Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 402, de 29/03/1999
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
VI LEGISLATURA
Serie D: 29 de marzo de 1999 Núm. 402 GENERAL
ÍNDICE Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno 162/000354 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, para la creación de un Consejo Estatal de la
Sostenibilidad ... (Página 5)
Comisión de Defensa 161/001470 Proposición no de Ley presentada por
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por la que se
insta al Gobierno a no dar autorización al Gobierno de los Estados
Unidos de Norteamérica (EE.UU.) para la ampliación de las
instalaciones de la base aeronaval de Rota (Cádiz) ... (Página 6)
Comisión de Educación y Cultura 161/001467 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, sobre apoyo a la
declaración por la Unesco de los cascos históricos de Tuy y de
ValenÁa do Miño, así como del puente diseñado por Eiffel como
Patrimonio de la Humanidad ... (Página 7)
161/001468 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, relativa a la modificación del Real Decreto 1086/1989 y
la Orden que lo desarrolla a fin de incluir los servicios prestados
en centros docentes no universitarios como elementos a valorar en la
componente por méritos docentes del complemento específico de los
profesores universitarios ... (Página 8)
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda 161/001475 Proposición no
de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre implantación de un código ético de conducta de las
inversiones exteriores. 9
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 161/001464 Proposición no
de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i
Unió), por la que se insta al Gobierno a garantizar la calidad del
producto «yogur», tal como está establecido en la vigente norma
general de calidad para dicho producto ... (Página 11)
Comisión de Industria, Energía y Turismo 161/001008 Desestimación de
la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a necesidad de un plan empresarial para la empresa pública
Imenosa que garantice y posibilite su futuro, así como enmienda
formulada a la misma ... (Página 12)
161/001058 Desestimación de la Proposición no de Ley presentada por
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
privatización de la empresa INDRA ... (Página 12)
161/001412 Aprobación, con modificaciones, de la Proposición no de
Ley presentada por el Grupo Socialista del Congreso, relativa al
incumplimiento de los compromisos con la empresa Fertiberia S.L., así
como enmiendas formuladas a la misma ... (Página 12)
Comisión de Política Social y Empleo 161/001471 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por
la que se insta al Gobierno a incorporar a una representación de la
Junta de Andalucía y de la Mancomunidad de Municipios del Campo de
Gibraltar a la Comisión Interministerial creada para elaborar un plan
integral de inversiones para dicha comarca. 14
161/001473 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre dotación a la provincia de Alicante de un
número adecuado de autorizaciones para el empleo de trabajadores
extranjeros no comunitarios ... 14
161/001474 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, por la que se insta al Gobierno a actualizar las tablas
de mortalidad para la obtención de los capitales y del coste de
pensiones con responsabilidad empresarial, derivadas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales ... 15
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 161/001463
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista del
Congreso, sobre la promoción de los derechos laborales en la Cumbre
Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ... 16
Comisión de Sanidad y Consumo 161/001465 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
sobre reconocimiento de las funciones enumeradas al establecer el
Título de Técnico Superior en Dietética y su ciclo formativo como
propias del Técnico Superior en Dietética para ejercerlas en el
Sistema Nacional de Salud ... 17
Comisión de Infraestructuras 161/001466 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, relativa a la
construcción de una rotonda en la carretera N-152 en el cruce «Quatre
Camins» en Puigcerdá (Girona) ... 19
161/001469 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a tomar las
medidas necesarias para garantizar la corrección del impacto
medioambiental causado en el monte de A Madroa por las obras de la
autopista A-9, procediendo a la construcción de un falso túnel con
una longitud de 850 metros ... 20
161/001472 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre cierre de la línea de
cercanías C-5 Móstoles-Fuenlabrada de la Comunidad de Madrid, para
permitir la conexión circular directa entre los municipios de
Leganés, Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón, y entre éstos y
Madrid ... 20
INTERPELACIONES
Urgentes 172/000142 Interpelación urgente formulada por el Grupo
Socialista del Congreso, sobre la política de privatizaciones del
sector público empresarial ... 21
172/000143 Interpelación urgente formulada por el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre la política de seguridad y orden público del Gobierno, a
la vista de las últimas actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en Cataluña ... 22
172/000144 Interpelación urgente formulada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre la necesidad de una ley de
armonización de la normativa de la reorganización y reducción de la
jornada de trabajo ... 22
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores 181/002220 Pasa a tramitarse ante la
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo la pregunta
formulada por la Diputada doña Teresa Cunillera i Mestres sobre la
opinión del Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y
para Iberoamérica acerca de si su política de nombramientos en la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) responde a la
legalidad vigente y a lo establecido en la Ley 23/1998, de 8 de
julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo ... 22
Comisión de Defensa 181/002343 Pregunta formulada por el Diputado don
José Luis Rodríguez Zapatero (GS), sobre situación en la que se
encuentra el proceso de indemnizaciones a los afectados por el
incendio del Monte del Teleno (León) cuya responsabilidad fue asumida
por el Ejército de Tierra ... 23
181/002345 Pregunta formulada por el Diputado don Pedro Moya Milanés
(GS), sobre posición española en la reunión del Grupo de trabajo
sobre comercio de armas del Consejo de la Unión Europea (COARM) del
18 de marzo, sobre fortalecimiento del control de los intermediarios
del comercio de armas ... 23
Comisión de Política Social y Empleo 181/002346 Pregunta formulada
por el Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega (GMX), sobre
cumplimiento de la moción consecuencia de interpelación urgente
aprobada por el Pleno de la Cámara en el sentido de adoptar las
medidas necesarias para equiparar el plazo de prescripción de las
deudas al Estado por percepción indebida de prestaciones sociales con
el de prescripción de dichas deudas por incumplimientos con la
Hacienda Pública ... 24
181/002347 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando
Peralta Ortega (GMX), sobre estado de ejecución de la Proposición no
de Ley aprobada por la Comisión de Política Social del Congreso de
los Diputados el 28-04-98 sobre la actualización del baremo de
lesiones permanentes no invalidantes y su revalorización periódica
junto con las otras prestaciones permanentes de la Seguridad Social
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 181/002348
Pregunta formulada por la Diputada doña María Dolores Sánchez López
(GS), sobre opinión del Gobierno ante la situación en Angola, así
como medidas de cooperación internacional tomadas o previstas ...
25
Comisión de Sanidad y Consumo 181/002336 Pregunta formulada por el
Diputado don Josep Corominas i Busqueta (GS), sobre intención de
Gobierno de pedir responsabilidades políticas en relación con la
convocatoria para proveer la plaza de Consejero Técnico de la
Subdirección General de Planificación e Información Sanitaria ...
25
181/002337 Pregunta formulada por el Diputado don Josep Corominas i
Busqueta (GS), sobre intención del Gobierno de restituir el derecho
al principio constitucional de igualdad, mérito y capacidad, en
relación con la convocatoria para proveer la plaza de Consejero Técni
co de la Subdirección General de Planificación e Información
Sanitaria ... 26
181/002338 Pregunta formulada por el Diputado don Josep Corominas i
Busqueta (GS), sobre propósito del Gobierno acerca de continuar con
el procedimiento de autootorgamiento de plazas de funcionario en
propiedad a los altos cargos ... 26
181/002339 Pregunta formulada por el Diputado don Josep Corominas i
Busqueta (GS), sobre puesto de trabajo desempeñado en la actualidad
por doña María Luisa Pulido Puente, proveniente del Servicio Gallego
de Salud (SERGAS) y nombrada Consejero Técnico de la Subdirección
General de Planificación e Información Sanitaria ... 26
181/002340 Pregunta formulada por el Diputado don Josep Corominas i
Busqueta (GS), sobre responsable del nombramiento del vocal
representante de la Subdirección General de Planificación
e Información Sanitaria en la Comisión de Valoración que ha realizado
las propuestas para la provisión de la plaza de Consejero Técnico de
dicha Subdirección General ... 27
181/002341 Pregunta formulada por el Diputado don Josep Corominas i
Busqueta (GS), sobre candidatos presentados y valoración obtenida en
el concurso convocado para proveer en propiedad la plaza de Consejero
Técnico de la Subdirección General de Planificación e Información
Sanitaria ... 27
181/002342 Pregunta formulada por el Diputado don Josep Corominas i
Busqueta (GS), sobre categoría profesional, situación administrativa
y fecha de nombramiento de la persona que ocupa la Subdirección
General de Planificación e Información Sanitaria ... 28
181/002350 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez
Molina (GP), sobre acciones efectuadas en el primer año de vigencia
del Plan Trienal estratégico de Protección al Consumidor ... 28
181/002351 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosario García
Linares (GS), sobre opinión del Director General del Insalud acerca
de la suficiencia del número de centros de urgencias
extrahospitalarias en la ciudad de Albacete ... 28
Comisión de Infraestructuras 181/002349 Pregunta formulada por el
Diputado don Mariano César Santiso del Valle (GIU), sobre medidas
para modificar los criterios utilizados en la elaboración de
estadísticas de siniestralidad y mortalidad en el sector del
transporte por carretera por los organismos públicos competentes en
la materia ... 29
CONTROL DE LA ACCIÓN
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000354
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley para la creación de un Consejo Estatal de la
Sostenibilidad.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Ala Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Grupo Mixto presenta la siguiente Proposición no de Ley
para la creación de un Consejo Estatal de la Sostenibilidad, para su
debate en el Pleno de la Cámara, a instancia de los Diputados y las
Diputadas de Iniciativa-Els Verds y Nueva Izquierda.
El 14 de febrero de 1994 se aprobó el Real Decreto por el que se crea
el Consejo Asesor de Medio Ambiente, un órgano de participación en la
elaboración y seguimiento de políticas ambientales y de asesoramiento
al Departamento Ministerial competente en la materia. Esta norma ha
sufrido dos modificaciones.
La situación actual ha llevado a la inoperatividad absoluta del
Consejo Asesor de Medio Ambiente puesto que muchas de las
organizaciones de representación de intereses de protección del medio
ambiente han delegado sus responsabilidades, con lo que ya no se
podrá llegar al quórum mínimo para celebrar las sesiones plenarias de
trabajo ordinarias. Además un órgano de esta índole que cuenta con la
ausencia de los miembros que lo componen
DEL GOBIERNO
es un órgano en vías de extinción. El espíritu de colaboración con el
que nació este órgano consultivo participado ha ido difuminándose
hasta aparecer una clara voluntad, por parte de este sector
organizado de la sociedad de defensa de unos intereses que son de
todos, intereses solidarios con todos los miembros, de la generación
actual y la generación futura, de apartarse de esta Administración,
un ejemplo claro de retroceso en la construcción de un Estado Social
y Democrático de Derecho moderno.
Se podría decir que existían en la norma reguladora del órgano una
serie de errores conceptuales respecto a lo que debe ser un órgano
consultivo y participado en materia ambiental. Muchas de las
funciones que el Real Decreto de creación del órgano le asignaba no
han sido ejercidas y las razones de esta situación son múltiples.
Otras razones que han llevado a la disfuncionalidad e incluso a la
inoperatividad del órgano pueden ser solucionadas con una
modificación de las normas y una importante voluntad política de
dotar de la entidad que este órgano necesita.
Un órgano eminentemente democrático, dada su naturaleza de
representación de intereses de los ciudadanos, no puede ejercer
algunas de las funciones por la voluntad y, si acaso arbitrariedad de
su Presidente que es un miembro del Gobierno. Si el órgano fuera
independiente su Presidente no tendría inconveniente en convocar las
sesiones ordinarias establecidas en su norma reguladora. Un miembro
del Gobierno, en muchas ocasiones, no convocará a un Consejo formado
por miembros que presentarán muchos intereses contrapuestos. La
operatividad y funcionalidad de un órgano de esta índole no puede
estar sometida a la voluntad política del miembro de Gobierno que va
demostrando ser, una reducción de ejecución del Derecho comunitario
derivado con objetivos mínimos en la política que tiene encomendada
en su Departamento ministerial.
La consulta se materializa con la emisión del dictamen por lo que si
la norma no obliga de manera preceptiva a la emisión del dictamen, el
órgano no ejercerá la función consultiva. La opción más lógica
hubiera sido acomodar la función de ser consultado al procedimiento
de dictamen colegiado. De esta manera los textos articulados
y refundidos una vez promulgados con omisión de dictamen quedarían
afectados por su validez. El Congreso de los Diputados podrá
devolverlos al Gobierno, antes de su aprobación definitiva. La
inobservancia del requisito mencionado en el procedimiento de
elaboración de las disposiciones reglamentarias de naturaleza
ambiental o que afecten al desarrollo sostenible del Estado español
con rango de Real Decreto llevará a la nulidad de esta disposición
general.
En cuanto a su composición, no parece del todo lógico que se
adscriban a un órgano consultivo especial de ámbito estatal miembros
del Gobierno y de la Administración General del Estado activa, puesto
que esta adscripción
estará desvirtuando la naturaleza del órgano y mucho menos con
competencias reconocidas que establecen una jerarquía orgánica
situando a los miembros del Gobierno en clara superioridad.
La práctica ha demostrado que el Gobierno está muy necesitado de un
órgano independiente que cumpla con la función consultiva de
garantizar el sometimiento del Gobierno y la Administración a la Ley
y al Derecho en materia ambiental y la protección del medio ambiente.
La especialidad competencial atribuida a este órgano es en la
actualidad de creciente importancia, no sólo por los compromisos
asumidos en los foros internacionales y por la continua emanación del
Derecho comunitario derivado en materia ambiental y el alto grado de
cumplimiento del mismo exigido por las instituciones europeas, sino
también por el hecho de que la sociedad, ciudadanos y ciudadanas
individualmente y la ciudadanía organizada, se presenta ante los
poderes públicos cada vez más exigente y consciente de la necesidad
de planificar y regular la actividad pública y privada, en el
cumplimiento de los objetivos del respeto y protección al medio
ambiente y de alcanzar un desarrollo sostenible y una calidad de vida
en equilibrio con el entorno.
La crisis ecológica originada por la sobrexplotación y el derroche de
los recursos naturales sobre su capacidad de regeneración está
pidiendo un replanteamiento del sistema de necesidades y de una
concepción de las relaciones sociales que se base en la igualdad
entre las personas, la cooperación entre los pueblos y la solidaridad
intergeneracional y el impulsor y regulador más apropiado para esta
acción será el órgano regulado por Ley. Es importante y necesario una
regulación minuciosa de un órgano en materia ambiental que asegure su
correcta funcionalidad, inserto en la Administración General del
Estado. La creación de un Consejo Estatal de Sostenibilidad mediante
Ley parece la manera más acertada y le otorga la entidad que la
materia requiere.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a las
Cortes Generales, previa consulta a todos los miembros del Consejo
Asesor de Medio Ambiente, un Proyecto de Ley de creación de un
Consejo Estatal de la Sostenibilidad, órgano consultivo y
participativo, de naturaleza especial, en materia ambiental, que
tendrá, al menos, los siguientes contenidos:
1. El Consejo Estatal de Sostenibilidad tendrá garantizada su
independencia orgánica y funcional, su autonomía real y su
objetividad. La autonomía de gestión económica vendrá reflejada por
la asignación presupuestaria. Su organización y funcionamiento
interno se regirán por un Reglamento del Consejo Estatal de Soste
nibilidad.
2. El Consejo Estatal de Sostenibilidad tendrá reconocida, mediante
el ejercicio de las funciones consultivas participadas asignadas por
la norma de rango legal, el control de la discrecionalidad de la
Administración en materia ambiental, velará por el cumplimiento de la
Ley
ambiente y servirá de guía, consejo y asesoramiento a la
Administración ambiental y cualquier otra que desarrolle actividades
que afecten a nuestro entorno, calidad de vida y bienestar social.
3. El Consejo Estatal de Sostenibilidad tendrá atribuidas funciones
específicas consultivas, como emitir informe preceptivo sobre los
anteproyectos de ley y proyectos de decretos, planes o políticas
ambientales, cualquiera que sea el órgano del que emanen, sobre
materias que afecten al medio ambiente, defendiendo la
transversalidad de la materia, y efectuar propuestas en materia
ambiental, entre otras establecidas en el texto articulado.
4. Configuración del Consejo Estatal de Sostenibilidad como un órgano
participado, de representación de intereses. Su composición obedecerá
a criterios representativos. La Ley garantizará la participación real
y efectiva de los miembros de las organizaciones portadoras de
intereses externos dentro de la organización administrativa en un
órgano formalizado de la propia organización pública. La composición
del Consejo Estatal de Sostenibilidad se regirá, para su mejor
funcionamiento por un sistema colegiado.
5. Los miembros del Consejo serán nombrados por el Gobierno, a
propuesta de entidades y organizaciones cuyos objetivos sean la
protección y preservación de medio ambiente.
6. El Consejo Estatal de Sostenibilidad elaborará y publicará
memorias anuales, de forma que los ciudadanos y ciudadanas tengan
acceso a las mismas. Estas memorias serán elevadas al Gobierno y a
las Cortes Generales. También la Ley establecerá mecanismos de
información y publicidad a disposición del Consejo para divulgar sus
actividades.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 1999.-Joan
Saura Laporta, Diputado.-Ricardo Peralta Ortega, Portavoz Adjunto del
Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Defensa
161/001470
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a no dar
autorización al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.
UU.) para la ampliación de las instalaciones de la base aeronaval de
Rota (Cádiz).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo
proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
MartínezC o nde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula la siguiente
Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Defensa.
La administración norteamericana ha solicitado al Gobierno español
autorización para ampliar la pista principal de la base aeronaval de
Rota y mejoras en el muelle por valor de más de 18.000 millones de p e
setas.
Al día de hoy el Gobierno español no ha autorizado dicha inversión a
la espera, entre otras cautelas, de concretar el modo de financiación
de dicha o bra.
Indudablemente, esta ampliación y su autorización deberá gestionarse
teniendo en cuenta el referéndum realizado el año 1986 sobre nuestra
permanencia en la O TAN y sus tres condiciones, entre las que figuraba
la progresiva reducción de la presencia de Fuerzas Armadas
norteamericanas en España.
Por todo ello, se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a no dar autorización
al Gobierno de los EE.UU. para la ampliación de las instalaciones de
la base aeronaval de Rota».
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 1999.-Willy
Meyer Pleite, Diputado.-Rosa Aguil a r Rivero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comisión de Educación y Cultura
161/001467
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso
Proposición no de Ley sobre apoyo a la declaración por la Unesco de
los cascos históricos de Tuy y de ValenÁa do Miño, así como del
puente diseñado por Eiffel como Patrimonio de la Humanidad.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Educación y Cultura. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno
y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Ala Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en la
Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Las ciudades de Tuy y de ValenÁa do Miño son piezas únicas de la
arquitectura, la cultura y la historia de Galicia y Portugal.
Ambas ciudades, unidas por el centenario puente diseñado por Eiffel,
acumulan lo mejor de dos pueblos que, tras ocho siglos, se vuelven a
reencontrar. En diferentes momentos, observándose desde sus murallas,
las de ValenÁa conservadas, las de Tuy en vestigios con recelo unas
veces, con curiosidad otras y sabiendo que son los dos lados del
mismo río, se fueron construyendo en los siglos la Catedral, las
iglesias, las casas blasonadas, los edificios y las calles medievales
o las de moderna fisonomía de siglos más recientes, las calles
empedradas, las puertas de las murallas de ValenÁa, las iglesias...
La
historia, el arte y la cultura se unen en estas dos ciudades. Entre
ellas, el río Miño y el puente internacional de hierro.
Las dos ciudades y el puente son un legado que nos dejó el tiempo y
que nosotros tenemos que legar también al tiempo y con él a las
generaciones que nos sucedan y lo tenemos que hacer en un mejor grado
de conservación que en el que lo recibimos.
Por lo que significa de apoyo a la conservación, pero también por lo
que de reconocimiento de su singularidad y relevancia tiene,
apreciamos la iniciativa que tomaron los dos Concellos de solicitar
su declaración como Patri monio de la Humanidad.
Proposición no de Ley
El Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno a:
1. El Congreso de los Diputados declara su apoyo a la propuesta de
los Concellos de Tuy y de ValenÁa do Miño de que los cascos
históricos de ambos municipios, así como el puente diseñado por
Eiffel, sean declarados Patrimonio de la Humanidad.
2. El Congreso de los Diputados se dirigirá a la UNESCO, apoyando
dicha solicitud.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 1999.- Carmen
Silva Rego, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
161/001468
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso
Proposición no de Ley relativa a la modificación del Real Decreto
1086/1989 y la Orden que lo desarrolla a fin de incluir los servicios
prestados en centros docentes no universitarios como elementos a
valorar en la componente por méritos docentes del complemento
específico de los profesores universitarios.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Educación y Cultura. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno
y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Ala Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para su
debate en la Comisión de Educación y Cultura.
Proposición no de Ley
Motivación
Las retribuciones del profesorado universitario están reguladas por
el Real Decreto 1086/1989 y por la Orden de 3 de noviembre de 1989,
que lo desarrolla. En ambos textos se introdujo una componente por
méritos docentes en el complemento específico, así como un
complemento por productividad investigadora.
A los efectos de precisar el cómputo de años que dan derecho a la
evaluación de los méritos docentes, la Orden ministerial mencionada
señala que podrá ser sometido a valoración el tiempo acreditado con
un contrato o nombramiento en alguna universidad o centro de
investigación extranjero reconocido, así como en el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas u otro organismo público de
investigación, no incluyéndose los períodos de tiempo en que se haya
prestado servicios en centros docentes no universitarios.
Esta omisión en la norma introduce una extraña distorsión en el
concepto y la realidad de la «carrera docente o académica». Los
profesores que, cumpliendo las condiciones establecidas por la Ley
mediante la superación de las pruebas correspondientes, acceden al
profesorado universitario desde los niveles inferiores del sistema
(bachillerato, secundaria o primaria) ven penalizada su promoción al
perder, inevitablemente, toda posibilidad de valoración de su
experiencia docente anterior.
No sucede lo mismo cuando el proceso ocurre en sentido inverso (de la
Universidad al Bachillerato por ejemplo), ni tampoco en la valoración
de la acción investigadora realizada por profesores de niveles no
universitarios.
Se produce, de esta manera, una clara asimetría en e reconocimiento
de méritos docentes y un evidente perjuicio para los profesores que
han dedicado un notable esfuerzo a su promoción profesional. Se debe
tener en cuenta además que el reconocimiento de dichos méritos no es
un acto automático, sino resultado de una evaluación. Se trata, por
tanto, de una situación injusta, independientemente de su legalidad.
El dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, de 17 de
abril de 1997, ante expediente promovido por la Universidad de Alcalá
de Henares, establece que no es procedente la declaración de nulidad
radical de los actos administrativos por los que la Junta de Gobierno
de dicha Universidad resolvía reconocer los servicios prestados en
Enseñanzas Medias a efectos de valoración de méritos docentes,
estimando que la controversia deriva de una mera interpretación (con
eventuales soluciones razonablemente divergentes) de una norma
jurídica.
Por ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar el Real Decreto 1086/1989 y la Orden que lo desarrolla a
fin de incluir los servicios prestados en centros docentes no
universitarios como elementos a valorar en la componente por méritos
docentes del complemento específico de los profesores universitarios.
2. Establecer los mecanismos necesarios de coordinación para que
dicha valoración se realice eficazmente,
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 1999.-Bernardo
Bayona Aznar, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda
161/001475
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/001475
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
Proposición no de Ley sobre implantación de un código ético de
conducta de las inversiones exteriores.
Acuerdo :
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Economía, Comercio y Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, se fórmula la siguiente Proposición no de Ley para la
implantación de un Código Ético de Conducta de las Inversiones
Exteriores, para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda.
En las discusiones producidas en el entorno de la ratificación del
Acuerdo General de Comercio (GATT), los participantes bienpensantes
abogaban por los beneficios que un acuerdo de ese tipo podría
producir si, además, se garantizasen paralelamente al libre comercio
de mercancías y servicios, unas disposiciones, por lo menos tan
universales como ese acuerdo, en los terrenos económicos, sociales,
laborales, medioambientales, etc., que tratasen de corregir las
tendencias más radicales de un «mercado» que llevado al extremo
podría conducir al esclavismo laboral o a la depredación de la
naturaleza.
La filosofía que descansa en esas premisas, es posibilitar un aumento
del comercio internacional sujeto al cumplimiento mínimo de unas
normas laborales (las dispuestas por la Organización Mundial del
Trabajo) y, en su caso, a los diferentes Tratados internacionales
sobre preservación de especies, cambio climático, etc., e incluso
fortalecer las tendencias de control de los beneficios para su
tributación efectiva.
Un problema relevante para la fortaleza de la argumentación, es la
diferente velocidad con que las transnacionales pueden tomar
decisiones de todo tipo; la casuística jurídica existente y la
capacidad de aplicación que los Estados y los ciudadanos se dan a sí
mismos para poder ejercer los controles y las normativas económicas,
sociales y ambientales. Esa es una explicación de por qué se pueden
dar casos de explotación infantil, venta de órganos, aniquilación de
grupos humanos, esquilmación de los recursos naturales, paraísos
fiscales, y que formalmente son combatidos en los países de la OCDE y
puestos en cuestión en la literatura de los gobiernos de todos los
países, pero que las empresas y ciudadanos de esos mismos Estados,
aprovechándose de la impunidad de sus acciones, practican o dejan que
se practique allí donde gestionan sus intereses.
Esa contradicción es difícil de resolver, pero hay que intentarlo.
Una vía consiste en facilitar, desde cada uno de los países de la
OCDE, una legislación que afecte a las inversiones al exterior de sus
empresas y ciudadanos, que obligue a que éstos cumplan, por un lado,
unos requisitos acordes a la legislación nacional -más estricta- y
subsidiariamente, por otro, los Tratados internacionales ratificados
por los países exportadores de capital, para así ir elevando
paulatinamente el umbral de derechos y responsabilidades
internacionales en esta materia.
Por supuesto, este tipo de normas tiene más eficacia cuanto más
extensa sea su cobertura o cuanto mayor fuera el número de países que
la ratificaran. Así, habría que evitar que mediante la proliferación
de sociedades subsidiarias o intermediarias financieras se lograse
eludir su cumplimiento, o que tuviera un marco de aplicación
restringido a un solo país exportador de inversiones o receptores de
las mismas. Por eso, habría que incluir las inversiones directas, los
fondos de inversión y otras figuras entre los afectados por las
normas. Empezar por nuestro propio país, la Unión Europea y los
países miembros de la OCDE y cualesquiera otros que se quisieran
beneficiar de ser miembros de las otras estructuras de comercio
o finanzas internacionales, como la Organización Mundial de Comercio y
el Fondo Monetario Internacional sería un buen comienzo.
Pongamos un ejemplo. La empresa ENDESA participa en un proyecto en
Chile consistente en la realización de una presa en Ralco, sobre el
río Bio-Bio que inundará tierras de las comunidades Pehuenches.
Existirían, al menos, tres estudios previos a realizar: el económico,
que debe cotejar la viabilidad económica; el ecológico que valore las
implicaciones medioambientales y el uso del agua; y el humano que
contemple las implicaciones vitales que tendría para los ciudadanos
la inundación de sus tierras, incluyendo el estudio de las
reparaciones pertinentes. Este sería el tratamiento mínimo que se
realizaría en nuestro país en el supuesto de que una empresa
eléctrica planease la instalación de una presa hidroeléctrica. ¿Se
van a realizar estas acciones por parte de la empresa chilena, en
cuyo capital y gestión participa la española ENDESA?
Por supuesto, la parte económica la habrán hecho para solaz de los
accionistas y de los miembros del Consejo de Administración que son
remunerados con un porcentaje de los beneficios. Pero sería
discutible que el proyecto de aumento de producción eléctrica por esa
vía sea lo más conveniente para Chile, pudiendo haber otras
alternativas energéticas: importación de gas desde A rgentina,
introducción de energías renovables o un uso más eficiente de la
energía como reclama la Comisión Nacional de Energía de Chile.
Con respecto al segundo y tercer aspecto -ecológico y humano-
suponemos que lo habrán hecho acorde a, las leyes vigentes en Chile.
Sabemos que Chile es un país desarrollado, con una semejanza a la
sociedad española, considerado como democrático y de derecho. Sus
leyes no tienen por qué ser idénticas a las nuestras y de ahí se
deriva un problema interpretativo sobre cuáles son las más
beneficiosas para la conservación de la naturaleza o la salvaguardia
de los derechos de los habitantes de esas tierras.
Estamos hablando de Chile, pero imaginémonos que el país del que
estuviéramos hablando fuera otro menos desarrollado. Convendríamos en
que las condiciones laborales, sociales, ambientales y un largo
etcétera serían muy diferentes a las españolas y, seguramente, peores
que ellas.
En el ejemplo reseñado las tierras afectadas son de propiedad
comunitaria, elemento central de la identidad, cultura y tradición
mapuche, que además está reconocida
por la ley chilena de Protección de los Pueblos Indígenas. En el caso
español, existe la ratificación del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo relativo a los pueblos indígenas, más
severo en sus contenidos y no ratificado por el propio Chile.
La represa Hidroeléctrica de Ralco, con una inversión cercana a los
500 millones de dólares, es la segunda central de propiedad de
ENDESA-Chile que se pretende construir de un conjunto de 6 diseñadas
escalonadamente en el curso superior del río Bio-Bio, en la
precordillera de los Andes. La primera, ya construida, fue la central
Panque. La eventual construcción de la represa Ralco afectaría
radicalmente el modo de vida tradicional de las comunidades
pehuenches que viven actualmente en el sector practicando
esencialmente la agricultura, la ganadería y la recolección
silvestre. En el fondo, implicaría la destrucción total de esa
cultura y, simultáneamente, significaría la inundación de una
superficie de 50 hectáreas ubicadas en una zona que postula a ser
declarada patrimonio ecológico de la humanidad por las Naciones
Unidas.
Según la Comisión Nacional para la Fauna de Chile de las doscientas
cuarenta y tres especies de vertebrados en peligro de extinción o con
problemas de conservación que hay en Chile, unos setenta y siete se
encuentran en el Alto Bío-Bío. Las personas, según ese proyecto,
tendrían que ser desplazadas. Pero se incumpliría el artículo 13 de
la Ley Indígena que señala expresamente que «las tierras indígenas,
por exigirlo el interés nacional, no podrán ser enajenadas,
embargadas, grabadas o adquiridas por prescripción, salvo entre
comunidades o personas indígenas de una misma etnia».
El informe de impacto ambiental aprobado por un organismo chileno es
limitado porque no comprende el conjunto de las 6 centrales que
pretende construir ENDESAChile. Esta empresa, demostrando su enorme
poder económico, a pesar de que sólo tiene permisos para hacer
estudios e investigación en el terreno, está realizando trabajos con
maquinaria pesada que conforman adelantos definitivos para la
represa, llegando incluso a dilatar el cumplimiento de resoluciones
judiciales que la obligan a paralizar y retirar inmediatamente la
maquinaria indebidamente inst a lada.
España, además, debería cumplir el Protocolo de Kioto y hacerlo
cumplir en su ámbito de influencia. Está obligada a hacer cumplir
esos mandatos a sus nacionales y empresas. Este es un ejemplo de
colusión entre la legislación y capacidad de, cumplimiento de un
país, Chile, y los intereses capitalistas de una empresa que en
nuestro país, España, debería de cumplir una legislación,
afortunadamente, más exigente.
Así, y apostando por un mejor equilibrio entre la globalización de
las transnacionales y los cumplimientos de los Acuerdos de la OMC,
OIT, Protocolo de Kioto, etc. debemos trabajar normativamente tanto
en nuestro país como en Europa, en particular, solicitando la
ratificación de Tratados, exigiendo un Código Ético con rango de ley
financieras del Banco Mundial o del FMI.
Por último, y frente al Acuerdo Multilateral de Inversiones y la
globalización liderada por las transnacionales es preciso reforzar la
capacidad de las poblaciones y los
Estados más dependientes económicamente de las inversiones exteriores
de dirigir sus propios destinos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar a las
Cortes un proyecto de ley que se denomine Código Ético de Conducta de
las Inversiones Exteriores que recoja al menos:
1. La obligación tanto a empresas como a ciudadanos en lo que
respecta a sus inversiones directas o a través de otras
intermediarias financieras a cumplir con las normativas y Tratados
Internacionales ratificados por nuestro país, para no sólo cumplirlas
en territorio nacional si no también en el exterior.
2. Que las normas laborales, sociales, ambientales, y otras, que
forman parte de nuestro acervo jurídico nacional, también conformen
el comportamiento de nuestras inversiones.
3. La posible existencia de períodos concretos de moratoria para el
cumplimiento efectivo de las distintas normas contenidas en este
código.
4. Elevar esta propuesta a la Unión Europea para su discusión y, en
su caso, puesta en práctica por todos los países miembros.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 1999.- Felipe
Alcaraz Masats, Diputado.-Rosa A guilar Rivero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
161/001464
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a garantizar la
calidad del producto «yogur», tal como está establecido en la vigente
norma general de calidad para dicho producto.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agr
icultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Ala Mesa del Congreso
Don Josep López de Lerma i López, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 193 y ss. del Reglamento de la Cámara,
presenta, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca, una Proposición no de Ley por la que insta al Gobierno a
garantizar la calidad del producto «Yogur», tal como está establecido
en la vigente norma general de calidad para dicho producto.
Proposición no de Ley para no modificar la norma general de calidad
para el yogur
Antecedentes
La legislación referente a los requisitos mínimos que deben reunir
los alimentos destinados al consumo humano, así como el
establecimiento de las condiciones básicas de los distintos
procedimientos de preparación, envasado, conservación, distribución,
transporte, publicidad y consumo son aspectos de gran importancia
para todos los ciudadanos, ya sea por motivos relacionados
propiamente con el consumo de este tipo de productos o bien por
razones de salud pública. En este sentido, cualquier modificación en
las normas que definen y determinan las distintas clases de
alimentos, debe estar suficientemente contrastada, dados los efectos
que puede tener la propia modificación sobre el consumo de
determinados productos alimentarios.
Recientemente han aparecido en los medio de difusión ciertas
informaciones referidas a la pretensión de considerar como yogures a
determinados fermentos lácteos que no precisan de conservación a
temperaturas comprendidas entre 1 y 8 grados centígrados y tienen un
período válido de consumo muy superior a los 28 días siguientes a los
de su fabricación, características determinantes de la definición de
yogur incluidas en la norma general de calidad para este producto,
aprobada mediante Orden de 1 de julio de 1987, del Ministerio de
Relaciones con las Cortes y modificada posteriormente por Orden de 16
de septiembre de 1994, del Ministerio de la Presidencia.
Dado que, de acuerdo con la legislación actualmente en vigor, está
prohibido el empleo de la palabra yogur en la denominación de
cualquier producto si no cumplen los requisitos contenidos en la
norma de calidad del yogur, la aparición de estas informaciones puede
comportar un grado de confusión elevado para los consumidores de este
tipo de productos, por lo que en opinión del Grupo
Parlamentario Catalán ( Convergència i Unió), debe acabarse cuanto
antes con una polémica que no beneficia en nada al mercado interior
de productos lácteos.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados, ante la posibilidad de ampliar la
consideración como yogures a determinados productos lácteos de
características diferentes, insta al Gobierno a garantizar la calidad
del producto «yogur» tal como establece la vigente Norma General de
Calidad para dicho producto, aprobada por Orden del Ministerio de
Relaciones con las Cortes, de 1 de julio de 1987, y posteriormente
modificada por Orden del Ministerio de la Presidencia de 16 de
septiembre de 1994, a los efectos de evitar confusiones al consumidor
relativas a productos diferentes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 1999.-Josep
López de Lerma i López, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/001008
La Comisión de Industria, Energía y Turismo en su sesión del día 17
de marzo de 1999, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no
de Ley relativa a necesidad de un plan empresarial para la empresa
pública Imenosa que garantice y posibilite su futuro (núm. expte.
161/1008), presentada por el grupo Parlamentario Mixto y publicada en
el «BOCG. Congreso de los Diputado», serie D, núm. 278, de 12 de mayo
de 1998.
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se
inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Turismo
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
194.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar
la siguiente enmienda de adición a la Proposición no de Ley, del
Grupo Parlamentado Mixto, relativa a la necesidad de un plan
empresarial para la empresa pública IMENOSA que garantice y
posibilite su futuro (núm. expte. 1611001008).
Enmienda
De adición.
Se propone la adición de un nuevo punto 1 con e siguiente texto:
1. Paralizar el proceso de privatización de IMENOSA iniciado desde la
SEPI.
En consecuencia, los puntos del texto de la Proposición no de Ley
avanzarán un lugar, el punto 1 pasa a ser 2, el 2 será el 3 y así
sucesivamente.
También se propone la adición de un nuevo párrafo al punto 3 de la
Proposición no de Ley presentada por e Grupo Mixto, con el siguiente
texto:
«Sanear la empresa eliminando los pasivos producidos por ausencia de
gestión comercial, incrementando los fondos propios de acuerdo con un
programa de saneamiento financiero.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 1999.- María Te
resa Fernández de la Vega Sanz Portavoz del Grupo Socialista del
Congreso.
161/001058
La Comisión de Industria, Energía y Turismo en su sesión del día 17
de marzo de 1999, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no
de Ley sobre la privatización de la empresa INDRA (núm. expte. 161/
1058), presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
núm. 294, de 16 de junio de 1998.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
161/001412
La Comisión de Industria, Energía y Turismo en su sesión del día 17
de marzo de 1999, ha acordado aprobar con modificaciones la
Proposición no de Ley relativa a incumplimiento de los compromisos
con la empresa Fertiberia S.L. (núm. expte. 161/1412), presentada por
e Grupo Parlamentario Socialista y publicada en e «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie D, núm. 390, de 8 de marzo de 1999, en los
siguientes términos:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a interesar al
Ministerio de Industria y Energía que continúe con la realización de
las actuaciones tendentes a
facilitar la prórroga del contrato de suministro de gas entre Enagás
y Fertiberia de 13 de abril de 1994, adoptando las medidas económicas
relativas a Enagás adecuadas a tal fin, para asegurar el
mantenimiento de los puestos de trabajo y la viabilidad de esta
actividad i ndustrial.»
A dicha Proposición no de Ley se formularon tres enmiendas, cuyos
textos, asimismo, se insertan.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del siguiente escrito, y al amparo de lo dispuesto en el
Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida presenta la siguiente enmienda a la Proposición No de Ley con
núm. de expte. 161/001412 publicada en la serie D, núm. 390.
Enmienda
De sustitución
Se propone sustituir el actual texto de los dos puntos de la
proposición no de ley por otro del siguiente tenor literal:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas
oportunas para:
1. Que se respeten y mantengan los compromisos adquiridos respecto a
la tarifa del gas natural a utilizar por la empresa FERTIBERIA S.L.,
que se vienen incumpliendo desde el día 1 de enero de 1998 y que son
de la máxima conveniencia para asegurar el mantenimiento de los
puestos de trabajo y la viabilidad de esta actividad industrial.
2. Impulsar un acuerdo con ENAGAS para que ésta garantice la
aplicación de un precio razonable, aproximado al precio medio
europeo, al gas natural para la fabricación de amoníaco. Es decir que
aplique una tarifa similar a la conocida como 'Tarifa F', tarifa que
se aplica en todos los países europeos a las empresas de
Fertilizantes y que cuenta con autorización de la Unión Europea.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 1999.- Mariano
Santiso del Valle, Diputado.- Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de izquierda Unida.
Ala Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Turismo
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar las
siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley, del Grupo Socialista
del Congreso, relativa al incumplimiento de los compromisos con la
empresa Fertiberia, S. L.
Enmienda a la exposición de motivos
De Modificación
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
«La viabilidad de la industria de los fertilizantes depende del gas
natural utilizado en el proceso productivo como materia prima, ya que
más del 70% de los costes de la producción se derivan de este factor.
Resulta imprescindible, en el presente momento, abordar esta
cuestión, a fin de garantizar de manera estable la viabilidad de un
sector que tiene carácter estratégico para nuestra industria, y que
genera un empleo directo e indirecto superior a los 1.000 empleos.
Consciente de esta necesidad, la empresa Fertiberia, S. L. suscribió
con Enagás, S. A. un contrato privado en fecha 13 de abril de 1994.
Para apoyar esta iniciativa la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, en su sesión de fecha 13 de octubre de 1994,
acordó interesar al Ministerio de Industria y Energía la realización
de actuaciones tendentes a facilitar la prórroga del contrato privado
existente entre a mbos.
Tras los acuerdos anteriormente citados, la empresa Fertiberia, S. L.
ha mantenido el empleo en las diferentes factorías, la de Puertollano
emplea a 229 trabajadores en plantilla fija además de todos los
empleos indirectos que conlleva, la factoría de Palos con 179
trabajadores y la factoría de Huelva con 92 trabajadores.
Sin embargo, desde 1994 hasta la fecha no se ha podido resolver
definitivamente esta cuestión, pues las partes no han alcanzado un
acuerdo que permita resolver la cuestión hasta el año 2004. El
Ministerio de Industria y E nergía no puede legalmente imponer a las
partes una prórroga forzosa, siendo necesario para poder encontrar
una solución, no sólo instar a las partes para ello, sino también
adoptar las medidas económicas relativas a Enagás y adecuadas a tal
fin.»
Justificación
En coherencia con la Proposición no de Ley presentada por este Grupo.
Enmienda al texto de la Proposición no de Ley
De Modificación
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a interesar al
Ministerio de Industria y Energía que continúe con la realización de
las actuaciones tendentes a facilitar la prórroga del contrato de
suministro de gas entre Enagás y Fertiberia de 13 de abril de 1994,
adoptando las medidas económicas relativas a Enagás adecuadas a tal
fin.»
Justificación
En coherencia con la Proposición no de Ley presentada por este Grupo.
Madrid, 16 de marzo de 1999.- Luis de Grandes P ascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Política Social y Empleo
161/001471
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a incorporar
una representación de la Junta de Andalucía y de la Mancomunidad de
Municipios del Campo de Gibraltar a la Comisión Interministerial
creada para elaborar un plan integral de inversiones para dicha
comarca.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Política Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentado Federal de Izquierda Unida formula la siguiente
Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Los recientes incidentes producidos entre los pescadores de la
Comarca de Campo de Gibraltar y la administración de Gibraltar han
precipitado distintas iniciativas políticas para situar la necesidad
de superar el actual estatus colonial del Peñón.
Entre otras iniciativas, el Gobierno ha puesto en marcha una Comisión
Interministerial a la que se le encomienda
un Plan de Inversiones integral para la Comarca que permita
resolver los graves problemas sociales derivados del índice de paro y
deficiencias en infraestructuras y servicios.
Esta iniciativa se debería de entender como la respuesta que quiere
dar el Estado a un problema de Estado como es la recuperación
civilizada de nuestra soberanía de Gibraltar.
Desde esta perspectiva, y atendiendo al artículo 137 de la
Constitución se propone para su aprobación.
Por todo ello, se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incorporar a la
Comisión Interministerial una representación de la Junta de Andalucía
y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 1999.-Willy
Meyer Pleite, Diputado.-Rosa Aguil a r Rivero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federa de Izquierda Unida.
161/001473
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley sobre dotación a la provincia de Alicante de un
número adecuado de autorizaciones para el empleo de trabajadores
extranjeros no comunitarios
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Política Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los DiputadosFederico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Mixto presenta, para su debate y votación en la Comisión de
Infraestructuras, la siguiente Proposición no de Ley a instancia de
los Diputados de Nueva Izquierda.
Según denuncias de varias ONGs alicantinas se han presentado en
Alicante, hasta la fecha, y cuando todavía falta más de un mes para
el cierre del contingente de 1999 para la regulación de trabajadores
no comunitarios, más de 2.500 solicitudes. El cupo que la Administrac
ión ha dispuesto para Alicante es de sólo 1.789 plazas.
Es evidente que, un año más, serán muchos los trabajadores
extranjeros que no podrán regularizar su situación en nuestro país,
teniendo este hecho unas graves connotaciones sociales, que es deber
del Gobierno corregir y evitar.
Es por ello que se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dotar a la
provincia de Alicante, mediante las oportunas variaciones en la
distribución provincial del contingente, de un número adecuado de
autorizaciones para el empleo de trabajadores extranjeros no
comunitarios.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 1999.-Manuel
Alcaraz Ramos, Diputado.-Ricardo Peralta Ortega, Portavoz Adjunto del
grupo Parlamentario Mixto.
161/001474
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a actualizar
las tablas de mortalidad para la obtención de los capitales y del
coste de pensiones con responsabilidad empresarial, derivadas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Política Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa de la Comisión de Política Social y Empleo
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
196 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para que el
Gobierno actualice las tablas de mortalidad para la obtención de los
capitales y del coste de pensiones con responsabilidad empresarial,
derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, para
su debate en C omisión.
Exposición de motivos
El día 20 de noviembre de 1998 se efectuó una pregunta al Gobierno
con respuesta escrita acerca de las tablas de mortalidad y tasas de
interés técnico que se están aplicando para la obtención de los
capitales y del coste de pensiones con responsabilidad empresarial,
derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
La respuesta escrita del Gobierno se produjo el día 16 de diciembre
de 1998, ref.: (184), 184/023023/000-20/11/98-068020, en donde se
decía que para la obtención de los referidos capitales y del coste de
las pensiones antes mencionadas se «utilizan las tablas de mortalidad
denominadas A.T.I-1, A.T.I-2 y A.T.I-3, conforme al Decreto 3581/
1962, de 27 de diciembre...». Ante tan sugerente y explicativa
información, se ha podido comprobar que realmente lo que se pretendía
explicar es que se están aplicando unas tablas de mortalidad para la
obtención de los capitales y del coste de pensiones con
responsabilidad empresarial, nada más y nada menos que del año 1962.
Parece evidente, y sin que sean necesarias grandes explicaciones, que
la esperanza de vida en España desde el año 1962 se ha ido
incrementando. En la documentación remitida por el Gobierno al
Congreso de los Diputados en relación con los presupuestos de la
Seguridad Social para 1999, citando datos del Instituto Nacional de
Estadística, la esperanza de vida de los españoles al nacer, en el
año 1960 era de 69,85 años; en el año 1970 de 71,98; en el año 1975
de 73,34; en el año 1980 de 75,62; en el año 1985 de 76,52; y en el
año 1990 de 76,94 (Presupuestos de la Seguridad Social para 1999;
informe económico financiero; v ol. V, tomo 1, pág. 25).
A la vista de los datos que el propio Gobierno ha facilitado al
Congreso de los Diputados, y teniendo en cuenta que las tablas de
mortalidad que se están aplicando para el cálculo de las
liquidaciones de los capitales, y del coste
de pensiones con responsabilidad empresarial, derivadas de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales, no han sido modificadas
desde hace un largo período de tiempo, el Grupo Parlamentario
Socialista presenta la s iguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en el plazo
de dos meses, actualice las hasta ahora vigentes tablas de mortalidad
para calcular las liquidaciones de los capitales y coste de las
pensiones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, previstas en el Decreto 3581/1962, de 27 de
diciembre.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 1999.-Alejandro
Cercas Alonso, Diputado.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001463
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso
Proposición no de Ley sobre la promoción de los derechos laborales en
la Cumbre Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado
del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍ
N OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
promoción de los derechos laborales en la Cumbre Ministerial de la
OMC, para su debate ante la Comisión de Cooperación Internacional
para el Desarrollo.
Motivación
La capacidad de las grandes empresas transnacionales para trasladar
las inversiones de manera inmediata a los países donde puedan
aumentar sus beneficios no tiene límites en el marco de la continua
expansión del mercado global: muchos de los países en desarrollo
compiten entre sí para ofrecer lo que consideran ventajas para la
inversión: mano de obra barata, incluso a costa del trabajo infantil,
prohibición o trabas al sindicalismo, utilización del trabajo
forzoso, discriminación hacia las mujeres.
Con motivo de la celebración del 50 aniversario de la Declaración de
los Derechos Humanos se celebró en Madrid los días 3 y 4 de diciembre
una Conferencia Internacional, como culminación de la campaña «Los
Derechos Laborales son Derechos Humanos», realizada con el objetivo
de sensibilizar a la opinión pública sobre el deterioro de los
derechos laborales en el mundo y plantear que, en el marco de la
economía globalizada, se deben también globalizar los derechos
laborales.
En dicha Conferencia se destacó el importante vínculo que existe
entre los derechos laborales y el comercio mundial y el objetivo de
que, a través de la OMC, organismo que regula el comercio mundial, se
pudiera avanzar en un sistema de incentivos y sanciones para lograr
que abusos como el trabajo forzoso, la esclavitud, la explotación
infantil y la discriminación empezaran a disminuir.
A nivel internacional se ha acordado que por «Normas fundamentales
del Trabajo» se consideren 7 Convenios clave de la OIT que
constituyen la piedra angular de los derechos humanos en el ámbito
laboral y, como tales, fueron suscritos por la Cumbre Mundial de las
Naciones Unidas sobre Sociedad y Desarrollo, celebrada en Copenhague
en 1995. La CIOSL apoya la inclusión de estos convenios dentro de la
Organización Mundial del Comercio, mediante un sistema de cooperación
entre la OIT y este organismo: una cooperación aplicada
multilateralmente para incentivar el cumplimiento de dichas normas.
Existen precedentes que apuntan en el sentido enunciado:
- El Director General de la Conferencia de la OIT afirmó en la 85
sesión de este organismo que «... es importante que cualquier
esfuerzo que hagan (los Estados) para aprovechar los beneficios de la
globalización en términos de progreso social, debería fomentarse y
evaluarse...»
- La Declaración final de la Primera Cumbre Ministerial de la OMC
celebrada en Singapur en diciembre
de 1996, señaló que uno de los resultados del consenso alcanzado fue
el apartado sobre los derechos de los trabajadores, enfatizando el
papel de la OIT en la fijación de estas normas y haciendo un
llamamiento a la colaboración entre la OIT y la OMC.
- La Unión Europea establece en el sistema General de Preferencias
que regula sus tratados comerciales una cláusula que contempla la
reducción de aranceles a aquellos países que se comprometen en acabar
con la explotación infantil.
- El 9 de febrero de 1994, el Parlamento Europeo aprueba una
resolución relativa a la introducción de la cláusula social en el
sistema unilateral y multilateral de comercio.
En nuestro país, la aprobación de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, significa un claro
compromiso con dichos objetivos: La Exposición de Motivos de la
citada Ley recoge que «...la política de cooperación internacional
para el desarrollo constituye un aspecto fundamental de la acción
exterior de los Estados democráticos en relación con aquellos países
que no han alcanzado el mismo nivel de desarrollo, basada en una
concepción interdependiente y solidaria de la sociedad internacional
y de las relaciones que en ella se desarrollan ...». En consecuencia,
los principios y objetivos de la cooperación internacional para el
desarrollo informan el conjunto de la acción exterior del Estado,
tanto en el ámbito bilateral y multilateral y ello implica promover
la coherencia y aplicación de estos principios en las propuestas y
posturas que adopte el Gobierno español en este ámbito. La defensa y
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales es
uno de los principios que se recogen en su artículo 2, junto a la
necesidad de contribuir a un mayor equilibrio en las relaciones
políticas, estratégicas, económicas y comerciales, siendo la igualdad
de oportunidades, participación e integración social de la mujer y la
defensa de los grupos de población más vulnerables (con especial
atención a la erradicación de la explotación laboral infantil), uno
de los sectores prioritarios de la cooperación internacional española
(art. 7.º), de la citada Ley.
Por todo ello, en coherencia con lo anteriormente expuesto y ante la
próxima Cumbre Ministerial de la OMC que tendrá lugar en Seattle
(Estados Unidos) el próximo mes de diciembre de 1999, el Grupo
Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados considera que:
a) La extensión de los derechos de sindicación y negociación
colectiva, la abolición de la esclavitud y del trabajo forzoso, el
derecho a la propia infancia y a la no discriminación por motivos de
sexo, raza, color, religión, opiniones políticas, nacionalidad o
pertenencia a una determinada etnia, son derechos básicos
contemplados en las Normas Fundamentales del Trabajo de la OIT en el
ámbito de la promoción y defensa de los derechos humanos, por lo que
su aplicación debe impulsarse tanto
en el ámbito bilateral como en el multilateral, con el fin de
corregir los efectos de la globalización mundial del mercado y así
contribuir a un orden internacional más justo y a un mayor equilibrio
en las relaciones políticas, económicas y comerciales con los países
en desarrollo.
b) Que dicho objetivo, vinculado a los principios de la cooperación
internacional para el desarrollo, forma parte de la acción exterior
del Estado español y debe aplicarse coherentemente en el marco de las
relaciones políticas, económicas y comerciales de nuestro país en sus
relaciones internacionales...
Y por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno para
que:
1. En el seno de la próxima Cumbre Ministerial de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) promueva y apoye medidas que favorezcan la
cooperación multilateral con la OIT, a través de mecanismos que
signifiquen la inclusión de la aplicación de las Normas Fundamentales
del Trabajo en el ámbito de la OMC.
2. Promueva y apoye la inclusión de una representación de ONGs y de
Organizaciones sindicales en dicha Cumbre.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 1999.-Blanca
García Manzanares, Diputada.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/001465
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
Proposición no de Ley sobre reconocimiento de las funciones
enumeradas al establecer el Título de Técnico Superior en Dietética y
su ciclo formativo como propias del Técnico Superior en Dietética
para ejercerlas en el Sistema Nacional de Salud.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y
al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula la siguiente
Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Educación y
Cultura.
La profesión de dietista está reconocida e incluida como tal en el
Catálogo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), definida
e identificada en sus Códigos 0-69, 0-69-10, 0-69-20 y 0-69-90, desde
el año 1967.
Esta profesión existe en todos los países de la Unión Europea. En la
mayoría de ellos, se cursa en la formación Profesional Superior
postbachillerato y en los restantes en la Universidad, tal y como
viene recogido en una reciente publicación del Ministerio de Sanidad
y Consumo que sirve como guía en España ante la libre circulación de
profesionales.
En Europa y en el resto de países desarrollados, el campo laboral de
los Dietistas es fundamentalmente el sanitario-asistencial, en
especial el ámbito hospitalario, ejerciendo sus funciones junto a los
médicos y resto de personal sanitario en lo que se refiera a la
alimentación de los enfermos. Las funciones del Dietista también
incluyen los aspectos preventivos, educativos y epidemiológicos de la
nutrición humana ante personas y colectivos sanos.
En España, la profesión de Dietista se comenzó a impartir de forma
oficial en 1985, al crearse el Título de Técnico Especialista en
Dietética y Nutrición dentro de la Rama Sanitaria de la Formación
Profesional de 2.o Grado, a propuesta de la Junta de Andalucía y con
carácter experimental (BOE de 28 de enero de 1985).
Tras la Reforma de la Educación, se consolidó la figura del Dietista
en los Reales Decretos 536/1995 y 546/1995, que establecieron las
correspondientes enseñanzas mínimas y el currículum del ciclo
formativo del Técnico Superior en Dietética, con unas enseñanzas que
precisan la superación previa del Bachillerato de Ciencias de la
Naturaleza y de la Salud y que se orientan, al igual que en el resto
de Europa, a la actuación en el campo sanitario (asistencial y
preventivo). Los anteriores técnicos Especialistas y los actuales
Técnicos Superiores han sido equiparados a todos los efectos
(académicos y profesionales) en el Real Decreto 777/1998 del
Ministerio de Educación y Cultura.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha regulado la libre
circulación de dietistas europeos en España, quienes tienen que
realizar el período de prácticas y la prueba de aptitud
correspondientes para equipararse al Técnico en Dietética español,
según Orden del 9 de Diciembre de 1997 (BOE de 27 de diciembre de
1997), que traspone la Directiva 92/51 /CEE (que, a su vez, completa
la Directiva 89/48/CEE).
Hasta diciembre de 1998, son 6.858 las personas que han obtenido la
titulación oficial de Técnico Especialista o de Técnico Superior en
Dietética. Varios Dietistas procedentes de Europa y América, han
obtenido la homologación de sus títulos con el español de Técnico en
Dietética. Sólo la Comunidad de Navarra ha ofertado plazas para
Técnicos en Dietética en sus Ofertas Públicas de Empleo. En otras
Comunidades Autónomas con competencias en sanidad transferidas y en
el Insalud hay algunos Técnicos en Dietética contratados
eventualmente como tales o como Auxiliares de Clínica, Pinches de
Cocina, etc.
Mientras los Técnicos en Dietética han ido consolidando su formación
y funciones, varias Universidades españolas han otorgado Diplomaturas
en Dietética, como títulos propios, a pesar del rechazo a la
oficialización de la Diplomatura en Dietética y Nutrición que había
propuesto en 1988 el Consejo de Universidades. Este rechazo fue
reiterado por el Ministerio de Educación, incluso ante las
Proposiciones no de Ley que hizo el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió el 8 de julio de 1991 y el 7 de septiembre de
1993, al anteponerse el argumento de la inclusión de los estudios de
Dietética en la entonces futura, Formación Profesional Superior.
Aun a sabiendas de ello y conociendo que la Ley prohíbe expresamente
el ejercicio profesional a las titulaciones propias, la Universidad
del País Vasco-Vitoria (a partir de 1988), de la Iglesia en Navarra
(a partir de 1989) y de Barcelona (desde 1992) han ido expidiendo
Diplomaturas en Dietética a un total de 1.013 personas, a quienes han
cobrado unas sustanciosas matriculaciones (más de 500.000 ptas. /
alumno /curso). En varios casos y de forma ilegal, la Sanidad Pública
ha contratado a Diplomados en Dietética.
El Real Decreto 433/1998 del Ministerio de Educación y Cultura ha
establecido oficialmente el Título de Diplomado en Nutrición Humana y
Dietética, basándose en el informe del Consejo de Universidades de
1988 y ninguneando la Reforma de la Educación y la nueva Formación
Profesional Superior. Este Real Decreto 433/1998 está recurrido ante
el Tribunal Supremo por la Asociación Española de Técnicos en
Dietética, la Federación Española de Técnicos Especialistas y la
Organización Médica C olegial.
Las materias y la orientación profesional del Diplomado Universitario
en Dietética se basan en temas analíticos, bromatológicos y de
laboratorio, en tanto que los estudios del Técnico Superior en
Dietética se fundamentan en la nutrición de la persona sana y
enferma, mucho más acordes con la orientación del Dietista europeo
Ambos títulos (Técnico Superior y Diplomado Universitario) parten del
Bachillerato, sin precisar Selectividad previa.
El 8 de marzo de 1999, el Grupo Socialista del Congreso de los
Diputados presenta una Proposición no de Ley para incluir a los
Técnicos en Dietética como personal sanitario del Sistema Nacional de
Salud. Tres días antes, el Parlamento Vasco insta al Gobierno del
Estado
para que determine y delimite las funciones de los Técnicos
Superiores en Dietética y de los diplomados Universitarios en
Dietética.
Teniendo en cuenta que la formación y el perfil profesional del
Técnico Superior en Dietética han sido claramente definidos por el
Ministerio de Educación y Cultura en su Reales Decretos 536/1995 y
546/1995, que el Ministerio de Sanidad ha regulado la libre
circulación de dietistas europeos en España en su Orden de 9 de
diciembre de 1997, que el mismo Ministerio de Sanidad reconoce como
adecuados y homologables con el resto de países de la Unión Europea
los estudios y el perfil profesional del Técnico en Dietética, que la
Diplomatura Universitaria en Dietética se encuentra recurrida ante el
Tribunal Supremo, que los actuales Diplomados en Dietética poseen una
titulación propia (no oficial) que no permite el ejercicio de la
profesión, que la Diplomatura Universitaria en Dietética no tiene una
clara orientación profesional sanitario-asistencial ni unos
contenidos que capaciten para la orientación nutricional de personas
sanas o enfermas.
Por todo ello, se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se reconozcan
las funciones enumeradas al establecer el Título de Técnico Superior
en Dietética y su ciclo formativo (Reales Decretos 536/1995 y 548/
1995) como propias del Técnico Superior en Dietética para ejercerlas
en el Sistema Nacional de Salud.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 1999.- Julián
Fernández Sánchez, Diputado. Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comisión de Infraestructuras
161/001466
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso
Proposición no de Ley relativa a la construcción de una rotonda en la
carretera N-152 en el cruce «Quatre Camins» en Puigcerdá (Girona).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de
L ey, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su
conocimiento por la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en
el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Ala Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a
la construcción de una rotonda en la carretera N-152 en el cruce
«Quatre Camins» en Puigcerdà (Girona).
Exposición de motivos
La Asociación de Vecinos de Age i Vilallobent y la Asociación de
Vecinos Podium Ceretanum de Puigcerdà, iniciaron el pasado 6 de
diciembre de 1998 acciones de protesta para reclamar la construcción
de una rotonda en el cruce de la carretera N-152 que une los núcleos
de Age y Vilallobent con el de Puigcerdà.
Dicho cruce constituye un punto con un nivel de accidentes de tráfico
muy elevado que a menudo han producido heridos y en alguna ocasión
víctimas mortale .
El proyecto para la construcción de la rotonda está elaborado desde
hace tiempo y existía el compromiso de llevar a cabo las obras.
En respuesta parlamentaria escrita, el Gobierno afirma que «el cruce
de Quatre Camins es el de la carretera N-152 con el camino a los
núcleos de Age y Vilallobent, situado en el p.k. 169,980 de la CN-
152, contemplado en el proyecto de 'Mejora de intersecciones y
acondicionamiento, CN-152, p.k. 1169,45 al 170,93'. Dicho proyecto se
encuentra aprobado definitivamente y su licitación tendrá lugar en
función de las disponibilidades presupuestarias.»
En base a dicha respuesta del Gobierno y a la urgencia derivada del
alto índice de siniestralidad de dicho punto de la red viaria, El
Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Que proceda con la mayor urgencia posible a la licitación,
adjudicación y ejecución de las obras contempladas en el proyecto de
'Mejora de intersecciones y acondicionamiento,
CN-152, p.k.1169,45 al 170,93' que afectan al cruce de Quatre Camins
de la carretera N-152 con el camino a los núcleos de Age y
Vilallobent, situado en el p.k. 169,980 en Puigcerdà (Girona).»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 1999.-
Montserrat Palma i Muñoz, Diputada. María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
161/001469
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a tomar las
medidas necesarias para garantizar la corrección del impacto
medioambiental causado en el monte de A Madroa por las obras de la
autopista A-9, procediendo a la construcción de un falso túnel con
una longitud de 850 metros.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado Guillerme
Vázquez Vázquez (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, para su debate en Comisión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 1999.-
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado. Pilar Rahola i Martinez,
Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Exposición de motivos
La construcción del tramo de la Autopista A-9 (RandePuxeiros) a su
paso por el monte de A Madroa, está causando un fortísimo impacto
medioambiental. La trinchera creada por las obras, supera las
previsiones establecidas tanto en el Estudio Informativo como en el
proyecto constructivo; llegando a alturas máximas de 50 mts.
Apesar de las reiteradas peticiones de organizaciones vecinales,
políticas, ecologistas, etc. también de las recomendaciones del
Ministerio de Medio Ambiente; la solución propuesta por el Ministerio
de Fomento para paliar los daños medioambientales referidos consiste
en la realización de un falso túnel de 430 mts. En lugar de los 850
mts. que serían los adecuados.
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Tomar las medidas necesarias para garantizar la corrección del
impacto medioambiental causado en el monte de A Madroa por las obras
de la A-9, procediendo a la construcción de un falso túnel con una
longitud de 850 mts.
161/001472
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
Proposición no de Ley sobre cierre de la línea de cercan ías C-5
Móstoles-Fuenlabrada de la Comunidad de Madrid, para permitir la
conexión circular directa entre los municipios de Leganés,
Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón, y entre éstos y Madrid.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Ala Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se
presenta la siguiente proposición no de ley para su debate en la
Comisión de Infraestructuras.
La línea ferroviaria de cercanías C-5, une en la actualidad la ciudad
de Móstoles y Fuenlabrada a través de 18 estaciones, pasando antes
por el término municipal de Madrid, ciudad en la que radican la
mayoría de dichas estaciones, todo ello a pesar de que los términos
municipales de Móstoles y Fuenlabrada están lindando. Esto da una
idea de la escasa distancia que separa a ambas ciudades.
Móstoles y Fuenlabrada son en la actualidad de las ciudades más
pobladas de la Comunidad de Madrid con una población cercana a los
375.000 habitantes entre ambas, estando, además, sometidas a fuertes
desarrollos urbanos.
La línea C-5, es la línea ferroviaria de cercanías de mayor número de
viajeros de la Comunidad de Madrid y del conjunto del Estado. El
número de usuarios durante 1998 ha sido de 289.000 viajeros diarios,
lo que supone que más de 4 de cada 10 usuarios de la red de cercanías
estatal utiliza la línea C-5 para desplazarse.
Por otra parte, la financiación y el coste que supondría el cerrar
dicha línea es muy inferior a otros proyectos que se plantean para la
Zona Sur de Madrid y el llevar a cabo el cierre de dicha línea
facilitaría la conexión y la movilidad de los jóvenes que acuden
diariamente a estudiar a la Universidad Rey Juan Carlos, resolvería
de una manera sustancial los problemas de transporte del barrio de
Loranca, y uniría como ya hemos indicado, dos de las ciudades más
pobladas de la Comunidad de Madrid, como Móstoles y Fuenlabrada.
En definitiva, no es lógico que alguien que quiera ir, por poner un
ejemplo, de Leganés a Móstoles, tenga que dar toda la vuelta a la
línea C-5, cuando, de estar cerrada la línea, se acortaría dicho
trayecto de manera significativa, tanto en distancia, como en tiempo
empleado.
Por todo ello se plantea la siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las
medidas necesarias para:
- Cerrar la línea de cercanías C-5 Móstoles-Fuenlabrada, de la
Comunidad de Madrid, de manera que permitirá la conexión circular
directa entre los municipios de Leganés, Fuenlabrada, Móstoles y
Alcorcón, y entre éstos y Madrid.
- Construir las nuevas estaciones que sean necesarias en el nuevo
trazado, atendiendo a los nuevos proyectos urbanísticos que se están
desarrollando o se van a desarrollar en dichos municipios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 1999.- Julián
Fernández Sánchez, Diputado. Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000142
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
debatió la interpelación urgente del Grupo Socialista del Congreso
sobre la política de privatizaciones del sector público empresarial
(núm. expte. 172/000142), cuyo texto se inserta a continuación de
conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en los artículos 180 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, formula al Gobierno la siguiente
Interpelación u rgente sobre la política de privatizaciones del sector
público empresarial.
Motivación
La política de privatizaciones del sector público empresarial (SPE)
desarrollada por el Gobierno, sustentada en criterios ideológicos y
financieros, se ha caracterizado por la falta de transparencia y la
utilización de procedimientos irregulares y ha tenido como
consecuencia la acumulación de poder económico en manos de amigos y
aliados del Gobierno.
El Gobierno abordó la privatización del SPE como un proceso acelerado
e indiscriminado que se justificaba por la supuesta mayor eficiencia
del sector privado en la gestión empresarial. En la práctica, ha
vendido las empresas rentables -buena parte de ellas actúan en
sectores donde tienen posiciones dominantes de mercado- y ha dedicado
los ingresos a mejorar las cuentas públicas sin que se conozca con
precisión el destino final de los fondos obtenidos.
El Gobierno ha presentado el proceso como un ejemplo de transparencia
y objetividad que se ha sometido a procedimientos rigurosos. La
realidad indica lo contrario: de una parte, la garantía de la
vigencia de esos principios se ha encargado al Consejo Consultivo de
Privatizaciones, órgano que queda al margen del Derecho
Administrativo, cuyo Presidente es un diputado nacional del Partido
Popular y que no se somete a ningún control administrativo en su
gestión y administración; de otra, se remite el control parlamentario
a una Subcomisión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del
Congreso que conoce a posteriori, que apenas se reúne y en la que no
comparecen los que deben hacerlo; además, el Gobierno no envía al
Parlamento los informes preceptivos que ha debido emitir la IGAE
sobre los procesos terminados y que han sido reclamados por los
grupos parlamentarios; finalmente, algunos de los procedimientos
utilizados y operaciones singulares de privatización revelan
irregularidades y zonas de sombra que debieran ser objeto de
investigación y aclaración.
El resultado del proceso, hasta la fecha, no es favorable a los
intereses generales. Los ingresos obtenidos se han consumido
rápidamente por lo que existen claras incertidumbres para el futuro
financiero de las empresas públicas que todavía necesitan
aportaciones financieras del Estado. Las empresas privatizadas están
gobernadas por un núcleo reducido de personas nombradas, directa o
indirectamente, por el Gobierno y su Presidente, y designadas
eufemísticamente como «consejeros independientes». En fin, el grado
de concentración de poder económico en España se ha incrementado
notablemente en este período como consecuencia del proceso de
privatizaciones y empieza a ser preocupante su efecto negativo sobre
la autonomía del poder político y los intereses de los ciudadanos.
Por todas las razones expuestas, el Grupo Parlamentario Socialista
formula al Gobierno la siguiente Interpelación urgente sobre la
política de privatizaciones del sector público empresarial.
Palacio del Congreso de los Diputados, ?? de ?? de 1999.-Luis
Martínez Noval, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
172/000143
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
la política de seguridad y orden público del Gobierno, a la vista de
las últimas actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en Cataluña (núm. expte. 172/000143), cuyo texto se inserta a
continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Mixto presenta para su debate en el Pleno de la Cámara, a instancia
de los Diputados y Diputadas de Iniciativa per Catalunya-Verds y
Nueva Izquierda,
Interpelación urgente al Gobierno sobre su política de seguridad y
orden público, a la vista de las últimas actuaciones de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en Catalunya.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 1999.- Joan
Saura Laporta, Diputado.-Ricardo Peralta Ortega, Portavoz Adjunto del
Grupo Parlamentario Mixto.
172/000144
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, sobre la necesidad de una ley de armonización de la
normativa de la r eorganización y reducción de la jornada de trabajo
(núm. expte. 172/000144), cuyo texto se inserta a continuación de
conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta la siguiente
Interpelación urgente, dirigida al Gobierno.
La negativa del Gobierno a propiciar la ley de reducción de la
jornada máxima de trabajo a 35 horas semanales, la rotunda negativa
de la patronal a cumplir los acuerdos de 1997 en el sentido de
negociar con los sindicatos la reorganización y reducción de la
jornada laboral, ha propiciado que varias Comunidades Autónomas hayan
concertado con los sindicatos regionales acuerdos para la creación de
empleo, entre cuyas medidas figuran fórmulas diversas de reducción de
la jornada de trabajo, creando una dispersión normativa que conviene
reconducir.
Por todo lo cual se formula la siguiente Interpelación urgente para
debatir el Pleno de la Cámara, sobre la necesidad de una ley de
armonización de la normativa de la reorganización y reducción de la
jornada de trabajo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 1999.- Pedro Va
quero del Pozo, Diputado.-Rosa A guilar Rivero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
PREGUNTAS PARARESPUESTAORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/002220
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores
Solicitud de que la pregunta de doña Teresa Cunillera Mestres sobre
la opinión del Secretario de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérica acerca de si su
política de nombramientos en la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI) responde a la legalidad vigente y a lo
establecido en la Ley 23/1998, de 8 de julio, de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, se tramite en la Comisión de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Acuerdo:
Disponer el conocimiento de la pregunta de referencia en la Comisión
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y comunicar este
acuerdo a la citada Comisión, a la Comisión de Asuntos Exteriores, al
Gobierno, a la Sra. Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Comisión de Defensa
181/002343
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Rodríguez Zapatero, José Luis (GS)
Situación en la que se encuentra el proceso de indemnizaciones a los
afectados por el incendio del Monte del Teleno (León) cuya
responsabilidad fue asumida por el Ejército de Tierra.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Defensa.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr. Diputado
preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa.
Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero.
Texto:
¿En qué situación se encuentra el proceso de indemnizaciones a los
afectados por el incendio del Monte del Teleno (León) cuya
responsabilidad fue asumida por el Ejército de Tierra?.
Madrid, 12 de marzo de 1999.-José Luis Rodríguez Zapatero, Diputado.
181/002345
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Moya Milanés, Pedro (GS)
Posición española en la reunión del Grupo de trabajo sobre comercio
de armas del Consejo de la Unión Europea (COARM) del 18 de marzo,
sobre fortalecimiento del control de los intermediarios del comercio
de armas.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artícul o 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Defensa.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr. Diputado
preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIALDE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa.
Diputado don Pedro Moya Milanés.
Texto:
Posición española en la reunión del Grupo de trabajo de armas del
Consejo de la Unión Europea (COARM)
del 18 de marzo, sobre fortalecimiento del control de los
intermediarios del comercio de armas.
Madrid, 15 de marzo de 1999.-Pedro Moya Milanés, Diputado.
Comisión de Política Social y Empleo
181/002346
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (GMX)
Cumplimiento de la moción consecuencia de interpelación urgente
aprobada por el Pleno de la Cámara en el sentido de adoptar las
medidas necesarias para equiparar el plazo de prescripción de las
deudas al Estado por percepción indebida de prestaciones sociales con
el de prescripción de dichas deudas por incumplimientos con la
Hacienda Pública.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política
Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
S r. Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Mixto (Nueva Izquierda).
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y
Empleo.
Diputado don Ricardo Peralta Ortega.
Texto:
¿Cuándo va a dar el Gobierno cumplimiento al punto primero de la
Moción presentada por el Grupo ParlamentarioMixto (Diputados de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya) y aprobada por el Pleno del
Congreso el 21 de abril pasado en el sentido de «adoptar las medidas
necesarias encaminadas a equiparar el plazo de prescripción de las
deudas al Estado por percepción indebida de prestaciones sociales con
el plazo de prescripción de las deudas al Estado por incumplimientos
con la Hacienda Pública»?
Madrid, 16 de marzo de 1999.- Ricardo Peralta Ortega, Diputado.
181/002347
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (GMX)
Estado de ejecución de la Proposición no de Ley aprobada por la
Comisión de Política Social del Congreso de los Diputados el 28/04/98
sobre la actualización del baremo de lesiones permanentes no
invalidantes y su revalorización periódica junto con las otras
prestaciones permanentes de la Seguridad Social.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en e artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política
Social y Empleo Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a
S r. Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Mixto (Nueva Izquierda).
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y
Empleo.
Diputado don Ricardo Peralta Ortega.
Texto:
¿Cuál es el estado de ejecución, habiendo transcurrido ya un año, de
la Proposición no de Ley presentada por e Grupo Parlamentario Mixto
(Diputados de Nueva Izquierda- Iniciativa per Catalunya) y aprobada
por la Comisión de Política Social del Congreso el 28 de abril de
1998 instando al Gobierno a que en el menor plazo posible estudie
la actualización del baremo de lesiones permanentes no invalidantes y
su revalorización periódica junto con las otras prestaciones
permanentes de la Seguridad Social?
Madrid, 16 de marzo de 1999.- Ricardo Peralta Ortega, Diputado.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/002348
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Sánchez López, María Dolores (GS)
Opinión del Gobierno ante la situación en Angola, así como medidas de
cooperación internacional tomadas o previstas.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y a la Sra. Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación al
Desarrollo.
Diputada doña María Dolores Sánchez López.
Objeto:
La ruptura del proceso de paz y la actual escalada de violencia que
sufre Angola han dado al traste con los esfuerzos que la Comunidad
Internacional, las ONG de dentro y fuera del país y la población
civil vienen haciendo por superar tanto el conflicto como sus
consecuencias.
Las buenas relaciones que España ha tenido siempre con Angola nos
llevan a preguntar:
Texto:
¿Cuál es la opinión del Gobierno español ante la situación en Angola
y qué medidas en el campo de la Cooperación Internacional ha tomado,
o tiene previsto tomar al respecto?
Madrid, 16 de marzo de 1999.-María Dolores Sánchez López, Diputado.
Comisión de Sanidad y Consumo
181/002336
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Corominas i Busqueta, Josep (GS)
Intención del Gobierno de pedir responsabilidades políticas en
relación con la convocatoria para proveer la plaza de Consejero
Técnico de la Subdirección General de Planificación e Información
Sanitaria.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr.
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputado don Josep Corominas i Busqueta.
Texto:
¿ Piensa el Gobierno pedir responsabilidades políticas al responsable
de esta situación irregular en la mencionada convocatoria?
Madrid, 12 de marzo de 1999.-Josep Corominas i Busqueta, Diputado.
181/002337
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Corominas i Busqueta, Josep (GS).
Intención del Gobierno de restituir el derecho al principio
constitucional de igualdad, mérito y capacidad, en relación con la
convocatoria para proveer la plaza de Consejero Técnico de la
Subdirección General de Planificación e Información Sanitaria.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr.
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputado don Josep Corominas i Busqueta.
Texto:
¿Piensa el Gobierno restituir en este caso el derecho al principio
constitucional de igualdad, mérito y capacidad dado que el
procedimiento utilizado no parece admisible y es condenable desde el
punto de vista moral y ético?
Madrid, 12 de marzo de 1999.-Josep Corominas i Busqueta, Diputado.
181/002338
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Corominas i Busqueta, Josep (GS).
Propósito del Gobierno acerca de continuar con el procedimiento de
autootorgamiento de plazas de funcionario en propiedad a los altos
cargos.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en e artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr.
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputado don Josep Corominas i Busqueta.
Texto:
¿ Piensa el Gobierno continuar este procedimiento de autootorgamiento
de plaza de funcionario en propiedad a los altos cargos?
Madrid, 12 de marzo de 1999.-Josep Corominas Busqueta, Diputado.
181/002339
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Corominas i Busqueta, Josep (GS).
Puesto de trabajo desempeñado en la actualidad por doña María Luisa
Pulido Puente, proveniente del Servicio Gallego de Salud (SERGAS) y
nombrada Consejero Técnico de la Subdirección General de
Planificación e Información Sanitaria.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en e artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento
acuerdo al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y publicar en el BO
LETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputado don Josep Corominas i Busqueta.
Texto:
Dado que se ha nombrado como Consejero Técnico de la Subdirección
General de Planificación e Información Sanitaria a María Luisa Pulido
Puente proveniente, según la mencionada Orden del SERGAS, ¿qué puesto
de trabajo desempeña actualmente dicha persona?
Madrid, 12 de marzo de 1999.-Josep Corominas i Busqueta, Diputado.
181/002340
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Corominas i Busqueta, Josep (GS).
Responsable del nombramiento del vocal representante de la
Subdirección General de Planificación e Información Sanitaria en la
Comisión de Valoración que ha realizado las propuestas para la
provisión de la plaza de Consejero Técnico de dicha Subdirección
General.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr.
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputado don Josep Corominas i Busqueta.
Texto:
¿Quién ha sido, qué categoría tiene, de quién depende y quién ha
nombrado al vocal representante de la Subdirección General de
Planificación e Información Sanitaria en la Comisión de Valoración
que ha realizado las propuestas?
Madrid, 12 de marzo de 1999.-Josep Corominas i Busqueta, Diputado.
181/002341
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Corominas i Busqueta, Josep (GS)
Candidatos presentados y valoración obtenida en el concurso convocado
para proveer en propiedad la plaza de Consejero Técnico de la
Subdirección General de Planificación e Información Sanitaria.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr.
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputado don Josep Corominas i Busqueta.
Texto:
¿ Qué candidatos se han presentado y qué valoración han obtenido en
el concurso convocado para proveer en propiedad la plaza de Consejero
Técnico de la Subdirección General de Planificación e Información
Sanitaria?
Madrid 12 de marzo de 1999.-Josep Corominas i Busqueta, Diputado.
181/002342
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Corominas i Busqueta, Josep (GS)
Categoría profesional, situación administrativa y fecha de
nombramiento de la persona que ocupa la Subdirección General de
Planificación e Información Sanitaria.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr.
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputado don Josep Corominas i Busqueta.
Texto:
¿ Cuál es la categoría profesional, situación administrativa y fecha
de nombramiento de la persona que ocupa la Subdirección General de
Planificación e Información S anitaria?
Madrid 12 de marzo de 1999.-Josep Corominas i Busqueta, Diputado.
181/002350
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP)
Acciones efectuadas en el primer año de vigencia de Plan Trienal
estratégico de Protección al Consumidor.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en e artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr.
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina.
Objeto: Pregunta al Gobierno
Texto:
¿ Puede el Gobierno indicar las principales acciones efectuadas en el
primer año de vigencia del Plan Trienal estratégico de Protección al
Consumidor?
Madrid 10 de marzo de 1999.-Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.
181/002351
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: García Linares, Rosario (GS)
Opinión del Director general del INSALUD acerca de la suficiencia del
número de centros de urgencias extrahospitalarias en la ciudad de
Albacete.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la Sra.
Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputada doña Rosario García Linares.
Texto:
¿Considera el Sr. Director general del INSALUD suficientes el número
de centros de urgencias extrahospitalarias en la ciudad de Albacete?
Madrid, 17 de marzo de 1999.-Rosario García Linares, Diputada.
Comisión de Infraestructuras
181/002349
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Santiso del Valle, Mariano César (GIU)
en el sector del transporte por carretera por los organismos públicos
competentes en la materia.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de
Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Sr. Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 1999. El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Federal IU
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Infraestructuras.
Diputado don Mariano Santiso del Valle.
Objeto: Ante los distintos criterios utilizados por los distintos
organismos públicos para medir los índices de siniestralidad y el
número de transportistas muertos en accidentes de carretera:
Texto:
- ¿Tiene previsto el Gobierno adoptar las medidas necesarias para
modificar los distintos criterios utilizados en la elaboración de
estadísticas de siniestralidad y mortalidad en el sector del
transporte por carretera por los distintos organismos públicos
competentes en la materia, con el fin de poder obtener unas
estadísticas homologables y una visión más exacta de la realidad
existente en este sector, para así poder establecer las medidas
oportunas para lograr una disminución en estos índices?
Medidas para modificar los criterios utilizados en la Madrid 17 de
marzo de 1999. -Don Mariano Santiso elaboración de estadísticas de
siniestralidad y mortalidad del Valle, Diputado.