Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 5, de 21/05/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1996 VI Legislatura Núm. 5
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 5
celebrada el martes, 21 de mayo de 1996
ORDEN DEL DIA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución de nuevos señores
Diputados (Página 128)
Declaración institucional condenando el atentado terrorista perpetrado en
Córdoba el día anterior (Página 128)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre reforma del Texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B,
número 13.1, de 12 de abril de 1996 (número de expediente 122/000002)
(Página 128)
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre derecho de acceso a la información en materia de medio
ambiente. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número
21.1, de 7 de mayo de 1996 (número de expediente 122/000010) (Página 136)
Proposiciones no de Ley:
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, relativa a la solicitud de creación por la Comisión Mixta para
la Unión Europea, en su seno, de una ponencia especial de seguimiento de
la Conferencia Intergubernamental de reforma del Tratado de la Unión
Europea. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 1, de
12 de abril de 1996 (número de expediente 162/000006) (Página 143)
-- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se
crea una Ponencia para analizar la situación actual de la familia en
España y proponer las reformas y medidas que se consideren necesarias.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 1, de 12 de
abril de 1996 (número de expediente 162/000007) (Página 151)
Dación de Cuentas de la Diputación Permanente:
-- Dación de Cuentas de la Diputación Permanente del Congreso de los
Diputados de la V Legislatura a la Cámara de la VI Legislatura (número de
expediente 062/000001) (Página 157)
Propuestas de creación de Comisiones:
-- Propuesta de creación de la Comisión Mixta Congreso de los
Diputados-Senado de los Derechos de la Mujer (Página 158)
-- Propuesta de creación de la Comisión Mixta Congreso de los
Diputados-Senado para el estudio del problema de las drogas (Página 158)
-- Propuesta de creación de la Comisión sobre Cooperación y Ayuda al
Desarrollo (Página 158)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 6, de 22 de
mayo de 1996.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores
Diputados (Página 128)
Declaración institucional (Página 128)
El señor Presidente somete a la consideración de la Cámara una
declaración institucional expresando la más enérgica condena por el
atentado terrorista perpetrado en Córdoba el día anterior.
Se aprueba por asentimiento dicha declaración institucional.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 128)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre reforma del texto articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
(Página 128)
El señor Cuesta Martínez defiende la proposición de ley del Grupo
Socialista, expresando su convencimiento de que la misma gozará del apoyo
de la práctica totalidad de los grupos de la Cámara, dado que responde a
un anhelo comúnmente sentido desde el municipalismo español, con
proyección importante también sobre un problema preocupante de la
sociedad española como es el de la seguridad del tráfico.
Expone que con la proposición se pretende reformar parcialmente el texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, dando competencias a los ayuntamientos para la regulación
de una serie de disposiciones en materia de estacionamientos
restringidos. Asimismo se hace una descripción más acorde tanto de la
calificación de las infracciones como de sus sanciones a través de la
mencionada ley. Alude a las previsiones del artículo 25.2 de la Ley de
Bases de Régimen Local, considerando necesario al día de hoy determinar
expresamente la competencia municipal para establecer determinadas
limitaciones temporales al estacionamiento y delimitar las competencias
municipales en ciertas materias, como la regulación
de los usos de vías urbanas, con el fin de garantizar la fluidez del
tráfico urbano y el uso peatonal en las ciudades. Estima que han existido
ciertas imprecisiones o lagunas en el ordenamiento vigente con relación a
la competencia de los ayuntamientos y una jurisprudencia que podrían
denominar contradictoria desde el punto de vista de lo
contencioso-administrativo.
Añade el señor Cuesta que desde el propio municipalismo se ha venido
reclamando en distintas ocasiones el contenido de la proposición, de cara
a reforzar la autoridad municipal en materia de tráfico y seguridad vial,
especialmente en lo concerniente al control y sanción de los vehículos
incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido,
dotando a las autoridades municipales de instrumentos eficaces para el
cumplimiento de la disciplina viaria.
Detalla seguidamente las modificaciones legales concretas que se
pretenden realizar a través de la proposición de ley y termina afirmando
que con la misma se intentan conjugar los intereses colectivos con los
individuales, la libertad de circulación con el concepto de seguridad
vial, y ahondar en uno de los temas básicos de esta legislatura, como es
la profundización en el concepto de la autonomía municipal.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla del Grupo Parlamentario
Coalición Canaria; López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Meyer Pleite, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Gil Lázaro, del
Grupo Popular.
Sometida a votación, se aprueba la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista por 277 votos a favor y 18
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre derecho de acceso a la información en materia de medio
ambiente (Página 136)
El señor Frutos Gras defiende la toma en consideración de la proposición
de ley, manifestando que el objetivo principal de su Grupo al presentarla
es no aceptar hechos consumados, políticas ya decididas, sino que, por el
contrario, haya un derecho a la información para todos los ciudadanos y
colectivos de este país en un tema tan controvertido e importante como el
medio ambiente; es decir, la defensa del lugar en que vivimos. Insiste en
que no aceptan la política de hechos consumados en función del
pragmatismo, del desarrollo económico, del industrialismo, siempre en
abstracto, que produce desastres de carácter ecológico que después son
muy difíciles de subsanar.
Pide la aprobación de la proposición de ley fundamentalmente por razones
de rigor técnico y también por razones de legalidad democrática, de
acceso de los ciudadanos a todo tipo de información en el momento de que
el ciudadano individual o colectivamente quiera defender el medio
ambiente y responsabilizarse de esta defensa.
Menciona en este punto la necesidad de desarrollar los acuerdos de la
Cumbre de Río de Janeiro de 1992, en especial el principio diez referente
a la participación y a la información, entendiendo la participación
pública como diálogo, como cooperación entre el ciudadano y las
instituciones, algo que su grupo parlamentario considera fundamental en
cuanto que genera organización social y al mismo tiempo ciudadanos
corresponsables y activos en la defensa del medio ambiente.
Afirma que la práctica habitual de la Administración pública en materia
de medio ambiente ha sido en muchos casos la ocultación de datos, no
comprendiendo dicha actitud en la medida en que los datos son claros y
pueden verificarlos las instituciones y los ciudadanos, permitiendo
avanzar más en lo que debería ser objetivo de todo el mundo como es la
protección del medio ambiente.
Da la bienvenida al nuevo Ministerio de Medio Ambiente si su creación
sirve para coordinar todos los esfuerzos y dar una participación a todas
las organizaciones del movimiento ecologista con larga experiencia en la
materia, aunque llama la atención sobre el hecho de que, al mismo tiempo
que se crea un Ministerio de Medio Ambiente, en determinadas comunidades
autónomas desaparecen consejerías sobre esta importante materia.
Concluye el señor Frutos señalando que la proposición de ley no es
contradictoria y sí complementaria de la ley vigente, y su aprobación les
permitiría avanzar en relación con un tema muy controvertido, pero al
mismo tiempo muy importante, como es la protección del medio ambiente.
Se suspende la sesión a las cinco y treinta y cinco minutos para recibir
al Presidente de la República Portuguesa.
Se reanuda la sesión a las seis y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Para fijación de posiciones en relación con la proposición de ley del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
derecho de acceso a la información en materia de ambiente, intervienen
los señores Chiquillo Barber y Vázquez
Vázquez, del Grupo Mixto; Recoder i Miralles, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); señora Narbona Ruiz, del Grupo Socialista, y
Gortázar Echeverría, del Grupo Popular.
Sometida a votación, se rechaza la proposición de ley debatida por 20
votos a favor, 270 en contra y seis abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 143)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, relativa a la solicitud de creación por la Comisión Mixta para
la Unión Europea, en su seno, de una ponencia especial de seguimiento de
la Conferencia Intergubernamental de reforma del Tratado de la Unión
Europea (Página 143)
La señora Aguilar Rivero defiende la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en la
que se solicita la creación de una ponencia especial de seguimiento de la
Conferencia Intergubernamental de reforma del Tratado de la Unión Europea
en la Comisión Mixta para la Unión Europea, con el objetivo de que el
Parlamento español esté ligado a los trabajos de la Conferencia
Intergubernamental y participe en la toma de posición española en la
reforma del Tratado de la Unión Europea. Considera que la ciudadanía no
sólo está atenta a las conclusiones de esta Conferencia
Intergubernamental, sino que también exige la máxima transparencia en los
debates, para que no se repita la opacidad que caracterizó la propia
elaboración y aprobación del Tratado de la Unión Europea. Añade que
aunque ha sido positivo el asociar el Parlamento Europeo a las propias
deliberaciones de la Conferencia Intergubernamental, no ha sido
suficiente, máxime cuando se tiene la responsabilidad constitucional de
ratificar los resultados de la Conferencia Intergubernamental,
ratificación que, desde el punto de vista de su grupo, debiera ir
inexcusablemente acompañada de un referéndum. Manifiesta que hay que
continuar en este período de sesiones el camino emprendido por nuestro
Parlamento y que se debe reclamar y practicar el derecho y el deber de
ser informados y consultados por el Gobierno al menos sobre los temas
fundamentales: la reforma institucional, la reforma de la política
exterior y de seguridad común y el incremento de la cooperación en los
ámbitos de justicia e interior. En ese sentido, el Grupo de Izquierda
Unida propone que en el seno de la Comisión Mixta se constituya una
ponencia que trabaje de forma permanente y que este Pleno pueda conocer y
pronunciarse sobre el dictamen que salga de ella, lo que redundaría en
una mayor transparencia y situaría al Parlamento español a la altura de
otros países de la Unión.
Piensa que esta propuesta puede tener en nuestro Parlamento un amplio
consenso porque todos los grupos de esta Cámara apuestan decididamente
por la construcción de la unidad europea, más allá de las legítimas
diferencias, en torno al Tratado de Maastricht. Pero también está
convencida de que la totalidad de los grupos parlamentarios de la Cámara
apuestan por la máxima transparencia en este proceso y por la
participación activa del propio Parlamento. Anuncia la aceptación de las
enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición
no de ley porque no varían los objetivos fundamentales de la proposición.
El señor Costa Costa defiende la enmienda del Grupo Socialista y fija la
posición en relación con la proposición no de ley.
Completan el tumo de fijación de posiciones la señora Lasagabaster
Olazábal y el señor Chiquillo Barber, del Grupo Mixto; el señor Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; el señor Guardans i Cambó, del
Grupo Catalan (Convergència i Unió); y el señor Martínez Casañ, del Grupo
Popular.
Sometida a votación, se aprueba la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por 313
votos a favor y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por el que se crea
una ponencia para analizar la situación actual de la familia en España y
proponer las reformas y medidas que se consideren necesarias (Página 151)
El señor Silva y Sánchez defiende en nombre del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) la proposición no de ley por la que se solicita,
por tercera vez, una ponencia que estudie la situación actual de la
familia en España. En la IV Legislatura la proposición no de ley no tuvo
ocasión de tramitarse por la disolución de las Cámaras el 6 de junio de
1993; en la legislatura pasada sí llegó a constituirse, pero,
precisamente por la disolución que provocó las elecciones del 3 de marzo,
no pudo presentar sus conclusiones. Espera el señor Silva que en esta
ocasión la propuesta tenga mejor suerte que en las anteriores. Recuerda,
sin embargo, que la legislatura pasada no fue del todo infructuosa en
esta materia,
como lo demuestran la ley 42/1994, de Medidas Administrativas Fiscales y
de Orden Social que estableció la ampliación del carácter de familia
numerosa a aquellas familias de tres o más hijos; el contrato de relevo,
con la finalidad de sustituir a aquellas personas que se encontraban de
baja por maternidad, y la modificación del Estatuto de los Trabajadores
que estableció la separación entre la incapacidad laboral y la
maternidad.
Pone de manifiesto que en la ponencia que se constituyó en la legislatura
pasada comparecieron más de una treintena de personas, trabajo que se
debería asumir por la ponencia que se constituya en virtud de esta
proposición no de ley.
Por otra parte, considera que es asumido por todos los grupos
parlamentarios el que la familia es el primer lugar de socialización y no
de opresión, como se decía hace veinte años, y que también el paisaje
político del Congreso en esta legislatura permite formular esta
proposición no de ley desde una vertiente total y absolutamente positiva,
dando respuesta a algo que se podría considerar un clamor social.
Manifiesta que, en aras de la unanimidad, se ha elaborado una enmienda
transaccional que acoge los planteamientos de la enmienda presentada por
el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y las propuestas
manifestadas también por el portavoz del Grupo Popular.
No le mueve al Grupo Catalán un interés antropológico o sociológico, sino
el valor que la Constitución atribuye a la familia, tanto desde el punto
de vista de los derechos como de los deberes.
Reconoce, por otra parte, que las políticas generales del bienestar que
han sido desarrolladas en los últimos años inciden en una mejora notable
de la situación de la familia, y lo mismo se puede decir de las políticas
sectoriales que se plantean respecto de los minusválidos, los niños, los
ancianos y otros sectores. Sin embargo, entiende el Grupo Catalán que
estas medidas deben ser complementadas con políticas familiares
específicas y explícitas y, sin querer cerrar el objeto de la ponencia,
señala que hay que prestar especial atención a políticas de fomento, de
servicio público y de policía. Añade que no se puede ignorar el mensaje
de las Naciones Unidas, con motivo del Año Internacional de la Familia en
1994, en el sentido de considerar a la familia como la democracia más
pequeña en el corazón de la sociedad.
Considera que es necesaria una actuación en cuanto a la prevención de
malos tratos físicos y psíquicos. Asimismo, hay que compatibilizar la
atención debida a la familia con el mercado de trabajo y, respecto a la
tercera edad, los servicios sociales con los sanitarios, manteniendo la
cohesión familiar. Por otra parte, el Grupo Catalán apoya una política
fiscal y de rentas en favor de la familia y el acceso a la vivienda,
prestando una especial atención a aquellas familias que se encuentran en
una situación degradada o conflictiva.
La señora Urán González defiende una enmienda de supresión en nombre del
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y fija la
posición en relación con la proposición no de ley.
Completan el turno de fijación de posiciones los señores Chiquillo
Barber, por el Grupo Mixto; Gómez Rodríguez, por el Grupo de Coalición
Canaria; y las señoras Fernández Sanz, por el Grupo Socialista, y Sainz
García, por el Grupo Popular.
Sometida a votación, se aprueba la proposición no de ley del Grupo
Catalán (Convergència i Unió) por 305 votos a favor, uno en contra y tres
abstenciones.
Dación de cuentas de la Diputación Permanente del Congreso de los
Diputados de la V Legislatura a la Cámara de la VI Legislatura (Página 157)
Sometido directamente a votación, se aprueba por asentimiento el informe
de dación de cuentas de la Diputación Permanente.
Propuesta de creación de Comisiones (Página 158)
Propuesta de creación de la Comisión Mixta Congreso de los
Diputados-Senado de los derechos de la mujer (Página 158)
La señora Secretaria (Barrios Curbelo), da lectura a la propuesta de
creación de la Comisión citada.
Se aprueba por asentimiento la propuesta de creación de la Comisión Mixta
Congreso de los Diputados-Senado de los derechos de la mujer.
Propuesta de creación de la Comisión Mixta Congreso de los
Diputados-Senado para el estudio del problema de las drogas (Página 158)
El señor Secretario (Ríos Martínez) da lectura a la propuesta de creación
de la citada Comisión.
Se aprueba por asentimiento la propuesta de creación de la Comisión Mixta
Congreso de los Diputados-Senado para el estudio del problema de las
drogas.
Propuesta de creación de la Comisión sobre cooperación y ayuda al
desarrollo (Página 158)
La señora Secretaria (Del Campo Casasús) da lectura a la propuesta de
creación de la Comisión citada.
Se aprueba por asentimiento la propuesta de creación de la Comisión sobre
cooperación y ayuda al desarrollo.
Se levanta la sesión a las nueve y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION DE NUEVOS SEÑORES
DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Con carácter previo al desarrollo del orden del día,
vamos a proceder, en primer lugar, a la toma de juramento o promesa de
acatamiento de la Constitución de los Diputados y Diputadas que hoy se
incorporan, de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento del Congreso y
una vez proclamados electos por la Junta Electoral Central.
Don Adolfo Abejón Ortega, en sustitución de don Santiago López
Valdivielso. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor ABEJON ORTEGA: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
Don Hipólito Fariñas Sobrino, en sustitución de don José María Hernández
Cochón. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor FARIÑAS SOBRINO: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
Doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, en sustitución de don Miguel
Angel Rodríguez Bajón. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Diputada.
Doña María Fernanda Faraldo Botana, en sustitución de don Jaime
Rodríguez-Arana Muñoz. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora FARALDO BOTANA: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Diputada.
Doña Sandra Moneo Díez, en sustitución de don Juan Carlos Aparicio Pérez.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora MONEO DIEZ: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Diputada.
Don Eduardo Javier Contreras Linares, en sustitución de don José Joaquín
Peñarrubia Agius. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor CONTRERAS LINARES: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
En consecuencia, don Adolfo Abejón Ortega, don Hipólito Fariñas Sobrino,
doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, doña María Fernanda Faraldo
Botana, doña Sandra Moneo Díez y don Eduardo Javier Contreras Linares han
adquirido la condición plena de Diputados. ¡Enhorabuena! (Aplausos.)
DECLARACION INSTITUCIONAL CONDENANDO EL ATENTADO TERRORISTA PERPETRADO EN
CORDOBA EL DIA ANTERIOR:
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de pasar al punto primero del orden
del día, someto a la consideración del Pleno de la Cámara la siguiente
declaración institucional:
«El Congreso de los Diputados expresa su condena más enérgica del
atentado terrorista perpetrado ayer en Córdoba. Desea hacer llegar a los
familiares de la víctima su solidaridad y condolencia, y a los heridos y
afectados, su aliento y apoyo. El Congreso de los Diputados manifiesta la
necesidad de mantener la unidad en el rechazo a los violentos. Rechazo
frente a los que pretenden imponerse por la vía del terror, con el más
absoluto desprecio hacia la vida y los valores que sustentan la
convivencia democrática. Actos como el de ayer sólo deben tener un
efecto: profundizar en la unidad de la sociedad y de las instituciones
democráticas.»
¿Aprueban SS. SS. la declaración? (Asentimiento.) Muchas gracias.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE REFORMA DEL TEXTO ARTICULADO
DE LA LEY SOBRE TRAFICO, CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR Y SEGURIDAD
VIAL (Número de expediente 122/000002)
El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley. Del Grupo Socialista del Congreso, sobre reforma
del Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, para cuya defensa y exposición tiene la palabra,
en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, estoy convencido,
en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, de que esta proposición va
a gozar no sólo del apoyo del grupo mayoritario y del grupo proponente,
como no podía ser de otra manera, sino de la práctica totalidad de los
grupos parlamentarios de esta Cámara, dado que responde a un anhelo
comúnmente sentido desde el municipalismo español, pero que no solamente
tiene proyección hacia el municipalismo, sino que tiene también una
proyección importante en algo que es otro problema preocupante para la
sociedad española, como es la seguridad del tráfico.
Proviene esta proposición de una anterior que ya el Grupo Parlamentario
Socialista había presentado el 5 de abril de 1995, y de otra similar que,
a finales de abril del mismo año, presentó, en términos similares, el
Grupo Parlamentario Popular. Se pretende con esta proposición reformar
parcialmente el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
En concreto, la proposición reconoce, de forma más expresa e indubitable,
las competencias de los municipios en la regulación del establecimiento
de limitaciones temporales de estacionamiento mediante operaciones de
regulación de aparcamiento, regulación por ordenanza municipal de
limitaciones horarias... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Cuesta.
Señorías, les ruego que guarden silencio por respeto al orador.
(Rumores.)
Un momento, señor Cuesta. (Pausa.)
Puede continuar.
El señor CUESTA MARTINEZ: Decía que esta proposición da competencias a
los ayuntamientos para la regulación de una serie de disposiciones en
materia de estacionamientos restringidos.
Asimismo, se hace en esta proposición una calificación más acorde tanto
de la descripción de las infracciones como de sus sanciones a lo largo de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Las competencias municipales en materia de tráfico, como saben sus
señorías, derivan, en primer lugar, de las previsiones del artículo 25.2
de la Ley de Bases de Régimen Local, pero también aparecen recogidas de
manera expresa en los artículos 7, 38.4 y otras disposiciones
concordantes de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial. En efecto, el artículo 25.2 de la Ley de Bases de Régimen
Local establece que el municipio ejercerá competencias en los términos de
la legislación de las comunidades autónomas y de la legislación del
Estado en materia de, se dice, ordenación de tráfico de vehículos y
personas en vías urbanas. También, el Reglamento de Circulación establece
la regulación, en el ámbito de las competencias municipales, de lo que
podríamos denominar restricciones en el aparcamiento.
Sin embargo, es lo cierto que se hace necesario al día de hoy determinar
expresamente la competencia municipal para establecer determinadas
limitaciones temporales al estacionamiento; delimitar las competencias
municipales en determinadas materias, como la regulación de los usos de
vías urbanas, con el fin de garantizar, por un lado, la fluidez del
tráfico urbano y, por otro, también, por qué no decirlo, el uso peatonal
de las ciudades, que no solamente contribuye a la calidad de vida, sino
que es una eficaz medida de protección medioambiental.
Ha habido, en efecto, ciertas imprecisiones o lagunas en el ordenamiento
vigente y, además, se ha venido produciendo, en relación a la competencia
de los ayuntamientos, una jurisprudencia que podríamos denominar
contradictoria, desde el punto de vista de lo contencioso-administrativo.
En ocasiones, se llega a afirmar en la competencia municipal o por parte
de algunas resoluciones judiciales la falta de cobertura legal de ciertas
ordenanzas de circulación municipales. (El señor Vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
También quisiera decir que, desde el propio municipalismo, el contenido
de esta proposición ha sido reivindicado y reclamado en distintas
ocasiones. En el Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial para la
aprobación del Plan Nacional de Seguridad Vial, de 1995, se alcanzó el
compromiso de iniciar las modificaciones normativas necesarias para
reforzar la autoridad municipal en materia de tráfico y seguridad vial,
especialmente en lo concerniente al control y sanción de los vehículos
incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido,
dotando a las autoridades municipales de instrumentos eficaces para el
cumplimiento de la disciplina viaria.
En el mismo sentido, la VI Asamblea general de la Federación Española de
Municipios y Provincias aprobó una serie de resoluciones en materia de
circulación y transporte. Yo quisiera resaltar, en esta línea de acuerdos
por parte de la mencionada asamblea, la resolución segunda, donde se dice
textualmente: La Federación Española de Municipios y Provincias impulsará
las medidas necesarias para favorecer la reforma de la ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, para adaptarla a las
necesidades del tráfico viario en el momento actual, con el fin de hacer
en mayor medida compatible la fluidez del tráfico urbano con el uso
peatonal de las calles y dotar a
las corporaciones locales de instrumentos más ágiles en la persecución de
las infracciones y en la imposición de sanciones que de ellas deriven.
Pero además se añade por parte de la Asamblea general de la Federación
Española de Municipios y Provincias, celebrada los días 9 a 11 de
noviembre de 1995, lo siguiente: Con este fin se acuerda que la comisión
ejecutiva solicite al Congreso de los Diputados la urgente tramitación de
las propuestas de modificación de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, estableciendo con claridad la
competencia municipal para establecer limitaciones temporales de
estacionamiento, prohibir el estacionamiento en estas zonas que incumplan
lo establecido en las diferentes ordenanzas municipales de circulación,
así como en zonas habilitadas para carril-bus y espacios reservados para
minusválidos.
Se refiere, como es lógico, la propia Federación a las iniciativas que ya
en 1995 estaban presentadas y pendientes de trámite en esta Cámara. ¿Y
cuáles eran esas iniciativas? Pues la proposición de ley que hoy nos
ocupa del Grupo Parlamentario Socialista y otra proposición en términos
similares presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
¿Cuál es el contenido de la proposición? Fundamentalmente se modifican
aspectos parciales de la ley. En primer lugar, en el artículo 7.º b),
cuando se reconoce la competencia a los municipios para que regulen
mediante ordenanza municipal determinados temas relativos a la
circulación, se incluye en esta proposición de manera expresa el
establecimiento de limitaciones temporales del estacionamiento mediante
operaciones de regulación de aparcamiento. A su vez, se da la competencia
expresa a los ayuntamientos para que puedan regular mediante ordenanza
municipal limitaciones horarias en la duración del estacionamiento, así
como las medidas correctoras precisas. En tercer lugar, se recoge también
de manera expresa en el llamado régimen de prohibiciones que contempla la
Ley de Seguridad Vial un nuevo apartado a la hora de regular el régimen
de prohibiciones: estacionar en lugares señalados por ordenanza municipal
como de estacionamiento con limitación horaria, sin colocación del
distintivo que permita calcular el exceso sobre dicha limitación, o
cuando, colocado dicho distintivo, se mantenga estacionado el vehículo en
exceso sobre el tiempo máximo permitido por la ordenanza municipal.
Se establece, asimismo, una reforma en el régimen de sanciones y de
calificación de las infracciones. Sabido es que el Código Penal aprobado
en esta Cámara con carácter definitivo en noviembre de 1995 y que en
próximos días entrará en vigor hace una regulación, yo diría, incluso más
dura que la del que va a quedar ahora derogado de todas las conductas
delictivas que atenten contra la seguridad del tráfico. Pero es lo cierto
que hay determinadas conductas que no son constitutivas en sí mismas de
delito y que sí deben merecer un reproche y una sanción administrativa
que aparecen claramente tipificadas en esta ley, de tal manera que se
elevan a muy graves aquellas conductas que tengan que ver con la
circulación bajo la ingestión o la influencia de bebidas alcohólicas,
drogas o sustancias psicotrópicas, siempre y cuando esa conducta no sea
constitutiva de delito, por cuanto que sería entonces en el ámbito del
Derecho penal donde habría que residenciar dichas conductas. Ahora bien,
también se introduce una innovación importante, consistente en sancionar
determinados incumplimientos desde el punto de vista administrativo y,
por supuesto, la negativa de los conductores de vehículos a someterse a
las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles
intoxicaciones por alcohol, estupefacientes psicotrópicos, estimulantes u
otras sustancias análogas, y la negativa también no solamente de los
conductores, en la medida que no fuere delito, porque ya parece
tipificado en el artículo 380 del Código Penal, que entrará en vigor en
los próximos días, sino también la conducta de los demás usuarios de la
vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación.
Se sanciona también la circulación sin matrícula o las autorizaciones
previstas en la ley, sin haber solicitado en plazo su propietario o
poseedor la transferencia del vehículo a su favor, o con vehículo que
incumpla las condiciones técnicas que garantizan la seguridad vial y las
infracciones relativas a las normas reguladoras de la actividad de los
centros de reconocimiento de conductores o de enseñanza.
Y como medida cautelar se contempla también de manera expresa, para
evitar ese confusionismo jurídico o esa negación de la competencia que
por vía jurisprudencial se estaba predicando de las corporaciones
locales, la posibilidad de reconocer expresamente, entre las medidas a
aplicar por los ayuntamientos, la retirada del vehículo en el supuesto de
que cause graves conflictos o graves perturbaciones a la circulación o
incluso al régimen establecido de estacionamiento con limitación horaria.
Finalmente, en coherencia con las modificaciones que se introducen, se
mandata al Gobierno para que adapte el Reglamento de Circulación a estas
novedades que se proponen.
Como conclusión, señor Presidente, señorías, con esta proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista se pretende conjugar los intereses
colectivos con los individuales; se pretende conjugar la libertad de
circulación con el concepto de seguridad vial; se pretende hacer real
algo que es básico a la hora de aplicar políticas urbanas, y es el
concepto en sí mismo de la accesibilidad; accesibilidad que encuentra uno
de los elementos fundamentales en la garantía que supone el hecho de
facilitar una circulación fluida, el hecho de establecer mecanismos de
rotación en los aparcamientos, el hecho de aplicar políticas de
protección medioambiental a través de la garantía de la accesibilidad del
uso de
las vías urbanas y de las políticas de peatonalización de determinados
núcleos urbanos.
Finalmente con esta proposición se profundiza en un concepto que yo creo
que va a ser, entre otros, uno de los temas básicos de esta legislatura,
que es el concepto mismo de la autonomía local. Esta ley se engarza
claramente en ese objetivo de lograr la autonomía local. Y, por supuesto,
mi grupo espera no sólo que esta proposición sea tomada en consideración
y merezca el apoyo de la Cámara, dado el existente consenso. también que
se da desde el municipalismo, por no referirme a otros consensos
procedentes de los movimientos sociales o de los sindicatos, sino que,
con la admisión a trámite de esta proposición, la Cámara pueda
perfeccionar el texto acogiendo cuantas iniciativas en línea constructiva
puedan enriquecer, en esta senda de profundizar en la autonomía local,
aspectos tan importantes como los que se contemplan en la proposición de
ley que hoy hemos defendido.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Cuesta.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
Intervengo para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego sobre la
toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo
Socialista para la reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Es evidente que si bien algunas de las cuestiones que propone modificar
hacen referencia a un endurecimiento de las sanciones en determinadas
infracciones en materia de tráfico que pongan en peligro la seguridad de
las personas, lo cual, desde luego es loable, desde nuestro punto de
vista la pretensión fundamental de esta proposición de ley es dar unas
competencias a los ayuntamientos para sancionar a los que incumplan las
ordenanzas reguladoras de aparcamiento.
En esencia, yo creo que el núcleo de esta proposición es que se legalice
el uso de la grúa para retirar el vehículo de aquellos ciudadanos que o
bien no sacan el ticket de aparcamiento o se exceden en el tiempo límite
fijado por la correspondiente ordenanza municipal. Desde luego, que la
grúa se utilice para la retirada de vehículos mal estacionados o que
entorpezcan el tráfico es razonable, pero que se proponga su utilización
para retirar vehículos bien aparcados desde nuestro punto de vista es
excesivo, y elevar a rango legal este tipo de actuaciones es, cuando
menos, discutible, porque bajo la apariencia de facilitar el tráfico y de
mejorarlo lo que se conseguirá será poner en manos de los ayuntamientos
una posibilidad de actuación sobre los ciudadanos que excede con mucho la
gravedad de la infracción. Estar correctamente aparcado, aunque suponga
un exceso en el tiempo permitido, nos llevará a que se le retire el
vehículo al ciudadano que infrinja.
Supone, además, estimular, en la práctica y en las condiciones que
tenemos en este momento los ayuntamientos, la actuación de las empresas
privadas encargadas ya casi por todos los ayuntamientos de la gestión,
tanto de la grúa como actuar al amparo de esta ley muchas veces
abusivamente. Por tanto, facilitará la rentabilidad de este tipo de
empresas, pero será un abuso para el ciudadano que sufra las
consecuencias.
Yo creo que toda ley debe procurar que la sanción sea proporcional a la
infracción cometida, y lo que se propone desde nuestro punto de vista no
guarda esa proporción. Discutir lo que está suponiendo la ORA para
resolver el problema de tráfico o poner como única medida para resolverlo
en las ciudades con problemas muy distintos entre unas y otras solamente
el tema de la ORA es más que discutible. Tendríamos que ahondar mucho más
en cuáles son las necesidades de las ciudades para resolver este tipo de
problemas.
En todo caso, nosotros vamos a abstenernos debido a que estamos en
desacuerdo con el núcleo de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, me corresponde
fijar la posición del Grupo de Coalición Canaria ante esta proposición de
ley.
Nosotros vemos oportuna y acertada esta proposición de ley que nos trae
el Grupo Parlamentario Socialista, en el bienentendido que se trata de
reconocer una facultad de los ayuntamientos, de las corporaciones locales
con competencia en la ordenación del tráfico móvil urbano,
fundamentalmente en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial.
Hay tres piezas jurídicas fundamentales, la Ley de 1985, el Real
Decreto-ley que desarrolla el tráfico vial en 1990 y la norma de 1992.
Pese a esa riqueza legislativa, las interpretaciones jurídicas y de los
tribunales han venido motivando una inseguridad jurídica en la que actos
administrativos puestos en firme por los ayuntamientos han sido
recurridos por los penalizados por la sanción administrativa municipal y
esta decisión municipal revocada precisamente por los tribunales de
justicia, aunque fuera en primera instancia. Entendemos que hay que
reforzar la autoridad del ayuntamiento, y más en la ordenación de un
tráfico vial que puede hacerse caótico.
El Grupo de Coalición Canaria, que en su componente político ha tenido
siempre un respeto y un reconocimiento
a las competencias municipales, quiere que ésta sea también una de las
mismas. Lo que no se puede es tener a los tribunales de justicia echando
por tierra y anulando las decisiones municipales que conducen a un mayor
grado de incumplimiento.
Vamos a dar nuestro voto positivo para que esta proposición de ley se
pueda tramitar. El Grupo de Coalición Canaria se va a reservar para el
trámite correspondiente, si esta proposición es aprobada, la introducción
de una serie de enmiendas que vengan a corregir dos aspectos que nos
parecen importantes. En primer lugar, que habría que escuchar la opinión
y parecer de la Federación Española de Municipios. Si hay un colectivo
administrativo que debe ser escuchado --y ahora en la responsabilidad que
tiene el Grupo Parlamentario Popular y en la presidencia de la Federación
Española de Municipios-- es precisamente la Federación Española de
Municipios, junto a la soberanía de esta Cámara para dar trámite a la
proposición y que sea definitivamente texto legal. Que la nueva
Federación Española de Municipios se haga el traje a su medida, valga la
expresión, para que estas Cortes como organismo legislador hagan el
documento definitivo. Porque tienen razón los ayuntamientos en la
situación de inseguridad jurídica frente a los tribunales de justicia de
los recurrentes si en una interpretación especial del Derecho les dan la
razón los tribunales. Se requiere una disciplina y un comportamiento
ciudadano apoyado por la ley para que en la regulación de la ORA, de los
aparcamientos en zonas de horarios restringidos, etcétera, puedan
cumplirse los principios de disciplina y de convivencia municipales.
Presentaremos asimismo enmiendas al apartado e) de la proposición de ley
del grupo socialista, que se refiere a cuestiones que superan el marco
disciplinario que trata de regular que es el aparcamiento indebido y
algunas cuestiones relacionadas con la ORA. Me refiero, por ejemplo, a la
exigencia de la cuantía de las multas que tenga impuestas ese vehículo,
incluso la exigencia de la inspección técnica de vehículos. Me permito
recordar a la Cámara y al grupo proponente que a finales de la
legislatura pasada aprobamos la complicada y compleja Ley de seguros
privados. Precisamente Tráfico está exigiendo ahora que el recibo de
estar al día en el pago del seguro obligatorio de los automóviles se
lleve con la documentación, no sólo la póliza del seguro, como ya se
señala por ley. Incluso una normativa publicada recientemente por el
ministerio competente obliga, desarrollando la ley, a que las compañías
de seguros comuniquen a la Dirección General de Tráfico los vehículos con
su matrícula que están cumpliendo la aseguración para que, cruzándosela
en los procesos de ordenación de trámite de la información, sepan los
agentes de la autoridad si ese vehículo que tiene su permiso de
circulación, de acuerdo con la Ley de Tráfico, está o no cumpliendo la
Ley de seguros privados. Eso se podría introducir. Por tanto, creemos que
esto es mejorable en el trámite. Pero Coalición Canaria, entendiendo que
aquí se presta un servicio a la política municipal, a la espera de que la
Federación Española de Municipios se pronuncie al respecto y de que la
podamos enriquecer con las enmiendas pertinentes, va a dar su voto
positivo a la tramitación de esta proposición.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señorías, voy a fijar
la posición del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió
respecto de esta proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Como bien dice el grupo parlamentario proponente en su exposición de
motivos y como muy bien ha expuesto el Diputado señor Cuesta, la
coexistencia, por una parte, de la Ley de Bases del Régimen General, por
otra parte, el Real Decreto legislativo sobre texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y el
propio Reglamento General de Circulación, la coexistencia de esas normas,
digo, señorías, debería evitar cualquier error de aplicación o tan
siquiera de interpretación de la normativa vigente. Lo cierto es que esto
no se produce, que, por el contrario, se producen casi diariamente
contradicciones; contradicciones en relación a las competencias
municipales, es decir, a las propias competencias de los ayuntamientos, y
contradicciones respecto de la propia actuación de la autoridad local,
del alcalde o del teniente de alcalde o del concejal respectivo;
contradicciones obviamente en materia de seguridad vial referidas tanto a
las vías urbanas, a los aparcamientos municipales, como a la ordenación
del conjunto del tráfico rodado en las ciudades, en las villas y en los
pueblos. Esas contradicciones existen en la interpretación de estas tres
normas que he citado, en la aplicación de esas normas en cada uno de los
municipios del Estado y en la mismísima jurisprudencia existente, que
ciertamente es muy plural, muy diversa y muy contradictoria en sí misma.
Todo ello ha evidenciado una confusión jurídica tal que sólo puede
resolverse volviendo a los orígenes de las normas, rectificando aquello
que se debe rectificar, aclarando aquello que se debe aclarar, es decir,
resolviendo una problemática a la que sólo se puede dar una solución
definitiva volviendo a las Cortes Generales; una solución definitiva que
es lo que nos viene requiriendo tanto la Federación Española de
Municipios y Provincias como la Federació Catalana de Municipis o la
Associació Catalana de Municipis. Una reforma, señorías, que debería
orientarse a reforzar, en primer término, la autoridad municipal en
materia de tráfico y de seguridad vial y que, al menos, debería tratar,
como hace esta proposición de ley, sobre el control
y sanción de los vehículos incorrectamente aparcados en zonas de
estacionamiento restringido, la utilización de la grúa --tal como se ha
dicho aquí-- como medio favorecedor, que no castigador, de la fluidez del
tránsito y, además, como garantía mayor de las normas de aparcamiento y
el propio procedimiento de tramitación y, en su caso, cobro de las
sanciones impuestas por infracciones de tránsito en las urbes.
¿Qué hace la proposición de ley que nos ha presentado esta tarde el Grupo
Parlamentario Socialista a través del Diputado señor Cuesta? Lo que hace
es intentar dar una respuesta --de hecho, da una respuesta-- a esta
problemática y a estas necesidades y diría, además, a estas realidades
cotidianas, y lo hace de acuerdo con las recomendaciones surgidas de las
propias organizaciones municipales, del conjunto del Estado, y en este
caso también de Cataluña, y además lo hace de acuerdo con las
recomendaciones surgidas durante los debates del Consejo Superior de
Tráfico y Seguridad Vial para la aprobación del hoy Plan Nacional de
Seguridad Vial. Esta proposición de ley del Grupo Parlamentario
Socialista lo hace, además, dando respuesta a una demanda muy
generalizada de clarificación legal, como he dicho, entre las
corporaciones locales y sus propias asociaciones o federaciones.
Por tratarse de una respuesta a una necesidad evidente y de un
planteamiento correcto en sus líneas generales, aunque ciertamente
mejorable, es por lo que este grupo parlamentario va a votar
favorablemente la toma en consideración de esta iniciativa que,
lógicamente, puede y creemos nosotros humildemente que no solamente
puede, sino que debe ser mejorada en su tramitación parlamentaria por lo
que hace referencia al objeto mismo de este proyecto y por lo que hace
referencia al contenido concreto del articulado que nos propone el Grupo
Parlamentario Socialista y que se podía referir a cuestiones no
precisamente menores, sino igualmente importantes, del ya referido texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, como pueden ser, por ejemplo, las actuales sanciones
previstas para comportamientos causantes de incendios, que nosotros
consideramos que actualmente están insuficientemente reguladas y que
además deberían ser objeto de tratamiento urgente, por lo que podríamos
aprovechar la tramitación de esta proposición de ley por parte de esta
Cámara.
Por estos motivos, señor Presidente, señoras y señores Diputados, nuestro
Grupo va a dar apoyo a la toma en consideración de esta propuesta del
Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor López de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor Presidente, señorías, intervengo para
adelantar la posición favorable del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya a la admisión a trámite de la reforma del
texto de la ley que nos ocupa.
Ello, en primer lugar, para acabar con la confusión jurídica y
contradictoria jurisprudencia sobre competencias municipales en el
establecimiento de limitaciones temporales de estacionamiento, su sanción
y la posibilidad de retirada del vehículo cuando cause graves
perturbaciones al régimen de limitación establecido. Así lo habían
solicitado las corporaciones locales durante la sexta Asamblea General de
la Federación Española de Municipios y Provincias y las secciones
sindicales de Comisiones Obreras y UGT del sector. La reforma en este
punto es, pues, positiva para reforzar la autoridad municipal en materia
de tráfico y seguridad vial.
En segundo lugar, la agravación de las infracciones relativas al consumo
de alcohol y drogas por los conductores parece también oportuna, dentro
de una estrategia política global de seguridad vial, corrigiéndose además
la tipología de la conducta y evitando posibles lagunas mediante la
expresión: o incorporación al organismo --entre comillas--.
En tercer lugar, la incorporación expresa como infracción muy grave de la
negativa de los conductores a someterse a las pruebas para la detección
de las sustancias previstas en el número anterior merecería, desde
nuestro punto de vista, una reflexión, ya que puede incidir en el ámbito
de la esfera individual y de intimidad de la persona, por lo que el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se reserva la
posibilidad de efectuar enmiendas parciales en este punto, y más aún en
el caso de los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en
algún accidente.
En cuarto lugar, nada hay que objetar --no objetamos-- a las
modificaciones del artículo 67, circulación sin matrícula, circulación
sin las autorizaciones previstas en la ley, circulación con vehículo que
incumpla las condiciones técnicas que garantizan la seguridad vial, pues,
efectivamente, constituyen mejoras sistemáticas y de redacción, además de
corregir el confesado error en la propia exposición de motivos de la
primera redacción, al tipificar como infracciones del artículo 65.4 las
relativas al régimen de autorización administrativa de los vehículos.
Finalmente, falta en esta proposición otro de los compromisos solicitado
por las corporaciones locales, esto es, el establecimiento de normativas
destinadas a mejorar el procedimiento de tramitación y cobro de las
sanciones impuestas por infracción de tráfico, a pesar de que se alude a
ello en la exposición de motivos. Pero esta ausencia, en todo caso, puede
ser corregida --y así lo plantearemos-- por la vía de enmiendas
parciales, para evitar en lo posible aberraciones como la que hoy mismo
puede haberse producido en el Ayuntamiento de Madrid al privatizar y
conceder a una empresa
multinacional la notificación de las mismas y anunciar la privatización
de la gestión de su cobro.
Por todas esas consideraciones, vamos a dar nuestro voto favorable a la
admisión a trámite de la referida proposición de ley, con las reservas
mencionadas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Meyer.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario
Popular votará a favor de la toma en consideración de la proposición de
ley presentada hoy por el Grupo Parlamentario Socialista, por entender
que estamos ante una cuestión de fondo sobre la que hay una plena
unanimidad en todos los grupos parlamentarios, en orden a la necesidad de
reformar el marco legal vigente y en orden, igualmente, a que esa reforma
pueda hacerse con la mayor prontitud posible.
No voy a entrar hoy a considerar, por razones que perfectamente se
entenderán al hilo de mi exposición, los planteamientos de fondo que
incorpora el texto de la presente proposición de ley. Vamos a aceptar su
tramitación simplente como un punto de partida, reservándonos, como es
natural, la expresión de nuestras posiciones concretas a lo largo del
camino legislativo que esta iniciativa ahora comienza.
Pero sí tengo que decir, señoras y señores Diputados, que en el ánimo del
Grupo Parlamentario Popular hubiera estado el encontrar un punto de
partida diferente al que hoy vamos a adoptar. Un punto de partida que
probablemente nos hubiera permitido a todos enfocar inicialmente la
cuestión con unos ribetes quizá de mayor precisión en los contenidos y en
los propios tiempos políticos de esta reforma.
El Grupo Parlamentario Popular en la pasada legislatura presentó un texto
coetáneo, prácticamente coetáneo con el que en estos momentos somete a la
consideración de la Cámara el Grupo Parlamentario Socialista. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.) Precisamente por ser coherentes con lo
que nosotros entendíamos que debía ser el punto de inicio adecuado de
esta reforma, renunciamos en esta legislatura a la reproducción de dicho
texto, de manera que pudiéramos encontrar, no en la base de la posición
concreta de un grupo parlamentario, el Popular o el Socialista, sino en
la base del consenso municipal, pudiéramos encontrar, digo, el mejor
punto de inicio para esta reforma al haber hecho piedra angular de la
misma precisamente la expresión de las demandas y de las exigencias de
quienes van a ser los agentes institucionales más directamente afectados,
es decir, los propios ayuntamientos.
Hoy, en la expresión de nuestro voto positivo, con todos los matices y
reservas que ya he señalado en cuanto a la formulación en su momento de
nuestras propias posiciones, tenemos que decir que creemos sinceramente
que el Grupo Parlamentario Socialista se ha equivocado al presentar esta
iniciativa. Y se ha equivocado porque no tiene sentido que se nos
presente un texto que en la pasada legislatura no recabó un consenso
unánime, como tampoco lo recabó el texto presentado en su momento por el
Grupo Parlamentario Popular. Y sabedor el Grupo Parlamentario Socialista
--porque creemos entender que es sabedor, mucho más grave sería otra
cosa-- de que en estos momentos, por acuerdo y por consenso de todos los
grupos representados en la Federación Española de Municipios y
Provincias, se ha elaborado ya por la propia Federación un texto de
consenso que se quería remitir a todos los grupos parlamentarios de esta
Cámara para que sirviera de punto de inicio, de referencia, de cimiento
de esta reforma, no entendemos cómo el Grupo Parlamentario Socialista va
por encima en estos momentos de los propios acuerdos procedimentales que
él mismo asumió en el seno de la Federación Española de Municipios y
Provincias y deja sin efecto esa vía para hacer, hablando de vehículos de
motor, un extraño adelantamiento que nosotros, desde luego, no
comprendemos y que estamos seguros que los grupos representados en el
seno de la Federación Española de Municipios y Provincias tampoco, máxime
cuando uno de los principales impulsores de ese texto que nos quería
proponer la Federación es ni más ni menos que un destacado militante del
Partido Socialista, el alcalde socialista de San Sebastián, Presidente de
la Comisión de Transportes, que hay que decir --y nosotros lo decimos sin
ambages-- que ha desarrollado una magnífica labor de impulso en el seno
de la Federación, en los trabajos de esa Comisión de Transportes para que
nos pudiera llegar ese texto de consenso.
No entendemos esta posición, y nos parece que hay mucho de precipitación
en la actitud que hoy adopta el Grupo Parlamentario Socialista. No es
éste nuestro problema. Ustedes a alguien le van a tener que dar una
explicación, evidentemente; a esta Cámara, quizá, pero, desde luego, a
aquellos compañeros que han participado de un esfuerzo loable, que han
iniciado una vía procedimental sensata y adecuada que era precisamente la
de disponerse a ofrecer a esta Cámara una base de consenso para la
reforma, imprescindible y necesaria, objeto de este debate. Ahora todo
queda malbaratado, insisto, por un adelantamiento que a nosotros cuanto
menos nos parece un adelantamiento descontrolado.
Vamos a votar favorablemente, pero dejamos expresión de ese criterio,
expresión de nuestra perplejidad por esta actuación difícilmente
explicable del Grupo Parlamentario Socialista, expresión de nuestro
lamento porque podíamos haber abordado el inicio de esta reforma en
términos mucho más precisos, habiendo recibido y valorado ese texto de
consenso político elaborado por la FEMP y, desde luego, habiendo
expresado en ese texto con precisión, quizá con mejor alcance,
las fórmulas que en este momento los ayuntamientos consideran como más
convenientes para dar cumplida respuesta a sus aspiraciones. Por tanto,
yo no me resisto a concluir mi intervención sin hacer lectura de un
documento que al menos de manera fehaciente da cuenta de lo que yo acabo
de expresar: Estimado señor, en respuesta a su solicitud de información,
me complace comunicarle que la Comisión de Circulación y Transportes
aprobó en su reunión ordinaria del pasado 30 de abril la elaboración de
un texto de modificación de la Ley sobre Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial. El propósito de esta iniciativa es remitirlo a los
grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados con la intención de
que pudiera ser asumido por ellos y tramitado conforme a la normativa
parlamentaria.
En este momento, dicho texto está siendo informado por los servicios
jurídicos de la Federación Española de Municipios y Provincias y será
presentado para su aprobación a la Comisión Ejecutiva del próximo 28 de
mayo, para su posterior remisión a los citados grupos.
Esta es una comunicación que ayer, a solicitud de información del Grupo
Parlamentario Popular, nos transmitió el Secretario General de la
Federación Española.
Explíquense ustedes. ¿Qué intencionalidad política subyace en este
extraño planteamiento, en virtud del cual ustedes trabajan por un
consenso plausible y necesario en todo, y mucho más en una cuestión como
la que estamos abordando, y antes de culminar esa vía procedimental de
consenso hacen este adelantamiento por la izquierda y nos someten hoy a
una posición tan --al menos-- perpleja como ésta?
No obstante y en virtud de ese consenso, salvando la posición de mi grupo
en los temas de fondo y, desde luego, nuestra actitud de coherencia y de
respeto al trabajo de la Federación Española de Municipios y Provincias,
nosotros votaremos forzadamente que sí. Y digo forzadamente que sí porque
nos hubiera gustado --insisto, nos hubiera gustado-- que los trabajos de
esta Cámara comenzaran tan bien como ya se estaban haciendo en el seno de
la Federación.
Por eso, en su momento, en virtud de esa situación de respeto al acuerdo
y al consenso alcanzado en el seno de la Federación, nosotros renunciamos
a reproducir el texto de nuestra iniciativa. Nosotros no sabemos, en este
caso, a qué es a lo que están jugando SS. SS.
Muchas gracias. (El señor Cuesta Martínez pide la palabra.) El señor
PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Señor Cuesta, ¿desea consumir un turno de réplica? (Asentimiento.)
Brevemente, señor Cuesta, por favor.
El señor CUESTA MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios el
apoyo a esta proposición, en cuanto que va a merecer un voto favorable,
para que pueda seguir la tramitación parlamentaria, sin perjuicio,
lógicamente, de las correcciones que a lo largo del trámite parlamentario
pueda recibir esta proposición de ley.
Ha dicho, con razón, el portavoz del Grupo Popular que su voto, que
agradecemos, es un voto forzado. Es cierto que era un voto forzado porque
teníamos la convicción y la noticia de que la intención inicial --y
agradecemos esa rectificación-- del Grupo Popular era oponerse a la
tramitación de esta proposición de ley. Y digo que, aunque su postura es
forzada, su votación favorable también merece nuestro agradecimiento. Sin
embargo, quisiera que la Cámara no se quedase con la insatisfacción, al
menos de la duda, producida por las palabras un tanto contundentes --y yo
diría, además, un tanto ambiguas o inexactas-- pronunciadas por el
portavoz del Grupo Popular.
Nos dice que la proposición de ley que presentó el Grupo Parlamentario
Popular en abril de 1995, o que la proposición de ley que presentó el
Grupo Parlamentario Socialista antes que el Grupo Popular, también en el
mes de abril de 1995, no consiguieron el consenso de la Cámara ni de la
Federación Española de Municipios y Provincias. Falso. Falso porque la
diferencia entre ambas proposiciones --es verdad que la nuestra es
anterior-- es mínima, casi de orden sistemático, casi exclusivamente en
algún concepto jurídico. Pero hay párrafos, hay disposiciones, hay
contenidos contemplados en la del Grupo Popular y en la del Grupo
Socialista que son exactamente iguales. ¿Qué ocurrió en la anterior
legislatura? No que no hubiera consenso, sino que no hubo la oportunidad
de una tramitación parlamentaria de esta proposición de ley, porque ambas
proposiciones proceden del mes de abril de 1995. Por consiguiente, no es
un problema de consenso, es un problema de no tramitación en un momento
determinado. Sin embargo, el señor Gil Lázaro --y con esto acabo, señor
Presidente-- nos lee una carta que le remiten de la Federación Española
de Municipios y Provincias, en la que se nos presenta una tramitación un
tanto alambicada.
Se nos habla de que hay una comisión de transportes que ha informado un
texto, que ese texto se va a someter a la consideración de los servicios
jurídicos, que esos servicios jurídicos lo van a someter a la
consideración de una comisión ejecutiva y que, una vez cumplidos todos
esos trámites, se remitiría a los grupos parlamentarios para que alguien
tenga a bien suscitar una proposición de ley en esta Cámara. Yo quisiera
llamar la atención de la Cámara para que ningún miembro tenga la más
mínima duda de que la iniciativa que hoy votamos favorablemente guarda
conexión no ya con el criterio de una comisión dentro de la Federación
Española de Municipios y Provincias, sino que guarda conexión, está en
coherencia con una resolución
del órgano máximo de la Federación Española de Municipios y Provincias,
que es la Asamblea General.
La Asamblea General de los días 9 a 11 de noviembre de 1995 --lo dije en
mi exposición inicial-- dice en la resolución segunda: Con este fin --se
está hablando de potenciar la reforma de la legislación de tráfico-- se
acuerda que la Comisión Ejecutiva solicite al Congreso de los Diputados
la urgente tramitación de las propuestas de modificación de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Señor Presidente, creo que esta tarde estamos poniendo en consonancia
nuestro acto parlamentario con un deseo expresado de forma unánime por la
generalidad, por el órgano máximo de la Federación Española de Municipios
y Provincias. Además, también lo dije en la primera intervención y lo he
querido deducir de las intervenciones de todos los portavoces de los
grupos parlamentarios, quedan trámites; se abrirá un plazo de enmiendas y
nosotros seremos absolutamente permeables y receptivos a las sugerencias
que se hagan a lo largo de la tramitación parlamentaria desde todos los
sectores, desde la Federación Española de Municipios y Provincias, desde
los propios sindicatos, que también han planteado una línea concreta de
medidas en esta materia, desde el movimiento vecinal o desde los
movimientos que están de acuerdo con propiciar medidas de protección del
medio ambiente a través de un uso más racional del tráfico en las
ciudades.
Nada más, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
Señor Gil Lázaro, muy brevemente.
El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente. Con toda brevedad.
Sí, señor Cuesta, nos vemos forzados, y es por la actitud, absolutamente
incomprensible, del Grupo Socialista, que en el seno de la Federación
Española de Municipios y Provincias hace una cosa y ahora, aquí, plantea
algo absolutamente distinto al procedimiento que había consensuado.
En cuanto a documentos, S. S. me habla de un documento de los días 9 a 11
de noviembre de 1995 y yo le estoy hablando de un documento de fecha 20
de mayo de 1996. No sea antiguo en las citas. (El señor Cuesta Martínez
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Un minuto, señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Seré muy breve, señor Presidente.
Quiero volver a resaltar mi agradecimiento al Grupo Popular, que
inicialmente iba a votar en contra y que, a la vista de su reflexión,
quizá por no quedarse solo, va a votar que sí a la tramitación. Además,
quiero dejar claro, precisar a la Cámara los términos de los documentos
que el portavoz del Grupo Popular y este que les habla están exhibiendo.
El portavoz del Grupo Popular maneja un informe del Secretario General de
la Federación Española de Municipios y Provincias y lo que yo estoy
exhibiendo es una resolución del órgano máximo de la Federación Española
de Municipios y Provincias, que es su Asamblea General.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
Concluido el debate, señorías, vamos a proceder a la votación. Comienza
la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a
favor, 277; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la toma en
consideración de la proposición de ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION EN MATERIA DE MEDIO
AMBIENTE (Número de expediente 122/000010)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a continuar el orden del día con la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre derecho de acceso a la información
en materia de medio ambiente, debate que interrumpiremos a las cinco y
media en punto para proceder a la sesión conjunta con el Senado, de
recepción al Presidente de Portugal. Para la presentación y defensa de la
proposición de ley, tiene la palabra, en nombre del grupo proponente, el
señor Frutos. (Rumores.) Señorías, les ruego guarden silencio o abandonen
el hemiciclo, pero, en todo caso, guarden la debida consideración al
orador. (Continúan los rumores.) Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer la enorme expectación y los murmullos
de aprobación que la proposición de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya han promovido hoy en este plenario. Luego espero que, tal como
ha ocurrido con la primera proposición de ley, ésta sea aprobada también
por todas las señorías que están aquí presentes; no se alegue que, como
ya en su momento se aprobó otra ley en este plenario, ahora Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya es reiterativa en la propuesta.
En primer lugar, el objetivo principal que tiene Izquierda Unida al
presentar esta proposición de ley es
no aceptar hechos consumados, políticas ya decididas, caso concreto la
proposición de ley que se presentó y se aprobó el pasado mes de
diciembre. Por tanto, nosotros tenemos como objetivo principal que haya
un derecho a la información para todos los ciudadanos y colectivos de
este país en un tema tan controvertido e importante como es el medio
ambiente, es decir, la defensa del lugar donde vivimos. No aceptamos
tampoco en esto la política de hechos consumados en función del
pragmatismo, del desarrollo económico, del industrialismo, siempre en
abstracto, que produce desastres de carácter ecológico que luego son muy
difíciles de subsanar.
En este país --y es el primer reconocimiento de mi grupo a los colectivos
que trabajan en esta dirección-- la pedagogía y la sensibilización
popular que progresivamente se van produciendo se deben fundamentalmente
no tanto a los partidos políticos ni a las instituciones como sobre todo
a las organizaciones ecologistas. En primer lugar, por tanto, un
reconocimiento esperando que a través de la aprobación de la proposición
de ley que estamos debatiendo sea posible que el movimiento ecologista en
su conjunto y las organizaciones ecologistas tengan un tratamiento
diferente, no sólo en el momento del control de lo que se está haciendo,
sino de la gestión de lo que se puede hacer en el futuro.
A Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a veces se le acusa de dos
cosas: de que somos demasiado derrotistas y destructivos en las críticas,
es decir, que criticamos determinados elementos por encima de la realidad
y, en segundo lugar, y de forma contradictoria, de que somos utópicos en
los planteamientos; es decir, que nuestros planteamientos no tienen
cabida en un desarrollo económico, en un desarrollo social y cultural,
porque las necesidades económicas, sociales y culturales son otras muy
diferentes a las que planteamos desde Izquierda Unida.
Quisiera recordar un elemento muy preciso que acaba de ocurrir en los
pasados meses. El pasado mes de diciembre, después de haberse aprobado en
septiembre el proyecto de ley enviado por el Gobierno, la organización
ecologista Aedenat convoca un seminario en el que participan muchas
personas cualificadas a nivel técnico y del conocimiento jurídico de lo
que representan las leyes de protección del medio ambiente en Europa y en
España. Está presente el Comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea,
está presente el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente y está presente la compañera Mercé Rivadulla, en nombre del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El texto que se aprobó en este plenario tres meses antes recibe en ese
seminario una crítica bastante dura por parte de muchos expertos. El
Comisario europeo felicita en este mismo contexto a la compañera Mercé
Rivadulla y le asegura que tendrá en cuenta todas las propuestas que hace
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en el momento de ampliar la
Directiva europea. Es decir, que hay un reconocimiento explícito de que
no somos utópicos ni hacemos una crítica desaforada de las leyes que se
aprueban, de las realidades que hay en nuestro país o en el contexto
europeo.
Al aprobarse el pasado 14 de septiembre el proyecto de ley de derecho a
la información que se presentó al plenario, que era una trasposición de
la Directiva 90/303 de la Unión Europea, Izquierda Unida presentó una
enmienda a la totalidad, enmienda que fue derrotada. Esperamos que en
este momento concreto, con otra situación, esta proposición de ley, que
en este caso concreto ha sido enriquecida por aportaciones muy
importantes efectuadas por la Coordinadora de Organizaciones de Defensa
del Medio Ambiente, la CODA, y Aedenat, sea tenida en consideración, en
la medida que pensamos que en esta proposición de ley hay un avance muy
importante en todos los aspectos técnicos realizados por profesionales
del Derecho de la universidad vasca, en el caso concreto de lo jurídico,
y por técnicos muy entendidos en medio ambiente.
Por tanto, por dos razones fundamentales pedimos la aprobación de esta
proposición de ley: por razones de rigor técnico y por razones de
legalidad democrática, el acceso de los ciudadanos a todo tipo de
información, en el momento que el ciudadano individual o colectivamente
quiera defender el medio ambiente y quiera corresponsabilizarse de esta
defensa.
Hay al mismo tiempo en nuestro contexto concreto, la necesidad del
desarrollo de todo lo que son los acuerdos de la Cumbre de Río de Janeiro
de 1992, en especial el principio décimo, que se refiere a la
participación y a la información. También, como he anunciado
anteriormente (nos lo dijo así en el mes de diciembre el propio Comisario
de la Comisión Europea de Medio Ambiente, al tener en consideración
algunas de las propuestas que hacía Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya), en la Unión Europea empiezan a aparecer una serie de
principios que avalan la información y participación y la utilización,
además, de los medios de comunicación públicos para que esto sea posible
y llegue al conocimiento de toda la población. Por tanto, la
participación pública, entendida como diálogo, como cooperación entre el
ciudadano y las instituciones le parece fundamental a nuestro grupo
porque genera organización social y, al mismo tiempo, genera ciudadanos y
ciudadanas corresponsables y activos en la defensa del medio ambiente;
naturalmente, en cualquier otra actividad social, pero en este caso
concreto la defensa del medio ambiente.
Por consiguiente, también presentamos esta proposición de ley por
elementos de pedagogía, de creación o desarrollo de una conciencia
cívica, de establecer la solidaridad, en el momento de la defensa del
medio ambiente, entre las organizaciones que se dedican específicamente
al mismo, las organizaciones políticas y sociales que se dediquen
específicamente al mismo y las instituciones, porque al mismo tiempo toda
esta
actividad hará más comprensible para el ciudadano el concepto de interés
general que indudablemente tiene el medio ambiente.
Estos objetivos fundamentan y explican la propuesta que hacemos en este
momento concreto; es decir, garantizar la protección del medio ambiente a
través del compromiso ciudadano, en la medida que éste pueda participar y
esté bien informado. No debería haber en este caso concreto ningún miedo
a este control democrático. Creo que lo hubo en exceso por parte del
anterior Ministro o por parte del anterior Gobierno. Espero que no lo
haya por parte de la nueva Ministra que, por cierto, está ausente. Es un
mal principio, al menos para el negociado que lleva un servidor, que la
Ministra no esté presente; creo que debería estar presente en este
principio de legislatura y en una proposición de estas características.
En fin, imagino que de forma corresponsable los miembros del Gabinete que
estén presente, si los hay, ya le informarán.
El Gobierno español justificaba el cumplimiento de la trasposición, en el
momento de ponerla en marcha, de la Directiva sobre libertad de acceso a
la información en materia de medio ambiente con la Ley 30/1992 del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que regula en sus artículos 35 y 37 el derecho de
acceso a los archivos y registros de la Administración sólo para los
ciudadanos y para procedimientos terminados; pero en abril del mismo año
la Comisión Europea inicia un expediente de infracción al Gobierno
español por su incumplimiento. La práctica habitual de la Administración
pública en materia de medio ambiente ha sido, en muchos casos, la
ocultación de datos. No entendemos tampoco por qué tiene que haber esa
ocultación de datos. En la medida que los datos son claros, son
cristalinos y pueden verificarlos las instituciones y todos los
ciudadanos, estamos convencidos de que, con las posiciones que cada uno
tiene en el tema del medio ambiente, se puede avanzar más en lo que, en
definitiva, debería ser el objetivo de todo el mundo, que es la
protección del mismo.
La realidad es que todavía no tenemos los elementos más esenciales para
ejercer la protección medioambiental, es decir, todavía no hay una
política de medio ambiente. Se ha creado un Ministerio pero, al mismo
tiempo, en determinadas comunidades autónomas desaparecen consejerías de
medio ambiente. Bienvenido sea el Ministerio si es para coordinar todos
los esfuerzos y para dar participación a todas las organizaciones del
movimiento ecologista, que ya tienen una larga experiencia en estos temas
pero que, al mismo tiempo, tienen todavía muchas aportaciones que hacer
en el mismo. Por ello, la Administración debería contemplar en lo
inmediato el mundo ecologista como colaborador en la protección del medio
ambiente, no únicamente como una especie de controlador de lo que ocurre
en el medio ambiente, de denunciador de los elementos críticos que hay en
la preservación o no preservación del medio ambiente, sino que también
debería tener al conjunto del movimiento ecologista y a sus
organizaciones como colaboradores imprescindibles.
Por tanto, es intención de nuestro grupo parlamentario presentar este
texto legislativo para restablecer la auténtica conexión del derecho, que
se reconoce por su ejercicio posterior; es decir, que no haya solamente
un reconocimiento teórico del derecho sino que haya inmediatamente la
aplicación concreta, práctica de su ejercicio.
Por eso nosotros valoramos en su momento de forma positiva --y es
necesario señalarlo--, algunos elementos de la anterior ley, de la que se
aprobó en septiembre, pero presentamos la proposición que hoy estoy
defendiendo porque pensamos que hay algunos elementos importantes que
pueden abrir un boquete por el cual tengan lugar un montón de
arbitrariedades. Por ejemplo, en relación con el artículo 4.º.1 de la
anterior ley, no se deja la posibilidad de que rija el silencio
administrativo positivo en nuestra propuesta, en la otra sí, pero en esta
última el artículo 4.º.1 puede tener incluso en el futuro inmediato un
expediente por parte de la Comisión Europea en la medida que ya no está
cumpliendo la Directiva de 1990 y puede cumplir menos todavía el
desarrollo de la Directiva que está viniendo posteriormente a través de
la recogida de elementos que está propiciando la Comisión Europea.
En segundo lugar, el solicitante --por eso lo planteamos en concreto en
nuestra proposición-- no tiene por qué saber qué administración es la
competente en determinada materia, no tiene que ir de una administración
a otra en el momento de recabar la información, sino que si se equivoca
de administración sea la administración a la cual va a recabar la
información la que traslade el expediente de solicitud de información a
la administración competente. En consecuencia, el ciudadano o la
organización colectiva del tipo que sea que busque información para la
protección del medio ambiente en ningún caso tiene que aceptar ir de una
ventanilla a otra, sino que es la administración, de forma corresponsable
en su conjunto, la que tiene que hacer frente a estas necesidades.
Además, planteamos que la Administración debe estar obligada a hacer las
aclaraciones oportunas de aquellos datos que sean de difícil
interpretación.
Nosotros no tenemos una visión absolutamente negativa, al menos yo no la
tengo por lo que respecta a la anterior ley por lo que he leído de ella,
lo que conozco de ella aunque no participé en su debate, pero pensamos
que la proposición de ley que presentamos hoy mejora y amplía esta ley y
da muchos elementos de participación, de información que no están en la
anterior ley y no permite, como es el caso del artículo 4.º 1 citado, la
posibilidad de que haya un boquete, la discrecionalidad por parte de la
Administración o de las administraciones. Nosotros configuramos nuestra
proposición como la necesidad de que haya un verdadero derecho
ejercitable por cualquier persona física o jurídica
que participe de los caracteres propios de los derechos públicos
subjetivos, incluida su protección judicial.
Por toda una serie de razones, en cuya explicación no me voy a extender,
algunas de ellas son menores como el pago que se tiene que hacer en el
momento de recabar una información porque pensamos que la consulta de
archivos y registros debe ser absolutamente gratuita, que el derecho al
acceso a la información debe llevar inherente el derecho a la obtención
de soporte material que la contiene y que en todo caso el soporte
material puede ser un coste adicional del servicio público, que sólo
podrá cobrar la Administración, en este caso, y que las ONG y las
organizaciones de carácter ecologista que se dedican en el día a día a la
protección del medio ambiente deben tener un tratamiento especial, un
tratamiento de favor, la práctica gratuidad de todos los elementos que
presupongan recabar información por parte de la Administración.
El señor PRESIDENTE: Señor Frutos, le ruego que vaya concluyendo.
El señor FRUTOS GRAS: Sí, señor Presidente.
Por todas estas razones --no voy a extenderme más en la explicación de la
proposición de ley-- nosotros pensamos que no siendo contradictoria, sino
complementaria y que amplía la anterior ley vigente, esta proposición de
ley nos permitiría avanzar en un tema tan controvertido y al mismo tiempo
tan importante como es la protección del medio ambiente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos. ¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Señorías, vamos a
suspender en este punto la sesión para recibir al Presidente de la
República portuguesa. Los miembros de la Mesa nos dirigiremos al Salón de
Pasos Perdidos para la recepción y, posteriormente, acompañaremos al
Presidente de la República portuguesa al hemiciclo.
Se suspende la sesión. Muchas gracias.
Eran las cinco y treinta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las seis y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión, que se había
interrumpido en la toma de posición de los grupos parlamentarios sobre la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre derecho de acceso a la información
en materia de medio ambiente.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, con la máxima
brevedad, intervengo en nombre de Unión Valenciana para fijar la posición
respecto a la toma en consideración de la proposición de ley sobre acceso
a la información en materia de medio ambiente, presentada por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Vamos a apoyar dicha proposición porque pensamos que puede ser un texto
inicial positivo para articular legislativamente el acceso de los
ciudadanos a la información que tienen las administraciones públicas en
materia medioambiental. Cada vez hay un mayor grado de concienciación y
los ciudadanos quieren participar, sobre todo en aquello que afecta de
una manera más directa a su calidad de vida. Es un derecho ciudadano y,
por lo tanto, creo que es muy positiva su regulación normativa, un vacío
legal existente hasta el día de hoy. Es un derecho ciudadano el acceso a
todo informe, dictamen o expediente, que en esta materia, igual que en
otras, precisa de una regulación para que las administraciones
competentes, a todos los niveles, favorezcan esa participación. En el
espíritu de esta iniciativa está el fomento de esa participación de los
ciudadanos en la materia de medio ambiente, y es muy importante
permitirla y estimularla. El texto, indudablemente, no es manifiestamente
mejorable, pero sí que es mejorable. Creo que en la posterior tramitación
aportaremos nuestras propuestas. Pensamos que deberían cambiarse algunos
de los puntos de la redacción, pero creo que el día de hoy no es el
momento para profundizar en algunos de los artículos que podrían ser
mejorados. Entiendo que la aportación positiva siempre es importante,
pero damos ese voto de confianza para que este texto, en el trámite
posterior, sea consensuado. El vacío legal existente hasta el día de hoy
no había permitido articular esa participación necesaria de los
ciudadanos en esta materia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Señor Vázquez. Me permito señalar a SS. SS., representantes del Grupo
Mixto, que el orden de intervenciones de su Grupo, en el Pleno, debe ser
por el orden de mayor a menor representatividad interna dentro del Grupo.
De ahí el error que, en esta ocasión, con mucho gusto, pasamos por alto,
pero lo señalo para que quede claro para el futuro, señor Vázquez, en
beneficio de su doble representación.
Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente. Esperemos que no se repita esta alteración del orden.
Intervengo en representación del Bloque Nacionalista Galego, para fijar
nuestra posición sobre la proposición de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
el derecho de acceso a la información en materia
de medio ambiente. Desde luego, nuestra postura va a ser favorable a la
toma en consideración de esta proposición. Es evidente que la
preocupación por salvaguardar el medio ambiente se extiende cada vez más
entre los ciudadanos, que cada día son más conscientes de que si no se
hace un serio esfuerzo por preservar el medio ambiente --decir esto quizá
parezca excesivo, pero es así--, el planeta camina inexorablemente hacia
su destrucción. Los gobiernos, en general, suelen hacer pomposas
declaraciones en defensa del medio ambiente, firman acuerdos, anuncian
propósitos, incluso crean ministerios de medio ambiente, pero en realidad
sus actuaciones en este campo son escasas y generalmente forzadas por la
presión de los ciudadanos. Es más, muchas veces, los gobiernos actúan
como tapadera de las agresiones que muchas empresas, privadas y públicas,
realizan sobre el medio natural. No sólo no toman medidas concretas para
hacer cumplir la legislación ambiental, sino que dificultan o impiden el
acceso a la información que sobre esta materia poseen; y dificultan o
impiden esta información no sólo a los ciudadanos, sino, en muchos casos,
también a sus representantes electos, lo cual no es más que un intento
para evitar la denuncia sobre las agresiones al medio.
Desde nuestro punto de vista, facilitar información significa contribuir
a la protección de la naturaleza, porque ayudará a conocer los problemas,
a denunciarlos y a tratar de solucionarlos.
Los ciudadanos, en una sociedad democrática, tienen derecho a recibir esa
información; tienen derecho a defenderse de las agresiones al medio,
muchas veces provocadas por la simple búsqueda de ganancias fáciles y
desorbitadas; tienen derecho a exigir calidad de vida; tienen derecho,
por tanto, a ver satisfechas sus demandas de información a las
Administraciones públicas. Así lo demandan numerosas organizaciones
ecologistas.
Esta proposición de ley, por tanto, desde nuestro punto de vista, tiene
como fin garantizar ese derecho a la información de los ciudadanos y, en
consecuencia, vamos a apoyar su toma en consideración.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muy brevemente, señor Presidente, y no
porque el tema no sea importante, sino porque todavía está presente en la
memoria de la Cámara un debate muy reciente, al final de la anterior
legislatura, sobre el mismo asunto exactamente.
Esta proposición de ley se refiere a una cuestión: el derecho de acceso a
la información en materia de medio ambiente, que, quiero recordar, ha
sufrido un tortuoso camino hasta que una ley lo vino a garantizar.
Concretamente, la Directiva 90/313, de 7 de junio, vino a establecer este
derecho dentro del ámbito comunitario y, a su vez, establecía la
obligación de que los países miembros debían efectuar la transposición de
esta Directiva antes del 31 de diciembre de 1992.
El primer intento de transposición, fallido, fue para intentar que el
artículo 35 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común supusiera el cumplimiento
de esta obligación en el Estado español, y ello, es sabido, dio lugar a
un procedimiento de queja por parte de la Comisión, que obligó a un
segundo intento, éste sí, exitoso, como fue la presentación, al final de
la anterior legislatura, en el segundo período de sesiones de 1995, del
correspondiente proyecto de ley, aprobado entonces, como decía, y
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el día 13 de diciembre de
1995.
Entiende nuestro grupo parlamentario que esta ley ya supone una buena
garantía para el ejercicio de este derecho y, además, constituye una
buena transposición de la Directiva, por cuanto es prácticamente una
traslación literal de su texto al texto de la ley.
Por ello, en nuestro grupo parlamentario, reiterando la importancia de
este tema, cree que está suficientemente garantizado el ejercicio de este
derecho, de nuestro derecho --valga la redundancia--, y por ello vamos a
votar en contra de la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Señor Presidente, señorías, intervengo para fijar
la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la
proposición de ley sobre derecho de acceso a la información en materia de
medio ambiente, presentada por el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que es una repetición exacta del texto
elaborado por este grupo parlamentario hace más de un año, cuando el
Gobierno estaba trabajando sobre el anteproyecto de ley que, como ha
recordado el Diputado señor Recoder, fue objeto de debate y aprobación
por esta Cámara y publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales» el 13 de diciembre de 1995.
A pesar de la afirmación que se ha hecho por parte del señor Frutos
respecto al supuesto enriquecimiento del texto en relación con el primer
texto de Izquierda Unida, no he conseguido, pese a una lectura atenta del
mismo, encontrar ninguna variación significativa, y vuelvo a encontrar,
por el contrario, los mismos errores en cuanto a técnica jurídica y las
mismas contradicciones que fueron objeto del debate por el cual se
rechazó la enmienda a la totalidad de Izquierda Unida cuando se debatió
esta proposición de ley sobre derecho de acceso a la información en
materia de medio ambiente. El representante de Izquierda Unida ha
justificado
la presentación renovada de esta proposición, por una parte, para
demostrar que su grupo no acepta hechos consumados --palabras literales--
y también para anticiparse o prever que nos podamos anticipar a la
revisión de la directiva comunitaria en vigor, que efectivamente será
revisada en su momento, una directiva del año 1990, sobre la cual los
servicios de la Comisión están recogiendo información en todos los países
miembros y que será sin ninguna duda objeto de revisión en un momento
quizás próximo.
En cualquier caso, quiero decir que me parece desafortunado calificar de
hechos consumados la aprobación en el Parlamento por mayoría absoluta de
una ley cuyo texto fue preparado por el Gobierno con el asesoramiento del
Consejo Asesor de Medio Ambiente, donde fue informado el texto con
carácter favorable, y que por tanto en absoluto llegó sin haber tenido en
cuenta las observaciones de los distintos sectores implicados en la
defensa del medio ambiente. Por tanto, no creo que se pueda hablar de
hechos consumados respecto de una ley que ha sido aprobada después de un
proceso de elaboración que creemos que ha sido responsable, aunque es
obvio que, como toda ley, es una ley que puede sufrir en el futuro
modificaciones, y en ese sentido deberemos estar atentos a lo que, desde
los distintos análisis que se hacen en el marco de la Comisión Europea,
se decida al respecto.
En el seminario al que antes ha hecho alusión el Diputado señor Frutos,
donde, por cierto, no acudió la Comisaria de Medio Ambiente, sino un
técnico de los servicios de la Comisión, efectivamente se comentaron
distintos aspectos críticos que, en la aplicación de esta directiva en
todos los países europeos, están siendo puestos de manifiesto y, como en
el caso de otras directivas, llevará sin duda a que haya que revisarla en
su momento y a partir de la experiencia que, por otra parte, tienen la
obligación los países miembros de transmitir a la Unión Europea. Yo
también lamento que la Ministra de Medio Ambiente no esté presente para
recordar, entre otras cosas, que su Departamento está obligado por la ley
en vigor a informar, antes de finales de diciembre de 1996, de la
experiencia adquirida en la aplicación de esta ley.
En esta ley, como decíamos antes, hay toda una serie de defectos de
técnica jurídica, y yo voy a mencionar sólo alguno, porque creo que esos
defectos invalidan lo que podrían ser en el espíritu de la propuesta de
Izquierda Unida mejoras, a efectos de la garantía para los ciudadanos de
acceso a la información en materia de medio ambiente. Me referiré, por
ejemplo, al hecho de que se hace uso del término «interesado», cuando
éste es un término que tiene un contenido jurídico muy preciso, mucho más
restrictivo que el término de «ciudadanos y residentes», que está dentro
del ámbito de aplicación de la ley. Sin embargo, de forma reiterada en la
proposición de ley de Izquierda Unida aparece la palabra «interesado»,
restringiendo, como digo, a aquellos que son parte de un procedimiento,
los que tendrían en ese sentido acceso a la información.
Hay algunas otras imprecisiones en cuanto al uso del término
«Administración pública» y no «administraciones públicas»; hay
imprecisiones también en cuanto a que algunos artículos excluyen a las
empresas privadas o a las entidades de derecho público que no tengan
competencia en materia de medio ambiente y que, sin embargo, puedan tener
incidencia con sus actuaciones en esta materia; es imprecisa también la
referencia que se hace sobre a quién están obligadas las administraciones
públicas a ofrecer la información que es objeto de esta ley, y hay
asimismo una imprecisión importante en cuanto a los plazos para resolver
y entregar la documentación que sea solicitada por los ciudadanos, que
aparentemente son más breves en la propuesta que hace Izquierda Unida que
en la ley en vigor.
La ley en vigor reproduce exactamente lo que contiene la directiva
europea, donde se fija un máximo de dos meses para hacer entrega de la
documentación, mientras que en el caso de la propuesta de Izquierda Unida
hay un primer plazo para resolver, un plazo de diez días, y a
continuación establece un segundo plazo que hace que tenga que ser
entregada la información en otros treinta días, no se sabe si sumándolos
a los diez primeros, porque no se explica adecuadamente en el texto.
Además, todavía se hace más confusa la interpretación al decirse que si
la Administración no tiene todos los datos tendrá que completarlos
también en otros quince días, sin fijar el inicio de ese tercer plazo.
Por tanto, en su conjunto podrían surgir dificultades de interpretación y
no alcanzarse el resultado que entiendo que pretende Izquierda Unida de
mejorar la legislación en vigor.
Se da también la ausencia de distintas causas de denegación de la
información, que están contenidas en la directiva y que es posible que en
algún momento la propia Unión Europea considere que deban de ser
removidas como tales de denegación, pero efectivamente ese es un proceso
que no está, en absoluto, todavía resuelto por parte de la Unión Europea.
Hay también una referencia a la base, en cuanto a legislación básica
sobre la cual estaría construida esta norma. Aquí hay una referencia al
artículo 149.1.18 de la Constitución, que es errónea, porque la base debe
de ser el 149.1.23, el de la protección del medio ambiente, y algunos
otros errores en los que no voy a entrar.
En su conjunto nuestro grupo vota en contra de la toma en consideración
de esta proposición de ley de Izquierda Unida, porque entendemos que
existen elementos para rechazarla en cuanto a que hay errores de técnica
jurídica que en lugar de mejorar pueden hacer más confusa la relación
entre el administrado y las administraciones públicas, y, en segundo
lugar, porque creemos que es prematuro revisar una norma que ha entrado
en vigor al final del año pasado, y, por tanto, en estos momentos debemos
ser vigilantes e intentar
que el Gobierno la aplique correctamente y estar atentos a lo que desde
la Unión Europea se crea conveniente en cuanto a su revisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Narbona.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gortázar.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señorías, créame, señor
Frutos, que le alabo el gusto de que su primera iniciativa parlamentaria
en esta legislatura sea en relación a un tema de medio ambiente, tema en
el que hemos compartido en la anterior legislatura numerosas
preocupaciones e iniciativas conjuntas, y le alabo el gusto también por
el hecho de su preocupación, muy estimable, sobre la transparencia y el
libre acceso de los ciudadanos a niveles de información bien sensibles.
De manera que hay un activo en su proposición que valoramos positivamente
y que me parece importante y de justicia constatar aquí. (El señor
Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
Sin embargo, he escuchado con atención su intervención y he de decir que
no he oído nuevos argumentos de fundamento diferentes a los que
escuchamos en el debate en la anterior legislatura, hace apenas ocho o
nueve meses, en relación a este tema. Yo creo que son los mismos
argumentos que en su día no justificaron la toma en consideración de su
proposición y de texto alternativo en relación al que había presentado el
Gobierno socialista.
Hay una opinión de un técnico de la Comisión, un seminario que me parece
muy respetable y que probablemente tenga que tomarse en cuenta para el
futuro. Sin embargo, eso contrasta con el hecho de que no hay una opinión
considerable en relación a la alteración de esta ley. Usted y yo
estuvimos el pasado mes de abril con ocasión del Día de la Tierra viendo
el documento y las opiniones de los grupos ecologistas, y que yo
recuerde, quizás esté equivocado --si es así usted me rectifica--, no
había una petición, un clamor, una constatación por parte de la opinión,
por parte de los grupos ecologistas de que se ampliara un derecho
reconocido como es el derecho de acceso a la información, de tal manera
que nosotros entendimos entonces y entendemos ahora que ese derecho está
suficientemente recogido --por supuesto cualquier ley es perfectible-- en
la vigente ley de acceso a la información. Por todo ello, el Grupo
Popular se va a oponer a esta toma en consideración en razón a dos
elementos, uno de forma y otro de fondo.
En cuanto a la forma, por el hecho de que por respeto al trabajo
legislativo de esta Cámara no nos parece consistente que una ley que
apenas tiene cuatro o cinco meses de vigencia, que todavía no se ha
puesto a andar, que no se ha contrastado cómo funciona, que observaba
diversas posibilidades y también los costes razonables que implica el
derecho a la información, no nos parece presentable que sobre un trabajo
de esta Cámara que tuvo el apoyo de la mayoría de los grupos, incluido el
suyo, al cabo de apenas cuatro o cinco meses hagamos un texto
alternativo. Si esto fuera así en la totalidad de las iniciativas que
hemos votado en la anterior legislatura, tendríamos que estar rehaciendo
permanentemente un trabajo ya efectuado. Creo que formalmente es más
conveniente atenernos a la ley vigente, y en todo caso ver cómo funciona
y en el futuro proponer modificaciones concretas y específicas.
Pero no solamente hay razones de forma, sino también de fondo. La razón
de fondo es básicamente el hecho de que la ley vigente satisface en lo
esencial el derecho a la información de los ciudadanos, de tal manera que
ese problema está resuelto a ese nivel. Hay otra razón de fondo, que es
que no hay una opinión establecida, estructurada, manifiesta, una opinión
pública, digamos, que hayamos percibido los grupos parlamentarios de una
manera sensible en la dirección de que sea ampliada sustancialmente o
modificada la ley vigente.
Por todo ello el Grupo Popular no va a tomar en consideración su
proposición de ley, aunque, por otro lado, como le he señalado,
compartimos en gran medida sus preocupaciones y sus planteamientos, pero
no en la oportunidad y en los términos en los que lo hace en este
momento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Gortázar.
Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor Presidente. Es una réplica ya
anunciada brevemente en mi intervención. Me hubiera gustado equivocarme,
porque se trata única y exclusivamente de la toma en consideración de una
proposición de ley; no la aprobamos aquí hoy en el plenario, sino que es
una toma de consideración. Entonces, todas la inexactitudes técnicas,
todos los defectos de rigor jurídico, todas las cuestiones que sobre todo
los dos grupos mayoritarios de la Cámara han visto en la propuesta que
hace Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya podrían haberse corregido
en la Comisión de una forma normal y corriente. A mí me da la impresión
de que no hay suficiente voluntad. Debo decir que nuestro grupo defiende
en lo fundamental lo que defienden las principales organizaciones
ecologistas de este país, con la vinculación que tiene además con las
organizaciones de carácter internacional que cuentan con una práctica
concreta en la Unión Europea.
He señalado que las propuestas que hace Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya están recogidas, y se nos explicó por parte del Comisariado de
Medio Ambiente europeo en este seminario que se iban a tener
en cuenta. Simplemente he intentado señalar eso. Por eso hemos tratado de
hacer una aportación que creemos que es razonable. Si efectivamente hay
defectos técnicos y jurídicos, corríjanse. Lo que no se puede es no tomar
en consideración una proposición de ley en función de estos defectos
técnicos o jurídicos que se pueden corregir y no tener en cuenta lo
fundamental de la proposición de ley.
Acaba de salir una información documentada del Instituto para la Política
Ambiental Europea, con sede también en Madrid y en todas las capitales
europeas, donde se recogen toda una serie de valoraciones sobre la ley,
la que se acaba de aprobar hace unos cuantos meses en este Parlamento, y
en lo fundamental coinciden las críticas con las que nosotros hacemos en
nuestra proposición de ley, sobre todo con el artículo 4, que regula la
resolución de las solicitudes de información, que yo he dicho que podía
ser un coladero para la discriminación y la discrecionalidad. Señala
exactamente lo mismo. Se establece un plazo de dos meses para resolver
las solicitudes, que no para facilitar la información, y llega un momento
en que el silencio administrativo puede pesar más que las solicitudes de
información, por ejemplo. El artículo 2, relativo al Instituto Europeo de
Medio Ambiente para la política ambiental europea, dice que todos los
motivos de posible excepción establecidos por la Directiva europea del
año 1990, que van a ser corregidos, se recogen de forma literal en la ley
que ya se aprobó. Esto quiere decir que en la ley anterior se ha sido muy
conservador, que es una ley que ha quedado desfasada, y por eso Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya piensa que la toma en consideración
permitiría avanzar todo lo que sea posible, de acuerdo además con los
avances que se están produciendo en la mayoría de los países europeos y
en concreto en el conjunto de la Comunidad.
Por ello todas las razones que se han dado por parte de los grupos
oponentes (Convergència i Unió, Grupo Socialista y Grupo Popular) no nos
valen y agradecemos el voto afirmativo de los representantes del Grupo
Mixto y del Bloque Nacionalista Galego.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Frutos.
Vamos a proceder a la votación.
Vamos a votar, señorías, la toma en consideración de la proposición de
ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
sobre derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a
favor, 20; en contra, 270; abstenciones, seis.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Queda, por tanto, rechazada la
toma en consideración de la proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, RELATIVA A LA SOLICITUD DE CREACION POR LA COMISION MIXTA PARA
LA UNION EUROPEA, EN SU SENO, DE UNA PONENCIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DE
LA CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL DE REFORMA DEL TRATADO LA UNION EUROPEA
(Número de expediente 162/000006)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pasamos al punto II del orden
del día, proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa
a la solicitud de creación por la Comisión Mixta para la Unión Europea,
en su seno, de una ponencia especial de seguimiento de la Conferencia
Intergubernamental de reforma del Tratado de la Unión Europea.
Para defender la proposición, en nombre del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, señorías, subo a esta tribuna
para exponer las razones que han llevado al Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a presentar esta proposición
no de ley y los objetivos que con ella perseguimos.
Queremos, señorías, que el Parlamento español esté ligado a los trabajos
de la Conferencia Intergubernamental y participe en la toma de posición
española en la reforma del Tratado de la Unión Europea. La Conferencia
Intergubernamental, encargada de preparar la revisión del Tratado de la
Unión Europea y convocada por el Consejo Europeo que se celebró en Madrid
en el mes de diciembre de 1995, comenzó sus trabajos el 29 de marzo en
Turín. A través de reuniones de los ministros de Asuntos Exteriores y de
sus representantes la Conferencia irá elaborando, durante 1996 y parte de
1997, las propuestas que, aprobadas en su momento por el Consejo, serán
sometidas a ratificación por parte de cada Estado miembro de la Unión
Europea.
La sociedad europea, la opinión pública de cada uno de los países de la
Unión está atenta al desarrollo de la Conferencia Intergubernamental para
ver, entre otras cosas, si sus condiciones, sus conclusiones satisfacen
las expectativas de los ciudadanos y ciudadanas en importantes campos.
Ahora bien, los ciudadanos, la ciudadanía en general no sólo está atenta
a las conclusiones de esa Conferencia Intergubernamental, sino que
también demanda y exige la máxima transparencia en los debates de esa
Conferencia. Para que no se repita la opacidad que caracterizó la propia
elaboración y aprobación del Tratado de la Unión Europea, que conllevó,
entre otras cosas, un alejamiento de la opinión pública respecto a los
temas europeos, es por lo que presentamos hoy a este Parlamento esta
proposición no de ley. Ese error de opacidad en relación a todo el
proceso de elaboración del Tratado de la Unión Europea no se puede
repetir, y los gobiernos, el Gobierno de España, están obligados a ser
transparentes, a informar y a debatir a lo largo de toda la duración de
la Conferencia Intergubernamental, de forma que a la hora de evaluar los
resultados finales de la misma el conocimiento sobre sus deliberaciones
sea el mayor posible.
En ese marco ya ha sido positivo, pero insuficiente, el método adoptado
para asociar al Parlamento Europeo a las propias deliberaciones de la
Conferencia Intergubernamental; insuficiente no porque lo digamos
nosotros desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sino porque lo ha señalado la propia
Cámara de Estrasburgo. Por eso debemos evitar, después de lo sucedido ya
en el Parlamento Europeo, que la insuficiencia sea el elemento definidor
de nuestro Parlamento, máxime cuando tenemos la responsabilidad
constitucional de ratificar los resultados de la Conferencia
Intergubernamental, ratificación que, desde el punto de vista del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, debiera ir
inexcusablemente acompañada de un referéndum a través del cual la
ciudadanía española pudiera manifestarse directamente en las urnas sobre
un tema fundamental para su vida cotidiana y para el futuro.
Ya nuestro Parlamento aprobó un amplio documento de posicionamiento sobre
la agenda de la Conferencia Intergubernamental, a cuyo contenido nuestro
grupo hizo en su momento varias reservas. Por eso entendemos que el
camino entonces emprendido hay que continuarlo ahora en este período de
sesiones, y para seguir correctamente el proceso iniciado entonces este
Parlamento no puede ni debe ser un mero espectador de los debates ya en
marcha en la propia Conferencia Intergubernamental. Muy al contrario,
tenemos desde el Parlamento --lo debemos exigir, reclamar y practicar--
el derecho y el deber de ser informados, consultados por el Gobierno a lo
largo de todo el proceso de la Conferencia, al menos sobre los temas
fundamentales, sobre los grandes asuntos: la reforma institucional, la
reforma de la política exterior y de seguridad común y el incremento de
la cooperación en los ámbitos de justicia e interior. De no ser así, de
no concurrir estas circunstancias de información y participación del
Parlamento, nos veríamos reducidos a dar un sí o un no cuando aquí
tengamos que ratificar los resultados de la propia Conferencia
Intergubernamental, en lugar de contribuir desde ya con nuestras
opiniones a los posicionamientos del Gobierno español.
Este, justamente, es el sentido de nuestra propuesta, el objetivo que
tiene nuestra proposición no de ley; por eso estamos planteando en ella
que en el seno de la Comisión Mixta se constituya una ponencia que
trabaje de forma permanente y que, además, este Pleno, concluidos los
trabajos de esa ponencia, pueda conocer el dictamen que salga de ella y
pueda haber un pronunciamiento por parte del Parlamento en relación a la
conclusión de los trabajos que haya realizado la ponencia en la Comisión
Mixta de la Unión Europea. Ello redundaría, sin lugar a dudas, en una
mayor transparencia y situaría al Parlamento español a la altura de los
de otros países de la Unión, en cuyos respectivos parlamentos ya han
tomado acuerdos similares al que ahora aquí propone nuestro grupo
parlamentario para que sea considerado.
Nosotros pensamos que esta propuesta puede nuclear en este nuestro
Parlamento un amplio acuerdo, un amplio consenso, porque estamos seguros
de que todos los grupos de esta Cámara apostamos decididamente por la
construcción de la unidad europea, más allá de nuestras legítimas
diferencias, de nuestras legítimas discrepancias en torno al Tratado de
Maastricht, porque ya conocen SS. SS. cuál es la opinión fundamentada y
razonada del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
Pero es que también estamos convencidos de que la totalidad de los grupos
parlamentarios de esta Cámara apuestan por la máxima transparencia en
este proceso y por la participación activa del propio Parlamento. Por eso
precisamente, porque estamos convencidos de todo ello, y porque el
objetivo que plantea nuestra proposición no de ley, cual es el de la
participación del propio Parlamento español, es fundamental y clave en
estos momentos, esperamos que nuestra propuesta cuente con el mayor de
los respaldos por parte de todos y cada uno de los grupos parlamentarios
de esta Cámara, y porque, además, creemos que aprobando esta proposición
no de ley damos una señal inequívoca de apostar por la transparencia y
por la información para la sociedad, para el conjunto de la ciudadanía
que ve con una cierta inquietud la situación actual, precisamente por esa
falta de información, información que necesariamente debe tener, toda vez
que ahí está su futuro y ahí está la respuesta a los problemas cotidianos
que viven las ciudadanas y los ciudadanos.
Por último, señor Presidente, por economía parlamentaria, debo decir que
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya va a aceptar las enmiendas que presenta a nuestra proposición
no de ley el Grupo Parlamentario Socialista, porque son enmiendas que no
varían los objetivos fundamentales de la proposición que nuestro grupo ha
planteado ante este Pleno del Parlamento y sí mejoran algunos de sus
aspectos. Por tanto, como consideramos que esa mejoría es buena,
aceptamos todas y cada una
de las enmiendas presentadas por parte del Grupo Parlamentario
Socialista, también en aras a concitar el máximo consenso posible de la
Cámara y a que esta propuesta, necesaria, por otra parte, pueda ser
aprobada.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Aguilar.
Efectivamente, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda a esta
proposición no de ley. Para su defensa, tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, señorías, en esta intervención
para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista ante la
proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
quisiera, ante todo, señalar la oportunidad de la misma.
La Conferencia Intergubernamental inició sus trabajos en Turín el pasado
29 de marzo, tomando como base de los mismos los del grupo de reflexión
presidido por don Carlos Westendorp y acordados en el Consejo Europeo de
Madrid, tal como ha recordado ya la portavoz de Izquierda Unida.
Estos trabajos tienen como finalidad principal los siguientes aspectos:
en primer lugar, adaptar y mejorar el sistema institucional con reformas
que permitan la incorporación a la Unión Europea de los países del Centro
y Este de Europa y profundicen en la democracia, la transparencia y la
eficacia de las instituciones de la Unión Europea. En segundo lugar,
ampliar la capacidad de acción exterior de la Unión Europea para
convertirse en un sujeto de la comunidad internacional que contribuya
decisivamente a la defensa de la democracia y de los derechos humanos, a
la seguridad y a la paz en el mundo, a mejorar, en conjunto, la necesaria
relación entre proyección económica y política exterior de la Unión
Europea y acompasar y unir los dos grandes intereses, político y
económico, de la Unión Europea. Y, en tercer lugar, hacer de la Unión
Europea una entidad más próxima a los ciudadanos, acercar la Unión
Europea a los ciudadanos, al menos mediante la resolución de los
siguientes problemas.
En primer lugar, hacer del Tratado de la Unión un texto comprensible,
eliminando todos aquellos aspectos que están ya derogados o sobrepasados
por las propias reformas de los tratados. En segundo lugar, crear los
mecanismos en el ámbito del tercer pilar, de justicia e interior, para
afrontar los problemas concretos que afectan e interesan a los ciudadanos
tales como la seguridad, la lucha contra la droga y el terrorismo o la
delincuencia organizada. En tercer lugar, dotar de más publicidad y
transparencia el funcionamiento de las instituciones de la Unión para
contribuir a conformar una opinión pública europea en la que las
instituciones puedan apoyar sus decisiones. En conjunto, la Conferencia
trata de reformar el Tratado de la Unión a partir de un ambicioso impulso
que conecte con las exigencias, sentimientos y necesidades de los pueblos
de Europa.
Las Cortes Generales, a través de la Comisión Mixta para la Unión
Europea, han venido desarrollando en la pasada legislatura una labor de
seguimiento para orientar la posición española respecto a la Conferencia
Intergubernamental. Se ha aprobado un dictamen el pasado 21 de diciembre
de 1995 que no obtuvo ningún voto en contra, la mayor parte del cual fue
aprobado por unanimidad por el conjunto de fuerzas políticas que
componían esta Cámara en la pasada legislatura. Con la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, que ya ha avanzado la portavoz de Izquierda
Unida que aceptan, se asume el trabajo realizado en la anterior
legislatura y se abre paso a la continuidad y participación en la
evolución del proceso abierto por la Conferencia Intergubernamental a
partir del Consejo Europeo de Turín.
El resto de las enmiendas están dirigidas a que la Comisión eleve un
dictamen que oriente la posición española ante las reformas resultantes
de la Conferencia Intergubernamental. Es sin duda deseable que nuestro
país mantenga un alto grado de acuerdo en torno a la política europea con
tal de fortalecer sus posiciones en la negociación. España debe mantener
su peso institucional dentro de los órganos de la Unión Europea.
Finalmente, quisiera hoy remarcar que la política europea tendrá, sin
duda, una gran presencia en el Parlamento y en las decisiones del
Gobierno dentro del período normal de duración de la legislatura que
iniciamos. La Conferencia Intergubernamental es la puerta que abre una
ambiciosa ampliación que tendrá consecuencias sobre las políticas y los
recursos económicos de la Unión Europea. En 1997 España tendrá que pasar
el examen sobre los criterios de Tratado de Maastricht para formar parte
de la Unión Monetaria. La Unión tendrá que abordar la renegociación del
sistema de recursos propios y las perspectivas financieras y tendrá que
decidir sobre el porvenir de la Unión Europea Occidental, dado que en
1998 expira el Tratado de Bruselas. En conjunto, unos retos de cuya
solución depende en gran parte el futuro colectivo de España y sobre los
cuales realizaremos un amplio seguimiento.
Hoy apoyamos convencidos la necesidad de que el Parlamento se sume a los
trabajos de la Conferencia Intergubernamental y oriente la posición de
España en las reformas del Tratado de la Unión Europea. Lo hacemos con el
europeísmo que hemos demostrado en la acción de gobierno en el pasado, y
vamos a mantener con firmeza que se defiendan los intereses colectivos de
España ante la Unión Europea haciendo del europeísmo la guía para servir
mejor a los intereses de nuestro país.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Costa.
¿Otros grupos de la Cámara que deseen intervenir en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, la persona que propuso la creación de una ponencia en el seno
de la Comisión Mixta para el estudio de la problemática relacionada con
la Unión Europea, doña Rosa Aguilar, se refirió a la opacidad que hasta
ahora tuvieron los problemas europeos en relación con la posición del
Ejecutivo. Además, desde el punto de vista del Bloque Nacionalista
Galego, esta opacidad llevó a un cierto desagrado e impotencia a amplios
sectores de la opinión publica en relación con la Unión Europea que,
efectivamente, la forma más higiénica y más favorable para la conciencia
social es tratar de superarlos.
Señorías, desde la perspectiva del Bloque Nacionalista Galego, que va a
apoyar la formación de esta ponencia para que establezca un dictamen al
respecto, está claro que la opinión pública del Estado español no puede
seguir estando ausente de participar en temas tan importantes como la
cesión de soberanía por parte del Estado, la conformación de esa Europa
posterior al Tratado de Maastricht y el papel de cada uno de los Estados
que la conforman.
No podemos, desde luego, desoír ni desaprovechar la oportunidad de saber
si vamos a aceptar o no diferencias cualitativas entre los Estados
miembros. En segundo lugar, en un Estado como el español, en que es tan
importante la problemática nacional de las naciones que lo integran o, en
terminología constitucional, de las nacionalidades y regiones, nos va la
vida saber cómo vamos a participar en esa construcción europea. En tercer
lugar, está la formulación de la política internacional de la Unión
Europea y, en concreto, de sus relaciones con el Tercer Mundo, con
Africa, América latina y Asia.
Desde luego, nosotros somos conscientes de que en esa ponencia habría que
estudiar los efectos económicos, sociales y culturales que se están
produciendo en relación con la sociedad española, precisamente por la
integración en la Unión Europea. Un tema como el de la moneda única, o
temas tan importantes como las directivas relacionadas con la política
agraria, pesquera o con la competitividad en el terreno industrial tienen
una gran oportunidad de ser debatidas.
Señorías, pensamos que el dictamen de la ponencia que se conforme puede
dar pie a amplios debates en este Parlamento y esperamos que recoja la
pluralidad, la divergencia, el contraste que existe en la sociedad, que
lo devuelva otra vez a esta sociedad para que esté bien informada, y que
todo repercuta positivamente en la sensibilidad del Gobierno. No
aspiramos, lógicamente, a que el dictamen recoja la posición partidaria o
particular de un grupo político y en concreto, en este caso, del Bloque
Nacionalista Galego, pero sí a que no desconozca los problemas que
objetivamente existen.
Por todo ello, vamos a apoyar que se formalice la ponencia en el seno de
la Comisión.
Nada más y gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Rodríguez.
Tiene la palabra la señora Lasagabaster, también por el Grupo Mixto.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señor Presidente, señorías, intervengo
en nombre de Eusko Alkartasuna para fijar posición en relación con la
proposición no de ley presentada por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya referente a la creación de una ponencia
para el seguimiento de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental.
Brevemente, señalaré que mi posición es favorable por varias razones. En
primer lugar, porque entendemos que la reforma de los tratados, la
Conferencia Intergubernamental, es una de las cuestiones clave que
dilucidará otra serie de importantes retos que tenemos en los próximos
cuatro años; la revisión de los recursos propios, las perspectivas
financieras o la ampliación a países como Chipre, Malta o los Pecos
tendrán una relación directa con lo que se decida en la Conferencia
Intergubernamental. Por eso, entendemos que el seguimiento directo por
los diferentes Diputados integrantes de los distintos grupos es clave
para adoptar una posición diferente por parte del Estado español, una
posición que represente a todo este Parlamento en esa Conferencia.
Yo diría que hay tres cuestiones fundamentales para la determinación de
nuestra postura. En primer lugar, esa Conferencia tiene que tratar
aquellas cuestiones que no se trataron suficientemente en el Tratado de
la Unión Europea --llámese la reforma institucional--, de forma que se
permita tanto a los pueblos de Europa como a las comunidades autónomas o
a determinadas regiones participar en el entramado institucional, en la
política social u otra serie de cuestiones. Esta Conferencia es clave
para esa serie de cuestiones que no aparecieron suficientemente
trabajadas y detalladas dentro del Tratado de la Unión Europea.
En segundo lugar, porque tiene que subsanar la política de opacidad de la
que tan reiteradamente se ha hablado desde esta tribuna. Nosotros tenemos
la responsabilidad de conocer perfectamente esos trabajos para, a su vez,
trasmitirlos al ciudadano de la calle, ya que todos nosotros, los
ciudadanos, en un momento determinado tendremos que tomar partido directo
sobre aquello en lo que se está trabajando dentro de la propia
construcción de Europa. No me cabe la menor duda de que, en un momento
determinado, serán los ciudadanos --y nosotros tendremos la
responsabilidad de informarles-- los que decidan de manera directa,
vía referéndum, respecto a la política y la Europa que quieren para el
día de mañana.
Y, en tercer lugar, porque desde la pluralidad de grupos y desde la
pluralidad de ideologías que representa esta Cámara, en esa ponencia
tendremos ocasión de tratar una de las cuestiones claves que no ha
quedado perfectamente detallada en el entramado institucional, que no es
otra que la verdadera participación de aquellas comunidades autónomas
que, según la Constitución, tienen competencias legislativas exclusivas y
que hoy por hoy no aparecen representadas en el entramado institucional
de la construcción europea.
Por todas esas razones, entendemos que es preciso, necesario y
conveniente que se cree esa Ponencia y que todos los Diputados podamos
tener una participación activa en la elaboración de los trabajos y en la
adopción de una postura por parte del Estado español.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Lasagabaster.
Finalmente, asimismo por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, intervengo en
nombre de Unión Valenciana para fijar posición respecto a la proposición
no de ley presentada por Izquierda Unida referente a la constitución de
una ponencia de seguimiento de la Conferencia Intergubernamental de
reforma del Tratado de Maastricht en el seno de la Comisión Mixta para la
Unión Europea.
Vaya por delante que la posición de Unión Valenciana al respecto va a ser
favorable a la creación de dicha ponencia por cuanto coincido con los
proponentes en que la reforma del Tratado de la Unión es un hecho de
enorme trascendencia en la presente legislatura, ya que, indudablemente,
va a influir en las decisiones que nuestro país adoptará de cara al siglo
XXI, de cara a la plena integración en Europa.
Consideramos que, tratándose de una cuestión de tanta importancia, el
Parlamento español debe crear un órgano ex profeso para elaborar la
propuesta y los planteamientos más adecuados para la defensa de los
intereses de nuestro Estado de cara a dicha reforma del Tratado de
Maastricht.
Pensamos que este Parlamento debe contribuir con sus aportaciones a la
conformación de las propuestas que defenderá nuestro Gobierno ante dicha
cita. Tratándose de materia europea, es importante desde el punto de
vista de Unión Valenciana continuar por las vías de diálogo y amplio
consenso que ya se alcanzó en la V Legislatura cuando el 21 de diciembre
de 1995 se apoyaron las propuestas de la Comisión Mixta para las
Comunidades Europeas sobre la Conferencia Intergubernamental de 1996.
Tras entrar en vigor el Tratado de la Unión el 1.º de noviembre de 1993,
parece que la Conferencia llega demasiado pronto, según algunos expertos,
forzada por las propias disposiciones del Tratado de Maastricht, en
concreto su artículo N.2. Hay muchas cuestiones de enorme importancia que
serán abordadas en esta Conferencia: reformas institucionales, las
relativas al Parlamento Europeo, superación del déficit democrático,
redimensionar la Comisión, política exterior y de seguridad, materia
policial y de justicia, cuestiones sociales y de empleo, papel de las
comunidades autónomas y de las regiones en la Unión Europea,
participación en la toma de decisión por parte de las nacionalidades del
Estado español, la ley electoral para las elecciones al Parlamento
Europeo, donde las fuerzas nacionalistas pensamos que la circunscripción
electoral debe ser la propia del Estado autonómico que conforma el Estado
español, ampliación de la Unión Europea a países del Este y del Centro de
Europa y el papel y funciones del Comité de las Regiones, todas ellas
cuestiones de gran importancia para el futuro y viabilidad de la Unión
Europea, puesto que afectan al funcionamiento, al equilibrio, a la
transparencia y a la eficacia de las altas instancias comunitarias, y
también a los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos de
Europa.
Para la posición de nuestro Estado, es bueno estudiar y discutir el
proceso iniciado en el seno de la Conferencia, sobre todo porque, como se
dice en el documento: La Conferencia Intergubernamental de 1996, bases
para una reflexión, la reforma de 1996 no cumplirá adecuadamente su
misión si la ciudadanía española no se siente implicada en el proceso y
si no se corrige el hasta ahora existente déficit democrático. Los
parlamentos nacionales deben involucrarse y participar más a fondo en las
cuestiones europeas. Hoy podemos dar un paso importante para ello y,
sobre todo, para acercar el hecho europeo a todos los ciudadanos.
Por ello, consideramos oportuno que esta ponencia empiece a trabajar
desde ese consenso que ya se alcanzó en su día y podamos acercar el hecho
europeo a todos los ciudadanos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Chiquillo.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
Coalición Canaria valora positivamente esta proposición no de ley que nos
ha traído la iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y considera oportuno y muy necesario que
desde el principio de la legislatura exista en la Comisión Mixta
Congreso-Senado una ponencia que haga un seguimiento de todo lo que es la
reforma del Tratado de la Unión Europea, lo que nace desde la Conferencia
Intergubernamental en su primer acto de puesta en escena celebrado
el pasado mes de marzo en Turín, porque el archipiélago canario y la
Comunidad Autónoma de Canarias, señorías, se juega mucho aquí. Por tanto,
señora Aguilar, estamos de acuerdo en que este tema tiene que tener, por
su importancia, transparencia, que es una de las razones por la que la
vamos a apoyar; transparencia porque sabrán SS. SS. que la Comunidad
Autónoma de Canarias se rige precisamente por una legislación específica
en el acervo comunitario, y cuando se aprobó la única y última
modificación, que es el Tratado de Maastricht, aparece la Resolución
número 26, donde se habla de las regiones ultraperiféricas. El Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Canarias en todas sus relaciones políticas,
tanto con las fuerzas del grupo Popular en el Gobierno de coalición, como
anteriormente con el Grupo Socialista, puso por delante la defensa de
obtener un estatuto específico dentro del seno de la Unión Europea y del
Tratado de Maastricht que desarrollara precisamente la Disposición 26.
Esa es otra de las razones por las que el grupo proponente debe saber que
va a contar en esta ocasión con el voto favorable del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria.
En un principio, señora Aguilar, habíamos visto el texto original que
traía la proposición no de ley y ahora vemos que ha aceptado las
enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros,
estando de acuerdo en el fondo, en la forma lo que se quería decir es que
es esta Cámara quien crea la Ponencia, dentro del seno de la Comisión
Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea. Decimos esto porque la
primera enmienda del Grupo Parlamentario Socialista --que nosotros íbamos
a apoyar, pero como ya la recoge el grupo, la votaremos en su conjunto--
es la que encierra una de las claves principales del apoyo del voto de
Coalición Canaria, porque es como una especie de preámbulo, aunque don
Antonio Costa, en su turno de intervención por el Grupo Socialista lo ha
matizado. Introduce precisamente la referencia al tema que fue tan
enjundiosamente debatido en la Cámara en la legislatura pasada en el mes
de diciembre, tanto en el informe que elaboramos en la ponencia de
estudio el 14 de diciembre, como con su aprobación el día 25. Aquel
documento tan importante, en su apartado 9.º, punto 5.º, es el que habla
de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. En él se debía
citar, como un documento que iba a ir a la Conferencia Intergubernamental
y para conseguir el apoyo político del voto de Portugal y de Francia, a
los territorios periféricos de Madeira, de Azores, de Martinica y de
Guadalupe, y donde se introduce la referencia, como indica la disposición
26 del Tratado de Maastricht, a la Comunidad Autónoma de Canarias.
Lo que sí quiero advertirle al señor Costa es que si se acepta la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista se debe corregir una omisión
que se ha producido. La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista --y
ruego que tomen nota los Servicios de la Cámara-- dice: sobre
consecuencias para España de la Unión Europea. No, no son las
consecuencias para España de la Unión Europea, como dice la enmienda
socialista, sino lo que escribimos y aprobó este Parlamento: las
consecuencias para España de la ampliación de la Unión Europea; lo que
preocupaba era la ampliación. La última parte de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista encomienda a esta ponencia redactar un dictamen,
previo debate y aprobación por la Comisión Mixta, que venga aquí por su
importancia y se fije la posición española. Recalco esto porque uno de
los temas que recogió acertadamente el señor Westendorp, entonces
Ministro de Exteriores, era que Canarias estaba muy preocupada con el
tema de la ampliación, al entrar una serie de países, como Austria y
algunos escandinavos, que podían modificar --y ahí estuvimos acertados--
la OCM, por ejemplo, del plátano. Bastó esa ampliación para que
aparecieran los alemanes diciendo: vamos a aumentar el cupo que ya se
había aprobado de importación de plátanos del área del Caribe, del área
dólar. Por tanto, Canarias decía: efectivamente, la ampliación de la
Unión Europea no solamente tiene repercusiones genéricas para todo el
marco de países en el que se encuentra España, sino también específicas
para Canarias.
Esta es la observación que quería hacerle al Grupo Socialista, porque es
lo que está escrito en el documento que aprobamos en diciembre:
repercusiones en la ampliación de la Unión Europea, no de la Unión
Europea, sino de la ampliación en sí misma, como habíamos votado.
Por todas estas razones, sin cansar más a SS. SS. y considerando y
oportuna y acertada esta iniciativa del grupo proponente de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, la vamos a apoyar con nuestro voto en el
sentido de las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Señor Presidente, señorías, intervengo para
fijar nuestra posición respecto de la proposición no de ley presentada
por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en la
que se propone --como se ha repetido en las intervenciones anteriores--
la creación de una ponencia específica para estudiar y discutir el
proceso abierto por la Conferencia Intergubernamental de 1996. Se habla,
por tanto, de estudiar y discutir. Estamos absolutamente de acuerdo en
los dos términos que contiene la proposición no de ley. Se habla, por un
lado, de estudiar. No voy a repetir aquí el contenido de la agenda de la
Conferencia Intergubernamental, que ha sido ya citado varias veces, pero
es evidente que ese contenido,
ese orden del día, los objetivos mismos de la Conferencia
Intergubernamental son de una amplitud tal que la hacen absolutamente
trascendental. Son todos ellos, prácticamente sin excepción,
absolutamente esenciales para temas de gran amplitud. Conjuntamente
podríamos considerar que la propia conferencia, el resultado de esa
conferencia, en lo que supone de modificación del Tratado de la Unión
Europea, llega a tener una trascendencia, dejando al lado consideraciones
jurídicas que matizarían esta afirmación, superior a la propia
Constitución española. Por tanto, una conferencia que tiene como objetivo
modificar el Tratado de la Unión Europea, incrementar las relaciones de
política exterior y de defensa, incluir nuevos temas dentro de las
competencias de la Unión, revisar el papel del comité de las regiones y
modificar globalmente el equilibrio institucional dentro de la Unión
Europea, evidentemente no puede ser pasada por alto.
Corremos el riesgo en España de pasar de un eurooptimismo, que ha
caracterizado durante muchos años la opinión pública española, muchas
veces ciego e ignorante, a un europesimismo calificado exactamente por
los mismos atributos. Ni uno ni otro, ni un eurooptimismo ciego e
ignorante --insisto-- ni un europesimismo equivalente convienen a la
construcción europea. Por lo tanto, estamos absolutamente de acuerdo con
las palabras de la portavoz de Izquierda Unida de que es necesario
acercar el proceso al ciudadano, no sólo el resultado final sino todo el
proceso de elaboración de ese documento que va a ser el resultado final.
El proceso de elaboración del Tratado de la Unión Europea o Tratado de
Maastricht en sí mismo es el ejemplo de cómo no debe elaborarse un
tratado. Es un ejemplo de opacidad, es un ejemplo de falta de
transparencia que ha tenido graves consecuencias para el propio
desarrollo de la Unión Europea en la medida en que ha hecho muy difícil
la comprensión por parte de los ciudadanos de la Unión, y entre ellos de
los ciudadanos españoles, de la trascendencia que tenía para todos lo que
en ese momento se aprobó. Por tanto, efectivamente ese es un error que
debe ser corregido. Decimos sí al máximo seguimiento, a la mayor
incorporación por parte de este Parlamento a todo ese proceso de
elaboración y coincidimos totalmente en la necesidad de crear una
ponencia en el seno de la Comisión Mixta que siga muy de cerca y muy al
detalle los trabajos de la Conferencia Intergubernamental y que sea capaz
de acercarlos al ciudadano.
En este sentido entendemos que es correcta también la enmienda presentada
por el Grupo Socialista de enmarcar --añadiendo un párrafo más a la
proposición no de ley-- esos trabajos en una actividad que ya estaba
desarrollando este Parlamento y que en su momento concluyó, como ya se ha
dicho, en la elaboración de un dictamen por parte de la ponencia en su
momento creada ya dentro de la Comisión Mixta.
Por lo demás, dice la proposición no de ley que no sólo se pretende
estudiar sino posteriormente discutir para que de ahí se pueda elaborar
un dictamen que pueda ser elevado a este Pleno, según la redacción que le
da la enmienda presentada por el Grupo Socialista, que también
compartimos.
Estamos absolutamente de acuerdo con la necesidad de discutir, éste no es
el momento de entrar en el fondo del orden del día de la Conferencia
Intergubernamental ni mucho menos; sí quería dejar dicho desde ahora que
esperamos que el resultado final de esa discusión entre las distintas
fuerzas políticas que estén representadas en la ponencia sea un máximo
consenso y que, por tanto, el dictamen resultado de esa ponencia que se
eleve a este Pleno para que posteriormente oriente la posición de España
de cara a las conclusiones de la Conferencia y a la modificación del
Tratado, sea una discusión siempre constructiva y que el resultado final
se acerque tanto como sea posible al consenso más amplio.
Por todo ello, nuestra posición es sin ninguna duda dar apoyo a la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya corregida tanto por razones técnicas como
por razones de fondo en lo que se refiere a las otras dos enmiendas
presentadas por el Grupo Socialista y, por tanto, mi función es anunciar
el voto afirmativo de nuestro grupo a tales enmiendas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Guardans.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez
Casañ.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular contempla con satisfacción la
propuesta del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya de
creación en el seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea de una
ponencia para el seguimiento de los trabajos de la Conferencia
Intergubernamental. Nos parece una propuesta muy oportuna y vamos a
apoyarla plenamente.
Desde que en 1986 España entró a formar parte de la entonces Comunidad
Económica Europea, a lo largo de los diez años que han transcurrido hemos
podido comprobar la importancia de contar con el apoyo de los Parlamentos
nacionales y de la opinión pública, la importancia para el Ejecutivo de
los distintos Estados miembros de contar con un amplio consenso a la hora
de negociar los asuntos en la Unión Europea.
Pues bien, encontrar el apoyo del Parlamento español es importante en una
doble vertiente: en cuanto representa a la soberanía popular y en cuanto
representa a la opinión pública, representa la opinión de la ciudadanía
española. En el caso que nos ocupa cual es la Conferencia
Intergubernamental que va a proceder a la modificación de los tratados,
adquiere una importancia suplementaria que viene dada por el precepto
del artículo N del Tratado de la Unión que exige la ratificación de los
Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo para que, tras la firma
de los resultados de la Conferencia, pueda entrar en vigor el acuerdo.
El Grupo Popular también acoge con satisfacción la enmienda del Grupo
Socialista puesto que no se trata de comenzar una nueva labor sino de
continuar una labor ya iniciada en la legislatura pasada cuando la
Comisión Mixta, anticipándose a los acontecimientos, creó en su seno una
ponencia para estudiar las consecuencias que para España tendría la
ampliación a nuevos países y la reforma institucional. En aquel momento
los distintos grupos parlamentarios representados en esta Cámara
participaron activamente en ella y ese trabajo arduo y constante, en
algunas ocasiones no desprovisto de diferencias, dio lugar a un informe
que culminó en un dictamen en el que se señalaron los tres objetivos que
debían presidir la negociación, tres objetivos que ha señalado el señor
Costa pero que yo quiero volver a indicar, puesto que son los tres
objetivos más importantes que debe perseguir la presencia española y yo
creo que así será: en primer lugar la reforma del sistema institucional,
de su democracia, de su transparencia y de su eficacia; en segundo lugar,
ampliar la capacidad de la acción exterior de la Unión, y en este
apartado me gustaría mencionar que para España es absolutamente necesario
que en cualquier acuerdo tendente a ampliar la capacidad de la acción
exterior de la Unión Europea se señalen como objetivos de interés europeo
los ámbitos del Mediterráneo y de Iberoamérica; el tercer objetivo es la
aproximación de la Unión Europea a los ciudadanos mediante la solución de
los tres problemas relacionados con la simplificación del texto del
Tratado, la creación de mecanismos en el tercer pilar de importancia
vital para España sobre todo en el tema del terrorismo, de la lucha
contra la droga y la delincuencia organizada y la introducción de más
publicidad y transparencia.
En resumidas cuentas, se trata de avanzar lo más posible en la reforma a
partir de Maastricht --y digo bien, a partir de Maastricht--, porque en
ningún lugar debe suponer una vuelta atrás sino un paso más hacia
adelante, en un impulso que conecte con las exigencias, sentimientos y
necesidades de los pueblos de Europa. En este punto me hago eco de las
resoluciones adoptadas en la Cumbre de Turín --que dio lugar al inicio de
la Conferencia Intergubernamental-- cuando señala como una de las
necesidades más importantes de los pueblos de Europa, para la Unión y
para sus Estados miembros, la lucha contra el desempleo y dice que la
lucha contra el desempleo es el cometido prioritario. Por tanto, la
Conferencia Intergubernamental deberá tener como objetivo principal
también la creación de un alto nivel de empleo, al tiempo que se
garantice la protección social. Se deberá examinar la forma en que la
Unión podría aportar las bases para una cooperación y coordinación
mejoradas, con objeto de reforzar las políticas nacionales, y además la
Conferencia Intergubernamental deberá estudiar la posibilidad y la forma
de aumentar y mejorar, por medio del Tratado, la eficacia y la
coordinación de los esfuerzos que realizan tanto nuestros gobiernos como
los interlocutores sociales.
En otro orden de cosas, la Conferencia Intergubernamental deberá examinar
el estatuto de las regiones ultraperiféricas, como ha señalado el
representante del Grupo de Coalición Canaria, de los territorios de
ultramar y la cuestión de las regiones insulares de la Unión. Repito que
éste es un objetivo esencial para España y espero --estoy seguro-- que el
Gobierno español lo va a recoger y lo va a defender en las negociaciones
de la Conferencia Intergubernamental.
El mantenimiento del medio ambiente en buen estado preocupa a este grupo
parlamentario, como preocupa en extremo a nuestros ciudadanos. Garantizar
una mayor calidad del medio ambiente es uno de los retos fundamentales de
la Unión y, por ello, la Conferencia Intergubernamental tendrá que
estudiar el modo de incrementar la eficacia y la coherencia de la
protección medioambiental a escala de la Unión, teniendo presente el
desarrollo sostenible.
En otro orden de cosas la Conferencia Intergubernamental deberá examinar
cómo reafirmar mejor la identidad europea en materia de seguridad y de
defensa, y para ello deberá tratar la cuestión de una definición más
clara de su relación con la Unión Europea Occidental, que es parte
integrante del desarrollo de la Unión Europea, tomando en consideración,
en particular, el plazo de 1998 fijado por el Tratado de Bruselas.
El acuerdo interinstitucional suscrito en 1993 entre las tres
instituciones, Consejo, Parlamento y Comisión, sobre las perspectivas
financieras del período 1993-99, prevé que durante la celebración de la
Conferencia Intergubernamental las instituciones conformen o modifiquen
las disposiciones sobre perspectivas financieras, y éste es un punto de
suma importancia para nuestro país. Es importante para nuestro país que,
de cara a la próxima ampliación y en el marco de la Conferencia
Intergubernamental, de forma paralela consigamos definir un nuevo sistema
de recursos financieros de la Unión que parta del principio de
prosperidad relativa de los Estados miembros, para que los Estados
miembros contribuyan efectivamente al presupuesto comunitario según su
riqueza relativa en el seno de la Unión. Es importante también que en la
definición de las nuevas perspectivas financieras y de las políticas que
habrá que financiar, se consiga consolidar el principio de solidaridad y
las políticas de solidaridad y cohesión en el seno de la Unión. Sólo de
esta manera sólo mediante la reafirmación de las políticas de solidaridad
y de cohesión en el seno de la Unión Europea, podremos estar en situación
de ofrecer a los nuevos países de la ampliación la Europa que todos
queremos,
la Europa que todos disfrutamos y la Europa que ha sido capaz de romper
el sistema de bloques.
Señorías, todo lo que se ha hecho en la Unión Europea, desde que
empezaron las comunidades europeas hasta ahora, ha sido fruto de un
consenso nacional, de un consenso entre los Gobiernos, de un consenso
entre los Parlamentos, de un consenso entre la opinión pública. Nada de
lo que se ha hecho por separado ha tenido consecuencia final alguna.
Se ha hablado en este momento del gran debate que se abrió después de
Maastricht cuando, sin transparencia, se negoció un tratado que los
pueblos de Europa comprendían a medias. En este sentido, la creación de
esta comisión de seguimiento es importante, porque da mayor capacidad
negociadora al Gobierno y porque prepara al Parlamento para la
ratificación final, que será tanto más fácil cuanto más haya participado
en la negociación.
Quiero acabar mi intervención en favor de esta proposición no de ley,
aceptando el ofrecimiento que José María Aznar, Presidente del Gobierno y
Presidente del Partido Popular, hizo en su discurso de investidura, el
día 3 de mayo, cuando dijo: La Unión Europea va a afrontar en los
próximos meses grandes cuestiones, como su ampliación, las reformas
institucionales o el inicio de la tercera fase de la Unión Económica y
Monetaria. Ante estos grandes retos, la política europea requiere amplio
respaldo político y social. Para ello, me propongo favorecer el debate y
promover acuerdos en el seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea,
tal y como ya hiciéramos en la legislatura anterior.
Yo recojo las palabras del Presidente del Gobierno, y mi grupo se suma a
ellas, para asegurarles que contarán con el respaldo necesario en la
creación de un gran consenso que ayude a sacar adelante las negociaciones
en beneficio de España y en beneficio de Europa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Martínez.
Habiendo manifestado la portavoz del grupo proponente, señora Aguilar, la
aceptación de las enmiendas del Grupo Socialista, podemos proceder a la
votación.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley
presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya relativa a la
solicitud de creación por la Comisión Mixta para la Unión Europea de una
ponencia especial de seguimiento de la Conferencia Intergubernamental de
reforma del Tratado de la Unión Europea en los términos de la aceptación
por el grupo proponente de las enmiendas del Grupo Socialista y con la
modificación propuesta por el señor Mardones, en nombre de Coalición
Canaria, modificación que ha sido aceptada tanto por el grupo enmendante,
el Grupo Socialista, como por el grupo proponente. Están claros los
términos de la votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 313; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Queda, por tanto, aprobada la
proposición no de ley.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), POR LA QUE SE
CREA UNA PONENCIA PARA ANALIZAR LA SITUACION ACTUAL DE LA FAMILIA EN
ESPAÑA Y PROPONER LAS REFORMAS Y MEDIDAS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS
(Número de expediente 162/000007)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pasamos a la siguiente
proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), por la cual se crea una ponencia para analizar la situación actual
de la familia en España y proponer las reformas y medidas que se
consideren necesarias. Para su defensa, tiene la palabra el señor Silva.
(El señor Vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.)
El señor SILVA I SANCHEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
la de hoy constituye la tercera ocasión en que el Grupo Parlamentario
Catalán presenta la proposición no de ley para constitución de una
ponencia que estudie la situación actual de la familia en España...
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Un momento, señor
Silva. Por favor, señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Señor Silva, puede continuar.
El señor SILVA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que constituye la tercera ocasión en que el Grupo Parlamentario
Catalán presenta una proposición no de ley para la constitución de una
ponencia que estudie la situación actual de la familia en España y
formule al Gobierno aquellas propuestas de modificaciones legislativas
para suplir insuficiencias existentes.
Hay que decir que en la IV Legislatura la proposición no de ley no tuvo
ocasión de tramitarse por la disolución que generó las elecciones del 6
de junio de 1993; en la legislatura pasada la ponencia llegó a
constituirse, pero precisamente por la disolución que provocó las
elecciones del 3 de marzo no pudo presentar sus conclusiones, y cabe
esperar que en esta ocasión la propuesta tenga mejor suerte que en las
anteriores. En cualquier caso, lo que pone de manifiesto es el contraste
entre la perdurabilidad y vigencia de la institución familiar, la
temporalidad de las legislaturas y la
caducidad en muchos casos de los trabajos que en éstas se desarrollan.
Precisamente la finalidad de esta proposición es que la caducidad de los
trabajos no se convierta en esterilidad y que, por tanto, podamos
culminar un trabajo que ya hace tiempo debió se realizado. En eso
estamos.
Cabe decir, en cualquier, caso que la legislatura pasada no fue del todo
infructuosa en esta materia. Quiero recordar, por ejemplo, la Ley
42/1994, de Medidas Administrativas, Fiscales y de Orden Social que
estableció una regulación específica o la ampliación del carácter de
familia numerosa a aquellas familias de tres o más hijos, modificando la
ley de 19 de junio de 1971; del mismo modo que se estableció el contrato
de relevo con la finalidad de sustituir a aquellas personas que se
encontraban de baja por maternidad; lo mismo había que indicar de la
modificación del Estatuto de los Trabajadores, que dio lugar al texto
refundido, que precisamente estableció la separación entre incapacidad
laboral y maternidad. En este caso cabe decir que el Parlamento hizo caso
a lo que siempre dicen los médicos de que el embarazo no es ninguna
enfermedad.
En cualquier caso en la ponencia que se constituyó en la legislatura
pasada comparecieron más de una treintena de personas, entre sociólogos,
juristas, economistas, geógrafos sociales y se produjo un avance notable
de trabajo que sería una pena desperdiciar y que debe asumir la ponencia
que se constituya en virtud de esta proposición no de ley.
Por lo demás, cabe decir que el momento entendemos que no puede ser más
oportuno. Lejos quedan ya en el mundo de las ideas, aunque eso se
expresaba hace poco más de 20 años, aquellos planteamiento de que la
familia era una institución enemiga al servicio del patriarcado, o de que
la familia era un instrumento o un lugar de opresión. Cabe decir que en
estos momentos aparece asumido por todos los grupos parlamentarios que la
familia es el primer lugar de socialización. Es un espacio vital de
influencia en el desarrollo de los ciudadanos y ciudadanas; es un lugar
de afecto, de respeto mutuo, de solidaridad y de apoyo material.
De otro lado entendemos que también el paisaje político del Congreso en
esta legislatura permite formular o presentar esta proposición de ley
desde una vertiente total y absolutamente positiva. No se trata de
señalar las carencias de ninguno de los grupos parlamentarios en cuanto a
su política legislativa en la familia, sino, como decía antes, de dar
respuesta a algo que podríamos considerar un clamor social.
Precisamente para favorecer esa unanimidad tengo que manifestar que se ha
elaborado por nuestra parte una enmienda transaccional que, de una parte,
acoge los planteamientos de la enmienda presentada por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y, por otra parte, las
propuestas manifestadas también por la portavoz del Grupo Popular; de tal
manera que el segundo párrafo de la proposición quedaría redactado en el
sentido de que la ponencia adecuará su calendario de trabajo, a fin de
elaborar un informe que deberá ser debatido en el Pleno del Congreso
antes de finalizar el año 1996 que proponga, previo análisis de la
legislación y políticas familiares de los Estados de la Unión Europea,
los programas y reformas que sean necesarios para mejorar aquellos
aspectos legislativos o de Gobierno actualmente insuficientes ante las
problemáticas que inciden sobre la realidad familiar.
Obviamente el interés que nos mueve no es un interés antropológico o
sociológico, para ello otras instituciones no faltan en el Estado.
Obviamente lo que nos mueve es el valor que la Constitución atribuye a la
familia, tanto como sujeto de derecho, en el artículo 18 respecto de la
intimidad, o en el 50 cuando establece que debe gozar de aquella
remuneración suficiente para atenderse las necesidades familiares, como
desde el punto de vista de los deberes, y así se plantea en el artículo
39.4 en relación a los miembros ancianos de la misma. Lo mismo ocurre
respecto a la protección de la infancia o de la juventud en los artículos
34 y 20. Por lo demás esta situación, fundamento o reconocimiento de la
familia deriva de la declaración que sobre el progreso y desarrollo en el
ámbito social hizo la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1969,
cuando reconoció a la familia como una unidad básica de la sociedad, un
medio natural para el desarrollo y bienestar de sus miembros,
especialmente de los jóvenes y de los niños, indicando que los poderes
públicos debieran protegerla y ayudarla para que pueda asumir plenamente
la responsabilidad que la comunidad le atribuye.
Hay que decir, y es justo reconocerlo, que las políticas generales del
bienestar que han sido desarrolladas en los últimos años inciden en una
mejora notable de la situación de la familia y de los miembros que la
integran. Lo propio hay que indicar de políticas sectoriales que se
plantean respecto de los minusválidos, los niños, los ancianos y otros
sectores. Sin embargo, entiende el Grupo Parlamentario Catalán que estas
medidas deben ser complementadas con políticas familiares específicas y
explícitas. Así, se entiende que, tanto desde el punto de vista de la
política de las libertades como desde el punto de vista del pluralismo
del bienestar, esto que ha sido llamado la sociedad del bienestar, es
preciso el diseño de estas políticas.
Desde el punto de vista de la política de las libertades, porque, como
cabría deducir del artículo 9.º.3 de la Constitución, corresponde a los
poderes públicos remover aquellos obstáculos que impiden o dificultan la
libre adopción de decisiones familiares. Por tanto, lo que pretendemos es
que exista una auténtica libertad de opción respecto de la familia
nuclear o de la familia extensa, así como del número o frecuencia de los
hijos en el seno de la familia. En cualquier caso se trata de que los
poderes públicos ayuden a la familia a desarrollar su propio proyecto
familiar.
Desde el punto de vista del pluralismo del bienestar, se entiende que la
prestación de servicios sociales, sanitarios
y de otra índole, se produce en nuestra sociedad, en nuestro Estado a
través de la colaboración del sector oficial, esto es, de los poderes
públicos que ostentan la iniciativa y tienen la función de garantes; del
sector voluntario, esto es, a través de las entidades sin ánimo de lucro
y del voluntariado; del sector comercial, de las entidades con ánimo de
lucro; pero también del sector denominado informal, esto es, a través de
la familia. No cabe desconocer que la familia presta a sus miembros --y
lo vemos en épocas de crisis-- importantes servicios que tanto en calidad
como en precio si hubiesen de ser satisfechos por los poderes públicos se
prestan en condiciones notablemente más ventajosas. Todo ello nos lleva a
entender que son precisas estas políticas familiares específicas de apoyo
a la familia.
Obviamente mi grupo parlamentario no pretende cerrar el objeto de la
ponencia, pero sí señalar algunos puntos en los que se entiende cabe
prestar especial atención, y es que estas políticas familiares, como en
general todas las políticas de los poderes públicos, deberán ser
políticas de fomento, políticas de servicio público y políticas de
policía. En este sentido, desde este punto de vista es obvio que hay que
hacer una política de fomento de redistribución de las tareas en el seno
de la familia. No cabe ignorar el mensaje que envió la Organización de
las Naciones Unidas en 1994, con motivo del Año Internacional de la
Familia, en el sentido de considerar a la familia como la democracia más
pequeña en el corazón de la sociedad.
También hay que actuar con medidas de prevención de malos tratos físicos
y psíquicos, así como arbitrar las medidas oportunas de resarcimiento a
las víctimas.
Es obvio que hay que compatibilizar la atención debida a la familia por
parte de los progenitores o por parte de los hijos con un mantenimiento
en el mercado de trabajo, y no sólo secuencialmente a través de favorecer
la reincorporación del progenitor que lo ha abandonado, sino
simultáneamente, permitiendo, como decía antes, esta compatibilidad.
Mi grupo obviamente también apoya una política fiscal y de rentas en
favor de la familia. No podemos desconocer que en estos momentos la ayuda
familiar en el régimen de la Seguridad Social se limita a 3.000 pesetas
mensuales por hijo, y ello siempre que la familia no tenga unos ingresos
anuales superiores a 1.128.084 pesetas que, como se entiende, son
superados muy ampliamente, gracias a Dios, por amplios sectores de
nuestra sociedad.
Respecto a la tercera edad, hay que hacer compatible los servicios
sociales con los sanitarios, así como también con el mantenimiento de la
cohesión familiar.
Tampoco cabe olvidar que la televisión tiene un papel importante, no sólo
en cuanto a la información, sino en el desarrollo de modelos de
comportamiento, y que en cuanto fomente la tolerancia, la solidaridad y
los valores su papel será inapreciable, pero en aquellos casos en los que
se fomente la violencia, la insolidaridad o el relativismo ético su papel
debe ser, en cualquier caso, corregido.
Hay que atender a aquellas políticas de facilitación del acceso a la
vivienda, con la finalidad de anticipar la nupcialidad y la natalidad,
así como también la modificación de aquellas normativas tanto procesales
como sustantivas que regulan las situaciones patológicas de la familia en
nuestro ordenamiento. Finalmente, prestar la asistencia debida a aquellas
familias que se encuentran en una situación degradada o conflictiva.
Agradezco el carácter abierto de los restantes grupos parlamentarios a
esta propuesta formulada por el Grupo de Convergència i Unió. Entiendo
que el plazo que se da para la presentación del informe en el Pleno del
Congreso de finales de 1996 es suficiente, teniendo en cuenta el trabajo
ya realizado y que, en cualquier caso, debe ser, como ya digo, suficiente
para la presentación de este informe. Creo, como decía antes, que el
Congreso, en este caso la Cámara, tiene la posibilidad de reencontrarse
con una de las demandas más clamorosas, más presentes, más expresas en
nuestra sociedad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Silva.
A esta proposición no de ley ha presentado una enmienda de supresión el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, creo que desde esta tribuna no hace falta que volvamos a
repetir cuáles son los artículos de la Constitución española que inciden
en la protección a la familia, y no sólo a la familia como institución,
sino a todos los miembros que la puedan componer, ya que es un deber del
Estado protegerla y un derecho de los ciudadanos el ser protegidos.
El Año Internacional de la Familia, en 1994, nos permitió, a pesar de la
abstención del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
crear una Ponencia que ha servido para que los diferentes grupos de la
Cámara hayamos acercado posturas, no sólo y exclusivamente en cuanto a
las conclusiones a que podamos llegar en la futura Ponencia, ya que los
trabajos estaban muy avanzados y prácticamente en fase de conclusión,
sino para reconocer abiertamente que no sólo convive en nuestro Estado
una única forma de familia, sino que son diferentes las formas que los
ciudadanos de este Estado deciden para convivir. Por lo tanto, se hace
necesario, sin ser excluyente, que se puedan ver medidas fiscales, que se
puedan ver medidas de acción directa encaminadas hacia la familia y que
también se puedan tomar medidas legislativas que nos permitan reconocer
los derechos de aquellas uniones que en estos momentos están consideradas
como
análogas al matrimonio, y que ya en nuestra legislación se han venido
reconociendo paulatinamente.
Consideramos que es necesario e importante que vayamos conjugando todas
aquellas formas de familia que hoy ya conviven en nuestro Estado y que
están siendo reconocidas por la sociedad. La realidad social está, en
estos momentos, por delante de lo que es la realidad legislativa. Desde
el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya somos
partidarios de que las políticas que se tengan que desarrollar,
encaminadas a proteger de una manera más abierta o con un mayor contenido
a la familia, no dejen de lado la cobertura que los individuos y las
personas tenemos derecho a percibir del Estado que se ha venido en llamar
el Estado del bienestar.
Consideramos importante también que desde esa Ponencia el Pleno de la
Cámara se haga eco de todas aquellas medidas que tiendan a ampliar las
prestaciones sociales y las infraestructuras necesarias para que esa
familia pueda seguir funcionando, permitiendo el desarrollo de sus
componentes. Además, en algunos de los trabajos avanzados en la Ponencia
de la legislatura pasada ya se hablaba de que precisamente las cargas
familiares suelen recaer todavía en nuestra sociedad sobre las mujeres.
Eso dificulta su incorporación al mercado laboral, su desarrollo personal
y además su reincorporación, una vez que ya han dejado de prestarle
precisamente al Estado sus servicios en función de los huecos que el
Estado no está cubriendo. Esto nos parece muchísimo más importante,
aunque no negamos la necesidad de que se puedan hacer reformas fiscales
encaminadas a favorecer a la familia, pero a todas las familias, ya sean
monoparentales, parejas de hecho o familias de las llamadas
tradicionales.
Por tanto, creemos que la Ponencia --por eso nosotros hemos presentado la
enmienda-- no debe circunscribirse sólo y exclusivamente o no debe hacer
especial hincapié en las desgravaciones fiscales o precisamente en el
acceso a la vivienda, con todo lo importante que eso nos pueda parecer,
sino que además tiene que ser mucho más amplia y permitir que esa
Ponencia se acerque a una realidad que nos han estado facilitando todas
aquellas personas, todos aquellos grupos que han comparecido durante la
legislatura pasada. Nos parece muy importante que tengamos en cuenta que
precisamente todas esas intervenciones han venido a demandarnos más
inversiones por parte del Estado, más --como decimos coloquialmente-- de
todo para facilitar no solamente el desarrollo de las familias, sino para
que además se permita que todos sus miembros estén en condiciones de
igualdad. Desde luego, se hace necesario que las conclusiones de la
Ponencia sean lo más consensuadas posible. Un buen principio es el que
hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo en el grupo proponente en
aceptar la enmienda del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, de que se puedan hacer otro tipo de inclusiones, porque al
final, lo que todos pretendemos es que este Parlamento se acerque a la
realidad social y seamos capaces de solucionar los problemas que tienen
los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Con este espíritu nosotros
vamos a apoyar esta iniciativa y esperamos que antes de finalizar el año
tengamos las conclusiones y podamos realmente presentar a la sociedad una
solución concreta a los problemas que pueden tener.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora
Urán. ¿Grupos que desean fijar su posición respecto de esta proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Catalán? (Pausa.) Por el Grupo Mixto,
tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, Unión Valenciana
apoya esta propuesta de creación de una Ponencia especial sobre la
familia, que se encargará de analizar la situación actual de la familia,
porque pensamos que es una institución que merece un estudio a fondo, por
cuanto parece que es una de las asignaturas pendientes después de su
consagración clara y rotunda en la Constitución española, un desarrollo
normativo y algunas cuestiones que han quedado vacías de contenido.
En primer lugar, apoyamos esta iniciativa desde el convencimiento de que
es necesario impulsar una política integral de apoyo a la institución
familiar, porque, sin duda, la institución familiar es la célula básica
donde se ejerce la solidaridad y la responsabilidad. Coincido y asumo en
su integridad las palabras del compañero de Unión Democrática, en el
sentido de que el valor social de la familia es indudable y merece un
apoyo real, y creo que desde el trabajo en esta Ponencia pueden sentarse
las bases para adoptar iniciativas de todo tipo que vayan en la dirección
de un apoyo real y efectivo a la institución familiar.
En esta Ponencia pensamos que deben construirse los cimientos para
proponer medidas que la familia hoy por hoy requiere. El artículo 39.1 de
nuestra Constitución establece que los poderes públicos asegurarán la
protección social, económica y jurídica de la familia, y cuestiones como
la política de la vivienda, política fiscal, e insuficiencia del apoyo
económico a la familia son asignaturas pendientes de los poderes
públicos, medios para las familias en las que hay algún miembro de mucha
edad, ancianos, etcétera.
Se ha hecho mención también por el portavoz del Grupo Catalán a lo
importante que fue en los presupuestos de 1995 la consideración de
familia numerosa a partir del tercer hijo --creo que fue un paso
importante--, y creo que de esta Ponencia pueden salir iniciativas y
propuestas que vayan dando pasos firmes en este terreno. Pero hasta el
día de hoy es un clamor popular --como muy bien ha dicho algún
parlamentario que me ha precedido en el uso de la palabra-- que hacen
falta medidas de orientación y planificación también para aquellos que
libremente quieran tener hijos,
porque parece que estas políticas siempre han sido para aquellos que no
querían tenerlos. Esta Ponencia puede contribuir a la elaboración de
propuestas tendentes a impulsar éstas y otras medidas que garanticen una
política de apoyo jurídico, social y económico a la institución familiar.
Esperemos que los trabajos sean fructíferos y que la legislatura no se
interrumpa anticipadamente.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Chiquillo.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria votará a favor de la proposición no de
ley de Convergència i Unió por estar de acuerdo con su contenido y por su
importancia. A ver, señor Silva, si a la tercera va la vencida.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Gómez
Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora
Fernández Sanz.
La señora FERNANDEZ SANZ: Señor Presidente, señores y señoras Diputados,
el Grupo Socialista sube a esta tribuna para adelantar desde el principio
que vamos a votar a favor de la proposición no de ley que el Grupo
Catalán (Convergència i Unió) nos presenta y, sobre todo, después de la
propuesta de transacción que ha hecho el señor Silva recogiendo la
enmienda de Izquierda Unida y las sugerencias que los demás grupos le
hemos planteado, porque con estas aportaciones su proposición no de ley
queda, en nuestra opinión, mejorada. ¿Por qué? Porque el primer texto que
nos presentó el Grupo del señor Silva era el mismo que nos había
presentado en 1994 y desde ese año han pasado cosas cualitativamente
asumidas por el conjunto de los grupos y merecía la pena hacer una
redacción algo diferente.
En 1994 Convergència i Unió, con el Partido Popular, planteaban el
intento de ir a los presupuestos generales del año 1995 a dibujar un
tratamiento fiscal diferente que afectase a las familias. Después de
empezar a trabajar en la Ponencia hemos visto --y lo hemos visto por el
conjunto de profesores de universidad, de investigadores, de ponentes que
han participado por sugerencia de un grupo o de otro-- que el tema de la
familia lo debemos tratar de una manera horizontal, global, mucho más
compleja que el enfoque de una política concreta, sea el tratamiento
fiscal o cualquier otro.
Convergència i Unió dibujaba sus prioridades fiscalidad y vivienda. Al
retirar con la transacción estas prioridades podemos dejar clara la
voluntad del conjunto de los grupos de intentar buscar las coincidencias
e intentar pactar un texto que dibuje prioridades lo más consensuadas
posible acerca de la política de familia en el futuro inmediato.
El Grupo Socialista presentó en diciembre de 1995 un informe. Sentíamos
que era nuestra responsabilidad; se adelantaba la legislatura, habíamos
trabajado más de un año en Ponencia, no habíamos conseguido en ese
calendario pactar un texto común lo más acorde posible entre todos los
grupos y sentimos que nuestra responsabilidad era la de presentar un
informe que dibujaba la radiografía de la situación de la familia
española, en base a los estudios que se nos habían presentado en la
Ponencia y que planteaba también las dos grandes líneas de actuación en
los contenidos de la ponencia de familia: una en torno a reformas
legales, que las consideramos prioritarias, porque es muy fácil ponerle
deberes, entre comillas --si me permiten la expresión--, hacer
reivindicaciones al Gobierno o al conjunto de las instituciones con sus
responsabilidades y sus competencias, al conjunto de las
administraciones, y no empezar por nosotros mismos como legisladores.
Habíamos visto en la Ponencia que todo lo que se refiere a la Ley de
Enjuiciamiento Civil, Ley de Enjuiciamiento Criminal, en todo lo que se
refiere al derecho a la intimidad de la infancia, en todo lo que se
refiere al derecho de familia, a legislar como otros países de Europa en
torno al consenso a la hora de disolución de matrimonios, etcétera, eran
tareas pendientes de esta Cámara, del Parlamento español y, desde luego,
de cada uno de nosotros como legisladores. Empezar por reformas legales y
continuar por mejoras en el conjunto de las políticas sociales
existentes, en la medida en que los recursos de nuestro país permitiesen
seguir extendiendo políticas sociales, incluso políticas específicas, en
la línea que ha citado el señor Silva, específicas de familia.
El Grupo Socialista se incorpora a esta Ponencia con el deseo de
contribuir a reforzar todas aquellas políticas que avancen en el
planteamiento, en la visión progresista de las familias españolas, tal y
como a sí mismas se perciben las familias españolas en las diferentes
encuestas que el CIS y otros organismos han realizado.
Consideramos prioritarios cuatro ejes, ya que --de forma muy breve--
parece que todos los grupos estamos tomando posición en cuanto a nuestra
actitud en esa Ponencia o en cuanto a nuestras prioridades. Cuatro
serían, para el Grupo Socialista, las prioridades en la Ponencia que se
vuelve a retomar con el inicio de esta legislatura.
La primera, potenciar aquellas políticas que tienen que ver con facilitar
el derecho a construir nuevas familias, nuevas y de nuevas formas de
configuración. Sin duda, la política de familia y los servicios sociales
para la primera infancia van a ser señas de identidad de este primer
capítulo que persigue el objetivo de facilitar el derecho a constituir
nuevas familias.
En segundo lugar, deseamos avanzar en la democratización de los hogares.
Se ha hablado aquí del reparto
de responsabilidades entre hombres y mujeres en la esfera privada y en la
esfera pública. También tenemos que estudiar dispositivos de mediación
familiar; un reto para las normas y un reto también para el desarrollo de
actitudes y de una nueva cultura en este campo. Y, desde luego, tenemos
que impulsar todas las políticas de igualdad para cada uno de los
miembros que configuran una familia. Ya tenemos un marco de muchos planes
de igualdad. La Ministra de Asuntos Sociales en la legislatura anterior
nos decía: Por habernos dedicado a sacar adelante la Ley de Protección
Jurídica del Menor se nos ha quedado en la puerta un plan de acción para
la infancia. Este sería uno de los pocos colectivos a los que les falta
un plan de igualdad, una política de igualdad.
En tercer lugar, el Grupo Socialista quiere insistir en la necesidad de
corregir desigualdades entre familias. Tal vez esto se nos quedó
pendiente de tratar en la Ponencia. No todas las familias son iguales y
tenemos que prestar especial atención a las familias de la minoría étnica
de nuestro país, a las nuevas familias que llegan de colectivos
inmigrantes, a las familias monoparentales, que suelen ser mujeres solas
con cargas familiares, donde aparece la feminización de la pobreza, y a
las familias desestructuradas que existen en España. En definitiva,
políticas sociales para atender a todas las familias, pero un poco más y
un poco antes a las que más lo necesitan.
Por último, el cuarto eje de nuestra actitud y de nuestras prioridades en
la Ponencia será trabajar por converger. No estamos solos, formamos parte
de Europa. Hay un libro verde, hay un libro blanco, hay un camino marcado
en el que están trabajando los parlamentos de toda Europa también en esta
política, en el conjunto de las políticas sociales; y ese libro blanco y
ese libro verde se pueden resumir en dos palabras: integración y
solidaridad. Integración y solidaridad deben ser los ejes, las grandes
conclusiones, los grandes mensajes de la política de familia que este
Parlamento, a través de una Ponencia, intenta retomar.
Gracias a Convergència i Unió por su rápida iniciativa, a la que nos
sumamos y apoyamos.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora
Fernández Sanz.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
señora Sainz García.
La señora SAINZ GARCIA: Señor Presidente, señorías, subo en nombre del
Grupo Parlamentario Popular a esta tribuna para manifestar también
nuestro voto a favor de la proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para la creación de una
Ponencia que analice la situación de la familia en nuestro país.
Efectivamente, en la anterior legislatura, en concreto el día 1.º de
marzo de 1994, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la
constitución en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo de una
Ponencia para estudiar la situación de la familia en España,
fundamentalmente para mejorar los aspectos legislativos o de acción de
Gobierno que afectan al bienestar de las familias. La Ponencia se creó a
partir de una enmienda de Convergència i Unió que presentó precisamente a
una propuesta del Partido Popular, que defendí también en nombre de mi
grupo, y que pretendía claramente aprobar una serie de medidas concretas
para mejorar la situación de las familias, coincidiendo con la
declaración de 1994 como Año Internacional de la Familia.
El Partido Popular compartía no solamente el sentido y la necesidad de
ese Año Internacional, sino que pensaba que ese era un buen momento para
que además de conmemorar esa circunstancia pudiésemos desde todos los
países, y en concreto desde España, impulsar y desarrollar una serie de
medidas que creíamos necesarias, justas y claramente solidarias con
muchas familias españolas. Y lo proponíamos además convencidos de que en
España era evidente la ausencia de una política de ayuda a la familia,
hecho que se puso, por otro lado, de manifiesto a lo largo de las
comparecencias de expertos en las diferentes áreas que han aportado
información muy valiosa para los trabajos de la Ponencia.
La actividad de la Ponencia, señorías, ha sido grande, es de justicia
decirlo, y en este sentido también es de justicia reconocer el trabajo de
los diferentes portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Me van
a permitir que haga yo una referencia de agradecimiento, desde luego,
desde nuestro grupo, al trabajo del portavoz don José María Michavila,
hoy llamado a importantes responsabilidades de Gobierno. Se aportó una
documentación por parte de todos los grupos políticos que ha servido de
base también para los trabajos que ahora va a reemprender esta Comisión.
No quiero dejar de hacer una referencia de agradecimiento a la
colaboración expresa de las comunidades autónomas que pasaron también por
esa Ponencia y que son aquellas que disponían de planes integrales de
ayuda a la familia, como ha sido el caso de Cataluña, el caso de Galicia,
el caso de Castilla y León y de Baleares. La verdad, el tema merecía la
dedicación y el esfuerzo con que esta Ponencia ha venido trabajando para
abordar el trabajo importante que tenía encomendado. Esas propuestas de
todos los grupos tienen que servir ahora de base para la puesta en común
de un documento importante. Lo decía la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista y de alguna manera lo reiteraba también la portavoz de
Izquierda Unida en ese sentido. Nuestro grupo, desde luego, considera
oportuno y necesario que la Ponencia vuelva a ocuparse del tema de la
familia, y lo consideramos importante porque, señorías, conviene que
todos tengamos muy claro que esta institución es para la sociedad el
referente más importante en la valoración, y le otorga la máxima
valoración hasta el punto de que la consideran, como decíamos, la
institución más importante para sí mismos y también para sus vidas. Y
frente a ello, por otro lado, tenemos, en cambio, referencias que se
aportaron en los trabajos de la Ponencia, entre
ellos esos estudios a los que se han referido anteriormente del Centro de
Investigaciones Sociológicas en los que se nos decía --se nos dijo
también en la Ponencia-- que son muchos los cambios de política que los
españoles reclaman para eliminar los numerosos obstáculos --se nos decía
textualmente-- a una institución referente insustituible de la estructura
social, lo que nuestro grupo, además, considera claramente clave para la
sociedad.
Muchas son las medidas que los ciudadanos demandan --así se nos decía--
para que la familia pueda llegar a recibir algunas de esas mínimas
prestaciones que en algunos otros países ya tienen.
Esta Ponencia, por tanto, creo que con fortuna se puede retomar hoy;
cuenta con un trabajo importante ya realizado y, sin embargo, tenemos un
largo camino que recorrer. Desde luego, nuestro grupo está convencido de
que tendrá en esta legislatura un impulso importante. El compromiso del
Gobierno lo ha asumido su Presidente, don José María Aznar, en el debate
de investidura.
No vamos hoy a hacer referencia a cuáles han sido las posiciones y, de
alguna manera, los puntos eje que el trabajo del Grupo Popular aportó en
los últimos días a esta Ponencia. Simplemente quiero decir, de forma
breve, que nuestro grupo defiende una política integral que considere,
desde todas las perspectivas, lo que los poderes públicos pueden y deben
hacer por mejorar el bienestar de los ciudadanos. Medidas de protección
social, medias fiscales y medidas generales que se recogen en las
propuestas del documento aludido y que figuran, desde luego, en el
compromiso que con la sociedad española adquirió el Partido Popular.
Creemos, por otro lado, que la política familiar de nuestro país --lo
decíamos y lo seguimos diciendo-- es inferior a la de otros países de
nuestro entorno, y por ello creemos que se puede aprender de la
experiencia de otros países. Por ello le decíamos al portavoz de
Convergència i Unió que nos parecía adecuado que, ante el inicio de esta
última etapa, se pudiesen también incorporar a las conclusiones las
referencias claras del análisis que aparezca de las políticas de los
distintos países de la Unión Europea. Tengo que agradecer al portavoz de
Convergència a i Unió que haya accedido a esta sugerencia del Grupo
Popular y que se haya incorporado en ese texto transaccional la propuesta
que en esta línea hacíamos.
Concluyo, señorías, señor Presidente, diciendo, en nombre de mi grupo,
que es una gran satisfacción que hoy, en el primer Pleno que se celebra
en esta legislatura, nos ocupemos de la situación de la familia en
España. Lo digo, señorías, porque éste es un tema, como decía antes, que
preocupa claramente a la sociedad española y que, por tanto, conecta con
los intereses de nuestra sociedad, como hemos dicho. Y esa conexión vital
Parlamento-sociedad es necesaria no sólo para revitalizar el Parlamento,
que es imprescindible, sino también para que los españoles se acerquen a
esta Cámara convencidos de que lo que aquí estamos debatiendo,
convencidos de que lo que aquí estamos tratando, realmente les interesa,
porque afecta, en definitiva, a lo que incide directamente en su vida
diaria.
Es por tanto, creo, un buen comienzo, una buena forma de empezar un
trabajo parlamentario y confiamos en que de los trabajos y debates salga,
al final de todos ellos, un punto común, un punto de encuentro que
satisfaga a la sociedad española que aguarda, en estos momentos, una
política integral que la proteja y que ayude a mejorar el bienestar de
toda la sociedad. Muchas gracias, señor Presidente. (Varios señores
Diputados: ¡Muy bien, muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora
Sainz García.
A los solos efectos de manifestar si acepta o si rechaza la enmienda de
supresión parcial que ha presentado Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA I SANCHEZ: Señor Presidente, la enmienda del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida aparece incorporada a través del
texto transaccional que ha presentado este grupo y que haremos a S. S.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Silva.
Vamos a proceder a la votación, de acuerdo con el texto final. (El señor
Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, vamos a proceder a
la votación de la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la cual se crea una
ponencia para analizar la situación actual de la familia en España y
proponer las reformas y medidas que se consideren necesarias. Esta
proposición no de ley se vota con la supresión propuesta en la enmienda
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a
favor, 305; en contra, uno; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Queda aprobada la proposición
no de ley.
DACION DE CUENTAS DE LA DIPUTACION PERMANENTE:
--DACION DE CUENTAS DE LA DIPUTACION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS DE LA V LEGISLATURA A LA CAMARA DE LA VI LEGISLATURA (Número de
expediente 062/000001)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pasamos al punto III del orden
del día, consistente en la dación de cuentas de la Diputación Permanente
del Congreso de los Diputados de la V Legislatura a la Cámara de la VI
Legislatura.
Entiendo que los miembros de este Congreso tienen conocimiento de esta
dación de cuentas. ¿Es así? (Asentimiento.)
¿Algún Grupo desea intervenir? (Pausa.)
¿Se aprueba la dación de cuentas? (Asentimiento.) Muchas gracias. Queda
aprobada la dación de cuentas.
PROPUESTAS DE CREACION DE COMISIONES:
--PROPUESTA DE CREACION DE LA COMISION MIXTA CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS-SENADO DE LOS DERECHOS DE LA MUJER.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Punto IV del orden del día:
Propuestas de creación de Comisiones. En primer lugar, propuesta de la
Cámara de creación, al amparo del artículo 50 del Reglamento, de la
Comisión Mixta de los derechos de la mujer.
Ruego a la señora Secretaria que dé lectura a la propuesta.
La señora SECRETARIA (Barrios Curbelo): Propuesta al Pleno de la Cámara
de creación, al amparo del artículo 50 del Reglamento, de la Comisión
Mixta de los derechos de la mujer.
El Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, formulada como
consecuencia de las iniciativas presentadas por los Grupos Parlamentarios
Popular, Socialista, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Catalán
(CiU), y previa audiencia de la Junta de Portavoces, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 50 del Reglamento, resuelve lo siguiente:
1. Se crea, con el carácter de permanente durante la Legislatura, la
Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado de los Derechos de la
Mujer, la cual tendrá como tarea el estudio de la realidad social de la
mujer, desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades, el
seguimiento de la aplicación de la legislación interna e internacional,
así como de las decisiones adoptadas por la Organización de las Naciones
Unidas, el Consejo de Europa y otras instituciones comunitarias, y, más
directamente, el seguimiento de la acción del Gobierno y de los planes
que desarrollan las Administraciones públicas y las instituciones
privadas en este ámbito, sirviendo de cauce para conocer las demandas de
los ciudadanos.
2. La composición de dicha Comisión será determinada por las Mesas de
ambas Cámaras en reunión conjunta, teniendo en cuenta que, si la misma no
se ajusta a la estricta proporcionalidad en la composición de las
Cámaras, la Comisión adoptará sus acuerdos mediante voto ponderado.
3. Las reglas de funcionamiento de la Comisión serán fijadas por ésta.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias.
¿Aprueban SS. SS. esta propuesta? (Asentimiento.) Queda aprobada.
--PROPUESTA DE CREACION DE LA COMISION MIXTA CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS-SENADO PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): En segundo lugar, la propuesta
de creación de la Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado para el
estudio del problema de las drogas.
Señor Secretario, por favor.
El señor SECRETARIO (Ríos Martínez): Propuesta al Pleno de la Cámara de
creación, al amparo del artículo 50 del Reglamento, de la Comisión Mixta
para el estudio del problema de las drogas.
El Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, formulada como
consecuencia de las iniciativas presentadas por los Grupos Parlamentarios
Popular, Socialista, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Catalán
(CiU), y previa audiencia de la Junta de Portavoces, al amparo de los
dispuesto en el artículo 50 del Reglamento, resuelve lo siguiente:
1. Se crea, con el carácter de permanente durante la VI Legislatura, la
Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado para el Estudio del
Problema de las Drogas, la cual tendrá como tarea el seguimiento de las
acciones que se desarrollan para luchar contra el tráfico y consumo de
droga, así como para la prevención y la rehabilitación y reinserción
social de las personas afectadas por el consumo.
2. La composición de dicha Comisión será determinada por las Mesas de
ambas Cámaras en reunión conjunta, teniendo en cuenta que, si la misma no
se ajusta a la estricta proporcionalidad en la composición de las
Cámaras, la Comisión adoptará sus acuerdos mediante voto ponderado.
3. Las reglas de funcionamiento de la Comisión serán fijadas por ésta.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias.
¿Aprueban SS. SS. dicha propuesta? (Asentimiento.) Queda aprobada.
--PROPUESTA DE CREACION DE LA COMISION SOBRE COOPERACION Y AYUDA AL
DESARROLLO.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Finalmente, vamos a proceder a
la lectura de la propuesta
de creación de la Comisión sobre cooperación y ayuda al desarrollo.
Señora Secretaria, por favor.
La señora SECRETARIA (Del Campo Casasús): Propuesta al Pleno de la Cámara
de creación, al amparo del artículo 50 del Reglamento, de la Comisión
sobre cooperación y ayuda al desarrollo.
El Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, formulada como
consecuencia de las iniciativas presentadas por los Grupos Parlamentarios
Popular, Socialista, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Catalán
(CiU), y previa audiencia de la Junta de Portavoces, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 50 del Reglamento, resuelve lo siguiente:
1. Se crea, con el carácter de permanente durante la Legislatura, la
Comisión sobre Cooperación y Ayuda al Desarrollo, la cual tendrá como
tarea la participación, seguimiento, estudio y control de la política
española de cooperación y ayuda al desarrollo.
2. La composición de esta Comisión se determinará por la Mesa del
Congreso de los Diputados, de acuerdo con los criterios establecidos en
las legislaturas anteriores.
3. Las reglas de funcionamiento de la Comisión serán fijadas por ésta.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias.
¿Aprueban SS. SS. dichas propuesta? (Asentimiento.) Queda aprobada.
El Pleno se reunirá mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y diez minutos de la noche.