creaba se
iba a mejorar. A nosotros nos parece que la base de partida era buena; la
Ley 4/1989 era una base de partida buena sobre la cual podríamos haber
construido muchas cosas. Por eso intentamos ahora hacer una serie de
propuestas en una enmienda a la totalidad y luego en enmiendas parciales
para intentar cumplir bien y ponerse al corriente no sólo en la
trasposición correcta de las directivas europeas sino, si es posible,
avanzar en unas condiciones especiales que tenemos en España, que es el
país de la Unión Europea que tiene todavía espacios en mejor conservación
natural en relación al resto de países europeos, por toda una serie de
circunstancias históricas, económico-sociales, industriales, etcétera.
Pensamos que vale la pena trabajar en esta línea, incluso dar los
ejemplos que sean pertinentes; que el Spain is different se pueda
concretar en ejemplos que puedan ser positivos para el conjunto de la
comunidad, para cumplir bien y ponerse al corriente en dos cosas
fundamentales: en la conservación de las aves silvestres, la directiva
antes citada 79/409, y en la conservación de los hábitats naturales de la
flora y fauna silvestres, la trasposición adecuada de todos los
contenidos de la Directiva 92/43 de la Comunidad Europea.
La base de la propuesta de IU-IC es la Ley 4/1989 --no nos estamos
inventando nada nuevo--, en todo lo fundamental, y a partir de ahí el
añadido de las directivas europeas. Pensamos que esto llevaría a una
buena ley.
El proyecto de ley, señora Ministra --y perdóneme--, en relación a lo que
podríamos hacer en este momento nos parece un parche. No es una buena ley
básica, y no lo es porque se parte de defectos estructurales de su
ministerio en los diez meses escasos que lleva de funcionamiento, porque
no se ha contado con protagonistas importantes, no se ha contado con el
movimiento ecologista, ni tan siquiera se le ha informado. En la tribuna
hay una representación sustantiva y cualificada del movimiento
ecologista, que está hablando en estos momentos concretos no únicamente a
través de la hoja azul que nos envió el otro día a todos los Diputados,
sino a través de propuestas que quieren que sean escuchadas por el
Gobierno y por el ministerio, que quieren que haya una receptividad a
todo lo que representa esto porque en definitiva es lo que hay más
avanzado en el tratamiento de los problemas medioambientales en nuestro
país y fuera de nuestro país. Decía yo el otro día que las organizaciones
políticas normalmente subimos a esta tribuna después de haber estudiado
toda una serie de documentación que emana del movimiento ecologista, que
tiene una ciencia que está constatando en el día a día y, repito, también
equivocándose a veces en cosas y rectificando el error. Pero luego la
interpretación de estas elaboraciones científicas y rigurosas del
movimiento ecologista puede ser más a la derecha, más a la izquierda, más
al centro, más conservadora o más progresiva. A nosotros nos parece que
en el proyecto de ley que se nos presenta hay una interpretación muy
conservadora del conjunto de las elaboraciones del movimiento ecologista.
No me extraña, por tanto, que una serie de organizaciones que representan
en su conjunto el movimiento ecologista, pero también asociaciones de
carácter popular, asociativo y científico, abandonen el Consejo Asesor
del Medio Ambiente porque no están conformes con el desarrollo que se
está haciendo desde el propio ministerio.
En el debate de anteayer, en el que se suprimieron los artículos 26.4 y
34.b) de la Ley 4/1989, se contrapuso en un momento determinado la
ciencia abstracta de los gobiernos a la ciencia del movimiento ecologista
de los científicos. Voy a hacer una pregunta por si la señora Ministra me
la puede aclarar: En qué comisión de expertos, en qué universidad o en
qué grupo de científicos se apoyaron para decir lo de anteayer, porque se
contraponía un conocimiento abstracto, difuso, que no se nos dio a
conocer --por tanto no lo tenemos
nosotros aquí-- por los gobiernos, en este caso concreto por el Gobierno
vasco y por el Gobierno central, frente a una hoja que emanaba del
movimiento ecologista con toda una serie de orientaciones y que se
trataba de forma despectiva, peyorativa. Quisiéramos saber dónde se
producen los debates: en la universidad, en grupos de científicos, en el
movimiento ecologista, en el movimiento asociativo, que desembocan en
propuestas concretas que permitan mejorar el conjunto de los problemas
que tenemos planteados en nuestro país.
Nuestra propuesta --y termino--, señor Presidente, señoras y señores
Diputados, porque repito que no se trata de hacer el debate que
inmediatamente vamos a realizar, espero, en la Comisión de Medio
Ambiente- intenta incidir en lo que a nuestro entender el ministerio
obvia o desprecia, en toda una serie de aportaciones. Intenta avanzar en
la cogestión concreta: comunidades autónomas, Administración central,
ayuntamientos, etcétera; intenta poner en marcha cosas absolutamente
novedosas como, por ejemplo, los corredores ecológicos, que permiten la
correspondencia, la relación del conjunto de zonas protegidas, o
contemplar en el proyecto la protección, ya definitiva, del conjunto de
Zepas que están todavía sin proteger, no sé exactamente cuántas, más o
menos unas 149 en España. Finalmente, una cosa que para nosotros es
fundamental y que además es el centro, entendemos, que nos permitiría
avanzar en la elaboración de propuestas adecuadas a la situación que
tenemos y que podrían ser aprobadas en esta Cámara de forma mayoritaria,
y es la participación del movimiento popular, del movimiento asociativo y
del movimiento ecologista. Nos parece fundamental. Para ello, señora
Ministra, tiene que haber un talante diferente. No se puede abrir la
puerta trasera del ministerio sino la puerta central, la puerta grande,
para que se entre, para que se discuta, para que se tenga en
consideración. Si no es así, no quedará otra alternativa, además de
continuar batallando, bregando en este Parlamento para que las cosas
mejoren, que continuar lo que siempre hemos hecho, lo que siempre ha
hecho el movimiento ecologista: movilizarse en torno a las cuestiones
concretas y hacer que lo que no se quiera recoger a través de un debate
razonado en una mesa se tenga que recoger a través de la presión social o
de la presión popular. Nos gustaría que hoy toda esta serie de
planteamientos que vienen en nuestra enmienda a la totalidad con texto
alternativo se tuvieran en cuenta y se pudieran reflejar de forma
inmediata en los trabajos de la Comisión.
Muchas gracias, señoras y señores Diputados; muchas gracias, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor Presidente.
Quiero pedir disculpas a todas SS.SS., señor Presidente, porque ha habido
un problema de horarios. He estado esta mañana, a primera hora, en la
Cámara, como saben las señorías con las que he hablado, me informaron que
intervendría al final de la mañana y la verdad es que a veces hay alguna
cosa más que hacer, aunque evidentemente lo importante es estar en el
Parlamento, por lo que no tengo más que pedir disculpas por haber llegado
en un momento posterior al que tenía que haber estado para presentar este
proyecto de ley. Por esta razón no podré contestar, evidentemente, a la
primera parte de la intervención del representante socialista, en la
medida en que no he podido escucharle, y únicamente daré los puntos de
vista correspondientes a la enmienda de totalidad, puesto que ésa sí que
he podido analizarla. Brevemente --porque no quiero interrumpir por más
tiempo el proceso ordinario del debate--, también explicaré las razones
que han llevado al Gobierno a presentar este proyecto de ley de
modificación de la Ley 4/1989, de conservación de espacios naturales y de
la flora y fauna silvestres.
He estado oyendo que la mayor crítica que se hacía es que es un parche y
que es un proyecto incompleto, pero quizá de lo que no se han dado cuenta
SS.SS.
--los dos grupos parlamentarios que han presentado una enmienda de
totalidad-- es que cuando se presentan proyectos de ley hay que empezar
por leerse la exposición de motivos, y si hubieran leído la exposición de
motivos habrían visto clarísimamente cuál es la finalidad de esta
modificación de la ley. No es una modificación que la ley sin duda va a
requerir y que habrá que hacerla en un momento posterior, sino una
modificación, y de carácter muy urgente --que algunos de ustedes llaman
un parche--, porque en este momento, cuando estamos ante la protección de
unos espacios naturales muy concretos como son los parques nacionales,
nos hallamos en una situación de inconstitucionalidad en la gestión de
dichos ecosistemas. Si aquí se ha hablado de la importancia de la
biodiversidad, de la importancia de la defensa de los distintos
ecosistemas y España realmente es rica y plural, como muy pocos --yo
diría que es el país europeo que tiene una mayor riqueza en
biodiversidad; no hay más que ver las distintas características de todos
nuestros parques nacionales--, no acabo de entender que SS.SS. pudieran
quedarse tranquilos --sobre todo quienes han tenido responsabilidades de
gobierno durante tantos años-- teniendo una situación de
inconstitucionalidad en la gestión de dichos parques. Por eso hoy
modificamos esta ley en parte, y se dice textualmente cuáles son las
partes de esa ley que se modifican, exclusivamente aquellas que por
sentencia del Tribunal Constitucional han sido declaradas
inconstitucionales.
Señorías, creo que es muy importante tener en cuenta, antes de lanzarse a
una crítica o a un debate de totalidad (que evidentemente es un debate de
totalidad hecho por el Grupo Socialista a su propia ley socialista
--esto es lo curioso---, no al proyecto que el Gobierno presenta porque
no hemos entrado, en absoluto --y así lo justifica nuestra exposición de
motivos--, más allá de aquellos artículos que hoy son
inconstitucionales), que hay que hacer estas modificaciones porque no
podemos demorar por más tiempo la regulación de un espacio protegido tan
importante como son los parques nacionales, que tienen la mayor
indefinición jurídica puesto que en su gestión son completamente
inconstitucionales. El Gobierno socialista, al elaborar esta ley,
señorías, en el año 1989 --por tanto, 11 años después de la aprobación de
la Constitución Española--, curiosamente --como ocurrió en la Ley de
Costas, que tendremos que analizar también en otro momento--, no recuerda
que la Constitución Española ha establecido un Estado de las autonomías y
que en materia de gestión medioambiental hay también una parte que les
corresponde, como complementaria, a las autonomías, y que las comunidades
autónomas, ya en el año 1989, debían haber tenido esa posibilidad de
entrar a cogestionar los parques nacionales. Esto se ignora en el año
1989 y todas las comunidades autónomas afectadas por un parque nacional,
cualquiera que fuera el gobierno que tuvieran en ese momento, recurren
por inconstitucional esta ley. Y el 26 de junio de 1995 en una sentencia
del Tribunal Constitucional se declaran abiertamente inconstitucionales
una serie de artículos que se consideran fundamentales para la gestión de
los parques. Se dice que han dado la espalda por completo a las
comunidades autónomas y que, por desconocer paladinamente --dice
textualmente la sentencia-- la competencia de las comunidades autónomas
para ejecutar lo legislado sobre protección del medio ambiente, se
plantea la necesidad de diseñar un modelo de gestión operativo de los
parques nacionales, basado en la cogestión, que pusiera fin a la gestión
en exclusiva de los parques nacionales por el Estado.
Este es, señorías --y no otro--, el objeto de esta modificación parcial
de la Ley 4/1989 que hoy el Gobierno trae a esta Cámara. Por tanto, si
estamos queriendo adecuar la legislación a la sentencia del Tribunal
Constitucional, ciñámonos y juzguemos si a partir de la aprobación de
esta modificación de la ley vamos a tener la posibilidad de gestionar,
desde la legalidad, los parques nacionales que no están pudiendo ser
gestionados --en este momento sí que hay auténticos parches en cada
gestión, lo que cada uno puede hacer, porque no hay un estatuto jurídico
que defina realmente esta gestión-- y veamos entonces si podíamos demorar
por más tiempo esta modificación para que los parques empiecen a
funcionar convenientemente. Señorías, no tengo ningún inconveniente, sino
todo lo contrario, y estamos trabajando en esa futura reforma, con la que
estoy plenamente de acuerdo, que requiere toda la Ley 4/1989 y que hoy se
autoenmiendan con un debate de totalidad, con texto alternativo, los
propios autores de la ley. No están enmendando la iniciativa que el
Gobierno trae hoy a esta Cámara, que evidentemente no tiene nada que
corregir puesto que no ha entrado en esas materias y sí, en cambio, se
están autocorrigiendo y produciendo un texto alternativo a una ley que
está en vigor todavía, que no es inconstitucional y que yo sí comparto
que tiene que ser modificada.
Efectivamente, para hacer esas modificaciones hay que contar con los
sectores sociales, con el Consejo Asesor de Medio Ambiente, con la
conferencia sectorial. Hemos considerado que lo realmente prioritario --y
por esto este proyecto entró en esta Cámara antes de finalizar el año
1996-- era que acabáramos con la situación de inconstitucionalidad en la
que se encuentra todavía hoy la gestión de los parques nacionales. Ya
hemos puesto en marcha distintos grupos de trabajo sobre estrategia
nacional para la conservación de la biodiversidad, para la lucha contra
la desertización o la estrategia forestal. Señorías, cuando todos estos
grupos de trabajo vayan elaborando sus propuestas, créanme que con
diálogo y con todo el consenso que también espero obtener de SS.SS.
traeremos esa reforma en profundidad que necesita la Ley 4/1989, de
conservación de espacios naturales, de la que una parte muy limitada
estamos reformando. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.) Nosotros entendíamos que hacía falta que se
estableciera esa forma de cogestión, y para ello hemos pensado que
tenemos que garantizar la participación real y efectiva de todas las
comunidades autónomas que tienen un parque nacional. En este sentido se
consolida --no por esta modificación que hoy traigo a la Cámara, sino
porque ya estaba consolidado en la ley que estamos en parte enmendando y
porque también así lo aprueba la sentencia del Tribunal Constitucional--
la red de parques nacionales. Por esa misma razón entendemos que la
propia cogestión, es decir, la participación de las comunidades autónomas
tiene que ser doble. Por una parte, tiene que participar en la red
estatal, es decir, que no solamente sea el Estado, la Administración
central, quien dirige esa política de parques nacionales, sino que a
través de un órgano de gestión podamos dar paso a las comunidades
autónomas implicadas para que con un órgano consultivo, que va a ser el
órgano rector de la red de parques nacionales, podamos definir las líneas
maestras de dónde queremos y cómo queremos que estén gestionados esos
parques nacionales. Ese consejo de la red de parques nacionales, en el
que van a estar participando el Estado y todas las comunidades autónomas,
se va a encargar de elaborar el plan director de la red, la normativa
aplicable a los parques de la red en su conjunto, que hasta ahora eran
materias de exclusiva competencia del Estado, va a hacer las propuestas
de declaración de nuevos parques a incluir en la red, así como a
establecer las directrices para la redacción de los documentos de
planificación de los parques y proponer
los criterios de distribución entre los parques de los recursos que la
Administración general del Estado va a asignar a la red.
Cuando dicen que el proyecto se queda corto, creemos que es una novedad
dar la posibilidad no solamente de gestionar aquel parque nacional a la
comunidad autónoma en cuyo territorio se encuentre el mismo, sino de que
influyan en todo lo que es la red de parques nacionales. Pero es que,
además, entendemos que tiene que ser un funcionamiento muy claro que
contemple las especificidades que tiene cada parque nacional en función
de donde se encuentren ubicadas y cuál es el ecosistema que estamos
protegiendo con ese parque nacional, por lo que consideramos que es
imprescindible que haya un órgano de gestión por cada parque, que se
llama la Comisión Mixta de Gestión, donde tampoco estaban incorporadas
las comunidades autónomas y de la que ahora tienen que formar parte, de
tal forma que con una homogeneidad de criterios pero sin defender la
unanimidad en cuanto a la uniformidad, sino aceptando desde un criterio
flexible las distintas situaciones de cada parque, podamos poner en
funcionamiento lo que tienen que ser fórmulas flexibles pero realistas
que garanticen la conservación de los parques como elementos simbólicos
de una rica y variada realidad nacional. Para todo ello, señoras y
señores Diputados, lo que hacemos en la comisión mixta es elaborar ya de
una forma paritaria, por una parte, el proyecto de plan rector de uso y
gestión, y por otra, los proyectos de planes sectoriales que desarrollen
en su caso el plan rector de uso y gestión, evaluar y proponer ante el
órgano competente cualquier proyecto de obra o de trabajos o
aprovechamientos que haya que hacer en un parque nacional determinado y
establecer el régimen de funcionamiento de las instalaciones y servicios
del parque nacional. Toda la responsabilidad de la ejecución de las
directrices que emanen de esta comisión mixta correrán a cargo del
director conservador del parque, que, como saben SS.SS., se nombrará de
común acuerdo con la comunidad autónoma correspondiente y los
funcionarios, que pueden serlo de cualquiera de las dos administraciones,
la central o la autónoma.
No podemos olvidarnos --y esta es una situación que tampoco modificamos
puesto que no lo hace la sentencia del Tribunal Constitucional-- del
papel que juegan los patronatos, órgano de participación creado
precisamente para colaborar en esa gestión y para dar mucha más
participación a todo el entorno social de los parques, que es lo que
hasta el momento ha imposibilitado que los parques sean fácilmente
aceptados por los pueblos del entorno, que han visto normalmente que
cuando a una circunscripción le declaraban un parque nacional le
planteaba una situación de desconcierto, de limitaciones y era
automáticamente rechazado. En el momento en que estemos trabajando en
colaboración comunidades autónomas, Administración central y todo el
entorno social para lograr ese desarrollo sostenible y hagamos compatible
la protección de la naturaleza con el uso público, con el disfrute
controlado que tienen que tener esos parques, estamos seguros de que
estaremos consiguiendo sacar de nuestros parques nacionales, como se hace
en otros países, las mejores fuentes de ocio, de recreo, de conservación
de la naturaleza, de aspectos culturales y educativos y, en definitiva,
el objeto para el que se defienden estos parques nacionales.
Respecto a los instrumentos de planificación, señor Presidente,
mantenemos el plan director para los parques integrantes de la red, que
va a estar encargado de realizar los objetivos que desde la comisión
mixta se determinen durante el plazo que dure ese plan director. Habrá
una cooperación y una colaboración una vez más entre todas las
administraciones y organismos que tengan que participar en esa comisión
mixta y se establecerán las actuaciones necesarias para mantener esa
imagen de coherencia y defensa de la biodiversidad que tiene que
caracterizar a la red de parques nacionales.
Señor Presidente, creemos que, en definitiva, estamos justificando por
qué algunos que decían que esta ley es corta lo que hacen es centrarse en
tres artículos simplemente de esa ley que eran inconstitucionales y que
estaban reclamando un nuevo modelo de organización de los parques
nacionales. Lo que hemos traído, por tanto, a la Cámara en esta mañana es
un proyecto de ley que ponga en marcha de inmediato una nueva
organización de los parques nacionales. Podríamos decir que lo que se
pretende es consolidar ese valor simbólico de los parques nacionales,
asumir la necesidad de la homogeneidad de la gestión de los parques
nacionales integrados en la red estatal, pero teniendo bien en cuenta,
como he dicho antes, la voluntad de proyección global en un sistema que
reconozca al mismo tiempo las particularidades de cada una de las partes
integradas en él. No va a ser lo mismo hablar de la gestión de un parque
que está incluido en tres comunidades autónomas que hablar de la gestión
de cuatro parques nacionales, por ejemplo, correspondientes a cuatro
islas diferentes pero que a su vez pertenecen a una única comunidad
autónoma. Toda esta línea podremos establecerla a través de la
tramitación parlamentaria de las enmiendas de SS.SS. que yo estoy
dispuesta a aceptar por el bien de una mejor y constitucional gestión de
los parque nacionales. Creemos que con la colaboración y el esfuerzo de
quienes quieran aportar estas enmiendas podremos lograr que la
conservación de la naturaleza en España, a través de los parques
nacionales, esté por encima de las distintas coyunturas y avatares
políticos y de apreciaciones partidistas.
Termino diciendo, señor Presidente, que no podemos aceptar ninguna de las
dos enmiendas de totalidad que se han presentado, ni la del Grupo
Socialista
ni la del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Por lo que
se refiere a la enmienda de totalidad del Grupo Socialista, ya he dicho
que parece apostar por la confusión. Una vez más juega al engaño cuando
en su exposición de motivos parece que lo que le mueve a presentar esa
enmienda a la totalidad es acercar la legislación a la sentencia del
Tribunal Constitucional, cosa que deberían haber hecho cuando tenían
responsabilidades de Gobierno y no lo hicieron. Pero cuando uno lee el
desarrollo del texto se da cuenta de que para nada han tenido esa
intención, y que si antes estaban en la inconstitucionalidad por no
reconocer la necesidad de cogestión de las comunidades autónomas, ahora,
dando un bandazo, se van a la inconstitucionalidad por la otra parte,
porque después de haber declarado en la exposición de motivos el papel
importante que tiene el Estado en la gestión de los parques nacionales,
artículo por artículo se va viendo que el papel del Estado queda
completamente al margen de la iniciativa legislativa que presentan.
Por estas razones, señor Presidente, es imposible aceptar esta enmienda
de totalidad, porque o se va a otras materias que, como digo, se están
autoenmendando y no han sido objeto del proyecto de ley que el Gobierno
trae a la Cámara en el día de hoy, o cuando se ciñe a los dos artículos
que el proyecto de ley que estamos debatiendo está modificando va a
considerar que el Estado no tiene que hacer absolutamente nada. Bueno,
absolutamente nada, no. Tiene que hacer algo muy importante. Es el que
paga todos aquellos planes que dirijan las comunidades autónomas, todas
aquellas decisiones que tome, es el que nombra al director conservador,
al presidente del patronato; es decir, que el Estado sólo existe a la
hora de financiar lo que la comunidad autónoma ha decidido. Son cosas tan
anómalas, señor Presidente, y tan poco constitucionales como que
establece, por ejemplo, que cuando se dé la situación de un parque
nacional que esté a caballo entre tres comunidades autónomas, las
comunidades vecinas van a tener que estar sometidas a la gestión de la
comunidad que tenga más territorio dentro del parque nacional, cosa que
es completamente anómala y que plantearía otra serie de recursos de
inconstitucionalidad.
Señor Presidente, como lo que nosotros queremos desde el Gobierno, y con
todos aquellos grupos parlamentarios que enriquecen este debate haciendo
aportaciones que estamos dispuestos a considerar en nuestro proyecto de
ley , es que los parque funcionen y que estén bien gestionados, no
podemos aceptar un tipo de enmienda que nos va a llevar a un nuevo
bloqueo en cuanto se empiecen a plantear nuevos recursos de
inconstitucionalidad. Llamamos a la consideración de ambos grupos para
que, entendiendo que el conjunto de la ley se modificará posteriormente,
y ciñéndonos a la urgencia de este debate concreto para que los parques
puedan ser cogestionados como pide la Constitución, puesto que la
sentencia del Tribunal Constitucional así lo establece, retiren su
enmienda de totalidad y acepten, con las enmiendas que planteen luego
durante el debate en Comisión, el proyecto de ley que hoy trae el
Gobierno a esta Cámara y que espera contar con el apoyo de los grupos
parlamentarios para que tengamos cuanto antes una gestión compartida de
comunidades autónomas y Estado y los parques nacionales sean ese
patrimonio de la humanidad, esa reserva de la biosfera, como muchos de
ellos han sido ya declarados.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Ministra.
¿Algún Grupo desea utilizar el turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra
el señor Ros para un turno de réplica único en un tiempo no superior a
cinco minutos.
El señor ROS MAORAD: Gracias, señor Presidente.
Señorías, vaya papelón el suyo, señora Ministra. (Risas.) Además de venir
tarde, hace una intervención más propia del Ministro de Administraciones
Públicas que de una Ministra de Medio Ambiente. Porque ha estado todo el
rato explicando cuestiones que afectan a la sentencia del Tribunal
Constitucional. Y, por cierto, usted debería saber que es un instrumento
de absoluta normalidad en un sistema democrático, para ir a ese Tribunal
cuando uno no está de acuerdo con algún aspecto de una ley o con una ley.
Por tanto, no dramatice respecto al Tribunal Constitucional. Además
--usted no lo ha dicho y estaba ausente cuando yo lo decía--, la
sentencia recoge que 41 artículos de la Ley 4/1989, la Ley que hicimos
los socialistas, son absolutamente constitucionales. Y 13 disposiciones.
No haga usted un drama de esa sentencia, porque, cuando hay una
sentencia, se puede aplicar bien o mal, se puede desarrollar bien o mal.
Yo creo que usted la desarrolla mal. Y no solamente lo cree mi grupo o
Izquierda Unida, sino que parece que, hasta esta mañana, también algún
grupo de los que apoyan al Gobierno lo entendía así.
A mí me parece que usted tiene dificultades de relación como Ministra,
porque si no, no le ocurriría lo que le está ocurriendo en estos
momentos. Ha tenido más suerte usted, señora Ministra, al hacer que en
las tribunas estén los ecologistas o representantes de movimientos
ecologistas y la hayan podido escuchar, cosa que no pudieron hacer cuando
usted les invitó a su casa. Hay que cuidar mucho las relaciones con todos
los grupos sociales; hay que ser un poco humilde.
No puede decir usted desde esta tribuna que hemos hecho una enmienda a la
totalidad que tiene como objetivo el engaño. No es cierto. Y me dice que
me ciña; pues me voy a ceñir, señora Tocino. Porque en la exposición de
motivos de su texto dice: A diferencia de lo
determinado en la Ley 4/1989, los parques nacionales serán gestionados y
financiados conjuntamente por la Administración general del Estado y las
comunidades autónomas en cuyo territorio se encuentren ubicados. Esto lo
leo de su propio texto, luego ya no se puede ceñir uno más.
Y se le ocurre a usted decir desde la tribuna que nosotros estamos
mareando la perdiz para engañar al personal. A usted, aparte de todos los
que ha cesado en su ministerio, alguien de su equipo aún le queda. Por
ejemplo, le queda Claro José Fernández-Carnicero, que es Subsecretario
del Ministerio de Medio Ambiente y que, por otra parte, tiene todos mis
respetos, señora Ministra.
Usted, en la exposición de motivos, dice que hay que poner dinero por las
comunidades autónomas. Claro, se van de viaje y, como no están
coordinados, llega a Asturias su subsecretario y, ante la pregunta de:
¿Qué es esto de la cofinanciación de los parques nacionales?, su
subsecretario, repito --no el del Partido Socialista--, va y dice lo que
leo a continuación: Negó ayer Claro José Fernández-Carnicero que la
reforma de la Ley reguladora de los parques nacionales vaya a suponer la
obligación de que las comunidades autónomas tengan que cofinanciar estos
espacios protegidos dentro de su territorio. (Un señor Diputado: ¡Qué
barbaridad!) Yo quiero pensar, señora Ministra, que ustedes no han tenido
un consejillo dentro del Ministerio y que su subsecretario no sabía lo
que decía. Por eso digo que hay que ser muy humildes, señora Tocino. No
diga que nosotros estamos engañando a nadie, cuando en la exposición de
motivos usted dice que hay que cofinanciar --y no estamos de acuerdo, y
es absolutamente respetable-- y su subsecretario, cuando va a un sitio
donde hay un parque nacional, dice que no hay que cofinanciar. No digan
esas cosas, porque se queda en una posición bastante desairada.
Para terminar, señora Ministra, yo pienso que usted ha hecho un parche.
¿Por qué mi grupo tiene que creer que usted, después de un año, ha traído
la Ley sólo para seguir puntualmente la sentencia? Podía haber
incorporado cosas --y esto no sólo lo dice mi grupo, sino más personas--
como las directivas, los convenios internacionales... ¿Por qué no lo han
incorporado? ¿Por qué tenemos que creer, señora Tocino, que dentro de
unos meses volverá usted con otra ley? Se suele decir por ahí --y se lo
digo en plan cariñoso-- que cada vez que en Medio Ambiente hay un
problema se inventan una ley. Y eso creo que no es bueno para el medio
ambiente de este país.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ros, le ruego
que vaya concluyendo.
El señor ROS MAORAD: Termino, señor Presidente, no sin antes decir --y
esto no es menor-- que no es cierto, a juicio del Grupo Socialista, que
ustedes sean leales con la sentencia del Tribunal Constitucional. Porque,
a la postre, y tras una serie de órganos e instrumentos de planificación
--que en algunos casos se inventan hasta cinco o seis--, al final, señora
Tocino, se hace imposible que se cumpla el espíritu de la sentencia. Por
tanto, creemos que están haciendo mal el desarrollo y cumplimiento de esa
sentencia.
Por mi parte, señor Presidente, nada más. Sí rogar a la señora Tocino que
no vuelva a decir que, cuando presentamos una enmienda a la totalidad, lo
hacemos por engañar, mientras siga teniendo subsecretarios que la
desmientan ante la prensa, como el otro día en Asturias.
Señor Presidente, muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ros.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, entiendo que nos va a aceptar casi todas las enmiendas
que presentemos en la Comisión, por lo que usted ha dicho de que no es el
momento procesal de debatir nuestra enmienda a la totalidad con texto
alternativo y que ya veremos más adelante en la Comisión. Bien, vamos a
esperar a la Comisión. De todas formas, vamos a mantener las espadas en
alto y vamos a defender y a votar, naturalmente, nuestra enmienda a la
totalidad.
Señora Ministra, nosotros no nos estamos autoenmendando. Usted tiene una
tendencia muy fuerte a establecer un debate con el Partido Socialista en
torno a cómo gobernaron y en torno a cómo gobiernan ustedes. Tiene una
tendencia a un debate absolutamente bipartidista, que muchas veces no
ayuda a alumbrar aspectos importantes de las propuestas o de las leyes
que estamos debatiendo en la Cámara.
No nos estamos autoenmendando. No recuerdo ahora nuestra posición en la
Ley 4/1989 --no estaba yo entonces en esta Cámara--, pero nosotros no
somos los responsables máximos de esta ley; en todo caso, seremos
corresponsables. Nosotros no nos estamos autoenmendando, repito, estamos
planteando una serie de cuestiones que nos parecen absolutamente
razonables.
Yo he dicho de varias cosas, que están contenidas en nuestra enmienda a
la totalidad. Digo: ¿Por qué no avanzar en el cumplimiento de algunas de
las directivas de la Cumbre de Río? En junio habrán pasado ya siete años.
¿Por qué no avanzamos en cuestiones que están aprobadas desde hace casi
veinte años, como es el caso de la directiva de 1979, o cinco años, con
la directiva de 1992? ¿Por qué no avanzamos en cosas concretas? ¿Por qué
no aprovechamos el tiempo? No tenemos tanto tiempo para hacer frente a
determinados
problemas, no se deben abordar con tanta paciencia espartana; podemos
avanzar en concreto en la elaboración de esta ley.
No hemos hablado en nuestra propuesta de cogestión y de presupuesto.
Nosotros tenemos un sentido federal, también en esto, sentido federal
que, además, creo que está avalado por el mejor sentido común, en la
medida en que hay una corresponsabilidad de todas las instituciones en lo
que se está determinando en una comunidad autónoma, en varias o en todo
el Estado. Pero nosotros hablamos, en la misma exposición de motivos, de
algo distinto a lo que dicen ustedes. Decimos: Una representación de la
administración central, de la administración autonómica en los lugares
afectados o que puedan verse afectados. Planteamos una participación de
las instituciones a nivel de la Administración central, de la
Administración autonómica, de los ayuntamientos, pero, además, planteamos
la necesaria participación de las organizaciones ecologistas, es decir,
las que están capacitadas y que pueden aportar cosas interesantes en el
momento de debatir un problema concreto que afecte a una, a dos, a tres
comunidades autónomas, o en el momento de debatir un problema de carácter
general. Todos estos elementos se podrían introducir ya, podrían ser
elementos de reforma concreta del proyecto de ley que presenta el
Gobierno y esperamos que todavía puedan ser tenidos en cuenta en el
trámite parlamentario de la Comisión.
Hemos planteado, y aquí termino, señora Ministra, una participación. A
nuestro entender, sería una prueba de buena voluntad por parte de su
ministerio y se trataría sencillamente de recomponer de forma inmediata
la relación con el conjunto del movimiento, de las asociaciones, que se
han abierto --algunas, hace tiempo; otras, hace poco-- en el momento de
participar en el Consejo Asesor del Medio Ambiente, porque han visto que
no se les ha tenido en consideración ninguna de las propuestas que
hacían, ni tan siquiera la del diálogo, elemento imprescindible para
tener una buena y fructífera relación en el momento de ofrecer
alternativas; que, al menos, se escuchen esas alternativas. Debería tener
una buena relación, mejorar inmediatamente esa relación, aunque sea
dialécticamente conflictiva. Porque no espere usted que las asociaciones,
el movimiento asociativo, los grupos de científicos que tratan estos
temas o el movimiento ecologista, vayan a darle caramelos al Ministerio
de Medio Ambiente. Va a haber una relación dialéctica conflictiva, en
muchos casos porque se trata de intereses contrapuestos y porque, señora
Ministra, hasta el tratamiento de la naturaleza tiene una sensibilidad
más o menos social, está más o menos a la derecha o más o menos a la
izquierda. Y yo me congratulo de que partidos de derecha o de centro
derecha, como se autollaman ustedes, tengan una sensibilidad creciente en
este tema tan importante, en el cual el conjunto de los partidos, y muy
en concreto la derecha, no ha tenido una especial sensibilidad, pero debo
decir que todavía hay un abismo en el momento de abordar con sensibilidad
social una serie de problemas que nosotros, desde la izquierda, hemos
asumido desde hace tiempo.
Por tanto, señora Ministra: recomposición de relaciones, participación
del movimiento asociativo, del movimiento ecologista y, a partir de ahí,
intentar trabajar en cualquier proyecto en una colaboración que, repito,
puede ser conflictiva, pero que, estoy convencido, redundará en una
mejora de los proyectos que el mismo ministerio presente a este
Parlamento.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Frutos.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor Presidente.
Voy a responder brevemente al representante del Grupo Socialista. No seré
yo quien haya dicho que las sentencias del Tribunal Constitucional sean
anormales. Lo anormal es que, una vez que algunos preceptos de una ley se
declaran inconstitucionales, uno permanezca en la inconstitucionalidad.
Eso sí que me parece anormal, porque lleva al bloqueo de la gestión de
los parques, que es lo que estamos intentando solucionar con este
proyecto de ley. Por tanto, repito, creo que lo anormal es permanecer en
la inconstitucionalidad, como han permanecido ustedes cuando tenían
responsabilidades de Gobierno, porque eso ha llevado a que los parques
nacionales, esos ecosistemas tan ricos que tenemos en España, hayan
estado desprotegidos. Y tenemos que meternos directamente en esa
cogestión, para que no haya más problemas sobre quién tiene que actuar en
cada momento.
Yo le aconsejo que lea el «Diario de Sesiones», porque usted dice y me
recuerda que hay 41 artículos constitucionales, pero soy yo quien les ha
dicho que, aunque esa Ley tiene que ser modificada una vez que la
negociemos con los sectores realmente conservacionistas, el CAMA y la
Conferencia sectorial, para incorporar muchas de las iniciativas que
SS.SS. han planteado, nuestra intención es no prorrogar más la
inconstitucionalidad en la que está la gestión de los parques. Ese es el
motivo por el cual mantenemos esos 41 artículos, que son
constitucionales, y no entramos a modificarlos, como ustedes hacen; en
cambio, modificamos aquéllos que son inconstitucionales. Soy yo quien le
ha dicho las razones por las cuales esto no es un parche, sino que es una
medida de urgencia. No se habría producido si ustedes en 1989 hubieran
sido sensibles a que las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los
sectores sociales tenían también que ser escuchados y oídos. Ustedes
tampoco escucharon y las organizaciones conservacionistas en aquel
entonces les criticaron, porque, abusando de su mayoría parlamentaria, no
dialogaron con nadie cuando se debatió la
Ley de 1989. Somos nosotros los que queremos sacar a esta Ley de esa
situación de inconstitucionalidad. Posteriormente, hablando y dialogando,
podremos llegar a modificar esa Ley que a ustedes hoy tanto les preocupa,
pero que sigue siendo suya.
No hay ninguna contradicción ni crea que nos tiene que dar consejos de
consejillos, señor representante del Grupo Socialista. Primero, creo que
usted no se ha leído la exposición de motivos y tampoco el texto. Ustedes
han presentado una enmienda de totalidad de su propia Ley, sin darse
cuenta de lo que el Gobierno estaba proponiendo. Si usted, después de la
exposición de motivos, lee el desarrollo se dará cuenta, y es lo que
recoge el subsecretario en Asturias, de que una cosa es la cogestión
paritaria, por ejemplo, en la Comisión mixta de gestión y otra muy
distinta es lo que se llama cofinanciación. En la medida en que se vaya
dando, cada vez más, paso a las comunidades autónomas, se dice en el
texto de la ley que después de entrar en vigor --hoy empezamos el
debate-- habrá 18 meses para ponerse también de acuerdo en un modelo de
financiación cogestionada. Sólo se habla de cofinanciación cuando haya
acuerdo después del diálogo; no se dice que sea una cofinanciación
paritaria. Por tanto, lea usted también todos los artículos.
Usted cree que le estoy acusando de inventarse frases grandilocuentes
para luego no cumplir el desarrollo. Antes les he dicho, y lo mantengo,
que su Ley era inconstitucional porque no contemplaba las comunidades
autónomas y que hoy su enmienda de totalidad puede ser también
inconstitucional porque quieren excluir al Estado. Si ustedes no están de
acuerdo con este proyecto que trae el Gobierno, que al final se
convertirá en una ley si lo aprueba la mayoría de los grupos
parlamentarios, quizá le queda la vía de la normalidad, intentar un
bloqueo nuevamente --que en este caso no sería posible--, con un nuevo
recurso de inconstitucionalidad, pero ya veríamos lo que los tribunales
dirían en última instancia.
Al señor Frutos quiero decirle que también creo que es bueno que relea el
«Diario de Sesiones», porque yo no le he hecho a usted coautor ni
corresponsable de la Ley de 1989. En lo único en que han coincidido las
dos enmiendas de totalidad es en intentar introducir en este proyecto de
ley una serie de contenidos que no tiene previsto el Gobierno en este
momento plantear. Porque, como usted muy bien dice, algunos temas ya son
de hace 20 años y hay directivas que están en vigor y otras que es
necesario modificar, pero todo esto hay que ir haciéndolo pausadamente.
Si algunas directivas --dice usted-- o algunos proyectos llevan 20 años
coleando, piense usted si no me habrían dicho irresponsable si en 20 días
o poco más les hubiera traído todo solucionado. No habría habido tiempo
ni de convocar, ni de dialogar con nadie.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Ministra, le
ruego vaya concluyendo.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Termino,
señor Presidente.
Yo decía que si usted acepta ceñirse a lo que en el proyecto de ley
figura, verá que justamente coincide lo que el Gobierno propone en los
artículos 19, 22 y 23, que este proyecto de ley modifica, señor Frutos,
con lo que el grupo al que usted representa dice. En el plan rector de
uso y gestión que aprueba el Gobierno en el caso de los parques
nacionales; cuando habla de parques nacionales, quién tiene que hacer la
gestión conjunta y cómo tiene que mirarse la financiación; en el artículo
23, por ejemplo, cuando habla de quién tiene que nombrar al director, que
se hace de común acuerdo. Usted dice lo mismo, señoría. Por tanto, le
digo que si las enmiendas van en esta línea serán admisibles, porque
coincidimos plenamente. En lo que no vamos a coincidir es en que yo digo
que no ha lugar a presentar enmienda de totalidad sobre unas materias que
no se han traído en este proyecto de ley.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Ministra. (El señor Ros Maorad pide la palabra.) ¿Señor Ros, a qué
efectos solicita la palabra?
El señor ROS MAORAD: Por el artículo 71, señor Presidente. He sido
contradicho en dos cuestiones. Sólo tardaría un minuto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ros, se lo he
dicho al comienzo de su intervención. S.S. ha utilizado un turno de
réplica y, como sabe, por el artículo 73.1 es posible su utilización por
una única vez y por un tiempo de cinco minutos. Además, la señora
Ministra se ha ceñido exclusivamente a contestar a los interrogantes que
S.S. expuso en su intervención. Por tanto, no tiene S.S. la palabra.
El señor ROS MAORAD: Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿Grupos que desean
fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra
el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre del Bloque Nacionalista Galego, para fijar nuestra
posición.
Nosotros nos atuvimos al criterio de que la ley que se nos presentaba
modificaba la del año 1989 exclusivamente en relación con los parques
nacionales, en el sentido de adecuar la legislación a la sentencia del
Tribunal Constitucional, de 1995, que no cifraba en la exclusividad
competencial del Estado la marcha y la vida de estos parques denominados
nacionales.
Después de escuchar a la señora Ministra, pensamos que había realmente
razones de fondo para presentar una enmienda a la totalidad, y nos vamos
a explicar. No es por el hecho de que falten en la modificación las
debidas integraciones de las consecuencias derivadas del Convenio de
Naciones Unidas sobre la diversidad biológica, las directivas de la
Comunidad Europea sobre protección de aves o de los hábitat naturales, o
incluso otras legislaciones del mismo rango. La actualización extensiva
de la Ley de 1989, y la cualitativa, merecían una enmienda a la
totalidad, de devolución, precisamente por clarificar una cuestión
política de fondo, que es de la que voy a hablar a continuación.
Desde una perspectiva no sólo conscientemente nacionalista sino meramente
autonomista, está claro que no hay razón de ningún tipo para que los
denominados parques nacionales no sean planificados, gestionados y
también financiados por las comunidades autónomas. Esto no es
contradictorio con el limitado papel que debe tener el Estado, que ha de
consistir en lo siguiente: en la coordinación interna, en todo caso, de
todos estos parques estatales; en la contribución monetaria y financiera,
y en las propuestas que se puedan hacer desde la red estatal española en
relación con el exterior.
Una vez aclarado esto, es necesario decir que no cabe duda de que los
parques --todo tipo de parques, estatales o naturales-- son espacios que
están integrados en un determinado tipo de país o de zona del territorio
del Estado español, con una estructura administrativa y política clara,
que están en interrelación con otros parques que no son estatales o
nacionales y que, además, deben estar integrados en su medio, en relación
con los ayuntamientos y en relación con su sociedad.
El papel prioritario, específicamente superior, de las comunidades
autónomas, en cuanto al nombramiento de la comisión mixta de gestión, en
cuanto a los patronatos y en cuanto a la dirección, debe estar
suficientemente claro, porque para algo queda el Consejo rector, en el
que sí tiene un papel relevante el Estado.
Por tanto, vamos a apoyar las enmiendas de devolución y específicamente
queremos decir que el texto del Partido Socialista Obrero Español, del
Grupo Socialista, sin entrar en contradicciones con el pasado, está
muchísimo más adecuado a este criterio que acabamos de defender, de
planificación y gestión financiera de las comunidades autónomas, con
carácter prioritario, en cuanto a los denominados parques estatales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de junio de 1995
declaró nulos diferentes artículos de la Ley 4/1989, de conservación de
los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. Esta sentencia
representa un hito en las relaciones entre el Estado y las comunidades
autónomas en lo que se refiere a la declaración y gestión de los parques
nacionales de España.
Quiero recordar que la Ley 4/1989 fue aprobada en un momento en el que el
Partido Socialista contaba con mayoría absoluta en esta Cámara, desde la
que pretendió implantar un modelo de declaración y gestión exclusiva por
el Estado de los parques nacionales.
Desde muchas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, País Vasco,
Canarias y Andalucía, se interpusieron recursos de inconstitucionalidad
por ignorar las competencias autonómicas en esta materia, y el resultado
fue la sentencia citada.
El pronunciamiento del Tribunal Constitucional, tras hacer un extenso
recorrido sobre el sistema de distribución de competencias en materia de
medio ambiente, señala que la Ley en aquella redacción --y cito
textualmente-- desconoce paladinamente la competencia de las comunidades
autónomas para ejecutar lo legislado sobre protección del medio ambiente
y la posición singular de algunas de ellas, con una competencia exclusiva
sobre los espacios naturales protegidos.
Señorías, el Gobierno ha presentado un proyecto de ley cuyo mérito
principal es su objetivo: el establecimiento de un sistema de declaración
y gestión de los parques nacionales acorde con las competencias
compartidas que tienen el Estado y las comunidades autónomas, de acuerdo
con la sentencia del Tribunal Constitucional.
El proyecto de ley es, pues, un paso en la dirección correcta, aunque
nuestro grupo entiende que hay muchas cuestiones que, en su actual
redacción, no satisfacen la cogestión necesaria como principio de
funcionamiento de los parques nacionales de España. Sin embargo,
conocemos la disposición del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular
para llegar a acuerdos en la mejora del proyecto. Y, en relación con
esto, quiero subrayar que la posición de nuestro grupo parte de los
siguientes principios: Primero, los parques nacionales de España deben
seguir siendo los espacios naturales protegidos que, por su
representatividad, tengan un reconocimiento estatal y una gestión
especial compartida; segundo, creemos necesario y adecuado que estos
parques se integren en la red de parques nacionales de España como
principio de una unidad ambiental; tercero, para ese fin puede existir un
órgano de ámbito estatal con presencia de las comunidades autónomas, en
función del número de parques enclavados en su territorio que tengan
funciones coordinadas; cuarto, no dudamos de que puedan establecerse
directrices básicas para el funcionamiento de la red, teniendo en cuenta
que a las comunidades autónomas corresponde la elaboración de los planes
de ordenación de los recursos naturales, y en ese marco desarrollarán los
planes rectores de uso y gestión de los parques nacionales; quinto y
último, entendemos la cogestión no sólo como la consecuencia del fallo
del Tribunal Constitucional, sino como una necesidad ineludible para la
adecuada gestión de los parques nacionales.
Señorías, en Canarias contamos actualmente con cuatro de los diez parques
nacionales que hoy se integran en la red. Hay quienes han propuesto
modelos de gestión de los parques como cotos cerrados de titularidad
estatal. Alguien dijo una vez, refiriéndose a los parques nacionales en
Canarias, que éstos eran los auténticos peñones de Gibraltar en las
islas, desconectados administrativa y ambientalmente de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Hoy nos proponen una enmienda de texto alternativo al proyecto de ley
quienes pretendieron imponernos ese modelo. Sin embargo, preferimos creer
en un proyecto de ley y en una disposición de encontrar acuerdos en lo
que nos separa, que en estos momentos es mucho, con quienes han
acreditado esa disposición. Por tanto, Coalición Canaria votará
favorablemente el proyecto de ley presentado por el Gobierno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, tiene la palabra el señor González
de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco participa de los objetivos que han sido
expuestos por la señora Ministra de Medio Ambiente en este debate y que
se encuentran recogidos en el proyecto de ley objeto de debate, y lo hace
desde tres perspectivas: una, porque se acomoda a la sentencia del
Tribunal Constitucional, habiendo sido la Comunidad Autónoma del País
Vasco una de las comunidades que presentó recurso de inconstitucionalidad
en relación con el proyecto de ley de 1989, y entendemos que la reforma
que se plantea ahora se ajusta a esta sentencia, situación que nos
satisface.
Nos satisface también una segunda perspectiva, que se hagan propuestas en
relación a la gestión y a la financiación de estos parques buscando
fórmulas más abiertas, fórmulas mixtas, fórmulas de cogestión, tanto en
lo que se refiere a sus órganos de gestión como a los nombramientos que
se derivan de la misma. Entendemos que este modelo puede ser mucho más
ambicioso en orden al disfrute de los parques por parte de los
ciudadanos.
Participamos también, en tercer lugar, señor Presidente, de las fórmulas
de financiación mixtas que se plantean tanto por el Estado, por las
comunidades autónomas como por la iniciativa privada; fórmulas de
financiación y encuentros entre objetivos de distintas iniciativas que
pueden encontrarse para los parques nacionales.
Es verdad que las enmiendas a la totalidad que estamos analizando son más
extensivas en las reformas, se solicitan tanto en una como en otra
actualizaciones más extensivas que las propuestas por el Gobierno,
situaciones que nos parecen razonables pero que no son en principio
objeto del debate que el Gobierno propone a esta Cámara.
Se ha insistido por parte de los grupos proponentes, al defender las
enmiendas a la totalidad, en la carencia de diálogo por parte del
Ministerio de Medio Ambiente. Desde el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) quisiéramos indicar, señor Presidente, que conocemos una
relación fluida con el ministerio respecto a estos temas y quisiéramos
manifestar, en consecuencia, nuestra satisfacción porque las propuestas
que se realizan a través del grupo parlamentario encuentran un nivel de
análisis y de contraste en los distintos órganos del Ministerio de Medio
Ambiente.
Para concluir, quiero indicar que, participando de los objetivos y
entendiendo que la reforma que se plantea se ajusta estrictamente a la
sentencia del Tribunal Constitucional, votaremos en contra de las dos
enmiendas a la totalidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, señora Ministra, en primer lugar, queremos felicitarnos porque
ha entrado en esta Cámara el proyecto de ley que modifica la Ley 4/1989,
de conservación de espacios naturales, que nos permitirá adecuarla a la
normativa vigente. No hay ningún tipo de duda de que esa ley nos ha
facilitado instrumentos que, con toda seguridad, han contribuido y
continuarán haciéndolo a conservar los espacios naturales, la flora y la
fauna silvestres.
Si bien es cierto que las leyes las aprueban los legisladores, para que
éstas surtan los efectos previstos han de tener la complicidad de los
afectados. Por tanto, una buena ley que regule los parques nacionales ha
de ser una ley que, además de la protección de la flora y la fauna, ha de
estar absolutamente integrada con la realidad cultural, social y
económica del territorio. Eso sólo es posible si el territorio tiene el
convencimiento de que aquel bien, aquel parque nacional que sus
antepasados han mantenido a lo largo de tantas
generaciones, también es suyo y, por tanto, participa de una forma activa
en su gestión.
Queremos un modelo de parques nacionales abiertos y participativos, y esa
capacidad de intervenir en el actual ordenamiento se hace a través de las
participación de los gobiernos autonómicos y también a través de la
presencia de las administraciones locales. Pues bien, eso que parece tan
obvio, tan simple, tan meridianamente claro, tan razonable, en el caso de
los parques nacionales no era posible y la ley, en una interpretación
absolutamente sesgada, entendía que era sólo el Estado central quien
tenía la capacidad de gestionarlos de forma exclusiva.
Frente a esta situación absolutamente kafkiana, la Generalitat de
Catalunya y otras comunidades autónomas se vieron en la obligación de
recurrir al Tribunal Constitucional, y ha sido éste el que ha tenido que
venir a quitar la razón a la mayoría absoluta de aquel momento y, por
tanto, a pronunciarse en la modificación de toda una serie de artículos.
En algunos casos incluso llega a decir que no es admisible la exclusión
de las comunidades autónomas en cuyo territorio está enclavado un parque
nacional, como hace la ley en su artículo 35. El Tribunal Constitucional
dice: El legislador rebasa las fronteras de la protección del medio
ambiente para hacer una incursión prohibida constitucionalmente en el
ámbito de la caza y la pesca, título competencial exclusivo de las
comunidades autónomas. En realidad, declara nulos los artículos 21.3,
21.4, 22.1, 35.1, 35.2, y también declara nulos algunos artículos del
Real Decreto 1095/89.
Por tanto, hoy nos vemos en la obligación de iniciar un proceso de
modificación de una normativa, veinte meses después de que el Tribunal
Constitucional advirtiese que no era conforme a Derecho, y casi ocho años
después de que se hayan sustraído las competencias a algunas comunidades
autónomas. A otras, como Cataluña, que se les castigó por el simple hecho
de querer ejercitar nuestro derecho, en aplicación tanto de la
Constitución como del estatuto, con la exclusión de la disposición
adicional primera, la cual declaraba parque nacional al parque nacional
de Aigües Tortes y lago de Sant Maurici. Y se le expulsó de un plumazo de
la red estatal, siendo uno de los mejores parques del Estado, siendo un
parque histórico que fue catalogado como parque nacional en el año 1955,
cuando, por ejemplo, Doñana legalmente ni existía, siendo rectificado por
la Ley de 1987. Y no porque no reuniera los mínimos de calidad que le han
sido reconocidos por los organismos internacionales, sino porque su
gestión por ley correspondía a la Generalitat. Es una pena que la
insensibilidad de algunas mayorías nos obligase a acudir al Tribunal
Constitucional. En todo caso, hoy es un gran día para aquellas personas
que desde la periferia creemos que hemos alcanzado la mayoría de edad y
que somos capaces de gestionar nuestros propios parques nacionales.
Esperemos que la modificación de esta ley permita a las comunidades
autónomas participar en el ordenamiento y protección de su entorno, al
que tienen derecho, y devuelvan al parque nacional de Aigües Tortes y
lago de Sant Maurici la categoría de parque nacional que, a nuestro
entender, nunca perdió pero que de forma mezquina se le intentó hurtar.
Por tanto, señora Ministra, nuestro voto irá en contra de la enmienda a
la totalidad, esperando que la ley que debatiremos en Comisión en los
próximos días, y a la cual haremos aportaciones de carácter positivo,
haga justicia al espíritu de la Constitución y al espíritu de los
estatutos de las diferentes comunidades autónomas.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoras y señores
Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Companys.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora de
Lara.
La señora DE LARA CARBO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, podría comenzar diciendo que, al ser el nuestro el grupo que
interviene en último lugar en el turno de los grupos parlamentarios, el
diseño argumental de lo que supone el texto del proyecto de ley que
debatimos está ya expresado en pro y en contra. Sin embargo, no creo
innecesaria una reflexión sobre lo que comportan las enmiendas a la
totalidad con texto alternativo y el propio texto, en forma y fondo, del
proyecto de ley que nos propone el Gobierno.
La enmienda con texto alternativo del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya rebasa el ámbito de modificación propuesto
por el proyecto de ley del Gobierno, tal como ha indicado la señora
Ministra; lo rebasa en el sentido de que toca distintos aspectos que
serán objeto de otras modificaciones, por lo que no voy a entrar en las
bondades o en las carencias del texto que nos presentan. Si excluimos
esta circunstancia, la enmienda a la totalidad no aporta elementos nuevos
que no puedan incorporarse en el trámite de debate de las enmiendas
parciales.
En cuanto a la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario
Socialista, en cierto modo se puede aducir una argumentación similar,
dado que el propio marco normativo también queda rebasado, al incorporar
trasposiciones de directivas europeas que no son elementos a incorporar
cuando debatimos un concreto proyecto de ley.
Cuenta, además, la enmienda socialista con un componente perverso, al que
me referí en el último Pleno de la Cámara cuando debatíamos una moción
sobre política hidráulica; rectifica la realidad de la acción de los
gobiernos socialistas en esta materia, y parece emanar de los
remordimientos de gestión de quienes tuvieron la obligación, la
responsabilidad y la oportunidad
de hacer desde el Gobierno, durante trece años, lo que ahora, en unos
meses, exigen se haga desde la oposición. Es un papel que, quiero pensar,
no les gusta, pero que han asumido y que supone --repito-- subir a la
tribuna para decirnos que el Gobierno actual debe hacer lo que ellos,
desde un Gobierno socialista, no pudieron o no supieron hacer. Esta
urgencia y esta preocupación medioambiental, de repentina asunción, deben
ser bienvenidas por lo que tienen de rectificación, de reconocimiento de
errores, de buena voluntad de nuevo cuño, pero llegan tarde.
En cuanto al afán de reparto de juego, de traslado de gestión a las
comunidades autónomas, es loable y debe ser bienvenido, pero igualmente
resulta nuevo, ya que los gobiernos socialistas hicieron todo lo
contrario. Afortunadamente, una de las potencias del alma es la memoria,
según aprendimos en la escuela, y junto a la memoria están los «Diarios
de Sesiones» de las Cámaras, en cuyo cuerpo documental pueden
encontrarse, sin bucear demasiado, muestras contrarias a esa postura de
reparto de juego autonómico en materia de parques nacionales, que ahora
proclaman y exigen los socialistas. Como de muestra vale un botón, que
señala el refranero, recordemos el tema del parque nacional de Picos de
Europa.
Por todo ello, señorías, el voto del Grupo Parlamentario Popular a las
enmiendas a la totalidad de Izquierda Unida y del Grupo Socialista será
negativo.
En cuanto al proyecto de ley que presenta el Gobierno, resumiré la
posición de nuestro grupo parlamentario en seis puntos que entiendo
positivos y por los que vamos a otorgarle nuestro voto favorable.
Primero, modifica determinados artículos de la Ley 4/89, para adaptar el
contenido de ésta a la sentencia del Tribunal Constitucional. Segundo,
conforma una estructura organizativa para la red de parques nacionales.
Señorías, una red de parques nacionales no es una relación, una suma de
espacios protegidos; es un proyecto unitario de conservación de la
naturaleza que debe revestirse de unas particularidades organizativas en
función de la especial trascendencia de su valor global. Tercero, se
introducen figuras de gestión intermedias y de gestión compartida, a la
vez que se dan nuevas atribuciones a los patronatos, ampliando sus
funciones y la participación social, con lo que el proyecto de ley se
ajusta a las nuevas necesidades que reclama la sociedad. Cuarto, frente
al autoritarismo de la etapa anterior, prevalece la no imposición, la
mayor implicación y motivación de la población del entorno de los parques
nacionales. Hemos reiterado en múltiples ocasiones que cuando un
territorio se encuentra en buen estado de conservación, con unos valores
que hay que defender, es porque los habitantes de la zona han colaborado
en que estos valores nos hayan llegado de esta forma hasta nuestros días.
Quinto, el proyecto de ley da un contenido a los planes rectores de uso y
gestión, a la vez que se incorporan los planes anuales de trabajo y los
planes anuales de inversiones. Y sexto, y último, se establece por
primera vez un instrumento, la red de parques nacionales de España, y un
órgano, el consejo rector, a través de los cuales se conseguirá coordinar
las políticas de conservación. Se conseguirán unos criterios básicos
generales en las áreas de investigación, de uso público, sensibilización
y formación ciudadana, y un largo etcétera, dando una coherencia a las
actuaciones de la que anteriormente se carecía.
En definitiva, señorías, estamos ante un proyecto de ley que afecta a
unos espacios que mueven la sensibilidad social, positivamente creciente
respecto a los temas medioambientales: los parques nacionales. Junto a
las notas que acabo de enumerar, es justo reconocer el talante abierto
del Gobierno y su espíritu de diálogo. Estamos ante el debate sobre la
enmienda a la totalidad y no resultaría responsable confundir este
ámbito. Estoy segura que la actitud abierta del Grupo Parlamentario
Popular y de los demás grupos de esta Cámara enriquecerán el texto en el
trámite del debate en ponencia y en Comisión de las enmiendas parciales.
En temas de parques singulares, como el citado anteriormente por el señor
Companys de Aigües Tortes, esta actitud abierta buscará las soluciones
más adecuadas dentro de la normativa vigente. Desde esta seguridad,
convoco a SS.SS. a votar favorablemente la continuidad del trámite
parlamentario de esta ley, no haciendo de los parques nacionales un arma
más en la confrontación política. La defensa de estos espacios, de todos
y para todos, nos demanda responsabilidad, ecuanimidad y buen juicio.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora De Lara.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas de totalidad al proyecto
de ley discutido. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre las enmiendas de totalidad
presentadas al proyecto de ley que modifica el de conservación de los
espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
Al ser enmiendas con texto alternativo, votamos, en primer lugar, el
propuesto por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 142; en contra, 172; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la enmienda de
totalidad con texto alternativo del Grupo de Izquierda Unida.
Votación sobre la enmienda de totalidad con texto alternativo del Grupo
Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, 143; en contra, 172; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la enmienda de
totalidad con texto alternativo del Grupo Socialista.
AVOCACION POR EL PLENO:
-- DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 4/1989, DE 27 DE
MARZO, DE CONSERVACION DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA
SILVESTRES (Número de expediente 121/000023)
El señor PRESIDENTE: La Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces,
ha acordado someter al Pleno la solicitud de avocación por el Pleno de la
ley --cuya totalidad acaba de aprobarse, al rechazarse las enmiendas-- de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
¿Acuerda el Pleno recabar para sí la deliberación y votación final del
proyecto? (Asentimiento.) Se entiende que, salvo alguna excepción que se
manifieste en forma expresa, queda aprobada por asentimiento la
avocación.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (Continuación):
-- PROYECTO DE LEY DE DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS CONTRIBUYENTES (Número
de expediente 121/000026)
El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad sobre el proyecto de ley de
derechos y garantías de los contribuyentes, al que se han presentado dos
enmiendas de totalidad.
Para la presentación del proyecto, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra su Vicepresidente para Asuntos Económicos, señor Rato. (Rumores.)
Señorías, les ruego que guarden silencio para que podamos concluir el
debate y efectuar las votaciones. Les ruego, en consecuencia, que quienes
deseen abandonar el hemiciclo lo hagan cuanto antes y guarden todas
SS.SS. silencio. (Continúan los rumores.) ¡Señor Silva! ¡Señor Ollero!
¡Señor Isasi! ¡Señor González de Txabarri! Lamentaría tener que citar a
todas SS.SS. por su nombre para llamarles al orden. ¡Silencio, señorías!
Cuando quiera, señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Señor Presidente, señorías, es siempre
para mí una satisfacción presentar un proyecto en esta Cámara, en
especial el proyecto de ley de derechos y garantías del contribuyente,
más conocido por el estatuto del contribuyente, y que va a representar,
sin duda, un paso fundamental en la definición de las relaciones de los
contribuyentes y de la Administración tributaria.
El proyecto que ahora presenta el Gobierno es fiel reflejo de la voluntad
desde hace tiempo manifestada, primero, por el Grupo Parlamentario
Popular en esta Cámara, en diversas legislaturas, y también por el
Partido Popular, en convocatorias electorales y, desde luego, en la
última, como ha sido también motivo de presentación por el Presidente del
Gobierno en el discurso de investidura, el pasado mes de mayo. Es, por
tanto, una iniciativa política del Partido Popular, defendida a lo largo
de muchos años y que representa para nosotros una muestra clara de
nuestra concepción en las relaciones entre los ciudadanos y la
Administración y, más concretamente, entre los contribuyentes y la
Administración tributaria. Esta iniciativa responde a nuestra convicción
de que, en una sociedad democrática avanzada, las relaciones entre la
Administración y los ciudadanos, en este caso, los ciudadanos como
contribuyentes, deben estar basadas en los principios de seguridad y
equilibrio de las posiciones jurídicas, donde la colaboración sea el
elemento definitorio.
Asimismo, estos principios, como he dicho, han quedado plasmados en todos
nuestros programas electorales, desde luego, de esta década, y en
nuestras intervenciones parlamentarias, especialmente en la del
Presidente del Gobierno en su discurso de investidura. Por ello, el
pasado 17 de enero, el Consejo de Ministros aprobó y acordó remitir a las
Cortes este proyecto de ley.
Quisiera, señorías, mencionar ahora la razón de ser y la filosofía del
proyecto. Quiero comenzar por afirmar que la obligación de todos los
ciudadanos, por mandato constitucional, de contribuir al sostenimiento de
los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica es una base
esencial que respalda precisamente este proyecto de ley; y esta
obligación de los ciudadanos viene acompañada de la obligación del
Estado, a través de su Administración tributaria, de hacer que este deber
de contribuir a las cargas públicas se cumpla.
El Gobierno del Partido Popular está convencido de que para lograr este
objetivo constitucional se encuentra condicionado a la percepción por
parte de los ciudadanos de cuál es la actuación administrativa y, por
tanto, de cuáles son las relaciones entre el administrado y la
Administración en el sistema tributario, que debe estar basado, en
nuestra opinión, tal y como proclama nuestro texto constitucional, en la
justicia y en la igualdad. Es opinión del Gobierno que la colaboración y
la percepción del ciudadano son esenciales para
el cumplimiento del objetivo de que todos soporten las cargas públicas
según su capacidad económica, porque, señorías, nuestro sistema
tributario se basa, en gran medida, en el cumplimiento voluntario de las
obligaciones, lo que significa que, al deber de contribuir, se añade
también el deber de colaborar. Por ello, entiende el Partido Popular y,
desde luego, el Gobierno, que debe facilitarse el cumplimiento de la
obligación de contribuir. El ciudadano debe tener la convicción de que la
Administración tributaria, aunque dotada de importantes facultades que le
permiten cumplir su función, se sitúa frente al ciudadano en una posición
de equilibrio en virtud de los derechos y garantías que le atribuye el
ordenamiento jurídico. Estos derechos y garantías significan precisamente
que el Gobierno del Partido Popular está decidido a aplicar con rigor el
sistema tributario. El Gobierno considera que el fraude fiscal constituye
una clara manifestación de insolidaridad e injusticia y, por ello, ha
situado la lucha contra el fraude entre sus objetivos prioritarios, y el
reconocimiento de los derechos y garantías de los contribuyentes en sus
relaciones con la Administración, así como las concreciones que se
imponen a la actuación administrativa en materia tributaria son
instrumentos imprescindibles para potenciar y para incentivar el
cumplimiento voluntario de las obligaciones y tener un respaldo
democrático de la actuación tributaria. En definitiva, la decisión de
luchar enérgicamente contra el fraude fiscal, para conseguir que la
generalidad en la obligación a contribuir sea una realidad, y la
considerable ampliación del marco de derechos y garantías de los
contribuyentes, constituyen medidas complementarias encaminadas todas al
objetivo común de hacer efectivo el deber consagrado en el artículo 31 de
nuestra Constitución.
Por todo ello, el Gobierno considera imprescindible facilitar a los
ciudadanos el cumplimiento de las obligaciones fiscales y también, al
mismo tiempo, reducir el coste indirecto que este cumplimiento
representa. La normativa tributaria española --todos somos
conscientes-- ha sido sometida a cambios casi de forma permanente, lo
cual hace que no sólo resulte difícil de comprensión sino, incluso, de
conocimiento. Para la gran mayoría de los ciudadanos y para aquéllos que
la conocen --incluso la conocen profesionalmente--, en no pocos supuestos
estos cambios permanentes a los que ha estado sometida nuestra normativa
tributaria suponen dificultades en su aplicación. Por ello, debe
avanzarse en la simplificación del sistema tributario y, al mismo tiempo,
reforzar las actuaciones de información y asistencia al contribuyente.
Sin duda, el proyecto tiene un componente muy destacado de carácter
programático, por cuanto describe los principios esenciales en torno a
los cuales se debe orientar la labor de la Administración tributaria.
Algunos de los principios que contiene este proyecto reconocerán SS.SS.
que ya estaban recogidos en otras normas y que vienen a incorporarse a
este proyecto. Por otro lado --y esto es más novedoso--, este proyecto
incorpora al ordenamiento tributario lo que pueden considerarse los
derechos básicos de cualquier administrado reconocidos en la Ley de 1992,
del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común. Y esto es novedoso porque tradicionalmente nuestro
ordenamiento tributario se ha mantenido aparte del ordenamiento
administrativo general, en atención a las peculiaridades de la gestión y
de la relación tributaria. Pero siendo incuestionable esta especialidad,
ello, en opinión del Gobierno, no debe suponer, en ningún caso, un
menoscabo de los derechos y garantías, y el administrado, a partir de
esta ley, en el ámbito tributario va a tener los mismos derechos que
ahora tiene en el ámbito administrativo general, sin que ello impida, de
ninguna manera, la especialidad de la relación y el procedimiento
tributarios y, por tanto, la capacidad de la Administración tributaria de
cumplir con su obligación.
Además de estos derechos generales --junto con los que ya estaban
reconocidos en el ordenamiento tributario--, esta ley de derechos y
garantías del contribuyente va a comportar modificaciones sustanciales en
la práctica tributaria corriente al incorporar, por un lado, nuevos
derechos que no estaban reconocidos y, por otro, fortalecer las garantías
existentes en los procedimientos, que obligan a la Administración
tributaria a actuar con un mayor dinamismo y agilidad, en beneficio de
los principios de certeza y seguridad jurídica.
Este proyecto, señorías, constituye un marco de referencia muy preciso
que permitirá valorar la adecuación a los principios que contempla, tanto
de las modificaciones legales que se aprueben en el futuro como de la
actuación de la Administración en la aplicación de las normas contenidas
en el estatuto del contribuyente.
Finalmente --y acabando esta primera parte, señor Presidente, sobre las
razones y la filosofía del proyecto--, quisiera señalar ante SS.SS. que
la creación del consejo de defensa del contribuyente --aprobada por el
Gobierno el pasado 2 de diciembre-- constituye un instrumento práctico y
técnico, que contribuirá eficazmente a la aplicación de esta ley.
Quisiera ahora, señor Presidente, repasar el contenido del proyecto.
El propio título del proyecto recoge dos campos de actuación: los
derechos y las garantías. El primero, el de los derechos, hace referencia
a aquellos preceptos que por sí mejoran la posición jurídica del
contribuyente. Seguramente todos estamos de acuerdo, aunque tenemos que
escuchar dos enmiendas que piden la devolución del proyecto, en que el
precepto que iguala el interés que la Administración cobra a los
contribuyentes cuando el ingreso de la deuda tributaria se produce fuera
de plazo con el que la Administración ahora abona, si es ella la que
incurre en el retraso, deben ser
iguales; como también estoy seguro de que estaremos muy de acuerdo, si no
totalmente de acuerdo, tal y como este proyecto reconoce, en el derecho a
estos intereses sin necesidad de requerimiento expreso; como también
estoy seguro que podemos encontrar vías de consenso en coincidir con el
precepto del proyecto que atribuye la posibilidad de recuperar el coste
de avales u otras garantías aportadas cuando se recurre a una deuda
tributaria y el tribunal da la razón al contribuyente. Sin duda estos son
preceptos que mejoran los derechos del contribuyente y que después
explicaré con más detalle.
El segundo bloque es el que afecta a materias referidas a garantías y
presenta, a grandes rasgos, un contenido básicamente procedimental o de
funcionamiento, aunque no por ello menos importante, como somos todos
plenamente conscientes. Se trata de establecer pautas concretas de
comportamiento a la actuación de la Administración cuando ésta se
relaciona con el contribuyente, para equilibrar las posiciones entre los
dos sujetos de la relación tributaria. En este bloque se encuentran
aquellos preceptos que establecen plazos para determinados procedimientos
tributarios que actualmente no tienen fijado ningún plazo, como es el
procedimiento de inspección, o los que reducen plazos actualmente
existentes, como el de la devolución de oficio que se acorta en un mes
frente al plazo actual.
Por tanto, señor Presidente, señorías, la redefinición de las relaciones
Administración-contribuyente exige inexcusablemente abordar los dos polos
de la relación, de un lado reforzando la posición del contribuyente, es
decir, sus derechos y, de otro, regulando, de forma cada vez más
explícita, el actuar administrativo, es decir, las garantías. En
definitiva, los derechos y garantías se configuran como la necesaria
contrapartida a las obligaciones concretas de los contribuyentes que
están ya recogidas en nuestro ordenamiento jurídico y en las leyes
tributarias.
El proyecto se inicia con un capítulo dedicado a los principios generales
que lo inspiran, y en él se hace referencia al carácter básico de la
norma y a su aplicación por todas las administraciones tributarias. Se
destaca así la clara vocación de generalidad con que el proyecto está
concebido y que constituye un objetivo ambicioso y sin duda deseado por
los ciudadanos.
A continuación se relacionan los derechos y garantías que el proyecto
regula y se establece un mandato al Gobierno para que las disposiciones
legales y reglamentarias que de ahora en adelante contengan normas
tributarias lo hagan constar expresamente en su título y para que, en
caso de modificación de normas tributarias, se relacionen aquellas que
son derogadas y se haga constar la nueva redacción de las modificadas.
En los capítulos siguientes se regula, por un lado, la información y
asistencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de
publicaciones, comunicaciones, consultas y acuerdos previos de
valoración; las devoluciones y reembolsos, tanto la devolución de
ingresos indebidos como la devolución de oficio y el reembolso de los
costes de garantía; los derechos generales del contribuyente que no son
si no, como ya he dicho, la extrapolación al ámbito tributario de los
derechos generales que recoge la Ley 30/1992 del régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, para
que sean ahora de aplicación directa también en el derecho tributario, y
se regulan además los aspectos puntuales de procedimientos tributarios
básicos como la inspección, la recaudación o el procedimiento
sancionador, y se establece, finalmente, una nueva configuración de las
reclamaciones económico-administrativas.
Quisiera ahora, señor Presidente, relatar brevemente a la Cámara las
modificaciones más importantes. Empecemos por el artículo 8 del proyecto,
en materia de información y asistencia al contribuyente. Los
contribuyentes, a partir de esta ley, podrán solicitar a la
Administración tributaria que determine con carácter previo y vinculante
la valoración fiscal de rentas, productos, bienes, gastos y demás
elementos del hecho imponible. Esto quiere decir que los contribuyentes,
antes de realizar un acto jurídico, podrán saber cuál va a ser la
valoración y las consecuencias tributarias de ese acto. Con ello
generalizamos a todos los tributos el esquema que ya se había planteado
en el Impuesto sobre Sociedades aprobado a finales de 1995.
También quisiera mencionar en los artículos 9 y 10 una medida
especialmente novedosa, que es la equiparación de los intereses de
demora. A partir de ahora, nos encontramos con que el retraso en el pago
de las deudas, ya sea por parte de los administrados contribuyentes, ya
sea por parte de la Administración, vendrá afectado por el mismo tipo de
interés, y no como hasta ahora, que había una diferencia de dos puntos a
favor de la Administración en sus relaciones con los administrados.
El tercer aspecto que quiero destacar es el artículo 10, con el abono
automático de intereses. Esto quiere decir que, junto con la obligación
de pagar el mismo tipo de interés tanto en las relaciones a favor de la
Administración como en las relaciones a favor del contribuyente, nos
encontramos con que el abono se hará de manera automática, sin necesidad
de requerimiento expreso, y esto es especialmente importante para
aquellos contribuyentes con menos medios y con menos información, que
verán que la Administración está obligada a satisfacerles los intereses
sin necesidad de que tengan que realizar un acto positivo para
reclamarlos.
Quisiera mencionar también, señor Presidente, el artículo 24, que reduce
los plazos de prescripción, y este es un tema especialmente novedoso en
este procedimiento. Primero quisiera afirmar que el instituto jurídico de
la prescripción tiene, en nuestra opinión, el
objeto fundamental de promover la seguridad jurídica, de forma que el
sujeto que cumple con sus obligaciones --en este caso las tributarias--
sepa que, transcurrido un plazo razonable, sus obligaciones no podrán ser
sometidas a revisión. La prescripción se configura como una garantía para
quien cumple debidamente sus obligaciones y no como un instrumento para
eludirlas. El proyecto que ahora tengo el honor de presentar reduce el
plazo de prescripción con carácter general en un año y lo sitúa en
cuatro, frente al plazo de cinco años actualmente vigente. Ahora bien, de
forma simultánea el plazo se amplía en un año, es decir, de cinco a seis,
para los contribuyentes que ocultan sus fuentes de renta, bien no
presentando declaración, bien no declarando alguna de sus actividades
sujetas a tributación.
Hacemos, por tanto, claramente una discriminación a favor de los
contribuyentes cumplidores de sus obligaciones frente a los
contribuyentes que tratan de eludir al fisco. En ese sentido, ampliamos
las garantías dándoles un año menos para que se produzca la prescripción
a aquellos contribuyentes que colaboran activamente con las
administraciones públicas, y sin embargo ampliamos el plazo de
prescripción para aquellos que intentan defraudar.
También quisiera mencionar, señor Presidente, el artículo 10, con la
reducción del plazo de las devoluciones de oficio en un mes, pasando de
siete meses a seis meses. En ese sentido, la reducción, unida al abono de
intereses de demora sin necesidad de requerimiento, implica una mejora
sustancial en la gestión tributaria, puesto que el contribuyente
percibirá el importe de las devoluciones que le corresponden en un plazo
inferior al actual, y si por cualquier circunstancia la Administración no
fuera capaz de cumplir este plazo, de manera automática tendrá que
pagarle intereses, que a partir de ahora serán similares a los que el
contribuyente tendría que pagar si estuviera él en mora con la
Administración.
Quisiera también mencionar el artículo 11, respecto al reembolso de
costes de los avales y otras garantías. La regulación de la posibilidad
de obtener el reembolso de los costes de los avales u otras garantías
prestadas para suspender la ejecución de una deuda tributaria constituye
sin duda una de las grandes novedades de este proyecto. Se trata, en
definitiva, de que la prestación de avales o garantías que viene exigida
por la normativa vigente para suspender la ejecución de una deuda no
represente coste para los contribuyentes a los que los tribunales dan
razón en su pretensión.
Desde el punto de vista de los derechos generales del contribuyente, a
los que ya he hecho mención en el capítulo IV, los contribuyentes tendrán
ahora derecho también en su relación tributaria, de manera directa, a las
mismas garantías y derechos que tienen en su relación administrativa
general, es decir, a conocer el estado de tramitación en que se
encuentran los procedimientos de la gestión tributaria, como dice el
artículo 13; a conocer la identidad de los responsables de la tramitación
de los procedimientos; a solicitar que se les expida certificación de las
declaraciones tributarias que hubieran presentado; a presentar los
documentos en la lengua cooficial de su comunidad, así como a solicitar
que les sean traducidos los documentos que expida la Administración.
Todas estas medidas no son sólo de transparencia sino de apertura de la
Administración tributaria. La Administración tributaria en este proyecto
se configura como una administración abierta a su colaboración con el
contribuyente, al cual informa de todos aquellos aspectos que le son
esenciales para mantener una relación equilibrada con la Administración
pública.
Un tema especialmente importante, desde el punto de vista político, es la
publicidad de los planes de inspección. A partir de este proyecto la
Administración tributaria tendrá el deber de hacer públicos los criterios
que informan cada año el plan nacional de inspección. De este modo se
garantiza que la actuación inspectora se ajustará a criterios
transparentes, facilitando así su control. Este es un artículo de
contenido, yo diría, no sólo de seguridad jurídica, sino de seguridad
política. Los planes de inspección se harán públicos y, por tanto, el
Gobierno someterá a debate público sus criterios de inspección para cada
año, lo cual es una garantía no sólo para el contribuyente individual
sino para el conjunto de la sociedad española.
Quisiera mencionar también, señor Presidente, el artículo 28, en el
alcance de las actuaciones inspectoras. Los contribuyentes a partir de
este proyecto tendrán el derecho de solicitar que una actuación de
carácter parcial pueda convertirse en una actuación de carácter general.
Con ello se logra aumentar la seguridad jurídica al evitar que quienes
son objeto de una actuación limitada a un aspecto concreto de su
tributación por cualquier impuesto puedan ser nuevamente investigados por
ese mismo impuesto, pero en relación con aspectos distintos, dándole la
posibilidad al contribuyente de solicitar que una actuación parcial,
repito, se convierta en una que tenga carácter general.
Un elemento especialmente llamativo de este proyecto es el plazo máximo
de 12 meses para las actuaciones inspectoras. Sus señorías son
conscientes de que en este momento en la relación tributaria la
Administración no tiene plazo para finalizar una actuación inspectora.
Tiene una obligación, según el artículo 31.4 del reglamento de
inspección, de no interrumpir la actuación por más de seis meses, pero la
actuación inspectora no tiene plazo de tiempo, lo cual es realmente
llamativo en una relación jurídica equilibrada.
A partir de este proyecto de ley la actuación inspectora tendrá que
finalizar en doce meses.
Por tanto, ya no se trata de que las interrupciones no podrán durar más
de seis meses; con interrupciones o sin ellas, la actuación inspectora
tendrá que durar doce meses.
Por tanto, los ciudadanos tendrán la seguridad jurídica de que cuando la
Administración comience una actuación inspectora, ésta finalizará en doce
meses, además de todas las otras que he mencionado anteriormente. Es
indudable que el Gobierno podrá, en casos tasados legalmente, dada la
dificultad que puedan suponer determinados supuestos de especial
complejidad, ampliar este plazo, pero tendrán que ser, vuelvo a repetir,
supuestos tasados.
Una novedad importante de este proyecto de derechos y garantías del
contribuyente la contiene el artículo 34. El procedimiento sancionador se
dota asimismo de nuevas e importantes garantías como consecuencia de la
separación de procedimientos. A partir de ahora habrá dos procedimientos:
el procedimiento de comprobación e investigación y el procedimiento
sancionador, que serán procedimientos separados como uno de los
instrumentos básicos de garantía del contribuyente.
Asimismo, como lo indica el artículo 35, la ejecución de las sanciones
podrá quedar suspendida por la simple interposición de recurso, sin
necesidad de garantizar o avalar en la vía administrativa.
Señor Presidente, en el artículo 37 se introduce una modificación también
especialmente relevante, y es que a voluntad del contribuyente podrá
haber una única instancia en la vía económico administrativa. Esto querrá
decir que el procedimiento, si el contribuyente así lo desea, podrá tener
una mayor celeridad para pasar a la vía de reclamaciones jurisdiccionales
normales. En ese sentido la doble instancia que existe en este momento
podrá no tener lugar, si el contribuyente así lo solicita, para pasar
directamente a la vía judicial, agotando la vía económico-
administrativa.
Con todas estas novedades que he mencionado se cierra, sin duda, un
círculo de derechos y de garantías extraordinariamente importantes de
cara a la relación con el contribuyente y que, junto con la ya existente
-como era natural- posibilidad de todo contribuyente de acceder a los
tribunales para defender sus posiciones, configuran una situación
sumamente novedosa y moderna en las relaciones entre los contribuyentes y
la Administración pública.
En conclusión, señor Presidente, señorías, este proyecto que remite el
Gobierno a la Cámara es, por un lado, un paso, no sólo decidido sino
definitivo, que implica un serio compromiso para la Administración
tributaria en la mejora de las relaciones con el contribuyente, con la
finalidad de hacerlas más fluidas y más asequibles, lo que sin duda, en
opinión del Gobierno, redundará en beneficio de un mejor cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
La Administración tributaria tiene, a partir de ahora, si SS.SS. aprueban
el proyecto, la obligación de prestar un servicio al ciudadano y
facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones. Ello, en opinión del
Gobierno, será un instrumento valiosísimo en la lucha contra el fraude.
Una Hacienda pública más colaboradora y más cercana al ciudadano
contribuirá a que todos los ciudadanos nos sintamos más responsables de
nuestras obligaciones. Sin duda este proyecto de ley de derechos y
garantías del contribuyente representa un compromiso muy importante y un
esfuerzo para la Administración tributaria, que deberá hacer frente a una
mayor concreción de sus obligaciones, a una mayor tarea de información y
a un cumplimiento más riguroso de los plazos. Señorías, ¿qué sería de las
relaciones del ciudadano con la Administración en general si ésta no
cumpliera sus plazos, no le diera información y no estuviera dispuesta a
llevar a cabo, cada vez con mayor concreción, el cumplimiento de sus
obligaciones?
Este proyecto de ley, vuelvo a repetir, señor Presidente, como dije al
principio, representa una de las posiciones políticas más largamente
defendidas por el Partido Popular en nuestros programas electorales y en
esta Cámara, y es parte sustancial del discurso y del programa de
investidura; abre la puerta a unas relaciones en un nuevo marco
equilibrado y de seguridad jurídica, a unas relaciones que yo me
atrevería a decir de mucha más profundidad democrática entre los
ciudadanos y la Administración tributaria y, por tanto, supone un avance
más en nuestra estructura jurídica de garantías para los ciudadanos.
Por todo ello solicito de la Cámara su aprobación.
Muchas gracias. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien, muy
bien!--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
Al proyecto de ley se han presentado, como anticipamos, dos enmiendas de
totalidad, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ambas de
devolución.
Para la defensa de la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario Vasco
(PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro grupo ha presentado efectivamente una enmienda de
totalidad a este proyecto de ley que, como ya ha dicho el Vicepresidente
del Gobierno y Ministro de Economía, pretende regular la relación entre
la Administración tributaria y el contribuyente desde el punto de vista
de los derechos y garantías que asisten a este último. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) La
propia memoria del proyecto ya concluye que los deberes de los
contribuyentes no requieren mayores explicaciones, o al menos no
requieren de una norma que compendie tales deberes, y yo creo que es
lógico. Parece que el redactor del proyecto ha estimado que no está el
humor del contribuyente como para que le
recuerden sus obligaciones, y más después de los últimos acontecimientos.
Mi grupo quiere dejar claro que no nos oponemos a regular los derechos y
garantías que deben de asistir a los contribuyentes, por supuesto que no
nos oponemos. Creo que nosotros hemos dado siempre la imagen --que es
así-- de la defensa de los contribuyentes, de un sistema tributario
justo, de un sistema fiscal adecuado a las necesidades del momento, a las
necesidades del mercado y, por supuesto, siempre hemos hecho una defensa
del contribuyente. Lo hemos dicho y lo hemos demostrado a través de la
normativa de las actuaciones de nuestras haciendas forales. Por lo tanto,
no nos oponemos a regular estos derechos, muy al contrario. Ahora bien,
creemos fundamental que esta materia tenga el rigor, la seriedad y la
profundidad que merecen. Y en nuestra opinión el proyecto remitido por el
Gobierno carece del contenido mínimo necesario para ostentar el título de
ley de derechos y garantías del contribuyente o de estatuto del
contribuyente.
El proyecto de ley remitido al Congreso constituye --a nuestro modo de
ver-- una copia literal de los derechos que con carácter de regulación
básica se encuentran recogidos en la Ley 30/1992, del régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y
salvo algunas cuestiones, que podíamos llamar novedosas, desde nuestro
punto de vista, en conjunto, creo que este proyecto de ley sobra.
Además del inventario que se hace sobre derechos y garantías, el proyecto
contiene como novedad algunos derechos y garantías del contribuyente, eso
sí, pero entendemos que bastante vacío de contenido, añadiendo,
únicamente, algunas modificaciones menores de carácter específicamente
tributario y en este último caso las novedades se amparan en un mero
reconocimiento de la doctrina jurisprudencial en la materia que se
modifica.
La pregunta que deberíamos formularlos respecto al proyecto que debatimos
--y es la que nosotros nos hemos hecho-- es si en realidad este proyecto
debería existir. ¿Por qué ha de ser especial la relación
Hacienda-contribuyente con respecto a la relación general
Administración-administrador? Existe una ley que regula el procedimiento
administrativo, que se aplica con carácter básico y general --como bien
ha apuntado el señor Vicepresidente del Gobierno-- a la relación de
Administración y administrado. Por otro lado, la Ley General Tributaria
regula de forma específica la relación tributaria, con lo que se
delimitan perfectamente las reglas del juego en esta materia. No parece
bien que exista un catálogo de derechos y garantías del contribuyente.
Pero más importante que la existencia de este catálogo es que los
derechos y garantías, que en este momento están regulados, tengan una
real aplicación práctica.
La relación de derechos contenida en el proyecto es una repetición de
algo que ya está establecido. Por lo tanto, los preceptos, que son una
mera transcripción de los contenidos en la Ley 30/1992, del régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, podrán sobrar en este proyecto. A su vez, los
preceptos que tengan un carácter tributario deberían estar ubicados en la
Ley General Tributaria, a través de su oportuna modificación, porque esta
es la norma donde de forma natural se deben contemplar los postulados
sometidos a reserva legal, que afectan a las relaciones entre la Hacienda
pública y los contribuyentes. Parece, por tanto, lógico que desde la
perspectiva de la política legislativa las normas de índole tributaria
estén residenciadas en la norma tributaria por excelencia, que es la Ley
General Tributaria, y las normas que afecten a todos los ciudadanos que
tengan un carácter básico, estén en la mencionada Ley 30/1992. En
definitiva, lo tributario no es sino una especialidad de algo más
general, que es lo administrativo, por lo que las normas que contengan
derechos y garantías de carácter tributario deberían estar ubicadas en
las normas estrictamente tributarias y las de carácter genérico en las de
contenido administrativo. Es un problema de ubicación.
La exposición de motivos señala que el proyecto de ley recoge una serie
de derechos y garantías y dice: «...sin perjuicio de su posible
integración en un momento ulterior en la Ley General Tributaria...» ¿Hay
que entender que el destino de esta ley es su desaparición para
integrarse en la otra ley? ¿Se puede entender así? Si esto es así estamos
ante un proyecto que más bien es un parche de carácter transitorio, y con
vocación de desaparecer, a la Ley General Tributaria.
Denominar este proyecto de ley de derechos y garantías del contribuyente
traspasa aquello a lo que se quiere llegar y puede dar la sensación de
que estamos regulando completa y definitivamente toda una serie de
derechos y garantías que, desde luego, no creemos que estén reflejados en
el contenido de esta ley. Entendemos que este proyecto de ley está lejos
de definir un nuevo marco de relaciones.
Por otro lado, el Gobierno vuelve a proyectar la imagen de la obligatoria
uniformidad del Estado al obligar a todas las haciendas a hacer suyo el
contenido del proyecto, sin respetar las iniciativas que otras haciendas
hayan podido adoptar en esta materia. El Gobierno, que está dando
muestras de preocupación en relación con el tema competencial en todos
los órdenes de la economía, tendría que preocuparse también en este caso.
¿Por qué no se incorpora en materia de hacienda la siempre sana
competencia? Creo que el Gobierno se debería limitar a establecer unas
reglas mínimas de juego y, a partir de ahí, que cada hacienda luche por
el respeto y el prestigio frente a sus contribuyentes. ¿Será buena la
competencia en el servicio al ciudadano? Yo creo que sí, que con esa
competencia saldría ganando el ciudadano; de hecho, nosotros estamos
dando prueba de ello.
¿Qué se echa en falta en este proyecto? Se echan en falta mayores
compromisos por parte de Hacienda en determinadas materias: el compromiso
de aplicar al contribuyente el régimen que le resulte más favorable; la
aplicación automática de las deducciones o beneficios sobre los que la
Administración tributaria disponga de información; un mayor compromiso en
materia de devoluciones; un mayor compromiso en materia de consultas
vinculantes o en materia de valoraciones previas; la reforma del
complicado procedimiento de devolución de ingresos indebidos y de las
garantías a prestar por los contribuyentes en los procedimientos que éste
emprenda en contra de las resoluciones administrativas; un mayor
compromiso en materia de información y puesta a disposición de los
contribuyentes de las normas actualizadas, así como de la doctrina
administrativa; un análisis sobre la procedencia de reformar determinadas
relaciones por la vía económico-administrativa, dotándola de agilidad
real, que permita solucionar en plazos mínimos las relaciones planteadas,
dando entrada en esta vía a reclamaciones contra actos de las haciendas
locales, eliminando su carácter obligatorio previo a la vía contenciosa y
equiparando los plazos procesales en vía administrativa con respecto a
los existentes en la vía contenciosa.
¿Qué novedades reales incorpora el proyecto, señor Ministro? Desde luego,
el pago de intereses de demora más allá del plazo establecido para
practicar la liquidación provisional, aunque en este punto desearíamos ir
más lejos para practicar devoluciones en determinadas situaciones y en
aplicación del principio de presunción de buena fe en la relación
Hacienda/contribuyentes; la reducción, con carácter general, de los
plazos de prescripción del derecho de la Administración para determinar
la deuda tributaria, que también es una mejora --hay que reconocer las
cosas--; el reembolso del costo de las garantías prestadas para afianzar
las deudas tributarias, y poco más. Yo creo que las leyes de presupuestos
de los últimos años, con las correspondientes leyes de acompañamiento,
han incorporado más novedades que las que contiene este proyecto de ley.
¿Justifican estas novedades la existencia de una ley específica de
derechos y garantías de los contribuyentes? Creemos que no. No vamos en
contra del catálogo de derechos y garantías de los contribuyentes, pero
creemos que eso se puede hacer de forma más sencilla, que no hace falta
una gran ley con un gran título. Además, para defender los derechos y
garantías de los contribuyentes hay que trabajar día a día desde la
Administración tributaria, ganando el respeto del contribuyente con una
actitud colaboradora y responsable y evitando que, en una materia tan
importante como ésta, la ley constituya únicamente una salva o un fuego
de artificio. Esto es lo que queremos evitar. No queremos incrementar la
desconfianza del contribuyente hacia la Hacienda pública. Bastante existe
ya. No nos dejemos deslumbrar por las mejoras de este proyecto, señor
Ministro. Perfectamente se pueden incorporar, y de inmediato, en la Ley
General Tributaria. A partir de ahí, habría que analizar a fondo la
relación entre Hacienda y contribuyente, así como elaborar un proyecto
que sustituya a la Ley General Tributaria actual y que incorpore todas
las garantías y derechos específicos que deben asistir al contribuyente,
de forma que se consiga que contenga una gran virtud --de la que debe
hacer gala una ley de estas características y de la que adolece la
práctica totalidad de nuestras normas de carácter tributario--, que es la
continuidad en el tiempo, el grave problema del derecho fiscal.
Señorías, señor Ministro, el proyecto de ley añade, como se ha puesto de
manifiesto --y no tenemos en ello grandes objeciones--, algunas mejoras
pero, desde nuestro punto de vista, son muy tímidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Zabalía, le
ruego vaya concluyendo.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Concluyo, señor Presidente.
Decía que añade unas mejoras, que entendemos que son tímidas, a la
relación entre la Administración tributaria y los contribuyentes.
Indudablemente, algo tendría que mejorar. ¡Hasta ahí podríamos llegar!
Pero un proyecto de ley que tiene por título derechos y garantías de los
contribuyentes debería ir mucho más lejos. A nuestro juicio, la ley se ha
quedado corta e insuficiente. Lo único que estamos haciendo es añadir una
ley más al complicado entramado de las que ya existen; decretos, leyes y
medidas fiscales urgentes con las que habitualmente desayunamos todos los
días en los medios o en esta Cámara y que componen un intrincado sistema
tributario en el que se mueven los contribuyentes. Esto es lo que tenemos
que evitar.
Estas son las razones por las que nuestro grupo parlamentario ha
presentado en esta ocasión una enmienda de totalidad a este proyecto de
ley, sabiendo las cosas buenas que tiene, sabiendo que los derechos de
los contribuyentes deben reforzarse, pero entendiendo que para este viaje
no hacían falta estas alforjas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.
Para la presentación de la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Quiero decir, en primer lugar, que suscribo prácticamente la totalidad de
la primera parte de la intervención del señor Zabalía. Incluso me
asaltaba la duda de si después de su intervención el Ministro de Economía
haría uso de la palabra para pedir la retirada del proyecto. El señor
Zabalía ha dejado tan claro --mi nivel de coincidencia hoy es tanto que
incluso tenía escrita la expresión fuego de artificio como ejemplo de
esta ley-- que estamos ante un verdadero fuego de artificio, que ha
llevado al señor De Rato a envolver esta ley diciendo que la presenta con
una gran satisfacción. Tiene necesidad de aumentar los calificativos de
satisfacción porque no tiene sentido alguno tal como está planteada.
Me voy a saltar la primera parte de la intervención que tenía prevista
porque coincido con las manifestaciones del señor Zabalía, dejando muy
clara nuestra voluntad, y creo que la de todos los grupos parlamentarios,
de aumentar los derechos y las garantías de los contribuyentes, así como
que esto se ha de hacer con otro procedimiento, con otro instrumento
legislativo y con otro contenido.
Antes de pasar a otras manifestaciones quiero insistir en que, tal como
está planteada la ley, contiene muy pocos elementos positivos para la
mayoría de los ciudadanos y de los contribuyentes, tiene grandes peligros
y, como también se ha dicho, su primera parte es copia literal de normas
que ya están contenidas en otras disposiciones y que aseguran derechos y
garantías de los ciudadanos.
Dicho esto, quisiera hacer una primera reflexión política importante, que
le lleva a nuestro grupo a la presentación de esta enmienda a la
totalidad. ¿Cuál es la reflexión política importante? Nuestro grupo no
comparte el diagnóstico que el Gobierno hace en este proyecto de ley del
sistema tributario español. ¿Qué nos dice el proyecto de ley, qué han
venido diciendo el Gobierno, el Ministro de Economía o altos cargos del
Ministerio de Economía? Nos dicen que el principal problema hoy del
sistema tributario español es la ausencia de suficientes garantías
jurídicas del contribuyente. Este es el diagnóstico que se hace. Hasta el
punto de que se ha dicho, explícita e implícitamente, que la
Administración tributaria tiene un comportamiento abusivo, asfixiante.
Alguien ha escrito que parece que el Gobierno nos está diciendo que nos
encontramos ante un Estado de excepción fiscal.
A partir de este diagnóstico, de que la Administración tributaria tiene
un comportamiento abusivo, que asfixia al contribuyente, se justifica en
la exposición de motivos la renuncia a entrar en una modificación global
de la Ley General Tributaria. Se justifica la renuncia por la urgencia de
hacer frente a estos abusos de la Administración tributaria y se dice que
lo que es necesario es presentar un estatuto del contribuyente, una carta
de derechos, en parte copia literal de derechos que ya existen, para que
esto favorezca un clima que haga frente al fraude fiscal. Esta es --más
allá, repito, de los contenidos y de las formas que el señor Zabalía y yo
mismo hemos señalado anteriormente-- la filosofía política de fondo.
En el primer párrafo de la exposición de motivos hay una frase que ya es
significativa y que expresa claramente esta filosofía política. En el
primer párrafo de la exposición de motivos el proyecto de ley dice que
hay que lograr un equilibrio entre los derechos de los contribuyentes y
la Administración pública. Y la pregunta es, señor De Rato, ¿está
desequilibrado hoy? A continuación, se dice que hay que lograr un
equilibrio para que no exista fraude fiscal y los ciudadanos cumplan
mejor sus obligaciones tributarias. Señor De Rato, en el mejor de los
casos, esto es ingenuidad.
La primera observación que nuestro grupo quiere hacer a esta ley es que
no compartimos el diagnóstico que el Gobierno hace de que hoy el
principal problema es, insisto, los abusos de la Administración
tributaria. ¿Cuál es para nuestro grupo el principal problema del sistema
tributario español hoy? Para nuestro grupo, el principal problema del
sistema tributario español hoy es la progresiva, la continuada, la
acelerada pérdida de equidad del mismo. No son los abusos de la
Administración. Seguro que hay que corregir cosas, seguro que hay que
aumentar determinados derechos de los contribuyentes, pero ése no es hoy
el principal problema. El principal problema del sistema tributario
español, hoy y desde hace años, es que se ha ido desplazando hacia
espacios de menor equidad. Les pondré tres ejemplos. En estos momentos,
en el sistema tributario español las rentas sujetas a un estricto control
fiscal, que son las rentas del trabajo, son las que soportan, cada vez
más, mayores cargas tributarias. Aquellas rentas que tienen un estricto
control fiscal, que son fundamentalmente las rentas del trabajo, son las
que progresivamente soportan mayor carga fiscal del sistema tributario
español.
El segundo ejemplo es todo lo contrario: progresivamente hay mayores
beneficios y mayores posibilidades de eludir las responsabilidades
fiscales de las rentas del capital. El tercer ejemplo sería la escasa
eficacia de la Administración tributaria en la lucha contra el fraude
fiscal. En un país como el nuestro, donde la Administración anterior dijo
que había un fraude fiscal que superaba los tres billones de pesetas,
cifra ésta que no tiene absolutamente ningún parangón con cualquier país
de la Unión Europea, la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿Saben
ustedes cuál es hoy en España la mayor vulneración de los derechos y
garantías de los contribuyentes que pagan, que cumplen con sus impuestos?
La mayor vulneración de nuestros derechos es la existencia de un fraude
fiscal de tres billones de pesetas. Esa es la mayor vulneración de las
garantías y de los derechos del conjunto de ciudadanos que cumplen.
Estoy hablando de dos diagnósticos: el del Gobierno, el del Partido
Popular, aquí el problema es que hay un abuso de la Administración. El
nuestro: aquí el problema es que en este país hay un sector de gente con
menor poder económico que se está haciendo cargo,
cada vez en mayor proporción, de pagar los impuestos del Estado español.
Evidentemente, a cada uno de estos diagnósticos responden políticas
distintas: en la medida en que el Gobierno popular dice que éste no es el
problema importante, las primeras medidas que toma en mayo del año pasado
consisten en desfiscalizar más las rentas del capital. Como no considera
que el principal problema del país es hoy el fraude fiscal o la
progresiva carga desproporcionada de impuestos sobre los trabajadores y
las trabajadoras, lo que hoy dice el Partido Popular es que la
Administración abusa, cuando tenemos un ejemplo claro estos días, estos
meses: en el tema de los 200.000 millones de pesetas se demuestra
claramente que sobre los presuntos grandes defraudadores no sólo no hay
abusos sino que, en todo caso, ha habido negligencias e irregularidades
de la Administración.
Con esta razón de fondo, que significa un determinado desarrollo
normativo de la ley, habría suficiente para pedir la devolución del
proyecto presentado por el Gobierno, objetivo que se pretende con la
presentación de nuestra enmienda a la totalidad. Con los argumentos que
el señor Zabalía ha dicho antes y que yo me he ahorrado, hay dos grandes
razones de fondo para pedir doblemente su devolución.
Hay otras razones que también quiero señalar. Este proyecto cae en otro
error conceptual básico y es que no contempla de forma unitaria la
regulación de los derechos y garantías de los contribuyentes con los
deberes de los contribuyentes. Ciertamente no se puede decir, como hace
la exposición de motivos del proyecto de ley, que posteriormente ya
veremos si es necesario integrar. Sus señorías saben perfectamente que en
materia tributaria, como en muchas otras materias, existe un conflicto de
intereses: los intereses que expresan personas, sociedades o entidades
individuales, personas físicas o jurídicas, y los intereses públicos; y
siempre se han regulado en un mismo texto los derechos y los deberes.
Tenemos la Ley General Tributaria de la que seguro que hay cosas que hay
que modificar, pero ahora aparece un texto que despacha este tema con una
Ley General Tributaria de 1963. Ayer el señor De Rato me decía: Es que el
señor Saura me habla de una orden ministerial de 1960. ¿Cómo es posible
esto? Yo le respondo: señor De Rato, ¿cómo viene usted aquí hoy y no
modifica la Ley General Tributaria de 1963, a pesar de que algunos
artículos se modificaron en el año 1985?
No es posible hoy hablar de derechos y garantías de los contribuyentes
sin hablar simultáneamente de las potestades públicas de la
Administración tributaria y establecer, con la máxima claridad posible,
qué relación existe entre derechos y obligaciones.
Quisiera hacer una consideración --no voy a citar los artículos-- sobre
las redundancias y las normas innecesarias, que también se han
mencionado. Quiero señalar que hay aspectos fundamentales que hoy están
en el centro del debate de los profesionales, de los inspectores
fiscales, de todas las personas preocupadas por este tema, que no están
resueltos y sobre los que el proyecto no dice absolutamente nada.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura, le
ruego vaya concluyendo.
El señor SAURA LAPORTA: No se hace ninguna referencia al domicilio
tributario, no se hace ninguna referencia al acceso al domicilio para la
inspección tributaria, no se hace ninguna referencia a las infracciones o
a las sanciones. A pesar de que se copian cosas literalmente, no se hace
referencia a problemas que hoy están encima de la mesa y se cuelan de
rondón algunas medidas preocupantes que pueden ir en la dirección de
disminuir la equidad del sistema tributario. Voy a mencionar dos: la
reducción de la prescripción a los cuatro años --si bien en el proyecto
de ley se establece que para los buenos defraudadores esos cuatro años
pueden ser seis--; y la limitación a doce meses del conjunto de
actuaciones. El señor De Rato ha dicho que era necesaria una
simplificación de la Administración tributaria, que era necesario avanzar
en la persecución del fraude fiscal y, por otro lado, nos propone hoy
aquí un límite de doce meses del conjunto de las actuaciones.
Es cierto que el proyecto dice que las excepciones se determinarán
reglamentariamente y que uno de los tres casos lo constituyen los
procesos de especial complejidad. Pero yo les quiero decir que no va a
haber un solo fraude fiscal importante en este país que se pueda realizar
en doce meses.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura, por
favor, le ruego concluya.
El señor SAURA LAPORTA: Un minuto, señor Presidente, y acabo. Ustedes
saben que sólo la demanda de información a las entidades financieras
lleva mucho tiempo y este tema no se resuelve en este proyecto. ¿Qué va a
ocurrir? Que los trámites administrativos se van a hacer mucho más
complejos. Se va a recurrir la expresión especial complejidad. ¿Qué va a
ocurrir con los expedientes que no se hayan acabado cuando hayan
transcurrido doce meses? Señor De Rato, si usted quiere acabar con los
expedientes, no en doce sino en seis meses, lo tiene muy fácil: ponga más
medios económicos y más personal, pero no modifique la ley.
Por último y rápidamente, quiero insistir en los aspectos que no se
incluyen en el proyecto. Por un lado, es absolutamente incomprensible que
sobre investigación en las cuentas bancarias o el acceso a los domicilios
de los sujetos pasivos, temas hoy clave en la persecución del fraude
fiscal, no haya ninguna mención en el proyecto. Por otro lado, hay una
cuestión sobre la que me gustaría que el señor Ministro contestara. El
artículo 16, relativo a la lengua, tiene dos puntos. En el primero se
dice que la lengua que se va a utilizar en los procedimientos será la
castellana. En el segundo se describe un complicadísimo proceso de
traducciones que se origina por la utilización de otras lenguas. Sería
importante, si ustedes no retiran esta ley, que hoy el Ministro de
Economía expresara su voluntad de que el primer punto de este artículo
dijera simplemente que cada contribuyente del Estado español se puede
dirigir y cumplimentar los impresos de la Administración tributaria en su
lengua y que fuera ésta la que viera cómo hace frente el hecho de que el
Estado español es plurinacional y plurilingüe.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Saura.
¿Turno en contra? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Cabrera.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Señor Presidente, señorías, el proyecto
de ley que hoy debatimos lleva por título derechos y garantías de los
contribuyentes.
La primera consideración que debemos hacer es frente a quién se ejercitan
esos derechos y se utilizan esas garantías, ya que es inherente a la
esencia de cualquier derecho el poder utilizarlo u ostentarlo frente a
otra persona o colectividad. La respuesta no ofrece dudas: frente a la
Hacienda pública. El eterno debate sobre las relaciones del ciudadano con
la Administración se vuelve aún mucho más tenso y cobra mucha más fuerza
cuando el ciudadano ve que tiene que hurgarse su bolsillo para pagar ante
una Administración que se ha puesto el gorro de recaudador. En ese
momento, asumiendo cada uno su rol social, aparecen el contribuyente y la
Hacienda pública.
Aunque no se trate de una guerra declarada, invariablemente los intereses
de la Hacienda pública por recaudar se contraponen a los intereses del
contribuyente porque le recauden lo menos posible según la ley; al igual
que siempre entran en enfrentamiento esa pretensión y permanente
inclinación de lo público por meterse en donde puede y de lo privado por
intentar impedirlo; o lo que es lo mismo, se contrapone la codicia --si
es que puede llamarse codicia-- del fuerte frente a la modestia --si es
que puede llamarse modestia-- del débil.
Por eso, aunque no sea una guerra sí vamos a analizarlo como una pequeña
batalla incruenta entre dos sectores cuyas ideas y objetivos son sólo
parcialmente convergentes, dos elementos subjetivos que no se conocen
personalmente y que nunca se encuentran, mejor dicho, que lo hacen
solamente una vez al año, cuando un contribuyente con aspecto de
derrotado y de pocos amigos se dirige a la Hacienda, en su domicilio, con
un sobre que reza: Declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
En abril de 1993, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presentó
lo que entonces denominados proposición de ley de bases del estatuto del
contribuyente. El texto fue debatido por esta Cámara el 30 de noviembre
del mismo año, siendo rechazado. En el programa electoral de las
elecciones de marzo de 1996, el estatuto del contribuyente se configuró
como una de las estrellas de nuestra acción legislativa en materia de
Hacienda pública. El Gobierno ha cumplido sus compromisos trayendo este
proyecto a la Cámara, nos toca ahora a nosotros cumplir con nuestros
deberes.
En los años 1977 y 1978, con la reforma tributaria de Fernández Ordóñez,
totalmente necesaria, por otra parte, dado el rumbo que tomaba en
aquellos años la economía internacional, el contribuyente español pasó de
un sistema tributario realmente cómodo y sencillo a un sistema tributario
completamente distinto. Era evidente que era necesario; la crisis del
petróleo, por una parte; por otra, la progresiva tendencia al déficit
sistemático que experimentaban los presupuestos públicos de la época,
hacían necesaria una recaudación fiscal que el sistema anterior no
permitía. Junto a estos factores históricos, nuestra Constitución se
aprobó también a finales de 1978, incorporando el principio de
progresividad en la imposición, con lo cual el camino para la reforma
tributaria global quedaba abierto. Aquel contribuyente pasó en pocos
meses, en ningún caso en más de dos años, del mundo feliz orwelliano a la
psicosis de Alfred Hitchcock, si ustedes me permiten hablar de la reforma
tributaria con unos títulos literarios y cinematográficos tan
entrañables. Aquella psicosis del contribuyente español tuvo unas causas
muy concretas, causas que se desarrollaron y aumentaron durante los
últimos trece años. En primer lugar, el aumento de la presión tributaria
global, no sólo por el exceso de progresividad en el IRPF, sino también
por el aumento cuantitativo de toda clase de tributos. Por otro lado, la
inseguridad jurídica provocada por la multiplicidad de normas
tributarias, por los cambios legislativos y tributarios constantes que
hacen que ni los abogados, asesores o funcionarios tengamos facilidades
para estar al día en la normativa tributaria. También por la mala
redacción de las normas tributarias, por su oscuridad, que las hacen
ininteligibles para la mayor parte de la ciudadanía.
Por último, la exagerada posición de supremacía de la Hacienda pública
frente a la posición jurídica del contribuyente; exagerada posición que
hace mucho más difícil todavía el de por sí dificultoso cumplimiento de
la normativa tributaria a un contribuyente que entre los meses de mayo y
junio se ve en la necesidad de conciliar los intereses de su bolsillo con
ese principio de que Hacienda somos todos, principio que a algunos
les trae sin cuidado, a otros les quita el sueño, a otros el apetito y a
todos daña su cuenta corriente.
En cualquier caso, nos encontramos con que a partir de ese momento la
Hacienda pública empieza a convertirse para el ciudadano en algo
importante, en algo necesario, en algo que proporciona la recaudación
buscada, pero algo que, de alguna manera, daña algunos de sus derechos y
hace que el contribuyente, en ocasiones, no se sienta bien tratado por
esa Administración.
A partir de esa reforma tributaria, es evidente que también nos
encontramos con que la posición jurídica de supremacía hace que el
contribuyente pida una reforma del sistema, pida que aunque no haya una
posición exacta, porque cualquier pretensión de equiparar la posición
jurídica de la Hacienda con la del contribuyente está condenada al
fracaso, ya que el Estado siempre persigue intereses generales que
implicarán siempre la existencia de prerrogativas y la existencia de
potestades a las que el contribuyente jamás podrá sustraerse, aunque esto
sea así, el contribuyente empieza a reclamar un estatuto en donde la
posición jurídica del mismo quede perfectamente definida.
A través del estatuto del contribuyente tenemos que buscar el
asentamiento de unos principios básicos y elementales que no pueda
conculcar ninguna arbitrariedad y el cese de determinadas prerrogativas
públicas que ya hoy no pueden sostenerse al amparo de la Constitución. El
estatuto del contribuyente debe configurarse, pues, como un código de
derechos inviolables y fundamentales, perfectamente compatible con el
interés público, al igual que los principios constitucionales
tributarios. Un código donde estén perfectamente establecidos cuáles son
los derechos y cuál es la posición jurídica que en cualquier caso la
Hacienda tiene que respetar. Ese codigo de derechos fundamentales debemos
redactarlo de manera concisa y clara, para que sea entendible por toda la
ciudadanía. Ese código debe ser asequible a cualquier ciudadano, para que
cumplamos con el viejo principio que defendía Joaquín Costa. El ciudadano
español no puede entender las normas tributarias, tal como han venido
redactándose en estos últimos trece años; no olvidemos que el ciudadano
español no tiene el deber de conocer los complejos entresijos jurídicos
de las normas, como ha declarado el Tribunal Supremo, dándole otra vez un
varapalo al viejo e injusto aforismo de que la ignorancia de las leyes no
excusa de su cumplimiento.
Hoy hemos oído decir al portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, entre otras muchas cosas, que este proyecto más bien puede
defender al defraudador y que implicará una merma en la capacidad de la
Hacienda pública. Ante una afirmación así, tengo que decirle que es muy
fácil hacer demagogia barata, pero más fácil aún es desmontarla, porque
por lo general las torpezas ideológicas, aunque suelen hacer daño, son
muy fáciles de desmontar. No suelen aguantar el más pequeño embate de un
análisis riguroso y serio. Ustedes pueden engañar a quienes quieran con
esas argumentaciones, a quienes quieran, por supuesto, que sean profanos
en la materia; ahora bien, no digan esas cosas en el Congreso. Aquí hay
personas que conocen muy bien cómo funciona la Hacienda pública, y a esas
personas ustedes no las pueden engañar. ¿Qué ocurre, señor Saura? ¿Tal
vez ocurre que a su grupo político le parece bien que la Administración
resuelva los expedientes fuera de plazo o los resuelva sin atender a las
alegaciones y pruebas formuladas? ¿Puede ocurrir que a su grupo
parlamentario le parezca bien que los tribunales
económico-administrativos y de justicia se vean obligados cada año a
anular miles de actos tributarios porque en ellos la Administración ha
vulnerado derechos constitucionales de los españoles?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cabrera, le
ruego vaya concluyendo.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Gracias, señor Presidente.
Tal vez pueda ocurrir que a ustedes les trae sin cuidado el hecho de que
la Administración conteste a las consultas, dudas y recursos fuera de
plazo, o no les parezca mal que algunos contribuyentes, pobres y ricos,
tengan que hipotecar sus patrimonios para avalar las deudas tributarias
ante los tribunales cuando presentan reclamaciones. Tal vez les parezca
bien que las deudas tributarias haya que pagarlas antes de que adquieran
firmeza --podría ser ésa la razón--, o incluso puede ocurrir que les
parezca mal que la Administración sea la que tenga que probar la
culpabilidad del ciudadano, porque creo que hay un principio por ahí que
dice que todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario, y
lo único que hemos hecho es decir que sea la Administración la que pruebe
la culpabilidad. Tal vez les parezca un error que se premie al
contribuyente que ha cumplido con sus obligaciones tributarias dándole
cuatro años de plazo de prescripción, y que se castigue, por contra, a
los que no han cumplido con sus obligaciones dándoles seis años. Si sus
respuestas no son acordes con el sentido común, y de su discurso podemos
presumir que no lo son, lo que ocurre es que realmente ustedes no
defienden al contribuyente pudiente, pero tampoco al humilde; ustedes no
defienden al contribuyente que genera muchos ingresos, pero tampoco al
que le cuesta incluso pagar la contribución de su casa. Ustedes, por
supuesto, y me parece muy bien --nosotros tampoco--, no defienden al
defraudador, pero tampoco defienden a la persona que está al corriente en
el pago de sus obligaciones tributarias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cabrera, le
ruego concluya.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Ya acabo, señor Presidente.
En resumidas cuentas, tengo que decirles que nosotros tenemos otro
concepto del Estado de Derecho; Estado de Derecho que nos lleva a
defender a todos los contribuyentes, sean pobres o ricos, en el ejercicio
de sus derechos constitucionales.
Al señor portavoz del Partido Nacionalista Vasco tengo que decirle
simplemente que le dedicaré apenas medio minuto en la respuesta, ya que
tampoco su enmienda da para mucho más. Ustedes deben conocer que el
artículo 149 de la Constitución establece que es competencia exclusiva
del Estado la regulación de las condiciones básicas que desarrollen el
ejercicio de los derechos y deberes fundamentales reconocidos en la
Constitución, y ésta ese la materia. También se establece esa competencia
exclusiva del Estado en la Hacienda general, en el párrafo 14, así como
en el 18; por tanto, no me explico cómo ustedes han presentado una
enmienda de devolución. Se quejan de que hay uniformidad en el texto y de
que se obliga a las haciendas a asumir el texto, por supuesto. ¡Estaría
bueno que no hubiese uniformidad! Estaría bueno que no hubiese
uniformidad para el ejercicio de los derechos constitucionales de
cualquier español, en cualquier parte de España y ante cualquier Hacienda
pública. Sinceramente, no me explico entonces el contenido de su
enmienda. Para explicármelo tendría que pensar en que la única
explicación posible es la soledad de su grupo parlamentario y la rabieta
política.
Nada más, señor Presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Cabrera.
Para un turno de réplica de cinco minutos, tiene la palabra el señor
Saura. (El señor Zabalía Lezamiz pide la palabra.) Señor Zabalía, no he
dado a S.S. la palabra porque no me la ha solicitado, pero puede usted
intervenir para respetar el orden de presentación de las enmiendas de
totalidad. Lo hace utilizando un turno único de réplica y por cinco
minutos. Adelante.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, señorías, estaba
absolutamente tranquilo en mi escaño oyendo al señor Cabrera defendiendo
la postura de su grupo parlamentario. En algunos momentos no sabía si se
estaba refiriendo a este proyecto de ley o estaba haciendo una exposición
sobre la filosofía del sistema tributario, todo un proceso histórico. De
repente me ha asustado y me ha hecho bajar. Lo siento por ustedes, pero
decir que no está de acuerdo con la presentación de nuestra enmienda a la
totalidad única y exclusivamente porque tenemos una rabieta política...
Señor Cabrera, dígame punto por punto en qué no está de acuerdo con lo
que he expuesto y por qué todos esos puntos que he expuesto le hacen
creer que no deberíamos presentar una enmienda a la totalidad. No me diga
que es por una rabieta política.
¿Usted se cree que nosotros actuamos por rabietas políticas? No nos
conoce. Está absolutamente equivocado. Este tema es importante para
nosotros y usted lo sabe; todo lo relacionado con la Hacienda pública es
importante; que nosotros no hacemos uso de estos elementos para
protestar, tenemos otros medios y los decimos públicamente en los medios
de comunicación y por eso a veces no le sienta bien a alguien, pero desde
luego lo que no hacemos es utilizar armas de este tipo.
De lo que he manifestado, dígame en qué no tengo razón. En todo lo que he
expuesto como motivo por el cual hemos presentado la enmienda a la
totalidad dígame en qué no tengo razón, al margen de otras
consideraciones que pueda hacer, que yo las respeto, no las admito, las
acepto, pero de todas formas no estoy de acuerdo con ellas. No ha dado
absolutamente razón alguna.
No es cuestión ahora de volver otra vez desde aquí a repetir las razones.
Quizás lo tenga que hacer después si hay otras intervenciones que me
obligan a ello, pero desde luego, señor Cabrera, usted no conoce a los
vascos; hay muchos canarios que nos conocen, pero usted no nos conoce
cuando dice que nosotros estamos con una rabieta política. Por esa razón
de ser, con las rabietas políticas que a veces muchos no digo de su grupo
parlamentario pero de su partido nos están permanentemente introduciendo,
estaríamos presentando enmiendas de totalidad a todos los proyectos de
ley, a todos. No va por ahí. Usted sabe que hoy he retirado la enmienda
al siguiente proyecto de ley porque hemos hecho un análisis del tema y
hemos considerado importante que ese aspecto desde luego en el proyecto
de ley de la Comisión Nacional del Mercado de Valores estaba bastante
bien regulado desde el punto de vista técnico, y aunque no estábamos de
acuerdo con los aspectos competenciales, hemos creído que se puede
corregir en las enmiendas al articulado y retirado esa enmienda.
A este proyecto no lo hemos hecho no por ir en contra de las medidas,
creo que eso ha quedado claro, lo hemos hecho porque creemos que este
proyecto de ley da unas expectativas que no contiene, da las expectativas
de unos derechos y garantías al contribuyente que no contiene, que hay
que ir más lejos, hay que ubicarlo en su sitio y que lo podemos hacer muy
fácil, no por la tramitación de un proyecto de ley.
Por tanto, creo que esto debe quedar absolutamente claro. Si usted quiere
que debatamos punto por punto lo haremos en otro momento, pero no voy a
alargar mi intervención más que para decir y reafirmar que no he oído en
su exposición ningún rechazo a los puntos que hemos presentado como los
que de alguna forma han servido para justificar nuestra enmienda a la
totalidad.
Esa es nuestra postura, señor Cabrera, y déjese de buscar explicaciones
sobre rabietas políticas, porque además yo podría buscar otras
explicaciones, que no he dicho, sobre por qué ustedes tienen que
presentar
obligatoriamente este proyecto de ley. No he entrado en ese debate porque
creo que no era prudente y no lo voy a hacer, pero no me obligue a decir
otras cuestiones que no están dentro de lo que puede ser el contenido del
propio debate.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalia.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Con todos los respetos hacia la persona del representante del Partido
Popular, quiero decir que pienso, estoy convencido de que su intervención
desde el punto de vista político ha sido lamentable; creo que ha sido una
intervención políticamente lamentable, de las más lamentables que he oído
en esta sala. También esta vez coincido con el señor Zabalia. Cuando
estaba todas maneras, el tipo de intervención, el contenido de la
intervención es coherente con el contenido del proyecto de ley, porque
este proyecto de ley tiene esta contestación a las réplicas, a las
intervenciones que el señor Zabalia y yo mismo hemos hecho; una
contestación, por una parte, cinematográfica. Nos decía el Diputado del
PP que estábamos en una situación orweliana y que, en los últimos años,
se había ido a una situación hitchcockniana. Ustedes están yendo hacia
una situación woodyalleniana, bananera; es decir, ustedes están entrando
en una tercera fase cinematográfica desde el punto de vista fiscal; es
una situación de país bananero, con el referente de Woody Allen.
El señor Diputado nos decía: los contribuyentes piden un estatuto del
contribuyente. Seguro que los contribuyentes piden mayores garantías y
derechos; pero si ustedes tienen suficiente sensibilidad auditiva para
oír peticiones de estatuto del contribuyente, me extraña que ustedes no
oigan los gritos de miles y millones de personas cuando dicen que
fundamentalmente pagan impuestos aquellos que lo hacen con la nómina, y
que en este país personas importantísimas están haciendo evasión fiscal.
¿Cómo es posible que ustedes tengan sensibilidad auditiva tan fina y,
ante otros gritos, no oigan lo que se está diciendo?
Otro razonamiento que se ha utilizado ha sido decir que los argumentos
que yo había expuesto eran de demagogia barata y que un análisis serio
los desmontaría en segundos. Aquí también se me ha planteado una duda,
porque como pienso que no ha podido, en definitiva, rechazar ningún
argumento, tengo la duda de si no se ha podido rechazar porque no he
hecho demagogia barata o simplemente porque el análisis que se ha hecho
de serio no tenía absolutamente nada; es decir, intentar rebatir los
argumentos que hemos dado en las dos enmiendas a la totalidad con el
discurso políticamente lamentable que hemos oído, me parece que no se
sostiene.
En todo caso, la última parte de la intervención del Diputado del Partido
Popular ha sido lanzar toda una serie de preguntas, en algunos casos
ofensivas, al decir que el Partido Popular no entiende a quién
defendemos. Yo creo que lo pueden ir entendiendo. De cualquier forma, les
queremos decir que nosotros, en esta ley, sí entendemos a quiénes
defienden ustedes. Ustedes pueden tener dudas de a quién defendemos;
nosotros no tenemos ninguna duda de a quién defienden ustedes, porque en
el proyecto de ley que han presentado, prácticamente no hay mejora alguna
para la mayoría de contribuyentes que cumplen con sus obligaciones.
Ustedes no han mejorado nada de eso. Han introducido una serie de normas,
que son nuevas grietas en un sistema fiscal, para que los profesionales
de la evasión tengan más instrumentos para evadir y para que la
Administración tributaria tenga menos instrumentos.
Por tanto, no estén preocupados por quién defendemos nosotros; en todo
caso, preocúpense porque ustedes defienden a los sectores económicamente
más poderosos y más fuertes de este país, y este proyecto, una vez más,
va en esa misma dirección.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saura.
Señor Cabrera.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: En este turno de réplica ha habido dos
clases de intervenciones. La primera, del portavoz del Partido
Nacionalista Vasco, y yo tengo que decirle, señor Zabalía, que en una
cosa se equivoca: en el hecho de que yo no conozca al pueblo vasco.
Estuve destinado un año entero en San Sebastián... (Rumores.) Perdón;
perdón, y siento un profundo respeto por el pueblo vasco, y por su
partido. Desde luego, usé un recurso parlamentario, pero no pensaba en
modo alguno que usted se ofendería por ese recurso.
Muy distinta es la intervención del portavoz de Izquierda Unida. Tengo
que felicitar al señor Saura porque es realmente difícil hacer un
discurso tan contrario a la verdad con la precisión con que usted lo ha
hecho. Evidentemente, jamás nos vamos a poner de acuerdo, ni siquiera en
una cosa tan justa y tan evidente como es la defensa del contribuyente.
Ya decía Bertolt Brecht: Qué tiempos estos en los que hay que discutir lo
que es evidente. (Rumores.) Usted y yo defendemos dos modelos diferentes
de sociedad y, por tanto, estoy convencido de que tampoco en esto vamos a
ponernos de acuerdo. Yo estoy seguro de que ustedes prefirirían otro
modelo de Hacienda pública, un modelo que diese poderes absolutos a la
hacienda sobre el ciudadano, un sistema político en el cual...
(Rumores.--La señora Almeida Castro pronuncia palabras que no se
perciben.) ¿Me permite seguir hablando,
señora Almeida? Un sistema político en el cual los ciudadanos eran
súbditos y todos sus bienes, su persona y su sangre pertenecían al poder
absoluto, sin tener derecho a reclamar nada. (Fuertes rumores y
protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
silencio.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Por fortuna... (La señora Almeida Castro
pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Almeida, le
ruego silencio.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Por fortuna, la Revolución Francesa y el
Estado de Derecho hizo protagonistas al hombre y al ciudadano, frente a
una Administración pública cuando ésta conculca sus derechos. Ciudadanos
amparados en la Ley y en la Constitución, cosas que a ustedes les
disgustan. (Rumores.) Señor Saura, cuando yo oía su discurso, no sé por
qué, me vino a la cabeza una antigua leyenda que me contaron... (Rumores
y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Cabrera.
Señorías, les ruego silencio. Estamos finalizando el debate y rogaría que
tuviesen un poco de paciencia. Les ruego ocupen sus escaños y guarden
silencio. (Pausa.) Puede continuar.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Decía, señor Saura, que cuando yo
escuchaba su discurso, resultó inevitable acordarme de una leyenda que
cuenta un escritor y médico argentino, que está afincado en Canarias,
Daniel Molina y de Soti, que se refiere a una divinidad de las tierras
del norte de Argentina. La leyenda habla de esta divinidad como elemento
protector de unos animales que se llaman vicuñas o guanacos, una especie
de llamas, y se dice de esta divinidad protectora que, por las noches del
mes de septiembre, vaga por los cerros, con unos grandes rebaños de
vicuñas, llevando unos sacos envueltos con una serpiente, sacos que están
llenos de oro y de plata, y que los deja en las minas del Potosí. Esta
divinidad tiene fama de ser muy generosa, de tal manera que cuando
cualquier persona se encuentra con esta divinidad, que se llama Coquena,
puede convertirse en algo grande, ya que la divinidad le otorga bienes en
abundancia. Ahora bien, al igual que puede ser generosa, también puede
ser tremendamente severa. En una ocasión --cuenta la leyenda-- un cazador
se encontró con esta divinidad (Rumores.) y, como el cazador había matado
muchísimas vicuñas, la divinidad le dio oro y plata en abundancia para
que no matara más vicuñas. El cazador se hizo rico, pero contó la
historia a un indio, y el indio quiso hacer lo mismo. Ya se imaginaba
rico, en consecuencia, cogió y mató muchas vicuñas para que Coquena le
diese oro y plata. (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda
y Lozana): Señorías, les ruego silencio.
Permitan que finalice el interviniente con respeto. (Rumores.--Un señor
Diputado: Ya ha acabado.)
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Acabo en seguida.
El indio a quien le contó la historia (Risas.) quiso hacer lo mismo, y
mató muchísimos animales. Se encontró con que la reacción del dios que
amparaba a estos animales fue no darle oro y plata sino castigarlo a
pastorear ganado a perpetuidad, porque esperaba algo distinto a lo que
ocurrió después.
¿Qué quiero decir con ello? (Rumores.--Aplausos.) Oyendo sus
planteamientos tan rigurosos, ustedes corren el riesgo de confundir al
contribuyente con el dios Coquena, y pueden ser condenados también a
pastorear ganado a perpetuidad. ¿Por qué? Porque hoy esa expresión
implica estar siempre en la posesión por sistema, oponiéndose
sistemáticamente a todo sin alcanzar nunca, nunca, responsabilidades de
Gobierno. Ténganlo presente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cabrera, le
ruego concluya.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Acabo, señor Presidente.
Ustedes recuerden simplemente unas palabras pronunciadas hace mucho
tiempo, en el año 1926, y que hoy le son aplicables: El Parlamento puede
obligar a los ciudadanos a obedecer sus leyes y a someterse a ellas, pero
nunca puede obligar al pueblo a estar de acuerdo con esas leyes. Hoy, los
ciudadanos españoles no están de acuerdo con que las leyes fiscales les
den un trato no adecuado en sus relaciones con la Hacienda pública. Si
ustedes no quieren darse cuenta de que ese es el sentimiento social,
están en un grave problema.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cabrera.
Grupos que desean fijar su posición. (El señor Saura Laporta pide la
palabra.)
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: ¡Otro cuento!
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura, ¿a qué
efectos pide S.S. la palabra? (Rumores.)
Silencio, señorías. Ruego silencio. No podemos avanzar en la sesión si
SS.SS. no permiten que nos oigamos, no ni siquiera que nos escuchemos.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Tengo ciertas dificultades en saber qué artículo
hace referencia a las divinidades y a las leyendas, pero, en todo caso, a
los artículos que hagan referencia a leyendas y divinidades en relación a
nuestro grupo parlamentario. Por tanto, me acojo a todos aquellos que
puedan hacer referencia a leyendas y a divinidades.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura,
primero, no hay efectivamente artículo alguno que invoque leyendas ni
divinidades, y el señor Cabrera ha cerrado el turno de réplicas. (La
señora Aguilar Rivero pronuncia palabras que no se perciben.) Señora
Aguilar ¿Me permite finalizar?
Sabe S.S. que ha finalizado el turno de réplicas que se establecen, tal
cual dice el artículo 73.1 por una única ocasión y por cinco minutos.
El señor Cabrera no ha introducido más allá de sus propios ejemplos
ningún debate nuevo en el planteamiento que ha formulado, por tanto S.S.
no tiene la palabra.
Señor Saura, S.S. no tiene la palabra.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Miranda y Lozana): Grupos que
desean fijar su posición. (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió)... (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor Sánchez i Llibre.
Señorías, les ruego silencio. Señora Almeida, le ruego silencio, igual
que al resto de SS.SS. No podemos continuar el debate en estas
condiciones. ¡Señor Jover! ¡Señor Gómez Darmendrail!
Puede continuar, señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señores y señores Diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), con todos nuestros respetos a los grupos que han
presentado enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de derechos y
garantías de los contribuyentes --Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Grupo Parlamentario Vasco (PNV)--, va a
ser la de votar en contra de dichas enmiendas; repito que con todos
nuestros respetos, ya que algunas argumentaciones expuestas en la
intervención de los citados Diputados en la defensa de sus enmiendas a la
totalidad, como voy a demostrar en mi intervención, son coincidentes pero
no son objeto de trámite como enmienda a la totalidad, y nuestro grupo
cree que podrán ser perfectamente subsanadas en su tramitación
parlamentaria en la Comisión, el Pleno y posteriormente el Senado.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) entiende que a dicho
proyecto de ley se podría presentar alguna objeción de carácter general,
tanto en su aspecto formal como en algún aspecto sustantivo, pero un
análisis objetivo del mismo no puede impedirnos tener una visión positiva
y analizar las ventajas e inconvenientes que pueda tener en relación a
una falta de regulación de los derechos y garantías de los
contribuyentes. Para evitarlo, nuestro grupo piensa que es mejor tener
una ley que regule estos derechos de los contribuyentes que no tener ley,
obligando al ciudadano a un recorrido incierto sobre una marabunta de
normas fiscales muy dispersas y de difícil comprensión para la mayoría de
los mortales. En realidad, nuestro grupo hubiera preferido una nueva ley
general tributaria --cuestión esta que ha sido planteada por el señor
Zabalía en su intervención en defensa de la enmienda a la totalidad--
adaptada a la Constitución Española, en uno de cuyos capítulos cabría
perfectamente poder recoger los derechos y garantías de los
contribuyentes, pero esta no ha sido la postura del actual Gobierno ni
del anterior Gobierno socialista, que iniciaron sus esfuerzos en la
dirección de reformar la Ley General Tributaria. Por este motivo nuestro
grupo no renuncia al objetivo de que se dicte una nueva ley, adaptándola
no sólo a la Constitución, sino también a los próximos cambios fiscales
que deben producirse inevitablemente en el futuro y los que se han
producido en un pasado inmediato.
La Ley General Tributaria, vigente desde el año 1963, ha cumplido su
cometido a lo largo de estos últimos años, modificándose, como todas
SS.SS. saben, en el año 1995, pero es evidente que necesitamos una
renovación total de la misma que, a nuestro entender, deberá ir
acompañada necesariamente de una reforma general del sistema tributario
español, incluyendo lógicamente las modificaciones que se produzcan en el
IRPF, en el IVA, en los impuestos especiales, en los impuestos locales,
etcétera. Lo importante, por tanto, a nuestro entender, es recoger y
recopilar los derechos y garantías de los contribuyentes de una manera
sencilla, de forma que no se produzcan abusos de la Administración frente
al ciudadano, que se ve lógicamente abrumado en la mayoría de los casos
por una inmensa legislación que le imposibilita una comprensión fácil y
objetiva. De todas formas, nuestro grupo parlamentario intentará reforzar
los derechos y garantías de los contribuyentes a través de las enmiendas
que nuestro grupo presentará al articulado, como es preceptivo, en los
trabajos que se desarrollarán en la Comisión y posteriormente en el
Pleno.
Asimismo, estas enmiendas irán encaminadas en la siguiente dirección para
conseguir un compromiso más firme, más profundo, más diáfano y más
intenso, de cara al incremento de la seguridad de los derechos y las
garantías de los contribuyentes. En primer lugar, el Grupo de
Convergència i Unió cree indispensable reforzar los derechos lingüísticos
de los ciudadanos residentes... (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor Sánchez i Llibre.
Señorías, les ruego silencio. Señora Fernández de la Vega, le ruego
silencio. ¡Señor Clotas!
Puede continuar.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Los comportamientos de nuestro grupo
parlamentario, en cuanto a dónde van a ir dirigidas las enmiendas que
vamos a presentar a dicho proyecto de ley, van a ser, en primer lugar,
reforzar los derechos lingüísticos de los ciudadanos residentes en las
comunidades autónomas con lenguas cooficiales propias, en el sentido de
que puedan elegir en qué lengua se tramitará el procedimiento del
interesado en cuestión. Coincidimos plenamente con la intervención del
Diputado señor Saura en cuanto a reforzar la posibilidad de que el
ciudadano pueda elegir cuál es la lengua que va a utilizarse en el
procedimiento en cuestión, ya que, según lo previsto en dicho proyecto de
ley, creemos sinceramente que se produce un serio retroceso respecto a la
legislación actual, con la que nuestro grupo parlamentario no está de
acuerdo y ha tramitado un recurso de inconstitucionalidad, concretamente
a la Ley 30/1992, del régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento común, que permite al interesado que se dirija a la
Administración para utilizar la lengua cooficial de las comunidades
autónomas, pudiendo elegir en qué lengua puede dirigirse dicho
procedimiento. Como desde el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió
entendemos que este proyecto de ley lamina los intereses de todas las
comunidades que tenemos otra lengua cooficial, vamos a intentar la
supresión del citado artículo 16 que regula dicho procedimiento.
También desde Convergència i Unió vamos a impulsar, de acuerdo con la
propuesta suscrita por varios grupos parlamentarios, especialmente el
Grupo de Convergència i Unió, que el estatuto del contribuyente garantice
absolutamente la traducción de las leyes tributarias en las tres lenguas
cooficiales de las diferentes comunidades autónomas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Sánchez i
Llibre, le ruego que vaya concluyendo.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente. Yo pediría
amparo a la Presidencia --teniendo en cuenta que en el debate que se ha
producido la mayoría de los grupos se han excedido en el tiempo-- y que
me permitiera un poco más de tiempo para poder explicitar perfectamente
cuál va a ser nuestra posición. (Rumores.) Pediría también la comprensión
de SS.SS. con el fin de que pudieran entender perfectamente cuál va a ser
nuestra postura parlamentaria.
Entendemos en el Grupo de Convergència i Unió que el estatuto del
contribuyente va a ser el marco ideal para eliminar ciertos privilegios
que tiene actualmente la Administración tributaria, frente a la
Administración en general, en relación a las garantías de los
contribuyentes. Son diversos los preceptos legales de carácter tributario
que implican un trato diferente en favor de la Administración de
hacienda, que no tienen correspondencia en el resto de las ordenaciones
jurídicas ni específicamente en el Derecho administrativo. No se entiende
que en el ámbito penal, sancionador por excelencia, no se deba cumplir
una pena hasta que no se haya producido sentencia en firme, y en el
Derecho fiscal el recurso pueda devenir inútil ante los perjuicios
irreparables ocasionados por la vía ejecutiva anticipada.
También desde Convergència i Unió entendemos que a través de nuestras
enmiendas reforzaremos los derechos de los contribuyentes, no sólo en
cuanto al reembolso de los avales, que está perfectamente previsto en
dicho proyecto de ley, sino en todos aquellos costes que se le puedan
declarar al contribuyente cuando la resolución falle contra la
Administración en beneficio del contribuyente.
Respecto a la prescripción de los derechos y de las acciones, que está
perfectamente explicado en dicho proyecto de ley, creemos sinceramente
que este es un paso cualitativamente importante, pero al mismo tiempo
entendemos que en el pase de cinco a cuatro años y en el de cinco a seis
años, en función del comportamiento fiscal de los contribuyentes, se
podría producir una interpretación que puede incrementar la inseguridad
jurídica del contribuyente y puede también generar en algunas ocasiones
más confusión y perjudicar los intereses de unos ciudadanos respecto a la
situación actual de prescripción de los cinco años. Vamos a intentar
modificar este artículo para mejorarlo, reforzar la seguridad jurídica de
los contribuyentes en cuanto a los derechos y garantías, incorporando
mecanismos más proporcionales, más objetivos, más justos, más ágiles y
más modernos para que todos los ciudadanos que cumplen religiosamente,
período tras período, pagando sus impuestos puedan tener también
un beneficio proporcional a dichos derechos y obligaciones.
Por último, nuestro grupo considera muy positiva la posibilidad prevista
en dicho proyecto de ley en cuanto a recurrir en instancia única, pero
también pensamos que esto pueda llevar a una mayor centralización de la
Administración económico-administrativa previa al trámite judicial, lo
cual entraría en contradicción con lo que se propugna en toda la
Administración del Estado, así como en la Administración de justicia, por
lo cual el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a
incorporar enmiendas de cara a potenciar los tribunales
económico-administrativos regionales.
Por todas estas consideraciones, el Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió votará negativamente las enmiendas presentadas, con todos nuestros
respetos al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y al Partido Nacionalista Vasco.
Muchas gracias, señoras y señores Diputados. Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sánchez i Llibre.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor
Fernández Marugán.
El señor FERNANDEZ MARUGAN: Señor Presidente, desde el Grupo
Parlamentario Socialista hemos reflexionado, creemos que con seriedad,
sobre el contenido del proyecto de ley que debatimos en esta Cámara y
también sobre las consideraciones que en relación al mismo conocíamos que
iban a formular los dos grupos que lo han enmendado solicitando su
devolución al Gobierno.
En la tranquilidad que ha adquirido en este momento el debate, tendría
que decir a la Cámara que nos ha suscitado algunas dudas la actitud que
deberíamos adoptar. Y las dudas vienen fundamentalmente porque el
contenido del proyecto tiene sobre todo un carácter recopilador de una
serie de normas ya existentes, algunas de las cuales son de muy reciente
promulgación. Los portavoces de los Grupos Parlamentarios Vasco e
Izquierda Unida han puesto de relieve estos hechos, y nos hallamos en una
situación en la que una buena parte de este proyecto de ley que hoy
debatimos reitera una serie de preceptos ya existentes, hoy en vigor, y
en otra buena parte lo que hace es reforzar terminológicamente el
contenido de la legislación vigente.
A lo largo de los últimos años se ha venido desarrollando en España un
proceso de mejora de las relaciones entre la Administración y los
administrados, y el espacio tributario no ha sido ajeno en modo alguno a
estas modificaciones. Es más, un procedimiento tan masivo como éste, que
lo aplican millones de contribuyentes, en un elenco amplio y
diversificado de figuras tributarias, ha venido adoptando un conjunto de
decisiones con la finalidad de elevar la calidad de los servicios
tributarios y también de garantizar los derechos de todos y cada uno de
cuantos actúan en él. El resultado de esa evolución ha sido que un viejo
modelo de relaciones, caracterizadas fundamentalmente por la
insensibilidad, por la incapacidad para aprender, por actuar a partir de
ciudadanos pasivos que se acomodaban de alguna manera y que eran meros
receptores de un conjunto de servicios públicos en una dialéctica de
imposición y protección, cambió hacia un modelo más receptivo, más
abierto hacia el exterior y en el que los roles de la Administración
tributaria se dirigían fundamentalmente al cumplimiento tributario,
facilitando la realización de las obligaciones de los contribuyentes,
informándoles, aconsejándoles, asistiéndoles y protegiéndoles con unos
procedimientos cada vez más rápidos, cada vez más simples y fiables.
Todo ello, como aquí se ha dicho esta mañana, en un sistema tributario
dotado de un carácter de autoliquidación, que hacía que fuera el propio
contribuyente el que tenía que determinar su base imponible y el que a lo
largo de un tiempo determinara la cuantía de su cuota y el momento en el
que con mayor o menor precisión hacía el ingreso de la misma. Y en ese
sistema, por razones de eficacia y por razones de equidad, habría que
establecer un mecanismo que ayudara a aquel que cumple sus obligaciones
tributarias protegiéndole en sus derechos. De hecho, la Administración
tributaria del Estado ha estado dirigida en una doble dirección:
colaborar con los cumplidores y reprimir a aquellos que eran
defraudadores, y ha desempeñado una función habitual, rutinaria si se
quiere, al servicio de un importante objetivo recaudatorio; objetivo
recaudatorio que yo no voy a ocultar aquí que tenía un carácter coactivo,
porque no suele ser muy frecuente que las arcas públicas se llenen con
contribuciones voluntarias. Porque aquí y fuera de aquí el contribuyente,
el ciudadano trata de alguna manera de defenderse del impuesto, de
trasladarlo a otro contribuyente y de entender, en muchas ocasiones, que
la tributación es una especie de imperativo categórico de origen kantiano
al cual no está siempre dispuesto a someterse. Pero no es menos cierto
que esa concepción individualista y egoísta de la acción de la
Administración tributaria del Estado tiene un correlato y tiene un
sentido contrario. Los impuestos son el precio que pagamos por la
civilización, son el precio de la libertad, y detrás de la efectiva
realización de un sistema tributario no hay más que el espíritu de los
pueblos y una parte muy importante de su historia fiscal. (Rumores.)
Recuerdo aquí esta mañana algunas de las intervenciones del último gran
reformador de la Hacienda pública española.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández
Marugán, discúlpeme, señoría.
Señorías, les ruego silencio.
El señor FERNANDEZ MARUGAN: Paco Fernández Ordóñez decía, en 1978, que no
hay ningún test mejor que el tributario para definir la posición de los
individuos o de los grupos sociales en el espectro político. Por ello,
cuando un ciudadano cumple honorablemente con su obligación tributaria
está en su derecho a exigir una atención por parte de la Administración
tributaria. Una atención, una tarea amable, distinta de la meramente
recaudatoria que ha venido llevándose a cabo a lo largo de los últimos
años, tratando de reducir el antagonismo que podía establecerse entre el
contribuyente y la Hacienda pública en un mundo con derechos individuales
en ascenso; en un momento en el cual queríamos contribuir a la
legitimación social del sistema tributario y a evitar...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Marugán, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor FERNANDEZ MARUGAN: Sí, señor Presidente.
Evitar que lo que unos no pagan, debiendo hacerlo, terminen por pagarlo
otros, ya sea porque tienen una superior moral fiscal, ya sea porque
carecen de instrumentos adecuados para evadirse. En este contexto, en el
contexto de las relaciones entre los ciudadanos y la Hacienda pública, la
parte programática del proyecto de ley que hoy consideramos nos ha
resultado, al igual que a otros intervinientes, escasamente novedosa. En
honor a la verdad, tendríamos que decir que no constituye un hito y que
tienen razón aquellos que dicen que estamos ante un conjunto de derechos
ya reconocidos que no se acrecientan con esta norma y, por tanto, que
quizá hubiera sido conveniente que el Gobierno no hubiera adoptado la
decisión de remitir este proyecto de ley a la Cámara. Consideramos que
esta iniciativa es más el resultado de una estrategia propagandista que
producto de una decisión madura y acertada.
También coincidimos con aquellos que señalan que la ubicación correcta
del proyecto bien pudiera haber sido, después de una reflexión madura y
sosegada, una modificación de la Ley General Tributaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Marugán, le
ruego concluya.
El señor FERNANDEZ MARUGAN: Señor Presidente, mi grupo quiere decir
algunas cosas, por lo que ruego de S.S. que me ampare en la posibilidad
de hacerlo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Puede decirlas,
pero a la mayor brevedad porque ha excedido ya su tiempo reglamentario.
Dígalas, por supuesto, señor Fernández Marugán, pero procure concluir de
forma prácticamente inmediata.
El señor FERNANDEZ MARUGAN: Con qué frecuencia interrumpe usted algunas
intervenciones y con qué generosidad el señor Presidente trata otras.
(Rumores y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández
Marugán, en este momento S.S. ha excedido en el doble el tiempo que le
concede el Reglamento. No le tolero que dude S.S. de la neutralidad de
esta Presidencia y le ruego que retire esas afirmaciones.
(Aplausos.--Continúan las protestas.) El señor FERNANDEZ MARUGAN: Señor
Presidente, volviendo al contenido de mi intervención, he de decir que
hay pocos elementos novedosos en este proyecto, y tendría que decir que
eso no es preocupante desde el punto de vista de mi grupo parlamentario.
Lo peor es que los pocos elementos novedosos que hay en este proyecto son
malos, y eso sí nos produce una gran preocupación, porque creemos...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández
Marugán, debe finalizar de forma inmediata.
El señor FERNANDEZ MARUGAN: Me es difícil, señor Presidente,
concentrarme, pero voy a hacer honor a mi condición de parlamentario y
voy a tratar de cerrar cuanto antes mi intervención. (Rumores.) El señor
VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Silencio, señorías.
El señor FERNANDEZ MARUGAN: En cualquier caso, creo que el proyecto que
hoy debatimos es un proyecto que incide en una filosofía determinada que
ha venido aplicando el Grupo Parlamentario Popular y el propio Partido
Popular: reducir la capacidad de pago de los contribuyentes, reducir la
exigencia en materia de fiscalidad, planteamientos que se han ido
poniendo de relieve a lo largo de una serie de proyectos que se han
discutido en esta Cámara en los últimos meses. Esos puntos de vista se
acrecientan en el día de hoy porque el proyecto que estamos discutiendo
reduce los plazos de prescripción y amplía las dificultades que tiene la
Hacienda pública para perseguir a los grandes defraudadores; porque
reduce el plazo para la culminación de los procedimientos de inspección,
y porque establece procedimientos en virtud de los cuales una parte
importante de las reclamaciones que hoy están en los TEAC pueden
prescribir. Toda estas circunstancias, todos estos comportamientos
habrían justificado que nosotros hubiéramos apoyado las enmiendas a la
totalidad que han presentado el Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo de
Izquierda Unida.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández
Marugán, debe concluir.
El señor FERNANDEZ MARUGAN: No lo hemos hecho, señor Presidente, porque
creemos que ello perjudicaría a un número importante de contribuyentes
que no lo entenderían, pero sí manifestamos en esta Cámara y a los grupos
que lo han enmendado que mi grupo presentará un conjunto de enmiendas
tendentes a evitar que se perjudiquen los intereses generales de la
Hacienda. Nosotros no vamos a comprometernos ni a facilitar la
defraudación.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández Marugán. Ha concluido su tiempo.
El señor FERNANDEZ MARUGAN: Nosotros señor Presidente, no vamos a apoyar
a aquellos que quieren hacer de la gestión tributaria, del levantamiento
de las actas un tarea imposible. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández
Marugán, le llamo al orden. (Aplausos.) No está S.S. en el uso de la
palabra. Muchas gracias.
El señor FERNANDEZ MARUGAN: Muchas gracias. (Aplausos.) El señor
VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Vamos a proceder a las
votaciones. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY Y DE PROPOSICIONES DE LEY:
-- PROYECTO DE LEY DEL GOBIERNO (Número de expediente 121/000025)
-- PROPOSICION DE LEY PARA EL DESARROLLO DE LAS PREVISIONES DEL ARTICULO
62 DE LA LEY ORGANICA 10/1982, DE 10 DE AGOSTO, DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA
DE CANARIAS (Número de expediente 125/000005) El señor PRESIDENTE:
Señorías, antes de proceder a la votación conjunta de las enmiendas de
totalidad, quiero someter al Pleno de la Cámara, de acuerdo con la Mesa y
la Junta de Portavoces, la avocación por el Pleno del proyecto de ley del
Gobierno.
¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) Asimismo, quiero someter a la
Cámara la avocación de la proposición de ley para el desarrollo de las
previsiones del artículo 62 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto,
del Estatuto de Autonomía de Canarias.
¿Lo acuerda también el Pleno? (Asentimiento.) Entiendo que por
asentimiento así lo acuerda.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (Continuación):
-- PROYECTO DE LEY DE DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS CONTRIBUYENTES (Número
de expediente 121/000026) El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación las
dos enmiendas de totalidad de devolución sobre el proyecto de ley de
derechos y garantías de los contribuyentes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a
favor, 20; en contra, 159; abstenciones, 120.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:
-- PROYECTO DE LEY DE DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS CONTRIBUYENTES (Número
de expediente 121/000026)
El señor PRESIDENTE: Someto ahora a la consideración de SS.SS. la
avocación por el Pleno del proyecto de ley de derechos y garantías de los
contribuyentes.
¿Acepta el Pleno la avocación solicitada para este proyecto de ley?
(Asentimiento.) Se entiende aprobada por asentimiento.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y cinco minutos de la tarde.