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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 57, de 12/02/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 57
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 54
celebrada el miércoles, 12 de febrero de 1997
ORDEN DEL DIA:
Preguntas (Página 2749)
Interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el modo en que el Gobierno
pretende modificar lo establecido en las normas del desarrollo de la LODE
y la LOGSE en materia de conciertos educativos y de admisión de alumnos
en centros sostenidos con fondos públicos (número de expediente
172/000025) (Página 2774)
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política de empleo que el Gobierno piensa desarrollar
para crear empleo con derechos sociales, reducir la precariedad y
potenciar la estabilidad en el empleo (número de expediente 172/000026)
(Página 2783)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Preguntas (Página 2749)
Del Diputado don Joaquín Almunia Amann, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Confirma
usted que Andalucía ganará 476.000 millones de pesetas con el nuevo
sistema de financiación autonómica, según ha afirmado el Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales? (Número de expediente 180/000375) (Página 2749)
Del Diputado don Ramón Aguirre Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué juicio merecen al Gobierno
las apreciaciones reflejadas en los medios de comunicación en los últimos
días, en las que parece cuestionarse la viabilidad o conveniencia de la
presencia de algunos países miembros de la Unión en el grupo de cabeza de
la Unidad Monetaria? (Número de expediente 180/000389) (Página 2750)
Del Diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno declarar los
partidos de fútbol de interés general? (Número de expediente 180/000383)
(Página 2751)
Del Diputado don Joaquín Leguina Herrán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Ha mantenido el Gobierno en el
nombramiento del Director General del Ente Público RTVE los criterios que
manifestó el Sr. Aznar en su entrevista del 26 de mayo de 1994? (Número
de expediente 180/000402) (Página 2752)
Del Diputado don Felipe Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Presidente
del Gobierno: Ante la situación creada por la dimisión como Directora
General de RTVE de Mónica Ridruejo, ¿qué criterios ha seguido el Gobierno
para el nombramiento como Director General del Ente Público RTVE de
Fernando López-Amor? (Número de expediente 180/000401) (Página 2754)
Del Diputado don Angel Martínez Sanjuán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál de las medidas del Gobierno es
la causante de la caída de los ingresos en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas? (Número de expediente 180/000377) (Página 2755)
Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno
la ejecución del Presupuesto de Ingresos del Estado en 1996? (Número de
expediente 180/000391) (Página 2756)
Del Diputado don Juan Manuel Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas tiene en
proyecto adoptar el Gobierno para reducir las numerosas barreras
administrativas que obstaculizan el nacimiento y el desarrollo normal de
las pequeñas y medianas empresas, tan decisivas en la creación de empleo?
(Número de expediente 180/000393) (Página 2757)
Del Diputado don Alvaro Cuesta Martínez, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Justicia: ¿Quién está
dando instrucciones al Fiscal General del Estado en sus actuaciones de
las últimas semanas? (Número de expediente 180/000376) (Página 2758)
Del Diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede explicar la Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación, el fracaso de una estrategia de
defensa del sector
productor azucarero español? (Número de expediente 180/000381) (Página 2759)
Del Diputado don José Pliego Cubero, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Cuál es la posición del Gobierno ante la
reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de oliva,
respecto a la opción de establecer una cantidad máxima garantizada por
país? (Número de expediente 180/000382) (Página 2760)
Del Diputado don Carlos Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medios ha adoptado
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para incrementar las
acciones de inspección y control sobre las actividades pesqueras a partir
de la entrada en vigor del nuevo reglamento CEE 2847/93? (Número de
expediente 180/000397) (Página 2762)
Del Diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera el Gobierno que la
emisión de certificados catastrales es necesaria para la solicitud de las
ayudas de la PAC por parte de los agricultores? (Número de expediente
180/000398) (Página 2762)
De la Diputada doña Begoña Lasagabaster Olazábal, del Grupo Mixto, que
formula al Excmo. Sr. Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuándo va a
proceder el Gobierno a retirar los recursos presentados el día 10 de
septiembre de 1996 a las normas forales vascas relativas al Impuesto de
Sociedades que aprobaron las Juntas Generales de los tres territorios de
la Comunidad Autónoma Vasca? (Número de expediente 180/000374) (Página 2763)
Del Diputado don Antonio Costa Costa, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Ha dado instrucciones el Gobierno a su Delegada
en Baleares para que apoyara con su presencia y con sus declaraciones al
encausado Gabriel Cañellas? (Número de expediente 180/000379) (Página 2764)
Del Diputado don Jesús López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
dotaciones presupuestarias dedicadas en los Ministerios a atenciones
protocolarias y de representación comparativamente con los de ejercicios
anteriores? (Número de expediente 180/000394) (Página 2766)
De la Diputada doña María Angeles Amador Millán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuántos nuevos impuestos estudia el
Gobierno para financiar la sanidad? (Número de expediente 180/000378)
(Página 2767)
Del Diputado don Máximo Ramón Díaz-Cano del Rey, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo justifica la Ministra de Medio
Ambiente el trasvase del río Júcar al Vinalopó? (Número de expediente
180/000384) (Página 2768)
De la Diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
acciones está llevando a cabo el Gobierno en relación a los Diarios del
que fuera Presidente de la Segunda República, don Manuel Azaña? (Número
de expediente 180/000399) (Página 2769)
De la Diputada doña Cristina Almeida Castro, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno
para evitar, en lo sucesivo, las discriminaciones que sufren las mujeres
en su incorporación al mercado laboral, en la precariedad de sus puestos
de trabajo y en disparidad salarial percibida? (Número de expediente
180/000387) (Página 2770)
Del Diputado don José Eugenio Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el
Gobierno de la evolución de los resultados obtenidos por la aplicación de
las medidas de la lucha contra el fraude y la morosidad aprobadas en
julio de 1996, desarrolladas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales? (Número de expediente 180/000395) (Página 2772)
De la Diputada doña Carmen Matador de Matos, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué importancia da el
Gobierno a la reciente aprobación del reglamento de los servicios de
prevención como instrumento para mejorar la seguridad y salud de los
trabajadores? (Número de expediente 180/000396) (Página 2773)
Interpelaciones urgentes (Página 2774)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el modo en que el Gobierno
pretende modificar lo establecido en las normas del desarrollo de la LODE
y la LOGSE en materia de conciertos educativos y de admisión de alumnos
en centros sostenidos con fondos públicos (Página 2774)
En nombre del Grupo Socialista interviene el señor Romero González para
presentar la interpelación urgente, con el deseo de encontrar espacios de
consenso en un aspecto que no debería tener puntos de disenso. Manifiesta
que la intención de la interpelación es conocer el punto de vista de la
señora Ministra respecto de una serie de proyectos de normas que han
conocido a través de algunos medios de comunicación.
A continuación, hace un análisis del sistema educativo desde el año 1978,
concebido como servicio público, aunque no monopolizado por los poderes
públicos. Añade que al sistema educativo se les suelen asignar cuatro
funciones en democracia: actuar como elemento básico de cohesión social
del conjunto del territorio y de la población, constituir un factor de
integración social, promover la igualdad de oportunidades y servir como
instrumento de formación en valores democráticos.
Pasa a hacer una enumeración de las transformaciones que tuvo que
experimentar el sistema educativo español en el año 1978 para ajustarse a
esos objetivos, y señala como necesarias la integración en una red mixta
internamente articulada y coherente que permitiera satisfacer el derecho
a la educación que las leyes consagran. Considera que este primer
requisito se alcanzó con un notable grado de consenso y se acompañó de
una homologación de las condiciones de funcionamiento que rigen los
centros privados sostenidos con fondos públicos con las vigentes en los
centros públicos.
Por otra parte, considera que con la Ley Orgánica del Derecho a la
Educación el gobierno socialista de entonces pretendió cumplir un mandato
constitucional, desarrollando el artículo 27 de la Constitución y
regulando los diferentes derechos y libertades relativos a la enseñanza,
al tiempo que proporcionó una solución a la llamada cuestión escolar que
fuese equitativa en los términos modernos de equidad que los países
desarrollados aplican cuando hablan de educación y, a la vez, adecuada a
las condiciones de la sociedad española. Manifiesta que el derecho de
todos a la educación debía constitutir el eje de cualquier proyecto
acorde con el diseño de democracia avanzada que establece la Constitución
española, y no cabe interpretación alguna que directa o indirectamente
suponga la exclusión de un conjunto de ciudadanos del disfrute de este
derecho. Sin embargo, el Grupo Socialista entiende que ahora se pretende
hacer otra lectura del consenso constitucional de 1978 en esta materia, y
añade que el proyecto de decreto que el Gobierno ha remitido al Consejo
Escolar del Estado es la primera gran propuesta ideológica de la Ministra
de Educación.
A continuación, hace una serie de preguntas sobre la exposición de
motivos del Real Decreto-ley donde se dice que se pretende invertir una
tendencia histórica. Considera que se inspira en las políticas
conservadoras del Reino Unido y de Norteamérica, políticas ya fracasadas
e instrumentadas en esos dos países en la década de los ochenta.
Explica, a continuación, las líneas maestras que inspiran, según su
opinión, las decisiones más recientes de la señora Ministra, haciendo
especial énfasis en la privatización bajo diversas formas. Sin embargo,
el Grupo Socialista considera que no se puede hablar de educación en
términos de mercado, porque en ello subyace la renuncia del Estado a su
papel de programador general de la enseñanza, derecho básico recogido en
la LODE. Asimismo, pregunta a la señora Ministra si vale la pena abrir
esta vía, que no se ha abierto desde 1978, en un año que será el primero
y el último en el que su Ministerio tendrá competencias directas en
materia educativa, puesto que pasarán a las comunidades
autónomas. Por otra parte, estima que con este Real Decreto-ley no
existirá una mayor capacidad de elección de centro; solamente habrá más
posibilidad para que algunos centros públicos y concertados puedan
seleccionar mejor a sus alumnos. Finalmente, ruega a la señora Ministra,
en nombre de su grupo, que reconsidere su propuesta y mantenga la
normativa actual.
En nombre del Gobierno, contesta la señora Ministra de Educación y
Cultura (Aguirre i Gil de Biedma) mostrando su satisfacción por la
interpelación que presenta hoy el Grupo Socialista, porque así puede
debatirse en el Parlamento, con luz y taquígrafos, un asunto que de
verdad interesa a los ciudadanos.
Está de acuerdo con el señor Romero en que ésta es una propuesta
ideológica y considera que, con toda legitimidad, se deben exponer las
discrepancias dentro del contexto constitucional y de las leyes. Por
otra, estima que los debates no tienen por qué ser estériles ya que de
ellos pueden salir soluciones que satisfagan las aspiraciones de los
ciudadanos. Manifiesta, a continuación, que aborda esta interpelación con
optimismo porque cree que la sociedad valora y estima cada vez más la
libertad de elegir y quiere ejercerla en todos los ámbitos. Por eso,
supone para ella un honor el proponer al Consejo de Ministros que apruebe
el Real Decreto-ley de libre elección de centros que en este momento está
en fase de informe del Consejo Escolar del Estado, al que, desde luego,
atenderán en sus indicaciones y sugerencias.
Contestando a la pregunta de si valía la pena tocar el consenso educativo
de 1978, coincide con el señor interpelante en que en el campo de las
libertades educativas se han dado pasos extraordinariamente positivos,
como es el pacto constitucional que se plasmó en el artículo 27 y que
supuso la proclamación de la libertad de enseñanza como un principio
constitucional básico, pero este reconocimiento de la libertad de la
enseñanza implica necesariamente la libertad de creación y dirección de
centros docentes y la libertad de los padres a elegir el tipo de
educación para sus hijos, proclamándolo así también el artículo 26.3 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La integración armónica
del derecho a la libertad y el derecho a la educación está en el núcleo
de lo que se ha llamado el pacto constitucional en materia educativa, por
tanto, todo el esfuerzo tiene que centrarse ahora en que ambos derechos
tengan la máxima expansión posible. Se muestra convencida de que es
perfectamente posible desarrollar y expandir el principio de libertad de
enseñanza que recoge el artículo 27 de la Constitución y desarrolla el
artículo 20 de la LODE, porque es una exigencia de una sociedad moderna,
abierta y libre como la española.
A continuación, pasa a explicar algunas de las decisiones emprendidas en
este terreno que han causado inquietud en el interpelante y han sido
motivo de sus preguntas, refiriéndose especialmente a la tendencia
histórica que se quiere invertir, que no es otra que la de facilitar la
libertad de elección de centros en lugar de primar la planificación de
los puestos escolares, para, así, cumplir mejor con el mandato del
artículo 27 de la Constitución, del artículo 20 de la LODE y satisfacer
los deseos de unos ciudadanos libres que quieren elegir, lo mismo que
eligen otras cosas, el centro educativo al que llevan a sus hijos.
Replica el señor Romero González, duplicando la señora Ministra de
Educación y Cultura (Aguirre y Gil de Biedma).
Para fijación de posiciones, intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del
Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Gil i Miró, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Aramburu del Río, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y el señor
Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular. Cierra el debate la
señora Ministra de Educación y Cultura.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política de empleo que el Gobierno piensa desarrollar
para crear empleo con derechos sociales, reducir la precariedad y
potenciar la estabilidad en el empleo (Página 2783)
Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Vaquero del Pozo. Manifiesta que
dos años y medio después del establecimiento por ley de la reforma del
mercado de trabajo de 1994 el balance es negativo, comparando los
indicadores del año 1996 con los de 1995 y haciendo una valoración,
asimismo, por sectores. Alude a la dualización y segmentación del mercado
de trabajo entre los que tienen un empleo fijo y los que están condenados
a la indignidad e inseguridad de la rotación y la precariedad como
supuesta salida del paro, observándose también esta falta de cohesión
social en los índices de siniestralidad y mortalidad laboral, muy por
encima de las medias de la Unión Europea. Hace especial mención a los
jóvenes que, en los últimos nueve años, han incrementado en treinta
puntos el nivel de su precariedad en el empleo.
Asimimo, se refiere a la proliferación de fenómenos tales como la
concentración empresarial en grupos de empresas que carecen de una
normativa específica suficiente, su contratación en cascada y la
segmentación y fragmentación empresarial por la descentralización
productiva, reseñando como uno de los factores que ha venido a
incrementar el nivel de desregulación e incluso de discriminación laboral
positiva la instauración de las empresas de trabajo temporal con una
deficiente regulación y una imposibilidad de control sindical. También
considera que el reforzamiento del poder empresarial en el seno de las
empresas, fruto de la flexibilización legislativa, no se ha visto
compensada con la potenciación de la negociación colectiva anunciada. En
suma, hace un balance negativo de la reforma laboral de 1994, que ya fue
anunciado por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en su día, cuando
se opusieron a la reforma laboral, y por los sindicatos que convocaron la
huelga general del 27 de enero de 1994. Por lo tanto, considera que es
unánime la convicción de que hace falta adoptar medidas para potenciar la
fijeza en el puesto de trabajo, y así, no solo generar bienestar y
seguridad para los trabajadores sino beneficiar también los intereses
macroeconómicos generales y de los empresarios en particular. Piensa que
la política de empleo seguida hasta ahora ha producido varios efectos no
deseables, como la precariedad y la desincentivación que genera la
temporalidad a la hora de invertir en capital humano, y señala que en la
negociación que se está produciendo entre los sindicatos mayoritarios y
la patronal, el Gobierno se limita, hasta la fecha, a apadrinar la
negociación, inclinándose unas veces por unos y otras por otros.
A continuación, expone que es un secreto a voces el que la desregulación
no crea empleo y que hay que hacer una reforma buscando como objetivo la
creación de empleo de calidad. Pasa a explicar los ejes que desde su
punto de vista debería tener la reforma laboral, considerando que el
Gobierno no se debe limitar a dejar que los sindicatos y la patronal
negocien. Sin embargo, no quisiera que se interpretara su insistencia
como una interferencia en la negociación. Emplaza al señor Ministro a que
asuma de verdad el compromiso de acabar con la temporalidad del empleo,
crear empleo de calidad, repartir el trabajo y encauzar la estrategia del
mercado laboral hacia la competitividad vía calidad, dando ocasión a
todos los agentes de corresponsabilizarse en el tema, mediante la
participación en la toma de decisiones y también en el ámbito
parlamentario.
En nombre del Gobierno, contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales (Arenas Bocanegra). Está de acuerdo con los datos expuestos por
el señor Vaquero y coincide también en algunos de los diagnósticos y
objetivos, sin embargo, considera que es difícil coincidir en los medios
que hay que desarrollar para conseguir los objetivos. Hace referencia a
continuación a que la decisión política activa del Gobierno de pedir a
los agentes sociales que intenten ponerse de acuerdo sobre la mejora en
el mercado de trabajo no quiere decir que el Gobierno no asuma sus
responsabilidades. Manifiesta que apuesta por el acuerdo, pero acuerdo
cuanto antes, porque desde que se anunció que hay posibilidades de
mejorar el mercado de trabajo se ha dado un efecto negativo en las
contrataciones, ya que hay inversores y creadores de empleo que están
esperando al final de esas conversaciones para tomar su decisión de
contrato. Por lo tanto, considera que, como Ministro, está haciendo un
ejercicio de equilibrio extraordinario para no interferir en absoluto en
el diálogo entre sindicatos y empresarios y a la vez satisfacer las
legítimas demandas de los medios de comunicación y de los grupos
parlamentarios de la oposición.
Por otra parte, estima que el debate ha sido bien planteado porque la
política de empleo es una auténtica obsesión del Gobierno. No obstante,
piensa que no hay que considerar la mejora del mercado de trabajo como la
panacea del empleo, pero sí que es imprescindible hacerlo, entre otras
cosas por razones de integración europea. Asimismo, aún estando de
acuerdo con las cifras que ha dado el señor Vaquero, no está de acuerdo
en que el panorama sombrío que ha mostrado sea aplicable a 1996 ni a las
perspectivas de 1997, y da una serie de cifras que avalan sus palabras.
Está de acuerdo en fortalecer la negociación colectiva y no en la
confrontación ni en la permanente intervención desde el derecho. En
cuanto al programa plurianual de empleo, del que hay que rendir cuentas
en la Unión Europea, anuncia las cinco líneas de la cumbre de Essen:
inversiones e incrementos en políticas activas; relación crecimiento
económico-creación de empleo; mejora del mercado de trabajo; medidas
especiales para mayores de 45 años, jóvenes y personas que sufren alguna
discapacidad, y estudiar en el futuro la posibilidad de la reducción de
los costes laborales no salariales.
Agradece el tono de la intervención y se muestra abierto a cualquier
sugerencia, deseando que algún día se hable del empleo como de una
política de Estado, pues es una obsesión de la sociedad española.
Replica el señor Vaquero del Pozo, duplicando el señor Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales.
Para fijación de posiciones, intervienen el señor Vázquez Vázquez (don
Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora López y Chamosa,
del Grupo Parlamentario Socialista.
Se suspende la sesión a las ocho de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON JOAQUIN ALMUNIA AMANN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO:
¿CONFIRMA USTED QUE ANDALUCIA GANARA 476.000 MILLONES DE PESETAS CON EL
NUEVO SISTEMA DE FINANCIACION AUTONOMICA, SEGUN HA AFIRMADO EL MINISTRO
DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES? (Número de expediente 180/000375)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto V del orden del día, preguntas orales al Gobierno.
Pregunta número 9, que formula al Gobierno don Joaquín Almunia Amann,
Diputado del Grupo Socialista. Señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Gracias señor Presidente.
Señor Presidente del Gobierno, ¿confirma usted, como afirmó en su día el
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que Andalucía ganará 476.000
millones de pesetas con el nuevo sistema de financiación autonómica?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
El señor Presidente del Gobierno tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Creo, señor Diputado, que
la cifra que usted ha dado es una cifra que la Comunidad Autónoma de
Andalucía puede plantearse perfectamente como un objetivo a asumir en los
próximos años en beneficio de todos los andaluces, con tal de que se
produzcan dos condiciones, dos circunstancias: La primera, que se acepte
el modelo de financiación que el Gobierno ha propuesto y se deje de
perjudicar los intereses de Andalucía y, la segunda, que se gestione
correctamente el sistema. El Gobierno de la nación ha puesto a
disposición de todas las comunidades autónomas los instrumentos, incluida
la corresponsabilidad y la capacidad normativa necesarias para gestionar
el sistema. Esa era la responsabilidad del Gobierno. Ahora la de las
comunidades autónomas es de gestionarlo correctamente. Si eso se hace así
y se acepta el sistema, esa cifra que usted ha señalado es un objetivo
que puede alcanzarse por la Comunidad Autónoma de Andalucía. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente del Gobierno, cuando ustedes hablan de financiación
autonómica las cifras bailan, suben, bajan, aparecen y desaparecen.
(Rumores.) Aparecen en anuncios que paga su partido o en declaraciones
que hacen sus ministros cuando bajan al sur. Desaparecen en los
presupuestos del Estado, porque no figura ninguna cifra, por primera vez,
desde que existe un modelo de financiación autonómica, desde hace once
años, y desaparecen en las comisiones mixtas cuando sus ministros son
preguntados al respecto.
En otros parlamentos sí aparecen las cifras. El señor Pujol, por ejemplo,
en el Parlamento de Cataluña habló de que Cataluña tendrá en los próximos
cinco años 194.000 millones de pesetas gracias al nuevo sistema de
financiación. Yo le creo al señor Pujol, que sabe mucho de esto. Quizá,
el señor Sánchez i Llibre sabe algo menos y ha exagerado diciendo que
Cataluña obtendrá entre 300 y 350.000 millones; pero le creo más al señor
Pujol que a sus ministros y que al señor Sánchez i Llibre. (Rumores.)
Si Andalucía pudiese obtener una cantidad equivalente a la que el señor
Pujol dice haber obtenido para Cataluña, obtendría 245.000 millones de
pesetas, más o menos, en función de las mismas expectativas, de la misma
calidad de gestión, del mismo interés por cobrar impuestos.
¿Cuál sería, entonces, el coste total del modelo de financiación? ¿Los
200.000 millones de los que aquí se habló por parte del señor Rato? ¿Los
20.000 millones para Andalucía que decía el señor Rajoy? ¿Los 100.000
millones para Andalucía que también decía el señor Rajoy otro día? ¿Quién
falta a la verdad? ¿Quién está dando un espectáculo lamentable y
bochornoso (Rumores.), como decía esta mañana el señor Rajoy en el
Senado, inventándose un nuevo modelo de financiación? Cada día hay un
nuevo modelo de financiación. ¿En función de quién, de cuándo, de qué y
de para qué?
Señor Presidente del Gobierno, ¿qué modelo es éste, que no saben ustedes
ni cuánto cuesta, ni cuánto le toca a cada uno? ¿Qué modelo es éste, que
ha hecho saltar en pedazos el consenso constitucional sobre la
financiación autonómica... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor ALMUNIA AMANN: ...que ha hecho saltar en pedazos la unidad del
sistema fiscal y que sólo es un instrumento en sus manos para hacer
demagogia? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
Presidente.
Señor Almunia, yo le he dicho que creo que, en función de la lógica del
nuevo modelo de financiación autonómica, la cifra que usted ha dado,
insisto, es un objetivo asumible con las condiciones que he manifestado.
Ahora, eso sí, se tiene que aceptar razonablemente el nuevo sistema; más
bien se tiene que aceptar algún sistema, cosa que conviene que alguna vez
ustedes también aclaren.
Lo que yo creo es que a ustedes les es indiferente el sistema, les da
igual. Ustedes lo que quieren es utilizar una comunidad autónoma para
intentar erosionar al Gobierno, aun a costa de perjudicar los intereses
de esa comunidad autónoma. Es lo único que les interesa. (Aplausos y
protestas.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Eso es un error. Pero, lo
que es más grave, señor Almunia, es perjudicar gravemente, como pueden
estar perjudicando ustedes, los intereses de esa comunidad autónoma.
Y le quiero decir: nadie mantiene lo que ustedes mantienen de que
Andalucía va a perder financiación con el nuevo sistema. Nadie, señor
Almunia. Entre otras cosas, porque una de las características del nuevo
sistema es que ninguna comunidad va a recibir menos dinero que con el
anterior, que ninguna recibirá menos del 90 por ciento de la media de las
ganancias que el nuevo modelo suponga respecto del anterior y que,
finalmente, ninguna recibirá por habitante menos del 90 por ciento de la
media que por habitante reciban las comunidades.
De esto, señor Almunia, alguien que ha sido miembro del Gobierno, y más
aún, Ministro de Administraciones Públicas, debería de estar enterado,
aunque yo comprendo que hay un problema y es que cuando se defienden 17
modelos de financiación distintos, porque se es incapaz de tener uno, se
pierde todo y, además, la razón también. (Fuertes y prolongados
aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno
--DEL DIPUTADO DON RAMON AGUIRRE RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE JUICIO MERECEN AL
GOBIERNO LAS APRECIACIONES REFLEJADAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN
LOS ULTIMOS DIAS, EN LAS QUE PARECE CUESTIONARSE LA VIABILIDAD O
CONVENIENCIA DE LA PRESENCIA DE ALGUNOS PAISES MIEMBROS DE LA UNION EN EL
GRUPO DE CABEZA DE LA UNION MONETARIA? (Número de expediente 180/000389)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, que formula al Gobierno el
Diputado don Ramón Aguirre Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Desde luego, resulta una desfachatez política (Un señor Diputado: No
empecemos.--Rumores.--El señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda, de Rato Figaredo: No ha empezado. No ha
dicho nada.--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Un momento (Pausa.) Cuando quiera, señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Insisto, si no se me interrumpe, que considero una desfachatez política
que los patriarcas de la corrupción, los patriarcas de la crispación
(Rumores.) pretendan ahora elevar el tono de voz y esgrimir argumentos
falseados para sumarse a lo que puede llamarse la sospechosa maniobra
(Rumores.--Un señor Diputado: Cállate.) de los conspiradores financieros.
Creo también, señorías, que resulta una irresponsabilidad política
construir ficticios discursos apocalípticos y ponerlos incluso en negro
sobre blanco (Rumores.), e incorporarlos a todos los debates políticos,
se trate de irregularidades tributarias, se trate de privatizaciones, se
trate de lo que se trate. Considero que resulta una insensatez aprovechar
la doméstica tendencia política para lesionar los intereses de España en
Europa.
Probablemente, señorías, no podíamos esperar cosa distinta de aquellos
que han gobernado el vuelo de la ilusión a la decepción y se encuentran
ahora que tienen demasiado plomo en las alas. Era un secreto a voces
(Rumores.--El señor Fernández de Troconiz Marcos: Muy bien.) que sobre el
horizonte de la Unión Europea y sobre su desenlace había distintas
valoraciones, unas en voz alta y otras en voz baja. Es una realidad la
cíclica aparición de la eurocrisis, siempre
acompañada de una tormenta artificialmente diseñada desde intereses
bastardos. Las voces que fuera han hablado y el torpe coro que en España
ha sonado han creado, al entender del Grupo Popular, las condiciones que
hacen necesario un pronunciamiento del Gobierno en esta Cámara.
(Rumores.) Por eso preguntamos al Presidente del Gobierno, ¿qué juicio
merecen al Gobierno las apreciaciones reflejadas en los medios de
comunicación en los últimos días, en las que parece cuestionarse la
viabilidad o conveniencia de la presencia de algunos países miembros de
la Unión en el grupo de cabeza de la Unión Monetaria? Gracias, señor
Presidente. (Algunos señores Diputados: Muy bien, muy bien.-- Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Presidente, señor
Diputado, esencialmente los comentarios a los que se refiere la pregunta
de S. S. son los relativos a los efectuados en el foro económico de Davos
hace una semana por distintas personalidades del mundo financiero. En ese
foro distintas personalidades establecieron su criterio, a título
estrictamente personal, de que podía haber algunos países que tendrían
dificultades, aun cumpliendo los criterios, en acceder a la moneda única
en una primera fase.
Sin duda, no debemos olvidar nadie de los que estamos aquí que existe
entre nosotros un consenso bastante amplio y razonable, en el sentido de
que la pertenencia de España a la moneda única debe ser un objetivo
nacional, un objetivo ampliamente compartido y que eso es conveniente
para los intereses de nuestro país. No debemos dejar de pensar en ningún
caso que estamos ante una de las decisiones económicas más trascendentes
que se van a tomar en este fin de siglo en Europa y que, por tanto,
también va a tener que tomar nuestro país. Por eso todos los países
europeos estamos haciendo esfuerzos para conseguir llegar a la moneda
única, España también, y por eso, en la primavera de 1998, todos seremos
juzgados con arreglo al único criterio que va a haber allí, que es el
cumplimiento o no de los criterios a su vez establecidos en
el Tratado de la Unión. Dicho de otra manera, ningún país puede
erigirse en juez para aceptar o no a quien cumpla los requisitos
establecidos en el Tratado de la Unión, y nuestra obligación es
exactamente cumplir esos requisitos, establecer y aprovechar esa
oportunidad histórica y dar respuesta a esa gran oportunidad y a ese gran
consenso nacional que tenemos en torno a nuestra pertenencia a la moneda
única.
Lo único que me puede preocupar de eso en este proceso hasta fin de año y
la primavera de 1998, es que internamente alguien pueda servir a
intereses que son contrarios a los intereses de España. Eso sí puede
preocupar. Y espero que, si alguien tiene esa tentación, no caiga en ella
o, si ha caído, sea capaz de rectificarla rápidamente. Todos los
indicadores económicos del país son positivos en términos de que España
va a estar desde el primer momento en el grupo de países que creen la
moneda única. Al Gobierno le corresponde ese impulso. Creo que la
sociedad española le acompaña y espero que nadie tenga la insensatez
desde dentro de entorpecer, intentar quebrar o hacer embarrancar un
proceso que en este momento va muy bien para satisfacción nuestra y tal
vez para preocación de otros. Muchas gracias, señor Presidente.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
--DEL DIPUTADO DON ALFREDO PEREZ RUBALCABA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO DECLARAR LOS
PARTIDOS DE FUTBOL DE INTERES GENERAL? (Número de expediente 180/000384)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, que formula al Gobierno el
Diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista.
Señor Pérez Rubalcaba.
El señor PEREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad es que me gustaría ser el señor Aguirre y poderle preguntar al
señor Almunia. Pero ya que no tengo esa oportunidad... (Risas.)
Señor Vicepresidente del Gobierno, ¿piensa el Gobierno declarar los
partidos de fútbol de interés nacional?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Pérez Rubalcaba, el Gobierno estudia un anteproyecto de ley
orgánica que contempla la posibilidad de otorgarle la consideración de
interés general a las competiciones o acontecimientos deportivos en los
que concurran las siguientes circunstancias: a) Que tengan una especial
relevancia y trascendencia social y generen una clara atracción sobre la
audiencia de los operadores de Radiotelevisión, y b), que se incluyan en
el catálogo que, a tal efecto, elabore periódicamente el Consejo Superior
de Deportes, previa audiencia de los interesados, en la forma que
reglamentariamente se establezca.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alvarez Cascos.
Tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba.
El señor PEREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente, yo creo que el Gobierno está embarcado en una
operación que tiene base en dos mentiras. La primera, que el Partido
Socialista está defendiendo los partidos en codificado. Sus compañeros de
partido extienden por ahí esa mentira en una operación peronista, que le
pediría a usted aquí, hoy, formalmente que pare. Porque usted sabe que
nosotros hemos puesto en marcha un modelo audiovisual, del cual ustedes
se quejan, en el que hay partidos en abierto, y sabe también que
seguiremos defendiendo ese modelo y esos partidos en abierto. Segundo,
que están... (Rumores.) Señor Presidente, como estamos hablando de
fútbol, pido tiempo... (Risas.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Rubalcaba, continúe.
El señor PEREZ RUBALCABA: Gracias. señor Presidente.
Segundo, que los partidos en abierto están en peligro. Mentira. Usted que
últimamente dedica reuniones afanosas con los presidentes de los clubes
de fútbol, sabrá que no es verdad, que es mentira. No engañen ustedes a
los ciudadanos.
¿Por qué todo eso? Porque ustedes están empeñados en romper el acuerdo
entre la Liga y alguna cadena de televisión que no les es muy afín. Para
eso están ustedes montando esta campaña, para romper ese acuerdo. Usted
se está reuniendo con los presidentes de los clubes de fútbol que le
dicen, lógicamente: señor Cascos, si rompo el acuerdo ¿cómo pago la liga
de las estrellas, de dónde me llega el dinero? Y entonces, y este es el
problema, señor Cascos, según dicen sus portavoces mediáticos, ustedes
dicen: con las quinielas, con un nuevo plan de reestructuración o bajando
el IVA. Es decir, con los impuestos de los españoles. Y eso no, señor
Cascos. Si ustedes están pensando, para mandar en la Liga y dar en la
testuz a los grupos de comunicación que no les son afines, pagar los
contratos de los futbolistas supermillonarios con los impuestos de los
españoles, nosotros diremos, no señor Cascos, no señores del Gobierno. Si
les sobra el dinero, a la educación pública, que bien desasistida la
tienen. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalcaba.
El señor Vicepresidente Primero del Gobierno tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Rubalcaba, yo creía que le interesaba el asunto de los
acontecimientos de interés general. Veo que le interesan otras cosas
relacionadas con determinados operadores, no los partidos de fútbol de
interés general. (Rumores.)
Señor Rubalcaba, esta página se ha insertado en toda la prensa española.
(El señor Vicepresidente Primero y Ministro de la Presidencia muestra a
los señores Diputados una página de publicidad.) Usted sabe que hoy hay
fútbol en abierto los sábados, fútbol codificado, de abono, pero no por
pay per view, de abono normal, los domingos, y fútbol en abierto los
lunes. Dice esta nota que continuarán las televisiones autonómicas y
Canal Plus con las emisiones de partidos en un régimen similar al actual,
pero los partidos en abierto se emitirán preferentemente los lunes.
¿Esto es el status actual? ¿Sinceramente usted lo cree? Pues, mire usted,
mi Grupo y yo no lo creemos, y vamos a defender el status actual; eso es
lo que nos diferencia a ustedes y a nosotros. Esto es restringir el
fútbol en abierto. (El señor Pérez Rubalcaba: ¿Lo firma el PSOE?) No,
señor Rubalcaba. Esto es restringir el fútbol en abierto; esto.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Un momento, señor
Vicepresidente. Silencio. Puede continuar.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor Presidente.
Pero si le interesa lo que va a hacer el Gobierno en relación con los
acontecimientos de interés general, quiero tranquilizarle. Vamos a hacer
exactamente lo que su grupo, el Grupo Socialista está votando en el
Parlamento Europeo en estos momentos, exactamente esto: declarar de
interés general acontecimientos internacionales y facultar a los Estados
miembros para que, en su ámbito, mediante leyes o reglamentos, garanticen
que determinados acontecimientos se puedan dar en directo, en abierto,
sin pagar y para todo el territorio español; exactamente lo que está
impulsando el Gobierno en estos momentos. Muchas gracias.
(Rumores.--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON JOAQUIN LEGUINA HERRAN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿HA MANTENIDO EL GOBIERNO EN EL
NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE PUBLICO RTVE LOS CRITERIOS QUE
MANIFESTO EL SEÑOR AZNAR EN SU ENTREVISTA DEL 26 DE MAYO DE 1994? (Número
de expediente 180/000402)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, que formula al Gobierno el
Diputado don Joaquín Leguina Herrán, del Grupo Socialista. El señor
Leguina tiene la palabra.
El señor LEGUINA HERRAN: Señor Presidente, dada la solemnidad con que, un
tanto campanudamente y dirigiéndose a todos los españoles, el señor Aznar
aseguró que si llegaba al Gobierno nunca nombraría director general de
Radiotelevisión Española a nadie que fuera miembro del Partido Popular, y
dado el nombramiento efectuado el pasado viernes, que ha recaído en el
señor López-Amor, no sólo miembro del Partido Popular, también hasta ayer
ilustre Diputado de esta Cámara, nos gustaría saber cuál es la opinión
del Gobierno respecto de esta incongruencia; por eso he realizado la
pregunta que figura en el orden del día.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Leguina.
El señor Vicepresidente Primero tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor Leguina, el Gobierno, en cumplimiento
de sus compromisos electorales, que ya comprendo que esto plantea
diferencias entre los criterios de su partido, poco partidario de cumplir
los programas electorales, y el nuestro, partidario de cumplirlos
(Rumores.), ha hecho todas las designaciones, y en particular la del
nuevo director del Ente Público de Radiotelevisión Española, en
cumplimiento estricto de su programa electoral, del programa que ha
votado la inmensa mayoría de los españoles que nos han dado la victoria.
Muchas gracias. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
El señor Leguina tiene la palabra.
El señor LEGUINA HERRAN: Gracias. señor Presidente. Señor Alvarez-Cascos,
si un candidato prometiera, por ejemplo, que su Gobierno va a reducir a
la mitad la conflictividad del país, uno puede pensar y expresar que tal
promesa es arriesgada, irresponsable e incluso demagógica; si después, ya
en el Gobierno, la promesa se queda en aguas de borrajas, el observador,
el ciudadano, comprobará la trivialidad, la inconsistencia de la promesa,
pero, en estricto sentido, no podrá decir que el candidato mintió, pues
el cumplimiento de esa promesa no dependía ni sólo ni principalmente de
la voluntad gubernamental. Es posible, incluso, que una promesa tan
optimista estuviera hecha de buena fe.
El caso que aquí se contempla es totalmente distinto, pues la promesa de
nombrar a un tipo u otro de personas para un cargo depende exclusivamente
de la voluntad del Gobierno. Lo ocurrido con el nombramiento de un
connotado miembro del Partido Popular como director general de
Radiotelevisión Española no es sólo una promesa incumplida, es un engaño,
y lo es porque en el incumplimiento media la mala fe.
Como no creo que ningún gobierno engañe por el placer de engañar, otra
debe ser la razón de la tan llamativa contradicción entre palabras y
hechos. ¿Cuál es esa razón? No es preciso llamarse Sherlock Holmes para
encontrar el móvil, éste aparece tan claro como el agua clara si
observamos los eventos que acontecen en la rúa, es decir, lo que pasa en
las calles de nuestro país. El Gobierno quiere en la dirección general de
Radiotelevisión a alguien que no sólo asegure unos informativos como los
que ya elabora este martillo de herejes... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Leguina, ha concluido su
tiempo.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Mire usted, señor Leguina, este Gobierno
tiene como objetivo cumplir este programa electoral. (El señor
Vicepresidente Primero y Ministro de la Presidencia muestra a los señores
Diputados el programa electoral del Partido Popular.) Aquí están
contenidos los compromisos electorales de este Gobierno, aquí, y en este
programa electoral se dice, en relación con Radiotelevisión Española y en
defensa de un modelo profesional y despolitizado, que impulsaremos la
reforma del estatuto de 1980 sobre la base de cuatro principios: primero,
configuración de un consejo de administración cuya composición por
personas relevantes sea expresión del pluralismo político y social de la
sociedad. Segundo, un director general, órgano de gestión de las
sociedades, nombrado por el Gobierno, a propuesta del consejo de
administración, entre personas de relevantes méritos profesionales o
culturales. Tercero, mecanismos para garantizar la observancia de los
principios de objetividad, neutralidad e imparcialidad. Finalmente,
obligaciones por parte del Estado para garantizar el efectivo control
parlamentario.
Estos son los cuatro compromisos, unidos todos ellos entre sí, señor
Leguina, no coja usted uno sí y los otros tres no, los cuatro. Su grupo
tiene la oportunidad de ayudarnos a cumplir estos cuatro compromisos. Es
una tarea parlamentaria que nos incumbe a todos. Creo que esto es lo que
verdaderamente nos importa. Lo demás, señor Leguina, nos va a seguir
separando, usted haciendo oposición de revista y nosotros un programa de
gobierno sobre programas electorales conocidos.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias. señor Vicepresidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON FELIPE ALCARAZ MASATS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO: ANTE LA SITUACION CREADA POR LA DIMISION COMO DIRECTORA
GENERAL DE RTVE DE MONICA RIDRUEJO, ¿QUE CRITERIOS HA SEGUIDO EL GOBIERNO
PARA EL NOMBRAMIENTO COMO DIRECTOR GENERAL DEL ENTE PUBLICO RTVE DE
FERNANDO LOPEZ-AMOR? (Número de expediente 180/000401)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, que formula al Gobierno el
Diputado don Felipe Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Señor Alcaraz
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
Señor Cascos, se está usted convirtiendo en el malo de la película.
Nosotros hicimos la pregunta al señor Presidente, que tenía que haber
dado la cara hoy aquí y ha elegido entre la pregunta de un costalero
político, con todos los respetos, y la pregunta de la oposición la
primera.
Queríamos preguntarle, puesto que estamos ante un doble escenario, una
dimisión y un nombramiento, si el señor López-Amor, en función de
cuestiones que no se han desmentido todavía, se dirige, por ejemplo, a
sindicar las acciones de Radiotelevisión y Televisa; se dirige quizás a
reducir el tamaño, la dimensión, la capacidad de Radiotelevisión
Española, y consecuentemente del personal y, en último lugar, ¿puede
haber un aumento del control sobre la información de Radiotelevisión
Española en función del nombramiento que se ha hecho?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): No, señor Presidente, ninguno de los temores
que tiene el señor Alcaraz tiene nada que ver con los criterios que ha
seguido el Gobierno a la hora de designar al señor López-Amor como el
actual director general del Ente Público Radiotelevisión Española, ni en
este caso ni en el anterior nombramiento. Se ha guiado exclusivamente por
los criterios de adecuación, de capacidad, de prestigio y de competencia;
son las únicas razones que han guiado al Gobierno a la hora de proponer
al señor López-Amor como nuevo Director General del Ente Público
Radiotelevisión Española.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Alvarez-Cascos, a mí me gustaría salir de
este pequeño debate tomando nota claramente de que el señor López-Amor no
se dirige a una operación que sindique las acciones de Radiotelevisión
Española con las de Televisa, que compondrían un 51 por ciento del
accionariado. Quiero salir de aquí claro de ideas con respecto a esta
situación que podría conducir a una nueva etapa de concentración o a un
nuevo plan de adelgazamiento de Radiotelevisión Española con la idea de
ir sustituyéndola por otro protagonismo.
En el caso del señor López-Amor, y hablando de sus capacidades --y en
este caso no me puede negar que sí hablamos de un amigo--, me parece que
su capacidad fundamental, su perfil fundamental se refiere al hecho de
que es un hombre fajado en el tema presupuestario y, dentro de este tema,
en el del ajuste, del ajuste duro. Usted dijo hace unos días que había
que ir fundamentalmente al problema de la deuda y olvidar el plan de
renovación. Quizá la señora Ridruejo ha dimitido por el tema del plan de
renovación, que no conocemos. Quisiéramos conocer ese plan de renovación,
señor Alvarez-Cascos, y he pedido su comparecencia para ello. Queremos
saber, en primer lugar, si se intenta reducir el protagonismo nacional de
Radiotelevisión Española; en segundo lugar, si se intenta reducir su
dimensión, su calidad, su producción propia y, consecuentemente, si se
intenta reducir la plantilla de personal.
Quisiéramos sacar las ideas claras, no abstractas, en una intervención
inconcreta que usted ahora nos pueda proporcionar en su turno de réplica.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Mire usted, señor Alcaraz, para este Gobierno
lo más importante es cumplir con sus compromisos programáticos. Los
compromisos programáticos de este Gobierno son la referencia para los
Ministros del Gobierno y también para el conjunto de los altos cargos que
tienen responsabilidades en los departamentos u organismos que de él
dependen.
Usted sabe perfectamente, porque es miembro de esta Cámara pero se lo voy
a recordar para que no haya ningún lapsus, que el Gobierno se comprometió
en la investidura, a través del Presidente, a impulsar un modelo viable
de Radiotelevisión pública de titularidad estatal, que con mecanismos
eficaces
garantice los principios de objetividad, neutralidad e imparcialidad de
la información y el respeto al pluralismo, así como un sistema de
financiación mixta con los suficientes medios de control que eviten el
endeudamiento irresponsable en que ha derivado la gestión del ente
público. Usted sabe esto y yo se lo recuerdo.
En relación con el endeudamiento hemos dicho que el endeudamiento se
resuelve en el marco del plan de futuro. No hay una solución para el
endeudamiento separada, disociada del plan de futuro para conseguir que
se cumplan estos objetivos y hacer de la Radiotelevisión pública también
una radio y una televisión con vocación de liderazgo.
Usted ahora mezcla los acuerdos de la plataforma digital en relación con
la participación de Televisión y de Televisa. Mire usted, no se deje
manipular, señor Alcaraz. La presencia de Televisa en una plataforma
interesa en la medida en que abre los mercados de Iberoamérica a los
suministradores, a los proveedores de contenidos españoles, en esa
medida, justamente como intercambio en el que España tiene mucho que
ganar. También lo decíamos en el programa electoral. Al hablar de los
medios audiovisuales y las nuevas tecnologías decíamos que España debe
impulsar su más activa presencia en los circuitos internacionales,
partiendo del instrumento poderosísimo que es la lengua española. Esa es
la razón, señor Alcaraz, y no ninguna otra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente primero.
--DEL DIPUTADO DON ANGEL MARTINEZ SANJUAN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL DE LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO ES
LA CAUSANTE DE LA CAIDA DE LOS INGRESOS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
LAS PERSONAS FISICAS? (Número de Expediente 180/000377)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, que formula al Gobierno el
Diputado don Angel Martínez Sanjuán, del Grupo Socialista.
Tiene la palabra.
El señor MARTINEZ SANJUAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Aunque como dice el Presidente de la Comisión de Economía de este
Congreso mi primo Pujalte le va a preguntar al señor Ministro todo lo
contrario de lo que le voy a preguntar yo, le quiero exponer, señor Rato,
en los términos en que estaba exactamente prevista la pregunta, cuál de
las medidas del Gobierno es la causante de la caída sobre sus previsiones
de los ingresos en el IRPF a lo largo de 1996.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Sanjuán.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Señor Presidente, en términos homogéneos, y teniendo en
cuenta las diferencias que se han producido en las retenciones, no hay en
este momento ninguna diferencia, y el señor Martínez Sanjuán lo sabe.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Martínez Sanjuán, tiene la palabra.
El señor MARTINEZ SANJUAN: Señor Presidente, señor Vicepresidente del
Gobierno, ustedes, a lo largo de 1996, lo reconozcan o no, han tenido un
crecimiento muy moderado, en términos nominales, el 0,8 por ciento, en la
evolución del IRPF, a pesar de que los servicios de su Ministerio se
dediquen a suministrar a todos los medios de comunicación unas cifras que
no se corresponden con esta realidad, diciendo que el IRPF ha crecido el
5,8 por ciento.
La recaudación del IRPF este año, en que la economía ha crecido el 2,2
por ciento, que se ha creado empleo, ha sido sensiblemente inferior, en
términos nominales, con relación a la economía real, aunque no hayan
contabilizado ustedes 242.000 millones de pesetas de retenciones,
concretamente, de determinados organismos, incluida la Seguridad Social.
El Gobierno siempre, cuando hacemos preguntas de estas características,
utiliza la homogeneización de un año en relación a otro en función
de arrimar el ascua a su sardina. Pero, en términos reales, en
términos oficiales, en términos de compromiso y de información del
Gobierno a esta Cámara, el IRPF ha crecido sólo el 0,8 por ciento en
términos de recaudación. Se les están cayendo los ingresos de un impuesto
progresivo y potente, en el que se sustenta una parte importante de la
gestión presupuestaria de este Gobierno. Y como SS. SS. lo conocen y lo
conocían previamente, por motivaciones económicas o políticas utilizan
normalmente
la táctica del calamar para crear otra serie de debates. Pero su
propio Secretario de Estado está diciendo, y lo dice públicamente, que
está cayendo el IRPF como consecuencia de las medidas normativas que
ustedes han venido tomando a lo largo de 1996 --léase el último informe
del Secretario de Estado de Economía a la Comisión correspondiente--, y
esto es preocupante, señor Ministro, porque sus decisiones
en materia fiscal están poniendo en peligro los objetivos de
convergencia, están poniendo en peligro la gestión presupuestaria y, en
definitiva, están creando, a través de una serie de modificaciones, un
amplio cambio del sistema tributario español que no nos gusta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Sanjuán.
Señor Vicepresidente segundo del Gobierno tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Señor Presidente, gracias.
Señor Diputado, me reconocerá usted que todas las cifras que se utilizan
son del Ministerio de Economía y Hacienda. Por tanto, los servicios del
Ministerio le dan a usted los datos, homogeneizados o no, y S. S.,
después, los interpreta políticamente como le parece conveniente.
En términos estadísticos, si S. S. me permite un consejo, no utilizar
series homogéneas lleva seguro a errores. Por consiguiente, yo le
aconsejaría a S. S. que, si va a basar las propuestas de su grupo, con
respecto al IRPF o a cualquier otro impuesto, en datos estadísticos,
escuche cuando se le dice que, en términos homogéneos, los datos
estadísticos producen un determinado resultado, porque, si no, S. S. se
puede llevar la sorpresa de que, por ejemplo, el hecho de que este
Gobierno haya acelerado las devoluciones del IRPF cambia la comparación
con el año 1995; que, por ejemplo, las retenciones que se han hecho que
no se han ingresado en el Tesoro por parte de la Seguridad Social, cambia
la comparación con el año 1995, y es muy importante que S. S. crea que,
cuando se utilizan datos estadísticos para el debate político, es bueno
que esos datos sean comparables; ahora, si S. S. prefiere utilizar los
datos, aunque no sean homogéneos, ésa es su responsabilidad. La nuestra,
como Gobierno, será defender nuestras posiciones políticas, pero, desde
luego, como Administración pública, es, repito, darle a S. S. los datos
homogéneos. Si S. S. no los quiere coger, ésa es exclusivamente su
responsabilidad.
Le vuelvo a insistir, señor Martínez Sanjuán: el IRPF ha crecido en
términos homogéneos el 5,8 por ciento. Si a usted le parece poco, está
bien, pero no me hable del 0,8 por ciento. En consecuencia, ha crecido al
mismo ritmo que se está produciendo el crecimiento nominal de la
economía. Y, además, S. S. tiene que saber que, desde el punto de vista
de las retenciones, como consecuencia de los impuestos que gravan las
ganancias de capital, la caída de los tipos de interés afecta de lleno a
esas retenciones y es importante que S. S. también lo tenga en cuenta.
¿Que S. S. no quiere tener nada de eso en cuenta? Puede hacerlo
perfectamente y estará sosteniendo cuestiones que le parecerán
políticamente muy sostenibles, pero equivocadas, lo cual no es nuevo en
su grupo parlamentario.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO
VALORA EL GOBIERNO LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ESTADO EN
1996? (Número de expediente 180/000391)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23 que formula al Gobierno el
Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Martínez-Pujalte, tiene la palabra.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la anterior pregunta era sobre los ingresos por el IRPF;
ésta es sobre el conjunto de los ingresos tributarios. Ya llevamos meses
oyendo desde los bancos de la oposición, tanto en los debates
parlamentarios como en los medios de comunicación, afirmaciones que
siembran dudas sobre la evolución de los ingresos tributarios del Estado.
Este ejercicio de irresponsabilidad del grupo de la oposición se ha
mantenido a pesar de que ya hay datos concluyentes que niegan esta
opinión.
A nosotros nos parece esencial este trámite parlamentario de control
porque permite que los responsables ministeriales despejen las dudas y
expliquen con claridad los hechos. Uno de los hechos incuestionables es
la evolución de los ingresos tributarios. Es una variable importantísima
para cumplir uno de los criterios de convergencia: el déficit público.
En la pregunta anterior el señor Martínez Sanjuán volvía a sembrar dudas
sobre la evolución del IRPF. Esta misma mañana, en la Comisión de
Economía, el Secretario de Estado ha aportado datos sobre la buena
evolución de los ingresos tributarios en 1996 y sobre las perspectivas
para 1997, pero el Grupo Socialista quizá pretende sembrar esas dudas
para que se trasladen a la opinión pública inquietudes sobre el gasto
público, buscando intencionalidades políticas desde luego ajenas al
desarrollo de la economía. Por eso yo creo muy importante, señor
Ministro, preguntar aquí qué valoración hace usted sobre la ejecución del
presupuesto ingresos del Estado en 1996.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Señor Vicepresidente, tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente; gracias, señor Diputado.
Tengo que decir que desde el punto de vista de la evolución de los
ingresos lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, por primera
vez desde la existencia de planes de convergencia, se ha cumplido el
objetivo de déficit, lo cual yo creo que es una buena noticia para la
sociedad española, y supone no sólo que los ingresos se han comportado
como estaba previsto, sino que además el Gobierno ha sido capaz de llevar
a cabo un control de la evolución del gasto en
un presupuesto que hemos tenido que ejecutar desde mitad de año;
que, a su vez, era un presupuesto prorrogado, y la base del presupuesto
prorrogado fue un mal presupuesto, el presupuesto de 1995, que, como SS.
SS. saben, no se lo creyó nadie, y prácticamente a los dos meses de
entrar en vigor produjo una devaluación de la moneda.
A partir de ahí, yo quisiera decir que los ingresos se han comportado
razonablemente dentro de las previsiones. Tengo que insistir en que ha
habido unas diferencias en cuanto a la entrada en el tesoro de las
retenciones, en que ha habido un aumento de las devoluciones de un 10 por
ciento y en que ha habido una caída notable de los ingresos por
privatizaciones porque este Gobierno no ha querido precipitarse en un
proceso de privatizaciones hasta encontrar el momento más adecuado desde
el punto de vista de los intereses generales.
En ese sentido, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en
términos homogéneos ha crecido el 5,8 por ciento; el Impuesto de
Sociedades ha crecido el 8,6 por ciento en términos netos y el 9,9 por
ciento en términos brutos; los impuestos indirectos han crecido el 6,3
por ciento; el IVA ha crecido el 7 por ciento, y los impuestos especiales
el 7,4 por ciento. Por tanto, la evolución de los ingresos tributarios ha
sido satisfactoria, sin que ello quiera decir que no debamos enfrentarnos
a una modificación de nuestro sistema tributario, especialmente en lo que
se refiere a los impuestos que gravan el ahorro y, en conjunto, a los
impuestos que afectan a las rentas de las personas físicas. En ese
sentido, me parecen muy importantes los trabajos de la subcomisión de
esta Cámara referidos a la tributación del ahorro a largo plazo y del
ahorro-previsión, que supuestamente finalizarán el 31 de marzo de este
mismo año, y espero la aportación de todos los grupos parlamentarios.
Una vez más quiero reiterar que si alguien tiene alternativas a las
propuestas tributarias del Gobierno, además de criticar las nuestras, nos
gustaría conocerlas porque hasta ahora brillan por su ausencia.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL ALBENDEA PABON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS TIENE EN
PROYECTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA REDUCIR LAS NUMEROSAS BARRERAS
ADMINISTRATIVAS QUE OBSTACULIZAN EL NACIMIENTO Y EL DESARROLLO NORMAL DE
LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, TAN DECISIVAS EN LA CREACION DE EMPLEO?
(Número de expediente 180/000393)
El señor PRESIDENTE: Retirada la pregunta número 24 que suscribió don
Manuel Milián, pasamos a la pregunta número 25, que formula al Gobierno
don Juan Manuel Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABON: Gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente, parece innecesario ponderar la importancia de las
pequeñas y medianas empresas en la creación de empleo. Desde los primeros
momentos de su ejercicio, el Gobierno ha sido consciente de esa
trascendencia y, a tal fin, en el Consejo de Ministros del 21 de junio de
1996 adoptó el acuerdo de crear una comisión interministerial para el
estudio de la fiscalidad de las empresas, de las pymes. Muy pronto los
trabajos de dicha comisión dieron su fruto y las recomendaciones acordes
con el programa electoral del Partido Popular tuvieron su reflejo en el
«Boletín Oficial del Estado».
Esa serie de medidas tributarias y financieras han mejorado, sin duda, la
situación de más de dos millones de empresas pequeñas y medianas y
también han contribuido, sin duda, a que en 1996 se hayan creado cerca de
200.000 empleos. Estos son los regalos fiscales, señorías, del Gobierno
del Partido Popular. Esta es la política para los ricos que viene
haciendo este Gobierno. Contrasta, sin duda, con la sensibilidad social
pretérita puesta de relieve al dejar prescribir 600 actas de inspección
por importe de 200.000 millones de pesetas.
Señor Vicepresidente, esa actuación en favor de la pymes en el
tratamiento fiscal debe ser completada con la simplificación de los
trámites administrativos. Como S. S. sabe, diversos estudios recogidos en
el programa integrado en favor de las pymes de la Unión Europea ponen de
relieve que el costo relativo de los costes administrativos
por asalariado es más de veinte veces superior en las pymes que en las
grandes empresas. Es verdad que la simplificación es compleja habida
cuenta de las competencias de diversas administraciones que inciden sobre
el mismo sujeto económico, pero es importante abordar, con prudencia pero
con decisión, medidas de simplificación, especialmente en lo que se
refiere a la creación de empresas.
Por todo ello, señor Vicepresidente, le formulo la siguiente pregunta:
¿Qué medidas tiene en proyecto adoptar el Gobierno para reducir las
barreras administrativas que obstaculizan el nacimiento y desarrollo
normal de las pequeñas y medianas empresas, tan decisivas en la creación
de empleo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albendea.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente; gracias, señor Diputado.
Efectivamente, el Gobierno, desde su toma de posesión en el mes de mayo,
ha tenido una política beligerante a favor de las pequeñas y medianas
empresas, tanto en términos financieros como en términos fiscales. Estoy
absolutamente de acuerdo con el señor Diputado en que esta política es
imprescindible si queremos consolidar un tejido productivo e industrial,
por un lado competitivo y, por otro lado, capaz de generar empleo. Me
parece que es una obviedad, aunque sin duda todavía no suficientemente
clara en el debate político, que es a través del entramado de pequeñas y
medianas empresas como nuestro país puede aumentar sus posibilidades de
empleo. En esa dirección se ha producido un buen paquete de medidas
tributarias y financieras en las que el Gobierno pretende profundizar. En
este sentido quiero insistir en que hay una comisión interministerial que
está estudiando el tratamiento tributario de las pymes.
Respecto a las preocupaciones sobre cuestiones administrativas y
burocráticas que ha planteado S. S., quiero decir que la comisión
delegada del Gobierno está estudiando una simplificación de trámites
burocráticos que afecte sobre todo a las pequeñas y medianas empresas.
También, como es conocido, el Ministerio de Justicia está estudiando una
modificación importante de la Ley concursal española que afecta, sin
duda, al entramado de pequeñas y medianas empresas y a la fiabilidad de
tráfico jurídico, y que con fecha del mes de enero se ha instaurado en
Madrid, a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Comercio, un área
de información para todas la pymes en colaboración con todas las
comunidades autónomas para recuperar la información de interés para las
pequeñas y medianas empresas, facilitándola a través de información
electrónica y, al mismo tiempo, extender en red los servicios del centro
mediante la colaboración con las direcciones territoriales del Ministerio
de Economía y otros departamentos ministeriales, así como con las
comunidades autónomas.
Estamos convencidos de que, además de las medidas tributarias y
financieras, es imprescindible reorganizar todos los paquetes de ayudas
para las pequeñas y medianas empresas y ofrecer un sistema, si es
posible, casi de ventanilla única que permita al conjunto de pequeñas y
medianas empresas españolas conocer en tiempo real la información que
puede beneficiarles, tanto desde el punto de vista interno como desde el
punto de vista de sus capacidades en mercados internacionales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente segundo del
Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON ALVARO CUESTA MARTINEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA: ¿QUIEN ESTA DANDO
INSTRUCCIONES AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO EN SUS ACTUACIONES DE LAS
ULTIMAS SEMANAS? (Número de expediente 180/000376)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, que formula al Gobierno el
Diputado don Alvaro Cuesta Martínez, del Grupo Socialista.
Tiene la palabra el señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
En las últimas semanas, el Fiscal General del Estado ha realizado
diversas actuaciones que, además, han coincidido entre sí en el tiempo:
algunas referidas a expedientes relativos a la inspección tributaria y
otras al pago de diversas cantidades a la empresa Ferrer por la Comunidad
Autónoma de Madrid o a la gestión, presuntamente irregular, de
determinadas empresas del grupo de televisión Antena 3. Todo ello se ha
realizado en coincidencia con objetivos bastardos de tipo político por
parte del Gobierno y del diario gubernamental que lo sostiene y anima.
¿Quién está dando instrucciones al Fiscal General del Estado en sus
actuaciones en la últimas semanas o, lo que es lo mismo, qué miembros del
Gobierno han interesado estas actuaciones del Fiscal General del Estado?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
Señora Ministra de Justicia, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señor Diputado, ningún miembro del Gobierno está dando ni ha dado
instrucciones al Fiscal General para las actuaciones que ha mencionado S.
S. y que el Fiscal General del Estado ha llevado a cabo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Cuesta, tiene la palabra.
El señor CUESTA MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo creo que estamos ante una cacería retransmitida en abierto o ante una
santa cruzada del Fiscal General contra el infiel. De la respuesta que
hemos obtenido lo que podríamos dejarle muy claro, señora Ministra, y
sería bueno que así lo expresara el Fiscal General del Estado, es que la
misión del Fiscal General del Estado es no dar verosimilitud a las
calumnias del Gobierno, estableciendo y alargando la duda social, sino
defender los derechos fundamentales. De su respuesta, a este grupo le
surge hacer una apreciación, señora Ministra: usted las mata callando,
como brazo ejecutor de la santa intransigencia, y el Fiscal General del
Estado, más que acusar, que también es su obligación, está acosando.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
Señora Ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, usted sabe que ningún miembro del Gobierno puede dar
instrucciones al Fiscal General del Estado, sino que sólo puede interesar
actuaciones. El Gobierno solamente ha interesado una actuación concreta
en relación a una manifestación convocada el 14 de diciembre por HB,
actuación que tuvo contestación por parte del señor Fiscal General del
Estado.
Voy a pasar por alto su imputación de que el Fiscal General actúa en base
a las calumnias del Gobierno, pero, señor Diputado, ésta no es sede para
decir que el Fiscal General actúa en base a las calumnias que efectúa el
Gobierno de la nación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.
--DEL DIPUTADO DON JESUS CALDERA SANCHEZ-CAPITAN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EXPLICAR LA MINISTRA DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, EL FRACASO DE UNA ESTRATEGIA DE
DEFENSA DEL SECTOR PRODUCTOR AZUCARERO ESPAÑOL? (Número de expediente
180/000381)
El señor PRESIDENTE: La pregunta número 22 ha sido retirada. En
consecuencia, pregunta número 15, que formula al Gobierno el Diputado don
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Socialista.
Señor Caldera, tiene la palabra.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Agricultura, los productores de remolacha y, en
general, el sector industrial azucarero español están gravemente
preocupados por su futuro, por lo que no le extrañará a usted que por
doquier, aquí y allá, estén surgiendo plataformas en defensa del sector
remolachero y azucarero que critican a su Gobierno porque entienden que
no defiende correctamente los intereses del sector, con permiso del señor
Aguirre, por supuesto, pero es que no somos sólo los socialistas los que
decimos que ustedes no defienden correctamente los intereses del sector,
sino el propio sector. Por eso, yo le formulo la siguiente pregunta:
¿puede explicarnos el alcance del fracaso de la estrategia de defensa del
sector productor azucarero español?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
El Gobierno está defendiendo debidamente el sector remolachero-azucarero
y, por tanto, en ningún caso cabe hablar de fracaso de ninguna
estrategia. Incluso yo le diría, señor Diputado, que si el anterior
Gobierno hubiera actuado como lo está haciendo el actual, otro gallo nos
cantara, ya que seguramente la situación sería mucho mejor de la que
tenemos en este momento. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Caldera, tiene la palabra.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Igual que el movimiento se demuestra andando, usted sabe muy bien, señora
Ministra, que en los últimos dos años ese Gobierno, al que usted critica
y acusa de debilidad, teniendo como protagonista a su Ministro de
Agricultura, señor Atienza, fue capaz, con el principio de autoridad, de
frenar los intentos reiterados de una sociedad francesa, Générale
Sucriere, por hacerse con la participación accionarial que el Banco
Central Hispano tenía en la Sociedad General Azucarera. Le repito que lo
hizo con el principio de
autoridad, porque mi grupo parlamentario sabe --cosa que ustedes
ignoran-- que la libertad de empresa hay que respetarla y que no hay
mecanismos de intervención para limitar la libertad de las empresas,
aunque ustedes sí los encuentran cuando se trata de limitar a aquellos
que no les son adictos. Por tanto, con el principio de autoridad, aquel
ministro y aquel Gobierno consiguieron frenar la penetración de una
sociedad francesa en el sector, con los peligros que ello entraña.
¿Qué nos ha ocurrido en los últimos días? Que usted se ha enterado por
los periódicos --sé que le ha sentado muy mal y lo ha reconocido
públicamente-- de que el Banco de Santander ha vendido una participación
muy importante que tenía en Ebro Agrícolas a la sociedad francesa
Géneralé Sucriere. Créame que nosotros estamos dispuestos a ayudarle en
su tarea. Lo hicimos presentando una proposición no de ley que ustedes no
aceptaron. Si usted admite nuestra ayuda le apoyaremos porque está en
juego el futuro del sector azucarero español, pero sin que hagan
victimismo. Ahora la responsabilidad de los problemas del campo español
es suya. No tape sus defectos, señora Ministra, mirando hacia atrás y
diciendo que los de atrás son los que tienen la culpa, porque de esta
situación la única responsable es usted. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Señora Ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, a ver si se entera de lo que ha pasado en el sector
azucarero porque me da la impresión que lo ignora. Con el principio de
autoridad de su Gobierno, del anterior Gobierno, se hizo KYO con el 58
por ciento de Ebro. (Aplausos.) Con el principio de autoridad de su
Gobierno se hizo una OPA que se anunció el 17 de marzo de 1988, se acordó
el 6 de abril y se formalizó el 5 de mayo. A partir de ahí es como KYO se
hace con el 58 por ciento, que luego conduce a que haya una parte de esas
acciones que terminen en manos del Banco de Santander. Si no hubiera
habido ese principio de autoridad de su Gobierno no hubiéramos tenido el
58 por ciento de la sociedad Ebro, que es la sociedad azucarera más
importante de España, en manos de capital extranjero. Ese es su principio
de autoridad.
El anterior Gobierno sólo llegó con su principio de autoridad a evitar
una venta del 50 por ciento que tenía el BCH, mientras que el principio
de autoridad de este Gobierno ha hecho que se formulara esa venta de la
siguiente manera: 24 por ciento a la Caja de Ahorros de Salamanca y
Soria, 20 por ciento a la sociedad Ebro y 5 por ciento a la sociedad
Mercasa. Es decir, empresas con capital español.
En segundo lugar, lo que está consiguiendo este Gobierno con su principio
de autoridad es recuperar la mayoría de KYO para que haya una mayoría
sensible de capital en manos españolas. Eso es aplicar el principio de
autoridad y lo que ustedes hicieron fue introducir en el sector azucarero
el capital extranjero, llegando al 58 por ciento de la sociedad.
A partir de ahí hablemos seriamente. Recuerdan que, además, incluso
tuvieron tanto interés en dar la mayoría de una sociedad como Ebro al
capital extranjero de KYO que se saltaron a la torera la legislación
vigente; legislación que en ese momento exigía una autorización por parte
del Consejo de Ministros, porque KYO, como todo el mundo sabe, es una
entidad de inversión de otro país. Ese principio se lo saltaron
incumpliendo la legislación vigente. Fíjese si hicieron mal uso, en mi
opinión, de su principio de autoridad.
Dicho todo lo cual, entiende este Gobierno que la sociedad KYO en este
momento da garantías suficientes para que en un futuro, cuando se
produzca un cambio de posición de capital de dicha sociedad, revierta en
sociedades de capital español. (Aplausos.)
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Agricultura.
--DEL DIPUTADO DON JOSE PLIEGO CUBERO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA POSICION DEL GOBIERNO ANTE LA
REFORMA DE LA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM) DEL ACEITE DE OLIVA,
RESPECTO A LA OPCION DE ESTABLECER UNA CANTIDAD MAXIMA GARANTIZADA POR
PAIS? (Número de expediente 180/000382)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, del Diputado don José Pliego
Cubero, del Grupo Socialista.
Señor Pliego, tiene la palabra.
El señor PLIEGO CUBERO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra en el último documento elaborado sobre la reforma de la
OCM del aceite de oliva por el Comisario de Agricultura, señor Fischler,
se recoge por primera vez, de una manera nítida y contundente, la defensa
de un reparto de las ayudas a través de un cupo por país. Este elemento,
señora Ministra, viene a distorsionar gravemente el planteamiento que el
sector ha hecho en España y que podía ser base de las negociaciones de
nuestro país sobre este tema en Europa.
En consecuencia con ello, y preocupado por este tema, la pregunta que le
formulo es: ¿Cuál es la posición del Gobierno ante la reforma de la OCM
del aceite de oliva, respecto a la opción de establecer una cantidad
máxima garantizada por país?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pliego.
Señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Señor Pliego, coincido plenamente con su preocupación. Es una
preocupación que comparte este Gobierno y que comparte todo el sector
productor y todas las administraciones públicas españolas. En los últimos
años se ha producido una plantación de varios millones de olivos en
España, que hacen prever un aumento de la capacidad productiva en los
próximos años por parte de nuestro país. Por lo tanto, nosotros estimamos
que fijar una cantidad máxima garantizada en este momento iría en contra
de lo que nosotros entendemos que es uno de los principios básicos de la
Comunidad, que es el de la confianza, la confianza del agricultor en unas
reglas del juego establecidas, que son precisamente permitir una
plantación de mayor número de olivos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: Gracias, señora Ministra.
Yo valoro muy positivamente la respuesta que me da y la coincidencia que
tenemos. El problema quizá estriba en que no sé si quedarme con esta
posición en sede parlamentaria o con las manifestaciones contradictorias
que sobre este tema ha hecho usted en la última romería de fin de semana
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, concretamente en Sevilla y en Jaén,
donde ha venido poco menos que a decir lo contrario de lo que aquí
manifiesta.
En cualquier caso, le voy a hacer un par de reflexiones que me parecen
importantes. La opción del cupo por país es la más perjudicial de las
posibles para España en general, y para Andalucía y para Jaén muy en
particular. Quiero decirle que supondría de facto meter al olivar
histórico, al olivar tradicional --que le recuerdo que supone más del 50
por ciento del que hay en España y en Andalucía-- en una agonía de la
cual no podría salir.
En consecuencia quiero decirle, señora Ministra, que tiene todo nuestro
apoyo para defender este tema. No lo tiene para llevar cestas de cerezas
a los ministros de la Unión Europea (Rumores.) o para utilizar el diario
oficial para criticar al gobierno de la oposición, aprovechando la
preocupación de este sector en Andalucía. Insisto, tiene nuestro apoyo
para defender el interés del sector, porque afecta a una cantidad
considerable de ciudadanos de las zonas más deprimidas y con más nivel de
paro. Confió en que el Gobierno, y usted como Ministra, esté a la altura
de las circunstancias en este tema.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pliego.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Le agradezco su apoyo, aunque no entiendo el calificativo de romería a
Andalucía. Su señoría tendrá una idea --no sé cuál exactamente-- de lo
que es Andalucía. Desde luego, a lo que yo he ido a Jaén ha sido
precisamente a hablar, a reunirme con el sector, y lo considero un asunto
muy serio, porque entiendo que, para Jaén, lo que es la defensa del
olivar es un elemento absolutamente vital. Así lo entiendo como Ministra
de Agricultura y he obrado en consecuencia. Yo entiendo que es bueno que
la Ministra de Agricultura se reúna con los sectores interesados, que
palpe en vivo y en directo cuál es exactamente el sentir de aquellos que
tienen en este momento unos riesgos que no se pueden negar, como el que
ha señalado S. S., y es que haya una modificación de la actual regulación
de apoyo al olivar que sea perjudicial para nuestros intereses.
He dicho rotundamente claro que el Gobierno defiende una cantidad máxima
garantizada europea. No he dicho ninguna otra cosa. Y si S. S. entiende
otra cosa, lo siento mucho, pero entiende mal, porque yo he sido
absolutamente clara y meridiana en este principio. Defendemos una
cantidad máxima garantizada europea, además aumentada y llegando al
millón y medio de toneladas porque entendemos que la actual se nos queda
corta, entre otras cosas por la capacidad de producción que hemos ganado
en España en los últimos años.
A partir de ahí, como muy bien sabe, consideramos básica la ayuda a la
producción. Nosotros entendemos que la ayuda al árbol sería también un
elemento enormemente perjudicial, no sólo porque supondría de hecho una
cifra bloqueada y fija para España, sino porque además supondría el
abandono en parte de nuestro olivar marginal, la pérdida de puestos de
trabajo, la pérdida de jornales, la pérdida de riqueza en una serie de
zonas que viven fundamentalmente del olivar y, en general, en otras zonas
donde el olivar es un elemento básico de su renta agraria y de su modo de
vida.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON CARLOS MANTILLA RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIOS HA ADOPTADO
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION PARA INCREMENTAR LAS
ACCIONES DE INSPECCION Y CONTROL SOBRE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS A PARTIR
DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO REGLAMENTO CEE 2847/93? (Número de
expediente 180/000397)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, que formula al Gobierno el
Diputado don Carlos Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, desde esta misma tribuna hemos venido denunciando en
épocas anteriores la falta de entusiasmo y la escasez de medios que la
Administración pesquera destinó a las sociedades pesqueras de España.
Actualmente estamos asistiendo a unos problemas consecutivos en caladeros
tremendamente sensibles, como puede ser Canadá o el banco
canario-sahariano. Por tanto, me gustaría conocer en principio cuáles son
las medidas que piensa adoptar el ministerio, o que ya adoptó, para
evitar estas dificultades.
También quisiera saber qué va a hacer el ministerio respecto a la
investigación, ya que como usted bien sabe, señora Ministra, estábamos
huérfanos de informes científicos para poder contrastar los acuerdos
bilaterales de la Unión Europea con otros terceros países y para intentar
defender a nuestra flota pesquera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mantilla.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente.
La Administración pesquera española está poniendo en práctica la
aplicación del Reglamento 2847/93 para incrementar los medios que tenía,
precisamente poniendo en práctica el programa de la Administración
central española de gastos en medios de control para garantizar el
cumplimiento del régimen comunitario de conservación y gestión de
recursos pesqueros.
La inversión total contemplada supone 4.300 millones de pesetas
cofinanciada al 50 por ciento entre la Comunidad Europea y la
Administración española. Ahí tenemos que hablar de la compra de dos
aviones --va a salir ahora el concurso de uno de ellos--, y se ha
aprobado en estos presupuestos la adquisición de dos patrulleros de
altura --el último, el «Alborán», lo hemos entregado a la Armada hace
poco, y se une a la acción del «Chilreu»--. Son patrulleros de altura que
el Ministerio de Agricultura pone a disposición de la Armada, así como la
dotación de la flota de cajas azules que permiten una localización y
comunicación vía satélite --espero que con unos mil buques--, a través
del centro de control de pesca nacional, con un aumento de medios humanos
para llevar a cabo estas tareas de control y de apoyo.
He de decir que, en principio, en esta campaña bien el «Chilreu» o el
«Alborán» van a desplazarse a la zona NAFO para acompañar y ayudar a
nuestros barcos en las labores de control y vigilancia por parte de la
Comunidad Europea y, por tanto, para llevar a cabo el apoyo a la tarea de
nuestros barcos, a nuestra flota en esas zonas.
Quiero señalar también que estamos planteando aumentar la capacidad de
investigación. De hecho este año vamos a doblar los días de mar,
concretamente vamos a pasar de 150 a 300 días de mar del «Cornide de
Saavedra»; que estamos llevando a cabo, para mejorar las relaciones en el
ámbito pesquero, unos acuerdos que vamos a desarrollar con Marruecos para
intensificar la posibilidad de investigación común, y que en cuanto al
caladero nacional se va a realizar un esfuerzo para disponer de algo que
no disponemos, que es sencillamente una evaluación de cuáles son los
stocks existentes en este momento y su capacidad de desarrollo y mejora,
tema que con una buena gestión y vigilancia entendemos que se pueden
obtener unos mejores resultados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON LUIS DE TORRES GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LA
EMISION DE CERTIFICADOS CATASTRALES ES NECESARIA PARA LA SOLICITUD DE LAS
AYUDAS DE LA PAC POR PARTE DE LOS AGRICULTORES? (Número de expediente
180/000398)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30 que formula al Gobierno el
Diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor De Torres.
El señor DE TORRES GOMEZ: Señora Ministra, las normas comunitarias para
la tramitación de ayudas en determinados cultivos comprendidos en la PAC
exigen a los agricultores un importante esfuerzo en aportación de
documentos, lo que conlleva un gasto considerable en proporción a la
ayuda final que se recibe para los titulares de pequeñas explotaciones,
obligación que también afecta en cierto modo a determinados ganaderos.
Uno de los documentos exigidos es la certificación catastral de las
parcelas de cultivo, lo que conlleva el pago de una tasa de
aproximadamente unas 500 pesetas por parcela más el IVA, cantidad que
también debe pagarse por las subparcelas.
Cuando estamos hablando de explotación en una sola parcela, sea cual sea
su tamaño, incluso de cientos de hectáreas, el gasto pudiera parecer
insignificante; sin embargo, cuando se trata de pequeñas explotaciones en
zonas de minifundio el pago de una tasa fija por parcela supone un gasto
considerable al agricultor. Entendemos que la petición de documentos
expedidos por organismos de la propia Administración del Estado no debe
suponer un costoso gravamen para los agricultores afectados.
En otro orden de cosas, el contrato de gestión del cobro de estas tasas,
que venía suscrito por anteriores gobiernos, no obliga a la entidad
financiera adjudicataria a mantener a disposición de los contribuyentes
sucursales abiertas en la mayor parte de las poblaciones rurales, por lo
que los agricultores se ven obligados a desplazarse a las capitales de
provincia y a presentarse en la oficina del catastro con el resguardo de
ingreso y con el consiguiente gasto adicional que, en muchas ocasiones,
supera el importe de las tasas.
En base a lo anterior le pregunto, señora Ministra, si considera el
Gobierno que la emisión de certificados catastrales es necesaria para la
solicitud de las ayudas de la PAC por parte de los agricultores.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Torres.
La señora Ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, el Gobierno entiende que no es necesario que los
agricultores acompañen su solicitud de ayudas de superficie de la PAC con
las acreditaciones o cédulas que expide el catastro, por cuanto ha sido
trasladada una copia del catastro a las distintas comunidades autónomas.
Por tanto, sus consejerías de agricultura en general y de economía y
hacienda disponen de una copia del catastro que sirve precisamente para
poder utilizar esta documentación en la solicitud de ayudas de la PAC.
En efecto, no tiene sentido exigir estas acreditaciones catastrales que,
necesariamente, implican un desembolso, mínimo, bien es verdad; con las
500 pesetas de la tasa no se tienen intenciones recaudatorias sino
sencillamente la racionalización del uso de este tipo de certificaciones.
No tiene sentido que el agricultor solicitante pague esa tasa cuando ya
obra en poder de la Administración regional correspondiente toda la
información sobre el polígono, parcela o subparcela catastral. Sólo en el
supuesto de una inspección o control de la veracidad de los datos
contenidos en la solicitud de ayuda la Consejería de Agricultura podría
exigir, entendemos, la acreditación catastral actualizada. Incluso en
este supuesto el agricultor podría obviar el pago de la tasa si en lugar
de dirigirse al centro catastral sencillamente se dirigiera al
ayuntamiento solicitando un certificado firmado por el secretario u otro
funcionario municipal que actuaría como fedatario público.
Por otra parte, el centro de gestión catastral ha reformado sus equipos
informáticos para poder desglosar las parcelas y subparcelas que el
agricultor expresamente solicite sin necesidad de obtener la acreditación
de la totalidad del parcelario de la explotación.
Con todo ello, señoría, entendemos que esto no va a tener ninguna
incidencia de cara al agricultor y, a la vez, se puede agilizar toda esta
tramitación al disponer las propias comunidades autónomas responsables de
la gestión de este tipo de ayudas de todos los datos precisamente
mediante los correspondientes procesos informáticos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
--DE LA DIPUTADA DOÑA BEGOÑA LASAGABASTER OLAZABAL, DEL GRUPO MIXTO, QUE
FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CUANDO VA A PROCEDER
EL GOBIERNO A RETIRAR LOS RECURSOS PRESENTADOS EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE
1996 A LAS NORMAS FORALES VASCAS RELATIVAS AL IMPUESTO DE SOCIEDADES QUE
APROBARON LAS JUNTAS GENERALES DE LOS TRES TERRITORIOS DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA VASCA? (Número de expediente 162/000374)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8 que formula al Gobierno la
Diputada doña Begoña Lasagabaster Olazábal, del Grupo Mixto.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.
¿Cuándo va a proceder el Gobierno a retirar los recursos presentados en
septiembre de 1996 a las normas forales vascas relativas al Impuesto
sobre Sociedades que aprobaron las juntas generales de los tres
territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
El señor Ministro de Administraciones Públicas tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Efectivamente, se trata de tres recursos contencioso-administrativos
interpuestos contra normas forales de las tres diputaciones vascas. Usted
me pregunta cuándo van a ser retirados por el Gobierno. Va a ser difícil
que yo le pueda concretar fecha porque, en principio, el Gobierno no
tiene intención de retirar estos recursos, puesto que creemos que se han
vulnerado las competencias que atribuye el concierto económico a las
diputaciones forales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Ministro. Le
agradezco profundamente su respuesta, especialmente porque no sabía que
en su cartera se encontraran los temas de impuestos sobre sociedades;
creía que era competencia del Vicepresidente Segundo, que ha estado aquí.
Pero, en fin, agradezco su respuesta a este tema.
Creo que ni por razón de principio, ni de sistema general tributario, ni
de armonización fiscal, ni por razón de contenido, por cuanto que los
contenidos de esas normas forales curiosamente han sido aprobados en esta
Cámara para el régimen común, se pueden mantener esos recursos. Ustedes
saben que recurren automáticamente todo, utilizando estos recursos como
instrumento de presión. Saben que no tienen razón porque nunca el
Tribunal Constitucional ni otros tribunales les han dado la razón. Se ha
reconocido la soberanía tributaria de las diputaciones forales en
reconocimiento del concierto y, cómo no, de la Constitución (disposición
adicional primera). Pero además lo saben porque su propio partido aprueba
esas normas forales; ¡vaya, qué curiosidad! Saben que lo hacen para
presionar y saben que lo único que generan es desconfianza; en esa
supuesta confianza que ustedes pretenden para el resto del mundo
económico y empresarial en cuanto a que genere estabilidad, ustedes lo
que hacen es justamente lo contrario. Gracias a Dios tenemos empresarios,
medios sociales y sindicatos que no se creen nada. Nunca van a prosperar.
Retírenlos, por favor, porque hasta su propio Partido Popular allí los
aprueba.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señora Lasagabaster, usted en su réplica lo que ha expuesto son criterios
y opiniones. Usted tiene un criterio y una opinión sobre un tema concreto
que no coincide con el criterio y con la opinión que tiene el Gobierno,
que tienen otras muchas personas y que probablemente también tenía el
Gobierno anterior. En este momento existen nada menos que 57 recursos
contencioso-administrativos pendientes de ser resueltos.
Admito que usted pueda tener razón, pero creo que también sería
conveniente que usted admitiera y no hiciera afirmaciones tan categóricas
porque los demás, y no se trata sólo de este Gobierno sino también del
Gobierno anterior y de sectores importantes del mundo económico, también
pueden tener alguna suerte de razón.
Nadie discute la potestad tributaria que tienen las diputaciones forales,
pero esta potestad está sujeta a unos límites genéricos: el primero es el
necesario respeto, como usted muy bien sabe, a la estructura general del
sistema tributario, y el segundo es la prohibición de dictar normas que
impliquen menoscabo de las posibilidades de competencia empresarial. Y el
Gobierno entiende, no sólo éste sino también el anterior y, repito, otras
muchas personas, que no pueden ser asumidas algunas de las decisiones
adoptadas en su día por las diputaciones. Por eso hemos hecho algo tan
normal en un sistema democrático y en un Estado de Derecho como es acudir
a los tribunales de justicia para que ellos digan quién tiene razón, y,
evidentemente, los tribunales de justicia pueden decir que tienen ustedes
razón, o las diputaciones forales o usted, pero no hay que descartar que
los tribunales de justicia digan que tenga razón este Gobierno o el
Gobierno anterior.
Por tanto, esperemos a ver qué es lo que dicen los tribunales de
justicia, pero no se crea usted en posesión absoluta de la verdad porque
ése no es un buen procedimiento para andar por la vida y no sólo por la
vida política. Esto se lo contesta el Ministro de Administraciones
Públicas que es una cartera que tiene competencias que yo englobaría
dentro de eso que se llama un concepto jurídico indeterminado y que es lo
que le hace a uno ser flexible incluso al tratar temas que otros tratan
de forma tan poco flexible como es quién tiene razón ante un recurso
porque, al final, serán los tribunales los que tengan que resolver.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO COSTA COSTA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿HA DADO INSTRUCCIONES EL GOBIERNO A
SU DELEGADA EN BALEARES PARA QUE APOYARA CON SU PRESENCIA Y CON SUS
DECLARACIONES AL ENCAUSADO GABRIEL CAÑELLAS? (Número de expediente:
180/000379)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13 que formula al Gobierno el
Diputado don Antonio Costa Costa, del Grupo Socialista.
El señor COSTA COSTA: Gracias, señor Presidente.
¿Ha dado instrucciones el Gobierno a su Delegada en Baleares para que
apoyara con su presencia y sus declaraciones al encausado señor Cañellas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Estoy
absolutamente convencido, señor Costa, de que usted ha hecho una pregunta
sabiendo cuál era la respuesta, y me sorprende, conociéndole a usted, que
haga preguntas sabiendo qué es lo que le voy a decir porque es lo obvio:
no hemos dado instrucciones a la Delegada del Gobierno en Baleares en el
sentido al que usted acaba de hacer referencia, y usted ya lo sabía.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué medidas van a tomar ustedes cuando la Delegada, la
representante del Gobierno presidido por el señor Aznar asiste a lo que
la prensa regional de Baleares ha calificado como rueda de prensa
homenaje al señor Cañellas, Presidente del Grupo Parlamentario Popular en
el Parlamento de las islas Baleares? Porque ya conocemos por los medios
de comunicación que el Partido Popular, con el señor Aznar al frente,
apoya incluso con colectas públicas de dinero, para pagar sus
responsabilidades, al señor Cañellas, pero no sabíamos, señor Rajoy, que
el Gobierno de España con el mismo señor Aznar al frente apoyara
expresamente a través de su representante a una persona encausada por
corrupción. Véase la concesión de las obras y explotación del túnel de
Sóller u otros trámites abiertos por el intento de cambiar la mayoría
política, de sustituir la voluntad popular, cual Milosevic, en un
municipio de gran interés socioeconómico de la isla de Mallorca,
comprando la voluntad de un concejal por cien millones de pesetas.
No entendemos desde el PSOE, no entienden los ciudadanos, señor Rajoy,
que se apoye desde el Gobierno del Estado a quien confunde, en beneficio
propio, lo público con lo privado; no entendemos desde el PSOE, ni
entienden los ciudadanos, que se confunda el partido con el Gobierno,
como pasó en la rueda de prensa-homenaje del señor Cañellas, con
asistencia de la representante del Gobierno, con declaraciones explícitas
de la representante del Gobierno sobre esta materia.
Por ello, señor Rajoy, no nos basta con que nos diga que ya lo conocemos;
solicitamos que se tomen las medidas necesarias para garantizar que desde
el Gobierno de todos los españoles no se amparen conductas, no se amparen
actitudes que han merecido del Ministerio Fiscal acusaciones y
solicitudes de penas de prisión e inhabilitación para quien las
protagoniza: su protegido el señor Cañellas. Esperamos de usted que...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor
Presidente, es evidente que yo tenía razón. El señor Costa sabía que el
Gobierno no había dado instrucciones en ese sentido. Yo le sugiero que
cuando quiera hacerme una nueva pregunta en lugar de hacerla como lo ha
hecho me diga: ¿qué medidas piensa tomar el Gobierno?
Realmente, lo que ha hecho aquí es pronunciar un mitin, muy interesante,
sobre ciertos acontecimientos políticos ocurridos en Baleares, lo cual me
obliga, lógicamente, a hacer dos o tres precisiones sobre lo que ha
dicho. Yo creo que la responsabilidad política no es un tema propiamente
del Gobierno, pero ya que ha hablado de partidos creo que si alguien ha
sabido exigirle a un militante del partido la responsabilidad política
--y el caso de Baleares es un hecho objetivo-- es el Partido Popular.
Probablemente --y fíjese lo fino que soy, que digo probablemente--, no sé
si ustedes han sabido exigir la responsabilidad política cuando se han
producido determinados acontecimientos en el Partido Socialista.
En cualquier caso, para hablar del tema que nos ocupa, una vez que ha
quedado claro --ya lo estaba evidentemente, pero hay que recordarlo; ya
lo sabía el señor Costa-- que el Gobierno no ha dado instrucciones en ese
sentido, es evidente que se produjo una rueda de prensa de un señor que
tiene perfecto derecho a dar una rueda de prensa. Allí estaba la Delegada
del Gobierno en Baleares y no en su condición de tal --no estaba además
en la presidencia de la propia rueda de prensa-- (Rumores.); al final fue
interpelada por algunos periodistas y dijo que como persona que había
estado próxima al Presidente Cañellas le parecía razonable estar ahí.
(Continúan los rumores.) Es una situación, en cierta medida, similar a lo
que le ha ocurrido hace unos días al señor González, que tras hacer unos
elogios al señor Craxi que han generado alguna sorpresa --y fíjese que
digo alguna sorpresa--, les dijo a todos los españoles: a ver si saben
ustedes distinguir lo personal y lo humano de la política. (Risas.) Sin
ánimo de comparaciones, apliquen los mismos criterios que expresa el
señor González a la Delegada del
Gobierno en Baleares --sin menoscabo de la importancia de la Delegada del
Gobierno en Baleares, el señor González es un señor muy importante-- y
así seguro que nos llevaremos bien y nos entenderemos magníficamente.
(Muy bien.--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Administraciones
Públicas.
--DEL DIPUTADO DON JESUS LOPEZ-MEDEL BASCONES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS
DOTACIONES PRESUPUESTARIAS DEDICADAS EN LOS MINISTERIOS A ATENCIONES
PROTOCOLARIAS Y DE REPRESENTACION COMPARATIVAMENTE CON LOS EJERCICIOS
ANTERIORES? (Número de expediente 180/000394)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, que formula al Gobierno el
Diputado don Jesús López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor López-Medel.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, desde el Gobierno se viene transmitiendo la idea de que
es necesario hacer un esfuerzo a fin de cumplir el plan de convergencia,
que supone reducir o eliminar aquellos factores o magnitudes, a efectos
de que nuestra economía tenga estabilidad y progreso, creando las
condiciones necesarias para que siga creciendo el empleo, como viene
sucediendo en los últimos meses. Ese esfuerzo que pide el Gobierno lo
está distribuyendo entre diversos sectores, salvo los pensionistas, a fin
de que el esfuerzo sea solidario. Sin embargo, de nada valdría, señor
Ministro, pedir a los ciudadanos un esfuerzo si la Administración, si el
Gobierno que la dirige, no fueran los primeros en aplicarse a sí mismos
estas medidas, si no fueran los primeros en dar ejemplo.
El Partido Popular concurrió a las elecciones generales no sólo
ofreciendo, sino también comprometiéndose a una Administración más
austera, eliminando o reduciendo gastos innecesarios o aquellos que
debían disminuir teniendo en cuenta la situación financiera heredada. En
este primer presupuesto del Partido Popular son muy numerosas las
partidas presupuestarias que experimentan un ajuste o una disminución,
salvo aquellas de contenido social básico, como son la sanidad y las
pensiones. Así, se observan reducciones importantes en gastos corrientes
y otros conceptos. Pero acaso hay una partida de la que apenas se habla y
sobre la que parece existía un cierto pudor a la hora de informar sobre
ella anteriormente. Sin embargo, desde el Partido Popular consideramos
fundamental la transparencia, y así lo señalábamos en nuestro programa
electoral, especialmente cuando se están gestionando intereses de los
ciudadanos. Además de esta transparencia que supone informar a los
ciudadanos a través de sus representantes, también desde estos
representantes pedimos al Gobierno la máxima austeridad posible, que dé
ejemplo como lo está haciendo porque sólo así podrá tener legitimidad
para pedir lo mismo a los ciudadanos.
Por ello le formula la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las dotaciones
presupuestarias dedicadas en los ministerios a atenciones protocolarias y
de representación comparativamente con las de ejercicios anteriores?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López-Medel.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Efectivamente el programa electoral del Partido Popular contemplaba una
reducción drástica de lo que son los gastos corrientes de la
Administración, y en consonancia con esa idea, y con la necesidad de
cumplir los requisitos de la convergencia europea y, al mismo tiempo, con
la necesidad de actuar de una manera sensata y lógica y, por tanto, de
construir un país con unos niveles de déficit y de deuda razonable, hemos
presentado --y ha sido aprobado por esta Cámara y por el Senado-- un
presupuesto para el año 1997 que es, sin duda, el más austero desde el
año 1977. Lógicamente ha habido algunas partidas en las que no parecía
sensato, conveniente ni, sobre todo, beneficioso para el interés general,
establecer reducciones como son las pensiones, a las que usted acaba de
hacer referencia, y también las partidas destinadas a la sanidad y
educación.
En cualquier caso, dentro de la reducción general que se ha producido,
una muy importante ha tenido lugar en las dotaciones presupuestarias
dedicadas a atenciones protocolarias, que es el tema al que usted hace
referencia en su pregunta. En concreto, en el año 1996 las partidas
presupuestarias dedicadas a estos efectos importaban 1.595,71 millones y
este año 1997 importan 1.187,37 millones. Es decir, que se produce una
reducción del 29,9 por ciento entre los presupuestos prorrogados de 1996
y los del año 1997.
La diferencia por ministerios es la siguiente. En Administraciones
Públicas, reducción de un 30 por ciento; en Agricultura, Pesca y
Alimentación, 59,96; en Asuntos Exteriores, 18,97; en Defensa, 31,93; en
Economía y Hacienda, 47; en Educación y Cultura, 37,1; en Fomento, 58,7;
en Industria y Energía, 47 por ciento; en Interior, 31,42 por ciento; en
Justicia, 33,1 por ciento; en Presidencia, 5,4 por ciento; en Sanidad y
Consumo, 39,8 por ciento, y en Trabajo y Asuntos Sociales, 32,2 por
ciento.
Es intención de este Gobierno, en la línea de hacer las cosas con la
seriedad debida y no exclusivamente por razones que puedan afectar al
déficit o al endeudamiento y, por tanto, no sólo por razones
presupuestarias, continuar en esta dirección en todo lo que hace
referencia al capítulo II de la Administración a lo largo de los próximos
Presupuestos Generales del Estado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA ANGELES AMADOR MILLAN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANTOS NUEVOS IMPUESTOS ESTUDIA
EL GOBIERNO PARA FINANCIAR LA SANIDAD? (Número de expediente 180/000378)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, que formula al Gobierno doña
María Angeles Amador Millán, del Grupo Socialista.
Señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cuántos nuevos impuestos estudia el Gobierno para
financiar la Sanidad?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Amador.
Señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, el Gobierno no está estudiando ningún nuevo tipo de impuesto
para financiar la sanidad pública. La financiación de la sanidad, al
igual que otras cuestiones de no menor importancia, que tanto afectan al
presente y al futuro del Sistema Nacional de Salud, y que deben ponerle
en condiciones de hacer frente a las exigencias de la sanidad española,
son aspectos que, sin duda, son objeto de análisis y debate, o lo serán
muy pronto, en el seno de la subcomisión constituida en el Congreso y que
con su colaboración estudia la consolidación y modernización del Sistema
Nacional de Salud.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, nuevamente en período inhábil, a efectos parlamentarios,
nos hemos visto sorprendidos por un debate público sobre las intenciones
del Gobierno de establecer nuevos impuestos en relación con la
financiación de la sanidad, y se nos ha hablado de un recargo del
Impuesto sobre el Patrimonio, de una posible copia del modelo francés de
contribución social generalizada, o de la vinculación de los impuestos
sobre el tabaco y el alcohol con carácter finalista para la financiación
de la sanidad.
Señor Ministro, este debate se ha producido de manera pública en los
medios de comunicación y permanentemente nos piden respuesta a lo que se
nos plantea como propuestas del Gobierno. De manera que yo espero que
también los medios de comunicación oigan hoy que ese tipo de
informaciones carecen de todo respaldo.
Lo cierto es, señor Ministro, que esas ideas no se nos han ocurrido desde
la oposición. Y una de dos: o hay alguien que ustedes envían para
lanzarlas, o hay alguien que las lanza sin contar con ustedes. En
cualquiera de los dos casos, señor Ministro, este Gobierno queda mal.
Este Gobierno, tan interesado en evidenciar quién manda en otros ámbitos
de supuesto interés general, parece como mínimo poco sensible en la
política sanitaria, que ésa sí es de interés general. Parece empeñado en
poner chinas, si me permite la expresión, en el camino de la confianza
política necesaria para poder trabajar en la consecución de un pacto en
la subcomisión que usted mismo acaba de invocar.
La financiación sanitaria, señor Ministro, es un asunto capital, primero,
porque sin financiación suficiente y estable no hay consolidación del
modelo sanitario público; segundo, porque este año acaba el modelo
aprobado por el Gobierno socialista, que ha preservado el gasto sanitario
de la poda producida en otros ámbitos de gasto social público. Señor
Ministro, el Gobierno debe tener alguna idea sobre la financiación de la
sanidad, y debe tener alguna idea que se parezca algo al programa
electoral del Partido Popular que hoy nos ha sido exhibido por el
Vicepresidente y que, por cierto, parece que no guarda relación con lo
que decía el señor Aznar. Yo le ruego, señor Ministro, que traiga a la
subcomisión, al Parlamento, las propuestas del Gobierno sobre
financiación de la sanidad y cese esa política de lanzar ideas de las que
nadie se responsabiliza a la primera crítica.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Amador.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señor
Presidente.
La verdad es que yo no he visto ese debate al que se refiere su señoría.
He visto algunas opiniones expresadas sobre estas cuestiones y
oportunamente desmentidas en lo que pudieran ser entendidas como
posiciones del Gobierno por quien podía hacerlo. Por
nuestra parte no tenemos ningún interés en poner ninguna china al
consenso y al trabajo de la Comisión, sino todo lo contrario,
facilitárselo del mejor modo posible, y a eso nos iremos aplicando con
todo empeño.
Es cierto que aunque no estemos estudiando nuevos impuestos sí nos
preocupa, como seguro que preocupa a S. S., la financiación de la
sanidad. Es verdad que en los últimos años ha habido una mejora, no así
hace algún tiempo más en que eran corrientes las operaciones de
saneamiento. Pero también es cierto que los últimos acuerdos no han sido
acompañados de las medidas estructurales necesarias que garantizaran que
el crecimiento del gasto sanitario se podía mantener en los límites
previstos, y eso explica que tengamos ahí un problema pendiente que entre
todos tendremos que afrontar.
Lo que sí ha hecho este Gobierno es favorecer la financiación de la
sanidad, dejando, en favor del Sistema Nacional de Salud, todos los
ahorros que se podían conseguir como consecuencia de los nuevos pactos
con Farmaindustria, de la reducción de los márgenes de farmacia o de la
congelación salarial, demostrando una especial sensibilidad en relación
con la financiación de la sanidad. Esta y otras cuestiones, todas ellas
muy importantes para el Sistema Nacional de Salud, tendrán que ser
estudiadas en el seno de esa subcomisión y en su momento el Gobierno
colaborará en la misma con todos sus medios para que entre todos se
consignan los consensos adecuados en relación con todos los problemas que
hacen referencia a la modernización y a la consolidación del Sistema
Nacional de Salud, que es algo en lo que creo que todos estamos
empeñados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON MAXIMO RAMON DIAZ-CANO DEL REY, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO JUSTIFICA LA MINISTRA DE
MEDIO AMBIENTE EL TRASVASE DEL RIO JUCAR AL VINALOPO? (Número de
expediente 180/000384)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, que formula al Gobierno el
Diputado don Máximo Ramón Díaz-Cano del Rey, del Grupo Socialista.
Señor Díaz-Cano.
El señor DIAZ-CANO DEL REY: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Medio Ambiente y Diputada por Toledo, ¿cómo justifica
usted el trasvase aprobado del río Júcar al Vinalopó?.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz-Cano.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor Presidente.
En primer lugar porque no es un trasvase, sino una interconexión entre
dos ríos de una misma cuenca hidrográfica. Por tanto, estamos ante una
transferencia interna de recursos hidráulicos que no exige, al estar en
una misma cuenca hidrográfica, ni siquiera acogerse al artículo 43 de la
Ley de Aguas y, en consecuencia, no requiere de una ley.
En segundo lugar porque me preocupa muchísimo la necesidad de agua que
tiene Castilla-La Mancha, que va a obtener de esta forma 100 hectómetros
cúbicos de agua, sobre todo en la Mancha oriental.
En tercer lugar porque quiero llevar el agua a la ciudad de Albacete, un
metro cúbico por segundo. Quiero asegurar el futuro abastecimiento en la
ciudad de Albacete con 30 hectómetros cúbicos al año.
En cuarto lugar porque lo voy a hacer ahorrando y modernizando, es decir,
poniendo en marcha los principios de la nueva política de la Ley de Aguas
que este Gobierno quiere implantar, sin quitar el agua a nadie.
En quinto lugar porque es una vergüenza, señor Diputado, que en 14 años
de Gobierno socialista a nivel central y también en Castilla-La Mancha no
haya habido nadie que haya consentido que el agua del Júcar pueda
utilizarse por los castellano-manchegos.
En sexto lugar porque va a ser la primera vez desde la época de Franco en
que una Diputada por Toledo, Ministra de Medio Ambiente del Gobierno del
Presidente Aznar, va a llevar el agua a esa zona de Castilla-La Mancha.
En séptimo lugar porque las directrices del Plan Hidrológico, que tengo
aquí y si tuviera tiempo se las leía --no las aprobó el señor Bono por su
enfrentamiento personal con el ex Ministro Borrell--, dicen textualmente
que había que hacer esto que esta Ministra ha puesto hoy en marcha.
En octavo lugar porque así me lo pidió el señor Bono cuando vino a verme
a mi despacho a los quince días; y tengo aquí el texto, que podría leerle
también, que dice lo mismo que yo estoy haciendo ahora.
En último lugar, señor Presidente, quiero darle las gracias al señor
Diputado que me permite decir a los castellano-manchegos y a todos los
españoles que no se puede politizar el agua. La única persona que
boicoteó los tres planes de cuenca que afectan a Castilla-La Mancha, el
señor Bono, en cuanto ha visto que se pone uno en serio a trabajar por la
necesidad que tiene España de un plan hidrológico, boicotea de nuevo todo
tipo de directrices. En este momento podrán saber los
castellano-manchegos quién es definitivamente la persona non grata para
Castilla-La Mancha.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Díaz-Cano.
El señor DIAZ-CANO DEL REY: Gracias, señor Presidente.
No sé si la señora Ministra me estaba contestando a mí o al señor Bono.
En cualquier caso, lo que tenga que decirle al presidente de la comunidad
autónoma, dígaselo a él.
Yo le he hecho una pregunta a la que usted me ha respondido con una serie
de razones, algunas de ellas son inexactas, otras claramente erróneas y
otras de una ignorancia total sobre el derecho de aguas en España. Señora
Ministra, decir en esta Cámara que la interconexión que usted ha firmado
en el convenio con el señor Zaplana del río Júcar al Vinalopó no es un
trasvase es desconocer los artículos 14 y 40 de la Ley de Aguas. Estamos
hablando de dos ríos diferentes, dos cuencas hidrográficas diferentes que
pertenecen a una misma confederación, a una misma unidad administrativa.
Y usted, como Ministra de Medio Ambiente y responsable de la política
hidráulica de este país, no puede venir a este Parlamento a decir esto.
En segundo lugar, usted tiene en su mesa diez planes de cuenca sobre los
que no ha adoptado ninguna decisión. Usted, que mantenía firmemente las
tesis antitrasvasistas, ahora se convierte a las tesis trasvasistas y
firma con el señor Zaplana un convenio basándose en las directrices de un
borrador de un plan hidrológico que no está aprobado. Esto es
impresentable. La política hidráulica es lo suficientemente importante y
lo suficientemente seria como para que usted adopte estas decisiones.
Pero es más. No quisiera pensar que usted se está alineando
descaradamente con posiciones que no tienen nada que ver con la defensa
de los intereses generales de la nación, porque en este tema no ha
contado usted con otras comunidades autónomas que también tienen
aspiraciones legítimas sobre las aguas del río Júcar y usted no ha
hablado con ellas. Ni siquiera ha hablado con su partido político en
Castilla-La Mancha, y así están haciendo el papelón que están haciendo en
esta región, donde el Ayuntamiento de Albacete, gobernado por ustedes, y
la Diputación provincial de Albacete, gobernada por ustedes, se oponen al
convenio que usted ha suscrito. Esto es lo que usted ha provocado. Ya
veremos las vergüenzas de su grupo y de su portavoz, el señor De Grandes,
cuando tengamos oportunidad de debatir la proposición no de ley
presentada por su grupo para hablar de la política hidráulica; le veremos
las vergüenzas a su grupo en ese momento.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz-Cano.
Señora Ministra, le restan 16 segundos.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Como la duda
ya existía, tengo hasta el informe que pidió el Gobierno socialista a un
catedrático el año 1992, en que gobernaban ustedes, en donde se dice
textualmente que esto no es un trasvase.
En cuanto a que las actuaciones de la Comunidad Valenciana son para
modernizar la Acequia Real del Júcar con esto que usted llama trasvase,
que no es trasvase, vuelvo a repetirle que es lo que pide el Consejero
Maraver en el mes de mayo de 1996, reiterado el 20 de enero de 1997. No
se preocupe S. S. por las disidencias que crea que hay en mi partido,
preocúpese más por las de ustedes.
En cuanto a que España necesita un plan hidrológico, lo vamos a sacar
adelante a pesar de ustedes. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra. Ha concluido su tiempo.
--PREGUNTA DE LA DIPUTADA DOÑA BEATRIZ RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
ACCIONES ESTA LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO EN RELACION A LOS DIARIOS DEL
QUE FUERA PRESIDENTE DE LA SEGUNDA REPUBLICA, DON MANUEL AZAÑA? (Número
de expediente 180/000399)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, que formula al Gobierno la
Diputada dona Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Educación y Cultura, el pasado mes de diciembre le
fueron entregados tres cuadernos manuscritos con unos diarios de los años
1932-33 de don Manuel Azaña. Este es un período especialmente importante
en la historia de España. Don Manuel Azaña, aunque no es necesario
recordarlo aquí, fue tanto como Ministro de la Guerra, como Presidente de
Gobierno, como Presidente de la República, un importante político, un
importante hombre de Estado, un escritor notable y sobre todo un
memorialista. Como dice el profesor Marichal, posiblemente el único
memorialista en el sentido de asumir al tiempo el papel de actor y de
cronista de la historia. Por tanto, cualquier documento suyo, y más unos
diarios, tiene realmente una gran importancia.
Un hecho así, una entrega de documentos tuvo lugar en el año 1984, cuando
apareció un fondo documental
muy importante también de don Manuel Azaña. El entonces Gobierno
socialista, no sabemos exactamente por qué razones, pero desde luego
actuando en contra del criterio de los expertos, nunca lo hizo accesible
a la comunidad de investigadores. Hoy han pasado trece años y todavía
estos fondos no se conocen, no se han podido estudiar y no se ha podido
trabajar sobre ellos. No sabemos las razones que llevaron al Gobierno
socialista a actuar así. En cambio, nos parece que ahora el Gobierno ha
actuado con celeridad, con garantías jurídicas y con prudencia. Pero eso
nos gustaría que nos lo confirmara en la Cámara y que nos pudiera aclarar
cuál ha sido el núcleo del informe que ayer le ha entregado la Junta
Superior de Archivos, que nos diga, por otro lado, si cree que están
debidamente depositados, custodiados y con garantía de no salir de España
y, por último, si cree que los derechos de los herederos, amparados en la
propiedad intelectual, se pueden conjugar con los derechos de todos los
ciudadanos, especialmente los investigadores, amparados en la Ley de
Patrimonio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez-Salmones. Señora Ministra
de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, su pregunta en el día de hoy es enormemente oportuna. Quiero
decirles que ayer precisamente se reunió el pleno de la Junta Superior de
Archivos para dictaminar lo que el Gobierno le había encargado después de
que se nos hubieran entregado lo que resultaron ser, efectivamente, los
diarios de don Manuel Azaña y que confirma la integridad y la
autenticidad de estas piezas de enorme valor para el patrimonio
histórico-artístico español.
En efecto, señoría, contrariamente a lo que se había hecho en anteriores
ocasiones en relación con documentación aparecida de don Manuel Azaña,
parte importantísima de la cual aún no ha podido ver la luz, en esta
ocasión lo que se hizo fue depositar de inmediato los diarios en el
Archivo Histórico Nacional, solicitar un informe a la Junta Superior de
Archivos, que ha sido emitido en el día de ayer, y solicitar otro informe
muy importante --en respuesta a su pregunta quiero aclararle que el
Servicio Jurídico del Estado ha hecho un informe que mientras no haya
opinión mejor fundada es el que debe servir al Gobierno-- sobre la
propiedad material de los diarios y sobre los derechos de propiedad
intelectual, en el sentido de atribuir la propiedad material de los
diarios al Estado español y la propiedad intelectual, es decir, los
derechos que pudieran derivarse eventualmente de la publicación, a los
herederos de don Manuel Azaña, puesto que el autor ha fallecido y
continúa vigente el período de 80 años que la Ley de Propiedad
Intelectual establece para los herederos de los derechos de autor. Además
de eso, señoría, el 29 de enero pasado decidimos declarar bien de interés
cultural esos diarios, es decir, inscribirlos en el Registro de Bienes de
Interés General del Patrimonio Histórico Español, con lo cual está
garantizada, por una parte, su protección y, por otra parte, el que no
puedan ser sacados fuera del territorio nacional, contrariamente a lo que
ocurrió en anteriores ocasiones, en las que algunos de los herederos, por
no haber sido declarados los diarios bien de interés general, llevaron
parte de esa documentación en concreto a Italia, y todavía, por ejemplo,
la biografía de don Juan Varela, que fue Premio Nacional de Ensayo y de
la que era autor don Manuel Azaña, no ha podido ver la luz.
En definitiva, señorías, creo que es una gran noticia que, de acuerdo con
el informe de la Junta Superior de Archivos y del Servicio Jurídico del
Estado, a partir del día de hoy los diarios de don Manuel Azaña están en
el Archivo Histórico Nacional a disposición de los investigadores, y me
cabe la satisfacción de anunciarles también --ayer no lo sabía porque me
lo ha confirmado el Director General del Libro esta misma mañana-- que ya
hay un principio de acuerdo entre los herederos y una editorial privada
para que los diarios puedan ver la luz y estén accesibles a la opinión
pública.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA CRISTINA ALMEIDA CASTRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL SEÑOR
PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA TOMAR EL GOBIERNO PARA
EVITAR, EN LO SUCESIVO, LAS DISCRIMINACIONES QUE SUFREN LAS MUJERES EN SU
INCORPORACION AL MERCADO LABORAL, EN LA PRECARIEDAD DE SUS PUESTOS DE
TRABAJO Y EN LA DISPARIDAD SALARIAL PERCIBIDA? (Número de expediente
180/000387)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, que formula al Gobierno la
Diputada doña Cristina Almeida Castro, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, los datos del Instituto Nacional de Estadística del
último año advierten que había una diferencia salarial en nuestro país
entre hombres y mujeres que rozaba el 50 por ciento. Parte de esta
situación de discriminación se justificaba, en el mejor de los casos,
por la precariedad y la temporalidad en el empleo. ¿Tiene el señor
Ministro algún plan --ya lo anunció en su momento pero no ve la luz
nunca-- para intentar vigilar, controlar esta discriminación salarial y
esa precariedad en el empleo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Almeida.
Señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, quiero agradecer la pregunta de la señora Diputada y decirle
--estoy convencido de que lo compartimos-- que los dos tendremos una gran
preocupación por la precariedad y por la temporalidad en el empleo del
conjunto de la sociedad, pero muy especialmente, como ha dicho, en el
caso de la mujer.
Tengo que compartir con la señora Diputada --y estoy seguro de que así lo
entendemos-- que habiendo caminado muchísimo en la vía de la igualdad de
oportunidades, que habiendo caminado muchísimo en lo que significa la
igualdad de derechos, nos queda todavía un trecho amplísimo en lo que
significa la igualdad de hecho. Tengo que confirmar y decirle a la señora
Diputada que estoy convencido --y hay datos al efecto-- de que las
mujeres siguen todavía padeciendo discriminación, no especialmente en el
caso de la precariedad y de la temporalidad, que afecta a toda la
sociedad, sino muy especialmente en el capítulo de los salarios.
Estoy tomando decisiones todos los días que afectan al servicio público
de empleo, que afectan a la inspección de trabajo, pero le quiero decir
que el camino recorrido por el ministerio es insuficiente; que estoy
ultimando un documento para que sea suscrito por los agentes sociales,
porque también tienen mucho que hacer en esta materia las organizaciones
empresariales y los sindicatos; que estoy dispuesto a estudiar todas las
medidas que me plantee la señora Diputada y que no haya contemplado el
ministerio; y que quiero que el tercer Plan de igualdad de oportunidades,
el próximo, Mujer y Empleo, se consagre efectivamente a las cuestiones
que plantea la señora Diputada.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor Ministro.
La verdad es que aparte de la discriminación salarial nos preocupa la
temporalidad, porque es un tema que aunque afecta a la sociedad, y por
los datos que se han dado en el mes de diciembre a este respecto, en el
caso de las mujeres, los contratos a tiempo parcial suponen un 17 por
ciento frente a los de los hombres, que es un 3 por ciento. Pero es que
además nos preocupa lo que viene detrás, porque parece que aquí está todo
solucionado con las jóvenes. Hoy el contrato de aprendizaje está hecho
fundamentalmente para los hombres; en la categoría de aprendiz tienen un
63 por ciento del contrato de aprendizaje y las mujeres sólo un 27 por
ciento. Eso quiere decir que las cosas no están todavía claras para el
futuro.
Por tanto, no he oído una respuesta concreta. Estamos preocupados; yo
estoy muy preocupada, pero no estoy en el Gobierno, está usted, y habrá
que hacer cosas desde el Gobierno: tomar medidas, leyes, para acabar con
esto, meter la inspección de trabajo, hacer una vigilancia de la
inspección, que ya lo hemos sugerido en algunas de las ponencias. Hemos
sabido que incluso hay una honda preocupación en un premio Nobel de
economía, que dice que abunda mucho la causa de la igualdad de salarios
para la separación matrimonial. Nosotras estamos dispuestas a convencer a
nuestros maridos, a nuestros amantes, a quien sea, para que no se sientan
indignados porque cobremos lo mismo o más que ellos, pero usted ocúpese,
de verdad, de que no cobremos menos, de que no haya una diferencia de
seis a tres millones como hay en las altas ejecutivas y con título
universitario, y en personal obrero una diferencia hasta de dos millones
al año entre hombre y mujer.
Nos parece que es un tema del que nos tenemos que sentar a hablar. El
cuarto plan ya está pasado, porque no viene y estamos esperándolo. El
Gobierno iba a centrarse o a esperar, y nosotros estamos sin una medida
positiva para acabar con esta discriminación. Desde luego instaremos
desde nuestro grupo lo que podamos, pero el que está en el Gobierno es el
que tiene la obligación de hacerlo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Almeida.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, desde luego yo asumo la responsabilidad del Gobierno y le
agradezco mucho a la señora Diputada que me haga propuestas concretas
porque me consta que en este asunto de la igualdad de oportunidades su
actitud es siempre de oposición constructiva.
Dicho esto, le vuelvo a decir que no estoy quieto. Estoy preocupado
porque el Inem se vuelque para que no haya discriminaciones en el plano
de la oferta de trabajo. He planteado un programa específico de la
Inspección de Trabajo para estudiar las distintas discriminaciones
sociales. Quiero firmar un acuerdo con los sindicatos y con los
empresarios para estudiar la posible discriminación en el marco de la
negociación colectiva y en su aplicación. El viernes pasado presenté al
Consejo de Ministros un programa plurianual de empleo que en su quinto
punto se refiere a políticas
activas en relación con la igualdad de oportunidades. He decidido
incrementar del Fondo Social Europeo las cantidades destinadas a las
políticas de igualdad de oportunidades. El tercer Plan de igualdad de
oportunidades, que estará muy pronto en discusión, Mujer y Empleo --que
no está atrasado, señora Diputada-- se basa fundamentalmente en evitar
esas discriminaciones.
Le quiero decir que yo asumo mis responsabilidades, que estoy preocupado
por la precariedad de todo el empleo, por la temporalidad de todo el
empleo, pero especialmente por la discriminación de la mujer, de aquellas
que tienen rentas más bajas y de aquellas que están en el ámbito rural,
donde más se producen esas discriminaciones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE EUGENIO AZPIROZ VILLAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL
GOBIERNO DE LA EVOLUCION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA APLICACION DE
LAS MEDIDAS DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA MOROSIDAD APROBADAS EN
JULIO DE 1996, DESARROLLADAS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES? (Número de expediente 180/000395)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, que formula al Gobierno el
Diputado don José Eugenio Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, usted ha expresado reiteradamente, tanto en público como
en privado, en el Congreso y en el Senado, en Pleno o en Comisión, la
voluntad de su departamento y la de todo el Gobierno de actuar
decididamente para combatir el fraude. También ha dicho que el fraude es
uno solo, y compartimos ese criterio, por más que se pongan etiquetas al
hablar de fraude fiscal, de fraude social o de fraude médico y
farmacéutico. Nosotros entendemos que fraude es la elusión de la ley en
beneficio propio de un ciudadano. Usted ha dicho también que el fraude
perjudica a toda la sociedad y es insolidario plenamente con la sociedad
de bienestar. Hace unos meses yo mismo tuve oportunidad en este Pleno de
formularle una pregunta en relación con la morosidad, tanto pública como
privada, en el sistema de la Seguridad Social y las medidas que iba a
adoptar su ministerio para combatirlas. Por supuesto que no voy a hacer
aquí ahora ninguna valoración respecto a planes de Gobiernos anteriores o
sobre su eficacia o ineficacia. Es cierto que el problema que le preocupa
a usted, que nos preocupa a muchos, ha sido objeto de la adopción de una
serie de medidas, en julio del año 1996, por parte del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Y es cierto que se han producido ya una serie
de resultados positivos. Estas razones (por cierto, algunas están ahora
en los medios de información públicos en cuanto a análisis de pensiones,
de eventuales o posibles defraudadores y del ahorro que representaría
para las arcas públicas y para poder mantener una política social
solidaria) nos han obligado a formular la pregunta que consta en el orden
del día.
Queremos conocer, señor Ministro, qué valoración le merece al Gobierno,
qué valoración le merece a usted, la evolución de los resultados
obtenidos por las medidas adoptadas en julio del año 1996.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiroz.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor Presidente. Y también, con toda sinceridad, muchas
gracias, señor Diputado, por plantearme esta pregunta. Le agradezco que
me haga la pregunta porque estos son días en los que hay que dejar claras
algunas cuestiones con respecto a la lucha contra el fraude. Coincido al
cien por cien con su señoría. En España se ha hablado mucho del fraude
fiscal, pero me parece que tenemos que hablar en su conjunto del fraude
social, y ese fraude social tiene mucho que ver, en algunos casos, con la
Hacienda pública porque hay españoles que eluden sus responsabilidades,
pero también tiene mucho que ver con la Seguridad Social porque hay
españoles que están recibiendo prestaciones de la Seguridad Social sin
tener derecho a ellas.
Le agradezco la pregunta en estos días porque no sabe usted bien los
disgustos que da luchar contra el fraude. Nunca es agradable comunicar a
un pensionista que recibe un complemento a mínimos que no tiene derecho
al mismo porque según los datos que obran en la Hacienda pública, en
cruces que se hacen evidentemente con todas las reservas, tiene una renta
superior que impide el complemento a mínimos. No sabe usted los disgustos
que da, pero desde luego yo voy a continuar en la senda de la lucha
contra el fraude. Esa es la instrucción que tengo del Presidente del
Gobierno y de la misma forma que el Gobierno, legalmente, ha tenido que
comunicar a cerca de siete millones de pensionistas que consolida y
revaloriza sus pensiones, esa consolidación y revalorización tiene que
ser compatible también con comunicar a algunos pensionistas que no tienen
derecho, con la ley en la mano, a la pensión que están recibiendo. Hay
que hacerlo con toda
tranquilidad, sin alterar la vida de esas personas, con planteamientos
moderados a la hora de solicitar las devoluciones. Pero quiero decirle
que luchar contra el fraude nunca, nunca, es una política electoralista y
nunca es una política agradable. Yo seguiré luchando contra el fraude.
Le quiero decir que en 1996 el conjunto de medidas que hemos adoptado en
materia de prestaciones contributivas, en materia de cotizaciones, en
materia de prestaciones por desempleo, en materia de prestaciones no
contributivas y en subvenciones de interés social, el balance de ahorro
del conjunto de la Seguridad Social y del Inem se acerca a los 100.000
millones de pesetas. Pero me planteo esa lucha contra el fraude no
solamente por lo que significa de consecuencia positiva para mantener las
prestaciones, sino porque me parece que la mejor forma de defender a los
débiles y a los desprotegidos es descubriendo a aquellos que están en
situación irregular.
Muchas gracias, señor Diputado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MATADOR DE MATOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE IMPORTANCIA DA EL
GOBIERNO A LA RECIENTE APROBACION DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE
PREVENCION COMO INSTRUMENTO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS
TRABAJADORES? (Número de expediente 180/000396)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, que formula al Gobierno la
Diputada doña Carmen Matador de Matos, del Grupo Parlamentario Popular.
Señora Matador.
La señora MATADOR DE MATOS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Trabajo, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de riesgos laborales, se aprobó dando cumplimiento al mandato
del artículo 40.2 de la Constitución. Todos sabemos que esta ley dio un
nuevo tratamiento y un enfoque distinto a la prevención de los riesgos en
el trabajo, basándose fundamentalmente en una prevención de estos riesgos
laborales de forma planificada, a través de distintas acciones, todas
ellas integradas dentro de lo que era el proceso productivo de la
empresa. Sin embargo, esta ley también aparecía configurada como un marco
legal mínimo, donde se exponían unos principios generales, no
satisfaciendo con ella plenamente las necesidades de las distintas
empresas españolas. Recientemente, mediante el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, se aprueba el reglamento de los servicios de prevención. Mi
pregunta es la siguiente: ¿Qué importancia da el Gobierno a la aprobación
de este reglamento como instrumento para mejorar la seguridad y salud de
los trabajadores?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Matador.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Yo creo que es una preocupación compartida por todas las fuerzas
políticas, no solamente lo que significa el empleo sino muy especialmente
la calidad y seguridad con que se desarrolla un trabajo, es decir, la
calidad de vida en el trabajo. Quiero decirle que todas las fuerzas
políticas están muy preocupadas por lo que significan los índices de
siniestralidad que tenemos en España y por lo que significa también la
necesidad de desarrollar la legislación de prevención de riesgos
laborales.
Como sabe S. S. --y lo ha citado en su intervención--, en España tenemos
Ley de prevención de riesgos laborales, Ley de salud laboral, pero
correspondía básicamente al nuevo Gobierno desarrollar esta legislación.
Pues bien, el primer acuerdo social que se produjo con los sindicatos y
con los empresarios fue en torno al reglamento de prevención de servicios
en materia de riesgos laborales. Quiero decirle que también se ha
constituido, dentro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Comisión Nacional de Seguridad e Higiene, que integra a las
administraciones públicas, a los sindicatos y a los empresarios; que el
nuevo reglamento hace operativa la prevención de los riesgos laborales, a
través de una planificación de todas las acciones que deben estar
integradas en el propio proceso productivo de la empresa, y que debe ser
consecuencia de una evaluación anterior de los posibles riesgos. Esta es
una innovación muy importante. Hay una segunda característica del
reglamento que le otorga, en mi opinión, también especial importancia en
relación con la mejora de las condiciones de seguridad, y es la que va a
suponer un impulso a la generación de los instrumentos necesarios para
realizar la actividad preventiva. La puesta en marcha estricta del
reglamento ya está desarrollando los instrumentos para esa actividad
preventiva.
El reglamento regula el procedimiento de acreditación de las entidades
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de servicios de
prevención; el reglamento regula, asimismo, la realización de auditorías
o evaluaciones externas, y la eficacia de la actividad de los
instrumentos preventivos tiene, por otra parte --también tengo que
decirle--, una relación muy directa con la formación de medios humanos
para
desarrollar la prevención. Esos son los elementos básicos del nuevo
reglamento, que confío que sean eficaces, porque estamos muy preocupados
por la evolución de la siniestralidad laboral en España. Quiero decirle
que también espero que muy pronto, en los próximos días, demos desarrollo
reglamentario a la incorporación de la directiva marco europea sobre
riesgos laborales, alrededor de ocho directivas, que pretendemos
incorporar en los próximos días.
Para terminar, señor Presidente, quiero decir que, por supuesto, ésta es
una cuestión del Gobierno pero también muy especialmente de empresarios y
sindicatos y todo lo que gastemos en prevenir un accidente laboral
siempre va a ser poco dinero porque está en juego ni más ni menos que la
vida de los trabajadores.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EL MODO EN QUE EL GOBIERNO
PRETENDE MODIFICAR LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DEL DESARROLLO DE LA LODE
Y LA LOGSE EN MATERIA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS Y DE ADMISION DE ALUMNOS
EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS (Número de expediente
172/000025)
El señor PRESIDENTE: Concluido el turno de preguntas orales que
constituye el punto quinto del orden del día, pasamos al punto sexto:
interpelaciones urgentes.
En primer lugar, la interpelación del Grupo Socialista sobre el modo en
que el Gobierno pretende modificar lo establecido en las normas del
desarrollo de la LODE y la Logse en materia de conciertos educativos y de
admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana ocupa la Presidencia.)
El señor ROMERO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra, la intervención que hago en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista quiero que la entienda, como siempre y como
todas, desde la voluntad de encontrar espacios de consenso o, por lo
menos, de no buscar líneas de fractura o puntos de disenso en un aspecto
que no debería tener.
Vamos a intentar conocer cuál es el punto de vista de la señora Ministra
respecto de una serie de normas o de proyectos de normas que hemos
conocido, bien es cierto que no a través de los órganos competentes sino
por algunos medios de comunicación, que parece han sido remitidos en
fecha reciente al Consejo Escolar del Estado pero que en todo caso no son
públicos, aunque el ministerio sí ha hecho públicos a través, insisto, de
medios de comunicación, y en torno a esas normas querernos establecer una
propuesta y un debate.
Señora Ministra, como usted sabe bien, en materia de admisión de alumnos,
en materia de centros sostenidos con fondos públicos en el Estado
español, desde el año 1978 el consenso constitucional propició un sistema
educativo integrado aunque plural tanto en su conjunto, como es lógico,
como en el seno de cada uno de los centros que lo componen; un sistema
educativo concebido como servicio público, aunque no monopolizado por los
poderes públicos, y usted sabe bien que esto nos diferencia de la mayor
parte de los países de la OCDE, excepción hecha de un par de ellos donde
es concebido como servicio público monopolizado por los poderes públicos
--no es el caso de nuestro país--, no discriminatorio y a la vez
respetuoso con las convicciones personales y las preferencias de los
padres, racionalizado en su diseño al tiempo que abierto a la
participación y extremadamente democrático; una política educativa que ha
tenido, y a nuestro juicio debe tener por objeto construir a través de
esas vías el servicio público de la educación básica que ya poseen
consolidado la mayor parte de las naciones de nuestro entorno y que
nosotros hemos conseguido consolidar en estas últimas décadas; un sistema
al que en democracia, señora Ministra, se le suelen asignar cuatro
funciones: en primer lugar, actuar como elemento básico de cohesión
social del conjunto del territorio y de la población; en segundo lugar,
constituir un factor de integración social; en tercer lugar, promover la
igualdad de oportunidades y en cuarto lugar, servir, cómo no, como
instrumento de formación en valores democráticos.
¿Qué transformaciones debía experimentar el sistema educativo español
para ajustarse a estos objetivos? En primer lugar, integrarse en una red
mixta internamente articulada y coherente que permitiera satisfacer el
derecho a la educación que nuestras leyes consagran. Este primer
requisito, alcanzado con notable grado de consenso, se acompañó de una
homologación de las condiciones de funcionamiento que rigen los centros
privados sostenidos con fondos públicos con las vigentes en los centros
públicos. Estas condiciones se refieren a la gratuidad a la educación, a
la admisión de alumnos, a la selección y al ulterior tratamiento del
profesorado, a la gestión democrática y participativa de los centros.
La discriminación social en la educación sólo se supera si tales
condiciones son análogas o en ocasiones idénticas, como es en los casos
de la admisión de alumnos o en la gratuidad de las enseñanzas. Sólo así
--y espero que compartamos este punto-- podremos asegurar que el
pluralismo de nuestro sistema educativo
no actúe únicamente como coartada de la discriminación social. Solamente
así conseguiremos superar el enfrentamiento secular entre enseñanza
pública y enseñanza privada en nuestro país en lo que de confrontación
estrictamente ideológica tenía.
Con la LODE, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, el Gobierno
socialista del momento pretendía, en primer lugar, cumplir un mandato
constitucional, desarrollar el artículo 27 de la Constitución y regular
los diferentes derechos y libertades relativos a la enseñanza; pero
procuraba, a la vez, proporcionar una solución a la llamada cuestión
escolar que fuese equitativa en los términos modernos de equidad que los
países desarrollados aplican cuando hablan de educación y, a la vez,
adecuada a las condiciones de la sociedad española, respetando la
composición de un sistema educativo fruto de nuestra historia, sólo fruto
de nuestra historia, y por eso es diferente al de la mayor parte de los
países de la OCDE.
El derecho de todos a la educación debía constituir el eje de cualquier
proyecto acorde con el diseño de democracia avanzada que establece la
Constitución Española: el derecho a la educación, señora Ministra,
primera gran cuestión. El derecho a la educación constituye un bien
crucial y es un valor asumido desde hace muchas décadas por todos los
países desarrollados y las democracias avanzadas de nuestro entorno. El
derecho a la educación es irrenunciable y por ello representa, al tiempo,
una obligación tanto para las personas en su ejercicio como para los
poderes públicos en su protección. Debe ser, además, independiente de las
contingencias económicas de las personas y por ello su disfrute debe ser
gratuito. No cabe, por tanto, interpretación alguna de la Constitución
que directa o indirectamente suponga la exclusión de un conjunto de
ciudadanos en el disfrute de este derecho.
Mi grupo entiende que ahora se pretende hacer otra lectura de la
Constitución, otra lectura del consenso constitucional de 1978 en esta
materia, a no ser discriminados, para empezar, desde el momento de la
admisión de alumnos en los centros; todos los demandantes de plaza
escolar deben ser iguales y gozar de idénticos derechos ante los diversos
componentes de la red financiada con recursos públicos.
El proyecto de decreto que el Gobierno del que usted forma parte (es
conocido a través de los medios de comunicación porque ustedes se
ocuparon de hacerlo llegar, no así a los representantes de la comunidad
educativa) ha remitido según parece al Consejo General del Estado es su
primera gran propuesta ideológica desde que es Ministra de Educación. No
debería haber sido así, señora Ministra, por las razones que le diré a
continuación. Esta es su primera y casi única gran propuesta ideológica,
porque desde que llegó al ministerio es la primera gran cuestión que
acomete en términos de propuesta, la de releer la Constitución Española,
de alterar el consenso constitucional existente desde 1978.
En la exposición de motivos de ese real decreto dice que pretende
invertir una tendencia histórica. ¿Qué tendencia histórica pretende
invertir, señora Ministra? ¿El respeto escrupuloso al derecho a la
libertad? ¿El respeto escrupuloso al derecho a la educación? ¿Qué
significa invertir esa tendencia? ¿Qué significa corregir los excesos
cometidos de que hablan ustedes en la exposición de motivos de ese
borrador de real decreto? ¿Qué significa invertir una tendencia en favor
de qué? Naturalmente conocemos muy bien qué significa. Se inspiran en las
propuestas, por cierto más conservadoras y minoritarias del Reino Unido y
Norteamérica, y en políticas ya fracasadas e instrumentadas en esos dos
países en la década de los ochenta. Algunas de sus líneas maestras están
en sus decisiones más recientes, y son líneas maestras que están
presididas por una tentación doctrinaria innecesaria, inconveniente y
probablemente imprudente por temeraria, como explicaré después.
Estas líneas maestras y me refiero a las líneas maestras que inspira su
acción, son las que se han ensayado en los años ochenta en el conjunto de
estos dos países a los que aludía, no así en los otros países
continentales, sea cual sea el color del Gobierno, sólo en éstos dos, el
Reino Unido y Estados Unidos, son fundamentalmente las siguientes: La
privatización con continuas llamadas a la libertad de elegir o a la
competitividad entre los centros, con continuas llamadas al mercado, a la
elección y no a la equidad. Usted debería saber que después de la década
de los ochenta, cuando se inspiró todo esto adoctrinado por el señor
Friedman fundamentalmente, el resultado está a la vista de todos y en la
mayor parte de los casos no ha sido más que cobertura ideológica para no
desarrollar o explicitar intereses menos confesables, segregación social,
sectores de negocio y algunos otros elementos negativos a los que me
referiré más tarde. Señora Ministra, en la educación no se puede hablar
en términos de mercado, no lo hace nadie salvo estos dos grupos
ideológicos tan conservadores de estos dos países a los que aludía, nadie
más, en educación no se puede hablar de mercado, porque eso significaría
que hay ganadores y perdedores, y en educación nadie puede ganar ni
perder, nadie debería ganar ni perder.
En la otra línea maestra que inspira este real decreto --inspirada a su
vez en estas propuestas ideológicas-- subyace la renuncia del Estado a su
papel de programador general de la enseñanza, por cierto un derecho
básico recogido en la LODE y, de pasada, la inclusión, no explicitada,
del carácter subsidiario de los poderes públicos respecto del servicio
educativo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Romero, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor ROMERO GONZALEZ: Voy concluyendo, señor Presidente.
¿Razones? Las zonas rurales no cuentan; la libertad de elección existe
como programa, pero no es sino la forma de conseguir que determinados
sectores, grupos o centros elijan mejor a sus alumnos. No es un debate
nuevo.
La pregunta que le hago, señora Ministra, es: ¿vale la pena que usted
abra en este país algo que no se ha abierto desde 1978, en un año que
para usted será el primero y el último en que tendrá competencias
directas en materia educativa, cuando le quedan a usted solamente nueve
meses? ¿Vale la pena abrir un debate de este calado para nueve meses,
cuando el próximo curso usted ya no será competente en esta materia, ya
que serán las comunidades autónomas que reciban el servicio? ¿Vale la
pena realmente? Es una tensión innecesaria que usted, y sólo usted, hará
llegar a las familias, a los centros y al profesorado. Usted sabe que no
habrá más capacidad de elección de centro, solamente habrá más
posibilidad para que algunos centros, públicos y concertados, puedan
seleccionar mejor a sus alumnos. Eso es lo que ocurrirá con la propuesta
de real decreto debido a algunos elementos que usted ha incorporado,
fundamentalmente dos elementos combinados: la ampliación de la zona y que
los centros puedan disponer de 1,5 puntos para colocarlos a partir de
circunstancias libremente apreciadas por el órgano competente.
Ha tenido usted ya, y eso que sólo es un borrador, la reacción en contra
de un amplio sector de la comunidad educativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Romero, le
ruego concluya.
El señor ROMERO GONZALEZ: Concluyo, señor Presidente.
Ha tenido usted ya un amplísimo rechazo en amplios sectores de la
comunidad educativa, y todavía no es público. Por esta razón, señora
Ministra, le ruego, en nombre de mi grupo, que lo reconsidere y que, en
todo caso, mantenga la normativa actual; que retire, si la ha remitido,
esta propuesta, porque, como decía ahora mismo la señora Ministra de
Medio Ambiente, la señora Tocino, si no se puede politizar el agua, mucho
menos se puede politizar la educación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Romero.
Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora
Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, sean mis primeras palabras de satisfacción por la interpelación
que el Grupo Socialista presenta hoy porque creo que éste es un asunto
que de verdad interesa a los ciudadanos y creo que la función de este
Parlamento es que aquí se debatan con luz y con taquígrafos y ante la
opinión pública nuestras ideas. Ha dicho muy bien el señor Romero que
ésta es una propuesta ideológica, y tiene toda la razón. Esta es una
propuesta ideológica y creo que con toda legitimidad debemos exponer aquí
nuestras discrepancias porque éste es, dentro del contexto constitucional
y de las leyes, el elemento básico en una sociedad abierta y pluralista
como la nuestra. Además, creo que los debates no tienen que ser
estériles. Los debates tienen que fructificar en la búsqueda de
soluciones que satisfagan las aspiraciones de los ciudadanos.
Con esa convicción, y con lo que yo considero un futuro optimista,
abordamos esta interpelación porque creemos de verdad que nuestra
sociedad cada vez valora y estima más la libertad de elegir y quiere
ejercerla en todos los ámbitos de la existencia. Los ciudadanos la
ejercen continuamente; la ejercen desde que por la mañana deciden el
periódico que se van a comprar o en qué tienda van a adquirir los
artículos que necesitan. La están ejerciendo continuamente. Por tanto, no
creo que haya que cerrar la libertad a algunos ámbitos, sino que es
indivisible y tenemos que ampliarla siempre que podamos. Si queremos
construir una sociedad de ciudadanos libres, tenemos que ampliar y
expandir la libertad y disminuir los obstáculos que dificulten su
ejercicio.
Creo que en esa libertad de elegir el campo educativo es un ámbito
importantísimo, y por eso tengo que decir a S. S. que me cabe el honor de
proponer al Consejo de Ministros que apruebe el real decreto de libre
elección de centros, que en este momento está en informe del Consejo
Escolar del Estado. Desde luego atenderemos las indicaciones y
sugerencias que desde dicho Consejo se nos hagan.
Se ha referido S. S. a si vale la pena tocar el consenso educativo. Tengo
que decir a S. S. que desde mi punto de vista, y en el campo de las
libertades educativas, creo que se han dado pasos extraordinariamente
positivos. El primero, sin duda, el pacto constitucional que se plasmó en
el artículo 27 y que supuso la proclamación de la libertad de la
enseñanza como un principio constitucional básico. La ubicación de este
precepto, del artículo 27 de la Constitución, ha colocado a la libertad
de la enseñanza en una posición privilegiada desde el punto de vista de
su fuerza jurídica; como dice el profesor García de Enterría, está
situada en el supremo rango constitucional. Esta proclamación fue la que
desterró definitivamente de nuestro marco constitucional el modelo de
escuela única en manos del Estado. El reconocimiento de la libertad de la
enseñanza implica necesariamente la libertad de creación y dirección de
centros docentes y la libertad de los padres
--cito textualmente-- a elegir el tipo de educación que habrá de darse a
sus hijos. Así lo proclama también el artículo 26.3 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Lo más original de nuestro texto constitucional --ha dicho S. S. que por
razones históricas España tiene un sistema educativo original-- ha
consistido en que recoge simultáneamente y con el mismo valor el derecho
a la libertad de la enseñanza y el derecho a la educación, como derechos
públicos subjetivos. La integración armónica de esos dos derechos está en
el núcleo, en la base de lo que se ha llamado el pacto constitucional en
materia educativa. De acuerdo con él, ese derecho a la educación,
concebido como derecho de prestación exigible frente a los poderes
públicos, ya no puede contraponerse polémicamente a la libertad de la
enseñanza, como yo reconozco que no hace S. S., o al menos no lo ha hecho
en esta Cámara en ningún momento en mi presencia. Me complace haber
leído, además, en el día de ayer que algún ilustre miembro de su partido
también reconocía esta cuestión.
Por tanto, todo nuestro esfuerzo tiene que centrarse ahora en que ambos
derechos --el derecho a la educación y la libertad de la enseñanza--
tengan la máxima expansión posible. Todas las políticas tendentes a
constreñir o a limitar cualquiera de ambos derechos están claramente
fuera del ámbito constitucional y tienen que ser rechazadas. Yo estoy
convencida, señoras y señores Diputados, de que es perfectamente posible
desarrollar y expandir el principio de libertad de la enseñanza que
recoge el artículo 27 de la Constitución y desarrolla el artículo 20 de
la LODE. Además, es una exigencia en una sociedad moderna, abierta y
libre como la nuestra; y es una exigencia porque este movimiento del que
S. S. hablaba hace un momento --y que lo centraba únicamente en el Reino
Unido y en los Estados Unidos--, yo creo que es un movimiento que está
teniendo lugar en muchísimos países desarrollados del mundo y los
gobiernos de todos los signos --liberales, conservadores,
socialdemócratas-- están respondiendo positivamente a esta demanda. En
Francia, en Italia, en Suecia, señoría, se están dando pasos orientados a
promover y a crear condiciones más favorables para la libre elección de
centro, y eso es así porque las sociedades lo reclaman. Reclaman cada vez
mayor grado de libertad y el ejercicio de esas libertades está siempre
asociado a la mejora de la calidad de los sistemas educativos. Señoras y
señores Diputados, en este contexto y desde estos supuestos es donde me
parece importante que planteemos un debate que sea decisivo para el
futuro de la educación en España.
Su señoría se muestra inquieto por alguna de las decisiones que hemos
emprendido en este terreno y, aunque yo también me podría sentir inquieta
porque esa inquietud suya podría revelar ciertas nostalgias de viejas
posiciones que caracterizaron al socialismo más rancio, yo quiero
despejar algunas dudas que creo ha suscitado la intervención de S. S.
(Rumores.) En cuanto a la orden de conciertos educativos, S. S. sabe que
lo único que hemos hecho en esa orden ministerial es regular los
conciertos que van a tener lugar, desde 1997, en los cuatro años
siguientes, porque caducaba la orden de conciertos que estaba vigente
hasta este momento. ¿Y qué hemos hecho en esa orden? Pues, hemos adaptado
la oferta de puestos escolares gratuitos o, lo que es lo mismo,
sostenidos con fondos públicos a la demanda existente. ¿Y esa demanda qué
es? Pues el producto de las libres decisiones de los ciudadanos. No hemos
hecho lo contrario, es decir hacer primero los puestos gratuitos y luego
adaptarlo a que los ciudadanos puedan elegir. No, no. Si no hubiéramos
tenido en cuenta las preferencias de los ciudadanos a la hora de acordar
los conciertos educativos, la libertad de elección de centro se quedaría
disociada del derecho a la gratuidad, porque diríamos: Usted puede elegir
porque es rico y usted no puede elegir porque no tiene dinero para
llevarle a un centro privado no concertado. Decimos lo que dice la Ley,
que tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquellos
centros que satisfagan necesidades de escolarización. ¿Y cómo se define
la necesidad de escolarización? ¿Se define acaso por una planificación
burocrática impuesta y que no tenga en cuenta las libres decisiones de
los ciudadanos? Nosotros no estamos de acuerdo, señoría. Nosotros creemos
que la mejor manera es atender, en la medida de lo posible --sabemos que
quizá no será posible en todos los casos--, la demanda real de las
familias. La aplicación de este criterio produce una doble consecuencia:
primera, que si un centro no tiene demanda suficiente, no se podrá acoger
al régimen de conciertos, y lo lamentaremos; y segunda, que si, por el
contrario, el centro es merecedor de las preferencias de los ciudadanos,
será aquél con el que debamos suscribir el concierto. Así de sencillo, y
ello, señoría, porque es imprescindible que los poderes públicos
cumplamos con nuestra función, que no es otra que la de ser garantes de
hacer efectivo el derecho a la educación, y éste es el derecho a la
educación gratuita en sus tramos obligatorios, en los términos previstos
en las leyes y sin menoscabo del ejercicio de la libre elección de
centro.
En cuanto al proyecto de real decreto de libre elección de centro
educativo, con relación al cual me ha preguntado S. S. en primer lugar
qué tendencia histórica es la que yo quiero invertir, voy a explicar a S.
S. la tendencia histórica que yo quiero invertir. Estamos todos de
acuerdo en el artículo 27 de la Constitución y estamos todos de acuerdo
en el artículo 20 de la LODE cuando establece que los poderes públicos
harán una programación de los puestos escolares que garantice la libre
elección por los padres del centro al que desean llevar a sus hijos. Es
decir, el fin es que los padres --cada vez mayor número de padres--
puedan elegir, y el medio para conseguirlo es hacer una programación
de la enseñanza adecuada, la tendencia que yo quiero invertir, señoría,
es que, hasta ahora, la programación de la enseñanza que se ha hecho se
ha convertido en un fin en sí misma y se ha imposibilitado a los padres
que pudieran elegir el centro educativo al que querían llevar a sus
hijos. Creo --y por eso nosotros queremos invertir esta tendencia-- que
ustedes en los desarrollos del artículo 20 de la LODE, en los sucesivos
que han publicado porque se han publicado dos, han privilegiado el papel
de la planificación en detrimento de facilitar la libertad de elección.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Ministra, le
ruego vaya concluyendo.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Termino ya, señor Presidente.
Por esta razón, con el proyecto de real decreto que en este momento está
en el Consejo Escolar del Estado, nosotros hacemos exactamente todo lo
contrario. Me alegro, señorías --y termino ya--, me congratula mucho que
el anterior secretario de Estado de Educación, señor Marchesi, en un
artículo que publicaba ayer decía que él era partidario de ampliar la
zona de influencia de los centros; exactamente, señoría, lo que nosotros
nos proponemos hacer con el único objetivo de cumplir mejor el artículo
27 de la Constitución, el artículo 20 de la LODE y los deseos de unos
ciudadanos libres que quieren elegir lo mismo que eligen otras cosas, el
centro educativo al que llevan a sus hijos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Ministra.
Señor Romero.
El señor ROMERO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, ésta es la vieja teoría de los libros amarillos de
Milton Friedman. Ya nos la sabemos y también los resultados. Es un debate
falso el que usted quiere plantear para nueve meses, absolutamente falso
y no conduce a ningún sitio. No hay más capacidad de libertad de elección
de centro con su proyecto de real decreto, hay más capacidad de selección
por parte de los centros a determinados alumnos; es todo lo contrario.
En segundo lugar, hay un intento de alterar con consecuencias muy
perversas para la programación general --no la planificación
burocrática--, el derecho indeclinable de un Gobierno democrático en el
sistema educativo de un país.
En tercer lugar, no me queda claro si aspectos de real decreto vulnerar
con carácter general algún aspecto de la legalidad, fundamentalmente en
lo que tiene que ver con el acceso en los centros concertados de
educación infantil a educación primaria. Me gustaría que lo aclarase
aquí.
Señora Ministra, es un real decreto que discriminará a las zonas rurales,
como en todos los países --los dos-- donde se han aplicado fórmulas como
ésta. Acentuará negativamente la dualidad entre el actual mapa de centros
y el que podría quedar si usted aplicara este real decreto durante dos o
tres cursos consecutivos.
Además de eso, rompe completamente el criterio de proximidad entre el
domicilio y el centro. Confunde ese real decreto --y usted también, por
cierto-- libertad de elección con libertad de enseñanza. Antepone la
libertad de enseñanza al derecho a la educación, pero ya que usted ha
hecho tantas citas le voy a hacer una interpretación general de lo que yo
creo es la decisión última de la combinación de tres medidas que ha
tomado usted en estos meses. Es la combinación de la orden de conciertos
del borrador del real decreto de admisión de alumnos y la inexcusable
caída de la inversión pública en la red de centros públicos de enseñanza
secundaria.
La orden de conciertos, señora Ministra --por cierto me gustaría que lo
aclarase en sede parlamentaria--, ¿establece o no límite presupuestario?
¿Hay límite presupuestario para determinar el número de nuevas unidades
que es posible concertar? En la orden no queda claro. Podría entreverse
de esta orden que hay un intento, un interés en incrementar el peso de
los recursos públicos hacia la red de centros concertados, invirtiendo,
esta vez sí, el equilibrio que nace del año 1978 en este país.
Por otro lado, señora Ministra, citaba usted al secretario de Estado
anterior. Yo le voy a citar a su director general, fiel seguidor de
Friedman y, por lo que veo, usted fiel seguidora de él en las teorías que
expone aquí. ¿Sabe usted lo que dice un director general de su
departamento sobre las consecuencias negativas de la aplicación de la
teoría de la libertad de centros que usted ha explicado aquí? Mire lo que
dice: selección inversa de centros a alumnos; jerarquización acusada
entre centros; discriminación de grupos sociales en función de su nivel
de información sobre los centros y su funcionamiento; degradación del
nivel formativo; cierre de escuelas públicas; atomización del sistema en
centros. Estas son las consecuencias negativas de la aplicación de esta
peculiar teoría de la libertad de elección de centros, que no funciona en
el conjunto del sistema educativo sino únicamente en las coronas
periurbanas y en las grandes ciudades, donde lo que ocurre únicamente es
que se establecen mayores sistemas de discriminación.
Decía antes, le decía a usted, que inexplicablemente ha dejado caer
además, para no hacer efectivo el derecho a la educación y abandonando su
deber de programar con carácter general los recursos públicos para la
educación de este país, la inversión pública para construir centros de
secundaria, porque, si no, no hay libertad de centro, porque, si no, no
hay posibilidad ni en las zonas urbanas ni en las zonas rurales.
Señora Ministra, ¿sabe usted cuántos centros va a inaugurar en septiembre
del año que viene? ¿Sabe cuántos centros de educación secundaria ha
sacado a concurso desde el 1 de julio al 31 de enero? ¿Sabe cuántos?
¿Sabe cuántos inauguró en septiembre pasado? Veintiuno. ¿Sabe cuántos va
a inaugurar el nuevo Gobierno, usted, en septiembre próximo? El centro
Celestino Mutis, de Villaverde; el centro Alfajes, de Aranjuez; el centro
Collado-Villalba y la ampliación de un colegio público en Burgos. Esto es
lo que ustedes han sacado a concurso desde el 1 de julio al 31 de enero.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Romero, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor ROMERO GONZALEZ: Esto no es garantizar la libertad de enseñanza,
señora Ministra. Esto no es ni siquiera garantizar el derecho a la
educación. Esto es dejar caer la parte de la que usted es única garante,
la red pública, y propiciar un inexplicable trasvase de recursos
públicos, fundamentalmente en centros urbanos, hacia la otra parte de la
red que no garantizará la libre elección al mismo tiempo, porque usted se
ha ocupado de que no sea así, sino de que los centros seleccionen sus
alumnos. Las zonas rurales en esta política no cuentan, como usted sabe
muy bien, y las coronas metropolitanas, las periferias urbanas tampoco.
De manera que el resultado negativo es adecuado. La radiografía que hace
su director general es adecuada. Es segregación; es cierre de escuelas
públicas; es imposibilidad de hacer el libre ejercicio de la elección de
centro; es mayor sector de negocio; es mayor capacidad para determinados
centros, fundamentalmente concertados y algunos públicos en detrimento
del conjunto de la red. Esto, señora Ministra, no es nada rancio. Esto es
obligación indeclinable de un gobierno democrático en este final de
siglo, y usted está haciendo dejación de esa obligación indeclinable,
repito, y está poniendo en este momento, de manera además absurda, por
nueve meses.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego que
concluya.
El señor ROMERO GONZALEZ: Concluyo, señor Presidente.
Se está abriendo un debate que usted ya sabe que tiene en buena parte a
la comunidad educativa en contra, muy preocupada, al igual que a muchas
familias que no podrán elegir centro, a muchísimos centros, a muchísimos
profesores, al mismo tiempo que muchísimas ciudades, muchísimos pueblos
ven cómo el centro público de secundaria que garantizaría el derecho a la
educación no se construye, ni se construirá durante el año 1997.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Romero.
La señora Ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor Presidente.
Quería comenzar diciendo al señor Romero, quien ha citado repetidamente a
Milton Friedman al hablar de la orden ministerial en la que nosotros
damos un punto y medio al centro educativo para que con criterios
públicos y objetivos pueda decidir en caso de empate, que no sé a quién
le va a molestar más que se le compare, si a Milton Friedman con el
ministro Maravall o al ministro Maravall con Milton Friedman, porque lo
que usted cita en concreto estaba en el Real Decreto de 1985 que, como
usted sabe, se promulgó siendo ministro José María Maravall.
Yo quiero decirle al señor Romero para que esté tranquilo --porque estoy
convencida de que, al final, él va a compartir la idea que nosotros
tenemos-- que nuestro único propósito es que la libertad de elección de
centro no sea patrimonio exclusivo de aquellas familias que tengan los
recursos económicos suficientes para pagar la escuela que desean para sus
hijos, y tampoco de quienes puedan elegir su lugar de residencia en
función de la proximidad de una buena escuela sostenida con fondos
públicos.
Señorías, nosotros lo que queremos es ampliar en todo lo que sea posible
la libertad de elegir centro educativo por parte de los padres, y con
ello no hacemos otra cosa que dar cumplimiento estricto al artículo 27 de
la Constitución y al artículo 20 de la LODE. Tampoco lo hacemos con
criterios nuevos, éstos que tanto molestan al señor Romero ahora resulta
que ya estaban en el Real Decreto de 1985, con el dictamen favorable del
Consejo de Estado, que decía con toda claridad que la Ley establece tres
criterios tipificados como prioritarios y, por tanto, quiere decir que no
son únicos. Lo decía entonces el Consejo de Estado en la petición de
informe del ministro Maravall.
Por tanto, señoría, yo quiero decirle que esa pequeña puntuación de 1,5
puntos dentro de los 17,5 que se dan en total, lo que hace es que a la
clasificación que tenía en la anterior regulación del señor Maravall, que
decía que tenían que ser criterios objetivos, nosotros le añadimos que
sean criterios públicos. Eso va a impedir que se pueda hacer lo que usted
considera el mayor inconveniente de este proyecto de real decreto de
libre elección de centros -- no tema usted llamarle así porque ése es su
nombre, de libre elección de centros-- y
vamos a garantizar que no se produzca lo que usted teme que es que sea el
colegio el que elija al alumno. Tranquilo, para eso ponemos los criterios
que estaban establecidos en las leyes y en los reales decretos de ustedes
y les añadimos 1,5 puntos para que en el caso de empate, con criterios
públicos y objetivos, se pueda decidir cuál es el alumno que hay que
admitir porque estaba empatado a puntuación.
Señorías, la otra acusación que ustedes nos vienen haciendo --no sé si la
ha hecho hoy el señor Romero, no se la he oído pero sí la he leído puesta
en boca de algún otro miembro del Partido Socialista-- es que queríamos
facilitar que los hermanos pudieran estar en el mismo centro. Yo tengo
que decir a S. S. que sí, que es totalmente cierto, queremos facilitar
que las familias con varios hijos puedan tenerlos en el mismo centro, y
por eso hemos subido la puntuación de los hermanos en el centro. Y como
madre de familia, señoría, le puedo decir que no me va a convencer S. S.
de que no se aplique este criterio porque me parece importantísimo.
Pregunta S. S. qué límite presupuestario establece esa orden ministerial
de conciertos. Señoría, parece mentira que un Diputado del Parlamento
español me lo pregunte, el límite presupuestario es el que las Cortes
Generales establezcan cuando aprueben los Presupuestos de cada año. Así
de sencillo.
Su Señoría ha dado lectura al informe de un director general mío, y como
estoy convencida de que intervencionistas los hay en todos los partidos,
creí que era así, pero inmediatamente me he dado cuenta de que estaba
citando a un director general mío, en una publicación que tiene, en la
que hacía un inventario de los argumentos que se utilizan contra la
libertad de elección de centro educativo. Por tanto, por ahora tengo la
satisfacción de anunciar a S. S. que ese director general no está entre
los numerosos intervencionistas.
Me parece que ha dicho textualmente que estoy faltando a mi deber de
programar con carácter general los puestos escolares. Señoría, mi deber
es programar no con carácter general, sino programar los puestos
escolares para que los padres puedan elegir, y eso es exactamente lo que
nosotros vamos a hacer.
Dice S. S. que la inversión pública en nuevos institutos es muy baja. Me
parece que 21.000 millones de pesetas, en un año muy difícil
presupuestariamente como es el año 1997, es una inversión que nos va a
permitir continuar con las obras que estaban en marcha, iniciar nuevas
obras, y, por otra parte, lo que no garantiza, creo yo, la calidad de la
enseñanza es construir centros públicos en lugares donde ya están
construidos. Lo que garantiza, de verdad, la calidad de la enseñanza es
introducir criterios que permitan a los padres elegir el centro al que
quieren llevar a sus hijos, y eso es lo que hará posible que este
Gobierno cumpla no solamente con su programa electoral sino con el
espíritu de la Constitución y de las leyes vigentes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Ministra.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Hay un primer aserto de la señora Ministra, que es de agradecer, y es que
estamos ante una debate ideológico que ella asume como tal, pero
realmente no se puede asumir una cierta irresponsabilidad que hay a la
hora de no ver que este debate ideológico tiene unas consecuencias
sociales y económicas muy claras, según desemboque en una alternativa u
otra. En este sentido, tanto énfasis en el problema de la libertad
--libertad de elección, libertad de enseñanza-- recuerda la cantinela que
también nos están vendiendo en el terreno económico sobre la libertad de
empresa y de mercado. Yo espero que doña Esperanza Aguirre se dé cuenta
de que a pesar de tanta libertad de mercado y de tanta libertad de
empresa el número de parados en el país es enorme, el número de pobres en
el país es enorme, el número de personas que come y viste de manera
distinta es abismal. Por lo tanto, no sé si la libertad de mercado se
refiere a que podemos acabar hasta vendidos como esclavos o si se refiere
simplemente a la manera de encubrir unas amplias ganancias de unos pocos
en contra de una mayoría. Por eso hace tanto hincapié en la libertad,
pero oculta un criterio que es básico por lo menos en el servicio
educativo, que sería el criterio de igualdad, de gratuidad y de
obligatoriedad.
Es muy legítimo, y la Constitución lo sanciona, que la iniciativa privada
tenga derecho, lógicamente, a instalar todo tipo de enseñanza dentro de
la legalidad y sometida a una inspección. Incluso es constitucional y
legítimo que todos los ciudadanos carguemos con los gastos que tenga todo
tipo de enseñanza obligatoria y que por tanto debe de ser gratuita,
aunque sea privada, sometida a unas cuentas reglas de juego. Vamos a
tener que admitir eso porque es la legalidad constitucional. Pero lo que
llama la atención es que la empresaria fundamental de aquello que, por lo
menos hasta ahora, garantizó más la igualdad, la gratuidad y la
obligatoriedad resulta que no solamente no es favorable a la empresa que
rige, sino que la combate desde dentro. Aquí es donde hay algo, señoría,
que es anormal y peligroso. Si usted fuese neutral o favorable, desde el
punto de vista de las reglas del juego, a combatir con la enseñanza
concertada privada, legalizándola y respetándola, pero usted impulsando
la pública, porque es su deber como representante de un Ministerio de
Educación
que se mueve con fondos públicos, estaríamos ante unas reglas de juego no
trucadas. Pero la alarma se establece cuando el enemigo está dentro del
sistema educativo gratuito obligatorio, mayoritario hasta ahora,
dispuesto a derribarlo con armas y bagajes. Lo que nos parece gravísimo
es que se pongan no solamente los fondos públicos, sino la intención
política, al servicio de otros intereses. Porque entonces nos encontramos
con una patronal de la enseñanza privada no cooperativa, sino de núcleos
privados muy importantes que tienen indudablemente una tendencia
ideológica precisa y legítima, por ejemplo puede ser la Asamblea
Confederal de Educación y Gestión, que tiene a usted como valedora y a
ellos y sus empresas como valedores, así como a grupos sociales muy
importantes. ¿Usted cree que éstas son unas reglas de juego equilibradas,
democráticas e igualitarias? ¿Pero a quién quieren engañar? Engañan,
lógicamente, a las personas que piensan que por este camino se van a
poder promocionar individual y particularmente como grupo social, al
margen de la generalidad.
Señoría, hay algo que ningún Estado capitalista se atreve a negar, y es
que la única forma que tenemos por ahora, debido a tantas diferencias
sociales, económicas y culturales, de homogeneizar positivamente la
sociedad es a través de una enseñanza igual, pública, gratuita y
obligatoria. Pueden buscar cualquier solución, pero no la hay mejor que
la enseñanza por cuenta del Estado para este problema, con todos los
respetos y toda la legalidad a favor de la iniciativa privada, que debe
de ser contemplada.
Por lo tanto, yo solamente quiero decirle que me parece bastante
alarmante que ahora mismo se estén desaprovechando infraestructuras,
profesores, preparación científica, etcétera. Por cierto, ¿por qué no le
pregunta a los profesores de la enseñanza privada el porqué de tanto
empeño en que hiciesen el pago delegado y no directamente a las empresas?
Tendrá la respuesta a muchas cuestiones ideológicas, incluso por parte de
aquellos que están sometidos al empresario de la empresa privada.
Nada más. Sigamos con el debate ideológico, pero lo grave es que esto va
a tener consecuencias, las está teniendo ya, por lo menos para los
sectores menos privilegiados y más marginados de la sociedad.
Le doy un dato de mi país. La enseñanza pública es un desastre desde el
punto de vista del respeto por la lengua y la cultura del país, pero le
puedo asegurar que está a años luz de lo que hace la enseñanza privada,
cuyo grado de negatividad respecto a la propia identidad colectiva ya es
esotérico. Con eso ya lo digo todo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En nombre del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Gil.
La señora GIL I MIRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Hemos escuchado con suma atención, como siempre, el semidebate entre la
señora Ministra y el señor Diputado del Grupo Socialista y también la
intervención, que ha precedido a la mía, del Diputado del Bloque
Nacionalista Galego.
Nuestro grupo desgraciadamente no conoce el proyecto del real decreto
sobre la admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos,
que hoy ha sido el origen y motivo de esta interpelación. Por ello
reservamos la explicitación de nuestra opinión y posicionamiento para el
momento de la posible presentación de una moción, si la hay, después de
la lectura detallada y objetiva, así como del análisis también técnico e
ideológico de dicho proyecto de real decreto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En nombre del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Buenas tardes.
Señor Presidente, señorías, doña Esperanza, en mi breve pero obligada
toma de posición centraré algunas reflexiones en hacer explícitos
nuestros motivos de preocupación, ante lo que es objeto de esta
interpelación urgente sobre el desarrollo que de la LODE y la Logse está
haciendo el Gobierno del PP.
El hilo conductor de mi acelerada base argumental lo sustentaré en lo que
considero parte estelar de una atrevida política de desigualdad, que ha
empezado a hacerse efectiva en el sistema educativo.
Respecto de la orden ministerial de conciertos educativos, volcán del
modelo que ustedes están arbitrando, del pasado 16 de enero, nuestra
posición es que ésta no es sino la expresión de la política de desviación
de fondos de la enseñanza pública a la privada, tal y como denunciamos en
el debate presupuestario. En él decíamos que en los presupuestos de
educación para 1997 se incluían, por primera vez, partidas para la
subvención de la educación infantil, cuando este nivel no es obligatorio
y cuando, además, no está conseguida la plena escolarización de los niños
y niñas de cuatro y cinco años, ni extendido, en todas las escuelas el
primer ciclo de educación infantil de tres a cinco años, ambos inclusive.
Las subvenciones para el segundo ciclo de educación infantil, que
servirán para escolarizar a aproximadamente 37.500 niños y niñas, no se
recogen documentalmente en los presupuestos y apenas hay explicación, ni
datos sobre ellas, aunque puede evaluarse en torno a los 7.000 millones
de pesetas, ¡calderilla!, es decir, casi la mitad del total del
incremento de los presupuestos en educación.
A esta situación de incremento de fondos para la privada hay que
contraponer la situación de la pública: sin fondos para el incremento de
la plantilla en infantil
(no hay oferta de empleo público para este nivel explícitamente recogida
en los presupuestos) y una fuerte reducción de las inversiones,
incumpliendo lo previsto en la memoria económica con la que se aprobó la
Logse.
Respecto del real decreto previsto para la regulación del proceso de
admisión de alumnos, consideramos que, bajo la excusa de facilitar la
libertad de elección --su palabra mágica, doña Esperanza-- se va a llevar
a cabo una iniciativa de desregulación del proceso de admisión que tendrá
consecuencias fácilmente previsibles y que entendemos son dar más poder a
los titulares de los centros privados concertados para, mediante la
puntuación de libre asignación --libre siempre entre comillas, doña
Esperanza, como usted bien sabe--, seleccionar por motivos ideológicos,
económicos o sociales a su alumnado. Esta situación sería una
continuación de un fenómeno que, a pesar de la actual regulación y por el
escaso control de la inspección y de las autoridades educativa, ya se
produce.
Hay datos elocuentes. ¿Dónde están escolarizados los alumnos de
integración o de minorías étnicas
o culturales? En los centros públicos casi exclusivamente.
Otro elemento es romper la garantía de una escolarización continuada,
desde infantil a bachillerato, que la nueva regulación permitiría a los
alumnos de los centros públicos, reservando ese derecho a los alumnos de
los centros privados. Otro es romper la continuidad en los planteamientos
pedagógicos y las tareas de coordinación entre los institutos y los
colegios adscritos, e impedir, por la vía de la fragmentación que este
proyecto de real decreto propone, la consolidación de una red pública
ordenada y competente.
En definitiva, estas medidas son complementarias de las que se adoptan en
los vigentes presupuestos para 1997: una fuerte reducción --voy con
muchísima rapidez-- de las inversiones en la red pública de escuelas,
colegios e institutos y recortes en personal y en gasto de
funcionamiento.
Además, al producirse en el año previo al traspaso de competencias, sus
efectos negativos sobre la planificación, programación y coordinación de
los recursos educativos van a ser mayores y van a afectar a la situación
de partida de las nuevas autoridades educativas.
A estos motivos debemos añadir otros igualmente graves que, a nuestro
juicio, están pesando en el desarrollo de la LODE y de la Logse. ¿Por qué
no se cumple, doña Esperanza, con la memoria económica con que se aprobó
la Logse? ¿A qué se espera para desarrollar el título V de la Logse, de
la compensación de las desigualdades en educación, que alude a factores
personales y, especialmente, territoriales, tan relevantes en un momento
como éste de preparación del traspaso de competencias? ¿Qué función van a
tener --en el nuevo marco que se prevé con el traspaso de competencias--
el Consejo Escolar del Estado y la Conferencia de Consejeros de
Educación, ambas instituciones reguladas en la LODE? ¿Para cuándo y en
qué sentido irán las modificaciones del currículo de secundaria y las de
las pruebas de acceso a la universalidad, de las que ya hablaremos?
Sobre todas estas cuestiones, que amenazan --entre comillas-- desde
anteriores comparecencias de la Ministra, doña Esperanza, el Congreso no
ha vuelto a tener noticias.
Por todo ello, con brevedad le digo lo siguiente, doña Esperanza.
Nosotros denunciamos las citadas normas de desarrollo de LODE y Logse
--la orden ministerial de conciertos educativos-- como parte de una
política de desigualdad en la educación, en alianza con la política de
recortes para la enseñanza pública. Denunciamos también el incumplimiento
de la memoria económica de la Logse y la falta de desarrollo de su título
V. Y denunciamos la falta de información a esta Cámara de proyectos de
modificación y desarrollo de las citadas leyes, anunciados en junio del
pasado año.
Señorías, doña Esperanza, termino en el tono conciliador de quien tiene
la firmeza de estar avalada por la razón, de quien defiende no sólo la
justicia social y el derecho a la igualdad, sino el espíritu y la letra
de la Constitución, que ampara no sólo a los suyos, doña Esperanza, sino
a todas y a todos los ciudadanos de este país.
Nada más y gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aramburu.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Guerra Zunzunegrui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor Presidente, señorías, muy brevemente
para fijar la posición del Grupo Popular en esta interpelación.
Se habla mucho de espacios de consenso, pero se está queriendo levantar
aquí algo que ya desde el año 1978 quedó pactado entre todos los
españoles, como es el artículo 27 sobre libertad de enseñanza y de elegir
por parte de los padres.
Estamos achacando al Ministerio que en este año se está ayudando a la
enseñanza privada en detrimento de la pública, etcétera, y quiero, en
nombre de mi grupo, desecharlo. No se ha hecho nada en absoluto en contra
de la pública. Somos defensores, como Partido Popular y como Grupo
Popular, de la enseñanza pública, así como de la iniciativa social, de
las dos, y la elección será de los padres.
Señora Ministra, nosotros apoyamos las dos órdenes ministeriales y
aquella otra que supongo que no se ha hecho pública (nosotros la hemos
conocido por los medios de comunicación) porque está en estos momentos a
la espera del informe del Consejo Escolar del Estado. Lo apoyamos
absolutamente porque eso es ir en el camino de mayor elección por parte
de
los padres. Cualquiera sabe la aberración que significa el que un hermano
estuviera en un centro y si tenía otro o más hermanos no podían ir
juntos. La aberración que suponía que un chico estudiara en un centro de
primaria y no pudiese acceder más que a un único centro de secundaria,
sin la posibilidad de elección. Esto lo que hacía era privar de la
elección que fija el artículo 27 de la Constitución y el 20 de la LODE.
A veces se citan países de la OCDE, pero no se cita a los quince países
de la Unión Europea. En estos últimos, incluido Suecia con gobierno
socialdemócrata y el resto de los países con gobiernos de coalición entre
socialdemócratas, liberales, etcétera, se va cada vez más a la libertad
de elección. Voy a insistir en algunos ejemplos que ya se han citado aquí
y en Comisión. En París, los chicos tenían que elegir antes los
institutos, los centros o los colegios que estuviesen en su
arrondissement. En estos momentos el del sexto puede ir al quince, al
catorce, etcétera.
Señora Ministra, tiene el apoyo de nuestro grupo para ir en la línea de
la libertad de enseñanza según la orden ministerial, si no varía lo que
han publicado los medios de comunicación.
Finalmente sólo quiero decir una cosa. Se ha hablado del gran negocio de
la enseñanza privada concertada. Puedo asegurar que no hay negocio por
parte de la enseñanza privada concertada. La mayoría se mueve por otros
motivos, por motivos ideológicos, porque creen en su necesidad y en su
obligación de educar, pero no por motivos lucrativos. A aquellos que han
dicho que la ley del mercado es la que queremos aplicar, tengo que
decirles que en absoluto. Sabemos que la educación es un servicio público
y como tal apoyaremos ambas educaciones. Por último, quiero insistir y
reafirmar nuestro apoyo al artículo 27 de la Constitución y al 20 de la
Lode.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Guerra.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Con
toda brevedad, para decir que el texto del proyecto de real decreto que
se ha publicado en la prensa no es definitivo, que está en informe del
Consejo Escolar del Estado y que el Ministerio desea incorporar las
sugerencias, las modificaciones y las enmiendas que desde allí se nos
hagan. En el momento en que sea definitivo por parte del Ministerio, lo
haremos llegar a todos los grupos políticos. Quiero tranquilizar al resto
de los intervinientes, asegurándoles que nuestro apoyo es máximo a la
enseñanza pública y que nuestro deseo con este proyecto de real decreto
que hoy se está discutiendo en esta interpelación no es otro que
facilitar y ampliar la libre elección de centro educativo por parte de
los padres. Creemos cumplir así la Constitución y las leyes que la han
desarrollado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Ministra.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA DE EMPLEO QUE EL GOBIERNO PIENSA DESARROLLAR
PARA CREAR EMPLEO CON DERECHOS SOCIALES, REDUCIR LA PRECARIEDAD Y
POTENCIAR LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO (Número de expediente 172/000026)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política de empleo que el Gobierno piensa desarrollar
para crear empleo con derechos sociales, reducir la precariedad y
potenciar la estabilidad en el empleo.
En nombre del grupo proponente, tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, si, como dice el Gobierno, este es el año del
empleo, vamos a hablar de empleo, pues este es uno de los problemas que
más preocupa a la población, sobre todo en su aspecto negativo, en su
envés, el problema del paro.
Dos años y medio después del establecimiento por ley de la reforma del
mercado de trabajo de 1994, que según sus promotores y sus defensores iba
a conseguir ponernos en el camino de la solución definitiva, el balance
que los expertos realizan es el siguiente, a grandes trazos: se mantienen
las altas tasas de desempleo, 3,492 millones de parados, según la EPA de
octubre de 1996; es decir, que desde 1980, en que teníamos un 11 por
ciento de paro, se ha duplicado al 21,81 en esa fecha. El desempleo de
larga duración, el que dura más de tres años, ha crecido en 1996 un 4,55
respecto del año 1995, y mantiene una tendencia creciente, siendo el paro
de más de un año un 55 por ciento del total. La cobertura del desempleo
no llega al 50 por ciento de los afectados, habiendo descendido desde el
67,27 por ciento en 1993, al 49,67 en octubre de 1996. Se ha incrementado
la temporalidad en el empleo, en 1995 era el 34,9, cifras similares en
1996, de forma que en este año 1996 de los 8 millones de contratos
efectuados, la inmensa mayoría, el 96 por ciento no han sido indefinidos;
tres veces, por tanto, la temporalidad de la media de la Unión Europea.
La temporalidad se concentra además en los contratos menos regulados, en
los de
duración indeterminada. Los contratos de tipo indefinido sólo supusieron
el 4,1 por ciento el año pasado, según los datos del INEM. De esos
353.786 contratos indefinidos, el 31,1 por ciento lo fueron a tiempo
parcial. De los contratos temporales, la mitad tuvo una duración de un
mes, y sólo el 0,42 por ciento lo fueron por más de 12 meses. Al ser el
tiempo mínimo del contrato excesivamente limitado, se ha incrementado la
rotación laboral de forma exorbitante, de manera que 2,6 millones de
personas tuvieron un único contrato en 1996; 976.000, dos contratos;
354.000, tres; 230.000, cuatro o cinco; 107.400, entre seis y diez;
21.000, entre 11 y 15; y casi 17.000 personas tuvieron más de 15
contratos en un año. Al mismo tiempo, la extensa gama de modalidades de
contratación se usa de forma desigual por los empresarios, siendo los
eventuales, por circunstancias de la producción, un 32,37 por ciento, de
obra o servicio determinado, un 29,34 por ciento, y a tiempo parcial, un
18,91 por ciento, los más utilizados, sobre todo por las mujeres, que son
el 75 por ciento de los usuarios de este, entre comillas, tipo de
contrato, con restricciones de derechos sociales. Y resulta curioso
observar cómo las modalidades de contratación más bonificadas son
escasamente utilizadas pese a lo costosas que resultan para el erario
público. Por sectores habría que destacar que se sigue notando la
adaptación salvaje a las nuevas circunstancias de la producción
industrial, con mayor destrucción de empleo, sobre todo entre 1991 y
1993, teniendo hoy la industria medio millón menos de trabajadores que en
1990. El sector de la construcción también se resiente de la política
restrictiva respecto de las infraestructuras y las obras públicas, así
como de la disminución del volumen inversor en planes de vivienda o de
edificación civil, y, junto a ello, el constante descenso de la ocupación
de mano de obra agrícola y del nuevo temporeo, cualitativamente distinto
por la utilización de mano de obra inmigrante, estructuralmente
desprovista de derechos laborales. Todo ello en el marco de una cada vez
más restrictiva política agraria comunitaria, que está afectando y
afectará en el futuro a las posibilidades de mantenimiento de los empleos
agrícolas tradicionales.
Además de esta dualización y segmentación del mercado de trabajo entre
los que tienen un empleo fijo y los que están condenados a la indignidad
y la inseguridad de la rotación y la precariedad como supuesta salida
frente al paro, la descohesión social se observa también en los índices
de la siniestralidad y mortalidad laboral, muy por encima de las medias
de la Unión Europea.
Especial mención merece el modo en que afecta esta dualización a los
jóvenes, que en los últimos nueve años han incrementado en 30 puntos el
nivel de su precariedad en el empleo, en concreto del 47 por ciento en
1987 al 76 por ciento en 1996.
Otro de los datos más importantes a la hora de hablar de la descohesión
social y del retroceso de los derechos sociales es el de la proliferación
de fenómenos tales como la concentración empresarial en grupos de
empresas que carecen de una normativa específica suficiente, la
subcontratación en cascada y la segmentación y fragmentación empresarial
por la descentralización productiva, fenómeno llamado por algunos la
pymezación de la economía.
Uno de los factores que han venido a incrementar el nivel de
desregulación e incluso de discriminación laboral positiva ha sido la
instauración de las empresas de trabajo temporal con una deficiente
regulación y una imposibilidad extrema de control sindical.
Junto a esto, el reforzamiento del poder empresarial en el seno de las
empresas, fruto de la flexibilización legislativa llevada a cabo por la
reforma de 1994, no se ha visto compensado con la potenciación de la
negociación colectiva anunciada. Mientras que los empresarios tienen hoy
unas posibilidades prácticamente omnímodas de utilización de la fuerza de
trabajo --incluida la economía informal, claro está, no hay que
olvidarla-- en lo que a turnos, horarios, vacaciones, movilidad
funcional, etcétera, se refiere, subsisten los defectos de la negociación
colectiva que la invalidan como instrumento realmente regulador y
autónomo de las relaciones laborales, o que por lo menos dificultan y
obstaculizan su desarrollo; vacíos normativos, vacíos de cobertura de los
convenios colectivos creados por la derogación de las ordenanzas y las
reglamentaciones no sustituidas; inadecuada regulación del deber de
negociar; desvertebración de la estructura negocial derivada del pasado y
del artículo 84 del Estatuto de
los Trabajadores, desde nuestro punto de vista, lógicamente.
El balance, en suma, es negativo, no solamente para esta fuerza política,
también para muchos expertos que han escrito sobre el tema. La reforma
laboral de 1994 apenas si ha creado empleo para sustituir a los que, por
motivos de jubilación, han abandonado el mercado de trabajo, y sí ha
potenciado su precariedad, habiéndose producido, además, un importante
deterioro de las relaciones laborales.
Este resultado, anunciado por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en
su día, cuando nos opusimos a la reforma laboral, y por los sindicatos
que convocaron la huelga general del 27 de enero de 1994, secundada por
ocho millones de trabajadores y trabajadoras, ha suscitado la cada vez
más unánime convicción de que hace falta adoptar medidas para potenciar
la fijeza en el puesto de trabajo, pues ello no sólo genera bienestar y
seguridad para los trabajadores, que sería razón suficiente, sino que
además resulta más adecuado para los intereses macroeconómicos generales
incluso de los empresarios en particular.
En efecto, la política de empleo hasta ahora ha sido, en esquema,
flexibilizar el marco de las relaciones laborales,
por un lado, para conseguir la incentivación de los empresarios a
contratar en función del abaratamiento de los costes laborales y, por
otro, la habilitación de las llamadas políticas activas de empleo, esto
es, la cualificación y formación de la fuerza de trabajo y las
subvenciones a los empresarios que contratan vía exenciones,
bonificaciones fiscales, cotizaciones a la Seguridad Social, etcétera.
Pero esta política ha producido varios efectos no deseables. Por un lado,
la precariedad ya analizada; por otro, la desincentivación que genera la
temporalidad a la hora de invertir en capital humano. Los empresarios
para qué van a invertir en formación y reciclaje profesional, se
preguntan muchos de ellos, e incluso en unas relaciones laborales
participativas con unos empleados que van a rotar en el empleo pues, por
otro lado, el rotar les interesa a los empresarios, dadas las políticas
de asistencialismo empresarial.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor VAQUERO DEL POZO: Además, la estrategia empresarial orientada al
bajo valor añadido laboral o al dumping social de los bajos costes
laborales, de la reducción de las condiciones de seguridad, de la
precariedad, etcétera, ha desechado estrategias del medio o largo plazo,
del competir por las decisiones o medidas adoptadas respecto de la
organización productiva, de la mejora de la rentabilidad de los mercados
de productos, de los servicios a clientes. Y esto no sólo se ha producido
en las pymes, sino que se ha contagiado de unas empresas, quizá más
llamadas a esto por su dimensión, por sus problemas, a otras a las que
objetivamente este tipo de estrategias no beneficiaba en nada.
Pero es que, para colmo de fatalidades, la precariedad y la temporalidad
se están revelando contrarias al consumo privado, uno de los factores más
retardatarios de la demanda interna y, por tanto, del crecimiento
económico, cuestión esta que, si siempre hay que tenerla en cuenta, en
este momento de la coyuntura económica es absolutamente relevante. Por
contra, la estabilidad de las relaciones laborales, lo que trae como
consecuencia es la cualificación de la producción y, por tanto, la
orientación de la competitividad vía calidad y no vía reducción de los
costes laborales, y crea, además, las condiciones para reactivar el
consumo.
La progresiva generalización de estas opiniones crea un clima, por tanto,
propicio para la búsqueda de soluciones a la problemática de un mercado
de trabajo tan deteriorado y tan mal orientado como el nuestro. Por ello,
se está produciendo la negociación entre los sindicatos mayoritarios,
Comisiones Obreras y UGT, con la patronal CEOE, y hasta la fecha el
Gobierno se ha limitado a apadrinar la negociación, no renunciando a
incentivar a veces la polémica pública mediante declaraciones no siempre
afortunadas, permítame que se lo diga, señor Ministro, pues, intentando
formalmente equidistar entre las posturas de ambos interlocutores, sin
embargo a veces se inclina por la posición de los sindicatos y a veces
parece estar dispuesto a intervenir en el caso de que no haya acuerdo
final, introduciendo por la vía legislativa una nueva reforma de las
reformas, orientada, como siempre, a la flexibilización, más si cabe, de
las relaciones laborales, como en concreto propugnaría la CEOE.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, le
ruego que concluya.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Presidente, acabaré lo antes posible.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, manifiesta su firme convicción de que ha llegado la hora de
proclamar algo que es un secreto a voces: que la desregulación no crea
empleo. Por tanto, en este sentido hay que hacer una reforma, pero en el
sentido más genuino del término, en el sentido de buscar como objetivo la
creación de empleo de calidad, pues a la postre se ha visto que crear
empleo como sea, empleo aunque sea basura, es simplemente una chapuza.
Esta reforma, desde nuestro punto de vista --por no extenderme
demasiado--, debería tener --insisto, está en nuestro programa
electoral-- los siguientes ejes. En primer lugar, racionalizar las
modalidades de contratación, eliminando los contratos de lanzamiento de
nueva actividad y de fomento del empleo, modificando la regulación de los
contratos de obras y servicios determinados, el eventual por
circunstancias de la producción y el de interinidad, refundiendo los
contratos de aprendizaje y en prácticas en un nuevo contrato formativo,
eliminando como modalidad de contratación el contrato a tiempo parcial,
pues estos contratos son de cualquier tipo, cuya jornada está reducida,
pero cuyos derechos sociales no deberían estarlo, y sustituir el contrato
de relevo por un contrato de solidaridad que sea una auténtica
contribución al reparto del empleo. En definitiva, se trata de
reintroducir el principio de causalidad, reduciendo la temporalidad y
precariedad, mejorando la calidad y estabilidad del empleo y evitando su
destrucción.
Segundo elemento, definir con más precisión los papeles de los agentes
públicos y privados de intermediación y control de la contratación;
aclarar qué competencias va a tener el INEM en el futuro y qué es eso que
usted, señor Ministro de Trabajo, ha llamado pomposamente administración
única de la formación y la mediación, según hemos leído en la prensa. Por
otro lado, regular con más acierto y precisión las empresas de trabajo
temporal para evitar discriminaciones entre trabajadores en una misma
empresa y puesto de trabajo, y la desregulación encubierta, así como
introducir la representación
sindical y los derechos de información y consulta, tanto en los
trabajadores de las empresas de trabajo temporal como en la empresa
usuaria.
En tercer lugar, regular los grupos de empresa y las contratas y
subcontratas. En cuarto lugar, definir mejor y reducir las causas del
despido de los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores,
ampliando la participación sindical en la determinación de las causas
objetivas y definiendo mejor la distinción entre despidos individuales y
colectivos.
En quinto lugar, ampliar la cobertura de desempleo y la protección
social, invirtiendo la actual tendencia reductora por mor de las
políticas restrictivas del gasto público y, por tanto, del gasto social
también.
En sexto lugar, llevar a cabo medidas integrales para potenciar el papel
de generadoras de empleo que tienen las pymes y la capacidad de
autoempleo de los autónomos.
En séptimo lugar, adoptar...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Acabo enseguida, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, ha
excedido amplísimamente el tiempo. Le ruego que finalice en un tiempo no
superior a dos minutos.
El señor VAQUERO DEL POZO: Acabo enseguida, señor Presidente. Es tiempo
suficiente.
En séptimo lugar, adoptar medidas de reparto del trabajo y de reducción
de la jornada laboral, conforme a las posibilidades y exigencias de las
nuevas condiciones de la producción, que requieren mucha menos mano de
obra para producir cada vez más --ya se sabe que hoy se requieren
solamente 25 trabajadores para producir lo mismo que en 1960 producían
100 trabajadores--, traduciendo los incrementos de productividad en
reducción de jornada.
Una política de empleo que se precie de coger el toro por los cuernos, de
adaptarse a la realidad actual y a las tendencias de futuro, tiene que
tomarse en serio la reducción del tiempo de trabajo, el reparto del
trabajo, utopía que, cuando Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya lo
planteó, en 1993, recibió incluso la burla de otros grupos sociales y
políticos, pero que hoy está siendo asumida e incluso practicada, en
determinadas medidas, por gobiernos europeos e incluso dentro de España
por algún gobierno autonómico. He aquí que el reparto del trabajo es la
piedra de toque de la política de empleo de este Gobierno y de los
sucesivos, pero espero que de este Gobierno.
Estas, en términos generales, son las propuestas de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. ¿Cuáles son las propuestas del Gobierno?
Ya ha pasado casi un año de ejercicio de Gobierno (Rumores.), casi, y no
vale esconder la cabeza debajo del ala ni echar las culpas a gobiernos
anteriores, como es lógico. ¿Cuál va a ser la política del Gobierno?
¿Dejar a los sindicatos y a la patronal que negocien? ¿Eso es todo?
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, como saben ustedes, señorías,
valora y respeta el papel de prelegisladores de los agentes sociales y
económicos y, además, no quisiera que se utilizara nuestra insistencia en
este tema para intervenir en un sentido contrario al que están planteando
los sindicatos y la patronal, es decir, para interferir en la
negociación. Sin embargo, esto no debe plantearse, señor Ministro, como
incompatible con el ejercicio de la responsabilidad que nos concierne a
los representantes de la voluntad popular y, sobre todo, en concreto, del
Gobierno de la nación; no es incompatible, no se puede plantear como tal.
De hecho, hemos leído en la prensa, señor Ministro, que el Gobierno está
convocado por la Unión Europea a presentar un programa plurianual de
empleo, sobre el que nos preguntamos en qué línea va
a ir.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, le
ruego que concluya.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Ministro, yo le emplazo a que asuma de
verdad el compromiso de acabar con la temporalidad, de crear empleo de
calidad, de repartir el trabajo y de encauzar la estrategia del mercado
laboral hacia la competitividad vía calidad; y le emplazo, finalmente, a
que nos plantee a todos la ocasión específica de corresponsabilizarnos en
este tema, mediante la participación en la toma de decisiones, también en
el ámbito parlamentario.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
En nombre del Gobierno, para contestar a la presente interpelación, tiene
la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, señoras y señores Diputados, tomo la palabra para contestar a
la interpelación que me formula el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y, en su nombre, el señor Vaquero.
Quiero decir que hay cuestiones de las que me libera el propio señor
Vaquero, el cual, en su extensa y documentada intervención, ha hecho
énfasis en multitud de datos que no tengo más que certificar como
responsable del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Todos los datos
a los que ha hecho referencia son datos correctos, y me parece también
que podemos avanzar incluso
en alguna coincidencia en cuanto a los diagnósticos y a los objetivos.
Pero me parece importante situar algunas cuestiones previas.
Primera cuestión previa. Es posible compartir, señor Vaquero, no hay más
remedio, las cifras sobre la situación de nuestro mercado de trabajo. Es
posible también, absolutamente posible, compartir los objetivos de la
política de empleo, y esas dos posibilidades, a la vez, también pueden
ser complementadas cuando se llega a la discusión desde dos modelos
económicos distintos: el modelo económico que representa S. S. y el
modelo económico del Gobierno centrista, al que yo tengo el honor de
pertenecer. En consecuencia, señoras y señores Diputados, se puede
coincidir en cuál es la situación, en cuáles son los objetivos, y la
dificultad extraordinaria está a la hora de acertar en los medios que hay
que desarrollar para conseguir los objetivos.
La segunda cuestión previa es una especie de tortura que soporto en los
últimos días. El Gobierno ha dicho: hay propuestas de mejora del mercado
de trabajo desde el Gobierno; pero el Gobierno toma una decisión política
activa, y la decisión política activa es decir a los españoles que,
entendiendo que el diálogo social tiene valor social, valor político y
valor económico, toma el Gobierno una decisión política activa, y es que
pide a los agentes sociales que intenten ponerse de acuerdo sobre la
mejora del mercado de trabajo. No se plantee nunca esa decisión política
activa del Gobierno como la no asunción de responsabilidades por parte
del Gobierno; que no se interprete nunca el diálogo social como una
táctica o una estrategia del Gobierno, sino como una convicción profunda
del Gobierno. Y me parece que a estas alturas del debate nacional, con
ocho meses de gobierno --y le garantizo que yo los llevo contados; nos
falta algún mes todavía para cumplir un año--, creo que este Gobierno
puede decir que hay un paquete de acuerdo social para que la sociedad le
crea cuando manifiesta que cree en el diálogo social, como he dicho, como
un instrumento de valor económico, de valor social y de valor político y
no como un mera estrategia.
Pero le hablaba de mi tortura. Mi tortura en estos días es que los
sindicatos y los empresarios me dicen: Hable usted muy poco, porque
interfiere la negociación. Y yo llevo, se lo prometo, un mes diciendo que
apuesto por el acuerdo, que apuesto por el acuerdo y que apuesto por el
acuerdo, y llevo también diciendo un mes que el acuerdo cuanto antes.
Porque hay una parte en la que usted va a coincidir conmigo: desde que se
anunció, señorías, que hay posibilidades de mejorar el mercado de
trabajo, hay un efecto anuncio negativo en las contrataciones, porque hay
inversores y creadores de empleo que están esperando al final de esas
conversaciones para tomar su decisión de contrato. Por tanto, ¿dónde está
mi tortura? Que yo digo: apostamos por el acuerdo social. Y ¿cuándo?
Cuanto antes, pero sin prisas. ¿Y cuál es mi otra parte? Que los medios
de comunicación me preguntan todos los días, y la oposición, en su
legítimo derecho, como hace usted hoy en la Cámara, me pregunta. Por eso
decía usted que el Ministro de Trabajo a veces está equidistante.
Permítame que le diga que estoy haciendo un ejercicio de equilibrio
extraordinario para no interferir en absoluto en el diálogo sindicatos y
empresarios y, a la vez, para satisfacer las legítimas demandas de los
medios de comunicación y de los grupos parlamentarios de la oposición.
Así que no me vea usted en la equidistancia interesada, sino en el
necesario equilibrio para permitir que el acuerdo se dé. Ese beneficio de
la duda al menos se lo solicito.
Tercera cuestión importante. Usted ha planteado bien este debate. Porque,
señorías, cuando se habla de política de empleo, se comete un gravísimo
error si se piensa que la política de empleo de un gobierno se concentra
en el ámbito del trabajo y los asuntos sociales. La política de empleo es
una política que compete a todo el Gobierno, que es competencia de todo
el Gobierno y le diría que para este Gobierno al menos el empleo no es
una preocupación; vamos más allá: es una auténtica obsesión la que tiene
el Gobierno con la política de empleo.
Cuando hablamos de unos presupuestos restrictivos y serios para el año
1997, cuando hablamos de una reducción de tipos de interés y de unos
tipos de interés que no recuerda, por lo reducidos, mi generación, cuando
hablamos de un comportamiento de la inflación que ha sido calificado como
histórico, cuando hablamos de mejorar de fiscalidad de las pequeñas y
medianas empresas, cuando hablamos de reducir los costes energéticos de
las pequeñas y medianas empresas, estamos haciendo una contribución
decisiva a la creación de empleo. Por tanto, que no se concentren las
políticas de empleo en lo que significa el marco laboral. Pero ¿dónde
entran las políticas laborales de forma directa? Yo intentaré darle mi
versión. El gran drama de España es que, estando creciendo algunos años
por encima de la media comunitaria, ese crecimiento económico no se
convierte automáticamente en creación de empleo, y ahí es donde hay que
mejorar las normas que regulan el mercado de trabajo, para que las
citadas normas no obstaculicen que el crecimiento económico se convierta
en creación de empleo. Por tanto, que nadie sitúe la mejora del mercado
de trabajo como la panacea del empleo, pero hay que decir que es
imprescindible, entre otras cosas por razones de integración europea, que
mejoremos nuestro mercado de trabajo. No podemos competir, en el ámbito
de una economía internacionalizada cada vez más mundializada, con reglas
de juego laborales y mucho menos en el ámbito comunitario.
Dicho esto, señorías, creo que es importante también señalar que el señor
Vaquero, conociendo muy bien las cifras --que las conoce
estupendamente--, tiene que reconocer que el panorama sombrío al que se
ha referido hablando de empleo no es aplicable a 1996 y no es aplicable a
las perspectivas de 1997. Intentaré explicarlo con mucha brevedad, señor
Presidente.
Es verdad que en los últimos diez años se han dado las circunstancias a
que ha hecho referencia, pero no es menos cierto que en 1996 se ha
reducido el paro registrado en 160.000 personas. No es menos cierto que
en 1996, según los datos del tercer trimestre de la encuesta de población
activa, se han creado al menos
--estamos esperando la cuarta parte de la encuesta de población
activa-- 190.000 empleos. Y no es menos cierto que los indicadores que
tenemos para 1997 despiertan unas buenas expectativas. Pero también le
quiero decir que, mientras yo sea Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
mientras haya paro, no me va a ver nunca contento, porque nunca
interpreto el paro ni como una cifra ni como una estadística, sino
siempre como un problema personal o como una tragedia que se da en una
familia española. Pero los datos de 1996 no nos llevan al pesimismo ni
las previsiones de 1997 nos llevan al pesimismo.
En 1996 yo he dicho: paro registrado 160.000 menos; creación de empleo
por encima de 190.000; más de 8.600.000 contrataciones en el año 1996;
compruébelo, 8.601.000 exactamente. Pero, ¿qué ha pasado en 1996? Ahí
coincido con usted. ¿Estoy contento con el número de contrataciones? Sí.
¿Estoy contento por el tipo de contrataciones? No. Ese es el drama. Y
tenemos plena coincidencia usted y yo. Pasemos del empleo precario al
empleo estable. Tengamos un panorama laboral que dé certidumbres y no
incertidumbres. Busquemos fórmulas atractivas de contratación para los
jóvenes en el futuro. Terminemos --oígamelo-- con los contratos basura,
que han fracasado, que se han utilizado fraudulentamente para conseguir
mano de obra no vinculada al aprendizaje, en ocasiones sin derechos
sociales reconocidos en la ley. Eso son puntos de coincidencia, señor
Vaquero. A la hora de acabar con los contratos basura, me va a encontrar
en su camino; a la hora de buscar estabilidad, me va a encontrar en su
camino; a la hora del pesimismo por sistema, no me va a encontrar en su
camino.
¡Hombre! Hay alguna discrepancia. Ha hecho referencia el señor Vaquero al
panorama sombrío sobre los sectores de la economía. Digamos la verdad. En
1996 el sector industria ha tenido una evolución positiva en términos de
paro registrado. Insisto en el año 1996 porque es cuando llego al
Ministerio, antes estaba en la oposición, pero en el año 1996 en el
sector industria --si no me falla la memoria-- el dato es de menos 65.000
en paro registrado. Si tiene usted el dato puede comprobar si coincide.
¿El comportamiento de la agricultura en el año 1996? Francamente bueno.
¿Han incidido las circunstancias climatológicas? Por supuesto. ¿Por qué
el dato no es tan significativo como en la industria? Porque la
aportación de la agricultura en términos de PIB y en términos de empleo
nacional es muy inferior, como usted sabe. ¿Ha tenido el Ministro de
Trabajo alguna preocupación por la evolución en el sector construcción
con el empleo en el último trimestre de 1996? Sí. No ha evolucionado
positivamente. También le doy una alegría: en el mes de enero --toco
madera para que se confirme en febrero, marzo y abril-- ha despuntado el
sector de la construcción y se ve con toda nitidez en la cifra de
afiliaciones al régimen general de la Seguridad Social vinculado a la
construcción. En enero tenemos un cierto repunte. Por tanto, creo que a
la hora de hablar de la evolución de los sectores productivos en 1996 no
podemos compartir ese análisis.
Dice S. S. que esto está muy vinculado con el consumo. Estoy de acuerdo
en el cien por cien. Cuando tenemos más del 40 por ciento de la
contratación temporal a tiempo determinado con contratos inferiores a un
mes, ¿cómo le vamos a decir a un joven que se compre un coche o un piso
si su horizonte laboral es de un mes? A la hora de plantearnos la
reactivación del consumo --y sabe usted que el Gobierno hace una apuesta
decidida por lo que significa el crecimiento sostenido del consumo, y hay
que pensar mucho también en los comportamientos de la inflación cuando se
habla del consumo-- hay dos elementos básicos para mí: uno, que
desaparezcan las incertidumbres en las prestaciones sociales --y este
Gobierno lo ha conseguido--, y, segundo, que la precariedad en el empleo
se convierta en empleo estable o que tengamos empleo de calidad.
¿Fortalecer la negociación colectiva? Con usted al cien por cien. Los
vacíos de cobertura que usted ha planteado. ¿Las posibilidades de
potenciación de la negociación colectiva que abría la última reforma del
mercado de trabajo? Con usted al cien por cien. Y, en ese caso, con los
agentes sociales, a los que usted ha calificado como prelegisladores --yo
no los califico así; los legisladores estamos aquí--, en mi opinión, se
dialoga todos los días en el Parlamento y fuera del Parlamento, pero en
materia de negociación colectiva hay que decidirse por el modelo, y el
modelo de relaciones laborales puede tener tres orientaciones: una, la
confrontación, que este Gobierno no plantea; dos, la permanente
intervención desde el derecho, y, tres, el fortalecimiento de la
negociación colectiva. Mi apuesta es, con nitidez, la tercera, pero usted
coincidirá conmigo en que en este asunto de la negociación colectiva
tienen muchísimo que decir los sindicatos y los empresarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ministro, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Voy
concluyendo, señor Presidente.
Usted nos dice que adoptemos medidas. Yo le digo que en el Ministerio
tenemos documentos de ciento y
pico páginas, aunque eso no tiene mucha importancia, con las propuestas
del Gobierno y que, si no hubiera acuerdo entre sindicatos y empresarios,
el Gobierno planteará sus propuestas y lo hará con diálogo. ¿Con diálogo
con quién? Con sindicatos y empresarios y con todos los grupos
parlamentarios, pero la sociedad española está demandando la mejora del
mercado de trabajo. Tenemos un deber histórico con los jóvenes españoles
para que puedan acceder al mercado de trabajo; tenemos que buscar
modalidades contractuales atractivas. Y le quiero decir una cosa: es
verdad que han fracasado muchos incentivos fiscales, muchas
bonificaciones fiscales, pero sepa usted que la contratación no se
arregla con decretos-leyes. Decir por ley que todos los empresarios hagan
contratos indefinidos está muy bien, pero no responde a la realidad. Hay
que buscar el equilibrio entre formas contractuales atractivas para los
creadores de empleo que mantengan los derechos sociales de los
trabajadores, y quiero clarificarle que desde el Gobierno y desde el
Grupo Parlamentario Popular no se va a plantear nunca la reducción de los
45 días de los actuales contratos indefinidos en el despido improcedente,
porque el objetivo del Gobierno no es facilitar despidos, sino facilitar
contrataciones. Esa es la diferencia que va de una filosofía positiva a
una filosofía negativa en el marco de las relaciones laborales.
Usted se ha referido a cuestiones muy concretas. Ha dicho: racionalizar
contrataciones. De acuerdo. El problema es cómo lo hacemos.
Nuevas fórmulas de contratación tienen que dar lugar a la desaparición de
otras anteriores. Totalmente de acuerdo. Ojalá pudiéramos tener en España
cuatro fórmulas contractuales: alguna vinculada a la temporalidad, un
gran contrato de formación, un contrato indefinido y alguna otra fórmula.
Pero, como digo, ojalá que en España estuviéramos en tres o cuatro
fórmulas de contratación. Nos lo agradecerían especialmente los pequeños
y medianos empresarios.
Me dice usted: ¿qué ha dicho, señor Arenas, sobre las comunidades
autónomas, intermediación y formación? Le quiero ser muy claro. Tengo la
impresión de que todo lo que significa cumbre de Essen, acuerdos de
Consejo de Ministros de la Unión Europea y la filosofía del Gobierno
caminan por que cada día seamos más receptivos en la transferencia a las
comunidades autónomas de las políticas activas de empleo --usted sabe que
son la formación y la intermediación--, manteniendo siempre un servicio
público de empleo en España en la red europea de empleo. Eso lo he dicho
yo, a la vez que he dicho que, en mi opinión, en España, la
Administración única en materia de Seguridad Social tiene que ser el
Estado. Las experiencias que hay en España de darle a una Administración
el reconocimiento de un derecho y a otra Administración el pago de ese
derecho, desgraciadamente, don Carlos, no han sido positivas, y en esta
legislatura nos queda mucho que hablar de ese tema.
Pymes y autoempleo. De acuerdo, pero ha hecho usted un matiz importante,
ya que ha dicho: definir mejor y reducir las causas de despido. Yo soy
sincero; yo digo: definir mejor las causas de despido, clarificar las
causas de despido. ¿Qué papel corresponde en el futuro a los jueces? Los
sindicatos están planteando qué papel corresponde a la negociación
colectiva en el marco del despido. Pues definición y clarificación. En
eso estamos totalmente de acuerdo y tengo la impresión de que los
primeros que lo demandan son los propios magistrados. La última semana he
tenido una experiencia que no olvidaré nunca, una experiencia muy triste:
comer con un grupo de personas expertas en el asunto, encabezadas por
Rafael Martínez Emperador, una persona que los asesinos, los violentos se
han llevado por delante estos días. En esa comida, donde había personas
vinculadas al ámbito de la justicia --de los más preclaros nuestro amigo
Martínez Emperador--, había unanimidad: tenemos que clarificar las causas
de despido. El problema es hacia dónde y cómo se clarifican.
Perdón, señor Presidente, pero es que el Diputado me ha planteado muchas
cuestiones.
Programa plurianual de empleo. Se ha aprobado en el Consejo de Ministros
el otro día la elaboración del programa, que corresponde a nueve
ministerios. No va a ser un programa del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales; va a ser un programa de nueve ministerios. Me indica usted que
le diga algo más. Le voy a decir cinco líneas de la cumbre de Essen.
Primera, inversiones e incrementos en políticas activas. En el plazo de
dos meses presentaré nuevas políticas activas. Segunda, relación
crecimiento económico-creación de empleo, especialmente papel de las
pequeñas y medianas empresas. Tercera, mejora del mercado de trabajo.
Cuarta, bloque que se refiere a medidas especiales, y estamos hablando de
mayores de 45 años, de mujeres, de jóvenes y de personas que sufren
alguna discapacidad. Quinta, estudiar en el futuro la posibilidad de la
reducción de los costes laborales no salariales. ¿Le gustan o no le
gustan? Son cinco líneas de la cumbre de Essen para un programa
plurianual de empleo, del que tenemos que rendir cuentas en la Unión
Europea.
Termino, señor Presidente, agradeciendo el tono de la intervención del
Diputado señor Vaquero, esperando que, al menos en lo que significan los
objetivos y el diagnóstico, tengamos alguna coincidencia. Quiero decirle
también que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales permanentemente
está abierto a cualquier sugerencia que se haga. Hay muchas cuestiones en
la vida política que deben estar en el ámbito ideológico. Sin embargo,
siempre se recurre a decir que algunas de ellas son cuestiones de Estado
o políticas de Estado. Pocas veces hemos hablado del empleo como política
de Estado. Pero sería bueno que algún día nos planteemos esa cuestión
porque --insisto-- no es un
problema, es una obsesión de la sociedad española (Aplausos.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
Señor Vaquero, tiene la palabra.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, sin duda alguna en los datos coincidimos.
Incluso le diría que en aquello en que no coincidimos, que es en las
cifras de 1996 y 1997, hay que tener en cuenta que la proyección que
genera el censo de la EPA de 1991 puede crear también una distorsión,
pero no en el sentido que usted le daba, sino porque a lo mejor no se ha
creado tanto empleo, etcétera. Usted lo sabe y, por tanto, no echemos las
campanas al vuelo ni creemos tampoco ningún tipo de discrepancia
respecto, repito, a los datos.
En cuanto a los diagnósticos, es lógico, entre otras cosas porque,
respecto a temas de empleo, a veces las proyecciones de tipo ideológico
lo que generan es contradicciones insuperables. Este es el problema, que
en esto estamos abocados necesariamente a contribuir cada uno, desde su
posición ideológica, a consensuar las mejores medidas de empleo y a
reconocer que a lo mejor ha habido cuestiones de nuestro modelo que no
han funcionado. El de Izquierda Unida no ha sido probado en el pasado,
por lo que tendrá de reconocerme que en esto tenemos una cierta ventaja.
No se trata de crear una situación sombría ni una visión pesimista. Todo
lo contrario. Esta interpelación urgente lo que pretende es poner en el
frontispicio de los planes de trabajo del Gobierno, y de esta Cámara
fundamentalmente, el problema del empleo, porque todos tenemos que
creernos de forma eficaz que es necesario crear empleo. Estoy convencido
de que hay enorme sinceridad en todas aquellas cuestiones que ha
planteado el señor Ministro y coincidencias con la visión pormenorizada
que yo he realizado en nombre de mi grupo.
En concreto, yo destacaría que es necesario acabar con los contratos
basura, que es necesario hacer un plan de empleo que englobe a toda la
acción del Gobierno: la política industrial, otro tipo de políticas, de
infraestructuras, etcétera. Todo ello es imprescindible cuando se quiere
habilitar un plan, un programa que sea eficaz para crear empleo.
En cualquier caso, no nos atribuya a nosotros la creencia de que por
decreto-ley --ni por ley siquiera-- se modifica la situación de creación
de empleo. No, nosotros no creemos eso; pero sí creemos que determinadas
leyes, que han ido generando la potenciación de contrataciones basura,
han ido perdiendo de vista que la estrategia para crear empleo no era
reducir los costes laborales. Se ha primado esta cuestión durante una
determinada época de la política económica y social en España --y en
Europa también-- y ahora estamos dándonos cuenta de que la desregulación
no solamente no crea empleo, sino que el que crea, por precarizarlo tanto
y por generar externalidades o consecuencias secundarias respecto al
consumo privado y a la estrategia empresarial misma, al final resulta
improductivo y contraproducente.
Por todo esto es por lo que también los cambios legislativos son
necesarios. Efectivamente, no es ése el elemento definitivo y
definitorio, pero también es necesario modificar esa tendencia, señor
Ministro, y en eso nuestro grupo político va a hacer hincapié, sin duda
alguna. Esperemos que todo esto se haga basándose en los resultados, con
acuerdo --así lo deseamos--, y así contribuimos nosotros también con la
prudencia, porque no estamos invitando al Gobierno a interferir, sino
todo lo contrario. Hemos dicho que en algunos momentos --permítanos como
una cierta crítica cariñosa-- se ha metido un poquito la pata.
Es verdad que respetamos incluso el carácter de prelegisladores --así lo
llaman algunos teóricos-- de los agentes sociales y económicos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, le
ruego vaya concluyendo.
El señor VAQUERO DEL POZO: Pero eso no debe generar una cierta
inhibición. Nosotros tendríamos que estar haciendo ya planes para ir
contribuyendo a que esta Cámara sea también el elemento que genere esos
programas de empleo.
En concreto, me voy a referir a algo que quizá es lo que ha pasado más
desapercibido en su contestación y que yo quería --no sé si lo he
conseguido-- hacer enorme hincapié en ello.
Señor Ministro, sin reparto del trabajo, sin coger el toro por los
cuernos del reparto del trabajo, no va a haber posibilidades en el futuro
de generar los incrementos de productividad y creación de empleo y, por
tanto, se va a ir acudiendo siempre al dilema de crear empleo precario
porque el empleo no va a ir creciendo. El crecimiento económico, por sí
mismo, no va a generar empleo; ya lo hemos constatado y certificado.
Efectivamente, eso es así. Luego la única fórmula es repartir el trabajo.
¿Por qué no se nos convoca a esta Cámara a empezar a discutir fórmulas
concretas? Mi intervención era muy larga y las he obviado. Sin duda
alguna las tenemos y las conocemos todos, pero será necesario ponernos de
acuerdo en habilitarlas para el futuro. Al final, los sindicatos podrán o
no acordar con la patronal algunas fórmulas, quizá no todas las que sean
necesarias para acudir al reparto de trabajo que necesita nuestra
sociedad, que no tiene la misma media de paro que el resto de los países
europeos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, le
ruego concluya.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Ministro, yo quisiera que en su próxima
intervención me respondiera a esta cuestión: ¿Está dispuesto este
Gobierno a hacer un consenso, no solamente social sino también político,
en esta Cámara, a habilitar las fórmulas parlamentarias para que de
verdad se debata, se discuta y se decida sobre el reparto del trabajo y
la reducción de la jornada? Señor Ministro, en esto es en lo que yo creo
que se iba a salir crudo de este debate y no he querido, por la
importancia que le da nuestro grupo político a esta cuestión, que se
saliera sin dar una respuesta satisfactoria.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
Señor Ministro, tiene le palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, tomo la palabra para volver a agradecer el tono de toda
la intervención del señor Vaquero, que en la segunda parte ha conservado
su prudencia y ha insistido en algunos aspectos a los que había hecho
referencia en la primera.
Dice que es bueno que vayamos haciendo planes. Yo le vuelvo a garantizar
que el Gobierno tiene todos los planes y que solamente es una razón de
prudencia la que nos lleva a no hacerlos públicos, en función de que
queremos apoyar con todas las consecuencias el diálogo que se está
produciendo entre sindicatos y empresarios.
Estoy convencido de que sólo el hecho de que se produzca el acuerdo --y
sin duda si hay acuerdo es porque se modifican las condiciones
laborales-- ya tiene un valor social, un valor político y un valor
económico importante.
La segunda cuestión que quería plantear también
--parece que en los demás temas no me he ido crudo del debate, pero
quedaba uno en el que sí--, es la del reparto del tiempo de trabajo. Este
es un debate muy antiguo. Está abierto hace decenas de años en la
sociedad. En los Estados Unidos, por ejemplo, lleva ya cuarenta o
cincuenta años y es muy complejo.
¿Cuando se habla de reparto de trabajo se está hablando de reparto de
salario? Es una de las grandes cuestiones. Hay quien sostiene
doctrinalmente que el reparto de tiempo de trabajo puede conllevar
también la precarización en el empleo y en el salario. Con esto le quiero
decir que ese asunto es extraordinariamente complejo, pero siempre me va
a tener abierto a cualquier tipo de reflexión. Un Ministro tiene que
estudiar cualquier fórmula. Debo decirle que incluso en empresas
españolas se han dado ya fórmulas de distinta distribución del tiempo de
trabajo en el marco de la propia empresa.
Permítame que le diga una cosa: quédese en la etapa anterior. Nuestras
grandes divergencias con Europa son las tasas de desempleo, las tasas de
actividad que tenemos en España. Por tanto, le quiero decir que antes del
debate sobre cómo se reparte el trabajo, la preocupación en el Gobierno y
en mi Ministerio es cómo se crean puestos de trabajo. Ese es el debate
anterior que necesita la sociedad española, porque no hemos llegado al
límite. Volquemos los esfuerzos en la creación de empleo y tengamos
abiertos todos los debates que plantee S. S., pero yo vuelco los
esfuerzos del Ministerio en cómo se crea empleo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
Intervengo para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego acerca
de la interpelación que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y que hace referencia a cuál es la
política de empleo del Gobierno y, por tanto, a qué medidas pensaba
adoptar para que hubiese empleo en condiciones dignas. Me parece que es
una interpelación muy interesante sobre la que merece la pena intervenir.
Desde hace bastante tiempo la línea de pensamiento dominante entre la que
se encuentra el Gobierno, afirma --y el señor Ministro de Trabajo acaba
de hacer referencia otra vez a eso-- que en el contexto actual de
internacionalización, de globalización de la economía la vía a seguir es
dejar que el mercado regule todo o prácticamente todo. Y en ese contexto
se afirma que la única vía para conseguir aumentar el empleo pasa
necesariamente por llevar al limite la eufemísticamente denominada
flexibilidad del mercado de trabajo, acabar con las rigideces porque esa
es la única vía, repito, para que las empresas puedan ser competitivas.
En todo caso, en los sucesivos ensayos que hubo hasta el momento en este
sentido lo único que se ha constatado que producen es más paro, más
precariedad laboral, menos salarios, menos derechos de los trabajadores
y, en esencia, más frustración, empobrecimiento y falta de perspectivas
de futuro. Y esa es la realidad. Si uno baja a la sociedad y sale un poco
del marco de esta Cámara, verá lo que está sucediendo entre mucha gente.
En este momento tienen lugar negociaciones entre empresarios y
trabajadores, entre sindicatos de ámbito
estatal, mayoritarios, con el fin de alcanzar acuerdos sobre la reforma
laboral. Nos parece muy bien que los agentes sociales negocien y alcancen
acuerdos. Por cierto, haciendo un inciso, no nos parece bien que en esas
negociaciones estén excluidas las centrales sindicales que aun siendo
minoritarias en el ámbito del Estado, sin embargo tienen carácter
representativo, fundamentalmente las nacionalistas.
En segundo lugar, pensamos que de esas negociaciones cabe esperar pocas
soluciones al problema del empleo. El problema del empleo y del tipo que
se cree excede con mucho este marco. El Gobierno debe tener una política
propia de empleo, política que no se puede separar de la política
económica que decida aplicar, y a eso también hizo referencia el señor
Arenas hace un momento.
No se puede crear emplear, desde nuestro punto de vista, y empleo estable
y con derechos laborales, si no se cambia la actual política económica.
La actual política está profundizando la división entre sectores
sociales, entre territorios, unos con ciertas posibilidades y otros
condenados a ser cada vez más marginales. El problema es si es posible
seguir autoengañándonos. La política de liberalismo a ultranza, de dejar
que el mercado sea el único factor de regulación de la economía, trae
inevitablemente estas consecuencias. Para conseguir competir se recurre a
la disminución de los costes laborales, y para eso es necesario que se
trabaje más por menos salario. Para que haya trabajadores dispuestos a
aceptar unas condiciones laborales cada vez peores es necesario que
exista el fantasma del paro; si no, desde luego, no se aceptaría.
Pero esta política que está perjudicando a los trabajadores también
perjudica a numerosos empresarios, sobre todo a los pequeños y medianos,
incapaces de competir en este agresivo contexto. La política económica
defendida por el Gobierno y que tiene por referente los acuerdos de
Maastricht va a ocasionar, está ocasionando ya, importantes costes
sociales para relevantes sectores, sean obreros, agricultores,
comerciantes o pequeños y medianos empresarios. Esos costes se van a ver
agravados en el caso de economías periféricas, como es el de la economía
gallega. La economía gallega está siendo sometida a una agresión
constante derivada de las condiciones de adhesión al Mercado Común
Europeo, hoy Unión Europea, y continuada con las de Maastricht. Nuestro
débil tejido industrial se va reduciendo a la mínima expresión; el sector
agrario y ganadero se ve limitado en su capacidad de producir; el
importante sector pesquero ve cómo se recortan sus posibilidades,
etcétera. ¿En estas condiciones es posible crear empleo? La creación de
empleo y, en consecuencia, la creación de condiciones laborales más
justas pasa, inevitablemente, por el cambio de la política económica, por
el cambio en las relaciones entre pueblos y estados, por una política de
relaciones económicas en pie de igualdad, por la defensa de la capacidad
de producir, por una política beneficiosa para la mayoría de la población
y no, como sucede ahora, al servicio de los intereses de los estados
dominantes y de las grandes transnacionales.
En todo caso, en el marco existente es más que discutible la política que
se sigue. Las tasas de desempleo y precarización del Estado español son
mucho más altas que en otros países europeos. Lo mismo sucede con los
costes laborales y, sin embargo, hay países europeos con economías mucho
más pujantes y competitivas, lo que demuestra que en la competitividad
influyen muchos otros factores además de los que se cree que son
principales, como son los costes laborales.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vázquez, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Acabo, señor Presidente.
La vía elegida de disminución de costes laborales como única o principal
solución conduce al abismo, empeora las condiciones laborales de los
trabajadores y, aún por encima, no reactiva el consumo. Es un círculo
vicioso.
Para nosotros la pregunta sigue en el aire: ¿Con la política que plantea
el Gobierno se va a crear más y mejor empleo? Nosotros, en principio,
desgraciadamente, pensamos que no.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora López i
Chamosa.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, me van a permitir que diga que es una lástima
que en un debate tan interesante como éste, con un tema que yo creo que
podríamos afirmar todos que es lo que más preocupa a nuestra sociedad,
nos encontremos en el número en que nos encontramos y que, desde luego, a
pesar de las coincidencias, no vamos a ser portada de telediario, seguro,
siendo uno de los temas, repito, que más preocupa a nuestra sociedad.
La verdad es que he escuchado atentamente tanto al proponente como al
señor Ministro y una llega a la conclusión de que no hay diferencias, de
que prácticamente ustedes están de acuerdo y que lo que queda es diseñar
un plan y llevar adelante la propuesta.
Me van a permitir que, a pesar de todos los datos que se han dicho aquí,
añada algunos más que hagan referencia a la reforma laboral de 1994.
Seguramente que habrá pocas personas en el hemiciclo que estén más
cargadas de autoridad moral que la que habla para decir las bondades de
la reforma de 1994.
Yo afirmaría que desde la entrada en vigor de la reforma de 1994 hemos de
reconocer, por datos de la EPA que tanto nos gusta a todos manejar, que
se han creado en torno a 700.000 empleos. También es verdad que hemos
reducido y que con bajas tasas de crecimiento se ha creado empleo. Bien
es verdad que a esto habría que añadir si realmente el objetivo de la
reforma laboral por sí misma era generar empleo. No es posible que ley
alguna, que decreto alguno por sí mismo genere empleo, y lo que hacía la
reforma de 1994 era crear unas condiciones para que se pudiera generar
ese empleo y hubiera mayor contratación en los centros de trabajo. Para
ser justos con dicha reforma también tendríamos que situarnos en el
contexto del 1993 a 1994, años en que se estaban perdiendo puestos de
trabajo diariamente, y no es lo mismo valorarlo en su conjunto entonces
que valorarlo ahora.
Por tanto, yo creo que tendríamos que decir que la reforma de 1994
cumplió parte de sus objetivos y, a continuación, hacernos la siguiente
pregunta: cómo hacer para que sea más eficiente la reforma del mercado de
trabajo, cómo se puede generar empleo.
Señorías, desde nuestro grupo pensamos que la fórmula que se puede
acercar más a la perfección es la negociación entre las partes, entre los
agentes sociales, y, desde luego, hemos de entender que estamos en un
momento en que los agentes sociales están demostrando que tienen
propuestas, que tienen ganas de negociar y que tienen ganas de acordar;
por consiguiente, deberíamos dejarles que fueran ellos los que realmente
negociasen y acordasen las reformas necesarias para el futuro. Digo que
sería conveniente porque una cosa sí hizo la reforma de 1994, y es
potenciar la negociación colectiva: pasó más de 30 materias que eran de
legislación a la negociación colectiva.
El señor Vaquero parecía dudar de la capacidad de la negociación
colectiva. Yo creo que una de las formas más práctica, por no decir la
más válida para mejorar la reforma del mercado de trabajo es la
negociación colectiva, la negociación de las partes. Nadie mejor que las
partes interesadas, nadie mejor que los sindicatos y la patronal para
saber qué fórmula han de proponer y cómo la han de llevar a la práctica.
Es cierto que todavía en nuestro país hay pequeños colectivos, pequeñas
industrias, pequeños comercios que no tienen reguladas todavía por
negociación colectiva sus condiciones de trabajo. Pero yo creo que hay
que ir potenciando esa negociación colectiva; no hay otra fórmula mejor
para definir las causas objetivas de trabajo, repito, que la negociación
colectiva.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora López, le
ruego vaya concluyendo.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Voy concluyendo.
Nada mejor que la negociación colectiva del sector del automóvil, por
poner un ejemplo, para saber cuáles son las causas objetivas de un
despido en una fábrica.
Por consiguiente, nuestro grupo, repito, apoya la negociación de los
agentes sociales. Démosles tiempo, no les metamos prisa, que negocien,
como decimos en nuestro país, sin prisas pero sin pausas; dejémoslos
tranquilos que negocien sin interferencias y nosotros respetémoslos, que
no interfiere para nada en lo que este Parlamento puede legislar porque
nada tiene que ver. Yo creo que lo mejor que podríamos hacer sería votar
por que lleguen a un buen acuerdo; esa será la mejor forma de crear
empleo en nuestro país.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora López.
Finalizados los puntos del orden del día, el Pleno se reanudará mañana a
las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho de la noche.