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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 253, de 13/07/1999
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE



Año 1999 VI Legislatura Núm. 253



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE



Sesión de la Diputación Permanente núm. 9



celebrada el martes, 13 de julio de 1999



ORDEN DEL DÍA:



Elección de Secretario Primero de la Mesa de la Diputación Permanente
. . . (Página 13460)



Solicitud de convocatoria de la Diputación Permanente para que ésta
considere la celebración de un Pleno extraordinario con el siguiente
orden del día: Comparecencia del Presidente del Gobierno, para
informar sobre las medidas que piensa adoptar tendentes a solucionar
los problemas del tráfico aéreo en los aeropuertos españoles, así
como para informar de las medidas que piensa adoptar, ante el próximo
Consejo Europeo, por los hechos producidos por la contratación por
una empresa española del Comisario Martín Bangemann. (Número de
expediente 062/000023.). . . . (Página 13460)



Página 13460




S U M A R I O



Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.




Elección de secretario primero de la Mesa de la Diputación Permanente
. . . (Página 13460)



Se procede, con carácter secreto, a la vio primero de la Mesa de la
Diputación Permanente, por renuncia voluntaria del señor López de
Lerma i López.




Verificado el escrutinio, resulta elegido por unanimidad el señor
Companys Sanfeliu, que ocupa su sitio en la Mesa.




Solicitud de convocatoria de la Diputación Permanente para que ésta
considere la celebración de un Pleno extraordinario con el siguiente
orden del día: comparecencia del Presidente del Gobierno, para
informar sobre las medidas que piensa adoptar tendentes a solucionar
los problemas del tráfico aéreo en los aeropuertos españoles, así
como para informar de las medidas que piensa adoptar, ante el próximo
Consejo Europeo, por los hechos producidos por la contratación por
una empresa española del comisario Martin Bangemann . . . (Página 13460)



Defienden la solicitud de comparecencia, efectuada por un número
suficiente de diputados del Grupo Socialista del Congreso, los
señores Caldera Sánchez-Capitán y Martínez Noval.




En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez y Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); López de
Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Santiso del Valle y Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, y Ortiz González, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.




En turno por alusiones intervienen de nuevo los señores Martínez
Noval y Ortiz González.




Sometida a votación la solicitud de celebración de un Pleno
extraordinario, se rechaza por 21 votos a favor y 27 en contra.

Se levanta la sesión a las dos y veinte minutos de la tarde.




Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.




ELECCIÓN DE SECRETARIO PRIMERO DE LA MESA DE LA DIPUTACIÓN
PERMANENTE.




El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Saben SS.SS. que hemos convocado la Diputación Permanente a solicitud
del número suficiente de diputados del Grupo Socialista que plantean
dos puntos del orden del día, que son los que figuran en la
convocatoria, y que la Presidencia, ex oficio, ha unido, y con
carácter previo procede la elección del secretario primero de la Mesa
de la Diputación Permanente por renuncia voluntaria del señor López
de Lerma.

Vamos a proceder, de acuerdo con el reglamento, a la votación con
carácter secreto para la cobertura de esa vacante. Por el secretario
segundo, señor Beviá, se procederá al llamamiento sobre la relación
de titulares de la Diputación Permanente, y en caso de que alguno de
ellos haya sido sustituido, por el suplente.

Adelante, señor Beviá.




Por el señor secretario, Beviá Pastor, se procede al llamamiento de
los señores diputados miembros de la Diputación Permanente, presentes
y sustituidos.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al recuento.




Efectuado el escrutinio, dijo



El señor PRESIDENTE: Ha resultado elegido por unanimidad el señor
Companys Sanfeliu, al que ruego que se sirva ocupar su sitio en la
Mesa. Enhorabuena. (Aplausos.)



- SOLICITUD DE CONVOCATORIA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE PARA QUE ÉSTA
CONSIDERE LA CELEBRACIÓN DE UN PLENO EXTRAORDINARIO CON EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DÍA:
COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PARA INFORMAR SOBRE LAS
MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR TENDENTES A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DEL
TRÁFICO AÉREO EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES, ASÍ COMO PARA INFORMAR DE
LAS MEDIDAS QUE



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PIENSA ADOPTAR, ANTE EL PRÓXIMO CONSEJO EUROPEO, POR LOS HECHOS
PRODUCIDOS POR LA CONTRATACIÓN POR UNA EMPRESA ESPAÑOLA DEL COMISARIO
MARTIN BANGEMANN. (Número de expediente 062/000023)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la solicitud de los diputados del
Grupo Socialista para que esta Diputación acuerde, en su caso, la
celebración de sesión extraordinaria del Pleno, con un orden del día
que se desglosa en dos puntos. Primer punto, comparecencia del
presidente del Gobierno, para informar sobre las medidas que piensa
adoptar el Gobierno, con carácter inmediato y en cualquier caso antes
de que finalice el presente mes de julio, tendentes a, por fin,
solucionar los problemas de tráfico aéreo en los aeropuertos
españoles.




Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Caldera Sánchez-
Capitán.




El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente.

Que en España existe un grave problema con respecto al tráfico aéreo
y la situación de los aeropuertos sólo parecen negarlo el Partido
Popular, el ministro de Fomento -conocido como fomento del caos-,
señor Arias-Salgado (El señor Robles Fraga: ¡Ja, ja, ja!), y el
presidente del Gobierno. Se pretende hacernos creer a todos que los
problemas han sido resueltos y que, a lo más, si persiste alguno,
señorías, se debe a Eurocontrol, a Europa -como si España no fuera
Europa-, y nunca a la falta de previsión de los responsables
españoles. Esto se da de bruces con la realidad. Cualquier usuario
que se acerque a un aeropuerto español sabe que esta situación no
tiene nada que ver con lo que pasa realmente. ¿Cómo es posible que,
tras unos meses de fuertes convulsiones, retrasos generalizados,
pérdidas de miles de maletas en un solo día, inutilización temporal
de Barajas por los trabajos de una máquina que abrió una zanja,
graves problemas de falta de capacidad por insuficiencia de
infraestructuras, reordenación de sectores y rutas, continuos
conflictos con pilotos y controladores, se haya todo resuelto
milagrosamente? Pues es muy fácil, señorías, no es que los problemas
hayan desaparecido, es que no se informa de ellos. Ya saben ustedes
qué decisión ha tomado AENA, ha decidido no informar sobre los
retrasos y cancelaciones, ¿para qué? Para no facilitar la crítica
permanente. Me pregunto, señorías, cuando existe una restricción de
un derecho que tienen los ciudadanos, como es conocer la situación
del tráfico aéreo, ¿cómo se le puede llamar? ¿Censura? Desde luego,
yo lo llamaría así. Parece que AENA ha tomado una decisión drástica:
muerto el perro se acabó la rabia, pero los problemas continúan. Un
portavoz del Partido Popular dijo que iban a acudir hoy a esta
Diputación Permanente con datos que demuestran la sensible mejoría de
la conflictividad aeroportuaria. Yo les pregunto: si esto es así,
¿por qué no se informa? ¿Por
qué se ha tomado la decisión de no informar para evitar la crítica
permanente? Esto es muy edificante. Es como si para que la gestión
tan discutida del Ministro de Industria y Portavoz del Gobierno,
señor Piqué, no sea objeto de crítica, el Gobierno decidiera no dar
la información de los acuerdos que se adoptan en el Consejo de
Ministros, cosa por otra parte ridícula.

Como les decía antes, basta acercarse a algún aeropuerto español,
como Barajas, y mirar los paneles informativos para comprobar que los
retrasos y cancelaciones están a la orden del día. La semana pasada
más del 70 por ciento de los vuelos que despegaron o aterrizaron lo
hicieron con importantes retrasos. Por tanto, las cosas siguen
exactamente igual. Es una situación de todo punto inaceptable.

Prevengo a los parlamentarios del Grupo Popular que van a venir con
datos seguramente manipulados, como siempre, que tengo aquí un
informe muy completo sobre los índices de puntualidad, que proviene
de la Asociación Europea de Líneas Aéreas (AEA), en el que los
principales aeropuertos europeos están muy por encima de los
aeropuertos españoles en cuanto a puntualidad. Esta situación la
padecen más unos que otros. Estos días hemos sabido que el señor
Ministro de Fomento se ha hecho acondicionar un helipuerto en la
provincia de León para la inauguración -agárrense-de un tramo de 15
kilómetros de autovía, entre el Puerto de Manzanal y Ponferrada, que
finaliza a finales de julio y que va a ser inaugurado con toda pompa
y boato. Por cierto, el aeropuerto de León se inauguró hace pocas
fechas. El señor Ministro quiere estar al resguardo de sorpresas e ir
seguro a inaugurar estos maravillosos 15 kilómetros de autovía que lo
son, sin duda-y ha hecho acondicionar un helipuerto. Además, esta
decisión constituye el germen de una importante obra social, ya que
después el helipuerto se va a pasar a la Cruz Roja de León. Sólo
existe un pequeño problema: la Cruz Roja de León no tiene
helicópteros. En fin, ya nos preocuparemos de solicitar en el próximo
debate presupuestario una dotación para que pueda adquirirlos y
destinarlos al uso que merecen.




Esta situación tiene un impacto importantísimo en la economía
nacional, no en vano el turismo es la actividad que más aporta al
PIB. Sin embargo, eso no parece preocupar demasiado al Gobierno. El
presidente del Gobierno sólo ha dedicado tres breves declaraciones al
grave problema de los aeropuertos en España. No me resisto a leerles
la primera de ellas, porque a mí me cautivó por su profundidad. En
abril, preguntado el señor Aznar por los problemas de los aeropuertos
en España, contestó: El aeropuerto de Barajas tiene muchos problemas,
que tampoco son exclusivos del aeropuerto de Barajas, porque basta
viajar un poco para darse cuenta de que otros aeródromos tienen sus
problemas. Sería bueno contar con la colaboración de todos, porque
realmente puede haber problemas. Hace poco hubo problemas de vuelo
por algunas razones. Puede haber razones, puede haber problemas de
otro tipo de razones con el espacio aéreo y, en fin, puede



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haber otros problemas. Esta es una cita textual de unas declaraciones
del presidente del Gobierno, cautivadora por su profundidad.

Ha habido más intervenciones al respecto. En un momento determinado,
después de esta declaración, dijo que había dado instrucciones
precisas para resolver el problema. Por cierto, a los tres días de
esta magnífica declaración, en el aeropuerto de Palma de Mallorca, un
solo controlador tuvo que atender, durante doce horas, 160
operaciones de despegue y aterrizaje. Esperemos, por motivos de
seguridad, que las instrucciones precisas no fueran aquellas.

Por último, el señor Presidente del Gobierno, en respuesta a una
pregunta del 12 de mayo pasado, respondió al portavoz de mi grupo,
señor Martínez Noval, con la clarividencia que le caracteriza: Han
sido unos problemas evidentemente que existen y que, afortunadamente,
van mejorándose en algunos aeropuertos. El señor Aznar reconoció una
falta de previsión importante, aunque, como siempre, con la
generosidad que le caracteriza, imputaba esa falta de previsión a los
anteriores gobiernos. Sin embargo, miles y miles de páginas de
periódicos, de opiniones, de respuestas de usuarios, están apuntando
directamente con el dedo a la falta de previsión de este Gobierno en
la resolución de este problema. Decía que había dificultades
objetivas también y, entre ellas, el presidente del Gobierno citaba
cinco: problemas con los controladores aéreos, aumento de la demanda,
conflicto con los pilotos de Iberia, problemas con el regulador
europeo Eurocontrol y guerra en Yugoslavia.

Señorías, según el Gobierno, desde luego la guerra en Yugoslavia ha
finalizado, tres de estas causas ya han desaparecido, se han
solucionado: pilotos, controladores y guerra en Yugoslavia. Otra, el
aumento de la demanda y sus efectos sólo es imputable al Gobierno
porque, como escribía el pasado domingo el director de un importante
diario, la eclosión del número de vuelos no se puede discutir; lo
incalificable es que se pretenda argumentar que ha llegado por
sorpresa cuando es obvio que se venía venir; al fin y al cabo, no ha
sido mas que la lógica consecuencia del progresivo proceso de
liberalización iniciado en Estados Unidos hace más de quince años y
que en Europa se está desarrollando en estos momentos.

Pues bien, en cuanto a la última, la moda ahora consiste en achacarle
todos los problemas. Hablaremos después brevemente de ello. Yo les
digo que esta Cámara debe debatir sobre la solución a los problemas
del tráfico aéreo porque siguen igual de mal que hasta ahora y pueden
empeorar. Tenemos constancia de que, de no tomarse medidas
inmediatas, el final de julio y principios de agosto puede ser aún
más caótico que lo conocido hasta ahora. No cabe duda, se lo
reconozco, que los problemas de tráfico aéreo afectan a toda Europa,
pero en España se han agravado de forma excepcional debido a dos
causas: ausencia de medidas del Gobierno y decisiones imputables a
este Gobierno completamente erróneas, múltiples modificaciones
estructurales del ente público responsable de la gestión
aeroportuaria y del control del tráfico aéreo, tensiones
estructurales en nuestros aeropuertos derivados del anuncio de
privatización de los mismos, y yo me pregunto en nombre de mi grupo:
el futuro de nuestros aeropuertos ¿no merece un debate parlamentario
al que ustedes, miembros del Grupo Popular, se niegan? ¿No consideran
que lo que ha sido hasta ahora la infraestructura básica, aeropuertos
para la prestación de un servicio público que garantiza derechos a
los ciudadanos, a su movilidad y comunicaciones, corre el riesgo de
pasar a ser sólo una unidad de negocio siguiendo los planes
privatizadores del señor Arias-Salgado?
En tercer lugar, se encuentra el proceso de privatización de la
principal compañía Iberia y el cuasi permanente conflicto con la
dirección de los pilotos. Por cierto, no compartimos muchos de los
aspectos de los acuerdos alcanzados entre Iberia y sus pilotos. Nos
preguntamos a qué viene seguir, como decía también un prestigioso
editorial de un diario económico, pactando dádivas añadidas a la
privilegiada situación de algunos colectivos, hacerlo además con
dinero público de todos los ciudadanos y desde la dirección de una
empresa pública. No obstante, una vez alcanzados los acuerdos,
cúmplanlos para que el servicio funcione y no nos veamos todos
sometidos a nuevas medidas de presión de los pilotos que acaben de
convertir este verano en un infierno no sólo climatológico.

En cuarto lugar, tenemos el conflicto laboral de los dos últimos años
con el colectivo de controladores aéreos y el insostenible acuerdo
alcanzado con los mismos; insostenible, señorías, porque no puede
aceptarse que un empleado público con un salario mensual de un millón
y medio de pesetas, con una dedicación horaria en su trabajo muy
inferior a la media de cualquier empleado público, arranque
incentivos de 90.000 pesetas por jornada laboral adicional de seis
horas de trabajo para garantizar la paz en los aeropuertos españoles.

Puedo ponerles un ejemplo. Una traumatóloga en un hospital español en
un fin de semana, es decir, veinticuatro horas de trabajo, se
retribuye con 30.000 pesetas. Sin embargo, seis horas de trabajo
adicionales de los controladores aéreos se van a retribuir con la
extraordinaria cantidad de 90.000 pesetas.

La propuesta que ha hecho AENA a los controladores suscita a su vez
nuevas interrogantes para mi grupo parlamentario. ¿Por qué se les
ofrece un seguro médico privado? ¿Cuál es la justificación para que
desde una empresa pública se promueva un seguro sanitario privado?
¿Se ofrece como adicional al Sistema Nacional de Salud o como
sustitutorio? ¿Cuál es el coste económico de la prima?
En quinto lugar, hay problemas graves con las infraestructuras
aeroportuarias. En Barajas tenemos serios problemas. Nueve
ayuntamientos exigen la retirada del plan director de Barajas y
representan nada más y nada menos que a 500.000 ciudadanos madrileños
que acaban de votar a sus legítimos representantes municipales. Piden
que se presenten las alternativas a esta



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ampliación del aeropuerto de Barajas y que se cumpla con el
preceptivo estudio de impacto ambiental que las nuevas pistas no
tienen. He de decirles que entre los regidores que se manifiestan de
este modo los hay de todas las fuerzas y colores políticos, Izquierda
Unida, Partido Popular, PSOE e Independientes. Efectivamente, hay
problemas con Eurocontrol, con el sistema de control de tráfico aéreo
en Europa, pero ustedes, su Gobierno, el Gobierno del Partido Popular
da una preocupante muestras de dejadez. España es la entrada del
tráfico americano, latinoamericano, sudamericano en Europa; parece
darles igual. Mientras Europa avanza, España retrocede.

En abril, señorías, la Asociación de Líneas Aéreas, de ámbito europeo
pidió la adopción de medidas urgentes y cambios drásticos en el
funcionamiento de los sistemas de control de tráfico aéreo en Europa.

¿Qué responde la Administración española? No lo sabemos. Se niega a
dar información y a debatir en el Parlamento. La fragmentación de los
sistemas de control en Europa provoca que con que uno de los países
funcione regularmente, y España es un ejemplo vivo de ello, esto
repercute en los demás.




El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Caldera.




El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo, señor presidente.

De ahí la necesidad de crear una red homogénea de sistemas de control
de tráfico aéreo en Europa. Por ello, Eurocontrol dio instrucciones a
los 40 centros de control de tráfico aéreo para aumentar su capacidad
de acuerdo con el crecimiento del tráfico previsto. ¿Qué resultado ha
tenido en España? Nulo. Cada vez, peor. ¿Qué está haciendo la
Administración aeronáutica española? No lo sabemos. La Comisión
Europea propone que se diferencie la función reguladora centrada en
Eurocontrol, y la operativa bajo la responsabilidad de los Estados.

¿Qué hace España para conseguirlo? ¿Qué hace España para la
aplicación del Programa Interface, de aeropuertos y sistema de
tráfico aéreo, dirigido a mejorar la capacidad de la infraestructura
aeroportuaria existente mediante la optimización de procedimiento
operativos y aplicación extensiva de las prácticas, las mejoras
prácticas de la industria? Un ejemplo de las medidas propuestas por
este programa es el desplazamiento del punto de toma de tierra de
aviones en caso de cruce de pistas en los aeropuertos. ¿Qué se está
haciendo en España para conseguirlo? No lo sabemos; el Parlamento no
tiene noción de ello.

Estos son, señorías, los verdaderos problemas a los que debemos dar
solución a través del debate y la participación de todos. Hay que
preparar la mejora de los sistemas de gestión del tráfico aéreo con
el objetivo de disponer de uno solo homogéneo para toda Europa, y
mientras alcance éste realizar programas para optimizar el uso del
espacio aéreo europeo. ¿Cómo nos estamos preparando para ello? Lo
ignoramos por completo porque
a este Parlamento no se le permite discutir acerca de ello.

Mi grupo ha intentado todo, desde la reprobación del ministro a la
propuesta de creación de una comisión de investigación, y en el
último debate del estado de la Nación propusimos que el Gobierno
elaborara un plan urgente para la resolución de los problemas del
tráfico aéreo, señorías, y lo trajera a la Cámara para su debate. Me
dirijo especialmente a los grupos que dan asistencia o que cooperan
con el Gobierno, Coalición Canaria y Convergència i Unió
especialmente. Sólo queremos que haya un plan definido para resolver
los problemas del tráfico aéreo y se traiga aquí para poderlo
discutir. Queremos que el presidente del Gobierno tome la iniciativa,
porque el ministro de Fomento del caos, señor Arias Salgado, ya no
puede hacerlo, y queremos que se debata.

En aquella propuesta proponíamos abordarlo desde los problemas
estructurales del tráfico aéreo, la necesidad de una nueva ley de
navegación aérea, aplicación del programa europeo de armonización e
integración del control del tráfico aéreo, gestión del flujo aéreo,
seguridad aeronáutica, acuerdos entre controles contiguos, gestión
del espacio aéreo inferior, armonización de servicios de tránsito con
Francia, Portugal, Marruecos y Argelia; ustedes ni siquiera lo
tomaron en consideración. Por eso, acabando ya definitivamente, es el
momento de que el presidente comparezca para que la Administración
española tome conciencia de la gravedad del problema.

Este Parlamento, señorías, no debe resignarse, no debe aceptar el
conformismo de la Administración ante la gravedad del problema. El
transporte aéreo se degrada día a día con importantes costes
negativos para uno de nuestros principales activos económicos, como
es la industria turística. Por ello creo que es razonable nuestra
petición, y yo ruego a los grupos parlamentarios que faciliten el
debate, que nos permitan colaborar en la resolución de este grave
problema que tanto afecta a intereses vitales de la economía española
y a los derechos de nuestros usuarios.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.

El Grupo Socialista ha planteado para el eventual pleno dos puntos
distintos del orden del día que configurarían ese Pleno, uno el que
ahora ha expuesto el señor Caldera, y otro relativo al comisario
europeo, Martín Bangemann, que va a exponer el señor Martínez Noval.

Saben SS.SS. que los grupos parlamentarios tienen derecho bien a
tener dos intervinientes o a que un solo portavoz tome posición
respecto a las dos intervenciones del Grupo Socialista. ¿Algún grupo
parlamentario desea tener dos intervinientes, para comunicarlo a la
Presidencia? (Pausa.)
El Grupo Mixto ya me lo ha comunicado, a efectosde que son dos de los
integrantes, y excepcionalmente



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daremos voz a los dos. El Grupo de Izquierda Unida también lo hará
por medio de dos.

Todo ello dará lugar a una sola votación, porque se pide un solo
Pleno.

Señor Martínez Noval.




El señor MARTÍNEZ NOVAL: Señorías, el modo que en Europa se entiende
la independencia, la neutralidad y la objetividad en el ejercicio de
la función pública quedó seriamente contrariado a propósito del caso
Bangemann. Al hablar de Bangemann hablamos de la más alta función
pública que se puede desempeñar en estos momentos en la Unión
Europea, la función de comisario. Que un comisario, en el ejercicio
de sus funciones como responsable de telecomunicaciones, sea
presentado sin sonrojo alguno como contratado por una empresa de
telecomunicaciones no tiene precedentes en la historia de la
Comisión. Es conocido, señorías, todo el mundo está al tanto de ello,
que en el mundo bruselense pululan infinidad de lobbies, lobbies muy
diversos y por otra parte una realidad que ya forma parte
consustancial del paisaje de esa ciudad. Todo eso es bien sabido;
pero que un comisario de modo tan público y tan flagrante ceda a los
encantos del dinero, dice pocas cosas buenas de su persona. Se trata
de un caso, señorías, que no se puede minimizar por remisión a los
tribunales. El asunto, con tribunales o sin tribunales, tiene un
trasfondo político de extraordinaria envergadura. Precisamente por
tratarse de una cuestión netamente política es por lo que estamos hoy
aquí en esta Diputación Permanente.

Al tratarse de una cuestión política, es obligado entonces analizar
la reacción del Gobierno español, de nuestro Gobierno. Pues bien,
como en tantas ocasiones, su primera estrategia fue defensiva y en
tono de indiferencia. Se trataba de una empresa privada, dijo el
Gobierno, y punto final. Pero ¿y el comisario? ¿Qué pasa con el
comisario? El comisario nos representa a todos nosotros; gobierna
asuntos de competencia europea que conciernen a todos los ciudadanos
europeos en general, y a los españoles en particular. Es verdad que
también desde el Gobierno se escucho la excepción de rigor, en boca
además curiosamente del responsable de estas cuestiones en nuestro
Gobierno, del señor Arias-Salgado que declaró sorprendentemente que
se trataba de un buen fichaje. ¡Y tanto que se trata de un buen
fichaje! habría que decir al señor Arias-Salgado.




Pero podemos y debemos preguntarnos cuál ha sido la actitud del
Gobierno español en Bruselas. Sabemos por los medios de comunicación
que nuestro Gobierno no ha propuesto nada; no ha liderado nada; no ha
capitaneado iniciativa alguna. Y no se trata en ello de la defensa de
falsos intereses nacionales, sino más bien el contrario. Como todo el
mundo sabe Bangemann es alemán, y quizá por ello el Gobierno alemán
ha sido uno de los más activos y críticos con su comisario. Incluso,
señorías, y esto es necesario resaltarlo, su nivel de actividad y de
agresividad con esta cuestión no
alcanzó a la del propio partido del señor Bangemann, el Partido
Liberal alemán, que ha sido especialmente crítico con el
comportamiento de su militante.

Nadie puede olvidar que la empresa que contrato a Bangemann es
española, y por tanto se reparte al 50 por ciento con él la
responsabilidad del bochorno que en toda Europa se está viviendo
estos días. Pues señorías, ni por esas. El señor Bangemann nos
representa a todos, la empresa que lo contrata es española, pero ni
por esas nuestro Gobierno ha dado ninguna muestra de interés por el
asunto. El Gobierno ha ido arrastrando los pies tras quienes estaban
resueltamente decididos a no dejar pasar la cuestión.

El Coreper ha decidido ir a los tribunales, en este caso al Tribunal
de Justicia europeo, y hay que preguntarse ¿acaso esa decisión fue
iniciativa del Gobierno español? ¿Qué actitud adoptó nuestro Gobierno
en ese órgano, en el Coreper? De las declaraciones de Piqué del
pasado viernes, se puede concluir que la actitud española fue pasiva,
muy pasiva; y que sólo cuando constató que el asunto iría al Tribunal
se sumó a esa decisión por razones de transparencia, dijo el portavoz
del Gobierno. Nada más, parece ser, que por razones de transparencia.

Al Grupo Socialista le gustaría encontrar respuesta, al menos a dos
preguntas que están relacionadas con esta cuestión. ¿Qué asuntos del
interés de Telefónica ocuparon a Bangemann? Y una segunda pregunta,
no menos ilustrativa para nosotros: ¿de qué fecha es el acuerdo entre
Bangemann y Telefónica? Esos dos interrogantes, señorías, deben ser
aclarados para que se alcance la transparencia a que apelaba el
portavoz en nombre del Gobierno; un Gobierno, por otra parte, que
hasta estas fechas ha jugado un triste papel en un lugar que
prácticas tan deleznables como esta del caso Bangemann deben ser
corregidas y sancionadas. La legitimación social -y en eso espero que
estemos todos de acuerdo-, el aprecio de los ciudadanos por las
instituciones europeas no está sobrado para resistir oscuros asuntos
como este que hoy nos ocupa.

Luego está la empresa, la otra vertiente del bochorno. No se puede
olvidar que se trata de la primera empresa española. Telefónica
aparece estos días como la primera empresa española por
capitalización en el mercado -lo saben sobradamente-, o dicho en
otros términos, Telefónica sería algo así como la empresa bandera de
nuestro país en la esfera mundial de los negocios. Pues bien, el daño
que Telefónica ha infligido a la imagen pública de la Unión Europea
está hecho a conciencia, que es lo más grave; está hecho a
conciencia. No es normal que en tan poderosa compañía no haya una
sola persona que tenga idea de lo que significan conceptos tales como
independencia, transparencia, objetividad en las relaciones entre lo
público y lo privado en la esfera económica; no es posible que ni una
sola persona de esa compañía maneje estos conceptos y esa cuestión.

Tan a conciencia está hecha e interpretada esa contratación que a los
ciudadanos



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españoles se les ha presentado con petulancia, con arrogancia.

De Bangemann se dijo que era el Ronaldo de las telecomunicaciones,
pero cuesta trabajo creer que una persona de la que en ese terreno
profesional no se conocen más que cuatro años de gestión política en
la Comisión, sea un profesional estrella -entre comillas el término
estrella-. Arreglado estaría, señorías, el sector de las
telecomunicaciones europeas si Bangemann fuese su estrella. No lo es
en modo alguno, no lo puede ser a menos que el concepto de estrellato
haya cambiado súbitamente en unas pocas semanas. No, no se trata de
una estrella; se trata de algo muy distinto. Siguiendo con el símil
futbolístico, Telefónica en realidad no fichó a Ronaldo -como decía
el presidente de la compañía-, fichó al árbitro que a lo largo de
cuatro años dirimió todos los partidos entre Telefónica y el resto
del mundo. Obviamente, son dos cosas muy distintas. Por eso decía que
de nuestra primera compañía se hubiera podido esperar menos
arrogancia y más sujeción a principios elementales y a prácticas que
debieran estar presentes en el código de conducta de esa empresa.

Este hecho, señorías, pone desgraciadamente de manifiesto que las
cosas no son así.

Por eso es pertinente una reflexión sobre la empresa que contrata a
Bangemann. Seguramente muchos de ustedes recordarán que hace casi
tres siglos, sor Inés de la Cruz, especulando sobre la atribución de
culpa, se preguntaba quiénes eran más responsables, si los que pecan
por la paga o los que pagan por pecar. Trescientos años después
estamos dirimiendo la misma cuestión. Todos ustedes saben que el
Código Penal español atribuye el mismo tanto de culpa a quien
delinque que a quien induce a delinquir, y en este caso la cuestión
está meridianamente clara.

Telefónica fue en tiempos una empresa pública que disfrutaba del
monopolio de las telecomunicaciones en nuestro país, como tantas
compañías en otras tantos países. Ahora es una empresa privada cuya
gestión, como en el caso Bangemann, acapara portadas de medios de
comunicación. Ya sabemos -y lo digo por si alguien se siente tentado
a hacer ese discurso- que su cotización bursátil ha mejorado un 18
por ciento en el último ejercicio y no desconocemos todas esas cosas
que analizan y valoran los inversores, como la ratio precio/valor, la
ratio precio de la acción/valor en libros y la ratio precio/ganancia;
nada de eso nos llama la atención.

Insisto en que es pertinente que nos preguntemos por qué una empresa
española ha dado la nota en toda Europa; además, ha dado la nota con
la cobertura consciente del Gobierno español. Lo más sensato entonces
sería que en virtud de su reciente condición pública de esa empresa,
compareciera en esta Cámara en la persona de su máximo responsable,
el presidente de la compañía.




Ya sabemos, señorías -lo sabemos, por desgracia-, que la mayoría
parlamentaria dirá que no y también ya saben ustedes que una negativa
anterior a la comparecencia
de la misma persona en el Congreso de los Diputados dio pie a
un recurso de amparo que mi grupo parlamentario presentó ante el
Tribunal Constitucional.




El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Martínez Noval.




El señor MARTÍNEZ NOVAL: Imagínense las preguntas que a mi grupo le
apetecería hacer al responsable de la compañía. Bangemann no va a ser
gestor de la compañía sino asesor, según se conoce. ¿Qué tanto espera
Telefónica de su asesoría, si un diario británico, Daily Telegraph
asegura que su contrato va a suponer 650 millones de libras anuales,
esto es 166 millones de pesetas, o sea un millón de euros anuales? Un
contrato con esa retribución como compensación, y en esos términos sí
hablamos de algo parecido a Ronaldo; un contrato que sin duda llamará
la atención de millones de españoles. ¿Qué conocimientos, se
preguntará mucha gente, atesora Bangemann que valen nada menos que
166 millones de pesetas anuales por darlos a conocer? Señorías, a la
vista de esa cifra, el capital conocimiento, el capital humano, el
know how -como se quiera decir-, debe ser cuantiosísimo para sacarle
ese rendimiento anual sin otro compromiso que el buen consejo a la
empresa.

Otra eventual curiosidad sería saber si la compañía española espera
beneficiarse de los conocimientos que Bangemann tenga de la
competencia europea de Telefónica, porque si no es así, tal como se
asegura, ¿en qué va a consistir su asesoría? ¿Acaso va a establecer
Bangemann murallas chinas en su mente para asesorar a Telefónica y va
a discernir en todo momento lo que sabe como comisario y lo que
conviene a Telefónica? ¿Va a establecer esas murallas chinas que
aconseja la Ley del Mercado de Valores en el tráfico mercantil?
Señorías, una pretensión piadosa pero increíble, inverosímil.




En suma, señorías, mi grupo pretende que el Gobierno español, con su
presidente a la cabeza, adopte una actitud radicalmente distinta de
la que ha conducido sus pasos hasta este momento. En el ámbito del
Consejo Europeo debe ser posible una mayor concreción del artículo
213 del Tratado, y puesto que se trata de una empresa española es
exigible que sea el presidente del Gobierno español quien lidere la
dignificación de la Comisión estableciendo reglas para impedir que el
caso Bangemann se pueda volver a repetir. De eso, señorías, y no de
otra cosa queremos discutir con el presidente del Gobierno en el
Pleno cuya convocatoria solicitamos de la mayoría de esta Diputación.

En nuestra opinión sería el mejor modo de recuperar ante los ojos de
los ciudadanos el maltrecho crédito de la Comisión. No es
aconsejable, señorías, no es conveniente que el descrédito de una
institución europea se acreciente sobre el silencio huidizo y
descomprometido de nuestro Gobierno, del Gobierno español.

Gracias. (Aplausos.)



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval. ¿Algún grupo
parlamentario desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
En ese caso, ¿grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto quieren repartir su tiempo los
señores Peralta y Rodríguez.

Señor Rodríguez.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la solicitud del Grupo
Socialista en ambos casos. En el primero de ellos lo hacemos porque
pensamos que se trata del sector aeroportuario, un sector de gran
fragilidad en el Estado español, y que en esta situación de gran
fragilidad convendría tener la información y transparencia debidas.

A nadie se le oculta que estamos viviendo una situación conflictiva,
derivada en gran parte de procesos de transformación y también de
problemas que derivan de la propia estructura del sistema
aeroportuario en todos sus elementos. Hay un proceso que afecta a
AENA y un proceso que afecta a Iberia en cuanto a empresas una
claramente en proceso de privatización y otra con planificaciones
para el futuro que pueden cambiar fundamentalmente lo que ha venido
siendo hasta ahora, y además la relación con sus trabajadores, sean
pilotos o controladores.

En todo caso, nosotros no apoyamos esta solicitud del Grupo
Socialista solamente teniendo en cuenta el caos pasado, hoy limitado
o disminuido, sino también la importancia que tiene planificar y
vigilar esta situación porque pensamos que el Estado español no se
puede permitir el lujo de que el sistema aeroportuario falle, debido
a la falta de ferrocarril adecuado en gran parte del territorio y
también a la gran importancia del turismo así como algunos eventos
que se vienen realizando de forma anual y que atraen a muchos miles
de personas al territorio del Estado español. Por tanto, esta
fragilidad nos lleva a atender esta petición, a votarla
favorablemente y a pensar que el Gobierno debería dar cuenta adecuada
de qué planificación tiene y qué vigilancia se ha establecido sobre
este sector, que nos ha preocupado y nos ha llevado a situaciones
críticas recientemente.

En relación con el problema del comisario Martin Bangemann, como
Bloque Nacionalista Galego queremos hacer especial incidencia en
algunas cuestiones claves. Todos somos conscientes de que las
instituciones democráticas están sometidas a una gran presión de los
grandes intereses económicos. Sería fatal que esta presión se pudiese
realizar perdiendo las formas con total descaro e incluso
subordinando estas instituciones a los intereses económicos con total
desparpajo.

En segundo lugar, pensamos que la vigilancia sobre este problema es
esencial en el actual proceso de trasnacionalización que provoca
muchísimas veces efectos
no deseados. El poder del dinero, cuando no tiene siquiera el
contrapeso de poderes políticos de ámbito estatal, puede provocar
fenómenos muy claros, como el que acabamos de comprobar con el señor
Bangemann, que no se convierte solamente en asesor sino nada menos
que en miembro del consejo de administración de Telefónica.

En tercer lugar, pensamos que la actitud del señor Bangemann al haber
accedido a este tipo de puesto en Telefónica, no respetando el paso
del tiempo y no respetando siquiera el fin y las funciones en que va
a ser ocupado, demuestra un total desparpajo, un total descaro que es
algo muy indicativo en la actual situación de fragilidad de los
regímenes democráticos. Pensamos que las instituciones no se pueden
convertir en un mercado exclusivamente al servicio de las relaciones
empresariales y de los grandes favores, y que esto se haga además en
nombre de la competitividad demuestra hasta qué extremo el déficit
democrático que podemos padecer es muchísimo mayor del que ya nos
está preocupando. Por todo ello pensamos que debía haber un debate
sobre la cuestión, que el Gobierno debía ser beligerante y tendríamos
ocasión de clarificar muchas cuestiones que no por intentar
presentarse bajo la fórmula de estricta legalidad desde el punto de
vista político, y no voy a decir ético porque ya empieza uno a no
saber lo que es, resultan francamente escandalosas. Por todo ello
vamos a apoyar las dos comparecencias.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.




Señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.




Me van a permitir que cambie el orden de los temas de debate y
comience por el relativo al comisario Bangemann.




Señorías, la actual norma fundamental de la Unión Europea, su
Tratado, dice en su artículo 157.2 que los comisarios en el momento
de asumir sus funciones se comprometerán solemnemente a respetar
mientras dure su mandato, y aun después de finalizar éste, las
obligaciones derivadas de su cargo, en especial los deberes de
honestidad y discreción en cuanto a la aceptación, una vez terminado
su mandato, de determinadas funciones y beneficios. Éste es el tenor
literal de la actual norma máxima de la Unión Europea. Cuando existe
esta norma y nos encontramos con el hecho de que una empresa
importante de un sector sobre el que un comisario ejerce sus
competencias anuncia la contratación de ese comisario todavía en
activo, sin lugar a dudas estamos en presencia de un ataque frontal a
dicho precepto de la norma máxima de la Unión Europea, un ataque
frontal a la credibilidad de la Comisión y por extensión de todo el
entramado institucional de la Unión Europea.




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Estas afirmaciones, señorías, no son de este diputado del Congreso
español, es la valoración que han hecho de este tema las
instituciones europeas. Quiero recordar a SS.SS. que nada más
producirse este anuncio, la Comisión Europea acuerda suspender al
comisario Bangemann y no aceptar su incorporación a la empresa
Telefónica.

Creo que es oportuno recordar aquí también, puesto que gobierna como
saben ustedes el señor Blair, la reacción al día siguiente del
gobierno de Gran Bretaña. Dijo literalmente: el Gobierno lamenta la
decisión de Bangemann; esto sería inaceptable en la vida pública del
Reino Unido.

Creo que también es oportuna la posición del Gobierno alemán,
nacionalidad del señor Bangemann. Dijo su portavoz: ha hecho un flaco
favor a Alemania y ha causado un perjuicio adicional considerable a
la imagen de la Comisión Europea.

Para terminar, tres países (Alemania, Gran Bretaña y Luxemburgo)
encabezan la toma de posición del Consejo de denunciar al señor
Bangemann, como se ha hecho finalmente, ante el Tribunal Europeo.

Ante esta situación, ¿cuál ha sido la posición de España? La posición
de España ha sido clara, señorías. Por una parte y como se ha puesto
de manifiesto, ser corresponsable de este desaguisado. La empresa que
contrata al señor Bangemann es la principal empresa de nuestro país:
Telefónica de España. La valoración del Gobierno de España nada más
producirse el hecho, por boca del ministro de Fomento, fue decir: es
un buen fichaje que forma parte de la autonomía de gestión de la
empresa. Ésa fue la reacción inmediata del ministro competente en la
materia; mejor que competente habrá que decir del ministro del ramo.

Ésta es la reacción del señor Arias, que es corroborada días después
por el señor Piqué, que dice que al Gobierno le parece oportuno que
se cumpla la ley y cree que en este caso se ha cumplido. Una semana
después, el 9 de julio, el mismo señor Piqué dice que el Gobierno no
tiene opinión porque se trata de una persona contratada por una
empresa privada. Ciertamente, una posición absolutamente incoherente.

Si se entiende que se respeta la ley, ¿cómo cabe finalmente denunciar
el hecho ante el tribunal? ¿Cómo decir que no tiene opinión el
Gobierno cuando una semana antes los ministros han mantenido
opiniones distintas?
Señorías, nos parece que esta posición desentona del ámbito europeo,
pero no desentona de la realidad de este país. Es una posición
coherente por parte de la empresa y por parte de este Gobierno. Por
parte de la empresa, porque la actual Telefónica de España es el
resultado de una privatización peculiar con clara interferencia del
Poder Ejecutivo y con claro apoyo del mismo a un determinado equipo
en el momento de la privatización y en momentos posteriores:
recuerden ustedes los temas de las tarifas, la guerra televisiva,
etcétera. ¿Puede extrañar, por tanto, que una empresa, acostumbrada
en los últimos meses a contar con el apoyo gubernamental, busque y
compre el apoyo
comunitario? Por parte del Gobierno de este país, porque, ¿cabe
pensar que vea mal que un comisario cese para atender a una empresa
del sector cuando tenemos algún ministro, el ministro de Industria y
Portavoz del Gobierno, que sin cesar en el Gobierno sigue defendiendo
los intereses de la empresa a la que anteriormente prestaba
servicios, y eso reconocido tarde y mal después de que una
subcomisión dijera que no había nada reprobable por virtud de la
mayoría de esta Cámara?



El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, su tiempo se está agotando.




El señor PERALTA ORTEGA: Termino inmediatamente, señor presidente.

Como consecuencia de esas actuaciones, nuestro país ha quedado en muy
mal papel en Europa. Nuestro país no puede ejercer así ningún
liderazgo y, desde luego, el señor Aznar no ejercerá ningún liderazgo
en Europa. La comparecencia del Gobierno, solicitada por el Grupo
Socialista y que nosotros apoyamos, no es, desde luego, para que nos
dé ninguna lección el señor Aznar. Por el contrario, es para que
reciba lecciones de quienes han mantenido una posición coherente en
este tema. Quiero decirles, señorías, que el día 2 de julio nuestro
grupo, Nueva Izquierda, presentaba una proposición no de ley pidiendo
que el Gobierno de España denunciara al señor Bangemann. Hay que
reconocer que, finalmente, a trancas y barrancas, lo ha hecho.

En cuanto al tema aeroportuario, señorías, una vez más discutimos
esta cuestión, que parece que va a ser la estrella de esta
legislatura. Pero hablar mucho de ello y que la mayoría se resista a
dar soluciones sólo sirve para deteriorar a las instituciones,
empezando por el propio presidente del Gobierno, que no queda a buena
altura a tenor de las declaraciones que recordaba el portavoz del
Grupo Socialista. Nosotros creemos que es necesario hablar de este
tema porque sigue habiendo problemas importantes para los ciudadanos
de este país -piensen, señorías, que ha habido 46 millones de
usuarios en nuestros aeropuertos en el primer semestre de este año-,
para las empresas, para la imagen de España. Urge, por tanto,
resolver este tema y urge que comparezca quien tiene la
responsabilidad de que hasta la fecha no se haya resuelto.

Pero yo no me atrevería a terminar, no quisiera hacerlo, sin decir
que me conformaría con que compareciera el señor Aznar. El señor
Aznar tiene que comparecer y decirnos lo que le llevamos reclamando
mucho tiempo: que ha cesado al señor Arias-Salgado. Porque ése es el
requisito imprescindible para que se pueda empezar a pensar en
soluciones a este grave problema.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.

Pasamos al Grupo de Coalición Canaria, que estará representado por
don Luis Mardones.




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El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.

Comenzaré en el orden en que los portavoces de la iniciativa del
Grupo Socialista lo han expuesto y fijaré la posición de mi grupo
respecto a la comparencia o no del señor presidente del Gobierno, tal
y como se pide en esta iniciativa.

Con respecto al primer punto, me llama la atención la falta de
sincronía que puede haber entre una demanda de iniciativa
parlamentaria y la realidad de los hechos. Realidad de los hechos,
sin menoscabar la preocupación que pueda tener el ciudadano que vaya
a recurrir al transporte aéreo en España en el período vacacional, en
los meses de julio y agosto.

Yo no sé si esta iniciativa fue concebida con la anticipación de la
futurología o cuando en los meses pasados las circunstancias de
anormalidad en el tráfico aéreo estaban implantadas en los
aeropuertos nacionales españoles bajo la administración de AENA, pero
lo cierto es que la realidad de los hechos en el momento en que
tenemos este debate está ahí y es de normalidad en el tráfico aéreo
en España. Se solicita la comparecencia por cuestiones que están
fuera del control directo español, como es el caso de Eurocontrol en
los vuelos en el continente europeo, que anteriormente estaban muy
condicionados por el tráfico militar en el conflicto de Yugoslavia,
hoy reducido a mínimos, y cuando se normaliza el funcionamiento de
las compañías comerciales privadas españolas y de otras
nacionalidades que operan en el territorio español. Por tanto, no
vemos la necesidad de una comparecencia inmediata por parte del
presidente del Gobierno.

Cuando han existido problemas similares, generados bien por huelga de
la compañía de otro país europeo, como fue el caso de Air France, o
de los controladores franceses que han alterado todo el tráfico del
Mediterráneo, no se ha tomado ninguna iniciativa por parte de ningún
grupo parlamentario francés exigiendo la presencia de las máximas
representaciones institucionales de la República o del Gobierno en la
Asamblea Nacional para dar explicaciones. Por tanto, en este caso
tampoco había un efecto comparativo.

Ahora bien, se ha hecho una alegación referida a responsabilidades
administrativas que, por un lado, iban dirigidas hacia Iberia en su
relación como empresa privada y el sindicato de pilotos Sepla, donde
se planteaban unas reivindicaciones. Hoy, después de las
negociaciones entre Iberia y el Sepla, las relaciones se han
pacificado y existe el cumplimiento de la normalidad laboral y
horaria por parte de los pilotos. Digo esto desde la experiencia de
este mismo diputado que, por razón del origen de su distrito
electoral, hace uso frecuente, semanal, como otros diputados, y ha
sido testigo directo de las anormalidades ocurridas meses atrás y de
la normalidad que hay en el tráfico aéreo en el tiempo presente.

Por otro lado, existe el binomio de la relación entre AENA y el
control aéreo civil español. El primer punto es de índole privado y
en cuanto al segundo punto,
podíamos hablar de una presunta responsabilidad política
o administrativa de la Administración, bien a través de AENA o bien a
través de los controladores.

Quiero plantearle, con toda cordialidad, al portavoz socialista que
para solucionar este tema tenemos que aprobar una legislación nueva
sobre los controladores, porque esto no es de ahora. Los
controladores están usando las facultades que les dio el Gobierno en
1990, cuando en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, siendo
ministro Carlos Solchaga, se crea el organismo AENA, transformando el
antiguo organismo autónomo Aeropuertos Nacionales, que tenía una
dependencia administrativa directa, hasta tal punto que se obligó por
el Gobierno del que formaba parte el señor Solchaga a todo el
personal que pasara a AENA a que optara entre pasar a un ente con un
contrato laboral nuevo o quedarse en la Administración civil del
Estado escogiendo un Ministerio. Personas que habían estado toda su
vida profesional en Aeropuertos Nacionales se vieron obligadas -as
que no quisieron acogerse a un contrato laboral- a pasar a otros
organismos de la Administración central de Estado. No se quiso
resolver el problema porque los controladores se plantaron; se
plantaron al Gobierno de 1990 y exigieron continuar con el status de
funcionarios civiles del Estado. Y mantuvieron el monopolio. Lo que
ocurre actualmente con el todopoderoso sindicato de controladores no
es de ahora; esto viene de atrás, de la Administración que no quiso
arreglar estos problemas desde 1990. Por tanto, tengamos el grado de
responsabilidad suficiente de saber quiénes firman las hipotecas de
la situación actual.

Desde luego, mi grupo quiere que este problema de los controladores
se resuelva y si es necesario incitando al Gobierno a que el
Ministerio de Educación abra centros de formación de controladores
para que expidan la titulación oficial debida. Ya veremos qué pasa el
día en que haya 1.000 ó 2.000 controladores titulados por escuelas o
facultades de la Administración general del Estado y presionen a los
compañeros que están colocados en las torres de control, que no
podrán seguir actuando como auténticos puntos de control, como
ocurría con los gremios medievales para que alguien pudiera
desempeñar una actividad u oficio. Debe haber una habilitación
directa de la Administración general del Estado, que es quien puede
expedir cualquier título oficial en este país.

Nosotros estamos dispuestos a solucionar el problema, pero no sé en
qué puede contribuir la comparecencia de un presidente del Gobierno
para resolver este problema entre AENA y los controladores, que viene
de 1990.

A mi grupo no le parece de recibo que haya que seguir soportando
determinadas posiciones de poder que tienen los controladores aéreos.

Pero tampoco he escuchado a los portavoces qué solución debe darse a
este problema. Si se solicita que venga el presidente a contar su
versión, puede venir, pero los grupos tendríamos que mojarnos y decir
qué solución proponemos,



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qué iniciativas legislativas tomamos en esta Cámara para levantar el
poder gremial del sindicato de controladores aéreos, con esas cifras,
con esas horas extraordinarias que ofenden a cualquier persona con un
mínimo sentido de la justicia social y laboral. Si injusta es la
postura de los controladores, también lo es la remuneración que
perciben por horas extraordinarias.

Por tanto, dicho esto, y para no alargarme más, señor presidente, mi
grupo va a votar en contra de la comparecencia del presidente del
Gobierno para hablar de este tema y sí en cambio para que las
iniciativas prosperen por la vía que he manifestado.

En cuanto al segundo punto, relativo al comisario europeo don Martin
Bangemann...




El señor PRESIDENTE: Ha de resumir S.S.




El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor presidente, con gran
rapidez.

Desde luego, ofende al mínimo sentido ético, pero ése es un problema
personal, en primer lugar, del señor Bangemann. En segundo lugar, es
un problema de la Unión Europea. No me parece bien que si durante
muchos años estamos abogando por dotar una iniciativa de poder
democrático más al Parlamento Europeo, se diga ahora que la
iniciativa de la solución de este problema la tiene que tomar en
solitario un Gobierno de la Unión Europea. Vamos a forzar en el
Parlamento Europeo, de reciente constitución, a través de nuestros
grupos parlamentarios, a que aprueben la iniciativa de un mínimo de
exigencia ética. Como bien ha recordado el portavoz don Ricardo
Peralta, por el Grupo Mixto, el código de conducta es de mínimos.

Debían haber puesto las barbas a remojar cuando se produjo el
escándalo de López de Arriortúa con su pase de una empresa
norteamericana de automóviles a una empresa privada -no tan privada-,
la Volkswagen europea.

Pues bien, igual que esta Cámara, en su día, forzó al Gobierno a
tomar la iniciativa de que en la Ley electoral general figuraran las
incompatibilidades de los señores diputados y senadores y de los
miembros del Gobierno, de forma clara y contundente, no como una
referencia muy vaga a la honestidad personal y a los valores íntimos
de una ética interpretada bajo mínimos, como tiene hasta ahora la
Unión Europea, vamos a forzar a la institución que tiene que ocuparse
de esto. Porque la empresa que le ha contratado es española -cotizada
en Bolsa, incluso en Nueva York-, pero el autor de la desfachatez es
el señor Martin Bangemann, de nacionalidad alemana. Por lo menos,
sería bueno que a los alemanes se les despierte un mínimo de sentido
ético -lo podemos compartir- (Rumores.) y que lo digan, porque el
señor Bangemann fue propuesto, en su día, por un Gobierno democrático
de la República Federal alemana. Vamos a ver los orígenes políticos
del señor Bangemann.

Personalmente, creo que Telefónica ha hecho un mal fichaje (y mi
grupo también opina así, pero allá Telefónica como empresa privada),
por las razones que voy a
decir. No porque se haya basado en la falta de ética del señor
Bangemann, sino porque creo que Telefónica ha hecho un contrato
contraproducente, señorías, porque si lo que trae el señor Bangemann
en su cartera o en sus neuronas memorísticas es información de las
telecomunicaciones de empresas europeas, mal lo va a tener Telefónica
en todo paso que dé sobre telefonía en Europa si al comisario de la
competencia le llegan las denuncias pertinentes de que Telefónica
puede estar utilizando información privilegiada que le haya pasado el
señor Bangemann.

En cualquier caso, vuelvo a decir que la iniciativa para corregir
esta situación, en base ética, pero también en base legal, no tiene
que ser del Gobierno español. A juicio de mi grupo, la iniciativa
tiene que ser, en primera instancia, del Parlamento Europeo, al que
no le podemos negar aquí -y de ello hemos estado hablando- su déficit
democrático. Si ahora lo tiene, que el Parlamento Europeo exija.

Cuando el señor Prodi comparezca ante el Parlamento Europeo y
presente a su nuevo equipo colegiado de comisarios, levántense los
portavoces de los distintos grupos parlamentarios en el Parlamento
Europeo (espero que el de los socialistas europeos lo haga) para
exigir la rectificación correspondiente. Al mismo tiempo, el señor
Prodi -el nuevo presidente de la Comisión- y la Comisión Europea
tienen que ser los que recaben para sí el ser honrados y parecerlo, y
para ello es necesario que la propia Unión Europea incentive también
un código de conducta, con unas incompatibilidades clara y
contundentemente señaladas, para que si algún comisario se tira al
monte en relación con alguna contratación administrativa, estas
situaciones las pueda resolver la Comisión Europea.




El señor PRESIDENTE: Concluya, don Luis.




El señor MARDONES SEVILLA: Creemos que esto es lo que se tiene que
corregir fundamentalmente, pero no a través de una explicación que a
este respecto daría el presidente de cualquier Gobierno europeo.

Antes de que se pronuncie un presidente de cualquier Gobierno
europeo, salvo en cuestiones de valoración ética -jurídicamente
inservibles en este momento-, las instituciones europeas se tienen
que pronunciar sobre este problema surgido en Europa. El problema no
ha surgido en Telefónica ni ha surgido en España, el problema ha
surgido en dos instituciones europeas: el Consejo de la Unión Europea
y su órgano de tutela y de control, el Parlamento Europeo.

Por esta razón, señor presidente, mi grupo se va a oponer a la
comparecencia del señor presidente del Gobierno en relación con estos
aspectos.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.




Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.




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El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.

En el Grupo Parlamentario Vasco celebramos con satisfacción la
constatación fehaciente de que algunos itinerarios del tráfico aéreo
en este país funcionen; sin embargo, no es ésta la constatación de
los diputados de mi grupo ni siquiera de aquellos ciudadanos que
presentan como una de sus quejas más reiteradas el planteamiento de
que no es razonable lo que está sucediendo en los últimos meses en el
tráfico aeroportuario del país, que no es ni lógico ni razonable.

Esta queja es bastante extensa, incluso algunas de las votaciones que
se han celebrado en esta Cámara en relación con estos temas han
causado indignación a este grupo de usuarios, que no son sólo
turistas sino gente que mayoritariamente se dedica a la actividad
industrial o de negocios. Estas personas no ven razonable que, en un
país en el que se les está exigiendo competitividad y se les están
exigiendo unos parámetros de trabajo, cuando ellos son usuarios se
les dé un trato por parte de algunas empresas públicas que no
entienden lógico ni razonable.




Como decía el portavoz del Grupo Socialista, es verdad que las causas
que se han ido manifestando a lo largo de estos últimos meses pueden
haber sido, en algún momento, determinantes de la situación que ha
conocido el tráfico aeroportuario, pero en la medida en que los meses
han ido avanzando, parece que son a todas luces insuficientes o, por
lo menos, no responden a la realidad de los hechos en la parte
nuclear del análisis que realiza el Ministerio de Fomento. Ya no hay
guerra en Kosovo, ya no hay huelga de celo por parte de los pilotos
de Iberia y, además, el regulador europeo está señalando con el dedo
a las autoridades españolas. Asumamos la situación tal cual es. En
las conexiones con vuelos en aeropuertos de Centroeuropa, uno mismo
puede constatar en los paneles que son los vuelos provenientes de
España, tanto de Madrid como de Barcelona, de Málaga o de Bilbao,
señor presidente, los que llegan con retraso. Ésta es una
constatación que uno mismo puede hacer en cualquiera de las semanas
que vuela al extranjero. Incluso en las propias salas de espera de
los aeropuertos se está indicando que los vuelos que llegan con
retraso son los que proceden de aeropuertos del Estado.

Está claro que ha habido una falta de previsión en la planificación,
una falta de respeto a los propios usuarios y una falta de
consideración no sólo a los turistas, sino a esos agentes
industriales o comerciales que observan con cierta preocupación -y
creo que éste es un dato relevante- que a ellos se les exigen por
parte de las empresas unos niveles de competitividad y que, sin
embargo, no son tratados de la misma manera. Nos tememos que se está
aceptando como normal lo que es anormal, que en estos últimos meses
se está considerando habitual lo que es extraordinario y que se está
calificando por parte del Gobierno como racional lo que, a todas
luces, es irracional. Por eso, nos parece lógico que el Gobierno
adopte medidas urgentes para
ofertar un servicio razonable, propio de una sociedad moderna.

Pensamos que el presidente del Gobierno no puede seguir mirando a
otro lado, dada la imagen de país que se está ofreciendo.

Para imágenes y sonrojos, un ejemplo claro del nivel al que puede
llegar el sonrojo de una ciudadanía que observa estos hechos con
preocupación, es el de la contratación por Telefónica Española del
comisario Bangemann. Creo que sobran las palabras. A la vista está
que lo único que Telefónica Española puede comprar en este caso son
favores prestados o información que no debiera estar disponible para
una empresa que dice ser privada.

En consecuencia, señor presidente, el Grupo Parlamentario Vasco
considera razonables las dos solicitudes que ha formulado el Grupo
Socialista para que se acuerde, en el día de hoy, la celebración de
una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados,
para que comparezca el presidente del Gobierno para informar, por una
parte, sobre las medidas que piensa adoptar, con carácter inmediato,
en relación a los problemas y a las soluciones que exige el tráfico
aéreo y, por otra parte, sobre las medidas que piensa adoptar, ante
el próximo Consejo Europeo, ante la contratación por parte de
Telefónica del comisario Bangemann.




Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González de Txabarri.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor López de Lerma.




El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista solicita la celebración de una
sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados para
tratar las dos cuestiones que aquí se han expuesto.

Me voy a referir al primer punto, es decir, aquel que habla de la
comparecencia del presidente para tratar sobre la problemática del
tráfico aéreo y de los aeropuertos españoles. Los hechos que aquí se
han descrito y la propia argumentación que ha hecho el señor Caldera,
en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, pueden llegar a ser
compartidos en parte por nuestro grupo, porque no podemos negar que
tanto el Ministerio de Fomento como el Ministerio de Industria no han
sido en este tema un modelo de previsión en el tiempo. Los hechos
restan credibilidad a la acción de Gobierno, que es satisfactoria en
muchísimos escenarios. En el fondo, es una exhibición de impotencia
ante los usuarios y el conjunto de la ciudadanía que no entienden qué
es lo que está sucediendo y por qué no se pone orden en ese caos
aéreo. Es algo que resulta vergonzoso para el buen nombre del país en
su conjunto y los acuerdos que se dice se están suscribiendo, y el
señor Piqué ha aparecido finalmente en una foto con los pilotos y los
controladores, tienen mucho de



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oscurantismo.No sabemos a ciencia cierta qué es lo que están tratando
y lo que están firmando, aunque todos sospechemos que, al final, el
dinero, es decir, lo que ha llamado el señor Caldera los incentivos,
van a resolver la problemática. Por cierto, problemática que viene de
lejos, como ha puesto de manifiesto el señor Mardones, que no nace en
esta legislatura. Su cimentación se produce con los gobiernos
socialistas y, por un mal enfoque en la resolución de los problemas
que ya aparecieron entonces, se ha creado una elite, constituida por
los controladores y los pilotos, que, a nuestro juicio, es el
auténtico gobierno aeroportuario de este país. Quien gestiona los
cielos y las tierras aeroportuarias son los controladores y los
pilotos, no es el Gobierno del Estado. Además, lo hacen con auténtica
mentalidad gremial, auspiciada ya hace muchos años al darles dinero,
incentivos, al crear la cooptación dentro de los controladores y al
hacer absolutamente respetables a los pilotos en sus alocadas
demandas económicas.

Dicho esto, debemos afirmar también que estamos asistiendo, señor
presidente, a lo que podríamos denominar la teatralización veraniega
de unos hechos que vienen de lejos, que vienen siendo tratados en
esta Cámara, que han sido expuestos en comisiones, que han provocado
comparecencias, que han sugerido preguntas, que han merecido
interpelaciones, etcétera, pero que nunca a lo largo de los últimos
meses vividos en tiempos parlamentarios hábiles han merecido por
parte de ningún grupo parlamentario, y tampoco por parte del Grupo
Socialista, la solicitud que hora se nos pide, la comparecencia del
señor presidente del Gobierno.

Nos llama mucho la atención que esto no se haya solicitado en tiempo
hábil parlamentario, cuando era posible de acuerdo con el Reglamento,
y se haga ahora, en tiempos inhábiles parlamentarios, aunque para eso
esté la Diputación Permanente. Además, ha habido un debate de
política general recientemente y por parte del portavoz del Grupo
Socialista se despachó -es una expresión coloquial- la cuestión
exactamente en dos líneas del «Diario de Sesiones». Es decir,
entonces no merecía atención, lo que es absolutamente respetable,
pero hoy le merece al Grupo Socialista la convocatoria de esta
Diputación Permanente para que venga el presidente del Gobierno a
tratar de una cuestión sobre la que nunca se ha pedido su presencia
en la Cámara de manera monográfica y a fondo como se nos sugiere hoy.

El señor Caldera en su intervención ha solicitado de distintos
grupos, y ha mencionado el nuestro -le agradecemos la atención-, el
apoyo a la iniciativa para poder afrontar el problema mediante un
plan; ésta es su cita casi textual. Lo que a nosotros nos sorprende
es que se nos pida esa colaboración en la resolución de un grave
problema, que lo es, y que en el debate y votación posterior sobre
política general el Grupo Socialista se inhibiera respecto de una
propuesta de resolución de nuestro grupo donde se instaba al Gobierno
a promover la formación de nuevos controladores
y pilotos en la línea que ha expuesto el señor Mardones (no en
la línea de la cooptación que apoyó decisivamente el Grupo Socialista
y el Gobierno socialista en su momento), convirtiendo a los
controladores en un cuerpo de élite, a proceder a la aplicación
generalizada a los sistemas de aerocontrol, a priorizar las
inversiones en infraestructuras e instalaciones aeroportuarias,
a impulsar la reforma de AENA y la transformación de la gestión de los
aeropuertos a los que se debía incorporar, según decíamos nosotros,
la sociedad civil y las administraciones autonómicas competentes.

Quizás este final de nuestra propuesta de resolución, que es la
incorporación de la sociedad civil y de las administraciones
autonómicas competentes, fuera el que sugiriera al Grupo
Parlamentario Socialista su inhibición al respecto. Por lo tanto,
señor presidente, lo que se nos pide hoy es aquello que se nos negó a
nosotros en ese debate de política general.

En definitiva, un cierto teatro parlamentario, señor presidente,
dicho con todos los respectos, en época veraniega donde no interesa
tanto resolver el problema como erosionar al Gobierno y, sobre todo,
forzar una cierta fotografía de connivencia, que lógicamente nosotros
rechazamos desde la crítica a la gestión, pero en todo caso desde la
sugerencia, como hicimos en su momento, en tiempos de las
interpelaciones, en tiempos de las comparecencias y cuando el debate
general para resolver de manera inmediata la problemática existente.

Respecto de la segunda cuestión planteada por el Grupo Parlamentario
Socialista, la del comisario Bangemann, no tenemos nada que añadir,
sino todo lo contrario, suscribir las palabras del señor Martínez
Noval. Creemos que se ha producido una confusión entre intereses
públicos e intereses privados, y afirmamos acto seguido que la
Comisión Europea -su propio cese global así lo confirma- ha vivido
una etapa de descodificación ética, eso es lo cierto. Una de las
manifestaciones seguro que es esa que hoy comentamos del llamado
fichaje por Telefónica del señor Bangemann.

La reacción del ministro Arias Salgado, calificando de buen fichaje
para Telefónica ese encuentro, para nosotros es una muestra de
insuficiencia de sensibilidad por parte del titular del Ministerio de
Fomento, por decirlo de manera suave, y las declaraciones del señor
Piqué absolutamente contradictorias, ya estamos acostumbrados
a ellas, se las podrían también ahorrar. En todo caso la comparecencia
que nos piden del presidente del Gobierno para informar de las
medidas que piensa adoptar ante el próximo Consejo Europeo tampoco
nos parece oportuna. No creemos necesaria la convocatoria de un Pleno
extraordinario para tratar una cuestión que de hecho quizá tarde,
quizá no liderando, quizá mal por las expresiones de los dos
ministros, el Gobierno español ya ha hecho cuando, a través de la
Unión Europea, como miembro integrante de los Quince, ha denunciado
ante el Tribunal de Luxemburgo ese fichaje del señor Bengemann por
Telefónica calificándolode falta de honestidad y de discreción.

Además,



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todo esto se ha basado, como aquí se ha recordado por parte del Grupo
Parlamentario Mixto, ni más ni menos que en el Tratado de Amsterdam,
en el que se explicita que las funciones de los comisarios no pueden
comprometer a la Comisión mientras dure su mandato, ni tampoco
después de finalizar el mismo, en especial en los deberes de
honestidad y de discreción.

Será bueno, como aquí se ha puesto de manifiesto, que en septiembre,
cuando comience la nueva etapa, tanto la Comisión, como el Parlamento
Europeo, y quizá el señor Marín cuando asuma las funciones de
presidente de la cesada Comisión, en el tránsito, que parece ser que
será el próximo día 20 de este mes, y el señor Prodi, asuman la
necesidad, como aquí se ha expuesto, tanto por el Grupo Parlamentario
Socialista, como por el resto de los grupos parlamentarios que se han
manifestado, de que exista un código ético en relación a los
comisarios. Pero no nos parece que sea necesaria la convocatoria de
un Pleno extraordinario para que venga el señor presidente del
Gobierno a exponer lo que ya ha sido expuesto de manera colegiada por
el conjunto de los Quince Estados miembros de la Unión Europea.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Lerma.

El señor Santiso, por el Grupo Federal de Izquierda Unida.




El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a intervenir en relación con la situación aérea, en primer lugar,
para manifestar el apoyo de nuestro grupo a la petición de
comparecencia del señor Aznar porque entendemos que es procedente, ya
que fue el que se autoerigió para impulsar una solución al problema.

Es conocido que después de los primeros problemas serios (el caos en
Barajas, los retrasos, las suspensiones de vuelos, los continuos
cambios en la dirección de AENA) siempre se han buscado responsables
entre los segundos niveles. Sin embargo, estos cambios no han sido
suficientes porque, según nuestra modesta opinión, el responsable es
el propio ministro y, por tanto, por muchos segundos niveles que
cambiaran el problema iba a persistir. Y ha persistido hasta el punto
de que el señor Aznar dijo que iba a dar instrucciones para resolver
todos estos problemas. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.)
Pues bien, en primer lugar, apareció una figura nueva en la
negociación, el señor Piqué, que, como responsable de SEPI, cerró la
primera negociación con los pilotos. Como aquí se ha dicho, no se
conoce todavía el alcance real de la negociación ni el coste
económico para la compañía y la propia SEPI. La última fase de
privatización de Iberia, una vez más, ha consistido en permanecer
cautivos los usuarios y los propietarios de la compañía de un
colectivo como el de pilotos, en
detrimento del resto del colectivo de trabajadores de Iberia y en
perjuicio de los propios usuarios.

En esa misma línea, cuando surge el conflicto con AENA de los
controladores aéreos, pensábamos que el Gobierno había aprendido la
lección y que iba a emprender el camino más fácil, que era intentar
negociar cuestiones económicas con los controladores aéreos. Y, una
vez más, se emprende una negociación que culmina con un acuerdo
económico donde los controladores llegan, después de quejarse de las
muchas horas que trabajan, a un acuerdo donde esto se resuelve
fácilmente con dinero. Es verdad que son muchas las horas las que se
trabajan y que el trabajo es delicado y necesita una atención
importante y unas condiciones psicofísicas rigurosas, pero a mí me
sorprende que esto se pueda cambiar por dinero. Nosotros podemos
decidir por mayoría que aquí no hay problemas y que podemos seguir
esperando a que surja un conflicto más visible ante la opinión
pública para volvernos a reunir y a discutir sobre este problema;
pero lo cierto es que el problema existe y sería conveniente que el
señor Aznar nos explicase cuáles son las soluciones en las que se iba
a implicar para buscar una solución y, sobre todo, que nos dijera qué
soluciones no puntuales, sino de futuro tiene en este momento el
problema aéreo.

El Gobierno y quienes le apoyen pueden seguir negando la realidad,
pero los usuarios en los aeropuertos se sentirán burlados, una vez
más, y comprobarán que este Parlamento no responde a un problema
real. Porque hoy los usuarios van preparados al aeropuerto con un
buen libro, incluso con una dieta alimentaria, porque nunca se sabe
cuánto tiempo va a estar uno en el aeropuerto, o, si es posible, con
algún otro medio alternativo para la espera, y ya le dices a tu
madre: No me esperes porque voy en Iberia.

Es importante afrontar el problema, es importante hablar también de
Barajas, donde estamos asistiendo a declaraciones contradictorias.

Por una parte, el señor Ruíz Gallardón insiste en la necesidad y
posibilidad de construir un nuevo aeropuerto en un plazo de diez
años, aproximadamente, y, por otra, el señor Alvarez del Manzano
sigue negando esa posibilidad. Sería conveniente que se pusieran de
acuerdo, dada la importancia estratégica que tiene Barajas por las
comunicaciones...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Santiso,
le ruego vaya concluyendo.




El señor SANTISO DEL VALLE: Sí, señor presidente.

En todo caso, sería conveniente que se pusieran de acuerdo dentro del
Grupo Parlamentario Popular para saber cuál es la solución real de
Barajas. Porque, mientras, los vecinos de las zonas circundantes
siguen sufriendo los engaños, siguen sufriendo los anuncios de
cambios de rutas que les va a resolver el problema acústico, pero el
impacto acústico continúa. No hay más que ver estos días las cartas
al director en los periódicos, pero AENA sigue negando la realidad,
sigue ocultando incluso en las páginas de Internet los retrasos de
los



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vuelos, siendo muy difícil acceder a la información que hasta hace
muy poco tiempo era pública y constante. Podemos refugiarnos en ir a
medias globales del transporte diciendo que sólo son diez minutos,
pero los usuarios, incluso los que hoy aquí apoyan entusiásticamente
que no existe el problema, luego en privado cuando vuelven a Canarias
o a otros sitios se encuentran con el problema de que tardan en
llegar tres y cuatro horas más de lo previsto. Podemos seguir así,
negar la realidad y esperar a que se produzca un nuevo colapso para
intentar abordarlo, una vez más, como pasa con otros problemas. Por
ello, nuestro grupo insiste en la necesidad de ir a un debate
importante, de fondo, con soluciones que culminen abriendo el
mercado, entre comillas, de pilotos y de controladores. Hemos hecho
algunas propuestas, incluso coyunturales, como echar mano
puntualmente, por ejemplo, de controladores militares, que algunos
los descalifican, pero que han estado hace poco tiempo en el
aeropuerto de Valencia y en otros, mientras se promueve que las
universidades o las escuelas al efecto puedan aumentar
considerablemente el número de controladores y de pilotos aéreos,
y que acabemos con situaciones como la de estar prisioneros de
colectivos muy concretos, que lo que hacen es chantajear a la
sociedad con el agravio que supone para el resto de los trabajadores.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.

Tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Brevemente voy a intentar explicar cuáles son las tres razones por
las que Izquierda Unida va a apoyar la petición de que haya un Pleno
extraordinario para que el presidente del Gobierno responda a los
temas que pide la oposición. Pero antes permítame decir una cosa.

Creo que es una iniciativa positiva, porque estimula al Gobierno a
algo que es importante y es que no se tire dos meses de vacaciones, a
pesar de estar gobernando. Podría venir por aquí, con independencia
de que el Gobierno no tenga el apoyo suficiente para pedir una sesión
extraordinaria. Los dos temas que sugiere el Grupo Socialista y que
están encima de la mesa, además de que sirven para ejercer el control
del Gobierno de manera estable y permanente, afectan a la
credibilidad del Gobierno y a la propia acción de lo que ha sido su
anuncio inicial. ¿Cuáles son las tres razones por las que creemos que
son temas importantes que afectan al Gobierno y que son urgentes para
ser tratados en una sesión extraordinaria? La primera no es que se
haya producido un fichaje. Lo que se ha producido es un pelotazo en
las narices de la competencia, de las empresas que están enfrente.

¿Por qué digo esto? Porque se ha intentado adquirir un banco de
información, que es lo que tiene el señor Bangemann en sus manos,
para condicionar el
mercado, amañar el resultado futuro y actuar sin competencia. Además,
fíjense qué ironía se produce. Tengo en mis manos lo que es la
cultura política y administrativa europea, los tres códigos de
conducta de los comisarios, y hay un apartado que dice: Los
comisarios no aceptarán regalos por un valor superior a 150 euros.

Nada más empezar, la exposición de motivos habla de la plena
independencia de los miembros de la Comisión y dice que se deben
ejercer las funciones en base al interés general de la comunidad.

Desde luego, no se está haciendo en base al interés de la comunidad
que nosotros pretendemos defender.

Se trata de un código ético de funcionamiento. No es problema de
moral del señor Bangemann, es un problema político de fondo. Cómo se
funciona en las instituciones europeas, cómo se funciona en los
gobiernos y cómo funcionan las empresas a la hora de tener mejor
trato. Sobre todo, cómo entra y sale uno de la vida política. En este
país hemos discutido muchísimo de la incorporación de jueces, de
estrellas y de otra serie de personas, pero ¿cómo se sale del
ejercicio político o de la actuación en el Gobierno?
Este señor podrá compatibilizar cinco millones de sueldo -hablan de
60 millones de fichaje por Telefónica- con 1.200.000 pesetas de
indemnización por haber sido comisario. Falta decisión política para
regular algo en un proceso europeo que llevamos bastante tiempo
construyendo; un proceso europeo que, además de moneda, ha tenido
muchas discusiones más; pues no tenemos un código ético, un proceso
de incorporación e incompatibilidad a la hora de ejercer el cargo
público. Aquí se produce la compra de un banco de información para
amañar las condiciones que podamos tener en el exterior.

El segundo razonamiento es que afecta a una empresa española; una
empresa que ha sido -no sé como decirlo- apadrinada por el Gobierno.

¿Por qué digo esto? Al frente de esta empresa está, desde el año 1996
en que llegó al Gobierno el Partido Popular, el señor Vilallonga que,
además de la tentación de frivolidad que ha introducido -bastante-,
ha utilizado en el caso del fichaje del señor Bangemann el mismo
procedimiento que utilizó para quedarse con la empresa. Fue elegido
por el Gobierno en un momento en que la empresa era pública, utilizó
todo su poder dentro de ella, se blindó, compró apoyos y, después de
privatizada, sigue estando al frente. Es decir, ha amañado el proceso
de poder desde dentro. ¿Qué pretende ahora? Lo mismo; amañar el
proceso con el fichaje de una persona con la que no va hacer un
trabajo, va a tener condiciones para funcionar mejor.

Ese vicio es lo contrario de lo que anunció el Gobierno. Anunció que
iba a regenerar la vida política española, que había muchos vicios
introducidos por los gobiernos anteriores que se iban a corregir.

Esta forma de proceder no se ha corregido. Cuando las empresas
públicas eran privatizadas -se termina de vender en el año 1997-
había una presencia fuerte del Gobierno. Este padrinazgo o apoyo
compartido lleva a altos cargos



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del Gobierno (el señor Piqué, nada más y nada menos que el portavoz
del Gobierno, o el ministro de las malas comunicaciones, señor Arias)
a decir que es un buen fichaje para la empresa española, y esto no se
puede relativizar; el señor Arias es un ministro permanentemente
cesante pero no cesado. ¿Por qué debe venir el presidente del
Gobierno? Tiene que explicar por qué el portavoz del Gobierno y el
ministro de las malas comunicaciones dicen que este fichaje ha sido
bueno para Telefónica y bueno para el país. Eso debe explicarse en la
propia Cámara. Por eso es positivo que el presidente del Gobierno
venga y dé explicaciones.

El tercer razonamiento es que la implicación del Gobierno, la
actuación del Gobierno, está en entredicho. El Gobierno no es que no
haya sido ágil, no es que no se haya movido con prontitud, es que se
ha aquietado. El Gobierno no ha movido ficha, han tenido que ser
otros países. Han sido otros países los que han promovido en el
Comité de Representantes Permanentes que se recurra esta decisión.

Me gustaría que la conclusión fuese que el Gobierno -por eso es bueno
que se tramite la petición del Grupo Parlamentario Socialista- dijera
en esta Cámara: lamentamos y rechazamos la decisión del señor
Bangemann y el intento de Telefónica de amañar el mercado. Si el
Gobierno puede decir eso aquí por boca de su presidente, entenderemos
que se está abriendo un camino de regeneración. Si no, estaremos ante
un presidente que establece dinámicas de cogeneración, que es muy
distinto.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ortiz.




El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a intentar fijar con la brevedad que sea posible la posición de
mi grupo en esta Diputación Permanente. El Grupo Parlamentario
Socialista, en uso de sus facultades y de su capacidad de decisión y
al amparo del artículo 56 del Reglamento de la Cámara, solicita la
celebración de esta sesión de la Diputación Permanente. Nada que
objetar, como no podía ser menos. En cambio, permítanme que diga
desde la posición de mi grupo que todo que objetar al motivo de esta
petición: la celebración de un Pleno extraordinario de la Cámara, con
la comparecencia del presidente del Gobierno, para abordar las dos
cuestiones que están en el orden del día, en primer término, y por
abreviar, la persistencia del llamado caos aéreo, como lo ha
calificado algún portavoz socialista, y en segundo término, el
episodio o el caso del comisario de Industria, Nuevas Tecnologías
y Telecomunicaciones, señor Bangemann.

Quiero adelantar que la posición de mi grupo, en relación con la
comparecencia del presidente, es que este Pleno extraordinario,
aparte de extemporáneo, es improcedente e innecesario por las
siguientes razones. Hay que decir que la celebración de una sesión de
la
Diputación Permanente como esta en el mes de julio tiene precedentes
muy claros. Sin ir más lejos, el 10 de julio de 1997 asistíamos a una
Diputación en la que se pretendía que se anticipara la comparecencia
del ministro de Fomento -como recordará seguramente algún portavoz-
en la Comisión de Infraestructuras, cuya reunión estaba fijada para
dos días después; es decir, que en lugar de un lunes, como estaba
establecida, se celebrara un viernes. Y todo ello para algo tan
importante como hablar de la Ley de televisión digital. En el mes de
julio del año pasado, el día 16 exactamente, se pretendía la
celebración de otro Pleno extraordinario para hablar, por abreviar,
de los informes de la oficina presupuestaria del presidente del
Gobierno, que tenía la autoría del entonces secretario de Estado
señor Barea. En ambos casos, esta Diputación Permanente, llena de
sentido común, como va a suceder hoy, rechazó la celebración de este
Pleno extraordinario.

Pero hay que decir que si esta Diputación Permanente y la petición de
la celebración de un Pleno tiene precedentes muy claros, carece, a
nuestro juicio, de fundamento y motivación reales. La motivación real
habría que buscarla (y ahí ha sido muy explícito el portavoz de
Convergència i Unió, que se ha referido al teatro parlamentario) no
tanto en los problemas que se pretende debatir o abordar, sino en el
propósito -legítimo, por otra parte- de abrir esta Cámara, este foro
político que es, antes que otras cosas, el Congreso de los Diputados,
en período de vacaciones. Pero si no se puede negar la legitimidad
del propósito -reabrir un foro, insisto, cerrado por vacaciones-, es
forzoso constatar la ausencia de motivos y objetivos reales. El
artículo 78 de la Constitución atribuye a la Diputación Permanente,
como función fundamental, la de velar -leo literalmente- por los
poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas, ya que otras
funciones, como la de convalidar los decretos-leyes o las
declaraciones de excepción, alarma y sitio, no son del caso. Si para
velar por estos poderes de la Cámara al Grupo Parlamentario
Socialista no se le ha ocurrido otra cosa más que hablar del llamado
caos aéreo o del episodio de la historia del comisario Bangemann, hay
que decir que tiene muy pocas ocurrencias, que tiene muy pocas líneas
de ataque, que tiene muy poca imaginación o que no tiene más remedio
que admitir que es verdad eso que se dice por ahí de que realmente
España va bien. (Aplausos.-Rumores.)
Como decíamos al principio, el Pleno que se pretende es no sólo
extemporáneo sino improcedente e innecesario, como veremos
seguidamente.

En relación con el tema del tráfico aéreo, hay que decir que las
medidas para resolver los problemas del mismo merecen dos
consideraciones básicas. La primera, que no hay caos aéreo, o que los
problemas del tráfico aéreo se han reducido y se han mejorado
sustancialmente, si se prefiere esta expresión; la segunda, que el
debate sobre el tráfico aéreo y sus problemas ha sido exhaustivo en
la última etapa del periodo ordinario -subrayo ordinario- de
sesiones. Por la primera, el Pleno es improcedente y por la segunda
es claramente innecesario.




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Los datos de la evolución del tráfico aéreo desmienten la afirmación
que se ha hecho aquí, y que se hace en el escrito de solicitud del
Grupo Parlamentario Socialista, de que la percepción de cientos de
miles de ciudadanos que se ven obligados a tomar el avión en los
últimos tiempos es que los problemas no están resueltos o
sensiblemente mejorados.

Señorías, les voy a abrumar con algunos datos, aunque utilizaré los
menos posibles, pero ante el empecinamiento del señor Caldera de
insistir en que nada ha cambiado, de que todo sigue mal y de que no
ha habido cambios sustanciales, no tengo más remedio que argüir con
el dato. Parecía que S.S. iba a plantear algunos datos, pero no hemos
oído más que datos cualitativos, más que datos de valoración
personal, y la valoración personal es siempre subjetiva y cabe lo que
se quiera.

En los últimos meses se está haciendo frente a un incremento del
tráfico de aeronaves en el conjunto del espacio aéreo español del 8
por ciento, con un 6,5 por ciento en origen y destino en aeropuertos
españoles que alcanza valores punta del 12 por ciento en Palma de
Mallorca y del 8 por ciento en Barcelona, Gran Canaria y Madrid. Y
tengan presente que, en esta línea, en Barajas, en los últimos días,
se están registrando alrededor de 1.000 operaciones diarias de
entradas y salidas. En el día de ayer, 12 de julio, estaban
programadas 966 operaciones. Pues bien, a pesar de estos incrementos,
la puntualidad en concreto de control de tráfico aéreo en el mes de
mayo -me remonto a dos meses atrás-sitúa a España, y esto es
innegable -desafío los datos del señor Caldera-, en mejores índices
que los de países de su entorno como Francia, Italia, Suiza y Grecia,
siendo el aeropuerto de Madrid Barajas, según informe del mes de mayo
de Eurocontrol, el único aeropuerto europeo que mejoró la puntualidad
(me refiero a la puntualidad por regulación de tráfico aéreo ya sea
nacional o internacional) tanto en salidas como en llegadas, con una
demora media, insisto, por regulación del tráfico, de ocho minutos,
lo que le hace no aparecer ya en la tabla de los 20 aeropuertos con
menor puntualidad.

Quiero recordar los datos con que yo mismo argüía al señor Caldera no
hace mucho en el Pleno de la Cámara, tomados de prensa tan sospechosa
como El País o Expansión, del día 4 de junio, que decían que el
aeropuerto de Barajas figura en el ranking de demoras pero después de
los de Milán, Ginebra, Munich, Oslo, Roma, Amsterdam o del Charles De
Gaulle y que el aeropuerto del Prat de Barcelona figura detrás de
todos estos y después de los de Lisboa, Zurich y Frankfurt. Reitero
al portavoz socialista en este punto mi afirmación en el Pleno de la
Cámara. Si insiste, como en una especie de obsesión o de fijación, en
la reprobación del señor ministro de Fomento debería solicitar la de
los ministros del ramo de los países que acabo de mencionar.

En junio, una vez finalizada la guerra de Kosovo y firmados los
acuerdos Iberia-Sepla, la puntualidad ha mejorado sensiblemente. En
efecto, la aplicación de las medidas complementarias acordadas con la
Unión Sindical de Controladores de la Circulación Aérea (USCA),
sindicato y organización como recordaba muy oportunamente el señor
Mardones y reiteraba el señor López de Lerma potenciado por el
Gobierno socialista desde 1990, está permitiendo hacer frente al
fortísimo incremento de demanda de este verano. Según datos de
Eurocontrol, se están consiguiendo las siguientes puntualidades: del
1 al 4 de julio, primer fin de semana de verano, la demora por razón
de regulación del espacio aéreo español fue de 7 minutos; de 6
minutos el 5 de julio; de 2 minutos el 6 de julio; de 1,6 minutos el
día 7; de 3,2 minutos el día 8; de 2,9 minutos el día 9 y de 6
minutos el día 10. En lo que concierne a la puntualidad por razón de
regulación aérea del aeropuerto de Madrid Barajas, las demoras medias
-podría leer todas- se han movido entre 7 minutos en salidas y 9
minutos en llegadas del día 1.º de julio, a los 4,2 minutos en
salidas y 5 en llegadas del día 7; y 5 minutos en salidas y 6 minutos
en llegadas del día 10. Estos datos están poniendo en evidencia que
los objetivos marcados en las instrucciones dadas por el presidente
del Gobierno -que ustedes toman a chacota-, se han cumplido, se están
cumpliendo y han sido adecuadas.

Esto, señorías, en lo que concierne a las demoras derivadas de
regulación aérea, tanto regulación española como europea. En lo que
concierne a las demoras finales -y voy a referirme fundamentalmente a
Barajases decir las originadas por regulación aérea española o
europea más las demoras de torre de control, las demoras debidas a
los vuelos que son distintas en cada compañía y en cada aeropuerto y
por tanto es difícil construir una media, no obstante hay que decir
que la demora media del mes por aeronave operada experimenta un
descenso del 21 por ciento, siendo de 28 minutos en junio de 1998
frente a 22 minutos en el mismo mes del año 1999. Esto es aplicable a
todas las compañías aéreas, incluso a la propia Iberia la compañía de
bandera española.

En resumen, señorías, después de la crisis a nivel europeo alcanzada
por el transporte aéreo durante los meses de febrero a mayo del
presente año, que se vio agravada en España por el conflicto laboral
de Sepla con la compañía Iberia y por la escasez de controladores de
tránsito aéreo, puede asegurarse que se ha alcanzado un periodo de
razonable estabilidad en este sector, viéndose notoriamente
disminuidos, cuando no en muchos casos eliminados, los retrasos en
los vuelos que se venían produciendo pese al incremento previsto a
que he hecho referencia de la demanda del tráfico aéreo.




El señor PRESIDENTE: Señor Ortiz, ha de ir concluyendo y me temo que
todavía le queda el segundo capítulo.




El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Voy abreviando, señor presidente.

Es cierto que en días pasados ha surgido un problema con los
controladores de tránsito aéreo en la torre de control del aeropuerto
de Palma de Mallorca que ya está claramente superado.




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Un conjunto de medidas como son la mejora de coordinación entre
aeropuertos y compañías aéreas, las mejoras en la atención a los
pasajeros en los aeropuertos así como de la información (señor
Caldera, se informa exhaustivamente y no es cierta la afirmación de
que AENA escurre el bulto a la hora de informar), la disposición de
las flotas y tripulaciones para el ajuste de rotaciones en el tiempo,
la exigencia y el control de cumplimientos de slots a las compañías
aéreas, ese conjunto de medidas ha posibilitado que se pueda decir
que el caos aéreo no existe como tal y que los problemas se han
reducido sustancialmente.

Pero además, señorías, y voy a ser muy breve en este segundo
argumento, en relación con el mal llamado caos aéreo en el momento
presente el debate ha sido objeto de examen exhaustivo en el período
de sesiones. Saben SS.SS. que ha habido lugar a dos interpelaciones,
una el 14 de abril a cargo del señor Caldera que no ahorró adjetivos
ni manifestaciones catastróficas y que se formalizó con la
reprobación del ministro de Fomento, que tuvo lugar el día 20 de
abril; después, el 12 de mayo, ha habido respuesta a preguntas por
parte del presidente del Gobierno en el Pleno de los miércoles; que
el día 26 de mayo se debatió una interpelación que fue seguida de
moción que no tenía nada que ver con la interpelación...




El señor PRESIDENTE: Señor Ortiz, si quiere S.S. desarrollar el
segundo punto, más vale que deje el recordatorio de la agenda.




El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Lo desarrollo inmediatamente.




En definitiva, señorías, en este punto concreto fallan los supuestos
de hecho para la petición de comparecencia del presidente del
Gobierno ante el Pleno de la Cámara. Ha habido un debate exhaustivo
en el período ordinario de sesiones que no justifica la celebración
de un Pleno extraordinario fuera de este período normal.

En relación con la segunda cuestión que se pretende como punto
segundo del orden del día, mi grupo quiere hacer las siguientes
consideraciones al margen de las descalificaciones, de las anécdotas
e incluso de los errores numéricos, pues parece que el señor Martínez
Noval no sabe multiplicar correctamente libras por pesetas. La
primera es que Telefónica es ahora una compañía privada en la que el
Estado no tiene participación; por tanto, en principio la
contratación del señor Bangemann es un asunto que corresponde
estrictamente a dicho señor y a la compañía que lo contrata o se
supone que lo va a contratar, y en todo caso a las instancias, a los
órganos de gobierno de la Unión Europea. La segunda es que el
Gobierno ya ha actuado a través de los órganos de gobierno de la
Unión Europea, concretamente del Coreper, que como es bien sabido es
la reunión, el Consejo de los quince representantes de los países
miembros que en su momento, exactamente el viernes pasado, decidieron
denunciar ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo por incumplimiento
o vulneración del artículo 213 del Tratado de la Unión que ha sido
leído y recordado por
algún portavoz y no vale la pena volver a mencionarlo. Dicho órgano,
en el que está representada España, decidió, y decidió por unanimidad
y por tanto de acuerdo con el Gobierno español, la condena inequívoca
del proceder del señor Bangemann. Consiguientemente, el caso está sub
iudice, está en la instancia judicial europea y en esas
circunstancias no tiene sentido la comparecencia del presidente del
Gobierno español en el Pleno, tal y como se pretende. El Gobierno no
ha mirado a otro lado, ha actuado a través de los órganos de gobierno
de la Unión Europea, y como ha dicho algún otro portavoz no ha dado
cobertura -cualquiera que sea el juicio de valor que merezcan las
declaraciones de algún ministro del Gobierno- a la actitud del señor
Bangemann. La tercera reflexión o consideración en el caso Bangemann
-si es que se puede hablar del caso Bangemann- es que un caso como
éste no puede volver a repetirse. En este sentido, mi grupo suscribe
las palabras del portavoz socialista. Es digna de aplauso la
iniciativa del presidente de la Comisión, señor Prodi, en el sentido
de proponer medidas específicas que eviten en el futuro conflictos de
intereses como aquellos a los que hemos asistido. Desafortunadamente,
existe una laguna legal en la normativa comunitaria en la que no hay
un precepto como el que figura en el artículo 2 de la Ley española de
incompatibilidades de los cargos públicos, de 11 de mayo de 1995. La
última reflexión es que mi grupo comparte, naturalmente desde una
perspectiva no jurídica, porque -repito- el tema está sub iudice en
las instancias judiciales europeas, sino desde la perspectiva
deontológica y ética los motivos que han llevado a la decisión de los
gobiernos y de la Unión Europea, así como de otros líderes políticos
y no políticos, por explicable que con la pura perspectiva de empresa
privada pudiera parecer el llamado fichaje del señor Bangemann.

Y en cuanto a la imagen de España, señor Martínez Noval, el argumento
que ha aducido yo diría que como coartada para una mecánica
intervencionista y de llamada al orden que escapa a los
planteamientos del Partido Popular que cree en la economía de mercado
y en la autonomía de gestión, hay que decir que la imagen de España
se defiende o se destruye de otras maneras. En este orden de cosas,
me parece que esa referencia a la imagen de España que sale
deteriorada, saldrá deteriorada la imagen del señor Bangemann; la de
España en ningún caso y me parece que está contradicho por el peso
creciente que tiene España en la Comisión Europea y en la Unión
Europea. Este caso Bangemann es un caso sin duda de abuso, pero
también de precipitación y de apresuramiento. Sería deseable que
ustedes hubieran tenido el mismo apresuramiento en relación con el
caso Bangemann y que no tuvieron cuando el fichaje de otros cargos
socialistas por empresas privadas españolas, fichajes absolutamente
legítimos como los de los señores Solchaga, Boyer, Panadero o Miguel
Gil.

En resumen, señorías, entendemos que no hay motivos para la
celebración del Pleno extraordinario de la Cámara, que fallan los
supuestos de hecho en que se apoya esta petición, y celebramos en
este punto coincidir



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con los grupos parlamentarios que han apoyado al Gobierno en este
debate.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-El señor Caldera
Sánchez-Capitán pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, no ha parecido a la Presidencia
que haya sido aludido.




El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor presidente, los turnos no han
sido de fijación de posiciones, especialmente los del señor Ortiz y
del señor Mardones, sino turnos en contra, y estoy convencido de que
S.S. deseará que el «Diario de Sesiones» recoja la contrarréplica que
me dará el señor Ortiz, tan brillante como siempre.




El señor PRESIDENTE: Lo lamento mucho, pero ya sabe que es la norma
reglamentaria, y además en este caso no me haga recordarle que la
Presidencia ha sido muy generosa en la distribución de los espacios
de tiempo con las intervenciones de SS.SS. Los grupos pueden fijar su
posición apoyando, contradiciendo o absteniéndose de la iniciativa
que ha planteado S.S., y es lo que han hecho los grupos a que ha
aludido S.S. (El señor Martínez Noval pide la palabra.)
Señor Martínez Noval.




El señor MARTÍNEZ NOVAL: Señor presidente, sabe usted sobradamente
que mi grupo parlamentario no comparte ese criterio de la Presidencia
en relación con la confusión que se establece entre la fijación de
posición en términos aparentes y en la realidad verdaderos turnos en
contra, de manera que yo también reclamo para mi grupo parlamentario
la posibilidad de contestar a algunas afirmaciones que han hecho en
concreto dos portavoces de grupos parlamentarios.




El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, vuelvo a reiterarle y doy
por expuesto el argumento: la fijación de posición es valorada por
cada grupo como estima conveniente, y por supuesto puede dar lugar a
oposición a la iniciativa de S.S.

Si S.S. considera que ha habido alusiones en la parte de la
intervención del señor Ortiz referida a la iniciativa que ha
sostenido S.S., yo no he apreciado más que la relativa al error de
cálculo, a la duda sobre su capacidad de cálculo, pero si S.S.

entiende que esa duda es suficiente para considerarse aludido tiene
estrictamente tres minutos para esa alusión.




El señor MARTÍNEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.




Creo que todo el mundo entendió, señor Ortiz, que 650.000 libras eran
166 millones de pesetas o un millón de euros. Si me equivoque en eso,
le voy a recordar que se equivoca usted en un asunto flagrante.

(Rumores.) Si es verdad como dijo el portavoz del Gobierno que la ley
se ha cumplido, ¿por qué entonces el Gobierno español se suma al
resto de gobiernos, a raíz del Coreper, para ir al Tribunal de
Justicia Europeo? ¿Cómo
alguien comparece en un tribunal después de haber afirmado en
repetidas ocasiones que la ley se cumplía? ¿Quiere usted explicarme
esa cuestión, señor Ortiz?



El señor PRESIDENTE: Me temo, señor Martínez Noval, que con la
segunda parte de su intervención mínima, y agradezco la duración, el
señor Ortiz tiene que contestar a lo preguntado estrictamente, y ya
cerramos el debate.




El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Sobre aritmética no discuto; me da la impresión de que ha sido un
lapsus linguae, señor Martínez Noval, puesto que no dudo de su
capacidad de multiplicar, en unión de otras capacidades que tiene
reconocidas; la de multiplicar no se la discuto en ningún caso, sobre
todo si se ayuda con calculadora. (Risas.)
En relación con el segundo tema que ha planteado S.S. he dicho que al
margen de determinadas declaraciones de algún ministro del Gobierno,
el Gobierno español como tal y en términos colegiados ha hecho lo que
tenía que hacer, que es unirse a la denuncia que ha presentado el
Coreper, que ha situado el tema sub iudice ante el Tribunal de
Estrasburgo. Eso es todo. En esas circunstancias y ante un tema sub
iudice no tiene sentido -y reitero lo dicho- la comparecencia del
presidente del Gobierno en ningún Pleno extraordinario.

Muchas gracias, señor presidente. (Un señor diputado: ¡muy bien!)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ortiz.

Si SS.SS. aclaran, a efectos del «Diario de Sesiones», la verdadera
significación del término Coreper, la Presidencia y los lectores del
«Diario de Sesiones» les quedarán sumamente agradecidos.




El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Significa Comisión de Representantes
Permanentes, señor presidente. (Un señor diputado: Es Comité de
representantes permanentes, señor Presidente.)



El señor PRESIDENTE: Así constará en el «Diario de Sesiones».

Vamos a proceder a las votaciones. ¿Necesitan unos minutos o estamos
ya en condiciones? (Pausa.)
Se somete a votación la solicitud del Grupo Socialista de celebración
de un Pleno extraordinario.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 27.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la solicitud del Grupo
Socialista.

Concluido el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias.