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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 435, de 24/05/1999
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie D: 24 de mayo de 1999 Núm. 435 GENERAL
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno 162/000370 Pasa a tramitarse ante la Comisión de
Infraestructuras, la Proposición no de Ley presen161/001572 tada por
el Grupo Socialista del Congreso, sobre revocación de la decisión
adoptada por el Grupo Iberia de la disminución de la programación
prevista en el resto del año. ... (Página 4)
162/000375 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por la que se insta al
Gobierno a remitir a la Cámara un Proyecto de Ley sobre principios
reguladores de la Defensa Nacional y de la actuación de las Fuerzas
Armadas ... (Página 4)
162/000376 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre consideración como
tratado de la modificación de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) resultante de la cumbre de Washington y sobre
celebración de un referéndum consultivo sobre la permanencia de
España en dicha organización en su nueva configuración tras la
referida cumbre ... (Página 5)
162/000377 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre reforma de la Comisión Nacional de Bioseguridad.
162/000379 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre medidas relativas a la situación en
Yugoslavia. ... (Página 8)
162/000380 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre medidas para garantizar el principio de
neutralidad ideológica, así como el respeto de las opciones
religiosas y morales, en los centros docentes públicos ... (Página 9)
162/000381 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre medidas para la reordenación del sistema
de peajes ... (Página 10)
162/000383 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, para incrementar los umbrales de renta familiar que
posibilitan la concesión de una beca y ayuda al estudio, junto al
incremento paulatino del importe de las mismas ... (Página 13)
Comisión de Asuntos Exteriores 161/001576 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, sobre el asesinato
de la cooperante española, doctora Inmaculada Vieira Fuentes, en
Mozambique el día 22 de noviembre de 1996. ... (Página 14)
161/001581 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre medidas relativas a la situación en
Yugoslavia. ... (Página 16)
Comisión de Justicia e Interior 161/001570 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se
insta al Gobierno a la modificación de la Orden de 18 de marzo de
1998, de la Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil,
de fecha 19 de octubre de 1998, así como del Real Decreto 2487/1998,
de 20 de noviembre. ... (Página 17)
161/001580 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre el cierre inmediato de las actuales
instalaciones del Centro de Internamiento de Extranjeros de
Barcelona ... (Página 18)
Comisión de Defensa 161/001573 Proposición no de Ley presentada por
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
consideración como tratado de la modificación de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) resultante de la cumbre de
Washington y sobre celebración de un referéndum consultivo sobre la
permanencia de España en dicha organización en su nueva configuración
tras la referida cumbre ... (Página 19)
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 161/001569 Pasa a
tramitarse ante el Pleno de la Cámara, la Proposición no de Ley
presentada por el 162/000382 Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, relativa al sector del ajo ... (Página 20)
Comisión de Industria, Energía y Turismo 161/000591 Pasa a tramitarse
ante el Pleno de la Cámara, la Proposición no de Ley presentada por
el 162/000378 Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas para solucionar la ausencia de equipamientos adaptados a las
limitaciones físicas de algunos consumidores turísticos ... (Página 20)
Comisión de Política Social y Empleo 161/001577 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, sobre normas de
cotización aplicables a los trabajadores en supuestos de Convenio
Especial y otras situaciones asimiladas a la de alta ... (Página 20)
Comisión de Sanidad y Consumo 161/001571 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
relativa al desarrollo de programas socio-sanitarios dirigidos a las
personas con discapacidades y otras dolencias que requieran
atenciones preventivas o paliativas ... (Página 22)
161/001574 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, relativa al problema que está causando la anorexia en
nuestra sociedad. ... (Página 22)
Comisión de Infraestructuras 161/001575 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, relativa a la
supresión del peaje de Tarragona en la A-7 ... (Página 23)
Comisión de Medio Ambiente 161/001579 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, relativa a la
realización de los estudios necesarios para la toma de decisiones
dirigidas a resolver los déficit estructurales de agua en Cataluña y
de declaración de interés general de obras de abastecimiento de las
zonas norte y centro de sus cuencas internas. ... (Página 24)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores 181/002511 Pregunta formulada por el
Diputado don Manuel Francisco Alcaraz Ramos (GMX), sobre opinión del
Gobierno acerca de si los argumentos invocados para justificar el
ataque a Yugoslavia basados en el derecho de injerencia son válidos
en el caso de las agresiones reiteradas que sufre el pueblo
kurdo ... (Página 26)
181/002512 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Francisco
Alcaraz Ramos (GMX), sobre aplicación a Turquía del principio fijado
en la cumbre de Washington de la OTAN sobre inspirarse en la Carta de
las Naciones Unidas. ... (Página 26)
181/002518 Pregunta formulada por la Diputada doña Blanca García
Manzanares (GS), sobre posición del Gobierno acerca de la situación
en que se encuentra la comunidad indígena Embera-Katíos del Alto
Sinú, en Colombia, así como de las solicitudes de asilo en España por
miembros de dicha comunidad ... (Página 26)
Comisión de Justicia e Interior 181/002504 Pregunta formulada por la
Diputada doña Ana María Torme Pardo (GP), sobre valoración de la
situación de los juzgados de lo contencioso-administrativo creados
desde que se inició la VI Legislatura, así como de la situación de
dicho orden jurisdiccional desde la entrada en vigor de la Ley 29/
1998, de 13 de julio. ... (Página 27)
Comisión de Educación y Cultura 181/002505 Pregunta formulada por el
Diputado don Ramón Antonio Moreno Bustos (GP), sobre valoración de
las Jornadas de Voluntariado Cultural, organizadas con participación
de las Comunidades Autónomas y de varias asociaciones. ... (Página 27)
181/002509 Pregunta formulada por la Diputada doña Blanca Fernández-
Capel Baños (GP), sobre previsiones acerca de la conmemoración del
centenario de la salida de España de Oceanía. ... (Página 28)
181/002510 Pregunta formulada por la Diputada doña Blanca Fernández-
Capel Baños (GP), sobre programación prevista para la conmemoración
del nacimiento de Edgar Neville, que se cumple el 28 de diciembre de
1999 ... (Página 28)
Comisión de Política Social y Empleo 181/002506 Pregunta formulada
por el Diputado don Damián Caneda Morales (GP), sobre puestos de
trabajo creados tras las medidas aprobadas por el Gobierno desde su
llegada al poder ... (Página 29)
181/002507 Pregunta formulada por el Diputado don Damián Caneda
Morales (GP), sobre valoración de la evolución de la afiliación de la
Seguridad Social desde el año 1996. ... (Página 29)
181/002508 Pregunta formulada por el Diputado don Damián Caneda
Morales (GP), sobre valoración de la tasa de crecimiento de empleo de
España con respecto a la de Europa, así como factores que han
contribuido a la misma. ... (Página 29)
181/002516 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando
Peralta Ortega (GMX), sobre razones expuestas por el Director del
Centro de Acogida de Refugiados de Sigüenza (Guadalajara), para
oponerse al traslado inmediato de los kosovares allí acogidos.
181/002517 Pregunta formulada por la Diputada doña Matilde Fernández
Sanz (GS), sobre informe elaborado y valoración del Gobierno sobre el
cumplimiento de los compromisos adquiridos en la cumbre de
Copenhague. ... (Página 30)
Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas 181/002503
Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Torme Pardo (GP),
sobre situación de los procesos de transferencia de competencias en
materia de justicia a las Comunidades Autónomas. ... (Página 31)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 181/002513
Pregunta formulada por el Diputado don Francisco Fuentes Gallardo
(GS), sobre Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española en el año
1998. ... (Página 31)
181/002514 Pregunta formulada por el Diputado don José Manuel
Caballero Serrano (GS), sobre valoración de la escasa colaboración
que la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) ofrece a
las Universidades, en particular, en el marco de los programas de
cooperación universitaria con Iberoamérica ... (Página 32)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000370 161/001572
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre revocación de la
decisión adoptada por el Grupo Iberia de la disminución de la
programación prevista en el resto del año, pase a tramitarse en la
Comisión de Infraestructuras.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y disponer su conocimiento por la
Comisión de Infraestructuras, dando traslado de este acuerdo al
Gobierno, a la citada Comisión, al Grupo Parlamentario proponente y
publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES (nuevo número
de expediente 161/001572/0000).
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Nota: La iniciativa de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie D, número 429, de 14 de mayo de 1999.
162/000375
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a remitir a la
Cámara un Proyecto de Ley sobre principios
reguladores de la Defensa Nacional y de la actuación de las Fuerzas
Armadas.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo previsto en el Reglamento de la Cámara se presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en el Pleno de la
Cámara.
La participación de las Fuerzas Armadas Españolas en la guerra de
Yugoslavia decidida por el Consejo de Ministros, ha creado una
situación excepcional a las Cortes Generales toda vez que éstas no
han podido decidir conforme al artículo 63 de la Constitución la
conveniencia o no de dicha participación y mucho menos cumplir con el
trámite constitucional establecido para la declaración de guerra, por
cuanto los hechos consumados han dejado sin efecto lo previsto por
nuestra «Carta Máxima», y se ha abierto el camino para ignorar
repetidamente las garantías constitucionales.
Por ello se ha puesto en evidencia la necesidad de regular de forma
clara y precisa los supuestos, condiciones y autorizaciones que las
Cortes Generales o el Congreso de los Diputados deben realizar para
consentir el envío de Fuerzas Armadas a zonas en conflicto.
Tanto en los supuestos de la aplicación de la Carta de Naciones
Unidas relativa a los artículos 42, 43, 45, 47, 48 y 49 relativos a
la puesta a disposición de Fuerza Armada, como en lo dispuesto en los
artículos 5, 6 y 7 del Tratado Atlántico Norte y el mandato de la
Unión Europea Occidental, el Acta Final de Helsinki y la Declaración
de la cumbre de Budapest de 1994, es preciso articular de forma
precisa el ámbito institucional para autorizar dicha proyección de
fuerza armada.
El mandato constitucional es muy claro a la hora de residenciar en
las Cortes Generales y Jefe del Estado la competencia para declarar
la guerra al entender que esa decisión trascendental para un Estado
por sus implicaciones y consecuencias para la seguridad nacional e
internacional,
debe decidirse en las Cortes como máxima expresión de la soberanía
nacional.
Por todo lo cual se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a esta
Cámara un Proyecto de Ley que recoja los siguientes principios
reguladores de la Defensa Nacional y de la actuación de las Fuerzas
Armadas Españolas:
1. Que el objetivo de la defensa nacional sea el establecido en el
artículo 8 de la vigente Constitución, esto es, garantizar la
soberanía e independencia de España, defender su integridad
territorial y el ordenamiento Constitucional, frente a la agresión de
otro Estado en los términos de la Resolución de las Naciones Unidas
número 3314 (XXIX) de 14 de diciembre de 1974, de Definición de la
Agresión.
2. Que España, en cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas de
26 de junio de 1945, y de las Resoluciones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, 42/22, de 17 de marzo de 1988 sobre el
mejoramiento de la eficacia de la abstención de la amenaza o de la
utilización de la fuerza en las relaciones internacionales, y la
Resolución de las Naciones Unidas número 3314 (XXIX) de 14 de
diciembre de 1974, de Definición de la Agresión, establece su defensa
en los términos recogidos en las mismas renunciando al uso de la
fuerza militar contra otros estados salvo en el caso de defensa
frente a una agresión directa al objetivo de la Defensa Nacional
contenido en el punto anterior.
3. Que se requiera autorización del Congreso de los Diputados para
que las Fuerzas Armadas Españolas y el Territorio Nacional podrán ser
puestos a disposición de las Naciones Unidas con arreglo a los
artículos 42, 43, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Carta de las Naciones
Unidas de 26 de junio de 1945.
4. Que se requiera autorización de las Cortes Generales y la
declaración de Guerra de España al agresor para el cumplimiento de lo
previsto en los artículos 5, 6 y 7 del Tratado de la Organización del
Atlántico Norte firmado en Washington el 4 de abril de 1949, con el
límite expreso del artículo 7 en cuanto a la preeminencia de la Carta
de las Naciones Unidas, y el cumplimiento de lo previsto en el
Tratado de la Unión Europea Occidental, el Acta Final de Helsinki y
la Declaración de la cumbre de Budapest de 1994.
5. Que cualquier actuación mediante aplicación de la fuerza armada
sobre otro Estado exigirá la Declaración de Guerra previa de España a
dicho Estado.
6. La intervención de las Fuerzas Armadas Españolas en misiones de
interposición bajo mandato directo de las Naciones Unidas exigirá la
autorización del Congreso de los Diputados.
7. Cuando en cualquiera de los supuestos enunciados en este artículo,
las Fuerzas Armadas Españolas operen fuera del territorio nacional o
se ceda este para operaciones militares, el Gobierno dará cuenta
semanalmente en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados
de la situación de nuestras fuerzas destacadas, del
desarrollo del conflicto y de la política a seguir por el ejecutivo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 1999.-Willy
Meyer Pleite, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
162/000376
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre consideración como tratado de la
modificación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) resultante de la cumbre de Washington y sobre celebración de
un referéndum consultivo sobre la permanencia de España en dicha
organización en su nueva configuración tras la referida cumbre.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo previsto en el Reglamento de la Cámara se presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en el Pleno de la
Cámara.
La cumbre de Washington realizada por los 19 Estados de la Alianza
Atlántica ha aprobado un Nuevo Concepto Estratégico que varía
sustancialmente el Tratado al que España se adhirió previa
autorización de las Cortes Generales.
En su día, las Cortes Generales autorizaron la adhesión de España a
una Alianza Militar de carácter defensivo y por tanto pensada para
responder a cualquier agresión a sus países miembros.
El instrumento de adhesión tras la aprobación de las Cortes se dio en
esos términos excluyendo por tanto cualquier posibilidad de agredir a
Estados Soberanos que no hubiesen agredido previamente a algún Estado
de la Alianza Atlántica.
La cumbre de Washington ha ampliado el carácter defensivo para
incluir el derecho a la intervención armada en el espacio
Euroatlántico sin el mandato expreso del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas e introduciendo como materias susceptibles de
provocar una intervención tales como «... actos de terrorismo,
sabotaje, crimen organizado y los problemas en el abastecimiento de
recursos vitales. El movimiento incontrolado de grupos muy numerosos
de población, sobre todo como consecuencia de conflictos armados,
también puede plantear problemas de seguridad y estabilidad que
alcancen a la Alianza ...».
La Cumbre ha revalidado el uso del arma nuclear en el Nuevo Concepto
Estratégico «... para proteger la paz e impedir la guerra o cualquier
forma de coacción, la Alianza mantendrá, en un futuro previsible, una
combinación adecuada de fuerzas convencionales y nucleares
estacionadas en Europa y actualizadas cuando sea necesario ...».
Estamos por tanto ante una Nueva Alianza Militar, dispuesta a
intervenir fuera de los límites jurisdiccionales de sus países
miembros y para actuar sobre nuevas amenazas producidas por
terrorismo, crimen organizado, movimientos de masas transnacionales o
los problemas derivados en el abastecimiento de recursos vitales,
materias que en España se entienden susceptibles de intervención
exclusivamente policial.
Por todo ello, el Grupo Federal de Izquierda Unida entiende que las
conclusiones de la Cumbre de Washington modifican substancialmente el
Tratado al que España se adhirió en virtud del Instrumento de
Adhesión previa autorización de las Cortes Generales firmada por el
Jefe del Estado el 29 de mayo de 1982.
Como quiera que el pueblo español tuvo la oportunidad de opinar
mediante referéndum consultivo las condiciones para dicha
participación, desde el punto de vista de la lógica democrática, la
autorización de las Cortes Generales para suscribir o no las
conclusiones de la Cumbre de Washington deberán someterse a votación
tras la convocatoria de un referéndum para que el pueblo español
opine sobre la conveniencia o no de suscribir el Nuevo Concepto
Estratégico de la OTAN.
Por todo lo cual se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados:
1. Considera que el resultado de la Cumbre de Washington constituye
una modificación del instrumento jurídico fundamental de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte y supone un nuevo
tratado, y que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 94.1.b) de
la Constitución vigente y en el Reglamento de esta Cámara, dicho
nuevo tratado debe ser sometido a ratificación con sumisión
a las normas citadas, y en consecuencia, reclama su competencia
constitucional en la materia.
2. Considera que los términos de la participación de España en una
alianza de carácter militar, que compromete la política de defensa de
la nación, constituye uno de los supuestos 'de decisión política de
especial trascendencia' contemplados en el artículo 92 de la
Constitución vigente, y por consiguiente la modificación del
contenido del texto del tratado de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte, constituye uno de dichos supuestos, máxime cuando la
capacidad del Gobierno español para obligarse en dicho tratado quedó
limitada mediante referéndum.
3. Insta al Gobierno para que de acuerdo con el artículo 92.2 de la
Constitución vigente y el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/1980,
solicite la autorización del Congreso de los Diputados para la
convocatoria y celebración de un referéndum consultivo sobre la
permanencia de España en la Organización del Tratado del Atlántico
Norte en los términos del tratado tras la cumbre de Washington. Dicho
referéndum deberá celebrarse antes del 31 de diciembre de 1999, y la
solicitud deberá contener los términos exactos en que haya de
formularse la consulta, ciñéndose con precisión y exclusividad a las
dos respuestas posible de salida o permanencia de nuestro país en la
OTAN, sin vincularla a cualquier otra decisión de política exterior o
de defensa.
Asimismo se insta expresamente al Gobierno a acatar el resultado de
esta consulta, cualquiera que sea su resultado.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 1999.-Willy
Meyer Pleite, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.
162/000377
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre reforma de la Comisión Nacional de
Bioseguridad.
Acuerdo:
Entendiendo, en lo que se refiere a la alusión contenida en el
apartado uno de la parte dispositiva de esta iniciativa a la
modificación de una Ley, que se insta al Gobierno al ejercicio de su
potestad de iniciativa legislativa, y considerando que solicita el
debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento,
disponer suconocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado
al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena a publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre la
reforma de la Comisión Nacional de Bioseguridad, para su debate en
Pleno.
Motivación
La Ley 15/1994, de 3 de junio, por la que se establece el Régimen
Jurídico de la Utilización Confinada, Liberación Voluntaria y
Comercialización de los Organismos Modificados Genéticamente, a fin
de prevenir los riesgos para la salud humana y para el medio
ambiente, incorpora al ordenamiento jurídico español las normas
sustantivas de la Directiva 90/219/CEE relativa a la utilización
confinada de microorganismos modificados genéticamente y de la
Directiva 90/220/CEE sobre liberación intencional en el medio
ambiente de organismos modificados genéticamente. Posteriormente, el
Real Decreto 951/1997, de 20 de junio, aprobó su Reglamento General
de desarrollo y ejecución.
La ley regula la información y el control de los titulares de estas
actividades por parte de la Administración, establece una serie de
infracciones y sanciones para los supuestos de incumplimiento de su
contenido y crea la Comisión Nacional de Bioseguridad, órgano
colegiado de carácter consultivo, adscrito al Ministerio de Medio
Ambiente y formado por representantes de los Ministerios de Sanidad y
Consumo, de Medio Ambiente, de Agricultura, Pesca y Alimentación, de
Industria y Energía, de Economía y Hacienda, del Interior y de
Educación y Cultura.
Uno de los aspectos más relevantes de la Ley 15/1994 y de su
Reglamento de desarrollo y ejecución, en relación a la defensa de los
intereses de los consumidores y usuarios, son las normas relativas a
la comercialización de organismos modificados genéticamente o de
productos que los contengan, en la medida en que el consumo de dichos
productos pueda suponer un riesgo o peligro para su salud.
Se entiende por comercialización, todo acto que suponga una entrega a
terceros de organismos modificados genéticamente o de productos que
los contengan.
La Comisión Nacional de Bioseguridad debe informar preceptivamente
las solicitudes de autorización que corresponda otorgar a la
Administración General del Estado, además de ejercer otras funciones
de información.
Las solicitudes de autorización de comercialización deben ser
solicitadas, por las personas físicas o jurídicas responsables de la
fabricación o importación de productos que contengan o consistan en
organismos modificados genéticamente y que pretendan comercializarlos
por primera vez, al órgano colegiado, remitiendo al efecto una serie
de informaciones, estudios y evaluaciones de riesgos para la salud
humana y el medio ambiente que pueda derivarse de los organismos
genéticamente modificados incluidos en el producto, del impacto de la
liberación sobre la salud humana y el medio ambiente, de las
condiciones para la comercialización del producto, incluidas las
condiciones específicas de uso y manejo y una propuesta de etiquetado
y envasado, entre otras.
El órgano colegiado, previo informe de la Comisión Nacional de
Bioseguridad, una vez comprobadas las informaciones y datos
remitidos, podrá denegar la autorización o remitir copia del
expediente a la Comisión Europea acompañado de su dictamen favorable.
De este modo, una vez transcurrido el plazo establecido para la
remisión del expediente por parte de la Comisión Europea, y siempre
que no haya habido objeciones por parte de ningún Estado miembro, se
otorgará la autorización por escrito.
La autorización sólo podrá darse cuando se haya autorizado
previamente una liberación voluntaria sin fines comerciales de dichos
organismos que permita evaluar el riesgo o se haya realizado una
evaluación de los riesgos basada en los datos que figuran en el anexo
IV del Reglamento. Es decir, que previamente a la autorización de
comercialización, en la gran mayoría de los casos, habrá existido una
autorización de liberación voluntaria.
Por otra parte, las autorizaciones dadas por cualquier Estado miembro
de la Unión Europea habilitarán para que el organismo o producto que
lo contenga pueda ser comercializado en España, siempre que dichas
autorizaciones se hayan otorgado de acuerdo con las disposiciones que
incorporen a los respectivos derechos nacionales las normas
comunitarias en la materia y respeten estrictamente las condiciones
establecidas en las respectivas autorizaciones.
Desde 1996 han proliferado las autorizaciones y solicitudes de
autorización sin que se hayan establecido los mecanismos de cobro de
tasas a las empresas u organismos solicitantes de autorizaciones,
como se considera en la Ley 15/1994 y como vienen haciendo otros
países de la Unión Europea, ni se hayan fortalecido los medios
económicos y humanos de la Comisión Nacional de Bioseguridad a nivel
presupuestario, para garantizar su independencia y ejercer sus
funciones de control e información. Esta situación puede deteriorar
las actuaciones de la Comisión en un tema tan sensible para la
opinión pública y con posibles repercusiones tanto en la credibilidad
de los estudios realizados en nuestro país, como en la confianza en
nuestra agricultura.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La modificación de la Ley 15/1994, de 3 de junio, por la que se
establece el Régimen Jurídico de la Utilización Confinada, Liberación
Voluntaria y Comercialización de los Organismos Modificados
Genéticamente, así como el Real Decreto 951/1997, de 20 de junio, que
aprobó su Reglamento General de desarrollo y ejecución, a fin de
dotar al informe de la Comisión Nacional de Bioseguridad, previsto en
estas disposiciones, con el carácter de previo, preceptivo y
vinculante en caso de ser negativo.
2. Establecimiento de una partida presupuestaria para atender a las
necesidades financieras de la Comisión Nacional de Bioseguridad, en
cumplimiento de las funciones que se le atribuyen por las
disposiciones legales vigentes.
3. Establecimiento de una Tasa de estudio de autorizaciones, a las
empresas solicitantes, diferenciada en su cuantía según se trate de
ensayos de campo o de estudios para la autorización de
comercialización de organismos modificados genéticamente».
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 1999.-Carmen
Heras Pablo, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
162/000379
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre medidas relativas a la situación en
Yugoslavia.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Mixto presenta, para su debate y votación en el Pleno de la Cámara,
la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas relativas a la
situación en Yugoslavia, a instancia de los Diputados y Diputadas de
Nueva Izquierda e Iniciativa per Catalunya-Verds.
La intervención militar de la OTAN, mediante bombardeos aéreos en el
territorio de Yugoslavia, se ha revelado, hasta la fecha, ineficaz
para impedir que el ejército yugoslavo, las unidades especiales de
policía y las fuerzas paramilitares continúen la limpieza étnica de
Kosovo. La mayoría de la población albano-kosovar ha sido expulsada y
deportada de la zona del conflicto, buscando refugio en los países
vecinos, destacando que miles de personas desplazadas siguen en
Kosovo sin protección ni verdadera ayuda humanitaria alguna. Tras más
de un mes de bombardeos en los territorios de Kosovo y de Serbia, el
conflicto se agrava día a día, con serias repercusiones en todos los
Estados de la región, y con un creciente número de víctimas.
De acuerdo con la iniciativa diplomática tomada por los Estados que
forman el llamado G-8 concretada en un comunicado que contiene unos
principios generales para una solución política del conflicto,
detener los ataques militares en los territorios de Kosovo y de
Serbia, podría constituir un paso importante para poner en práctica
dicha iniciativa.
En el plan de paz promovido por los Estados que forman el llamado G-8
se propone el establecimiento de una administración interina para
Kosovo, a decidir por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
a fin de asegurar las condiciones para una vida pacífica de sus
habitantes. Sin embargo, el Estado español tiene que potenciar el
papel de la Unión Europea en este proceso, que debe ser fundamental.
Ante la posibilidad de la intervención de las Fuerzas Armadas del
Estado en cualquier operación terrestre situada en el marco del
conflicto de los Balcanes, u otra acción que suponga una mayor
implicación de España, el órgano del Estado que debe
corresponsabilizarse y, por lo tanto, autorizarla debe ser el
Parlamento.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar el plan de paz promovido por los Estados que forman el
llamado G-8 y realizar esfuerzos en el seno de la OTAN y Naciones
Unidas, dirigidos a la finalización de los ataques militares en los
territorios de Kosovo y de Serbia, de forma que se favorezca el
citado plan de paz.
2. Reconozca el estatuto jurídico de refugiados y conceda asilo a
todas las personas procedentes de la zona de conflicto que lo
soliciten, especialmente a los albanokosovares y a los desertores y
objetores de conciencia de la República Federal Yugoslava.
3. Solicitar la autorización del Congreso de los Diputados antes de
decidir la implicación de fuerzas terrestres en el conflicto de los
Balcanes.
4. Realizar las acciones oportunas para que, en el marco del plan de
paz promovidos por los Estados que forman el llamado G-8, la Unión
Europea tenga un papel fundamental en lo relativo al establecimiento
de una administración interina en Kosovo, así como en la convocatoria
de una conferencia sobre los Balcanes y en la reconstrucción de la
zona.
5. Incrementar la ayuda humanitaria a los afectados por el conflicto
de los Balcanes en cooperación con ACNUR y las Organizaciones No
Gubernamentales con experiencia en este tipo de conflictos. A tal
efecto, el Gobierno aprobará, de manera urgente, un Decreto-Ley para
habilitar un crédito extraordinario suficiente.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 1999.-Manuel
Alcaraz Ramos, Diputado.-Joan Saura Laporta, Diputado.-Ricardo
Fernando Peralta Ortega, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Mixto.
162/000380
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre medidas para garantizar el principio de
neutralidad ideológica, así como el respeto de las opciones
religiosas y morales, en los centros docentes públicos.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo
establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley, para que se garantice el principio de neutralidad ideológica
en los centros docentes públicos, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Nuestra Constitución, después de garantizar en su artículo 16.1 el
derecho a la libertad religiosa y de culto, declara, en el apartado 3
de dicho artículo, la aconfesionalidad del Estado. La neutralidad del
Estado en materia religiosa se convierte, así, en el presupuesto para
la convivencia pacífica entre las distintas convicciones religiosas
existentes en una sociedad plural y democrática.
La actividad educativa, orientada por los principios y declaraciones
de la Constitución, tiene entre sus fines, el pleno desarrollo de la
personalidad del alumno, así como su formación en el respeto a los
derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la
tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de
convivencia [artículo 27.2 CE y artículo 2. a) y b) LODE]. Siendo
esto así, son derechos básicos de los alumnos una formación que
asegure el pleno desarrollo de su personalidad, que respete el
derecho a su integridad y dignidad personales y que respete su
libertad de conciencia, así como sus convicciones religiosas y
morales [artículo 6. a), c) y d) LODE]. Los padres tienen derecho a
que sus hijos reciban una educación conforme a los fines establecidos
en la Constitución, a escoger centro docente [artículo 4. a) y b)
LODE] y a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones [artículo 27.3 CE y
artículo 4. c) LODE].
En el ámbito de la enseñanza pública, la conjunción de estos derechos
con la libertad de enseñanza, también reconocida constitucionalmente,
artículo 27.1 CE, y en la LODE, artículo 3, nos lleva, una vez más, a
la necesidad de una proclamación de neutralidad en la misma línea que
lo señalaba nuestro Tribunal Constitucional en su Sentencia 5/1981,
de 13 de febrero (FJ 9), al declarar que la neutralidad ideológica ha
de exigirse a todas las instituciones públicas y muy especialmente a
los centros docentes como garantes de nuestro sistema jurídico basado
en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa y la
aconfesionalidad del Estado. Por ello, la LODE consagra, en su
artículo 18.1 la neutralidad de los centros docentes públicos y el
respeto a las opciones religiosas y morales a que hace referencia el
artículo 27.3 CE.
Es a los padres a quienes se les reconoce el derecho a elegir la
formación religiosa y moral de sus hijos y si, en el ejercicio de la
libertad de cátedra, se violentara el carácter ideológico propio del
centro por medio de enseñanzas hostiles a su contenido axiológico,
neutralidad al tratarse de centros docentes públicos, o por medio de
símbolos que no coinciden con sus propias creencias, se estaría
vulnerando su derecho reconocido constitucionalmente.
Si bien es cierto que la libertad de enseñanza puede ser entendida
como una proyección de la libertad ideológica y religiosa y el
derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u
opiniones
[artículos 16.1 y 20.1. a) CE], no es menos cierto que, en tanto en
cuanto la enseñanza es una actividad encaminada de modo sistemático y
con un mínimo de continuidad a la transmisión de un determinado
cuerpo de conocimientos científicos, la libertad de cátedra en el
ámbito docente se encuentra limitada por el ejercicio de esta
actividad y por el puesto docente que se ocupa. Las características
de nuestro Estado de Derecho determinan que la impartición que se
haga desde dicho puesto docente se efectúe respetando dichos límites,
como garantía de los principios y valores que consagra nuestra
Constitución.
La Administración educativa competente debe velar por el cumplimiento
de que la actividad educativa se desarrolle con sujeción a los
principios constitucionales y, por ende, como señala el artículo 18.2
en relación con el apartado 1 del mismo artículo, por la garantía de
neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales
a que se refiere el artículo 27.3 de la CE.
Es al Gobierno a quien le corresponde la alta responsabilidad de
conducir un Estado no confesional, separando con claridad la
protección de derechos y libertades religiosas de lo que son sus
obligaciones en materia de enseñanza pública, y evitar, así, la
tendencia a confundir la plena libertad para difundir y expresar
cualquier creencia, con el fomento de una determinada creencia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las
medidas oportunas para que en los centros docentes públicos la
actividad educativa se desarrolle con sujeción al principio de
neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales
a que hace referencia el artículo 27.3 de la Constitución, e impida
la utilización de cualesquiera símbolos que pudieran violentar esos
derechos reconocidos constitucionalmente.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 1999.-Amparo
Valcarce García, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
162/000381
La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre medidas para la reordenación del sistema
de peajes.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Mixto presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
reordenación del sistema de peajes, para su debate en el Pleno de la
Cámara, a instancia del Diputado Joan Saura i Laporta (Iniciativa-Els
Verds).
En las políticas de inversión pública en infraestructura de
transporte, bien en el ámbito estatal bien en el ámbito autonómico,
no se ha definido una auténtica Política de movilidad. Faltan
planteamientos de concepción intermodal del transporte que aporten
criterios de sostenibilidad, racionalidad e intención política clara
de solucionar los problemas de sobrecarga del uso y abuso del
transporte privado, abordar el problema específico de las
aglomeraciones urbanas, el aumento considerable de emisiones de CO2,
así como otros agentes contaminantes originados por la combustión de
carburantes. No existe, por parte de los poderes públicos, una
voluntad de potenciar el transporte público, si no para unas
inversiones que absorben la gran parte del esfuerzo inversor, gran
agresor del territorio y que además no se ajustan a las necesidades
prioritarias de la sociedad.
Ya centrados en el aspecto principal de las inversiones en
infraestructura viaria, se puede afirmar que Catalunya concentra el
territorio de Europa con más red viaria gravada por peaje. De los
diecinueve tramos de autopista de titularidad estatal, diez están en
el territorio de Catalunya. Es verdad que Catalunya accedió a una red
de autopistas moderna en unos momentos en los que en el resto del
territorio español no era rentable realizar este tipo de inversiones.
A cambio los usuarios beneficiados debían asumir estos costes. Ahora,
la situación es diferente y en el resto del Estado español se ha
realizado inversión pública para la modernización de la red viaria
y la mayoría son autovías gratuitas, mientras que en Catalunya las
inversiones han sido muy reducidas. La discriminación la demuestran
las cifras de los Presupuestos Generales del Estado de los últimos
años en los que se puede ver que el Estado ha venido asumiendo los
costes de una gran y moderna red viaria de alta densidad en todo el
territorio del Estado, mientras que en Catalunya inversiones
necesarias se han ido dilatando en el tiempo.
Esto ha provocado que un gran número de usuarios de transporte
privado diariamente, pero también en períodos vacacionales, y de
transporte de mercancías vengan optando, en muchos tramos, por la
movilidad en las carreteras nacionales que han provocado grandes
problemas de tráfico y seguridad vial.
La sociedad catalana es conocedora de toda esta situación y viene
reclamado una revisión del sistema de pago de las autopistas que
aporte soluciones de requilorio y solidaridad territorial. Las redes
viarias junto con el resto de las comunicaciones, han de ser el eje
que vertebre el territorio y en el caso de Catalunya lo que ha
ocurrido ha sido una falta de inversión y un perjuicio de la
colectividad.
Desde un punto de vista más general, y poniendo encima de la mesa la
actual situación de las concesiones de autopistas, hay que poner de
manifiesto que el régimen económico, financiero y contable del que
disfrutan estas sociedades nace en una coyuntura de impulso público a
la construcción de estas redes viarias en todo el Estado.
Las circunstancias del entorno económico y las propias del sector
están generando que el conjunto de medidas económicas y jurídicas de
las que disfrutan las concesionarias representen hoy por hoy un
auténtico coste social. El equilibrio económico-financiero de las
concesiones presenta para ellas y desde hace años un balance muy
positivo y que previsiblemente continuará en el futuro.
Por otro lado, la Administración del Estado en momentos de pérdidas
empresariales ha hecho la opción de ayudar a estas empresas a superar
sus crisis financieras. A esto hay que añadir que el numero de
usuarios de las autopistas de Catalunya ha venido aumentando de
manera progresiva hasta amortizar, sobre manera los costos asumidos.
Son por todos conocidos los grandes beneficios empresariales que en
los últimos años ha tenido ACESA.
Estos dos apuntes, aportaciones de la Administración del Estado a las
empresas concesionarias en momentos de crisis financieras y los
aumentos progresivos de beneficios empresariales por el aumento no
planificado de usuarios debieran plantear una modificación del
régimen financiero que mantenga el equilibrio concesional. Está claro
que estas dos cuestiones han hecho que el concesionario está
obteniendo un beneficio muy superior al tenido por normal en las
condiciones de mercado. Los poderes públicos han de velar por el
restablecimiento del equilibrio financiero.
El convenio firmado entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat de
Catalunya y ACESA (Autopistas, Concesionaria Española, Sociedad
Anónima), aprobado por el Real Decreto 2346/1988, de 23 de octubre -y
referido a las autopistas con concesiones administrativas del Estado,
A-7 y A-2- y por el Decreto 270/1998, de 21 de octubre, de
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 21 de
octubre de 1998 -y correspondiente a las autopistas, transferidas la
Generalitat en el año 1995, A-17 (Barcelona-Montmeló) y A-19
(Montgatconexión con la carretera GI-600).
Los acuerdos adoptados entre las partes, en el ámbito resumido, son
los siguientes:
1) Reducción de tarifas tramos Montmeló-El Papiol; Molins de Rei-
Martorell; Barcelona-Montmeló; Montmeló-Granollers; MaÁanet-Girona
Sur y TarragonaSalou. Acuerdan establecer tarifas por ptas./km.
2) Construcción de un tercer y cuarto carril en parte del tramo de A-
7 Montmeló-El Papiol y otras obras complementarias. El Estado asume
un conjunto de obras (cuarto carril, conexiones B-30 en la A-7,
etc.), ACESA también asume algunas (tercer carril y ampliación del
peaje de Sant Cugat).
3) Renuncia a la minoración de ingresos entre el período abril-agosto
de 1997 y otras renuncias. ACESA hace un conjunto de renuncias de
algunas compensaciones o indemnizaciones muy puntuales.
4) Ampliación de la concesión: hasta el 31 de agosto del año 2021
inclusive (anteriormente la concesión estaba fijada hasta el año
2016).
5) Régimen jurídico de la concesión: se puntualiza que dura hasta
nueva fecha, con algunas excepciones sobre obligaciones financieras
de ACESA.
6) Plan económico-financiero: se acepta el plan presentado por ACESA.
7) Enlace de Sant Sadurní de la A-7: el Estado procederá a proyectar
y construir estos ramales entre la BP-2427 en dirección desde
Tarragona y hacia Tarragona, a la altura de Sant Sadurní. El Estado
asume los costes, incluso el coste de la expropiación.
8) Circulación de camiones en el recorrido SosesFraga: gratuidad de
camiones pesados de más de 3,5 toneladas que circulen por el tramo
Soses-Fraga de la A-2.
La rebaja de las tarifas a la vez que la prolongación de la concesión
pudiera significar que estamos ante una rebaja ficticia o aparente.
Los poderes públicos están obligados a valorar y analizar todos los
elementos que configuran el régimen económico-financiero pactado,
desde las ayudas otorgadas a lo largo de todo el período de vida de
la concesión, los aumentos de ingresos y beneficios no previstos en
el momento de celebración del contrato, y todo con máxima
transparencia de las cuentas de las empresas concesionarias y con la
máxima publicidad, porque de lo contrario estamos ante una situación
prolongada de enriquecimiento injusto y sin causa en detrimento del
interés general. Si se llegara a probar, después de la valoración que
las Administraciones están obligadas a realizar, que el principio de
equivalencia de las prestaciones se ha roto, que estamos ante una
situación de desequilibrio económico entre beneficios obtenidos y
cargas sufridas esta situación debiera ser corregida por la regla
prohibitiva en Derecho del enriquecimiento sin causa, discordantes
con los fines e intereses públicos. Los precios también pudieran ser
revisados por la Administración sobre la base del principio de
equidad.
A la vista de estos acuerdos, hay que poner en evidencia que uno de
los principios básicos del régimen concesional, como es el
mantenimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión, se
ha roto a favor de ACESA y en detrimento del interés público. El
efecto
de alargar los plazos de concesión hasta el 2021, implicará unos
aumentos de beneficios espectaculares de la concesionaria y un
considerable incremento del coste para los usuarios. Además, provoca
la disparidad de tarifas. Por lo tanto, el citado convenio no
armoniza el sistema tarifario sino, al contrario, lo distorsiona
gravemente.
Es necesario, por lo tanto, buscar otras fórmulas compensatorias que
no recaigan sólo en unos pocos ciudadanos y fórmulas solidarias que
contribuyan a una reordenación de los peajes, que no desfiguren el
sentido de la concesión que es el de compensar los costes de una
inversión en un bien de titularidad pública.
La justificación de introducir medidas para la reordenación de los
peajes vendría dada, como se ha expuesto anteriormente para la
compensación de los costes sociales generados por las actividades de
explotación de la concesión que genera un resultado bruto de
explotación por encima del comportamiento medio de las empresas
analizadas a la Central de Balances del Banco de España, además de
introducir elementos de modulación del vehículo privado y de
incentivación del uso del transporte público.
Teniendo en cuenta que las inversiones del Estado no se han repartido
en los últimos veinte años de forma equitativa, que el Estado es
capaz de asumir parte de los costes creando otras vías de ingresos,
que los costes de las construcciones de la mayoría de las vías
rápidas de peaje han sido ya amortizados, que el mantenimiento del
actual sistema de peaje podría llevar a un enriquecimiento injusto de
las empresas concesionarias en detrimento del interés general y que
la sociedad está demandando soluciones de reordenación de los peajes
bajo criterios de reequilibrio y solidaridad interterritorial, se
hace necesario consensuar la búsqueda de soluciones a partir de la
fórmula más operativa y participada de todos los ámbitos afectados.
Por todo ello se presenta la siguiente,
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las
medidas necesarias para:
1. Proceder a la inmediata derogación de los convenios suscritos
entre el Ministerio de Fomento y las empresas concesionarias ACESA y
AUMAR en lo que contiene a la prolongación temporal del régimen
concesional hasta los años 2019 y 2021, puesto que la medida
significaría un enriquecimiento injusto en detrimento del interés
público.
2. Mantener el precio de las tarifas en los términos actuales.
3. La elaboración, por parte de la Administración General del Estado
de un estudio económico público encaminado a valorar y analizar la
verdadera situación económica global de la concesión, sus balances y
cuentas de resultados, sus beneficios, las ayudas públicas concedidas
en períodos de crisis financieras y todos los beneficios obtenidos no
previstos en el momento de la
celebración de la concesión, la existencia del enriquecimiento
injusto y sin causa de todas las empresas concesionarias de
autopistas a lo largo de todo el período de vida de la concesión.
4. Construir un nuevo impuesto que grave a todas las sociedades
concesionarias de la explotación de autopistas de peaje de todo el
Estado con la finalidad de hacer real el ya citado equilibrio
económicofinanciero del régimen concesional y hacer efectivo el
principio de proporcionalidad a favor del interés general. Dicho
impuesto tendrá las siguientes características:
a) Será un impuesto de carácter finalista.
b) Este gravamen sólo se aplicaría cuando el nivel de resultados
después de impuestos de las empresas concesionarias de autopistas
superase la rentabilidad media de los recursos propios de las
empresas según datos de la Central de Balances del Banco de España.
c) Los recursos obtenidos del impuesto -y por este motivo es
finalista- se destinarían obligatoriamente a las siguientes
actuaciones:
- La mejora de las redes viarias de peajes, obteniéndose así nuevas
vías de financiación para asegurar el mantenimiento de la
infraestructura viaria.
- La aplicación de la progresiva reducción del precio del peaje.
- La mejora del acceso a los núcleos de población en transporte
público.
d) Este impuesto deberá cederse a las Comunidades Autónomas.
5. Destinar parte del Impuesto Especial de Hidrocarburos a financiar
el mantenimiento de la red de infraestructuras viaria actual en
régimen concesional y a la mejorar de la red de transporte público
que incentive su uso. Esta medida, que estará guiada por el principio
de solidaridad interterritorial, contribuirá a cubrir los posibles
gastos de compensación financiera.
6. Recaudación efectiva del 100 por 100 del IBI por parte de las
empresas concesionarias de la Generalitat de Catalunya.
7. Reestructuración de los puestos de pago de peaje en las coronas de
los grandes núcleos de población resolviendo, así, las situaciones de
discriminación existentes.
8. Aplicación de la medida transitoria de la celebración urgente de
los convenios para la liberalización del peaje en los tramos donde
hubiera obras de mejora de carreteras para solucionar los problemas
de tráfico y de seguridad vial, y en concreto:
- La A-7 hasta que se concluyan las obras de la variante Altafulla-La
Mora y el segundo cinturón de Tarragona de la N-340.
- La A-2 -tramo Lleida-Barcelona- hasta que se concluyan las obras de
la N-II, en el tramo Cervera-Igualada.
- La A-7 -tramo Vilafranca del Penedès-Martorell- hasta que se
concluyan las obras de la variante de Cervelló-Vallirana en la N-
340.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 1999.-Joan Saura
Laporta, Diputado.-Ricardo Fernando Peralta Ortega, Portavoz adjunto
del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000383
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley para incrementar los umbrales de renta familiar
que posibilitan la concesión de una beca y ayuda al estudio, junto al
incremento paulatino del importe de las mismas.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
incrementar los umbrales de renta familiar que posibilitan la
concesión de una beca y ayuda al estudio junto al incremento
paulatino del importe de las mismas, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Una eficaz política de becas y ayudas al estudio resulta
imprescindible para garantizar una eficaz política de
igualdad de oportunidades que permita a los estudiantes procedentes
de familias con menores recursos económicos acceder a los estudios de
su elección sin ningún tipo de discriminación respecto a los
estudiantes de niveles socioeconómicos superiores.
El análisis de la evolución de las becas universitarias en el período
comprendido entre 1983 y 1996 pone de manifiesto el esfuerzo
realizado, ya que en estos años se multiplicó por veinte el
presupuesto total destinado a becas, duplicando el número de
becarios, cuyo porcentaje pasó del 10 por 100 al 19 por 100, al
tiempo que la cuantía media de las becas se incrementaba gradualmente
pasando de 45.000 pesetas en 1983 a 220.000 en 1996.
No obstante, este incremento del presupuesto de las becas y del
número de becarios universitarios no sólo se ha visto interrumpido
por la política llevada a cabo por el gobierno del Partido Popular
sino que incluso se ha retrocedido de manera alarmante. Según los
datos facilitados por el Gobierno (BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES de 18 de marzo de 1999, pág. 75), en dos cursos, del 96 al
98, hay 27.484 becarios universitarios menos y el importe de las
ayudas concedidas se ha reducido en casi 6.000 millones de pesetas.
Si a este recorte del número de becarios se suma la disminución
prevista en los indicadores del Presupuesto del 99, que estima una
disminución de menos 23.000 becarios, se llega a la conclusión de que
en los cuatro años del Gobierno del PP, hay en España unos 50.500
becarios universitarios menos.
A estos datos alarmantes se añade el hecho de que España es, según
los datos facilitados por la Oficina Estadística Europea Eurostat,
uno de los países europeos que menos financiación destina a becas y
ayudas directas a estudiantes. Mientras en nuestro país se destina
tan sólo un 2,4 por 100 del gasto educativo a este fin, países como
Dinamarca, Suecia y Holanda destinan respectivamente, un 16,4 por
100, un 15,5 por 100 y 12,7 por 100 de sus presupuestos en Educación.
Resulta por tanto urgente corregir esta situación que según diversos
estudios está produciendo de hecho una discriminación real a la hora
de acceder a determinados estudios en función del origen
socioeconómico de los alumnos.
El «Informe sobre Igualdad de oportunidades educativas», publicado en
1997, pone de manifiesto que entre los estudiantes con padres con
titulación universitaria superior, el 72 por 100 va a la Universidad,
mientras que sólo lo hace el 49 por 100 de los hijos con padres con
estudios secundarios y el 27 por 100 de los que tienen estudios
primarios.
Por su parte, un reciente estudio, publicado por el Instituto
Valenciano de Investigaciones Económicas, pone de manifiesto la
asociación existente entre la renta familiar y el tipo de estudios
que se cursan, ocasionando que los estudiantes procedentes de
familias con rentas más bajas opten mayoritariamente por seguir
estudios de ciclo corto cuyos gastos de matrícula, libros,
manutención y desplazamiento son inferiores a los ocasionados al
seguir una licenciatura. Así, entre los estudiantes pertenecientes
a familias con ingresos mensuales inferiores a
las 100.000 pesetas, sólo un 8 por 100 escoge una licenciatura frente
al 22 por 100 que opta por una diplomatura. Sin embargo, al llegar a
las 300.000 pesetas de ingresos familiares mensuales la elección de
carreras de ciclo corto y ciclo largo se equipara, mientras que a
partir de unos ingresos familiares de 400.000 pesetas mensuales, la
mayoría de los estudiantes opta por la licenciatura, y al llegar a
las 700.000 pesetas de renta mensual familiar, son casi inexistentes
los estudiantes que eligen una diplomatura.
Si bien es cierto que la beca y la ayuda debe supeditarse al
cumplimiento de criterios de objetividad y de necesidad real, no es
menos cierto que los límites de los actuales umbrales de renta, por
encima de los cuales no cabe su concesión, son muy bajos teniendo en
cuenta el número de personas que declaran encontrarse en esos tramos
de renta. En el curso 97/98 el número de becas concedidas fue de
255.742 que supusieron un importe de 56.767.600.908 pesetas. Por otro
lado, consideramos igualmente conveniente proceder a un incremento
gradual en el importe de las becas y ayudas al estudio.
Hay pues, sobradas razones para que, a la vista del momento económico
de bonanza que vivimos, se creen las condiciones que permitan
establecer un nuevo pacto, en virtud del cual, se incrementen los
umbrales de renta en función de los cuales se pueda ser acreedor de
una beca y ayuda al estudio de tal forma que aumente de manera
significativa el número de beneficiarios por cumplir el requisito en
renta.
A través de la política de becas se premia la capacidad intelectual y
de rendimiento académico de las personas y se posibilita que una
desigualdad de origen social no se convierta en factor determinante
de exclusión de un sistema que reclama la formación como el
instrumento más eficaz para hacer avanzar nuestra sociedad en todos
los sentidos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas legislativas necesarias para que los umbrales
de renta familiar que posibilitan la concesión de una beca y ayuda al
estudio se incrementen de tal forma que se aumente de manera
significativa el número de beneficiarios por cumplir el requisito en
renta.
2. Proceder a un incremento gradual de la cuantía de las becas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1999.-Clementina
Díez de Baldeón García, Diputada.- María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001576
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre el asesinato de la cooperante española,
doctora Inmaculada Vieira Fuentes, en Mozambique el día 22 de
noviembre de 1996.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por la Comisión de
Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, y
al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a
la cooperante española, Doctora Inmaculada Vieira Fuentes, asesinada
en Mozambique el 22 de noviembre de 1996 para su debate en la
Comisión de Asuntos Exteriores.
La Doctora Inmaculada Vieira Fuentes, se encontraba en Mozambique
desde el 8 de agosto de 1995. Había estado trabajando un año como
Coordinadora del Proyecto de Apoyo al Hospital José Maca, en Maputo,
con la Organización Médicos Mundi Cataluña. En la fecha en que
ocurrieron los hechos, acababa de renovar su residencia por un año
más, a la espera de iniciar otro trabajo con una Organización
Internacional (Hándicap Internacional).
Hasta ese momento, su trayectoria profesional se caracterizó por una
indiscutible dedicación a la cooperación con el tercer mundo.
Trabajó en 1993 en un proyecto de Salud Comunitaria financiado por la
AECI, durante seis meses en Medellín (Colombia).
De diciembre de 1993 a junio de 1994, y contratada por Médicos del
Mundo-España, trabajó como médico
cooperante, en el Departamento del Choco (selva colombiana), en un
programa financiado por la Comunidad Europea (ECHO).
De noviembre de 1994 a abril de 1995, también en Colombia, contratada
por Médicos sin Fronteras-España, formó parte del equipo local en el
Proyecto de Apoyo a la Atención Primaria en Salud, de los municipios
de Silvia y Piendamó, en el departamento del Cauca, financiado por el
Gobierno Español.
Desde agosto de 1995 a agosto de 1996, trabajó en Mozambique en el
Proyecto ya expuesto al inicio y que acababa de concluir.
Otros muchos datos del currículum de la Doctora Vieira abundarían aún
más en la innegable vocación de la joven Doctora Vieira por los
problemas del tercer mundo, y su compromiso solidario con los países
menos desarrollados.
Cuando perdió la vida, había decidido continuar en Mozambique y
realizaba gestiones para incorporarse en un nuevo proyecto sanitario
de cooperación La noche del 22 de noviembre de 1996, salió a cenar en
compañía de otra doctora cooperante, y se dirigían en un coche de la
organización no gubernamental «Médicos sin Fronteras-España», al
lugar de la cena donde les esperaban sus compañeros.
El vehículo estaba claramente identificado en sus laterales con los
logotipos de MSF y de la Unión Europea. En un momento del trayecto,
la Doctora Vieira, recibió el impacto de un disparo proveniente de un
agente de la policía que había sido alertado para detener a un
vehículo robado, supuestamente de características similares,
y ocupado por varios delincuentes de color.
Ni la velocidad a la que circulaba el vehículo (40 km/h), ni su clara
señalización, ni sus ocupantes, dos mujeres blancas (frente a
delincuentes de color) hacen comprensible mínimamente que se tratara
de una fatal confusión, como en un primer momento apuntó la hipótesis
de la policía, sino a la falta de preparación, negligencia
e irresponsabilidad de la policía de aquel país, la Doctora Vieira
falleció a los pocos minutos.
A la inicial confusión hay que añadir, las dificultades que tanto los
compañeros, como posteriormente la familia de la fallecida,
encontraron para esclarecer los hechos, para demandar ayuda, para
iniciar el proceso de exigencia de responsabilidades encontrándose en
una situación de angustia, temor y gran indefensión.
Ante el silencio e inactividad del Gobierno de Mozambique, el
Embajador español y el Ministerio de Asuntos Exteriores presentaron
reclamación oficial y ofrecieron su colaboración que si bien fue
importante, la familia consideró en momentos claves, de insuficiente
apoyo.
Han sido multitud de gestiones realizadas durante estos dos largos
años, la familia de la Doctora Vieira, ha ido sorteando grandes
dificultades y presiones hasta conseguir un juicio al agente de
policía que provocó la muerte de Inmaculada, y el fallo finalmente
fue de «homicidio involuntario». Tanto la condena (un año de prisión
que nunca cumplió), como la indemnización (120.000 pesetas), fueron
considerados por la familia como una burla. La familia mantiene la
queja de falta de asistencia jurídica y diplomática efectiva,
mientras que el Ministerio de
Asuntos Exteriores considera que todo su apoyo, fue inmejorable y la
sentencia aceptable.
Actualmente la sentencia ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo
de Mozambique.
La diferente interpretación que cada una de las partes hace del
desarrollo de los hechos, de las gestiones, de las demandas, de las
respuestas, etc., y a pesar de otras iniciativas ya existentes como
preguntas orales y escritas es lo que motiva la presentación de esta
Proposición no de Ley, al objeto no sólo de elaborar un completo
informe que exponga toda la realidad de los hechos y actuaciones sino
también establecer un mecanismo de protección efectiva para nuestros
cooperantes, al tiempo que un reconocimiento a la fallecida, en forma
de ayuda a su familia, dadas las circunstancias extraordinarias en
que se encontraba y en que se produjo su muerte.
Por ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Elabore un informe que, incorporando las actuaciones realizadas
con motivo del asesinato de la ciudadana española, Doctora Vieira,
cooperante en Mozambique, ocurrido en noviembre de 1996, tenga como
finalidad la información relativa a los servicios y prestaciones que,
tanto desde las Embajadas españolas como desde la Dirección General
de Asuntos Jurídicos y Consulares y de la AECI procede adoptar para
la protección y la seguridad de los cooperantes españoles en el
exterior.
2. En el ámbito del Estatuto del Cooperante que establece el artículo
38.2 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, incorpore en reconocimiento de
las especiales dificultades y características de la labor que
desempeñan, las prestaciones y asistencia del Estado que, en su
calidad de cooperantes en Misión Técnica Internacional, proceda
aplicar, previéndose asimismo las que correspondan en circunstancias
extraordinarias que afecten a la vida y la seguridad de dicho
personal en el cumplimiento de su labor.
3. Teniendo en cuenta las circunstancias extraordinarias en las que
la ciudadana española Inmaculada Vieira Fuentes fue asesinada en
Maputo, realice las gestiones oportunas y apoye aquellas iniciativas
procesales y de cualquier otro orden que, para la protección en
derecho de la acción de la familia de la Doctora Vieira, proceda
adoptar.
4 En base a las consideraciones anteriores y en reconocimiento de las
circunstancias extraordinarias en las que perdió su vida la Doctora
Vieira, considere la concesión de una indemnización económica,
reconocida con dicho carácter a favor de la familia afectada.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 1999.-Blanca
García Manzanares, Diputada.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
161/001581
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre medidas relativas a la situación en
Yugoslavia.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y
al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Mixto presenta, para su debate y votación en la Comisión de Asuntos
Exteriores de la Cámara, la siguiente Proposición no de Ley sobre
medidas relativas a la situación en Yugoslavia, a instancia de los
Diputados y Diputadas de Nueva Izquierda e Iniciativa per Catalunya-
Verds.
La intervención militar de la OTAN, mediante bombarderos aéreos en el
territorio de Yugoslavia, se ha revelado, hasta la fecha, ineficaz
para impedir que el ejército yugoslavo, las unidades especiales de
policía y las fuerzas paramilitares continúen la limpieza étnica de
Kosovo. La mayoría de la población albano-kosovar ha sido expulsada y
deportada de la zona del conflicto, buscando refugio en los países
vecinos, destacando que miles de personas desplazadas siguen en
Kosovo sin protección ni verdadera ayuda humanitaria alguna. Tras más
de un mes de bombarderos en los territorios de Kosovo y de Serbia, el
conflicto se agrava día a día, con serias repercusiones en todos los
Estados de la región, y con un creciente número de víctimas.
De acuerdo con la iniciativa diplomática tomada por los Estados que
forman el llamado G-8, concretada en un comunicado que contiene unos
principios generales para una solución política del conflicto,
detener los ataques militares en los territorios de Kosovo y de
Serbia, podría
constituir un paso importante para poner en práctica dicha
iniciativa.
En el plan de paz promovido por los Estados que forman el llamado G-
8, se propone el establecimiento de una administración interina para
Kosovo, a decidir por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
a fin de asegurar las condiciones para una vida pacífica de sus
habitantes. Sin embargo, el Estado español tiene que potenciar el
papel de la Unión Europea en este proceso, que debe ser fundamental.
Ante la posibilidad de la intervención de las Fuerzas Armadas del
Estado en cualquier operación terrestre situada en el marco del
conflicto de los Balcanes, u otras acción que ponga una mayor
implicación de España, el órgano de Estado que debe
corresponsabilizarse y por lo tanto, autorizarla debe ser el
Parlamento.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar el plan de paz promovido por los Estados que forman el
llamado G-8 y realizar esfuerzos en el seno de la OTAN y Naciones
Unidas, dirigidos a la finalización de los ataques militares en los
territorios de Kosovo y de Serbia, de forma que se favorezca el
citado plan de paz.
2. Reconozca el estatuto jurídico de refugiados y conceda asilo a
todas las personas procedentes de la zona de conflicto que lo
soliciten, especialmente a los albanokosovares y los desertores y
objetores de conciencia de la República Federal Yugoslava.
3. Solicitar la autorización del Congreso de los Diputados antes de
decidir la implicación de fuerzas terrestres en el conflicto de los
Balcanes.
4. Realizar las acciones oportunas para que, en el marco del plan de
paz promovido por los Estados que forman el llamado G-8, la Unión
Europea tenga un papel fundamental en lo relativo al establecimiento
de una administración interina en Kosovo, así como en la convocatoria
de una conferencia sobre los Balcanes y en la reconstrucción de la
zona.
5. Incrementar la ayuda humanitaria a los afectados por el conflicto
de los Balcanes en cooperación con ACNUR y a las Organizaciones No
Gubernamentales con experiencia en este tipo de conflictos. A tal
efecto, el Gobierno aprobará, de manera urgente, un Decreto-Ley para
habilitar un crédito extraordinario suficiente.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 1999.-Manuel
Alcaraz Ramos, Diputado.-Joan Saura Laporta, Diputado.-Ricardo
Fernando Peralta Ortega, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Mixto.
Comisión de Justicia e Interior
161/001570
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Proposición no de Ley por lo que se insta al Gobierno a la
modificación de la Orden de 18 de marzo de 1998, de la Resolución de
la Dirección General de la Guardia Civil, de fecha 19 de octubre de
1998, así como del Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Justicia e Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y
al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido
en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento, presenta la
siguiente Proposición no de Ley que insta al Gobierno a la
modificación de la Orden de 18 de marzo de 1998, de la Resolución de
la Dirección General de la Guardia Civil, de fecha 19 de octubre de
1998, así como el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, para su
debate en la Comisión de Justicia e Interior.
Exposición de motivos
La actividad cinegética tiene una extraordinaria importancia en
España, no sólo desde el punto de vista económico, sino también desde
un punto de vista social y cultural. Son aproximadamente 1,5 millones
los cazadores que habitualmente practican este deporte.
Con fecha reciente el Gobierno del Estado ha puesto en vigor una
serie de normas que han venido a complicar injustificadamente la
práctica de esta actividad tradicional.
Por un lado, bajo la iniciativa del Ministerio del Interior, en el
«Boletín Oficial del Estado» de fecha de 3 de diciembre se publica el
Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la
acreditación de la
aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar
servicios de seguridad privada.
Este Real Decreto se pretende aplicar a dos colectivos que realizan
una actividad totalmente distinta; por un lado, las personas que
desempeñan profesionalmente servicios de seguridad privada y, por
otro lado, a un colectivo que desempeña una actividad deportiva como
es la caza o el tiro. No parece lógico que se equiparen unas
actividades tan dispares.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) entiende razonable la
existencia de un examen psicofísico para la concesión de licencias de
armas de caza y tiro, sin embargo, considera excesivos los requisitos
exigidos por este Real Decreto para la práctica de un deporte tan
extendido y popular.
En relación con la publicación de la Orden de 18 de marzo, del
Ministerio del Interior, y de la Resolución de la Dirección General
de la Guardia Civil, de fecha 19 de octubre de 1998, por la que se
dictan instrucciones para la ejecución de la Orden, es preciso que el
colectivo de los cazadores sea debidamente consultado, ya que el
examen que se pretende imponer no responde en absoluto a unas
exigencias lógicas que acrediten un debido conocimiento del manejo de
armas deportivas de caza. La realización de pruebas prácticas de
puntería, la acción de montar y desmontar un arma entre otras,
responden más a unos conocimientos exigidos a los cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado, que a los usuarios de unas armas deportivas
para la práctica de la caza y tiro.
Además, es preciso tener en cuenta que son numerosas las Comunidades
Autónomas, la Comunidad Autónoma Vasca, por ejemplo, que han
implantado el examen del cazador, en el que se contiene una sección
específica dedicada a la legislación sobre armas y pruebas de manejo
Guardia Civil, se produce una duplicidad sobre la misma materia, que
complica y encarece la práctica de la caza y del tiro deportivo,
generando disfuncionalidades administrativas.
Por consiguiente, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a rectificar
y adecuar la Orden de 18 de marzo de 1998 del Ministerio del Interior,
la Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de fecha 19
de octubre de 1998, así como el Real Decreto 2487/1998 de 20 de
noviembre, de forma consensuada con los representantes de las
Comunidades Autónomas en materia de caza, así como las Federaciones
representantes del colectivo de cazadores, ajustándose a las
necesidades específicas de la caza y el tiro deportivo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 1999.-Iñaki
Anasagasti Olabeaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV).
161/001580
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre el cierre inmediato de las actuales
instalaciones del Centro de Internamiento de Extranjeros de
Barcelona.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Justicia e Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y
al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OfICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento, el Grupo Mixto presenta
la siguiente Proposición no de Ley para el cierre inmediato de las
actuales instalaciones del Centro de Internamiento de Extranjeros de
Barcelona, para su debate en la Comisión de Justicia e Interior de la
Cámara, a instancia de Iniciativa per Catalunya-Verds.
La antigua Ley de Vagos y Maleantes, en su artículo 6.9, disponía que
los extranjeros peligrosos serían expulsados del territorio español,
y cuando quebrantaren la orden de expulsión, serían internados en
establecimientos de custodia por un año. La también preconstitucional
Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social establecía unos centros
especiales para la aplicación de medidas cautelares de detención de
internamiento preventivo de los extranjeros declarados peligrosos.
La entrada en vigor de nuestra Constitución dejó sin efecto un
sistema que permitía a la Administración imponer, en la práctica,
penas de privación de libertad. Sin embargo, la Ley Orgánica 7/1985,
reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros en España,
y sus normas de desarrollo, han mantenido un sistema de detención,
internamiento y expulsión, en torno a los denominados «Centros de
Internamiento de Extranjeros» que roza la inconstitucionalidad. Por
ello, el Defensor del Pueblo presentó un recurso ante el Tribunal
Constitucional que, en su Sentencia 115/1987, declaró la
constitucionalidad
de este sistema, sólo se si interpretaba conforme a sus
fundamentos jurídicos.
De cualquier modo, y mientras se debate en esta Cámara la
modificación de la legislación sobre extranjería, es inadmisible que
estos internamientos se produzcan en centros que, en muchos casos, se
encuentran en condiciones de insalubridad que ni siquiera serían
admisibles en centros penitenciarios.
En una reciente visita al Centro de Internamiento de La Verneda, en
Barcelona, la Diputada y el Diputado firmantes de esta proposición,
pudieron comprobar personalmente las pésimas condiciones en que se
ven obligados a permanecer los inmigrantes que son detenidos por la
policía, por carecer de documentación, hasta el momento en que son
repatriados a sus países de origen.
Pese a que las instalaciones, ese día, estaban pintadas y limpias, no
se puede vivir en esas instalaciones con la dignidad a que todos los
seres humanos tienen derecho. Allí, los inmigrantes se encuentran en
un subterráneo donde no entra un rayo de sol, incluido el patio,
tapado con una claraboya o techo de plástico que impide la filtración
del sol. No hay ventanas al exterior. Ni en las habitaciones, ni en
el comedor, ni en la sala de recreo, ni en los aseos, se dispone de
luz solar.
El Colegio de Abogados de Madrid, en un reciente informe sobre la
situación de estos Centros de Internamiento de Extranjeros, al
referirse al de Barcelona, destacaba lo siguiente:
«... se observó gran discrecionalidad en la imposición de sanciones
en aplicación de su régimen interno, al encontrarse a extranjeros
recluidos en oscuras celdas individuales veinticuatro horas al día,
sin las mínimas condiciones de habitabilidad e incluso haciendo en
ellas sus necesidades. Todo ello sin haberlo puesto en conocimiento
del juez.»
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que proceda al
cierre inmediato de las actuales instalaciones del Centro de
Internamiento de Extranjeros ubicado en la Comisaría de la Zona I de
Barcelona, en La Verneda.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1999.-Mercè
Rivadulla Gracia, Diputada.-Joan Saura Laporta, Diputado.-Ricardo
Fernando Peralta Ortega, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Mixto.
Comisión de Defensa
161/001573
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asuntode referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre consideración como tratado de la
modificación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) resultante de la cumbre de Washington y sobre celebración de
un referéndum consultivo sobre la permanencia de España en dicha
organización en su nueva configuración tras la referida cumbre.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo
proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo previsto en el Reglamento de la Cámara se presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Defensa.
La cumbre de Washington realizada por los 19 Estados de la Alianza
Atlántica ha aprobado un Nuevo Concepto Estratégico que varía
sustancialmente el Tratado al que España se adhirió previa
autorización de las Cortes Generales.
En su día, las Cortes Generales autorizaron la adhesión de España a
una Alianza Militar de carácter defensivo y por tanto pensada para
responder a cualquier agresión a sus países miembros.
El instrumento de adhesión tras la aprobación de las Cortes se dio en
esos términos excluyendo por tanto cualquier posibilidad de agredir a
Estados Soberanos que no hubiesen agredido previamente a algún Estado
de la Alianza Atlántica.
La cumbre de Washington ha ampliado el carácter defensivo para
incluir el derecho a la intervención armada en el espacio
Euroatlántico sin el mandato expreso del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas e introduciendo como materias susceptibles de
provocar una intervención tales como «... actos de terrorismo,
sabotaje, crimen organizado, y los problemas en el abastecimiento de
recursos vitales. El movimiento incontrolado de grupos muy numerosos
de población, sobre todo como consecuencia de conflictos armados,
también puede plantear problemas de seguridad y estabilidad que
alcancen a la Alianza...».
La Cumbre ha revalidado el uso del arma nuclear en el Nuevo Concepto
Estratégico «... para proteger la paz e impedir la guerra o cualquier
forma de coacción, la Alianza mantendrá, en un futuro previsible, una
combinación adecuada de fuerzas convencionales y nucleares
estacionadas en Europa y actualizadas cuando sea necesario...».
Estamos por tanto ante una Nueva Alianza Militar, dispuesta a
intervenir fuera de los límites jurisdiccionales de sus países
miembros y para actuar sobre nuevas amenazas producidas por
terrorismo, crimen organizado, movimientos de masas trasnacionales o
los problemas derivados en el abastecimiento de recursos vitales,
materias que en España se entienden susceptibles de intervención
exclusivamente policial.
Por todo ello, el Grupo Federal de Izquierda Unida entiende que las
conclusiones de la Cumbre de Washington modifican substancialmente el
Tratado al que España se adhirió en virtud del Instrumento de
Adhesión previa autorización de las Cortes Generales firmada por el
Jefe del Estado el 29 de mayo de 1982.
Como quiera que el pueblo español tuvo la oportunidad de opinar
mediante referéndum consultivo las condiciones para dicha
participación, desde el punto de vista de la lógica democrática, la
autorización de las Cortes Generales para suscribir o no las
conclusiones de la Cumbre de Washington deberá someterse a votación
tras la convocatoria de un referéndum para que el pueblo español
opine sobre la conveniencia o no de suscribir el Nuevo Concepto
Estratégico de la OTAN.
Por todo lo cual se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados:
1. Considera que el resultado de la Cumbre de Washington constituye
una modificación del instrumento jurídico fundamental de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte y supone un nuevo
tratado, y que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 94.1.b) de
la Constitución vigente y en el Reglamento de esta Cámara, dicho
nuevo tratado debe ser sometido a ratificación con sumisión a las
normas citadas, y en consecuencia, reclama su competencia
constitucional en la materia.
2. Considera que los términos de la participación de España en una
alianza de carácter militar, que compromete la política de defensa de
la nación, constituye uno de los supuestos 'de decisión política de
especial transcendencia' contemplados en el artículo 92 de la
Constitución vigente, y por consiguiente la modificación del
contenido del texto del tratado de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte, constituye uno de dichos supuestos, máxime cuando la
capacidad del Gobierno español para obligarse en dicho tratado quedó
limitada mediante referéndum.
3. Insta al Gobierno para que de acuerdo con el artículo 92.2 de la
Constitución vigente y el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/1980,
solicite la autorización del Congreso de los Diputados para la
convocatoria y celebración de un referéndum consultivo sobre la
permanencia de España en la Organización del Tratado del Atlántico
Norte en los términos del tratado tras la cumbre de Washington. Dicho
referéndum
deberá celebrarse antes del 31 de diciembre de 1999, y la solicitud
deberá contener los términos exactos en que haya de formularse la
consulta, ciñéndose con precisión y exclusividad a las dos respuestas
posible de salida o permanencia de nuestro país en la OTAN, sin
vincularse a cualquier otra decisión de política exterior o de
defensa.
Asimismo se insta expresamente al Gobierno a acatar el resultado de
esta consulta, cualquiera que sea su resultado.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 1999.-Willy
Meyer Pleite, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
161/001569 162/000382
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Solicitud de que su Proposición no de Ley relativa al sector del ajo,
sea debatida en el Pleno de la Cámara.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y disponer su conocimiento por el
Pleno de la Cámara, dando traslado de este acuerdo a la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, al Gobierno, al Grupo Parlamentario
proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
(nuevo número de expediente 162/000382/0000).
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Nota: La iniciativa de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie D, número 430, de 17 de mayo de 1999.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000591 162/000378
La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Solicitud de que la Proposición no de Ley sobre medidas para
solucionar la ausencia de equipamientos adaptados a las limitaciones
físicas de algunos consumidores turísticos, sea debatida en el Pleno
de la Cámara.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y disponer su conocimiento por el
Pleno de la Cámara, dando traslado de este acuerdo a la Comisión de
Industria, Energía y Turismo, al Gobierno, al Grupo Parlamentario
proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
(nuevo número de expediente 162/000378).
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Nota: La iniciativa de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie D, número 159, de 10 de junio de 1997.
Comisión de Política Social y Empleo
161/001577
La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre normas de cotización aplicables a los
trabajadores en supuestos de Convenio Especial y otras situaciones
asimiladas a la de alta.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Política Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre normas
de cotización aplicables a los trabajadores en supuestos de Convenio
Especial y otras situaciones asimiladas a la de alta, para su debate
en la Comisión de Política Social y Empleo.
Exposición de motivos
Las normas de cotización a la Seguridad Social para 1999, contenidas
en la Orden de 16 de enero, vienen a consolidar la tendencia iniciada
con la Orden de cotización para 1997 que procedió a elevar
sustancialmente los coeficientes aplicables a los Convenios
Especiales y otras situaciones asimiladas a la de alta. Entonces se
produjo un incremento del coste de estos Convenios Especiales cercano
al 25 por 100. Ahora bien, ante la repercusión y contestación social
de la medida, el Gobierno modificó la norma a través de una
corrección de errores en el «Boletín Oficial del Estado», volviendo a
los coeficientes vigentes hasta la fecha de llegada del Partido
Popular al Gobierno.
La Orden para 1998 también supuso una elevación de los coeficientes,
pero esta vez con una agravante: al distinguir entre quienes hubieran
suscrito el Convenio con anterioridad a 1 de enero de 1998 o con
posterioridad a esta fecha, a efectos de aplicar el coeficiente,
grava especialmente a las personas que se encuentren en este último
supuesto, incrementándoles el coste del Convenio en un 37 por 100.
Esta diferencia, injustificada, pues, con independencia del momento
en que se suscriba el Convenio, lo cierto es que se trata de personas
que se encuentran en situaciones difíciles y a las que el Gobierno
debería haber dedicado una atención especial, se sigue manteniendo en
la Orden para 1999 y consolida situaciones denunciadas en 1998 y que
no se ha tenido a bien corregir.
De este modo, los trabajadores contratados a tiempo parcial o que
reduzcan la jornada por cuidado de menor o minusválido y que hubieran
suscrito un Convenio Especial con anterioridad al 1 de enero de 1998,
ven incrementado el coeficiente que se les aplica un 26,23 por 100,
en relación a 1997. Ahora bien, quienes desde 1998 hubieran
formalizado este Convenio o lo suscriban este año, deberán pagar un
54,1 por 100 más de lo que se pagaba en 1997 y, exactamente, un 22,1
por ciento más de lo que pagarán este año los que lo hubieran
suscrito en años anteriores a 1998.
Otra diferencia que se consolida, y que partió de las normas de
cotización para 1998, estriba en que, en el Convenio Especial de
mantenimiento de la situación de cotización, ya no se distingue entre
Convenio con asistencia sanitaria (cuyo coeficiente reductor era el
0,94, coeficiente que se sigue manteniendo) y el Convenio sin
asistencia sanitaria (cuyo coeficiente pasa del 0,73 en 1997 al 0,77
en 1999), sino que todos tendrán que formalizarse con el 0,94. Habida
cuenta de que en virtud del artículo 12 de la Ley 49/1998, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, la asistencia
sanitaria se financia exclusivamente con las aportaciones finalistas
del Estado, no tiene sentido este 0,94 que sobre el 0,73 de los que
no tenían asistencia sanitaria, supone un incremento del 28,8 por
100. A mayor abundamiento, este incremento del 28,8 por 100 es el que
experimentan las personas que hubieran suscrito el Convenio Especial
sin asistencia sanitaria con posterioridad al 1 de enero de 1998, lo
que a su vez les supone una subida respecto de las personas que
hubieran suscrito igual Convenio con anterioridad a dicha fecha del
22,1 por 100.
Los trabajadores en huelga legal o cierre patronal que suscriban un
Convenio Especial durante 1999 verán incrementado el coeficiente un
28,8 por 100 más que en 1997, y tendrán que pagar un 24,01 por 100
más que aquellos trabajadores que lo suscribieron en 1998.
Especialmente grave es la situación de los perceptores del subsidio
de desempleo con derecho a cotización por jubilación que hubieran
suscrito un Convenio Especial con posterioridad al 1 de enero de 1998
(disposición adicional séptima de la Orden ministerial), a los cuales
se les incrementa un 40 por 100 el coeficiente, en relación a quienes
lo hubiere suscrito con anterioridad a dicha fecha. Si bien es cierto
que se reduce el coeficiente del Convenio por incapacidad permanente,
muerte y supervivencia y servicios sociales en un 12 por 100,
aquellos desempleados que tuvieran cubiertas todas las prestaciones
experimentan una subida, con respecto a quienes lo hubieran suscrito
en 1997, del 16,4 por 100.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presente la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que derogue la
subida experimentada por los coeficientes aplicables para determinar
la cotización en los supuestos de Convenio Especial y otras
situaciones asimiladas a la de alta, así como en el supuesto de
desempleo a nivel asistencial, manteniendo en vigor para 1999 el
contenido y los coeficientes que se aplicaron en 1997.»
Palacio del Congreso de los Diputados 11 de mayo de 1999.-Alejandro
Cercas Alonso, Diputado.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/001571
La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa al desarrollo de programas socio-
sanitarios dirigidos a las personas con discapacidades y otras
dolencias que requieran atenciones preventivas o paliativas.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y
al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de
Ley, relativa al desarrollo de programas socio-sanitarios dirigidos a
las personas con discapacidades y otras dolencias que requieran
atenciones preventivas o paliativas.
Exposición de motivos
Es preciso un desarrollo alternativo de la acción sanitaria básica
que equilibre la acentuación de la atención curativa respecto de la
atención preventiva y paliativa, impulsando el desarrollo de
programas socio-sanitarios a través de la formación, el entrenamiento
de los profesionales y la reorientación de determinados servicios que
logren mejorar el aprovechamiento de todos los recursos existentes,
introduciendo criterios de eficiencia y eficacia para atender nuevas
demandas y extender al conjunto de la población los servicios de
atención específica y peculiar que requieran en el ámbito de
programas específicos relacionados con la atención socio-sanitaria.
Por todo lo expuesto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno
a:
- Elaborar un estudio sobre el impacto de los Programas de
Intervención para Discapacitados en el Medio Acuático y la
conveniencia de extender estos tratamientos a personas afectadas por
el síndrome Down, de parálisis cerebral, plurideficientes y todas
aquellas que padecen alteraciones físico-motrices, psíquicas y/o
sensoriales.
- Impulsar el desarrollo de estos Programas y la formación de
monitores especializados, estableciendo convenios con Organizaciones
no Gubernamentales, tales como la Fundación ONCE y demás entidades
con conocimientos y experiencia en la materia.
- Optimizar el aprovechamiento de polideportivos, piscinas
climatizadas públicas, etc., existentes en las Corporaciones Locales,
reservando días y horarios para su uso, que permitan atender la
demanda para acceder a los Programas de Intervención en el Medio
Acuático a las personas discapacitadas que lo soliciten y requieran.
Madrid, 29 de marzo de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001574
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa al problema que está causando la
anorexia en nuestra sociedad.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y
al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa al problema que está causando la anorexia en nuestra
sociedad, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Motivación
La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados aprobó
en su sesión de 25 de febrero de 1997 una Proposición no de Ley que
instaba al Gobierno a poner en marcha medidas de coordinación de los
profesionales en los diferentes niveles de atención primaria, centros
de salud y hospitales y a la elaboración de un protocolo de actuación
terapéutica sobre los trastornos alimentarios. También el 1 de
diciembre de 1998 el Senado aprobó una Moción instando al Gobierno a
poner en funcionamiento en el ámbito del INSALUD un programa
específico de atención y tratamiento que incluyera un protocolo de
actuación con el fin de conseguir un tratamiento integral de estos
enfermos.
Muy poco se ha hecho hasta el momento. La Mesa Sectorial que convocó
el Ministerio de Sanidad y Consumo, que se reunió en 26 de marzo de
este año, abordó únicamente -siendo esto importante- medidas sociales
de carácter preventivo de estas enfermedades. Es hora ya de, además,
adoptar medidas que incidan en el tratamiento sanitario de las
mismas.
Tanto la anorexia como la bulimia son enfermedades que en los últimos
años registran un considerable aumento, causan gran alarma entre la
población, suponen un problema de salud importante, y aunque según un
estudio de sanidad, no hay epidemia, sí hay que decir que la
situación es preocupante.
Es obvio que las familias que padecen este problema por sí sólos no
pueden parar, ni muchos menos solucionar tan aguda problemática,
puesto que las personas que padecen esta enfermedad requieren sin
lugar a dudas un tratamiento especializado.
También es obvio que en los centros sanitarios a estos pacientes los
tienen hospitalizados en la sección de psiquiatría o en el peor de
los casos en los pasillos, ya que la sanidad pública aún no está
preparada para tratar, de una forma específica y multidisciplinar, el
problema de la anorexia.
Por ello el Grupo Parlamentario ha de insistir en la elaboración
urgente de un Protocolo de Actuación de los Trastornos Alimentarios.
Ya en 1995 el INSALUD elaboró un Protocolo. Mientras no se elabore
otro, es necesario otorgar al mismo la máxima difusión entre el
personal sanitario.
Por lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Que apruebe en el ámbito de gestión del INSALUD un Programa
Específico de Atención y Tratamiento para
los enfermos de anorexia y bulimia que afecte a los distintos niveles
sanitarios y tenga por finalidad una atención sanitaria integral de
estos enfermos. Este Programa específico deberá contemplar, entre
otras medidas, acciones encaminadas a una detección precoz de dichos
trastornos, programas formativos del personal sanitario y
asistencial, creación de plazas en hospitales de día, ampliación de
camas en los hospitales, medidas de coordinación entre los diferentes
servicios que atienden a estos enfermos, etc., así como la
elaboración de un Protocolo de Actuación de los trastornos del
comportamiento alimentario. Hasta que se apruebe el mismo, el INSALUD
debe difundir el Protocolo elaborado en 1995.
- Que promueva, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, criterios de coordinación general sanitaria con el
fin de que todas las Comunidades Autónomas con competencias de
asistencia sanitaria transferidas establezcan en sus Servicios de
Salud correspondientes programas específicos de atención
y tratamiento de la anorexia y la bulimia.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 1999.-Margarita
Pin Arboledas, Diputada.- María Jesús Arrate Varela Vázquez,
Diputada.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Socialista del Congreso.
Comisión de Infraestructuras
161/001575
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la supresión del peaje de Tarragona
en la A-7.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a
la supresión del peaje de Tarragona en la A-7, para su debate en la
Comisión de Infraestructuras.
Motivación
El 24 de noviembre del pasado año 1998 se aprobaba por unanimidad en
la Comisión de Infraestructuras instar al Gobierno para conseguir la
supresión del peaje de Tarragona en la A-7 para vehículos pesados
mientras duraran los trabajos de la subcomisión creada dentro de la
Comisión de Infraestructuras, llamada «Subcomisión para definir
medidas que objetiven, sobre premisas de solidaridad y equilibrio
interterritorial, el coste de los peajes de las autopistas con la
finalidad de eliminar las actuales discriminaciones».
Esta unanimidad se consiguió tras retirar el Grupo Socialista un
texto en el que se solicitaba la gratuidad para toda clase de
vehículos mientras durara la tramitación y ejecución de las obras de
la variante de la N-340 entre Altafulla-Vilaseca.
Sólo tres días después, el Secretario de Estado de Infraestructuras,
Sr. Vilalta, declaraba públicamente que ese acuerdo unánime no iba a
ser atendido por el Gobierno.
Lo cierto es que aquellas declaraciones fueron premonitorias puesto
que el acuerdo alcanzado posteriormente por la Generalitat de
Catalunya, el Ministerio de Fomento y la concesionaria ACESA se
limitó a rebajar el peaje de Tarragona para los vehículos pesados.
Además, la Sub-Comisión a la que aludía el acuerdo de la Comisión de
Infraestructuras todavía no se ha creado a pesar de que el Pleno de
la Cámara la aprobó el 6 de octubre del pasado año 1998. Es decir,
han transcurrido más de siete meses. Por cierto, en esa sesión del
Pleno, el Grupo Socialista ya solicitó la supresión del peaje de
Tarragona.
En resumen, existe un acuerdo unánime de la Comisión de
Infraestructuras instando al Gobierno para que lleve a cabo las
gestiones oportunas que permitan la supresión del peaje de Tarragona
para vehículos pesados que ha sido desatendido por el Gobierno.
Mientras tanto, los problemas de congestión del tráfico continúan,
así como la siniestralidad, lo cual demuestra que ha servido de poco
la rebaja para vehículos pesados y dichos problemas pueden ir en
aumento con la llegada de la temporada turística de verano.
Por tanto, vista la experiencia de estos meses, el Grupo Socialista
considera que sólo a partir de lo que ya solicitamos inicialmente en
octubre y noviembre pasado, podrá solucionarse la problemática que
persiste, es decir, liberando totalmente el peaje de Tarragona.
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que realice las
gestiones oportunas para liberar el peaje
de Tarragona para toda clase de vehículos mientras duren la
tramitación y la ejecución de las obras del desdoblamiento de la N-
340 entre Altafulla y Vilaseca.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 1999.-Xavier
Sabaté Ibarz, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
Comisión de Medio Ambiente
161/001579
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la realización de los estudios
necesarios para la toma de decisiones dirigidas a resolver los
déficit estructurales de agua en Cataluña y de declaración de interés
general de obras de abastecimiento de las zonas norte y centro de sus
cuencas internas.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento y disponer su conocimiento por la Comisión de
Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes. del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa
a la realización de los estudios necesarios para la toma de
decisiones dirigidas a resolver los déficit estructurales de agua en
Cataluña y de declaración de interés general de obras de
abastecimiento de las zonas norte y centro de sus cuencas internas,
para su debate en la Comisión de Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, aprobó los Planes
Hidrológicos de Cuenca y, entre ellos, el Plan Hidrológico de las
cuencas internas de Catalunya, que había sido informado
favorablemente por la Comisión de Gobierno de la Junta de Aguas el
día 31 de diciembre de 1994.
El Plan Hidrológico de las cuencas internas catalanas preveía unos
déficit para la Zona Centro (Región Metropolitana) de 263 Hm3/año
para el año 2002 y de 416 Hm3/año para el 2012. Sin embargo, los
últimos estudios efectuados por el organismo Aguas del Ter-Llobregat
(ATLL) por encargo de la Generalitat, afinan los datos y establecen
unas necesidades de recursos de agua en el ámbito metropolitano
ampliado con la Costa DauradaMaresme Nord y Anoia, de 650 Hm3, sobre
una previsión de población en ese año 2012, de 5 millones de personas
actual de Madrid, 125 m3/habitante y año, aunque estaría muy por
debajo de la de otras zonas de países desarrollados como es el caso
de California con 240 m3/habitante año.
Para hacer frente a unas necesidades de 650 Hm3, se dispondría de
unos 325 Hm3 de aguas superficiales y 100 Hm3
de aguas subterráneas. Por tanto, se establece la existencia de un
déficit estructural y la necesidad de una aportación externa de 225
Hm3, es decir un caudal continuo aproximado de 7 m3/segundo. Yello,
sin tener en cuenta que hay que suplir caudales de utilización actual
de escasa calidad y evitar la sobrexplotación de las reservas
subterráneas, lo que podría elevar la necesidad de recursos externos.
La falta de agua en las cuencas internas de Catalunya es un factor
que puede condicionar el futuro desarrollo del territorio, pero con
una trascendencia más general puesto que se trata de una zona que
juega un papel fundamental en la economía española como eje de una
gran área económica mediterránea. Resulta por tanto, de total
importancia considerar el problema en toda su dimensión, para adoptar
una solución definitiva que afronte los déficit estructurales y las
situaciones de sequía que periódicamente se producen en las cuencas
internas catalanas. Para ello es preciso realizar una adecuada
planificación que garantice el abastecimiento de agua de Catalunya en
el medio plazo.
En el momento actual la situación resulta preocupante, aunque las
recientes lluvias la hayan aliviado ligeramente. El sistema Sau-
Susqueda, con una capacidad de embalse de 401,50 Hm3 -del que se
derivan hasta 8 m3/segundo para el abastecimiento de Barcelona-, sólo
disponía de 143,06 Hm3, es decir el 35,63 por 100 de su capacidad en
fecha 1 de marzo de 1999. En esa misma fecha en el año anterior se
encontraba en el 74 por 100, y la media histórica se ha situado en
ese mes en el 64.7 por 100. Por lo que respecta a otros embalses,
también en esa misma fecha, 1 de marzo de 1999, la capacidad del
embalse de Boadella, que abastece la ciudad de Figueres, la Costa
Brava Nord y que riega gran parte del Empordà, sólo era de un 24 por
100. Los pantanos del río Llobregat, La Baells y Sant PorÁ también se
encontraban en un 30 por100 de su capacidad.
La sequía es real en Catalunya en este año 1999. La falta de lluvias
de los años 1998 y 1999 ha hecho que los caudales que llegan a los
embalses hayan disminuido drásticamente y ha requerido la toma de
decisiones. Se han anunciado fuertes restricciones para las zonas
agrarias de regadío y se prevén fuertes pérdidas en las zonas de
secano. El Gobierno de la Generalitat ha publicado un decreto para
hacer frente a la situación, el Decreto 94/1999, de 6 de abril, en el
que se regulan los desembalses y se restringen los usos agrícolas e
hidroeléctricos.
Por otra parte, el Real Decreto 9/1998 de 28 de agosto, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto,
de Aguas, declaraba de interés general determinadas obras hidráulicas
cuya necesidad resulta apremiante -algunas de ellas de abastecimiento
a poblaciones-, lo que supone que el Estado asume el abordarlas y
financiarlas en todo o en parte, según el caso.
Por tanto, siendo la sequía en Catalunya no una amenaza futura sino
una realidad actual y propia de un país de pluviosidad variable, y
teniendo presente los déficit que los Planes Hidrológicos y los
diferentes estudios establecen sobre las previsiones de necesidad de
agua de las cuencas internas catalanas, es preciso adoptar una
solución definitiva que garantice el abastecimiento de agua de
Catalunya en el medio plazo y proceder con carácter urgente a la toma
de decisiones sobre la opción más adecuada entre las diferentes que
puedan existir.
Al mismo tiempo, y dada la trascendencia general que tiene el
resolver adecuadamente el abastecimiento de agua de una de las zonas
motor de la economía española y dado el elevado coste de las
inversiones de las infraestructuras hidráulicas que cualquiera de las
opciones tiene (entre 130.000 y 170.000 millones de pesetas), debe
procederse a la posterior declaración de interés general de las obras
necesarias, a fin de que el Estado participe parcialmente en la
financiación de las mismas, de igual manera que se ha hecho con las
grandes obras de infraestructuras hidráulicas y de abastecimiento del
conjunto del Estado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la
siguiente,
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, en
colaboración con la Generalitat de Catalunya y en el plazo de dos
meses, los estudios necesarios para la toma de decisiones sobre la
opción más adecuada para resolver las necesidades de agua en
Catalunya y la posterior declaración de interés general de las
infraestructuras hidráulicas que correspondan para resolver los
déficit de abastecimiento de las Zonas Norte y Centro de sus cuencas
internas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 1999.-Mercedes
Aroz Ibáñez, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/002511
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).
Opinión del Gobierno acerca de si los argumentos invocados para
justificar el ataque a Yugoslavia basados en el derecho de injerencia
son válidos en el caso de las agresiones reiteradas que sufre el
pueblo kurdo.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Asuntos
Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr.
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Mixto (Nueva Izquierda)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores
Diputado don Manuel Alcaraz Ramos
Texto:
¿Considera el Gobierno que los argumentos invocados para justificar
el ataque a Yugoslavia basados en el derecho de injerencia es válido
en el caso de las agresiones reiteradas que sufre el pueblo kurdo, en
especial por parte de Turquía?
Madrid, 12 de mayo de 1999.-Manuel Alcaraz Ramos, Diputado.
181/002512
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).
Aplicación a Turquía del principio fijado en la cumbre de Washington
de la OTAN sobre inspirarse en la Carta de las Naciones Unidas.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Asuntos
Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Mixto (Nueva Izquierda)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores
Diputado don Manuel Alcaraz Ramos
Texto:
¿Cómo considera el Gobierno que hay que aplicar el principio fijado
en la cumbre de Washington de la OTAN sobre inspirarse en la Carta de
las Naciones Unidas en el caso de Turquía, miembro de la OTAN y
agresor reiterado del pueblo kurdo?
Madrid, 12 de mayo de 1999.-Manuel Alcaraz Ramos, Diputado.
181/002518
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: García Manzanares, Blanca (GS).
Posición del Gobierno acerca de la situación en que se encuentra la
comunidad indígena Embera-Katíos del Alto Sinú, en Colombia, así como
de las solicitudes de asilo en España por miembros de dicha
comunidad.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Asuntos
Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la
señora Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores
Diputada doña Blanca García Manzanares
Texto:
¿Cuál es la posición del Gobierno sobre la situación en que se
encuentra la Comunidad indígena EmberaKatíos del Alto Sinú, en
Colombia, y las informaciones de solicitudes de asilo en España por
miembros de dicha comunidad?
Madrid, 12 de mayo de 1999.-Blanca García Manzanares, Diputada.
Comisión de Justicia e Interior
181/002504
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Torme Pardo, Ana María (GP).
Valoración de la situación de los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo creados desde que se inició la VI Legislatura, así
como de la situación de dicho orden jurisdiccional desde la entrada
en vigor de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Justicia e
Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la
señora Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia e Interior
Diputada doña Ana Torme Pardo
Texto:
¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno sobre la situación de los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo creados desde que se inició
esta Legislatura y sobre la situación de este orden jurisdiccional
desde que entró en vigor la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa?
Madrid, 11 de mayo de 1999.-Ana Torme Pardo, Diputada.
Comisión de Educación y Cultura
181/002505
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón Antonio (GP).
Valoración de las Jornadas de Voluntariado Cultural, organizadas con
participación de las Comunidades Autónomas y de varias asociaciones.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Educación y
Cultura. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Cultura
Diputado don Ramón Antonio Moreno Bustos
Texto:
¿Cómo valora el Ministerio de Educación y Cultura las Jornadas de
Voluntariado Cultural, organizadas con participación de las
Comunidades Autónomas y de varias asociaciones?
Madrid, 11 de mayo de 1999.-Ramón Antonio Moreno Bustos, Diputado.
181/002509
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).
Previsiones acerca de la conmemoración del centenario de la salida de
España de Oceanía.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Educación y
Cultura. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora
Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Cultura
Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños
Texto:
¿Tiene el Gobierno alguna previsión para la conmemoración del
Centenario de la salida de España de Oceanía?
Madrid, 11 de mayo de 1999.-Blanca FernándezCapel Baños, Diputada.
181/002510
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).
Programación prevista para la conmemoración del nacimiento de Edgar
Neville, que se cumple el 28 de diciembre de 1999.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Educación y
Cultura. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora
Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Cultura
Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños
Texto:
¿Existe alguna programación para la conmemoración del nacimiento de
Edgar Neville, que se cumple el 28 de diciembre de 1999?
Madrid, 25 de abril de 1999.-Blanca FernándezCapel Baños, Diputada.
Comisión de Política Social y Empleo
181/002506
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Caneda Morales, Damián (GP).
Puestos de trabajo creados tras las medidas aprobadas por el Gobierno
desde su llegada al poder.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política
Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y
Empleo
Diputado don Damián Caneda Morales
Texto:
¿Cuántos empleos han permitido crear las medidas aprobadas por el
Gobierno, desde su llegada al poder?
Madrid, 11 de mayo de 1999.-Damián Caneda Morales, Diputado.
181/002507
La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Caneda Morales, Damián (GP).
Valoración de la evaluación de la afiliación de la Seguridad Social
desde el año 1996.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política
Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y
Empleo
Diputado don Damián Caneda Morales
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno la evolución de la afiliación de la
Seguridad Social desde 1996?
Madrid, 11 de mayo de 1999.-Damián Caneda Morales, Diputado.
181/002508
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Caneda Morales, Damián (GP).
Valoración de la tasa de crecimiento de empleo de España con respecto
a la de Europa, así como factores que han contribuido a la misma.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política
Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y
Empleo
Diputado don Damián Caneda Morales
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno la tasa de crecimiento de empleo de España
con respecto a la de Europa?, y ¿qué factores han contribuido a ello?
Madrid, 11 de mayo de 1999.-Damián Caneda Morales, Diputado.
181/002516
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (GMX).
Razones expuestas por el Director del Centro de Acogida de Refugiados
de Sigüenza (Guadalajara) para oponerse al traslado inmediato de los
kosovares allí acogidos.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política
Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Mixto (Nueva Izquierda)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y
Empleo
Diputado don Ricardo Peralta Ortega
Texto:
¿Qué valoración hace el Gobierno de las razones expuestas por el
Director del Centro de Acogida de Refugiados de Sigüenza¸ para
oponerse al traslado inmediato de los kosovares allí acogidos?
¿Considera el Gobierno que la respuesta adecuada a dichas razones es
la exigencia del cese del citado Director, tal como ha sido
solicitada telefónicamente por el Ministro y la Secretaria de Estado
de Asuntos Sociales?
Madrid, 13 de mayo de 1999.-Ricardo Fernando Peralta Ortega,
Diputado.
181/002517
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Fernández Sanz, Matilde (GS).
Informe elaborado y valoración del Gobierno sobre el cumplimiento de
los compromisos adquiridos en la cumbre de Copenhague.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política
Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y la
señora Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y
Empleo
Diputada doña Matilde Fernández Sanz.
Objeto:
Recabar información sobre el Informe que el Gobierno tiene que
preparar a Naciones Unidas acerca de los compromisos adquiridos en la
Cumbre de Copenhague.
Texto:
Del 17 al 28 de mayo, se celebra una reunión preparatoria en Nueva
York, previa a la Asamblea, en la que se hará una valoración del
grado de cumplimiento por los Gobiernos de los objetivos asumidos en
la Cumbre de Copenhague; por ello, preguntamos: ¿Qué informe ha
preparado y qué valoración hace el Gobierno de España del
cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Cumbre de
Copenhague?
Madrid, 13 de mayo de 1999.-Matilde Fernández Sanz, Diputada.
Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas
181/002503
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Torme Pardo, Ana María (GP).
Situación de los procesos de transferencia de competencias en materia
de justicia a las Comunidades Autónomas.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Régimen de
las Administraciones Públicas. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia e Interior
Diputada doña Ana Torme Pardo
Texto:
¿En qué situación se encuentran los procesos de transferencia de
competencias en materia de Justicia a las Comunidades Autónomas?
Madrid, 11 de mayo de 1999.-Ana Torme Pardo, Diputada.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/002513
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Fuentes Gallardo, Francisco (GS).
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española en el año 1998.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
Diputado don Francisco Fuentes Gallardo
Texto:
¿Cuál ha sido la A.O.D. española en 1998?
Madrid, 11 de mayo de 1999.-Francisco Fuentes Gallardo, Diputado.
181/002514
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Caballero Serrano, José Manuel (GS).
Valoración de la escasa colaboración que la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) ofrece a las Universidades, en
particular, en el marco de los programas de cooperación universitaria
con Iberoamérica.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación
Internacional.
Diputado don José Manuel Caballero Serrano
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno el comunicado hecho público por la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas en las que se
manifiesta «su malestar por la escasa colaboración que la AECI ofrece
a las Universidades, en particular en el marco de los actuales
programas de cooperación universitaria con Iberoamérica»,
especialmente en lo que tiene que ver con el programa conocido como
Intercampus?
Madrid, 11 de mayo de 1999.-José Manuel Caballero Serrano, Diputado.