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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 297, de 22/06/1998
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
VI LEGISLATURA
Serie D: 22 de junio de 1998 Núm. 297 GENERAL
ÍNDICE Control sobre las disposiciones del ejecutivo con fuerza de
Ley
DECRETOS-LEYES
130/000045 Convalidación del Real Decreto-Ley 3/1998, de 8 de mayo,
por el que se establecen las retribuciones de los Magistrados del
Tribunal Supremo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 404.
bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
añadido por la Ley Orgánica 5/1997, de 4 de diciembre, y se aprueba
el correspondiente suplemento de crédito por importe total de
609.680.793 pesetas para su financiación ... (Página 4)
130/000046 Convalidación del Real Decreto-Ley 4/1998, de 22 de mayo,
por el que se concede a la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir un crédito extraordinario de 4.500 millones de pesetas
para financiar actuaciones derivadas de la rotura de la balsa de
residuos de la mina de Aznalcóllar y se autoriza a dicho Organismo
Autónomo a realizar operaciones de endeudamiento hasta el mismo
importe ... (Página 5)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000247 Corrección de error de la Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, por la que se insta
al Gobierno a conceder el indulto total a doña Norma Enma Giménez
Pino y a don Antonio Martín Santos, en relación con la condena
impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001081 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió),
para la fijación de un marco negociador en la Conferencia para la
creación de un Tribunal Penal Internacional ... (Página 7)
161/001084 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la Conferencia
Diplomática sobre el Estatuto del Tribunal Penal Internacional
Comisión de Justicia e Interior
161/001092 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, relativa a la
dotación de un servicio de tramitación y expedición del documento
nacional de identidad (DNI) en Olot (Girona) ... (Página 9)
161/001093 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, por la que se insta al Gobierno a construir un acceso
directo más seguro a la cárcel de Granada ... (Página 10)
Comisión de Educación y Cultura
161/001083 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, relativa a la
creación de la Oficina de Gestión del Plan Nacional de Evaluación de
la Calidad de las Universidades ... (Página 11)
161/001091 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, por la que se insta al Gobierno a aumentar los niveles
de seguridad en el transporte de escolares y de menores ... (Página 12)
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda 161/000977 Retirada de la
proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista del
Congreso, sobre las instrucciones 2.1.2 para la aplicación de los
signos, índices o módulos en el IRPF de la Orden de 13 de febrero de
1998 («BOE» del 14), a fin de que no sea de aplicación a las empresas
que acogen alumnos de Formación Profesional ... (Página 13)
161/001053 Pasa a tramitarse como Proposición no de Ley ante el Pleno
la presentada por el Grupo 162/000251 Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
por la que se insta al Gobierno a presentar, en el plazo de seis
meses, un Proyecto de Ley de reforma de la Ley 19/1988, de 12 de
julio, sobre Auditoría de Cuentas, que contemple la actualización y
modernización de la profesión de auditor de cuentas, así como la
homologación de estas actividades con las de los países de la
Comunidad Europea y la unificación de las corporaciones
profesionales ... (Página 13)
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 161/001085 Proposición no
de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre el futuro de los cultivos herbáceos en la Agenda
2000 ... (Página 13)
161/001088 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre elaboración de un sistema fiscal
específico para la actividad forestal y silvícola ... (Página 14)
161/001089 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre rechazo de la
propuesta de la Organización Común de Mercado (OCM) de herbáceos
contenida en la Agenda 2000 ... (Página 16)
161/001090 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, relativa a la Organización Común de Mercado (OCM) del
sector vitivinícola ... (Página 17)
Comisión de Política Social y Empleo 161/001080 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre modificación de la
Ley 116/1969, de 30 de diciembre, reguladora del Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y el Reglamento que
la desarrolla para mejorar las condiciones de alta en el mencionado
régimen de dichos trabajadores ... (Página 18)
Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas 161/000909
Enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a adoptar
las medidas necesarias para delegar a la Generalidad de Cataluña las
competencias en materia de protección civil por emergencias derivadas
de accidentes nucleares. Decaída por ausencia del Grupo proponente
Comisión sobre Cooperación y Ayuda al Desarrollo 161/000953
Aprobación, con modificaciones, de la Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por
la que se insta al Gobierno a desarrollar un plan de ayudas
extraordinario para aliviar las carencias alimentarias reconocidas
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Corea del Norte,
así como enmiendas formuladas a la misma ... (Página 20)
161/001034 Aprobación de la Proposición no de Ley, presentada por los
Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Vasco (EAJ-PNV), Mixto,
Socialista del Congreso, Catalán (Convergencia i Unió) y Federal de
Izquierda Unida, relativa a medidas de cooperación internacional
contra la explotación laboral de la infancia ... (Página 21)
Comisión de Infraestructuras 161/001086 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
sobre la privatización de la Empresa Nacional de Transportes de
Viajeros por Carretera (ENATCAR) ... (Página 21)
161/001094 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, relativa a actuaciones provisionales para evitar
accidentes de tráfico en la N-II, en la ciudad de Fraga (Huesca)
Comisión de Medio Ambiente 161/000649 Retirada de la Proposición no
de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa a la instalación de tanques
de almacenamiento de productos petrolíferos en el puerto Almería-
Motril ... (Página 23)
161/000704 Aprobación, con modificaciones, de la Proposición no de
Ley presentada por el Grupo Socialista del Congreso, relativa a la
financiación de la Oficina del Mediterráneo de la Unión Mundial para
la Conservación de la Naturaleza (UICN), así como enmienda formulada
161/000724 Aprobación, con modificaciones, de la Proposición no de
Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
sobre inclusión de la Sierra del Caurel, la Sierra de Gredos, Sierra
Madrona, la Sierra de Algeciras, la Sierra de Gúdar y el Alto Aneu,
en la red Natura 2000, así como enmienda formulada a la
misma ... (Página 24)
161/000760 Aprobación, con modificaciones, de la Proposición no de
Ley presentada por el Grupo Socialista del Congreso, relativa a la
regulación de un Plan Integral de Actuación para paliar el deterioro
que sufren las dunas de Valdevaqueros y Bolonia en Tarifa (Cádiz),
así como enmienda formulada a la misma ... (Página 25)
161/001082 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, relativa a vertidos en la zona dunar de Guardamar
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores 181/001676 Pregunta formulada por la
Diputada doña María Ángeles Maestro Martín (GIU), sobre medidas ante
el Gobierno mexicano y la Unión Europea (UE) tras los últimos
acontecimientos ocurridos en el Estado de Chiapas, culminado el día
10 de julio de 1998 con una nueva matanza de campesinos indígenas en
la zona ... (Página 26)
Comisión de Defensa 181/001677 Pregunta formulada por el Diputado don
Alfonso Perales Pizarro (GS), sobre previsiones para compensar
económicamente a los Ayuntamientos en cuyos términos municipales se
encuentran ubicadas instalaciones militares ... (Página 27)
Comisión de Sanidad y Consumo 181/001673 Pregunta formulada por la
Diputada doña María Cristina Almeida Castro (GMX), sobre
mantenimiento por el Ministro de Sanidad y Consumo del compromiso
asumido ante la Dirección y el personal de la Clínica Puerta de
Hierro de iniciar inmediatamente la remodelación del citado Hospital
Comisión de Infraestructuras 181/001672 Pregunta formulada por el
Diputado don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay (GS), sobre confirmación
de que la cifra de 526 millones de inversiones del Ministerio de
Fomento en la Región de Murcia prevista para 1998 es una cifra falsa
y que la verdadera es la que ha proporcionado al diario «La Verdad»
el Delegado del Gobierno en dicha región al establecer el importe de
11.688 millones ... (Página 28)
CONTROL SOBRE LAS DISPOSICIONES CON FUERZA DEL EJECUTIVO CON FUERZA
DE LEY
DECRETOS-LEYES
130/000045
Se publica a continuación el Real Decreto-Ley 3/1998, de 8 de mayo,
por el que se establecen las retribuciones de los Magistrados del
Tribunal Supremo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 404
bis de la Ley O rgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
añadidido por la Ley Orgánica 5/1997, de 4 de diciembre, y se aprueba
el correspondiente suplemento de crédito por importe total de
609.680.793 pesetas para su financiación (Número de expediente 130/
000045).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86.2 de la
Constitución, dicho Real Decreto-Ley fue sometido a debate y votación
de totalidad por el Congreso de los Diputados en su sesión del día de
hoy, en la que se acordó su convalidación.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
REAL DECRETO-LEY 3/1998, DE 8 DE MAYO, POR E L QUE SE ESTABLECEN LAS
RETRIBUCIONES DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO, EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL A RTÍCULO 404 BIS DE LA LEY
ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, AÑADIDO POR LA
LEY ORGÁNICA 5/1997, DE 4 DE DICIEMBRE, Y SE APRUEBA EL
CORRESPONDIENTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE TOTAL DE
609.680.793 PESETAS PARA SU FINANCIACIÓN
La Ley Orgánica 5/1997, de 4 de diciembre, de Reforma de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ha introducido en
ésta un nuevo artículo, 404 bis, en el que se establece que las
remuneraciones de los Magistrados del Tribunal Supremo se fijarán en
cuantía similar a la de los titulares de otros Altos Órganos
Constitucionales, atendiendo a la naturaleza de sus funciones.
La disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 5/1997, de 4 de
diciembre, de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
establece que en los Presupuestos
Generales del Estado para 1998 se consignarán los créditos necesarios
para atender las retribuciones de los Magistrados del Tribunal
Supremo y hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 404 bis de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.
Aprobada la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1998, sin haberse consignado en la misma
los créditos precisos para dotar presupuestariamente el nuevo sistema
de remuneraciones, a fin de dar cumplimiento a los anteriores
mandatos, es necesario proceder a:
Fijar mediante una norma con rango adecuado las retribuciones
correspondientes a los Magistrados del Tribunal Supremo y miembros de
la Carrera Fiscal equiparados.
Dotar los créditos correspondientes con los que dar cobertura
presupuestaria al incremento retributivo.
Dado que el pago de las retribuciones no puede efectuarse sin la
existencia de la norma que origina estas obligaciones, se considera
que se dan las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad a
que hace referencia el artículo 86 de la Constitución Española.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86
de la Constitución, a propuesta del Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda y de la Ministra de
Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de mayo de 1998,
DISPONGO:
Artículo 1. Régimen retributivo en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 404 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 404 bis de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y disposición transitoria cuarta de la
Ley Orgánica 5/1997, de 4 de diciembre, de Reforma de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, las retribuciones por el concepto de complemento
de destino para el año 1998 para los Presidentes de Sala del Tribunal
Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional, Magistrados del
Tribunal Supremo y Presidentes de Sala en la Audiencia Nacional, y
miembros de la Carrera Fiscal (artículos 34 y 35 del Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por la Ley 50/1981, de 30 de
diciembre), a que se refieren los apartados siguientes, se fijan en
las cuantías que se especifican a continuación, quedando modificadas
las que figuran para los mismos por este concepto
en el artículo 27 de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1998:
Importe pesetas
Presidentes de Sala del Tribunal Supremo y Presidente de la Audiencia
Nacional ... 12.362.853
Magistrados del Tribunal Supremo y Presidentes de Sala en la
Audiencia Nacional ... 12.151.197
Teniente Fiscal del Tribunal Supremo ... 12.362.853
Fiscales de Sala del Tribunal Supremo ... 12.151.197
Fiscal Inspector, Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal
Constitucional, Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional .
.. 12.362.853
Fiscales Jefes de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, de la
Secretaría Técnica del Fiscal General del Estado y de las Fiscalías
Especiales para la prevención y represión del tráfico ilegal de
drogas y para la represión de los delitos económicos relacionados con
la corrupción ... 12.151.197
Artículo 2. Concesión del suplemento de crédito.
Se concede un suplemento de crédito por importe de 609.680.793
pesetas a la Sección 13 «Ministerio de Justicia», Servicio 02
«Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia»,
Programa 142A«Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal», Capítulo I
«Gastos de Personal», Artículo 10 «Altos Cargos», Subconcepto 100.01
«Otras remuneraciones», para satisfacer retribuciones de los
Magistrados del Tribunal Supremo y miembros del Ministerio Fiscal
equiparados a éstos.
Artículo 3. Financiación del suplemento de crédito.
El suplemento de crédito a que se refiere el artículo anterior se
financiará con Deuda Pública, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 101 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Única.
El incremento retributivo establecido en el artículo 1 de este Real
Decreto-Ley tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 1998.
DISPOSICIÓN FINAL
Única. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto-Ley entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 8 de mayo de 1998.
130/000046
Se publica a continuación el Real Decreto-Ley 4/1998, de 22 de mayo,
por el que se concede a la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir un crédito extraordinario de 4.500.000.000 de pesetas
para financiar actuaciones derivadas de la rotura de la balsa de
residuos de la mina de Aznalcóllar, y se autoriza a dicho O rganismo
Autónomo a realizar operaciones de endeudamiento hasta el mismo
importe (Número de expediente 130/000046).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86.2 de la
Constitución, dicho Real Decreto-Ley fue sometido a debate y votación
de totalidad por el Congreso de los Diputados en su sesión del día de
hoy, en la que se acordó su convalidación.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
REAL DECRETO-LEY 4/1998, DE 22 DE MAYO, POR EL QUE SE CONCEDE A LA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO
DE 4.500.000.000 DE PESETAS PARA FINANCIAR ACTUACIONES DERIVADAS DE
LA ROTURA DE LA BALSA DE RESIDUOS DE LA MINA DE AZNALCÓLLAR, Y SE
AUTORIZA A DICHO ORGANISMO AUTÓNOMO A REALIZAR OPERACIONES DE
ENDEUDAMIENTO HASTA EL MISMO IMPORTE
En la madrugada del viernes 24 al sábado 25 de abril se produjo la
rotura de una de las balsas de residuos de la explotación minera de A
znalcóllar, propiedad de la empresa «Boliden Apirsa, Sociedad
Limitada».
Como consecuencia de dicha rotura se han vertido al cauce del río
Agrio, y con posterioridad al río Guadiam a r, residuos líquidos
mineros y lodos que se habían venido acumulando en la citada balsa.
En los actuales momentos, una superficie de alto valor ecológico, por
afectar a un río del que se abastece, entre otros espacios naturales,
el Parque Nacional de Doñana, está cubierta de lodos cargados en
metales pesados, mientras que en el tramo final, en la zona
denominada «Entremuros», en forma de lagunazos dispersos y en gran
medida recogidos por los tres muros paralelos que se han realizado,
se concentran la mayor parte de las aguas ácidas que han trasladado
los mencionados residuos.
Con independencia de la responsabilidad civil que corresponda al
causante de la contaminación, al que habrá que exigir las
indemnizaciones que legalmente correspondan por los daños y
perjuicios ocasionados y, en particular, la reposición de las cosas a
su estado anterior a la catástrofe, procede urgentemente, sin
perjuicio de la oportuna obtención de fondos comunitarios para
financiar las actuaciones previstas, habilitar los créditos
presupuestarios necesarios que permitan hacer frente de manera
inmediata, en el dominio público hidráulico afectado, a las oportunas
labores de retirada de lodos, restauración ambiental,
descontaminación de suelos y aquellas otras actuaciones que los
sucesos acaecidos puedan requerir.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86
de la Constitución, a propuesta del Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda y de la Ministra de Medio
Ambiente, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de mayo de 1998,
DISPONGO:
Artículo 1.
Para atender a las operaciones de retirada de lodos, restauración
ambiental, descontaminación de suelos y demás actuaciones en el
dominio público hidráulico que se requieran como consecuencia de la
rotura de la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar, se concede
un crédito extraordinario por un importe de 4.500.000.000 de pesetas,
en el vigente presupuesto de la Sección 23 «Ministerio de Medio
Ambiente», Organismo 228 «Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir», Programa 441A «Infraestructuras urbanas de saneamiento
y calidad del agua», Concepto 619 «Para actuaciones derivadas de lo
dispuesto en el Real Decreto-Ley 4/1998.
Artículo 2.
Con el fin de llevar a cabo las actuaciones previstas en el artículo
1, se autoriza a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a
realizar durante 1998 operaciones de
endeudamiento hasta un importe total de 4.500.000.000 de pesetas.
Artículo 3.
El crédito extraordinario que se concede en el artículo 1 se
financiará con el endeudamiento que se autoriza en el artículo 2 o
con fondos del propio organismo, a cuyos efectos se reflejará dicha
financiación en los correspondientes conceptos del Presupuesto de
Ingresos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Artículo 4.
Las operaciones descritas en el artículo 1 de este Real Decreto-Ley
llevarán implícitas las declaraciones siguient e s:
La de utilidad pública a los efectos previstos en los artículos 9, 10
y 11 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
La de urgencia a efectos de la ocupación temporal o definitiva de los
bienes afectados, a que se refiere el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, y de e mergencia a los efectos de la tramitación
prevista en el artículo 73 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.
DISPOSICIÓN FINAL
Única.
El presente Real Decreto-Ley entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 22 de mayo de 1998.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000247
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Corrección de error en su Proposición no de Ley por la que se insta
al Gobierno a conceder el indulto total a doña Norma Enma Giménez
Pino y a don Antonio Martín Santos, en relación con la condena
impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo.
Acuerdo:
Incorporar al expediente de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa a fin de solicitar sea subsanado el error
advertido en la Proposición no de Ley
presentada el pasado 28 de mayo de 1998 y que tiene por número de
registro de entrada 55355:
Donde dice: «... con la cadena impuesta...», debe decir: «... con la
condena impuesta...».
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 1998.-M.ª
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
Nota: La Proposición no de Ley de referencia fue publicada en el
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 293, de 12 de junio
de 1998.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001081
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Proposición no de Ley para la fijación de un marco negociador en la
Conferencia para la creación de un Tribunal Penal Internacional.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la comisión de
Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y
al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso
Don Joaquim Molins i Amat, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores
una Proposición no de Ley para la fijación de un marco negociador
en la Conferencia para la creación de un Tribunal Penal
Internacional.
Proposición no de Ley para la fijación de un marco negociador en la
Conferencia para la creación de un Tribunal Penal Internacional.
La Comunidad Internacional afronta en este momento el reto de dar
forma jurídica a una aspiración largamente sentida: La de crear un
Tribunal Penal Internacional que, con carácter permanente, pueda
actuar eficazmente en la represión de crímenes contra la humanidad
y otros delitos. A tal efecto, y auspiciada por las Naciones Unidas, a
partir del 15 de junio se celebrará en Roma una Conferencia
Internacional para la elaboración de un tratado que permita el
establecimiento de una Corte Penal Internacional (CPI).
Son muchas las cuestiones que no han sido resueltas en los trabajos
previos a la Conferencia, relativas a la estructura y competencias de
la CPI. En definitiva, se trata de determinar con precisión los
diversos elementos de los que ha de depender el grado de eficacia
real del Tribunal, y de salvaguardar su independencia respecto de los
Estados o del propio Consejo de Seguridad. Es un criterio de general
aceptación que un mal Tribunal, es decir, una institución
excesivamente atada, de competencias muy restringidas, o con
dificultades prácticas insalvables en su funcionamiento, sería
incluso peor que la ausencia misma de todo Tribunal de estas
características.
El Pleno del Congreso de los Diputados ya manifestó su apoyo
explícito a la creación de un Tribunal Penal Internacional de
carácter estable mediante la aprobación, el 10 de febrero de 1998, de
una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Catalán (CiU). Como
es lógico, y en coherencia con la siempre creciente sensibilidad que
caracteriza a la sociedad española en materia de protección de los
derechos humanos y de solidaridad internacional, el Gobierno de
España deberá mantener una posición activa y positiva en la
Conferencia y en la elaboración del Tratado, defendiendo las
posiciones que se correspondan con las de la mayoría de la Cámara.
A tal efecto, el Grupo Parlamentario Catalán (CiU) presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Participar activa y constructivamente en la Conferencia
Diplomática Internacional que ha de celebrarse en Roma entre los días
15 de junio y 17 de julio de 1998 para el establecimiento de una
Corte Penal Internacional de carácter permanente.
2. Defender, en las negociaciones para la elaboración del Tratado
internacional que ha de permitir la creación de la Corte Penal
Internacional, los siguientes principios básicos:
a) La creación de un verdadero órgano jurisdiccional internacional de
carácter permanente, compuesto dejueces independientes, competente
para exigir la responsabilidad
penal internacional de personas individuales, mediante sentencias
internacionalmente obligatorias para los Estados y, a través de
ellos, para los propios sujetos condenados.
b) La correcta articulación entre la Corte Penal Internacional y los
sistemas jurídicos de los Estados, de forma que aquélla complemente
en materias de su competencia las actuaciones penales de éstos, allí
donde tales sistemas no existan, o no sean eficaces sus
procedimientos de enjuiciamiento.
c) La atribución a la Corte Penal Internacional de foros de
competencia de carácter automático y no facultativo, sin que resulte
precisa la aceptación expresa en cada caso del Estado directamente
afectado por el proceso de que se trate.
d) La fijación de los más amplios criterios de legitimación activa
para la presentación de denuncias ante la Corte.
e) El establecimiento de una fiscalía independiente de carácter
colegiado, con plena capacidad para instar la iniciación y
prosecución de las actuaciones judiciales, sin interferencias de los
Estados ni del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
f) La extensión de la competencia de la Corte a los delitos de
genocidio, crímenes contra la humanidad, y violaciones del derecho
humanitario internacional, con especial mención de las desapariciones
forzosas y de los delitos contra la libertad sexual cometidos a gran
escala.
g) La aplicación por la Corte de todos los principios que en un
Estado de Derecho garantizan un juicio justo, tanto en la fase previa
al juicio como en su preparación y en el juicio oral. En particular,
deberá garantizarse la presunción de inocencia, el derecho de
defensa, el principio de irretroactividad de las normas penales y la
prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo delito.
h) La garantía de la más plena colaboración de los Estados con la
Corte Penal Internacional, para la investigación eficaz de la
acusación y de la defensa, para el arresto y detención de las
personas acusadas, para el traslado de las mismas ante la Corte, para
la protección de los testigos, y para la ejecución de los
mandamientos y sentencias dictadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 1998.-Joaquim
Molins i Amat, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).
161/001084
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley relativa a la Conferencia Diplomática sobre el
Estatuto del Tribunal Penal Internacional.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Asuntos Exteriores.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente
y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta
la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Asuntos Exteriores.
Desde la Segunda Guerra Mundial, se han producido más de 250
conflictos que han ocasionado más de 130 millones de víctimas, y que
pueblos enteros han padecido graves violaciones del derecho
Internacional, como son el genocidio, los crímenes contra la
humanidad y los crímenes de guerra.
Por lo general, los sistemas jurídicos nacionales no han conseguido
que sus autores respondan por estos crímenes, con lo que se ha creado
una situación de impunidad y se han impedido la disuasión y la
prevención de los conflictos y de los crímenes que de ellos se
derivan, salvo excepciones como los progresos realizados en este
sentido por los Tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia
y Ruanda.
Recientemente la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1997
confirmó las fechas de la Conferencia Diplomática sobre el Estatuto
del Tribunal Penal Internacional (TPI), que se celebrará en Roma del
15 de junio al 17 de julio de 1998, y se ha convocado un Comité
preparatorio de las Naciones Unidas para el establecimiento del
Tribunal Penal Internacional, que se reunió el 16 de marzo al 3 de
abril de 1998, y examinó cuestiones fundamentales, como la
ratificación y la financiación del Tribunal, así como el Estatuto
completo tal y como se presentará ante la Conferencia Diplomática.
Esta iniciativa ha tenido eco en la Unión Europea a través de la
Presidencia de la UE, que organizó en Londres un debate sobre el
Tribunal Internacional, considerando que el papel de la UE es
fundamental para garantizar que la Conferencia Diplomática de Roma
concluya con éxito.
Por todo lo cual se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
A dirigirse a los Estados miembros de la Unión Europea al Consejo y a
la Comisión al objeto de comprometerse al éxito de la Conferencia
Diplomática, así como a la redacción de los Estatutos del Tribunal
antes del 17 de julio de 1998, así como a la redacción de los
Estatutos del Tribunal antes del 17 de julio de 1998, lo que
permitirá la pronta creación de un Tribunal Penal Internacional
independiente y eficaz.
A defender la posición de que el Tribunal deberá contar con un Fiscal
independiente que pueda investigar los casos y presentar acusaciones
por propia iniciativa y sin precisar el previo consentimiento de los
Estados participantes.
A defender la posición de que se amplíe la jurisdicción del Tribunal
a fin de abarcar todos los 'crímenes fundamentales': El genocidio,
los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra.
A defender la posición de que el Tribunal Penal Internacional debe
juzgar por propia competencia en cuestiones de admisibilidad
relativas a la incapacidad o a la falta de voluntad de los sistemas
nacionales para actuar en un caso que entre en el ámbito de
jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, al tiempo que subraya
la necesaria complementariedad entre los tribunales nacionales y el
Tribunal Penal Internacional.
A defender la posición de que el Tribunal deberá poder desempeñar su
labor sin verse perjudicado por las acciones del Consejo de
Seguridad, reconociendo, no obstante, el papel y las competencias del
Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales.
A defender la posición de que el estatuto deberá prever la obligación
de una cooperación plena de los Estados participantes con el Tribunal
Penal Internacional.
A defender la posición de que los Estatutos del Tribunal garanticen
el respeto de los derechos de los procesados, las víctimas, los
acusados y los testigos en todas las fases del proceso, y, en
particular, el respeto al anonimato de los testigos y el recurso a
los testimonios escritos en determinados casos.
Aadoptar las medidas necesarias para lograr una pronta ratificación
que haga posible la entrada en funcionamiento sin demora del Tribunal
Penal Internacional y a influir en tal sentido en los países de la
Unión Europea.
A que asuma como postura propia y pida al Consejo de la Unión Europea
y a los Estados miembros que se haga todo lo posible por garantizar
que las organizaciones no gubernamentales dispongan de amplias
oportunidades de presentar sus puntos de vista a la Conferencia
Diplomática de Roma de 1998.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 1998.-José
Navas Amores, Diputado.-Rosa Aguil a r Rivero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comisión de Justicia e Interior
161/001092
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la dotación de un servicio de
tramitación y expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI) en
Olot (Girona).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Justicia e Interior.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente
y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a
la dotación de un servicio de tramitación y expedición del Documento
Nacional de Identidad en Olot (Girona).
Exposición de motivos
En la ciudad de Olot, capital de la comarca de la Garrotxa, en la
provincia de Girona, no existe Comisaría de Policía Nacional. Por
ello los ciudadanos de Olot y comarca deben acudir a la única
comisaría situada en la localidad de Camprodón o bien a la capital de
la provincia, la ciudad de Girona.
Esto representa para los ciudadanos que deben realizar la tramitación
del Documento Nacional de Identidad desplazamientos importantes, así
como pérdidas de tiempo considerables en horas laborales para un
trámite que debería poder realizarse sin demasiadas complicaciones.
Esporádicamente había existido, de acuerdo con el Consell Comarcal de
la Garrotxa un servicio itinerante
que acudía a Olot para tramitar documentos nacionales de identidad,
aunque con muy poca frecuencia.
Siendo la tramitación del Documento Nacional de Identidad, ya sea de
nueva expedición o de renovación, un trámite obligatorio para todos
los ciudadanos, no disponer de facilidades de acceso para realizar
dichos trámites genera inconvenientes importantes.
Por otra parte, la reciente aprobación de la Ley Orgá nica de
Funcionamiento de la Administración General del Estado, tiene entre
sus principales objetivos promover mecanismos de administración
única, con lo que la colaboración entre las distintas
administraciones debería resolver situaciones como la que planteamos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Previa consulta a las corporaciones locales afectadas, crear en la
ciudad de Olot, capital de la comarca de la Garrotxa, un servicio de
expedición y renovación del Documento Nacional de Identidad, que con
una frecuen cia regular atienda a los ciudadanos de Olot y sus
localidades próximas para realizar dichos trámites.
Palacio del Congreso, 5 de febrero de 1998.-Montserrat Palma i Muñoz,
Diputada del Grupo Parlamentario Socialista.-María Teresa Fernández
de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001093
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a construir un
acceso directo más seguro a la cárcel de Granada.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Justicia e Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y
al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley por la que se
insta al Gobierno a construir un acceso directo más seguro a la
cárcel de Granada para su debate en la Comisión de Justicia
e Interior.
Exposición de motivos
La reciente puesta en funcionamiento de la prisión provincial de
Granada, situada en el término municipal de Albolote, ha acarreado
una serie de problemas que ya han sido objeto de control
parlamentario. Existe, sin embargo, un aspecto que ha motivado alguna
inquietud entre los funcionarios y vecinos del pueblo de Colomera,
cercano a la cárcel, y es el acceso al centro penitenciario.
Según algunos sectores de funcionarios, la carretera de Colomera no
presenta condiciones mínimas de seguridad, ya que, por sus
características de trazado, ancho de calzada y orografía del terreno,
presenta zonas fuera de vista que son puntos de inseguridad
evidentes. Además, obliga a los vehículos con destino al centro a
circular por la carretera nacional antigua en un trecho muy amplio.
Para los vecinos de Colomera, el compartir trayecto con los vehículos
de la prisión les produce malestar, que ha hecho llegar a este
diputado.
Por otra parte, existía un compromiso verbal por parte de la
Administración de Justicia de realizar un nuevo acceso desde el nudo
en Deifontes en la autovía Granada- Bailén.
En consecuencia con lo anterior el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y
votación.
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que inicie los
trabajos necesarios para construir unos nuevos accesos a la prisión
provincial de Albolote (Granada) desde la autovía Granada-Jaén, en el
nudo de Deifontes, con características de mayor seguridad y mayor
garantía de control.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 1998.-Ángel Díaz
Sol, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista.-María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Educación y Cultura
161/001083
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la creación de la Oficina de Gestión
del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Educación y Cultura. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y
al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a
la creación de la Oficina de Gestión del Plan Nacional de Evaluación
de la Calidad de las Universidades.
Exposición de motivos
El Real Decreto 1947/1995, de 1 de diciembre, por el que se establece
el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades,
que recoge el acuerdo del Consejo de Universidades de 25 de
septiembre de 1995, encomienda al Secretario General del Consejo de
Universidades la gestión y coordinación del Plan Nacional de
Evaluación, asistido por un Comité Técnico y una Oficina de Gestión
dotada de personal cualificado para las tareas de evaluación y
dirigida por un vicesecretario del Consejo. La Disposición final
segunda del mismo decreto indica que el Gobierno, a iniciativa del
Ministro de Educación y Ciencia, proporcionará al Consejo de
Universidades los medios personales y materiales necesarios
para el desarrollo del Plan Nacional de Evaluación.
El Comité Técnico, presidido por el Secretario General del Consejo de
Universidades se constituyó el 15 de marzo de 1996 de acuerdo con los
nombramientos realizados por el Ministro de Educación por Orden de 13
de marzo de 1996.
La Oficina de Gestión de Evaluación de la Calidad de las
Universidades es el instrumento que debería agrupar los medios
personales y materiales necesarios para el desarrollo del Plan.
Hasta la fecha, la Oficina de Gestión prevista en el Plan Nacional de
Evaluación no ha sido creada, asumiendo las funciones previstas para
la misma, de forma provisional, la Vicesecretaría de Estudios del
Consejo de Universidades, sin contar con los medios necesarios.
El informe de la primera convocatoria del Plan, publicado en
noviembre de 1997 por la Secretaría General del Consejo de
Universidades, pone de relieve la necesidad de asegurar la
coordinación y homogeneidad de los procedimientos de evaluación. Una
vez completado el proceso de transferencias en materia universitaria
a todas las comunidades autónomas, es necesario reformular la
participación de las administraciones autonómicas en el desarrollo
del Plan.
Algunas de las recomendaciones expuestas en el informe de resultados
para la mejora de sucesivas convocatorias del Plan están relacionadas
con aspectos de coordinación, de elaboración y distribución de
información. Asimismo, la Comisión Europea recomendó al Consejo, en
mayo de 1997, utilizar metodologías comunes para disponer de
mecanismos estables y coherentes de evaluación y especialmente de
garantía de calidad de la formación superior a escala europea y
mundial. Para ellos es absolutamente imprescindible disponer de una
estructura organizativa sólida estable, específica y dotada de los
medios personales y materiales para ejercer correctamente dichas
funciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Crear la Oficina de Gestión de Evaluación de la Calidad de las
universidades para atender, junto al Comité Técnico, al Secretario
General del Consejo de Universidades en las tareas derivadas de la
coordinación y gestión del Plan, con la consecuente dotación de
personal cualificado y de los medios materiales necesarios.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1998.-
Montserrat Palma i Muñoz, Diputada del Grupo Parlamentario
Socialista.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
161/001091
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a aumentar los
niveles de seguridad en el transporte de escolares y de menores.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Educación y Cultura. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y
al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley por la que se
insta al Gobierno a aumentar los niveles de seguridad en el
transporte de escolares y de menores, para su debate en Comisión de
Educación y Cultura.
Exposición de motivos
Por Real Decreto 2296/1983, de 25 de agosto, se establecen las normas
relativas a la seguridad en el transporte de escolares y de menores,
sea o no en su condición de escolares.
Hoy en día se observa una demanda creciente en la mejora de la
seguridad en el transporte de menores. Los cambios sociales,
económicos y tecnológicos que se han producido en nuestro país, desde
1983, postulan, en una materia que afecta a nuestros menores, por una
mayor seguridad de los mismos.
Los cambios normativos existentes tanto desde el punto de vista de la
ordenación de los transportes terrestres, como de tráfico,
circulación y seguridad vial de los vehículos a motor y de las normas
sobre condiciones
técnicas de los vehículos, así como en el sistema educativo,
inciden, igualmente, en la necesidad de abordar una regulación que se
acomode a la nueva realidad de la escolaridad, obligatoria desde los
seis a los dieciséis años, y a las innovaciones tecnológicas que,
incorporadas a los vehículos que realizan el transporte de nuestros
escolares y menores, coadyuven a su mayor protección y seguridad.
Es, efectivamente, en el transporte de menores donde se observa una
mayor correlación entre regulación y seguridad, en comparación con
otros sectores del transporte por carretera, por lo que las
modificaciones que se efectúen deben estar presididas por esta
demanda social de mayor seguridad, orientada, fundamentalmente, desde
el punto de vista de la prevención.
La seguridad exige que los vehículos cumplan las nuevas condiciones
relativas a su antigüedad e incorporen todos aquellos elementos
técnicos que redunden en una mayor protección de los menores en el
trayecto. Ahora bien, la seguridad debe ser contemplada también
a través de una mejora de las condiciones de trabajo de los conductores
(en especial la duración de la jornada de trabajo y de los
descansos), eliminando las causas que contribuyen a generar el
denominado «fallo h umano».
A este propósito, merece mención especial el acompañante, una figura
que permite aumentar la seguridad a bordo del vehículo tanto desde un
punto de vista preventivo, al centrar al conductor en su tarea de
conducir, como en caso de emergencia o peligro, al mitigar los
efectos de un accidente en caso de producirse.
Precisamente por ello, resulta conveniente extenderla y potenciarla y
mejorar su cualificación en las áreas de conocimiento de la
psicología y dinámica infantil y conocimiento del sistema educativo,
así como en prevención en materia de seguridad vial y primeros auxil
i os.
La implantación general del acompañante en el transporte de escolares
y menores, que en coherencia con la LOGSE debe extenderse hasta los
dieciséis años, permite, sin riesgo, la convivencia a bordo de los
vehículos de niños en edades tempranas y preadolescentes. Esta
circunstancia exige, por otro lado, más que un cuidador, un
profesional con capacitación suficiente que coopere con el conductor
en el desarrollo de todas las etapas del viaje, incluso acceso y
abandono del vehículo, así como los trayectos peatonales desde, y
hacia, el centro escolar.
Por ello, se entiende que ha de resultar obligatoria la presencia en
el transporte escolar de un acompañante que desempeñe un nuevo
empleo, de interés colectivo y marcado carácter social. A tal efecto,
la Administración deberá establecer medidas tendentes a la
identificación de las competencias profesionales características de
la ocupación, al desarrollo de la formación profesional que garantice
la adquisición de esas competencias, así como a la implantación de
las ayudas fiscales necesarias que coadyuven en la configuración y
posterior inserción de esta figura.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presentela siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las
medidas necesarias que incrementen los niveles de seguridad en el
transporte de escolares y menores. Entre dichas medidas se incluirán
las siguientes:
* Elevar la edad para considerar dentro de la regulación del
transporte de menores a los viajeros de edad inferior a dieciséis
años, en coherencia con la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo.
* Reducir los límites máximos de la antigüedad de los vehículos
dedicados al transporte escolar.
* Incrementar las medidas de control e inspección para garantizar
que:
- Los vehículos vayan dotados de todos los elementos que contribuyan
a una plena seguridad y protección de los menores en el trayecto.
- Las condiciones de trabajo de los conductores se ajusten plenamente
a las prescripciones del Real Decreto 1561/1995, sobre jornadas
especiales de trabajo.
* Introducción de la figura del acompañante de forma obligatoria y
mejora de su cualificación.
A tal efecto, la Administración establecerá las medidas tendentes a
la ordenación de esta actividad laboral, entendida como las
competencias profesionales características de la ocupación de
acompañante, así como formativas y fiscales que coadyuven a la
configuración y posterior inserción de esta figura.
* La organización de las rutas de transporte deberá hacerse de forma
que la duración máxima del tiempo de transporte sea de una hora
diaria, salvo en casos excepcionales debidamente justificados por los
consejos escolares de los centros afectados.»
En el Palacio del Congreso, 22 de mayo de 1998. A mparo Valcarce
García, Diputada,.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda
161/000977
Mediante escrito de fecha 8 de junio de 1998 se ha retirado por el
Grupo Parlamentario Socialista la Proposición no de Ley sobre las
instrucciones 2.1.2 para la aplicación de los signos, índices o
módulos en el IRPF de la Orden ministerial de 13 de febrero de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 14), a fin de que no sea de
aplicación a las empresas que acogen alumnos de Formación Profesional
(Número de expediente 161/977), publicada en el «BOCG. Congreso de
los Diputados», y serie D, número 270, de 27 de abril de 1998.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
161/001053 162/000251
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Solicitud de que su Proposición no de Ley por la que se insta al
Gobierno a presentar, en el plazo de seis meses, un Proyecto de Ley
de reforma de la Ley 19/1988, de 12 de julio, sobre Auditoría de
Cuentas, que contemple la actualización y modernización de la
profesión de auditor de cuentas, así como la homologación de estas
actividades con las de los países de la Comunidad Europea y la
unificación de las corporaciones profesionales, sea debatida en el
Pleno de la Cámara.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y disponer su conocimiento por el
Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, a la Comisión de
Economía, Comercio y Hacienda, al Grupo proponente y publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES (nuevo número de expediente
162/000251).
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Nota: La Proposición no de Ley de referencia fue publicada en el
«BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, número 294, de 16 de junio
de 1998.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
161/001085
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre el futuro de los cultivos herbáceos en la
Agenda 2000.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agr
icultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, se formula la siguiente Proposición no de Ley sobre el
futuro de los cultivos herbáceos en la Agenda 2000 para su debate en
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
A la vista de la propuesta de la Comisión Europea sobre los cultivos
herbáceos, contenida en el documento Agenda 2000, entre los que se
encuentra el girasol, un cultivo tradicional y con una gran
importancia socioeconómica para nuestro país, como lo demuestra el
hecho de que España cuenta con una superficie de oleaginosas de
1.086.000 hectáreas, de las cuales, una media de 70.000 hectáreas se
dedica a la producción de colza en nuestro país, y una media de
1.016.000 hectáreas de girasol distribuyéndose en las Comunidades
Autónomas de Castilla- La Mancha con 300.000 hectáreas, Castilla-León
con 225.000 hectáreas, Andalucía con 340.000 hectáreas, Extremadura
con 78.000 hectáreas, Aragón con 40.000 hectáreas, Cataluña con
15.000 hectáreas, Navarra con 10.000 hectáreas, Valencia con 5.000
hectáreas y Madrid con 3.000 hectáreas.
De estas 1.016.000 hectáreas de girasol pueden perderse unas 500.000
hectáreas en todo el país, acarreando graves consecuencias económicas
para los sectores implicados (productores, cooperativas, extractoras,
productores de semillas, etc.), como:
a) Descenso de los pagos compensatorios a los productores por encina
de los 15.000 millones de pesetas.
b) Pérdida de puestos de trabajo directos en empresas extractoras,
cooperativas y productores de semillas por falta de materia prima,
incluyendo la posibilidad de cierre de alguna de ellas. Asimismo se
perdería un gran número de empleos indirectos que genera este sector
en el transporte, suministro de maquinaria agrícola, carburantes,
etc.
c) Falta de rentabilidad del cultivo y como consecuencia abandono del
medio rural y despoblamiento de zonas desfavorecidas.
Además, el cultivo del girasol tiene una serie de ventajas
medioambientales muy a tener en cuenta:
a) Se cultiva sin utilizar fertilizantes, sus largas raíces absorben
los nitratos residuales que de otra manera contaminarían la aguas
subterráneas.
b) Reduce la necesidad de herbicidas de las siguientes siembras de
cereales.
c) Establece una barrera para posibles plagas procedentes de campos
de cereales.
d) Dota de una policromía paisajística a nuestros campos en los
calurosos y secos veranos que sufre nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida presenta la siguiente Proposición no de Ley.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Defender el cultivo del girasol en España en sus negociaciones con
la Unión Europea.
2. Rechazar la propuesta de la OCM de herbáceos, contenida en la
Agenda 2000, por la pérdida de renta que supondría para los
productores de girasol la pérdida de empleo, tanto directo como
indirecto, en la industria extractora, productores de semillas,
cooperativas y otras actividades industriales relacionadas con el
sector y la consiguiente pérdida de población rural en zonas
especialmente desfavorecidas de España en las que se asienta
tradicionalmente su cultivo.
3. Considerar imprescindible la defensa del mantenimiento de la ayuda
específica para el girasol y rechazarla igualación de este cultivo
con las medidas de apoyo de los cereales y retirada de tierras.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 1998.- José Luis
Centella Gómez.-Diputado. Rosa Aguilar Rivero. Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
161/001088
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre elaboración de un sistema fiscal
específico para la actividad forestal y silvícola.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agr
icultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Guillerme
Vázquez Vázquez (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Los cambios acontecidos en las últimas décadas en el Estado español,
y con especial incidencia en Galicia, respecto a la gestión y
explotación de los recursos agrarios a causa, entre otros, de la
reducción de la población activa en el campo y la generalización de
la ganadería integrada, ha incidido de forma notable en la situación
de los montes privados desencadenando, por una parte, la aparición de
un emergente número de propietarios forestales que no tienen relación
directa con la actividad agraria, y por otra el establecimiento de
agricultores y ganaderos que obtienen importantes rentas irregulares
procedentes de la actividad forestal como complemento de su actividad
principal.
Partiendo de este planteamiento, el tratamiento fiscal actual de las
rentas forestales resulta desfavorable para ambos colectivos, con
mayor repercusión si tenemos presente que el sistema actual, bajo el
prisma de la reforma tributaria operada a comienzos de año por medio
principalmente de la Ley 66/1997 y el Real Decreto 37/1998, que
modificó parcialmente los Reales Decretos 1841/1991 y 1642/1992,
muestra un tratamiento fiscal poco ajustado a las características del
sector, si cabe peor que antes de la reforma de los reglamentos
tributarios citados.
Respecto a los propietarios forestales sin relación con otras
actividades agrarias, la única alternativa posible es acudir al
Régimen de Estimación Directa que, si bien permite un tratamiento
fiscal adecuado de los gastos efectuados en el año de corta, no
permite tener en cuenta al resto de los gastos realizados en el turno
de producción, que en muchos casos supera los treinta años.
De igual modo, el colectivo de agricultores y ganaderos pueden
acogerse al sistema de módulos, pero ello puede llegar a afectar
fiscalmente a su actividad principal, al no poder diferirse los
ingresos procedentes de la actividad forestal entre los años medios
de producción y tener que concentrarlos y declararlos en el año de
enajenación, con lo que se ven alterados totalmente sus rendimientos
llegando a existir la posibilidad de ser excluidos del Régimen
Simplificado del IVA y de la Estimación Objetiva del IRPF, provocando
una situación que acarrea a este colectivo una enorme dificultad para
responder a sus obligaciones fiscales.
Por ello, el planteamiento de esta propuesta de reforma fiscal
responde, en primer lugar, al grado de complejidad, falta de
adaptación al medio e incluso, falta de equidad -si se compara con
otros sectores agrarios-, de la normativa tributaria que afecta al
monte; y, en segundo término, a la exigencia de establecer un marco
fiscal que dinamice la actividad forestal atendiendo, por un lado, a
la integración de la triple funcionalidad del monte (léase, función
social, económica y ecológica), y, por otro lado, a dotar de cierta
estabilidad fiscal a los silvicultores.
Por último, es preciso reseñar que la aplicación de las resoluciones
internacionales sobre gestión de bosques aprobadas en la Cumbre de
Río de 1992, generalizará la implantación de planes de ordenación o
de gestión forestal, aprobados por los diferentes Estados con el fin
de garantizar que los productos forestales destinados a la
comercialización han de proceder de montes cuya gestión se realice de
forma sostenida, con lo que parece razonable que los montes sujetos a
dichos planes dispongan de un tratamiento fiscal acorde con los
beneficios que van a otorgar el conjunto de la sociedad.
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.o Desarrollar un sistema fiscal específico, basado en principios de
equidad y simplicidad, que grave la actividad forestal y silvícola en
relación directa a las rentas que proporcionan según las condiciones
climatológicas, edáficas y orográficas de los terrenos; que se
articulará bajo los siguientes planteamientos:
a) Las rentas obtenidas en la explotación de fincas forestales
tendrán el carácter de irregulares y se considerarán producidas en el
período de producción media de las especies, que será determinado por
las respectivas Comunidades Autónomas.
b) La actividad forestal accederá a un sistema de módulos que permita
estimar los rendimientos netos de los aprovechamientos forestales.
c) Los ingresos procedentes de subvenciones de capital destinadas a la
repoblación con especies de crecimiento lento estarán exentos.
2.o La normativa fiscal promoverá la planificación y regulación del
sector mediante la elaboración de Planes de Ordenación o de Gestión
Forestal del monte que permitan una mayor conservación y mejora de
los recursos forestales, así como a una integración del monte
atendiendo a su triple funcionalidad social, económica y ecológica,
a través de las correspondientes deducciones en el tipo aplicable de
gravamen.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 1998.- Guillerme
Vázquez Vázquez, Diputado por Pontevedra (BNG).
161/001089
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre rechazo de la propuesta de la
Organización Común de Mercado (OCM) de herbáceos contenida en la
Agenda 2000.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agr
icultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta
la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
A la vista de la propuesta de la Comisión Europea sobre los cultivos
herbáceos, contenida en el documento Agenda 2000, entre los que se
encuentra el girasol, un cultivo tradicional y con una gran
importancia socioeconómica para nuestro país, como lo demuestra el
hecho de que España cuenta con una superficie de oleaginosas de
1.086.000 hectáreas, de las cuales, una media de 70.000 hectáreas se
dedican a la producción de colza en nuestro país, y una media de
1.016.000 hectáreas de girasol distribuyéndose en las Comunidades Aut
ónomas de Castilla-La Mancha con 300.000 hectáreas, CastillaLeón con
225.000 hectáreas, Andalucía con 340.000 hectáreas, Extremadura con
78.000 hectáreas, Aragón con 40.000 hectáreas, Cataluña con 15.000
hectáreas, Navarra con 10.000 hectáreas, Valencia con 5.000 hectáreas
De estas 1.016.000 hectáreas de girasol pueden perderse unas 500.000
hectáreas en todo el país, acarreando graves consecuencias económicas
para los sectores implicados (productores, cooperativas, extractoras,
productores de semillas, etc.), estas consecuencias s erían:
a) Descenso de los pagos compensatorios a los productores por encina
de los 15.000 millones de pesetas.
b) Pérdida de puestos de trabajo directos en empresas extractoras,
cooperativas y productores de semillas por falta de materia prima, e
incluso alguna de estas empresas se verían abocadas al cierre. Además
se perdería un gran número de empleos indirectos que genera este
sector en el transporte, suministro de maquinaria agrícola,
carburantes, etc.
c) Falta de rentabilidad del cultivo y como consecuencia abandono del
medio rural y despoblamiento de zonas desfavorecidas.
Además, el cultivo del girasol tiene una serie de ventajas
medioambientales muy a tener en cuenta:
a) Se cultiva sin utilizar fertilizantes, sus largas raíces absorben
los nitratos residuales, que de otra manera contaminarían la aguas
subterráneas.
b) Reduce la necesidad de herbicidas de las siguientes siembras de
cereales.
c) Establece una barrera para posibles plagas procedentes de campos
de cereales.
d) Dota de una policromía a nuestros campos en los calurosos y secos
veranos que sufre nuestro país.
Por todo ello se presente la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Rechazar la propuesta de la OCM de herbáceos, contenida en la
Agenda 2000, por la pérdida de renta que supondría para los
productores de girasol, la pérdida de empleo en la industria
extractora, productores de semillas y cooperativas, y la consiguiente
pérdida de
población rural en zonas especialmente desfavorecidas de España en
las que se asienta tradicionalmente su cult i vo.
2. Considerar imprescindible el mantenimiento de la ayuda específica
para el girasol, y rechazar la igualación de este cultivo con las
medidas de apoyo de los cereales y retirada de tierras.
3. En la Persona de nuestro ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, la defensa del cultivo del girasol en España en sus
negociaciones con la Unión Europea.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 1998.-José Luis
Centalla Gómez, Diputado.-Rosa A guilar Rivero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
161/001090
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la Organización Común de Mercado
(OCM) del sector vitivinícola.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agr
icultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
OCM del Sector Vitivinícola Español, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Motivación
Es conocida la importancia que tiene el sector vitivinícola europeo,
presente en nueve de los actuales 15 Estados miembros. El viñedo
europeo ocupa 3,2 millones de hectáreas, repartidas en 2,2 millones
de explotaciones y generando más de 200.000 empleos directos en la
industria agroalimentaria y con unas cifras de negocio próximas a los
6 billones de pesetas, lo que supone el 5,8 por 100 de la producción
final agrícola de la UE.
En España la viña emplea de 28 a 30 millones de jornales directos por
campaña, equivalentes a más de 125.000 puestos de trabajo fijos, sin
contar los que genera en bodega, embotellado, distribución, etc., que
pueden estimarse en unos 20.000 y en las industrias aledañas,
suministros agrícolas e industriales, maquinaria, etc., más difíciles
de evaluar. El valor medio de la producción de uvas de transformación
en una campaña normal supone en España cerca de 200.000 millones de
pesetas y añadiendo el valor de la actividad industrial y comercial
que se genera en torno al viñedo en una campaña media, se concluye
que el valor final supera los 400.000 millones de pesetas, lo que
representa en torno al 4,50 por 100 de la producción final agraria y
el 8,00 por 100 de la producción final agrícola.
La viticultura viene cumpliendo a través de los siglos un cuádruple
papel que en el futuro debe seguir ostentando y liderando en el
contexto mundial del sector:
1.o Desempeña una importantísima función social, por la enorme
extensión que ocupa y la gran cantidad de mano de obra que genera en
las zonas de implantación del cultivo.
2.o Se encuentra en situación de monocultivo en amplias comarcas de
la Unión Europea, y por supuesto en España, en las que constituye la
más importante, cuando no la única, fuente económica de recursos.
3.o Cumple en toda la zona mediterránea un destacado papel en la
protección medioambiental.
4.o El vino, producto natural y alimentario, está muy ligado a la
tradición sociocultural.
Los acuerdos del comercio mundial, de importantes repercusiones para
el sector agrario, han venido a desmantelar la preferencia
comunitaria y han auspiciado una fuerte competencia mundial surgida,
sobre todo, de terceros países productores, emergentes en el sector
en los últimos años.
La UE, por su condición de líder mundial en el sector vitivinícola,
debe readaptar sus estructuras productivas y comerciales, mediante
una nueva OCM, con altura de miras suficiente para hacer frente a la
competencia mundial con garantías de superación, de dominio de la
situación y de mantenimiento e impulso de su liderazgo.
La actual Organización Común del Mercado Vitivinícola (OCM) concebida
antes de la incorporación de España y Portugal, se ha quedado
obsoleta e inoperante, por su complejidad y por su gran cantidad de
situaciones excepcionales que contempla.
Algunas de las medidas que contiene la actual OCM han agotado sus
períodos de vigencia, prolongándolos artificialmente
de la reglamentación, que se traduce en un incremento progresivo de
los desequilibrios regionales.
Todo ello hace no sólo aconsejable, sino necesaria, conveniente e
incluso urgente una reforma de la OCM del sector vitivinícola.
Por todo lo expuesto se formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
A) Defender ante la Unión Europea una OCM del vino con visión de
futuro que posibilite al sector vitivinícola español la adaptación de
sus estructuras productivas, elaboradoras y comerciales al escenario
de liberalización y mundialización de los mercados y que al menos
contemple medidas para:
1. Garantizar el mantenimiento del potencial productivo vitícola
español.
2. Promover y apoyar los programas regionales de reestructuración y
adaptación del viñedo, posibilitando la permanencia y desarrollo del
viñedo en zonas tradicionales.
3. Ampliar a doce años el plazo de validez de los derechos de
plantación.
4. Posibilitar la realización de plantaciones anticipadas, que surta
efectos a partir de la aprobación de la OCM, con el compromiso
suficientemente garantizado de arranque de una superficie igual de
viñedo.
5. Establecer, con la colaboracíon de las CC. AA. y respetando su
ámbito competencial, bolsas de derechos de plantación destinadas con
carácter preferente a agricultores jóvenes a tiempo principal.
6. Implantar un sistema efectivo de control de superficies y
producciones a través del Registro Vitícola que se actualice
periódicamente y para cuya financiación se cuente con ayudas de la
Unión Europea.
7. Garantizar los regímenes de intervención, las destilaciones
voluntaria, complementaria y coyuntural y la vendimia en verde.
8. Asegurar un volumen mínimo de vino para destilación a fin de
garantizar el suministro de alcohol al sector del brandy y los vinos
de licor estableciendo un sistema de precios equiparables al resto de
alcoholes agrícolas y creando un stock de regulación.
9. Elevar los precios de intervención tanto en las destilaciones como
en la vendimia en verde.
10. Incluir medidas de apoyo a los almacenamientos de vinos y
alcoholes a medio y largo plazo.
11. Contemplar las salidas alternativas de la producción como los
alcoholes para uso de boca, mostos para enriquecimiento de vinos y
zumo.
12. Regular debidamente las prácticas enológicas autorizadas y
prohibidas como la mezcla de vinos, la acidificación.
13. Regular el reconocimiento u homologación de las prácticas
enológicas aplicadas en terceros países.
14. Prohibir la chaptalización de los vinos.
15. Mantener las restituciones a la exportación.
16. Fomentar la calidad, diversificación y diferenciación de los
productos derivados de la uva.
17. Definir con claridad y regular adecuadamente el control de
circulación de los vinos.
18. Apoyar medidas de información y promoción al consumo de vino.
19. Incorporar medidas para promover la investigación y desarrollo de
nuevas técnicas de producción, elaboración y de exploración de nuevos
productos y nuevos mercados.
20. Contemplar medidas suficientes de compensación a la renta para
las zonas con viñedos de difícil cultivo o para campañas de escasas
cosechas.
21. Fomentar la creación de organizaciones de productores
y organizaciones interprofesionales como elementos dinamizadores del
sector.
22. Establecer un sistema efectivo y eficiente para el seguimiento y
control del cumplimiento de todas las medidas establecidas.
23. Garantizar una ficha financiera suficiente que para el sector se
evalúa en 1.500 millones de Ecus anuales, con actualización anual en
el período de vigencia de la OCM.
24. Establecer que la financiación de todas las medidas contempladas
en la nueva OCM sea íntegramente a cargo de la UE.
B) Conseguir, a través del diálogo con todos los grupos políticos,
Comunidades Autónomas, Organizaciones de Productores, Elaboradores y
Comercializadores, el consenso político y social necesario para
mantener en la Unión Europea una posición cohesionada y unánime para
lo cual se exige al Gobierno información, completa y concreta, de sus
actuaciones y participación de los grupos políticos, de las CC. AA. y
del sector en todo el proceso.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 1998.-Carlos
Chivite Cornago, Diputado.-Ana Leiva Díez, Diputada.-María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Política Social y Empleo
161/001080
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre modificación de la Ley 116/1969, de 30 de
diciembre, reguladora del Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores del Mar y el Reglamento que la desarrolla para
mejorar las condiciones de alta en el mencionado régimen de dichos
trabajadores.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Política Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado Guillerme
Vázquez Vázquez (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
proposición no de Ley, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El Instituto Social de la Marina está denegando solicitudes de alta
en el Régimen Especial del Mar, a mariscadores, que reúnen todos los
requisitos necesarios para obtener el PERMEX (Permiso de
Explotación), pero cuyos cónyuges figuran dados de alta en la
Seguridad Social en el Régimen de Autónomos. Tal denegación se basa
en la aplicación de la Ley 116/1969, de 30 de diciembre, y más en
concreto en la aplicación del artículo 2.o, punto b), 2, del
Reglamento General de la mencionada Ley.
Esta disposición provoca en la práctica una situación discriminatoria
e injustificable; por lo que es necesario acometer de inmediato su
modificación.
Efectivamente, la mencionada disposición legal, resulta
discriminatoria para aquellos trabajadores del mar cuyos cónyuges o
parientes hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad que
convivan con ellos, sean titulares de un negocio mercantil o
industrial; lo que no acontece en el caso de que el parentesco del
mariscador lo sea con personas que trabajan por cuenta ajena.
Asimismo se produce una situación insostenible y contradictoria desde
el punto de vista legal; puesto que a estos mariscadores se les
obliga por la legislación autonómica a estar dados de alta en el
Régimen Especial del mar, para poder obtener el Permiso de
Explotación.
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Tomar las medidas necesarias para modificar la Ley 116/1969, de 30 de
diciembre, del Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar y el Reglamento que la desarrolla; de manera que
posibilite que estos trabajadores puedan darse de alta en el
mencionado Régimen, cuando su cónyuge o parientes hasta el tercer
grado, que con él convivan, sean titulares de un negocio mercantil o
industrial.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 1998.- Guillerme
Vázquez Vázquez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Diputado por
Pontevedra (BNG).
Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas
161/000909
En la sesión de la Comisión de Régimen de las Administraciones
Públicas, del día 10 de junio de 1998, se consideró decaída, por
ausencia del Grupo proponente, la Proposición no de Ley por la que se
insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para delegar a la
Generalidad de Cataluña las competencias en materia de protección
civil por emergencias derivadas de acciones nucleares, presentada por
el Grupo Parlamentario Mixto (Número de expediente 161/909),
publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 260,
de 1 de abril de 1998.
A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyo texto
se inserta a continuación.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley
número de expediente 161/909, del Grupo Parlamentario Mixto, para su
debate en la Comisión para el Régimen de las Administraciones
Públicas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 1998.- Juan
Manuel Eguiagaray Ucelay, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
Enmienda
De sustitución.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas
que garanticen la estricta aplicación de las previsiones del artículo
29.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, en lo
referente a las competencias de los Subdelegados del Gobierno para la
dirección y coordinación de la protección civil en el ámbito de la
provincia, de forma que el control, ejecución y seguimiento del Plan
de Emergencia Nuclear de Tarragona corresponda al órgano de dicha Adm
inistración más cercano al territorio. Asimismo, se insta al Gobierno
para que en el ejercicio de dichas competencias se asegure de forma
prioritaria la cooperación y coordinación con las demás
Administraciones Públicas, en particular por lo que se refiere a
otros Planes de emergencia del mismo ámbito territorial, y muy
especialmen te con el Plan de Seguimiento Químico de Tarragona.»
A la Mesa del Congreso.
Don Joaquim Molins i Amat, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo
establecido en el artículo 194 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta una enmienda de modificación a la Proposición no de
Ley del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a
adoptar las medidas necesarias para delegar a la Generalitat de
Catalunya las competencias en materia de protección civil por
emergencias derivadas de accidentes nucleares (Número de expediente
161/000909).
Redacción que se propone:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la
estructura de mando del Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona,
constituyendo un Comité de Dirección del mismo integrado por el
Delegado del Gobierno en Catalunya y el Delegado Territorial de la
Generalitat en Tarragona.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 1998.-Joaquim
Molins i Amat, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (CIU).
Comisión sobre Cooperación y Ayuda al Desarrollo
161/000953
La Comisión de Cooperación y Ayuda al Desarrollo en su sesión del día
9 de junio de 1998, ha acordado aprobar con modificaciones la
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a desarrollar
un Plan de ayudas extraordinario para aliviar las carencias
alimentarias reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en Corea del Norte (Número de expediente
161/953), presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
núm. 268, de 22 de abril de 1998, en los siguientes términos:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir apoyando y participando en el programa de ayuda humanitaria
para Corea del Norte que actualmente desarrolla la Unión Europea, a
instancias de Naciones Unidas y las propias autoridades norcoreanas,
país.
2. Promover los mecanismos adecuados que faciliten el control de la
evaluación y distribución de la ayuda, al objeto de paliar las
necesidades de suministro alimentario y energético, de conformidad
con la resolución del Parlamento Europeo sobre crisis alimentaria en
Corea del Norte.»
A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyo
texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
194.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar
la siguiente enmienda de sustitución a la Proposición no de Ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre Corea del
Norte. (Número de expediente 161/000953).
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 1998.-Luis
Martínez Noval, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Enmienda
De sustitución.
El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:
1. Apoyar aquellas medidas que, en el marco de las acciones de
Naciones Unidas en la lucha contra la hambruna que asola en Corea del
Norte, sirvan para promover y facilitar el trabajo humanitario que
están realizando diversas ONG,s en dicho país, especialmente
«Childrens Aid Direct» de la Cruz Roja, Médicos sin Fronteras y las
Agencias de Naciones Unidas.
2. Realizar las gestiones necesarias ante las autoridades de dicho
país para que, de conformidad con la Resolución del Parlamento
Europeo sobre «crisis alimentaria en Corea del Norte», se promuevan
los mecanismos adecuados que faciliten el control de la evaluación
y distribución de la ayuda, al objeto de paliar las necesidades de
suministro alimentario y energético que afectan actualmente a su
población.
A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de
Ley, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por la que
se insta al Gobierno a desarrollar un Plan de ayudas extraordinario
para aliviar las carencias alimentarias reconocidas por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Corea del Norte.
Madrid, 4 de junio de 1998.- Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir apoyando y
participando en el programa de ayuda humanitaria para Corea del Norte
que actualmente desarrolla la Unión Europea, a instancias de Naciones
Unidas y las propias autoridades norcoreanas, y que tiene como
objetivo paliar los efectos de la hambruna en este país.»
Justificación
Mejora técnica.
161/001034
La Comisión de Cooperación y Ayuda al Desarrollo en su sesión del día
9 de junio de 1998, aprobó la Proposición no de Ley relativa a
medidas de cooperación internacional contra la explotación laboral de
la infancia (Número de expediente 161/1034), presentada por los
Grupos Parlamentarios Popular, Vasco-PNV, Coalición Canaria, Mixto,
Socialista, Catalán (CiU) y Federal Izquierda Unida y publicada en el
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 286, de 26 de mayo
de 1998, en los siguientes términos:
«1. Promover y realizar campañas de sensibilización contra la
explotación laboral de la infancia en los países más desfavorecidos.
2. Denunciar en los foros internacionales en que participe las
violaciones de los acuerdos internacionales adoptados sobre esta
materia.
3. Priorizar aquellos programas de cooperación al desarrollo
encaminados a conseguir la Educación Primaria Universal antes del año
2015, así como la rehabilitación e integración adecuada a los niños y
niñas liberados de su explotación laboral.
4. Continuar participando de manera activa en el Programa para la
Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC).
5. Apoyar la elaboración por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) de un nuevo Convenio contra la explotación laboral de
la infancia, en el que se deben recoger aspectos fundamentales como
los mecanismos de control y seguimiento del Convenio, el derecho
humano a la Educación Primaria, o la importancia de la cooperación al
desarrollo y el consenso entre los distintos países.»
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Comisión de Infraestructuras
161/001086
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre la privatización de la Empresa Nacional
de Transportes de Viajeros por Carretera (ENATCAR).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta
la siguiente Proposición no de Ley sobre la Privatización de la
Empresa ENATCAR para su debate en la Comisión de Infraestructuras.
La continuación por parte del Gobierno del PP en el proceso
privatizador empezado por el anterior Gobierno, indica sin lugar a
dudas la apuesta decidida por la inexistencia de un Sector Público
que pueda influir de alguna manera en la realidad socioeconómica
española. Así, la venta de empresas emblemáticas, bien gestionadas y
que originaban buenos rendimientos a las arcas públicas es todo un
hecho, poco a poco se ha ido deshaciendo una labor que ha costado
muchos años y esfuerzos en conseguirla.
La importancia de todas las empresas pertenecientes al Sector
Público, independientemente del subsector económico en donde
estuvieran radicadas, es patente, tanto por el nivel de empleo que
generan como por otros motivos entre los que se pudieran encontrar la
vertebración del territorio y la prestación de calidad de un servicio
público de transporte nacional de viajeros por carretera, como es el
caso de la empresa ENATCAR, única empresa pública de este tipo.
Desde que saltó a la opinión pública la intención del Gobierno del PP
de privatizar ENATCAR han pasado varios meses sin que se tenga claro
cuál va a ser el modelo privatizador a utilizar. Se habla de la
intención de compra por parte de empresas del sector españolas,
bancos, tanto nacionales como extranjeros..., pero la realidad es que
este proceso está siendo un tanto oscuro, lo que sí se va a originar
es su venta a precio de saldo a la empresa privada, con lo que
conllevará, además, entre otros efectos, suculentos beneficios para
los compradores, destrucción de puestos de trabajo y despidos de
trabajadores, empeoramiento de condiciones de trabajo, menor
renovación de flota de autocares, mayores precios y menor atención a
la seguridad tanto de usuarios como de trabajadores.
Es por todo ello que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. No proceder a la privatización de la empresa pública de
transportes de viajeros por carretera ENATCAR, en caso de que el
Gobierno optara por su privatización, el Estado adoptará las medidas
precisas para conservar en su poder las acciones necesarias para que
su control y gestión siga recayendo en manos públicas.
2. No proceder a ningún proceso de filialización de la empresa
ENATCAR que implique una desagregación
de esta empresa pública en distintas unidades de gestión y/o
producción, o pueda originar algún tipo de ajuste de plantillas.
3. En el caso de que se optara por lo previsto en los números
anteriores, los posibles futuros accionistas o compradores, en su
caso, de forma individual o colectiva, que deseen obtener o posean ya
una participación significativa del capital social de esta empresa o
de sus filiales, deberán acompañar su demanda de un Plan de Inversión
y Futuro de la empresa o empresas en cuestión. Este Plan deberá
garantizar el futuro, la actividad y el empleo, y deberá venir
desglosado por líneas de producción y centros de trabajo, y
acompañado de un calendario de ejecución de las inversiones previstas
en el citado Plan.
4. Adoptar las medidas necesarias, en su caso, para que en el
supuesto de privatización de ENATCAR, los bienes relacionados con el
Arte, la Historia o la Cultura, adquiridos por ésta mediante
actividades de mecenazgo; así como los que hayan pasado a formar
parte de la empresa como consecuencia de lo dispuesto en el artículo
5 y siguientes de la Ley 30/1994, de Fundaciones; o de lo dispuesto
en el artículo 35 de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades; y
los comprendidos en la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español;
o los comprendidos en el Decreto 1022/1964, por el que se aprueba la
Ley del Patrimonio del Estado, dado que han sido adquiridos con
dinero público o tienen su origen en el propio patrimonio del Estado,
sigan formando parte de éste o del Patrimonio Histórico Español.
5. Adoptar las medidas necesarias para respetar los derechos
adquiridos por los trabajadores de esta empresa procedentes de RENFE,
para que puedan ejercer el derecho voluntario de retorno a la citada
empresa ferroviaria, ya que en su día sufrieron presiones para pasar
a la plantilla de ENATCAR, asegurándoles que en todo caso siempre
podrían volver a la empresa de origen.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 1998.- Mariano
Santiso del Valle, Diputado.- Julián Fernández Sánchez, Diputado.
-Rosa Aguilar R ivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
161/001094
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa a actuaciones provisionales para
evitar accidentes de tráfico en la N-II, en la ciudad de Fraga
(Huesca).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a
actuaciones provisionales para evitar accidentes de tráfico en la N-
II, en la ciudad de Fraga (Huesca), para su debate en la Comisión de
Infraestructuras.
Exposición de motivos
La proliferación de los accidentes de circulación en la N-II, en la
ciudad de Fraga y en sus proximidades, algunos de ellos con víctimas
mortales, ha propiciado la existencia de una gran inquietud social,
que se ha visto reflejada, no sólo en manifestaciones públicas, sino
en varias iniciativas parlamentarias, tanto en el Congreso y en el
Senado como en las Cortes de Aragón, tendentes a solucionar este
problema y a evitar futuros accidentes de tráfico.
Desde hace ya un tiempo, está en tramitación el proyecto de una
variante que desvíe todo el tráfico rodado que transcurre por el
centro de la ciudad, pero hasta este momento, la tramitación del
expediente administrativo se está demorando excesivamente como
consecuencia de la indefinición que existe respecto al trazado de la
variante y a la resolución de las alegaciones que hay presentadas por
los distintos afectados.
Hasta tanto no se resuelvan las alegaciones, se defina el trazado, se
elabore el proyecto definitivo y se licite y ejecute la obra, cuya
financiación por la fórmula del llamado «modelo alemán», es la
contemplada por el Gobierno en sus presupuestos, el riesgo de nuevos
accidentes con víctimas va a existir, y seguiremos lamentando no
haber sabido llevar a cabo alguna actuación que minimice el riesgo,
mientras las obras de la variante se inician y finalizan.
El desvío del tráfico, principalmente pesado, por la A-2 podría ser
una solución, si se llevaran a cabo una serie de medidas que,
provisionalmente, pudieran ser
aplicables algunas de ellas. La reducción del peaje, sin resultar
afectado el equilibrio económico-financiero de la concesión, sería
una posibilidad que el Gobierno podría estudiar, acompañada de
construir una nueva salida de peaje a la A-2 en Candasnos, a fin de
acortar el tramo afectado por la posible reducción del peaje,
ciñéndolo al comprendido entre Candasnos y Soses.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Construya un nuevo acceso de peaje a la A-2 desde la N-II en
Candasnos (Huesca), a fin de posibilitar un nuevo acceso a la A-2, y
acortar el tramo de autopista que sería necesario utilizar para el
desvío del tráfico rodado que tuviera que atravesar la ciudad de
Fraga.
2. Inicie de manera inmediata una negociación con la empresa
concesionaria de la A-2, para que se produzca una reducción en el
peaje de la A-2, manteniendo el equilibrio económico-financiero de la
concesión.»
Palacio del Congreso, 3 de junio de 1998.-Víctor Morlán Gracia, Diput
ado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Medio Ambiente
161/000649
Mediante escrito de fecha 9 de junio de 1998 se ha retirado por el
Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida la Proposición no de Ley
relativa a la instalación de tanques de almacenamiento de productos
petrolíferos en el puerto Almería-Motril (Número de expediente 161/
649), publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
núm. 175, de 17 de septiembre de 1997.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
161/000704
La Comisión de Medio Ambiente en su sesión del día 10 de junio de
1998, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley
relativa a la financiación de la Oficina del Mediterráneo de la Unión
Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (Número de
expediente 161/704), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista
y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm.
197, de 4 de noviembre de 1997, en los siguientes términos:
«1. El Congreso de los Diputados apoya la creación de la Oficina del
Mediterráneo de la Unión Mundial para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) en la ciudad de Málaga.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la firma del
Convenio con la Secretaría General de la Unión Mundial para la
Conservación de la Naturaleza, con sede en Gland (Suiza), y a la
resolución inmediata de los asuntos pendientes, en particular el
Estatuto Internacional de la Oficina del Mediterráneo, con dicha
Secretaría General para la puesta en funcionamiento y plena
operatividad de dicha Oficina.
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno (Ministerio de
Medio Ambiente) a que lleve a cabo las acciones oportunas tendentes a
firmar un Protocolo con la Junta de Andalucía (Consejería de Medio
Ambiente) y con el Ayuntamiento de Málaga, donde se especifique la
aportación de cada una de las partes a la financiación de la Oficina
del Mediterráneo de la UICN, tanto para su instalación como para su
mantenimiento. De modo que se asegure que la misma cuente con una
línea financiera propia para su funcionamiento y otra línea
financiera propia para la elaboración y ejecución de proyectos.
4. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las
medidas necesarias para asegurar la participación e intervención de
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) del
Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto en el funcionamiento como en
la ejecución de proyectos por parte de la Oficina del Mediterráneo de
la UICN.»
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto,
asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente enmienda de sustitución a la
Proposición no de Ley relativa a la financiación de la Oficina del
Mediterráneo de la UICN presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente (Número
de expediente 161/704).
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 1998.-La
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Teresa Fernández
de la Vega Sanz.
Enmienda
De sustitución.
1. El Congreso de los Diputados apoya la creación de la Oficina del
Mediterráneo de la UICN (Unión Mundial para la Conservación de la
Naturaleza) en la ciudad de Málaga.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la firma del
Convenio con la Secretaría General de la Unión Mundial para la
Conservación de la Naturaleza, con sede en Gland (Suiza), y a la
resolución inmediata de los asuntos pendientes, en particular el
Estatuto Internacional de la Oficina del Mediterráneo, con dicha
Secretaría General para la puesta en funcionamiento y plena
operatividad de dicha Oficina.
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno (Ministerio de
Medio Ambiente) a que lleve a cabo las acciones oportunas tendentes a
firmar un Protocolo con la Junta de Andalucía (Consejería de Medio
Ambiente) y con el Ayuntamiento de Málaga donde se especifique la
aportación de cada una de las partes a la financiación de la Oficina
del Mediterráneo de la UICN, tanto para su instalación como para su
mantenimiento. De modo que se asegure que la misma cuente con una
línea financiera propia para su funcionamiento y otra línea
financiera propia para la elaboración y ejecución de proyectos.
4. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las
medidas necesarias para asegurar la participación e intervención de
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) del
Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto en el funcionamiento como en
la ejecución de proyectos por parte de la Oficina del Mediterráneo de
la UICN.
161/000724
La Comisión de Medio Ambiente, en su sesión del día 10 de junio de
1998, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley
sobre inclusión de la Sierra del Caurel, la Sierra de Gredos, Sierra
Madrona, la Sierra de Algeciras, la Sierra de Gúdar y el Alto Aneu,
en la red Natura 2000 (Número de expediente 161/724), presentada por
el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida y publicada en el
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 206, de 18 de
noviembre de 1997, en los siguientes términos:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que valore
conjuntamente con las Comunidades Autónomas correspondientes la
oportunidad de iniciar el proceso de inclusión de las Sierras del
Caurel, la Sierra de Gredos, Sierra Madrona, la Sierra de Algeciras,
la Sierra de
Gúdar, así como el resto de propuestas que sean plantea das por las
Comunidades Autónomas en la red Natura 2000, considerando los
estudios previos que sean necesarios, el contenido y criterios de la
Directiva de Hábitats y los procesos de información y participación
social pertinentes.
Remitidas las propuestas por las Comunidades Autónomas se someterán
al proceso de evaluación conjunta que garantice la coherencia interna
de la propuesta.»
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto,
asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Enmienda de sustitución a la
Proposición no de Ley para iniciar el proceso de inclusión de la
Sierra del Caurel, la Sierra de Gredos, Sierra Madrona, la Sierra de
Algeciras, la Sierra de Gúdar y el Alto Aneu en la Red Natura 2000,
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
para su debate en la Comisión de Medio Ambiente (Número de expediente
161/724).
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 1998.-María Te
resa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
Enmienda
De sustitución.
Se propone la siguiente redacción:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que valore
conjuntamente con las Comunidades Autónomas correspondientes la
oportunidad de iniciar el proceso de inclusión de las Sierras del
Caurel, la Sierra de Gredos, Sierra Madrona, la Sierra de Algeciras,
la Sierra de Gúdar y el Alto Aneu en la Red Natura 2000, considerando
los estudios previstos que sean necesarios, el contenido y criterios
de la Directiva de Hábitats y los procesos de información y
participación social pertinentes.»
161/000760
La Comisión de Medio Ambiente, en su sesión del día 10 de junio de
1998, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley
relativa a la regulación de un Plan Integral de actuación para paliar
el deterioro que sufren las dunas de Valdevaqueros y Bolonia en
Tarifa (Cádiz) (núm. expte. 161/760), presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista y publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 216, de 10 de diciembre de 1997, en los
siguientes términos:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
o 1. Que con carácter de urgencia se reactiven las acciones de
conservación de las dunas de Valdevaqueros y Bolonia, en el término
municipal de Tarifa (Cádiz), en el marco de actuación del Plan
Integral.
2.o Que estudie y procure ante Bruselas la obtención de fondos
europeos para financiar las acciones de protección en este entorno.
3.o Que se proceda a la inmediata colocación de tablex-estacado para
mantener las dunas en altura.
4.o Que en cumplimiento de la Ley de Costas se mantenga la
prohibición de realizar extracciones masivas y puntuales de arenas en
las dunas de Valdevaqueros y Bolonia.»
A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto,
asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y ss del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de
Ley, del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la regulación de
un Plan Integral de Actuación para paliar el deterioro que sufren las
dunas de Valdevaqueros y Bolonia en Tarifa (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 1998.-Luis de
Grandes Pascual, Portavoz.
Enmienda
De modificación.
El texto quedará redactado de la siguiente manera:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que prosiga, con la mayor diligencia, las acciones ya emprendidas
de conservación de las dunas de Valdevaqueros y Bolonia, en el
término municipal de Tarifa (Cádiz), en el marco de actuación del
Plan Integral que viene aplicando.
2. Que estudie y procure ante Bruselas la obtención de fondos
europeos para financiar las acciones de protección en este entorno.
3. Que, en cumplimiento de la Ley de Costas, mantenga la prohibición
de realizar extracciones masivas y puntuales de arena de las dunas de
Valdevaqueros y Bolonia.»
Justificación
Mejora técnica.
161/001082
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa a vertidos en la zona dunar de
Guardamar.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de L ey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para su
debate en la
Comisión de Medio Ambiente, relativa a vertidos en la zona dunar de
Guardamar.
Exposición de motivos
Durante las extracciones de fangos, para la construcción de la
dársena del puerto, se han vertido toneladas de éste sobre las dunas
y sobre el territorio cercano al puerto. Concretamente al sur de la
desembocadura se ha vertido a lo largo de más de 300 metros sobre la
primera línea de costa y sobre la parte norte encima de la vegetación
La acumulación de estos fangos ha llegado a superar los 14 metros de
altura por encima del nivel del mar, destruyendo completamente el
sistema dunar existente.
Estos vertidos perjudican de una manera muy importante a la
vegetación de la zona, supone asimismo la transformación de un
ecosistema de reconocido interés ecológico.
Visto que estos vertidos contienen productos contaminantes y que
además de la destrucción de las dunas, puede afectar a la salud de la
población que frecuenta las playas anexas a estas dunas y, visto que
estos vertidos aún no han sido retirados, aunque si se han paralizado
las obras de donde proceden los mencionados lodos, es por lo que el
Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que se proceda a la inmediata retirada de los lodos depositados en
la zona dunar de Guardamar.
2. Se realice analítica de los vertidos para ver nuevo depósito.
3. Se proceda a la apertura de expediente informativo sobre posibles
irregularidades en todo este proceso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 1998.-María Te
resa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.-María Luisa Bartolomé, Diputada.
PREGUNTAS PARARESPUESTAORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001676
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Maestro Martín, María Ángeles (GIU).
Medidas ante el Gobierno mexicano y la Unión Europea (UE) tras los
últimos acontecimientos ocurridos en el Estado de Chiapas, culminado
el día 10 de junio de 1998 con una nueva matanza de campesinos
indígenas en la zona.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Asuntos
Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la
señora Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores
Diputada Ángeles Maestro Martín
Texto
Tras los últimos acontecimientos ocurridos en el Estado de Chiapas,
que han implicado la dimisión del Obispo don Samuel Ruiz y la
disolución de la Comisión Nacional de Intermediación y que ha
culminado el día 10 de junio con una nueva matanza de campesinos
indígenas en la Zona. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante el
Gobierno mexicano y la Unión Europea, dado el progresivo deterioro de
la situación y teniendo en cuenta el contenido de la Proposición No
de Ley relativa al tema, que fue aprobada por unanimidad en la
Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 1998.-Ángeles
Maestro Martín, Diputada.
Comisión de Defensa
181/001677
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Perales Pizarro, Alfonso (GS).
Previsiones para compensar económicamente a los Ayuntamientos en
cuyos términos municipales se encuentran ubicadas instalaciones
militares.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Defensa.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputado Alfonso Perales Pizarro
Objeto: Pregunta al Ministro de Defensa
Texto
¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Defensa para compensar
económicamente a los Ayuntamientos en cuyos términos municipales se
encuentran ubicadas instalaciones militares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 1998.-Alfonso
Perales Pizarro, Diputado.
Comisión de Sanidad y Consumo
181/001673
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Almeida Castro, María Cristina (GMX).
Mantenimiento por el Ministro de Sanidad y Consumo del compromiso
asumido ante la Dirección y el personal de la Clínica Puerta de
Hierro de iniciar inmediatamente la remodelación del citado Hospital.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora
Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Mixto (Nueva Izquierda)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad
Diputada Cristina Almeida Castro
Texto
¿Mantiene el señor Ministro de Sanidad el compromiso asumido ante la
Dirección y el personal de la Clínica Puerta de Hierro, de iniciar
inmediatamente la remodelación del Hospital, con los créditos
presupuestarios establecidos para ello?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de junio de 1998.-Cristina
Almeida Castro, Diputada.
Comisión de Infraestructuras
181/001672
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (GS).
Confirmación de que la cifra de 526 millones de inversiones del
Ministerio de Fomento en la Región de Murcia prevista para 1998 es
una cifra falsa y que la verdadera es la que ha proporcionado al
diario «La Verdad» el Delegado del Gobierno en dicha región al
establecer el importe de 11.688 millones.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de
Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1998.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Infraestructuras
Diputado Juan Manuel Eguiagaray Ucelay
Texto
¿Puede confirmar el Gobierno que la cifra de 526 millones de
inversiones del Ministerio de Fomento en la Región de Murcia prevista
para 1998, según la reciente contestación dada a este Diputado, es
una cifra falsa y que la cifra verdadera de las inversiones del
Ministerio de Fomento es la que, corrigiendo al Gobierno, ha
proporcionado al diario «La Verdad» el Delegado del Gobierno en la
Región de Murcia, el 2 de junio de 1998, al establecer el importe de
11.688 millones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 1998.-Juan
Manuel Eguiagaray Ucelay, Diputado.